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PARTE DEMANDANTE: DEIVI DAN GUERRERO ROSALES venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº 14.018.631.
APODERADOS JUDICIALES: JESÚS URDANETA y OMAIRA MELÉNDEZ, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nro. 109.338 y 73.198, respectivamente. PARTE DEMANDADA: GRUPO CONTROL 2004, C. A., inscrita ante el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 18 de mayo de 2004, bajo el N° 70, Tomo 417-A. APODERADOS JUDICIALES: MARYOLY VEGA, abogado en ejercicio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 117.779. MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES (Incidencia)
Previa distribución realizada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, correspondió el conocimiento del presente asunto a este Tribunal Superior a los efectos de decidir el recurso de apelación, oído en un solo efecto, interpuesto en fecha 02 de febrero de 2011, por la abogada MARYOLY ALEXANDRA VEGA PORRAS, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, contra la decisión de fecha 26 de enero de 2011, dictada por el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo del juicio incoado por el ciudadano DEIVI DAN GUERRERO ROSALES contra GRUPO CONTROL 2004, C. A., vista la incomparecencia de la demandada a la audiencia preliminar
Por auto de fecha 11 de febrero de 2011, se fijó la celebración de la audiencia oral y pública de apelación para el día 18 de febrero de 2011, a las 11:00 AM de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, oportunidad en la cual fue efectivamente realizada, procediendo inmediatamente este Tribunal a proferir la lectura del dispositivo oral del fallo. En tal sentido, encontrándose esta Alzada dentro de la oportunidad prevista para la publicación íntegra del contenido de esa decisión, pasa a hacerlo con base a las siguientes consideraciones: III
EN LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA DE APELACION
En la oportunidad prevista por esta Alzada para la celebración de la audiencia Oral y Pública de Apelación, la representación judicial de la parte demandada recurrente, expuso como fundamento de dicho recurso, los siguientes hechos: Que apela de la sentencia que declaró con lugar la demanda, fundamentado en un caso fortuito y fuerza mayor que le impidió asistir a la audiencia preliminar fijada para el día 19 de enero de 2011, en vista que para ese día en horas de la mañana, me encontraba imposibilitada para caminar en presencia de un fuerte dolor en la parte baja de la pierna izquierda, que le sobrevino de forma súbita e inesperada y la intensidad fue tal que tuve que asistir de emergencia al HOSPITAL MILITAR DR. CARLOS ARVELO, donde fui atendida en la Unidad de Cirugía Cardiovascular y me diagnosticaron una sintomatología compatible con una flebitis aguda, el médico tratante me tuvo en observación durante dos (2) o tres (3) horas y me suministró unos medicamentos y que tenía que guardar reposo absoluto durante siete (7) días. En este sentido, manifestó que para sustentar lo que estaba diciendo consignó informe médico emanado del HOSPITAL MILITAR DR. CARLOS ARVELO, que es un ente público adscrito al Ministerio para el Poder Popular para la Defensa y como acto administrativo tiene fuerza pública; por lo que solicitó se reponga la causa al momento de la celebración de la audiencia preliminar para darle solución al conflicto presentado. Por su parte, el apoderado judicial de la parte actora expone como defensa que en el documento de informe médico del Hospital Militar DR. CARLOS ARVELO, se establece que concurrió la abogada el día 19 de enero de 2011 y no se establece a qué hora asistió; que el cartel del alguacil lo recibió la abogada desde el 17 de diciembre de 2010 y, si bien es cierto, que presentó un poder donde se encuentra sola se puede apreciar que hay otro doctor que lo visa; por lo que considera que si desde el 17 de diciembre la empresa tenía conocimiento para la comparecencia de la audiencia debió tener precaución para asistir a la audiencia, pues para ello existe la sustitución de poder y la empresa estaba bien notificada. De igual forma, manifestó que en el informe médico si bien es un documentos público no aparece en este a qué hora concurrió al Hospital Militar cuando la audiencia estaba pautada para las 11:00 AM; por lo que afirmó que … “si existía quebrantamiento de salud podía llamar por teléfono a la empresa para que tomara las acciones necesarias para comparecer un apoderado o sus directores, que podía sustituir poder en días anteriores para tener precaución de lo que pudiera ocurrir”. En la oportunidad concedida por el Tribunal para ejercer el derecho a réplica y contra réplica, la apoderada judicial de la parte demandada expuso que de no haber sido un hecho imprevisto e inesperado la empresa se hubiere presentado para la audiencia preliminar; que no lo pudo haber previsto un día antes su incomparecencia, pues fue un dolor que se le presentó que fue insoportable y tuvo que asistir al centro médico; que ciertamente no se indica hora en el informe porque no puede ponerle condiciones al doctor de cómo hacer su trabajo, que él solo le dio el informe médico que le solicitó y esa es la forma como lo hacen. En este sentido afirmó que, el informe es completo y explica lo que sucedió, es un documento público que no necesita ser ratificado; y que no podía presentarse un director de la empresa sin abogado, que ellos no son abogados, y que ella es la única que aparece en el poder, es la representante legal y se encarga en el área metropolitana de llevar los asuntos judiciales de la empresa y era la que había preparado las pruebas para presentarme a la audiencia Por su parte, el apoderado judicial de la parte actora en su derecho a contra réplica expuso, que no se tomaron las precauciones necesarias para el caso, aparece como única apoderada pero el poder está visado por otro abogado, solicita se declare sin lugar la apelación.
DEL ANALISIS DE ALEGATOS Y DENUNCIAS FORMULADAS EN LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA DE APELACION
Expuestos los argumentos de apelación de la parte demandante-recurrente, este Tribunal Superior, pasa a decidir el presente recurso y a tal efecto, desciende al análisis de las actas procesales, advirtiendo que en fecha 19 de enero de 2011, oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, el juez a quien correspondió el conocimiento de la causa, dejó constancia en actas de la comparecencia de la representación de la parte actora, así como la inasistencia a dicho acto de la parte demandada, ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, razón por la cual procedió a dictar la presunción de admisión de los hechos alegados por la parte actora en su libelo, conforme a la norma prevista en el artículo 131 de la Ley Adjetiva Laboral, procediendo en consecuencia en fecha 26 de enero de 2011, a publicar íntegramente la sentencia, mediante la cual declaró con lugar la demanda de autos. Asimismo, aprecia esta Alzada que la representación judicial de la parte demandada dentro de la oportunidad procesal correspondiente, interpone el recurso de apelación contra la referida decisión, alegando como causa de su incomparecencia un caso fortuito o de fuerza mayor, sustentado en la consignación de un documento original contentivo de un informe médico suscrito por personal adscrito al Hospital Militar DR. CARLOS ARVELO.
Ahora bien, a los fines de resolver la presente apelación considera esta Alzada conveniente acotar que, de conformidad con la norma prevista en el artículo 129 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la comparecencia de las partes a la Audiencia Preliminar es de carácter obligatorio, pues tal como se desprende de la exposición de motivos de dicha ley, ello tiene su razón de ser en atención a los principios de oralidad e inmediación que orientan el nuevo proceso laboral venezolano, así como el carácter esencial que tiene dicho acto dentro del proceso, de allí la razón por la cual, la norma contenida en el Articulo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo atribuye a los Jueces de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, la facultad de declarar el desistimiento del procedimiento y la terminación del proceso, en aquellos supuestos en que el accionante –sin motivo aparente- dejare de asistir a la realización de la Audiencia de Preliminar; mientras que la norma contenida en el articulo 131 eiusdem, les otorga facultades para declarar la presunción de admisión de los hechos, en caso de incomparecencia de la parte demandada. En este orden de ideas, se ha pronunciado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en Sentencia de fecha 25 de marzo de 2004, Sindicato Nacional de Trabajadores Caballericeros, Aprendices, Capataces, Serenos de Cuadra, Similares y Conexos de Venezuela contra Instituto Nacional de Hipódromos (INH), la cual se transcribe parcialmente a continuación:. “la comparecencia como hecho procesal y en tanto, la escenificación del acto de la audiencia preliminar, se insertan en el ámbito de la estructura filosófica procedimental de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo como una fase esencial al fin último del proceso, a saber para el caso que nos compete, la realización de la justicia social. Es por ello, que la obligación que recae sobre cualquier profesional del derecho en comparecer los actos fundamentales del proceso en cumplimiento de la representación que ostenta de las partes, indistintamente de la personalidad de las mismas, es decir, si se trata de personas naturales o jurídicas y en el supuesto de estas últimas, si son de derecho privado o publico; es absoluta y calificada, constituyendo la inobservancia de tales deberes, una negligencia manifiesta al tenor del artículo 62 de la Ley de Abogados….omissis…
Bajo ese esquema, se reitera que la comparecencia a la audiencia preliminar es una obligación de naturaleza absoluta, pues conforme a la visión ideológica de la misma, comporta el cimiento primordial para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa de las partes. Así se establece”
No obstante, lo anterior, es preciso destacar que los artículos 130 y 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece la posibilidad que el accionante o la accionada desvirtúe la declaratoria de desistimiento o de presunción de admisión de los hechos, comprobando que un caso fortuito o una fuerza mayor le impidieron asistir a dicha audiencia, y de este modo justificar su incomparecencia. A tal efecto considera quien decide que es conveniente precisar los conceptos de Caso Fortuito y de Fuerza Mayor, a la luz de la doctrina y jurisprudencia más calificada, como causas no imputables de responsabilidad, para verificar si la conducta desplegada por el recurrente encuadra en el supuesto de hecho de la norma.
Para algunos autores, el caso fortuito y la fuerza mayor son acontecimientos que impiden el cumplimiento de la obligación y que generalmente no pueden preverse. Así pues, el caso fortuito es aquel acontecimiento que normalmente no puede preverse ni evitarse, mientras que la fuerza mayor es aquel acontecimiento irresistible que ni el padre de familia más prudente puede evitar. Para José Melich Orsini, (La Responsabilidad Civil por hechos ilícitos, p.p. 425 y 432) el Caso Fortuito son “aquellos hechos o acontecimientos no provocados por el responsable civil y que por tener para éste el carácter de imprevisible, la han hecho imposible impedir el daño”. Este concepto tiene dos notas características: por una parte, la Irresistibilidad del Hecho: que haya habido una verdadera imposibilidad de impedir con su acción la intervención dañina de la cosa, por lo que no basta una mera dificultad por grave que ella haya sido, sino que se requiere una auténtica imposibilidad apreciada objetivamente (in abstracto) y no con un relativo personal al demandado; y por la otra, la Imprevisibilidad del Hecho: circunstancias precedentes que no permitían anticipar mentalmente la posibilidad de la aparición de tales hechos para tomar precauciones que evitarán el daño. Por su parte, la Fuerza Mayor es el acontecimiento que irrumpe desde el exterior el círculo de actividad del guardián, tales como la tempestad, la niebla, la inundación, el motín, el hecho del Príncipe o el hecho de un tercero. En nuestra legislación, los artículos 1.193, 1.272 del Código Civil y Parágrafo Segundo del 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y para la mayor parte de las legislaciones así como para la doctrina, no se distinguen entre estos dos (2) conceptos desde el punto de vista de sus efectos jurídicos, los dos eximen de responsabilidad al sujeto, tan solo la Ley Orgánica del Trabajo distingue en caso de accidentes de trabajo, en su artículo 563 al establecer que el patrono queda liberado de su responsabilidad cuando compruebe que el mismo fue debido a fuerza mayor.
Ahora bien, la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº- 115 de 17 de febrero de 2004, conteste con la norma prevista en el artículo 257 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, consideró flexibilizar el patrón de la causa extraña no imputable no solo a los supuestos de casos fortuitos y fuerza mayor, sino a aquellas eventualidades del quehacer humano que siendo previsibles e incluso evitables, impongan cargas complejas irregulares que escapan de las previsiones ordinarias de un buen padre de familia, que impiden al obligado a cumplir con su deber.
Con fundamento a los argumentos que anteceden, pasa esta Alzada a decidir sobre los motivos o razones aducidas por la representación judicial de la parte demandada recurrente en la presente causa, que dieron lugar a su incomparecencia al acto de la audiencia preliminar a celebrarse el día 19 de enero de 2011, para así determinar si los mismos son tan fundados y justificados que permitan ordenar a esta Alzada la realización de una nueva Audiencia Preliminar.
En tal sentido, pudo constatar esta Alzada, que en la oportunidad de celebración de la Audiencia de Apelación, la representante judicial de la parte demandada recurrente Abogada MARYOLY VEGA, manifestó que su inasistencia a la audiencia preliminar se debió al hecho, de haber sufrido un fuerte dolor en la parte baja de la pierna izquierda, que le sobrevino de forma súbita e inesperada y la intensidad fue tal que se vió obligada a asistir al HOSPITAL MILITAR DR. CARLOS ARVELO, donde fue atendida por el DR. ALCIDES RODRÍGUEZ, médico Adjunto del Servicio de Cirugía Cardiovascular de ese Centro Asistencial, diagnosticándosele una sintomatología compatible con una flebitis aguda, lo que ameritó mantenerla bajo observación durante dos (2) o tres (3) horas, ocasión en que le fue suministrado tratamiento y se le indicó reposo medico por siete (7) días, al tiempo que expuso ser la única apoderada judicial designada por la parte demandada para la atención de la presente causa.
Ahora bien, planteadas así las cosas durante la Audiencia Oral y Pública de Apelación llevada a cabo por ante esta alzada, pudo constatar esta sentenciadora de una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, muy especialmente, de la instrumental cursante al folio 121 del expediente, referidas al Informe Medico expedido por el Servicio de la Unidad de Cirugía Cardiovascular adscrito al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, dependiente de la Dirección General de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, suscrito por el DR. DR. ALCIDES RODRÍGUEZ, médico Adjunto a la referida Unidad Clínica, el cual constituye un documento público administrativo por ser otorgado por un funcionario adscrito a un ente u organismo de la administración publica, del que emana una presunción de veracidad de los hechos en el contenido, que solo puede ser desvirtuado por otro medio probatorio en juicio, el cual al no resultar impugnado en la audiencia de apelación por las razones antes expuestas, esta Alzada le otorga pleno valor probatorio, evidenciándose del mismo, que el día 19 de enero de 2011 la Ciudadana MARYOLY VEGA, apoderada judicial de la parte accionada recurrente, fue atendida en ese Centro Asistencial por presentar dolor fuerte en la pierna izquierda asociada con padecimiento de flebitis, oportunidad en que le fue prescrito reposo medico por un lapso de tiempo establecido. Asimismo, aprecia esta sentenciadora, que conforme al Instrumento Poder cursante al folio ciento veintidós (122) del expediente, se desprende evidentemente la representación judicial de la Abogada MARYOLY VEGA, como única apoderada judicial de la empresa accionada. Al respecto, llama la atención de quien hoy suscribe la presente actuación jurisdiccional, que el representante judicial de la parte accionante no recurrente, en el afán de rebatir los argumentos de la parte recurrente, adujo en su defensa que el hecho de constituir la profesional del derecho asistente a la audiencia de apelación, única apoderada judicial de la accionada, no constituye una causa justificada que no pudiera ser previsible por la parte accionada, pues según sus dichos la demandada ha debido ser asistida en la audiencia preliminar por otro abogado al que debía sustituir el poder, incluso, el abogado que visa el poder otorgado por la parte accionada cursante a los autos, y así de esta manera cumplir con su obligación de asistir a la audiencia preliminar, sin embargo, no demostró en autos que el abogado que visa el poder fuese representante u apoderado de la parte accionada, razón por la cual considera esta Alzada a todas luces, inapropiado y carente de toda argumentación jurídica los alegatos del referido abogado. ASI SE ESTABLECE. Determinado lo anterior, es necesario precisar que la Sala de Casación Social en innumerables decisiones, entre ellas la Nro. 1532 de fecha 10 de Noviembre de 2005, con Ponencia del Magistrado Dr. Juan Rafael Perdomo, se ha pronunciado sobre las condiciones necesarias para la procedencia del caso fortuito o fuerza mayor como causas no imputables a las partes en caso de incomparecencia la celebración de un acto procesal de audiencia, en los siguientes términos:
Tanto los Juzgados de Sustanciación, como los Juzgados Superiores del Trabajo, deben tomar en cuenta los parámetros y lineamientos establecidos por la Sala, a los fines de pronunciarse sobre las consecuencias y el efecto liberatorio de una causa extraña eximente de responsabilidad para comparecer a la audiencia, o aun acto de prolongación de la audiencia preliminar, cuya valoración y apreciación será de la libre soberanía del Juez, pero siempre ajustando y fundamentando su decisión en las pautas delineadas por la Sala, vale decir: 1) La causa, hecho o circunstancia no imputable a la parte que limite o impida la comparecencia a la audiencia o la prolongación, debe ser probada por la parte que la invoca; 2) La imposibilidad de cumplir tal obligación, debe ser sobrevenida; 3) La causa no imputable debe ser imprevisible e inevitable; 4) La causa del incumplimiento no puede devenir de una conducta consciente y voluntaria del obligado, pues la causa que se invoque debe provenir de factores externos y ajenos a las partes.
Adminiculado lo anterior al caso bajo análisis, esta alzada observa que la causa que da origen a la incomparecencia de la parte accionada al acto de audiencia preliminar, constituye jurídicamente un eximente de la obligación de asistencia, pues, la misma está estrictamente relacionada, a un fuerte dolor, de aparición súbita de moderada a fuerte intensidad, padecido por la única apoderado judicial de la empresa accionada MARYOLY VEGA, que le condujo a la consulta médica en el Hospital Militar, donde le fue diagnosticado sintomatología compatible con flebitis aguda en miembro inferior izquierdo, siéndole indicado reposo absoluto por siete (7) días con tratamiento ambulatorio y control clínico por consulta externa, quedando todo ello debidamente demostrado en autos, lo cual aunado a que la antes referida profesional del derecho, funge en autos como única apoderada judicial del accionada, configuran per se situaciones legalmente válidas para declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte accionada y REVOCAR la decisión dictada por el a quo; ordenando en consecuencia la reposición de la presente causa al estado que sea fijada nueva oportunidad para la celebración de la Audiencia Preliminar, y así será establecido en el dispositivo del presente fallo. ASI SE DECIDE.-
Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la Apelación interpuesta por la parte demandada recurrente contra la decisión de fecha 26 de enero de 2011, dictada por el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; en consecuencia se ANULA la sentencia apelada y se ordena la REPOSICIÓN de la causa al estado que el Tribunal A-quo fije nueva oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, sin que sea necesario para ello, la notificación de las partes intervinientes en la presente causa, por encontrarse estas a derecho, en virtud de su comparecencia al presente acto. SEGUNDO: Se ordena la remisión de las presentes actuaciones al Tribunal de origen, una vez hayan vencidos los lapsos de ley.
TERCERO: No hay condenatoria en costas dadas las características del presente fallo.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el compilador respectivo. Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintiocho (28 ) días del mes de febrero de dos mil once (2011), años 200º de la Independencia y 152º de la Federación. LA JUEZA SUPERIOR CUARTA DEL TRABAJO,
PUBLICADA EN EL DÍA DE SU FECHA.

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artículo 131
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artículo 129
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artículo 563
artículo 257


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Manual y Protocolo de Bioseguridad
Peluquerías, Tatuajes & Piercings
Normatividad ☣ Desarrollo ☣ Aplicación
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2. Medidas sanitarias, técnicas y manejo.
3. Normatividad de centros de estética.
4. Requisitos de apertura y funcionamiento.
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Normatividad sanitaria establecimientos.
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Formación, capacitación tatuador/piercer.
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4. Normatividad, salud publica y alimentos.
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Bioseguridad Cosmetologia y Estética
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Aplicación inmediata en establecimientos y comercios de cosmetología y estética ornamental
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✪ Artículo 7mo. Visitas de inspección.
✪ Artículo 8vo. Inspección vigilancia y control.
✪ Articulo 9no. Vigencia y derogatoria.
✪ Aplicación inmediata para establecimientos y comercios de cosmetología y estética ornamental.
✪ Facial, corporal, capilar, escuelas de formación, estilismo y cosmetología, salas de belleza, peluquerías, barberías, baños sauna, turcos, gimnasios, “spa”, masajes, sobanderos, tatuajes, “piercings”, fábricas, laboratorios, almacenes, bodegas, droguerias, perfumerías, centros naturistas, tiendas de disfraces, cacharrerías, misceláneas, remates, supermercados, distribuidores de insumos de aseo, limpieza, desinfección y afines.
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Ley 711 / 01
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Decreto 1294 / 04
Resolución 1016 / 89
Resolución 2263 / 04
Resolución 2827 /
Acuerdo 496/06
Resolución 2117 de 09
Manual ☣ de Bioseguridad
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Todos los operarios, personal de manejo y transporte, establecimientos comerciales de tatuajes, piercings, estética, cosmetología, belleza, salud y similares deben implementar todas las normas sanitarias de protección y bioseguridad.
Manual Operativo, reglamenta las prácticas del tatuaje y perforación “body piercing” y se dictan otras disposiciones.
Proyecto de Ley No. 159 De 2009
Normatividad Sanitaria Vigente
Manejo comercial productos, servicios y procedimientos
Requisitos técnicos y condiciones mínimas sanitarias aplicables a los establecimientos, donde se realiza la práctica de tatuaje, piercing o cualquier otro de naturaleza similar, con el fin de protejer la salud de usuarios, trabajadores tiempo se regulen las funciones de autorización, verificación y control del cumplimiento de estas normas sanitarias.
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El presente proyecto de ley busca regular los requisitos técnicos y condiciones mínimas sanitarias aplicables a los establecimientos, donde se realiza la práctica de tatuaje, piercing o cualquier otro de naturaleza similar, con la finalidad de desestimular la práctica ambulante de estos procedimientos, de modo que se proteja la salud tanto de usuarios como de trabajadores, y al tiempo se regulen las funciones de autorización, verificación y control del cumplimiento de estas normas sanitarias.
Parte I Bioseguridad Siglo XXI
Parte II Normatividad Sanitaria
Parte III Proyecto de ley No. 159 de 2009
Parte IV Manual de Bioseguridad
Parte V Cronograma Normatividad Sanitaria
Parte VI Métodos de Desinfección
Parte VII Manejo Integral de Residuos
Parte IX Normatividad, referencias y notas informáticas.
Desarrollo de las diferentes secciones con anexos, gráficas y elementos del conocimiento con base al deterioro de las condiciones de vida cada vez más degradantes, en todas las sociedades y comunidades a nivel global.
Artículo 4°. Condiciones establecimientos.
Artículo 5°. Condiciones instrumentos.
Artículo 6°. Registro.
Artículo 7°. Condiciones durante proceso.
Artículo 8°. Capacitación tatuador o piercer.
Artículo 9°. Registro consentimiento usuario.
Artículo 10. De las prohibiciones.
El artículo 12. Gestión de residuos.
El artículo 13. De las sanciones.
El artículo 14. Vigencia de la ley.
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El conocimiento de la protección como advertencia al del ser humano te salva.
TATUAJES & BODY PIERCINGS Y AFINES. • PERSONAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL
LEY 159 DE 2009 • RESOLUCIÓN 2117 • OBLIGATORIA JUNIO 2012
Aplicación inmediata en: Establecimientos de tatuajes, “piercings”, salas de belleza, peluquerías, barberías, establecimientos de estética ornamental, facial, corporal, escuelas de formación estilismo y cosmetología, baños sauna, turcos, gimnasios, “spa”, masajes, sobanderos, tiendas de belleza, naturistas, tiendas de disfraces, misceláneas, remates, supermercados, droguerias, fábricas, laboratorios, distribuidores de productos y equipos de cosmetologia, aseo, limpieza, desinfección y afines. Nivel Nacional. Régimen Legal. Bogotá, Colombia
Manejo Integral de Residuos PGIR
Bioseguridad Siglo XXI
Proyecto de ley 159 2009
Cronograma Normatividad
2117 09/06/10
Decreto 2676 / 2000
Decreto 1669 / 2002
Decreto 1294 /04
Resolución 3924 /05
Resolución 2827 /06
Acuerdo 496 /06
Proyecto Ley 159 /09
Manual ☣ Protocolo

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Artículo 6
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Artículo 8
Resolución
Resolución
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Resolución
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Artículo 10
artículo 12
artículo 13
artículo 14
RESOLUCIÓN
Resolución
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DECRETO SUPREMO N° 005-2018-TR Emiten disposiciones para garantizar el cumplimiento de la Ley N° ~ El Perú Legal
DECRETO SUPREMO N° 005-2018-TR Emiten disposiciones para garantizar el cumplimiento de la Ley N°
Emiten disposiciones para garantizar el cumplimiento de la Ley Nº 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y muje...
Emiten disposiciones para garantizar el cumplimiento de la Ley Nº 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, y del Reglamento de la Ley Nº 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2018- TR
DECRETO SUPREMO Nº 005-2018-TR
Que, el artículo 2 del Convenio OIT Nº 100, Sobre igualdad de remuneración, señala que todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor;
Que, el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley; y, por lo tanto, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole;
Que, el artículo 26 de la Constitución Política del Perú dispone que en la relación laboral se respeta el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación;
Que, el artículo 1 de la Ley Nº 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, mediante la determinación de categorías, funciones y remuneraciones que permitan la ejecución del principio de igual remuneración por igual trabajo;
Que, el artículo 2 de la mencionada ley determina que las empresas que cuenten con cuadros de categorías y funciones mantienen dichos cuadros, siempre que guarden correspondencia con el objeto de la presente ley; mientras que aquéllas que no tengan cuadros de categorías y funciones, los elaboran dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores a la entrada en vigor de la misma ley;
Que, el inciso 5.1 del artículo 5 de la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señala que este Ministerio es el organismo rector en materia de trabajo y promoción del empleo, y, por ende, ejerce competencia exclusiva y excluyente respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional, en formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en derechos fundamentales en el ámbito laboral, entre otras materias;
Que, el artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2018-TR, establece que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, implementa un servicio de orientación y asesoría dirigido a la micro y pequeña empresa para el desarrollo de los cuadros de categorías y funciones;
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 061-2018-TR se aprueba el Plan Sectorial para la Igualdad y la No Discriminación en el Empleo y la Ocupación 2018-2021, el cual tiene como uno de sus objetivos específicos promover una cultura de igualdad y no discriminación en el empleo y la ocupación;
Que, en ese sentido, es necesario emitir disposiciones que desarrollen las acciones que debe adoptar el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el marco de las disposiciones de la Ley Nº 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2018-TR;
De conformidad con lo establecido por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 29831, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y, la Ley Nº 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres;
Artículo 1.- Acciones de sensibilización 1.1 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL y las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, realiza anualmente acciones
de sensibilización sobre las disposiciones de la Ley Nº 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2018-TR, así como sobre la reducción de las brechas de género en el mercado de trabajo.
1.2 La Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo elabora y eleva al Despacho Viceministerial de Trabajo un informe anual sobre los resultados logrados en dichas acciones.
Artículo 2.- Servicio de orientación y asesoría La Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo promueve e implementa progresivamente el servicio de orientación y asesoría a que se refiere el artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2018-TR, a nivel nacional. Para tal efecto, coordina con las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo la elaboración de un cronograma de trabajo y su debido cumplimiento.
La implementación del servicio culmina indefectiblemente el 30 de noviembre de 2019.
Artículo 3.- Gastos adicionales Las actividades y servicios a que se refieren los artículos 1 y 2 se desarrollan con cargo al Presupuesto Institucional de las entidades involucradas, sin que ello implique gastos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 4.- Refrendo El presente decreto supremo es refrendado por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.
Única.- Adecuación de plazos El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emite la resolución ministerial que aprueba las pautas referenciales a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley Nº 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2018-TR, dentro de los sesenta (60)
días calendario siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto supremo.
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL aprueba las directivas y/o protocolos necesarios para la fiscalización de las obligaciones previstas en la Ley Nº 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2018-TR, dentro de los treinta (30)
días calendario siguientes a la entrada en vigencia de la resolución ministerial a que se refiere el párrafo precedente.
Las obligaciones establecidas en la Ley Nº 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2018-TR, son objeto de fiscalización a partir del 1 de julio de 2019. En el caso de la micro y pequeña empresa, la fiscalización inicia a partir del 1 de diciembre de 2019.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

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artículo 2
artículo 2
artículo 26
artículo 1
artículo 2
artículo 5
artículo 3
Resolución
artículo 118
Artículo 1
Artículo 2
artículo 3
Artículo 3
Artículo 4
resolución
resolución


text:
 RESOLUCIÓN 2169 DE JULIO 30 DE 2009
RESOLUCIÓN 2169 DE 30 DE JULIO DE 2009
CONTENIDO:ENTIDADES DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES. SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 87 DE 1997, EN LO RELATIVO A LA INTERCONEXIÓN DE REDES DE OPERADORES DEL PROGRAMA COMPARTEL CON OTRAS REDES DE TELECOMUNICACIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERVINIENTES EN EL DERECHO DE LAS COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES, RED DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVIDUMBRE DE INTERCONEXIÓN
RESOLUCIÓN 2169 DE 2009
“Por medio de la cual se modifica el numeral 5º del artículo 4.2.2.3 de la Resolución CRT 87 de 1997”.
en ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, el artículo 37 del Decreto 1130 de 1999, los artículos 14 y 15 de la Ley 555 de 2000 y el Decreto 2870 de 2007 y sus modificaciones, y
Que según lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución Política, la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, el cual, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos.
Que los servicios de telecomunicaciones son servicios públicos, los cuales, de conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política, son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Que según lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto-Ley 1900 de 1990, las telecomunicaciones deben ser utilizadas como instrumentos para impulsar el desarrollo político, económico y social del país, con el objeto de elevar el nivel y la calidad de vida de los habitantes en Colombia.
Que el artículo 73 numeral 22 de la Ley 142 de 1994 contempla dentro de las facultades de las comisiones de regulación, la de establecer los requisitos generales a los que deben someterse las empresas de servicios públicos para utilizar las redes existentes y acceder a las redes públicas de interconexión.
Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 555 de 2000, todos los operadores de telecomunicaciones deberán permitir la interconexión de sus redes y el acceso y uso a sus instalaciones esenciales a cualquier otro operador de telecomunicaciones que lo solicite, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, para asegurar los siguientes principios: (i) trato no discriminatorio, (ii) transparencia, (iii) precios basados en costos más una utilidad razonable y (iv) promoción de la libre y leal competencia.
Que según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 555 de 2000, la CRT es el organismo competente para regular el régimen de interconexión y expedir las normas correspondientes, teniendo en cuenta los principios de neutralidad y acceso igual - cargo igual.
Que de conformidad con el artículo 37 del Decreto 1130 de 1999 son funciones de la CRT, entre otras, expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de interconexión, y regular los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión de redes y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la efectividad de interconexiones y conexiones.
Que desde el año 1999 el Gobierno Nacional, en el marco de la política de acceso universal, viene ejecutando el programa Compartel de telecomunicaciones sociales a través de un mecanismo de participación público - privado, en el cual se han celebrado contratos de aporte con operadores de telecomunicaciones sociales quienes, a cambio de un aporte presupuestal, se comprometieron a instalar y/o operar teléfonos públicos y puntos de acceso a Internet en áreas rurales apartadas que no disponen de otros medios de acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Que de conformidad con lo estipulado en los citados contratos de aporte, sus pliegos de condiciones, y sus modificaciones posteriores, los servicios de telefonía prestados por parte de los operadores del Programa Compartel de telecomunicaciones sociales se enmarcan dentro de la definición regulatoria de los servicios de telefonía móvil rural, TMR, consagrados en la Ley 142 de 1994 como actividad complementaria al servicio de telefonía pública básica conmutada, TPBC.
Que en desarrollo del mencionado proyecto, la CRT observó que si bien es clara la existencia de regulación general orientada al cumplimiento del principio de trato no discriminatorio, se estima necesario desarrollar con mayor detalle la aplicación de tal principio en lo relativo a las llamadas originadas en redes de TMC, PCS y trunking de cubrimiento nacional o cursadas a través de redes de larga distancia nacional con destino a los puntos del programa Compartel.
Que la CRT viene adelantando el proyecto denominado “regulación de redes en convergencia” tendiente a adecuar el marco regulatorio en materia de acceso y uso de las redes y servicios de telecomunicaciones en un ambiente de convergencia tecnológica, conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 18 del Decreto 2870 de 2007 y sus modificaciones.
Que en el marco del mencionado proyecto regulatorio, la CRT consideró pertinente proponer, entre otros aspectos, la fijación de disposiciones regulatorias adicionales en materia de condiciones económicas de interconexión y de tratamiento tarifario para la prestación de servicios de telecomunicaciones sociales de los operadores del programa Compartel, las cuales fueron incorporadas en el proyecto de resolución “por medio de la cual se expide el régimen general de redes de telecomunicaciones, y se dictan otras disposiciones” como parte de la propuesta regulatoria publicada en junio de 2009 para su discusión con el sector, con base en lo previsto en el Decreto 2696 de 2004.
Que en relación con el proyecto de “regulación de redes en convergencia” antes citado, la sesión de comisión de la CRT estimó necesario el aplazamiento en la expedición de regulación sobre esta materia, de manera tal que se puedan incorporar los cambios provenientes de la Ley de TIC recientemente aprobada por el Congreso de la República, considerando a la vez pertinente avanzar en la adopción de las disposiciones regulatorias adicionales en materia de condiciones de interconexión y tratamiento tarifario para la prestación de servicios de telecomunicaciones sociales de los operadores del programa Compartel.
Que entre los días 1º y 30 de junio de 2009 la CRT publicó en la propuesta regulatoria del proyecto de regulación para redes en convergencia, el artículo 41 numeral 4º relativo a las condiciones regulatorias aplicables al programa Compartel, en referencia al cual se recibió un comentario por parte de Telefónica Colombia, sobre el cual se presentan las respectivas apreciaciones de la CRT en el documento de respuesta a comentarios que acompaña la presente resolución, con lo cual se cumple el requisito de publicidad de que trata el artículo 9º del Decreto 2696 de 2004.
ART. 1º—Modificar el numeral 5º del artículo 4.2.2.3 de la Resolución CRT 87 de 1997, el cual quedará de la siguiente manera:
“5. Interconexión de redes de operadores del programa Compartel. La interconexión de las redes de operadores del programa Compartel con otras redes de telecomunicaciones, se realizará en cualquier nodo de, interconexión registrado por dichos operadores.
Los operadores del programa Compartel preferentemente se interconectarán de manera directa con las redes de los operadores de TMC, PCS y trunking de cubrimiento nacional, para efectos de cursar el tráfico respectivo. La utilización de la interconexión indirecta no puede generar condiciones menos favorables tanto para los usuarios del programa Compartel como para los usuarios de las demás redes de telecomunicaciones, en comparación con las que se presentan en el caso de una interconexión directa.
Las llamadas que se cursen hacia las redes de los operadores del programa Compartel y que sean originadas en las redes de TMC, PCS y trunking de cubrimiento nacional o cursadas a través de redes de TPBCLD, estarán incluidas dentro de los planes tarifarios, tanto prepago como pospago, ofrecidos por los operadores de estos servicios a sus usuarios, debiendo recibir el tratamiento más favorable en cuanto a calidad y tarifa respecto de las llamadas con destino a redes de TPBC según el plan respectivo.
ART. 2º—Vigencias y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, modifica en lo pertinente el numeral 5º del artículo 4.2.2.3 de la Resolución CRT-087 de 1997 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dada en Bogotá, D.C., a 30 julio de 2009.

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RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
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artículo 4
Resolución
artículo 73
artículo 37
artículo 334
artículo 365
artículo 3
artículo 73
artículo 14
artículo 15
artículo 37
resolución
artículo 41
artículo 9
artículo 4
Resolución
resolución
artículo 4
Resolución


text:
LOS SEIS MESES DEL PLAZO DE FISCALIZACIÓN PARCIAL – ARTURO FERNÁNDEZ VENTOSILLA
ARTÍCULO PUBLICADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2018 EN LA REVISTA CONTADORES Y EMPRESAS DEL GRUPO GACETA JURÍDICA
THE SIX MONTHS OF THE PARTIAL AUDIT PERIOD
Comentario a la Resolución del Tribunal Fiscal N° 02162-Q-2018, que constituye precedente de observancia obligatoria
Resumen: El autor comenta la Resolución del Tribunal Fiscal N° 02162-Q-2018 que establece que la ampliación de un procedimiento de fiscalización parcial a un procedimiento de fiscalización definitiva debe efectuarse antes de cumplirse los seis (6) meses del plazo de fiscalización parcial.
Palabras clave: Fiscalización parcial, fiscalización definitiva, queja, requerimiento, ampliación.
Keywords: Partial audit, final audit, complaint, requirement, extension.
La presente resolución se desarrolla dentro de un remedio de queja[2], que de conformidad con el artículo 155º del Código Tributario, se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en dicho código, en la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera; así como en las demás normas que atribuyan competencia al Tribunal Fiscal.
De otro lado, el tema sobre el cual se pronuncia y que será materia de análisis es determinar si la ampliación del procedimiento de fiscalización parcial a procedimiento de fiscalización definitiva debe efectuarse antes del vencimiento del plazo de fiscalización de seis meses.
La quejosa cuestiona que mediante la Carta N° 186-2017-SUNAT/7EA200 de 24 de noviembre de 2017, la Administración haya ampliado indebidamente el procedimiento de fiscalización parcial del Impuesto a la Renta del periodo enero a diciembre de 2015, a uno de tipo definitivo, pese a que ya había transcurrido el plazo de seis (6) meses aplicable a la fiscalización parcial, habiéndose emitido el Requerimiento N° 0222170010360 mediante el cual se le requiere, entre otros, la misma documentación que presentó anteriormente en el aludido procedimiento de fiscalización parcial, por lo que sostiene que se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 62-A° del Código Tributario
La Sunat mediante la Carta N° 186-2017-SUNAT/7EA200 comunicó a la quejosa la ampliación del procedimiento de fiscalización parcial iniciado con Carta N°160021559189-01-SUNAT a uno de tipo definitivo. En ese sentido, en la fecha en que se inició el plazo a que se refiere el inciso b) del artículo 61° y el artículo 62° del Código Tributario del citado procedimiento de fiscalización de tipo parcial fue el 19 de enero de 2017, con lo cual, al momento de notificar la Carta N° 186-2017-SUNAT/7EA200 ya había transcurrido el plazo de 6 meses, no habiéndose presentado causales de suspensión del mencionado plazo.
Por último, a la fecha de sucedidos los hechos no se emitieron ni notificaron valores producto de la fiscalización efectuada.
Según el Código Tributario, el plazo para requerir información al administrado dentro de un procedimiento de fiscalización parcial es de seis meses, cuyo cómputo se inicia una vez que el contribuyente cumple con exhibir toda la documentación solicitada en el primer requerimiento.
En ese sentido, la Administración Tributaria tiene la facultad de ampliar el procedimiento de fiscalización parcial a otros aspectos que inicialmente no estaban incluidos o convertirlo en un procedimiento de fiscalización definitiva. Al respecto, cuando el artículo 61 del citado Código prevé que “iniciado el procedimiento de fiscalización parcial, la SUNAT podrá ampliarlo a otros aspectos que no fueron materia de la comunicación inicial a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior, previa comunicación al contribuyente, no alterándose el plazo de seis (6) meses, salvo que se realice una fiscalización definitiva. En este último supuesto se aplicará el plazo de un (1) año establecido en el numeral 1 del artículo 62-A, el cual será computado desde la fecha en que el deudor tributario entregue la totalidad de la información y/o documentación que le fuera solicitada en el primer requerimiento referido a la fiscalización definitiva” se interpreta que si bien el plazo para requerir información y documentación se ampliará más allá de los seis meses, ambos tipos de comunicaciones, esto es, la referida a la ampliación de la fiscalización parcial para abarcar otros aspectos, como la referida a la ampliación a un procedimiento definitivo deben efectuarse antes del vencimiento del plazo de seis meses (debe tomarse en cuenta los periodos de suspensión de ser el caso).
Entonces, en el caso de una ampliación de la fiscalización parcial, resulta lógico que la ampliación, para ser tal, debe comunicarse dentro del plazo de seis meses, comunicación que se notificará conjuntamente con el requerimiento correspondiente, según lo previsto por el artículo 4 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización. En tal sentido, cuando la norma señala “salvo que se realice una fiscalización definitiva” solamente está aludiendo a que en este supuesto puede alterarse el plazo de seis meses para requerir documentación e información, pero no a la oportunidad en que la Administración debe efectuar la comunicación de la ampliación. Ello es concordante además con lo que el artículo 61 señala luego de dicha salvedad, pues alude únicamente al momento desde el que debe computarse el plazo de un año de la fiscalización definitiva, plazo en el cual la Administración se encuentra facultada para seguir solicitando documentación y/o información.
Al respecto, en relación con el ejercicio de la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria, en los fundamentos de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 03500-Q-2017 (precedente de observancia obligatoria) se ha señalado que si bien la facultad de fiscalización es discrecional, conforme con la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, en el caso de ejercerse una facultad discrecional, se deberá optar por la decisión administrativa que se considere más conveniente para el interés público, dentro del marco que establece la Ley.
RTF N°03500-Q-2017 publicada el 4 de noviembre de 2017 como jurisprudencia de observancia obligatoria, en la que se estableció como precedente que: “Vencido el plazo de un año de la fiscalización definitiva, la excepción al plazo de fiscalización establecida por el numeral 3) del artículo 62°-A del Código Tributario sólo es aplicable a los requerimientos mediante los que se solicite información y/o documentación relacionada con la aplicación de las normas de precios de transferencia. En tal sentido, la Administración no podrá requerir al administrado información y/o documentación adicional a la solicitada durante el plazo del referido procedimiento por aspectos que no involucren la aplicación de las normas de precios de transferencia”
A ello se agregó que, tal como se señalara en los fundamentos de la Resolución N° 1682-Q-2015, las facultades discrecionales también deben ejercerse dentro del marco que establece la ley y en función de lo que es conveniente para el interés público, lo que excluye la posibilidad de que los funcionarios actúen de forma arbitraria, dado que en todo momento deben respetarse los principios del debido procedimiento y los derechos de los administrados.
RTF N° 1682-Q-2015 publicada el 30 de abril de 2015 como precedente de observancia obligatoria, en cuanto se señaló que: “Se vulnera el debido procedimiento si con ocasión de una verificación del cumplimiento de obligaciones formales a realizarse en las oficinas de la Administración, ésta no es llevada a cabo en la fecha y hora señaladas en el documento mediante el que se requirió la exhibición y/o presentación de libros, registros y/o documentos, a menos que se comunique tal circunstancia o sea consentida por el administrado”.
Es así que se indicó que al analizarse las posibles interpretaciones de una norma referida a una excepción al plazo de fiscalización, debían considerarse los principios del debido procedimiento, los derechos de los administrados y que “la regulación prevista por el Código Tributario y el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT en cuanto a dicho procedimiento tiene por finalidad establecer un marco jurídico para el ejercicio de la facultad de fiscalización, para que sea llevada a cabo dentro de límites razonables y previsibles, resguardándose así la seguridad jurídica y el debido procedimiento. Es por ello importante que la norma haya contemplado un límite temporal para la Administración a efecto de requerir documentación e información al sujeto fiscalizado. Incluso, se advierte que cuando el citado código regula los casos en los que procede la prórroga del plazo de fiscalización por un año adicional, indica que se trata de algo excepcional. En tal sentido, se aprecia que la regla general es que la emisión de requerimientos de documentación e información debe estar sometida a un plazo”.
Entonces, de permitirse ampliar la fiscalización parcial a un procedimiento de fiscalización definitiva fuera del plazo de seis meses, desvirtuaría no solo el plazo de fiscalización parcial sino también el de la fiscalización definitiva. Sobre el particular, debe considerarse que de iniciarse una fiscalización definitiva, salvo que existan causales de prórroga de la fiscalización, la Administración sólo podría requerir documentación e información dentro del plazo de un año, siendo que en el supuesto planteado, como se ha indicado, contaría por lo menos con año y medio para efectuar requerimientos, aun cuando no se haya configurado alguna causal de prórroga de la fiscalización definitiva.
En conclusión, el Tribunal toma las siguientes posiciones:
La ampliación de un procedimiento de fiscalización parcial a un procedimiento de fiscalización definitiva debe efectuarse antes de cumplirse los seis meses del plazo de fiscalización.
La interpretación adoptada en la presente Resolución únicamente implica que la Administración no puede ampliar el procedimiento de fiscalización parcial a un procedimiento de fiscalización definitiva concluido el plazo de seis meses.
La presente resolución busca evitar desvirtuar las normas que establecen plazos para requerir información y documentación en el procedimiento de fiscalización.
Se busca que el procedimiento de fiscalización se lleve con mayor predictibilidad.
No existe impedimento para que la Administración, de considerarlo pertinente, y dentro de sus facultades, inicie un procedimiento de fiscalización definitiva, puesto que temporalmente su facultad de determinación sólo está limitada por el plazo de prescripción.
La notificación de la comunicación (carta) y del requerimiento de inicio de la fiscalización definitiva interrumpe el plazo de prescripción de la Administración para determinar la obligación tributaria, iniciándose el cómputo de un nuevo término prescriptorio.
Si se considerase que el plazo de seis meses de la fiscalización parcial para requerir información y/o documentación, no constituye un límite temporal para notificar requerimientos, podría suceder, por ejemplo, que antes que culmine el plazo de prescripción se notifique la ampliación de la fiscalización parcial a una definitiva, constituyendo ello un acto de interrupción del plazo de prescripción para determinar la obligación tributaria, y en ese sentido, la Administración contaría con nuevo plazo de prescripción (adicional al que ya había transcurrido), extendiéndose así el procedimiento de fiscalización, lo que atentaría contra la seguridad jurídica del contribuyente.
Se estableció como precedente de observancia obligatoria: “La ampliación de un procedimiento de fiscalización parcial a un procedimiento de fiscalización definitiva debe efectuarse antes de cumplirse los seis (6) meses del plazo de fiscalización parcial”.
La presente Resolución del Tribunal Fiscal, está fijando un plazo perentorio a la Sunat para que pueda realizar una ampliación de su procedimiento de fiscalización parcial a definitivo. Esta situación plantea un nuevo medio de defensa para el contribuyente al momento de exigir un debido proceso dentro del procedimiento de fiscalización, ya que la Sunat tiene solo 6 meses desde el inicio de la fiscalización parcial para notificar la carta de ampliación mediante la cual realizar el cambio respectivo.
De la resolución en comentario, podemos obtener los siguientes puntos:
5.1) La fiscalización Tributaria.- El artículo 62 del Código Tributario, prevé que la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar. A ello agrega que el ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios y para tal efecto, señala facultades discrecionales, tales como: Exigir a los deudores tributarios la exhibición y/o presentación de: a) Sus libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad y/o que se encuentren relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, los mismos que deberán ser llevados de acuerdo con las normas correspondientes, b) Su documentación relacionada con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias en el supuesto de deudores tributarios que de acuerdo a las normas legales no se encuentren obligados a llevar contabilidad, c) Sus documentos y correspondencia comercial relacionada con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, entre otros.
Por otra parte, el artículo 61 del citado Código establece que la determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada, emitiendo la resolución de determinación, orden de pago o resolución de multa. La fiscalización que realice la Sunat podrá ser definitiva o parcial.
FISCALIZACIÓN PARCIAL FISCALIZACIÓN DEFINITIVA
En relación con el plazo de fiscalización, el artículo 12 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo N° 085-2007-EF, establece que: “los plazos establecidos en los artículos 61 y 62-A del Código Tributario sólo son aplicables para el Procedimiento de Fiscalización Parcial y el Procedimiento de Fiscalización Definitiva respectivamente”. Dispone también que: “Tratándose de la ampliación del Procedimiento de Fiscalización Parcial a un Procedimiento de Fiscalización Definitiva el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 62-A del Código Tributario se iniciará en la fecha en que el Sujeto Fiscalizado entregue la totalidad de la información y/o documentación que le fuera solicitada en el primer requerimiento referido a la fiscalización definitiva”
Se revisa parte, uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria.
Se debe: a) Comunicar al deudor tributario, al inicio del procedimiento, el carácter parcial de la fiscalización y los aspectos que serán materia de revisión y b) Aplicar lo dispuesto en el artículo 62°-A del Código Tributario considerando un plazo de seis (6) meses, con excepción de las prórrogas a que se refiere el numeral 2 del citado artículo.
El artículo 3 del citado reglamento Supremo Nº 207-2012-EF, publicado el 23 octubre 2012, establece que la SUNAT a través de las cartas comunicará al sujeto fiscalizado, entre otros, lo siguiente:
c) La ampliación de un procedimiento de fiscalización parcial a un procedimiento de fiscalización definitiva, indicándose que la documentación a presentar será la señalada en el primer requerimiento referido a la fiscalización definitiva. El numeral 1) del artículo 62-A del Código Tributario, referido al plazo de fiscalización definitiva, establece que el procedimiento de fiscalización que lleve a cabo la Administración Tributaria debe efectuarse en un plazo de un (1) año, computado a partir de la fecha en que el deudor tributario entregue la totalidad de la información y/o documentación que fuera solicitada por la Administración
Tributaria, en el primer requerimiento notificado en ejercicio de su facultad de fiscalización. De presentarse la información y/o documentación solicitada parcialmente no se tendrá por entregada hasta que se complete la misma.
El artículo 61 del Código Tributario prevé además que “iniciado el procedimiento de fiscalización parcial, la SUNAT podrá ampliarlo a otros aspectos que no fueron materia de la comunicación inicial a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior, previa comunicación al contribuyente, no alterándose el plazo de seis (6) meses, salvo que se realice una fiscalización definitiva. En este último supuesto se aplicará el plazo de un (1) año establecido en el numeral 1 del artículo 62-A, el cual será computado desde la fecha en que el deudor tributario entregue la totalidad de la información y/o documentación que le fuera solicitada en el primer requerimiento referido a la fiscalización definitiva”.
Entonces, entendemos que tanto para la Administración Tributaria como para el Tribunal Fiscal (Ver Resoluciones N° 01010-2-2000, entre otras) la facultad de fiscalización es el poder del que goza la Administración según ley, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las obligaciones y procedencia de beneficios tributarios y supone la existencia del deber de los deudores tributarios y terceros de realizar las prestaciones establecidas legalmente para hacer posible esa comprobación.
5.2) La fiscalización parcial y las cartas que comunican la transformación (ampliación) de la fiscalización.- El artículo 3 del Decreto Supremo Nº 085-2007-EF -Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT- establece que la SUNAT a través de las Cartas comunicará al Sujeto Fiscalizado lo siguiente:
e) La suspensión de los plazos de fiscalización y la prórroga a que se refiere el numeral 2 del artículo 62-A del Código Tributario.
f) Cualquier otra información que deba notificarse al Sujeto Fiscalizado durante el Procedimiento de Fiscalización, siempre que no deba estar contenida en los requerimientos y actas.
Entonces, la única forma de comunicar la ampliación es a través de una carta, más no de un requerimiento.
5.3) Las modificaciones dentro de un proceso de fiscalización parcial- El artículo 108 del Código Tributario establece que después de la notificación, la Administración Tributaria sólo podrá revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos cuando la Sunat como resultado de un posterior procedimiento de fiscalización de un mismo tributo y período tributario establezca una menor obligación tributaria. En este caso, los reparos que consten en la resolución de determinación emitida en el procedimiento de fiscalización parcial anterior serán considerados en la posterior resolución que se notifique.
5.4) Las resoluciones de queja emitidas por el Tribunal Fiscal pueden ser cuestionadas en la vía judicial.- Según la Casación N°3537-2014 LIMA, la queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en el Código Tributario; en consecuencia, el remedio de queja tiene como propósito subsanar los errores de tramitación en que se hubieran incurrido en el procedimiento tributario, constituyéndose en un remedio procesal, por lo que su interposición no da lugar a la emisión de un acto administrativo que causa estado; con lo cual no debería ser valorada en vía judicial contenciosa administrativa.
5.5) ¿En un procedimiento de fiscalización parcial respecto del Impuesto General a las Ventas de los meses de abril a julio del año 2018 es posible finalizar la fiscalización cuando se declara la nulidad de las resoluciones de determinación y multas vinculadas con el tributo y periodo materia de revisión, mediante resoluciones de intendencia?- La declaración de nulidad de estos no significa que el procedimiento de fiscalización haya finalizado, sino que este continúa su trámite.
Por otra parte, según las Resoluciones N° 13403-7-2008, 01151-Q-2017 y 07445-2-2010, entre otras, se ha establecido que el procedimiento de fiscalización debe ser único e integral, pudiendo continuarse luego de que se hubiera declarado la nulidad de las resoluciones de determinación y resoluciones de multa vinculadas con el tributo o tributos o periodos materia de revisión.
[2] El último párrafo del artículo 61° del aludido código, se señala que en tanto no se notifique la resolución de determinación y/o de multa, o que resuelve una solicitud no contenciosa de devolución, contra las actuaciones en el procedimiento de fiscalización o verificación procede interponer la queja prevista en el artículo 155°.
6 MESES, FACULTAD DE FISCALIZACIÓN, FISCALIZACIÓN PARCIAL ELECTRÓNICA, precedente de observancia obligatoria

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Resolución
Resolución
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artículo 155
artículo 62
artículo 61
artículo 62
artículo 61
artículo 62
artículo 4
artículo 61
Resolución
artículo 62
Resolución
Resolución
resolución
Resolución
resolución
artículo 62
artículo 61
resolución
resolución
artículo 12
artículo 62
artículo 62
artículo 3
artículo 62
artículo 61
artículo 62
artículo 3
artículo 62
artículo 108
resolución
resolución
artículo 61
resolución
artículo 155


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Sentencia de Tutela nº 058/18 de Corte Constitucional, 22 de Febrero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 708534725
DERECHO DE PETICION Y SU RELACION CON EL ACCESO A LA HISTORIA CLINICA Se aduce que las accionadas vulneraron derechos fundamentales del actor al no dar respuesta de fondo a la petición que presentó para que le fuera entregada una copia de su historia clínica, la cual requería para procurar establecer la fecha de estructuración de su pérdida de capacidad laboral y, con ello, solicitar el reconocimiento de su pensión de invalidez. En la respuesta dada al peticionario la entidad solo se limitó a manifestar que dicho documento no reposaba en sus archivos. Se reitera jurisprudencia sobre: 1º. El derecho fundamental de petición, su marco jurídico y elementos esenciales. 2º. El precitado derecho y su relación con el acceso a la historia clínica, la obligación de organización, manejo y custodia y los derechos fundamentales de habeas data, acceso a la información y seguridad social. Tras considerar que la accionada trasgredió garantías constitucionales al no emitir respuesta de fondo, clara, congruente y precisa a la petición presentada por el actor, la Sala dispuso CONCEDER el amparo invocado.Recibo Relatoria:
En la revisión del fallo dictado por el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, el 25 de julio de 2017, mediante el cual declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela presentada por el señor R.A.P.R. contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, administrado por FIDUAGRARIA S.A.[1], y la Nueva EPS, por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición.
El 10 de julio de 2017, el señor R.A.P.R. presentó acción de tutela contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, administrado por FIDUAGRARIA S.A.[2], con el fin de que fuera protegido su derecho fundamental de Petición, por cuanto, el 15 de mayo de 2017, solicitó copia de su historia clínica y, sin embargo, la entidad accionada se limitó a realizar un recuento de su situación legal y a señalar que en sus archivos no se encuentra el documento requerido.
2.1. El accionante manifiesta que en ejercicio del derecho fundamental de petición, el 15 de mayo de 2017, solicitó al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales (P.A.R.I.S.S) copia de su historia clínica, en la cual se incluyera la información registrada en la extinta Clínica San P.C., institución en la cual fue atendido (no especifica el periodo de atención).
Finalmente, respecto a la petición del demandante señaló que “dentro del acervo documental recibido no existe historia a nombre de R.A.P. identificado con CC No. 80.368.447 de la atención recibida en la extinta clínica S.P.C.”.
El señor R.A.P.R. solicita que, por medio de la acción de tutela, se proteja su derecho fundamental de Petición y, en consecuencia, se ordene responder de fondo la solicitud presentada el 15 de mayo de 2017, por medio de la cual requirió copia de su historia clínica.
· Copia de la petición presentada por el señor R.A.P.R. al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, el 15 de mayo de 2017 (Cuaderno 2, folio 3).
5.2. El apoderado judicial del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, administrado por FIDUAGRARIA S.A.[4], según contrato de fiducia No. 015–2015 del 31 de marzo de 2015, presentó contestación por medio de correo electrónico enviado el 18 de julio de 2017, solicitando declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. Lo anterior con sustento en la respuesta emitida mediante el Oficio de Salida No. 201706308 del 31 de mayo de 2017, mediante el cual, además de reiterar la situación jurídica de esa entidad, se puso en conocimiento que “dentro del acervo probatorio recibido no existe historia a nombre de R.A.P. identificado con C.C. No. 80.368.447 de la atención recibida en la extinta Clínica San P.C.”. Esta respuesta, según alegó la entidad, resulta clara, precisa, congruente y de fondo, por consiguiente, no existe vulneración a los derechos fundamentales del accionante.
El Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, mediante providencia del 25 de julio de 2017, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. En la providencia se advierte que la entidad accionada respondió la petición presentada por el accionante a través del Oficio de Salida No. 201706308 del 31 de mayo de 2017, de manera clara, de fondo y congruente con lo solicitado por éste y, además, la contestación fue remitida a la dirección de correspondencia del actor, puesto que coincide con la indicada en la tutela para notificaciones.
Impugnación extemporánea. La decisión judicial en comento fue notificada al accionante el 26 de julio de 2017, el término de ejecutoría venció el 31 de julio, sin embargo, este interpuso el recurso de apelación el 1º de agosto de 2017. En consecuencia, la impugnación fue rechazada por ser extemporánea. En el escrito de impugnación el accionante advirtió que requiere acceder a su historia clínica en procura de que le sea posible determinar la fecha de estructuración de la pérdida de su capacidad laboral y alegó que, en caso de no poder suministrar lo solicitado, la entidad accionada debió señalar, al menos, su lugar de ubicación. En consecuencia, manifestó que no resultaba procedente determinar la existencia de un hecho superado.
Derecho fundamental de petición, marco jurídico y elementos esenciales. Reiteración de jurisprudencia
El derecho fundamental de petición se comprende como la garantía constitucional de toda persona a (i) formular peticiones respetuosas, (ii) ante las autoridades o particulares, -organizaciones privadas[11] o personas naturales[12]-, en los términos definidos por el Legislador; (iv) por motivo de interés general o particular, y a (iv) obtener pronta resolución[13]. El marco jurídico de esta garantía se concentra, principalmente, en el artículo 23 de la Constitución Política y en la Ley 1437 de 2011, T.I., sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015[14], “(p)or medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.”
Cabe resaltar en relación con los derechos de petición ejercidos ante particulares que se han diferenciado tres situaciones: (i) cuando el particular presta un servicio público o realiza funciones de autoridad, el derecho de petición opera como si se dirigiera contra la administración; (ii) si el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata, el trámite y resolución de estas peticiones están sometidos a los principios y reglas generales, establecidos en el T.I. de la Ley 1437 de 2011 (anteriormente mencionadas); sin embargo, se ha señalado que (iii) si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad o no se trate de la protección de otro derecho fundamental, este será un derecho fundamental solamente cuando el legislador lo reglamente[21].
“Así, se ha advertido que se satisface este derecho cuando se emiten y reciben respuestas que abarcan en forma sustancial y resuelven, en lo procedente, la materia objeto de solicitud, independientemente del sentido, de manera que no puede entenderse vulnerado el derecho simplemente porque la contestación dada al peticionario dentro de los términos dispuestos sea negativa, pues si efectivamente atiende de fondo el asunto inquirido, se ha satisfecho tal derecho de petición.” (N. fuera de texto)
El derecho fundamental de petición y su relación con el acceso a la historia clínica, la obligación de organización, manejo y custodia, el derecho fundamental de habeas data, acceso a la información y a la seguridad social. Reiteración de jurisprudencia
(iii) Liquidación de una Institución Prestadora de Servicios de Salud, caso en el cual “la historia clínica se deberá entregar al usuario o a su representante legal. Ante la imposibilidad de su entrega al usuario o a su representante legal, el liquidador de la empresa designará a cargo de quien estará la custodia de la historia clínica, hasta por el término de conservación previsto legalmente. Este hecho se comunicará por escrito a la Dirección Seccional, D. o Local de Salud competente, la cual deberá guardar archivo de estas comunicaciones a fin de informar al usuario o a la autoridad competente, bajo la custodia de quien se encuentra la historia clínica”.
La Resolución 1995 de 1999 fue modificada por la Resolución 1715 de 2005, por medio de la cual se precisó que, “en caso de liquidación de una entidad perteneciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, responsable de la custodia y conservación de las historias clínicas, esta entidad deberá entregar al usuario o a su representante legal la correspondiente historia clínica”. Igualmente se advirtió que “las historias clínicas no reclamadas, cuya última atención se hubiere practicado en un plazo inferior a los diez (10) años señalados en el inciso segundo de este parágrafo, serán remitidas a la última Entidad Promotora de Salud en la cual se encuentre afiliado el usuario”. En el mismo sentido se estableció que “(a)nte la imposibilidad de su entrega al usuario o a su representante legal, el liquidador de la empresa levantará un acta con los datos de quienes no recogieron dichos documentos, y procederá a destruir las historias clínicas no reclamadas en las cuales la última atención o tratamiento se hubiere practicado en un término igual o superior a los diez (10) años anteriores, contados en la fecha en la que se cumpla el plazo previsto en el inciso anterior.// Para adelantar la destrucción se levantará un acta (…), documento que será remitido a la Dirección Seccional, D. o Local de Salud competente y a la Superintendencia Nacional de Salud, entidades que la conservarán, con el fin de informar al usuario o a la autoridad que lo solicite, el destino de la historia clínica.”
“(…) existe un deber constitucional de administrar correctamente y de proteger los archivos y bases de datos que contengan información personal o socialmente relevante.” El cual se deriva de la prohibición de “(…) impedir sin justa causa el goce efectivo de los derechos fundamentales o de tornar imposible dicho goce. Por tanto, si determinada información resulta decisiva para una persona, quien administra o custodia un archivo o una base de datos, adquiere la calidad de garante de dicha información.”[58] (…) En ese sentido, este Tribunal ha sido enfático en resaltar la importancia de dicha protección, por ejemplo, en tratándose de expedientes extraviados o documentos, indicando que cuando ello ocurra se debe procurar por su recuperación de manera pronta, para evitar el atropello de prerrogativas fundamentales como el acceso a la administración de justicia. Similar suerte corre entonces la historia clínica, pues en aquellos casos en los que se requiere con urgencia para poder consolidar un derecho fundamental como ocurre con quienes solicitan el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, habida cuenta que (…), para que se valore la merma en la capacidad física de una persona se debe partir, indefectiblemente del reporte médico que tal documento contiene. Por tanto, con su pérdida se consolida la vulneración de derechos de raigambre fundamental como la seguridad social, la salud, el mínimo vital y la vida en condiciones dignas, luego es importante que la entidad encargada de su archivo, cuidado y manejo, procure su recuperación o reconstrucción de manera pronta, evitando todo tipo de dilación injustificada en detrimento de los derechos del afiliado y, por ende, no se le puede imponer tal tarea pues implica adjudicarle una carga que es propia de la entidad responsable de la información”. (S. y negrillas propios)
El señor R.A.P.R. requiere acceder a su historia clínica registrada, según advierte, en el extinto Instituto de Seguros Sociales, en procura de que, con base en esta, se pueda definir la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral y, con ello, solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez.
El 15 de mayo de 2017 solicitó la copia de este documento al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, administrado por FIDUAGRARIA S.A., entidad que mediante Oficio de Salida No. 201706308 del 31 de mayo de 2017, manifestó que “dentro del acervo documental recibido no existe historia a nombre de R.A.P. identificado con CC No. 80.368.447 de la atención recibida en la extinta Clínica San P.C.”. Igualmente, se puso de presente que el 31 de marzo de 2015 se produjo el cierre definitivo del Instituto de Seguros Sociales, sin embargo, esa empresa -antes de su cierre- celebró contrato de fiducia mercantil con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.[62] (FIDUAGRARIA S.A) con la que se constituyó el fideicomiso Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS. Sin embargo, ni FIDUAGRARIA S.A., ni el P.A.R.I.S.S. son continuadores del proceso de liquidación del ISS, ni tampoco sucesores procesales o subrogatorios de la extinta entidad.
El usuario del sistema de salud tiene derecho a que se le garantice la disponibilidad de la historia clínica y, por ende, a saber en los archivos de cuál entidad reposa. En concordancia, la Resolución 1995 de 1999 estableció el procedimiento que se debe desarrollar para la custodia de este documento en caso de traslado de EPS y de liquidación de las entidades prestadoras del servicio de salud, entre otros. En relación con el traslado se especificó que se debe dejar constancia de ello en los correspondientes registros de entrega o devolución, suscritos por los funcionarios responsables de las entidades encargadas de su custodia. Respecto de la liquidación, se estableció que la “institución prestadora de servicios de salud” debe entregar al usuario o a su representante legal el documento y, ante la imposibilidad de ello, el liquidador debe designar a cargo de quien está la custodia, hecho que se debe comunicar a la Dirección Seccional, D. o Local de Salud competente “la cual deberá guardar archivo de esas comunicaciones a fin de informar al usuario o a la autoridad competente, bajo la custodia de quien se encuentra la historia clínica”.
En este sentido, se recuerda que “(…) existe un deber constitucional de administrar correctamente y de proteger los archivos y bases de datos que contengan información personal o socialmente relevante.” El cual se deriva de la prohibición de “(…) impedir sin justa causa el goce efectivo de los derechos fundamentales o de tornar imposible dicho goce. Por tanto, si determinada información resulta decisiva para una persona, quien administra o custodia un archivo o una base de datos, adquiere la calidad de garante de dicha información.”[71] (…) En ese sentido, este Tribunal ha sido enfático en resaltar la importancia de dicha protección, por ejemplo, en tratándose de expedientes extraviados o documentos, indicando que cuando ello ocurra se debe procurar por su recuperación de manera pronta, para evitar el atropello de prerrogativas fundamentales como el acceso a la administración de justicia. Similar suerte corre entonces la historia clínica, pues en aquellos casos en los que se requiere con urgencia para poder consolidar un derecho fundamental como ocurre con quienes solicitan el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, habida cuenta que (…), para que se valore la merma en la capacidad física de una persona se debe partir, indefectiblemente del reporte médico que tal documento contiene. Por tanto, con su pérdida se consolida la vulneración de derechos de raigambre fundamental como la seguridad social, la salud, el mínimo vital y la vida en condiciones dignas, luego es importante que la entidad encargada de su archivo, cuidado y manejo, procure su recuperación o reconstrucción de manera pronta, evitando todo tipo de dilación injustificada en detrimento de los derechos del afiliado y, por ende, no se le puede imponer tal tarea pues implica adjudicarle una carga que es propia de la entidad responsable de la información”[72]. (S. y negrillas de la Sala)
En consecuencia, lejos de poder determinar que existe carencia actual de objeto por hecho superado, como lo hizo el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, mediante el fallo del 25 de julio de 2017, objeto de revisión, se evidencia que la entidad accionada incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales de petición, de habeas data, de acceso a la información y a la seguridad social del accionante, pues hasta el momento no ha emitido respuesta de fondo, clara, congruente y precisa a la petición presentada por este en procura de acceder a su historia clínica. Por consiguiente, se ordenará al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, administrado por FIDUAGRARIA S.A., responder de fondo la petición presentada por el señor R.A.P.R. presentada el 15 de mayo de 2017, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta Sentencia. Respuesta en la cual se deben seguir las consideraciones de esta providencia y, en esa medida, debe responder de manera clara, precisa, congruente y consecuente a lo solicitado. Adicionalmente, se deberá tener en cuenta que, primero, en caso de que la historia clínica del accionante esté en los archivos de la entidad, se le deberá entregar inmediatamente; segundo, si este documento se hubiese extraviado en el proceso de liquidación, se deberá iniciar inmediatamente las gestiones tendientes a la recuperación o reconstrucción de mismo y, tercero, en caso de que la historia clínica se haya trasladado a otra entidad o se pueda establecer cuál es la entidad competente para responder la petición, se deberá remitir, en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, la petición presentada por el accionante a la entidad correspondiente.
PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales de petición, habeas data, acceso a la información y seguridad social del señor R.A.P.R. y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 16 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, el 25 de julio de 2017, mediante la cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
SEGUNDO.- ORDENAR al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, administrado por FIDUAGRARIA S.A., responder de fondo la petición presentada por el señor R.A.P.R. presentada el 15 de mayo de 2017, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta Sentencia. Respuesta en la cual se deben seguir las consideraciones de esta providencia y, en esa medida, debe dar respuesta de manera clara, precisa, congruente y consecuente a lo solicitado. Adicionalmente, se deberá tener en cuenta que, primero, en caso de que la historia clínica del accionante esté en los archivos de la entidad, se le deberá entregar inmediatamente; segundo, si este documento se hubiese extraviado en el proceso de liquidación, se deberá iniciar inmediatamente las gestiones tendientes a la recuperación o reconstrucción del mismo; y, tercero, en caso de que la historia clínica se haya trasladado a otra entidad o se pueda establecer cuál es la entidad competente para responder la petición, se deberá remitir, en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, la petición presentada por el accionante a la entidad correspondiente.
[48] MP. E.C.M..
[53] MP. M.J.C.E.
[56] MP. Clara E.R.G..
[57] MP. G.E.M.M..
[59] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección segunda. Subsección “B”. Consejera ponente: B.L.R. De Páez. Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil once (2011).

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