text:
Ley 14214 - REGLAMENTACIÓN DEL PROCESO CONSTITUCIONAL DE HÁBEAS DATA
LEY 14214
ARTÍCULO 2º: Legitimación activa. Estará legitimada para interponer esta acción toda persona física o jurídica afectada. Asimismo están legitimados los herederos universales forzosos de la persona de la cual consten los datos, cuando la indagación tenga el propósito de defender el honor familiar. En el caso de afectaciones colectivas la demanda podrá iniciarla el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y/o las asociaciones o grupos colectivos que acrediten legitimación suficiente en la representación de esas afectaciones.
ARTÍCULO 4º: Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción le corresponderá al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juez de Paz Letrado, donde existiere, cuando se trate de archivos privados destinados a dar informes; y al Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo cuando se trate de archivos públicos de la Provincia de Buenos Aires. Será competente para entender en la acción constitucional de hábeas data el juez del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor.
TÍTULO II DEL PROCESO
ARTÍCULO 5º: Intimación Previa. Para el ejercicio de la acción de hábeas data, el peticionante deberá notificar fehacientemente su pretensión al titular del banco de datos o registro. Solo ante la negativa o silencio de éste quedará expedita la acción judicial. Para el caso que deba tomar vista de los registros, archivos o banco de datos, que se le deben exhibir, el requirente podrá ser asistido por asesores técnicos o jurídicos. En todos los casos el interesado podrá requerir que a su costa se le expida copia certificada de la misma. No será exigible el reclamo administrativo previo, o la intimación fehaciente previa, cuando el pasaje por esta vía produzca un perjuicio de imposible reparación ulterior.
ARTÍCULO 9º: Demanda. La demanda se propondrá por escrito y deberá contener: a) Nombre y apellido o denominación social, tipo y número de documento o personería jurídica, domicilio real o legal y domicilio constituido. b) La identificación del archivo, registro o banco de datos público o privado, administrador y/o responsable informático, indicando su domicilio. Cuando se trate de personas jurídicas demandadas, deberá notificarse en el domicilio social registrado ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. En el caso de los archivos públicos, se deberá indicar la dependencia estatal del cual dependen. c) La cosa demandada designándola con toda exactitud. Cuando se trate solamente del pedido de tomar conocimiento de los datos personales archivados, el proceso tramitará como si fuera una diligencia preparatoria de la demanda, a cuyos efectos, los requisitos se reducirán a los plazos y modos establecidos en el Código Procesal Civil y Comercial. d) Las razones por las cuales entiende que en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida a su persona; los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa o inexacta, y justificar que ha dado cumplimiento con la reclamación previa prevista en el artículo 8º. En su caso, indicará las razones por las cuales aún siendo exacta la información, entiende que debe ser de tratamiento confidencial e impedirse su divulgación y/o transmisión a terceros. e) Ofrecer toda la prueba de que intente valerse. La prueba documental se acompañará con el escrito de demanda o se la individualizará en caso de no tenerla en su poder. f) Exponer el derecho sucintamente. g) La petición en términos claros y precisos.
ARTÍCULO 10: Medidas cautelares. Luego de presentada la demanda, y en cualquier estado del proceso, el Juez, de oficio o a petición de parte, podrá decretar la medida cautelar que considere apropiada. El afectado podrá solicitar que mientras dure el procedimiento, el archivo, registro o banco de datos asiente que la información cuestionada está sometida a un proceso judicial. No obstante, el Juez de oficio, o a pedido de parte, podrá disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato personal motivo del juicio cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que se trate.
ARTÍCULO 12: Intervención de terceros. Integración del proceso. Cuando de la demanda surja manifiestamente la afectación de derechos de terceros que no hubieran sido relacionados o requerido su emplazamiento, el Juez podrá integrarlos al proceso, notificándoles de la demanda y haciéndoles saber que una eventual sentencia condenatoria podría afectarlos. La negativa a comparecer no impedirá el ejercicio de derechos propios del tercero afectado por el alcance de la sentencia.
ARTÍCULO 13: Del trámite del juicio. El juez deberá pronunciarse sobre la admisión formal de la demanda en el plazo de dos (2) días. Admitida la demanda el Juez emplazará al demandado para que produzca el informe correspondiente. El plazo para contestar el informe será de cinco (5) días hábiles para las personas de carácter privado y de diez (10) días hábiles para las de carácter público. Los plazos podrán ser ampliados prudencialmente por el juez ante circunstancias debidamente fundadas. No se admiten en este proceso la acumulación por el actor, de pretensiones de carácter económico. Es improcedente la recusación sin causa y no pueden articularse incidentes, ni reconvención. Solamente proceden las excepciones de: a) Incompetencia. b) No haberse deducido el reclamo administrativo o intimación previa. c) Falta de personería o insuficiencia de la misma. d) Falta de legitimación para obrar en el demandante o en el demandado. e) Cosa juzgada o litispendencia. En su contestación el accionado deberá expresar las razones por las cuales incluyó las informaciones cuestionadas, el uso o destino que ha dado a las mismas y en su caso, las razones por las cuales no ha evacuado el reclamo previo efectuado por el interesado y ofrecer la prueba de la que intente valerse.
ARTÍCULO 15: De la sentencia. Vencidos los plazos para contestar el informe o contestado el mismo, y habiendo sido, en su caso, producida la prueba, el Juez dictará sentencia en el término de diez (10) días. No se admitirán alegatos. En el caso de estimarse procedente la demanda, se especificará si la información debe ser suprimida, rectificada, actualizada o declarada confidencial, estableciendo un plazo para su cumplimiento. La sentencia deberá indicar con precisión el derecho vulnerado y los actos, tiempo y modo como deberá cumplirse la condena. El rechazo de la demanda no constituye presunción respecto de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el demandante. Con la sentencia se establecerán las condenaciones accesorias y se establecerá el curso de las costas y la regulación de honorarios profesionales.
ARTÍCULO 16: Recursos. Contra la resolución que dictamine sobre medidas cautelares y contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, que deberá ser interpuesto fundado dentro de los dos (2) días hábiles para las primeras y dentro de los cinco (5) días hábiles para las segundas de notificada la resolución. El recurso se concederá o rechazará de inmediato, dentro de las veinticuatro (24) horas de haberse interpuesto. En caso de concederlo lo hará con efecto devolutivo, salvo que el cumplimiento de la resolución pueda ocasionar un gravamen irreparable, en cuyo caso, con carácter excepcional, se podrá otorgar con efecto suspensivo. Contestado el traslado o vencido el plazo de dos (2) o cinco (5) días respectivamente para hacerlo, se eleva inmediatamente el expediente al respectivo tribunal de alzada.
ARTÍCULO 21: Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los dos días del mes de diciembre de dos mil diez.

matches:
ARTÍCULO 2
ARTÍCULO 4
ARTÍCULO 5
ARTÍCULO 9
artículo 8
ARTÍCULO 10
ARTÍCULO 12
ARTÍCULO 13
ARTÍCULO 15
ARTÍCULO 16
resolución
resolución
ARTÍCULO 21


text:
FUNDAMENTOS. Señor Presidente: - PDF
Download "FUNDAMENTOS. Señor Presidente:"
Alicia Ramona Gutiérrez Ramírez
1 FUNDAMENTOS Señor Presidente: Se somete a consideración el presente proyecto por el cual se propicia la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora. Motiva este proyecto, la necesidad de que el Estado en su rol promotor de derechos, centralice la información de aquellos que teniendo responsabilidades determinadas por autoridad judicial, no cumplen con el pago de las cuotas alimentarias. El Registro Nacional facilitará la implementación de medidas conjuntas, tanto administrativas como jurídicas, así como también la socialización de información permitiendo el seguimiento de los casos a nivel nacional. La cuota alimentaria deviene de lo establecido en el régimen de patria potestad y los alineamientos y alcances estipulados en dicho ordenamiento, que establece no solo el derecho sino también la obligación de satisfacer y garantizar las necesidades alimentarias de los hijos. En tal sentido, instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ha expresado en el artículo 27 inciso 2) que a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. Así también, el inciso 4) de ese artículo obliga a los Estados partes a tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado parte como en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquél en que resida el niño, los Estados partes promoverán la adhesión a
2 los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. Por su parte el artículo 3, inciso 2) establece que Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas y el artículo 18 inciso 1), que Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres, o en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. Así también, la Ley Nacional N Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es una herramienta legal que permite profundizar las estrategias en defensa de los derechos de la infancia. En su artículo 7 expresa claramente que la familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos e hijas. Los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones. No hay razón que exima a los progenitores del cumplimiento de la obligación asignada en relación a sus hijos, ya que estaría perjudicándolos y violando el ejercicio de sus derechos. El presente proyecto incorpora la necesidad de unificar la información existente en los registros existentes y conformar una base de datos de
3 alcance nacional, lo cual permitirá establecer sanciones comunes y extendidas territorialmente con el fin de concretar el derecho del niño a la ejecución de la cuota alimentaria. Por lo expuesto, solicito al Honorable Senado de la Nación, el acompañamiento del presente proyecto.
4 EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO,... SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: LEY DE CREACION DEL REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES ALIMENTARIOS EN MORA CAPÍTULO I PARTE GENERAL ARTÍCULO 1.- Créase en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora. ARTÍCULO 2.- DEFINICIÓN. Será considerado Deudor Alimentario en Mora toda persona obligada al pago de cuotas alimentarias provisorias o definitivas establecidas mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente, que se encuentre incurso en mora por falta de pago de TRES (3) cuotas consecutivas o CINCO (5) alternadas, previa intimación judicial al deudor, siempre que este no hubiere probado su cumplimiento o justificado su incumplimiento. Dicha circunstancia dejará habilitada y expedita la vía para su anotación en el Registro creado por esta ley. ARTÍCULO 3.- COMUNICACIÓN. El juez, jueza o tribunal que haya fijado u homologado la cuota alimentaria, deberá comunicar de oficio al Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora, los datos personales de
5 quienes hayan incurrido en los incumplimientos establecidos en el artículo anterior y demás datos establecidos en el artículo 5 inciso a) de la presente ley. ARTÍCULO 4º.- NOTIFICACION. Los registros de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adheridos a la presente ley, deberán notificar al Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora, toda alta, baja o modificación, dentro de los TRES (3) días de ocurrida la misma. CAPITULO II FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL REGISTRO ARTÍCULO 5º.- FUNCIONES. Son funciones del Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora: a. Crear una base de datos unificada que contenga la información que reciba de los registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de la totalidad de deudores alimentarios morosos inscriptos en ellos, en dicha base de datos deberá constar el nombre y apellido del deudor, documento nacional de identidad, domicilio, nacionalidad, ocupación, datos del empleador, número de expediente judicial y juzgado interviniente; b. Inscribir, dentro del plazo de TRES (3) días de recibida la información, a los deudores alimentarios declarados como tales en procesos judiciales; c. Anotar marginalmente, dentro del plazo de TRES (3) días de recibida la información, cualquier modificación respecto de la medida o su levantamiento; d. Responder los pedidos de informes según la base de datos, dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles de recibida la solicitud, previa acreditación de interés legitimo por parte del interesado en acceder a la información;
6 e. Expedir certificados de libre deuda registrada ante requerimiento de persona física o jurídica, pública o privada, en forma gratuita y previa acreditación de interés legitimo por el solicitante; f. Realizar convenios entre los diferentes Registros de Deudores Alimentarios Morosos a fin de facilitar el entrecruzamiento de datos; g. Instrumentar y mantener actualizado un sitio de internet, a través del cual el titular del dato, terceros legitimados u organismos autorizados podrán obtener el certificado de libre deuda registrada vigente ante el Registro; h. Publicar el listado completo y actualizado, de deudores alimentarios morosos en el Boletín Oficial al menos una vez cada SEIS (6) meses al año. CAPITULO III RESTRICCIONES, IMPEDIMENTOS Y EXCEPCIONES ARTÍCULO 6º.- IMPEDIMENTOS. Para la realización de los trámites que a continuación se detallan deberá presentarse el certificado de libre deuda registrada, expedido por el Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora. a. Solicitudes de apertura de cuentas bancarias y de otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito, ante instituciones públicas o privadas, como también cualquier otro tipo de operaciones bancarias o bursátiles; b. Expedición o renovación de pasaporte; c. Concesiones, permisos o licitaciones; d. Expedición o renovación de licencias para conducir; e. Habilitaciones para aperturas de comercios o industrias; f. Desempeño de cargos públicos, en cualquiera de los poderes del Estado; g. Solicitud o renovación de matrícula profesional;
7 h. Solicitud de Asignación Universal por Hijo. En los casos que el solicitante se encuentre incluido en el registro de deudores alimentarios en mora, y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Decreto N 1602/09, la misma deberá ser otorgada y comunicada al juzgado interviniente dentro del plazo de TRES (3) días; i. Inscripción en el Registro Único de Aspirantes a la Guarda con fines de Adopción. ARTÍCULO 7º.- CONTRATACIONES. Todo contratista, proveedor o acreedor de honorarios del Estado, previo a la efectivización del pago que corresponda, deberá acreditar su situación ante el Registro Nacional de Deudores Alimentarios en mora. En caso de que el Certificado arrojase deuda alimentaria en mora, la repartición estatal correspondiente deberá comunicar tal situación dentro de los TRES (3) días al Juzgado interviniente y una vez que se informe por parte del mismo la suma adeudada a la fecha, deberá retener el importe y depositarlo a la orden del Juzgado, siendo recibo suficiente de cumplimiento de la obligación estatal la constancia de depósito en las condiciones señaladas. Cuando se tratare de personas jurídicas la exigencia recaerá sobre la totalidad de sus directivos y representantes legales. ARTÍCULO 8º.- BIENES REGISTRABLES. Previo a instrumentar actos de disposición de derechos reales sobre bienes inmuebles o muebles registrables, el escribano público interviniente deberá requerir la constancia que informe sobre su situación ante el Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora, la que se agregará al legajo de comprobantes. En caso de verificarse deuda, no se instrumentará la escritura pública hasta tanto se haya regularizado la situación, debiendo el actuario comunicar dentro del plazo de TRES (3) días al juez, jueza o tribunal actuante a fin de establecer las medidas procesales pertinentes y destinadas al cobro de la deuda alimentaria. ARTÍCULO 9.- EXCEPCIONES. El juez, jueza o tribunal competente podrá autorizar la expedición de los tramites contemplados en el articulo 6
8 incisos d), e) y g) si se hubiera probado que son imprescindibles para satisfacer las cuotas fijadas a favor de los acreedores alimentarios. En tales casos la licencia de conductor, la habilitación de comercio o industria o la matricula profesional, se otorgarán provisoriamente por SESENTA (60) días, con la obligación de regularizar su situación dentro de dicho plazo para obtener la definitiva. CAPITULO IV MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 10.- MEDIDAS JUDICIALES. En cada caso particular, el juez, jueza o tribunal interviniente dictará las medidas que considere pertinentes, a fin de que el deudor alimentario de cumplimiento al pago de la deuda. Asimismo, podrá disponer el impedimento de salida del país del deudor alimentario, hasta tanto cumpla con la cuota alimentaria impuesta o bien se preste una caución suficiente para satisfacerla. ARTÍCULO 11.- LEVANTAMIENTO DE INSCRIPCIÓN. El juez, jueza o tribunal interviniente ordenará el levantamiento de la anotación cuando se encuentre acreditado el pago y el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. ARTÍCULO 12.- ADHESIÓN. Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley y a celebrar convenios de colaboración entre los respectivos Registros locales y el Nacional. ARTÍCULO 13º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
(S-0885/10) PROYECTO DE LEY
Senado de la Nación Secretaria Parlamentaria Dirección General de Publicaciones (S-0885/10) PROYECTO DE LEY El Senado y Cámara de Diputados,... ARTÍCULO 1.- Créase el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
CREA EL REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES DE PENSIONES ALIMENTICIAS. Boletín N 10259-18
CREA EL REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES DE PENSIONES ALIMENTICIAS Boletín N 10259-18 Antecedentes Previos El presente proyecto de ley tiene por finalidad incorporar nuevas fórmulas tendientes a mejorar el
Crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias
PERÍODO LEGISLATIVO 2014-2018 LEGISLATURA 363 Crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias SESIÓN Ne 603 FECHA: 18-08-2015 PRIMER TRÁMITE CONST. SEGUNDO TRÁMITE CONST (S) DESTINACIÓN.-
REGISTRO MOROSOS NORMAS POR LAS QUE SE RIGE LA INCLUSION DE MOROSOS EN EL REGISTRO DE MOROSOS DE FETEIA
REGISTRO MOROSOS NORMAS POR LAS QUE SE RIGE LA INCLUSION DE MOROSOS EN EL REGISTRO DE MOROSOS DE FETEIA La inclusión de morosos en el Registro de Morosos de la Federación Española de Transitarios, Expedidores
DECRETO N 2808. Santa Fe, 24 de setiembre de 1979
DECRETO N 2808 Santa Fe, 24 de setiembre de 1979 Visto la normalización dispuesta por el Poder Ejecutivo al Régimen de Contrataciones de la Provincia, la que requiere incorporación de nuevas normas al

matches:
artículo 27
artículo 3
artículo 18
artículo 7
ARTÍCULO 1
ARTÍCULO 2
resolución
ARTÍCULO 3
artículo 5
ARTÍCULO 4
ARTÍCULO 5
ARTÍCULO 6
ARTÍCULO 7
ARTÍCULO 8
ARTÍCULO 9
ARTÍCULO 10
ARTÍCULO 11
ARTÍCULO 12
ARTÍCULO 13
ARTÍCULO 1


text:
RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se incoa el procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, de la Villa Romana de la Estación, en Antequera (Málaga).
BOJA Histórico > 2005 > Boletín 100 > 3. Otras disposiciones >
I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, establece, entre ellos, el de afianzar la conciencia de identidad andaluza, a través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y ling?ísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad, atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico. En este sentido el artículo 6.a) de la Ley
Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz siendo de acuerdo con el artículo 5.3 del citado Reglamento, el Director General de Bienes Culturales el órgano competente para incoar y tramitar los procedimientos de declaración de Bienes de Interés Cultural.
II. La Villa Romana de la Estación posee una serie de valores fundamentalmente de carácter histórico, arqueológico y artístico, que justifican plenamente su declaración, destacando el buen grado de conservación de sus estructuras, así como la singularidad de los hallazgos materiales, que han permitido la interpretación integral de la villa y la reconstrucción de este ambiente arqueológico, ya que la mayoría de las piezas documentadas aparecen contextualizadas en su marco espacial y arquitectónico.
Esta villa se adscribe a la tipología denominada "de peristilo" y en concreto su origen se remonta a la segunda mitad del siglo I d. C., detectándose su abandono a finales del siglo IV o principios del V. Se caracteriza en esencia por un suntuoso matiz residencial, reflejo de la ideología y capacidad adquisitiva de sus dueños, destacando la calidad de la estatuaria aparecida, principalmente, en el ámbito del peristilo y directamente relacionada con la decoración de fuentes y estanques.
Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y del artículo 5.3 del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía,
Primero. Incoar expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, de la Villa Romana de la Estación, en Antequera (Málaga), cuya descripción y delimitación figuran en el Anexo a la presente Resolución.
Segundo. Adscribir provisionalmente a dicho inmueble, por constituir parte esencial de su historia, los Bienes Muebles que se relacionan y describen en el Anexo a la presente Resolución.
Tercero. Proceder a la anotación preventiva de este Bien incoado de Interés Cultural y los Bienes Muebles adscritos, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura.
Cuarto. Hacer saber a los propietarios, titulares de derechos y simples poseedores de los bienes, que tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, deberán permitir su inspección por las personas y órganos competentes de la Junta de Andalucía, así como su estudio por los
Quinto. Hacer saber al Ayuntamiento de Antequera que debe procederse a la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación y demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse en tales zonas con carácter inaplazable, deberán contar, en todo caso, con la autorización previa de esta Dirección General.
Sexto. Continuar la tramitación del expediente de acuerdo con las disposiciones en vigor. La tramitación del expediente se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Málaga.
Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Director General, Jesús Romero Benítez.
Principal: Villa Romana de la Estación.
Secundaria: Villa de la Estación.
La Villa Romana de la Estación se encuentra en el término municipal de Antequera (Málaga), en el límite norte de su casco urbano, ocupando la ladera media y baja de un cerro. Su localización le confiere al yacimiento una situación
inmejorable, dominando la vega antequerana y controlando las principales rutas de comunicación que existían en la
Antigüedad, desde el interior hacia la costa malagueña.
A las buenas comunicaciones y a la capacidad productiva del entorno hay que añadir el cumplimiento de los requisitos indispensables de la habitabilidad que los agrónomos latinos creían necesarios para la ubicación de una villa como
salubridad y agradabilidad del paraje, amplio dominio visual y belleza del paisaje, orientación adecuada y abundancia de agua.
De esta manera, resulta fácil comprender la elección de este enclave para la construcción de una villa de peristilo de carácter semiurbano nacida de la mano de un gran propietario, conjugando no sólo el hecho de ser un gran centro residencial, sino también un núcleo de explotación agrícola y,
posiblemente, de control comercial.
Actualmente todos los espacios estudiados corresponden a la pars urbana de dicha villa, cuyo origen habría que remontarlo a la segunda mitad del siglo I d. C., continuando su actividad hasta finales del siglo IV o principios del V y sufriendo una importante remodelación a finales del siglo II o principios del III. También se han podido localizar las termas romanas en la zona noroccidental de la villa, aunque todavía no se ha procedido a su estudio.
La zona residencial se articula en torno a un peristilo, cuyo pórtico se sustentaría en columnas de orden corintio y se pavimenta con un mosaico donde se desarrollan motivos
geométricos y vegetales, rombos o cuadrados entre peltas afrontadas, nudos de Salomón, guiloches, cruces realzadas por rombos incrustados en sus ángulos entrantes, rombos
concéntricos, peltas circunscritas en un círculo y rosetas tetrapétalas que encuadran cruces de Malta. En el centro del peristilo aparece parte de una estructura que se
correspondería con una fontana de planta cuadrada revestida de opus signinum, en la que se sitúan al menos cuatro tazas de fuentes.
El peristilo conecta con una galería a través de otra estancia que cuenta con un pavimento musivario localizado en rampa. Hay que destacar por su singularidad esta galería, denominada estancia núm. 5, que en su origen estuvo porticada con
columnas de orden jónico, según demuestran las intervenciones realizadas y cuya superficie está ocupada por un mosaico con un amplio repertorio vegetal, roleos, hojas de hiedra y flores de loto, combinados con círculos, esvásticas y nudos de Salomón entre otros motivos. Esta sala delimita el borde de un estanque de planta biabsidal realizado mediante un aparejo de opus incertum y revestimiento interior de opus signinum, que en su lado sur presenta una serie de hornacinas posiblemente destinadas a decoración escultórica.
El resto de las habitaciones detectadas mantienen las mismas características que las ya descritas en cuanto a la tipología de mosaicos, siendo éste un elemento representativo de primer orden. Dos excepciones resaltan sobre el repertorio musivario desarrollado en esta villa al tratarse de mosaicos
figurativos, el primero de ellos forma parte de un pavimento donde aparecen dos erotes alados en pie, portando sus
respectivos arcos, mientras que el segundo es una placa parietal de opus sectile en la que se representa un ave enmarcada en una serie de motivos vegetales, empleando una amplia variedad de mármoles como el verde antico, el de Afyon veteado, pasta vítrea para el pico y su contorno, así como mármol blanco para la vegetación. Este último mosaico, el único que no se encuentra in situ, puede considerarse uno de los signos más representativos de la riqueza de esta villa, junto a los materiales muebles que se exponen en el apartado siguiente y se encuentran depositados en el Museo Municipal de Antequera (Málaga) por considerarse el lugar más indicado para la conservación de las piezas.
- Cabeza de sátiro: Pieza de reciente aparición de mármol blanco griego, procedente de Paros, que representa a un sátiro o fauno. Destaca por su belleza, la calidad del mármol y de su pulimento, que indican que se trata de una pieza excepcional. Por sus características se data en la segunda mitad del siglo II d. C. y presenta unas medidas de 10 cm de alto por 6 cm de ancho.
- Clípeo: Elemento decorativo de mármol que posiblemente representa al propietario de la villa en bajorrelieve. Según sus características iconográficas se encuadra en el siglo III d. C.
- Máscara de Melpómene: Musa de la tragedia y de la comedia, realizada en mármol, que presenta un excepcional estado de conservación manteniendo restos de policromía. Se considera una pieza singular al tratarse de uno de los pocos casos hallados en España durante una actuación arqueológica, además de ser la única aparecida con tal grado de integridad.
- Escultura de Amorcillo o Erote: Esta figura se representa cabalgando sobre un animal marino y se asienta sobre un pedestal. Cumpliría la función de surtidor de una de las tazas de la fuente del peristilo. El material utilizado ha sido el mármol.
- Estatua de Eros dormido: Conserva parte de la peana y el cuerpo, desde la cabeza hasta la cintura, con las alas
plegadas, los ojos cerrados y la boca entreabierta. La cabeza reposa sobre su hombro izquierdo y porta en su mano izquierda un manojo de adormideras, mientras que con la derecha sujeta parte de un arco. Por sus características se relaciona
directamente con un contexto acuático, acompañando a los surtidores de los estanques. La imagen se realiza en mármol blanco.
- Busto femenino: Se trata de una pieza de excelente calidad, ejecutada en mármol y datada en los años 30-40 del siglo II d.c., que sigue los modelos clásicos griegos; por su belleza y características es probable que la escultura sea de la diosa Venus, cuyo destino sería una hornacina relacionada con la fuente del peristilo.
- Piezas diversas: Formando parte del mismo contexto
decorativo de fuentes, estanques, etc., han aparecido otros restos entre los que se puede destacar una cabeza de pez también en mármol, parte de la pierna de un fauno del mismo material, fragmentos de un brocal de pozo en mármol de Mijas
que representa los pliegues de una vestimenta y la pata de un felino en bronce.
La delimitación se ha realizado partiendo de la información obtenida en diversas actuaciones arqueológicas como una excavación arqueológica de urgencia desarrollada en el año
1998 y una prospección exhaustiva con técnica de georádar. Como consecuencia de estos trabajos la Zona Arqueológica queda delimitada mediante una forma poligonal con 9 vértices, cuyas coordenadas UTM son las siguientes:
1	360.835	4.099.434
2	360.977	4.099.430
3	361.175	4.099.399
4	361.199	4.099.264
5	361.173	4.099.192
6	361.069	4.099.119
7	360.936	4.099.107
8	360.819	4.099.117
9	360.759	4.099.347
La delimitación del Bien de Interés Cultural afecta a todos los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y elementos urbanos comprendidos dentro de dicho polígono. Dadas las características del Bien denominado Villa Romana de la Estación, no se considera necesaria la delimitación de un entorno de protección.
Polígono 85:
Parcelas afectadas parcialmente: 117 y 9000.
Polígono 86:
Parcelas afectadas parcialmente: 161, 162, 163, 166, 167, 168,
173, 174 y 181.9031, 9039 y 9044.
Parcelas afectadas totalmente: 170, 172, 175, 176, 177, 178,
179 y 180.9035, 9037 y 9040.
Manzana 12927:
Parcela afectada parcialmente: 1.
La cartografía base utilizada ha sido el Mapa Topográfico de Andalucía, escala 1:10.000, Hoja 1023-44, del Instituto de Cartografía de Andalucía y el Plano Catastral de Rústica (2004) y Urbana (2005) de la Gerencia Territorial de Catastro, Málaga.

matches:
artículo 46
artículo 12
artículo 13
artículo 6
artículo 2
artículo 5
artículo 9
artículo 5


text:
Boletín Oficial del País Vasco de fecha 10/03/2008. BOPV
Sumario del B. O. País Vasco de fecha 10/03/2008
Corrección de errores del Decreto 222/2007, de 4 de diciembre, del Consejo del Agua del País Vasco.
Orden de 18 de febrero de 2008, del Consejero de Interior, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión por el sistema de libre designación de un puesto de trabajo vacante en este Departamento.
Resolución de 14 de febrero de 2008, del Rectorado de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se aprueba la relación definitiva de concursantes admitidos y excluidos a Concursos de Acceso a plazas de Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.
Resolución de 18 de enero de 2008, del Director de Trabajo y Seguridad Social, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de diario El Correo, S.A.U., para los años 2007-2010 (código de convenio n.º 8602692).
Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Directora de la Academia de Policía del País Vasco, por la que se emplaza a los posibles interesados en el recurso contencioso-administrativo perteneciente al Procedimiento Ordinario 2/08-2 que se sigue en la sección segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, contra la Resolución de 25 de octubre de 2007 por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 25 de junio de 2007, de la Directora de la Academia de Policía del País Vasco, por la que se declara la exclusión de un funcionario en prácticas del Procedimiento Selectivo para ingreso en la Categoría de Agente de la Escala Básica de la Ertzaintza, convocado por Resolución de la Directora de la Academia de Policía del País Vasco de 26 de diciembre de 2005 (BOPV n.º 10, de 16 de enero de 2006).
Resolución de 20 de febrero de 2008, del Director de Cooperación al Desarrollo, por la que se aprueba la renuncia parcial para el proyecto PRO-2004K3/0014, «La participación de los agentes locales en el compromiso de una globalización más justa y solidaria. diagnóstico y propuestas» presentado por la entidad Asociación Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional dentro de la convocatoria de ayudas a proyectos con cargo al Focad 2004.
Orden de 13 de febrero de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se nombran un nuevo miembro de la Comisión Oficial de Exámenes para el Certificado de Aptitud de Conocimiento del Euskera (EGA).
Resolución de 16 de noviembre de 2007, del Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, por la que se modifican las ayudas económicas concedidas para la financiación de acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas de la CAPV.
Resolución de 14 de febrero de 2008, del Viceconsejero de Administración y Servicios del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, por la que se dispone la publicación de un Acuerdo de encomienda de gestión celebrado entre la Viceconsejería de Administración y Servicios y el Instituto Vasco de Administración Pública.
Edicto dimanante de procedimiento ordinario n.º 246/07 seguido en apelación.
Edicto dimanante de juicio verbal n.º 690/07 seguido sobre desahucio por falta de pago.
Edicto dimanante de procedimiento ordinario 1110/06.
Edicto dimanante del juicio verbal n.º 560/07 seguido sobre desahucio.
Edicto dimanante del procedimiento n.º 447/07 seguido sobre reclamación de cantidad.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1 DE CASTRO-URDIALES
Edicto dimanante de juicio de faltas n.º 242/07.
Concurso público para la asistencia técnica para la organización del programa Gaztemundu 2008.
Concurso. Anuncio para la adjudicación del contrato administrativo de servicios de «Organización de una exposición itinerante e interactiva sobre la cooperación vasca para el desarrollo» (Expediente C.C.C. n.º C02/069/2007).
Concurso para la licitación del servicio de enlace mediante una VPN de datos entre centros del Departamento de Interior del Gobierno Vasco.
Concurso para la licitación del servicio de conexión y acceso a la red Internet.
Anuncio por el que se da publicidad a la adjudicación del programa sanitario de prevención psicoeducativa en materia de salud mental en el colectivo de la Ertzaintza.
Concurso público de Osakidetza-Servicio vasco de salud, para la gestión, conducción y ahorro energético de las instalaciones técnicas del Hospital de Cruces.
Anuncio para la contratación por el procedimiento abierto del concurso relativo al suministro de energía eléctrica de tracción de Euskal Trenbide Sarea.
Anuncio para la contratación por el procedimiento abierto del concurso relativo a la prestación de servicios para el análisis, implementación y mantenimiento de módulo SAP recursos humanos en Euskal Trenbide Sarea.
Anuncio para la contratación por el procedimiento abierto del concurso relativo al proyecto constructivo del desdoblamiento del tramo La Fanderia- Oiartzun.
Anuncio del Director de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, de remisión del expediente relativo al recurso administrativo n.º 07.0305.20.02.01.02, correspondiente al recurso contencioso-administrativo n.º 22/08 y emplazamiento a terceros interesados.
Anuncio por el que se notifica a D.ª Enma Ruiz Pardal la Resolución de 5 de diciembre de 2007 del Viceconsejero de Seguridad.
Anuncio. Emplazamiento a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo (procedimiento abreviado) n.º 722/07.
Anuncio. Emplazamiento a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo (procedimiento abreviado) n.º 721/07.
Anuncio por el que se hace pública la solicitud de otorgamiento de concesión administrativa para la ocupación de terrenos de dominio público en el Puerto de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).
Anuncio relativo al «Proyecto 04/03 de desarrollo constructivo de la infraestructura hidráulica de la red en alta de la zona regable de Valles Alaveses (zona 4) y Adendas 07/06 y 11/07», y la Relación de Bienes y Derechos Afectados por las obras.
Anuncio relativo a la ejecución de obras de construcción de tres (3) edificios industriales Polígono Industrial «Matsaria», sito en el término municipal de Eibar.

matches: Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución


text:
Reglamento Delegado (UE) nº 182/2014 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, que modifica el anexo III del Reglamento (UE) nº 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas
Publicado en DOUEL núm. 57 de 27 de Febrero de 2014
Visto el Reglamento (UE) nº 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) nº 732/2008 del Consejo (1) , y, en particular, su artículo 10, apartado 4,
(1) En el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 978/2012 se establecen los criterios específicos que debe reunir el país solicitante para optar a obtener preferencias arancelarias con arreglo al régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+). Uno de esos criterios es que el país sea considerado vulnerable. Asimismo, debe haber ratificado todos los convenios enumerados en el anexo VIII del citado Reglamento y en las últimas conclusiones disponibles de los organismos de seguimiento pertinentes no debe constar ninguna falta grave a la obligación de aplicar efectivamente tales convenios. En relación con cualquiera de los convenios, el país no debe haber formulado una reserva que esté prohibida en el convenio en cuestión o que, a los efectos exclusivamente del artículo 9 del Reglamento (UE) nº 978/2012, se considere incompatible con el objetivo y la finalidad de ese convenio. El país de que se trate debe aceptar sin reservas los requisitos de información impuestos por cada convenio y asumir los compromisos vinculantes que se mencionan en el artículo 9, apartado 1, letras d), e) y f), del Reglamento (UE) nº 978/2012.
(2) Todo país beneficiario del SPG que desee beneficiarse del SPG+ debe presentar una solicitud acompañada de información exhaustiva sobre la ratificación de los convenios pertinentes, sus reservas y las objeciones que hagan a dichas reservas otras partes de los convenios, así como sus compromisos vinculantes.
(3) Con arreglo al artículo 290 del TFUE, la Comisión tiene poderes para adoptar un acto delegado que establezca o modifique el anexo III a fin de conceder los beneficios del SPG+ a un país solicitante mediante su inclusión en la lista de países beneficiarios del SPG+.
(4) La Comisión ha recibido una solicitud de la República de El Salvador, la República de Guatemala y la República de Panamá.
(5) Habiendo examinado las solicitudes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 978/2012, la Comisión ha determinado que esos países cumplen los criterios de admisibilidad. Por consiguiente, debe concedérseles el SPG+ a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento y modificarse en consecuencia el anexo III del Reglamento (UE) nº 978/2012.
(6) La Comisión revisará la situación de ratificación de los convenios pertinentes y su aplicación efectiva por parte de los países beneficiarios, así como su cooperación con los organismos de seguimiento correspondientes, de conformidad con el artículo 13 del citado Reglamento.
Se insertan en las columnas B y A, respectivamente, del anexo III del Reglamento (UE) nº 978/2012 los siguientes países y sus códigos alfabéticos correspondientes:
Panamá PA».

matches:
artículo 10
artículo 9
artículo 9
artículo 9
artículo 290
artículo 10
artículo 13


text:
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. TÍTULO IV. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades
El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades
Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral
1. Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo.
2. Los Programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos y edad de las mujeres, incluyendo los de Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, dirigidos a personas en desempleo, se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres.
De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
1. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.
2. El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social.
3. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social.
Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad
Número 2 del artículo 45 redactado por el apartado uno del artículo 1 del R.D.-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación («B.O.E.» 7 marzo). Vigencia: 8 marzo 2019
5. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.
2. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso, con la representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las siguientes materias:
La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, para lo cual, la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias enumeradas en este apartado, así como los datos del Registro regulados en el artículo 28, apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores.
Número 2 del artículo 46 redactado por el apartado dos del artículo 1 del R.D.-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación («B.O.E.» 7 marzo). Vigencia: 8 marzo 2019
3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.
4. Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, como parte de los Registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de las Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas.
Número 4 del artículo 45 introducido por el apartado dos del artículo 1 del R.D.-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación («B.O.E.» 7 marzo). Vigencia: 8 marzo 2019
5. Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el citado registro.
Número 5 del artículo 45 introducido por el apartado dos del artículo 1 del R.D.-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación («B.O.E.» 7 marzo). Vigencia: 8 marzo 2019
6. Reglamentariamente se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad; así como el Registro de Planes de Igualdad, en lo relativo a su constitución, características y condiciones para la inscripción y acceso.
Número 6 del artículo 45 introducido por el apartado dos del artículo 1 del R.D.-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación («B.O.E.» 7 marzo). Vigencia: 8 marzo 2019
Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos.
Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad por parte de las comisiones paritarias de los convenios colectivos a las que éstos atribuyan estas competencias.
2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.
Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario.
Distintivo empresarial en materia de igualdad
1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios.
2. Con el fin de obtener este distintivo, cualquier empresa, sea de capital público o privado, podrá presentar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un balance sobre los parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los productos y servicios prestados.
3. Reglamentariamente, se determinarán la denominación de este distintivo, el procedimiento y las condiciones para su concesión, las facultades derivadas de su obtención y las condiciones de difusión institucional de las empresas que lo obtengan y de las políticas de igualdad aplicadas por ellas.
4. Para la concesión de este distintivo se tendrán en cuenta, entre otros criterios, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección y en los distintos grupos y categorías profesionales de la empresa, la adopción de planes de igualdad u otras medidas innovadoras de fomento de la igualdad, así como la publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa.
5. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras y, en caso de incumplirlas, les retirará el distintivo.
Véase R.D. 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo "Igualdad en la Empresa" («B.O.E.» 3 noviembre).

matches:
artículo 45
artículo 1
artículo 28
artículo 46
artículo 1
artículo 45
artículo 1
artículo 45
artículo 1
artículo 45
artículo 1


text:
RESOLUCIÓN 89 DE 29 DE ENERO DE 2010
CONTENIDO:FONDO NACIONAL DE VIVIENDA. ADOPTA EL REGLAMENTO OPERATIVO PARA EXPEDIR EL CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DE REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PARA VIVIENDA SALUDABLE.
RESOLUCIÓN 89 DE 2010
“Por la cual se adopta el reglamento operativo para expedir el certificado de ejecución de reparaciones y mejoras locativas de los proyectos de mejoramiento para vivienda saludable”.
en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 3 del artículo 8º del Decreto-Ley 555 de 2003 y en especial la conferida por el parágrafo del artículo 28 de la Resolución 1604 de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y
Que los requisitos y condiciones para la expedición del certificado de ejecución de reparación y mejoras locativas de los proyectos de mejoramiento para vivienda saludable, deberán ser definidos por el Fondo Nacional de Vivienda a través de la expedición de un Reglamento Operativo de conformidad con lo señalado por el parágrafo del artículo 28 de la Resolución 1604 del 18 de agosto de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
ART. 1º—Objeto del reglamento operativo. Establecer los requisitos y condiciones para expedir el certificado de ejecución de reparaciones y mejoras locativas de las obras de mejoramiento para vivienda saludable, así como adoptar los formatos para la expedición del mismo.
ART. 2º—Definiciones. Para el presente reglamento se adoptan las siguientes definiciones:
• Acta de obras a ejecutar. Es un documento que se realiza de común acuerdo entre el beneficiario y el oferente respecto de las actividades a realizar en cada una de las viviendas, cuando se presentan cambios en las actividades y en las cantidades de obra que se definieron para cada vivienda en el Formato 1C que fue viabilizado por Fonvivienda.
• Certificado de ejecución de reparaciones y mejoras locativas. Es un documento expedido por Fonvivienda o por la entidad que esta determine, el cual señala que las intervenciones realizadas en las viviendas se realizaron de acuerdo al acta de obras a ejecutar.
ART. 3º—Requisitos para expedir el certificado de ejecución de reparaciones y mejoras locativas. Fonvivienda o la entidad que esta determine, exigirá los siguientes requisitos a los oferentes de proyectos de mejoramiento para vivienda saludable para realizar la visita.
Requisitos previos a la visita:
1.(Modificado).* Para realizar la visita, como mínimo deberá estar ejecutado el treinta por ciento (30%) de los subsidios asignados por proyecto y las obras en igual porcentaje concluidas.
*(Nota: Modificado por la Resolución 157 de 2010 artículo 1º del Fondo Nacional de Vivienda)
2.(Modificado).* Los oferentes deberán diligenciar el formato 3C, que corresponde al recibo a satisfacción de las obras por parte de los beneficiarios del subsidio de mejoramiento para vivienda saludable. Este formato contiene los datos de identificación del oferente, interventor, jefe del hogar, y número de la matrícula del profesional que expedirá la certificación.
*(Nota: Modificado por la Resolución 157 de 2010 artículo 2º del Fondo Nacional de Vivienda)
3. Los oferentes deberán diligenciar la información exigida por el formato de ejecución de reparaciones y mejoras locativas, la cual será verificada por Fonvivienda o la entidad que esta determine, para dar lugar a la expedición del certificado de ejecución de reparaciones y mejoras locativas.
4. Una vez se cuente con la certeza de la existencia de la información exigida en los numerales anteriores, se procederá a programar las visitas por parte Fonvivienda o la entidad que esta determine.
Requisitos durante la visita:
1. Fonvivienda o la entidad que esta determine, verificará que las obras ejecutadas en la vivienda correspondan a lo establecido en el acta de obras a ejecutar y que si hubiesen cambios a estas obras, correspondan a las establecidas en el artículo 9º de la Resolución 1604 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
2. Fonvivienda o la entidad que esta determine, aprobará el segundo informe del interventor presentado al finalizar la obra. Adicionalmente se exigirán las especificaciones finales por cada actividad y análisis de precios unitarios.
ART. 4º—Condiciones para la expedición del certificado de ejecución de reparaciones y mejoras locativas. Fonvivienda o la entidad que esta determine, verificará las siguientes condiciones:
1. Que los hogares firmen el Formato 3C, que es el recibo a satisfacción de las obras.
2. Que el interventor firme el certificado de ejecución de reparaciones y mejoras locativas y que estas correspondan al Formato 3C.
3. Que las obras ejecutadas correspondan a lo establecido en el acta de obras a ejecutar.
4. Si se presentan cambios en las obras relacionadas en el acta de obras a ejecutar, estas deben corresponder a las priorizadas señaladas en el artículo 9º de la Resolución 1604 de 2009.
ART. 5º—(Modificado).* Causales para no expedir el certificado de ejecución de reparaciones y mejoras locativas. Fonvivienda o la entidad que esta determine, no expedirá el certificado de ejecución de reparaciones y mejoras locativas si se presentan las siguientes situaciones:
2. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros técnicos de calidad.
En caso de que se presenten inconsistencias en las obras o se aprecien aplicaciones de materiales de forma inadecuada, se deberá informar al oferente para que se aclaren y se corrijan por parte del ejecutor y el interventor estos aspectos.
*(Nota: Modificado por la Resolución 157 de 2010 artículo 3º del Fondo Nacional de Vivienda)
ART. 6º—Procedimiento para cuando no se expide el certificado de ejecución de reparaciones y mejoras locativas. Cuando las obras ejecutadas no se reciban por cualquiera de las causales del artículo 5°, se deberá realizar el siguiente procedimiento.
1. Se convocará al oferente y se realizará un acta conforme al modelo establecido en el presente reglamento.
2. Esta acta solamente será firmada por el profesional designado para expedir el certificado de ejecución de reparaciones y mejoras locativas y el oferente.
3. Se programará nuevamente la visita conforme al acta mencionada.
ART. 7º—Prohibiciones del profesional que realice las certificaciones. A los profesionales que expidan las certificaciones les está prohibido:
1. Firmar actas o acuerdos con los ejecutores y los interventores.
2. Generar acuerdos con los hogares beneficiarios.
ART. 8º—Entrega del certificado de ejecución de reparaciones y mejoras locativas. El certificado debe ser entregado al oferente y se debe llevar un control de las obras recibidas conforme al formato que forma parte de este reglamento operativo.
ART. 9º—Anexos. A continuación se anexan los formatos que forman parte integral del presente reglamento operativo.
FONDO NACIONAL DE VIVENDA - FONVIVIENDA
Proyectos con Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social -VIS- en la modalidad de Mejoramiento para Vivienda Saludable -VISA-
ACTA DE SUSPENSIÓN VISITA DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DE REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS
IVS-011
SUBSIDIO ASIGNADO
Por la presente se deja constancia de los siguientes hechos:
1. Realizar una descripción de los problemas técnicos y/o de obra que se han presentado en las viviendas relacionándolos con la identificación del predio y nombre del jefe del hogar.
2. Realizar una descripción de la forma en que se corregirán los problemas mencionados.
3. Fijar nueva fecha de visita del profesional que realizará la expedición de certificación de ejecuciones y reparaciones locativas para el ______________.
En constancia se firma la presente por quienes en ella intervinieron:
C.C. ______________________________
C.C. _______________________________
T.P. _______________________________
Profesional designado para la expedición del certificado de ejecución de reparaciones y mejoras locativas

matches:
RESOLUCIÓN
artículo 8
artículo 28
Resolución
artículo 28
Resolución
Resolución
artículo 1
Resolución
artículo 2
artículo 9
Resolución
artículo 9
Resolución
Resolución
artículo 3
artículo 5


text:
Asignación de recursos al Fondo Nacional de Recursos, provenientes de decomisos por lavado de activos, narcotráfico, terrorismo y otros delitos • COLORADOS
Escribe Partido Colorado | 12 / Feb / 2018 | Destacado, Legisladores, Noticias Parlamento, Propuestas | 0
El narcotráfico, el lavado de activos, el terrorismo, la trata de personas y otros sucesos de similar gravedad no son fenómenos nuevos, pero sí son problemas en expansión en el mundo, potenciada por la globalización, el desarrollo vertiginoso de las comunicaciones, los transportes y las nuevas tecnologías.
Nuestro país no escapa a esa realidad mundial y lamentablemente en los últimos tiempos se registra un aumento significativo de todos esos delitos, muchas veces vinculados entre ellos y, además, relacionados con el crimen organizado.
Este tipo de delitos es mutante y su espacio de acción resulta ser el mundo globalizado, por lo que se moviliza en los sistemas económicos y sociales cada vez más integrados o interrelacionados, lo que ha llevado a los Estados a convenir políticas y prácticas tendientes a prevenirlos o castigarlos en caso que se cometan y a armonizar sus legislaciones para reaccionar en la forma más conjunta posible frente a dicho fenómeno.
En consecuencia la legislación nacional –si bien en forma no muy ordenada y, además, con superposiciones-, siguiendo las convenciones internacionales, ha implementado medidas de prevención y previsto las consecuencias de esos ilícitos, con la tipificación de delitos y la aplicación de otro tipo de sanciones, muchas de ellas de orden económico. En ese sentido se ha previsto que los bienes e instrumentos de los delitos y su producido, una vez decomisados tengan un destino que redunde en beneficio de la sociedad, que es la que, en definitiva, resulta atacada con el desconocimiento de su orden económico y social, con el ataque a los derechos humanos y a la convivencia pacífica.
Al mismo tiempo, en este caso afortunadamente, los adelantos de la ciencia, acompañada de nuevas tecnologías, ha tenido avances prodigiosos en el cuidado de la salud y tratamiento de las enfermedades, a través de nuevos procedimientos de diagnóstico, terapéuticos y de rehabilitación, así como de intervenciones quirúrgicas no tradicionales, medicamentos, etc.
El aumento de la modalidad delictiva de marras, en los casos en que se detecta, tiene como consecuencia una mayor incautación de bienes, cuyo mayor producido puede destinarse a contemplar las necesidades del Fondo Nacional de Recursos para dar cobertura financiera –aunque más no sea parcial- a procedimientos de medicinas altamente especializada y medicamentos de alto costo, que en la actualidad no tienen un financiamiento específico, por restricciones presupuestarias en la materia.
En ese sentido el proyecto de ley que se presenta, intentando que el Estado cumpla con su obligación constitucional de proporcionar los medios de prevención y asistencia para aquellos que carezcan de recursos suficientes, destina parte de los activos que se decomisan por orden judicial por la comisión de los delitos referidos, decomisos que por otra parte no siempre provienen de delitos vinculados al narcotráfico, al Fondo Nacional de Recursos con destino a dar cobertura financiera a procedimientos de medicinas altamente especializada y medicamentos de alto costo.
Se procura así, al menos, disminuir la brecha de inequidad existente entre quienes pueden acceder a los medicamentos por sus propios medios y aquellos que no cuentan con los recursos suficientes, a efectos de cumplir, de esta forma y aunque más no sea parcialmente, con lo mandatado por el Artículo 44 inciso 2 de la Constitución de la República.
De este modo, el Estado –la sociedad toda- defenderá algo tan preciado como la vida de muchos uruguayos que necesitan una respuesta rápida a sus patologías, y no merecen deambular en los intrincados laberintos de la burocracia estatal, para que meses o años después -la mayoría de veces de forma tardía-, la justicia les termine reconociendo su derecho a la vida.
Por todo lo expuesto presentamos el siguiente proyecto de ley.
Artículo 1°.- (Asignación de recursos al Fondo Nacional de Recursos, provenientes de decomisos por lavado de activos, narcotráfico, terrorismo y otros delitos, para procedimientos de medicina altamente especializada y de medicamentos de alto costo). A partir del 1° de enero de 2018 el 50% (cincuenta por ciento) del valor de los activos del “Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas” creado por el artículo 125 de la ley N°18.046, de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 48 de la ley N°18.362, de 6 de octubre de 2008, reincorporado por la Ley Nº 18.588 de 18 de setiembre de 2009, así como el 50% (cincuenta por ciento) del valor de los bienes, productos o instrumentos decomisados conforme con lo dispuesto en la Ley N°19.574, de 20 de diciembre de 2017, previo a toda otra deducción con otro fin, se transferirá al Fondo Nacional de Recursos, con destino exclusivo a la cobertura financiera de procedimientos de medicina altamente especializada y de medicamentos de alto costo, aun cuando no estén incorporados al Formulario Terapéutico de Medicamentos y a los programas integrales de prestaciones definidos por el Poder Ejecutivo.
La Junta Nacional de Drogas determinará el destino del 50% (cincuenta por ciento) remanente de dicho Fondo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley N°19.574, de 20 de diciembre de 2017, y, en lo pertinente y vigente, por los artículos 67 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, y 214 de la Ley Nº 19.535, de 25 de setiembre de 2017.
Artículo 2°.- (Destino de otros decomisos).-Al Fondo Nacional de Recursos le corresponderá, con destino exclusivo a la cobertura financiera de procedimientos de medicina altamente especializada y de medicamentos de alto costo, el valor de los activos decomisados, a partir del 1° de enero de 2018, por orden de la Justicia Penal Especializada en Crimen Organizado, multas y demás sanciones de contenido económico, que no integren el Fondo de Bienes Decomisados a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 3º. (Aplicación inmediata y vigencia).- Lo dispuesto en esta ley será de aplicación inmediata a los decomisos referidos que se hayan dispuesto a partir del 1° de enero de 2018 y en el futuro.
Montevideo, 31 de enero de 2018
AnteriorRepudio ante el asesinato del Sr. Oscar Pérez en Venezuela
SiguienteBomba de insulina para el tratamiento de la diabetes

matches:
Artículo 44
Artículo 1
artículo 125
artículo 48
artículo 59
artículo 68
Artículo 2
Artículo 3