text:
 RESOLUCIÓN 1237 DE DICIEMBRE 28 DE 2018
RESOLUCIÓN 1237 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTENIDO:ESTABLECE POLÍTICAS PARA REALIZAR ACUERDOS DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES EN MORA A FAVOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP, POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y POR LAS MULTAS IMPUESTAS COMO CONSECUENCIA DE SANCIONES DISCIPLINARIAS. DEROGA LAS RESOLUCIONES 746 DE 2005, 895 DE 2010, 448 DE 2011 Y 1033 DE 2011.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, INTERVINIENTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, SISTEMA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, SUMINISTRO DE AGUAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, CONTRATO DE SUMINISTRO, FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COBRO COACTIVO DE DEUDA FISCAL, RECAUDO DE LA CARTERA FISCAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
BOLETÍN N°:REGISTRO DISTRITAL 6465 DE ENERO 2 DE 2019
RESOLUCIÓN 1237 DE 2018 - EAAB
“Por medio de la cual se establecen políticas para realizar acuerdos de pago de las obligaciones en mora a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, por concepto de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los contratos de suministro de agua potable y por las multas impuestas como consecuencia de sanciones disciplinarias”
El Gerente Corporativo Financiero de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP,
en ejercicio de sus facultades, en especial las contenidas en el artículo 19 del Acuerdo 11 de 2013 de la Junta Directiva de la EAAB-ESP y,
Que de conformidad con los numerales 6º y 7º del artículo 19 del Acuerdo 11 de 2013 expedido por la Junta Directiva, la Gerencia Corporativa Financiera de la EAAB-ESP tiene la responsabilidad de fijar las políticas para el recaudo de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, para asegurar el ingreso oportuno de los recursos de la empresa y determinar las políticas y estrategias tendientes al cobro y a la disminución de la cartera de la Empresa para su manejo óptimo.
Que el artículo 96 de la Ley 142 de 1994 dispone que: “En caso de mora de los usuarios en el pago de los servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre los saldos insolutos”.
Que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-389 de 2002, declaró exequible el artículo 96 de la Ley 142 de 1994, en el entendido que en cuanto a la tasa de interés moratorio se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil a los usuarios de inmuebles residenciales.
Que las empresas de servicios públicos pueden adoptar los mecanismos de recaudo de las obligaciones en mora que consideren convenientes, entre los cuales pueden implementarse la celebración de acuerdos de pago. En este sentido, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el Concepto 843 de 2008, señala:
“En cuanto a la normatividad que faculta a las empresas para llevar a cabo la recuperación de cartera morosa, el régimen de los servicios públicos domiciliarios contenido en las leyes 142 y 143 de 1994, sus decretos reglamentarios y las disposiciones regulatorias, no contiene normas especiales relativas a la recuperación de cartera, por lo que habrá que considerarse que la materia se encuentra sometida a las reglas generales del derecho privado, a las estipulaciones del contrato de condiciones uniformes y en su defecto, a las disposiciones del Código de Comercio, al Código Civil y al Código de Procedimiento Civil. (…)
Por lo tanto, dentro del marco legal señalado, las empresas de servicios públicos pueden adoptar las políticas que consideren convenientes para la recuperación de cartera, entre ellas el cobro ejecutivo o jurídico-coactivo, el cobro persuasivo o la suscripción de acuerdos de pago con los usuarios morosos. En consecuencia, existe libertad para diseñar sus mecanismos de recaudo de cartera morosa”.
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006 “Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006”, establece que, para las obligaciones diferentes a impuestos, tasas y contribuciones fiscales y parafiscales, se continuarán aplicando las tasas de interés especiales previstas en el ordenamiento nacional.
Que en los artículos 98 y 99 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” en relación con los documentos que prestan mérito ejecutivo en el marco de los procedimientos de cobro coactivo de obligaciones en favor del Estado, dispuso que:
“Las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes”.
“Prestarán mérito ejecutivo para su cobro Coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos: 1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley. 2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero. 3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual.4. Las demás garantías que, a favor de las entidades públicas, antes indicadas, se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación. 5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor”.
Que con fundamento en lo dispuesto en los mencionados artículos 98 y 99, se incluirá dentro de las estrategias de acuerdo de pago, las obligaciones en mora por suministro de agua potable a que hace referencia la Resolución CRA 759 de 2016, a empresas de servicios públicos que abastecen zonas o municipios aledaños.
Que el artículo 96 de la Ley 142 de 1994 dispone que “En caso de mora de los usuarios en el pago de los servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre los saldos insolutos”.
Que la EAAB-ESP y la UAESP suscribieron el Contrato Interadministrativo 017 de 2012 para la gestión operación del servicio público de aseo, el cual en su cláusula 5 incorporó el reglamento Técnico y Operativo, Comercial y Financiero establecido bajo la Resolución 365 de 2015, el cual se encuentra vigente hasta la firmeza de su liquidación.
Que mediante Resolución 624 de 2015, la EAAB-ESP adoptó el reglamento interno de recaudo de cartera misión y no misión, en el cual se contemplaron las etapas de cobro pre-jurídico, persuasivo y coactivo, con el fin de obtener la recuperación de las obligaciones en mora a favor de la empresa.
Que teniendo en cuenta las diferentes disposiciones y modificaciones realizadas en lo atinente a políticas de acuerdos de pago de obligaciones en mora a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Bogotá ESP, derivadas de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, de los contratos de suministro de agua potable y de las multas por sanciones disciplinarias, se hace necesario consolidar en una sola resolución la política de la Empresa en esta materia.
Que en mérito de lo anterior se resuelve.
ART. 1º—Objeto: Establecer directrices para realizar acuerdos de pago de las obligaciones misionales en mora de usuarios y suscriptores de la EAAB – ESP y no misionales, así como aquellas obligaciones que la Empresa gestione en favor de terceros en virtud de contratos o convenios en los cuales sea parte, siempre y cuando la ley y las competencias legales así lo permitan.
ART. 2º—Ámbito de aplicación: Las disposiciones de la presente resolución serán aplicables a:
a) Las gestiones de cobro de los usuarios de los ciclos de facturación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
b) Las gestiones de cobro del servicio de aseo que correspondan a la prestación de servicios realizada por la EAAB- ESP, entre el 18 de diciembre de 2012 al 11 de febrero de 2018 de manera transitoria hasta la liquidación del contrato interadministrativo 017 de 2012 o hasta que las partes lo convengan
c) Las gestiones de cobro de obligaciones no misionales en mora originadas en multas impuestas en procesos disciplinarios y por el incumplimiento de los contratos de suministro de agua potable.
d) Las gestiones de cobro que se adelanten en favor de terceros, siempre y cuando las partes acuerden acogerse a las condiciones establecidas en la presente resolución.
ART. 3º—Contenido de los acuerdos de pago: El acuerdo o compromiso de pago se otorgará con la solicitud del deudor y con la suscripción de un acta que deberá contener:
1. Número de cuenta (interna o contrato).
2. Nombre y apellidos o razón social de quien firma el acuerdo de pago.
3. Dirección, teléfono y correo electrónico del deudor y/o propietario.
4. Valor de la obligación inicial.
5. Condiciones del pago y de la financiación.
7. Advertencias de ley sobre la no procedencia de recursos en actos administrativos de trámite, reporte a las centrales de riesgo y entidades del Estado.
8. Firma e identificación del obligado.
ART. 4º—(Modificado).* Documentos para adelantar los acuerdos de pago: Para acceder a los acuerdos de pago, el deudor deberá aportar o acreditar los siguientes documentos:
1. Exhibir original y anexar fotocopia del documento de identificación del propietario, poseedor o usuario. En caso de ser una persona jurídica se debe acreditar la existencia y representación legal por medio de certificado de Cámara de Comercio o documento equivalente.
2. Certificado de tradición del inmueble que está vinculado a la cuenta contrato, con fecha de expedición no mayor a dos (2) meses.
En aplicación de lo dispuesto en el Decreto Nacional 19 del 10 de enero de 2012, la EAAB-ESP podrá obtener este certificado previa consulta en la base de datos dispuesta por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y en el Portal de la Ventanilla Única de Registro Inmobiliario – VUR.
Cuando no sea posible descargarlo o consultarlo porque el inmueble no tiene matrícula asignada, haya duda respecto de la individualización del inmueble, el predio se encuentra fuera de la ciudad de Bogotá D.C. o no se encuentra registrado en el archivo de predios, entre otras razones, el interesado en acceder al plan de pagos deberá aportar el mencionado documento o copia del impuesto predial o número de matrícula inmobiliaria o chip catastral.
3. Formulario diligenciado donde declara la condición en que realiza el acuerdo de pago (el cual será suministrado por la EAAB-ESP).
Cuando se tenga la calidad de tenedor del inmueble, a cualquier título, será necesario aportar la autorización escrita del propietario o poseedor del inmueble. Dicha autorización deberá contener la información completa (número de identificación, nombre completo, teléfono fijo y celular, dirección de residencia y correo electrónico), con fecha de expedición no mayor a un (1) mes.
Cuando se actué a través de apoderado del usuario deudor, deberá exhibir su tarjeta profesional como abogado y el documento que lo acredita como tal.
4. Si la persona que figura como propietaria del inmueble falleció, a fin de acreditar su legitimación en la causa los herederos interesados en suscribir el plan de pagos deberán aportar, el registro civil de defunción, el registro civil de nacimiento y el documento de identidad de los herederos. En caso de que exista proceso de sucesión en curso, deberá aportar copia del documento que acredite la calidad de heredero.
PAR. 1º—Cuando en el trámite del proceso coactivo se haya librado mandamiento de pago, no será necesario aportar el certificado de tradición del inmueble, salvo que en el momento de suscribir el plan de pagos existan dudas sobre la legitimación en la causa, evento en el cual el deudor deberá allegarlo.
PAR. 2º—En el caso de contratos de suministro de agua potable, el deudor deberá aportar los documentos establecidos en los numerales 1º y 3º del presente artículo. Adicionalmente, deberá aportar garantía que cubra el valor total de la deuda.
PAR. 3º—Para todos los efectos se entiende por garantía, el contrato fiduciario, póliza de cumplimiento, garantías constituidas u otorgadas ante instituciones financieras o fiduciarias, autorizadas por el Gobierno, endoso de títulos o garantías.
*(Nota: Modificado por la Resolución 526 de 2019 artículo 1° del Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP)
ART. 5º—(Modificado).* Gastos de cobranza: Se entiende por gastos de cobranza, todas las actividades gestionadas directamente por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP en las etapas de cobro prejurídico, persuasivo o coactivo, realizadas con el fin de recuperar la cartera, los cuales serán sufragados en su totalidad por el deudor y podrán ser incluidos dentro del acuerdo de pago.
Se puede adelantar una o varias de las siguientes actividades:
1. Llamadas telefónicas al propietario, poseedor o tenedor del inmueble a cualquier título
2. Visitas al inmueble.
3. Requerimientos por medio de comunicados.
4. Mensajería de texto.
6. Investigación de bienes, en entidades distritales y nacionales.
7. Atención en Ventanilla.
8. Acuerdos de Pago.
9. Reporte a ciudadanos en mora a centrales de riesgo y en el Boletín de Deudores Morosos del Estado publicado por la Contaduría General de la Nación según cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.
Adicionalmente, podrán llevarse a cabo todas aquellas actividades que la Empresa considere pertinentes y conducentes para desarrollar la gestión de recuperación de la cartera morosa.
Los gastos de cobranza serán generados sobre la totalidad de la deuda, dependiendo de las etapas de cobro, de la clase de uso y estrato socioeconómico del inmueble y se registrará en el sistema al momento de realizar el acuerdo de pago, total, a cuotas o abonos, así:
Estratos/Clases de uso Residencial, mixto Industrial, comercial Oficial y especial
1, 2 y 3 4, 5 y 6
Prejurídico administrativo 3% 6% 6% 3%
Persuasivo 5% 10%
Jurídico / Coactivo 5% 10%
*Servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Etapa de cobro Porcentaje de gasto de cobranza
Prejurídico administrativo 3%
Persuasivo 6%
Jurídico / Coactivo 10%
El cobro de gastos de cobranza en la etapa pre-jurídica comenzará a generarse a partir de los sesenta (60) días de mora.
*(Nota: Modificado por la Resolución 526 de 2019 artículo 2° del Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP)
ART. 6º—Gastos por gestión procesal: Se entiende por gestión procesal aquellos gastos en que incurre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP, tales como: inscripción de embargos, reconocimiento de honorarios de auxiliares de la justicia, gastos de transporte, costos generados por publicaciones, entre otros, los cuales deben estar debidamente soportados. Los anteriores gastos tienen fundamento legal en el artículo 836-1 del estatuto tributario nacional, los cuales serán sufragados en su totalidad por el deudor y podrán ser incluidos dentro del acuerdo de pago.
ART. 7º—Intereses de financiación: Para las clases de uso residencial, mixto y especial de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, se aplicará el interés legal regulado por el Código Civil.
Para las demás clases de uso (industrial, comercial, oficial y municipios), será una y media veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Los intereses de mora que se generen por el pago extemporáneo de la factura de los planes de pago para la clase de uso residencial, mixto y especial será el regulado por el Código Civil, y para las demás clases de uso será una y media veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Para los acreedores de multas en procesos disciplinarios, el interés de mora será el interés comercial y la tasa de financiación será el interés legal regulado por el Código Civil.
ART. 8º—(Modificado).* Reglas para adelantar los acuerdos de pago. Los acuerdos de pago se sujetarán a las siguientes reglas:
1. Podrán suscribir acuerdos de pago, el propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio, cuyo inmueble esté vinculado a una cuenta contrato.
2. Solo se permitirá tener un acuerdo de pago vigente.
3. Se podrán incluir en el acuerdo de pago los siguientes conceptos:
c. Gastos de cobranza
d. Gastos por Gestión procesal
4. La cuota inicial para los acuerdos de pago será como mínimo el valor total de la deuda dividido en la cantidad de cuotas pactadas.
5. Las cuotas de los acuerdos de pago pueden ser mensuales o bimestrales incluidas en la factura de consumo.
*(Nota: Modificado por la Resolución 526 de 2019 artículo 3° del Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP)
ART. 9º—Plazo para los acuerdos de pago. El plazo máximo para un acuerdo de pago esta dado por la siguiente tabla:
Clase de uso Máximo de cuotas
Estrato 1 18
Estrato 2 16
Estrato 3 15
Estrato 4, 5 y 6 10
Especial y oficial 24
Suministro de agua en bloque 12
Multas en procesos disciplinarios 18
La tabla con el plazo máximo de cuotas podrá ser modificada mediante acto administrativo
El pago de las cuotas por multas en proceso disciplinario, se generarán a través de recibo de caja el cual deberá se reclamado en las instalaciones de la Dirección de Jurisdicción Coactiva, para efectuar el pago en la respectiva entidad bancaria o autorizando el descuento de la mesada pensional cuando se trate de deudor pensionado.
ART. 10.—Exoneracion de intereses de mora. Para efectos de la exoneración de intereses de mora que se contemplan en la presente resolución, se tendrán en cuenta aquellos que se encuentren reportados en el Sistema Integrado de Información Empresarial – SIIE. Se utilizará la siguiente fórmula para calcular el porcentaje de exoneración de intereses.
PE: Porcentaje de exoneración
Cuotasp: Número de cuotas pactadas para realizar el pago
Cuotasmax: Las cuotas máximas establecidas en el
Dmax: Descuento máximo según tabla del artículo 11
ART. 11.—Descuento máximo de intereses de mora: Con todos los usuarios se podrán convenir acuerdos de pago de acuerdo con tabla de rangos de valor determinada en el 9.
Tipo de usuario DMAX
CICLO I 100%
Tenedores de redes provisionales 100%
Especial y oficial 100%
Estrato 1 a 3 100%
Estrato 4 al 6 70%
Comercial e industrial 70%
Suministros de agua en bloque 15%
Multas en procesos disciplinarios 50%
ART. 12.—Incumplimiento de los acuerdos de pago: El incumplimiento del acuerdo de pago comienza a partir de ocho (8) días después de generada la cuota inicial sin recibir el pago correspondiente o cuando exista atraso en el pago de dos (2) cuotas de financiación consecutivas.
El incumplimiento del plan de financiación dará derecho a la Empresa a dejar sin efecto el acuerdo de pago otorgado (consolidará la deuda) y a efectuar el traslado de la cuenta a la siguiente etapa de cobro.
En este caso, el deudor perderá los beneficios de plazo y de exoneración de intereses según el plan al que se haya acogido, se suspenderá el servicio y se procederá a efectuar el reporte negativo en las centrales de riesgo y boletín de deudores morosos del estado publicado por la Contaduría General de la Nación.
ART. 13.—(Modificado).* Refinanciación. En los eventos de incumplimiento del acuerdo de pago, la Empresa autorizará la refinanciación de la obligación en mora, siempre y cuando el deudor haya cumplido con el pago de la mitad de las cuotas establecidas. En todo caso, las cuotas de esta refinanciación no podrán exceder la cantidad de cuotas pactadas en el primer acuerdo y la cuota inicial será mínimo del 25% del total de la deuda.
PAR. 1º—Por una única vez, se podrá realizar refinanciación con una cuota inicial menor a la estipulada en este artículo, y sin la obligación de haber cancelado la mitad más una de las cuotas pactadas.
*(Nota: Modificado por la Resolución 526 de 2019 artículo 4° del Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP)
ART. 14.—Consolidación de acuerdos de pago a solicitud del deudor: Siempre que sea procedente, podrán acumularse diferentes conceptos de deuda en una sola financiación. Para tal efecto, las financiaciones que serán acumuladas deben encontrarse al día.
La etapa más avanzada de cobro será la encargada de realizar la acumulación de los acuerdos de pago y la nueva financiación, de acuerdo con los parámetros establecidos en la presente resolución.
ART. 15.—Abonos: Los deudores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo que no puedan acceder en forma inmediata a los planes de financiación previstos en la presente resolución, podrán realizar abonos hasta completar el valor total de la deuda, en cuyo caso sólo podrá solicitar la reconexión del servicio, una vez cancelada la totalidad de obligación.
ART. 16.—La Gerencia Corporativa Financiera y la Dirección de Jurisdicción Coactiva, en un lapso de dos (2) meses posteriores a la expedición de la presente resolución, adoptarán las medidas necesarias para su implementación y socialización.
ART. 17.—Lo previsto en este acto administrativo se desarrollará de acuerdo con lo establecido en la Resolución 624 de 2015 de la EAAB-ESP, por la cual se adoptó el reglamento interno de recaudo de cartera misión y no misión.
ART. 18.—La presente resolución deroga todas las disposiciones que le sean contrarias en especial las resoluciones 746 de 2005, 895 de 2010, 448 de 2011 y 1033 de 2011.
ART. 19. La presente resolución rige a partir de su publicación.
ART. 20.—(Nota: Adicionado por la Resolución 526 de 2019 artículo 5° del Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP)
Dada en Bogotá, D.C., a los 28 días del mes de diciembre de dos 2018.

matches:
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
artículo 19
artículo 19
artículo 96
artículo 96
artículo 104
artículo 104
artículo 104
Resolución
artículo 96
Resolución
Resolución
resolución
resolución
Resolución
artículo 1
Resolución
artículo 2
artículo 836
Resolución
artículo 3
artículo 11
Resolución
artículo 4
Resolución
resolución
resolución
Resolución
artículo 5


text:
RESOLUCIÓN 4 DE 22 DE ABRIL DE 2003
CONTENIDO:SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA. SE ADICIONA EL REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS, ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 3 DE 2003.
DIARIO OFICIAL N°:45173 DE ABRIL 29 DE 2003
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 19 DE 2008 ARTÍCULO 2 DEL FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS
“Por la cual se adiciona el reglamento interno de contratación”.
(Nota: Derogada por la Resolución 19 de 2008 artículo 2º del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas)
1. Que, conforme al artículo 1º del Decreto-Ley 2206 de 1998, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop, es una entidad financiera estatal de naturaleza única, sujeta al régimen jurídico especial previsto en el mencionado decreto y, en lo no previsto allí, a las disposiciones vigentes para las empresas industriales y comerciales del Estado;
2. Que en concordancia con lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto-Ley 2206 de 1998, los actos y contratos del fondo se someten a las reglas del derecho privado;
3. Que para efectos del adecuado desarrollo de los procesos de contratación del fondo, con estricta sujeción al régimen jurídico especial aplicable a este, se adoptó mediante Resolución 3 del 21 de febrero de 2003 el reglamento interno de contratación, previa aprobación por la junta directiva del fondo en su sesión del 24 de enero de 2003;
4. Que teniendo en cuenta los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, celeridad y economía aplicables a la contratación y previstos en el artículo 4º del mencionado reglamento, es necesario precisar los eventos de contratación directa procedentes en razón de la naturaleza de los contratos o del trámite adelantado, guardando concordancia en lo pertinente, dentro del régimen especial aplicable al fondo, con las reglas de contratación aplicables a las entidades estatales del régimen general, lo cual fue aprobado por la junta directiva del fondo en su sesión del 2 de abril de 2003;
ART. 1º—El artículo 20 del reglamento interno de contratación del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop, adoptado mediante Resolución 3 de 2003, quedará así:
“ART. 20.—Definición. Procedimiento mediante el cual Fogacoop seleccionará a sus contratistas en los procesos de mayor cuantía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 de este reglamento”.
ART. 2º—El artículo 27 del reglamento interno de contratación del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop, adoptado mediante Resolución 3 de 2003, quedará así:
“ART. 27.—Definición. Es el procedimiento mediante el cual Fogacoop seleccionará a sus contratistas en los procesos de contratación de menor y mínima cuantía, así como respecto de aquellos contratos o en aquellos eventos en los que conforme al régimen general de contratación procede la contratación directa. Lo aquí previsto se aplica a los contratos administrativos a los que se refiere el artículo 2º del presente reglamento. Todos los contratos que se celebren dentro del giro ordinario de las actividades propias del objeto social del fondo se someterán únicamente a las disposiciones previstas en el artículo 1º y en la tercera parte de este reglamento”.
Dada en Bogotá, D.C., a 22 de abril de 2003.

matches:
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 2
Resolución
artículo 2
artículo 1
artículo 23
Resolución
artículo 4
artículo 20
Resolución
artículo 27
artículo 27
Resolución
artículo 2
artículo 1


text:
 Sentencia 4574-2015 de abril 21 de 2015
SENTENCIA SC4574-2015 DE 21 DE ABRIL DE 2015
CONTENIDO:SEGURO DE VIDA- CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN. LA CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN EN UN SEGURO DE VIDA ES LA MANIFESTACIÓN DE LA FACULTAD CON QUE CUENTA EL ASEGURADOR DE ASUMIR, A SU ARBITRIO, PERO CON LAS RESTRICCIONES DE LEY, TODOS O ALGUNOS DE LOS RIESGOS A QUE ESTÉ EXPUESTA LA PERSONA AMPARADA, CONFORME LO AUTORIZAN LOS ARTÍCULOS 1056 Y 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EN OTROS TÉRMINOS, MEDIANTE LA MISMA SE LIMITA NEGATIVAMENTE EL RIESGO ASEGURADO, AL DEJAR POR FUERA DE COBERTURA ALGUNAS SITUACIONES QUE PODRÍAN ESTAR ALLÍ COMPRENDIDAS Y QUE, POR ENDE, DE ACONTECER NO SON INDEMNIZABLES. DE TAL MANERA QUE SU CONSAGRACIÓN NO CONDUCE A LA DESAPARICIÓN O ALTERACIÓN DEL COMPONENTE ECONÓMICO PREVISTO EN FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS, SINO A LA IMPOSIBILIDAD DE QUE LAS RECLAMACIONES POR LOS HECHOS AL MARGEN DE LA PROTECCIÓN TENGAN ÉXITO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SINIESTRO, MUERTE, PROCESO ORDINARIO, RECURSO DE CASACIÓN, PÓLIZA DE SEGURO, SEGURO DE VIDA, NULIDAD DEL CONTRATO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:522 DE JUNIO DE 2015, PÁG.1033
Sentencia 4574-2015 de abril 21 de 2015
Radicación: 11001-31-03-023-2007-00600-02
(Aprobada en sesión de tres de marzo de dos mil quince).
Bogotá, D.C., veintiuno de abril de dos mil quince.
1. Como consecuencia del fallecimiento de Jorge Flórez Vargas, las beneficiarias del seguro de vida instituidas por éste en vida, solicitaron el pago de la póliza por la ocurrencia del siniestro.
2. El tribunal revocó la sentencia desestimatoria del primer grado y, tras desechar las defensas relacionadas con la nulidad relativa por reticencia del amparado, ordenó a la aseguradora pagar la suma convenida.
3. Impugna la sociedad condenada, argumentando que se quedó corto el fallo porque no se despacharon todas las excepciones propuestas, ya que en el curso del debate adujo la exclusión del riesgo sin que fuera objeto de pronunciamiento. Además, que existían suficientes razones para que el juzgador motu proprio negara las pretensiones por ese hecho y no lo hizo.
4. La incongruencia, contemplada como segunda causal de ataque por esta vía extraordinaria, se orienta a verificar el cumplimiento del deber que le asigna al fallador el artículo 305 del estatuto procesal, en virtud del cual
Al respecto la Corte en SC del 9 de diciembre de 2011, radicación 1992-05900, dijo que
El principio dispositivo que inspira el proceso civil, conduce a que la petición de justicia que realizan las partes delimite la tarea del juez y a que éste, por consiguiente, al dictar sentencia, deba circunscribir su pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a los fundamentos de hecho que hubieren delineado, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso (…) Sobre el particular, la Sala ha sido insistente en que “(…) son las partes quienes están en posesión de los elementos de juicio necesarios para estimar la dimensión del agravio que padecen, con el fin de que sobre esa premisa restringente intervenga el órgano jurisdiccional, a quien le está vedado por tanto, sustituir a la víctima en la definición de los contornos a los que ha de circunscribirse el reclamo y por tanto ceñirse la sentencia, salvo que la ley expresamente abra un espacio a la oficiosidad (…) Al fin y al cabo, la tarea judicial es reglada y, por contera, limitada, no sólo por obra de la ley, sino también con arreglo al pedimento de las partes” (Cas. Civ., sent. ene. 22/2007, exp. 11001-3103-017-1998-04851-01)… En este escenario, el principio de congruencia establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil impide el desbordamiento de la competencia del juez para resolver la contienda más allá de lo pedido por las partes (ultra petita), o por asuntos ajenos a lo solicitado (extra petita) o con olvido de lo que ellas han planteado (citra petita). En caso de presentarse tal descarrío, su ocurrencia puede denunciarse en casación a través de la causal segunda prevista en el artículo 368 ibídem, pues, valga decirlo, una sentencia judicial de esos contornos agravia súbitamente a la parte que actuó confiada en los límites trazados durante el litigio, toda vez que al ser soslayados por el juez al momento de definirlo, le impiden ejercer a plenitud su derecho a la defensa.
5. La labor de delimitar el contorno del pleito es disímil para los intervinientes, puesto que quien le da inicio señala las pautas en la demanda y su reforma, mientras que aquel compelido a responder la complementa con la formulación de los medios de defensa a su alcance, e incluso poniendo en conocimiento del funcionario cualquier hecho modificativo o extintivo “del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda”, tal como lo autoriza el inciso final del citado artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.
Ese aparente beneficio del contradictor, de ilustrar sobre la ocurrencia de acontecimientos en el devenir procesal que deslegitiman las aspiraciones del libelo, no quiere decir que se puedan “formular excepciones” en cualquier momento, puesto que la oportunidad para ello, a la luz de los artículos 92 y 97 ejusdem, se concreta a la contestación que de él se haga cuando se refiere a las de mérito o, si se trata de las previas, en escrito separado en el mismo lapso.
Cosa muy distinta es que, como lo ordena el artículo 306 ibídem, “cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa que deberán alegarse en la contestación de la demanda”, situación que no corresponde a una disparidad o desventaja de una de las partes respecto de la otra, sino el cumplimiento del deber de buscar “la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial” a que se refiere el artículo 4º id.
Es por ello que la incongruencia se configura si en la sentencia se impone un punto de vista desfasado o arbitrario, riñendo con los supuestos fácticos y las exigencias del gestor, fijados en las oportunidades de rigor; cuando no existe un pronunciamiento concreto sobre las “excepciones de mérito” expuestas en tiempo; así como cuando se tienen por probadas defensas no esgrimidas en tiempo y que eran del resorte exclusivo del beneficiado, cual es el caso de la “prescripción, compensación y nulidad relativa” que deben ser alegadas expresamente “en la contestación de la demanda”.
La Corte en SC de 15 de enero de 2010, radicación 1998-00181-01, al referirse a la “carga procesal de afirmación de los hechos del litigio” señaló como
No obstante el ensanchamiento que esa noción tiene en la actualidad, lo cierto es que su génesis está ligada al concepto de carga procesal, conforme al cual incumbe al sujeto agotar dentro del proceso una conducta determinada con miras a alcanzar un fin; y dentro de las múltiples y muy variadas cargas que recaen sobre las partes, cabe destacar ahora la concerniente con la afirmación de los hechos litigiosos, vale decir, de aquellos que de alguna manera constituyen el fundamento de sus pedimentos y excepciones; desde luego que, en línea de principio, esos supuestos fácticos han de ser aducidos por aquellas en las oportunidades y condiciones que el ordenamiento prescribe. Así, es tangible que en tratándose del demandante, esa carga recae sobre él con mayor rigor y estrictez en la medida en que, de un lado, la exteriorización de los supuestos fácticos que fundamentan sus pedimentos es labor que de manera exclusiva se le confía, de modo que muy poco espacio queda para la intervención oficiosa del juez, la cual se reduce, para decirlo abiertamente, a aquellos eventos, excepcionales por cierto, en los que le es dado pronunciarse sin alegación previa de aquél, como acontece v. gr., en el caso de la nulidad absoluta de los actos o negocios jurídicos (…) De otro lado, porque la alegación de los hechos que apuntalan sus pretensiones no sólo debe hacerse en las oportunidades específica y rigurosamente señaladas en el estatuto procesal, concretamente en la demanda y su reforma (y de ser el caso, en los incidentes que se adelanten en el proceso), sino, también, porque restringen de tal modo la actividad procesal que demarcan el ámbito de atribuciones del juzgador, así como el contorno de la oposición del demandado (…) Relativamente a éste, es palpable que existe mayor flexibilidad, no sólo porque, conforme a las previsiones del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, el juez podrá tener en consideración los hechos modificativos o extintivos del derecho sustancial invocados a más tardar en los alegatos de conclusión, sino, también, porque, aquél, el sentenciador, podrá, atendiendo los mandatos del artículo 306 ejusdem, declarar probados de oficio los hechos que constituyan una excepción, salvedad hecha, en uno y otro caso, de las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse por el demandado en la contestación de la demanda. Quiérese subrayar, subsecuentemente, que, salvedad hecha de las aludidas excepciones, no existe para el demandado un término perentorio en el cual deba aducir los hechos exceptivos, amén que el fallador está facultado para pronunciarse oficiosamente sobre cualquier otra (…) Empero, aunque es tangible la elasticidad que en el punto favorece al demandado, ella no llega hasta el punto de exonerarlo definitivamente de esa carga, no sólo porque excepciones como las ya referidas únicamente pueden ser decididas en cuanto éste las hubiese aducido, sino, también, porque lo mismo ocurre con las excepciones previas que, en cuanto tales, solamente podrán ser acogidas por el juez cuando aquél, el encausado, las alegue (…) De otro lado, parece conveniente señalar que la actividad del juez, en punto de resolver la causa litigiosa, debe enmarcarse dentro de los límites previstos por el legislador, de manera que no le es dado deducir arbitrariamente cualquier hecho, ni pronunciarse sobre cualquier efecto jurídico, si no han sido afirmados previamente por las partes, a menos claro está, que el ordenamiento le conceda una potestad oficiosa al respecto. No admite discusión, por consiguiente, que la actividad cumplida por dicho funcionario no es ilimitada, de modo que el campo de acción en el que puede desplegar su obrar no es otro que el entorno dentro del cual gira la controversia cuyo conocimiento ha asumido, vale decir, los términos de la confrontación surgida, esto es, lo que pide el actor y excepciona el demandado, sin dejar de lado, por supuesto, las facultades oficiosas que explícitamente le son conferidas (…) Emerge, entonces, de manera nítida, que la actividad que aquél cumple está enmarcada por cuatro vectores que se conjugan para delimitar su función: 1) las pretensiones de la demanda; 2); los hechos que la sustentan; 3) las excepciones invocadas por el demandado (cuando así lo exige la ley); y, 4) las excepciones que debe declarar de oficio. Y, sin duda, cuando el funcionario quebranta esos hitos, incurre en una irregularidad que despunta, ya en un exceso de poder o en un defecto del mismo. En la primera hipótesis, porque decide sobre cuestiones no pedidas o más allá de lo solicitado; en la segunda, en la medida en que deja de resolver sobre las pretensiones o excepciones aducidas.
6. Ahora bien, no cualquier argumento encaminado a desestimar las pretensiones corresponden estrictamente a excepciones, así se les dé esa denominación, en la medida que, como lo dijo la corporación en SC de 11 de junio de 2001, radicación 6343,
(…) el carácter de tal solamente lo proporciona el contenido intrínseco de la gestión defensiva que asuma dicha especie, con absoluta independencia de que así se la moteje. Es bien claro que la mera voluntad del demandado carece de virtud para desnaturalizar el genuino sentido de lo que es una excepción (…) La excepción de mérito es una herramienta defensiva con que cuenta el demandado para desmerecer el derecho que en principio le cabe al demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe ejercitándose (…) A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene más diana que la pretensión misma; su protagonismo supone, por regla general, un derecho en el adversario, acabado en su formación, para así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, como que no se concibe con vida sino conforme exista un derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin contendor (…) Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo más elípticamente, en los que el actor carece de derecho porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene viabilidad (…) De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio del derecho pretendido “y por indagar si al demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es respondida negativamente, la absolución del demandado se impone; pero cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen” (G.J. XLVI, 623; XCI, pág. 830).
Desde esa perspectiva si lo que pasa por alto el sentenciador es la inexistencia del derecho reclamado, no quiere decir que el fallo sea inconsonante, que sólo se da si no declara de oficio una “excepción” que forzosamente debía reconocer. Esto es, no corresponde a un yerro in procedendo, sino a un error de hecho en la valoración probatoria a los que se refiere la causal primera de casación.
En particular no caen en la cuenta [los juzgadores] de lo impropio que es calificar de excepción la simple falta de derecho en el demandante, lo cual, “según los principios jurídicos no puede tener este nombre, porque la falta de acción por parte del actor implica inutilidad de defensa por parte del reo, y aquélla impone la necesidad de la absolución directa sin el rodeo de la excepción”, según viene sosteniendo esta corporación desde antiguo (XXXII, 202). Débese convenir, entonces, que en estrictez jurídica no cabía pronunciamiento expreso sobre lo que no fue una verdadera excepción, habida consideración de que —insístese— “cuando el demandado dice que excepciona pero limitándose, (...) a denominar más o menos caprichosamente la presunta excepción, sin traer al debate hechos que le den sentido y contenido a esa denominación, no está en realidad oponiendo excepción ninguna, o planteando una contrapretensión, ni por lo mismo colocando al juez en la obligación de hacer pronunciamiento alguno al respecto”; de donde se sigue que la verdadera excepción difiere en mucho de la defensa común consistente en oponerse a la demanda por estimar que allí está ausente el derecho peticionado; y es claro también que “a diferencia de lo que ocurre con la excepción cuya proposición (...) impone la necesidad de que el juez la defina en la sentencia, la simple defensa no requiere una respuesta específica en el fallo final; sobre ella resuelve indirecta e implícitamente el juez al estimar o desestimar la acción” (CXXX, pág. 19).
7. Inciden en el despacho del cargo estas circunstancias:
a) Que las beneficiarias instituidas por Jorge Flórez Vargas pidieron el pago del seguro de vida, como consecuencia del fallecimiento del asegurado, en vigencia de la póliza tomada por Cavipetrol con Liberty Seguros S.A. (fls. 1 y 2, cdno. 1).
b) Que Liberty Seguros S.A. formuló las “excepciones de mérito” que denominó “inexistencia de obligación de indemnizar por nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia del asegurado al momento de suscribir la declaración de asegurabilidad”, “carencia de derecho” y la “genérica” (fls. 96 al 104, cdno. 1).
c) Que la “carencia de derecho” se hizo consistir en que “de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se celebró el contrato de seguro, quienes fueron parte en él, etc., no hay lugar a que se acceda a las pretensiones de la demanda”, lo que se reiteró en los alegatos de primer grado (fls. 102 y 567, cdno. 1).
d) Que al correrse traslado del dictamen pericial decretado a solicitud de la aseguradora, ésta hizo una “solicitud de declaratoria de excepción”, para que “al tenor de lo señalado por el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil en su inciso cuarto, ruego al despacho que al momento de fallar el proceso tenga en cuenta la (…) inexistencia de la obligación de indemnizar por exclusión expresa” (fl. 498, cdno. 1).
e) Que el a quo concluyó que “con los medios probatorios recaudados en el plenario se demostró que el señor Jorge Flórez Vargas omitió declarar su estado real de salud en el momento de ser asegurado con lo cual afectó de nulidad relativa el contrato de seguro”, por lo que declaró “la prosperidad de las excepciones formuladas por la parte pasiva” (fls. 674 y 675, cdno. 1).
f) Que el tribunal revocó la absolución a Liberty Seguros S.A. porque “las demandantes probaron el contrato de seguro de vida en el que son beneficiarias, vigente entre el 1º de julio de 2005 y el mismo día y mes de 2006, así como la muerte del asegurado Jorge Flórez Vargas, ocurrida el 8 de diciembre de ese primer año, lo que da lugar al reconocimiento del valor del seguro” y tuvo como “infundadas las excepciones de “inexistencia de la obligación de indemnizar por nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia del asegurado al momento de suscribir la declaración de asegurabilidad” y la de “carencia de derecho”” (fls. 55 y 56, cdno. 6).
8. No encuentra la Sala fundamento a los reparos de la censora, por las razones que se discriminan:
a) Ninguna omisión del ad quem se advierte en la parte resolutiva del fallo, respecto de lo que el recurrente denominó “excepciones de mérito” al descorrer el traslado de la demanda, toda vez que se desestimaron expresamente.
Además, de las dos defensas propuestas, solo la relacionada con la nulidad relativa del contrato tiene esa connotación, de conformidad con la jurisprudencia de la corporación, siendo estudiada a fondo y desechada en vista de la “prescripción de esa acción de nulidad”.
b) La “inexistencia de la obligación de indemnizar por exclusión expresa” a que se refirió la impugnante en varios de sus escritos de ninguna manera se podía interpretar como una nueva “excepción” suya que mereciera un pronunciamiento concreto, por estos motivos:
(i) La aseguradora afirma que “de conformidad con lo dispuesto por el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 305 del mismo ordenamiento, las únicas excepciones que deben proponerse en la contestación de la demanda, por no ser declarables de oficio, son las de prescripción, compensación y nulidad relativa”, lo que “ha sido reconocido y aceptado por la jurisprudencia nacional de vieja data”, refiriéndose expresamente a la SC de 2 de noviembre de 1970, precedente que no tiene relevancia para el caso por estar sustentado en normas adjetivas que perdieron vida jurídica.
En el pronunciamiento en mención se sometió a estudio un fallo de segundo grado proferido el 5 de mayo de 1967, cuando estaba en vigencia el Código Judicial, que en su artículo 341 contemplaba que “por regla general, las excepciones perentorias puede proponerse en la contestación de la demanda, y alegarse en cualquiera de las instancias del juicio antes de la citación para sentencia”.
Bajo la situación normativa de esa época, no era extraño el sentir de la Corte de que “para determinar si la excepción perentoria de cosa juzgada fue “pretensión oportunamente aducida” por la parte demandada en este juicio, se requiere tener presente el texto del artículo 341 del Código Judicial”, reiterando lo que allí se pregonaba de que “toda excepción perentoria es pretensión oportunamente aducida por el demandado cuando éste, o bien la invoca en la contestación de la demanda, o bien la alega en cualquiera instancia el pleito antes de citarse para sentencia”.
Sin embargo, con la expedición del Código de Procedimiento Civil, por medio del Decreto 1400 de 1970 y corregido por el 2019 del mismo año, esos preceptos perdieron vigencia, y fue así como el numeral 3º del artículo 92 de la nueva compilación precisó que la “contestación de la demanda contendrá (…) Las excepciones que se quieran proponer contra las pretensiones del demandante, salvo las previas, y la alegación del derecho de retención si fuere el caso”.
Quedó así fijada la posibilidad de que el contradictor formule las defensas de mérito al vencimiento del traslado para pronunciarse sobre los hechos del libelo, lo que sólo se extiende en el caso de la “reforma de la demanda” de que trata el artículo 89 ibídem.
Esa modificación no constituyó una desmejora para el opositor, puesto que se morigeró con el artículo 306 id, que conservó para el juzgador el deber de reconocer oficiosamente “los hechos que constituyen una excepción (…) salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”, con lo que se refuerza que ese es el momento en que vence tal garantía procesal.
Quiere decir que el punto en discusión no se planteó en su oportunidad como “excepción”, esto es, durante el plazo concedido para contestar, sino que la primera alusión a ese preciso aspecto la hizo mucho después en la etapa probatoria, cuando se sometió a contradicción la experticia.
(ii) De otro lado, la forma como se anunció, en el sentido de que se acudía a “lo señalado por el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil en su inciso cuarto”, para que se tuviera en cuenta “al momento de fallar el proceso”, corresponde es a la posibilidad de informar un “hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda”, que solo ameritaba un pronunciamiento de oficio del fallador en caso de estar plenamente establecido.
Y el que la “prexistencia no estaba cubierta en razón a que ese ya era un hecho cierto y a la luz de la legislación de seguros, los hechos ciertos no constituyen riesgo y por lo tanto son extraños al contrato de seguro”, no corresponde más que a un argumento adicional de la “carencia de derecho”, que en su momento se anunció, y que no encontró eco al momento de resolver la litis. De esta manera al declararse infundada esta última, quedaba incluida la arista añadida para complementarla.
c) El punto que se dice omitido por el tribunal no corresponde en su esencia a una “excepción”, pues, no estaba encaminado a “desmerecer el derecho que en principio le cabe al demandante” (SC jun. 11/2001, rad. 6343), sino a revelar que éste nunca existió.
La cláusula de exclusión en un seguro de vida es la manifestación de la facultad con que cuenta el asegurador de asumir, a su arbitrio, pero con las restricciones de ley, todos o algunos de los riesgos a que esté expuesta la persona amparada, conforme lo autorizan los artículos 1056 y 1077 del Código de Comercio. En otros términos, mediante la misma se limita negativamente el “riesgo asegurado”, al dejar por fuera de cobertura algunas situaciones que podrían estar allí comprendidas y que, por ende, de acontecer no son indemnizables.
Sobre esta figura la Corte en SC de 29 de febrero de 1998, radicación 4894, precisó que
(…) siendo requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (G.J, t. CLVIII, pág. 176) y que por lo tanto, en este campo rige el principio según el cual la responsabilidad asumida en términos generales como finalidad del contrato no puede verse restringida sino por obra de cláusulas claras y expresas, “...El artículo 1056 del Código de Comercio, en principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, otorga al asegurador facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado...”, agregando que es en virtud de este amplísimo principio “que el asegurador puede delimitar a su talante el riesgo que asume, sea circunscribiéndolo por circunstancias de modo, tiempo y lugar, que de no cumplirse impiden que se configure el siniestro; ora precisando ciertas circunstancias causales o ciertos efectos que, suponiendo realizado el hecho delimitado como amparo, quedan sin embargo excluidos de la protección que se promete por el contrato. Son estas las llamadas exclusiones, algunas previstas expresamente en la ley...” (Cas. Civ., oct. 7/85, sin publicar).
Por su parte la “preexistencia”, conforme lo define el DRAE, es la “existencia anterior, con alguna de las prioridades de naturaleza u origen”, que al referirse a una situación previa al perfeccionamiento del seguro no encaja como un “hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda”.
En ese escenario, al hallar el tribunal plenamente demostrado el nexo contractual y la ocurrencia del siniestro, quedó implícito el examen de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Jorge Flórez Vargas, estimando que encajaban dentro del “riesgo asegurado” y no estaban por fuera de la cobertura, lo que se complementó al descartar la “carencia de derecho”, máxime en los términos tan generales como se expuso y sin que se indicara descontento sobre la adversidad de dicha objeción.
Y no era de extrañar, al verificar los alcances de la póliza, partir de la base que la afección causante del deceso del asegurado encajaba dentro de aquellas susceptibles de reconocimiento, puesto que así lo avaló el comportamiento de Liberty S.A. que en la contestación nada dijo sobre la “exclusión por preexistencia”, para ceñirse a que el vínculo estaba viciado de nulidad por reticencia, lo que sirvió de eje central de la defensa una vez trabado el pleito.
Vistas así las cosas, no obró incongruentemente el sentenciador cuando accedió al “reconocimiento del valor del seguro” sin que se refiriera de manera directa a la “inexistencia de la obligación de indemnizar por exclusión expresa”, puesto que la conducencia de lo primero contiene el descarte automático de lo último, por corresponder a situaciones excluyentes entre sí, y sin que lo uno conllevara a la extinción o modificación de lo otro, como hecho constitutivo de excepción declarable de oficio.
La Sala en S-102 de 24 de septiembre de 2003, radicación 6896, que incluso se cita en la sustentación del cargo, hizo énfasis en que
9. Consecuentemente, toda vez que no se evidencia la inconsonancia de la providencia atacada en relación con las excepciones de la recurrente o aquellas que debían ser reconocidas de oficio, no prospera el cargo.
10. Teniendo en cuenta que la decisión le es adversa, de conformidad con el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 19 de la Ley 1395 de 2010, se condenará en costas a la impugnante en favor de las promotoras.
11. Se fijarán en esta misma providencia las agencias en derecho. Para su cuantificación se tendrá en cuenta que el libelo fue replicado (fls. 74 al 79).
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 3 de octubre de 2012, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de Martha Rocío Cabeza Vargas y Rosa Vargas vda. de Flórez en contra de Liberty Seguros S.A. y Corporación de los Trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos, Cavipetrol.
Costas a cargo de la opugnadora y en favor de las accionantes, las que serán liquidadas por la Secretaría, e incluirá en éstas la suma de seis millones de pesos ($ 6’000.000) por concepto de agencias en derecho.

matches:
artículo 305
artículo 305
artículo 368
artículo 305
artículo 306
artículo 4
artículo 305
artículo 306
artículo 305
artículo 306
artículo 305
artículo 341
artículo 341
artículo 92
artículo 89
artículo 306
artículo 305
artículo 1056
artículo 375


text:
Despidos - MCT Abogados
LLÁMANOS AL 868 17 18 17
Abogados Derecho Administrativo y urbanismo
Proteger Software como propiedad intelectual
Derechos digitales de los trabajadores
Derecho al Testamento Digital
Contratación electrónica: cuestiones legales
Tú estás aquí: Inicio / Abogados especializados / Abogados Laboralistas Murcia / Despidos
Abogados Laboralistas. Expertos en la reclamación de despidos
En MCT Abogados, contamos con un departamento de derecho laboral y de la seguridad social. Nuestros abogados laboralistas están especializados en todo tipo de despidos: procedente, improcedente, nulo, objetivo, expedientes de regulación de empleo, etc. Le ayudaremos a gestionar el despido, tanto si usted es un empresario o un trabajador, pues nuestros abogados especialistas se adaptan perfectamente a sus necesidades.
Contacte con nuestras oficinas de abogados de Murcia y Cartagena, donde un abogado laboralista de nuestro despacho le atenderá con cita previa.
¿QUÉ ES UN DESPIDO DISCIPLINARIO?
El concepto legal de despido disciplinario viene recogido en el art. 54.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Que expresa lo siguiente:
“El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador”.
Por lo tanto, el despido disciplinario es una decisión unilateral del empresario que provoca la extinción del contrato de trabajo. El despido se debe formular en base a un incumplimiento grave de las directrices que el empresario indica al trabajador, y además, el trabajador debe ser el culpable de dicho incumplimiento, que ha debido producirse con anterioridad al despido.
Nos encontramos ante una figura especial dentro de nuestro ordenamiento jurídico, puesto que ningún otro tipo de contrato que no sea el laboral puede finalizar por despido disciplinario.
Lo esencial para que un despido sea disciplinario, es que el incumplimiento contractual del trabajador sea grave y culpable. Para ayudar a comprender qué se considera legalmente un incumplimiento grave y culpable del trabajador, el art. 54 del Estatuto de los Trabajadores en su apartado 2º detalla una serie de conductas que, de producirse dentro de la relación laboral, de forma grave y culpable, darán lugar a ser consideradas como un incumplimiento contractual motivador del despido disciplinario.
DERECHOS DEL TRABAJADOR ANTE EL DESPIDO
Derechos del trabajador que recurre el despido:
En caso de que el trabajador considere que su despido no es correcto, puede recurrir el mismo. En primer lugar, y conforme al artículo 63 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social;
“Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones […]”
Este paso previo es un requisito necesario para la admisión de una posterior demanda ante los juzgados de lo Social.
Conforme al artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores y al art. 103.1 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el plazo para recurrir el despido disciplinario es de 20 días hábiles (sin contar sábados, domingos ni festivos), si bien la presentación de la papeleta de conciliación, suspende los plazos de prescripción y caducidad durante 15 días hábiles, conforme a los artículos 59.3 Estatuto de los Trabajadores y 65.1 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Una vez celebrado el acto de conciliación y de no llegar a un acuerdo ante el SMAC, el trabajador tiene derecho a impugnar el despido también en sede judicial.
Para ello, deberá de presentar una demanda, que cumpla con los requisitos del art. 80 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y una vez sea admitida a trámite, se citará a las partes para los sucesivos actos de conciliación y juicio, conforme al artículo 82.1 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social;
Es un hecho a destacar, que nuestro legislador lleve a las partes obligatoriamente a un nuevo intento de conciliación. La explicación a este empeño la encontramos en la discrecionalidad que tiene la figura del despido disciplinario, al ser una decisión unilateral del empresario. Para contrarrestar esta prerrogativa, nuestro ordenamiento jurídico trata de que ambas partes se ponga de acuerdo y evitar de este modo la intervención judicial.
Si a pesar de todos los intentos de conciliación es inevitable acudir a juicio, es sobre el empresario quien recae la carga de probar y de acreditar tanto los hechos en los que se fundó el despido disciplinario, como que se han cumplido con los requisitos formales en su comunicación que recoge nuestra legislación, artículo 55.1 Estatuto de los Trabajadores.
Finalmente, tras la celebración del juicio, recae sobre el juez la decisión de declarar el despido disciplinario como procedente, improcedente o nulo.
El trabajador tiene el derecho a no ser condenado en costas por la presentación de la demanda de impugnación del despido, a pesar de que se vean desestimadas todas sus pretensiones. Únicamente en el caso de formular pretensiones temerarias, se le podrá imponer una multa que “podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio”, conforme a los artículos 75.4 y 97.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
B) Derechos del trabajador que acepta el despido:
Más allá de las acciones para recurrir el despido y dentro del ámbito de las prestaciones sociales, el trabajador que ha sido despedido sí que tiene derecho a que por parte del empresario se le pague el finiquito que le corresponda, donde le liquiden todas las cantidades que la empresa le adeude hasta la fecha del despido, ya sea la nómina del último mes trabajado, las vacaciones o cualquier otra percepción económica que el empresario deba al trabajador.
Además, el despido disciplinario, a diferencia de la figura de la extinción del contrato por voluntad unilateral del trabajador, sí que otorga el derecho a éste de que pueda solicitar la prestación por desempleo que le corresponda, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:
Encontrarse en situación legal de desempleo, acreditar disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar una colocación adecuada mediante la suscripción del compromiso de actividad.
Estar inscrito y mantener la inscripción como demandante de empleo durante todo el periodo de percepción.
Haber trabajado y cotizado a desempleo al menos 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo. Si es trabajador eventual agrario que de forma inmediatamente anterior figuró de alta en Seguridad Social como trabajador autónomo o por cuenta propia, el período mínimo de cotización necesario para el acceso a la prestación por desempleo será de setecientos veinte días.
No realizar una actividad por cuenta propia o trabajo por cuenta ajena a tiempo completo, salvo compatibilidad establecida por un programa de fomento de empleo.
No cobrar una pensión de la Seguridad Social incompatible con el trabajo”.
Cuando, por parte del empresario, se decide unilateralmente resolver la relación laboral que el trabajador mantiene con su empresa utilizando la figura del despido disciplinario, el trabajador tiene el derecho de poder recurrir esa decisión. Por tanto, la declaración del despido disciplinario será revisada por los mecanismos que dispone nuestro ordenamiento jurídico.
Las consecuencias de esta revisión del despido disciplinario, es que finalmente el mismo será declarado procedente, improcedente o nulo.
El despido será declarado procedente cuando el empresario acredite haber cumplido con todos los requisitos formales que recoge nuestra legislación, y además se declaren como ciertos los hechos que motivaron el despido. Por tanto, el despido para ser declarado procedente en sede judicial, además de cumplir con los requisitos formales, se deberá comprobar que la decisión empresarial recogida en la carta de despido fue justa y proporcionada.
Para ello, los hechos que se consideren probados en la sentencia deberán cumplir con los requisitos que se indican en los artículos 54.2 y 55.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Así en primer lugar, y conforme al artículo 55.1 “El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos”.
Pero no basta sólo que figuren los hechos que motivan el despido, sino que los mismos deben de ser de tal gravedad, según la consideración del juez, como para apreciar que ha existido un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones por parte del trabajador. Recordemos que el despido es la máxima sanción que se le puede imponer al trabajador, y que la misma debe ser proporcional a los hechos cometidos.
Finalmente, los hechos que se relatan como motivadores del despido, deben estar dentro de las causas de despido que la legislación considera como justificadoras del mismo, y que se recogen en el artículo 54.2.
En cuanto a los efectos de la declaración del despido como procedente, debemos remitirnos a los artículos 55.7 Estatuto de los Trabajadores y 109 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Según estos artículos, “el despido procedente convalida la extinción del contrato de trabajo que con aquel se produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación”.
Por lo tanto, desde la fecha de efectos que el empresario notificó el despido al trabajador, el contrato de trabajo se considerará extinto y ya no devengará salarios ni obligación de cotizar por el trabajador a la Seguridad Social.
Además, y como bien se indica en el precepto legal, los otros efectos de la declaración de procedencia, es que el trabajador no tendrá derecho a ningún tipo de indemnización.
Por último, tampoco corresponderá el abono de salarios de tramitación. Pues estos son una compensación complementaria al trabajador que sólo tendrá derecho a ella en supuestos de readmisión en el puesto de trabajo.
En contraposición a lo manifestado en el apartado anterior, el despido disciplinario será declarado improcedente, cuando el mismo no cumpla con los requisitos del artículo 55.1 Estatuto de los Trabajadores, o cuando por el empresario no se acrediten los motivos que justificaron el despido, o lo mismos no fueran de una gravedad suficiente para justificar el mismo.
En caso de apreciar que los hechos son constitutivos de una infracción menor, podrá autorizar a la imposición de una sanción proporcional a la falta cometida, de no haber prescrito la misma. A la hora de abordar los efectos de la declaración de improcedencia, debemos destacar que la misma tiene principalmente dos posibles efectos, que vienen expresados en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 110 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
En virtud de estos preceptos, el primero de los posibles efectos es la readmisión del trabajador en el mismo puesto y condiciones de trabajo que ostentaba antes de producirse el despido, con el abono de los correspondientes “salarios de tramitación”. Estos salarios de tramitación, equivalen a los salarios que habría percibido el trabajador de haber continuado en su puesto, desde la notificación del despido hasta la notificación de la sentencia que declara su improcedencia, o hasta la fecha en la que el trabajador hubiera encontrado un nuevo empleo.
El segundo posible efecto de la declaración de improcedencia, es la obligación de indemnizar al trabajador con una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo, conforme al artículo 56.1 Estatuto de los Trabajadores.
Por regla general, la opción de elegir entre estas posibilidades es un derecho del empresario, que en el caso de que no se pronuncie en el plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia, se entenderá que opta por la readmisión.
La excepción la encontramos en los supuestos de declaración de despido improcedente de un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, ya que en estos casos la opción de elegir les corresponde a los trabajadores, según el artículo 56.4 del Estatuto de los Trabajadores, con derecho a recibir en ambos casos salarios de tramitación.
Si el despido es declarado improcedente por defectos de forma y se opta por la readmisión, conforme al art. 110.4 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, “podrá efectuarse un nuevo despido dentro del plazo de siete días desde la notificación de la sentencia. Dicho despido no constituirá una subsanación del primitivo acto extintivo, sino un nuevo despido, que surtirá efectos desde su fecha”.
Según establece el artículo 55.5 Estatuto de los Trabajadores, el despido disciplinario será declarado como nulo cuando se aprecien en el mismo alguna causa de discriminación prevista en nuestra Constitución o en otra norma con rango de Ley. Se declarará nulo igualmente el despido que se fundamente en una violación de los derechos fundamentales o libertades públicas del empleado.
En estos casos, y una vez que el despido ha sido impugnado por el trabajador, para que el mismo sea declarado como nulo, el juzgador tendrá que estimar que ha quedado acreditado que el despido no se ha fundado en ninguna de las causas del art. 54.2 Estatuto de los Trabajadores, sino que el mismo se ha producido como respuesta a conductas del trabajador que están permitidas y reconocidas al mismo como un derecho fundamental de los reconocidos en el Título segundo de la Constitución Española.
Hay que destacar que dentro de este título de la Constitución se encuentran derechos que pueden tener una gran relevancia en el ámbito laboral como son los de; honor, igualdad, libertad, sindicación, huelga, entre otros, y libertades de ideología, religión o creencias.
Además, el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores indica que será también nulo el despido en los siguientes supuestos:
El de los trabajadores durante los períodos de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural a que se refieren los artículos 45.1.d) y e) o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.
El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los artículos 37.4, 5 y 6, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en esta ley.
El de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción, delegación de guarda, acogimiento, o paternidad a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción, delegación de guarda o acogimiento del hijo o del menor.
Debemos destacar que en estos supuestos, la nulidad no se declara de forma automática. En los mismos se puede entender que hay una presunción de nulidad, pero por el juzgador se podrá declarar la procedencia o improcedencia de los mismos, si entiende que el despido no estuvo fundado en alguna de esas circunstancias, y se trata en cambio de un despido que se encuentra dentro de alguna de las causas enumeradas por el art. 54.2 Estatuto de los Trabajadores.
Además, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, en su art. 21 establece que también serán nulos los despidos de las trabajadoras que se encuentren motivados por el uso de los derechos que dicha ley concede a las víctimas de violencia de género, tales como reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.
Entrando en el ámbito de los efectos que produce la declaración de nulidad del despido, conforme a los arts. 55.6 del Estatuto de los Trabajadores y 113 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el despido que sea declarado nulo por el tribunal, tendrá como consecuencia la inmediata readmisión del trabajador con abono de los salarios (de tramitación) dejados de percibir. Son aplicables en este caso para los salarios de tramitación, las mismas reglas que ya abordamos en el anterior apartado respecto a los supuestos de despido improcedente con readmisión del trabajador.
Esta readmisión debe de darse en el mismo puesto de trabajo y en iguales condiciones que las que existían antes de producirse el despido.
Otro efecto del despido nulo, es que además de readmisión, si el trabajador lo ha solicitado junto con la impugnación del despido, podría tener derecho a una indemnización que tenga por objeto resarcir la lesión de sus derechos fundamentales o discriminación que haya sufrido, conforme a los arts. 182 y 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Somos abogados laboralistas especializados en despidos. Si usted, un familiar o una persona cercana ha sufrido un despido, contacte con nosotros e iniciaremos la reclamación rápidamente. Tenga en cuenta que el plazo para impugnar un despido es de sólo 20 días hábiles.
Si por el contrario, usted es empresario y tiene problemas con uno de sus trabajadores, contáctenos y le asesoraremos en todo lo concerniente al despido. Además, también podemos defender los intereses de su empresa en juicio.
En MCT Abogados, contamos con un equipo de profesionales y abogados especialistas en derecho laboral con experiencia en todo tipo de despidos que podrán ayudarle en nuestras oficinas de Murcia y Cartagena.
Si necesita ayuda de un abogado experto en despidos, contacte con nosotros mediante email o llámenos, le ayudaremos.
Al enviarnos tu mensaje, nos estás dando tu consentimiento expreso (legitimación) para tratar tus datos personales (nombre, teléfono, correo electrónico, y el propio contenido del mensaje).
El responsable del tratamiento de estos datos es MCT Abogados Murcia CB, y la finalidad es la de responderte a su solicitud como eventual cliente y enviarte información sobre nuestros servicios. Tus datos no serán cedidos a terceros. Y podrás ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y supresión, como indicamos en nuestra política de privacidad.
Llámanos ahora Desplazarse hacia arriba

matches:
Real Decreto
artículo 63
artículo 59
artículo 82
artículo 55
artículo 55
artículo 54
artículo 55
artículo 56
artículo 110
artículo 56
artículo 56
artículo 55
artículo 55
artículo 46
artículo 45


text:
de 12-09-2018 - Dictámenes - Consejo Consultivo de Canarias
Dictámenes de 12-09-2018
Dictamen 355/2018 - (12-09-2018) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (..), por daños ocasionados como consecuencia de la promulgación de la Disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, añadida por la Disposición final quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Expedientes: 316/2018
Dictamen 356/2018 - (12-09-2018) - Indemnización por Daños
Expedientes: 318/2018
Dictamen 357/2018 - (12-09-2018) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Bartolomé (Lanzarote) en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (..), por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expedientes: 322/2018
Solicitado por: Ayuntamiento de San Bartolomé
Dictamen 358/2018 - (12-09-2018) - Indemnización por Daños
Expedientes: 326/2018
Dictamen 359/2018 - (12-09-2018) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Brígida en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (..), por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expedientes: 328/2018
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Brígida
Dictamen 360/2018 - (12-09-2018) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vallehermoso en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de revisión de oficio del Decreto de Alcaldía nº 179/2018, de 29 de marzo, relativo a la convocatoria del proceso selectivo para cubrir la plaza de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, a tiempo parcial, en el barrio de La Dama.
Expedientes: 329/2018
Solicitado por: Ayuntamiento de Vallehermoso
Dictamen 361/2018 - (12-09-2018) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de declaración de nulidad de los contratos administrativos de suministros de productos farmacéuticos realizados a favor de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín con las empresas (..) y (..) cuyos derechos de cobro se han cedido a (.
Expedientes: 330/2018
Dictamen 362/2018 - (12-09-2018) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de declaración de nulidad de los contratos administrativos de suministros de productos farmacéuticos realizados a favor de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín con la empresa (.
Expedientes: 331/2018
Dictamen 363/2018 - (12-09-2018) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de resolución del contrato de obra denominado «Rehabilitación del Mirador Lomo Topo Negro, en la carretera insular TF-21, p.k. 63+200» término municipal de Vilaflor (C-868), adjudicado a la entidad (.
Expedientes: 414/2018
Dictamen 364/2018 - (12-09-2018) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de resolución del contrato de obra denominado Rehabilitación del Mirador de La Gambuesa, en la carretera insular TF-532, p.k. 1+700, término municipal de Fasnia (C-869), adjudicado a la entidad (...).
Expedientes: 415/2018
Dictamen 365/2018 - (12-09-2018) - Indemnización por Daños
Expedientes: 321/2018
Dictamen 366/2018 - (12-09-2018) - Otros Expedientes
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del Gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife de denegación de la aprobación de los estatutos de la Comunidad (..) que se pretende crear, solicitada por (..) en su condición de presidente provisional de la Comunidad.
Expedientes: 323/2018
Dictamen 367/2018 - (12-09-2018) - Indemnización por Daños
Expedientes: 327/2018
Dictamen 368/2018 - (12-09-2018) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de resolución del contrato de servicio de vigilancia del Edificio de Usos Múltiples nº I, II, Prodamer y Tres de mayo de Santa Cruz de Tenerife, adjudicado a la entidad (.
Expedientes: 332/2018
Dictamen 369/2018 - (12-09-2018) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (..), en nombre y representación de (..), por daños ocasionados en el vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expedientes: 333/2018

matches: Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución resolución Resolución resolución Resolución Resolución resolución Resolución