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Iuris Prudente: La disposición testamentaria a favor del cónyuge y la posterior nulidad, divorcio o separación. Su tratamiento en las legislaciones forales (Galicia, Cataluña, Aragón y Navarra). Su tratamiento en el derecho común. Doctrina de la DGRN. La cuestión en la Jurisprudencia. (Sucesiones 4).
La disposición testamentaria a favor del cónyuge y la posterior nulidad, divorcio o separación. Su tratamiento en las legislaciones forales (Galicia, Cataluña, Aragón y Navarra). Su tratamiento en el derecho común. Doctrina de la DGRN. La cuestión en la Jurisprudencia. (Sucesiones 4).
("La muerte del conde" de la serie "Marriage a la Mode" de William Hogarth. National Gallery. Londres).
Las disposiciones testamentarias a favor de un cónyuge y la posterior nulidad, divorcio o separación.
Me ocuparé en esta entrada de una cuestión debatida, que ha dado lugar a diferentes soluciones en la jurisprudencia menor, y de la que el Código Civil no se ocupa, a diferencia de algunas legislaciones forales: el efecto que sobre las disposiciones testamentarias a favor del cónyuge tienen la posterior nulidad, divorcio, separación judicial o de hecho de los cónyuges.
La cuestión en las legislaciones forales.
Diversas leyes civiles autonómicas se han ocupado de esta cuestión:
El artículo 208 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia dispone:
"Salvo que del testamento resulte otra cosa, las disposiciones a favor del cónyuge no producirán efecto si al fallecer el testador estuviera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio, decretado el divorcio o separación, o se encontraran en trámite los procedimientos dirigidos a ese fin. Tampoco producirán efecto en los casos de separación de hecho entre los cónyuges".
La norma establece una presunción a favor de la ineficacia de las disposiciones testamentarias, la cual tiene el carácter de iuris tantum, en cuanto puede ser desvirtuada mediante la prueba de la voluntad del testador en contrario. La Ley gallega dispone que la ineficacia no se producirá cuando "del testamento resulte otra cosa". Es una fórmula similar a la que emplea el legislador aragonés. El legislador catalán recoge la misma idea, aunque con distinta formulación: "si del contexto del testamento, el codicilo o la memoria testamentaria resulta que el testador las habría ordenado".
Al ser una cuestión de interpretación de la voluntad testamentaria, cabría acudir, en el ámbito judicial, a la prueba extrínseca para apreciar la voluntad testamentaria de mantener la disposición a favor del cónyuge.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida de 19 de diciembre de 2000, en interpretación de la ley catalana, afirma que la mención del nombre y apellidos de la esposa en la cláusula testamentaria, junto a la condición de cónyuge, no excluye por sí sola la aplicación de la presunción. Pero el Tribunal refuerza sus argumentos acudiendo a la prueba extrínseca, que acreditaba la falta de relación, o, más bien, la mala relación entre los cónyuges divorciados, a pesar de no haber revocado el esposo el testamento durante el plazo de siete años transcurrido desde el el divorcio hasta su fallecimiento.
Debe destacarse que el efecto de la presunción no depende de la buena o mala fe de los cónyuges ni de a quien sea imputable la causa de separación o divorcio.
Este precepto de la ley gallega será también aplicable, a mi juicio, a la ruptura de la pareja de hecho inscrita, respecto de las disposiciones testamentarias efectuadas por un miembro de la pareja a favor del otro, dada la equiparación entre cónyuges y parejas inscritas recogida en la Disposición Adicional 3ª de la Ley 2/2006. En el caso de la pareja de hecho el supuesto aplicable será su separación de hecho.
Más dudoso puede ser el supuesto de una pareja de hecho no inscrita, en el que no existiría base legal para estimar la ineficacia sobrevenida de la disposición testamentaria por ruptura sobrevenida de la pareja, aunque quizás carezca de sentido dar un tratamiento diferenciado a ambos tipos de pareja, con lo que cabría defender, a mi juicio, la aplicación analógica de la norma a este supuesto.
En este sentido puede citarse, aunque esté referida al derecho catalán, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de enero de 2008, que resuelve un caso de un testamento a favor de una pareja de hecho en una sucesión abierta vigente el Código de Sucesiones de Cataluña de 30 de diciembre de 1991, cuyo artículo 132 no se refería expresamente a las parejas de hecho, a diferencia del actual 422-13 del Libro IV del Código Civil de Cataluña, considerando que la regla del antiguo artículo 132 del Código de Sucesiones es aplicable analógicamente a las parejas de hecho que se separan.
El legislador gallego se refiere únicamente a las disposiciones hechas en testamento, olvidando que pueden existir pactos sucesorios entre cónyuges, en concreto, el pacto de apartación que se puede celebrar entre legitimarios, y el cónyuge tiene dicha condición en el derecho gallego, cuestión que sí contempla el legislador aragonés, como veremos. Ante la falta de previsión especial, parece que una apartación celebrada entre cónyuges, contrato sucesorio que implica la transmisión de presente de la propiedad de bienes o derechos, no se verá afectada por el posterior divorcio o separación de los mismos. Más dudoso sería el caso de la nulidad del matrimonio, en cuanto ésta priva de efectos al matrimonio con carácter originario, lo que implica que el pacto no se celebra realmente entre cónyuges. Habría que estar, a mi juicio, al artículo 79 del Código Civil, conforme al cual: "La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe.La buena fe se presume".
Debe apuntarse hoy la influencia que sobre esta norma (y sobre otras normas forales equivalentes) tendrá la admisión de la separación y divorcio ante notario, tras la Ley 15/2015, de 3 de julio, de jurisdicción voluntaria, en el caso de cónyuges sin hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que no dependan de ellos, mediante el otorgamiento de una escritura pública, conforme a lo previsto en el nuevo artículo 54 de la Ley del Notariado. Aunque los efectos del divorcio o de la separación notarial se producen una vez expresado el consentimiento en escritura pública, la previsión de que la ineficacia de la disposición testamentaria tendrá lugar una vez "se encontraran en trámites los procedimientos dirigidos a ese fin" podría llevar a considerar que, una vez que se requiere al notario para la tramitación y autorización de la escritura de divorcio o separación, concurre el supuesto legal, aunque en la práctica esto puede plantear problemas por el carácter no formal del requerimiento al notario. Con todo, la mayoría de las situaciones se salvarán aplicando la previsión de la separación de hecho.
El legislador gallego no ha contemplado la eficacia retroactiva de ese artículo 208 de la Ley 2/2006, con lo que parece que no debería aplicarse a sucesiones abiertas antes de la entrada en vigor de dicha norma.
Más dudosa es su aplicación a los testamentos otorgados con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley 2/2006, si la sucesión se abre con posterioridad a la misma, aunque la Disposición Transitoria 2ª del Código Civil apoyaría la no aplicación de la nueva regla legal a dichos testamentos. Sin embargo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 15 de enero de 2015, que después analizaremos, aplica dicho artículo 208 de la Ley 2/2006 a un testamento del año 1991, habiéndose abierto la sucesión en el año 2013.
Debe distinguirse esta cuestión de la de la posible ineficacia del testamento mancomunado por la nulidad separación o divorcio posterior de los cónyuges.
La Ley de Derecho Civil de Galicia, aunque admite la posibilidad de otorgamiento mancomunado por quienes no son cónyuges, establece que solo los cónyuges (o miembros de una pareja de hecho inscrita) pueden otorgar disposiciones correspectivas o recíprocamente condicionadas, bien en provecho mutuo, bien en beneficio de un tercero.
La Ley gallega no prevé las consecuencias que el divorcio o la nulidad posterior del matrimonio pueda tener sobre dichas disposiciones correspectivas, cuyos beneficiarios no tienen por qué ser los mismos cónyuges, y, por lo tanto, no se ven necesariamente afectadas por el artículo 208 de la Ley.
Sí se ocupa de esta cuestión el legislador navarro. El artículo 201 de la Compilación de Derecho civil de Navarra dispone:
"Si el testamento de hermandad se hubiera otorgado por marido y mujer, la sentencia posterior de nulidad del matrimonio, de divorcio o de separación produce la ineficacia de las liberalidades que en él se hubieran concedido los cónyuges y de las demás disposiciones que uno de los testadores hubiera establecido sobre su propia herencia y que tenga su causa en las disposiciones del otro".
Quizás deban distinguirse los casos de la nulidad, el divorcio y la separación.
En el caso de la nulidad, esto implica la ineficacia originaria del vínculo matrimonial. Pero ello no conlleva necesariamente la ineficacia del testamento mancomunado, en cuanto la nueva Ley gallega de 2006, a diferencia de la anterior Ley de 1995, no restringe la posibilidad del testamento mancomunado a los cónyuges. Si el testamento se hubiera otorgado durante el régimen de la Ley de 1995 y antes de la Ley de 2006, si la sucesión se abre con posterioridad a la última de estas leyes, entiendo que existe fundamento para defender la validez de dicho testamento mancomunado otorgado por unos cónyuges cuyo matrimonio se haya anulado, pues, aunque los actos se rijan por la Ley vigente al tiempo de su otorgamiento, la norma que suprime la sanción de nulidad puede ser aplicada retroactivamente (Disposición Transitoria 3ª del Código Civil). Debe recordarse, además, la flexibilidad que en materia de ley aplicable a la forma de los testamentos resulta de normas como el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, del que es parte España, y que expresamente remite sus puntos de conexión alternativamente a los momentos del otorgamiento o del fallecimiento.
A mi juicio, en el derecho gallego, a falta de una norma que expresamente solucione la cuestión, las disposiciones correspectivas otorgadas en un testamento mancomunado por quienes eran cónyuges al tiempo de su otorgamiento a favor de un tercero, pues a las otorgadas entre cónyuges se les aplicará el 208, conservarán su validez, incluso en el caso de posterior nulidad del matrimonio o divorcio de los cónyuges, pero el especial efecto de la correspectividad, esto es, que dichas disposiciones solo puedan ser revocadas en vida de los cónyuges, como regla general, y que su revocación produzca la de todas las disposiciones recíprocamente condicionadas, no puede aplicarse tras la pérdida de la condición de cónyuges, pues este efecto está vinculado necesariamente en la disposición legal a dicho estado.
Más dudoso es el supuesto de la separación de judicial o de hecho, en la que la condición de cónyuge permanece, y ello puede llevar a sostener la aplicación de la norma sobre disposiciones correspectivas a pesar de la misma. Sin embargo, la separación de hecho de la pareja inscrita priva del fundamento a la misma, y debe excluir sus efectos, aunque no se hubiera cancelado la inscripción.
Es cierto que lo sostenido implica una alteración sobrevenida de dichas cláusulas, que tienen la condición de pacto entre los cónyuges testadores, y pueden llevar al efecto de que uno de los ex-cónyuges revoque sus disposiciones correspectivas, sin que esto produzca la ineficacia automática de las disposiciones correspectivas del otro, que puede ignorar la revocación, lo que puede considerarse contrario a la voluntad de los mismos al otorgar tal tipo de testamento, pero, a mi juicio, es la solución que se acomoda a la Ley, debiendo los cónyuges testadores que otorgan un testamento mancomunado con disposiciones correspectivas ser informados de que el efecto de la correspectividad solo se mantendrá si subsiste el estado de cónyuges.
Tampoco creo que quepa argumentar en contra con base en la Disposición Transitoria 2ª del Código Civil, aplicable supletoriamente en Galicia, conforme a la cual, los actos y contrato otorgados bajo la vigencia de una legislación anterior y que sean válidos con arreglo a la ella, surtirán todos sus efectos según la misma, pues no se trata de resolver una cuestión de derecho transitorio.
Se ocupa de esta cuestión José Luis Busto Lago (La sucesión testada en la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. Número 705. Enero-Febrero 2008), quien dice:
"Este silencio de la Ley gallega supone que en los supuestos de crisis matrimoniales el testamento mancomunado que haya sido otorgado válidamente mantiene su vigencia en todas sus disposiciones, incluidas las liberalidades recíprocas que pudieran haberse realizado los cónyuges, de manera que será necesaria una nueva declaración de voluntad de los otorgantes para dejarlas sin efecto".
No comparto la opinión de este autor, pues la cuestión dudosa no está en la eficacia de las disposiciones correspectivas entre los cónyuges, a las que será de aplicación el artículo 208 de la Ley, sino en los efectos de las disposiciones correspectivas de los cónyuges a favor de tercero.
Cabe también recordar, sobre todo ahora que la protocolización del testamento ológrafo va a ser notarial, que un testamento mancomunado en Galicia solo puede ser revocado por un testamento abierto notarial, de manera que un testamento ológrafo otorgado por uno de los cónyuges con posterioridad a haber otorgado testamento mancomunado no revocaría el anterior. Esto no necesariamente supone la ineficacia de dicho testamento ológrafo posterior, si sus disposiciones son compatibles con la del previo testamento mancomunado, y por ello, la existencia de un testamento mancomunado anterior no debe impedir la protocolización notarial de un ológrafo posterior, aunque pueda suponer su ineficacia material.
Si el testamento mancomunado lo otorgaron dos cónyuges que después se divorcian o cuyo matrimonio es declarado nulo, la regla de la revocación del testamento mancomunado solo por otro testamento notarial permanece, pues, en la actual ley gallega, el otorgamiento de testamento mancomunado no está reservado exclusivamente a los cónyuges.
Artículo 422-13 del Libro IV del Código Civil de Cataluña:
"Ineficacia sobrevenida por crisis matrimonial o de convivencia.
3. Las disposiciones a favor del cónyuge o del conviviente en pareja estable mantienen la eficacia si del contexto del testamento, el codicilo o la memoria testamentaria resulta que el testador las habría ordenado incluso en los casos regulados por los apartados 1 y 2".
Sí contempló expresamente la aplicación retroactiva a los testamentos otorgados con anterioridad el legislador catalán, que introdujo una disposición similar el el Código de sucesiones de 30 de diciembre de 1991 (Disposición Transitoria 3ª de dicho Código de 1991).
La norma sobre la ineficacia de la disposición está hoy recogida en el artículo 422-13 del Código Civil de Cataluña, remitiéndose las normas transitorias de ese nuevo Libro IV del Código Civil catalán a las de las previas normas catalanas.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2008 se pronuncia en contra de que la retroactividad de esa regla interpretativa vulnere la prohibición recogida en el artículo 9.3 de la Constitución en relación con las disposiciones sancionadora o restrictivas de derechos individuales.
La norma catalana plantea la eficacia de la reconciliación. Es dudoso el sentido de esta excepción, pues caben diversas interpretaciones:
- Entenderla como reconciliación formal, en cuyo caso solo sería aplicable al supuesto de la separación (y también al de hallarse en trámites los expedientes), y exigiría, en el caso de separación notarial o judicial, el requisito de la notificación de la reconciliación al juzgado o al notario ante el que se tramitó la separación, ex artículo 84 del Código Civil.
Interpretada en este sentido, la regla podría ser aplicable a las demás legislaciones forales, pues la reconciliación, formalmente realizada, deja sin efectos la previa separación notarial o judicial y parece que carecería entonces de fundamento mantener la ineficacia de la disposición por dicha causa.
- Entenderla en sentido amplio, equivalente a la reconciliación del ofensor y del ofendido en el ámbito de la desheredación, sin darle un sentido formal, lo que la convertiría en aplicable a todos lo supuestos.
- Entenderla referida solo a los casos de separación de hecho, trámites para la nulidad, divorcio o separación y separación notarial o judicial, pero sin convertir en constitutivo el requisito de la notificación.
En el Derecho civil de Aragón encontramos una norma relativa al testamento y otra a los contratos sucesorios.
Artículo 404 del Código del derecho foral de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, relativo a los pactos sucesorios, dispone:
"Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación
Salvo que del contrato resulte otra cosa, las atribuciones sucesorias pactadas entre cónyuges quedarán sin efecto si, al fallecimiento de uno de ellos, estuviera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio, decretado el divorcio o la separación o se encontraran en trámite, a instancia de uno o ambos cónyuges, los procedimientos dirigidos a ese fin".
El artículo 438 de dicho Código foral de Aragón, relativo a los testamento, dispone:
"Salvo que del testamento resulte que la voluntad del testador o testadores fue otra, no surtirán efecto las disposiciones correspectivas entre los cónyuges, ni las liberalidades concedidas en testamento por uno de ellos al otro, si al fallecer aquél estuviera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio, decretado el divorcio o la separación o se encontraran en trámite, a instancia de uno o ambos cónyuges, los procedimientos dirigidos a ese fin".
El ya citado artículo 201 de la Compilación Navarra dispone:
Es de destacar que esta norma está situada en sede de testamento de hermandad, lo que plantea la cuestión de su aplicación a otros tipos de testamento.
Actuación del notario en aplicación de estas normas forales.
La DGRN, como veremos, ha rechazado que, en el ámbito notarial y registral, quepa presumir la voluntad de revocar la disposición testamentaria efectuada a favor del cónyuge que se divorcia o separa del testador (Resoluciones DGRN de 26 de noviembre de 1998 y 26 de febrero de 2003), remitiendo la cuestión de la apreciación de la posible voluntad del testador en tal sentido al ámbito judicial.
Así, a sensu contrario de lo declarado por la DGRN, cabría entender que cuando sean de aplicación a la sucesión las normas forales que establezcan legalmente dicho efecto revocatorio, el notario podría considerar ineficaz la disposición testamentaria a favor del cónyuge, sin necesidad de que éste así lo reconozca expresamente, procediendo a otorgar la correspondiente escritura de herencia sin el cónyuge, o a autorizar la correspondiente declaración de herederos, si la ineficacia de la disposición supone la apertura de la sucesión intestada.
Pero debe tenerse en cuenta que las normas autonómicas citadas dejan a salvo (con la posible excepción de la navarra) la posibilidad de interpretar el testamento en el sentido contrario a la aplicación de dichas reglas que establecen solo una presunción iuris tantum. Además, la valoración de la voluntad en tal sentido del testador puede basarse en pruebas extrínsecas a practicar en sede judicial.
Por ello, a mi juicio, no cabe, ni siquiera en estos casos, la apreciación notarial de la ineficacia del llamamiento al cónyuge, debiendo resolverse la cuestión en sede judicial, si el propio cónyuge no se conforma con dicha ineficacia.
Particularmente, a la hora de apreciar la ineficacia de una disposición testamentaria para tramitar notarialmente la declaración de herederos, debe valorarse el sentido restrictivo del nuevo artículo 56.1 de la Ley del Notariado,
Es cierto que el notario, en el expediente de declaración de herederos, sí puede verse obligado a apreciar estas situaciones, incluida la separación de hecho, para determinar los derechos sucesorios del cónyuge, pero, en este caso, no se trata de una cuestión interpretativa de un testamento, siendo, a mi juicio, de distinto alcance las facultades reconocidas al notario para determinar la ineficacia de un testamento, que las que se le atribuyen para determinar los llamamientos a la sucesión intestada.
La cuestión en el derecho común.
La cuestión en el derecho común debe resolverse teniendo en reglas generales como:
- Las reglas interpretativas de la voluntad del causante, y la necesidad de determinar la verdadera voluntad de éste (articulo 675 Código Civil) y el momento en el que dicha voluntad debe averiguarse, como regla general, el del mismo otorgamiento del testamento.
En este sentido es destacable, pues trata una materia directamente relacionada con la que analizamos, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1997, según la cual, la voluntad testamentaria a determinar será la existente en el momento de la perfección del testamento, sin que pueda acogerse el argumento de que, de haber conocido el testador determinados hechos posteriores al testamento, lo hubiera revocado.
En el caso, el testador (el Marqués de T) asumió los gastos de alimentación y educación de un niño, llamado Luis, hijo de un amigo cercano que falleció siendo Luis de corta edad, pasando a vivir el niño en casa del testador desde la muerte del padre, y criándolo aquel, dice la sentencia, "como si de un hijo propio se tratara". En el testamento se establecía un usufructo sucesivo a favor de la esposa del testador, del referido Luis, y de la esposa de éste, llamada María. Luis y María se habían separado de hecho unos cinco años antes del fallecimiento del testador, y posteriomente, ya fallecido el testador, Luis y María se divorcian.
(Dicho al margen, el divorcio del caso se produce en el año 1933, esto es, durante la Segunda República, que reconoció el divorcio, hasta que volvió a ser prohibido, con el cambio de régimen político, por la Ley de 23 de septiembre de 1939, la cual previó un régimen transitorio para los divorcios producidos en aplicación de la ley republicana, permitiendo a cualquiera de los cónyuges cuyo matrimonio canónico se hubiera disuelto por divorcio solicitar judicialmente la anulación del mismo, así que de no anularse dicho divorcio, produciría efectos, y, además, la declaración de nulidad judicial no tendría efectos retroactivos, de manera que de producirse tras el fallecimiento del esposo, a instancia de la esposa, esto no significa que ésta tenga derechos sucesorios en la herencia de aquél. Así, Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 1962 ).
La cuestión planteada es si el divorcio de Luis y María supone la ineficacia del llamamiento sucesorio a favor de esta última. El tenor literal de la cláusula testamentaria era el siguiente:
"instituye única heredera usufructuaria a su esposa D.ª Agustina, disponiendo que muerta ésta, pasarán, también en usufructo los bienes a D. Luis E. V., y por fallecimiento de éste sería heredera usufructuaria su esposa D.ª María L. C., y muertos estos dos últimos, dejando sucesión legitima, recaerán en ella todos los bienes en pleno dominio, y caso de no dejar descendientes sería heredera el alma del testador."
La sentencia comienza por recordar que el fideicomisario (María) sucede al fideicomitente (el Marqués) y no al fiduciario (Luis), afirmando: "todas las cuestiones de capacidad, incapacidad, indignidad y prohibiciones vienen referidas exclusivamente al fideicomitente".
Con esta declaración, el Tribunal plantea la duda de si su solución hubiera sido otra de tratarse del testamento de Luis.
Pero la cuestión fundamental en la sentencia, a mi juicio, y lo que la hace relevante para el caso que analizamos, es que, aunque la designación testamentaria de María se realizaba refiriéndose expresamente a su condición de esposa de Luis, y a la probabilidad de que esta circunstancia hubiera influido en la voluntad del testador, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, esto no es decisivo frente a la determinación del momento en que debe ser interpretado el testamento. Dice así el Tribunal Supremo:
"la voluntad real del testador es la del momento en que emitió su declaración, es decir, de cuando otorgó el testamento; tras este momento, pudo haber cambio de circunstancias, pero el testador siempre puede revocarlo y otorgar nuevo testamento hasta el instante mismo de su muerte. El testamento no puede recoger una voluntad del testador que sea posterior a su otorgamiento; y pensar en su voluntad real, por unos hechos posteriores a la muerte del testador, es ya caer en el absurdo".
- Los limitados efectos del error en los motivos o la causa de la institución. Recuérdese que el artículo 767 del Código Civil dispone:
Debe observarse que este artículo sí da relevancia a la causa falsa, en su sentido de errónea ("de haber conocido la falsedad de la causa") siempre que fuera relevante ("a no ser que del testamento resulte que el testador no habría hecho tal institución y legado"). Para que entrara en juego la norma debería acreditarse que la condición de cónyuge fue la causa, como motivo relevante, de la disposición. Con todo, la norma parece pensar en que la causa es falsa en el momento de la disposición, lo que en el caso que analizamos no sucede, sino que son las circunstancias sobrevenidas las que afectan a la disposición testamentaria.
La Resolución DGRN de 26 de noviembre de 1998 aborda directamente la aplicación del artículo 767 del Código Civil al divorcio posterior de la esposa nombrada heredera por el esposo en el testamento. Dice al respecto esa resolución:
"a) Que del hecho de que la disposición testamentaria ahora cuestionada se refiera a la «esposa» y añada su nombre y apellidos no puede concluirse que haya una clara expresión del motivo de la institución, pues bien pudiera interpretarse como un elemento más de identificación de la persona favorecida, por lo que no sería aplicable la norma del art. 767 CC.
b) Que en congruencia con la naturaleza del testamento como acto formal y completo una vez otorgado ha de ser determinante la voluntad pretérita del testador, su voluntad en el momento de otorgar la disposición, por lo que la simple alteración sobrevenida de circunstancias tiene su adecuado tratamiento en la revocabilidad esencial del testamento (Cfr. art. 739 CC) y en la posibilidad de otorgamiento de una nueva disposición testamentaria".
Deja a salvo la resolución la posibilidad de que en sede judicial se acredite que la verdadera voluntad del testador fue privar de su derecho a la esposa en el caso de divorcio posterior, aludiendo a la posibilidad de anotar preventivamente la correspondiente demanda.
- La necesidad de que la revocación de un testamento se realice solo mediante el otorgamiento de otro testamento posterior. Según el artículo 738 del Código Civil:
"El testamento no puede ser revocado en todo ni en parte sino con las solemnidades necesarias para testar".
- Que las causas de ineficacia de las disposiciones testamentarias son tasadas, constituyen un númerus clausus. El artículo 743 del Código Civil dice:
"Caducarán los testamentos, o serán ineficaces en todo o en parte las disposiciones testamentarias, sólo en los casos expresamente prevenidos en este Código".
La DGRN ha rechazado que, al menos en el ámbito notarial y registral, quepa presumir la voluntad de revocar la disposición testamentaria efectuada a favor del cónyuge que se divorcia o separa del testador.
Así, la Resolución DGRN de 26 de noviembre de 1998, de la que ya me he ocupado, declara que el divorcio posterior del testador no autoriza para presumir la revocación de las disposiciones testamentarias hechas a favor de su cónyuge cuando estaban casados.
En sentido similar, la Resolución DGRN de 26 de febrero de 2003. El caso de esta segunda resolución presentaba la particularidad de que había sido el contador-partidor testamentario el que, al formalizar la partición de la herencia del testador, había prescindido de un legado efectuado por éste a su esposa, por considerarlo ineficaz en virtud del posterior divorcio de los cónyuges, considerando que con esta apreciación el contador partidor se había excedido en sus facultades.
La posición en la jurisprudencia menor.
En el ámbito del derecho común, la cuestión ha sido tratada por alguna resolución judicial de ámbito menor, que no han manifestado un criterio del todo concorde. Citaré algunos ejemplos de sentencias en contra y a favor de la ineficacia de la disposición:
Sentencias en contra de la ineficacia:
- La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de abril de 2013 analiza un caso en que el testador instituye heredera a su esposa en el tercio de libre disposición (testamento del año 1998), divorciándose los cónyuges con posterioridad al testamento (divorcio en el año 2008), falleciendo el testador (año 2010) sin haber revocado el testamento.
El contador partidor testamentario otorga la partición prescindiendo de la esposa divorciada, por considerar que la voluntad del testador hubiese sido esa.
La sentencia anula dicha partición, argumentando que el testador estaba en su cabal juicio, pudo revocar el testamento y no lo hizo, y que las situaciones de divorcio no siempre son traumáticas y no implican necesariamente pérdida de afectividad.
- La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de diciembre de 2013 analiza un supuesto en que la testadora dispuso en testamento notarial: “nombrar por su único y universal heredero a su citado esposo, en todos sus bienes, derechos y acciones», sin perjuicio de la legítima que corresponda a sus padres.
Con posterioridad, los cónyuges se separan de hecho, formalizando un acta notarial en la que manifiestan que se había producido de mutuo acuerdo el reparto de sus bienes comubes, sin que nada tuvieran que reclamarse.
Posteriormente se decretan judicialmente la separación y el divorcio de los cónyuges.
La esposa fallece sin haber revocado el testamento. No obstante, poco antes de morir intercambia unos correos electrónicos con sus hermanas en las que expresa su voluntad de modificar el testamento.
La sentencia de instancia desestima la demanda de las hermanas, confirmando la validez del testamento, argumentando que ésta pudo revocarlo durante más de ocho años desde la separación de hecho de su esposo, sin que lo hiciera.
Al proceso se aportó un acta notarial de manifestaciones en la que el notario ante quien la testadora había otorgado el testamento a favor de su esposo manifestó su conocimiento de la voluntad de ésta de hacer nuevo testamento que revocase el previo.
La Sentencia de la Audiencia Provincial confirma la de instancia, manteniendo la eficacia del testamento a favor del esposo de la testadora, recordando que las disposiciones testamentarias deben interpretarse teniendo en cuenta la voluntad del testador al tiempo de su otorgamiento, y que solo pueden revocarse por otras posteriores, sin que la simple voluntad de revocar un testamento tenga eficacia en tanto no se plasme en un nuevo testamento revocatorio.
Se rechaza también que la utilización de la palabra esposo en el testamento, para determinar la institución, implique que ésta se condiciona a la subsistencia del vínculo matrimonial, pues se argumenta por el Tribunal que las condiciones nunca se presumen.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 30 de marzo de 2007 analiza un testamento en que la esposa legaba al esposo del tercio de libre disposición. La sentencia destaca la necesidad de revocación expresa de las disposiciones testamentarias y la inexistencia en el Código Civil de una norma que presuma la revocación en caso de divorcio, a diferencia de algunas legislaciones forales.
La sentencia analizada tiene en cuenta lo afirmado por previa Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 13 de octubre de 1999, que después citaré, en el sentido de que "la cuestión que aquí debe plantearse es la eficacia de la disposición, en sí, con independencia de la posterior revocación del acto testamentario, esto es, ¿aquella disposición que realiza la testadora, instituyendo heredero - en este caso a su esposo -, puede padecer un posible error o causa falsa de manera que se entienda que la instituyó en tanto en cuanto era su esposo y pensando, por ejemplo, que siempre tendría la condición de tal".
El artículo a aplicar para resolver la cuestión, según el Tribunal, es el 767 Código Civil, siendo ineficaz la disposición testamentaria si la causa es falsa y resultase que el testador no hubiese hecho la disposición si conociera la falsedad de la causa, afirmando:
"lo que deberá plantearse es lo que probablemente hubiera querido el testador de haber conocido el posterior divorcio".
Pero, a pesar de asumir el mismo planteamiento inicial de la Audiencia Provincial de Málaga en la sentencia que después veremos, llega a una conclusión distinta a la que se llegó en ésta, pues estima, teniendo en cuenta la prueba extrínseca, que no cabe afirmar que la testadora no hubiera querido el mantenimiento de la disposición testamentaria a favor del cónyuge a pesar del posterior divorcio. Dice el Tribunal:
"la testadora tuvo más de seis años para revocar el testamento en su totalidad o en particular sobre el legado, y ello pese a que estaba afectada por una grave enfermedad que finalmente le causó la muerte, lo que permite entender que si durante esos años no dispuso la revocación fue porque esa era su voluntad, sin que acudiendo a la prueba extrínseca podamos afirmar que la voluntad de la testadora sería distinta a la literalidad de la disposición testamentaria, por ello procede desestimar este motivo del recurso".
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de marzo de 2017. Esta sentencia, después de tener en cuenta las dos posiciones contrapuestas, opta por considerar que la separación legal posterior de los cónyuges no produjo la revocación del legado de usufructo universal realizado por el marido a favor de la esposa, alegando la necesidad de interpretar el testamento conforme a la voluntad existente al tiempo de otorgamiento, que la revocación del mismo debe de ser expresa y los limitados efectos de la causa falsa (artículo 767 del Código Civil). En el caso, la separación fue anterior en catorce años al fallecimiento del testador, plazo durante el cual este no modificó el mismo.
Sentencias a favor de la ineficacia:
- La Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 11 de junio de 2010 sigue una posición distinta a las anteriores, admitiendo la ineficacia sobrevenida de la disposición testamentaria por la posterior separación judicial de los cónyuges.
En el caso, el testador incluyó en su testamento la siguiente cláusula:
"Lega a su esposa, a su elección, el usufructo vitalicio de todos sus bienes, con relevación de fianza e inventario y con el que quedarán pagados sus derechos legitimarios, o bien el tercio de libre disposición de los mismos, en pleno dominio, además de su cuota vidual. Dicho tercio será el legado a favor de su esposa si alguno de los herederos se opusiere al de usufructo universal".
El testamento en cuestión se otorga en el año 1983. En el año 1993 los cónyuges se separan judicialmente. Y en el año 2007 fallece el testador sin haber revocado el testamento.
El Tribunal considera ineficaz de modo sobrevenido la disposición a favor del cónyuge. Parte de la interpretación de la voluntad del causante más allá de los términos literales, cuando estos resulten confusos.
"La cláusula citada, por su propio contenido y posibilidades que contempla, está pensada para el supuesto de que al morir el testador, su consorte no se hallare separada, manteniendo el derecho al usufructo del tercio destinado a mejora; cuota viudal que no le correspondía al momento del fallecimiento en el caso enjuiciado, al encontrarse separada legalmente. Respecto a la no revocación de la cláusula cuestionada, pese a que desde que se produjo la separación hasta el fallecimiento transcurrieron mas de trece años, hemos de insistir en que dado el contenido de la misma, producida la separación que privaba a la esposa de su cuota legitimaria, así como la disolución de la sociedad legal de gananciales, seguida de su posterior liquidación, es impensable que el esposo creyera que aun le restaban derechos a la esposa "mortis causa". El supuesto enjuiciado, debe resolverse por la vía de la interpretación de la voluntad hipotética. Otorgado el testamento, cuando se encontraba unido a su esposa por el matrimonio, de haber previsto que al momento de su fallecimiento pudiera estar separado de la misma y producido el hecho posteriormente, no la hubiera nombrado heredera y, por tanto, producido el hecho posteriormente, su voluntad, en tal sentido, ya no puede producir efectos. Por tanto, debe hablarse de ineficacia sobrevenida".
Con todo el Tribunal reconoce lo problemático de su solución, ante la falta de una norma que apoye la toma en consideración de la que llama "voluntad hipotética", aludiendo al artículo 834 del Código Civil prevé la pérdida de la legítima en caso de separación de los cónyuges, y que en el testamento se preveía como alternativa al usufructo universal la atribución del tercio de libre disposición y de la cuota legal usufructuaria. Por último alude también a las disposiciones forales que así lo han previsto, como el derecho catalán, gallego o aragonés.
- La Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 13 de diciembre de 1999 también muestra un criterio favorable a la ineficacia de las disposiciones testamentarias a favor del cónyuge en el caso de un posterior divorcio.
El Tribunal analiza la cuestión desde la perspectiva de la causa falsa en la institución, esto es, de la aplicación al caso del artículo 767 del Código Civil. Considera que lo que deberá plantearse es "es lo que probablemente hubiera querido el testador de haber conocido el posterior divorcio". Para determinar si existe esa causa falsa acude a la prueba extrínseca
El caso presentaba la posible peculiaridad del relativamente corto espacio de tiempo entre la sentencia de divorcio y el fallecimiento del esposo. El testamento se había otorgado en el año 1978, y en él, el testador instituyó heredero universal a su esposa. Aunque los cónyuges se hallaban separados de hecho desde el año 1984, la sentencia de divorcio es de enero de 1994, produciéndose el fallecimiento del testador en abril de ese mismo año.Sin embargo, esta cuestión no va a tener un valor decisivo, teniendo en cuenta que ya existió una muy anterior separación de hecho, con otorgamiento de capitulaciones matrimoniales, por lo que el Tribunal reconoce que el testador pudo haber revocado y no lo hizo.
Mayor relevancia pudo tener otra circunstancia que invoca el Tribunal: que el testador padecía, no se dice desde cuando, una incapacidad psíquica del 51%, lo que pudo impedir una válida revocación.
Termina afirmando la sentencia:
"mediante una interpretación integradora y tomando en consideración el artículo 3 del Código civil en cuanto a la realidad social, el común de los testadores entendería que se instituye heredera a la esposa en tanto en cuanto es su esposa y esta disposición debe entenderse motivada por la consideración a que precisamente es su esposa; si el testador hubiera previsto que no lo sería no hubiera determinado dicha disposición, padeciendo, en consecuencia, de causa falsa de la institución de heredero regulada por nuestro Código civil en su artículo 767, la disposición testamentaria cuestionada en la presente litis y en este sentido debe declararse ineficaz".
- La atribución a favor de la esposa, quien fallece, casándose el testador en segundas nupcias y falleciendo sin revocar el testamento.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 20 de enero de 2015 analiza un supuesto en que un testador, Ruperto, en testamento otorgado en el año 1991, lega el usufructo universal "a su esposa", hallándose casado en dicho momento con su primera esposa, Marisol, e instituye heredera a su hija, Serafina. La primera esposa, Marisol fallece en el año 1999, contrayendo el testador segundas nupcias con, Alejandra, falleciendo finalmente Ruperto en el año 2013, sin haber modificado su testamento,
La sentencia analiza si la disposición testamentaria del usufructo universal hecha a favor de "la esposa" puede entenderse que incluye a la segunda, rechazándolo, por considerar que la voluntad del testador era exclusivamente beneficiar a la esposa con la que estaba casado al tiempo de otorgar el testamento.
Fundamenta, además, la solución en el ya citado artículo 208 de la Ley de Derecho Civil de Galicia 2/2006, afirmando que la causa de ineficacia prevista para las disposiciones a favor del cónyuge en dicha norma debe incluir la muerte de éste, aunque la muerte del cónyuge no esté expresamente mencionada en dicho artículo.
Este razonamiento, a pesar de ser claramente un argumento de refuerzo, plantea alguna cuestión destacable.
En primer término que la cita del artículo 208 de la Ley olvida que existe un precepto específico que se ocupa de la ineficacia del usufructo universal a favor del cónyuge en caso de nulidad, divorcio, separación judicial o de hecho: el artículo 230.1 de la Ley 2/2006.
Y quizás incluso más interesante es que la sentencia no se plantee en ningún momento la aplicación de este artículo 208 de la Ley 2/2006 a la interpretación de un testamento otorgado quince años antes de su entrada en vigor, cuestión a la que ya hemos aludido.
Publicado por Francisco Mariño Pardo en 16:20:00

matches:
artículo 208
artículo 132
artículo 132
artículo 79
artículo 54
artículo 208
artículo 208
artículo 208
artículo 201
e contrario
artículo 208
Artículo 422
artículo 422
artículo 9
artículo 84
Artículo 404
artículo 438
artículo 201
artículo 56
artículo 767
Resolución
artículo 767
resolución
artículo 738
artículo 743
Resolución
Resolución
resolución
resolución
artículo 834
artículo 767
artículo 3
artículo 767
artículo 208
artículo 208
artículo 230
artículo 208


text:
Decreto 38/2013, de 25 de julio, por el que se modifica el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León
Vigencia desde 01 de Agosto de 2013. Revisión vigente desde 01 de Agosto de 2013
Artículo único Modificación del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León
Primera.– Desarrollo normativo
D 32/2017 de 5 Oct. CA Castilla y León (modifica D 83/1998 de 30 Abr., que desarrolla reglamentariamente el Título IV "de los Terrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza)
D [CASTILLA Y LEÓN] 38/2013, 25 julio, derogado por la disposición derogatoria segunda del D [CASTILLA Y LEÓN] 32/2017, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV "de los Terrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León («B.O.C.L.» 9 octubre) el 29 de octubre de 2017.
La Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, reconoce a la caza su dimensión como actividad social que, además de mantener y fomentar los recursos naturales renovables, genera rentas y empleo en el medio rural de nuestra Comunidad, siendo en muchos casos la actividad económica principal para los pequeños municipios propietarios de los terrenos cinegéticos. No en vano, el artículo 71.1 17.º del Estatuto de Autonomía recoge como competencia exclusiva de la Comunidad, entre otras materias, la caza y las explotaciones cinegéticas, así como la protección de los ecosistemas en que se desarrollen dichas actividades.
Entre los terrenos cinegéticos, se encuentran las reservas regionales de caza. La finalidad y objetivo de su creación fue «promover, fomentar, conservar y proteger determinadas especies, subordinando a esta finalidad el aprovechamiento de su caza». No cabe duda de que, con carácter general, las reservas han logrado tales objetivos: territorios donde las poblaciones silvestres eran escasas, se han convertido en un referente cinegético a nivel nacional e internacional por su singularidad, representatividad y la calidad de sus trofeos, a la vez que han permitido la generación de rentas y empleo en las zonas de montaña de nuestra Comunidad.
Igualmente, y aun siendo conscientes de que cada reserva tiene sus propias características diferenciales, no es menos cierto que en su conjunto han merecido un reconocimiento generalizado en el mundo cinegético, y por ello se plantea la creación de la Red de Reservas Regionales de Caza, que permita afrontar acciones conjuntas en beneficio de la totalidad de las reservas y redunde en una imagen común de marca de calidad y una, si cabe, mayor proyección nacional e internacional.
En otro orden de cosas, parece razonable que aquellas actividades generadoras de ingresos contribuyan con una parte de los mismos a financiar los gastos necesarios para su movilización. Así, a través de la Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, se ha modificado la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, introduciendo un nuevo artículo por el cual se crea un Fondo de Gestión destinado a sufragar parte de las actuaciones de gestión de la reserva, en el cual se ingresarán el 15% del importe de los aprovechamientos cinegéticos. En el presente decreto se desarrolla la articulación de dichas acciones, que deben ser objeto de un Plan de Actuaciones elaborado en colaboración con los propietarios.
De igual forma, se considera conveniente clarificar la redacción del artículo 17.2 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, de forma que se despejen las dudas surgidas en la correcta interpretación del mismo a los efectos de determinar la superficie mínima requerida para la constitución de un coto de caza.
Por último, se plantea la modificación del artículo 50 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, estableciendo un mecanismo más ágil para la autorización de la caza en determinadas zonas de seguridad.
Iniciada ya la temporada cinegética, y para el correcto cumplimiento de los planes de caza vigentes, se justifica la urgencia de la entrada en vigor de la norma al día siguiente de su publicación, ante la necesidad de proceder a una inmediata adjudicación y ejecución de los permisos de caza derivados de estos planes, tratando así de evitar posibles desequilibrios bioecológicos en las poblaciones silvestres.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, de acuerdo con dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 25 de julio de 2013
Uno.– Se modifica el Capítulo Primero del Título I del Decreto 83/1998, de 30 de abril, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Son reservas regionales de caza aquellos terrenos declarados como tales con objeto de fomentar la conservación de la fauna silvestre, los hábitats y su biodiversidad, compaginando dicha finalidad con el ordenado aprovechamiento cinegético u otros aprovechamientos complementarios.
2. La titularidad cinegética de las reservas regionales de caza corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Artículo 5 Creación, extinción y modificación
1. Las reservas regionales de caza se crearán y extinguirán mediante Ley de las Cortes de Castilla y León.
2. Igualmente, la modificación de los límites de una reserva regional de caza deberá realizarse mediante Ley, salvo lo establecido en el apartado siguiente para agregar voluntariamente terrenos colindantes. No obstante, y para una mejor precisión cartográfica, mediante orden de la consejería competente en materia de caza se podrán concretar los límites geográficos de la reserva.
3. Los titulares de terrenos colindantes con una reserva regional de caza podrán convenir con la consejería con competencias en materia de caza la asociación de dichos terrenos al régimen de gestión de la misma, ateniéndose a las condiciones que, para cada caso concreto, serán fijadas en el correspondiente convenio, el cual será informado preceptivamente por la Junta Consultiva de la reserva. Dichos convenios serán publicados en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.
Artículo 6 Red de Reservas Regionales de Caza
1. Se crea la Red de Reservas Regionales de Caza, constituida por el conjunto de las reservas regionales de caza existentes en la comunidad, con la finalidad de promover la mejora de la gestión de las mismas así como para la realización de otras actuaciones de interés general para el conjunto de las reservas regionales de caza que sean determinadas por la consejería competente en materia de caza, previo informe de las juntas consultivas.
2. Para tales fines, además de las aportaciones procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, se dedicarán las cantidades previstas en el artículo 20 bis de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
Artículo 7 Dirección Técnica
1. Al frente de cada reserva regional de caza existirá un director técnico, que será nombrado por el titular de la dirección general con competencias en materia de caza de entre los funcionarios, con titulación adecuada para el cargo, que se encuentren destinados en la consejería competente en dicha materia.
2. Al director técnico le corresponde la elaboración de las propuestas y el seguimiento de la ejecución del plan de ordenación cinegética y de los planes técnicos anuales que se determinan en el artículo 8, la preparación de la memoria anual de actividades, el plan de actuaciones a realizar con cargo al Fondo de Gestión previsto en el artículo 20bis de la citada Ley 4/1996, de 12 de julio, y en general, con el asesoramiento de la junta consultiva, la gestión y la dirección de los aprovechamientos cinegéticos, de las acciones de control poblacional, y de otras actividades de gestión relacionadas.
Artículo 8 Ordenación cinegética de las reservas
1. Cada reserva regional de caza se gestionará conforme a un plan de ordenación cinegética aprobado por la dirección general con competencias en materia de caza, por un período de vigencia de diez años, pudiendo ser objeto de revisión cuando circunstancias de orden administrativo o bioecológico así lo justifiquen. Dicho plan garantizará el fomento y la adecuada gestión de las poblaciones cinegéticas en unos niveles, estructura y estados sanitarios adecuados de forma compatible con la conservación de la biodiversidad.
2. Los planes de ordenación cinegética se articularán territorialmente a través de una división en cuarteles, entendiéndose por tales aquellas unidades de gestión cinegética establecidas conforme a criterios de potencialidad cinegética y organización de la gestión, si bien podrán existir reservas regionales de caza con un único cuartel, cuando las circunstancias anteriores, u otras de carácter administrativo, así lo hagan conveniente.
3. Los planes de ordenación cinegética se desarrollarán a través de planes técnicos anuales. Por el Servicio Territorial, previo informe de la Junta Consultiva, se elevará a la dirección general con competencias en materia de caza una propuesta de plan técnico anual, para su aprobación, en desarrollo del plan de ordenación cinegética de la reserva regional de caza.
Artículo 9 Junta Consultiva
1. Con la finalidad de colaborar en la consecución de los fines que motivaron su creación, en cada reserva regional de caza existirá una Junta Consultiva, como órgano asesor en los asuntos relacionados con la misma.
2. Las juntas consultivas tendrán como función informar acerca de:
• El Plan de Ordenación Cinegética de la reserva regional de caza y los respectivos planes técnicos anuales.
• El Plan de Actuaciones con cargo al Fondo de Gestión.
• La distribución de las cacerías contempladas en el Plan Técnico Anual, entre los propietarios de los terrenos que constituyen la reserva regional de caza.
• La Memoria Anual de Actividades.
• La modificación de los límites, la segregación e integración voluntaria de terrenos en la reserva regional de caza, según lo previsto en el artículo 5 del presente decreto.
• Otros asuntos de carácter cinegético o administrativo que afecten al funcionamiento de la reserva.
3. La composición y régimen de funcionamiento de las juntas consultivas serán regulados mediante orden de la consejería competente en materia de caza.
Artículo 10 Asociaciones de Propietarios
1. La consejería competente en materia de caza promoverá el asociacionismo de los propietarios de terrenos incluidos en la reserva regional de caza, con la finalidad de fomentar la implicación de los mismos en la gestión de aquélla.
2. A tales efectos, la asociación legalmente constituida que agrupe a los propietarios cuyos terrenos supongan la mayoría de la superficie de los terrenos incluidos en la reserva podrán participar en la ejecución de determinadas acciones previstas en el Plan de Actuaciones con cargo al Fondo de Gestión.
Artículo 11 Fondo de Gestión
1. De acuerdo con la disposición final segunda de la Ley 9/2012, de 21de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, que modifica la Ley de Caza de Castilla y León, se crea el Fondo de Gestión de las reservas regionales de caza.
2. El Director Técnico de la reserva regional de caza elaborará una propuesta de Plan de Actuaciones a financiar con cargo al Fondo de Gestión, previa consulta a los propietarios de los terrenos sobre las acciones a incluir en el mismo. Dicho Plan de Actuaciones será remitido por el Servicio Territorial para su aprobación por la dirección general con competencias en materia de caza, previo informe de la Junta Consultiva.
3. El Fondo de Gestión será administrado por la consejería con competencias en materia de caza.
Artículo 12 Distribución de las cacerías
1. El Plan Técnico Anual distribuirá las cacerías por cuarteles, y dentro de cada cuartel, entre aquellos propietarios o titulares de otros derechos que lleven inherente el aprovechamiento cinegético de los terrenos que integran la reserva regional de caza, o agrupaciones de los mismos, que así lo soliciten y cuyas propiedades, dentro del cuartel, superen las 25 ha. Dicho reparto se efectuará de forma proporcional a la superficie aportada al cuartel. Las cacerías que correspondieran a la superficie no computada anteriormente, por pertenecer a propietarios o titulares de otros derechos que lleven inherente el aprovechamiento cinegético que no hayan solicitado participar en el reparto de las cacerías, serán asignadas al municipio en que esté integrada.
2. Se excepcionarán de lo previsto en el apartado anterior determinadas cacerías de carácter selectivo cuando resulte conveniente su ejecución directa por la administración de la reserva regional de caza, y así se haya dispuesto en el Plan Técnico Anual.
3. Las cacerías extraordinarias que hubieran de realizarse por razones de urgencia o de fuerza mayor, tales como daños a la agricultura o ganadería, seguridad vial, control de epizootias o zoonosis, u otras causas sobrevenidas, cuando no proceda su ejecución directa por la administración de la reserva regional de caza, se distribuirán conforme se determine por la consejería competente en materia de caza.
Artículo 13 Adjudicación de las cacerías
1. La adjudicación de las cacerías distribuidas entre los propietarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, corresponde a éstos.
2. Las entidades locales propietarias de terrenos en las reservas regionales de caza podrán reservar cacerías para su adjudicación entre los cazadores vecinos o con otro tipo de vinculación con la localidad, de acuerdo con los usos y costumbres locales, con respeto al marco jurídico vigente que resulte de aplicación.
3. Una vez adjudicadas las cacerías, los propietarios darán conocimiento a la dirección técnica de la reserva regional de caza de su resultado, indicando el importe de la misma y la identidad del adjudicatario, a los efectos de la emisión del correspondiente permiso y del cálculo de las cantidades a ingresar en el Fondo de Gestión.
4. Las condiciones económicas para la adjudicación de las cacerías previstas en el Plan Técnico Anual serán establecidas por los propietarios a quienes les hayan sido asignadas, si bien en el Plan Técnico Anual se fijarán precios índices a los efectos del cálculo del mínimo a ingresar en el Fondo de Gestión de la reserva regional de caza.
5. Los ingresos resultantes de la enajenación de las cacerías corresponden a los propietarios a los cuales les hayan sido asignadas. No obstante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20bis de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, se ingresarán en el Fondo de Gestión de la reserva regional de caza un mínimo del quince por ciento del importe de dichos aprovechamientos cinegéticos.
6. Las cacerías extraordinarias se adjudicarán por la dirección técnica de la reserva regional de caza, de conformidad con las instrucciones de la dirección general con competencias en materia de caza.
7. Los ingresos resultantes de la adjudicación de las cacerías extraordinarias, así como de otros aprovechamientos cinegéticos realizados en la reserva regional de caza, serán recaudados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y distribuidos entre los propietarios con idéntico criterio que el especificado en el artículo 12 del presente decreto para la distribución de las cacerías, una vez descontada la parte correspondiente a ingresar en el Fondo de Gestión.
Artículo 14 Permisos de caza
1. El permiso de caza es el documento administrativo que habilita para la realización de una cacería en una reserva regional de caza, con sujeción a las condiciones técnico-facultativas establecidas por la dirección general competente en materia de caza.
2. Los permisos de caza serán expedidos por la Dirección Técnica.
3. Es condición indispensable para la obtención del permiso, la acreditación por el adjudicatario de la cacería de haber realizado el ingreso en el fondo de gestión del importe correspondiente a los gastos necesarios para el control del aprovechamiento establecidos mediante resolución de la dirección general competente en materia de caza, que serán regulados mediante orden, así como la justificación del cumplimiento de las obligaciones económicas con el propietario de los terrenos correspondiente, o titular de otros derechos que lleven inherente el aprovechamiento cinegético o agrupaciones de propietarios.»
Dos.– Se suprime el apartado 2 del artículo 17 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 17 Superficies
Los terrenos integrados en los cotos de caza podrán pertenecer a uno o varios propietarios o titulares de otros derechos reales que conlleven el disfrute al aprovechamiento cinegético, siempre que sean colindantes».
Tres.– Se modifica el artículo 50 del que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 50 Autorizaciones
1. No obstante lo previsto en los artículos anteriores, el Servicio Territorial, previa solicitud de los titulares cinegéticos colindantes, podrá autorizar la caza en las vías y caminos de uso público, en las vías pecuarias, así como en los cauces y márgenes de los ríos, arroyos y canales que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite entre los mismos, condicionado a que en el momento de presentación de la solicitud el solicitante cuente con la conformidad de los titulares de dichas zonas de seguridad para el ejercicio de la caza.
2. Cuando se trate de las zonas de seguridad aludidas en el punto anterior que constituyan límite entre dos terrenos cinegéticos, previamente a resolver sobre la solicitud de autorización de caza, el solicitante deberá contar con la conformidad del titular cinegético colindante.
3. En las resoluciones estimatorias que se dicten al efecto, se fijarán las condiciones aplicables en cada caso.
4. Mediante orden de la consejería competente en materia de caza se podrán establecer procedimientos administrativos simplificados para autorizar el ejercicio de la caza en zonas de seguridad durante la celebración de cacerías colectivas.»
1. Queda derogado el Decreto 79/2002, de 20 de junio, por el que se establecen la composición y el régimen de funcionamiento de las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León.
2. No obstante lo anterior, el citado decreto será de aplicación en tanto que se apruebe la orden por la que se regule la composición y el régimen de funcionamiento de las juntas consultivas de las reservas regionales de caza de Castilla y León.
Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de caza para dictar las disposiciones que sean necesarias para la ejecución y desarrollo del presente decreto.

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artículo 71
artículo 17
artículo 50
Artículo 5
Artículo 6
artículo 20
Artículo 7
artículo 8
artículo 20
Artículo 8
Artículo 9
artículo 5
Artículo 10
Artículo 11
Artículo 12
Artículo 13
artículo 20
artículo 12
Artículo 14
resolución
artículo 17
artículo 50


text:
BOE.es - Documento BOE-A-2015-12692
Documento BOE-A-2015-12692
Orden ECD/2475/2015, de 19 de noviembre, por la que se crea el distintivo de calidad de centros docentes Sello Vida Saludable.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 281, de 24 de noviembre de 2015, páginas 110411 a 110415 (5 págs.)
BOE-A-2015-12692
https://www.boe.es/eli/es/o/2015/11/19/ecd2475
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala en su artículo 2.1 que el sistema educativo español se orientará, entre otros, a la consecución de la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.
Valorar la higiene y la salud, además, constituye uno de los objetivos principales de la educación primaria, tal y como postula el artículo 17 de la mencionada Ley Orgánica 2/2006, de 21 de mayo, afianzándose tales hábitos de cuidado y salud corporales e incorporando la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social a lo largo de la educación secundaria obligatoria.
De igual modo, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, señala en su disposición adicional cuarta que las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento infantil y juvenil.
A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.
A mayor abundamiento, el apartado 3 del artículo 43 de la Constitución Española liga la educación y la salud al instar a los poderes públicos a fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte, facilitando asimismo la adecuada utilización del ocio.
La escasa actividad física y los hábitos no saludables o poco saludables durante la infancia y la juventud no sólo son peligrosos para la salud sino que conllevan una baja forma física y una menor autoestima, que en edad escolar deriva en un menor rendimiento académico y finalmente en el abandono educativo temprano.
Por ello, junto con la actividad física, la dieta sana, la higiene y el sueño regular y descanso adecuado son los cimientos para llegar a la vida adulta sanos y poder disfrutar de una vida plena.
Es fundamental el vínculo, por tanto, que une a la educación con el necesario cuidado de la salud y con el hecho de disponer de hábitos conducentes a una vida sana. La salud proporciona, junto con la educación, las mejores oportunidades para que una sociedad tenga adecuados niveles de bienestar.
Con el propósito de fomentar los hábitos que conduzcan al desarrollo de una vida saludable en todas sus vertientes, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte procede mediante la presente orden a la creación de un sello de calidad denominado «VIDA SALUDABLE», con objeto de reconocer públicamente a aquellos centros docentes, tanto públicos como privados, que fomenten el aprendizaje de la salud en el ámbito educativo, así como la asunción de prácticas de vida saludable y una educación física que permita el adecuado desarrollo personal y social a lo largo de la escolarización de los alumnos.
En la elaboración de la presente orden se ha recabado el informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y se ha sometido el proyecto a un trámite de información pública.
Esta orden tiene por objeto crear y regular el distintivo de calidad «SELLO VIDA SALUDABLE», para el reconocimiento público de los centros docentes, tanto públicos como privados sostenidos con fondos públicos y privados, que fomenten el aprendizaje de la salud en el ámbito educativo, así como la asunción de prácticas de vida saludable y una educación física que permita el adecuado desarrollo personal y social a lo largo de la escolarización de los alumnos.
1. El distintivo de calidad «SELLO VIDA SALUDABLE» podrá concederse a cualquier centro docente, tanto públicos como privados sostenidos con fondos públicos y privados, que asuma un compromiso firme e inequívoco con el desarrollo y mejora de la calidad educativa y de la salud, entendiéndose que contribuyen a la mejora de la educación en hábitos saludables los centros docentes que persigan el cumplimiento de alguna de las siguientes finalidades:
a) Fomentar el rol de la educación en hábitos saludables como una parte integrante de la educación integral, diseñando, a tales efectos, un programa de educación en hábitos saludables que comprenda la programación y establecimiento de objetivos educativos y de los instrumentos de evaluación.
b) Promover estilos y hábitos de vida saludables, a partir de las necesidades específicas del alumnado del centro docente, y especialmente en los ámbitos de la nutrición y alimentación saludables y del deporte contemplando el enfoque de género y la equidad para evitar desigualdades en la salud.
c) Fortalecer y mejorar los comportamientos saludables de los alumnos, con especial énfasis en la higiene y la prevención.
d) Afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social de los alumnos.
e) Fomentar en el alumnado la adquisición de capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información, publicidad y ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico.
f) Conocer y detectar las situaciones de riesgo para la salud, relacionadas especialmente con el consumo de sustancias con potencial adictivo, tanto de comercio legal como ilegal, así como con la ejecución de determinadas actividades que puedan generar comportamientos adictivos, con especial atención a la anorexia y a la bulimia, contrastando sus efectos nocivos y proponiendo medidas de prevención y control.
g) Promover la comprensión y valoración de la importancia de preservar el medio ambiente por las repercusiones que el mismo tiene sobre la salud de las personas.
h) Fomentar la responsabilidad del alumnado en las decisiones diarias del mismo, y el conocimiento de las consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les rodea.
i) Promover el adecuado conocimiento de la salud e higiene sexual y reproductiva.
j) Promover la puesta en valor de la investigación, desarrollo e innovación en los avances médicos y en el impacto de la calidad de vida de las personas.
k) Promover la formación continua del personal docente que preste sus servicios en el centro, en materia de educación en hábitos saludables y en especial sobre alimentación saludable y práctica de actividad física.
1. Las solicitudes para la concesión del distintivo deberán presentarse en el Registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (c/ Los Madrazo, 15-17, 28014 Madrid), o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. También podrá realizarse este trámite electrónicamente, de conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrecerá en la sede electrónica un modelo normalizado de solicitud.
3. Las solicitudes deberán acompañarse del informe favorable de la Consejería de Educación de la correspondiente Comunidad Autónoma en la que se encuentre el centro o de las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en su ámbito de gestión y, en su caso, de una memoria técnica que describa el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente orden.
4. Las solicitudes podrán acompañarse de la documentación adicional que el centro docente estime pertinente.
Artículo 4. Instrucción y evaluación.
1. La instrucción del procedimiento se realizará por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
2. En el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se constituirá una Comisión Evaluadora para la concesión del distintivo «SELLO VIDA SALUDABLE» integrada por el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, que la presidirá, el Subdirector General de Cooperación Territorial, que será el Vicepresidente, y tres funcionarios pertenecientes a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial de nivel 26 o superior, uno de los cuales ejercerá la secretaría de la Comisión. Asimismo, el Presidente podrá convocar a las reuniones de la Comisión, con voz pero sin voto, a aquellas personas que por sus cualidades, conocimiento o experiencia estime conveniente para el mejor asesoramiento de la Comisión Evaluadora.
3. La Comisión Evaluadora evaluará las solicitudes atendiendo a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la presente orden, y elevará propuesta de resolución a la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
4. La Comisión Evaluadora podrá solicitar de otras administraciones públicas los informes que estime oportunos para el mejor desarrollo de su función.
5. La Comisión Evaluadora se regirá en su funcionamiento por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6. El funcionamiento de la Comisión Evaluadora será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
1. A la vista de la propuesta de la Comisión Evaluadora, la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades procederá a dictar resolución sobre las solicitudes de concesión del distintivo «SELLO VIDA SALUDABLE».
2. El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes será de seis meses, a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Trascurrido este plazo, si no recayera resolución expresa, se entenderá estimada la petición.
3. Contra las resoluciones de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
4. La concesión de los distintivos de calidad «SELLO VIDA SALUDABLE» se hará pública en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Artículo 6. Efectos de la concesión.
El centro docente beneficiario de la concesión podrá:
a) Exponer en su sede y locales el distintivo concedido al centro docente.
b) Utilizar el sello en la documentación propia del centro docente, así como, en su caso, en sus relaciones comerciales y publicitarias, atendiendo al cumplimiento de la normativa aplicable, en particular, en materia de publicidad.
Artículo 7. Validez y pérdida del «SELLO VIDA SALUDABLE».
1. La validez de la concesión del distintivo «SELLO VIDA SALUDABLE» a un centro docente se extenderá con carácter indefinido siempre que por parte de dichos centros se mantenga el cumplimiento de las condiciones y requisitos que dieron lugar a su concesión.
2. Periódicamente, y al menos cada dos años, podrán realizarse revisiones por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el fin de comprobar si se continúan cumpliendo los requisitos que justificaron la concesión.
3. En todo caso, se procederá a la revisión de la concesión cuando se produzcan circunstancias excepcionales que lo motiven como la desaparición del centro docente o la pérdida de vigencia o de la finalidad por la que le fue concedido el distintivo o cualquier otra que pueda motivarlo. Dicha revisión se realizará por el mismo procedimiento que motivó su concesión.
4. La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, previo informe de la Comisión evaluadora, que, en todo caso, recabará al centro docente las alegaciones que considere oportunas, y en Resolución motivada dictada al efecto, podrá cancelar el derecho al uso del distintivo «SELLO VIDA SALUDABLE» como consecuencia del incumplimiento de las condiciones que fundamentaron su otorgamiento o de las circunstancias excepcionales señaladas.
Artículo 8. Registro informativo.
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades mantendrá actualizada y disponible información completa sobre las concesiones vigentes del distintivo «SELLO VIDA SALUDABLE» y tomará las medidas adecuadas para su registro, custodia y difusión.
La presente norma se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española.
Se autoriza a la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades a dictar las resoluciones necesarias para la ejecución y desarrollo de esta orden.
Madrid, 19 de noviembre de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo.
Fecha de disposición: 19/11/2015
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-12886).

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RESUMEN DE LA NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA - PDF
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María Pilar Navarro Espejo
1 RESUMEN DE LA NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Artículo 1. Definición 1.1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la Universidad de Castilla-La Mancha de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en esta u otra universidad, son computados en otra distinta a efectos de la obtención de un título oficial La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado o de Máster. Capítulo I. Reconocimiento de créditos Artículo 2. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de Grado 2.1. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA: Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. Dichos créditos podrán ser reconocidos en el Grado de destino, bien por materias de Formación Básica, o bien por otras materias de tipo optativo RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE MATERIAS NO CONTEMPLADAS COMO FORMACIÓN BÁSICA Serán reconocidas en el Grado de destino todas las materias cursadas que presenten un grado de similitud en competencias, contenidos y cantidad de, al menos, un 60 %. En todos los casos, el reconocimiento se llevará a cabo por asignaturas completas, nunca de modo parcial. 2.3 RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS. Podrán reconocerse los créditos superados por prácticas cuando su extensión sea igual o superior a la exigida en la titulación y cuando su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas, a juicio de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del título correspondiente. En todo caso, sólo podrán ser reconocidas las prácticas cuando en el correspondiente plan de estudios del Grado de destino figuren Prácticas Externas con carácter obligatorio u optativo. Artículo 3. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de grado y títulos del sistema universitario anterior al RD 1393/ RECONOCIMIENTO POR ADAPTACIÓN DE LAS ANTIGUAS LICENCIATURAS DE LA UCLM A LOS NUEVOS GRADOS CORRESPONDIENTES. En caso de extinción de una titulación en la Universidad de Castilla-La Mancha por implantación de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al nuevo plan de 1
2 estudios implicará el reconocimiento de los créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado. Cada titulación tiene previsto un modelo de adaptación de la antigua licenciatura al Grado correspondiente. Las materias o asignaturas superadas en un plan antiguo de la Universidad de Castilla-La Mancha que no tengan equivalencia con alguna de las del nuevo grado, se incorporarán en el expediente académico del alumno como créditos genéricos de carácter optativo. Si en el proceso de adaptación se completara toda la optatividad requerida, los créditos restantes se pasarán al expediente con el carácter de transferidos RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ENTRE ESTUDIOS DIFERENTES. En el caso de estudios correspondientes a titulaciones del sistema universitario anterior al RD 1393/2007 diferentes al Grado al que se desea acceder, se procederá al reconocimiento de aquellas materias que, a criterio de la Comisión de Reconocimiento de créditos del Centro, presenten un grado de similitud en competencias, contenidos y cantidad de, al menos, un 60 % con respecto a los módulos, materias y asignaturas de la titulación destino. Artículo 5. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias Se podrán reconocer hasta 6 créditos por la participación de los estudiantes en las actividades especificadas en el art i) de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, de acuerdo con la normativa que al efecto estableció la Universidad por acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2011 para el reconocimiento de créditos en estudio de grado por la participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación en la UCLM. El número de créditos reconocidos por estas actividades se computarán entre los créditos optativos exigidos en el correspondiente plan de estudios. Artículo 6. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario 6.1. ACCESO AL MÁSTER DESDE LOS TÍTULOS DE LICENCIADO, ARQUITECTO E INGENIERO. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de Máster Universitario podrán obtener reconocimiento de créditos por materias previamente cursadas, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del Máster Universitario ACCESO AL MÁSTER DESDE PROGRAMAS OFICIALES DE DOCTORADO Y DE POSGRADO ANTERIORES, O DESDE OTROS ESTUDIOS DE MÁSTER Igualmente, entre enseñanzas de Máster Universitario, sean de la fase docente de Programas de Doctorado regulados por el Real Decreto 778/1998, de Programas Oficiales de Postgrado desarrollados al amparo del Real Decreto 56/2005, o de títulos de Máster desarrollados al amparo del Real Decreto 1393/2007, serán objeto de reconocimiento las materias cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos 2
3 asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster que se curse en el momento de la solicitud ACCESO AL MÁSTER DESDE OTROS TÍTULOS OFICIALES DE MÁSTER DE CARÁCTER PROFESIONAL En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas en España, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. Artículo 7. Reconocimiento de estudios superiores no universitarios en las titulaciones oficiales de Grado Podrán ser reconocidos en titulaciones oficiales de grado estudios cursados en enseñanzas artísticas superiores, en la formación profesional de grado superior, en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y en las enseñanzas deportivas de grado superior. Únicamente serán objeto de reconocimiento aquellas materias acordadas entre la Universidad y la Comunidad Autónoma. En cualquier caso, el número máximo de créditos que se podrán reconocer en una titulación de grado por estudios superiores no universitarios será de 54. Artículo 7. Bis. Reconocimiento de créditos por experiencia profesional o laboral y enseñanzas universitarias no oficiales La experiencia profesional o laboral debidamente acreditada, podrá ser reconocida en forma de créditos, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. El reconocimiento se aplicará preferentemente en los créditos de prácticas externas (practicum) que contemple el plan de estudios o, en su caso, en materias de contenido eminentemente práctico (más del 50 % de los créditos de la materia). 7. Bis.1. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA LABORAL DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR EL ESTUDIANTE: Solicitud de reconocimiento de créditos en el formato oficial que habilite la Universidad. Certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social. Certificado de la empresa o empresas en las que haya desarrollado la actividad susceptible de reconocimiento en el que el Director de Recursos Humanos o persona que ocupe un puesto de similar responsabilidad certifique las funciones realizadas por el trabajador. En el caso de trabajadores autónomos, no será necesario la aportación de dicho documento, aunque la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos del Centro podrá requerir la documentación complementaria que considere oportuna. 3
4 Memoria realizada por el estudiante en la que explique las tareas desarrolladas en los distintos puestos que ha ocupado y en las que, en su opinión, le han permitido obtener algunas de las competencias inherentes al título en el que se desea obtener el reconocimiento académico. ACTUACIÓN DE LAS COMISIONES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS CENTROS A la vista de la documentación presentada por el estudiante, podrán acordar realizar una entrevista personal, o bien realizar una prueba de carácter objetivo para valorar las competencias que declara poseer el estudiante. Cuando el reconocimiento de créditos se pretenda aplicar sobre una asignatura que no sean las prácticas externas o que no tenga un carácter práctico, la Comisión de Reconocimiento de Créditos del Centro, si estima que podría ser reconocible, deberá elaborar un informe y remitir la solicitud junto con la documentación aportada por el estudiante a la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos de la Universidad, que será el órgano responsable de resolver el reconocimiento de créditos de asignaturas por la acreditación de experiencia profesional. 7. Bis. 2. Podrán ser objeto de RECONOCIMIENTO LOS CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS NO OFICIALES conducentes a la obtención de los títulos referidos en el art de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. A estos efectos serán reconocibles en las enseñanzas oficiales los créditos obtenidos en estudios universitarios no oficiales 7 Bis.3. EL NÚMERO DE CRÉDITOS OBJETO DE RECONOCIMIENTO por experiencia profesional o laboral y enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento de los créditos totales que constituyen el plan de estudios. Artículo 8. Estudios extranjeros 8.1. Para los estudiantes que soliciten el reconocimiento de los créditos por haber cursado estudios universitarios en el extranjero, se mantiene el régimen establecido por el RD 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a los preceptos contenidos en la presente normativa. Artículo 9.- Estudios interuniversitarios y programas de movilidad En las enseñanzas que se organicen de forma conjunta con otras Universidades españolas o extranjeras, y en los programas de movilidad se estará, en lo concerniente al reconocimiento de créditos, a lo dispuesto en los correspondientes convenios y a los protocolos establecidos por la Universidad de Castilla-La Mancha. 4
5 Capítulo II. Transferencia de Créditos Artículo 10: Definición CRÉDITOS TRANSFERIDOS. Todos los créditos superados por un alumno en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad al Grado que hayan sido reconocidos, pero que no han computado para la obtención del título oficial, figurarán en su expediente académico como créditos transferidos. La transferencia de créditos requiere la previa aceptación del estudiante en las enseñanzas correspondientes. Artículo 11. Procedimiento El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al Sr. Decano/Director del respectivo Centro, o en su caso, al Coordinador del Máster Universitario Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido superados en otro centro universitario, la acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial por traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho centro. Capítulo III. Órganos competentes de Resolución, plazos y procedimiento, e incorporación al expediente de los estudiantes el reconocimiento y la transferencia de créditos Artículo 12. Órganos competentes para la resolución de reconocimiento de créditos en Títulos de Grado y Máster Será responsable de la resolución de las solicitudes de reconocimiento la COMISIÓN RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DEL CENTRO Asimismo se constituirá la COMISIÓN DE REFORMA DE TÍTULOS, PLANES DE ESTUDIO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD para coordinar y velar por el proceso de cumplimiento de la presente normativa. NOTA: Pueden consultarse las atribuciones de cada comisión en el documento completo de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la UCLM, en los puntos 12.1 y Artículo 13. Plazos y procedimientos Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado en la Unidad de Gestión Administrativa del Campus (UGAC) en los plazos establecidos anualmente. Los solicitantes deberán aportar la certificación académica, así como el plan de estudios de origen y el programa de todas las asignaturas de las que se solicite el reconocimiento, con indicación de las competencias adquiridas. 5
6 Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas y superadas, en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas. Aquellos estudiantes solicitantes de transferencia de créditos que hayan cursado sus enseñanzas en una Universidad distinta de la UCLM deberán aportar los documentos oficiales requeridos para hacer efectiva la incorporación de la información a su expediente académico. Artículo 14. Incorporación al expediente del reconocimiento y la transferencia de créditos Los créditos reconocidos se incorporarán al nuevo expediente del estudiante con el literal, la tipología, el número de créditos y la calificación obtenida en el expediente de origen, con indicación de la Universidad en la que se cursaron (Asignatura cursada en la titulación T, Universidad U). Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título. El reconocimiento de créditos en estudios de Grado o Máster por enseñanzas universitarias no oficiales, por enseñanzas superiores no universitarias o por experiencia profesional o laboral, previo abono del precio público correspondiente, se incorporará sin calificación, por lo que no computará a efectos de baremación del expediente. 6
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