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Monica Flores Álvarez
1 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚM. 297 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 49, de la Constitución Política del Estado y 8, fracciones I a IV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la entidad; y con fundamento en lo dispuesto por los preceptos transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, y C O N S I D E R A N D O Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2008 se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución general de la República, cuyo objetivo principal, entre otros, fue transformar el sistema de seguridad y justicia penal, de uno mixto a uno adversarial que dé vigencia plena a las garantías individuales y derechos humanos que consagra la Constitución y brindar la debida seguridad jurídica a las personas y a su patrimonio. Que el artículo segundo transitorio del citado decreto, establece que la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán expedir y poner en vigor, las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema penal acusatorio que dé vigencia plena a las garantías individuales y derechos humanos que consagra la constitución, así como brindar seguridad jurídica a las personas y a su patrimonio en los plazos y términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que con la finalidad de dar cumplimiento a las enmiendas constitucionales en materia de justicia penal con la premura que la ciudadanía demanda y la calidad que la complejidad de los retos exigen, y atendiendo a que el Ejecutivo a mi cargo recientemente ha asumido compromisos ineludibles en el Acuerdo Nacional por la2 Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en el Pacto por la Seguridad de los Veracruzanos es importante crear una instancia encargada de coordinar y articular el esfuerzo institucional de consulta, estudio y reflexión que se hace necesario para instrumentar las innovaciones que requiere el orden constitucional local y la legislación secundaria en virtud de la reforma a la Ley Fundamental. Que las acciones a cargo de dicha instancia de coordinación, consistirán en diseñar estrategias a fin de generar los insumos indispensables para que los órganos del Estado con respeto absoluto a sus atribuciones constitucionales generen las iniciativas de reformas y adiciones que se requieran, tanto a la norma fundamental local como a la legislación secundaria, con el propósito de adecuar el orden jurídico vigente en el estado al Marco de la Reforma Constitucional; en este proceso y en congruencia con el Pacto por la Seguridad de los Veracruzanos, será de invaluable importancia la participación de los encargados de la administración de la justicia y de otros actores de la sociedad civil, en particular de las instituciones de educación superior públicas y privadas, así como de las organizaciones de profesionistas, en especial de los Colegios y Barras de Abogados. Que en la instrumentación del nuevo modelo de justicia penal resulta esencial la coordinación de esfuerzos del Gobierno con los poderes Legislativo y Judicial del Estado, con pleno respeto a su autonomía y a sus facultades constitucionales; la asistencia y representación en esta labor del Poder Judicial, permitirá aportar e integrar los avances alcanzados en torno a los estudios que viene realizando dicho poder en materia del proceso penal acusatorio, como integrante, a su vez, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Que por la importancia y trascendencia de la reforma constitucional esta instancia de coordinación debe contar con una Secretaría Técnica que funja como órgano administrativo encargado de ejecutar los acuerdos y demás determinaciones del órgano consultivo. Que el proceso legislativo de reformas al marco jurídico del Poder Judicial del Estado que está en curso en el H. Congreso no se contrapone a las acciones a realizar por el órgano consultivo que se propone para implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestra entidad. El Sistema de Justicia en un sentido amplio, refiere al conjunto de instituciones, organizaciones y actores que interactúan en los procesos de procuración e impartición de justicia; por ello, un proceso de reforma judicial integral requiere de una labor de programación y de planeación técnica interinstitucional; a fin de establecer bases sólidas para que las reformas legislativas permanezcan como lo alude el Libro Blanco de la Reforma Judicial, publicado en 2006 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que ante la imperiosa necesidad de coordinar los esfuerzos para implementar la reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal en nuestro estado, que3 garantice la seguridad y los derechos de las personas, he tenido a bien expedir el siguiente: Decreto por el que se crea el Consejo Consultivo para la implementación del Sistema de Justicia Penal en el estado de Veracruz. Artículo 1. Se crea el Consejo Consultivo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como una instancia de consulta, planeación y coordinación de acciones, dirigidas a establecer un nuevo Sistema de Justicia Penal en el orden local, en términos del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de El Consejo Consultivo, en el ejercicio de sus funciones, actuará en todo momento con pleno respeto a las atribuciones constitucionales de los poderes del Estado, así como de las instituciones y autoridades que participen en este órgano o con las que se coordinen acciones. Artículo 2. Para efectos del presente ordenamiento se entenderá por: I. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; II. Sistema de Justicia Penal: Sistema de Justicia Penal previsto en los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Secretaría Técnica: Secretaría Técnica del Consejo Consultivo. Artículo 3. El Consejo Consultivo se integrará por: I. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá; II. Cuatro diputados, en calidad de invitados permanentes, presidentes o representantes de las Comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales, Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del H. Congreso del Estado; III. Cuatro magistrados, en calidad de invitados permanentes, presidentes o representantes de las Salas Penales del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado; IV. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en calidad de invitado permanente;4 V. El secretario de Gobierno; VI. El secretario de Seguridad Pública; VII. El procurador general de Justicia; VIII. El jefe de la oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica; IX. El secretario técnico del Consejo Consultivo; X. Un representante de instituciones académicas y de investigación, legalmente constituidas, proveniente de las áreas relacionadas con los objetivos del presente Decreto, a invitación expresa del Presidente del Consejo Consultivo; XI. Un representante de los Colegios y/o Barras de Abogados de la entidad, a invitación expresa del presidente del Consejo Consultivo; y XII. Un representante del Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad del Estado. Todos los integrantes del Consejo Consultivo tendrán derecho a voz y voto. El presidente del Consejo Consultivo será suplido, en caso de ausencia, por el procurador general de Justicia del Estado. Los integrantes servidores públicos del Poder Ejecutivo podrán designar un representante que los supla, los que deberán tener, cuando menos, el nivel jerárquico de director general. Quienes suplan al resto de los miembros del Consejo Consultivo deberán tener la misma calidad que los integrantes propietarios. El Consejo Consultivo podrá invitar con derecho a voz, pero sin voto, a las instituciones y representantes de la sociedad, en particular, a organizaciones académicas, de investigación y de profesionales, especialistas en la materia, así como a ciudadanos que puedan exponer conocimientos, experiencias o propuestas para el cumplimiento de los objetivos de este órgano. Los cargos de los integrantes del Consejo son de carácter honorario, por lo que sus miembros no percibirán retribución, emolumento o compensación económica alguna por su desempeño. Artículo 4. El Consejo Consultivo sesionará de manera ordinaria, por lo menos, cada tres meses, y de manera extraordinaria las veces que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.5 Para sesionar válidamente, deberá contar con la presencia de, por lo menos, diez de sus integrantes. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos, privilegiando en todo momento el diálogo y la importancia de llegar a acuerdos. En caso de empate quien presida tendrá voto de calidad. Artículo 5. El Consejo Consultivo tiene las atribuciones siguientes: I. Planear, coordinar y conducir el proceso para la implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado. II. Acordar lineamientos generales, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos vinculatorios para sus integrantes, que se consideren necesarios para el debido cumplimiento de su objeto; III. Formular políticas, programas y mecanismos para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado. IV. Definir criterios para la elaboración de los proyectos de Ley o Decreto que sean necesarios para cumplir con su objeto; V. Proponer ante las instancias correspondientes proyectos de iniciativas de reformas constitucionales y legales, así como de ordenamientos reglamentarios en la esfera administrativa que tengan que ver con la implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado. VI. Sugerir a las instancias correspondientes cambios organizacionales, así como la construcción y operación de la infraestructura que se requiera; VII. Evaluar y dar seguimiento a las acciones que se deriven de las políticas, programas y mecanismos establecidos para la implementación del Sistema de Justicia Penal. VIII. Coadyuvar con las instancias correspondientes, en la elaboración de programas de capacitación y difusión sobre el Sistema de Justicia Penal, en particular los dirigidos a jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados así como a la sociedad en general; IX. Establecer criterios para la suscripción de convenios de colaboración interinstitucional; X. Organizar foros de consulta pública para recibir propuestas relativas a la implementación del Sistema de Justicia Penal;6 XI. Recibir y analizar los informes que le presente la Secretaría Técnica sobre los avances de sus actividades. XII. Difundir a la opinión pública, con base en los informes que presente la Secretaría Técnica, los avances de los programas de trabajo aprobados, con la periodicidad y en los términos que establezca el reglamento interno; y XIII. Las demás que requiera para el cumplimiento de su objeto. Artículo 6. El presidente del Consejo Consultivo tiene las facultades siguientes: I. Presidir las sesiones; II. Proponer el proyecto de orden del día de las sesiones; III. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias; IV. Representar al Consejo Consultivo; V. Instruir a la Secretaría Técnica sobre la organización y logística de las sesiones del Consejo de Coordinación; y VI. Las demás que se determinen por el Consejo Consultivo. VII. Invitar a formar parte del Consejo Consultivo a los representantes de las instituciones académicas y las Barras o Colegios de Abogados de la entidad, en los términos del artículo 3 de este Decreto. El presidente del Consejo Consultivo ejercerá estas facultades por sí o a través del servidor público que lo supla. Artículo 7. Los integrantes del Consejo Consultivo tienen las obligaciones y funciones siguientes: I. Asistir a las sesiones; II. Proponer temas a tratar en las sesiones del Consejo Consultivo; III. Votar los acuerdos, dictámenes y demás asuntos que conozca el Consejo Consultivo; IV. Cumplir, en el ámbito de sus respectivas facultades y competencia, con los acuerdos tomados por el Consejo Consultivo;7 V. Proporcionar el apoyo requerido para cumplimentar el objeto del Consejo Consultivo; VI. Promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, la coordinación e implementación de las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Consultivo; VII. Las demás que el Consejo Consultivo acuerde. Artículo 8. El Consejo Consultivo contará con una Secretaría Técnica, órgano administrativo desconcentrado, sectorizado a la Procuraduría General de Justicia, la cual será encargada de operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones del Consejo Consultivo, así como de coadyuvar y brindar el apoyo que se requiera por las autoridades e instancias correspondientes para la implementación del sistema de Justicia Penal. El titular de la Secretaría Técnica será nombrado por el Presidente del Consejo Consultivo. La Secretaría Técnica contará con las áreas y personal de apoyo autorizado conforme a las disposiciones normativas aplicables. Artículo 9. La Secretaría Técnica tiene las atribuciones siguientes: I. Auxiliar al Consejo de Coordinación en la ejecución de políticas, programas y mecanismos que se establezcan para la implementación del Sistema de Justicia Penal. II. Coadyuvar y apoyar con las autoridades e instancias correspondientes, en la implementación del Sistema de Justicia Penal, cuando así se lo soliciten; III. Analizar, evaluar y dar seguimiento a los programas de coordinación elaborados por el Consejo Consultivo; IV. Coordinar sus acciones con las instancias del Sistema de Justicia Penal, cuando sea necesario; V. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos emitidos por el Consejo Consultivo; VI. Coadyuvar ante las instancias correspondientes para la ejecución de los cambios organizacionales, construcción y operación de la infraestructura propuesta por el Consejo de Coordinación.8 VII. Apoyar las acciones aprobadas por el Consejo Consultivo en cuanto a la ejecución de los programas de capacitación sobre el Sistema de Justicia Penal dirigidos a jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos, abogados, así como a la sociedad en general; VIII. Realizar los programas de difusión sobre el Sistema de Justicia Penal aprobados por el Consejo de Coordinación; IX. Suscribir los convenios de colaboración interinstitucional aprobados por el Consejo Consultivo; X. Coordinar la operación y ejecución de los convenios indicados en la fracción anterior, en lo que competa al Consejo Consultivo; XI. Elaborar y someter a consideración del Consejo Consultivo, el informe correspondiente sobre los avances de sus actividades; XII. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Consultivo; XIII. Resguardar la información y el libro de acuerdos del Consejo Consultivo; XIV. Recabar la información que se requiera para el cumplimiento del objeto del Consejo Consultivo; XV. Proponer al Consejo Consultivo, la creación de comisiones y grupos de trabajo, así como coordinar sus actividades. XVI. Contratar servicios de consultoría, cuando se requieran para el apoyo en las funciones del Consejo Consultivo; XVII. Realizar estudios especializados sobre asuntos o temas que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del Consejo Consultivo; XVIII. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones encomendadas por el Consejo Consultivo; XIX. Contratar, designar y remover libremente a los servidores públicos de la Secretaría Técnica; XX. Formular los proyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios de las diversas áreas de la Secretaría Técnica; y9 XXI. Las demás que le atribuya el Consejo Consultivo y las previstas en las reglas de funcionamiento del mismo. Artículo 10. El Consejo de Coordinación y la Secretaría Técnica se regirán en su actuación por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. T R A N S I T O R I O S Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y, atendiendo al Decreto que reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 18 de junio de 2008, tendrá una vigencia que no podrá exceder del 18 de junio de Segundo. El Consejo Consultivo deberá instalarse en un plazo no mayor de quince días de la entrada en vigor del presente decreto. Tercero. El Consejo Consultivo, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de su instalación, deberá expedir su Reglamento Interno. Cuarto. La Secretaría Técnica presentará dentro de los términos de Ley, su proyecto de presupuesto a la Secretaría de Finanzas y Planeación, por conducto de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Quinto. La Secretaría Técnica operará durante el año 2009 con los recursos humanos, financieros y materiales que, con base en las disposiciones aplicables, le sean reasignados. Los fondos para la operación de la Secretaría Técnica en los subsecuentes ejercicios fiscales se sujetarán a los montos aprobados para tal efecto en el Presupuesto de Egresos del Estado. Dado en la residencia oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 3 de septiembre de Sufragio efectivo. No reelección Licenciado Fidel Herrera Beltrán Gobernador del Estado Rúbrica. Documentos relacionados
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Artículo 1
artículo 21
Artículo 1


text:
CIRCULAR EXTERNA 01 DE 02 DE ENERO DE 2012
CONTENIDO:DECRETO 2560 DEL 7 DE JULIO 2009 - POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA FORMA EN LA QUE SE LIQUIDARA EL RENDIMIENTO DE LOS DEPÓSITOS JUDICIALES Y DEMÁS CONCEPTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 1285 DE 2009.
Ref.: Ejercicio de derechos políticos de las AFP en los receptores de las inversiones de los fondos de pensiones obligatorias y del fondo de cesantía.
Para los efectos consagrados en el artículo 2.6.13.1.2 del Decreto 2555 de 2010, este despacho, en uso de las facultades que le confiere el numeral 9 del artículo 11.2.1.4.2 de la citada norma, considera necesario adicionar el capítulo tercero del título IV de la Circular Básica Jurídica para señalar el contenido mínimo de la política de ejercicio de derechos políticos en los receptores de las inversiones que realicen las AFP con los recursos de los fondos de pensiones obligatorias y del fondo de cesantía.
N. del D.: La presente circular externa va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones obligatorias y de cesantía.
CAPÍTULO III-Disposiciones comunes para las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías
g. Descripción de las variables, modelos, metodologías y/o demás elementos cualitativos considerados para establecer la asignación estratégica de activos para cada tipo de fondo de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía.
h. Los soportes que permitan evidenciar el desarrollo de las metodologías y modelos descritos en este numeral.
3.3.1.2. Distribución por clase de activos, volatilidades y correlaciones.
Bajo la siguiente estructura se debe indicar la asignación estratégica de activos por cada tipo de fondo de pensiones obligatorias y el portafolio de largo plazo del fondo de cesantía:
Clase de activo Porcentaje de participación(2)(2) Incluido el Valor de los activos subyacentes objeto de derivados de inversión. Volatilidad (desviación estándar) Rentabilidad esperada(3)(3) Rentabilidad de los activos en pesos colombianos, en términos efectivos anuales. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
n Descripción de cada una de las clases de activo determinada por la administradora para establecer la asignación estratégica(1)(1) En un anexo a este cuadro se debe remitir los códigos del anexo “Clase de inversión” del formato 351 - Portafolio de Inversiones que conforman cada clase de activo. 1
n + 1 1
Total inversiones y depósitos a la vista 100%
Así mismo, se deben informar los rangos dentro de los cuales pueden oscilar los porcentajes de participación indicados, describiendo la metodología utilizada para establecerlos.
Cualquier modificación a los rangos de participación por clase de activo o a los parámetros generales utilizados en la asignación estratégica de activos deberá ser informada a la SFC dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por parte de la junta directiva, acompañada del respectivo análisis y justificación.
3.3.2. Monitoreo.
Dentro de los quince (15) días siguientes a los cortes a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año, las sociedades administradoras remitirán a partir del corte del 30 de junio de 2012, en medio magnético, la siguiente información a la SFC, para cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía:
• Participación por clase de activo establecida en la asignación estratégica de activos aprobada por la junta directiva.
• Participación real por clase de activo. Para el efecto se debe tener en cuenta el promedio diario de las participaciones durante el período comprendido entre el 1º de enero de cada año (o el día siguiente a la fecha de modificación de la asignación estratégica de activos, aprobada por la junta directiva) y la fecha de corte del reporte.
• Rentabilidad obtenida por clase de activo durante el período comprendido entre el 1º de enero de cada año (o el día siguiente a la fecha de modificación de la asignación estratégica de activos, aprobada por la junta directiva) y la fecha de corte del reporte, en términos efectivos anuales.
• Rentabilidad del portafolio atribuible a la asignación estratégica de activos.
• Rentabilidad del portafolio atribuible a la asignación táctica de activos.
4. Ejercicio de los derechos políticos de las AFP respecto de las inversiones que realicen con los recursos de los fondos de pensiones obligatorias y de cesantía.
Corresponde a la junta directiva de las AFP la aprobación de la política de ejercicio de derechos políticos respecto de las inversiones que realicen las AFP con los recursos de los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías, incluyendo aquellas que se efectúen en carteras colectivas, fondos de capital privado, bonos y/o acciones, entre otros.
4.1. Contenido mínimo.
Sin perjuicio de los lineamientos particulares que las AFP establezcan, la política de ejercicio de derechos políticos deberá incorporar como mínimo:
4.1.1. Principios orientadores.
La política se deberá orientar teniendo en cuenta:
— La prevalencia de los intereses de los afiliados en el ejercicio de los derechos políticos.
— La obligatoriedad en el cumplimiento de la política por parte de los representantes designados por la AFP.
— El seguimiento permanente e información suficiente sobre la forma como se está ejerciendo la política por parte de los representantes designados por la AFP.
— La revelación de la política a los diferentes grupos de interés; y
— Las mejores prácticas de gobierno corporativo.
4.1.2. Representante designado para el ejercicio de los derechos políticos.
La AFP designará los representantes que considere necesarios para el ejercicio de sus derechos políticos, de conformidad con la política previamente aprobada, quienes deberán ser personas de reconocida responsabilidad e idoneidad. Dichos representantes podrán ser funcionarios de la AFP o mandatarios externos designados para tal fin, y deberán ser elegidos con base en criterios mínimos definidos por la AFP en su política. La selección de cada representante deberá quedar debidamente documentada y los soportes correspondientes deberán estar a disposición de la SFC.
Para la designación de las personas que han de representar a los fondos administrados podrán utilizarse los mecanismos establecidos en los artículos 2.14.4.1.6 y 2.14.4.1.7 del Decreto 2555 de 2010, para el ejercicio de los derechos sociales en las asambleas de accionistas.
En el ejercicio de los derechos políticos, los representantes designados por las AFP deberán cumplir sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.6.13.1.2 del Decreto 2555 de 2010.
Cuando el representante de una AFP vote en forma contraria a la mayoría deberá entregar una constancia que justifique las razones de su decisión a quien ejerza la secretaría de la reunión, para que sea incorporada en el acta respectiva. Copia de dicha constancia o del acta que la contenga deberá reposar en la AFP y estar a disposición de la SFC.
4.1.3. Asistencia a reuniones.
La Política de Ejercicio de Derechos Políticos que establezca la AFP deberá garantizar la participación de su representante en las asambleas de accionistas, asambleas de tenedores de bonos y asambleas de inversionistas, cuando a ello haya lugar.
La participación en dichas reuniones se sujetará como mínimo a los siguientes lineamientos:
— Las AFP deberán ejercer los derechos políticos que correspondan a inversiones que representen una participación relevante en los términos del artículo 2.6.13.1.2 del Decreto 2555 de 2010; y
— Siempre que lo consideren necesario, las AFP ejercerán los derechos políticos que correspondan a inversiones en las cuales no tengan una participación relevante, de acuerdo con las políticas previstas para el efecto por la entidad y respetando los lineamientos establecidos en la presente circular.
4.1.4. Votación de decisiones no materiales.
La junta directiva de la AFP deberá establecer las políticas y procedimientos a seguir por sus representantes en materia de decisiones no materiales, así como los criterios con base en los cuales podrán abstenerse de participar en las deliberaciones y votaciones de estos asuntos.
Para efectos de este numeral, se considerarán materiales las decisiones relativas al cambio de estructura de los órganos de gobierno corporativo y administración del receptor de la inversión, el cambio de representante de tenedores de bonos, reorganizaciones empresariales, liquidaciones, nuevas emisiones o disminuciones de capital, políticas de inversión y financiamiento del emisor, y decisiones que en general requieran quórum especial, así como aquellas que puedan llegar a afectar los intereses de los afiliados a los fondos de pensiones obligatorias y/o de cesantías.
Para el caso de decisiones materiales, la AFP solamente podrá abstenerse de ejercer el voto en aquellos casos en que se presenten situaciones generadoras de conflictos de interés o no haya podido obtener información suficiente para votar determinado asunto, caso en el cual deberá documentar las razones de la abstención y las gestiones llevadas a cabo para obtener la información, cuando a ello haya lugar. Los soportes correspondientes deberán estar a disposición de la SFC.
4.1.5. Criterios y procedimientos de selección de miembros de junta directiva o consejos de administración.
Las AFP deberán establecer los criterios y procedimientos de selección de las personas que serán propuestas o votadas para ser miembros de las juntas directivas o consejos de administración del receptor de la inversión, en los términos señalados en el artículo 2.6.13.1.5 del Decreto 2555 de 2010.
En todos los casos se deberán tener como criterios mínimos de selección, la experiencia, idoneidad e independencia de los candidatos, así como su disponibilidad de tiempo para participar de la labor de
la junta o consejo. Con este fin, dispondrán dentro de sus Políticas el número máximo de juntas directivas a las que dichas personas podrán pertenecer, dentro de los límites señalados en el artículo 202 del Código de Comercio.
Para efectos del criterio de independencia se deberá tener en cuenta como mínimo lo dispuesto en los artículos 2.6.13.1.5 del Decreto 2555 de 2010 y 44 de la Ley 964 de 2005.
4.1.6. Rotación, reelección y participación mínima.
Las AFP, como expresión de mejores prácticas de gobierno corporativo, establecerán en sus políticas el número máximo de veces que apoyarán la reelección de una persona como miembro independiente de junta directiva o consejo de administración del receptor de la inversión. Para votar dicha reelección, las AFP deberán considerar en sus políticas, entre otros aspectos, los resultados que haya obtenido dicho miembro en la autoevaluación efectuada por la propia junta o consejo, si la hubiere.
4.1.7. Remuneración.
Las AFP deberán promover que el emisor cuente con políticas en materia de remuneración de los miembros de junta directiva o consejo de administración, en las que se considere, entre otras, su participación activa y efectiva en el órgano colegiado, una gestión propia de un buen hombre de negocios y el cumplimiento de los objetivos de largo plazo del receptor de la inversión.
4.1.8. Elección del revisor fiscal.
En la Política de ejercicio de derechos políticos, las AFP deberán promover las mejores prácticas de buen gobierno en la elección del revisor fiscal.
Para el efecto, se consideran como sanas prácticas de gobierno corporativo, entre otras:
— El examen de la idoneidad y experiencia de los postulantes personas jurídicas y naturales.
— Que las firmas de revisoría apliquen en su trabajo estándares internacionales de reconocida calidad y verificación.
— Que se verifique e informe por parte del receptor de la inversión el alcance de la planeación del trabajo, la metodología a utilizar, así como del equipo humano asignado por la firma para desarrollar el trabajo.
4.1.9. Reglas sobre conflictos de interés.
De conformidad con el artículo 13 del Decreto-Ley 656 de 1994 “Las sociedades que administren fondos de pensiones, sus directores, administradores y representantes legales deberán abstenerse en general de realizar cualquier operación que pueda dar lugar a conflictos de interés entre ellas o sus accionistas o vinculados y el fondo que administran, y adoptarán las medidas necesarias para evitar que tales conflictos se presenten en la práctica”. Igual previsión se predica de la administración de los fondos de cesantías y de otros patrimonios autónomos y demás recursos de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 y 158 del estatuto orgánico del sistema financiero.
En tal virtud, las políticas aplicables a las situaciones generadoras de conflictos de interés relacionadas con el proceso de inversión que fijen las AFP deberán incorporar los siguientes contenidos mínimos:
i. Criterios para identificar potenciales conflictos de interés, derivados de la función de administrador de recursos de terceros con acceso a información privilegiada.
ii. Criterios para evitar incurrir en situaciones que puedan dar lugar a conflictos de interés y que puedan afectar el ejercicio de los derechos políticos, protegiendo en todo evento los intereses de los afiliados a la AFP.
iii. Procedimientos y normas de control interno que eviten la ocurrencia de conflictos de interés que puedan afectar a la AFP, sus administradores, gerentes, ejecutivos principales.
iv. Procedimientos y normas de control interno sobre situaciones de uso de información privilegiada respecto de cualquier funcionario que, en razón de su cargo o posición, tenga acceso a información de las inversiones de una AFP que aún no haya sido divulgada al mercado, y que por su naturaleza sea capaz de influir en las cotizaciones de los valores de dichas inversiones.
4.1.10. Acuerdos de accionistas y convenios con inversionistas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.6.13.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los acuerdos o convenios de accionistas suscritos para el ejercicio de los derechos políticos deberán enmarcarse dentro de los principios de transparencia e integridad del mercado.
Dichos acuerdos tendrán como objetivo fortalecer el gobierno corporativo del receptor de la inversión, garantizando que en la representación siempre prevalezcan los intereses de los afiliados a la AFP en las juntas directivas o consejos de administración. Adicionalmente, se sujetarán en su contenido y revelación a lo dispuesto en los artículos 70 de la Ley 222 de 1995 y 43 de la Ley 964 de 2005, o cualquier otra norma que los modifique.
Los acuerdos o convenios de accionistas en que solo participen AFP no podrán dar lugar a ejercer el control sobre la receptora de la inversión.
Aquellos acuerdos que sean suscritos con accionistas diferentes a una AFP, si están dirigidos a obtener participaciones de control, deberán excluir la posibilidad de que la AFP participe o tenga injerencia en la administración del receptor de la inversión.
En todo caso, ningún acuerdo deberá contener cláusulas que conlleven la vulneración de los derechos de los accionistas minoritarios y de las normas legales aplicables en materia de conflictos de interés, régimen de competencia y manipulación del mercado.
Estos acuerdos o convenios deberán remitirse de forma inmediata a su suscripción a la Superintendencia Financiera de Colombia, precisando en la comunicación de envío las reuniones de asamblea en donde se tiene dispuesta su aplicación.
Para efectos de lo previsto en el presente numeral deberá entenderse por control lo dispuesto en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio.
4.1.11. Procedimientos para asegurar el cumplimiento de la Política.
Las AFP deben diseñar, implementar y documentar los procedimientos necesarios para controlar el cumplimiento del contenido de la Política de ejercicio de derechos políticos respecto de las inversiones que realicen con los recursos de los fondos de pensiones obligatorias y de cesantía.
4.2. Divulgación.
La difusión de la Política de ejercicio de derechos políticos, en su versión completa, deberá efectuarse a través de la página web de las AFP. Adicionalmente, deberán señalar, en el panel de información al público ubicado en sus oficinas, la existencia y disponibilidad de una copia de tales políticas para su consulta. Lo anterior, sin perjuicio de otras formas de difusión que la AFP estime pertinentes.
Las AFP podrán elaborar un extracto o síntesis de la Política de ejercicio de derechos políticos para su difusión a través de otros medios, cautelando que sus contenidos sean lo suficientemente claros y completos en todo aquello que deba constituir información estratégica para que las personas adopten sus decisiones de selección de la AFP en forma ilustrada, particularmente en lo referente a los factores que incidan en la rentabilidad y riesgo de sus decisiones de inversión.
4.3. Revisión periódica.
La junta directiva de cada AFP deberá revisar por lo menos anualmente la Política para el ejercicio de los derechos políticos que haya adoptado y, en caso de que sea modificada, deberá divulgarse a los diferentes grupos de interés, a través de los medios indicados en el presente numeral.

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