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REAL DECRETO 15/2013, DE 13 DE DICIEMBRE, SOBRE REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL "ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS" (ADIF) Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN EL ORDEN ECONÓMICO
Publicado el Jueves, 30 Enero 2014 12:49
La situación económica actual plantea la necesidad de que se profundice en la racionalización del sector ferroviario, en el ámbito de competencia estatal, en aras de lograr la máxima eficiencia en la gestión de los servicios, de forma que se asegure el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y se permita un mejor desenvolvimiento del sector.
A tal fin, resulta aconsejable que se cree una nueva entidad, por escisión de la rama de actividad de construcción y administración de infraestructuras de alta velocidad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), de manera que la gestión de las redes que actualmente administra dicha entidad, que presentan notables diferencias, tanto desde el punto de vista técnico como económico y de financiación, se realice de forma independiente.
Lo anterior supone que ADIF habrá de abordar un proceso de segregación de dicha rama de actividad, que se integrará en una nueva entidad pública empresarial creada al efecto, ADIF-Alta Velocidad; lo que, a su vez, supondrá la modificación del objeto del actual ADIF, que quedará limitado a la administración del resto de la red ferroviaria que hasta ahora venía siendo de su titularidad y a la ejecución de inversiones en la misma.
Con dicha medida se permitirá la especialización y, por tanto, optimización de la administración de ambas redes, la de alta velocidad y la de ancho convencional, lo que redundará en una mejora de su mantenimiento y explotación, y, en especial, en la gestión de la seguridad.
El citado proceso de segregación se efectuará con garantía de las condiciones laborales del personal de ADIF y de la nueva entidad resultante del mismo.
La urgencia en la adopción de la medida anteriormente descrita, se justifica en la necesidad de agilizar el proceso de liberalización del sector ferroviario, definiendo de forma inmediata la estructura de los administradores de infraestructuras ferroviarias que asumirán la administración y, en su caso, construcción de dichas infraestructuras en el ámbito de la competencia estatal.
Asimismo, en íntima relación con la creación de la nueva entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, en este real decreto-ley se incluyen disposiciones por las que se regulan diversos aspectos vinculados con dicha escisión, así como con las relaciones entre ADIF y ADIF-Alta Velocidad, para las que la urgencia de su adopción se justifica en la propia creación de la nueva entidad y en la necesidad de que, en la fecha de inicio de sus actividad, los citados aspectos se encuentren regulados. Entre dichas disposiciones se encuentran las siguientes:
El artículo 2 de este real decreto-ley regula la asignación a ADIF-Alta Velocidad de determinados bienes que constituía la red de titularidad estatal y que fueron atribuidos a ADIF a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero. Asimismo, en este artículo se establece que las transmisiones de la titularidad de dichos bienes a ADIF y a ADIF-Alta Velocidad, tendrán la consideración de transferencias a título gratuito de bienes afectos a la administración de infraestructuras ferroviarias, que habrán de efectuarse por el valor que se deduzca del Sistema de Información Contable y de los registros del Ministerio de Fomento.
Por su parte, el artículo 3 establece la obligación de ADIF y ADIF-Alta Velocidad de contar con un inventario de terrenos, que habrá de efectuarse según los requisitos fijados en el mismo.
El real decreto-ley incluye una disposición adicional primera, en la que se regulan los criterios y procedimientos para asegurar el cumplimiento del principio de la sostenibilidad financiera de la nueva entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad y en consecuencia de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de la contabilidad nacional. También se incluye una disposición adicional segunda en la que se establece que las emisiones de obligaciones y otros títulos valores representativos de deuda que efectúe la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, se rijan por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, salvo que dichas emisiones estén exclusivamente dirigidas a inversores institucionales o profesionales y se efectúen bajo ley extranjera, supuesto en que las mismas quedarán sujetas a esa legislación. Con esta medida se pretende facilitar que dicha entidad pueda obtener financiación en condiciones favorables, reduciendo las cargas administrativas que la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital supone, exclusivamente para los supuestos expresamente previstos en dicho precepto.
En la disposición adicional tercera, se habilita a ADIF-Alta Velocidad para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.3, letra a), de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, lleve a cabo la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica a la Red Ferroviaria de Interés General, incluyendo las infraestructuras de titularidad de ADIF, pudiendo, en consecuencia, suscribir en su representación contratos de acceso a la red de transporte y distribución eléctrica, así como contratos de energía con las empresas comercializadoras en todos los puntos de suministro de dicha Red Ferroviaria de Interés General. Con esta medida se pretende el aprovechamiento de las ventajas que proporciona la adquisición centralizada de la energía.
En la disposición transitoria primera se prevé que se considerará que, a 31 de diciembre de 2013, ADIF y ADIF-Alta Velocidad disponen de la preceptiva autorización de seguridad, sin perjuicio de que en el plazo de seis meses a contar desde esa fecha, ambas entidades deban solicitar la correspondiente autorización de seguridad. En tanto que, en la disposición transitoria segunda, se prevé la aplicación por ADIF-Alta Velocidad de la Declaración sobre la Red de ADIF en tanto aprueba la suya propia, así como que, en relación con la red ferroviaria cuya administración se encomienda a la nueva entidad, las empresas ferroviarias y demás candidatos podrán utilizar la capacidad que tuviesen reservada para ese horario de servicio.
La disposición final segunda modifica los artículos 20 y 22 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, por el que se establece el régimen jurídico de la contratación del administrador de infraestructuras ferroviarias, a fin de posibilitar la existencia de una pluralidad de administradores de infraestructuras ferroviarias de competencia estatal, permitiendo atribuir a la nueva entidad ADIF-Alta Velocidad las funciones propias del administrador en relación con las infraestructuras ferroviarias que se le atribuyen, y clarificar la regulación de dicho régimen de contratación y de actualizar las referencias contenidas en el mismo al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y a la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, que han sido sustituidos por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
La urgencia en aprobar dicha modificación viene motivada por la conveniencia de adecuar la Ley del Sector Ferroviario a la nueva situación derivada de la creación de ADIF-Alta Velocidad, y de que el nuevo régimen de contratación se encuentre en vigor a la fecha de inicio de actividad esta última, garantizando asimismo que dicho régimen es aplicable a ADIF, de forma que se dé idéntico tratamiento a las dos entidades que asumen el papel de administradores de infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General.
En virtud de la disposición final cuarta se aprueban los presupuestos de explotación y capital de ADIF y de ADIF-Alta Velocidad, para el año 2014, y el límite de endeudamiento de ADIF-Alta Velocidad para dicho ejercicio.
La urgencia en la adopción de esta medida se justifica en la necesidad de permitir que dicha entidad pueda acudir a los mercados financieros para cubrir sus presentes necesidades de financiación, aprovechando para ello la situación favorable actualmente existente en dichos mercados, que podría resultar coyuntural y verse afectada por tensiones en los mismos.
Además, se introduce una modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, por la que se adecua la normativa nacional a la Directiva 2009/119/CE del Consejo, de 14 de septiembre de 2009, por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos. Dicha Directiva establece el marco comunitario que garantiza el mantenimiento de un nivel elevado de seguridad de abastecimiento de petróleo en la Unión Europea.
La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y el Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, ya regulan el cumplimiento de los objetivos de reservas de emergencia y mecanismos de respuesta en caso de interrupción de suministro o desabastecimiento de crudo o productos petrolíferos en territorio español. No obstante, se considera necesario la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, para establecer la equivalencia entre las existencias mínimas de seguridad y las reservas de emergencia que contempla la Directiva 2009/119/CE.
En primer lugar, se introduce la obligación de mantener de forma permanente un nivel de reservas de emergencia por razones de seguridad de suministro que corresponderá a la mayor de las siguientes cantidades: 61 días de consumo interno diario o 90 días de importaciones netas diarias medias.
Asimismo, es necesario definir las funciones de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) como Entidad Central de Almacenamiento designada por el Reino de España y adecuar tanto los procedimientos de identificación, verificación, contabilidad y control de reservas, como los de comunicación entre los sujetos obligados y la autoridad competente, a los procedimientos establecidos en la Directiva 2009/119/CE.
También se introducen los requisitos y plazos para los sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, y se detallan las funciones de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos con objeto de garantizar que su actividad se ajusta a los requerimientos de la Directiva en relación a las Entidades Centrales de Almacenamiento.
Además, y respecto a las nuevas obligaciones estadísticas impuestas a España por la Directiva, se actualiza el régimen sancionador en relación a las obligaciones de información de los agentes económicos a la Entidad Central de Almacenamiento.
En cuanto a la utilización del real decreto-ley, cabe señalar que, aunque España viene cumpliendo de manera consistente con los plazos de transposición de las directivas comunitarias, en estos momentos existe un retraso respecto a la Directiva 2009/119/CE del Consejo, de 14 de septiembre de 2009, por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos. Por tanto, concurre el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución Española a fin de evitar un procedimiento de infracción contra el Reino de España.
También se modifica el artículo 108.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, habilitando que el Ministro de Economía y Competitividad puede autorizar la realización de operaciones de depósito a plazo y colocación de fondos en cuentas tesoreras, además de las ya contempladas de préstamo y adquisiciones temporales de activos.
La urgencia de esta modificación viene dada por la inminente decisión, por parte del Banco Central Europeo, de no retribuir o incluso penalizar el depósito de fondos de las entidades del sector público de los distintos Estados miembros en los bancos centrales después del cierre diario de operaciones. Estos saldos actúan como un factor autónomo de detracción de liquidez del sistema causando efectos negativos en la implementación de la política monetaria.
A fin de evitar este escenario, y teniendo en cuenta que los instrumentos actualmente disponibles resultan insuficientes para garantizar la completa colocación de los fondos del Tesoro Público en operaciones de tesorería con la banca privada, resulta necesario y urgente dotarse de instrumentos adicionales que permitan evitar el depósito de saldos remanentes del Tesoro Público en el Banco de España y el riesgo de posibles retribuciones negativas.
El resto de disposiciones regulan los títulos competenciales en virtud de los que se dicta esta disposición y la entrada en vigor de la norma que se producirá el día siguiente al de su publicación.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Fomento, Hacienda y Administraciones Públicas, Economía y Competitividad e Industria, Energía y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de diciembre de 2013,
Artículo 1. Creación de la entidad ADIF-Alta Velocidad.
1. Con fecha 31 de diciembre de 2013, se creará la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad como organismo público de los previstos en el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, mediante la escisión de la rama de actividad de construcción y administración de aquellas infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y otras que se le atribuyan y estén encomendadas hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
La actividad no segregada permanecerá en ADIF.
La citada escisión de rama de actividad no supondrá incremento de gasto público.
Tanto ADIF como ADIF-Alta Velocidad actuarán en el desempeño de sus funciones con plena independencia de cualquier empresa ferroviaria o candidato a la obtención de capacidad de infraestructura ferroviaria.
La entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad tendrá personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio, distinto del de la Administración General del Estado, y estará adscrita al Ministerio de Fomento.
El Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, a iniciativa del Ministerio de Fomento y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aprobará el Estatuto de la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, en el que, además de las restantes cuestiones contempladas en el artículo 62 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se regularán su estructura organizativa básica, sus órganos superiores de dirección y las funciones de los mismos.
Asimismo, mediante Real Decreto de Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Fomento y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se modificará el Real Decreto 2395/2005, de 30 de octubre, por el que se aprueba el estatuto de ADIF, para adaptar el mismo a lo dispuesto en este real decreto-ley.
2. ADIF-Alta Velocidad asumirá las funciones asignadas al administrador de infraestructuras ferroviarias por la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, en relación con aquellas infraestructuras ferroviarias cuya titularidad le haya sido atribuida, así como con las que se le atribuyan en un futuro por lo que, en todo lo no previsto en la presente disposición, y en lo que se refiere a las competencias que se le atribuyen, le será de aplicación lo dispuesto en el capítulo V del título II de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, y demás preceptos de dicha norma que resulten de aplicación al administrador de infraestructuras ferroviarias.
ADIF-Alta Velocidad se subrogará en la posición de la entidad pública empresarial ADIF, en relación con todas las atribuciones y encomiendas de construcción o administración correspondientes a aquellas infraestructuras ferroviarias que le hubieran sido asignadas mediante la orden ministerial prevista en el apartado 5 del presente artículo, así como en todos los expedientes de gasto y contratos relativos a dichas infraestructuras que hayan sido iniciados o celebrados, respectivamente, por ADIF y que sigan vigentes en la fecha de creación de la nueva entidad.
3. El personal laboral de ADIF que viniese atendiendo a las actividades y servicios que, a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley pasan a ser asumidos por ADIF-Alta Velocidad, pasará a integrarse en ésta última entidad. La adscripción de dicho personal de ADIF a ADIF-Alta Velocidad se efectuará mediante orden del Ministro de Fomento, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
A efectos de lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, se entenderá que con fecha 31 de diciembre de 2013 se produce una sucesión de empresas entre la entidad pública empresarial ADIF y la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad. Los trabajadores de ADIF que, hasta dicha fecha, venían prestando sus servicios en ADIF, se integrarán en la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad atendiendo a las actividades y servicios que viniesen prestando en aquélla, que pasan a ser asumidas por ADIF-Alta Velocidad de acuerdo con lo establecido en este real decreto-ley.
Las relaciones laborales de dicho personal se seguirán rigiendo por el convenio colectivo que le fuere de aplicación en el momento de su integración.
Las personas que tuviesen la condición de representantes legales de los trabajadores en ADIF y que pasen a integrarse en ADIF-Alta Velocidad, seguirán ejerciendo sus funciones en los mismos términos y bajo las mismas condiciones que regían con anterioridad.
La integración del personal no podrá suponer en ningún caso incremento de dotaciones, retribuciones ni otros gastos de personal al servicio del sector público.
El régimen retributivo del personal directivo y del Presidente, tanto de ADIF como de ADIF-Alta Velocidad, así como las indemnizaciones por asistencia de los miembros de los Consejos de Administración de ambas entidades, se ajustarán a lo previsto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.
4. El Presidente de la entidad pública empresarial ADIF y el Secretario de su Consejo de Administración, lo serán asimismo de ADIF-Alta Velocidad.
5. ADIF-Alta Velocidad tendrá para el cumplimiento de sus fines un patrimonio propio, distinto del de la Administración General del Estado, integrado por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de los que sea titular.
Mediante orden del Ministro de Fomento y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, se determinará qué activos y pasivos, de los que pertenecían o estaban adscritos a ADIF, pasan a ser de titularidad de ADIF-Alta Velocidad. La integración de dichos activos y pasivos en el patrimonio de ADIF-Alta Velocidad se efectuará y registrará según el valor contable de los mismos.
En todo caso, se incorporarán al patrimonio de ADIF-Alta Velocidad las infraestructuras ferroviarias cuya titularidad se le haya atribuido, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, y todos los bienes muebles e inmuebles de ADIF que se estimen convenientes para garantizar la sostenibilidad financiera de ADIF-Alta Velocidad, así como la deuda asumida por ADIF en relación con dichos bienes.
Una vez producida la segregación, mediante acuerdo de Consejo de Ministros se podrán producir traspasos de infraestructuras ferroviarias entre ADIF y ADIF-Alta Velocidad cuando existan razones de explotación o desarrollo de la Red Ferroviaria de Interés General que lo hagan aconsejable. La transferencia de activos entre ambas entidades se efectuará y registrará por el valor contable por el que figuren registrados en la contabilidad de la entidad cedente, fijándose por el Consejo de Ministros los términos de la referida transmisión.
6. La contratación de la construcción y administración de la infraestructura ferroviaria por ADIF-Alta Velocidad se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
7. ADIF-Alta Velocidad y ADIF podrán encomendarse, mediante la suscripción del oportuno convenio, la realización de determinadas actividades. En dichos convenios habrá necesariamente de contemplarse la compensación económica que correspondería a la entidad pública empresarial ADIF o, en su caso, a ADIF-Alta Velocidad, por la prestación de los servicios encomendados.
En particular, ambas entidades podrán encomendarse la gestión de la capacidad de infraestructuras y, debido a la interconexión de las redes cuya administración tienen atribuida ambas entidades, y como excepción a lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, también la gestión de los sistemas de control, de circulación y de seguridad.
Por otra parte, en caso de que una de dichas entidades encomiende a la otra la realización de tareas relacionadas con la seguridad ciudadana y protección civil, el responsable de esa materia será el mismo en ambas entidades. Lo anterior será asimismo de aplicación al responsable de la prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo.
8. ADIF-Alta Velocidad y ADIF formularán la propuesta de modificación o actualización de las cuantías de los cánones ferroviarios establecidos en los artículos 74 y 75 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, a la que se refiere el artículo 77 del citado texto legal.
9. Los efectos de la escisión se retrotraen contablemente al 1 de enero de 2013. ADIF-Alta Velocidad reflejará en sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 los activos y pasivos, ingresos, gastos y los flujos de efectivo correspondientes a la rama de actividad escindida desde el día 1 de enero del referido año. Asimismo, ADIF no incluirá en sus cuentas anuales del ejercicio 2013, los ingresos, gastos y los flujos de efectivo de la rama segregada y dará de baja de su balance, con efectos contables de 1 de enero de 2013, la totalidad de los activos y pasivos correspondientes a dicha rama de actividad.
Las transacciones que, como consecuencia de lo previsto en el párrafo anterior, deban registrar en su contabilidad ambas entidades públicas empresariales para reconocer los efectos de la escisión con fecha 1 de enero de 2013, no devengarán ningún tributo, con la excepción de su consideración a los efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de cada una de las entidades correspondiente al ejercicio 2013.
10. A las transmisiones, actos u operaciones de mutación patrimonial, afectación, adscripción y atribución de administración consecuencia de esta disposición, les será de aplicación el régimen fiscal previsto en el capítulo VIII del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
El régimen aplicable a ADIF-Alta Velocidad, respecto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en cuanto a todas sus modalidades, será el previsto en el artículo 45.I.A).a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
11. Además de los recursos previstos en el artículo 23 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, ADIF-Alta Velocidad y ADIF podrán recibir, para la administración, construcción, reposición o mejora de las infraestructuras ferroviarias de su titularidad, tanto transferencias corrientes como de capital de los Presupuestos Generales del Estado, y del presupuesto de otras Administraciones Públicas.
Dichas entidades podrán suscribir convenios con la Administración General del Estado para la financiación de las actividades que constituyen su objeto.
El Ministerio de Fomento establecerá las directrices básicas que hayan de presidir la administración de las redes de titularidad de cada una de dichas entidades, señalando los objetivos, fines y costes que se deben alcanzar y los niveles de calidad en la prestación del servicio.
12. ADIF-Alta Velocidad podrá delegar en ADIF las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de la tasa por seguridad en el transporte ferroviario de viajeros, regulada en la sección II del capítulo I del título V de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, que se devengue por la prestación del servicio de vigilancia y el control de acceso, tanto de viajeros como de equipajes, a las estaciones y demás recintos ferroviarios de titularidad de ADIF-Alta Velocidad.
13. Se entenderán realizadas a ADIF-Alta Velocidad y a ADIF, en el ámbito de sus respectivas competencias, todas las referencias hechas al administrador de infraestructuras ferroviarias en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y en sus disposiciones de desarrollo.
Artículo 2. Asignación de los bienes que constituían la red de titularidad del Estado.
1. La atribución a ADIF-Alta Velocidad, en su caso, de infraestructuras ferroviarias y estaciones de las que constituían la red de titularidad del Estado y pasaron a ser de titularidad de ADIF a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, se efectuará según lo que se disponga en la orden ministerial a la que se refiere el apartado 5 del artículo 1 de la presente norma.
2. A todos los efectos, la transmisión de la titularidad de las infraestructuras ferroviarias y estaciones citadas en el apartado anterior a ADIF y a ADIF-Alta Velocidad tendrá la consideración de una transferencia a título gratuito de bienes afectos a la realización de la actividad de administración de infraestructuras ferroviarias, y se valorarán y registrarán según lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, que establece que los cambios en la titularidad de estos bienes se efectuarán por el valor que se deduzca del Sistema de Información Contable y de los registros del Ministerio de Fomento.
Artículo 3. Inventario de terrenos de ADIF y de ADIF-Alta Velocidad.
1. ADIF y ADIF-Alta Velocidad deberán disponer de un inventario valorado e integrado en los registros contables de cada una de las entidades, de todos los terrenos de su titularidad en los términos que establezca la Orden Ministerial a la que se refiere el apartado 5 del artículo 1 de la presente norma.
2. ADIF y ADIF-Alta Velocidad valorarán los terrenos mencionados en el apartado anterior de acuerdo con su precio de adquisición. En aquellos supuestos en los cuales no se disponga del precio de adquisición, se procederá a la estimación del precio de adquisición a través de la aplicación de diferentes métodos de cálculo, basados en los precios de adquisición de terrenos de características similares expropiados o adquiridos en el mismo período de referencia, que se desarrollarán en la Orden del Ministro de Fomento a que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 1 de la presente norma.
3. Los inventarios a que se refiere el apartado 1 anterior incluirán, en su caso, los terrenos sobre los que se ubican las infraestructuras ferroviarias y estaciones que constituían la red de titularidad del Estado y pasaron a ser de titularidad de ADIF, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.
En la medida en que los citados terrenos no figuren valorados en el sistema de información contable y los registros del Ministerio de Fomento, les serán de aplicación los criterios de estimación del precio de adquisición mencionados en el punto 2 anterior.
4. La incorporación de estos bienes inmuebles a los registros contables de cada una de las entidades por su precio de adquisición o en su defecto, por el valor aplicable según lo indicado en el párrafo anterior, se efectuará, con independencia del ejercicio contable en que se produzca, considerando que la citada transmisión tiene la consideración de una transferencia a título gratuito de activos.
Disposición adicional primera. Sostenibilidad financiera de ADIF-Alta Velocidad.
1. ADIF-Alta Velocidad, de conformidad con el principio de sostenibilidad financiera, garantizará que la ratio de cobertura de los costes de producción con ingresos por ventas, tal y como aparecen configurados en la normativa reguladora de la contabilidad nacional, permitan su clasificación como unidad pública incluida dentro del sector «Sociedades no Financieras».
2. La presupuestación y ejecución de las inversiones se ajustará en el tiempo y en la cuantía de modo que en ningún caso podrán acometerse inversiones que pongan en riesgo la consideración de ADIF-Alta Velocidad como sociedad no financiera a efectos de contabilidad nacional.
3. Cualquier desviación en la ejecución de los Presupuestos de Explotación y de Capital de la entidad que suponga una caída de la ratio que ponga en riesgo la calificación de ADIF-Alta Velocidad como sociedad no financiera conllevará la reprogramación de las inversiones en curso hasta que la ratio alcanzada elimine dicho riesgo.
4. Los contratos, los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de ADIF-Alta Velocidad que afecten a los gastos deberán valorar sus repercusiones y efectos en la ratio, y supeditarse su ejecución de forma estricta al cumplimiento del valor mínimo de referencia para cumplir su clasificación como sociedad no financiera a efectos de contabilidad nacional.
5. A tal fin, trimestralmente informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la evolución de estas magnitudes y de la ratio existente y la previsión de su evolución. Si a la vista de la información remitida, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas apreciara la existencia de riesgos que afectaran al cumplimiento del ratio de cobertura exigido lo pondrá en conocimiento de ADIF-Alta Velocidad a efectos de que se adopten las medidas oportunas, informando de esta circunstancia a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
6. Con independencia de lo indicado anteriormente ADIF-Alta Velocidad estará obligada a facilitar a la Intervención General de la Administración del Estado cuanta información le sea solicitada por dicho Centro Directivo para contrastar el cumplimiento de los ratios de cobertura de gastos e informar, en los términos que procedan, a las autoridades de la Comisión Europea.
7. Las actuaciones que afecten a sus ingresos presentes o futuros, deberán orientarse a la cobertura de los costes cumpliendo con el principio de sostenibilidad.»
Disposición adicional segunda. Emisión de obligaciones y otros títulos valores representativos de deuda por la entidad pública empresariales ADIF-Alta Velocidad.
Las emisiones de obligaciones de ADIF-Alta Velocidad se regirán por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. No obstante cuando dichas emisiones estén dirigidas exclusivamente a inversores institucionales o profesionales y se efectúen bajo ley extranjera se someterán exclusivamente a los requisitos fijados en dicha legislación.
Disposición adicional tercera. Suministro de energía eléctrica al sistema ferroviario.
1. Las entidades públicas empresariales ADIF y ADIF-Alta Velocidad serán titulares de los puntos de suministro de energía eléctrica que patrimonialmente tengan asignados, siendo cada entidad responsable de sus costes de amortización y de mantenimiento, así como de las obligaciones reglamentarias derivadas de dicha titularidad.
2. Lo dispuesto en el artículo 40.3.a) de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, en cuanto a la obligación del administrador de infraestructuras ferroviarias de prestar el servicio complementario de suministro de energía eléctrica en las infraestructuras ferroviarias integradas en la Red Ferroviaria de Interés General a las empresas ferroviarias que lo soliciten, será de aplicación a ADIF-Alta Velocidad, que asimismo podrá suministrar energía eléctrica a las infraestructuras de titularidad de ADIF y, en consecuencia suscribir en su representación, contratos de acceso a la red de transporte y distribución eléctrica, directamente con las distribuidoras o a través de empresas comercializadoras y contratos de energía con las empresas comercializadoras en todos los puntos de suministro de la Red Ferroviaria de Interés General.
Disposición transitoria primera. Autorizaciones de seguridad de ADIF y ADIF-Alta Velocidad.
Se considerará que a 31 de diciembre de 2013 las entidades públicas empresariales ADIF y ADIF-Alta Velocidad disponen de la preceptiva autorización de seguridad, debiendo cumplir las citadas entidades, desde dicha fecha, todas las obligaciones dimanantes de la regulación vigente en materia de seguridad en la circulación ferroviaria; todo ello sin perjuicio de que en el plazo de seis meses a partir de la fecha indicada deban presentar ante la Dirección General de Ferrocarriles la correspondiente solicitud y documentación reglamentaria, de acuerdo con lo indicado en los artículos 9 a 14 del Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General, aprobado por el Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, a fin de que por dicho centro directivo se les otorgue, si así procede, la correspondiente autorización de seguridad.
Disposición transitoria segunda. Primera declaración sobre la Red de ADIF-Alta Velocidad.
1. La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo de aprobación de la primera declaración sobre la red de ADIF-Alta Velocidad, se producirá en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta disposición, no rigiendo en este caso el plazo previsto en el artículo 5.1 de la Orden FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria.
Hasta la publicación de la primera declaración sobre la red de ADIF-Alta Velocidad, será de aplicación a dicha entidad la declaración sobre la red aprobada por ADIF que se encuentre vigente en ese momento, en lo relativo a las infraestructuras ferroviarias que hayan sido atribuidas a la nueva entidad por la orden a la que se refiere el artículo 1.5 de este real decreto-ley.
2. En relación con la red ferroviaria cuya administración se encomiende a ADIF-Alta Velocidad, desde la entrada en vigor de la presente disposición y hasta la entrada en vigor del primer horario de servicio, las empresas ferroviarias tendrán asignada la capacidad de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios de transporte ferroviario que estuviesen prestando en el momento de creación de la nueva entidad, y además podrán solicitar la capacidad para prestar nuevos servicios de conformidad con el procedimiento establecido al efecto por la Orden FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, se modifica como sigue:
Uno. Los artículos 50, 51 y 52 quedan redactados en los siguientes términos:
«Artículo 50. Existencias mínimas de seguridad.
1. Todo operador autorizado a distribuir al por mayor productos petrolíferos en territorio nacional, y toda empresa que desarrolle una actividad de distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos no adquiridos a los operadores regulados en esta Ley, deberán mantener en todo momento existencias mínimas de seguridad de los productos que el Gobierno determine reglamentariamente, en lo que se refiere a la cantidad, tipos de productos, lugar de almacenamiento y localización geográfica, hasta un máximo de ciento veinte días de sus ventas anuales, computados de acuerdo con la metodología que asimismo se establezca. Dicho máximo podrá ser revisado por el Gobierno cuando los compromisos internacionales del Reino de España lo requieran.
Artículo 51. Sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad.
1. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para que, con anterioridad al 31 de mayo de cada año, todos los sujetos conozcan las modalidades que vayan a aplicarse para calcular las obligaciones de almacenamiento en vigor a partir del 1 de enero del siguiente año.
Asimismo, se establecerán las cantidades de reservas de los sujetos obligados que obligatoriamente mantendrá la Corporación y aquellas otras reservas que la Corporación podrá mantener a su favor más allá de los porcentajes obligatorios. En el caso de que los operadores deseen ejercer tal derecho más allá de las obligaciones establecidas, deberán comunicarlo antes del 30 de junio del año precedente.
Artículo 52. Entidad Central de Almacenamiento.
1. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, en su calidad de Entidad Central de Almacenamiento, tendrá por objeto la adquisición, constitución, mantenimiento y gestión de las reservas de hidrocarburos que se determinen reglamentariamente.
b) Establecer un inventario detallado y permanentemente actualizado de todas las reservas de emergencia almacenadas, con exclusión, en su caso, de las reservas específicas. Dicho inventario incluirá, en particular, los datos necesarios para poder localizar el depósito, la refinería o la instalación de almacenamiento en que se encuentren las reservas en cuestión, así como las cantidades, el propietario y la naturaleza con arreglo a las categorías definidas por las normas del Derecho de la Unión Europea obligatorias y que sean de aplicación en cada momento. Dichos datos deberán mantenerse por un período de cinco años.
En cualquier momento, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá requerir dicho inventario a la Corporación, que dispondrá de un plazo máximo de diez días para su remisión.
e) Constitución, mantenimiento y gestión de las reservas de los operadores económicos o sujetos obligados en los términos que reglamentariamente se establezcan. Las reservas que estén a su plena disposición en virtud de contratos de arrendamiento no podrán ser cedidas o arrendadas, a terceros, en forma alguna.
f) Cálculo y verificación de los niveles totales de reservas de petróleo equivalente y cantidades de productos que, de forma permanente, mantiene el Reino de España, calculadas tanto en días de importaciones netas diarias medias, como en días de consumo interno diario medio correspondiente al año de referencia en conformidad con la normativa europea y las obligaciones derivadas de los Tratados Internacionales en los que el Reino de España sea Parte.
Asimismo, deberá remitir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las relaciones estadísticas sobre hidrocarburos que reglamentariamente se establezcan.
El Presidente de la Corporación y la parte de vocales de su órgano de administración que reglamentariamente se determine serán designados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo entre empleados públicos con experiencia acreditada en el sector energético. El titular de dicho departamento podrá imponer su veto a aquellos acuerdos de la Corporación que infrinjan lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones de desarrollo.»
Dos. El párrafo f) del artículo 110 queda redactado de la siguiente manera:
«f) El incumplimiento de cuantas obligaciones de remisión de información se deriven de aplicación de la normativa vigente o resulten del previo requerimiento por parte de la Administración, incluida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos o el Gestor Técnico del Sistema.
Asimismo, se considerará infracción grave el incumplimiento por parte de los sujetos del sistema de sus obligaciones de información o comunicación a otros sujetos del sistema. También se considerará infracción grave la no remisión de la información en la forma y plazo que resulte exigible.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
Uno. El artículo 20 queda redactado como sigue:
«Artículo 20. Naturaleza jurídica del administrador de infraestructuras ferroviarias.
La administración de las infraestructuras ferroviarias y, en su caso, su construcción corresponderán, dentro del ámbito de competencia estatal, a una o varias entidades públicas empresariales adscritas al Ministerio de Fomento que tendrán personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio y se regirán por lo establecido en esta ley, en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en su propio Estatuto y en las demás normas que le sean de aplicación.»
Dos. Los párrafos b) y c) del apartado 3 del artículo 22 quedan redactados como sigue:
«b) El administrador de infraestructuras ferroviarias contratará con arreglo a lo previsto en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. En los supuestos en que no sea de aplicación esta Ley, el administrador de infraestructuras ferroviarias acomodará su actuación a las instrucciones internas que deberá aprobar dicha entidad para la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada, conforme a lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
c) No obstante lo anterior, el administrador de infraestructuras ferroviarias ajustará su actividad a las normas establecidas para las Administraciones Públicas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en la preparación, adjudicación, cumplimiento, efectos y extinción de los contratos de obras de construcción o modificación de las infraestructuras ferroviarias, a excepción de las obras de electrificación y señalización, el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la gestión de los sistemas de control, circulación y seguridad del tráfico.»
Tres. Se añade al apartado 3 del artículo 22 un nuevo párrafo d) del siguiente tenor:
«d) En aquellos contratos en los que, de conformidad con los apartados anteriores, se incluyan prestaciones cuya contratación se encuentre sometida al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, junto con prestaciones cuya contratación se encuentre sujeta a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y/o junto con prestaciones cuya contratación se rija por las instrucciones internas que apruebe la entidad conforme a lo dispuesto en el artículo 191 de dicho texto refundido, el administrador de infraestructuras ferroviarias atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deba observar en la preparación y adjudicación, efectos y extinción de los citados contratos, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico.
Cuando en estos supuestos en que se pretende la ejecución de varias actividades, se pongan de manifiesto, mediante la elaboración del documento de evaluación previa a que se refiere el artículo 134 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las circunstancias a que se refiere el citado artículo 134, y que las fórmulas alternativas de contratación previstas en la normativa que resulte de aplicación, según las reglas anteriores, no permiten la satisfacción de las finalidades y objetivos proyectados, el administrador de infraestructuras ferroviarias podrá realizar la construcción o administración de infraestructuras ferroviarias mediante la celebración de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado definidos en el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Estos contratos se regirán, con las especialidades previstas en la presente Ley, por las normas que resulten de aplicación según lo señalado en el párrafo primero de este apartado d), salvo en los supuestos en los que se incluya entre las actuaciones a realizar la ejecución de obras de plataforma y/o de montaje de vía en los que el administrador de infraestructuras ferroviarias ajustará su actividad a las normas establecidas para las Administraciones Públicas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, relativas a los contratos de colaboración entre el sector púbico y el sector privado, con independencia del porcentaje que representen cada una de las prestaciones desde el punto de vista económico respecto del presupuesto total del contrato.
En los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado el plazo de ejecución del contrato vendrá determinado en función de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, sin que resulte de aplicación la limitación prevista en el artículo 314 del citado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; no obstante, la duración de estos contratos en ningún caso podrá exceder de cuarenta años. Asimismo, en todos aquellos contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros, la aprobación del expediente exigirá con carácter previo la autorización del Consejo de Ministros e informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que se pronuncie sobre las repercusiones presupuestarias y compromisos financieros que conlleva, así como sobre su incidencia en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria».
Cuatro. El primer párrafo del apartado 5 del artículo 22 queda redactado como sigue:
«El administrador de infraestructuras ferroviarias podrá, asimismo, realizar la construcción o administración de infraestructuras ferroviarias mediante la celebración del oportuno contrato de concesión de obra pública, que se regirá por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con las especificaciones previstas en la presente Ley.»
Se modifica el artículo 108.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que queda redactado como sigue:
«2. Con objeto de facilitar la gestión tesorera, el Ministro de Economía y Competitividad podrá autorizar a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera a realizar operaciones a corto plazo de adquisición temporal de activos, préstamo, depósito a plazo y colocación de fondos en cuentas tesoreras. En dicha autorización se concretarán las condiciones en que podrán efectuarse tales operaciones, que respetarán los principios de solvencia, publicidad, concurrencia y transparencia, adecuados al tipo de operación de que se trate en cada caso.
Se autoriza a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera a tramitar la adhesión a mercados secundarios de valores, tales como AIAF Mercado de Renta Fija, siempre que ello resulte necesario a los efectos de poder utilizar valores negociados en los mismos en las operaciones de adquisición temporal de activos.»
Disposición final cuarta. Aprobación de los presupuestos de explotación y capital de ADIF y de ADIF-Alta Velocidad.
1. Se aprueban los presupuestos de explotación y capital de las entidades públicas empresariales ADIF y ADIF-Alta Velocidad para el año 2014, que se incorporan en el anexo del presente real decreto-ley. Dichos presupuestos de explotación y capital sustituirán al presupuesto de explotación y capital contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.
2. La autorización de endeudamiento que se contiene en el anexo III de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 queda limitada a un importe de 2.625.000 miles de euros y referida a ADIF-Alta Velocidad.
1. Lo dispuesto en los artículos 1, 2, y 3, en las disposiciones adicionales y transitorias, así como en las disposiciones finales segunda y cuarta este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª, 21.ª y 24.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, sobre los ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma y sobre las obras públicas de interés general.
2. La disposición final primera se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª y 25.ª que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético.
3. La disposición final tercera se dicta al amparo del artículo 149.1.11.ª, 13.ª y 14.ª de la Constitución que atribuyen al Estado la competencia sobre las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre deuda del Estado.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto la disposición final cuarta, que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
Dado en Madrid, el 13 de diciembre de 2013.
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Artículo 1
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artículo 22
artículo 22
artículo 77
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Real Decreto
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artículo 1
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Artículo 3
artículo 1
artículo 1
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artículo 134
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RESOLUCIONES - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: DEMANDA CONTRA LA HERENCIA YACENTE. - 15/11/2016
PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: DEMANDA CONTRA LA HERENCIA YACENTE.
Ley Hipotecaria, Artículos 2, 3, 9, 10, 18, 20, 38, 40, 82, 199, 201, 203, 326 y 327
Resolución de 15 de noviembre de 2016 , de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Valdepeñas a inscribir una sentencia judicial.
I En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valdepeñas se siguió procedimiento de juicio ordinario número 111/2010, en el que se dictó sentencia el día 25 de abril de 2012 por don José Antonio Obrero Ariza, titular de dicho Juzgado. Dicho proceso se instó por doña R. y don M. C. J. frente a los herederos de doña R. y don A. J. S. La referida sentencia estimó la pretensión de los demandantes y declaró en su fallo que se reconocía el dominio de la finca registral número 38.525 del Registro de la Propiedad de Valdepeñas a favor de los actores por mitad y pro indiviso con carácter privativo, ordenándose la cancelación de las inscripciones contradictorias.
II Testimonio de la señalada sentencia, expedido el día 10 de septiembre de 2015 por don J. G. F., letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valdepeñas, fue presentado en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas el día 5 de julio de 2016, en unión de diligencia de adición expedida el día 28 de junio de 2016 por el mismo Juzgado, y acta de manifestaciones otorgada el día 21 de junio de 2016 ante el notario de Valdepeñas, don José Álvarez Fernández, número 1.102 de protocolo, siendo objeto de calificación desfavorable en los siguientes términos: "Registro de la Propiedad de Valdepeñas Previo examen y calificación del documento presentado a las 09:11, el día 05/07/2016 generando el asiento 816 del Diario 181, resultan los siguientes: Hechos I. El documento objeto de la presente calificación, testimonio de la sentencia número 64/2012 autorizado el 10/09/2015 por don J. G. F., Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Valdepeñas, en el procedimiento 111/2010 sobre otras materias, fue presentado el día y hora y bajo el asiento de presentación arriba indicado, acompañado de diligencia de adición expedida el veintiocho de junio de dos mil dieciséis por el mismo Juzgado y acta de manifestación otorgadas el día veintiuno de junio de dos mil dieciséis, por el Notario de Valdepeñas, don José Álvarez Fernández, protocolo 1102. II. En dicho documento se reconoce el dominio de una finca en pro indiviso a favor de los demandantes, y se ordena la inscripción a favor de los mismos, y la cancelación de los asientos contradictorios. Se han observado las siguientes circunstancias que han sido objeto de calificación desfavorable: 1. No se acredita el fallecimiento de los titulares registrales, los cónyuges don P. J. A. y doña R. S. C., y el título sucesorio de los mismos. 2. La minoración de cabida de la finca, alteración de linderos y constatación de la referencia catastral. Fundamentos de Derecho En relación a las circunstancias reseñadas en el Hecho II anterior, debe tenerse en consideración: 1. Conforme a los artículos 222 de la L.E.C, 20 y 38 de la Ley Hipotecaria y R.D.G.R.N. de 31 de julio de 1998, 5 de febrero de 1999, 6 de abril de 2000 y 15 de enero, 29 de septiembre de 2001 y 30 de octubre de 2002. Para que la cancelación e inscripción ordenadas puedan tener acceso al Registro, es necesario que la demanda haya sido dirigida contra los titulares registrales, y si hubieran fallecido, contra sus herederos. Es reiterada doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado en numerosas Resoluciones (entre otras las citadas en "Vistos"), que el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento. En este sentido el principio registral de tracto sucesivo, que no es sino un trasunto de la proscripción de la indefensión, impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que pudieran entrañar una indefensión procesal patente del titular registral. Esta es la razón por la cual, el artículo 100 del Reglamento Hipotecario (en consonancia con el artículo 18 de la propia Ley) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del Juez o Tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción. Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos la posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el punto de vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el procedimiento. Por lo tanto entiende este Centro Directivo que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino una inadecuación, en este caso, entre la resolución recaída y el procedimiento o juicio en que debiera dictarse, que sí es materia a la que alcanza la potestad de calificación del registrador, conforme al artículo 100 del Reglamento Hipotecario. Siempre que el procedimiento incoado afecte a la titularidad registral, ha de ser demandado éste o sus herederos acreditados, y en el presente caso, si bien la sentencia se refiere a los demandados como herederos de don L. A. G. no se hace mención del título sucesorio que lo acredite, no queda por tanto tampoco acreditada la inexistencia de otros herederos. No obstante bastaría para poder inscribir la sentencia aportar el oportuno título sucesorio al objeto de comprobar tales extremos. 2. El artículo 201, apartados 2 y 3, de la Ley Hipotecaria, regula el expediente para rectificar la descripción, superficie o linderos de cualquier finca inscrita, expediente que se tramitará, ante Notario, con las reglas prevenidas en el artículo 203 de dicha Ley. No obstante, no será necesaria la tramitación de tal expediente cuando se trate de alteración de su calificación o clasificación, destino, características físicas distintas de la superficie o los linderos, o los datos que permitan su adecuada localización o identificación, tales como el nombre por el que fuere conocida la finca o el número o denominación de la calle, lugar o sitio en que se encuentre, siempre que, en todos los casos, la modificación se acredite de modo suficiente, añadiéndose en las letras a) y b) del citado apartado 3 que tampoco será necesaria la tramitación de tal expediente, cuando las diferencias de cabida no excedan del diez por ciento de la inscrita y se acredite mediante certificación catastral descriptiva y gráfica, siempre que de los datos descriptivos respectivos se desprenda la plena coincidencia entre la parcela objeto del certificado y la finca inscrita, así como en los supuestos de rectificación de la superficie, cuando la diferencia alegada no exceda del cinco por ciento de la cabida que conste inscrita, siendo necesario, en ambos casos, que el Registrador, en resolución motivada, no albergue dudas sobre la realidad de la modificación solicitada, fundadas en la previa comprobación, con exactitud, de la cabida inscrita, en la reiteración de rectificaciones sobre la misma o en el hecho de proceder la finca de actos de modificación de entidades hipotecarias, como la segregación, la división o la agregación, en los que se haya determinado con exactitud su superficie. En el caso presente, la rectificación consiste en una minoración de superficie, inferior al 10% de la cabida inscrita, teniendo en cuenta que el procedimiento judicial no se ha tramitado para la constancia registral de la minoración de cabida de la finca, no queda justificado el mismo, y dado que la finca se halla inscrita con una superficie de 156 metros, y se formó por segregación. En su virtud, Suspender la inscripción solicitada, quedando automáticamente prorrogado el asiento de presentación correspondiente durante el plazo de sesenta días a contar desde que se tenga constancia de la recepción de la última de las notificaciones legalmente pertinentes. De conformidad con el artículo 324 de la Ley Hipotecaria, contra la presente nota de calificación, podrá (...). Valdepeñas, quince de julio del año dos mil dieciséis La registradora de la Propiedad (firma ilegible).-Fdo.: Josefa Porras Delgado".
III Contra la anterior calificación, doña R. C. J. interpuso recurso el día 19 de agosto de 2016 en consideración a los siguientes argumentos: "Hechos y fundamentos Primero.-(...) Segundo.-La calificación negativa del Registrador es contraria, dicho sea en términos de defensa, a la doctrina reiterada de la DGRN que expresa, tratándose de calificación de documentos judiciales, que el registrador ha de limitarse, al artículo 100 del Reglamento Hipotecario, sin entrar a valorar sobre el acierto intrínseco de la decisión judicial que en aquellos se contiene, pues, ello supondría interferirse en la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a jueces y tribunales, de acuerdo con los artículos 117 del Constitución Española, 18 de la Ley Hipotecaria y 100 del Reglamento Hipotecario. En el caso ahora impugnado se trataba de una Sentencia recaída en procedimiento ordinario en el que se ejercitaba acción declarativa de dominio frente a los herederos legales de los titulares registrales, los cuales habían fallecido y que tras los trámites oportunos la sentencia, firme declaraba justificado el dominio sobre la finca registral n.º 38525 del Registro de la Propiedad de Valdepeñas y ordenaba inscribir: a) La titularidad dominical de los actores don M. C. J. y doña R. C. J. con carácter privativo y pro indiviso de la finca registral n.º 38525 del Registro de la Propiedad de Valdepeñas, descrita en el hecho primero de la demanda. b) La nulidad o cancelación de la inscripción contradictoria de la finca registral 38525 del Registro de la Propiedad de Valdepeñas y de cuantas otras pueda contradecir o perjudicar la titularidad dominical de los actores c) Se ordene al Registrador la inscripción como finca propiedad de los actores de la finca registral 38525 que consta inscrita a favor de don P. J. A. Sentencia que es, por sí sola, título hábil para tal inscripción (cfr. artículo 201.6 de la Ley Hipotecaria), por lo que no resultan procedentes las alegaciones del registrador en el sentido que, en su opinión, de los hechos narrados debe concluirse una solución distinta sobre la titularidad dominical actual de la finca en cuestión, de la que sirve de fundamento a la declaración judicial contenida en dicha Sentencia. En consecuencia, el título inscribible es la Sentencia firme, y como quiera que este ordena incondicionadamente la inscripción a favor de la recurrente y de su hermano don M. C. J. y se trata de una resolución que tiene aptitud legal para provocar tal asiento, el Registrador ha de estar y pasar por tales declaraciones y practicar la inscripción solicitada, pues de lo contrario, el Registrador se interferiría en el fundamento de la resolución judicial y realizaría una actividad jurisdiccional que no le corresponde. Así sucede en este caso, donde las consideraciones por parte del Registrador corresponden propiamente al fondo de la resolución judicial, por lo que fundarse en tales argumentos a la hora de proceder a su calificación registral supone una extralimitación de su función calificadora respecto de los documentos judiciales. Por tanto, solicito que se revoque la calificación, acordando la inscripción, puesto que la declaración judicial (sentencia firme) recaída en el Procedimiento Ordinario sobre declaración de dominio tramitado con el n.º 111/2010 ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de Valdepeñas es clara e indubitada en el sentido que declara justificado el dominio de los demandantes sobre la finca objeto del procedimiento y, en consecuencia, el Registrador debe atenerse al pronunciamiento judicial, procediendo a su inscripción".
IV La registradora de la Propiedad de Valdepeñas, doña Josefa Porras Delgado, emitió informe en el que, tras advertir que los documentos aportados con el escrito de recurso no son suficientes para subsanar los defectos apreciados, mantuvo íntegramente su calificación, formando el oportuno expediente que elevó a esta Dirección General.
Como ha afirmado de forma reiterada esta Dirección General, el respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos por ende los registradores de la Propiedad, la obligación de cumplir las resoluciones judiciales. Per o no es menos cierto que el registrador tiene, así mismo, la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero sií el de examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquellos a quienes el Registr o concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su indefensión, proscrita por el artículo 24 de la Constitución Española y su corolario registral del artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Es doctrina reiterada de este Centro Directivo, apoyada en la de nuestro Tribunal Supremo en la Sentencias relacionadas en "Vistos", que el registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente el artículo 100 del Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar del documento judicial "los obstáculos que surjan del Registro", y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial.
De conformidad con el artículo 38 de la Ley Hipotecaria a todos los efectos legales se presume que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo, asiento y presunción qu e estaí bajo la salvaguardia de los tribunales (cfr. artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria), por lo que el titular registral debe ser demandado en el mismo procedimiento, al objeto de evitar que sea condenado sin haber sido demandado, generand o una situación de indefensión proscrita por nuestra Constitución (cfr. artículo 24 de la Constitución Española).
En estos casos, como bien recuerda la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2013, el registrador "...debía tener en cuenta lo que dispone el art. 522.1 LEC, a saber, todas las personas y autoridades, especialmente las encargadas de los Registros públicos, deben acatar y cumplir lo que se disponga en las sentencias constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación específica. Y como tiene proclamado esta Sala, por todas, la STS núm. 295/2006, de 21 de marzo, "no puede practicarse ningún asiento que menoscabe o ponga en entredicho la eficacia de los vigentes sin el consentimiento del titular o a través de procedimiento judicial en que haya sido parte"".
Esta misma doctrina se ha visto reforzada por la Sentencia número 266/2015, de 14 de diciembre de 2015, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 de la Constitución Española) y al proceso con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución Española) de la demandante, titular registral, en los siguientes términos: "...el reconocimiento de circunstancias favorables a la acusación particular, ... no puede deparar efectos inaudita parte respecto de quien, ostentando un título inscrito, no dispuso de posibilidad alguna de alegar y probar en la causa penal, por más que el disponente registral pudiera serlo o no en una realidad extra registral que a aquél le era desconocida. El órgano judicial venía particularmente obligado a promover la presencia procesal de aquellos terceros que, confiando en la verdad registral, pudieran ver perjudicados sus intereses por la estimación de una petición acusatoria que interesaba hacer valer derechos posesorios en conflicto con aquéllos, con el fin de que también pudieran ser oídos en defensa de los suyos propios".
Tampoco resulta de la documentación obrante en el expediente que se haya producido la aceptación de la herencia. En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina de este Centro Directivo, impone que toda actuación que pretenda tener reflejo registral deba articularse bien mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los términos previstos en los artículos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente (Resoluciones de 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 8 de mayo de 2014, 5 de marzo de 2015 y demás citadas en los "Vistos").
En lo relativo al procedimiento para rectificar la superficie, la Resolución de este Centro Directivo de 17 de noviembre de 2015, reiterada en otras posteriores como las de 22 de abril, 23 de mayo, 30 de junio y 3 de octubre de 2016, señalóí que a partir del 1 de noviembre de 2015, fecha de la plena entrada en vigor de la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la Ley 13/2015, cabe enunciar los medios hábiles para obtener la inscripción registral de rectificaciones descript ivas y sistematizarlos en tres grandes grupos:
- Los que solo persiguen y sólo permiten inscribir una rectificación de la superficie contenida en la descripción literaria, pero sin simultánea inscripción de la representación gráfica de la finca, como ocurre con los supuestos regulados en el artículo 201.3, letra a) y letra b), de la Ley Hipotecaria, que están limitados, cuantitativamente, a rectificaciones de superficie que no excedan del 10% o del 5%, respectivamente, de la cabida inscrita, y que no están dotados de ninguna tramitación previa con posible intervención de colindantes y terceros, sino solo de notificación registral tras la inscripción "a los titulares registrales de las fincas colindantes".
- El supuesto que persigue y permite inscribir rectif icaciones superficiales no superiores al 10 % de la cabida inscrita, pero con simultánea inscripción de la representación geográfica de la finca. Este concreto supuesto estaí regulado, con carácter general, en el artículo 9, letra b), de la Ley Hipotecaria, cuando tras aludir al límite máximo del 10 %, prevéí que "una vez inscrita la representación gráfica georreferenciada de la finca, su cabida seráí la resultante de dicha representación, rectificándose, si fuera preciso, la que previamente constare en la descripción literaria". Este concreto supuesto tampoco estaí dotado de ninguna tramitación previa con posible intervención de colindantes y terceros, si bien, como señala el artículo citado, "el registrador notificaraí el hecho de haberse practicado tal re ctificación a los titulares de derechos inscritos, salvo que del título presentado o de los trámites del artículo 199 ya constare su notificación". Adviértase que el caso de rectificaciones superficiales no superiores al 10 % y basadas en certificación catastral descriptiva y gráfica puede acogerse tanto a la regulación y efectos del artículo 201.3, letra a), como a la del artículo 9, letra b).
- Y, finalmente, los que persiguen y potencialmente permiten inscribir rectificaciones descriptivas de cualquier naturaleza (tanto de superficie como linderos, incluso linderos fijos), de cualquier magnitud (tanto diferencias inferiores como superiores al 10 % de la superficie previamente inscrita) y además obtener la inscripción de la representación geográfica de la finca y la lista de coordenadas de sus vértices -pues no en vano, como señala el artículo 199, es la delimitación georreferenciada de la finca la que determina y acredita su superficie y linderos, y no a la inversa-. Asíí ocurre con el procedimiento regulado en el artículo 199 y con el regulado en el artículo 201.1, que a su vez remite al artículo 203, de la Ley Hipotecaria. Ambos procedimientos, especialmente cualificados, sií que incluyen entre sus trámites una serie de garantías de tutela efectiva de los intereses de terceros afectados y todo ello con carácter previo a la eventual práctica de la inscripción registral que en su caso proceda, tales como las preceptivas notificaciones a colindantes y demás interesados, publicaciones de edictos en el "Boletín Oficial del Estado", publicación de alertas geográficas registrales, y la concesión de plazo para que los interesados puedan comparecer y alegar en defensa de sus intereses ante el funcionario público -registrador o notario, según el caso- competente para su tramitación. Y es precisamente por virtud de su mayor complejidad de tramitación y mayores garantías para colindantes y terceros en general por lo que su ámbito de aplicación y efectos es justificadamente mucho más amplio que el de los otros supuestos concretos admitidos por la ley y enunciados en los dos primeros grupos antes aludidos.
Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 28 de junio y 21 de octubre de 2013, relativas al alcance de la calificación, y de 7 de abril de 1992, 7 de julio de 2005 y 12 de junio de 2008, relativas a la herencia yacente.
Resolución-Circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 3 de noviembre de 2015.
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 30 de octubre y 27 de noviembre de 2002, 7 y 8 de abril y 14 de noviembre de 2003, 12 de marzo de 2004, 23 de marzo y 22 de junio de 2007, 29 de mayo y 26 de agosto de 2008, 6 de junio y 11 de julio de 2009, 8 de noviembre de 2010, 2 de septiembre y 16 de noviembre de 2011, 11 de mayo de 2012, 28 de enero, 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 29 de enero, 8 de mayo y 2 de octubre de 2014, 29 de enero, 11 de febrero, 5 de marzo, 16 y 29 de abril, 21 y 23 de mayo, 8 y 30 de junio, 17 de julio, 22 de octubre y 17 de noviembre de 2015 y 17 y 21 de marzo, 21 y 22 de abril, 17 de mayo, 27 de septiembre y 3 y 4 de octubre de 2016.

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Resolución
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artículo 201
artículo 203
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artículo 324
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artículo 24
artículo 20
artículo 100
artículo 38
artículo 1
artículo 24
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artículo 9
artículo 199
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artículo 199
artículo 199
artículo 201
artículo 203


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Un momento... déjame pensar: junio 2007
Cadena Tolkiana
Meme recibido de Balin ...Copi-pego las instrucciones:Consiste en escribir todo lo que encuentres sobre tu personaje favorito de ESDLA.Y yo añado que puede ser cualquier personaje del mundo de Tolkien.Uff, "todo lo que encuentre". Eso sería mucho. Mejor haré un breve repaso sobre la vida del pj elegido con algunas ilustraciones para alegrar la vista.FaramirFaramir es el hijo de Denethor II, Senescal de Gondor, y hermano de Boromir. Es muy distinto a su hermano: para él el conocimiento y la sabiduría prevalecen sobre la fuerza y el poder. No obstante, los dos hermanos estuvieron siempre muy unidos, aunque sus espíritus eran muy diferentesEs junto a Aragorn el único humano que resiste a la tentación del Anillo, lo que lo hace aún más admirable. Gran conductor de hombres, era reverenciado y amado por su pueblo, así como todos cuanto lo conocieron.Durante la Guerra del Anillo, Faramir, como Capitán de los Montaraces de Ithilien, lideró a los hombres de Gondor que defendían secretamente Ithilien. El 7 de Marzo de 3019 se encontró con Frodo y Sam, y los condujo al refugio de Henneth Annûn. Tras interrrogarles y gracias a su gran inteligencia, Faramir logró averiguar más de lo que le fue revelado por Frodo y Sam. Al principio desconfiaba de los Hobbits, e incluso pensó en llevar el Anillo a su padre, pero enseguida se dio cuenta de la verdadera importancia de la misión de Frodo, por lo que les permitió continuar el viaje. De esta manera, el día 9 de marzo Frodo, Sam y Gollum partían hacia Minas Morgul.Por otro lado, Faramir fue el encargado de dirigir la defensa de Osgiliath, del puente, y de los fuertes exteriores antes de la batalla de los Campos del Pelennor, aunque resultó herido muy grave en la retirada y estaba afectado por el Hálito Negro, producto de su encuentro con los Nazgûl. En mitad de la batalla, estuvo a punto de ser inmolado vivo por su padre, que había enloquecido creyendo que su segundo hijo también iba a morir. Una vez en las Casas de Curación, fue curado por Aragorn, y allí conoció a Éowyn, que también había sido herida en su enfrentamiento con el Rey Brujo.Cuando Aragorn subió al trono de Gondor, reconoció en Faramir a un gran mandatario, leal y justo. Además de ratificarlo como Senescal del Reino y Capitán de Gondor, le concedió el título de Príncipe de Ithilien, tierra donde residiría junto a Éowyn, Señora de Rohan y hermana de Eomer, Rey de los Rohirrim, a quien conoció y de quien se enamoró en las Casas de Curación, desposándose con ella cuando llegó la paz a la Tierra Media.Por los textos de Tolkien publicados en Los Pueblos de la Tierra Media podemos averiguar que Faramir y Éowyn tuvieron un hijo, Elboron, del cual únicamente se hace mención en una de las genealogías.Peregrin Tuk, por cariño y admiración al Senescal de Gondor, llama Faramir al primer hijo que tiene junto a su esposa Diamante de Quiebra Larga, el cual luego se casaría con Rizos de Oro, hija de Sam Gamyi y Rosita Coto.El personaje de Faramir es interpretado en la saga de Peter Jackson por el actor David Wenham, en la trama cinematográfica no manejan el carácter del personaje de la misma forma que en el libro, lo ponen como uno mas de los que sucumbe a la ambición de poder que irradia el anillo único, y no como lo mostró Tolkien en el libro donde es uno de los pocos que logra resistirse al poder del anillo.Algunas citas:-“Guerra ha de haber mientras tengamos que defendernos de la maldad de un poder destructor que nos devoraría a todos; pero yo no amo la espada porque tiene filo, ni la flecha porque vuela, ni al guerrero porque ha ganado la gloria. Sólo amo lo que ellos defienden; la ciudad de los hombres de Númenor; y quisiera que otros la amasen por sus recuerdos, por su antigüedad, por su belleza y por la sabiduría que hoy posee. Que no la teman sino como acaso temen los hombres la dignidad de un hombre, viejo y sabio.”-"El alabar lo que es digno de alabanza no necesita recompensa."-“Éowyn de Rohan, os digo que sois hermosa. En los valles de nuestras colinas crecen flores bellas y brillantes, y muchachas aún más encantadoras; pero hasta ahora no había visto en Gondor ni una flor ni una dama tan hermosa, ni tan triste.”-“¡No desdeñéis la piedad, que es el don de un corazón generoso, Éowyn! Pero yo no os ofrezco mi piedad. Pues sois una dama noble y valiente y habéis conquistado sin ayuda una gloria que no será olvidada; y sois tan hermosa que ni las palabras de la lengua de los Elfos podrían describiros, y yo os amo.”Y esta, por lo que significa, la pongo en inglés también, un poco ampliada:- Do not scorn pity that is the gift of a gentle heart, Eowyn! But I do not offer you my pity. For you are a lady high and valiant and have yourself won renown that shall not be forgotten; and you are a lady beautiful, I deem, beyond even the words of the Elven-tongue to tell. And I love you. Once I pitied your sorrow. But now were you sorrowless, wothout fear or any lack, were you the blissful queen of Gondor, still I would love you. Eowyn, do you not love me?--------------------------------------------------Fotos y citas: páginas varias de internet.Texto: Elfenomeno y Wikipedia--------------------------------------------------Y ahora lo más divertido.Nomino para que sigan la cadena a:MereGuybrushKunzaheHugoCelsFlautistilloNomino a todos estos porque dudo mucho que me hagan caso xD...
... Qué pena me da ver el blog, tan descuidado, sin actualizar...Podría contar lo bien que me lo he pasado esta semana en Madrid, o quizá los planes para el verano... y ya de paso, escribir el meme que me ha pasado Balin...Pero estoy vaga...Nos vamos celebrar el cumpleaños de Syg, y por supuesto hay sorpresas: en este caso, mensaje en una botella...PD. Los de Madrid saben cuanto me costó encontrar los regalos de las narices ¬¬'.
Hotel Corona de Castilla: peor, casi imposible
Bien, después de mi periodo de reflexión y estudio (...) he decidido publicar los hechos acaecidos el día 1 de Junio, durante la cena de graduación de los alumnos de 2º de bachillerato del I.E.S. Cardenal López de Mendoza...Efectivamente, la finalidad de este post no es otra que la de despotricar contra el hotel Corona de Castilla, supuestamente de cuatro estrellas.Estos señores se deben pensar que, como sólo tenemos 17-18 años puedes aprovecharse de nosotros, reirse, timarnos, tratarnos como clientes de 2ª (o 3ª) categoría, etc. Y eso no dice mucho de ellos, la verdad.Pero vayamos por partes, y así podrán juzgar ustedes mismos.Primero, no había suficiente sitio para todos. Para variar, un par de amigas y yo nos quedamos sin sitio (por causas que no analizaré aquí). Cuando se lo comunicamos respetuosamente a los camareros, nos contestaron con "amables" palabras: "si no os sentáis, no cenáis", "la culpa es vuestra porque hay gente que no ha pagado"...Sugerimos que añadieran una mesa a una de las ya existentes, pero claro, eso era demasiado trabajo para ellos.Pedí hablar con el encargado, y estuve esperando más de media hora hasta que por fin se dignaron en llamarle /se dignó en aparecer.Obviamente, pedí que me devolvieran el dinero: 25€ que había pagado por adelantado. Ya no tenía ganas de cenar en un sitio donde me habían tratado como si fuera ganado al que hay que alimentar...La señorita con la que traté (concretamente, la subdirectora del hotel), muy educada, sí, pero no quiso devolverme el dinero. Disculpó a los camareros alegando que eran personal contratado exclusivamente para ese evento (hecho que no disculpa nada en absoluto, ya que en ese momento eran personal del hotel...). Tras veinte minutos de negocaciones baldías consiguió que los camareros añadieran una mesa, tal y como habíamos pedido 50 minutos antes.Pero no creáis que ahí acabó todo; el menú constaba de los siguientes platos:Primeros: Langostinos y brocheta de gambasSegundos: Merluza y terneraPostre: Tiramisú y sorbete de limónLa "amable y simpatiquísima" camarera nos sirvió los langostinos y, cuando todavía nos quedaban la mitad, vino a decirnos que "a ver si acabábamos que tenía que traer el segundo"¿Y la brocheta de gambas??? Se había acabado, ya se sabe, por llegar tarde, si es que la culpa es nuestra O.o. Y ni plato de compensación ni nada. Simplemente UN PLATO MENOS DEL ESTIPULADO.Y siguió, claro: no hubo sorbete de limón (esta vez para nadie). Es decir, nos vendieron un menú totalmente ficticio.Y ya para terminar, y no por ello menos importante: las hojas de reclamaciones.Está claro que debía reclamar, pero... ¡cuál fue mi sorpresa al ver que, por mucho que busqué, en ningún sitio se encontraba el famoso cartelito obligatorio de las hojas de reclamaciones!De todas formas, las pedí. Y NO ME LAS DIERON. No sé si creían que, dándome un folio en blanco, me conformaría. Como si no hubiera visto hojas de reclamaciones en mi vida ¬¬.Creo que el cúmulo de faltas es bastante grande, y eso si no me he dejado nada...Y ahora, un cachito de la legislación :D.Del decreto 109/2004:Por todo ello, mediante el Decreto 59/1997, de 13 de marzo, se creó un modelo de hojas de reclamaciones al mismo tiempo que habilita a establecer, mediante Orden, la relación de empresas y establecimientos que debían disponer de dichas hojas de reclamación .Y del decreto 59/1997, del 13 de marzo: Artículo 1º.- Objeto y ámbito de aplicación.(...)2. Las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos que comercialicen bienes o presten servicios en Castilla y León, incluidos los prestadores de servicios a domicilio, tendrán a disposición de los consumidores y usuarios las hojas de reclamaciones previstas en el presente Decreto. Mediante Orden se establecerán los sectores obligados. 3. Los establecimientos que comercialicen bienes o presten servicios que estén obligados a disponer de hojas o libros de reclamaciones en virtud de una normativa sectorial propia, no derivada expresamente de disposiciones específicas en materia de protección del consumidor, se regirán por la misma, sin perjuicio de la aplicación de este Decreto en aquellos aspectos de información y protección al consumidor no contemplados por la citada normativa.(...)Artículo 3.º- Información al público sobre la existencia de hojas de reclamaciones. 1. En todos los establecimientos obligados por la presente disposición existirá, de modo permanente y perfectamente visible, un cartel colocado en las zonas de mayor concurrencia de público en el que figure de forma legible la siguiente leyenda: «Existen hojas de reclamaciones a disposición del consumidor o usuario». Dicho cartel se ajustará al modelo oficial que se recoge en el Anexo II del presente Decreto.(...)Artículo 4º.- Entrega de las hojas de reclamaciones a los consumidores v usuarios. 1. Para formular una reclamación, el consumidor o usuario podrá solicitar la entrega de un juego de hojas de reclamaciones a la persona responsable o a cualquier empleado del establecimiento o servicio. La entrega será obligatoria y gratuita. A tal efecto las empresas tendrán hojas de reclamaciones en todos los establecimientos, locales o dependencias abiertos al público, sin que pueda remitirse a los consumidores a otros lugares distintos. 2. Cuando el establecimiento no disponga de hojas de reclamaciones o se negase a facilitarlas, el consumidor o usuario podrá presentar la reclamación por el medio que considere más adecuado, haciendo constar en ella tales circunstancias.(...)Artículo 8º. - Infracciones y sanciones. 1. El incumplimiento de cualquiera de los preceptos contenidos en esta disposición se considerará infracción en materia de protección al consumidor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuya tipificación específica se contempla en los artículos 3. y 5. del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor. 2. Las infracciones a que se refiere el presente artículo se calificarán como leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, así como en los artículos 6.’, 7.’ y 8. del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio. 3. Las infracciones a que se refiere la presente norma, serán sancionadas con multas, de acuerdo con la graduación establecida en el artículo 36 de la Ley 26/1984, de 19 de julio.---------------------------------------Pues eso, que ójala les multen o algo...
He decidido retirarme del mundanal ruido, del degenerado reino cibernético y demás insignias de la vida moderna e irme a vivir al campo, a reencontrarme conmigo misma... pero sobre todo, a reencontrarme con mis apuntes para selectividad.Los próximos tres días (que al final será día y medio...) estaré ESTUDIANDO (sí, sí, y sin ver la tele, sin leer a Terry Pratchett, sin conectarme al MSN, sin trolear fotologs, sin mandar mensajitos con el móvil...)A ver si en este tiempo hago lo que debería haber hecho durante todo el curso...
Robot Hedonista y Máscaras Venecianas
Todos sabemos que el Robot Hedonista es un ídolo de masas. ¿Quién no adoraría a este robot, la cumbre de la inutilidad? Al fin y al cabo es un diván con cabeza y brazos O.o.Y ya, enlazamos el hedonismo con el Culto al Placer de "sueps"; adivinamos que se trataba de una técnica publicitaria, pero siendo sinceros... ¿Quién no se pasaría, aunque fuera una noche, por la mansión de las máscaras venecianas?Una semana para Selectividad, pero yo le dedico este post a Mere, por hablarme de cosas que no deberían entrar en mi cabeza hasta, por lo menos, el día 15.Porque nosotras no somos hedonistas, pero dado que se nos acaba el tiempo y tenemos una lista con objetivos por tachar, estamos recopilando algunos toques que no pueden faltar en nuestro maravilloso y estupendástico trío friki.A la izquierda vemos uno de los mitos eróticos frikis por excelencia: Leia esclava. ¿Será este el disfraz definitivo? ¿Te dejarían entrar en una sociedad de Culto al Placer (xD) con un bikini de metal? ¿Y si el jefe es un trekkie?Supongo que estas y otras preguntas se quedarán sin contestar, ya que la agitada agenda de este verano no me va a permitir sacar tiempo para diseñar y construir algo así. Suficiente tendré con el torneo burgalita de finales de julio :).Nota: si queréis ver más del Robot Hedonista, he encontrado un video en el youtube... en italiano. Pero vosotros sois chicos listos y seguro no os importa xD
Destino, graduaciones y demás
Una vez más, se cumplen objetivos. Vamos mejorando :).

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Artículo 1
artículo 34
Real Decreto
artículo 35
Real Decreto
artículo 36


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Acerca de - umsa
La historia de la carrera..
Unidad Académica Acreditada Mediante Resolución No. 1125 del CEUB, de febrero del 2003 y Resolución No. 9 de la X Conferencia Nacional Ordinaria de Universidades, en sus niveles de Técnico Universitario Superior y Licenciatura
La Misión de la Carrera de Topografía y Geodesia es la de "Formar recursos humanos en áreas de la ciencia concernientes a la topografía y geodesia, que contribuyan en la apropiación tecnológica y preservación de la geografía, el hábitat y los recursos físicos y naturales que demanda el desarrollo del país; con elevados conocimientos científicos y técnicos; pensamiento crítico y mentalidad creadora; que demuestren sensibilidad a los problemas emergentes de las contradicciones sociales y actitudes éticas durante su ejercicio profesional".
"La Carrera de Topografía y Geodesia debe constituirse en pilar fundamental del estudio de las Geociencias, que contribuyan al desarrollo regional y nacional, mediante una formación científica, tecnológica, con un pensamiento critico y una mentalidad creadora, comprometidos con su identidad nacional, practicando en todo momento la ética profesional. Aportará con las competencias adquiridas para el desarrollo económico, social y sostenible del país, mediante la búsqueda permanente de nuevos conocimientos para una formación académica de excelencia y un desempeño profesional eficiente".
a. Capacitar al estudiante en las técnicas de Topografía de superficie y Topografía subterránea.
b. Capacitar al estudiante en las técnicas de catastro y avalúo de propiedades urbanas y rurales.
c. Encauzar al estudiante hacia el campo de la cibernética con el procesamiento de datos en computadora.
d. Integrar a la universidad al desarrollo rural mediante programas de asistencia técnica.
e. Actualización y capacitación del profesional en las nuevas técnicas y métodos de la Topografía, Fotogrametría, Geodesia y Cartografía.
f. Entrenamiento en otras técnicas y métodos relacionados a la Topografía con equipo moderno, como el uso de plotter, aplicaciones del plotter, etc.
g. Capacitar al estudiante en la planificación de proyectos, dirigir los mismos, coordinar y fiscalizar la ejecución de redes topográficas y geodésicas.
h. Capacitar en el diseño y ejecución de la obtención de redes gravimétricas para la determinación del campo gravitacional externo y la forma y dimensiones de la tierra.
i. Confeccionar cartas y mapas topográficos, encadenados a la red de triangulación geodésica para proyectos específicos.
j. Actualizar al futuro profesional con las nuevas tecnologías de aplicación en la Topografía y Geodesia.
k. Contribuir al apoyo y elaboración de la Cartografía Nacional.
l. Dirección y ejecución de posicionamiento de puntos de la superficie terrestre, control horizontal y vertical, poligonales, triangulación y trilateración.
m. Observaciones astronómicas para orientación de mapas, antenas direccionales de radio o radar y la determinación de declinaciones magnéticas.
n. Capacitar en las observaciones gravimétricas para la determinación de la forma de la tierra, la corrección de bases geodésicas y de las nivelaciones al no ser paralelas las superficies de nivel del campo gravítico terrestre.
o. Capacitar para la determinación de desplazamientos y deformaciones en las obras civiles.
p. Capacitar a los estudiantes para controlar las normas de construcción de torres y edificios, urbanizaciones, estudio de la reestructuración.
q. Redes Geodésicas horizontal y vertical de cualquier orden utilizando todos los adelantos del siglo XX
r. Precisar datos de tal forma que puedan ser utilizados como información técnico científica utilizadas en la cartografía y otras especialidades.
La Facultad Técnica tiene sus inicios en el año 1939 con el Instituto Técnico (Extensión Universitaria) dependiente del Instituto de Ciencias Exactas en el que se da la especialidad de topógrafos, constructores, agrimensores, aparejadores, mecánicos, electricistas y químicos, después de ingresar con Titulo de Bachiller y realizando estudios de 2do. año en el Instituto de Ciencias Exactas, para luego continuar el 3er. año en el mismo Instituto, con especialidad en el 4to. año.
En el año 1943 el Ing. Vicente Burgaleta funda la Escuela Técnica en base al Instituto Técnico con las especialidades de Topografía, Construcciones Civiles, Química Industrial y Mecánica, con tres años de estudio y nivel de Técnico Superior. Esta Escuela Técnica funcionó hasta el año 1969.
En el año 1970 se produce la Revolución Universitaria y como consecuencia de ésta, la Escuela Técnica se jerarquiza adoptando el rango de Facultad de Tecnología con planes de estudio actualizados en las 3 carreras que componía la misma y con Grado de Licenciatura Técnica (por Resolución Nº 28/170/10421 de 2 de Julio de 1970) para las Carreras de Topografía, Construcciones Civiles y Química Industrial.
El año 1971 se produce en el país un cambio en la estructura de gobierno y como consecuencia de este nuevo régimen la Universidad es intervenida y reestructurada Institucional, académica y Administrativa, dando origen al CNES, máximo órgano de gobierno universitario nacional, que adopta la departamentalización y semestralización en todas las Facultades y Carreras, como consecuencia de este cambio la Facultad de Tecnología se convierte en el Politécnico Superior.
Los planes de estudio y el Grado de Licenciado Técnico de la Ex-Facultad de Tecnología se mantienen paralelamente a los planes del Politécnico Superior hasta el año 1974. Al mismo tiempo los egresados con el Plan de Licenciatura pudieron presentar y defender sus proyectos de grado hasta el año 1978 inclusive.
El 20 de enero de 1983, se dicta una Resolución de Honorable Consejo Universitario Nº 004/83 HCU: 1/057/005/83 en la que se reconoce el rango de Facultad al Politécnico Superior con todas las obligaciones, derechos y atribuciones que se establecen para las otras Unidades Académicas de ese rango. El Art. 2do. de esa Resolución es uno de los más importantes para la actual Facultad Técnica. Este artículo fue ratificado en otra Resolución de Honorable Consejo Universitario Nº 183/84 HCU: 1/2306/178/84 que en su Art. 3ro. menciona: "Establecer el Grado Académico de Licenciado Técnico para los graduados de la Facultad Técnica que hubiesen aprobado el correspondiente Plan de Estudios"
El 4 de octubre de 1984 se dicta una Resolución de H. Consejo Universitario Nº 184/84 HCU: 1/2305/177/84 que en su parte resolutiva instruye la realización al más alto nivel universitario un referéndum a petición de la Facultad de Ingeniería quien impugna el Grado de Licenciatura Técnica, este no se lleva cabo en la fecha determinada y por lo tanto las resoluciones anteriores se mantienen vigentes. Esta aseveración es respaldada por el informe de Asesoría Jurídica A-JUR.INF. 572/91 de 7 de noviembre de 1991.
Posteriormente y luego de una ardua lucha por la obtención de la Licenciatura en la Carrera de Topografía, se consolida esta en fecha 1ro. de junio de 1998 en el Consejo Académico Universitario (CAU) y el 5 de agosto del mismo año se aprueba en el Honorable Consejo Universitario, mediante Resolución No. 165/98, cuya parte resolutiva dice:
"Aprobar el Plan de estudios a nivel Licenciatura en la Carrera de Topografía y Geodesia, dependiente de la Facultad Técnica, cuyo documento forma parte de la presente Resolución".
Fdo. Dr. Gonzalo Taboada (Rector); Fdo. Lic. Jaime Fernández Negree (Secretario General de la UMSA)
El año 2002, la Facultad Técnica entra al proceso de Evaluación Externa y Acreditación, este importante evento se llevó a cabo entre el 29 de julio y el 3 de agosto.
La Carrera de Topografía y Geodesia, fue evaluada los días 31 de julio y 1ro. de agosto de 2002 por la Comisión conformada por:
Dr. Domingo Martín Gandolfo como evaluador internacional representando al C.O.N.E.A.U. (Argentina)
Ing. Marcelo Herrera representante de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB)
Ing. Alberto Gonzales representante de la Universidad Boliviana
Ing. Marco Maldonado representante de la Empresa.
En el mes de febrero de 2003, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), certifica que mediante Resolución No. 1125 del CEUB y Resolución No. 9 de la X Conferencia Nacional Ordinaria de Universidades, la CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA, Nivel Técnico Superior y Licenciatura de la Universidad Mayor de San Andrés, se constituye como:
UNIDAD ACADÉMICA ACREDITADA, con un periodo de acreditación del 3 de agosto de 2002 al 2 de agosto de 2008.

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