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Defensa tributaria. ¿En qué consiste y cómo debe oponerse frente a la Administración Tributaria? | LP
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Sumario: 1.- Introducción, 2.- El derecho al contradictorio en sede administrativa y judicial, 3.- Los recursos administrativos y remedio procesal en sede administrativa, 4.- La controversia tributaria en sede judicial, 5.- La no exigibilidad de la firma de abogado hábil en los recursos, remedios y escritos en sede administrativa, 6.- Plazos a observar para cuestionar los actos administrativos en sede administrativa y judicial, 7.- Acciones a seguir ante la notificación de Cartas Inductivas, Esquelas de Citación o requerimientos de la Administración Tributaria, 8.- El silencio administrativo negativo en los procedimientos tributarios, 9.- La Queja ante la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero- DEFCON ante actuaciones irregulares de la Administración Tributaria, 10.- Obligatoriedad de conservar la documentación sustentatoria y la carga de la prueba en el procedimiento de fiscalización tributaria, 11.- Declaración rectificatoria en el procedimiento de fiscalización tributaria, 12.- Procedimiento de Cobranza Coactiva iniciado en forma irregular, 13.- Medidas cautelares previas en Procedimiento de Fiscalización Tributaria, 14.- Fehaciencia y acreditación de las operaciones realizadas, 15.- Deducción de gastos en la determinación del Impuesto a la Renta, 16.- Determinación del crédito fiscal en la determinación del Impuesto General a las Ventas, 17.- Conclusiones.
Un aspecto muy importante a considerar en el día a día de los contribuyentes se encuentra referido a la defensa tributaria que deben seguir respecto de los procedimientos tributarios en los que formen parte frente a la Administración Tributaria.
Al respecto, la defensa tributaria o estrategias de defensa vinculada con temas tributarios implica en primer lugar conocer todos los mecanismos habilitados en las normas vigentes para ejercer el derecho al contradictorio de los actos emitidos por la Administración Tributaria respecto de los cuales el contribuyente no está de acuerdo y pretende revertirlo en sede administrativa o judicial, según corresponda.
En ese sentido, una adecuada defensa tributaria implica interponer el recurso, solicitud, escrito y remedio procesal que corresponda accionar atendiendo a los actos emitidos por la Administración Tributaria.
Aunado a ello, debemos mencionar que los mecanismos de defensa del contribuyente pueden ser ejercidos en sede judicial mediante la interposición de remedios y recursos administrativos, aunado al cuestionamiento que se efectúe respecto de la resolución del tribunal fiscal que emita pronunciamiento definitivo de la controversia en sede administrativa.
A continuación, pasamos a detallar los principales aspectos a considerar para una adecuada defensa tributaria que pueden ejercitar los contribuyentes en los diversos procedimientos tributarios en los que formen parte, y en sede judicial a través de la demanda contencioso administrativa el cuestionamiento a actuaciones administrativas que afecten los derechos del contribuyente.
2.- El derecho al contradictorio en sede administrativa y judicial
Sobre el particular, debemos mencionar que todo acto u actuación administrativa puede ser cuestionada en sede administrativa y judicial, ya sea a través de los recursos impugnativos de reclamación y apelación, respectivamente, así como a través de la interposición de la demanda contencioso administrativa en sede judicial.
En lo que respecta a los recursos en sede administrativa, debemos mencionar que el Código Tributario ha regulados en los artículos 137° y 146° del Código Tributario, la facultad de los contribuyentes de interponer recurso de reclamación y recurso de apelación, estableciendo los plazos para su interposición, así como los plazos con los que cuenta la Administración Tributaria para resolver los mismos, entre otros requisitos de admisibilidad.
Asimismo, estando a lo dispuesto en el artículo 157° del Código Tributario, contra la Resolución del Tribunal Fiscal puede interponerse demanda contencioso administrativa en sede judicial dentro del término de tres (3) meses computados desde el día siguiente de efectuada la notificación de la resolución debiendo contener peticiones concretas.
De manera que, todo acto emitido por la Administración Tributaria puede ser cuestionado en sede administrativa y judicial, ya sea mediante un recurso administrativo tales como el recurso de reclamación y de apelación, o mediante la presentación de la demanda contencioso administrativa en sede judicial, en la cual se cuestione la resolución del Tribunal Fiscal que haya puesto fin a la controversia en sede administrativa.
3.- Los recursos administrativos y remedio procesal en sede administrativa
Es importante identificar ante qué procedimiento tributario estamos, si la Administración inicia un procedimiento de fiscalización o de cobranza coactiva, contra ambos procedimientos procede el cuestionamiento mediante la interposición de la queja ante el Tribunal Fiscal, de otro lado, si el contribuyente decide cuestionar un acto emitido por la Administración Tributaria en un procedimiento contencioso tributario o hacer uso de su derecho de petición mediante el procedimiento no contencioso tributario, en ambos procedimientos corresponde interponer los recursos administrativos de reclamación y apelación correspondientes; cabe indicar que contra una resolución que emita un pronunciamiento desfavorable respecto de una solicitud no contenciosa vinculada con la determinación de la obligación tributaria, los contribuyentes pueden interponer recurso de apelación contra dicho acto ante el Tribunal Fiscal, salvo las solicitudes de devolución, cuya resolución denegatoria constituye un acto reclamable, y en caso el reclamo fuera desfavorable, contra la resolución que desestima el reclamo cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal.
Asimismo los contribuyentes, deben considerar que en atención a lo dispuesto en el artículo 155° del Código Tributario contra las actuaciones o procedimientos que afecten sus derechos entre ellos, el derecho al debido procedimiento, pueden cuestionarlos a través del remedio procesal de la queja, la cual se interpone ante el Tribunal Fiscal debiendo emitirse pronunciamiento de la misma dentro del plazo de veinte (20) días hábiles.
Sobre el particular, el artículo 155° del Código Tributario señala que: “La queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en el Código Tributario, en la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera; así como en las demás normas que atribuyan competencia al Tribunal Fiscal.
Asimismo, el aludido artículo 155° del Código Tributario dispone que la queja es resuelta por:
La oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la queja, tratándose de queja contra la Administración Tributaria.
El Ministro de Economía y Finanzas dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, tratándose de quejas contra el Tribunal Fiscal.
Cabe mencionar además que no se computará dentro del plazo para resolver, aquél que se haya otorgado a la Administración Tributaria o al quejoso para atender cualquier requerimiento de información; asimismo en el referido artículo 155° del Código Tributario se establece que tanto los contribuyentes como la Administración Tributaria podrán presentar al Tribunal Fiscal documentación y/o alegatos hasta la fecha de emisión de la resolución correspondiente que resuelva la queja.
De lo indicado en los párrafos precedentes, se desprende que los mecanismos de defensa que puedan accionar los contribuyentes atendiendo al tipo de procedimiento en el cual se encuentren inmersos, son los que se detallan a continuación:
Procedimiento de verificación o fiscalización: Remedio procesal, la queja ante el Tribunal Fiscal.
Procedimiento contencioso tributario: Recurso de Reclamación ante la Administración Tributaria que emitió el acto administrativo y recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal.
Procedimiento no contencioso tributario: Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal, salvo la solicitud de devolución: reclamación ante la Administración Tributaria y apelación ante el Tribunal Fiscal.
Cuestionamiento a la fiscalización originada como consecuencia de una solicitud de devolución: Remedio procesal: Queja ante el Tribunal Fiscal.
Cuestionamiento al procedimiento de cobranza coactiva: Remedio procesal: Queja ante el Tribunal Fiscal.
A continuación se detallan algunos criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Fiscal vinculados con la queja contra actuaciones o procedimientos que afecten lo dispuesto en el Código Tributario:
La queja no es la vía para cuestionar los actos emitidos por la Administración que son susceptibles de ser impugnados a través del procedimiento contencioso tributario regulado en el Código Tributario (RTF 7036-5-2006).
La queja no es la vía para cuestionar las resoluciones de determinación y las resoluciones de multa, sino el recurso de reclamación o apelación de puro derecho (RTF 5612-1-2007 y 6883-1-2007).
Procede que el Tribunal Fiscal se pronuncie en vía de queja sobre la prescripción de la acción de la Administración para exigir el pago de una deuda que se encuentra en cobranza coactiva, siempre y cuando previamente el quejoso hubiere deducido la prescripción ante el ejecutor coactivo (RTF 01194-1-2006de observancia obligatoria publicada en el Peruano el 22.03.2006 y RTF 4348-5-2007).
En consecuencia, todo acto puede ser cuestionado en la vía administrativa, lo importante es identificar si corresponde interponer un escrito, recurso o remedio procesal en la controversia que se siga frente a la Administración Tributaria.
4.- La controversia tributaria en sede judicial
Cabe recordar que si el Tribunal Fiscal emite un pronunciamiento desfavorable del recurso de apelación, los contribuyentes pueden cuestionar el fallo del Tribunal Fiscal en sede judicial a través de la interposición de la demanda contencioso administrativa la cual se interpone dentro del plazo de tres (3) meses de notificada la RTF y para suspender la ejecución del acto administrativo se debe solicitar una medida cautelar de no innovar.
En caso la demanda contenciosa fuera declarada infundada o improcedente en sede judicial, contra dicha resolución los contribuyentes tienen expedito su derecho a interponer recurso de apelación el cual será resuelto por la Sala Superior, y en caso no se obtuviera un pronunciamiento favorable en esta instancia, contra ésta última resolución los contribuyentes pueden interponer recurso de casación el cual será atendido por la Corte Suprema de la República.
Contra la resolución que resuelva el recurso de casación, no cabe interponer recurso alguna en sede judicial, con lo cual la controversia adquiere la condición de cosa juzgada; sin embargo, dicha resolución puede ser cuestionada por los contribuyentes en un proceso de amparo contra resolución judicial, en el cual deberán acreditar la afectación a un derecho fundamental.
5.- La no exigibilidad de la firma de abogado hábil en los recursos, remedios y escritos en sede administrativa
En sede administrativa en la actualidad ningún escrito requiere contar con firma de abogado hábil, en ese sentido, el escrito impugnativo requerirá únicamente la firma del contribuyente o del representante legal, según corresponda; sin embargo, en sede judicial si se requiere contar con la firma de abogado hábil para la interposición de la demanda contencioso administrativa, recurso de apelación, casación, nulidad, revisión judicial y otros que corresponda presentar ante el Poder Judicial.
6.- Plazos a observar para cuestionar los actos administrativos en sede administrativa y judicial
Es importante observar los plazos legalmente establecidos para la interposición de los recursos administrativos así como el cuestionamiento que se haga mediante la queja ante el Tribunal Fiscal, el plazo para interponer el recurso de reclamación es de veinte (20) días hábiles y el plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles mientras que en el caso de la queja contra procedimiento de fiscalización tributaria se puede presentar mientras que la Administración Tributaria no haya notificado los valores correspondientes, y en el caso de la queja contra procedimiento de cobranza coactiva se puede cuestionar ante el Tribunal Fiscal mientras no se haya notificado la resolución coactiva que concluye el procedimiento de cobranza coactiva.
Finalmente, tenga en consideración que una adecuada defensa tributaria tiene como punto de partida identificar los plazos para impugnar los actos administrativos, los vicios de nulidad en los que haya incurrido la Administración Tributaria y los argumentos que sustente el contribuyentes para oponerse al acto emitido por la Administración Tributaria los cuales pueden obedecer a aspectos de forma o de fondo, lo importante es tener en cuenta que todo acto y/o procedimiento puede ser cuestionado en sede administrativa y judicial en garantía del derecho al debido procedimiento en su manifestación del derecho al contradictorio.
7.- Acciones a seguir ante la notificación de Cartas Inductivas, Esquelas de Citación o requerimientos de la Administración Tributaria
Respecto de la notificación de una Carta Inductiva por inconsistencias detectadas por la Administración Tributaria, es muy frecuente que en dicho documento se consigne una fecha para atender al contribuyente, a fin de aclararle las inconsistencias detectadas, la alternativa que tiene para fraccionar la deuda tributaria que podría haberse ocasionado y asimismo, el régimen de gradualidad que corresponde respecto de la infracción que se habría detectado, aunque claro está, aún estamos ante una presunción que puede ser desvirtuada o aceptada por el contribuyente.
Al respecto, podemos mencionar que las aludidas cartas inductivas o carta de presentación, o incluso las esquelas de citación no forma parte de un procedimiento de fiscalización tributaria, sino, únicamente implican el ejercicio de la facultad de verificación y control de obligaciones tributarias a cargo de la Administración Tributaria, por ello la notificación de dichos actos de la Administración no implican la pérdida de un porcentaje de gradualidad de la infracción que se habría cometido o la interrupción del plazo prescriptorio para que la Administración Tributaria efectúe la determinación, sanción o cobranza de un determinado tributo, dada su naturaleza meramente informativo; sin embargo, sugerimos a los contribuyente que en caso la inconsistencia detectada no concilie con la realidad puedan contestar la carta inductiva o requerimiento de la Administración Tributaria mediante la presentación de una carta de respuesta oponiéndose a la observación detectada y adjuntando la documentación probatoria correspondiente, escrito que deberá ingresarlo a la mesa de parte de la Administración Tributaria, caso contrario, si la inconsistencia sí se ha producido se recomienda subsanar la misma, con la presentación de la declaración jurada rectificatoria respectiva, efectuar el pago , o actualizar la documentación contable, según corresponda.
Sobre este punto, resulta relevante tener en consideración lo señalado por la Administración Tributaria en el Informe N° 0154-2015-SUNAT/5D0000, en el cual se analizó la naturaleza y alcances de las cartas inductivas:
Las “cartas inductivas” no se encuentran enmarcadas en el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT. Su emisión se encuentra sustentada en el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias que realiza la Administración Tributaria en ejercicio de su función fiscalizadora al amparo de lo dispuesto por el artículo 62° del TUO del Código Tributario.
8.- El silencio administrativo negativo en los procedimientos tributarios
Ante la demora o dilación de la Administración Tributaria para resolver las solicitudes no contenciosas vinculadas con la determinación de la obligación tributaria los contribuyentes pueden optar por acogerse a la figura del silencio administrativo e interponer recurso impugnativo contra resolución denegatoria ficta de solicitud no contenciosa o contra la resolución ficta denegatoria de recurso de reclamación, debiendo considerar que el recurso de reclamación contra resolución ficta denegatoria de solicitud no contenciosa, se puede interponer una vez transcurridos los cuarenta y cinco (45) días hábiles con los que cuenta la Administración Tributaria para resolver, o los nueve (9) meses que tiene la Administración Tributaria para resolver el recurso de reclamación; asimismo, debe considerar que en lo que respecta a la solicitud de devolución, en caso no se resuelva dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, los contribuyentes tienen expedito su derecho para interponer recurso de reclamación contra denegatoria ficta, el cual debe ser atendido dentro del plazo de dos (2) meses, y si en dicho plazo no se resolviera el recurso de reclamación aludido, nuevamente podrán los contribuyentes acogerse al silencio administrativo negativo interponiendo para dichos efectos el recurso de apelación contra resolución denegatoria ficta de recurso de reclamación contra resolución denegatoria ficta de solicitud no contenciosa de devolución.
9.- La Queja ante la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero (DEFCON) ante actuaciones irregulares de la Administración Tributaria
Si la empresa tiene una solicitud no contenciosa en trámite, ya sea solicitud de devolución, compensación, prescripción, fraccionamiento, entre otras, y ha vencido el plazo para atender las mismas, pero no desean acogerse al silencio administrativo negativo pueden optar por presentar queja ante la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero del MEF (DEFCON) para que dicha entidad coordine con la Administración Tributaria la designación de un auditor que atienda la solicitud no contenciosa en trámite, de manera que DEFCON realiza una labor de coordinación con la Administración Tributaria a efectos que se pueda dar atención inmediata a la solicitud que se encuentra en trámite, para ello puede acudir directamente a las oficinas de DEFCON ubicadas en Jirón Lampa N° 594, Cercado de Lima o enviar la queja al siguiente correo electrónico: [email protected].
Al respecto en el Portal Web de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero del MEF, se han detallado los supuestos que pueden ser materia de queja y competencia los cuales detallamos a continuación para analizar por dicha entidad administrativa, los cuales detallamos a continuación:
¿Qué es la queja ante la Defensoría?
Existen dos tipos de quejas:
Quejas respecto de las Administraciones Tributarias: Es el procedimiento a través del cual se reporta la actuación u omisión de la Administración Tributaria, principalmente por defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, o infracción de los plazos legalmente establecidos.
Quejas contra el Tribunal: La queja contra el Tribunal Fiscal se presenta cuando existen actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido por el Código Tributario.
¿EN QUÉ CASOS PROCEDE PRESENTAR UNA QUEJA?
Procede presentar una queja ante la afectación de los derechos o intereses de los contribuyentes o usuarios aduaneros por las actuaciones indebidas de las Administraciones Tributarias que vulneren el debido procedimiento tributario, por ejemplo, por la demora en resolver recursos impugnativos, solicitudes no contenciosas vinculadas con la determinación de la obligación tributaria (solicitudes de devolución, de prescripción, entre otras), en el despacho aduanero, etc., o por el mal trato recibido por el personal de dichas instituciones; entre otros supuestos.
¿CUÁNDO NO PROCEDE PRESENTAR UNA QUEJA?
No procede la queja para cuestionar los actos emitidos por las Administraciones Tributarias que son susceptibles de ser impugnados a través de algún procedimiento tributario, como por ejemplo, los cuestionamientos a la emisión de una orden de pago, resolución de determinación o resolución de multa, las cuales pueden ser impugnadas a través del procedimiento contencioso tributario (reclamación y/o apelación).
Tampoco procede presentar una queja ante la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero vinculada a las faltas administrativas del personal de la Administración (contenidas en el artículo 239 de la Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General) o referidas a materias que no son de naturaleza tributaria (por ejemplo: contra procedimientos de carácter administrativo pero no tributario, sanciones de naturaleza administrativa, etc.).
10.- Obligatoriedad de conservar la documentación sustentatoria y la carga de la prueba en el procedimiento de fiscalización tributaria.
Si la Administración Tributaria le ha iniciado un procedimiento de fiscalización tributaria, ya sea definitivo, parcial o parcial electrónico, es muy importante que adjunte la mayor cantidad de documentación pertinente que respalde sus operaciones, no sólo documentación contable, sino también documentación de índole legal societaria, laboral y documentos internos, así como correos electrónicos, proformas, vouchers, proformas, cotizaciones, conformidad del servicio, informes, entre otros, dado que, en los últimos años un reparo frecuente que realiza la Administración Tributaria a los contribuyentes está dirigido a cuestionar la fehaciencia de sus operaciones, concluyendo mayormente en que las adquisiciones realizadas por la empresa califican como no reales ante la poca documentación presentada una vez iniciado el procedimiento de fiscalización tributaria; por ello, resulta indispensable que considere que de acuerdo a los dispuesto en el numeral 7° del artículo 87° del Código Tributario, se encuentra obligado a conservar la documentación que respalde sus operaciones durante el lapso de cinco (5) años o el plazo de prescripción, el que resulte mayor, para un adecuado sustento de la realidad de las operaciones.
En ese sentido, se debe mencionar que si bien la Administración Tributaria podría cuestionar la fehaciencia de sus operaciones a pesar de haber cumplido con presentar documentación adicional a la mínima probatoria, le corresponde a ella, sustentar los motivos por los cuales la operaciones calificaría como no real cuestionando todas las pruebas presentadas por el contribuyente, esto es, se le traslada la carga de la prueba para que sustente porqué las operaciones calificarían como operaciones no reales, considerando que “quien alega un hecho, debe probarlo”.
11.- Declaración rectificatoria en el procedimiento de fiscalización tributaria
Una vez iniciado el procedimiento de fiscalización tributaria considere que si la Administración Tributaria le atribuye reparos a la determinación del Impuesto a la Renta o al Impuesto General a las Ventas, tiene expedito el derecho a cuestionarlos en cada una de las respuesta a los requerimientos emitidos, o de ser el caso una vez notificados los valores culminen el procedimiento de fiscalización tributaria mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Administración y vía recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal; sin embargo, si está de acuerdo con los reparos identificados por la Administración Tributaria en la fiscalización, se recomienda presentar declaración rectificatoria a efectos de evitar que la deuda tributaria determinada se siga incrementando por el cómputo de los intereses moratorios y de otro lado, el beneficio de acogerse a una mayor gradualidad por la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario.
Al respecto, debemos indicar que con fecha 4 de setiembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el reciente criterio jurisprudencial de observancia obligatoria emitido por el Tribunal Fiscal contenido en la Resolución N° 07308-2-2019, en la cual dicho colegiado señaló lo siguiente:
Resolución de Observancia Obligatoria Nº 07308-2-2019
Determinar si cuando el deudor tributario acepta, mediante la presentación de una declaración jurada rectificatoria, las observaciones efectuadas durante el procedimiento de fiscalización y la Administración notifica, producto de dicho procedimiento, una resolución de determinación considerando lo determinado en la referida declaración rectificatoria, tales observaciones constituyen reparos efectuados por la administración y por tanto, susceptibles de controversia.
Si en el curso de un procedimiento de fiscalización, la Administración Tributaria ha efectuado observaciones que han sido recogidas por el deudor tributario mediante la presentación de una declaración jurada rectificatoria que ha surtido efectos conforme con el artículo 88 del Código Tributario y posteriormente, la Administración notifica, como producto de dicha fiscalización, una resolución de determinación considerando lo determinado en dicha declaración jurada rectificatoria, tales observaciones no constituyen reparos efectuados por la Administración y por tanto, no son susceptibles de controversia.
12.- Procedimiento de Cobranza Coactiva iniciado en forma irregular
En lo que concierne al procedimiento de cobranza coactiva recuerde que puede cuestionar las actuaciones que considere irregulares mediante la interposición de una queja ante el Tribunal Fiscal y en paralelo puede presentar un escrito de suspensión o conclusión de cobranza coactiva ante el ejecutor coactivo, debiendo identificarse la causal de suspensión o conclusión respectiva; asimismo, considere que si la deuda objeto de cobranza coactiva a la fecha de presentación de la queja se encuentra prescrita, es necesario que invoque al ejecutor coactivo la prescripción de la deuda tributaria, a efectos que si éste no se pronuncia, el Tribunal Fiscal asuma competencia para analizar la prescripción de la deuda tributaria, así como las actuaciones que se han realizado en el procedimiento de cobranza coactiva.
A continuación algunos criterios emitidos por el Tribunal Fiscal vinculados con la queja contra procedimiento de cobranza coactiva:
Si la Administración no remite al Tribunal Fiscal las declaraciones juradas que sustentan las órdenes de pago materia de cobranza coactiva a pesar de habérselas solicitado, no acredita que tales valores se ajusten a lo dispuesto por el artículo 78° del Código Tributario y por tanto que la deuda que contienen sea exigible coactivamente (RTF 4415-5-06).
La Administración no acredita que la deuda tributaria tenga el carácter de exigible coactivamente, cuando no remite los valores en que se sustenta la cobranza ni sus respectivas constancias de notificación (RTF 4735-5-06).
Procede que el Tribunal Fiscal en vía de queja se pronuncie sobre la validez de la notificaciónde los valores y/o resoluciones emitidas por la Administración cuando la deuda tributaria se encuentra en cobranza coactiva (RTF 01380-1-2006, criterio de observancia obligatoria publicada en el Diario El Peruano el 22.03.2006).
La notificación conjunta de la orden de pago y la resolución de ejecución coactiva vulnera el debido procedimientoy el derecho de defensa en sede administrativa según sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 3797-2006-PA/TC (RTF 4488-5-2007).
13.- Medidas cautelares previas en Procedimiento de Fiscalización Tributaria
Se ha vuelto una práctica constante de la Administración Tributaria trabar medidas cautelares previas antes de la notificación de los valores en un procedimiento de fiscalización tributaria, aduciendo que la deuda tributaria determinada en el aludido procedimiento es igual o mayor al 25% del patrimonio neto, motivo que sustentaría la medida cautelar previa al devenir en infructuosa la cobranza de la deuda, por ello el mecanismo de defensa que tienen los contribuyentes ante la notificación de una medida cautelar previa que dispone trabar una medida cautelar es la queja ante el Tribunal Fiscal en la cual se podrá cuestionar la causal utilizada por la Administración Tributaria para trabar dicha medida preventiva o el efecto que ha generado comparar la deuda tributaria determinada en el procedimiento de fiscalización tributaria con el patrimonio neto de la empresa. De otro lado, si la queja fue resuelta infundada o improcedente por el Tribunal Fiscal, los contribuyentes pueden cuestionar dicha resolución del Tribunal Fiscal, en un proceso constitucional de amparo, alegando la afectación al derecho a la propiedad y al debido procedimiento si el procedimiento por el cual se ha trabado la medida cautelar previa ha resultado irregular.
A continuación, citamos algunos criterios emitidos por el Tribunal Fiscal en los cuales se ha cuestionado vía queja las medidas cautelares previas trabadas por la Administración Tributaria:
Sumilla RTF:00060-Q-2017
Se declara infundada la queja presentada en el extremo que la quejosa cuestiona que se le ha trabado indebidamente una medida cautelar previa, al verificarse que aquélla ha transferido sus activos para dejar de pagar la deuda tributaria incurriendo en la causal prevista en el inciso k) del artículo 56° del Código Tributario. Se declara infundada la queja en el extremo que la quejosa cuestiona que se le ha iniciado un procedimiento de cobranza coactiva sin haberle notificado la resolución de ejecución coactiva de inicio del referido procedimiento; sin embargo, aquélla no ha adjuntado documentación que demuestre que la Administración le hubiera iniciado tal procedimiento.
Sumilla RTF:02753-Q-2017
Se declara infundada la queja presentada contra la adopcion de medidas cautalares previas al verificarse la causal del inciso b) del articulo 56° del Codigo Tributario pues tal como reconocio la quejosa, no anoto en su contabilidad la adquisicion de un inmueble lo que impuede que los estados financieron reflejen los activos que son de su propiedad.
Sumilla RTF:01097-5-2005
Se declara fundada la queja interpuesta contra la SUNAT por haber trabado a la quejosa una medida cautelar previa de embargo en forma de retención sin que existieran razones para disponerla, pues el reparo al crédito fiscal por no haberse acreditado el depósito a que se refiere la primera disposición final del Decreto Legislativo Nº 940 no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 56º del Código Tributario para que la Administración pudiera presumir, bajo dicho amparo legal, que el comportamiento de la quejosa ameritaba que se le trabara una medida cautelar previa, no siendo aplicable en este caso el criterio recogido en la RTF Nº 339-2-99 en el sentido de que la cobranza podría devenir en infructuosa si la deuda acotada excede del 25% del patrimonio neto declarado por el contribuyente, pues en el caso de autos, la deuda que motivó la medida cautelar previa no excede dicho porcentaje del patrimonio de la quejosa.
14.- Fehaciencia y acreditación de las operaciones realizadas
Aunado a los recursos, remedios procesales y escritos que pueden presentar los contribuyentes en los procedimientos tributarios, se recomienda advertir que los principales reparos efectuados por la Administración Tributaria si bien se sustentan en formalidades como la falta de anotación oportuna del comprobante de pago en el Registro de Compras para efectos de desconocer el uso del crédito fiscal, o la falta de informes, contratos, adendas, entre otros documentos que sustenten la deducción del gasto y del crédito fiscal, las empresas deben considerar que el esquema actual de deducción de los gastos y créditos tributarios es demasiado formalista, siendo que si bien, la forma no debe primar sobre la sustancia, la regulación actual permite concluir que más se pondera la forma que la sustancia, por lo que la recomendación para las empresas va dirigida a cumplir con todas las formalidades exigibles antes que ello sea detectado en un procedimiento de fiscalización tributaria considerando que ante un adecuado cumplimiento de las formalidad previstas en las normas tributarias, hay mayor sustento para la acreditación de la fehaciencia de las operaciones, menos riesgo a que la Administración Tributaria utilice una causal para determinar la obligación tributaria sobre base presunta o como se ha señalado en los párrafos precedentes, utilice alguna causal para trabar medidas cautelares previas, mientras más formalidades cumpla menos riesgo se genera para una eventual acotación de la Administración Tributaria.
15.- Deducción de gastos en la determinación del Impuesto a la Renta
En lo que corresponde a la deducción de los gastos y su incidencia en la determinación de la renta neta de tercera categoría, considere que hay cuatro aspectos que necesariamente deben cumplirse para evitar contingencias tributarias que se traduzcan en el desconocimiento del gasto y las sanciones correspondientes: 1) Fehaciencia de la operación adjuntando la mayor documentación probatoria, 2) Causalidad del gasto, esto es que el desembolso sea necesario para mantener la fuente productora de renta o generar ganancias de capital, 3) Devengo del gasto, deducir el gasto en el ejercicio en el cual se realizó el hecho económico y se generó la obligación de pagarlo, así no se hubiera efectuado el pago, y 4) Formalidad del gasto, identificar los requisitos previstos en la Ley del Impuesto a la Renta, reglamento y normas complementarias para el gasto resulte deducible; en consecuencia, se requiere cumplir como mínimo con estos cuatro (4) aspectos para que el gasto se encuentre debidamente sustentado y se verifique su incidencia en el ejercicio fiscal correspondiente.
Sobre el tema que nos ocupa, resulta relevante citar el reciente criterio jurisprudencial emitido por la Corte Suprema de la República en la Sentencia en Casación N° 2391-2015 LIMA, vinculado con la aplicación del principio del devengado para la deducción de los gastos en la renta empresarial:
Criterio jurisprudencial emitido por la Corte Suprema en la Casación N° 2391-2015 LIMA :
SUMILLA: Se imputarán las rentas de tercera categoría, producidas en el ejercicio comercial en que se devengue, al igual que los gastos, porque conforme al criterio del devengado, los ingresos, costos y los gastos se reconocen cuando se gana o se incurren y no cuando se cobran o se pagan, independientemente de la fecha de emisión del comprobante de pago o la cancelación del servicio, conforme al literal a) del artículo 57° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 054-99-EF.
16.- Determinación del crédito fiscal en la determinación del Impuesto General a las Ventas
En lo referido a la deducción del crédito fiscal mensual y su incidencia en la determinación del Impuesto General a las Ventas, se debe considerar que hay requisitos sustanciales y formales a cumplir, los cuales se encuentran previstos en los artículos 18° y 19° de la Ley del Impuesto General a las Ventas, respectivamente, siendo que el reparo más frecuente en los procedimientos de fiscalización tributaria obedece a la falta de anotación del comprobante de pago en el Registro de Compras correspondiente, aspecto que es detectado por la Administración Tributaria con la notificación del primer requerimiento de fiscalización; por ello, se recomienda que si ha declarado el Impuesto General a las ventas sustentado en un comprobante de pago que no ha sido anotado oportunamente en el Registro de Compras, efectúe tal anotación en el registro de compras ya sea electrónico o no, considerando que de acuerdo a la Ley del Impuesto General a las Ventas puede cumplir con dicha formalidad en el mes de emisión del comprobante de pago, en el mes de pago o dentro del plazo de doce (12) meses posteriores al mes de su emisión; asimismo, considere que la notificación del requerimiento de fiscalización tributaria en el cual la Administración Tributaria le requiera la anotación del comprobante de pago en el Registro de Compras, no impide que los contribuyentes puedan salvar el crédito fiscal si la anotación del comprobante aún puede realizarse dentro del plazo de doce (12) meses posteriores al mes de la emisión del comprobante de pago, tal como ha afirmado la Intendencia Nacional Jurídica en el Informe N° 052-2018-SUNAT/7T0000 en el cual se señaló lo siguiente:
INFORME N.° 052 -2018-SUNAT/7T0000
En relación con la oportunidad de ejercicio del derecho al crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV) establecido en el artículo 2° de la Ley N.° 29215, a partir de la incorporación efectuada por el Decreto Legislativo N.° 1116, se formulan las siguientes consultas:
¿Si con posterioridad a la vigencia del Decreto Legislativo N.° 1116 la SUNAT requiere al contribuyente la exhibición y/o presentación de su Registro de Compras respecto de periodos tributarios anteriores a la vigencia de dicho decreto y advierte que los comprobantes de pago y documentos a que se refiere el inciso a) del artículo 19° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del IGV e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), no han sido anotados en el indicado registro, debe efectuar el reparo correspondiente y determinar la pérdida del crédito fiscal?
En consideración a lo anterior ¿La incorporación efectuada por el Decreto Legislativo N.° 1116 implica una reducción de los doce (12) meses con que se cuenta para anotar los comprobantes de pago o documentos a que se refiere el inciso a) del artículo 19° del TUO de la Ley del IGV e ISC?
Si con posterioridad a la vigencia del Decreto Legislativo N.° 1116 la SUNAT requiere al contribuyente la exhibición y/o presentación de su Registro de Compras respecto de periodos tributarios anteriores a la vigencia de dicho decreto y advierte que los comprobantes de pago y documentos a que se refiere el inciso a) del artículo 19° de la Ley del IGV, no han sido anotados en el indicado registro, debe efectuar el reparo correspondiente y determinar la pérdida del crédito fiscal.
La incorporación del segundo párrafo del artículo 2° de la Ley N.° 29215 efectuada por el citado decreto legislativo, no implica una reducción de los doce meses con que se cuenta para anotar los mencionados comprobantes de pago o documentos en el indicado registro a efectos de poder ejercer el derecho al crédito fiscal.
De los aspectos analizados en los párrafos precedentes se desprende que para efectos una adecuada defensa tributaria los contribuyentes deben considerar los siguientes:
Verificar si el acto emitido por la Administración Tributaria es susceptible de cuestionarse mediante la interposición de un recurso administrativo, o si el objeto de cuestionamiento es el procedimiento iniciado por la Administración Tributaria, o si el acto emitido es meramente informativo.
Plantear los recursos administrativos de reclamación y apelación de forma oportuna y adjuntando las pruebas que respalden la posición de la empresa.
Cumplir con las formalidades previstas en el Código Tributario y normas complementarias vinculadas con la exhibición y presentación de documentación de forma oportuna, libros y registros contables, comprobantes de pago, entre otras, que eviten que la Administración Tributaria trabe medidas cautelares previas o efectúe la determinación de la obligación tributaria sobre base presunta.
Para una correcta deducción de los gastos en la determinación del Impuesto a la Renta Empresarial, considere los 4 elementos mínimas: fehaciencia, causalidad, devengo y cumplimiento de las formalidades establecidas en el marco normativo.
Para la aplicación del crédito fiscal contra el débito fiscal, considere que si el comprobante de pago no se encuentra anotado oportunamente en el Registro de Compras, no podrá efectuar la deducción del crédito fiscal; sin embargo considere que cuenta con un plazo máximo de doce (12) meses posteriores al mes de emisión del comprobante de pago para subsanar dicho incumplimiento y deducir el crédito fiscal en el mes en el que se verifique dicha anotación.
La interposición de recurso de reclamación, apelación, demanda contencioso administrativa, revisión judicial, suspensión y conclusión de cobranza coactiva, carta dirigidas a la Administración Tributaria y queja ante el Tribunal Fiscal, constituyen acciones que se ejercen en garantía al derecho al contradictorio, que implica cuestionar los actos en los cuales los contribuyentes no estén de acuerdo, lo cual sustenta la defensa a efectuar en sede administrativa y judicial.
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RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios
RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios	RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios Estado	:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en lo sucesivo LOU) y en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de Habilitación Nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos (en adelante RDH), y a tenor de lo establecido por los Estatutos de la Universidad de Burgos, aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla y León, de 29 de diciembre),
Este Rectorado, conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de fecha 31 de octubre de 2007, ha resuelto convocar los correspondientes concursos de acceso a las plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios, comunicadas a la Secretaría del Consejo de Coordinación Universitario, que se detallan en el Anexo I de la presente resolución, con sujeción a las siguientes
Primera. Normas Generales.-Los concursos de acceso se regirán por lo dispuesto en la LOU, el RDH, los Estatutos de la Universidad de Burgos y, con carácter supletorio, por lo previsto en la legislación general de funcionarios civiles del estado, así como por las demás disposiciones estatales y autonómicas que resulten de aplicación.
Segunda. Requisitos de los Candidatos.
1. Podrán participar en los concursos de acceso quienes acrediten estar habilitados para el cuerpo y área de la plaza objeto de provisión, así como los funcionarios de cuerpos docentes universitarios de igual o superior categoría y misma área de conocimiento, sea cual fuere su situación administrativa. Se consideran habilitados quienes reúnan los requisitos establecidos en el artículo 15 del RDH.
Los funcionarios pertenecientes a cuerpos docentes de igual categoría y del mismo área de conocimiento deberán haber permanecido en su puesto de trabajo un mínimo de dos años para poder participar en este Concurso de Acceso.
2. Además, para ser admitido a participar en los concursos de acceso, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a) Nacionalidad:
Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de aquellos Estados, a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de los Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
Asimismo, podrán participar en los concursos de acceso convocados, los habilitados de nacionalidad extranjera no comunitaria, cuando se cumplan los requisitos previstos en el apartado 4 del artículo 15 del RDH.
En el momento de presentación de la solicitud de participación deberá acreditarse la nacionalidad, así como, en su caso, el vínculo de parentesco, y el de vivir a expensas, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria se realizará por medio de los documentos correspondientes, certificados por las autoridades competentes de su país de origen, traducidos al español que será la lengua oficial en la que tendrá lugar el desarrollo de las pruebas.
Si en el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento del idioma español por parte de los ciudadanos de los Estados, miembros o no de la Unión Europea, las respectivas Comisiones de Selección podrán establecer, en su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.
b) Edad: tener 18 años cumplidos y no haber cumplido los 70.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración del Estado o de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
3. La concurrencia de los requisitos establecidos en la presente base deberá estar referida siempre a la fecha de expiración del plazo fijado para solicitar la participación en los concursos y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.
Tercera. Solicitudes.
1. Las personas que deseen tomar parte en los concursos de acceso remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Burgos a través del Registro General de la Universidad de Burgos (Edificio del Hospital del Rey, s/n, 09001 Burgos) o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJ-PAC), en el plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, mediante instancia debidamente cumplimentada según el modelo del Anexo II, disponible en http://www.ubu.es/profesorado/pdi_funcionario/concursos_acceso.htm
2. Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad, en vigor.
b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos específicos que señala la base segunda, apartado primero.
c) Justificante original acreditativo del ingreso señalado en el apartado 4 de esta misma base.
3. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para que el empleado de Correos pueda estampar en ellas el sello de fechas antes de su certificación.
4. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Burgos, la cantidad de 30,05 Euros en concepto de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efectuado en la entidad «Caja de Burgos», en la cuenta 2018-0000-65-1120001005 con el título «Universidad de Burgos. Cuenta restringida de ingresos de oposiciones». En todo caso se hará constar el nombre, los apellidos y el número de documento nacional de identidad o documento equivalente del aspirante, así como el código de la plaza a la que se concursa, tal como se indica en el Anexo I.
La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable, lo cual determinará la exclusión del aspirante.
En ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.
5. Si la solicitud no reuniese los requisitos señalados con anterioridad, a excepción de la presentación en plazo y el correspondiente abono de los derechos de examen, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días naturales, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.
6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consignación del mismo, como la comunicación a la Universidad de Burgos de cualquier cambio de dicho domicilio.
Cuarta. Resolución de admisión.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector dictará resolución, en el plazo máximo de diez días hábiles, declarando aprobadas las Listas Provisionales de admitidos y excluidos a los concursos de acceso. La resolución, junto con las mencionadas listas en las que figurará los apellidos, nombre y DNI/Pasaporte/Tarjeta de identidad y con indicación expresa, en su caso, de la causa de exclusión, se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el Tablón de Anuncios que el Rectorado tiene designado a tales efectos (Edificio Rectorado, Hospital del Rey, 09001 Burgos) y en la dirección de Internet http://www.ubu.es/profesorado/pdi_funcionario/concursos_acceso.htm
2. Los aspirantes que figuren como excluidos o hayan sido omitidos en las listas provisionales, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, para presentar reclamación ante el Rector, o bien subsanar, en el mismo plazo, el defecto que haya motivado su exclusión u omisión. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no realicen alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse éstos, de posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes deberán comprobar fehacientemente, no sólo que no figuran en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.
3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector dictará resolución aprobando las Listas Definitivas de candidatos admitidos y excluidos a las distintas plazas que se publicará en los mismos medios que los dispuestos en el ordinal primero de esta misma base.
4. Contra la resolución que apruebe las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos se podrá interponer reclamación ante el Rector en el plazo de 10 días, que será resuelta a través de Resolución en el plazo de 10 días.
Quinta. Comisiones de selección.
1. La composición de las Comisiones de selección se ajusta a lo dispuesto en el artículo 129 de los Estatutos de la Universidad de Burgos y es la que figura en el Anexo III de esta convocatoria.
2. El nombramiento como miembro de las Comisiones de los concursos de acceso es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que impida su actuación. Se considera causa justificada encontrarse en la situación administrativa de Servicios Especiales. En todo caso, la renuncia deberá ser comunicada al Rector de la Universidad de Burgos dentro de los diez días siguientes al de la fecha de recepción del nombramiento rectoral. La apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector, que deberá resolver en el plazo de diez días a contar desde la recepción de la renuncia.
3. En el caso en que concurran los motivos de abstención a que se refiere el apartado 2 del artículo 28 de la LRJ-PAC, los interesados deberán abstenerse de actuar en la Comisión y manifestar el motivo concurrente mediante escrito dirigido al Rector.
La actuación de los miembros de la Comisión en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.
4. Cuando se produzca la recusación a que se refiere el artículo 29 de la LRJ-PAC, que podrá tener lugar en cualquier momento del procedimiento, el recusado manifestará, en el día siguiente de la fecha de conocimiento de su recusación, si la causa alegada concurre o no en él. En el primer caso, el Rector podrá acordar su sustitución acto seguido por un suplente. Si niega la causa de recusación, el Rector resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no se podrá presentar reclamación alguna, sin perjuicio de que se alegue la misma al interponer posteriores recursos.
5. En los casos de renuncia justificada, abstención o recusación que impidan la actuación de los miembros de la Comisión titular, éstos serán sustituidos por sus respectivos suplentes.
En el caso de que en el miembro suplente concurriese alguno de los supuestos de abstención o recusación citados anteriormente, será sustituido por el de mayor categoría y antigüedad, por este orden, de entre los restantes suplentes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el ordinal cuarto de la base sexta, respecto del secretario. Si tampoco fueran posibles esas sustituciones, el Rector, a propuesta del Consejo de Gobierno, procederá al nombramiento de un nuevo titular y suplente.
Sexta. Constitución de las Comisiones de los concursos de acceso y convocatoria.
1. La Comisión deberá constituirse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la lista definitiva a que se refiere la base cuarta de la convocatoria. Para ello, el Presidente titular de la Comisión, realizadas las consultas pertinentes con los restantes miembros, convocará por correo certificado a los titulares y en su caso a los suplentes, para proceder al acto de constitución de la misma, fijando lugar y fecha. La convocatoria deberá realizarse con una antelación mínima de diez días hábiles con respecto a la fecha de constitución.
2. Transcurrido el mencionado plazo de dos meses sin que se haya constituido la Comisión, el Rector, de oficio o a instancia de parte interesada, procederá a la sustitución del Presidente de la Comisión.
3. La constitución de la Comisión exigirá la presencia de la totalidad de sus miembros. Los miembros titulares que no concurrieran al citado acto cesarán y serán sustituidos conforme a lo previsto en el apartado 5 de la base quinta.
4. Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia del Presidente, éste será sustituido por el profesor más antiguo conforme al siguiente orden de prelación de cuerpos: Catedráticos de Universidad, y Profesores Titulares de Universidad o Catedráticos de Escuelas Universitarias. En el caso de ausencia del Secretario, éste será sustituido por el profesor con menor antigüedad en el cuerpo de menor categoría.
5. Para que las Comisiones puedan actuar válidamente se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario y, al menos, uno del resto de los miembros.
Los miembros de las Comisiones que estuvieran ausentes en alguna de las pruebas correspondientes a alguno de los candidatos, cesarán en su calidad de miembros de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido.
6. Si una vez comenzada la prueba del primer candidato, la Comisión quedara con menos de tres miembros, se procederá al nombramiento de una nueva Comisión por el Rector a propuesta del Consejo de Gobierno y en la que no podrán incluirse los miembros que hubieren cesado en su condición.
7. En el acto de constitución y antes del acto de presentación de los candidatos, la Comisión fijará y hará públicos los criterios para la valoración del concurso. Entre dichos criterios constarán, con carácter prioritario, aunque no exclusivo, los criterios establecidos en el artículo 130 de los Estatutos de la Universidad de Burgos.
8. Los miembros de las Comisiones tendrán derecho al percibo, por parte de la Universidad de Burgos, de asistencias, gastos de viaje y dietas de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio. A estos efectos, las Comisiones de selección tendrán la categoría primera de las señaladas en el artículo 30 del citado Real Decreto.
9. Corresponderán al Secretario de la Comisión las actuaciones administrativas y la gestión económica propias de la misma, auxiliado por el Personal de Administración y Servicios que le asigne la Universidad de Burgos.
10. Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones de selección resolverán las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases de esta convocatoria, y sobre las actuaciones que procedan en los casos no previstos en ellas. En todo momento, su actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Séptima. Acto de presentación de candidatos.
1. El Presidente titular de la Comisión convocará a todos los candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento del día, hora y lugar de su celebración. La convocatoria deberá ser comunicada por correo certificado a los candidatos con una antelación mínima de quince días respecto a la fecha de dicho acto. El plazo entre la fecha del acto de constitución y la señalada para el acto de presentación no podrá exceder de dos días hábiles.
En el acto de presentación, que será público y se realizará en alguna dependencia de la Universidad de Burgos, los candidatos entregarán al Presidente de la Comisión, por quintuplicado, la siguiente documentación:
a) Historial académico, docente e investigador conforme al modelo que figura como Anexo IV de la convocatoria. Junto al mencionado historial, el candidato deberá entregar una copia de los documentos que acrediten los méritos o circunstancias que desea someter a valoración de la Comisión y haya consignado en el mismo, así como una relación de toda la documentación aportada. No será necesaria la compulsa de las copias de dichos documentos, bastando la declaración expresa del interesado sobre su autenticidad.
b) Para las plazas de Profesor Titular de Universidad, el Plan docente que el candidato se propone desarrollar de serle adjudicada la plaza a la que concursa. El Plan docente, que será original y personal, deberá incluir la programación de la actividad docente correspondiente a alguna de las materias relacionadas con el perfil de la plaza objeto de provisión. Este documento no será necesario en las plazas de Catedrático de Universidad.
2. En el acto de presentación los aspirantes recibirán cuantas instrucciones sobre la celebración de las pruebas deban comunicárseles. Asimismo, se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación de los candidatos y se fijarán el lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas, circunstancias que se harán públicas por la Comisión. Las pruebas podrán comenzar el mismo día del acto de presentación o dentro del plazo máximo de diez días, a contar desde el día siguiente al del acto de presentación.
3. El Secretario de la Comisión garantizará que la documentación entregada por los candidatos esté disponible para ser examinada por los demás aspirantes antes del inicio de las pruebas.
4. Los concursantes podrán solicitar, de los entes públicos y privados en los que presten o hayan prestado sus servicios, la emisión de un informe individualizado sobre su rendimiento y actividades desarrolladas, el cual será remitido, directamente, al Presidente de la Comisión. La Comisión valorará únicamente dichos informes en el caso de que consten en su poder antes del comienzo de la prueba.
Asimismo, la Comisión, por unanimidad, podrá recabar informes de especialistas sobre los méritos alegados por los concursantes.
En cualquier caso, los informes no tendrán carácter vinculante y se adjuntarán al Acta del concurso.
Octava. Celebración de las pruebas.
1. Los concursos de acceso constarán de una única prueba que será pública y consistirá en la exposición oral por cada candidato de los méritos docentes e investigadores alegados en su Historial académico, docente e investigador. En las plazas de Profesor Titular de Universidad deberá presentarse también el Plan docente. De conformidad con lo señalado en el apartado sexto de la base sexta, durante la exposición, el candidato pondrá de relieve, de modo particular, la adecuación de sus actividades docentes desarrolladas al perfil o contenido de la plaza a la que se concursa, así como el interés que las líneas de investigación realizadas tienen para la Universidad de Burgos.
Cada concursante dispondrá para su exposición del tiempo que estime oportuno dentro de un máximo de noventa minutos. La Comisión dispondrá para el posterior debate con el concursante de un tiempo máximo de dos horas.
2. Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe razonado, ajustado, en todo caso, a los criterios previamente establecidos por la Comisión.
A la vista de los informes, la Comisión procederá a la votación, sin que sea posible la abstención.
3. En caso de unanimidad, dichos informes podrán sustituirse por un informe único y razonado de la Comisión.
Novena. Propuesta de provisión de plaza por parte de la Comisión del concurso de acceso.
1. Finalizada las pruebas, el Presidente de la Comisión propondrá al Rector, con carácter vinculante, una relación de todos los candidatos que hayan sido valorados favorablemente por, al menos, tres de sus miembros, por orden de preferencia para su nombramiento. Las Comisiones podrán declarar desierta la plaza objeto del concurso, salvo que medien las circunstancias expresadas en el artículo 17.1 del RDH.
2. La propuesta de las Comisiones será motivada de conformidad con los criterios de valoración previamente establecidos y deberán indicar el voto de cada uno de sus miembros.
3. Las propuestas se publicarán en el tablón de anuncios del Departamento al que está adscrita la plaza convocada, en el Tabón oficial del Registro General y en la web de la Universidad.
4. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la finalización de las pruebas, el Secretario de la Comisión entregará en la Secretaría General de la Universidad, toda la documentación relativa a las actuaciones de la Comisión: Acta de Constitución de la Comisión y de cada una de las sesiones realizadas, en las que deberán constar las actuaciones fundamentales habidas y, en su caso, los informes referidos en la base séptima, y el Acta de Propuesta de provisión de la plaza. Junto a todo ello, el Secretario de la Comisión deberá entregar un ejemplar de la documentación presentada por cada candidato que, una vez finalizado y firme el procedimiento, le podrá ser devuelta si así lo solicita. Transcurridos seis meses adicionales sin que el interesado hubiera retirado dicha documentación, la Universidad podrá disponer su destrucción.
5. El tiempo transcurrido entre la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y la resolución del concurso no podrá exceder de cuatro meses.
6. Los candidatos podrán solicitar en la Secretaría General de la Universidad certificación de la valoración razonada que cada uno de los miembros de la Comisión emitió sobre sus méritos o, en su caso, del informe único de la Comisión.
Décima. Nombramiento.
1. Los nombramientos como funcionarios docentes de carrera serán efectuados por el Rector de la Universidad de Burgos, después de que los concursantes propuestos hayan presentado, en los veinte días siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, en el Registro General de esta Universidad o por cualesquiera de los demás procedimientos señalados en el artículo 38.4 LRJ-PAC, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada de DNI o documento equivalente, en el caso de nacionalidad distinta a la española.
b) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001 de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.
c) Documentación acreditativa de reunir los requisitos del artículo 15 del RDH.
d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad o ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna actividad pública o percibiendo alguna pensión.
2. Los aspirantes propuestos deberán someterse a reconocimiento médico por la mutua de accidentes de trabajo y enfermedad profesional contratada por la Universidad, y ser declarado por ésta apto para desempeñar las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
3. Los que tuvieran la condición de funcionario público de carrera en activo estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación extendida por el órgano competente de la Administración de la que dependieran para acreditar su condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.
4. En caso de que los concursantes propuestos no presenten oportunamente la documentación requerida, el Rector procederá al nombramiento del siguiente concursante en el orden de valoración formulado.
5. Los nombramientos serán, igualmente, comunicados al correspondiente Registro a efectos de otorgamiento del número de Registro de Personal e inscripción en los cuerpos respectivos, publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Castilla y León, y comunicado a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria.
6. El nombramiento especificará la denominación de la plaza: cuerpo, área de conocimiento, departamento, centro y código en la Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T.).
7. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, los candidatos propuestos deberán tomar posesión de su destino, momento en que adquirirán la condición de funcionarios de los cuerpo docente universitarios de que se trate, con los derechos y deberes que les son propios.
Undécima. Reclamaciones.
1. Contra las propuestas de las Comisiones de los concursos de acceso los candidatos podrán presentar reclamación ante el Rector de la Universidad de Burgos en el plazo máximo de diez días, a contar desde el siguiente al de la publicación de la propuesta de la Comisión, referida en la base 9.3 de la convocatoria.
2. Las reclamaciones serán valoradas por la Comisión de Reclamaciones de la Universidad de Burgos, designada en la forma establecida en el art. 131 de sus Estatutos que velará por la igualdad de oportunidades de los aspirantes y el respeto de los principios de mérito y capacidad.
3. La Comisión de Reclamaciones dispondrá de un plazo máximo de tres meses a partir de la interposición de la reclamación para ratificar o no la propuesta impugnada.
4. Sus acuerdos serán vinculantes para el Rector, cuyas resoluciones agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de las citadas Resoluciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Norma Final:
1. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León. Potestativamente podrá interponerse recurso de reposición ante el Rectorado de la Universidad de Burgos, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.
2. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de las actuaciones de las Comisiones podrán ser impugnados en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Burgos, 31 de octubre de 2007.-El Rector, José María Leal Villalba.
N.º de plazas: Una.
Departamento: Ciencias Históricas y Geografía.
Centro: Facultad de Humanidades y Educación.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en materias propias del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad.
Código de la plaza: CIH-COM-TU-001.
Área de conocimiento: Filología Francesa.
Departamento: Filología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Literatura Francesa Comparada.
Código de la plaza: FIL-FFR-CU-001.
Área de Conocimiento: Ingeniería de Sistemas y Automática.
Departamento: Ingeniería Electromecánica.
Centro: Escuela Politécnica Superior.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en materias propias del área de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Código de la plaza: IEL-ISI-CU-001.
Composición de las Comisiones de Selección
Cuerpo: Titular de Universidad. Área de Conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad. (N.º de plazas: 1)
Código de la plaza: CIH-COM-TU-001 Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en materias propias del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad.
Presidente: D. José Antonio Mingolarra Ibarzabal, Catedrático de Universidad, Universidad del País Vasco.
Secretario: D. Antonio Bartolomé Pina, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Barcelona.
Vocal primero: D. Juan Rey Fuentes, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Sevilla.
Vocal segundo: D. José Manuel Palacio Arranz, Catedrático de Universidad, Universidad Carlos III.
Vocal tercero: D. José Javier Marzal Felici, Profesor Titular de Universidad, Universidad Jaume I de Castellón.
Presidente: D. Santos Zunzunegui Díez, Catedrático de Universidad, Universidad del País Vasco.
Secretario: D. Emilio Feliu García, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Alicante.
Vocal primero: D. Imanol Zumalde Arregui, Profesor Titular de Universidad, Universidad del País Vasco.
Vocal segundo: D. Miguel de Aguilera Moyano, Catedrático de Universidad, Universidad de Málaga.
Vocal tercero: D. Eduardo José Rodríguez Merchán, Catedrático de Universidad, Universidad Complutense de Madrid.
Cuerpo: Catedrático de Universidad. Área de Conocimiento: Filología Francesa. (N.º de plazas: 1)
Código de la plaza: FIL-FFR-CU-001 Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Literatura Francesa Comparada.
Presidente: D. Eugenio Andrés de Vicente Aguado, Catedrático de Universidad, Universidad Complutense de Madrid.
Secretaria: D.ª Lydia Vázquez Jiménez, Catedrática de Universidad, Universidad del País Vasco.
Vocal primero: D. Roberto Ignacio Ruiz Capellán, Catedrático de Universidad, Universidad de Valladolid.
Vocal segundo: D. Antonio Altarriba Ordóñez, Catedrático de Universidad, Universidad del País Vasco.
Vocal tercero: D.ª María del Carmen Camero Pérez, Catedrática de Universidad, Universidad de Sevilla.
Presidenta: D.ª Alicia Yllera Fernández, Catedrática de Universidad, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Secretario: D. Claude Benoit Moriniere, Catedrático de Universidad, Universidad de Valencia.
Vocal primero: D.ª María Elena Real Ramos, Catedrática de Universidad, Universidad de Valencia.
Vocal segundo: D. José Ignacio Velázquez Ezquerra, Catedrático de Universidad,Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Vocal tercero: D. Antonio Álvarez de la Rosa, Catedrático de Universidad, Universidad de La Laguna.
Cuerpo: Catedrático de Universidad. Área de Conocimiento: Ingeniería de Sistemas y Automática. (N.º de plazas: 1)
Código de la plaza: IEL-ISI-CU-001 Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en materias propias del área de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Presidente: D. Javier Aracil Santonja, Catedrático de Universidad, Universidad de Sevilla
Secretario: D. Cesar Alberto de Prada Moraga, Catedrático de Universidad, Universidad de Valladolid
Vocal primero: D. Juan López Coronado, Catedrático de Universidad, Universidad Politécnica de Cartagena
Vocal segundo: D. Sebastián Dormido Bencomo, Catedrático de Universidad, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Vocal tercero: D. Pedro Albertos Pérez, Catedrático de Universidad, Universidad Politécnica de Valencia
Presidente: D. Vicente Feliu Batllé, Catedrático de Universidad, Universidad de Castilla-La Mancha.
Secretario: D. Victor Echevarría Ecenarro, Catedrático de Universidad, Universidad del País Vasco.
Vocal primero: D. Manuel Silva Suárez, Catedrático de Universidad, Universidad de Zaragoza.
Vocal segundo: D. Alfonso Baños Torrico, Catedrático de Universidad, Universidad de Murcia.
Vocal tercero: D.ª Pastora Isabel Vega Cruz, Catedrática de Universidad, Universidad de Salamanca.
Índice del Historial Académico, Docente e Investigador
Apellidos y nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Lugar y fecha de expedición:
Nacimiento: fecha, localidad, provincia y país:
Residencia: dirección, localidad, provincia y teléfono:
Categoría actual como docente:
Área de Conocimiento actual:
Departamento o unidad docente actual:
Facultad o Escuela actual:
Universidad o Institución:
Títulos académicos (clase, organismo, centro y fecha de expedición; calificación, si la hubiere):
Puestos docentes desempeñados (categoría, organismo, centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización):
Actividad docente desempeñada (programas y dedicación):
Actividad investigadora desempeñada:
Publicaciones, libros (*) (título, fecha de publicación, editorial):
Publicaciones, artículos (*) (título, revista, fecha de publicación, número de páginas):
Otros trabajos de investigación:
Proyectos de investigación subvencionados:
Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (indicando título, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter nacional o internacional):
Cursos y seminarios impartidos (con indicación del centro u organismo, materia, actividad desempeñada, duración y fechas)
Cursos y seminarios recibidos (con indicación del centro u organismo, materia y fechas de celebración):
Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la licenciatura):
Actividad en empresas y profesión libre:
Otros méritos docentes o de investigación:
Cargos de gestión desempeñados (denominación del cargo, organismo, fecha de inicio y fecha de finalización):
(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por el Consejo Editorial correspondiente
RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios	Trámites

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RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
Real Decreto
artículo 15
artículo 15
artículo 8
Real Decreto
Resolución
resolución
resolución
Resolución
artículo 129
artículo 28
artículo 29
artículo 130
Real Decreto
artículo 30
artículo 17
resolución
artículo 38
Artículo 7
Real Decreto
artículo 15
RESOLUCIÓN


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Marca HP Modelo LaserJet Pro MFP M426dw ( F6W13A#B19 ) Método de impresión Impresora multifunción laser Impresión Área de impresión - Área de impresión máxima: 215,9 x 355,6 mm - Margen inferior (A4): 5 mm - Margen izquierdo (A4): 4 mm - Margen derecho (A4): 4 mm - Margen superior (A4): 5 mm Resolución de impresión - Calidad de impresión en negro (óptima): HP Fastres 1200 - Resolución de impresión negra (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 ppp - Calidad de impresión en negro (normal): HP Fastres 1200 -...
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DCP-L2520DW Multifunción láser monocromo WiFi con impresión automática por las dos caras Alta velocidad de impresión - Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 26 ppm Tóner de larga duración - Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas Diseño compacto - Impresora, copiadora y escáner en un diseño compacto Funciones de impresión y copia avanzadas - Ahorra tiempo y dinero con la función saltar páginas en blanco, perfiles de impresión, e impresión de texto en negro entre otras...
DCP-L2500D Multifunción láser monocromo compacto con impresión automática por las dos caras Alta velocidad de impresión - Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 26 ppm Tóner de larga duración - Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas Diseño compacto - Impresora, copiadora y escáner en un diseño compacto Funciones de impresión y copia avanzadas - Ahorra tiempo y dinero con la función saltar páginas en blanco, perfiles de impresión, e impresión de texto en negro entre otras...

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Autoriza la contratación de un seguro para los profesionales y trabajadores en salud relacionados con el Coronavirus (COVID-19).
DECRETO SUPREMO N° 4217
Que el Artículo 32 de la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos, dispone que la declaratoria de desastres y/o emergencias permite que las entidades públicas de todos los niveles del Estado encargadas de su atención, realicen modificaciones presupuestarias y transferencias entre partidas presupuestarias, de acuerdo a la normativa existente y la normativa específica que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Que la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el Coronavirus (COVID-19), declara de interés y prioridad nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19).
Que el Artículo 3 de la Ley N° 1293, establece la implementación de actividades, acciones y medidas necesarias, considerando los diferentes niveles de gestión gubernamental y los entes gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Que el Artículo 75 del Código de Salud, aprobado por Decreto Ley Nº 15629, de 18 de julio de 1978, señala que cuando una parte o todo el país se encuentre amenazado o invadido por una epidemia, la Autoridad de Salud declarará zona de emergencia sujeta a control sanitario y adoptará las medidas extraordinarias. Estas medidas cesarán automáticamente, salvo declaración expresa contraria, después de un tiempo que corresponda al doble del período de incubación máxima de la enfermedad, luego de la desaparición del último caso.
Que el Decreto Supremo N° 4179, de 12 de marzo de 2020, declara Situación de Emergencia Nacional por la presencia del brote de Coronavirus (COVID-19) y otros eventos adversos.
Que el Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo del 2020, tiene por objeto reforzar y fortalecer las medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que el Parágrafo II del Artículo Único del Decreto Supremo N° 4204, de 1 de abril de 2020, dispone que durante el periodo de emergencia sanitaria nacional que implica la implementación de las acciones y medidas de vigilancia epidemiológica, prevención, contención, diagnóstico, atención y tratamiento del Coronavirus (COVID-19), los profesionales y trabajadores en salud podrán desempeñar funciones más allá de las cargas horarias establecidas, en diferentes establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud.
Que en el marco de la situación de emergencia nacional por la presencia del brote de Coronavirus (COVID-19), es necesario que los profesionales y trabajadores en salud, que prestan atención o servicios relacionados a pacientes infectados por el COVID-19, cuenten con un seguro de vida.
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar la contratación de un seguro para los profesionales y trabajadores en salud relacionados con el Coronavirus (COVID-19).
ARTÍCULO 2.- (CONTRATACIÓN DEL SEGURO). Se autoriza de manera excepcional al Ministerio de Salud para que, por si y por las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo, proceda a la contratación directa de un seguro anual colectivo de invalidez total y permanente o muerte por el lapso de un (1) año, para profesionales y trabajadores en salud, contagiados por la atención o prestación de servicios relacionados a pacientes infectados por el Coronavirus (COVID-19), que trabajan en establecimientos de salud, clínicas y otros de los Subsectores Público, de la Seguridad Social de Corto Plazo y Privado del Sistema Nacional de Salud.
ARTÍCULO 3.- (COBERTURA). La cobertura del seguro comprende, invalidez total y permanente o muerte, para profesionales y trabajadores en salud contagiados por la atención o prestación de servicios relacionados a pacientes infectados por el Coronavirus (COVID-19).
I. El monto que la Entidad Aseguradora pagará por asegurado será de:
II. Los montos señalados en los incisos a) y b) del Parágrafo precedente, no son acumulables.
ARTÍCULO 5.- (ENTIDAD ASEGURADORA). La Entidad Aseguradora que prestará el servicio del seguro es Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A., Entidad Pública de Seguros, establecida legalmente en el país y habilitada por la Autoridad competente, para comercializar en el ramo de Vida Grupo.
ARTÍCULO 6.- (FIRMA DE CONVENIOS). Para el cumplimiento del Artículo 2 del presente Decreto Supremo, el Ministerio de Salud firmará convenios interinstitucionales con las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo.
I. La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS reglamentará, regulará y supervisará el seguro señalado en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo.
II. En el marco de sus atribuciones, la APS y la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo – ASUSS, coordinarán acciones para el cumplimiento de la suscripción de convenios interinstitucionales, para la efectiva cobertura y vigencia del seguro señalado en el presente Decreto Supremo.
I. Para el personal asegurado de las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo, la prima del seguro será pagada por el respectivo Ente Gestor.
II. Para el personal asegurado del Sistema Nacional de Salud, que no esté contemplado en el Parágrafo precedente, la prima será pagada por el Ministerio de Salud con recursos del Tesoro General de la Nación – TGN.
ARTÍCULO 9.- (NOMINACIÓN DEL PERSONAL A SER ASEGURADO). Los establecimientos de salud, clínicas y otros de los Subsectores Público, de la Seguridad Social de Corto Plazo y Privado del Sistema Nacional de Salud, elaborarán la nómina de los profesionales y trabajadores en salud a ser asegurados, que se considerará como una declaración jurada, misma que será remitida al Ministerio de Salud para su procesamiento y posterior envío a la Entidad Aseguradora.
I. En el marco del presente Decreto Supremo, se autoriza al Ministerio de Salud a realizar transferencias público-privadas para el pago de la prima del seguro anual colectivo con cobertura de invalidez total y permanente o muerte, cuando corresponda.
II. El importe, uso y destino y la reglamentación específica de las transferencias público-privadas señaladas en el Parágrafo precedente, deberán ser aprobados por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Salud mediante resolución expresa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- El Estado cubrirá la atención médica de los profesionales y trabajadores en salud en establecimientos de salud del Subsector Público, cuando estos hayan sido contagiados por la atención o prestación de servicios relacionados a pacientes infectados por el Coronavirus (COVID-19).
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- Para el cumplimiento del Parágrafo II del Artículo 8 del presente Decreto Supremo, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del TGN, realizar la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de Salud.
I. Se autoriza de manera excepcional al Ministerio de Salud, la contratación directa de un seguro anual colectivo de invalidez total y permanente o muerte por el lapso de un (1) año, para los profesionales y trabajadores en salud señalados en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo.
II. El procedimiento y demás condiciones para las contrataciones establecidas en el Parágrafo precedente, serán reglamentados y aprobados por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad contratante, mediante Resolución expresa.
III. Las contrataciones directas efectuadas en el marco del presente Decreto Supremo, son de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad contratante, desde su inicio hasta su conclusión.
IV. Para contrataciones mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) se solicitará al proveedor el Certificado de Registro Único de Proveedores del Estado – RUPE, para la formalización de la contratación.
V. Una vez formalizadas las contrataciones directas, establecidas en el Parágrafo I de la presente Disposición, el Ministerio de Salud deberá:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- En un plazo de hasta diez (10) días hábiles a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, el Ministerio de Salud firmará convenios interinstitucionales con las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo, para dar cumplimiento del Artículo 2 de la presente norma.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Para el cumplimiento del presente Decreto Supremo, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al Ministerio de Salud y a las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo, a realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- La fecha de inicio de la cobertura de la póliza del seguro señalado en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo, corresponde a la fecha de publicación de la presente norma.

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Artículo 32
Artículo 3
Artículo 75
ARTÍCULO 1
ARTÍCULO 2
ARTÍCULO 3
ARTÍCULO 5
ARTÍCULO 6
Artículo 2
Artículo 2
ARTÍCULO 9
resolución
Artículo 8
Artículo 2
Resolución
Artículo 2
Artículo 2