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Decreto Foral 24/1997, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Públicas de Educación Infantil, Colegios Públicos de Educación Primaria y Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. TITULO II. Organos de Gobierno de las Escuelas Públicas de Educación Infantil, Colegios Públicos de Educación Primaria y Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria.
TITULO IIOrganos de Gobierno de las Escuelas Públicas de Educación Infantil, Colegios Públicos de Educación Primaria y Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria
CAPITULO IOrganos de gobierno
Estructura de gobierno de los centros Las Escuelas Públicas de Educación Infantil, los Colegios Públicos de Educación Primaria y los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria contarán con los siguientes órganos de gobierno:
Participación de la comunidad educativa Los padres y madres de alumnos, el profesorado, el personal de administración y servicios y los Ayuntamientos participarán en la gestión de los centros a través del Consejo Escolar.
Principios de actuación 1. Los órganos de gobierno velarán para que las actividades de los centros se desarrollen de acuerdo con los principios y valores constitucionales, con objeto de hacer posible la efectiva realización de los fines de la educación y la mejora de la calidad de la enseñanza.
CAPITULO IIOrganos de gobierno colegiados
AConsejo Escolar
Carácter y competencias del Consejo Escolar 1. El Consejo Escolar del centro es el órgano de participación de la comunidad educativa en el funcionamiento del centro.
d) Elaborar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares y, en su caso, comedores y transporte, aprobarlas y evaluarlas.
h) Proponer la revocación del nombramiento del Director, en los términos previstos en el artículo 31 de este Reglamento.
o) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, así como los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa o cualquier informe sobre la marcha del mismo.
Composición del Consejo Escolar 1. El Consejo Escolar de los centros con nueve o más unidades estará integrado por los siguientes miembros:
3. El Consejo Escolar de los centros con más de dos unidades y menos de seis unidades estará integrado por los siguientes miembros:
Elección y renovación de los miembros del Consejo Escolar 1. El procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará durante el primer trimestre del curso académico.
Una vez efectuadas las dos primeras renovaciones parciales (de la primera y segunda mitad, respectivamente) a las que se alude en la Disposición Transitoria Tercera del presente Reglamento, en adelante, cada dos años, se irá renovando sucesivamente la primera y segunda mitad de forma alternativa, de acuerdo con la composición establecida para cada una de ellas en este apartado.
7. El Secretario del Consejo Escolar no podrá ostentar la representación de sector alguno, por lo que actuará con voz, pero sin voto, excepto en los casos previstos en los apartados 3.b) y 4.a) del artículo 9.º del presente Reglamento.
Véase Res [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 541/2013, 15 octubre, del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se aprueban las instrucciones para la elección, renovación parcial y constitución de los Consejos Escolares de los colegios públicos de educación primaria, colegios públicos de educación infantil y primaria, colegios públicos de educación especial y centros públicos de educación básica de personas adultas en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 30 octubre).
Procedimiento para cubrir vacantes 1. Aquellos representantes que, antes de la renovación que les corresponda, dejen de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer a dicho órgano, dejarán vacante su puesto en el Consejo. La vacante será cubierta por el siguiente candidato más votado. A tal fin, se utilizarán las listas de suplentes que figuren en las actas de la última renovación parcial, independientemente de que la vacante a cubrir corresponda a una renovación parcial anterior. En el caso de que no hubiera más candidatos para cubrir la vacante, ésta quedaría sin cubrir hasta la próxima renovación del Consejo Escolar.
Composición y Competencias de la Junta Electoral 1. A efectos de la organización del procedimiento de elección, se constituirá en acto público en cada centro una Junta Electoral compuesta por los siguientes miembros: el Director del centro, que será su Presidente; un profesor en los centros con más de una unidad, y un padre o madre de alumno, los dos últimos elegidos por sorteo entre los inscritos en los respectivos censos electorales.
b) Concretar el calendario electoral del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de este Reglamento, y con lo que determine al respecto el Departamento de Educación y Cultura.
Designación de representantes en el Consejo Escolar 1. La Junta Electoral solicitará al Ayuntamiento en cuyo municipio se halle radicado el centro la designación del Concejal o representante que haya de formar parte del Consejo Escolar.
Representantes del profesorado en el Consejo Escolar 1. Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar serán elegidos por el Claustro y en el seno de éste. El voto será directo, secreto y no delegable.
Claustro extraordinario y procedimiento electoral 1. El Director convocará un Claustro de carácter extraordinario, en el que, como único punto del orden del día, figurará el acto de elección y proclamación de profesores electos.
4. Cada profesor podrá hacer constar en su papeleta un máximo de tres nombres cuando los puestos a cubrir sean cinco o cuatro, dos nombres cuando sean tres y un nombre cuando se elija a dos o a un representante. Si en la primera votación no resulta elegido el número de profesores que corresponda, se procederá a realizar en el mismo acto una segunda votación con objeto de alcanzar dicho número, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 del artículo 19 de este Reglamento.
Representación de padres y madres en el Consejo Escolar 1. La representación de los padres y madres en el Consejo escolar corresponderá a éstos o a los representantes legales de los alumnos, sea cual sea el número de hijos escolarizados en el centro. El derecho a elegir y ser elegido corresponde al padre y a la madre o, en su caso, a los representantes legales.
Representación del personal de administración y servicios 1. El representante del personal de administración y servicios, cuando haya más de un elector de este colectivo, será elegido por el personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza, siempre que esté vinculado al mismo, o al Ayuntamiento correspondiente, por relación jurídico-administrativa o laboral. Todo el personal de administración y servicios del centro que reúna los requisitos indicados tiene la condición de elector y elegible.
Escrutinio de votos, elaboración de actas y proclamación de candidatos 1. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, la Mesa procederá al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los mismos, que será público, se extenderá un acta, firmada por todos los componentes de la Mesa, en la que se hará constar la relación de los candidatos presentados y número de votos obtenidos por cada uno de ellos, la lista de representantes elegidos como miembros del Consejo Escolar y la lista de suplentes para futuras sustituciones de puestos vacantes, dejando constancia del número de votos obtenidos y ordenándolos de mayor a menor número de votos. Las actas serán enviadas por cada una de las Mesas electorales a la Junta Electoral del centro a efectos de la proclamación de los distintos candidatos electos, y se remitirá copia de la misma a la Dirección General de Educación.
Constitución del Consejo Escolar 1. En el plazo de diez días, a contar desde la fecha de proclamación de los candidatos electos, el Director convocará la sesión de constitución del Consejo Escolar.
Funcionamiento del Consejo Escolar 1. El Consejo Escolar del Centro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre, y siempre que lo convoque el Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión al principio de curso y otra al final del mismo.
3. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple, salvo en los casos siguientes:
Comisiones del Consejo Escolar 1. En el Consejo Escolar se constituirá una Comisión de convivencia, en la forma en que se determine en el Reglamento de Régimen Interior. En dicha Comisión estarán presentes, al menos, el Director, el Jefe de Estudios, un profesor y un padre o madre de alumno, elegidos por cada uno de los sectores. Las competencias de la Comisión estarán especificadas en el Reglamento de Régimen Interior.
3. En el Consejo Escolar, cuando se efectúe su constitución inicial o su renovación, se constituirá, a su vez, la Comisión Económica, que estará integrada por el Director, el Secretario, el Concejal o representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar, un profesor y un padre o madre de alumno, elegidos estos dos últimos por los componentes del Consejo Escolar de sus respectivos sectores.
BClaustro de Profesores
Carácter y composición del Claustro de Profesores 1. El Claustro, como órgano de participación del profesorado en el Centro, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir y, en su caso, informar sobre todos los aspectos docentes del mismo.
Competencias del Claustro Son competencias del Claustro:
c) Aprobar y evaluar, conforme al Proyecto Educativo, los aspectos docentes de la Programación General Anual del Centro e informarla antes de su presentación al Consejo Escolar, así como informar la Memoria Final de curso.
ñ) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo.
Funcionamiento del Claustro 1. El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre, y siempre que lo convoque el Director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, la celebración de una sesión del Claustro al principio del curso y otra al final del mismo.
CAPITULO IIIOrganos de gobierno unipersonales
Equipo directivo 1. Los órganos de gobierno unipersonales constituyen el equipo directivo del Centro, y trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones.
Elección y nombramiento del Director 1. El Director será elegido por el Consejo Escolar y nombrado por el Departamento de Educación y Cultura en el último trimestre del curso académico por un período de cuatro años. El proceso electoral se llevará a cabo en los plazos señalados en la Orden Foral correspondiente.
Requisitos de los candidatos a Director 1. Los candidatos al cargo de Director deberán ser profesores, funcionarios de carrera o contratados laborales fijos en situación de servicio activo, que reúnan los siguientes requisitos:
2. No podrán presentarse como candidatos los profesores que hayan desempeñado el cargo de Director durante tres períodos consecutivos inmediatamente anteriores en el centro en el que presenta la candidatura, contados a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes.
Presentación de candidaturas y programas de dirección 1. Los candidatos deberán presentar por escrito ante el Consejo Escolar, con una antelación mínima de quince días respecto a la fecha de la elección, su programa de dirección y sus méritos profesionales.
Designación del Director por la Administración 1. En ausencia de candidatos, o cuando éstos no obtengan mayoría absoluta, el Departamento de Educación y Cultura nombrará un Director que reúna, al menos, los requisitos previstos en los apartados a), b) y d) del número uno del artículo 27. El nombramiento podrá recaer sobre un profesor del centro o un profesor que, independientemente del centro en el que esté destinado, reúna los citados requisitos para desempeñar la función directiva, en comisión de servicios. El Director designará a los cargos unipersonales del equipo directivo. La duración del mandato del Director así designado será de cuatro años.
3. En los Colegios incompletos de Educación Infantil y Primaria que no dispongan de profesorado con la condición de funcionario de carrera o contratado laboral fijo, el Departamento de Educación y Cultura designará un Responsable de centro por un período de un curso académico. El Responsable de centro percibirá el complemento económico asignado al Director y ejercerá las funciones propias del mismo.
El ejercicio de dicho puesto podrá ser tenido en cuenta a efectos de concursos de méritos.
ñ) Supervisar los asuntos relacionados con la gestión del comedor escolar, en los términos previstos en el Decreto Foral 246/1991, de 24 de julio, y en las instrucciones de desarrollo del mismo, con facultad de dictar directrices para corregir situaciones de funcionamiento anormal del servicio. Supervisar los asuntos relativos al transporte escolar. Adoptar resoluciones sobre el uso de las instalaciones de los centros.
Cese del Director y consecuencias 1. El Director del centro cesará en sus funciones al finalizar su mandato o al darse alguna de las causas de cese siguientes:
Designación y nombramiento del Jefe de Estudios y del Secretario 1. El Jefe de Estudios y el Secretario serán profesores, funcionarios de carrera o contratados laborales indefinidos en situación de servicio activo con destino definitivo en el Centro. Serán designados por el Director, previa comunicación al Consejo Escolar, y nombrados por el Departamento de Educación y Cultura.
2. No podrán ser nombrados Jefe de Estudios ni Secretario los profesores que se hallen en alguna de las situaciones previstas en el artículo 27.3 de este Reglamento.
4. La duración del mandato del Jefe de Estudios y del Secretario será la que corresponda al Director que los haya designado, excepto cuando sean cesados antes de la finalización de dicho mandato por cualquiera de las circunstancias aludidas en el artículo 36 de este Reglamento.
5. El Director del centro remitirá al Departamento de Educación y Cultura la propuesta de nombramiento del profesorado por él designado para ocupar los cargos de Jefe de Estudios y de Secretario. El nombramiento y la toma de posesión, se realizarán con efectos del 1 de julio siguiente a la celebración de las elecciones.
Competencias del Jefe de Estudios Son competencias del Jefe de Estudios:
Competencias del Secretario Son competencias del Secretario:
Jefaturas de Estudios adjuntas Las Jefaturas de Estudios adjuntas que el Departamento de Educación y Cultura establezca, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 5 de este Reglamento, se atendrán a las siguientes normas:
Cese del Jefe de Estudios y del Secretario 1. El Jefe de Estudios y el Secretario cesarán en sus funciones al término del mandato del Director que los designó, o al producirse alguna de las circunstancias siguientes:
3. Cuando el Jefe de Estudios o el Secretario cesen en sus funciones por alguna de las causas mencionadas en este artículo con anterioridad al término del mandato, el Director designará a un nuevo profesor para que ocupe el puesto vacante, procediendo conforme a lo establecido en el artículo 32 del presente Reglamento.
Suplencias en el equipo directivo 1. En caso de ausencia o enfermedad del Director, se hará cargo provisionalmente de sus funciones el Jefe de Estudios y, en su defecto, el Secretario. Si no hay Jefe de Estudios ni Secretario, lo sustituirá el profesor más antiguo en el centro y, si hay varios de igual antigüedad, el de mayor antigüedad en el cuerpo.

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artículo 27
artículo 27
artículo 36
artículo 5
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BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicCONSEJO PERMANENTEOEA/Ser.G CP/doc.4856/13 17 abril 2013 Original: español
NOTA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO PERMANENTE TRANSMITIENDO EL INFORME PRELIMINAR SOBRE “ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y EXPRESIÓN DE GÉNERO”
COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERICANA COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO INTER-AMERICAN JURIDICAL COMMITTEE COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS Av. Marechal Floriano, 196 - 3o andar - Palácio Itamaraty – Centro Rio de Janeiro, RJ - 20080-002 - Brasil Tel.: (55-21) 2206-9903; Fax (55-21) 2203-2090 e-mail: cjioea.trp@terra.com.br
Rio de Janeiro, 8 de marzo de 2013
Excelencia, En nombre del Comité Jurídico Interamericano tengo a bien trasmitir por su digno intermedio al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos un informe preliminar sobre el tema “Orientación sexual, identidad de género y expresión de género”, adoptado por el Comité Jurídico Interamericano en su sesión de marzo del año 2013. Es la intención del Comité dar continuidad al tema de manera a incorporar el estado del derecho a nivel internacional, teniendo en cuenta las legislaciones de los Estados miembros de la OEA. Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta estima y distinguida consideración.
João Clemente Baena Soares Presidente Comité Jurídico Interamericano
A su Excelencia el Embajador Arturo Vallarino Representante Permanente de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos
82º PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 11 – 15 marzo 2013 Rio de Janeiro, Brasil Original: español
OEA/Ser.Q CJI/doc.417/12 rev.1 4 marzo 2013
ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y EXPRESIÓN DE GÉNERO (Presentado por la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra) I. MANDATO
Durante el cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrado en San Salvador, El Salvador en junio del 2011 por resolución AG/RES. 2553 (XLI-O/11), se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Comité Jurídico Interamericano (CJI) sendos estudios sobre las implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y terminológicos relativos a Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género, y encomendar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos que incluya en su Agenda la consideración del resultado de los estudios solicitados, con la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil interesadas antes del cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Durante el 79º Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano, celebrado en Río de Janeiro, Brasil en agosto del 2011 se nombró como relatores del tema a los doctores Freddy Castillo Castellanos y Ana Elizabeth Villalta Vizcarra. Durante el 80º Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano celebrado en la ciudad de México, en marzo del 2012, los relatores presentaron algunos comentarios iniciales respecto a la orientación que se le dará al tema, algunos miembros del Comité Jurídico expresaron la conveniencia de precisar el mandato y limitarlo a la normativa de carácter internacional tendiente a evitar manifestaciones de violencia o discriminación, y que se le diera un enfoque jurídico al tema. Durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones, celebrado en Cochabamba, Bolivia, en junio de 2012, en su resolución AG/RES. 2722 (XLII-O/12), se solicitó al Comité Jurídico Interamericano, informar respecto a “los avances en relación al estudio sobre las implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y terminológicos, relativos a orientación sexual, identidad de género y expresión de género”. En el desarrollo del 81° Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano, celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil del 6 al 11 de agosto de 2012, como relatora del tema presenté un primer informe relativo a conceptos que se aplican en esta materia, se comentaba un estudio relacionado al mismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como una Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por motivos de orientación sexual. El informe (CJI/doc.417/12) fue objeto de debate por los miembros del Comité determinando que el estudio se circunscribiera a las implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y que se citen los trabajos doctrinarios y jurisprudenciales sobre la materia. Tomando en cuenta estos parámetros se presenta el siguiente informe de relatoría.
En relación a lo anterior, y como relatora del tema, se han realizado una serie de investigaciones para lograr conceptualizar la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, así como las diversas implicaciones jurídicas de cada una de estas categorías, las que se presentan a continuación, en este informe de relatoría. Orientación Sexual, término adecuado para referirse a la atracción física o emocional hacia personas del mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos sexos. Identidad de Género, término utilizado para describir el sentir de las personas transgéneros, las cuales se identifican con el género opuesto. Es decir, que una persona puede sentir subjetivamente una identidad de género distinta de sus características sexuales o fisiológicas. Expresión de Género, la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género, por una determinada sociedad en un momento histórico determinado. Otros conceptos relacionados con el tema son los siguientes: Diversidad Sexual, término que encierra y celebra todas las formas de expresión que muestran las diferentes orientaciones sexuales y la identidad de género. • La expresión LGBTI, comprende a las personas “lesbianas, gay, bisexual, trans e intersexuales”. Lesbiana, es la mujer que siente atracción física o emocional por otras mujeres. Gay, es persona que se siente atraída emocional y físicamente hacia otra persona del mismo sexo (término utilizado generalmente para hombres). Bisexual, es la persona que siente atracción física y emocional tanto por hombres como por mujeres. Transgénero, es un término utilizado para aquellas personas que tienen identidad de género y expresión de género diferentes a su sexo biológico. Intersexual, es la persona que presenta en forma simultánea características sexuales masculinas y femeninas. • Transexual, persona cuya identidad de género es diferente a su sexo biológico, estas personas por regla general modifican sus cuerpos para que su sexo coincida con su identidad de género. • Travesti, es la persona que se viste con ropa del sexo opuesto, pero que no necesariamente se identifica con ese género. • Intersexual, término utilizado para referirse a las personas que nacen con órganos genitales o aparatos reproductores internos masculinos y femeninos. • Heterosexual, personas cuya atracción física y emocional se dirigen hacia las personas del sexo opuesto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en cumplimiento de este mandato, ha realizado un estudio denominado “Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género: Algunos Términos y Estándares relevantes”, siendo importante el destacar que a partir de este estudio y por la relevancia de la temática, la CIDH ha creado una Unidad Especializada en esta materia en el seno de su Secretaría Ejecutiva, que entre sus funciones tendrá el proveer de asesoría técnica a los •
Estados en el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha entendido de conformidad con los distintos tratados internacionales por discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de una persona por estos motivos que tenga por objeto o resultado -ya sea de jure o de facto- anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades, teniendo en cuenta las atribuciones que social o culturalmente se han construido en torno a dichas categorías. En ese sentido, es conveniente establecer en este informe, la necesidad de erradicar toda forma de discriminación con base en la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. En este mismo orden de ideas, Amnistía Internacional ha establecido: “Toda persona debe poder disfrutar de todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y sin embargo, millones de personas de todo el mundo se enfrentan a la ejecución, encarcelamiento, tortura, violencia y discriminación por su orientación sexual o identidad de género”. De tal suerte, que estas personas son sujetas a violaciones; palizas de los cuerpos de seguridad; pérdida de la custodia de sus hijas e hijos; homicidios y agresiones en las calles (crímenes de odio); insultos frecuentes; acoso escolar; denegación de empleos y servicios de salud; incitación al suicidio; en algunos casos ejecuciones estatales; amenazas por hacer campañas a favor de sus derechos humanos; trato cruel, inhumano y degradante; detenciones arbitrarias; restricciones a la libertad de asociación, entre otros. En términos generales, las actitudes negativas o prejuicios hacia estas personas, las conduce a adoptar una posición de “invisibilidad” que les puede ocasionar problemas emocionales y lo más grave aun a un trato discriminatorio al que se enfrentan en su vida diaria. Esto nos lleva a realizar en el presente informe una introducción teórica sobre el Principio de No-Discriminación tanto en el ámbito universal como regional o hemisférico, lo que nos proporcionará herramientas conceptuales básicas y claras para abordar el tema en una forma más adecuada. De tal suerte, que dicho Principio mantiene también una íntima relación con el Principio de Igualdad. Así tenemos, en el Sistema Universal, instrumentos que se refieren a dichos Principios: La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1 establece: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, y en su artículo 2 numeral 1. expresa: “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, y finalmente en su artículo 7 dispone: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 26 reza: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2 numeral 2 establece: Los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. También en el plano universal hay otros instrumentos que se refieren a la no discriminación como lo son: “La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer”, “La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial”, y también se refieren al Principio de NoDiscriminación “La Convención sobre los Derechos del Niño” y la “Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias”, entre otros. En el Sistema Regional, Interamericano o Hemisférico, también se cuenta con Instrumentos que hacen alusión a dichos Principios, así tenemos: La Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en sus artículos 3 literal l) establece: “Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo”, y en el 45 literal a) dispone: “Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica”. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo II expresa: “Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 1 numeral 1 establece: Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ellas y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, en su artículo 3 establece la Obligación de no Discriminación y dispone: Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. La Carta Democrática Interamericana en su artículo 9 expresa: La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. Como en el caso del sistema universal, hay otras Convenciones en el ámbito interamericano que se refieren al Principio de la No-Discriminación como la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Actualmente en el ámbito interamericano se está negociando un Proyecto de Convención Interamericana Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, la cual define la “discriminación” como cualquier, distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito de la vida pública o de la vida privada, basada entre otros, en la “orientación sexual, la identidad y la expresión de género”, y que tenga el objetivo o el efecto de: anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados parte. Como puede verse, en este Proyecto de Convención ya se toma como forma de Discriminación la Orientación Sexual, la Identidad y la Expresión de Género. Se trata de tres factores relacionados pero distintos, ya que la orientación sexual como hemos dicho anteriormente tiene que ver con las preferencias sexuales de las personas, y abarca un abanico de posibles opciones que van desde la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. La identidad de género, se refiere a como una persona se percibe a sí misma en términos de género (hombre o mujer) y la expresión de género se refiere a la manifestación externa, ya sea de la orientación sexual, o de la identidad de género. Dándose muchas veces el caso de quienes expresan abiertamente su orientación sexual o su identidad de género sean probablemente más susceptibles y vulnerables a la discriminación, ya que hacen visible a los demás su condición, implicando a su vez una vulneración a sus derechos y libertades fundamentales. Actualmente en la práctica la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de
género y expresión de género ha sido prohibida por medio de la interpretación de varios instrumentos internacionales tanto en el ámbito universal como en el regional, enmarcándolo bajo la categorías de “otra Condición Social” y a veces aunque un poco más forzadamente en las categorías de “género” o “sexo”, y es así como se ha considerado al no haber una regulación específica y taxativa de todas estas categorías dentro de las causales tradicionales de no discriminación, estas se han subsumido en dos causales de discriminación en la práctica del Derecho Internacional, siendo estas: la discriminación por “sexo” y aquellas clausulas abiertas de discriminación que impliquen “cualquier otra condición social”. De esta manera lo ha interpretado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han sostenido que la Orientación Sexual y la Identidad de Género, se encuentran comprendidas dentro de la frase “otra condición social”, establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que la Orientación Sexual, la Identidad de Género y la Expresión de Género son componentes fundamentales de la vida privada de las personas y ha enfatizado que el derecho a la vida privada garantiza esferas de la intimidad que el Estado ni nadie puede invadir, tales como la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones y determinar su propia identidad, así como campos de actividad de las personas que son propios y autónomos de cada quien, tales como sus decisiones, sus relaciones interpersonales y familiares y su hogar. En ese mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido: “que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho relación a estos conceptos en el “Caso Atala Riffo y niñas versus Chile”, relativo a un proceso de custodia o tuición que fue interpuesto por el Padre de unas niñas, en contra de la madre de estas, por considerar que su orientación sexual y su convivencia con una pareja del mismo sexo producirían un “daño a las niñas”. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que respecto al derecho a la igualdad y no discriminación, la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, bajo el término “Otra Condición Social “, establecido en el artículo 1.1 de dicha Convención. En ese sentido, está proscrito por la Convención Americana sobre Derechos Humanos cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden discriminar o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la orientación sexual, es una categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención Americana, siendo además una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, y dispone la obligación de los Estados Parte de dicha Convención de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos, sin discriminación alguna, por lo que todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es “Per Se” incompatible con la misma.
Además, respecto al derecho de igualdad y no discriminación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos bajo el término “otra condición social”, establecido en el mismo artículo 1.1 de la Convención, en ese sentido, cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona, está proscrita por la Convención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando establece el capítulo de las reparaciones en el “Caso Atala Riffo y niñas versus Chile”, ordena al Estado continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y capacitación (en esta temática) dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional y nacional y particularmente a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial. Por la importancia de los temas analizados en esta temática por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta relatoría ha elaborado un extracto de ambos trabajos como anexos del presente informe, denominados “Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género: Algunos Términos y Estándares relevantes” de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, debido a que en este estudio se hacen desarrollos conceptuales y terminológicos relativos a la orientación sexual, identidad de género y expresión de género y un extracto del resumen del “Caso Atala Riffo y niñas versus Chile” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que con este caso se cuenta con Jurisprudencia en el Sistema Interamericano relativa a la discriminación por motivo de orientación sexual. III. RECOMENDACIÓN
En razón de lo anterior, esta relatoría estima conveniente el recomendar que no habiendo una regulación específica y taxativa en los Tratados Internacionales de las categorías de Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género dentro de las causales de no discriminación, y para evitar implicaciones jurídicas en cuanto a las mismas, que dichas categorías por el momento sean tratadas, en la no discriminación por “sexo” y por “cualquier otra condición social” establecidas en los Instrumentos Internacionales universales y regionales a que se ha hecho referencia, y de manera especial, en la norma de carácter general regulada en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal como lo dejó claramente establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Atala Riffo y Niñas versus Chile”, donde se superó toda discriminación por orientación sexual e identidad de género. Si estas medidas de protección y de garantía de sus derechos no fueran suficientes para erradicar toda forma de discriminación para estas categorías, sería conveniente esperar el resultado de las negociaciones que se están llevando a cabo en el seno de la Organización de los Estados Americanos, en cuanto al Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda Forma de Discriminación e Intolerancia, la cual incorpora como causales de discriminación la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. Asimismo, sería recomendable que todos los funcionarios administrativos y judiciales, así como académicos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recibieran Seminarios y Cursos permanentes de educación y capacitación en esta temática, para contribuir a la erradicación de toda forma de discriminación en esta materia, así como a mantener una política integral de sensibilización y de tolerancia.
En El Salvador, se ha creado la Dirección de Diversidad Sexual formando parte de la Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia de la República, Secretaría que se encuentra bajo la dirección de la señora Primera Dama de la República, la cual ha empezado a impartir Seminarios sobre estas categorías a los Funcionarios y Empleados Públicos del Órgano Ejecutivo, así como Jornadas de Capacitación para el público en general para evitar la discriminación por razones de identidad de género y /o de orientación sexual. En este mismo sentido, también se ha emitido por parte del Señor Presidente de la República, el Decreto Ejecutivo N° 56 de fecha 4 de mayo de 2010, denominado “Disposiciones para evitar toda Forma de Discriminación en la Administración Pública, por razones de Identidad de Género y/o Orientación sexual”, en el cual se prohíbe en la actividad de la Administración Pública toda forma de discriminación por razón de identidad de género y/o de orientación sexual. Entendiendo por esta Discriminación toda distinción, exclusión o restricción basada en la identidad de género y/o en la orientación sexual, que tenga por objeto o resultado la anulación, menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales. Estableciendo además que los titulares de las distintas dependencias y organismos que integran la administración pública deban garantizar la generación de una cultura de respeto y tolerancia dentro de las actividades que desarrollan tales dependencias y organismos, cualquiera que fuese la identidad de género y/o la orientación sexual de una persona. No siendo aplicable ninguna disposición reglamentaria, acuerdo, orden, instructivo, resolución o circular que al interior de la administración pública pudiese generar de alguna manera la discriminación de las personas por razones de identidad de género u orientación sexual. Hoy en día, se está preparando por la Dirección de Diversidad Sexual, un Manual para evitar la discriminación por orientación sexual en la administración pública, así como para mejorar el trato en las instituciones públicas y privadas a personas del grupo LGBTI en la sociedad. De igual manera, se están brindando charlas en los Centros Escolares del país, con el objeto de educar para la tolerancia, concientizar y sensibilizar a los alumnos sobre la no discriminación a las personas por su orientación sexual. Actualmente, también en muchos Estados de la Región se están brindando Seminarios, Charlas y Jornadas de Capacitación para evitar la discriminación por motivos de Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género, así como para educar y sensibilizar a las personas, crear entornos adecuados y poder brindar todo acceso a los servicios públicos. Todas estas campañas han llevado a la creación del “Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género”, siendo éste el 17 de Mayo. Documentos anexos al informe: A) ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y EXPRESIÓN DE GÉNERO: ALGUNOS TÉRMINOS Y ESTÁNDARES RELEVANTES Comisión Interamericana de Derechos Humanos La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha tenido amplios elementos de
información sobre la situación de los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex (en adelante “LGTBI”) en los países del continente americano y, en particular, la grave situación de discriminación en su contra. En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, incluyó en su Plan Estratégico, el Plan de Acción 4.6.i para los derechos de las personas LGTBI y, en noviembre de 2011, creó una unidad especializada en esta materia en el seno de su Secretaría Ejecutiva. Entre sus funciones, esta Unidad proveerá asesoría técnica a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia. Por medio de la resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11) “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género”, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA solicitó a la Comisión la realización de un estudio “sobre las implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y terminológicos relativos a orientación sexual, identidad de género y expresión de género”. En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expresó que al articular los conceptos “orientación sexual”, “identidad de género” y “expresión de género”, o hacer referencia a una persona bajo la sigla LGTBI se evocan, por lo menos, perspectivas sociales, legales y médicas. Por ejemplo, las siglas B (por bisexual), G (por gay o gai), I (por intersex), L (por lesbiana), T (por trans), y algunas o todas de ellas han sido utilizadas para describir corrientes, movimientos o eventos de reivindicación, solidaridad, movilización comunitaria o protesta, así como comunidades, grupos o identidades. Asimismo, determinó que en el ámbito jurídico y en particular en el de la Organización de las Naciones Unidas (“ONU”) estas discusiones sociales se han subsumido comúnmente en la expresión “minorías sexuales”, para englobar las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas gays, lesbianas, transgénero, bisexuales e intersex. Que con mayor precisión teórica desde la sociología-jurídica, las acepciones orientación sexual, identidad de género y expresión de género han sido utilizadas como referentes para el reconocimiento y la exigibilidad de derechos, entre otros, por la legislatura y la judicatura. La denominación de una persona como lesbiana, gay, trans, bisexual o intersex asegura el reconocimiento legal de su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género como elementos legalmente protegidos para la construcción de su identidad –los cuales han estado tradicionalmente invisibilizados; reconoce la discriminación histórica a que han estado sometidas las personas que se identifican de esta manera; y las dota de protección. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha determinado que en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, se ha entendido a la orientación sexual –interpretación que puede extenderse a la identidad de género y expresión de género- dentro de las características personales en el sentido que son innatas o inherentes a la persona (tales como la raza o la etnia) e inmutables, “entendiendo por inmutabilidad una característica difícil de controlar de la cual una persona no puede separarse a riesgo de sacrificar su identidad” (Caso 12.504 de Karen Atala contra el Estado de Chile, 17 de septiembre de 2010). En el ámbito de las ciencias de la salud, la Organización Panamericana de la Salud (“la OPS”) recomienda que al atender a una persona en un centro de salud, se le pregunte su sexo asignado al nacer (“masculino, femenino, u otro”) y cómo se identifica en términos de su identidad de género (“femenina, masculina, mujer trans, hombre trans, persona trans, travesti u otro”), y señala que esta
determinación es fundamental para asignar al tratamiento adecuado. En este contexto, en el presente documento se presentan algunas nociones aceptadas para las categorías sexo, género, orientación sexual, identidad de género, y expresión de género. Para concluir se hace una referencia a los estándares relacionados con la definición de la discriminación específicamente en función de la orientación sexual, la identidad de género, y la expresión de género, así como los estándares relacionados con la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género como aspectos del derecho a la vida privada de las personas y las correspondientes obligaciones estatales. En un sentido estricto, el término “sexo” se refiere “a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer,, a sus características fisiológicas”, a “la suma de las características biológicas que define el espectro de los humanos personas como mujeres y hombres o a “la construcción biológica que se refiere a las características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es clasificada como macho o hembra al nacer”.. Desde la perspectiva del sexo, además de los hombres y las mujeres, se entiende que se alude también a las personas intersex. En la doctrina se ha definido la intersexualidad como “todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al standard de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente”. La diferencia entre sexo y género radica en que el primero se concibe como un dato biológico y el segundo como una construcción social. El Comité de Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha establecido que el término "sexo" se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mientras que el término "género" se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas-. Sin embargo, a nivel internacional y con cierta uniformidad en el ámbito doméstico, las categorías sexo y género han sido históricamente utilizadas en forma intercambiable. La orientación sexual de una persona es independiente del sexo biológico o de la identidad de género. Se ha definido como “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”. En esta perspectiva se ubican los términos heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad, los cuales pueden describirse de la siguiente manera: Heterosexualidad Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo y a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Homosexualidad Hace referencia a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo género y a la capacidad de mantener relaciones íntimas y
sexuales con estas personas. El movimiento LGTBI prefiere utilizar los términos lesbiana1 (para hacer referencia a la homosexualidad femenina) y gay o gai (para hacer referencia a la homosexualidad masculina o femenina, esto último en los países angloparlantes). Bisexualidad Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, y de su mismo género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. La identidad de género De conformidad con los Principios de Yogyakarta, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Dentro de la categoría identidad de género se incluye generalmente la categoría transgenerismo o trans. A continuación se presentan las definiciones mayormente aceptadas en relación con esta perspectiva.
Transgenerismo o trans Este término paraguas –que incluye la subcategoría transexualidad y otras variaciones- es utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a éste. Una persona trans puede construir su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Transexualismo Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una intervención médica –hormonal, quirúrgica o ambas– para adecuar su apariencia física–biológica a su realidad psíquica, espiritual y social. Otras subcategorías que no necesariamente implican modificaciones corporales Entre estas categorías se encontrarían las personas travestis. En términos generales, se podría decir que las personas travestis son aquellas que expresan su identidad de género -ya sea de manera permanente o transitoria- mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir la modificación o no de su cuerpo. Dentro de la categoría transgénero también se han ubicado otras terminologías tales como: cross-dressers (quienes ocasionalmente usan atuendos propios del sexo opuesto); drag queens (hombres que se visten como mujeres exagerando rasgos femeninos, generalmente en contextos festivos); drag kings (mujeres que se visten como hombres exagerando rasgos masculinos, generalmente en contextos festivos); y transformistas (hombres o mujeres que representan personajes del sexo opuesto para espectáculos). La expresión de género La expresión de género ha sido definida como “la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado”. Discriminación con base en la identidad de género, orientación sexual y expresión de género De conformidad con los distintos tratados internacionales, la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en atributos de la persona que tenga por objeto o por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades.. La CIDH entiende por discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de una persona por estos motivos que tenga por objeto o por resultado -ya sea de jure o de facto- anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades, teniendo en cuenta las atribuciones que social y culturalmente se han construido en torno a dichas categorías.
No obstante, en particular dada la ausencia actual de una regulación específica y taxativa de estas categorías dentro de las causales tradicionales de no discriminación, jurídicamente las categorías de no discriminación por orientación sexual y la identidad de género se han subsumido en dos causales de discriminación en el ámbito del derecho internacional, a saber: discriminación por “sexo” y en las cláusulas abiertas de discriminación, como aquellas que se manifiestan por “cualquier otra condición social”.. En relación con la interpretación de estas disposiciones y la aplicación de estos estándares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que la orientación sexual y la identidad de género, se encuentran comprendidas dentro de la frase “otra condición social” establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En relación con la orientación sexual y su vinculación con el derecho a la vida privada, la Comisión ha sostenido: La orientación sexual constituye un componente fundamental de la vida privada de un individuo que debe estar libre de interferencias arbitrarias y abusivas por el ejercicio del poder público, en la ausencia de razones de mucho peso. La Comisión reitera que el derecho a la privacidad protege el derecho a determinar la propia identidad y a formar relaciones personales y familiares en base a esa identidad, aunque la misma no sea aceptada o tolerada por la mayoría. Así, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género son componentes fundamentales de la vida privada de las personas. La Comisión Interamericana ha enfatizado que el derecho a la vida privada garantiza esferas de la intimidad que el Estado ni nadie puede invadir, tales como la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones y determinar su propia identidad, así como campos de actividad de las personas que son propios y autónomos de cada quien, tales como sus decisiones, sus relaciones interpersonales y familiares y su hogar. En este sentido, la Corte Interamericana ha sostenido que “el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública”. B) CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile Los hechos del presente caso se relacionan con el proceso de custodia o tuición que fue interpuesto ante los tribunales chilenos por el padre de tres niñas, en contra de la señora Karen Atala Riffo por considerar que su orientación sexual y su convivencia con una pareja del mismo sexo producirían un daño a las tres niñas. En este sentido, la Corte tuvo que resolver, entre otros elementos, la responsabilidad internacional del Estado por el alegado trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la señora Atala debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas. En la Sentencia la Corte declaró a Chile responsable internacionalmente por haber vulnerado:
el derecho a la igualdad y la no discriminación consagrado en el artículo 24 (igualdad ante la ley), en relación con el artículo 1.1 (obligación de respeto y garantía) de la Convención Americana, en perjuicio de Karen Atala Riffo; el derecho a la igualdad y la no discriminación consagrado en el artículo 24 (igualdad ante la ley), en relación con los artículos 19 (derechos del niño) y 1.1 (obligación de respeto y garantía) de la Convención Americana, en perjuicio de las niñas; el derecho a la vida privada consagrado en el artículo 11.2 (protección a la honra y a la dignidad), en relación con el artículo 1.1. (obligación de respeto y garantía) de la Convención Americana, en perjuicio de Karen Atala Riffo; los artículos 11.2 (protección a la honra y a la dignidad) y 17.1 (protección a la familia), en relación con el artículo 1.1 (obligación de respeto y garantía) de la Convención Americana en perjuicio de Karen Atala Riffo y de las niñas; el derecho a ser oído consagrado en el artículo 8.1 (garantías judiciales), en relación con los artículos 19 (derechos del niño) y 1.1 (obligación de respeto y garantía) de la Convención Americana en perjuicio de las niñas, y la garantía de imparcialidad consagrada en el artículo 8.1 (garantías judiciales), en relación con el artículo 1.1 (obligación de respeto y garantía) de la Convención Americana, respecto a la investigación disciplinaria, en perjuicio de Karen Atala Rifo.
1.1 Igualdad y no discriminación y la orientación sexual como categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención Americana. La Corte reiteró que el artículo 1.1 de la Convención es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, y dispone la obligación de los Estados Parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos “sin discriminación alguna”. Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es “per se” incompatible con la misma. Además, respecto al derecho a la igualdad y no discriminación, la Corte estableció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana bajo el término “otra condición social” establecido en el artículo 1.1 de la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. 1.2 El principio del interés superior del niño y las presunciones de riesgo la Corte Interamericana resaltó que el objetivo general de proteger el principio del interés superior del niño es, en sí mismo, un fin legítimo y es, además, imperioso. En el mismo sentido, indicó que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere “cuidados especiales”, y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir “medidas especiales de protección”. Igualmente, la Corte Interamericana constató que la determinación del interés superior del niño, en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales y probados, y no especulativos o imaginarios. Por tanto, no
pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia. La Corte observó que al ser, en abstracto, el “interés superior del niño” un fin legítimo, la sola referencia al mismo sin probar, en concreto, los riesgos o daños que podrían conllevar la orientación sexual de la madre para las niñas, no puede servir de medida idónea para la restricción de un derecho protegido como el de poder ejercer todos los derechos humanos sin discriminación alguna por la orientación sexual de la persona. El interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de la madre o el padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos. De este modo, el juzgador no puede tomar en consideración esta condición social como elemento para decidir sobre una tuición o custodia. El Tribunal agregó que una determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño. La Corte consideró que no son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la orientación sexual, es decir, pre-concepciones de los atributos, conductas o características poseídas por las personas homosexuales o el impacto que estos presuntamente puedan tener en las niñas y los niños. 1.2.1 Presunta discriminación social La Corte consideró que, para justificar una diferencia de trato y la restricción de un derecho, no puede servir de sustento jurídico la alegada posibilidad de discriminación social, probada o no, a la que se podrían enfrentar los menores de edad por condiciones de la madre o el padre. Si bien es cierto que ciertas sociedades pueden ser intolerantes a condiciones como la raza, el sexo, la nacionalidad o la orientación sexual de una persona, los Estados no pueden utilizar esto como justificación para perpetuar tratos discriminatorios. Los Estados están internacionalmente obligados a adoptar las medidas que fueren necesarias “para hacer efectivos” los derechos establecidos en la Convención, como se estipula en el artículo 2 de dicho instrumento interamericano por lo que deben propender, precisamente, por enfrentar las manifestaciones intolerantes y discriminatorias, con el fin de evitar la exclusión o negación de una determinada condición. El Tribunal constató que, en el marco de las sociedades contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e institucionales encaminados a desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, las madres o padres solteros o las parejas divorciadas, las cuales en otros momentos no habían sido aceptadas por la sociedad. En este sentido, el Derecho y los Estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos. Por otro lado, en cuanto al argumento de que el principio del interés superior del niño puede verse afectado por el riesgo de un rechazo por la sociedad, la Corte consideró que un posible estigma social debido a la orientación sexual de la madre o el padre no puede considerarse un “daño” valido a los efectos de la determinación del interés superior del niño. Si los jueces que analizan casos como el presente constatan la existencia de discriminación social es totalmente inadmisible legitimar esa discriminación con el argumento de proteger el interés superior del menor de edad. En el presente caso, el Tribunal resaltó que, además, la señora Atala no tenía porque sufrir las consecuencias de que en su comunidad presuntamente las niñas podrían haber sido discriminadas debido a su orientación sexual. Por tanto, la Corte concluyó que el argumento de la posible discriminación social no era
adecuado para cumplir con la finalidad declarada de proteger el interés superior de las niñas. 1.2.2 Alegada confusión de roles
Frente a la alegada confusión de roles en las tres niñas que podría generar la convivencia de la señora Atala con su pareja, el Tribunal consideró que tratándose de la prohibición de discriminación por orientación sexual, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, invirtiéndose, además, la carga de la prueba, lo que significa que corresponde a la autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio. En efecto, es el Estado el que tiene la carga de la prueba para mostrar que la decisión judicial objeto del debate se ha basado en la existencia de un daño concreto, específico y real en el desarrollo de las niñas. El Tribunal observó que, en el presente caso, la Corte Suprema de Justicia no falló con base en un análisis in abstracto del alegado impacto de la orientación sexual de la madre en el desarrollo de las niñas, sino que invocó la supuesta existencia de pruebas concretas. Sin embargo, se limitó en sus consideraciones a la aplicación de un test de daño especulativo limitándose a hacer referencia, respecto al supuesto daño, a la “eventual confusión de roles sexuales” y la “situación de riesgo para el desarrollo” de las niñas. Por tanto, el Tribunal concluyó que la Corte Suprema de Justicia no cumplió con los requisitos de un test estricto de análisis y sustentación de un daño concreto y específico supuestamente sufrido por las tres niñas a causa de la convivencia de su madre con una pareja del mismo sexo. 1.2.3 Alegado privilegio de intereses
En este sentido, la orientación sexual de una persona también se encuentra ligada al concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones. En consecuencia, la Corte consideró que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, el Tribunal manifestó que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas. 1.2.4 Alegado derecho a una familia “normal y tradicional” Finalmente, ante el presunto derecho de las niñas de vivir en una familia “normal y tradicional”, la Corte observó que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se define y protege sólo un modelo “tradicional” de la misma. El concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. En el presente caso, este Tribunal constató que el lenguaje utilizado por la Corte Suprema de Chile relacionado con la supuesta necesidad de las niñas de crecer en una “familia estructurada normalmente y apreciada en su medio social”, y no en una “familia excepcional”, reflejaba una percepción limitada y estereotipada del concepto de familia que no tiene base en la Convención al no existir un modelo específico de familia (la “familia tradicional”). 1.2.5 Conclusión Teniendo en cuenta todo lo anteriormente reseñado, el Tribunal concluyó que si bien la sentencia de la Corte Suprema y la decisión de tuición provisoria pretendían la protección del interés superior de las niñas, no se probó que la motivación esgrimida en las decisiones fuera adecuada para alcanzar dicho fin, dado que la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado de Menores de Villarrica no comprobaron en el caso concreto que la convivencia de la señora Atala con su pareja afectó de manera negativa el interés superior de las menores de edad y, por el contrario, utilizaron argumentos abstractos, estereotipados y/o discriminatorios para fundamentar la decisión, por lo que dichas decisiones constituyen un trato discriminatorio en contra de la señora Atala que viola los artículos 24 y 1.1 de la Convención Americana. Además, la Corte Interamericana resaltó que las niñas y los niños no pueden ser discriminados en razón de sus propias condiciones y dicha prohibición se extiende, además, a las condiciones de sus padres o familiares, como en el presente caso a la orientación sexual de la madre. El Tribunal señaló que, al haber tomado como fundamento para su decisión la orientación sexual de la madre, la decisión de la Corte Suprema discriminó, a su vez, a las tres niñas, puesto que tomó en cuenta consideraciones que no habría utilizado si el proceso de tuición hubiera sido entre dos padres heterosexuales. En particular, la Corte reiteró que el interés superior del niño es un criterio rector para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Además, el trato discriminatorio en contra de la madre tuvo repercusión en las niñas, pues fue
el fundamento para decidir que ellas no continuarían viviendo con ella. De manera que dicha decisión irradió sus efectos al ser ellas separadas de su madre como consecuencia de la orientación sexual de la misma. Por tanto, la Corte concluyó que se vulneró el artículo 24, en relación con los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las niñas.
1.3 Derecho a la vida privada y vida familiar La Corte señaló que el artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias. En ese sentido, el Tribunal sostuvo que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. La vida privada es un concepto amplio que no es susceptible de definiciones exhaustivas y comprende, entre otros ámbitos protegidos, la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos. Es decir, la vida privada incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo y cuándo decide proyectar a los demás. El Tribunal constató que durante el proceso de tuición, a partir de una visión estereotipada sobre los alcances de la orientación sexual de la señora Atala, se generó una injerencia arbitraria en su vida privada, dado que la orientación sexual es parte de la intimidad de una persona y no tiene relevancia para analizar aspectos relacionados con la buena o mala paternidad o maternidad. Por tanto, la Corte concluyó que el Estado vulneró el artículo 11.2, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Karen Atala Riffo. En cuanto al derecho a la protección a la vida familiar, la Corte reiteró que el artículo 11.2 de la Convención Americana está estrechamente relacionado con el derecho a que se proteja la familia y a vivir en ella, reconocido en el artículo 17 de la Convención, según el cual el Estado está obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. El Tribunal señaló que diversos órganos de derechos humanos creados por tratados, han indicado que no existe un modelo único de familia, por cuanto este puede variar. En el presente caso, la Corte determinó que era visible que se había constituido un núcleo familiar que, al serlo, estaba protegido por los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana, pues existía una convivencia, un contacto frecuente, y una cercanía personal y afectiva entre la señora Atala, su pareja, su hijo mayor y las tres niñas. Por tanto, este Tribunal concluyó que la separación de la familia constituida por la madre, su pareja y las niñas, constituyó una interferencia arbitraria en el derecho a la vida privada y familiar. 1.4 Garantías judiciales Respecto a la presunta violación de las garantías judiciales de independencia e imparcialidad en detrimento de la señora Atala, la Corte consideró que no se aportaron elementos probatorios específicos para desvirtuar la presunción de imparcialidad subjetiva de los jueces y elementos convincentes que permitieran cuestionar la imparcialidad objetiva en la sentencia de la Corte Suprema. De manera, que una interpretación de las normas del Código Civil chileno en forma contraria a la Convención Americana en materia del ejercicio de la custodia de menores de edad por una persona homosexual no es suficiente, en sí misma, para declarar una falta de la imparcialidad objetiva. En consecuencia, la Corte consideró que el Estado no violó las garantías judiciales reconocidas en el artículo 8.1 de la Convención en relación con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el presente caso.
Por otra parte, la Corte concluyó que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia violó el derecho de las niñas a ser oídas consagrado en el artículo 8.1, en relación con los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana, ya que la Corte Suprema no había explicado en su sentencia cómo evaluó o tomó en cuenta las declaraciones y preferencias hechas por las menores de edad que constaban en el expediente. En efecto, el Tribunal constató que la Corte Suprema no adoptó una decisión en la que se razonara sobre la relevancia atribuida por dicha Corte a las preferencias de convivencia expresadas por las menores de edad y las razones por las cuales se apartaba de la voluntad de las tres niñas. Por el contrario, la Corte Suprema se limitó a fundamentar su decisión en el supuesto interés superior de las tres menores de edad pero sin motivar o fundamentar la razón por la que consideraba legítimo contradecir la voluntad expresada por las niñas durante el proceso de tuición, teniendo en cuenta la interrelación entre el derecho a participar de los niños y niñas y el objetivo de cumplir con el principio del interés superior del niño. Por tanto, la Corte concluyó que la referida decisión de la Corte Suprema de Justicia violó el derecho a ser oídas de las niñas y ser debidamente tomadas en cuenta consagrado en el artículo 8.1, en relación con los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de las niñas. 2. Conclusiones sobre las controversias respecto a la investigación disciplinaria
En cuanto a los hechos relacionados con la investigación disciplinaria, la Corte manifestó que no observaba relación alguna entre un deseo de proteger la “imagen del poder judicial” y la orientación sexual de la señora Atala, ya que la orientación sexual o su ejercicio no pueden constituir, bajo ninguna circunstancia, fundamento para llevar a cabo un proceso disciplinario, pues no existe relación alguna entre el correcto desempeño de la labor profesional de la persona y su orientación sexual. Por ello, concluyó que era discriminatoria una diferenciación en una indagación disciplinaria relacionada con la orientación sexual. Por ello, el Estado vulneró el artículo 24 en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de Karen Atala Riffo. Por otra parte, la Corte constató que, si bien la investigación disciplinaria se inició con un fundamento legal y no terminó con una sanción disciplinaria en contra de la señora Atala por su orientación sexual, sí se indagó en forma arbitraria sobre ello lo cual constituye una interferencia al derecho a la vida privada de la señora Atala, el cual se extendía a su ámbito profesional. Por lo tanto, el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida privada, reconocido en el artículo 11.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Karen Atala Riffo. Respecto a la protección de la garantía de imparcialidad subjetiva, la Corte consideró que existieron prejuicios y estereotipos que fueron manifestados en el informe emitido por el ministro visitador, que demostraban que quienes realizaron y aprobaron dicho informe no fueron objetivos respecto a este punto y que, por el contrario, dejaron plasmada su posición personal respecto a la orientación sexual de la señora Atala en un ámbito disciplinario en el que no era aceptable ni legítimo un reproche jurídico por este hecho, por lo que se estableció que la visita extraordinaria y la investigación disciplinaria se realizaron sin la imparcialidad subjetiva necesaria. Por tanto, la Corte concluyó que el Estado vulneró el artículo 8.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de Karen Atala Riffo. Reparaciones Respecto de las reparaciones, la Corte estableció que su Sentencia constituye per se una forma
de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado las siguientes medidas de reparación: i) brindar la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten; ii) publicar el presente resumen oficial de la Sentencia, por una sola vez, en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, y la totalidad de la Sentencia en un sitio web oficial; iii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso; iv) continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional y nacional y particularmente a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial, y v) pagar determinadas cantidades por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos, según corresponda. La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia. ***
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La Ciudad de la Furia: Ley de Medios de Comunicación Audiovisual: MEDIA SANCIÓN
Ley de Medios de Comunicación Audiovisual: MEDIA SANCIÓN
Durante esta madrugada y con una holgada mayoría, la Cámara de Diputados de la Nación le dió media sanción al Proyecto de Ley de Medios. Consenso, diálogo, modificaciones, sirven para graficar la actuación del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria y del Poder Ejecutivo. El apoyo provino de los bloques de centro izquierda, como el SI (Macaluse, Raimundi y María América González), Proyecto Sur (el sector de Pino Solanas y Claudio Lozano) y Encuentro Popular y Social (Ariel Basteiro) , y por el Partido Socialista (cuyo referente es Hermes Binner).
El consenso al que se arribó posibilitó la introducción de varias modificaciones al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, siendo la más importante la exclusión de las empresas telefónicas de la posibilidad de operar sistemas de cable.
El diálogo político en Diputados, trajó como consecuencia una ardua negociación que produjo los siguientes resultados:
En el inciso a) del artículo 3, que dice "la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas" se agregó "sin censura".
El artículo 4, en el caso de las emisoras comunitarias, aclara que "en ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida".
Sobre la Autoridad de Aplicación, el artículo 10 dice que "créase como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual como Autoridad de Aplicación de la presente ley".
El artículo 11 refiere que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual "deberá establecer al menos una delegación en cada provincia o región de ellas o ciudad, con un mínimo de una delegación en cada localidad de más de 500.000 habitantes".
Sobre las misiones y funciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el artículo 12 agrega que "será objeto de control por parte de la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación" y que "es obligación permanente e inexcusable del Directorio dar a sus actos publicidad y transparencia en materia de recursos, gastos, nombramientos de personal y contrataciones.
En el artículo 14, el Directorio estará formado por siete miembros y no cinco como en el anterior proyecto, conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
En el artículo 18 la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual podrá "remover por incumplimiento o mal desempeño de su cargo al Defensor del Público mediante el voto de los dos tercios del total de sus integrantes". El Defensor del Público "será designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras", según agregó el artículo 20.
En cuanto a los prestadores de los servicios de comunicación audiovisual, el artículo 24 añadió que "las personas de existencia visible en cuanto socios de las personas de existencia ideal con fines de lucro y los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de las personas de existencia ideal sin fines de lucro deberán acreditar el origen de los fondos en tanto comprometan inversiones a titulo personal".
Sobre las condiciones de admisibilidad para las personas de existencia ideal, el incido d) del artículo 25 indica "no ser titular o accionista que posea el diez por ciento o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona de existencia ideal titular o accionista de una persona de existencia ideal prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal".
Sobre el Régimen especial para emisoras de baja potencia, el artículo 49 refiere que "la Autoridad de Aplicación establecerá mecanismos de adjudicación directa para los servicios de comunicación audiovisual abierta de muy baja potencia, cuyo alcance corresponde a las definiciones previstas en la norma técnica de servicio, con carácter de excepción, en circunstancias de probada disponibilidad de espectro y en sitios de alta vulnerabilidad social, y/o de escasa densidad demográfica y siempre que sus compromisos de programación estén destinados a satisfacer demandas comunicacionales de carácter social".
El artículo 62 señala que "no podrán constituirse redes de radio y/o televisión entre licenciatarios con una misma área de prestación, salvo que se tratase de localidades de hasta cincuenta mil habitantes, y siempre que se trate de retransmisión de contenidos locales".
En el artículo 63 "para la transmisión de acontecimientos de interés relevante, se permite sin limitaciones la constitución de redes de radio y televisión abiertas".
En cuanto a los contenidos, el artículo 65 indica que "los servicios de radiodifusión televisiva abierta "deberán emitir un mínimo del treinta por ciento (antes 20%) de producción local independiente cuando se trate de estaciones localizadas en ciudades con más de 1.500.000 habitantes" y "cuando se encuentren localizados en poblaciones de mas de 600.000 habitantes, deberán emitir un mínimo del 15% de producción local independiente y un mínimo del 10% en otras localizaciones".
El artículo 67 precisa que "los licenciatarios de servicios de televisión abierta deberán exhibir en estreno televisivo en sus respectivas áreas de cobertura, y por año calendario, ocho películas (antes seis) de largometraje nacionales".
En cuanto a la conformación de "Radio y Televisión Argentina Sociedad del estado", el artículo 131 amplía de cinco a siete los miembros del Directorio, con un presidente y un director designado por el poder ejecutivo y tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, uno por la primera minoría, otro por la segunda y otro por la tercera.
El caminó empezó a despejarse, falta.
Publicado por DIDÍ en 13:00
Etiquetas: ley de radiodifusión, servicios de comunicación audiovisual
Los medios siguen mintiendo. No es que la oposición se retiró de la sesión, la que se retiró fue la oposición de derecha, mientras que la oposición progresista se quedó a debatir y logró más de una modificación. Modificaciones que mejoraron y perfeccionaron el proyecto.
Esta vez ha quedado muy claro quienes están de un lado y quienes sólo defienden los intereses de los grandes grupos económicos monopólicos. La derecha (PRO, CC, UCR) se limitó a repetir los argumentos de los dueños de los medios de comunicación, ni siquiera tuvieron la imaginación suficiente para ser creativos.
Espero que no haga falta que defina Cobos en el Senado.
Vamos compañeros!!! No aflojemos, hay que seguir peleando.

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artículo 11
artículo 12
artículo 14
artículo 18
resolución
artículo 20
artículo 24
in fine
artículo 25
artículo 49
artículo 62
artículo 63
artículo 65
artículo 67
artículo 131


text:
Concepto 683408 de 2005 Secretaría Distrital de Tránsito y Transporte
SJ-11-03-683408
Bogotá, D.C., 18 de octubre de 2005
MAURICIO CORTES NIÑO
MIGUEL ANTONIO SÁNCHEZ LUCAS
Memorando S0-08-313-669128
Ver Concepto de la S.T.T. 14089 de 2005
De conformidad con el memorando de la referencia, me permito manifestarle que taxativamente la ley contempla que los vehículos inmovilizados sean trasladados en grúa, en los siguientes casos:
Articulo quinto, parágrafo segundo de la resolución 556 de 2003, que a la letra dice: "En los casos señalados por incumplimiento a las normas de emisión de gases, la inmovilización se mantendrá hasta tanto el infractor garantice la reparación del vehículo. Para el caso de vehículos de servicio público se aplicará lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 125 del Código Nacional, de Tránsito. El traslado del vehículo a los patios oficiales y su posterior retiro de los mismos al sitio que el propietario decida para subsanar la falta, se hará mediante el uso de grúa a cargo del infractor o mediante cualquier mecanismo que evite que el vehículo esté ,encendido y siga contaminando."
Articulo 127, de la Ley 769 de 2002, que a la letra dice: "Del retiro de vehículos mal estacionados. La autoridad de tránsito, podrá bloquear o retirar con grúa o cualquier otro medio idóneo los vehículos que se encuentren estacionados irregularmente en zonas prohibidas, o bloqueando alguna vía pública o abandonados en áreas destinadas al espacio público, sin la presencia del conductor o responsable del vehículo; si este último se encuentra en el sitio, únicamente habrá lugar a la imposición del comparendo y a la orden de movilizar el vehículo. En el evento en que haya lugar al retiro del vehículo, éste será conducido a un parqueadero autorizado y los costos de la grúa y el parqueadero correrán a cargo del conductor o propietario del vehículo, incluyendo la sanción pertinente.
Parágrafo 1 °. Si el propietario del vehículo o el conductor se hace presente en el lugar en donde se ha cometido la infracción, la autoridad de tránsito impondrá el comparendo respectivo y no se procederá al traslado del vehículo a los patios.
De otro lado se aclara que la facultad de inmovilización está prevista en el Código como una sanción accesoria, que se justifica sólo en los casos que por su gravedad y el grado de perturbación real, así lo ameriten. Sin embargo, más que una sanción la inmovilización es una medida preventiva tendiente a que con la infracción no se sigan poniendo en inminente riesgo, intereses jurídicamente protegidos como es la seguridad de los usuarios, es decir, que no obstante no estar taxativamente otros casos en los que se hace necesario trasladar el vehículo inmovilizado en grúa, depende de la misma naturaleza de la norma, que el infractor no pueda conducir el vehículo, por las facultades psicomotrices para los casos de embriaguez, o por la idoneidad de la actividad de conducir sin los documentos exigidos para ello, teniendo como ejemplo los siguientes casos:
Conducir un vehículo sin portar licencia de conducción o sin haber obtenido licencia de conducción - La finalidad de la licencia no es otra que acreditar que el conductor de un vehículo automotor tiene la habilidad y la idoneidad necesaria para conducirlo. Es claro entonces que el no portarla o no poseerla, es una infracción que justifica el traslado del vehículo en grúa, a no ser que dentro de los cuarenta y cinco minutos siguientes a la imposición de la infracción, se presente persona idónea para conducirlo al respectivo patio.
Presentar licencia de conducción adulterada o ajena - En este caso al igual que en el anterior, si no hay claridad sobre la autenticidad de la licencia o la identidad de quien la porta, caben las mismas razones para la inmovilización, traslado con grúa y con el agravante de que el hecho puede tener incluso consecuencias delictivas.
Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley - Los seguros están establecidos como garantía de cobertura a posibles daños causados a personas, animales o cosas en desarrollo de una actividad altamente riesgosa como la conducción de vehículos; es indispensable considerar que haya protección frente estas eventualidades mediante las pólizas que la ley exige, por lo tanto sería riesgoso permitir conducir el vehículo sin ellas, haciéndose necesario el traslado en grúa.
Conducir un vehículo sin luces en horas nocturnas - El riesgo notorio e inminente que conlleva para el infractor, otros conductores y peatones esta grave infracción, nos lleva a que por el simple sentido común se utilice la grúa para el traslado del rodante.
Respecto a la capacidad transportadora global de las empresas habilitadas para prestar servicio público colectivo, está plasmada en la resolución 278 de abril de 2005.
Se aclara que no se están tomando las capacidades transportadoras en forma inequitativa como se afirma en el escrito, pues la misma resolución es clara al considerar que con la entrada en operación del sistema de Transporte Masivo en el tramo de la troncal Américas Calle 13 y NQS, las empresas de transporte público colectivo deben ajustar la capacidad transportadora autorizada.
Respecto del proceso de reposición, es necesario establecer si la empresa a la cual está vinculado un vehículo cuenta con capacidad transportadora, evento en el cual pueda darse vía libre a la solicitud, caso contrario deberán hacer uso de su derecho en una empresa que tenga disponibilidad de capacidad.
En ese entendido no será procedente atender en sentido favorable las solicitudes de reposición, máxime cuando ya existen varios fallos en acciones de tutela que han denegado ese derecho, por estar excedida la capacidad transportadora y por existir otros mecanismos de defensa de sus intereses.
Se resalta el hecho de que mediante la resolución 278 de abril de 2005, se establece la capacidad transportadora global del servicio de transporte público colectivo para la ciudad de Bogotá, D.C. y no para municipios anexos a ella.
Respecto del cobro de factor de calidad, el Artículo 11 de la resolución 392 de 2003, a la letra dice: "Definición del factor de calidad del servicio para la compra de vehículos en la tarifa. Los recursos necesarios para la compra de los vehículos que se retirarán de circulación para la acreditación del índice de reducción de sobreoferta, se originarán en el factor de calidad del servicio en materia operativa que se incorporará a la tarifa, valor que ha sido determinado por la Secretaría de Tránsito y Transporte e incluido en la tarifa del servicio de transporte público colectivo mediante el Decreto 259 de 2003(...)"
Por lo anterior, mal podría exigirse el pago de factor de calidad, a vehículos que no hacen recaudo de este factor dentro del distrito capital.
Por último y en lo que tiene que ver con la medida de pico y placa para el transporte público de la ciudad de. Bogotá, se creó precisamente por el alto flujo vehicular causante de congestiones con incidencias negativas frente a la movilidad urbana y la productividad de la ciudad.
La Secretaría de Tránsito y Transporte estableció la conveniencia que desde el punto de vista de la movilidad urbana y de calidad ambiental tendría una medida de restricción de circulación para vehículos de transporte público colectivo e individual, y evaluado el asunto concluyó que la misma no afectaría la estabilidad de los ingresos de quienes se dedican a la actividad transportadora.
Se confirma lo anterior con la definición jurisprudencial, según SENTENCIA T-031/02, Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional: (..)'7. En ese contexto, la Sala advierte que la restricción de la circulación de vehículos de transporte público no es un acto aislado de poder sino que se trata de una medida complementaria de otras que se han adoptado para solucionar el alto flujo vehicular del Distrito Capital y que tiene respaldo en la Carta Política.
Adviértase que no se trata del primer mecanismo que se pone en funcionamiento para disminuir la congestión vehicular de la Capital de la República. Por el contrario, la restricción de la circulación de los vehículos de transporte público individual y colectivo ha estado precedida de otras medidas encaminadas al mismo propósito como la congelación del parque automotor de transporte público, la restricción de la circulación de los vehículos particulares, la construcción de una red de ciclo rutas, la modificación de sentidos viales, el fomento de una nueva cultura ciudadana, etc, Sólo ante la insuficiencia de tales medidas, la administración distrital optó por aquella que los actores estiman violatoria de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y a la libre circulación y también del derecho a la propiedad.
Ahora, no puede perderse de vista que una medida como la restricción de la circulación de vehículos de transporte público orientada a la disminución del alto flujo vehicular resulta coherente con varias disposiciones constitucionales pues, por una parte, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho a un ambiente sano y, por otra, el artículo 366 señala como finalidades sociales del Estado el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En ese marco, es claro que la restricción de la circulación de los vehículos de transporte público individual y colectivo se orienta también a la realización del derecho colectivo consagrado en el artículo 79 y a la consecución del valor constitucional referido en el artículo 366 ya citado, derecho y valor a cuya realización también se encuentra vinculada la administración distrital (...)"

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Artículo 11
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artículo 79
artículo 366
artículo 79
artículo 366