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2014-11-04-262_28102014_0085 | Sede Oficial del Boletín de la Comunidad de Madrid
Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20141104-179
Ejecución 193 de 2014
Hago saber: Que en el procedimiento número 193 de 2014 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don Gabriel Madruga Pinos, frente a “Explotaciones Baranday, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución:
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, don Gabriel Madruga Pinos, frente a la demandada “Explotaciones Baranday, Sociedad Limitada”, parte ejecutada, por un principal de 12.817,45 euros, más 1.281,74 euros y 1.281,74 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en los términos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banco Santander” 2514-0000-64-0193-14.
Requerir a “Explotaciones Baranday, Sociedad Limitada”, a fin de que en el plazo de cuatro días manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución que asciende a 12.817,45 euros, en concepto de principal, y de 2.563,48 euros, en concepto provisional de intereses de demora y costas. Deberá manifestar dicha relación con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución. Esta obligación incumbirá, cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores o a las personas que legalmente las representen y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad, a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales, deberá manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha. En el caso de bienes inmuebles, deberá indicar si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
Proceder a la investigación judicial del patrimonio del ejecutado. A tal efecto, se consultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los despachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realización por estos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la información precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute, de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de este o pudieran resultar deudoras del mismo.
Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la AEAT tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la cuenta de consignaciones judiciales.
Se acuerda el embargo de los saldos de “Explotaciones Baranday, Sociedad Limitada”, a favor del ejecutado, en las entidades que consten telemáticamente a través del Punto Neutro Judicial en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas. Procédase por la Comisión Judicial al embargo de bienes muebles en cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las que se ha despachado ejecución en los términos previstos en el artículo 624 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La presente resolución servirá de mandamiento en forma a la Comisión Judicial, quien podrá solicitar, si fuera preciso, el auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios personales y materiales necesarios para poder acceder a los lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pretende.
Se acuerda el embargo sobre el crédito que contra la empresa “Recreativos Pozuelo, Sociedad Limitada”, ostenta la empresa demandada por relaciones comerciales mantenidas con la ejecutada, en lo que sea suficiente a cubrir las cantidades por las cuales se ha despachado ejecución. A tal fin, líbrese el correspondiente oficio a la referida empresa al objeto de requerirle, bajo su personal responsabilidad, para que en el plazo máximo de cinco días proceda a dar cumplimiento de lo acordado, transfiriendo a la cuenta de consignaciones y depósitos en este Juzgado las cantidades adeudadas.
Y asimismo adviértase:
A) Que el pago que en su caso hiciere a la demandada no será válido (artículo 1.165 del Código Civil) y que el efectuado en cumplimiento del presente requerimiento le libera de toda responsabilidad frente al acreedor.
Hágase saber al ejecutado que conforme al auto que contiene la orden general de ejecución:
a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos.
b) Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la Ley de la Jurisdicción Social.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber de que, en aplicación del artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
La cuenta de consignaciones del órgano judicial a efectos de pago será la siguiente: 2514-0000-64-0193-14 debiendo indicar en el campo concepto de pago banco cuenta consignaciones.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión, en el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la entidad “Banco Santander” número 2514-0000-64-0193-14.
Y para que sirva de notificación en legal forma a “Explotaciones Baranday, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 2 de octubre de 2014.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.064/14)

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artículo 239
artículo 624
resolución
resolución
artículo 239
artículo 53


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Normograma Municipio de Medellin [DECRETO_3363_2007]
DECRETO 3363 DE 2007
Diario Oficial No. 46.743 de 6 de septiembre de 2007
Por el cual se modifica el artículo 8o del Decreto 967 de 2000.
en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en desarrollo de los artículos 1o y 12 de la Ley 101 de 1993, y de los artículos 1o y 35 de la Ley 16 de 1990,
ARTÍCULO 1o. <Artículo compilado en el artículo 2.9.1.8 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> El parágrafo del artículo 8o del Decreto 967 de 2000 quedará así:
“Parágrafo. Finagro podrá reestructurar las obligaciones adquiridas en desarrollo del Programa de Reactivación Agropecuaria Nacional, PRAN, bajo las siguientes condiciones:
a) Capitalización de intereses vencidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 886 del Código de Comercio. Para los anteriores efectos los beneficiarios de la reestructuración deberán suscribir los títulos valores que se requieran y en los cuales se recogerán la totalidad de las sumas adeudadas que se entenderán amparados con las garantías existentes;
b) La tasa efectiva anual será del IPC + 6 puntos sobre el saldo nuevo de capital. Los intereses moratorios serán los máximos establecidos por la ley;
c) El plazo total máximo de la obligación adquirida en desarrollo del Programa PRAN será de 15 años, de manera que toda restructuración realizada de conformidad deberá hacerse hasta por este plazo máximo descontando el término causado a la fecha de la reestructuración. El valor de la deuda representado en el nuevo pagaré será amortizado, tanto en el capital como los intereses, en cuotas anuales vencidas en el tiempo restante de la operación;
d) Estímulo de prepago parcial de la obligación, que consistiría en la reducción de la obligación en uno punto dos (1.2) veces el valor efectivamente prepagado, entendiéndose por prepago los abonos a capital realizados durante el plazo del crédito, sin tener en cuenta, la cuota de capital que se esté causando en el momento del prepago. No obstante, en ningún caso el valor final de la deuda podrá ser inferior al valor pagado por el PRAN para su adquisición.
<Inciso modificado por el artículo 1 del Decreto 4678 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Los beneficiarios del PRAN deberán solicitar la reestructuración mediante comunicación dirigida directamente a Finagro, hasta el 28 de febrero de 2008, debiendo suscribir los títulos de deuda y demás documentos que se requieran por Finagro, a más tardar el 30 de abril de 2008. En el evento en el que contra el deudor se hubiese iniciado el cobro judicial de la respectiva obligación, en esta última fecha deberá haber cancelado el valor de los honorarios y los gastos judiciales que se hubiesen generado en el trámite del respectivo cobro.
La reestructuración de la cartera, se efectuará en la forma y términos señalados en el presente decreto”.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de septiembre de 2007.

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artículo 8
artículo 189
ARTÍCULO 1
artículo 2
artículo 3
artículo 8
artículo 886
artículo 1


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REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo	REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo Mis Leyes
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo Estado	:
486/1997	Boletín Oficial	:
ANEXO I. Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo.
Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12 % cuando su longitud sea menor que 3 metros, del 10 % cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8 % en el resto de los casos.
Los apartados 4.1, 4.2, 4.3, 5.4, 5.5, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 7.8, 8.1 y 8.4 no serán de aplicación, sin perjuicio de que deban mantenerse las condiciones ya existentes en dichos lugares de trabajo antes de la entrada en vigor de este Real Decreto que satisfacieran las obligaciones contenidas en dichos apartados o un nivel de seguridad equivalente al establecido en los mismos.
La abertura máxima de los intersticios citados en el apartado 7.2 será de 10 milímetros.
Las rampas citadas en el apartado 7.3 tendrán una pendiente máxima del 20 %.
Para las escaleras que no sean de servicio, la anchura mínima indicada en el apartado 7.4 será de 90 centímetros.
La profundidad mínima de los descansos mencionada en el apartado 7.7 será de 1,12 metros.
El apartado 3.5 no será de aplicación, salvo que los espacios previstos en dicho apartado ya existieran antes de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.
Para la aplicación de los apartados 3.1 y 4.1 se considerará como local de descanso cualquier lugar de fácil acceso que tenga las condiciones apropiadas para el descanso, aunque no esté específicamente destinado a tal fin.
Anexo I (apdo. A.9):
Redacción según Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. Cerrar
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcciónRESOLUCIÓN de 20 de junio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional de mataderos de aves y conejosRESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la ConstrucciónORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad SocialORDEN de 17 de octubre de 2007, por la que se convocan pruebas selectivas para ingresar, con carácter interino, en una plaza del Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Técnicos Facultativos Superiores (Grupo A, Subgrupo A1), especialidad Técnicos de Prevención, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de CanariasRESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Médico del Trabajo del Servicio Andaluz de SaludRESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2008, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, Médico, por el sistema de concurso-oposiciónRESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008 de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector administración especial, técnico medio de información y promoción lingüística, por el sistema de concurso oposiciónRESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, técnico superior, por el sistema de concurso oposiciónRESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector administración especial, técnico medio de promoción lingüística y cultural, por el sistema de concurso oposiciónRESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad SocialRESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, Técnico SuperiorRESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, Técnico SuperiorRESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, con la categoría profesional de Titulado Superior de Prevención de Riesgos LaboralesRESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2008, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se convoca proceso selectivo para acceso, a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativos Especialistas de Área en Medicina del Trabajo de las Instituciones Sanitarias del Instituto Nacional de Gestión SanitariaORDEN de 22 de junio de 2009 por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo de Titulados Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2009050319)REAL Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julioREAL Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartucheríaOrden n.º 484 de fecha 22 de marzo de 2011, relativa a concesión de autorización ambiental integrada a la central ENDESA Generación S.AREAL Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención	Cerrar PDF
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as201620205
Auto Supremo: 205/2016
Sucre: 11 de marzo 2016
Expediente: O-35-15-A
Partes: Edelfrida Cardozo García Vda. De Arispe. c/ Víctor Hugo Arispe
Cardozo y Clara Alicia Ricarda Veizaga
Proceso: Repetición de Pagos.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 108 a 109, interpuesto por Edelfrida Cardozo Garcia Vda. de Arispe, contra el Auto de Vista Nº 84/2015 de 02 de abril de 2015, cursante de fs. 100 a 104 vlta., pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, seguido por el Edelfrida Cardozo García Vda. de Arispe contra Víctor Hugo Arispe Cardozo y Clara Alicia Ricarda Veizaga, dentro del proceso de repetición de pago, la concesión de fs. 115, los antecedentes procesales, y:
I ANTECEDENTES DEL PROCESO:
Que el Juez de Partido Primero en lo Civil Comercial de la Ciudad de Oruro, dicta auto interlocutorio de fecha 23 de enero 2015 cursante de fs. 79 a 80 por el cual, declara: “PROBADA LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION opuesta por clara Alicia Ricarda Veisaga a fs. 67-67 vta. De obrados, en consecuencia se declarar la prescripción de la acción de repetición formulada en la presente acción jurisdiccional.”, resolución que previa apelación de la parte demandante es concedida ante el Tribunal de apelación.
Por Auto de Vista Nº 84/ 2015 de fecha 02 de abril de 2015, el Tribunal Ad quem, confirma la Resolución de fecha 23 de enero de 2015, -bajo el fundamento que conforme al art. 1497 del CC, puede oponerse la prescripción en cualquier estado del proceso, como primer actuado, y que en cuanto a la excepción de prescripción que esta fue opuesta cuando la obligación ya habría prescrito-.
Contra la referida Sentencia Edelfrida Cardozo Garcia Vda. de Arispe a través
de su apoderado por memorial de fs. 108 109 Interpuso recurso de casación en el fondo y la forma, el que se pasa analizar.
II CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:
Acusa infracción del art. 1493 del CC, sobre el cómputo para la prescripción, expresando que este se debe realizar desde que el proceso de división y partición adquirió ejecutoria, debido a que en este proceso es en el cual se negó su tercería (adquirió ejecutoria mediante auto supremo), en vista de que esta resolución negó su reclamación.
Alude infracción del art. 334 del CPC, en vista de que ante la negativa a la tercería de dominio excluyente, se inició la demanda de repetición de pago, resultando su demanda legal porque al estar pagado el precio resulta lógico que los vendedores devuelvan el precio con que fueron favorecidos. Y al negarse la admisión de la demanda porque se dio por probada y procedente la excepción de prescripción se infringe el art. 334 del CPC.
CONTESTACION AL RECURSO DE CASACION.-
Expresa que el recurso de casación resulta improcedente, en vista de que no cumple con lo que establece el art. 258 num. 2) del CPC, y que se tiene un criterio errado en cuanto al cómputo de la prescripción.
III.1.- Sobre el tema de la prescripción.
La falta de ejercicio del derecho es la inercia o la inactividad del titular ante su lesión (p. ej., acreedor que no reclama el pago de la deuda, propietario que no impide que un tercero usufructúe su finca). No obstante, esta falta de ejercicio debe ir unida a una falta de reconocimiento del derecho por parte del deudor o sujeto pasivo de la pretensión que contra él se tiene.”.
Y en cuanto al comienzo de la prescripción el art. 1493 del CC, establece: “ La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo" la doctrina en cuanto a la referida norma Carlos Morales Guillem citando a Pothier señala: "El punto de arranque para computar la prescripción, es el día a partir del cual puede ser ejercitada la acción por el acreedor, esto es, desde el día que el acreedor puede demandar a su deudor ….".
El recurrente acusa infracción del 1493 del CC, en cuanto al cómputo de la prescripción, aduciendo que este cómputo debe ser realizado desde que que el proceso de división y partición, en el cual se negó su tercería adquirió ejecutoria mediante auto supremo, puesto que es esta resolución la cual negó su reclamación, y no así desde el último pago que hubo efectuado.
Partiendo de lo expuesto en la doctrina aplicable, el cómputo de la prescripción inicia desde que el derecho puede hacerse valer o como la doctrina orienta desde el día en que el acreedor puede reclamar a su deudor, siendo este el punto de inicio para el cómputo, es menester analizar la pretensión para establecer desde cuando la misma podía ser reclamada o el derecho podía hacerse valer.
En el sub lite, la pretensión es la repetición de pago del monto de $us. 38.000 que hubo realizado la demandante y su esposo Víctor Arispe Ayala (+) a favor de los demandados para pagar lo que adeudaban al banco, y como consecuencia de ello se hubiese reconocido a favor de los ahora demandantes el derecho de propiedad sobre la industria Panificadora “DELIPAN LTDA.”.
Del contexto de la demanda se evidencia que esta busca como único fin la repetición del pago de $us. 38.000, entonces al resultar esta la finalidad, es decir, la devolución del monto pagado vía repetición, el cómputo del mismo se lo realiza desde que se realizó el último pago, puesto que es a partir de ese momento que pudo solicitarse la devolución o repetición del monto, no resultando alejada de la realidad o errado el entendimiento de los de instancia, ahora es menester aclarar que no se está discutiendo acerca de las obligaciones emergentes de la escritura pública adjunta, es decir si fueron o no cumplidas, como erradamente pretende el recurrente al pretender el análisis en base al perjuicio ocasionado al desconocer en el proceso de división y partición su derecho contenido en la escritura pública (analizado en la terceria), puesto que si fuese así, otro resulta el tema a ser analizado, por lo que, no se evidencia errónea aplicación de la ley por parte de los de instancia.
Asimismo acusa errónea aplicación de la ley, en cuanto al art. 334 del Código de Procedimiento Civil.
Del análisis de la norma acusada, se evidencia que determina el tema de la admisión de la demanda, extremo que en el caso en cuestión ha sucedido, puesto que por resolución de fs. 65, la demanda ha sido admitida, empero, como consecuencia de la excepción previa de prescripción planteada, la causa ha concluido lo cual no implica una vulneración del art. 334 del Código de Procedimiento Civil sino una forma de conclusión de la causa debido a una excepción previa de prescripción que analiza lo sustancial de lo debatido, por lo que, no resulta evidente lo acusado.
Por todo lo expuesto, corresponde a este Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por el artículo 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Edelfrida Cardozo García Vda. de Arispe, contra el Auto de Vista Nº 84/2015 de 02 de abril de 2015, pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas y costos.

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BOE.es - Documento BOE-A-1983-31672
Documento BOE-A-1983-31672
«BOE» núm. 289, de 3 de diciembre de 1983, páginas 32711 a 32715 (5 págs.)
BOE-A-1983-31672
Extinguida la vigencia de la Ley 21/1982, de 9 de junio, la subsistencia de los problemas de la reconversión industrial, asi como los objetivos de la política de reindustrialización e innovación tecnológica hacen necesario la aprobación de un nuevo marco jurídico en esta materia.
El presente Real Decreto-ley aborda la delimitación de dicho marco jurídico, introduciendo importantes modificaciones en relación con el régimen anteriormente vigente.
Artículo 1. La declaración de un sector industrial o, excepcionalmente, de un grupo de empresas en reconversión se realizará por el Gobierno, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda, Trabajo y Seguridad Social e Industria y Energía, mediante Real Decreto y conforme al procedimiento que se establece en el presente Real Decreto-ley, cuando dicho sector o grupo de empresas se encuentre en una situación de crisis de especial gravedad y la recuperación del mismo se considere de interés general.
Art. 2. 1. Con carácter previo a la declaración de un secesor o grupo de empresas en reconversión, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos designará un órgano, integrado por representantes de la Administración, con el único objeto de elaborar, recabando las opiniones de las representaciones sindicales y empresariales implicadas, y de negociar con las mismas, dentro del plan que fije la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el correspondiente proyecto de plan de reconversión industrial.
2. El proyecto a que se refiere el número anterior deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:
Art. 3. 1. El proyecto de plan se negociará con las representaciones empresariales y sindicales, y, si hay acuerdo sobre el mismo en el plazo previamente fijado, el órgano de elaboración lo elevará, a través del Ministerio de Industria y Energía, a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
2. Si no se lograse acuerdo sobre el proyecto de plan, el órgano de elaboración lo remitirá, por el mismo conducto, a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, proponiendo la aprobación del proyecto cuando la reconversión del sector se estime imprescindible para los intereses de la economía nacional.
Art. 4. 1. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos examinará el proyecto remitido y, en caso de aprobarlo, dará traslado del mismo al Ministerio de Industria y Energía, para la tramitación de la propuesta a que se refiere el artículo 1. del presente Real Decreto-ley.
2. El Real Decreto de reconversión regulará las medidas establecidas en el plan y determinará los beneficios aplicables asi como las condiciones necesarias para la obtención de los mismos.
Art. 5. 1. Las Empresas de cada sector podrán acogerse a lo establecido en el Real Decreto de reconversión; a cuyo efecto, deberán elaborar un programa que determine y concrete, en el ámbito de la Empresa, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el plan de reconversión.
2. La solicitud de incorporación al plan, acompañada del programa previsto en el número anterior, se presentará por la Empresa ante el Ministerio de Industria y Energía, para su aprobación conjunta por este Ministerio y los de Economía y Hacienda y Trabajo y Seguridad Social, previo informe de la Comisión de Control y Seguimiento contemplada en el artículo 6.
Art. 6. 1. El Real Decreto de reconversión establecerá una Comisión de Control y Seguimiento, en la que estarán representadas la Administración del Estado y las Organizaciones empresariales y sindicales que hayan expresado su acuerdo al plan.
2. El Real Decreto de reconversión determinara el sistema de seguimiento y control que la Comisión deba realizar, asi como la información que deberán proporcionarle las empresas y los órganos de gestión sectorial, al objeto de conocer la adecuación por parte de las empresas a las medidas del plan. En todo caso, la Comisión de Control y Seguimiento deberá informar, con carácter previo a su aprobación, los programas de las empresas, a que se refiere el artículo 5.
Art. 7. 1. Para la ejecución y el desarrollo operativo de los aspectos empresariales y técnicos del plan, el Real Decreto de reconversión podrá establecer, para las empresas acogidas a aquél, la obligación de formar parte de una sociedad de reconversión o, en su caso, de otra modalidad de agrupación de empresas en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
2. Las sociedades de reconversión, a que se refiere el párrafo 1 del número anterior, limitarán su objeto social al cumplimiento de los fines que les asigne el plan de reconversión, se constituirán como sociedades anónimas y se les aplicarán las normas correspondientes a dichas sociedades, con las siguientes especialidades:
Primera.- En la denominación de la sociedad deberá figurar, en todo caso, la expresión <Sociedad de reconversión>.
3. Los beneficios tributarios que podrá otorgar el Real Decreto a las agrupaciones de empresas o sociedades de reconversión que se hubieran constituido al amparo de lo establecido en el número anterior, asi como a las filiales de las mismas que se creen para el cumplimiento de objetivos previstos en la reconversión, serán los siguientes:
4. La parte de las subvenciones que reciba la sociedad o agrupación de reconversión y transfiera a las sociedades o empresas acogidas al proceso de reconversión, no se considerará ingreso computable en aquélla pero si en éstas.
5. Tampoco se considerarán, en su caso, aplicables las normas que sobre operaciones vinculadas, se contienen en el artículo 16 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, las operaciones realizadas entre las empresas en reconversión y la sociedad o agrupación de empresas de reconversión.
Art. 8. 1. El Real Decreto de reconversión podrá otorgar a las empresas que se acojan al proceso de reconversión industrial los siguientes beneficios tributarios respecto a la realización de inversiones, operaciones y actos jurídicos exigidos por el proceso de reconversión:
3. El Gobierno podrá, en el Real Decreto de reconversión establecer un régimen y condiciones especiales para el fraccionamiento o aplazamiento de las deudas tributarias y de las contraidas con la Seguridad Social.
Art. 9. 1. El Real Decreto de reconversión podrá prever el otorgamiento de los siguientes beneficios de carácter financiero a las Empresas que se acojan al mismo:
2. Aval de la Institución oficial de crédito que determine el Instituto de Crédito Oficial, que podrá incluir la garantía de la aportación de las empresas para financiar las medidas laborales previstas en el capítulo VI del presente Real Decreto-ley.
3. Subvenciones para la bonificación del tipo de interes de los créditos no oficiales que financien las diversas actuacioneS previstas en el plan
4. Subvenciones a las empresas acogidas a los planes de reconversión; bien, directamente, o a través de las sociedades de reconversión o de otras entidades previstas al efecto.
5. Subvenciones a las empresas acogidas a los planes de reconversión, que comenzarán a reintegrarse a partir de la existencia de beneficios de la empresa y condicionando, total o parcialmente la distribución de éstos al reintegro,
2. Para la percepción de subvenciones no ligadas específicamente a la financiación de nuevas inversiones por parte de las empresas en reconversión, podrá exigirse la previa cesión a la sociedad de reconversión u órgano de gestión análogo por el tiempo que dure la misma, de derechos de voto en la misma proporción que las subvenciones percibidas guarden con relación a la cifra de capital social.
Art. 10. 1. Las aportaciones financieras de nuevos fondos con destino a empresas en reconversión se considerarán computables en el coeficiente de inversión obligatoria de las entidades de depósito en la forma que reglamentariamente se determine.
Art. 11. 1. Las Entidades publicas o privadas podrán conceder préstamos de carácter participativo en los que con independencia del pacto de intereses, se acuerde la participación del acreedor en el beneficio neto del deudor.
2. Los préstamos participativos tendrán las siguientes características:
Art. 12. Los valores emitidos por sociedades acogidas a planes de reconversión disfrutarán, por el solo hecho de su inclusión en la cotización oficial de las Bolsas, de todas las ventajas inherentes a la cotización calificada.
Art. 13. En los casos de fusión de sociedades, acogidas a planes de reconversión, solamente gozarán de derecho de separación los accionistas disidentes. Este derecho habrá de ejercitarse en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de la última publicación del acuerdo de fusión.
Art. 14. 1. Quedarán excluidas de la prohibición contenida en el artículo 1 de la Ley 110/1983, de 20 de julio, las prácticas que, sin dar a los participes la posibilidad de excluir la competencia en precios, sean necesarias para la consecución de los objetivos perseguidos por la reconversión que se proyecta, y su duración no exceda de la fijada para la ejecución de esta última.
2. La necesidad de tales prácticas para la ejecución del plan de reconversión será declarada, en su caso, y previa audiencia de los interesados, por los Ministerios de Economía y Hacienda e Industria y Energía.
Art. 15. 1. El Real Decreto de reconversión podrá establecer que la instalación ampliación y traslado de industrias del sector se someta al régimen de autorización administrativa previa.
2. Con objeto de garantizar que las solicitudes que se formulen, de conformidad con lo dispuesto en el número anterior, se ajusten a lo establecido en el plan de reconversión, dichas solicitudes deberán ser autorizadas por el Ministerio de Industria y Energía.
Art. 16. 1. Los planes de reconversión incluirán, como mínimo, dentro de las medidas de carácter laboral, previsiones correspondientes a la determinación de las plantillas operativas y las acciones de regulación de empleo necesarias para el ajuste de las mismas y sus calendarios de aplicación, la determinación de los criterios para la ejecución de las medidas de movilidad geográfica y funcional, el desarrollo de programas de formación y readaptación profesional y las orientaciones de política salarial en el sector.
2. Las empresas que soliciten su acogimiento al plan concretarán estas medidas en el programa previsto en el número 1 del artículo 5 del presente Real Decreto-ley, recabando sobre las mismas, en los términos que puedan establecerse por el Real Decreto de reconversión, el informe del Comité de Empresa o delegados de personal y, en su caso, de los delega dos sindicales reconocidos en la empresa, que se unirá a la solicitud a que se refiere el citado artículo.
Art. 17. La aprobación de un plan de reconversión será considerada como causa tecnológica o económica o, en su caso, técnica u organizativa, a los efectos de que las empresas acogidas al mismo puedan modificar, suspender o extinguir las relaciones laborales y aplicar medidas de movilidad geográfica y funcional de conformidad con los objetivos y normas de procedimiento establecidos en el citado plan.
Art. 18. En los supuestos de fusiones, segregaciones, asociaciones o agrupaciones de empresas, el plan de reconversión sectorial establecerá el régimen unitario o no de las condiciones de trabajo aplicables a los trabajadores de las empresas afectadas.
Art. 19. Cuando como consecuencia de las previsiones del plan de reconversión, se adopten medidas consistentes en la suspensión de relaciones de trabajo o reducciones de jornada, las empresas se beneficiarán de la exoneración prevista en el artículo 20.3 de la Ley 51/1980, de 8 de octubre.
Art. 20. Las indemnizaciones por extinción de la relación laboral que se reconozcan a los trabajadores en los expedientes de regulación de empleo incoados para la aplicación de las previsiones del plan de reconversión podrán ser fraccionadas hasta un máximo de doce mensualidades sin que en ningún caso el importe de éstas sea inferior a la cantidad que el trabajador hubiera percibido en activo.
Art. 21. 1. Los trabajadores que queden en situación legal de desempleo, como consecuencia de la aplicación de medidas laborales de la reconversión, tendrán derecho a la percepción de prestaciones de desempleo por el período máximo legal por una sola vez, con independencia de las cotizaciones previas que tengan acreditadas.
2. El coste de la s ampliaciones del período de percepción de las prestaciones de desempeño que se produzcan como consecuencia de lo dispuesto en el número anterior se financiará con cargo a los recursos que a estos efectos se establezcan.
Art. 22. 1 Con la finalidad de mejorar la intensidad de la protección por desempleo, complementando las prestaciones básicas y complementarias y ampliando su duración, así como de colaborar en la recolocación en nuevos empleos de los trabajadores afectados por la reconversión mediante la incentlvación económica a la creación de empleos de carácter estable y la readaptación profesional de los trabajadores excedentes, los Reales Decretos de reconversión podrán prever la constitución de Fondos de Promoción de Empleo.
3. El Gobierno regulará mediante Real Decreto las normas básicas por las que han de regirse los Fondos de Promoción de Empleo en las que se contendrán:
Art. 2. 1. El Real Decreto de reconversión establecerá las condiciones en que podrán concederse ayudas, equivalentes a la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social a aquellos trabajadores con sesenta o más años de edad que, como consecuencia de la reconversión, cesen en sus empresas antes de alcanzar la edad fijada para la jubilación con plenos derechos en el Régimen de la Seguridad Social de encuadramiento, de acuerdo con los siguientes criterios:
2. La financiación de las medidas previstas en los apartados segundo y tercero del número anterior se realizará con cargo a las empresas acogidas al Plan o los Fondos de Promoción de Empleo, según disponga el Real Decreto de reconversión, el cual determinará las correspondientes aportaciones, asi como la forma, plazo y condiciones en que habrán de efectuarse las mismas Estas aportaciones podrán equipararse, a efectos de recaudación. a las cuotas de la Seguridad Social.
Art. 24. El Gobierno podrá declarar Zona de Urgente Reindustrialización el área o áreas del territorio nacional que resulten especialmente afectadas por la crisis de un sector industrial declarado en reconversión.
Art. 25. El Real Decreto por el que se declara una Zona de Urgente Reirdustrialización deberá contener:
3. Las actividades econónlicas cuya realización pueda dar lugar a la conesión de beneficios.
5. El plazo durante el cual podrán solicitarse dichos beneficios, que se fijará de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2a y sin perjuicio de que se prorrogue con el fin de ajustarse a los aludidos criterios.
6. Las condiciones que deben reunir los proyectos para poder ser objeto de beneficios.
7. Las normas básicas de procedimiento para la tramitación de las solicitudes de beneficios.
Art. 28. 1. Los beneficios que podrán concederse a las empresas que realicen actividades protegibles en las Zonas de Urgente Reindustrialización serán los siguientes:
1. Subvención, cualquiera que sea la forma que adopte o el concepto por el que se conceda, con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes y en el porcentaje de la inversión aprobada que se establezca por el Real Decreto de creación de la Zona de Urgente Reindustrialización.
2. Las empresas que se instalen en Zonas de Urgente Reindustrialización podrán solicitar en cualquier momento y sin perjuicio de posteriores rectificaciones, la aprobación de los planes especiales de amortización a que se refieren los artículos 19, segundo, d), de la Ley 44/1978, y 13. f). 2, de la Ley 61/1978, adaptados tanto a las circunstancias que concurren en los elementos objeto del plan como a las circunstancias específicas de su utilización en dichas zonas.
Art. 27. 1. Los beneficios fiscales se concederán por un plazo de cinco años, prorrogables por otro período no superior al primero, cuando las circunstancias económicas y de realización del proyecto así lo aconsejen.
2. El Ministerio de Industria y Energía, una vez determinadas las empresas que recibirán beneficios por su instalación en la Zona de Urgente Reindustrialización, lo comunicará, en cuanto a los beneficios fiscales, al Ministerio de Economía y Hacienda a efectos de la concesión definitiva por éste de dichos beneficios.
Art. 28. Serán incompatibles los beneficios correspondientes a una Zona de Urgente Reindustrialización con los que pudieran concederse a las empresas que se hayan acogido a los beneficios establecidos en un Real Decreto de reconversión industrial, así como con los que pudieran aplicarse por la realización de inversiones en una zona o polígono de preferente localización industrial o en una gran área de expansión industriaL
Art. 29. El plazo máximo para acogerse a los beneficios que se establecen en este capítulo será de tres años.
Art. 30. En el Real Decreto de declaración de una Zona de Urgente Reindustrialización se creará una Comisión Gestora integrada por representantes de los Ministerios afectados así como de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Art. 31. Las Comisiones Gestoras previstas en el artículo anterior tendrán las siguientes funciones:
Art. 32. La Oficina Ejecutiva a que se refiere el artículo 30 será la encargada de ejecutar las decisiones de la Comisión Gestora de coordinar la aplicación de las distintas medidas que se adopten, de evaluar y transmitir a la Comisión las necesidades que se planteen en la zona y de someter a la Comisión las propuestas de calificación de los proyectos que se presenten para la obtención de beneficios.
Art. 33. 1. Las empresas acogidas a planes de reconversión o incorporadas a una Zona de Urgente Reindustrialización, sin perjuicio de otras medidas de control que se establezcan en los correspondientes Reales Decretos, presentarán anualmente a la Administración del Estado un informe comprensivo del estado de cumplimiento de todos los objetivos previstos y de los compromisos contraidos por las partes, con motivación, en su caso de las desviaciones producidas.
3. El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por las empresas podrá dar lugar a la privación total o parcial de los beneficios concedidos con cargo a fondos públicos, con obligación de reintegrar las subvenciones, indemnizaciones y cuotas de los impuestos no satisfechas, asi como los correspondientes intereses de demora.
Art. 34. 1. El incumplimiento de las obligaciones a que se hayan comprometido las empresas en los planes y programas de reconversión dará lugar a la pérdida, total o parcial, de los beneficios obtenidos con la obligación de reintegro prevista en el número 3 del artículo anterior y una multa del tanto al triple de la cuantía de dichos beneficios, en función de la gravedad del incumplimiento y sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de los preceptos sobre delito fiscal.
Art. 35. 1. Los gastos de investigación y desarrollo realizados por las empresas podrán reducir la cuota integra del Impuesto sobre Sociedades, en el año en que se produzcan, en la cuantía del 15 por 100 de los gastos en intangibles y del 30 por 100 del valor de la adquisición de los activos fijos aplicados al proceso de investigación y desarrollo.
2. Existirá libertad de amortización durante cinco años para las inversiones en maquinaria y bienes de equipo destinados a actividades de investigación y desarrollo, asi como las inversiones en intangibles unidas a los programas proyectos realizados, y durante siete años para los edificios asignados a tales actividades.
Art. 36. 1. Para la gestión y desarrollo de la política de innovación tecnológica del Ministerio de Industria y Energía, se transforma el actual Organismo autónomo, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, adscrito al Ministerio de Industria y Energía, en una Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica, de las previstas en el apartado b) del artículo ó de la Ley General Presupuestaria y con la misma denominación.
2. Serán funciones del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial:
3. La organización del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial y las facultades y composición de sus órganos rectores serán determinadas reglamentariamente.
4. Los recursos del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial estarán integrados por los productos y rentas de su patrimonio, la aportación del Estado para gastos de inversión y funcionamiento, los ingresos por la prestación de sus servicios, los créditos y préstamos y cualquier otra aportación que pueda serle atribuida.
2. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a propuesta del Ministerio de Industria y Energía, podrá autorizar la aplicación de las medidas previstas en el presente Real Decreto-ley a las empresas a que se refiere el párrafo anterior, a cuyo efecto habrán de cumplir las condiciones que se determinen por la Comisión Delegada.
3. Los trabajadores pertenecientes a empresas incursas en sectores declarados en reconversión conforme a la Ley 21/1982, cuya relación laboral haya sido extinguida en virtud de resolución administrativa posterior al 1 de septiembre de 1983, en aplicación de acuerdos adoptados por las Comisiones Ejecutivas u otros órganos de gobierno análogos de los distintos sectores, podrán acogerse, previo acuerdo al efecto de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, a las medidas laborales que establece el capítulo VI del preSente Real Decreto-ley.
Primera. -El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el <Boletín Oficial del Estado>, salvo lo dispuesto en el artículo 36, que entrará en vigor el 1 de enero de 1984.
Entrada en vigor: salvo para el art. 36, el 4 de diciembre de 1983.
Vigencia de los capítulos I a VIII hasta el 31 de diciembre de 1986.
SE DECLARA en el recurso 848/1983, la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 5.2, 6.1, lo indicado del 7 y la disposición transitoria 2, y la no aplicabilidad en la Comunidad Autónoma de Galicia del art. 30 párrafo 2, por Sentencia 29/1986, de 20 de febrero (Ref. BOE-T-1986-7597).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, regulando medidas de Reconversión para el sector de Construcción Naval: Real Decreto 1271/1984, de 13 de junio (Ref. BOE-A-1984-15026).
SE PUBLICA el acuerdo, Resolución de 27 de diciembre de 1983 (Ref. BOE-A-1984-8421).
145/1984 contra determinados Preceptos (Ref. BOE-A-1984-7144).
133/1984 (Ref. BOE-A-1984-6261).
SE DESARROLLA, regulando los Fondos de promoción de empleo previstos en el art. 22: Real Decreto 335/1984, de 8 de febrero (Ref. BOE-A-1984-4371).
Ley 169/1963, de 2 de diciembre (Ref. BOE-A-1963-22637).

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Artículo 1
Real Decreto
artículo 1
Real Decreto
Real Decreto
artículo 6
Real Decreto
Real Decreto
artículo 5
Real Decreto
Real Decreto
artículo 16
Real Decreto
Real Decreto
Real Decreto
artículo 1
Real Decreto
artículo 5
Real Decreto
artículo 20
Real Decreto
Real Decreto
Real Decreto
Real Decreto
artículo 2
Real Decreto
Real Decreto
Real Decreto
artículo 30
resolución
artículo 36
Real Decreto
Resolución
Real Decreto


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Navegando por : Año de publicación -- 2012
Resolución Ministerial No. 90/2012
Modifica los artículos 7,8 y 9 del Reglamento General de Hospitales puesto en vigor por la Resolución Ministerial No. 1 del 9 de enero del 2007.
Resolución Ministerial No. 953/2012
Aprueba la Actualización del Programa Nacional para la Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materna.
Resolución Ministerial No. 13/2012
Aprueba bajo el Dominio Genérico de Segundo Nivel bajo el punto cu a varios dominios, los cuales contarán con instituciones que los operarán. Estas son el dominio (cult.cu) operado por CUBARTE y el...
Resolución Ministerial No. 618/2012
Aprueba el Cuadro Básico de Medicamentos para el año 2012, establece que las unidades asistenciales del Sistema Nacional de Salud Pública confeccionarán sus propios Cuadros Básicos de Medicamentos y...
Resolución Ministerial No. 632/2012
Aprueba y pone en vigor el procedimiento para la autorización de la introducción de tecnologías sanitarias en el Sistema Nacional de Salud.
Resolución Ministerial No. 8/2012
Aprueba el Reglamento del Consejo de Dirección del Ministerio de Salud Pública.
Resolución Ministerial No. 977/2012
Resuelve la creación de un mural histórico, la realización de una escultura ubicada en la entrada del Centro Nacional de Información en Ciencias Médicas, dando nombre a sus dos salas de lectura y con...
Resolución Ministerial No. 1282/2012
Aprueba los precios que cobrará la Empresa de Seguridad y Protección del Ministerio de Salud Pública, por los servicios que presta.
Resolución Ministerial No. 28/2012
Se aprueba el Procedimiento para la estancia en Cuba de hijos o familiares que realizan carreras completas en las Universidades Médicas y otros centros de estudio de nivel medio pertenecientes al...

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Atención al cliente | Previfuturo
Mutualidad /Atención al cliente
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL “MUTUALIDAD DE EMPLEADOS DEL BANCO SANTANDER MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA”
De conformidad con lo dispuesto en la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras, el Servicio de atención al cliente (entendiéndose como cliente en este Reglamento y en adelante el mutualista, el asegurado, el beneficiario y el tercero perjudicado) de la Mutualidad de Empleados del Banco Santander Mutualidad de Previsión Social a prima fija, se regirá por las disposiciones contenidas en este Reglamento y por las demás normas que le resulten de aplicación de acuerdo con la legislación vigente.
El presente Reglamento regula dentro del marco legal vigente, el funcionamiento del Servicio.
TÍTULO PRIMERO. OBJETO, NATURALEZA Y SEDE
El Servicio de atención al cliente tiene como misión la recepción y resolución de las quejas o reclamaciones presentadas por los clientes que se refieran a la actividad aseguradora de la Mutualidad de Empleados del Banco Santander, Mutualidad de Previsión Social a prima fija.
Conforme al artículo 3 de la Orden ECO/734/2004, es el servicio encargado de atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus clientes les presenten, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos.
Artículo 3. Sede del Servicio
La Sede del Servicio de atención al cliente se encuentra ubicada en el domicilio social de la Mutualidad de Empleados del Banco Santander, Mutualidad de Previsión Social a prima fija, ubicado en Santander, calle Hernán Cortés, nº 7 – 3º, 39003, Santander (Cantabria).
TÍTULO SEGUNDO. DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS
Las obligaciones de atención al cliente estarán referidas a las quejas y reclamaciones presentadas, directamente o mediante representación, por todas las personas físicas o jurídicas, que reúnan la condición de cliente de la entidad, siempre que tales quejas y reclamaciones se refieran a los productos aseguradores, ya se deriven de los contratos, de la normativa de la transparencia y protección de la clientela o de las buenas prácticas y usos financieros, en particular, del principio de equidad.
Artículo 5. Recursos asignados
El Servicio de atención al cliente se constituye como una unidad administrativa, autónoma en relación con los asuntos de su competencia.
El Servicio de atención al cliente se dotará de los medios humanos, materiales técnicos y organizativos adecuados para el cumplimiento de sus funciones.
Serán funciones del Servicio de atención al cliente:
• Atender las quejas y reclamaciones que sus mutualistas, beneficiarios y terceros perjudicados les presenten, relacionadas con sus derechos legalmente reconocidos y en especial en lo referente a los seguros contratados con la mutualidad.
• Resolver las quejas y reclamaciones en plazo no superior a dos meses desde la recepción de las mismas.
• Adoptar las medidas oportunas para garantizar que los procedimientos previstos para la transmisión de la información requerida por el Servicio al resto de departamentos de la organización, respondan a los principios de rapidez, seguridad, eficacia y coordinación.
• Proponer a los órganos competentes de la mutualidad la dotación suficiente de personal y material para un adecuado cumplimiento de sus funciones.
• Elevar al Consejo de Administración un informe anual sobre la actividad desarrollada.
• Emitir los informes que le correspondan de acuerdo con la legislación vigente y lo dispuesto en este Reglamento.
• Cualesquiera otras funciones orientadas al correcto cumplimento de sus fines.
TÍTULO TERCERO. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El Servicio de atención al cliente estará compuesto por el responsable del mismo (si existiesen otros miembros designados por el Consejo de Administración para dicho Servicio quedarán sometidos al control del responsable del servicio).
Artículo 8. Responsable del Servicio
El responsable del servicio de atención al cliente será una persona con honorabilidad comercial y profesional, así como con experiencia para ejercer sus funciones.
Artículo 9. Elección del responsable del Servicio
El responsable del Servicio será designado por el Consejo de Administración y comunicado al Comisionado para la Defensa del Cliente de la Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones.
Será incompatible la ostentación de dicho cargo de responsable del Servicio de atención al cliente con cualquier puesto de responsabilidad en la entidad en departamentos ejecutivos.
La duración del cargo será ilimitada hasta que el propio Consejo de Administración decida elegir un nuevo responsable.
El responsable cesará en su cargo en los supuestos siguientes:
• Se producirá el cese inmediato de las funciones, al responsable que abuse de poder o resuelva quejas o reclamaciones de manera subjetiva o contra el Reglamento o los estatutos de la mutualidad.
• Si en ocasiones reiteradas incumple las obligaciones propias de su cargo.
• A petición propia, mediante presentación formal de su dimisión al Consejo de Administración.
• En su caso, por baja en la mutualidad como trabajador.
• Cuando se produzca ausencia ininterrumpida por un plazo superior a un mes será sustituido por una persona designada por el Consejo de Administración causando cese a los tres meses de ausencia.
Artículo 10. Funciones del responsable del Servicio
Son competencias del responsable del Servicio:
• Ostentar la representación del Servicio.
• Coordinar las actividades del Servicio así como toda iniciativa para mejorar el funcionamiento del mismo.
• Elaborar y presentar el correspondiente informe anual en los términos exigidos por la normativa vigente, así como aquellos otros que el Consejo de Administración considere necesarios.
• Dirigir la gestión administrativa del mismo.
• Ejercer la dirección funcional del personal del Servicio de atención al cliente, si existiere.
• Informar al Director Gerente de la mutualidad, si existiese, de las necesidades del Servicio para el cumplimento de sus funciones.
• Garantizar la información al Consejo de Administración sobre aquellos asuntos que afecten a los intereses del mismo.
• Custodiar y tramitar la documentación del Servicio.
• Atenderá los requerimientos que el Comisionado para la defensa del cliente de la DGSFP pueda afectar en el ejercicio de sus funciones.
• Cumplir o hacer cumplir cualquier otra función que el citado Servicio tenga impuesta estatutaria o reglamentariamente.
TÍTULO CUARTO. PROCEDIMIENTO Y TRÁMITE
Artículo 11. Plazo de presentación de reclamaciones
El plazo máximo para la presentación de reclamaciones será de cinco años a contar desde la fecha del hecho causante.
Artículo 12. Presentación de las reclamaciones
Las reclamaciones o quejas deberán ser presentadas por escrito en el domicilio social de la mutualidad, personalmente o mediante representación en soporte papel o bien mediante correo electrónico cumpliendo las exigencias de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
La dirección postal a la que deberán remitir los escritos es:
C/ Hernán Cortés, nº 7 – 3º,
39003 Santander (Cantabria).
La dirección de correo electrónico es: montepiobs1@mail.ono.es
Artículo 13. Documentación a presentar
• Nombre, apellidos y domicilio del cliente, así como la dirección electrónica si la tuviere y, en su caso, de la persona que lo represente debidamente acreditada; número del documento nacional de identidad para las personas físicas y datos referidos al registro público para las personas jurídicas.
• Motivo de la queja o reclamación, especificando claramente las cuestiones sobre las que se solicita un pronunciamiento.
• Departamento u oficina donde se hubieran producido los hechos objeto de la queja o reclamación.
• Que el cliente no tiene conocimiento de que la materia objeto de la queja o reclamación está siendo sustanciada a través de un procedimiento administrativo, arbitral o judicial.
Asimismo, el cliente deberá aportar, junto con el citado documento anterior, las pruebas documentales en que se fundamente su queja o reclamación.
Artículo 14. Plazos de resolución
El Servicio de atención al cliente dispondrá de un plazo de dos meses a contar desde la recepción de la queja o reclamación en la forma establecida en el artículo 12 de este Reglamento, para dictar un pronunciamiento, pudiendo el cliente a partir de la finalización de dicho plazo acudir al Comisionado para la defensa del Asegurado y del Partícipe de planes de pensiones.
Artículo 15. Acuse de recibo
El Servicio de atención al cliente una vez reciba la queja o reclamación entregará, un acuse de recibo por escrito en el que se informará al cliente de la instancia competente para la resolución de la misma y el número de expediente que se le ha asignado. Asimismo, dejará constancia de la fecha de presentación a efectos del cómputo del plazo máximo de resolución señalado en el artículo 14 de este Reglamento, abriendo el correspondiente expediente
Las reclamaciones sólo se admitirán a trámite una vez, no pudiendo reiterar el cliente la reclamación ante distintos órganos de la mutualidad.
El Servicio de atención al cliente podrá recabar en el curso de la tramitación de los expedientes, tanto del cliente como de los departamentos de la mutualidad, cuantos datos, aclaraciones, informes o elementos de prueba considere oportunos para adoptar la correcta decisión sobre el asunto que se plantea. Quedando obligados los departamentos de la entidad a suministrar la documentación solicitada, de tal manera que el Servicio de atención al cliente pueda llevar a cabo sus funciones de manera objetiva dentro del plazo establecido para su resolución.
Artículo 17. Desestimación de la tramitación
Si no estuviese suficientemente acreditada la identidad del cliente, o no se pudiesen establecer los hechos objetos de la queja o reclamación, se requerirá al firmante para completar la documentación remitida en el plazo de diez días naturales, con apercibimiento de que así no lo hiciese, se archivará la queja o reclamación sin más trámite.
El plazo empleado por el cliente para la subsanación de los errores al que se refiere el párrafo anterior no se incluirá en el cómputo del plazo de dos meses previsto en el artículo 14 del presente Reglamento.
Artículo 18. Denegación de admisión a trámite
Sólo podrá rechazar el Servicio la admisión a trámite de las quejas o reclamaciones en los casos siguientes:
• Cuando se omitan datos esenciales para la tramitación no subsanables, incluidos los supuestos en los que no se concrete el motivo de la queja o reclamación.
• Cuando se pretendan tramitar como queja o reclamación, recursos o acciones cuyo conocimiento sea competencia de los órganos administrativos, arbitrales o judiciales, o la misma se encuentre pendiente de resolución o litigio o el asunto haya sido resuelto en aquellas instancias.
• Cuando los hechos, razones y solicitud en que se concreten las cuestiones objeto de queja o reclamación no se refieran a operaciones concretas o no se ajusten a los requisitos establecidos en artículo 4 del presente Reglamento.
• Cuando se planteen quejas o reclamaciones que reiteren otras anteriormente resueltas, presentadas por el mismo cliente en relación a los mismos hechos. Cuando se tuviera conocimiento de la tramitación simultánea de una queja o reclamación y de un procedimiento administrativo, arbitral o judicial sobre la misma materia, el cliente deberá abstenerse de tramitar la primera.
• Cuando hubiera transcurrido el plazo de presentación de quejas o reclamaciones fijado en el artículo 11 del presente Reglamento.
Cuando se entienda no admisible a trámite la queja o reclamación por alguna de las causas indicadas anteriormente, se le pondrá de manifiesto al cliente mediante decisión motivada, dándole un plazo de diez días naturales para que se presenten las alegaciones que estime oportunas. Cuando el cliente hubiera contestado y se mantenga la causa de inadmisión, se le notificará la decisión final adoptada.
Artículo 19. Desistimiento del cliente
Los clientes podrán desistir de sus quejas y reclamaciones en cualquier momento. El desistimiento dará lugar a la finalización inmediata del procedimiento en lo que a la relación con el cliente se refiere.
La comunicación del desistimiento se realizará al cliente por escrito, indicando la referencia del expediente que se le haya asignado y comunicado en el acuse de recibo. En este caso el Servicio de atención al cliente le remitirá la comunicación de resolución y archivo definitivo del expediente.
Artículo 20. Resolución a favor del cliente
Si a la vista de la queja o reclamación la entidad rectifica su situación con el cliente a satisfacción de éste, lo comunicará a la instancia competente aportando la documentación que lo justifique, salvo en el caso de que exista desistimiento expreso del cliente. En tales casos, se procederá al archivo de la queja o reclamación sin más trámite que la comunicación del Servicio de atención al cliente a aquel del archivo definitivo del expediente.
Artículo 21. Notificación de la resolución
La decisión será notificada a los clientes en el plazo de diez días naturales a contar desde su fecha, por escrito dentro del plazo establecido en el artículo 14 del presente Reglamento.
La decisión será motivada y contendrá conclusiones claras sobre la cuestión suscitada en cada queja o reclamación, fundamentada en las cláusulas contractuales, las normas de transparencia y protección de la clientela aplicables, así como sobre las buenas prácticas y usos financieros.
En el caso de que la decisión se aparte de los criterios manifestados en expedientes anteriores similares, se aportarán las razones que lo justifiquen.
En la notificación de la resolución de la queja o reclamación, se expresará la facultad que tiene el cliente, para, en caso de disconformidad con el resultado del pronunciamiento, acudir al Comisionado para Defensa del Asegurado y del Partícipe de planes de pensiones.
TÍTULO QUINTO. INFORMES Y MEMORIAS
El responsable del Servicio de atención al cliente presentará ante el Consejo de Administración un informe explicativo del desarrollo de su función en el ejercicio precedente.
Dicho informe tendrá como contenido mínimo lo siguiente:
• Un resumen estadístico de las quejas y reclamaciones atendidas, con información sobre su número, admisión a trámite y razones de la inadmisión, motivos y cuestiones planteadas en las quejas y reclamaciones, así como las cuantías e importes afectados.
• Resumen de las decisiones dictadas, con indicación del carácter favorable o desfavorable para el reclamante.
• Criterios generales establecidos en las decisiones.
• Recomendaciones o sugerencias derivadas de su experiencia, con el objeto de obtener una mejor consecución de los fines que determinan su actuación.
Artículo 23. Resumen anual
El responsable del Servicio de atención al cliente redactará un resumen del informe anual, que se integrará en la memoria anual de la mutualidad.
TÍTULO SEXTO. DEBER DE INFORMACIÓN
Artículo 24. Deber de información
La mutualidad informará en su domicilio social y en todas sus delegaciones, si tuviese, así como en su página web en el caso de contratación telemática de:
• La existencia de Servicio de atención al cliente, su dirección postal y electrónica.
• La obligación de atender y resolver las quejas y reclamaciones en el plazo de dos meses desde la fecha de su presentación en el Servicio.
• Hacer referencia al Comisionado para la Defensa del Asegurado y partícipe de Planes de Pensiones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con su dirección postal y electrónica de la necesidad de agotar la vía del Servicio de atención al cliente para poder formular las quejas y reclamaciones ante él.
• Referencia a la normativa de transparencia y protección del cliente de servicios financieros, indicando las normas que regulan estos aspectos, que en concreto son:
• Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los comisionados para la defensa del cliente de los servicios financieros.
• Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de entidades financieras.
• El presente Reglamento de funcionamiento del Servicio a atención al cliente.
El presente Reglamento será de aplicación tanto en el caso de que el titular del Servicio de atención al cliente pertenezca a la plantilla de la mutualidad como que sea contratado en régimen de arrendamiento de servicios profesionales.

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Artículo 24
Real Decreto


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Ejecutoria num. 3a./J. 16/94 de Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26831466
Número de Resolución: 3a./J. 16/94
REVOCACION. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACION (QUIEBRAS Y SUSPENSION DE PAGOS).
CONTRADICCION DE TESIS 36/93. ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y SEPTIMO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en el amparo directo 2557/92 promovido por ITOH AND CO. LTD. sustentó el criterio que a continuación se transcribe:
Con el oficio número 220 del Juez Primero de lo Concursal y lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno. Teniendo en consideración que la quejosa ITOH AND CO. LTD, por conducto de quien se ostenta su apoderado J. de la M.G., reclama del Juez oficiante la resolución de fecha treinta y uno de marzo del presente año, dentro de los autos de reconocimiento de crédito de la empresa quejosa, debe decirse que dicho acto no es una sentencia definitiva, así como resolución que ponga fin al juicio para la procedencia del juicio de amparo directo, conforme lo disponen los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu, puesto que dentro del juicio de quiebras y suspensión de pagos, la única sentencia que se considera definitiva, lo es la del reconocimiento y prelación de crédito conforme a la tesis número Vigésimo Quinta, relacionada con la jurisprudencia número 1553, visible a fojas 2482 y 2483 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que dice: 'QUIEBRAS, SENTENCIAS DE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS EN LAS. COMPETENCIA.-
De acuerdo con el artículo 260 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos en la sentencia de reconocimiento de crédito, el Juez establecerá el grado y la prelación que se le reconoce a cada crédito. Se trata de una sentencia definitiva, que pone término a la contienda entablada por cada uno de los acreedores, que presentaron su demanda de reconocimiento. En el sistema de la Ley de Quiebras la sentencia de graduación, por tener carácter de general, es definitiva aunque sin que por ello, se declare la conclusión de la quiebra, que depende de varias circunstancias que pueden sobrevenir en el curso del juicio. Además, esta resolución es la base de todo el sistema y decide cuestiones de gran trascendencia que en su caso, corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia.'; entonces en contra de la resolución reclamada procedía el recurso de apelación previsto en el artículo 458 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos que señala que en contra de la resolución que pone término al procedimiento procede recurso de apelación en ambos efectos. Por lo anterior y con apoyo en el diverso numeral 47 de la ley federal invocada, este Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Civil carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías de que se trata y se ordena su remisión, así como sus anexos al Juez de Distrito en Materia Civil en turno en el Distrito Federal."
Por otra parte, dicho Tribunal Colegiado, al resolver en el amparo en revisión 594/84, promovido por Parque Industrial Cuamantla, S.A., sustentó la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 187-192, página 134, Tribunales Colegiados de Circuito, y que es del tenor literal siguiente:
QUIEBRA, DESECHAMIENTO DE LA APELACION EN LA. PROCEDE EL AMPARO CONTRA EL AUTO RELATIVO PORQUE ES IRRECURRIBLE ORDINARIAMENTE.-
Conforme a los artículos 457 y 458 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, en contra de las resoluciones del Juez de la quiebra sólo proceden los recursos de apelación y de revocación; por tanto, como en contra del auto del Juez que desecha la apelación es lógico que esta no proceda y, de igual manera, el recurso de revocación es jurídicamente impropio porque permitiría al Juez resolver ante sí la procedencia de un recurso que como el de apelación corresponde decidir a su superior jerárquico, debe concluirse que tal acto es reclamable en amparo por ser irrecurrible en la vía ordinaria."
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en el amparo directo número 2558/92, promovido por ITOH AND CO. LTD. sustentó la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo X Septiembre, página 319, Tribunales Colegiados de Circuito que a la letra dice:
PERSONALIDAD. LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA LA PROCEDENCIA DE LA EXCEPCION DE FALTA DE, EN EL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS, ES APELABLE.- Cuando en un procedimiento de suspensión de pagos, se declara por sentencia interlocutoria procedente la excepción de falta de personalidad del apoderado de un presunto acreedor de la suspensa, tal resolución pone término al procedimiento en relación al solicitante del reconocimiento del crédito. Por tanto, dicha interlocutoria es apelable en términos del artículo 458 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos que prevé la procedencia del recurso de apelación, en tratándose de resoluciones que ponen término al procedimiento o hagan imposible su continuación, como aconteció en la especie."
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en la R.C. 1071/92, promovida por ITOH AND CO. LTD. sostuvo la tesis consultable con el número I. 3 C. 516 C en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo XI Enero, página 317, tesis del siguiente contenido:
QUIEBRAS Y SUSPENSION DE PAGOS. ES APELABLE LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA PROCEDENTE LA DILATORIA DE FALTA DE PERSONALIDAD, PERO NO REVOCABLE EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO.-
La interlocutoria que declara procedente la excepción de falta de personalidad de quien promovió el reconocimiento de un crédito, es apelable con sujeción a lo dispuesto por el artículo 458 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, toda vez que se trata de un fallo que puso fin al procedimiento relativo al citado reconocimiento de crédito, pero denegada esa alzada, el auto relativo no puede ser revocable porque equivaldría a que el mismo J. resolviera sobre aquel recurso, que sólo corresponde al Tribunal Superior, y de esta suerte, en contra del auto que desechó la alzada, el interesado debió recurrir al diverso medio legal a su alcance, pero si no lo hizo y eligió la vía de amparo reclamando únicamente lo resuelto sobre personalidad, no es posible juzgar acerca de este punto existiendo el auto que denegó la alzada, lo cual motiva el rechazo de la demanda de amparo por actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la ley de la materia."
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver en la R.C.1107/93, promovido por Itocho Corporation, sostuvo en lo conducente el siguiente criterio:
Es infundado en todos sus aspectos el segundo agravio en tanto se alega que sí procede el recurso de apelación contra el auto que admitió la excepción de falta de personalidad, en razón de que quien lo vierte sostiene que el artículo 458, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos no excluye su admisión.
Para constatarlo, ante todo conviene precisar que el Juez natural sostuvo que no hubo lugar a la tramitación de ese medio de defensa contra el auto de veinticuatro de marzo de este año que tuvo por opuesta la excepción de falta de personalidad hecha valer por la antes demandada con suspensión al procedimiento, porque tal resolución no se encuentra comprendida en el dispositivo de mérito.
Es pertinente conocer dicho acuerdo e inmediatamente después el numeral.
a sus autos el escrito de cuenta, en términos del que se tiene a la suspensa, por conducto de su representante, dando contestación a la demanda incidental planteada; por opuestas las defensas y excepciones hechas valer y toda vez que dentro de éstas, se encuentra la dilatoria de falta de personalidad de la incidentista, misma que se admite y se tramita con suspensión del procedimiento, con la que se da vista a la contraria y a la sindicatura para que dentro del término de cinco días manifiesten lo que a su derecho corresponda, lo anterior con fundamento en el artículo 469 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, 1349, 1350 y demás aplicables del Código de Comercio de aplicación supletoria a la ley de la materia. Asimismo ofrece pruebas en torno a las cuales se proveerá lo que corresponda en el momento procesal oportuno. Dése la intervención de la ley al C. Agente del Ministerio Público adscrito. N.."
Artículo 458. La apelación procede en los casos que determina esta ley, en el efecto o efectos que ella fije y, en el devolutivo, en caso de su silencio, a menos que se trate de la sentencia de graduación o de resoluciones que pongan término al procedimiento o hagan imposible su continuación, en cuyos casos el recurso procede en ambos efectos."
Las transcripciones anteriores ponen de relieve que en las contiendas sobre quiebras y suspensión de pagos, la ley de la materia contempla el recurso de apelación en los casos que ella determina con el efecto o efectos fijados en la misma y en el devolutivo en caso de silencio, a menos de que se trate de la sentencia de graduación o resoluciones que pongan término al procedimiento o hagan imposible su continuación, en cuyos casos el recurso procede en ambos efectos.
Ahora bien, dentro del Capítulo I, del Título Octavo, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, no hay ningún dispositivo que expresamente regule o permita impugnar a través del recurso de apelación, un auto como el mencionado, debiendo señalarse que en algunos casos, para el trámite de los recursos establecidos en la citada ley, de manera excepcional se aplica en forma supletoria el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, conforme al artículo 6 transitorio de aquélla, y tal ocurre en las hipótesis señaladas por los artículos 10, 20 y 21, de la referida Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, que contemplan situaciones diversas a la que se planteó; sin embargo, tal supletoriedad es inusual y referida únicamente a los preceptos expresamente reglamentados, de todo lo cual se sigue que fue correcta la consideración del Juez de Distrito al sostener que el Juez de lo concursal aplicó en forma debida el artículo 458, de la ley especial porque la providencia de mérito no es recurrible a través del recurso de apelación, agregando que no es permitido acudir supletoriamente al Código de Comercio porque el referido ordenamiento que regula los procedimientos de quiebras y suspensión de pagos establece un sistema completo de los recursos que proceden en la tramitación de los juicios que regula.
Tal postura cobra fuerza en virtud de que en la aplicación del principio general de derecho de que una norma especial prevalece sobre la general, en la cual la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos es la primera y el Código de Comercio el segundo, los preceptos de éste no son aplicables al procedimiento de suspensión, que se rige por disposiciones que expresa e indefectiblemente lo regulan.
Lo hasta aquí dicho permite concluir que el acuerdo que admite la excepción de falta de personalidad es irrecurrible, y por haberlo estimado así, el Juez de Distrito actuó en forma apegada a derecho, su sentencia es clara y precisa, no violó los artículos 77 y 78, de la Ley de Amparo, y además, contrariamente a lo aducido sí se hizo cargo del concepto de violación a través del cual se pretendió poner de relieve la supletoriedad alegada, tanto es así que lo declaró infundado.
Por otro lado, el recurrente alude a un criterio que dice sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en realidad proviene del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este mismo Circuito. En ese precedente se sostiene la posibilidad de acudir a la vía constitucional tratándose de las resoluciones que conforme a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos no admiten ningún recurso.
Lo anterior debe desestimarse, toda vez que no guarda ninguna relación con los fundamentos de la sentencia que se revisa, habida cuenta que la litis constitucional versó sobre si el proveído de referencia es o no recurrible a través del recurso de apelación que en cada caso establece la ley especial, mas el Juez de Distrito nada dijo respecto a su impugnación mediante el juicio de amparo, de todo lo cual se sigue que se suscita controversia respecto de un punto que no fue materia de la litis constitucional. Es de citarse la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 176, que dice: 'AGRAVIOS EN LA REVISION. DEBEN ESTAR EN RELACION DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.-
Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre, y forzosamente deben contener, no sólo la cita de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllas, éste y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de adoptar lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en la revisión, que no constituye su materia, toda vez que ésta se limita al estudio integral del fallo que se combate, con vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes.'"
El Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, residente en Puebla, al resolver en el amparo en revisión 862/75, promovido por J.V.H., sustentó la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 87, marzo de 1976, páginas 75 y 76, cuyo contenido es el siguiente:
QUIEBRAS Y SUSPENSION DE PAGOS, CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA APELACION, CABE REVOCACION CONFORME A LA LEY DE.-
El artículo 457 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, determina que contra los actos y decretos que conforme a la ley no admiten apelación, procede el recurso de revocación. Por otra parte, el diverso 458 de la misma ley federal en comento, declara procedente la apelación en los casos determinados por esta ley, en el efecto o efectos por ella fijados y, en el devolutivo en su silencio, a menos que se trate de la sentencia de graduación o de resoluciones que pongan término al procedimiento o hagan imposible su continuación, en cuyos casos procede el recurso en ambos efectos. Consecuentemente, la resolución judicial que desecha el recurso de apelación, no encuadra dentro de las hipótesis del artículo 458 citado, por lo cual debe combatirse mediante el recurso de revocación, mismo que debe agotarse antes de acudir al juicio de garantías, pues en caso contrario emerge la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo."
Por razón de método debe estudiarse en principio si en el caso existe materia para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis entre las sustentadas por los diversos Tribunales Colegiados de Circuito antes mencionados.
Al efecto, el denunciante sostiene por una parte, que existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Primero, Segundo y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito al resolver, respectivamente, en el A.D. 2557/92, 2558/92 y 1071/92, con el criterio sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado de dicha especialidad y jurisdicción al resolver en el R.C. 1107/93.
Del análisis de los considerandos segundo, tercero y cuarto de esta resolución, se obtiene que los Tribunales Primero, Segundo y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, abordan en sus respectivas ejecutorias el estudio de idéntico problema jurídico y a la idéntica conclusión llegan, esto es, determinar si contra la resolución interlocutoria que declara procedente la excepción de falta de personalidad de quien promovió el reconocimiento de un crédito en el procedimiento de suspensión de pagos, procede o no, el recurso de apelación previsto por el artículo 458 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, concluyendo dichos órganos colegiados en sentido positivo.
En cambio, del análisis del considerando quinto de esta resolución, se obtiene que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en el R.C. 1107/93, abordó el estudio de un problema jurídico distinto al analizado por los Tribunales Colegiados antes señalados, consistiendo aquel en determinar si contra la resolución del Juez de lo concursal que admite una excepción de falta de personalidad, disponiendo el trámite incidental correspondiente con suspensión del procedimiento, procede o no, el recurso de apelación contemplado por el artículo 458 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos ya mencionado.
Ahora bien, de lo expuesto en los dos últimos párrafos precedentes, se obtiene que no existe la contradicción a que alude el denunciante, pues la cuestión jurídica tratada por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, difiere de la analizada por el Séptimo Tribunal Colegiado de dicha especialidad y jurisdicción, en tanto que, si bien es cierto, estos órganos judiciales, respectivamente vierten una determinación sobre la procedencia e improcedencia del recurso de apelación previsto por el artículo 458 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, no menos cierto es que esa determinación parte de supuestos distintos y que consisten precisamente en que los Tribunales Colegiados citados en primero, segundo y tercer término deciden sobre la procedencia del referido recurso de apelación en contra de la resolución interlocutoria que declara fundada una excepción de falta de personalidad, mientras que el Séptimo Tribunal Colegiado en cita, decide sobre la improcedencia de ese recurso de apelación en contra de la resolución por la cual el Juez del conocimiento admite y dispone el trámite incidental correspondiente con suspensión del procedimiento de una excepción de falta de personalidad, problemas jurídicos evidentemente diferentes que por lógica consecuencia obtuvieron diferente resolución y que por tanto, no configuran contradicción alguna de criterio, por lo que así cabe concluir y declarar que no existe contradicción entre las tesis sustentadas por los multicitados Tribunales Colegiados al resolver en los asuntos antes identificados sobre los aspectos que han quedado analizados.
Sirve de apoyo a lo anterior las tesis jurisprudenciales sustentadas por esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables con los números 37/93 y 38/93 a fojas 44 y 45 de la Gaceta número 72 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de diciembre de 1993 y que a la letra dicen:
37/93. CONTRADICCION DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA QUE SE FORMULA RESPECTO DE RESOLUCIONES EN LAS QUE EL PROBLEMA JURIDICO ABORDADO ES DIFERENTE Y DE LO SOSTENIDO EN ELLAS NO DERIVA CONTRADICCION ALGUNA.-
Los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, entendiendo por tesis el criterio jurídico de carácter general que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve. Consecuentemente, debe considerarse improcedente la denuncia que se formula respecto de resoluciones que, aunque genéricamente, se hayan referido a un problema de similar naturaleza, en forma específica aborden cuestiones diversas y de lo sostenido en ellas no se derive contradicción alguna, pues no existe materia para resolver en la contradicción denunciada.
38/93. CONTRADICCION DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA.-
La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencia de juicio de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción."
Señala por otra parte el denunciante, que existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver respectivamente en el A.R. 594/84 y R.C. 1071/92, con el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver en el A.R. 862/75.
Analizando lo expuesto en los considerandos segundo y cuarto de esta ejecutoria, se obtiene que sí existe la apuntada contradicción, toda vez que dichos tribunales al analizar un problema jurídico de igual naturaleza, concluyen en forma distinta, sosteniendo los primeros de manera esencial, que conforme a lo previsto por la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos en sus artículos 457 y 458, el auto que desecha el recurso de apelación no es impugnable mediante el diverso recurso de revocación, mientras que el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sostiene lo contrario, por lo que en tales condiciones, cabe concluir que sí existe contradicción entre la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado y sus similares, Primero y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito; por tanto, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A en relación con el diverso precepto 192, ambos de la Ley de Amparo, debe determinar cuál de ellas debe de prevalecer con el carácter de jurisprudencia.
Al respecto, se estima que debe prevalecer la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito al resolver respectivamente en el A.R. 594/84, promovido por Parque Industrial Cuamantla, S.A. y en la R.C. 1071/92, promovida por ITOH AND CO. LTD. por las razones que en seguida se expresan:
Para dilucidar el problema jurídico que nos ocupa es pertinente transcribir el contenido de los artículos 457 y 458 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, dispositivos que señalan:
Artículo 457. Contra los autos y decretos que conforme a esta ley no admiten apelación, procede el recurso de revocación. Este deberá proponerse en el día siguiente a aquel en que surta efecto la notificación respectiva y se sustanciará con traslado de veinticuatro horas a la contraria. La resolución se dictará dentro del tercer día siguiente a la conclusión del traslado."
En efecto, acorde a lo dispuesto por los artículos 457 y 458 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos precitados, no hay base para considerar que en contra del auto pronunciado por el Juez de primer grado desechando una apelación, proceda el recurso de revocación previsto por el dispositivo legal citado en primer término, pues de estimar lo contrario se contravendrían diversos principios lógicos que rigen en materia de recursos como son, por una parte, el que prohíbe interponer un recurso en contra de un auto que desecha un diverso medio de impugnación, excepción hecha de los casos en que la propia ley lo prevea de manera expresa y concreta, lo cual no ocurre en la especie en que la ley de referencia no contempla esa hipótesis; otro principio lo constituye el de que la procedencia de un recurso de mayor jerarquía no debe quedar supeditada a otro medio de impugnación de menor grado, cuya resolución corresponda a un tribunal inferior, principio éste que es reconocido implícitamente por el artículo 463 de la citada Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, en cuanto dispone las facultades del tribunal de alzada para decidir en definitiva acerca de la admisión del recurso de apelación y sobre la calificación del grado.
En tal orden de ideas no es dable concluir sobre la procedencia del recurso de revocación en el supuesto que nos ocupa, porque al hacerlo, contrariando así los principios lógicos antes mencionados, se estaría afirmando indebidamente la procedencia de un recurso contra el auto desechatorio de diverso medio de impugnación, sin que para ello exista autorización expresa para el caso concreto en la ley de la materia y se permitiría que a través de la interposición de un recurso de menor grado se decidiera sobre la procedencia de otro de mayor jerarquía, dejando en manos de un tribunal inferior la decisión sobre la procedencia de un recurso cuyo conocimiento compete al tribunal de alzada.
Los principios apuntados cobran mayor claridad si se toma en cuenta que a diferencia de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, existen diversos ordenamientos legales que sí permiten la impugnación del auto pronunciado por el Juez de primer grado que desecha la apelación, estableciendo para ello los recursos de queja o denegada apelación, sistema éste que no se aparta de dichos principios, pues por una parte, esos medios de impugnación se encuentran expresamente autorizados por la ley y, por otra, su conocimiento y resolución corresponde al órgano jurisdiccional superior, de donde se sigue que la decisión sobre la admisión de la apelación, queda encomendada al órgano judicial de mayor jerarquía así como que la procedencia de ese recurso de alzada no queda supeditada a la interposición de un medio de impugnación de menor grado como sería, en el caso el de revocación; complementando lo anterior debe señalarse que la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos no prevé los referidos recursos de queja y denegada apelación, ley que en materia de recursos no admite supletoriedad de algún otro ordenamiento, al contener un sistema completo al respecto, circunstancia que hace manifiesto el propósito del legislador de suprimir la procedencia de algún recurso contra el auto del Juez de primer grado que desecha la apelación.
En las condiciones apuntadas, a juicio de esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe prevalecer el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, en Materia Civil del Primer Circuito, con base en la tesis que a continuación se precisa y con el carácter de jurisprudencia obligatoria en los términos precisados en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, debiendo ordenarse su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, para los efectos del artículo 195 de la misma Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la tesis indicada es la siguiente:
REVOCACION. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACION (QUIEBRAS Y SUSPENSION DE PAGOS).-
El contenido de los artículos 457 y 458 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, no permite afirmar que contra el auto dictado por el Juez de primer grado que desecha una apelación proceda el recurso de revocación, pues de concluir así se estaría en contravención a los principios lógicos que rigen en materia de recursos, tales como el que prohíbe interponer un recurso en contra de un auto que desecha un diverso medio de impugnación, excepción hecha de los casos en que la ley lo prevea de manera expresa y concreta, lo que no ocurre en la especie en que la ley de referencia no contempla esa hipótesis; otro principio lo constituye el de que la procedencia de un recurso de mayor jerarquía no debe quedar supeditada a otro medio de impugnación de menor grado, cuya resolución corresponda a un tribunal inferior, principio éste que, incluso, es reconocido implícitamente por el artículo 463 de la ley en cita en cuanto dispone las facultades del tribunal de alzada para decidir en definitiva acerca de la admisión del recurso de apelación y la calificación del grado. En tal orden de ideas, no es dable concluir sobre la procedencia del recurso de revocación en el supuesto que se trata porque de hacerlo así se infringirían los principios lógicos antes mencionados y se estaría afirmando indebidamente la procedencia de un recurso contra el auto desechatorio de otro medio de impugnación, sin que para ello exista autorización expresa para el caso concreto en la ley de la materia y, se permitiría que a través de la interposición de un recurso de menor grado se decidiera sobre la procedencia de otro de mayor jerarquía, dejando en manos de un tribunal inferior decidir acerca de la procedencia de un recurso cuyo conocimiento compete al tribunal de alzada."
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se resuelve:
No existe contradicción entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito al resolver respectivamente en los Amparos Directos 2557/92, 2558/92 y 1071/92 con la sostenida por el Séptimo Tribunal Colegiado de dicha especialidad y jurisdicción al resolver en el A. en Revisión Civil 1107/93.
Sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito al resolver respectivamente en los Amparos en Revisión 594/84 y 1071/92, con la sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver en el A. en Revisión 862/75.
Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, en los términos precisados en el considerando octavo de esta resolución.
Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución al Semanario Judicial de la Federación y a la Gaceta del mismo para su publicación, así como al Pleno y demás Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito en acatamiento a lo establecido por el artículo 195 de la Ley de Amparo.
N.; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al lugar de su origen; y en su oportunidad archívese el expediente.
Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente C.S.M., M.A.G., S.H.C.G., I.C.S. y L.G.V.. Fue ponente el tercero de los señores Ministros antes mencionados.
Número tesis: 206599
Rubro: REVOCACION. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACION (QUIEBRAS Y SUSPENSION DE PAGOS).
Localizacion: 8a. Época; 3a. Sala; G.S.J.F.; 78, Junio de 1994; P.. 28; [J];

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