text:
Parlamento Europeo y políticas sociales. El Blog de Ferran Camas sobre Derecho del Trabajo, Inmigración y propuestas culturales
Esta segunda semana del mes de octubre de 2019 se han adoptado varias iniciativas sobre políticas sociales que han tenido como referente al Parlamento Europeo.
Por una parte, con fecha de 8 de octubre, se publica en la página web del Parlamento Europeo el Informe titulado “Employment and Social Affairs Achievements and Challenges Ahead” (realizado por Susanne Kraatz y Aoife Kennedy),que ha sido elaborado a petición del Comité de Empleo del Parlamento Europeo (la traducción literal seria: Empleo y Asuntos Sociales: Logros y desafíos por delante). Este tipo de informes sirven a los organismos del Parlamento Europeo y de otras instituciones de la Unión Europea como documentos de base para la adopción de resoluciones o iniciativas politicas.
Dos días más tarde, el Parlamento Europeo (en adelante, PE) adopta la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre empleo y políticas sociales en la zona del euro.
Mi intención aquí es ofrecer al lector los mensajes clave de esta Resolución del PE. Esta es la idea principal de esta entrada de blog. Ahora bien, en algunos de dichos mensajes voy a incluir algunas referencias o citas del Informe “Employment and Social Affairs Achievements and Challenges Ahead”. Considero que ambos documentos suponen una buena visión de la realidad de mercado de trabajo y de algunos de los problemas que afectan a nuestra sociedad, ante lo que el Parlamento Europeo intenta ofrecer soluciones a través de sus peticiones a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE para resolverlos, si bien se observa que muchas de esas peticiones o apelaciones pecan de abstracción, producto de los equilibrios políticos a que se llega.
A mi modo de ver, los principales mensajes clave de la Resolución hacen referencia al desempleo, la necesidad de abordar las situaciones atípicas del mercado de trabajo (es decir, las no fundamentadas en trabajos estables o con contratos indefinidos),la pobreza, el tema de la educación y formación de los trabajadores y trabajadoras, y la salud de la población.
1. Sobre el desempleo y la necesidad de incluir en el mercado de trabajo a colectivos vulnerables.
A este tema trata ya el primer párrafo en forma de Observación del PE al observar que es vital luchar sin demora contra el desempleo juvenil y los problemas a los que se enfrentan los “ninis”, y advierte que todavía existe una necesidad urgente de mejorar en términos de desempleo de larga duración. Todo ello le lleva a que el PE realice una petición en el primer párrafo de la Resolución dirigida a la Comisión a que presente un mecanismo de reaseguro de la prestación por desempleo, con el fin de proteger a los ciudadanos y reducir la presión sobre las finanzas públicas durante las situaciones de crisis económicas o lo que denomina “perturbaciones externas”.
El PE tiene una especial sensibilidad hacia el desempleo juvenil, ámbito en el que pide a los Estados miembros y a la Comisión que establezcan como prioridad la lucha contra el desempleo juvenil y que utilicen plenamente los instrumentos financieros como la Garantía Juvenil, los programas de la Unión como Erasmus+ y medidas específicas para luchar contra el desempleo juvenil y fomentar la empleabilidad de los jóvenes (párrafo 7 de la Resolución).
El PE también apela a una mayor inclusión en el mercado laboral de los grupos que, están más alejados de él. Para dar más visibilidad a estos grupos, no me voy a limitar a citarlos en forma narrativa como hace la Resolución, sino que quisiera pedir al lector que se fijara en cada uno de ellos conforme a los guiones que voy a establecer a los efectos que paremos un poco para reflexionar sobre cada uno de ellos:
-Cuidadores informales
-Personas con enfermedades de larga duración.
-Personas con problemas de salud o enfermedades crónicas complejas.
-Personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas.
2. Sobre la necesidad de garantizar la calidad en el trabajo y la debida protección social a todos los trabajadores.
En el párrafo 7 de la Resolución antes mencionada, en concreto al hablar del desempleo juvenil, el PE lo finaliza haciendo abstracción de lo que acaba de decir, para lamentar profundamente “que muchos europeos trabajen a tiempo parcial de forma no voluntaria”, y a continuación señala que “esto tiene consecuencias negativas para su protección social”.
De forma especial, aquella situación afecta a las mujeres, que según el PE están sobrerrepresentadas en los sectores peor remunerados y que trabajan con mayor frecuencia en puestos de trabajo para los que están sobrecualificadas. También merece atención en la Resolución los trabajadores mayores (que el PE tiende a particularizar en las personas de más de 50 años),así como también las personas que trabajan en las “nuevas formas de empleo”, donde se incluyen las derivadas de la introducción de la digitalización y automatización. En este último ámbito, el PE señala que el trabajo en plataformas en línea en la Unión se ha incrementado en más de un 25 % durante los últimos dos años hasta llegar a los 5 millones de trabajadores y que un tercio de todas las transacciones de las plataformas tienen un carácter transfronterizo, si bien señala que los trabajadores de las plataformas a menudo no están cubiertos por los sistemas de protección social.
En este contexto, la Resolución se dirige a la Comisión europea y a los Estados miembros para pedirles lo siguiente:
-Ante la situación de las mujeres trabajadoras, en particular sobre la brecha salarial que sufren respecto a los hombres, el PE insta a todos los Estados miembros a intensificar sus esfuerzos para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, la brecha de género en materia de pensiones y la falta de incentivos al trabajo, y pide a la Comisión que proponga una Directiva sobre transparencia en materia de salarios a fin de reducir rápidamente la brecha salarial entre hombres y mujeres.
-Respecto de los trabajadores mayores, el PE señala la necesidad de luchar contra el envejecimiento del mercado laboral, por ejemplo colmando la brecha entre las generaciones jóvenes y las de más edad, sensibilizando sobre la Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo, también en el sector público, asegurando el acceso a oportunidades de aprendizaje permanente mediante cursos y formación adaptados, luchando contra la brecha en la pensiones y estimulando la movilidad y los programas de intercambio de capacidades entre los mayores residentes en la Unión.
Respecto de este tipo de trabajadores mayores (a partir de 50 años),partiendo del hecho de que tienen menos posibilidades de participar en programas de aprendizaje permanente; el Parlamento insta a la Comisión y a los Estados miembros a que intensifiquen los esfuerzos para cambiar esta tendencia y opina que debe prestarse más atención a los trabajadores mayores y a las políticas que incrementan las ayudas y para hacer posible una sociedad activa a lo largo de toda la vida.
-Por lo que hace referencia a los trabajadores de plataformas, el PE se dirige a la Comisión y a los Estados miembros para recordarles la necesidad de que recopilen datos mejores y más armonizados sobre el número de trabajadores de plataformas, así como sobre su situación laboral, su actividad y sus ingresos; además, pide una iniciativa coordinada de la Unión para garantizar que los trabajadores de plataformas tengan acceso a protección social y se garanticen todos sus derechos sociales y laborales independientemente de su situación laboral, y que se amplíe a esos trabajadores la cobertura de los convenios colectivos.
En este tema quisiera traer a colación el informe “Employment and Social Affairs Achievements and Challenges Ahead”, que he citado anteriormente, en el que algunos de sus apartados también se dedican a hablar de las formas de empleo no estándar. De hecho, el informe aborda una iniciativa que no se recoge en la Resolución del Parlamento cuál es que las nuevas formas de trabajo desafían las definiciones de "empleado" y "autónomo".
Por una parte , el informe advierte que las protecciones del mercado laboral generalmente están vinculadas al estatus de "trabajador", concepto en el que la UE no dispone de una definición uniforme y autónoma, sino que es utilizado en referencia a la definición a nivel nacional. Esto lleva a una inconsistencia en la aplicación y a la falta de cobertura para ciertas categorías (por ejemplo, falso o dependiente autónomo). Este déficit es problemático, a juicio del informe, dada la creciente prevalencia de formas de empleo no estándar. En consecuencia, el informe señala que una opción sería revisar las directivas de empleo existentes e introducir un concepto de trabajador europeo.
Por otra parte, el informe promueve la necesidad de clasificar la relación laboral que se esté produciendo para reducir lo que denomina como las zonas grises del falso trabajo por cuenta propia, ello con el fin de proporcionar protección social y capacitación y, en general, extender sus derechos. También apela a que se aborden los monopsonios del mercado laboral, ya que las nuevas formas de trabajo a menudo son administradas por empresas mundiales y el pago de sus impuestos siguen siendo un problema.
En todo caso, al abordar en el párrafo 15 de la Resolución el tema de las nuevas formas de empleo, me quedo con una frase que debería haber sido considerada con más importancia, cual es que según el PE, la transformación tecnología puede dar lugar a casos de empleo atípico y precario; así como también que la existencia de falsos autónomos es un problema persistente que hay que abordar.
Esta afirmación de la Resolución quisiera poner en sintonía con uno de los considerandos o motivaciones que acoge la Resolución para justificar su adopción: que es que para determinadas categorías de población, en particular las personas que trabajan a tiempo parcial, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores temporales, los jóvenes, las personas menos formadas y las familias monoparentales, la amenaza de la pobreza para las personas con empleo es considerablemente superior y que, en algunos casos, ha aumentado significativamente en los últimos años. Dicho en términos más concisos, el PE, aunque en el apartado de motivaciones de la Resolución, está reconociendo que el aumento de relaciones atípicas de trabajo está potenciando la pobreza de la población.
Veamos que dicen los fundamentos de la Resolución del PE sobre este punto, y que le pide a la Comisión y a los Estados miembros.
3. Sobre las cuestiones de pobreza.
La Resolución expresa en su apartado 26 que es necesario garantizar plenamente el Derecho a un nivel de vida digno. Acto seguido, ya en el apartado 28, deplora que la pobreza siga a un nivel elevado inaceptable ya que, en 2017, unos 113 millones de personas se encontraban en esa situación en la Unión, y 74 millones en la zona del euro. A mi modo de ver es particularmente sangrante la pobreza laboral, es decir la de aquellas personas que aun trabajando son pobres. En este punto, el PE observa que en 2017 un 9,4 % de todas las personas ocupadas en la Unión estaba en riesgo de pobreza y que la pobreza con empleo está aumentando en muchos Estados miembros. Por esa razón, cree que es esencial aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, reforzar la negociación colectiva y definir un sistema sólido y armonizado de derechos y protecciones “para todas las formas de trabajo”.
Llegados a este punto, lamenta que, con toda probabilidad, no se alcance el objetivo de la Estrategia Europa 2020 de reducción de la pobreza, como al efecto ya ha advertido la Agencia de Estadística Eurostat esta misma semana.
Dicho ello, el PE insta a la Comisión y a los Estados miembros a lo siguiente:
-A que adopten las medidas necesarias para reducir la pobreza, incluida la pobreza con empleo y la sufrida por grupos vulnerables.
-Pide a la Comisión que proponga legislación para la aplicación de la “Garantía Infantil Europea”.
-Insta a la Comisión y a los Estados miembros a promover una estrategia de lucha contra la pobreza basada en derechos, fundada en una inclusión activa integrada que combine la aplicación de derechos sociales fundamentales y servicios y empleos de alta calidad con salarios dignos.
-Pide a los Estados miembros que desarrollen acciones y estrategias en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales para abordar las necesidades sociales de las personas para las que el mercado de trabajo es inaccesible.
-En el ámbito de la pobreza laboral, el PE insta a los Estados miembros a que adopten medidas decididas para garantizar que las personas puedan disfrutar con sus salarios de una vida digna para ellas y sus familias, y pide a la Comisión que presente un “instrumento jurídico para garantizar que todos los trabajadores de la Unión dispongan de un salario mínimo justo, que se puede establecer conforme a las tradiciones nacionales o mediante acuerdos colectivos o disposiciones jurídicas”.
4. La formación y los sistemas educativos.
Una de las herramientas que desde las instituciones políticas de la UE se utiliza más para abordar la transformación digital y tecnológica del trabajo es la educación y formación de los trabajadores (y más en concreto, el que ha de extenderse a toda la vida del trabajador, más conocida como la política de aprendizaje permanente).
En este punto, el PE destaca en su párrafo 18 la necesidad la necesidad de transformar los sistemas educativos y de formación para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la digitalización y la ecologización de la economía, y para desarrollar las capacidades, también las genéricas, y competencias necesarias para satisfacer las demandas del mercado de trabajo y hacer frente a los retos económicos, sociales y ecológicos del presente y el futuro.
Considera también el PE que la falta de personal cualificado y la inadecuación de las capacidades pueden constituir importantes obstáculos para la inversión; hace hincapié en que, para conseguir las capacidades adecuadas, es necesario mejorar la calidad, la disponibilidad, el carácter inclusivo, la asequibilidad y la accesibilidad de la educación y la formación, incluida la formación profesional, y mejorar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones.
En todo caso, pide a los Estados miembros dos cosas que vale la pena mencionar: que sigan una doble estrategia de hacer una educación general inclusiva y de proporcionar programas específicos para los más vulnerables, y que aumenten y estimulen las inversiones en capacitación y reciclaje profesional, así como en una formación global en competencias digitales, profesionales y de emprendimiento, teniendo en cuenta la transición hacia la economía digital y la economía verde, pero también la demanda de profesionales técnicos cualificados en muchos países y regiones.
Dicho ello, me quedo con dos frases que incluidas en la Resolución en medio de todo lo que el PE destaca, subraya, recuerda o pide, y por tanto que pueden pasar desapercibidas, yo considero del todo importantes:
-Por un lado, señala que, aunque las “capacidades (o competencias, o cualificaciones añadiría yo),son una condición necesaria para el crecimiento, ellas sólo no son suficientes, por lo que pide el desarrollo de medidas complementarias, aparte de la inversión en educación inicial y formación, para crear y diseñar empleos de calidad en el mercado laboral que puedan aprovechar al máximo las capacidades de los trabajadores.
-Pese a que en sus considerandos tome como referencia de la capacitación de los trabajadores a las necesidades requeridas por el mercado de trabajo, el PE manifiesta su preocupación por el número muy elevado de personas en Europa que carecen de capacidades básicas en “cálculo, lectura y escritura”, ya que estas son un requisito fundamental para la participación activa en la sociedad y en el mercado de trabajo.
En relación con los sistemas de educación y formación, el Informe “Employment and Social Affairs Achievements and Challenges Ahead” introduce una cuestión que no es abordada por la Resolución del Parlamento Europeo. Este se limita a recordar que la educación general sea más inclusiva, pero el Informe va mas allá y pide que se elimine la separación artificial entre la educación general y la FP (VET en inglés),de forma que en la primera también se incluyan contenidos, actividades y objetivos propios de la segunda. Además, el informe acoge varios estudios y opiniones que pretenden hacerla más atractiva, así como también que pueda extenderse a todos los niveles de enseñanza (incluida la terciaria),así como a todas las franjas de edad de la población.
5. Sobre las cuestiones de salud, lo más interesante que la Resolución contiene es:
Se lamenta que las Recomendaciones de la Comisión Europeo dirigidas a cada Estado miembro en 2018 sobre la salud y los cuidados de dependencia haya sido de ejecución particularmente lenta, lo que sin duda estaría afectando a los servicios sanitarios. El PE recuerda que las inversiones en salud y seguridad en el trabajo no solo mejoran la calidad del empleo y el bienestar de los trabajadores, sino que también tienen un efecto positivo en la productividad y la competitividad de la economía europea.
El PE considera fundamental garantizar el derecho a un sistema de salud eficaz y a que los Estados inviertan en hacer de la prevención una prioridad de sus políticas de salud. En este marco, pide el desarrollo activo de campañas de promoción de la salud, tanto física como mental, y recuerda la importancia de facilitar la reintegración en el mercado de trabajo de las personas en edad laboral que se recuperan de una enfermedad; también insta a los Estados miembros a invertir en servicios de cuidados para personas en cada fase del ciclo de la vida, y desarrollar objetivos de cuidados para personas mayores y dependientes.

matches: Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución Resolución


text:
Sentencia de Constitucionalidad nº 293/10 de Corte Constitucional, 21 de Abril de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 210785923
Control de constitucionalidad sobre la ley que aprueba la “convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” adoptada por la asamblea general de las naciones unidas el 13 de diciembre de 2006, ley 1346 de julio 31 de 2009. La corte realiza las respectivas consideraciones sobre su competencia en el examen de constitucionalidad en materia de tratados y leyes aprobatorias de tratados, se realiza la revisión formal de la ley aprobatoria, se concluye que en cuanto al trámite legislativo la norma debe ser considerada exequible, luego se realiza el análisis sobre el contenido y estipulaciones del instrumento internacional, se concluye que la ley se encuentra ajustada a los preceptos constitucionales, por lo tanto se decide declararla exequible.
Sentencia citada en: 162 sentencias, 20 artículos doctrinales
C-293-10 Sentencia C-293/10 Sentencia C-293/10
Revisión de la Ley 1346 de julio 31 de 2009, Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
El día 11 de agosto de 2009 el S. Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta corporación, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, copia auténtica de la Ley 1346 de julio 31 de 2009, Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Mediante providencia de septiembre 1° de 2009, el Magistrado sustanciador avocó el conocimiento del presente asunto y solicitó oficiar a los S.s Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que enviaran los antecedentes legislativos correspondientes.
El texto de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, y de la ley aprobatoria objeto de revisión, son los siguientes, según la publicación efectuada en el Diario Oficial No. 47.427, de julio 31 de 2009:
LEY 1346 DE 2009
Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Visto el texto de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, que a la letra dice:
Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de esta y del Estado, y de que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones,
La comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el B., la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;
Por lenguaje se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;
Por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;
Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
Por diseño universal se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2° de la presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado.
Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en B. y en formatos de fácil lectura y comprensión;
Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su consentimiento.
Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de esta;
Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el B., los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;
Facilitar el aprendizaje del B., la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;
A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o B. y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.
P. a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población;
P. los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;
P. esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales;
Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando estos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable;
I. que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.
V. por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;
Los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación internacional y su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la presente Convención, y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los Estados y, cuando corresponda, en asociación con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas con discapacidad.
V. por que la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad;
Se creará un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, el Comité) que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación.
Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas a que se refiere la presente Convención. Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente en consideración la disposición que se enuncia en el párrafo 3o del artículo 4° de la presente Convención.
La elección inicial se celebrará antes de que transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el S. General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidatos en un plazo de dos meses. El S. General preparará después una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las personas así propuestas, con indicación de los Estados Partes que las hayan propuesto, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.
El S. General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las instalaciones que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones del Comité con arreglo a la presente Convención y convocará su reunión inicial.
Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que la Asamblea General decida, tomando en consideración la importancia de las responsabilidades del Comité.
Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del S. General de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la presente Convención en el Estado Parte de que se trate.
El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en sus informes ulteriores, la información previamente facilitada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando preparen informes para el Comité, lo hagan mediante un procedimiento abierto y transparente y tengan en cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4° de la presente Convención.
El Comité considerará todos los informes, hará las sugerencias y las recomendaciones que estime oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se trate. Este podrá responder enviando al Comité cualquier información que desee. El Comité podrá solicitar a los Estados Partes más información con respecto a la aplicación de la presente Convención.
El S. General de las Naciones Unidas pondrá los informes a disposición de todos los Estados Partes.
El S. General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Partes en un plazo que no superará los seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Convención. Las reuniones ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida la Conferencia de los Estados Partes, serán convocadas por el S. General.
El S. General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención.
Por organización regional de integración se entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan transferido competencia respecto de las cuestiones regidas por la presente Convención. Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de competencia.
Las referencias a los Estados Partes con arreglo a la presente Convención serán aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención y presentarlas al S. General de las Naciones Unidas. El S. General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de los Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el S. General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el S. General a la Asamblea General para su aprobación y posteriormente a los Estados Partes para su aceptación.
Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigida al S. General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el S. General haya recibido la notificación.
Autorizado. S. a la consideración del honorable Congreso de la República para los efectos Constitucionales
(Fdo.) F.A.P..
Artículo 1o. Apruébase la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7a de 1944, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
O.I.Z..
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7a de 1944, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
H.F.A.S..
E.O.D..
DIEGO PALACIO BETANCOURT
Realiza comentarios específicos frente a varias de las estipulaciones de esta convención. Así por ejemplo, destaca la importancia de cláusulas como la 8ª, que imponen al Estado la obligación de adoptar medidas conducentes a un cambio de mentalidad de la ciudadanía sobre el concepto de discapacidad y el alcance de los derechos de las personas que padecen alguna de tales situaciones, e incluye también algunas reflexiones sobre la conformación y funciones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por último, incorpora algunos comentarios sobre los artículos finales de la convención, relativos a su entrada en vigencia, la formulación de reservas o enmiendas y su eventual denuncia por parte de los Estados partes, los cuales considera procedentes y adecuados frente a este tipo de tratados.
Inicialmente, el Jefe del Ministerio Público examina de manera prolija y detallada el trámite cumplido ante el Congreso de la República por el proyecto de ley 152 de 2008 Senado  208 de 2008 Cámara, que vino a convertirse en la Ley 1346 de 2009, cuya constitucionalidad ahora se revisa. Como resultado de este análisis, señala que el proceso legislativo adelantado cumplió con todas las exigencias constitucionales existentes en relación con un proyecto de este tipo, por lo que a este respecto la ley examinada debe ser declarada exequible.
Competencia de la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de tratados
La revisión formal de la Ley aprobatoria
El Gobierno Nacional remitió a esta Corporación el 11 de agosto de 2009, copia de la Ley 1346 de julio 31 de 2009, Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Carta, dentro del término de los seis (6) días siguientes a su sanción, previsto en la citada disposición constitucional.
A este respecto, y según lo informó a esta corporación el Ministerio de Relaciones Exteriores, la convención cuya aprobación se formaliza mediante la Ley 1346 de 2009 fue suscrita el día 30 de marzo de 2007 por la doctora C.B. de B., quien para esa fecha se desempeñaba como E.J. de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, y a quien el Presidente de la República confirió plenos poderes para este efecto, según nota suscrita por aquél y por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores el día 29 de marzo de 2007, cuya copia se adjuntó al expediente.
El proyecto fue presentado a consideración del Senado de la República por los Ministros de Relaciones Exteriores, J.B.M., de Hacienda y Crédito Público, O.I.Z. y de la Protección Social, D.P.B. el día 10 de septiembre de 2008.
La ponencia para primer debate, fue presentada por el Senador J.C.G. y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 709 de octubre 10 de 2008, páginas 4 a 7. En lo que tiene que ver con el anuncio previo del proyecto, la comunicación de fecha septiembre 7 de 2009 enviada por el S. General de la Comisión Segunda del Senado informa que este proyecto fue anunciado en la sesión del día 15 de octubre de 2008, según consta en el acta 16 de esa fecha, la cual aparece publicada en la Gaceta 448 de junio 8 de 2009.
En lo que tiene que ver con los términos de este anuncio, según se observa en la referida acta 16, el proyecto fue mencionado junto con todos sus datos identificadores, en el primer lugar de una lista de seis proyectos, leída poco antes del levantamiento de las respectiva sesión, previamente a la cual el S. de la Comisión informó: Siguiendo instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República. Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley, para la próxima sesión, de acuerdo al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003, se anuncian además de los ya anunciado (sic) anteriormente.
De otra parte, agotada la lista de proyectos, y después de haberse reiterado el propósito de ese aviso, se anunció que el Señor Vicepresidente, S.J.C.G. informa que se levanta la sesión y se cita para el próximo martes 21 de octubre a las 9 de la mañana, muchas gracias a todos.
Se observa entonces que el anuncio constitucionalmente requerido se hizo en términos suficientemente claros y explícitos, lo que a juicio de la Corte permitió que sus destinatarios (los miembros de la comisión) se enteraran de manera clara y precisa del objeto de tal anuncio, conforme a lo reiteradamente planteado por la jurisprudencia de esta corporación. De otra parte, y en lo que atañe a la fecha en la que debería tener lugar la votación anunciada, se hizo alusión a la próxima sesión fórmula de determinabilidad igualmente aceptada por la Corte, por cuanto además, la convocatoria realizada antes de levantarse la sesión precisó la fecha de esta última.
La ponencia para segundo debate, fue presentada por el mismo Senador Clopatofsky Ghisays, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 738 de octubre 22 de 2008, en las páginas 14 a 19. El anuncio previo del proyecto tuvo lugar durante la sesión del día 12 de noviembre de 2008, según consta en el acta 25 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 110 de 2009. En esta última acta se observa que también este anuncio se hizo en términos suficientemente claros, ya que, de una parte, se hizo expresa alusión al Acto Legislativo 01 de 2003 (por el cual se introdujo este requisito), se habló de proyectos que se discutirán y aprobarán en la siguiente sesión, se identificó claramente el proyecto en cuestión (en el 12° lugar de una lista de 20 proyectos) y, finalmente, al concluir la sesión se convocó de manera inequívoca para el día martes 18 de noviembre de 2008 a las 2:00 p. m.. Por ello se considera que este anuncio es concordante con la votación posteriormente realizada en la fecha anunciada.
De otra parte, según lo informó el 14 de septiembre de 2009 el S. General del Senado, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate con la asistencia de 97 de los senadores que conforman esa cámara legislativa en la sesión plenaria realizada el martes 18 de noviembre de 2008. Información que es concordante con lo que consta en el acta 26 de la plenaria del Senado, publicada en la Gaceta 111, de marzo 12 de 2009.
La ponencia para primer debate fue presentada por el R.J.B.P., a quien fue repartido el proyecto, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 887 de diciembre 3 de 2008, páginas 3 a 20.
De la lectura de esta acta se concluye que, también en este caso, el anuncio cumplió los requisitos necesarios, por cuanto estuvo enmarcado por la prevención de que se hacía el anuncio de proyectos para la próxima sesión, y la reiteración, en el sentido de que este anuncio se hace para dar cumplimiento al Acto Legislativo número 1 de 2003, en su artículo 8°. De otra parte, al concluir la sesión, el Presidente de la misma, R.P.P.T.R. convocó la siguiente sesión en estos términos: Les agradecemos mucho, honorables Representantes, nos veremos el próximo martes, se está por definir la hora, dependiendo de las instalaciones locativas que podamos conseguir a través de la Presidencia de la Cámara.
La ponencia para segundo debate, fue presentada por los Representantes J.B.P. y H.J.O.B. y fue publicada en la Gaceta Nº 290 de mayo 8 de 2009, en las páginas 1 a 20.
Según se comprueba con la lectura de la citada acta, el referido anuncio fue suficientemente claro, pues antes de concluir la respectiva sesión, la Secretaria expresó: Señor presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la sesión Plenaria del próximo martes 26 de mayo de 2009, o para la siguiente sesión en la cual se debatan proyectos de ley o de acto legislativo, de acuerdo al Acto Legislativo 01 de julio 3 del 2003. A continuación, se leyeron un total de 86 proyectos, encontrándose en 76° lugar el Proyecto 208 de 2008  Cámara, que es aquel que una vez aprobado vino a convertirse en Ley 1346 de 2009.
Frente al trámite cumplido en las cámaras legislativas por el Proyecto de Ley 152 de 2008  Senado / 208 de 2008 Cámara, que posteriormente vino a convertirse en Ley 1346 de 2009, la Corte observa lo siguiente:
Análisis material sobre el contenido y estipulaciones del instrumento internacional aprobado mediante Ley 1346 de 2009.
Dentro de este marco conceptual, la Convención define como propósito, en su artículo 1°, promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. El texto del tratado evita incorporar una definición de discapacidad, pero a continuación el mismo artículo describe y presenta como destinatarios de sus disposiciones a todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Así las cosas, la suscripción de esta convención con la activa participación del Estado colombiano resulta claramente encuadrada dentro del marco axiológico de la Constitución de 1991, y en especial de sus artículos 13 y 47. En efecto, la primera de estas normas establece el principio de igualdad y la obligación estatal de crear y promover las condiciones para que ésta sea real y efectiva, en particular frente a aquellas personas que por su condición () física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, al paso que la segunda contempla expresamente el deber de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes deberá prestarse la atención especializada que requieran. En la misma línea cabe mencionar también los artículos 54 y 68 de la Carta, los cuales contienen previsiones especiales relacionadas con la adaptación laboral y la educación especial de los minusválidos y personas con limitaciones físicas.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha tenido además frecuente oportunidad de realzar, frente al análisis de situaciones concretas conocidas durante la revisión de fallos de tutela[5], el gran interés que para el Constituyente tuvo la plena y efectiva protección de los derechos de estas personas, resaltando la necesidad de que, mediante acciones afirmativas, el Estado garantice que su especial condición no implique para ellos limitaciones en el ejercicio de los derechos y en la accesibilidad a las prestaciones y servicios de los que normalmente disfrutan la generalidad de las personas. En el ámbito normativo es pertinente anotar que pese a la gran importancia que tienen los derechos de las personas con discapacidad, el desarrollo existente en el derecho interno colombiano es aún incipiente, destacándose especialmente la Ley 361 de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones, y frente a situaciones específicas la Ley 324 de 1996 Por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda, y más recientemente la Ley 1275 de 2009 Por medio de la cual se establecen lineamientos de Política Pública Nacional para las personas que presentan enanismo y se dictan otras disposiciones
El artículo 24 reitera que todas las personas discapacitadas tienen derecho a la educación, sin discriminación y en condiciones de igualdad. Plantea la necesidad de que en este caso la educación esté especialmente dirigida a descubrir y potencializar los talentos y destrezas de estas personas y a proveerles habilidades necesarias para la vida en sociedad, acordes a sus condiciones. Se menciona por ejemplo, el aprendizaje del B. (para las personas ciegas), del lenguaje de señas (para las personas sordas), y en general, de los lenguajes y técnicas de comunicación que resulten apropiadas frente a las limitaciones y capacidades de las distintas personas. También se contempla la obligación de que en las instalaciones educativas se realicen ajustes razonables, a fin de garantizar el acceso de las personas con discapacidad.
Los países miembros tendrán la obligación (art. 35) de presentar ante este Comité informes periódicos, elaborados con la activa participación de representantes de la población discapacitada, en relación con las medidas adoptadas en cumplimiento de los compromisos asumidos en desarrollo de la Convención, así como de los avances y demás aspectos relevantes observados en relación con la situación de los discapacitados en el respectivo Estado. Respecto de tales informes, el Comité podrá (art. 36) pedir informaciones adicionales y formular observaciones o sugerencias. Se prevé también la obligación de dar amplia difusión a los informes que cada país presente al Comité, tanto dentro de su territorio, como fuera de él, en este último caso por conducto del S. General de las Naciones Unidas. Por su parte, el Comité tiene también (art. 39) la obligación de presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas un informe bianual sobre sus actividades y sobre los avances y/o dificultades observados en la ejecución de los compromisos acordados por esta Convención.
De otro lado, está prevista también la existencia de la Conferencia de las Partes, órgano que a manera de Asamblea General reúne a los representantes de todos los Estados miembros, y que será el encargado de elegir a los integrantes del Comité a que se ha hecho referencia. El artículo 40 prevé que este cuerpo se reunirá con una periodicidad mínima de cada dos (2) años a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Convención, o en forma extraordinaria, en ambos casos previa convocatoria del S. General.
En la parte final del texto, los artículos 41 a 50 contienen las cláusulas atinentes a los aspectos operativos y de vigencia de este tratado, incluyendo: lo relativo al depositario, que será el S. General de las Naciones Unidas (art. 41); la regla sobre fecha a partir de la cual la Convención estará abierta para la firma (art. 42); la sujeción a ratificación posterior a la firma o la posibilidad de adhesión para los Estados que no la hubieren firmado (art. 43); las reglas sobre entrada en vigor (art. 45) y sobre formulación de reservas (art. 46); la iniciativa y procedimiento previsto para las posibles enmiendas al texto de la Convención (art. 47), las cuales serán decididas por la Conferencia de las Partes; la posibilidad de denuncia y las reglas aplicables a ella (art. 48); la orden de que el texto de la Convención se distribuya en formatos accesibles (art. 49), y la regla sobre validez de los textos auténticos en seis distintos idiomas (art. 50), uno de los cuales será la versión española.
De igual manera resalta la Corte que, pese al considerable y ambicioso alcance de los compromisos que a través de esta Convención pretenden asumir los Estados respecto de los derechos sociales, económicos y culturales de las personas con discapacidad, las condiciones en que tales obligaciones quedan planteadas permiten descartar cualquier posible objeción sobre su exequibilidad. Ello por cuanto, conforme al artículo 4° de la Convención, tales compromisos se atenderán de manera progresiva, con el objeto de que las personas discapacitadas logren a través del tiempo el pleno ejercicio de todos sus derechos, para lo cual los Estados miembros adoptarán medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles. Como puede apreciarse, estos parámetros aseguran la racionalidad de los esfuerzos asumidos en cumplimiento de esta Convención, toman en cuenta las condiciones de restricción presupuestal que en todos los Estados son inherentes a la acción pública, y son congruentes con el principio de ampliación progresiva de los derechos sociales, que es característico de la Constitución Política de 1991.
Primero: Declarar EXEQUIBLE la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1346 de julio 31 de 2009, Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
C., notifíquese, comuníquese insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
[1] Ver sentencia C-468 de 1997 (M.P.A.M.C.. Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta corporación. Ver entre muchas otras, las sentencias C-682 de 1996 (M.P.F.M.D., C-924 de 2000 (M.P.C.G.D.) y C-718 de 2007 (M.P.N.P.P.).
[3] Las anteriores enumeraciones no agotan el conjunto de pronunciamientos y/o tratados internacionales sobre el tema de la discapacidad. La Corte hizo un recuento aún más exhaustivo de tales documentos en el Auto A-006 de 2009 (M.P.M.J.C.E.) en el que analizó la problemática especial de las personas víctimas de desplazamiento forzado que además padecen alguna discapacidad.
[4] M.P.M.G.C..
[8] Ver DÍEZ-PICAZO. L.M.S. De Derechos Fundamentales, Segunda Edición. T.C., Madrid, 2005. En el derecho constitucional español se habla especialmente de acción positiva, siendo el término acción afirmativa una traducción casi literal del inglés del término original affirmative action.

matches:
artículo 241
artículo 2
artículo 4
artículo 4
Artículo 1
Artículo 2
artículo 1
artículo 1
Artículo 2
artículo 1
artículo 1
artículo 241
artículo 8
artículo 8
artículo 1
artículo 24
artículo 40
artículo 4


text:
RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a 'Caixagirona Mixt 30, Fondo de Pensiones'
RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a "Caixagirona Mixt 30, Fondo de Pensiones"	RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a "Caixagirona Mixt 30, Fondo de Pensiones" Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a "Caixagirona Mixt 30, Fondo de Pensiones" Estado	:
MINISTERIO DE ECONOMÍA	RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a "Caixa girona Mixt 30, Fondo de Pensiones,
Por Resolución de fecha 27 de julio de 2000, de esta Dirección General, se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
"Caixagirona Mixt 30, Fons de Pensions", promovido por Caixa d'Estalvis de Girona, al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones ("Boletín Oficial del Estado" de 9 de junio).
Concurriendo "Estalvida d'Assegurances i Reassegurances, Sociedad Anónima (G0057), como gestora, y Caixa d'Estalvis de Girona (D0142), como depositaria, se constituyó, en fecha 17 de agosto de 2000, el citado fondo de pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Girona.
Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda proceder a la inscripción de "Caixagirona Mixt 30, Fons de Pensions" en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.La) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 ("Boletín Oficial del Estado" de 2 de noviembre).
RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a "Caixagirona Mixt 30, Fondo de Pensiones"	Trámites

matches:
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
Resolución
artículo 11
artículo 46
RESOLUCIÓN


text:
Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca :: Paola Ariente
PrincipalInstitucional Información GeneralDigesto de OrdenanzasBanca 25Decreto ReglamentarioArchivo Banca 25Busqueda Banca 25DistincionesBusqueda de DistincionesEnlaces de InterésReglamento InternoPresidencia AutoridadesConcejales Bloques - Mandato ActualCambiemosFrente para la VictoriaBloque Integración CiudadanaBloque Frente RenovadorUnidos por la Libertad y el TrabajoCompromiso BahíaMandato CumplidoPeríodo 2013-2015Período 2011-2013Período 2009-2011Período 2007-2009Período 2005-2007Período 2003-2005Período 2001-2003Período 1999-2001Período 1997-1999Período 1995-1997Período 1993-1995Período 1991-1993Período 1989-1991Período 1987-1989Período 1985-1987Período 1983-1985Busqueda ProyectosSesiones Orden del DíaDiario de SesionesTransmisión en VivoArchivo SesionesPrensa Informe de PrensaArchivo PrensaBusqueda PrensaComisiones Conformacion de las ComisionesFunción de las ComisionesComisión Asesora AmbientalOrdenanza de CreaciónPrograma de AgroquímicosActas de reunionesLegislaciónAguaAmbientes libres de humo de tabacoAnimalesArbolado UrbanoAudiencias PúblicasCódigo de Medio AmbienteHabilitación de Actividades UrbanasActividad Químico-IndustrialResiduosCalendario de ReunionesO.M.I.C.Información de Contacto	Paola Ariente
CambiemosFrente para la VictoriaBloque Integración CiudadanaBloque Frente RenovadorUnidos por la Libertad y el TrabajoCompromiso Bahía	Frente para la Victoria - Período 2015-2017Proyectos Presentados Correo electrónico Declaraciones Juradas Proyecto de resolución solicitando informes en relación al Convenio suscrito entre la Municipalidad de Bahía Blanca, el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur y APPEC Minuta de comunicación solicitando al D.E. a través de la secretaría que corresponda, realice las intervenciones necesarias para la puesta en valor y mantenimiento de la plaza Coronel Narciso del Valle, del barrio Nueva Belgrano. Proyecto de resolución solicitando a EDES remita bimestralmente copia certificada, discriminando por barrios, del estado de avance de las obras realizadas en la ciudad de Bahía Blanca.- Proyecto de resolución solicitando a EDES remita bimestralmente copia certificada, discriminando por barrios, del estado de avance de las obras realizadas en la ciudad de Bahía Blanca.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN Solicitando al Departamento Ejecutivo que, a través de la secretaría que corresponda, proceda a la erradicación del basural a cielo abierto sito en la calle Félix Frías al 1300 en el Barrio Villa Delfina.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Solicitando al Departamento Ejecutivo que, a través de la secretaría que corresponda, proceda a la erradicación del basural a cielo abierto sito en la calle Félix Frías al 1300 en el Barrio Villa Delfina. Minuta de Comunicación por la que se solicita al Departamento Ejecutivo informes en relación a locaciones del Municipio y la Provincia de Buenos Aires. Proyecto de Resolución: Solicitando al Departamento ejecutivo realizar las gestiones necesarias para replicar en Bahía Blanca el proyecto piloto “Electricidad Segura”. Solicitando al D.E. informes en relación al incumplimiento de los plazos previstos para el Registro de Oposición de licitaciones para obras públicas ejecutadas por el Municipio.
Minuta de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo la instalación de luminaria y acondicionamiento del espacio público en 25 de mayo a la altura del 2100 Solicitando al Departamento Ejecutivo que realice trabajos de limpieza y desmalezamiento en canal en Belisario Roldán 2500 Proyecto de Ordenanza regulando toda clase de fiestas privadas en el partido de Bahía Blanca.- Minuta de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo informes en relación al cumplimiento de la Ordenanza 9.972 Minuta de comunicación solicitando al D.E. que evalúe la factibilidad de incluir a la calle Cortalezzi, entre Bermudez y Sarratea, en el próximo programa de pavimentación. Proyecto de Ordenanza creando el Boletín Oficial Municipal y el Registro Especial de Ordenanzas y Disposiciones en general. Proyecto de Ordenanza: Adhiriendo a la Ley Provincial Nº 14449 “de Acceso Justo al Hábitat” Proyecto de Resolución solicitando al Departamento Ejecutivo realizar la presentación correspondiente a los efectos de que el Poder Ejecutivo provincial considere la posibilidad de readecuar el trámite administrativo de obtención del pase libre por discap Minuta de comunicación por la que se solicita información sobre el relleno sanitario. Proyecto de Ordenanza: Creación de la “Unidad Especializada en Violencia de Género de la Policía Local de Bahía Blanca” Proyecto de Ordenanza creando un Programa de Promoción de Contratación y Conservación de Empleo Local.- Proyecto de Resolución: Adhesión a la Ley Nacional 27.218 por la que se establece el Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público Minuta de comunicación por la que se solicita al Departamento Ejecutivo que informe la situación actual del Plan “Más Barrios”. Proyecto de Resolución declarando de Interés Municipal la travesía solidaria ferroviaria, denominada “Travesía Del Bicentenario”. Proyecto de resolución expresando rechazo a expresiones de la consejera escolar Adriana Perdriel
AUTORES: BLOQUES FRENTE PARA LA VICTORIA-INTEGRACIÓN CIUDADANA
Creando el “Programa Integral para los Cartoneros, Recuperadores y/o Recicladores Urbanos de la Ciudad de Bahía Blanca”. Minuta de comunicación por la que se solicita se otorgue a los concejales PLENO ACCESO a los datos del RAFAM Proyecto de Resolución solicitando a Bahía Transporte SAPEM que evalúe la factibilidad de instalar puesto permanente de personalización de tarjetas, venta de abonos y adquisición de boletos escolares en las Delegaciones de Cabildo, Ingeniero White y Gen Minuta de comunicación por la que se solicita al Departamento Ejecutivo informes sobre el Programa Municipal de Seguridad Vial “Bahía Conduce”. Minuta de comunicación solicitando al D.E. brinde datos provenientes de los registros de salud del Primer Nivel de Atención recabados por el software SISalud Proyecto de Resolución por el que se solicita al Departamento Ejecutivo arbitre los medios necesarios para combatir el dengue. Proyecto de resolución solicitando a la OMIC que realice de oficio los reclamos para que vecinos afectados por el corte del suministro de agua, no abonen la factura correspondiente MINUTA DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y AGENCIA AMBIENTAL INFORME SOBRE EL HECHO OCURRIDO EL DÍA 26 DE DICIEMBRE EN LA EMPRESA PROFERTIL. Proyecto de ordenanza: “Creando El Registro Municipal de Asistentes Gerontológicos para el Apoyo a personas mayores con dependencia” Arriba

matches: resolución resolución resolución RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN Resolución Resolución resolución Resolución Resolución resolución


text:
Banco Nuevo Mundo - Resumen de eval...
ERROR JUDICIAL DEFINICION by Cristián Araos Diaz
Tesis: Ejemplo de presentación
Guia de estudio de comercio exterio...
Capítulo 12 familia y sucesiones ...
Omar Alberto Fernàndez Contreras
Es oportuno notificar que el contentivo documental en derecho se establece en las normas jurídicas de un estado.
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE LOS FUNCIONARIOS DEMANEJO, SUPERVISORES E INTERVENTORES Luz Jimena Duque Botero 2.
Responsabilidad en la Contratación Estatal Tipos:-- Fiscal--Disciplinaria--Penal--Patrimonial 3.
VIGILANCIA• FISCAL A LA CONTRATACIÓN • Control posterior… • pero inmediato 4.
MARCO JURÍDICO ART. 65 LEY 80 DE 1993La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá en tres etapas:1. Una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos.2. Control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones legales.3. Una vez liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia fiscal incluirá un control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 5.
SENTENCIA C-623 DE 1999El control posterior tiene lugar en los siguientes momentos:1. Una vez concluidos los trámites administrativos de legalización de los contratos, es decir, cuando se ha perfeccionado el acuerdo de voluntades, para vigilar la gestión fiscal de la administración y, en general, el cumplimiento de las normas y principios que rigen la contratación estatal.2. Igualmente, se deberá ejercer control posterior sobre las cuentas y pagos derivados del contrato, y3. Una vez liquidados o terminados los contratos, para ejercer un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 6.
ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL CONDUCTA A TITULO DE CULPA GRAVE O DOLO DE UN GESTOR FISCAL NEXO CAUSALPrudenciaCuidadoprevisión DAÑO 7.
DEFINICIÓN DE GESTIÓN FISCALGestión Fiscal es la administración de los recursos públicos con el objeto de asegurar el cumplimiento de los fines del Estado. 8.
DEFINICIÓN LEGAL DE GESTIÓN FISCAL Artículo 3°. Ley 610 de 2000: Artículo 3°. Ley 610 de 2000:Conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, (tráficoeconómico) que realizan los servidores públicos y las personas de derechoprivado que manejan o administran recursos o fondos públicos, (gestoresfiscales) Factor objetivo: Servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos. 8 9.
Gestor FiscalesLa realizan los servidores públicos y laspersonas de derecho privado por vía funcional ocontractual que manejen o administren recursos ofondos públicos.Funcionarios del Nivel Directivo: Que con susdecisiones determinan u orienten la gestión fiscalde aquellos que ejercen la misma. 9 10.
RESPONSABILIDAD FISCAL POR ACTUACIONES “CON OCASIÓN” DE LAGESTIÓN FISCAL O “POR CONTRIBUCIÓN” A LA GESTIÓN FISCAL De acuerdo a la Sentencia C-840 de 2001: La responsabilidad fiscal no solo es aplicable frente a los gestores fiscales propiamente dichos. o por contribución con la gestión fiscal bajo el entendido de queTambién es procedente predicarla “tales actos que la materialicenrespecto de las actuaciones que se comporten una relación derealicen por funcionarios o conexidad próxima y necesariaparticulares que realicen actuaciones para con el desarrollo de la gestión“con ocasión de la gestión fiscal” fiscal”. 11.
Gestor Fiscales1. Los particulares también están comprometidos con los fines esenciales del Estado cuando asumen el manejo de fondos o bienes públicos y les asiste la obligación de observar los mismos principios porque contribuyen directa o indirectamente en la búsqueda de dichos fines. • Cámaras de comercio. • Curadurías. Concepto CGR 80112- EE25027 10 de mayo de • Federación Nal de Cafeteros 2005 11 12.
Circulo secundario de la Gestión Fiscal: Las demás conductas de las persona que no tienen la titularidad jurídica… Circulo primario de la Gestión Fiscal: Conductas de las persona que tienen la titularidad jurídica para manejar los fondos o bienes del Estado materia del detrimento. … para manejar los fondos o bienes delEstado, pero realizan acciones con ocasión o por contribución con la gestión fiscal 13.
Circulo primario: Ordenador del gasto, Interventor, supervisor, Pagador. Como regla general responden solidariamente Se pueden dar excepciones El contratista y el interventor responden por obras deficientes o incompletas.El pagador responde en forma exclusiva cuando omite sus deberes de cuidado 14.
Circulo secundario de la Gestión Fiscal: Directores o jefes de planeación,miembros de los comités de conciliación, directores jurídicos, asesores, almacenista, comités contratación 15.
Hechos relacionados con la contrataciónque pueden generar responsabilidad fiscalen los servidores públicos 1. Ausencia de estudios, planos, diseños 2. Realizar estudios de mercado, pliegos de condiciones, evaluaciones deficientes y con su conducta omisiva o negligente originar daño patrimonial del Estado 3. Presupuesto deficiente para culminar la obra 4. Imprecisa o ambigua descripción del objeto 5. Evaluaciones contrarias al deber de selección objetiva 6. Sobrecostos 7. Selección Objetiva 8. Bienes innecesarios 9. Mala calidad 15 16.
Casos en que los contratistas asumen el rol de gestores fiscales PREMISAS  Son colaboradores de la administración.  En algunos contratos la titularidad para la administración de los recursos públicos se traslada a los contratistas a través del contrato.  El contratista puede intervenir como gestor fiscal primario o secundario.Situaciones irregulares de los contratistas ContratosRecibir pagos contractualmente pactados, sin haberse cumplido las obligaciones. •Contrato de concesión.Entregar bienes de calidad deficiente, desconociendo las •Contrato de recaudación de rentas. especificaciones técnicas convenidas por las partes.Construir obras de mala calidad o con cantidades inferiores a las •Contrato de Administración acordadas. delegadaOmitir el deber de vigilancia, seguimiento y control por parte del interventor y recibir la cancelación por este concepto. 17.
Ejemplos de Gestores FiscalesEl Interventor: Dentro de un marco ceñido a lalegalidad el no es gestor fiscal, no obstante si esteincurre en omisiones o realiza actuaciones queconlleven perjuicio a la entidad estatal, o no seadvierte a la administración, para que se realicenlas actuaciones a que haya lugar tendientes aevitar el daño, podría imputarse responsabilidadfiscal por la indebida ejecución de susobligaciones. Concepto CGR 80112-EE52223 del 20 de Diciembre de 2004 17 18.
Ejemplos de Gestores FiscalesEl Almacenista: Si una persona que ejerce gestión fiscalrespecto de unos bienes o rentas estatales, causa daño aciertos haberes públicos que no se hallan a su cargo, elproceso a seguirle no será el de responsabilidad fiscal, puescomo bien se sabe, para que dicho proceso pueda darse encabeza de un servidor público o de un particular, esnecesario la existencia de un vínculo jurídico entre alguno deestos y unos bienes o fondos específicamente definidos.Es decir la Gestión fiscal esta ligada siempre a unos bienes ofondos estatales inequívocamente estipulados bajo latitularidad administrativa o dispositiva de un servidorpúblico o de un particular, concretamente identificados Concepto CGR 01650 2/06/05 18 18 18 19.
DAÑO OCASIONADO POR QUIENES NO SON GESTORES FISCALES Existen situaciones en las cuales: Interviene un servidor público,se ocasiona un daño al patrimonio público, pero NO se genera responsabilidad fiscal: - Perdida de equipos de computación. -Indebida apropiación de flujos de caja. -Derribamiento culposo de un semáforo Sentencia C-840 de 2001 20.
ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN. DEFINE LASUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Las entidades públicas están obligadas a vigilarpermanentemente la correcta ejecución del objeto contratado através de un supervisor o un interventor, según corresponda.La supervisión consistirá en el seguimiento técnico,administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre elcumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la mismaentidad estatal cuando no requieren conocimientosespecializados.Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personalde apoyo, a través de los contratos de prestación de serviciosque sean requeridos. 21.
SE DEFINEN LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍACONTRACTUAL.La interventoría consistirá en el seguimiento técnico quesobre el cumplimiento del contrato realice una personanatural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal,cuando el seguimiento del contrato suponga conocimientoespecializado en la materia, o cuando la complejidad o laextensión del mismo lo justifiquen.No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentrejustificado y acorde a la naturaleza del contrato principal,podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico,financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de lainterventoría. 22.
RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES.Los consultores , asesores externos e interventoresresponderán civil, fiscal, penal y disciplinariamentetanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas delcontrato de consultoría, asesoría o interventoría, como porlos hechos u omisiones que les fueren imputables y quecausen daño o perjuicio a las entidades. 23.
FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES.Los interventores y supervisores están facultados para: solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucióncontractual,serán responsables por:mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias quepuedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedanponer o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento sepresente.Se modifica Ley 734 de 2000 , falta gravísima:No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridospor la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias,o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.Omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstanciasque puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, oque puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando sepresente el incumplimiento. 24.
Se crea una nueva inhabilidad para contratar:El interventor que incumpla el deber de entregarinformación a la entidad contratante relacionada con:El incumplimiento del contrato,Con hechos o circunstancias que puedan constituir actosde corrupción tipificados como conductas punibles,o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimientodel contrato.Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5)años, contados a partir de la ejecutoria del actoadministrativo que así lo declare, previa la actuaciónadministrativa correspondiente. 25.
SOLIDARIDAD:a. El interventor que no haya informado oportunamente a laEntidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado oprincipal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargodel contratista, será solidariamente responsable con éste delos perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por losdaños que le sean imputables al interventor.b. Se crea una solidaridad con el ordenador del gasto:Cuando el ordenador del gasto sea informadooportunamente de los posibles incumplimientos de uncontratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado oadopte las medidas necesarias para salvaguardar el interésgeneral y los recursos públicos involucrados, será responsablesolidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 26.
NUEVA PROHIBICIÓN PARA CELEBRAR CONTRATO DE INTERVENTORIA• Quien haya celebrado contrato estatal de:• Obra pública.• Concesión.• Suministro de medicamentos y de alimentos. Comprende al: Cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas. 27.
REGLAS GENERALES• Pueden ser concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.• El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 28.
El Interventor NO DEBE:• Autorizar modificaciones de especificaciones.• Autorizar modificaciones de condiciones contractuales.• Autorizar prórrogas o mayores plazos.• Autorizar adiciones.• Autorizar suspensiones.• Autorizar mayores cantidades de objeto contractual. Razón: La mayoría de estas decisiones tienen incidencia presupuestal. 29.
RESPONSABILIDAD PENAL PRINCIPALES DELITOS 30.
CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS Ley 599 de 2000 - CONTRATOS SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES -VIOLACIÓN AL RÉGIMEN LEGAL O CONSTITUCIONAL DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES -INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS 31.
CONTRATOS SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Art. 410- El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de (…) 32.
 SUJETO ACTIVO: SERVIDOR PÚBLICO en ejercicio de sus funciones. OBJETO MATERIAL: CONTRATO (en el trámite, celebración o liquidación de un contrato) SUJETO PASIVO: ESTADO -Protege la legalidad de las actuaciones del Estado(situación de difícil aplicación pues por expresa disposición de la Ley 80/93, las normas de contratación comprenden disposiciones del código de cio y civil) y hoy en varios textos reglamentarios. Debe tratarse de violación de requisitos legales esenciales. No cualquier tipo de falta. (aspecto subjetivo) - No incluye la ejecución. -Implica para el que controla recorrer la totalidad de normas e identificar aquellas esenciales, pues no existe un catálogo taxativo) 33.
 -Debe tratarse de violación de requisitos legales esenciales. No cualquier tipo de falta. (aspecto subjetivo) - Primer ejemplo sería comenzar por determinar los elementos de existencia y nulidad del contrato estatal. (Art. 1501 y 1502 cód civil y 44 Ley 80 de 1993) 1501: Elementos esenciales del contrato: Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente. - 1502 Cód. civil. Requisitos de existencia: capacidad, consentimiento, causa, objeto lícito, solemnidades.) Algunos ejemplos. (Objeto contrato: Recaudo de impuestos, expedición de decretos por parte de particulares, contrato verbal- actio in renverso) -44 Ley 80/93 Causales de nulidad absoluta. (personas incursas en inhabilidad, expresa prohibición constitucional o legal etc) - No incluye la ejecución. -Es un delito eminentemente doloso. 34.
 - Segundo ejemplo. Analizar si en la conducta que generó el trámite, celebración o liquidación se aplicaron los principios generales de la contratación estatal. Ej. Selección objetiva. Transparencia (Las exigencias fueron idénticas para todos, no se contrató un software por ciencia y tecnología cuando varias personas podían hacerlo. No se cumplió el requisito del registro presupuestal lo que hace inejecutable el contrato, pero éste se inició. OMITIÓ PEDIR PÓLIZAS EN UN CONTRATO DE OBRA Y EL CONTRATO SE SINIESTRÓ. Se declaró la urgencia manifiesta sin fundamento alguno, solo porque no se planeó con tiempo. El fraccionamiento de contratos). Se contrató sin respaldo presupuestal) No olvidemos que hay que probar el dolo, de lo contrario, la conducta será disciplinaria pero no penal) Tercer ejemplo. Que se trate de normas imperativas. (Aquellas cuyos mandatos son improrrogables, innegociables, inderogable, vinculante) Puede inferirse por varias expresiones del legislador. Ej. Es nulo, no se podrá, no tendrá valor, se tendrá por no escrito, deberá, será ineficaz de pleno derecho… 35.
VIOLACIÓN AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Art. 408- El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá en prisión (…) 36.
 Las inhabilidades e incompatibilidades constituyen una limitación a la capacidad para contratar. SUJETO ACTIVO: SERVIDOR PÚBLICO en ejercicio de sus funciones. OBJETO MATERIAL: CONTRATO (en el trámite, aprobación, celebración de un contrato). Actualmente, no existe un momento procesal de aprobación de un contrato, en tanto este momento resulta de difícil aplicación. Al parecer el legislador quiso referirse a la adjudicación) SUJETO PASIVO: ESTADO -Creencia errada. Que involucra solo a quien celebra el contrato. -Es el más concreto de todos porque las inhabilidades e incompatibilidades son taxativas y de interpretación restrictiva. (No aplican interpretaciones analógicas o extensivas) - No incluye la liquidación. -Desde la perspectiva de la culpabilidad, es un delito eminentemente doloso. -Es un tipo penal en blanco que se complementa con el catálogo de inhabilidades e incompatibilidades. 37.
 Ley 190/95 Artículo 1. “Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hoja de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita: “3. Inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o incompatibilidad del orden constitucional o legal para ocupar el empleo o cargo al que se aspira o para celebrar contrato de prestación de servicios con la administración” 38.
INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Art. 409- El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión (…) 39.
 El Código Penal de 1980 determinaba: Se configura el delito cuando un empleado oficial desborda, por razones personales, pasionales o subjetivas, los marcos del interés general en el proceso de formación del contrato, en su celebración o durante la ejecución del mismo. No sanciona el desconocimiento de determinadas normas o exigencias, sino, la actuación desviada, subjetiva, amañada, contraria al orden público y al interés general, aún cuando la decisión esté adecuada perfectamente a la legalidad. -Implica necesariamente un DESVÍO DE PODER 40.
 Por lo general, el acto nace a la vida jurídica con apariencia de legalidad, no es objetable por incompetencia ni vicios de forma o procedimiento. Es un delito doloso. Genera nulidad absoluta del contrato. Es insaneable. Cuando se lleva ante el juez debe tenerse la certeza de que los motivos para expedir el acto o celebrar el contrato no fueron los permitidos por la ley, (cumplir un fin estatal, satisfacer el interés general) sino aquellos de índole personal 41.
 SUJETO ACTIVO: SERVIDOR PÚBLICO en ejercicio de sus funciones. OBJETO MATERIAL: CONTRATO (No dice en qué etapas, porque puede ser en cualquiera) SUJETO PASIVO: ESTADO -Es un delito eminentemente doloso. -Aplica la teoría de la ESPECIALIDAD. Con el propósito de no violar el non bis in idem en primer lugar se revisa si la conducta de un servidor pública viola el régimen de inhabilidades e incompatibilidades o celebró contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y sólo si no es posible encuadrar la conducta dentro de los dos tipos anteriores, se tipifica en el de interés indebido en la celebración de contratos (Alfonso Gómez Méndez, Delitos contra la Adminsitración, cit, pp.212 y 213 y Jaime Orlando Santofimio, Delitos de celebración indebida de contratos, pág. 65) 42.
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 43.
De los 1103 alcaldes, durante los últimos 4 años, hansido destituidos 316, en su gran mayoría por hechos relacionados con la contratación pública.De los 32 gobernadores del país, en los últimos 4 años 16 de ellos han sido destituidos por la misma causa. 44.
FUNDAMENTO NORMATIVO• Artículo 6 Constitución Política: Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 44 45.
DEBER FUNCIONALDERECHO DISCIPLINARIO. Sanciona laafectación a los deberes funcionales que leson exigibles al sujeto disciplinable (ilicitudsustancial). 45 46.
POTESTAD Y ACCIÓN DISCIPLINARIA LEY 734 DE 2002 – CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICOArt. 1. Titularidad de la potestad ESTADOdisciplinaria. PGN PERSONERÍASArtículo 2. Titularidad de laacción disciplinaria. Oficinas Control Interno Disciplinario 46 47.
FALTA DISCIPLINARIAART. 23 CDU. Falta disciplinaria. El incumplimiento de deberes (Art. 34) SIN ESTAR AMPARADO Extralimitación en el ejercicio de PORderechos y funciones (Art. 33) CUALQUIERA DE LAS Incursión en prohibiciones (Art. 35) CAUSALES DE Violación del régimen de inhabilidades EXCLUSIÓN DE(Arts. 36-38) e incompatibilidades (Art. RESPONSABILI39), impedimentos y conflictos de DADintereses (Art. 40) ART. 28 CDU 47 48.
SUJETOS DISCIPLINABLES1. LOS SERVIDORES PÚBLICOS: Son servidores públicos losmiembros de las corporaciones públicas, los empleados ytrabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadasterritorialmente y por servicios (Art. 123 C.N).2. PARTICULARES: contemplados en el artículo 53 CDU,modificado por Ley 1474 de 2011:• Particulares que cumplen labores de interventoría osupervisión en contratos estatales.• Particulares que ejercen funciones públicas, en lo que tienenque ver con estas. Ley – acto admvo – convenio o contrato.• Particulares que administren recursos públicos. (Elimina: Presten servicios públicos a cargo del Estado) 48 49.
SUJETOS DISCIPLINABLES3.INDÍGENAS QUE ADMINISTREN RECURSOS DEL ESTADO.4.LOS GERENTES DE COOPERATIVAS, FUNDACIONES, CORPORACIONES Y ASOCIACIONES QUE SE CREEN Y ORGANICEN POR EL ESTADO O CON SU PARTICIPACIÓN MAYORITARIA. 49 50.
ANTIJURIDICIDAD ILICITUD SUSTANCIAL• La ilicitud sustancial es la afectación de la razón de serde los deberes funcionales que propenden por el correctodesempeño de la administración pública en el EstadoSocial de Derecho.•«La sustancialidad de la ilicitud se determinará cuando secompruebe que se ha prescindido de los deberes exigiblesdel disciplinado y que ello implique el desconocimiento delos principios que rigen la función pública, entendiéndosepor tal la antijuridicidad sustancial del comportamiento». ORDOÑEZ MALDONADO, Alejandro. Justicia Disciplinaria De la ilicitud sustancial a lo sustancial de la ilicitud 50 51.
COMPORTAMIENTOS MENORESARTÍCULO 51. PRESERVACIÓN DEL ORDENINTERNO. Cuando se trate de hechos quecontraríen en menor grado el orden administrativoal interior de cada dependencia sin afectarsustancialmente los deberes funcionales, el jefeinmediato llamará la atención al autor del hechosin necesidad de acudir a formalismo procesalalguno.Este llamado no genera antecedente disciplinario 51 52.
FALTAS RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN ESTATALARTÍCULO 48 LEY 734 DE 2002:1.Realizar objetivamente una descripción típicaconsagrada en la ley como delito sancionable a título dedolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o comoconsecuencia de la función o cargo, o abusando delmismo.29. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyoobjeto sea el cumplimiento de funciones públicas oadministrativas que requieran dedicación de tiempocompleto e impliquen subordinación y ausencia deautonomía respecto del contratista, salvo las excepcioneslegales. 52 53.
FALTAS RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN ESTATALARTÍCULO 48 LEY 734 DE 2002:30. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental.31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley 53 54.
FALTAS RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN ESTATALARTÍCULO 48 LEY 734 DE 2002:32. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten las causales previstas en la ley para ello 31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.33. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin existir las causales previstas en la ley. 54 55.
FALTAS RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN ESTATALARTÍCULO 48 LEY 734 DE 2002:34. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. (Modificado por la Ley 1474 de 2011) 55 56.
FALTAS RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN ESTATALARTÍCULO 48 LEY 734 DE 2002:35. Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo.41. Ofrecer el servidor público, directa o indirectamente, la vinculación de recomendados a la administración o la adjudicación de contratos a favor de determinadas personas, con ocasión o por razón del trámite de un proyecto legislativo de interés para el Estado o solicitar a los congresistas, diputados o concejales tales prebendas aprovechando su intervención en dicho trámite.49. Las demás conductas que en la Constitución o en la ley hayan sido previstas con sanción de remoción o destitución, o como causales de mala conducta. 56 57.
CAUSALES DE MALA CONDUCTAMala conducta por no verificación del pagode aportes a seguridad social y parafiscales:-Artículo 41 Ley 80 de 1993, mod. Art. 23 Ley 1150 de 2007.-Artículo 50 Ley 789 de 2002. 57 58.
CAUSALES DE MALA CONDUCTAMala conducta por no remitir a Cámaras deComercio información mensual sobrecontratos, multas y sanciones-Artículo 6.2 Ley 1150 de 2007.-Artículo 6.1.3.5 Decreto 734 de 2012. 58 59.
CAUSALES DE MALA CONDUCTAMala conducta por posesionar o contratar aquienes aparezcan en el boletín deresponsables fiscales: Artículo 60 Ley 610de 2000.-La falta de publicación de la información en el Secop constituye vulneración de los deberes funcionales de los responsables. Parágrafo 1) art. 2.2.5 Decreto 734 de 2012 59 60.
MUCHAS GRACIAS 60 Recommended
ERROR JUDICIAL DEFINICION Cristián Araos Diaz
Guia de estudio de comercio exterior y aduana
fermin toro Responsabilidad del Estado por actos terroristas

matches:
Artículo 3
Artículo 3
Artículo 1
Artículo 6
artículo 53
Artículo 60