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PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2017
Sesión 68ª, en miércoles 23 de noviembre de 2016 Especial (De 10:26 a 14:4)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE, Y JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA TITULAR
Proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2017 (10.912-05) (queda pendiente su discusión)..........................................................
--Tuma Zedan Eugenio
Concurrió, además, el Ministro de Hacienda , señor Rodrigo Valdés Pulido.
--Se abrió la sesión a las 10:26, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor LAGOS, don Ricardo (Presidente).-
Señores Senadores, esta sesión especial ha sido citada para tratar el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2017, en segundo trámite constitucional y con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.912-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta del mensaje en sesión 52ª, en 4 de octubre de 2016.
En segundo trámite, sesión 67ª, en 22 de noviembre de 2016.
Especial Mixta de Presupuestos: sesión 67ª, en 22 de noviembre de 2016.
Sesión 67ª, en 22 de noviembre de 2016 (queda pendiente la discusión).
Correspondería proceder al despacho de la Ley de Presupuestos, en el orden de las Partidas que ya fueron identificadas y entendiendo que la primera es la Partida 01 Presidencia de la República.
Me ha pedido la palabra el Senador señor Prokurica.
Señor Presidente, le pido que recabe el asentimiento de la Sala para que puedan ingresar los asesores, tanto del Ejecutivo como de los parlamentarios, tal como se ha hecho en otras oportunidades.
Entiendo que no hay unanimidad, señor Senador, situación que voy a ratificar...
¡No hay unanimidad, señor Presidente!
No sé si cabría votar este asunto, Su Señoría.
Señor Presidente , es para plantear la misma petición.
Necesitamos que se autorice el ingreso del Director de Presupuestos, así como el de otros asesores de dicha repartición, porque su presencia nos interesa y nos conviene a todos. Creo que oponerse a ello no tiene sentido.
También pedimos que ingresen cinco asesores de nuestra coalición. Si el Ejecutivo puede estar acompañado de los suyos, que se permita que nosotros también podamos hacer lo propio con los nuestros.
Este es un proyecto de largo aliento. Seguramente vamos a estar discutiendo 48 horas, la mayoría de ellas bastante seguidas, y por lo tanto resulta absolutamente razonable que se autorice el ingreso de los especialistas.
Antes de manifestar mi opinión, le voy a dar la palabra a la Senadora señora Lily Pérez.
Yo quiero expresar la diversidad, porque aquí no existe solamente el oficialismo y la Oposición de Chile Vamos; también hay una Oposición del mundo independiente (Amplitud), que igualmente desea que ingresen sus asesores.
Voy a decir algo obvio, pero el sentido de pedir que ingresen el Director de Presupuestos y los asesores del Ministerio de Hacienda, de otras reparticiones públicas y de los mismos señores Senadores es para tener un mejor despacho de la Ley de Presupuestos.
Es para entender qué estamos discutiendo y cuál es el propósito de muchas de las indicaciones, que son un número significativo. En definitiva, es para tener un mejor debate y un mejor despacho de la Ley de Presupuestos.
Entiendo que haya temas paralelos que generan incomodidades, pero les pediría a las señoras y los señores Senadores que tratáramos de hacer el esfuerzo de dejar eso de lado, buscar otros mecanismos de entendimiento y autorizar el ingreso de los asesores.
Señor Presidente, yo entiendo que un Senador esté en todo su derecho de impedir que alguien entre al Hemiciclo. Cada uno tiene sus motivaciones. Pero yo apelo al colega Navarro en el siguiente sentido.
En la Comisión de Medio Ambiente hemos tenido fair play con Su Señoría, quien pidió discutir más de 150 indicaciones suyas. Está en su derecho. Pero un día que no asistió, por razones laborales, nosotros podríamos haberlas votado y dejado fuera.
Por eso, yo apelo al Senador Navarro -por su intermedio, señor Presidente- a que tenga la misma actitud de fair play que hemos tenido con él en la Comisión de Medio Ambiente.
Bueno, después de todas las argumentaciones que se han efectuado, me gustaría saber si se da el acuerdo para que puedan ingresar a la Sala los señores asesores.
¿Cuáles, señor Presidente?
El Director de Presupuestos, la asesora Macarena Lobos, el asesor Enrique Paris...
¡Los sectorialistas!
Los sectorialistas de los Ministerios.
La idea es que podamos entender exactamente el sentido de las decisiones que tomó el Ejecutivo en la Ley de Presupuestos.
No hay acuerdo, señor Presidente.
Bueno, ya se han dado todos los argumentos, que sobran en cuanto a la importancia de contar con la presencia de asesores.
Entiendo que el ingreso a la Sala no es un asunto de mayoría, sino de unanimidad. Así que se trabajará con esa premisa y, en todo caso, se aplicará el Reglamento como corresponde.
Es una consulta, señor Presidente : ¿cuál es el horario para la entrega de las indicaciones a las restantes partidas? Entiendo que para la de Educación habría plazo hasta mañana.
Salvo para las Partidas Presidencia de la República , Congreso Nacional, Poder Judicial y Contraloría, cuyo plazo venció a las 9:30, el plazo para el resto es el mediodía de hoy, salvo Educación, que vence a las 12 de mañana y que será vista casi hacia el final del despacho de la Ley de Presupuestos.
Hoy se sesiona de 10 a 14 horas y luego de 15:30 a 22 horas, y mañana, desde las 10 hasta el total despacho del proyecto.
En consecuencia, partimos con la primera Partida.
Es la Partida 01 Presidencia de la República, a la cual se le han presentado varias indicaciones.
Voy a leer solo los números, para después pasar al detalle de cada una de ellas, en el orden de la partida. Son las números 31, 35, 34, 33, 30, 32, 29 y 1.
La primera es la N° 31, del Senador señor Navarro , para agregar, en el Capítulo 01, Programa 01, un literal nuevo asociado a la Glosa 02 del Subtítulo 21, del siguiente tenor: "Informará semestralmente, 30 días después de terminado el semestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, acerca de los gastos realizados con cargo a estos recursos en el pago de remuneraciones de personal, identificando la totalidad de los trabajadores y la calidad jurídica de las contrataciones".
Señor Presidente, ¿es posible que nos entreguen el legajo de indicaciones? Porque no lo tenemos.
¿No está al interior de la partida? Porque a mí me la entregaron así.
Es que ni siquiera tenemos la partida.
Hay que retirarla del mesón.
Señor Presidente , la indicación tiene por objetivo conocer de manera exacta el tipo de contratación. Se pide este dato porque en cada proyecto de Ley de Presupuestos hemos insistido en que, si bien existe una norma administrativa que permite la contratación de hasta un 20 por ciento de trabajadores a honorarios o a contrata -el 80 por ciento debe ser de planta-, en muchas reparticiones ocurre a la inversa: el 80 por ciento se halla a contrata o a honorarios y el 20 por ciento está de planta.
Entonces, la única manera de conocer si el Estado está llevando a cabo políticas para superar esta anomalía administrativa es que haya información sobre la calidad jurídica de las contrataciones, ministerio por ministerio, servicio por servicio.
En ocasiones anteriores tal disposición ha sido alterada por la Ley de Presupuestos: se ha revocado por un año, permitiéndose que los servicios contraten de manera indiscriminada personal a honorarios o a contrata para cumplir labores permanentes.
Lo anterior altera la función del Estado, porque hay empleados que llevan 10, 15, 20 o 25 años desempeñándose en cualquiera de esas dos calidades, con detrimento de sus derechos fundamentales.
Por lo tanto, la indicación solicita información que sirva para tener una radiografía de todo el Estado y saber exactamente cuántos funcionarios tiene y en qué calidad, independiente de que en la Ley de Presupuestos exista una norma que lo autorice para contratar a honorarios o a contrata más allá del 20 por ciento.
Señor Presidente , entiendo que el Senador Navarro se está refiriendo a la indicación 29 y siguientes.
Estamos en la número 31.
Efectivamente, señor Senador.
Yo coincido con mi colega en cuanto a que se requiere terminar con la precarización del trabajo en el sector público. Y de hecho hay un compromiso de cumplir el 80/20: 80 por ciento de trabajadores de planta y 20 por ciento de trabajadores a contrata.
Es un tema que han levantado las asociaciones de empleados a honorarios de distintos ministerios y servicios. Es evidente que se necesita acabar con la precarización del trabajo en el sector público, fundamentalmente en lo que dice relación con el no pago de horas extraordinarias a los funcionarios que se hallan en tal condición. También está el tema de la ausencia de responsabilidad administrativa de estos últimos.
Para eso, sin embargo, resulta necesario saber cuántos son los trabajadores del sector público precarizados.
El Estado es el peor empleador de Chile. Y para empezar a resolver este problema -cuestión que está haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Salud mediante un protocolo de acuerdo con todas las asociaciones gremiales, a fin de buscar, en el tiempo, el traspaso de sus trabajadores a contrata o a honorarios a las plantas respectivas- también solicito que la información sea entregada a la brevedad, con el objeto de tener un diagnóstico claro sobre la condición de los funcionarios del sector público. He dicho.
Me ha pedido la palabra el señor Ministro de Hacienda.
Respecto de la indicación en debate, quiero hacer presente que cada servicio entrega la información solicitada, aunque con cierto rezago. Hoy, la directriz es que cada ministerio y cada servicio debe publicarla, ciertamente a nivel de gobierno central. Otra cosa es lo que sucede en entidades descentralizadas.
Por lo tanto, uno podría juntar esa información y enviarla, pero me gustaría que el plazo para ello fuera más amplio: al menos 60 días.
En una perspectiva más general y a propósito de que se ha argumentado que el Estado es el peor empleador de Chile, me pregunto cuánta gente abandona sus reparticiones si es que es tan mal empleador.
Considero muy injusto tratar así al Estado de Chile. Ciertamente, hay problemas -lo vimos con motivo del reajuste-, pero, por favor, seamos serios y no caricaturicemos al Estado.
Señor Presidente , deseo preguntar por qué partimos por la indicación 31 y no por la número 1, que es lo que a mi parecer correspondería. Y pido la palabra sobre esta última.
Se la voy a dar cuando veamos esa indicación, señor Senador.
Tiene la palabra a continuación el Honorable señor Coloma.
Señor Presidente , quiero formular dos sugerencias.
Entiendo que la idea del Senador Navarro, que se ha aplicado otras veces -no es una indicación excluyente...
¿Qué le pasa, señor Presidente?
¿Y su chaqueta, señor Senador?
¡El Presupuesto es extenso...!
¡Le vino un vahído...!
Bueno, como le decía, quiero hacer dos sugerencias.
En primer término, el Ministro de Hacienda señala que la información está disponible pero que se requeriría mayor plazo para su entrega después del semestre respectivo, lo cual parece razonable. Si en vez de 30 se establecieran 60 días, no se generaría un problema dramático e igual se cumpliría el objetivo planteado.
Sin embargo, esto no tiene que ver, como dijo un Honorable colega, con el límite del 80/20, sino con contar con cierta información, a los efectos de evaluarla. Así lo entiendo.
Ahora, por mi experiencia, me imagino que el Senador Navarro ha presentado la misma indicación varias veces, a propósito de cada Ministerio. Si fuera así, yo propondría dar por aprobadas todas aquellas que sean equivalentes, ampliando los 30 días a 60. Por lo que le entendí al señor Ministro , creo que ese sería un plazo más razonable.
De esa manera, podríamos despachar la indicación número 31, así como todas las que se repitan en las distintas partidas, señor Presidente.
Muchas gracias por su sugerencia, Su Señoría.
Señor Presidente , el Ministro de Hacienda , presente en la Sala y a quien saludo, señaló que es una falacia sostener que el Estado es el peor empleador, como lo hicieron algunos Senadores. Yo respeto su opinión, pero quiero reafirmar los dichos del colega Chahuán.
Considero que el Estado es un muy buen empleador para los operadores políticos que están engrosando las filas de varios Ministerios y Subsecretarías. En muchas de estas, de hecho, se ha despedido a varios en el último tiempo. Y eso no es un misterio para nadie, sobre todo ahora, cuando las arcas fiscales están más vacías producto del mal manejo económico de este Gobierno.
Por esa razón, nosotros estamos velando por los funcionarios a honorarios históricos, que han sobrevivido a todos los gobiernos, que no son operadores políticos, que están en funciones públicas por su mérito y que no desdeñan trabajar para el Estado. Pero ellos trabajan para el Estado, no para el gobierno de turno. Creo que ahí corresponder hacer una franca distinción.
Y, en esa línea, por supuesto que el Estado aparece como un mal empleador. Sin embargo, el señor Ministro no tiene que tomarlo como una apología en contra de su gobierno solamente, sino como una crítica al Estado en su conjunto, que es más que el actual Gobierno, al cual él representa. Y, efectivamente, el Estado es un mal empleador, porque tiene miles de funcionarios a honorarios y miles de personas a contrata, las que, cada vez que se acerca el fin de año, comienzan con la angustia de saber si sus contratos van a ser renovados o no. Y qué decir de las mujeres, que cuando están embarazadas ignoran si podrán ejercer su derecho al posnatal extendido que aprobamos durante el Gobierno del Presidente Piñera.
Y no solo en lo relativo a lo expresado por el Senador Chahuán en cuanto a la aplicación del Estatuto Administrativo, sino también en muchas otras cosas, como el pago de horas extraordinarias, es en donde se observa una franca discriminación hacia los funcionarios contratados a honorarios.
A eso es a lo que muchos de nosotros estamos apuntando. Y en esa línea respaldo absolutamente lo planteado por el Senador Alejandro Navarro. Creo que es muy importante tener la información.
Y quiero concluir con lo siguiente, para la gente que está viendo esta sesión.
Quiero decir, una vez más, que constitucionalmente este Congreso Nacional no tiene ninguna posibilidad de cambiar el estatus jurídico o laboral de los funcionarios públicos, porque no tenemos potestad constitucional para trasladar estas plantas, salvo que lo haga el Gobierno de turno, a través de indicaciones sustitutivas o mensajes.
¡Nosotros no lo podemos hacer!
Desde ese punto de vista, es muy importante, una vez más, que la gente sepa a través de la discusión de esta iniciativa de Ley de Presupuestos (que es informativa para las personas), más allá de sus opciones políticas, que lo que estamos haciendo es discutir las Partidas del Presupuesto.
Y por eso el Senador Navarro pide información. Porque muchos quisiéramos cambiar el estatus jurídico y laboral de quienes trabajan para el Estado, que las personas a honorarios fueran contratadas, que se respetaran en plenitud sus derechos laborales. Pero ello no depende del Congreso Nacional. ¡No depende de los Senadores y las Senadoras! Depende del Ejecutivo, del Gobierno que conduce el país en este momento y del Gobierno de turno. Es decir, es responsabilidad del Estado.
Quiero relevarlo a fin de sentar el punto al inicio de la discusión de la iniciativa de Ley de Presupuestos.
Apoyo la indicación del Senador señor Navarro para recabar la información de que se trata.
Señor Presidente, quiero hacer un llamado a mis colegas -lo digo con respeto- a ser más responsables en sus dichos.
Tenemos cerca de un millón de personas, ¡un millón!, que son, directa o indirectamente, trabajadores del Estado.
Unos 700 mil pertenecen al sector central; los profesores son aproximadamente 140 mil; en las empresas públicas, cual más cual menos, habrá otros cien mil.
Probablemente uno de cada cinco, o uno de cada cuatro trabajadores de la fuerza laboral en Chile está vinculado al Estado. Y, efectivamente, a muchas personas les gustaría trabajar para el Gobierno o para el Estado, por la precariedad del empleo en el sector privado.
Y estoy haciendo una alusión a quienes nos acompañan en las tribunas, que representan a más de 40 mil mujeres que trabajan para empresas contratadas por la JUNAEB, vinculadas a los programas de alimentación escolar, el PAE.
Entonces, no considero del todo precisa esa frase tan ligera de que el Estado es el peor empleador. Porque -como señaló el señor Ministro - es cierto que no hay gente arrancando de las pegas del sector público. A mi juicio, la frase de la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra rebaja el nivel de la discusión, que es un poquito más serio, al plantear que el problema son las personas contratadas como -entre comillas- "operadores políticos".
El Senador Navarro ha pedido información. Me parece bien. Pero también me gustaría, señor Presidente , que se abriera el debate, pues tuvimos un paro encabezado por la Mesa del Sector Público, que tuvo repercusiones en el país y que evidentemente demostró que la forma de pago y de reajuste a los sueldos de los funcionarios de este sector debería ser modificada.
Y, por su intermedio, señor Presidente, le pido al Ministro de Hacienda que nos señale lo siguiente.
1) Cómo se va a abordar ese debate.
2) Qué posibilidades existen de hacer estudios reales para que todos los trabajadores que hoy están a honorarios en el sector público pasen a estar a contrata.
Aquí hay una discusión que, a mi juicio, es necesario abordar.
La forma de pago no determina la relación laboral. La gente a la que se le pagan honorarios, que es propio del Código de Comercio, no tiene relaciones laborales de subordinación y dependencia, como muchos trabajadores que marcan tarjeta, que tienen jefaturas, que están sujetos a horarios. Y lo que corresponde es que estos no se encuentren a honorarios, sino adscritos -si no van a estar en la planta- al Código del Trabajo.
Todos los tribunales laborales han fallado en esa dirección.
Considero que nos haría muy bien generar un proceso de sinceramiento, por cuanto la situación actual no es ideal. Se ha evolucionado en esta dirección. Y uno podrá preguntarse por qué. Creo que la respuesta es un poco más compleja de lo aquí señalado.
El desarrollo de los programas públicos a través de las plantas de los municipios explica en parte el crecimiento de los honorarios. También tiene que ver con la estrechez de las plantas de ciertos servicios que han cambiado en su naturaleza y en su desarrollo.
Por eso, sería muy positivo evaluar cómo traspasar al Código del Trabajo a quienes están a honorarios, por lo menos para que nadie ponga en discusión sus derechos sociales, el pago de imposiciones, el derecho a vacaciones.
Pero también es necesario sincerar el tipo de cumplimiento de deberes, porque la ambigüedad no es buena. Y no es evidente que ningún sector político esté pensando en que todo el mundo pase a la planta en el sector público, porque ahí hay un debate sobre la modernización del Estado.
Por ende, junto con respaldar todas las propuestas del Senador señor Navarro respecto a solicitudes de información (con el ajuste del plazo propuesto), solicito que ello sea complementado con una indicación del Ejecutivo sobre cómo estudiar más globalmente el modelo de relaciones laborales de un segmento muy amplio de personas que probablemente deberíamos traspasar, en primer término, al Código del Trabajo, y en qué plazo lo podemos concretar.
Señor Presidente , primero, deseo respaldar la indicación del Senador señor Navarro. Además, concuerdo en que no habría problema en el plazo de los 60 días que ha señalado el Ministro para trasparentar toda esta información.
Sin embargo, no puedo abstraerme del debate que aquí se ha dado con respecto a la situación laboral de las funcionarias y los funcionarios del sector público.
El Senador que me antecedió en el uso de la palabra y el señor Ministro han señalado que el Estado no ha incumplido las obligaciones laborales, que ha dado estabilidad, y se han esgrimido otros argumentos en este debate. Esto, en respuesta a que un Senador y una Senadora han manifestado que el Estado, efectivamente, es un mal empleador, lo cual comparto absolutamente.
Explíqueme, Senador Letelier -por su intermedio, señor Presidente -, si usted justifica que personas con más de 20 años en la función pública sigan laborando en condiciones absolutamente inestables. ¡Explíqueselo usted a los trabajadores!
El Estado ha sido muy mal empleador. Ha dado absoluta inestabilidad a aquellas funcionarias y funcionarios que llevan 15, 20 años trabajando a contrata, a honorarios. Y, en tales condiciones, lo que se está pidiendo es trasparentar toda la información.
Cuando señalamos que el Estado es un muy mal empleador, es porque incumple. Le exige al privado lo que el Estado no es capaz de cumplir. Esa es la situación.
Entonces, si vamos a empezar a nivelar hacia abajo, la verdad es que esta situación no resiste más análisis. ¡Fíjense que la Inspección del Trabajo fiscaliza solo a los privados y no al sector público! Y aquí nosotros hemos propuesto insistentemente que exista una inspección del trabajo con el mismo rango que la Contraloría, para que tenga libertad y autonomía para fiscalizar la función pública.
Repito: la función pública no es fiscalizada. Sí la de los privados. ¿Saben qué? Aquí, por años, ¡por años!, hemos hecho un debate que no ha permitido que el Estado reconozca a las funcionarias y los funcionarios que mantiene en una situación de absoluta inestabilidad.
Les guste o no, el Estado es un muy mal empleador. Y deseamos que sea todo lo contrario.
Estamos solicitando que se transparente la información, y que los funcionarios y las funcionarias, hayan entrado o no por cuoteo político o por lo que sea, tengan la posibilidad de perfeccionarse, de proyectarse, de contar con estabilidad laboral. ¡Mire, señor Presidente , lo que estamos pidiendo!
¡Aquí se está defendiendo lo indefendible! El Ministro se siente tocado cuando se le señala esto. Y la Senadora Lily Pérez ha dicho, con mucha razón, que este no es un problema del Gobierno de turno, sino del Estado, porque trasciende lo planteado.
El Estado ha ampliado sus plantas y no ha cumplido con la norma de 80-20. Y está lejos de cumplirla, tal cual lo ha dicho el Senador Navarro.
Entonces, no solo comparto lo señalado por el Senador Chahuán, sino que quiero agregar que tenemos el deber de insistir en que esta situación en algún momento se transparente; en que en algún momento exista una fiscalización de la función pública por la Inspección del Trabajo que vaya bastante más allá de la que hoy día realiza en cuanto al sector privado.
Señor Presidente , me sumo a quienes están abogando por la mayor estabilidad de los funcionarios que se encuentran bajo la modalidad del contrato a honorarios.
Ello, como bien se ha expresado, es la precariedad misma. Se trata de trabajadores que no tienen derecho a la previsión; que no tienen derecho a la salud; que no tienen derecho a las vacaciones; que no tienen derecho a enfermarse.
No es lógico ni razonable que el Estado dé ese trato a funcionarios que cumplen labores permanentes -no estoy hablando de tareas esporádicas-, y los mantenga (como bien me acotan los Senadores Prokurica , Bianchi y Lily Pérez ) años de años en la misma situación.
Corregir eso, naturalmente, es de la mayor justicia.
Pero no solo pensemos en los funcionarios del Gobierno Central, que se ven afectados por esta Ley de Presupuestos del Sector Público. Porque, ¿cuántos miles de funcionarios a honorarios hay en las municipalidades? ¿Cuánto tiempo llevamos pidiendo que también se implemente un programa que permita regularizar su situación?
El daño previsional que hay ahí es gigantesco. ¿Cómo van a jubilar personas que ya llevan 20 o 25 años trabajando a honorarios? Resulta imposible pues, entre otras cosas, por su nivel de renta no es factible pensar que cada una haya ahorrado como trabajador independiente.
Eso es francamente dramático.
Y quiero recordar -lamento que no se haya dado autorización para que ingresara el Director de Presupuestos- que en algunos de los protocolos que se firmaron para el despacho de la iniciativa de Ley de Presupuestos de hace uno o dos años se acordó que la Dirección de Presupuestos nos tenía que entregar un estudio que se iba a hacer respecto del número de personas a honorarios en los municipios. Y el otro día se nos dijo que ese estudio está listo, pero que no se ha enviado al Congreso.
Entonces, por intermedio del Ministro, pido que se nos haga llegar ese estudio, para saber realmente de cuántos miles de funcionarios estamos hablando. ¿De 30 mil? ¿De 50 mil? Algunos dirigentes de los trabajadores a honorarios de las municipalidades hablan de 100 mil.
Por otro lado, muchos de los programas sociales que impulsa el Gobierno desde el nivel central, y que naturalmente debe materializar en las comunas, se realizan con trabajadores a honorarios que cumplen funciones permanentes. Eso no puede ni debe ocurrir.
Dicho todo lo anterior, señor Presidente, ahora me referiré a la indicación en comento.
Lamento que no esté el Director de Presupuestos -repito-, porque creo que esa indicación no hace nada nuevo. ¡Por favor! El artículo 14 de la actual Ley de Presupuestos -que se replica en el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2017- señala: "La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los informes y documentos que se señalan, en la forma y oportunidades que a continuación se indican:".
"3. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de partidas, capítulos y programas" -ahí está todo el gasto en personal- "estructurado en presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley," -en estas se encuentra la autorización máxima para gastos en honorarios- "dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.".
Señor Presidente , ¿sabe lo que sucede? Llenamos el Presupuesto con Glosas de información, que se pueden consultar. Es cosa de meterse a las páginas web tanto de la Dirección de Presupuestos como de los distintos Ministerios.
Ahora, como hay varias indicaciones iguales a esta, que en mi opinión no agrega nada nuevo, yo pediría que la rechazáramos, porque la información ya se encuentra disponible.
A usted, señor Senador, por su acotación.
Señor Presidente, me alegra que estemos tocando este tema al inicio del debate del proyecto de Ley de Presupuestos para, de una u otra manera, decantarlo, delimitarlo y, en términos serios y responsables, podamos seguir despachando el resto de las Partidas sin caer, a veces, en afirmaciones recurrentes, que no son tan efectivas y que no permiten analizarlas dentro del contexto.
El Senador García tiene razón. Lo más probable es que la información que se solicita ya esté contemplada en la propia Ley de Presupuestos y que sea obligación del Estado entregarla.
Ahora, en cuanto a la indicación en debate, no tengo mayor problema. El punto es que si se repite no tiene sentido.
Lo segundo -respecto de un tema más de fondo- se refiere a lo que es la Administración del Estado, la Administración Pública, el aparato del Estado, la burocracia estatal. Y aquí es donde creo que hay que hacer el debate en serio. Porque entrar a la calificación o descalificación en el sentido de que "el Estado es el peor de los empleadores de Chile" es algo que suena bonito, fuerte, pero uno tiene que preguntarse por qué se produce tal situación en nuestra Administración.
Lo primero es recordar a la gente que cuando hablamos de funcionarios de planta nos referimos a los considerados en la ley de plantas de determinados servicios o ministerios, cuyos cargos son llenados por concurso público, y que tienen estabilidad total y absoluta. Son inamovibles.
Sin embargo, en numerosas oportunidades las leyes están bastante más atrasadas de la necesidad de la Administración del Estado de actuar con métodos modernos, con servicios que van cambiando o modificándose. Y su personal, que seguramente entró hace muchísimos años, se va quedando o atrás, o no se adapta, o no tiene la capacitación o la posibilidad de cumplir funciones que se van creando en el servicio público.
Después viene el personal a contrata, que para efectos prácticos se establece sobre la base de determinados proyectos o programas de carácter permanente, pero que no pueden pasar a la planta por estar completas. Y ahí hay un porcentaje importante de funcionarios.
Ese personal también tiene estabilidad y recibe un trato digno, legalmente consagrado y sin ningún contrapeso.
El trabajo a honorarios. ¿Y esto qué significa? Tal como su nombre lo indica, el destinado al cumplimiento de determinada función por un tiempo establecido. Y en la Administración del Estado se utiliza justamente para tener la flexibilidad de contratar gente competente para el desarrollo de programas específicos, o de asesorías, o de proyectos determinados. Es por esencia un trabajo que se hace por un tiempo.
¿Qué ocurre? Que en numerosas oportunidades en ciertos ámbitos, que pueden ser del Ministerio de Vivienda, de Defensa, de Salud, del Medio Ambiente, se va contratando gente para programas y funciones específicas.
En la práctica, esos trabajadores están a honorarios, y tienen la posibilidad de tener previsión, salud, siempre y cuando, como trabajadores independientes, que prestan servicios de acuerdo a las normas vigentes, hagan su propio ahorro, como seguramente más de algunos de nosotros lo realizamos cuando nos tocó estar en esa situación.
Yo, a lo menos, fui trabajador independiente durante muchos años, y colocaba mis imposiciones y pagaba mi Isapre. Por lo tanto, tenía derecho a previsión y a salud.
De manera que la afirmación categórica, rimbombante, en el sentido de que esas personas están desprotegidas, no es tan así, pues su situación tiene bastante que ver con ellas y con su tipo de contrato.
No hay que olvidar además que los funcionarios a honorarios normalmente ganan más que los funcionarios de planta o a contrata, justamente por estar en esa condición, pues prestan un servicio especial, que requiere experticia. Entonces, no hagamos ese tipo aseveraciones al voleo.
El Senador García ha hecho una afirmación o una consulta que me parece atinada, porque este debate lo hemos tenido en otras oportunidades y el Gobierno se comprometió a ir pasando progresivamente funcionarios a honorarios a la contrata, en la medida en que sus funciones se fueran transformando en estables en el tiempo.
Y para nuestra información, este año han pasado a contrata 4 mil funcionarios que estaban a honorarios. Y el compromiso es que para 2017 sean traspasados 8 mil más. Por tanto, estamos hablando de un proceso progresivo (año por año) de personal a honorarios en funciones permanentes que es pasado a contrata.
Conforme a una estimación aproximada, hay 40 mil trabajadores a honorarios en el sector público. La idea es lograr, año tras año, su traspaso a contrata. Entonces se debe determinar con claridad qué funcionarios desarrollan una función de carácter temporal, dependiendo del tipo de trabajo, de asesoría o de proyecto que realizan, y quiénes podrán ser traspasados a las plantas.
Por lo tanto, pido que en este debate tengamos más rigurosidad en las afirmaciones que se formulan y no caigamos tanto en los eslóganes y en las frases cliché.
Si uno compara los sueldos promedios de los funcionarios del aparato del Estado -ya vimos esto a propósito de la discusión del proyecto sobre reajuste del sector público- versus los del sector privado, observará que en el primer caso llega a 770 mil pesos, mientras que en el segundo no supera los 550 mil.
Ahora, si hablamos de función por función, estableciendo niveles de dirección, de profesionales y todo lo demás, cabe señalar que los funcionarios del Estado, desde hace un tiempo a esta parte -producto de que ha habido reajustes que les han devuelto el poder adquisitivo-, están en mucho mejores condiciones remuneracionales que sus pares del ámbito privado.
En los años 90, 95, 2000 era al revés: el sector privado pagaba mejor. De hecho, numerosos trabajadores del sector público, una vez que recibían capacitación, eran cooptados por empresas privadas.
Pero sucede que ahora los órganos del Estado no se están quedando con los mejores, pues con el criterio que se ha ido aplicando de congelar los sueldos superiores mucha gente del mundo privado ya no se va a ir al sector público, ámbito en el cual los trabajadores deben entregar un servicio de calidad a las personas. Para eso han sido contratados y para eso se los capacita.
Señor Presidente , creo que está claro que la indicación que nos ocupa no agrega nada nuevo; por lo mismo, se puede aprobar. Además, en el Presupuesto se han acogido indicaciones más estrictas que esta, que solicitan información no de forma semestral, sino bimensual o trimestral.
Reitero: aquella no agrega nada nuevo.
El Ejecutivo solo ha planteado cambiar "30 días" por "60 días".
Lo único que hace esta indicación es ordenar la información de otra manera.
Por eso me parece bien lo propuesto por el señor Coloma: que aprobemos en conjunto todas las indicaciones del mismo tenor y evitemos darle vueltas al asunto. En el fondo, todos estamos de acuerdo.
Por ejemplo, en el Gobierno pasado yo formulé indicaciones para saber cuánto se gastaba en los asesores del Ministerio de Educación. Quería ver el monto de esos sueldos: era entre 5 millones y 5 millones 800 mil pesos, en promedio. Acabo de solicitar lo mismo ahora, y me informan que el promedio bajó bastante: entre 3 millones y 3 millones y medio de pesos. Con todo, las condiciones de trabajo siguen siendo buenas.
Por otro lado, comparto la reflexión que han manifestado varios Senadores sobre los funcionarios públicos. Hay diversidad de condiciones contractuales y de trabajo. En mi opinión, lo expresado por el Senador García acerca de la situación del personal a honorarios es muy inaceptable. No corresponde que carezcan de protección en salud y en previsión.
Deberíamos buscar mecanismos para resolver ese problema.
Tal como señaló el mismo colega, existen las funciones permanentes y las ocasionales transitorias. Sin embargo, estas últimas igual debieran contar con cierto estatus laboral. Hay que modificar esa realidad porque es injusto que no tenga previsión de salud un funcionario a honorarios, sea de una municipalidad o de cualquier otra dependencia pública.
En verdad, debemos abordar eso.
En cuanto a la expresión de que "el Estado es el peor empleador", cabe señalar que hay gente a la que le encanta decir cosas extremas. Esta oración es muy propia del Senador Bianchi: siempre la manifiesta. Pero yo le preguntaría al colega cuánta gente quiere entrar a trabajar al Estado. Entonces, el problema es cómo buscamos mejorar las condiciones de trabajo en el aparato estatal más que decir: "Pucha, esto es lo peor".
A algunos de los que afirman eso se les olvida que son partidarios de la flexibilidad laboral, que quieren la inestabilidad en todo el proceso, en todas partes, en toda la economía.
También se les olvida lo que establecía el artículo 22 del Estatuto Administrativo el año 90, que permitía echar a cualquier trabajador del Estado cuando se quisiera, sin importar la situación en que se encontrara.
Ha costado reconstruir un Estado.
Señor Presidente , podríamos llegar a coincidir en que necesitamos un Estado mejor, de calidad, emprendedor, con iniciativa tanto en su organización como en sus equipos y orientaciones. Pero el aspecto político no puede dejar de estar presente. Descalificar a la gente por su opción política y hablar de "operador", en verdad, implica desconocer la calidad de muchos funcionarios públicos, quienes sí pueden adscribir a alguna tienda política.
Eso lo valoro profundamente y, a mi juicio, hay que respetarlo.
El problema es que se han congelado las plantas. Ha crecido el producto nacional y el Estado sigue con cierto tamaño.
Además, nos hemos engañado en una cosa: una serie de funciones públicas hoy día no las cumple el sector público, como son los OTEC, las ATE, las EGIS y muchas de las subcontrataciones. Estas constituyen realmente formas de trabajo precarias e inestables. Se trata de entidades que están fuera del Estado. Y terminan saliendo más caras, porque hay que controlarlas, y ahí surgen problemas.
Es necesario repensar todo eso.
Discutimos mucho ese punto con Rodrigo Álvarez en otra época. Entonces había coincidencia en la necesidad de replantearse dicha materia.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional siempre dijo: "No puede crecer la cantidad de funcionarios públicos". Ello ha llevado a congelar las plantas, pero la decisión de aumentarlas debiera tomarse en función del crecimiento del producto y de la naturaleza de las funciones públicas.
Al respecto, me parecería muy importante que Libertad y Desarrollo viera todos los informes hacia atrás cada vez que un funcionario ingresa a planta. Siempre se hace un alegato sosteniendo que esto se está descuadrando. Sin embargo, se precisa pensar el tamaño del Estado de acuerdo al carácter de las funciones.
Como se ve, acá no hay un solo problema.
El que haya condiciones favorables de trabajo es una opción global. Necesitamos un Estado de calidad, funcionarios de calidad y una organización consistente.
En consecuencia, me parece bien que se haya generado esta discusión al principio, y estoy de acuerdo en la propuesta de un colega, en orden a aprobar la indicación que nos ocupa y todas las otras del mismo tenor, cambiando "30 días" por "60 días", como lo pidió el Ejecutivo. Así, no volveremos a debatir de nuevo esta materia.
Señor Presidente , coincido con que la indicación Nº 31 no innova en nada. Da lo mismo si se aprueba o no, por cuanto ya está consignada la obligación de que los ministerios y los servicios públicos entreguen la información respectiva, incluso en menos plazo que el propuesto en aquella.
Reitero: da lo mismo.
Mi intervención está motivada por el debate que se ha generado con relación a los trabajadores a honorarios y a la calidad de empleador que es el Estado.
En verdad, si comparamos la situación con el empresario privado, notaremos diferencias: a este no le permitimos que tenga personal a honorarios más allá de tres meses. Si excede ese plazo, la Inspección del Trabajo lo multa y le señala la obligación de pasar a esa persona a un contrato permanente.
Pero con el Estado no ocurre los mismo, porque ¿quién lo fiscaliza? Eso hace que haya contratos a honorarios en el ámbito público que duran más de veinte años.
No es cierto que tengan inestabilidad laboral quienes están en esa situación: ¡con más de veinte años en esa calidad no existe tal inestabilidad! Eso sí, los funcionarios tienen inseguridad respecto de la renovación de su contrato. Esto significa quedar en condiciones precarias. Todo trabajador, sea del Estado o del sector privado, requiere contar con certeza en cuanto a su vida laboral.
En consecuencia, de lo que estamos hablando acá es de cómo el Estado garantiza que va a cumplir con el personal propio lo mismo que se exige al sector privado, sea en materia de programas permanentes o en funciones transitorias que se convierten en permanentes. Porque la excusa siempre es la misma: se contratar a un trabajador en un programa específico -es el caso del INDAP, de los municipios- por tres meses, por seis meses o hasta por un año, y después se lo llama a firmar otro contrato. Y así transcurren los veinte años.
Por lo tanto, aquí se requiere hacer un sinceramiento de la situación. Sin embargo, ello tiene que ver con el tipo de Estado que estamos diseñando.
La Derecha siempre ha planteado la necesidad de un Estado más pequeño y que sea el mercado el que resuelva los temas. Ahí radica la gran diferencia con nosotros, quienes somos partidarios de un Estado, no grande ni pequeño, sino con el tamaño que merece la sociedad.
Hoy día nuestro Estado es limitado, subdimensionado, en función de las necesidades, las demandas y los requerimientos de la población.
Entonces, como las plantas son extremadamente pequeñas, se obliga a los organismos estatales a darse una vuelta e inventar este tipo de contratos y programas.
Por eso se emplea a personas a honorarios, con una modalidad contractual que resulta precaria, más todavía cuando el Estado elude la responsabilidad de hacer cumplir los derechos laborales al licitar a un tercero la ejecución de labores públicas, cuestión que vimos ayer a propósito de la situación de las manipuladoras de alimentos. En realidad, el Estado debería contratarlas directamente, pero no lo hace porque él o los Gobiernos no han tenido la capacidad de sincerar la relación con sus trabajadores y con el cumplimiento de funciones que son indispensables, como la de educación.
¡O alguien me va a decir que la alimentación de los niños no es parte también de su aprendizaje...
... o del proceso educativo!
Ello se vincula con nuestra mirada respecto de la función del Estado.
Alguien dirá: "¿Y el tamaño del Estado?". No. Eso nada tiene que ver con el tamaño, sino con cómo dotamos a los organismos públicos de los recursos humanos necesarios e indispensables para cumplir bien sus funciones. Los que están contratados deben contar con contratos dignos y seguros, y con acceso a la previsión y a la salud.
Ese es el debate que se requiere efectuar en este proyecto de Ley de Presupuestos.
Yo me alegro de que el Ministro esté cumpliendo el compromiso que asumió, particularmente, con los gremios y con este Congreso, en orden a traspasar a contrata al personal a honorarios.
Pero lo que deberíamos hacer es aumentar las plantas. ¡Aumentar las plantas!
Para ello, hay que definir cuántos trabajadores precisa el Estado para cumplir su labor.
Por lo tanto, señor Presidente, urge sincerar el modo en que el Estado trata a sus trabajadores y a sus ciudadanos, y proveer los recursos humanos en cada uno de los servicios públicos.
La indicación que presentó el Senador Navarro en esta materia me parece pertinente. El problema es que la misma situación se presenta en varios ítems.
Creo que en el proyecto de Ley de Presupuestos, sobre todo cuando se fundamentan las asignaciones, se debe contemplar una evaluación adecuada y necesaria de los programas que se financian, norma que sería útil para discutir con más antecedentes a la vista. De lo contrario, este asunto se podría repetir al infinito en muchas partidas y programas.
No sé si un artículo resolvería el punto o, de frentón, un criterio que estableciera la obligación del Ministerio de Hacienda o de la Dirección de Presupuestos de informar al Congreso con regularidad acerca del avance de las partidas presupuestarias claves.
La evaluación del avance de las inversiones públicas ayudaría a transparentar más el ejercicio y la ejecución de los presupuestos.
Eso sería saludable. Me parece que podría ser una contribución.
Señor Presidente , brevemente, quiero decir, con mucho respeto y altura de mira, que no puedo explicarme cómo perdemos tanto tiempo hablando de cosas que ayer ya discutimos.
Y, ¡claro!, lo entiendo porque, al final, en el Hemiciclo quedamos cuatro o cinco Senadores.
En efecto, ayer planteamos que la negociación para el reajuste de remuneraciones de los funcionarios públicos nos había dejado una lección, la cual deberemos encarar entre todos para que, de una vez por todas, terminemos con las situaciones de las que estamos hablando: con lo relativo al personal a honorarios y a contrata, con la falta de previsión, con la tercerización, con los abusos laborales, como los que han sufrido las manipuladoras de alimentos, cuyas dirigentas están en las tribunas.
Esto lo señalamos ayer. ¡Y seguimos repitiendo lo mismo! ¡Llevamos una hora y media en esto!
Entonces, si no nos ponemos de acuerdo y hablamos en serio sobre la necesidad de introducir, de una buena vez, una modernización y una reforma del Estado, ¡vamos a seguir discutiendo lo mismo todos los años!
Por eso llamo -con mucho respeto lo digo- a que avancemos en el proyecto de Ley de Presupuestos y hagamos intervenciones serias y no para la galería.
Ruego abstenerse de aplaudir a quienes nos acompañan en las tribunas. En realidad, no está permitido ningún tipo de manifestación.
Mantenerse en silencio facilita el diálogo y hace todo más expedito.
Agradecemos, por cierto, la presencia de ustedes en esta discusión.
Señor Presidente, mi rol fundamental es conducir desde la testera, pero, dado que se está analizando un asunto tremendamente delicado, he decidido intervenir como Senador.
Cuando uno está en la Mesa, debe mantener una posición de ecuanimidad y tratar de no dar muchas opiniones propias para dirigir bien la Sala del Senado. Aunque ahora hable desde mi escaño, trataré de mantener ese criterio.
Pero hago presente que uno también se siente violentado a ratos con ciertas expresiones que se han usado. Se habla de "operadores políticos"; se habla de que "el Estado es el peor empleador".
Ante ello, al igual que otros, llamo a mirar un poquito desde una perspectiva más larga.
¿Cómo era el Presupuesto de Chile el año 1990 y cómo es en 2016?
¿Cuánto ha crecido la economía nacional?
¿Cuánto más ricos o menos pobres somos?
¿Cuánta más plata maneja el Estado de Chile para enfrentar su carga laboral a través de los recursos humanos disponibles?
La verdad es que el Presupuesto de ahora comparado con el del año 90 es cuatro o cinco veces más grande. No tengo la cifra exacta, pero sí sé que el número de funcionarios públicos de planta es prácticamente el mismo en 25 años.
¡En 25 años las plantas del personal son casi las mismas y los recursos que administra el Estado son infinitamente mayores!
En 1990 no había AUGE; en 1990 no había viviendas sociales; en 1990 no había pensión básica solidaria; en 1990 no había el copago que tenemos ahora; ¡en 1990 no había, no había, no había, no había!
Y hoy existen más recursos para administrar.
¿Qué hizo el Estado, entonces? En vez de aumentar las plantas, incrementó el personal a contrata, con todas sus características. Y hubo un exacerbamiento de los contratos a honorarios. ¡Eso es real!
Dicha materia se ha venido marcando en este Congreso. De hecho, ha habido un esfuerzo paulatino, gradual -a mi juicio, no suficientemente rápido- para resolver la situación.
El año pasado efectuamos esta misma discusión no aquí, sino en la Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos respectiva. Me acuerdo perfectamente que la sesión se realizó en la Biblioteca del Congreso. En esa oportunidad se planteó el cronograma que se aplicaría respecto de los traspasos de personal: de contrata a la planta y de honorarios a contrata.
¡Pero de ahí a decir que "el Estado es el peor empleador" o que "está lleno de operadores políticos" no corresponde!
Recuerdo que en algún Gobierno anterior en la Quinta Región no había cuoteo político, porque eran todos del mismo color. ¡No había cuoteo político! ¡Eran todos del mismo color, efectivamente!
¿A qué obedecía eso? ¡Saquen sus conclusiones...!
Cuando hablamos sobre esta materia -y no quiero generar un problema-, cabría preguntarse primero cuántos de nuestros funcionarios están a honorarios, cuántos a contrata y cuántos con contrato del trabajo.
Le exigimos al Estado que observe el 80/20. Y decimos: "¡Es injusto, no lo cumple!".
Pero cabe consultar también: ¿cuántos de nosotros tiene personal a honorarios y cuántos con contrato del trabajo?
A partir de la respuesta a esa pregunta, vale pedirle a otro que haga lo que nosotros cumplimos.
En todo caso, no quiero saber cuántos son, y no tengo las cifras. Yo respondo por los míos, y no es fácil. Entonces, diría: "Seamos un poco más genuinos y más justos". Hoy el Estado asume cosas de las cuales antes no se hacía cargo. En materia de educación infantil, por ejemplo, cabe mencionar la situación de las manipuladoras de alimentos, quienes nos acompañan. Ellas cumplen un rol que la JUNAEB no atendía hace 26 años. Hoy día es significativa la cantidad de alimentos que se entrega a los niños a partir del impuesto de todos los chilenos.
¿Cómo comenzó esa labor? De una manera informal.
Y en la actualidad, en forma creciente, hemos ido incorporando más derechos a esas trabajadoras.
¿Qué pasaba en los meses de febrero antes? ¡No tenían contrato, pues!
Gracias a la organización de ellas, obtuvieron más derechos.
¡Sí! Pero el Estado también debe reconocerlo. ¡No puede ser que todo se externalice permanentemente!
De igual modo, para otorgar diversos beneficios, ¿cómo se obtienen las fichas de protección social? A veces se subcontratan empresas para que las apliquen. Yo me pregunto: ¿Con qué criterio se hacen esas fichas? ¿Con qué dedicación se ejecutan? ¿O solo se llenan? ¿Son acordes a la realidad?
¿Ustedes no se topan con ciudadanos que dicen que las fichas a veces no fueron bien llenadas?
Me parece que el Estado crece, gasta más recursos; pero no se adapta en materia de recursos humanos.
Para mí, el mejor dato es -y ojalá el Ministro de Hacienda entregue la cifra exacta- saber cuánto ha crecido el Presupuesto desde el año 90 a la fecha. Conocer cuántas han sido las lucas que el Estado chileno ha destinado a las partidas presupuestarias permitirá hacerse una idea respecto de qué ha pasado con los funcionarios públicos de planta. Imagino que no hay ni una relación. ¡Los fondos asignados se han multiplicado por equis y el número de funcionarios públicos es el mismo!
¿Cómo lo suplimos? Con personal a contrata y a honorarios.
No son ilegales las contratas; no son ilegales los honorarios El problema es tener trabajadores a honorarios que realizan una labor permanente. Ahí se debe hacer un esfuerzo mayor para incorporarlos a la planta. Eso salta a la vista, como dice el Senador Bianchi.
Y cuando se diga que "el Estado es el peor empleador", sugiero que miremos primero cómo somos nosotros como empleadores. Hagamos la exigencia al Estado, a los municipios, a los ministerios, al Presidente de la República y a los intendentes, una vez que nosotros cumplamos, a lo menos, con el 80/20: 80 por ciento de personal con contrato de trabajo y 20 por ciento, a honorarios.
Ojalá estemos todos en regla para poder exigir lo mismo a otros con la fuerza con que hemos intervenido en esta Sala.
Señor Presidente, quiero contestar algunas preguntas formuladas en las intervenciones.
Se planteó la idea de hacer un estudio con respecto a la situación de las municipalidades. La verdad es que ese estudio está listo. Se envió al Congreso ya un par de veces, y he pedido que se mande de nuevo.
Llegó a la Comisión Mixta de Presupuestos, señor Ministro. Está en la Subcomisión respectiva.
Me gustaría usar ese estudio para mostrar un par de números que en mi concepto son interesantes a nivel municipal, dado lo que se ha discutido acá.
En primer lugar, tenemos la foto de fines de 2015 y la de fines de 2010.
Lo que podemos ver allí, primero, es que la dotación total en las municipalidades aumentó más de 50 por ciento entre 2010 y 2015. Se trata de un incremento muy significativo.
Pero quizás lo más interesante es que el número de honorarios aumentó solo 5 por ciento.
Por lo tanto, dentro de un incremento de 50 por ciento del tamaño total, únicamente un 5 por ciento corresponde a honorarios. Solo el 22 por ciento de los trabajadores municipales está en dicha categoría al año 2015.
Eso habla de que, primero, vamos aumentando el tamaño del Estado -como se quería-, pero, segundo, tal ampliación no se ha concentrado en honorarios.
En segundo término, me gustaría mencionar el esfuerzo que se está haciendo por traspasar a contrata a trabajadores que hoy día se encuentran a honorarios.
El Senador Pizarro ya mencionó los números. Este año se produjo una cantidad significativa de nuevos traspasos: ocho mil. Ya se efectuaron cuatro mil el año pasado. Se están haciendo grandes esfuerzos para regularizar esa situación.
En tercer lugar, me gustaría referirme a cuál es el siguiente paso después de la contrata.
El Senador Letelier consultaba si es posible realizar un estudio sobre la materia.
A mí me parece bien hacer un análisis al respecto. Pero tenemos que ponernos de acuerdo hacia dónde vamos con esto, porque tengo la convicción de que necesitamos un cambio bastante más profundo en la estructuración del Estado y en sus relaciones laborales.
¿Por qué al final no suben las plantas, como dijo el Senador Lagos Weber hace un rato? ¿Por qué están casi iguales que en 1990? Porque quienes las integran son inamovibles y los efectos de inamovilidad en términos de incentivos son muy complejos. Por lo tanto, siempre hay una reticencia del Estado a aumentar las plantas.
¿Es suficiente una contrata como un contrato de trabajo? Probablemente no. Pero si el problema es contrata o planta, tenemos dos extremos demasiado fuertes. Y va a llegar el momento -creo que estamos cada vez más cerca- en que la discusión sea madura para repensar esas estructuras.
Pienso que eso no va a ser un trabajo de este Gobierno, pues se trata de una labor de mucho más mediano plazo.
Lo que ocurrió en la tramitación del proyecto de reajuste de remuneraciones del sector público muestra muy bien que tenemos una estructura ciertamente perfectible en muchas dimensiones.
Con relación al trabajo específico que mencionó el Senador Letelier, me gustaría enmarcarlo y pedirlo como una de las funciones que deberá abordar la Comisión que acordamos crear durante la tramitación del reajuste.
Necesitamos más datos. No es posible que durante el análisis del proyecto de reajuste los diarios dijeran que el sector público ganaba equis y una fundación, muy reputada, la mitad de equis.
Datos básicos que nos indiquen dónde están las cosas son el primer peldaño para construir ese diagnóstico. Por tanto, enmarcaría ese estudio dentro de los trabajos que tendrá que asumir dicha Comisión.
Consulto a la Sala si habría acuerdo para modificar el plazo que establece la indicación, de 30 a 60 días.
Y para todos los organismos.
Exacto. Para todas las reparticiones, señor Presidente.
Entonces, si le parece a la Sala, se aprobará la indicación número 31, con la enmienda propuesta en cuanto al aumento del plazo a 60 días, y se procederá en los mismos términos respecto de todas aquellas indicaciones que sean iguales en las distintas Partidas.
La siguiente indicación es la número 35, del Senador señor Navarro , y recae en el Capítulo 01, Programa 01, para agregar una nueva glosa, asociada al Subtítulo 22, del siguiente tenor: "Con todo, estos recursos no serán destinados a la adquisición de licores, vinos, cervezas y otros similares y, asimismo, a desayunos, almuerzos o cenas al interior de la Contraloría General de la República, salvo aquellas que sean necesarias para cumplir funciones protocolares o diplomáticas.".
--Se declara inadmisible la indicación Nº 35.
La siguiente indicación es la número 36, también del Senador señor Navarro , recaída sobre el Capítulo 01, Programa 01, para agregar una nueva glosa, asociada al Subtítulo 22, del siguiente tenor: "Con todo, estos recursos no serán destinados a la adquisición de celulares para funcionarios que tengan cargos desde Director o Jefe de Servicios hacia arriba en la EUS, como asimismo, al arriendo de bienes raíces para estacionamientos de vehículos particulares de funcionarios de la Contraloría General de la República.".
Esta indicación también es inadmisible.
--Se declara inadmisible la indicación Nº 36.
Señor Presidente , ¿me permite exponer un punto de reglamento?
Señor Presidente, sugiero que la Mesa revise qué indicaciones son inadmisibles, porque una cantidad importante de ellas lo son.
Entonces, lo mejor sería agruparlas para no retrasar la discusión de otras indicaciones.
Por ello, le pido a la Mesa que defina cuáles son inadmisibles para declararlas en tal calidad y no tener que revisarlas una a una.
¿Habría acuerdo de la Sala para buscar un procedimiento más ejecutivo?
Al menos hay que leer las indicaciones, señor Presidente.
No estamos obligados a leerlas todas, señor Senador. A lo más podríamos señalar el autor y el número.
¿Habría acuerdo en la Sala para proceder de esa manera?
Señor Presidente, difiero de usted.
No veo cómo es posible que la Sala vote una indicación que va a convertirse en ley de la república sin la lectura del texto respectivo.
Eso no ha ocurrido jamás en el trámite de un proyecto de ley, menos aún cuando existen diferencias. Solo se ha hecho por unanimidad.
Hemos cometido suficientes errores por la premura, por la omisión.
Por lo tanto, señor Presidente , si usted quiere declarar inadmisibles las indicaciones, al menos el señor Secretario tiene que darles lectura.
En muchos casos no voy a hacer objeción de la inadmisibilidad, pese a que podríamos entrar a debatir cada una de ellas.
Sin embargo, respecto de otras sí lo voy a hacer, porque vale la pena sentar el precedente acerca de las escasas atribuciones de que dispone el Senado en un régimen de monarquía presidencial.
La imposibilidad de alterar el Presupuesto, de incidir en él, aun cuando lo votamos y nos hacemos copartícipes de sus resultados, es parte de lo que ha generado un grave daño a la imagen del Parlamento.
Por lo tanto, este es el único mecanismo de que disponemos. Está acorde al Reglamento, y le pido que pueda cumplir con ello, tal como lo hemos hecho en años anteriores. Al igual que el resto de los Senadores, voy a facilitar el debate, como lo hicimos denantes, en que había más de cuarenta indicaciones en torno a la exigencia de transparencia respecto del tipo de contratación jurídica en cada servicio (porque no queremos información sobre el global). Y se efectuó una sola votación y fue posible juntar todas las indicaciones. Así, la indicación fue aprobada para todas las reparticiones, tal como usted lo señaló, señor Presidente. Para ello fue necesario que se leyera la indicación, y lo mismo debería ocurrir en relación con las otras.
Está claro, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica para un punto de reglamento.
Señor Presidente , solicito un poco de cordura sobre esta materia.
Hay indicaciones que se refieren al mismo tema y se repiten.
Yo, por ejemplo, presenté diez indicaciones sobre los gastos reservados. Le pido que haga una sola votación.
Eso es lo que le solicito al Senador Navarro.
Si él presentó indicaciones del mismo tipo para cuatro Partidas, hagamos una sola votación y con eso resolvemos el problema. Además, eso se ha hecho siempre.
Si el Secretario tiene que leer las veinte indicaciones que cada uno ha presentado sobre el mismo tema, considero que es una pérdida de tiempo innecesaria, porque entendemos el criterio.
Vamos a proceder apelando a la buena disposición que han solicitado los Senadores señores Quinteros, Prokurica y varios otros. El propio Senador Navarro ha manifestado su disposición para facilitar el despacho de estas Partidas y de las indicaciones.
Ahora bien, si el autor de la indicación solicita que esta se lea en forma íntegra, está en su derecho.
Pero el criterio de la Mesa es que cuando declaremos inadmisible una indicación vamos a indicar el autor y el número. Ahí el Senador podrá pedir que se le dé lectura. Entiendo así la buena disposición que se ha manifestado.
La siguiente indicación es la número 34, del Senador señor Navarro , formulada al Capítulo 01, Programa 01, para agregar la siguiente glosa nueva, relacionada con el Subtítulo 29, Ítem 06: "Durante el primer trimestre del año 2017, se deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, una copia del protocolo interno de respaldo de información de los computadores. Trimestralmente se deberá informar el cumplimiento de dicho protocolo a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.".
¿Les parece aprobarla sin discusión?
Tiene la palabra el Senador señor García para un asunto de Reglamento.
Señor Presidente , el Senador Navarro todos los años presenta indicaciones bastante similares a esta. No sé cuántas habrá presentado en esta oportunidad.
Me parece bastante lógico lo que está proponiendo. Pero, en lugar de llenarnos de estas glosas, a lo mejor podríamos redactar un artículo que obligue a entregar copia del protocolo interno de respaldo de información de los computadores, porque simplificaríamos bastante el trámite de la ley en proyecto.
En realidad, por su intermedio, señor Presidente, es una consulta para el Senador Navarro.
Señor Presidente , cada año y en cada término de Gobierno, la Administración que asume enfrenta una realidad ineludible: los funcionarios que salen borran todas las memorias de los computadores. Y esto ha ocurrido de manera sistemática, causándole un serio daño a la continuidad de la función pública y una grave afectación a la transparencia.
Esta indicación establece que debe existir un respaldo. La información que está en los computadores de trabajo de cada empleado público, partiendo por el Presidente de la República y hasta el último funcionario, es información pública que pertenece al Estado y no al Gobierno de turno. Por lo tanto, el Ejecutivo saliente tiene el deber legal, moral y ético de dar continuidad a la gestión con ese respaldo.
La situación descrita se da en forma reiterada. Lo denunció la Derecha cuando asumió Piñera , respecto de funcionarios del Gobierno de la Presidenta Bachelet. Y también lo denunció la Nueva Mayoría cuando comenzó la actual Administración.
Por eso es necesario que no se produzca este desbande, en que cada cual se siente con la autoridad de borrar toda la información para causar un daño a quien asume la misma función.
Y yo participo de la idea recién mencionada: hagamos un artículo.
Lo que sucede es que después vienen las acusaciones a los tribunales, a la Fiscalía, pues no existe una norma clara respecto del protocolo, de quién borra, de quién tiene la capacidad de decidir lo que en un computador de un Ministerio o de un servicio debe quedar como parte del trabajo funcionario y que no corresponde a información personal. Está claro que en los computadores de trabajo no puede haber información personal. Y si dicha información está en el computador, alguien debe decidir qué tan personal es.
Yo solo quiero recordar que la derrota de Hillary Clinton en gran parte es atribuible a la denuncia sobre el uso de correos para envío de información de carácter personal.
En Chile esto ha ocurrido y produce un tremendo daño a la credibilidad, a la probidad y a la transparencia.
La disposición es necesaria.
Yo no soy abogado. En esta Sala hay ilustres abogados. Si la norma no está escrita, ¿qué se aplica? ¿Lo consuetudinario? ¿El fair play ? La norma debe estar escrita.
Estamos tramitando el Presupuesto para el 2017, y después habrá cambio de Gobierno. No sabemos de qué signo será la nueva Administración. Yo me la voy a jugar para que sea de un signo progresista, ciudadano. Tenemos que garantizar que para todo lo acumulado en estos cuatro años del Gobierno de la Presidenta Bachelet (lo bueno y lo malo) exista acceso a nivel informático, para corregir los errores y para continuar con todo lo que ha sido asertivo, que es mucho.
Señor Presidente, esta glosa no está incorporada.
El Senador García sugiere hacer un artículo permanente. Quiero recordarle que la Ley de Presupuestos es anual. Hemos discutido durante veintitrés años que la Ley de Presupuestos ha de tener aspectos que no sean anuales: pueden ser bienales, trienales o permanentes.
Esta debiera ser una norma permanente, de obligatoriedad conocida y protocolarmente establecida: ¿Quién es el responsable si se borra información en La Moneda? ¿Quién es el responsable si se elimina información en un Ministerio? ¿El Ministro ? ¿Cuáles son las sanciones que tendrá ese funcionario público por haber permitido, haber omitido, haber ordenado que se borre información?
Entonces, no es un detalle menor, porque el próximo año sí tendremos este debate, vamos a enfrentar lo mismo que sucede en cada cambio de Gobierno.
Por tanto, solicito, señor Presidente , si usted lo tiene a bien, que el señor Ministro determine que esta glosa, que se agrega mediante una indicación, sea incorporada como un artículo. Pero ¡no sé qué tan permanente pueda ser! Porque al final la glosa es un artículo, y como su vigencia es anual, hay que aprobarla todos los años, salvo que en el proyecto de Ley de Presupuestos original venga incorporada. Y habrá que darse la tarea de leer si viene exactamente igual o con alguna diferencia, ya que no existe obligación alguna de que el señor Director de Presupuestos o el Ministro de Hacienda copien textualmente las glosas.
Yo solo quiero decir que el señor Ministro de Hacienda no conversa con la minoría del Senado. Por tanto, el único espacio para debatir es la Sala, que es soberana. Y ejerzo mi derecho, señor Presidente , y no voy a renunciar a ello.
Señor Presidente , esto no lo había hecho nunca en todos los años anteriores, pero lo hago porque siento que fui muy aludido.
Después de que señalé que el Estado era un muy mal empleador, varios Senadores salieron en defensa de lo contrario y señalaron que este era un discurso que bajaba el nivel, que no correspondía a la realidad, en fin.
Quiero mostrar al Senado y a nuestro país qué sucede en el Ministerio de Hacienda. Aquí está el representante de la Cartera.
He de precisar que lo que deseamos es que esta situación cambie de una buena vez y que el Estado de Chile reconozca que debe hacer profundas mejoras en materia laboral.
Al año 2006, el Ministerio de Hacienda -¡del mismo Secretario de Estado que está hablando y que no tiene ningún interés en lo que estoy planteando!- tenía 53 funcionarios de planta. Al año 2016, 29 funcionarios en la misma calidad.
¿Eso es eficiencia? Sí, lo más probable.
Los funcionarios a honorarios -en esto nosotros pedimos que el Estado haga un reconocimiento y mejore las condiciones laborales- el 2006 eran 122. Al año 2016, diez años después, ¡136 funcionarios! O sea, esto no es una situación de inestabilidad laboral que el Estado haya reconocido: diez años en una condición que implica total desprotección en materia de salud, previsional, de estabilidad laboral.
Entonces, el discurso no era "a tontas y a locas", sin contenido, sin profundidad. Yo vi a algunos incluso con los ojitos en blanco hacia arriba que miraban así como con una inspiración de estar en otro nivel intelectual.
¡Esto es bastante serio!
Lo que hoy día hemos pedido y exigido es que el Estado reconozca que existe una situación laboral compleja dentro del sector público. Y lo que hemos planteado hoy día en este Hemiciclo es que esa situación se mejore.
¿Y cómo hemos demostrado aquello? Con la propia información que hoy día existe en el Ministerio de Hacienda.
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez
Señor Presidente , veo que algunos Senadores se sienten profundamente impactados por el término "operadores políticos". Pero la expresión "operadores políticos" no solamente existe: también los propios funcionarios públicos, cuando negociaban el reajuste fiscal, aludieron en muchísimas oportunidades a dicho término.
Ahora, es muy distinto hablar de la "militancia política" de funcionarios del Estado, la cual a mi juicio resulta muy deseable que exista.
Yo soy Presidenta de un partido político. Me gusta la política. Me parece bien que existan diversos conglomerados políticos, pues creo en la democracia.
Pero eso no tiene nada que ver con los operadores políticos.
Los operadores políticos son los que timbran entrada y salida; mandan un informe (copy paste o un que está de moda), y cobran un sueldazo a honorarios.
¡Eso es un operador político!
Operador político es aquella persona a la que nadie conoce en la oficina, pues lo ven únicamente cuando va a cobrar el cheque a fin de mes.
Operador político es el que no asiste a las fiestas institucionales, el que no participa en la celebración de la Navidad de determinado organismo estatal, porque no es un funcionario que está haciendo un trabajo para el Estado.
El operador político es aquel que no entró por mérito -da lo mismo su militancia: insisto en que ojalá la tenga-, por ser bueno para la pega, sino porque alguien llamó y pidió que lo ingresaran a una oficina para realizar un trabajo político. Y generalmente los operadores políticos no están en la pega, sino en el café de la esquina.
¡Esos son los operadores políticos!
Entonces, cuando aquí algunos se ofenden tanto por los dichos del Senador Bianchi, quien habla de que el Estado es el peor empleador, yo quiero agregar que los operadores políticos han convertido al Estado en un botín.
¿O alguien duda de que, por ejemplo, el SENAME o Gendarmería se han transformado en botines políticos?
El Registro Civil se halla lleno de operadores políticos que entraron por la ventana: no hacen la pega y pisotean a funcionarios públicos que llevan años trabajando, más allá de la militancia que tengan.
¡Qué importa la militancia política de los funcionarios!
Cuando yo hablo de operadores políticos, me refiero a los que no hacen la pega, a los que son desconocidos en la oficina, a los que entregan un informe a la rápida, a los que pegotean los antecedentes que les piden, a los que boletean por millones de pesos y nadie sabe qué hacen.
No me vayan a decir que no existen, porque todos aquí sabemos que hay varias reparticiones estatales del actual Gobierno que incluso están sacando personas de algunas subsecretarías que son tildadas de "operadores políticos".
Así que entre nosotros digamos con franqueza: hay operadores políticos que han engordado el Estado y que tienen contratos a honorarios por mucha plata, la cual podría servir perfectamente para entregar mayores recursos a aquellos funcionarios que sí hacen la pega, respecto de los cuales da lo mismo su corazón político o su militancia política, pues son personas que sí merecen entrar a la planta o que se les renueven sus contratos, ya que realmente mojan la camiseta por el Estado y por sus diversos Servicios.
Por esa gente es que nosotros estamos reclamando.
En votación la indicación N° 34, del Senador señor Navarro, que fue leída en su oportunidad.
¡Que se voten todas en un mismo paquete!
¡Votemos todo!
¿Su Señoría va a fundamentar el voto?
No, señor Presidente. Quiero plantear una cuestión de procedimiento.
Señor Senador , de procedimiento ya hemos hablado bastante.
Permítame plantear el asunto, señor Presidente.
Señor Presidente , si es posible, pido que se voten en un solo paquete todas las solicitudes de información. Ello, por una cuestión de economía procesal.
Ya se discutió el punto, señor Senador.
No es factible debatir asuntos de procedimiento durante la votación, señor Presidente.
--Se aprueba la indicación N° 34 (15 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa la señora Lily Pérez y los señores BianchiChahuánGarcía, García-HuidobroGuillierHernán LarraínNavarroOssandónPizarro, ProkuricaQuintanaQuinterosTuma y Patricio Walker.
Se abstuvieron la señora Von Baer y el señor Moreira.
Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señora Muñoz y señores Horvath y Pizarro, y además, de la intención de abstenerse del Honorable señor Coloma.
La indicación N° 33, del Senador señor Navarro , es para agregar la siguiente nueva Glosa, relacionada al Subtítulo 29, Ítem 07:
"La Presidencia de la República y sus servicios u órganos dependientes o relacionados, podrán evaluar progresivamente, estándares de la industria de tecnología de información y comunicación, que permitan relacionar e interconectar de manera interoperable distintos sistemas y diversas plataformas, de modo seguro y orientado a una eficiente atención ciudadana.
"Para la adquisición de programas y el pago de licencias, podrán privilegiarse las recomendaciones del Informe " Libre en el Estado" y "Guía de migración de aplicaciones de escritorio y servidores a aplicaciones de libre para Organismos Públicos chilenos.".
La Mesa la declara inadmisible.
Señor Presidente , esta batalla la hemos venido dando en los gobiernos de la Concertación, en los gobiernos de Derecha. Porque quiero advertirles a los señores Senadores y al señor Ministro de Hacienda que mientras se les dice a los funcionarios públicos que no hay plata para otorgarles un reajuste digno, estamos desembolsando sobre los 50 mil millones de pesos anuales en pago de licencias por programas computacionales.
¡Por eso el Estado ha recibido donaciones de 2 mil computadores! Porque por cada computador que está en un servicio público, en un municipio, en el Congreso Nacional, en una oficina parlamentaria -y lo sabemos muy bien- hay que pagar una licencia anual.
El software libre lo peleamos contra Andrés Velasco.
¡Tres años costó que se hiciera un mero estudio para saber cuánto estaba gastando anualmente el Estado por ese concepto!
Vamos por sobre los 50 mil millones.
Cuando partimos con esto, la suma llegaba a 11 mil o 12 mil millones. Y el gasto va a ser progresivo. Cada computador que ingresa requiere una licencia que es más cara que el hardware ; es decir, vale más que el computador y su pantalla. El programa que se le inserta es más costoso.
Ello ha respondido a la hegemonía de Microsoft en todo el mundo. Dicha compañía ha sido multada en Los Ángeles, Estados Unidos, en más de mil millones de dólares por competencia desleal, por hegemonía de mercado y por todo lo que ustedes se puedan imaginar.
¡Ahí están los datos a la vista!
Señor Presidente , la Universidad del Bío Bío y el Ministerio de del Trabajo están hoy día con software libre. ¡Y el ahorro es millonario!
Sin embargo, el Estado no hace el esfuerzo por incorporar el software libre, que no es gratuito: tiene un costo, pero muy inferior al pago de la licencia que hoy día estamos efectuando.
El Gobierno sigue adquiriendo computadores y programas que son incompatibles. Por ejemplo, el Ministerio de Salud y 27 servicios públicos compraron computadores que no se pueden compatibilizar. Y estamos obligados a generar nuevos programas para hacer posible la interconexión digital.
Esto requiere atención.
Hay un informe sobre el uso del software libre en el Estado.
¡Cuatro años de lucha para poder conseguirlo!
Yo me pregunto: ¿Alguien está tomando en serio la recomendación pertinente?; ¿Alguien de verdad quiere ahorrar dineros que el Estado necesita?
Señor Presidente , esta no es una cuestión prioritaria en ningún Ministerio; tampoco lo es hoy día en el Congreso Nacional. Porque seguimos usando los software tradicionales, que quedan obsoletos antes de terminar el año.
Yo les pediría que vieran las recomendaciones que sobre la materia se han dado en Europa, en Estados Unidos, en los congresos de la OCDE; que estudiaran lo que esto significa para las economías nacionales, y que analizaran lo relativo a la captura que hay sobre la seguridad cibernética de Internet, en particular el costo de ello, que es lo más importante.
Estamos planteando una indicación que apunta a disminuir costos, a ahorrarle dinero al Estado y a mejorar la condición de país autónomo y no dependiente en esta materia.
El libre software permite crear programas.
Chile tiene creadores impresionantes, lo cual es muy positivo. Y hay recurrir a ellos para ir adaptando programas que no requieran el pago de la licencia anual y para que la industria nacional de software despegue.
En tal sentido, señor Presidente, podemos decir que esto ya está.
Entonces, que me digan por qué los ministerios compran cientos de computadores y no ingresan al proceso de libre; por qué no hay capacitación del Estado para que los funcionarios accedan a él.
Ello lo han hecho la Universidad del Bío Bío y el Ministerio del Trabajo. Y el resto de los ministerios tendrá que sumarse a esto.
Porque se trata de un gran negocio para las transnacionales encargadas de la venta de programas.
En la Cámara de Diputados se realizó un fuerte debate sobre esta misma materia.
Yo pediría, señor Presidente , que esta indicación se aprobara, por cuanto sugiere que "podrán evaluar".
Yo no sé si será inadmisible que le digamos a un ministerio que puede evaluar utilizando informes que ya han sido emitidos por el propio Estado.
Yo voy a votar a favor, señor Presidente.
Pido que ponga en votación esta indicación. Y si la declara inadmisible, solicito que nos pronunciemos sobre ello, pues creo que esta tiene pleno sentido.
Señor Senador, a juicio de la Mesa la indicación número 33 es inadmisible.
Señor Presidente , declarada la inadmisibilidad de esta indicación -creo que es claramente inadmisible; se ha procedido así en los últimos quince años, y espero que no se cambie este criterio-, pido que también se declare inadmisible el resto de las indicaciones equivalentes en todas las partidas.
Es lo único que tiene sentido.
A continuación, la indicación N° 30, del Senador Navarro, a la Partida 01, Capítulo 01, Programa 01, es para agregar en la letra b) asociada a la Glosa 03, a continuación del punto a parte que pasa a ser seguido, la siguiente expresión:
"Los gastos reservados deberán ser rendidos en forma detallada y reservada ante el Contralor General de la República.".
También referida a ese mismo Programa se halla la indicación N° 1, del Senador Prokurica, que dice:
"Los gastos reservados deberán ser rendidos en forma detallada y reservada ante el Contralor General de la República".
Señor Presidente , este asunto lo he reiterado año tras año porque me parece impresentable que, dada la realidad que estamos viviendo hoy día, con tantas dudas respecto al manejo de los recursos del Estado, la Presidenta de la República tenga 1.719 millones de pesos aproximadamente para gastos reservados. Ello significa que dispone de cerca de cinco millones de pesos diarios, que rinde solo señalando en un papel: "Gasté, de acuerdo a la ley, los recursos que se han destinado por concepto de gastos reservados".
A mí me parece que eso es volver a la época de las cavernas, a la pieza oscura, donde no se rinde cuenta de nada a nadie.
Por lo tanto, señor Presidente, le pido que se voten las diez indicaciones que presenté sobre la materia, pues no solo se refieren a la Presidencia de la República.
Porque en el empate de la discusión política siempre se me dice que esto lo hago únicamente con relación a esta Partida y no a otra.
Estas indicaciones las estamos presentando respecto de la Presidenta de la República; de los ministros y subsecretarios que tienen gastos reservados; de Carabineros; de la Policía de Investigaciones; de las Fuerzas Armadas y de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas; del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, para todos quienes cuentan con ese tipo de gastos.
No es nuestra intención terminar con los gastos reservados. Lo que queremos es que nadie que maneje recursos del Estado pueda rendir cuenta de ellos de la forma como se hace hoy día.
El Contralor General de la República asistió a la Comisión de Defensa Nacional. Los miembros de dicho órgano técnico presentamos un proyecto de ley para establecer, no que se terminan los gastos reservados, sino que se rinda cuenta de estos en detalle y reservadamente al Contralor.
Eso es lo que planteamos con tales indicaciones. Me parece que no estamos pidiendo mucho.
Entonces, señor Presidente , solicito que se voten juntas las diez indicaciones que presenté con la finalidad de que tengamos mayor transparencia y que terminemos con la pieza oscura. Porque esto trae más problemas que soluciones, especialmente en una época en que no es posible aceptar que nadie que maneja recursos del Estado rinda cuenta de ellos en un papel diciendo que los gastó de acuerdo a la ley.
¡Cinco millones de pesos diarios es algo absolutamente impresentable en esta y en otras reparticiones! No pueden manejarse así esos dineros, ni rendirse cuenta de estos de forma tal que no se le permita al órgano fiscalizador, la Contraloría General de la República, saber si se invirtieron bien o mal.
Señor Presidente, en verdad, nosotros queremos defender la figura de los gastos reservados.
Eso no está en cuestión hoy día. Este debate apunta más bien a la forma en que se rinde cuenta de dichos gastos.
Respecto de ello, sin embargo, también hay que considerar que lo que tenemos en el Presupuesto es lo que dice la ley.
La ley N° 19.863 señala expresamente la manera en que se debe rendir cuenta de los gastos reservados. Establece, además, las restricciones, lo que no puede pagarse contra esa asignación.
En la parte pertinente señala explícitamente: "Se rendirá cuenta anual, en forma genérica y secreta, a la Contraloría General de la República, directamente a través del Contralor General, considerando una desagregación por rubros que permita ilustrar a éste sobre el contenido fundamental de dichos gastos, debiendo acompañarse una declaración jurada que acredite que se ha dado cumplimiento a lo siguiente:
"Los gastos reservados sólo podrán emplearse -esto indica dónde no pueden emplearse los gastos reservados- "en los fines propios de las actividades respectivas. Con cargo a éstos no podrán efectuarse pagos a funcionarios públicos. Del mismo modo, no podrán efectuarse transferencias de recursos provenientes de gastos reservados para el financiamiento de campañas políticas, de partidos políticos u organizaciones gremiales.".
Señor Presidente, la forma en que se rinde cuenta de los gastos reservados está determinada por ley.
Por lo tanto, en nuestra opinión no corresponde hacer este cambio en el proyecto de Ley de Presupuestos.
Señores Senadores, también relacionada con la Glosa 03 hay otra indicación del Senador Navarro, que es para reducir a un peso el monto para financiar gastos reservados.
¡La retiro, señor Presidente!
Queda retirada esa indicación.
Señor Presidente, los gastos reservados son necesarios para los gobiernos de cualquier signo. Eso está fuera de todo debate.
Se trata de gastos que tienen la particularidad de ser de disposición inmediata y que permiten enfrentar diversas contingencias que las diferentes administraciones deben resolver.
Quienes llevamos cuatro, cinco, seis o siete períodos en el Parlamento sabemos bien que los gastos reservados sirven para solucionar muchas cosas que, de no disponerse de esos recursos, podrían transformarse en un gran problema político.
En el debate cada año, el punto estriba en la rendición de cuenta de los gastos reservados, lo que se transforma en un espacio de controversia que solo daña a la política. Porque cada vez que se abre la discusión sobre esta materia queda en la gente la percepción de que hay una caja negra que permite a los gobiernos, cualesquiera que sean, usar esos recursos de mala manera.
Creo que en el proceso de recuperar la credibilidad en la institucionalidad política y en las instituciones, particularmente en los Gobiernos y el Parlamento, todos debiéramos contribuir de verdad a la mayor transparencia.
En tal sentido, en esta Sala aprobamos, hace ya un largo tiempo, el fideicomiso ciego. Pero nadie dijo aquí que cuando los millones iban afuera, al exterior, no eran ciegos: veían perfectamente bien, tenían los dos ojos abiertos.
Entonces, cuando legislamos sobre algo en lo que tenemos consenso, transparencia, siempre hay una cosita que logra distraernos.
Por eso yo he dicho que cada vez que en esta Sala hay mucho consenso me preocupo: si están de acuerdo todos, me inquieto.
En aquella oportunidad lo hice ver: ¡demasiado consenso!
Entonces, como legítimamente los Senadores de las bancadas de enfrente, de la Derecha, aspiran a llegar a La Moneda, mi pregunta es qué van a hacer en esta materia si son gobierno -porque cuando lo fueron no actuaron-, ya que constantemente están criticando a la Presidenta Bachelet por el uso de los gastos reservados.
Entonces, el Presupuesto del próximo año es la oportunidad para decir qué vamos a hacer.
Adoptemos una regla a fin de que, cualquiera que sea el signo del gobierno de turno, haya un proceso de revisión que no se cuestione a cada rato. Porque al final del día perdemos todos, pues queda la sensación de que existe impunidad, de que hay manos negras, en circunstancias de que los gastos reservados son necesarios para los Estados, para los Gobiernos. Y lo único que decimos en las indicaciones es que sean rendidos ante el Contralor General de la República. Eso significa que va a haber un conjunto de gastos que son parte de la función gubernativa, que no están fuera de ella y que tendrán límites.
Creo que eso es necesario para el bien del debate.
Aquí los colegas Coloma , García y otros parlamentarios han manifestado que el Senador Navarro presenta las mismas indicaciones y que hemos debatido esta materia veinte veces. ¡Claro! ¡Pero si nunca quieren zanjar el punto...! Chile Vamos y la Nueva Mayoría son mayoritarios aquí, mas no quieren resolver la situación. El discurso es que hay un grave problema, pero al final no se corrige. ¿Y quiénes no lo solucionan? Los que son mayoría.
Como expresé, aquí la Derecha y el Gobierno son mayoría. Yo hablo desde la minoría. Y este es el espacio para abordar estos temas, sobre los que no resulta posible dialogar con el Gobierno, y menos con Valdés.
El Senador Montes sostiene lo mismo: que Valdés no conversa con la minoría, pero tampoco con la mayoría.
Bueno: este es un problema que la Nueva Mayoría deberá ver con su Ministro.
Señor Presidente , considero apropiada mi indicación. No plantea lo que a muchos les gustaría: eliminar los gastos reservados. En mi concepto, hacerlo sería un error. La idea es transparentarlos ante el órgano que por excelencia tiene el Estado para las rendiciones y el control de legalidad: la Contraloría General de la República.
El Senador señor Moreira dice que el Ministro conversa con él.
¡La Nueva Mayoría no habla con nadie...!
¡Le tienen miedo al Senador Navarro...!
¡El único que habla con el Ministro Valdés es el Senador Moreira...!
Señor Presidente , en la Subcomisión respectiva se discutió esta materia. En la Comisión Mixta, también.
Es evidente que los gastos reservados resultan esenciales en algunas reparticiones del Estado; por ejemplo, en la Presidencia de la República, en el Ministerio de Defensa. Y a lo largo del tiempo se ha ido reduciendo su monto en forma significativa.
Ahora, no se trata de que no se rindan. Al revés de lo que ocurría en otra época, sí se rinden, pero de forma reservada, con el informe respectivo.
Quienes estamos en esta Sala podemos imaginar las cosas en que se ocupan los fondos reservados; no creo que seamos tan ciegos. A veces, en situaciones de interés nacional, en cuestiones de interés del Estado. Entonces, es evidente que su publicación en las páginas de la Contraloría General de la República atentaría contra los intereses del Estado.
Ahora, debo puntualizar -y lo hago porque, al parecer, algunos tienen la memoria un poco frágil- que si fueran secretos como algunos plantean aquí no tendría ningún sentido rendirlos en forma detallada.
A la Contraloría se le comunican tales gastos de manera reservada. Y el riesgo que existe es el de que datos que deben mantenerse en reserva se hagan públicos, con lo que incluso se puede poner en riesgo la vida de personas que dan cuenta de acciones de interés estatal.
Señor Presidente , he tratado de seguir la lógica de algunos de mis colegas. Pero, a mi entender, las indicaciones en comento no deberían presentarse, por ejemplo, tratándose de las instituciones de la Defensa Nacional, del Ministerio de Defensa, en fin. De lo contrario se pone en peligro la forma como tiene que funcionar el Estado.
Voy a votar en contra. Se pueden buscar otros procedimientos. El que se está proponiendo me parece malo.
Sus Señorías, estamos viendo las indicaciones números 1, del Senador señor Prokurica , y 30, del Senador señor Navarro.
El Honorable señor Prokurica solicitó incluir en la votación las 10 indicaciones que presentó sobre la materia en diversas partidas.
Así es, señor Presidente. Y se incluye también el caso de las Fuerzas Armadas, con...
Ya lo explicaré, señor Senador.
¿Le parece a la Sala abrir la votación de todas las indicaciones?
Conforme. Que se haga una sola votación.
En votación la indicación número 1, del Senador señor Navarro , y las 10 indicaciones del Senador señor Prokurica sobre la misma materia.
Señor Presidente, sin duda, este es un debate significativo.
Escuché con atención las explicaciones que dio el colega que me antecedió en el uso de la palabra para votar en contra de estas indicaciones, y visualizo que sus argumentos no son reales.
Estos gastos siguen siendo reservados. Las indicaciones que se formularon no les quitan ese carácter. Me parece muy importante tenerlo presente, porque el Estado requiere tener en algunos ministerios y otras instituciones un ítem de gastos reservados para el cumplimiento de sus funciones. Y eso continúa igual, no se altera en ningún momento. Lo que se busca es que al Contralor General de la República , quien debe recibir la rendición general de los gastos pertinentes, se le envíe información detallada y mucho más precisa. Pero ella siempre será de tal carácter y tendrá que remitirse al Contralor, no a la Contraloría como institución para que la publique en su página web. ¡Nada más alejado de eso!
Se trata -repito- de la forma como se le informa al Contralor General.
Hoy día, en la ley, el procedimiento es extraordinariamente amplio: casi basta con emitir un certificado sobre buen uso de los recursos, lo cual implica que el Contralor no tenga ninguna posibilidad de revisar bien los gastos.
Lo que se procura es que el Contralor General de la República, funcionario elegido a proposición de la Presidenta de la República y con acuerdo del Senado, tenga mayores atribuciones para resguardar que los recursos reservados se destinen a los fines para los cuales se establecieron.
No me parece bueno que se les dé a los gastos reservados un tratamiento tan amplio que impida controlarlos, fiscalizarlos.
Lo relevante es mantener el concepto de reservados, mantener la idea de que solo el Contralor General de la República debe recibir la rendición. Y las indicaciones dicen cómo ha de entregarse la información.
A mi entender, no se está poniendo en riesgo ninguna acción o función de las instituciones del Estado involucradas.
Por lo tanto, señor Presidente, me parece que estamos ante indicaciones pertinentes.
Señor Presidente, todos los gobiernos -en general, el Estado- deben contar en algunas de sus reparticiones con este tipo de fondos.
Estamos hablando de sectores críticos -Presidencia de la República, Fuerzas Armadas, Agencia Nacional de Inteligencia, Ministerio del Interior, Policías-, pues hay un conjunto de gastos que deben efectuarse bajo condiciones de extrema reserva, dada la particularidad de lo que se ha de llevar a cabo.
Estas indicaciones van en el sentido exactamente contrario.
Al respecto, es importante recordar la normativa vigente.
El artículo 4° de la ley N° 19.863 dice:
"De los gastos reservados se rendirá cuenta anual, en forma genérica y secreta, a la Contraloría General de la República, directamente a través del Contralor General, considerando una desagregación por rubros que permita ilustrar a éste sobre el contenido fundamental de dichos gastos, debiendo acompañarse una declaración jurada que acredite que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6°.".
Además, se establece cómo el Contralor hace el examen de juzgamiento.
Es decir, hoy día la autoridad le informa a la Contraloría respecto de ese tipo de gastos.
Sin embargo, ha de haber un justo equilibrio.
En general, es muy importante avanzar en normas sobre transparencia. Pero no podemos olvidar que existen ciertos aspectos críticos: la defensa de la soberanía nacional; algunas inversiones en materias de seguridad interior críticas; la posibilidad de contar con algún tipo de información que por otros canales no se puede recibir. O sea, un conjunto de elementos que le permiten a la autoridad, bajo ciertos supuestos y siempre en cumplimiento estricto de las normas existentes, rendirle cuenta en forma genérica y global, pero también detallada y desagregada por rubros, al Contralor General de la República.
Mi percepción es que, desde el punto de vista de la normativa legal en vigor, lo que se propone está plenamente cubierto.
De consiguiente, me parece que las indicaciones presentadas no aportan en el sentido en que se plantearon, sino que, por el contrario, pueden terminar abriendo la puerta a una información que después no será factible mantener en reserva, lo que puede afectar a la seguridad nacional, a la seguridad interior e incluso a la integridad de personas que han cumplido determinado tipo de funciones.
Por eso, señor Presidente, voy a votar en contra de ellas.
Señor Presidente , creo que el 99 por ciento de mi votación parlamentaria ha ido en la misma línea que la del colega Prokurica. Pero hay un 1 por ciento en que tenemos una diferencia. Y es factible que ella se marque en este caso.
No es cómodo lo que voy a decir, pero pienso que lo que se plantea equivale al término de la lógica de los gastos reservados.
La pregunta central es si ellos son necesarios o no.
Tengo la convicción de que en las dos últimas décadas -diría yo- los gastos reservados han ido disminuyendo sostenidamente con relación a lo que había.
Ahora, me parece que el procedimiento señalado por el Senador Harboe es el único posible para rendir cuenta de ellos.
Como se quiere aplicar lo propuesto a todas las instituciones, si el día de mañana se plantea respecto de las Fuerzas Armadas y se dice "Tuve que hacer A, B o C" y se entrega la información nominativamente a una persona, la que después puede perderla, filtrarla o proporcionarla a un juez que le pide dar cuenta de ella, creo que se acaban los gastos reservados.
Entonces, con toda honestidad, pese a que entiendo el buen espíritu y la buena inspiración de lo que se sugiere mediante ellas, me parece que las indicaciones apuntan a un hecho muy profundo: a si los gastos son reservados o no.
Alguien me dice que se trata de una norma de control. Pero yo creo que, al final, es una mezcla de control y transparencia.
A mi entender, si a un gasto se le atribuye carácter reservado por la naturaleza de aquello que lo motivó, debe dársele un espacio como tal.
Considero que la forma de rendir cuenta de los gastos reservados es la que se halla legalmente en vigor.
Por eso, aunque sea políticamente incorrecto, viendo la situación con sentido de Estado -esto va más allá de quien sea Gobierno u Oposición-, si uno cree que debe existir una cantidad acotada de gastos reservados, ha de haber una norma que preserve la reserva. De lo contrario, en la práctica, esta no existe.
Por eso quería dar a conocer mi punto de vista sobre esta materia, señor Presidente.
--Se rechazan la indicación N° 30, del Senador señor Navarro, y 10 indicaciones del Senador señor Prokurica recaídas en la misma materia (18 votos contra 3).
Votaron por la negativa las señoras Goic y Muñoz y los señores ArayaColoma, García-Huidobro, Harboe, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Votaron por la afirmativa los señores Navarro, Pérez Varela y Prokurica.
Indicación N° 32.
La indicación N° 32 fue presentada por el Senador señor Navarro. Es la última de esta Partida, y recae en el Capítulo 01, Programa 01. Su propósito es "agregar un literal nuevo asociado a la Glosa 03, Subtítulo 22, del siguiente tenor: "Informará semestralmente, 30 días después de terminado el semestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, acerca de los gastos realizados en capacitación en temas de género, derechos y lenguas de los pueblos indígenas, lengua de señas, tratamiento de personas con discapacidad visual y motriz, derechos de la niñez y adolescencia, atención de los requerimientos de adultos mayores, inmigrantes y diversidad sexual.".
No sé si el criterio sería, en todo caso, remplazar "30 días" por "60 días", como ya se hizo en una indicación sobre información en otra materia.
Exacto. Esto va en la misma línea.
Señor Presidente , hemos venido configurando un conjunto de leyes especiales respecto a la mujer, al género, a la niñez, a los adultos mayores, a los inmigrantes y a la diversidad sexual. Y está claro, como lo ha demostrado la experiencia, que se requiere otorgarles a los funcionarios del Estado una capacitación que permita establecer que las normas que aprobamos son eficientes y están impulsadas adecuadamente por ellos.
En el caso especial de los migrantes tenemos un problema serio, que puede convertirse en un estallido social.
La Comisión de Derechos Humanos ha citado al General Director de Carabineros , Bruno Villalobos , y al Director de la PDI , Héctor Espinosa ; ha invitado a los Ministros de Relaciones Exteriores y del Interior, y, además, al Alcalde de Quilicura y a la Alcaldesa de Antofagasta para tratar el problema de los migrantes, que está conformando una arista que no puede ser ni penal ni criminal, sino de políticas públicas del Estado de Chile sobre migración.
Se debe capacitar a los funcionarios públicos en esa línea, y también para aplicar las leyes de apoyo a la discapacidad, hacia la condición especial del 10 por ciento de los chilenos.
Acabamos de aprobar un proyecto que incorpora en la Ley del Deporte los Juegos Paralímpicos y crea un Comité ad hoc para la integración efectiva de aquellas personas. ¡Qué decir en el tema de género! Estamos innovando permanentemente la legislación.
Todo eso requiere preparación.
Si en las leyes les hacemos mayores exigencias a los funcionarios públicos, quienes tienen una enorme carga de trabajo, y aumentamos sus responsabilidades, deben recibir capacitación.
Mi indicación persigue saber cuánto se está gastando.
¿Basta aprobar leyes? ¿Basta decir en una conferencia de prensa que el Gobierno incluyó en un programa a las personas en comento?
Tras aprobarse la ley, debe venir una capacitación adecuada a todos los actores públicos que tienen que hacer efectiva las normativas legales sancionadas a iniciativa del Congreso Nacional o del Ejecutivo.
Yo percibo que aquello no ocurre. Por ejemplo, cuando vemos ciertas actuaciones de los carabineros. Hace poco, con relación a dos jóvenes migrantes, uno haitiano y otro venezolano, supimos del accionar de un cabo al que se dio de baja por agredir a uno de ellos. Pero tal vez ese funcionario policial no habría procedido así si hubiese estado capacitado.
La política de Carabineros con relación a los migrantes debe ser institucional; no puede quedar al criterio de cada cual.
Eso esperamos ver en la Comisión de Derechos Humanos el miércoles 14 de diciembre.
La indicación 32 pide saber cuánto se está gastando. Y eso es muy importante. Porque, a mi entender, sin recursos no es posible tener una política institucional que incorpore todas las temáticas a la práctica concreta del ejercicio de la función pública.
Reitero: se trata de los temas de género, lenguas de pueblos indígenas; atención a adultos mayores; inmigrantes; diversidad sexual; lenguaje de señas, y cualesquiera otros que puedan ser incorporados.
Es una indicación del todo factible. Orienta el quehacer del Senado en materia de inversión el saber cuánto se está gastando, qué porcentaje.
Solo quiero recordar a modo de ejemplo, en otro ámbito y a propósito de lo que viene, que todas las recomendaciones internacionales señalan que para evitar los más de 250 millones de dólares de pérdidas anuales en incendios forestales tiene que haber una inversión del cinco por ciento en capacitación y prevención, y lo que revelan los informes de la CONAF y del sector privado es que no se supera el uno por ciento. Resulta claro que se requieren recursos que deben presentar una proporcionalidad con el gasto total.
En este sentido, quisiera saber cuánto está gastando cada organismo en capacitación y qué porcentaje representa ello en el presupuesto total del Ministerio o servicio. Eso orienta para poder saber si estamos dando las condiciones para exigirles a los funcionarios públicos el cumplimiento de su cometido. En muchos casos no ha sido así.
Por lo tanto, solicito que la indicación sea aprobada, pues espero que sea de mucha utilidad para el ejercicio y la aplicación del Presupuesto.
Señor Presidente, quisiera conocer si las capacitaciones se hacen efectivamente con cargo a la Partida, porque, de otro modo, es un poco raro que pidamos la información.
Mi consulta va dirigida al señor Ministro.
Sería igual con sesenta días, ¿no es cierto?
Nuestra Honorable colega tiene razón.
Señor Presidente , estas son categorías que no tenemos identificadas en las capacitaciones. Puede ser muy valiosa una política en la materia, pero no me he fijado si en el Ministerio de Hacienda, al menos, estas últimas existen en "derechos y lenguas de los pueblos indígenas" o "atención de los requerimientos de adultos mayores", por ejemplo.
Creo que es válido plantearse, como una duda general, si se debiera o no contar con ellas, pero temo que no medie un catálogo que "converse" con aquellos desde donde se escogen, deciden o clasifican los distintos tipos de capacitación.
Es algo que, al final, demandaría recursos.
Una discusión muy distinta se da al decir: "¿Saben? Necesitamos capacitación en ciertos ámbitos. Se requieren fondos".
La sola información señalada más bien provocará que la gente exponga que no puede llenar los datos y que los servicios no sean capaces de dar a conocer si lo están haciendo o no.
Señor Presidente , mi pregunta se refiere a si la norma es pertinente donde se contempla. Tratándose de la Presidencia de la República , dice relación con Bienes y Servicios de Consumo.
La indicación expresa que se informará "acerca de los gastos realizados en capacitaciones en temas de género, derechos y lenguas de los pueblos indígenas, lengua de señas, tratamiento de personas con discapacidad visual y motriz, derechos de la niñez y adolescencia, atención de los requerimientos de adultos mayores, inmigrantes y diversidad sexual.".
Quisiera saber qué tiene que ver ello con la Partida. Entendería si, en el caso de adultos mayores, estuviéramos pensando en el SENAMA, o si lo relativo a lenguas de los pueblos indígenas se considerase respecto del Ministerio de Educación o de la CONADI. Pero encuentro que el texto está hecho al voleo. Porque ¿qué tiene que ver la Presidencia con el asunto?
Me parecen aspectos muy atendibles, pero la indicación se debe presentar de manera mucho más precisa en relación con los ministerios y programas correspondientes. De otra manera, estaríamos preguntando por algo que lo más probable es que no se lleve a cabo en la Presidencia , al menos. El texto puede ser muy pertinente, en algunas de sus partes, para ministerios con programas sobre el particular.
Podemos preguntarle al Ministerio de Transportes, por ejemplo, si se ocupa en estos puntos, pero, evidentemente, son cuestiones que no le competen. Tampoco se vinculan con la Presidencia.
A mi juicio, la indicación no se halla en el lugar que debiera, por más susceptible de consideración que sea.
Señor Presidente , le puntualizo, por su intermedio, a la señora Senadora que se trata del Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, Ítem 01, y que la Glosa 03 incluye "Capacitación y Perfeccionamiento. Ley N° 18.575".
Todas las carteras cuentan con un ítem por este último concepto.
El Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República debiera ser el primero, por cuanto su objetivo es la coordinación de las leyes entre el Gobierno y el Congreso. Tiene que contar con personal capacitado, por cierto, ya que revisa los proyectos. Los Ministros dan explicaciones en el sentido de que un articulado está parado o se trancó en la SEGPRES. Allí deben disponer de asesores conocedores de que es preciso incorporar el mapudungun, de los derechos de los discapacitados, de la diversidad de género o de la defensa de los derechos de la niñez. O sea, este es el Ministerio clave en la relación entre ambos Poderes, sin perjuicio de muchos otros. Claramente, el Ministerio de Transportes tiene que contemplar capacitación. ¡Si regula el transporte en La Araucanía; en Arica, donde hay aimaras, y en todo el país, donde no existen solo chilenos! Un diez por ciento de la población encuentra su raíz en los pueblos originarios.
Por lo tanto, cada Ministerio debe disponer al menos de un asesor, aunque se trate de una población pequeña.
El diez por ciento de los chilenos presenta aspectos relacionados con la discapacidad o con una condición especial.
La Glosa se vio en la Partida Presidencia de la República -podríamos haber partido por un Ministerio- y excluirla sería un error. No afirmo que diga relación con todos sus funcionarios, pero habrá alguien que sepa sobre la niñez, los discapacitados, la diversidad de género -o dé cuenta de un proceso que la sitúe en los temas de la mujer- y otros aspectos.
La materia, en consecuencia, se ha puesto en el lugar adecuado. Lo señala la Glosa 03: capacitación y perfeccionamiento.
Además, el derecho a capacitarse y perfeccionarse les corresponde a todos los funcionarios públicos. Lo tienen los de planta, y esperaría que también los a contrata y a honorarios que ya llevan quince o veinte años en esa condición, a quienes de hecho se capacita.
Si hay consenso en la Sala, la indicación se podría aprobar para no reiterar el debate en todas las partidas. De lo contrario, tendremos que discutirla Ministerio por Ministerio, ante la observación de la Senadora señora Von Baer.
Su Señoría tiene todo el derecho a mantener esa posición, aunque es necesario precisar -porque algunas argumentaciones se han expuesto como si se tratara de un Ministerio más grande o de varios- que es solo la Presidencia de la República , repartición bastante pequeña, como usted sabe.
--Se rechaza la indicación N° 32 (22 votos contra uno y una abstención).
Votaron por la negativa las señoras Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Araya, Coloma, De Urresti, García-Huidobro, Harboe, LagosHernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Como no hay más indicaciones, corresponde dar por aprobada la Partida.
Quisiera hacer una consulta. Si hay más indicaciones del mismo tenor en las otras partidas, ¿el criterio sería el de aplicar la misma votación?
Señor Presidente, precisamente he querido solicitar la palabra para que se estableciera que ese es el criterio general.
La Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional lo señala así, por lo demás. Cuando se rechaza una indicación, se entiende que ocurre otro tanto con todas las demás relacionadas con ella. La Mesa podría aplicar igual criterio cuando el resultado es a favor.
Pido actuar así y que, en consecuencia, no se vote en adelante la misma materia.
Es algo que discutirán los Comités. El señor Presidente los citó a reunión para después de aprobada la Partida.
Señor Presidente , resulta claro que la norma mencionada por el Senador señor Larraín se ha aplicado. Si se hiciera lo mismo ahora, diría que, cuando ello ocurra y se contravengan los intereses de la Oposición -que parece ser cada día más de Gobierno-, se reclamará y argumentará al revés. Porque así sucede en el Senado: la misma causa, la misma razón y diferente votación posterior.
No me cabe duda de que no podemos asimilar una indicación relativa al Ministerio de Salud con otra atinente a la Presidencia de la República. Puede ser inadmisible en este último caso, pero perfectamente admisible en el primero.
Si se recurre a la disposición citada, se estaría coartando la facultad que el Reglamento les confiere expresamente a los Senadores: presentar indicaciones de su interés al proyecto de Ley de Presupuestos. Ello, cada vez que quieren discutir de verdad asuntos de fondo para conseguir más humanidad.
¡Ojalá pudiéramos darle un poquito más de humanidad al Ministerio de Hacienda para que trate mejor a los funcionarios públicos!
¡Lo mismo dice relación con el aparato del Estado, cada día más distante!
¡Y cabe agregar también al Congreso! Porque cuando intentamos que una Comisión vaya a conocer los problemas medioambientales de Chiloé, lo único que hacen los Senadores es negarse.
¡Algunos Ministros gastan suela entre el patio de los cañones y el patio de los naranjos! No van a terreno.
Cuando deseo explicarme por qué el Gobierno registra un porcentaje enorme de rechazo, advierto que los titulares de las Carteras se quedan enclaustrados en ellas y quieren mantener secuestrada a la Presidenta Bachelet en la Moneda. ¡No la dejan ir hacia la gente!
Deseamos establecer normas que permitan el contacto del Gobierno con la ciudadanía. La actual Constitución monárquica presidencial no incluye ¡ni una sola capacidad de decisión de esta última, ni en los municipios ni en los Ministerios!
Se aplica un criterio de arriba hacia abajo y el Senado es puesto cada vez de rodillas.
Esperamos cambiar el régimen presidencial monárquico por la vía de la nueva Carta. La idea es que dé paso a un Estado y un Gobierno más democráticos.
En cuanto a la indicación, voy a exigir que se respete el Reglamento y que sea leída Ministerio por Ministerio. Si la Mesa quiere, puede declararla inadmisible, pero no cabe que se impida exponer sus términos por una sola decisión.
Este último método resulta muy arbitrario. Deseo advertirle al Senador señor Larraín que es un procedimiento que anula a la minoría y que la mayoría puede llegar al abuso de no permitirle discutir ninguna indicación que no sea del agrado de la primera.
Si en el Senado instalamos el criterio de que, con miras al ahorro de tiempo o por la lata de debatir las materias, las minorías son dejadas a un lado, estamos instaurando un principio de rebeldía. Pero, por mi parte, quiero que rija un principio democrático y que se dejen expresar las ideas y debatirlas.
Si no lo hacemos aquí, ¿dónde?
Porque la otra posición es salir a la calle e iniciar el diálogo y la movilización.
Esta es la condición para poder discutir los puntos de vista e intentar resolver nuestras diferencias. Y eso es lo que estoy haciendo en cada una de las indicaciones. Hemos accedido a que algunas se eliminen y se generalicen. Otras las veremos.
Lo dije al principio: el propósito no es dilatar el debate, sino llevarlo a cabo de verdad.
El asunto será tratado ahora por los Comités.
Dispone de un minuto.
Señor Presidente, expondré dos cosas en treinta segundos.
La primera de ellas es que nunca pensé que iba a aprender algo del Senador señor Navarro, pero es lo que ocurrió hoy día.
¡Esa es la forma de hacer Oposición...! ¡Hemos presenciado cómo nuestro colega se ha convertido en uno de los más grandes opositores del Gobierno de la Nueva Mayoría...!
La segunda es una cuestión de Reglamento.
Solicito que los Comités acuerden autorizar el ingreso de los asesores, porque es preciso formularles muchas preguntas y no podemos pedirle al Ministro de Hacienda que lo sepa todo.
Y si toman una decisión, será, reglamentariamente, por sobre la voluntad de un señor Senador.
Aquí no estamos en reunión de Comités, Su Señoría, y en este momento no hay unanimidad para acoger su petición.
Señor Presidente , quisiera hacerle una consulta al señor Ministro.
¿Estará de nuevo solo durante toda la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos o se tendrá la deferencia de que podamos contar con cada Ministro para el tratamiento de la Partida respectiva, a fin de formularles las preguntas pertinentes?
El ninguneo del Congreso por parte del Ejecutivo es continuo.
Por ejemplo, me gustaría conocer la opinión de la Ministra de Vivienda acerca de la reconstrucción en Valparaíso o saber por el Ministro de Transportes si el MERVAL se podrá extender a La Calera. Pero eso no pasa, ¡porque finalmente somos un buzón!
Entonces, quisiera que el Ejecutivo demostrase un poco más de respeto por el Congreso y contáramos con la presencia de los titulares de las Carteras.
¡Porque una decisión que podríamos tomar, de existir acuerdo -estimo que no lo habrá-, es no aprobar ninguna Partida en que el Ministro del ramo no esté presente en la Sala!
El Ejecutivo determina quiénes comparecen a la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. Hasta el momento, el Ministro de Hacienda ha respondido distintas consultas sectoriales y relativas a su propia Cartera.
Se suspende la sesión para celebrar una reunión de Comités.
--Se suspendió a las 12:41.
--Se reanudó a las 12:59.
El señor Secretario va a dar cuenta de los acuerdos de Comités.
Los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
-Dar a conocer esta tarde, lo más pronto posible, un listado con las indicaciones que la Mesa estime inadmisibles y otro con las que son de información. La idea es que las primeras sean declaradas inadmisibles, sin perjuicio de la facultad de sus autores, o de otro señor Senador, de pedir que se vote tal declaración.
-Reducir a dos minutos los tiempos para la intervención y para el fundamento del voto en la discusión de las indicaciones o de las votaciones separadas en las diferentes partidas, con excepción de las relativas al Ministerio del Interior y a Educación, que conservan el tiempo que corresponde; esto es, cinco minutos para la discusión y cinco minutos para el fundamento del voto.
Señor Presidente , una consulta muy breve. Las indicaciones 35 y 36 formalmente están presentadas a la Presidencia de la República. Sin embargo, cuando uno las lee, advierte que al parecer se hallan dirigidas a la Contraloría, y no han sido votadas.
La pregunta es qué ocurre con esas indicaciones.
Fueron declaradas inadmisibles, señor Senador.
Pasamos a la Partida 02 Congreso Nacional.
Señor Secretario, comencemos con las indicaciones en el orden en que están.
Hay distintas indicaciones presentadas en esta Partida. La primera es la número 27.
Perdón, la 27 se acaba de retirar.
--Queda retirada la indicación número 27.
Corresponde, entonces, revisar la indicación número 73, del Ejecutivo.
Ella se refiere al Capítulo 01, Senado; Programa 01, Senado, y señala:
"Créase la siguiente glosa, nueva, asociada al Capítulo 01 Programa 01:
"Previo acuerdo de la Comisión de Régimen Interior, el Senado podrá constituir una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, destinada a la promoción y difusión de la ciencia, el arte y la cultura, la que podrá recibir aportes en dinero, servicios o especies de todo tipo de organismos públicos o privados. Asimismo, el Senado podrá transferirle recursos hasta por la suma de $ 212.126 miles.".
Señor Presidente , solo quiero pedir al Ejecutivo que explique la indicación.
Senador señor Pizarro, ¿sobre esta misma materia?
El Ejecutivo primero, señor Presidente.
Señor Presidente , esta es una indicación que va a permitir regularizar ingresos del Senado, provenientes de distintos de aportes que le hace el sector privado, para la organización del encuentro de la Comisión de Desafíos del Futuro que se realiza a fin de año y comienzos de enero.
Se trata de una solicitud que hemos recibido de algunos Senadores. De hecho, es la misma indicación que fue recientemente retirada, pero que nosotros queremos proponer. Gracias.
Tengo inscritos a los Honorables señores Letelier y Larraín.
Perdón, Senador señor Pizarro, ¿usted había pedido la palabra sobre esta materia?
Es que lo borré de la lista.
Señor Presidente , considero bueno que la Sala conozca la discusión de esta Partida que tuvo lugar en la Cuarta Subcomisión -si no me equivoco- y, después, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos a raíz del planteamiento hecho por los Diputados, encabezados por el Presidente de la Cámara y su Secretario , que provocó que se generara un debate bien extraño en la Subcomisión, porque esa Corporación sostenía que el Senado debía reducir algunos de sus ítem presupuestarios y, en el fondo, pedía o exigía que en esta ley quedara presupuestado el traspaso de recursos del Senado a la Cámara para los efectos de ayudar a financiar el aumento de Diputados, a partir del año 2018.
Más allá del debate, que no fue muy grato para nadie, por las implicancias que tuvo, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, cuando se trató el tema, acordamos por unanimidad -también contamos con el consentimiento del Ministerio de Hacienda- que primero había que conformar un equipo de trabajo entre ambas Mesas, con el Ministerio de Hacienda, para estudiar y elaborar una propuesta seria que permitiera que en el Presupuesto del próximo año se estableciera la forma de ir absorbiendo la diferencia de recursos necesaria para la incorporación de nuevos Diputados y Senadores.
Eso fue acordado en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Los Diputados estuvieron de acuerdo; incluso, se encontraba presente el Vicepresidente de la Cámara en ese momento. Los Senadores dimos el acuerdo. Y el Gobierno también estuvo disponible.
Pero, lamentablemente, en el debate en la Sala de la Cámara su Presidente y los Diputados que suscribieron dicho acuerdo no dieron cuenta de él y se produjo nuevamente esta rebaja.
Resulta evidente que ello podía generar un nuevo clima de conflicto con la Cámara, por lo que el Ejecutivo está reponiendo, a través de todas estas indicaciones, lo que los Diputados rechazaron.
Entonces, quiero proponer, señor Presidente , partiendo de la base de que ayer se llegó a un acuerdo en la reunión encabezada por usted y el Presidente de la Cámara , en la que también se contó con la presencia del Ejecutivo , una indicación que establezca claramente lo siguiente:
"El Ministerio de Hacienda conformará un equipo de trabajo encargado de elaborar un informe destinado a determinar la distribución de recursos para financiar el ejercicio de la función parlamentaria a partir del período legislativo que se inicia el año 2018. Para dichos efectos el informe deberá identificar detalladamente el uso de estos recursos y las fuentes de financiamiento de los mismos, precisando la contribución que para su financiamiento debería efectuar cada organismo integrante de la Partida 02 Congreso Nacional.".
Propongo esta modificación, porque al principio se había dicho: "que para su financiamiento debería efectuar cada cámara de la corporación". Pero, en estricto rigor, el presupuesto del Congreso es integral y debería incluirse también a la Biblioteca. Por eso es preferible colocar que cada uno de los organismos integrantes de la Partida del Congreso serán los que contribuirán al financiamiento completo.
La idea es que podamos tener concluido dicho informe a más tardar en julio del 2017, para que el próximo Presupuesto contemple esa situación.
Respecto del Congreso del Futuro, señor Presidente , puedo señalar que viene desarrollándose en el Senado desde hace mucho tiempo y fue una de las primeras preocupaciones que se tuvo -los que son más antiguos lo recordarán- al crear el Centro de Extensión Pablo Neruda, que es donde se radicó dicha iniciativa.
En un principio partió como un trabajo de Comisión y ahora se ha transformado en un evento de carácter mundial. Por eso los convenios que hizo el Senado con otras instituciones, particularmente con la Universidad Católica de Valparaíso, tuvieron por objeto resolver el problema de recibir o aceptar recursos para financiar tal evento, que son muchísimo más abultados que el costo que significa para el Senado.
Por esa razón en esta indicación se plantea la posibilidad de que exista una fundación.
Es cuanto quería informar, señor Presidente.
Solo con el objeto de complementar lo señalado por el Senador señor Pizarro , debo agregar que ahora estamos discutiendo una indicación en particular, la cual persigue crear una fundación autorizada por nosotros, para que pueda llevar registro de manera correcta y regular de los diversos aportes destinados a materializar el Congreso del Futuro, que se hace todos los años.
Sin perjuicio de ello, el contexto para estar viendo esta indicación presentada por el Ejecutivo es el rechazo por parte de la Cámara de Diputados de un número de ítems presupuestarios nuestros. Por tanto, lo que hace el Ejecutivo es solo reponer -corríjame, señor Ministro , si estoy equivocado- todos y cada uno de los aspectos rechazados en la Cámara de Diputados.
Entonces, quiero proponer que, junto con discutir esto en su mérito -ya venía en el presupuesto original y fue abordado en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y en las Subcomisiones-, ojalá pudiéramos hacer una sola votación para todas las indicaciones del Ejecutivo a la Partida Congreso Nacional, sin perjuicio de las indicaciones de los señores Senadores y señoras Senadoras respecto de otras áreas de ella.
Señor Presidente, estimados colegas, tengo un par de dudas.
La primera es si el Senado requiere del acuerdo del Ejecutivo para crear una corporación de derecho privado. Yo creo que no.
Y tampoco requiere el acuerdo de un Poder del Estado distinto en cuanto a la administración financiera de sus recursos para autorizar a ese órgano, que tiene como fin la difusión de la ciencia y la cultura, a realizar ciertas actividades.
Además, no creo que necesite el acuerdo del Ejecutivo para traspasar recursos a iniciativas de ese tipo.
De otro lado, no comparto las expresiones que usó el señor Ministro. Entiendo que quizás no fue su intención generar una polémica. Por eso solo quiero dar por sentadas ciertas cosas.
La Comisión de Desafíos del Futuro es un órgano permanente del Senado de la República. El Congreso del Futuro es una actividad del Senado de la República. Por ende, discrepo de los términos que él usó: "regularizar aportes". Me parece que no corresponde discutir este punto en la Ley de Presupuestos.
Que yo sepa, nosotros no hemos autorizado a recibir aportes para acciones que son del Senado. Puede que organicemos actividades conjuntas. Y habrá que precisar cómo se desarrollarán. Pero el uso del lenguaje es muy importante en este caso. Me inquieta que no seamos precisos.
Yo he sido gran defensor de la Comisión de Desafíos del Futuro; del Congreso del Futuro, que ha sido una tremenda contribución. Y el Secretario General nos puede precisar si el Senado recibió aportes de terceros para dicho evento.
Me parece muy importante especificar lo anterior. Hacer todo con el máximo de transparencia es fundamental.
Hay personas que vienen de otras partes del mundo a participar y que a veces también son invitadas por las universidades, que las ayudan a llegar porque además realizan otras actividades. Eso es distinto a recibir aportes. Pero la expresión "regularizar" me suena a que ha habido aportes irregulares.
Por lo tanto, quiero preguntar, primero, si es necesaria la autorización del Ejecutivo para que nosotros realicemos actividades de difusión. Para mí, existe un ámbito de separación de poderes que no se puede trastrocar a través de una indicación de este tipo.
Señor Presidente , aquí no estamos discutiendo el Congreso del Futuro ni la labor que este ha realizado. Pienso que, con más o menos entusiasmo, todos estamos muy contentos con su cometido. Creo que ha sido una contribución.
Sin embargo, la indicación del Ejecutivo genera un problema distinto; en realidad, varios problemas. Y a mí me parece que nosotros, como Senado, debiéramos reflexionar sobre el particular, más allá, incluso, de lo planteado por el Senador Letelier en el sentido de que no necesitamos la iniciativa del Ejecutivo para crear una corporación. Esta atribución la tiene de por sí la Cámara Alta.
Pero a mí me preocupa que el Senado se ponga a crear corporaciones. ¿Por qué tenemos que crear una corporación destinada a la promoción y difusión de la ciencia, el arte y la cultura? ¿Por qué no instauramos también una para el deporte, u otra para defender los derechos de los pueblos indígenas o los derechos humanos?
¿Qué es el Senado, entonces: un ente dedicado a crear corporaciones orientadas a realizar las más variadas actividades en el orden nacional e internacional?
Estimo que dar un paso como este no se hace, de nuevo, a través de una glosa presupuestaria. Es algo mucho más complejo y, personalmente, me parece que crear corporaciones dedicadas a temas específicos, por importantes que sean, resulta ajeno a la tarea institucional de esta rama del Parlamento.
Existe una actividad donde el Senado ha puesto una bandera. Está bien. Sigamos con ella. Podemos hacerlo y lo hemos hecho en otras. Pero la creación de corporaciones es un paso distinto y, en mi opinión, algo completamente impropio.
Si el objetivo de la indicación es, como manifestó el señor Ministro , resolver un problema de -comillas- "financiamiento irregular", me sumo a lo ya planteado: ¿es que ha habido financiamiento irregular? Me gustaría que se aclarara, para los efectos del registro público de la situación. Yo me imagino que no ha habido financiamiento irregular al Senado a través del Congreso del Futuro. Y, si lo hubiere habido, pediría la mayor transparencia. Pero me parecería extraño.
¿Qué ha pasado con los recursos que han ingresado con ese fin? No tengo idea, pero presumo que estarán debidamente cautelados por la Tesorería del Senado y que sobre ellos podrá haber la máxima aclaración y transparencia. Porque, no sé, me sorprendo cuando oigo la expresión "financiamiento irregular", igual que el Senador Letelier, y por lo tanto pido que se esclarezcan, no solo las palabras, sino también el financiamiento que ha tenido el Congreso del Futuro, por cuanto, si ha habido irregularidades, no somos nosotros los que las podríamos amparar y menos todavía ocultar.
Ahora, si lo que ha querido decir el Ministro -no deseo interpretarlo mal- es que habría un problema de orden legal para que una institución externa le efectúe aportes al Senado a fin de desarrollar ciertas actividades, yo preferiría una autorización legal para tal efecto. Si una entidad quiere donarle a la Cámara Alta recursos destinados a desarrollar determinada actividad, como puede ser el Congreso del Futuro u otro seminario o evento, incluso en un área de distinta naturaleza, más vale que tuviéramos una autorización legal específica, para evitar cualquier duda, inquietud, error o irregularidad en los procedimientos, ya no irregularidad en otro sentido.
De nuevo: no me parece que una glosa sea el camino para hacerlo. Entiendo y valoro el espíritu con que la Presidenta y el Ministro están tratando de resolverle un problema al Senado. Me imagino que esa es, al final, la motivación por la cual se presentó la indicación. Pero entendamos que la forma no va por la vía de crear corporaciones, que no es sano hablar de "financiamiento irregular", y que no es positivo generar instancias que podrían prestarse para algo peor: constituir una manera de que platas privadas lleguen a la política.
Todo puede ocurrir cuando empezamos a abrir ventanas de este tipo. Y, por lo tanto, más allá de las buenas intenciones, considero que no podemos aprobar esta indicación y que debemos resolver el problema específico de los ingresos al Senado -si es que los hay- para desarrollar ciertas actividades, a través de la vía legal, pero en ningún caso abrir ventanas de esta naturaleza ni mucho menos aceptar que aquí ha habido financiamiento irregular.
Señor Presidente , un poco en la línea de lo expresado por el Senador Larraín respecto de la indicación 73, no creo que sea conveniente que el Senado -o la Cámara de Diputados- entre a crear corporaciones, aunque sea con muy buenos fines, pues conllevan a una situación en que después termina siendo incluso casi imposible la fiscalización de la forma en que se manejan los recursos.
Voy a dar un ejemplo que no está relacionado ni con el Senado ni con la Cámara de Diputados.
Las municipalidades hoy día -y esto no lo hemos corregido- están facultadas para crear corporaciones. Las crean y a través de ellas reciben recursos provenientes de privados. Un banco que le pone cuentas corrientes a determinado municipio puede hacerle cierto aporte como compensación por este hecho. El problema es que no hay ninguna fiscalización sobre tales corporaciones y que se producen innumerables abusos. Y es una situación transversal, porque no se está dando solo en un tipo de municipalidad.
La creación de corporaciones es algo muy delicado, sobre todo dentro del sector público, porque, desde el momento en que se crea una, deja de ser controlable, pasa a ser mucho más independiente. Y el tema del manejo de los dineros y la política puede empezar a transformarse en una cosa muy complicada.
Ahora, entiendo que, en este caso, la intención es tratar de solucionar un problema específico.
El Congreso del Futuro, efectivamente, ha realizado un buen trabajo. Y en ese sentido creo que el Senado le debe estar reconocido. Pero al parecer el sector privado quiere colaborar en la ejecución de la tarea que está llevando a cabo, ya sea mediante patrocinio, facilitación de medios, etcétera; a lo mejor con la compra de un pasaje para que venga un premio nobel. Puede tratarse de algo así.
Sin embargo, si hubiera alguna situación que regularizar, yo sería partidario de hacerlo por la vía de que el Senado le diera cierto estatus al Congreso del Futuro en cuanto a cómo va a ser tratado en términos presupuestarios, de acuerdo a lo que determine nuestra Comisión de Régimen Interior.
Por lo tanto, creo que el modo en que la indicación corrige el problema no es el más adecuado y a lo mejor puede provocar más dificultades y llevarnos a un escenario de mayor confusión que no le traiga ningún efecto positivo al Parlamento, menos aún después de los casos que hemos conocido en el último tiempo.
Distinto es -y llamo la atención sobre esto- el tema que aborda la indicación N° 75, a la cual se refirió el Senador Pizarro. Ahí se le reponen al Senado ciertas asignaciones que le fueron eliminadas en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. He sabido que por votos en la Cámara de Diputados se innovó en el presupuesto de nuestra Corporación, y es lo más grave que me ha tocado conocer en mis tiempos de parlamentario.
La autonomía de una y otra rama legislativa para formular, en armonía y correspondencia, sus respectivos presupuestos ha sido una norma de conducta permanente.
No he tenido oportunidad de conversar con el Presidente de la Cámara de Diputados. No sé si lo habrá hecho el nuestro. Pero yo venía con la intención de formular indicaciones para suprimirle a la Cámara las mismas asignaciones y provocar así una situación de conflicto mayor. ¿Y qué significa para el país ver que la Cámara y el Senado discuten asignaciones que muchos dicen que a lo mejor no son necesarias ni convenientes o que al menos son excesivas?
En cuanto a la reposición, entonces, me parece muy bien lo que ha señalado el Senador Pizarro en el sentido de que quizás se está buscando un acuerdo para evitar nuevamente este tipo de situaciones. Y, por supuesto, tenemos que aprobar la indicación 75 para después entrar, con la Cámara de Diputados, a una conducta pari passu, de mucha lealtad en la discusión de estos temas.
Reitero: por esa razón, creo que tenemos que apoyar la indicación 75 sin problemas, sin dificultades.
Respecto al tema de las corporaciones, yo sería partidario -y se lo pido al Ejecutivo- de contar con una normativa que compatibilice una resolución interna nuestra, como Senado, con alguna glosa que nos permita dar solución a temas que puedan estar pendientes.
Con el énfasis y la importancia que ha tomado el Congreso del Futuro, al cual viene gente de mucha trascendencia y relevancia, creo que no lo podemos dejar en el aire, sin solución.
Señor Presidente, yo quiero hacer un planteamiento un poco distinto del que han expuesto los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, que, no cabe duda, han efectuado un buen análisis.
Me gustaría encontrar -estuve hablando con el Ministro de Hacienda - la salida a un problema que es real. La indicación muestra una línea de solución. Puede haber otras. Pero enfrentémoslo de esa manera.
Desde hace poco soy parte de la Comisión de Desafíos del Futuro, así que no me voy a atribuir ningún éxito, más allá de lo que pueda haber ayudado en el último tiempo. Sin embargo, considero que el Congreso le ha entregado mucho al país y mucho a este Senado. Si uno preguntara qué cosas importantes ha realizado nuestra Corporación, más allá del ámbito legislativo, no me cabe duda de que ese encuentro anual estaría dentro de las más valoradas. Porque, en mi opinión, ha sido un aporte tener a decenas de premios nobel instalados en el Senado o en las distintas regiones de Chile. Este año se amplía a todo el país y cada región va a tener su propio análisis con visión de futuro y con especialistas de alto nivel. Y creo que eso tiene mucho que ver con la función de representación de determinado territorio. No es algo frente a lo cual uno pueda decir "Da lo mismo". ¡No! Tiene que ver con una función de hacer pensar, de crear, de innovar. Y pienso que el aporte que el Congreso ha efectuado es muy importante.
¿Por qué hago este preámbulo? Porque, si alguien sostuviera que ese panel no sirve, estaríamos en otra situación. Pero estimo que hay un acuerdo muy transversal en cuanto a que significado un gran aporte.
La pregunta siguiente, que también nos planteamos en la Comisión, es cómo asumir una realidad.
Primero -y lo quiero dejar claro, pues fue objeto de discusión en su momento-, el Senado, por sí mismo, no puede crear una corporación de derecho privado. ¡No lo puede hacer! La ley orgánica no lo autoriza. Ahora, si así fuera, habría que analizarlo.
Se está planteando la vía que sugiere la indicación. Alguien puede afirmar: "La Ley de Presupuestos no es el instrumento adecuado: tendría que hacerse en otra ley". Es parte del debate. Pero la única forma de crear una corporación de derecho privado es a través de una ley de esa naturaleza. La Comisión de Régimen Interno o la misma Sala no están facultadas para decir "Vamos a crear una corporación", porque la ley orgánica no lo permite.
Entonces, el tema es cómo poder aprovechar una sinergia virtuosa para entender que el Congreso del Futuro puede funcionar también con un equivalente positivo entre el mundo privado y el público.
Si se mira el asunto desde el punto de vista del costo, se verá que ese foro debe de significar, al lado de otras cosas que históricamente realiza el Senado, el 0,5 por ciento de su presupuesto. No lo sé; tal vez es menos. Pero su impacto es muy profundo, mucho mayor, y eso es relevante.
Sin embargo, hasta ahora no ha habido una fórmula para crear un buen escenario, de largo o mediano plazo, que permita asumir los aportes que se puedan hacer. ¿Para qué? Para comprar pasajes para que asista un premio nobel. Quiero dejar claro que ninguno de los expositores cobra por su participación. Vienen porque el Congreso del Futuro tiene prestigio. A mí me ha tocado invitar a algunos expertos y nunca han cobrado. Está dentro de las reglas del juego que lo único que se les paga es el pasaje y la estadía, lo cual, a mi juicio, es lo mínimo que se puede hacer para que un científico de primer nivel venga tres o cuatros días a exponer en distintos lugares.
Ese es el problema, señor Presidente: cómo hacer que esos fondos, que no son tan significativos, puedan entrar con mayor transparencia, mayor accountability ,para los efectos de responder cualquier legítima inquietud que alguien pudiera plantear.
Si alguien me dice "Esta no es la ley adecuada", está bien, pero, entonces, ¿dónde y cómo lo hacemos? ¿O lo hacemos por la vía de los hechos? Una fórmula podría ser -estaba pensándolo- la Ley de Presupuestos, por uno o dos años, pensando en otra ley hacia delante. Es una fórmula, que sugiero. Hay otras.
En todo caso, esto fue consultado con la fiscalía del Senado, porque era obvio. Aquí se está tratando de solucionar un problema.
En lo personal, señor Presidente , he oído con interés las inquietudes, que son razonables. Pero hay que buscar una fórmula. Quizás dar temporalidad es una, o alguna otra que a alguien se le ocurra. Lo que no podemos hacer es dejar algo que ha sido una muy buena idea languidecer ni menos morir por no habernos puesto de acuerdo en crear un instrumento que a todas luces resulta muy importante para las labores que nuestra Corporación realiza.
Le voy a dar la palabra a continuación al Senador señor Montes.
Antes, quiero simplemente recordarles que no hay nadie que se oponga al financiamiento del Congreso del Futuro ni a las actividades que este lleva a cabo en el mes de enero. Sí hay inquietudes, desde el punto de vista normativo, acerca de cuál es el mejor vehículo para recibir, eventualmente, no para el Senado, sino para la actividad misma, los aportes que terceros quieran realizar.
Y quiero ratificar algo que señaló el Senador Coloma: la fiscalía de nuestra Corporación también ha emitido una opinión a este respecto.
Dicho eso, me hace algo de sentido, más allá de los méritos de tener una fundación como la que se está solicitando para estos fines, el que tal vez no requerimos, para el solo hecho de crear una corporación, una indicación del Ejecutivo o tal vez alguna atribución nuestra.
Quiero dejarlo establecido así.
Y voy a dejar con la palabra al Senador Carlos Montes, quien también ha estado trabajando en este tema.
Señor Presidente , la verdad es que yo no he estado trabajando en el tema, más allá de ser parte de la Comisión Revisora de Cuentas, donde cada año hemos tenido que ir viendo cosas que es necesario pasar a procedimientos superiores, normalizar mejor. Y fue en ese marco que surgió esto. Hay otros temas más; este no es el único dentro del funcionamiento de la institución.
Más allá de eso, quiero decir que el Congreso del Futuro tiene un aspecto de creación, de respuesta moderna a los problemas de la política y de la sociedad. Yo tendría mucho cuidado en hacer puramente un análisis de los eventos.
¿Quién hoy día y de qué manera está vinculando la política con la industria, con la ciencia, con la educación, con los jóvenes?
Aquí hay algo que ha tenido un éxito tremendo. Yo más bien me sentaría a pensar a qué se debe, porque a nosotros no nos resulta fácil vincular, de una manera mucho más dinámica y creativa, distintas dimensiones de la creación o construcción de la sociedad.
La política tiene serias limitaciones. ¡Todas las instituciones! ¡Si esta es una crisis de las instituciones!
Así que yo tendría más bien una mirada de orgullo, de algo que hay que profundizar, que hay que elaborar más.
Nosotros tenemos la biblioteca más grande de Chile. Y díganme ustedes, ¿qué significa esta biblioteca desde el punto de vista de los grandes debates y de la creación cultural para el país? ¿Cuánto campo tenemos para desarrollar e ir mucho más allá de lo que hemos ido hasta ahora?
Pienso que hay que mirar el Congreso del Futuro con toda su potencia y su riqueza y buscar una solución instrumental de acuerdo a eso.
También disponemos de un centro de extensión, y tenemos que ver qué vamos a hacer con él. Existen asimismo las Mesas Temáticas. Son cosas que estamos analizando, porque ahí hay igualmente distintos tipos de colaboración interinstitucional, de trabajo, propios de las instituciones modernas.
¿Qué pasa con el local de Santiago? ¿Es razonable que gran parte del tiempo esté detenido y no sea un gran centro cultural de la ciudad, un vínculo en educación cívica? ¡No!
Cuando el Presidente de nuestra Corporación hizo su discurso de instalación, dijo: "Voy a tratar de que este centro sea otra cosa". ¿Cuál es el instrumento creado para hacerlo mejor? Tenemos que estudiarlo.
Yo le digo al Senador Zaldívar que, a mi juicio, el tema de los municipios y de las corporaciones no lo hemos resuelto bien, pero no por el lado del control, pues es necesario generar estos sistemas. ¿Cuántas formas tienen los municipios modernos -como en España, en Suecia- de asociarse? Los españoles disponen de siete, entre las cuales están las corporaciones, las asociaciones público-privadas, distintas maneras que dan flexibilidad en la gestión.
Es cierto que la Contraloría optó por que cuando hubiera plata pública y privada en una corporación solo se revisaran los recursos públicos.
Entonces, quedó el descontrol total.
El problema es hacerle ver a la Contraloría que este problema hay que enfrentarlo en su conjunto, cuestión que en poco rato más vamos a discutir a propósito de la plata que se pasa a las universidades privadas.
Creo que aquí estamos en una discusión sobre cómo hacer más moderno, creativo y dinámico, respondiendo a los tiempos actuales, el acierto que ha significado el Congreso del Futuro.
Yo sugiero que busquemos una alternativa.
Por ello, le pido al Ejecutivo -no sé si el espíritu del Senador Coloma es el mismo- que retire la indicación para que repensemos y busquemos una solución que no descalifique todo, porque es imprescindible buscar una salida instrumental a un problema de modernidad de esta Corporación.
Le solicito al Ejecutivo que retire la indicación para que nos demos más tiempo. Probablemente, lo que mencioné no va a venir en la iniciativa que nos ocupa, pero puede que sí en otra.
Comparto el criterio de que para que el Congreso del Futuro sea parte de una corporación privada se requiere una ley. Eso me parece clarísimo. Y no creo que sea la Ley de Presupuestos la instancia más adecuada para hacerlo, porque se trata de una figura de carácter permanente que no puede fijarse mediante una ley transitoria.
Con relación a destinar recursos para regularizar este tema, hay otras formas, tal como se ha hecho hasta ahora.
Yo creo que debemos sentir harto orgullo por el Congreso del Futuro. Es una creación demasiado potente.
¿Ustedes han visto la cantidad de jóvenes que lo ve y que se vincula con él a lo largo de todo el país? Ojalá tuviéramos con la política estas dinámicas para poder ligarnos de esa manera a la juventud moderna y creativa.
Por esas razones, pido al Ejecutivo que retire la indicación para que nos dediquemos a pensar más a fondo cómo resolvemos este asunto.
Se valora su sugerencia, señor Senador.
Tengo inscrito al Senador señor Navarro. Y después, a los Honorables señores Horvath y Chahuán.
Señor Presidente, cabe recordar la situación de la CONAF.
El Tribunal Constitucional ha determinado hace ya largo tiempo que dicha institución es un híbrido inconstitucional, y no ha dado la instrucción de deshacerla por el grave daño que provocaría.
Esa es una situación pendiente.
Necesitamos una CONAF pública, pues hoy día es un servicio privado financiado con fondos públicos.
Segundo, hace rato que la relación del Parlamento con la sociedad civil es prácticamente inexistente.
Yo soy partidario de que se establezca una relación con la ciudadanía y con los empresarios, que también son ciudadanos.
Sin embargo, esto debe estar extremadamente regulado.
Debemos evitar que esta relación pueda transformarse en un mecanismo de lobby, tal como lo describe Naomi Klein en su libro No logo: el poder de las marcas, en donde se revela que muchas corporaciones empresariales de Estados Unidos han logrado influir al interior de las universidades y del Congreso, mediante donaciones indirectas a través de estas fundaciones-corporaciones.
Creo que esa es una situación que debemos evitar.
Pero lo que está claro es que no tenemos por qué excluir a la ciudadanía de la creación de actividades conjuntas y debemos regularlo para que no vaya a terminar como el financiamiento privado a las campañas políticas.
Debo recordar que cuando fui Vicepresidente del Senado propuse comprar la casa de Rebeca Matte, ubicada frente al edificio del ex Congreso Nacional en Santiago. La construcción está abandonada, afectada por el terremoto. Tiene una arquitectura similar a la del ex Parlamento en un sector que debiera ser de carácter público-patrimonial.
Da pena el estado en que se encuentra el edificio del ex Congreso Nacional, frente a los tribunales de justicia, la catedral, la municipalidad de Santiago, la plaza de armas: en completo abandono.
Desde hace ya cuatro o cinco años venimos diciendo, no por los Senadores, no por la Corporación, sino por la ciudad de Santiago y por el prestigio de las instituciones, que la construcción debiera ser reparada.
El señor Secretario nos ha informado de las múltiples gestiones que se han hecho frente al MOP para ello, pero los hechos revelan que el edificio sigue abandonado.
Uno podría pensar que hay posibilidades de repararlo mediante una alianza con el sector privado, pues es un patrimonio de la ciudad y sirve tanto al conjunto de los ciudadanos como al centro cívico de la Capital.
Por lo tanto, la fórmula hay que decantarla, explorarla. Y en este proyecto de Ley de Presupuestos no corresponde tomar una definición sobre la creación de nuevas institucionalidades o mecanismos de financiamiento.
Lo que sí cabe es clarificar la situación de financiamiento y seguir todas las acciones para que el Congreso del Futuro continúe, ya que ha sido un enorme aporte que prestigia al Parlamento, particularmente al Senado.
Sin embargo, se requiere que ese evento se haga de forma regular, para evitar que las buenas ideas se transformen después en problemas.
Entiendo que ese es el objetivo de la indicación del Gobierno.
Estoy disponible para apoyarla bajo estas condiciones o, si es posible, a conciliar un nuevo texto con los planteamientos de la Oposición para ver cómo enfrentamos este problema, sin dañar el corazón de lo que ha sido una extraordinaria y muy buena idea.
Del mismo modo, debemos generar elementos que permitan, por ejemplo, la restauración y recuperación del patrimonio nacional, como el ex Congreso Nacional en Santiago, al objeto de que pueda ser recuperado para la ciudadanía, para las generaciones futuras, y alejado del abandono en que hoy día se encuentra.
Por lo tanto, si vamos a tener una votación dividida, pido hacer el esfuerzo de redactar una nueva formulación de la indicación, que salvaguarde ambas visiones, pues también me parecen correctas.
El financiamiento indirecto puede generar graves problemas, que hay que evitar a toda costa.
Tengo cinco inscritos.
Señor Presidente , debo resaltar que no está en juego ni en discusión el trabajo realizado por la Comisión de Desafíos del Futuro.
El punto es otro y, por tanto, no tenemos que entrar a defender lo que ha hecho ese organismo técnico ni lo que va a hacer.
Debo decir que, a mi juicio, la fórmula que se nos propone es un poco peligrosa.
La indicación habla de crear por ley -en realidad es una modificación que tendrá rango legal- una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, destinada a la promoción y difusión de la ciencia, pero se agrega el arte y la cultura.
¿Y el Centro de Extensión del Senado acaso no persigue eso?
El Centro de Extensión del Senado se financia con muy pocos fondos y tiene redes con agrupaciones de universidades regionales y con organismos vinculados a la educación ciudadana.
Además, Sus Señorías ven continuamente cómo funciona.
No quiero homologarlo, pero es posible hacerlo.
Por lo tanto, la fórmula para que el Senado reciba esos fondos tiene que ser distinta a la que se nos propone.
Recuerdo a los señores Senadores que no estamos defendiendo el tema de fondo del Congreso del Futuro, sino cuáles son los mejores mecanismos e instrumentos para conseguir el financiamiento adecuado de la manera más transparente.
Señor Presidente , Honorable Sala, en primer lugar, debo manifestar que la Comisión de Desafíos del Futuro ha hecho una labor importante. Su creación obedeció a un proyecto de ley que intentamos materializar en su oportunidad en la Cámara de Diputados, pero fue en el Senado donde hubo una masa crítica transversal que permitió su materialización.
Segundo, esta es la única Comisión que trabaja con rectores de universidades, con la academia, con los premios nacionales, y ha sido capaz de integrar una visión holística con relación a los fenómenos sociales.
Además, ha sido la instancia en la cual se ha generado el Congreso del Futuro.
El Congreso del Futuro -es bueno que la gente lo sepa y por eso lo aclaro- es el quinto evento de difusión científica en el mundo -¡el quinto!-, en términos de tamaño e impacto. Cada año vienen los cien líderes de pensamiento de punta a exponer a Chile: asistieron cinco premios nobeles en la última visita.
Este evento genera, además, actividades colaterales.
Se realizó en el ex Congreso Nacional la actividad de Futuristas, que es el primer Congreso del Futuro para niños a nivel mundial.
Si Sus Señorías hubiesen ido a las sesiones, habrían visto llenos totales: ¡600, 700 jóvenes! ¡Todas las instalaciones del Senado ocupadas en forma paralela! O sea, fue una reunión extraordinaria, con expositores de primer nivel, para acercar la ciencia a los niños.
Por lo tanto, fue una actividad realmente extraordinaria.
Tanto el Congreso del Futuro para los niños como el Congreso del Futuro tradicional representan un aporte para la imagen del Congreso y para la forma como se vincula con la sociedad civil.
Dicho eso, veamos cómo se financia.
Ya lo dijo el Senador Coloma. Ninguno de los participantes cobra por venir. Simplemente se les financia el pasaje y el hospedaje, en caso de ser preciso.
Segundo, hay un trabajo colaborativo de múltiples instancias. Nos gustaría que no fueran necesarios los aportes para efectos de su financiamiento, pero los recursos del Parlamento no alcanzan para organizar un evento de este impacto.
Lamentablemente, tampoco ha habido recursos del Ejecutivo, en el entendido de que este es un trabajo colaborativo, en el cual el Estado de Chile ofrece una manera de vinculación distinta a fin de generar interés por la ciencia.
Por tanto, una vez resaltada la importancia de la Comisión de Desafíos del Futuro, que imita el ejercicio de Comisiones de otros países en el mismo ámbito, como Finlandia, y que ha sido capaz de tener un modelo exportable a todo el continente, algo que también es relevante, se establece la necesidad de ver cómo se financia.
Y si esta fórmula no parece adecuada, habrá que buscar una distinta. Pero lo que sí le pedimos al Ejecutivo , por su intermedio, señor Presidente , es que si no existe un acuerdo respecto de dicha fórmula, se pueda retirar y buscar otra diferente para financiar el Congreso del Futuro, y finalmente tener una instancia de impacto y relevancia nacional e internacional.
Además, quiero decirles que el último Congreso del Futuro, que ahora logró descentralizarse (estuvimos presentes en seis regiones), tuvo un gran impacto. El Congreso Nacional estaba repleto de público, que quería escuchar a quienes se encuentran a la vanguardia del pensamiento mundial.
Y, en ese contexto, nos extenderemos a otras diez regiones. Una posibilidad es hacerlo a través de streaming, mediante lo cual en la última oportunidad llegamos a un millón de contactos, ¡un millón de contactos! Por primera vez, el Congreso Nacional ocupó durante siete días la portada de LUN no con escándalos, sino con difusión científica e impacto positivo.
Entonces, cuando uno habla de la necesidad de generar perspectiva, de generar futuro, de soñar el Chile de los próximos veinte o treinta años, de traer a aquellos con pensamiento de punta para estimular el interés por la ciencia, va en la dirección correcta.
En consecuencia, por su intermedio, señor Presidente , quiero pedirle al señor Ministro que se retire esta indicación y que veamos cómo se busca una fórmula transparente que a nadie le genere dudas respecto de cómo se financia una obra tan importante como el Congreso del Futuro.
Apoyando por supuesto esta actividad, solicito al Gobierno que no abandone esto ni tampoco el establecimiento de un chasis institucional, por medio de la iniciativa sobre creación del Ministerio de Ciencias y Tecnologías, que la Presidenta de la República se comprometió a presentar antes del 31 de diciembre.
Ha solicitado la palabra el señor Ministro y, además, tengo inscritos a los Senadores señores García, Guillier, Girardi y señora Lily Pérez, en ese orden.
Señor Presidente , en mi calidad de Presidente de la Comisión Revisora de Cuentas , y a raíz de este debate, tengo la obligación de informar a la Sala que el día 16 de noviembre recién pasado sus cinco integrantes (Senadores señores Montes , García-Huidobro , Guillier , Matta y quien habla) enviamos al Presidente de la Corporación -a usted- un oficio en relación con esta misma materia, los gastos del Congreso del Futuro, debido a publicaciones de prensa.
El tenor del oficio es el siguiente:
"1.- Precisar que habiendo sido oportunamente revisadas las cuentas relativas a los gastos institucionales de la Corporación correspondientes al año 2014, no encontró reparo alguno que formular a los aportes efectuados para la realización de dicho evento.
"2.- Proponer a la Comisión de Régimen Interior que, habida cuenta de la relevancia y magnitud que ha ido adquiriendo esa actividad, adopte las medidas conducentes a dotarle del marco orgánico y la institucionalidad adecuada para su desarrollo.".
Señor Presidente , más que hablar de financiamiento irregular, lo que nosotros hemos determinado en la Comisión es que el Congreso del Futuro se desarrolla mediante un método no regulado. Como esta instancia ha ido creciendo en forma sistemática a través de los años -al igual que varios que me han antecedido en la palabra, tengo la mejor opinión de lo que ha logrado; creo que realmente es un gran gran aporte-, consideramos que hay que darle una institucionalidad distinta a la que hoy tiene.
Podría ser a través de nuestro Centro de Extensión del Senado. A lo mejor, habría que evaluarlo. En cuanto a la creación de una Corporación tengo un poco la misma aprehensión que ya se ha señalado: ¿crearemos después otras corporaciones?, ¿cuántas se podrían llegar a crear?, ¿cómo se financiarán?, ¿cuánto personal tendrá cada una de ellas? O sea, esto puede ser muy inorgánico finalmente, y escaparse a cualquier control.
Yo sugiero que suspendamos esta discusión, que no votemos esta indicación, señor Presidente. Creo que es importantísimo que lo revise la Comisión de Régimen Interior: ahí se pueden ver los pros y los contras.
Simplemente, como Comisión Revisora de Cuentas, no quisiéramos que el gran aporte que significa el Congreso del Futuro se viera empañado el día de mañana porque parte de su financiamiento se haya debido, por ejemplo, a aportes de empresas; a aportes de embajadas (también ha ocurrido así); a aportes de universidades.
Creemos que eso debe estar regulado.
Y esa es la institucionalidad que nosotros esperamos para una iniciativa tan importante como la que se ha venido desarrollando.
Sugiero que no votemos esta indicación, señor Presidente , y que previamente este tema se discuta en algún momento por la Comisión de Régimen Interior.
Señor Presidente , para ser particularmente breve, porque voy en la misma línea de lo que acaba de señalar el Senador José García Ruminot , en la Comisión Revisora de Cuentas nosotros tuvimos a la vista los antecedentes del año 2014 -vamos con un retraso-, y al respecto quiero señalar que no se detectó ninguna irregularidad en esta materia y en lo que se refiere a la Comisión de Desafíos del Futuro.
Sin embargo, todos coincidimos en la necesidad de generar algún tipo de institucionalidad no solo para este encuentro (Congreso del Futuro), sino para cualquier iniciativa de promoción de la ciencia, de la tecnología, de la cultura o de la educación política del país.
Se necesita un mismo mecanismo para canalizar ese tipo de iniciativas, para todo tipo de efectos, que le den cierta regularidad precisamente por transparencia, y porque ello procede cuando adquieren cierto grado de magnitud, de autonomía y peso propio, que desborda claramente lo que es el área de extensión del Senado.
Por tal razón, entendiendo que existen algunas dificultades de tipo formal y legal que es necesario revisar, creo que sería incluso conveniente que tomáramos un acuerdo para que se recomendara el estudio y la definición de dicho mecanismo institucional.
Señor Presidente, valoro y agradezco el apoyo de la mayoría de los Senadores y Senadoras que han hablado.
Considero que este es un tema importante y relevante, porque cuando el Congreso hace leyes está construyendo el futuro, ya que las leyes son para adelante y no para atrás.
Y, a veces, me parece que nosotros no valoramos nuestro rol de intentar cambiar el futuro. Porque el futuro, a diferencia del pasado, se puede cambiar; y el pasado entrega la experiencia, el aprendizaje, sobre la base de lo cual se puede edificar el futuro.
Tal vez, cuesta que las instituciones se vayan modernizando. Y uno de los desafíos que se ha planteado el Congreso del Futuro es intentar unir algo que en Chile estuvo unido y que después se separó no por culpa de este Parlamento, sino debido a la cultura que hemos vivido, en que por un lado está la ciencia, por otro la intelectualidad (la academia), y por un tercero la definición de políticas públicas.
Y la Comisión de Desafíos del Futuro, de manera muy transversal, ha intentado unir lo que está separado; a volver a poner en un mismo locus de discusión nuestra más avanzada frontera de pensamiento tanto en las Ciencias Sociales, en la Filosofía, en el Arte como en las ciencias duras, para poder reflexionar sobre cuáles son las políticas que el país necesita, y así generarlas.
Quiero recordar que nosotros hemos suscrito un convenio con todas las universidades para que a través de la Comisión puedan presentar proyectos de ley, o participar en las Comisiones.
Al mismo tiempo, hemos intentado ciudadanizar y democratizar el futuro, porque este será de la ciencia y los datos. Lo que viene es un datacentrismo muy poderoso, donde las instituciones van a tener cada vez menos relevancia y los algoritmos van a sustituir cada vez más las decisiones de las personas. Ya lo hemos visto con la aparición de Uber, que nos plantea un desafío: para operar dicha empresa no necesita ni Parlamento ni Estado ni instituciones, pues puede organizarse sobre la base de una plataforma virtual.
Ha sido interesante la experiencia del Congreso del Futuro, instancia que hemos definido como un laboratorio de innovación social y exploración.
En el último encuentro invitamos a cerca de 82 científicos, premios nobeles, filósofos e intelectuales de todas partes del mundo, para ver cuáles son las fronteras en que se va a desenvolver nuestra historia.
Dicho evento es gratuito, pues busca democratizar el futuro. Si los ciudadanos y la política no entienden el mundo que viene, difícilmente podrán incidir y decidir sobre él.
Pero sé que eso no está en cuestión.
Acabamos de realizar un Congreso del Futuro para los niños, al que asistieron mil 800 menores. Hubo 50 mil puntos de contacto con escuelas y bibliotecas a lo largo de todo Chile. Fue una experiencia muy importante porque los niños son el principal capital para cambiar el mundo y construir un futuro distinto.
Este año vamos a recibir la visita de POST, la institución más importante del mundo en materia de asesoría científica y tecnológica. Esta Oficina británica pidió venir a conocer la experiencia del Congreso del Futuro. Uno de sus enviados llegará en diciembre para testimoniar la labor que aquí se ha desarrollado.
Hemos hecho caminatas del futuro y talleres con niños para observar el universo, junto con la Academia Chilena de Ciencias y el conjunto de los Senadores y las Senadoras.
Con la indicación en debate se buscaba formalizar todo lo relativo al Congreso del Futuro. Queríamos garantizar la máxima y absoluta transparencia para que no existiera ninguna duda al respecto. Esa fue la intención.
La idea nació de una serie de consultas que formulamos a las unidades de Fiscalía y Auditoría para contar con un instrumento más transparente, que generara todas las posibilidades de formalización de una instancia como la que se persigue.
Como se ha señalado, no queremos que se origine ningún tipo de duda que pueda opacar el Congreso del Futuro. Porque tal evento funciona sobre la base de su reputación. Quienes vienen a exponer lo hacen en forma gratuita, y no asistirían si el órgano organizador se encontrara cuestionado.
Insisto: no se les paga a los expositores por su participación.
Por otra parte, la Comisión de Desafíos del Futuro constituyó una alianza con el mundo de los emprendedores, específicamente con la ASECH, entidad que agrupa a un nuevo tipo de empresas, las de categoría B. Además del mundo privado, la alianza se extiende a la Academia Chilena de Ciencias y a las universidades.
Todas esas instituciones son parte hoy el Congreso del Futuro.
Señor Presidente, propongo que se retire la indicación y que busquemos el mejor mecanismo que pueda encontrar el Senado, con el objeto de que el Congreso del Futuro, que es muy importante -y valoro que sea transversalmente reconocido-, tenga el mejor chasis. Se requiere el mejor instrumento para garantizar siempre la máxima transparencia a fin de que no quede ninguna duda al respecto.
Señor Presidente , en verdad, voy a sonar un poquito aguafiestas. Pero, con todo respeto, después de escuchar algunas intervenciones, pareciera que el Congreso del Futuro fuera mucho más importante que el Parlamento y que les está resolviendo la vida a nuestros compatriotas.
Insisto: lo digo con todo respeto.
Por el nivel de exageración que he oído esta mañana de parte de algunos Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra en relación con el Congreso del Futuro, pareciera que estamos hablando de algo tan increíble que no solo cambiará al Parlamento y su prestigio, sino que también mejorará la calidad de vida de los chilenos.
Con franqueza, hago presente que me encanta que lleven adelante el Congreso del Futuro. Conozco a gente que ha asistido. Es un tremendo aporte.
Pero les quiero decir que, aunque retiren la indicación y hagan lo que sea, ¡nunca voy a votar a favor de algo que implique aportes de privados! ¡Ya hemos tenido muchos problemas en Chile en esta materia!
¡Por favor! ¡Cuántos Senadores han sido investigados por aportes de privados en sus campañas!
¡Cuántas veces hemos visto el problema de falta de plata! Y resulta que aquí se le están asignando recursos fiscales al Congreso del Futuro.
¡Y, además, quieren dineros de privados! La gente que más habla de esto es la misma que critica los conflictos de intereses de privados que participan en política: "¡No, este señor es empresario! ¡Es mejor no actúe en política!".
¡Pero después sí pueden pedirles a empresas privadas que aporten para el Congreso del Futuro!
¿Saben qué? ¡Superincoherente esa cuestión!
Hoy día no tenemos plata para las manipuladoras de alimentos porque el Ejecutivo señala que no hay, pero -y gracias por recordármelo Senador Moreira - ¿resulta que sí hay recursos para el Congreso del Futuro?
Yo no estoy de acuerdo con tal situación.
Cuando este Parlamento decida atender las prioridades de la gente con recursos fiscales, todo mi apoyo.
¡Sigan trabajando en el Congreso del Futuro como lo han hecho hasta ahora! Bien. Felicito a quienes participan ahí.
¡Pero digan la verdad también! Digan que está cuoteado políticamente.
Al mundo independiente ni siquiera nos han invitado a participar en esta cuestión. El Senador Horvath me lo recordaba hoy día.
Repito: está cuoteado políticamente. He leído en los diarios que hay gente ahí vinculada a determinado partido político, al del Senador Girardi, quien intervino antes. A propósito, no sé por qué el Senador Girardi da las gracias al Senado, como si fuera el Presidente del Senado ante el Congreso del Futuro. Con todo respeto, pero ¿no se supone que es algo transversal?
Entonces, sigo sin entender mucho por qué es tan maravilloso este Congreso del Futuro. Reconozco que ha hecho un aporte, pero ¿por qué hay que darle plata?
El Senado cuenta con un Centro de Extensión, que se encarga de efectuar actividades vinculadas al arte y la cultura. Hoy día se inauguró una exposición organizada, entre otros, por el Senador Horvath. Asistimos con los colegas Guillier y Bianchi.
Bueno, dicho Centro está a cargo del arte y la cultura.
Ante ello, ¡por qué el Congreso del Futuro recibe plata de esta Corporación y ahora, además, se le quiere dar una llave para recibir aportes de privados, con lo que ello implica, con el riesgo que significa la asociación de la política con el mundo de la empresa privada!
¡No! Yo por lo menos les digo altiro que no estoy de acuerdo.
Sigan con el Congreso del Futuro, que les vaya superbién, porque me parece que es un tremendo aporte. Pero no comparto que se convierta esa instancia en una fuente de financiamiento de actividades paralelas al Parlamento, y menos si se vincula con privados. Por último, a estos pidámosles plata para hacer otras cosas por nuestro país.
No estoy de acuerdo con lo propuesto.
Señor Presidente , solo quiero señalar que, dada la línea de discusión que ha habido, vamos a retirar la indicación Nº 73, y nos comprometemos a trabajar con las personas que el Senado designe para buscar el mejor marco jurídico en este ámbito.
Eso sí, no me gustaría dejar pasar la idea de que no puede haber cooperación entre el sector público y el mundo privado. Más allá de todos los escándalos que hemos conocido en los últimos años, que son graves, que requieren leyes -hemos dictado varias- y mayor transparencia, no es posible llegar al extremo -y voy a ridiculizar el argumento- de no comprar clips o corchetes porque la contraparte es una empresa privada.
Hacia allá vamos con esa lógica argumental.
Debemos buscar mecanismos transparentes, con reglas claras, para permitir dicha cooperación.
Nosotros valoramos desde el Ejecutivo el Congreso del Futuro, además de la labor del Congreso Nacional, y queremos ayudar para que el sector privado pueda aportar a esta iniciativa de manera transparente y con las mejores normas posibles de encontrar.
En relación con el tema en comento, se entiende que la indicación Nº 73 ha sido retirada.
En lo fundamental, para facilitar el trabajo del Congreso del Futuro, con todos sus aportes y bemoles, que algunos no han dudado en destacar, esperamos que la Comisión de Régimen Interior, junto con la Fiscalía, encuentre una fórmula adecuada para otorgarle el financiamiento que corresponde del modo más moderno y transparente posible.
--Queda retirada la indicación N° 73.
Si bien estamos pasados de la hora de término de esta sesión, quiero pedirles un último esfuerzo para votar las indicaciones Nos 74 y 75, que buscan reponer...
No las hemos leído.
Veámoslas en la tarde.
No las quieren discutir ahora.
Entonces, por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.

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resolución
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