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MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX DIPUTADA SEÑORA GLADYS MARÍN MILLIE
INFORME SOBRE II REUNIÓN DE COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA UNIÓN EUROPEA-CHILE
SALUDO A SENADORAS Y FUNCIONARIAS EN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
CREACIÓN DE COMISIÓN DE AMISTAD ENTRE PARLAMENTOS DE CHILE Y GRECIA
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES EN MATERIA DE RECURSO DE QUEJA
ENMIENDA A LEY DE TRÁNSITO EN CUANTO A EN MATERIA DE RECURSO DE QUEJA
IRREGULARIDADES EN PLAN INTERCOMUNAL VILLARRICA-PUCÓN. OFICIO
Sesión 33ª, en martes 8 de marzo de 2005
(De 16:23 a 18:59)
Minuto de silencio en memoria de ex Diputada señora Gladys Marín Millie.....
Informe sobre II Reunión de Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile ...............
Acuerdos de Comités...................................................................................
Sesión secreta: se adopta resolución sobre concesión, por especial gracia, de nacionalidad chilena al señor Ian Bernard Thomson Newman (3765-07)........
Saludo a Senadoras y funcionarias en Día Internacional de la Mujer.................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas para financiamiento de estudios de educación superior (3223-04) (pasa a Comisión de Educación y de Hacienda, unidas)...........................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que limita responsabilidad de usurarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas (3129-03) (se aprueba en particular)............
Creación de Comisión de Amistad entre Parlamentos de Chile y Grecia (se aprueba)....
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Orgánico de Tribunales en lo relativo a recursos de queja (3679-07) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 5º de la Ley de Tránsito, a fin de permitir reconocimiento de licencias de conducir expedidas en el extranjero (2658-15) (se aprueba en general).........
Irregularidades en Plan Intercomunal Villarrica-Pucón. Oficio (observaciones del señor García).........................................................................................
Concurrieron, además, el señor Ministro de Educación , la señora Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación y el señor Jefe de Estudios de la Dirección de Presupuestos .
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 22 señores Senadores.
Los Comités acordaron hoy rendir homenaje en memoria de doña Gladys Marín Millie en una próxima sesión, durante la cual harán uso de la palabra para evocar su trayectoria.
Sin embargo, estimaron necesario recordarla también esta tarde y rendirle tributo por su actuación como Parlamentaria, por su entereza, por la fuerza con que entregó su mensaje, por la dedicación de su vida a la actividad política.
Para tal efecto, pido a los señores Senadores guardar un minuto de silencio.
Las actas de las sesiones 31ª y 32ª, ordinarias, en 1 y 2 de marzo en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero comunica que desechó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en materia de licitación de la provisión del servicio sanitario dentro del límite urbano (con urgencia calificada de "simple") (Boletín Nº 3.590-09), a la vez que entrega la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Carta Fundamental.
Con el segundo comunica que rechazó algunas de las modificaciones sugeridas por el Senado al proyecto que modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, a los efectos de establecer mayores exigencias para inscribir un arma y de prohibir su porte (con urgencia calificada de "simple") (Boletín Nº 2.291-02), a la vez que entrega la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse según lo prescrito en el artículo 68 de la Constitución Política de la República.
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Defensa Nacional para que integren la citada Comisión Mixta.
Con el último comunica que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica el Estatuto Docente para disponer la concursabilidad de los cargos de directores de establecimientos educacionales municipales (Boletín Nº 3.623-04).
Del señor Ministro de Obras Públicas , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a programas de mejoramiento de caminos secundarios en la Undécima Región.
De la señora Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a través del cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto Agroacuícola Aysén III.
Del señor Intendente de la Novena Región , con el que responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Espina, acerca del déficit de agua que afecta a diversos sectores de aquélla.
De los señores Segundo Ignacio Huilcamán Raimán y Jilberto Arturo Reinao Paillao, mediante las cuales piden la rehabilitación de su ciudadanía (Boletines Nos S 778-04 y S 779-04, respectivamente).
A continuación, para dar cuenta de la última reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile, hará uso de la palabra el Senador señor Muñoz Barra, quien presidió la comitiva de nuestro país.
Señor Presidente , Honorable Senado, cumplo con el deber de informar respecto de las reuniones sostenidas por la delegación de Parlamentarios chilenos en el marco de la Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile-Parlamento Europeo.
Nuestra comitiva estuvo conformada por los Senadores Andrés Chadwick , Jaime Naranjo , Jorge Pizarro y quien habla, y por los Diputados señora María Pía Guzmán y señores Rodrigo Álvarez , Carlos Recondo , Alberto Robles , Rodolfo Seguel y Jorge Tarud .
La delegación chilena arribó a Bruselas el 24 de enero, e inmediatamente sostuvo un encuentro de coordinación con nuestro Embajador ante la Unión Europea, señor Alberto Van Klaveren , quien nos informó acerca de los principales aspectos políticos y comerciales por tratar.
Al día siguiente se efectuó la II Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile, en las dependencias del Parlamento Europeo.
Debo recordar que, producto de las elecciones en dicho Parlamento, cambió la composición de la delegación europea, la que ahora es presidida por el eurodiputado señor André Brie .
Tanto el eurodiputado Brie como el Director para América Latina de la Comisión Europea, señor Tomás Dupla del Moral, valoraron el excelente estado de las relaciones entre ambas partes. En tal sentido, apreciaron muy positivamente, por ejemplo, la cooperación chilena en el mantenimiento de la paz en Bosnia. Asimismo, valoraron nuestra participación en Haití.
En palabras del Director para América Latina de la Comisión Europea, señor Dupla del Moral, ambas misiones dan cuenta de la visión global de la política exterior chilena, lo que a su vez es reflejo del buen estado de la política interna del país.
Destacaron, también, el valor de la cooperación entre ambas partes, en especial el hecho de que no es la clásica cooperación vertical, sino que es entre iguales; tanto, que las prioridades las fija Chile.
Por último, afirmaron que para ellos nuestro país es un socio estratégico, en atención a la solidez de sus instituciones y a la existencia de una visión común en temas políticos.
Por su parte, los miembros de la delegación Senadores señores Chadwick , Naranjo , Pizarro y Muñoz Barra dieron cuenta de los principales aspectos de la reforma constitucional de Chile, de los derechos humanos, de la situación política interna y del actuar en el plano internacional.
A su vez, el Diputado señor Recondo planteó, en nombre de la delegación nacional, el grave problema que afecta a la industria de la acuicultura chilena, debido a la, en ese entonces, amenaza de salvaguardia contra nuestro salmón.
Hizo presente el enorme daño que se ocasionaría a un sector que se ha convertido en uno de los principales exportadores chilenos y, sobre todo, que nuestras actuales remesas al continente europeo no superan el cinco por ciento del total que allí se consume.
Destacó que dicha medida provocaría un grave deterioro en esa área de la economía nacional, en especial a los envíos futuros de salmón congelado. Y, además, resaltó que se afectaría muy seriamente a la propia industria europea, pues existen muchos industriales franceses y holandeses, entre otros, que procesan nuestro salmón.
Sin embargo, debo decir que los eurodiputados, no obstante entender la situación, actuaron en conjunto con el representante comercial de la Comisión, quien no sólo defendió las medidas de tal índole, sino que además remarcó que nuestro país también las aplicaba. Al respecto, agregó que, en particular, a ellos los afectaba la imposición chilena de salvaguardias al trigo.
Obviamente, desde la Comisión se trató de crear un ambiente similar para el análisis de ambos temas -salmón y trigo-, posición que no fue compartida por la delegación chilena.
Por fortuna, también participó en la reunión el eurodiputado señor Ignacio Salafranca , gran amigo de Chile, quien, pese a no formar parte de la actual Comisión, manifestó que constituía una mala señal política que la Unión Europea introdujera cláusulas de salvaguardia recién entrado en vigencia el Acuerdo.
En otras materias, el Senador señor Chadwick señaló que debería existir mayor descentralización en la cooperación científica y tecnológica, punto que, si bien fue resistido en un principio, contó en definitiva con el apoyo del Presidente Brie. A tal efecto, propuso que deberían estudiarse, a nivel europeo, los mecanismos para que ello pudiera ser materializado en el futuro, incluso a modo de cooperación directa entre regiones.
Señor Presidente , debo destacar el aporte del resto de la delegación: la extensa y documentada cuenta del Senador señor Naranjo sobre la situación política nacional, como también la intervención del Honorable señor Pizarro acerca de la situación política en Sudamérica.
A continuación, fuimos recibidos por el Vicepresidente del Parlamento Europeo , señor Alejo Vidal-Quadras Roca, quien hizo elogiosos comentarios a la situación política de Chile. Destacó en particular la seriedad de ella y el grado de madurez que ha alcanzado. Similares comentarios efectuó con respecto a la marcha de la economía nacional.
Por último, indicó que para el Parlamento Europeo es motivo de satisfacción tener este tipo de encuentros con un Poder Legislativo tan prestigiado como el nuestro.
Finalmente, debo señalar que se hará llegar a todos los señores Senadores la Declaración Conjunta que firmaron en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile las delegaciones del Parlamento Europeo y del Congreso Nacional de Chile.
Sé que hay varios aspectos que interesan a Sus Señorías acerca de cómo se está abordando en los actuales tratados lo relativo a las exportaciones. Ello se explicita en la Declaración antes señalada, donde pueden aclararse bastantes inquietudes existentes al respecto.
Señor Presidente, agradezco la deferencia de haberme designado para encabezar la Comisión Parlamentaria que viajó a Bruselas.
Ello se debió a sus méritos, señor Senador.
El señor Secretario dará cuenta de los Acuerdos adoptados hoy por los Comités.
Los Comités, en sesión de esta tarde, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Guardar al inicio de esta sesión un minuto de silencio en memoria de la ex Diputada señora Gladys Marín Millie y, además, rendirle homenaje en la sesión del miércoles 16 del mes en curso.
2.- Citar a sesión especial para mañana, a las 15:30, a fin de designar a un integrante del Consejo Nacional de Televisión.
3.- Conformar una Comisión especial para estudiar en particular el proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento del Senado luego de que sea aprobado en general por la Sala.
Mañana Sus Señorías tendrán un boletín comparado que contiene el texto vigente del Reglamento; las enmiendas propuestas por la Mesa; una apretada síntesis de las razones existentes para efectuar los cambios, y una estadística sobre el trabajo de Comisiones.
4.- Abrir nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior: hasta hoy, a las 16:30 (ya venció).
5.- Prorrogar el plazo para presentar indicaciones a la iniciativa sobre agravamiento de penas para delincuentes reincidentes: hasta el 21 del mes en curso, a las 12.
6.- Retirar de la tabla de hoy el proyecto sobre modernización del servicio militar obligatorio y ponerlo en el primer lugar de la del 16 de este mes.
7.- En lo relativo a la iniciativa que modifica la ley Nº 18.933, sobre Instituciones de Salud Previsional, sacarla de la tabla de hoy y colocarla en la de mañana, en un lugar preferente.
8.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre violencia intrafamiliar: hasta el lunes 14 del mes en curso, a las 12, y
9.- Modificar un acuerdo anterior de la Sala a fin de que la iniciativa sobre cobro de intereses y otras materias pase a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sólo para segundo informe (se había acordado también para el primero).
Señor Presidente , aunque el acuerdo de Comités acerca del proyecto que modifica la ley Nº 18.933, sobre Instituciones de Salud Previsional, es claro y categórico, pregunto si podríamos colocar esa iniciativa en el primer lugar de la tabla, en vez de en una ubicación "preferente".
Excúseme por esa petición, señor Presidente , pero he debido hacerla porque en este momento no cuento con la Senadora señora Frei para que me ilustre sobre el particular.
Para conocimiento de la Sala, explicaré con más detalle el acuerdo adoptado.
Efectivamente, se resolvió poner ese proyecto en el primer lugar de la tabla. Sin embargo, como en el curso de la reunión de Comités nos percatamos de que era necesario designar a un integrante del Tribunal Constitucional, acordamos colocar este asunto, cuyo despacho se supone más fácil, en el primer lugar de la tabla, para luego entrar al proyecto relativo a las isapres. O sea, la referida iniciativa quedará virtualmente en el primer lugar de la tabla una vez que se tramite la designación de un integrante del Tribunal Constitucional.
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16:39 y adoptó resolución sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señores Cantero, Horvath, Muñoz Barra, Páez y Parra, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Ian Bernard Thomson Newman.
--Se reanudó la sesión pública a las 17:1.
Antes de entrar en el análisis de los asuntos en tabla, me hago un deber saludar, con especial afecto y cariño y en representación de la Corporación, a nuestras queridas Senadoras, las Honorables señoras Carmen Frei y Evelyn Matthei, en el Día Internacional de la Mujer.
Como nos están escuchando en las oficinas del edificio, le pido que haga extensivo su saludo, señor Presidente , a todas las funcionarias que nos colaboran.
Sus Señorías lo reciben en representación de todas ellas.
Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; informe complementario de las Comisiones de Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
Educación (segundo), sesión 32ª, en 2 de marzo de 2005
Hacienda, sesión 32ª, en 2 de marzo de 2005
Hacienda y Educación (unidas) (complementario), sesión 32ª, en 2 de marzo de 2005
Sesión 8ª, en 20 de octubre de 2004 (se aprueba en general).
El señor Ministro ha solicitado autorización para que ingresen a la Sala la señora Pilar Armanet, del Ministerio de Educación, y el señor Jaime Crispi, del Ministerio de Hacienda.
El Senado aprobó en general el proyecto en sesión de 20 de octubre del año recién pasado.
Los referidos informes dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos permanentes 1º, 4°,10, 14, 21, 24, 25, 26, 27, 35, 38, 39, 41, 42 y 43, y los artículos segundo y tercero transitorios. Estas disposiciones conservan el mismo texto con que fueron aprobadas en general, de tal manera que, de conformidad con lo preceptuado por el inciso primero del artículo 124 del Reglamento, deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador, contando con la unanimidad de los Senadores presentes, solicite someterlas a discusión y votación. El Honorable señor Fernández ha efectuado esa petición respecto del artículo 4º.
En todo caso, los artículos 1º y 25, por tener carácter orgánico constitucional, deben ser aprobados con el voto conforme de 27 señores Senadores.
--Quedan aprobadas reglamentariamente las normas enunciadas por el señor Secretario (excepto el artículo 4º), dejándose constancia, para los efectos constitucionales relativos al quórum, de que respecto de los artículos 1º y 25 emitieron pronunciamiento favorable 35 señores Senadores.
Las modificaciones efectuadas por las Comisiones al texto aprobado en general se consignan en la parte correspondiente de dichos documentos, en tanto que aquellas acogidas sólo por mayoría -muchas lo fueron por unanimidad- serán puestas en votación por el señor Presidente en el momento oportuno.
Según lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, las enmiendas que contaron con la unanimidad de las Comisiones deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador, antes de iniciarse la discusión particular, solicite examinar la proposición respecto de alguna de ellas o haya indicaciones renovadas. Hasta este momento, se han renovado ocho.
Los artículos 18, 19 y 20 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que su aprobación requiere el voto conforme de 27 señores Senadores.
--Se deja constancia de su aprobación por 35 votos.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cinco columnas, que transcriben el texto aprobado en general por la Sala, las modificaciones sugeridas por las tres Comisiones informantes, y el texto final que resultaría si se aprobaran dichas modificaciones.
Antes de entrar a la discusión particular, ofrezco la palabra.
Señor Presidente , nosotros vamos a concurrir a la aprobación de todas las normas mencionadas, sin renovar ninguna indicación. No obstante, queremos dejar constancia de nuestro reparo en cuanto a la disposición que permite extender el aporte fiscal indirecto, desde las universidades tradicionales a aquellas acreditadas conforme al procedimiento actualmente existente, que no es el aprobado por ley.
¿Por qué procederemos de esta manera, pese a no estar de acuerdo con ello? Porque hoy en día sólo tienen derecho a crédito los estudiantes de las llamadas "universidades tradicionales". Ahora se agregarían aquellas que se han acreditado cumpliendo los reglamentos vigentes. Pero siempre queda excluido un importante número de alumnos que no tienen derecho a crédito. Nuestra opinión es que todos deberían tener acceso a él, independientemente de la norma excepcional que da validez a la acreditación que se ha llevado a cabo.
De todos modos -repito-, como se aumenta el espectro de estudiantes con derecho a crédito, si bien no se soluciona el problema de todos, vamos a prestar nuestro pronunciamiento favorable a las normas en cuestión.
Además, no renovaremos ninguna de nuestras indicaciones, aunque sí pedimos votación separada respecto del artículo 4º, al cual nos referiremos en su oportunidad.
Señor Presidente , el artículo 6º, número 4, aprobado en general por el Senado, establece que uno de los requisitos que las instituciones deben cumplir para que opere la garantía estatal es "Que se encuentren acreditadas en conformidad con el sistema de aseguramiento de calidad que establezca la ley", materia que aborda otro proyecto en trámite legislativo en el Congreso Nacional. Esto se salva en el artículo primero transitorio, que dispone que, hasta que exista un Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad de las Instituciones de Educación Superior, se entenderá que cumplen la citada exigencia "aquellas que gocen de autonomía conforme a las normas legales pertinentes y que cumplan los requisitos de calidad que defina el reglamento".
En mi concepto, esta frase debería ser eliminada, pues no puede establecerse algo que en el fondo no conocemos. Basta que la institución cumpla los requisitos anteriores.
Por eso, sin perjuicio de que el señor Ministro aclare el punto o se consigne algún criterio sobre el particular en el debate, pido votar por separado la frase final del artículo primero transitorio.
Se tendrá presente la solicitud de Su Señoría al momento de discutirse dicho precepto.
Resumiendo, los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones enunciados por el señor Secretario , quedaron aprobados, salvo el 4º, respecto del cual se pidió discusión y votación separada, dejándose constancia de que para los artículos 1º y 25, orgánicos constitucionales, se reunió el quórum pertinente (35 votos).
En lo relativo a los artículos 18, 19 y 20, acordados por unanimidad en la Comisión, también fueron aprobados, dejándose constancia, por tratarse de normas de ley orgánica constitucional, de que se reunió el quórum requerido (35 votos).
Señor Presidente , para que los señores Senadores tengan mayor claridad al votar, deseo hacer una consulta al señor Ministro respecto de una norma del proyecto.
Su Señoría, ahora vamos a analizar los artículos que no fueron aprobados por unanimidad en las Comisiones y, quizás, su consulta sea resuelta cuando se discuta alguna de esas disposiciones.
Se trata del artículo primero transitorio.
Cuando lleguemos a él, atenderemos su inquietud, pues debemos seguir el orden del articulado.
En primer lugar, corresponde debatir el artículo 4º, nuevo, propuesto por la Comisión de Educación, que no experimentó modificaciones ni en la Comisión de Hacienda y Educación, unidas, ni en la de Hacienda.
El Senador señor Fernández -como se ha dicho- pidió discusión y votación separada de este artículo, específicamente respecto de la expresión "para cada carrera", que figura en el inciso primero.
La tiene el Honorable señor Fernández.
Señor Presidente , hemos pedido votación separada de este artículo, porque dispone que, mediante decreto supremo, los Ministerios de Educación y de Hacienda fijarán anualmente, para cada carrera, un monto máximo, con lo cual se establecería un arancel por carrera y, de una u otra forma, se limitaría el derecho del alumno a escoger. Porque si a una carrera se le fija un arancel más bajo del que corresponde, en definitiva, el estudiante que no tenga recursos tendrá que optar por otra distinta a la de su opción.
Nosotros somos partidarios de fijar una cantidad global; vale decir, que el Fisco determine hasta cuánto garantiza. Pero la elección de cada carrera debiera quedar entregada libremente a lo que el alumno decida y no a las cuotas que establezca el Ministerio de Educación junto con el de Hacienda. Si no, por esta vía, se podría llegar a un arancel cuyo monto hiciera ilusorio el derecho a postular a una carrera distinta.
Por eso, estamos de acuerdo en aprobar el artículo 4º con la exclusión de la expresión "para cada carrera". Entonces, diría: "anualmente se señalará un monto máximo que podrá ser garantizado por el Fisco en conformidad con esta ley.". Dicha cantidad no se debe fijar para cada carrera, porque ello puede significar una intervención en la decisión de los estudiantes.
Creemos que el alumno debe elegir su carrera y que, en tal opción, no deben influir las situaciones económicas, las cuales constituyen limitaciones importantes y graves.
En todo lo demás, estamos de acuerdo.
Señor Presidente , cuando se discutió este tema en la Comisión de Educación y se introdujo este artículo, se tuvieron a la vista, entre otras cosas, las reiteradas peticiones que nos hicieron llegar distintas áreas del saber, donde manifestaban estar tremendamente afectadas por la proliferación de ofertas de carreras. Por ejemplo, recientemente el Ministro de Educación nos envió una carta, donde informa sobre instituciones de educación superior que imparten carreras relacionadas con el ámbito de la salud. Existe una proliferación de estas entidades que han hecho que la oferta termine siendo absolutamente desmedida.
Y el mismo planteamiento nos han presentado otras profesiones.
Por lo tanto, aquí no se introduce un factor limitante. Esto será objeto de un reglamento, tal como se dice en el inciso segundo del artículo.
Consideramos adecuado que exista un mecanismo para regular y orientar la asignación de recursos que antes no existían y que tendrán un carácter más universal. Que ello quede absolutamente abierto, a mi juicio, sería más aleatorio que facultar a los Ministerios de Hacienda y de Educación para que asignen un monto máximo por carrera.
Soy partidario de mantener esta fórmula.
Señor Presidente , creo que esta norma está plenamente justificada y también estoy de acuerdo en mantener el texto propuesto por la Comisión de Educación.
Hay aquí dos instituciones diferentes y que juegan roles distintos. Y ninguna de ellas afecta la libertad del estudiante para elegir el lugar donde desea estudiar y la carrera en la que quiere formarse.
Estas instituciones son: el arancel de referencia, establecido en el inciso segundo, y el monto máximo que el Estado garantiza.
La norma no dice que el Estado pueda dejar de garantizar carreras determinadas y menos las impartidas por instituciones que cumplan los requisitos que señala el proyecto. Pero es evidente que, como las instituciones son disímiles (universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica) y éstas ofrecen miles de carreras en el país, no se puede pedir al Estado el mismo esfuerzo para cada una de ellas.
Éste puede ser un elemento ordenador de la oferta; una señal entregada por el Estado, si se considera que, respecto de determinadas carreras, claramente se ha producido una plétora profesional y una sobreoferta.
Es obvio que, en ese caso, el esfuerzo social que conlleva la garantía estatal deja de estar suficientemente justificado y es preferible orientarlo con más fuerza hacia aquellas líneas donde existe, en cambio, déficit en la formación de personas.
Pienso que esta norma, tal cual ha sido propuesta por la Comisión de Educación, es necesaria y saludable.
Por eso, la votaré favorablemente.
Señor Presidente , cuando discutimos el artículo 4º en la Comisión de Hacienda, se tuvo en cuenta la diferencia en el costo anual por carrera, asunto que está descrito en los incisos segundo y siguientes.
Básicamente, se dijo -y es obvio- que Medicina, por ejemplo, cuesta mucho más que una carrera técnica impartida en un instituto profesional o que Periodismo o Economía, porque éstas no necesitan el instrumental que requiere aquélla.
Si el artículo 4º apunta en ese sentido, a mi juicio, debiera perfeccionarse la redacción del inciso primero, porque, en realidad, tal como está, dice otra cosa. Indica que el Ministerio de Educación "señalará para cada carrera, un monto máximo que podrá ser garantizado por el Fisco". Y eso es distinto que plantear un monto máximo por alumno y por año.
Del inciso segundo hacia delante se plantea una cosa; pero el enunciado del primer inciso es mucho más amplio, el cual permite que se realicen acciones como las que señaló el Senador señor Parra , que nunca fueron discutidas en la Comisión. En efecto, que el Estado se convierta en una especie de arbitrador y diga: "Ahora sólo formaré médicos y no arquitectos, y, para ello, entregaré cero recursos para la carrera de Arquitectura" fue un tema que nunca se debatió.
Lo que se discutió fue la diferencia en el costo de los aranceles. Para ello, se establece un arancel de referencia y, luego, un número por el cual aquél se multiplica para calcular el valor de cada carrera. Distinto es que el Fisco diga: "En tal carrera no quiero ningún alumno; por lo tanto, le asigno cero pesos. En cambio, en esta otra, voy a entregar 90 por ciento de los fondos del Estado".
Ésa sería una discusión distinta, que puede ser válida o no, que puede ser objeto de acuerdo o no; pero que nunca fue planteada ni debatida.
Quizás el señor Ministro pueda aclarar el alcance del primer inciso, la idea que se está votando y el sentido del reglamento a que hace mención este artículo.
Del inciso segundo en adelante se habla siempre de que el referido decreto supremo señalará el monto total. O sea, todo está redactado en términos de aumentar en determinado número los aranceles de referencia.
Señor Presidente , he escuchado el planteamiento de la Senadora señora Matthei y creo que el inciso primero del artículo 4º tiene el sentido que ella expresó, sin perjuicio de que el señor Ministro lo ratifique en su momento.
Esta disposición establece que se señalará anualmente, para cada carrera, un monto máximo que podrá ser garantizado por el Fisco en conformidad con la ley. A su vez, el inciso segundo dispone que un reglamento considerará, entre otras cosas, un arancel referencial para fijar dicha cifra.
Luego, todo el proyecto transita sobre la base de que hay una suma global que destina el Estado, a través de la Ley de Presupuestos, para garantizar estos créditos; para determinar los porcentajes de esa garantía. Además, la iniciativa establece un sistema de titularización y de securitización de los créditos en el mercado; dispone que el Estado los puede comprar, según señala el artículo 5º, etcétera.
Pero no se trata de una suma por alumno, pues, como dice el inciso primero, se fijará un monto para cada carrera, el cual no es arbitrario. Lo que garantice el Fisco deberá hacerse sobre la base de un arancel de referencia, que seguramente es el que tienen las carreras de las diversas universidades. En ese sentido debe tomarse el aspecto referencial.
Por ello, no es por alumno, sino por carrera. Y me parece lógico, por lo mismo que señaló la Senadora señora Matthei : es muy distinto el costo de arancel de Medicina que el de Periodismo.
Señor Presidente , en ese caso, el inciso debiera señalar un monto máximo por alumno y por carrera. Porque, en el fondo, se refiere al crédito individual. Eso es lo que debiera decir. De otra manera, el Fisco estaría estableciendo cuántos alumnos quiere por carrera. Y eso nunca se conversó.
Entonces, si la redacción del inciso fuera: "anualmente se señalará para cada carrera, un monto máximo que podrá ser garantizado, por alumno, por el Fisco", ahí se expresaría exactamente lo que plantea el Senador señor Andrés Zaldívar .
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Zaldívar.
Señor Presidente , en efecto, el artículo podría precisarse aún más; pero, tal como está construido, opera sobre la base de que es por carrera. Más aún, se refiere a lo que cuesta cada alumno en cada carrera.
¡Es que es lo lógico!
Cuando se pregunta: ¿cuál es el arancel de Medicina en la Universidad de Chile?, se responde que es tanto dinero mensual por alumno. Ése es el arancel referencial. No hay un arancel global en esa institución para dicha carrera. No se dice: "En la Universidad de Chile el arancel de la Escuela de Medicina es de tantos millones de pesos, que se destinarán anualmente a tal objeto". No.
Yo entiendo que el arancel es por alumno y, por supuesto, con relación a la carrera de ese alumno. Y así creo que está estimado. No lo veo de otra forma.
Habría que aclararlo.
Estoy de acuerdo. Pero creo que es así.
Habría que cambiarlo.
El arancel es por carrera y su pago, por alumno. Así es.
No hay problema, pero habría que corregirlo.
Señor Presidente , advierto en este proyecto un paso más en el proceso de debilitamiento de la educación pública. Y agrego, además, la circunstancia, por cierto muy desafortunada, de que aquí se incorpora un elemento de irracionalidad.
Digo esto, porque una parte significativa del esfuerzo estatal se diluye en un conjunto de opciones que sólo tienen lógica en el ámbito del mercado, es decir, en la perspectiva de considerar la educación como un negocio, como también lo son la salud y, en general, todos los servicios públicos donde interviene el espíritu de lucro.
¿Cómo es posible que recursos públicos colaboren en el desarrollo de opciones universitarias absolutamente saturadas hoy en día?
¿Qué sentido tiene que una universidad ofrezca?
¡Derecho! Está saturado.
¿ opciones para estudiar, por ejemplo, Periodismo?
Hay miles de profesionales en ese ámbito que, por supuesto, no tienen ubicación alguna, dado que la capacidad de absorción de los medios, cada vez más concentrada en Chile, es tremendamente limitada.
Entonces, ¿cuál es el futuro de esos estudiantes? Y, ¿cómo es posible que recursos estatales respalden un fraude, un engaño? Porque no es otra cosa persistir en aceptar ofertas, por parte de las universidades, de carreras que no tienen destino para quienes las siguen.
Si el artículo, tal como viene en el proyecto, ya representa riesgos, la indicación que pretende introducir el Senador señor Fernández lo hace extraordinariamente más peligroso. Una iniciativa de esa índole debería suscitar un rechazo total.
Señor Presidente , señores Senadores, a juicio del Ejecutivo, la actual redacción del artículo 4º permite definir los montos que vamos a orientar a los créditos en general.
De la práctica que el Ministerio de Educación ha tenido en estos años, se demuestra que es necesario fijar aranceles de referencia por carrera. Si el monto general no se especificara así, tendríamos que determinar un arancel de referencia equivalente al de la carrera más cara que quisiéramos financiar. Y, en nuestra experiencia, eso lleva a una subida de los aranceles por parte de muchas universidades privadas, porque ven la posibilidad de que ese monto sea financiado.
Entonces, lo que hacemos con las universidades del Consejo de Rectores hoy día es establecer aranceles de referencia por carrera, de modo que también se contenga, de alguna forma, el incremento de costo por la vía de regular cuánto crédito se otorga, y no mediante el arancel, porque cada universidad es independiente para fijar el que estime pertinente.
El segundo inciso del artículo 4º dice: "Los elementos que se utilizarán para determinar el referido valor se establecerán en el reglamento, el cual deberá considerar entre otras cosas, un arancel de referencia.". Pero, para fijar el monto máximo, habría que multiplicar el arancel de referencia por una cantidad de personas, carrera por carrera. O sea, volveríamos a lo mismo. Tenemos que tomar en cuenta las carreras para determinar ese monto, porque son distintos los aranceles de cada una de ellas.
Por esa razón, consideramos que la norma se expresa adecuadamente, aunque fue bastante discutida en la Comisión de Educación.
Si uno lee el artículo 4º completo, verá que su inciso tercero establece el monto máximo por estudiante, pues una carrera puede durar cinco, siete o tres años. Es decir, si se fija ese monto, también ahí se da la posibilidad de que el alumno pierda un año o un poco más de tiempo; es decir, lo que dura la carrera y algo más.
Entonces, este punto de vista se articula muy bien en el conjunto de incisos, pues se posibilita ordenar los montos, orientar de mejor manera el esfuerzo fiscal y dar una señal a las instituciones. Porque se trata de entidades privadas que necesitan una pauta acerca de hasta dónde el Estado va a llegar con las garantías o avales en cada carrera.
Por eso, nos parece que la redacción del artículo 4º es adecuada y solicitamos a la Sala que lo vote favorablemente.
Señor Presidente , nos encontramos en una discusión muy de fondo, la cual, como lo han planteado varios señores Senadores, dice relación, ni más ni menos, al rol del Estado en la educación. Ése es el punto.
Desde mi perspectiva, en relación con la capacidad de ayuda, el rol estatal es promover la participación con igualdad de oportunidades en la vida ciudadana, para que cada cual tenga su opción de desarrollo. Digo lo anterior, porque respecto del artículo tengo dos objeciones.
La primera es de carácter general. No cabe duda de que lo deseable en un país que requiere igualdad de oportunidades es que el alumno pueda optar con absoluta libertad, independientemente del nombre de la universidad de que se trate, o de si va a contar o no con ayuda.
Mediante estas disposiciones se siguen manteniendo esquemas de primera y de segunda. O sea, habrá alumnos que por entrar a una determinada universidad -en este momento ya están postulando a los créditos, lo que es un asunto muy particular en el mes de marzo, que no tiene que ver con los puntajes-, van a tener las condiciones óptimas para estudiar una carrera con créditos subsidiados por el Estado. Hablamos de 2 por ciento, según sea la historia de la naturaleza de la universidad, y no conforme a lo que enseñe ni a lo que el educando aprenda en ella.
El artículo mantiene ese concepto, pues lo que se crea es un segundo tipo de crédito, distinto del anterior, para otra clase de instituciones, lo que, de partida, me parece una distorsión. O sea, mi primera aproximación es que la norma no constituye la solución, ni mucho menos, para lograr la igualdad de oportunidades en la educación. Aquí se mantiene una tremenda diferencia entre el apoyo a ciertas universidades, según sea su naturaleza y sin considerar lo que enseñan.
Por lo tanto, en lo absoluto entiendo el artículo como un mal menor. Y quiero dejarlo establecido así en lo particular.
Por otro lado, dentro de ese concepto de mal menor, me parece que la objeción del Senador señor Fernández a esta norma -que también manifestó la Honorable señora Matthei - es evidente, más allá de la búsqueda de interpretaciones que, de buena fe, hacen otros señores Parlamentarios. Lo que sostenemos es que, con este artículo, estamos dando al Estado un rol que ya es lejano a la igualdad de oportunidades: la herramienta para fijar por cada carrera el monto máximo de garantía fiscal.
Por lo que entendí de la explicación del señor Ministro de Educación , subyace un cierto rol regulador de aquello que, entre comillas, aparece como positivo o negativo para la sociedad. Pero, ¡por favor!, ¿quién define eso?
Un señor Senador sostenía que en Chile sobran los periodistas. No lo sé. Mi mujer tiene esa profesión; uno de mis hijos también desea titularse como tal. Muchos miles de jóvenes -no solamente nuestros hijos- manifiestan esa vocación. Y es sano que la haya. ¿Me van a decir, entonces, que por la imposición de un Gobierno "A" las generaciones nacidas entre los años 80 y los 90, que carezcan de recursos, no podrán estudiar Periodismo? ¿Ésa es la solución que se da?
No, justamente yo creo que...
el ciudadano debe decidir por sí mismo, y no otra persona que, desde la cómoda posición de ser periodista o de haber seguido la carrera que quiso estudiar, determine lo que los otros deben hacer.
Adicionalmente, deseo recordar que, según un estudio de la Universidad de Chile, la tasa de empleo de los titulados es de 86,6 por ciento, y la de las personas con formación universitaria incompleta, de 36,6 por ciento. O sea, aquí hay una cuestión de fondo.
Por eso, me parece que el asunto planteado es vital. Yo creo en la libertad...
Sí, se la daré inmediatamente.
Yo creo en la libertad de las personas. Me parece fundamental que, dentro de ella, cada uno defina lo que es más conveniente para su futuro. Para eso, el Estado debe buscar la igualdad de oportunidades. Pero no me digan que se acaba la carrera de Periodismo en los próximos diez años porque a un Parlamentario o a un Ministro no le gusta. Eso sería una inconsecuencia.
Con la venia de la Mesa, concedo una interrupción a la Honorable señora Matthei.
Señor Presidente , pienso que el Estado, en la medida en que pone el dinero, tiene perfecto derecho a pedir calidad. Por eso, soy una firme partidaria de que el crédito se otorgue solamente a aquellas universidades que, por ejemplo, cuenten con el proceso de certificación. No podemos entregárselo a aquellas instituciones de educación superior que dicen formar abogados en dos años.
Entonces, en cuanto a la calidad y a la certificación, todos estamos absolutamente de acuerdo.
Ha finalizado su tiempo, señora Senadora .
La pregunta directa que quiero hacer al señor Ministro es la siguiente: en el fondo, ¿quiere convertirse en una especie de planificador central para determinar cuántos alumnos deben estudiar en las distintas carreras? ¿Ésa es su pretensión? Porque el problema mayor es si su Cartera fijará en cada caso el número de cupos con derecho al crédito. En síntesis, la cuestión es saber si hay planificación central o no la hay.
Señor Presidente, hay dos maneras de enfocar el debate. Y pienso que necesariamente debe ser así.
El texto en discusión fue analizado largamente en la Comisión de Educación, con las implicancias aquí dadas.
Comparto lo señalado por el señor Ministro , en el sentido de que el artículo en análisis es perfectamente claro y preciso, sin requerir enmiendas. Si seguimos modificándolo o haciéndole agregados, vamos a cambiar su sentido, cuyo tenor literal es muy transparente.
Por lo tanto, soy partidario de no modificar en nada la norma.
Ahora bien, en el curso del debate hemos llegado a dos o tres ideas centrales que rondarán al momento de votar cualquier enmienda, conforme a las distintas versiones que cada señor Senador tiene de la sociedad y de la acción que atañe al Estado en el conjunto de la educación. Pero esas ideas no son como aquí se ha dicho.
En cuanto a si con esta normativa estaríamos vendiendo o enajenando la educación estatal en beneficio de la privada -es la visión de un señor Senador, con la cual concuerdo en muchos aspectos-, dado que obedecería más a un carácter de lucro que a una dimensión verdaderamente formativa, debo decir con franqueza que, en mi concepto, en cada uno de los asuntos relativos a educación y también a salud -las áreas más centrales donde es posible esta discusión- sí hay dos opiniones y visiones. Es verdad que, por desgracia, estamos consolidando un modelo que tiende a que el Estado ayude a instituciones que carecen de un contenido educativo o de universidad y que son, más bien, simples constructoras o formadoras de profesionales, sin el sentido mágico que ofrece la institución universitaria.
¡Profesionales exprés!
Pero con este proyecto no estamos haciendo más allá de lo que las circunstancias nos permiten para mejorar la educación actual, la cual, de faltar estas iniciativas legales, quedaría en una situación extremadamente inconfortable, como la que estamos viendo ahora.
Esta materia fue ampliamente discutida a propósito de otros proyectos. Ése es el primer punto.
El segundo es que aquí se plantea el problema de si por esta vía -algunos han planteado la pregunta con exageración, en términos "teleséricos", por decirlo de alguna manera- vamos a llegar a una suerte de planificación del Gobierno contraria a la concepción de la libertad absoluta para tener la enseñanza que cada uno quiere. Yo creo que no.
En segundo término, el debate se hizo en la Comisión, pero tampoco llegamos a ese extremo. Porque lo que aquí se está diciendo es algo mucho más simple: que el Estado coloca los recursos y que éstos se entregan a las personas, las cuales permiten hacer funcionar las instituciones de forma mucho más equitativa en lo que respecta a dineros. Ello, como expresión del bien común o de lo que permite la administración de la sociedad.
Sin embargo, en este punto específico, el temor del Senador señor Coloma no se justifica. Pero lo que sí es verdad -seamos claros, y con esto termino- es que no podemos seguir en la situación actual, donde cada universidad puede ofrecer carreras con un número exagerado de futuros profesionales.
Si por este mecanismo se pudiera limitar la falta de planificación como la que hoy en día tenemos -carencia absoluta-, creo que no sería un mal procedimiento. Porque lo que se propone aquí es que el dinero -perteneciente a la sociedad en su conjunto y cuya administración corresponde al Estado, en este caso a través de organizaciones generales vinculadas a la educación- se utilice simplemente para racionalizar el exceso de educación pública y privada en el nivel superior.
Por eso, señor Presidente , esto quizás pone de relieve una vez más algo que no hemos hecho: un análisis a fondo sobre lo que pretendemos en materia de educación superior.
Quiérase o no, hay visiones distintas; pero esa discusión no la hemos realizado ni con motivo de este proyecto ni de otro. Por lo tanto, deberíamos alguna vez entender que sin aquélla, en cada oportunidad, vamos a circunscribir el estudio de una frase cualquiera en cualquier normativa a un debate de carácter teórico.
Señor Presidente , en respuesta a la consulta de la Senadora señora Matthei , deseo expresar que lejos está de nuestro ánimo pretender una regulación de carreras, lo cual no se compadece en absoluto con el mundo de hoy. Porque en la actualidad nadie tiene claro qué debe saberse, salvo lo fundamental. Las adaptaciones van al ciclo de vida y toda la educación contemporánea se orienta a una formación permanente.
En consecuencia, lo que sí deseamos es, primero, ampliar la libertad de elección mediante el otorgamiento de más recursos a jóvenes que hasta ahora carecen de ellos.
Como es de conocimiento de los señores Senadores, el proyecto en análisis incluso comprende a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y a los centros de formación técnica e institutos profesionales y, por primera vez, les allega recursos privados. O sea, ésta es una línea nueva que aumenta la libertad de elección y las posibilidades para muchos jóvenes. Se trata, por cierto, de algo que se encuentra sujeto a la obligación de que el Estado cautele -y aquí entramos al punto-, por lo menos, dos cosas: primeramente, la calidad de la educación que se imparte con recursos públicos, y segundo, que éstos no sean prestados de manera tal que no puedan recuperarse.
Ambos criterios han sido considerados acá. Con respecto a aquellos relacionados con el tipo de carrera, es necesario entender que van por otra vía.
Sobre el particular, estamos impulsando, a través de diversos proyectos y fondos, cambios curriculares, flexibilización de carreras, acortamiento de éstas, movimiento de modulación de las mismas, de modo que una persona pueda estudiar progresivamente bachillerato, master o doctorado. Pero esto no se concretará sobre la base de decir "quiero a 100 personas en tal cosa o a 500 en la otra", porque sería un error enorme.
Eso era lo primero que deseaba aclarar.
En segundo término, siendo ése el espíritu de la norma, su redacción nos parece adecuada. Ahora bien, si la idea es buscar la unanimidad en la línea propuesta por los Senadores señora Matthei y señor Andrés Zaldívar , en cuanto a establecer como solución que, por decreto supremo, con la firma de los Ministros de Educación y de Hacienda, se señalará anualmente un monto máximo por alumno en cada carrera, no tenemos problema, siempre que la Sala esté dispuesta a introducir dicha indicación en forma unánime.
Basta con dejar consignado en la historia fidedigna de la ley que el señor Ministro de Educación ha señalado claramente que el reglamento al cual aludió no tiene por objeto una planificación centralizada, ni tampoco dirigir lo relativo a cuáles carreras se desea expandir y cuáles no, pues se trata más bien de un asunto vinculado al monto por alumno.
En la medida en que él lo haya expresado así, la cuestión queda dilucidada.
Señor Presidente , en primer término, deseo manifestar que las dos intervenciones del señor Ministro reflejan un concepto completamente distinto del que dieron a conocer los Senadores de la Concertación; o sea, no tiene nada que ver con lo argumentado por estos últimos.
Por lo tanto, está claro que el artículo se presta para dos interpretaciones absolutamente diferentes.
En segundo lugar, si se señala que los fondos públicos deben ser destinados de forma que impidan un escalamiento de aranceles y el inciso tercero establece que un decreto supremo determinará el monto total garantizado por alumno, resulta clarísimo. Es evidente que nadie puede oponerse a ello. Sin embargo, cuando se consigna el monto total por carrera, entra en juego el factor relacionado con la intervención estatal, por cuanto resulta muy claro que, si se fija un arancel de 100 y una cantidad máxima de mil respecto de cada caso, significa que el Estado está diciendo "no quiero más de diez personas en tal carrera", lo cual es contrario a lo expresado por el señor Ministro .
¡No es así, señor Senador, sino que está señalando que dará crédito a diez alumnos!
Puede ser legítima esa discusión, pero entiendo que no se hizo acá.
Por lo tanto, creo que es importante eliminar, como lo sostuvo el Honorable señor Fernández , la frase "para cada carrera". En todo caso, yo mantendría -porque es importante- eso de que por decreto supremo se fijará el monto máximo anual, toda vez que el Estado tampoco puede otorgar garantías ilimitadas.
En consecuencia, ¿cómo jugaría correctamente el sistema? Se fija una garantía por carrera, como también el monto anual que avalará el Estado, ya que él no puede ser ilimitado. Los alumnos decidirán qué carrera escogen. Si en definitiva muchos se inclinan por Periodismo o por Agronomía, ello va a indicar la forma como debe ir orientándose el procedimiento, porque, no obstante las imperfecciones que podría tener la elección de miles y miles de personas, tal mecanismo, a mi juicio, es más seguro que la determinación de un individuo desde el escritorio de un ministerio.
Se dice acá que se trata de fondos del Estado. Y, que yo sepa, éstos provienen de todos los chilenos. Si todos los chilenos contribuyen a las garantías educacionales, me parece razonable que sean los propios connacionales quienes elijan qué estudiar.
Por consiguiente, mi impresión es que este debate se zanja -si desean después analizamos si hay o no educación planificada- con la eliminación de la frase "para cada carrera". Pero es necesario mantener lo concerniente a la fijación del monto anual de la garantía estatal.
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar, a quien resta un minuto de su tiempo.
Señor Presidente , estimo que lo dicho por el señor Ministro soluciona el problema en la medida en que la norma establezca que el monto "se señalará por alumno para cada carrera".
Porque eliminar la frase "para cada carrera" abre otro flanco. ¿Cómo se determinará un monto máximo por alumno? ¡No es posible! En consecuencia, en la disposición debe quedar establecido un monto máximo por alumno para cada carrera, que fue lo señalado por el señor Ministro .
Por lo tanto, si hay unanimidad en la Sala, se puede corregir; pero, si algún señor Senador se opone, esa idea puede perfectamente quedar consignada en la historia fidedigna de la ley, como manifestó la Honorable señora Matthei . Su Señoría dejó en claro que, si no existe consenso total, bastaría con dejar constancia de que el monto es por cada alumno para cada carrera. No es posible aludir a la frase "por cada alumno" sin considerar que es para cada carrera.
Observo que con eso se ordena un poco el debate; pero todavía hay Senadores inscritos.
El Honorable señor Parra ha solicitado intervenir. Le restan tres minutos de su tiempo.
Señor Presidente , yo espero que la intervención del Senador señor Andrés Zaldívar se refleje en la aprobación unánime del artículo como está propuesto, con la constancia que se ha solicitado.
Sin embargo, quiero llamar la atención de la Sala sobre lo siguiente. El debate suscitado aquí saca el proyecto de contexto en la medida en que le da una dimensión y un sentido de los cuales carece. La iniciativa no tiene por objeto ordenar ni regular el sistema de enseñanza superior, sino, simplemente, en función del derecho a la educación de los jóvenes chilenos, generar un nuevo mecanismo de financiamiento de estudios, el cual se suma al ya existente crédito solidario, a los préstamos que otorgan en forma directa las instituciones y a los que pueda ofrecer el aparato financiero.
Lo novedoso de este sistema es que opera en función de un aval estatal sobre un monto máximo global que se señalará anualmente en la Ley de Presupuestos. Y respecto de esos recursos se aplica el artículo 4º tal cual está propuesto. Ellos no se reparten indiscriminadamente, ni se entrega a la Comisión que crea este proyecto la labor de asignarlos y de distribuirlos. Esos dineros serán, claramente, insuficientes. Por eso, mediante decreto supremo, se establece un mecanismo de distribución entre carreras, que reviste, por lo mismo, carácter general, pero también individual, en función de los aranceles de referencia.
Señor Presidente , a lo mejor voy a retrotraer un poco la discusión, porque entiendo que el Gobierno ha enfocado esta materia hacia un tema más de fondo.
A mi juicio, en el sistema educacional universitario estamos enfrentando una falla de mercado. Primero, existe una gran ambigüedad. En efecto, hay un conjunto de instituciones sin fines de lucro que en realidad sí los persiguen y que, por ende, busca maximizar sus ganancias. Para lograr esto último, en un mercado completamente libre, las universidades tratan de aumentar el número de egresados y de reducir al mínimo los costos de las carreras. Es decir, se convierten en lo que podría denominarse una "fábrica de profesionales". Entonces, se genera una deformación en cuanto a la oferta, en la medida en que los establecimientos de enseñanza superior van produciendo, como fábricas de embutidos, periodistas, abogados, visitadoras sociales, psicólogos, en cantidades muy abundantes.
La gente que ingresa a esas carreras lo hace con una enorme expectativa. Y ocurre que nadie advierte que el mercado educacional no es el mercado de los kiwis. Hubo un momento en Chile en que entre los agricultores se corrió la voz de que convenía introducir este nuevo cultivo, porque se ganaba mucha plata. Todos plantaron kiwis simultáneamente; hubo sobreoferta; el precio se vino al suelo, quebraron los productores y tuvieron que sacar las matas y botarlas a la basura.
Sin embargo, hay una pequeña diferencia entre una planta de kiwi que se desecha y un egresado universitario, sobre todo en el contexto actual, en que el 75 por ciento tiene acceso a la educación superior por primera vez. Esta persona, al cabo de un plazo relativamente breve, busca trabajo, pero se encuentra con que hay sobreoferta en su carrera. Por lo tanto, primero le ofrecen un sueldo notoriamente inferior al que correspondería, y segundo, termina en la cesantía. Detrás de eso hay una familia que ha hecho un esfuerzo de ahorro, que ha pagado muy caro para que en esta "fábrica" le produzcan un profesional que pueda ganarse la vida con dignidad. Y resulta que termina cesante, o percibiendo una porquería de plata, o -como nos ha tocado ver a menudo a todos los Parlamentarios- vendiendo mercaderías en una feria libre.
¿Cuál es el rol del Estado en esta materia? Cuando hay fallas de mercado, aquél no sólo tiene el derecho, sino la obligación, a través de algunas señales, de corregirlas. En mi opinión, por lo menos, es necesario mejorar el mercado y evitar estos ciclos fatales. Porque, en verdad, si uno deja a las fuerzas del mercado educacional operar espontáneamente, llegará un momento en que habrá tal sobreoferta de periodistas ¿todos estarán cesantes; los sicólogos y los abogados, también- que el mercado se va a autocorregir y no postularán más estudiantes a Periodismo.
Pero entremedio existirán dos o tres generaciones a las cuales habremos frustrado, degradado y hecho perder dignidad. Esa gente se va a sentir estafada y defraudada.
Por lo tanto, si me dicen que ése es el desenlace de un mercado educativo, yo digo que no es satisfactorio. Y si me preguntan si corresponde o no al Estado ejercer un rol en esta materia, en el sentido de que dé señales, sobre todo cuando otorga esos recursos, para orientar a ese mercado e impedir esos ciclos que destruyen el futuro de las personas, yo respondo que sí tiene que hacerlo.
Me ha pedido una interrupción el Senador señor Moreno.
Señor Presidente, sólo quiero decir lo siguiente.
Hoy día, con el sistema actual, la inmensa mayoría de los alumnos que estudia en universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales no tiene acceso al crédito.
A través del proyecto se ofrece un nuevo sistema, se allegan recursos, se crea un mecanismo, y sin embargo se arma un debate en el que da la impresión de que estuviéramos interrumpiendo la libertad de educación. Y eso no es así.
Por lo tanto, rechazo las acusaciones hechas por algunos señores Senadores, en el sentido de decir poco menos que se quiere entrar a un dirigismo.
Como se ha dicho, acá de lo que se trata es precisamente de establecer un criterio en virtud del cual el arancel de referencia esté fijado en términos de lo que cuesta pagar por estudiar un año en determinada carrera.
No tengo inconveniente alguno, si hay unanimidad, en agregar una frase en la que se aclare que es por alumno, porque aquí nadie quiere crear una cosa distinta.
Pero que quede claro, señor Presidente : lo propuesto en el proyecto es algo nuevo y adicional a lo ya existente. Sin embargo, se está cuestionando en cuanto a que poco menos se desea establecer una especie de estatismo trasnochado de la educación, lo cual se halla fuera de toda discusión.
Señor Presidente , deseo hacer algunos planteamientos con relación al debate habido en la Sala.
Ante todo, éste es un tema fundamental, que tiene que ver con el espíritu y la concepción de cómo creemos que debe ser el Estado. Por consiguiente, esta discusión no es algo superficial o baladí. Por el contrario, apunta en profundidad al rol que le corresponde al Estado y a las relaciones que éste ha de tener con las personas.
En este sentido, desgraciadamente, la historia de la práctica de la política en Chile nos indica que la interpretación del artículo que la Sala acepta como correcta, aun cuando quedara establecida en la discusión parlamentaria -no en el texto de la ley en proyecto-, permanecería en el "fondo" del documento y no se traería a la luz, en el evento de que aparezcan situaciones que vayan en sentido contrario al que se advirtió.
Por lo tanto, sugiero insistentemente que se modifique, además de lo planteado en la discusión de fondo, la redacción de la norma, para que no se preste a dudas de ningún tipo, ya que las generaciones futuras van a encontrarse con un problema similar. Porque las tendencias en juego aquí, en una de las cuales se observa al Estado interviniendo en todas las actividades con mayor o menor fuerza, pueden aumentar. Por eso, tiene que existir la posibilidad de hacer ver que esto no es conveniente; hay que volver a la situación de equilibrio.
Otro aspecto se refiere a que hay un claro dirigismo en este concepto de educación hacia un sector de la sociedad. Es decir, se tiende a apoyar y a fomentar con dinero la posibilidad de que la gente de pocos recursos vaya a la universidad. Sin embargo, se ha excluido expresamente -quiero dejarlo bien en claro- a todo el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Cuando algún hijo de uniformado va a pedir estos créditos, cualesquiera que sean los fondos, se le dice: "No, porque tu papá es militar, o tu papá es aquí, o tu papá es acá" y lo dejan fuera.
Ése es un hecho concreto y claro que veo día a día.
En consecuencia, me parece que, en ese sentido, no hay igualdad de oportunidades.
Creo que es un tema de fondo. Y, naturalmente, queda una sombra o una sensación de dirigismo.
Por esas razones, la norma debe ser muy clara para que no surjan confusiones.
Señor Presidente , junto con la Honorable señora Matthei , concurrí a la aprobación de este artículo 4º, nuevo. Éste fue incorporado en la Comisión de Educación, y tuvimos que analizarlo en la de Hacienda.
Quiero dar lectura a la explicación que dio el Ejecutivo acerca de este artículo, que consigna el informe de la Comisión de Hacienda, y dice lo siguiente: "Los representantes del Ejecutivo manifestaron que la norma establece un plazo máximo, respecto de la duración total de una carrera, que se puede cursar con crédito. Ello, aseveraron, para evitar la situación que se ha producido respecto del crédito solidario, en que hay estudiantes que cursan estudios durante diez o más años, con crédito fiscal, lo que lleva a que el monto del crédito aumente tanto que se hace cada vez más difícil para el estudiante pagarlo después.".
Lo que ocurre es que nunca se pensó que este monto sirviera para determinar cupos anuales por carrera. Tenemos el convencimiento de que los estudios de educación superior tienen que ver con la vocación de las personas, con el ámbito más íntimo de la libertad de ellas y de su familia.
Por lo tanto, soy partidario de mejorar la redacción del precepto, porque, al leerlo nuevamente, me doy cuenta de que se puede interpretar que aquí se quiso hacer una especie de planificación central y, por esa vía, fijar cupos anuales por carrera, idea absolutamente alejada del pensamiento que los integrantes de la Comisión de Hacienda tuvimos en su momento.
Por eso, me parece bien agregar "por alumno y para cada carrera, un monto máximo que podrá ser garantizado por el Fisco, en conformidad a la ley". Eso aclara el texto y nos deja a todos mucho más tranquilos.
Señor Presidente , los argumentos ya se han dado. Sólo deseo reafirmar un asunto y quizás agregar otro aspecto.
El proyecto de ley, tal como lo planteó el Honorable señor Moreno , me parece bueno, tiene una correcta orientación, y está en discusión un punto específico, que genera riesgos, para hacerlo mejor. Pero la iniciativa se halla bien concebida.
Si queremos hablar de la oferta del sistema universitario, creo que vendrán otros proyectos que apuntan, precisamente, al tema de fondo: la calidad de la oferta educacional universitaria, en los cuales se abordarán los mecanismos de acreditación, y otros. Pero cuando se trata del financiamiento del sistema universitario y, específicamente, del alumno, lo que importa no dice relación al tipo de carrera, sino a la condición socioeconómica de aquél. Ése es el punto de referencia que debemos tener al abordar lo relativo al financiamiento: la condición socioeconómica del estudiante. Porque puede resultar tremendamente injusto que al alumno de medicina el Estado le financie casi toda su carrera, y al joven de menores recursos que quiere estudiar música o cine no le dé nada, por considerarlas de menor relevancia social o de poco interés estatal. Eso es tremendamente injusto.
En cuanto a las fórmulas ideadas, la redacción original es absolutamente clara al permitir fijar por decreto límites por carrera y, por lo tanto, hay que borrarla. La alternativa de consignar un monto máximo por alumno para cada carrera es una manera distinta de decir lo mismo. Porque, obviamente, al establecer un monto de cien a los estudiantes de medicina y de cinco a los de cine, se está produciendo la misma desigualdad que determinar cien a la primera carrera o diez a la segunda.
A mi juicio, la fórmula debiera ser la siguiente: sobre la base del arancel de referencia que se establezca, fijar un porcentaje garantizado por el Estado. Si éste decide que un año sea el 50 por ciento del arancel de referencia de medicina, financiará 120, si corresponde. Y si el mismo porcentaje se aplica en iguales términos a la carrera de cine, significará 30. Pero tanto el estudiante de medicina como el de cine recibirían un porcentaje similar. La diferencia del monto se basará en el valor del arancel. Así se consigue la igualdad, no una discriminación, en la asignación de recursos del Estado para el financiamiento de las carreras, sin afectar la vocación del estudiante y atendiendo a su situación socioeconómica, que es lo que debe primar en esta materia.
La verdad es que el debate ha sido muy interesante; pero, a medida que se va desglosando, se advierte la complejidad.
Sin pretender dar una solución definitiva, recogiendo los antecedentes que se han entregado y, ciertamente, pidiendo la unanimidad de la Sala, propongo agregar en el artículo 4º, a continuación de la frase "anualmente se señalará", la expresión "por alumno". Y ello con un alcance adicional. Porque tiene razón en lo que acaba de plantear el Senador señor Chadwick en cuanto a que no se resuelve el tema, a menos que se entienda que, al decir "por alumno y para cada carrera", es en relación a los costos de ella o al arancel de referencia.
Por lo tanto -y ésta es la interpretación que quiero sugerir-, si se deja constancia de que al incluir la frase "por alumno y para cada carrera", se entenderá, como consigna el inciso siguiente (que para determinar el costo se considerará el arancel de referencia), que se busca fijar los montos de los recursos y no los cupos, que es la inquietud planteada por algunos señores Senadores, que no surge en los demás.
Por lo tanto, de haber unanimidad en la Sala, propongo agregar, en el artículo 4º, la expresión "por alumno y para cada carrera", y entenderla referida a los restantes incisos, en particular, al siguiente, que fija el arancel de referencia y, por lo tanto, los costos de la carrera, que son los criterios por los cuales se va a determinar lo señalado en el inciso anterior.
¿Habría acuerdo para aprobar, con esa interpretación, el agregado propuesto?
El Ejecutivo está conforme con su sugerencia, señor Presidente .
Deseo saber si en lo que se está planteando se entiende que se renuncia completamente a establecer que en determinadas carreras hay un nivel tal de saturación que no tiene sentido involucrar la garantía estatal. De ser así -lo digo francamente-, no estoy de acuerdo. Porque ése es el fondo del debate.
Me preocupa, también, que por la vía formal estemos tratando de resolver una discusión de fondo.
Aquí se ha argumentado -y así voté en la Comisión de Hacienda- acerca del derecho del Estado a tener un punto de vista sobre el desarrollo de las carreras en las cuales se va a involucrar la garantía estatal. Y yo estoy de acuerdo con eso.
Entonces, quisiera que fuéramos claros en el acuerdo que adoptemos, y no buscáramos, por la vía de redacciones ambiguas, resolver una cuestión de fondo.
En lo personal, entiendo que ese tema no se está resolviendo ni en un sentido ni en otro. Aquí lo que se está precisando es que, anualmente, un decreto supremo fijará un monto máximo para cada carrera, en atención al arancel de referencia y por alumno. Eso es todo lo que se está diciendo, ni más ni menos. Y es lo que yo he entendido de la discusión. Hay aspectos que no quedan zanjados.
Entiendo que habría acuerdo en la Sala para ello, y de ahí que he propuesto la fórmula, con esa interpretación.
Señor Presidente , en vista de que lo propuesto no resuelve el problema y de que el tema resulta ambiguo, pido que ponga en votación el artículo 4º.
He solicitado la unanimidad de la Sala para aplicar la fórmula que he sugerido y dar esa interpretación a la materia. Si no la hay, entonces,...
Señor Presidente , hay cuestiones de fondo que se han venido discutiendo en forma permanente en las Comisiones. En este momento sería lato entrar en detalles. Participo de lo planteado, por ejemplo, por el Senador señor Ominami , en cuanto a que respecto de los recursos que está entregando el Estado no hay posibilidad alguna de supervisar lo que acontece en 60 universidades y en más de 180 institutos profesionales en el país. Existe una saturación de carreras realmente increíble y, evidentemente, se está engañando a la familia chilena que, en un gran porcentaje, es de recursos muy limitados.
Por eso, propongo que se vote el artículo tal como está y la indicación respectiva.
El problema radica en que aquí no hay indicación, señor Senador. Para que ella tenga lugar se requiere unanimidad.
Por eso, previamente la Sala se debe pronunciar sobre si hay o no consenso para agregar la expresión "por alumno y para cada carrera". Si la hubiere, con la interpretación que he dado se zanjaría el punto. De lo contrario habría que votar en la forma que estimáramos más conveniente.
En consecuencia, conforme a lo solicitado, corresponde votar en forma separada la expresión "para cada carrera".
Al respecto, quiero sugerir un procedimiento: votar primero el artículo 4º sin los vocablos mencionados -porque no podemos definir su incorporación si no contamos con un precepto que los contenga-, y en seguida, de ser aprobado, la inclusión de dichos términos.
No veo otra manera de proceder.
Señor Presidente , quiero hacer una precisión.
La Honorable señora Matthei , después de la intervención del señor Ministro , expresó que le bastaba con que lo afirmado por él...
Soy la única que piensa así.
quedara consignado en la historia de la ley.
Pero otros Senadores han insistido en que se vote separadamente la disposición.
Reitero: si le parece a la Sala, el artículo 4º propuesto por la Comisión de Educación será votado sin la expresión "para cada carrera", a fin de contar con la norma base; una vez aprobado dicho precepto -supongo que así ocurrirá- habrá que emitir pronunciamiento acerca de si se incluyen tales palabras.
Excúseme, señor Presidente , pero algunos Senadores señalan que si no se acordara eliminar esos términos votarían en contra del precepto.
Entonces, la fórmula sugerida no es quizá la mejor.
Tengo la impresión de que nos estamos ahogando, increíblemente, en una estupidez.
¡En la nada misma!
No concibo que no se haya dado la unanimidad para agregar algo tan razonable como que se pueda fijar un monto por alumno para cada carrera.
Señor Presidente, le solicito recabar de nuevo la unanimidad de la Sala a ese efecto.
Es cierto que hay fallas en el mercado, pero ellas no necesariamente han de ser resueltas por el Fisco mediante una intervención grosera, como sería decir: "A éste le doy crédito; a este otro, no".
Si alguien desea estudiar Periodismo, por ejemplo, ¿por qué el Estado se lo va a impedir? ¡Esto parece propio de la Unión Soviética! En tal caso, bastaría con que informara a esa persona que, una vez obtenido el título, probablemente se encontrará cesante.
¡Ésa es la forma moderna de intervenir!
Entonces, pido que se requiera otra vez la unanimidad, para llegar a una solución correcta.
Resulta inaceptable que, a causa de una discusión torpe en esta Sala, pongamos en peligro un proyecto que beneficia a una gran cantidad de alumnos que esperan de nosotros una solución.
La tiene por un minuto, Su Señoría.
Señor Presidente , la solución podría ser muy sencilla si hubiera unanimidad para decir: "anualmente se señalará por alumno y para cada carrera"; ello, en el entendido de que posteriormente el decreto supremo fijará el monto sobre tal base, de acuerdo a lo que se establece más adelante acerca de aranceles y otros aspectos.
Según la plata que haya no más.
Me parece que de ese modo se zanjaría el problema.
Así es. Pero para incorporar esa expresión se requiere la unanimidad de la Sala, que hasta el momento no existe.
Tiene la palabra Su Señoría, por un minuto.
Señor Presidente , quiero explicar por qué no doy la unanimidad.
Yo estoy reivindicando el derecho del Estado, no a prohibir a un joven que estudie Periodismo, por ejemplo -ésa fue la discusión en la Comisión de Hacienda-, sino a comunicarle: "En esta carrera, que está saturada, no se va a involucrar la garantía estatal".
Ése es el punto. Y ello me parece perfectamente legítimo.
Si en este proyecto se estableciera -y, al parecer, es lo que se desea- que habrá un monto garantizado por carrera y por alumno, el Estado quedaría inhibido de señalar: "Mire, en esta carrera, no".
A mi juicio, ésa es la discusión de fondo.
¡Tiene toda la razón, Su Señoría!
Al Estado no le asiste derecho para prohibir a un joven que estudie Periodismo, pero sí para informarle: "Aquí se puede involucrar la garantía estatal, y acá, no".
¡Eso implica prohibir la carrera a los pobres y permitirla a los ricos!
Pero tiene razón el señor Senador: hay una diferencia.
Tiene la palabra el Honorable señor Zurita, por un minuto.
Señor Presidente , como muy bien dijo la Senadora señora Matthei , nos estamos ahogando, no en un vaso de agua, sino en una discusión inútil.
Perdónenme por pensar que todo este proyecto es un disparate. En este país, donde los alumnos de la educación básica no entienden lo que leen, estamos construyendo una calidad de profesores universitarios horrorosamente mala; estamos levantando un edificio sin cimientos ni murallas y poniéndole el techo.
Ahora, como expresó el Honorable señor Ávila , si un joven quiere estudiar una carrera saturada, ¡allá él!
El Estado no tiene que garantizarle que si estudia Mecánica Dental , por ejemplo, va a encontrar dientes para arreglar. ¡No! ¡Allá él!
Pero no considero procedente lo otro: a esta carrera, sí, pero a ésta, no, porque se halla saturada. ¡Ahí sí que se atenta contra la libertad de estudiar lo que se desea!
Cuando yo estudié Derecho, nadie me dijo si me iba a ir bien o mal. Me exigieron demostrar que era capaz de recibir el título, y nada más. Después, la vida se encarga del resto.
Hemos analizado la posibilidad de lograr unanimidad sobre el punto. Pero como el Honorable señor Ominami ha reiterado que mantiene su oposición,...
Por ende, hay que votar.
Al respecto, insisto en mi proposición: pronunciarnos primero sobre el artículo 4º sin los términos "para cada carrera" -es la única manera lógica, a pesar de que algunos señores Senadores prefieran un camino distinto-, y posteriormente, en cuanto a esa expresión, que se pidió votar en forma separada con el objeto de definir si debe mantenerse o no en ese precepto.
No visualizo otro mecanismo.
Señor Presidente , ¿podría volver a Comisión el proyecto para dilucidar el punto?
Si así se pidiera, por cierto.
¡Eso sería lo mejor!
Señor Presidente , creo que la iniciativa debería volver a Comisión, porque en el calor de la discusión se suele extremar las posiciones.
Si todos estamos de acuerdo en que exista un equilibrio natural entre la libertad de pobres y ricos para ingresar a una carrera como, asimismo, en garantizar que el Estado no pierda plata ni engañe a la gente, ¿por qué, en vez de polarizar las posiciones, no se busca una fórmula inteligente que permita la concreción de ambos propósitos?
Señor Presidente , le dio la palabra al Honorable señor Viera-Gallo, pero a mí, no.
Abrí debate para resolver si el proyecto vuelve o no a Comisión. Su Señoría solicitó intervenir en otro momento: cuando se hablaba de la unanimidad.
Sobre el asunto en análisis, tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
Señor Presidente , concuerdo con lo que acaba de manifestar el Senador señor Viera-Gallo en el sentido de que muchos de nosotros tenemos sumo interés en participar en el análisis de fondo que se está planteando acá. Y me parece que el problema no es meramente formal.
Debemos aclarar las distintas posiciones, pero en la Sala no se dan las condiciones para trabajar como si estuviéramos en Comisión.
Por eso, también soy partidario de volver el proyecto al órgano técnico.
Señor Presidente , me alegra que el Senador señor Ominami haya expresado con franqueza su pensamiento. Porque aquí no se trata de palabras más o palabras menos. Su Señoría planteó una cuestión de fondo, que en democracia se resuelve en el Parlamento: cuando una carrera está saturada, el Estado tiene derecho a decir que no va a destinar recursos para las personas que la estudien.
En mi opinión, eso es extraordinariamente discriminatorio para con la gente pobre. Porque los ricos no necesitan la plata del Estado; les da lo mismo si la carrera de Periodismo, por ejemplo, está saturada o no, e ingresan a ella cuando se les ocurre. No ocurre así en el caso de los pobres, quienes carecen de recursos y sin los dineros fiscales no pueden realizar estudios para llegar a ser profesionales en esa área o en otra; tal sucede hoy con muchos jóvenes, especialmente tratándose de las universidades privadas.
Lo expuesto amerita un debate político súper de fondo. Por ello, la propuesta debería revisarse en Comisión en esos términos, con las indicaciones pertinentes, y dilucidarse como corresponde, porque es evidente que tenemos dos visiones muy diferentes acerca del rol del Estado con relación a los estudiantes universitarios.
Recuerdo a Sus Señorías que la iniciativa está con "suma urgencia".
Para referirse a si el punto debe examinarse o no en Comisión, tiene la palabra el señor Ministro.
Señor Presidente , el Gobierno prefiere que se vote ahora. El proyecto lleva cinco años de tramitación; su texto es larguísimo.
En este momento se discute una expresión que claramente puede llevar a debatir si se planifica o no la educación superior.
Desde el punto de vista del Ejecutivo , no está planteado en este artículo el propósito de que debemos producir mil médicos y quinientos ingenieros.
¡Explíqueselo al Senador señor Ominami!
No conozco a nadie que pueda decidir hoy qué va a pasar en veinte años más para determinar cuántos profesionales es necesario formar en una carrera u otra.
Lo que persigue el articulado en discusión es limitar, uno, el número de años que el estudiante puede estar en una carrera, y dos, el arancel de referencia, para que no se exceda y no se produzca la tendencia a, con fines de lucro, subirlo en forma desmedida.
¡Ésos son los objetivos fundamentales de la norma que se está votando!
En tal sentido, nos parece que la redacción propuesta es adecuada. Ahora, si se sugiere como alternativa la expresión "por alumno por cada carrera", el Ejecutivo también la considera apropiada.
No está en discusión aquí si se planifica o no la educación superior. Y si ése es el motivo para la vuelta a Comisión, vamos a hundir el proyecto y a atrasar su tramitación quién sabe por cuántos meses, no obstante existir una demanda inmediata e importante de jóvenes estudiantes que desean sacarlo adelante ahora.
¡Qué terrible es ser aplaudido desde la UDI...!
¡Es por mi sobrina, no por mí...!
El Honorable señor Moreno será el último orador antes de poner en votación la solicitud formulada.
Señor Presidente , después de escuchar al señor Ministro , creo que este asunto debe volver a la Comisión. Y voy a explicar por qué.
Dado que aquí no hubo unanimidad para efectuar la enmienda pertinente e incorporar las palabras "por alumno", la Comisión, si tal es el mandato del Senado, puede perfectamente recoger esa expresión y devolver a la Sala con la mayor brevedad el texto modificado.
En consecuencia, procederemos a votar. Y si se acuerda que la iniciativa vuelva al órgano técnico, sugiero remitirla a las Comisiones de Educación y de Hacienda, unidas, para los efectos de revisar esta indicación, esta inquietud.
Que sólo vaya a la de Educación.
Señora Senadora , el Ejecutivo presentó indicaciones relacionadas con Hacienda.
Por lo tanto, pongo en votación si el proyecto vuelve o no a las Comisiones de Educación y de Hacienda, unidas.
¿Cuándo vence la "suma urgencia"?
La próxima semana. Todavía hay tiempo.
¿Hay indicaciones del Ejecutivo propias del ámbito de la Comisión de Hacienda?
O sea, el proyecto debe ir de todas maneras a esa Comisión.
Insisto: si la Sala así lo acuerda, la iniciativa volverá a las Comisiones de Educación y de Hacienda, unidas.
Debo hacer presente que sólo vuelve a las Comisiones lo que está pendiente. Lo que ya fue aprobado por la Sala no se halla en discusión.
Señor Presidente , entendí que el plazo máximo es una semana.
Así es, pues se trata de un proyecto con "suma urgencia". Seguramente se verá mañana, de modo que el próximo martes podamos zanjar el punto en la Sala.
--Se acuerda enviar el proyecto a las Comisiones de Educación y de Hacienda, unidas (29 votos contra 5, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Boeninger, Canessa, Cantero, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Prokurica, Ríos, Ruiz (don José), Vega, Viera-Gallo y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Gazmuri, Páez, Parra, Sabag y Zaldívar (don Andrés).
En consecuencia, se suspende el debate de la iniciativa, para que sean analizadas por las Comisiones unidas ésta y otras indicaciones que se han presentado, en el entendido de que aquello que ya se aprobó no puede ser objeto de modificaciones, a menos que lo propongan las Comisiones y la Sala así lo acuerde por unanimidad.
Ha llegado a la Mesa una comunicación, suscrita por el Honorable señor Valdés, mediante la cual se propone la creación de una Comisión de Amistad entre los Parlamentos de Chile y Grecia.
Al respecto, se indica que los señores Senadores interesados en integrar dicho organismo pueden inscribirse en la Secretaría de la Comisión de Relaciones Exteriores hasta el lunes 21 de marzo, a las 12.
Si le parece a la Sala, se aprobará la creación de la referida Comisión.
A continuación, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Espina, Chadwick, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés), que modifica el Código Orgánico de Tribunales en lo relativo al recurso de queja, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3679-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Constitución, sesión 29ª, en 19 de enero de 2005.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto en general y en particular a la vez, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
En síntesis, su objetivo principal es modificar los artículos 545, 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales a fin de establecer como facultad, y no como obligación, para el tribunal superior que invalide una resolución judicial por la vía del recurso de queja la de aplicar una medida disciplinaria al juez que la ha dictado.
A tales efectos, se propone que los antecedentes pertinentes puedan pasar al tribunal pleno, el cual, si por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio considera que pueden dar lugar a la aplicación de una medida disciplinaria, oirá los descargos del juez o de los jueces recurridos, y si llegare a la convicción de que existe mérito para ello, sólo entonces aplicará la medida disciplinaria que estime procedente.
La Comisión de Constitución aprobó en general y en particular el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Chadwick, Espina, Viera-Gallo y Zurita) y consigna su texto en la parte pertinente del informe.
Cabe señalar que esta iniciativa tiene carácter orgánico constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Finalmente, corresponde consignar que el Ejecutivo ingresó a la Honorable Cámara de Diputados, en el mes de enero del año en curso, un proyecto de ley que modifica la regulación del Ministerio Público Judicial, del régimen disciplinario del Poder Judicial y del recurso de queja, indicando el mensaje pertinente que se tuvo en cuenta, en lo que respecta a las enmiendas formuladas a dicho recurso, la moción que en este momento ha puesto en debate el señor Presidente .
Creo que el informe del señor Secretario ha sido bastante completo, señor Presidente, de manera que simplemente deseo efectuar un par de precisiones.
El texto que nos ocupa, en primer lugar, se halla informado favorablemente por la Corte Suprema, en el sentido de que corresponde al paquete de iniciativas legales que el Gobierno, concordándolo con el Máximo Tribunal, presentó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Si bien la Corte no entra al detalle del proyecto, menciona que el asunto era abordado en ese instante con el Gobierno, de modo que se encuentra en la línea de lo que significa la modernización del Poder Judicial .
En seguida, me parece que se fortalece la independencia de los jueces, en la medida en que, en el evento de acogerse un recurso de queja por alguna resolución que dicten, no se establece en forma obligatoria que el pleno del tribunal respectivo debe siempre sancionarlos. Constituye una atribución cuyo ejercicio deberá decidir la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema.
Será preciso, además, respetar el debido proceso en contra del magistrado, en el sentido de pedirle el informe pertinente.
Y, adicionalmente, se requerirá el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la corte respectiva, a fin de que la dictación de una resolución no termine por configurar, debido a una distinta interpretación jurídica, una sanción que el día de mañana pueda cortarle la carrera a un juez. Porque Sus Señorías saben perfectamente bien que los recursos de queja aprobados se anotan finalmente en la hoja de vida de un magistrado, lo que dificulta que pueda conformar las ternas o quinas para ascender en el Poder Judicial .
En consecuencia, señor Presidente , la iniciativa se enmarca en la lógica de lo que el Gobierno ha venido haciendo. Obedece a una aspiración sentida de los jueces. Asimismo, cuenta con el apoyo de la Corte Suprema, más allá de las perfecciones que se le pueden efectuar durante su tramitación. Por tales motivos la hemos patrocinado varios miembros de la Comisión de Constitución. Y nos hallamos seguros de que en esta forma se fortalece la independencia de los magistrados. Por lo tanto, solicitamos que sea aprobada.
Señor Presidente , el proyecto es la demostración más clara de que cuando se legisla mal es necesario deshacer lo realizado.
Recuerdo cuando se inició la reforma que ahora estamos "contrarreformando". Mi buen amigo y colega Miguel Otero Lathrop , en esa época Senador, me expresó: "El recurso de queja es aquí, es allá. Es mejor el de casación," -en circunstancias de que son muy pocos los que saben prepararlo- "y la mejor manera de que no exista tanta queja es que el que acoja una de ellas deba sancionar.".
No es así. La vieja Corte Suprema elaboró una resolución -hasta elegante en su redacción- en orden a que cualquiera que fuese el valor jurídico de la opinión del magistrado recurrido ello no sería motivo suficiente para sufrir tal consecuencia. Eso lo salvaba. Al juez que creía que algo era negro y así fallaba, el Máximo Tribunal, que estimaba, en cambio, que era blanco, no lo sancionaba. Le decía únicamente: "Mire, cualquiera que sea el valor de aquello que usted considere, tiene derecho a señalarlo.".
Ahora se retorna al viejo sistema. ¡Si no es nuevo! Se vuelve a que, cuando se acoge una queja, se mandan los antecedentes al pleno si se juzga que ha mediado un abuso.
Y puedo recordar, por mi experiencia, que el porcentaje de quejas acogidas es mínimo.
Es un mecanismo que permitió a nuestros abogados superar dificultades. El recurso de casación -del francés "casser", anular- es una copia del modelo galo y, trasladado a nuestra legislación, de raigambre hispánica, chocaba. No puedo olvidar cuando Raúl Rettig , un muy buen amigo, me dijo un día, cuando el Senador que habla era relator de la Suprema: "¿Y hasta cuándo dura ese recurso siútico?".
Porque es difícil. Presenta el gran obstáculo de que para lograr ganarlo es preciso demostrar que los hechos fijados por la sentencia son inexactos. Pero ello sólo se puede conseguir alegando la infracción de las leyes reguladoras de la prueba, o sea, que se admitió la prueba de testigos cuando no cabía; que se estimó un documento privado como si tuviera el valor probatorio de un documento público.
Entonces, el recurso de queja satisface a aquel abogado que no entiende la "alquimia" del recurso de casación y busca una tercera instancia. En 99 por ciento de los casos pierde, porque no se trata de una tercera instancia. Y cuando es acogido, ¡en buena hora!
En lo personal, me tocó relatar el caso de un árbitro arbitrador, ámbito sí reformado por el proyecto respectivo. Y no se consideraba admisible la queja contra esos jueces. Como decía un viejo Ministro de la Suprema : "No podemos acoger la queja contra el arbitrador, porque nosotros siete deberíamos constituirnos como tales.". Habiendo relatado una queja sumamente absurda, con motivo de un fallo aberrante, se acogió el recurso. Y el proyecto actual lo establece como procedente contra las resoluciones de dichos árbitros.
En virtud de las consideraciones anteriores, pienso que la iniciativa merece una aprobación sin mayor debate.
Señor Presidente , concurriré a acoger el proyecto, pero hago presente a la Sala que con fecha 13 de enero del año en curso el Ejecutivo ingresó a trámite en la Cámara de Diputados otro que versa sobre el mismo asunto y que tiene por objeto modificar la regulación del régimen disciplinario del Poder Judicial y del recurso de queja.
Ese texto es muchísimo más desarrollado, y, en lo que específicamente dice relación a dicho recurso, la fórmula propuesta no es coincidente con la planteada en el informe de nuestra Comisión de Constitución. En el mensaje respectivo se hace referencia a la moción de los señores Senadores que dio origen a la normativa en estudio, pero reitero que no existe concordancia entre uno y otro enfoque.
Estimo, con todo, que la fórmula que ahora se nos propone es más satisfactoria, desde mi punto de vista, que la del Ejecutivo y que es saludable que podamos despachar la iniciativa en esta oportunidad en general y en particular, porque ello facilitará la tramitación de la otra. Y, sin duda, cuando se conozca en segundo trámite constitucional el proyecto que despache la Cámara, tendremos la ocasión de formular indicaciones.
Por lo tanto, juzgo conveniente que el texto sea acogido de inmediato en la forma mencionada.
En votación electrónica la aprobación en general y en particular del proyecto.
Resultado de la votación: 29 votos a favor y un pareo.
Por requerir quórum de ley orgánica constitucional, no rigen los pareos. De manera que si alguien quiere rectificar esa votación, puede hacerlo. En todo caso, con los 29 votos se cumple con largueza el quórum exigido para la aprobación del proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales en lo relativo al recurso de queja.
--Se aprueba en general y en particular la iniciativa (29 votos a favor y un pareo), y queda despachada en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Canessa, Cantero, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Naranjo, Novoa, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
No votó, por estar pareado, el señor Ríos.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 5º de la Ley de Tránsito, a fin de permitir el reconocimiento de las licencias de conducir expedidas en el extranjero, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2658-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Transportes y Telecomunicaciones, sesión 29ª, en 19 de enero de 2005
El objetivo principal de la iniciativa es permitir a los ciudadanos extranjeros manejar vehículos motorizados en Chile con el solo mérito de la licencia de conducir obtenida conforme a las leyes de su respectivo país, sin perjuicio de los tratados internacionales que existan sobre el particular.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones aprobó en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Novoa, Pizarro y Prokurica), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Cabe señalar que la Comisión propone a la Sala que esta iniciativa se discuta solamente en general.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Senador señor Novoa.
Señor Presidente , la Comisión aprobó la idea de legislar por unanimidad, recogiendo la práctica observada habitualmente en todo el mundo, consistente en que los turistas puedan manejar en el país que visitan con licencia extendida en su lugar de origen.
Pedimos discutirlo sólo en general porque, no obstante ser un proyecto simple, que reconoce una práctica frecuente, consideramos necesario clarificar en el texto que se favorece a extranjeros que se encuentran en el país en carácter de turistas.
Además, debemos escuchar la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores, que quería realizar un planteamiento ante la Comisión respecto de este tema, en razón de convenios internacionales que se están negociando en estos momentos.
Ésos son los motivos por los cuales solicitamos que el proyecto se despache sólo en general, de manera que pueda volver a la Comisión, fijando un plazo para presentar indicaciones que introduzcan correcciones, y oyendo la opinión de la Cancillería.
Han solicitado hacer uso de la palabra los Senadores señores Sabag, Horvath y Prokurica.
El Orden del Día concluye a las 18:38, o sea, en cinco minutos más. Si le parece a la Sala, se prorrogará la hora de término hasta despachar en general la iniciativa.
Señor Presidente , desde luego anuncio mi aprobación al proyecto de ley. Creo que es muy simple, pero altamente conveniente para nuestro desarrollo turístico.
Con los países que aplican normas recíprocas no se presenta ningún tipo de problema; pero no con todos hay convenio. Y pienso que es de gran interés que también permitamos a los extranjeros conducir en Chile, con el solo mérito de los documentos foráneos pertinentes.
Hoy el turismo representa una meta superior, que puede generar gran desarrollo en todo el territorio nacional. Al país están llegando más de un millón de turistas. Y todos, por supuesto, arriendan autos. No piden licencias especiales para conducir aquí.
Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo en aprobar el proyecto en general y en fijar un plazo prudencial para formular las indicaciones que se estimen pertinentes.
Señor Presidente , esta Corporación empezó a tramitar una moción del Senador que habla y que apunta al mismo objetivo que la presentada, prácticamente en la misma fecha, en la otra rama del Congreso. No obstante, al despacho de aquélla no se le dio prioridad. Y hoy nos llega la de la Cámara Baja. Lo mismo podría ocurrir en sentido inverso. Una vez que iniciamos una moción, la discutimos, la votamos en general y en particular, la aprobamos y la remitimos a la Cámara de Diputados. Pero allí sencillamente se aprobaría la normativa originada en su seno, fusionándola con la nuestra.
Por lo tanto, si no se ha hecho antes, quiero que apliquemos el mismo procedimiento, porque nuestras iniciativas están quedando en situación desmedrada.
Señor Senador, en rigor los proyectos no se pueden fusionar, de manera que sus disposiciones deben incorporarse vía moción o de otra forma.
Pero se puede, si se aprueban en paralelo. Y eso es lo que hacen los Diputados.
Ése es un resquicio reglamentario usado por ellos, no por nosotros.
Señor Presidente , voy a aprobar el proyecto por estimar adecuado el planteamiento de sus autores. Pero también lo es el contenido en la iniciativa del Honorable señor Horvath y de otros señores Senadores. Ésa es, francamente, la línea correcta.
La actual situación conspira contra el fomento del turismo y, además, afecta la reciprocidad internacional. Resulta absurdo que en Chile, donde obtiene licencia de conducir el 70 por ciento de los que la solicitan, no puedan manejar estadounidenses o europeos, cuyos países son muy restrictivos en esta materia. Sin embargo, a través de un trámite muy simple que se realiza en el Automóvil Club de Chile nosotros sí podemos hacerlo en el extranjero, en Estados Unidos y Europa.
Entonces, desde el punto de vista que plantea el Senador señor Horvath en su moción, creo indispensable igualar el trato en cuanto a que los turistas extranjeros también puedan manejar en Chile, erradicando una situación totalmente absurda.
Por último, soy partidario de incorporar el texto de la iniciativa del Honorable señor Horvath , porque de alguna forma plantea ideas positivas.
Señor Presidente , tengo una enorme duda. Espero que me la aclaren el Presidente de la Comisión de Transportes o, en su defecto, alguno de sus miembros.
Este proyecto -no lo he visto en detalle; puedo estar equivocado- beneficia básicamente a ciudadanos extranjeros. Eso significa que un chileno que no tenga acceso a una licencia de conducir en nuestro país no podría ir a Mendoza, sacarla allá y volver.
Pienso que ésa es la idea. Y si es así, está bien.
No obstante, resulta injusto que en el caso de chilenos residentes fuera del territorio dicho documento carezca de valor según la ley, porque sólo lo tiene tratándose de ciudadanos extranjeros.
Ésa es la impresión que me queda de acuerdo con el contenido de la normativa propuesta. Y me parece importante que se aclare esta interrogante.
El Honorable señor Novoa, Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, se va a referir al tema.
Señor Presidente, con el objeto de precisar algunos alcances de la iniciativa solicitamos votarla sólo en general.
La idea es otorgar un beneficio a los turistas. Entonces, por definición, está pensado no para chilenos y tampoco para extranjeros residentes en Chile.
Quienes tengan permisos para conducir extendidos en el extranjero pero que vivan en Chile, podrán revalidarlos. No estamos hablando de documentos dados en el extranjero a residentes en Chile: éstos deberán revalidarlos u obtener una nueva licencia.
La norma se circunscribe a los turistas, y tenemos que precisarla de manera que quede claro que la persona tiene que exhibir tanto su licencia de conducir extendida en el extranjero como el documento que acredite su ingreso al país como turista. No pretendemos que quienes vivan en Chile puedan sortear los requerimientos del carné de conducir obteniéndolo en otra nación. Ésa es la razón por la cual pedimos que el proyecto se vote sólo en general: para precisar su alcance.
Básicamente, se trata de fomentar el turismo. Todas las personas que hemos viajado al extranjero sabemos, por experiencia, que basta con presentar la licencia de conducir para arrendar un vehículo. Y algo parecido ocurre en Chile: a los extranjeros que arriendan un auto nadie les pide licencia chilena. Pero eso debe quedar consagrado en la ley.
Su Señoría ha señalado que la iniciativa se refiere solamente a los turistas extranjeros, pero, ¿se aplica también a alguien que viene por otras razones?
Al extranjero en tránsito.
Un curita, por ejemplo.
La diferencia se da entre el extranjero residente en Chile y el turista o la persona que entra con un permiso temporal, en tránsito por 90 días. Puede ocurrir que venga por un negocio, pero ingresa con visa de turista.
Señor Senador , yo me refería a un caso distinto: a chilenos residentes en el extranjero que tienen documentos emitidos por otros países.
Ése es un tema que hay que resolver para dejarlo absolutamente claro, ya que, por lo menos, unos 200 mil chilenos que viven en el extranjero podrían obtener licencias en Francia, en Argentina o en otros lugares. Siempre menciono Francia, en honor al Senador señor Valdés .
Tiene razón. Es necesario precisar este punto en la redacción final del texto, porque esa parte no está suficientemente clara. Se entiende que la autorización se aplica a los extranjeros y a los chilenos residentes en el extranjero que posean documentos extendidos válidamente en los países donde viven.
Votaron los señores Arancibia, Boeninger, Cantero, Chadwick, Coloma, Cordero, Fernández, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Horvath, Larraín, Matthei, Naranjo, Novoa, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Romero, Sabag, Valdés, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Si le parece a la Sala, se fijará como plazo para presentar indicaciones el lunes 4 de abril, a las 12.
En este momento ha llegado a la Mesa el informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual solicita la aprobación del Senado para designar como integrante del Consejo Nacional de Televisión al señor Mauricio Tolosa Soza.
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficio.
De los señores ÁVILA, BOMBAL, CANESSA, CANTERO, CHADWICK, CORDERO, ESPINA, GARCÍA, HORVATH, MARTÍNEZ, MUÑOZ BARRA, ORPIS, PARRA, PROKURICA, ROMERO, RUIZ (don José), SABAG, VEGA, ZALDÍVAR (don Andrés) Y ZURITA:
A Su Excelencia el Presidente de la República , solicitándole ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA RELIQUIDACIÓN DE PENSIONES DE EX FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA.
Al señor Contralor Regional de la Sexta Región , pidiéndole FISCALIZACIÓN DE COMETIDO DE MUNICIPALIDAD DE PEUMO EN PROYECTO DE ASFALTACIÓN DE AVENIDA LA CRUZ.
En Incidentes, el Comité Institucionales 2 e Independiente no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Institucionales 1, ofrezco la palabra.
Señor Presidente , hemos cedido nuestro tiempo al Honorable señor García.
Señor Presidente , esta intervención la haré en mi nombre y en el del Senador señor Cordero .
Desde el año 1998 se viene trabajando en la elaboración de un nuevo "Plan Intercomunal para el área Villarrica Pucón ", que nace de la necesidad de contar con una nueva normativa que permita fortalecer el desarrollo de tan importante zona de la Región de La Araucanía, razón por la cual, y conforme lo dispone la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo contrató, en diciembre de 1998, la reformulación del actual Plan Regulador Intercomunal Villarrica-Pucón, vigente desde 1978.
Sobre el particular, cabe consignar que el artículo 34 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones señala expresamente que:
"Se entenderá por Planificación Urbana Intercomunal, aquella que regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana.".
Seguidamente, el artículo 35 de la citada ley establece que el Plan Regulador Intercomunal estará compuesto por una memoria explicativa y una ordenanza, que contendrá disposiciones reglamentarias pertinentes.
A su turno, el artículo 2.1.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones dispone lo siguiente:
"El Plan Regulador Intercomunal, para efectos de su aprobación y aplicación, estará conformado por los siguientes documentos:
"1. Memoria explicativa, que contenga el diagnóstico del área en estudio, indicando las áreas que presentan rasgos distintos por su diversidad biológica, por la fragilidad de sus ecosistemas en zonas costeras, marítimas, fluviales o lacustres, zonas de media y alta montaña y cuencas superiores de cursos superficiales de agua, entre otros. Asimismo, los aspectos relacionados con la capacidad de cobertura de la infraestructura sanitaria, energética, vial y de transporte para el desarrollo de la intercomuna y su sistema urbano; dotación de equipamiento y características de la localización de las actividades productivas en el ámbito intercomunal. Debe señalar, además, los objetivos, las metas, los fundamentos y estudios que justifican la formulación de las proposiciones alternativas de estructuración y los programas o líneas de acción necesarios para orientar el desarrollo físico del área intercomunal, en función de los objetivos planteados.
"2. Ordenanza, que contenga las disposiciones reglamentarias del Plan Regulador Intercomunal, referidas entre otras, a las distintas áreas que se determinan, a sus respectivos sectores urbanos, de extensión urbana, de desarrollo prioritario, de restricción, de riesgo, zonas de protección de los recursos significativos como agrícola, minero, forestal, paisajes, costa marítima, fluvial o lacustre, entre otros, y de protección ante riesgos de fenómenos naturales. Los correspondientes usos de suelo, red vial estructurante, zonificación general, límites de extensión urbana, y las condiciones relativas a equipamiento, infraestructura y densidades.
"3. Planos, que expresen gráficamente, entre otros, límites de extensión urbana, zonificación general, áreas de riesgo para los asentamientos humanos, zonas de interés silvoagropecuario, áreas de valor natural, zonas de protección costera, marítima, fluvial o lacustre, áreas de desarrollo prioritario, densidades, red vial, infraestructura, áreas verdes y equipamiento.
"Los planos se confeccionarán sobre base aerofotogramétrica o similar, actualizada, a escala 1:50.000, 1:20.000, 1:10.000 o a escalas adecuadas a las respectivas temáticas, según lo determine la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva.".
Seguidamente, el artículo 2.1.9 de la misma Ordenanza agrega que el Plan Regulador Intercomunal será confeccionado por las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, las que deberán consultar a las municipalidades correspondientes y a las instituciones fiscales que se estime pertinente.
Cumplido el trámite de consulta a que se refiere el inciso precedente, y previamente a su envío al Gobierno Regional, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo remitirá el expediente completo del Plan Regulador Intercomunal a la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para su revisión e informe técnico favorable. Una vez recibido este informe, debe enviarlo al Gobierno Regional con todos sus antecedentes.
El Plan Regulador Intercomunal, elaborado en conformidad con la Ley General de Urbanismo y Construcciones y aprobado por acuerdo del Consejo Regional, debe ser promulgado mediante resolución del Intendente, para entrar en vigencia a partir de la publicación en el Diario Oficial de la resolución aprobatoria y del texto íntegro de la ordenanza respectiva.
Como puede observarse, la aprobación de un Plan Regulador Intercomunal es un proceso estrictamente reglado y sujeto al cumplimiento de determinadas etapas y aprobaciones por parte de diversos organismos, de forma tal que cada una de las instancias que participe en su aprobación se pronuncie sobre un mismo y único instrumento regulatorio que reúna las formalidades establecidas por el legislador, cuestión que no ha ocurrido en el caso del Plan Regulador Intercomunal Villarrica-Pucón.
Entre las formalidades y procedimientos establecidos por el legislador como requisitos previos e indispensables para la aprobación de un plan regulador intercomunal, podemos mencionar, entre otros, los siguientes:
a) El señalado en el artículo 36 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece:
"El Plan Regulador Intercomunal será confeccionado por la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo, con consulta a las Municipalidades correspondientes e Instituciones Fiscales que se estime necesario, sin perjuicio de las normas especiales que se establezcan para el Área Metropolitana.
"Elaborado un Plan Regulador Intercomunal, las Municipalidades respectivas deberán pronunciarse sobre dicho Plan dentro de un plazo de 60 días, contados desde su conocimiento oficial, vencido el cual la falta de pronunciamiento será considerada como aprobación.".
b) El indicado en el artículo 10, letra h), de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que dispone:
"Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: (...)
"h) Planes regionales de desarrollo urbano, planes intercomunales, planes reguladores comunales, planes seccionales, proyectos industriales o inmobiliarios que los modifiquen o que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas".
Para estos efectos, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del cuerpo legal citado, y en sus artículos 5º y siguientes; y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, letras c), d) y e), del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Plan Intercomunal Villarrica-Pucón debió someterse a un estudio de impacto ambiental, lo cual no se hizo.
c) Lo establecido en el artículo 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que expresa: "Las modificaciones al Plan Regulador Comunal se sujetarán, en lo pertinente, al mismo procedimiento señalado en el inciso primero del artículo 43.".
A su turno, dicho artículo 43 dice lo siguiente:
"El procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes reguladores comunales se regirá por lo dispuesto en los incisos siguientes.
"El proyecto de plan regulador comunal será preparado por la municipalidad respectiva. Elaborado el proyecto, el concejo comunal, antes de iniciar su discusión, deberá:
"1. Informar a los vecinos, especialmente a los afectados, acerca de las principales características del instrumento de planificación propuesto y de sus efectos, lo que se hará de acuerdo con lo que señale la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
"2. Realizar una o más audiencias públicas en los barrios o sectores más afectados para exponer el proyecto a la comunidad, en la forma indicada en la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
"3. Consultar la opinión del consejo económico y social comunal, en sesión citada expresamente para este efecto.
"4. Exponer el proyecto a la comunidad, con posterioridad a la o las audiencias públicas, por un plazo de treinta días.
"5. Vencido dicho plazo se consultará a la comunidad, por medio de una nueva audiencia pública, y al consejo económico y social comunal, en sesión convocada especialmente para este efecto. En dicha sesión deberá presentarse un informe que sintetice las observaciones recibidas.
"6. Los interesados podrán formular, por escrito, las observaciones fundadas que estimen convenientes acerca del proyecto hasta quince días después de la audiencia pública a que se refiere el número anterior.".
Pues bien, resulta que el Proyecto de Plan Regulador Intercomunal Villarrica-Pucón, en los hechos, modifica el Plan Regulador Comunal de Pucón. Sin embargo, no se cumplió, en su aprobación, con los procedimientos recién señalados.
En consecuencia, de los antecedentes expuestos se puede desprender inequívocamente que, en el proceso de aprobación del Plan Regulador Intercomunal Villarrica-Pucón, se han incumplido las normas indicadas, lo que importa la ilegalidad de su aprobación y, con ello, la del instrumento mismo. En efecto, como ya se ha expresado, la aprobación de un instrumento de planificación territorial ha sido especialmente reglada tanto en sus contenidos como en sus procedimientos de aprobación, de forma tal que el incumplimiento de estas normas de orden público acarrea, como consecuencia necesaria y directa, la ilegalidad de dicho instrumento.
Señor Presidente , el Plan Regulador Intercomunal Villarrica-Pucón presenta, a lo menos, las siguientes ilegalidades:
a) La planimetría no cumple con las condiciones legales.
b) Se vulnera el artículo 36 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
c) Se infringe el artículo 10, letra h), de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente .
d) Se transgrede el artículo 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Por lo tanto, señor Presidente , solicito que se envíe una copia de esta intervención al señor Contralor General de la República , con el propósito de que ese organismo de control tome en consideración las ilegalidades e irregularidades cometidas en el Plan Intercomunal Villarrica-Pucón y, en ejercicio de sus facultades, no tome razón de la resolución respectiva hasta que se resuelvan las irregularidades expuestas.
Señor Presidente , ¿me permite hacer una consulta al señor Senador?
Quiero preguntar a mi Honorable colega si lo planteado por él se hizo sin el conocimiento de los alcaldes de Pucón y Villarrica .
Efectivamente, el señor alcalde de Pucón ha presentado un recurso de ilegalidad ante la Intendencia Regional, porque en ningún minuto su Municipalidad, directamente involucrada y afectada por el referido Plan Regulador Intercomunal, fue consultada, y él tampoco dio su aprobación a este instrumento en los términos en que se plantea.
Quiero agregar que ello está generando una situación de desincentivo a la inversión turística en uno de los lugares de Chile más privilegiados para el desarrollo de ese ámbito, y se está causando un daño patrimonial enorme a las personas que poseen propiedades en Pucón, tanto en el sector urbano como en el rural.
Señor Presidente , quiero sumarme a la petición de oficio del señor Senador .
Señor Presidente , también debe agregarse a esta solicitud al Honorable señor Cordero , tal como indiqué al inicio de mi intervención.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del Senador señor García , conforme al Reglamento, con la adhesión de los Honorables señores Cordero y Vega.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en el tiempo restante del Comité Institucionales 1 y de los Comités Mixto, Demócrata Cristiano, Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Socialista, ningún señor Senador interviene.

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