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BOE.es - Documento BOE-A-2017-9658
Documento BOE-A-2017-9658
«BOE» núm. 191, de 11 de agosto de 2017, páginas 81317 a 81328 (12 págs.)
BOE-A-2017-9658
En opinión del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco el artículo 3 del Real Decreto 1506/2012 confunde el concepto de «cartera común suplementaria» con el de «catálogo» (art. 2.10) y en la medida en que atribuye a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la aprobación mediante una orden de una «relación de productos ortoprotésicos o tipos de productos» (art. 2.10), relega a las administraciones sanitarias autonómicas a meros agentes ejecutores de las decisiones de los diversos órganos de la Administración general del Estado.
Afirma que el Estado pasa de señalar un conjunto de prestaciones o servicios que, «como mínima, han de ofrecer todas las Comunidades Autónomas» (art. 3.2 Real Decreto 1506/2012) a recoger un catálogo de marcas comerciales con un precio que ha sido propuesto por las empresas y aceptado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De esta manera, el Real Decreto 1506/2012 provoca un profundo cambio conceptual respecto de lo anteriormente enunciado en la Ley 16/2003, con plasmación pacífica hasta la actualidad en el Real Decreto 1030/2006.
En su opinión, la regulación impugnada resulta incompatible con la pretensión estatal de facilitar el acceso a una prestación más racional, eficiente y equitativa de los pacientes que requieran un producto ortoprotésico, al alejarse de la implantación del mínimo común denominador que corresponde al Estado en virtud de las atribuciones constitucionales para pasar a instaurar lo que podríamos denominar un «máximo común uniforme» de aplicación obligatoria a todas las Comunidades Autónomas.
2. Por providencia de 26 de febrero de 2013, el Pleno del Tribunal, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno del País Vasco y, en su representación, por el procurador don Felipe Juanas Blanco, frente al Gobierno de la Nación contra los artículos 1, 5, 6 y disposición final segunda del Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica. Se acordó, asimismo, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, al objeto de que en el plazo de veinte días y por medio de la representación procesal que determina el artículo 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), aporte cuantos documentos y alegaciones considere pertinentes. Se acordó también comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a los efectos del artículo 61.2 LOTC, y publicar dicha incoación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco».
c) Sobre el artículo 149.1.16 CE, señala que de las tres materias que comprende, no están en cuestión en el presente conflicto la sanidad exterior ni la legislación sobre productos farmacéuticos, interesando únicamente la competencia sobre «bases y coordinación general de la sanidad», entendida ésta como sanidad interior, o lo que es lo mismo, sanidad dentro del territorio español.
Señala que si bien la Ley 16/2003 se ocupa de establecer fórmulas organizativas y mecanismos de relación interadministrativos al servicio de los objetivos perseguidos por dicha Ley —equidad, cohesión y calidad—, contiene no obstante importantes regulaciones sustantivas con proyección sobre el estatus jurídico de los ciudadanos, lo que sucede de modo bien visible con la regulación de la condición de asegurado y de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. Y mientras que la regulación de cuestiones relativas a la estructura, organización y funcionamiento coherente del sistema sanitario se encuadra indudablemente en el título competencial del artículo 149.1.16 CE, la regulación de la condición de asegurado y de las prestaciones sanitarias se incardina de manera fundamental en lo que son «condiciones básicas de igualdad» en el ejercicio del derecho a la protección de la salud y, por tanto, además de en el número 16, también el título competencial que prevé el artículo 149.1.1 CE, de modo que tanto la determinación de la condición de asegurado, su reconocimiento y control, así como la regulación del catálogo de prestaciones sanitarias fijan el contenido primario y común del derecho a la protección de la salud.
Estima que, en ningún caso, un sistema de financiación de la asistencia sanitaria que pone a disposición de las Comunidades Autónomas la mayoría de los recursos financieros puede amparar la posibilidad de que tales Comunidades, haciendo una libre disposición de los recursos, desarrollen sin límite alguno sus propias políticas de prestaciones sanitarias; tal posibilidad ha de rechazarse tanto por la igualdad y solidaridad interterritorial mínimas, que viene a garantizar la competencia estatal sobre el «régimen económico de la Seguridad Social» como por preservar un mínimo igualitario en las prestaciones que asegura el artículo 149.1.1 CE.
Para estas prestaciones, a excepción de la prestación farmacéutica que se regirá por su normativa, señala el citado artículo 8 ter de la Ley 16/2003, que «se aprobarán por Orden de la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación, la actualización del catálogo de prestaciones, los importes máximos de financiación y los coeficientes de corrección a aplicar para determinar la facturación definitiva a los servicios autonómicos de salud por parte de los proveedores, que tendrá la consideración de precio final». El «porcentaje de aportación del usuario se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique el mismo límite de cuantía a esta aportación».
En efecto, con el fin de proporcionar una prestación más racional, equitativa y eficiente a los usuarios del Sistema Nacional de Salud el Real Decreto 1506/2012 establece el llamado «importe máximo de financiación», para cada tipo de producto incluido en la prestación ortoprotésica que define el artículo 2.7 como la «cuantía máxima fijada para cada tipo de producto a efectos de su financiación por el Sistema Nacional de Salud, incluyendo en su caso, la aportación del usuario».
Partiendo de esos importes máximos de financiación, las adquisiciones de productos ortoprotésicos se llevarán a cabo de entre aquellos que se incluyan en la llamada «oferta de productos ortoprotésicos del Sistema Nacional de Salud». Tal «oferta», que será gestionada por la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (art. 4.2), es la relación de todos los productos ortoprotésicos (por sus marcas comerciales) susceptibles de ser financiados por el Sistema Nacional de Salud —con los importes máximos de financiación de cada uno—.
Los proveedores formularán sus ofertas con su correspondiente «precio de oferta», que es el «propuesto por la empresa y aceptado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para cada producto ortoprotésico ofertado al Sistema Nacional de Salud, que ha de ser igual o inferior al importe máximo de financiación. Incluye impuestos y, en el caso de la prestación ortoprotésica suplementaria, también los márgenes de distribución y de los establecimientos dispensadores, así como costes de adaptación o elaboración individualizada» (artículo 2.8).
Ello es así en cuanto «el Sistema Nacional de Salud tiene por objeto y finalidad garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, cometido que se instrumentaliza a través de un conjunto de servicios y prestaciones sanitarias de carácter preventivo, terapéutico, de diagnóstico, de rehabilitación, así como de promoción y mantenimiento de la salud. De este modo, proporciona a todos los ciudadanos una serie de prestaciones de atención sanitaria de índole diversa, como la atención primaria y especializada, las prestaciones complementarias (entre ellas, la prestación ortoprotésica y el transporte sanitario), los servicios de información y documentación sanitaria, y la “prestación farmacéutica” (configurada tanto por los medicamentos como por los productos sanitarios necesarios para conservar o restablecer la salud de acuerdo con las concretas necesidades clínicas de los usuarios)» (STC 98/2004, de 25 de mayo, FJ 5).
De acuerdo con el artículo 149.1.16 CE, el Estado tiene competencia exclusiva tanto sobre la «sanidad exterior», como sobre las «bases y coordinación general de la sanidad», entendida esta como «sanidad interior» (SSTC 32/1983, de 28 de abril, FJ 2, y 98/2004, FJ 6). Por su parte, a la Comunidad Autónoma del País Vasco le corresponde «el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior» (art. 18.1 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco EAPV). En el ejercicio de esta competencia, «la Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar … dentro de su territorio, todos los servicios relacionados» con dicha materia «y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de sanidad» (art. 18.4 EAPV).
Por lo que se refiere al alcance de la competencia estatal para dictar las bases de la sanidad, la doctrina de este Tribunal constata que en dicha materia «la Constitución no sólo atribuye al Estado una facultad, sino que le exige que preserve la existencia de un sistema normativo sanitario nacional con una regulación uniforme mínima y de vigencia en todo el territorio español, eso sí, sin perjuicio, bien de las normas que sobre la materia puedan dictar las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivas competencias... dirigidas, en su caso, a una mejora en su ámbito territorial de ese mínimo común denominador establecido por el Estado, bien de las propias competencias de gestión o de financiación que sobre la materia tengan conforme a la Constitución y a los Estatutos. Y se lo exige cuando en el artículo 149.1.16 CE le atribuye las bases en materia de “sanidad”, para asegurar —como se ha dicho— el establecimiento de un mínimo igualitario de vigencia y aplicación en todo el territorio nacional en orden al disfrute de las prestaciones sanitarias, que proporcione unos derechos comunes a todos los ciudadanos» (STC 98/2004, FJ 7, doctrina reiterada en las SSTC 22/2012, de 16 de febrero, FJ 3; 136/2012, FJ 5; 211/2014, FJ 4, y 33/2017, FJ 4).
En cuanto a la competencia estatal de coordinación general de la sanidad, «nuestra doctrina ha efectuado determinadas precisiones. Es una competencia distinta a la de fijación de bases. Presupone lógicamente que hay algo que debe ser coordinado; esto es, la existencia de competencias de las Comunidades Autónomas en materia de sanidad, que el Estado, al coordinarlas, debe obviamente respetar. La coordinación general, por su propio carácter, incluye a todas las instituciones territoriales en la medida en que tengan competencias en materia sanitaria y, por tanto, a las corporaciones locales. Además, la competencia estatal de coordinación general significa no sólo que hay que coordinar las partes o subsistemas del sistema general de sanidad, sino que esa coordinación le corresponde hacerla al Estado. Por último, la coordinación general debe ser entendida como la fijación de medios y de sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades estatales y autonómicas en el ejercicio de sus respectivas competencias; de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema sanitario (por todas, SSTC 32/1983, FJ 3; 42/1983, FJ 3; 22/2012, FJ 3, y 33/2017, FJ 4)» (STC 64/2017, de 25 de mayo, FJ 4).
En concreto, el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 16/2012 fue impugnado por el Gobierno Vasco por los mismos motivos alegados en el presente conflicto positivo de competencia. El Gobierno Vasco sostuvo que la previsión de establecimiento de importes máximos de financiación de la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios excede del ámbito competencial reconocido al Estado por el artículo 149.1.16 CE, «en la medida en que la materialización de dicha previsión constituirá una regulación acabada, impeditiva de un desarrollo legislativo ulterior por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se hipoteca así la actuación futura de esta Comunidad Autónoma en ejercicio de sus directrices propias de política sanitaria».
En consecuencia, basta con remitirnos a lo dispuesto en dicha Sentencia, que desestimó la impugnación dirigida con el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 3/2012, al entender que las Comunidades Autónomas tienen un margen para desarrollar su propia política sanitaria. Como señala la STC 64/2017, FJ 5, «la previsión de establecimiento por el Estado de importes máximos de financiación de la cartera común suplementaria y de la cartera común de servicios accesorios tiene materialmente carácter básico; atiende a garantizar la uniformidad mínima en las condiciones de acceso a las prestaciones sanitarias, con independencia del lugar en el que dentro del territorio nacional se resida, evitando la introducción de factores de desigualdad en la protección de la salud.
La cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud se articula en torno a las modalidades de cartera común básica, cartera común suplementaria y cartera común de servicios accesorios (financiadas en los términos que se establecen por los artículos 8 bis, 8 ter y 8 quater de la Ley 16/2003) y se configura como un mínimo básico, susceptible de mejora por las Comunidades Autónomas a través de la cartera de servicios complementaria. Esta, financiada con cargo a sus propios presupuestos, está sujeta a la exigencia de contar con “la garantía previa de suficiencia financiera de la misma en el marco del cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria” y, en el caso de las Comunidades Autónomas que se hayan adherido al instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario, que concurra la circunstancia de que “la variación interanual al cierre del ejercicio de los indicadores de gasto farmacéutico y de productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación no superen la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española”, prevista en el artículo 12.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (artículo 8 quinquies de la Ley 16/2003, añadido también por el Real Decreto-ley 16/2012 y modificado en su apartado tercero por la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio). En suma, las bases contenidas en los preceptos impugnados “habilitan un margen para el desarrollo, por parte de las Comunidades Autónomas, de su propia política sanitaria. Estas podrán, respetando el mínimo formado por las carteras comunes, aprobar sus propias carteras de servicios (artículo 8 quinquies) y establecer servicios adicionales para sus residentes” (STC 136/2012, FJ 5), asumiendo el coste de estas carteras complementarias; que en ningún caso estarán incluidas en la financiación general de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud».
Esto determina que nuestro enjuiciamiento, ceñido a la argumentación del recurrente, conduzca a apreciar que los preceptos impugnados no contienen reserva alguna de facultades ejecutivas a favor del Estado. Establecen una remisión a las órdenes del Ministerio de Sanidad, a efectos de aprobar —a propuesta del Comité asesor para la prestación ortoprotésica y previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte las Comunidades Autónomas— cuestiones eminentemente técnicas y cambiantes, que por ello exigen el complemento indispensable del reglamento. Así ocurre con los importes máximos de financiación en la prestación ortoprotésica y su actualización. Estamos, por tanto, ante uno de los supuestos en los que conforme a nuestra doctrina, la preservación de un tratamiento uniforme reclama el complemento reglamentario, incluso mediante orden ministerial, como es el caso (STC 64/2017, de 25 de mayo, FJ 5).
DICTADA en el Conflicto 766/2013 (Ref. BOE-A-2013-2606).
DECLARA la desestimación respecto a los arts. 1, 5, 6 y la disposición final 2 del Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre (Ref. BOE-A-2012-13647).

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artículo 3
Real Decreto
Real Decreto
Real Decreto
Real Decreto
Real Decreto
artículo 82
artículo 61
artículo 149
artículo 149
artículo 149
artículo 149
artículo 8
Real Decreto
artículo 2
artículo 149
artículo 149
artículo 2
artículo 149
artículo 2
artículo 12
Real Decreto


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RES 105/2013 CS Distribuye crédito para la atención de "Concursos Docentes", "Carrera Académica" y "Concursos No Docentes".
RES 104/2013 CS Reserva crédito presupuestario para la atención de "Concursos Docentes", "Carrera Académica" y "Concursos No Docentes".
RES 1043/2011 CS Refrenda Resoluciones del Rectorado mediante las cuales se incorporan, distribuyen y compensan créditos presupuestarios.
RES 155/2010 CS Refrenda las Resoluciones del Rectorado Nº 2 y 3/2010 mediante las que se incorporan y distribuyen crédito presupuestario para el ejercicio 2010 en concepto de recursos específicos. (F.R. Avellaneda)
RES 154/2010 CS Refrenda Resolución del Rectorado Nº 1/2010 mediante la cual se efectuó una distribución provisoria del Presupuesto de la UTN para el ejercicio 2010.
RES 434/2009 CS Refrenda Resolución del Rectorado Nº 366/2009, por la cual se aprueban y se distribuye crédito presupuesatrio para atender los "Proyectos Centrales" fijados como política de desarrollo por el Consejo Superior.
RES 146/2008 CS Refrenda Resoluciones del Rectorado Nºs. 3814/07 y 104/08 por las cuales se incorporó al presupuesto de la UTN, crédito presupuestario con destino a financiar el pago de la tercera cuota del año 2006 y su complemento correspondiente al Incentivo de Docentes Investigadores.
RES 142/2008 CS Refrenda las Resoluciones del Rectorado Nºs. 3808/07,3809/07, 3894/07, 3895/07, 90/08, 91/08, 96/08, 97/08, 117/08, 118/08, 121/08, 122/08, 123/08, 125/08, 126/08, 128/08, 129/08, 132/08, 133/08, 134/08, 135/08, 136/08, 137/08, 138/08, 203/08, 204/08, 300/08 y 301/08 mediante las cuales incorporaron y distribuyeron crédito presupuestario con destino específico a financiar el Programa de Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria.
RES 459/2007 CSU Distribuye crédito para la atención de "Concursos Docentes". (F.R. Avellaneda, Bahía Blanca, Concepción del Uruguay, Córdoba, Río Gallegos, Santa Fe, Trenque Lauquen y Venado Tuerto)
RES 1453/2006 CSU Refrenda Resolución Nº 1.155/2006 del señor Rector mediante la cual se distribuyó crédito presupuestario con destino especifico. (F.R. General Pacheco y San Francisco)
RES 29/2006 CSU Reserva crédito presupuestario para la atención de "Concursos Docentes".
RES 1045/2005 CSU Distribuye crédito para la atención de "Concursos Docentes". (F.R. Venado Tuerto)
RES 392/2005 CSU Incorpora al Presupuesto de la Universidad Tecnológica Nacional la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 31.250) en concepto de recursos específicos.
RES 947/2004 CSU Distribuye Crédito presupuestario para la "Atención de Concursos Docentes". (F.R.Tucumán, Mendoza, U.A. Reconquista y La Rioja)
RES 946/2004 CSU Otorga crédito presupuestario para la "Atención de Unidades Académicas" (F.R. Río Grande)
RES 500/2004 CSU Incorpora al Presupuesto de la UTN para el ejercicio 2004, la suma total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS ($5.306)
RES 499/2004 CSU Incorpora al presupuesto de la UTN para el ejercicio 2004, la suma de total PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN ($ 62.551) con destino al Incentivo Docente( FONID).
RES 819/1999 CSU Distribuye crédito para la atención de "Concursos Docentes", según Anexo I.
RES 767/1980 CSUBC Modifica los anexos Nº I de las Resoluciones Nº 124 y 276/80mediante la cual eleva el presupuesto para la construcción de una computadora analógica para uso docente y de investigación. (F,R,Tucumán)
RES 745/1980 CSUBC Acuerda por unica vez refuerzo en la partida de Bienes y Sevicios por la suma en PESOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($16.350.000)
RES 724/1980 CSUBC Deja sin efecto el artículo tercero de la Resolución Nº 571 de fecha 28/10/1980 de C.S., mediante la cual se distribuye el subsidio otorgado por la Secretaria de Estado de Ciencia y Tecnología.
RES 707/1980 CSUBC Modifica anexo I de la Resolución Nº 88/80 y transfiere disponibilidad de crédito de la F.R.La Plata a la F.R.Mendoza por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL. ($190.000 )
RES 701/1980 CSUBC Incorpora al Presupuesto General de la Administración Nacional, para el ejercicio 1980, la suma de PESOS NOVENTA MILLONES ($90.000.000) en concepto de recursos específicos en los programas y partidas principales.
RES 661/1980 CSUBC Distribuye entre las Unidades Académicas los subsidios otorgados por el Ministerio de Bienestar Social, Secretaría de Deportes y Turismo a esta Universidad , en la partida 4210, de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente Resolución (F.R. Avellaneda y Mendoza).
RES 571/1980 CSUBC Distribuir el subsidio otorgado por la Secretaria de Estado de Ciencia y Tecnología de acuerdo con detalle que figura en anexo I de la presente Resolución.
RES 459/1980 CSUBC Acuerda crédito por PESOS VEINTE MILLONES ($ 20.000.000) para atender gastos mencionados en el considerando de la presente Resolución. (F.R.Santa Fe)
RES 451/1980 CSUBC Acuerda por única vez la suma de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL ($ 9.512.000), en la partida 1221 del programa 528.(F.R.Tucumán)
RES 444/1980 CSUBC Destina en las partidas indicadas el saldo no invertido del aporte de la Dirección Nacional de Vialidad.
RES 430/1980 CSUBC Otorga $4.000.000 en partida 1220 del programa 528 (Facultad Regional San Rafael)
RES 388/1980 CSUBC Acuerda por única vez refuerzo de crédito en la partida de Bienes y Servicios No Personales para sufragar gastos.(F.R.Tucumán)
RES 368/1980 CSUBC Acuerda por única vez la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($7.500.000)en la partida 1210 programa 528.(Delegación Pico)
RES 367/1980 CSUBC Acuerda por única vez la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL ($4.200.000) en la partida 1220del programa 528. (Delegación San Rafael)
RES 360/1980 CSUBC Acuerda por única vez la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES,($59.000.000) en la partida 1220 del programa 528, para atender las erogaciones indicadas en el considerando de la presente Resolución (F.R. Bahia Blanca).
RES 142/1980 CSUBC Fija tasas para la tramitación de documentos universitarios.
RES 37/1980 CSUBC Destina la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) a la F.R. Avellaneda para atender los gastos de losa actos celebratorios mencionados en los considerandos de la presente resolución (F.R. Avellaneda).
RES 124/1980 REC Distribuir entre los grupos de investigación y el Centro de Investigaciones Tecnológicas lo creditos y fondos asignados.

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Ley Foral 7/1998, de 1 de junio, reguladora del transporte público urbano por carretera. TITULO III. Régimen sancionador (Vigente hasta el 16 de Julio de 2005).
1. La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras del transporte público urbano de viajeros por carretera corresponderá:
c) En las infracciones cometidas por usuarios y, en general, por terceros que, sin estar comprendidos en anteriores apartados, realicen actividades que se vean afectadas por la legislación reguladora del transporte urbano de viajeros por carretera, a la persona física o jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la que las normas correspondientes atribuyan específicamente la responsabilidad.
2. Se exigirá la correspondiente responsabilidad administrativa por las infracciones señaladas en la presente Ley Foral, sin perjuicio de la que pueda corresponder por infracciones de la legislación penal, de tráfico, laboral u otras aplicables.
3. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el apartado 1, sin perjuicio de que éstas puedan deducir las acciones que resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las infracciones.
Las infracciones de las normas reguladoras del transporte público urbano de viajeros por carretera se clasifican en muy graves, graves y leves.
La prestación de servicios para los que se requieran conjuntamente alguna de las concesiones, autorizaciones o licencias reguladas en esta Ley Foral, se considera incluida en la infracción tipificada en este apartado, tanto si se carece de la una como de la otra o de ambas.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando el infractor cumpla los requisitos exigidos para el otorgamiento de la correspondiente autorización administrativa, la cual hubiera podido ser obtenida por el mismo, la carencia de dicha autorización se sancionará conforme a lo previsto en la letra a) del artículo 26.
c) Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un tipo de transporte para el que no se tiene autorización.
d) La negativa u obstrucción a la actuación de los Servicios de Inspección que impida el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan éstos atribuidas, entendiéndose incluidas dentro de éstas, la desobediencia a las órdenes impartidas por los Servicios de Inspección o por los Agentes que directamente realicen la vigilancia y control del transporte en el uso de las facultades que les estén conferidas, y, en especial, el incumplimiento de las órdenes de inmovilización de los vehículos en los supuestos legalmente previstos.
e) La utilización de títulos habilitantes, expedidos a nombre de otras personas. La responsabilidad por esta infracción corresponderá, tanto a los que utilicen títulos administrativos ajenos como a las personas a cuyo nombre estén éstos, salvo que demuestren que la utilización se ha hecho sin su consentimiento.
f) El abandono de la concesión o paralización de los servicios, sin que haya tenido lugar la finalización del plazo de concesión, sin el consentimiento de la Administración y su puesta en conocimiento.
g) Las infracciones graves, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la presente Ley Foral, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción, mediante resolución definitiva en vía administrativa, por otra infracción tipificada en una misma letra de dicho artículo.
h) Transportar mayor número de viajeros de los autorizados para el vehículo de que se trate, cuando el exceso sea igual o superior al 30 por 100.
a) La realización de servicios en condiciones distintas de las señaladas en la presente Ley Foral y las disposiciones que la desarrollen o de las que fijen los municipios al otorgar las licencias, concesiones o autorizaciones, salvo que sea calificada como infracción muy grave de conformidad con lo establecido en el artículo 24.
b) La prestación de servicios públicos de transporte de viajeros utilizando la mediación de persona física o jurídica no autorizada para ello, sin perjuicio de la sanción que al mediador pueda corresponderle, de conformidad con lo previsto en la letra a) del artículo 24 de la presente Ley Foral.
c) La connivencia en actividades de mediación no autorizadas o en la venta de billetes para servicios clandestinos, en locales o establecimientos públicos destinados a otros fines. La responsabilidad corresponderá al titular de la industria o servicios a que esté destinado el local.
d) La venta de billetes para servicios clandestinos y, en general, la mediación en relación con los servicios o actividades no autorizados, sin perjuicio de estimar la infracción muy grave que en su caso corresponda, cuando no se posea título habilitante para realizar actividades de mediación.
f) Transportar mayor número de viajeros de los autorizados para el vehículo de que se trate, cuando el exceso sea igual o superior al 10 por 100 e inferior al 30 por 100.
g) Carecer del preceptivo libro en que deban formularse las reclamaciones de los usuarios, negar u obstaculizar su disposición al público, así como la ocultación o demora injustificada de la puesta en conocimiento de la Inspección de las reclamaciones o quejas consignadas en dicho libro.
h) La falta o falseamiento de datos exigidos en la documentación obligatoria.
i) El reiterado incumplimiento no justificado de los horarios en los servicios en que éstos vengan prefijados con intervención de la Administración.
j) La negativa u obstrucción a la actuación de los Servicios de Inspección cuando no se den las circunstancias previstas en la letra d) del artículo 24.
k) La contratación del transporte con transportistas o intermediarios que no se hallen debidamente autorizados para realizar el mismo, siempre que la contratación global de la empresa haya alcanzado, el año de que se trate o el anterior, el volumen de 15 servicios.
l) El incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión o autorización administrativa previstas en el artículo 27.5.
ll) Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave.
m) Las infracciones leves, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la presente Ley Foral, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción, mediante resolución definitiva en vía administrativa, por otra infracción tipificada en una misma letra de dicho artículo.
n) Cualquier otra infracción no incluida en los apartados precedentes que las normas reguladoras del transporte urbano de viajeros por carretera califiquen como grave, de conformidad con los principios de la presente Ley Foral.
a) La realización de transportes para los cuales se exija la previa licencia, concesión o autorización, careciendo de la misma, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para su otorgamiento.
c) No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos en la normativa vigente relativos al tipo de transporte autorizado, o llevarlos en condiciones que dificulten su percepción, así como la utilización inadecuada de los referidos distintivos, salvo que ésta deba ser calificada como falta muy grave, de conformidad con lo previsto en la letra c) del artículo 24 de la presente Ley Foral.
d) Transportar mayor número de viajeros de los autorizados para el vehículo de que se trate, cuando el exceso sea inferior al 10 por 100.
f) Incumplir las normas generales de policía en instalaciones fijas y vehículos, salvo que dicho incumplimiento deba ser calificado como infracción grave o muy grave, de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores.
g) El trato desconsiderado con los usuarios. La infracción a que se refiere este apartado se sancionará teniendo en cuenta los supuestos que al respecto contemple la normativa sobre derechos de los usuarios y consumidores.
h) El incumplimiento por los usuarios de las condiciones que establezcan los municipios para la utilización de los servicios de transporte público urbano de viajeros.
i) Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo 25, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como grave.
j) Cualquier otra infracción no incluida en los apartados precedentes que las normas reguladoras del transporte urbano de viajeros por carretera califiquen como leve, de conformidad con los principios de la presente Ley Foral.
1. Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 46.000 pesetas; las graves, con multa de 46.001 a 230.000 pesetas, y las muy graves, con multa de 230.001 a 460.000 pesetas. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior, se graduará de acuerdo con la repercusión social de la infracción, la intencionalidad, el daño causado, en su caso, o el número de infracciones cometidas.
2. La comisión de las infracciones previstas en las letras a), b) o h) del artículo 24 podrá implicar, independientemente de la sanción pecuniaria que corresponda, el precintado del vehículo por el que se realiza el transporte y la retirada de la correspondiente autorización, así como la clausura del local en el que, en su caso, venga ejercitando las actividades, en ambos supuestos durante el plazo máximo de un año.
La infracción prevista en la letra e) del artículo 24, además de la sanción pecuniaria que corresponda, llevará aneja la anulación de la correspondiente autorización.
3. Cuando los responsables de las infracciones previstas en el artículo 24 de la presente Ley Foral hayan sido sancionados mediante resolución definitiva en vía administrativa, por infracción tipificada en el mismo apartado de dicho artículo en los doce meses anteriores a la comisión de la misma, la infracción llevará aneja la retirada temporal de la correspondiente autorización administrativa, al amparo de la cual se realizaba la actividad o se prestaba el servicio, por el plazo máximo de un año. La tercera y sucesivas infracciones en el citado plazo de doce meses llevará aneja la retirada temporal o definitiva de la autorización. En el cómputo del referido plazo no se tendrán en cuenta los períodos en que no haya sido posible realizar la actividad o prestar el servicio por haber sido temporalmente retirada la autorización.
Cuando para la prestación del servicio sean necesarias conjuntamente una autorización especial y la autorización habilitante para el transporte discrecional de viajeros, la retirada a que se refiere este apartado se producirá únicamente en relación con la autorización especial, a no ser que la autorización de transporte discrecional haya sido otorgada conjuntamente con ella, en cuyo caso se producirá la retirada de ambas.
4. Cuando sean detectadas infracciones que deban ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en las letras a), b) o h) del artículo 24, o f) del artículo 25, podrá ordenarse la inmediata paralización del vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción, pudiendo la Administración adoptar las medidas necesarias, a fin de que los usuarios sufran la menor perturbación posible.
5. Tienen la consideración de condiciones esenciales de las concesiones y autorizaciones administrativas reguladas en la presente Ley Foral:
a) Por lo que respecta a las concesiones:
El mantenimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6.
La prestación de los servicios de acuerdo con los tráficos autorizados.
La explotación del servicio por el propio concesionario, salvo los supuestos de colaboración expresamente autorizados.
El respeto de los puntos de parada establecidos, así como el itinerario, calendario, horario y tarifas, salvo en los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito.
La realización del número de expediciones establecidas en el contrato, así como la disponibilidad del número mínimo de vehículos que aquél determine, y el cumplimiento por éstos de las condiciones exigidas.
b) Por lo que respecta a las autorizaciones:
La contratación global de la capacidad del vehículo en el transporte de viajeros.
La prestación del servicio con el vehículo al que esté referida la autorización y el cumplimiento por éste de las condiciones técnicas y de seguridad exigibles.
6. Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con esta Ley Foral, el incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones esenciales de las concesiones o autorizaciones administrativas podrá dar lugar a la caducidad de la concesión o a la revocación de la autorización, con pérdida de la fianza en su caso.
Las agravaciones previstas en la letra g) del artículo 24, y en la letra m) del artículo 25, únicamente serán de aplicación en los supuestos siguientes:
b) Cuando las infracciones hayan sido cometidas con ocasión de servicios o actividades realizadas sin la cobertura del correspondiente título habilitante, siempre que aquéllas lo hayan sido al efectuar un mismo servicio o actividad, entendiendo por tales las que deberían haberse realizado al amparo de un título habilitante único.
c) Cuando las infracciones resulten imputables a un mismo responsable de entre aquellos a los que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 22 de la presente Ley Foral.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, en el plazo de un año desde la fecha en que se hubieran cometido.
El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador será de un año desde la fecha de su iniciación.
Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído resolución, se entenderá caducado el procedimiento y se archivarán las actuaciones. En el supuesto de que la infracción no hubiera prescrito, podrá incoarse un nuevo procedimiento sancionador.
1. La competencia para la imposición de las sanciones previstas en la presente Ley Foral corresponderá a los órganos municipales que legal o reglamentariamente la tengan atribuida.
El procedimiento para la imposición y ejecución de las referidas sanciones se ajustará a lo dispuesto en las normas reguladoras del procedimiento administrativo.
2. El pago de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución definitiva será requisito necesario para que proceda la realización del visado, así como la autorización administrativa a la transmisión de los títulos habilitantes para la realización del transporte urbano.
Primera Otros tipos de transporte
Las competencias municipales en relación con el transporte de mercancías y el privado complementario de viajeros se circunscribirán a los aspectos relativos a su repercusión en la circulación y tráfico urbano.
Segunda Junta Arbitral de Transportes
La Junta Arbitral de Transportes de Navarra realizará en el ámbito del transporte urbano las funciones que le atribuye el Decreto Foral 511/1991, de 18 de noviembre.
En lo no previsto en la presente Ley Foral o en las normas dictadas para su desarrollo, será de aplicación supletoria a los transportes urbanos el régimen jurídico vigente para los interurbanos que se desarrollen en la Comunidad Foral de Navarra, en cuanto resulte compatible con la específica naturaleza de aquéllos.
Se autoriza al Gobierno de Navarra para actualizar las cuantías pecuniarias establecidas en la presente Ley Foral, a fin de adecuarlas a los cambios de valor adquisitivo de la moneda, de acuerdo con el índice de precios al consumo de Navarra.
Quinta Memoria anual de empresas autorizadas de transporte escolar y de trabajadores
Las empresas de transporte escolar y de trabajadores autorizadas, presentarán anualmente a la entidad que hubiere concedido la autorización una Memoria anual del servicio realizado que contemple, al menos, los accidentes habidos, las reclamaciones presentadas por el titular del servicio o por asociaciones de consumidores y las sugerencias para mejorar el servicio. Al informe se añadirá copia autenticada de los seguros contratados, controles de tráfico y seguridad producidos, pago de impuestos locales y demás documentación que se considere conveniente.

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