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Reglamento (UE) nº 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo a un Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social («EaSI») y por el que se modifica la Decisión nº 283/2010/UE, por la que se establece un instrumento europeo de microfinanciación para el empleo y la inclusión social
Artículo 3 Estructura del programa
Artículo 4 Objetivos generales del Programa
Artículo 6 Acción conjunta
Artículo 7 Coherencia y complementariedad
Artículo 8 Cooperación con los comités competentes
Artículo 9 Difusión de los resultados y comunicación
Artículo 10 Disposiciones financieras
Artículo 11 Protección de los intereses financieros de la Unión
Artículo 12 Seguimiento
TÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS A LOS EJES DEL PROGRAMA
CAPÍTULO I. Eje «Progress»
Artículo 14 Secciones temáticas y financiación
Artículo 16 Tipos de acciones
Artículo 17 Cofinanciación de la Unión
CAPÍTULO II. Eje «EURES»
Artículo 19 Secciones temáticas y financiación
Artículo 20 Objetivos específicos
Artículo 21 Tipos de acciones
Artículo 22 Cofinanciación de la Unión
Artículo 23 Seguimiento de los patrones de movilidad
Artículo 24 Participación
CAPÍTULO III. Eje «Microfinanciación y emprendimiento social»
Artículo 25 Secciones temáticas y financiación
Artículo 26 Objetivos específicos
Artículo 27 Tipos de acciones
Artículo 28 Participación
Artículo 29 Contribución financiera
Artículo 31 Informes de ejecución
TÍTULO III. PROGRAMAS DE TRABAJO Y DISPOSICIONES FINALES
Artículo 32 Programas de trabajo
Artículo 33 Reasignación de fondos entre los ejes y a cada una de las secciones temáticas de los ejes del Programa
Artículo 34 Ejercicio de la delegación
Artículo 35 Medidas de ejecución adicionales
Artículo 36 Procedimiento de comité
Artículo 37 Medidas transitorias
Artículo 39 Modificaciones de la Decisión nº 283/2010/UE
Número 2 del artículo 5 redactado, con efectos a partir del 2 de agosto de 2018,por el apartado 1) del artículo 270 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 («D.O.U.E.L.» 30 julio).
Artículo 14 redactado, con efectos a partir del 2 de agosto de 2018, por el apartado 2) del artículo 270 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 («D.O.U.E.L.» 30 julio).
Artículo 19 redactado, con efectos a partir del 2 de agosto de 2018, por el apartado 3) del artículo 270 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 («D.O.U.E.L.» 30 julio).
Artículo 25 redactado, con efectos a partir del 2 de agosto de 2018, por el apartado 4) del artículo 270 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 («D.O.U.E.L.» 30 julio).
Párrafo segundo del artículo 32 redactado, con efectos a partir del 2 de agosto de 2018, por el apartado 5) del artículo 270 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 («D.O.U.E.L.» 30 julio).
Artículo 33 suprimido, con efectos a partir del 2 de agosto de 2018, por el apartado 6) del artículo 270 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 («D.O.U.E.L.» 30 julio).
Artículo 34 suprimido, con efectos a partir del 2 de agosto de 2018, por el apartado 6) del artículo 270 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 («D.O.U.E.L.» 30 julio).
Regl. 2016/589 UE de 13 Abr. (red europea de servicios de empleo (EURES), acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y mayor integración de los mercados de trabajo y se modifican los Regl.s (UE) nº 492/2011 y (UE) nº 1296/2013)
Artículo 23 suprimido por el apartado 1.a) del artículo 38 del Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016, relativo a una red europea de servicios de empleo (EURES), al acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor integración de los mercados de trabajo y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 492/2011 y (UE) nº 1296/2013 («D.O.U.E.L.» 22 abril). Número 2 del artículo 24 redactado por el apartado 1.b) del número 1 del artículo 38 del Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016, relativo a una red europea de servicios de empleo (EURES), al acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor integración de los mercados de trabajo y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 492/2011 y (UE) nº 1296/2013 («D.O.U.E.L.» 22 abril). La citada modificación se entenderá sin perjuicio de las solicitudes de financiación presentadas en virtud del Reglamento (UE) n.º 1296/2013 antes del 12 de mayo de 2016.
(1) En consonancia con la Comunicación de la Comisión de 29 de junio de 2011, titulada «Un presupuesto para Europa 2020», que recomienda racionalizar y simplificar los instrumentos de financiación de la Unión y hacer más hincapié tanto en el valor añadido de la Unión como en sus repercusiones y resultados, el presente Reglamento establece un Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social («el Programa»), con el fin de proseguir y desarrollar las actividades llevadas a cabo sobre la base de la Decisión nº 1672/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) , el Reglamento (UE) nº 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) , la Decisión de Ejecución 2012/733/UE de la Comisión (6) y la Decisión nº 283/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, que estableció un instrumento europeo de microfinanciación para el empleo y la inclusión socia (7) («el Instrumento»).
(2) El 17 de junio de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de una Estrategia Europa 2020 sobre empleo y crecimiento inteligente, sostenible e integrador («Europa 2020»), que prevé cinco objetivos principales (incluidos tres que tratan sobre el empleo, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y la educación, respectivamente) y siete iniciativas emblemáticas, y que constituye, por tanto, un marco político coherente para los diez próximos años. El Consejo Europeo abogó por la movilización de todos los instrumentos y políticas de la Unión adecuados para ayudar a la consecución de los objetivos comunes e invitó a los Estados miembros a intensificar su acción coordinada.
(3) De conformidad con el artículo 148, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el 21 de octubre de 2010, el Consejo adoptó directrices relativas a las políticas de empleo, que, junto con las orientaciones generales sobre las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión adoptadas con arreglo al artículo 121 del TFUE, comprenden las Directrices Integradas Europa 2020. El Programa debe contribuir al cumplimiento de los objetivos de Europa 2020 y, en particular, de los objetivos relativos a la reducción de la pobreza y a la creación de empleo, tal y como se definen en las Directrices para el Empleo. Para ello, el Programa debe apoyar la realización de las iniciativas emblemáticas, con especial atención a la Plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social, la Agenda para nuevas cualificaciones y empleos y el programa «Juventud en Movimiento», así como el paquete de medidas de fomento del empleo juvenil.
(4) Las iniciativas emblemáticas de Europa 2020 denominadas «Plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social» y «Unión por la innovación» señalan la innovación social como una potente herramienta para abordar los desafíos sociales que plantea el envejecimiento de la población, la pobreza, el desempleo, los cambios en las costumbres laborales y personales, y las expectativas de los ciudadanos con respecto a la justicia social, la educación y la atención sanitaria. El Programa debe apoyar las acciones destinadas a intensificar la innovación social como respuesta a las necesidades sociales no cubiertas o cubiertas de manera insuficiente, en términos de lucha contra la pobreza y la exclusión social, fomento de un elevado nivel de empleo de calidad y sostenible, garantía de una protección social suficiente y que evite la pobreza, mejora de las condiciones laborales y mejora del acceso a la formación para las personas vulnerables, teniendo debidamente en cuenta el papel de las autoridades regionales y locales. El Programa también debe actuar como catalizador de las asociaciones transnacionales y de la creación de redes entre los agentes públicos, privados y del tercer sector, y apoyar la participación de los mismos en la concepción y la aplicación de nuevos enfoques para afrontar las apremiantes necesidades y retos sociales.
(5) En particular, el Programa debe contribuir a identificar, analizar y extender las soluciones innovadoras y su aplicación práctica a través de la experimentación en política social para ayudar a los Estados miembros a aumentar la eficiencia de sus mercados de trabajo y a seguir mejorando sus políticas de integración y protección social cuando sea necesario. La experimentación en materia de políticas sociales significa poner a prueba innovaciones sociales sobre el terreno y basándose en proyectos. Permite recopilar pruebas sobre la viabilidad de las innovaciones sociales. Las ideas que funcionen podrán llevarse adelante a mayor escala con el apoyo económico del Fondo Social Europeo (FSE) y de otros recursos.
(6) El método abierto de coordinación, como instrumento que ya ha demostrado su flexibilidad y eficacia operativa en los ámbitos de la política social y de empleo, debería utilizarse de forma generalizada y beneficiarse de las acciones respaldadas por el Programa.
(7) El progreso hacia un desarrollo que sea social y ambientalmente sostenible en Europa requiere la previsión y el desarrollo de nuevas cualificaciones y competencias, lo que conducirá a la mejora de las condiciones para la creación de empleo, la calidad del empleo y las condiciones laborales mediante políticas de acompañamiento en educación, el mercado de trabajo y las políticas sociales en relación con la transformación de las industrias y los servicios. Por lo tanto, el Programa debe contribuir al fomento de empleos «verdes», «blancos» y relacionados con las TIC sostenibles y de calidad, a la previsión y el desarrollo de nuevas cualificaciones y competencias para nuevos empleos de calidad y sostenibles, vinculando las políticas de empleo y las políticas sociales a las políticas industriales y estructurales, y apoyando una transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos y baja en carbono. En particular, el Programa debe actuar como catalizador para explorar el potencial de creación de empleo de las inversiones sociales y verdes impulsadas por el sector público y de las iniciativas locales y regionales para el empleo.
(8) El Programa debe tener en cuenta, cuando corresponda, a la dimensión territorial del desempleo, la pobreza y la exclusión social, y, en particular, a las desigualdades crecientes que existen dentro de cada región y entre estas, entre las zonas rurales y las ciudades y en las mismas ciudades.
(9) Es necesario consolidar las dimensiones sociales del mercado interior. Dada la necesidad de mejorar la confianza en el mercado interior, incluida la libre prestación de servicios, garantizando que se respeten los derechos de los trabajadores, es preciso velar por que se reconozcan los respectivos derechos a la libre circulación tanto de los trabajadores como de los empresarios en toda la Unión Europea.
(10) En consonancia con Europa 2020, el Programa debe seguir un planteamiento coherente para promover el empleo sostenible y de calidad, así como para combatir y prevenir la exclusión social y la pobreza, teniendo al mismo tiempo en cuenta la necesidad de respetar la igualdad entre mujeres y hombres. La ejecución del Programa debe racionalizarse y simplificarse, especialmente mediante el establecimiento de una serie de disposiciones comunes que incluyan, entre otros, los objetivos generales y las modalidades de supervisión y evaluación. El Programa debe centrarse en proyectos con un claro valor añadido de la UE, con independencia de su tamaño. Con el fin de reducir las cargas administrativas, el Programa debe apoyar la creación y el desarrollo de redes y asociaciones. Además, debe recurrirse en mayor medida a opciones de costes simplificados (financiación a un tipo fijo y a tanto alzado), en particular, en la aplicación de los sistemas de movilidad, garantizando al mismo tiempo la transparencia del procedimiento. El Programa debe funcionar como una ventanilla única para proveedores de microfinanciación a nivel de la Unión y ofrecer financiación para microcréditos y emprendimiento social, facilitar el acceso a los préstamos y prestar asistencia técnica.
(11) Teniendo en cuenta los limitados fondos disponibles para el Programa y la preasignación de estos fondos a los distintos ejes, ha de ser prioritaria la financiación del desarrollo de estructuras con un claro efecto multiplicador que sean beneficiosas para otras actividades e iniciativas. Asimismo, deben tomarse las medidas oportunas para evitar cualquier posibilidad de solapamiento o de doble financiación con otros fondos o programas, en especial con el Fondo Social Europeo.
(12) La Unión debe dotarse de pruebas basadas en un análisis sólido para respaldar la elaboración de las políticas en el ámbito social y del empleo, prestando especial atención a los efectos de las crisis económicas y financieras. Con una base de ese tipo se aporta un valor añadido a la acción nacional al añadir una dimensión de la Unión y un elemento de comparación para la recogida de datos y el desarrollo de métodos e instrumentos estadísticos e indicadores comunes, todo ello con vistas a disponer de una imagen completa de la situación en los ámbitos del empleo, la política social y las condiciones de trabajo en toda la Unión, así como con vistas a garantizar una evaluación de alta calidad de la eficiencia y la eficacia de los programas y las políticas al objeto, en particular, de cumplir los objetivos de Europa 2020.
(13) La Unión ocupa una situación privilegiada para proporcionar una plataforma de la Unión en lo relativo a los intercambios de políticas y el aprendizaje mutuo entre los países participantes en el Programa en los ámbitos del empleo y la protección, la integración y el emprendimiento sociales. El conocimiento de las políticas aplicadas en otros países y de sus resultados, incluidos los obtenidos mediante experimentación de las políticas sociales a nivel local, regional y nacional, amplía la gama de opciones a disposición de los responsables políticos, con lo que se activa la elaboración de nuevas políticas.
(14) Garantizar que existen estándares mínimos y que las condiciones de trabajo mejoran constantemente en la Unión es una característica fundamental de su política social. La Unión tiene un importante papel que desempeñar para garantizar que el marco legislativo se adapta a la evolución de las pautas de trabajo y de los nuevos riesgos en materia de salud y seguridad, teniendo en cuenta los principios de «trabajo digno» y «legislación inteligente». También tiene un importante papel que desempeñar en la financiación de medidas tendentes a mejorar el cumplimiento de los estándares laborales contenidos en convenios ratificados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de las normas de la Unión sobre la protección de los derechos de los trabajadores. Este es, en concreto, el caso de las medidas de concienciación (por ejemplo, mediante una etiqueta social); de las medidas de divulgación de la información y de promoción de los debates sobre los retos y las cuestiones políticas clave en relación con las condiciones de trabajo, en particular, entre los interlocutores sociales y otras partes interesadas; de las medidas de promoción de la conciliación de la vida profesional y personal y de las destinadas a iniciar acciones preventivas y fomentar una cultura de la prevención en materia de salud y seguridad en el trabajo.
(15) Los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la promoción de un empleo de calidad y en la lucha contra la exclusión social y la pobreza, además de contribuir a combatir el desempleo. Por lo tanto, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil deben participar, cuando corresponda, en el aprendizaje mutuo y en el desarrollo, la aplicación y la difusión de nuevas políticas. La Comisión debe informar e intercambiar opiniones con los interlocutores sociales de la Unión y las organizaciones de la sociedad civil en relación con los resultados de la aplicación del Programa.
(16) La Unión se ha comprometido a reforzar la dimensión social de la globalización y a luchar contra el dumping social mediante la promoción de un trabajo digno y de las normas laborales no solo en los países participantes en el Programa, sino también a escala internacional, bien directamente con respecto a terceros países, o bien indirectamente, mediante la cooperación con las organizaciones internacionales. Por tanto, deben desarrollarse relaciones adecuadas con los terceros países que no participen en el Programa, con el fin de contribuir a la consecución de sus objetivos, teniendo en cuenta los acuerdos pertinentes entre dichos países y la Unión. Ello puede exigir la presencia de representantes de estos terceros países en actos de interés mutuo (tales como conferencias, talleres y seminarios) que tengan lugar en los países que participan en el Programa. Además, debería fomentarse la cooperación con las organizaciones internacionales pertinentes, en particular, con la OIT y otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con miras a ejecutar el Programa de manera que se tenga en cuenta el papel de dichas organizaciones.
(17) De conformidad con los artículos 45 y 46 del TFUE, el Reglamento (UE) nº 492/2011 establece disposiciones destinadas a lograr la libre circulación de los trabajadores de forma no discriminatoria, garantizando una estrecha cooperación de los servicios centrales de empleo de los Estados miembros entre sí y con la Comisión. EURES, que es la Red Europea de servicios de empleo debe promover la mejora del funcionamiento de los mercados de trabajo, facilitando la movilidad geográfica transnacional, transfronteriza y voluntaria de los trabajadores, proporcionando una mayor transparencia en el mercado de trabajo, garantizando la compensación de las ofertas y demandas de empleo, y apoyando las actividades en los ámbitos de la colocación y la contratación de personal y de los servicios de orientación y asesoramiento a nivel nacional y transfronterizo, contribuyendo así a la consecución de los objetivos de Europa 2020. Se debe alentar a los Estados miembros a integrar los servicios de EURES en una ventanilla única, cuando proceda.
(18) Debe ampliarse el ámbito de aplicación de EURES para incluir el desarrollo y el apoyo, previa convocatoria de propuestas, de los planes de movilidad específicos a escala de la Unión destinados a cubrir los puestos vacantes en aquellos mercados de trabajo donde se hayan detectado carencias. De conformidad con el artículo 47 del TFUE, estos planes deberían apoyar la facilitación de la movilidad voluntaria de los trabajadores jóvenes de la Unión. Los planes de movilidad específicos, como los basados en la acción preparatoria «Tu primer trabajo EURES», han de facilitar el acceso de los jóvenes a las oportunidades de empleo y a la contratación en otro Estado miembro, así como animar a las empresas a crear posibilidades de empleo para jóvenes trabajadores móviles. No obstante, los planes de movilidad no deben ser un factor que haga olvidar a la Unión ni a los Estados miembros la necesidad de ayudar a los jóvenes a encontrar un empleo en su país de origen.
(19) En muchas regiones fronterizas, las asociaciones transfronterizas de EURES desempeñan un importante papel en el desarrollo de un mercado de trabajo genuinamente europeo. Estas asociaciones implican, por lo menos, a dos Estados miembros o a un Estado miembro y a otro país participante y, por lo tanto, presentan un carácter claramente horizontal y son una fuente de valor añadido en el área de la Unión. Por consiguiente, es necesario seguir apoyando las asociaciones transfronterizas de EURES a través de las actividades horizontales de la Unión, que podrían complementarse mediante recursos nacionales o mediante el FSE.
(20) La evaluación de las actividades de EURES debe tener en cuenta criterios cualitativos y cuantitativos. Dado que la movilidad de salida en un Estado miembro implica una movilidad de entrada en otro, dependiendo de las situaciones del mercado de trabajo en constante transformación y los patrones de movilidad relacionados, la evaluación no debe centrarse únicamente en la movilidad de entrada o de salida en cada Estado miembro concreto sino, sobre todo, en las cifras agregadas de toda la Unión. Además, hay que tener en cuenta que el asesoramiento no se traduce necesariamente en movilidad o colocaciones mensurables.
(21) Europa 2020, y, en particular, la orientación nº 7 establecida en la Decisión 2010/707/UE (8) , considera el trabajo por cuenta propia y el espíritu empresarial elementos cruciales para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
(22) La falta de acceso al crédito, al capital o al cuasicapital es uno de los principales obstáculos a la creación de empresas, especialmente entre las personas más excluidas del mercado de trabajo. Los esfuerzos de la Unión y los Estados miembros en este ámbito han de intensificarse con el fin de aumentar la oferta de microfinanciación, facilitar el acceso a la misma y satisfacer la demanda de quienes más la necesiten, en especial, la de los desempleados, las mujeres y las personas vulnerables que deseen crear o desarrollar una microempresa, incluso por cuenta propia, pero que no tengan acceso al crédito. Además, las microempresas constituyen la mayor parte de las nuevas empresas de la Unión. Además, los microcréditos deberían poder constituir un medio para obtener un valor añadido y resultados concretos rápidamente. Como primer paso, en 2010 el Parlamento Europeo y el Consejo crearon el Instrumento. Deben mejorarse las actividades de comunicación sobre las posibilidades de microfinanciación a nivel de la Unión y de los Estados miembros, con el fin de llegar mejor a quienes la necesiten.
(23) La microfinanciación y el apoyo al emprendimiento social deben llegar a sus potenciales beneficiarios y tener un impacto duradero. Deben contribuir a un elevado nivel de empleo de calidad y sostenible, y servir de catalizador para las políticas económicas y de desarrollo local. Con el fin de aprovechar al máximo las oportunidades de creación de empresas viables, las acciones relativas a la microfinanciación y al emprendimiento social deben ir acompañadas de programas de tutoría y formación y de toda la información pertinente, que el financiador de que se trate ha de hacer accesible al público y actualizar periódicamente. A tal fin, resulta esencial que se facilite financiación suficiente, especialmente a través del FSE.
(24) Mejorar la disponibilidad de la microfinanciación en el reciente mercado de la microfinanciación de la Unión requiere que se aumente la capacidad institucional de los proveedores de microfinanciación y, en particular, de las entidades de microfinanciación no bancarias, en consonancia con la Comunicación de la Comisión titulada, de 13 de noviembre de 2007, titulada «Iniciativa europea para el desarrollo del microcrédito en apoyo del crecimiento y del empleo» y con el informe de la Comisión, de 25 de julio de 2008, titulado «Promoción de la innovación y el espíritu empresarial de las mujeres».
(25) La economía y el emprendimiento sociales constituyen una parte integrante de la economía social de mercado pluralista europea y contribuyen de forma importante a lograr una mayor convergencia social en Europa. Se basan en los principios de solidaridad y responsabilidad, primacía de la persona y de los objetivos sociales del capital, y de la promoción de la responsabilidad social, la cohesión social y la integración social. Las empresas sociales pueden actuar como motores del cambio social ofreciendo soluciones innovadoras, promoviendo mercados de trabajo integradores y servicios sociales accesibles para todos. Por lo tanto, contribuyen de forma valiosa al logro de los objetivos de Europa 2020. El Programa debe mejorar el acceso de las empresas sociales a los diferentes tipos de financiación a través de instrumentos apropiados para satisfacer sus necesidades financieras específicas durante todo su ciclo de vida.
(26) Con objeto de aprovechar la experiencia de entidades como el Grupo del Banco Europeo de Inversiones, las medidas relativas a la microfinanciación y al emprendimiento social deberían ser aplicadas indirectamente por la Comisión, encomendando las tareas de ejecución presupuestaria a dichas entidades de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) («Reglamento Financiero»). La utilización de recursos de la Unión concentra el efecto palanca de las entidades financieras internacionales y otros inversores, crea sinergias entre la acción de los Estados miembros y de la Unión y unifica planteamientos. De esta forma, mejora el acceso a la financiación y la difusión de la microfinanciación para los grupos de especial riesgo y los jóvenes. También mejora el acceso a la financiación de las microempresas, incluidos los trabajadores por cuenta propia y las empresas sociales, a la financiación. La contribución de la Unión fomenta así el desarrollo del sector empresarial social emergente y del mercado de la microfinanciación en la Unión e impulsa las actividades transfronterizas. Las actividades de la Unión deben complementar la utilización por parte de los Estados miembros de los instrumentos financieros para la microfinanciación y el emprendimiento social. Las entidades a las que se confíe la ejecución de las acciones han de garantizar un valor añadido de la Unión y evitar la duplicación de la financiación a través de los recursos de la Unión.
(27) De acuerdo con Europa 2020, el Programa debe contribuir a abordar el acuciante problema del desempleo juvenil. Por lo tanto, es necesario ofrecer a los jóvenes un futuro y la perspectiva de desempeñar un papel crucial en el desarrollo de la sociedad y la economía en Europa, lo que reviste particular importancia en épocas de crisis.
(28) El Programa debe subrayar también la importancia y la función destacada de las pequeñas empresas en lo que respecta a la formación, los conocimientos técnicos y tradicionales, así como velar por que los jóvenes tengan acceso a la microfinanciación. El Programa debe facilitar el intercambio de las mejores prácticas entre los Estados miembros y otros países participantes en el Programa en todos estos ámbitos.
(29) Las acciones del Programa deben apoyar la aplicación por los Estados miembros y los agentes del mercado de trabajo de la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil (10) . Esta Recomendación señala que todos los jóvenes menores de veinticinco años deben recibir una oferta de empleo de buena calidad, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o terminar la educación formal. El Programa debe facilitar el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros y otros países participantes en el Programa en este ámbito.
(30) Con arreglo al artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y al artículo 8 del TFUE, es necesario asegurar que el Programa contribuya a promover la igualdad entre mujeres y hombres en todos sus ejes y actividades también mediante la integración de la dimensión de género y, en su caso, mediante acciones específicas para fomentar el empleo y la integración social de la mujer. De conformidad con el artículo 10 del TFUE, el Programa debe velar por que la ejecución de sus prioridades contribuya a la lucha contra la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. El seguimiento y la evaluación deben realizarse al objeto de valorar de qué forma se abordan en las actividades del Programa las cuestiones relativas a la lucha contra la discriminación.
(31) El Programa Progress para el período 2007-2013 incluía secciones tituladas «Antidiscriminación y diversidad» e «Igualdad de género» que deben continuar y desarrollarse en el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período 2014-2020. Sin embargo, es de capital importancia mantener el foco de atención en las cuestiones de igualdad entre hombres y mujeres y de lucha contra la discriminación en todas las iniciativas y acciones pertinentes que abarca el Programa, sobre todo en lo que se refiere a la mejora de la tasa de actividad de las mujeres, las condiciones de trabajo y la promoción de la conciliación entre la vida profesional y personal.
(32) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del TFUE y a los objetivos de Europa 2020, el Programa debe contribuir a asegurar un elevado nivel de empleo de calidad y sostenible, a garantizar una protección social adecuada y a luchar contra la pobreza y la exclusión social, y debe tener en cuenta los requisitos vinculados a un nivel elevado de protección de la salud humana.
(33) El Programa debe complementar otros programas de la Unión, pero reconociendo que cada instrumento debe funcionar siguiendo sus propios procedimientos específicos. Así, no deben financiarse dos veces los mismos costes subvencionables. Con el fin de conseguir que la financiación de la Unión tenga valor añadido y un impacto sustancial, deben generarse sinergias estrechas entre el Programa, otros programas de la Unión y los Fondos Estructurales, en especial el FSE y la Iniciativa sobre Empleo Juvenil. El Programa debe complementar otros programas e iniciativas de la Unión centrados en la lucha contra el desempleo juvenil.
(34) El Programa debe ejecutarse de forma que facilite a la autoridad o autoridades competentes de cada Estado miembro la participación en el cumplimiento de los objetivos del Programa.
(35) Con el fin de garantizar una comunicación más eficaz con el público en general en un sentido amplio y mayores sinergias entre las acciones de comunicación emprendidas a iniciativa de la Comisión, los recursos asignados a las actividades de información y comunicación con arreglo al presente Programa habrán de contribuir igualmente a facilitar información sobre las prioridades políticas de la Unión Europea en la medida en que estén relacionadas con los objetivos generales del presente Programa.
(36) El presente Reglamento establece, para toda la duración del Programa, un paquete financiero que constituye el importe de referencia privilegiada para el Parlamento Europeo y el Consejo en el sentido del punto 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (11) , durante el procedimiento presupuestario anual.
(37) Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, la detección y la investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, las sanciones de conformidad con el Reglamento Financiero.
(38) A fin de asegurar que el Programa sea lo suficientemente flexible para responder a los cambios en las necesidades y en las correspondientes prioridades políticas a lo largo de su duración, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la reasignación de fondos entre los ejes y a cada una de las secciones temáticas de los ejes del Programa. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se remitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.
(39) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) .
(40) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, por su escala y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, dentro del límite de sus competencias y de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.
a) de conformidad con su escritura de constitución, sus estatutos o cualquier otro documento constitutivo de la empresa, tiene como objetivo primordial la consecución de impactos sociales mensurables y positivos en lugar de generar beneficios para sus propietarios, socios y accionistas, y que:
i) ofrece servicios o bienes con un elevado rendimiento social, y/o
ii) emplea un método de producción de bienes o servicios que represente su objetivo social;
c) está gestionada de forma empresarial, transparente y sujeta a rendición de cuentas, en especial, fomentando la participación de los empleados, los clientes o los interesados afectados por su actividad empresarial.
3) «Microempresa»: una empresa, incluidos los trabajadores por cuenta propia, que ocupe a menos de diez personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones EUR, de conformidad con lo dispuesto en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (11) .
a) el eje «Progress», que apoyará el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las políticas e instrumentos de la Unión que figuran en el artículo 1 y del derecho de la Unión aplicable, y que promoverá la elaboración de políticas basadas en datos concretos y la innovación y el progreso sociales, en colaboración con los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos y privados;
b) el eje «EURES», que apoyará las actividades realizadas por EURES, en concreto, los servicios especializados concebidos por los Estados del EEE y la Confederación Suiza, junto con los interlocutores sociales, otros proveedores de servicios de empleo y otras partes interesadas, para desarrollar los intercambios de información y difusión y demás formas de cooperación, como las asociaciones transfronterizas, a fin de promover la movilidad geográfica voluntaria de los trabajadores de una manera justa y a fin de contribuir a un elevado nivel de empleo de calidad y sostenible;
c) el eje «Microfinanciación y emprendimiento social», que aumentará el acceso a la financiación, y la disponibilidad de la misma, a las personas físicas y jurídicas, de conformidad con el artículo 26.
a) reforzar la adhesión de los responsables políticos a todos los niveles y preparar actuaciones concretas, coordinadas e innovadoras tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros, con respecto a los objetivos de la Unión en los ámbitos contemplados en el artículo 1, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos públicos y privados;
b) apoyar el desarrollo de sistemas de protección social y mercados de trabajo adecuados, accesibles y eficientes; y facilitar la reforma política, en los ámbitos contemplados en el artículo 1, en particular, mediante el fomento de la dignidad del trabajo y de las condiciones laborales, la cultura de la prevención en materia de salud y seguridad en el trabajo, un equilibrio más sano entre la vida profesional y personal, y la buena gobernanza en los objetivos sociales, incluida la convergencia, así como el aprendizaje mutuo y la innovación social;
c) garantizar que la legislación de la Unión en las materias contempladas en el artículo 1 se aplique de forma efectiva y, en caso necesario, contribuir a modernizar el derecho de la Unión de acuerdo con los principios de trabajo digno y teniendo en cuenta los principios de la «normativa inteligente»;
d) promover la movilidad geográfica voluntaria de los trabajadores sobre una base justa y potenciar las oportunidades de empleo mediante el desarrollo de unos mercados de trabajo de la Unión que sean integradores y de calidad, abiertos y accesibles a todos respetando, al mismo tiempo, los derechos de los trabajadores en el conjunto de la Unión, incluida la libertad de circulación;
e) promover el empleo y la integración social, mediante el aumento de la disponibilidad y la accesibilidad de la microfinanciación para las personas vulnerables que deseen crear una microempresa, así como para las microempresas existentes, y potenciando el acceso a la financiación para las empresas sociales.
a) prestar especial atención a los grupos vulnerables, como los jóvenes;
b) promover la igualdad entre mujeres y hombres, también mediante la integración de la perspectiva de género en las políticas, y, cuando corresponda, en los presupuestos;
c) luchar contra la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual;
d) al definir y aplicar las políticas y actividades de la Unión, promover un elevado nivel de empleo de calidad y sostenible, garantizar una protección social adecuada y digna, combatir el desempleo de larga duración y luchar contra la pobreza y la exclusión social.
2. Se aplicarán los siguientes porcentajes indicativos, como promedio para el conjunto del período del Programa, a los ejes establecidos en el artículo 3, apartado 1:
a) al menos el 55 % al eje “Progress”;
b) al menos el 18 % al eje “EURES”;
c) al menos el 18 % al eje “Microfinanciación y emprendimiento social”.
Número 2 del artículo 5 redactado, con efectos a partir del 2 de agosto de 2018,por el apartado 1) del artículo 270 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 («D.O.U.E.L.» 30 julio). Vigencia: 2 agosto 2018 Efectos / Aplicación: 2 agosto 2018
1. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, velará por que las actividades realizadas en virtud de este programa sean coherentes y complementarias en relación con otras acciones de la Unión, como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE), como se determina en el Marco Estratégico Común del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo (13) , y en particular, en virtud del FSE.
1. La Comisión adoptará las medidas preventivas adecuadas para garantizar que, cuando se realicen las acciones financiadas en el marco del presente Programa, los intereses financieros de la Unión Europea queden protegidos frente al fraude, la corrupción y cualesquiera otras actividades ilícitas, mediante la realización de controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la recuperación de las cantidades abonadas indebidamente principalmente mediante compensación y, cuando proceda, mediante sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, de conformidad con el artículo 325 del TFUE, el Reglamento del Consejo (CE, Euratom) nº 2988/95 (14) , y el Reglamento Financiero.
3. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar investigaciones, incluidos controles y verificaciones in situ, de conformidad con las disposiciones y los procedimientos previstos en el Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) y el Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 del Consejo (16) , con el fin de esclarecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilícita que afecte a los intereses financieros de la Unión en relación con un convenio o decisión de subvención o con un contrato financiado con cargo al Programa.
2. Si la evaluación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo o cualquier evaluación efectuada de conformidad con el artículo 19 de la Decisión nº 1672/2006/CE o con el artículo 9 de la Decisión nº 283/2010/UE, detecta carencias importantes en el Programa, la Comisión presentará, cuando corresponda, una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo que incluya las enmiendas oportunas al Programa y que tenga en cuenta los resultados de la evaluación, cuando estén disponibles.
1. El eje “Progress” apoyará acciones de las secciones temáticas a que se refieren las letras a), b) y c). A lo largo de toda la duración del programa, el desglose indicativo de la asignación global para el eje “Progress” entre las distintas secciones temáticas respetará los siguientes porcentajes mínimos:
a) el empleo, en particular para luchar contra el desempleo juvenil: 20 %;
b) protección social, integración social, y reducción y prevención de la pobreza: 45 %;
c) condiciones de trabajo: 7 %.
El resto se destinará a una o más de las secciones temáticas a que se refiere el párrafo primero, letras a), b) o c), o a una combinación de las mismas.
2. Se asignará una proporción importante de la asignación global del eje “Progress” a fomentar la experimentación social como método para poner a prueba y evaluar soluciones innovadoras con vistas a su aplicación a mayor escala.
Artículo 14 redactado, con efectos a partir del 2 de agosto de 2018, por el apartado 2) del artículo 270 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 («D.O.U.E.L.» 30 julio). Vigencia: 2 agosto 2018
a) obtener y difundir conocimientos analíticos comparativos de alta calidad a fin de garantizar que las políticas de la Unión en los ámbitos contemplados en el artículo 1 se basen en datos concretos solventes y sean pertinentes para las necesidades, los retos y las condiciones que se dan en los distintos Estados miembros y en los demás países participantes en el Programa;
b) facilitar un intercambio de información eficaz e integrador, el aprendizaje mutuo y el diálogo sobre las políticas de la Unión en los ámbitos contemplados en el artículo 1, a escala de la Unión, nacional e internacional, con el fin de ayudar a los Estados miembros y a los otros países participantes en el Programa en la elaboración de sus políticas y a los Estados miembros en la aplicación de la legislación de la Unión;
c) proporcionar apoyo financiero para ensayar innovaciones de las políticas sociales y del mercado de trabajo y, cuando sea necesario, desarrollar la capacidad de los principales agentes para concebir y aplicar la experimentación en política social, y hacer accesibles los conocimientos y la experiencia pertinentes;
d) proporcionar a las organizaciones de la Unión y nacionales apoyo financiero para incrementar su capacidad de desarrollar, promover y apoyar la aplicación de los instrumentos y políticas de la UE con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, y el derecho de la Unión aplicable.
a) recopilación de datos y estadísticas, teniendo en cuenta criterios tanto cualitativos como cuantitativos, así como desarrollo de metodologías, clasificaciones, microsimulaciones, indicadores y referencias comunes desglosadas, si procede, por sexos y grupos de edad;
b) encuestas, estudios, análisis e informes, incluida la financiación de redes de expertos y el desarrollo de conocimientos técnicos relacionados con las secciones temáticas;
e) preparación y aplicación de la experimentación en política social como método para ensayar y evaluar soluciones innovadoras con vistas a su generalización;
a) intercambios y difusión de buenas prácticas, enfoques y experiencias innovadores, evaluación comparativa y revisiones inter pares, y aprendizaje mutuo a nivel europeo;
d) elaboración y publicación de guías, informes y material educativo, y actividades de información, comunicación y cobertura por los medios de comunicación de las iniciativas apoyadas por el Programa;
f) desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información a fin de intercambiar y difundir información sobre la política y la legislación de la Unión, y sobre el mercado de trabajo.
a) los gastos de funcionamiento de las principales redes a escala de la Unión cuyas actividades se refieran y contribuyan a los objetivos del eje «Progress»;
b) refuerzo de las capacidades de las administraciones nacionales y servicios especializados responsables de la promoción de la movilidad geográfica designados por los Estados miembros y los proveedores de microcréditos;
d) creación de redes y cooperación entre organismos especializados y otras partes interesadas pertinentes, autoridades nacionales, regionales y locales, y servicios de empleo a escala europea;
e) financiación de observatorios a escala europea, incluidas las secciones temáticas principales;
b) los países del EEE, de conformidad con el Acuerdo EEE, y los Estados miembros de la AELC;
c) los países candidatos y los candidatos potenciales, de conformidad con los principios generales y las condiciones generales establecidos en los acuerdos marco celebrados con ellos sobre su participación en los programas de la Unión.
c) los organismos especializados previstos en la legislación de la
El eje “EURES” apoyará acciones de las secciones temáticas a que se refieren las letras a), b) y c). A lo largo de todo el período de duración del programa, el desglose indicativo de la asignación global del eje “EURES” entre las distintas secciones temáticas respetará los siguientes porcentajes mínimos:
a) transparencia de las ofertas y demandas de empleo y de toda información relacionada para los solicitantes y las empresas: 15 %;
b) desarrollo de los servicios de contratación y colocación de trabajadores en un puesto de trabajo a través de la compensación de ofertas y demandas de empleo a nivel de la Unión, en particular, planes de movilidad específicos: 15 %;
c) colaboraciones transfronterizas: 18 %.
Artículo 19 redactado, con efectos a partir del 2 de agosto de 2018, por el apartado 3) del artículo 270 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 («D.O.U.E.L.» 30 julio). Vigencia: 2 agosto 2018
a) garantizar que las ofertas y las demandas de empleo y toda la información y el asesoramiento correspondientes, así como toda la información relacionada, como la relativa a las condiciones de vida y trabajo, sean transparentes para los solicitantes potenciales y los empleadores respectivamente. Ello se conseguirá a través del intercambio y la difusión a escala transnacional, interregional y transfronteriza, utilizando los formularios normalizados de interoperabilidad de oferta y demanda de empleo, así como por otros medios que resulten oportunos, como el asesoramiento individual y la tutoría, especialmente para las personas menos cualificadas;
b) apoyar la prestación de los servicios de EURES para la contratación y la colocación de trabajadores en un puesto de trabajo de calidad y sostenible a través de la compensación de ofertas y demandas de empleo; el apoyo a los servicios de EURES se hará extensivo a varias fases de colocación, que van desde la preparación previa a la contratación a la ayuda siguiente a la misma, con vistas a que el solicitante se integre en el mercado de trabajo; estos servicios de apoyo podrán incluir planes de movilidad específicos para cubrir los puestos de trabajo vacantes en un determinado sector, profesión, país o grupo de países o para grupos específicos de trabajadores, como los jóvenes con predisposición a la movilidad, cuando se haya constatado una necesidad económica clara.
a) el desarrollo y las actividades de las asociaciones transfronterizas de EURES cuando lo soliciten los servicios territorialmente responsables de las regiones limítrofes;
d) el desarrollo de planes de movilidad específicos, previa convocatoria de propuestas, para cubrir vacantes cuando se hayan detectado carencias del mercado de trabajo o para ayudar a trabajadores con predisposición a la movilidad y cuando se haya detectado una necesidad económica clara;
e) el aprendizaje mutuo entre los agentes de EURES y la formación de los asesores de EURES, incluidos los asesores de las asociaciones transfronterizas de EURES;
Artículo 23 suprimido por el apartado 1.a) del artículo 38 del Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016, relativo a una red europea de servicios de empleo (EURES), al acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor integración de los mercados de trabajo y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 492/2011 y (UE) nº 1296/2013 («D.O.U.E.L.» 22 abril).Vigencia: 12 mayo 2016
b) los países del EEE, de conformidad con el Acuerdo EEE, y la Confederación Suiza, de conformidad con el Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre la libre circulación de personas (17) .
2. El eje “EURES” estará abierto a todos los organismos, agentes e instituciones designados por un Estado miembro o por la Comisión que reúnan las condiciones para participar en EURES, tal como se establece en el Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo (18) . Dichos organismos, agentes e instituciones incluirán, en particular:
c) las organizaciones de agentes sociales y otras partes interesados.
Número 2 del artículo 24 redactado por el apartado 1.b) del número 1 del artículo 38 del Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016, relativo a una red europea de servicios de empleo (EURES), al acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor integración de los mercados de trabajo y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 492/2011 y (UE) nº 1296/2013 («D.O.U.E.L.» 22 abril). La citada modificación se entenderá sin perjuicio de las solicitudes de financiación presentadas en virtud del Reglamento (UE) n.º 1296/2013 antes del 12 de mayo de 2016. Vigencia: 12 mayo 2016
El eje “Microfinanciación y emprendimiento social” apoyará acciones de las secciones temáticas a que se refieren las letras a) y b). A lo largo de todo el período de duración del Programa, el desglose indicativo de la asignación global para el eje “Microfinanciación y emprendimiento social” entre las distintas secciones temáticas respetará los siguientes porcentajes mínimos:
a) microfinanciación para grupos vulnerables y microempresas: 35 %;
b) emprendimiento social: 35 %.
El resto se destinará a las secciones temáticas a las que se hace referencia en el párrafo primero, letras a) o b), o a una combinación de las mismas.
Artículo 25 redactado, con efectos a partir del 2 de agosto de 2018, por el apartado 4) del artículo 270 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 («D.O.U.E.L.» 30 julio). Vigencia: 2 agosto 2018
a) Aumentar el acceso a la microfinanciación y su disponibilidad para:
i) las personas vulnerables que hayan perdido o se encuentren en riesgo de perder su puesto de trabajo o que tengan dificultades para incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo, o que estén en riesgo o situación de exclusión social, y que se encuentren en posición de desventaja en relación con el acceso al mercado tradicional del crédito y que deseen crear o desarrollar sus propias microempresas;
ii) microempresas, tanto en fase inicial como de desarrollo, especialmente aquellas que emplean a las personas mencionadas en el inciso i).
b) Reforzar la capacidad institucional de los proveedores de microcréditos.
c) Apoyar el desarrollo del mercado de inversión social y facilitar el acceso a la financiación para las empresas sociales ofreciendo capital, cuasicapital, instrumentos de préstamo y subvenciones por un total de hasta 500 000 EUR disponibles para las empresas sociales que, o bien tengan un volumen de negocios anual inferior a 30 millones EUR o que su balance general anual no supere los 30 millones EUR, y que no sean empresas de inversión colectiva.
a) microfinanciación a personas y microempresas; y/o
b) financiación a las empresas sociales.
2. La información proporcionada en estos informes anuales de ejecución se integrará en los informes bienales de seguimiento contemplados en el artículo 12. Estos informes de seguimiento incluirán los informes anuales previstos en el artículo 8, apartado 2, de la Decisión nº 283/2010/UE, información pormenorizada sobre las actividades de comunicación e información sobre complementariedad con otros instrumentos de la Unión, especialmente el FSE.
Los programas de trabajo abarcarán, en su caso, un período de tres años seguidos de fecha a fecha e incluirán una descripción de las acciones que se han de financiar, el tipo de procedimiento de selección de acciones que vayan a ser apoyadas por la Unión, el alcance geográfico, la audiencia a la que se dirigen y un calendario de ejecución indicativo. Asimismo los programas de trabajo incluirán, una indicación del importe asignado a cada objetivo específico. Los programas de trabajo reforzarán la coherencia del Programa indicando los vínculos entre los tres ejes. Párrafo segundo del artículo 32 redactado, con efectos a partir del 2 de agosto de 2018, por el apartado 5) del artículo 270 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 («D.O.U.E.L.» 30 julio). Vigencia: 2 agosto 2018
Artículo 33 suprimido, con efectos a partir del 2 de agosto de 2018, por el apartado 6) del artículo 270 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 («D.O.U.E.L.» 30 julio). Vigencia: 2 agosto 2018
Artículo 34 suprimido, con efectos a partir del 2 de agosto de 2018, por el apartado 6) del artículo 270 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 («D.O.U.E.L.» 30 julio). Vigencia: 2 agosto 2018
Las acciones contempladas en los artículos 4, 5 y 6 de la Decisión nº 1672/2006/CE que se inicien antes del 1 de enero de 2014 se seguirán rigiendo por dicha Decisión. En lo relativo a esas acciones, la Comisión estará asistida por el comité contemplado en el artículo 36 del presente Reglamento.
1. La evaluación final prevista en el artículo 13, apartado 4 del presente Reglamento, deberá incluir la evaluación final prevista en el artículo 9 de la Decisión nº 283/2010/UE.
La Decisión nº 283/2010/UE queda modificada como sigue:
1) En el artículo 5, el apartado 4 se sustituye por el siguiente:
« 4. Al vencimiento del instrumento, el saldo adeudado a la Unión se pondrá a disposición para la microfinanciación y el apoyo a las empresas sociales, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013 relativo a un Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social ("EIS") (19) .
2) Se suprimen los apartados 3 y 4 del artículo 8.
DO C 143 de 22.5.2012, p. 88.
DO C 225 de 27.7.2012, p. 167.
Decisión nº 1672/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por la que se establece un programa comunitario para el empleo y la solidaridad social – Progress (DO L 315 de 15.11.2006, p. 1).
Reglamento (UE) nº 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DO L 141 de 27.5.2011, p. 1).
Decisión de Ejecución 2012/733/UE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2012, relativa a la aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) nº 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la puesta en relación y la compensación de las ofertas y demandas de empleo y el restablecimiento de EURES (DO L 328 de 28.11.2012, p. 21).
Decisión nº 283/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2010, por la que se establece un instrumento europeo de microfinanciación para el empleo y la inclusión social – Progress (DO L 87 de 7.4.2010, p. 1).
Decisión 2010/707/UE del Consejo, de 21 de octubre de 2010, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 308 de 24.11.2010, p. 46).
Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (Véase la página 320 del presente Diario Oficial).
Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
Reglamento (Euratom, CE) nº viembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
DO L 347 de 20.12.2013, p. 238».

matches:
Decisión nº
Artículo 3
Artículo 4
Artículo 6
Artículo 7
Artículo 8
Artículo 9
Artículo 10
Artículo 11
Artículo 12
Artículo 14
Artículo 16
Artículo 17
Artículo 19
Artículo 20
Artículo 21
Artículo 22
Artículo 23
Artículo 24
Artículo 25
Artículo 26
Artículo 27
Artículo 28
Artículo 29
Artículo 31
Artículo 32
Artículo 33
Artículo 34
Artículo 35
Artículo 36
Artículo 37
Artículo 39
Decisión nº
artículo 5
artículo 270
Artículo 14
artículo 270
Artículo 19
artículo 270
Artículo 25
artículo 270
artículo 32
artículo 270
Artículo 33
artículo 270
Artículo 34
artículo 270
Artículo 23
artículo 38
artículo 24
artículo 38
Decisión nº
Decisión nº
artículo 148
artículo 121
artículo 47
artículo 3
artículo 8
artículo 10
artículo 9
artículo 290
artículo 5
artículo 1
artículo 26
artículo 1
artículo 1
artículo 1
artículo 3
artículo 5
artículo 270
artículo 325
artículo 19
Decisión nº
artículo 9
Decisión nº
Artículo 14
artículo 270
artículo 1
artículo 1
artículo 1
Artículo 19
artículo 270
Artículo 23
artículo 38
artículo 24
artículo 38
Artículo 25
artículo 270
artículo 12
artículo 8
Decisión nº
artículo 32
artículo 270
Artículo 33
artículo 270
Artículo 34
artículo 270
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artículo 36
artículo 13
artículo 9
Decisión nº
Decisión nº
artículo 5
artículo 8
Decisión nº
Decisión nº


text:
 RESOLUCIÓN 3859 DE 2006
RESOLUCIÓN 3859 DE 24 DE ABRIL DE 2006
CONTENIDO:DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. AMPLÍA LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA A QUE SE REFIEREN LAS RESOLUCIONES 10141, 10143, 10146 Y 10147 DE 2005, Y SE ESTABLECEN OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACIÓN DE MANERA VIRTUAL.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1287 DE MAYO 30 DE 2006, PG.872
RESOLUCIÓN 3859 DE 2006
“Por la cual se modifican parcialmente las resoluciones 10141, 10143, 10146 y 10147 de octubre 28 de 2005 y se establecen obligados a presentar información en forma virtual”.
en ejercicio de las facultades legales conferidas en el literal i) del artículo 19 del Decreto 1071 de 1999 y en los artículos 623, 623-1, 623-2 (sic), 629, 629-1, 631, 631-1, 631-2, 633, 684 y 686 del estatuto tributario, y
Que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales emitió el 28 de octubre de 2005 las resoluciones 10141, 10143, 10146 y 10147, las cuales definieron los formatos, formas y contenidos de la información exógena a reportar por el año gravable 2005, por los obligados allí descritos.
Que los artículos 623, 623-1, 623-2 (sic), 624, 625, 627, 628, 629, 629-1, 631, 631-1, 631-2 y 633 del estatuto tributario, señalan que la información deberá presentarse en medio magnético o cualquier otro medio para la transmisión de datos.
Que con el fin de facilitar la presentación de la información a todos los obligados, se hace necesario ampliar los plazos para la presentación de la información.
ART. 1º—Modifícase el inciso 3º del artículo 9º de la Resolución 10141 de 2005, el cual queda así:
“Para la entrega de la información a que se refieren los artículos 623, 623-2 (sic), deberá tenerse en cuenta el último dígito del NIT del informante cuando se trate de un gran contribuyente o los dos últimos dígitos del NIT del informante cuando se trate de una persona jurídica, y suministrarse a más tardar en las siguientes fechas:
Junio 6 de 2006 00 10 20 30 40
Junio 7 de 2006 50 60 70 80 90
Junio 8 de 2006 09 19 29 39 49
Junio 9 de 2006 59 69 79 89 99
Junio 12 de 2006 08 18 28 38 48
Junio 13 de 2006 58 68 78 88 98
Junio 14 de 2006 07 17 27 37 47
Junio 15 de 2006 57 67 77 87 97
Junio 16 de 2006 06 16 26 36 46
Junio 20 de 2006 56 66 76 86 96
Junio 21 de 2006 05 15 25 35 45
Junio 22 de 2006 55 65 75 85 95
Junio 23 de 2006 04 14 24 34 44
Junio 27 de 2006 54 64 74 84 94
Junio 28 de 2006 03 13 23 33 43
Junio 29 de 2006 53 63 73 83 93
Junio 30 de 2006 02 12 22 32 42
Julio 4 de 2006 52 62 72 82 92
Julio 5 de 2006 01 11 21 31 41
Julio 6 de 2006 51 61 71 81 91”
ART. 2º—Modifícase el inciso 3º del artículo 4º de la Resolución 10143 de 2005, el cual queda así:
“Para la entrega de la información a que se refiere el artículo 628, deberá tenerse en cuenta el último dígito del NIT del informante cuando se trate de un gran contribuyente o los dos últimos dígitos del NIT del informante cuando se trate de una persona jurídica, y suministrarse a más tardar en las siguientes fechas:
Junio 1º de 2006 3
ART. 3º—Modifícase el artículo 3º de la Resolución 10146 de 2005, el cual queda así:
“ART. 3º—Plazos para presentar la información. Para la entrega de la información, deberán tenerse en cuenta los dos últimos dígitos del NIT del informante y suministrarse a más tardar en las siguientes fechas:
Julio 6 de 2006 51 61 71 81 91
Junio 20 de 2006 00 10 20 30 40
Junio 21 de 2006 50 60 70 80 90
Junio 22 de 2006 09 19 29 39 49
Junio 23 de 2006 59 69 79 89 99
Junio 27 de 2006 08 18 28 38 48
Junio 28 de 2006 58 68 78 88 98
Junio 29 de 2006 07 17 27 37 47
Junio 30 de 2006 57 67 77 87 97
Julio 4 de 2006 06 16 26 36 46
Julio 5 de 2006 56 66 76 86 96
Julio 6 de 2006 05 15 25 35 45
Julio 7 de 2006 55 65 75 85 95
Julio 10 de 2006 04 14 24 34 44
Julio 11 de 2006 54 64 74 84 94
Julio 12 de 2006 03 13 23 33 43
Julio 13 de 2006 53 63 73 83 93
Julio 14 de 2006 02 12 22 32 42
Julio 17 de 2006 52 62 72 82 92
Julio 18 de 2006 01 11 21 31 41
Julio 19 de 2006 51 61 71 81 91”
ART. 4º—Modifícase el artículo 18 de la Resolución 10147 de 2005, el cual queda así:
“ART. 18.—Plazos para presentar la información. Para la entrega de la información solicitada en la presente resolución, deberá tenerse en cuenta el último dígito del NIT del informante cuando se trate de un gran contribuyente o los dos últimos dígitos del NIT del informante cuando se trate de una persona jurídica o de una persona natural, y suministrarse a más tardar en las siguientes fechas:
PAR.—Los obligados que deban entregar únicamente el formato 1002 versión 6 —retenciones en la fuente practicadas—, a que hace referencia el artículo 5º de esta resolución, deberán tener en cuenta los dos últimos dígitos del NIT del informante y suministrarla a más tardar en las siguientes fechas:
Julio 21 de 2006 00 a 03
Julio 24 de 2006 04 a 06
Julio 25 de 2006 07 a 09
Julio 26 de 2006 10 a 12
Julio 27 de 2006 13 a 15
Julio 28 de 2006 16 a 18
Julio 31 de 2006 19 a 21
Agosto 1º de 2006 22 a 24
Agosto 2 de 2006 25 a 27
Agosto 3 de 2006 28 a 30
Agosto 4 de 2006 31 a 33
Agosto 8 de 2006 34 a 36
Agosto 9 de 2006 37 a 39
Agosto 10 de 2006 40 a 42
Agosto 11 de 2006 43 a 45
Agosto 14 de 2006 46 a 48
Agosto 15 de 2006 49 a 51
Agosto 16 de 2006 52 a 54
Agosto 17 de 2006 55 a 57
Agosto 18 de 2006 58 a 60
Agosto 22 de 2006 61 a 63
Agosto 23 de 2006 64 a 66
Agosto 24 de 2006 67 a 69
Agosto 25 de 2006 70 a 72
Agosto 28 de 2006 73 a 75
Agosto 29 de 2006 76 a 78
Agosto 30 de 2006 79 a 81
Agosto 31 de 2006 82 a 84
Septiembre 1º de 2006 85 a 87
Septiembre 4 de 2006 88 a 90
Septiembre 5 de 2006 91 a 93
Septiembre 6 de 2006 94 a 96
Septiembre 7 de 2006 97 a 99”
ART. 5º—Obligados a presentar información de manera virtual. Los obligados que deban entregar a la DIAN información relacionada con las resoluciones 10141, 10142, 10143, 10145, 10147, 10148 y/o 10149 de 2005, deben presentar la información utilizando los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, haciendo uso del mecanismo de firma digital emitido por la DIAN.
Los obligados que deban entregar a la DIAN información relacionada con la Resolución 10146 de 2005, deben presentar la información utilizando los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, haciendo uso del mecanismo de firma digital emitido por la DIAN, siempre y cuando estén igualmente obligados a declarar a través de estos servicios; en caso contrario deben hacerlo de manera presencial en los puntos habilitados por la DIAN.
PAR. 1º—Los obligados a presentar información únicamente en el formato 1002 versión 6 —retenciones en la fuente practicadas—, a que hace referencia el artículo 5º de la Resolución 10147 de 2005, deben hacerlo de manera presencial en los puntos habilitados por la DIAN.
PAR. 2º—Conforme al artículo 2º de la Resolución 1767 de febrero 28 de 2006 deberán inscribirse en el registro único tributario las personas naturales que actúan en calidad de representantes legales, mandatarios, delegados, apoderados y representantes en general de quienes deban cumplir con la obligación de suscribir declaraciones, presentar información y cumplir otros deberes formales.
PAR. 3º—La DIAN asignará el mecanismo de firma con certificado digital a la persona natural que a nombre propio o en representación del contribuyente, responsable, agente retenedor, o declarante, deba cumplir con la obligación de presentar información utilizando los servicios informáticos electrónicos. Para tal efecto deberá darse cumplimiento al procedimiento señalado en la Resolución 12717 de 2005.

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RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
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artículo 19
artículo 9
Resolución
artículo 4
Resolución
artículo 628
artículo 3
Resolución
artículo 18
Resolución
artículo 5
Resolución
artículo 5
Resolución
artículo 2
Resolución
Resolución


text:
La Orden de Desarrollo de la Ley de Tasas Judiciales, nuevo ejemplo de deficiente regulación. – Hay Derecho
19 diciembre, 2012 /19 Comentarios/en Administración de Justicia /por Rosa Mijangos Fernández
El BOE del 15 de diciembre pasado publica la Orden Ministerial, ORDEN HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
Consta de 19 artículos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria, y nada menos que siete disposiciones finales, estas últimas de una más que dudosa coherencia. Al parecer, existen dudas razonables acerca de la existencia del preceptivo previo informe del Consejo de Estado, que, pese a haber sido objeto de intensas búsquedas, no aparece, dando así lugar a que pensemos todos que esta Orden está a la altura de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Esto, obviamente, no es ningún cumplido, sino un aviso a navegantes acerca de la improvisación y deficiente técnica legislativa de que adolece, por no hablar de la palmaria indefensión en cuya ageneración viene a abundar. La Orden da motivos sobrados para volver a hablar de todo ello, como veremos a continuación. Me voy a referir a cuestiones muy bien señaladas por la Profesora de Derecho Civil y abogada Verónica del Carpio Fiestas en un reciente post de su blog veronicadelcarpio.wordpress.com , al que me remito, destacando alguna de las cuestiones sobre las que incide:
1.- Acerca de su entrada en vigor:
Desde el día 17 de diciembre de 2012 aplica todo lo relativo al modelo 696, relativo al pago de la tasa, constituyendo hechos imponibles todos los que se produzcan a partir de esta fecha.
Cuestión más complicada es la de la devolución de la tasa, a la que corresponde el modelo 695. La más que lógica pretensión de que ésta iniciase su vigencia simultáneamente a la de pago, no se cumple. Efectivamente, el artículo que de refiere al modelo de 695 es el 2.2 de la Orden , “Aprobación del Modelo 695, Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos”. Contempla la devolución parcial en dos supuestos: solución extrajudicial (60 %), que tendrá lugar desde la firmeza de la resolución judicial que la recoja, y, por otra parte, cuando se acuerde por el Juzgador una acumulación de procesos (20 %). Sorprendentemente, la disposición Final segunda, que se refiere a la entrada en vigor de determinadas disposiciones referentes al modelo 695, deja claro que ésta no tendrá lugar sino hasta el 1 de abril de 2013, citando de forma específica los dos supuestos de devolución señalados. Si estos se dieran con anterioridad a dicha fecha, la única previsión recogida en la norma es que el cómputo del plazo para solicitarla se iniciará en la fecha en que hubiera tenido lugar la resolución judicial en cualquiera de ambos casos. Primera incoherencia, en contra de los justiciables y a favor de la recaudación.
2.- ¿Qué sucede con el período transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley de Tasas hasta la de la Orden que aprueba el modelo para liquidarlas?
Desde la entrada en vigor de la Ley de Tasas, 22 de noviembre de 2012, hasta la de la Orden Ministerial que aquí comentamos, que ha tenido lugar el día 17 de diciembre, ” …aplicándose a los hechos imponibles que tengan lugar a partir de la entrada en vigor de la misma.” (D.A. 2a) ha transcurrido una período de aparente vacío legal de casi un mes.
¿Significa, necesariamente que el Estado no va a cobrar por las tasas devengadas en esa suerte de limbo jurídico? Pues no necesariamente. La Orden Ministerial contiene el modelo necesario para autoliquidar la tasa, cuando la Ley que la establecía, determinando el hecho imponible, ya había entrado en vigor, obviamente de forma precipitada, un mes antes. Esto no significa que la Tasa no sea exigible desde el 22 de Noviembre de 2012, que lo es, sino, simple y llanamente, que ésta no ha podido materialmente autoliquidarse por el sujeto pasivo. Consecuentemente, la Orden Ministerial que aquí comentamos, no impide (ni podría hacerlo) la exacción de la tasa con carácter retroactivo por cualquiera de los órganos con competencia dentro de la administración. Se señala en el blog a que me he referido antes que por parte de algunos Secretarios Judiciales se ha advertido de esta posibilidad, así como que algunos juzgados ya han solicitado a los justiciables el pago de la tasa con retroacción al momento de interposición de la demanda o recurso.
3.- Vulneración del principio de jerarquía normativa
Digo en el punto anterior que la OM no podría modificar, ni enmendar la Ley de tasas judiciales. Cualquiera de dichas cuestiones, así como las contradicciones en que la Orden incurra respecto a la Ley suponen una vulneración de este principio. Claro que si, como parece, el informe previo del Consejo de Estado brilla por su ausencia, cosas así son lo menos que puede pasar, por no hablar de otras consecuencias más graves, como la posible nulidad de la Orden.
4.- La Orden Ministerial exige, de manera injusta, que todos los justiciables para acceder a juzgados y tribunales tengan y manejen una conexión a internet. La autoliquidación de la Tasa sólo puede realizarse desde un terminal informático.
El artículo 5 establece las formas de presentación de los modelos 696 y 695. Amén de remitir al portal de la Agencia Tributaria en Internet, señala expresamente que “Será necesaria la conexión a Internet para poder obtener las autoliquidaciones impresas válidas para su presentación” Los impresos, pues, únicamente están disponibles en internet. Sólo, y exclusivamente desde un ordenador podrán rellenarse, y proceder después a su impresión. Ni los juzgados, ni el Ministerio de Hacienda tendrán a disposición de los ciudadanos impresos que puedan rellenar a mano (piénsese en alguien no familiarizado con la informática, ni con posibilidades de manejarla como usuario. Aunque el Ministerio no haya contemplado esta posibilidad, existe. Personas mayores, o no tanto). Nos encontramos ante la peculiar situación de que, a pleitos en los que no se requiere ni abogado ni Procurador, que pueden iniciarse rellenando una papeleta que (esa sí) le entregan en el Juzgado, resulta que debe acompañarles una autoliquidación que sólo puede realizarse desde un terminal informático. Todas estas novedades, simple Orden Ministerial mediante, y sin que nada de ello esté previsto en la Ley que desarrolla ni en ninguna otra.
La Orden, por cierto, nada dice acerca de los muy razonablemente previsibles errores de conexión, y sus consecuencias. ¿Resultará en tales casos que ante un posible incumplimiento involuntario de nuestras nuevas obligaciones para con el Ministerio de Hacienda debamos reducir los plazos conocidos como “de término”.
5.- La Orden Ministerial únicamente prevé el acceso a la administración de Justicia de ciudadanos con NIF
Volvamos al artículo 5 “Formas de presentación de los modelos 696 y 695“, citado en el punto anterior, que deja establecido lo siguiente: “No obstante, por motivos de seguridad, el dato del NIF del contribuyente se deberá cumplimentar manualmente.”. ¿Se excluye a los titulares de NIE, a los sin papeles? ¿Qué sucede en la jurisdicción contencioso administrativa –donde quien está exenta es la Administración, no los ciudadanos- y los procedimientos en materia de extranjería? ¿Estamos seguros de que van a poder ir cumpliendo las exigencias contempladas, primero, en algunos casos, pagar la tasa; más acceder a internet, y en además rellenar a mano esa autoliquidación, con un dato identificativo que cabe prever que no tengan? ¿Dónde está la referencia al NIE? Todavía no ha dado tiempo a que Asociaciones cuyo objetivo es la protección y defensa de colectivos desprotegidos se posicionen. A modo de solución, citamos la siguiente: La posible ausencia de documentación acreditativa de identidad está prevista en el artículo 163 del Reglamento Notarial, incluso con expresa referencia al caso de expediente de asilo, refugio, repatriación y similares:
6. A modo de conclusión. Más cuestiones cabe señalar en la OM que ponen de manifiesto la onerosa (y nunca mejor dicho) falta de rigor y técnica de que adolece. Me remito al blog de Verónica del Carpio, que los explica más detalladamente, y mejor. Y voy concluyendo.
Tanto la Ley 10/2012, de tasas judiciales, como esta OM HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, evidencian una gravísima falta de sensibilidad por parte de nuestros gobernantes. No podemos entender de otra manera esas exigencias de manejo de nuevas tecnologías, tenencia de un determinado documento identificativo, por no hablar de la capacidad para hacer frente al pago de una tasa para, a fin de cuentas, acceder a una tutela judicial efectiva. Bueno, sí. Añadamos un palmario desconocimiento de la realidad jurídica y sociológica que todo esto refleja. No todos los ciudadanos son contribuyentes. Y, gracias a que existan medidas como las que las dos normas citadas imponen, el ratio irá bajando. No podemos dejar, en la medida de nuestras posibilidades, que esto suceda.
19 diciembre, 2012 en 16:25
Excelente post. Para los que estamos a favor de las tasas , su trabajo nos hace la vida más difícil.
Yo también esoty a favor de las tasas. Les daría algún toque personal pero…
Zajoy – el propalestino- debería ponerlas en sanida, educación y demás. Habría un uso racional de los servicios que tenemos. El uso racional excluye el abuso. El tò gratis no funciona.
Cuando el ciudadano gaste servicios previo pago concreto, sabrá exigirle a los políticos claridad, honradez y conociminetos a la hora de gastar impuestos.
19 diciembre, 2012 en 20:28
Yo pago impuestos para tener una justicia, una sanidad, una educación y unas pensiones. Fíjese, qué poco exigente soy que no pido subvenciones, ni cursos, ni ayudas, ni imserso, ni libros gratis, ni televisiones o radios públicas, … Sólo las 4 primeras me bastan.
Si tengo que pagar cada vez más por una sanidad y medicamentos donde las listas de espera son eternas y cada vez está peor, si tengo que pagar una barbaridad por una Justicia que encima es lenta y deficiente, si la educación cada vez está peor, y si las pensiones las recortan (no subirlas con inflación es pérdida de poder adquisitivo), y encima no tengo claro cuando llegue a viejo si voy a cobrarla.
¿Para qué pago impuestos? ¿Si cada vez hay más impuestos y más altos y los servicios cada día son peores, ¿Dónde va mi dinero? ¿Qué beneficio me da a mí el Estado?
19 diciembre, 2012 en 20:33
Sito, tus impuestos van en gran parte a alimentar una administración mastodóntica que no nos podemos permitir, a mantener a flote entidades financieras zombies, a pagar la deuda… Y un poco para todo lo demás.
Napo, que los ciudadanos deban hacer un uso racional de los servicios de sanidad, educación y demás, como tú dices, no puede suponer una limitación al derecho a obtener una tutela judicial efectiva por razones de capacidad económica. Es injusto, y es inconstitucional. El TC, en sentencia de 29 de octubre de 2012, refiriéndose a la anterior Ley de Tasas (Ley 53/2012) establece que si la cuantía de la tasa resulta tan elevada que impide el ejercicio de este derecho fundamental, o lo obstaculiza, sí cabe considerarla como “incompatible con el art. 24.1 de la Constitución Española”.
La verdad es que sin saber por qué razón está Ud. a favor de la Ley de tasas es dificil entender su comentario, y responderlo
El pago de impuestos sirve para cubrir tu cuota del pastel de gastos medios en función de tu renta, consumo,…. El pago de tasas debe cubrir el gasto marginal de actividades reservadas al sector público.
Creo que se debe avanzar en los precios públicos. Un español que no paga por IRPF, se coloca en situación preferente para recibir servicios públicos (educación, residencias,…).
Por tanto, no debería tener el mismo tratamiento quien paga sus impuestos y no consume los servicios (colegio privado, seguro de salud,…) que quien paga y consume.
19 diciembre, 2012 en 19:20
Estoy totalmente de acuerdo con el artículo anterior. Es una pena que los profesionales, y nuestros colegios, no nos hayamos movilizado con anterioridad, pues los perjuicios causados son muy graves. Ahora todo es mas difícil y, con seguridad, quedará diluido con el paso del tiempo.
20 diciembre, 2012 en 21:49
Algunos nos encargaremos de hacer lo posible para que no quede diluida, dentro de los juzgados, y fuera de ellos. Cuando vemos en los abogados que los clientes están ya quedando indefensos, porque pagar 45.000€ como en el caso que menciona el compañero no puede nadie salvo una gran impresa o un millonario, pero 900 tampoco pueden muchos, no podemos quedarnos impasibles. Porque lo he dicho y lo repito: nosotros vemos las caras de justiciables a los que no sabemos qué decir, y eso repitiéndose día tras día no puede diluirse, como no podría diluirse la protesta de los profesionales sanitarios si mañana impusieran 45.000€ por tratar una enfermedad.
Y desde aquí ANUNCIO PÚBLICAMENTE que el Colegio de Abogados de OURENSE, punta de lanza de la rebelión desde hace meses, y ejemplo para la profesión, con el que estoy en contacto permanente, va a interponer de forma inminente ante la Audiencia Provincial RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO contra esta magnÍfica Orden Ministerial, con petición de suspensión.
La ley permite la ADHESIÓN a los recursos contencioso-administrativos. Desde aquí INVITO a cuantas instituciones tengan legitimación activa a que se adhieran al recurso tan pronto se presente, en defensa de la Constitución, de la Ley y de los justiciables, que estamos hablando de un tema de suma gravedad. No puedo decir nombres, pero ya hay varias que lo van a hacer.
Y siendo tan jurídicamente inaceptable esta OM y teniendo más agujeros juridicos que un colador, sería verdaredamente sorprendente que la AN no la anule y mientras tanto no la suspenda.
Y sin impresos no hay pago, aunque haya devengo.
19 diciembre, 2012 en 19:30
19 diciembre, 2012 en 20:29
Gracias a tí, Verónica, por ser quien ha plasmado, como digo en el post, más y mejor, las ideas que parcialmente aquí se cuentan. Ojalá hubiera, como dice fersol, una auténtica movilización de colegios profesionales contra este dislate
Siguiente tasa que tienen que pagar unos clientes: 22.500 Euros o tal vez 45.000 (no está claro en la norma) más dos depósitos de 50 Euros cada uno, de propina, por una casación y extraordinario de infracción procesal. ¿Motivo? ¿litigiosidad de quien suscribe? ¿mis intereses corporativos? Incorrecta aplicación de un Convenio Internacional Marítimo en España, para hacerlo breve. No hay jurisprudencia del TS ni de las APs sobre el tema, es decir, será la primera vez que se interprete la norma, que es la función del TS conforme al art. 1.6 del CC. Tengo que repetirlo, lo siento, la tutela judicial efectiva, le Justicia no es un servicio público y no puede someterse a tributo, impuesto ni tasa. Ni imaginarme puedo que las personas individuales a las que no les pagan sus deudores encima tengan que pagar una tasa monstruosa. Lo digo con claridad: los honorarios por este asunto son inferiores a la tasa, que viene a ser más del 10% del sueldo de un Magistrado del TS. Vamos, con diez recursos ponente y año acabaremos sacando a concesión en Tribunal Supremo porque será lucrativo. Esto no es un problema de regulación, ni de abuso de la Justicia (páguese no la tasa, si no el coste íntegro al final) es una medida para desatascar por las bravas sin dotas plazas como es debido, para que la ratio juez/habitante siga siendo menor que la de políticos/habitante. En fin, un iluso, ya lo digo, eso es lo quqe vengo siendo.
20 diciembre, 2012 en 17:52
Jesús, el quid de la cuestión es ése. La Justicia, no siendo servicio público que se presta a los ciudadanos, no puede estar sometida ni a tasa, ni a impuesto alguno, porque no procede. Pero eso ya es ir demasiado lejos. Con estas mañas, nos tienen pegados a la realidad del instante, contestando a ella, y a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Muchas gracias por tu comentario
A este paso se equilibria el presupuesto, ya no habrá que emitir deuda, se acabaron los recortes… con estas tasas va a haber para todo.
Genial el Gallardón.
21 diciembre, 2012 en 01:43
Estoy de acuerdo con la chapuza de la orden, fiel seguidora de la ley 10.
No obstante, respecto al NIE de los extranjeros ese es precisamente su NIF.
Habéis confundido NIF y DNI.
Ver art. 20 RD 1065/2007:
23 diciembre, 2012 en 03:38
Una aclaración: la normativa procesal PERMITE actuar ante los tribunale sin NIF, NIE, DNI, pasaporte y sin nada. Y es lógico. Porque es evidente que a un extranjero indoumentado que va a ser objeto de una inminente expulsión, y que ha venido a España con lo puesto huyendo de la persecución o de la miseria, y que no tiene ni un papel de identificación, no ya el NIE o NIE, sino NADA, ni un solo documento de identificación, no se le puede exigir lo imposible para conseguir el amparo de los tribunales (igual, por cierto, que tampoco es óbice carecer de docmentos de identificación para ser condenado penalmente si se ha cometido un delito). Y ahora se plantea que una persona que viene en patera, sin documentos de ningún tipo, tenga que pedir a Hacienda un NIE para actos de trascedencia tributaria, como es defenderse en los tribunales, cuando no tiene ni pasaporte que exhibir para conseguirlo. Y eso en cuanto a imposibilidad jurídica, que en cuanto a imposibilidad física, muchísimos están ingresados en los espantososo Centros de Internamiento de Extranjeros, peores que cárceles en cuanto a aislamiento y condiciones, y sin sus garantías, como tiene denunciado el propio Defensor del Pueblo
21 diciembre, 2012 en 08:54
No pensé yo vivir para ver a la vez el desmoronamiento de tantas instituciones juntas…¿Es que no son capaces ni de redactar una Orden Ministerial para aprobar unos impresos con un mínimo de rigor técnico? ¿Pero quien está a los mandos? Ah, a ver si va a ser que es la cuñada o la prima o el marido de alguien del PP que se han quedado en el paro, los pobres, y ha habido que enchufarlos en el Minsterio de Justicia. Lástima que no sean juristas, pero todo no se puede tener.
22 diciembre, 2012 en 00:34
Hablando de deficiente técnica legislativa, o dealgo peor, acabo de colgar un post en mi blog sobre el novedoso sistema de legislar por “nota informativa” dos veces ya utilizado en relación con la Ley de Tasas.
Pedro-A. García-Valcárcel Dice:
31 diciembre, 2012 en 12:33
Ciento setenta y cinco compradores demandan a una inmobiliaria, resolución de contrato por falta de entrega de la cosa vendida. Cuantía total 4.500.000. Es la suma de todas las reclamaciones individuales, cuyo promedio es 25.714€, por tanto todo paga al 0,5%. 175 demandantes a 300€ per capita son 52.500€. 4.500.000€ al 0,5% son 52.500€. Importe total de la tasa 75.300€. No está mal. Gallardón y Montoro contentos, y Rajoy también. A este paso se acaba el déficit.
Análisis económico de la Ley de tasas en el ámbito de la Administración... Mas sobre Cataluña

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artículo 5
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artículo 163
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RESOLUCIÓN 11, SERIE 2006-2007
,PARA AUTORIZAR AL HONORABLE FRANCISCO R. ZAYAS SEIJO, ALCALDE DE PONCE PARA QUE EN NOMBRE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE PONCE COMPAREZCA EN EL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA DE CANCELACIÓN DE HIPOTECA DE LA PROPIEDAD LOCALIZADA EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE RIO CANAS CALLE 2 NÚM. A-14 (AHORA CALLE DOLORES MARCHAND NÚM. 924) PONCE, PUERTO RICO PERTENECIENTE AL SEÑOR PEDRO ALCARAZ SILVA RIVERA Y SU ESPOSA LA SEÑORA NEIDA SOTO ECHEVARRÍA; Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 12, SERIE 2006-2007
,PARA AUTORIZAR AL ALCALDE DE PONCE, HONORABLE FRANCISCO ZAYAS SEIJO, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE PONCE, SUSCRIBA UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON CAPRI, SE. REPRESENTADA POR EL SOCIO GESTOR OLMU, INC., PARA LA UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA HEAD START, LOCALIZADAS EN LA CARRETERA 132 ESQUINA AVENIDA LAS AMÉRICAS, CALLE 500 (FRENTE A GASOLINERA CITGO - CALLE VILLA) EN PONCE, PUERTO RICO; Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 13, SERIE 2006-2007
,PARA APROBAR LA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL PUERTO DE PONCE Y CHEMEX CORPORATION.
RESOLUCIÓN 14, SERIE 2006-2007
,PARA APROBAR LA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE EL PUERTO DE PONCE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE PONCE Y PRIMEX.
RESOLUCIÓN 15, SERIE 2006-2007
,PARA DECLARAR DE NECESIDAD Y UTILIDAD PÚBLICA LA PROPIEDAD LOCALIZADA EN LA CALLE JOBOS ESQUINA CALLE BUENOS AIRES DE PONCE; PARA AUTORIZAR AL ALCALDE DE PONCE A ADQUIRIR DICHA PROPIEDAD MEDIANTE COMPRA O EXPROPIACIÓN FORZOSA; Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 16, SERIE 2006-2007
,PARA ENMENDAR EL SÉPTIMO POR CUANTO Y LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 190, SERIE DE 2005-2006 QUE AUTORIZÓ AL ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE PONCE, HONORABLE FRANCISCO R. ZAYAS SEIJO, PARA QUE ARRIENDE SIN SUJECIÓN AL REQUISITO DE SUBASTA PÚBLICA EL SOLAR LOCALIZADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES MAYOR E ISABEL DE PONCE DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2006, A LOS FINES DE ACLARAR QUE EL CANON DE ARRENDAMIENTO RAZONABLE PARA DICHA PROPIEDAD INMUEBLE MUNICIPAL SERÁ DE CUATRO MIL DÓLARES ($4,000.00); Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 17, SERIE 2006-2007
,PARA AUTORIZAR AL ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE PONCE A CONCEDER LOS DONATIVOS QUE SE DESCRIBEN EN LOS 'POR CUANTOS' DE ESTA RESOLUCIÓN A LAS PERSONAS INDIGENTES RECOMENDADAS POR LA OFICINA DE SERVICIOS AL CIUDADANO; Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 18, SERIE 2006-2007
,PARA APROBAR UN DONATIVO DE MIL DÓLARES ($1,000.00) AL EQUIPO PONCE GLENVIEW BASEBALL, INC. DE NUESTRA CIUDAD; Y PARA OTROS FINES
RESOLUCIÓN 19, SERIE 2006-2007
,PARA APROPAR UN DONATIVO DE MIL DÓLARES ($1,000.00) AL CLUB DE VOLLEYBALL PONCE PLAYERAS, INC. PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS OPERACIONALES DEL EQUIPO DURANTE LA TEMPORADA 2006 DE LA LIGA PUERTORRIQUEÑA DE VOLIBOL; Y PARA OTROS FINES
RESOLUCIÓN 20, SERIE 2006-2007
,PARA APROBAR UN DONATIVO DE TRES MIL DÓLARES ($3,000.00) AL CONCILIO DEPORTIVO DE GLENVIEW, INC. DE NUESTRA CIUDAD; Y PARA OTROS FINES

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