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El presupuesto municipal es un estimativo de los ingresos fiscales y una autorización de los gastos públicos que efectúa el Concejo Municipal cada año, en ejercicio del control político que en materia fiscal le corresponde. Incluye igualmente, la definición de las disposiciones necesarias que garantizan una ejecución eficiente de los recursos, sobre la base del Plan de Desarrollo. Es el instrumento mediante el cual los Alcaldes desarrollan su plan de gobierno y, por ende, el mandato que les ha sido encomendado a través del voto programático. Por esta razón el presupuesto debe reflejar los planes de largo, mediano y corto plazo establecidos en el Plan de Desarrollo y permitir una evaluación sobre el cumplimiento de las metas fijadas por la administración. Su preparación y ejecución se desarrolla dentro de lo que la Constitución y la Ley han denominado el sistema presupuestal, el cual tiene por objeto optimizar la asignación de los recursos públicos, garantizar la aplicación de los principios presupuestales y el desarrollo local a corto, mediano y largo plazo. El proceso presupuestal, dentro del marco del sistema presupuestal, involucra el análisis de las fuentes y recursos disponibles, la programación de la inversión conforme a las prioridades definidas por la administración y, finalmente, la ejecución de los gastos aprobados. En este capítulo se analizarán los principios que rigen la actividad presupuestal, la cobertura del presupuesto municipal y su conformación.
El Estatuto Orgánico de Presupuesto, define los principios sobre los cuales debe sujetarse la actividad presupuestal, en relación con la formulación, elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto aplicables en los entes municipales. Si bien estos principios constituyen los ideales hacia los cuales debe orientarse una buena gestión presupuestal, algunos autores han sostenido que su aplicación en la práctica es apenas parcial. Sin embargo, en virtud de la consagración constitucional del sistema presupuestal, su no aplicación puede afectar la validez del proceso presupuestal. Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional que “... los principios consagrados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto son precedentes que condicionan la validez
del proceso presupuestal, de manera que al no ser tenidos en cuenta, vician la legitimidad del mismo. No son simples requisitos, sino pautas determinadas por la Ley Orgánica y determinantes de la ley anual de presupuesto.”, en este caso, del acuerdo de presupuesto municipal. Los principios del sistema presupuestal aplicables en los entes territoriales son: La planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización y la inembargabilidad. A continuación se tratará cada uno de estos principios junto con los de la unidad presupuestal y el del equilibrio presupuestal, que, aun cuando no están citados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, revisten gran importancia en el estudio de la materia. Los principios de coherencia macroeconómica y homeostasis presupuestal no serán analizados, ya que su aplicación es exclusiva del nivel nacional.
Planificación Inembargabilidad Anualidad
PRINCIPIOS PRESUPUESTALES APLICADOS A ENTES TERRITORIALES
Establece que el presupuesto municipal debe guardar concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo, Plan de Inversiones, Plan Financiero y Plan Operativo Anual de Inversiones, todo lo anterior dentro del contexto del Marco Fiscal de Mediano Plazo, según lo establece la Ley 819 de 2003. Entre el presupuesto y el plan de desarrollo debe haber una estricta armonía, tal como lo dispone el artículo 346 de la Constitución Política, ya que el primero debe ser un fiel reflejo de lo que para plazos mayores a un año prevea en el Plan de Desarrollo. Como es sabido, además de la parte general, el Plan de Desarrollo debe contener un plan de inversiones, el cual debe constituirse en el verdadero presupuesto de inversión para períodos superiores al anual, que a su vez es recogido anualmente por el presupuesto general del municipio para el respectivo año fiscal. El principio de la planificación requiere igualmente, la armonización del presupuesto anual con el plan financiero y el plan operativo anual de inversiones buscando una coordinación de corto plazo, adicional a la coordinación de mediano plazo efectuada con el plan de desarrollo y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
En general, es indispensable armonizar el presupuesto con los otros mecanismos que utiliza el municipio para planificar tanto el mediano como el corto plazo. Por esta razón, el Estatuto precisa que el presupuesto es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social.
La anualidad envuelve dos aspectos: Primero, cada año se realiza y aprueba el presupuesto, con lo cual de cierta manera se somete al ejecutivo y se acrecienta el poder del órgano decisor, y segundo, el control y la ejecución duran sólo un año. De acuerdo con lo anterior, este principio tiene un claro fundamento político, ya que el legislador, al someter al ejecutivo a la obligación de renovar anualmente las autorizaciones para recaudar impuestos y efectuar los gastos, aumenta su poder político, razón por la cual la costumbre de realizar los presupuestos anualmente se ha ido generalizando. Por otra parte, el período de un año resulta ventajoso para armonizar la gestión presupuestal con otras actividades económicas y sociales, que tienen lugar durante el mismo período (la gestión de las empresas y sus balances, el recaudo de impuestos, las sesiones del Concejo Municipal, etc.). Conforme a lo preceptuado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el año fiscal comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre, aunque existen circunstancias en las que este ejercicio se puede prolongar más allá del año fiscal. Es el caso de las reservas de apropiación y las cuentas por pagar que permiten que los gastos previstos en el presupuesto para el año respectivo se ejecuten aún después del 31 de diciembre.
pues a través del mismo se conocerán cuáles son los ingresos y los gastos que se estiman y autorizan para una determinada vigencia fiscal. Por consiguiente, no pueden existir fondos por fuera del presupuesto. Con respecto a este punto, es importante mencionar que conforme al artículo 120 del Decreto 111 de 1996, los recursos correspondientes a los Resguardos Indígenas, por concepto de su participación en los ingresos corrientes de la Nación, no hacen parte del presupuesto de rentas de la Entidad Territorial encargada de su administración.
La unidad de caja consiste en que la totalidad de los ingresos públicos deben ingresar sin previa destinación a un fondo común desde donde se asignan a la financiación del gasto público. La razón de ser de este principio radica en la facultad que tiene la autoridad presupuestal para orientar el gasto público hacia las áreas que estime prioritarias, sin que encuentre ingresos predestinados a la financiación de determinados gastos. La Corte Constitucional, al referirse a este principio, lo consideró como “…indispensable para un manejo unitario de los fondos públicos. Según dicha norma (artículo 12 de la ley 38 de 1989), los dineros que entran al tesoro público, cualquiera que sea su proveniencia, se funden en una caja común, y de ella se podrán destinar a los cometidos que se determinan en el presupuesto.” En virtud de este principio, los excedentes financieros de los establecimientos públicos locales son de propiedad del municipio, así como los de las empresas industriales y comerciales de este orden y los de las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas. De igual forma, los rendimientos financieros de los establecimientos públicos provenientes de la inversión de recursos originados en los aportes del municipio, son propiedad de éste último y deben ser consignados en la Tesorería Municipal, salvo los recibidos por órganos de previsión y seguridad social, para el pago de prestaciones económicas. En el nivel municipal, este principio tiene una aplicación limitada ya que la mayoría de las rentas que recibe el municipio tienen una destinación específica (Sistema general de Participaciones SGP monopolios de juegos ,
Este principio implica que el presupuesto debe contener la totalidad de los gastos públicos que se espera realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro o transferencias de crédito alguno que no figuren en el presupuesto. La aplicación de este principio contribuye al control político y operativo del presupuesto,
de suerte y azar, regalías, sistema general de participaciones, etc.), como se vera más adelante. En relación con la administración de los recursos provenientes del SGP destinados a , inversión social, el artículo 91 de la Ley 715 de 2001, establece que no harán Unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y la administración deberá realizarse en cuentas separadas de las demás del municipio. Así mismo, el artículo 123 del Decreto 111, las cuentas especiales para el manejo de los recursos del sector salud en las entidades territoriales previstas en las leyes 715 de 2001 y 100 de 1993 del mismo año, se integrarán en los fondos seccionales, distritales y municipales de salud de que tratan las disposiciones legales pertinentes, pero no formarán, en ningún caso, parte integral de los recursos comunes del presupuesto de tales entidades, por lo cual, su contabilización y presupuestación será especial en los términos del reglamento.
oportuna de los costos de funcionamiento requeridos. En el nivel municipal el caso se presenta frecuentemente en la inversión de destinación forzosa como la de la ley 715 de 2001, la cual inevitablemente acarrea unos costos de funcionamiento que no son previstos al momento de realizar las inversiones.
En virtud de la especialización, las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. Este principio busca asegurar la congruencia entre la naturaleza del gasto y el destino al cual se dirige, es decir, que exista coherencia entre el gasto y su finalidad, lo cual permite el ejercicio de un efectivo control del gasto público. Lo anterior implica que las apropiaciones de cada entidad deben ser adecuadas a su misión y funciones.
La programación integral implica que “todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarias para su ejecución de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes”. Lo cual significa que cuando se decreten inversiones se deben presupuestar igualmente los costos de funcionamiento requeridos para su operación. En relación con este principio la Corte Constitucional ha manifestado que “Este presupuesto tiene gran importancia como mecanismo preventivo de la responsabilidad administrativa y de la práctica de ordenar inversiones sin presupuestar simultáneamente el mantenimiento de las obras y servicios que se ponen en funcionamiento.” La aplicación de este principio es de especial importancia ya que este es uno de los problemas más frecuentes en la práctica presupuestal, con el cual se generan costosas inversiones físicas que no surten los resultados deseados por la falta de estimación
Está consagrado en el artículo 19 del Decreto 111 de 1996 y consiste en que las rentas incorporadas en el presupuesto, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman, son inembargables. Con este principio se busca proteger los dineros del municipio, para garantizar su aplicación a los fines de beneficio general que les corresponden. El objetivo primordial es evitar la imposibilidad de ejecutar el presupuesto, ya que no sería posible asumir gastos cuando las rentas que se apropian para este fin no se encuentran disponibles. No obstante lo anterior, los funcionarios competentes deben adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los organismos y entidades respectivas, dentro de los plazos establecidos para ello y deben respetar en su integridad los derechos reconocidos a terceros en sentencias. Para ello, los presupuestos de funcionamiento deben contener apropiaciones destinadas al pago de sentencias y conciliaciones.
El presupuesto es un instrumento por medio del cual se estiman los ingresos fiscales del municipio y se establecen los gastos públicos a ejecutar durante una vigencia. Es autorizado por el Concejo Municipal y sobre él ejercerá el control político correspondiente. Los principios presupuestales rigen la formulación, elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto y su no aplicación puede afectar la validez del proceso presupuestal.
1.7.1 Tratamiento Jurisprudencial de la Inembargabilidad Presupuestal Desde la promulgación de la Constitución de 1991 y a lo largo del desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional, la cuestión de la embargabilidad del Presupuesto de la Nación, ha sido tratado en diversos fallos de constitucionalidad de la Corte, y algunos otros fallos de tutela emitidos por la misma Corporación. No obstante la anterior previsión, los pronunciamientos efectuados a lo largo de la nueva historia constitucional colombiana, hacen referencia obligada a la sentencia C-546 de 1992, donde por ponencia de los Magistrados Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional se pronunció acerca del ajuste a las disposiciones de la Carta Política, del principio presupuestal de inembargabilidad, contenido en el artículo 16 de la Ley 38 de 1989, Orgánica de Presupuesto, compilada por el Decreto 111 de 1996. En dicha providencia, se entraron a evaluar los argumentos de los ciudadanos demandantes, que planteaban que con la inembargabilidad de las rentas públicas, los acreedores del Estado se encontraban en situación de desigualdad frente a los acreedores de otro tipo de deudores, sobre los cuales si podía recaer la medida cautelar del embargo. Entre las normas constitucionales que se vulneraban con dicho principio, según el tenor de la demanda, se encontraba el derecho al mínimo vital, a la protección especial al trabajo por deudas laborales no canceladas, y a la protección a la tercera edad, a los cuales no se les cancelaba de manera oportuna su mesada pensional, reconocida por actos administrativos, poniendo en grave peligro su subsistencia. La última hipótesis planteaba que la embargabilidad prevista en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, sólo se predicaba de providencias judiciales, luego de dieciocho (18) meses de ejecutoriadas, eliminando toda posibilidad de ejercer tal mecanismo por actos administrativos donde se reconocen prestaciones a cargo de la Administración, tales como el reconocimiento de una pensión. Luego de una extensa disertación y análisis efectuado por la Corte, acerca de las consecuencias de permitirse el embargo de unas rentas dirigidas a atender necesidades generales, la Corte declaró la constitucionalidad del principio de inembargabilidad, conforme las siguientes previsiones: “...Para la Corte Constitucional, entonces, el principio de la inembargabilidad presupuestal es una garantía que es necesario preservar y defender, ya que ella permite proteger los recursos financieros del Estado, destinados por definición, en un Estado social de derecho, a satisfacer los requerimientos indispensables para la realización de la dignidad humana. En este sentido, sólo si el Estado asegura la intangibilidad judicial de sus recursos financieros, tanto del gasto de funcionamiento como del gasto de inversión, podrá contar con el cien por ciento de su capacidad económica para lograr sus fines esenciales. La embargabilidad indiscriminada de toda suerte de acreedores, nacionales y extranjeros, expondría el funcionamiento mismo del Estado a una parálisis total, so pretexto de la satisfacción de un cobro judicial de un acreedor en particular.Tal hipótesis es inaceptable a la luz de la Constitución de 1991.” Además del anterior pronunciamiento, la Corte abordó de manera específica las hipótesis de
desprotección en que se encontraban los acreedores del Estado, que no contaban a su favor con una sentencia judicial ejecutoriada, extendiendo la posibilidad de adelantar embargos luego de dieciocho (18) meses, aún si el título ejecutivo consistía en Actos emitidos por la propia Administración, siempre y cuando estos consistieran en prestaciones laborales. Sobre el particular, la Corte se pronunció en los siguientes términos: “... En este orden de ideas, el derecho al trabajo, por su especial protección en la Carta y por su carácter de valor fundante del Estado social de derecho, merece una especial protección respecto de la inembargabilidad del presupuesto.” “En consecuencia, esta Corporación estima que los actos administrativos que contengan obligaciones laborales en favor de los servidores públicos deben poseer la misma garantía que las sentencias judiciales, esto es, que puedan prestar mérito ejecutivo -y embargo- a los dieciocho (18) meses después de haber sido ejecutoriados, de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, que dice en sus incisos primero y cuarto: “Artículo 177.- Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada... Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto.Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria...” En consecuencia, esta Corte considera que en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.” 1.7.2 La Inembargabilidad en el Nivel Territorial Respecto a la aplicación de los principios de inembargabilidad que se predican con respecto al Presupuesto General de la Nación, debe anotarse que el Consejo de Estado, a lo largo de diversos pronunciamientos, ha perfilado de manera clara el tratamiento de los embargos
a las rentas de los presupuestos de las entidades territoriales. Sobre el particular, esta Alta Corporación ha concluido que las rentas departamentales, distritales y municipales, son por regla general embargables, y sólo por excepciones legales, dichos recursos son embargables en los términos previstos por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, atrás citado. Partiendo de la anterior premisa, todas las rentas territoriales son embargables, salvo las que se encuentren bajo las siguientes previsiones normativas: a. “Los supuestos de hecho previstos en los numerales 2° 3° y 4° del Artículo 684 del Código de Procedimiento Civil, que a su tenor dispone: 2. Los destinados a un servicio público cuando éste se preste directamente por un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito especial, un municipio o un establecimiento público, o por medio de concesionarios de éstos; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje. Cuando el servicio lo presten particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él, así como la renta líquida que produzcan y el secuestro se practicará como el de empresas industriales. 3. Las dos terceras partes de la renta bruta de los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos especiales y los municipios. 4. Las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deban anticiparse por entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su construcción excepto cuando se trate de obligaciones en favor de los trabajadores de dichas obras por salarios, prestaciones e indemnizaciones sociales.” b. “Los recursos que se encuentran relacionados en el inciso tercero del Decreto 111 de 1996, que extienden la prohibición a “... las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4º del título XII de la Constitución Política...”, las cuales, de acuerdo con la Sala Plena del Consejo de Estado, corresponden a: -. A los departamentos, Distrito Capital y Distritos Especiales de Cartagena y Santa Marta, un porcentaje de sus ingresos corrientes, para la atención directa o a través de los municipios, de los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud en los niveles que señale la ley (situado fiscal) -hoy SGP.
-. A los municipios parte de los ingresos corrientes de la Nación, para financiar áreas prioritarias de inversión social. -.A los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como a los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos parte de las regalías y compensaciones. -. A las entidades territoriales, parte del fondo nacional de regalías. Todos los dineros transferidos en cumplimiento de cualquiera de las situaciones que acaba de relacionarse son inembargables, y esa inembargabilidad no solo comprende el dinero transferido, sino también los rendimientos que produzcan tales dineros, dado que el capital principal tiene una destinación específica, y los rendimientos que produzca siguen
la suerte de aquel, incrementando simplemente ese capital, que goza de inembargabilidad. No obstante las anteriores previsiones, la excepción de inembargabilidad cesa a favor de las anteriores rentas, una vez transcurridos los 18 meses a los que hace mención el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. En el caso de pagos pendientes, con ocasión de obligaciones contractuales derivadas de contratos para atender servicios como salud y educación llamados a ser cubiertos por las rentas transferidas por la Nación, no requerirán el cumplimiento del plazo de 18 meses para poder embargar las rentas remitidas para dichos fines por la Nación.
De acuerdo con los diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado, las rentas de los entes territoriales son embargables, en los términos previstos por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
Unidad Presupuestal Si bien este principio no está expresamente mencionado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el artículo 347 de la Constitución Política establece que: “El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva...”. Consiste entonces, en que los ingresos y los gastos del municipio deben estar agrupados en un mismo documento y ser presentados simultáneamente para la aprobación del Concejo Municipal. Este principio impide que el presupuesto se presente de manera fraccionada, lo cual dificultaría el control político sobre el mismo y la evaluación de su ejecución. Por otra parte, la unidad presupuestal permite visualizar el conjunto del gasto público y la magnitud del esfuerzo tributario que se requiere para financiarlo. Equilibrio Presupuestal Este principio fue derogado por la Constitución de 1991 y consistía básicamente en que los ingresos corrientes del Estado debían ser suficientes para atender los gastos presupuestales, es decir, debía haber una igualdad entre ingresos y gastos. El artículo 347 de la Carta establece sin embargo, que si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el gobierno propondrá, por separado, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes, para financiar el monto de los gastos contemplados. Es decir, en el presupuesto no necesariamente deben figurar todos los ingresos que se espera obtener en una vigencia fiscal, ya que mediante el mecanismo de adición presupuestal se pueden atender posteriormente algunos gastos. Esta adición presupuestal se conoce con el nombre de presupuesto complementario. Es necesario anotar que el uso de esta figura puede traer consecuencias negativas a las finanzas municipales, en la medida en que de no ser aprobadas las adiciones presupuestales para atender los gastos no cubiertos, se crearía un déficit presupuestal. Desde luego, en este caso, el gobierno podría reducir la ejecución de las apropiaciones autorizadas, pero
si el desequilibrio es muy grande resultaría traumática dicha reducción. Debe aclararse igualmente que los municipios no tienen la facultad constitucional de crear rentas, la cual está en cabeza del Congreso de la República. Por lo tanto, los Concejos sólo pueden adoptar nuevas rentas creadas en los términos y condiciones de la ley.
Contraloria (Si la hay)
El presupuesto general del municipio está integrado por los presupuestos del Nivel Central de la Administración, del Concejo Municipal, de la Contraloría Municipal (si la hay), de la Personería Municipal y de los Establecimientos Públicos Descentralizados. Es importante anotar que sólo los municipios de categoría especial y primera y aquellos de segunda que tengan más de cien mil habitantes pueden crear y organizar sus propias contralorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 617 de 2000, el cual modificó el artículo 156 de la ley 136 de 1994. Corresponde al Concejo Municipal, en virtud de la competencia residual establecida en el parágrafo segundo del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 y en concordancia con el artículo 96 del Decreto 111 de 1996, establecer las directrices y controles que las Empresas Industriales y Comerciales del Municipio y las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, deben cumplir en la elaboración, conformación y ejecución de sus presupuestos, así como de la inversión de sus excedentes. En este caso, hacen parte del presupuesto los excedentes financieros asignados como recursos de capital y distribuidos por el Concejo a iniciativa del Alcalde. Igualmente, de acuerdo con el artículo 5 del citado Decreto 111, las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, en cuyo capital el Municipio o sus Entidades Descentralizadas posean el 90% o más, así como las Empresas Sociales del Estado del orden municipal que constituyan una categoría especial de Entidad Pública Descentralizada, tendrán para efectos presupuestales, el régimen de las empresas industriales y comerciales del municipio.
2.1. Conformación del Presupuesto Municipal
El presupuesto municipal está conformado por el presupuesto de rentas o ingresos, por el de gastos o acuerdo de apropiaciones y por
las disposiciones generales. A continuación se analiza cada uno de dichos componentes. 2.1.1 Presupuesto de Rentas o Ingresos El presupuesto de rentas o ingresos está constituido por los ingresos corrientes, las contri-
buciones parafiscales, los recursos de capital, los fondos especiales y los ingresos de los establecimientos públicos del orden municipal. A continuación se explica en que consiste cada uno de ellos.
Presupuesto de rentas o ingresos
2.1.1.1. Ingresos Corrientes Son aquellos que llegan a las arcas municipales de manera regular, no esporádica. Conforme al artículo 27 del Decreto 111, se clasifican en tributarios y no tributarios. Los tributarios son aquellos que tienen el carácter de impuestos, es decir que cumplen con las siguientes características • • • • Son propiedad del municipio Son generales, según su base gravable. No generan contraprestación alguna. Son exigibles coactivamente, si es del caso. los servicios públicos y los trámites administrativos. Las multas son sanciones pecuniarias impuestas por el municipio, fundadas en un título jurídico. Las contribuciones son los recursos que recibe el municipio provenientes de los particulares que se benefician de una obra pública o acción del Estado. Las transferencias son los recursos que recibe el municipio de otros niveles del estado. Estos son: a. La participación en el Sistema General de Participaciones SGP Corresponde a los recursos que recibe el municipio ordenadas por la Ley 715 de 2001 y pueden ser: • Libre asignación: Es el porcentaje del Sistema General de Participaciones SGP , que se puede usar para inversión u otros gastos, inclusive para funcionamiento. • Forzosa inversión: Es el porcentaje restante del Sistema General de Participaciones SGP obtenido al descontar ,
Constituyen ingresos tributarios en el nivel municipal el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de avisos y tableros, el impuesto a espectáculos públicos, el impuesto al degüello de ganado menor y el impuesto de juegos de suerte y azar. Los ingresos no tributarios son aquellos que no son impuestos y que se reciben de manera regular, tales como las tasas, multas, contribuciones fiscales, rentas contractuales, transferencias y regalías. Las tasas constituyen las remuneraciones que deben los particulares por ciertos servicios prestados por el municipio, tales como
la libre asignación, el cual tiene destinación específica para los sectores de inversión social contemplados en la Ley 715 de 2001. b. Cofinanciación Nacional o Departamental Se refieren a los recursos del nivel nacional o departamental que financian parte de la realización de un proyecto municipal, para el cual el municipio deberá aportar una contrapartida, según convenios debidamente perfeccionados. c. Regalías Las regalías son contraprestaciones o compensaciones que recibe el municipio por la explotación de recursos naturales no renovables en su jurisdicción, o por servicios portuarios. 2.1.1.2 Recursos de Capital Según el Estatuto Orgánico de Presupuesto, los recursos de capital son los del balance del tesoro, los de crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año, los rendimientos de operaciones financieras, el mayor valor en pesos originado por las diferencias de cambio en los desembolsos en moneda extranjera o por la colocación de títulos, las donaciones y el excedente financiero de los establecimientos públicos del orden municipal, de las empresas industriales y comerciales del orden municipal y de las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas. Los Recursos del Balance surgen de cada ejecución anual del presupuesto, el cual, al concluir el ejercicio, arroja un superávit o un déficit. Este balance forma parte de los recursos de capital del presupuesto del siguiente año. Si hay superávit, se utiliza para financiar algunas apropiaciones del año que entra; si existe déficit, se debe incluir una partida suficiente para saldarlo. Los saldos de apropiación con recursos de la participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación y aquellos del régimen subsidiado en salud deben mantener la destinación sectorial en la vigencia siguiente. Los recursos del crédito interno o externo son aquellos que recibe el municipio de entidades nacionales o extranjeras, cuyo monto
debe rembolsar de acuerdo con los plazos y condiciones establecidos en el contrato de crédito. Los rendimientos de operaciones financieras son los ingresos obtenidos por la colocación de recursos en el mercado de capitales o en título valores, los cuales generan intereses, dividendos o corrección monetaria. Debe considerarse que éstos se causan en aquellos casos en que el fisco actúa como acreedor, así los intereses o rendimientos se cataloguen como recursos de capital. Los rendimientos originados por recursos de la participación en los ingresos corrientes de la Nación en el componente de inversión forzosa, deben destinarse a los mismos fines. Las donaciones son los recursos que a título de dádiva o regalo, sin contraprestación pecuniaria alguna, recibe el municipio. Según el artículo 33 del Decreto 111 de 1996, estos recursos deben ser incluidos obligatoriamente en el presupuesto. Los excedentes de los Establecimientos Públicos Municipales y los de las Empresas Industriales y Comerciales del mismo orden, se incluyen de conformidad con lo establecido por las normas orgánicas de presupuesto del municipio expedidas por el Concejo Municipal. Los excedentes de Empresas Industriales y Comerciales del Municipio o de Sociedades de Economía Mixta del mismo orden, dependen de la cuantía en que tenga participación el municipio, por su participación en el capital de la empresa. También son recursos de capital la venta de activos que realiza el municipio, tales como terrenos, construcciones, maquinaria, etc. 2.1.1.3 Fondos Especiales Son los ingresos definidos en la Ley por la prestación de un servicio público así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador. En el nivel municipal se pueden mencionar el fondo local de salud, el fondo de reforestación, el fondo de fomento y desarrollo del deporte. En estos fondos sólo deben registrarse los recursos propios del mismo, sin incluir las rentas que se asignan del presupuesto municipal.
2.1.1.4 Ingresos de los Establecimientos Públicos El artículo 34 del Decreto 111 establece que en el presupuesto de rentas y recursos de capital se identificarán y clasificarán por separado las rentas y recursos de los establecimientos públicos. Para estos efectos debe entenderse por rentas propias todos los ingresos corrien-
tes de los establecimientos públicos, excluidos los aportes y transferencias del municipio, y por recursos de capital todos los recursos del crédito externo o interno con vencimiento mayor de un año, los recursos del balance, el diferencial cambiario, los rendimientos por operaciones financieras y las donaciones.
Los ingresos municipales están conformados principalmente por los que ellos mismos generan a través de los tributos directos e indirectos, pero el gran volumen de recursos que ingresan a sus arcas, provienen fundamentalmente de las transferencias que giran la Nación y que se destinan a inversión social.
2.1.2 Presupuesto de Gastos o Apropiaciones Es la autorización que imparte el Concejo Municipal sobre los gastos que puede realizar la administración en la vigencia fiscal respectiva. De acuerdo con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, sólo se pueden incluir apropiaciones que correspondan a: • Créditos judicialmente reconocidos. • Gastos decretados conforme a las normas preexistentes • Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo económico y social y a las de las obras públicas de que trata el plan de desarrollo, que fueren aprobados por el Concejo Municipal. • Las leyes y acuerdos que organizan al municipio, es decir, al Concejo Municipal, la Personería, la Contraloría, el Despacho del Alcalde y sus Dependencias y los Establecimientos Públicos del orden municipal, que constituyen título para incluir en el presupuesto partidas para gastos. El presupuesto de gastos debe especificar las ramas de la administración pública y, en cada una de ellas, el organismo o la entidad a la cual se le autoriza el gasto, lo que se conoce con el nombre de secciones del presupuesto. En el nivel municipal son secciones: la Ad-
ministración Central, el Concejo Municipal, la Personería, la Contraloría, si es del caso, y los Establecimientos Públicos Descentralizados que tengan autonomía jurídica, conforme a lo previsto en las normas orgánicas de presupuesto del municipio. En aplicación del artículo 4 del Estatuto, a las personas jurídicas públicas del Orden Municipal, cuyo patrimonio esté constituido por fondos públicos y no sean Empresas Industriales y Comerciales del Municipio o Sociedades de Economía Mixta o asimiladas a éstas por la Ley o por Acuerdo, para todo lo relacionado con el presupuesto se les aplicarán las disposiciones que rigen los Establecimientos Públicos del Orden Municipal. Aquellos Órganos que constituyen una Sección en el presupuesto municipal tienen la capacidad de contratar y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección. En el nivel municipal, el Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que tienen esta capacidad las Entidades Territoriales, los Concejos, las Contralorías y Personerías Municipales y todos los demás Órganos Estatales del Nivel Municipal, que tengan personería jurídica. En todo caso, el Alcalde podrá celebrar contratos a nombre del municipio.
El presupuesto de gastos, es la autorización máxima que otorga el Concejo Municipal a la Administración, a fin de que pueda funcionar y satisfacer las necesidades básicas de la comunidad.
2.1.3 Clasificación de los Gastos El Estatuto Orgánico de Presupuesto clasifica los gastos en tres grandes rubros, que son: gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión. Servicios Personales Transferencias Corrientes
Inversión 2.1.3.1 Gastos de Funcionamiento Son los gastos destinados a atender las actividades y funciones propias de la administración municipal que no generan riqueza y desarrollo. Con ellos se financian servicios personales, gastos generales y transferencias corrientes. Los gastos en servicios personales son aquellos que se realizan para pagar servicios recibidos por el municipio a través de una relación laboral o de un contrato. Incluyen el pago de la nómina de la entidad, gastos de representación, bonificaciones, primas, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, horas extras, jornales, personal supernumerario y honorarios, de conformidad con las normas de personal, salariales y prestacionales vigentes. Los gastos generales son los pagos que se realizan por la prestación de servicios de carácter no personal, necesarios para el mantenimiento y funcionamiento de la administración, tales como compra de equipos, materiales y suministros, mantenimiento, servicios públicos, arrendamientos, viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, comunicaciones y transporte y seguros. El artículo 44 del Decreto 111 de 1996 establece que los Jefes de los Órganos que conforman el presupuesto asignarán en sus anteproyectos de presupuesto y girarán oportunamente los recursos apropiados para atender el pago de los servicios públicos domiciliarios, incluidos los de agua, luz y teléfono. A quienes no cumplan con esta obligación se les iniciará un juicio fiscal de cuentas por parte de la Contraloría, en el que se podrán imponer las multas que se estimen necesarias hasta que se garantice su cumplimiento. Las transferencias corrientes son aquellas que por disposición legal está el municipio obligado a realizar a otras entidades, sin contraprestación alguna, tales como las destinadas al ICBF, SENA y las correspondientes al aporte patronal para pensiones, cesantías y seguridad social. Las correspondientes a docentes y personal médico son financiables como inversión social. Es pertinente anotar que el artículo 14 de la Ley 617 de 2000 prohibió al sector central municipal efectuar transferencias a las em-
presas de licores, a las loterías, a las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud y a las instituciones de naturaleza financiera de propiedad de las entidades territoriales o con participación mayoritaria de ellas, distintas de las ordenadas por la ley o de las necesarias para la constitución de ellas y efectuar aportes o créditos, directos o indirectos bajo cualquier modalidad. Cuando una empresa industrial y comercial del estado o sociedad de economía mixta, de aquellas a que se refiere el mencionado artículo 14, genere pérdidas durante tres (3) años seguidos, se presume de pleno derecho que no es viable y deberá liquidarse o enajenarse la participación estatal en ella, en ese caso sólo procederán las transferencias, aportes o créditos necesarios para la liquidación. 2.1.3.2 Servicio de la Deuda La norma orgánica de presupuesto establece que los gastos con destino al servicio de la deuda deben ir en una sección independiente y, por lo tanto, no se pueden incluir dentro de los gastos de funcionamiento e inversión. El servicio de la deuda tiene por objeto el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, intereses
y comisiones originadas en operaciones de crédito público, como crédito interno, externo y emisión de bonos, así como garantizar la sostenibilidad de la deuda contraída, conforme lo ordena la Ley 819 de 2003. Con cargo a estos recursos se paga únicamente la deuda con vigencia mayor a un año. La disposición contenida en el artículo 44 del Decreto 111 antes analizada para el pago de los servicios públicos, es igualmente aplicable al servicio de la deuda. 2.1.3.3 Gastos de Inversión En contraposición a los gastos de funcionamiento, son los gastos productivos que generan riqueza y desarrollo. Estos gastos pueden tener varias destinaciones, como la construcción de obras como medios colectivos de producción (vías de transporte, comunicaciones, electrificación, acueductos y alcantarillado, etc.), la capitalización humana (educación y aprendizaje, infraestructura social, etc.). En general son gastos que retribuyen bienes de capital, de modo que aumentan el patrimonio fiscal y la productividad. Estos gastos deben estar reflejados en el Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual se estudiará más adelante.
Los gastos que la administración puede realizar dentro de la gestión que se adelante, los puede destinar estrictamente a tres (3) conceptos: para funcionamiento, para pagar el servicio de la deuda y para destinarlos a la inversión. Los gastos de funcionamiento son aquellos que no general riqueza y desarrollo, pero se requieren para el normal funcionamiento de la administración. El servicio de la deuda se destina para cumplir las obligaciones de capital e intereses de los créditos adquiridos. Los gastos de inversión son productivos y generan riqueza y desarrollo a las comunidades.
2.1.4 Disposiciones Generales Están contenidas en un capítulo aparte del presupuesto y son las normas que aprueba el Concejo Municipal a iniciativa del Alcalde, para asegurar la correcta ejecución del presupuesto. Estas normas sólo rigen durante la vigencia del presupuesto aprobado.
3. Aspectos Generales a tener en cuenta dentro del Marco Presupuestal
De manera adicional y dentro del marco general del presupuesto, los funcionarios responsables de la actividad presupuestal deben tener en cuenta los siguientes aspectos, fundamentales para tener éxito en el proceso de programación presupuestal:
La Ley 819 de 2003 sobre vigencias futuras aplicables a los Entes Territoriales, establece en el artículo 12º que: ” En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: a. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1º de esta ley; Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas; Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.
3.1 Las Apropiaciones
Están definidas en la norma orgánica de presupuesto como las autorizaciones máximas de gasto que el Concejo Municipal aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año, estas autorizaciones expiran y, en consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni contracreditarse.
3.2 El Déficit Fiscal
De acuerdo con el artículo 46 del Decreto 111 de 1996, cuando en el ejercicio fiscal anterior a aquel en el cual se prepara el proyecto de presupuesto resultare un déficit fiscal, el municipio incluirá forzosamente la partida necesaria para saldarlo. La no inclusión de esta partida, será motivo de devolución del proyecto por parte del Concejo Municipal. De ahí la importancia absoluta de la estricta aplicación de la Ley 819 de 2003, como se analizará en el Capítulo correspondiente. Si los gastos excedieren el cómputo de las rentas y recursos de capital, el municipio no solicitará apropiaciones para los gastos que considere menos urgentes.
La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, se excede su capacidad de endeudamiento. La autorización por parte del Confis territorial o el órgano que haga sus veces para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público.”
3.3 Compromisos de Vigencias Futuras
El Alcalde puede solicitar al Concejo Municipal autorización para la asunción de obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con recursos de la vigencia en curso y el objeto de los compromisos se lleve a cabo en una de ellas, siempre que estén consignados en el plan de desarrollo y que sumados todos los compromisos no excedan la capacidad de endeudamiento, medida por la capacidad de pago.
3.4 Gasto Público Social
Está definido en el Estatuto de Presupuesto como aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y aquellas tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programada tanto en funcionamiento como en inversión.
El presupuesto de inversión social no se podrá disminuir porcentualmente en relación con el del año anterior respecto al gasto total del correspondiente acuerdo de gastos.
3.6 Gastos Autorizados por Normas Preexistentes
3.5 Créditos Judicialmente Reconocidos, Laudos Arbitrales y Conciliaciones
En el proceso de programación presupuestal, el técnico encargado debe tener en cuenta una serie de variables que incidirán directamente en la conformación del presupuesto municipal. Cualquier decisión que se tome en esta etapa, incidirá de manera directa en la totalidad de las finanzas del municipio y por ende en el desarrollo sostenido del ente territorial.
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artículo 27
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artículo 14
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Ley 7/1995, de 30 de marzo, de coordinación de las Policías Locales. TITULO VII. De la Comisión de Coordinación de las Policías Locales
Ley 7/1995, de 30 de marzo, de coordinación de las Policías Locales
Publicado en BOLR núm. 49 de 20 de Abril de 1995 y BOE núm. 119 de 19 de Mayo de 1995
Vigencia desde 20 de Mayo de 1995. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2006
De la Comisión de Coordinación de las Policías Locales
Se crea la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja como órgano consultivo, deliberante y de participación, que estará adscrita a la Consejería que se determina en el artículo 14 de esta Ley.
Son funciones de la Comisión de Coordinación:
a) Informar los proyectos de disposiciones generales que, en materia de Policías Locales, se elaboren por los órganos de la Comunidad Autónoma, así como los que se promuevan por los Ayuntamientos de la región.
b) Proponer que se dicten normas o se formulen recomendaciones a los Ayuntamientos sobre materias que redunden en una mejor selección del personal, homogeneización de medios y otras de naturaleza análoga, sobre Policía Local.
c) Informar la programación de los cursos básicos, de promoción y de perfeccionamiento, así como de cuantas actividades se realicen por la Comunidad Autónoma de La Rioja a los fines indicados.
d) Informar los planes de actuación conjunta entre diversos Cuerpos de Policías Locales.
e) Actuar como órgano de conciliación y mediación en los conflictos que pudieren suscitarse entre las Corporaciones Locales y los colectivos de Policía a su servicio, pudiendo, incluso, ejercer funciones arbitrales cuando, de forma expresa, se sometan las partes en conflicto.
f) Informar la creación de Cuerpos de Policía en municipios de población inferior a 5.000 habitantes.
g) Informar sobre cuantas otras materias le sean planteadas por su Presidente, de acuerdo con su carácter consultivo y sobre cuantas otras se le atribuyan por las disposiciones vigentes.
La Comisión de Coordinación elaborará sus propias normas de funcionamiento, sin perjuicio de disponer los asesoramientos que estime oportunos, podrá constituirse una Ponencia Técnica con funciones de propuesta e informe.
La Comisión de Coordinación estará presidida por el titular de la Consejería que tenga asignadas las competencias en materia de coordinación de las Policías Locales, actuando como Vicepresidente un Director general de la misma Consejería, designado por su titular.
El mismo Consejero designará a otras cuatro personas en representación de la Comunidad Autónoma y a un funcionario de la Administración Autonómica que actuará como Secretario, con voz, pero sin voto.
También formarán parte de la Comisión de Coordinación:
Un representante de cada uno de los Ayuntamientos que cuenten con Policía Local.
Un representante designado por cada una de las tres centrales sindicales más representativas entre la Policía Local de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Disposición Adicional Única Clasificación e integración de los funcionarios de la Policía Local. Efectos retributivos. Procedimientos selectivos en curso
1. Durante los tres años siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente disposición adicional los funcionarios de la Policía Local pertenecientes a la escala básica, ejecutiva y técnica, se entenderán clasificados, únicamente a efectos retributivos, en los grupos C, B y A respectivamente, de los establecidos es el artículo 25 de la Ley de Medidas para la reforma de la Función Pública.
Transcurridos tres años a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, los funcionarios que cuenten con la titulación académica requerida para el acceso a las Escalas y Categorías en las que se les reclasifica o superen las actividades formativas que, a tal efecto, pudieran establecerse por parte de la academia o escuela especializada de la Comunidad Autónoma quedarán integrados, a todos los efectos, en dichas Escalas y Categorías. Los que, por el contrario, carezcan de la citada titulación académica o no hayan superado las actividades formativas arriba indicadas quedarán integrados, a todos los efectos en las Escalas y Categorías en las que se les reclasifica en situación de "a extinguir", permaneciendo en la misma hasta que acrediten la obtención de los niveles de titulación académica exigidos en cada caso.
2. Sin perjuicio de los acuerdos adoptados en pleno por los diferentes ayuntamientos, la reclasificación de grupos de titulación operada no implicará necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios, ya que las corporaciones locales podrán detraer el incremento de las retribuciones básicas motivada por la reclasificación de las retribuciones complementarias que legalmente lo admitan.
3. Procesos selectivos en curso.
Los procesos de selección convocados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición adicional se regirán en sus aspectos sustantivos y procedimentales por las normas vigentes en el momento de su convocatoria.
Disposición adicional única introducida por el número segundo del artículo 39 de la Ley [LA RIOJA] 13/2005, 16 diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2006 («B.O.L.R.» 27 diciembre).Vigencia: 1 enero 2006
Los funcionarios pertenecientes, en la actualidad, a los Cuerpos de Policía Local de La Rioja, quedan integrados en las escalas y categorías establecidas en la presente Ley, conforme a lo siguiente:
a) La categoría de Oficial, en la de Comisario.
b) La categoría de Suboficial y Sargento, en la de Subinspector.
c) La categoría de Cabo, en la de oficial.
d) La categoría de Guardia, en la de Policía.
Los funcionarios de la Policía Local integrados en las nuevas categorías establecidas, que a la entrada en vigor de la presente Ley carezcan de la titulación exigida, quedarán en las mismas, en situación de a extinguir.
En relación con el acceso a categorías superiores en régimen de promoción interna se establece la dispensa del requisito de antigüedad de tres años en la categoría inmediatamente inferior para los funcionarios ingresados en dicha categoría con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
En el plazo de un año el Gobierno aprobará la Norma-Marco a la que se refiere el artículo 12 de la Ley 7/1995, de 30 de marzo, de coordinación de Policías Locales.
Disposición transitoria 4ª redactada por Ley [LA RIOJA] 6/1998, 6 mayo («B.O.R» 12 mayo), por la que se modifica la Ley 7/1995, de 30 de marzo, de coordinación de Policías Locales.
Los funcionarios de la escala Ejecutiva, que desempeñen funciones de Jefe de Policía Local u ostenten la categoría de Suboficial, con funciones de Jefatura en el momento de entrada en vigor de esta Ley y, cuenten con la titulación requerida para pertenencia al grupo B), se integrarán en la categoría de Inspector.
Los funcionarios a que hace referencia el apartado anterior, que a la entrada en vigor de la Ley carezcan de la titulación requerida para pertenencia al grupo B) podrán, durante un período transitorio de siete años, quedar integrados en la categoría de Inspector, previa acreditación de estar en posesión de la referida titulación.
No obstante lo dispuesto en el artículo 10.3 del presente texto legal, los funcionarios que a la entrada en vigor de la Ley desempeñen el cargo de Jefe de Policía Local, podrán continuar en el ejercicio de su cargo.
En relación con el acceso a categorías superiores en régimen de promoción interna y por un período máximo de cinco años, se establece la dispensa del requisito de titulación en un grado, para funcionarios ingresados con anterioridad a la entrada en vigor del artículo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en su redacción dada por la Ley 32/1989, de 28 de julio, siempre que hayan realizado los cursos y obtenido los correspondientes diplomas de ascenso previstos al efecto.
Queda derogada la Ley 1/1991, de 1 de marzo, de Coordinación de Policías Locales de la Rioja y cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones y adoptar las medidas que precise el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
La presente Ley se publicará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en el «Boletín Oficial del Estado» y entrará en vigor el día siguiente al de su última publicación.

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