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Sentencia de Tutela nº 068/10 de Corte Constitucional, 4 de Febrero de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 208097523
Sentencia de Tutela nº 068/10 de Corte Constitucional, 4 de Febrero de 2010
Actor: Nidia Rosario Chaguendo Palechor
Demandado: AlcaldÍa Municipal de FusagasugÁ
Expediente: T-2249911
Vivienda, derechos de los niños, mínimo vital, derechos de la población desplazada. Comenta la accionante que ella y su grupo familiar son desplazados por la violencia, por lo tanto decidieron ubicarse en el municipio de fusagasuga, en donde llegaron a ocupar por invasión una vivienda de interés social, de la cual la alcaldía los esta desalojando, solicitan se suspenda la diligencia de lanzamiento. La sala se pronuncia sobre la vulnerabilidad extrema de la población desplazada y la obligación de brindarle un trato preferencial, la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda en el caso de la población desplazada, el principio de progresividad y los derechos de los desplazados, incidencia del desplazamiento violento en los derechos fundamentales de subgrupos de población desplazada: niños, mujeres y personas de tercera edad, el estado de cosas inconstitucional en el caso de los desplazados, el desalojo forzoso en el caso de los desplazados, se concluye que a los actores se les están vulnerando sus derechos fundamentales, situación que se ha prolongado y reiterado por casi tres años, la violación de sus derechos no es imputable a una sola autoridad municipal o nacional, sino que obedece a un problema estructural que afecta toda la política de atención al desplazado, y para cuya inejecución no se pueden aducir, ni la carencia de recursos destinados a financiarla, ni la deficiencia institucional para ejecutarla, se ordena la suspensión definitiva de la diligencia de lanzamiento y también se ordena a acción social brindarle las ayudas necesarias hasta lograr su estabilización socio-económica. Concedida.
Sentencia citada en: 29 sentencias, 10 artículos doctrinales
T-068-10 Sentencia T-068/10 Sentencia T-068/10
Acción de Tutela instaurada por N.R.C.P. contra la Alcaldía Municipal de Fusagasugá
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados J.I.P.C. -quien la preside-, H.A.S.P. y L.E.V.S. en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión de la sentencia proferida el 23 de julio de 2009 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, la cual confirmó el fallo proferido el 4 de febrero de 2009 por el Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad, que denegó la acción de tutela promovida por N.R.C.P. y V.M.O.R. contra la Alcaldía Municipal de Fusagasugá.
Las señora N.R.C.P., mujer de origen indígena y madre embarazada y don V.M.O.R., su suegro y persona mayor de 80 años, mediante acción de tutela, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la salud, a la vida, a la dignidad humana, a los derechos de los niños y de las niñas, de los indígenas y de los ancianos en situación y condiciones de desplazamiento y otros vulnerados por la Alcaldía Municipal de Fusagasugá al ordenar querella de lanzamiento para desalojarlos de la casa No. 6 manzana D y de la casa No. 13, manzana C ocupadas por ellos irregularmente.
1.1.1.1. La señora N.R.C.P., mujer indígena en estado de embarazo y el señor V.M.O.R. anciano de 83 años, padre de su compañero permanente, ambos víctimas del desplazamiento forzado por la violencia guerrillera, fueron compelidos a abandonar, hacia junio de 2007, sus sitios de vivienda, su trabajo y sus pertenencias y a radicarse en el Municipio de Fusagasugá donde ante la imposibilidad de acceder a una vivienda para ellos y para sus hijos, se vieron en la necesidad de ocupar de hecho y sin violencia la casa No. 13 de la manzana C y la casa No. 6 de la manzana D en el barrio Prados de Altagracia, inmuebles de interés social de propiedad de la alcaldía que encontraron abandonados y desocupados y a los cuales hicieron algunas adecuaciones.
1.1.1.2. La alcaldía de Fusagasugá inició y decretó, el 26 de noviembre de 2008, querella de lanzamiento por ocupación de hecho contra personas indeterminadas para efectuar el desalojo de la casa No. 6 de la manzana D de la Urbanización de interés social Prados de Altagracia en la ciudad de Fusagasugá localizada en la carrera 2 C Este No. 22 A-22, y de la casa No. 13 de la manzana C, calle 24 No. 2 D Este -16 de quienes se encuentren ocupándolas.
1.1.1.3. Los querellados entre quienes se encuentran, doña N.R.C. y el anciano V.O., el 12 de diciembre de 2008 se opusieron a la querella en los siguientes términos:
Protección a sus derechos constitucionales a la vida, a la dignidad al mínimo vital como condición de una subsistencia digna y a los derechos de los niños.
Aplicación para este caso de la excepción de inconstitucionalidad de La ley 57 de 1905 y el Decreto 0992 de 1930 de las demás disposiciones constitucionales y legales que protegen a los desplazados, a la mujer cabeza de familia y a los niños.
Aplicación del principio pro homine para el presente caso.
Y que, subsidiariamente, se declare la prescripción de la acción administrativa de lanzamiento por haber transcurrido más de 30 días después (casi tres meses fol.5) de la ocupación de los inmuebles, según el art. 15 del Dec. 0992 de 1930.
1) Como tutelantes se presentan la señora N.R.C.P., en su condición de mujer indígena, madre de 4 niños, embarazada, y desplazada y el señor V.M.O.R., anciano de 80 años, quien ocupa la casa No. 13, y se deduce es padre del compañero permanente de doña N.R. y abuelo de sus hijos.
Explican que el compañero de doña N., el señor G.O.M. tuteló a la Alcaldía Local de Fusagasugá por haberlos privado del servicio de acueducto. El Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasugá tuteló favorablemente su derecho y se está a la espera de los resultados de la apelación interpuesta por la Alcaldía.
Recogen los hechos y las circunstancias en que ocuparon los inmuebles: que son viviendas de interés social, abandonadas, sin baños, sin puertas internas, con los vidrios rotos. Situación que los llevó a realizarles reparaciones y mejoras de emergencia para hacerlas habitables.
Aducen que las presiones de la alcaldía para desalojarlos se constituyen en una presión sicológica y en un constreñimiento constante que afectan su embarazo.
1.2.3.3. Aplicación del principio pro homine para el presente caso en la interpretación de los hechos y las normas favorables, así como la preservación de los derechos fundamentales de la población desplazada (art.13 de la C,P.), de los indígenas, de la familia (art.42 C,P), de los niños (arts.44 y 50 C.P.), y de los ancianos.
El día 13 de enero de 2009, el J. de la Oficina Asesora Jurídica de Fusagasugá procedió a contestar la acción tutelar aquí referida.
1.4.1.2. Destaca como de las propias manifestaciones de los tutelantes se colige que están ocupando, de manera ilegal, bienes públicos de propiedad del Municipio de Fusagasugá. Además, acota el asesor jurídico de la alcaldía, que ellos mismos manifiestan haber recurrido a la acción de tutela por los mismos hechos, ante el Juez Primero Civil Municipal. Añade que el Juez penal del Circuito de Fusagasuga no tuteló los derechos del señor V.M. OME por no haber probado éste su condición de desplazado, ni acreditado la conformación de su grupo familiar.
1.4.2.3. La Alcaldía profundiza en las graves implicaciones que para la Constitución y para el Estado Social de Derecho, tendría el permitir que un incontable número de personas carentes de vivienda, pudieran por este medio acceder a la misma. Este tipo de ocupación ilegal de vivienda puede salirse del control de la administración.
El hecho de estar favorecida la población desplazada, por su especial situación, no le da derecho a promover la ocupación ilegal de predios. Y el hecho de que el Estado recurra a los mecanismos legales para recuperar la posesión de los inmuebles ocupados no implica la violación de derechos fundamentales de los ocupantes. La legitimidad del Estado se vería desquiciada si con su actitud promoviera la ocupación ilegal de los predios.
1.5.1. Aviso emitido el 4 de diciembre de 2008 (fol.1) anunciando la realización de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de la casa 13 Manzana C en el Barrio Prados de Altagracia del municipio de Fusagasugá, para el martes 16 de diciembre de 2008 a las 2.30 p.m.
1.5.2. Aviso del 26 de noviembre de 2008 anunciando (fol.2) la realización de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de la vivienda No. 6 de la Manzana D en la Urbanización de interés social Prados de Altagracia ubicada en la Carrera 2 C este No. 22 A  22 de Fusagasugá.
1.5.4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía expedida en Florencia (Caquetá) del querellado y accionante G.O.R., donde consta que nació en noviembre de 1926 y que por lo tanto cuenta con 84 años de edad (fol.12).
1.5.5. Respuesta favorable (fol.14) del Juzgado 1ro. Civil Municipal de Fusagasugá tutelando el derecho al acueducto de la vivienda casa 6, manzana C. Tutela solicitada por don GABRIEL OME MEDINA, compañero de la aquí tutelante por el derecho a la vivienda doña N.R.C.P..
1.5.7. Derecho de petición (fol. 29) presentado el 9 de octubre de 2007 por LUZ DARY BELTRÁN y por NIDIA ROSARIO CHAGUENDO PALECHOR en su condición de desplazadas, madres conjuntas de 7 niños, en la cual alegan su situación de hacinamiento ante la alcaldía y el Concejo Municipal de F. y solicitan ayuda para la adquisición de vivienda de interés social.
1.5.8. Comunicación dirigida, tanto al Alcalde Municipal de Fusagasugá como a otras autoridades de la República, empezando por el Sr. Presidente Á.U., pasando por lo señores P. y Defensor del Pueblo, entre otros, calendada el 1o de julio de 2008 (fols. 51-52 segundo cuaderno), donde el señor G.O.M., compañero de la tutelante N.R.C., informa que debido a las difíciles condiciones de desplazados, él y su familia se vieron compelidos a ocupar una de las muchas casas que se estaban cayendo, que son de la Alcaldía que están solas desde hace varios años, que no piensa quedarse ahí, sino solo brindarle un techo a su familia mientras sale de esta grave situación  (folios 51 vuelta y 52 vuelta en anexos cuaderno No. 2).
1.5.9. Orden del Centro Zonal del Bienestar Familiar en Fusagasugá remitiendo a la niña TATIANA CAROLINA OME CHAGUENDO hija de la aquí tutelante y del señor G.O., al Puesto de Salud Obrero de la ciudad para que se atienda a la niña con carácter urgente y prioritario en el área de la nutrición, en razón de que su madre refiere ser desplazada y encontrarse en malas condiciones económicas.
1.5.11. Escrito de la acción de tutela (fols. 17-23) presentada contra la Alcaldía de Fusagasugá por N.R.P. y por su suegro VICTOR MANUEL OME RIVERA ante el Juzgado 3º Civil Municipal de ese municipio, el 15 de diciembre de 2008.
1.5.18. Apoyo a la solicitud de insistencia presentada por la Corporación Colectivo de Abogados
2.1. PRIMERA INSTANCIA  JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ  CUNDINAMARCA
2.1.1.4. Que en sus declaraciones para ampliar la tutela doña N.C. y doña H.M., a nombre de su esposo V.M.O.R., manifiestan que son desplazados provenientes de San Vicente del Caguán y que debieron trasladarse de sus fincas de trabajo, hacia Florencia, primero, y después de Florencia a Fusagasugá, por amenazas a sus esposos y por la muerte violenta de uno de sus hijos, supuestamente a manos de la guerrilla.
2.1.2.3. Concluye la juez Tercero Civil Municipal que la ocupación de los señalados inmuebles constituye una ocupación de hecho contraria al orden jurídico y que no tiene cabida en un Estado social de derecho.
2.1.2.5. Profundiza el Despacho en el argumento de como si se accede a las pretensiones de esta tutela, se rompería el equilibrio que debe existir entre los propios desplazados, dado que la tutela no puede convalidar la fuerza y la violencia, las vías de hecho utilizadas en este caso, cuando tal equilibrio e igualdad se ven rotos, tanto, porque a más de que las viviendas existentes no alcanzarían para suplir las necesidades de todos los desplazados, como porque a la mayoría de ellos se les está exigiendo agotar un procedimiento legal para asignarles vivienda de manera justa y equitativa y no a dedo y en forma inmediata por el solo hecho de haberse apoderado violentamente de ellas.
2.1.2.6. Resalta, en forma especial el Juez de Instancia, el hecho de que el anciano de 78 años, V.M.O.R., suegro de la tutelante no acreditó, ni probó su calidad de desplazado. Destaca igualmente el fallador la actitud del accionante, al eludir la citación del Despacho para la ampliación de la tutela y, en su defecto, haber hecho comparecer a su esposa para que declarara por él.
2.1.2.7. Concluye la Juez Tercero Civil Municipal en su fallo reconociendo la legitimidad de la actuación del alcalde de Fusagasugá al ordenar el desalojo, dado que es su obligación recuperar unos inmuebles arbitrariamente ocupados, razón por la cual no ha habido vulneración de derecho alguno.
2) Reconocen que por razón de sus hijos menores han recibido una ayuda en mercados, no propiamente de la alcaldía, sino del Plan Mundial de Alimentos.
3) Reafirman la condición de desplazados del señor V.O.R. y de su grupo familiar constituido por su esposa N., ambos ancianos mayores de 65 años, por su hijo, su nuera y sus tres nietos, niños menores. Así lo acreditaron con certificación de la Personería Municipal de Fusagasuga, expedida el 3 de julio de 2007 y obrante al folio 15 del expediente. Además la propia alcaldía reconoce esta condición al proporcionarles y afirmar que han sido objeto de ayudas.
1) Su derecho a una vivienda digna, que, en abstracto, puede no considerarse fundamental, por conexidad con su situación puede implicar la satisfacción de la mayoría de sus necesidades humanas que coinciden con la garantía de sus condiciones naturales como seres humanos. También acotan (fol. 149) que el el derecho a la vivienda es una condición esencial para que puedan realizarse otros derechos.
2) Se remiten a otras tutelas de circunstancias similares a las suyas, allegadas al expediente, intentadas por otros grupos de desplazados y despachadas favorablemente a los mismos. En especial señalan la tutela No, 2008210 presentada por varios desplazados contra el mismo municipio de Fusa (folios 64 a 80). Observan que en situación similar a la suya existen otras 15 familias desplazadas que se encuentran ocupando otras casaspero a aquellas se les han protegido sus derechos. Situación que conlleva discriminación e inseguridad jurídica en materia de protección de los derechos fundamentales entre los mismos grupos de desplazados (folios 158 y 159).
- La Sentencia T-025 de 2004 sobre el estado de cosas inconstitucional, en el caso de la población desplazada.
- Finalmente, rematan sus citas de jurisprudencia constitucional con la referencia a la sentencia S. T-950 de la Corte donde ante la presencia de niños menores, considerados como sujetos privilegiados de la sociedad, cualquier persona podría oponerse a la decisión de un registrador de negarse a registrar un inmueble como patrimonio de familia, cuando están de por medio los intereses de unos menores de edad.
2.2.2.4. En relación con la sentencia impugnada recabó en la misma, la consideración de que el derecho a la vivienda digna no puede obtenerse a través de la fuerza o de una vía de hecho, sino por medio de los procedimientos legales. Rememoró la consideración del fallador de instancia en el sentido de que como desplazados se les brindó asistencia y subsidio de arriendo durante los primeros tres meses. Destacó el criterio del a quo en el sentido de que conceder esta tutela, haciendo caso omiso de los beneficios concedidos a los accionantes, sería romper el equilibrio y la igualdad entre los desplazados. Finalmente destacó la legitimidad de la conducta desplegada por el señor alcalde para hacer respetar los bienes de propiedad del Estado.
3) En relación con los derechos fundamentales de la población desplazada, a la vida, a la vivienda digna, a la salud y a los derechos de los niños evocó, entre otras, la Ley 387 de 1997, en concreto su artículo 10º, donde se establecen los objetivos del Sistema Nacional de Atención Integral a la población Desplazada, y otros decretos reglamentarios, como el 2569 y el 250 de 2005. o leyes como la 418 de 1997 y la 782 de 2002.
4) Advirtió el Despacho que los beneficios de estos planes para la población desplazada se sujetan a la condición de inscribirse en el Registro Único de Población Desplazada RUPD-.
6) Prosiguió el Despacho con el análisis de la naturaleza jurídica de la acción policiva de lanzamiento. Advirtió que se trata de una actuación administrativa enmarcada dentro del debido proceso y que el Juez de T. no está facultado para decidir sobre el talante de la misma. Es dentro de la propia querella policiva que los tutelantes deben arrimar las pruebas y las razones que pretendan hacer valer y que no existe la más mínima evidencia que permita inferir la existencia de una vía de hecho en el procedimiento adelantado por la Alcaldía.
7) Tampoco consideró de recibo el fallador la pretensión de los tutelantes de que se les apliquen como precedente judicial las razones expuestas en un caso similar al suyo, por cuanto otras tutelas emanadas de la corte Constitucional sólo producen efectos inter partes y para los casos concretos.
Mediante auto datado el día 19 de agosto de 2009, la Sala Sexta de Revisión de tutelas puso en conocimiento de Acción Social la tutela en cuestión, así como los correspondientes fallos de instancia y requirió a la Agencia Presidencial para la Acción Social con el propósito de que, en el término de tres días hábiles, informara si los aquí tutelantes están inscritos en el Registro Único de Población Desplazada; qué proyectos de vivienda para desplazados adelanta actualmente la alcaldía de Fusagasuga; qué proyectos ha realizado, hasta el momento el municipio con la población desplazada y qué ayuda, en concreto, se ha suministrado los tutelantes , señora N.C.P. y don V.O.R..
Ante el silencio de la entidad requerida  Acción Social  el 2 de octubre de 2009 la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional le hizo un tercer requerimiento por el término de cinco (5) días hábiles adicionales advirtiéndole que de persistir en su omisión se aplicará el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 que consagra: si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano.
En el presente caso la Sala debe resolver si la ocupación de las viviendas de interés social propiedad del municipio de Fusagasugá realizada por esta familia desplazada tiene alguna justificación jurídica y si la decisión tomada por la Alcaldía Municipal de desalojar mediante querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho a los desplazados tutelantes del predio casa de habitación No. 13 de la Manzana C y de la Casa No. 6 de la Manzana D en el barrio Prados de Altagracia de la ciudad de Fusagasugá, ubicada en la Carrera 2 C Este No. 22ª  22, ocupadas por ellos en razón de su situación y de sus necesidades de desplazados, atenta contra sus derechos fundamentales como personas desplazadas por afectación al mínimo vital, a la protección reforzada a la 3ª edad, a los derechos de las minorías étnicas y a los derechos de los niños menores de un año, en conexión con el derecho a la vivienda digna, y a la vida misma.
Para resolver este problema la Sala Séptima de Revisión examinará: (i) el estado de vulnerabilidad extrema de la población desplazada y el trato preferencial que los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional le conceden; (ii) la naturaleza jurídica de derecho fundamental de que se reviste del derecho a una vivienda digna, en el caso de la población desplazada; (iii) el principio de progresividad en relación con los derechos de los desplazados; (iv) la incidencia del fenómeno del desplazamiento en la afectación de derechos fundamentales de subgrupos de población desplazada, como los ancianos, los niños menores de un año, las mujeres cabeza de familia y en la desintegración de su grupo familiar. (v) el estado de cosas inconstitucional generado por la situación de desplazamiento; (vi) el desalojo forzoso en el caso de los desplazados (vii) el grado de responsabilidad que corresponde al Estado y a las autoridades públicas en cuanto a la atención de la población desplazada; y (viii) la procedencia de la acción de tutela para proteger y reclamar los derechos de esta la población; (ix) reiteración de jurisprudencia constitucional pertinente y (x) disposiciones internacionales sobre la materia.
1) La vulnerabilidad extrema de las personas desplazadas se debe en primer lugar a la violencia a que han sido sometidas. Se trata de una violencia, tal como lo expresa la Ley 387 de 1997 sobre desplazados, en la cual se explicita que se trata de una violencia que amenaza y aterroriza, de una violencia que se concreta en amenazas continuas, en asesinatos selectivos, en masacres, que expulsa y arroja a las persona de sus sitios raizales de vivienda y de trabajo, que los desarraiga de sus terruños y los convierte en parias en su propia patria. Ante semejante situación la expresión desplazados no deja de ser un simple eufemismo.
2) Como consecuencia de la violencia, los desplazados se convierten en víctimas de la marginación y de la discriminación, de la despreocupación por parte de las autoridades del Estado que los coloca en una situación de desplazamiento permanente, dado que nunca tienen seguridad absoluta de que el sitio a donde llegan representa para ellos un albergue estable y definitivo. Siempre abrigan el temor de ser objeto de nuevos desplazamientos.
3) Semejante inseguridad les impide formular y contar con proyectos de vida[2] porque se encuentran desvinculados de sus comunidades de origen[3]; y, porque ahora se ubican, sin ser su voluntad y sin formar parte de ellos, dentro de unos grupos sociales extraños a su idiosincrasia y dentro de los cuales no son beneficiarios directos del intercambio y del reconocimiento social[4].
4) Según informe del Consejo Económico y Social uno de los efectos más nocivos, provocado por el desplazamiento forzado interno es la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, graves repercusiones psicológicas, el desempleo, el empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de las enfermedades y de la mortalidad, la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, la inseguridad alimentaria y la desarticulación social[5], desarticulación que, acota esta S., se refleja dramáticamente en la desintegración del núcleo familiar.
En el fallo analizado por esta Sala, en la referida Sentencia T-585-06,[8] la Corte hace unas advertencias de la mayor pertinencia: .sin desconocer los esfuerzos de las autoridades por superar la crisis humanitaria que genera el desplazamiento, la Corte considera necesario reiterar su preocupación por la grave situación en la que continúa la población desplazada y por el comportamiento reciente del fenómeno, y hacer un llamado de atención a las entidades encargadas de su atención para que no pierdan de vista el trato digno y humanitario, y la atención prioritaria que se le debe brindar.
Aunque, en principio, el derecho a la vivienda digna aparece ubicado en el artículo 52, Capítulo 2 de la Constitución Política como uno de los derechos de naturaleza económico social, y en consecuencia se trataría prima facie de un derecho de naturaleza prestacional y progresiva, no fundamental, y por consiguiente no tutelable, sin embargo, en determinadas circunstancias y por su conexidad con otros derechos fundamentales de las personas desplazadas puede alcanzar la categoría de derecho fundamental subjetivo.
En suma, el derecho a una vivienda digna como derecho económico, social y cultural- será fundamental cuando (i) por vía normativa se defina su contenido, de modo que pueda traducirse en un derecho subjetivo; (ii) cuando su no satisfacción ponga en riesgo otros derechos de naturaleza fundamental, como el derecho a la vida, al mínimo vital, a la integridad física, etc., y (iii) cuando se reclame la protección del derecho en cuestión frente a injerencias arbitrarias de las autoridades estatales y de los particulares. [9] (N. incorporadas al texto)
() será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la medida en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la posibilidad de funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está determinada de manera apriorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del derecho constitucional) existentes sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta prestación o abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las circunstancias particulares de cada caso (tópica).[10]
Este Tribunal ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental de las personas desplazadas por la violencia susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela, y que es una obligación de las autoridades (i) reubicar a las personas desplazadas que, debido al desplazamiento, se han visto obligadas a asentarse en terrenos de alto riesgo; (ii) brindar a estas personas soluciones de vivienda de carácter temporal y, posteriormente, facilitarles el acceso a otras de carácter permanente. En este sentido, la Corporación ha precisado que no basta con ofrecer soluciones de vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados alojamiento temporal en condiciones dignas; (iii) proporcionar asesoría a las personas desplazadas sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a los programas; (iv) en el diseño de los planes y programas de vivienda.[11] (N. fuera de texto).
En desarrollo del mismo principio esta Corte sentenció[12], que la definición de cuáles derechos están funcionalmente dirigidos a lograr la dignidad humana y su vertibilidad en derechos subjetivos fundamentales no puede quedar sometida a la libre apreciación de los jueces.
El principio de progresividad se entiende, desde una perspectiva contraria, como la imposibilidad jurídica en la cual se encuentra el Estado de retroceder frente a la obligación que le plantea el artículo 48 de la constitución de ampliar progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. Esto significa que la potestad configurativa que le concede el mismo artículo (en la forma que determine la ley), en relación con las personas desplazadas, en el contexto de este principio plantea al Estado una doble exigencia: 1) de un lado, la necesidad de atender las crecientes e imperativas necesidades de estas personas que con el paso de los días se multiplican geométricamente, y 2) del otro, la exigencia perentoria de no retroceder, de no dar un paso atrás para menoscabar o desconocer los avances que en materia de derechos la población desplazada haya logrado alcanzar o el evitar tomar medidas que incidan en un mayor detrimento de su situación.
En este punto es necesario enfatizar que, aunque la Corte en la sentencia T-025 de 2004 se refirió a la obligación del Estado de garantizar de manera inmediata los contenidos mínimos de los derechos fundamentales de carácter prestacional de la población desplazada, su responsabilidad no se agota allí, pues el mandato de progresividad contenido también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Protocolo de San Salvador  que hace parte del bloque de constitucionalidad -, obliga al Estado colombiano a seguir adoptando medidas que permitan, en un plazo razonable, que estas personan logren la plena satisfacción de los contenidos prestacionales de sus derechos.
En consecuencia, y en virtud de este mismo principio, no puede el Estado argüir, ni insuficiencia presupuestal, ni falta de capacidad administrativa para tomar medidas que impidan o retrasen el avance progresivo para satisfacer los derechos de la población desplazada. Dicho impedimento o retroceso devendría contrario al mandato constitucional de garantizar el goce efectivo de los derechos de todos los desplazados. Y como lo consigna la Corte en la citada Sentencia T-025-04. [13],  el primer deber de las autoridades competentes es evitar dicho retroceso práctico en los aspectos del nivel de protección de los derechos de todos los desplazados donde éste se ha presentado, así dicho retroceso sea resultado de la evolución del problema y de factores que escaparon a la voluntad de los funcionarios responsables.
Ahora, en caso de darse la necesidad de tomar una medida que resultare regresiva, el Estado no la adoptará sin antes haber agotado el estudio cuidadoso de medidas alternativas o sin abrigar la certeza de que tales medidas son transitorias, garantizan un minimum de satisfacción y permitirán ellas misma retomar con prontitud y celeridad el camino de la progresividad en la satisfacción de las necesidades de los desplazados, estas sí siempre progresivas.
La sentencia T-585-06 [14]centrada en el tema del derecho a una vivienda digna, lo reconoce como derecho fundamental de las personas desplazadas y estima, al considerar las especiales necesidades de la población desplazada, que se deben atender con mayor énfasis las de los subgrupos existentes a su interior, como los de las personas de la tercera edad, las madres cabeza de familia, los niños, o las personas discapacitadas.[15] Igualmente ha señalado la Corte [16] que debido al fenómeno del desplazamiento forzado, cientos de miles de colombianos, la mayoría de los cuales son menores de edad y mujeres, Colombia se encuentra en un verdadero estado de emergencia social.
En estas consideraciones, la Sala Séptima de Revisión ha venido insistiendo en que para el caso de los desplazados el derecho a la vivienda accede a otros derechos, y contar con una vivienda digna se constituye en factor aglutinante de una multiplicidad de derechos fundamentales de diversas clases de grupos que integran la población desplazada. Ya se insinuó en 4.2.1. 4), como la falta de vivienda incide decisivamente en la desintegración del grupo familiar y en la vulneración del derecho constitucional prevalente y superior de los niños, reforzado ahora por tratarse de niños desplazados, a tener una familia y a no ser separados de ella, consagrado en el artículo 44 superior.
El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del niño, ratificada por 191 países establece: Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos[17] resalta como la vulnerabilidad acentuada de los desplazados es reforzada por su proveniencia rural y, en general afecta con especial fuerza a mujeres, quienes son cabezas de hogar representan más de la mitad de la población desplazada.
El estado de cosas inconstitucional, no se refiere específicamente a un solo caso o a una norma específica. Se trata de una situación compleja que comprende un conjunto de circunstancias que la constituyen, la complican y la agravan. La concepción jurisprudencial sobre el estado de cosas inconstitucional ha evolucionado desde que la Corte Constitucional, lo declaró por primera vez en 1997 (Sent. T-227/97). La Corte se ha referido por lo menos siete veces al estado de cosas inconstitucional, Se trata de varias situaciones distintas, incluso menos graves que la de los desplazado, pero que por su entidad e incidencia han merecido la declaratoria de estado de cosas inconstitucional y han sido objeto de un tratamiento preferencial diverso como: 1) la omisión de incluir algunos docentes cotizantes al Fondo Prestacional del Magisterio; 2) la violación de derechos procesales a sindicados detenidos; 3) la falta de un sistema de seguridad social para sindicados y reclusos; 4) La mora en el pago de mesadas pensionales; 5) la falta de protección para los defensores de derechos humanos; 6) la omisión de una convocatoria concurso para empleados notariales
La Corte considera que en el caso de la población desplazada se presenta una de estas situaciones, gravemente compleja y por esta razón no dudó en declarar en la ya referida sentencia T-025 de 2004[18] el estado de cosas inconstitucional para la situación de las personas desplazadas.
5) La existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, para la adopción mancomunada de un conjunto de medidas multisectoriales que exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante.
5) La vulneración de los derechos de los desplazados obedece a factores estructurales dentro de los cuales se destaca la falta de correspondencia entre el desiderátum normativo (sus prescripciones) y los medios para cumplirlas, aspecto que adquiere una especial dimensión cuando se mira la insuficiencia de recursos, dada la evolución del problema de desplazamiento y se aprecia la magnitud del problema frente a la capacidad institucional para responder oportuna y eficazmente a él. En conclusión, la Corte declarará formalmente la existencia de un estado de cosas inconstitucional relativo a las condiciones de vida de la población internamente desplazada. Por ello, tanto las autoridades nacionales como las territoriales, dentro de la órbita de sus competencias, habrán de adoptar los correctivos que permitan superar tal estado de cosas.
La situación es tan preocupante, que en distintas oportunidades la Corte Constitucional la ha calificado como (a) un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado[20]; (b) un verdadero estado de emergencia social, una tragedia nacional, que afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará el futuro del país durante las próximas décadas y un serio peligro para la sociedad política colombiana[21]; y, más recientemente, (c) como un estado de cosas inconstitucional que contraría la racionalidad implícita en el constitucionalismo, al causar una evidente tensión entre la pretensión de organización política y la prolífica declaración de valores, principios y derechos contenidas en el Texto Fundamental y la diaria y trágica constatación de la exclusión de ese acuerdo de millones de colombianos.
El Comité de las Naciones Unidas de derechos Económicos, Sociales y Culturales[22] responsable de verificar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC , recuerda como en este pacto, entre los derechos relacionados con la vivienda, se incluye el deber de proteger a las personas contra los desalojos forzosos y recomienda tener en cuenta para asegurarlos un conjunto de garantías tales como notificaciones oportunas, consulta e información a los afectados y, concesión de plazos razonables, entre otros. Al hacer algunas observaciones generales sobre este Pacto Internacional del Comité de Naciones Unidas hace, entre otras, las siguientes reflexiones [23]relacionadas con el desalojo forzoso y que son perfectamente aplicables a nuestros desplazados:
4.2.6.1. Ante todo concluye que los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto.
4.2.6.2. Considera el Comité que la cuestión de los desalojos forzosos es grave porque cuando el desalojo es injustoconstituye una violación grave de los derechos humanos. Y debe procurarse que cuando se realice se adopten medidas de reubicación. Según el mismo el desalojo forzoso viene asociada la violación de otros derechos humanos consagrados en el Pacto como el derecho a la vida, a la seguridad personal, a la no injerencia en la intimidad familiar, entre otros. Esta recomendación conlleva también que cuando se desaloja o lanza a una familia, no se la puede literalmente dejar en la calle, al arbitrio de las circunstancias, sino que se debe tener disponible un lugar adecuado donde ubicarla.
4.2.6.3. Profundiza esta entidad de las Naciones Unidas en el concepto mismo de retiro forzoso:
Sin embargo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas considera un deber del Estado proteger a las personas contra los desalojos forzosos por ser incompatibles con el contenido del PIDESC o Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual se ha hecho referencia.
Los principios P.[24] , adoptados por la ONU establecen igualmente, entre otras medidas relacionadas con la población desplazada la prohibición de los desalojos forzosos,
T. en cuenta que todos estos principios y medidas de la ONU, ratificados por Colombia, han sido incorporados a nuestra normatividad en los bloques de constitucionalidad, con sus respectivas implicaciones jurídicas.
Esta visión surge radicalmente del artículo 1º de la Constitución Política que concibe a Colombia como un Estado social de derecho. Concepción radical porque, por su propia decisión, el Estado colombiano pasó de ser un Estado liberal democrático a otro social, también democrático y dentro de esta nueva concepción no dudó como dice la Corte en asumir que en muchos casos, la libertad y la igualdad requieren para su realización de medidas, acciones, prestaciones, servicios, que la persona, por sí misma, no puede asegurar. El Estado de derecho evolucionó así, de un estado liberal democrático a uno social, también democrático, animado por el propósito de que los presupuestos materiales de la libertad y la igualdad para todos estén efectivamente asegurados.[25]
Esta obligación la desplegó en el artículo 2º de la Carta, al fijar los fines esenciales del Estado y tiene su fundamento último constitucional en el artículo 13 de la misma que desarrolla el principio de igualdad reforzada, cuando establece que El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. Por otra parte, la ley sobre desplazados, la 387 de 1997, reconoce la urgencia y la prioridad de la atención a esta población y la deficiencia presupuestal crónica no puede alegarse como un pretexto válido para aplazar indefinidamente la solución de un problema tan grave como el desplazamiento. El Estado tiene, entonces, la obligación constitucional y legal de asignar urgente y prioritariamente los recursos indispensables para atender a los desplazados.
Este Tribunal ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental de las personas desplazadas por la violencia susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela, y que es una obligación de las autoridades (i) reubicar a las personas desplazadas que, debido al desplazamiento, se han visto obligadas a asentarse en terrenos de alto riesgo; (ii) brindar a estas personas soluciones de vivienda de carácter temporal y, posteriormente, facilitarles el acceso a otras de carácter permanente. En este sentido, la Corporación ha precisado que no basta con ofrecer soluciones de vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados alojamiento temporal en condiciones dignas; (iii) proporcionar asesoría a las personas desplazadas sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a los programas; (iv) en el diseño de los planes y programas de vivienda, tomar en consideración las especiales necesidades de la población desplazada y de los subgrupos que existen al interior de ésta, personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, niños, personas discapacitadas, etc.-; y (v) eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas desplazadas a los programas de asistencia social del Estado, entre otras.[27] (N. fuera de texto).
Finalmente, en la misma sentencia[28] esta Corte llegó hasta el punto de prevenir que en relación con la población desplazada ni siquiera se puede esperar a exigirles la interposición de la tutela como requisito para acceder a los programas de ayuda.
De modo que recurriendo a un argumento de mayor fuerza se puede concluir, que, si para su caso, los desplazados, con el propósito de ser asistidos, ni siquiera se ven obligados a interponer la tutela, a fortiori, es decir, con mayor razón sus razones y sus necesidades serán atendidas si, para el efecto, acuden a la acción de tutela. Entonces, se puede concluir que, de todas maneras, la tutela es un medio idóneo y eficaz para proteger de forma urgente e inmediata los derechos fundamentales de personas como los desplazados, en cuyo caso es notoria, masiva y reiterada la violación de varios derechos fundamentales que requieren atención inmediata.[29]
4) El derecho a una subsistencia mínima como expresión del derecho fundamental al mínimo vital, según está precisado en el Principio 18, (de los mismos principios rectores), lo cual significa que las autoridades competentes deben proveer a las personas desplazadas, así como asegurar el acceso seguro de las mismas, (a) alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.[31] También se dispone que las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para garantizar la participación plena de las mujeres en condición de desplazamiento en la planeación y la distribución de estas prestaciones básicas. Este derecho debe leerse también a la luz de lo dispuesto en los Principios rectores 24 a 27.
7) Para el caso de los niños en situación de desplazamiento, el derecho a la educación básica hasta los quince años (artículo 67, inciso 3, C.P.). Precisa la Sala que, si bien el Principio 23 establece como deber del Estado proveer la educación básica primaria a la población desplazada, el alcance de la obligación internacional que allí se enuncia resulta ampliado por virtud del artículo 67 Superior, en virtud del cual la educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad, y debe comprender como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica. También en virtud de lo dispuesto por la Carta Política, no es el Estado el único obligado a garantizar la provisión del servicio educativo en los niveles y a los grupos de edad referidos; también esta obligación cobija a los padres de familia o acudientes
8) En relación con la provisión de apoyo para el autosostenimiento (artículo 16 C.P.) por vía de la estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento obligación estatal fijada por la Ley 387 de 1997 y deducible de una lectura conjunta de los Principios Rectores, en especial de los Principios 1, 3, 4, 11 y 18, considera la Corte que el deber mínimo del Estado es el de identificar con la plena participación del interesado, las circunstancias específicas de su situación individual y familiar
9) Finalmente, en relación con el derecho al retorno y al restablecimiento, las autoridades están obligadas a (i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a que vuelvan a su lugar de origen o a que se restablezcan en otro sitio; (ii) no impedir que las personas desplazadas retornen a su lugar de residencia habitual o se restablezcan en otro punto del territorio, precisándose que cuando existan condiciones de orden público que hagan prever un riesgo para la seguridad del desplazado o su familia en su lugar de retorno o restablecimiento, las autoridades deben advertir en forma clara, precisa y oportuna sobre ese riesgo a quienes les informen sobre su propósito de regresar o mudarse de lugar; (iii) proveer la información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes en el lugar de retorno (iv) abstenerse de promover el retorno o el restablecimiento cuando tal decisión implique exponer a los desplazados a un riesgo para su vida o integridad personal
1) Decisión del Comité DESC de Derechos Económicos Sociales y Culturales sobre el derecho a la vivienda y los desalojos forzosos, relacionada con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. U.N.D.. E/1991/23 cuyas recomendaciones se analizaron en profundidad en 4.2.6.
2) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las masacres de Ituango.
3) Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra que en su Artículo 17 prohíbe los desplazamientos forzados.
Uno de sus miembros, hermano del esposo y cuñado de la esposa tutelante fue asesinado, presuntamente por la guerrilla; los esposos se vieron obligados a dejar sus sitios de vivienda y de trabajo y a separarse para poder desplazarse de San Vicente del Caguán a Florencia, primero, y a Fusagasugá, después; sus suegros (los padres de su esposo) que se desplazaron con ellos, son personas de la tercera edad: ancianos que frisan ya lo 80 y los 70 años de edad; las declaraciones y certificaciones hacen constar que de esta familia desplazada hacen parte, la madre embarazada y tres niños más; de la declaración de su suegra H.M. (fol. 120), se infiere que su compañero G.O.R., trabajaba como docente en San Vicente del C. y como enfermero del ejército en el Batallón Liborio Mejía y como no quiso irse a desempeñar con ellos el oficio de enfermero (fol. 111), fue declarado sapo por la guerrilla y lo amenazaron de muerte. Todas estas circunstancias explican porqué la violencia guerrillera sí es y continua siendo el factor determinante de su desplazamiento y de su extrema vulnerabilidad.
Sobre esta situación aparece la constancia de la Personería Municipal sobre la declaración formulada por la tutelante en el sentido de que ella, su esposo y sus hijos ostentan la calidad de población desplazada víctima de la violencia; también la reiteran la tutelante y su suegra en las ampliaciones de la tutela exigidas por el Juzgado 3º Civil Municipal (folios 110 y 119). Aunque no obra una constancia explícita de Acción Social y los falladores de instancia no tuvieron en cuenta su condición de desplazados al momento de fallar, la prueba se establece también por conducta concluyente, primero de las declaraciones de la alcaldía al contestar la tutela (fol. 38) cuando afirman no ignorar su condición en razón de la cual han recibido ayudas también de la falta de respuesta de Acción Social a los tres requerimientos que le hiciera esta Sala Sexta, con la advertencia de que frente a tal omisión , se aplicaría el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, en el sentido de que si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano ().
Reconocen en su ampliación que para ocupar las vivienda del municipio nadie nos autorizó, y aducen como razón que la vivienda es algo vital y que tienen derecho a ella para el libre desarrollo de la personalidad (fol. 110).
La familia O.C. trató de atenuar esta irregularidad avisando a las autoridades municipales sobre el hecho de la ocupación, realizado en forma pacífica, sin la intención torticera de apropiarse de ellos. Avisaron, desde el 15 de julio de 2008, incluso a las autoridades más altas y a la misma Presidencia de la República, sobre la ocupación de unos inmuebles que se encontraban inhabitados y en mal estado, hecho que realizaron en virtud del desplazamiento sufrido, y, además, solicitaron autorización para permanecer provisionalmente en ellos. En el expediente no obra constancia de que la alcaldía o el gobierno nacional les hayan dado respuesta o hayan tomado alguna previsión humanitaria sobre el caso. Al contrario, esta familia desplazada sólo recurre a la tutela, ante las medidas dilatorias dadas a un derecho de petición suyo y ante la decisión intimidatoria de la alcaldía de adelantar en su contra querella de lanzamiento por ocupación de hecho.
5.4.4. Tampoco se puede olvidar al volver sobre el caso concreto, que esta Corte previno (4.2.8) en relación con la población desplazada a la cual, por disposiciones jurisprudenciales no puede exigirles la interposición de la tutela como requisito para acceder a los programas de ayuda.
De modo que reiterando, para el presente caso el argumento de mayor fuerza, como la familia desplazada, con el propósito de ser asistida, NO está obligada a interponer la tutela, pero como de hecho sí la ha utilizado, entonces, a fortiori, es decir, con mayor razón sus pretensiones y sus necesidades serán atendidas por esta Sala.
5.4.5. Tampoco se puede alegar que en el presente caso la tutela se presentó por una persona que ya había presentado otra, con base en los mismos hechos y con las mismas pretensiones. Todo lo contrario, el señor G.O.M., compañero de la tutelante, por motivos distintos, perfectamente razonables tuteló al municipio de Fusagasugá  EMSERFUSA  y obtuvo decisión favorable (fol. 14) para que le reconectara el servicio de acueducto a la casa 6 de la manzana D, cuya suspensión evidentemente amenazaba el derecho a una subsistencia digna y a la misma vida de toda su familia. Por este motivo es comprensible, que aunque no tenía impedimento para hacerlo, no haya participado con su esposa en la tutela interpuesta por ella para evitar el desalojo forzado de su vivienda y proteger su derecho a una vivienda digna. De manera que no hay forma de inferir, para el caso, la existencia de una tutela temeraria, encaminada de mala fe a defraudar a las autoridades municipales.
PRIMERO.- REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado Segundo (2) Civil del Circuito de Fusagasugá, el veinte (20) de marzo de 2009 que confirmó en todos sus apartes la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá, calendado el cuatro (4) de febrero de 2009, que en primera instancia negó la tutela interpuesta por la accionante doña N.R.C.P. contra la Alcaldía Municipal de Fusagasuga en la cual solicitaba la protección de sus derechos fundamentales vulnerados.
TERCERO.- ORDENAR a las autoridades municipales de Fusagasugá que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo hubieren hecho, ordenen la suspensión definitiva de la de la diligencia de policía querella de lanzamiento por ocupación de hecho, para cuya realización se comisionó a la Inspección Segunda Municipal de Policía.
SÉPTIMO.  ORDENAR a las autoridades del municipio de Fusagasugá, aquí demandadas para que informen a esta Corte del detalle de las medidas que tomen en obedecimiento del presente fallo.
Acción de tutela interpuesta por N.R.C. contra la Alcaldía Municipal de Fusagasugá.
- Con el acostumbrado respeto por la postura mayoritaria de la Sala Séptima de Selección, el suscrito Magistrado procede a sustentar el presente salvamento de voto respecto de la sentencia T-068 de 2010.
En efecto, considero que la formula de reparación de los derechos fundamentales que se hallaron vulnerados en el presente caso, no es adecuada; y las órdenes dictadas consecuentemente generan inconvenientes relativos a la posición de los jueces constitucionales respecto de las vías de hecho como fuente de reconocimiento de garantías de derechos fundamentales, que a la postre implican más problemas que soluciones al caso concreto de los desplazados y su protección constitucional. Debo aclarar que la parte resolutiva de la sentencia de la que me aparto, contiene además de las respectivas ordenes dirigidas a reparar la vulneración del caso estudiado, otras dirigidas a las autoridades pertinentes para tomar medidas en relación con las políticas de atención de los desplazados, principalmente en materia de vivienda. Esto, que me parece acertado, no subsana el sentido de la decisión relativo al caso concreto, el cual en mi opinión debió ser otro. Pues, debió negarse o concederse el amparo parcialmente, pero en todo  a mi juicio- caso no debió ordenarse la suspensión del proceso policivo de lanzamiento, ni tampoco declarar la obligación de preservar la posesión del bien inmueble en calidad de albergue temporal. A continuación consignaré las razones de mi posición.
- En primer término, la perspectiva desde la que se asumió el análisis del caso, presenta una importante dificultad, y es plantear como problema jurídico si la ocupación de hecho de un bien inmueble tiene alguna justificación jurídica. Por supuesto que no la tiene; por eso es de hecho y no de derecho. Y, a partir de lo anterior, se utiliza la jurisprudencia de la Corte en materia del derecho fundamental a la vivienda digna, de protección reforzada de la población desplazada y del llamado estado de cosas inconstitucional, para presentar esta conducta contraria a las normas legales (la de ocupar una vivienda sin permiso) como un asunto justificado a luz de los criterios de la Corte Constitucional. Y, se plantea de tal manera que los criterios jurisprudenciales permitirían presuntamente garantizar sus consecuencias, cuales son permanecer en la ocupación de facto.
- En mi opinión, el análisis del caso se concretaba precisamente, en determinar hasta qué punto la jurisprudencia constitucional puede sustentar la garantía de los derechos de una familia desplazada, cuando ésta ha incurrido en una ocupación de hecho de una vivienda. La tensión que se plantea no es entre la necesidad de protección constitucional de la población desplazada y las medidas que las autoridades tienen el deber de adelantar para conjurar situaciones manifiestamente ilegales, como la ocupación de hecho de bienes inmuebles; y, no puede ser esta la tensión porque ella es reducible al cuestionamiento de si la jurisprudencia autoriza a las autoridades a incumplir con sus deberes. Nunca la jurisprudencia constitucional, en ninguno de sus aspectos, ha pretendido oponer sus criterios al cumplimiento de las normas legales, y mucho menos en el caso de la protección a la población desplazada.
- Con el fin de precisar lo anterior, considero que las posibilidades de reparación de los derechos fundamentales de la actora y su familia en el presente caso, hubiesen surtido un efecto más favorable, si se ordena a la administración disponer una solución de vivienda digna, colocando como plazo máximo la fecha de diligencia de lanzamiento. O si se hubiese adjudicado como consecuencia a la realización de la diligencia en mención la reubicación inmediata de los demandantes. Esta alternativa hubiera permitido tanto negar la solicitud de los demandantes en el sentido de lograr vía tutela la suspensión del proceso de lanzamiento, así como procurar la garantía de sus derechos en los términos en que las líneas jurisprudenciales al respecto lo han dispuesto.
No se trata simplemente de una cuestión de presentación de la solución asignada al caso, pues podría afirmarse que como el numeral cuarto de la parte resolutiva impone a las autoridades municipales de Fusagasugá brindar una solución de vivienda a la familia al cabo de 30 días hábiles después de notificado el fallo, entonces el efecto práctico es el mismo de las posibilidades que he propuesto. Esto, porque tanto la solución de la Sala, como las alternativas sugeridas, buscan en últimas que la realización de la diligencia de desalojo no tenga como consecuencia que los desalojados se queden sin un lugar de habitación. Sin embargo  reitero- no se trata únicamente del logro del efecto práctico para conjurar una vulneración, sino de la corrección del modo mediante el cual el juez constitucional llega a dicha solución. En mi parecer, el sentido de la presente decisión es que la condición de desplazado autoriza la implementación de vías de facto para acceder a un lugar de habitación.
- En lo anteriores términos, ratifico que las ordenes de esta sentencia relativas al caso concreto, no debieron tener el sentido en ellas consignado, sino que se debió ordenar directamente la reubicación de las personas que incurrieron en la ocupación de hecho; y, en busca de la efectividad de la garantía de los derechos de los actores, se debió dar como plazo último para ello la fecha de la diligencia de lanzamiento, u ordenar la reubicación inmediata a la realización de la misma.
H.A. SIERRA PORTO Magistrado
[1] Sent. T 585-06. M.P.M.G.M.C.. En ella se citan las sentencias T-227 de 1997, SU-1150 de 2000, T-327 de 2001, T-461 de 2001, T-1346 de 2001, T-098 de 2002, T-215 de 2002, T-268 de 2003, T-602 de 2003, T-790 de 2003, T-1161 de 2003, T-1194 de 2003, T-025 de 2004, T-078 de 2004, T-327 de 2004, T-417 de 2004, T-728 de 2004, T-740 de 2004, T-770 de 2004, T-813 de 2004, T-1094 de 2004, T-1187 de 2004, T-029 de 2005, T-042 de 2005, T-097 de 2005, T-175 de 2005, T-284 de 2005, entre otras.
[2] De conformidad con P.M., la vulnerabilidad puede ser entendida como (...) una situación que, sin ser elegida por los individuos, limita el acceso de éstos a las garantías mínimas necesarias para realizar plenamente sus derechos sociales, políticos y culturales. En otras palabras, este autor señala que una persona se encuentra en condiciones de vulnerabilidad (...) cuando existen barreras sociales, políticas, económicas y culturales que impiden que, por sus propios medios, esté en capacidad de agenciar (realizar) las condiciones para su propio desarrollo y el de las personas que dependen económicamente de ella. Por su parte, M. indica que (...) la vulnerabilidad, más que una expresión de la debilidad manifiesta de los individuos  como la interpretan algunas corrientes conservadoras -, es una situación que, siendo exógena al individuo, le genera perjuicios y le deteriora los activos económicos y sociales para autosostener un proyecto de vida. Ver PÉREZ MURCIA, L.E.. Población desplazada: entre la vulnerabilidad, la pobreza y la exclusión. Red de Solidaridad Social y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Bogotá, marzo de 2004.P.p. 19 a 22.
[3] Ver CASTEL, R.. La lógica de la exclusión. Citado por PÉREZ MURCIA, L.E.. P. 31.
[4] Ver BULA ESCOBAR, J.I.V., equidad y democracia. Citado por PÉREZ MURCIA, L.E.. P. 31.
[5] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre d las Masacres de Ituango vs. Colombia. Sentencia C148 del 1 de junio de 2006.
[7] Ver al respecto la sentencia SU-1150 de 2000, M.P.E.C.M.. En dicha oportunidad la Corte señaló: No es desconocido para la Corte que la Nación afronta un grave problema de déficit fiscal. Sin embargo, como ya se resaltó, el fenómeno del desplazamiento forzado que enfrenta el país constituye una verdadera catástrofe humanitaria - la más grave que se presenta en el mundo occidental - que exige la atención inmediata y prevalente de las instituciones, desde luego, dentro de los límites de las posibilidades y recursos existentes. Por lo tanto, el gasto en el cuidado a los desplazados debe ser considerado, inclusive, como más perentorio que el gasto público social, al cual el artículo 350 de la Carta Política le asignó prioridad sobre los demás.
[9] Sent. T-585-06, M.P.M.G.M.C., fol. 40.
[10] I.. fol. 41
[11] I.. fol. 3
[12] Sent. T-859 de 2003 M.P.E.M.L..
[13] Sent. T-025-04, fol. 6. M.P.M.J.C.E..
[14] Sent. T-585-06 M.P.M.G.M.C., fol. 3.
[16] Sent. SU 1150-00, M.P.E.C.M.
[18] M.P.M.J.C.E.. Con ocasión de esta sentencia la Corte conoció el caso de numerosos grupos de desplazados quienes alegaban la vulneración de varios de sus derechos fundamentales debido a que (i) recibieron ayuda humanitaria de emergencia a pesar de estar inscritos en el RUPD, (ii) tampoco tuvieron la orientación necesaria para acceder a los programas de ayuda a la población desplazada, (iii) ni obtuvieron respuesta en relación con los múltiples derechos de petición presentados a distintas entidades del SNAIPD.
[19] Ver ampliación en la Sentencia T-025-04 folios 83 y ss. M.P.M.J.C.E..
[20] Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 1997, MP: A.M.C., donde la Corte tuteló los derechos de un grupo de desplazados de la Hacienda Bellacruz que luego de invadir las instalaciones del Incora firman un acuerdo con el gobierno para ser reubicados en un predio. Mientras se lograba la ejecución del acuerdo, se propone el alojamiento temporal de los campesinos en un hotel del municipio de la Mesa, pero a raíz de las declaraciones de la gobernadora de Cundinamarca en donde acusaba a los desplazados de estar vinculados a la guerrilla, de generar problemas de orden público, y de ordenar a los alcaldes del departamento tomar medidas para evitar problemas de orden público, incluida la limitación a la circulación de los campesinos desplazados, se frustra el proceso de reubicación de los campesinos de B..
[21] Estas expresiones fueron utilizadas en las sentencias SU-1150 de 2000, MP: E.C.M. y en la T-215 M.P.J.C.T.
[25] Sent. T-025-04, fol. 86 M.P.M.J.C.E..
[26] Sent. T-1635-2000 M.P.J.G.H.G..
[29] Sent. T-098-2002 M.P.M.G.M.C.
[30] Sent. T-025-2004, fol. 98. M.P.M.J.C.E..
[31] La ayuda humanitaria de emergencia prevista en el artículo 15 de la Ley 387 de 1997 es similar, o inclusive más amplia en algunas prestaciones específicas. Dicho artículo dice: De la Atención Humanitaria de Emergencia. Una vez se produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas. En todos los casos de desplazamiento, las autoridades civiles y militares que se encuentren en las zonas receptoras de población desplazada, garantizarán el libre paso de los envíos de ayuda humanitaria, el acompañamiento nacional e internacional a la población desplazada y el establecimiento de oficinas temporales o permanentes para la defensa y protección de Derechos Humanos y el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Mientras persista la situación de emergencia se auspiciará la creación y permanencia de equipos interinstitucionales conformados por entidades estatales y gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal, para la protección del desplazado y sus bienes patrimoniales El Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación emprenderán de oficio las investigaciones sobre los hechos punibles que condujeron al desplazamiento. P.. A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) más.
[32] Sent. T-025-2004, fol. 106. M.P.M.J.C.E..
[33] Ver Sentencia 025-04, M.P.M.J.C.E.. apartado 7 y ordinal primero de la parte resolutiva.
Acuerdo nº PSAA07-3943 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa de 22 de Febrero de 2007
de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil nº de 25 de Enero de 1996
Sentencia de Tutela nº 189/03 de Corte Constitucional, 5 de Marzo de 2003

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artículo 44
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artículo 1
artículo 2
artículo 13
artículo 67
Artículo 17
artículo 20
artículo 350
artículo 15


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ANUNCIO de Acuerdo del Pleno de designación de doña María Encarnación Ruiz Almagro y don Juan Martínez Parcorbo como Consejeros de la Asamblea General de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, por renuncia de don Francisco Díaz Hernández y de doña Antonia Olivares Martínez. PDF de la disposición
EDICTO de 17 de junio de 2004, de la Delegación del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador J-011/03-EP, seguido contra don Rafael Fernández Cruz. PDF de la disposición
EDICTO de 17 de junio de 2004, de la Delegación del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador J-063/03-MR, seguido contra don Julián Francisco Collado Franco. PDF de la disposición
EDICTO de 21 de junio de 2004, de la Delegación del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador J-062/04-MR, seguido contra la Mercantil Automáticos Gache, SL. PDF de la disposición
EDICTO de 17 de junio de 2004, de la Delegación del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador J-056/03-EP, seguido contra doña María Helena Mendes Moreira Pina. PDF de la disposición
EDICTO de 21 de junio de 2004, de la Delegación del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador J-069/04-MR, seguido contra Recreativos Romdel, SL. PDF de la disposición
EDICTO de 21 de junio de 2004, de la Delegación del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador J-063/04-MR, seguido contra Peña Deportiva Lido (Antonio Navarrete García). PDF de la disposición
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EDICTO de 22 de junio de 2004, de la Delegación del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador J-003/04-EP, seguido contra la Mercantil Inmocrisma, SL. PDF de la disposición
ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servicio de Legislación, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada interpuesto por don Mauricio Martín Gómez, contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en Granada, recaída en el expediente GR- 47/02-EP. PDF de la disposición
ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servicio de Legislación, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada interpuesto por Star Imporiental, SA, contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en Sevilla, recaída en el expediente CSM-443/02. PDF de la disposición
ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servicio de Legislación, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada interpuesto por doña María del Carmen Motero Rosado, en nombre y representación de Juegos Monros, SL, contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en Cádiz, recaída en el expediente MCA-32... PDF de la disposición
RESOLUCION de 22 de abril de 2004, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se somete a información pública el proyecto de obras Agrupación de vertidos en La Carolina. Jaén. Clave: A5.323.851/2111. PDF de la disposición
RESOLUCION de 8 de junio de 2004, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones y actos administrativos. PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por el que se notifica el Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador GR/2004/316/G.C./CAZ. PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por el que se notifica el Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador GR/2004/386/G.C./CAZ. PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, de notificación por edicto de Resolución de 23 de marzo de 2004, por la que se aprueba el deslinde, Expte. 791/02, del monte Gaimón, Código MA-30064-CCAY. PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se publica convocatoria pública y abierta para la concesión de la Explotación del Servicio de Rutas Turísticas en el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo. (PD. 2217/2004). PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio de expediente sancionador HU/2004/438/AG.MA./VP. PDF de la disposición
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, de notificación por edicto de resolución de 23 de abril de 2004, por la que se aprueba el amojonamiento parcial, Expte. 534/03, del monte La Cancha, código MA-50003-CCAY. PDF de la disposición
ANUNCIO de información pública de la propuesta de Escudo y Bandera. (PP. 1891/2004). PDF de la disposición
ANUNCIO sobre rectificación de errores en las bases de dos plazas de Policía Local (BOJA núm. 95, de 17.5.2004). PDF de la disposición
CORRECCION de errores de anuncio de bases. (BOJA núm. 104, de 28.5.2004). PDF de la disposición
ANUNCIO de información pública de proyectos para la tramitación de concesión administrativa, de adaptación y explotación de locales comerciales para restaurante, en el Puerto de Rota (Cádiz). (PD. 2223/2004). PDF de la disposición
ANUNCIO de Información Pública de proyectos para la tramitación de concesión administrativa, de adaptación y explotación de locales comerciales para cafetería, y bar-pub, en el Puerto de Rota (Cádiz). (PD. 2222/2004). PDF de la disposición
Otros. CEIP EL HACHO.
ANUNCIO de extravío de título de Graduado Escolar. (PP. 1595/2004). PDF de la disposición
Otros. CEIP JOSE GARNICA SALAZAR.
ANUNCIO de extravío de título de Graduado Escolar. (PP. 4336/2003). PDF de la disposición
ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar. (PP. 4507/2003). PDF de la disposición
ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP. 1490/2004). PDF de la disposición
ANUNCIO de extravío de título de Maestro Industrial. (PP. 1863/2004). PDF de la disposición
ANUNCIO de extravío de título de Graduado en Educación Secundaria. (PP. 1938/2004). PDF de la disposición
ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP. 854/2004). PDF de la disposición
ANUNCIO de extravío de título de Técnico de FP. (PP. 1457/2004). PDF de la disposición
ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP. 1813/2004). PDF de la disposición
ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General para aprobación de operaciones finales. (PP. 2081/2004). PDF de la disposición
BOJA nº 131 de 06/07/2004

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Requisitos para decretar medida cautelar innominada de suspensión de efectos retroactivos	Publicado el 16/07/2010	por abogadocomve Se comienza a aplicar la Ley Orgánica de la Juridicción Contencioso Administrativa de 22 de Junio de 2010.
La parte recurrente manifestó en su libelo que “…[su] petición cautelar no comporta una solicitud de desaplicación general o de suspensión de los efectos del acto normativo impugnado, sino una petición de desaplicación de la resolución impugnada a una situación jurídica concreta que estrictamente se limita a negar la aplicación retroactiva de esa resolución a los contratos celebrados con anterioridad al día 10 de Junio de 2009 -fecha en la que fue publicada en gaceta oficial la RESOLUCIÓN 110- que tiene por objeto la adquisición de viviendas, y que se ajustaron a la normativa emanada del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT, mediante la resolución N° 98 de fecha 5 de Noviembre de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.055 de fecha 10 de Noviembre de 2008…”. (subrayados y negritas del escrito).
Con respecto al requisito del fumus boni iuris los abogados recurrentes indicaron que sería fácil su verificación “…sin necesidad de incurrir en adelanto de opinión o prejuzgamiento, al ponderar mediante cognición cautelar la sustentabilidad de la demanda de nulidad de la RESOLUCIÓN 110 por razones de inconstitucionalidad; y específicamente, en cuanto a la aplicación retroactiva de esa resolución con sólo advertir la fecha de su dictado (8 de Junio de 2009) y la fecha de su publicación en gaceta oficial (10 de Junio de 2009) y considerar como manifestación de aplicación retroactiva de esa normativa, toda imposición que coarte, limite o prohíba los derechos adquiridos conforme a contratos celebrados con anterioridad a la fecha de vigencia de la resolución impugnada…”. (Sic) (negritas de esta sentencia).
“…la Sala podría cotejar al considerar que en la eventualidad de una sentencia favorable a la parte accionante surgiría un riesgo manifiesto a que haga ilusoria la ejecución del fallo, sobre los productores de vivienda que merced a una inconstitucional aplicación retroactiva de la RESOLUCIÓN 110 sufrieren consecuencias como las vividas por la empresa LEGADOS INMOBILIARIOS C.A. y su trabajador LUIS ROGELIO VALERO CRESPO, toda vez que el fallo se daría en momentos en que los daños sufridos serían irreparables. Esa circunstancia denota también el fundado temor de perjuicios irreparables que sólo a través de la oportuna emisión de una providencia cautelar podría impedirse o evitar su continuidad, pues el apuntado precedente que hemos traído a colación hace verosímil la posibilidad efectiva de que se produzcan nuevos daños por la aplicación retroactiva de la norma cuya nulidad se pretende, y pone de relieve la necesidad de evitar perjuicios en la satisfacción de intereses comunes a todos los integrantes de la sociedad…”. (Destacado de la solicitud).
“…Artículo 1. En los contratos que tengan por objeto, bajo cualquier forma o modalidad, la adquisición de viviendas por construirse, en construcción o ya construidas, suscrito o a suscribirse por los sujetos comprendidos en el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, se prohíbe el cobro de cuotas, alícuotas, porcentajes y/o sumas adicionales de dinero, basados en la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o de cualquier otro mecanismo de corrección monetaria o ajuste por inflación, por lo que a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, queda sin efecto cualquier estipulación convenida o que se convenga en contravención a lo dispuesto en esta norma.
En razón de lo expuesto ya la Sala en sentencia N° 00098 del 28 de enero de 2001, estableció que dicha Resolución “…comporta características propias de los actos administrativos de efectos generales, toda vez que es de alcance normativo, general, abstracto, indeterminado e impersonal…”.
Así también se ha de destacar que la citada decisión de la Sala recayó en la acción de amparo cautelar ejercida en su oportunidad, contra la tantas veces mencionada Resolución N° 110 y es por ello que se estableció lo siguiente: “…las normas contenidas en la resolución impugnada, no requieren de un acto posterior para resultar lesivas a los derechos denunciados como conculcados, siendo en consecuencia -conforme a la citada definición establecida por la Sala Constitucional- normas “autoaplicativas”, las cuales si bien no son el producto de un acto legislativo formal, son actos de efectos generales y de contenido normativo en virtud de su carácter general y abstracto; por lo cual, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resultan susceptibles de ser impugnadas bajo la modalidad prevista en el artículo 3 eiusdem (Vid. Sentencia de esta Sala N° 01789 del 9 de diciembre de 2009)…”.
Sin embargo, en el caso particular que nos ocupa hay que precisar que no se ha solicitado amparo cautelar, ni tampoco la suspensión de los efectos de la normativa impugnada, sino específicamente se requiere como medida innominada, “…la desaplicación de la norma a una situación jurídica concreta limitada estrictamente a los supuestos de retroactividad…”. (negritas de esta sentencia).
En consecuencia, siendo que el otorgamiento de la medida solicitada requiere de un supuesto específico de aplicación de la normativa contenida en la Resolución N° 110 en referencia, no puede la Sala, en esta etapa cautelar, para la acreditación del periculum in mora, estimar como suficiente la alegada imposición in genere de la Resolución impugnada “…que coarte, limite o prohíba los derechos adquiridos conforme a contratos celebrados con anterioridad a la fecha de vigencia de la resolución impugnada…”, tal y como fue argumentado por la parte accionante.
Al respecto, ya ha reiterado este Máximo Tribunal la imposibilidad de sustituirse en el cumplimiento de la carga alegatoria de los accionantes, es decir, en su obligación de establecer correspondencia entre una situación jurídica concreta y el supuesto de derecho contemplado en la norma constitucional presuntamente vulnerada; más aún, tratándose que esta Sala en sentencia N° 00098 del 28 de enero de 2010, estableció que de la Resolución N° 110 impugnada, “…no se desprende presunción grave de violación de los derechos constitucionales denunciados, por cuanto dicha normativa -conforme se advierte de sus considerandos- tiende a proteger el efectivo derecho a la seguridad social y a una vivienda adecuada, proporcionando y garantizando los medios para que las familias cuenten con mejores y favorables condiciones para la adquisición de sus viviendas…”.
FuenteMagistrada Ponente: YOLANDA JAIMES GUERREROExp. Nº 2009-0755Enlace: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Julio/00674-8710-2010-2009-0755.html
Fuente: http://www.tecnoiuris.com/venezuela/jurisprudencia/contencioso-administrativo/requisitos-para-decretar-medida-cautelar-innominada-de-suspension-de-la-aplicacion-de-efectos-retroactivos-3290.html
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Una respuesta a Requisitos para decretar medida cautelar innominada de suspensión de efectos retroactivos
ABOG. NILKA PEREZ PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLIVAR dijo:	23/01/2011 en 8:31 PM	Realmente aclaro mi duda. Muy preciso el texto

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Europa [ 16 Marzo 2016 ] [Francia - Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés] Délibération de la formation restreinte Nro 2016-054
Impone una multa de 100.000 € a Google Inc., al no haber atendido el requerimiento previo de la CNIL de extender la desindexación a todos los dominios del buscador.
Argentina [ 08 Noviembre 2011 ] [Corte Suprema] Américo Marcial Catania v. BCRA (Base de Datos) sobre hábeas data caché ES
Cabe revocar la sentencia que rechazó la acción de hábeas data deducida contra el Banco Central de la República Argentina y a la entidad bancaria que le comunicó la información adversa relativa a su condición de deudor incobrable, con el objeto de que este último brinde adecuada información acerca de los datos que envía a aquella entidad en relación con la Central de Deudores del Sistema Financiero y que se elimine la información de morosidad, fundando el pedido en el articulo 43 de la Constitución Nacional y artículo 26, inciso 4º, de la ley 25.326, pues la ley ha consagrado el derecho del afectado a exigir que —transcurrido cierto tiempo— los datos significativos para evaluar su solvencia económica-financiera no sean mantenidos en las bases de datos ni difundidos, con el objeto de que el individuo no quede sujeto indefinidamente a una indagación sobre su pasado. 144 Corte Suprema de Justicia de la Nación - Secretaría de Jurisprudencia -
Resulta incorrecta la interpretación de la cámara en el sentido de negar la aplicación del art. 26, punto 4, de la ley 25.326 a la acción de hábeas data iniciada por el actor a fin de que se elimine la información sobre su carácter de deudor incobrable sobre la base de considerar que las deudas eran aun exigibles por no haberse cumplido con el pago respectivo y no haber transcurrido el plazo de prescripción que pudiera liberarlo de su carácter de deudor, ya que no resulta del texto de la ley —ni puede inferirse de su génesis— que el plazo de cinco años deba quedar pospuesto mientras la deuda sea exigible, habiendo sido la intención del legislador consagrar un plazo más breve (de 5 años) que el originariamente propuesto (de 10 años) y que había respondido al propósito de hacerlo coincidir con el plazo de prescripción.
Argentina [ 08 Noviembre 2011 ] [Corte Suprema] Carlos Alberto Napoli v. Citibank N.A. caché ES
Cabe confirmar la sentencia que dispuso que la entidad financiera demandada cancele la información que luce en sus registros referente al actor —deudas por saldo impago de tarjeta de crédito— y comunique tal circunstancia al Banco Central de la República Argentina a los efectos que sea dado de baja en la central de deudores del sistema financiero, pues no resulta del texto de la ley 25.326 —ni puede inferirse de su génesis— que el plazo de cinco años deba quedar pospuesto mientras la deuda sea exigible por no haberse operado a su respecto la prescripción, si precisamente la intención del legislador ha sido consagrar un plazo más breve que el que se había sugerido originariamente (de 10 años), y que había obedecido a la finalidad de hacerlo coincidir con el plazo de prescripción.
Del texto del artículo 26 del decreto 1558/01, en relación a las obligaciones que no han sido extinguidas, surge que el plazo de cinco años, durante el cual se puede archivar la información, debe ser contado “...a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”, y la imprecisión o poca claridad que exhibe dicha norma reglamentaria —cuya constitucionalidad no ha sido impugnada— acerca del momento en que comienza a correr aquel plazo, debe subsanarse mediante una interpretación que, sin excluir su literalidad, se ajuste estrictamente a la voluntad del legislador que dictó la ley 25.326, evitándose toda inteligencia que en los hechos implique una postergación sine die, o una excesiva tardanza en el inicio del cómputo del plazo que se examina, puesto que ello se opone al declarado propósito de lograr una reinserción del afectado en el circuito comercial o financiero.
Cuando el artículo 26 del decreto 1558/01 fija como hito, “la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”, esta expresión debe ser entendida como el último dato —en su sentido cronológico— que ha ingresado al archivo, registro o base de datos, en la medida en que, como reza el artículo 26 de la ley 25.326, se trate de datos 134 Corte Suprema de Justicia de la Nación - Secretaría de Jurisprudencia “significativos” para evaluar la solvencia económica-financiera de los afectados”, no pudiendo considerarse como última información archivada, la asentada en un registro por el solo hecho de ser la constancia final de una serie o sucesión de datos, si —como en el caso— se trata de una mera repetición de la misma información que, sin novedad o aditamento alguno, ha sido archivada durante los meses o años anteriores.
Dado que al inicio de la acción de hábeas data se hallaba superado el plazo de cinco años previsto en el artículo 26 del decreto 1558/01 —reglamentario de la ley 25.326—, desde la fecha en que se consignó que la actora se encontraba en “situación 5” por transcurrir un año desde que las respectivas deudas de tarjeta de crédito se hicieran exigibles, corresponde suprimir dicha información de la Central de Deudores del Sistema Financiero, debiendo la demandada solicitar al Banco Central de la República Argentina que practique las modificaciones necesarias en tal sentido en la referida base de datos, en los términos de lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo del decreto aludido, pero el cumplimiento de este mandato no tendrá el efecto de impedir al Banco Central la preservación de esos datos fuera del acceso público, así como su utilización para el cumplimiento de sus deberes de supervisión y control sobre las entidades financieras, como tampoco ha de interferir en la observación de las directivas técnicas concernientes a la previsión que deben hacer las entidades financieras en respaldo de sus activos.
Argentina [ 13 Agosto 2008 ] [C?mara Nacional de Apelaciones en lo Comercial] L.R. vs. Banco Superville S.A. caché ES
Cabe admitir el reclamo y ordenar la supresión de la base de datos del banco, de los datos personales de la accionante referido a su situación económica financiera relacionados con una deuda declarada prescripta, toda vez que, la ley 25326: 26-4º contempla dos alternativas respecto al "derecho al olvido": la caducidad en cinco años, o en dos cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, contándose el plazo de cinco años a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible (decreto 1558/01 -reglamentario de la ley-); ello así, no cabe tomar el plazo de dos años como pretende la accionante con fundamento en que la deuda se encontraba prescripta, pues la referida norma alude a la extinción de la deuda, y la prescripción no la extingue sino que la convierte en obligación natural (cciv: 515-29º), además tampoco se encuentra incluida la prescripción dentro de los modos de extinción (CCiv: 724; LLambias, J. J., "Tratado de derecho civil. obligaciones", t. ii, nº747-749 t 768-770 y t. III Nº 2004/5, ED. A. Perrot, 1973); con lo cual, el plazo aplicable es el de cinco años; de modo que, encontrándose cumplido ya este plazo, sólo cabe ordenar la supresión de datos cuestionada.
Colombia [ 08 Marzo 2010 ] [Corte Constitucional] Sentencia T-164/10 caché ES
... en la Sentencia T-414 de 1992, que el dato personal, en razón a los principios de oportunidad, necesidad y veracidad, está sujeto a “una vigencia limitada en el tiempo la cual impone a los responsables o administradores de bancos de datos la obligación ineludible de una permanente actualización a fin de no poner en circulación perfiles de personas virtuales que afecten negativamente a sus titulares, vale decir, a las personas reales.”
Así, concluyó que “las sanciones o informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia después de algún tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido.”

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