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 Sentencia 32397 de junio 30 de 2010
SENTENCIA 32397 DE 30 DE JUNIO DE 2010
CONTENIDO:ADECUACIÓN TÍPICA DE LA CONDUCTA PUNIBLE DE FRAUDE PROCESAL. EL HECHO DE QUE EL FUNCIONARIO JUDICIAL NO SE HUBIESE SENTIDO NI CREÍDO INDUCIDO EN ERROR NI EN SUS INICIOS NI RESULTADOS, ELLO NO DESNATURALIZA LA ADECUACIÓN TÍPICA DE ESTA CONDUCTA PUNIBLE TODA VEZ QUE POR TRATARSE DE UN DELITO DE MERA CONDUCTA LO QUE IMPORTAN SON LOS PROPÓSITOS FINALÍSTICOS DOLOSOS DE INDUCCIÓN EN ERROR.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIONARIO JUDICIAL, ERROR, PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO, DILIGENCIA DE EMBARGO, CESIÓN DEL DERECHO LITIGIOSO, PRINCIPIO DE TIPICIDAD, DELITO DE MERA CONDUCTA, FRAUDE PROCESAL, DELITO DOLOSO
Sentencia 32397 de junio 30 de 2010
Proceso 32397
EXTRACTOS:«La demanda:
Al amparo de las causales primera y tercera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, el recurrente formuló dos censuras así:
1. En el cargo primero acusó al ad quem de incurrir en errores de hecho derivados de falso juicio de identidad y existencia que condujeron a la indebida aplicación de los artículos 240.1, 289 y 453 de la Ley 599 de 2000 y a la falta de aplicación del in dubio pro reo a favor del procesado.
Adujo que se tergiversaron los testimonios de Martha Cecilia Suárez Segura y Amparo Arango de Bejarano quienes al unísono señalaron que
Al momento en que se llevó a cabo la diligencia de embargo y secuestro quedaron al interior del local comercial varias mercancías como sacos, chaquetas, bombas de caucho, de aluminio, afiches, cuadros al óleo, collares, láminas de colección, stikers, vitrinas, compresores y una selladora de caucho, elementos avaluados en más de siete millones de pesos, los cuales según los deponentes desaparecieron por la acción arbitraria de Julio César Morales Muñoz quien sin ninguna autorización legal ingresó al local comercial y se apoderó de los mismos.
Expresó que el tribunal efectuó agregados a lo manifestado por Amparo Arango de Bejarano cuando dijo que
Al momento de la diligencia de embargo observó dentro del mencionado local algunos busos, sacos, afiches, bombas y vitrinas y vio cuando el propio doctor Morales Muñoz llevó un cerrajero y abrió el local comercial para posesionarse de los mismos.
Planteó que se tergiversó el testimonio en cita porque Arango de Bejarano “jamás dijo que la llevada del cerrajero por parte de Morales Muñoz para abrir la puerta no era para posesionarse de esas mercancías”.
Hizo referencias a lo declarado por Martha Inés Castañeda Chinchilla quien trabajó con Roberto Valera Acosta y no sabe cuál persona pudo ser la responsable del hurto de los elementos que aprecia en valor aproximado de siete millones de pesos.
Expresó que los jueces incurrieron en error de hecho al omitir considerar “que en la diligencia de embargo y secuestro no estuvo el procesado, no se enteró que personas concurrieron ni que había en ese local, lo cual lo condujo al error de pensar que la depositaria era Amparo Arango de Bejarano con quien hizo el documento de cesión de derechos, lo cual indica que no hubo dolo, en cambio sí falta de cuidado en el análisis de un expediente, pues no buscó confeccionar documentos para engañar, y su interés en ese negocio no era apoderarse de mercancías como lo supuso de manera errónea la segunda instancia, sino entrar en tenencia como depositario, toda vez que se había echado una carga de obligaciones encima”.
Adujo que se dieron por probados hechos que no existen y de los que existe duda, pues Martha Segura Suárez no sabe nada acerca de la mercancía, Martha Inés Castañeda de Chinchilla quien era la encargada de los inventarios afirmó que la pérdida de esos elementos de los que no tiene facturas se produjo debido al abandono.
Planteó que en este evento no se ha demostrado la propiedad, el valor de las mercancías, el dolo ni la apertura violenta de cerraduras, pues a su juicio Morales Muñoz las abrió convencido de que la cesión de derechos que le firmó Arango de Bejarano era legal, además cuando le correspondió, levantó inventario con el secuestre de las “chucherías existentes” las que infiere seguramente estaban carcomidas de la polilla, razones por las que considera no es dable deducir conducta delictiva alguna.
Afirmó que el tribunal incurrió en error de hecho por falso juicio de existencia respecto de las explicaciones ofrecidas por Morales Muñoz y las pruebas que obran en el proceso adelantado en el Juzgado 16 Civil del Circuito en donde consta la aceptación de la cesión de derechos litigiosos, aunque no la calidad de depositaria de Amparo Arango de Bejarano.
Manifestó que lo mismo ocurrió con las explicaciones que dadas por el secuestre acerca de las condiciones en que cedió el depósito del local a la administración y a Morales Muñoz, efecto que condujo a la segunda instancia a “tildar” ese contrato de falso, desconociendo que el secuestre compareció y reconoció que se trataba de un local que se hallaba en el abandono, razón por la cual lo dio en depósito a aquella y al procesado quien rindió cuentas al juzgado.
Expresó que no existe prueba ni indicio de la falsedad en documento privado y que en vía de discusión se podría pensar en “una falsedad personal” porque en ese documento se hizo aparecer como depositaria a la administradora del centro comercial calidad que ella no tenía, error no atribuible a Morales Muñoz, toda vez que quien la hizo aparecer así fue el secuestre cuando los designó a ella y a Morales Muñoz.
Planteó que si el contrato en cita era espurio, ¿por qué el secuestre no fue investigado y juzgado, y en cambio se atribuyó la autoría de ese punible a una persona que no lo fue?
Recordó que el tribunal derivó contra el acusado el comportamiento de fraude procesal con un “documento prácticamente inocuo” con el que se pretendió engañar al Juez 16 Civil del Circuito, “lo cual a su juicio es cierto”, pues ese despacho rechazó las cuentas presentadas por Morales Muñoz “por no tener la calidad de secuestre”.
Adujo que la sentencia incurrió en error de hecho al afirmar que el procesado aportó a la demanda los “supuestos contratos de depósito” para fungir como titular de derechos, afirmación que es falsa pues los contratos se allegaron en el año 2003 y la demanda se presentó en 1994, de donde infiere que los jueces supusieron un medio de convicción que no existe para derivar el delito de fraude procesal que no tiene materialidad.
Por lo anterior, solicitó a la Sala absolver a Morales Muñoz de los comportamientos atribuidos.
2. En el cargo segundo acusó que la sentencia de segundo grado está viciada por menoscabo al derecho de defensa, toda vez que no hubo controversia de la prueba y lo alegado por el procesado y su defensor no fue tenido en cuenta.
Como irregularidades que afectaron garantías fundamentales, repitió los argumentos referidos a errores de hecho derivados de falso juicio de identidad y existencia con los que sustentó el cargo primero.
Consideró que se debe invalidar lo actuado a partir del acto de calificación inclusive.
Planteó que las nulidades no se circunscriben a la selección de la norma “sino que trascienden a equivocaciones sobre la culpabilidad y antijuridicidad”, y que a pesar “de no estar contemplada como causales legales, no queda otra alternativa que declararlas, pues comprometen la verdad real, toda vez que al procesado se lo sometió al “escarnio de su dignidad de forma gratuita en un endiosamiento de la responsabilidad objetiva”.
Por lo anterior, solicitó a la Sala invalidar lo actuado a partir del momento procesal referido.
De otra parte solicitó a la Corte responsabilizar a Morales Muñoz del usufructo obtenido con “la invasión del local” con base en el avalúo elaborado por la firma “Isabel de Mora”, y adicionar los perjuicios acarreados por aquel al no abonar al Juzgado 16 Civil del Circuito “el desembolso que si hizo Varela Acosta para terminar el proceso”, pues los siete millones de pesos ($ 7.000.000) de condena accesoria no cubren la cuantía del hurto atribuido.
1. Para impugnar la sentencia referida era necesario acudir a la casación excepcional que consagra el inciso tercero del artículo 205 de la Ley 600 de 2000, pues los delitos que se le imputaron en la resolución de acusación, falsedad en documento privado, fraude procesal y hurto calificado, tanto en la normatividad vigente al momento de los hechos como al dictarse la sentencia, tienen fijadas penas de prisión que no exceden de 8 años.
5. Es pertinente recordar que, en lo relacionado con el desarrollo jurisprudencial, la Sala ha sostenido que es deber del casacionista indicar si lo pretendido es fijar el alcance interpretativo de alguna disposición, o la unificación de posiciones disímiles de la Corte, o el pronunciamiento sobre un punto concreto que en la jurisprudencia no ha sido suficientemente desarrollado, o la actualización de la doctrina, al tenor de las nuevas realidades fácticas y jurídicas; y, además, la incidencia favorable de la pretensión doctrinaria frente al caso y la ayuda que prestaría a la actividad judicial, por trazar derroteros de interpretación con criterios de autoridad(1).
7. El recurrente no asumió previamente la demostración de que existía uno o los dos motivos que hacían procedente esa vía discrecional. Por el contrario, con argumentos idénticos planteó dos cargos bajo los alcances de la causal primera y tercera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, en censuras que devienen insuficientes a los propósitos de la casación discrecional pues unos son los cargos que se formula dentro del marco de una determinada causal y otros son los motivos que justifican la necesidad de ejercer la facultad excepcional de abrir la puerta de la impugnación extraordinaria a un asunto que ordinariamente no tiene acceso a ella.
8. El casacionista denunció la incursión de presuntos errores de hecho derivados de falso juicio de identidad y existencia que recayeron sobre unos medios de convicción e incidieron en la indebida aplicación de las normas sustanciales que regulan las conductas punibles atribuidas, lo cual permitiría entender que la casación excepcional propuesta buscaba la efectividad del derecho material y protección de garantías del acusado. Debe advertirse que este ejercicio complementario es factible a nivel de las instancias, pero no en casación, porque en esta sede rigen los principios de motivación suficiente, en virtud del cual se exige que la demanda se baste así misma para lograr el desquiciamiento del fallo, y el de limitación, que le impide a la Sala suplir las deficiencias argumentativas del libelo o enmendar sus yerros.
9. La demanda presentada por el defensor del procesado Morales Muñoz desatiende los requisitos de claridad y precisión en la interposición y sustentación de los cargos, por lo siguiente:
9.1. El recurso extraordinario de casación se entiende como un control de constitucionalidad y legalidad de las sentencias que se efectúa sobre los fallos proferidos en segundo grado. Si bien es cierto, el instituto no obedece a fórmulas rígidas de debida técnica, las impugnaciones deben presentarse como argumentos lógicos y sustanciales desde luego sólidos a fin de socavar de forma total o parcial las decisiones de instancia.
Debe resaltarse que la ausencia de formalidades no significa que la casación penal pueda convertirse en una instancia adicional para alargar los debates en libre discurso como aquí ha ocurrido, ni que la demanda pueda ser utilizada para acusar de manera enunciativa que el fallo de segundo grado se incurrió en los errores de referencia y se encuentra afectado por menoscabo al derecho de defensa, aspectos que se plantearon por separado pero con argumentos idénticos.
10. La Sala dará respuesta a la demanda atendiendo al postulado de prioridad. Mediante este principio se regula que en el evento de ser varias las censuras, estas se deben formular y demostrar atendiendo en orden a su mayor trascendencia procesal. En efecto, el cargo segundo mediante el cual se acusó que la sentencia se halla viciada por menoscabo al derecho de defensa, se debió plantear en primer lugar respecto de las censuras por violación indirecta de la ley sustancial.
10.1. En el cargo segundo desacierta el casacionista cuando de manera enunciativa pretende atribuir vicios al derecho de defensa, los que sustentó con los argumentos que desarrolló el cargo primero, esto es, por errores de hecho derivados de falso juicio de identidad y existencia.
Distantes se hallan las censuras de lo que debe entenderse por ausencia de defensa técnica, así:
(i) El derecho referido es una garantía fundamental con reconocimiento en la Constitución Política, Tratados Internacionales y estatuto procesal, que debe traducirse en realidades al interior de la investigación y juzgamiento. Aquella en sus dinámicas esenciales comporta ejercicios de impugnación y contradicción probatoria orientados a hacer real ese postulado en el objetivo de equilibrar u oponerse de manera total o parcial dependiendo las opciones sustanciales y probatorias que existan en el caso de que se trate a los cargos que se deriven como actos de acusación por parte del Estado.
(ii) Como principio y garantía rectores del debido proceso en su integración presupone una doble proyección en la que se destaca de una parte, la defensa material que versa sobre la actividad desplegada por el procesado, y de otra, la técnica que se identifica con los desarrollos que son exteriorizados por un profesional del derecho, y ello contrae la puesta en marcha de sus conocimientos jurídicos al interior de la actuación procesal en singular de que se trate, los cuales pueden ser de diversa índole dependiendo de la estrategia particular que se asuma sin que sobre la misma se puedan fijar derroteros que dependan de su volumen o intensidad.
(iii) Bajo el entendido que el derecho de la defensa técnica traduce por principio ejercicios y acciones que, a su vez, son deberes, no puede afirmarse que la defensa técnica a favor de Morales Muñoz fue inexistente. En efecto, el procesado en la etapa de investigación estuvo representado por una profesional, y en su calidad de abogado desplegó ejercicios de defensa material, además en la etapa del juicio su defensor de confianza hizo lo propio pues lo asistió en las audiencias preparatoria y de juzgamiento, a su vez impugnó la sentencia de primer grado, visión de conjunto de la cual se puede inferir que el aquí acusado sí tuvo espacios y oportunidades defensivas que desde luego no resultaron exitosas.
Con relación al tema la Corte ha dicho:
Cuando se invoca la nulidad del proceso por falta de defensa técnica por omisión en la actividad probatoria, es necesario que el recurrente desarrolle el cargo de acuerdo con estos parámetros:
1. Que señale de manera específica los medios de convicción que se reputaban conducentes y pertinentes para sacar avante la pretensión defensiva.
2. Que precise las razones de conducencia y pertinencia y, además que se trate de pruebas factibles de practicar porque ni los abogados ni los funcionarios judiciales están obligados a realizar lo imposible jurídica, física o lógicamente.
3. Que dentro de razonables márgenes de probabilidad se aproxime al contenido material de las pruebas no practicadas de manera que persuada a la Sala, confrontando el aporte de esos elementos con lo expuesto en el fallo impugnado, que en efecto se lesionó la garantía fundamental del procesado.
4. Que, como conclusión de toda la tarea argumentativa anterior, demuestre cómo las pruebas dejadas de practicar podían incidir favorablemente en la situación del procesado, bien sea en cuanto al grado de responsabilidad que le fue deducido o frente a la sanción punitiva que le fue impuesta o simplemente porque el conjunto que se echa de menos podría desvirtuar razonablemente la existencia del hecho punible o acreditar circunstancias de beneficio frente a la imputación que soporta(2).
En esa medida, tratándose de nulidad por violación al derecho de defensa por omisión de aquellos actos que lo caracterizan corresponde al casacionista detenerse en los siguientes aspectos:
(i) Si el detrimento ha consistido por la inactividad de los abogados por el hecho de no haber formulado ni sustentado recursos ordinarios contra providencias como pueden ser la que definió situación jurídica y resolución de acusación, se hace necesario que lo acusado no se quede en el plano de la simple denuncia de esa negligencia. En dichos eventos se hace importante e insalvable, además, que el demandante se ocupe de plantear cuáles eran los aspectos contenidos en el acto interlocutorio que debieron recurrirse y no se hizo, y de manera complementaria dependiendo del caso concreto le corresponde puntualizar los aspectos materia de controversia que ameritaban un debate desde luego sustancial de fondo o riguroso en orden al logro de unos resultados potencialmente más favorables en forma total o parcial a los intereses del procesado.
(ii) Cuando se trata de acusar ausencia de defensa técnica por omisión de ejercicios de contradicción probatoria, de igual manera se hace necesario no dejar la censura en la enunciación de lo así omitido de manera abstracta y genérica. En esa medida y para que ello tenga concreción, se deben identificar los medios de convicción que a su juicio y dependiendo de la situación a debatir eran conducentes, pertinentes y relacionados con el tema objeto de prueba, es decir, los que eran puntuales y con potencialidad o al menos posibilidad de haber sacado avante de manera integral o parcial una sustancialidad más favorable(3).
(iii) En el objetivo del anterior ejercicio, debe afirmarse que los instrumentos de prueba a relacionarse deberán ser desde luego factibles de realizar en la práctica. Ello bajo el entendido que los funcionarios judiciales no se ligan en sus deberes funcionales a efectuar imposibles físicos ni jurídicos.
(iv) A su vez, dentro de lo posible y lo probable, dialécticas de argumentación que en todo evento son razonablemente hipotéticas, le corresponde aproximarse a los contenidos materiales de prueba que podrían haberse derivado de los medios de convicción no practicados, argumentando con persuasión y suficiencia que por virtud de la eventual llegada de aquellos, otros efectos sustanciales más favorables como podrían ser los de exclusión de la adecuación típica, de las formas de participación (modalidades autoría o de participación), ausencia de la antijuridicidad o de las expresiones de culpabilidad atribuidas, incluida la construcción objetiva de una hipótesis de in dubio pro reo, de morigeración de la pena, etc., que como posibilidad abstracta podrían haberse derivado a favor del procesado, aspectos de los que en la presente demanda no se ocupó el censor quien de manera simple sugirió la nulidad pero sin detenerse en la demostración, pues de manera desacertada en la sustentación del cargo entremezcló los argumentos que utilizó para fundamentar el cargo primero.
10.5. En lo que corresponde al cargo segundo el casacionista acierta de manera parcial pero sin trascendencia en la censura referida a la tergiversación por agregados que la segunda instancia efectuó a los testimonios de Martha Cecilia Suárez Segura y Martha Inés Castañeda Chinchilla.
En efecto, no es cierto como lo dijo el ad quem, “que ellas al unísono con Amparo Arango de Bejarano hubiesen manifestado que las mercancías desaparecieron “por la acción arbitraria de Julio César Morales Muñoz quien sin ninguna autorización legal ingresó al local comercial y se apoderó de los mismos”.
De lo declarado por las dos primeras, conforme al principio de libertad probatoria se evidencia la existencia de varios elementos que luego desaparecieron, conducta que se atribuyó al aquí procesado, pero la manifestación en comento se deriva es de lo expresado por la última, aspectos que se ponen de presente así:
Martha Cecilia Segura Suárez dijo:
Yo trabajé hasta el señor (sic) 1993, en desde (sic) local duré dos años, desde el 91, ventas de artículos de afiches, ropa, bombas de polipropileno y otras muchísimas cosas. El dueño del establecimiento comercial era don Roberto Varela. Preguntada: indique si tuvo conocimiento que dicho local haya sido objeto de embargo y secuestro. Contestó: No señor. Preguntada: Indique cuando usted se retiró en qué condiciones quedó dicho local. Contestó: Yo entregué las llaves y el local quedó cerrado con toda la mercancía, las llaves se las entregué a Martha Castañeda, secretaria de don Roberto Varela, cuando yo entregué las llaves el negocio estaba funcionando y entiendo que siguió funcionando. Preguntada: Indique el motivo de su retiro. Contestó: tuve otra oportunidad laboral. Preguntada: Se afirma en estas diligencias que el 30 de agosto de 1993 se llevó a cabo por la Inspección IC Distrital de Policía embargo del local 2-101 del centro comercial Cedritos, diligencia en la que se designó como secuestre al señor José Alberto Pérez Forero quien a su vez designó como depositaria a Martha Cecilia Segura Suárez, identificada con c.c. 39.774.177 de Bogotá. Qué responde a ello. Contestó: Yo no conozco a ese señor, no se qué tengo en ese (sic), yo ya no estaba trabajando ahí. Preguntada: se le coloca (sic) de presente copia del acta de la diligencia de embargo y secuestro, Inspección 1 C Distrital de Policía visible a folio 15 del cuaderno original. Indique si conoce dicho documento, si lo suscribió y está de acuerdo con lo que allí se indica. Contestó: Yo realmente no me acuerdo pero si es mi firma. Preguntada. Indique si recibió o no el local mencionado en calidad de depósito como se indica en la mencionada diligencia. Contestó: Yo realmente no entiendo lo que este (sic) me pregunta.
Martha Inés Castañeda Chinchilla, dijo:
Preguntada: ¿qué bienes o elementos recuerda usted haber dejado en ese local la última vez que allí estuvo y sabe de su paradero? Contestó: Recuerdo que habían buzos, camisetas, chaquetas, bombas de caucho o como de aluminio para adornar, habían afiches, cuadros, como cinco de oleos, collares, láminas de colección, stiques, parches y demás chucherías u accesorios propios de una miscelánea, había una sola vitrina, había una lámpara de esas de gas, exhibidores de afiches y de obras. Yo a nadie entregué esa mercancía, ahí quedó en el almacén y yo no sé en dónde estará esa mercancía (...) Preguntada:¿tiene facturas, documentos que den evidencia de que tal mercancía la dejó en el mentado local? Contestó: No. Preguntada: ¿Sabe usted quién estaba en el momento de la diligencia de secuestro del mencionado local 2-101? Contestó: No. (...) Preguntada: ¿sabe usted quién o quiénes pueden ser, haber sido los autores responsables de la pérdida o hurto de aquella mercancía?. Contestó: No.
Amparo Arango de Bejarano en la diligencia de indagatoria manifestó:
(...) Preguntada: Durante el tiempo de su administración ¿quien ocupaba dicho local o quién se encontraba en posesión del mismo? Contestó: Ese local estuvo desocupado durante varios años. Cuando se le cedieron los derechos litigiosos al doctor Morales, él se encargó de arrendarlo. Preguntada: ¿Indique en virtud de qué consideró usted que podía entregar la posesión de dicho local? Contestó: Yo no consideré que lo podía entregar, yo simplemente firmé los documentos que él me dijo que se tenía que presentar en el juzgado para él, el doctor Morales, (sic), poder legalizar la cesión de derechos litigiosos. Preguntada: Indique si en virtud de los documentos que usted dice haber firmado entendió que le entregaba la administración de dicho local al doctor Morales. Contestó: Yo de leyes no sé nada, yo firmé lo que él me decía que debía firmar, ya que es una persona de confianza de copropiedad (...) Preguntada: Indique ¿qué bienes o elementos se encontraban dentro de dicho local durante el tiempo de su administración? Contestó: Era muy poco lo que había ahí, unos usos o sacos, unos afiches y unas bombas, globos inflados y unas vitrinas como dos. Como eso permaneció cerrado lo que se veía por fuera (...) Preguntada: Indique ¿cómo se hizo la entrega del mismo al doctor Morales y si el mismo fue abierto? Contestó: A la firma de los documentos por parte de la administración el doctor Morales procedió a llevar un cerrajero y abrir el local y posesionarse del mismo.
Como se observa, Amparo Arango de Bejarano, fue explícita en manifestar que tras la firma de la cesión de derechos el procesado llevó un cerrajero con la finalidad de abrir el local y posesionarse del mismo, desde luego, no fue expresa en decir que a su vez se apoderó de las mercancías que se hallaban en ese lugar, conducta que se derivó como inferencia, toda vez que de acuerdo con el material probatorio aquellos elementos existían y desaparecieron, de lo cual se advierte que la predicada tergiversación no tiene trascendencia ni la potencialidad se socavar en forma total ni parcial la imputación referida al hurto calificado.
10.6. Desacierta el casacionista al plantear en libre discurso que “no se sabe nada de la mercancía y que se dieron por probados hechos que no existen”. Para el evento olvidó el impugnante que mediante el postulado de libertad probatoria del artículo 237 de la Ley 600 de 2000:
Los elementos constitutivos de la conducta punible, la responsabilidad del procesado, las causales de agravación y atenuación punitiva, las que excluyen la responsabilidad, la naturaleza y cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial, respetando siempre los derechos fundamentales.
En esa medida, con los medios de prueba antes referidos, se evidencia la materialidad de los elementos que fueron objeto de apropiación, sin que sea dable predicar su inexistencia ni dudas sobre la propiedad de los mismos, independientemente de que sobre aquellos no se guarden facturas.
10.7. A su vez, se observa que las manifestaciones del impugnante al expresar que se incurrió en error de hecho al valorar el documento de cesión de derechos como una conducta dolosa cuando a su juicio lo fue culposa, no obstante que Amparo Arango de Bejarano no tenía la capacidad de depositaria y no tenía la titularidad para firmar ese documento, no dejan de ser apreciaciones personales que se anteponen en libre discurso a las valoraciones efectuadas por los jueces, sin que reporten trascendencia. En efecto, para nada se ocupó en objetivar y demostrar a través de la violación indirecta en cuáles medios de convicción omitidos o cercenados se pone en evidencia la violación a los deberes objetivos de cuidado que caracterizaron la enunciada conducta culposa del procesado quien en su calidad de abogado hizo firmar un documento de cesión de derechos a una persona que no tenía la calidad de depositaria, medio escrito que luego se incorporó a una actuación judicial de carácter civil con la pretensión de que produjera efectos jurídicos engañosos.
10.8. De otra parte, se advierte que el impugnante enunció que el ad quem incurrió en presuntos errores de hecho derivados de falso juicio de existencia respecto de “las explicaciones ofrecidas por Morales Muñoz en la indagatoria, pruebas obrantes en el proceso adelantado por el Juzgado 16 Civil del Circuito, y las explicaciones dadas por el secuestre acerca de las condiciones en que cedió el depósito del local a la administración y a Morales Muñoz”.
El equívoco en la modalidad cuya incursión anunció el demandante, en aras de proyectarse como un juicio lógico-jurídico contundente con la potencialidad de socavar en forma total o parcial lo sustancialmente decidido, comporta una singular metodología:
(i) Exige que el censor señale la existencia material del medio de prueba omitido de que se trate, sean estos individuales o plurales.
(ii) Implica que el casacionista en el libelo se detenga en objetivar los contenidos, es decir, en identificar de manera puntual las expresiones contraídas en los mismos, desde luego, referidas a los aspectos sustanciales objeto de discusión que fueron materia de omisión valorativa.
(iii) Además, se hace necesario que el impugnante a partir de esos referentes probatorios desconocidos, demuestre la trascendencia del yerro, de modo que con su influjo se constate que el fallo se habría producido de manera diferente. Y,
(iv) La impugnación no puede elevarse de manera solitaria y apenas enunciativa como en efecto se hizo en la demanda, sino que además corresponde relacionarla con los otros medios de convicción para el caso en concreto sí valorados, incluidos los juicios de inferencia indiciarios realizados, demostrando en vía de la concreción que con la prueba omitida al incluirla, con los restantes medios de prueba, la sentencia no se sostendría y conllevaría unos efectos diversos, como podrían ser los de exclusión de la adecuación típica, de las formas de participación (modalidades autoría o de participación), ausencia de la antijuridicidad o de las expresiones de culpabilidad atribuidas, etc., aspectos que harán parte de las indebidas aplicaciones de la ley sustancial de que se trate y además identificar las faltas de aplicación de normas llamadas en forma legal y constitucional a regular el caso, aspectos de los cuales no se ocupó el demandante.
En lo que corresponde a la invocación del in dubio pro reo, dígase que esta categoría apenas fue objeto de enunciación por parte del casacionista, pero en ninguno de los apartes de la demanda se ocupó de demostrar la consolidación de dicho instituto con incidencia en las conductas punibles derivadas, el cual en el objetivo de su demostración no puede quedarse como una simple frase sin desarrollo. Al respecto debe recordarse que:
Con lo anterior se significa que en orden a la consolidación de este instituto y su correlativa aplicación, la labor fundamental no está dada ni puede quedarse simplemente en invocarlo ni en identificar las circunstancias de perplejidad, sino que por el contrario se debe proceder a discernir hacia dónde se inclina la balanza de exclusiones, es decir, se deberá formular la pregunta y resolverla determinando si los contenidos probatorios de cargo tienen la capacidad de excluir de manera total o parcial a los descargos o a la inversa, aspectos de los cuales no se ocupó el impugnante, ni desde la prevalencia del derecho sustancial se observan lagunas en orden a su aplicación oficiosa respecto de los delitos objeto de control legal y constitucional.
En todo caso, sea que el sujeto cognoscente llegue a uno y otro grado de credibilidad, lo que no puede ser jurídicamente admisible es que, a priori, se pueda privilegiar el valor de una determinada prueba, dejando de lado la imprescindible confrontación que se impone concretar con la integridad de su conjunto, ya que cada una de ellas puede contener una verdad, o más precisamente dar origen a un criterio de verdad, que como tal debe estar predispuesto a ser confrontado con los demás, para que en su universo, integrados todos, sea dable deslindar los que puedan calificarse de lógicos, no contrarios a la ciencia ni a la experiencia y descartar aquellos que se escapan a estos cánones exigidos por la ley para efectos de la apreciación probatoria y así de ellos, sí inferir la conclusión que irá a producir una determinada relevancia jurídica, tanto en lo sustantivo como en lo procesal, por haberse llegado a la certeza sobre el objeto que se pretende demostrar, o por el contrario, a la duda sobre el mismo(4).
10.9. Sin dificultades se advierte que la presente demanda se elaboró al estilo de los alegatos de instancia y en la misma a manera de abanico se plantearon cuestionamientos particulares sin método ni medida referidos (i) al cambio del nombre específico de la falsedad que según el impugnante no es de documento privado “sino personal” porque en el documento en cita se hizo aparecer como depositaria a una persona que no tenía esas calidades, (ii) a la ausencia de antijuridicidad por tratarse a su criterio de un “documento inocuo” con el que se pretendió engañar al Juez Civil del Circuito pero sin resultados, aspectos que no dejan de ser apreciaciones personales del censor sin ninguna potencialidad de derruir la doble presunción de acierto, constitucionalidad y legalidad de los fallos de primero y segundo grado.
En efecto, respecto de la conducta de fraude procesal es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones:
De acuerdo con el principio de reserva o estricta legalidad y de conformidad con rigores de la dogmática penal, se entiende que el delito de fraude procesal es de mera conducta, es decir, no se trata de un comportamiento punible “de resultado” que para su adecuación típica y consumación requiera de la materialización de la sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, característica esencial que emana de la propia descripción normativa cuando en su texto se indica el elemento “induzca en error a un servidor público para...”, de lo cual se infiere la ausencia del efecto resultado que de manera finalista o, anticipada se hubiera propuesto lograr el sujeto activo de que se trate.
Desde la perspectiva de la prevalencia del derecho sustancial, objetivo máximo de la casación penal entendida como control de constitucionalidad y legalidad de la sentencias de segundo grado, se hace necesario responder al planteamiento, acerca de lo que ocurre cuando el funcionario judicial hacia quien van dirigidos los medios fraudulentos, afirma que no se sintió inducido en error, o en términos más amplios cuando por virtud de su formación académica y experiencia, su conocimiento y criterio jurídico no fue sorprendido en manera alguna, ni se adentro en los senderos del error.
Puede afirmarse que para la consolidación del elemento normativo “induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”, como es de su esencia, se requiere que al interior de la actuación judicial o administrativa en la que haya discusión de derechos de alguna persona determinada, el sujeto procesal hubiese colocado en acción procesal o en algunos casos medios probatorios fraudulentos los que como instrumentos tengan la idoneidad para inducir en error, sin que para su consumación se exija la generación ni el efecto real del error.
La Corte en su momento dijo:
Para el encasillamiento de una conducta en este tipo penal es imprescindible la concurrencia de las siguientes condiciones: Sujeto activo indeterminado, dado que la ley no exige ninguna cualificación al autor del supuesto de hecho. La conducta se concreta en la inducción en error del servidor público a través de medios fraudulentos idóneos, es decir, que para su perfeccionamiento no se necesita que el funcionario haya sido engañado sino que los mecanismos utilizados tengan la fuerza suficiente para ello. Como ingrediente subjetivo específico del tipo, se destaca que la conducta debe estar orientada a conseguir una decisión injusta favorable a los intereses del autor por medio de sentencia, resolución o acto administrativo. Se deduce de lo anterior, que es un tipo de mera conducta en razón a que se perfecciona cuando se logra la inducción en error del servidor público por medios engañosos o artificios idóneos y sus efectos se prolongaran en el tiempo en tanto perviva el estado de error y se obtenga la decisión pretendida, aún después si se necesita para su ejecución de actos posteriores. Es decir, no requiere el logro de la decisión anhelada, sentencia, resolución o acto administrativo ilegal de producirse configuraría su agotamiento(5).
En esa perspectiva, la circunstancia que el funcionario de la jurisdicción civil no se hubiese sentido ni creído inducido en error ni en sus inicios ni resultados, ello no desnaturaliza la adecuación típica de esta conducta punible toda vez que por tratarse de un delito de mera conducta lo que importan son los propósitos finalísticos dolosos de inducción en error.
En efecto, dados unos medios fraudulentos colocados en acción al interior de un proceso judicial o administrativo por un sujeto procesal, pueden ocurrir las siguientes variables:
(i) Que el funcionario habida razón de su formación académica no se sienta tocado ni en lo más mínimo en los senderos del error y que al rompe advierta el ardid colocado en dinámica y así lo declare.
(ii) En su contrario, que por carencia de información o de virtudes académicas, ni siquiera se hubiese sentido ni creído inducido en error, eventos en los que no se percata de los medios fraudulentos colocados en acción procesal o probatoria.
En las circunstancias vistas, en los que el efecto error no se consolida, la conducta punible de fraude procesal pervive al colocarse en movimiento medios engañosos con el propósito de lograr una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley como para el caso objeto de examen ha ocurrido, jamás podría decirse que se trata de una conducta atípica o carente de antijuridicidad, pretendida valoración de inocuidad a la que aspira el casacionista sin ningún eco.
Por las anteriores razones el cargo no se admite.
11. Con fundamento en las consideraciones dadas, se inadmitirá la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del estatuto procesal penal, sin que la Sala advierta trasgresión de derechos o garantías fundamentales de incidencia sustancial o procesal que permitan superar los defectos de lo demandado y suscitar un pronunciamiento de invalidación a partir de la calificación, ni sustitutivo en los términos solicitados por el casacionista.
1. Inadmitir la demanda de casación presentada por el defensor de Julio César Morales Muñoz.
(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 23 de febrero de 2006, Radicado 24.377; Sentencia del 31 de octubre de 2002, Radicado 16.437.
(3) Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 14 de noviembre de 2002. Radicado 15.640 y auto del 12 de marzo de 2001. Radicado 16.463.
(4) Véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de única instancia del 4 de septiembre de 2002, Radicado 15884 y sentencia de casación del 26 de enero de 2005, Radicado 15834.
(5) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 17/07 de 2002, Radicado 18.188.

matches:
IN DUBIO
artículo 207
in dubio
artículo 205
resolución
artículo 207
resolución
in dubio
artículo 237
in dubio
resolución
resolución
resolución
resolución
resolución
artículo 213


text:
Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (actualmente Consejería de Sanidad), y la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertadas con dichas mutualidades.
Habiéndose suscrito con fecha 27 de diciembre de 2012 adenda al Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (actualmente Consejería de Sanidad) y Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertadas con dichas mutualidades. y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,
Publicar la adenda al mencionado convenio como anexo a esta resolución.
En Oviedo, a 27 de febrero de 2013.—El Consejero de Presidencia.—Cód. 2013-04390.
ADENDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ANEXOS I, II, III Y IV Y PRÓRROGA PARA EL AÑO 2013 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003, ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS DEL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, EL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL, PARA LA PRESTACIÓN EN ZONAS RURALES DE DETERMINADOS SERVICIOS SANITARIOS A LOS MUTUALISTAS Y DEMÁS BENEFICIARIOS ADSCRITOS A ENTIDADES DE SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA CON DICHAS MUTUALIDADES
En Oviedo, a 27 de diciembre de 2012.
De una parte el Sr. D. Faustino Blanco González, Consejero de Sanidad del Principado de Asturias, autorizado expresamente para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el día 26 de diciembre de 2012.
De Otra parte, el Sr. D. Gustavo Emiliano Blanco Fernández, Director General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), en virtud de las facultades que le confiere la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común y actuando en nombre y representación de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), en uso de las facultades que le confiere el artículo 11.2, k) del Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la estructura de los órganos de gobierno, administración y representación de MUFACE, la Sra. D.ª María Soledad Álvarez de Miranda Delgado, Secretaria General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) en virtud de las facultades que le confiere la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimientos Administrativo Común, y actuando en nombre y representación del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), en uso de las facultades que le confiere el artículo 18 del Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, y la Sra. D.ª Celima Gallego Alonso, Gerente de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), en virtud de las facultades que le confiere la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, y actuando en nombre y representación de la Mutualidad General Judicial, en uso de las facultades que le confiere el artículo 14. 3. g) del Real Decreto 1206/2006, de 20 de octubre por el que se regulan la composición y funcionamiento de los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General Judicial.
Que al amparo de lo previsto en las cláusulas Primera, Cuarta, Sexta, Séptima y Octava del Convenio de colaboración para el año 2003, entre la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias y MUFACE, ISFAS Y MUGEJU, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas Mutualidades y manteniéndose las mismas circunstancias que dieron lugar a su suscripción, todas las partes entienden que debe prorrogarse el mismo para 2013, actualizándose los municipios, precios y número de mutualistas a atender.
Primero.—Prorrogar el Convenio de referencia cuya vigencia se extiende desde 1 de enero de 2013 hasta 31 de diciembre de 2013.
Segundo.—Actualizar con efectos de 1 de enero de 2013 y según lo previsto en las cláusulas séptima y octava del mencionado Convenio, los anexos I, II y III y IV del mismo, anexos que, a partir de dicha fecha, son los que, sellados por todas las partes, figuran unidos a este documento y que modifican las relaciones de Municipios citadas en su Cláusula Primera, así como las personas adscritas a cada Mutualidad y Entidad aseguradora y los precios que se indican en la Cláusula cuarta. Dichos precios, para el año 2013, serán de 11,95 € por persona y mes que, como titular o beneficiario, esté afiliada a las Mutualidades y resida en los municipios listados en el anexo I, y de 1,01 € por persona y mes que, como titular o beneficiario, esté afiliada a las Mutualidades y resida en los municipios listados en el anexo II.
Tercero.—Los firmantes se comprometen a informar cumplidamente a sus representados del Acuerdo alcanzado, para facilitar la aplicación del mismo.
El Consejero de Sanidad del Principado de Asturias, D. Faustino Blanco González.
El Director General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, D. Gustavo Emiliano Blanco Fernández.
La Secretaria General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, D.ª María Soledad Álvarez de Miranda Delgado.
La Gerente de la Mutualidad General Judicial, D.ª Celima Gallego Alonso.
CONVENIO RURAL 2013
BAJO ALLER-MOREDA (VII.5). ALTO ALLER-CABAÑAQUINTA (VII.6)
CONCEJOS DE CANGAS DE ONÍS, ONÍS Y AMIEVA
BIMENES, CABRANES Y NAVA
CABRALES, PEÑAMELLERA ALTA Y PEÑAMELLERA BAJA
CANDAMO, GRADO Y YERNES Y TAMEZA
COLUNGA, CARAVIA
CASTROPOL, S. TIRSO DE ABRES Y VEGADEO
EL FRANCO Y TAPIA DE CASARIEGO
GRANDAS DE SALIME Y PESOZ
LA MAGDALENA-CARRIONA
NOREÑA Y SIERO
CANGAS DE ONOS, ONIS, AMIEVA
GRANDAS DE SALIME, PESOZ
PROAZA, QUIRÓS, STO. ADRIANO Y TEVERGA
LA ARGAÑOSA-SAN CLAUDIO-LAS REGUERAS
SANTA EULALIA, SAN MARTIN Y VILLANUEVA DE OSCOS
SOTRONDIO, BLIMEA Y EL ENTREGO
CASTROPOL, SAN TIRSO DE ABRES Y VEGADEO
PROAZA, QUIROS, SANTO ADRIANO Y TEVERGA
SIERO-SARIEGO
CASO, SOBRECOBIO
CANDAMO, GRAO, YERNES Y TAMEZ
PERSONAS DE CADA MUTUALIDAD QUE, ADSCRITAS A CADA ENTIDAD, RESIDEN EN LOS MUNICIPIOS DEL anexo I E IMPORTE QUE DEBE ABONARSE MENSUALMENTE POR CADA UNO DE LOS COLECTIVOS (A 01-05-2012), A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PERSONAS DE CADA MUTUALIDAD QUE, ADSCRITAS A CADA ENTIDAD, RESIDEN EN LOS MUNICIPIOS DEL anexo II E IMPORTE QUE DEBE ABONARSE MENSUALMENTE POR CADA UNO DE LOS COLECTIVOS (A 01-05-2012), A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

matches:
artículo 11
Real Decreto
artículo 18
Real Decreto
artículo 14
Real Decreto


text:
“IMPUGNACION PARITARIA (CCT) 26-04-04”
Esta Asociación el día viernes 14 de mayo del 2004, procedió a impugnar e interpuso recurso administrativo, para dejar sin efecto el Convenio Colectivo homologado por resolución S. T. Nº 113/2004, por falta de representatividad de los tres organismos que lo posibilitaron actuando en nombre de todos los copropietarios de la República Argentina. Los afectados son el 82% de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que viven bajo el régimen de propiedad horizontal.
Como trabajadores lo primero que se tiene que evaluar es cuanto representa del salario real el gasto de expensas que afrontamos todos los meses. Debiéndose considerar las expensas dentro de la canasta familiar, teniendo en cuenta a todo el territorio nacional.
A continuación se reproduce escrito presentado en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Para dar lectura al Convenio Colectivo Nº 113/2004 ingresar a la página web del Ministerio de trabajo: www.infoleg.mecon.gov.ar
Para cualquier sugerencia, comentario o adhesión al mismo podrán hacerlo dirigiéndose a nuestro e-mail: adeproh@adeproh.org.ar
INTERPONE RECURSO ADMINISTRATIVO. REVOCACIÓN DE ACTO NULO.
Señora Secretaria del Ministerio de
Doctora Noemí Rial.
Marta Inés Oliva, DNI: 14.346.645 en mi carácter de presidente y representante legal de la Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal de la República Argentina (ADEPROH); Personería Jurídica otorgada por Inspección General de Justicia mediante Resolución Nº 15/99; inscripta en el Registro Nacional Obligatorio de Organizaciones No Gubernamentales dependiente del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación Nº 11121; e inscripta en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Ciudad de Buenos Aires, con el Registro Nº 16 otorgado por la Subsecretaría de Producción de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asociación, sita en la calle José Mármol nº 63 de esta ciudad Autónoma de Buenos Aires CP (1183), en función de la orden dada por acta de Consejo Directivo de ADEPROH, fecha 10 de mayo de 2004, respetuosamente me presento y digo:
Con copia certificada del Estatuto Social de la entidad que represento y copia certificada del acta de designación de cargos, la cual declaro bajo juramento se encuentra vigente, Acta certificada de Asamblea del 10/5/2004, acredito el carácter invocado. Con copias de las Resoluciones Administrativas pertinentes justifico los reconocimientos indicados en el encabezamiento.
1- Se impugna y requiere la revocación de la Resolución S.T. Nº 113 de fecha 26 de Abril de 2004 mediante la cual se declara homologado el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL (F.A.T.E.R.Y.H.), la UNION ADMINISTRADORES DE INMUEBLES (UADI), la ASOCIACIÓN INMOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL (AIERH) y la CÁMARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS (CAPHyAI).
2- Exclusión de los tres organismos convocados originariamente, es decir UADI, AIERH y CAPHyAI por carecer de legitimidad para actuar en representación de los copropietarios.
Reconocemos la legitimidad de FATERYH para participar en la discusión de esta paritaria. Asimismo desconocemos legitimidad a las otras tres organizaciones para decidir en nombre de los consorcistas de quienes no tienen representación legal ni mandato alguno.
Es decir, nadie puede acreditarse –y nos incluimos- el derecho de representar a 4.000.000 de trabajadores que viven bajo el régimen de propiedad horizontal. Los únicos realmente representantivos en las paritarias sería el Estado (para garantizar la equidad) y la CGT (porque los que vivimos bajo el régimen de propiedad horizontal también somos trabajadores y el alcance del convenio afecta el ingreso del resto de los gremios del país).
El interés de ADEPROH surge de nuestro objeto social fundacional, que establece la defensa de los consumidores de bienes y servicios dentro de la propiedad horizontal, defender la aplicación de la ley 13.512, fomentar y formar sobre derechos y obligaciones de los copropietarios, implementar los procedimientos necesarios, según cada caso, para evitar y erradicar la corrupción dentro de los consorcios. Somos propietarios y copropietarios que ayudan a otros, frente a la indefensión existente desde la creación de la Ley 13.512. Luchamos para dignificar el trabajo ajeno, es decir por erradicar la corrupción de los consorcios, y como tercer precepto fundacional reconstituir el tejido social de cada barrio.
Los fundamentos que sustentan esta presentación tienen bases bien diferenciadas, que al mismo tiempo se suman. Téngase en cuenta que:
1) Los consorcios son personas jurídicas sin fines de lucro; No son empresas, no producen ni bienes ni servicios, los consumen.
El pago de expensas, tanto ordinarias como extraordinarias y los fondos de reserva y su obligatoriedad, jurisprudencial y doctrinariamente se lo considera como cuota alimentaria. Los consorcios no son emprendimientos empresariales. Nosotros consumimos bienes y servicios y no los producimos. Es singular que los trabajadores que viven bajo el régimen de propiedad horizontal no hayan sido participados. Y, asimismo, se vulneró la ley de Defensa del Consumidor 24.240 respecto al derecho de la libre contratación en el artículo 27 del presente convenio.
2) El 82 % de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries vive bajo régimen de Propiedad Horizontal. Son en su gran mayoría trabajadores al igual que los que se sentaron del otro lado. La salvedad está en que no puede considerarse al personal de los consorcios como población en riesgo. A diferencia de los copropietarios que se encuentran abrumadoramente compuestos por gente humilde, jubilados y pensionados, mas un alto grado de desocupados y subempleados. Casi 30.000 familias habitan viviendas adquiridas y construidas por la Comisión Municipal de la Vivienda. Además, otras 27.000 familias de trabajadores pagan hipotecas por sus viviendas. No olvidemos que los inquilinos son afectados directos porque las expensas en un 99% de los casos, están incluidas a su cargo en los contratos, representando ellos el 40 % de la población total de la Capital Federal. ¿Los inquilinos no son trabajadores?.
3) El 95% de los ciudadanos es propietario de una sola vivienda, ganada a base de esfuerzo y trabajo. Esta cifra nos dice que no somos rentistas ni pudientes: somos trabajadores. Como trabajadores lo primero que se tiene que evaluar es cuanto representa del salario real el gasto de expensas que afrontamos todos los meses. Debiéndose considerar las expensas dentro de la canasta familiar, teniendo en cuenta a todo el territorio nacional.
El aumento salarial del personal de los Consorcios está produciendo una redistribución de los ingresos entre trabajadores. La redistribución no es equitativa, puesto que no es desde los que más tienen hacia los que menos tienen: es entre trabajadores. Siendo el principal efecto un procesos de encarecimiento de la vivienda (sumado a los aumentos de los servicios y a la devaluación) que conduce a una migración de los sectores medios y bajos de las ciudades y su recambio por los sectores más pudientes; dejando las viviendas en las fauces del capital rentista.
4) Directamente se está afectando la infraestructura edilicia de la ciudad. La falta de mantenimiento edilicio y los abusos de malas administraciones, nos da una proyección en un futuro, que dentro de los próximos 20 años, el 10% de lo construido deberá ser demolido y esto sucederá en lo que comúnmente se denomina microcentro en la CABA.
5) En numerosos casos los fondos de reservas de los consorcios han sido objeto de la retención de los depósitos realizada mediante decreto 1570/01 y concordantes. Y debido a la crisis económica que atraviesa nuestro país la capacidad de ahorro de los consorcios para eventuales gastos es prácticamente nula. En la actualidad se observa que el 90 % de los consorcios carecen de fondo de reservas.
Sin escuchar a los copropietarios, se violan operativamente las disposiciones de los tratados internacionales con jerarquía suprema. Se mancilla y se arrasa con los siguientes artículos:
- VI, VII, XI, XII, XIII, XVI, XXIII y concordantes del Capítulo I) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
- 17, 22, 23, 25, 26, 27 y concordantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También lo mismo pasa con los artículos 21, 26 y concordantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
- 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y concordantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- 23 y concordantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Y a los artículos 3, 4, 5, 23, 24, 26, 27, 28, 31 y concordantes de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Lejos estamos de poner en tela de juicio la legitimidad de la defensa por parte del sector sindical de los intereses de sus afiliados. Al contrario, creemos muy justo el derecho del personal de propiedad horizontal de ver incrementadas sus retribuciones. Sin embargo, el 95% de los trabajadores que posee una sola vivienda careció de representación en esta decisión arbitraria. Siendo que los trabajadores (de cualquier gremio) son los que pagan las expensas y no los Administradores han originado un conflicto entre trabajadores; quienes de haber sido incluidos en el diálogo por el Convenio cuestionado, podrían haber aportado variantes aceptables que contemplaran su capacidad de pago. Ni inquilinos, ni jubilados, ni quienes solo poseen una vivienda fuimos representados.
Al sentarse a dialogar, solamente, el sector sindical con el sector empresarial, que nuclea a las inmobiliarias y a los administradores, prácticamente han puesto a inquilinos, jubilados y demás trabajadores en las fauces del capital rentista.. Peor aún, no han considerado que entre los copropietarios, casi la mitad está constituido por jubilados y pensionados, que ni siquiera están en actividad laboral, que vieron pulverizados sus haberes. Tampoco, consideraron a otro grupo de propietarios realmente afectado: aquellos que trabajan en la administración pública. Muchos sufrieron el detrimento de sus salarios con la reducción del 13% durante más de un año, y cuya retroactividad conseguida, para recuperarlos, se tradujo en bonos a larga data. Y no escapa al sentido común que no se puede comer bonos, ni vestirse con bonos y que su venta anticipada significó el beneficio del capital financiero (especulativo e improductivo). De eso no cabe duda a nadie.
La implementación de las medidas convenidas, sin un estudio con la participación de los consorcistas causa un grave perjuicio a un sector verdaderamente importante de la población. ESTO ES UN RECLAMO DE EQUIDAD, se esta perjudicando a 12.000.000 de personas.
Creemos que nadie se puede atrever a sostener que no existen propietarios desocupados, y con los altos índices del costo de vida, están perdiendo sus viviendas por el atraso en el pago de las expensas.
En la actualidad se puede observar en forma alarmante que la crisis económica y la baja del poder adquisitivo de todos los trabajadores de la República Argentina. No somos exentos los 4.000.000 de trabajadores y sus familias que viven en consorcios. Si consideramos al núcleo familiar más los ocupantes únicos de viviendas, se esta afectando la calidad de vida de por lo menos 12.000.000 de habitantes. No se puede hacer abstracción de esta realidad en la toma de decisiones, y es el Estado que debe garantizarnos la equidad de la que carecemos.
Conforme un estudio de la Secretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor, del año 2001, el costo de las expensas comunes de los edificios de Capital Federal se encareció en promedio de un 25% en los últimos cinco años, es decir en el periodo que comprende desde 1995 hasta marzo del 2001. Ahora bien, ese estudio realizado estableció que estos gastos en concepto de expensas comunes representaban el 10% de lo que ganan quienes viven en departamentos, que conforman el 70% de la población capitalina, tomando como promedio de ingreso por familia de pesos mil ($1.000), es decir, esta cifra no contempla el ingreso real de la mayoría de la población activa y muy lejos esta de reflejar la progresión de los ingresos de jubilados, pensionados y de la totalidad de los trabajadores de la República Argentina. Dicho estudio también establecía, que una de las principales causas del aumento era el alza de las tarifas de servicios públicos, especialmente agua, gas, electricidad e impuestos. Agravándose la situación con la aparición de gastos nuevos que deben afrontar los copropietarios, dueños de una vivienda única y que también lo deben afrontar la totalidad de los Ciudadanos, como es el servicio de seguridad privada, el cual consideramos un subproducto ocasionado por el déficit o incapacidad del Estado quien debe garantizar la seguridad para todos los habitantes de nuestro querido país. Las falencias del Estado y/o negligencia también la estamos padeciendo todos los ciudadanos y no somos exentos los trabajadores que vivimos bajo régimen de propiedad horizontal.
Ni hablar de los administradores que suelen ven en nuestros consorcios una fuente inagotable de negocios, estando cuestionados, directa o indirectamente, el 40 % de ellos, y la apatía del Estado no evita su proliferación.
Cabe destacar que dicho informe de la Secretaria de Defensa de la Competencia y el Consumidor, se dio a conocer antes de la debacle económica producto del corralito y el default. Como consecuencia del corralito los ciudadanos perdimos nuestros ahorros y los fondos de reserva de los consorcios no fueros exentos de ello. El pago de las expensas es equiparable al pago de cuota alimenticia. Es decir, pagamos expensas para contratar y mantener en funcionamiento los bienes y servicios destinados al mantenimiento y preservación de la estructura edilicia.
La realidad nos muestra que los consorcios han visto reducido al mínimo su capacidad de afrontar el mantenimiento edilicio de los consorcios, hoy día se realiza el mínimo de reparaciones, se han eliminado abonos, se compran productos de limpieza sueltos, etc.
Si todo ello fue estimado como antecedente de la realidad hasta marzo del 2001, desde entonces no se ha efectuado estudio alguno para evaluar las consecuencias de la crisis posterior y en crecimiento. Desde entonces siguieron aumentando los servicios y ni hablar de la inseguridad.
La propiedad horizontal nace por una necesidad. Esta idea rectora fue impulsada por el Estado. Si bien existen departamentos que son artículos de lujo, el grueso de las viviendas pertenecen a gente de la clase media. Cabe destacar que fueron las políticas del Estado Nacional y de las Provincias las que implementaron y posibilitaron planes para la radicación de asentamientos y todos esos barrios de carenciados en su gran mayoría, viven en régimen de la propiedad horizontal.
Obsérvese la cantidad impresionante de remates judiciales a los que se llega hoy día porque los propietarios que están en juicio no pueden pagar las expensas. Desde el año 93 al 2001 creció en forma proporcional a la imposibilidad de pagarlas. En el año 1993 = 3431 causas; en 1994 = 4219 causas; en 1995 = 5928 causas; en 1996 = 5985 causas; en 1997 = 6121 causas; en 1998 = 5652 causas; en 1999 = 6880 causas; en 2000 = 7165 causas; en 2001 = 8207 causa. En total en 9 años 53588 causas.
El mismo análisis se puede hacer con respecto a la progresión de los impuestos, afectando directamente a los obreros de la construcción, ya que no hay mantenimiento por carecer de recursos. Igualmente se puede hablar sobre los juicios de los proveedores por falta de pago de los consorcios.
Ya el personal de los consorcios por Resolución 137 del Año 2000 dictada por el Ministerio de Trabajo fueron los únicos, junto a los aeronáuticos, que se beneficiaron con una excepción al límite de horas extras. Con esto, en realidad no se los beneficio sino que se perdió la posibilidad de crear diez mil nuevos puestos de trabajo.
Ahora somos los trabajadores dueños de una vivienda una verdadera población en riesgo. Hay que recapacitar que es el único empleador que no gana, que no obtiene provecho de su “empresa”, que es la única entidad jurídica que puede ser comprometida por la mala gestión de los administradores -que se da cada vez mas-, teniendo que responder solidaria y subsidiariamente frente a los acreedores.
Cada administrador como representante legal de los consorcios debió haber obtenido la venia expresa asamblearia para representar los intereses de 4.000.000 de trabajadores que viven dentro del régimen de propiedad horizontal. Porque participar en un convenio colectivo no es una orden del mandante y el mandato no prevee la intervención en paritarias. Es decir, el mandato es acotado y rige dentro de los consorcios y no acredita representación de todo el conjunto de consorcistas de la República Argentina. No la establecen ni las asambleas, ni los reglamentos internos, ni los Reglamentos de Copropiedad, ni las ordenanzas o leyes municipales, ni la ley 13.512, ni el Código Civil al referirse al contrato de mandato.
Cualquier institución -nos incluimos- que pretenda arrogarse el derecho de representar a los trabajadores de la República Argentina que viven en propiedad horizontal, para la firma de este convenio carecen de representatividad, el único rol que se puede tener es el de consultantes, porque solo el Estado Nacional, a través de su Ministerio de Trabajo nos puede y nos debe garantizar la toma de decisiones en cuanto al aumento salarial, no omitiendo la realidad económica de los ciudadanos. También exigimos transparencia, considerando que la única forma de garantizarla es que dicha paritaria, se realice en audiencia pública. En todo caso el único que puede pretender sentarse en nuestra representación es la Confederación General de Trabajadores de la República Argentina (CGT). Tanto beneficiados como damnificados por dichos aumentos somos trabajadores y los trabajadores que vivimos en consorcios no estuvimos representados en el convenio.
Consideramos que en todo el territorio nacional se debe decretar la emergencia de los inmuebles considerados de 4ª categoría, que son las comúnmente conocidas casas chorizo o similares, por estar estas construcciones en un 40% colapsadas y en estado de ser demolidas. Es primordial tomar conciencia que a partir del tipo de vivienda que construimos se concretan vínculos familiares, de vecindad y de ciudadanía.
Es evidente que el Estado desconoce el estado de indefensión de los copropietarios y los abusos a que están sometidos.
Solicitamos evaluar la incrementación de los índices de morosidad, el aumento de remates y el aumento de ejecuciones fiscales.
Solicitamos al Sindicato informe a cuánto ascienden las deudas que tienen los Consorcios por falta de pago de cargas sociales, el ingreso monetario de su estudio jurídico por ejecuciones de los Consorcios.
Repudiamos, por dar un ejemplo, que un servicio que es el incinerador que se dejo sin efecto en el año 1978, sigue figurando en este nuevo convenio y que por solo figurar allí se debe pagar.
El 90% de los juicios que tienen los consorcios con el sistema previsional fueron generados por los administradores a quienes cuestionamos la representatividad. Omitir el pago de los aportes sociales es una estafa al consorcio y al fisco por retensión indebida.
Impugnamos en su totalidad el Artículo 27). Es inadmisible la contratación directa por parte del sindicato de la cobertura de seguro atentando contra la libertad de contratación. Dejamos aclarado que estamos a favor de todas las políticas que se implementen en beneficio de los trabajadores pero sin intermediarios, que significaría el manejo de esos fondos por terceros.
Cuáles son los argumentos esgrimidos por las partes intervinientes para otorgar a la entidad sindical la facultad de contratar pólizas de seguros en nuestro nombre.
1) Copia certificada del Estatuto y Personería Jurídica de la Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal de la República Argentina (ADEPROH);
2) Copia certificada de Acta fecha 29/4/04 de designación de autoridades;
3) Copia certificada de Acta de Asamblea de fecha 10/5/2004;
4) Copia inscripción Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
5) Copia inscripción como ONG de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación.
6) Carta recibida de la Asociación vecinal Barrio Nagera, que alberga a 1300 familias de trabajadores.
Por cuanto queda expresado a la Secretaria del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación solicito:
1) Me tenga por presentada, por parte y domicilio legal constituido.
2) Por expuestos los hechos que motivan el presente recurso y fundado el derecho.
3) Hasta tanto se resuelva el presente reclamo se suspenda la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL (F.A.T.E.R.Y.H.), la UNION ADMINISTRADORES DE INMUEBLES (UADI), la ASOCIACIÓN INMOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL (AIERH) y la CÁMARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS (CAPHyAI), homologado Resolución S.T. Nº 113 de fecha 26 de Abril de 2004.
4) Se de trámite preferente y urgente despacho al presente.
Solicitando se traslade copia de dicha presentación al Señor Ministro de Trabajo, Doctor Carlos A. Tomada.
Sin otro particular saludo a la Señora Secretaria del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social muy atentamente.

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resolución
Resolución
Resolución
in fine
artículo 27
Resolución
Artículo 27
Resolución


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RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del producto fabricado por Tec-Solar Energy Industry Co., Ltd, con contraseña GPS-8157: paneles solares
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del producto fabricado por Tec-Solar Energy Industry Co., Ltd, con contraseña GPS-8157: paneles solares Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del producto fabricado por Tec-Solar Energy Industry Co., Ltd, con contraseña GPS-8157: paneles solares Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA	Recibida en la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de la Generalitat de Catalunya, la solicitud presentada por Reac, SA, con domicilio social en Ronda Indústria, n.º 30, municipio de Barberà del Vallès, provincia de Barcelona, para la certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del siguiente producto fabricado por TEC-Solar Energy Industry Co., Ltd, en su instalación industrial ubicada en c/ Changxin, n.º 120, de la ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu (China) correspondiente a la contraseña de certificación GPS-8157: Paneles solares.
Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios se solicita y que el laboratorio Fraunhofer Institut Solare Energiesysteme ha emitido el informe de ensayo n.º KTB Nr.2007-08-en, de fecha 02/04/2007, donde han hecho constar que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 891/1980, de 2 de abril (BOE 12/05/80), la Orden ITC/71/2007, de 22 de enero (BOE 26/01/07) y por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, (BOE 6-2-96), modificado por el Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo (BOE 26-4-97).
Certificar el tipo del citado producto, con contraseña de certificación GPS-8157, con fecha de caducidad el 26/07/2009, disponer como fecha límite el día 26/07/2009, para que el titular de esta resolución presente declaración en la que haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la certificación.
Primera. Descripción: Área del absorbedor.
Segunda. Descripción: Fluido de trabajo.
Tercera. Descripción: Presión máxima.
Cuarta. Descripción: Tipo constructivo.
Modelo: TS 10-70 PA.
Primera: 1,041 m2.

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 RESOLUCIÓN 10133 DE DICIEMBRE 28 DE 2017
RESOLUCIÓN 10133 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:ADOPTA LA “CARTILLA GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE CANTIDADES Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES Y DE CONTENCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”. NOTA: LA GUÍA ADOPTADA MEDIANTE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, LA CUAL NO FUE PROMULGADA EN EL DIARIO OFICIAL, PUEDE SER CONSULTADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, NORMAS URBANÍSTICAS DEL MUNICIPIO, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INTERVINIENTES EN EL DERECHO URBANÍSTICO, ESPACIO PÚBLICO, PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, MALLA VIAL, CARRETERAS, DISEÑO DE CARRETERAS, NORMAS SOBRE DISEÑO DE CARRETERAS, SISTEMA VIAL, INTERVINIENTES EN EL DERECHO AMBIENTAL, SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS, RED FÉRREA, CONSTRUCCIÓN DE BIEN DE USO PÚBLICO, PRINCIPIOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DE LA OBRA CIVIL, INTERVENCIÓN DEL BIEN PÚBLICO, LÍNEA FÉRREA, CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA FÉRREA
RESOLUCIÓN 10133 DE 2017
“Por la cual se adopta la cartilla guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos para la construcción de obras menores y de contención de la red terciaria y férrea del Instituto Nacional de Vías”.
en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el numeral 7.6 y 7.18 del artículo 7º del Decreto 2618 de 2013 y
Que de conformidad con el artículo 2º del Decreto 2618 de 2013, corresponde al Instituto Nacional de Vías, Invías, entre otras funciones, elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura de su competencia, así como, adoptar la regulación técnica relacionada con la infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo.
Que de conformidad con el manual de diseño geométrico 2008, emitido por el Instituto Nacional de Vías, las vías terciarias son vías de acceso que conectan las cabeceras municipales con sus veredas o comunican veredas entre sí.
Que se requiere adelantar y continuar con los programas de pavimentación de vías de bajo tránsito, que sirven de acceso a las vías principales para comunicar a las comunidades localizadas en zona de influencia, con las carreteras de segundo y primer orden, así como, para acceder de esta manera a los centros de consumo, para garantizar su desarrollo económico y social.
Que el Instituto Nacional de Vías, Invías, a través del grupo de regulación técnica e innovación, subdirección de estudios e innovación, de la dirección técnica, elaboró la “Cartilla guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos para la construcción de obras menores y de contención de la red terciaria y férrea”, en la cual se relaciona una compilación de esquemas típicos planteados bajo reconocidas metodologías de cálculo estructural.
Que la subdirección de estudios e innovación mediante memorando SEI-181136 de fecha 20 de diciembre de 2017, da su concepto sobre la justificación de la cartilla guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos para la construcción de obras menores y de contención de la red terciaria y férrea, en los siguientes términos:
“... Justificación cartilla guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos para la construcción de obras menores y de contención de la red terciaria y férrea - innovación: Este documento técnico fue resultado del esfuerzo técnico de los ingenieros especialistas del grupo de regulación técnica e innovación de la subdirección de estudios e innovación, en el cual se relaciona una compilación de esquemas típicos planteados bajo reconocida metodologías de cálculo estructural, contemplando losas de cimentación, muros de contención, alcantarillas, box culvert y puentes hasta de 20 m. Los esquemas típicos estructurales están orientados para ser utilizados por la subdirección de la red terciaria y férrea, para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos de obra de los proyectos a cargo del Invías. Para la ejecución de los cálculos estructurales, se definieron parámetros de diseño y las dimensiones más comunes usadas en nuestro país para proyectos de la red terciaria. En cada una de las estructuras mostradas, se presentan los criterios de diseño que deben ser verificados en el sitio de la obra y si estos no cumplen en su totalidad, el diseño estructural deberá ser revisado y ajustado para las condiciones locales del proyecto. Adicionalmente, a los esquemas típicos estructurales antes mencionados en esta cartilla, también se presenta un resumen de las especificaciones generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de Vías, de los artículos referentes a las capas que conforman la estructura de pavimento, tales como: terraplenes, afirmado, sub-base granular, base granular, base estabilizada con emulsión asfáltica, tratamiento superficial simple, tratamiento superficial doble, mezcla densa en frío, mezcla asfáltica en caliente y suministro de cemento asfáltico, con el fin de compilar la información referente a requisitos de calidad que deben cumplir los materiales, y mostrar las verificaciones periódicas que se deben realizar junto con los controles de compactación. La cartilla se elaboró teniendo en cuenta los lineamientos del manual de drenaje de carreteras del Invías de 2009, la norma colombiana de diseño de puentes, CCP-14 y las especificaciones generales de construcción de carreteras, del Invías de 2013...”.
Que dentro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se le da prioridad, relevancia e importancia a las vías terciarias de los diferentes entes territoriales que por décadas han estado en conflictos armados y sociales, lo que conlleva a que el Invías como una entidad eminentemente técnica, y conocedora del tema, coadyuve a plantear buenas prácticas y soluciones técnicas, como es la cartilla guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos para la construcción de obras menores y de contención de la red terciaria y férrea del Instituto Nacional de Vías.
Que la cartilla guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos para la construcción de obras menores y de contención de la red terciaria y férrea del Instituto Nacional de Vías, es una regulación eminentemente técnica que le corresponde al Invías como ente conocedor y ejecutor del tema, por lo cual es procedente que lo establezca, para que existan reglas y condiciones claras sobre las inversiones que se vayan a realizar.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, el texto de la presente resolución fue publicado antes de su expedición, durante tres (3) días, desde el 21 de diciembre al 26 de diciembre de 2017, en la página web de la entidad www.invias.gov.co.
Que durante el tiempo que duró publicado el proyecto de resolución, ningún interesado presentó observaciones, sugerencias o correcciones al respecto.
Que se hace necesario, adoptar la “Cartilla guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos para la construcción de obras menores y de contención de la red terciaria y férrea del Instituto Nacional de Vías”.
ART. 1º—Objeto. Adoptar la “Cartilla guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuesto para la construcción de obras menores y de contención de la red terciaria y férrea del Instituto Nacional de Vías”, la cual hace parte integral de la presente resolución.
ART. 2º—Contenido. La “Cartilla guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuesto para la construcción de obras menores y de contención de la red terciaria y férrea del Instituto Nacional de Vías”, vislumbra metodologías de cálculo estructural, contemplando losas de cimentación, muros de contención, alcantarillas, incluyendo box culvert, así como puentes hasta de 20 m.
Los esquemas típicos estructurales antes mencionados, contienen un resumen general de las unidades principales de obra incluidas en las especificaciones generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de Vías, sobre los artículos referentes a las capas que conforman la estructura de pavimento, como: terraplenes, afirmado, sub-base granular, base granular, base estabilizada con emulsión asfáltica, tratamiento superficial simple, tratamiento superficial doble, mezcla densa en frío, mezcla asfáltica en caliente y suministro de cemento asfáltico, a fin de compilar la información referente a requisitos de calidad que deben cumplir los materiales, y mostrar las verificaciones periódicas que se deben realizar junto con los controles de compactación.
Los esquemas típicos estructurales están orientados para ser utilizados por la subdirección de la red terciaria y férrea, para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos de obra de los proyectos a cargo del Invías y para vías terciarias de los entes territoriales de orden municipal y departamental.
PAR.—La cartilla guía contiene criterios de diseño que deben ser verificados en el sitio de la obra y si estos no cumplen en su totalidad, el diseño estructural deberá ser revisado y ajustado para las condiciones locales del proyecto.
ART. 3º—Publicidad. El Instituto Nacional de Vías, Invías, publicará en la página web, la cartilla guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuesto para la construcción de obras menores y de contención de la red terciaria y férrea del Instituto Nacional de Vías.
ART. 4º—Vigencia. La presente resolución rige a partir del día siguiente de su publicación.

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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE – C.C.T. 122/75
Convenio Colectivo de Trabajo CCT 122/75 (2014)
Se Firmó el 26 de Junio de 2014
Escala Vigente CCT 122/75 (2014)
Vigencia a partir Julio de 2014
Resolución de Homologación CCT 122/75 (2014)
Homologado 8 de Agosto de 2014
Tope Indemnizatorio CCT 122/75 (2014)
Vigente a partir del 15 Septiembre 2014
CCT 122/75 (1975)
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE – C.C.T. 108/75
Convenio Colectivo de Trabajo CCT 108/75 (2014)
Firmado el 26 de Junio de 2014
Escala Vigente CCT 108/75 (2014)
Vigencia a partir del Julio de 2014
Resolución de Homologación CCT 108/75 (2014)
Homologado el 4 de Septiembre de 2014
CCT 108/75 (1975)
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE – C.C.T. 107/75
Convenio Colectivo de Trabajo CCT 107/75 (2014)
Firmado el 03 de Julio de 2014
Escala Vigente CCT 107/75 (2014)
Vigente a partir de Julio de 2014
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO – C.C.T. 42/89
Convenio Colectivo de Trabajo CCT 42/89 (2014)
Firmado el 16 de Mayo de 2014
Escala Vigente CCT 42/89 (2014)
Vigencia desde Junio de 2014
Resolución de Homologación CCT 42/89 (2014)
Homologado 15 de Agosto de 2014
Tope Indemnizatorio CCT 42/89 (2014)
Vigente desde Octubre 2014
CCT 42/89 (1989)
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE – C.C.T. 120/75
Convenio Colectivo de Trabajo CCT 120/75 (2014)
Firmado el 6 de Mayo de 2014
Escala Vigente CCT 120/75 (2014)
Vigencia a partir de Mayo de 2014
Resolución de Homologación CCT 120/75 (2014)
Homologado el 27 de Agosto de 2014
Texto Completo Actualizado a Octubre 2013
CCT 120/75 (1975)
FEDERACIÓN DE CÁMARAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y MEDICINA DOMICILIARIA – C.C.T. 459/06
Acuerdo CCT Emergencias CCT 459/06 (2014)
Firmado el 30 de Junio 2014
Escala CCT Emergencias CCT 459/06 (2014)
Vigencia del 1 de Julio de 2014
Resolución de Homologación CCT 459/06 (2014)
Homologado el 19 de Septiembre de 2014
CCT 459/06 Emergencias
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE – BAGO – C.C.T. 136/95 “E”
Acuerdo Salarial 136/95 “E” (2014)
Firmado el 20 de Mayo de 2014
Escala Vigente CCT 136/95 “E” (2014)
Resolución de Homologación CCT 136/95 “E” (2014)
Homologado el 15 de Septiembre de 2014
CCT 136/95 “E”
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE - C.C.T. 786/06 “E”
Acuerdo Salarial CCT 786/06 “E” (2014)
Escala Vigente CCT 786/06 “E” (2014)
Vigente a partir de Mayo de 2014
Resolución de Homologación CCT 786/06 “E” (2014)
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO – C.C.T. 103/75
Convenio Colectivo de Trabajo CCT 103/75 (2014)
Firmado 30 de Mayo de 2014
Escala Vigente CCT 103/75 (2014)
Vigente desde Junio de 2014
CCT 103/75 (1975)
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO – C.C.T. SINERGIUM BIOTECH
Convenio Colectivo de Trabajo CCT Sinergium Biotech (2014)
Firmado 20 de Mayo de 2014
Escala Vigente CCT Sinergium Biotech (2014)
Vigente desde Mayo de 2014
CCT Sinergium Biotech
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO FUNDACIÓN FAVALORO
Escala CCT Favaloro (2010)
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO CCT PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SC C.C.T. 804/06 “E”
Convenio Colectivo de Trabajo CCT 804/06 “E” (2009)
Nueva Escala Salarial CCT 804/06 “E” (2009)
Tope Indemnizatorio CCT 804/06 “E” (2010)
Vigente a partir del 1 de Diciembre de 2010
Tope Indemnizatorio CCT 804/06 “E” (2009)
CCT 804/06 E (2006)
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Decreto de Reglamento de Elecciones de 23 de Enero de 1830 | Espacio de Isaurajriver
Decreto de Reglamento de Elecciones de 23 de Enero de 1830
Publicado el 3 noviembre, 2013 por isaura	DECRETO – REGLAMENTO DE ELECCIONES DE 13 DE ENERO DE 1830
¡Pueblos de Venezuela! Habéis manifestado que queríais separaros del gobierno de Bogotá, y no depender más de la autoridad de S.E. el Libertador General Simón Bolívar. Os habéis pronunciado al mismo tiempo porque se establezca en Venezuela un gobierno soberano, popular, representativo, alternativo y responsable; y ha sido tal la decisión de vuestros votos, tal la unanimidad con que lo habéis emitido, que faltaría a mis deberes para con la patria si no aceptase el honroso encargo que me habéis hecho de sostenerlos y hacerlos efectivos, reuniendo el Congreso que ha de sancionar la Constitución de Venezuela. Correspondo, pues, a vuestra confianza expidiendo el siguiente:
Artículo 1: En cada parroquia, cualquiera que sea su población, habrá una asamblea parroquial que se convocará para el primero de marzo del presente año; en cuyo día y en los siete siguientes tendrán derecho los sufragantes parroquiales de concurrir a votar por los electores que correspondan al cantón.
Artículo2: Para usar de este derecho se requiere ser vecino con residencia actual en el lugar donde se verifiquen las elecciones, y además ser venezolano, casado o mayor de 21 años, y dueño de una propiedad raíz que alcance al valor libre de cien pesos, supliendo este defecto el ejercitar algún oficio, profesión, comercio o industria útil, con casa o taller abierto, sin dependencia de otro en clase de jornalero o sirviente. En consecuencia, podrán votar los sargentos y cabos del ejército permanente y los de la milicia auxiliar en actual servicio, y todos los individuos de ésta que, no estándolo, reúnan las cualidades antedichas.
Artículo 4: Aún reuniéndose todas las circunstancias anteriormente dichas, no podrán sufragar los que hubieren sido sentenciados a sufrir penas aflictivas o infamantes ni los que hubieren vendido su sufragio o comprado el de otro para sí o para un tercero; ni los locos furiosos o dementes; ni los deudores fallidos y vagos declarados como tales; ni los que tengan causa criminal abierta hasta que sean absueltos o condenados a pena no aflictiva ni infamatoria; ni los deudores a caudales públicos con plazos cumplidos.
Artículo 7: Las elecciones se harán en lugar público, nadie podrá presentarse con ninguna clase de armas; y las que se verifiquen a virtud de alguna coacción o violencia, se declaran por el mismo hecho nulas. La junta parroquial tiene derecho para suspenderla momentáneamente, para trasladarlas a otro lugar para exigir de la autoridad competente que remueva cualquiera fuerza u obstáculo que perjudique su libertad.
Artículo 11: Cada sufragante parroquial votará por los electores que correspondan al cantón, expresando públicamente los nombres de otros tantos ciudadanos vecinos del mismo, los cuales se inscribirán a su presencia en un registro destinado a este solo fin (…) Después de hecho este asiento, y antes de registrarse el sufragante, se leerán los nombres de las personas por quienes se hayan votado.
Artículo 14: Todo cantón nombrará un elector por cada dos mil almas de su población, y otro más por un residuo de mil.
Artículo 15: Si algún cantón no alcanzare a dos mil almas, tendrá siempre un elector.
Artículo 16: Ninguna provincia, por limitada que sea su población, podrá tener menos de diez electores. Así, aquellas cuyos cantones no alcancen a producir este número, según la base dada en el artículo 14, deberá repartir proporcionalmente el nombramiento de los diez que toquen. Esta operación se practicara por el Gobernador de la Provincia, con acuerdos del Corregidor o corregidores del cantón de la capital.
Artículo 23: Si en alguna parroquia no se celebraren las elecciones parroquiales, o si la junta escrutadora del cantón no hubiere recogido los registros después de ocho días, de aquel en que debieron haberse concluido, estos no serán obstáculos para que se declaren por legítimos electores los que hayan obtenido mayor número de sufragios en los registros que se hayan recogidos.
Artículo 42: Concluidas las elecciones, los presidentes de las asambleas electorales pasarán inmediatamente un aviso a los diputados principales nombrados para que se dispongan a concurrir el día 30 de abril del presente año 1830 a llenar sus funciones en le Congreso Constituyente de Venezuela que se reunirá en la ciudad de Valencia (…)
Artículo 46: El Congreso Constituyente Venezolano se instalará por sí mismo en la ciudad de Valencia el 30 de abril de este año. Si para ese día no estuvieren reunidas las dos terceras partes del número total de diputados, se definirá la instalación para el instante mismo en que se hayan consagrado; y si para el 15 de mayo aún no lo estuvieren, se instalará el congreso con la mayoría absoluta de representantes electos.
Artículo 47: Los miembros del Congreso Constituyente gozarán de inmunidad en sus personas y en sus bienes durante las sesiones y mientras vayan a ellas y vuelvan a sus casas; excepto en los casos de traición o de otro grave delito contra el orden social; y no serán responsables por los discursos y opiniones que manifestaren en el Congreso ante ninguna autoridad ni en ningún tiempo

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