represión de la violencia sexual en colombia y justicia internacional
Informe de observación de juicio de violencia sexual
en el marco del conflicto armado colombiano
REPRESIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL
EN COLOMBIA Y JUSTICIA INTERNACIONAL
Informe de observación de juicio de violencia sexual en el
marco del conflicto armado colombiano
Camila Hoyos y Mariana Medina
Esta publicación ha sido realizada gracias al apoyo de la Unión Europea. El contenido
de la misma es responsabilidad única de ASFC y no refleja necesariamente la posición
colombia@asfcanada.ca
www.ecosuenopublicidad.com
Prefacio4
Glosario de siglas8
Objetivos generales del monitoreo de este juicio 10
Reseña del caso11
6.1 Contexto
6.2 Información del proceso judicial
6.3 Ley 975 de 2005
6.4 Reforma a la Ley 975 de 2005
6.5 Balance de la Ley 975 de 2005
Caso monitoreado18
7.1 Hechos
7.2 Desarrollo procesal
7.3 Los procesados
7.4 La víctima
7.5 Decisiones y sentencias
Estatuto de Roma y el principio de complementariedad:
la violencia sexual como crimen internacional 25
Obligaciones internacionales en materia de investigación y
judicialización de la violencia sexual incumplidas en el
juicio monitoreado
9.1 Debida diligencia
9.2 La garantía de un recurso efectivo
9.3 Obligación de investigar
9.4 Obligación de juzgar y castigar
Contexto actual para la judicialización de crímenes sexuales
por el Estado colombiano31
10.1 Justicia transicional
10.2 Violencia sexual como crimen de guerra
10.3 Violencia sexual como crimen de lesa humanidad
10.4 Falta de voluntad de judicializar los delitos de violencia sexual
Bibliografía41
olombia ha sufrido las consecuencias del conflicto armado interno desde hace más
de 50 años. Durante este tiempo los múltiples actores armados se han enfrentado en
una lucha por el acceso al poder, el control del territorio y el control de los recursos
económicos. La población civil ha sido la más afectada por el conflicto, registrándose
graves y masivas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional
humanitario cometidas por todos los grupos. En este contexto se han producido secuestros,
desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, ejecuciones
extrajudiciales, amenazas, acoso a defensores de derechos humanos y reclutamiento forzado,
La violencia sexual en contra de mujeres y niñas ha sido utilizada por todos los grupos armados
como una estrategia y un arma de guerra, de manera sistemática y generalizada, con el
objetivo de atacar al enemigo, causarle sufrimiento y demostrar el poder de su opositor,
lograr y ejercer control sobre el territorio y los recursos, así como ejercer control social,
buscando llegar a las esferas más íntimas de una comunidad. El patrón cultural machista y
patriarcal que impera en la sociedad colombiana ha tenido un grave impacto en la posición
de la mujer. Siendo víctima de una discriminación estructural, la mujer colombiana se ha
visto negada en su autonomía y desconocida como sujeto de derechos. Esta situación se ha
agravado por el contexto de conflicto armado interno que vive el país, incrementando su
situación de vulnerabilidad y aumentando los niveles de discriminación. El uso de la violencia
sexual se ha convertido en una práctica habitual por parte de todos los actores armados,
buscando lesionar, aterrorizar y debilitar al enemigo.
En muchos casos las víctimas han sido invisibilizadas, estigmatizadas, señaladas y revictimizadas. Muchas no se han atrevido a denunciar los hechos por miedo, por continuas
amenazas, por el control social ejercido por los actores armados, o por vergüenza. Los
índices de impunidad que se registran frente a estos casos son alarmantes, así como las
barreras en el acceso a la justicia de las víctimas. Son muchas las víctimas que desconfían
de las instituciones encargadas de dar una respuesta integral, situación que se incrementa
por la ineficiencia e inadecuación de los servicios existentes. Sin embargo, si el Estado
colombiano no logra proteger y garantizar los derechos de las víctimas a verdad, justicia,
reparación integral y garantías de no repetición, va a ser muy difícil avanzar en el camino de
la reconciliación y la construcción de una paz duradera en el país.
Desde el año 2010, Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) desarrolla un proyecto en Colombia
para promover y fortalecer el sistema del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional (CPI),
implementado en colaboración con Avocats sans frontières (ASF) en Bruselas, cuyo objetivo
es promover el uso de los mecanismos legales por parte de las víctimas para sancionar a los
más altos responsables por graves violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia.
Este informe, elaborado en el marco de dicho proyecto, analiza el papel de la administración
de justicia colombiana en la investigación, juicio y sanción de los responsables por un crimen
de violencia sexual cometido en el marco del conflicto armado, y es el resultado de una
observación imparcial del proceso judicial durante un año. Se analiza el caso a la luz del
Estatuto de Roma y el principio de complementariedad, el cual reconoce y promueve el
papel primordial de las jurisdicciones nacionales en la investigación y juzgamiento de los
responsables por crímenes internacionales, pero permite a la CPI asumir este rol en el caso
de presentarse inacción, falta de voluntad o incapacidad de las jurisdicciones nacionales.
Como lo subraya este informe, son muchos los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres
víctimas de violencia sexual dentro de un proceso judicial. Si bien la adopción del Estatuto
trajo consigo avances positivos en materia de justicia de género, el Estado colombiano
está en mora de cumplir con algunos de los compromisos de armonización, y los avances
normativos que se han llevado a cabo en la materia no han sido suficientes para el debido
juzgamiento y sanción de los responsables. La impunidad se hace cada vez más recurrente y
los delitos de violencia sexual no se investigan como delitos que pueden constituir crímenes
Como abogados que trabajamos por la defensa de los derechos humanos alrededor del mundo,
no podemos permanecer indiferentes ante la situación de impunidad que se mantiene en
Colombia frente a los crímenes de violencia sexual. Con la publicación de este informe,
ASFC espera contribuir a una mayor investigación, juicio y sanción de los crímenes sexuales;
mejorar las capacidades y habilidades de los profesionales del Derecho para promover,
apoyar y proporcionar experiencia al proceso legislativo y a las reformas legales necesarias
para la promulgación de la legislación de implementación; así como contribuir a una mejor
investigación y acusación por crímenes del Estatuto de Roma, siguiendo el principio de
complementariedad y los estándares internacionales.
ASFC espera que el lector encuentre de utilidad el contenido de este informe y que sirva para
contribuir a los avances en la lucha contra la impunidad en Colombia.
a Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reconoció en su informe intermedio
sobre la situación en Colombia, publicado en noviembre de 2012, que en Colombia se
han cometido crímenes de lesa humanidad y que existen bases razonables para creer
que también se han cometido crímenes de guerra. Entre éstos, señala la comisión de
violaciones y otras formas de violencia sexual como crímenes que son de la competencia de
la CPI a la luz del Estatuto de Roma (ER). Así mismo, resalta el limitado número de procesos
penales que se han llevado a cabo por este tipo de crímenes a pesar de la gravedad y escala
En este informe, Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) y Corporación Humanas presentan
los resultados de la observación que realizaron de un proceso penal por crímenes sexuales
cometidos en el marco del conflicto armado, concluyendo que el Estado colombiano está
incumpliendo sus obligaciones internacionales respecto a la investigación, judicialización y
castigo de estos delitos, lo cual compromete su responsabilidad internacional. A partir de la
observación de un caso concreto, el informe muestra que sigue habiendo impunidad en los
hechos de violencia sexual cometidos por actores armados en el marco del conflicto, que
éstos no se investigan de acuerdo a su gravedad, no se realizan acciones que permitan un
avance de los procesos, y no se da una respuesta a las víctimas en términos de protección de
derechos. Esto genera una desconfianza de las víctimas en las instituciones del Estado y una
angustia y re-victimización al no poder acceder a la verdad sobre lo ocurrido.
Los hechos del caso monitoreado ocurrieron en Medellín, ciudad receptora de gran número
de población desplazada que, ante la incapacidad de inserción a la ciudad, comenzaron a
ubicarse en las periferias, con condiciones de vida insatisfactorias, ausencia del aparato del
Estado y situaciones de descomposición del tejido social. Esto facilitó la entrada de grupos
paramilitares en algunas comunas de la ciudad, inicialmente el Bloque Metro (BM) el cual
fue absorbido en 2003 por el Bloque Cacique Nutibara (BCN) al mando de Diego Fernando
Murillo, alias ‘Don Berna’. La violencia sexual contra las mujeres fue utilizada con diferentes
finalidades por parte de los integrantes del BM y del BCN.
En el caso monitoreado, la víctima se enfrentó a integrantes del BM para evitar que reclutaran
a sus hijos menores de edad, y se vio obligada a sacarlos del barrio, escondidos en los muebles
de una vecina que se estaba mudando. En diciembre 2002 cuatro hombres del grupo armado
llegaron a su casa, entraron a la fuerza y la violaron. Los hombres le repetían constantemente
que ese era su castigo por haber querido engañarlos y haber sacado a sus hijos del barrio.
La amarraron y encerraron en su propia casa durante toda la noche y la mañana siguiente.
Después, amenazaron con matarla si no guardaba silencio. Los hechos de violencia sexual se
repitieron en enero de 2003. Durante los días siguientes la víctima fue vigilada y presionada
para que no denunciara, y controlada para evitar que saliera del barrio. Días después intentó
denunciar a los hombres que cometieron la violación en la estación de policía del barrio; sin
embargo recibió un trato prejuicioso, inadecuado e ilegal por parte del funcionario de Policía
que la atendió, quien se negó a atender el caso y le señaló que “ella se lo había buscado por
estar en la calle”. Pasados unos meses y en medio de un enfrentamiento entre los grupos
armados presentes en el barrio, se vio forzada a desplazarse, huyendo con un grupo de
aproximadamente 25 personas más a otro barrio de Medellín.
En octubre 2011 la mujer decidió denunciar los hechos de violencia sexual ante la Fiscalía,
antes había sentido vergüenza de hacerlo; el trámite es llevado en el marco de la jurisdicción
especial de Justicia y Paz, cuyo marco normativo es la ley 975 de 2005. Posterior a la denuncia,
la Fiscalía competente identificó que los presuntos autores directos de los hechos no habían
sido postulados para ser beneficiarios de las disposiciones que contempla dicha normatividad,
por lo que compulsó copias a la justicia ordinaria y actualmente el caso está siendo conocido
en las dos jurisdicciones. En la justicia ordinaria el caso está siendo adelantando por una
Fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializado, que investiga el acceso
carnal violento y el desplazamiento. La víctima ha asistido a diligencia de reconocimiento a
partir de fotografías, donde ella reconoce a uno de los responsables de la violencia sexual
de la que fue víctima. Además, amplió la denuncia. La Fiscalía había efectuado la captura
de uno de los presuntos responsables del acceso carnal violento pero lo dejó en libertad, por
considerar que la denuncia de ella no es suficiente para mantenerlo privado de la libertad.
Esta situación no fue conocida por la Fiscalía de Justicia y Paz, lo que da cuenta de la falta
de comunicación entre las dos jurisdicciones. El máximo comandante del BCN, alias “Don
Berna”, fue extraditado hacia los Estados Unidos en 2008 y condenado en 2010 a 31 años de
cárcel por cargos de narcotráfico. Desde entonces su poca colaboración con Justicia y Paz ha
sido evidente.
Este caso monitoreado se ha caracterizado por la demora injustificada en la investigación
de los hechos de violencia sexual. Luego de diez años de ocurridos los hechos y más de un
año después de haber sido radicada la denuncia en Justicia y Paz, no se ha realizado ninguna
audiencia. La debida diligencia en el caso concreto no se está cumpliendo. El informe
muestra que la Ley de Justicia y Paz no ha sido un mecanismo efectivo para que víctimas
de las violencias sexuales perpetradas por los grupos paramilitares puedan acceder a sus
derechos a la verdad, a la justica y a la reparación. Así mismo, la extradición por motivos de
narcotráfico de los máximos responsables del paramilitarismo en Colombia ha dificultado aún
más el conocimiento de la verdad de los hechos.
El informe concluye, además, que no existe una política de atención a las víctimas de
violencia sexual que provea el restablecimiento integral de sus derechos, ya que no existe
una coordinación y articulación entre las distintas entidades que permitan proveer servicios
de forma suficiente y completa. Si bien la Ley de Victimas establece unas garantías dentro
del ámbito de la reparación, estas garantías se encuentran desarticuladas de los procesos
judiciales y aún se encuentran en etapa de implementación.
En este marco, el principio de complementariedad como mecanismo jurídico subsidiario de la
acción de la jurisdicción nacional se constituye como una garantía para la judicialización de
delitos que poseen el carácter de internacional como el caso de los delitos sexuales.
La reforma de diciembre 2012 a la ley 975 de 2005, que implica la priorización y selección de
casos, así como el actual contexto normativo de Marco Jurídico para la Paz, deben establecer
unos parámetros claros para realizar dicha priorización en los que se incluyan los delitos
de violencia sexual como actos que no pueden ser sujeto de amnistía e indulto. Por ello,
se insta a la Fiscalía General de la Nación a investigar los delitos de violencia sexual en su
contexto de ocurrencia, lo cual exige realizar todas las acciones para que estos delitos sean
investigados con la misma rigurosidad que otros delitos en el marco del conflicto armado,
además de tipificar esta clase de delitos como delitos de guerra y de lesa humanidad frente
a la gravedad y contexto de ataque sistemático en el que ocurrieron como estrategia de los
actores armados del conflicto.
3. Glosario de Siglas
• ASFC
• AUC Autodefensas Unidas de Colombia
• BCN Bloque Cacique Nutibara
• BM Bloque Metro
• CIJ Comisión Internacional de Juristas
• CPI Corte Penal Internacional
• ER Estatuto de Roma
• FGN Fiscalía General de la Nación
• FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
• IRI Incidente de Reparación Integral
• JPM Jurisdicción Penal Militar
• JP Justicia y Paz
• LJP Ley de Justicia y Paz
• MJP Marco Jurídico para la Paz
• OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
• OXFAM Oxford Committee for Famine Relief
• RUPD Registro Único de Población Desplazada
• UAO Unidad de Atención y Orientación para la Población Desplazada
bogados sin fronteras Canadá (ASFC) es una organización de defensa de derechos
humanos cuya misión es apoyar los derechos de los individuos o grupos más vulnerables
a través del fortalecimiento del acceso a la justicia y el derecho a la representación
Desde el año 2010, ASFC ejecuta el componente colombiano del proyecto “Promoción del
Estatuto de Roma y mejora en la efectividad de la Corte Penal Internacional”, implementado
simultáneamente en otros países de África y Asia en colaboración con Abogados sin fronteras
(en Bélgica). El objetivo del mismo es contribuir al fortalecimiento del Estatuto de Roma
(ER) y el papel de la Corte Penal Internacional (CPI), así como promover la utilización de
mecanismos judiciales, tanto nacionales como internacionales, para la efectiva investigación
y juzgamiento de crímenes internacionales definidos en el ER, el juzgamiento de los
responsables y el reconocimiento de los derechos de las víctimas.
Una de las actividades previstas por el proyecto es la observación de procesos judiciales por
crímenes de competencia de la CPI cometidos en Colombia que se adelantan ante la jurisdicción
nacional. De esta forma, ASFC quiere contribuir al fortalecimiento de los conocimientos,
capacidades y habilidades de los actores judiciales en Colombia para investigar, juzgar y
sancionar a los responsables de crímenes internacionales cometidos en el país, así como
generar una mayor consistencia en la jurisprudencia nacional en relación a los crímenes del
ER y la conformidad con los estándares internacionales.
Los delitos de violencia sexual han sido establecidos en el ER como crímenes de carácter
internacional, pues su comisión bajo ciertas circunstancias puede constituir crímenes de
genocidio, crímenes de guerra y/o crímenes de lesa humanidad. Por tanto, el proyecto referido
inició el monitoreo de un juicio penal que se estuviese llevando a cabo por la administración
de justicia colombiana por la comisión de crímenes sexuales en el marco del conflicto armado,
y a partir de ello determinar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado
respecto a la investigación y judicialización de estos delitos, especialmente los referidos a
los estándares establecidos dentro del ER, así como evidenciar los obstáculos a los que se
enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual dentro de un proceso judicial de este tipo.
Con el fin de llevar a cabo el monitoreo del juicio mencionado, ASFC realizó un convenio de
consultoría con la Corporación Humanas – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de
Género, que es un centro de estudios y acción política feminista, cuya misión es la promoción
y defensa de los derechos humanos de las mujeres, el derecho internacional humanitario
y la justicia de género, en Colombia y Latinoamérica, la cual se ha caracterizado por sus
investigaciones y producción de conocimiento, así como por la gran capacidad de incidencia
en políticas públicas y en normativas en escenarios de decisión nacional e internacional.
A continuación se presenta el resultado del monitoreo que dicha organización llevó a cabo
del proceso penal, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la especial de Justicia y Paz,
a partir de la asistencia a audiencias, reuniones con las y los funcionarios involucrados en la
investigación, diálogos con las representantes de las víctimas y análisis de documentos que
dieran cuenta del contexto en que fueron cometidos los hechos y en los que se realiza el
juzgamiento.
5. Objetivos generales del
monitoreo de este juicio
El seguimiento y monitoreo de los procesos
judiciales constituye una importante herramienta para evaluar el acceso a la justicia
de las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, así como la
posibilidad, a partir de sus resultados, de la
adopción de todos los correctivos y mecanismos que hagan que la justicia sea efectiva y
acorde con las obligaciones que han adoptado los Estados en la materia. El monitoreo
del caso de violencia sexual presentado se
fundamentó en el Manual de monitoreo de
juicios de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)1, entre otros, y por ello pretende:
a. Contribuir al fortalecimiento de
los conocimientos, capacidades y habilidades de los actores judiciales en general.
b. Generar una mayor consistencia
en la jurisprudencia nacional en relación a
los crímenes del ER y la conformidad con los
estándares internacionales, donde el incremento del uso del precedente judicial tenga
como consecuencia el enriquecimiento de la
jurisprudencia sobre Derecho Penal Internacional.
c. Que las y los jueces, las partes del
proceso judicial, las autoridades del país y
el público en general conozcan del interés
y de la preocupación que despierta la necesidad de justicia en el proceso en cuestión,
de modo de animar al tribunal o al juez a
garantizar un juicio justo y el debido proceso legal.
1 Comisión Internacional de Juristas. Manual de Observación
de Procesos Penales, 2009 [en línea]. Disponible en: http://icj.
wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2009/07/trialobservation-manual-Human-Rights-Rule-of-Law-series-2009spa.pdf
d. Lograr que los participantes –en
especial el tribunal o juez y fiscales– sean
conscientes de que las actuaciones judiciales están bajo escrutinio y, en consecuencia, alentarlos para que procedan según los
estándares de un juicio justo y del debido
proceso legal.
e. Verificar que las y los acusados reciban un juicio justo y que se respeten las
f. Verificar que se haga justicia, que
se garanticen los derechos de las víctimas y
que los perpetradores de violaciones a los
derechos humanos y crímenes internacionales no queden impunes.
g. Obtener más información sobre la
conducción del proceso y del juicio, la naturaleza del caso y del crimen imputado a los
procesados y la legislación bajo la cual se
está juzgando el caso.
h. Recabar información general de
contexto sobre las circunstancias políticas y
legales que llevaron al proceso y que posiblemente afecten su desenlace.
6. Reseña del caso
El Departamento de Antioquia se encuentra
ubicado al noroccidente de Colombia, tiene
una extensión de 63.612 Km², 125 municipios y 4.375 veredas. La población se encuentra ubicada mayoritariamente en las
cabeceras municipales con 4.404.196 habitantes, mientras que 1.352.440 habitantes
se ubican en la zona rural. Medellín, su capital concentra el 39% de la población departamental total y el 50% de la población
urbana2.
Este Departamento posee una ubicación
geoestratégica, tiene salida a los ríos Magdalena y Atrato, así como al mar Caribe.
Tal ubicación le permite igualmente tener
influencia hacia otras regiones como el Eje
Cafetero, el Magdalena Medio, la Mojana
y la región fronteriza del Urabá. Estas características hicieron propicia la presencia
de actores armados y el surgimiento de la
violencia en la región con características e
intensidades distintas en los diferentes municipios.
2 Observatorio Presidencial de Derechos Humanos
departamental Antioquia, 2003-2007, pág. 1 [en línea].
Disponible en:www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/
DiagnosticoEstadisticoDepto/dd/2003-2007/antioquia.pdf
Su capital Medellín, posee una alta diversidad en recursos, y se configura como un
lugar de paso en las comunicaciones que se
establecen entre el norte, el centro y el sur
del país. Es una ciudad receptora de gran
número de población desplazada de las zonas rurales por las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ante
la incapacidad de inserción a la ciudad, comenzaron a ubicarse en las periferias, con
condiciones de vida insatisfactorias y que
por tanto enfrentan la ausencia estatal y la
descomposición del tejido social3.
Este contexto fue el escenario propicio para
la agudización del conflicto armado que se
expande también hacia lo urbano y que involucra a fuerzas armadas, policía, guerrilla y paramilitares, quienes desarrollaron
estrategias de violencia para el control del
territorio “con el fin de ocupar posiciones
privilegiadas en relación con la guerra en la
ciudad”4.
Las AUC tuvieron su cuna en el Magdalena
Medio y en los municipios de Amalfi y
Segovia en el Nordeste antioqueño5. A partir
de 1985 el proyecto paramilitar fortalecido
en Córdoba y Urabá bajo el nombre de AUC
y en cabeza de Carlos Castaño, empieza
su expansión a otros lugares del país,
fortaleciendo sus estructuras mediante la
jerarquización, el aumento de su capacidad
logística, de entrenamiento y de reacción,
participando en las diversas formas y
propósitos del ejercicio de la violencia:
desde aquélla asociada al narcotráfico, hasta
labores de protección y crimen selectivo6
con la aquiescencia y tolerancia del Estado
3 NOREÑA, Hermman, 2007, Los Paramilitares en Medellin.
La desmovilización del Bloque Cacique Nutibara. Un estudio de
Caso, pág 29 [en línea]. Disponible en: http://biblioteca.clacso.
edu.ar/ar/libros/colombia/iep/tesis/norena.pdf
4 Opus cit. NOREÑA,Hermman, 2007, pág. 30.
5 Opus cit. Observatorio Presidencial de Derechos Humanos y
Derecho internacional Humanitario, pág. 1 y 2.
6 Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala de
Justicia y Paz, Sentencia 2007-83070 de 1 de diciembre de 2011.
Bajo esta lógica, el proyecto paramilitar decide articular su accionar en las zonas urbanas como Medellín. La primera estructura paramilitar que hace presencia en esta
ciudad es el denominado Bloque Metro (BM)
bajo el mando de Carlos Mauricio García
alias “Doble Cero”, el cual surge por orientación de la dirección nacional de las AUC
mediante el traslado de combatientes desde
la zona nordeste de Antioquia y mediante la
cooptación y sometimiento de las bandas
existentes en la ciudad7.
La estrategia de dominación y sometimiento de la población civil trajo consigo el establecimiento de normas de regulación de
movilidad, horarios de cierre de los establecimientos de comercio, ejecución de acciones de la mal llamada “limpieza social” o
como castigo a quienes infringían sus normas8. A las mujeres les impusieron todo tipo
de controles sociales como la prohibición de
asistir a sitios nocturnos y vestir ropa descubierta. Las conversaciones entre vecinas,
podían ser señaladas de chisme, y ser “chismosa” podía convertirse en una acción de
riesgo que causara la muerte a manos de un
miembro de estos grupos.
Entre 1999 y 2000 otra estructura paramilitar denominada Bloque Cacique Nutibara
(BCN) al mando de Diego Fernando Murillo,
alias “Don Berna” hizo presencia en la ciudad, lo que generó un conflicto de intereses
entre el Bloque Metro y esta nueva estructura armada. El Bloque Metro fue finalmente absorbido en 2003 por el Bloque Cacique
Nutibara, después de una disputa armada
intensa9.
7 Opus cit. NOREÑA, Hermman, 2007, pág. 56.
8 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de
Justicia y Paz, Sentencia 2006 82222 de 30 de julio de 2012.
9 Opus cit. Observatorio Presidencial de Derechos Humanos
y Derecho internacional Humanitario, pág. 1 y 2.
Dentro de este contexto la violencia sexual
contra las mujeres fue utilizada con diferentes finalidades por parte de los integrantes
del Bloque Metro y del Bloque Cacique Nutibara. Se tiene información de que los integrantes de estos grupos paramilitares con la
finalidad de cohesionar el grupo “contactaban trabajadoras sexuales para llevárselas a
sus campamentos, se drogaban, se emborrachaban, luego las violaban, las maltrataban
y las golpeaban […] los subversivos les introducían estupefacientes en sus vaginas para
que aguantaran horas de trabajo”10.
Durante las masacres la violencia sexual
también se hizo presente, mientras los paramilitares cometían todo tipo de vulneraciones, como expresión de dominio y poder
que otorga las armas, violaban a las mujeres de las poblaciones11.
La violencia sexual también les sirvió a los
actores armados para castigar a las mujeres
por enfrentarse a ellos o desobedecer sus
órdenes. El caso objeto de observación es
una clara muestra de ello.
El caso monitoreado fue denunciado en la
jurisdicción especial de Justicia y Paz cuyo
marco normativo es la Ley 975 de 2005. Posterior a la denuncia, la Fiscalía competente
identificó que los presuntos autores directos de los hechos no habían sido postulados
para ser beneficiarios de las disposiciones
que contempla dicha normatividad, por lo
que compulsó copias a la justicia ordinaria
y actualmente el caso está siendo conocido
en las dos jurisdicciones.
10 El Mundo, 10 de septiembre 2012, Mujeres esclavas sexuales
del conflicto [en línea]. Disponible en: http://www.elmundo.
com/portal/noticias/derechos_humanos/mujeres_esclavas_
sexuales_del_conflicto.php
La ley 975 de 2005, también conocida como
Ley de Justicia y Paz (LJP) es el marco normativo dispuesto por el gobierno con el objeto de “facilitar los procesos de paz y la
reincorporación individual o colectiva a la
vida civil de miembros de grupos armados al
margen de la ley, garantizando los derechos
a las víctimas a la verdad a la justicia y la
reparación”12.
La LJP crea un proceso de justicia transicional a través del cual se conceden beneficios
penales y procedimentales a los integrantes
de grupos armados que se desmovilicen.
Para acogerse a dicha Ley se exige el desarme, la postulación por parte del gobierno, el
cumplimiento de requisitos de elegibilidad,
entrega de bienes producto de actividades
ilícitas con el fin de reparar a las víctimas,
confesión de todos los crímenes realizados,
y un compromiso con la no repetición de los
hechos. En el proceso judicial se establece
una pena por todos los delitos aceptados,
pero se aplica una pena alternativa entre 5
y 8 años.
El procedimiento de la LJP, se inicia con una
fase administrativa en la que se realiza la
desmovilización y dejación de armas, de
manera colectiva o individual.
12 Ley 975 de 25 de julio de 2005, art. 1.
El inicio judicial del proceso está determinado por la postulación13, que se efectúa con
la entrega de la lista de postulados por parte del gobierno nacional a la Fiscalía General de la Nación (FGN). Con este acto dicha
entidad asume la competencia de iniciar la
investigación, para la posterior formulación de cargos. Esta competencia implica
la realización de actividades tendientes al
esclarecimiento de la verdad material, la
determinación de autores y partícipes y la
identificación de bienes, los cuáles serían
destinados fundamentalmente a la reparación. En esta etapa se realizan las actividades de indagación previas a la versión libre
para luego iniciar el proceso formalmente
con la formulación de imputación, en lacual se abarcan todas las actividades desde la versión libre hasta la formulación de
cargos. Agotado ello se realiza la solicitud
de formulación de imputación, bajo el presupuesto de autoría o participación de uno
o varios delitos del postulado, producto de
la valoración de los elementos materiales
probatorios, evidencia física o información
legalmente obtenida hasta el momento14.
Así mismo, la delimitación del objeto del
proceso se efectúa en la formulación de cargos, en la cual se expone el resultado jurídico de la investigación y se hacen públicas las
razones de la acusación, garantizándose que
no se podrá condenar por hechos punibles
diferentes de los expuestos. Finalmente se
realiza la audiencia de sentencia e individualización de la pena, en la que se exhiben
13 La postulación de los desmovilizados al procedimiento de la
LJP se hace por medio de la formulación de un listado (Decreto
4760 de 2005 Art 3), el cual es enviado por el Ministerio del Interior y de Justicia a la FGN, luego de establecer la pertenencia
del desmovilizado a un determinado grupo armado organizado
al margen de la ley y el cumplimiento de los requisitos de la
LJP.
14 AMBOS, Kai, 2010, Estudio sobre la facultad de intervención
complementaria de la Corte Penal Internacional a la luz del
denominado “Proceso de Justicia y Paz” en Colombia, Temis:
Bogotá, pág. 14.
los argumentos que fundamentan la declaración de responsabilidad penal, las penas
principales y accesorias, la pena alternativa
o las razones para no concederla, el contenido del fallo del incidente de reparación
integral (IRI) y la declaratoria de extinción
del derecho de dominio de los bienes entregados por el postulado. En esta etapa se
concede la pena alternativa15.
La falta de efectividad de la LJP, la preocupación por una posible excarcelación
masiva de los y las desmovilizados que ya
cumplieron ocho años privados de la libertad (pena máxima en el sistema de Justicia
y Paz), pero que aún no han recibido ninguna condena, y los recientes diálogos de
paz con la guerrilla de las FARC-EP – y por
tanto la necesidad de tener marcos normativos de justicia transicional que respondan
a la garantía efectiva de los derechos de las
víctimas – fueron el contexto en el que se
evaluó la necesidad de hacer ajustes a dicha
Así, en diciembre de 2012 el Congreso de la
República aprobó la Ley 1592 de 2012 “Por
medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 975 de 2005” que consideró
que uno de los asuntos que debían atenderse con urgencia era la rapidez para llevar
a cabo los procesos y por tanto, redujo el
número de audiencias dentro del proceso,
transformando también algunas de ellas.
15 Ibíd, pág. 15.
En vez del “incidente de reparación integral”, que se realizaba antes de la sentencia, la Ley introdujo un “incidente de identificación de las afectaciones causadas a las
víctimas”16 que se limitará a verificar las
pruebas presentadas por la víctima, y si el
procesado reconoce o no las “afectaciones”
alegadas, las cuales “en ningún caso serán
tasadas”.
Con este cambio, las víctimas no podrán
reclamar su reparación económica ante el
juez penal sino ante el Gobierno y por tanto
ésta quedará sujeta a los límites del programa de reparación administrativa establecida por decreto, “a título de indemnización
solidaria”. Con ello además, se transforma
la noción de daño, que es el concepto jurídico adecuado para definir lo que sucede a las
personas cuando han padecido una violación
a los derechos humanos y que da cuenta de
la responsabilidad que podría recaer sobre
el Estado cuando ello ocurre.17
Así mismo, esta reforma amplía la vigencia
de la Ley para que incluya a quienes se desmovilizaron después de julio de 2005, cobijando tanto a paramilitares como a guerrilleros que se desmovilizaron individualmente18 y permite a los fiscales de Justicia y Paz
priorizar casos y hechos de violencia según
su gravedad e impacto, sobre lo cual preocupa que en la práctica ello signifique una
selección que desconozca que los casos no
priorizados deberán igualmente ser investigados y sancionados posteriormente.
16 Ley 1593 de 2012, art. 23.
17 La reforma a la LJP ha sido objeto de numerosas críticas por
parte de organizaciones de la sociedad civil. Al respecto ver:
Una ley para ponerles conejo a las víctimas. Gustavo Gallón,
diario El Espectador [en línea]. Disponible
en:http://www.elespectador.com/opinion/columna-381788-unaley-ponerles-conejo-victimas y, La ambigua reforma de “Justicia
y Paz”, Rodrigo Uprimny [en línea]. Disponible en: http://
www.dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=justicia_
transicional&publicacion=1370
18 Para los paramilitares la LJP aplicaría sólo para hechos
cometidos antes de su desmovilización, mientras que para los
desmovilizados individuales la Ley cobijaría hechos cometidos
hasta diciembre de 2012.
Después de casi 8 años de funcionamiento
de la LJP, el balance es desalentador, entre
otras cosas, porque es un proceso de justicia transicional implementado en medio
de la persistencia del conflicto armado, en
el que los grupos paramilitares no se desmovilizaron efectivamente sino que siguen
siendo parte activa del mismo en la actualidad19. Además, las víctimas que se vinculan
al proceso de JP son amenazadas y atacadas
constantemente. Adicionalmente, las pocas sentencias condenatorias emitidas a la
fecha20 demuestran que la impunidad sigue
siendo una constante.
Esta impunidad ha afectado de manera diferencial a las mujeres víctimas de violencia
sexual en el marco del conflicto. En términos de judicialización de este delito las cifras son preocupantes. A 1 de diciembre de
2012, según la información difundida por la
Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia
y la Paz, de los 39.546 hechos confesados,
solamente 96 corresponden a violencia sexual, es decir el 0.24%21. Aunque los casos
denunciados de este tipo de violencia han
aumentado, no resulta significativo respecto a la información reportada a 31 de enero
de 2011 donde de los 28.558 hechos confesados, solamente 42 corresponden a violencia sexual22, lo que representa el 0.14%.
19 Al respecto la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Navi Pillay, en su más reciente informe
sobre la situación de derechos humanos en Colombia ha instado
“al Estado a que adopte medidas integrales y eficaces contra los
grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización
de organizaciones paramilitares, a que entienda los orígenes
políticos y económicos de estos y sus vínculos con agentes del
Estado y a que fortalezca los mecanismos internos de control del
Estado”. Ver: Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos
humanos en Colombia, A/HRC/22/17/Add.3, 7 de enero de 2013.
20 A primero de diciembre de 2012 la Unidad de Justicia y Paz
de la FGN informa que existen 14 postulados con sentencia en
Justicia y Paz. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co:8080/
justiciapaz/Index.htm, página consultada el 29 de abril de 2013.
21 Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co:8080/justiciapaz/
Index.htm, página consultada el 8 de enero de 2013.
22 Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co:8080/justiciapaz/
Index.htm, página consultada el 31 de enero de 2011.
Igualmente, para diciembre de 2012, de los
más de 4.000 postulados sólo 14 han sido
condenados23 y sólo dos por hechos de violencia sexual24.
Las mujeres colombianas han sido víctimas
de diferentes formas de violencia sexual
por parte de los actores armados, lo que
les ha permitido alcanzar unas ventajas en
y para la guerra, constituyéndose como una
estrategia que cumple objetivos militares y
por tanto representan crímenes de guerra.
Los delitos de violencia sexual en el marco
del conflicto se han presentado como una
práctica “habitual, extendida, sistemática e
invisible”, tal y como lo estableció la Corte
Constitucional en el Auto 092 de 200825.
Situación que ya había sido advertida por
la Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre la Violencia contra la Mujer26 y por
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH)27.
23 Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co. Gestión Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz a junio de 2012.
24 En diciembre de 2011, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá profirió sentencia condenatoria de 8 años
de prisión contra José Rubén Peña Tobón, por varios delitos,
entre los que se encuentran hechos de violencia sexual en contra
de menores de edad. En el mismo mes, el 7 de diciembre de
2011, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá condenó a Edgar Ignacio Fierro Flores alias
“Don Antonio”, miembro del Bloque Norte de las Autodefensas
Unidas de Colombia, por varios delitos dentro de los cuales se
encuentra un acceso carnal violento.
25 Corte Constitucional, Sala de Revisión, Auto 092 de Abril
14 de 2008. En este Auto se analizó la situación de las mujeres
desplazadas víctimas del conflicto armado.
26 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
2002, Informe presentado por la Sra. Radhika Coomaraswamy,
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas
y consecuencias: Misión a Colombia.
27 CIDH, 2006, Las mujeres frente a la violencia y la
discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia.
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67.
Adicionalmente, por la sistematicidad y/o
la generalidad de los ataques en que estas
formas de violencia sexual han sido realizadas, constituyen crímenes de lesa humanidad y, en algunos casos, se han cometido
en concurso con tortura. Según el informe
intermedio sobre la situación de Colombia
publicado en noviembre de 2012 por la Fiscalía de la CPI, se han perpetrado numerosos ataques contra la población civil por
los grupos armados mediante diferentes
modalidades dentro de las que se incluye
la violencia sexual. Ataques que se dieron
conforme a una política desarrollada por los
mandos de cada uno de los grupos armados
no estatales y que tienen una naturaleza
sistemática y generalizada28. Para el caso de
la violencia sexual, sustenta su afirmación
en el primer informe sobre la prevalencia
de la violencia sexual contra la mujer en el
contexto del conflicto armado colombiano
llevado a cabo por el Oxford Committee for
Famine Relief (OXFAM), en el que se señala
[…] de 2001 a 2009 al menos 33.960
mujeres colombianas fueron víctimas
de alguna forma de violencia sexual
cometida por grupos armados en las
zonas de Antioquia, Cauca, Córdoba,
Arauca, Nariño, Tolima, Risaralda,
Quindío, Valle del Cauca y Norte de
Santander. Adicionalmente indica que
la Unidad de Justicia y Paz ha registrado más de 700 casos de violación y
otras formas de violencia sexual contra mujeres29.
28 Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Situación en
Colombia. Reporte intermedio. Noviembre de 2012, párr. 78 a
29 Primera encuesta de prevalencia. Violencia sexual contra las
mujeres en el Marco del Conflicto Armado Colombiano, en:
Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Situación en Colombia.
Reporte intermedio. Noviembre de 2012, pág. 16.
A pesar de evidencias como las anteriores,
la violencia sexual cometida por actores armados es recurrentemente asumida como
un efecto colateral o una acción aislada.
El aporte que la LJP ha tenido para los derechos a la verdad, justicia y reparación
particularmente de las víctimas de violencia sexual, no es satisfactorio. El hecho de
que ocho años después de la promulgación
de la LJP se reconozca únicamente a través de dos condenas concretas una realidad
denunciada ampliamente por parte de las
organizaciones sociales, organizaciones de
mujeres30, la comunidad internacional y la
misma Corte Constitucional en el Auto 092
de 2008, como es la generalidad y sistematicidad de la violencia sexual en el marco del
conflicto armado, es una clara muestra que
la LJP en su aplicación no ha podido satisfacer los derechos de las víctimas de este tipo
de agresiones.
Si bien estos fallos hacen tal reconocimiento
en la parte argumentativa, la tipificación
de los hechos no permite evidenciar la
utilización de esta violencia como política
del accionar paramilitar para obtener unos
fines concretos, sino que juzga únicamente
al autor directo de la conducta31, o en su
defecto al autor mediato pero por “omisión
de controles a la tropa”32. Así mismo, los
casos existentes se reducen al juzgamiento
por el delito de acceso carnal violento33,
por lo cual no se han evidenciado ni
visibilizado otras formas de violencia sexual
contempladas en el ER de la CPI. Esto, a
pesar de que en Colombia también se han
cometido otro tipo de delitos sexuales, tal
30 Mesa de trabajo “Mujer y Conflicto Armado”, 2007, Informe
de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la relatora
especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra las
mujeres, sus causas y consecuencias, en su misión a Colombia.
31 Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Sentencia
200783070 de 1 de diciembre de 2011.
32 Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Sentencia
200681366 de 7 de diciembre de 2011.
33 El art. 212 del Código Penal vigente (Ley 599 de 2000) define
el acceso carnal violento como “la penetración del miembro viril
por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o
anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto”.
y como lo ha señalado la propia Fiscalía de la
CPI en su informe intermedio: “Los actos de
violencia sexual cometidos en el contexto
del conflicto armado han incluido violaciones, torturas y humillaciones sexuales, mutilaciones, desnudez forzada, prostitución
forzosa y esclavitud sexual, concepción forzosa y abortos forzosos”34.
La investigación y juzgamiento de estos
delitos se caracteriza por una serie de obstáculos que refuerzan la impunidad. Según
un informe de Amnistía Internacional publicado en el 2012, se indica que:
“El proceso de Justicia y Paz, que comenzó en 2005, es un ejemplo de cómo
el Estado colombiano sigue sin cumplir las normas internacionales sobre el
derecho de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación. El proceso sigue defraudando a las víctimas, en especial a las sobrevivientes de crímenes
de violencia sexual relacionados con el
conflicto […]”.
El hecho de que no se haya hecho
comparecer ante la justicia a través del
proceso de Justicia y Paz a los responsables de crímenes de violencia sexual
se ha visto agravado por la ausencia
de una estrategia institucional efectiva
para investigar la violencia sexual relacionada con el conflicto. Una de las
debilidades más graves del proceso es
que los fiscales, con algunas excepciones, investigan únicamente los casos
en los que ya han confesado los paramilitares. Esto resulta problemático,
pues las organizaciones de mujeres y
algunos fiscales han expresado en reiteradas ocasiones su gran preocupación
por la reticencia de la inmensa mayoría
de los paramilitares a confesar crímenes de violencia sexual. 35.”
34 Opus cit. Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pág. 47.
35 Amnistía Internacional, 2012, Colombia: invisibles ante la
justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos
en el conflicto: Informe de seguimiento, pág 11 y 12 [en
línea]. Disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/
asset/AMR23/031/2012/es/a722995e-36d6-4c1b-8dd4-
Uno de los aspectos fundamentales que
justificó la adopción de la LJP fue el
aporte que por medio de la aplicación
de ésta se realizaría para la superación
del conflicto y el tránsito a la paz. Sin
embargo este objetivo tampoco se ha
logrado, ya que los grupos paramilitares
no se desmovilizaron efectivamente y
sus estructuras continúan delinquiendo y
atacando a la población civil 36.
La evidencia de estas fallas demuestra que
la LJP en su concepción no tuvo como eje la
satisfacción de los derechos de las víctimas;
además, se justificó bajo premisas que ocho
años después no han sido cumplidas. Si bien
un modelo de justicia transicional busca la
reconciliación de la sociedad mediante la
aplicación de medidas políticas y jurídicas,
ello no puede ir en contravía de los derechos
de las víctimas; sin embargo, esto es lo que
ha sucedido durante la implementación de
la LJP, con una amplia entrega de beneficios
a los postulados que contrasta con la no
satisfacción de los derechos de las víctimas.
154aa29d6cce/amr230312012es.pdf
36 Los grupos paramilitares no han sido efectivamente desmantelados en Colombia. Según la FGN: “Las organizaciones criminales, surgidas después de la desmovilización de las AUC, se
crearon como una nueva forma de paramilitarismo, considerada
como la tercera generación de los grupos paramilitares en Colombia y cuyo propósito inicial era la conservación del dominio
territorial que había sido dejado por los frentes de las AUC. El
principal objetivo de estas estructuras ha sido el de retomar el
control, no sólo territorial, sino económico, logístico y social en
las zonas de influencia en donde venían delinquiendo las AUC,
además de buscar su expansión a otras regiones, en las que tuvieron injerencia otros frentes paramilitares (…)” Fiscalía General
de la Nación, Informe de Gestión, agosto de 2009-noviembre
de 2010, Bogotá, 2011 [en línea]. Disponible en: http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/archivos/InformedeGestion/infogestion2009-2010.pdf. Esta situación tiene graves consecuencias en
el reconocimiento, atención y protección de las víctimas, debido
a que éstas ya no son consideradas víctimas del conflicto armado
y por tanto reciben otro tratamiento por parte del Estado.
7. Caso monitoreado
En el año 2002, Aura37 residía en un barrio de
las comunas de Medellín y se desempeñaba
como vendedora ambulante. Aura participaba como líder social en otros espacios, como
una escuela y un restaurante comunitario.
En el barrio hacía presencia el Bloque Cacique Nutibara, grupo armado que ejercía
toda clase de vulneraciones en contra de la
sociedad civil. Desde agosto de dicho año
el grupo empezó a cobrar semanalmente
“vacunas”38 a las y los dueños de establecimientos y a las y los vendedores ambulantes, pagos que tuvo que realizar Aura en
El negocio de Aura se vio gravemente afectado porque los hombres del grupo armado
le obligaban a darles la comida que preparaba, razón por la cual se vio forzada a abandonarlo, quedando sin el sustento para ella
Aura tuvo un enfrentamiento con integrantes de este grupo paramilitar al impedir
que éstos reclutaran a sus hijos menores de
edad. Ante dicha situación, días después se
vio obligada a sacar a sus hijos del barrio,
escondidos entre los muebles de una vecina
que se estaba mudando, para evitar que los
menores fueran reclutados forzadamente.
37 El nombre real de la víctima y la ubicación exacta de los
hechos ha sido omitida por respeto, seguridad y derecho a la
intimidad de la víctima de este caso.
38 Extorsiones por parte de los actores armados ilegales dirigidas
a la comunidad en general y en especial a los comerciantes que
se cobran a cambio de “garantías” y “protección” para poder
ejercer sus labores.
En diciembre de 2002, cuatro hombres del
grupo armado llegaron a su casa, entraron a
la fuerza y la violaron. Los hombres le repetían constantemente que ése era su castigo
por haber querido engañarlos y haber sacado a sus hijos del barrio. La amarraron y encerraron en su propia casa durante toda la
noche y la mañana siguiente; después, amenazaron con matarla si no guardaba silencio. Los hechos de violencia sexual se repitieron en enero de 2003. Tres de los cuatro
agresores nuevamente llegaron a su casa,
dos de ellos ingresaron y el otro se quedó en
la puerta vigilando que no viniera la policía.
Le apuntaron con un arma en la cabeza y
fue violada por los dos hombres que habían
ingresado en la casa.
Durante los días siguientes Aura fue vigilada
y presionada para que no denunciara; además, fue controlada para evitar que saliera
del barrio. Días después intentó denunciar
a los hombres que cometieron la violación
en la estación de policía del barrio. Sin embargo, allí recibió un trato prejuicioso, inadecuado e ilegal por parte del funcionario
de policía que la atendió, quien se negó a
atender el caso y le señaló que “ella se lo
había buscado por estar en la calle”. Frente
a esta respuesta y comportamiento por parte del agente de policía, Aura le indicó que
los hechos ocurrieron en su casa y desistió
de denunciar a los responsables. Unos meses
después y en medio de un enfrentamiento
entre los grupos armados presentes en el
barrio, se vio forzada a desplazarse de él,
huyendo con un grupo de aproximadamente
25 personas más a otro barrio de Medellín.
Como se mencionó anteriormente, Aura intentó denunciar los hechos de violencia sexual en
la estación de policía ubicada en el barrio en
que residía, recibiendo un trato irresponsable
e inadecuado por parte del funcionario policial que la atendió, quien la culpó por la ocurrencia del hecho delictivo, violentando así su
derecho al acceso a la justicia.
Ese mismo año (2003), luego de desplazarse
forzadamente del barrio en el que ocurrieron los hechos, se radicó en otro barrio de
la ciudad de Medellín y acudió a la Unidad
de Atención y Orientación para la Población
Desplazada (UAO); allí realizó una declaración en búsqueda de reparación administrativa. Durante su declaración, Aura relató el
desplazamiento, pero debido a la atención
discriminatoria en la que fue revictimizada
por la policía, sintió temor y vergüenza de
contar los hechos de violencia sexual. Fue
incluida en el Registro Único de Población
Desplazada (RUPD) y por tanto se convirtió
en beneficiaria de varias ayudas y apoyos
por parte de la entidad encargada en ese
momento de brindarlas, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social. Sin embargo, varios subsidios que otorga el Estado
para estos casos, como la ayuda humanitaria, tuvieron que ser exigidos por medio de
acción de tutela39 para la protección de sus
derechos fundamentales al mínimo vital y a
la vida en condiciones dignas40.
39 La acción de tutela, equivalente al recurso de amparo en
otras legislaciones, se define en el art. 86 de la Constitución
Política de 1991: “Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública (…)”.
40 La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha
señalado que se requiere el esfuerzo continuado del Estado
en la atención a la población desplazada del país, en aras de
superar el estado de desprotección generalizada de sus derechos
fundamentales, así como de garantizar a este colectivo unas
condiciones mínimas de vida digna. Dentro de estos esfuerzos
se incluye, desde luego, el rediseño de la política pública
El 21 de octubre de 2011 la mujer decidió
denunciar los hechos de violencia sexual
ante la Fiscalía. Al tratarse de un caso de
violencia sexual en el marco del conflicto
armado cometido por integrantes del Bloque
Cacique Nutibara de las AUC, grupo desmovilizado bajo los acuerdos con el gobierno
para poner fin al conflicto, fue remitido a la
jurisdicción establecida por la LJP.
En la actualidad, el caso es conocido por la
Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín, la cual
de conformidad con la zona y fecha de los
hechos ha determinado que los hechos son
atribuibles al Bloque Metro de las AUC, absorbido por el Bloque Cacique Nutibara. En
esta jurisdicción se han realizado acciones
de verificación de la denuncia y diligencia
de reconocimiento de los agresores por medio de fotos de los postulados, ya que Aura
sólo conoce los alias de sus agresores pero
no sus nombres completos.
Los agresores que ella puede identificar no
han sido postulados, razón por la cual se
compulsaron copias a la justicia ordinaria
para que en esa jurisdicción también investiguen los hechos denunciados. Sin embargo la Fiscalía de Justicia y Paz continúa con
competencia frente al caso, pues uno de los
objetivos de la ley es conocer toda la verdad sobre los actos delictivos que cometió
el grupo; en consecuencia, se busca indagar
acerca de todos los responsables de los delitos cometidos dentro de la estructura paramilitar, y que las víctimas de estos grupos
armados puedan tener un acceso efectivo a
sus derechos a verdad, justicia, reparación
y garantías de no repetición.
en materia de entrega de ayuda humanitaria de emergencia y
sus prórrogas como componente indispensable con miras a la
superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en la
sentencia T-025 de 2004. Corte Constitucional, Sala de revisión,
Sentencia T-479 de 13 de junio de 2011.
En JP el proceso se encuentra en etapa de
investigación, por lo que el monitoreo llevado a cabo por ASFC y Corporación Humanas
estaba enfocado en hacer seguimiento a las
audiencias de versiones libres encaminadas
a que los postulados confesaran la verdad
sobre los hechos, identificar la responsabilidad en la cadena de mando de la estructura
armada por los hechos ocurridos, y seguir
los avances en la imputación de cargos ante
Las audiencias de versiones libres programadas en el tiempo que se llevó a cabo
el monitoreo fueron canceladas en cuatro
oportunidades, debido al paro de la rama
judicial iniciado el 11 de octubre de 2012
y el cual duró aproximadamente sesenta
días. Por tanto, hasta el momento de publicación de este informe el delito no ha sido
reconocido por ninguno de los postulados.
Esto se constituye como un obstáculo, más
cuando no se adelantan las investigaciones
de oficio, supeditando la imputación de los
hechos sólo a la aceptación del postulado;
en consecuencia, no se ha realizado audiencia de imputación y aceptación de cargos.
Resulta preocupante la dilación en este tipo
de procesos pues la denuncia se interpuso a
finales de 2011 y durante todo el año 2012
no se vio un avance significativo del mismo.
Actualmente se espera que aplicando las
nuevas disposiciones normativas que implican la priorización y selección41, en abril de
2013 se lleven a cabo las audiencias por el
delito de desplazamiento forzado y en mayo
del mismo año las de hechos de violencia de
género. Sin embargo, el Fiscal de la causa
evidenció falta de conocimiento del caso,
41 Directiva No. 0001 de 4 de octubre de 2012 del Fiscal General
de la Nación, “Por medio de la cual se adoptan unos criterios
de priorización de situaciones y casos, y se crea un nuevo
sistema de investigación penal y de gestión de aquéllos en la
Fiscalía General de la Nación” [en línea]. Disponible en: http://
www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2013/02/
Directiva001.pdf
en particular luego de aducir que se le ha
asignado la investigación de los hechos victimizantes de más de 35.000 personas y por
tanto no tenía claridad del momento en que
preguntaría por el caso en cuestión42. Es de
resaltar que las audiencias previstas para el
mes de mayo fueron canceladas y reprogramadas para junio 201343.
Según el funcionario, para desarrollar dicha
tarea su despacho cuenta con tres fiscales
de apoyo y doce investigadores e investigadoras, a una de las cuáles se le ha asignado
el caso de Aura. Dicha funcionaria manifiesta que sobre género solamente ha recibido
una capacitación que le ha dado la Fiscalía,
mientras que el Fiscal reconoce no tener
mucha experiencia en la materia.
Por su parte, en la justicia ordinaria el caso
está siendo adelantando por una Fiscalía
delegada ante los jueces penales del circuito especializado, que investiga el acceso
carnal violento y el desplazamiento. Allí el
procedimiento es llevado bajo normas procesales diferentes a la jurisdicción de JP, a
través del procedimiento de la Ley 600 de
2000. Dentro de este procedimiento el 10
de septiembre de 2012 se ordenó la apertura de instrucción44, por los delitos de acceso
carnal violento, desplazamiento forzado y
42 Reunión sostenida por ASFC, Corporación Humanas y
el Fiscal del caso en Medellín, marzo de 2013. En reunión
sostenida por ASFC y el Fiscal del caso en Medellín en abril
de 2013, éste manifestó que preguntaría sobre el caso de Aura
durante las versiones libres previstas del 15 al 17 de mayo de
43 ASFC se desplazó a Medellín el 16 de mayo 2013 para asistir
a las audiencias programadas, pero se encontró con que habían
sido canceladas a última hora. Según fue informado, el motivo
fue una calamidad de la abogada defensora. Las audiencias
han sido reprogramadas del 5 al 7 de junio 2013. Es de resaltar
que con ésta, son 5 las audiencias de versión libre que fueron
canceladas durante el periodo que se realizó la observación del
44 La instrucción es la etapa de investigación – siendo ésta
la primera parte del proceso – durante la cual se recogen y
coordinan las pruebas, y se prepara el material indispensable
para la imputación y formulación de cargos.
El 31 de agosto de 2012 Aura asistió a diligencia de reconocimiento a partir de fotografías,
durante la cual se procedió a realizarle algunas preguntas para ampliar la información
dada inicialmente en la denuncia. Posteriormente se realizó el reconocimiento fotográfico, en el cual identificó a uno de los individuos
como responsable de la conducta de acceso
carnal violento ejercido en su contra.
La Fiscalía había efectuado la captura a
principios de marzo de 2013 de uno de los
presuntos responsables del acceso carnal
violento a quien Aura había reconocido. Sin
embargo a finales de marzo de 2013 el ente
investigador consideró que la denuncia de
ella no era suficiente para mantenerlo privado de la libertad, y sin comunicárselo a ella
ni a su representante judicial, fue dejado
en libertad. Dicha información era desconocida por la Fiscalía de Justicia y Paz, que
en una de las entrevistas realizadas durante
el proceso de monitoreo de este caso dio
cuenta de las dificultades de comunicación
entre las dos jurisdicciones y, por tanto, de
la falta de colaboración armónica de estas
dos instituciones en perjuicio de los derechos de la víctima.
Los responsables45 del acceso carnal violento
cometido en contra de Aura son integrantes
del Bloque Cacique Nutibara que absorbió
el Bloque Metro. Este grupo tiene sus inicios
en las Autodefensas Campesinas de Córdoba
y Urabá (ACCU) que posteriormente se convirtieron en el proyecto paramilitar de las
AUC en cabeza de Carlos Castaño. El Bloque
Metro se constituyó como la primera red
militar urbana que operó inicialmente en
el área metropolitana del Valle de Aburrá y
el Valle del Sajonia del Oriente antioqueño,
y que posteriormente pasó a operar en la
zona urbana de Medellín46. En 1998, el Bloque Metro ingresó a las zonas
urbanas de Medellín. Para ello, se sirvió de
una estructura creada por la cooperativa de
seguridad (CONVIVIR47) “Condor” y desarrolló
una estrategia de guerra orientada a golpear,
aniquilar, absorber o cooptar a los grupos
milicianos. También aprovechó las redes
de información que tenía la cooperativa
mencionada, varias de sus armas y algunos
de sus hombres, los cuales pasarían después
45 Los autores directos de la conducta identificados son
cuatro integrantes del Bloque Metro; frente a éstos la mujer ha
reiterado los alias, pero se omiten para mantener la identidad de
46 Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Sentencia
2006 82222 de 30 de julio de 2012.
47 El 11 de febrero de 1994 el gobierno colombiano expidió el
Decreto 356, por medio del cual autoriza la creación y funcionamiento de “servicios comunitarios de vigilancia y seguridad
privada”, los cuales son definidos como “la organización de la
comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal
o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y
seguridad privada a sus cooperados o miembros, dentro del
área donde tiene asiento la respectiva comunidad” (art. 42, Decreto 356 de 1994). Estas disposiciones tan sólo revivirían un
entorno legal para la existencia, desarrollo y expansión del paramilitarismo, como una clara política estatal, en esta oportunidad
bajo un nuevo ropaje, el de CONVIVIR. Las CONVIVIR eran
asociaciones que públicamente se presentaban con un carácter
“defensivo”, que actuarían bajo la coordinación de la fuerza
pública y serían financiadas por los sectores público y privado.
Ver: Noche y Niebla, Las convivir, la legalización del Paramilitarismo [en línea]. Disponible en: http://www.nocheyniebla.org/
files/u1/casotipo/deuda/html/pdf/deuda13.pdf
a ser parte del Bloque Metro al mando de
Carlos Mauricio García, alias “Doble Cero”48.
Tal como lo indica el Tribunal Superior de
Bogotá, Sala de Justicia y Paz:
Entrado el año 2001 el Bloque Metro
se convirtió en el grupo delincuencial
dominante en la ciudad de Medellín
con presencia en 70% de los barrios
y gran parte del departamento, en las
comunas 1, 4, 5, 8 y 9 de Medellín,
así como en los municipios cercanos,
tales como Segovia, San Ronque,
Santo Domingo, Yarumal, Santa Bárbara, Vegachí, Amalfí y Remedios,
entre otros, mediante el desarrollo de
estrategias, no sólo antisubversivas,
sino de limpieza social y de control
demográfico. De esta manera, por iniciativa de actores privados de la zona
– comerciantes, empresarios, etc. – y
de algunos miembros de la fuerza pública, asesinó a habitantes de la calle,
trabajadoras y trabajadores sexuales,
personas dedicadas al expendio minorista de estupefacientes y pequeños
consumidores. Esta táctica represiva
frente a las organizaciones narcotraficantes y lucha contra la subversión,
fue vista como un fracaso, ya que no
se había logrado pacificar Medellín
ni a las comunas más neurálgicas,
pero sí aumentar las cifras de criminalidad – delitos de alto impacto – y
el desplazamiento forzado intra urbano, lo que en últimas motivó que los
ojos de la opinión pública del país,
fueran puestos sobre la situación de
violencia de esa ciudad49.
En el 2002 y como producto de desacuerdos
entre “Doble Cero” y Carlos Castaño, máximo jefe de las AUC, éste le retira su apoyo
para entregárselo a Carlos Murillo Bejarano
alias “Don Berna”. Así surge el Bloque Cacique Nutibara, el cual inicia una confrontación con el Bloque Metro entre octubre de
2002 hasta octubre de 2003, confrontación
que finalmente fue ganada por el Bloque Cacique Nutibara; los militantes que sobrevivieron del Bloque Metro fueron absorbidos
por el Bloque Cacique Nutibara50.
El Bloque Cacique Nutibara participó en las
ceremonias de desmovilización en el marco de la negociación entre el gobierno y las
AUC el 25 de noviembre de 2003, con 873
integrantes y 497 armas51. No obstante, actualmente sólo 16 ex integrantes de este
grupo están rindiendo versiones ante fiscales de Justicia y Paz. Aunado a ello el máximo comandante del Bloque, Diego Fernando
Murillo alias “Don Berna”, fue extraditado
hacia los Estados Unidos en mayo de 2008
y condenado en el 2010 a 31 años de cárcel
por cargos de narcotráfico. Desde entonces, su poca colaboración con Justicia y Paz ha
sido evidente52.
51 Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Proceso de
paz con las autodefensas, pág. 11 [en línea]. Disponible
en: http://www.cooperacioninternacional.com/descargas/informefinaldesmovilizaciones.pdf
48 Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Sentencia
49 Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Sentencia
52 Verdad Abierta (9 de Julio de 2012). Impunidad ronda
crímenes del Bloque Cacique Nutibara [en línea]. Disponible
en: http://verdadabierta.com/component/content/article/4100minimas-asi-son-las-verdades-del-bloque-cacique-nutibara
(consultado el 15 de enero de 2013).
Aura es una mujer de 46 años, nacida en la
ciudad de Medellín, con nivel de educación
primaria, de origen humilde, dedicada a las
labores del hogar y con unas características
de líder social que ha permitido que en los
espacios en que ha participado, siempre se
destaque por su capacidad de liderazgo y
gane la confianza de la gente que la rodea.
Tuvo tres hijos, uno de los cuales fue asesinado a comienzos de 2012, y los otros dos
son mayores de edad a la fecha de elaboración de este informe. Aura señala que el homicidio de su hijo fue cometido por miembros de las AUC, pero no se conocen datos
adicionales al respecto.
El Estado no le ha garantizado a Aura una
atención integral que contemple la atención
psicosocial como un componente esencial
para el restablecimiento de sus derechos.
Esto es producto de la desarticulación de las
entidades estatales, sector justicia y sector
salud, que hace evidente la inexistencia de
una política pública integral de atención a
las mujeres víctimas de violencia sexual.
La CIDH, al referirse a las necesidades específicas de las víctimas de violencia sexual, ha indicado que: “Su autoestima está
fuertemente lesionada, la confianza en el
sistema y la sociedad es reducida, y su capacidad de resistencia es escasa; aspectos
que no contemplan los servicios judiciales
durante el proceso”53. Por su parte, la Corte
Constitucional colombiana al referirse a los
riesgos específicos que sufren las mujeres
desplazadas por causa del conflicto armado,
señaló en el Auto 092 de 2008 que:
53 CIDH, 2011, Acceso a la Justicia para mujeres víctimas
de violencia sexual en Mesoamérica, párr. 115e [en línea].
http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/
MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf
“[…] los diversos traumas psicológicos que deben enfrentar las mujeres
desplazadas se transforman en un
obstáculo para el adecuado restablecimiento de sus derechos y su reintegración al medio social receptor.
[…] según explica Amnistía Internacional, les llevan a construir una
identidad desde la fragilidad y vulnerabilidad: fijada en el miedo y ante el
terror del ataque al cuerpo, la sexualidad, la maternidad, hacia sus hogares a través de la amenaza de perder
a sus hijos y provocar la separación
de las familias. Limitando sus posibilidades para identificar los recursos
disponibles y la fortaleza necesarias,
que les permitan denunciar y reparar
lo vivido54.”
Así, en el caso concreto, la atención prestada por parte del Estado a Aura se ha limitado a la recepción de la denuncia. El apoyo,
tanto psicosocial como legal, ha sido suministrado por dos organizaciones55 de la sociedad civil que realizan acompañamiento
a víctimas de violencia sexual en el marco
54 Corte Constitucional de Colombia, Sala de Revisión, Auto
092 de 14 de abril de 2008.
55 Se omite el nombre de las organizaciones que han acompañado
el caso, por motivos de seguridad de las organizaciones y de la
El proceso que se analiza en este informe
se encuentra en etapa de investigación. Sin
embargo, a más de un año de la radicación
del formulario de hechos atribuibles, no
existen decisiones de formulación de imputación, formulación de cargos, verificación
de aceptación de cargos, ni el incidente
de reparación integral. El Decreto 4760 de
2005, mediante el cual se reglamenta parcialmente la LJP, señala que las actuaciones
previas a la recepción de la versión libre tales como la averiguación de la verdad material, la determinación de autores intelectuales y partícipes, el esclarecimiento de las
conductas punibles cometidas, entre otras,
deberán realizarse durante un plazo razonable que en todo caso no podrá exceder el
término de seis meses56. En el caso concreto
este término se ha excedido, sin evidenciar
avances significativos en el mismo.
56 Art. 4, Decreto 4760 de 2005.
8. Estatuto de
Roma y el principio de
complementariedad: la
violencia sexual como crimen
El ER, por el cual se regula la jurisdicción y
competencia de la CPI, tiene por objeto juzgar los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su
conjunto. Esta competencia funciona bajo
el principio de complementariedad, es decir
se activa cuando los Estados no puedan o no
quieran juzgar, investigar y sancionar esta
clase de delitos. Así, en casos en que concurra la competencia de las dos jurisdicciones,
prevalecerá la del orden interno pues no se
pretende reemplazar los ordenamientos y
procedimientos nacionales con este mecanismo internacional.
El ER fue aprobado el 17 de julio de 1998
por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas como un
instrumento que permite el juzgamiento y
sanción de individuos responsables de crímenes internacionales consagrados en el
artículo 5 del Estatuto, siendo éstos: el crimen de genocidio, el crimen de lesa humanidad, el crimen de guerra, y el de agresión. La adopción del Estatuto trajo consigo avances positivos en materia de justicia de género, ya que gracias a la incidencia del movimiento feminista se logró que el Estatuto
incluyera la perspectiva de género. Así, éste
incluyó avances en:
-La criminalización a nivel internacional de la violencia sexual y de género;
-La incorporación de normas de procedimiento y prueba en relación a víctimas y testigos de crímenes de violencia
-Protección y participación de las víctimas y testigos;
-Incorporación del principio de no discriminación sobre la base del género;
-La violencia sexual fue incluida dentro
de los delitos de genocidio, de guerra y
de lesa humanidad, delitos sobre los cuales tiene competencia la CPI, establecidos en los artículos 6, 7 y 8 del ER57.
Dentro de los crímenes de lesa humanidad establecidos en el artículo 7 del ER se
incluyen los literales (g) y (h) correspondientes a violencia sexual en un sentido amplio, así como la violencia de género:
g) violación, esclavitud sexual, prostitución
forzada, embarazo forzado, esterilización
forzada u otros abusos sexuales de gravedad
h) persecución de un grupo o colectividad
con identidad propia fundada en motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el
párrafo 3 u otros motivos reconocidos universalmente como inaceptables con arreglo
al derecho internacional, en conexión con
cualquier acto relacionado en el presente
párrafo o con cualquier crimen de competencia de la Corte.
Por su parte, dentro de las Reglas de Procedimiento y Prueba del ER se incluyen medidas como la exclusión de la corroboración
del testimonio de la víctima en los casos de
violencia sexual58, se prohíbe la inferencia de
consentimiento de la víctima cuando medie
un entorno coercitivo, o de alguna palabra o
conducta de la víctima cuando no sea capaz
de dar su consentimiento libre, o de su silencio, la falta de resistencia, o de su comportamiento sexual anterior o posterior59.
57 Corporación de Desarrollo de la Mujer, La Morada, 2003,
Corte penal Internacional, Avances en materia de Justicia de
58 Regla número 63.
59 Regla número 71.
En los ámbitos de protección y reparación
a las víctimas de violencia sexual, el ER y
las Reglas de Procedimiento y Prueba incorporan medidas especiales que consideran
su protección cuando se trata de crímenes
que requieren de consideraciones especiales como la violencia sexual, tales como la
recolección de testimonios con presencia de
psicólogos/as o familiares, el desarrollo de
interrogatorios de forma que se evite el hostigamiento e intimidación60, y las medidas
de reparación que comprenden la rehabilitación, la restitución y la indemnización61.
El ER fue ratificado por Colombia el 7 de
junio de 2002, por medio de la Ley 742 de
2002; entró en vigor el 1 de julio y fue incorporado a la Constitución mediante el Auto
legislativo 091. No obstante, el Estado Colombiano está en mora de cumplir con algunos de estos compromisos de armonización,
sobre todo respecto a categorías de violencia sexual que aún no se encuentran específicamente establecidas en el código penal
colombiano, como la desnudez forzada y la
Es importante destacar que aunque la Corte es competente sobre los delitos descritos
anteriormente cometidos en Colombia o por
sus nacionales desde el 1 de noviembre del
2002, de acuerdo a la declaración hecha por
el Estado colombiano en virtud del artículo
124 del ER, este tribunal sólo es competente
en relación con los crímenes de guerra cometidos en Colombia desde el 1 de noviembre de 200962.
la Ley 1448 de 2011 conocida también como
la Ley de víctimas, y han sido aplicadas por
la jurisprudencia nacional63constituyéndose de igual forma como precedente constitucional de obligatorio cumplimiento que
debe ser observado en casos futuros64.
No obstante, tales avances normativos no
han sido suficientes para el debido juzgamiento y sanción de los responsables, y la
impunidad se hace cada vez más recurrente
en el contexto colombiano. Los delitos de
violencia sexual no se investigan como delitos que pueden constituir crímenes internacionales como son los crímenes de guerra,
de lesa humanidad e inclusive como tortura. Así lo señaló la Fiscalía de la CPI en su
informe intermedio de noviembre de 2012
sobre su examen de la situación en Colombia, al indicar que:
“Se ha iniciado un número limitado
de acciones judiciales en torno a violaciones y otras formas de violencia
sexual cometidas en el contexto del
conflicto armado, a pesar de la escala
del fenómeno. La información disponible indica que, hasta la fecha, tan
sólo cuatro personas (incluidos dos
líderes paramilitares) han sido condenadas por violación y otras formas
de violencia sexual. La Corte Constitucional de Colombia y el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas han indicado la insuficiencia
de la actividad procesal y judicial en
lo que a estos crímenes se refiere”65.
Por su parte las Reglas de Procedimiento y
Prueba del ER, ratificadas por el gobierno
colombiano mediante la Ley 1268 de 31 de
diciembre de 2008, establecen medidas especiales para las víctimas de violencia sexual. Estas reglas han sido incorporadas en
60 Regla número 88.
61 Reglas número 94 y 95.
62 Por esta razón, en el análisis del caso monitoreado éste sólo
se aborda como crimen de lesa humanidad, y no como crimen
63 Corte Constitucional de Colombia, Sala de Revisión,
Sentencia T-453 de 2 de mayo de 2005.
64 Corporación Humanas, “El precedente judicial en el sistema
jurídico colombiano respecto a los delitos sexuales cometidos
contra mujeres”, en Aportes para el acceso a la justicia de las
mujeres en Colombia [en línea]. Disponible en: http://www.
humanas.org.co/archivos/Aportesjusticia4.pdf
65 Opus cit. Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
9. Obligaciones
internacionales en materia de
investigación y judicialización
incumplidas en el juicio
Teniendo en cuenta el principio de complementariedad que orienta la jurisdicción de
la CPI, se hace necesario determinar si el
Estado no está dispuesto a juzgar o es incapaz de hacerlo. Así, en el primer caso se
debe evaluar si los procedimientos se han
llevado a cabo con el propósito de sustraer
al acusado de responsabilidad penal, si se
ha producido una demora injustificada que
es incompatible con la intención de someter
a la persona a la justicia, o si el proceso no
ha sido o no se está llevando a cabo de forma independiente o imparcial.
En el segundo caso, para saber si un Estado
es incapaz de actuar, se deberá establecer
si existe un colapso total o sustancial de la
administración de justicia o la no disponibilidad de su sistema judicial nacional, si el
Estado no puede hacer comparecer al acusado o las pruebas y los testimonios necesarios y, por tanto, si el Estado no puede llevar
a cabo el juicio66.
Como se ha descrito, el caso monitoreado se
ha caracterizado por la demora injustificada
en la investigación de los hechos de violencia sexual, amparado en una legislación de
justicia transicional que rige en Colombia
desde 2005, que ha sufrido recientes transformaciones y que no es compatible con el
real y efectivo derecho de las víctimas.
Por el contrario, este marco normativo ha
permitido que miles de combatientes no
hayan sido juzgados y, sobretodo, que no
66....Al
N R / r d o n l y r e s / 1 FA 7 C 4 C 6 - D E 5 F - 4 2 B 7 - 8 B 2 5 60AA962ED8B6/143594/030905_Policy_Paper.pdf
hayan contado la verdad de las violaciones a
los derechos humanos e infracciones al derecho internacional que han sido cometidas por
estos grupos armados, sus responsables y las
estructuras que están detrás de los mismos.
Después de diez años de ocurridos los hechos y más de un año después de haber sido
radicada la denuncia en JP, y a pesar de las
constantes visitas de las representantes de
las víctimas para conocer los avances del
proceso, para aportar datos y para inclusive compartirlos en las dos jurisdicciones en
que se está investigando el caso, las cuáles
no tienen un diálogo fluido que facilitaría
la investigación de los hechos, todavía no
se ha realizado la primera audiencia en que
sea mencionado el caso y que permita develar lo ocurrido. Aunque uno de los presuntos
responsables fue capturado en la jusrisdicción ordinaria y se inició la instrucción del
proceso, la Fiscal consideró que no era posible mantenerlo privado de la libertad con
“sólo” el testimonio de Aura, desconociendo
los derechos de ella y los instrumentos internacionales que se lo permitirían para garantizar que graves hechos como el ocurrido
no queden en la impunidad.
Aunque cualquier crimen comprendido en la
jurisdicción de la CPI es grave, se requiere
que ésta evalúe si un caso es de gravedad
suficiente para justificar su intervención.
Así, la magnitud de los crímenes puede ser
evaluada con criterios tanto cuantitativos
como cualitativos que tengan en cuenta el
impacto de éstos en la vida de las víctimas
y la forma en que fueron cometidos. Para
ello podrá analizar, entre otras cosas, el número de víctimas directas e indirectas, el
alcance de los daños causados por los delitos, en particular, el daño físico o psicológico causado a las víctimas y sus familias, así
como su distribución geográfica o temporal
(intensidad de los delitos)67.
67 Al respecto, ver http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/
E278F5A2-A4F9-43D7-83D2-6A2C9CF5D7D7/282515/OTP_
Draftpolicypaperonpreliminaryexaminations04101.pdf
Como se ha mencionado anteriormente, la
violencia sexual en contra de mujeres, niñas y niños en medio del conflicto armado
en Colombia es una práctica sistemática y
generalizada observada en todo el territorio nacional, la cual ha sido cometida por
todos los grupos armados que protagonizan
el conflicto armado, como parte de un plan
con fines específicos dentro de las confrontaciones. De esta manera, el caso de Aura
no representa un hecho aislado y por el contrario, es una muestra de la forma en que la
violencia sexual es ejercida por los grupos
armados como método de control social, entre otras.
Las obligaciones internacionales en materia
de investigación y judicialización de la
violencia sexual deben cumplirse en el
marco de la debida diligencia, entendida
como la obligación de los Estados de recurrir
a “todos los medios legales, políticos,
administrativos y culturales para promover
la protección de los derechos humanos y
asegurar que toda violación sea considerada
y tratada como un acto ilícito que puede
dar lugar al castigo de los responsables y la
obligación de indemnizar a las víctimas”68.
La Declaración de Naciones Unidas sobre
la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer insistió en el deber de los Estados
de “proceder con la debida diligencia a
fin de prevenir, investigar y, conforme a
la legislación nacional, castigar todo acto
de violencia contra la mujer, ya se trate
de actos perpetrados por el Estado o por
particulares”69. En concordancia con ello, la
Convención de Belem do Pará establece la
68 Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre
la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias,
Yakin Ertürk, La norma de la debida diligencia como
instrumento para la eliminación de la violencia contra la
mujer, E/CN.4/2006/61, 20 de enero de 2006, párr. 31.
69 Art. 4, literal c.
obligación de los Estados de “actuar con la
debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer”70.
De acuerdo con el derecho internacional
y con los pactos específicos de derechos
humanos, los Estados también pueden
ser responsables de actos privados si no
adoptan medidas con la diligencia debida
para impedir la violación de derechos o para
investigar y castigar los actos de violencia e
indemnizar a las víctimas71.
La CIDH aclara que este deber no cesa
en tiempos de conflicto72 y, al referirse al
Estado colombiano, ha indicado que “está
obligado a actuar con debida diligencia, para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia y
discriminación contra las mujeres agravada
por el conflicto armado a pesar de los
complejos desafíos presentados a raíz del
conflicto”73.
La debida diligencia en el caso concreto
no se está cumpliendo; es posible que a
nivel formal se evidencien avances, pero
en la práctica existen muchos vacíos que no
permiten a la víctima acceder efectivamente
a esta garantía y como presupuesto para
que se protejan sus derechos a la verdad,
La Fiscalía no ha emprendido todos los actos
necesarios para superar la impunidad en
que se encuentran los hechos de violencia
sexual cometidos por los integrantes del
Bloque Cacique Nutibara contra Aura. No se
evidencian avances significativos, no existen
actuaciones investigativas encaminadas al
esclarecimiento de los hechos, la sanción de
los responsables y el otorgamiento de una
reparación integral a la víctima acorde con
los daños y afectaciones específicas causadas.
70 Art. 7.
71 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, 1992, Recomendación General No. 19 Violencia contra
72 CIDH, 2006, Las Mujeres frente a la Violencia y Discriminación derivadas del Conflicto Armado en Colombia [en línea].
Disponible en: http://www.cidh.org/women/Colombi06sp/parte1.htm
El derecho a un recurso efectivo, el cual ha
sido contemplado en múltiples instrumentos internacionales74, implica la capacidad
de poder reivindicar los derechos “ante un
órgano independiente e imparcial, con el fin
de obtener reconocimiento de la violación,
el cese de la violación si ésta continúa, y
una adecuada reparación”75. Ninguna de estas actuaciones se ha dado en el caso monitoreado, poniendo a la víctima en un estado
de indefensión y vulnerabilidad ante la posibilidad de nuevos actos delictivos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha señalado que la garantía
de un recurso efectivo “constituye una de
los pilares básicos, no sólo de la Convención
Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”76.
La dilación del proceso hace que éste no
sea efectivo para las víctimas, en este caso
concreto para Aura, quien contrario a recibir una respuesta del sistema de justicia que
restablezca sus derechos, sigue siendo una
víctima más de la impunidad en el país. El
fenómeno de la impunidad ha sido entendido como:
La falta en su conjunto de investigación,
persecución, captura, enjuiciamiento y
condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por
la Convención Americana, toda vez que
el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios
legales disponibles ya que la impunidad
propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total
indefensión de las víctimas y de sus familiares77.
74 Ver, entre otros, Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (artículo 2.3); Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículo
13); Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial (artículo 6); Convención
Internacional para la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas (artículos 12, 17.2 (f ) y 20);
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para
las víctimas de delitos y del abuso de poder (Principios 4-7);
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los
grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales universalmente
reconocidos (artículo 9); Convención interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer,
Convención de Belem do Pará (artículo 4, literal g); Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
(artículo III (1)); Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura (artículo 8.1).
75 Comisión Internacional de Juristas, Manual de Observación
de Procesos Penales, 2009, Guía para profesionales No. 5.
76 CoIDH, Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97.
La obligación de investigar se deriva de varios instrumentos internacionales ratificados
por Colombia78. La CoIDH ha determinado
que de la obligación general de garantía se
deriva la obligación de investigar los casos
de violaciones de los derechos humanos79.
77 CoIDH, Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No.
74, párr. 186; CoIDH, Caso del Tribunal Constitucional Vs.
Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero
de 2001. Serie C No. 71, párr. 123; CoIDH, Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre
de 2000. Serie C No. 70, párr. 211.
78 Art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
79 CoIDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia.
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140.
En caso de graves violaciones, la investigación debe ser iniciada ex officio, esto es,
independientemente de que las víctimas o
sus familiares presenten una denuncia80. Según los estándares internacionales en esta
materia la investigación debe ser inmediata, exhaustiva, seria e imparcial. La obligación de investigar adquiere una particular
y determinante intensidad e importancia en
casos de crímenes contra la humanidad81.
En los casos de violencia contra las mujeres
la investigación se constituye en una etapa
crucial del procedimiento y por lo tanto “no
se puede sobrestimar la importancia de una
debida investigación, ya que las fallas a ese
respecto suelen impedir u obstaculizar ulteriores esfuerzos tendientes a identificar,
procesar y castigar a los responsables”82. Por
tanto la investigación debe ser asumida por
el Estado como un deber jurídico propio,
que no debe depender de la iniciativa procesal de la víctima o de la aportación privada de elementos probatorios83.
Respecto de la obligación a cargo del Estado de llevar a cabo una investigación seria,
inmediata, imparcial y exhaustiva es preciso
reiterar que esta exigencia adquiere mayor
relevancia cuando nos enfrentamos ante hechos de violencia contra las mujeres y que
pueden ser constitutivos de crímenes de lesa
humanidad o de guerra y, en consecuencia,
estaríamos ante una obligación reforzada en
materia de investigación a cargo de las autoridades judiciales84.
80 CoIDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo.
Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4.
81 CoIDH, Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162.
82 CIDH, 2007, Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas
de Violencia en las Américas [en línea]. Disponible en: http://
www.cidh.org/women/acceso07/indiceacceso.htm
83 CoIDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre
de 2006. Serie C No. 160.
84 CoIDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs.
México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.
La obligación de investigar en el caso en concreto no se está cumpliendo, pues ante las
múltiples dilaciones se está afectando el derecho de la víctima a saber la verdad de lo
ocurrido “dentro de un término que no genere impunidad sino que por el contrario dé
seguridad sobre el accionar investigativo de
la Fiscalía”85. Vale la pena recordar que la ausencia de una investigación completa y efectiva sobre los hechos constituye una re-victimización pues genera un sufrimiento y angustia adicional, afectándose el derecho de las
víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido86.
El juzgamiento de los responsables es una
medida de prevención de futuros hechos de
violencia sexual. La imposición de sanciones
penales permite enviar un mensaje a la comunidad en general de que este tipo de violencia no es tolerada por parte del Estado y
que por el contrario la condena. De no ser
así, la sistemática impunidad en que permanecen estos crímenes “puede constituir un
elemento importante que contribuye a la
repetición de las violaciones”87.
En este caso en particular, se debe realizar
una calificación de los delitos que evidencie
el papel que desempeñó su comisión en el
marco de la guerra, y de ser el caso la sistematicidad y generalidad con que fueron
cometidos y por tanto puede constituir un
crimen de lesa humanidad. Adicionalmente
tal obligación implica juzgar a todos los integrantes que pudieron estar involucrados
en la comisión de los delitos, es decir no
sólo a los autores directos sino a los máximos responsables.
85 Corte Constitucional de Colombia, Sala de Revisión,
Sentencia C-127 de 2 de marzo de 2011.
86 CoIDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs.
87 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2004,
Observación General No. 31.
10. Contexto actual para la
judicialización de crímenes
sexuales por el Estado
Recientemente se ha dispuesto un marco
normativo que genera varias preocupaciones para la satisfacción de los derechos de
las víctimas de violencia sexual. Dentro de
esta normatividad se encuentra el Acto Legislativo No. 01 de 2012, que modificó la
Constitución Política de 1991 para incluir
el Marco Jurídico para la Paz (MJP). El MJP
establece un marco constitucional que permite la priorización, selección de casos y
renuncia a la persecución penal, suspensión
de penas y aplicación de sanciones extrajudiciales y penas alternativas con el fin de
crear un marco de negociación con los actores del conflicto; ello crea inseguridad para
la investigación y judicialización de casos de
armado, ya que es posible que estos delitos
no sean priorizados o que aún siéndolo, se
profundicen los obstáculos que las mujeres
enfrentan al tratar de acceder a la justicia,
o que mediante la renuncia y suspensión de
penas no vean garantizado su derecho al acceso a la justicia.
Adicionalmente, a través de la directiva No.
0001 de 4 de octubre de 2012, la FGN adoptó unos criterios de priorización de situaciones y de casos, y creó un nuevo sistema de
investigación penal. En tal instrumento se
indica que se adoptarán y pondrán en ejecución unos criterios de priorización de casos
que permitirán:
investigar las conductas delictivas no
como hechos aislados e inconexos
sino como el resultado del accionar de
organizaciones delictivas dentro de un
determinado contexto, ii) crear nuevas
estructuras de gestión de las investigaciones, iii) acumular expedientes a
efectos de determinar patrones de conducta, cadena de mando y máximos
responsables iv) maximizar el empleo de la información con que cuentan las distintas fiscalías delegadas
v) impedir que al sistema de justicia
penal ingresen peticiones ciudadanas
manifiestamente infundadas, así como
aquellas en que la víctima no tiene un
interés real por la persecución penal
del delito, vi) conformar grupos especializados de fiscales que asuman la
investigación de determinados casos
vii) introducir cambios en la forma de
evaluación de fiscales e investigadores
viii) racionalizar las diversas funciones que deben cumplir los fiscales, con
el fin de maximizar el uso del tiempo
y los recursos administrativos con los
que cuenta la Fiscalía, ix) interpretar y
aplicar de manera uniforme el derecho
penal, x) focalizar los esfuerzos investigativos hacia la persecución de
los delitos de mayor impacto social,
tomando en consideración la riqueza probatoria con que se cuente, xi)
cumplir de mejor manera los compromisos internacionales asumidos por el
estado Colombiano en materia de lucha contra la impunidad y xii) articular
el esfuerzo investigativo que adelanta
la Fiscalía con las demás autoridades
públicas colombianas y extranjeras88.
88 FGN, Directiva No. 0001 de 4 de octubre de 2012 [en línea].
Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/
uploads/2012/10/Directiva001.pdf
Al respecto el Fiscal General de la Nación en
sus declaraciones públicas ha señalado que
dentro de los casos priorizados se encontrarán los delitos sexuales, el genocidio de la
Unión Patriótica y las ejecuciones extrajudiciales89, aspectos que aunque se valoran
positivamente deberán ser construidos con
todo el rigor y las garantías necesarias para
que su aplicación no vaya a generar más
obstáculos a las víctimas de violencia sexual
en el marco del conflicto armado.
conductas no estén tipificadas de esta forma en la normatividad interna (ejecuciones
extrajudiciales, violencia sexual) genera el
riesgo de que estas conductas eventualmente sean conocidas por la JPM (las ejecuciones extrajudiciales se encuentra tipificadas
como homicidio en persona protegida y la
violencia sexual como acceso carnal violento en persona protegida, acto sexual violento en persona protegida, esclavitud sexual y
prostitución forzada en persona protegida).
Frente a la reforma constitucional del fuero
penal militar, la cual se concretó en el Acto
Legislativo No. 02 de 2012, se evidencia un
retroceso en términos de investigación, judicialización y garantía de los derechos de
las víctimas. El Acto Legislativo amplía la
competencia de la Jurisdicción Penal Militar
(JPM) al incluir dentro de ésta el juzgamiento de los delitos que atenten contra el DIH,
a pesar de ser considerados como crímenes
de guerra por el derecho penal internacional dentro del ER. Ello trae consecuencias
muy graves para las víctimas, quienes no encontrarán un recurso efectivo al tener que
acudir a un tribunal que no cumple con las
condiciones de independencia, imparcialidad y competencia; por tanto, se estaría
denegando el acceso a los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.
La atribución a la JPM de los delitos de guerra excede el rol que debe cumplir esta justicia dentro de un Estado democrático y de
Derecho, e incumple con las obligaciones
internacionales suscritas al respecto. Así lo
señalaron varios expertos del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas en
carta enviada al Estado colombiano, al establecer que “cualquier ampliación de competencia debe atribuirse expresa y exclusivamente a tribunales ordinarios”, indicando
que con la ampliación del fuero militar “se
perjudicaría seriamente la administración
de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos los
crímenes graves, por parte de las fuerzas
militares o de la policía (Fuerza Pública)”,
lo cual “representaría un retroceso histórico en los avances del Estado colombiano en
la lucha contra la impunidad y el respeto y
garantía de los derechos humanos”90.
Pese a que señala un listado de conductas
que quedarán excluidas de sus competencias – a saber: tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violencia
sexual y desplazamiento forzado – deja
por fuera muchas otras que se consideran
como los tratos crueles, inhumanos y degradantes, las cuales podrían llegar a ser
consideradas crímenes internacionales de
conformidad con lo estipulado en el ER. Adicionalmente el hecho que algunas de estas
89 El Tiempo, 24 de octubre de 2012, Así será la estrategia de
la Fiscalía contra la impunidad [en línea]. Disponible en:http://
www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_
INTERIOR-12333082.html
90 Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. Carta abierta de titulares
de mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo
de Derechos Humanos al Gobierno y a los representantes del
Congreso de la República de Colombia [en línea]. Disponible
en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=12683&LangID=S
10.2 Violencia sexual como crimen de
El artículo 8 del ER de la CPI señala que “la
Corte tendrá competencia respecto a los
crímenes de guerra en particular cuando se
cometan como parte de un plan o política o
como parte de la comisión a escala de tales
crímenes” (numeral 1, artículo 8). Además,
señala que dentro de los crímenes de guerra
se encuentra “cometer actos de violación,
esclavitud sexual, embarazo forzado […]
esterilización forzada y cualquier otra forma
de violencia sexual que también constituya
una infracción grave a los convenios de
Ginebra (literal b, xxiii, numeral 2, art. 8).
Dentro del Código Penal Colombiano los delitos de guerra se encuentran establecidos
en el título II de la parte especial referido a
los delitos contra bienes y personas protegidas por el DIH. Al respecto, el artículo 138
señala como delito de acceso carnal violento en persona protegida lo siguiente:
El que, con ocasión y en desarrollo
de conflicto armado, realice acceso
carnal por medio de violencia en persona protegida incurrirá en prisión
de ciento sesenta (160) a trescientos
veinticuatro (324) meses y multa de
seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos
(1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes91.
Se deberá entonces identificar, además de
la calidad de persona protegida de Aura,
que ya se realizó con el reconocimiento sumario de víctima dentro del trámite de la
LJP, la relación que el hecho tiene con el
91 Ley 599 de 2000, Código Penal, art. 138.
conflicto armado, lo cual se establecerá con
la documentación del contexto y del accionar de las AUC, que como en otras regiones
del país92 se ha identificado el uso de la violencia sexual para fines en y para la guerra.
Sólo así se garantizará una investigación
integral y eficaz, lo que en el caso concreto aún no ha ocurrido hasta el momento.
10.3 Violencia sexual como crimen de
Según el artículo 7 del ER, son crímenes de
lesa humanidad aquellos actos que “se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y
con conocimiento de dicho ataque”.
Son entonces elementos de estos delitos: i)
la sistematicidad o generalidad del ataque,
ii) que los actos estén dirigidos contra la población civil, y iii) que el autor tenga conocimiento de que la conducta es parte de un
ataque generalizado o sistemático.
El ataque tanto generalizado como sistemático por parte del Bloque Cacique Nutibara
como estructura integrante de las AUC ya ha
sido reconocido por la jurisprudencia nacional. Al respecto, la Sala de Justicia y Paz
del Tribunal Superior de Bogotá ha señalado
“Desde comienzos de la década
de los noventa se inició la incursión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, en la
región del oriente antioqueño con
la finalidad de disputar zonas con
92 Corporación Humanas, Amicus Curiae presentados a la
FGN a propósito de los delitos sexuales cometidos por el
Bloque Catatumbo al mando de Salvatore Mancuso y el Frente
Resistencia Tayrona al mando de Hernán Giraldo, mayo de
2011; y Amicus Curiae presentados a la FGN a propósito de
los delitos sexuales cometidos por el Bloque Norte al mando de
Rodrigo Tovar Pupo en Cesar y Magdalena, diciembre de 2012.
presencia guerrillera; para cumplir
con el objetivo, atacó masiva y
sistemáticamente a sectores de la
población civil considerados como
opositores a los ideales de la organización criminal, mediante una serie de conductas violatorias de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario […] acciones
que fueron realizadas por miembros
de los Bloques Metro, Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de
Tolova, […] cumpliendo políticas de
exterminio de la organización por motivos como: ser miembro o auxiliador
de la guerrilla y limpieza social”93.
Ahora bien, es de recordar que un solo acto
puede ser considerado de lesa humanidad
si se inscribe en un contexto de ataque
sistemático y generalizado. “De todas las
pruebas, un acto único cometido por el actor
en el contexto de un ataque generalizado
o sistemático dirigido contra una población
civil conduce a una responsabilidad criminal
individual, y un actor individual no tiene
que cometer numerosas infracciones para
ser tenido como responsable”94.
La Fiscalía de Justicia y Paz deberá tener
en cuenta las anteriores previsiones a la
hora de investigar el delito de violencia sexual cometido contra Aura, pues con la documentación necesaria podrá identificarse
que este hecho hizo parte del ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil emprendido por el Bloque Cacique
Nutibara en el departamento de Antioquia
siguiendo las políticas generales del comando de las AUC.
93 Tribunal Superior de Bogotá, Sentencia 200682222 de 30 de
94 Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, El Fiscal
contra Tadic, 1997, párr. 649, mencionado en: Corporación
Humanas, 2010, Guía para llevar casos de violencia sexual,
pág. 100.
10.4 Falta de voluntad de judicializar
los delitos de violencia sexual
De acuerdo con el Documento de políticas
borrador sobre los exámenes preliminares,
emitido en 2010 por la Fiscalía de la CPI95 y
donde se menciona a Colombia dentro de los
6 exámenes preliminares adelantados por
aquélla, se indica que la falta de voluntad de
un Estado para investigar, juzgar y sancionar
los crímenes de competencia de la Corte se
puede medir, entre otras cosas, al analizar
si las investigaciones que se adelantan se
centran en los máximos responsables de los
crímenes graves o solamente en los autores
materiales o delitos menores; así mismo, se
debe analizar si los pasos que se han dado
en la investigación o judicialización son insuficientes, y si se han presentado demoras
injustificadas en los procedimientos.
Al verificar estos requisitos en el caso monitoreado, se evidencia que los altos mandos
del Bloque Cacique Nutibara no están siendo
judicializados por estos delitos. El máximo
comandante, Diego Fernando Murillo alias
“Don Berna”, fue extraditado a Estados Unidos en 2008 por delitos de narcotráfico. No
fue hasta el año 2012 que volvió a colaborar
con la LJP y a participar en los procedimientos previstos por ésta, y hasta la fecha no
tiene ninguna condena en su contra.
95 Fiscalía de la Corte Penal Internacional, 2010, Documento de
políticas borrador sobre los exámenes preliminares [en línea].
Disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/9FF1EAA141C4-4A30-A202-174B18DA923C/282515/OTP_
Los avances insuficientes en la investigación
y las demoras injustificadas son igualmente evidentes, pues no se han realizado acciones para que el proceso avance y se ha
dilatado el mismo durante varios meses sin
resultados, perpetuando el fenómeno de la
impunidad y negando a la víctima la protección y garantía de sus derechos. Por ello, se
hace aún más vigente la observación preliminar a la cual está sometida Colombia por
parte de la Fiscalía de la CPI.
Con ello se demuestra entonces la falta de
voluntad del Estado para investigar y judicializar esta clase de delitos. De tal forma,
se hace inminente que el examen preliminar que está llevando a cabo la Fiscalía de
la CPI sobre Colombia sea aún más riguroso
con miras a la apertura de una posible investigación. Así lo señaló la propia Fiscalía
de la CPI en su informe de noviembre de
2012, al indicar que de ahora en adelante
el examen preliminar de la situación en Colombia se centrará, entre otras cosas, en el
seguimiento del MJP y otros desarrollos legislativos pertinentes. Dentro de los delitos
de especial seguimiento, el MJP incluye la
violencia sexual y las acciones judiciales relacionadas con estos crímenes.
Ninguno de estos componentes se ha podido
verificar en el caso monitoreado. En éste,
sólo se verifica una dilación injustificada del
proceso, producto de un modelo de justicia
transicional que tuvo como eje principal los
derechos de los victimarios y dejó en un segundo plano los derechos de las víctimas,
profundizando el fenómeno de la impunidad
de delitos de carácter internacional como
los crímenes sexuales cometidos por los integrantes del Bloque Cacique Nutibara en
contra de Aura.
Los estándares señalados dentro del ER implican que en el caso concreto se deben investigar los hechos dentro del contexto en
que se cometieron, esto es, un contexto de
conflicto armado que produjo y favoreció
su ocurrencia. Además de ello, implica que
los hechos puedan investigarse en conexión
directa con el ataque generalizado y/o sistemático ejercido por los paramilitares en
contra de la población civil que comprometa la responsabilidad de los altos mandos de
las estructuras. Así mismo, implicaría darle
un tratamiento diferenciado a la víctima,
otorgándole medidas de protección durante el proceso, atención psicosocial, y una
reparación que contenga componentes de
satisfacción, rehabilitación y no repetición.
Mediante la observación del caso referido
en este documento, es posible establecer
• La impunidad ha sido entendida
como “la falta en su conjunto de
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los
responsables de las violaciones de
los derechos […], toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir
tal situación por todos los medios
legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica
de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las
víctimas y de sus familiares”96; por
lo tanto, la impunidad en los casos
de violencia sexual cometidos en el
marco del conflicto armado colombiano, constituye una violación a los
derechos humanos que aún persiste.
Frente a estos casos la impunidad
envía un mensaje de tolerancia de
los mismos y por tanto propicia su
repetición. El caso de Aura se encuentra en la impunidad, pues no
se han garantizado sus derechos a la
verdad, la justicia y la reparación,
generándole una desconfianza en
las instituciones del Estado y una
angustia y re-victimización por no
poder acceder a la verdad sobre lo
• Se evidencia el incumplimiento de
las obligaciones internacionales
suscritas por el Estado Colombiano
respecto a la investigación, judicialización y castigo de estos delitos,
lo cual compromete su responsabilidad internacional. Pues, como
96 CoIDH, Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo.
Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70.
en el caso de Aura, son muchos los
hechos de violencia sexual cometidos por actores armados en el
marco del conflicto que aún se encuentran en la impunidad y que no
han sido investigados de acuerdo a
su gravedad, no se han realizado acciones que permitan un avance del
proceso, y no se ha dado una respuesta a la víctima en términos de
protección de derechos. El Estado
colombiano debe realizar todas las
acciones para que estos delitos sean
investigados con la misma rigurosidad que otros delitos cometidos
• La LJP no ha sido un mecanismo
efectivo para que las víctimas de
violencias sexuales perpetradas por
los grupos paramilitares puedan acceder a sus derechos a la verdad, a
la justica y a la reparación. Dentro
del trámite procesal las víctimas
siguen encontrando obstáculos para
su acceso a la justicia: delegación
de la iniciativa de apertura e impulso del proceso en la víctima y supeditado a la aceptación del postulado; prejuicios; medidas inadecuadas
de protección; ausencia de atención
psicosocial; cuestionamiento excesivo del testimonio cuando éste es
la única prueba; dilación injustificada de los procesos. De tal forma,
“el sistema de justicia no ha incorporado en la práctica una política
basada en la consideración de las
mujeres como sujetos de derechos y
persisten patrones discriminatorios,
que dan lugar a una constante revictimización”97.
97 Informe presentado por organizaciones de mujeres y de
derechos humanos a la Representante Especial del Secretario
General de Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los
Conflictos, señora Margot Wallström, con motivo de su visita
a Colombia en mayo 2012, pág. 15 [en línea]. Disponible en:
http://www.dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=antidiscriminacion&publicacion=1220
• La extradición por motivos de narcotráfico de los máximos responsables del paramilitarismo en Colombia ha dificultado aún más el
conocimiento de la verdad de los
hechos. Ello trajo como consecuencia la reducción de las diligencias
de versiones libres para estos postulados, y a la fecha no se ha impuesto
condena a ninguno de ellos. Para el
caso del Bloque Cacique Nutibara, su
comandante Diego Fernando Murillo
alias “Don Berna” fue extraditado
por el gobierno colombiano el 13 de
mayo de 2008 a Estados Unidos, lo
que ha dificultado su participación y
continuidad en el proceso de JP.
• El Estado colombiano se comprometió a armonizar su legislación interna con los delitos establecidos en
el ER. Si bien mediante la Ley 599
de 2000 (actual Código Penal) se introdujo el capítulo contra bienes y
personas protegidas – crímenes de
guerra en el ER – que contempla los
delitos de acceso carnal violento en
persona protegida, actos sexuales
violentos en persona protegida,
prostitución forzada o esclavitud
sexual, aún se encuentra en mora
de tipificar otras modalidades de
violencia sexual como el embarazo
forzado y la desnudez forzada.
• El principio de complementariedad
como mecanismo jurídico subsidiario de la acción de la jurisdicción
nacional se constituye como una
garantía para la judicialización de
delitos que poseen el carácter de
internacional, como es el caso de
los delitos sexuales. Por ello, cobra
vigencia la observación preliminar y
el reciente informe publicado por la
Fiscalía de la CPI al señalar los delitos de violencia sexual como un tema
de especial seguimiento de este organismo. Se evidencia una falta de
voluntad de investigar y sancionar la
violencia sexual; además, estos delitos no se abordan de acuerdo a su
gravedad y siguiendo los estándares
establecidos por el ER. Los hechos
no se investigan dentro del contexto de sistematicidad y generalidad
en el que ocurrieron. A la fecha y
después de 7 años de la ley 975 de
2005, sólo existen tres postulados
con sentencia condenatoria por esta
clase de delitos, mientras que no se
ha castigado a los máximos responsables de las estructuras. Esta situación hace propicio el ejercicio de la
competencia de la CPI en el examen
preliminar e incluso en la apertura
de una investigación contra Colombia, pues el total de las sentencias
que incluye otros delitos sólo llega
• No existe una política de atención a
las víctimas de violencia sexual que
provea el restablecimiento integral
de sus derechos. A pesar de que
existen algunos esfuerzos institucionales como en la Defensoría del
Pueblo, no existe una coordinación
y articulación entre las distintas entidades que permita proveer servicios de forma suficiente y completa.
Si bien la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece unas garantías dentro del ámbito de la reparación, estas garantías se encuentran desarticuladas de los procesos
judiciales y aún se encuentran en
etapa de implementación. Además,
las violencias sexuales cometidas
contra mujeres por actores armados
en el marco del conflicto les ocasionaron traumas psicológicos y afectaciones físicas, que deben ser tomados en cuenta a la hora de tasar
el daño sufrido por la víctima.
• Los programas de protección
existentes no responden a las necesidades y preocupaciones de las mujeres víctimas de violencia sexual y
las medidas otorgadas muchas veces
aumentan el riesgo al que éstas se
encuentran expuestas.
• Las víctimas de violencia sexual no
reciben un tratamiento diferenciado teniendo en cuenta sus necesidades específicas. Este tratamiento
diferenciado debería incluir, entre
otras cosas, la realización de audiencias a puerta cerrada a solicitud
de la víctima; la disposición de un
ambiente cómodo y sin interrupciones; la disponibilidad de personal
experto en género; la eliminación
de prejuicios; la aplicación de las
que establecen medidas especiales
en la recolección de testimonios; la
presencia de familiares y psicólogo
para acompañar a la víctima durante todo el proceso; y la realización de interrogatorios que eviten
intimidación u hostigamiento.
• La atención que se debe dar a las
víctimas de violencia sexual va
más allá de la recepción de la denuncia. Sin embargo, no existe una
política integral para la atención
de la violencia sexual que incluya
garantías de salud física y psicosocial. Ésta debería incluir dentro
de las actividades investigativas
apoyos de tipo psicosocial y rutas
de coordinación y remisión con el
sistema de salud, para que de esta
forma las víctimas reciban una
atención continuada durante todas
las etapas del proceso.
• El actual contexto normativo del
MJP y ampliación del fuero penal
militar trae consigo varios interrogantes en materia de protección de
los derechos de las víctimas y en
particular de las víctimas de violencia sexual. Si bien en el marco de un
proceso transicional se debe priorizar la judicialización de ciertos deli-
tos, es necesario que se establezcan
unos parámetros claros para realizar dicha priorización; en éstos, se
debe incluir los delitos de violencia
sexual como actos que no pueden
ser sujeto de amnistía e indulto.
Así mismo, resulta cuestionable la
selección de casos que establece el
Acto Legislativo No. 01, pues ello
evidencia la falta de voluntad del
Estado para judicializar a los presuntos responsables de crímenes de
lesa humanidad y crímenes de guerra. Si bien un proceso de justicia
transicional debe generar algunos
beneficios para el logro de la paz,
los derechos de las víctimas no pueden ser desconocidos.
• Se insta a la Fiscalía:
◊ a investigar de forma diligente los
hechos cometidos contra Aura, así
como otros delitos de violencia sexual, en su contexto de ocurrencia.
◊ para que investigue los delitos sexuales cometidos por los actores armados dentro del contexto en que
fueron cometidos, y que tipifique
esta clase de delitos como delitos
de guerra y de lesa humanidad frente a la gravedad y contexto de ataque sistemático en el que ocurrieron, como una estrategia dentro de
la política paramilitar.
◊ para que reactive las investigaciones preliminares en el caso de Aura
de manera urgente, en cumplimiento de la garantía de un recurso efectivo a la víctima.
◊ a que se tase el daño sufrido por la
víctima teniendo en cuenta todas
las afectaciones sufridas.
◊ a que los delitos de violencia sexual sean seleccionados y priorizados según lo establecido en el Acto
Legislativo No. 01 de 2012 (“Marco
Jurídico para la Paz”), con el fin de
establecer la responsabilidad que le
competa a los perpetradores y sus
comandantes, además de reparar a
◊ a que adopte medidas para otorgar
un tratamiento diferenciado a las
víctimas de violencia sexual, teniendo en cuenta sus necesidades
◊ a contar con funcionarios y funcionarias capacitadas en atención de
mujeres víctimas de violencia sexual, que generen un trato respetuoso con un enfoque de derechos,
y en consecuencia libres de prejuicios que podrían generar re-victimizaciones.
• Se hace un llamado al Congreso de la
o para que armonice la legislación penal interna con las diversas formas
de violencia sexual establecidas en
el ER, y de esta forma visibilice y
castigue estas conductas de acuerdo con los estándares señalados en
este instrumento internacional.
• Se insta al gobierno colombiano:
◊ a que realice todas las acciones con
el fin de que los paramilitares extraditados sigan colaborando con el
proceso de JP, so pena de ser excluidos de los beneficios de la ley.
◊ a que insista para que, en el marco
de las negociaciones de paz con las
FARC, se tengan en cuenta los derechos de las víctimas de violencia
sexual como delitos no susceptibles
de negociación;
◊ a que, a través de las instituciones
competentes como son el ICBF, la
Defensoría del Pueblo y la Alta Consejería Presidencial para la Equidad
de la Mujer, entre otras, se cree una
política integral para la atención de
la violencia sexual que incluya garantías de salud física y psicosocial.
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El Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en Colombia nos narra... de una mujer víctima del conflicto armado y que ahora...
1 EDITORIAL El conflicto colombiano es actualmente el de mayor
Resultados Consulta Ciudadana – enero 2012
comunicado de prensa pax holanda ratifica apoyo al proceso de
asistencia jurídica, víctimas de delitos violentos y contra libertad
20160525_AplicacionJurisdiccionPaz
Jurisdicción Especial para la Paz instala nuevo paradigma de
TAREA 2 PRINCIPALES VIOLACIONES A LOS DERECHOS