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Vialidad en "pie de guerra" ante la creación de "Corredores Viales Sociedad Anónima" - El Diario en Tucumán
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Vialidad en “pie de guerra” ante la creación de “Corredores Viales Sociedad Anónima”
Los gremios viales de todo el país consideran que la creación de la empresa “Corredores Viales Sociedad Anónima” -por parte del Gobierno Nacional, mediante Dcto. Nº 794/2017– es una velada privatización de Vialidad Nacional, ya que el mismo le otorga idénticas facultades y competencias, o aún más.
A lo largo y a lo ancho de todo el país se erigen voces de protesta al respecto. Sin embargo, veamos de qué se trata este tema.
El Gobierno nacional oficializó la creación de la empresa ‘Corredores Viales S.A‘, que tendrá por objetivo la construcción, la mejora y el mantenimiento, entre otras cosas, de todas las rutas, autovías y caminos de jurisdicción nacional.
Reunión en los talleres de la Dirección Provincial de Vialidad
En una asamblea que se llevó a cabo de manera espontánea en los talleres de la Dirección Provincial de Vialidad, Secretario General del Sindicato del personal de Vialidad Provincial, Víctor Hugo “Kiko” Bazán, convocó a un alerta y reuniones en el lugar por la virtual “privatización” de Vialidad Nacional y en apoyo a los compañeros del sector.
En un comunicado, la FAT (Federación Argentina de Trabajadores Viales) también salió al cruce en contra de la medida, con un comunicado oficial.
Transcripción del Decreto Nº 794/2017 que crea la “Sociedad Anónima Corredores Viales”:
Dispónese la constitución de la sociedad “Corredores Viales S.A.”.
Que la Ley N° 17.520 constituye el marco normativo de regulación de las concesiones de obra pública para la
construcción, conservación o explotación de obras públicas mediante el cobro de tarifas o peaje conforme a los
procedimientos que fija esa ley, estableciendo a tales fines los lineamientos fundamentales de esa modalidad de
contratación y disponiendo que el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá otorgar dichas concesiones de obra
pública por un término fijo, a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos.
Que por la Ley N° 23.696 se declaró en estado de emergencia, entre otros, a la situación económica– financiera de
la Administración Pública Nacional, disponiendo un criterio rector para el desarrollo de las concesiones,
estableciéndose que aquellas que se otorguen de acuerdo con la Ley N° 17.520 con las modificaciones introducidas
por dicha ley, deberán asegurar necesariamente que la eventual rentabilidad no exceda una relación razonable
entre las inversiones efectivamente realizadas por el concesionario y la utilidad neta obtenida por la concesión.
Que asimismo, a través del régimen estatuido por la citada Ley N° 17.520, se posibilitó encarar la construcción,
mejoramiento, ampliación, conservación, remodelación, mantenimiento y explotación de las vías de penetración,
circunvalación y complementarias que acceden a la CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Que por el Decreto N° 2637 del 29 de diciembre de 1992 se dispuso llevar adelante esa tarea fijándose las pautas
fundamentales a las que deben ajustarse las concesiones de obra con pago de peaje para los accesos que integran
la Red de accesos a la CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Que en ese sentido, por el Decreto N° 1167 del 15 de julio de 1994, se aprobó la adjudicación por el sistema de
Concesión de Obra Pública gratuita para la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación,
remodelación, mantenimiento, administración y explotación de los ACCESOS NORTE, OESTE y RICCHIERI.
Que tales contratos, así como los celebrados por la Administración Pública bajo normas de derecho público en
general, quedaron comprendidos en la renegociación dispuesta por el artículo 9° de la Ley N° 25.561 de
Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, disponiéndose que para el caso de los contratos que
tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1)
el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los
servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las
Que esa coyuntura ha llevado a celebrar diversas renegociaciones y acuerdos, a los fines de disminuir el impacto
de la emergencia no sólo en lo referente a los términos de los contratos originalmente firmados con las empresas
contratistas, sino también y especialmente, en lo que pudiera afectar a los intereses del público usuario, que por las
peculiares características de este tipo de negocios, debe ser objeto de preservación no sólo por parte del Estado
como garante natural de esos derechos, sino también de las propias empresas, que deben dar cabal cumplimiento
a sus obligaciones de mantenimiento y conservación de los caminos, a fin de mantener indemne la integridad de los
Que asimismo, el Gobierno Nacional considera prioritaria la construcción de obras de infraestructura vial y la
consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos que conecten a las distintas regiones del país de
manera segura y previsible, permitiendo que la producción agrícola e industrial llegue a los puertos fluviales y
marítimos, y de allí al mundo, con eficiencia y eficacia.
Que atento ello, resulta fundamental disponer los recaudos que tiendan a proteger los derechos del referido público
usuario ante eventuales contingencias que pudieran surgir en el desarrollo de las concesiones otorgadas en virtud
de la Ley Nº 17.520, a los fines de viabilizar la continuidad del servicio que se presta a los usuarios a través de las
concesiones de la red nacional de caminos, rutas y autopistas.
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde resaltar que el artículo 5º de la referida Ley N° 17.520 otorga al
PODER EJECUTIVO NACIONAL la facultad de crear sociedades anónimas mixtas con o sin mayoría estatal, u otro
tipo de persona jurídica para el cumplimiento de los fines previstos en dicha ley, haciendo el aporte de capital que
considerare necesario.
Que en virtud de ello, se considera oportuno proceder a la constitución de una Sociedad Anónima, bajo el régimen
de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus modificaciones y las normas de su Estatuto, con el
objeto de que asuma la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación,
mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas,
rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional y el ejercicio de los derechos
y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera. El objeto
también comprende la realización de las actividades y actos jurídicos dirigidos a la explotación de “Áreas de
servicio”, explotaciones complementarias y explotaciones accesorias y toda otra actividad vinculada con su objeto
social, propiciándose asimismo la aprobación del Estatuto pertinente.
Que el capital social de la sociedad estará compuesto por el MINISTERIO DE TRANSPORTE en un CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51%) y por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD en un CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49%), los que serán los tenedores del capital accionario y ejercerán los derechos societarios respectivos.
Que en caso que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a
través de los procedimientos de selección correspondientes.
Que por otra parte resulta pertinente facultar al MINISTERIO DE TRANSPORTE para ejecutar todos los actos
previos que resulten necesarios para instrumentar la puesta en funcionamiento de la Sociedad que se crea y el
desarrollo de su actividad así como, juntamente con la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, para que propicien
las adecuaciones presupuestarias correspondientes, si resultaren necesarios, aportes transitorios o de capital a la
sociedad, destinados a cubrir eventuales déficits de funcionamiento o a incrementar la solidez patrimonial de la
Que por último, se estima necesario facultar a la referida DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD para que en conjunto con el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL establezcan con las organizaciones
gremiales representativas de los trabajadores, en caso de corresponder, la transferencia de los mismos a la
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 5° de la Ley N° 17.520 y su modificatoria.
ARTÍCULO 1°.- Dispónese la constitución de la sociedad “CORREDORES VIALES S.A.”, en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con sujeción al régimen establecido por la Ley General de Sociedades N° 19.550,
T.O. 1984 y sus modificaciones y a las normas de su Estatuto, la que tendrá por objeto la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera. El objeto también comprende la realización de las actividades y actos jurídicos dirigidos a la explotación de “Áreas de servicio”, explotaciones complementarias y explotaciones accesorias y toda otra actividad vinculada con su objeto social.
ARTÍCULO 2º.- “CORREDORES VIALES S.A.” estará integrada por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, el que será tenedor del CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51 %) del capital social de titularidad del ESTADO NACIONAL, y por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, la que será tenedora del restante CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49 %) del mismo, los que ejercerán los derechos societarios respectivos.
ARTÍCULO 3°.- Apruébase el Estatuto Societario de “CORREDORES VIALES S.A.” que, como Anexo I (IF-2017-22608909-APN-MTR), forma parte integrante de la presente medida; quedando facultada la Asamblea de Socios de la Sociedad constituida por el presente decreto, para aprobar modificaciones posteriores de dichos documentos societarios.
ARTÍCULO 4º.- Establécese expresamente que no resultan aplicables a “CORREDORES VIALES S.A.”, las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, establecido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias, ni, en general, las normas o
principios de derecho administrativo, sin perjuicio de los controles que resulten aplicables por imperio de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias.
ARTÍCULO 6º.- Ordénase la inscripción respectiva por ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA y ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, a cuyo fin asimílase la publicación del presente acto, como Acto Constitutivo y del Estatuto de la Sociedad, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus modificaciones,
facultándose a tales efectos al MINISTERIO DE TRANSPORTE y/o a los funcionarios que este designe.
ARTÍCULO 7º.- Facúltase al MINISTERIO DE TRANSPORTE a ejecutar todos los actos previos que resulten necesarios para instrumentar la puesta en funcionamiento de la Sociedad y el desarrollo de su actividad.
ARTÍCULO 9º.- Instrúyese al MINISTERIO DE TRANSPORTE y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD para que propicien las adecuaciones presupuestarias correspondientes, si resultaren necesarios aportes transitorios o de capital a la sociedad constituida por el artículo 1º, destinados a cubrir eventuales déficits de funcionamiento o a incrementar la solidez patrimonial de dicha Sociedad.
MACRI. — Marcos Peña. — Guillermo Javier Dietrich.
-www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional
(Suipacha 767 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
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artículo 99
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ARTÍCULO 1
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ARTÍCULO 3
ARTÍCULO 4
ARTÍCULO 6
artículo 10
ARTÍCULO 7
ARTÍCULO 9
artículo 1


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Ley N° 27972), concordante con el artículo 63 de la misma ley. SS. VELARDE URDANIVIA 356393-5 Confirman declaración de - Perú - El Peruano
Normas Legales Oficiales Relacionadas a Empresas u Organismos en el año 2009 , mes de Junio , fecha 06/06/2009
El Peruano Lima, sábado 6 de junio de 2009
FUNDAMENTOS DEL VOTO DEL DOCTOR MONTOYA ALBERTI, MIEMBRO TITULAR DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CONSIDERANDO: 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 180° de la Constitución Política del Perú, el suscrito ha apreciado las pruebas con criterio de conciencia, llegando a la convicción de la responsabilidad del Alcalde señor Miguel Augusto Ríos Zarzosa según lo actuado, concordando con la opinión del Doctor Hugo Sivina Hurtado y de la señorita Doctora Elva Greta Minaya Calle, al arribar a la misma conclusión del contrato consigo mismo del citado burgomaestre; haciéndose la salvedad de no existir disposición alguna que hubiese permitido el alquiler de las maquinarias del municipio a terceros, conforme a ley. 2. En cuanto a la conducta del Alcalde le es de aplicación el artículo 63° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, por tratarse de un bien mueble que se encuentra dentro del patrimonio de la municipalidad. Mi voto, por tanto, es de acuerdo con los artículos primero al quinto de la parte resolutiva del acuerdo adoptado por el Doctor Hugo Sivina Hurtado y la señorita Doctora Elva Greta Minaya Calle. SS. MONTOYA ALBERTI EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR DOCTOR JOSE LUIS VELARDE URDANIVIA ES EL SIGUIENTE: CONSIDERANDO: 1. Que, si bien se ha demostrado que, de manera constante y sucesiva el Alcalde de la Municipalidad de Carabayllo ha utilizado bienes municipales (maquinarias) para una finalidad particular, (como son los trabajos de extracción de minerales no metálicos para la empresa M & R S.A.C. de la que es accionista y gerente general), corresponde determinar si tal conducta constituye o no infracción del artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, o por el contrario de manera excluyente constituye infracción punible correspondiente al delito de Peculado de Uso. Por su parte el artículo 63 en análisis establece dentro de ellas como causal de vacancia, la prohibición de contratar, rematar obras, o servicios públicos municipales ni adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes. En el presente caso, es de apreciar que el alcalde lejos de pretender representar al estado para celebrar un acto que diera origen al uso de la maquinaria para su beneficio, ha utilizado el bien como si fuera suyo, hecho que por principio de legalidad constituye Delito de Peculado de Uso; esta apreciación del código penal señala que "El funcionario Público que da en uso bienes del estado para fines diferentes del servicio público", comete delito de Peculado. 2. Que, atendiendo a la diferencia del contrato para uso personal y el delito de peculado, estos se diferencian de la siguiente forma: a) En el contrato, cuando se representa al estado, se da la figura de la representación, y la declaración de la voluntad esta orientada a la producción de los efectos jurídicos que pueda interesar o perjudicar al representado, mediante la creación, regulación, modificación o extinción de una relación jurídica patrimonial. Además tiene otros componentes como al Estado como representado, el Representante, y la Contraparte de la relación contractual, apreciándose la intervención de tres entes, no obstante, puede darse el caso que las tres entidades sean celebradas en una sola persona. b) En tanto el delito de Peculado de uso, se refiere como se ha señalado antes que, un funcionario utilice el bien como si fuera suyo; en este caso los componentes están contenidas por un Agraviado que es el estado y un sujeto activo, es decir la intervención de dos personas, en la que incluso no cabe la posibilidad de comisión por apoderado, ya que de haber mas de un sujeto activo, se da una figura diferente
al de la representación, figura a la que el Código Penal la ha denominado como autoría y participación; no está demás señalar que las características comunes al delito son su tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad; además el Peculado de Uso es un delito de resultado, tanto es así que lo importante para esta definición es que el bien usado tenga fines ajenos al servicio (Art. 388 del código Penal). 3. Lo analizado precedentemente hace prever que el Alcalde de la municipalidad de Carabayllo presuntamente habría cometido este delito de Peculado de uso, al haber utilizado en provecho propio bienes del estado consistente en maquinarias en las ocasiones que se mencionaron, mas no se aprecia que haya incurrido en la causal de vacancia del art. 63 de la ley 27972 consistente en la prohibición de contratar. 4. Es necesario que el presente caso se remita al ministerio público para que inicie las acciones legales pertinentes, habiendo presunción de vulneración de bienes jurídicos tutelados penalmente, así como al Órgano de control, para efectos de la realización de los exámenes correspondientes. Que, por estas consideraciones, el sentido de mi voto es por que se declare INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Claudio Rodríguez Mansilla; contra la decisión adoptada en el Acuerdo de Concejo N° 041-2008-A/MDC de fecha 16 de octubre de 2008, que rechazó la solicitud de vacancia al cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, por la causal contemplada en el numeral 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972), concordante con el artículo 63 de la misma ley. SS. VELARDE URDANIVIA 356393-5
Confirman declaración de vacancia del cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Tumán, provincia de Chiclayo
RESOLUCIÓN Nº 300-2009-JNE EXPEDIENTE Nº J-761-2008 Lima, 29 de abril de 2009 VISTO, en audiencia pública del 29 de abril de 2009, el recurso extraordinario presentado por el señor Juan Romero Zeña contra la Resolución Nº 236-2009-JNE en el proceso de vacancia al cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Tumán, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque; I. ANTECEDENTES Referencia sumaria a la resolución de instancia Mediante Resolución Nº 236-2009-JNE, este Supremo Tribunal Electoral declaró, por mayoría, la vacancia de don Juan Romero Zeña al cargo de Alcalde de Municipalidad Distrital de Tumán, por haber incurrido en la causal de vacancia prevista en el inciso 9 del artículo 22 de la Ley orgánica de Municipalidades, relativa a la infracción del artículo 63 del mismo cuerpo legal. Los fundamentos en los que la mayoría de este colegiado se basó para declarar la vacancia fueron los siguientes: - Dado que el Alcalde y los regidores tienen el poder de decidir o de influir en la decisión sobre la utilización de bienes municipales, aquellos se encuentran impedidos de participar en contratos en los que, de una manera u otra, se disponga de tales bienes, conforme al artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Su texto hace

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artículo 63
artículo 180
artículo 63
artículo 63
artículo 63
artículo 22
artículo 63
RESOLUCIÓN
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Resolución
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artículo 63
artículo 63


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Orden AYG/163/2004, de 6 de febrero, por la que se regulan y convocan ayudas para la mejora de la producción y comercialización de la miel en el año 2004. - BOCYL. Boletín Oficial de Castilla y León - Legislación - VLEX 16298636
ORDEN AYG/163/2004, de 6 de febrero, por la que se regulan y convo can ayudas para la mejora de la producción y comercialización de la miel en el año 2004.
El Reglamento (CE) 1221/97 del Consejo, de 25 de junio de 1997, e s t ablece las medidas destinadas a mejorar la producción y comercialización de la miel, mediante Programas Nacionales A nuales. Po s t e ri o rmente el Reg l amento 2300/97 de la Comisión ha establecido las normas ge n e rales para la aplicación de los Programas Nacionales A nu a l e s .
El Programa Nacional presentado por España, e l ab o rado por el Ministerio de A gri c u l t u ra , Pesca y Alimentación y las Comunidades Autónomas en c o l ab o ración con los rep resentantes del sector, ha sido ap robado por la Comisión Europea mediante la Decisión de la Comisión de 20 de agosto de 2003.
El Real Decreto 519/1999, de 26 de marzo , por el que se regula un régimen de ayudas a la ap i c u l t u ra en el marco de los Programas Nacionales A nuales ('B. O.E.' n.º 74 de 27 de marzo) dispone que corresponde a los ó rganos competentes de las Comunidades Autónomas la resolución y pago de dichas ay u d a s .
Por otra parte el Reglamento 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1 9 9 9 , que establece el marco de las ayudas comu n i t a rias en favor de un desarrollo ru ral sostenible fija como uno de sus objetivos pri o ri t a rios el mantenimiento de sistemas agrícolas de bajos insumos, la consecución de una nat uraleza de alta calidad y de una agri c u l t u ra sostenible que respete las ex i gencias del medio ambiente, así como ga rantizar la dive rs i ficación de las a c t ividades en el medio ru ra l .
En consecuencia, y consultadas las Organizaciones Pro fesionales A grarias más rep re s e n t at iva s ,
Es objeto de la presente Orden regular y convocar ayudas para el fomento de actividades destinadas a mejorar la producción y comerc i a l i z ación de la miel en el ámbito terri t o rial de la Comunidad de Castilla y León.
Las medidas que pueden ser objeto de ayuda son las siguientes:
I n fo rmación y asistencia técnica a los ap i c u l t o re s .
Ap oyo para el análisis de la miel.
Racionalización de la tra s h u m a n c i a .
L u cha contra la va rroasis y enfe rmedades asociadas.
A rtículo 2. Aplicación pre s u p u e s t a ri a .
Las ayudas se concederán con cargo a la aplicación pre s u p u e s t a ri a 0304713A0277039 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2004, por un importe de 1.260.000 euro s .
D i chas cantidades podrán va riar mediante las oportunas modifi c a c i o n e s p re s u p u e s t a rias debidamente autori z a d a s .
Los importes totales que inicialmente se destinarán a fi n a n c i a r cada una de las medidas descritas en el apartado 2 del artículo 1 serán los siguientes:
Pa ra la info rmación y asistencia técnica a los ap i c u l t o re s , 163.800 euros.
Pa ra el análisis de la miel, 50.400 euro s .
Pa ra la racionalización de la tra s h u m a n c i a , 529.200 euro s .
Pa ra la lucha contra la va rroasis y enfe rmedades asociadas, 5 1 6 . 6 0 0 e u ro s .
En el caso de que la cuantía de las ayudas solicitadas para alguna de las medidas citadas sea infe rior a las disponibilidades pre s u p u e s t a rias señaladas en el ap a rtado 2, las disponibilidades sobrantes podrán destinarse a financiar las otras medidas con el siguiente orden de pre fe re n c i a :
Lucha contra la va rroasis y enfe rmedades asociadas.
Info rmación y asistencia técnica a los ap i c u l t o re s .
Ap oyo al análisis de miel.
A rtículo 3. Benefi c i a ri o s .
Podrán acceder a las ayudas contempladas en las letras a) y b) del ap a rtado 2 del artículo 1:
Las A grupaciones de Ap i c u l t o res que cumplan los requisitos establ ecidos en el artículo 6. A efectos de la presente Orden se entenderá por A grupación de Ap i c u l t o re s , las Cooperat iva s , Sociedades A gra rias de Tra n s fo rm a c i ó n , así como las Organizaciones Pro fesionales A gra ri a s y las Asociaciones de Ap i c u l t o res con personalidad jurídica.
Podrán acceder a las ayudas contempladas en las letras c) y d) del ap a rtado 2 del artículo 1:
Las personas físicas que, teniendo una explotación apícola regi st rada en Castilla y León, cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 10.1.
Las A grupaciones de Ap i c u l t o res definidas en el ap a rtado anteri o r, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 10.2.
El resto de personas jurídicas no contempladas en el guión anterior, que teniendo una explotación apícola registrada en el territorio de Castilla y León, cumplan los requisitos establecidos en el artículo 10.3.
A rtículo 4. A c t ividades subve n c i o n abl e s .
Las actividades subve n c i o n ables para cada una de las medidas son las s i g u i e n t e s :
Pa ra la info rmación y asistencia técnica a los ap i c u l t o re s :
C o n t ratación de técnicos especialistas para asistencia de ap i c u l t o res o p a ra promoción del mercado de la miel.
O rganización de cursos de fo rmación de ap i c u l t o re s : Gastos de profe s o ra d o , m at e rial didáctico, alquiler de instalaciones y gastos de c o o rd i n a c i ó n .
D iv u l gación de buenas prácticas ap í c o l a s , mediante fo l l e t o s , e t i q u et a s , p u blicaciones y otros medios audiov i s u a l e s .
Fo rmación del personal de Centros de Envasado y de lab o rat o rios de o rganizaciones ap í c o l a s .
Pa ra el análisis de la miel:
C reación y promoción de lab o rat o rios.
Adquisición de mat e rial inve n t a ri able para el análisis físico-químico de la miel.
C o n t ratación de servicios de análisis por organizaciones ap í c o l a s .
Becas de fo rmación de personal de centros de procesado de miel y de l ab o rat o rios apícolas pertenecientes a A grupación de Ap i c u l t o re s .
Pa ra la racionalización de la tra s h u m a n c i a :
Adquisición de mat e rial para la identificación de colmenas y cuadro s .
M e j o ra de los medios de tra n s p o rte y manejo de colmenas (gr ú a s , mallas de cobert u ra , cambio de colmenas para obtener mieles monofl o ra l e s , sistemas móviles de ex t racción de la miel, fondos de colmenas, cajas y cazap ó l e n e s ) .
Acondicionamiento de los asentamientos de las colmenas.
S u s c ripción de pólizas de seg u ros por daños propios y por re s p o n s abilidad civil de las colmenas en tra s h u m a n c i a .
Pa ra la lucha contra la va rroasis y enfe rmedades asociadas:
Tratamientos quimioterápicos.
Métodos de lucha biológi c a : c e ra , reinas seleccionadas, a l i m e n t a c i ó n con productos autorizados cuya composición mayo ri t a ria sea glucosa (en ningún caso se admitirá prep a rados a base de sacarosa) o piensos a u t o rizados específicamente para la alimentación de abejas que no i n cl u yan en su composición antibióticos o sulfamidas.
Constitución de Asociaciones de Defensa Sanitari a .
N o rmas reg u l a d o ras de las medidas destinadas a la info rm a c i ó n y asistencia técnica a los ap i c u l t o res y al ap oyo p a ra el análisis de la miel
A rtículo 5. Clase y cuantía de las ay u d a s .
La cuantía de las ay u d a s , será la siguiente:
1.1. Pa ra info rmación y asistencia técnica a los ap i c u l t o re s , hasta el 90% del coste total de las actividades subve n c i o n abl e s , sin superar los límites s i g u i e n t e s :
25.500 euros por cada técnico especialista...

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