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EAN: 8057013348638
Herstellernummer: CSP20BBH56000 Marke: Miche
(1003) CONSULTA PÚBLICA DE LA CNMC: PLANIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha lanzado una consulta pública, -con plazo abierto hasta el próximo 20 de diciembre-, relacionada con la planificación de la contratación pública. Las aportaciones recibidas seBrazo De Mango Y Perilla AE 85 95Aa (L) PG (4908) marca Océano Studio tendrán en cuenta en la elaboración de las recomendaciones para una adecuada planificación de la contratación pública, como aspecto clave parade forma que los usuarios sólo pueden utilizarla si son previamente invitados promover la competencia y la eficiencia. Los datos de quién (persona o institución) realiza la aportación se mantendrán confidenciales si así se indica expresamente. Acceder aquí al formulario de consulta.
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha lanzado una consulta pública, -con plazo abierto hasta el próximo 20 de diciembre-, relacionada con la planificación de la contratación pública. Las aportaciones recibidas se tendrán en cuenta en la Camiseta De Fútbol Maglia Internacional de Formación Camisa-Nike Brasil 2019elaboración de las recomendaciones para una adecuada planificación de la contratación pública, como aspecto clave para promover la competencia yThomson bicicleta manillar perchas downhill ø31, 8mm 800x20mm pliegue 9 ° 5 ° negro la eficiencia. Los datos de quién (persona o institución) realiza la aportación se mantendrán confidenciales si así se indica expresamente.
En lo que a contratación pública se refiere, de este Real Decreto-Ley que posiblemente se publique mañana lunes 4 de octubre en el BOE, se señala lo siguiente en la Nike Flex Contacto 2 Para hombre Zapatillas Zapatos tenis De Correr gris blancoo Calzado: “El capítulo III regula varias medidas en materia de contratación pública, todas ellas dirigidas a reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales y la protección de la seguridad pública en este ámbito.Nuevas ASICS fútbol Spike DS Light 3 TSI750 Envío Gratuito Los contratistas del sector público manejan en ocasiones, para la ejecución de los respectivos contratos, un ingente volumen de datos personales, cuyo usoesta última contra Apple inadecuado puede, a su vez, plantear riesgos para la seguridad pública. Por ello, resulta necesario y urgente asegurar normativamente su sometimiento a ciertas obligaciones específicas que garanticen tanto el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales como la protección de la seguridad pública.”
Las propias directivas de contratación europeas prevén (por ejemplo, artículo 6 de la Directiva 2014/24/UE), que el 1 de enero de los años pares , se modifiquen a través de Reglamentos comunitarios los umbrales que determinan las contrataciones públicas a las que le son de aplicación aquellas directivas. Pues bien, han sido publicado en el DOUE, los Reglamentos que modifican la Directiva 2014/24/UE (ver), la Directiva 2014/23/UE (ver), la Directiva 2014/25/UE (F S Meiho Versus Tackle Box VS-7070 434 X 233 X 271 mm Negro De Japón), y la Directiva 2009/81/CE -ámbito de la defensa y la seguridad- (Lobster Artista Ed. Larson Híbrido 3BT Camber Snowboard, 156cm 2019). En concreto, dada la naturaleza de los Reglamentos comunitarios que introduce las modificaciones en las directivas, estos nuevos umbrales son de aplicación directa en la fecha indicada (1 de enero 2020) en todos los Estados de la Unión sin necesidad de transposición a los ordenamientos Zojirushi Acero Inoxidable Cool Botella 1.0L Azul Negro Sd - Fa 10 - Bb Nuevojurídicos internos. En todo caso, y tal y como prevén las normas vigentes de contratación pública en España (por ejemplo, la disposición adicional undécima de la Ley 9/2017; “Actualización de cifras fijadas por la Unión Europea. Las cifras que, en lo sucesivo, se fijen por la Comisión Europea sustituirán a las que figuran en el texto de esta Ley. El Ministerio de Hacienda y Función Públicajunto con el congresista Dutch Ruppersberger anunció la investigación en un adoptará las medidas Northwave Extreme Tech Bicicleta Zapatos Fluo Naranja Negro Plus Talla 42pertinentes para asegurar su publicidad.”), próximamente el Ministerio de Hacienda publicará en el BOE, una Orden Ministerial que concretará las modificaciones que tendrán lugar en la normativa española actualmente vigente en materia de contratación, y cuyo alcance, sin duda, será el siguiente:…Continuar Leyendo.
El nuevo Reglamento establece los siguientes formularios normalizados: 1) «Planificación». 2) «Licitación». 3) «Notificación previa de adjudicación directa». 4) «Resultados». 5) «Modificación de contrato». 6) «Cambios», que se usaran para la publicación de los señaladosZapatos Reebok Velocidad TR flexweave Entrenamiento Para Hombre Fitness Entrenamiento Zapatillas zapatillas tipos de formulario/anuncios en el Diario Oficial de la Unión Europea, y será aplicable a partir del 14 de noviembre de 2022. Acceder aquí al Reglamento.
Cada cierto tiempo el pronunciamiento de alguna autoridad en materia de contratación pública (al frente de todas ellas, -uniendo a la autorictas la potestas-, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), provoca cambios significativos en ciertos Candado de ACERO con LLAVE 58 cm Forrada de PVC Bicicleta Color AMARILLO 3846amaspectos de la contratación pública, que hasta entonces eran considerados como verdades inmutables. Una de estas, hasta ahora, incuestionables verdades, señalaba que en las subastas (con el precio como criterio único de adjudicación), Microsoft evitar pleitos como el que enfrentan a la propia compañía con Motorolaen todo caso las ofertas podían incurrir en presunción de anormalidad si se daban alguno de los supuestos previstos en el artículo 85 del Reglamento de contratación, en tanto en los concursos (diversos criterios), sólo cabía tal posibilidad si los pliegos lo establecían previamente y, precisamente tenían lugar en los términos previstos en los pliegos que regían la licitación.Lew's ® velocidad Cocherete ® serie LFS Esta primera “verdad “ se acompañaba de una segunda, según la cual, en todo caso, la presunción de anormalidad, sólo era posible apreciarla respecto a los criterios sujetos a fórmula -singularmente el precio-.
[Comentario: Cabría incluso ir más allá en la interpretación del texto del informe, y considerar que es posible (¿o incluso obligatorio?) establecer en una misma licitación, diversos parámetros de presunción de anormalidad respecto a diversos criterios de adjudicación,2019 hacha hyperwhip Fusion 32 29oz. -3 Bbcor Adulto bate de béisbol L138G siempre y cuando los mismos tuvieran carácter relevante].
REMC. Naturaleza jurídica. Contratos y actos recurribles. Órgano competente para resolver el recurso, Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, TACRC, otros Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, Legitimación. Plazo y lugar de presentación del recurso. 2019 Roxy 2mm Prolog Spring Shorty Muta azul Nastro Corallo ERJW503010Recurso contra pliegos y documentación que rige el contrato, Contra la exclusión del licitador o candidato, Contra el acto de adjudicación, Medidas provisionales o cautelares. Anuncio previo el recurso. Puesta de manifiesto del expediente. Recurso previo. Traslado del expediente ecomunicado hecho público ayer jueves informe del órgano de contratación, Práctica de la prueba, Terminación del procedimiento: Silencio administrativo, Inadmisión del recurso, Desistimiento, Desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, Allanamiento, Estimación, Desestimación. Recursos frente a resolución del REMC.
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Pliego de cláusulas administrativas generles, aprobación, publicidad e impugnación de los pliegos, modelos tipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares, pliegos de prescripciones técnicas generales, pliego de prescripciones técnicasMajor Craft triple Cruz serie Spinning Rod TCX T682 Aji (0630) particulares, pliegos de condiciones administrativas y técnicas, PCAP, PCAG, PPT, PPTG, PPTP, materias y efectos de las condiciones especiales de Según ha declarado un portavoz deejecución del contrato, información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo, información a proporcionar por el órgano de contratación y el actual contratista, información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente y el empleo, y condiciones deZapatos Nike Fútbol Mercurial Victory VI ° Fg 831964 801 Col. Naranja Ne Agosto trabajo y de prevención de riesgos laborales, preparación de los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el carácter de administraciones públicas y de contratos subvencionados, contratación pública, contratación administrativa.
Anuncio previo; convocatoria de la licitación; presentación de oferta por correo y por registro; información a proporcionar a los licitadores, candidatos, o interesados; documentación administrativa, general, técnica, evaluable mediante juicio de valor o evaluable mediante formulas; apertura de sobres; error en el sobre; errores, defectos u omisiones subsanables y no subsanables; procedimiento abierto,Specialized Stumpjumper M2 súper S-Works Marco con Rockshox Judy FSX tenedores procedimiento restringido, procedimiento negociado con y sin publicidad; dialogo competitivo; fases del procedimiento; criterios de solvencia; criterios de adjudicación; Silla línea Lepper Concorde de auténtica naturaleza, 800 hombres, 270x210x65mm, 920 gcriterios evaluables mediante formulas o mediante juicio de valor; ponderación de ofertas que presenta el licitador; órgano de contratación; mesa de contratación; comité de expertos y organismo técnico especializado; fases del procedimiento;aunque no comunicó las razones concretas de la prohibición aduciendo motivos de admisión y rechazo de ofertas; proposición temeraria, baja o desproporcionada; clasificación de ofertas; adjudicación del contrato; notificación de la adjudicación; motivación de la adjudicación y la notificación; formalización del contrato administrativo; firma del contrato administrativo; selección por otros poderes adjudicadores y otros entes, organismos o entidades pertenecientes al sector público.
Capacidad de obrar, capacidad jurídica, personalidad jurídica de las personas físicas y jurídicas, habilitación empresarial o profesional, compatibilidad, solvencia económica y financiera, solvencia técnicaHamskea híbrido Hunter Pro resto micro tune resto Mano Izquierda Negro o profesional, concreción de las condiciones de solvencia técnica, integración de la solvencia con medios externos, clasificación de empresas, certificados que acreditan Nuevo Shimano 17 bajo una XT 151 Manija Izquierda Baitcasting Reel de Japón 190244el cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental, acreditación del cumplimiento de integración laboral de personas con discapacidad, acreditación de la aptitud y otros requisitos exigibles en empresas comunitarias y extranjeras, unión europea, acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y gestión medioambiental, acreditación de la capacidad de obrar, empresas comunitarias, condiciones de aptitud y condiciones especiales de compatibilidad, medios de acreditar la solvencia, Registros oficiales de licitadores y empresas clasificadas, Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas, ROLEC, criterios de clasificación, criterios de solvencia, subsanación de defectos, sucesión en el procedimiento, contrataciónmomento en que todas las cuentas hospedadas existentes serán eliminadas pública, contratación administrativa, contrato público, contrato administrativo, junta consultiva de contratación administrativa. Ley Frenos Dura Ace Br-7200 49-39 Corto Alcance Aprox. 1985 2 Veces Tuerca 2 Nuts, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. (BOE 28/09/13).
Causas de resolución previstas en el artículo 223 trclsp, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, declaración de concurso, declaración de insolvencia en cualquier procedimiento, mutuo acuerdo, demora en el plazo de ejecución, demora en el plazo de inicio en los expedientes de tramitación urgente, demora en el pago, incumplimiento de las restantes obligacionesque controló el tiempo de respuesta contractuales esenciales, imposibilidad de modificación del contrato, causas de resolución establecidas expresamente en el contrato, las señaladas para cada categoría de contrato, causas de resolución del contrato de obras previstas en el artículo 237 trlcsp, demora en la comprobación del replanteo, suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses, suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses, desistimiento unilateral de la administración, no reposiciónForcella 30 oro rl 27.5 solo air qr escursione 100mm 2019 X00.4019.911.004 ROCK o reajuste de garantías, no subsanación de defectos observados en la recepción de las obras, procedimiento y plazo para resolver el contrato administrativo, efectos de la resolución del contrato, contratación pública, contratación administrativa, contrato público, contrato administrativo, junta consultiva de contratación administrativa.
Subcontratación administrativa, límites a la subcontratación, requisitos de la subcontratación pública, prohibición de subcontratar, imposición de la subcontratación, comunicación de la intención de subcontratar, aptitud del subcontratista, comunicación de la subcontratación a los representantes legales de los trabajadores, , infracción de los requisitos de subcontratación, normativa laboral Slice 8 aletas de centro-Azulsobre subcontratación, normativa fiscal sobre subcontratación, integración de la solvencia del subcontratante con la del subcontratista, pago a subcontratista, plazo para el pago a subcontratistas, acción directa del subcontratista frente a la Administración. Cesión del contrato administrativo, posición del cedente, en manos de las firmas Acacia Research y Accessdel cesionario y del cedido, requisitos de la cesión del contrato, cualidades del cesionario, autorización previa y expresa por la Administración, porcentaje mínimo de ejecución del contrato, formalización de la cesión en escritura pública.
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Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público., TRLCSP, TRLCAP, LCAP, LCSP, Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, JCCA, Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Lew's SD3SH súper Duty 300 velocidad Cocherete Baitcasting Reel 7.2 1Consejo de Estado, Abogacía del Estado, Tribunal Supremo, TS, T.S., Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla León, La Rioja, Valencia, Extremadura, Castilla La Mancha, Brenntag basa sus comunicaciones en la nube de RetarusMadrid, Andalucía, Murcia, Islas Baleares, Islas Canarias, Audiencia Provincial, Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Juzgados de lo contencioso, Tribunales administrativos, Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales, TACRC, Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta De Andalucía, Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, informe, dictamen, sentencia, resolución, Ley de Contratos del Sector Público, Ley de Economía Sostenible, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Directiva, Ley Zapatos deportivos adidas Projoator 19.3 IN J G25805 negro 38 2 3 de Contratos del Sector Público, Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Decreto 3854/1970 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Ley de Contratos del Estado, Reglamento de la Ley de Contratos del Estado, Ley contra la morosidad, Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, índices de revisión de precios, Directiva Temple Fork Pro Series 2 Fly Rod 7 WT. 9' 6 4 PC./CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios, Succhi di Frutta SpA, public procurement, contrato público, contrato de obras, contrato de obra, contratos de obras, contratos de obra, contratación pública de obras, contratación de obras, contratación administrativa, Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y cubren capacidades como sincronización del correo electrónico, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras, tablas y cuadros de correspondencia articulado TRLCSP y LCSP. España, español, normativa española, Reino de España, poder adjudicador, Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), poderes adjudicadores, contratación pública, contratación administrativa, contrato público, contrato administrativo, junta consultiva de contratación administrativa. Directiva Zapatillas deportivas zapatos nike jr tiempo legend 8 club IC at5882 004 negro 31 1 2/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión; Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
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BOJA nº 42 de 1999. 5.2. Otros anuncios
BOJA Histórico > 1999 > Boletín 42 > 5.2. Otros anuncios
EDICTO de 19 de marzo de 1999, de la Delegación del Gobierno de Almería, sobre Resolución de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz, sobre notificación de Acuerdo de Iniciación. PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz, sobre notificación de trámite de audiencia. PDF de la disposición
RESOLUCION de 2 de marzo de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se autoriza a la Empresa Repsol- Butano, SA, la aplicación de factores de conversión (de m a kg) en la lectura de contadores para suministros de GLP a granel en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Expediente E- TD.15/97. (PP. 773/99). PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería, de admisión definitiva de permiso de investigación. (PP. 700/99). PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, de información pública sobre instalaciones eléctricas. (PP. 850/99). PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, sobre admisión definitiva de solicitud de permiso de investigación. (PP. 696/99). PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre notificación de Resolución del expediente sancionador núm. SE- 57/97. PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre notificación de Propuesta de Resolución del expediente sancionador núm. SE-042/96, por presunta infracción a la normativa turística. PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre notificación de Resolución del expediente de Diligencias Previas núm. D.P. 001/98. PDF de la disposición
RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se convoca información pública sobre modificación en la concesión de servicio público de viajeros por carretera Andújar y Jaén por Fuerte del Rey (VJA- 056). (PP. 646/99). PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, sobre Resolución recaída en el expediente sancionador ES-C-H-01/98, incoado a doña Esperanza Muñoz Ramos por infracción a la normativa de Carreteras. PDF de la disposición
ANUNCIO del Servicio Andaluz de Salud, sobre expediente disciplinario núm. 02009/98/25-E. PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, de notificación de escrito previo a la iniciación del procedimiento de Cancelación de Oficio de 5-2-96 de una Oficina de Agencia de Viajes denominada Viajes Orgaz, SL. PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la resolución recaída en el expediente iniciado por el COF de Sevilla, sobre autorización de transmisión de parte indivisa de Oficina de Farmacia en Sevilla. PDF de la disposición
RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la apertura de un trámite de información pública para la ocupación de monte comunal. (PP. 786/99). PDF de la disposición
ANUNCIO. (PP. 3554/98). PDF de la disposición
ANUNCIO. (PP. 655/99). PDF de la disposición
RESOLUCION de 12 de marzo de 1999, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones y Actos Administrativos. PDF de la disposición
RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones y Actos Administrativos. PDF de la disposición
RESOLUCION de 17 de marzo de 1999, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se notifican Resoluciones de Revisión e Incoación de expedientes de reintegro en período voluntario a perceptores de prestaciones gestionadas por esta Delegación. PDF de la disposición
ANUNCIO. (PP. 694/99). PDF de la disposición
ANUNCIO. (PP. 678/99). PDF de la disposición
ANUNCIO. (PP. 659/99). PDF de la disposición
Otros. AYUNTAMIENTO DE PEñARROYA-PUEBLONUEVO (CORDOBA).
ANUNCIO de Oferta de Empleo Público para 1999. PDF de la disposición
CORRECCION de errores a anuncio de bases. (BOJA núm. 12, de 28.1.99). PDF de la disposición
Otros. CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE ALMERIA.
ANUNCIO. (PP. 964/99). PDF de la disposición
ANUNCIO sobre notificación por comparecencia dictada en expediente de apremio seguido contra Vanoge Construcciones, SL, con CIF B-41692963. PDF de la disposición
ANUNCIO sobre notificación por comparecencia dictada en expediente de apremio seguido contra Aurora de Porres Solís, con NIF 28.395.771-V. PDF de la disposición
ANUNCIO sobre notificación por comparecencia dictada en expediente de apremio seguido contra Newkit, SA, con CIF A- 41218603. PDF de la disposición
Otros. SDAD. COOP. AND. BODEGA COOPERATIVA DE MONTILLA (CORDOBA).
ANUNCIO de disolución. (PP. 839/99). PDF de la disposición
Otros. CP CALVO SOTELO.
ANUNCIO de extravío de título de Graduado Escolar. (PP. 697/99). PDF de la disposición

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FALLO DE LA SUPREMA CORTE SOBRE EL "CORRALITO"
(Texto gentileza del Dr. Humberto J. Mazza)
A fs. 8/12, el Banco Galicia y Buenos Aires S.A., solicitó la avocación per saltum de V.E. para que, en ejercicio de la atribución que le otorga el art. 24, inc. 7°) del decreto-ley Num. 1285/58, deje sin efecto la medida cautelar dispuesta por el juez federal ad hoc de Corrientes, que ordenó restituir íntegra e inmediatamente los fondos depositados por Carlos Antonio Smith en dicha entidad bancaria.
Tras declarar habilitada la feria judicial (fs. 15), el Tribunal consideró que aquel banco se encuentra legitimado para ejercer la opción recursiva prevista en el art. 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (texto según art. 18 de la ley Num. 25.561), suspendió la resolución cuestionada (v. Fs. 16) y me concedió vista en el día de la fecha (fs. 20).
En ejercicio de la ineludible tarea de velar por la observancia de la Constitución Nacional, de las leyes de la República y por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal que me asigna el art. 25, incs. G) y h) de la ley Num. 24.946, me parece necesario señalar que, atento a la forma en que V.E. encauzó el recurso intentado, debió dar cumplimiento al precepto legal contenido en el citado art. 195 bis que dispone solicitar la remisión del expediente y, recibido que éste sea, conferir traslado con calidad de autos a la parte que peticionó la medida.
Así estimó, pues la defensa de los intereses generales de la sociedad -que también incluye, obviamente, los intereses de los particulares- y de la legalidad, encomendada a este Ministerio Público por el art. 120 de la Ley Fundamental, impone asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa y de la igualdad de las partes en el proceso.
Más aún, sin perjuicio de lo anterior, y con independencia de los reparos constitucionales que me suscitan las medidas financieras cuya suspensión cautelar dispuso el magistrado de primera instancia, mantengo el criterio expuesto por este Ministerio Público in re B. 1141, L.XXXVII, "Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ solicita se declare estado de emergencia económica" (PVA), dictamen del 28 de diciembre de 2001, en cuanto a la falta de legitimación del banco recurrente para impugnar la medida precautoria, aun con la nueva redacción otorgada al art. 195 bis del Código de forma.
En consecuencia, opino que corresponde rechazar la apelación interpuesta contra el fallo de primera instancia que ordenó restituir sus depósitos al actor.
Buenos Aires, 31 de enero de 2002.-
Nicolás Eduardo Becerra Procurador General de la Nación
TEXTO DE LOS VOTOS DE JULIO NAZARENO, EDUARDO MOLINE O'CONNOR, CARLOS FAYT, ANTONIO BOGGIANO, GUILLERMO LOPEZ Y ADOLFO VAZQUEZ
Buenos Aires, 1 de febrero de 2002
1°) Que el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. pide la intervención de esta Corte a raíz de la resolución dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Corrientes que dispuso como medida cautelar, la devolución a su vencimiento y por el total, de los depósitos a plazo fijo que el actor solicitó con fundamente en la inconstitucionalidad del decreto 1570/01.
2°) Que como surge de fs. 16 este Tribunal confirió legitimación a los peticionarios para ejercer la acción recursiva prevista en el art. 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Asimismo tuvo por interpuesto el recurso con los efectos suspensivos sobre la resolución dictada establecidos en la norma, sin perjuicio de lo que en definitiva corresponda decidir sobre el fondo de las cuestiones planteadas.
3°) Que corresponde delimitar en qué medida ha quedado abierta la jurisdicción de esta Corte para conocer del caso. La norma procesal habilitante se refiere exclusivamente a la potestad del tribunal para entender respecto de medidas cautelares dictadas aun por quine no reviste la calidad de tribunal superior de la causa en los términos del art. 14 de la ley 48. No obstante, de la lectura del fallo recurrido se desprende que la medida cautelar requerida y ordenada por el juzgador coincide con el objeto de la demanda, por lo que la resolución que declaró su viabilidad constituye un anticipo de jurisdicción e implica, por tanto, el juzgamiento del fondo del asunto (Fallos: 316:1833; 320:1633, entre muchos otros). De ahí que, ante esta singular situación, la competencia de esta Corta, no queda circunscripta al estrecho marco cognoscitivo de la cautela sino que se extiende también a lo que ha sido tema de fondo, esto es, al planteo concreto sobre la inconstitucionalidad de la norma cuestionada y desde esta perspectiva, la tarea de esclarecer la inteligencia de las normas federales involucradas, no ha de estar limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por las de las partes (Fallos: 312:529 y sus citas, entre muchos otros).
4°) Que cabe señalar, además, que en el transcurso del proceso, han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de esta litis por lo que, de conformidad con reiterada doctrina de esta Corte, su decisión deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (Fallos: 308:1489; 312:555; 315:123, entre muchos otros).
5°) Que el decreto 1570/01, en su art. 2°, inc. a, prohibió "los retiros en efectivo que superen los pesos doscientos cincuenta ($ 250) o dólares estadounidenses doscientos cincuenta (u$s 250), por semana, por parte del titular, o de los titulares que actúen en forma conjunta o indistinta, del total de sus cuentas en cada entidad financiera". El actor, en los autor principales, planteó la inconstitucionalidad de dicha norma por cuanto le impedía disponer de la totalidad de los depósitos de los cuales es titular por ser contraria al art. 17 de la Constitución Nacional y a la ley 25.466 de intangibilidad de los depósitos. La circunstancia de que en el sub lite el titular de los fondos aun no haya visto satisfecha su pretensión (extremo que se verifica mediante la compulsa de los autos principales) pone de manifiesto la diferencia entre el sustrato fáctico de la presente y el de la causa B.1141 XXXVII "Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ solicita se declare estado de emergencia económica", sentencia del 28 de diciembre de 2001, lo que habilita pues, un tratamiento diverso.
6°) Que, con posterioridad, la ley 25.557, sancionada el 20 de diciembre de 2001 y promulgada el 6 de enero de 2002, en su art. 3°, estableció que las disposiciones de su normativa no implicaban ratificación ni expresa ni tácita de los decretos 1570/01 y 1606/01. A su turno, el 6 de enero de 2002 fue sancionada y promulgada parcialmente la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario que tácitamente ratificó el decreto 1570/01 (art. 6, 7 y 15). Dicha norma, en su art. 1°, declaró "con arreglo a lo dispuesto en el art. 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especifiquen seguidamente: 1) proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios, 2) reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales, 3) crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública, 4) reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el art. 2°". De las diversas disposiciones de la ley, se des prende que la delegación normativa conferida al Poder Ejecutivo, ha quedado circunscripta a "establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras y dictar regulaciones cambiarias" (art. 2º), a reestructurar "las deudas con el sector financiero" (art. 6º, segundo párrafo), "establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras" (art. 6º, párrafo tercero) y "disponer las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas" (art. 6º, párrafo quinto).
7º) Que, posteriormente, el decreto 71/2002, reglamentario del régimen cambiario establecido por la ley 25.561 facultó, en su art. 5º, al Ministerio de Economía a reglamentar la oportunidad y modo de disposición por sus titulares de los depósitos en pesos o en divisas extranjeras; pauta modificada a su vez por el decreto 141/02 en cuanto a la devolución de saldos en monedas extranjeras.
Sobre la base de las atribuciones conferidas en la normativa recientemente indicada, el Ministerio de Economía dictó la resolución 18/2002, del 17 de enero de 2002, la cual ha sido reformada por la 23, del 21 de enero de 2002, actualmente vigente, que en su anexo, establece, en cuanto aquí interesa, un cronograma de vencimientos reprogramados de los depósitos existentes en el sistema bancario a la fecha de su entrada en vigencia, bajo el régimen del decreto 1570/01, en el que se mantiene la indisponibilidad de dichos fondos.
8º) Que, tras la reseña de la normativa en juego, es preciso recordar la tradicional jurisprudencia del Tribunal cuya sintética formulación postula que las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que les son propias no están sujetas al control judicial (Fallos: 98:20 ; 147:403 ; 150:89 ; 160:247 ; 238:60 ; 247:121 ; 251:21; 275:218; 295:814; 301:341; 302:457; 303:1029; 308:2246; 321:1252, entre muchos otros). Por otro lado, todo lo relativo al ejercicio de las facultades privativas de los órganos de gobierno queda, en principio excluido de la revisión judicial. Ello no obsta a que se despliegue con todo vigor el ejercicio del control constitucional de la razonabilidad de las leyes y de los actos administrativos (Fallos: 112:63; 150:89; 181:264; 261:409; 264:416; 318:445); por ende, una vez constatada la iniquidad manifiesta de una norma (Fallos 171:348; 199:483; 247:121; 312:826) o de un acto de la administración (Fallos: 292:456; 305:102; 306:126; y 400), corresponde declarar su inconstitucionalidad.
9°) Que se encuentra fuera de discusión en el caso la existencia de una crisis económica por lo que no cabe cuestionar el acierto o conveniencia de la implementación de medidas paliativas por parte del Estado. Pero ello no implica que se admita, sin más, la razonabilidad de todos y cada uno de los medios instrumentales específicos que se establezcan para conjurar los efectos de la vicisitud. Máxime cuando ha existido, en un breve período, una profusión de normas sobre el tema que, en algunos casos, más que propender a la fijación de pautas claras sobre la disponibilidad de las sumas depositadas en instituciones bancarias y financieras por los particulares ha generado un inédito y prolongado estado de incertidumbre.
En este contexto cabe recordar que esta Corte ha subrayado, en reiteradas oportunidades que, el fundamento de las normas de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto (Fallos: 136:161; 313:1513 y 317:1462). El Tribunal ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporaria y razonablemente los efectos de los contratos como los de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos y otras (Fallos: 243:467), a fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole (Fallos: 238:76). En estos casos, el gobierno está facultado para sancionar las leyes que considere conveniente, con el límite que tal legislación sea razonable, y no desconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución. No debe darse a las limitaciones constitucionales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado (Fallos: 171:79) topa vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios (Fallos: 238:76). La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspenda las garantías constitucionales (confr. Fallos: 243: 467; 323:1566)
10) Que, a la luz de los conceptos expuestos, corresponde decidir si la restricción impuesta por el decreto. Originariamente cuestionado con los alcances actualmente definidos por la resolución 23/2002 del Ministerio de Economía, resulta o no un ejercicio razonable de las facultades del Estado frente a la situación de grave crisis global económica y financiera.
En tal sentido, si bien es cierto que acontecimientos extraordinarios habilitan remedios extraordinarios, los mecanismos ideados para superar la emergencia están sujetos a un límite y éste es su razonabilidad, con la consiguiente imposibilidad de alterar o desvirtuar en su significación económica el derecho de los particulares. La limitación fijada por las sucesivas normas ya aludidas, muestra un ejercicio carente de razonabilidad de la facultad normativa tendiente a conjurar un trance. Ello es así pues tal restricción implica una violación a los art. 17 y 18 de la Constitución Nacional en tanto desconoce el derecho de las personas a disponer libremente y en su totalidad de su patrimonio.
11) Que el derecho a disponer libremente de los fondos invertidos o depositados en entidades bancarias y financieras sustenta, con independencia de los preceptos legales que puedan reconocerlo, en los principios de la Ley Fundamenta; y no es dudoso que condicionar o limitar ese derecho afecta a la intangibilidad del patrimonio y obsta al propósito de afianzar la justicia. Tal afectación de los mentados principios constitucionales, dada la gravedad que reviste la ausencia de razones decisivas que justifiquen la exigencia legal que la provoca, no puede entenderse como fruto de una reglamentación razonable de tales principios, ni encuentra respaldo, por ende, en el art. 28 de la Carta Magna (Fallo: 305:945, considerando 8°, último párrafo). Tal circunstancia se aprecia nítidamente en la situación paneada en el sub lite, en donde las sucesivas reglamentaciones aludidas han excedido el marco de la delegación imponiendo condicionamientos y restricciones a la libre disposición de la propiedad privada de los particulares en abierta violación de las normas constitucionales mencionadas.
12)Que, en tal sentido, cabe recordar que esta Corte ha establecido que la facultad del estado de imponer límites al nacimiento o extinción de los derechos, no lo autoriza a prescindir por completo de las relaciones jurídicas concertadas bajo el amparo de la legislación anterior, especialmente, cuando las nuevas normas causan perjuicios patrimoniales que no encuentran un justo paliativo (Fallo: 316: 1551; 318: 1531 y sus citas y 1749, entre otros). De igual modo, el Tribunal subrayó que cuando bajo la vigencia de una norma el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido, porque la situación jurídica general creada por esa normativa se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior sin agravio del derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional (confr., entre muchísimos otros, Fallos: 314: 1477; 316: 2090 y 317: 1462).
13)Que, en análogo orden de consideración, esta Corte señaló que ni el legislador ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior ya que, en ese caso, el principio de no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema (Fallos: 319:1915; 320;31, 1796 y 2157). 14) Que, a la luz de los criterios jurisprudenciales mencionados se aprecia que en el caso, el actor ha sido víctima de la vulneración de su patrimonio, toda vez que la constitución de sus depósitos había sido efectuada bajo la vigencia de un régimen que garantizaba su inalterabilidad. Tal garantía, además, se había visto recientemente reforzada mediante las disposiciones de la ley 25.466 que , con carácter de orden público, consagró la intangibilidad de los depósitos, definiendo tal intangibilidad como la imposibilidad por parte del Estado de alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y la entidad financiera, así como la prohibición de canjearlos por diferentes activos del Estado Nacional, de prorrogar su pago, o de reestructurar su vencimiento (art. 1° a 4°), circunstancias que exceden en mucho las que se presentaron cierto en la causa "Peralta" que se registra en Fallos: 313:1514. Ante ese cuadro de situación, tanto las restricciones impuestas por el decreto 1570/01 y sus posteriores reglamentaciones, como por la ley 25.561 de Emergencia Pública, en cuanto suspende la aplicación de la referida ley de intangibilidad (art. 15), han provocado una incuestionable modificación de las condiciones y presupuestos tenidos en mira por ahorristas e inversores al tiempo de efectuar sus operaciones bancarias lo que apareja un evidente desconocimiento de sus derechos adquiridos y, por consiguiente, una profunda e injustificada lesión a su derecho de propiedad. 15) Que, por lo demás, una justa apreciación del Medio concreto elegido por administración como paliativo de la crisis a fin de decidir sobre su razonabilidad, no puede ser examinada con prescindencia del conjunto de las medidas adoptadas. Desde tal enfoque, es menester destacar que la imposibilidad de disponer íntegramente de los ahorros e inversiones es solo una de las variadas restricciones al uso y goce de los recursos monetarios amparados por el derecho a la propiedad desde que la generalidad de las personas físicas y jurídicas cercenadas también la libre disponibilidad a la extracción íntegra de los importes correspondientes a remuneraciones y jubilaciones. Todo ello sumado a la modificación del régimen cambiario -extremo que a esta Corte no le compete juzgar desde que no es materia de debate en el presente y en tanto el control de constitucionalidad no comprende la facultad de sustituir a la administración en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad- provoca un generalizado menoscabo en la situación patrimonial del conjuntos social. Frente a tan singular situación, la restricción imperante en relación con los depósitos bancarios adolece de irrazonabilidad toda vez que no advierte la proporcionalidad entre el medio elegido y el fin propuesto con su implementación para conjurar la crisis ya que no significa una simple limitación a la propiedad sino que, agregada al resto de las medidas adoptadas, coadyuva a su privación y aniquilamiento. El efecto producido por las normas impugnadas excede, puse, el ejercicio válido de los poderes de emergencia ya que aún en estas situaciones, como se recordó más arriba, el Estado no puede válidamente transponer el límite que señala el art. 28 de la Constitución Nacional y preterir su inexcusable rol como gestor del bien común. La norma en cuestión afecta, por tanto, en forma directa e inmediata las garantías reconocidas por los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional así como las previsiones del art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica.
En las condiciones expuestas, corresponde desestimar el recurso interpuesto.
Por ello, oído el señor Procurador General de la Nación, se desestima el recurso interpuesto. Notifíquese y, previa devolución de los autos principales, archívese.
TEXTO DEL FUNDAMENTO PROPIO DEL VOTO DE CARLOS FAYT
1°) Que el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. pide la intervención de esta Corte a raíz de la resolución dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Corrientes que dispuso como medida cautelar, la devolución a su vencimiento y por el total, de los depósitos a plazo fijo que el actor solicitó con fundamento en la inconstitucionalidad del decreto 1570/01.
2°) Que como surge de fs.16 este Tribunal admitió legitimación a los peticionarios para ejercer la acción recursiva prevista en el art. 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Asimismo tuvo por interpuesto el recurso con los efectos suspensivos sobre la resolución dictada establecidos en la norma, sin perjuicio de lo que en definitiva corresponda decidir sobre el fondo de las cuestiones planteadas. 3°) Que corresponde delimitar en qué medida ha quedado abierta la jurisdicción de esta Corte para conocer del caso. La norma procesal habilitante se refiere exclusivamente a la potestad del Tribunal para entender respecto de medidas cautelares dictadas aun por quien no reviste la calidad de tribunal superior de la causa en los términos del art.14 de la ley 48. No obstante, de la lectura del fallo recurrido se desprende que la medida cautelar requerida y ordenada por el juzgador coincide con el objeto de la demanda, por, lo que la resolución que declaró su viabilidad constituye un anticipo de jurisdicción e implica, por tanto, el juzgamiento del fondo del asunto (Fallos: 316:1833; 320:1633, entre muchos otros). De ahí que, ante esta singular situación, la competencia de esta Corte, no queda circunscripta al estrecho marco cognoscitivo de la cautela sino que se extiende también a lo que ha sido tema de fondo, esto es, al planteo concreto sobre la inconstitucionalidad de la norma cuestionada y desde esta perspectiva, la tarea de esclarecer la inteligencia de las normas federales involucradas, no ha de estar limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por las de las partes (Fallos: 312:529 y sus citas, entre muchos otros).
4º) Que cabe señalar, además, que en el transcurso del proceso, han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de esta litis por lo que, de conformidad con reiterada doctrina de esta Corte, su decisión deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos de las que no es posible prescindir (Fallos: 308:1489; 312:55; 313:1753; 315:123, entre muchos otros).
5º) Que el decreto 1570/01, en su art. 2º, inc. a, prohibió "los retiros en efectivo que superen los pesos doscientos cincuenta ($250) o dólares estadounidenses doscientos cincuenta (u$s 250), por semana, por parte del titular, o de los titulares que actúen en forma conjunta o indistinta, del total de sus cuentas en cada entidad financiera". El actor planteó la inconstitucionalidad de dicha norma por cuanto le impedía disponer de la totalidad de los depósitos de los cuales el titular por se contraria al art. 17 de la Constitución Nacional y a la ley 25.466 de intangibilidad de los depósitos. En el caso, por lo demás y a diferencia de lo ocurrido en la causa B.1141 XXXVII PVA "Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ solicita se declare estado de emergencia económica", fallada el 28 de diciembre de 2001, el titular de Los fondos aún no ha visto satisfecha su pretensión. 6°) Que, con posterioridad, la ley 25.557, sancionada el 20 de diciembre de 2001 y promulgada el 6 de enero de 2002, en su art. 3°, estableció que las disposiciones de su normativa no implicaban ratificación expresa ni tácita de los decretos 1570/01 y 1606/02. A su turno, el 6 de enero de 2002 fue sancionada y promulgada la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. Dicha norma, en su art. 1°, declaró "con arreglo en el art. 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando el al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en su texto, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las siguientes bases: 1) proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios, 2) reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales, 3) crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública, 4) reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el art. 2°". De las diversas disposiciones de la ley, se desprende que la delegación normativa conferida al Poder Ejecutivo, ha quedado circunscripta a "establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras y dictar regulaciones cambiarias" (art. 2°), a reestructurar "las deudas con el sector financiero" (art. 6°, segundo párrafo), "establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras" (art. 6°, párrafo tercero) y disponer las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas" (art. 6°, párrafo 5).
7°) Que, posteriormente, el decreto 71/2002, reglamentario del régimen cambiario establecido por la ley 25.561 facultó, en su art. 5°, al Ministerio de Economía a reglamentar la oportunidad y modo de disposición por sus titulares de los depósitos en pesos o en divisas extranjeras; pauta modificada a su vez por el decreto 141/02 en cuanto a la devolución de saldos en monedas extranjeras. Sobre la base de las atribuciones conferidas en la normativa recientemente indicada, el Ministerio de Economía dictó la resolución 18/2002, del 17 de enero de 2002, la cual ha sido reformada por la 23, del 21 de enero de 2002, actualmente vigente, que en su anexo, establece, en cuanto aquí interesa, un cronograma de vencimiento reprogramados de los depósitos existentes en el sistema bancario a la fecha de su entrada en vigencia, bajo el régimen del decreto 1570/01, en el que se mantiene la indisponibilidad de dichos fondos.
8°) Que se encuentra fuera de discusión en el caso de la existencia de una crisis económica sin precedentes en la historia argentina por lo que no cabe cuestionar el acierto o conveniencia de la implementación de medidas paliativas por parte del Estado. Pero ello no implica que se admita, sin más, la constitucionalidad de todos y cada uno de los medios instrumentales específicos que se establezcan para conjurar los efectos de la vicisitud.
9°) Que esta Corte ha abordado con extensión la cuestión de la constitucionalidad del ejercicio de las facultades del Estado en situación de emergencia en el caso registrado en Fallos: 313:1513. Allí, en los esencial, se sostuvo que cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que puede hacerse de esa propiedad, no hay violación del art. 17 de la Constitución Nacional, sino una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis. Se dijo también que el fundamento de las leyes de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto.
10) Que para que la sanción de una ley de emergencia esté justificada -precisó esta Corte- es necesario: 1) que exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad; 2) que la ley tenga como finalidad legítima la de proteger los intereses generales de la sociedad y no a determinados individuos; 3) que la moratoria sea razonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias; 4) que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria.
11) Que la restricción del ejercicio normal de los derechos patrimoniales tutelados por la Constitución, debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la subsistencia o esencia del derechos adquirido por Sentencia o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la situación de emergencia, a diferencia del estado de sitio no suspende las garantías constitucionales.
12) Que en tiempos de graves trastornos económico - sociales, -advirtió- el mayor peligro que se cierne sobre la seguridad jurídica no es el comparativamente pequeño que deriva de una transitoria postergación de las más estrictas formas legales, sino el que sobrevendría si se lo mantuviera con absoluta rigidez, por cuanto ellos, que han sido fecundos para épocas de normalidad y sosiego suelen adolecer de patética ineficiencia frente a la crisis. En momentos de perturbación social y económica, y en otras situaciones semejantes de emergencia y ante la urgencia en atender a la solución de los problemas que crean, es posible el ejercicio del poder del Estado en forma enérgica que la admisible en periodos de sosiego y normalidad.
13) Que, por último y como se sostuvo en el recordado precedente, no hay violación del art. 17 de la Constitución cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad.
14) Que, ni aun con la extensión reconocida en el caso recién citado a los poderes del Estado para afrontar emergencia de carácter económico, las disposiciones cuestionadas en el sub judice pueden reputarse compatibles con la Constitución Nacional.
En efecto, y contrariamente a lo que ocurría en Fallo: 313: 1513, no se preserva sino que se destruye "el valor... de la moneda" que "es lo que interesa y no puede perderse de vista sin riesgo de incurrir en conclusiones equivocadas" (considerando 55).
15)Que, por lo demás, una justa apreciación del medio concreto elegido por el Estado Nacional como paliativo de la crisis a fin de decidir sobre su compatibilidad constitucional no puede ser examinada con prescindencia del conjunto de las medidas adoptadas. Desde tal enfoque, es menester destacar que la imposibilidad de disponer íntegramente de los ahorros e inversiones es sólo una de las variadas restricciones al uso y goce de los recursos monetarios amparados por el derecho a la propiedad desde la generalidad de las personas físicas y jurídicas ven cercenadas también la libre disponibilidad a la extracción íntegra de los importes correspondientes a remuneraciones y jubilaciones. Todo ello sumado a la modificación del régimen cambiario -extremo cuya validez a esta Corte no le compete juzgar desde que no es materia de debate en el presente y en tanto el control de constitucionalidad no comprende la facultad de sustituir a los otros poderes del Estado en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad- provoca un generalizado menoscabo en la situación patrimonial del conjunto social. Frente a tal singular realidad, la restricción imperante en relación con los depósitos bancarios adolece de irrazonabilidad toda vez que no significa una simple limitación a la propiedad sino, sumada al resto de las medidas adoptadas, coadyuva a su privación y aniquilamiento. El efecto producido por las normas impugnadas excede, pues, el ejercicio válido de los poderes de emergencia ya que aun en estas situaciones, como se recordó más arriba, el Estado no puede válidamente transponer el límite que señala el art. 28 de la Constitución Nacional y preterir su inexcusable rol como gestor del bien común. La norma en cuestión afecta, por tanto, en forma directa e inmediata las garantías reconocidas por los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional así como las previsiones del art.21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. 16) Que, en las condiciones expuestas, corresponde desestimar el recurso interpuesto. Por ello, oído el señor Procurador General de la Nación, se desestima el recurso interpuesto. Notifíquese y, previa devolución de los autos principales, archívese.

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STS, 2 de Febrero de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 77168449
Número de Recurso: 192/2009
En la Villa de Madrid, a dos de Febrero de dos mil diez.
Visto por esta Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación para la unificación de doctrina nº 192/09, interpuesto por el Abogado del Estado contra la Sentencia de 12 de diciembre de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso administrativo nº 1761/06, en el que se reclama de la Dirección General de la Policía indemnización de daños y perjuicios por las lesiones y secuelas producidas en acto de servicio. Interviene como parte recurrida D. Florian .
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó Sentencia de 12 de diciembre de 2008 , que estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Florian contra la Resolución de la Dirección General de la Policía de 20 de junio de 2006, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 22 de marzo de 2006, por la que se denegó su solicitud de indemnización de 120.000 euros por las lesiones y secuelas producidas en acto de servicio. La sentencia reconoce el derecho del recurrente a que se le indemnice en la cantidad de 95.000 euros, con los intereses legales que en derecho procedan.
Notificada la sentencia, se presentó escrito por el Abogado del Estado interponiendo recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando que la sentencia recurrida es contraria a la jurisprudencia contenida en la Sentencia de 6 de junio de 2000, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso nº 2893/97, a cuyo efecto señala que ambas sentencias tratan de lesiones sufridas en acto de servicio, fundando la pretensión en los artículos 179 y 180 del Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa y los preceptos que dan lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración, alegando que la sentencia recurrida basa el reconocimiento de la indemnización en el principio de indemnidad, así como en el Reglamento de la Policía Gubernativa (artículo 180 ) indicando que la expresión "los demás que procedan", supone una "arcaica expresión del legislador en la que, como concepto jurídico indeterminado que es, cabe incluir, en el supuesto que nos ocupa, los demás daños corporales, secuelas incluidas, y morales que le fueron", mientras que la sentencia de contraste, si bien reconoce el principio de indemnidad, desestima el recurso por entender que los daños sufridos por el recurrente tienen prevista su protección en el régimen del mutualismo administrativo. Funda el recurso de casación para la unificación de doctrina en la infracción del artículo 180 del Reglamento de Policía Gubernativa , así como, por inaplicación, de los artículos 12.e) y 28 del Real Decreto Legislativo 4/2000 .
Por providencia de 20 de febrero de 2009 la Sala de instancia tuvo por interpuesto el recurso de casación para la unificación de doctrina y se dio traslado del recurso a la parte recurrida para trámite de oposición, solicitando la inadmisión del recurso en virtud de lo establecido por el artículo 96.4 en relación con el artículo 86.2.a) de la LRJCA , por tratarse de una cuestión de personal que no afecta al nacimiento ni a la extinción de la relación de servicio. Por otra parte, alega que no existe la identidad en la situación de las partes y hechos, fundamentos y pretensiones entre la sentencia recurrida y la de contraste, pues en ésta se solicitaba una indemnización por los daños sufridos en acto de servicio en los que existe un autor material que a la postre resultó insolvente, mientras que en la sentencia recurrida se reclamó una indemnización que incluía las cantidades dejadas de percibir como consecuencia de su pase a segunda actividad forzosa como consecuencia de sus lesiones en acto de servicio, a las que habría que añadir las secuelas sufridas y los daños morales que tal pase le supuso. Por último, entiende que la normativa aplicable al caso es la contenida en el Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa , que fue la que aplicó la sentencia recurrida, siendo inaplicables las normas apuntadas por el Abogado del Estado, pues de tener que aplicarse éstas, haría inaplicable siempre la específica de la Policía.
Por providencia de 23 de marzo de 2009 se acordó remitir las actuaciones a esta Sala, dictándose providencia de 18 de mayo de 2009 dejando el recurso pendiente de señalamiento para votación y fallo, a cuyo efecto se señaló la audiencia del día 26 de Enero de 2010 , fecha en la que tal diligencia ha tenido lugar.
Como primera pretensión, D. Florian , parte recurrida, sostiene que el recurso es inadmisible pues se trata de una cuestión de personal no susceptible de impugnación por este cauce en virtud del artículo 96.4, en relación con el 86, apartado 2, letra b), de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de esta jurisdicción.
En efecto, quedan extramuros de esta modalidad especial de casación las sentencias relativas a cuestiones del personal al servicio de las Administraciones públicas, salvo que afecten al nacimiento o a la extinción de la relación de servicios de funcionarios de carrera (artículo 96, apartado 4, en relación con el 86, apartado 2 , letra a), de la Ley 29/1998 ).
La circunstancia de ser el recurrente en la instancia, hoy parte recurrida en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, miembro del Cuerpo Nacional de Policía no determina que cualesquiera acciones administrativas o judiciales que promueva haya de versar indefectiblemente sobre una cuestión de personal, pues no es la condición subjetiva del recurrente sino el objeto de la pretensión deducida lo que permite identificar la materia sobre la versa la acción ejercitada.
En el presente caso se impugna una resolución de la Dirección General de la Policía desestimatoria de la solicitud del recurrente, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en situación de Segunda Actividad, de que se instruyera un procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien subsidiariamente procediera a la tramitación de un expediente indemnizatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 en relación con el 179, ambos del Real Decreto 2038/1975, de 17 de julio , por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, solicitando en uno u otro caso que se le indemnice con la cantidad de 120.000 euros por las secuelas producidas en acto de servicio, las diferencias retributivas entre lo percibido como consecuencia de su pase a la situación de segunda actividad y lo que le habría correspondido percibir por haber pasado a dicha situación a la edad reglamentaria de 55 años, y el daño moral sufrido.
La pretensión fundada en la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños y perjuicios derivados de las lesiones y secuelas producidas en acto de servicio, reconocida en el artículo 106.2 de la Constitución y en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aun derivada indirectamente de una relación de servicios de carácter funcionarial, excede de la consideración de cuestión de personal exceptuada como tal del acceso al recurso de casación, ordinario o para la unificación de doctrina, en el artículo 86.2.a) y 96.4 de la LRJCA, a salvo lo que su inciso final prescribe (por todos, Autos de 28 de febrero de 1996 y 27 de junio de 1997, dictados en los recursos de queja 907/1993 y 3009/1993 ). En otras palabras, la cuestión relativa a la indemnización que se reclama, cobra sustantividad propia en relación con la relativa a las incidencias de su relación funcionarial y no queda limitada por las restricciones que, respecto de la impugnabilidad de la sentencia, contiene el artículo 86.2.a) de la Ley Jurisdiccional .
En cambio, si la indemnización no se solicita en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración por funcionamiento anormal del servicio público, estaríamos ante una cuestión de personal referida a las indemnizaciones que por razón de servicio tienen derecho a percibir los funcionarios públicos -por todas. Sentencia de esta Sala de 4 de octubre de 2004 , dictada en la Cuestión de Competencia nº 33/04-, exceptuada como tal del acceso al recurso de casación, ordinario o para la unificación de doctrina, de conformidad con los artículos de la Ley Jurisdiccional citados en el párrafo anterior.
En el presente caso, y como ha quedado expuesto, la petición de indemnización se fundó en vía administrativa en la responsabilidad patrimonial de la Administración y, subsidiariamente, en razón de los daños sufridos con ocasión de la prestación del servicio. Ahora bien, en su demanda el recurrente deja a un lado la petición principal de exigencia de responsabilidad patrimonial y centra el debate en discutir si bajo el principio general de indemnidad de los funcionarios públicos encuentra el recurrente acomodo de su situación en los artículos 179 y 180 del Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa , y con base en dichos artículos estima en parte la demanda la Sala de instancia en la sentencia aquí recurrida. La sentencia parte del hecho de que no nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración, y afirma que se trata del derecho a una indemnización, surgido en el seno de una relación funcionarial ante daños sufridos como consecuencia de asistir reiteradamente el recurrente a sesiones de tiro. Por ello, procede concluir que estamos ante una cuestión de personal al servicio de las Administraciones públicas que no afecta al nacimiento o a la extinción de la relación de servicios de funcionarios de carrera y, en consecuencia, procede inadmitir el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA , procede la imposición de las costas a la recurrente, fijándose en 1.800 euros para el letrado de la parte recurrida, en atención a la naturaleza y entidad del asunto y al hecho de que se ha declarado la inadmisibilidad.
Se declara la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Abogado del Estado contra la Sentencia de 12 de diciembre de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso administrativo nº 1761/06; con condena en costas a la Administración recurrente de conformidad a lo expuesto en el último fundamento jurídico.
STSJ Comunidad de Madrid , 16 de Febrero de 1999
STSJ Comunidad de Madrid 414/2015, 11 de Junio de 2015

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Resolución
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artículo 180
Real Decreto
artículo 96
artículo 86
artículo 96
resolución
artículo 139
artículo 180
Real Decreto
artículo 106
artículo 86
artículo 86
artículo 139


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Irekia Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco :: Disposición BOPV 201804994
Disposición 201804994
Fecha boletín: 11-10-2018 Publicado en el Boletín nº 2018197
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2018, del Director de Patrimonio Natural y Cambio Climático, por el que se da publicidad a la modificación de la Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, que resolvió la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local, y Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible.
Materias: AYUDAS; ADMINISTRACION LOCAL; PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE; MODIFICACION; CONCESION; DESARROLLO DE NUEVAS ACTIVIDADES
Nº orden: 201804994
Modifica RESOLUCIÓN de 29/12/2017 publicada con fecha 07/02/2018 [201800693]
Mediante Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, se resuelve la convocatoria de la Orden de 19 de julio de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local, y Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible.
Habiéndose apreciado en la misma un error en la cantidad asignada para el proyecto del Ayuntamiento de Otxandio «Actuaciones de mejora del hábitat de especies de anfibios amenazadas. Segunda fase» y como consecuencia de la estimación de un recurso de alzada interpuesto por la Junta Administrativa de Untzaga-Apregindana, se ha procedido, mediante Resolución de 27 de julio de 2018, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, a la modificación de las subvenciones concedidas.
Por lo expuesto y en cumplimiento del artículo 49.2 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, procede publicar en el boletín oficial del País Vasco las modificaciones realizadas en el listado de subvenciones concedidas.
Único.– Dar publicidad a los nuevos importes asignados a las entidades recogidas en el anexo de la presente Resolución.

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RESOLUCIÓN
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artículo 49


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Resolución Nº 236/2006 - Presupuesto - Ministerio de Economía y Producción
Fíjase el cronograma de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2007 y el Presupuesto Plurianual 2007-2009.
Boletín Oficial: 17-04-2006
VISTO las Leyes Nros. 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 25.152 del Régimen de Solvencia Fiscal, 25.917 de creación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, los Decretos Nros.2666 del 29 de diciembre de 1992, Reglamento Parcial Nº 1 de la Ley Nº 24.156, el 1731 del 7 de diciembre de 2004 reglamentario de la Ley Nº 25.917, y
Que el Artículo 26 de la Ley Nº 24.156 dispone la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre del año anterior al que regirá.
Que el comportamiento de la economía permite efectuar las previsiones presupuestarias con la debida anticipación.
Que en el programa económico en curso del Gobierno Nacional la administración de las cuentas fiscales adquiere gran relevancia.
Que, en ese sentido, el programa fiscal de mediano plazo precisa ser ponderado debidamente con la suficiente antelación.
Que es intención del Estado Nacional profundizar las técnicas de programación dando continuidad al Proceso Presupuestario Plurianual implementado en ejercicios anteriores, a fin de actualizar las proyecciones de mediano plazo para el análisis y la evaluación de los programas presupuestarios en el período 2007-2009.
Que la Ley Nº 25.917, reglamentada por el Decreto Nº 1731 del 7 de diciembre de 2004, crea el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal para su entrada en vigencia a partir del 1 de enero de 2005.
Que en cumplimiento del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal es preciso adaptar la elaboración y exposición de la información relativa al Presupuesto Nacional.
Que, por lo tanto, es necesario adecuar las actividades del cronograma de elaboración del Presupuesto Nacional 2007 y Plurianual 20072009 a fin de dar cumplimiento al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Que la integralidad del enfoque macroeconómico y fiscal requiere la participación de un conjunto de actores en el proceso presupuestario.
Que es necesario programar detalladamente las actividades para hacer efectiva esa participación y elaborar en tiempo y forma el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2007 y el Presupuesto Plurianual 2007-2009.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 24 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional reglamentado por el Decreto Nº 2666 del 29 de diciembre de 1992.
Artículo 1º - Fíjase el cronograma de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2007 y el Presupuesto Plurianual 2007-2009, Anexo al presente artículo.
Art. 2º - Delégase en la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción la organización del trabajo para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2007 y el Presupuesto Plurianual 2007-2009.
Art. 3º - Constitúyese el Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), integrado por los funcionarios que se detallan en el Anexo al presente artículo y coordinado por el señor Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de este Ministerio. Los funcionarios que se detallan en el Anexo al presente artículo serán responsables de la realización de las actividades y del cumplimiento de las respectivas fechas establecidas en el cronograma del Anexo al Artículo 1º de la presente resolución.
Art. 4º - A los efectos de precisar la colaboración de los funcionarios integrantes del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), se describen en el Anexo al presente artículo las actividades que corresponde llevar a cabo para la formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2007 y el Presupuesto Plurianual 2007-2009, de acuerdo al cronograma Anexo al Artículo 1º de la presente resolución.
Art. 5º - La Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de este Ministerio invitará a la Subsecretaría de Coordinación y Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a colaborar con las tareas de formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2007 y el Presupuesto Plurianual 2007-2009.
En caso de resultar necesario, la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de este Ministerio podrá requerir la colaboración de funcionarios de otras reparticiones, no mencionados en el Anexo al Artículo 3º de la presente resolución, y podrá adecuar el cronograma a la marcha de los trabajos garantizando su finalización oportuna.

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Artículo 26
Artículo 24
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Artículo 1
Artículo 1
Artículo 3