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III COMPETENCIA - Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015
IV RECONOCIMIENTO PARCIAL DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL
La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana, ya que Perú ratificó la Convención Americana el 28 de julio de 1978, y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.
Alegatos del Estado sobre el reconocimiento de responsabilidad por exceso del plazo en la tramitación del proceso penal y observaciones de la Comisión y de los representantes
El Estado señaló en el párrafo 231 de su contestación que, “si bien […] en el Informe N° 535-2011-JUS/PPES reconoció responsabilidad por exceso del plazo en la tramitación del proceso penal, […] la demora en la tramitación del Juicio Oral no se debe en lo absoluto a un ánimo de denegación de justicia, sino a situaciones de organización de Poder Judicial y a la normativa procesal penal todavía vigente en el Distrito Judicial de Lima”, por lo cual solicitó que se tuviera en consideración “la complejidad del proceso penal en lo referente al gran número de medios de prueba que han tenido que actuarse, así como a los diversos incidentes planteados por los abogados defensores de los procesados”. Al respecto, indicó que “realizó [dicho] reconocimiento de responsabilidad” sobre la base del principio de proporcionalidad y razonabilidad y tomando en consideración la jurisprudencia de este Tribunal, aún cuando la normativa procesal interna no contempla un plazo de duración de los juicios orales.
Por tal razón, “en lo que respecta al reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado peruano por la vulneración del plazo razonable en el proceso penal que se lleva[ba] a cabo ante la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, expresado en el Informe N° 535-2011-JUS/PPES, el Estado peruano solicit[ó] a la […] Corte se sirva atender a las consideraciones expresadas en [la contestación], las cuales dan cuenta de las razones objetivas que explica[ría]n la demora en la tramitación del citado proceso penal”. Finalmente, el Estado reafirmó “su serio compromiso de culminar en el menor tiempo posible la tramitación del proceso penal, para lo cual [indicó que venía] adoptando las previsiones del caso […], no existiendo denegación de justicia en lo absoluto”.
La Comisión advirtió que, si bien el reconocimiento del Estado en cuanto a que vulneró el plazo razonable en el presente caso representa un paso positivo y debería tener pleno efecto, en diversos momentos de su escrito el Estado pareciera justificar dicha demora. La Comisión solicitó que la Corte tomara en consideración el reconocimiento y, en atención al mismo, declarara que las observaciones del Estado pretendiendo justificar la demora no tienen relevancia jurídica.
Los representantes recordaron que la Corte ha determinado expresamente en diversas oportunidades que el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado ante la Comisión Interamericana produce plenos efectos jurídicos. En esta línea, los representantes manifestaron que la Corte debe “otorgar plenos efectos jurídicos al reconocimiento de responsabilidad introducido por el Estado ante la […] Comisión y establecer, que en aplicación de la regla de estoppel, el Estado se encuentra impedido de presentar la excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos”. Finalmente, los representantes consideraron que, “dado que el reconocimiento de responsabilidad estatal no contiene mayores desarrollos, […] resulta fundamental que esta […] Corte se refiera a los hechos probados en este caso que guarden relación con esta violación, así como a la manera en que [é]sta ocurrió, tomando en cuenta el contexto y circunstancias del caso”. Finalmente, los representantes reiteraron que el propio Estado en su escrito de contestación recordó que en el Informe N° 535-2011-JUS/PPES reconoció responsabilidad por exceso en la tramitación del proceso penal antes referido, por lo cual consideraron que “esta aceptación debe tener plenos efectos jurídicos en esta etapa del proceso”.
En el transcurso del procedimiento del presente caso ante la Comisión, el Estado presentó, en su Informe N° 535-2011-JUS/PPES de 6 de diciembre de 2011 (supra párr. 2.d), los avances alcanzados respecto a las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo No. 66/11 que fuera emitido el 31 de marzo de 2011 por la Comisión Interamericana. En dicho escrito, el Estado sostuvo bajo el título “Reconocimiento de responsabilidad por exceso del plazo en tramitación de proceso penal”, lo siguiente:
[…] tal como ha señalado el Estado peruano en Informes anteriores, la legislación procesal penal peruana no contempla un plazo para la tramitación del Juicio Oral, sin embargo, los principios de Proporcionalidad y Razonabilidad son de aplicación a todo el ordenamiento jurídico peruano. En tal sentido, el Estado peruano reconoce demora en el procesamiento judicial de los hechos. Mas consideramos importante que la […] Comisión tenga en cuenta que este exceso en la tramitación del Juicio Oral no se debe a un ánimo de denegación de justicia en lo absoluto, sino, lamentablemente, a situaciones de organización del Poder Judicial y actuación del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros factores […]”1. [resaltado en el original]
En el procedimiento ante esta Corte, al presentar su escrito de contestación, el Estado asumió como premisa el hecho de haber realizado un reconocimiento de responsabilidad internacional por la vulneración del plazo razonable ante la Comisión, con independencia del momento procesal en el que se efectuó el mismo. Es decir, la terminología utilizada por el propio Estado en su escrito de contestación evidencia que el Estado concibe el párrafo anteriormente transcripto como un reconocimiento de responsabilidad. No obstante, si bien en esta instancia el Estado se refirió a lo efectuado ante la Comisión, solicitó en sus argumentos relativos a las alegadas violaciones del plazo razonable que se tomara en cuenta las razones que explicarían la demora en la tramitación del proceso penal, en particular lo atinente a la complejidad del caso y los diversos incidentes planteados por la defensa, así como la propia organización del Poder Judicial y actuación del Consejo Nacional de la Magistratura. El Estado explicó, además, los motivos detrás del quiebre de dos juicios orales e informó que, con la finalidad de evitar el quiebre del tercer juicio oral, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ordenó que la Tercera Sala Penal Liquidadora asumiera con dedicación exclusiva la tramitación del caso hasta su conclusión.
La Corte considera, como lo ha hecho en otros casos2, que el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en el procedimiento ante la Comisión produce plenos efectos jurídicos, de acuerdo con el artículo 62 del Reglamento de la Corte. Por lo tanto, conforme a su jurisprudencia, la Corte admite y otorga plenos efectos al reconocimiento de responsabilidad realizado ante la Comisión en este caso. En esta oportunidad, el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado es parcial; se refiere únicamente a la vulneración del plazo razonable en el proceso judicial llevado a cabo en el fuero penal.
Por otra parte, la Corte advierte que en el procedimiento ante esta Corte el Estado interpuso en su escrito de contestación una excepción preliminar de no agotamiento de los recursos internos, en términos del artículo 46 de la Convención Americana (infra párr. 45). Como parte de sus argumentos, el Estado cuestionó que al realizar el examen de admisibilidad la Comisión aplicara la excepción a la regla del agotamiento contenida en el literal “c” del artículo 46.2, al encontrar un retardo injustificado en la tramitación de proceso y una vulneración del plazo razonable.
La Corte considera que, si bien un acto de reconocimiento implica, en principio, la aceptación de su competencia, en cada caso corresponde determinar la naturaleza y alcances de la excepción planteada para determinar su compatibilidad con tal reconocimiento3. La Corte encuentra que la excepción preliminar interpuesta referente al no agotamiento de los recursos internos en el presente caso entra en contradicción con el alcance material del reconocimiento parcial de responsabilidad. Al respecto, la Corte nota que dicha excepción no podrá limitar, contradecir o vaciar de contenido el reconocimiento de responsabilidad.
Por ende, la Corte considera que, al haber efectuado un reconocimiento de responsabilidad ante la Comisión que se relaciona con una de las excepciones a la regla del no agotamiento, el Estado no puede ahora variar su posición al argumentar ante la Corte nuevamente que no se ha verificado el agotamiento de los recursos internos, sino que ha aceptado implícitamente la plena competencia de la Corte para conocer del presente caso4.
En este sentido, atendiendo lo dispuesto en el artículo 42.6, en concordancia con lo previsto en los artículos 62 y 64, todos de su Reglamento, el Tribunal analizará las excepciones preliminares interpuestas a la luz de lo determinado precedentemente.
En su escrito de contestación1, el Perú presentó seis excepciones preliminares, que denominó de la siguiente forma: (i) Excepción de control de legalidad del Informe de Admisibilidad No. 13/04 respecto a la Petición N° 136/03 en relación con la falta de agotamiento de recursos de jurisdicción interna; (ii) Excepción de falta de agotamiento de recursos de jurisdicción interna; (iii) Excepción de control de legalidad del Informe de Fondo No. 66/11 respecto a la determinación de presuntas víctimas y derechos humanos no considerados en el Informe de Admisibilidad No. 13/04; (iv) Excepción de inadmisibilidad de incorporación de nuevos hechos por los representantes de las presuntas víctimas al proceso ante la Corte Interamericana; (v) Excepción de violación del derecho de defensa del Estado peruano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y (vi) Excepción de sustracción de la materia.
Atendiendo a la naturaleza diversa de los argumentos formulados por el Estado bajo la denominación de excepciones preliminares, resulta pertinente aclarar que la Corte considerará como excepciones preliminares únicamente aquellos argumentos que tienen o podrían tener exclusivamente tal naturaleza atendiendo a su contenido y finalidad, es decir, que de resolverse favorablemente impedirían en todo o en parte la continuación del procedimiento o el pronunciamiento sobre el fondo. Ha sido criterio reiterado de la Corte que por medio de una excepción preliminar se presentan objeciones relacionadas con la admisibilidad de un caso o la competencia de la Corte para conocer de un determinado caso o de alguno de sus aspectos, ya sea en razón de la persona, materia, tiempo o lugar2. Por ello, independientemente de que el Estado defina un planteamiento como “excepción preliminar”, si al analizar estos planteamientos se tornase necesario entrar a considerar previamente el fondo de un caso, los mismos perderían su carácter preliminar y no podrían ser analizados como una excepción preliminar3.
A continuación y bajo los criterios expuestos, la Corte analizará los planteamientos en el orden presentado por el Estado, con excepción del punto (iv), el cual será analizado en el capítulo siguiente, relativo a las consideraciones previas al referirse más propiamente al marco fáctico del caso4.
El Estado planteó esta excepción respecto a dos cuestiones. Por un lado, sostuvo que en el Informe de Admisibilidad “no se fundamenta[ría] debidamente el agotamiento de los recursos idóneos y efectivos para efectos de admisibilidad, de conformidad con el artículo 46.1.a) de la Convención Americana, la jurisprudencia constante de la Corte […] y las decisiones de la [propia Comisión”, de tal forma que no se habría realizado un “correcto análisis” respecto a las excepciones a la falta de agotamiento de recursos internos del artículo 46.2 de la Convención. Por otro lado, alegó que el referido informe, al analizar la efectividad del recurso presentaría un “adelantamiento de juicio” sobre el fondo del asunto en la etapa de admisibilidad.
Específicamente en cuanto a la primera cuestión, el Estado alegó que la Comisión no habría realizado un análisis sobre la adecuación y la efectividad de los recursos adelantados en la jurisdicción interna, tanto en la justicia militar como ante la justicia ordinaria. En este caso, según el Estado, la Comisión se habría alejado de su práctica constante en esta materia, cual era determinar, en primer lugar, si el recurso es idóneo y luego establecer si el mismo es efectivo. En particular, argumentó que la Comisión solo habría analizado la condición de la efectividad y no, previamente, la exigencia del recurso adecuado. En este mismo sentido, el Estado señaló que el recurso adecuado para garantizar el derecho a la vida de las presuntas víctimas y los derechos a la integridad personal y el acceso a la justicia de sus familiares, sería el proceso penal seguido contra Vladimiro Montesinos Torres y otros y no, como sostendría la Comisión, los procesos penales seguidos por la presunta comisión del delito de encubrimiento real. Así, Perú sostuvo que la Comisión basó su argumentación sobre un recurso que no sería adecuado para asegurar los derechos que se alegan conculcados, esto es, el proceso seguido por la presunta comisión del delito de encubrimiento real referido al “manejo que se diera de los cuerpos de las víctimas, la escena de los hechos y la cadena de custodia de las evidencias”.
En razón de que la cuestión de agotamiento de los recursos internos habría sido resuelta oportuna y fundadamente en la etapa procesal correspondiente, la Comisión solicitó a la Corte que rechazara la excepción preliminar. En particular, la Comisión sostuvo que el Estado “nada argumentó en relación con la idoneidad o falta de idoneidad del proceso penal militar para investigar los hechos del caso” y que solo habría hecho una referencia genérica en el trámite de admisibilidad sobre el hecho de encontrarse un proceso abierto, cuestión que la Comisión no consideró suficiente. En cuanto a la jurisdicción ordinaria, la Comisión señaló que el Estado habría destacado que el proceso sobre encubrimiento real se encontraba acumulado desde el 12 de agosto de 2003 con el proceso seguido contra Vladimiro Montesinos Torres y otros, solicitando en tal oportunidad la inadmisibilidad del caso por “encontrarse un proceso penal pendiente” y por “no haberse agotado la vía pertinente”. La Comisión agregó que se tomó en consideración el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos en abril de 1997 y el momento de emisión del informe en 2004, destacando que en él se incluye la apreciación sobre el poco avance de las investigaciones en el fuero común, además del hecho de que el Estado no inició de oficio la investigación, sino que ésta se abrió recién en 2001 tras una denuncia y que siete años después de los hechos parte de la investigación se remitió al fuero militar.
Sobre el alegado adelanto de criterio respecto al fondo del asunto, la Comisión señaló que, de conformidad con la información obrante en el expediente ante la misma, se valoró prima facie que al momento de emitir el Informe de Admisibilidad el Estado “no demostró la disponibilidad de recursos eficaces”. En suma, argumentó que, tal como ha sido criterio constante de la Comisión en casos de violaciones al derecho a la vida e integridad personal, el recurso idóneo para remediar la situación era la investigación y el proceso penal ante el fuero común, el cual debía haber sido iniciado de oficio y adelantado con la debida diligencia, elementos que la Comisión consideró ausentes en el proceso penal ordinario seguido en el presente caso. Además, la Comisión estableció que existía un retardo injustificado, y reiteró lo señalado en el Informe de Admisibilidad respecto a la aplicación al presente caso de las excepciones previstas en el artículo 46.2 a) y c) de dicho instrumento.
Los representantes sostuvieron que lo planteado por el Estado se asemejaba más a una “queja o discrepancia de criterios en relación con lo actuado por la Comisión” y que la decisión de admisibilidad estaba debidamente fundamentada. Para los representantes, el Estado incurre en un error al interpretar el Informe de Admisibilidad, puesto que (i) “sería falso” que la Comisión hubiera analizado en su informe únicamente el proceso penal por encubrimiento real y no el proceso penal por las ejecuciones extrajudiciales, pues lo que la Comisión habría hecho es utilizar los hechos investigados en aquel proceso para referirse a la falta de diligencia en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales, lo que habría llevado a la consecuente pérdida irreparable de evidencias e inefectividad de ese proceso, y (ii) el análisis de admisibilidad habría sido realizado con base en los hechos que eran de conocimiento de ambas partes por lo que la seguridad jurídica no se habría visto afectada. Sobre el alegado adelanto de juicio, los representantes estimaron que lo afirmado por la Comisión debe tomarse como “un análisis prima facie o preliminar para determinar la posible existencia de una violación y el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y no para establecer la existencia de una violación”. Además, consideraron que los cuestionamientos estatales relativos al retardo injustificado son alegatos propios de los méritos del caso. Dado que el Estado no habría demostrado la existencia de un error grave que hubiese afectado su derecho de defensa, los representantes solicitaron a la Corte que rechazara la excepción preliminar.
La Corte considera pertinente recordar que, según su jurisprudencia, cuando se alega como excepción preliminar un cuestionamiento a la actuación de la Comisión en relación con el procedimiento seguido ante ésta, la Comisión Interamericana tiene autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato conforme a lo establecido por la Convención Americana y, particularmente, en el ejercicio de las funciones que le competen en el procedimiento relativo al trámite de peticiones individuales dispuesto por los artículos 44 a 51 de la Convención5. A su vez, en asuntos que estén bajo su conocimiento, la Corte tiene la atribución de efectuar un control de legalidad de las actuaciones de la Comisión6. Ello no supone necesariamente revisar el procedimiento que se llevó a cabo ante ésta7, salvo en aquellos casos en que alguna de las partes alegue fundadamente que exista un error grave que vulnere su derecho de defensa8. Asimismo, la Corte debe guardar un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, fin último del sistema interamericano, y la seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional9.
Por consiguiente, tal como ha sido la jurisprudencia reiterada de este Tribunal, la parte que afirma que una actuación de la Comisión durante el procedimiento ante la misma ha sido llevada de manera irregular afectando su derecho de defensa debe demostrar efectivamente tal perjuicio10. A este respecto, no resulta suficiente una queja o discrepancia de criterios en relación con lo actuado por la Comisión Interamericana11. Corresponde, pues, considerar los fundamentos aducidos por el Estado para considerar que la actuación de la Comisión le habría provocado una violación a su derecho de defensa.
Respecto al alegado vicio insalvable que produciría la fundamentación indebida del Informe de Admisibilidad en lo tocante al agotamiento de los recursos idóneos y efectivos de la jurisdicción interna, la Corte ha constatado que la Comisión distinguió en su análisis entre el proceso adelantando ante el fuero militar y las investigaciones y procesos seguidos ante la justicia ordinaria, “en relación con las perspectivas de efectividad”. Así, respecto del proceso adelantado ante el fuero militar, la Comisión determinó que aquél no constituía el foro apropiado y, en consecuencia, no brindaba un remedio adecuado12. Por lo tanto, no era necesaria la determinación de su efectividad al tratarse de un recurso que no requería ser agotado.
Respecto del proceso seguido ante el fuero común, la Comisión estableció que, si bien la instrucción adelantada contra Vladimiro Montesinos Torres y otros se encontraba en desarrollo, lo que “podría llegar a configurar el no agotamiento del recurso interno”, ésta no auguraba perspectivas de efectividad. Ello debido a que el proceso relacionado con el manejo de las evidencias del caso había terminado con el sobreseimiento a favor de los implicados, argumentándose que obraron en cumplimiento de un mandato judicial. En esta línea, la Comisión señaló que “[e]n una investigación penal de esta naturaleza, la preservación de la escena del crimen, el manejo de los cadáveres […], las diligencias de necropsia evacuadas de acuerdo a los estándares internacionales y la cadena de custodia sobre la evidencia recuperada […], son labores fundamentales para establecer con otras pesquisas […] lo ocurrido [e] identificar a los autores”. De este modo, la Comisión concluyó que “la ausencia de toda esta actividad en su momento y más aún, las gestiones que presuntamente adelantaron estos agentes del Estado para encubrir los hechos, lo que aunado al paso del tiempo desde que estos se presentaron, no augura[ba]n perspectivas de efectividad del recurso interno a efectos del requisito establecido en el artículo 46[.2] de la Convención Americana”13.
De lo anterior se desprende que la determinación de la idoneidad del proceso penal ante el fuero común como recurso adecuado se encuentra implícita en la afirmación que hace la Comisión al señalar que, por encontrarse tal proceso en desarrollo, podría configurarse el no agotamiento del recurso interno. La Comisión no pudo llegar a tal conclusión sin haber considerado que el fuero común, a diferencia del militar, era el adecuado para la investigación de los hechos materia del caso. En definitiva, la Corte estima que el actuar de la Comisión al revisar la efectividad del recurso presupone que ésta consideró que constituía el recurso idóneo.
En relación con el alegado incorrecto análisis realizado por la Comisión respecto de la procedencia de las excepciones a la falta de agotamiento de los recursos internos del artículo 46.2 de la Convención, la Corte constata que el Estado no especificó cuál sería el error grave que habría vulnerado su derecho de defensa y solo se limitó a discrepar con los criterios adoptados por la Comisión, por lo que procede desestimar esta alegación por carecer de fundamentación suficiente.
En cuanto al eventual “adelanto de juicio” que presentaría el Informe de Admisibilidad en el análisis de la efectividad de las investigaciones llevadas a cabo en el fuero común, la Corte recuerda que las consideraciones que la Comisión realiza en su informe de admisibilidad son calificaciones jurídicas prima facie y, por lo tanto, constituyen un análisis meramente preliminar. El Tribunal considera también pertinente señalar que la Comisión, necesariamente, debe realizar este análisis preliminar para determinar la procedencia o no de las excepciones al no agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. Entenderlo de otro modo significaría pretender que la Comisión no pudiera pronunciarse, en la etapa de admisibilidad, sobre las razones para declarar admisible o no una petición y despojaría de su efecto útil a la norma del artículo 46.2 de la Convención, pues en cualquiera de las hipótesis allí contenidas la Comisión debe llevar a cabo un análisis previo a fin de fundamentar su decisión.
En consecuencia, tomando en cuenta los argumentos del Estado, la Corte considera que no se ha alegado fundadamente la ocurrencia de un error grave que vulnere el derecho de defensa de las partes. Por consiguiente, no se configura en el presente caso el presupuesto que permite a este Tribunal revisar el procedimiento ante la Comisión. En razón de lo expuesto, la Corte desestima la excepción preliminar interpuesta por el Estado.

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artículo 46
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Uploaded by Edilma Colmenarez
INFORME DE REVISIÓN DEL
CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE LAS
ACTAS DE ENTREGA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE
Comité Permanente de
Normas del Sector Público
Revisión de Actas de Entrega y sus Anexos .FCCPV ÍNDICE GENERAL Contenido Página INTRODUCCIÓN Base Legal 03 Alcance 04 CONSIDERACIONES SOBRE ACTAS DE ENTREGA Origen 05 Contenido del Acta 05 Modelo de Acta de Entrega 05 PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Modelo de Programa de Trabajo 07 Plan de Ejecución de la Revisión 12 MODELO DE: Informe de Revisión de Acta de Entrega 13 2 .
El Banco Central de Venezuela. según el Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Resolución Nro. emitida por la Contraloría General de la República. 9. 000162. en Gaceta Oficial Nro. 370.Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Territorios Federales y Dependencias Federales. 8.Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 3.Revisión de Actas de Entrega y sus Anexos . 3 . son los siguientes. “… omissis…: 1. Al respecto. 7. distritales y municipales.Las demás personas de derecho público nacionales.Las universidades públicas. estadales.Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional 2. tomando como criterio legal lo contemplado en las “Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas dependencias”. estadales.FCCPV INTRODUCCIÓN Base Legal La siguiente normativa ofrece los lineamientos que el Contador Público Independiente tomará como base para desarrollar una revisión del Informe de Acta de Entrega y sus anexos. los órganos y entidades de la Administración Pública. distritales y municipales. 4.Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Estadal.647 en fecha 27 de julio de 2009.Los institutos autónomos nacionales. 5. 6.Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Distritos y distritos Metropolitanos.
11. Alcance La presente normativa será empleada por los Contadores Públicos Independientes actuando en su carácter de Auditores Externos. presentada y suscrita por los funcionarios públicos al cese de sus funciones públicas en el cargo que le fue asignado. otras transferencias o incentivos fiscales. manejo o custodia de recursos públicos”. o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto. elaborada. y de igual forma podrá ser utilizada por los Contadores Públicos bajo relación de Dependencia que laboran como Auditores Internos en las distintas dependencias de la Administración Pública. o que en cualquier forma contraten. por cuanto se trata sólo de una revisión al Informe del Acta de Entrega y sus anexos. negocien o celebren operaciones con cualesquiera de los organismos o entidades mencionadas en los numerales anteriores o que reciban aportes. no tendrá carácter de Auditoría Operativa o Financiera. de acuerdo a lo dispuesto en las 4 .FCCPV 10. subsidios.Revisión de Actas de Entrega y sus Anexos . El Informe que emitirá tanto el Contador Público Independiente (Auditor Externo). pertenecientes al Sistema Nacional de Control Fiscal. así como las que se contribuyan con la participación de aquéllas. o que en cualquier forma intervengan en la administración. adecuando su actuación sólo a la revisión de actas de entrega como órganos de control fiscal. o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades.Las fundaciones y asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos. de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario. como el Contador Público Dependiente (Auditor Interno).Las personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes o responsables. 12.Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación en su capital social.
titulares de la cédula de identidad Nº _______________ y ______________ respectivamente. titular de la cédula de identidad Nº ___________. reunidos en la ______________________________. CONSIDERACIONES SOBRE ACTAS DE ENTREGA Origen Una vez que el funcionario público administrador. titular de la cédula de identidad Nº __________. para realizar el acto de entrega formal de la Oficina/Gerencia/División.FCCPV “Normas para regular la entrega de órganos y entidades de la administración Pública y de sus respectivas oficinas y dependencias”. en su carácter de ____________________ saliente. se presenta el siguiente modelo de Acta de Entrega. y el ciudadano ______________________________. y los ciudadanos ______________________________ y ______________________________. Contenido del Acta Tomando en consideración el Artículo 10. el funcionario saliente tendrá tres (03) días hábiles a partir del nombramiento de su sustituto para presentar el Acta de entrega.Revisión de Actas de Entrega y sus Anexos . en calidad de testigos. en su carácter de _________________ entrante. de la Norma que regula la entrega de órganos. siendo el día ____ del mes de ______________ de ______. y/o el funcionario entrante reciba resolución de nombramiento del cargo. el cual contiene lo exigido por la norma en comento: IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO ACTA DE ENTREGA En la ciudad de ______________. de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica 5 . el ciudadano ______________________________. manejador o custodio de fondos o bienes que conforman el Patrimonio público cese sus funciones con formalidad.
en concordancia con las “Normas para Regular la entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias”. Lista de comprobantes de gastos. se dispone de un lapso de ciento veinte (120) días hábiles siguientes a la fecha de la referida suscripción para que el ___________________________ entrante.Revisión de Actas de Entrega y sus Anexos . Situación de la ejecución del plan operativo de conformidad con los objetivos propuestos y las metas fijadas en el presupuesto correspondiente. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38. de fecha 10 de noviembre de 2005. Anexo Nº 2.FCCPV de la Administración Financiera del Sector Público. Anexo Nº 1. Anexo Nº 6. Estados bancarios actualizados y conciliados. Acto seguido se deja constancia de los siguientes aspectos: Monto de los fondos y bienes asignados a la respectiva unidad administradora. Cualquier otra información o documentación que se considere necesaria. haga las observaciones a que haya lugar por ante la Contraloría General de la República y el Órgano de Control Interno de la Institución. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5781 extraordinario. financiera y patrimonial. Mención del número de cargos existente. Saldo en efectivo de dichos fondos a la fecha de entrega de la gestión. Anexo Nº 10.311. Se levanta la presente acta en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto. sobre el Sistema Presupuestario. emanada de la Contraloría General de la República. su fundamentación legal y adjuntar. Anexo Nº 8. Anexo Nº 7. Queda entendido que los anexos anteriormente descritos forman parte integrante de la presente acta de entrega. Anexo Nº 3. Indicar el motivo del egreso. Anexo Nº 5. cuando sea aplicable. prescrita en la Resolución de la Contraloría General de la República Nº 01-00-247. Anexo Nº 9. Cheques emitidos pendientes de cobros. Anexo Nº 4. Estado de las cuentas que refleje la situación presupuestaria. así como el número de jubilados y pensionados de ser el caso. 6 . de fecha 12 de agosto de 2005. Índice general del archivo. Inventario de los bienes muebles e inmuebles. que luego de ser leída firman. con señalamiento de si son empleados u obreros. Anexo Nº 11. fijos o contratados. De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Resolución Nº 01-00-247.
ALCANCE La actuación fiscal se circunscribe a verificar si el contenido del Acta de Entrega está de acuerdo con lo requerido por la Contraloría General de la República. • Verificar la sinceridad y exactitud del Acta de Entrega. DEPENDENCIA).Revisión de Actas de Entrega y sus Anexos . mediante la cual se dictan las Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de las respectivas oficinas o dependencias. publicada por la Contraloría General de la República en Gaceta Oficial Nº 39. • Constatar que en el Acta de Entrega se anexen los recaudos relacionados y establecidos en el instrumento normativo que lo regula. SUBDIRECCIÓN. fue acatada las Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de las respectivas oficinas o dependencias.229 de fecha 28 de julio de 2009. se presenta el siguiente “Modelo de Programa de Trabajo”: Identificación del Organismo Acta de Entrega Programa de Trabajo I. a través de la Resolución Nº 01-00-000162. OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Verificar que el contenido del Acta de Entrega se corresponda con lo establecido en las Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y las respectivas oficinas o dependencias. OBJETIVO GENERAL Comprobar si en la presentación del Acta de Entrega elaborada por la (DIRECCIÓN. IV. II. SECCIÓN.FCCPV PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Para dar inicio al proceso de Revisión del Acta de Entrega por parte del Contador Público. PROCEDIMIENTO 7 . III. UNIDAD.
Solicite el Acta de Entrega con todos los anexos que la constituyen. o dependencia que se entrega • Identificación de quien entrega y de quien recibe • Motivo de la entrega y su fundamentación legal • Relación de los anexos que acompañan al acta y que se mencionan en los artículos 7º al 13º de las Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias. 4. 1. En caso de que por cualquier causa el Acta de Entrega y/o sus anexos. en caso de existir. Cerciórese de que en el Acta de Entrega se hayan especificado errores. Con respecto a la constatación de que en el Acta de Entrega se anexen los recaudos relacionados y establecidos en el instrumento normativo que lo regula (Artículo 11º 8 . no contengan la información o los documentos requeridos en los artículos 10º al 17º de las Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias según corresponda. (Artículo 20º de las Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias). cerciórese de que se haya dejado constancia de tal condición y de los motivos que impidieron su incorporación (Artículo 19º de las Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias). • Suscripción del acta por parte de quien entrega y de quien recibe. entidad. 3. así como cualquier otra situación que sea necesaria señalar en resguardo de la delimitación de responsabilidades de quien entrega y de quien recibe. oficina.Revisión de Actas de Entrega y sus Anexos . Verifique que el Acta de Entrega contenga lo siguiente: • Lugar y fecha de la suscripción del acta • Identificación del órgano.FCCPV En cuanto a que el contenido del Acta de Entrega se corresponda con lo establecido en las Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y las respectivas oficinas o dependencias (Artículo 6º de las Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias). 2. deficiencias u omisiones que se advirtieren en el levantamiento de la misma.
En caso de ser una Unidad Administradora la que se está entregando. • Situación de la ejecución del plan operativo. • Saldo en efectivo de dichos fondos a la fecha de entrega de la gestión. 1. • Lista de comprobantes de gastos.Revisión de Actas de Entrega y sus Anexos . • Cheques emitidos pendientes de cobro. (en caso de que lo hubiere). en concordancia con el artículo 53º del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. el acta esté acompañada de los anexos siguientes: • Monto de los fondos y bienes asignados a la respectiva unidad administradora. cerciórese que además de los anexos mencionados anteriormente. Todo lo anterior. Verifique que el Acta de Entrega se acompañe con los siguientes anexos: • Estado de las cuentas que refleje la situación presupuestaria. fijos o contratados. • Índice general del archivo. • Inventario de los bienes muebles e inmuebles. financiera y patrimonial (en caso de ser aplicable). • Cualquier otra información o documentación que se considere necesaria respecto al área. sobre el Sistema Presupuestario. 2.FCCPV de las Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias). de conformidad con lo establecido en el artículo 12º de las Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias. así como el número de jubilados y pensionados. Verifique que los anexos del Acta de Entrega incluyan datos e información con 9 . 3. con señalamiento de si son empleados u obreros. • Estados bancarios actualizados y conciliados. (en caso de que los hubiere). de conformidad con los objetivos propuestos y las metas fijadas en el presupuesto de la entidad correspondiente. • Mención del número de cargos existentes. de ser el caso.
al igual que las cuentas de Caja y Bancos. obtenga un flujo de caja a la fecha del Acta de Entrega y cruce las cifras con los saldos de caja y bancos. Inventarios. • Seleccione un departamento. así como las conciliaciones bancarias y verifíquelo y constate lo actualizado o desactualizado de las conciliaciones. d) De ser posible. 2. fijos o contratados. se les dio el destino establecido en el artículo 21º de las Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias. Estado de las cuentas que refleje la situación presupuestaria. a) Obtenga a la fecha del Acta de Entrega los estados financieros. financiera y patrimonial (en caso de ser aplicable). Con respecto a la mención del número de cargos existentes. con señalamiento de si son empleados u obreros. cargo o función pública del funcionario o empleado que entrega. Compruebe que el acta de entrega y sus anexos se hayan elaborado en original y 3 copias certificadas. tales como: • • • • Balance General Estado de Resultados Estado de Flujo de Efectivo Estado de la Ejecución Presupuestaria b) Cruce las cifras de cada uno de los estados financieros mencionados en el punto anterior tales como: resultados del ejercicio.FCCPV fecha de corte al momento del cese en el ejercicio del empleo. así como el número de jubilados y pensionados.Revisión de Actas de Entrega y sus Anexos . y que una vez suscrita el acta. e) Obtenga una relación y fotocopias de todas las inversiones en títulos valores y compárelas contra los libros y documentos originales. de ser el caso: • Compare el número de trabajadores con la nómina del último cierre de mes. c) Obtenga el arqueo de caja efectuado por el responsable de llevarlo a cabo. variaciones de la situación financiera con las partidas presupuestarias. Depreciación Acumulada y Gastos en los casos que aplique. 4. unidad o sección y chequée cada una de las 10 . patrimonio. En cuanto a la verificación de la sinceridad y exactitud del Acta de Entrega 1. Cuentas por Pagar.
11 . • Existen detalles de las desviaciones ocurridas (de haberlas) y los comentarios de las causas y efectos. Asimismo.Revisión de Actas de Entrega y sus Anexos . señalando los datos del Registro. Requiera el último inventario físico de bienes. Inventario de los bienes muebles e inmuebles. Índice general del archivo. indique la existencia del documento de propiedad. salidas. protocolo. • Revise los registros permanentes y detallados de las entradas. • Que sean propiedad de la institución. entre otros). • Investigue si se ha contratado pólizas de seguros para proteger los bienes. En el caso de los bienes inmuebles. • Ejecución presupuestaria versus metas cumplidas. 3. 5. tome una muestra representativa y compruebe lo siguiente: • Que existan y estén en uso. • Existe indicación de los programas en ejecución. • Verifique que los bienes seleccionados en la muestra contengan físicamente el código de identificación. compruebe si: • Existe indicación de los programas cumplidos por la administración saliente. traspasos y mejoras de los bienes. 4. Tomo. Obtenga los informes de la gestión operativa y financiera más cercanos a la fecha del Acta de Entrega y compruebe: • Metas cumplidas versus metas programadas.FCCPV personas físicamente con la nómina del último cierre de mes. Situación de la ejecución del plan operativo de conformidad con los objetivos propuestos y las metas fijadas en el presupuesto correspondiente. fecha.
hechos o situaciones que pongan en peligro de pérdida. éste tendrá un plazo máximo de sesenta días para presentar el Informe de Revisión del Acta de Entrega y sus anexos. tome una muestra representativa y compruebe que la documentación esté conservada adecuadamente y preservada de cualquier contingencia. considerando que el plazo para la entrega del mismo es de 90 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del acta en cuestión y sus anexos (Artículo 18 de las normas). del presupuesto presentado por el Contador Público Independiente. 12 . • Si de la verificación de la sinceridad y exactitud del Acta de Entrega se determinaren actos.FCCPV Requiera el último inventario físico de los documentos pertenecientes al archivo (DIRECCIÓN. SUBDIRECCIÓN. FINALMENTE. A partir de la fecha de entrega al Auditor de toda la documentación para su revisión. el cual dará inicio a la solicitud de los requerimientos que el Contador considere. QUE Una vez diseñado el Programa de Trabajo para la ejecución de la Revisión. a fin de que se ejerzan las acciones correctivas a que haya lugar (Artículo 24 de las Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias). APLIQUE CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO CONSIDERE NECESARIO. SECCIÓN). según el modelo presentado en la presente norma. deterioro o menoscabo del patrimonio público. Plan de Ejecución de la Revisión Para el desarrollo de los procedimientos contemplados en el Plan de Trabajo se tomará en cuenta como fecha de inicio la aprobación. por parte de las instancias competentes del ente contratante. el cual será extensivo por escrito a la máxima autoridad del ente contratante. 6. el auditor informará de estas circunstancias a las autoridades administrativas correspondientes.Revisión de Actas de Entrega y sus Anexos . Informe • Elabore informe. se establecerá el tiempo para desarrollar lo establecido en el Programa de trabajo. UNIDAD. DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS.
370. 000162. son los siguientes: En cuanto al tiempo de entrega y la presentación de sus ejemplares. autoridad saliente del organismo: ______________________________________________. realizó entrega al (la) ciudadano (a). a los fines de determinar el apego a las “Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias”. ubicado en:____________________________________________________________ . el Contador Público determinará.Revisión de Actas de Entrega y sus Anexos . previsto en las normas en comento: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 13 . las cuales se reflejarán en el Informe de Revisión de Acta de Entrega del Contador Público Independiente: Identificación del Contador Público (Auditor Externo) Informe de Revisión de Acta de Entrega Ciudadano (a) Máxima Autoridad del Ente Contratante Ciudad. autoridad entrante del referido cargo. emitidas por la Contraloría General de la República. luego del análisis de sus resultados._____ de____________ de 20__.______________________ ______________________________________________.647 en fecha 27 de julio de 2009. Los resultados producto del análisis de la documentación citada. en fecha. las consideraciones de su revisión. en Gaceta Oficial Nro. presentada por el (la) ciudadano (a)______________________________________________.- He (mos) examinado el Acta de Entrega. y revisado sus documentos anexos. y empleadas las técnicas de auditoría.con el cargo de:__________________________________________________________.FCCPV Una vez aplicados los procedimientos para su revisión. Resolución Nro.
En cuanto a los anexos presentados como parte del Acta de Entrega: 1.Estado de las cuentas que refleje la situación presupuestaria. financiera y patrimonial. así como el número de jubilados y pensionados.Revisión de Actas de Entrega y sus Anexos .. con señalamiento de si son empleados u obreros. 2. de ser el caso: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________. cuando sea aplicable:________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________. En cuanto al contenido sustancial de forma y fondo del Acta de Entrega: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________.. 3. fijos o contratados.Mención del número de cargos existentes.FCCPV _________________________________________________________________________ ____.Inventarios de la Propiedad.. 14 . Planta y Equipo:__________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________.
. 6.. Observaciones: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________.Cualquier otra información presentada como anexo:_____________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________.Índice General del Archivo:________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________. Lugar y Fecha del Informe de Revisión Identificación y Firma del Contador Público 15 . 5.Revisión de Actas de Entrega y sus Anexos .Situación de la ejecución del plan operativo de conformidad con los objetivos propuestos y las metas fijadas en el presupuesto correspondiente:_____________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________..FCCPV 4.
FCCPV 16 .Revisión de Actas de Entrega y sus Anexos .
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RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto de «Obra de acondicionamiento de la toma y mejora del proyecto de modernización de la Comunidad General de Regantes de Riegos de Levante, margen izquierda (Alicante)» de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El proyecto «Obra de acondicionamiento de la toma y mejora del proyecto de modernización de la Comunidad General de Regantes de Riegos de Levante, margen izquierda. (Alicante)» se encuentra comprendido en el apartado c) del grupo 1 del anexo II del Real Decreto Legislativo 1302/1986. De acuerdo con el artículo 2.3 del Real Decreto Legislativo 1302/ 1986, con fecha de 12 de febrero de 2004, la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura Pesca y alimentación, remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la documentación relativa al proyecto incluyendo sus características, ubicación y potenciales impactos, al objeto de determinar la necesidad de su sometimiento a procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
En el Anexo l se describe sucintamente el proyecto «Obra de acondicionamiento de la toma y mejora del proyecto de modernización de la Comunidad General de Regantes de Riegos de Levante, margen izquierda (Alicante)».
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha solicitado informe a diferentes organismos e instituciones cuya relación, así como síntesis de las respuestas recibidas, se incluye en el Anexo II. Considerando las respuestas recibidas, así como los criterios del Anexo III del Real Decreto Legislativo 1302/86 relativos a las características del proyecto, su ubicación y características del potencial impacto, y analizada la documentación que obra en el expediente respecto a las medidas correctoras propuestas y lo señalado en los informes recibidos y que se extracta en el Anexo II, no se deduce la posible existencia de impactos ambientales significativos que aconsejen someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Por lo tanto, en virtud del artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático a la vista del informe emitido por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de este Ministerio de fecha 08 de abril de 2005, considera que no es necesario someter al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de «Obra de acondicionamiento de la toma y mejora del proyecto de modernización de la Comunidad General de Regantes de Riegos de Levante, margen izquierda (Alicante).
Madrid, 8 de abril de 2005.El Secretario General, Arturo Gonzalo Aizpiri.
1. Tubería principal. Conducción proyectada para unir el embalse de Crevillente con los distintos ramales de que dispone la comunidad General de Regantes. Es de poliéster reforzado con fibra de vidrio, siendo doble en un primer tramo y sencilla en el segundo. Las tuberías van enterradas a una profundidad mínima de 1,50 m y apoyadas sobre cama de arena de 10 cm. de espesor. La longitud total es de 3.619 m en tramos de diámetros de 1.600, 1.300 y 1.200 mm a presiones de trabajo de 8, 10 y 12 atm. respectivamente. Se dispondrán válvulas de desagüe para el vaciado de las tuberías.
2. Ramal segundo de levante. Conducción para dar servicio a todo el sector regado, con una longitud de 10.569,45. Todo el ramal se ejecuta con tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio y presión de 12 atm. Va enterrada igual que las descritas en el párrafo anterior. Dado que es una tubería de distribución de riego dispone de una serie de tomas denominadas «Cabecera de Ramal» para cada uno de los 20 sectores de riego.
3. Toma general. Para conectar la conducción principal con el Embalse de Crevillente. Está constituida por dos arquetas, la primera para instalación de dos válvulas de mariposa de diámetro de 1.600 mm. y dos válvulas de seguridad. La segunda arqueta alojará contadores ultrasónicos en las dos conducciones de 1.600 mm de diámetro 4. Derivación de Levante. Construcción de una arqueta en la que se instalan dos válvulas de mariposa para conectar tuberías y dar salida al ramal tercero de Levante. La arqueta tiene unas dimensiones de 10,70 x 8,28 x 3,35 m.
5. Derivación al ramal 2 de Poniente y a los ramales 1 y 2 de Levante. Similar al anterior, con arqueta de 10,94 x 8,93 x 3,39 m a la que entran dos tuberías de 1.300 mm de diámetro de la conducción principal acabando en un colector del que parten tuberías para el ramal 2 de Levante, ramal 1 de Levante y ramal 2 de Poniente.
6. Estación de filtrado. Nave de 42,04 x 17,07 m en la que se ubican dos colectores enterrados y anclados en hormigón, de los que parten diferentes salidas para instalación de filtros. El caudal de diseño para cada uno de los módulos de filtración es de 500 l/s.
Las actuaciones que se llevarán a cabo van encaminadas a conseguir los siguientes objetivos:
Mejorar la toma de agua en el embalse de Crevillente Mejora de los elementos hidráulicos de la estación de bombeo existente al final del canal de la margen izquierda del trasvase Tajo-Segura.
Independizar la conducción de salida y entrada al Embalse. Completar la instalación de caudalímetros en los puntos necesarios Dotar de energía eléctrica, tanto a la estación de filtrado, como a las casetas de las dos derivaciones de la conducción principal.
Consultados	Respuesta Confederacion Hidrografica del Jucar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	X D.G. de Conservacion de la Naturaleza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	X Dirección General de Calidad Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección General de Politica Lingüística y Patrimonio Cultural .	X Departamento de Ciencias del Medio Ambiente . . . . . . . . . . . . Ecologistas en Acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.E.O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colla Ecologista La Carrasca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XoriguerGrupo Naturalista y Ecologista . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Conselleria de Cultura i Educació señala que la documentación ambiental no incorporaba documentación relativa al Patrimonio Histórico Artístico o Arqueológico de la zona de actuación lo que imposibilita la evacuación de informe.
La Confederación Hidrográfica del Júcar remite la consulta a la Confederación Hidrográfica del Segura quien indica que autoriza la actuación solicitada en el proyecto.
La Dirección General de Conservación de la Naturaleza señala que cabe la posibilidad tangencial de afección sobre el polígono de Stipo tenacissimae-Sideritetum leucantha que se localiza en torno a la ribera oeste del embalse de Crevillente. Señala igualmente que no cabe esperar afecciones sobre el LIC ES5213022 «Sierra de Crevillente» situado al norte del embalse y muy lejano a la zona de actuación.

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