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LE0000515375_20131027 Número 4 del artículo 71 redactado por el número veinticinco del artículo primero del R.D. 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el R.D. 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el R.D. 520/2005, de 13 de mayo; el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre («B.O.E.» 26 octubre).Vigencia: 27 octubre 2013
No obstante lo anterior, cuando el importador sea un empresario o profesional que actúe como tal, y siempre que tribute en la Administración del Estado y que tenga un periodo de liquidación que coincida con el mes natural de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.3 del presente Reglamento, podrá optar por incluir la cuota liquidada por las Aduanas en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que reciba el documento en el que conste dicha liquidación, en cuyo caso, el plazo de ingreso de las cuotas liquidadas en las operaciones de importación se corresponderá con el previsto en el artículo 72 del mismo Reglamento. En el caso de sujetos pasivos que no tributen íntegramente en la Administración del Estado, la cuota liquidada por las Aduanas se incluirá en su totalidad en la declaración-liquidación presentada a la Administración del Estado. Téngase en cuenta que la Sentencia TS (Sala 3.ª, Sección 2.ª) de 9 de febrero de 2016, Rec. 67/2015 («B.O.E. 19 mayo»), anula el inciso «... y siempre que tribute en la Administración del Estado», del apartado diecinueve del artículo primero del Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica el número 1 del artículo 74.JU0005536573 TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S 418/2016, 9 Feb. 2016 (Rec. 67/2015) LE0000575176_20160519 Sentencia TS (Sala 3.ª, Sección 2.ª) 9 Feb. 2016 (anula art. 1.19 del RD 1073/2014 de 19 Dic. modifica Reglamento del IVA, Regl. General de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y RD 1619/2012 de 30 Nov.)
LE0000541911_20150101 Número 1 del artículo 74 redactado por el apartado diecinueve del artículo primero del R.D. 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el R.D. 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre («B.O.E.» 20 diciembre).Vigencia: 1 enero 2015
El ejercicio de la opción a que se refiere el artículo 74.1, para el año 2015, se podrá realizar hasta el 31 de enero de dicho año, surtiendo efecto a partir del primer período de liquidación que se inicie con posterioridad a la fecha en que se haya ejercido la opción, conforme establece la disposición transitoria segunda del R.D. 1073/2014, de 19 de diciembre.LE0000541911_20150101

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Real Decreto
artículo 74
artículo 74
artículo 74


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Resolución Legislativa N° 28152 - Que aprueba la adhesión del Perú a la "Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores"
[10.12.2013] Resolución Legislativa de Artículo Único que aprueba la adhesión a la "Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores”, suscrito en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, el 18 de marzo de 1994, de conformidad con los artículos 56 y 102 inciso 3) de la Constitución Política del Perú.
Resolución Legislativa N° 27527 - Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos adicionales
[05.10.2001] Resolución Legislativa que aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y sus dos Protocolos adicionales "Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" suscritos por el Perú el 14 de diciembre del año 2000, durante la Conferencia de Palermo en la República Italiana.
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Resolución Legislativa N° 27429 - Que aprueba el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer"
[23.02.2001] Resolución Legislativa que aprueba el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución A/54/44 del 6 de octubre de 1990, abierto a la firma el 10 de diciembre de 1990.
Resolución Legislativa N° 25278 - Que aprueba la "Convención sobre los Derechos del Niño"
[04.08.1990] Resolución Legislativa que aprueba la "Convención sobre los Derechos del Niño", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, y suscrita por el Perú, el 26 de enero de 1990.

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Dr. Félix Aranday Cortés: 19/06/11 - 26/06/11
Alexitimia. Parte 2
Factores sociodemográficos relacionado a la alexitimia
Tres estudios en adultos de edad laboral muestran que la prevalencia de alexitimia en hombres es de entre el 9 y el 17% y del 5 al 10% en mujeres[i],[ii],[iii]. Mientras que en ancianos es del 9.9%, en hombres es del 11.9% y en mujeres del 8.1%[iv]. Recientemente dos estudios muestran en adolescentes reportaron que la prevalencia en individuos de entre 12 a 17 años es entre el 6.9 al 14.6% en hombres y del 9.5 al 17.3% en mujeres[v],[vi]. Existe una estrecha relación entre la percepción subjetiva de satisfacción del sujeto ante su actividad laboral, la percepción económica derivada de ésta y los índices de alexitimia. Un estudio finlandés reportó la correlación positiva entre la alexitimia y la capacidad de funcionamiento social y laboral[vii].
En lo que respecta a las diferencias etnolingüísticas, sujetos anglosajones mostraron un predominio en el factor de dificultad para identificar sentimientos. Los
Publicadas por Dr. Félix Aranday Cortés a la/s 14:16
Marco Constitucional y Evolución de la Perspectiva de Género
Los grupos sociales necesitan directrices claras al respecto de lo que es un comportamiento aceptable. Si faltan esos elementos, el caos social es posible. Establecer límites de comportamiento sexual aceptable ha sido prioridad de las instituciones del Estado. Una vez que una forma de comportamiento, como la homosexualidad, se consideran fuera de estos parámetros, muy probablemente existirá oposición a la misma.
La Constitución Política de 1857 muestra gran influencia de la Iglesia Católica – Romana. Como prefacio que antecede su esencia patriarcal inicia dictando que “en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano…se reconoce los derechos del hombre como base y objeto de las instituciones sociales”[1] (UNAM, 1857). En este sentido, a la mujer se le consideraba como un objeto pasivo, que como base de la familia cristiana debía someter su cuerpo, voluntad y criterio a una obediencia absoluta y sumisión a los deseos del hombre. Al asentarse este precepto comprendemos que la mujer no era objeto de derecho sino de estrictas obligaciones, las cuales le hacían constantemente blanco de brutalidad auspiciada por el Estado (Horst, 1996). Las instituciones de salud aparecen como rectoras de la corporalidad femenina y se les instruye de facultades morales para la administración de la justicia. A través del Consejo Superior de Salubridad y la Policía Sanitaria instituyen la “tarjeta de salud”, la cual certifica la castidad y regula la prostitución haciendo sujeto de pena corporal, en hospitales para sifilíticos, manicomios ó en prisiones del fuero común, a las mujeres que no estuvieran al día en sus revisiones sanitarias (Nuñez, 2001). Desde este discurso higienista del cuerpo, las mujeres fueron consideradas enfermas en lugar de pecadoras, ello mostraba el sincretismo de la moral católica y ética médica, cuya función era la vigilancia del cuerpo como vector de enfermedades, regular la sexualidad y castigar, todo ello validado por el Estado en un marco social de terminación del siglo XIX. (Sánchez, 1997).
Posterior a la Guerra de Reforma, tras lograr la separación de la Iglesia, el Estado Mexicano se denomina laico, nacionaliza los bienes, tiene y adquiere el control sobre actividades fundamentales de la vida social, como la educación, el matrimonio, el registro civil, la tenencia y secularización de los cementerios; el establecimiento y regulación de los días festivos y la libertad de culto (Andrade, 2009). Es hasta 1875, que se aprueba el decreto que reglamenta las Leyes de Reforma y las incorpora a la Constitución; lo que atempera la grave influencia católica en las manifestaciones sociales y culturales de los mexicanos. El punto a resaltar de este periodo es que se le confiere al matrimonio el carácter de contrato civil el cual se celebra ante las autoridades reconocidas por el Estado, se lleva a cabo por voluntad entre un hombre y una mujer y solo se disuelve ante la muerte de uno de los contrayentes; no se puede celebrar entre personas con lazos consanguíneos, incapacidad física ó “moral” y así mismo se castiga la bigamia y la poligamia (Dublán, 1882). Durante esta época son pocas las mujeres que acceden a sus derechos por desconocerlos y las pocas que lo hacen, son mujeres que habitan en la urbes, cuyos “esposos” son militantes del Partido Liberal, de clase socioeconómica alta en su mayoría (Andrade, 2009).
La base jurídica que delinea la Reforma en cuanto a la perspectiva de género permanece prácticamente inmóvil durante el Porfiriato (1876 – 1911) que se define como una sociedad francamente desigual en el que la mujer en el mejor de los casos era extranjera o hija o esposa de banquero, terrateniente, fabricante o funcionario público y en el peor campesina, indígena, esposa o hija de obrero o artesano; ello determinaba el acceso a la identidad jurídica.
En 1875 y 1876, gran parte de la población fue azotada por epidemias a consecuencia de la carencia de políticas públicas en materia de saneamiento y salubridad. Ello obligó al gobierno a consultar a los médicos más reconocidos para buscar la solución a estos problemas. Por lo que se llevó a cabo un congreso a través del cual se terminó de constituir la Academia Médica de México. Se establecieron una serie de recomendaciones sanitarias que el Gobierno adoptó con buenos resultados por lo que en 1877 el gobierno del Gral. Porfirio Díaz dio identidad jurídica, espacio y una subvención anual a cambio de generar líneas de investigación que plantearan soluciones a la problemática en salud que enfrentaba el gobierno (Sánchez, 1997).
Cabe resaltar que durante este periodo histórico, el gremio médico adquirió poder moral, político y social preponderante. Ello “mitificó” su quehacer mesiánico y lo llevó al nicho de lo incuestionable junto con el Estado y la Iglesia Católica. Al igual que estos últimos dos poderes y siguiendo la lógica de exterminio que caracterizó la dictadura del Gral. Díaz, los médicos mexicanos emplearon métodos legales e ilegales para acabar con sus oponentes ideológicos: los curanderos y las parteras tradicionales. Al respecto del tema que nos compete, la Academia Médica de México desacreditó sistemáticamente el trabajo de las parteras populares responsabilizándolas de la gran prevalencia de muerte neonatal y la fiebre puerperal. Reclamaron inicialmente la prohibición de su ejercicio y posteriormente “enajenaron el saber tradicional”[2] y en su ideario terminaron por reglamentar una actitud de subordinación de la medicina tradicional frente al médico, aunque es menester subrayar que la mayoría de los “médicos modernos” nunca había auscultado un cuerpo femenino y jamás habían presenciado el trabajo de parto. Estas prácticas discriminatorias aseguraron en México el fortalecimiento de una élite de profesionistas quienes a toda costa defendieron su estatus, su nicho comercial y las aspiraciones de imponer un saber hegemónico poco permeable a la realidad sociocultural de la época.
Es de especial interés para el fin que persigue este ensayo, señalar que durante su consolidación como gremio “los médicos hablaron desde su posición como hombres, no de profesionistas….” (Sánchez, 1997) y emplearon los medios de difusión formales de difusión científica para lanzar descalificaciones y juicios de valor a las parteras sin título y “en ningún momento se hizo una crítica dirigida a cuestionar los métodos y las técnicas utilizados por éstas. En vez de una argumentación objetiva aparecen cuestionamientos con un tono burlesco hacia sus conocimientos. Se les discriminó por su condición de mujer, no de sanadoras, aseveración que se ve confirmada cuando los médicos hablan de un odio recíproco entre ellos… y se acusa a algunos médicos recién egresados de buscar la protección de las parteras artesanales…” (Sánchez, 1997).
En base a lo anterior se considera que la base de las políticas públicas de salud y salubridad en México tiene su antecedente en este periodo. El Gobierno Federal centralizó las funciones a través del Consejo Superior de Salud, dependiente del Ministerio del Interior, e implementó una serie de políticas y programas dirigidos a las zonas urbanas del país. En 1891, el Congreso federal inició la legislación de la salud e higiene con la aprobación del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos (Eric, 2005). Se inicia la creación de infraestructura sanitaria pública y servicios: drenaje público y red colectora, tiraderos municipales y servicios de limpia y recolección de basura y baños públicos. Al respecto de los servicios de salud se creó la Beneficencia Pública y Privada que aparte de brindar servicios de atención a la salud en dispensarios se encargaba de tareas de protección social como lo era el cuidado de los huérfanos, desayunos escolares y prodigación de vestido (Guadarrama, 2001).
Con el triunfo de los liberales, el diseño y reconstrucción de la nación quedó en manos de los intelectuales, principalmente de los médicos y de los abogados quienes propusieron en el orden político, la práctica de la Constitución Liberal de 1857, la pacificación del país y el fortalecimiento de la Hacienda Pública; en el orden social, la inmigración, las libertades de asociación y trabajo; en el orden económico, la construcción de caminos y puentes, la atracción del capital extranjero para la inversión en empresas, particularmente de manufacturas y técnicas de siembra; en el orden cultural, la libertad de prensa y la educación pública y laica marcaron el inicio de la Reforma. Sin embargo lo que escapó al movimiento reformista fue la homologación que se produjo entre la práctica médica y la religiosa; el médico sustituyó al confesor y el enfermo al pecador. Las normas religiosas de la vida digna fueron transferidas a la medicina (Turner, 1989). Dicha transferencia generó que la ciencia, con su aparente neutralidad, se inmiscuyera en el espacio de la vida pública y privada para suministrar criterios de normalidad, los cuales eran considerados como “naturales”. De esta manera el lenguaje de la enfermedad comienza a encubrir la función moralizante de la medicina (Sánchez, 1997).
Se debe considerar que la Reforma es un periodo de gran desarrollo jurídico y el Porfiriato genera la infraestructura social para el desarrollo económico del país. Ambos factores determinan las condiciones objetivas y subjetivas para que las diferentes historias, culturas y realidades regionales estallaran en la Revolución Mexicana. Este periodo tan convulso gesta en gran medida la idiosincrasia colectiva de la “Mujer mexicana”, la cual adopta un papel relevante en el psiquismo del mexicano. Se convierte en la fuerza que fluye libremente, que alimenta, cobija y da amparo emocional al hombre que debe permanecer confinado (Protin-Dumon, 2001). Toma forma de periodista y escritora; de conspiradora; se asocia y sindicaliza; lo mismo es enfermera, que soldadera o coronela. Desde este momento la mujer ocupa un lugar determinante en la construcción de la identidad nacional y la lucha por los derechos jurídicos (Reyes, 2007).
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 emplea la connotación global o genérica de “humano” sin distinción alguna de género en la integridad del texto. Sin embargo el artículo 4º hace diferencia entre varones y mujeres, y les otorga los mismos derechos y obligaciones concebidos en la ley (Diario Oficial, 1917). Posteriormente, los Servicios de Salud durante el Cardenismo sentaron las bases institucionales del actual sistema, no obstante su base de propuesta social. Se crearon diversas instituciones, como la Secretaría de la Asistencia Pública y los servicios médicos rurales cooperativos; además, se elaboraron los primeros proyectos para la Ley de Seguridad Social. Asimismo, se aprobó un presupuesto creciente para los proyectos de salubridad pública, además de las premisas de la incorporación tecnológica del país. La expansión del sistema de salud y el fortalecimiento de las normas jurídicas en esta materia tuvieron que ver con dos factores. En primer lugar, combatir las condiciones de insalubridad en las que vivía la mayoría de la población en el país. En segundo lugar, la legitimación del sistema político mexicano de los años cuarenta y cincuenta. La búsqueda de la tan anhelada homogenización social alegoriza el discurso político priísta y la construcción de los grandes centros hospitalarios forma parte del proyecto de reorganización social. Se importa el modelo anglosajón piramidal, que plantea tres niveles de atención a la salud. En el primer nivel se concentran todas las acciones de promoción y prevención a la salud, es el primer contacto con el sistema de atención, es atendido por médicos generales ó pasantes de medicina en centros de salud ó en unidades de medicina familiar, se encuentran dispersas en la geografía nacional y adoptan una concepción de atención resolutiva a patologías simples, no complicadas. El segundo nivel alberga las cuatro especialidades troncales de la medicina: gineco-obstetricia, pediatría, cirugía general y medicina interna, es el primer contacto con médicos especialistas y se encarga de prestar atención a patologías con riesgo potencial de complicarse ó complicadas, estos centros de atención cuentan con insumos suficientes, elementos tecnológicos para-clínicos e infraestructura especializada como quirófanos, toco-cirugía, áreas de observación e internamiento; se concentran en las capitales de los estados ó en divisiones regionales de fácil accesos para varios estados y se les denomina a este respecto hospital general de zona ó hospital regional. En el tercer nivel de atención se albergan las conocidas subespecialidades y está representado por los Institutos Nacionales (p.ej. Instituto Nacional de Cardiología, Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición, etc.), concentran las actividades de investigación científica médica y se encargan de atender patologías de baja prevalencia que requieren insumos, infraestructura y recursos para-clínicos de alta especialidad. En general, la medicina en México se ve influenciada por el pensamiento mecanicista anglosajón, se internacionalizan los protocolos de atención y los medios de difusión científica se ven gravemente censados por la presión de las trasnacionales que fabrican insumos, medicamentos y equipo.
En 1943, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, se fundaron la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estas instituciones serían la base de dos modelos paralelos de atención a la salud: el de la SSA, orientado a la población en general; y el del IMSS, destinado a los trabajadores con una relación laboral formal. El Estado proyectó servicios básicos de salud a la mayoría de la población, pero, al mismo tiempo, se organizó y conformó un sistema cuya dinámica se centró en brindar atención a determinados grupos organizados a cambio de apoyo político (Wilkie, 1967).
Desde esta lógica, el individuo desaparece a favor de la masa para asegurar el orden económico y social (Sánchez, 1997). El positivismo y los mecanismos de coerción y control social permearon la ciencia médica desde el siglo XIX y generó un distanciamiento entre el médico, la enfermedad y el sujeto. Es decir, los médicos ejercen legitimación del discurso político, representan una estructura “moralizante” paralela a las estructuras eclesiásticas y forman un engranaje del sistema económico capitalista, dejando en segundo plano la enfermedad y relegando al sujeto portador de la misma a la condición de objeto. De ahí que gremio médico se rija por una estructura jerárquica rígida propia de la milicia ó el clero, ya que en si misma alberga un poder estabilizador ó desestabilizador social, del cual no deben de ser conscientes los constituyentes, los cuales al igual que los pacientes adoptan la condición de objetos (engranes) que deben de someterse a ritos punitivos, enajenantes y humillantes para pertenecer a esta “selecta élite mesiánica”. En suma el quehacer médico mexicano se articuló al discurso paternalista propio del sistema rector posrevolucionario institucional y al pensamiento positivista mecanicista anglosajón, lo que contribuyó a la deshumanización y encarecimiento de la medicina.
Este proceso en el horizonte histórico del país nos lleva a la precisión filológica de que en la década de los 60 y 70´s se manifiestan grandes sismas mundiales al respecto del surgimiento del feminismo y eclosionan los estudios sobre identidad y perspectiva de género. Los Movimientos Estudiantiles en el México de 1968 terminan con “la decadente y anacrónica” visión del paternalismo mexicano “que alude a la idea de la vieja y unívoca patria autoritaria la cual entra en franca bancarrota como instrumento ideológico de control social y queda de manifiesto la duda social” (Marquez, 2002), como resultado de la mayor crisis política de México en el panorama de cierre del siglo XX; cuestión que obliga a una serie de determinaciones en los estudios de género que son necesarios revisar con mayor detenimiento, dado que la influencia de este periodo en la concepción moderna de la temática que nos involucra, de tal forma que está se profundizará en el siguiente capítulo.
Habiendo superado el sentido de la crisis política de finales de los sesenta y ubicando los indicadores al respecto de la evolución del sistema de salud mexicano, Luis Echeverría Álvarez unifica los principios, propósitos y objetivos para ser alcanzados en el próximo decenio en materia de salud pública para todo el territorio nacional debiendo alinear las políticas estatales en esta materia al Plan Nacional de Salud. Entre algunos de los aspectos más destacados se encuentra la salud como parte integrada de la educación, medidas de seguridad e higiene, mejoramiento de la nutrición, planeación unificada de la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad. Sin embargo, ante la imposibilidad económica de seguir expandiendo la seguridad social a otros grupos de la población, en 1973 fue reformada la Ley del Seguro Social que daría cabida, a través de regímenes especiales, a grupos sociales excluidos (Arena, 1988).
En la década de los 80, la reforma del sistema de salud integró a las diversas instituciones en un Sistema Nacional de Salud. Sus bases políticas e ideológicas fueron elevadas a rango constitucional en 1983, mediante la modificación del artículo 4°, que estableció el derecho a la protección de la salud. A partir de este momento, en el artículo 1º párrafo tercero[3] y en el artículo 4º[4] se pretende garantizar la igualdad ante la ley y se proscribe toda prerrogativa de discriminación (Diario Oficial, 2010). A partir de estos artículos se consolida una plataforma social para la constitución de derechos y responsabilidades homogéneos a los miembros de la sociedad mexicana.
Posteriormente en 1994, a través del tan discutido artículo 133 se incorporan las reformas constitucionales que incluyen tratados internacionales sobre derechos humanos y obligan al Estado a eliminar cualquier obstáculo para que sin objeción hombres y mujeres ejerzan los mismos derechos. Sin embargo, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la ley fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados" lo que desorganiza la aplicación y reformas necesarias a este respecto (Orozco, 1999). Situación ante la cual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (constituida en 1990) a través de la Coordinación General de equidad de Género del Poder Judicial de la Federación busca incentivar la interpretación de las leyes conforme a los principios de igualdad y no discriminación con perspectiva de género (Protin-Dumon, 2001).
Sin embargo, a pesar de mostrarse en las leyes el principio de regulación de género, por otra parte viene el declive. A partir del 2000 quedó de manifiesto que el Sistema Nacional de Salud entraba en una agonía de la que no ha podido recuperarse. Los gastos catastróficos en salud[5] golpean a las familias más pobres. El riesgo de empobrecimiento en el ámbito nacional fue mayor en los hogares más desprotegidos: el 20% más pobre, los rurales y los no asegurados. Más de 70% de los gastos catastróficos fueron atribuibles a medicamentos y atención ambulatoria en los estados más pobres y como en el Porfiriato se escinden los servicios de salud en públicos y privados, y a partir del 2004 el sistema de seguridad social se derrumba gravemente afectando la actividad productiva del país (Coparmex, 2004). En tal circunstancia fracasa la descentralización de los servicios de salud ante la resistencia de los sindicatos y la Reforma del Estado. Bien se puede decir que en términos sociales, ha tenido el acento en transitar hacia un Estado subsidiario, que se caracteriza en concentrar las funciones de financiamiento, regulación y diseño de la política social, dejando al sector privado un mayor espacio para la provisión. Se crea el Seguro Popular e impacta el fenómeno de las farmacias de similares, ambos aún por definirse, pues el primero lucha por su ejercicio para apropiarse de una población vulnerable en términos de mayoría a la que difícilmente se le puede satisfacer como servicio de salud y las farmacias se manifiestan como una falsa preocupación social (populismo) en donde a cada paciente le acomodan los fármacos que producen, además de que crean un sistema de abaratamiento de la propia medicina como profesión.
En conclusión, considerando el horizonte histórico, a la luz de la Constitución, podemos advertir que desde 1917 se pugna por la construcción estrictamente legal de la igualdad entre hombres y mujeres ante el Estado. Sin embargo, su aplicación al ámbito social aún manifiesta una amplia gama de interpretaciones a causa de la diversidad de usos y costumbres atomizados a través del territorio nacional. Incluso en un Municipio existen realidades diametralmente disímbolas al respecto de la densidad poblacional rural, urbana ó indígena de por sí desigualmente estratificadas. Por otra parte se atisba partir de este seguimiento, que no existe forma de importar concepciones anglosajonas del movimiento feminista, ya que al hacer un balance histórico y proponernos evaluar el México moderno, caemos en cuenta que es un contexto en el que se desdibujan diariamente las instituciones sociales[6] quedando sobre la mesa multitud de factores que explican que la vivencia de la violencia en el microcosmos de una sala de urgencias nos remite a una realidad que nos inunda en el macrocosmos cotidiano de los hechos reales del país.
[1] Art 1º, Constitución de la República Mexicana de 1857.
[2] Por su naturaleza y su forma de transmisión, es imposible enajenar el conocimiento empírico, sin embargo en 1841 la Academia Médica de México formalizó la carrera de partera (“comadrona”) capacitándolas en obstetricia a la par de los médicos en maniquíes artificiales. Dicho al margen: ironías de la medicina mexicana moderna que se mantienen hasta nuestros días.
[3] Art 1º, párrafo tercero: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
[4] Art 4º, párrafo primero: El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
[5] Gasto catastrófico en salud: Cuando se presentan erogaciones que superan 50% del ingreso efectivo familiar mensual (ingresos que normalmente se destinan a consumo no alimentario). Así mismo, se define el gasto semi catastrófico como aquel que representa entre 30 y 49% del ingreso efectivo familiar mensual (Knaul, et al 2001).
[6] Fenómeno de las “Juanitas en el Congreso Mexicano” http://eleconomista.com.mx/partidos/2010/01/05/congreso-aprueba-licencia-“juanitas”
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DESDE 1973 IMPRIME EL CONSTRUCTO TEÓRICO DE ALEXITIMIA QUE ETIMOLÓGICAMENTE SE COMPONE DEL GRIEGO A QUE SIGNIFICA SIN, LEXIS PALABRA Y THYMOS EMOCIÓN, ES DECIR “SIN PALABRAS PARA LOS AFECTOS”
El concepto de Alexitimia se desarrolló a partir de la observación clínica de pacientes con trastornos psicosomáticos que mostraban una alteración en la expresión verbal y simbólica de las emociones.
Posteriormente, diversos autores plantearon que la alteración del dominio cognitivo-emotivo promovía la activación de vías autonómicas, lo que contribuye a la expresión de síntomas inespecíficos. A la luz de esta observación, el término alexitimia designa la incapacidad de hacer corresponder las palabras con las emociones y el correlato neurobiológico de las mismas.
En 1949 Mc Lean propuso que en los pacientes psicosomáticos debía existir un trastorno funcional que perturbara las reacciones entre el sistema límbico y las áreas de lenguaje del neocortex, por lo
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Marco Constitucional y Evolución de la Perspectiva...

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artículo 4
artículo 4
artículo 1
artículo 4
artículo 133
artículo 133
artículo 124


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Estatutos • Academia Nacional de Veterinaria
Artículo 1°. La provisión de vacantes de Académicos de Número deberá ajustarse a las normas siguientes:
Artículo 2º. La designación de los Académicos electos debe ser comunicada dentro de los diez días siguientes a la elección.
La incorporación de un nuevo miembro se hará en sesión pública a cumplirse dentro de los ciento veinte (120) días de la comunicación. Si obrasen circunstancias que lo impidan, el Consejo Directivo podrá conceder un plazo suplementario de la misma duración. En el acto de asunción del cargo el nuevo académico será recibido por un miembro del cuerpo, tras lo cual presentará una conferencia sobre un tema de su elección precedida por una semblanza de su antecesor en el sitial a ocupar si así correspondiera. La sesión concluirá con las palabras del Presidente de la Academia quien entregará al nuevo miembro el distintivo pertinente.
Artículo 3º. La designación de Académicos Eméritos requiere la conformidad de dos tercios de los miembros asistentes a la sesión en que se trate.
Artículo 4º. La designación de Académicos de Honor o Correspondientes, uruguayos o extranjeros, deberá ser propuesta por al menos seis Académicos de Número con la correspondiente fundamentación escrita.
Artículo 5º. El número de Académicos Correspondientes no podrá ser superior al de los académicos de Número en actividad, mientras que el de los Académicos de Honor no excederá a la mitad de los Miembros Titulares.
Artículo 6º. La Academia Nacional de Veterinaria será dirigida y administrada por un Consejo Directivo compuesto por un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario General, un Secretario de Actas y un Tesorero, electos cada dos años por voto secreto, cargo por cargo, en la última sesión especial del año que corresponda.
Artículo 7 º. Si por motivos de fuerza mayor no se hubiese podido designar autoridades conforme a lo indicado en el artículo 6º, o transferir las funciones en la fecha establecida, las autoridades anteriores seguirán en sus cargos hasta que se restablezca la normalidad.
Artículo 8-. Corresponde al Presidente:
Artículo 9º. Corresponde al Vicepresidente reemplazar al Presidente en casos de ausencia o impedimento temporal del titular. En los casos de renuncia o fallecimiento del Presidente, el Vicepresidente lo sustituirá hasta completar el período para el cual hubiese sido elegido,
Artículo 10º. Corresponde al Secretario General convocar de acuerdo con el Presidente, las sesiones de la Academia, organizar los actos extraordinarios, preparar la Memoria Anual, tramitar los asuntos entrados, mantener la correspondencia, refrendar los documentos que se expidan en su área de competencia y dirigir al personal subalterno. El Pro-Secretario se encargará de la redacción de las actas y las refrendará con el Presidente, teniendo también a su cargo la administración del Archivo y la Biblioteca. En caso de ausencia de un Secretario las funciones correspondientes serán asumidas por el Secretario presente.
Artículo 11º. El Tesorero tiene como misión principal percibir, custodiar y administrar los fondos de la Academia. Refrendará la firma del Presidente y Secretario General en los documentos de contabilidad y tesorería y tendrá a su cargo la preparación del presupuesto anual de ingresos y gastos y los informes y rendiciones de cuentas que le sean requeridos.
Artículo 12º. La concurrencia puntual a las sesiones de la Academia es una obligación para sus miembros. Los Académicos de Número que en el transcurso de un ejercicio dejasen de concurrir sin causa justificada a tres sesiones ordinarias consecutivas o a cinco alternadas serán objeto de observación, censura o exclusión, produciéndose en el último caso la vacante. Por Secretaría se llevará un registro que los Académicos presentes deberán firmar en cada oportunidad. Para las sesiones especiales será obligatoria la asistencia a más de la mitad de las que se realicen anualmente. En caso contrario se procederá con arreglo a lo indicado en el párrafo anterior.
Artículo 13º. Los Académicos de Número podrán solicitar licencias, que en casos justificados serán concedidas por mayoría simple de votos y por plazos de hasta un año continuo o tres años en total. Si vencidos los plazos no se produce el reintegro, el sitial correspondiente quedará vacante y deberá precederse a la designación del sustituto.
Artículo 14º. No podrán asistir a las sesiones ordinarias y especiales de la Academia personas extrañas a ella, excepto las invitadas especialmente y el personal de Secretaría que la Mesa Directiva entienda necesario.
Artículo 15º. Cualquier Miembro de la Academia podrá ser separado del Cuerpo en sesión especial convocada al efecto si a juicio de dos tercios del total de componentes del Cuerpo hubiese incurrido en actos que afecten el prestigio y dignidad de la Academia.
Artículo 16º. A propuesta de cualquier Académico de Número, el Cuerpo gestionará y decidirá, en lo que sea pertinente, la realización de concursos para la concesión de premios a trabajos científicos en materias relativas a ciencias veterinarias.
Artículo 17º. Los miembros de la Academia no se podrán presentar a los concursos mencionados.
Artículo 18º. Los Académicos de Número podrán proponer homenajes a personalidades destacadas de la ciencia y la cultura y la conmemoración de aniversarios de sucesos importantes del acontecer profesional. La decisión de efectuar esos actos en sesiones extraordinarias requerirá el voto conforme de dos tercios de los Académicos presentes.
Artículo 19º. El Patrimonio de la Academia estará constituido por los bienes que posee y los que pueda aceptar u obtener mediante contribuciones del Estado, donaciones, legados, rentas, etc.

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