text:
STC 195/1994, 28 de Junio de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 15355754
STC 195/1994, 28 de Junio de 1994
Fecha de Resolución: 28 de Junio de 1994
Número de Recurso: Cuestiones de Inconstitucionalidad nº 2.664/1992, y 2.871/1992 (acumuladas)
1. Puede afirmarse que el contenido mínimo, necesario e indisponible de las leyes de presupuestos, es el explícitamente proclamado en el art. 134.2 C.E., es decir: La previsión anual de la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y la consignación del importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. Por su parte, el contenido eventual resulta limitado estrictamente, según reiterada jurisprudencia y muy especialmente según la STC 76/1992, a aquellas materias o cuestiones que «guarden directa relación con las previsiones de ingreso y las habilitaciones de gasto de los Presupuestos o con los criterios de política económica general en que se sustenten» (SSTC 63/1986 y 76/1992) y que, además, sean «complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del Presupuesto y, en general de la política económica del Gobierno», excluyendo en todo caso las «normas típicas de Derecho codificado» (STC 76/1992), por la inseguridad jurídica que implica su modificación a través de esta vía [F.J.2].
Sentencia citada en: 268 sentencias, 36 artículos doctrinales, 17 disposiciones normativas, 19 resoluciones administrativas
1. El 6 de noviembre de 1992 tuvo entrada en este Tribunal una cuestión de inconstitucionalidad (registrada con el núm. 2.664/92) promovida por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Supremo, en relación con los arts. 111.3 y 128.5 de la Ley General Tributaria en la redacción que les da la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992, por su supuesta contradicción con los arts. 18, apartados 1 y 4, y 134 C.E.
La cuestión se suscitó en un proceso contencioso-administrativo iniciado en virtud del recurso interpuesto por la Asociación Española de Banca Privada frente a diversos preceptos del Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento General de Recaudación [arts. 113.5, 118.3, 120.2, 120.3 a), 120.5, inciso final, 121.1 a)]. Los mencionados preceptos, que la entidad actora entendía no eran conformes a Derecho, se refieren a los requerimientos de información por la Administración Tributaria y al embargo de cuentas y depósitos en entidades bancarias. Formalizada la demanda, el Abogado del Estado se opuso a la misma, entre otros motivos, por entender que los preceptos impugnados tenían su cobertura legal en los arts. 110, 111 y 128 de la Ley General Tributaria (en adelante, L.G.T.). Con fecha 17 de julio de 1992, la Sección, dejando en suspenso el plazo para dictar Sentencia, dictó providencia en la cual planteaba de oficio la posible inconstitucionalidad de los arts. 111 y 128 L.G.T. en la redacción que les da la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992, dando audiencia sobre el planteamiento de esta cuestión a las partes y al Ministerio Fiscal. La asociación recurrente manifestó su conformidad, oponiéndose, en cambio, el Abogado del Estado.
a) La cuestión se plantea debido a que en trámite de oposición a la demanda, el Abogado del Estado citó en apoyo del Reglamento General de Recaudación los arts. 111 y 128 L.G.T. que -según él- ofrecían cobertura legal a dicha disposición. Pero estos artículos han sido modificados por la Ley General de Presupuestos para 1992. Por tanto, es indudable que, para resolver el recurso contencioso-administrativo, es preciso acudir a lo dispuesto en ambas Leyes. La Sala entiende que la modificación operada en la Ley de Presupuestos es contraria a la Constitución y de ahí el planteamiento de la cuestión.
No obstante, conviene traer a colación que el Reglamento impugnado es de fecha 20 de diciembre de 1990 y se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el día 3 de enero siguiente, mientras el recurso contencioso-administrativo fue presentado el 28 de enero, y la Ley de Presupuestos que opera la modificación normativa discutida es de fecha 30 de diciembre de 1991. En consecuencia, la Ley de Presupuestos controvertida es posterior al planteamiento del recurso. Ahora bien, si hubiera de dictarse Sentencia de acuerdo con el texto de la Ley General Tributaria en su redacción anterior a esta modificación, difícilmente podría mantenerse la legalidad de los artículos del Reglamento impugnados. Pero, al haberse modificado la Ley por otra Ley posterior con el fin precisamente de ofrecer una suficiente cobertura legal a los artículos impugnados del Reglamento -a juicio de la Sección-, es la redacción actual de la Ley General Tributaria la que debe ser tenida en cuenta para enjuiciar la legalidad o ilegalidad del Reglamento. Y ello lleva a plantear de oficio la cuestión.
b) La aplicación de la doctrina constitucional contenida en la STC 76/1992 obliga a pensar que son inconstitucionales las modificaciones normativas operadas por la Ley de Presupuestos discutida. La segunda tacha de inconstitucionalidad deriva de la posible infracción del art. 18 C.E. por el art. 111.3 L.G.T.
c) En efecto, los arts. 84, 85 y 86 de la citada Ley de Presupuestos dan nueva redacción a los arts. 111, 37.5 y 128 L.G.T.
La posible inconstitucionalidad del art. 128 se refiere exclusivamente a su párrafo 5., en el cual se dice lo siguiente: «Los órganos de recaudación podrán comprobar e investigar la existencia y situación de los bienes o derechos de los obligados al pago de una deuda, para asegurar o efectuar su cobro, ostentando cuantas facultades reconocen a la Administración los arts. 110 a 112 de esta Ley». Este párrafo es de nueva redacción y no tiene antecedentes en la normativa previa.
La posible inconstitucionalidad del art. 111 se refiere a su apartado 3., en el cual se dice: «El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario. Los requerimientos relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago a cargo de la Entidad, de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, se efectuarán previa autorización del Director general o, en su caso, del titular del órgano competente de la Administración Tributaria, y deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados y el período de tiempo a que se refieren. La investigación podrá comprender la información relativa al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago».
La STC 76/1992, que declaró la inconstitucionalidad del art. 130 L.G.T. en la redacción dada por la Ley de Presupuestos para 1988, examinó como problema si la disposición de cuya constitucionalidad se dudaba afectaba a la materia presupuestaria, y afirmó que la ejecución forzosa de las deudas tributarias está relacionada con la recaudación de los tributos, y es, por ello, condición necesaria para que se cumplan las previsiones de ingresos. Pero esta relación entre ingresos y función recaudatoria no puede ser suficiente -afirma dicha Sentencia- para dar por válida una conexión directa con la Ley de Presupuestos de unas normas que conceden facultades en abstracto a los órganos recaudatorios.
d) La Sala considera también que la modificación introducida en el art. 111.3 puede infringir lo dispuesto en el art. 18, apartados 1 y 4, C.E. Una lectura conjunta de aquel precepto legal y del art. 128 L.G.T. permite deducir que quedan autorizados los órganos de la recaudación para investigar no sólo la procedencia, sino también el destino de los ingresos de los ciudadanos, lo que parece infringir el derecho a la intimidad personal y familiar que la Constitución les reconoce.
Interpretando el art. 18 C.E., la STC 110/1984 precisó que las certificaciones que se exijen a las entidades bancarias son extractos de cuentas en que figuran sólo la «causa genérica» de cada partida (talón bancario, transferencia, efectos domiciliados, entrega en efectivo, etc.), pero no su «causa concreta». La misma Sentencia estima que no se infringe el derecho a la intimidad personal y familiar cuando se autoriza a la inspección a investigar y reclamar datos que existan en las oficinas bancarias. Pero para ello es preciso cumplir una serie de requisitos legalmente previstos, cuales son: que la autorización proceda de órganos expresamente previstos; que se precisen extremos como son las cuentas de operaciones investigadas, los sujetos pasivos interesados y la fecha en que la actuación debe practicarse, y que la investigación se lleve a cabo por procedimientos específicos.
Las modificaciones introducidas en los preceptos legales cuestionados exceden de los límites que la Sentencia precitada señala, puesto que no sólo se permite reclamar extractos de cuentas o depósitos -lo que la Sentencia llama la causa genérica-, sino también información relativa al origen y destino de los movimientos -la causa concreta-. Además, el actual art. 111 L.G.T. no menciona taxativamente los órganos que pueden autorizar la investigación, y sustituye la antigua enumeración legal por una referencia general al «titular del órgano competente de la Administración Tributaria», ante lo cual, habida cuenta de que el Reglamento General de Recaudación concede a los órganos de la recaudación las facultades del art. 111 L.G.T., los recaudadores podrán cursar las órdenes de investigación e informarse del origen y destino de los movimientos bancarios.
3. Por providencia de 24 de noviembre de 1992, la Sección Cuarta del Pleno dispuso: a) admitir a trámite la presente cuestión; b) dar traslado de las actuaciones, conforme establece el art. 37.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, con el fin de que pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran procedentes en el plazo común de quince días; c) publicar la formalización de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento.
5. El Presidente del Senado presentó escrito por el cual comunicó el Acuerdo de la Mesa de personarse sin formular alegaciones, ofreciendo la colaboración de la Cámara a los efectos del art. 88.1 LOTC.
a) Aunque la parte dispositiva del Auto de remisión menciona los arts. 111.3 y 128.5 L.G.T., una atenta lectura de sus fundamentos jurídicos descubre que la impugnación sólo se plantea respecto del párrafo segundo del art. 111.3 y del párrafo primero del art. 128.5.
b) Respecto del primer motivo de inconstitucionalidad, debe sostenerse que hay una directa relación entre los preceptos cuestionados y el núcleo mínimo e indisponible de la Ley de Presupuestos. El art. 128.5 L.G.T. en la redacción derivada de la Ley de Presupuestos Generales para 1992 es una norma sobre las facultades de comprobación e investigación de los órganos de recaudación de la Hacienda Pública. El precepto se limita a reconocer a los órganos recaudadores las facultades que a la Administración Tributaria reconoce los arts. 110 a 112 L.G.T., para comprobar e investigar la existencia y situación de los bienes obligados al pago de la deuda, con el fin de asegurar su cobro. Entre estas facultades se encuentra la dispuesta en el art. 111.1, letra c), relativa a requerir toda clase de datos con trascendencia tributaria de las entidades depositarias de dinero. Se concreta así el genérico deber de información de las entidades financieras.
La inclusión en la Ley de Presupuestos Generales para 1992 de sus arts. 84.2 y 86 que otorgan nueva redacción a los arts. 111.3 y 128.5 L.G.T. es constitucionalmente lícita, según la doctrina que el Tribunal Constitucional ha elaborado sobre los límites materiales de las Leyes de Presupuestos. Con carácter previo conviene recordar esta doctrina.
En la STC 84/1982, el Tribunal destacó que las normas sobre previsión de ingresos y autorización de gastos constituyen el núcleo de la Ley de Presupuestos. Pero la STC 27/1981 ya había anticipado la configuración también de la Ley de Presupuestos como vehículo de dirección y orientación de la política económica gubernamental. De forma que pueden incluirse en dicha Ley regulaciones relacionadas con los criterios de la política económica (STC 134/1987). Los arts. 134.2 C.E. y 48 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria configuran el contenido mínimo de esta Ley, pero no excluyen otros (STC 65/1987). Mas fue en la STC 76/1992 donde el Tribunal recapituló la doctrina elaborada sobre los límites materiales de las Leyes de Presupuestos, concluyendo (fundamento jurídico 4. ) que es constitucionalmente necesario que las materias contenidas en esas leyes tengan relación directa con los gastos e ingresos o con los criterios de la política económica, en el sentido de que sean un complemento necesario para la mayor inteligencia y eficaz ejecución del presupuesto.
Cuando se trata de embargos judiciales, la ley encomienda al propio deudor la designación de los bienes que puedan embargarse. Así lo dispone el art. 597 de la L.E.C., según el cual si en el día siguiente al de la notificación del Auto no se presta la fianza, se procederá al embargo de los bienes del procesado, requiriéndole para que señale suficientes para cubrir las cantidades que se hubieran fijado por las responsabilidades pecuniarias; cuando el deudor no señale bienes, se procederá a embargar los que se reputen de la pertenencia del procesado (art. 598.2).
El mismo principio late en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si el deudor no señala bienes, podrá el acreedor demandante concurrir a la diligencia de embargo y designar los bienes en que deba verificarse. Pero también puede suceder que ni el deudor señale bienes ni sean encontrados en su domicilio suficientes. En estos casos, lo que procederá será que el acreedor solicite del Juez una actuación encaminada a la investigación de la existencia y situación de los bienes embargables. Unas actuaciones que encuentran amparo en el art. 1.455 L.E.C., conforme al cual podrá el Juez, a petición del ejecutante, dirigirse a todo tipo de registros públicos, organismos públicos y entidades financieras a fin de que faciliten la relación de bienes o derechos del deudor de que tengan constancia. Es éste un mandato normativo de carácter general, aplicable tanto en el momento inicial del embargo como para su mejora.
En el seno del procedimiento de recaudación ejecutiva de los créditos y derechos de la Hacienda Pública, la providencia de embargo ordena la traba de bienes y derechos en cantidad suficiente para cubrir el crédito perseguido (art. 110 del Reglamento General de Recaudación). Pero a continuación habrá de practicarse la correspondiente diligencia de embargo, que es un acto netamente ejecutivo y concreto. La eficacia de esta diligencia exige que los órganos de ejecución conozcan previamente la existencia y situación de los bienes que pudieran embargarse. Es cierto que respecto del embargo de cuentas la postura inicial del Tribunal Supremo fue contraria a la necesidad de señalar expresamente las cuentas embargadas. La Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de 14 de junio de 1983, dijo que hacer depender los mandamientos de embargo de cuentas corrientes del requisito de concretar dichas cuentas, muchas veces supondría el fracaso de la gestión recaudatoria, debiendo, además, añadirse que precisamente las garantías formales del secreto bancario vienen concedidas en función de la actividad investigadora. Sin embargo, esta postura inicial del Supremo no se ha mantenido con carácter uniforme. Por ello, es preciso atribuir por Ley a los órganos y agentes de la recaudación dichas facultades de comprobación e investigación de los bienes del deudor, incluidas las cuentas y depósitos en entidades financieras. Esta facultad deriva, con carácter general, del art. 129 L.G.T. y se extiende a todo tipo de créditos públicos por el art. 31 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, así como por los arts. 94.2 y 104 del Reglamento General de Recaudación. Pero, cuando se trata de la recaudación de débitos tributarios y del embargo de cuentas y depósitos en entidades financieras, estas facultades de comprobación e investigación han sido siempre en nuestro ordenamiento objeto de regulación especial. Siguiendo el orden cronológico y para demostrar este aserto, pueden citarse las siguientes ordenaciones: a) la regla 62.2 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad, aprobada por el Decreto 2.260/1969, de 24 de julio; b) el art. 111 L.G.T. redactado por la Ley 10/1985, de 26 de abril; c) la Disposición adicional primera de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de Régimen Fiscal de determinados activos financieros; d) los arts. 25 y 26 del Real Decreto 2.027/1985, de 23 de octubre; e) el Real Decreto 1.327/1986, de 13 de junio, sobre recaudación ejecutiva de los derechos económicos de la Hacienda Pública, que contempla dicha Recaudación Ejecutiva del Estado como una fase más del proceso de gestión tributaria y en su art. 3 determinó las facultades de los órganos de gestión recaudatoria para recaudar de bancos y entidades de crédito información relativa a la existencia, saldos, disponibilidad de cuentas corrientes y cualquiera otra clase de activos de personas físicas o jurídicas que figuren como deudoras a la Hacienda Pública; f) la Ley de Presupuestos Generales para 1988 insiste en esta línea, dando una nueva redacción al art. 111.1 c) L.G.T., especificando el deber de las entidades depositarias de dinero de informar a los órganos y agentes de la recaudación ejecutiva. Esta última es una modificación que es «el antecedente inmediato de las normas objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad».
La modificación introducida en la Ley de Presupuestos para 1992 en el art. 111.3 L.G.T. consiste en los siguientes elementos: mencionar expresamente las operaciones que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago; sustituir la referencia al Delegado de Hacienda, como autoridad competente para autorizar el requerimiento, por la del titular del órgano competente de la Administración Tributaria; y añadir un último párrafo, según el cual la investigación podrá comprender la información relativa al origen y al destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago.
Para comprender el alcance exacto de la reforma es conveniente recordar algunos acontecimientos producidos a lo largo del año 1991. En primer lugar, la supresión de la primitiva configuración de los pagarés del tesoro como activos financieros fiscalmente «opacos» y la eliminación de esta condición en los cheques al portador. En efecto, la Disposición adicional primera de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de Régimen Fiscal de determinados activos financieros, eximía a las entidades de crédito e intermediarios financieros del deber de suministrar información sobre los pagarés del tesoro, así como respecto de otro tipo de operaciones. La Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, persiguió suprimir la «opacidad» de dichos activos, ordenando que las nuevas emisiones de pagarés del tesoro quedaran sometidas a las obligaciones ordinarias de colaboración con la Hacienda Pública, e imponiendo a las entidades bancarias la obligación de identificar al tomador y al cobrador de cheques bancarios al portador, y otros activos.
Pues bien, la inclusión en el art. 111.3 L.G.T. de una referencia a las cuentas transitorias y cheques bancarios tiene el sentido de adecuar este precepto a las innovaciones introducidas por la citada Ley 18/1991 del I.R.P.F. En rigor y sin necesidad de esta expresa mención, tales operaciones ya podían ser objeto de investigación en cuanto operaciones pasivas del Banco. Lo que ocurría es que la investigación tributaria de grandes operaciones financieras se encontraba con un obstáculo cuando en la cadena de movimientos aparecían pagarés del tesoro o cheques al portador de clientes no identificados que circulaban a través de la cuenta. Naturalmente, también tiene importancia esta información sobre ese tipo de activos, porque el dinero efectivo y las cuentas en entidades de depósito ocupan los primeros lugares del orden de embargo derivado del art. 131.3 L.G.T.
La nueva redacción del art. 128.5 L.G.T. culmina este proceso normativo, mediante la previsión de normas encaminadas a facilitar la ejecución forzosa de las deudas tributarias, y «por lo tanto dirigidas a establecer mecanismos que faciliten el debido cumplimiento de la ejecución de previsiones de ingresos contenidas en la Ley de presupuestos que, a su vez, condicionan la realización de los gastos».
Esta inmediata y directa incidencia de la normativa cuestionada en el núcleo mínimo e indisponible de la Ley de Presupuestos diferencia el supuesto ahora planteado del analizado por la STC 76/1992. Los preceptos discutidos regulan aspectos esenciales del procedimiento de gestión recaudatoria estrechamente vinculados a la defensa de los intereses del Tesoro Público y a la realización de los créditos tributarios, es, pues, por ello, constitucionalmente lícito la inclusión de los arts. 84.2 y 86 de la Ley de Presupuestos para 1992.
Frente a esta conclusión, no puede oponerse la falta de aptitud de los preceptos mencionados para integrarse en la Ley de Presupuestos por ser «normas típicas de Derecho codificado», según la expresión empleada como cierre de la argumentación en la STC 76/1992 (fundamento jurídico 4.). Si todas las normas contenidas en la Ley General Tributaria se considerasen normas típicas de Derecho codificado tal vez cupiera entender que lo es también la Ley General Presupuestaria. ¿Significaría esto que no podría modificarse en la Ley de Presupuestos el límite cuantitativo del saldo habido en la deuda pública derivado del art. 111.4 de la Ley General Presupuestaria, o los requisitos exigidos para la adquisición de compromisos de gastos de carácter plurianual (art. 61 de la misma Ley)? Este entendimiento de la cláusula entrecomillada y utilizada por la STC 76/1992 conduciría a una restricción injustificada y sin base constitucional suficiente de la potestad legislativa de las Cortes Generales. Por consiguiente, la expresión sólo puede tener algún sentido si se refiere a las normas que fijan los principios estructurales o básicos de ciertos códigos, como son el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio o las Leyes de Enjuiciamiento Civil o Criminal.
Por otra parte, las normas cuestionadas no suponen merma alguna del principio de seguridad jurídica, porque es inmediata su relación con el núcleo mínimo de las Leyes de Presupuestos, y, además, porque realmente no suponen innovación normativa en nuestro ordenamiento jurídico. Se limitan a explicitar principios y facultades que ya se encontraban genéricamente formulados en el art. 111.1 L.G.T. y en las restantes normas vigentes antes mencionadas. Y todo esto se hace de forma clara, procurando que acerca de la materia sobre la que versan «sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse», para evitar que se generen «situaciones objetivamente confusas» (STC 46/1990, fundamento jurídico 4.).
c) En relación al segundo motivo de inconstitucionalidad, las facultades de comprobación e investigación de los bienes y derechos de los deudores a la Hacienda Pública no vulneran el derecho a la intimidad personal y familiar consagrado en el art. 18 C.E. Dicho esto respecto de las facultades de los órganos de recaudación para requerir información sobre el origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago (art. 111.3 en conexión con el art. 128.5 L.G.T.).
En rigor, la nueva redacción del art. 111.3 L.G.T. es complementaria de las medidas derivadas de las Disposiciones adicionales 13 y 18 de la Ley 18/1991 del I.R.P.F., y no amplía las facultades de investigación de la Administración, al tiempo que responde a la necesidad de resolver las dudas que se habían suscitado sobre la autoridad competente para utilizar los requerimientos.
En efecto, durante cierto tiempo se discutió si para efectuar estas actuaciones la inspección debía utilizar el procedimiento de requerimiento general (art. 111.1 L.G.T. y art. 37 del Reglamento General de Inspección aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril), que únicamente exige el permiso del Inspector Jefe, o el requerimiento especial sobre movimientos de cuentas bancarias (art. 111.3 L.G.T. y art. 38 del precitado Reglamento) que exige la previa autorización del Delegado de Hacienda. En un principio, el Tribunal Económico-Administrativo Central mantuvo la aplicación a estos casos del art. 38 del Reglamento, pero rectificó luego esta doctrina, razonando que era de aplicación el art. 37, dado que lo que se pedía era la identidad de los titulares de las cuentas en una operación previamente singularizada. La introducción del art. 111.3 L.G.T. en la reforma operada elimina la controversia, exigiendo la autorización del Director general o, en su caso, del titular del órgano competente de la Administración Tributaria.
Según la Sala promotora, infringe el derecho a la intimidad personal y familiar que los órganos de recaudación puedan investigar no sólo la procedencia sino también el destino de los ingresos y cobros de los ciudadanos, ya que esta facultad excede de los límites señalados por la STC 110/1984, por dos razones: porque permite reclamar la causa genérica de cada partida y a la vez su causa concreta; y por no mencionar taxativamente los órganos que pueden autorizar la investigación. Sentado esto, la Sala menciona los apartados 1 y 4 del art. 18 C.E. en cuanto supuestamente infringidos, pero no aduce motivo alguno que justifique la invocación del art. 18.4; y conviene recordar que en el ATC 642/1986 se declaró: «nada atenta, en principio, a la intimidad personal el que los datos que deben suministrarse a la Hacienda Pública se ofrezcan a través de medios informatizados, ya que sólo su uso más allá de lo legalmente autorizado podría constituir un grave atentado a los derechos fundamentales de las personas, lo que caso de producirse podría ser objeto de la correspondiente demanda de amparo». Por consiguiente, el problema suscitado debe quedar constreñido a la hipotética violación del art. 18.1 C.E.
La duda de constitucionalidad que plantea el Supremo se apoya en la doctrina elaborada en la STC 110/1984 (fundamento jurídico 5.) en la cual se reconoció que el conocimiento de las cuentas corrientes puede ser necesario para defender una equitativa participación en el sostenimiento de los gastos públicos; esta línea jurisprudencial tuvo continuación en el ATC 642/1986, fundamento jurídico 3.. El fundamento último de esta doctrina radica en el art. 31.1 C.E., la recepción en la Norma Fundamental del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica de cada contribuyente vincula tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos, de donde se sigue que el legislador ha de habilitar los instrumentos necesarios para que la Administración esté en condiciones de hacer efectivo el cobro de las deudas tributarias (STC 76/1990, fundamento jurídico 3.).
De esta forma el derecho a la intimidad no puede convertirse en una suerte de consagración de la impunidad con desconocimientos de las cargas y deberes tributarios (ATC 221/1990, fundamento jurídico 3.). Existen límites al derecho a la intimidad que justifican constitucionalmente el acceso de la Administración Pública a datos personales (STC 110/1984 y AATC 642/1986 y 692/1986). Hay casos en que la obtención de ese tipo de información responde incluso al interés de otros particulares (ATC 887/1987). Y, con carácter general, las SSTC 73/1982 y 170/1987 han declarado que no se viola la intimidad personal cuando se impongan limitaciones que son consecuencia de deberes y relaciones jurídicas que el ordenamiento regula. En definitiva, el derecho a la intimidad no puede erigirse en una impunidad que, v. gr., quiebre el cumplimiento estricto de las obligaciones frente a terceros (ATC 103/1990) o que dificulte la tarea de averiguación de un delito de alzamiento de bienes (ATC 561/1989).
Tampoco puede sostenerse que el precepto legal sea inconstitucional por no mencionar taxativamente los órganos que pueden autorizar la investigación. Estos órganos resultan del propio art. 113.2 L.G.T. y son «el Director general o, en su caso, el titular del órgano competente de la Administración Tributaria». Y, en todo caso, la Resolución, de 20 de febrero de 1992, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha determinado expresamente esos órganos competentes, señalando que son los siguientes: los Directores de los Departamentos de Aduanas e Impuestos Especiales, Inspección Financiera y Tributaria, y Recaudación en la esfera central y, en aquellos casos en los que las actuaciones de obtención de información se realicen cerca de entidades bancarias o crediticas situadas fuera del ámbito territorial de la correspondiente Delegación Especial, los Delegados especiales y Delegados de la Agencia en el ámbito territorial de la correspondiente Delegación.
En suma, no se atribuyen a los órganos de recaudación facultades de investigación ilimitadas, y su ejercicio sólo será admisible cuando sea necesario para los estrictos fines tributarios (art. 111.6 L.G.T.), esto es, para acreditar la existencia y situación de los bienes del deudor con el fin de asegurar el cobro de las deudas tributarias apremiadas, de acuerdo con un específico procedimiento administrativo.
7. El Fiscal General del Estado, en escrito registrado el 9 de febrero de 1993, interesó de este Tribunal que dictara Sentencia declarando la incompatibilidad existente entre los arts. 111.3 y 128.5 L.G.T., en la redacción que les da la Ley de Presupuestos para 1992, y los arts. 134.2 y 18.1 C.E. Esta solicitud se funda en los siguientes razonamientos jurídicos:
b) Respecto de las impugnaciones de carácter material, y para el caso de que el Tribunal no aceptara los razonamientos anteriores, la Sala Tercera entiende que el art. 111.3 L.G.T. atenta a la intimidad personal y familiar reconocida en el art. 18.1 C.E., en virtud de la indeterminación del órgano competente para efectuar las autorizaciones de las investigaciones, y por el dato de que los requerimientos de información puedan comprender tanto el origen como el destino de los movimientos, cheques u otras órdenes de pago. La Sala se apoya en la STC 110/1984 al considerar que se incumplen los requisitos expresados en su fundamento jurídico 6. Sin embargo, -se afirma- el Ministerio Fiscal debe hacer algunas puntualizaciones al respecto: el mero hecho de que la Ley amplíe los órganos autorizados para la investigación bancaria no es por sí sólo suficiente para declarar su inconstitucionalidad, tal y como se deduce de la doctrina expuesta en el ATC 52/1992, dado que la existencia de cualquier irregularidad afectante a los requisitos legales de la investigación no produce sin más la lesión del derecho a la intimidad; y el legislador es libre de habilitar a los órganos que estime procedentes para efectuar una investigación bancaria siempre que respete las garantías que el Tribunal exige para lo que es, sin duda, una injerencia en la vida privada, según se reconoció en el ATC 672/1986 respecto de la conexión entre derecho a la intimidad e investigación de cuentas corrientes. Pero tal incidencia en el ámbito de un derecho fundamental se traduce en la exigencia de determinadas cautelas que impidan que aquél quede desvirtuado: la determinación de los órganos habilitados para efectuar la investigación es un tema de oportunidad pero no lo es -según la doctrina de la STC 110/1984- el hecho de que la Ley los enumere taxativamente; y que la ratio de la habilitación responda a una utilización de los datos e informaciones para fines tributarios. Dicho esto, el Ministerio Fiscal entiende que los arts. 111.3 y 128.5 L.G.T. no responden a estas garantías.
En efecto, el art. 111.3 habla del «titular del órgano de la Administración tributaria» y el 128.5 de «los órganos de recaudación». Para la determinación de estos órganos hay que acudir al Reglamento General de Recaudación, pues la Ley no los enumera. En el art. 8 de este Reglamento se establece que son órganos de recaudación del Ministerio de Economía y Hacienda: las demás entidades y órganos públicos que tengan atribuida o a los que se atribuya esta condición por el Ministerio [letra e)]. Lejos de encontrarnos aquí ante una enumeración taxativa nos hallamos ante una norma en blanco, que deja al poder ejecutivo la determinación de qué órganos tendrán acceso a la intimidad económica del ciudadano.
El Tribunal Supremo habla también de la quiebra del derecho fundamental en virtud de las facultades de los recaudadores de recabar información relativa al origen y destino de los movimientos, cheques u otras órdenes de pago; e invoca la distinción hecha en la STC 110/1984 entre «causa genérica» de cada partida y «causa concreta». El Ministerio Público entiende que tal investigación concreta es imprescindible para la inspección, especialmente en supuestos de delitos fiscales o de deudas tributarias de importancia. Pero la Ley General Tributaria es de aplicación general a la totalidad de los supuestos, y «quizás el principio de proporcionalidad de los sacrificios pudiera sufrir en casos de normas tributarias de escasa o mínima entidad». Puede existir, pues, desde esta perspectiva una violación del art. 18.1 C.E.
8. Mediante Auto de remisión, de fecha 30 de septiembre de 1992, de nuevo la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo promovió cuestión de inconstitucionalidad (registrada con el núm. 2.871/92) en relación con los mismos preceptos legales, los arts. 111.3 y 18.5 L.G.T. en la redacción que les otorga las Ley de Presupuestos para 1992, y por las mismas razones. La cuestión trae origen en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Confederación Española de Cajas de Ahorro frente al Reglamento General de Recaudación en sus arts. 113.5, 118.3, 120.2.3 a) y 5, y 121. El Auto por el que se promueve esta cuestión tiene una fundamentación idéntica a la del Auto de remisión por el que se formalizó la cuestión núm. 2.664/92, dictado en el análogo recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Española de Banca Privada; lo cual dispensa ahora de reiterar aquellos razonamientos jurídicos.
9. En providencia de 9 de diciembre de 1992, la Sección Tercera del Pleno dispuso: a) admitir la presente cuestión; b) dar traslado de las actuaciones, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, con el fin de que pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran procedentes en el plazo común de quince días; c) publicar la formalización en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento.
10. El Fiscal General del Estado, en escrito registrado el 18 de diciembre de 1992, se personó en el proceso e interpuso recurso de súplica contra la precitada providencia de admisión, a la par que solicitó la acumulación de la presente cuestión a la anterior registrada con el núm. 2.664/92. Por providencia de 21 de diciembre de 1992, la Sección resolvió incorporar a las actuaciones este escrito, y, una vez comparecidas las demás partes, disponer lo procedente en orden a la resolución del mencionado recurso de súplica.
1. Antes de entrar a enjuiciar el fondo de las presentes cuestiones de inconstitucionalidad, debemos acotar con precisión el objeto de las mismas, ya que, aunque en la parte dispositiva de los Autos de planteamiento se acuerda someter a la jurisdicción de este Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la redacción dada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992 al núm. 3 del art. 111 in toto y al apartado 5 del art. 128 L.G.T. también en su globalidad, lo cierto es que, en la fundamentación de dichos Autos, la Sala cuestionante funda y razona su duda -como ya hiciera en las providencias en las que dio traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronunciasen sobre la pertinencia del planteamiento de las cuestiones- en relación tan sólo a dos extremos muy concretos de ambos preceptos: el último inciso del art. 111.3 y el primer párrafo del art. 128.5 L.G.T. en su remisión al inciso anterior.
En efecto, lo que suscita dudas de inconstitucionalidad al órgano judicial es la posibilidad de que, según prevé el art. 128.5 L.G.T. en su primer párrafo, los órganos de recaudación, al objeto de asegurar el pago de las deudas tributarias o efectuar su cobro, puedan requerir a las entidades o a las personas físicas y jurídicas dedicadas al tráfico bancario o crediticio la información a la que se refiere el último inciso del art. 111.3, es decir, «la relativa al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago», previa autorización «del Director general o, en su caso, del titular del órgano competente de la Administración Tributaria».
En la anterior redacción del art. 111.3 L.G.T., debida fundamentalmente a la Ley 10/1985, de 26 de abril, de modificación de la L.G.T., la facultad de requerir información se refería genéricamente a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazos, cuentas de préstamos y crédito y demás operaciones activas y pasivas de entidades y personas dedicadas al tráfico bancario o crediticio, sin aludir a la información específica sobre el origen y destino de los movimientos y órdenes de pago. Del mismo modo, la titularidad de la autorización previa para requerir la información se atribuía únicamente al «Director general o en su caso (al) Delegado de Hacienda competente». La Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, había modificado el art. 111 L.G.T., en el sentido de atribuir explícitamente las genéricas facultades de información en él previstas, a los órganos de recaudación -que a partir del Real Decreto 1.327/1986 se habían integrado en las Delegaciones y Administraciones de Hacienda.
Pues bien, para la Sala que promueve las cuestiones de inconstitucionalidad, las modificaciones introducidas por la Ley cuestionada suponen la consagración de unas facultades de investigación «en términos (tan) ilimitados» que pueden vulnerar tanto los arts. 134 y 9.3 C.E. -por sobrepasar el ámbito material propio de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado-, como el derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18 C.E. -al permitir solicitar un tipo de información específica que puede desvelar aspectos de la vida privada protegidos por el derecho fundamental proclamado en ese precepto constitucional.
Las alegaciones deducidas en este proceso constitucional por el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado se refieren también de forma exclusiva a las dos cuestiones mencionadas: la facultad atribuida a los órganos de recaudación en el primer párrafo del art. 128.5 de poder requerir, previa autorización, la información sobre el origen y destino de movimientos y órdenes de pago, prevista en el último inciso del art. 111.3 L.G.T.
2. Como queda dicho, el primer motivo de posible inconstitucionalidad aducido es el desbordamiento del ámbito material propio de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Más concretamente, para la Sala que promueve las cuestiones la regulación de las facultades para requerir la información a la que se refieren el último inciso del art. 111.3 y el primer párrafo del art. 128.5 L.G.T. resulta ajena a las funciones constitucionales que el art. 134.2 C.E. atribuye a este tipo de leyes y vulnera el principio de seguridad consagrado en el art. 9.3 C.E., en la interpretación que de estos dos preceptos ha dado la STC 76/1992.
Ciertamente, como advierten la Sala Tercera del Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal, los incisos objeto de las presentes cuestiones guardan una evidente similitud con el precepto enjuiciado en la citada STC 76/1992: se trata de artículos de una misma Ley -la Ley General Tributaria-, situados significativamente en el mismo Título e incluso dos de ellos -arts. 128.5 y 130- en el mismo Capítulo, que atribuyen a diversos órganos del Estado instrumentos para liquidar y hacer efectivas las deudas tributarias, limitando para ello el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos y fijando las condiciones de ejercicio de esas competencias. En aquella ocasión se trataba del art. 130 L.G.T. relativo a la autorización de la entrada en el domicilio del deudor, en este caso se trata de la obligación de proporcionar información sobre datos con trascendencia tributaria y de las consiguientes facultades de comprobación e investigación de los órganos de liquidación y recaudación. Allí estaba en cuestión el derecho a la inviolabilidad del domicilio, aquí otro derecho personalísimo como el de la intimidad personal y familiar. En suma, el contenido y la finalidad de estos preceptos es sustancialmente idéntico, sobre todo el de los arts. 128.5 y 130 L.G.T., ya que en ambos se establecen sendas potestades públicas incluidas en el procedimiento administrativo de recaudación ejecutivo y las dos persiguen hacer efectivo el cobro de las deudas tributarias. Por ello, para resolver las presentes cuestiones de inconstitucionalidad deberá reiterarse la doctrina establecida en la citada STC 76/1992, relativa al art. 130 L.G.T. y en aplicación de la misma deberemos llegar a idéntica conclusión de inconstitucionalidad.
Concretamente, por lo que aquí interesa, en ella se afirma que el objeto de las leyes de presupuestos generales del Estado, a diferencia de lo que en principio sucede con las demás leyes, no puede ser libremente fijado, sino que posee un contenido mínimo, necesario e indisponible, al que puede añadirse un contenido eventual o posible, estrictamente delimitado, de modo que la regulación de las materias situadas fuera de ese ámbito están constitucionalmente vetadas a la Ley de Presupuestos Generales. Esta limitación material deriva, en primer lugar, de la específica función que constitucionalmente se atribuye a este tipo de leyes (aprobar anualmente los Presupuestos Generales del Estado incluyendo la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y la consignación del importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado y ser uno de los vehículos o instrumentos de la política económica del Gobierno); en segundo lugar, de las especificidades de su tramitación parlamentaria (que conllevan ciertas limitaciones de las facultades de propuesta, examen y enmienda de las Cortes Generales, SSTC 65/1987, fundamento jurídico 5., y 76/1992) y, por fin, de las exigencias del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 C.E., entendido como certeza del Derecho (debido a la incertidumbre que una regulación de ese tipo origina» -STC 65/1990, fundamento jurídico 3.- o, como dice la 76/1992, fundamento jurídico 4., debido a que ese principio de certeza «exige que una Ley de contenido constitucionalmente definido» como la de presupuestos generales, «no contenga más disposiciones que las que corresponden a su función constitucional»).
En síntesis, puede afirmarse que el contenido mínimo, necesario e indisponible de las leyes de presupuestos es el explícitamente proclamado en el ya citado art. 134.2 C.E., es decir: la previsión anual de la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y la consignación del importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. Por su parte, el contenido eventual resulta limitado estrictamente, según reiterada jurisprudencia y muy especialmente según la STC 76/1992, a aquellas materias o cuestiones que «guarden directa relación con las previsiones de ingreso y las habilitaciones de gasto de los Presupuestos o con los criterios de política económica general en que se sustenten» (SSTC 63/1986, fundamento jurídico 12, y 76/1992) y que, además, sean «complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del Presupuesto y, en general de la política económica del Gobierno», excluyendo en todo caso las «normas típicas de Derecho codificado» (STC 76/1992), por la inseguridad jurídica que implica su modificación a través de esta vía.
3. A tenor de la doctrina constitucional expuesta, debemos determinar si las facultades de comprobación e investigación objeto de las presentes cuestiones pueden incluirse en el ámbito material específico de las leyes de presupuestos o, por el contrario, su contenido sobrepasa este ámbito y, en consecuencia, vulnera los arts. 9.3 y 134.2 C.E. Más concretamente, ya que es indudable que ninguno de estos preceptos forma parte del contenido mínimo necesario de este tipo de leyes, debemos precisar si tienen una «relación directa» con ese contenido y son, al mismo tiempo, un «complemento necesario» para la mejor y más eficaz ejecución del Presupuesto y de la política económica.
Como hemos apuntado anteriormente, los incisos cuestionados se limitan a establecer sendas potestades de requerimiento de información con trascendencia tributaria y la consiguiente obligación de facilitarla por parte de determinadas personas jurídicas y físicas. Concretamente la prevista en el art. 111.3 se sitúa sistemáticamente en la Sección Segunda del Capítulo Tercero del Título II de la L.G.T. destinada a regular la comprobación e investigación de las circunstancias que integran el hecho imponible y la estimación de las bases imponibles -aunque, como también queda dicho, desde la Ley 33/1987 de Presupuestos Generales del Estado, el art. 111.1 c) también atribuía genéricamente estas facultades de información a los órganos de recaudación-. Por su parte, la nueva redacción del art. 128.5 L.G.T. supone la concreción específica de esta facultad en el procedimiento administrativo de recaudación por la vía de apremio. Se trata, en suma, de reglas de los procedimientos generales para liquidar y recaudar tributos y, en consecuencia, guardan sólo una relación indirecta o mediata con la previsión de ingresos y gastos del Estado. En ellas tan sólo se predisponen medios o instrumentos para lograr la aplicación efectiva de las normas que sí regulan los ingresos del Estado -su cuantía, sus fuentes, etc.-. Ciertamente, cualquier norma tributaria tiene algún grado de conexión con la previsión de ingresos del Estado, pero sólo si tienen relación directa con ella pueden incluirse en las Leyes de Presupuestos. La solución contraria acabaría por confundir «ley presupuestaria» y «ley tributaria» y desbordaría la función que a aquélla reserva el art. 134.2 C.E.
A esta misma conclusión llegamos en la STC 76/1992 respecto del art. 130 L.G.T. que, como hemos reiterado, establece una potestad relativa también al procedimiento de recaudación ejecutiva con un contenido y una finalidad sustancialmente idénticos al de los incisos que aquí analizamos. En rigor, desde la perspectiva del análisis que aquí nos interesa, las diferencias entre el art. 130 L.G.T. y el 128.5 L.G.T. son únicamente cuantitativas -ya que previsiblemente la aplicación del primero será menos frecuente que la del segundo-, pero desde el punto de vista cualitativo el tipo de la relación con la previsión de ingresos es idéntica -o en último extremo la incidencia de la solicitud de entrada en un domicilio para hacer efectivo el embargo es más directa, al hallarse en una fase ulterior del proceso de embargo, que la petición de información para determinar los bienes y derechos contra los que se pretende dirigir el embargo-. Pues bien, si allí dijimos que la incidencia del art. 130 L.G.T. en la ordenación del programa anual de ingresos y gastos era sólo accidental o secundaria y que no resultaba complemento necesario de su ejecución, aquí debemos reiterar igual conclusión.
Por fin, debe tener presente que lo que los incisos enjuiciados establecen son, como dice la Exposición de Motivos de la L.G.T., sendas «reglas generales del procedimiento de gestión», «principios generales» de los procedimientos de liquidación y recaudación consagrados con carácter general por la L.G.T. Se trata de reglas que afectan al régimen general de los tributos, no a elementos específicos de tributos concretos. Ambos preceptos coinciden en atribuir una serie de potestades a la Administración Tributaria que se ejercen con pretensiones de generalidad, frente a cualquier clase de personas físicas o jurídicas, y con vocación de incorporarse de manera estable o permanente a las obligaciones propias de ciertas entidades colaboradoras o relacionadas con la Administración Tributaria -v. gr., los retenedores de impuestos o las entidades de crédito- y de los contribuyentes, afectando además a derechos constitucionalmente reconocidos, distintos del de propiedad, como puede ser en este caso el de la intimidad personal y familiar.
En otras palabras, las potestades de que goza la Administración Tributaria y las correlativas obligaciones que se imponen integran un estatuto del contribuyente, configurado por derechos y deberes, que, habida cuenta de la especial situación de sujeción que supone la configuración de la relación tributaria en el art. 31 de la Norma Fundamental como deber constitucional (STC 76/1990, fundamento jurídico 3.), debe poseer unos razonables niveles de certeza normativa que contrapesen las limitaciones legales al ejercicio de derechos individuales que la Constitución autoriza.
Declarar inconstitucionales y, en consecuencia, nulos, con los efectos señalados en el fundamento jurídico 5., el último inciso del art. 111.3 L.G.T., y el primer apartado del art. 128.5 L.G.T. en cuanto atribuye a los órganos de recaudación la facultad de comprobación e investigación prevista en el referido último inciso del art. 111.3, en la redacción dada a estos incisos por la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992.
Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra a la Sentencia recaída en las C.I. núms. 2.664/92 y acumuladas
En síntesis, dicha discrepancia radica en una interpretación excesivamente formalista de nuestra doctrina sustentada en la STC 76/1992, cuyo supuesto de hecho es muy distinto, aun cuando el fundamento jurídico 2. de esta Sentencia pretenda evidenciar lo contrario.
En efecto, afirma dicho fundamento jurídico 2. que en la STC 76/1992 «estaba en cuestión el derecho a la inviolabilidad del domicilio, aquí otro derecho personalísimo como el de la intimidad personal y familiar». La segunda parte de esta afirmación no es correcta, pues en la STC 110/1984 ya tuvimos ocasión de declarar que la investigación de las cuentas corrientes por la Administración Tributaria en nada afectaba al derecho fundamental a la intimidad, a diferencia de lo que acontece con las entradas administrativas que, en principio, son inconstitucionales a la luz de lo dispuesto en el art. 18.2 C.E.
No existen, pues, a la luz de nuestra doctrina, vicios materiales de inconstitucionalidad sobre los arts. 111.3 y 128.5 L.G.T. que ahora se declaran inconstitucionales por la sola razón de entender la mayoría que su reforma por Ley de Presupuestos conculca la doctrina de la STC 76/1992. Nada más lejano a la realidad, como lo demostrará la importante poda en la recaudación tributaria y, por tanto, en los ingresos de los futuros Presupuestos del Estado e incluso de los anteriores, pues, también, parece desproporcionada la doctrina sustentada en el fundamento jurídico 5. que puede permitir la revisión de liquidaciones impugnadas por motivos exclusivamente materiales aún cuando la Administración Tributaria no haya hecho uso de las facultades «procedimentales» que le otorgan los arts. 111.3 y 128.5 L.G.T.
Voto particular que formula el Magistrado don Luis López Guerra a la Sentencia recaída en las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 2.664/92 y 2.871/92, acumuladas, al que se adhiere el Magistrado don Pedro Cruz Villalón
Disiento de la Sentencia dictada en las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 2.664/92 y 2.871/92, acumuladas, por las razones expresadas ya en el voto particular a la STC 178/1994, que a su vez reproducían las expuestas en el voto particular anterior a la STC 76/1992. Estimo que la referencia al contenido de esos votos hace innecesaria una repetición, que habría de ser idéntica, de los razonamientos que allí se hacían, y que ahora reitero. Valga simplemente insistir en que no considero que la inclusión de normas, como las ahora declaradas inconstitucionales, en la Ley de Presupuestos, suponga, en modo alguno, una vulneración de las disposiciones del art 134 C.E., ni del principio de seguridad jurídica proclamado en el art. 9.2 del Texto fundamental. Por lo que el fallo debió, a mi entender, declarar la adecuación a la Constitución de los preceptos cuestionados.
SENTENCIA 195/1994, de 28 de Junio, del Pleno del Tribunal constitucional en las Cuestiones de Inconstitucionalidad 2664/1992 y 2871/1992 (acumuladas),...
Sentencia 76/1992, de 14 de mayo, del pleno del tribunal constitucional en las cuestiones de inconstitucionalidad 625/1988, 765/1990 y 766/1990 (acumul...
SAP Barcelona 333/2006, 31 de Mayo de 2006
SAP Cáceres 226/2013, 12 de Septiembre de 2013

matches:
Real Decreto
Real Decreto
Real Decreto
Real Decreto
resolución
Real Decreto


text:
STS 2185/2016, 10 de Octubre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 651729117
STS 2185/2016, 10 de Octubre de 2016
Número de Recurso: 4468/2015
Número de Resolución: 2185/2016
En Madrid, a 10 de octubre de 2016
Esta Sala ha visto el presente recurso contencioso-administrativo con el número 1/4468/2015 que ante la misma pende de resolución, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Sharon Rodríguez de Castro en representación de la "Asociación para la Correcta aplicación de MIFID y Demás Normativa Aplicable a Productos Bancarios" (APIMIFID), bajo la dirección Letrada de Doña Patricia Gabeiras Vázquez, contra el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. Ha sido parte demandada la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Por medio de escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo el 28 de diciembre de 2015, el representante legal de APIMIFID interpone recurso contencioso-administrativo en el que se impugna el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
Por diligencia de ordenación de fecha 28 de enero de 2016 se tiene por personado y parte recurrente a la Procuradora de los Tribunales Doña Sharon Rodríguez de Castro en nombre y representación de la "Asociación para la Correcta aplicación de MIFID y Demás Normativa Aplicabe a Productos Bancarios" (APIMIFID) y se admite a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por esta parte, requiriéndose a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo en los términos que establece el artículo 48 de la Ley de esta Jurisdicción (Ley 29/1998, de 13 de julio), y que practique los emplazamientos previstos en el artículo 49 de dicha Ley . Asimismo se acuerda la publicación de oficio del anuncio de la interposición del recurso en el Boletín Oficial del Estado.
Por medio de escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo el día 13 de abril de 2016 la representación procesal de APIMIFID, formula escrito de demanda alegando los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicando a la Sala: <<[...] dictar en definitiva sentencia Sentencia por la que estime íntegramente el presente recurso contencioso administrativo, declarando la no conformidad a Derecho y, por consiguiente declare la nulidad de lo establecido en el apartado 4 del artículo 209 del Real Decreto Legislativo de 24 de octubre de 2015 , declarando expresamente que, en tanto no se dicte el precepto que venga a sustituirlo será precisamente el citado artículo 79.3 de la Ley 24/1998 , cuya vigencia se restablece en tanto el precepto que lo había sustituido y por el que había sido derogado se declara nulo por la sentencia que se dicte.
Segundo Otrosí Digo: la cuantía del recurso indeterminada.
Tercer Otrosí Digo: Se solicita la celebración del trámite de conclusiones».
Con fecha 5 de mayo de 2016 el Abogado del Estado formula su contestación a la demanda, en la que tras alegar cuanto estima procedente, se opuso a la misma, interesando a la Sala que: <<[...] dictándose sentencia desestimatoria y confirmando la disposición recurrida. Con costas>>.
Por Decreto de la Letrada de la Administración de Justicia de fecha 9 de mayo de 2016, se acuerda fijar la cuantía del presente recurso en indeterminada y conceder al actor el plazo de diez días para conclusiones sobre los hechos alegados y motivos jurídicos, lo que realiza en escrito de fecha 24 de mayo de 2016.
Por diligencia de ordenación de fecha 25 de mayo de 2016, se concede, asimismo a la parte recurrida el plazo de diez días a fin de que presente escrito de conclusiones, lo que lleva a cabo en escrito de fecha 31 de mayo de 2016.
Por providencia de 21 de septiembre de 2016 se señaló para votación y fallo de este recurso el día 4 de octubre de 2016, fecha en que tuvo lugar, habiéndose observado todos los trámites previstos.
El representante legal de "La Asociación para la Correcta Aplicación de MIFID y Demás Normativa Aplicable a Productos Bancarios" (en adelante APIMIFID) interpone recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores.
Solicita la nulidad de pleno derecho del artículo 209.4 del Real Decreto Legislativo 4/2015 de 24 de octubre de 2015 , por entender que incurre en un exceso respecto a la delegación otorgada por la Ley 20/2014 de 29 de octubre. Al extralimitarse de la delegación expresa que hace la Ley 20/2014, se incurre en " ultra vires" , por lo que el referido artículo 209.4 del Texto Refundido de la LMV ha de ser considerado un norma de rango reglamentario a los efectos de su impugnación y eventual anulación ante los tribunales contencioso-administrativo.
A juicio de la parte recurrente, este apartado 4 resulta contrario a derecho, al incurrir en exceso respeto de la delegación legislativa contenida en el artículo 1 de la Ley 20/2014 de 29 de octubre que se había de circunscribir, única y exclusivamente a la refundición de la Ley 24/1998 con la demás normativa con ella relacionada y que se detallaba en la propia ley ordinaria habilitadora.
La parte deduce esta extralimitación de la diferencia entre la redacción del texto a refundir y la del texto refundido, circunscrita básicamente a las expresiones "permita" vs. "permitirá". Ello al considerar que de la redacción originaria del artículo 79 bis de la Ley 24/1998 , las entidades que prestasen servicios de inversión debían proporcionarle a sus clientes (potenciales o no) la información a que hacía referencia el propio apartado 3 del referido artículo, de modo que se les permitiese conocer la naturaleza y los riesgos del servicio; es decir, la expresión «de modo que les permita (se refiere a los clientes) comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa» se entendía como una obligación de resultado en sí misma. Mientras que de la redacción resultante de la refundición, es decir la establecida en el artículo 209.4 del RDL 4/2015 «la información a que se refiere el apartado anterior, permitirá a los clientes [...] comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión [...]», resulta que procurar el conocimiento de los clientes sobre estos extremos deja de ser una obligación en sí misma, para convertirse en una presunción " ex lege " de que el cliente tiene ese conocimiento si se le entrega dicha información, lo que contraviene abiertamente el espíritu y finalidad querida por el legislador, al aprobar el texto objeto de refundición.
Por todo ello solicita de este Tribunal que se declare la nulidad de lo establecido en el apartado 4 del artículo 209 del Real Decreto Legislativo de 24 de octubre de 2015 , declarando expresamente que, en tanto no se dicte el precepto que venga a sustituirlo, será precisamente el citado artículo 79.3 de la Ley 24/1998 , cuya vigencia se restablece.
El Abogado del Estado se opone a la demanda argumentando que el cambio del tiempo verbal no modifica el sentido ni el alcance del deber de información contenido en la norma refundida. Argumenta que en absoluto la locución "permitirá comprender" significa que efectivamente se haya comprendido. Ni se establece presunción alguna de conocimiento. Porque no se emplea la expresión comprenderá , sino permitirá comprender. El tiempo futuro se usa respecto del verbo permitir, no del verbo comprender. Permitir significa en el contexto en que se emplea el tiempo verbal hacer posible algo (significado 3 del diccionario de la Real Academia), y el empleo del tiempo futuro quiere decir que la comprensión de la información se hace posible, precisamente, porque se facilita, es decir antes no tenía el cliente tal información. Que es de significado idéntico a permita comprender.
La Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, autorizó al Gobierno a refundir varios textos legales, entre ellos la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, «debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas» ( artículo 1). Es decir, que de conformidad con el artículo 82.5 de la Constitución , la autorización no se limitaba a la mera formulación de un texto único, sino que también incluía expresamente la autorización a regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos, y entre ellos a la Ley 24/1988. Y en cumplimiento de este mandato se dicta el Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, objeto del presente recurso.
Conviene empezar por destacar que la norma impugnada tiene rango de ley por lo que conviene delimitar el alcance del presente recurso en relación al control que este tribunal puede ejercer sobre la misma sin extralimitarse en su jurisdicción. Tal y como hemos señalado en diversas sentencias, entre ellas STS de 9 de febrero de 2000 , «[...] la técnica legislativa contenida en el artículo 82 de la Constitución se configura como una delegación recepticia, al adquirir la norma delegada la naturaleza de Ley, pero sólo en aquello en que no se sobrepase el límite de la delegación; si se superase tal límite, o se regulase "ex novo" alguna materia, la norma quedaría reducida a un simple reglamento y, por tanto, sometida al control de la potestad reglamentaria, a través de las técnicas que para tal control se establecen en nuestro ordenamiento jurídico y que son ejercitables ante la jurisdicción contencioso-administrativa; lo que no sería posible si no se produce "ultra vires", porque entonces estaríamos en presencia de una disposición con rango de Ley, revisable únicamente por el Tribunal Constitucional(FJ Tercero)».
De modo que solo en el supuesto en el que se detecte en la norma delegada ahora impugnada un exceso "ultra vires" respecto del texto que trata de refundir y armonizar es posible ejercer un control jurisdiccional sobre la misma.
Pero esta es precisamente la pretensión que se ejercita en el presente recurso en el que la parte entiende, tal y como se ha apuntado anteriormente, que dicho exceso se produce porque la redacción dada al precepto impugnado, cambia el sentido y la finalidad del texto a refundir (del artículo 79 bis.3 de la Ley 24/1998 del Mercado de Valores ), en el que se establecía el deber por parte de las entidades que presten servicios de inversión, de informar adecuadamente y en todo momento a sus clientes de modo que se les permita comprender la naturaleza y los riesgos asociados al producto ofrecido. A juicio de la parte recurrente, el apartado 4 del artículo 209 del Real Decreto Ley 4/2005 establece la presunción de que si la entidad que presta los servicios de inversión, proporciona la información a que hace referencia el apartado 3 del mismo artículo, se entenderá que el cliente ha comprendido la naturaleza y los riesgos del producto de inversión en cuestión, cuando lo cierto es que con la redacción del artículo 79 bis.3 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores , en relación con lo que a su vez se establece en las Directivas MIFD, no se establecía tal presunción. Por todo ello considera que la redacción expuesta por el art. 209.4 del Real Decreto Legislativo 4/2015 se aleja de la simple función de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos, en concreto del artículo 79.3 de la Ley 24/1988 , incurriendo en un defecto " ultra vires ", y perdiendo, en consecuencia, su rango legal.
El análisis del problema planteado exige tomar en consideración el tenor literal tanto del texto originario ( art. 79 bis de la Ley 24/1998 del Mercado de Valores ) como del precepto incorporado al texto refundido ahora impugnado (209.4 del Real Decreto Legislativo 4/2015)
El primero, bajo el epígrafe " Obligaciones de información" disponía:
3. A los clientes , incluidos los clientes potenciales, se les proporcionará, de manera comprensible, información adecuada sobre la entidad y los servicios que presta; sobrelos instrumentos financieros y las estrategias de inversión; sobre los centros de ejecución de órdenes y sobre los gastos y costes asociadosde modo que lespermita comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa. A tales efectos se considerará cliente potencial a aquella persona que haya tenido un contacto directo con la entidad para la prestación de un servicio de inversión, a iniciativa de cualquiera de las partes
El artículo 209.4 del Real Decreto Legislativo 4/2015 dispone: «1. Las entidades que presten servicios de inversión deberán mantener, en todo momento, adecuadamente informados a sus clientes.
3. A los clientes, incluidos los clientes potenciales, se les proporcionará, de manera comprensible, información adecuada sobre :
La entidad y los servicios que presta;
Los instrumentos financieros y las estrategias de inversión, y
Los centros de ejecución de órdenes y los gastos y costes asociados.
4. La información a la que se refiere el apartado anterior permitirá a los clientes, incluidos los clientes potenciales, comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece, pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa» .
La finalidad perseguida por tales normas, o así debería ser, consiste en asegurar que la información entregada a los clientes y la forma en que ésta se comunica debe permitirles entender la naturaleza y el riesgo del servicio de inversión y del instrumento financiero que suscribe.
Y así lo ha señalado el Tribunal Supremo, Sala Primera, en su STS 60/2016 de 12 de febrero de 2016 (rec. 2450/2012 ), reiterado en su Sentencia de 25 de febrero de 2016 , en relación con los deberes de información contenidos en el art. 79 bis en la Ley del Mercado de Valores : «Como ya hemos advertido en numerosas sentencias (entre ellas, sentencias 460/2014, de 10 de septiembre , y 547/2015, de 20 de octubre ), también con anterioridad a la trasposición de la Directiva MiFID, la normativa del mercado de valores daba «una destacada importancia al correcto conocimiento por el cliente de los riesgos que asume al contratar productos y servicios de inversión, y obliga a las empresas que operan en ese mercado a observar unos estándares muy altos en la información que sobre esos extremos han de dar a los clientes, potenciales o efectivos. Estas previsiones normativas son indicativas de que los detalles relativos a qué riesgo se asume, de qué circunstancias depende y a qué operadores económicos se asocia tal riesgo, no son meras cuestiones de cálculo, accesorias, sino que tienen el carácter de esenciales, pues se proyectan sobre las presuposiciones respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato, en concreto sobre la responsabilidad y solvencia de aquellos con quienes se contrata (o las garantías existentes frente a su insolvencia), que se integran en la causa principal de su celebración, pues afectan a los riesgos aparejados a la inversión que se realiza».
Y añade más adelante «Como tuvimos ocasión de explicar en la sentencia 840/2013, de 20 de enero de 2014 , en la que se aplicaba la normativa MiFID, y reiteramos en la sentencia 458/2014, de 8 de septiembre , en la que se aplicaba la normativa pre MiFID: «(o)rdinariamente existe una desproporción entre la entidad que comercializa servicios financieros y su cliente, salvo que se trate de un inversor profesional. La complejidad de los productos financieros propicia una asimetría informativa en su contratación, lo que ha provocado la necesidad de proteger al inversor minorista no experimentado en su relación con el proveedor de servicios financieros. Como se ha puesto de manifiesto en la doctrina, esta necesidad de protección se acentúa porque las entidades financieras al comercializar estos productos, debido a su complejidad y a la reseñada asimetría informativa, no se limitan a su distribución sino que prestan al cliente un servicio que va más allá de la mera y aséptica información sobre los instrumentos financieros, en la medida en que ayudan al cliente a interpretar esta información y a tomar la decisión de contratar un determinado producto» .
16. El que se imponga a la entidad financiera que comercializa productos financieros complejos, como el contratado por las partes, el deber de suministrar al cliente inversor no profesional una información comprensible y adecuada de tales instrumentos (o productos) financieros, que necesariamente ha de incluir "orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a tales instrumentos", muestra que esta información es imprescindible para que el inversor no profesional pueda prestar válidamente su consentimiento. De tal forma que el desconocimiento de estos concretos riesgos asociados al producto financiero que contrata pone en evidencia que la representación mental que el cliente se hacía de lo que contrataba era equivocada. Y este error es esencial pues afecta a las presuposiciones que fueron causa principal de la contratación del producto financiero» .
En definitiva, tiene razón el recurrente cuando afirma que los deberes de información no se agotan con la simple entrega mecánica de la información, sino que además es necesario que de conformidad con la jurisprudencia anteriormente citada, el cliente que pretende contratar un producto financiero sea consciente de la naturaleza, funcionamiento y riesgos asociados al producto ofertado, con la intención de establecer un elevado nivel de información y protección a los clientes de estas entidades financieras.
Sentada esta premisa corresponde ahora analizar si el tenor literal del art. 209.4 del Real Decreto Legislativo 4/2015 está modificando el alcance del deber de información contenido en el 79 bis de la Ley 24/1998, incorporando una presunción " ex lege " de que el cliente tiene ese conocimiento por la mera entrega de la información detallada en ese precepto.
Pues bien, de la interpretación sistemática de este precepto y de su propio tenor literal no es posible extraer la conclusión pretendida por la asociación recurrente.
De modo que cuando el apartado cuarto del art. 209 del Real Decreto Legislativo 4/2015 dispone que «La información a la que se refiere el apartado anterior permitirá a los clientes [...] comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece, pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa» , no está presuponiendo que la mera entrega de esta información implique que el cliente ha comprendido la naturaleza del riesgo que asume, entendiendo satisfecha la obligación de información que incumbe a estas entidades financieras, sino que este párrafo hay que interpretarlo poniéndolo en relación con el apartado tercero de este mismo precepto, en el que se establece que la información entregada al cliente sobre diversos extremos ( a) La entidad y los servicios que presta; b) Los instrumentos financieros y las estrategias de inversión, y c) Los centros de ejecución de órdenes y los gastos y costes asociados) debe ser "adecuada" y se le debe proporcionar "de manera comprensible" para permitir al cliente comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece y pueda tomar las decisiones de inversión.
Tampoco el tenor literal del precepto impugnado cuando afirma que «La información a la que se refiere el apartado anterior permitirá a los clientes [...] comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión[...]», nos lleva a extraer la conclusión pretendida por la parte recurrente, pues tal y como afirma acertadamente el Abogado del Estado el verbo "permitir" debe entenderse en su acepción del Diccionario de la Real Academia como " hacer posible algo" que empleado en el tiempo verbal de futuro simple (hará posible) expresa una intención de que el cliente comprenda el alcance, contenido y los riesgos de la operación que pretende asumir.
Por todo ello, no se aprecia extralimitación o desviación alguna en la norma impugnada, por lo que procede desestimar el presente recurso.
Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso imponiendo las costas a la parte sin que se aprecien motivos que justifiquen la no imposición de las costas por existir serias dudas de hecho o de derecho. A tenor del apartado tercero de este artículo, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar hasta una cifra máxima de cuatro mil euros la cantidad que, por todos los conceptos, la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a la parte recurrida.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido Que debemos Desestimar el recurso interpuesto por "La Asociación para la Correcta Aplicación de MIFID y Demás Normativa Aplicable a Productos Bancarios" contra el Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, imponiendo las costas a la parte recurrente en los términos establecidos en el último fundamento de esta resolución.
STS, 2 de Marzo de 2012

matches:
Real Decreto
Real Decreto
artículo 48
artículo 49
artículo 209
Real Decreto
artículo 79
Real Decreto
artículo 209
Real Decreto
artículo 209
artículo 1
artículo 79
artículo 209
artículo 209
Real Decreto
artículo 79
artículo 1
artículo 82
Real Decreto
artículo 82
artículo 79
artículo 209
Real Decreto
artículo 79
Real Decreto
artículo 79
Real Decreto
artículo 209
Real Decreto
Real Decreto
Real Decreto
Real Decreto


text:
684 resultados para principios procesales laborales
...Título I. Principios Generales. ARTICULO 1. La presente ley tiene por ..., asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que ...Los plazos procesales en primera instancia, tanto para las partes como ...
... democracia interna de acuerdo con los principios de la presente ley, no pudiendo contener como ...ón o equivalente de los códigos procesales civiles provinciales, a fin de que éste ... de actualización de los créditos laborales. Cuando la práctica desleal pudiera ser reparada ...
...DE LOS CONCURSOS. TITULO I. Principios Generales. ARTICULO 1. Cesación de pagos. El ...a) Los pasivos laborales denunciados por el deudor;. b) Previa auditoría ...CAPITULO III. Reglas procesales. SECCION I. Normas genéricas. ARTICULO 273. ...
... continuar ante aquél, las diligencias procesales que correspondieren. ARTÍCULO 14. Anotación de ... a) Respetar en todas las gestiones los principios de prudencia, austeridad y racionalidad en los ... de pronto pago para los créditos laborales previsto por el artículo 16 de la Ley 24.522. A ...
...ARTÍCULO 11. Principios de interpretación y aplicación de la ley. ... sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro ... los modos autorizados por las leyes procesales" y lo previsto en el artículo 23 de esta ley. ART\xC3"...
... y Registro Nacional de Conciliadores Laborales. ARTÍCULO 4. Créase el Servicio de ..., plazos y demás circunstancias procesales no previstas expresamente en la presente ley, se aplicarán los principios y la normativa establecidos en los artículos 736 ...
... acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención ...d) Promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres que padecen violencia, en ... aplicación supletoria los regímenes procesales que correspondan, según los tipos y modalidades ...
...principios de igualdad y prohibición de discriminación, ... tal suerte, la cuestión de los medios procesales destinados a la protección y, en su caso, ... y facultades reconocidos por las normas laborales, cuanto en considerar la especial dificultad que ...
CAPÍTULO I Principios básicos de la ejecución. ARTÍCULO 1. La ... condicional y los demás antecedentes procesales que obren en su legajo;. b) Conducta y concepto ..., de sus obligaciones familiares, laborales o educativas. Sus modalidades podrán ser la ...
...f) En los asuntos laborales se aplica lo dispuesto en el artículo 277 de la ...Capítulo II. Principios generales sobre honorarios. ARTÍCULO 13. El ...Capítulo III. Etapas procesales. División en etapas. Procesos ordinarios, ...
...f) En los asuntos laborales se aplica lo dispuesto en el artículo 277 de la ...Capítulo II. Principios generales sobre honorarios. ARTÍCULO 13.- El ...Capítulo III. Etapas procesales. División en etapas. Procesos ordinarios, ...
... tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la Seguridad Social.". CAPÍTULO II. De la ... Nación, o equivalente de los Códigos Procesales Civiles provinciales. El tribunal dispondrá el ... de NOVENTA (90) días, conforme los principios de la Organización Internacional del Trabajo.". ...
... o conveniencia, en aplicación de los principios, propósitos y objetivos derivados de las normas ... cautelares derivadas de créditos laborales sobre el producido de su realización. . c) Los ... que contengan los respectivos Códigos Procesales. Toda cuestión relacionada con la competencia ...
... tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con ... no implica su cese si obedece a motivos laborales u otros similares, siempre que permanezca la ..., en el banco que dispongan las normas procesales;. b) si se debe una cosa indeterminada a ...
... DIGITALES ABIERTAS”, que establezca principios, criterios y directrices generales para las ...; por las demás normas sustanciales y procesales que resulten de aplicación y, en general, por ..., asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que ...
... caso le serán aplicables las reglas procesales correspondientes. ARTÍCULO 4° — Incorpórase ... fundamentales de la Nación o vulnerar principios, planes y métodos funcionales de los poderes del ..., asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que ...
... las remuneraciones e indemnizaciones laborales debidas al trabajador en la proporción que se ... por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo ...principios procesales supuestamente normales en la esfera ...
Sentencia Nº 18847/15 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2015
... alegato, hace referencias genéricas a principios laborales y procesales, y transcribe normas ...
... previsiones para cubrir contingencias laborales, legales, fiscales y otros riesgos diversos de ...Se interpusieron los recursos procesales" correspondientes contra dicha medida y se solicit\xC3"... Grupo, se establece de acuerdo con los principios de riesgo principales del Consejo de HSBC Holding ...

matches:
ARTÍCULO 14
artículo 16
artículo 23
ARTÍCULO 4
ARTÍCULO 1
artículo 277
ARTÍCULO 13
artículo 277
ARTÍCULO 13
ARTÍCULO 4