text:
BOE.es - Documento BOE-A-2017-4363
Documento BOE-A-2017-4363
«BOE» núm. 95, de 21 de abril de 2017, páginas 31139 a 31149 (11 págs.)
BOE-A-2017-4363
Así pues, vacante en la plantilla del personal laboral de esta Universidad, una plaza perteneciente al grupo retributivo II, con la categoría de Diplomado, que se encuentra incluida en la oferta de empleo público de la Universidad de Oviedo, aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 1 de febrero de 2016, publicada en el BOPA de fecha 8 de abril de 2016, y siendo necesaria su provisión, este Rector, en ejercicio de las competencias que le atribuyen el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) del mismo texto legal, así como los Estatutos de esta Universidad, resuelve convocar la cuarta y última fase del proceso de provisión de la plaza de Diplomado, Grupo II –puesto con número de orden 346 de la RPT de personal laboral–, con destino en el Área de Ingeniería Nuclear del Departamento de Energía de la Universidad de Oviedo, mediante este concurso oposición libre, con sujeción a las bases que a continuación se reproducen, que han sido elaboradas por la Gerencia, previo acuerdo con el Comité de Empresa.
Primera. Normas de aplicación.
Segunda. Características de la plaza.
Grupo Retributivo II.
Puesto con número de orden 346.
Complemento de peligrosidad, toxicidad y/o penosidad.
Destino: Área de Ingeniería Nuclear, Departamento de Energía.
Perfil: Titulo de Supervisor de Instalaciones Radiactivas.
El desempeño del puesto de trabajo que constituye la plaza convocada quedará sometido a la Ley 53/84, de 26 de diciembre, y disposiciones que la complementan en materia de incompatibilidades.
Supervisor de una instalación radiactiva de 2.ª categoría.
Sistema de calidad del Laboratorio. Aplicación de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 y la UNE-EN ISO 9001:2015.
Organización y mantenimiento del Laboratorio de Energía Nuclear y del Laboratorio de radiactividad ambiental.
Colaboración con la dirección del laboratorio para la gestión y realización de los contratos con organismos y empresas.
Puesta a punto de métodos y equipos que se utilicen para medidas radiactivas (equipos de análisis y de prácticas). Proceso de calibración, verificación y operación de los diferentes equipos. Manejo de programas, recarga de N2 líquido, separaciones radioquímicas e intercomparaciones.
Realización de análisis radiactivos y preparación de informes y memorias.
Colaboración con el personal del Laboratorio en tareas docentes y de investigación, así como cualquier otra función acorde con la categoría profesional y el perfil de la plaza.
f) Estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado, Grado o Titulación equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
g) Estar en posesión del Título de Supervisor de Instalaciones Radiactivas.
4.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán solicitarlo mediante instancia, según modelo que figura como anexo I de esta convocatoria, que se presentará en el Registro General de la Universidad (plaza de Riego, n.º 4, planta baja, Oviedo), en los Registros Auxiliares, cuyas sedes se encuentran ubicadas en el Servicio de Administración del Campus de Mieres, en el Servicio de Administración del Campus de Gijón, en el Servicio de Administración del Campus de El Cristo «A» de Oviedo (Aulario de Ciencias Jurídico-Sociales, Planta Baja, calle Catedrático Valentín Andrés Álvarez); en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés (calle La Ferrería, n.º 7-9), y en el Servicio de Administración del Campus de El Milán (calle Teniente Alfonso Martínez, s/n., 33011 Oviedo), o en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y se dirigirán al Sr. Rector de la Universidad de Oviedo. Los sucesivos actos y resoluciones serán publicados en el «BOPA» y en la página web de la Universidad de Oviedo. La instancia se facilitará gratuitamente en el Registro General de la Universidad de Oviedo. De igual modo, el modelo de solicitud se encontrará disponible en el servidor de Internet de esta Universidad (http.//www.uniovi.es/pas/convocatorias/laboral/libre).
4.2 Los derechos de examen serán de 30 euros, y se ingresarán en el Liberbank –plaza de la Escandalera, Oviedo–, número de cuenta: 2048-0000-21 - 3400152827, bajo el nombre «Pruebas Selectivas a la Universidad de Oviedo, plaza de Diplomado». Constará como nombre del remitente el del mismo aspirante y se adjuntará una copia del resguardo de la imposición. La falta de pago de estos derechos no es subsanable y determinará la exclusión del aspirante.
– Fotocopia de las titulaciones requeridas.
5.1 En el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de terminación del plazo para presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Oviedo dictará Resolución, por la que se hará pública en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la lista provisional de admitidos y excluidos. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en dicho boletín para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.
Contra dicha Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a tenor del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexta. Sistema de selección.
Séptima. Comisión calificadora.
7.8 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la Comisión Calificadora tendrá su sede en el Servicio de Gestión de Personal de la Universidad de Oviedo (plaza de Riego, número 4-1.º), en la que los interesados podrán recibir información administrativa sobre el desarrollo del proceso selectivo. No obstante, sólo tendrán efectos jurídicos las comunicaciones remitidas por los medios de notificación y publicación previstos en esta convocatoria.
Octava. Desarrollo de los ejercicios y relación de aprobados.
8.1 Según lo dispuesto en la Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado, el orden de actuación de los opositores se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «H». En el supuesto de que no existan aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «H», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «I», y así sucesivamente.
Novena. Formalización del contrato.
a) Fotocopia compulsada del Título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado, Grado o Titulación equivalente.
b) Fotocopia compulsada del Título de Supervisor de Instalaciones Radioactivas.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas mediante sentencia judicial firme.
d) Certificación acreditativa de no padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas. que le imposibiliten para el desempeño de sus funciones, expedido por el médico, especialista en medicina del trabajo, de la Universidad de Oviedo.
Décima. Incorporación y período de prueba.
Oviedo, 3 de abril de 2017.–El Rector, Santiago García Granda.
Baremo aplicable a concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Diplomado, Grupo II, con destino en el Área de Ingeniería Nuclear del Departamento de Energía de la Universidad de Oviedo
A) Fase de concurso, máximo 6 puntos.
Doctor/Licenciado/Ingeniero o equivalente: 1 punto.
2. Méritos profesionales. (Máximo 3 puntos).
Experiencia acreditada como Diplomado con similares funciones en la plantilla de personal laboral de la Universidad de Oviedo o en otra Administración Pública.
B) Fase de oposición. Máximo 20 puntos.
Tema 1. Estructura de la materia. Introducción a la radiación. Naturaleza y tipos de radiación.
Tema 4. Detectores y equipos asociados a la detección y medida de la radiación.
Tema 5. Blindajes. Cálculo de blindajes para emisores beta y para emisores gamma.
Tema 6. Criterios generales y medidas básicas de protección radiológica.
Tema 7. Dosimetría de la radiación: Conceptos básicos en dosimetría interna y superficial.
Tema 8. Aplicaciones de las radiaciones ionizantes en la industria. Fuentes emisoras alfa, beta y gamma. Equipos asociados a medidas con partículas alfa, beta y medida con fotones.
Tema 9. Análisis cualitativo y/o cuantitativo de materiales. Equipos que utilizan tubos de rayos X o isótopos radiactivos como fuentes de radiación.
Tema 10. Reglamento de funcionamiento y plan de emergencia.
Tema 11. Los residuos radiactivos en las instalaciones radiactivas.
Tema 13. Legislación española sobre instalaciones radiactivas y organismos competentes relacionados con la protección radiológica.
Tema 14. Manejo de normas: UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 y UNE-EN ISO 9001:2015.
Tema 15. Sistema de calidad: manual de la calidad, elaboración y actualización de procedimientos, instrucciones de trabajo, registros y validaciones. Planificación de operación de los equipos, calibración y verificación periódica de los mismos. Auditorías internas y externas.
Tema 16. Normas e informes técnicos aplicados a los procedimientos para la determinación de la radiactividad: toma, conservación y preparación de muestras de las diferentes matrices (aire, agua, leche, dieta tipo alimenticia, vegetación y suelo).
Tema 17. Normas e informes técnicos aplicados a los equipos de medida (espectrometría gamma, contador proporcional, centelleo líquido).
Tema 18. Normas e informes técnicos aplicados a los métodos analíticos en diferentes matrices. Determinación de actividad alfa total, beta total y beta resto. Determinación de estroncio 89 y 90. Análisis isotópico por espectrometría gamma con detectores de germanio intrínseco. Interpretación de espectros y resultados.
Tema 19. Manejo de equipos y programas. Espectrómetro gamma, contador proporcional, Genie 2000 y UMS.
Tema 20. Estadística aplicada a medidas radiactivas y expresión e informe de resultados.
Tema 21. Verificación de la hermeticidad de fuentes radiactivas encapsuladas.
Tema 22. Seguridad en los laboratorios. Etiquetado de productos químicos peligrosos y fichas de seguridad.
Tema 24. Los Estatutos de la Universidad de Oviedo: Naturaleza, fines, competencias, estructura y organización de la Universidad de Oviedo. Órganos Colegiados de Gobierno y Representación de la Universidad de Oviedo. Órganos Unipersonales de la Universidad de Oviedo. La Comunidad Universitaria: Especial referencia al Personal de Administración y Servicios.
Tema 25. El Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de octubre): Derechos y Deberes laborales básicos. Derechos y Deberes derivados del contrato. Movilidad funcional y geográfica. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Suspensión del contrato. Extinción del contrato.
Tema 26. Referencias al personal laboral en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tema 27. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades: Nociones básicas.
Tema 28. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Capítulos III, IV y V: Derechos y Obligaciones. Servicio de Prevención. Consulta y participación de los trabajadores.
Comisión Calificadora para la provisión de una plaza de Diplomado, Grupo II, con destino en el Área de Ingeniería Nuclear del Departamento de Energía
Presidente: Don Juan Carlos Luengo García.
1.º Doña María Antonia Buergo Mateo.
2.º Doña María Concepción Crespo Turrado.
3.º Don Carlos Álvarez Villa.
4.º Doña Gemma Campo Álvarez.
Secretaria: Doña María del Carmen García Ferrería.
Presidente: Doña María Belén Folgueras Díaz.
1.º Doña Manuela Alonso Hidalgo.
2.º Doña Gloria Sánchez Fernández.
3.º Don Hugo Olmedillas Fernández.
4.º Doña Paz Arias Alonso.
Secretaria: Doña María José Blanco Mesa.

matches:
artículo 20
artículo 2
artículo 16
Resolución
Resolución
artículo 46
artículo 124
Resolución
Real Decreto


text:
ANUNCIO RELATIVO AL ACTO DE CONFORMIDAD DE OFICINA DE FARMACIA, ASÍ COMO CITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE FASE PRIMERA DEL CONCURSO. - PDF
Download "ANUNCIO RELATIVO AL ACTO DE CONFORMIDAD DE OFICINA DE FARMACIA, ASÍ COMO CITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE FASE PRIMERA DEL CONCURSO."
María Mercedes Serrano Cano
1 ANUNCIO RELATIVO AL ACTO DE CONFORMIDAD DE OFICINA DE FARMACIA, ASÍ COMO CITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE FASE PRIMERA DEL CONCURSO. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA. DE CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA EFECTUADA POR RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA DE 14 DE JULIO DE 2011 ( BOJA Nº 138 DE 15 DE JULIO) SE PROCEDE A PUBLICAR LA PRIMERA CITACIÓN PARA ACUDIR AL ACTO DE RATIFICACIÓN CON LA CONFORMIDAD DE LA OFICINA DE FARMACIA QUE PUDIERA CORRESPONDER. En el resuelvo tercero de la mencionada Resolución se convoca a los participantes de fase primera y segunda del concurso de adjudicación de oficinas de farmacia, convocados por Orden de 8 de abril de 2010, para que comparezcan a ratificar su conformidad con la oficina de farmacia que le corresponda de acuerdo con su puntuación final y de preferencia solicitado; especificando que las citaciones se realizarán en sucesivos turnos dentro de cada fase, comenzando por quienes participen en la fase primera del procedimiento de adjudicación; según establecía el artículo 11 de la propia Orden de convocatoria. Dicha comparecencia se realizará de acuerdo a lo siguiente: 1) Se realizará en la Sala de reuniones de la Consejería de Salud de la JUNTA DE ANDALUCIA, planta baja del Edificio Arena 1, Avda. de la Innovación de Sevilla 2) Estarán presentes personal funcionario de esta Consejería así como miembros de la Comisión de baremación cuya composición fue aprobada por Resolución de 5 de octubre de 2010 por esta Dirección General. 3) Las personas participantes podrán concurrir personalmente o debidamente representadas, conforme a las reglas de representación contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 4) Las personas que asistan, tanto si es la interesada como si lo es por representación, deberán presentar documento identificativo (DNI, Pasaporte) correspondiente y de la representación que ostenta, en este último caso, junto con la copia del documento identificativo de la persona representada. 5) Se cumplimentará el Anexo VI que acompaña a la Orden de 8 de abril de 2011 que le será facilitado en el mismo momento de comparecer, donde se da conformidad a la elección de la oficina de farmacia que le ha correspondido. 1
2 6) En caso de renuncia a su derecho, se dejará constancia en diligencia firmada al efecto. 7) La no asistencia de la persona interesada o de su representante en el momento del llamamiento supondrá, asimismo, la renuncia a su derecho de elección, dejándose constancia mediante diligencia al efecto. 8) Dado que la comparecencia puede ser personal o mediante representante, solo se considerarán justificadas las ausencias de las personas citadas, cuando estén motivadas por circunstancias imprevistas in itinere que en cualquier caso, deberán ser comunicadas antes de la hora citada por vía telefónica (tl. de la Consejería de Salud ). Dichas circunstancias deberán ser acreditadas fehacientemente. 9) Para facilitar la decisión de los participantes que tienen que acudir en las jornadas sucesivas, una vez finalizada cada jornada de comparecencias, la Consejería de Salud informará acerca de las oficinas de farmacia convocadas que quedan vacantes, una vez eliminados los códigos de oficinas de farmacia ya elegidos. Dicha información se facilitará en la propia Consejería de Salud al comenzar la nueva jornada para aquellos que han sido citados. Se publicará en la página web: cuando el transcurrir de la jornada así lo permita. En los siguientes cuadros se recogen las fechas de citación de las personas participantes que se indican a continuación, en el en que aparecen, según la puntuación obtenida. Las próximas citaciones se realizarán al menos con 10 días de antelación y a través de esta misma página web. 2
3 Quedan citados para el día 11 de enero de 2012, a las 10 horas: Nº solicitud Nombre Apellidos DNI MARIA CONCEPCION LANCHA SANCHEZ R FRANCISCO MANUEL SANCHEZ DEL MORAL S ADELA ARENAS SANCHEZ R Mª DE LOS ANGELES GARCIA RUIZ Q ISICIO HENARES VILLORIA P MANUEL RUEDA ILLESCAS G ENCARNACION GUTIERREZ PERALTA Q DOMINGO JIMENEZ GARCIA K CARLOS TORRES GARCIA R FERNANDO BENITEZ ROMERO M MANUEL VELASCO MEJIAS D MARIA DEL MAR FERNANDEZ CASTILLEJO Z ROSA ANA TORRECILLAS NAVARRO X ESPERANZA FERNANDEZ MERINO H JUAN ROMERO GOMEZ S BEATRIZ SUAREZ DIAZ Y CLEMENTINA COBO CATENA K VICTORIA EUGENIA ECHEVARRIA MARQUEZ D MARIA PUY OCHOA CRESPO D ANA ROSA FERNANDEZ AMADOR V MARIA DE GRACIA CUADRI DUQUE F PEDRO ANTONIO LOPEZ VAZQUEZ B 3
4 Quedan citados para el día 12 de enero de 2012, a las 10 horas: Nº solicitud Nombre Apellidos solicitante DNI JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CRESPO C ANTONIO TROYA LINERO F MARIA EXPIRACION FERNANDEZ FERNANDEZ Y ANTONIO ALIAGA ALIAGA V PILAR ZAMBUDIO PERIAGO A ROSA MARIA GARCIA MARTINEZ T MARIA DOLORES ROBERTO PEREZ J MARIA DEL CARMEN SANCHEZ JIMENEZ L MANUEL CABA MUÑOZ V MANUEL MORA PEREZ V ANA MARIA RODRIGUEZ LOPEZ J CARLOS CHAMORRO CIVANTO T JUAN ANTONIO GARRIDO VALDIVIA C EDUARDO LUIS VALERO GONZALEZ W EMILIO RUIZ VAREA D FLORENTINA MARTINEZ ALONSO D VIRTUDES EMILIA LOPEZ JUSTICIA K ESTRELLA GOMEZ ROMERO H CARMELO JESUS CASTRO ARROYO A JUAN PAULINO RUIZ GARCIA E MARIA DOLORES ALCALA MORO H SALVADOR LINARES SALINAS D 4
5 Quedan citados para el día 13 de enero de 2012, a las 10 horas: Nº solicitud Nombre solicitante Apellidos solicitante DNI MIGUEL PEREA MUÑOZ G JUAN GARCIA GARCIA Y MARIA DEL PILAR BUJALANCE TRUJILLO X MARIA ZAFRA GONZALEZ K MARIA DEL CARMEN GUZMAN LOPEZ Q JOSE CARLOS PUGA DE LA RIVA M MARIA DEL CARMEN GARCIA GARCIA S JOSE PEREZ SANTANDER N MARIA JOSE REDONDO GONZALEZ A JOSE ANTONIO GALAN CEBALLOS H MANUEL LEON MARTIN VAZQUEZ F MARIA MARTIRIO VALVERDE CASTRO R FAUSTO VILCHEZ MARTINEZ X ANA MARIA GARCIA CABRERA W JOSE DOMINGO BORRERO OYONARTE T MANUELA GUTIERREZ ROMAN T ANTONIO LUIS CABARROCAS ESTEVA Z JUAN JOSE GARCIA DELGADO Q MARIA LUISA SEGURA HERNANDEZ C SALVADOR GOMEZ AGUADED D JOSE DANIEL GARCIA SGRO Q FUENSANTA SUAREZ CORCHETE H 5
CONSEJERIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE INGRESO Y S AL CUERPO DE Y PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS ES POR LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL MENCIONADO CUERPO, CONVOCADOS POR ORDEN/PAT/507/20
ANUNCIO. Al objeto de estudiar y resolver las reclamaciones presentadas por varios aspirantes al puesto convocado, se emite el siguiente informe:
ANUNCIO RESULTADO de la Resolución de reclamaciones presentadas por varios de los aspirantes para la selección de Dinamizadores de Telecentro, para la configuración de una Bolsa de Trabajo, para su contratación
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2016, POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, CON CARÁCTER TEMPORAL PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Número 233 Jueves, 05 de Diciembre de 2013 Pág. 25959 ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN. URE - URECA I. JAÉN 10478 Notificación de expediente
29 de diciembre 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 250 página 27 2. Autoridades y personal 2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias Consejería de Salud Resolución de 21 de diciembre

matches:
RESOLUCIÓN
Resolución
artículo 11
Resolución
Resolución
RESOLUCIÓN
Resolución


text:
Rm 071 2015 mincetur Reemplazar Anexo I Contrato 332-2019-MINCETUR Comercio Exterior y Turismo - Perú Legal
Inicio Últimas normas legales Rm 071 2015 mincetur Reemplazar Anexo I Contrato 332-2019-MINCETUR Comercio Exterior y Turismo
Rm 071 2015 mincetur Reemplazar Anexo I Contrato 332-2019-MINCETUR Comercio Exterior y Turismo
Modifican R.M. Nº 071-2015-MINCETUR y disponen reemplazar el Anexo I del Contrato de Inversión celebrado con la empresa SALABELLA S.A.C.
RM 332-2019-MINCETUR
Visto, el Oficio Nº 286-2019-GR-CUSCO/DIRECTUR-DR de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Cusco, el Oficio Nº 707-2015/PROINVERSIÓN/DSI de la Dirección de Servicios al Inversionista de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -…
Visto, el Oficio Nº 286-2019-GR-CUSCO/DIRECTUR-DR de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Cusco, el Oficio Nº 707-2015/PROINVERSIÓN/DSI de la Dirección de Servicios al Inversionista de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN y el Memorándum Nº 1175-2019-MINCETUR/VMT del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Que, con fecha 19 de noviembre de 2014, la empresa SALABELLA S.A.C. celebró en calidad de Inversionista, un Contrato de Inversión con el Estado por el proyecto denominado "Hotel Salabella Silvayoc", para efecto de acogerse a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 973, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la referida norma legal;
TAMBIEN PUEDES VER: Modificación Plan Desarrollo Personas Anualizado RM 1257-DE/SG Defensa
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 071-2015-MINCETUR, de fecha 6 de marzo de 2015, se aprobó a la empresa SALABELLA S.A.C. como empresa calificada para la cobertura del Régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas establecido en el Decreto Legislativo citado y se aprobó la "Lista de Bienes, Servicios y Contratos de Construcción";
Que, la empresa SALABELLA S.A.C., presentó una solicitud de suscripción de una Adenda de Modificación del Contrato de Inversión antes señalado, al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 973 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2007-EF, a efecto de modificar el monto de inversión, el plazo de inversión del proyecto y el cronograma de ejecución de inversiones, aspectos que han sido materia de evaluación a través de los informes de Vistos: Informe Técnico Nº 041-2019-MINCETUR/VMT/DGET/DPDT-CSZ de la Dirección de Productos y Destinos Turísticos y los Informes Legales Nº 015 y Nº 018-2019-MINCETUR/ VMT/DGET/DPDT-YVA de la Dirección General de Estrategia Turística del Viceministerio de Turismo, los mismos que sustentan la modificación al citado contrato de inversión;
MAS NORMAS LEGALES: Oficializan Evento xiv Congreso Nacional RM 0298-2019-MINAGRI Agricultura y Riego
Que, el artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 071-2015-MINCETUR establece que para efectos del numeral 5.3 del artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 973, el monto de inversión a cargo de la empresa SALABELLA S.A.C. asciende a la suma de US$
18 979,318.00 (Dieciocho Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Dieciocho con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), el cual será ejecutado en un plazo de un (01) año, ocho (08) meses y catorce (14)
días, contado a partir del 17 de diciembre de 2013, fecha de presentación de la solicitud del contrato de inversión;
Que, con fecha 28 de setiembre de 2016, se suscribió la Adenda de modificación del Contrato de Inversión celebrado entre la empresa SALABELLA S.A.C., y el Estado, por lo que corresponde emitir la Resolución Ministerial respectiva;
Que, de acuerdo a la Adenda suscrita, se incrementa el monto de inversión comprometida en la Cláusula Segunda del Contrato de Inversión de US $ 18
979,318.00 (Dieciocho Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Dieciocho con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IGV a US $19
881,285.00 (Diecinueve Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IGV, en un plazo total de dos (02) años, ocho (08) meses y catorce (14) días computados desde el 17 de diciembre de 2013, fecha de solicitud de suscripción del Contrato de Inversión. Asimismo, mediante la citada Adenda se acordó reemplazar el Anexo I del Contrato de Inversión referido a Cronograma de Inversiones;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 973, Decreto Legislativo que establece el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas y sus modificatorias, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2007-EF y sus modificatorias, la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y sus modificatorias; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR, y sus modificatorias;
Artículo 1.- Modifíquese el artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 071-2015-MINCETUR, el cual quedará redactado de acuerdo al siguiente texto:
"Artículo 2.- Requisitos y características del Contrato de Inversión "Establecer para efectos del numeral 5.3 del artículo del Reglamento del Decreto Legislativo Nº973, que el monto de inversión a cargo de la empresa SALABELLA
S.A.C., asciende a la suma de US $19 881,285 (Diecinueve Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), a ser ejecutado en un plazo de dos (02) años, ocho (08) meses y catorce (14) días, contados a partir del 17 de diciembre de 2013, fecha de solicitud de suscripción del Contrato de Inversión antes mencionado."
Asimismo, apruébese la inclusión del Anexo referido a servicios, a los Anexos I y II aprobados mediante Resolución Ministerial Nº 071-2015-MINCETUR.
Artículo 3.- Quedan vigentes los demás extremos de la Resolución Ministerial Nº 071-2015-MINCETUR en lo que no se opongan a la presente Resolución.
I. Servicios 1 Servicio de asesoría legal 2 Servicios de contabilidad 3 Servicios de supervisión 4 Servicios de gerenciamiento de proyectos 5 Servicios de asesoría tributaria 6 Servicios de procura 7 Servicios de asesoría financiera 8 Servicios de transporte 9 Servicios de arqueología
Titulo: RM 332-2019-MINCETUR Modifican R.M. Nº 071-2015-MINCETUR y disponen reemplazar el Anexo I del Contrato de Inversión celebrado con la empresa SALABELLA S.A.C.
Numero : 332-2019-MINCETUR
Perú Legal: Rm 071 2015 mincetur Reemplazar Anexo I Contrato 332-2019-MINCETUR Comercio Exterior y Turismo

matches:
artículo 3
Resolución
artículo 2
Resolución
artículo 5
Resolución
Artículo 1
artículo 2
Resolución
Resolución
Artículo 3
Resolución


text:
RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la prórroga de la aprobación de modelo del contador incorporado a las máquinas recreativas tipo «B», marca Sente, modelo 5525F1L1212, solicitada por la firma «Sente, S. A.»
RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la prórroga de la aprobación de modelo del contador incorporado a las máquinas recreativas tipo «B», marca Sente, modelo 5525F1L1212, solicitada por la firma «Sente, S. A.» Mis Leyes
RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la prórroga de la aprobación de modelo del contador incorporado a las máquinas recreativas tipo «B», marca Sente, modelo 5525F1L1212, solicitada por la firma «Sente, S. A.» Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la prórroga de la aprobación de modelo del contador incorporado a las máquinas recreativas tipo «B», marca Sente, modelo 5525F1L1212, solicitada por la firma «Sente, S. A.».
Antecedentes de hecho Primero.-Con fecha 7 de enero de 2003 se aprueba por Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas el modelo del contador incorporado a las máquinas recreativas tipo «B» marca Sente modelo 5525F1L1212. Segundo.-Próxima a caducar la validez de la citada aprobación de modelo, la entidad antes mencionada solicita una prórroga de la misma. Tercero.-Esta Dirección General estima que dado que la legislación aplicable a este tipo de sistemas de medida no ha sido modificada desde el año 2002 (fecha en la que se concedió la aprobación de modelo), no existe inconveniente en conceder la prórroga solicitada. Cuarto.-Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, estima que en dicha tramitación se han cumplimentado todos los trámites reglamentarios. Fundamentos de Derecho Primero.-Es competente esta Dirección General de Industria, Energía y Minas de conformidad con la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, reformado por Leyes Orgánicas 10/1994, de 24 de marzo, y 5/1998, de 7 de julio, y el Decreto 115/2004, de 29 de julio, que establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica. Segundo.-La Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el Control Metrológico que realiza la Administración del Estado, así como la Orden de 31 de julio de 2000 por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de los tipos «B» y «C», reguladas por el reglamento aprobado por el Real Decreto 2110/1998, de 2 de octubre, establecen los requisitos reglamentarios para solicitar y obtener la aprobación de modelo de este tipo de instrumentos de medida así como para prorrogar dicha aprobación. Vistos los preceptos y disposiciones legales mencionados, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas resuelve: Primero.-Prorrogar la validez de la aprobación de modelo del con-tador incorporado a máquinas recreativas tipo «B», marca Sente, modelo 5525F1L1212, hasta el 1 de noviembre de 2015. Segundo.-Continuarán vigentes los mismos condicionamientos que figuran en la Resolución de aprobación de modelo original. Tercero.-De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, la aprobación de modelo podrá ser prorrogada por periodos sucesivos, que no podrán exceder cada uno de diez años, previa petición presentada por el titular de la misma tres meses antes de la fecha de vencimiento. Contra esta Resolución, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999. Madrid, 15 de noviembre de 2005.-El Director General, Carlos López Jimeno.

matches:
Resolución
Real Decreto
Real Decreto
Resolución
artículo 21
Real Decreto
artículo 114


text:
Registro de Bases de Datos Personales de Productores de Seguros	Viernes, 23 de Abril de 2010 09:40	La Dirección Nacional de PRotección de Datos Personales ha estado aumentando sus esfuerzos junto al Ministerio de Justicia para registrar a los aproximadamente 25.000 productores de seguros en el Registro Nacional de Bases de Datos Privadas. Estas acciones de la Dirección son parte de los programas de inspecciones sectoriales que se vienen llevando acabo desde hace dos años. Para impulsar la adecuación a la Ley de Protección de Datos Personales, la Dirección ha estado enfocando sus esfuerzos en distintos sectores del mercado: comenzó por las entidades financieras, los laboratorios y ahora sigue el sector asegurador. A través de una Resolución conjunta entre el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Seguros, ahora se considera un requisito indispensable para la renovación de las matrículas de los productores de seguros, adjuntar su registro de bases de datos ante la Dirección. Consulte cómo registrar sus bases de datos. A continuación se transcribe la resolución conjunta para mayor información. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos HumanosySuperintendencia de Seguros de la NaciónACTIVIDAD ASEGURADORAResolución Conjunta 627/2010 begin_of_the_skype_highlighting 627/2010 end_of_the_skype_highlighting y 34.933/2010Inscripción de los productores asesores de seguros ante el Registro Nacional de Bases de Datos Personales.Bs. As., 22/3/2010VISTO el Expediente N° 53.288/09 del registro de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo descentralizado del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS, las Leyes Nros. 20.091 DE ENTIDADES DE SEGUROS Y SU CONTROL, 22.400 DE RÉGIMEN DE LOS PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS y 25.326 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, yCONSIDERANDO:Que la actividad desarrollada por los agentes y productores asesores de seguros, regulada por la Ley N° 22.400, establece la creación de un Registro de Productores Asesores de Seguros a cargo de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN de conformidad con lo establecido en su artículo 3°.Que el derecho de inscripción en el mencionado Registro debe ser renovado anualmente en las condiciones que la autoridad de aplicación establezca, según lo estipulado en el artículo 4°, inciso d), de la citada norma legal.Que por las características de la actividad aseguradora, su desarrollo implica necesariamente el tratamiento de datos personales.Que ello surge de la normativa citada en tanto establece en su artículo 10 que, entre las funciones y deberes de los productores asesores de seguros, se encuentra la de informar sobre la identidad de las personas que contraten por su intermedia incluyendo los antecedentes y solvencia moral y material de las mismas a requerimiento de las entidades aseguradoras y la de llevar un registro rubricado de las operaciones de seguros en las que intervengan, en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación.Que la Ley N° 25.326 dispone en su artículo 3° que para que la formación de archivos sea lícita, estos deberán encontrarse debidamente inscriptos, observando en su operación los principios establecidos en dicha Ley y las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia.Que dicha inscripción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 25.326, debe efectuarse ante el Registro Nacional de Bases de Datos habilitado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.Que, como consecuencia de las funciones y deberes antes descriptos, los productores asesores de seguros realizan un tratamiento de datos personales que amerita su inscripción ante el mencionado Registra Nacional.Que teniendo en consideración que la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN es la autoridad de aplicación de la Ley N° 22.400. así como que la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES lo es de la Ley N° 25.326, se ha estimado pertinente suscribir una resolución conjunta a los fines de que la autoridad de control de la actividad aseguradora exija a los productores asesores de seguros, en oportunidad de su primera inscripción ante el citado Registro, así como en las renovaciones anuales de ese derecho, la inscripción de las bases de datos personales aplicadas a la actividad aseguradora, por ser éste un requisito de licitud para el tratamiento de datos personales y así dar cumplimiento a la legislación que rige esta materia.Que a tales fines, oportunamente se establecerá un plan de inscripción que facilite el cumplimiento de dicha obligación legal por parte de los productores asesores de seguros.Que ha tomado intervención favorable la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el artículo 22, apartado 16, de la Ley de Ministerios (t.o.1992} y modificatorios, en lo concerniente al MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS y en los artículos 67. inciso b) de la Ley N° 20.091 y 3° de la Ley N° 22.400, en lo que respecta a la SU PERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.Por ello,EL MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS yEL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN RESUELVEN:Articulo 1º— Establécese que los productores asesores de seguros deberán acreditar su inscripción como responsables de bases de datos personales ante el Registro Nacional de Bases de Datos habilitado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, en oportunidad de inscribirse ante el Registro de Productores Asesores de Seguros que se encuentra a cargo de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo descentralizado del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS, en cumplimiento de lo establecido en tos artículos 1° de la Ley N 20.091 y 3° y 21 de la Ley N° 25.326.Dicha obligación deberán cumplirla asimismo aquellos productores asesores de seguros ya inscriptos a la fecha de la presente, al momento de la renovación anual de ese derecho.Art. 2º — Instruyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS para que dentro de los SESENTA (60) días de la firma de la presente resolución conjunta, fije un plan de inscripción ante el Registro Nacional de Bases de Datos, que facilite el cumplimiento de dicha obligación legal por parte de los productores asesores de seguros.Art. 3°—Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Julio C. Alak. — Gustavo Medone.Para acceder al texto de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326), haga click en:http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm
Como dar de BAJA mensajes de texto indeseados!	Cómo registro el Copyright de mi Página Web?	Como constituir una sociedad anónima	Publicación de Fotos y Retratos en Internet	Tu página Web... es legal?	Categorias

matches:
Resolución
resolución
artículo 3
artículo 4
artículo 10
artículo 3
artículo 21
resolución
artículo 22
resolución


text:
General / Normatividad / Inicio - Sistema Único de Información Superservicios
Resolución SSPD No 001025
La SSPD establece los plazos para reporte de información de los catálogos de cuentas de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de energía, Gas Combustible, Acueducto, Alcantarillado y Aseo, al Sistema Único de Información S.U.I.
CIRCULAR EXTERNA 104
Acerca de la terminación de actuaciones administrativas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 1341 del 30 de julio de 2009
Circular Externa 2009000000114
Acerca de las facultades de la superintendencia de servicios Públicos en relación con las investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal en servicios públicos, con ocasión de la entrada en vigencia de la ley 1340 del 24 de julio de 2009
Circular Externa 2009000000124
Instrucciones relativas a la aplicación de la ley 1341 de 2009
Circular Externa 20121000000044
Información y Verificación del pago oportuno de los aportes económicos de las empresas comercializadoras de servicios públicos a la estratificación de los municipios y distritos, en desarrollo del artículo 11 de la Ley 505 de 1999 y del Decreto Reglamentario 0007 de 2010
Circular Externa 20131000000044
Proceso de Implementación de las Normas de Información Financiera - NIF
Circular Externa N° 2014000000044 de 2014
Requerimiento de información para la vigencia 2015,a los preparadores de información financiera del sector de los servicios públicos domiciliarios, en el proceso de implementación de Normas de Información Financiera - NIF.
Circular Externa N° 20141000000034 del 25/07/2014
Directriz en materia de gestión documental y organización de archivos que deben cumplir las empresas y personas vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Superservicios
Circular Externa N° 2016000000024 del 18 de Abril de 2016
Aclaración al requerimiento de información del área financiera contenido en la Resolución SSPD 20061300012295 del 18 de abril de 2006, Auditoria Externa de Gestión y Resultados.
Circular Externa SSPD 0001
Vigilancia y control de la consistencia y calidad de la información reportada al Sistema Único de Información SUI.
Resolución No. SSPD - 20171000204125 del 18/10/2017
Por la cual se establecen los lineamientos para la modificación de la información cargada al Sistema Único de Información - SUI y se deroga la Resolución SSPD 20121300035485 del 14 de noviembre de 2012
Resolución N° SSPD - 20061300012295 del 18 abril 2006
Por la cual se fijan criterios en relación con las Auditorias Externas de Gestión y Resultados y sobre el reporte de información a través del Sistema Único de Información SUI.
Resolución N° SSPD - 20121300035485 del 14 de noviembre de 2012
Requisitos que deben cumplir las Empresas de Servicios Públicos, Alcaldías y demás entidades que realizan reporte de información al SUI para realizar solicitudes de cambio de información.
Resolución N° SSPD - 20151300016085 del 18 de junio de 2015
Por lo cual se modifica la Resolución 20061300025985 del 25 de junio de 2006, en relación con el requerimiento de información a través del Sistema Único de Información - SUI del Plan de Contabilidad del primer semestre del año 2015, para los preparadores de información financiera del sector de los servicios públicos domiciliarios clasificados en los grupos 1 ó 3, en el Proceso de implementación de las Normas de Información Financiera - NIF
Resolución N° SSPD - 20151300019495 del 15 de julio de 2015
Por lo cual se fija la contribución especial a la cual se encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos domiciliarios para el año 2015, se establece la base de liquidación, el procedimiento para el recaudo y se dictan otras disposiciones.

matches:
Resolución
artículo 11
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución


text:
 AUTO AP1086-2017/49544 DE FEBRERO 22 DE 2017
AUTO AP1086-2017 DE 22 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:BIENES SUSCEPTIBLES DE MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ. SE ACLARA QUE EL ARTÍCULO 17A DE LA LEY 975 DE 2005 ESTABLECE COMO BIENES QUE DEBEN INGRESAR AL TRÁMITE DE JUSTICIA Y PAZ, LOS SUSCEPTIBLES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, ESTO ES, I) LOS ENTREGADOS, OFRECIDOS O DENUNCIADOS POR LOS POSTULADOS PARA CONTRIBUIR A LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS Y, II) LOS IDENTIFICADOS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL CURSO DE LAS INVESTIGACIONES QUE PUEDAN FAVORECER ESE PROPÓSITO. SOBRE DICHOS BIENES PROCEDEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 17B DE EMBARGO, SECUESTRO Y SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO DE DOMINIO Y LAS DEMÁS CAUTELAS ESTABLECIDAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. SE CONCLUYE ENTONCES QUE LAS MEDIDAS CAUTELARES PROCEDEN SOBRE BIENES DE SUJETOS DESMOVILIZADOS, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESTÉN SOMETIDOS A LA LEY 975 DE 2005 O A LA LEY 1424 DE 2010.
TEMAS ESPECÍFICOS:MEDIDAS CAUTELARES, EXTINCIÓN DE DOMINIO, RECURSO DE APELACIÓN, JUSTICIA DE PAZ, SECUESTRO DEL BIEN, PERSONA DESMOVILIZADA, BIEN DE PERSONA DESMOVILIZADA, PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ
Auto AP1096-2017 de febrero 22 de 2017
AP1086-2017
Rad.: 49544
(Aprobado Acta Nº 50)
Resuelve la Corte el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del opositor Jaime Cruz Rodríguez contra la decisión proferida el 16 de diciembre de 2016 por la Magistrada de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante la cual se abstuvo de levantar las medidas cautelares vigentes sobre el predio «La Porteña».
1. El 27 de febrero de 2015, por petición de la Unidad de Persecución de Bienes de la Fiscalía, la primera instancia ordenó el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de dominio del inmueble «La Porteña», M.I. 167-17707, de 33 hectáreas de extensión, ubicado en la Inspección Patevaca del municipio de Yacopí, Cundinamarca, identificado por la Fiscalía como de propiedad de Eber Virgüez Mahecha, desmovilizado del Bloque Central Bolívar, BCB, de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
2. El 9 de febrero de 2016 Jaime Cruz Rodríguez solicitó el levantamiento de las medidas cautelares del predio, bajo el argumento de que es tercero de buena fe exenta de culpa por cuanto lo adquirió por $ 220.000.000 mediante escritura 812 del 23 de diciembre de 2006 de la Notaría Única de Puerto Salgar con dinero lícito producto de su trabajo de comerciante en ganado. De esa cifra, entregó 70 millones a la firma del instrumento, 100 millones a través de un crédito del Banco Agrario y los restantes 50 en varias cuotas canceladas en el año 2007.
3. El trámite incidental correspondió a la magistrada de control de garantías que impuso las cautelas y se desarrolló en doce sesiones de audiencia, la última el 16 de diciembre de 2016 en la que resolvió mantener las medidas restrictivas sobre el inmueble.
Contra esa determinación, la apoderada del opositor interpuso el recurso de apelación que la Sala estudia a continuación.
Para la primera instancia, Jaime Cruz Rodríguez no demostró la buena fe calificada en la adquisición de «La Porteña» porque sabía que Eber Virgüez Mahecha y sus hermanos habían pertenecido al BCB, del cual se desmovilizaron antes de la venta del predio, luego no podía desconocer los vínculos con la ilegalidad del vendedor y el origen ilícito de su patrimonio.
Reseñó que el testigo José Germán Sena Pico declaró haber sido compañero de militancia y vecino de Eber Virgüez Mahecha en Piamonte, jurisdicción de Caucasia, lugar donde éste desarrolló actividades financieras para la estructura ilegal, particularmente, la compra de la base de coca.
La condición del vendedor y de su familia, en especial de sus hermanos Vinicio, alias «J» o «22», y de Armando, alias «patequeso», debió prevenir al opositor, causarle curiosidad sobre las consecuencias de su inversión, con mayor razón si implicaba disponer del fruto de sus ahorros obtenidos con sacrificio y adquirir un cuantioso crédito bancario.
Resaltó que la comunidad de Patevaca, lugar de origen de los Virgüez Mahecha y del opositor, sabía de la pertenencia del vendedor a las autodefensas, así como de su desmovilización. Y pese a ese conocimiento, actuó sin cuidado ni diligencia, actitud que excluye la buena fe calificada, pues la revisión del certificado de matrícula inmobiliaria no es suficiente para acreditar el origen lícito del predio. Situación que no se modifica por la condición de iletrado de Cruz Rodríguez puesto que es comerciante, actividad que le provee de perspicacia especial para establecer los riesgos de las transacciones que realiza.
Recordó que el incidente del artículo 17C de la Ley 975 de 2005 no es el escenario para debatir sobre la procedencia de la medida cautelar, la cual se decidió en otro trámite bajo las pautas del precepto 17B del mismo estatuto, de forma que la legalidad de la adquisición del bien por parte de Eber Virgüez Mahecha se resolverá en la sentencia cuando se decida si se extingue o no el dominio de «La Porteña».
Con todo, añadió la magistrada, las afirmaciones de Eber Virgüez sobre su ajenidad al accionar paramilitar son rebatidas por su condición de desmovilizado y por el testimonio de Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias «El Águila», comandante del Bloque Cundinamarca que operaba en Yacopí, quien dijo conocer a los hermanos Virgüez Mahecha, incluido Eber, como miembros activos del BCB. De igual forma, por la declaración de Germán Sena Pico, quien afirmó que las propiedades que adquirió ese núcleo familiar provienen de su accionar ilegal porque cuando ingresaron al grupo no tenían bienes.
Concluyó que Jaime Cruz Rodríguez actuó sin prudencia en un negocio que tenía características externas de tener inconvenientes, dada la pertenencia del vendedor a un grupo ilegal, resultando probable la contaminación de su patrimonio con recursos ilícitos. Con mayor razón cuando la entrega del bien y la escritura de venta se hicieron con un abono de tan sólo 70 millones de pesos, sin garantía de pago del saldo adeudado.
La apoderada del opositor pidió revocar la decisión tras advertir que los recursos con que Jaime Cruz Rodríguez adquirió «La Porteña» provenían de su trabajo en el comercio y la ganadería, como lo reconoció la primera instancia que, a pesar de ello, negó la condición de tercero de buena fe exenta de culpa bajo el argumento de que omitió indagar sobre las circunstancias que afectaban el predio.
Con ello olvidó la magistrada que Eber Virgüez Mahecha desmintió su vinculación con grupos al margen de la ley por cuanto toda su vida se dedicó a cuidar de sus padres y nunca salió de Patevaca.
Como el opositor conocía al vendedor y sabía que siempre había estado en la zona, tenía certeza de la licitud del negocio, máxime cuando el certificado de libertad del predio no contenía ninguna anotación que limitara el dominio y, además, sabía la identidad de los anteriores propietarios del terreno, quienes lo obtuvieron por adjudicación del Incora.
Cuestionó la credibilidad del testimonio de José Germán Sena Pico por afirmar que Eber Virgüez era conocido como «el negro» o «el mocho», pues aunque el primer apodo es cierto, el segundo denota un defecto físico no observado porque cuando Virgüez declaró «caminaba normal y nadie le vio una prótesis».
Explicó que la desmovilización de Eber Virgüez Mahecha se produjo por orden de su hermano Vinicio con la finalidad de obtener seguridad para la familia y desestimó que la comunidad de Patevaca conociera los vínculos de ese núcleo familiar con el paramilitarismo por cuanto de ese hecho no existen pruebas.
INTERVENCIÓN DE LOS NO RECURRENTES:
1. La Fiscalía pidió confirmar la decisión porque resulta irrebatible que Eber Virgüez Mahecha se desmovilizó del BCB, como lo corroboró Luis Eduardo Cifuentes Galindo, comandante del Bloque Cundinamarca que dominaba la zona de Yacopí, quien lo conoció como integrante de ese grupo.
Destacó también el fiscal que los comandantes del BCB Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias «Macaco», y Rodrigo Pérez Alzate reconocieron a los Virgüez Mahecha como miembros de esa estructura delincuencial. Incluso, el postulado José Germán Sena Pico señaló que compartió actividad delictiva con ellos en Piamonte, Bajo Cauca.
Consideró irrelevante que no se percibiera ningún defecto físico en Eber Virgüez Mahecha, pues esa circunstancia no fue tema de prueba y muchas personas manejan una prótesis a la perfección.
Señaló que Virgüez Mahecha está obligado a reparar a las víctimas con sus bienes, lícitos o ilícitos, pues aunque no fue postulado al trámite de la Ley 975 de 2005, está incurso en el procedimiento de la Ley 1424 de 2010, aplicable a los miembros de los grupos organizados al margen de la ley que sólo incurrieron en el delito de concierto para delinquir.
2. El representante del Ministerio Público solicitó confirmar la decisión porque Eber Virgüez Mahecha hizo parte del BCB como se demostró con los testimonios de los jefes de esa estructura, en quienes no se vislumbra interés distinto de contar la verdad. Además, la desmovilización prueba su pertenencia al grupo ilegal, pues sólo se desmoviliza quien hace parte del mismo.
Afirmó que la compra de «La Porteña» por parte de Cruz Rodríguez no fue de buena fe calificada, ya que toda la población de la Inspección de Patevaca sabía que Eber Virgüez era integrante de las autodefensas, de manera que el opositor nada tenía que averiguar. Sólo debía abstenerse de adquirir el inmueble porque el vendedor estaba involucrado en actividades delincuenciales.
3. El representante del Banco Agrario, pidió dar aplicación al el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011.
4. El defensor de Rodrigo Pérez Alzate demandó confirmar la decisión porque la condición de iletrado del opositor no lo hace incapaz y podía auto determinarse en tanto conocía la condición de paramilitar del vendedor del inmueble.
1. De conformidad con los artículos 26 de la Ley 975 de 2005 y 32 de la Ley 906 de 2004, la Sala es competente para pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida por la Magistrada de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante la cual mantuvo la restricción jurídica y material vigente sobre el predio «La Porteña».
i) Bienes susceptibles de medida cautelar en el proceso de justicia y paz.
El artículo 17A de la Ley 975 de 2005 establece como bienes que deben ingresar al trámite de justicia y paz, los susceptibles de extinción de dominio, esto es, i) los entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas y, ii) los identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones que puedan favorecer ese propósito.
Sobre dichos bienes proceden las medidas preventivas previstas en el artículo 17B de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de dominio y las demás cautelas establecidas en el ordenamiento jurídico nacional que garanticen el cumplimiento de la sentencia y la reparación de las víctimas.
Si bien los intervinientes no plantearon reparos sobre este aspecto, la Sala precisa que aunque «La Porteña» no perteneció a ningún postulado ni a la organización ilegal, debe permanecer dentro del proceso de justicia y paz porque Eber Virgüez Mahecha es desmovilizado del Bloque Central Bolívar, grupo paramilitar que pactó con el Gobierno Nacional la dejación de armas, la cual se realizó en forma colectiva el 31 de enero de 2006.
La Ley 1424 de 2010, a la cual está sometido el citado desmovilizado, tiene como propósito «contribuir al logro de la paz perdurable, la satisfacción de las garantías de verdad, justicia y reparación, dentro del marco de justicia transicional, en relación con la conducta de los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley, que hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos».
En tal cometido, el artículo 7-3 de ese estatuto impone a los desmovilizados la obligación de «reparar integralmente los daños ocasionados con los delitos por los cuales fue condenado dentro del marco de la presente ley».
Por tanto, los bienes que pueden ser sometidos a medidas cautelares con fines de extinción de dominio para la reparación de las víctimas son todos aquéllos de propiedad de los desmovilizados de los grupos organizados al margen de la ley, con independencia de que se encuentren sujetos a la Ley 975 de 2005 o a la Ley 1424 de 2010, como ocurre en este caso.
La Corte Constitucional ha enfatizado el deber de quienes dejaron las armas de reparar con bienes lícitos o ilícitos al señalar «que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado específico al cual pertenecieron» (C-370 de 2006)
En consecuencia, «La Porteña» podía ser afectada dentro del proceso transicional y será en la sentencia donde se determine si procede o no su extinción de dominio con el propósito de contribuir a la reparación de las víctimas.
ii) El incidente de oposición de terceros a la medida cautelar.
1. Acorde con el artículo 17C de la Ley 975 de 2005, quien ostente derechos sobre bienes cautelados con fines de extinción de dominio dentro del trámite de Justicia y Paz, puede instaurar incidente de oposición a efectos de demostrar i) que es tercero de buena fe exenta de culpa, ii) que su derecho debe prevalecer y, iii) que deben levantarse las medidas restrictivas.
El interesado, entonces, ostenta la carga procesal de probar la prevalencia de su derecho, para lo cual debe demostrar la prudencia y diligencia con que actuó, la capacidad económica para obtener el bien o derecho y, en fin, la transparencia en la adquisición del mismo.
2. Ninguna controversia se presenta sobre la identificación del predio «La Porteña» ni sobre el origen de los recursos con que Jaime Cruz Rodríguez lo adquirió, pues la primera instancia aceptó que provinieron de su actividad de comerciante de ganado, hecho no discutido por los otros intervinientes.
El debate surge exclusivamente en torno a la buena fe aducida por el opositor y que la primera instancia halló ausente porque Cruz Rodríguez compró el inmueble a un integrante de un grupo armado al margen de la ley, sabiendo de esa condición del vendedor.
3. La Sala encuentra que Jaime Cruz Rodríguez no demostró que en la compra de «La Porteña» concurran todos los elementos de la buena fe exenta de culpa porque las circunstancias que rodearon la adquisición le permitían inferir que el bien pudo haber sido obtenido con recursos provenientes de las actividades delincuenciales desarrolladas por Eber Virgüez Mahecha.
La buena fe que debe acreditar el opositor no es la simple sino la calificada o creadora de derechos, definida por la jurisprudencia constitucional de la siguiente manera:
(...) a diferencia de la buena fe simple que exige sólo una conciencia recta y honesta, la buena fe cualificada o creadora de derecho exige dos elementos a saber: uno subjetivo y otro objetivo. El primero hace referencia a la conciencia de obrar con lealtad, y el segundo exige tener la seguridad de que el tradente es realmente el propietario, lo cual exige averiguaciones adicionales que comprueben tal situación. Es así que, la buena fe simple exige sólo conciencia, mientras que la buena fe cualificada exige conciencia y certeza. (Sent. C-1007/2002).
La buena fe calificada exige, entonces, tomar precauciones adicionales y no conformarse con el simple estudio de títulos, insuficiente cuando se pretenden adquirir propiedades en territorios que se sabe han sido azotados por el crimen y la intimidación, obligación que no es arbitraria, pues tiene como fundamento el mandato contenido en el artículo 17C de la Ley 975 de 2005 y la jurisprudencia vigente.
El propósito de la afectación con fines de extinción de dominio de los bienes de los desmovilizados y de los grupos organizados al margen de la ley y, por ende, de las medidas cautelares, es garantizar los derechos de las víctimas a obtener la reparación de los daños ocasionados por el grupo ilegal. Por ello, cuando un tercero aduce mejor derecho, debe esforzase en demostrar que actuó diligentemente, que no se prestó para ocultar el verdadero origen o titularidad del bien ni para dificultar la persecución de recursos mal habidos. (CSJ AP3040-2016).
Pues bien, cuando Jaime Cruz Rodríguez compró el inmueble «La Porteña» sabía que el vendedor acababa de desmovilizarse del grupo paramilitar BCB, situación a partir de la cual podía deducir de manera fundada, que sus ingresos provenían de esa actividad ilegal y/o estaban mezclados con ella.
De ello da cuenta la declaración de Germán Sena Pico, quien sobre el origen del patrimonio de los hermanos Virgüez Mahecha, señaló que «yo estuve en varios sitios en Patevaca pero no recuerdo los nombres, sé que ellos tenían una lechería donde hacían quesos, pero sé que ellos compraron esos bienes con lo que ganaron en las autodefensas porque ellos eran unas personas pobres cuando llegaron al Bajo Cauca»(1).
A pesar del conocimiento de la comunidad de Patevaca, a la cual pertenece el opositor, de la militancia de los hermanos Virgüez Mahecha en el paramilitarismo, corroborada con el testimonio del postulado Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Jaime Cruz Rodríguez desatendió esa señal de alerta y, con evidente riesgo de su inversión, aceptó un negocio que le permitió al desmovilizado extraer de su patrimonio un activo destinado a la reparación de las víctimas.
Las reglas de la prudencia y transparencia imponían al opositor abstenerse de adquirir el inmueble en tanto reconoció saber del compromiso de los hermanos Virgüez Mahecha con las actividades ilegales e incluso señaló que por los noticieros se enteró de los asesinatos de Vinicio y Armando, ocurridos el 30 de agosto de 2006, cuatro meses antes de comprar «La Porteña».
4. Aún más, la vinculación del vendedor con el accionar paramilitar fue corroborada por la prueba acopiada en el trámite incidental, pues Eber Virgüez Mahecha se desmovilizó el 31 de enero de 2006, como reconoció en su declaración(2), hecho que de forma irrefutable señala su pertenencia al BCB, porque normalmente nadie se presenta ante la sociedad como integrante de una estructura ilegal si no lo es.
Adicionalmente, Carlos Mario Jiménez, alias «Macaco», y Rodrigo Pérez Alzate, máximos comandantes del BCB, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias «el Águila», comandante del Bloque Cundinamarca y Germán Sena Pico, señalaron la militancia real y efectiva de Eber Virgüez al BCB, quedando sin sustento la afirmación según la cual se desmovilizó por orden de su hermano Vinicio, alias «J» o «22», para obtener seguridad.
Así, Cifuentes Galindo afirmó conocer la Inspección de Patevaca del municipio de Yacopí porque allí ejercía control militar desde mediados de 1980 hasta la dejación de armas en diciembre de 2004 y por esa razón sabe que «Eber es natural de Patevaca y perteneció al Bloque Central Bolívar, eran tres hermanos, dos fueron asesinados en Medellín, alias «J» y «queso»...a Eber le decían el negro»(3).
Germán Sena Pico conoció a los Virgüez Mahecha «desde 1995 o 1996, inicialmente a Vinicio, alias J o 22, luego a patequeso y a Eber, al que le dicen el negro o el mocho...quien estaba en la zona de Piamonte de Caucasia, él colaboraba en la parte logística, lo que le ordenara el hermano patequeso que era el financiero del grupo». Y agregó, «el negro estuvo en la labor de compra de base de coca en la zona de Puerto Pato porque yo recuerdo la labor que ellos desarrollaban Es más vivía en Piamonte cerquita a la casa que yo tenía allí»(4).
No es cierto, entonces, que Eber Virgüez Mahecha fuera ajeno a las actividades delictivas de sus hermanos o que no perteneciera al BCB o que no hubiese abandonado la Inspección de Patevaca porque las declaraciones reseñadas dan cuenta de lo contrario.
5. Tampoco se demostró la mendacidad del testimonio de Germán Sena Pico porque éste nunca dijo que a Eber le faltaba una parte de su cuerpo sino que se le conocía como «el negro» o «el mocho». El primer apodo es reconocido por todos los declarantes, incluido Eber Virgüez Mahecha. El segundo es cuestionado sin soporte ya que en el incidente no se indagó sobre ese aspecto, no se describió morfológicamente al testigo, no se le preguntó si le faltaba alguna parte de su cuerpo ni el opositor allegó certificación médica de esa circunstancia.
La crítica de la recurrente, por tanto, no resta mérito al declarante porque éste reseñó con detalle la forma en que ingresaron los hermanos Virgüez Mahecha a la organización, los alias con que eran conocidos, así como las labores que desarrollaron, sin que se advierta interés en mentir o perjudicarlos. Datos que conoce porque fue hombre de confianza del comandante del BCB Carlos Mario Jiménez Naranjo y ello le permitía estar al tanto del funcionamiento de la estructura delincuencia y de sus integrantes.
Con apoyo en las anteriores razones, la Sala confirmará la decisión impugnada por cuanto la tesis propuesta por la parte opositora carece de sustento probatorio.
1. Confirmar la decisión del 16 de diciembre de 2016 de la Magistrada de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga.
2. Devolver la actuación al Tribunal de origen e informar que contra esta decisión no proceden recursos.
1 Cfr. Audio del 11 de noviembre de 2016, minuto 23:17.
2 Cfr. Audio del 26 de septiembre de 2016, minuto 6:30.
3 Cfr. Audio del 19 de septiembre de 2016, minuto 71:33.
4 Cfr. Audio del 11 de noviembre de 2016, minutos 15:00 y 20:00.

matches:
ARTÍCULO 17
ARTÍCULO 17
artículo 17
artículo 98
artículo 17
artículo 17
artículo 7
artículo 17
artículo 17


text:
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. TITULO III. Del asociacionismo cooperativo
Vigencia desde 06 de Agosto de 1999. Revisión vigente desde 23 de Agosto de 2013 hasta 28 de Abril de 2015
Artículo 117 Principio general
Las sociedades cooperativas podrán asociarse libre y voluntariamente en uniones, federaciones y confederaciones para la defensa y promoción de sus intereses, sin perjuicio de poder acogerse a otra fórmula asociativa conforme al derecho de asociación.
Artículo 118 Uniones de cooperativas
Artículo 119 Federaciones y confederaciones de cooperativas
1. Las federaciones podrán estar integradas por sociedades cooperativas o por uniones de cooperativas o por ambas.
Artículo 120 Normas comunes a las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas
Primera Calificación como entidades sin ánimo de lucro
Segunda Creación del Consejo para el Fomento de la Economía Social
Se crea el Consejo para el Fomento de la Economía Social, como órgano asesor y consultivo para las actividades relacionadas con la economía social, integrado, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la Administración General del Estado, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta.
Tercera Derechos de los acreedores personales de los socios
Los acreedores personales de los socios no tendrán derecho alguno sobre los bienes de las cooperativas ni sobre las aportaciones de los socios al capital social, que son inembargables. Todo ello, sin menoscabo de los derechos que pueda ejercer el acreedor sobre los reembolsos, intereses y retornos que correspondan al socio.
Cuarta Suspensión de pagos y quiebras
Quinta Normas especiales
Sexta Contabilización separada
Será causa de pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida la falta de contabilización separada de las operaciones cooperativizadas realizadas con terceros no socios.
Séptima Régimen de las sociedades mixtas
La parte del resultado cooperativo correspondiente a la proporción de los votos que ostenten los socios titulares de partes sociales con voto, tendrá la misma consideración que los resultados extracooperativos a efectos de su tributación en el Impuesto sobre Sociedades.
La disposición adicional séptima conservará su vigencia en lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, conforme establece la letra n) del número 2 de la disposición derogatoria de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades («B.O.E.» 28 noviembre).
Octava Cooperativas integrales
Se considerarán especialmente protegidas las cooperativas integrales cuando, respecto a todas y cada una de sus actividades, se cumplan los requisitos exigidos para ser consideradas especialmente protegidas.
Novena Sociedades cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de lucro
El régimen tributario aplicable a las sociedades cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de lucro será el establecido en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de Cooperativas.
Décima Arbitraje
1. Las discrepancias o controversias que puedan plantearse en las cooperativas, entre el Consejo Rector o los apoderados, el Comité de Recursos y los socios, incluso en el período de liquidación, podrán ser sometidas a arbitraje de derecho regulado por la Ley 36/1988, de 5 de diciembre; no obstante, si la disputa afectase principalmente a los principios cooperativos podrá acudirse al arbitraje de equidad.
Undécima Programas anuales para el impulso, promoción y fomento del cooperativismo
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales elaborará y llevará a cabo programas anuales para el impulso, promoción y fomento del cooperativismo, previo informe del Consejo para el Fomento de la Economía Social.
Duodécima Medidas de fomento para la creación de empleo
Decimotercera Regímenes forales
Esta Ley se aplicará sin perjuicio de los específicos regímenes forales vigentes en materia tributaria establecidos en las normas y convenios vigentes en la materia.
Los expedientes en materia de cooperativas iniciados antes de la vigencia de esta Ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor. El contenido de las escrituras y de los Estatutos de las sociedades cooperativas existentes a la entrada en vigor de esta Ley, no podrá ser aplicado si se opone a ésta, entendiéndose modificado o completado por cuantas normas prohibitivas o imperativas se contienen en la misma.
Las sociedades cooperativas, constituidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, dispondrán de un plazo de tres años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma, para adaptar sus Estatutos a lo establecido en esta Ley.
Tercera Consolidación de denominaciones
Los certificados y registro de denominaciones realizados por el Registro de Sociedades Cooperativas hasta la entrada en vigor de la presente Ley, se entenderán a todos los efectos como consolidados.
Cuarta Adaptación de la remuneración de las aportaciones voluntarias
Las cooperativas dispondrán de un plazo de tres años, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, para adaptar la remuneración de las aportaciones voluntarias al capital social, suscritas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, a las previsiones contenidas en la misma.
Primera Derogación de la Ley de 2 de abril de 1987
Quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, excepto lo establecido en el capítulo III de su Título I, hasta tanto se cumpla la previsión recogida en la disposición final primera de la presente Ley.
Segunda Supresión de las cooperativas de integración
Se suprimen las cooperativas de integración creadas al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda de la presente Ley.
Tercera Supresión del Consejo de Fomento de la Economía Social
Se deroga el apartado 2 del artículo 9 bis adicionado al Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, así como las disposiciones aludidas en dicho apartado, del Real Decreto 140/1997, de 31 de enero, por el que se modifica parcialmente la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y se transforma el Instituto Nacional de Servicios Sociales en Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
Primera Registro de Sociedades Cooperativas
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, procederá a aprobar en un plazo no superior a seis meses a partir de la publicación de esta Ley, el Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas.
Segunda Creación de nuevas clases de cooperativas
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previo informe del Consejo para el Fomento de la Economía Social, podrá crear nuevas clases de cooperativas, cuando sea preciso para el desarrollo de cualquier sector del cooperativismo.
Tercera Legalización de libros y depósito de cuentas
El Gobierno, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales, dictará las normas necesarias para que las cooperativas tengan que legalizar los libros y depositar sus cuentas anuales en un solo Registro.
Cuarta Cuentas consolidadas del grupo cooperativo
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, dictará las normas necesarias en las que se establecerá en qué casos el grupo cooperativo vendrá obligado a formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados.
Quinta Normas para la aplicación y desarrollo de la Ley
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, podrá dictar normas para la aplicación y desarrollo de la presente Ley.
Sexta Aplicación a las cooperativas de las disposiciones de Seguridad Social para la contratación a tiempo parcial
Las disposiciones de Seguridad Social previstas para la contratación a tiempo parcial, serán objeto de las modificaciones y adaptación que resulten precisas para su aplicación en el ámbito de las sociedades cooperativas de trabajo asociado e integral. A tal efecto, el Gobierno procederá en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley al correspondiente desarrollo reglamentario, en aplicación de lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley General de la Seguridad Social.

matches:
Artículo 117
Artículo 118
Artículo 119
Artículo 120
Real Decreto
artículo 9
Real Decreto
Real Decreto


text:
pp12345678910pp Mostrando Registros 1 - 10 de 4208
3 Resolución 40983 26-09-2017 Por la cual se modifica la Resolución 180687 de 2003, reglamento técnico del alcohol carburante y su uso en combustibles nacional e importados, en relación con los esquemas de certificación y la declaración de verificación de inventario de gases de efecto invernadero (GEI).
4 Resolución 40977 25-09-2017 Por la cual se efectúa un nombramiento provisional. Profesional Universitario Código 2044 Grado 11 - Oficina de Asuntos Sociales y Ambientales, María Katherine Piñeros Bedoya.
5 Resolución 40956 18-09-2017 Por el cual se efectúa un nombramiento provisional. En el que se menciona a Francia Patricia Robayo Arévalo.
6 Resolución 40954 18-09-2017 Por la cual se modifica la Resolución 40917 del 8 de septiembre de 2017: Por la cual se distribuyen recursos para pagos por menores tarifas del sector eléctrico en las Zonas No Interconectadas y se dictan otras disposiciones. Se ordena distribuir la suma de $34.349.909.571 a prestadores, para cubrir los subsidios estimados a los usuarios ubicados en localidades de las Zonas No Interconectadas.
7 Resolución 40951 15-09-2017 Por la cual se amplía la vigencia para uso y expedición de las declaraciones de productor para demostrar conformidad con los requisitos del Anexo General del "Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ" Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015.
8 Resolución 40937 13-09-2017 Por la cual se establecen medidas temporales en cuanto a los parámetros de calidad de la gasolina con el fin de asegurar el abastecimiento de combustibles en el territorio nacional.
9 Resolución 40942 13-09-2017 Por el cual se hace un encargo. En el que se cita a Eucaris Hernandez Rodriguez.
10 Resolución 40916 08-09-2017 Por la cual se modifican los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución 18 1836 del 28 de octubre de 2008

matches: Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución


text:
Sentencia de incidente sobre ejecución de sentencia en el recurso de apelación sup-rap-050/2001 - Recurso de apelación - Sistemas de Medios de Impugnación - Modelos y Formularios - VLEX 337438405
Sistemas de Medios de Impugnación
Sentencia de incidente sobre ejecución de sentencia en el recurso de apelación sup-rap-050/2001
VISTOS los autos del recurso de apelación SUP-RAP-050/2001, para resolver dos incidentes sobre ejecución de sentencia, el primero promovido por la Comisión Nacional Bancaria y de (...)
INCIDENTES SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA.
SUP-RAP-050/2001.
INCIDENTISTAS: COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y CONSEJO GENERAL DE INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
SECRETARIO: JOSÉ MANUEL QUISTIÁN ESPERICUETA.
México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil dos.
VISTOS los autos del recurso de apelación SUP-RAP-050/2001, para resolver dos incidentes sobre ejecución de sentencia, el primero promovido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el segundo por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de la ejecutoria pronunciada por esta Sala Superior, en este expediente, el siete de mayo de dos mil dos.
PRIMERO. Recurso de apelación. El quince de agosto de dos mil uno, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Jaime Vázquez Castillo, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada en el procedimiento de queja registrado bajo la clave Q-CFRPAP 19/00.
Por acuerdo emitido por la Sala Superior, el veintitrés de abril de dos mil dos, se determinó que tienen la calidad de terceros interesados en este recurso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como las instituciones bancarias BBVA-Bancomer, Ixe Banco, Banamex y Bital, todas sociedades anónimas, y, por ende, se les corrió traslado con copia del escrito de agravios presentado por el apelante, con el objeto de que pudieran hacer uso del derecho de contradicción.
El seis de mayo se admitió a trámite la demanda, y el siete siguiente, esta Sala Superior dictó la sentencia respectiva, la cual concluyó conforme los siguientes puntos resolutivos:
PRIMERO. Se revoca la resolución CG79/2001, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el día nueve de agosto de dos mil uno, relativo a la queja tramitada en el expediente Q-CFRPAP 19/00 promovida por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la coalición Alianza por el Cambio.
SEGUNDO. Como consecuencia, se deberá proceder a la reanudación del procedimiento de la queja mencionada en el punto anterior, para lo cual, el Consejo General del Instituto Federal Electoral deberá remitir el expediente a la Comisión de Fiscalización de los Partidos y Agrupaciones Políticas, para los efectos señalados en la parte final del considerando quinto de esta resolución.
SEGUNDO. Actos dirigidos al cumplimiento de la ejecutoria. Los días veintisiete y treinta de mayo de dos mil dos, el Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral suscribió los oficios números PCG/079/02 y PCG/089/02, mediante los cuales, para dar cumplimiento a la ejecutoria precisada en el resultando anterior, requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que proporcionara la información y documentación que se precisa en los mismos.
En respuesta a lo anterior, la citada Comisión envió sendos oficios al Instituto Federal Electoral, suscritos el catorce de junio, en donde le informó sobre la promoción ante este Tribunal Electoral, de un incidente encaminado a que quedara establecido el alcance preciso de la ejecutoria sujeta a cumplimiento, por esta razón no proporcionó la información requerida, al constituir la materia del incidente.
TERCERO. Incidente sobre ejecución de sentencia. El catorce de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su calidad de tercera interesada, presentó un escrito por el cual promovió incidente de ejecución de sentencia, al estimar que la autoridad responsable, con el requerimiento contenido en los oficios precisados en el apartado anterior, solicitó más información de la que debe proporcionarse para cumplimentar la sentencia referida.
En esa misma fecha, la Magistrada Presidenta, por ministerio de ley, de este Tribunal, turnó el escrito mencionado al magistrado Leonel Castillo González, por haber sido instructor en el asunto principal y ponente en la sentencia de mérito, a fin de diera el curso atinente.
CUARTO. Por acuerdo del Magistrado instructor, de diecisiete de junio, se tuvo por presentado el incidente señalado en el punto anterior, y se ordenó dar vista al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, corriéndole traslado con copia certificada del escrito en que consta, y concediéndole un plazo de cuarenta y ocho horas, para que expresara lo correspondiente a su función; asimismo, se requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en igual término, remitiera los documentos propios o provenientes de los partidos políticos e instituciones involucradas, donde hubieren hecho manifestaciones relacionadas con la forma en que se debe cumplir la ejecutoria, para tener el mayor número de elementos posibles para la resolución del incidente.
El Instituto Federal Electoral compareció oportunamente a expresar su oposición a la pretensión incidental, y aportó copia certificada de diversos documentos, en que constan diligencias tendentes al cumplimiento de la ejecutoria.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en cumplimiento al requerimiento indicado, presentó copia certificada de dos escritos, por los cuales el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional expresó su conformidad para que tal Comisión proporcione al Instituto Federal Electoral la información relativa a los números de cuenta de ese partido, y que, en caso de considerar tener algún impedimento legal para hacerlo, le dijera cuáles son los datos requeridos por tal instituto para proporcionárselos.
QUINTO. Incidente de Incumplimiento. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el diecinueve de junio, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, promovió, a su vez, ante esta Sala Superior, un incidente sobre inejecución de sentencia, porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se ha negado a proporcionar los informes que le fueron solicitados, los cuales tienen como sustento la ejecutoria pronunciada en este recurso de apelación.
En la misma fecha, la Magistrada Presidenta por ministerio de ley, de este Tribunal, turnó el escrito mencionado al magistrado Leonel Castillo González, por haber sido instructor y ponente en la sentencia de mérito, a fin de que diera el curso atinente.
SEXTO. Mediante auto de veinte de junio, se ordenó agregar a los autos el incidente mencionado, se tuvo por presentado y se ordenó dar vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, corriéndole traslado con copia certificada del documento respectivo, y se le dio el plazo de veinticuatro horas, para manifestar lo que a su función correspondiera, en atención a que tenía conocimiento pleno y actual de las cuestiones involucradas en la incidencia, al haber promovido el otro incidente, y porque los planteamientos formulados son de derecho.
El veintiuno siguiente, el magistrado instructor tuvo desahogada la vista de referencia, y al considerar debidamente integrados ambos incidentes, ordenó ponerlos en estado de pronunciar sentencia interlocutoria.
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior tiene competencia, para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 99 párrafo cuarto fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 fracción III inciso b), y 189 fracción I inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el 44, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puesto que si tales preceptos sirven de fundamento a esta Sala Superior para resolver el proceso principal, también confieren jurisdicción y competencia para conocer y decidir los incidentes que se promuevan sobre la ejecución de esos fallos, porque dichos incidentes forman parte integrante del principal, con apego al principio general de derecho referente a que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, acogido en el artículo 57 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, donde al referirse al juicio de inconformidad prevé la apertura de una sección de ejecución de sentencias, y atribuye la competencia para hacerlo a las Salas del Tribunal, lo que se debe entender en el sentido de que a la Sala que emite la sentencia le compete todo lo relacionado con la ejecución; y aunque la norma se refiere al juicio de inconformidad, resulta aplicable, por analogía, a los demás medios de impugnación. Además, el primer precepto constitucional citado determina que deben existir los medios necesarios para garantizar la plena ejecución de las sentencias.
Por otra parte, la materia sobre la que versa esta resolución corresponde al conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante actuación colegiada y plenaria, y no al magistrado instructor, en atención a lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia J.01/99, sustentada por esta Sala Superior, publicada en las páginas 17 y 18 del Suplemento número 3 de la Revista Justicia Electoral, del tenor siguiente:
"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR. Del análisis de los artículos 189 y 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, destinadas a regir la sustanciación de los juicios y recursos que competen a la Sala Superior del Tribunal Electoral, se desprende que la facultad originaria para emitir todos los acuerdos y resoluciones y practicar las diligencias necesarias de la instrucción y decisión de los asuntos, está conferida a la sala...
Recurso de apelación contra la resolución recaída al recurso de revisión dictada por el consejo electoral
Recurso de apelación contra la resolución dictada por el consejo general del instituto federal electoral
Escrito del tercero interesado exponiendo los intereses que a su partido conviene respecto del recurso de apelación
Respecto a al interposición del recurso de apelación por el actor
Solicitud para que sea substanciado el recurso de apelación
Sentencia de recurso de apelación sup-rap-050/2001
Fe ministerial de arma de fuego y cartuchos
Dictamen pericial en electrónica

matches:
resolución
resolución
resolución
artículo 57
resolución
resolución
resolución