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Decreto 1361/1994. Boletín Oficial n° 27.954, martes 16 de agosto de 1994, pp. .
Citas Legales : Ley 24.156, Decreto 02666/1992, Decreto 00253/1993, Ley 24.156 - artículo 136, Decreto 02666/1992 - anexo - artículo 06, Decreto 02666/1992 - anexo - artículo 22, Decreto 02666/1992 - anexo - artículo 25 - punto 3.1., Decreto 01823/1991, Decreto 02666/1992 - anexo - artículo 31, Ley 24.156 - artículo 049, Decreto 02485/1993, Ley 24.156 - artículo 056, Decreto 08586/1947, Decreto 07580/1962, Decreto 05476/1965, Decreto 06190/1965, Decreto 01889/1992, Ley 23.660 - artículo 01 inciso b), Ley 23.660 - artículo 01 inciso c), Ley 23.660 - artículo 01 inciso g), Decreto 02661/1992, Ley 24.156 - artículo 083, Ley 24.156 - artículo 008 inciso b), Ley 24.156 - artículo 093, Ley 24.156 - artículo 099 - punto 2.4., Decreto 00253/1993
(Nota: artículo 84 derogado por Decreto 338/05 . Derogado por Decreto 1344/07 ).
BUENOS AIRES, 5 AGOSTO 1994
VISTO la Ley 24.156 y,
Que los Decretos Nº 2.666 de fecha 29 de diciembre de 1992 y Nº 253 de fecha 18 de febrero de 1993 aprobaron los reglamentos parciales Nº 1 y Nº 2.
Que resulta necesario complementar las citadas medidas para aquellos otros artículos de la Ley 24.156 que deben reglamentarse de acuerdo con lo dispuesto por su artículo 136.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 86, inciso 2º, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Reglamento Parcial Nº 3 de la Ley Nº 24.156 según el detalle anexo que forma parte del presente artículo.
Citas legales: Ley 23.660
Decreto 2666/92
REGLAMENTO PARCIAL Nº 3
ARTÍCULO 6º.- Agrégase a la reglamentación del art. 6º aprobada por el decreto Nº 2.666 de fecha 29 de diciembre de 1992, como punto 5, lo siguiente:
"5.- Los titulares de los SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS serán responsables de la elaboración de la rendición centralizada de cuentas del ámbito de su competencia, de acuerdo con las normas, procedimientos y plazos que determine la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, incorporando los estados financieros y toda otra información que permita verificar el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados. La mencionada rendición y los documentos de respaldo de la misma quedaran archivados en el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO respectivo, ordenados de forma tal que faciliten la realización de las auditorías que correspondan".
ARTÍCULO 9º.- Los créditos presupuestarios de la Administración Central para atender las erogaciones de la deuda pública se incluirán en la jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública y aquellos otros gastos originados por los compromisos asumidos por el Tesoro Nacional y que por sus características específicas no puedan asignarse a las jurisdicciones indicadas en la Ley, se consignarán en la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro.
ARTÍCULO 15.- Las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional que inicien la contratación de obras y/o la adquisición de bienes y servicios cuyo devengamiento se verifique en más de un ejercicio financiero, deberán remitir a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, en ocasión de presentar sus ante proyectos de presupuesto, la información que, contendrá como mínimo, el monto total del gasto, su incidencia en cada ejercicio fiscal, el cronograma de financiamiento y el de su ejecución física.
La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO evaluará la documentación recibida -compatibilizando el requerimiento de ejercicios futuros con las proyecciones presupuestarias que se realicen para los ejercicios fiscales correspondientes. Para proyectos de inversión, previo a su consideración, recabará la intervención de la SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA con el objeto de contar con el respectivo informe técnico que justifique su realización.
La SECRETARÍA DE HACIENDA incluirá en el proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional y en los respectivos proyectos de presupuestos de las empresas y sociedades del Estado, el detalle de cada una de las contrataciones de obras y/o adquisición de bienes y servicios a que se refiere el artículo 15 de la Ley, con la información requerida por el citado artículo.
Quedan excluidas de las disposiciones del artículo de la Ley los gastos en personal, las transferencias a personas cuyo régimen de liquidación y pago sea asimilable a gastos en personal, contratos de locación de inmuebles, servicios y suministros cuando su contratación por más de un ejercicio sea necesaria para obtener ventajas económicas, asegurar la regularidad de los servicios y obtener colaboraciones intelectuales y técnicas especiales. Asimismo quedan exceptuadas aquellas contrataciones de obras y/o adquisiciones de bienes y servicios cuyo monto total no supere la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000).
La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN llevará un registro referido a las operaciones aprobadas, que contenga, como mínimo, el monto total contratado, los importes comprometidos y devengados anualmente y los saldos correspondientes a los ejercicios siguientes, los cuales deberán incluirse en las categorías programáticas y en las partidas por objeto del gasto correspondientes, en los presupuestos del ejercicio respectivo.
ARTÍCULO 22.- Agrégase a la reglamentación del artículo 22, aprobada por el Decreto Nº 2.666 de fecha 29/12/92, lo siguiente:
"Tanto para la Administración Central como para los Organismos Descentralizados, las contrataciones y/o adquisición de bienes o servicios cuyo devengamiento se produzca en su totalidad en un solo ejercicio y su financiación se obtenga a través del uso del crédito, deberá incluirse en el respectivo presupuesto del ejercicio el gasto total de la operación y la respectiva fuente de financiamiento como recurso".
ARTÍCULO 25.- Agrégase al punto 3.1. de la reglamentación del art. 25, aprobada por el decreto Nº 2.666/92, lo siguiente:
"Asimismo incluirá los presupuestos de gastos de las jurisdicciones 90 - Servicio de la Deuda Pública y 91 - Obligaciones a cargo del tesoro".
ARTÍCULO 34.- Las jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, remitirán a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO con las características, plazos y metodología que esta determine, la programación anual de los compromisos y del devengado mandado a pagar.
La SECRETARÍA DE HACIENDA definirá las cuotas conforme a las posibilidades de financiamiento y comunicará los niveles aprobados a las jurisdicciones y entidades, pudiendo, en función de variaciones no previstas en el flujo de recursos, modificar sus montos.
Asimismo establecerá los procedimientos a utilizar con los saldos sobrantes de las cuotas establecidas.
Derógase el Decreto 1.823/91.
ARTÍCULO 44.- Las unidades de presupuesto de cada Jurisdicción o Entidad centralizarán la información sobre la ejecución física de sus respectivos presupuestos. Para ello deberán:
1.- Determinar, en colaboración con las unidades responsables de la ejecución de cada una de la categorías programáticas, las unidades de medida para cuantificar la producción terminal e intermedia, respetando las normas técnicas que al efecto emita la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO.
2.- Apoyar la creación y operación de centros de medición en las unidades responsables de la ejecución de las categorías programáticas que se juzguen relevantes y cuya producción sea de un volumen o especificidad que haga conveniente su medición. La máxima autoridad de cada una de las unidades seleccionadas será responsable por la operación y los datos que suministren dichos centros.
3.- Informar trimestralmente la ejecución física de sus respectivos presupuestos a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, en los plazos que ésta determine.
1.- La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dispondrá de un máximo de treinta (30) días corridos, a partir de la información trimestral al que alude el punto 3 del art. anterior, para preparar sus propios informes de evaluación sobre la ejecución de los presupuestos y efectuar las recomendaciones a las autoridades superiores y a los responsables de las unidades afectadas, en los términos de la Ley.
2.- La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO deberá exponer en los informes y recomendaciones, su opinión técnica respecto de la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia operacional, teniendo en cuenta los resultados físicos y económicos obtenidos y los efectos producidos por los mismos para cada jurisdicción u Organismo Descentralizado.
3.- Si la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO detectara desvíos significativos, ya sea entre lo programado y lo ejecutado o entre los aspectos físicos y financieros de la ejecución, deberá comunicarlos en forma inmediata a sus superiores jerárquicos, sin esperar los plazos establecidos para la preparación del informe trimestral.
4.- Al cierre de cada ejercicio, y sin perjuicio del informe señalado en el punto 1, la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO preparará un resumen anual sobre el cumplimiento de las metas para cada jurisdicción o Entidad incorporando los comentarios sobre las medidas correctivas adoptadas durante el ejercicio y los resultados de las mismas. Este informe será enviado, antes del 30 de abril del año posterior al que se evalúa, a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para su incorporación a los comentarios de la Cuenta de Inversión, en los términos del art. 95 in fine de la Ley.
ARTÍCULO 46.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 47.- Los conceptos establecidos en el artículo 31 del Reglamento Parcial Nº 1 de la Ley, aprobado por el decreto 2.666/92, serán de aplicación para la utilización del momento del devengado como base contable, para los proyectos de presupuesto de financiamiento y de gastos.
ARTÍCULO 48.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 49.- Delégase en el MINISTRO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS la aprobación de los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado, a que se refiere el artículo 49 de la Ley.
Para la aprobación de los presupuestos dentro del plazo señalado en la Ley, la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO deberá preparar el informe de los proyectos recibidos, así como las estimaciones presupuestarias de oficio, antes del 30 de noviembre del año anterior al que regirán.
Derógase el Decreto 2485/93.
ARTÍCULO 50.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 51.- La publicación a que se refiere la Ley contendrá como mínimo: a) Plan de acción, programas y principales metas; b) Cuenta de ahorro - Inversión - Financiamiento; c) Plan de Inversiones; d) Presupuesto de caja; e) Recursos Humanos.
ARTÍCULO 52.- Los regímenes de modificaciones presupuestarias que deben elaborar las empresas y sociedades del Estado determinarán distintos niveles de aprobación, según la importancia y los efectos de las modificaciones a efectuar y señalarán claramente el organismo o autoridad responsable de cada uno de esos niveles.
Normarán también, los procedimientos a seguir para la comunicación fehaciente a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO de las modificaciones que efectúe la propia empresa. Las modificaciones reservadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL serán aprobadas por el Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 53.- A la finalización de cada ejercicio, las empresa y sociedades del estado informarán a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, en la fecha que ésta establezca sobre el cierre de las cuentas de sus presupuestos y toda otra información que ésta determine.
ARTÍCULO 54.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 55.- La información sobre las transacciones netas que realiza el SECTOR PÚBLICO NACIONAL con el resto de la economía, requerirá la eliminación de las que realicen entre sí las Jurisdicciones, Organismos Descentralizados y Empresas y Sociedades del Estado que conforman dicho sector y que no tengan relación con la actividad operativa de estas instituciones.
Con relación a los acápites de la Ley, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:
a) Las informaciones que sirvan de apoyo para el análisis económico contendrán, como mínimo, lo siguiente:
1) Nivel de ingresos y gastos
2) Composición del gasto
3) Presión tributaria
5) Transferencias corrientes a otorgar y a recibir
6) Ahorro
7) Formación bruta y neta del capital real fijo
8) Inversión indirecta por transferencia de capital a entes ajenos al sector
9) Déficit o superávit financiero
10) Necesidad de financiamiento y medios previstos para cubrirla y la variación del endeudamiento neto interno y externo.
b) La referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución, tomará en cuenta los montos y la significación de los mismos para el desarrollo económico y social del país.
c) La información de la producción y de los recursos humanos a utilizar, comprenderá un resumen de todos los programas aprobados para la ADMINISTRACIÓN NACIONAL y la Empresas y Sociedades del Estado y deberá indicar como mínimo, las relaciones existentes entre el personal, recursos financieros y la producción, mostrando, en la medida en que se desarrollen los sistemas de información, la evolución de los indicadores señalados.
ARTÍCULO 56.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley no se considerarán gastos operativos los destinados a ejecutar programas de asistencia técnica financiados por organismos multilaterales de crédito.
ARTÍCULO 57.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 58.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 59.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 61.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 62.- La SECRETARÍA DE HACIENDA establecerá para cada ejercicio financiero el límite de endeudamiento de cada una de las empresas y sociedades del Estado. Para ello tendrá en cuenta:
1.- Importe y perfil de la deuda ya contraída.
2.- Importe y perfil de nuevas obligaciones a contraer.
3.- En los casos anteriores deberá incluirse, de corresponder, la deuda contingente de la empresa o sociedad del Estado.
4.- El estado patrimonial de la empresa o sociedad del Estado al momento de contraer la obligación.
5.- El estado de origen y aplicación de fondos proyectado para el período de duración del endeudamiento.
ARTÍCULO 63.- En el caso de operaciones de crédito público contraídas por entidades de la Administración Nacional, el aval de la Administración Central que se requiera con relación a las mismas, se considerará autorizado siempre que aquellas operaciones se encuentren aprobadas en la respectiva Ley de Presupuesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley. La SECRETARÍA DE HACIENDA podrá avalar operaciones de crédito realizadas por organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado, que se cancelen dentro del ejercicio presupuestario.
ARTÍCULO 64.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 65.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 66.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 67.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 68.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 69.- Además de las funciones asignadas por la Ley, la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO tendrá competencia para:
g) Establecer las normas e instructivos para el seguimiento, información y control del uso de los préstamos.
Los entes emisores o contratantes de deuda pública directa o indirecta deberán comunicar a la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO toda solicitud de desembolso dentro de los tres (3) días desde la fecha de su presentación. Una vez percibido el o los desembolsos resultantes, los entes entregarán a la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO, dentro de los tres (3) días de producido el hecho, la documentación de respaldo a efectos de su registro y control por parte de aquella.
h) Organizar y mantener actualizado el registro de las operaciones de crédito público, para lo cual todas las jurisdicciones y entidades del sector público nacional no financiero deberán atender los requerimientos de información relacionados con el mencionado registro, en los plazos determinados en este reglamento o los que estipule para cada caso la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO.
Las entidades públicas y organizaciones privadas cuyas obligaciones se encuentren avaladas por la Administración Central, que atiendan el servicio de su deuda con recursos propios, deberán informar a la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO dentro de los tres (3) días, las fechas del efectivo pago del mencionado servicio, adjuntando la documentación respaldatoria.
Cuando el pago de la obligación contraída se efectúe a través de cuentas bancarias que las entidades públicas posean en el exterior, o se descuenten directamente de la Cuenta del Préstamo, deberán informar sobre dichas operaciones a la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO, acompañando la documentación pertinente dentro de un plazo máximo de siete (7) días posteriores a la efectivización de la operación.
La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO, dictará las normas específicas y mecanismos de uso obligatorio, relacionadas con el registro de la deuda pública directa y de aquella garantizada por la administración central, dentro de los procedimientos que a tal efecto dicte la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para su integración a los sistemas de contabilidad gubernamental y unidad de registro de crédito público, respectivamente, y dentro del marco del Sistema Integrado de Información Financiera.
y) Realizar las estimaciones y proyecciones del servicio de la deuda pública y de los desembolsos correspondientes a cada operación de crédito público, suministrando la información pertinente a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO y a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN con las características y en los plazos que determine la SECRETARÍA DE HACIENDA.
ARTÍCULO 70.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 71.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 72.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 73.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 74.- Dentro de las competencias determinadas por los incisos d), f), g), h), y k), del artículo de la Ley, la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN podrá:
d) Requerir a cada uno de los Organismos Descentralizados la información que estime conveniente para conformar, con la debida antelación los presupuestos de caja de cada uno de ellos. En base a la misma y a las disponibilidades de fondos existentes dará curso a las órdenes de pago que se emitan con cargo a los créditos presupuestarios destinados al financiamiento de los ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.
f) Los desequilibrios transitorios de caja podrán ser atendidos por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN a través de la emisión de letras del Tesoro cuyo vencimiento de rescate se opere dentro del ejercicio financiero de su emisión.
Los registros contables de la utilización y devolución del medio de financiamiento referido en el párrafo anterior se efectuarán en cuentas que reflejen el movimiento de fondos y no deberán reflejarse en la ejecución del cálculo de recursos y del presupuesto de gastos, respectivamente. La SECRETARÍA DE HACIENDA dictará las normas complementarias correspondientes.
g) Verificar que las tesorerías jurisdiccionales apliquen los procedimientos y normas referidos a los mecanismos de información establecidos y los que se dicten en el futuro.
h) Determinar los distintos rubros que integrarán el presupuesto anual de caja del sector público como así también los subperíodos en que se desagregará, para lo cual se requerirá a los entes involucrados los datos necesarios a tal fin. Los informes de ejecución que elabore serán elevados para conocimiento de la SECRETARÍA DE HACIENDA.
k) La custodia de títulos y valores a que se refiere la Ley implicará para la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN la obligación de cumplir las disposiciones legales y principios que rigen en la materia.
ARTÍCULO 75.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 76.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 77.- Las dependencias del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS que tengan a su cargo la percepción de recursos de rentas generales, efectuarán su ingreso directamente a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
Los importes recaudados o recibidos correspondientes a recursos con afectación específica de las distintas jurisdicciones de la Administración Central, quedarán en poder de la Tesorería Central de la jurisdicción respectiva, salvo disposición legal en contrario, en cuyo caso se ingresarán a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dentro del primer día hábil posterior a su recepción.
Todos los recursos propios de los organismos descentralizados, salvo disposición legal en contrario, quedarán en poder de sus respectivas tesorerías centrales, depositados en cuentas corrientes bancarias a su orden, donde deberán ser ingresados el mismo día de su recepción o dentro del primer día hábil posterior.
ARTÍCULO 78.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 79.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 80.- Mantiénese en vigencia el Sistema de Fondo Unificado establecido por el decreto Nº 8.586/47, modificado y complementado por los decretos Nº 7.580/62, 5476/65, 6190/65 y 1889/92.
A los efectos de la integración del Sistema de Fondo Unificado se considerarán como instituciones de seguridad social a todos los organismos públicos nacionales de previsión social y sus dependencias, las obras sociales a que se refieren los incisos b), c) y g) del artículo 1º de la Ley Nº 23.660, como así también toda otra institución pública nacional que tenga como objetivo principal la atención de la asistencia y seguridad social.
ARTÍCULO 81.- Se considera reglamentado por el Decreto Nº 2.661 de fecha 29 de diciembre de 1992.
ARTÍCULO 82.- Los gastos que se originen en la emisión de letras del Tesoro a que alude la Ley, como así también los intereses que las mismas devenguen deberán ser imputados a los créditos presupuestarios previstos en la jurisdicción 90 - Servicio de la deuda Pública en las oportunidades en que aquellos se liquiden a través de las respectivas órdenes de pago.
ARTÍCULO 83.- El Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional determinará para cada ejercicio con indicación del monto y del organismo descentralizado respectivo, el límite de endeudamiento temporario a que alude el artículo 83 de la Ley.
La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en base a la información a que se refiere el acápite d) del art. 74 de este reglamento y lo expresado en párrafo anterior, prestará, cuando así lo considere oportuno, la conformidad previa mencionada en el art. de la Ley.
ARTÍCULO 84.- La SECRETARÍA DE HACIENDA procederá a notificar y posteriormente a disponer el cierre de aquéllas cuentas bancarias correspondientes a las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional que no hayan tenido movimiento originado en el titular de la cuenta durante UN (1) año y a transferir a las cuentas de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN las sumas acreditadas en las cuentas oficiales de los responsables cuando éstas se mantengan sin aplicación durante dicho lapso, siendo obligatorio para los bancos dar cumplimiento a las transferencias así ordenadas.
ARTÍCULO 85.- El sistema de Contabilidad Gubernamental se organizará institucionalmente de la siguiente forma:
a) Unidades de registro primario de la Administración Central, que operarán como centros periféricos del sistema. Estos centros serán unidades administrativas correspondientes a los organismos recaudadores, a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO y a los Servicios Administrativo Financieros Jurisdiccionales.
b) Centros de Contabilidad de los Organismos Descentralizados.
c) CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en su calidad de órgano rector del sistema.
ARTÍCULO 86.- El sistema de contabilidad gubernamental registrará las transacciones de acuerdo con los siguientes lineamientos:
1) Las operaciones se registrarán una sola vez en el sistema y a partir de este registro único se deberán obtener todas las salidas básicas de información financiera que produzca la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, sean ellas de tipo presupuestario, patrimonial o económico, a nivel de la Administración Central, de cada una de las Entidades y de la Administración Nacional.
2) Los asientos de la contabilidad general de la Administración Central, Entidades y Empresas y Sociedades del Estado, se registrarán en cuentas patrimoniales y de resultado, en el marco de la teoría contable y según los principios de contabilidad generalmente aceptados, utilizando los planes de cuentas que determine la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y que serán de uso obligatorio.
3) Los aspectos legales del soporte documental de los actos administrativo-financieros de la Administración Nacional, estarán a cargo del órgano de control interno del PODER EJECUTIVO NACIONAL y de acuerdo con las normas y procedimientos que el mismo establezca.
ARTÍCULO 87.- Dentro de las características generales que el artículo 87 de la Ley asigna al sistema de contabilidad gubernamental, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1) Las Unidades de Registro primario, en el marco de su competencia, deberán mostrar permanentemente la evolución y situación de:
- La ejecución presupuestaria de recursos y gastos.
- El inventario de bienes físicos y la identificación de los responsables de la administración y custodia de éstos.
- Los movimientos de fondos y los responsables de su administración y custodia.
2) Los Centros de Contabilidad de los Organismos Descentralizados operarán los sistemas contables de éstos y producirán los estados que determine la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y que remitirán a la misma en la oportunidad y forma que se determine.
3) Las Empresas y Sociedades del Estado desarrollarán sus propios sistemas de contabilidad de acuerdo con los criterios generales que, en el marco de los principios de contabilidad generalmente aceptados fije la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y los que la legislación vigente imponga para las entidades referidas en el inciso b) del artículo 8º de la Ley; siendo responsables de elaborar y remitir los estados financieros a la unidad central del sistema en la oportunidad y la forma que la misma determine.
4) La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN procesará los datos y estados de los Servicios Administrativo Financieros de las jurisdicciones y registrará las operaciones contables complementarias y de ajustes necesarias para elaborar los estados contables de la Administración Central y consolidará la información necesaria para generar los estados de ejecución presupuestaria y el esquema de Ahorro, Inversión y Financiamiento de la Administración Nacional.
5) La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN producirá como mínimo los siguientes estados contables financieros:
- Estado de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Administración Nacional.
- Balance de sumas y saldos de la Administración Central.
- Estado de recursos y gastos corrientes de la Administración Central.
- Estado de origen y aplicación de fondos de la Administración Central.
- Balance general de la Administración Central que integre los patrimonios netos de los Organismos Descentralizados y Empresas y Sociedades del Estado.
- Cuenta de Ahorro - Inversión - Financiamiento de la Administración Nacional.
- Cuenta de Ahorro - Inversión - Financiamiento del Sector Público no Financiero.
ARTÍCULO 88.- La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en su condición de órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental además de lo dispuesto por la Ley deberá:
1) Diseñar y administrar el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Administración Nacional y de las Empresas y Sociedades del Estado.
2) Coordinar el diseño de las bases de datos de los sistemas que utilicen las jurisdicciones, entidades y empresas y sociedades del Estado para la administración de la información financiera a que se refiere la Ley.
3) Mantener actualizados los planes de cuenta de la contabilidad general del Sector Público Nacional, debidamente armonizados con los clasificadores presupuestarios en uso.
4) Asegurar la confiabilidad de la información que las distintas unidades de registro ingresen a las bases de datos referidas en los puntos anteriores, como así también los procedimientos contables utilizados por aquellas, efectuando las recomendaciones e indicaciones que estime adecuadas para su desarrollo.
5) Dictar las normas y establecer los procedimientos apropiados para que la contabilidad gubernamental cumpla con los fines establecidos en la Ley, e impartir las instrucciones para su efectivo cumplimiento.
6) Determinar las formalidades, características y metodologías de los registros que deberán habilitar las unidades de registro primario.
7) Conformar los sistemas contables que en el marco de su competencia desarrollen los Organismos Descentralizados.
ARTÍCULO 89.- El Contador General y el Subcontador General serán, personal y funcionalmente responsables, por la exactitud y claridad de los estados contables que elabore la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en el marco de lo dispuesto por la Ley y su reglamentación.
ARTÍCULO 90.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 91.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 92.- Los organismos descentralizados, incluido las instituciones de seguridad social, y las empresas y sociedades del Estado, deberán enviar con anterioridad al 30 de abril de cada año, los estados contables y la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio financiero concluido, de acuerdo con las instrucciones que al respecto establezca la SECRETARÍA DE HACIENDA.
Las instituciones financieras deberán dar cumplimiento a las disposiciones que para el caso emita la Superintendencia de Bancos.
ARTÍCULO 93.- En al marco de la Ley, se entenderá por compensación intergubernamental, la que se efectúe entre las jurisdicciones de la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Empresas y Sociedades del Estado, de acuerdo con la definición del artículo 8º de la Ley.
Autorízase a la SECRETARÍA DE HACIENDA a proponer y acordar compensaciones , conciliaciones, transacciones o reconocimientos de los saldos netos resultantes y toda otra operación que propenda a la obtención de los resultados previstos en el artículo 93 de la Ley, determinando asimismo la forma de cancelación de los montos que resultaren incluidos en la compensación.
Las partes involucradas deberán remitir a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en las condiciones y plazos que determine, el monto de los débitos y créditos líquidos y exigibles. Autorízase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a instrumentar los mecanismos contables y operativos para cumplimentar el régimen de compensación previsto y para efectuar las registraciones pertinentes en los estados contables a su cargo. Asimismo queda facultada para dictar las disposiciones técnicas necesarias para permitir que los estados contables de las entidades involucradas reflejen los resultados derivados de la aplicación del artículo 93 de la Ley.
ARTÍCULO 94.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 95.- Sin reglamentación.
ARTÍCULO 99.- Derógase el punto 2.4 de la reglamentación del artículo 99 de la Ley Nº 24.156, aprobado por el decreto 253/93.

matches:
artículo 136
artículo 06
artículo 22
artículo 25
artículo 31
artículo 049
artículo 056
artículo 01
artículo 01
artículo 01
artículo 083
artículo 008
artículo 093
artículo 099
artículo 84
artículo 136
artículo 86
ARTÍCULO 1
ARTÍCULO 6
ARTÍCULO 9
ARTÍCULO 15
artículo 15
ARTÍCULO 22
artículo 22
ARTÍCULO 25
ARTÍCULO 34
ARTÍCULO 44
in fine
ARTÍCULO 46
ARTÍCULO 47
artículo 31
ARTÍCULO 48
ARTÍCULO 49
artículo 49
ARTÍCULO 50
ARTÍCULO 51
ARTÍCULO 52
ARTÍCULO 53
ARTÍCULO 54
ARTÍCULO 55
ARTÍCULO 56
artículo 56
ARTÍCULO 57
ARTÍCULO 58
ARTÍCULO 59
ARTÍCULO 61
ARTÍCULO 62
ARTÍCULO 63
artículo 60
ARTÍCULO 64
ARTÍCULO 65
ARTÍCULO 66
ARTÍCULO 67
ARTÍCULO 68
ARTÍCULO 69
ARTÍCULO 70
ARTÍCULO 71
ARTÍCULO 72
ARTÍCULO 73
ARTÍCULO 74
ARTÍCULO 75
ARTÍCULO 76
ARTÍCULO 77
ARTÍCULO 78
ARTÍCULO 79
ARTÍCULO 80
artículo 1
ARTÍCULO 81
ARTÍCULO 82
ARTÍCULO 83
artículo 83
ARTÍCULO 84
ARTÍCULO 85
ARTÍCULO 86
ARTÍCULO 87
artículo 87
artículo 8
ARTÍCULO 88
ARTÍCULO 89
ARTÍCULO 90
ARTÍCULO 91
ARTÍCULO 92
ARTÍCULO 93
artículo 8
artículo 93
artículo 93
ARTÍCULO 94
ARTÍCULO 95
ARTÍCULO 99
artículo 99


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No sujeción al IVA de los servicios prestados por abogados y procuradores en el ámbito de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita – CDD
No sujeción al IVA de los servicios prestados por abogados y procuradores en el ámbito de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita
Autor José Antonio F. Pérez- Campoamor
Fecha 24 octubre, 2017
Consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (DGT) de 30 de junio de 2017, número V1706-17.
Los servicios de asistencia jurídica gratuita se han incluido entre las operaciones no sujetas al IVA (artículo 7.10º de la Ley 37/1992), hasta que la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 28 de julio de 2016, asunto C-543/14) determinó que la DGT procediera al cambio de criterio en consulta vinculante V0179-17 de 25 de enero de 2017. Estos servicios pasaban a considerarse sujetos y no exentos del IVA, siendo aplicable el tipo impositivo general del 21 por ciento.
No obstante lo anterior, la nueva regulación de la asistencia jurídica gratuita otorgada por la Ley 2/2017, de modificación de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, ha traído consigo que la DGT considere de nuevo, tal como ha expresado en su Consulta vinculante de 30 de junio de 2017, número V1706-17, que los servicios prestados por abogados y procuradores en el marco de esta Ley 1/1996, no estarán sujetos al IVA desde el 1 de enero de 2017.
En efecto, la citada Consulta vinculante V1706-17, que ya se encuentra publicada en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se pronuncia sobre la sujeción o no al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los servicios prestados por una abogado ejerciente adscrito al servicio de asistencia jurídica gratuita al amparo de lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (BOE de 12 de enero).
Pues bien, partiendo del artículo 7.10º de la Ley 37/1992, del IVA, que incluye entre las operaciones no sujetas a este impuesto a:
“Las prestaciones de servicios a título gratuito a que se refiere el artículo 12, número 3º de esta Ley que sean obligatorias para el sujeto pasivo en virtud de normas jurídicas o convenios colectivos, incluso los servicios telegráficos y telefónicos prestados en régimen de franquicia”.
En consecuencia, los servicios objetos de consulta no estarán sujetos al IVA cuando sean obligatorios para su prestador y se realicen a título gratuito, entendido que se cumple este último requisito cuando el consultante no perciba cantidad alguna como contraprestación de sus servicios profesionales.
En este sentido, la doctrina de la DGT estaba recogida en la contestación a la consulta vinculante de 25 de enero de 2017, número V0179-17, donde se concluyó lo siguiente:
“4.- En consecuencia, la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal al supuesto planteado determina que esta Dirección General de Tributos deba proceder a cambiar el criterio mantenido hasta ahora respecto de la tributación de los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita al amparo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, puesto que tales servicios se encuentran sujetos y no exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido, siendo aplicable el tipo impositivo general del 21 por ciento.
En consecuencia, considerando que los servicios de asistencia jurídica prestados por los abogados o procuradores a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita son retribuidos no por dicho destinatario sino por un tercero, en este caso la Administración Pública competente, se llega a la conclusión del carácter oneroso de tales servicios, formando parte la base imponible de dicha prestación la retribución que perciban con cargo a fondos públicos por su intervención en el correspondiente procedimiento judicial.”
No obstante lo anterior, la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (BOE de 22 de junio), ha modificado, con efectos desde 1 de enero de 2017, la referida Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica. La nueva regulación de la asistencia jurídica gratuita se fundamenta en dos principios fundamentales: su carácter obligatorio para los profesionales, abogados y procuradores, que deban realizar la prestación para dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 119 de la Constitución, así como que esta prestación será realizada a título gratuito por los referidos profesionales.
Así, el carácter obligatorio del servicio profesional queda definido en la nueva redacción del artículo 1 de la Ley 1/1996, al disponer que “el servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los términos previstos en esta ley. Los Colegios profesionales podrán organizar el servicio y dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen.”.
Por su parte, el carácter gratuito de la operación para los profesionales obligados a su prestación queda reflejado en el artículo 22 de la Ley 1/1996 cuando establece que “los profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia gratuita, tendrán derecho a una compensación que tendrá carácter indemnizatorio.”
Asimismo, el artículo 30 de la Ley 1/1996 señala, en relación con el carácter indemnizatorio de la compensación que puedan percibir los abogados y procuradores, que:
“El importe de la indemnización se aplicará fundamentalmente a compensar las actuaciones profesionales previstas en los apartados 1 a 3 del artículo 6 de esta ley, cuando tengan por destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.”
En este sentido debe tenerse en cuenta que, aunque el artículo 78.Uno de la Ley 37/1992 del IVA establece que “la base imponible del Impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas”, el número 1º del apartado Tres del propio artículo 78 de la Ley del Impuesto dispone que no se incluirán en la base imponible:
“1º. Las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas de las contempladas en el apartado anterior que, por su naturaleza y función, no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto. (…).”
Por lo que respecta a la tributación de las indemnizaciones en el IVA, resultan de interés los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus Sentencias de 29 de febrero de 1996, asunto C-215/94, y de 18 de diciembre de 1997, asunto C-384/95.
En la Sentencia de 29 de febrero de 1996, asunto C-215/94 (Sentencia Mohr), el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la cuestión de si, a efectos de la Sexta Directiva, constituye una prestación de servicios el compromiso de abandonar la producción lechera que asume un agricultor en el marco de un Reglamento comunitario que establece una indemnización por el abandono definitivo de la producción lechera. El Tribunal de Justicia respondió negativamente a esta cuestión, al declarar que el IVA es un impuesto general sobre el consumo de bienes y servicios y que, en un caso como el que se le había sometido, no se daba ningún consumo en el sentido del sistema comunitario del IVA. Consideró el Tribunal de Justicia que, al indemnizar a los agricultores que se comprometen a abandonar su producción lechera, la Comunidad no adquiere bienes ni servicios en provecho propio, sino que actúa en el interés general de promover el adecuado funcionamiento del mercado lechero comunitario. En estas circunstancias, el compromiso del agricultor de abandonar la producción lechera no ofrece a la Comunidad ni a las autoridades nacionales competentes ninguna ventaja que pueda permitir considerarlas consumidores de un servicio y no constituye, por consiguiente, una prestación de servicios en el sentido del apartado 1 del artículo 6 de la Sexta Directiva.
En la Sentencia de 18 de diciembre de 1997, asunto C-384/95 (Sentencia Landboden), el Tribunal de Justicia señaló que, en contra de determinadas interpretaciones del citado razonamiento seguido por el Tribunal en la Sentencia Mohr, “tal razonamiento no excluye que un pago realizado por una autoridad pública en interés general pueda constituir la contrapartida de una prestación de servicios a efectos de la Sexta Directiva y tampoco supone que el concepto de prestación de servicios dependa del destino que dé al servicio el que paga por él. Únicamente debe tenerse en cuenta, para quedar sujeto al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, la naturaleza del compromiso asumido y este compromiso debe suponer un consumo” (punto 20 de la Sentencia).
Del sistema de asistencia jurídica gratuita, establecido por la nueva regulación de la Ley 1/1996, resulta que los abogados y procuradores que vayan a realizar sus prestaciones de servicios profesionales recibirán determinadas cantidades de los Colegios profesionales cuya finalidad es compensar con carácter indemnizatorio su actuación en el marco de la obligación contenida en la propia Ley 1/1996.
De todo lo dicho, la DGT concluye que estas cantidades no constituyen, por tanto, la contraprestación de operación alguna sujeta al IVA, declarando que, desde el 1 de enero de 2017, fecha de efectos de la nueva regulación del sistema de asistencia jurídica gratuita, los servicios presados por abogados y procuradores en el marco de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, no estarán sujetos al IVA.
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Tag:Asistencia jurídica gratuita, IVA, Ley 1/1996
José Antonio F. Pérez- Campoamor
Inspector de Hacienda del Estado y Director Académico del Máster en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional Online de CDD Business School
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artículo 7
artículo 12
artículo 119
artículo 1
artículo 22
artículo 30
artículo 6
artículo 78
artículo 78
artículo 6


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Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz: noviembre 2016
La Ley N° 30446 cambia la denominación de los centros de exportación, transformación, industria, comercialización y servicios (CETICOS), por la de Zonas Especiales de Desarrollo (ZED), declarando de interés nacional su funcionamiento, estableciendo medidas destinadas a promover las inversiones, fomentar el empleo, contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible y promover la competitividad en innovación en las regiones donde se ubican, con la eliminación de sobrecostos, simplificación del flujo comercial de bienes y servicios en estas Zonas.
Asimismo, la precitada Ley N° 30446 amplía hasta el 31 de Diciembre de 2042, el plazo de vigencia de los beneficios, exoneraciones y permanencia de mercancías en los Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) de Ilo, Matarani y Paita.
Régimen tributario aduanero aplicable
Dentro de los beneficios y exoneraciones[1], podemos mencionar que el ingreso de mercancías a los CETICOS de Ilo, Matarani y Tacna así como de Paita, desembarcadas únicamente por los puertos de Ilo y Matarani o de Paita, respectivamente, no están afectos al pago de los Derechos Arancelarios, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción Municipal y demás tributos que graven su importación.
Asimismo, la Exportación Definitiva de mercancías provenientes del resto del territorio nacional hacia los CETICOS otorga el derecho a solicitar la Restitución de los Derechos Arancelarios y la Reposición de Mercancías en Franquicia, siempre que se cumplan con los requisitos y las formalidades exigidas para estos regímenes.
El producto final elaborado sobre la base de mercancías nacionales que fueron exportadas definitivamente a los CETICOS y de mercancías provenientes del exterior sometidas a las actividades de manufactura o producción, y maquila o ensamblaje; y que opten por su nacionalización al resto del territorio nacional, se encuentran afectos al pago de los derechos y demás impuestos de importación que corresponda.
De otro lado, la nacionalización de las mercancías provenientes del exterior almacenadas en los CETICOS sin haber sufrido transformación o reparación y de las mermas, residuos, desperdicios y/o subproductos con valor comercial, resultante de los procesos de transformación y/o elaboración se efectúa cancelando los tributos de importación.
Un aspecto, que debe tenerse en cuenta, es que las mercancías nacionales que se exporten definitivamente a los CETICOS para ser utilizados directamente en la actividad a desarrollarse, están impedidas de reingresar al resto del territorio nacional. Sin embargo, el producto final puede importarse siempre que dicho producto se encuentre clasificado en una subpartida nacional distinta a la de sus insumos, componentes, partes o piezas y se cancelen los tributos de importación correspondientes al valor agregado de la mercancía.
De otro lado, tenemos que el reingreso de las mercancías resultantes del proceso de perfeccionamiento de los CETICOS al resto del territorio nacional, se permite luego de haber sido sometido a una transformación, elaboración o reparación. En estos casos, los tributos de importación se calculan sobre el valor agregado incorporado a dichas mercancías, para lo cual se requiere la presentación de un Cuadro Insumo – Producto, con carácter de declaración jurada. Dicho pago debe efectuarse en la Intendencia que autoriza la Reimportación, previo a la salida de la mercancía de los CETICOS.
El retorno en el mismo estado al resto del territorio nacional de las mercancías que ingresaron temporalmente a los CETICOS para ser utilizados en un fin determinado, no está gravado con tributo alguno.
Las mercancías que ingresen a la Zona de Comercialización de Tacna provenientes de CETICOS Tacna, que se encuentran comprendidas en la relación aprobada por D.S. Nº 13-96-EF y la Resolución de Superintendencia de Aduanas No. 247-96, están afectas únicamente a un arancel especial del 8%, quedando inafectas de los tributos que graven su importación. Dicho Arancel se aplica sobre el valor CIF Aduanero o sobre el valor de adquisición de los bienes por el usuario de la Zona de Comercialización de Tacna, el que resulte mayor.
Mercancías autorizadas para ingresar a las ZED
En principio se debe tener en cuenta que se pueden ingresar a dichas zonas, cualquier tipo de mercancías de libre comercialización y de procedencia lícita, quedan exceptuadas únicamente las siguientes[2]:
a) Bienes cuya importación al país se encuentre prohibida
b) Armas y sus partes accesorias, repuestos o municiones, explosivos o insumos conexos de uso civil
c) Mercancías que atenten contra la salud, el medio ambiente y la seguridad o moral públicas.
Permanencia de mercancías
El plazo de permanencia de las mercancías en los CETICOS es de hasta doce (12) meses, incluidas aquellas que se almacenen en CETICOS Tacna y estén destinadas a la Zona de Comercialización de Tacna. Tratándose de mercancías provenientes del exterior que no vayan a ser transformadas o reparadas y cuyo destino final es el resto del territorio nacional, el plazo es de hasta seis (6) meses.
Los plazos de permanencia de las mercancías en los CETICOS señalados en el numeral anterior se computan a partir de la fecha de recepción de la mercancía en dichos Centros y no son acumulables. Vencidos estos plazos la mercancía cae en abandono legal quedando a disposición de la Intendencia de Aduana de la jurisdicción en donde se encuentre ubicado el CETICOS.
El plazo de permanencia de las maquinarias, equipos, instrumentos y demás bienes de capital que intervienen directamente en las actividades a desarrollar en los CETICOS, es el mismo que el de la autorización del usuario. Vencido dicho plazo el usuario tiene treinta (30) días para transferir dichos bienes a otro usuario, nacionalizarlos o reembarcarlos; en caso contrario, caen en abandono legal quedando a disposición de la Intendencia de Aduana correspondiente.
No están sujetas a un plazo determinado de permanencia las mercancías provenientes del exterior que ingresen a los CETICOS para su transformación, reparación o reacondicionamiento y posterior exportación, así como las que provienen del exterior para reexpedición sin haber sufrido transformación, reparación o reacondicionamiento[3].
El artículo 2° de la LGA define como punto de llegada, a aquellas áreas consideradas zona primaria en las que se realicen operaciones vinculadas al ingreso de mercancías al país.
Por su parte, el mismo artículo de la LGA define a la zona primaria como la parte del territorio aduanero que comprende los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, centros de atención en frontera para las operaciones de desembarque, embarque, movilización o despacho de las mercancías y las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio directo de una aduana, que adicionalmente, puede comprender recintos aduaneros, espacios acuáticos o terrestres, predios o caminos habilitados o autorizados para las operaciones antes mencionadas, incluyendo a los almacenes y depósitos de mercancía que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente y hayan sido autorizados por la Administración Aduanera.
Bajo el marco normativo expuesto anteriormente, se emite la Ley N° 30446, la misma que en su artículo 4°, estipula lo siguiente:
“Las zonas especiales de desarrollo (ZED) constituyen “punto de llegada” sin menoscabo de su condición de zona primaria aduanera de trato especial. El ingreso de mercancías destinadas a las ZED cancelará los regímenes aduaneros temporales y el transporte internacional de mercancías”.
En consecuencia, por mandato expreso del artículo 4° de la Ley N° 30446 y a diferencia de los CETICOS, las ZED pasan ahora a constituirse en “punto de llegada”. Para comprender la trascendencia de esta norma, revisamos lo señalado en el inciso i) del numeral 5.2.4 del Dictamen de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo al proyecto de la mencionada Ley[4], donde se menciona que la designación de las zonas que comprenden los CETICOS como “punto de llegada” se efectúa con el fin de “(…)agilizar el proceso operativo de tráfico de mercancías, cuando estas ingresen y salgan de dichos Centros y ampliará los servicios de almacenamiento de mercancías que realizan los usuarios de los CETICOS”, agregándose en el último párrafo de la página 98 que “(…) no existen motivos para obligar que estas mercancías sean colocadas en los Depósitos Temporales, generándoles sobrecostos innecesarios a los usuarios de estos Centro. En tal sentido, la propuesta legislativa permitirá el traslado directo de las mercancías a los CETICOS de Paita, Ilo y Matarani”, precisando el párrafo anterior que esa propuesta sólo alcanza a aquellas mercancías cuyo destino final sean los CETICOS, lo que excluye toda posibilidad de considerarse como punto de llegada para otras mercancías que pretendan ser destinadas al resto de territorio nacional.
Tenemos entonces que a la luz del Dictamen antes citado, la intención del legislador al otorgar a las ZED condición de punto de llegada, es precisamente permitir que las mercancías destinadas a esa zona especial puedan trasladarse directamente a las mismas, sin requerir su previo ingreso a un almacén aduanero. Por tales consideraciones, lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 30446 obliga a reglamentar el marco legal existente para los CETICOS (ahora denominados ZED), para que dichas zonas realicen las operaciones vinculadas al ingreso de mercancías como son el desembarque, movilización o despacho de las mismas, labores que son intrínsecas a la definición de punto de llegada.
Queda claro entonces que la Ley N° 30446 se encuentra vigente y como tal, los ZED constituyen punto de llegada, por lo que se encuentran plenamente facultados para realizar el traslado directo de las mercancías a los CETICOS de Paita, Ilo y Matarani sin pasar previamente por un depósito temporal, en la medida que se trate sólo de aquellas mercancías cuyo destino final sean los antes denominados CETICOS.
Habiendo quedado claramente definido que las ZED (antes denominados CETICOS), se encuentran facultados para operar como punto de llegada para fines del traslado directo de mercancías en el marco del artículo 4° de la Ley N° 30446; resulta necesaria la oportuna expedición de las normas complementarias que viabilicen el desarrollo en las ZED para que realicen todas las funciones vinculadas al punto de llegada, sin menoscabo de su condición de zona primaria, máxime si el Dictamen de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, dentro delas observaciones al proyecto de la actual Ley N° 30446[5], ha precisado en su página 18 que “Corresponde a la SUNAT adecuar sus procedimientos de control aduanero de ingreso de las mercancías a dichos Centros dentro de los parámetros establecidos por la actual legislación aduanera”.
Finalmente, debemos mencionar que también se encuentra como tarea pendiente para el Sector Economía, la delimitación del área a ser considerada como zona de extensión de las ZED; así como así como las disposiciones necesarias para culminar la implementación de la ZED Loreto.
[1] Beneficios compilados en el literal D) rubro VI del Procedimiento INTA-PG.22
[2] De conformidad con el artículo 5° de la Ley N° 30446.
[3] Aspectos recogidos del literal D) rubro VI del Procedimiento INTA-PG.22
[4] Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1345/2011-CR de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del periodo anual de sesiones 2015-2016.
[5] Dictamen recaído en las observaciones del Presidente de la República a la autógrafa de la actual Ley N° 30446, de fecha 07.03.2016.

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Resolución
artículo 2
artículo 4
artículo 4
artículo 4
artículo 4
artículo 5


text:
Resolución ENRE 1227/1999. Boletín Oficial n° 29.305, viernes 31 de diciembre de 1999, pp. 39-40.
Citas Legales : Resolución ENRE 1748/1998, Resolución ENRE 0007/1999, Resolución ENRE 0310/1999, Resolución ENRE 0318/1999, Resolución ENRE 0622/1999, Resolución ENRE 0907/1999, Resolución ENRE 0938/1999, Resolución ENRE 0984/1999, Resolución ENRE 0987/1999, Resolución ENRE 1072/1999, Resolución ENRE 1132/1999, Resolución ENRE 1132/1999 - artículo 1, Resolución ENRE 1132/1999 - artículo 3, Resolución ENRE 1132/1999 - artículo 5, Resolución ENRE 1167/1999, Resolución SE 0229/1993 - subanexo II, Decreto 02128/1991 - artículo 3, Ley 19.549, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 084, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 094, Resolución SEE 0061/1992 - punto 5.5., Resolución SEE 0061/1992 - punto 5.4., Resolución SEE 0061/1992 - punto 5.3.6., Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); d) y o), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 24.065 - artículo 76, Ley 24.065 - artículo 81, Contrato de concesión (Transcomahue S.A.) - artículo 22 inciso a), Contrato de concesión (Transcomahue S.A.) - subanexo II-B, Contrato de concesión (Transcomahue S.A.) - subanexo III - punto 1.1.
Expediente Citado : ENRE 05518/1998, ENRE 05656/1998, ENRE 05791/1998, ENRE 05921/1998, ENRE 06063/1999, ENRE 06175/1999, ENRE 06314/1999, ENRE 06463/1999, ENRE 06631/1999, ENRE 06763/1999, ENRE 05024/1998
(Nota: modificada por Resolución ENRE 491/2000 )
VISTO: Los Expedientes ENRE N° 5518/98, ENRE N° 5656/98, ENRE N° 5791/98, ENRE N° 5921/98, ENRE N° 6063/99, ENRE N° 6175/99, ENRE N° 6314/99, ENRE N° 6463/99, ENRE N° 6631/99, ENRE N° 6763/99, y ENRE N° 5024/98, y
Que en los Expedientes aludidos en el visto, mediante Resoluciones ENRE Nº 1748/98, ENRE N° 7/99, ENRE N° 310/99, ENRE N° 318/99 y ENRE N° 1167/99, ENRE N° 622/99, ENRE N° 938/99, ENRE N° 907/99, ENRE N° 987/99, ENRE N° 984/99, ENRE N° 1072/99, respectivamente, se sancionó a "TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN DEL COMAHUE", por incumplimientos ocurridos durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1998 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 1999, respectivamente, a lo dispuesto en el Artículo 22 inciso a) y en el Subanexo II -B de su Contrato de Concesión;
Que en el Expediente ENRE N° 5024/98 se dictó la Resolución ENRE N° 1132/99 de fecha 27 de octubre de 1999, por la que se establecieron nuevos valores del cuadro tarifario para la empresa de transporte por distribución troncal de la región del comahue ("TRANSCOMAHUE") aplicables a partir del inicio del segundo período tarifario, modificando lo estipulado en el punto 1.1 del subanexo III del Contrato de Concesión de "TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN DEL COMAHUE";
Que, habiendo finalizado el pasado 1 de agosto de 1998 el primer período tarifario de la referida Transportista y atento a lo dispuesto por los Artículos 1 y 3 de la Resolución ENRE N° 1132/99, deben ajustarse las sanciones aplicadas por las resoluciones citadas en el primer considerando de este acto;
Que debe también realizarse la actualización periódica de las remuneraciones básicas fijadas según el período tarifario de que se trate, en los términos de la Resolución aludida en el precedente considerando;
Que por ello corresponde efectuar la adecuación de los valores básicos de remuneración determinando los que la "TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN DEL COMAHUE" debió percibir entre el 1° de Noviembre de 1998 y el 30 de Abril de 1999 y entre el 1° de Mayo de 1999 y el 31 de octubre de 1999;
Que a partir del 1 de agosto de 1998 por la ya citada Resolución E.N.R.E. N° 1132/99 fue aprobado el nuevo valor base de energía eléctrica transportada para la "TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN DEL COMAHUE", por lo que corresponde utilizar como mes base para la presente actualización el de junio de 1998;
Que asimismo, por la mencionada Resolución, se fijaron los nuevos valores base de remuneración por capacidad de transporte, conexión y transformación, los cuales de acuerdo a dicha Resolución deben actualizarse utilizando como mes base para las presentes adecuaciones el de junio de 1998;
Que tales valores fueron determinados al 1 de agosto de 1998;
Que por lo expresado en los precedentes considerandos, de la respectiva expresión matemática aplicable a la actualización de las remuneraciones de la "TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN DEL COMAHUE", para el período comprendido entre el 1° de noviembre de 1998 y el 30 de abril de 1999, surge que el coeficiente de adecuación es de 1,001215;
Que asimismo, por lo expresado en los precedentes considerandos, de la respectiva expresión matemática aplicable a la actualización de las remuneraciones de la "TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN DEL COMAHUE", para el período comprendido entre el 1° de mayo de 1999 y el 31 de octubre de 1999, surge que el coeficiente de adecuación es de 1,007127;
Que, por otra parte, corresponde determinar los intereses a aplicar por el nuevo ajuste tarifario y de sanciones correspondiendo los definidos en el punto 5.5 "Cobranzas a los Deudores" de LOS PROCEDIMIENTOS;
Que asimismo, de acuerdo a lo previsto para situaciones similares en los puntos 5.3.6 y 5.4 de LOS PROCEDIMIENTOS, los intereses se computarán desde la fecha de vencimiento de las facturaciones que se ajustarán hasta la fecha de vencimiento que se determine para los ajustes;
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR de la ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente Resolución, en virtud de la dispuesto por los Artículos 56 incisos a), d) y o) y 63 incisos a) y g) de la Ley N° 24.065.
ARTÍCULO 1.- Adecuar la remuneración de la concesionaria del SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN DEL COMAHUE para el período 1° de Noviembre de 1998 al 30 de Abril de 1999, conforme los valores de los conceptos establecidos en el Cuadro Tarifario que como Anexo I integra la presente Resolución.
ARTÍCULO 2.- Adecuar la remuneración de la concesionaria del SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN DEL COMAHUE para el período 1° de Mayo de 1999 al 31 de Octubre de 1999, conforme los valores de los conceptos establecidos en el Cuadro Tarifario que como Anexo II integra la presente Resolución.
ARTICULO 3.- Modificar en los términos de la Resolución ENRE N° 1132/99 las sanciones aplicadas a la "TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN DEL COMAHUE" por Resoluciones ENRE Nº 1748/98, ENRE N° 7/99, ENRE N° 310/99, ENRE N° 318/99 y ENRE N° 1167/99, ENRE N° 622/99, ENRE N° 938/99, ENRE N° 907/99, ENRE N° 987/99, ENRE N° 984/99, ENRE N° 1072/99 correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1998 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 1999, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del Comahue, contenido en Anexo II a la Resolución ex-S.E. Nº 229/93, las que en consecuencia resultan incrementadas en la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 31.959,49) a tenor del detalle que se efectúa en el Anexo III a este acto del cual forma parte integrante.
ARTICULO 4.- Instruir a CAMMESA para que, modificando las sanciones aplicadas por las resoluciones indicadas en el artículo precedente cuyo detalle surge del Anexo III a esta Resolución, efectúe los débitos correspondientes sobre la liquidación de venta de la "TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN DEL COMAHUE".
ARTICULO 5.- Instruir a CAMMESA para que efectúe los débitos y créditos correspondientes a lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente Resolución y en el artículo 5° de la Resolución ENRE N° 1132/99, con los intereses previstos en el punto 5.5 "Cobranzas a los Deudores" de LOS PROCEDIMIENTOS, los cuales se computarán desde la fecha de vencimiento de las facturaciones que se ajustarán hasta la fecha de vencimiento que se determine para los ajustes.
ARTICULO 6.- Notifíquese a la "TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN DEL COMAHUE" y a CAMMESA lo dispuesto en este acto, con copia de la presente Resolución y hágase saber que la presente Resolución es susceptible de ser recurrida: (i) por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del Reglamento de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto N° 1759/72 (t.o. en 1991), dentro de los diez (10) días hábiles administrativos contados a partir del día siguiente de notificada la presente, como así también, (ii) en forma subsidiaria o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del citado Reglamento y en el artículo 76 de la Ley N° 24.065, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos contados de igual manera; y (iii) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal contemplado en el artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales contados de igual forma que en los supuestos anteriores.
RESOLUCIÓN ENRE N° 1227/99
ACTA N° 504
Citas legales: Resolución ENRE 1748/98
Resolución ENRE 0007/99
Resolución ENRE 0310/99
Resolución ENRE 0318/99
Resolución ENRE 0622/99
Resolución ENRE 0907/99
Resolución ENRE 0938/99
Resolución ENRE 0984/99
Resolución ENRE 0987/99
Resolución ENRE 1072/99
Resolución ENRE 1132/99
Resolución ENRE 1167/99
Resolución SE 229/93
Anexo I a la Resolución ENRE N° 1227/99
"SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL COMAHUE"
(actualización 1° de Noviembre de 1998 al 30 de Abril de 1999)
-	por cada salida de 132 kV. ó 66 kV.: dos pesos con setecientas noventa milésimas ($ 2,790) por hora,
-	por cada salida de 33 kV. ó 13,2 kV.: dos pesos con noventa y tres milésimas ($ 2,093) por hora,
-	por transformador de rebaje dedicado: doscientos diez milésimas de peso ($ 0,210) por hora por MVA.
1.2	Capacidad de Transporte:
-	para líneas de 132 kV. ó 66 kV.: cincuenta y nueve pesos con novecientas noventa y tres milésimas ($ 59,993) por cada 100 km.
-	se establece en trescientos treinta y cinco mil trescientas setenta y siete pesos ($ 335.377) por año.
ANEXO II a la Resolución ENRE N° 1227/99
(actualización 1° de Mayo de 1999 al 31 de Octubre de 1999)
-	por cada salida de 132 kV. ó 66 kV.: dos pesos con ochocientas siete milésimas ($ 2,807) por hora,
-	por cada salida de 33 kV. ó 13,2 kV.: dos pesos con ciento cinco milésimas ($ 2,105) por hora,
-	por transformador de rebaje dedicado: doscientos once milésimas de peso ($ 0,211) por hora por MVA.
-	para líneas de 132 kV. ó 66 kV.: sesenta pesos con trescientas cuarenta y siete milésimas ($ 60,347) por cada 100 km.
- se establece en trescientos treinta y siete mil trescientos cincuenta y siete pesos ($ 337.357) por año.

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artículo 1
Resolución
artículo 3
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artículo 5
Resolución
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artículo 3
artículo 084
artículo 094
Resolución
Resolución
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artículo 56
artículo 63
artículo 76
artículo 81
artículo 22
Resolución
Artículo 22
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ARTÍCULO 1
ARTÍCULO 2
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artículo 5
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artículo 84
artículo 94
artículo 76
artículo 81
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - PDF Free Download
Beatriz Olivares Valdéz
1 19203 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN de 16 de junio de 2009 por la que se regula la convocatoria, estructura y organización de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Autónoma de Extremadura. ( ) La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina en su artículo 52 los requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior de Artes Plásticas y Diseño. Dispone, además, que se podrá acceder a los grados medio y superior de estas enseñanzas, sin cumplir los requisitos académicos exigidos para cada caso, siempre que el aspirante demuestre tener, tanto los conocimientos y aptitudes propios de la etapa educativa anterior, como las habilidades específicas necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes. El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, disponiendo en su artículo 6.1 que estas enseñanzas, conducentes a los títulos de Técnico y de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño se ordenarán en ciclos formativos de grado medio y de grado superior, respectivamente, agrupados en familias profesionales artísticas. Por su parte, su artículo 17, determina que la organización, estructura, contenidos y criterios de evaluación de las pruebas de acceso serán determinados por cada Administración educativa. El Decreto 42/2007, de 6 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispone en los apartado 2 y 3 de su disposición adicional primera, que la admisión en los centros que imparten enseñanzas artísticas requerirá la superación de una prueba de acceso. No obstante, puede tener acceso directo a determinadas enseñanzas artísticas el alumnado que reúna los requisitos académicos previstos en la normativa de ingreso a estas enseñanzas. Por todo ello, la presente Orden regula lo concerniente a las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, tanto de grado medio, como de grado superior. En su virtud, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 36.f) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previo informe del Consejo Escolar de Extremadura, y a propuesta de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa, DISPONGO: Artículo 1. Objeto. La presente Orden tiene por objeto regular la convocatoria, estructura y organización de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2 19204 Artículo 2. Requisitos de los participantes, solicitudes de inscripciones, y subsanación de errores. 1. Podrán participar en las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, exclusivamente, aquellos aspirantes que hubieran presentado solicitud de inscripción a las citadas enseñanzas, de acuerdo con los plazos y el procedimiento establecido, y cumplan alguno de los requisitos académicos o de edad establecidos en los artículos 14 y 16 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño. 2. Las solicitudes de inscripción, acompañada de la documentación correspondiente, se presentarán en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, en los Centros de Atención Administrativa, en las Oficinas de Respuesta Personalizada, así como en cualquier otro de los registros u oficinas a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, previa cumplimentación del modelo oficial que se determine. La solicitud de inscripción será única para cada grado, independientemente de los estudios que desee realizar posteriormente el interesado. 3. El plazo para formalizar la inscripción será de 20 días hábiles siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la resolución de convocatoria de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. 4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si la solicitud y/o la documentación que debe ser presentada tuvieran algún defecto, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previsto en el artículo 42 de la citada Ley. Artículo 3. Procedimiento de admisión de solicitudes, calendario de las pruebas y aspirantes con derecho a exención. 1. La Comisión Evaluadora, analizadas las solicitudes y documentos presentados por los aspirantes y comprobados los requisitos académicos o de edad, hará pública en el tablón de anuncios de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos que deberán efectuar la prueba de acceso. Terminado el plazo de reclamaciones, se publicará la resolución definitiva de admitidos y excluidos que comprenderá además la fecha de las pruebas, junto con la estructura y el tipo de ejercicio que configuran el contenido de las mismas determinado por la Comisión Evaluadora. Las pruebas específicas se realizarán una vez se hayan realizado la parte general de la prueba de acceso para los alumnos que no reúnen los requisitos académicos. 2. Asimismo la Comisión Evaluadora examinará los documentos presentados por los aspirantes para las exenciones a los que hacen referencia los artículos 4 y 5 de la presente Orden, debiendo publicar en el tablón de anuncios de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida la relación de aspirantes exentos de realizar dicha prueba. Los aspirantes con derecho a exención, presentarán junto con la solicitud de inscripción, la correspondiente documentación para la acreditación de la exención alegada.
3 19205 Artículo 4. Prueba específica de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para los aspirantes con requisitos académicos. 1. Las pruebas específicas de acceso al grado medio y superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, para los aspirantes que estén en posesión de los requisitos académicos, que será diferenciada según el ciclo formativo al que se pretenda acceder, serán elaboradas por la Comisión Evaluadora de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en la que se establecen los respectivos currículos. 2. Estarán exentos de realizar la prueba específica de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño: a) Los aspirantes que cumplan alguno de los requisitos o condiciones establecidos en el artículo 15.1 y 15.2 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo. b) Quienes se encuentren en posesión de alguna de las titulaciones establecidas en el artículo 15.3 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo. c) Quienes reúnan las condiciones establecidas en el artículo 15.4 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo. Artículo 5. Prueba de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para aspirantes que no reúnan los requisitos académicos. 1. De acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 16 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, la prueba de acceso a los grados medio y superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño para los aspirantes sin requisitos académicos constará de dos partes: a) La parte general para el acceso al grado medio, versará sobre las capacidades básicas de la Educación Secundaria Obligatoria y, para el acceso al grado superior, versará sobre los conocimientos y capacidades básicas de las materias comunes del Bachillerato. En consecuencia, el contenido de esta parte general se adecuará a los currículos oficiales. b) La parte específica, que permitirá valorar las aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes, se llevará a cabo mediante la realización de la prueba de acceso a que hace referencia el apartado 1 del artículo 4 de la presente Orden. 2. Estarán exentos de realizar la prueba específica de acceso a estas enseñanzas quienes acrediten tener una experiencia laboral de, al menos, un año relacionada directamente con las competencias profesionales del ciclo formativo de grado medio o superior al que se quiere acceder, aportando la documentación que se indica en el artículo 15.4 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo. 3. Asimismo, quedan exentos de realizar la parte general de la prueba quienes hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
4 19206 Artículo 6. Comisión Evaluadora. 1. Se constituirá una Comisión Evaluadora para la organización, realización y celebración de las pruebas. Igualmente concretará el contenido y estructura de las pruebas, así como los criterios de evaluación, que serán dados a conocer en el tablón de anuncios de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida con anterioridad a la celebración de las mismas. 2. La Comisión Evaluadora estará integrada por los siguientes miembros: Presidente, el inspector de educación que designe la Administración educativa. Tres vocales, designados por la Dirección de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de entre los profesores o maestros de taller con destino en el centro. Secretario: El vocal de menor edad, caso de igual edad, se designará al de mayor antigüedad en la Escuela. 3. La organización y funcionamiento de la Comisión Evaluadora se regirá por las disposiciones que a tal efecto se contienen en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Artículo 7. Calificación y validez de las pruebas de acceso. 1. La calificación de la prueba específica de acceso se calificará en términos numéricos, utilizando para ello la escala de cero a diez con dos decimales, siendo preciso obtener una calificación igual o superior a cinco para su superación. La calificación de la parte general de la prueba de acceso para los aspirantes sin requisitos académicos se expresará en término de apto y no apto, y solamente los aspirantes declarados aptos podrán acceder a la prueba específica de acceso. 2. Las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño de grado medio y de grado superior, tendrán validez de todo el territorio nacional, y su superación dará derecho a matricularse conforme a la normativa vigente en el ciclo formativo correspondiente, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas en los diferentes centros. 3. La superación de la parte general de la prueba de acceso regulada en el apartado a) del artículo 5.1 de la presente Orden tendrá validez para posteriores convocatorias. 4. La superación de la prueba específica de acceso permitirá formalizar matrícula en cualquiera de los ciclos formativos del mismo grado y de la misma familia profesional. Artículo 8. Acta de Evaluación. 1. Finalizado el proceso de calificación de cada una de las pruebas, la Comisión Evaluadora cumplimentará las actas de evaluación, debiendo ser firmadas por todos los componentes de dicha Comisión, publicándose en el tablón de anuncios de la Escuela de Arte y Superior de Diseño.
5 Se remitirá una copia de las actas al Servicio de Inspección de la Delegación Provincial de Educación de Badajoz. Dicho Servicio remitirá un informe estadístico de los resultados de las pruebas a la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa antes del 31 de diciembre del año en curso. Artículo 9. Preinscripción, adjudicación de plazas y matriculación. 1. Las solicitudes de inscripción para la realización de cualquiera de las pruebas de acceso para cursar las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño equivaldrán a la preinscripción necesaria para la matriculación en dichos estudios. El alumnado que no requiera la realización de ninguna de las pruebas de acceso, deberá presentar, la correspondiente preinscripción según modelo oficial en el plazo establecido en la resolución de convocatoria de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa publicada en el Diario Oficial de Extremadura. 2. La adjudicación provisional de plazas será publicada en el tablón de anuncios de la Escuela. 3. El alumnado que haya obtenido plaza deberá formalizar la matrícula en las fechas que determine la resolución de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. Artículo 10. Renuncia matrícula oficial. 1. En las enseñanzas que se imparten en la Escuela de Arte y Superior de Diseño, con relación a los ciclos formativos, no podrá formalizarse nueva matrícula oficial cuando después de cuatro convocatorias de un mismo curso, permanezcan sin ser superadas alguna de las asignaturas o módulos que lo componen. Con el fin de no agotar las convocatorias, el alumnado podrá solicitar la anulación de la matrícula cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Enfermedad prolongada debidamente justificada. b) Incorporación a un puesto de trabajo. c) Causas similares debidamente justificadas. 2. Las solicitudes de anulación de matrícula se formalizarán antes de finales del mes de enero, y serán resueltas por el Consejo Escolar con informe previo de la Jefatura de Estudios. 3. Cuando extraordinariamente concurriese alguna otra situación fuera de plazo merecedora de anulación de matrícula, será resuelta por el Consejo Escolar. 4. La renuncia de matrícula se comunicará al solicitante, así como al tutor y al profesorado del grupo al que pertenezcan, a los efectos oportunos. La anulación de matrícula supondrá la pérdida inmediata del derecho de asistencia a clase y de evaluación. Artículo 11. Reclamaciones y recursos. 1. Podrán presentarse reclamaciones contra el listado provisional de admitidos y excluidos que deban efectuar la prueba de acceso, contra la resolución provisional de exenciones, contra la calificación de las pruebas de acceso y contra la adjudicación provisional de plazas en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la correspondiente publicación ante la Comisión Evaluadora.
6 Contra las resoluciones definitivas de la Comisión Evaluadora cabrá interponer recurso de alzada ante la Delegación Provincial de Educación de Badajoz en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a su correspondiente publicación. Artículo 12. Protección de datos. En la gestión de los procesos a que se refiere esta Orden se respetará la normativa sobre protección de datos con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, de 16 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, y la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Disposición adicional única. Convocatoria extraordinaria. 1. De acuerdo con el artículo 19.5 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, se podrá establecer una convocatoria extraordinaria para la superación de cada módulo por motivos de enfermedad, discapacidad u otros que impidan el normal desarrollo de los estudios en los ciclos formativos de grado medio y de grado superior. 2. El procedimiento para la solicitud de esta convocatoria extraordinaria es el siguiente: a) El alumno que haya agotado las cuatro convocatorias establecidas para la superación del módulo o módulos que corresponda, deberá solicitar convocatoria extraordinaria a la Escuela hasta el 31 de octubre del curso correspondiente. b) La Dirección de la Escuela remitirá a la Delegación Provincial de Educación dicha solicitud acompañada de certificación académica del solicitante, así como de un informe sobre las circunstancias excepcionales y su posibilidades de aprovechamiento de la quinta matrícula para la que solicita autorización excepcional. c) La Delegación Provincial de Educación remitirá la documentación, con carácter de urgencia, junto con el informe de la Inspección Educativa en el que se valore la conveniencia o no de acceder a lo solicitado, a la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa que emitirá la correspondiente Resolución individualizada. Disposición final primera. Habilitación. Se faculta a la Dirección General de Calidad y Equidad para dictar cuantos actos sean necesarios para la ejecución de la presente Orden. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Mérida, a 16 de junio de La Consejera de Educación, EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ
D.O.E. Número 77 4 Julio
D.O.E. Número 77 4 Julio 2000 6911 TALLER DE TALLA ARTISTICA EN PIEDRA TALLER DE REVESTIMIENTOS MURALES TALLER DE MUSIVARIA TALLER DE REVESTIMIENTOS CERAMICOS, ESTUCOS Y ESGRAFIADOS TALLER DE VIDRIERAS
Boletín Ofi cial de Aragón I. Disposiciones Generales DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE ORDEN de 11 de abril de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
13174 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN de 28 de abril de 2009 por la que se regula el proceso de admisión y matriculación del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas. (2009050204)
Sección I. Disposiciones generales ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES
Fascículo 71 - Sec. I. - Pág. 14046 Sección I. Disposiciones generales ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES 24742 Orden del consejero de Educación, Cultura
Núm. 62. Boletín Ofi cial de Aragón
ORDEN de 14 de marzo de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan las pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional
NÚMERO 168 Miércoles, 31 de agosto de 2016
23352 ORDEN de 26 de agosto de 2016 por la que se regula la admisión de alumnos en Centros de Enseñanzas de Personas Adultas para la realización de cursos para la obtención de los certificados de superación

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Real Decreto
artículo 6
artículo 17
artículo 36
Artículo 1
Artículo 2
Real Decreto
artículo 38
resolución
artículo 71
resolución
artículo 42
Artículo 3
resolución
Artículo 4
artículo 15
Real Decreto
artículo 15
Real Decreto
artículo 15
Real Decreto
Artículo 5
artículo 16
Real Decreto
artículo 4
artículo 15
Real Decreto
Artículo 6
Artículo 7
artículo 5
Artículo 8
Artículo 9
resolución
resolución
Artículo 10
Artículo 11
resolución
Artículo 12
artículo 19
Real Decreto
Resolución


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Anuncio. Nombramientos de tenientes de alcaldes.
La Alcaldía del Ayuntamiento de Degaña ha dictado en fecha 18 de junio de 2019 Resolución sobre nombramientos de Tenientes de Alcalde, por lo que al objeto de su publicación de conformidad con el art. 52.4 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de los Entes Locales, adjunta a este documento:
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, así como el art. 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, en relación con el expediente de designación de Tenientes de Alcalde
Constituida la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 15 de junio de 2019 y siendo necesaria la designación de los Tenientes de Alcalde por virtud de lo prevenido en el art. 20.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local,
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 21.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, art. 22 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril y art. 46 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre,
1.—Nombrar como titulares de las Tenencias de Alcaldía a los siguientes Concejales:
— Tenencia de Alcaldía: Ana Menéndez Monsalve.
— Tenencia de Alcaldía: Luciano Villanueva Monteserín.
2.—Por virtud del art. 23.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 47.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, corresponderá a los nombrados sustituir a esta Alcaldía en la totalidad de sus funciones, por el orden de su nombramiento, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad legalmente previstos, previa expresa delegación.
3.—Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten, en su caso, la aceptación de tales cargos.
4.—Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y publicarlos igualmente en el tablón de anuncios municipal.
5.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.
6.—Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha de la presente resolución.
En Degaña, a 18 de junio de 2019.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2019-06397.

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