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 SENTENCIA 126-01 DE DICIEMBRE 3 DE 2004
SENTENCIA 126-01 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2004
CONTENIDO:INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE CONCEJALES. CONTRATO CON EL MUNICIPIO EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN LEGAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:INHABILIDADES PARA SER CONCEJAL, INCOMPATIBILIDADES DEL CONCEJAL, DURACIÓN DE LAS INCOMPATIBILIDADES DEL CONCEJAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:398 DE FEBRERO DE 2005, PG.197
Sentencia 126-01 de diciembre 3 de 2004
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE CONCEJALES
CONTRATO CON EL MUNICIPIO EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN LEGAL
EXTRACTOS: «Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la sentencia de 2 de junio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se niega la solicitud de pérdida de investidura contra la concejal del municipio de La Ceja María Luzmila Urrego Oquendo.
En la demanda, plantean tres cargos y se señala como causal de pérdida de la investidura de la concejal la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de conflicto de intereses contemplados en los artículos 45, numeral 1º y 43 numeral 4º de la Ley 136 de 1994 y 48 de la Ley 617 de 2000 así:
Primer cargo: Violación al régimen de incompatibilidades porque siendo Concejal para el período 2001-2003 María Luzmila Urrego Oquendo celebró contrato de compraventa de inmueble, el 19 de mayo de 2003, con el municipio de La Ceja (Antioquia).
Segundo cargo: Conflicto de intereses, por cuanto la concejal María Luzmila Urrego Oquendo al haber celebrado contrato con el municipio de La Ceja el 19 de mayo de 2003, se benefició de la (sic) sacando provecho económico para sí.
Tercer cargo: Violación al régimen de inhabilidades porque cuanto la concejal María Luzmila Urrego Oquendo faltando 8 meses para la inscripción como aspirante para el Concejo, período 2004-2007, celebró contrato de compraventa de inmueble, el 19 de mayo de 2003, con el municipio de La Ceja (Antioquia). En este punto, la causal exactamente señalada por el actor es el numeral 3º, artículo 43 de la Ley 617 de 2000 que habla de la duración de las incompatibilidades, sin embargo, se tiene que la situación planteada por el actor se ajustaría al artículo 43, numeral 4º de la Ley 136 de 1994, luego se tiene este como un error de transcripción.
Causal endilgada: La contenida en el numeral 1º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 para el primer cargo; la contenida en artículo 48 de la Ley 617 de 2000 para el segundo y para el tercer cargo la contenida en numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
El artículo 48 Ley 617 de 2000 prevé:
El artículo 45, numeral 1º de la Ley 136 de 1994 establece:
El texto del numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 es el siguiente:
“ART. 43.—Inhabilidades. No podrá ser concejal: (...).
Interpretación sistemática de la ley.
No en pocas ocasiones el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la necesidad de acudir a la interpretación de tipo sistemático de la ley, y de no quedarse en la interpretación estrictamente literal; es decir, observar el contexto de la ley para ilustrar el sentido de cada una de sus partes y permitir, por lo tanto, que entre todas ellas exista la debida correspondencia y armonía y que “los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto” (C.C., art. 30).
En esta ocasión el argumento principal del actor, sobre el que basa el recurso de apelación, apunta a que el Tribunal Administrativo de Antioquia no podía aplicar el artículo 10 de la Ley 80 de 1993 que a la letra dice:
“ART. 10.—De las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades. No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política”.
Argumenta el actor que existen dos regímenes diferentes, uno para la pérdida de la investidura de los concejales, y otro para la contratación estatal, y que este último se refiere a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar y que de ello se deriva que si existe una de ellas, tiene consecuencias para el trámite para la escogencia del contratista o para la ejecución del contrato, y que, por lo tanto, no pueden tomarse las excepciones a esas inhabilidades e incompatibilidades para ser aplicadas en las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades para ser concejal o para ejercer el cargo.
La Ley 617 de 2000 en su artículo 48 al tratar sobre la institución de la pérdida de la investidura de concejales, prevé en su numeral 1º:
Se puede observar que la misma Ley 617 de 2000 deja abierta la posibilidad de que actuaciones que en apariencia pudieran configurar conflicto de intereses, no correspondan a dicha causal de pérdida de la investidura, cuando el concejal considere asuntos que lo afecten de igual manera que a la ciudadanía en general, dentro de este contexto la concejal demandada, se vio en la obligación legal de vender su propiedad al municipio para el desarrollo de la obra prevista en el plan de desarrollo territorial; de tal forma, la Ley 80, en su artículo 10, le permitía celebrar contrato de compraventa como una obligación en beneficio de la comunidad y como una excepción a la regla, lo que tiene lógica ya que, de no haber contratado voluntariamente con el municipio, se hubiera visto abocada a aceptar el trámite de expropiación de su inmueble. Además no era la única persona que se vio afectada con las decisiones de la administración ya que varios propietarios debieron celebrar similares contratos para que el municipio ejecutara la misma obra por la que se vendió el inmueble de la demandada; luego, una parte de la comunidad se vio afectada para el beneficio de la misma comunidad.
Del análisis de las anteriores pruebas, se establece que no es posible imputar la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y el conflicto de intereses a la concejal María Luzmila Urrego Oquendo ya que el bien inmueble de su propiedad había sido afectado como bien de uso público dentro del plan de ordenamiento territorial del municipio de la Ceja 1999-2010, mediante decisiones anteriores a su desempeño como concejal que empezó desde 1º de enero de 2001, luego correspondía seguir los lineamientos del desarrollo del municipio, surgiendo un deber y obligación a la ciudadana Urrego.
Por todo lo anterior, el actuar de la concejal de La Ceja no corresponde a la violación del régimen de incompatibilidades sino al deber legal de vender su propiedad al municipio para el desarrollo de la comunidad; por lo tanto, el análisis de los cargos de violación al conflicto de intereses y al régimen de inhabilidades no se hace necesario ya que estos últimos se derivan del primero.
En merito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
(Sentencia de 3 de diciembre de 2004. Expediente 2004-00126-01. Consejera Ponente: Dra. Olga Inés Navarrete Barrero).

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artículo 43
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artículo 45
artículo 48
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artículo 43
artículo 10
artículo 60
artículo 48
artículo 10


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Directores Prueba
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN: Curso de Contexto II. Instituto de Investigación en Educación. Facultad de Ciencias Humanas. Docente: Jurado, F. Decreto 230. (2002). Devia, Marcela. Cód. 04- 868011. (2007).
Asignatura: CURSO OBLIGATORIO 2_Núcleo Comùn2
Decreto 203 del 11 de Febrero (2002). Presidente Andrés Pastrana Arango & Ministro de Educación Nacional Francisco José Lloreda Mera. Bogotá, MEN. pp. 1- 4
El Decreto 230 celebrado en la ciudad de Bogotá el 11 de Febrero de 2002, dicta normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional. Este decreto surge como ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del presidente de la República de Colombia, Andrés Pastrana Arango disponiendo el artículo 79 de la Ley 115 de 1994 que ordena a los establecimientos educativos definir su plan de estudios y los criterios de evolución; el artículo 148 de la Ley 115 de 1994, el Ministerio de Educación Nacional, en cuanto al servicio público educativo tiene entre las funciones de inspección y vigilancia la de fijar los criterios para evaluar el rendimiento escolar. Y los numerales 5.5 y 5.6 del artículo 5° de la Ley 715 de 2001, donde la Nación debe establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para preescolar, básica y media; definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para el mejoramiento de la calidad de la educación.
El decreto 230 se divide en cuatro capítulos y 15 artículos. Art. 1 “Ámbito de aplicación” las normas reglamentarias del decreto se aplican al servicio publico de la educación formal en los establecimientos educativos del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. El Cap. I Normas técnicas curriculares, abarca dos artículos. El artículo 2 Orientaciones para la elaboración del currículo, definido como el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Estas orientaciones básicamente se desglosan en tres parámetros. Y el artículo 3 Plan de estudios, El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. A continuación describe los seis aspectos que debe contener el plan de estudios. Al Cap. II Evaluación y promoción de los educandos, contiene los artículos (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). El artículo 4° Evaluación de los educandos, la evaluación de los estudiantes será continua e integral, y se hará con referencia a cuatro períodos de igual duración en los que se dividirá el año escolar. Y responde a cuatro objetivos de evaluación. El artículo 5º Informes de evaluación, deben realizarse cuatro informes en los cuatro periodos del año escolar y un informe final de evaluación que muestre cada área de rendimiento del estudiante. El artículo 6º Entrega de informes de evaluación, se realizan reuniones programadas de entrega de informes con padres de familia o acudientes, en días y horas que no afecten la jornada laboral. El artículo 7º Registro escolar, las instituciones educativas deben mantener un registro escolar de cada alumno con sus datos básicos y los informes finales de cada grado. El artículo 8º Comisiones de evaluación y promoción, El Consejo Académico conformará, para cada grado, una Comisión de evaluación y promoción; que facilite actividades de refuerzo y superación para estudiantes con dificultades. A su vez actividades de motivación o promoción anticipada para estudiantes con alto rendimiento. El artículo 9º Promoción de los educandos, las instituciones escolares deben garantizar un mínimo de promoción de 95% en cada uno de sus grados al final del año escolar. Esta comisión determinara quienes repiten el grado, bajo el análisis de tres puntos que propone este artículo. El artículo 10 Recuperaciones, los estudiantes que hayan obtenido insuficiente o deficiente en la evaluación final de una o más áreas, presentará una nueva evaluación a
más tardar la semana anterior al comienzo del siguiente año. El artículo 11 Educandos no promovidos, la institución deberá diseñar programas específicos para los estudiantes no promovidos, para superar las insuficiencias académicas. El Cap. III Evaluación académica de las instituciones, contiene tres artículos (12, 13 y 14). El articulo 12 Evaluación académica institucional, la evaluación académica institucional (interna o externa) tiene como fin establecer si ha alcanzado los objetivos y las metas de calidad propuestas en el PEI, proponiendo correctivos y planes de mejoramiento. El articulo 13 Autoevaluación académica institucional, la evaluación institucional anual tiene por objeto mejorar la calidad de la educación. El articulo 14 Evaluaciones académicas externas Las entidades territoriales periódicamente podrán contratar entidades avaladas por el Ministerio de Educación Nacional. El Cap. IV Vigencia, contiene el artículo 15. El artículo 15 Vigencia, este decreto se rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Este decreto fue firmado por el presidente de la República de Colombia Andrés Pastrana Arango, y el Ministro de Educación Nacional, Francisco José Lloreda Mera.
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artículo 15
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Guía Docente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Administración y Dirección de Empresas - PDF
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Estefania Méndez Aguilar
1 Asignatura: Auditoría y Consolidación de Estados Contables Guía Docente Facultad Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Administración y Dirección de Empresas GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Auditoría y Consolidación de Estados Contables Curso Académico 2012/2013 Fecha: 14/05/2012
2 1. Datos Descriptivos de la Asignatura Asignatura: Auditoría y Consolidación de Estados Contables Código: Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas - Plan de Estudios: G003 - Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas - Itinerario / Intensificación (sólo en Máster): No procede - Departamento: Economía Financiera y Contabilidad - Área de conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad - Curso: Cuarto. Primer Cuatrimestre - Carácter: OB - Duración: Cuatrimestral. - Créditos ECTS (teóricos/prácticos): 6 - Horario: Horarios Grado en ADE - Dirección Web de la asignatura (aula virtual): - Idioma: Español 2. Requisitos Tener conocimientos de Fundamentos de Contabilidad Financiera, Contabilidad Financiera y Administración de Empresas 3. Profesorado que imparte la asignatura Coordinación / Profesor/a: Carlos Alfredo Hernández Concepción - Grupo: 1 - Departamento: Economía Financiera y Contabilidad - Área de conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad - Lugar Tutoría: Facultad de CC. EE y EE. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad Nivel 3 Despacho nº16 - Horario Tutoría: Se publicará en la Secretaría del Departamento así como en el aula virtual al comienzo del curso académico - Teléfono (despacho/tutoría): Correo electrónico: - Dirección web: Profesor/a: Esteban Mesa Lorenzo - Grupo: 2 - Departamento: Economía Financiera y Contabilidad - Área de conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad - Lugar Tutoría: Facultad de CC. EE y EE. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad Nivel 3 Despacho nº26 - Horario Tutoría: Se publicará en la Secretaría del Departamento así como en el aula virtual al comienzo del curso académico - Teléfono (despacho/tutoría): Correo electrónico: - Dirección Web: - 2 -
3 Profesor/a: Ignacio de Martín-Pinillos Castellanos - Grupo: 1 y 2 - Departamento: Economía Financiera y Contabilidad - Área de conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad - Lugar Tutoría: Facultad de CC. EE y EE. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad Nivel 3 Despacho nº 29 - Horario Tutoría: Se publicará en la Secretaría del Departamento así como en el aula virtual al comienzo del curso académico - Teléfono (despacho/tutoría): Correo electrónico: - Dirección Web: Profesor/a: Carmen Gloria Francisco Pérez - Grupo: 1 - Departamento: Economía Financiera y Contabilidad - Área de conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad - Lugar Tutoría: Facultad de CC. EE y EE. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad Nivel 3 Despacho nº 11 - Horario Tutoría: Se publicará en la Secretaría del Departamento así como en el aula virtual al comienzo del curso académico - Teléfono (despacho/tutoría): Correo electrónico: - Dirección Web: 4. Contextualización de la asignatura en el Plan de Estudios - Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Contabilidad - Perfil Profesional: Los contenidos de esta asignatura favorece la formación para los distintos perfiles del Grado en ADE y en concreto en el perfil profesional de Contabilidad y Auditoría. Formará profesionales con competencias en diseñar el sistema contable y en la generación de informes contables al exterior y al interior de la empresa. 5. Competencias Competencias Genéricas Instrumentales: CGI-1 Capacidad de análisis y síntesis. CGI-4 Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera. CGI-7 Capacidad para la resolución de problemas. Competencias Genéricas Personales: CGP-6 Capacidad crítica y autocrítica. CGP-7 Compromiso ético en el trabajo Competencias Genéricas Sistémicas: CGS-1 Capacidad de aprendizaje autónomo Competencias para la aplicabilidad: CA-1 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica Competencia Específica: Contabilidad Financiera - 3 -
4 6. Contenidos de la asignatura Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura BLOQUE I: AUDITORÍA DE ESTADOS CONTABLES Profesor/a: Carlos A. Hernández Concepción. Grupo 1. - Esteban Mesa Lorenzo. Grupo 2. - Ignacio Martín-Pinillos Castellanos. Seminarios del grupo 1 y 2. Tema 1. La información económica-financiera y los principios de contabilidad generalmente aceptados Tema 2. La auditoría contable Tema 3. Ejecución del trabajo de auditoría Tema 4. El informe de auditoria BLOQUE II: CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Profesor/a: Carmen Gloria Francisco Pérez. Grupo 1. Teoría. - Ignacio Martín-Pinillos Castellanos Práctica del grupo 1. Seminarios del grupo 1 y 2. - Esteban Mesa Lorenzo. Grupo 2. Teoría y práctica. Tema 5. Los grupos de empresas y la consolidación. Tema 6. Los métodos de consolidación y el proceso de consolidación de estados contables Tema 7. Ajustes y eliminación en el método de integración global (I); eliminación inversión patrimonio neto. Tema 8. Ajustes y eliminación en el método de integración global (II); operaciones internas y otras Tema 9. Método de integración proporcional y procedimiento de puesta en equivalencia Actividades a desarrollar en inglés - Profesor/a: Ignacio Martín-Pinillos Castellanos Primer seminario de la asignatura que será virtual y consistirán en un Wiki de términos de auditoría en inglés 7. Metodología y Volumen de trabajo del estudiante Descripción En las clases de grupo grande se exponen los contenidos teórico-prácticos de los diferentes temas del programa, que el alumno ha de completar con el estudio de los distintos manuales recomendados en la bibliografía básica, así como del material didáctico que se ponga a disposición de los estudiantes en el aula virtual. Estos contenidos se completan con las clases de grupo mediano donde se desarrollan supuestos y problemas propuestos por el profesor. Los seminarios de grupo pequeño, serán dos evaluativos (uno en el bloque de la materia de Auditoría y otro en el bloque de la materia de Consolidación) y dos formativos (uno en el bloque de la materia de Auditoría y otro en el bloque de la materia de Consolidación) Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante Actividades formativas Horas presenciales Horas de trabajo autónomo Total Horas Relación con competencias Clases teóricas (Grupo Grande) CGI-1 CGP-6; CGP-7 CGS-1-4 -
5 Clases prácticas (Grupo Grande) 7,5 7,5 Clases prácticas (Grupo Mediano) CGP-6; CGP-7 CGS-1; CA-1 CGP-6; CGP-7 CGS-1; CA-1 Realización de seminarios (Grupo Pequeño) 5 (1,25) 5 ; CG1-4; CGS-1 CA-1; Realización de trabajos y/o actividades complementarias (individual/grupal) Estudio/preparación clases teóricas y prácticas CGI-1; CGS-1; CA-; CGS-1; CA-1 Preparación de exámenes Realización de exámenes 2,5 2,5 CGS-1; CA-1 CGP-6; CGP-7 CA-1; Asistencia a tutorías Otras Total horas Total ECTS 6 8. Bibliografía / Recursos Bibliografía Básica Álvarez Melcón, S. y Corona Romero, E. (2011): Cuentas Anuales Consolidadas, Editorial Pirámide Arenas, P. y Moreno, A. (2012): Introducción a la Auditoría Financiera. McGrawHill. Instituto de Contabilidad y Auditoría (1991): Resolución de 19 de enero de 1991 del presidente del ICAC, por la que se aprueban las Normas Técnicas de Auditoría (BOICAC nº 19). Pulido Álvarez, A. (2011): Combinaciones de Negocios y preparación de Cuentas Anuales Consolidadas, Editorial Garceta grupo editorial. Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas Real Decreto 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, que aprueba el reglamento que desarrolla el texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. Serra V., Labatut G. y otros: (2011): Consolidación contable de grupos empresariales, Editorial Pirámide VV.AA. (2012): Memento Práctico Contable. Capítulo 12. Editoral Francis Lefebvre
6 Bibliografía Complementaria Bonet, J.L. y Angla J.J.( 2011): Consolidación de Estados Financieros, Editorial Profit. De la Peña Gutiérrez, A. (2008): Auditoría. Un enfoque práctico. Edit. Paraninfo. Gutiérrez Vivas, G. (2011): Informe de auditoría de cuentas anuales. Problemática en su preparación según las Normas Técnicas de Auditoría sobre Informes. Registro de Economista Auditores Ley 16/2007 de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea (art ). López Casuso, A. (2002): Normas de Auditoría. Cómo interpretarlas para su aplicación. Ediciones del Instituto de Auditores- Censores Jurados de Cuentas de España. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Rojo Ramírez, A. (2012): Las Cuentas Anuales de la Empresa. Editorial Garceta Segovia, A y San Segundo A. (2011) Teoría de la Auditoría Financiera. Universidad Nacional de Educación a Distancia Otros recursos WEBS DE REFERENCIA: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC): Plan General de Contabilidad 2007: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA): 9. Sistema de Evaluación y Calificación Descripción El sistema de evaluación de la asignatura consiste en una EVALUACIÓN CONTINUA (30%) y un EXAMEN FINAL (70%) La EVALUACIÓN CONTINUA será el resultado de evaluar (30% o tres puntos) en dos sesiones de grupo pequeño de una hora y cuarto de duración cada una la resolución de pruebas de conocimiento. Dichas pruebas (15% o 1,5 puntos cada una) consistirán en preguntas cortas y/o en la resolución de ejercicios y problemas, siendo el objetivo de las mismas evaluar el grado de aprendizaje de la materia en diferentes momentos del curso, la capacidad del estudiante para asimilar los contenidos y las destrezas necesarios para resolver problemas y realizar trabajos prácticos. La puntuación obtenida en la evaluación continua se mantendrá para las convocatorias extraordinarias del mismo curso académico. El EXAMEN FINAL: Cada alumno obtendrá una puntuación entre 0 y 7 puntos, que será el resultado de evaluar las competencias adquiridas mediante una prueba en la se combinan preguntas cortas con preguntas de desarrollo La superación de la asignatura exigirá el cumplimiento de dos condiciones: a) Tener una puntuación total de, al menos, 5 puntos y b) Obtener al menos el (35*) % de la puntuación máxima del examen final (es decir, obtener 3,5 puntos si se califica sobre 10 ó 2,5 puntos si se califica sobre 7.) En caso que un alumno no supere la asignatura por incumplir la condición b) anterior, y su puntuación total supere los 5 puntos, la calificación final de la asignatura será de 4,5 puntos
7 Estrategia Evaluativa (I) MODALIDAD DE EVALUACIÓN TIPO DE PRUEBA (1) COMPETENCIAS (2) CRITERIOS (3) PONDERACIÓN EVALUACIÓN EN CLASES DE GRUPO GRANDE EVALUACIÓN EN CLASES DE GRUPO MEDIANO EVALUACIÓN EN SEMINARIOS DE GRUPO PEQUEÑO (detallar por seminario) Seminario 1 Formativo (virtual). Wiki de glosario de términos de auditoría en inglés CGI-4; CGS-1 Seminario 2 Evaluatorio (presencial) con preguntas de respuesta corta CA-1; 15% o 1,5 puntos Seminario 3 Formativo (presencial).estudio de un caso práctico CGS-1; CA-1; Seminario 4 Evaluatorio (presencial) con preguntas de respuesta corta CA-1; 15% o 1,5 puntos EVALUACIÓN A TRAVÉS DE DOCENCIA VIRTUAL EXAMEN FINAL [Otra (especificar)] Pruebas con preguntas de respuesta corta y desarrollo CGP-6; CGP-7 CA-1; Obtener 3,5 puntos si se califica sobre 10 ó 2,5 puntos si se califica sobre 7. 70% o 7 puntos Estrategia Evaluativa (II) COMPETENCIAS MODALIDAD DE EVALUACIÓN TIPO DE PRUEBA Comunicación en lengua nativa (CGI-3) Comunicación en lengua extranjera (CGI-4) o mínimo del 5% de actividades formativas Capacidad para trabajar en equipo (CGP-1) Esta competencia se trabaja con la realización de un Wiki consistente en un glosario de términos de auditoria en Inglés en un seminario de grupo pequeño de forma virtual, pero no tiene carácter evaluativo sino formativo
8 10. Resultados de aprendizaje NO SE DEBE RELLENAR 11. Cronograma/Calendario de la asignatura Descripción del Cronograma Cronograma orientativo que se modificará, si fuese necesario, en aras de mejorar el aprendizaje del estudiante. Dentro de las horas de trabajo autónomo del alumno se incluyen las destinadas semanalmente al repaso de los contenidos explicados durante las clases teóricas y práctica de esa semana, la preparación de actividades programadas en la asignatura así como las dedicadas a la preparación de examen final
9 1 er Cuatrimestre SEMANA Temas Actividades de enseñanza aprendizaje Horas de trabajo presencial Horas de trabajo autónomo Observaciones Semana 1: (De 10/09/12 A 14/09/12) Presentación de la asignatura. Tema 1 10 de Septiembre. Lunes. Apertura de Curso (sin docencia) 14 de Septiembre (viernes) Festivo Semana 2: (De 17/09/12 Tema 1 A 21/09/12) Semana 3: (De 24/09/12 A 28/09/12) Tema 1 y 2 Semana 4: (De 01/10/12 A 05/10/12) Tema 2 y 3 Semana 5: (De 08/10/12 A 12/10/12) Tema 3 y 4 12 de Octubre (viernes) Festivo Semana 6: (De 15/10/12 A 19/10/12) Tema 4 Semana 7: (De 22/10/12 A 26/10/12) Tema 4 Semana 8: (De 29/10/12 A 02/11/12) Presentación bloque consolidación Seminarios (GP). Evaluativo GM: 1 hora GP: 1,25 horas 5 1 de Noviembre (jueves).festivo Semana 9: (De 05/11/12 A 09/11/12) Tema 5 Semana 10: (De 12/11/12 A 16/11/12) Tema 6 Semana 11: (De 19/11/12 A 23/11/12) Tema 7-9 -
10 Semana 12: (De 26/11/12 A 30/11/12) Tema 7 Seminarios(GP). Formativo GM: 1 hora GP: 1,25 horas 5 Semana 13: 06 de Diciembre (De 03/12/12 Tema 8 (jueves) Festivo A 07/12/12) Semana 14: (De 10/12/12 A 14/12/12) Semana 15: (De 17/12/12 A 21/12/12) Semana 16-18: (De 09/01/13 A 29/01/13) Tema 8 y Tema 9 Tema 9 Clases teóricas-prácticos(gg) Clses Prácticas (GM) Seminarios (GP). Evaluativo Examen final: 2,5 horas GM: 1 hora GP: 1,25 horas Preparación del examen final: 15 horas (trabajo autónomo del alumno) 5 Actividades virtuales a desarrollar en caso de virtualización de la asignatura sin estar establecidas en el cronograma En relación con la virtualización del primer seminario, se avisará con una antelación mínima de dos semanas para la realización de un wiki de términos de auditoría en lengua inglesa

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A través de nuestro equipo, formado por profesionales que provienen de diversos ámbitos, ofrecemos una amplia gama de servicios en los que buscamos aportar valor añadido, poniendo a disposición de nuestros clientes nuestra experiencia, formación y dedicación.
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Presentamos nuestra auditoría de cuentas no sólo como un cumplimiento de la legislación mercantil, si no como una manera de dejar su contabilidad “a punto” y darle un toque de valor añadido. Para ello revisamos minuciosamente las Cuentas Anuales ajustando posibles errores y haciendo propuestas de mejora al finalizar el trabajo. Si desea saber si está obligado a realizar auditoría o quiere solicitar un presupuesto haga clic aquí.
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En los procesos de adquisición total o parcial de una sociedad, se lleva a cabo un Due Diligence con el objetivo de realizar un detallado análisis de cada una de las áreas del negocio que se va a adquirir, para conseguir un mayor conocimiento de la futura adquisición. De esta manera se consigue minizar el posible riesgo de la futura transacción, revisando la existencia de posibles pasivos omitidos o contingencias.
Realización de informes especiales por requerimiento legal
• Informe complementario al de auditoría de las cuentas anuales de las entidades de crédito. • Informe especial y complementario al de auditoría de las cuentas anuales de las entidades de seguro solicitado por la Dirección General de Seguros. • Informe complementario al de auditoría de las cooperativas con sección de crédito, solicitado por determinadas entidades supervisoras públicas. • Informe especial y complementario al de auditoría de las cuentas anuales de las sociedades y agencias de valores y sus grupos. • Informe complementario al de auditoría de cuentas anuales de las empresas de servicios de inversión y sus grupos. • Informe sobre exclusión del derecho de suscripción preferente en el supuesto del art. 304 Ley de Sociedades de Capital. • Informe sobre obligaciones convertibles en el supuesto del art. 414 del LSC. • Sobre valoración de acciones en el supuesto de los arts. 124,125, 346 y 285 de LSC. • Informe sobre aumento de capital por compensación de créditos en el supuesto del art. 301 del LSC. • Informe sobre aumento de capital con cargo a reservas en el supuesto del art. 303 LSC. • Informe Especial requerido por la orden ministerial de 30-09-1992, por la que se modifica la de 18-01-1991 sobre información pública periódica de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en bolsas de valores. • Informe especial requerido por el art. 3.6 del Real Decreto 1.251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas, conforme a la redacción dada por el Real Decreto 1.414/2001. • Informe especial relativo a determinada información semestral de las sociedades anónimas deportivas.
Asesoría contable contabilidad, revisión, cuentas y libros
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Elaboración de la contabilidad, así como revisión de la misma. Asesoramiento para llevarla a cabo con rigor desde el punto de vista normativo. Depósito de Cuentas Anuales y Libros en el Registro Mercantil. Resolución de dudas contables.
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 SENTENCIA T-513 DE MAYO 19 DE 2005
SENTENCIA T-513 DE 19 DE MAYO DE 2005
CONTENIDO:SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL EXTERIOR. DEBE SER LIQUIDADA CON BASE EN EL SALARIO QUE REALMENTE DEVENGAN.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN PENSIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, AFILIACIÓN PENSIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN
REVISTA TUTELA N°:70 DE OCTUBRE DE 2005, PG.1508
Sentencia T-513 de mayo 19 de 2005
Sentencia T-513 de 2005
Exp. T-1055930
Peticionario: Jaime Rodríguez Vargas
Procedencia: Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral
Tema: Salario base de liquidación de la pensión de los funcionarios públicos que prestar servicios en el exterior.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en estos casos.
Bogotá, D.C., de mayo 19 de 2005.
En el proceso de revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Laboral, el diecisiete (17) de enero de dos mil cinco(2005).
El señor Jaime Rodríguez Vargas, mediante apoderado judicial, solicita al juez de tutela que proteja sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la vida, al trabajo, a la seguridad social, aquellos otros que le corresponden como persona de la tercera edad y los demás que resulten conexos con los anteriores, que estima le vienen siendo vulnerados por la Caja Nacional de Previsión Social, “al liquidarle y pagarle su pensión de jubilación teniendo como base la remuneración inferior correspondiente a un cargo presuntamente equivalente al que efectivamente desempeñaba”.
La anterior solicitud de tutela la presenta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por cuanto, a pesar de existir otro medio de defensa judicial para lograr la protección de sus derechos, como lo es la acción de restablecimiento del derecho, tratándose de una persona de la tercera edad no es una vía eficaz de protección judicial, dado el largo término que implica su trámite.
1. El aquí demandante prestó sus servicios a la administración pública por un término superior a veinte años.
2. Dentro de los cargos públicos que ocupó, se encuentra el de “técnico de auditoría exterior y revisor de documentos en el exterior de la auditoría fiscal ante la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en Buenos Aires, Argentina”, en el cual fue nombrado mediante resoluciones de junio 3 de 1976 y septiembre 22 de 1977, habiéndose despeñado como tal hasta agosto1984.
3. Mediante Resolución 7240 de 23 de junio de 1987, la Caja Nacional de Previsión Social le reconoció pensión mensual vitalicia de jubilación en cuantía de cincuenta y un mil ciento cuarenta y nueve pesos con cincuenta y ocho centavos ($ 51.149,58), según lo dispuesto en el Decreto 900 de 1979, cuyo artículo primero establece:
“Para efectos de la liquidación y pago de las prestaciones de los funcionarios de la Contraloría General de la República que prestan servicios en el exterior establécense las siguientes equivalencias entre la remuneración correspondiente a los cargos de dichos funcionarios y la fijada para algunos empleados de la planta de la entidad...”.
4. De conformidad con el anterior decreto, el salario neto nominal “equivalente” que devengaba mensualmente el aquí demandante en el año de 1984 era la cantidad de cincuenta y seis mil pesos ($ 56.000) mensuales, y el salario promedio que se tuvo en cuenta para la liquidación de su pensión era el de ochocientos dieciocho mil trescientos noventa y tres pesos con treinta y cuatro centavos ($ 818.393,34) anuales, salario base a partir del cual se calculó la pensión que le fue reconocida por la suma antes mencionada de cincuenta y un mil ciento cuarenta y nueve pesos con cincuenta y ocho centavos ($ 51.149,58) mensuales.
5. No obstante lo anterior, la verdadera remuneración que la Contraloría le cancelaba al demandante al través de Banco de la República era la suma de cinco mil doscientos setenta y cinco dólares americanos (US$ 5.275). Dado que para la fecha en que se reconoció su pensión, un dólar americano equivalía a la suma de ciento cinco pesos con noventa y cuatro centavos ($ 105.94), se tiene que la remuneración que realmente devengaba el actor, expresada en pesos colombianos, era la suma de quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y cinco pesos ($ 558.835) mensuales, cifra que ha debido ser la base para la liquidación de su pensión de jubilación.
6. La diferencia entre lo que recibía en dólares y el salario que sirvió de base a la liquidación es la suma de quinientos siete mil seiscientos cincuenta y ocho pesos con tres centavos ($ 507.658.03), suma que mensualmente ha dejado de recibir desde que se pensionó en junio de 1987 hasta la fecha. “Efectuando las respectivas operaciones al multiplicar la cantidad de $ 507.686.03 por 12 meses da $ 6.092.232,36 por año y por 20 años comprendidos entre el mes de septiembre de 1984 y el mismo mes de 2004 el resultado es de $ 121.844.642, a la cual deben aplicarse la indexación y los descuentos por prescripción”.
Como argumentos de derecho que sustentan su petición, el demandante señala lo siguiente:
1. Violación del derecho a la igualdad: Alega el demandante que al liquidarse su pensión sin tener en cuenta el salario real que devengaba, fue objeto de un tratamiento discriminatorio, en cuanto la Ley 100 de 1993 ordena tener en cuenta para efectos de la liquidación de prestaciones sociales el salario real del trabajador. Para sustentar esta afirmación, trae a colación lo afirmado por esta corporación en la Sentencia T-1016 de 2000, en donde se dijo que el legislador no puede “excluir el salario del trabajador como elemento calificador del monto pensional”, y en donde se sostuvo, dice el demandante, que el tipo de cálculo de las prestaciones a través de las equivalencias que ha venido aplicando el Ministerio de Relaciones Exteriores establece una clara discriminación en perjuicio de los funcionarios públicos del servicio exterior. Agrega la demanda que la anterior doctrina “mutatis mutandis es aplicable a los funcionarios de la Contraloría que prestan sus servicios en el exterior en las mismas condiciones”.
2. Violación del derecho al trabajo: Bajo este acápite la demanda afirma que el sistema de cálculo de la pensión con base en un salario inferior al que devengaba el pensionado desconoce lo prescrito por el artículo 25 de la Constitución, según el cual “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”, a la vez que lo dispuesto en el artículo 53 ibidem, referente a los principios del trabajo, entre lo cuales se destaca el de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, la interpretación más favorable al trabajador en caso de duda en la interpretación y aplicación del derecho y las garantías de seguridad social y reajuste oportuno de las pensiones.
3. Desconocimiento de los derechos de las personas de la tercera edad y de los derechos a la vida y a un mínimo vital: Sostiene aquí el demandante, que al liquidarse su pensión de jubilación sin tener en cuenta el salario realmente devengado, se han mermado en forma grave los medios económicos con que cuenta para su subsistencia, lo cual, en su condición de persona de la tercera edad, viola su derecho al mínimo vital y afecta su derecho a la vida.
4. Inexequibilidad del Decreto 900 de 1978. Afirma aquí el libelo, que no obstante que el Decreto 900 de 1978, por medio del cual se establecieron las equivalencias de empleos para el reconocimiento de prestaciones a los funcionarios de la Contraloría General de la República, no ha sido declarado inexequible, no cae duda de que debe ser inaplicado por inconstitucional, toda vez que la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-173 de 2004 declaró contrarios a la Constitución apartes del artículo 7º de la Ley 797 de 2003, que también establecían un sistema de equivalencias similar. Sostiene que los argumentos que llevaron a adoptar tal decisión de inconstitucionalidad son totalmente aplicables al Decreto 900 de 1978. Para fundamentar su afirmación, transcribe in extenso apartes del referido fallo.
Con fundamento en los anteriores hechos y fundamentos de derecho, el demandante solicita al juez de tutela que le sean protegidos sus derechos fundamentales, ordenándole a la Caja Nacional de Previsión Social que proceda a reliquidarle la pensión de jubilación tomando como base el salario que realmente devengaba como auditor fiscal ante la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en Buenos Aires, Argentina, y a cancelarle la totalidad de las sumas que ha dejado de devengar hasta la fecha de la reliquidación, debidamente indexadas, descontando la correspondiente prescripción.
El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá corrió traslado de la anterior demanda a la Caja Nacional de Previsión Social. No obstante, dicho traslado corrió en silencio.
2. Copia de la Resolución 7240 del 23 de junio de 1987, mediante la cual la Caja Nacional de Previsión Social reconoció al señor Jaime Rodríguez Vargas la pensión mensual vitalicia de jubilación en la suma de cincuenta y un mil ciento cuarenta y nueve pesos con cincuenta y ocho centavos ($ 51.149,58) mensuales.
3. Copia del certificado Nº 0223 de sueldos y factores salariales fechado el 4 de junio de 2004, correspondiente al período enero 1º a diciembre 30 de 1983 y de enero a agosto 30 de 1984.
4. Fotocopia de dos de los nombramientos de que fue objeto el demandante en 1976 y 1977 en el cargo de auditor de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en Buenos Aires, Argentina.
5. Copia de la relación de pagos efectuados por el Banco de la República a favor del señor Jaime Rodríguez Vargas entre los años de 1977 y agosto de 1984, a solicitud del tesoro nacional.
6. Certificación expedida por el DANE a solicitud de la apoderada judicial del demandante, concerniente al índice de precios al consumidor durante el período comprendido entre el año 1983 y el año 2004.
1. Sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá.
Mediante sentencia proferida el diecinueve (19) de noviembre de 2004, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá decidió no tutelar los derechos fundamentales cuya protección había sido solicitada por el señor Jaime Rodríguez Vargas. En sustento de esta decisión, consideró que en el caso que se examinaba no se encontraba prueba alguna de que al demandante se le estuviera desconociendo su mínimo vital de subsistencia, y mucho menos su seguridad social. Adicionalmente, estimó que no era dable predicar una vulneración el derecho al trabajo, dado que no existía una relación laboral entre las partes; y tampoco un desconocimiento del derecho a la igualdad, pues el demandante no mencionaba en forma concreta frente a qué personas se le estaba discriminando. Finalmente, agregó que el juez de tutela carecía de competencia para dirimir el conflicto sometido a su consideración, pues no le correspondía señalar el contenido de las decisiones que debían tomar otras autoridades públicas en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.
2. Impugnación de la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá.
La anterior sentencia fue oportunamente impugnada por la apoderada judicial del demandante, con fundamento en los siguientes argumentos:
a. El fallo desconoce lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 que, contra la improcedencia de la acción de tutela consagrada como norma general, establece el mecanismo transitorio para prevenir la ineficacia del medio ordinario de defensa judicial. La sentencia impugnada ignora que la acción se interpuso con tales características de transitoriedad, dado que el demandante es una persona de la tercera edad que además ha sufrido una operación de corazón abierto, lo cual le impide esperar largos años el fallo judicial ordinario sin sufrir un perjuicio irremediable.
b. En cuanto a la negativa del juez de apreciar la vulneración del derecho a la igualdad, la impugnación recuerda que en el texto de la demanda se explicó que el trato discriminatorio se dispensaba a quienes prestan servicios en el exterior, frente a quienes lo prestan en el país, “pues a estos se les liquida conforme al último salario devengado en el cargo que viene desempeñando, como lo ordena la ley, mientras a aquellos se les viene liquidando teniendo en cuenta lo que devengue un funcionario de un cargo considerado como equivalente..., pero con un salario sustancialmente inferior”. Agregó que diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, proferidos tanto en sede de constitucionalidad como de tutela, protegieron el derecho a la igualdad en casos similares al presente (1) .
c. Finalmente, la impugnación estima que el fallo de primera instancia tolera una vulneración del derecho al debido proceso, al permitir la aplicación de una norma que es inexequible, esto es el Decreto 900 de 1978, puesto que su contenido material, en lo relativo al salario base de liquidación de pensiones de empleados públicos que prestan servicios en el exterior, fue considerado contrario a la Constitución Política en la Sentencia C-173 de 2004, que declaró la inexequibilidad de la expresión “para cargos equivalentes de la planta interna”, contenida en el artículo 7º de la Ley 797 de 2004.
Este argumento, dice la impugnación, es el más importante a la hora de definir la presente acción de tutela.
3. Sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Mediante sentencia proferida el diecisiete (17) de enero de dos mil cinco (2005), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá.
Para adoptar esta decisión consideró nuevamente que el demandante no había acreditado el “haber sido objeto de un trato injusto o discriminatorio en relación con otras personas que tengan “iguales derechos”. Agregó que “mal podría aducirse igualdad entre trabajadores que prestan servicios en el país y aquellos que lo hacen en el exterior”, razón por la cual no procedía el amparo fundado en el derecho a la igualdad.
De otro lado, sostuvo el ad quem que no obraba en el expediente elemento alguno que permitiera deducir la violación del derecho al debido proceso, y que al respecto debía tenerse cuenta que “existen procedimientos judiciales mediante los cuales se pueden controvertir las decisiones de la administración, aún más tratándose de la aplicación de normas al caso concreto”.
Finalmente, consideró que la acción no procedía como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, toda vez que “el perjuicio que pueda ocasionarse con la conducta de la accionada no es irremediable, pues mediante la acción judicial se puede establecer el derecho que fije la ley. Ello cobra aun más vigencia, cuando lo que se peticiona dentro de la presente acción es la reliquidación de la pensión que recibe actualmente el accionante, la cual fue reconocida desde el año 1987”.
Así las cosas, estimó el tribunal que la solución del conflicto era viable a través de la acción ordinaria laboral o contenciosa administrativa, por lo cual no era posible amparar por la vía de tutela los derechos cuya protección se invocaba. Agregó que no obraba en el expediente elemento probatorio alguno concerniente a la operación de corazón abierto practicada el demandante, lo cual hacía que el supuesto perjuicio irremediable no estuviera determinado ni debidamente comprobado.
2. La pretensión del solicitante.
El demandante solicita al juez constitucional dos cosas: (i) que ordene la reliquidación de su pensión, tomando como base el salario que realmente devengaba como auditor fiscal ante la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en Buenos Aires, Argentina; (ii) y que disponga que se le cancelen la totalidad de las sumas que ha dejado de devengar hasta la fecha de la reliquidación, debidamente indexadas, descontando la correspondiente prescripción.
En sustento de esta petición aduce que la norma conforme a la cual se decretó su pensión, esto es el Decreto 900 de 1978, determina que el salario base de liquidación es el correspondiente a otro cargo equivalente al que ocupaba. Empero, afirma que tal salario no resultaba equivalente al realmente devengado por él, y prueba esta afirmación con varios documentos que ponen en evidencia que lo que percibía en dólares cuando obtuvo el derecho a pensionarse en modo alguno correspondía a la suma en pesos que sirvió de base para liquidar su pensión. Agrega que otra norma similar a la que sirvió de fundamento para liquidar su pensión fue declarada inexequible por esta corporación, por lo cual en el presente caso, para efectos de proceder a la reliquidación que solicita, debe inaplicarse por inconstitucional el mencionado Decreto 900 de 1978.
Sostiene que al aplicarse la norma que reprocha de inconstitucional, se desconoció su derecho fundamental a la igualdad, pues a los trabajadores en general se les reconoce su pensión con base en el salario que realmente perciben y no con otro que cuantitativamente no resulta equivalente al que devengaban, y sólo a los servidores públicos que trabajan en el exterior se les pensiona tomando cuenta remuneraciones distintas a las que constituían su salario. También encuentra desconocidos sus derechos a la vida, al mínimo vital, a la seguridad y al trabajo, pues la pensión que percibe no guarda una correspondencia con el oficio que desempeñaba y el salario con el cual era remunerado. Finalmente, aduce que aunque existe otro mecanismo de defensa judicial que intentará oportunamente, su avanzada edad y estado de salud hacen que la acción sea procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dada la larga duración que tendría la reclamación por la vía ordinaria.
La accionada se abstiene de responder la demanda, y los jueces de instancia consideran que la acción de tutela no es procedente en el presente caso, por estar expedita otra vía de defensa judicial, y no haberse probado a cabalidad un perjuicio irremediable. Tampoco encuentran que sea ostensible la vulneración de los derechos a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad que aduce la acusación.
En diversos pronunciamientos esta corporación se ha referido a dos asuntos que son importantes a la hora de estudiar la solicitud de tutela aquí impetrada: (i) en primer lugar, al derecho que les asiste a los funcionarios que prestan sus servicios por fuera del país al Ministerio de Relaciones Exteriores, a pensionarse de conformidad con el salario real que vienen devengando y no con el correspondiente a otro cargo que se ha considerado equivalente; y (ii) en segundo lugar, a los requisitos que deben cumplirse para que la acción de tutela sea procedente como mecanismo transitorio de defensa judicial, en aquellos casos en que se solicita la reliquidación de pensiones. Dichas sentencias son las siguientes:
3.1. Sentencia T-1016 de 2000. Inicialmente, en la Sentencia T-1016 de 2000 (2) la Corte resolvió la demanda de un ciudadano que consideraba que se le habían vulnerado los derechos a la igualdad, a la pensión y al mínimo vital, al liquidarse su pensión de vejez aplicando para ello la norma de equivalencias del servicio exterior contenida en el Decreto 10 de 1992. Esto hacía que el salario base de liquidación pensional no fuera el realmente recibido por él, sino otro sensiblemente inferior, correspondiente al cargo que se estimaba equivalente.
La Corte consideró que el mencionado decreto no se encontraba vigente, pues había sido implícitamente derogado por la Ley 100 de 1993, la cual en su artículo 279 no preveía excepciones en la aplicación del régimen general de pensiones que cobijaran a los funcionarios del servicio exterior. Empero, agregó que de cualquier manera el Decreto 10 de 1992 no se ajustaba a la Constitución, pues el legislador, al señalar cuál sería el salario base de liquidación pensional, podía señalar porcentajes o topes del salario que se pagaba al trabajador, pero nunca excluir el salario que realmente era devengado por él, “como elemento calificador del monto pensional”. Refiriéndose concretamente al sistema de equivalencias entre cargos que se establecía en el referido Decreto 10 de 1992, estimó la corporación que desconocía el derecho a la igualdad, porque permitía que a la generalidad de los trabajadores se les liquidara la pensión con fundamento en el salario por ellos devengado, mientras que a unos pocos, los del servicio exterior, se les computaba con base en el salario de otros funcionarios que recibían sumas muy inferiores a la que ellos percibían.
Con base en las anteriores consideraciones, y estimando que la acción de tutela era viable cuando quien la interponía había llegado o estaba en los umbrales del tiempo de vida probable de los colombianos, la Corte en aquella ocasión concedió la protección que se solicitaba mediante la acción de la tutela, y ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que enviara al Instituto de Seguros Sociales la información veraz sobre la base legal para la pensión de vejez del demandante.
3.2. Sentencia T-534 de 2001. Más adelante, en la Sentencia T-534 de 2001 (3) nuevamente la Corte conoció la solicitud de tutela incoada por un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores a quien dicha entidad, para efectos de la liquidación de su pensión, había certificado una asignación mensual inferior a la que realmente devengaba, correspondiente a otro cargo distinto del que ocupaba, con el cual se había establecido una equivalencia. La Corte en esta ocasión recordó la jurisprudencia anteriormente sentada, según la cual “la cotización de las pensiones debe realizarse teniendo en cuenta la asignación correspondiente al cargo efectivamente desempeñado y no la correspondiente a un cargo diferente pues de lo contrario se incurre en prácticas discriminatorias pues a trabajadores que han recibido una asignación mayor se les reconocen prestaciones económicas en montos correspondientes a trabajadores de asignaciones menores”. En relación concreta con los servidores públicos del servicio exterior, la Corte reiteró que el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, reglamentario del anterior régimen de la carrera diplomática, no era aplicable para determinar el monto de la mesada pensional de tales servidores.
Con fundamento en lo anterior, en este caso la Corte también concedió la tutela, ordenando al Ministerio de Relaciones Exteriores que procediera a certificar la asignación correspondiente al cargo que efectivamente había desempeñado el actor, y no la que resultaba equivalente en virtud del Decreto 10 de 1992, que consideró susceptible de ser inaplicado por inconstitucional.
3.3. Sentencia T-620 de 2002 (4) . En esta ocasión la Corte examinaba las demandas acumuladas de dos funcionarias administrativas locales al servicio del gobierno de Colombia en el exterior, quienes alegaban haber recibido de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores un trato desigual e inequitativo, por cuanto durante sus años de vinculación sus prestaciones sociales habían sido liquidadas con base en una normatividad que no les era aplicable (D. 10/92, art. 57). Las demandantes consideraban que su pensión de jubilación debía ser reconocida tomando como base la asignación que efectivamente habían devengado en las sedes de las misiones diplomáticas en donde prestaron sus servicios, y solicitaban que dicha base también fuera utilizada para liquidar sus cesantías definitivas, y para reliquidar los aportes hechos por la entidad demandada a las administradoras de pensiones y cesantías a las que estuvieron adscritas.
La Corte en esa ocasión consideró que en este caso concreto la acción de tutela no era la vía idónea de defensa judicial. Observó que una de las demandantes no había iniciado el trámite pertinente ante las autoridades administrativas para obtener el reconocimiento, liquidación y pago de su auxilio de cesantía, y que tampoco había presentado la solicitud de reconocimiento de su pensión de jubilación. Y en cuanto a la otra demandante, no había obtenido aun una decisión respecto de la solicitud que había presentado para obtener tal reconocimiento, estando la entidad prestataria en tiempo para tomar la decisión respectiva. Finalmente, en ambos casos no se encontró demostrada la inminencia de un perjuicio irremediable que hiciera viable la acción de tutela como mecanismo transitorio.
No obstante que por lo anterior no se concedió la tutela, el fallo reiteró la línea jurisprudencial según la cual el artículo 57 del Decreto 10 de 1992 (5) no resultaba aplicable para efectos de determinar el salario base de liquidación de las pensiones de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan sus servicios por fuera del país.
3.4. T-634 de 2002 (6) . En esta sentencia la Corte estudió la solicitud de tutela presentada por un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores a quien el Instituto de Seguros Sociales le había reconocido su pensión de jubilación, dentro del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Para ello, a efectos de determinar el ingreso base de la liquidación, el Seguro Social había tenido en cuenta la certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez se había producido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, conforme al cual las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior se deben liquidar y pagar con cargo a las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno.
En el caso concreto que entonces se examinaba, la Sala constató que el demandante tenía la posibilidad de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar el pago de su reliquidación pensional, lo cual en principio tornaba en improcedente la tutela. Además, no encontró elementos para concluir que el peticionario atravesara por una grave situación que significara la inminencia de un perjuicio irremediable, y detectó que no había requerido al Ministerio de Relaciones Exteriores para que certificara su salario real, ni había solicitado al Instituto de Seguros Sociales la reliquidación de su pensión. Por todo ello la Corte consideró que era improcedente la tutela.
3.5. Sentencia T-1022 de 2002. Posteriormente, en Sentencia T-1022 de 2002 (7) la Corte estudió dos acciones de tutela en las que los demandantes coincidían en su petición de amparo, al considerar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, al emitir el certificado de ingreso base de cotización conforme a un salario distinto al devengado durante su servicio en el exterior, había vulnerado sus derechos a la vida, a la dignidad humana, a la salud y a la seguridad social.
La Corte en esta oportunidad, reiterando lo dicho en el fallo anterior, no concedió la protección que se deprecaba, pero no por considerar que la pensión no debía liquidarse con base en el salario realmente devengado, sino por cuanto estimó que en los dos casos que entonces revisaba no se cumplían los requisitos fijados por la jurisprudencia de esta corporación en la Sentencia T-1022 de 2002.
3.6. Sentencia T-083 de 2004. Mediante la Sentencia T-083 de 2004 (8) la Corte resolvió las solicitudes de tutela interpuestas por dos servidores públicos, a quienes el Ministerio de Relaciones Exteriores les había liquidado los aportes al sistema de pensiones sobre un ingreso base de cotización inferior al que realmente devengaron cuando laboraron en el servicio exterior. Ambos consideraban que con esa actitud dicha entidad venía vulnerando sus derechos a la igualdad y a la seguridad social en conexidad con su subsistencia digna, porque a uno de ellos (9) su pensión de jubilación le había sido reconocida por un valor inferior al que consideraba que tenían derecho, y al otro (10) , cuya solicitud de pensión se encontraba en trámite, no contaba con ningún otro medio de defensa para controvertir la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el salario que debía servir de base para llevar a cabo el reconocimiento pensional.
Para resolver, la Corte recordó que existía una línea de interpretación construida por la Corte, según la cual “las cotizaciones para pensión deben hacerse tomando en consideración la asignación que corresponde al cargo realmente desempeñado, pues hacerlo a partir de una asignación distinta o equivalente resulta discriminatorio, en la medida en que aquellos trabajadores que han devengado un mayor salario van a recibir prestaciones sociales que en realidad pertenecen a labores de menor asignación, desarrolladas por trabajadores que generalmente cumplen distintas funciones. Por ese motivo, en dichos fallos se sostuvo que las normas que respaldan este tipo de prácticas —frente a cierto grupo de trabajadores— son inconstitucionales y deben ser inaplicadas, pues resultan contrarias a los principios de dignidad humana e igualdad, y violatorias de los derechos al mínimo vital y a la seguridad social, derechos que tienen un fundamento constitucional expreso”.
En cuanto a la procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos de servidores públicos a quienes se les liquida la pensión con fundamento en un salario que no era el realmente devengado por ellos, la Corte en este caso reiteró una vez más las reglas relevantes para justificar la viabilidad de la acción de amparo tratándose de reliquidaciones pensionales.
Aplicando esos criterios jurisprudenciales, encontró en este caso que por el aspecto de fondo el amparo solicitado estaría llamado a prosperar; pero en cuanto a la procedibilidad de la acción de tutela para lograr a través de ella la protección de los derechos que se impetraba, la Corte resolvió de manera distinta las dos solicitudes de tutela que habían sido acumuladas: en el caso de uno de los demandantes (11) la Corte reparó en que se trataba de un pensionado que había interpuesto oportunamente los recursos por la vía gubernativa en contra de la resolución que le había reconocido su pensión, solicitando la reliquidación de sus aportes con base en el salario realmente devengado. Teniendo en cuenta además la edad del demandante, el monto de la pensión que devengaba, manifiestamente inferior al que le correspondía, y su dependencia directa de la misma, la Corte encontró que estaban cumplidos los requisitos mínimos de procedencia de la acción en estos casos, y concedió la protección solicitada ordenando al Ministerio de Relaciones Exteriores que, si aún no lo había hecho, enviara al Seguro Social la información que constitucionalmente correspondía para efectos de liquidar la pensión de vejez.
En el caso del otro demandante (12) , la situación fáctica y jurídica fue encontrada diferente, toda vez que para la fecha de presentación de la demanda de tutela el actor no gozaba del status de pensionado, en cuanto ni siquiera había solicitado el reconocimiento de la pensión ante la entidad de seguridad social correspondiente. Así, la acción no buscaba evitar o prevenir la ocurrencia de un perjuicio irremediable y la protección inmediata de sus derechos fundamentales, ya que para la época de presentación de la demanda el actor no recibía ninguna mesada pensional, y la posibilidad de que le fuera reconocido su derecho a la pensión constituía tan sólo una simple expectativa. Recordó el fallo que “para que la acción de tutela constituya una alternativa legitima en estos casos, es necesario que el hecho generador de la posible amenaza o violación, es decir, el reconocimiento de la pensión, se hubiere producido con antelación a la solicitud de amparo, y además, que el afectado hubiere desplegado una cierta actividad administrativa y judicial previa, tendiente a obtener la protección de sus derechos” (13) .
3.7. Sentencia T-1078 de 2004. Finalmente, en la Sentencia T-1078 de 2004 una vez más la Corte reiteró la anterior línea jurisprudencial relativa al derecho a obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento en el salario realmente denegado. En esta ocasión la actora, ciudadana británica de 57 años de edad, había trabajado para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia por más de veinte años, desempeñando el cargo de secretaria ejecutiva en la embajada de Colombia ante el Gobierno de Gran Bretaña, en la ciudad de Londres. Tras comprobar que la demandante tenía ya el status de pensionada, había solicitado directamente a Cajanal la reliquidación de la pensión, había pedido que el Ministerio de Relaciones Exteriores expidiera nuevas certificaciones sobre su ingreso real, no había acudido a la jurisdicción contenciosa pero estaba en oportunidad de hacerlo, y que la pensión reconocida era notoriamente insuficiente para acceder a los servicios de salud, vivienda, vestido y alimentación en la ciudad de Londres, segunda ciudad de mayor costo de vida en el mundo, la Corte concedió la protección solicitada.
3.8. Conclusión. En conclusión, los casos reseñados muestran cómo la Corte ha construido y mantenido en sede de tutela una línea jurisprudencia clara, según la cual la pensión de jubilación y en general las prestaciones sociales de los servidores públicos que prestan sus servicios en el exterior deben ser liquidadas con base en el salario realmente devengado por ellos, y no con fundamento en la asignación correspondiente a otro cargo con el cual se ha establecido una equivalencia para estos efectos.
Empero, de allí no se sigue que cualquier acción de tutela incoada con la finalidad de lograr el reconocimiento o reliquidación de una pensión conforme al anterior criterio, esté automáticamente llamada a prosperar. Contrariamente, en principio el derecho a obtener el reconocimiento de pensiones o prestaciones con base en el salario realmente devengado debe hacerse efectivo mediante solicitud en sede administrativa, o si ello fuera necesario, por la vía ordinaria judicial. La acción de tutela solo procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuado se cumplen a cabalidad los requisitos que han sido señalados por la jurisprudencia arriba comentada, especialmente reseñados en la Sentencia T-634 de 2002.
3.9. Sentencia C-173 de 2004. La posición jurisprudencial relativa al derecho a que la pensión y en general las prestaciones sean liquidadas con fundamento en el salario realmente devengado por el trabajador fue reiterada recientemente en sede de constitucionalidad. En efecto, en la Sentencia C-173 de 2004 (14) la Corte estudió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en contra de ciertas expresiones del parágrafo del artículo 7º de la Ley 797 de 2003, modificatorio del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, conforme a las cuales para efectos del cálculo del ingreso base de cotización y liquidación de prestaciones de los funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomaría como base la asignación básica mensual y los factores salariales establecidos en las normas vigentes “para los cargos equivalentes de la planta interna”.
Tras referirse a la naturaleza de la planta externa y a las funciones y particularidades de este servicio, la Corte observó que el régimen laboral de los servidores que lo cumplen tiene varios beneficios, que compensan las cargas que deben soportar por los traslados, y entre ellos se encuentra el de recibir un salario mayor cuando se encuentran en el exterior. Recordando la línea jurisprudencial sentada en sede de tutela, una vez más reiteró que “las cotizaciones para pensión deben hacerse tomando en consideración la asignación que corresponde al cargo realmente desempeñado, pues hacerlo a partir de una asignación distinta o supuestamente equivalente resulta discriminatorio”. De allí se seguía, dijo el fallo, “la inconstitucionalidad de cualquier norma o disposición que ampare una liquidación de aportes con base en un salario equívocamente denominado equivalente, que en realidad resulta ser menor al recibido por el titular del derecho”.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, entre otras, la Corte declaró la inexequibilidad de los apartes demandados del artículo 7º de la ley 797 de 2003, que expresamente decían: “para los cargos equivalentes de la planta interna”.
Visto todo el desarrollo que ha tenido la jurisprudencia en torno del salario que debe servir de base para la liquidación de la pensión y en general de las prestaciones sociales de los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan sus servicios en el servicio exterior, pasa la Sala a resolver la presente solicitud de tutela.
4.1. En primer lugar detecta la Sala que el demandante no es un servidor público que esté o haya estado vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que prestó sus servicios a la Contraloría General de la República, como técnico de auditoría exterior y revisor de documentos en el exterior de la auditoría fiscal ante la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en Buenos Aires, Argentina”, cargo en el que se desempeño por varios años, hasta el momento en que obtuvo el derecho a la pensión de jubilación. No obstante, de la misma forma en que el Decreto 10 de 1992 señalaba que el salario base para la liquidación de las pensiones de los servidores públicos del servicio exterior del Ministerio de Relaciones debía ser el correspondiente al cargo que se estableciera en ese decreto como equivalente, el Decreto 900 de 1979 prescribía que para efectos de la liquidación y pago de las prestaciones de los funcionarios de la Contraloría General de la República que prestaran servicios en el exterior, se establecía un sistema de equivalencias entre la remuneración correspondiente a los cargos de dichos funcionarios y la fijada para algunos empleados de la planta de la entidad. Con base en esta normatividad sobre equivalencias, fue establecida la pensión del demandante.
Así pues, aunque la jurisprudencia anteriormente comentada se refiere a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan sus servicios en el exterior, la Sala encuentra que resulta plenamente aplicable a los servidores de la Contraloría General de la República o de cualquier otro organismo del Estado que laboren en el exterior, respecto de quienes cualesquiera disposiciones jurídicas prescriban que el salario base de cotización o de liquidación de prestaciones sociales no sea el realmente percibido, sino el correspondiente a otro cargo estimado como “equivalente”. Ciertamente, la situación fáctica y jurídica de todos los servidores públicos en estas circunstancias es idéntica, por lo cual les resulta extensiva la aplicación de los criterios jurisprudenciales anteriormente expuestos.
4.2. Ahora bien, en el caso bajo examen la Sala no alberga dudas respecto del derecho que le asiste al actor para discutir la liquidación de su pensión. Empero, estima que no se encuentran adecuadamente probadas las circunstancias que harían procedente la presente acción como mecanismo transitorio para esos efectos, pues en relación concreta con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela fijados en la Sentencia T-634 de 2002 para cuando ella es incoada como mecanismo transitorio para obtener la reliquidación de pensiones, la Sala detecta lo siguiente:
— En cuanto al requisito relativo a “haber agotado los recursos en sede administrativa y la entidad mantenga su decisión de no reconocer el derecho”, no obra dentro del expediente mención ni prueba alguna sobre el hecho de que el demandante haya solicitado directamente a Cajanal la reliquidación de su pensión, o al Ministerio de Relaciones Exteriores la certificación sobre el verdadero salario por él percibido cuando adquirió el derecho a la pensión.
— En cuanto a “haber acudido ante la jurisdicción respectiva si estuviere en tiempo de hacerlo o ello fuere imposible por motivos ajenos al peticionario”, la misma demanda indica que la respectiva demanda “se interpondrá oportunamente”.
— En cuanto al requisito que exige que “además de tratarse de una persona de la tercera edad, esta demuestre la amenaza de un perjuicio irremediable, esto es, que el perjuicio afecte la dignidad humana, la subsistencia en condiciones dignas, la salud, el mínimo vital, que existan lazos de conexidad con derechos fundamentales, o que evidencie que someterla a los trámites de un proceso ordinario le resultaría demasiado gravoso”, se tiene lo siguiente: Si bien la demanda no indica la edad actual del demandante, es claro que se trata de una persona que ha superado el promedio de vida probable de los colombianos, estimado en 71 años (15) , pues alcanzó el derecho a pensionarse en el año de 1984, tras haber prestado sus servicios a la administración pública por un término superior a veinte años. Ahora bien, al respecto la demanda se limita a mencionar que el demandante es una persona de la tercera edad, y en el escrito de impugnación del fallo de primera instancia se agrega que “ha sufrido una operación de corazón abierto”, circunstancias, dice, que “hacen obvio el que no pueda esperar largos años un fallo judicial sin sufrir un perjuicio irremediable”. No obstante, no se encuentra acreditada la afectación del mínimo vital o de la vida en condiciones dignas del demandante, pues no obra en el plenario ninguna prueba sobre su estado de salud o su precaria situación económica que permita establecer que la no reliquidación de su pensión le está irrogando ese perjuicio. Así pues, por este concepto no se cumpliría con este presupuesto de la acción de tutela.
— Finalmente, en cuanto al requisito según el cual “no resulta suficiente invocar fundamentos de derecho, sino que son necesarios también fundamentos fácticos que den cuenta de las condiciones materiales de la persona”, la Sala detecta una ausencia total fundamento probatorio al respecto.
Por lo anterior, la Sala descarta la procedencia de la presente acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
1. Confirmar la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Laboral, el diecisiete (17) de enero de dos mil cinco (2005).
(1) Al respecto citó concretamente las sentencias T-1016 de 2000, T-083 de 2004 y C-173 del mismo año.
(2) M.P. Alejandro Martínez Caballero. La Corte en esta ocasión estudió la acción interpuesta por el doctor Pedro Felipe Valencia, ex embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno del Japón.
(3) M.P. Jaime Córdoba Triviño. La Corte en esta ocasión estudió la demanda de tutela incoada por el doctor José Enrique Gaviria Liévano, ex embajador plenipotenciario en la República Checa.
(4) M.P. Álvaro Tafur Galvis. La Corte examinaba las demandas acumuladas de las ciudadanas Bertha Yusti de Pacini y Liana Jaramillo de Jorgensen contra el Ministerio de Relaciones Exteriores.
(5) Conforme al cual las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores se deben liquidar y pagar con cargo a las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno.
(6) M.P. Eduardo Montealegre Lynett. La Corte estudió la demanda incoada por Manuel José Cárdenas Zorro.
(7) M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta ocasión la Corte estudió las tutelas acumuladas interpuestas por Mario Galofre Cano, ex embajador de Colombia ante la República de Brasil, y Juan de Jesús Bernal Roa, ex ministro consejero dentro del escalafón de la carrera diplomática, encargado de funciones consulares en la ciudad de Brasilia en el momento en que adquirió el derecho a la pensión.
(8) M.P. Rodrigo Escobar Gil. La Corte estudió las demandas incoadas por los doctores Juan Lozano Provenzano, ex cónsul general de Colombia en río de Janeiro y Carlos Villamil Chaux, ex cónsul general de Colombia en Berlín.
(9) Demandante Villamil Chaux.
(10) Demandante Lozano Provenzano.
(11) Demandante Villamil Chaux.
(12) Demandante Lozano Provenzano.
(13) Adicionalmente, en ese caso se presentaba un hecho superado, toda vez que en el curso del proceso se reconoció al actor su derecho a la pensión de vejez, y dicho reconocimiento se realizó con base en el salario realmente devengado por este durante el tiempo que laboró al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
(15) Al respecto consúltese, entre otras, la Sentencia T-214 de 1999.

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Resolución
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artículo 57
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artículo 57
resolución
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artículo 20
artículo 7


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