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Fecha de Expedición: 30/11/2011
SENTENCIA T-892/11
Referencia: expediente T-3109820
Procedencia: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011).
integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente
1. La apoderada de la Registraduría aseveró que Luis Javier Benavides Paz instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil, solicitando anular la Resolución N° 2982 de mayo 19 de 2009, proferida por el Registrador Nacional, mediante la cual declaró insubsistente su nombramiento como Delegado Departamental.
3. Agregó la abogada demandante de tutela que la apoderada del señor Luis Javier Benavides Paz en la acción contenciosa descorrió el traslado de los recursos interpuestos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, afirmando que el poder carecía de presentación personal y falta de verificación de la "calidad y competencia" de quien lo otorgaba.
4. La apoderada de la Registraduría aseveró que el Juzgado le reconoció personaría con fundamento en el memorial poder allegado al proceso, mediante auto de enero 20 de 2010, en el cual también negó los recursos interpuestos por la Registraduría, "por improcedentes" (f. 3 cd. inicial).
9. La Registraduría interpuso recurso de súplica ante el Tribunal contra el auto de abril 21 de 2010, que fue rechazado por improcedente en junio 16 siguiente. De tal manera, se consideró que quedó en firme el auto de noviembre 24 de 2009 que admitió la suspensión provisional del acto administrativo demandado.
10. Según la demandante de tutela, la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Pasto incurrió en una vía de hecho que conculcó los derechos al debido proceso, la defensa, la igualdad y el acceso a la administración de justicia, pues el debate sobre la adecuada presentación del poder había sido resuelto por el Juzgado, sin ser tema de estudio en el recurso de apelación, desconociéndose que:
"… bajo el imperio de la ley, quien tiene la competencia para conceder o rechazar el recurso de apelación es el juez del conocimiento o de primera instancia; al superior sólo le compete resolver de plano sobre el fondo de la providencia objeto de impugnación. En el caso de marras, rechazar o conceder el recurso le correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto y la competencia para resolver el fondo del asunto la tenía el Tribunal Administrativo de Nariño, pero a esta corporación no le correspondía revisar, menos oficiosamente, la procedencia o improcedencia del recurso, o dar trámite distinto al que está previsto por el Código [Contencioso Administrativo]."
11. La accionante solicitó el amparo para que, en consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo de Nariño que "estudie y resuelva de fondo el recurso de apelación interpuesto contra la providencia emitida por el Juzgado Séptimo Administración del Circuito de Pasto" (f. 17 ib.).
Para sustentar las pretensiones se allegó con la demanda copia del expediente 2009-00210-00, correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor Luis Javier Benavides Paz contra la Registraduría Nacional del Estado Civil (cd. copias 2, 909 folios).
Luego de una incidencia de competencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado mediante auto de octubre 25 de 2010, admitió esta acción de tutela y ordenó notificar a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño, al señor Luis Javier Benavides Paz y al Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto, al cual también le solicitó copia auténtica del expediente relacionado con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
El Magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño, Julio Armando Rodríguez Vallejo, en escrito de noviembre 16 de 2010, solicitó declarar improcedente la acción al no cumplir el requisito de inmediatez, pues "la providencia contra la que se interpone la demanda de tutela dictada por la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Nariño es de fecha 9 de abril de 2010, y la demanda de tutela se presentó ante el Consejo Seccional de la Judicatura en el mes de octubre de 2010, transcurridos ya casi 4 meses de la última providencia junio 16 de 2010 que resolvió el recurso de súplica interpuesto indebidamente contra un auto de Sala, y solo cuando ya la apoderada de la demandante había puesto en conocimiento el incumplimiento de la providencia de 24 de noviembre de 2009 por la demandada (fls 609)".
"… por considerarlo improcedente, por cuanto, el poder con nota de presentación personal de la representante de la Registraduría que llegara en fax dentro del término para interponerlo no tenía la nota de presentación de la poderdante, en cambio sí existía al respaldo nota de presentación de los apoderados fls 374. Cuando llegan los originales en ellos al respaldo del poder sí existía nota de presentación, pero los originales llegaron y se recibieron anexándose al expediente fuera de término, ya el 15 de diciembre de 2009 fls 406. Lo que significaba, que cuando el juzgado concedió el recurso incurrió en error al considerar los poderes en original, allegados vencido el término para presentar el recurso. Cierto es que los documentos que se remiten en fax tienen el mismo valor de los originales y su recepción se refuta (sic) dentro del término si los originales se allegan con posterioridad, pero esos documentos deben tener el mismo contenido, caso contrario, documentos complementarios que lleguen con posterioridad con los originales se refutan (sic) recibidos en esa nueva fecha. Que fue lo que ocurrió en el caso en comento. El H. Consejo de Estado al resolver deberá preguntarse, qué finalidad tenía al respaldo del poder llegado en fax, ponerle una innecesaria nota de presentación personal de los apoderados? Cuando en el original al respaldo lo que aparece es la nota de la representante legal? Puede afirmarse que trata de los mismos documentos?"
Igualmente, con relación a la competencia del Tribunal al momento de resolver la apelación, puntualizó: "En segunda instancia cierto es que el ad-quem tiene su competencia limitada al objeto de la apelación o inconformidad, cuando se trata de un aspecto o tema de fondo, pero nada le impide corregir errores procedimentales cometidos en relación con la personería adjetiva del apelante, sin que ello constituya vía de hecho, ya que no puede darse curso a un recurso interpuesto por quien no ha demostrado poder legal para interponerlo."
Mediante apoderado, la entidad accionante dirigió al a quo un escrito en noviembre 26 de 2010, en el cual reiteró la solicitud de amparo, explicando que el envío de poderes con sus anexos por fax, es "permitido por los diferentes despachos judiciales en procura del derecho de defensa" (f. 81 ib.).
Con relación a los hechos consignados en la demanda, explicó:
"En el caso en concreto, el 15 de diciembre de 2010, se radicó en el Juzgado de conocimiento, el memorial poder en original y sus anexos; en el reverso de este documento; efectivamente figura la presentación del mismo, por parte de la poderdante y otorgante Dra. Edna Patricia Rangel Barragán, ante la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, D. C., el 9 de diciembre de 2009 (folio 406 del expediente), es decir, la presentación personal se surtió dentro del término legal de notificación, toda vez que como la apoderada de la Registraduría conoció y se notificó del proceso el día 3 de diciembre de 2009, se tenía plazo para impugnar el auto de fecha 24 de noviembre de 2009, hasta el día 9 de diciembre de 2009, es decir se realizó dentro del término legal, tal como se puede comprobar ya que obra dentro del expediente."
Manifestó además que "por estos mismos hechos, cursó una tutela en el Tribunal Administrativo de Nariño, impetrada por el señor Benavides Paz, de la cual conoció el Magistrado Julio Armando Rodríguez Vallejo, quien la concedió. No obstante, en segunda instancia ante el Honorable Consejo de Estado, fue revocada y rechazada por improcedente", sobre lo cual allegó las copias respectivas (fs. 93 a 130 ib).
Mediante escrito de noviembre 19 de 2010, la Juez Séptima Administrativa de Pasto, luego de citar jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, aseveró que "el amparo es improcedente por cuanto la decisión adoptada por el H. Tribunal Administración de Nariño, se encuentra ajustada a los parámetros legales y constitucionales" (fs. 140 a 144 ib.).
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia de diciembre 9 de 2010, negó el amparo refiriendo que la Registraduría Nacional del Estado Civil incumplió los requisitos mínimos indispensables exigidos por la ley, pues el poder fue enviado por fax sin la nota respectiva de presentación personal; por lo tanto, "no existe certeza respecto a que quien firma el poder sea efectivamente la Jefe de la Oficina Jurídica" de esa entidad.
Mediante apoderado, la Registraduría impugnó, reiterando los hechos y argumentos e insistiendo en que en las copias remitidas era verificable que la Jefe de la Oficina Jurídica de su procurada fue quien suscribió el poder.
2.6. El fallo de segunda instancia
En sentencia de marzo 3 de 2011, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó el fallo impugnado, indicando que si bien la falta de presentación personal fue subsanada al anexarse debidamente el poder y ello no incidió en el reconocimiento de personería, dicha omisión "sí afectó la interposición oportuna del recurso de apelación, tal como lo afirmó el Tribunal".
Igualmente, indicó que al resolverse un recurso de apelación, "el ad quem tiene amplia competencia para estudiar la admisibilidad de la apelación. El artículo 358 del Código de Procedimiento Civil establece que el juez o magistrado ponente debe realizar un examen preliminar sobre (sic) providencia apelada y la procedencia del recurso y si, luego de ese examen, observan que no se cumplen los requisitos para la concesión del mismo, el recurso puede ser declarado inadmisible" (f. 182 ib.).
Aún cuando en este caso no está dirigida la acción de tutela contra una decisión judicial que le ponga fin a un proceso, cabe recordar que, como es bien sabido, mediante sentencia C-543 de octubre 1° de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 (también, desde otro enfoque, fueron entonces excluidos del ordenamiento jurídico los artículos 11 y 12 ibídem), norma que establecía reglas relacionadas con el trámite de acciones de tutela contra determinaciones judiciales que terminen un proceso, cuya inconstitucionalidad derivó de afirmarse la improcedencia del amparo contra tal clase de providencias, salvo si se trata de una ostensible y grave "actuación de hecho", perpetrada por el propio funcionario judicial.
Al respecto, al estudiar el asunto frente al tema del "principio democrático de la autonomía funcional del juez", reconocido expresamente en la Constitución Política, esta corporación determinó que el juez de tutela no puede extender su decisión para resolver la cuestión litigiosa, obstaculizar el ejercicio de diligencias ordenadas por el juez ordinario, ni modificar sus providencias, o cambiar las formas propias de cada juicio, lo cual sí violaría gravemente los principios constitucionales del debido proceso.
En el referido pronunciamiento se expuso (en el texto original sólo está en negrilla "de hecho", del primer párrafo que se cita):
"Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.
De las razones anteriores concluye la Corte que no procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente."
En sustento de esa decisión, entre otras consideraciones convergentemente definitorias, además se plasmó lo siguiente (sólo están en negrilla en el texto original las expresiones "alternativo", "último" y "único"):
Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicional al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes."
En relación con el mismo asunto, y particularmente sobre el cumplimiento por parte del proceso de una "función garantizadora del derecho", agregó (no está en negrilla en el texto original):
"Así, pues, no corresponde a las reglas de hermenéutica ni se compadece con los principios de la lógica asumir que el Constituyente de 1991 consagró la acción de tutela como medio de defensa contra los resultados de los procesos que él mismo hizo indispensables en el artículo 29 de la Constitución para asegurar los derechos de todas las personas. Debe entenderse, por el contrario, como lo ha entendido desde su instauración el constitucionalismo, que los procesos han sido instituidos en guarda de la justicia y la equidad, con el propósito de asegurar a los gobernados que el Estado únicamente resolverá las controversias que entre ellos se susciten dentro de límites clara y anticipadamente establecidos por la ley, con el objeto de evitar los atropellos y las resoluciones arbitrarias, desde luego dentro de la razonable concepción, hoy acogida en el artículo 228 de la Carta, sobre prevalencia del derecho sustancial, cuyo sentido no consiste en eliminar los procesos sino en impedir que el exagerado culto a las ritualidades desconozca el contenido esencial y la teleología de las instituciones jurídicas.
Así concebido, el proceso cumple una función garantizadora del Derecho y no al contrario, razón por la cual no puede afirmarse que su efectiva aplicación ni la firmeza de las decisiones que con base en él se adoptan tengan menor importancia para la protección de los derechos constitucionales fundamentales que el instituto previsto en el artículo 86 de la Constitución."
Del mismo fallo C-543 de 1992, refréndase que "si la tutela es un mecanismo subsidiario o supletorio, según queda demostrado, es clara su improcedencia cuando ya se han producido no sólo un proceso, en el cual se encuentran comprendidos todos los recursos y medios judiciales que autoriza la ley, sino también una providencia definitiva que puso fin al mismo".
Igualmente, con fundamento en que el constituyente estableció jurisdicciones autónomas y separadas cuyo funcionamiento ha de ser desconcentrado, en ese fallo se indicó que "no encaja dentro de la preceptiva fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo el pretexto de actuar en ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la contencioso administrativa a fin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al cuidado de estas" (no está en negrilla en el texto original).
Sin embargo, a partir de algunas manifestaciones que la propia Corte incluyó dentro de esa providencia, entre ellas que los jueces de la República tienen el carácter de autoridades públicas, y pueden incurrir en "actuaciones" de hecho, fue dándose origen a la doctrina de la vía de hecho, a partir de la cual, de forma muy excepcional, se permite el uso de la acción de tutela para cuestionar aquellas "decisiones" que por contrariar de manera grave, flagrante y grosera el ordenamiento constitucional, no puedan en realidad reputarse como verdaderos pronunciamientos judiciales.
En este sentido, es oportuno añorar el contenido del inciso final del parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que por esa decisión fue declarado inexequible: "La tutela no procederá por errónea interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas."
Sobre el tema expuso en esa ocasión esta corporación que "no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia" (no está en negrilla en el texto original, ni en las transcripciones siguientes).
"21. A pesar de que la Carta Política indica expresamente que la acción de tutela procede ‘por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública’ susceptible de vulnerar o amenazar derechos fundamentales, en algunos ámbitos se ha cuestionado su procedencia contra sentencias, no obstante tratarse de actos emanados de jueces y tribunales en tanto autoridades públicas y la consecuente posibilidad, aunque sumamente excepcional, de que a través de tales actos se vulneren o amenacen derechos fundamentales.
22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales."
Empero, luego de esos categóricos raciocinios, en la citada providencia fueron compilados los denominados "requisitos generales de procedencia" y las "causales generales de procedibilidad", siendo catalogados los primeros de la siguiente manera:
"a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas."
Adicionalmente se indicó que, "para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas", siendo agrupadas de la siguiente forma:
Recapitulando esos desarrollos jurisprudenciales, merece también especial atención el criterio de esta Corte en cuanto a la labor específica del juez de tutela, en punto a que no puede desconocer "los conceptos y principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de derecho".
En reiteradas ocasiones y desde sus primeros pronunciamientos, esta Corte ha adoptado como tesis que las personas jurídicas, incluidas las públicas, son titulares de derechos fundamentales, por ende, están legitimadas por activa para instaurar acciones de tutela, al igual que ocurre en otras latitudes, en procura de la salvaguarda de esas garantías que requieran para alcanzar sus fines jurídicamente protegidos.
"a). Directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas.
b). Indirectamente: cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas."
Tratándose de las acciones dirigidas a la protección directa de las garantías inherentes a las personas jurídicas públicas, esta corporación ha puntualizado que esos entes son titulares de aquellos derechos cuya naturaleza así lo admita; estando habilitadas para "ejercitarlos y defenderlos".
"Así por ejemplo, en la sentencia C-360 de 1996, la Corte reconoció que en determinados eventos las personas jurídicas –incluso las personas jurídicas de derecho público- pueden ser titulares de derechos fundamentales. En esa misma providencia señaló que dicha titularidad depende de (i) que así lo permita la naturaleza del derecho objeto de la vulneración o amenaza, y, (ii) que exista una relación directa entre la persona jurídica que alega la vulneración y una persona o grupo de personas naturales, virtualmente afectado. Advirtió también que las personas jurídicas de derecho público pueden ser titulares de aquellos derechos fundamentales cuya naturaleza así lo admita y, por lo tanto, están constitucionalmente habilitadas para ejercitarlos y defenderlos a través de los recursos que, para tales efectos, ofrece el ordenamiento jurídico.
En la sentencia SU-182 de 1998, al realizar un extenso análisis de la titularidad de derechos de las personas de derecho público, esta corporación señaló que dentro de la gama de aquellos garantizados en un Estado Social de Derecho a este tipo de sujetos hay algunos de naturaleza fundamental, ‘en cuando estrechamente ligados a su existencia misma, a su actividad, al núcleo de las garantías que el orden jurídico les ofrece y, por supuesto, al ejercicio de derechos de las personas naturales afectadas de manera transitiva cuando son vulnerados o desconocidos los de aquellos entes en que tienen interés directo o indirecto,’ por ende susceptibles de ser amparados por vía de tutela."
Como quedo visto, al igual que las personas naturales, las personas jurídicas privadas y de derecho público son titulares de ciertas garantías que resultan fundamentales, máxime cuando guardan relación con los intereses legítimos perseguidos por esas entidades, en cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales que les son propias.
4.2. Las personas jurídicas privadas o públicas también son titulares de derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, pues se derivan de su "capacidad para obrar", tal como lo indicó la Corte en el fallo T-924 de 2002, ya referido:
"Ahora bien, el debido proceso y el acceso a la justicia se atribuyen a las personas, naturales y jurídicas, porque son derechos que se basan en la capacidad de obrar de unas y otras, no en la naturaleza de su personalidad. Prueba de ello es que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y que el artículo 229 constitucional garantiza a toda persona el acceso a la justicia.
Pretender excluir a las personas jurídicas de la acción de tutela para restablecer su derecho a un juicio justo, conforme a las leyes preexistentes, ante un tribunal competente y con la plenitud de las formas previstas, sería tanto como establecer presupuestos diferentes en el desenvolvimiento de la capacidad de obrar de las personas naturales, según su actuación individual o colectiva, desconocimiento la protección que la Carta Política otorga al substrato humano que comportan todas las actuaciones que proyectan al hombre como ser social."
"Otros derechos constitucionales fundamentales, sin embargo, las personas jurídicas los poseen directamente: es el caso de la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada (artículo 15 de la Constitución), la libertad de asociación sindical (artículo 38); el debido proceso (artículo 29), entre otros."
Sin embargo, la Corte Constitucional también ha sido enfática en explicar que, principalmente tratándose del amparo del derecho al debido proceso, la tutela no puede ser empleada para "solventar la incuria procesal del accionante", atendiendo que el procedimiento ordinario es el medio eficaz del cual dispone el afectado para el restablecimiento de sus derechos conculcados, salvo cuando se trate de evitar o mitigar un perjuicio irremediable y grave.
Quinta. El "exceso ritual manifiesto" desconoce el debido proceso, junto con el derecho de defensa, el acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho sustancial. Reiteración de jurisprudencia.
5.1. La Constitución asegura tanto en el Preámbulo, como en los artículos 2°, 29, 228, 229 y 250, la vigencia de un orden justo y la efectividad de los principios y de los derechos, incluido el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual será debida, oportuna y acertadamente impartida.
Aunado a lo anterior, esta Corte ha indicado que el derecho a la defensa, como integrante del debido proceso, impone una serie de facultades de las partes. Al respecto, en el fallo T-383 de mayo 16 de 2011, con ponencia de quien ahora cumple igual función, se recordó lo consignado en el C-025 de enero 27 de 2009, M. P. Rodrigo Escobar Gil, donde con relación al respeto a esas garantías, en cualquier tipo de actuación judicial o administrativa, se consignó:
"Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, ‘de ser oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga’.
La jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia del derecho a la defensa en el contexto de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio se busca ‘impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado’. Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal, que ‘constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico’."
5.2. Si bien las garantías referidas tienen el carácter sustancial, su efectividad requiere de normas procesales, sin que lo allí establecido pueda contrariar o impedir su materialización, pues se incurriría en lo que jurisprudencialmente se ha denominado como el "exceso de ritualidad manifiesto", que no es otra cosa que un desconocimiento del orden superior.
Con relación a la prevalencia del derecho sustancial, esta corporación en la sentencia C-029 de febrero 2 de 1995, M. P. Jorge Arango Mejía, explicó:
"Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia ‘prevalecerá el derecho sustancial’, está reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio."
Así, partiendo del derecho de acceso a la administración de justicia y del principio de la prevalencia del derecho sustancial, se presenta un "‘exceso ritual manifiesto’ cuando hay una renuencia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales", el cual puede conllevar el quebrantamiento de derechos fundamentales como el debido proceso y, dentro de él, la defensa, al igual que el acceso a la administración de justicia.
6.2. Mediante escrito de noviembre 26 de 2010 dirigida al a quo, la apoderada de la Registraduría indicó que "por los mismos hechos, cursó una tutela en el Tribunal Administrativo de Nariño, impetrada por el señor Benavides Paz, de la cual conoció el Magistrado Julio Armando Rodríguez Vallejo, quien la concedió. No obstante, en segunda instancia ante el Honorable Consejo de Estado, fue revocada y rechazada por improcedente".
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 explica que la acción de tutela resulta temeraria cuando, sin motivo expresamente justificado, se incoa pluralmente por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, lo cual da lugar a su rechazo o a decidir desfavorablemente todas las solicitudes, por constituir un uso impropio del especial mecanismo de amparo.
En ese orden, para que se configure la temeridad es imperativo que entre las diferentes acciones que presuntamente desconozcan la cosa juzgada constitucional, sea predicable además de una evidente identidad en los supuestos fácticos, las partes y los derechos invocados, la ausencia de una justa causa para acudir en más de una ocasión a la tutela.
Empero, esos presupuestos no se materializan con relación a la tutela objeto de esta revisión, pues fue dirigida contra el Tribunal Administrativo de Nariño, censurando un auto proferido en segunda instancia dentro de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Entre tanto, aquella referida por la apoderada de la aquí demandante fue incoada por el señor Luis Javier Benavidez Paz contra la Registraduría, solicitando ser incluido en la carrera administrativa en aplicación del Acto Legislativo 01 de 2008; por ende, no guardan identidad los dos amparos referidos.
6.3. El Magistrado ponente del auto censurado mediante el presente amparo aseveró que no se cumple el requisito de inmediatez, por cuanto la acción se formuló en octubre de 2010, transcurridos casi cuatro meses desde el auto que resolvió el recurso de súplica "interpuesto indebidamente".
Tratándose de la inmediatez como presupuesto procesal del ejercicio de la acción de tutela, cabe recordar que al ser declarado inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, no hay un término de caducidad para su interposición; con todo, ésta debe incoarse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso concreto.
En efecto, como ha indicado esta misma Sala de Revisión, "no es entendible que quien esté padeciendo un serio quebrantamiento contra un derecho de tal calidad, retarde la petición de protección, acudiendo a un mecanismo precisamente caracterizado por ser preferente, sumario y propiciador de inmediato amparo (art. 86 Const.)".
Ese presupuesto resulta más relevante cuando la tutela se intenta contra decisiones judiciales, pues permitir un injustificado retraso en su interposición, después de proferida la providencia que se censura, atenta contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, motivo por el cual el juez debe analizar en cada asunto particular si resulta justificado el tiempo que el interesado tardó para acudir al amparo, desde el momento en que se generó la presunta vulneración o puesta en peligro de sus derechos.
El lapso trascurrido en el presente asunto sí resulta razonable, habida cuenta que si bien el auto del Tribunal Administrativo de Nariño fue proferido en abril 9 de 2010, la entonces apoderada de la Registraduría Nacional del Estado Civil interpuso recurso de reposición el 16 del mismo mes y año, siendo resuelto desfavorablemente el 21 siguiente.
Aunado a lo anterior, la representación de la Registraduría intentó el recurso de súplica en mayo 31 de 2010, que se rechazó por improcedente en junio 16 siguiente; remitido el expediente al Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto en julio 9, éste acotó el "obedecimiento al Superior" mediante auto de julio 21, comunicado a esa entidad en agosto 4 siguiente.
6.5. Mediante auto de noviembre 24 de 2009, entre otras determinaciones, el Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Luis Javier Benavides Paz contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, y decretó la suspensión provisional del acto administrativo demandado.
Estando la Registraduría Nacional radicada en Bogotá, su Jefe de la Oficina Jurídica Edna Patricia Rangel Barragán remitió por fax a Pasto un poder en diciembre 9 siguiente, firmado y con nota de presentación personal ante notario al respaldo, pero solo trasmitieron el haz del referido documento.
(i). Constancia expedida por la Gerencia de Talento Humano, Grupo de Registro y Control de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se hace constar que la doctora Edna Patricia Rangel Barragán es la Jefe de la Oficina Jurídica de esa entidad.
(ii). El acta de posesión de la Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría, firmada por el Registrador Nacional.
(iii). Resolución 5331 de agosto 12 de 2009, mediante la cual se nombró a la doctora Edna Patricia Rangel Barragán.
(iv). Resolución 0307 de enero 21 de 2008, mediante la cual el Registrador Nacional del Estado Civil delegó en la Jefe de la Oficina Jurídica una serie de facultades, entre ellas otorgar poderes en los procesos contencioso administrativos en los cuales deba actuar esa entidad como demandada.
6.6. Fijado en lista el asunto en el referido Juzgado en diciembre 10 de 2009, la apoderada del señor Luis Javier Benavidez Paz descorrió el traslado el 14 de los mismos, anotando que el poder presentado a nombre de la Registraduría carecía de la presentación personal del otorgante, lo cual impone su rechazo.
En diciembre 15 de 2009, los apoderados de la Registraduría allegaron el respectivo poder y sus anexos en original, por lo que el Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto mediante auto de enero 20 de 2010, luego de negar el recurso de reposición contra el auto que decretó la suspensión provisional del acto administrativo demandado, reconoció personería jurídica, indicando:
"La Dra. Edna Patricia Rangel Barragán en su condición de Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante memorial visible en original al folio 406 confirió poder, para que atiendan el presente proceso hasta su culminación, a los doctores Rosangela Estupiñán Calvache, en calidad de apoderada principal y al Dr. Lucio Franco Bravo Rodríguez en calidad de apoderado suplente.
El memorial poder fue presentado directa y personalmente por su signataria ante la Notaria 73 de Bogotá (f. 406 vto.), igual diligencia fue surtida por los apoderados ante la Oficina Judicial de Pasto, tal como consta al folio 374 vto., despacho que en efecto legalmente realiza esta clase de diligencias de conformidad con las funciones asignadas.
En el caso de autos, observa el Despacho que a folio 406, reverso, obra la constancia de la presentación personal del memorial poder otorgado por la Doctora Edna Patricia Rangel Barragán, en calidad de Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ante el Notario 73 del Círculo de Bogotá D.C., así mismo obran en originales y fotocopias auténticas los documentos con los que se acreditan las facultades de quien otorgó el poder (fs. 405 a 412)."
6.7. En escrito de enero 27 de 2010, la apoderada de la Registraduría presentó recurso de reposición y en subsidio de queja, contra el auto que negó los recursos previamente intentados, siendo descorridos por la apoderada del demandante sin referirse al reconocimiento de personería de su contraparte.
El Juzgado repuso parcialmente el auto de enero 20 de 2010 y concedió la apelación en efecto diferido, interpuesta contra la suspensión provisional del acto administrativo decretada en noviembre 24 de 2009.
"Efectivamente, en el folio 374 del expediente de la referencia aparece un poder otorgado, aparentemente, por la Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a favor de dos abogados,… documento que, de conformidad con el sello que forma parte del documento en su extremo superior derecho fue recibido en el Juzgado Séptimo Administrativo de Circuito de Pasto, el día 9 de diciembre de 2009, fecha en la que se vencía el término para apelar frente al auto de suspensión provisional emitido en contra del documento cuya nulidad se ha demandado. Con él se presentó el memorial que contiene el recurso mencionado.
El estudio del documento del cual se pretende derivar la representación judicial por parte de la entidad demandada carece de presentación personal por parte de quien lo otorgó, ya que fue presuntamente suscrito en Bogotá y, como puede observarse, las firmas que aparecen en su reverso pertenecen a quienes aceptan el poder, el cual presentaron ante la Oficina Judicial de esta ciudad y no a quien lo suscribió a nombre de la entidad."
"La admisión de la demanda y el decreto de la suspensión provisional fue notificada al Registrador Nacional del Estado Civil por conducto del Delegado Departamental de Nariño el día tres (3) de diciembre de dos mil nueve (2009) (fol. 403), inconforme con la decisión la entidad demandada actuando a través del apoderado judicial interpone recurso de apelación (fol. 382), el día nueve (9) de diciembre de dos mil nueve, aún dentro del término de ejecutoria de la providencia aludida.
Con el escrito del recurso se anexa el poder otorgado por la representante legal de la demandada señora Edna Patricia Rangel Barragán a los abogados Rosangela Estupiñan Calvache y Lucio Franco Bravo Rodríguez (fol. 374), e (sic) poder contiene la nota de presentación personal por parte de los apoderados, sin embargo la Sala aclara que la nota de presentación personal debe realizarse por el poderdante no por los apoderados, con lo cual el poder estaría presentado de manera indebida y con ello no sería procedente reconocer personería a los abogados designados y consecuencialmente no considerar el recurso interpuesto.
El 15 de diciembre de 2009 se anexa al expediente el memorial poder con la presentación personal por parte de la señora Edna Patricia Rangel Barragán (fol. 406), es decir con la presentación de quien lo otorga, de esta manera y siendo que el poder está presentado en debida forma es a partir de la fecha de presentación del tal mandato cuando se otorgaría personería a los apoderados judiciales designados, se aclara entonces que, siendo que el poder que se allega con las formalidades exigidas cuando había precluido el término para presentar el recurso, la impugnación presentada con el poder inicial era improcedente por que los mandatos judiciales con los cuales se actuaba carecía de los requisitos para su reconocimiento."
6.8. Mediante escrito de abril 16 de 2010, la apoderada principal de la Registraduría interpuso recurso de reposición contra el auto de abril 9 de 2010, dictado por la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Nariño, invocando la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal y pidiendo resolver de fondo la apelación, que la mandante del señor Luis Javier Benavides Paz a continuación pidió no conceder, por improcedente.
El Tribunal Administrativo de Nariño en auto de mayo 21 siguiente confirmó el de abril 9, reiterando que "la admisión del recurso de apelación resulta improcedente toda vez que al momento de presentar la impugnación dentro del término previsto para tal efecto los apoderados carecían de la facultad para hacerlo por cuanto el poder no contenía la presentación personal de quien lo otorgaba, como requisito esencial para su configuración".
En consecuencia, luego de referir lo preceptuado en los artículos 84 y 107 del Código de Procedimiento Civil y 13 de la Ley 446 de 1998, concluyó que en el presente evento el poder "no contenía los requisitos para su validez, a saber la presentación personal, además de no haber sido remitido con la nota de autenticación que exige el artículo 107 del C.P.C. y el artículo 13 de la Ley 446 de 1998, razón por la cual la admisión de la impugnación presentada y que tuvo como soporte el mandato judicial aludido será improcedente".
6.9. Contra la citada providencia la apoderada de la Registraduría interpuso recurso de súplica en mayo 31 de 2010, reiterando la preponderancia del derecho sustancial sobre el procesal, frente a lo cual la representante del señor Luis Javier Benavides Paz solicitó declarar su improcedencia.
Mediante auto de junio 16 de 2010, el Tribunal Administrativo de Nariño declaró improcedente el recurso, expresando: "En estricto sentido el escrito de súplica presentado por la accionada, no requería tramitarse pues en primer lugar se dirigió al señor Magistrado Ponente, cuando debía haberse dirigido al magistrado que seguía en turno dentro de la Sala; y se presentó contra un auto interlocutorio emitido por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal cuando la súplica sólo procede contra autos interlocutorio proferidos por el ponente; y, además, se presentó la súplica contra una decisión que resolvió un recurso de reposición y bien se sabe que contra esa clase de determinaciones no procede ningún recurso".
6.10. Reseñado lo anterior, en la actuación contenciosa surtida ante el Tribunal Administrativo de Nariño se insistió en que al momento de ser impugnado el auto mediante el cual el Juzgado decretó la suspensión de los efectos del acto administrativo de la Registraduría, el poder respectivo aparentemente carecía de la nota de presentación personal de la representante legal, por lo que los abogados no estarían facultados, tornando improcedente el recurso de apelación interpuesto.
Para fundamentar lo anterior, se afirmó que el artículo 107 del C. de P. C. indica que la presentación personal de los escritos debe realizarse acorde con el artículo 84 ibídem, es decir, debidamente autenticados ante notario, guardando concordancia con lo consignado en el artículo 13 de la Ley 446 de 1998, según el cual los poderes deben cumplir ese mismo requisito.
Con los demás documentos antes reseñados, estaba totalmente acreditado que la doctora Edna Patricia Rangel Barragán era la Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como certificó la Gerencia de Talento Humano, Grupo de Registro y Control de esa entidad y quedó consignado en la Resolución 5331 de agosto 12 de 2009, mediante la cual fue nombrada, y en el acta de posesión firmada por el Registrador Nacional. Además, por la Resolución 0307 de enero 21 de 2008 está facultada para otorgar poderes en los procesos contencioso administrativos en los cuales deba actuar esa entidad como demandada.
En efecto, como indicó esta Sala de Revisión en la precitada sentencia T-383 de 2011, la defensa técnica es una garantía del debido proceso en el Estado social de derecho, que guarda relación no solo con lo consignado en el artículo 29 de la Constitución, sino también con preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que permean la adecuada actuación judicial, en procura de la efectiva garantía de los principios y derechos constitucionales.
Acorde con todo lo analizado y reiterando además lo expuesto en la sentencia T-268 de 2010 previamente referida, existe "exceso ritual manifiesto" cuando la autoridad judicial omite dar trámite a una impugnación, argumentando que el documento que sustenta la nota de presentación personal del otorgante ante notario no fue allegado oportunamente, pese a que de los demás documentos incorporados oportuna y legalmente se deriva la legitimidad y adecuada actuación de aquél.
En tal virtud, dejará sin efecto el auto dictado por la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Nariño en abril 9 de 2010, que negó por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto en noviembre 24 de 2009, la cual decretó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° 2982 de mayo 19 de 2009.
Segundo. DEJAR SIN EFECTO el auto dictado por la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Nariño en abril 9 de 2010, mediante el cual denegó por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto en noviembre 24 de 2009 que, entre otros puntos, decretó la suspensión temporal de los efectos de la Resolución N° 2982 de mayo 19 de 2009 de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Tercero. Por Secretaría General, LIBRAR las comunicación a que alude el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

matches:
Resolución
artículo 358
artículo 40
artículo 86
artículo 29
artículo 228
artículo 86
artículo 40
artículo 229
artículo 228
artículo 38
artículo 11
Resolución
Resolución
artículo 107
artículo 13
artículo 107
artículo 84
artículo 13
Resolución
Resolución
artículo 29
Resolución
Resolución
artículo 36


text:
Proyectos de ley que impactan, desde el Congreso, la educación superior – EL OBSERVATORIO DE LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA
Julio 3/19 Mientras las IES debaten académicamente, algunos rectores y políticos buscan cambiar reglas de juego del sistema con estos proyectos de ley que impactan presupuestos y estructura del sector.
Según un reporte suministrado por el profesor de la UIS y consejero de los docentes ante el Consejo Nacional de Educación Superior CESU, Luis Orlando Aguirre, quien hace un detallado seguimiento a los mismos, en defensa de los intereses de la universidad pública, este es el balance de proyectos de la legislatura del año 2018-2019, que cerró el pasado 20 de junio, y de la cual muchos proyectos continuar trámite a partir del próximo 20 de julio, relacionados con educación superior:
Proyectos tramitados en la Cámara de Representantes:
1) “POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA PROFESIÓN DE INGENIERÍA AGROPECUARIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Cámara No. 015/2018
Autor: Representante a la Cámara NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRY ALVARÁN y el Senador de la República JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ.
Comisión: SEXTA (VI)
Ponencia Primer Debate: Gaceta 1158/2018 Estado Actual: Texto aprobado en 1er debate, ESTUDIO COMISION
2) “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 125 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SE OTORGAN DERECHOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA”
Cámara No. 021/2018
Autor: Representantes a la Cámara ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA, ALONSO DEL RIO CABARCAS, MONICA LILIANA VALENCIA MONTAÑA, TERESA DE JESUS ENRIQUEZ ROSERO WILMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA, ELBERT DIAZ LOZANO, CHRISTIAN JOSÉ MORENO VILLAMIZAR, SARA ELENA PIEDRAHITA LYONS.
Proyecto: Gaceta 562/2018
Ponencia Primer Debate: Gaceta 934/2018, 975/2018(-), 986/2018
Estado Actual: ARCHIVADO ART. 224 Y 225 DE LA LEY 5ª DE 1992
3) “POR MEDIO DEL CUAL SE CONVIERTE EL PROGRAMA SER PILO PAGA EN UNA ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO PARA EL INCENTIVO AL MÉRITO ACADÉMICO DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA”
Cámara No. 022/2018
Autor: Representantes a la Cámara MARTHA PATRICIA VILLALBA HODWALKER, CHRISTIAN JOSE MORENO VILLAMIZAR, ELBERT DIAZ LOZANO, JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA, ELOY CHICHI QUINTERO ROMERO, ARMANDO ANTONIO ZABARAIN D ARCE, DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE, los senadores de la Republica JUAN FELIPE LEMOS URIBE, FABIO RAUL AMIN SALEME y otras firmas.
Proyecto: Gaceta 563/2018
Estado Actual: ESTUDIO COMISIÓN
4) “POR LA CUAL SE RENUEVA LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA “PRO-DESARROLLO ACADÉMICO Y DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”, CREADA MEDIANTE LA LEY 382 DE 1997 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Cámara No. 076/2018
Comisión: TERCERA (III)
Autor: Senadores de la Republica RUBY HELENA CHAGÜI SPATH, NORA MARÍA GARCÍA BURGOS, DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS, FABIO RAÚL AMÍN SALEME, JHONY BESAILE FAYAD, , los Representantes a la Cámara ERASMO ELIAS ZULETA BECHARA y SARA ELENA PIEDRAHITA LYONS, JORGE ENRIQUE BURGOS LUGO.
207/2019, 263/2019
Estado Actual: TRANSITO SENADO
4) “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 122 DE LA LEY 30 DE 1992”
Cámara No. 086/2018
Autor: Representante a la Cámara MILENE JARAVA DÍAZ.
5) “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN ALGUNAS DISPOSICIONES SOBRE LA ESTAMPILLA PRO-CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO CONTEMPLADAS EN LA LEY 77 DE 1981”
Cámara No. 104/2018
Autor: Representante a la Cámara MARTHA PATRICIA VILLALBA HODWALKER.
Estado Actual: ARCHIVADO ART. 157 DE LA LEY 5ª DE 1992. Mayo 29 de 2019.
6) “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL COBRO DE DERECHOS DE GRADO, DERECHOS COMPLEMENTARIOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Cámara No. 108/2018
Autor: Representantes a la Cámara ALFREDO APE CUELLO BAUTE, BUENAVENTURA LEON LEON, CIRO ANTONIO RODRIGUEZ PINZON, JAIME FELIPE LOZADA POLANCO, SILVIO JOSÉ CARRASQUILLA TORRES.
1158/2018, 117/2019 Nota Aclar
Estado Actual: TRAMITE EN COMISIÓN
7) “POR LA CUAL SE ADICIONA UN PARÁGRAFO AL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 348 DE 1997”
Cámara No. 113/2018
Autor: Representante a la Cámara JOSÉ LUIS CORREA LÓPEZ
Proyecto: Gaceta 678/2018
Estado Actual: TRAMITE EN COMISIÓN, C3- Oficio de Retiro del Proyecto por el Autor
8) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA GRATUIDAD PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Cámara No. 134/2018
Autor: Representantes a la Cámara SILVIO JOSÉ CARRASQUILLA TORRES, ANDRES DAVID CALLE AGUAS, KELYN JOHANA GONZALEZ DUARTE, JEZMI LIZETH BARRAZA ARRAUT, ELIZABETH JAY-PANG DIAZ, HERNAN GUSTAVO ESTUPIÑAN CALVACHE, FLORA PERDOMO ANDRADE, ALEJANDRO ALBERTO
VEGA PEREZ, NUBIA LOPEZ MORALES, HARRY GIOVANNY GONZALEZ GARCIA, RODRIGO ARTURO ROJAS LARA, JULIAN PEINADO RAMIREZ, VICTOR MANUEL ORTIZ JOYA, ALVARO HENRY MONEDERO RIVERA, ALEXANDER HARLEY BERMUDEZ LASSO, JUAN DIEGO ECHAVARRIA SANCHEZ, CARLOS JULIO BONILLA SOTO, FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS, el Senador de la República LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY.
9) “POR MEDIO DE LA CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL PROGRAMA “SER PILO PAGA” Y SE INCENTIVA EL INGRESO A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS”
Cámara No. 141/2018
Ponentes Primer Debate Cámara: Representantes a la Cámara ARMANDO ZABARAÍN D’ARCE, OSCAR DARÍO PÉREZ, JOHN JAIRO CÁRDENAS.
10) “POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 122 DE 1994” (Estampilla Universidad de Antioquia)
Cámara No. 142/2018
Autor: Representantes a la Cámara JUAN FERNANDO ESPINAL RAMIREZ, MARGARITA MARIA RESTREPO ARANGO, OSCAR DARÍO PÉREZ PINEDA, OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES, ESTEBAN QUINTERO CARDONA, EDWIN GILBERTO BALLESTEROS ARCHILA, MILTON HUGO ANGULO VIVEROS, CESAR EUGENIO MARTINEZ RESTREPO, JOHN JAIRO BERMUDEZ GARCES, GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI, JUAN DAVID VELEZ TRUJILLO.
Estado Actual: TRANSITO PLENARIA
11) “POR LA CUAL DEROGA LA LEY 22 DE 1984 Y EXPIDE LA REGLAMENTACIÓN DEL EJERCICIO DE LA BIOLOGÍA, DE SUS PROFESIONES AFINES Y DE SUS PROFESIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS, SE ADOPTA EL CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Cámara No. 157/2018
Comisión: SEPTIMA (VII)
Autor: Senadora PAOLA ANDREA HOLGUÍN MORENO y el Representante a la Cámara JUAN FERNANDO ESPINAL RAMIREZ.
12) “POR MEDIO DE LA CUAL SE INCENTIVA LA INCLUSIÓN REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 28 Y 29 DE LA LEY 30 DE 1992”
Cámara No. 172/2018
Autor Representantes a la Cámara CARLOS MARIO FARELO DAZA Y CHRISTIAN JOSÉ MORENO VILLAMIZAR.
13) “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA CÁTEDRA OBLIGATORIA DE ÉTICA CIUDADANA Y CUIDADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SE FORTALECEN LOS MECANISMOS DE PEDAGOGÍA SOCIAL, SE IMPONEN SANCIONES SOCIALES A QUIENES HAYAN SIDO CONDENADO POR ACTOS DE CORRUPCIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Cámara No. 184/2018
Autor: Representantes a la Cámara FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS, HERNAN GUSTAVO ESTUPIÑAN CALVACHE, HARRY GIOVANNY GONZALEZ GARCIA, ALEJANDRO ALBERTO VEGA PEREZ, ANDRES DAVID CALLE AGUAS, JUAN FERNANDO REYES KURI, JULIÁN PEINADO RAMIREZ, RODRIGO ARTURO ROJAS LARA, CARLOS JULIO BONILLA SOTO, VICTOR MANUEL ORTIZ JOYA, ALEXANDER HARLEY BERMUDEZ LASSO, JOHN JAIRO CARDENAS MORAN, JUAN CARLOS REINALES AGUDELO, ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ, JUAN DIEGO ECHAVARRIA SANCHEZ, NILTON CORDOBA MANYOMA, JOSE LUIS CORREA LOPEZ, HENRY FERNANDO CORREAL HERRERA, FLORA PERDOMO ANDRADE, EDGAR ALFONSO GOMEZ ROMAN y otras firmas.
14) “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA UN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y APOYO AL SOSTENIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO, TECNOLÓGICO Y UNIVERSITARIA PÚBLICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Cámara No. 198/2018
Autor: Representantes a la Cámara JAIME RODRIGUEZ CONTRERAS, ERWIN ARIAS BETANCUR, ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO, EDGAR JESUS DIAZ CONTRERAS, CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO, OSWALDO ARCOS BENAVIDES, DIEGO PATIÑO AMARILES, ANGELA PATRICIA SANCHEZ LEAL, CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA, AQUILEO MEDINA ARTEAGA, DAVID ERNESTO PULIDO NOVOA, INTI RAUL ASPRILLA REYES, JUANITA GOEBERTUS ESTRADA, LEON FREDY MUÑOZ LOPERA, WILMER LEAL PÉREZ, MARÍA JOSE PIZARRO RODRÍGUEZ, ESTEBAN QUINTERO CARDONA, LUIS FERNANDO GOMEZ BETANCURT, CIRO FERNANDEZ NUÑEZ, MONICA LILIANA VALENCIA MONTAÑA, CIRO ANTONIO
BAUTE, los Senadores de la República GERMAN VARON COTRINO, EMMA CLAUDIA CASTELLANOS y otras firmas.
15) “POR LA CUAL SE MEJORA EL ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA PUBLICA EN POBLACION AFRODESCENDIENTE”
Cámara No. 200/2018
Autor: Representante a la Cámara MILTONHUGO ANGULO VIVEROS.
16) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 1530 DE 2012”
Cámara No. 210/2018
Autor: Representantes a la Cámara CHRISTIAN JOSÉ MORENO VILLAMIZAR, JOSE EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE, MONICA LILIANA VALENCIA MONTAÑA, ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA, JUAN CARLOS WILLS OSPINA, ELBERT DIAZ LOZANO, JOHN JAIRO CARDENAS MORAN, NORMA HURTADO SANCHEZ, CARLOS MARIO FARELO DAZA, SARA ELENA PIEDRAHITA LYONS, WILMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA, ASTRID SANCHEZ MONTES DE OCA., JORGE ENRIQUE BURGOS LUGO, MARTHA PATRICIA VILLALBA HODWALKER, JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA, ALONSO JOSÉ DEL RIO CABARCAS, TERESA DE JESUS ENRIQUEZ ROSERO y otras firmas.
Proyecto: GAC 882/2018
Estado Actual: PENDIENTE PONENCIA PRIMER DEBATE
17) “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 86 Y 87 DE LA LEY 30 DE 1992 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Cámara No. 212/2018
Autor: Representantes a la Cámara JAIME RODRIGUEZ CONTRERAS, JULIAN PEINADO RAMIREZ, ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA, SALIM VILLAMIL QUESSEP, ALEJANDRO CARLOS CHACON CAMARGO, OSWALDO ARCOS BENAVIDES, JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA, MODESTO ENRIQUE AGUILERA VIDES, GUSTAVO HERNÁN PUENTES DÍAZ, ERWIN ARIAS BETANCUR, JORGE MENDEZ HERNANDEZ, NESTOR LEONARDO RICO RICO, CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO, HECTOR JAVIER VERGARA SIERRA, ELOY CHICHI QUINTERO ROMERO, BAYARDO GILBERTO BETANCOURT PÉREZ, CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, CIRO FERNANDEZ NUÑEZ, OSCAR CAMILO ARANGO CARDENAS, DAVID ERNESTO PULIDO NOVOA, JULIO CESAR TRIANA QUINTERO, ANGELA PATRICIA SANCHEZ LEAL, GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO, JOSE LUIS PINEDO CAMPO, KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE, JOSE DANIEL LOPEZ JIMENEZ, JOSE LUIS PINEDO CAMPO, BUENAVENTURA LEON LEON, JUAN CARLOS RIVERA PEÑA, JUAN CARLOS LOZADA VARGAS, JOSE LUIS CORREA LOPEZ y otras firmas.
Ponencia Primer Debate, GAC 326/2019
Estado Actual: TRÁMITE EN PLENARIA
18) “POR MEDIO DEL CUAL SE DIGNIFICA FINANCIERAMENTE LA PROFESIÓN DE DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICAS, MODIFICANDO EL ARTÍCULO 336 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO”
Cámara No. 215/2018
Autor: Representantes a la Cámara CESAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO, WILMER LEAL PÉREZ, NEYLA RUIZ CORREA.
Estado Actual: RETIRADO ART. 155 DE LA LEY 5ª DE 1992. FEBRERO 13 DE 2019
19) “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 336 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 1819 DE 2016”
Cámara No. 218/2018
Autor: Representantes a la Cámara ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO, ENRIQUE CABRALES BAQUERO, JUAN PABLO CELIS VERGEL y los Senadores de la República RICHARD ALFONSO AGUILAR VILLA, EFRAÍN JOSÉ CEPEDA SARABIA
Estado Actual: RETIRADO ART. 155 DE LA LEY 5ª DE 192. MARZO 26 DE 2019
20) “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UNA REGLA FISCAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”
Cámara No. 279/2018
Autor: el Representante a la Cámara DAVID RICARDO RACERO MAYORCA.
Estado Actual: RETIRADO ART. 155 DE LA LEY 5ª DE 1992. DICIEMBRE 13 DE 2018
21) “POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE VINCULA A LA CELEBRACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Cámara No. 280/2018
Comisión: SEGUNDA (II)
Autor: Representantes a la Cámara GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO, OSCAR HERNÁN SANCHEZ LEON, BUENAVENTURA LEON LEON, RUBEN DARIO MOLANO PIÑEROS, JOSÉ EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE, HERNAN HUMBERTO GARZÓN RODRIGUEZ.
Estado Actual: TRAMITE EN PLENARIA
22) “POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA PROTESTA PACÍFICA Y SE CREAN TIPOS PENALES”
Cámara No. 281/2018
Autor: Representantes a la Cámara VICTOR MANUEL ORTIZ JOYA, ANGEL MARIA GAITAN PULIDO, ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ, HENRY FERNANDO CORREAL HERRERA, FLORA ANDRADE PERDOMO, ANDRES DAVID CALLE AGUAS, JEZMI LIZETH BARRAZA ARRAUT, ALEJANDRO ALBERTO VEGA PEREZ, CARLOS JULIO BONILLA SOTO, DIEGO PATIÑO AMARILES, RODRIGO ARTURO ROJAS LARA, JOHN JAIRO ROLDAN AVENDAÑO, ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO, JOSE LUIS CORREA LÓPEZ, ALVARO HENRY MONEDERO RIVERA, JUAN CARLOS REINALES AGUDELO, JUAN DIEGO ECHAVARRÍA SÁNCHEZ, HERNAN GUSTAVO ESTUPIÑAN CALVACHE, WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT, OSCAR HERNÁN SÁNCHEZ LEÓN.
Ponencia Primer Debate: GAC 357/2019
Estado Actual: Archivado de conformidad con el articulo 190 Ley 5ª de 1992, junio 21 de 2019.
23) “POR MEDIO DEL CUAL SE CONVIERTE EN POLITICA DE ESTADO EL FONDO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS COMUNIDADES NEGRAS”
Cámara No. 293/2018
Autor: Representantes a la Cámara ASTRID SANCHEZ MONTES DE OCA, FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS, LUIS EMILIO TOVAR BELLO, ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ, JORGE ENRIQUE BURGOS LUGO, MILENE JARAVA DÍAZ, JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA, MONICA LILIANA VALENCIA MONTAÑA, JAIME ARMANDO YEPES MARTINEZ, HAROLD AUGUSTO VALENCIA INFANTE, ARMANDO ANTONIO ZABARAIN D ARCE, JOHN JAIRO CARDENAS MORAN, JOHN JAIRO HOYOS GARCIA, ANATOLIO HERNÁNDEZ LOZANO, JUAN FERNANDO ESPINAL RAMÍREZ, NILTON CORDOBA MANYOMA, GABRIEL SANTOS GARCIA, JHON ARLEY MURILLO BENITEZ, MONICA MARIA RAIGOZA MORALES, HERNANDO GUIDA PONCE, FABER ALBERTO MUÑOZ CERON, HERNAN BANGUERO ANDRADE, los Senadores de la República VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA, ROOSVELT RODRIGUEZ RENGIFO, CRISELDA LOBO SILVA y otras firmas.
24) “POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY 30 DE 1992, POR EL CUAL SE ORGANIZA EL SERVICIO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”
Cámara No. 306/2018
Autor: Representante a la Cámara ALEJANDRO VEGA PEREZ
25) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN PROHIBICIONES AL EJERCICIO DE LA DOCENCIA Y A DIRECTIVOS DE PLANTELES EDUCATIVOS”
Cámara No. 312/2019
Autor: Senador ALEJANDRO CORRALES ESCOBAR, Representante a la Cámara EDWARD DAVID RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
Estado Actual: RETIRADO ART. 155 DE LA LEY 5ª DE 1992. MARZO 14 DE 2019
26) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS INSTITUCIONALES EFICIENTES PARA LA PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Cámara No. 372/2019
Autor: Representantes BUENAVENTURA LEON LEON, ADERIANA MAGALI MATIZ VARGAS, JUAN CARLOS WILLS OSPINA, JUAN CARLOS RIVERA PEÑA, NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRY ALVÁRAN,
Proyecto: GAC 227/2019
27) “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA AUTONOMÍA DE LAS INSTITUCIONES TÉCNICAS, PROFESIONALES, INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS, INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS O ESCUELAS TECNOLÓGICAS QUE NO SON UNIVERSIDADES DE CONFORMIDAD CON LA LEY 30 DE 1992
PL 289/2019 SENADO y Cámara No. 219/2018
Autor: Representantes a la Cámara AQUILEO MEDINA ARTEAGA, MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ, MÓNICA MARÍA RAIGOZA MORALES, MÓNICA LILIANA VALENCIA MONTAÑA, DIEGO PATIÑO AMARILES, EMETERIO JOSÉ MONTES DE CASTRO, RODRIGO ARTURO ROJAS LARA, JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ , CÉSAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO, CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE, LEON FREDY MUÑOZ LOPERA, JAIME RODRÍGUEZ CONTRERAS, OSCAR CAMILO ARANGO CÁRDENAS, JOSÉ IGNACIO MESA BETANCUR, HÉCTOR JAVIER VERGARA SIERRA, JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA, WILMER LEAL PÉREZ, ÁNGELA PATRICIA SÁNCHEZ LEAL, ESTEBAN QUINTERO CARDONA, JOSÉ GABRIEL AMAR SEPÚLVEDA, MARTHA PATRICIA VILLALBA HODWALKER, SALIM VILLAMIL QUESSEP , ELOY CHICHÍ QUINTERO ROMERO, GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO, OSWALDO ARCOS BENAVIDES, LUIS FERNANDO GOMEZ BETANCURT, CIRO FERNANDEZ NUÑEZ, y otras firmas
28) “POR LA CUAL SE DIGNIFICA LA PRÁCTICA RURAL (SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO) EN COLOMBIA PARA EL PERSONAL DE BACTERIOLOGÍA, ENFERMERÍA, MEDICINA Y ODONTOLOGÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
PL 237/2019 SENADO
Autor: H.S. JUAN LUIS CASTRO CORBOBA, ANGÉLICA LOZANO CORREA, LUIS IVAN MARULANDA GOMEZ, IVAN LEÓNIDAS NAME VÁSQUEZ ANTONIO ERESMID SANGUINO PAEZ, Honorables Representantes; LEÓN FREDY MUÑOZ LOPERA, CESAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO, JUANITA MARIA GOEBERTUS ESTRADA, CATALINA ORTIZ LALINDE
Primera Ponencia Senado: GACETA 270/19
Estado: ARCHIVADO, Mediante Articulo 190 ley 5/92 y Articulo 162 CP
29) POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL COBRO CORRESPONDIENTE A MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS O EXTEMPORÁNEAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.
PL 259 de 2019 SENADO
Autor: JONATAN TAMAYO PEREZ
Primera Ponencia Senado: Gaceta 408/19
PL 108/17 SENADO
Autor: SANDRA VILLADIEGO VILLADIEGO
Segunda Ponencia Senado: Gaceta 37/18 ponencia nueva 1125/18
30) POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE PERSONAS CON DISLEXIA, TRANSTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD – TDAH – Y OTRAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE – DA.
PL 108/18 SENADO
Autor: ANDRES GARCIA ZUCCARDI, H.R. JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA Primera Ponencia Senado: Gaceta 415/19
PL 208/18 SENADO
COMISIÓN: SEXTA
Autor: MAURICIO GÓMEZ AMÍN
Segunda Ponencia Senado: Gaceta 533/19
31) POR EL CUAL SE ESTABLECE EL NO COBRO DE INTERESES DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO, Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
PL 207/18 ACUM 09/18 SENADO
COMISION: SEXTA
Autor: ANTONIO ERESMID SANGUINO PÁEZ
Primera ponencia senado: GACETA 554/19
32) POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 361 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES SOBRE EL RÉGIMEN DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES
PAL 40/19 SENADO Cámara: 343/19 Acum 365/19
Autor: Cesar Augusto Ortiz Zorro, Fabián Díaz Plata, Katherine Miranda Peña, León Fredy Muñoz Lopera, Wilmer Leal Pérez, Nevardo Eneiro Rincón Vergara, Alejandro Alberto Vega Pérez, Alfredo Rafael Deluque Zuleta, Andrés David Calle Aguas, Jairo Reinaldo Cala Súarez, David Ricardo racero mayorca
Texto plenaria cámara: Gaceta 564/19
Tags: Proyectos de ley

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ARTÍCULO 125
ARTÍCULO 122
ARTÍCULO 1
ARTÍCULO 29
ARTÍCULO 336
ARTÍCULO 336
ARTÍCULO 1
ARTÍCULO 64
ARTÍCULO 361


text:
 ACUERDO 1094 DE ABRIL 25 DE 2007
ACUERDO 1094 DE 25 DE ABRIL DE 2007
CONTENIDO:EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO. SE EXPIDE EL REGLAMENTO DEL AHORRO VOLUNTARIO CONTRACTUAL DEL FONDO NACIONAL DE AHORRO.
TEMAS ESPECÍFICOS:FONDO NACIONAL DEL AHORRO, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CORPORACIÓN FINANCIERA, CUENTA DE AHORROS VOLUNTARIO, FONDO DE AHORRO VOLUNTARIO DE VIVIENDA
DIARIO OFICIAL N°:46611 DE ABRIL 26 DE 2007
VIGENCIA:DEROGADO POR EL ACUERDO 1174 DE 2011 ARTÍCULO 4° DEL FONDO NACIONAL DE AHORRO
ACUERDO 1094 DE 2007
“Por el cual se expide el reglamento del ahorro voluntario contractual del Fondo Nacional de Ahorro y se dictan otras disposiciones”.
(Nota: Derogado por el Acuerdo 1174 de 2011 artículo 4° del Fondo Nacional de Ahorro)
en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las otorgadas por las leyes 432 de 1998 y 1114 de 2006, los decretos 1453 y 1454 de 1998 y 1200 de 2007, y
Que el Fondo Nacional de Ahorro fue creado como establecimiento público mediante el Decreto-Ley 3118 de 1968, y transformado en empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente mediante la Ley 432 de 1998;
Que el artículo 2º de la Ley 432 de 1998 señala como objeto del Fondo Nacional de Ahorro administrar de manera eficiente las cesantías y contribuir a la solución del problema de vivienda y de educación de sus afiliados, con el fin de mejorar su calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa de capitalización social;
Que la mencionada ley estableció, entre otras funciones del Fondo Nacional de Ahorro, la de promover el ahorro nacional y encauzarlo hacia la financiación de proyectos de especial importancia para el desarrollo de su objeto; señalando entre sus recursos financieros los ahorros voluntarios de los afiliados;
Que además de las personas señaladas en la Ley 432 de 1998, el parágrafo segundo del artículo 1º de la Ley 1114 de 2006 establece que podrán ser afiliados al Fondo Nacional de Ahorro los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las fuerzas militares; oficiales, suboficiales y miembros del nivel ejecutivo, agentes de la Policía Nacional; el personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, el personal docente oficial, los docentes vinculados a establecimientos educativos privados, los trabajadores independientes, quienes devenguen salario integral y los colombianos residentes en el exterior;
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 1114 de 2006 y en el artículo 9º de Decreto 1200 de 2007, el ahorro voluntario contractual en el Fondo Nacional de Ahorro recibirá los mismos beneficios tributarios concedidos a la cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción AFC previstos en las leyes 488 de 1998 y 633 de 2000, y conforme a las condiciones establecidas en el artículo 126-4 del estatuto tributario en lo pertinente;
Que el ahorro voluntario contractual de quienes ostenten la condición de afiliados al Fondo Nacional de Ahorro se constituye en instrumento fundamental para impulsar y consolidar la cultura del ahorro y propiciar la incorporación al sistema financiero de la población no vinculada al mercado laboral formal;
Que de acuerdo con lo establecido en los literales a), k) y q), del artículos 47 y 12 de los decretos 1453 y 1454 de 1998, son funciones de la junta directiva del Fondo Nacional de Ahorro formular las políticas, planes y programas en cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo con los lineamientos que trace el Gobierno Nacional, señalar el plazo, el monto de interés y demás condiciones de las obligaciones, y fijar la política relacionada con el ahorro voluntario de los afiliados;
Que de conformidad con el Decreto Reglamentario 1200 de 2007, corresponde a la junta directiva del Fondo Nacional de Ahorro definir las condiciones del ahorro voluntario contractual, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho decreto,
ART. 1º—Las condiciones de los contratos de ahorro voluntario contractual que celebre el Fondo Nacional de Ahorro con los afiliados a través de cesantías, de conformidad con lo previsto en la Ley 432 y demás normas concordantes, así como con las personas señaladas en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 1114 de 2006 y Decreto 1200 de 2007, serán las contenidas en el presente reglamento:
Reglamento de ahorro voluntario contractual.
Titularidad-apertura
1.1. Contrato de ahorro voluntario contractual. Las personas señaladas en el parágrafo 2º de la Ley 1114 de 2006 podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro a través de ahorro voluntario contractual, mediante la suscripción de un contrato, en virtud del cual se comprometen a realizar depósitos de dinero en el Fondo Nacional de Ahorro, en las cuantías acordadas y a intervalos regulares, hasta cumplir la meta del ahorro en el plazo convenido. Estas personas adquieren la calidad de afiliados cuando hayan hecho efectivo el primer pago pactado en el contrato.
El primer pago deberá realizarse en la fecha definida en el contrato, que no podrá ser superior a 30 días calendario contados a partir de la suscripción del mismo.
Igualmente podrán suscribir contrato de ahorro voluntario contractual quienes estén afiliados o se afilien al Fondo Nacional de Ahorro a través de cesantías.
Para la suscripción del contrato de ahorro voluntario contractual deberán cumplirse los requisitos establecidos en el Decreto 1200 de 2007 y en el presente reglamento.
Las personas que suscriban el contrato de ahorro voluntario autorizarán al Fondo Nacional de Ahorro para que reporte la información sobre el contrato y para que consulte en las centrales de riesgo el comportamiento financiero del titular del contrato.
(Nota: Modificado el inciso 2° del presente numeral por el Acuerdo 1121 de 2008 artículo 1º del Fondo Nacional de Ahorro)
1.2. Monto total del contrato de ahorro voluntario contractual. El monto total del ahorro voluntario contractual, como mínimo, será el equivalente al ingreso promedio mensual del afiliado, manifestado por este en el formulario de afiliación, indicando el origen de los recursos. La junta directiva establecerá el monto mínimo del ahorro voluntario contractual.
1.3. Plazo del contrato de ahorro voluntario contractual. El plazo del ahorro voluntario contractual como mínimo será de doce (12) meses.
El contrato de ahorro voluntario contractual se renovará automáticamente en periodos sucesivos de seis meses, si el afiliado no manifiesta su intención de retirar las sumas de dinero depositadas dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de terminación. No obstante lo anterior, durante las prórrogas el afiliado podrá solicitar el retiro de las sumas depositadas en cualquier tiempo.
1.4. Individualidad. Los afiliados no podrán tener más de un contrato de ahorro voluntario vigente con el Fondo Nacional de Ahorro.
2.1. Información sobre el contrato de ahorro voluntario contractual. El Fondo Nacional de Ahorro suministrará a los afiliados o a quien este autorice, la información sobre la apertura, movimientos y saldos del ahorro voluntario contractual y a los funcionarios públicos facultados para consultarla. En todo caso, el Fondo Nacional de Ahorro enviará semestralmente en documento físico o a través de correo electrónico, o en cualquier otro medio electrónico, la información relacionada con el movimiento del contrato de ahorro voluntario a los afiliados.
2.2. Tarjeta de afiliación al Fondo Nacional de Ahorro. El Fondo Nacional de Ahorro entregará a los titulares del contrato de ahorro voluntario una tarjeta que les permitirá identificarse ante el Fondo Nacional de Ahorro como afiliados y desarrollar las transacciones necesarias para dar cumplimiento con el plan de ahorro voluntario acordado.
La custodia, manejo y uso de la tarjeta será de exclusiva responsabilidad del afiliado, en caso de pérdida, hurto o extravío el afiliado deberá informar de manera inmediata al Fondo Nacional de Ahorro y a las autoridades competentes. En estos casos, se procederá a suministrar una nueva tarjeta a costa del afiliado.
(Nota: Sustituido el inciso 1° del presente numeral por el Acuerdo 1121 de 2008 artículo 2º del Fondo Nacional de Ahorro)
2.3. Gastos de administración o manejo. El Fondo Nacional de Ahorro no cobrará suma alguna al titular del ahorro voluntario contractual por el manejo, la administración, transacciones y servicios asociados al producto.
Depósitos de sumas de ahorro voluntario
3.1. Convenios con entidades financieras. El Fondo Nacional de Ahorro establecerá convenios con entidades financieras para que las personas que suscriban los contratos de ahorro voluntario efectúen los depósitos pactados y los retiros de las sumas ahorradas.
3.2. Depósitos de sumas superiores a las acordadas. El afiliado podrá depositar en el Fondo Nacional de Ahorro sumas de dinero superiores a las acordadas en el contrato de ahorro voluntario contractual. Estos depósitos adicionales no modificarán las condiciones iniciales del contrato de ahorro voluntario contractual, salvo modificación pactada del mismo, y no podrán exceder, individual o conjuntamente, el valor inicial del contrato.
Los depósitos adicionales que realice el afiliado se tendrán en cuenta para la evaluación y asignación del puntaje para acceder a los créditos que otorgue el Fondo Nacional de Ahorro.
4.1. Retiros parciales. El afiliado a través de ahorro voluntario contractual no podrá realizar retiros parciales de las sumas depositadas.
4.2. Autorización a terceros. Para efectos de retiro del ahorro voluntario contractual los afiliados podrán autorizar a terceros.
4.3. Pagos. El Fondo Nacional de Ahorro realizará el pago de las sumas depositadas al titular o a la persona autorizada.
4.4. Terminación del contrato de ahorro voluntario contractual. El Fondo Nacional de Ahorro dará por terminado el contrato en los siguientes casos:
A. Cuando se detecte inconsistencia o inexactitud de la información suministrada por el afiliado.
B. Cuando se advierta que el origen de los recursos utilizados por el afiliado puede estar relacionado con las conductas mencionadas en el artículo 102 del EOSF, modificado por el artículo 1º del la Ley 1121 de 2006.
C. Cuando durante dos meses consecutivos no se realicen depósitos.
D. Cuando en cualquier tiempo durante la ejecución del contrato, el puntaje real del ahorro voluntario contractual del afiliado sea inferior al sesenta y seis por ciento (66%) del puntaje teórico máximo que debería presentar el afiliado en esa fecha.
(Nota: Derogados y reemplazados los literales c) y d) del presente numeral por el Acuerdo 1121 de 2008 artículo 3º del Fondo Nacional de Ahorro)
4.5.Entrega de las sumas depositadas con los rendimientos liquidados. El Fondo Nacional de Ahorro entregará al afiliado, a quien este autorice o a sus herederos, las sumas depositadas, junto con los rendimientos liquidados, en los siguientes casos:
A. A solicitud del afiliado, siempre y cuando haya cumplido con las condiciones pactadas en el contrato.
B. Por orden de autoridad competente.
C. Por muerte del afiliado. En este evento se devolverá el capital más los intereses causados hasta la fecha del deceso.
4.6. Entrega de las sumas depositadas sin rendimientos. El Fondo Nacional de Ahorro entregará al afiliado, a quien este autorice o a sus herederos, las sumas depositadas, sin rendimientos, en los siguientes casos:
A. Cuando el contrato se termine por decisión unilateral de las partes.
B. Cuando el afiliado solicite el retiro de las sumas depositadas antes de la terminación del contrato.
4.7. Pérdida de la condición de afiliado. La condición de afiliado a través de ahorro voluntario contractual se perderá en los eventos previstos en el numeral 4.4, literales A y C del numeral 4.5 y en los casos señalados en el numeral 4.6. En el evento previsto en el literal A del numeral 4.5 se perderá la condición de afiliado solamente cuando este manifieste su intención de no prorrogar el contrato o cuando incumpla las condiciones pactadas durante el término de la prórroga.
Intereses remuneratorios
5.1. Intereses remuneratorios. El Fondo Nacional de Ahorro reconocerá a sus afiliados intereses remuneratorios sobre los depósitos en la forma, periodicidad y a la tasa que determine la junta directiva. La tasa de interés remuneratorio no podrá ser modificada durante la vigencia del contrato.
5.2. Cesación de la obligación de reconocer intereses remuneratorios. El Fondo Nacional de Ahorro cesará la obligación de reconocer intereses remuneratorios por las sumas depositadas, trasladando los recursos a una cuenta del pasivo a disposición de su titular, en los siguientes casos:
A. Terminación del contrato por parte del Fondo Nacional de Ahorro.
B. Muerte del afiliado.
C. En los casos previstos en el numeral 4.4.
6.1. Actualización de la información. El afiliado a través de ahorro voluntario contractual deberá mantener actualizada la información suministrada al suscribir el contrato.
Políticas para la evaluación del cumplimiento del contrato de ahorro voluntario
7.1. Políticas para la evaluación del contrato. El afiliado a través de ahorro voluntario contractual podrá solicitar crédito para vivienda y/o educación al Fondo Nacional de Ahorro cuando haya cumplido con las condiciones pactadas en el contrato, de acuerdo con la metodología que defina la junta directiva.
La forma como el afiliado cumplió el contrato de ahorro voluntario contractual constituirá una de las variables de la metodología de evaluación y asignación del puntaje para solicitar crédito. La ponderación de dicha variable para efectos del análisis y evaluación de la solicitud de crédito será definida por la junta directiva en el reglamento de crédito para vivienda y/o educación.
7.1.1. La metodología para ponderar el cumplimiento del contrato de ahorro voluntario contractual será adoptada en el acuerdo de junta directiva sobre condiciones financieras del contrato de ahorro voluntario.
7.1.2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 1200 de 2007 la celebración del contrato de ahorro voluntario, así como el cumplimiento del mismo por parte del afiliado, no supone obligación alguna del Fondo Nacional de Ahorro de otorgar crédito únicamente por ese hecho.
7.2. Contrato de ahorro voluntario para el pago del crédito. El afiliado que resulte beneficiario de un crédito del Fondo Nacional de Ahorro podrá destinar el monto del ahorro voluntario contractual y sus rendimientos al pago del crédito.
Quienes tengan un crédito vigente con el Fondo Nacional de Ahorro podrán suscribir un contrato de ahorro voluntario con el propósito de utilizar el monto ahorrado en el pago del crédito, o en el pago parcial o total de las cuotas del mismo.
En estos eventos, el monto del ahorro voluntario contractual podrá incrementarse mensualmente de acuerdo al valor de las cuotas mensuales del crédito. Hecho el respectivo depósito, el fondo procederá a debitar las sumas correspondientes con destino al pago de la cuota mensual del crédito.
Prórroga del ahorro voluntario contractual
8.1. Cumplimiento de contrato de ahorro voluntario contractual. Según la metodología establecida por la junta directiva, el cumplimiento del contrato de ahorro voluntario contractual por parte del afiliado le dará un puntaje equivalente al 100%.
8.2. Prórroga del contrato de ahorro voluntario. Terminado el contrato de ahorro voluntario contractual, se entenderá que este se prorroga automáticamente por períodos de seis meses en seis meses, salvo que el afiliado manifieste su decisión de no prorrogarlo durante el mes siguiente al vencimiento del periodo pactado.
8.3. Opción para presentar solicitud de crédito para vivienda y/o educación. El afiliado a través de ahorro voluntario contractual deberá cumplir con las condiciones pactadas en el contrato con el fin de tener la opción de presentar la solicitud de crédito para vivienda y/o educación al Fondo Nacional de Ahorro.
8.4. Durante los períodos adicionales previstos en el presente numeral, el afiliado deberá depositar en el fondo las sumas de dinero que venía ahorrando durante el plazo inicialmente acordado y con la misma periodicidad pactada.
8.5. Depósitos extraordinarios en las prórrogas. Durante la prórroga del contrato de ahorro voluntario contractual el afiliado podrá realizar depósitos extraordinarios en cuantía superior a los depósitos definidos. Sin embargo, dichos depósitos extraordinarios no modificarán las condiciones del ahorro voluntario contractual establecido para dicho período, ni serán considerados como una de las variables de la metodología de evaluación y asignación del crédito que llegare a solicitar el afiliado en caso de cumplir con su ahorro voluntario contractual.
9.1. Beneficios tributarios. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 1114 de 2006, el ahorro voluntario contractual de que trata el presente reglamento recibirá los mismos beneficios tributarios concedidos a la cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC previstos en las leyes 488 de 1998 y 633 de 2000.
9.2. Retiros para fines distintos de vivienda y/o educación. Las sumas ahorradas del ahorro voluntario contractual que retiren los afiliados serán objeto de retención en la fuente contingente si se destinan a fines distintos al pago del valor de la vivienda o de las cuotas originadas en el crédito para vivienda y/o educación.
10.1. El Fondo Nacional de Ahorro aplicará políticas y controles sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en las normas correspondientes. Así mismo, se reservará el derecho de afiliación por vía de ahorro voluntario contractual, absteniéndose de aprobar o desembolsar créditos, cuando ello pueda implicar exposición de la entidad a los riesgos asociados al LA/FT.
ART. 2º—El presidente del Fondo Nacional de Ahorro elaborará las minutas del contrato de ahorro voluntario contractual que deben incorporar las disposiciones contenidas en el presente reglamento, en el Decreto 1200 de 2007 y en la Ley 1114 de 2006.
ART. 3º—Delegar en el presidente del Fondo Nacional de Ahorro la facultad de expedir los manuales de procedimientos del ahorro voluntario contractual, informando semestralmente a la junta directiva sobre el ejercicio de esta delegación.
ART. 4º—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
El presente acuerdo fue aprobado en sesión de junta directiva 693 de 24 de abril de 2007.
Dado en Bogotá, D.C., a 25 de abril de 2007.

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ARTÍCULO 4
artículo 4
artículo 2
artículo 1
artículo 2
artículo 9
artículo 126
artículo 1
artículo 1
artículo 2
artículo 102
artículo 1
artículo 3
artículo 5
artículo 2


text:
Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.
ANEXO . Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas
1.º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas en relación con el artículo 4, Disposición Transitoria Primera y Anexo II; artículo 7, artículo 8, artículo 10 apartado primero, apartado tercero en su inciso «o de dominio público» y apartado cuarto, artículo 11, artículo 12 apartado a) en su inciso «y su sujeción a los derechos de tanteo y retracto a favor de la administración actuante» y apartado b) y cualesquiera otros que, vinculados o no con los anteriores, vulneren principios constitucionales o invadan competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.
3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del País Vasco.

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artículo 4
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artículo 8
artículo 10
artículo 11
artículo 12
artículo 33


text:
El referéndum en su visión universal: ¿Retardación de ejecución del 21F?
El proceso del Referéndum llega hasta nosotros como un proceso democrático cultural directo, porque amalgama voluntades en libertad de conciencia que merecen ser respetados en sus resultados por principios y mandatos constitucionales.
Pero antes, es importante referirse a las categorías constitucionales que brinda Loewenstein. Apunta el autor alemán que lo determinante en una reflexión constitucional no es el puro análisis del texto normativo; sino lo que los destinatarios del poder hacen de ella en la práctica. Así una Constitución será normativa si la dinámica del proceso político se adapta o no a sus normas; en tanto que será semántica cuando el texto constitucional es instrumentalizado en beneficio exclusivo de quienes detentan el poder. Esto es, cuando no existe independencia en los poderes del Estado, cooptación de poderes y se siembra el temor de acabar con quienes pretenden salirse del marco referencial e ideológico del sistema de gobierno.
Conforme a la Constitución de Suiza el pueblo reconoce dos modalidades de democracia directa: el Referéndum facultativo u obligatorio y la Iniciativa Legislativa Popular, la particularidad en este país es que todos los Referéndums convocados y regulados por el Tribunal Electoral, son obligatorios y vinculantes; es decir, que con preeminencia el órgano regulador del proceso es el primero quien debe votar resolución reconociendo públicamente los resultados de los sufragantes a toda la sociedad.
Entre otra novedad del sistema consiste en la posibilidad de realizar un Referéndum vinculante y obligatorio después de aprobar una ley en el parlamento e incluso luego de ser promulgada. Desde la perspectiva constitucional esta fórmula previene a los partidos políticos –especialmente a los del gobierno-, para que sean más objetivos y prudentes cuando legislan, atendiendo y prestando más atención a la opinión colectiva de los ciudadanos, aun sean procedentes de minorías.
El proceso del Referéndum llega hasta nosotros como un proceso democrático cultural directo, porque amalgama voluntades en libertad de conciencia que merecen ser respetados en sus resultados por principios y mandatos constitucionales; esas categorías son la obligatoriedad y la vinculatoriedad como reseña la Constitución de Suiza, modelo de democracia relevante por historia, cultura e idiomas.
Haciendo un poco de historia, en Canadá en 1980 se realizó el primer Referéndum sobre la independencia de la Provincia de Quebec que fue adverso a quienes lo promovieron; sin embargo respetando la permisión de la Constitución, el 30 de octubre de 1995 se realiza el segundo Referéndum sobre la sobre la independencia de Quebec respecto de Canadá; los resultados del escrutinio de un total de 54.228 votantes el 50.58 % dijeron “NO” a la separación y el 49,42% dijeron “SI”. A pesar del estrecho margen los resultados producto de la democracia directa fueron respetados por los habitantes de Quebec y la sociedad canadiense; decisión democrática que fue hecha pública inmediatamente por el Tribunal Electoral que asumió el proceso.
En Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Uruguay, Panamá y Venezuela, el Referéndum se introduce en sus Constituciones como iniciativa popular o ratificación de reformas totales o parciales de la Constitución. Sin embargo, en algunos Estados como Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, se viven experiencias y variantes que no sólo desvirtúan la naturaleza y finalidad constitucional del Referéndum como instrumento de participación directa, sino que son suplantados por Resoluciones judiciales de los máximos órganos de justicia ordinaria o constitucional, generando así una especie de supra poder antidemocrático e inconstitucional, por el control político que ejercen los gobernantes sobre todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Fiscal).
La forma más fuerte de no reconocer y respetar la voluntad popular expresada por los sufragantes en Referéndum, son los mandatos constitucionales, que violan la Constitución y el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por tanto, Los movimientos políticos en pos de empoderarse en el poder, no son signos que conducen a la entrega de decisiones efectivas a la ciudadanía; sino que esta realidad derrumba a la democracia, estropea la Constitución, rompe la independencia de poderes, corroe la preservación de la inteligencia humana e impunemente vulnera los derechos políticos y fundamentales de los ciudadanos y ¿de dónde viene la voracidad impresentable de vulnerar la Constitución? Obviamente que del gobierno dictatorial que actúa al margen de la Constitución y de los principios rectores de democracia.
Desde inicio del siglo XX, se encuentran definiciones explícitas sobre el carácter de derecho fundamental de la participación ciudadana y de la complementariedad de las fórmulas de democracias directa con los sistemas representativos. En efecto, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dice: “Toda persona tiene derecho de participar en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes libremente escogidos. El artículo 25 A del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el artículo 23.1-A de la Convención Americana sobre Derechos Humanos denominada Pacto de San José de Costa Rica de 1969 establecen: “el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes”.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha referido al derecho de participación con relación al resguardo de los derechos políticos, así lo establecen las sentencias de 2005 y 2008, que afectan a los Estados de Nicaragua y México. En estos casos la Corte IDH fundamenta sobre el valor que la Convención asigna a los derechos políticos, señalando que en una sociedad democrática los derechos y libertades referentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una triada.
Así la Corte IDH entiende que conforme a los artículos 23, 24, 1.1 y 2º de la Convención, el Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, lo que implica que la regulación y el ejercicio de dichos derechos y su aplicación son acordes al principio de igualdad y no discriminación y por consiguiente debe adoptar las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio. Es decir, que cuando las Constituciones de los Estados establecen límites o periodos de gobierno de cuatro, cinco o más años, prorrogable por una sola vez, jamás puede ser interpretado como violación a los derechos humanos del gobernante que pretende prorrogarse por encima de la Constitución; sino que su regulación al tener como fuente la Asamblea Constituyente ningún otro órgano o poder puede sobrepasar las prerrogativas reservadas a dicha instancia. En otros términos, quienes sin preservar la inteligencia colectiva desafían perpetuarse en el poder rebasando los límites constitucionales, se deslizan por el camino espinoso de la dictadura.
Entonces, el Referéndum es la democracia participativa directa como confianza limitada en el Gobierno temporal; esto es que el carácter obligatorio y vinculante es irrenunciable, imprescriptible y otorga seguridad y certeza a todos los ciudadanos. Además, que en sus efectos los guardianes en asegurar su cumplimiento son los Tribunales Supremos Electorales o Cortes Electorales de los Estados por mandato constitucional y los Tribunales Constitucionales.
Ahora bien, cuando la presidenta del Tribunal Supremo Electoral Katia Uriona, manifiesta que con relación al tema se pronunciará el 2019, cuando asuman competencia en la administración del proceso electoral y no puede referirse a las posibilidades en relación a las candidaturas presidenciales, es una posición que ahoga los efectos cúspides de la jerarquía democrática contenida en el Referéndum del 21F; es decir, el carácter obligatorio y vinculante.
Habrá que recordarle al Tribunal Supremo Electoral que los resultados del Referéndum en sus efectos no pueden ser jamás momentáneamente diferidos (ocho o diez meses) y nada menos por los garantes máximos del proceso democrático convocado. Cabe preguntarse entonces, ¿si se afirma que sus actos y decisiones se sustentan en los principios de legalidad y jerarquía normativa que les confiere la Constitución Política del Estado, cuál es la norma orgánica o procesal que les faculta a diferir los efectos legales y constitucionales del Referéndum 21F? ¿Qué certeza se otorga a los ciudadanos si los resultados del 21F con el escrutinio mayoritario del 51,3 % fueron proclamados y ejecutados por la presidenta del TSE? Por otra parte, si el Tribunal Supremo Electoral no se pronuncia de manera categórica determinando la prevalencia del Referéndum 21F sobre la aberrante sentencia del Tribunal Constitucional 0084/2017, sin lugar a dudas que incurre en la presunta omisión delictiva de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
Por consiguiente, si los resultados del Referéndum fueron favorables por el NO a la Reforma del artículo 168 de la Constitución, que establece que “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”, queda claro que legal y constitucionalmente Evo Morales y Alvaro García Linera no pueden ni deben postularse indefinidamente. Su habilitación constitucional y su derecho de participar en elecciones para los actuales gobernantes es el 2025.
Desde luego que las seis Federaciones de cocaleros del Chapare podrán postularlo, ratificarlo y laurearlo como Presidente vitalicio de sus organizaciones y movimientos sociales, como que así ha ocurrido durante los 13 años de gobierno; pero lo dramáticamente censurable, intolerable e ilegal es pretender respostular a Evo Morales y además que él incite a hacer campaña a sabiendas que tiene por delante un dique constitucional infranqueable, “el Referémdum del 21F” que el pueblo boliviano está decidido a defenderlo para dejar a las generaciones del presente y del futuro el legado más preciado como son la libertad y la democracia.
Así el contexto de la realidad, creemos que esta es la regla del abecedario constitucional que debe seguir el Tribunal Supremo Electoral, además de resolver y cumplir la auditoría realizada por la OEA que hasta el 2016 halló 48.759 cédulas repetidas y encontró 99.775 ciudadanos registrados con documentos que no son válidos para sufragar, instando a que también se garantice el derecho a una identidad única e irrefutable, no sólo biométrica sino también biográfica. Estas irregularidades que arrastra el padrón electoral y que fueron identificadas por la OEA, descalifica de alguna manera que el Tribunal Supremo Electoral actúe de conformidad con el principio de legalidad y, por otra, consciente y voluntariamente permitan que el presidente Evo Morales Ayma vulnerando la Constitución y los efectos del Referéndum del 21F, en Lauca Ñ el domingo 22 de julio, instruya a las seis federaciones de productores de hoja de coca del Chapare a hacer campaña para un nuevo periodo electoral.
Por último, si conforme al artículo 172.1 de la Constitución el presidente tiene la obligación de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, y resulta que al incitar a las seis Federaciones de productores de hoja de coca del Chapare a hacer campaña para ser reelecto al margen del límite previsto por el artículo 168 de la Constitución que establece, “…que puede ser reelecto por una sola vez de manera continua”; acaso estos pronunciamientos implican una adecuación a los mandatos de la Constitución y los resultados del Referéndum de 21 de febrero de 2016. En Bolivia ¿dónde están los órganos del sistema fiscal y judicial ante deliberado desconocimiento e incumplimiento de la Constitución? ¿no existe un órgano competente que ejecute y materialice el Referéndum 21F como dispone el artículo 208.I de la Constitución? ¿se acepta la estocada a la Constitución por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral y las seis Federaciones de cocaleros del Chapare?. Si Evo Morales y el MAS torpedean la Constitución y el Referéndum, será la fuerza espiritual, cívica y patriota del sentimiento democrático de las plataformas ciudadanas organizadas libremente, las que canten el réquiem a los dictadores.
Al respecto, Karl Hesse dice: “una Constitución solamente puede ser protegida políticamente o en la profundidad cultural. Si bien los instrumentos jurídicos son importantes, sólo son eficaces cuando todos poseen una “voluntad de Constitución” y ésta desenvuelve duraderamente su fuerza normativa”. Esto apunta, a los límites de la defensa jurídica de la Constitución, en cualquier tiempo y con armas nobles desde los escenarios más democráticos. (Santiago, 7 agosto 2018)

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