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Ley 16/1991, de 10 de julio, de las policías locales - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 16/1991, DE 10 DE JULIO, DE LAS POLICÍAS LOCALES (DOGC DEL 19; BOE DE 9 DE AGOSTO)
Título I. De las Policías locales y de sus funciones (Arts. 1 a 13)
Art. 2. Concepto
Art. 3. Naturaleza jurídica
Art. 4. Organización interna
Art. 5. Ámbito de actuación
Art. 6. Requisito previo a la toma de posesión
Art. 7. Agentes de la autoridad
Capítulo II. El armamento, el uniforme y la residencia (Arts. 8 y 9)
Art. 8. Armamento
Art. 9. Uniformidad
Capítulo III. Los principios de actuación y las funciones (Arts. 10 a 13)
Art. 10. Principios de actuación
Art. 11. Funciones
Art. 12. Policía Judicial
Art. 13. Vigilantes
Título II. De la coordinación y de la colaboración entre las Policías locales (Arts. 14 a 23)
Capítulo I.La coordinación de las Policías locales: Definición y funciones (Arts. 14 y 15)
Art. 14. Coordinación de las Policías locales
Art. 15. Funciones de coordinación
Capítulo II. La Comisión de Coordinación de las Policías Locales y los demás órganos colegiados (Arts. 16 y 17)
Art. 16. Comisión de coordinación (Derogado)
Art. 17. Junta Local de Seguridad
Capítulo III. Alcance de la coordinación (Arts. 18 a 20)
Art. 18. Unidad de armamento
Art. 19. Homogeneización
Art. 20. Documentación
Capítulo IV. La colaboración y la cooperación entre las Policías locales (Arts. 21 a 23)
Art. 21. Servicios comunes
Art. 22. Asesoramiento
Art. 23. Convenios de colaboración
Título III. De la estructura y de la organización de las Policías locales (Arts. 24 a 27)
Capítulo I. Las Escalas y las categorías de los Cuerpos de Policía Local (Arts. 24 y 25)
Art. 24. Cuerpos y Escalas
Art. 25. Plantilla de personal
Capítulo II. El Jefe del Cuerpo de la Policía local (Arts. 26 y 27)
Art. 26. Jefatura del cuerpo
Art. 27. Funciones
Título IV. Del acceso y de la promoción (Arts. 28 a 33)
Capítulo I. Normativa aplicable (Art. 28)
Art. 28. Funcionarios de carrera
Capítulo II. Régimen de acceso a las Policías locales (Arts. 29 a 32)
Art. 29. Ingreso
Art. 30. Promoción interna
Art. 31. Especialidades del acceso
Art. 32. Tribunales
Capítulo III. La carrera profesional (Art. 33)
Art. 33. Carrera profesional
Título V. Del régimen estatutario (Arts. 34 a 45)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 34 a 41)
Art. 34. Jornada, vacaciones y permisos
Art. 35. Retribuciones
Art. 36. Situaciones administrativas
Art. 37. Incompatibilidades
Art. 38. Derecho de huelga
Art. 39. Previsión social
Art. 40. Ingresos y becas
Art. 41. Defensa jurídica
Capítulo II. La seguridad y la higiene en el trabajo (Art. 42)
Art. 42. Ejercicio de funciones
Capítulo III. La segunda actividad (Arts. 43 a 44)
Art. 43. Segunda actividad
Art. 44. Tribunal médico
Capítulo IV. Las distinciones y recompensas (Art. 45)
Art. 45. Distinciones y recompensas
Título VI. Del régimen disciplinario (Arts. 46 a 58)
Capítulo I. Las faltas y sanciones (Arts. 46 a 53)
Art. 46. Régimen disciplinario
Art. 47. Tipos de faltas
Art. 48. Faltas muy graves
Art. 49. Faltas graves
Art. 50. Faltas leves
Art. 51. Colaboración
Art. 52. Sanciones
Art. 53. Graduación de sanciones
Capítulo II. El procedimiento disciplinario (Arts. 54 a 57)
Art. 54. Procedimiento disciplinario
Art. 55. Tramitación
Art. 56. Suspensión provisional
Art. 57. Suspensión de funciones
Capítulo III. La extinción de la responsabilidad (Art. 58)
Art. 58. Extinción de la responsabilidad
Primera. Derechos sindicales
Segunda. Plan de informática y comunicaciones informáticas
Tercera. Vigilantes
Cuarta. Policías interinos
Quinta. Escuela de Policía de Cataluña
Sexta. Comité de Ética Policial
Primera. Equivalencia de categorías
Segunda. Falta de titulación
Tercera. Concurso-Oposición restringido
Cuarta. Excepciones
Quinta. Homologación de cursos
Sexta. Sistema de movilidad horizontal
Primera. Derogación normativa
Segunda. Derogación normativa
Segunda. Desarrollo reglamentario de las corporaciones locales
Corrección de errores BBOOE de 6 de julio de 1992 y de 12 de noviembre de 1991; DOGC de 10 de junio de 1992
El artículo 9.8 del Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de régimen local, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución, y el artículo 13.3 le otorga las competencias en materia de coordinación de la actuación de las Policías locales.
Como desarrollo de estos artículos, el Parlamento de Cataluña fijaba los criterios y los límites en los que debe encuadrarse dicha coordinación, mediante la aprobación, el 5 de mano de 1984, de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Cataluña, que, manteniendo criterios similares, ha quedado refundida en la presente Ley.
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas de Cuerpos de Seguridad, regula a grandes rasgos las Policías locales y las considera un Cuerpo de Seguridad más, al lado de la Policía autonómica y de la estatal.
En cuanto al régimen estatutario, la citada Ley 2/1486 determina que las Policías locales se regirán por los principios generales de los capítulos II y III del título I, por la sección cuarta del capítulo IV del título II, con la adecuación necesaria a la Administración Local, por las disposiciones dictadas por las Comunidades Autónomas y por los Reglamentos específicos de cada Cuerpo y otras normas dictadas por los correspondientes Ayuntamientos.
Por otro lado, la legislación específica de régimen local, tanto la estatal como la autonómica, consagra el principio de autonomía municipal y otorga a los Municipios competencias propias en materia de seguridad en lugares públicos, ordenación del tráfico y protección civil.
Es en el marco de dichas normas básicas que se aprueba la Ley reguladora de las Policías Locales de Cataluña, con el objeto de establecer un régimen jurídico homogéneo que las integre en un mismo sistema de seguridad pública y permita su coordinación, con un riguroso respeto al principio de autonomía municipal.
Se trata de una ocasión histórica, puesto que hasta ahora ninguna normativa específica ha regulado con rango de Ley este colectivo de funcionarios, aunque cada una de las Leyes de Régimen Local que han estado en vigor preveía un Estatuto, específico que incorporase las características especiales y los rasgos diferenciales de la Policía local en relación con el resto de funcionarios dependientes de los Municipios.
Es reconocida la necesidad de disponer de una regulación definida y específica que permita a los Ayuntamientos elaborar un Reglamento interno y propio, sobre unas bases comunes, que evite discriminaciones y subjetividades.
Partiendo del mismo respeto a la autonomía municipal, la idea clave es la de coordinar, para potenciarlos, los servicios locales de Policía, entendidos en el sentido más amplio de servicios públicos de seguridad, dotados de plena capacidad funcional y organizativa, para que puedan convertirse en instrumentos válidos que permitan a los Ayuntamientos ejercer las competencias que la Ley les encomienda.
Por lo que respecta al contenido de la Ley, como aspecto a destacar, debe constatarse que, juntamente con las Policías locales, se regulan los servicios de Guardias, Vigilantes, Agentes, Alguaciles o similares, que son llamados genéricamente Vigilantes.
La existencia de la Policía local no se determina como obligatoria para ningún Municipio. En los Municipios en que exista, se integrará en un Cuerpo único, con la estructura en Escalas y categorías que la presente Ley señala, y será mandada operativamente por el Jefe del Cuerpo, bajo el mando superior del Alcalde, o de la persona en quien éste delegue.
La participación de los Municipios en las tareas de coordinación de estos Cuerpos se articula a través de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, máximo órgano consultivo en esta materia.
Se regula por primera vez la segunda actividad, como una nueva situación a la cual pueden pasar los miembros de las Policías locales cuando se den determinados supuestos.
Asimismo, se ha intentado unificar la regulación de la segunda actividad, del régimen disciplinario y de otros aspectos recogidos en la Ley con la correspondiente regulación de la Policía autonómica, a fin de que los distintos Cuerpos de Policía de Cataluña reciban un mismo trato.
Finalmente, el espíritu de la presente Ley es ofrecer a los servicios de Policía local un marco jurídico mediante el cual puedan acceder a una plena homologación técnico-profesional, construida sobre la base de una formación idónea; un marco jurídico que homogeneice las distintas Policías locales y la Policía autonómica en un mismo sistema de seguridad, en el cual, con el apoyo material y el asesoramiento técnico que se pueda ofrecer desde la Generalidad, se constituya una red de Policía catalana plenamente democrática, moderna y eficaz.
De las Policías locales y de sus funciones
Artículo 1.-1. La presente Ley se aplica a todos los Cuerpos de Policía que dependen de los Municipios de Cataluña, denominados genéricamente Policías locales.
2. Los Municipios que no disponen de Policía loca1 pueden dotarse de Guardias, Vigilantes, Agentes, Alguaciles o similares para que ejerzan las funciones a que se refiere el artículo 13. El conjunto de este personal recibe en el ámbito de Cataluña la denominación genérica de Vigilantes.
3. El servicio que compete a las Policías locales será prestado directamente por las respectivas Corporaciones locales, que no pueden constituir órganos especiales de gestión ni aprobar la concesión, el arrendamiento ni ninguna otra forma de gestión indirecta del servicio.
Artículo 2.-1. Las Policías locales son institutos armados de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizadas.
2. Se entiende por Policías locales los Cuerpos con competencias, funciones y servicios relativos a Policía y seguridad ciudadana que dependen de los Municipios.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las Policías locales, por razones de tradición histórica, siempre que lo acuerde la respectiva Corporación local, pueden recibir también la denominación específica de Policía municipal o de Guardia urbana.
Artículo 3.-l. Puede existir Policía local en los Municipios de más de 10.000 habitantes.
2. En los Municipios de menos de 10.000 habitantes puede existir Policía local si acuerda su creación la mayoría absoluta del número legal de miembros de la correspondiente Corporación loca1 y lo autoriza el Consejero de Gobernación, previo informe de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales.
Artículo 4.-1. La Policía local de cada Municipio se integrará en un Cuerpo único, sin perjuicio de la organización interna que se adopte por Reglamento.
2. El mando de la Policía local es ejercido por el Alcalde, que puede delegar las correspondientes atribuciones, de acuerdo con la normativa vigente.
3. El mando inmediato de la Policía local corresponde al Jefe del Cuerpo.
Artículo 5.-1. El ámbito de actuación de las Policías locales viene constituido por el territorio del correspondiente Municipio.
2. Las Policías locales solamente pueden actuar fuera de su ámbito territorial en situaciones de emergencia y previa autorización de las autoridades competentes. Se dará cuenta de estas actuaciones al Departamento de Gobernación.
Artículo 6.-Antes de tomar posesión del cargo, los Policías locales jurarán o prometerán acatar la Constitución, como norma fundamental del Estado, y respetar y observar el Estatuto de Autonomía, como norma institucional básica de Cataluña.
Artículo 7.-En el ejercicio de sus funciones, los Policías locales gozan a todos los efectos de la condición de Agentes de la autoridad.
El armamento, el uniforme y la residencia
Artículo 8.-1. Los Policías locales, como integrantes de un instituto armado, llevarán el armamento reglamentario que se les asigne. Asimismo, dispondrán de los demás medios técnicos y operativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
2. El Alcalde determinará, de forma motivada, las circunstancias y los servicios en que no se llevarán armas de fuego.
3. Los vigilantes a que se refiere el artículo 1.2 no pueden llevar armas de fuego.
Artículo 9.-1. Los Policías locales están obligados a llegar el uniforme reglamentario, que solamente puede utilizarse para el cumplimiento del servicio.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado l, el Alcalde puede autorizar que determinados servicios se presten sin el uniforme reglamentario, en los términos fijados en la legislación vigente; en cualquier caso, los Policías locales que actúen sin el uniforme reglamentario llevarán la documentación acreditativa de su condición.
Los principios de actuación y las funciones
Artículo 10.-1. Los principios básicos de actuación de los Policías locales son los siguientes:
Primero.-En cuanto a la adecuación al ordenamiento jurídico, los Policías locales deben:
a) Ejercer sus funciones con absoluto respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico.
b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y en consecuencia sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
c) Actuar con integridad y dignidad y, en particular, abstenerse de participar en cualquier acto de corrupción y oponerse a él con firmeza.
d) Atenerse, en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y subordinación; no obstante, en ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución, al Estatuto o a las leyes.
Segundo.-En cuanto a las relaciones con la comunidad, los Policías locales deben:
b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger siempre que las circunstancias lo aconsejen o sean requeridos para ello y proporcionarles información completa y tan amplia como sea posible sobre las causas y la finalidad de todas sus intervenciones.
c) Actuar, en el ejercicio de sus funciones, con la decisión necesaria y sin demora, cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.
d) Utilizar las armas solamente en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida o su integridad física o las de terceras personas y en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana, rigiéndose al hacerlo por los principios a que se refiere la letra c).
Tercero.-En cuanto al tratamiento de detenidos, los Policías locales deben:
a ) Identificarse debidamente como agentes en el momento de efectuar una detención.
b) Velar por la vida e integridad física de las personas que estén detenidas o bajo su custodia y respetar sus derechos, su honor y su dignidad.
c) Cumplir y observar con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico en la detención de una persona.
Cuarto.-En cuanto a la dedicación profesional, los Policías locales deben llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier momento y lugar, se hallen o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana.
Quinto.-En cuanto al secreto profesional, los Policías locales deben guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, no estando obligados a revelar las fuentes de información, salvo cuando se lo impongan el desempeño de sus funciones o las disposiciones legales.
2. Los Policías locales son responsables personal y directamente por los actos en que, en el desempeño de sus funciones, infrinjan o vulneren, por acción u omisión, las normas legales, las normas reglamentarias que rigen su profesión y los principios enunciados en el apartado 1, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las administraciones públicas.
Artículo 11.-Corresponden a las Policías locales, en su ámbito de actuación, las siguientes funciones:
a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales y vigilar y custodiar los edificios, instalaciones y dependencias de dichas Corporaciones.
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el núcleo urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.
c) lnstruir atestados por accidentes de circulación acaecidos dentro del núcleo urbano, en cuyo caso comunicarán las actuaciones realizadas a las fuerzas o Cuerpos de Seguridad competentes.
d) Ejercer como Policía administrativa, a fin de asegurar el cumplimiento de Reglamentos, Ordenanzas, Bandos, Resoluciones y demás disposiciones y actos municipales, de acuerdo con la normativa vigente.
e) Ejercer como Policía judicial, de acuerdo con el artículo 12 y la normativa vigente.
f) Realizar diligencias de prevención y actuaciones dirigidas a evitar la comisión de actos delictivos, en cuyo caso, comunicarán las actuaciones realizadas a las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad competentes.
g) Colaborar con las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía autonómica en la protección de las manifestaciones y en el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridas para ello.
h) Cooperar en la resolución de los conflictos privados, cuando sean requeridas para ello.
i) Vigilar los espacios públicos.
j) Prestar auxilio en accidentes, catástrofes y calamidades públicas, participando, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil.
k) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio ambiente y de protección del entorno.
1) Realizar actuaciones dirigidas a garantizar la seguridad vial en el Municipio.
m) Cualquier otra función de Policía y de seguridad que, de acuerdo con la legislación vigente, les sea encomendada.
Artículo 12.-1.Las funciones de Policía judicial a que se refiere el artículo 11.e) son las siguientes:
a) Auxiliar a los Jueces, a los Tribunales y al Ministerio Fiscal en la investigación de los delitos y en el descubrimiento y detención de los delincuentes, cuando sean requeridas para ello.
b) Practicar, por iniciativa propia o a requerimiento de la autoridad judicial, del Ministerio Fiscal o de los superiores jerárquicos las primeras diligencias de prevención y custodia de detenidos y la prevención y custodia de los objetos provenientes de un delito o relacionados con su ejecución, de cuyas actuaciones se dará cuenta, en los plazos legalmente establecidos, a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, de acuerdo con la normativa vigente.
2. Las funciones señaladas en el apartado 1 se cumplirán de acuerdo con los principios de cooperación mutua y de colaboración recíproca con las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Artículo 13.-Los Vigilantes a que se refiere el artículo 1.2 pueden realizar únicamente las actuaciones siguientes:
b) Ordenar y regular el tráfico en el núcleo urbano, de acuerdo con las normas de circulación.
e) Participar en las tareas de auxilio al ciudadano y de protección civil, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.
De la coordinación y de la colaboración entre las Policías locales
La coordinación de las Policías locales: Definición y funciones
Artículo 14.-A los efectos de la presente Ley, se entiende por coordinación la determinación de los medios y sistemas de relación que posibilitan la acción conjunta de las Policías locales, a través de las autoridades competentes, en orden a conseguir la integración de las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana que tienen confiado.
Artículo 15.-1. La coordinación de la actividad de las Policías locales puede extenderse, en cualquier caso, a las siguientes funciones:
b) Establecer los instrumentos y medios que posibiliten un sistema de información recíproca.
c) Asesorar en esta materia a las Policías locales, en general, y a los Municipios que lo soliciten, en particular.
d) Canalizar la eventual colaboración entre las distintas Administraciones públicas implicadas, a fin de atender necesidades temporales o extraordinarias.
e) Coordinar las actuaciones en materia de protección civil.
f) Establecer las normas esenciales de estructura y de organización interna a que deben ajustarse las Policías locales, así como la normativa de acceso, formación y promoción de sus miembros.
g) Realizar actuaciones comunes en orden a mejorar la seguridad vial.
2. Las funciones especificadas en el apartado 1 se cumplirán respetando en cualquier caso la autonomía local y las competencias de los Municipios en materia de Policía local.
La Comisión de Coordinación de las Policías Locales y los demás órganos colegiados
Artículo 16.-[...]
Este artículo 16 ha sido derogado por la Ley 4/2003, de 7 de abril (BOE de 13 de mayo), de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña.
Artículo 17.-1. Los Municipios dotados de Policía local que acuerden la creación de la Junta Local de Seguridad prevista en el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pueden integrar en ella representantes del Departamento de Gobernación.
2. La participación de representantes del Departamento de Gobernación en la Junta Local de Seguridad es preceptiva en los Municipios en que haya una presencia operativa de la Policía autonómica.
Alcance de la coordinación
Artículo 18.-Los tipos de armas que utilizarán las Policías locales, las características de los depósitos de armas, las normas para administrarlas y las medidas de seguridad necesarias para evitar su pérdida, sustracción o uso indebido se determinarán por reglamento, previo informe de la Comisión de Coordinación de las Policías locales, de acuerdo con la normativa vigente en materia de armamento.
Artículo 19.-1. El Departamento de Gobernación, previo acuerdo de la Comisión de Coordinación de las Policías locales, fijará las características comunes de uniformes, insignias, distintivos, equipo, vehículos y demás complementos de las Policías locales que puedan ser uniformados.
2. En cualquier caso, las medidas de homogeneización serán las necesarias para garantizar la efectividad operativa y la identificación pública de los Policías locales, sin perjuicio de que cada Municipio pueda añadir elementos característicos propios a los complementos a que se refiere el apartado 1.
Artículo 20.-1. A fin de conseguir el máximo nivel de coordinación, todas las Corporaciones locales que disponen de Policía local o de Vigilantes enviarán al Departamento de Gobernación y harán público, en el primer trimestre de cada año, de acuerdo con los criterios de elaboración determinados por reglamento, la siguiente documentación:
2. A fin de comprobar la aplicación efectiva de la legislación de la Generalidad, el Departamento de Gobernación puede solicitar a los Municipios informaciones concretas sobre materias relacionadas con las Policías locales y con los Vigilantes.
3. Si los servicios prestados por la Policía autonómica afectan a funciones propias de la Policía local, el responsable de la Policía autonómica informará obligatoriamente de ello al Alcalde del Municipio afectado.
La colaboración y la cooperación entre las Policías locales
Artículo 21.-1. El Departamento de Gobernación creará servicios comunes de utilización supramunicipal para el conjunto de las Policías locales, entre los cuales:
a) Una red de transmisiones que enlace a todas las Policías locales.
b) Un banco de datos relativo a las Policías locales, al cual puedan acceder, mediante sistemas informáticos, todos los Ayuntamientos.
2. El Departamento de Gobernación determinará por reglamento, previo informe de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, las normas para la utilización de los servicios creados en virtud del apartado 1.
Artículo 22.-El Departamento de Gobernación asesorará a los Municipios que lo soliciten en relación con las funciones, actividades y medios técnicos y operativos de las Policías locales.
Artículo 23.-l. Los Municipios que no disponen de Policía local pueden establecer convenios de cooperación con el Departamento de Gobernación para que la Policía autonómica ejerza en su ámbito, además de las funciones que le son propias, las actuaciones concretas y de cooperación correspondientes a las Policías locales.
2. Los Municipios que disponen de Policía local pueden solicitar al Departamento de Gobernación el apoyo de la Policía autonómica para los servicios temporales o concretos que, debido a su volumen o especialización, no puedan ser asumidos por la respectiva Policía local.
3. En casos de necesidad, los Municipios limítrofes, previa autorización del Consejero de Gobernación, pueden suscribir acuerdos de cooperación entre sus Policías.
De la estructura y de la organización de las Policías locales
Las Escalas y las categorías de los Cuerpos de Policía Local
Artículo 24.-1. Los Cuerpos de Policía Local se estructuran en las siguientes Escalas y categorías:
a) Escala superior, que comprende las categorías de Superintendente, de Intendente Mayor y de Intendente.
b) Escala ejecutiva, que comprende la categoría de inspector.
c ) Escala intermedia, que comprende las categorías de Subinspector y de Sargento.
d) Escala básica, que comprende las categorías de Cabo y de Agente.
2. Corresponden a las Escalas de los Cuerpos de Policía local los siguientes grupos:
a) A la Escala superior, el grupo A.
b) A la Escala ejecutiva, el grupo B.
c) A la Escala intermedia, el grupo C.
d) A la Escala básica, el grupo D.
3. Para el acceso a los grupos especificados en el apartado 2 se exige, además de los requisitos que determina el capítulo II del título IV estar en posesión de la titulación y de los conocimientos lingüísticos que establece para los grupos correspondientes la normativa vigente sobre Función pública de la Administración de la Generalidad.
Artículo 25.-1. Corresponde a los Municipios aprobar la plantilla del respectivo Cuerpo de Policía, que integrará todos los puestos de trabajo correspondientes a cada categoría de personal, así como adecuar la estructura del Cuerpo a las categorías y Escalas previstas en la presente Ley.
2. El Departamento de Gobernación fijará por reglamento, previo informe de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, los criterios para determinar la categoría y el número de los cargos de mando que, en función del número de Agentes o habitantes o de las características del Municipio, integrarán las correspondientes plantillas de las Policías locales, ateniéndose en cualquier caso a lo dispuesto en el apartado 3.
3. La categoría de Superintendente solamente puede crearse en los Municipios que tienen más de 200.000 habitantes y las categorías de Intendente Mayor y de Intendente solamente pueden crearse en los Municipios que tienen más de 100.000 habitantes. En los Municipios de menos de 100.000 habitantes pueden crearse excepcionalmente las categorías de Intendente Mayor y de Intendente, si el número de Agentes excede de 250 o de 100, respectivamente, y las características especiales del Municipio lo aconsejan.
Artículo 26.-1. El Jefe del Cuerpo de la Policía local, bajo el mando del Alcalde, o de la persona en quien éste delegue, ejerce el mando inmediato del Cuerpo.
2. Es Jefe del Cuerpo el miembro de la plantilla de mayor graduación; en caso de igualdad, corresponde al Alcalde realizar el nombramiento, de acuerdo con los principios de objetividad, mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. En cualquier caso, el Jefe del Cuerpo debe pertenecer, como mínimo, a la Escala ejecutiva.
3. El Alcalde designará entre los miembros de mayor graduación a la persona que sustituirá al Jefe del Cuerpo en los casos de ausencia de éste.
Artículo 27.-Corresponde al Jefe del Cuerpo:
a) Dirigir, coordinar y supervisar las operaciones del Cuerpo, así como las actividades administrativas, para asegurar su eficacia.
c) Transformar en órdenes concretas las directrices de los objetivos a conseguir, recibidas del Alcalde o del cargo en quien éste delegue.
d) Informar al Alcalde, o al cargo en quien éste delegue, del funcionamiento del servicio.
e) Cumplir cualquier otra función que le atribuya la reglamentación municipal del Cuerpo.
Del acceso y de la promoción
Artículo 28.-Los Policías locales son funcionarios de carrera de los Ayuntamientos respectivos y se rigen por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; por la presente Ley y las disposiciones que la desplieguen; por los Reglamentos específicos y las demás normas dictadas por los Ayuntamientos, y por la legislación vigente del Régimen Local y de la Función Pública de Cataluña.
Régimen de acceso a las Policías locales
Artículo 29.-1. El acceso a la categoría de Agente se realiza por oposición o por concurso-oposición, en convocatoria libre, en la cual solamente pueden tomar parte quienes cumplen los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, que serán, como mínimo, los siguientes:
a) Ser ciudadano español, de conformidad con las Leyes vigentes.
b) Tener la edad comprendida entre el mínimo y el máximo que establezcan el Reglamento del Cuerpo o la convocatoria correspondiente antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
Esta letra b) del artículo 29 ha sido redactada por la Ley 5/2000, de 5 de junio (BOE de 4 de julio).
c) Cumplir las condiciones exigidas para ejercer las funciones que les puedan ser encomendadas, de acuerdo con lo que determinen la presente Ley, las disposiciones que la desplieguen y el Reglamento del Cuerpo.
d) No estar inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función pública ni haber sido separado del servicio de ninguna Administración pública mediante expediente disciplinario.
2. Se incluirán en la oposición, como mínimo, pruebas culturales, físicas, médicas y psicotécnicas.
3. Es requisito indispensable, en cualquier caso, superar en la oposición un curso selectivo en la Escuela de Policía de Cataluña, del cual quedan exentos los aspirantes que en la fase de admisión aporten un diploma acreditativo de haber superado el curso básico de la Escuela de Policía de Cataluña.
4. Las convocatorias, que se publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», vinculan a la Administración, a los Tribunales que puntuarán las pruebas selectivas y a quienes tomen parte en ellas.
Artículo 30.-1. El acceso a las categorías de Cabo, de Sargento y de Subinspector se realiza por promoción interna, mediante concurso-oposición, entre los miembros del Cuerpo que tengan un mínimo de dos años de antigüedad en la categoría inmediatamente inferior respectiva, que posean la titulación adecuada y que hayan superado, o superen en el proceso de selección el curso específico impartido por la Escuela de Policía de Cataluña.
2. La Corporación Local puede ampliar la convocatoria a los miembros de otros Cuerpos de Policía que cumplan las condiciones exigidas en el apartado 1.
Artículo 31.-El acceso a las categorías de Inspector, de Intendente, de Intendente Mayor y de Superintendente se realiza por concurso-oposición libre. Puede reservarse hasta un 50 por 100 de las plazas de cada convocatoria para la promoción interna de los miembros del Cuerpo que tengan un mínimo de dos años de antigüedad en la categoría inmediatamente inferior respectiva, que posean la titulación adecuada y que hayan superado, o superen en el proceso de selección, el curso específico impartido por la Escuela de Policía de Cataluña.
Artículo 32.-1. Los miembros de los Tribunales de oposición y de los órganos similares serán designados por la Corporación, de acuerdo con las siguientes normas:
a) Un tercio será integrado por miembros o funcionarios de la misma Corporación.
b) Otro tercio será integrado por personal técnico especializado en la materia.
c) El tercio restante estará integrado por representantes del Departamento de Gobernación, entre los cuales habrá como mínimo un representante de la Escuela de Policía de Cataluña y un representante de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.
2. La regulación de la composición y funcionamiento de los Tribunales de oposición y de los órganos similares se rige por la normativa general sobre función pública aplicable a las Corporaciones Locales.
Artículo 33.-1. La Escuela de Policía de Cataluña elaborará un plan de carrera profesional que prevea, de acuerdo con la legislación vigente, la posibilidad de que se equiparen las titulaciones exigidas para el acceso a las distintas categorías que establece la presente Ley. El plan de carrera profesional será aprobado por el Consejo Ejecutivo, a propuesta del Consejero de Gobernación y oída la Comisión de Coordinación de las Policías Locales.
2. Además de elaborar el plan a que se refiere el apartado 1, la Escuela de Policía de Cataluña organizará cursos de perfeccionamiento, especializaci6n y promoción para los Policías locales, y podrá promover la colaboración institucional de las Universidades, del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal, de las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de las Fuerzas Armadas y de otras Instituciones, Centros o establecimientos que interesen específicamente para dichas finalidades docentes.
Artículo 34.-Cada Entidad local, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que se determinen, fijará el régimen de jornada, horario, vacaciones y permisos para los miembros de la Policía local, que se adaptará a las especificidades del servicio del Cuerpo.
Artículo 35.-1. Los Policías locales tienen derecho a una remuneración justa en la que se valore el nivel de formación, el régimen de incompatibilidades, la dedicación y el riesgo que entraña la profesión, la especificidad de los horarios de trabajo y la estructura peculiar del Cuerpo. Dicha remuneración se compondrá, como mínimo, de una parte correspondiente a las retribuciones básicas y de una parte correspondiente a las complementarias.
Artículo 36.-Las situaciones administrativas de los Policías locales se regulan de acuerdo con la normativa aplicable a los funcionarios locales, teniendo siempre en cuenta las peculiaridades del Cuerpo a que pertenecen.
Artículo 37.-La condición de Policía local es incompatible con el ejercicio de ninguna otra actividad pública o privada, excepción hecha de las actividades no incluidas en la legislación reguladora de las incompatibilidades.
Artículo 38.-Los Policías locales no pueden ejercer el derecho de huelga ni participar en acciones sustitutivas de éste o en actuaciones concertadas con la finalidad de alterar el funcionamiento normal de los servicios.
Artículo 39.-Los Policías locales están acogidos al mismo régimen de previsión social que los demás funcionarios de la Corporación local a la que pertenecen.
Artículo 40.-1. Las Corporaciones Locales asegurarán a quienes participan en los cursos de selección para el acceso a la categoría de Agente los ingresos económicos correspondientes a los funcionarios en prácticas y, cuando accedan a la Escuela de Policía de Cataluña, a través de los correspondientes procesos selectivos, la cotización a la Seguridad Social.
Artículo 41.-Las Corporaciones Locales garantizarán la necesaria defensa jurídica a sus Policías locales en las causas judiciales que se sigan contra ellos a consecuencia de actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.
La seguridad y la higiene en el trabajo
Artículo 42.-1. Las Policías locales dispondrán de medios e instalaciones adecuados para el desarrollo de su función.
Artículo 43.-1. Los Policías locales que según dictamen médico o por razón de edad, que en ningún caso será inferior a cincuenta y siete años, tienen disminuida su capacidad para cumplir el servicio ordinario pasan a la situación de segunda actividad, de acuerdo con lo dispuesto en el respectivo Reglamento municipal.
2. Por regla general los Policías locales desarrollan la segunda actividad en el mismo Cuerpo al que pertenecen, desempeñando otras funciones, de acuerdo con su categoría; si ello no es posible ya por falta de plazas, ya por motivos de incapacidad propia, pueden pasar a prestar servicios complementarios adecuados a su categoría en otros puestos de trabajo de la misma Corporación Local.
Artículo 44.-1. El Tribunal que debe emitir el dictamen médico, a que se refiere el artículo 43.1, se compondrá de tres Médicos, uno designado por el Ayuntamiento, uno designado por el interesado y uno escogido por sorteo entre los facultativos del Servicio Catalán de la Salud que posean los conocimientos idóneos en relación con el tipo de afección o de enfermedad que sufre el interesado.
3. El Tribunal emitirá el dictamen médico por mayoría y lo elevará, acompañado del parecer del facultativo que discrepe, en su caso, al correspondiente órgano municipal para que adopte la pertinente resolución, contra la cual podrán interponerse los recursos previstos en la legislación vigente en materia de régimen local.
Las distinciones y recompensas
Artículo 45.-1. Los Reglamentos específicos de los Cuerpos de Policía Local pueden establecer un régimen de otorgamiento de distinciones y recompensas a sus miembros en determinados supuestos o circunstancias.
Artículo 46.-El régimen disciplinario aplicable a los Policías locales es el establecido en la presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o criminales en que puedan incurrir.
Artículo 47.-Las faltas cometidas por los Policías locales en el ejercicio de sus funciones pueden ser muy graves, graves y leves.
Artículo 48.-1. Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto de Autonomía de Cataluña en el ejercicio de las funciones.
b) Toda actuación que signifique discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Esta letra b) del artículo 48 ha sido redactada por la Ley 25/1998, de 31 de diciembre (BOE de 2 de febrero de 1999), de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro.
d) El infligir torturas, maltratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, la instigación a cometer estos actos o su tolerancia o colaboración, así como cualquier actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que implique violencia física, psíquica o moral.
Esta letra d) del artículo 48 ha sido redactada por la Ley 25/1998, de 31 de diciembre (BOE de 2 de febrero de 1999), de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro.
e) Cualquier conducta o actuación constitutiva de delito doloso.
f) Cualquier acto de prevaricación o soborno, así como no evitarlo o no denunciarlo.
h) La insubordinación individual o colectiva para con las autoridades o los mandos de quien se depende, así como la desobediencia de las instrucciones legítimas dadas por éstos.
i) La denegación de auxilio y la falta de intervención urgente en cualquier suceso en que su actuación sea obligada o conveniente.
j) La pérdida de las armas, así como permitir su sustracción por negligencia inexcusable.
k) La participación en huelgas, en acciones sustitutivas de éstas o en actuaciones concertadas con la finalidad de alterar el funcionamiento normal de los servicios.
1) La publicación o la utilización indebida de secretos declarados oficiales por ley o calificados como tales, así como la violación del secreto profesional.
m) La falta notoria de rendimiento que conlleve inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
o) Causar, por negligencia o mala fe, daños muy graves en el patrimonio y los bienes de la Corporación.
p) La ocultación o alteración de una prueba con la finalidad de perjudicar o ayudar al encausado.
q) La falsificación, sustracción, simulación o destrucción de documentos del servicio bajo custodia propia o de cualquier otro funcionario.
r) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio o habitualmente, así como negarse, en situación de anormalidad física o psíquica evidente, a las pertinentes comprobaciones técnicas.
s) La conculcación de los derechos de los detenidos o presos custodiados, así como suministrarles drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.
t) La exhibición del arma reglamentaria o de los distintivos del cargo sin causa que lo justifique, así como su mal uso.
u) La reincidencia en la comisión de faltas graves.
v) La manifiesta falta de colaboración con los demás miembros de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en aquellos casos en que, de conformidad con la legislación vigente, deba prestarse.
2. Asimismo, son faltas muy graves, de acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos:
a) La alteración, manipulación o destrucción de imágenes y sonidos grabados, siempre que no constituyan delito.
b) La cesión, la transmisión, la revelación o el facilitar el acceso a terceras personas no autorizadas, por cualquier medio y con cualquier ánimo y finalidad, de los soportes originales de las grabaciones o sus copias, de forma íntegra o parcial.
c) La reproducción de imágenes y sonidos grabados con finalidades distintas de las establecidas en la Ley orgánica 4/1997.
d) La utilización de las imágenes y los sonidos grabados o de los medios técnicos de grabación afectos al servicio para finalidades distintas de las establecidas en la Ley orgánica 4/1997.
Este apartado 2 del artículo 48 ha sido añadido por la Ley 25/1998, de 31 de diciembre (BOE de 2 de febrero de 1999), de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro.
Artículo 49.-Son faltas graves:
a) La desobediencia a los superiores en el desempeño de las funciones y el incumplimiento de las órdenes recibidas.
b) Las faltas de respeto o consideración graves manifiestas hacia los superiores, los compañeros, los subordinados o los ciudadanos.
c) Los actos y las conductas que atentan contra el decoro y la dignidad de los funcionarios, contra la imagen del Cuerpo y contra el prestigio y la consideración debidos a la Corporación.
d) Causar, por negligencia o mala fe, daños graves en el patrimonio y los bienes de la Corporación.
e) Originar enfrentamientos en el servicio o en el puesto de trabajo y tomar parte en los mismos.
f) El incumplimiento de la obligación de dar cuenta a los superiores de los asuntos que éstos deban conocer.
g) El incumplimiento del deber de reserva profesional en relación con los asuntos que conozcan por razón del desempeño de las funciones.
h) La intervención en un procedimiento administrativo si existen motivos de abstención legalmente establecidos.
i) La actuación con abuso de atribuciones en perjuicio de los ciudadanos si no constituye una falta muy grave.
j) El consumo de bebidas alcohólicas durante el servicio, así como negarse a las pertinentes comprobaciones técnicas.
k) La pérdida de las credenciales, así como permitir su sustracción por negligencia inexcusable.
l) La falta de asistencia sin causa justificada.
m) La reincidencia en la comisión de faltas leves.
n) La perdida de las armas, así como permitir su sustracción por negligencia simple.
o) El incumplimiento por negligencia grave de los deberes derivados de la propia función.
p) Las conductas que contravengan a la Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos, y que no estén ya tipificadas como infracciones muy graves.
Esta letra p) del artículo 49 ha sido redactada por la Ley 25/1998, de 31 de diciembre (BOE de 2 de febrero de 1999), de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro.
Artículo 50.-Son faltas leves:
a) La incorrección para con los superiores, los compañeros, los subordinados o los ciudadanos.
b) La demora, la negligencia el olvido en el cumplimiento de las funciones o de las órdenes recibidas.
d) El descuido en la conservación de los locales, del material y de los documentos del servicio, si no produce graves perjuicios.
f) La solicitud o consecución de permuta de destino o de cambio de servicios con afán de lucro o con falsedad de las condiciones para tramitarla.
g) Prescindir del conducto reglamentario al .formular cualquier solicitud o reclamación, salvo en caso de urgencia o imposibilidad física.
Artículo 51.-1. Los Policías locales que induzcan a otros a cometer actos o tener conductas constitutivos de falta disciplinaria incurren en la misma responsabilidad; también incurren en ella los mandos que las toleran.
2. Los Policías locales que encubren las faltas muy graves y graves consumadas incurren en una falta de un grado inferior.
Artículo 52.-1. Las sanciones imponibles por las faltas tipificadas en los artículos 48, 49, 50 y 51 son las siguientes:
b) La suspensión de funciones, con pérdida de las correspondientes retribuciones.
c) El traslado a otro puesto de trabajo.
d) La deducción proporcional de las retribuciones por faltas de puntualidad y asistencia.
e) La amonestación.
2. Por una falta muy grave se impondrá alguna de las siguientes sanciones:
b) La suspensión de funciones, por más de un año y menos de seis, con pérdida de las retribuciones.
3. Por una falta grave se impondrá alguna de las siguientes sanciones:
a) La suspensión de funciones, por más de quince días y menos de un año, con pérdida de las retribuciones.
b) El traslado a otro puesto de trabajo.
4. Por una falta leve se impondrá alguna de las siguientes sanciones:
a) La suspensión de funciones, por un período de uno a quince días, con pérdida de las retribuciones.
b) E1 traslado a otro puesto de trabajo.
c) La deducción proporcional de las retribuciones, en el caso de las faltas de puntualidad y asistencia leves.
d) La amonestación.
Artículo 53.-Para graduar las sanciones, además de fas faltas objetivamente cometidas, debe tenerse en cuenta, de acuerdo con el principio de proporcionalidad:
Artículo 54.-1. No pueden imponerse sanciones por faltas graves o muy graves si no es en virtud de un expediente instruido al efecto; la tramitación del expediente se regirá por los principios de sumariedad y celeridad, pero en ningún caso podrá causarse indefensión. La sanción por faltas leves puede ser impuesta sin más trámite que el de audiencia al interesado.
2. Corresponden al Alcalde, o a la persona en quien éste delegue, la incoación del expediente disciplinario y el nombramiento del instructor y, en su caso, del Secretario.
3. La imposición de las sanciones por faltas muy graves corresponde al Alcalde, salvo en el caso de la separación del servicio, que es competencia del Pleno de la Corporación; la imposición de las sanciones por faltas graves y leves corresponde también al Alcalde, o a la persona en quien éste delegue.
Artículo 55.-Al inicio de la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario instruido a los Policías locales, o durante la misma, el órgano competente para incoarlo en la vía administrativa puede acordar como medidas preventivas la suspensión provisional, el traslado o la adscripción a un puesto de trabajo interno, sin uniforme, sin arma ni credencial del Policía expedientado o procesado. La resolución en la que se acuerde la imposición o prórroga de las medidas preventivas será motivada.
Artículo 56.-1. La suspensión provisional solamente puede acordarse inicialmente por un plazo de un mes; acabado el cual, puede prorrogarse por otro mes, y así sucesivamente hasta un plazo máximo de seis meses, salvo cuando el expediente, por causa imputable al expedientado, dure más de seis meses y hasta que se dicte una resolución definitiva como consecuencia de un procedimiento judicial penal.
2. La suspensión provisional implica, mientras dura, la pérdida de las retribuciones correspondientes al complemento específico y a las gratificaciones por servicios extraordinarios. El tiempo de suspensión provisional se computa a efectos del cumplimiento, en su caso, en la sanción de suspensión de funciones.
3. La duración del traslado preventivo del Policía expedientado no puede exceder de la duración del expediente disciplinario.
Artículo 57.-La suspensión de funciones, ya sea como sanción, ya sea como medida preventiva, además de la privación temporal del ejercicio de las funciones, conlleva la retirada temporal del arma y la credencial reglamentarias, la prohibición del uso del uniforme, en su caso, y la prohibición de entrar en las dependencias de la Policía local sin autorización.
La extinción de la responsabilidad
Artículo 58.-1. La responsabilidad disciplinaria se extingue por el cumplimiento de la sanción, muerte, indulto, amnistía y prescripción de la falta o sanción.
2. Las faltas muy graves prescriben al cabo de seis años, las graves al cabo de dos años y las leves al cabo de un mes, desde la fecha de comisión de la falta.
3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben al cabo de seis años, las impuestas por faltas graves al cabo de dos años y las impuestas por faltas leves al cabo de un mes, desde la fecha de notificación de las sanciones.
Disposición adicional primera.-Se aplica a las Policías locales, en cuanto se refiere al ejercicio de los derechos sindicales, la Ley 9/1987, de 12 de junio, dictada en cumplimiento del apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
Disposición adicional segunda.-Para cumplir lo dispuesto en el artículo 21 pueden utilizarse el plan de informática y la red de comunicaciones informáticas a que se refiere el artículo 130.3, de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña.
Disposición adicional tercera.-Las plazas de los Vigilantes de las Corporaciones que desempeñan tareas de Policía serán consideradas como plazas a extinguir en el caso de que el Ayuntamiento cree un Cuerpo de Policía Local.
Disposición adicional cuarta.-l. Los Ayuntamientos que por sus especiales circunstancias vean aumentada la afluencia de visitantes durante la época turística pueden convocar plazas de Policía en régimen de funcionario interino, por un período máximo de seis meses, con las siguientes condiciones:
a) La previsión de consignación presupuestaria y la inclusión en la oferta de ocupación pública.
b) La convocatoria será publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».
c) Los aspirantes deberán superar pruebas selectivas, entre las cuales habrá, como mínimo, una prueba psicotécnica, una prueba física y una revisión médica.
d) Quienes superen las pruebas selectivas seguirán un curso de formación en la Escuela de Policía de Cataluña, de una duración de ciento veinte horas o de veinte días lectivos.
2. Los Policías a que se refiere el apartado 1 llevarán el uniforme reglamentario y no llevarán armas de fuego.
3. Los Policías a que se refiere el apartado 1 ejercerán las funciones que se asignan a las Policías locales en las letras a), b), d), f), g), h), i), j) y k) del artículo 11.e) salvo la protección de las autoridades y la ordenación y señalización del tráfico.
Disposición adicional quinta.-La Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona suscribirán un Convenio que regule la forma y las condiciones en que la Escuela de Policía de Cataluña sustituirá a la Guardia Urbana de Barcelona en la prestación de los servicios de formación básica y de mandos para los alumnos y los Policías municipales de dicho Ayuntamiento.
Disposición adicional sexta.-Las Corporaciones Locales pueden incluir en su Reglamento de la Policía Local un Comité de Ética Policial, nombrado por el Alcalde, que será su Presidente.
Disposición transitoria primera.-l. Las categorías existentes en los Cuerpos de Policía Local hasta la entrada en vigor de la presente Ley se equiparan a las categorías que la misma fija según las siguientes correspondencias:
a) Agente: Agente.
d) Suboficial: Subinspector.
e) Oficial en plantillas de más de 100 Agentes: Intendente.
f) Subinspector en plantillas de más de 250 Agentes: Intendente Mayor.
g) Inspector en plantillas de más de 250 Agentes y en Municipios con la población de más de 200.000 habitantes: Superintendente.
2. Los Oficiales, los Subinspectores y los Inspectores que hay actualmente en plantillas, que no reúnan los requisitos fijados en el artículo 25.3 se equiparan a las nuevas categorías con la consideración de plazas a extinguir.
Disposición transitoria segunda.-l. La falta de las titulaciones exigidas en el artículo 24.3 no supondrá ninguna variación para los Policías locales nombrados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, que pueden participar en un plazo de diez años desde la citada entrada en vigor en los concursos-oposición de promoción interna con dispensa de un grado del requisito de titulación, siempre que hayan superado o superen los cursos que a tal efecto imparta la Escuela de Policía de Cataluña.
2. Las Corporaciones Locales disponen de un plazo de tres años para cumplir lo dispuesto en el artículo 26.2, referente a la obligatoriedad de que el Jefe del Cuerpo pertenezca, como mínimo, a la Escala Ejecutiva.
Disposición transitoria tercera.-Los Ayuntamientos con Policía local a la entrada en vigor de la presente Ley pueden convocar, en el plazo de un año, por una sola vez, un concurso-oposición restringido para el acceso a las plazas de Policía local del personal de la Corporación que durante más de tres años haya sido contratado para realizar tareas de vigilancia, que esté prestando servicios al hacerse la convocatoria y que le falten más de diez años para la jubilación forzosa.
Disposición transitoria cuarta.-Lo dispuesto en el artículo 3.2 no se aplica a los Municipios que ya tienen constituidas las Policías locales a la entrada en vigor de la presente Ley.
Disposición transitoria quinta.-La Escuela de Policía de Cataluña estudiará los cursos básicos impartidos por otras Escuelas de Policía hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y, si procede, los homologará.
Disposición transitoria sexta.-Se determinará por Reglamento el sistema de movilidad horizontal de los Policías locales entre los Cuerpos de las distintas Corporaciones.
Disposición derogatoria primera.-Queda derogada la Ley 10/1984, de 5 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales; no obstante, hasta que se dicten las disposiciones reglamentarias para el despliegue de la presente Ley, queda en vigor el Decreto 255/1985, de 23 de julio, regulador de la composición de las Comisiones que prevé la citada Ley 10/1984.
Disposición derogatoria segunda.-Quedan derogados todos los preceptos de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña, que se opongan a la presente Ley.
Disposición final primera.-Sin perjuicio de las remisiones establecidas legalmente, se autoriza al Gobierno de la Generalidad y, en su caso, al Consejero de Gobernación, a dictar las disposiciones necesarias para el despliegue reglamentario de la presente Ley.
Disposición final segunda.-Las Corporaciones Locales, en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, aprobarán el Reglamento del Cuerpo o, si ya existía, la adecuarán a los preceptos de la presente Ley y a las disposiciones que la desplieguen.

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artículo 9
artículo 149
artículo 13
Artículo 1
artículo 13
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 4
Artículo 5
Artículo 6
Artículo 7
Artículo 8
artículo 1
Artículo 9
Artículo 10
Artículo 11
artículo 12
resolución
Artículo 12
artículo 11
Artículo 13
artículo 1
Artículo 14
Artículo 15
Artículo 16
artículo 16
Artículo 17
artículo 54
Artículo 18
Artículo 19
Artículo 20
Artículo 21
Artículo 22
Artículo 23
Artículo 24
Artículo 25
Artículo 26
Artículo 27
Artículo 28
Artículo 29
artículo 29
Artículo 30
Artículo 31
Artículo 32
Artículo 33
Artículo 34
Artículo 35
Artículo 36
Artículo 37
Artículo 38
Artículo 39
Artículo 40
Artículo 41
Artículo 42
Artículo 43
Artículo 44
artículo 43
Artículo 45
Artículo 46
Artículo 47
Artículo 48
artículo 48
artículo 48
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Artículo 49
artículo 49
Artículo 50
Artículo 51
Artículo 52
Artículo 53
Artículo 54
Artículo 55
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Artículo 56
resolución
Artículo 57
Artículo 58
artículo 21
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artículo 24
artículo 26
artículo 3


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BOE.es - Documento BOE-A-1984-4307
Documento BOE-A-1984-4307
Real Decreto 3479/1983, de 21 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de acción territorial.
Publicado en: «BOE» núm. 43, de 20 de febrero de 1984, páginas 4501 a 4503 (3 págs.)
Referencia: BOE-A-1984-4307
EL REAL DECRETO 1152/1982, DE 28 DE MAYO, DETERMINA LAS NORMAS Y EL PROCEDIMIENTO A QUE HAN DE AJUSTARSE LAS TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA.
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL REAL DECRETO CITADO, QUE TAMBIEN REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION MIXTA DE TRANSFERENCIAS PREVISTA EN LA DISPOSICION TRANSITORIA SEPTIMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANTABRIA, ESTA COMISION, TRAS CONSIDERAR LA CONVENIENCIA Y LEGALIDAD DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS EN MATERIA ACCION TERRITORIAL, ADOPTO EN SU REUNION DEL DIA 27 DE JUNIO DE 1983, EL OPORTUNO ACUERDO, CUYA VIRTUALIDAD PRACTICA EXIGE SU APROBACION POR EL GOBIERNO MEDIANTE REAL DECRETO.
ARTICULO 1. SE APRUEBA EL ACUERDO DE LA COMISION MIXTA PREVISTA EN LA DISPOSICION TRANSITORIA SEPTIMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANTABRIA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 1983 POR EL QUE SE TRANSFIEREN FUNCIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE ACCION TERRITORIAL A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA Y SE LE TRASPASAN LOS CORRESPONDIENTES SERVICIOS Y MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y PRESUPUESTARIOS PRECISOS PARA EL EJERCICIO DE AQUELLA.
ART 2. 1. EN CONSECUENCIA, QUEDAN TRANSFERIDAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA LAS FUNCIONES A QUE SE REFIERE EL ACUERDO QUE SE INCLUYE COMO ANEXO I DEL PRESENTE REAL DECRETO Y TRASPASADOS LOS SERVICIOS Y LOS BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASI COMO EL PERSONAL Y CREDITOS PRESUPUESTARIOS QUE FIGURAN EN LAS RELACIONES ADJUNTAS AL PROPIO ACUERDO DE LA COMISION MIXTA, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE ALLI SE ESPECIFICAN.
ART 3. LOS TRASPASOS A QUE SE REFIERE ESTE REAL DECRETO TENDRAN EFECTIVIDAD A PARTIR DEL DIA 1 DE JULIO DE 1983 SEÑALADO EN EL ACUERDO DE LA MENCIONADA COMISION MIXTA, QUEDANDO CONVALIDADOS A ESTOS EFECTOS TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL MISMO REGIMEN Y NIVEL DE FUNCIONAMIENTO QUE TUVIERON EN EL MOMENTO DE LA ADOPCION DEL ACUERDO QUE SE TRANSCRIBE COMO ANEXO I DEL PRESENTE REAL DECRETO Y QUE, EN SU CASO, HUBIESE DICTADO EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO HASTA LA FECHA DE PUBLICACION DEL PRESENTE REAL DECRETO.
ART 4. LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS QUE FIGURAN DETALLADOS EN LAS RELACIONES 3.2 COMO "BAJAS EFECTIVAS" EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO DE 1983 SERAN DADOS DE BAJA EN LOS CONCEPTOS DE ORIGEN Y TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA A LOS CONCEPTOS HABILITADOS EN LA SECCION 32, DESTINADOS A FINANCIAR LOS SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, UNA VEZ QUE SE REMITAN AL DEPARTAMENTO CITADO POR PARTE DE LA OFICINA PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO CERTIFICADOS DE RETENCION DE CREDITO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1983.
ART 5. EL PRESENTE REAL DECRETO ENTRARA EN VIGOR EL MISMO DIA DE SU PUBLICACION EN EL "BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO".
DADO EN MADRID A 21 DE DICIEMBRE DE 198O.- JUAN CARLOS R.- EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ.
1. SE TRASFIERE A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA, DENTRO DE SU AMBITO TERRITORIAL, Y DEMAS NORMAS QUE LO HAGAN EFECTIVO Y SE PUBLIQUEN EN EL "BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO", LAS FUNCIONES QUE VENIA REALIZANDO EL ESTADO , RELATIVAS A LA GESTION Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS EN LA GRAN AREA DE EXPANSION INDUSTRIAL DE CASTILLA LA VIEJA-LEON REFERENTES AL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA INCLUYENDO SU CORRESPONDIENTE PROPUESTA PREVIA DE VALORACION INDIVIDUALIZADA PARA SU POSTERIOR RESOLUCION POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
2. ASIMISMO SE TRANSFIEREN LAS FUNCIONES QUE EN MATERIA DE ACCION TERRITORIAL VENIAN DESARROLLANDOSE EN LA COMISION PROVINCIAL DE GOBIERNO DERIVADAS DE LA CONCESION DE BENEFICIOS, SI BIEN, TRANSITORIAMENTE , CONTINUARAN DESEMPEÑANDOSE DICHAS FUNCIONES EN LA FORMA ACTUAL HASTA TANTO SE ARTICULEN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS DENTRO DEL AMBITO TERRITORIAL AUTONOMICO
3. PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS SE TRASPASAN A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA, RECEPTORA DE LAS MISMAS, LOS SERVICIOS PROVINCIALES DE LA GRAN AREA DE EXPANSION INDUSTRIAL DE CASTILLA LA VIEJA-LEON, SITUADOS EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA
A) ELABORACION DE LA NORMATIVA BASICA DE AMBITO NACIONAL
B) CONCESION DE BENEFICIOS PREVISTOS EN LA LEGISLACION CORRESPONDIENTE, PREVIA PROPUESTA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL GRUPO INTERMINISTERIAL DE TRABAJO DE ACCION TERRITORIAL U ORGANO QUE LO SUSTITUYA EN EL QUE ESTARA REPRESENTADA LA COMUNIDAD AUTONOMA
C) CUALQUIER OTRA QUE LE CORRESPONDA EN VIRTUD DE LA NORMATIVA VIGENTE Y QUE NO SEA INHERENTE A LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA, O QUE, SIENDOLO NO HAYA DADO LUGAR AL CORRESPONDIENTE TRASPASO , EN SU CASO
D) FUNCIONES EN QUE HAN DE CONCURRIR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA Y FORMA DE COOPERACION
SE DESARROLLARAN COORDINADAMENTE ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA, DE CONFORMIDAD CON LOS MECANISMOS QUE EN CADA CASO SE SEÑALEN, LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y COMPETENCIAS:
A) PROGRAMACION Y DELIMITACION DE LAS ACCIONES REGIONALES Y DETERMINACION DEL REGIMEN DE LAS MISMAS Y DE SUS CORRESPONDIENTES CONCURSOS, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS
B) LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA COLABORARAN EN EL SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LAS EMPRESAS COMO CONSECUENCIA DE LA CONCESION DE BENEFICIOS EN LA FORMA DETERMINADA POR LA NORMATIVA VIGENTE
E) BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO QUE SE TRASPASAN 1. SE TRASPASAN A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA LOS BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO QUE SE RECOGEN EN EL INVENTARIO DETALLADO DE LA RELACION ADJUNTA NUMERO 1
ESTOS TRASPASOS SE FORMALIZARAN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSION TRANSITORIA SEPTIMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA Y DEMAS DISPOSICIONES EN CADA CASO APLICABLES 2. EN EL PLAZO DE UN MES DESDE LA APROBACION DE ESTE ACUERDO POR EL GOBIERNO SE FIRMARAN LAS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCION DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL INVENTARIABLE
F) PERSONAL ADSCRITO A LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES TRASPASADAS Y QUE SE REFERENCIA NOMINALMENTE EN LA RELACION ADJUNTA NUMERO 2 PASARA A DEPENDER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CORRESPONDIENTE, EN LOS TERMINOS LEGALMENTE PREVISTOS POR EL ESTATUTO DE AUTONOMIA Y LAS DEMAS NORMAS EN CADA CASO APLICABLES, Y EN LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE ESPECIFICAN EN LA RELACION ADJUNTA Y CON SU NUMERO DE REGISTRO DE PERSONAL
2. POR LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO , SE NOTIFICARA A LOS INTERESADOS EL TRASPASO Y SU NUEVA SITUACION ADMINISTRATIVA, TAN PRONTO EL GOBIERNO APRUEBE EL PRESENTE ACUERDO POR REAL DECRETO
H) VALORACION DEFINITIVA DE LAS CARGAS FINANCIERAS DE LOS SERVICIOS TRASPASADOS
1. EL COSTE EFECTIVO QUE, SEGUN LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 1981 CORRESPONDE A LOS SERVICIOS QUE SE TRASPASAN A LA COMUNIDAD, SE ELEVA, CON CARACTER DEFINITIVO, A LA CANTIDAD DE 2.738.000 PESETAS , SEGUN DETALLE QUE FIGURA EN LA RELACION NUMERO 3.1
2. LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE DESTINAN A SUFRAGAR LOS GASTOS ORIGINADOS POR EL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS QUE SE TRASPASAN DURANTE EL EJERCICIO DE 1983 CORRESPONDEN LAS SIGUIENTES DOTACIONES:
I) DOCUMENTACION Y EXPEDIENTES DE LOS SERVICIOS QUE SE TRASPASAN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION Y EXPEDIENTES DE LOS SERVICIOS TRASPASADOS SE REALIZARA EN EL PLAZO DE UN MES DESDE LA APROBACION DE ESTE ACUERDO CON EL CONSEJO DE MINISTROS, Y A LA RESOLUCION DE AQUELLOS QUE SE HALLEN EN TRAMITACION, SE REALIZARA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO OCTAVO DEL REAL DECRETO 1152/1982, DE 28 DE MAYO
J) FECHA DE EFECTIVIDAD DE LAS TRANSFERENCIAS
Fecha de disposici�n: 21/12/1983
Fecha de publicaci�n: 20/02/1984
Entrada en vigor el 20 de febrero de 1984.
LA DISPOSICION TRANSITORIA SEPTIMA DEL ESTATUTO APROBADO POR LEY ORGANICA 8/1981, DE 30 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-1982-635).
REAL DECRETO 3577/1982, DE 15 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-1982-33227).
REAL DECRETO 2093/1979, DE 3 DE AGOSTO (Ref. BOE-A-1979-21698).

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Textos aprobados - El papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión - Martes 3 de julio de 2018
Procedimiento : 2017/2037(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0203/2018
A8-0203/2018
PV 02/07/2018 - 21
CRE 02/07/2018 - 21
PV 03/07/2018 - 11.5
P8_TA(2018)0273
145k 59k
Martes 3 de julio de 2018 - Estrasburgo Edición definitiva
El papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión
P8_TA(2018)0273 A8-0203/2018
Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2018, sobre el papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión (2017/2037(INI))
– Vistos el Tratado de la Unión Europea, en particular su artículo 5, apartado 3, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Vista su Resolución, de 7 de mayo de 2009, sobre las repercusiones del Tratado de Lisboa en la evolución del equilibrio institucional en la Unión Europea(1),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, titulada «Legislar mejor para obtener mejores resultados - Un programa de la UE» (COM(2015)0215 final),
– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea(2) y, en particular, su artículo 41,
– Visto el Pacto de Ámsterdam por el que se establece la Agenda Urbana de la UE, acordado por los ministros de la Unión responsables de asuntos urbanos el 30 de mayo de 2016,
– Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la dimensión urbana de las políticas de la UE(3),
– Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos(4),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de julio de 2014, titulada «La dimensión urbana de las políticas de la UE: elementos clave de una agenda urbana para la UE» (COM(2014)0490),
– Vista la Declaración en relación con la Agenda Urbana de la UE, acordada por los ministros responsables de la cohesión territorial y las cuestiones urbanas el 10 de junio de 2015,
– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa(5),
– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea(6),
– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 24 de junio de 2016, sobre una Agenda Urbana de la UE,
– Vista la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles, acordada durante la reunión informal de ministros sobre desarrollo urbano y cohesión territorial, celebrada los días 24 y 25 de mayo de 2007 en Leipzig,
– Vista la Nueva Agenda Urbana aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito (Ecuador) el 20 de octubre de 2016,
– Visto el informe de 2016 de la Comisión sobre la situación de las ciudades europeas,
– Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2017, sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017: fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático(7);
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0203/2018),
A. Considerando que el Tratado de Maastricht instituyó el Comité Europeo de las Regiones, dando así a las ciudades —a través de su representación en el Comité— un papel consultivo en el proceso de toma de decisiones de la Unión;
B. Considerando que el Comité de las Regiones cumple esta función realizando una serie de actividades destinadas a fomentar el diálogo y la participación activa en el proceso de toma de decisiones de la Unión;
C. Considerando que el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad otorga poderes al Comité Europeo de las Regiones para interponer recursos, a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si no se respetan los principios de subsidiariedad o proporcionalidad en el caso de actos legislativos para cuya adopción el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea requiera su consulta; que las ciudades, de este modo, disponen de un instrumento útil para la defensa de sus intereses en la Unión Europea;
D. Considerando que es necesario distinguir entre los representantes de las ciudades consagrados en los Tratados, como los miembros del Comité de las Regiones, y las asociaciones que representan los intereses de las ciudades;
E. Considerando que la mayor parte de la población de la Unión (más del 70 %) vive en zonas urbanas;
F. Considerando que el proceso de desterritorialización del poder, inherente a la globalización, no puede prescindir de redes de ciudades europeas en las que se cree y se persiga el interés de los ciudadanos de la Unión;
G. Considerando que la mayor parte de las políticas y de la legislación de la Unión se aplica a nivel local y regional, así como a nivel de las ciudades, y que hoy en día se extienden a casi todos los ámbitos políticos, económicos y sociales;
H. Considerando que la arquitectura institucional de la Unión se basa en el principio de la gobernanza multinivel y en el principio de subsidiariedad;
I. Considerando que la Carta de la Gobernanza Multinivel en Europa, aprobada por el Comité de las Regiones, hace referencia a la estrecha relación entre la colaboración leal en la asociación entre la Unión Europea, los Estados miembros y las autoridades locales y regionales, y la legitimidad y responsabilidad equitativas en todos los niveles de gobierno y administrativos en sus respectivos ámbitos de competencia;
J. Considerando que el Comité de las Regiones creó la Red de Seguimiento de la Subsidiariedad para facilitar el intercambio de información entre las autoridades locales y regionales de la Unión y las instituciones de la Unión, en relación con los documentos y las propuestas legislativas de la Comisión que repercuten directamente sobre los entes locales y regionales;
K. Considerando que, en su Resolución de 12 de diciembre de 2017, pedía a la Comisión que, al objeto de reforzar la ciudadanía de la Unión y su ejercicio, alentara a las autoridades locales a nombrar concejales responsables de asuntos europeos, ya que el nivel local es el más próximo a los ciudadanos;
L. Considerando que la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles emplea el término «ciudades europeas»;
M. Considerando que el Pacto de los Alcaldes ha ayudado a desarrollar estrategias integradas de mitigación y adaptación del cambio climático, a mejorar la eficiencia energética y a hacer un mayor uso de las energías renovables; que dichas iniciativas demuestran cómo la cooperación entre ciudades y el intercambio de las mejores prácticas pueden ayudar a alcanzar los objetivos políticos de la Unión;
N. Considerando que, de acuerdo con la Carta de Leipzig, las ciudades europeas se consideran «entes valiosos e irreemplazables económica, social y culturalmente» y deberían asumir responsabilidad por la cohesión territorial, a la vez que, según una de las principales conclusiones del informe de 2016 de la Comisión sobre la situación de las ciudades europeas, las ciudades son fundamentales para alcanzar los principales objetivos económicos, sociales y medioambientales de la Unión; que, por consiguiente, se debe conceder a las ciudades un papel clave en la política de cohesión;
O. Considerando que la Carta de Leipzig reconoce la obligación de los ministros responsables de los Estados miembros de fomentar una organización territorial equilibrada basada en una estructura urbana europea policéntrica, y que en ella se afirma que las ciudades deben ser los principales centros del desarrollo de las regiones urbanas y deben asumir la responsabilidad de la cohesión territorial;
P. Considerando que la Agenda Urbana de la UE («Pacto de Ámsterdam»), a la vez que confirma su total respeto del principio de subsidiariedad y de las competencias de conformidad los Tratados de la UE, constituye una plataforma de cooperación entre los Estados miembros, las regiones, las ciudades, la Comisión, el Parlamento, los órganos consultivos de la Unión y otras partes interesadas en el contexto de las asociaciones, con vistas a aportar una contribución informal a la elaboración y la revisión de la legislación vigente y futura de la Unión;
Q. Considerando que el ámbito de la Agenda Urbana abarca en particular un pilar sobre la mejora de la legislación centrado en una aplicación más eficaz y coherente de las políticas, la legislación y los instrumentos legales de la Unión, sin tener como objetivo la elaboración de nueva legislación;
R. Considerando que la Comisión pide a las autoridades locales que, en el marco del paquete denominado «Legislar mejor» y sobre una base ad hoc, participen en las evaluaciones de impacto territorial de las futuras propuestas legislativas;
S. Considerando que, en sus Conclusiones de 24 de junio de 2016, el Consejo celebraba el Pacto de Ámsterdam e invitaba a la Comisión, a los Estados miembros, a las autoridades locales y regionales y al Parlamento Europeo, entre otros, a adoptar medidas adicionales en este contexto, y pedía al Parlamento Europeo que tuviera en cuenta los resultados y las recomendaciones de las asociaciones, tras la elaboración de orientaciones por los directores generales responsables de asuntos urbanos, en el marco del orden del día de las comisiones competentes, cuando examinen la correspondiente legislación de la Unión, nueva y en vigor;
T. Considerando que la misma Agenda Urbana encarga a la Comisión, entre otras cosas, que tenga en cuenta los resultados y las recomendaciones de las asociaciones cuando elabore o revise la legislación, los instrumentos y las iniciativas, y que colabore con las autoridades urbanas y las organizaciones que les representan a través de las diversas posibilidades existentes de consulta e información al elaborar nuevas iniciativas políticas y legislativas y al evaluar las estrategias, políticas y legislación existentes en la Unión;
U. Considerando que los nuevos retos mundiales que plantean la seguridad y la inmigración, el cambio demográfico y el desempleo juvenil, así como los retos relativos a la calidad de los servicios públicos, al acceso a energía limpia y asequible, a las catástrofes naturales y a la protección del medio ambiente requieren respuestas locales y, por tanto, un mayor compromiso de las ciudades a la hora de definir y aplicar las políticas de la Unión;
V. Considerando que el valor de las ciudades europeas deriva también del hecho de que albergan una parte importante del patrimonio cultural de Europa;
W. Considerando que las ciudades representan el nivel político que mejor conocen los ciudadanos y que, por lo tanto, disponen de un gran potencial como lugares en los que los ciudadanos pueden participar en debates constructivos, para lo cual la experiencia del Comité de las Regiones en la organización de los diálogos con los ciudadanos, en colaboración con los socios locales y regionales, ofrece perspectivas prometedoras;
X. Considerando que, con el telón de fondo de las exigencias políticas surgidas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París sobre el cambio climático, las ciudades han reforzado su capacidad de desarrollar soluciones e instrumentos políticos innovadores por el bien de la sostenibilidad social, ecológica y económica y de los sistemas comerciales justos, así como de interconectarse para su aplicación, más allá de los formatos disponibles, tanto dentro de la Unión como a nivel internacional;
Y. Considerando que la declaración sobre una Agenda Urbana de la UE, aprobada por los ministros de la Unión responsables de cohesión territorial y de asuntos urbanos en junio de 2015, reconoce el importante papel del Comité de las Regiones, Eurocities y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), a la hora de expresar los intereses de las zonas urbanas;
Z. Considerando que las ciudades pueden ofrecer una oportunidad para aprovechar el potencial de la ciudadanía europea y para reforzarlo mediante el fomento de la ciudadanía activa, a partir del reconocimiento de que las ciudades pueden aplicar las estructuras de intermediación entre la Unión y sus ciudadanos de una forma más eficiente;
AA. Considerando que la participación de las ciudades en las políticas de la Unión contribuye a aumentar la responsabilización local de los procesos de la Unión, a mejorar la gobernanza a través de una democracia europea más participativa, a mejorar la capacidad administrativa y la calidad de los servicios públicos a escala de toda la Unión, contribuyendo así a la aplicación del derecho a una buena administración, de conformidad con el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
AB. Considerando que es importante implicar a las autoridades locales y regionales en la fase más temprana posible del proceso de toma de decisiones y potenciarlas como parte integrante de las evaluaciones de impacto territorial;
AC. Considerando que las formas actuales de participación de las ciudades siguen siendo insatisfactorias desde el punto de vista del impacto deseado en la definición y la aplicación de las políticas y la legislación de la Unión; que dicho impacto será mayor si las ciudades se asocian en redes basadas en afinidades históricas, geográficas, demográficas, económicas, sociales y culturales;
1. Toma nota de que la implicación de las ciudades —entendidas como municipios, ciudades y áreas urbanas y metropolitanas, así como las ciudades pequeñas y medianas— en el proceso decisorio de la Unión se consigue a través de su participación en el Comité de las Regiones, como órgano consultivo y asesor; considera que la actual configuración institucional permite fomentar las plataformas de cooperación entre las propias ciudades y entre las ciudades y las organizaciones que las representan y los órganos de toma de decisiones, tanto a nivel nacional como de la Unión, en consonancia con los principios de cooperación leal, subsidiariedad y proporcionalidad;
2. Señala que no existe una única definición de lo que constituye una ciudad en términos de población, superficie, funciones o nivel de autonomía, sino solo en términos del nivel de urbanización y concentración de residentes, y que, en consecuencia, cada Estado miembro puede adoptar y adoptará un enfoque diferente en relación con este término;
3. Observa que la Unión está reforzando progresivamente la dimensión urbana de varias de sus políticas, tal como lo demuestran, por ejemplo, el concepto de las «ciudades y comunidades inteligentes» (Asociación Europea para la Innovación) e iniciativas como la iniciativa comunitaria de zonas urbanas I (URBAN I), URBAN II, el desarrollo urbano sostenible (artículo 7 del FEDER(8)), la Red de Desarrollo Urbano, las Acciones Innovadoras Urbanas, la Capital Europea de la Cultura, la Capital Verde Europea y la Capital Europea de la Innovación, el Pacto de los Alcaldes, y la Agenda Urbana de la UE;
4. Recuerda que las ciudades desempeñan un papel importante en la aplicación de determinadas políticas e instrumentos de la Unión, por ejemplo en el ámbito de la política de cohesión y de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; pide a las ciudades, por consiguiente, que trabajen de manera integrada, en cooperación con todos los niveles de la administración, el sector privado y la sociedad civil, en consonancia con el principio de asociación;
5. Hace hincapié en el papel fundamental desempeñado por las ciudades, así como por todas las autoridades locales, en lo concerniente a la preparación, concepción, financiación y aplicación de las políticas fundamentales de la Unión, como la lucha contra el cambio climático, a través de un proceso de desarrollo urbano, económico, social y territorial que permita a las ciudades afrontar nuevos retos y aprovechar las oportunidades en el próximo periodo de financiación de la Unión con vistas a la movilización de los recursos disponibles hacia ciudades del futuro que sean, además de inteligentes y sostenibles, creativas; destaca asimismo en este sentido la importancia que revisten estrategias e iniciativas mundiales como los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas o el Pacto Mundial de Alcaldes;
6. Destaca que, puesto que las ciudades han dado pruebas de su capacidad para gestionar eficazmente las acciones integradas para el desarrollo urbano sostenible, deberían asumir un papel más importante en la aplicación de todas las políticas pertinentes;
7. Subraya que las ciudades podrían desempeñar un papel importante en las políticas exteriores de la Unión en cuanto instrumento de diplomacia pública al reunir a personas de diferentes países y abordar cuestiones que, por distintos motivos, no figuran en los programas políticos de alto nivel, y pide, por consiguiente, que se aumente la financiación de los mecanismos de ayuda de la Unión correspondientes;
8. Señala, no obstante, que las ciudades no disponen en ocasiones ni de los instrumentos adecuados ni de la capacidad administrativa para participar en las licitaciones para la obtención de fondos de la Unión; acoge con satisfacción, por consiguiente, el establecimiento de una «ventanilla única» para las ciudades, con un sitio internet y documentos que deben estar disponibles en todas las lenguas oficiales de la Unión; pide que se mejoren la coordinación y la integración de los instrumentos y los programas dedicados a las ciudades en distintas políticas de la Unión, mejora que podría conseguirse mediante el nombramiento de un comisario que asuma el liderazgo político en esta cuestión para imprimir una orientación estratégica a dichas políticas, de forma coherente con la atención cada vez mayor que las políticas europeas prestan a las zonas urbanas y teniendo asimismo en cuenta la diversidad de las diferencias que hay entre las autoridades locales europeas y las posibilidades que encierra cada una de ellas; resalta la importancia de favorecer un enfoque que resulte más equilibrado por lo que a las ciudades respecta, independientemente de su tamaño, en lo relativo al acceso a los correspondientes instrumentos y programas, en particular fomentando las capacidades consultivas;
9. Acoge con satisfacción la Agenda Urbana de la UE en cuanto nuevo modelo de gobernanza multinivel basado en la asociación, que permite a las ciudades participar en la revisión de la legislación vigente y en la reflexión sobre la futura configuración de las políticas; subraya la necesidad de un enfoque integrado y global en la aplicación concreta de la gobernanza multinivel prevista en los actos de la Unión, en consonancia con los objetivos fundamentales de las políticas de la Unión; señala el importante papel complementario que desempeñan los enfoques de base local y ascendentes, como el desarrollo local participativo;
10. Solicita la coordinación, el refuerzo y la oficialización de la Agenda Urbana; considera que este proceso no debe ser voluntario y que los Estados miembros y la Comisión deben asumirlo en mayor medida y comprometerse a estudiar atentamente las recomendaciones recibidas y, cuando sea posible, aplicarlas;
11. Pide a las asociaciones que trabajan en el marco de la Agenda Urbana que adopten rápidamente sus recomendaciones y planes de acción; solicita, por otro lado, a la Comisión que demuestre cómo se tienen en cuenta estas propuestas concretas, especialmente por lo que se refiere a la mejora de la legislación, la financiación y los conocimientos, y que las incorpore, en su caso, en futuras propuestas legislativas; pide a la Comisión que informe sistemáticamente al Parlamento de los resultados en este sentido;
12. Acoge con satisfacción las plataformas de cooperación entre ciudades, que permiten la creación de sinergias para la cooperación transfronteriza y una mejor aplicación de las políticas de la Unión sobre el terreno; considera que el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía es un buen ejemplo que debe seguirse;
13. Acoge con satisfacción la creación de una plataforma de datos urbanos por parte de la Comisión; solicita, no obstante, a Eurostat y a la Comisión que recaben y recopilen datos más detallados, en particular los relativos a flujos, a fin de ajustar con eficacia las políticas vigentes y dar forma a las futuras;
14. Considera necesario reforzar la participación temprana y coordinada de las ciudades en el proceso decisorio de la Unión dentro de la actual estructura institucional de la Unión, especialmente en lo que respecta a la legislación que les afecta directamente, de una manera que garantice la transparencia y la eficacia de las políticas y del proceso de toma de decisiones, respetando al mismo tiempo las realidades constitucionales de los Estados miembros; pide una mayor transparencia y la participación de los ciudadanos en el proceso decisorio de la Unión; aplaude, en este sentido, la Iniciativa Ciudadana Europea, y pide que se promueva en mayor medida este instrumento en los Estados miembros;
15. Cree firmemente en la necesidad de reforzar considerablemente el papel de las ciudades en la configuración de las futuras políticas de la Unión; pide a la Unión, por consiguiente, que vuelva a evaluar el establecimiento de una política urbana europea, especialmente en una perspectiva a largo plazo;
16. Recuerda que el Comité de las Regiones coordina la Plataforma de Seguimiento de la Estrategia Europa 2020 (PS EUROPA 2020), cuya labor principal consiste en garantizar que las opiniones de las ciudades, regiones y otras autoridades locales se tengan en cuenta en la definición de la estrategia de la Comisión para el crecimiento económico y la innovación;
17. Recomienda la consolidación de la representación de las ciudades y municipios en el actual marco institucional de la Unión, en particular considerando el fortalecimiento de la representación de las ciudades por los Estados miembros en el Comité Europeo de las Regiones, sin disminuir el papel de las regiones y las zonas rurales;
18. Pide a los Estados miembros que velen por que la diversidad de sus estructuras territoriales se refleje plenamente en las propuestas de nombramiento de miembros del Comité de las Regiones, y que propongan, en su caso, el nombramiento de más representantes del nivel local para este órgano;
19. Destaca la importancia de las asociaciones que representan a las ciudades, como Eurocities o el CMRE; aboga por la consolidación de la participación de las asociaciones europeas que representan a las autoridades locales y los intereses urbanos en la elaboración de políticas, como por ejemplo la red Eurocities y el CMRE, entre otras, y considera que dichas asociaciones deberían actuar como socios clave de las instituciones de la Unión mediante la creación de un mecanismo de diálogo estructurado permanente, concretamente a través del Comité de las Regiones, en particular en la fase prelegislativa;
20. Recomienda que se lleven a cabo evaluaciones de impacto territorial sobre todas las medidas políticas y la legislación que afectan al nivel local; considera que el diálogo con las asociaciones representativas de las autoridades locales y urbanas debería permitirles contribuir a llevar a cabo evaluaciones de impacto territorial, a asesorar en materia de estudios preliminares relacionados con la elaboración de las políticas y a aportar, con carácter periódico, conocimientos técnicos específicos sobre la aplicación de la legislación de la Unión a escala subnacional; recuerda que el Comité de las Regiones lleva a cabo evaluaciones de impacto territorial;
21. Insta a una mayor cooperación entre el Consejo y las autoridades locales; pide que el papel consultivo de las ciudades y las regiones y de sus asociaciones representativas se refuerce en el seno del Consejo, cuando se traten cuestiones que afectan al nivel local;
22. Opina que las ciudades, los centros urbanos y los municipios deben considerarse en un sentido más amplio y no solo como meras estructuras de gestión pública bajo control democrático y como foros potenciales para el debate público, la transferencia de conocimientos y para configurar el espacio político en la Unión, sin socavar el papel de las zonas rurales; señala que es necesario definir los elementos que sostienen dicho espacio público europeo caracterizado por el disfrute de los derechos y libertades fundamentales y por valores como la igualdad, la no discriminación y la justicia;
23. Destaca la importancia del papel de la sociedad civil en la vida política de la Unión; considera que las ciudades, al tener un acceso privilegiado a un amplio sector de la población de la Unión, constituyen el nivel en el que los ciudadanos pueden participar más fácilmente; señala que las ciudades pueden, por tanto, tener un papel de legitimación y contribuir a campañas de sensibilización sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión;
24. Defiende que las regiones y las ciudades deben ser reconocidas como centros con un papel positivo en el desarrollo de las estrategias de la Unión, en cuyo seno se originan cuestiones globales que se resuelven localmente, contribuyendo a reforzar el sistema de gobernanza multinivel de la Unión, y que este punto de vista tiene una consecuencia práctica por lo que respecta al marco institucional del proceso de toma de decisiones ascendente o descendente de la Unión;
25. Considera que la representación de las ciudades no debería limitarse a los representantes oficiales que participan en la gestión y las estructuras de consulta, y que las ciudades, municipios y pueblos — y no solo las capitales nacionales y regionales — podrían convertirse en centros de debate sobre el futuro de la Unión y sus políticas;
26. Considera que para actuar como centros de debate sobre el futuro de la Unión y sus políticas, los municipios deben nombrar un concejal responsable de asuntos europeos, y que se debe crear una red de concejales locales con ese mandato;
27. Pide que se dé apoyo suficiente a las ciudades y autoridades locales para que puedan mejorar la dimensión urbana en la formulación de políticas de la Unión;
28. Recomienda que se aproveche el potencial de las ciudades de la Unión para fines de elaboración y aplicación de las políticas de la Unión mediante debates y consultas en ámbitos que les afecten y que se extiendan más allá de la política urbana en sentido estricto;
29. Insiste en que tal objetivo solo puede ser viable si los debates y las consultas tienen lugar en zonas urbanas distintas a las capitales nacionales o regionales, que pueden constituir un foro fácilmente accesible para los ciudadanos que viven en las proximidades, en particular en ciudades y pueblos, teniendo por principal objetivo el acercamiento de la Unión Europea a los ciudadanos;
30. Reconoce la importancia de prever modelos de participación adaptados a distintos contextos y zonas urbanas de diferente tamaño e importancia, desde las capitales europeas a las ciudades de pequeñas y medianas dimensiones;
31. Considera que el Parlamento y el Comité de las Regiones son los promotores naturales de tal proceso, en cuanto órganos con capacidad para formular cuestiones que constituyen el punto de partida de los debates y las consultas y para extraer conclusiones basadas en las declaraciones, opiniones y proyectos reunidos;
32. Propone que el proceso de consulta de los ciudadanos sea organizado por el Parlamento y el Comité de las Regiones, en cooperación con los ayuntamientos europeos reconocidos como foros de debate europeo, y que estos foros se establezcan, en estrecha cooperación con los Estados miembros, preferentemente en ciudades cuyo ámbito sea importante y tenga un impacto para la mayor parte de la población de la región en cuestión, de modo que se garantice la participación más amplia posible;
33. Sugiere, por otra parte, que los ayuntamientos de las ciudades reconocidas como foros de debate europeo sean responsables de proporcionar a las universidades, a las escuelas locales y a otros centros de enseñanza, así como a los medios de comunicación, a las organizaciones y asociaciones sociales y al público en general una amplia experiencia profesional y pública y un acceso libre y gratuito, así como la posibilidad de participar en debates y consultas; opina que los ayuntamientos también han de ser responsables de invitar a los representantes de todos los niveles de la gobernanza urbana, en particular unidades menores o ayuntamientos asociados de la aglomeración urbana, y que, además, sería útil especificar el ámbito de aplicación territorial de dicha obligación en el acuerdo celebrado entre los órganos pertinentes a nivel de la Unión y el ayuntamiento del municipio que es foro europeo;
34. Propone que se ponga en marcha un programa piloto de 54 foros de debate europeo —que garantice una representación territorial equilibrada de ciudades de diferente tamaño— destinado a ciudades de los Estados miembros que no son capitales—, con vistas a lograr un sistema de debate y consulta a escala municipal sobre asuntos de la Unión;
35. Destaca la necesidad de establecer un intercambio de buenas prácticas entre las ciudades europeas, ya que algunas han puesto en marcha con éxito programas de migración o cambio climático o planes de gestión urbana innovadores.
36. Opina que la consolidación de la posición de las ciudades en la elaboración de las políticas de la Unión, en particular con el Comité de las Regiones, no socava la confianza en otros niveles de gobernanza, sino que, por el contrario, la refuerza, ya que apoya la gobernanza multinivel y la subsidiariedad basada en la confianza mutua entre la Unión, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales;
37. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo, y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
(1) DO C 212 E de 5.8.2010, p. 82.
(2) DO C 326 de 26.10.2012, p. 391.
(3) DO C 316 de 22.9.2017, p. 124.
(4) DO L 74 de 14.3.2014, p. 1.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0049.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0048.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0487.
(8) Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 289).
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