text:
DECRETO FORAL 79/2018, de 3 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo. - BON. Boletín Oficial de Navarra - Legislación - VLEX 741932877
DECRETO FORAL 79/2018, de 3 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo.
Artículo único. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo.
Las modificaciones introducidas en el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, aconsejan acomodar la norma reglamentaria a la legal. Por otro lado, la experiencia acumulada en la gestión del impuesto, recomienda modificar algunos artículos del Reglamento de cara a clarificar su aplicación. Se adaptan también algunas referencias al nuevo contenido de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, así como a otras normas, que han quedado desfasadas.
Se modifican las referencias a la estructura del Departamento competente en materia tributaria, buscando una formula no excluyente que sea acorde al principio de igualdad y que no requiera de modificaciones ante futuros cambios.
En primer lugar, se re-numeran los artículos 2.º, 2.º bis, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º y 9.º, pasando a ser los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 respectivamente.
En el Capitulo I, y en relación con las rentas exentas, se modifica en primer término el artículo 2.º 2.4.º, relativo a la exención de determinados premios literarios, artísticos y científicos, para establecer que, si la exención la ha declarado una Administración tributaria distinta de la navarra, el premio se considerará exento siempre que se cumplan los requisitos contemplados en la normativa navarra, debiendo solicitarlo la persona premiada, tanto si el premio ha sido convocado por una Administración española como si se hubiese convocado en el extranjero o por organizaciones internacionales.
En segundo lugar, se introducen cambios en el artículo 2.º bis, para incorporar, al igual que en la Ley Foral del Impuesto, la exención de las becas para estudios concedidas por fundaciones bancarias en el desarrollo de su actividad de obra social, reguladas en el Título II de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias.
Por último, se modifica el artículo 5.º, que desarrolla reglamentariamente la exención de los rendimientos por trabajos realizados en el extranjero, para adaptarlo a la Ley Foral del Impuesto, de forma que el importe de la exención no podrá superar 30.000 euros.
Por otro lado, y en relación con la determinación de los rendimientos netos del trabajo que tengan un periodo de generación superior a dos años o que no se obtengan de forma periódica o recurrente, dado que la Ley Foral del Impuesto se modificó permitiendo que bajo determinados requisitos se pudiera aplicar la reducción del 30 por 100 cuando se cobren de forma fraccionada, se adapta la norma reglamentaria a esta situación suprimiendo el segundo párrafo del artículo 10.2, siendo sustituido por otro que aclara cómo se aplica la reducción del 30 por 100 cuando los rendimientos superan el límite máximo de 300.000 euros y existen cuantías exentas de tributación, de forma que en este caso el importe sobre el que se puede aplicar la reducción será la diferencia positiva entre 300.000 euros y el importe de las rentas exentas.
Se adapta el artículo 11 a las modificaciones que la Ley Foral 16/2017, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, ha introducido en el artículo 17.2. Se suprime lo referente a prestaciones por fallecimiento de contratos de seguro, ya que no aporta novedad respecto al contenido de la Ley Foral del Impuesto. Además, se recoge la equiparación de las prestaciones de seguros de dependencia con las prestaciones por incapacidad permanente y gran invalidez, de forma que, si cumplen los requisitos, se les le aplicará la reducción del 50 por 100.
Se determina qué se entiende por condiciones equiparables a la hora de aplicar la reducción del 40 por 100 a determinados rendimientos del capital inmobiliario, recogida en el segundo párrafo del artículo 25.2 de la Ley Foral del Impuesto, que establece la posibilidad de aplicar la reducción que el artículo reserva a los rendimientos derivados de viviendas ofrecidas a la llamada bolsa de alquiler gestionada por NASUVINSA, a los rendimientos derivados de viviendas que estén alquiladas en condiciones equiparables a las del arrendamiento intermediado, siempre que el sujeto pasivo se comprometa a incorporarlo al programa de intermediación.
Ante la dificultad para determinar qué son condiciones equiparables, este artículo establece como tales aquellos arrendamientos cuyos precios no superen los que, dependiendo de la superficie de la vivienda y su ubicación, estén fijadas en cada momento para el mencionado programa.
Por otro lado se recogen las consecuencias en el caso de que finalmente la vivienda no se incorpore al mencionado programa. En primer lugar, ya no se podrá aplicar la reducción y, además, el sujeto pasivo deberá devolver las cantidades deducidas indebidamente más los intereses de demora, salvo que la causa por la que no se incorpore sea la falta de demanda en la zona donde se encuentre ubicada la vivienda.
Se suprime la presunción en relación con la afectación a actividades empresariales y profesionales de los elementos de transporte, remitiendo todo lo relativo a la deducción de gastos de utilización de elementos de transporte a lo establecido en el artículo 23.3 y 4 de la mencionada Ley Foral 26/2016, del Impuesto sobre Sociedades.
Se adapta el tratamiento de la amortización mínima a las modificaciones mercantiles y fiscales. En relación con el inmovilizado intangible, se elimina la distinción entre intangible de vida útil definida e indefinida, ya que de acuerdo con la norma mercantil el intangible es siempre de vida útil definida y se amortiza en función de su vida útil y, si esta no puede estimarse de forma fiable, se considerarán 10 años.
En segundo lugar, se establece cuál será la amortización mínima a considerar en el caso de elementos de transporte sujetos a limitación en la deducibilidad de gastos: el importe resultante de aplicar el coeficiente que se deriva del periodo máximo de amortización previsto en el artículo 26 de este Reglamento al precio de adquisición, con independencia del régimen de determinación del rendimiento neto.
Para la determinación del rendimiento neto de actividades agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objetiva, se recoge que las subvenciones de capital que hayan financiado elementos del inmovilizado no amortizables o con periodo de amortización superior a 10 años, se computarán como ingreso por décimas partes en el plazo de 10 años. Esto se venía aplicando de esta forma en base a la regla general que establecía la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, pero la supresión de la misma en el nuevo texto impedía su aplicación.
Se recoge el desarrollo para la integración de los incrementos de patrimonio por cambio de residencia al extranjero (Tax exit), a que se refiere la disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley Foral del Impuesto, estableciendo el plazo para la presentación de las autoliquidaciones, el procedimiento para solicitar, en su caso, el aplazamiento de la deuda tributaria o para ejercer la opción por la aplicación de las especialidades en el caso de que el cambio de residencia sea a otro estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información.
Se adaptan a la Ley Foral del Impuesto determinados aspectos de las rentas del trabajo en especie:
–Por un lado, se recoge la ampliación a 1.500 euros del importe de las primas o cuotas satisfechas para la cobertura de la enfermedad de la persona trabajadora, su cónyuge o descendientes con discapacidad que no se considerará retribución de trabajo en especie.
–En relación con los gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal, se recoge que no tendrán la consideración de retribución en especie, tanto si se financian directa como indirectamente por la persona o entidad empleadora, entendiéndose que son financiados indirectamente cuando se financien por otras empresas que comercialicen productos necesarios para la adecuada formación de la persona trabajadora y se autorice por la empleadora.
–Respecto a la entrega de productos y servicios de comedor, en caso de fórmulas indirectas se aumenta el importe que no se considera retribución en especie a 11 euros (antes 9).
–En la entrega de acciones o participaciones a personas trabajadoras, se establece que no se incumple la exigencia de que la oferta se ha realizado en idénticas condiciones para todas las personas trabajadoras de la empresa por exigir una antigüedad mínima, siempre que sea la misma para todos.
–Se deroga el artículo 47.ter, que recogía los límites y características de la prestación del servicio de educación a los hijos e hijas de su personal empleado por centros educativos, como consecuencia de la derogación del artículo 15.2.e) de la Ley Foral del Impuesto por la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre.
Se deroga el artículo 50, que recoge la consideración de minusválido y la acreditación del grado de minusvalía, dado que la disposición adicional quinta de la Ley Foral del Impuesto recoge todo lo relacionado con este tema.
El artículo 68 de la Ley Foral del Impuesto establece que las cuantías que determinan el derecho, así como la cuantía de la deducción por pensiones de viudedad y de jubilación contributivas, se actualizarán con el valor...
DECRETO 49/2002, de 5 de febrero, por el que se declara de utilidad pública y de urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona regable del término municipal de Oliola (zona sur).

matches:
artículo 2
artículo 2
artículo 5
artículo 10
artículo 11
artículo 17
artículo 25
artículo 23
artículo 26
artículo 47
artículo 15
artículo 50
artículo 68


text:
Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Presidencia de la República del Perú
InicioMinistrosNoticiasDiscursosAgendaHistoriasPalacioNewsPNDH	Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)	Ante cientos de pobladores indígenas en el poblado amazónico Imacita en la provincia de Bagua, el jefe de Estado, Ollanta Humala Tasso, promulgó la Ley de Consulta Previa aprobada por unanimidad en el Congreso de la República.
De esta manera, se reconoce formalmente el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) TÍTULO I ASPECTOS GENERALES Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. Se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano mediante la Resolución Legislativa 26253. Artículo 2. Derecho a la consulta Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos. La consulta a la que hace referencia la presente Ley es implementada de forma obligatoria solo por el Estado. Artículo 3. Finalidad de la consulta
Artículo 17. Entidad competente Las entidades del Estado que van a emitir medidas legislativas o administrativas relacionadas de forma directa con los derechos de los pueblos indígenas u originarios son las competentes para realizar el proceso de consulta previa, conforme a las etapas que contempla la presente Ley.
Artículo 18. Recursos para la consulta Las entidades estatales deben garantizar los recursos que demande el proceso de consulta a fin de asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas u originarios.
Artículo 19. Funciones del órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo Respecto a los procesos de consulta, son funciones del órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo las siguientes:
Otras contempladas en la presente Ley, otras leyes o en su reglamento. Artículo 20. Creación de la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios Créase la base de datos oficial de los pueblos indígenas u originarios y sus instituciones y organizaciones representativas, la que está a cargo del órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo.
Referencias geográficas y de acceso. Información cultural y étnica relevante.
Instituciones y organizaciones representativas, ámbito de representación, identificación de sus líderes o representantes, período y poderes de representación. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Para efectos de la presente Ley, se considera al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura como el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. SEGUNDA. La presente Ley no deroga o modifica las normas sobre el derecho a la participación ciudadana. Tampoco modifica o deroga las medidas legislativas ni deja sin efecto las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia.
CUARTA. La presente Ley entra en vigencia a los noventa días de su publicación en el diario oficial El Peruano a fin de que las entidades estatales responsables de llevar a cabo procesos de consulta cuenten con el presupuesto y la organización requerida para ello. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
Ley Consulta previa en PDF

matches:
Artículo 1
Resolución
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 17
Artículo 18
Artículo 19
Artículo 20


text:
SUSESO: Normativa y jurisprudencia - Ley 16.744, artículo 12
Artículo 12° El Presidente de la República podrá
autorizar la existencia de estas Instituciones,
otorgándoles la correspondiente personalidad jurídica,
cuando cumplan con las siguientes condiciones:
a) Que sus miembros ocupen, en conjunto, 20.000
trabajadores, a lo menos, en faenas permanentes;
b) Que dispongan de servicios médicos adecuados,
propios o en común con otra mutualidad, los que deben
incluir servicios especializados, incluso en
c) Que realicen actividades permanentes de prevención
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
d) Que no sean administradas directa ni indirectamente
por instituciones con fines de lucro, y
e) Que sus miembros sean solidariamente responsables de
las obligaciones contraídas por ellas.
El Servicio Nacional de Salud controlará que dentro del
plazo que fije el Presidente de la República en el decreto
que les conceda personalidad jurídica, cumplan con las
exigencias previstas en las letras b) y c) del inciso
En caso de disolución anticipada de una Mutualidad, sus
miembros deberán constituir los capitales representativos
correspondientes a las pensiones de responsabilidad de dicha
Mutualidad, en el o los organismos administradores que deban
hacerse cargo en el futuro, del pago de tales pensiones.
En lo demás, se procederá en la forma como dispongan
sus estatutos y el Estatuto Orgánico de las Mutualidades
que deberá dictar el Presidente de la República en
conformidad al artículo siguiente.
Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización
de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá
estas funciones en conformidad a sus leyes y reglamentos
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los
acuerdos de los directorios de estas mutualidades que se
refieran a transacciones judiciales o extrajudiciales,
serán elevados en consulta a la Superintendencia de
Los acuerdos cuyo cumplimiento merezca dudas de
legalidad o conveniencia a los directorios de dichas
mutualidades podrán ser elevados en consulta por éstas a
la mencionada Superintendencia de Seguridad Social.
En casos calificados, la Superintendencia podrá
disponer que una o más de estas entidades, que a su juicio
requieran de un control especial, le eleven en consulta los
acuerdos de directorio que recaigan sobre las materias que
ella fije.
precedentes, la Superintendencia de Seguridad Social se
46° de la ley 16.395.
La Superintendencia de Seguridad Social impartirá las
instrucciones obligatorias que sean necesarias para el
cumplimiento de lo dispuesto en los incisos quinto a octavo
26/05/2020 Circular 3519 Seguro laboral (Ley 16.744) MODIFICA LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS CIRCULARES N°s 3446, 3457, 3462, 3464, 3468 y 3469 Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12 Circular 3519
18/05/2020 Circular 3516 Seguro laboral (Ley 16.744) MODIFICA LA CIRCULAR 3.465, DE 29 DE OCTUBRE DE 2019, SOBRE EVALUACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO EN ENFERMEDAD MÚSCULO ESQUELÉTICA Y EN ENFERMEDAD DE SALUD MENTAL. Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12ley 16.744, artículo 74 Circular 3516
09/04/2020 Circular 3508 Seguro laboral (Ley 16.744) EVALUACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO EN ENFERMEDAD MÚSCULO ESQUELÉTICA DE EXTREMIDAD SUPERIOR MODIFICA EL TÍTULO III. CALIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES DEL LIBRO III. DENUNCIA, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12 CIRCULAR 3508
08/04/2020 Circular 3507 Seguro laboral (Ley 16.744) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. MODIFICA EL TÍTULO III. ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12 CIRCULAR 3507
28/02/2020 Circular 3497 Seguro laboral (Ley 16.744) :Calificación de enfermedad CALIFICACIÓN DE ORIGEN DE PATOLOGÍAS DE SALUD MENTAL. MODIFICA LA LETRA C. PROTOCOLOS DE PATOLOGÍAS DE SALUD MENTAL, DEL TÍTULO III. CALIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, DEL LIBRO III. DENUNCIA, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N° 16.744. Ley 16.744, artículo 12 Circular 3497
27/01/2020 Circular 3490 Seguro laboral (Ley 16.744) MODIFICA LA CIRCULAR 3.467, DE 30 DE OCTUBRE DE 2019, SOBRE PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES AÑO 2020. Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12 Circular 3490
17/12/2019 Circular 3482 Seguro laboral (Ley 16.744) Modifica la Letra N del Título V del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y las Letras B y C del Título IV del Libro VI del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley Nº 16.744, de la Superintendencia de Seguridad Social. Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12Ley 20.255, artículo 47ley 20.255, artículo 7 Circular 3482
04/12/2019 Circular 3478 Seguro laboral (Ley 16.744) COMPLEMENTA INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN LA CIRCULAR N°3442 DE 2019, EN RELACIÓN A LOS ARCHIVOS QUE DEBEN INCORPORARSE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE REPORTES E INFORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN (GRIS), RESPECTO DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12 Circular 3478
28/11/2019 Circular 3476 Seguro laboral (Ley 16.744) MODIFICA LA CIRCULAR 3467, DE 30 DE OCTUBRE DE 2019, SOBRE PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES AÑO 2020 Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12 Circular 3476
19/11/2019 Circular 3472 Seguro laboral (Ley 16.744) MODIFICA CIRCULAR Nº 3430 DE 27-06-2019, EN LO RELATIVO A LA ENTIDAD OBLIGADA A RENDIR CUENTAS POR LAS TRANSFERENCIAS ESTABLECIDAS EN EL D.S. Nº2 DE 2019, DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12 Circular 3472
30/10/2019 Circular 3469 Seguro laboral (Ley 16.744) PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD DE TRABAJADORES EXPUESTOS A RUIDO. MODIFICA EL TÍTULO II. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRADORES, DEL LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS, Y EL TÍTULO I. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISESAT), DEL LIBRO IX SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES, DEL COMPENDIO DE NOMRAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N° 16.744 Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12 Circular 3469
30/10/2019 Circular 3466 Seguro laboral (Ley 16.744) IMPARTE INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES EMPLEADORAS Y SUS TRABAJADORES, CONTENIDA EN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISESAT). MODIFICA LOS LIBROS II, IV, Y IX, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N° 16.744 Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12 Circular 3466
29/10/2019 Circular 3464 Seguro laboral (Ley 16.744) HISTORIA OCUPACIONAL E INFORME DE LOS FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD. MODIFICA EL TÍTULO III. CALIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES DEL LIBRO III. DENUNCIA, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES Y EL TÍTULO I. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISESAT) DEL LIBRO IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N° 16.744 Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12 Circular 3464
29/10/2019 Circular 3465 EVALUACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO DE ENFERMEDAD MÚSCULO ESQUELÉTICA Y DE ENFERMEDAD DE SALUD MENTAL. MODIFICA EL TÍTULO III. CALIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES DEL LIBRO III. DENUNCIA, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES, Y EL TÍTULO I. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISESAT) DEL LIBRO IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N° 16.744 Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12 Circular 3465
24/10/2019 Circular 3461 Seguro laboral (Ley 16.744) IMPARTE INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CONTINUIDAD EN EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 CUANDO LA ENTIDAD EMPLEADORA CAMBIE DE ORGANISMO ADMINISTRADOR MODIFICA LOS LIBROS III, IV, V Y VI DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 DS 101 de 1968 Mintrab, artículo 70Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12ley 16.744, artículo 61Ley 16.744, artículo 63 Circular 3461
24/10/2019 Circular 3460 Seguro laboral (Ley 16.744) AJUSTES A LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE RESERVAS Y A LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE RIESGO TÉCNICO MODIFICA EL TÍTULO IV DEL LIBRO VII. ASPECTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS, EL TÍTULO I DEL LIBRO VIII. ASPECTOS FINANCIERO CONTABLES Y EL TÍTULO II DEL LIBRO IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 DL 2448Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12 Circular 3460
24/10/2019 Circular 3462 INCORPORA LA EVALUACIÓN MÉDICA INICIAL AL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISESAT) Y FIJA LOS PLAZOS PARA LA REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LA PRESCRIPCIÓN DE MEDIDAS A LAS ENTIDADES EMPLEADORAS DE DICHO SISTEMA. MODIFICA EL TÍTULO III., DEL LIBRO III. DENUNCIA, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES Y EL TITULO I, DEL LIBRO IX. SISTEMA DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N° 16.744 Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12 Circular 3462
22/10/2019 Circular 3455 Seguro laboral (Ley 16.744) RECHAZO POR CALIFICACIÓN DE ORIGEN COMÚN O LABORAL. MODIFICA ELTÍTULO IV. RECHAZO POR CALIFICACIÓN DE ORIGEN COMÚN O LABORAL ARTÍCULO 77 BIS LEY N° 16.744, DEL LIBRO III. DENUNCIA, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N° 16.744 DFL 1 de 2000 del ministerio de justicia, artículo 2515 (del art. 2)DFL 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo, artículo 14Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12ley 16.744, artículo 74Ley 16.744, artículo 77 bis Circular 3455
22/10/2019 Circular 3457 Seguro laboral (Ley 16.744) IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRADORES EN MATERIA DE ASESORÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGO, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER), EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EN LA AUTOEVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA LAS ENTIDADES EMPLEADORAS. MODIFICA EL TÍTULO II. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRADORES DEL LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N° 16.744 DS 40 de 1969 MintrabDS 76 de 2006 MintrabLey 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12Ley 16.744, artículo 66 bis Circular 3457
24/09/2019 Circular 3446 Seguro laboral (Ley 16.744) "IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE SALUD MODIFICA EL TÍTULO 11. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRADORES DEL LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS, Y EL TÍTULO l. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISESAT) DEL LIBRO IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744". Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.744, artículo 12 Circular 3446
12/09/2019 Circular 3444 Seguro laboral (Ley 16.744) "IMPARTE INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIAS MÉDICAS EMITIDAS COMO TIPO 5 O 6. MODIFICA EL TÍTULO l. DENUNCIAS, DEL LIBRO 111. DENUNCIA, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL [)E ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744". DS 3 de 1984 Minsal, artículo 2DS 3 de 1984 Minsal, artículo 32Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.744, artículo 12ley 16.744, artículo 74Ley 16.744, artículo 76Ley 16.744, artículo 77 bis Circular 3444
28/06/2019 Circular 3431 Seguro laboral (Ley 16.744) INCORPORACIÓN DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES AL SEGURO DE LA LEY N°16. 744 MODIFICA EL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 DFL 1 de 2005 del Ministerio de Salud, artículo 152DFL 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo, artículo 17DL 3500, artículo 16DL 3500, artículo 90DL 824, artículo 42 (del art 1)DS 101 de 1968 Mintrab, artículo 71DS 110 de 1968 MintrabDS 67 de 2008 Mintrab, artículo 13DS 67 de 2008 Mintrab, artículo 15DS 67 de 2008 Mintrab, artículo 6Ley 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 3Ley 16.395, artículo 30Ley 16.395, artículo 38Ley 16.744, artículo 12Ley 16.744, artículo 15Ley 16.744, artículo 68ley 18.095, artículo 1Ley 19.578, artículo sexto transitorioLey 20.255, artículo 88Ley 20.255, artículo 89Ley 20.255, artículo 90Ley 21.063Ley 21.133 Circular 3431
19/10/2018 Circular 3386 Seguro laboral (Ley 16.744) MODIFICA EL TÍTULO II. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRADORES DEL LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 Código del trabajo, artículo 506 terLey 16.395, artículo 2Ley 16.395, artículo 30Ley 16.744, artículo 12 Circular 3386
Dictámenes relacionados (48)
04/05/2018 Dictamen 22474-2018 Seguro laboral (Ley 16.744) Adhesión de MunicipalidadesConsulta a Asociación de Funcionarios Ley 16.395Ley 16.744, artículo 12Ley 19.345, artículo 1ley 19.345, artículo 2ley 19.345, artículo 3
03/04/2017 Dictamen 15603-2017 Seguro laboral (Ley 16.744) Servicios mínimosEquipos de emergencia Código del trabajo, artículo 184Código del trabajo, artículo 360DS 40 de 1969 Mintrab, artículo 3DS 54 de 1969 Mintrab, artículo 17Ley 16.744, artículo 12Ley 16.744, artículo 66Ley 20.940, artículo tercero
06/01/2016 Dictamen 710-2016 Seguro laboral (Ley 16.744) Actividades prevención capacitaciones hipobaria Ley 16.744Ley 16.744, artículo 12
22/12/2014 Dictamen 84797-2014 Seguro laboral (Ley 16.744) Organismos administradores privados mutuales fiscalización superintendencia de seguridad social ley n°16 DL 3536Ley 16.395, artículo 46Ley 16.744, artículo 12
12/11/2013 Dictamen 71105-2013 Seguro laboral (Ley 16.744) Obligación legalPrevención de riesgosResponsabilidad Ley 16.744Ley 16.744, artículo 12Ley 16.744, artículo 66
11/08/2005 Dictamen 38237-2005 Seguro laboral (Ley 16.744) Ley 16.395, artículo 30Ley 16.744Ley 16.744, artículo 12
17/05/2005 Dictamen 22863-2005 Seguro laboral (Ley 16.744) Ley 16.744Ley 16.744, artículo 12Ley 16.744, artículo 31
14/10/2004 Dictamen 40090-2004 Seguro laboral (Ley 16.744) Ley 16.395, artículo 30Ley 16.744Ley 16.744, artículo 12
13/03/2003 Dictamen 6979-2003 Seguro laboral (Ley 16.744) DS 110 de 1968 MintrabLey 16.395Ley 16.744, artículo 12
18/01/2000 Dictamen 1922-2000 Seguro laboral (Ley 16.744) DL 3536Ley 16.395, artículo 46Ley 16.744, artículo 12
31/01/1995 Dictamen 1129-1995 Seguro laboral (Ley 16.744) Ley 16.744, artículo 11Ley 16.744, artículo 12
31/01/1994 Dictamen 1200-1994 Seguro laboral (Ley 16.744) Ley 16.744Ley 16.744, artículo 11Ley 16.744, artículo 12
12/01/1987 Dictamen 246-1987 Seguro laboral (Ley 16.744) Ley 16.744, artículo 12
06/11/1986 Dictamen 8628-1986 Seguro laboral (Ley 16.744) Ley 16.744, artículo 12

matches:
artículo 12
Artículo 12
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 74
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 12
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 47
artículo 7
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 70
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 61
artículo 63
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
ARTÍCULO 77
artículo 2515
artículo 14
artículo 2
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 74
artículo 77
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 66
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 12
artículo 2
artículo 32
artículo 2
artículo 3
artículo 12
artículo 74
artículo 76
artículo 77
artículo 152
artículo 17
artículo 16
artículo 90
artículo 42
artículo 71
artículo 13
artículo 15
artículo 6
artículo 2
artículo 3
artículo 30
artículo 38
artículo 12
artículo 15
artículo 68
artículo 1
artículo 88
artículo 89
artículo 90
artículo 506
artículo 2
artículo 30
artículo 12
artículo 12
artículo 1
artículo 2
artículo 3
artículo 184
artículo 360
artículo 3
artículo 17
artículo 12
artículo 66
artículo 12
artículo 46
artículo 12
artículo 12
artículo 66
artículo 30
artículo 12
artículo 12
artículo 31
artículo 30
artículo 12
artículo 12
artículo 46
artículo 12
artículo 11
artículo 12
artículo 11
artículo 12
artículo 12
artículo 12


text:
 RESOLUCIÓN 3353 DE DICIEMBRE 3 DE 2001
RESOLUCIÓN 3353 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:ENTIDADES DEL SECTOR AMBIENTAL. SE IMPLEMENTA UN INSTRUMENTO PARA HACER MÁS ÁGIL Y EFICIENTE EL CONTROL QUE EJERCE EL IDU SOBRE LA EXISTENCIA, EJECUTORIA Y VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS QUE ACTUALMENTE SON REQUERIDOS A LOS DIFERENTES CONTRATISTAS PARA VERIFICAR LA LEGALIDAD DE SUS PROVEEDORES DE MATERIALES Y SERVICIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, LICENCIA AMBIENTAL, INTERVINIENTES EN EL DERECHO AMBIENTAL, ORGANISMOS COMERCIALES, INDUSTRIA
BOLETÍN N°:REGISTRO DISTRITAL 2533 DE DICIEMBRE 12 DE 2001
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 66317 DE 2019 ARTÍCULO 14 DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
RESOLUCIÓN 3353 DE 2001
“Por medio de la cual se fijan lineamientos para la conformación del directorio de proveedores de materiales de construcción y servicios de disposición final de escombros que cumplen con los requisitos ambientales y mineros establecidos en las normas vigentes”.
(Nota: Derogada por la Resolución 66317 de 2019 artículo 14 del Instituto de Desarrollo Urbano)
Que el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, tiene la responsabilidad de ejecutar obras públicas de desarrollo urbanístico y proyectos viales.
Que el IDU tiene como política incrementar los estándares ambientales manejados en las obras que son de su competencia.
Que en el mercado existe un elevado nivel de informalidad por parte de proveedores que suministran materiales comúnmente especificados en las obras del IDU, dificultando las labores de control y seguimiento que sobre el tema deben ejercer tanto las autoridades ambientales, como el IDU y sus contratistas.
Que igualmente en el Distrito proliferan los sitios de disposición final de escombros que no cuentan con las respectivas licencias y permisos expedidos por las autoridades ambientales competentes.
Que la guía de manejo ambiental para el desarrollo de proyectos de infraestructura en el Distrito Capital adoptada por la Resolución 991 de 2001 expedida por el DAMA, exige al IDU verificar y acreditar, que tanto los proveedores de materiales de construcción, como los sitios que prestan el servicio de disposición final de escombros para las obras del instituto cuenten con las licencias y permisos ambientales expedidos por las autoridades competentes.
Que el Código Penal colombiano (L. 509/2000), establece en sus artículos 333 y 338 las penas en las que pueden incurrir quienes exploten de manera ilícita los yacimientos mineros y produzcan contaminación.
Que el código de minas (L. 685/2001) define en su artículo 11 como materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras, usados generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. También, para los mismos efectos, son materiales de construcción, los materiales de arrastre tales como arenas, gravas y las piedras yacentes en el cauce y orillas de las corrientes de agua, vegas de inundación y otros terrenos aluviales.
Que el artículo 30 del mencionado código, señala que toda persona que a cualquier título suministre minerales explotados en el país para ser utilizados en obras, industrias y servicios, deberá acreditar la procedencia lícita de dichos minerales con la identificación de la mina de donde provengan, mediante certificación de origen expedida por el beneficiario del título minero o constancia expedida por la respectiva alcaldía para las labores de barequeo de que trata el artículo 155 de ese código. Este requisito deberá señalarse expresamente en el contrato u orden de trabajo o de suministro que se expida al proveedor.
Que se hace necesario buscar mecanismos que disminuyan el riesgo para el Instituto de Desarrollo Urbano o para sus contratistas de incurrir en delitos ambientales o contravenciones ambientales.
Que en virtud de la economía, transparencia y celeridad que rige las actuaciones públicas se requiere implementar un instrumento para hacer más ágil y eficiente el control que ejerce el IDU sobre la existencia, ejecutoria y validez de los documentos que actualmente son requeridos a los diferentes contratistas para verificar la legalidad de sus proveedores de materiales y servicios de disposición final de escombros.
ART. 1º—El Instituto de Desarrollo Urbano a través de la oficina asesora de gestión ambiental (OAGA), como mecanismo informativo conformará el directorio de proveedores de materiales de construcción y servicios de disposición final de escombros que cumplen con los requisitos ambientales y mineros establecidos en las normas vigentes, cuya finalidad es hacer más ágil y eficiente el control que ejerce el IDU sobre la existencia, ejecutoria y validez de los documentos que actualmente son requeridos a los diferentes contratistas para verificar la legalidad de sus proveedores de materiales y servicios de disposición final de escombros, la conformación de dicho directorio se iniciará a partir del mes de enero de 2002.
PAR.—El directorio a que se refiere el presente artículo tendrá un capítulo de proveedores de materiales, en el cual se inscribirán los proveedores de bases, subbases y afirmados granulares, agregados para la producción de mezclas de concreto y asfalto, mezclas de concreto hidráulico, mezclas asfálticas, elementos prefabricados con base en cemento, ladrillo y demás productos de arcilla, y otro capítulo en el cual se inscribirán los servicios de disposición final de escombros.
(Nota: Derogado por la Resolución 66317 de 2019 artículo 14 del Instituto de Desarrollo Urbano)
ART. 2º—Los proveedores de materiales interesados en inscribirse en el directorio de que trata la presente resolución deberán solicitarlo por escrito ante la oficina asesora de gestión ambiental de conformidad con lo siguiente:
a) (Modificado).* Proveedores de agregados pétreos
Para efectos de esta resolución se entiende como agregados pétreos, aquellos definidos como materiales de construcción en el artículo 11 del código de minas, utilizados en la producción de mezclas de concreto hidráulico, mezclas asfálticas, bases, subbases y afirmados de vías y andenes. Se entiende como proveedor todo aquel que explote, beneficie, transporte, distribuya o comercialice cualquier tipo de arenas, gravas, triturados o recebos, quien deberá anexar los siguientes documentos para la inscripción en el directorio:
• Diligenciar el formato de solicitud de inscripción con la descripción de los sitios y frentes específicos de explotación, firmada por el propietario o representante legal de la empresa.
• Copia del título minero vigente debidamente inscrito en el registro nacional minero.
• A falta de la licencia ambiental deberá presentar la resolución que acoge, aprueba, impone o viabiliza el plan de manejo ambiental o plan de manejo y restauración ambiental para los frentes de explotación respectivos que suministrarán el material.
PAR.—Las explotaciones mineras ubicadas en zonas incompatibles con el uso minero y que además carecen de título minero, a las que se refiere el artículo 2º de la Resolución 1277 de 1996 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente modificatoria de la Resolución 222 de 1994, deberán presentar copia de la resolución por medio de la cual la autoridad ambiental competente acoge, aprueba o impone el plan de manejo, recuperación o restauración ambiental, así como el informe técnico de evaluación con el fin de verificar las restricciones de las que adolece la actividad.
*(Nota: Modificado el presente literal por la Resolución 2200 de 2002 artículo 1º del Instituto de Desarrollo Urbano)
(Nota: Modificado el presente literal por la Resolución 5772 de 2004 artículo 1º del Instituto de Desarrollo Urbano)
b) Proveedores de mezclas de concreto hidráulico
Para efectos de esta resolución se entiende como mezclas de concreto hidráulico las definidas en la norma técnica colombiana NTC-3318 (producción de concreto), NTC-3543 (mortero) y la NTC-4859 (relleno fluido) y mortero seco. Se entiende como proveedor de estas mezclas todo aquel que elabore, fabrique o transforme materiales para obtener cualquiera de estos productos, quien deberá anexar los siguientes documentos para la inscripción en el directorio:
• Diligenciar el formato de solicitud de inscripción con la descripción de las instalaciones industriales que se utilizarán para el suministro del concreto, incluyendo la capacidad, el tipo de planta a utilizar y el número de vehículos mezcladores disponibles. La solicitud debe ser diligenciada para cada planta por el representante legal de la empresa.
• Copia de la licencia ambiental, o de la resolución por medio de la cual la autoridad ambiental competente exige, acoge, impone o aprueba el plan de manejo ambiental para los medios de producción o plantas que suministrarán las mezclas de concreto a las obras.
• Si el documento acreditado es un plan de manejo ambiental, o cuando la licencia ambiental no incluya los permisos o autorice el uso de los recursos naturales necesarios para el desarrollo del proyecto, el interesado deberá presentar también aquellos permisos ambientales que soportan el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
• Certificación de la inscripción en el directorio de proveedores de materiales de construcción y servicios de disposición final de escombros que cumplen con los requisitos ambientales y mineros establecidos en las normas vigentes, expedido por la OAGA para su correspondiente proveedor de agregados pétreos conforme lo establecido en el literal A de este mismo artículo o copia de los documentos allí establecidos cuando el proveedor de agregados pétreos no esté inscrito previamente.
c) (Modificado).* Proveedores de ladrillo y demás productos de arcilla
Para efectos de esta resolución se entiende como ladrillo y demás productos de arcilla los elementos cerámicos para construcción como adoquines y tabletas, entre otros, definidos en la norma técnica colombiana NTC 4051 y se entienden como proveedores de tales materiales a todo aquel que los procese o fabrique, quien deberá anexar los siguientes documentos para la inscripción y registro:
• Diligenciar el formato de solicitud de inscripción con la descripción de las instalaciones industriales que se utilizarán para la fabricación del adoquín, ladrillo y demás productos de arcilla, incluyendo la capacidad de las mismas, forma de producción y tipos de horno, la solicitud debe ser diligenciada por el propietario o representante legal de la empresa.
• Copia de la resolución que otorga el permiso de emisiones atmosféricas para las instalaciones industriales desde las cuales se va a suministrar el ladrillo o producto de arcilla correspondiente, expedido por la autoridad ambiental competente, cuando esté dentro de los parámetros a que se refiere la Resolución 619 de 1997 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.
• A falta de la licencia ambiental para la explotación minera deberá presentar la resolución que acoge, aprueba, impone o viabiliza el plan de manejo ambiental o plan de manejo y restauración ambiental para los frentes de explotación respectivos que suministrarán el material. Las explotaciones mineras ubicadas en zonas incompatibles con el uso minero y que además carecen de título minero, a las que se refiere el artículo 2º de la Resolución 1277 de 1996 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente modificatoria de la Resolución 222 de 1994, deberán presentar copia de la resolución por medio de la cual la autoridad ambiental competente acoge, aprueba o impone el plan de manejo, recuperación o restauración ambiental, así como el informe técnico de evaluación con el fin de verificar las restricciones de las que adolece la actividad.
d) Proveedores de mezclas asfálticas
Para efectos de esta resolución se entiende como mezclas asfálticas, aquellas que se utilizan para la construcción de vías elaboradas con base en asfalto natural y/o de subproductos derivados de la refinación del petróleo. Los proveedores de estos materiales deberán anexar los siguientes documentos para la inscripción en el directorio:
• Formato de solicitud de inscripción diligenciado para cada una de las plantas, en el que se detalle la descripción y ubicación exacta de la planta de suministro de asfalto.
• Copia de la licencia ambiental, o de la resolución por medio de la cual la autoridad ambiental acoge, impone o aprueba el plan de manejo ambiental.
• Si el documento acreditado es un plan de manejo ambiental, o cuando la licencia ambiental no incluya los permisos o autorice el uso de los recursos naturales necesarios para el desarrollo del proyecto, el interesado deberá presentar también copia del permiso de emisiones atmosféricas cuando se trate de plantas de producción de mezcla asfáltica con hornos de secado de más de 30 ton./día.
Adicionalmente todos los proveedores de los materiales señalados en este artículo deberán anexar el certificado de existencia y representación legal o registro de cámara de comercio vigente a la fecha de la solicitud.
e) (Nota: Adicionado el presente literal por la Resolución 2200 de 2002 artículo 2º del Instituto de Desarrollo Urbano)
ART. 3º—(Modificado).* Como medida transitoria por el término de un año contado a partir del 1º de enero de 2002 y con el fin de evitar inconvenientes o suspensión en los contratos del instituto, con excepción de los proveedores de agregados pétreos a los que se refiere el artículo 2º de la Resolución 1277 de 1996 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, los proveedores de cualquiera de las categorías antes mencionadas que hubiesen presentado el plan de manejo ambiental ante la autoridad ambiental competente, y aún estuviesen a la espera de un pronunciamiento sobre el mismo, podrán acreditar ante el IDU tal situación, mediante la presentación de una certificación que no tenga más de cinco días de expedida por parte de la autoridad ambiental, en la cual se dé constancia de lo siguiente:
• Que el interesado no está en mora de presentar ante la entidad información complementaria, o de cumplir requisitos exigidos por esta para culminar definitivamente el trámite de evaluación del plan de manejo ambiental.
*(Nota: Modificado por la Resolución 2200 de 2002 artículo 3º del Instituto de Desarrollo Urbano)
ART. 4º—Con el fin de garantizar la participación del mayor número de proveedores y servicios de disposición final de escombros en el proceso de inscripción en el directorio de que trata esta resolución, el IDU realizará una convocatoria a través de un aviso publicado en un diario de alta circulación, en el cual se anunciarán las modalidades de inscripción y se informará a los interesados la fecha a partir de la cual entra a operar el directorio.
ART. 5º—El interesado presentará ante la OAGA la solicitud de inscripción anexando los documentos establecidos en el artículo segundo de esta resolución.
Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, el IDU realizará una verificación de la misma y emitirá una certificación de inscripción para aquellos que cumplen con los requisitos establecidos en esta resolución. De ser necesario, dentro del término aquí señalado el IDU podrá solicitar información a las autoridades ambientales respectivas cuando lo considere pertinente para verificar la existencia, ejecutoria y validez de los documentos presentados. Sin el lleno de estos requisitos no se procederá a la inscripción, caso en el cual, la OAGA requerirá por una sola vez al interesado la información faltante otorgándole un término perentorio de 15 días para complementar la información, si vencido el plazo el interesado no allega la documentación faltante se entenderá que ha desistido de la solicitud.
PAR. 1º—La inscripción tendrá una vigencia de un año prorrogable a solicitud del interesado por períodos iguales de tiempo. La solicitud de prórroga deberá presentarse por escrito ante la OAGA con un mes de anticipación al vencimiento de la misma.
PAR. 2º—La inscripción en el directorio de que trata esta resolución podrá ser solicitada en cualquier momento.
ART. 6º—(Modificado).* El IDU procederá a la cancelación de la inscripción en el directorio, por vencimiento o pérdida de vigencia de los documentos que soportaron la inscripción, o cuando se imponga al proveedor o servicio de disposición final de escombros, sanción de cierre o suspensión temporal o definitiva de actividades, mediante resolución debidamente ejecutoriada expedida por la autoridad competente.
*(Nota: Modificado por la Resolución 2200 de 2002 artículo 4º del Instituto de Desarrollo Urbano)
ART. 7º—Los interesados en participar en invitaciones, convocatorias, o licitaciones por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, sin distinguir el volumen del material, deberán adoptar uno de los dos esquemas siguientes para acreditar los requisitos ambientales y mineros exigidos para los proveedores de materiales y servicios de disposición final de escombros en los contratos del IDU:
• Presentar certificación expedida por la OAGA de la inscripción en el directorio.
• Adjuntar los documentos enumerados en el artículos 2º como parte de los requerimientos ambientales preliminares que exige el IDU para el inicio de la obra.
PAR. 1º—El IDU utilizará los medios tecnológicos que estén a su alcance para divulgar los listados de aquellos proveedores inscritos en el directorio buscando facilitar la labor de aquellos contratistas interesados en participar en los proyectos del instituto aprovechando este mecanismo.
PAR. 2º—Será obligación de los interventores y coordinadores de los contratos del IDU, establecer mecanismos de control que garanticen que todos los materiales usados por los contratistas en las obras provienen de fuentes legales.

matches:
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 14
RESOLUCIÓN
Resolución
artículo 14
Resolución
artículo 11
artículo 30
artículo 155
Resolución
artículo 14
resolución
resolución
artículo 11
resolución
artículo 2
Resolución
Resolución
resolución
Resolución
artículo 1
Resolución
artículo 1
resolución
resolución
resolución
resolución
Resolución
resolución
artículo 2
Resolución
Resolución
resolución
resolución
resolución
Resolución
artículo 2
artículo 2
Resolución
Resolución
artículo 3
resolución
resolución
Resolución
artículo 4


text:
Ref.: Fiscal. 31-UEDC-09.
Los suscritos fiscales
RENÉ ORLANDO SANTAMARIA COBOS
MANUEL ANTONIO LAZO CAMPOS
DATOS PERSONALES DE LOS IMPUTADOS
JOSE DOLORES ZELAYA MENDOZA
HUGO MARIO CORDOVA BENITEZ
RENE ORLANDO SANTAMARIA COBOS
DAGOBERTO PEREZ AGUIRRE
Asociación “Comité Pro-Mejoramiento del Empleado Postal”
UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE CORRUPCIÓN
Ref.: Fiscal. 31-UEDC-09.-
JUZGADO _____ DE PAZ
Los suscritos fiscales, mayores de edad, abogados, del domicilio especial de esta ciudad, actuando en calidad de agentes auxiliares del señor Fiscal General de la República y dentro de las facultades que nos confieren los artículos 193 Ord.4º de la Constitución de la República; 74, 268, 294, 295 numeral 1º, 329 y 350 Inc. 2º del Código Procesal Penal, formulamos el presente REQUERIMIENTO solicitando se decrete:
1) CASO UNO: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del imputado ausente LUIS FELIPE MORENO CARMONA E INSTRUCCIÓN FORMAL CON LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA DETENCION PROVISIONAL contra los imputados ausentes JOSE DOLORES ZELAYA MENDOZA, HUGO MARIO CORDOVA BENITEZ y RENÉ ORLANDO SANTAMARIA COBOS por atribuírseles la calidad de autores directos en la comisión del delito de PECULADO, previsto y sancionado en el Art.325 del Código Penal, bajo la modalidad de DELITO CONTINUADO de conformidad al artículo 42 del Código Penal, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y contra los imputados ausentes DAGOBERTO PEREZ AGUIRRE y MANUEL ANTONIO LAZO CAMPOS por atribuírsele responsabilidad penal en calidad de COMPLICES NECESARIOS en la comisión del delito de PECULADO, de conformidad al Art. 325 en relación al Art. 36 No. 1ambos del Código Penal, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA.
2) CASO DOS: INSTRUCCIÓN FORMAL CON LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA DETENCION PROVISIONAL contra los imputados ausentes RENE ORLANDO SANTAMARIA COBOS y DAGOBERTO PEREZ AGUIRRE en calidad de coautores de conformidad al Art. 33 Pn. por atribuírseles el delito de ACTOS ARBITRARIOS, previsto y sancionado en el Art. 320 del Código Penal en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA y contra el imputado ausente MANUEL ANTONIO LAZO CAMPOS, en calidad de COMPLICE NECESARIO, de conformidad al Art. 36 No.2 en el delito de ACTOS ARBITRARIOS, previsto y sancionado en el Art. 320 del Código Penal en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA.
3) CASO TRES: INSTRUCCIÓN FORMAL CON LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA DETENCION PROVISIONAL, contra los imputados ausentes HUGO MARIO CORDOVA BENITEZ y RENÉ ORLANDO SANTAMARIA COBOS por atribuírseles responsabilidad penal como autores directos de conformidad al Art. 33 Pn, en la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, previsto y sancionado en el Art.321del Código Penal, bajo la modalidad de DELITO CONTINUADO de conformidad al artículo 42 del Código Penal en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y además INSTRUCCIÓN FORMAL CON DETENCION PROVISIONAL contra el imputado RENE ORLANDO SANTAMARIA COBOS, por atribuírsele responsabilidad penal en la comisión del delito de MALVERSACION, previsto y sancionado en el Art. 332 del Código Penal en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, de conformidad a los siguientes CONSIDERANDOS:
DATOS PERSONALES DE LOS IMPUTADOS:
LUIS FELIPE MORENO CARMONA, de sesenta y seis años de edad, licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, con residencia en Séptima Calle Poniente, Condominio Casa Blanca, Colonia Escalón, apartamento número 15-B, San Salvador, hijo de Luis Felipe Moreno y Coralia Carmona Rivera, quien se identifica por medio de su Documento Único de Identidad número 02341001-2. Quien fungió como Director General de Correos, desde el día 05 de junio de 1996 al 31 de mayo de 1999.-
JOSE DOLORES ZELAYA MENDOZA, de cuarenta y nueve años de edad, licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, con residencia en Colonia San Mateo, pasaje quinto, casa número treinta y nueve, San Salvador, hijo de Jose Dolores Zelaya y de Blanca Isabel Mendoza, portador de su Documento Único de Identidad número 02237184-1.Quien se desempeñó como Subdirector General de Correos, desde el día 04 de junio de 1997al 31 de diciembre de 1999; a partir del día 01 de octubre de 1999 fue nombrado Director General de Correos ad-honorem y desde el día 01 de enero del año 2000 hasta el 31 de julio del año 2001 como Director General de la Dirección General de Correos.
HUGO MARIO CORDOVA BENITEZ , de cuarenta y dos años de edad, del domicilio de San Salvador, licenciado en Administración de Empresas, con residencia en Residencial Escalón Norte, Avenidas Los Encinos, número 6-B, San Salvador, hijo de Mario Humberto Córdova Orellana y de Gloria Delmy Benítez de Córdova, portador de su Documento Único de Identidad número 01814506-8. Quien se desempeñó como Subdirector General de Correos con carácter ad-honorem a partir del 29 de junio de 2001, y como Director General de Correos a partir del día 01 de octubre del año 2001 hasta el día 08 de mayo de 2006.-
RENE ORLANDO SANTAMARIA COBOS, de setenta y dos años de edad, licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, con residencia en Residencial Cumbres de la Escalón, Avenida La Montaña, número K-3, San Salvador, hijo de Juan Santamaría Arbizu y de Carmen Cobos, portador de su Documento Único de Identidad número 00242856-3. Quien se fue nombrado como Director General de Correos con carácter ad-honorem a partir del día 09 de mayo de 2006 hasta el día 14 de agosto de 2009.-
DAGOBERTO PEREZ AGUIRRE, de cincuenta y seis años de edad, empleado, del domicilio de Santa Tecla, con residencia en Urbanización San Antonio Las Palmeras, Calle San Antonio, pasaje F, polígono N, casa número veinticinco, Santa Tecla y en Urbanización Bosques de Lourdes, Avenida Quiche Sur, Block 17 “B”, casa número Uno, Colón, departamento de La Libertad, hijo de Germán Perez y de Emma Aguirre, portador de su Documento Único de Identidad número 02346699-0. Quien se desempeñó como Subdirector General de Correos a partir del día 01 de marzo de 2006 hasta el día 30 de junio de 2009.
MANUEL ANTONIO LAZO CAMPOS, de cuarenta y dos años de edad, empleado, del domicilio de Soyapango, con residencia en Colonia San José Uno, Calle número dos, Polígono dos, casa número veintiséis, Soyapango, hijo de Víctor Manuel Lazo y Ana Luisa Campos Calles, portador de su Documento Único de Identidad número 03850876-5. Quien laboró en la Dirección General de Correos con el cargo funcional de Asistente de la Dirección General desde el día 02 de octubre del año 2006 hasta el día 01 de agosto de 2009.
II.RELACION CLARA, PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS:
El día dos de octubre del año dos mil nueve, se recibió en sede fiscal, denuncia escrita por parte del señor Humberto Centeno Najarro en su calidad de Ministro de Gobernación en contra de los señores LUIS FELIPE MORENO CARMONA, JOSE DOLORES ZELAYA MENDOZA, RENE ORLANDO SANTAMARÍA COBOS, HUGO MARIO CORDOVA BENITEZ, y otros.
De acuerdo al texto de la denuncia y a la investigación realizada las acciones que se imputan a los denunciados se resumen en tres hechos concretos, los cuales se describen a continuación:
CASO UNO: VENTA DE SELLOS POSTALES:
Los artículos 1 y 2 del Reglamento de Correos, regulan que “la dirección suprema del servicio postal le corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación y que para la dirección inmediata del servicio postal habrá una oficina dependiente del Ministerio del Ramo que se denominará “Dirección General de Correos”, la cual estará a cargo de un Director General, quien de acuerdo al Art. 6 del mismo reglamento es el jefe inmediato y representante del Ramo, en tal concepto, es el órgano de comunicación con el Supremo Gobierno, así como con la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal, con las Administraciones Generales de Correos del exterior y con todos los funcionarios y empleados de la República para los asuntos que se relacionen con el servicio y la protección de los intereses del Correo”. El servicio postal de la República según el reglamento de correos se hará por medio de las oficinas siguientes: Dirección General, en San Salvador, Administraciones departamentales de primer orden, en todas las cabeceras departamentales y en los puertos de Acajutla, La Libertad y La Unión. Servicio postal que conlleva requisitos indispensables en la recepción, distribución y envío de la correspondencia entre los que se encuentran:
Que la correspondencia presente el sello postal conocido comúnmente como estampilla, lo que constituye una especie postal.
El embalaje o envoltorio de envío.
Y para el traslado de la misma, una contraprestación de servicios entre los países que origina fondos por liquidación de cuentas entre El Salvador y otros países por el servicio de correos, conocida como “Cuentas de Terceros”.
Excepcionalmente y por disposición legal, la venta de especies postales puede ser prestada en aquellos lugares donde no existan oficinas de correos por cualquier persona natural o jurídica ajena a la Dirección General de Correos, que cumpliendo los requisitos administrativos hayan sido autorizados mediante resolución fundada dictada por el Director General de Correos como “patentado” figura legal que le permite a la persona autorizada, instalar en su dirección particular rótulos alusivos a la Dirección General de Correos con los que hace saber al público, que dicho lugar está autorizado para vender sellos postales (estampillas) y recibir correspondencia en buzones recolectores, de conformidad a los artículos 73 y 76 del Reglamento de Correos; en contraprestación de esta actividad la persona que ostenta el patentado obtiene de parte de la Dirección General, una comisión que oscilo entre 5% y 8% y según reforma del artículo 79 del Reglamento de Correos ahora tiene un límite máximo del 15 % del valor nominal de las compras de sellos postales que realice, lo cual se descuenta de las facturas al momento de realizar la compra.
La unidad de expendio de especies postales, es la encargada de la venta masiva de sellos postales a las diferentes sucursales de correos del departamento de San Salvador y de toda la República, así como de la venta a personas naturales y jurídicas que están autorizadas como patentados por la Dirección General, iniciando el trámite de compra-venta partir que el encargado de sesión ventanillas o cualquier persona delegada por la sesión de ventanillas de las oficina de correos llega al a la unidad de especies postales donde hace el pedido de las estampillas, en un formulario original y dos copias, el cual es firmado por el comprador, luego pasa a la Colecturía Auxiliar de la Dirección General de Correos, se cancela la compra entregando el formulario de pedido, la Colecturía Auxiliar entrega a la persona el original y copia de dicho recibo de compra, posteriormente la persona con dichos recibos regresa a la Unidad de Especies Postales, donde se le despachan las estampillas compradas, dejando una copia del recibo de compra y del formulario de pedido.
El trámite para compra de estampillas a los patentados es el mismo con la diferencia que a los clientes de los patentados se les otorga la comisión que puede ser del 5%, del 8% o del 15% por las compras que realizan el cual se deduce de forma inmediata en la factura de compra por la Colecturía Auxiliar de la Dirección General de Correos. La Colecturía Auxiliar por su parte elabora el Recibo Único de Ingreso (RUI) en el cual se reporta la compra de sellos postales y en el caso del patentado en dicho recibo se hace constar el descuento del valor de la Comisión por la compra de sellos postales, consignando a favor de que patentado se ha realizado tal deducción, dicho Recibo es reportado en un Informe de Caja que elabora el encargado de la Colecturía diariamente de todas las ventas que realiza durante el día, del cual se remite una copia al Ministerio de Hacienda, al final del día la Colecturía Auxiliar de todos los fondos captados elabora una remesa que es remitida a la Cuenta del Fondo General de la Nación a través de una cuenta del Banco Agrícola a nombre de la Dirección General de Tesorería-Fondo General de la Nación.
En ese contexto, se tiene que según publicación del diario oficial número 172 tomo 188, de fecha 22 de septiembre de 1960, se funda la Asociación “Comité Pro-Mejoramiento del Empleado Postal”, constituida por autoridades y empleados de la Dirección General de Correos, teniendo como objetivo principal “.......además de celebrar en debida forma el día del empleado postal, resolver los problemas asistenciales con el fin de salvaguardar y proteger la salud y el bienestar del empleado postal Salvadoreño, pudiendo para tal objeto actuar por su propia cuenta o en colaboración con cualquier entidad oficial o de iniciativa privada, cuando se estimare necesario, para la mejor realización de sus fines.”, Art. 2 de los Estatutos.
El artículo 28 de los Estatutos, establece que:“...El patrimonio de la Asociación se constituirá por la aportación que se tiene de reserva inicial, por las aportaciones de los Socios Benefactores, por el producto de rifas, colectas, subsidios, festivales realizados a tal efecto, legados, donaciones y en general, por todas las liberalidades que a cualquier título legitimo reciba la Asociación de personas naturales o jurídicas o de instituciones públicas o privadas”.
Según el Art. 10 de los Estatutos del Comité Pro-mejoramiento del Empleado Postal, el Director General de Correos es el encargado de elegir la Junta Directiva de dicho Comité, quien decide a su satisfacción quienes conformaran dicha junta, eligiendo los subalternos que jerárquicamente dependerán de la Dirección General, y en cumplimiento de ello, el Director General Luis Felipe Moreno Carmona, eligió a su satisfacción, como miembros de la junta directiva en su gestión a los señores: Clemente Antonio Palacios Coreas, como presidente, Julio Alberto Menéndez como tesorero, al señor Fredy Alberto Alfaro Ramírez como secretario, además tres vocales que eran miembros de las asociaciones ANEPES y SUCEPES, según informe de fecha diez de junio de 2011, del Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación, dicha junta directiva no fue inscrita.
En ese marco, mediante nota de las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, el entonces Director General de Correos Luis Felipe Moreno Carmona, giró instrucciones al Jefe de la Oficina Departamental de Correos de San Salvador y a las Jefaturas Departamentales de Correos a nivel nacional, en el sentido que “En aras de la función social que realizaba el Comité Pro mejoramiento del Empleado Postal y no habiendo ningún inconveniente de orden legal, se sirvieran tramitar las compras de sellos postales a través del mencionado Comité”.
Disposiciones que fueron acatadas por todas las oficinas y jefaturas departamentales de Correos y en cumplimiento a las instrucciones del Director General Moreno Carmona, tramitaron la compra de sellos postales a través del Comité Pro mejoramiento del Empleado Postal de la siguiente manera:
Las oficinas postales a nivel nacional utilizando la fórmula 13-20 hacían los pedidos de especies postales mediante valores declarados, siendo este un servicio interno de correos en el que además de enviar el detalle del pedido de estampillas, remitían el dinero para las compras, la oficina postal de San Salvador hacia las compras directamente a través del Comité y en otros casos los jefes departamentales enviaban personal de las oficinas para que realizaran las compras de estampillas a través del Comité en las instalaciones de la Dirección General de Correos en San Salvador, por lo que de acuerdo a la instrucción la intervención de los miembros del Comité en la compra iniciaba a partir que el tesorero del Comité de esa época Julio Adalberto Menéndez o cualquier miembro del Comité, recibían los pedidos y el dinero de la compra o lo retiraban de la ventanilla correspondiente los valores declarados, documentaban el pedido y la factura de compra en la Unidad de Especies Postales, luego llevaban la factura a la Colecturía Auxiliar de la Dirección General, donde la pagaban y de ese valor, descontaban en efectivo el 5% del valor nominal de dicha compra, es decir, el dinero descontado ya no ingresaba dentro de la remesa que la Colecturía Auxiliar hacía en la cuenta bancaria Dirección General de Tesorería-Fondo General de la Nación.
Una vez se pagaba el valor de la compra se dirigían nuevamente a la Unidad de Especies Postales para que les despacharan las estampillas, las que dependiendo de la oficina que realizaba la compra las entregaban al encargado de ventanilla o las entregaban a la persona que había llegado a hacer la compra de la oficina postal o eran enviadas por los mismos encargados del Comité utilizando el mismo servicio postal de valor declarado a cada oficina postal, para que dichas estampillas fueran vendidas al público en el área de ventanillas por el mismo personal de la Dirección General, es decir, en toda la intermediación de compra-venta utilizaban los recursos humanos, financieros y medios de transporte de la Dirección General de Correos y no del Comité Pro Mejoramiento del Empleado Postal.
El dinero que utilizaban las sucursales y jefaturas departamentales de la Dirección General de Correos para realizar las compra de estampillas era producto del fondo rotativo producto de la venta de estampillas con valor comercial que es asignado a cada oficina postal desde el momento de su apertura y que involucra el proceso de compra y venta de sellos postales, por lo que los fondos con los que efectuaban las compras era propiedad de la Dirección General de Correos y el producto de sus ventas debía ingresar a la Cuenta Dirección General de Tesorería-Fondo General de la Nación conocido como FONDOS GOES, siendo que el Comité Pro-mejoramiento del Empleado Postal, a pesar de no utilizar fondos propios para las compras de sellos postales y no materializar las ventas de estos, recibía en efectivo inicialmente una comisión del 5% y posteriormente recibió una comisión del 8% por las compras que hacían las oficinas postales, el dinero ingresaba como fondos propios a favor del Comité Pro mejoramiento del Empleado Postal.
Según manifestaciones de los señores Clemente Antonio Palacios Coreas, Julio Alberto Menéndez y el señor Fredy Alberto Alfaro Ramírez, la Junta Directiva de la cual formaron parte, no podía tomar decisiones por sí sola, pues la aprobación o no aprobación de las actividades patrocinadas por el Comité siempre fueron tomadas por el señor director Moreno Carmona, de esta forma el director general Moreno Carmona asumía la administración y control de la gestión de dicho Comité. Asimismo los recursos financieros con los que funcionaba dicho Comité, siempre fueron producto de la comisión que recibían por la compra de sellos postales (estampillas),pues cuando el personal de la junta directiva no participaba de ninguna manera en el proceso de compra, siempre la colecturía auxiliar de la DGC, entregaba en efectivo al señor tesorero del Comité Julio Adalberto Menéndez el total de la comisión a favor del Comité Pro mejoramiento del Empleado Postal de las compras de sellos postales que habían hecho el personal de las diferentes oficinas postales a nivel nacional, dinero que depositaban según el señor Julio Alberto Menéndez, en una cuenta del Banco de Fomento Agropecuario a nombre del Comité Pro-mejoramiento del Empleado Postal con firmas autorizantes de Julio Adalberto Menéndez, Fredy Alberto Alfaro Ramirez y Clemente Antonio Palacios Coreas, fondos que fueron utilizados a discreción del director general, y con el aval de éste, los fondos que obtenía el Comité fueron utilizados en esa gestión para celebraba el día del cartero, día del empleado postal, día de la madre, día del padre, día de la secretaria, fiestas navideñas, entrega de certificados de regalos por cumpleaños de empleados, compra de agua envasada, apoyo de papelería y útiles a todas las oficinas y jefaturas departamentales de la DGC, también sirvió para construir una piscina y finalizar la construcción del rancho de playa que fue denominado “El Marisal”, ubicado en la playa El Majahual en el Puerto de La Libertad, siendo el mismo inaugurado en la gestión de Luis Felipe Moreno Carmona.
Durante dicha gestión ningún miembro de la junta directiva tuvo a la vista ninguna documentación por escrito o autorización del Director General, ni información cierta que el Comité Pro-mejoramiento estuviera autorizado como Patentado, circunstancia que se mantuvo en el tiempo, ya que en la actualidad no hay evidencia cierta que dicha autorización haya existido formalmente.
Sin embargo, dentro de la evidencia documental consta que el imputado Luis Felipe Moreno Carmona en su calidad de Director General de Correos, emitió la resolución 183 de las ocho horas del día veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y seis, en la que resolvió: incrementar la patente de compra de Especies Postales al Comité Pro mejoramiento del Empleado Postal, que tenía por UN MILLON (c 1,000,000.00), en la cantidad de QUINIENTOS MIL COLONES (¢500.000.00), haciendo un total autorizado de UN MILLON QUINIENTOS MIL COLONES (¢ 1,500.000.00) y mediante resolución 347 de las ocho horas del día dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el director general Luis Felipe Moreno incrementó “de forma temporal la patente de compra de Especies Postales al Comité Pro-mejoramiento del Empleado Postal por la cantidad de QUINIENTOS MIL COLONES ( ¢ 500.000.00), haciendo un total autorizado para el mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES (¢2,500.000.00)”, medidas a las que optaba el Director General Moreno Carmona, en las vísperas navideñas con el objeto de incrementar el volumen de compras que hacían las oficinas postales a nivel nacional en la patente de compra de especies postales a favor del Comité Pro mejoramiento del Empleado Postal y como consecuencia permitirle al Comité obtener un mayor incremento en el valor de la comisión, siendo dichas resoluciones según el imputado Moreno Carmona una solución legal para que el Comité obtuvieron mayores ingresos, pues las compras siempre las hacían las oficinas postales en la forma ya relacionada, pues según el señor Clemente Antonio Palacios Coreas, el Comité jamás podía haber realizado una compra de tal magnitud con fondos propios, en principio porque el comité no recibía otros ingresos que no fueran de la comisión que les entregaba la Colecturía Auxiliar de Correos en concepto de patentado, ninguno de los directivos aportaba una cuota social a favor del Comité, ni tampoco había descuentos por cuota social de los empleados de Correos a favor del Comité, por lo que con dichas resoluciones el imputado Moreno Carmona justificaba que se trataba de un incremento a la patente autorizada a nombre del Comité Pro mejoramiento del Empleado Postal, a pesar que de acuerdo al informe de la Jefatura de la Unidad de Patentados de la Dirección General de Correos y la entrevista del señor Hugo Javier Rivera Ramírez en la Unidad de Patentados de la Dirección General se ha realizado una búsqueda minuciosa de algún expediente u autorización que documente la referida patente a favor del mencionado Comité, sin haber encontrado ningún registro de patentado a nombre del Comité Pro mejoramiento del Empleado Postal.
El imputado Luis Felipe Moreno Carmona, desempeño el cargo de Director General de la Dirección General de Correos desde el día 5 de junio de 1996 y ceso en el mismo el día 31 de mayo de 1999, asumiendo la Dirección General de Correos ad-honoren el entonces Subdirector General José Dolores Zelaya Mendoza, a partir del día 01 de octubre de 1999; y nombrado como Director General de la referida Dirección el día 01 de enero del año 2000.
El día veinte de enero del año dos mil, mediante acuerdo número uno de la Dirección General de Correos, el Director General José Dolores Zelaya Mendoza, nombró la Junta Directiva del Comité Pro mejoramiento del Empleado Postal, quedando integrada como presidente el señor Fredy Alberto Alfaro Ramírez, como tesorero el licenciado Carlos Alberto Rivera, como secretaria la señora Roxana Mariela Franco y como vocales los señores José Isidro Márquez Martínez, Teresa Ortega Cea y Mario Antonio Rivas Serrano, siendo inscrita al número sesenta y cinco del libro cinco del Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación.
En ese contexto, a pesar de la llegada del nuevo director Zelaya Mendoza y el nombramiento de una nueva junta directiva, el Comité Pro mejoramiento del Empleado Postal, continúo captando fondos a través de la figura del patentado y de la misma manera que se había hecho en la gestión del imputado Luis Felipe Moreno Carmona, pues seguía funcionando como intermediario en la compra de sellos postales de acuerdo a los detalles y dinero que eran remitidos o entregados por las sucursales y jefaturas departamentales de correos a los miembros del Comité, en ese sentido el nuevo director Zelaya Mendoza no giró ninguna instrucción que suspendiera el procedimiento de compra de sellos postales a través del Comité, ni revocó la instrucción del anterior director Moreno Carmona, sino por el contrario permitió que el Comité Pro mejoramiento del Empleado Postal continuará apropiándose de los fondos del Estado, pues se seguían deduciendo la comisión del 5% del valor nominal de las compras de estampillas que realizaban las oficinas postales, dinero que ya no ingresaba como producto de la venta de estampillas a la Cuenta Dirección General de Tesorería-Fondo General de la Nación. En dicha gestión, según los miembros de la junta directiva se preparaba un cronograma de actividades a desarrollar durante el año, que incluían festejo del día del cartero, día del empleado postal, día de la madre, día de la secretaria y además en el mes de diciembre del año dos mil, se celebró la fiesta del empleado postal a nivel nacional; también se le proporcionaba ayuda a los empleados cuando fallecía algún familiar cercano o un estado de necesidad comprobado, se dotaba de medicamentos a una clínica médica que funcionaba en la Dirección General de Correos y se daba mantenimiento y mejoramiento al rancho de playa “El Marisal”,algunas de estas celebraciones no se hicieron dentro de las instalaciones de correos, sino que se hicieron en restaurantes privados, a las cuales asistían únicamente el grupo de personas invitadas a discreción de la dirección, entre los que se encontraban, algunos jefes y secretarias, que todos los fondos del Comité eran invertidos a discreción del director Zelaya Mendoza y estos siempre fueron producto de la Comisión recibida por el Comité en calidad de patentado, es decir el director Zelaya Mendoza, también disponía sobre el manejo de dinero que de manera directa causaba pérdidas al Estado.
Tampoco en esta gestión los miembros de la junta directiva tuvieron a la vista algún documento donde constará que el Comité Pro mejoramiento del Empleado Postal estuviese autorizado como patentado, sino más bien se trató de una continuidad.
El director José Dolores Zelaya Mendoza, se mantuvo en el cargo hasta el día 31 de julio del año 2001, siendo nombrado como Director General ad-honorem de la Dirección General de Correos el señor Luis Yuri Romano Donis
Numero libro en la ciudad de San Salvador, a las horas del día de del año
En la ciudad de San Salvador, a las horas y minutos del día de de dos mil. Ante mí
Se realizó el estudio de mercado para la empresa Interceramic S. A. para los mercados de El Salvador y Honduras, para los cuales...
Centro escolar caserio ayalita
Yo,, Mayor de edad, con dui nº:, y nit

matches:
artículo 42
artículo 42
resolución
artículo 79
artículo 28
in fine
resolución
resolución
in fine


text:
BOE.es - Documento BOE-A-1995-18779
Documento BOE-A-1995-18779
Real Decreto 1399/1995, de 4 de agosto, sobre ampliación de servicios de la Administración del Estado traspasados a la Generalidad de Cataluña por el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en materia de enseñanza.
«BOE» núm. 186, de 5 de agosto de 1995, páginas 24256 a 24257 (2 págs.)
BOE-A-1995-18779
https://www.boe.es/eli/es/rd/1995/08/04/1399
El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, establece en el artículo 15 que la Generalidad de Cataluña tiene competencia exclusiva en materia de enseñanza.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, establece, según los términos de su artículo 4.º, 4, y disposición final primera, que los títulos académicos y profesionales correspondientes son expedidos por las Administraciones educativas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus competencias educativas, en las condiciones previstas en dicha Ley y por las normas básicas y específicas que al efecto se dicten. Dichas normas básicas han sido establecidas mediante Real Decreto 733/1995, de 5 de mayo.
En consecuencia, procede ampliar los citados servicios traspasados con los relativos a los de expedición de títulos académicos.
La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña, adoptó al respecto el oportuno Acuerdo en su sesión del Pleno celebrado el día 10 de mayo de 1995.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de agosto de 1995, D I S P O N G O :
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña, por el que se amplían los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Generalidad de Cataluña en materia de enseñanza, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión del día 10 de mayo de 1995, y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto, en los términos allí especificados. Artículo 2.
La fecha de efectividad será la señalada en el referido Acuerdo de la Comisión Mixta.
El presente Real Decreto será publicado simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», adquiriendo vigencia a partir de su publicación.
Doña Rosa Rodríguez Pascual y don Jaume Vilalta i Vilella, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña, certifican:
Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Transferencias, celebrada el día 10 de mayo de 1995, se adoptó Acuerdo por el que se amplían los medios traspasados a la Generalidad de Cataluña por el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en materia de enseñanza, con el actual traspaso en los términos que a continuación se expresan: A) Referencia a normas constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara la ampliación.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General de Sistema Educativo, establece, según los términos de su artículo 4.4 y disposición final primera, que los títulos académicos y profesionales correspondientes son expedidos por las Administraciones educativas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus competencias educativas, en las condiciones previstas en dicha Ley y por las normas básicas y específicas que al efecto se dicten.
Por el presente Acuerdo se procede a la ampliación de los citados servicios traspasados con los relativos a los de expedición de títulos académicos.
B) Servicios que son objeto de la ampliación de traspasos a la Generalidad de Cataluña en materia de enseñanza no universitaria y funciones correspondientes que ésta asume.
Se traspasa la función de expedición de los títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, así como los servicios inherentes a la misma.
El ejercicio de las funciones y servicios reseñados anteriormente se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 149 de la Constitución y en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, garantizando, en todo caso, la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales.
En el plazo de un mes desde la aprobación de este Acuerdo se firmarán las correspondientes actas de entrega y recepción.
El presente Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de julio de 1995.
Y para que conste, expedimos la presente certificación en Madrid a 10 de mayo de 1995.-Los Secretarios de la Comisión Mixta, Rosa María Rodríguez Pascual y Jaume Vilalta i Vilella.
Efectividad del traspaso desde el 1 de julio de 1995.

matches:
Real Decreto
Real Decreto
artículo 15
artículo 4
Real Decreto
Artículo 2
Real Decreto
Real Decreto
artículo 4
artículo 149
artículo 15