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Resolución de 24 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del convenio colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Gipuzkoa de 2010-2017
Vigencia desde 01 de Enero de 2010. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2010 hasta 31 de Diciembre de 2016
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE GIPUZKOA DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES (2010-2017)
CAPÍTULO II. JORNADA - VACACIONES
CAPÍTULO III. LICENCIAS - EXCEDENCIAS
Artículo 10 Licencias no retribuidas
Artículo 12 Excedencias con ocasión del ejercicio de la actividad sindical
CAPÍTULO IV. RETRIBUCIONES - PLUSES - COMPLEMENTOS
Artículo 17 Plus de transporte urbano
Artículo 21 Riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora
Artículo 26 Grupo I
Artículo 27 Grupo II
Artículo 28 Grupo III
Artículo 29 Grupo IV
Artículo 30 Definición Grupo Profesional I
Artículo 31 Definición Grupo Profesional II
Artículo 32 Definición Grupo Profesional III
Artículo 33 Definición Grupo Profesional IV
Artículo 36 Período de prueba
CAPÍTULO VI. REVISIÓN MÉDICA - PÓLIZA SEGUROS
Artículo 37 Revisión médica anual
Artículo 39 Personal con capacidad disminuida
CAPÍTULO VII. ROPA DE TRABAJO - SUSTITUCIONES
Artículo 41 Sustituciones
Artículo 42 Lugar habitual del puesto de trabajo
CAPÍTULO VIII. FALTAS - SANCIONES - DESPIDOS
Artículo 47 Despidos por causas objetivas y expedientes de regulación de empleo
Artículo 49 Contrato indefinido
Artículo 50 Contrato eventual por circunstancias de la producción
Artículo 51 Contrato de obra o servicio determinado
Artículo 52 Contrato de trabajo interino
Artículo 53 Contrato de trabajo por tiempo indefinido de fijos-discontinuos
Artículo 54 Empresas de Trabajo Temporal
Artículo 55 Empresas de servicios
Artículo 56 Comités de Empresa y Delegadas o Delegados de personal
Artículo 57 Secciones sindicales, Delegadas y Delegados Sindicales de empresa
Artículo 59 Funciones del Comité de Empresa
Artículo 60 Información sobre la marcha de la empresa
Artículo 61 Garantías comunes a Comités y Delegadas y Delegados Sindicales de empresa
CAPÍTULO XI. LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA - COMISIONES - PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Artículo 63 Comisión interpretativa del Convenio
Artículo 64 Entidad de previsión voluntaria
Artículo 65 Formación continua
Artículo 66 PRECO II
Artículo 67 Canon de negociación del Convenio
Artículo 68 Igualdad de trato y no discriminación
CAPÍTULO XII. SUBROGACIÓN DEL PERSONAL
Artículo 70 Subrogación del personal
CAPITULO XIII. CLÁUSULA DE INAPLICACIÓN
Disposición Adicional tercera Procedimiento para el incremento de la jornada de trabajo de las trabajadoras/es a tiempo parcial
Disposición Transitoria Única Adaptación al nuevo sistema de clasificación profesional
Véase Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Gipuzkoa para el año 2018 («B.O.G.» 19 noviembre).
Primero. El día 18 de febrero de 2015 se ha presentado en esta delegación el convenio citado, suscrito por ASPEL, en representación de los empresarios, y por ELA, CC.OO., UGT y ESK, en representación de los trabajadores, el pasado 11 de febrero de 2015.
Las disposiciones del presente Convenio regirán en la Provincia de Gipuzkoa.
Quedan sometidas a las disposiciones del presente Convenio todas las empresas dedicadas a la limpieza de edificios y locales, cualquiera que sea la forma jurídica con la que actúen e independientemente de cuál sea su domicilio y objeto social, constituyendo la causa de sometimiento al Convenio la realización, aunque sea de forma parcial, de trabajos de limpieza de edificios y locales en el territorio histórico de Gipuzkoa.
Las normas establecidas en el presente Convenio serán de aplicación a todas las trabajadoras y trabajadores de limpieza que presten sus servicios profesionales en las empresas afectadas de acuerdo con el título anterior, y en las que se dediquen a limpieza de manera parcial, al personal que realice estos servicios.
El presente Convenio tendrá una vigencia de desde el 1 de enero de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2017. Quedará automáticamente denunciado a partir de 1 de noviembre de 2017, pudiéndose iniciar desde esa fecha las negociaciones para el Convenio Colectivo que lo sustituya. La fecha de denuncia servirá para determinar la composición de la representación sindical de la Mesa Negociadora.
Transcurrido el plazo previsto en el último párrafo del apartado 3 del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores, la ultra actividad de las cláusulas del Convenio se prorrogará cuatro años adicionales, hasta el 31/12/2022.
Se mantendrán las condiciones más beneficiosas implantadas por las empresas en cuanto aquéllas superen las específicas de este Convenio.
En especial se mantendrán las condiciones más beneficiosas que resulten de los pactos de centro de trabajo, donde existan cláusulas referentes a la antigüedad.
JORNADA - VACACIONES
La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo para el personal afectado por el presente Convenio será de 1.592,5 horas anuales, que en cómputo semanal resultan 35 horas.
A efectos de lo previsto en el artículo 32,4 del estatuto de los trabajadores, las partes dispondrán de una flexibilidad del 3% de la jornada de cada trabajador/ra en cómputo anual, respetando en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y con un preaviso mínimo de cinco días al inicio del trabajo.
La utilización de esta flexibilidad por parte de las empresas en ningún caso podrá ocasionar perjuicio para la persona afectada cuando desempeñe sus servicio para dos o más empresas, que puedan suponer la pérdida o reducción de uno de los contratos suscritos. En este caso, la flexibilidad se considerará nula.
Cuando la jornada de trabajo se realice de forma continuada, entendiendo por tal la que se establezca legalmente con este carácter en cada momento, se disfrutará de un descanso de 30 minutos. En jornadas inferiores a las establecidas legalmente así como en las jornadas partidas, el descanso será proporcional a las jornadas realizadas. Dicho período se retribuirá como de jornada de trabajo a todos los efectos.
El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada de trabajo el personal se encuentre en el puesto de trabajo.
Se respetarán las condiciones más favorables que, tanto en materia de trabajo como de período de descanso por jornada continuada vinieren disfrutando las trabajadoras y trabajadores, señaladas en el artículo 3.º del presente Convenio.
El personal que durante la jornada laboral deba desplazarse de un centro a otro, computará el tiempo empleado como efectivo de trabajo y correrán a cargo de la empresa los gastos originados por tal desplazamiento. (Se entenderá que es tiempo de desplazamiento cuando el tiempo invertido en el desplazamiento de un centro a otro no exceda de 1 hora). Se abonará como gasto de desplazamiento la cuantía correspondiente al transporte público, previa presentación del billete utilizado o extracto del banco en caso de utilizar tarjetas bancarias. En el supuesto que no existiera medio de transporte colectivo y el trabajador/a tuviera que utilizar vehículo propio para estos desplazamientos se abonará a 0,22 euros el kilómetro.
En los supuestos en los que se trabaje para más de una empresa, el tiempo empleado en el desplazamiento de un centro a otro se considerará como tiempo efectivamente trabajado y será abonado por las empresas en proporción a la jornada realizada en cada una de ellas.
Durante el disfrute de las vacaciones, el personal percibirá el salario real excluyendo únicamente el plus de transporte y dietas.
Los conceptos salariales que no perciban con regularidad, se incluirán en la retribución de vacaciones por la cantidad media percibida durante los tres meses inmediatamente anteriores al disfrute de las mismas.
En el caso de que la trabajadora o el trabajador se encuentren en situación de Incapacidad Temporal antes de comenzar el disfrute de las vacaciones o la incapacidad temporal se produjera durante el periodo vacacional, el trabajador/a podrá disfrutar dicho periodo vacacional una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.
El personal comprendido en el presente Convenio disfrutará de un período de vacaciones anual mínimo de 31 días naturales, de los cuales 26 serán laborables, considerándose los sábados o en su caso los lunes, como día laborable completo, retribuidos a salario real, sin incluir transporte, más la antigüedad o la parte proporcional que corresponda, en caso de ingreso en el transcurso del año natural en que corresponda su disfrute.
Cuando la trabajadora o el trabajador cesen en el transcurso del año, tendrán derecho a la parte proporcional de vacaciones en razón del tiempo trabajado, calculado por doceavas partes.
Las vacaciones se disfrutarán preferentemente en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y diciembre, determinándose por acuerdo entre empresa y personal.
La elección del período de vacaciones se llevará a cabo por orden de antigüedad en el centro de trabajo y en forma rotativa, de modo que quienes elijan el primer año, lo harán en último lugar al año siguiente.
En ningún caso podrá disfrutar las vacaciones más del 50 por 100 del personal de cada turno de un centro de trabajo a la vez, habiendo un mínimo de una persona en los centros donde trabajan dos o más personas.
Si el resultado de la aplicación de este porcentaje no corresponde a un número exacto de personas, el cociente resultante será redondeado hasta la unidad inmediatamente superior.
En caso de que una trabajadora o trabajador preste sus servicios en más de una empresa, disfrutará sus vacaciones en todas ellas a la vez y cuando le sean concedidas en la empresa en la que realice mayor jornada laboral.
Aquella persona que preste servicios en un centro de trabajo que cierre por vacaciones, deberá disfrutarlas en este período. Si trabajara en varios centros y todos ellos cierran por vacaciones, las disfrutarán en su totalidad cuando cierre el centro en el que trabaje la mayor jornada.
El calendario laboral, incluidas las fechas de vacaciones se comunicarán al Comité de empresa y a la plantilla hasta el 31 de marzo del año en curso. En el supuesto de que la empresa no entregue el calendario laboral antes del 31 de marzo se aplicará el calendario recogido en este convenio el cual será realizado anualmente por la Comisión Paritaria.
Finalizado el contrato eventual, este personal podrá optar entre el cobro en el finiquito de la parte proporcional de las vacaciones generadas o en su caso el disfrute retribuído de las mismas. Esto se aplicaría para aquellas sustituciones que comiencen un año y finalicen al año siguiente. Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el permiso de maternidad previsto en el el artículo 48.4 de la ley de igualdad se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del difrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
Los días de puente por el cierre del centro de trabajo no se descontarán del periodo vacacional. Estos días se recuperarán por acuerdo entre trabajador y empresa.
Dada la situación actual de desempleo y con el fin de paliar sus efectos, no podrán efectuarse, como norma general de trabajo, horas extraordinarias, quedando exceptuadas aquellas situaciones en que por causas de fuerza mayor, ausencias imprevistas, necesidades estrictas de mantenimiento o exigencias del cliente, fuera necesaria su realización y no fuera posible su sustitución por contrataciones temporales o a tiempo parcial.
Las horas extraordinarias que se realicen se compensarán disfrutando en tiempo libre el mismo número de horas que las que se hayan trabajado y además se abonará un complemento salarial del 40% del valor de la hora normal por cada hora extra trabajada, dejando a salvo cualquier otro pacto al que pueda llegarse en cada empresa con la representación legal de la plantilla.
Las empresas se obligan a entregar mensualmente al Comité de Empresa o en su caso Delegada o Delegado de Personal o Sindical, la relación exacta, firmada por la empresa, de las horas extraordinarias realizadas, desglosadas en forma suficiente, para que pueda realizarse un control de las mismas.
LICENCIAS - EXCEDENCIAS
b) Por nacimiento de hijas o hijos: 3 días naturales, que serán ampliados en tres más si se realiza una operación de cesárea.
c) Por fallecimiento de cónyuge e hijas o hijos: 5 días naturales. En los casos de madre o padre: 3 días naturales. En los casos de madre o padre político, hijo o hija política, hermanas, hermanos, (tanto propio como político) nietas y nietos (tanto propio como político) y abuelas o abuelos (tanto propio como político): 2 días naturales.
d) Por boda, comunión y bautizo de hermanas, hermanos, hijas, hijos, padre o madre, incluidos los políticos: 1 día natural.
f) Por enfermedad grave de esposa o esposo, hijas e hijos: 5 días naturales. De madre, padre, hermanas y hermanos: 3 días naturales. Abuelas y abuelos (tanto propios como políticos), nietos y nietas (tanto propios como políticos), madre, padre, hermano, hermana hijas e hijos políticos: 2 días naturales.
A estos efectos, se entenderá como enfermedad grave aquella que sea calificada como tal por la facultativa o facultativo correspondiente, bien en la certificación inicial o a requerimiento posterior de las partes. En todo caso, se entenderá como enfermedad grave, aquella que requiera hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario. Se considerará hospitalización cuando la persona enferma haya sido trasladada a su domicilio y la facultativa o facultativo estime necesaria la asistencia de un familiar a su lado. En este supuesto la licencia terminará cuando finalice la hospitalización, si ésta dura menos días que los previstos de licencia. Se tendrá derecho a una nueva licencia cada vez que se produzca una nueva hospitalización.
La licencia por hospitalización podrá disfrutarse mientras dure la hospitalización y no tiene que ser en los días siguientes a la hospitalización, pudiendo ser en días alternos.
h) Las trabajadoras y trabajadores, por lactancia de una hija o hijo menor de 9 meses, tendrán derecho a una hora de ausencia al trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. El hombre o la mujer, por su voluntad, podrán sustituir este derecho por una reducción de jornada de una hora, que será la primera o la última de la jornada diaria.
Asimismo, el padre o la madre podrán optar por acumular esta hora diaria, a razón de una hora por cada día laborable, conforme al calendario laboral de la trabajadora o trabajador y disfrutarlo hasta que se cumpla un año del nacimiento.
En los casos b), c) y f), se ampliará en un día natural más, cuando sea necesario realizar un desplazamiento superior a 200 km. de distancia, computados desde su domicilio al del hecho causante, dos días más si dicha distancia es superior a 500 km.
En el caso de la letra d) se ampliará también la licencia retribuida en dos días y por la misma razón de la distancia, cuando los esponsales se refieran a hermanas o hermanos, hijos o hijas, madre o padre de la trabajadora o trabajador. Cuando se refieran a familia política, la ampliación de licencia será sin retribución.
Las parejas de hecho, indistintamente de cuál sea el sexo de sus componentes, siempre que la convivencia se acredite de forma suficiente (certificado de empadronamiento común, certificación de registro de parejas de hecho o cualquier otro documento que, con carácter oficial, acredite su situación de convivencia de pareja) generará los mismos derechos que los contemplados en este artículo para el caso de matrimonio.
i) El personal tendrá derecho por el tiempo necesario a consulta médica de especialistas de la Seguridad Social, cuando coincidiendo el horario de consulta con el de trabajo se prescriba dicha consulta por la facultativa o el facultativo de medicina general, debiendo presentar previamente a la empresa el volante justificativo de la referida prescripción médica.
En los demás casos, como asistencia a consulta de médica o médico de cabecera de la Seguridad social (medicina general) o asistencia prestada por la medicina particular, hasta el límite de 16 horas anuales, que deberán ser justificadas.
Dentro de ese límite conjunto de 16 horas al año, se considerarán las ausencias motivadas por acompañamiento, siempre que sea debidamente justificado, a consultas médicas, revisiones médicas, ingreso hospitalario e intervenciones de menor importancia de cónyuge, hijas o hijos menores de 15 años y madre o padre.
Asimismo, se disfrutará de 15 días al año para el tratamiento de fecundación dentro de la Seguridad Social.
j) Derecho a ausencia por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, justificando su realización dentro de la jornada laboral.
Las empresas concederán licencias no retribuidas, de hasta 30 días, que podrán disfrutarse fraccionadamente en períodos inferiores, siempre que no se superen los 30 días naturales, a quienes lo soliciten, si bien no podrán disfrutarse estas licencias inmediatamente antes o después de las vacaciones.
La trabajadora o trabajador, con una antigüedad en la empresa de un año, tendrá derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria con un plazo no inferior a tres meses y no mayor a cinco años. La excedencia será prorrogable hasta su plazo máximo, solicitándolo con una antelación de 15 días a la finalización del período de excedencia solicitada. Este derecho sólo podrá ser ejercitado por la misma persona si han transcurrido dos años desde el final de la anterior excedencia.
La trabajadora o trabajador en situación de excedencia deberá solicitar el reingreso por escrito con una antelación mínima de un mes antes del término de la misma.
Una vez cumplidos los trámites de solicitud de reingreso, se tendrá derecho al reingreso automático en la plantilla de la empresa y lugar de trabajo ocupado con anterioridad.
En la excedencia por cuidado de hijas o hijos, la trabajadora o trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo durante los tres años de la excedencia.
Podrá disfrutarse de una excedencia a tiempo parcial (tanto excedencia voluntaria como excedencia por maternidad) en los mismos términos recogidos en el presente artículo.
Se exceptúan del período mínimo de permanencia en la empresa a las trabajadoras y trabajadores que solicitasen excedencia con ocasión de ocupar un cargo de carácter sindical, al menos provincial. Dichas excedencias tendrán el carácter de forzosas por el tiempo que dure el mandato sindical, y se regularán por las disposiciones generales de aplicación en dicha materia.
RETRIBUCIONES - PLUSES - COMPLEMENTOS
Los salarios vigentes a 31 de diciembre de 2009 se mantendrán sin incremento salarial hasta el 31 de diciembre del 2014.
Los salarios para el año 2015 experimentarán un incremento del 1%.
Los salarios para el año 2016 experimentarán un incremento del 1,2%.
Los salarios para el año 2017 experimentarán un incremento del 1,4%.
El precio de la hora ordinaria se calculará de la siguiente manera: Salario bruto anual según tablas salariales anexas, dividido entre número de horas anuales, siendo la cantidad para el año 2015 de 10,58 euros para la categoría de limpiadora, utilizando la misma fórmula para el resto de categorías. A partir de: 1 enero 2017 Párrafo quinto del artículo 13 redactado por el apartado primero de la revisión salarial para el año 2017 del convenio colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Gipuzkoa («B.O.G.» 29 mayo).
Las tablas salariales se adjuntan a este convenio.
Las partes firmantes del presente Convenio acordaron modificar el sistema del plus de antigüedad, que queda establecido de la manera siguiente:
a) Las trabajadoras y trabajadores que vengan percibiendo complementos de antigüedad por los trienios trabajados, continuarán percibiéndolos por el importe que queda fijado en las tablas salariales.
b) A partir del 31 de agosto de 1993 se dejaron de devengar trienios, para comenzar a computarse la antigüedad por quinquenios que se abonarán por el importe que queda fijado en las tablas salariales.
c) La fecha del inicio del cómputo de los quinquenios será la de la fecha de percepción del último trienio, o la de ingreso en la empresa, si aún no hubiere alcanzado ninguno.
d) El plus de antigüedad se empezará a abonar el mes en que se cumpla el quinquenio.
El plus de antigüedad tendrá el mismo incremento que el acordado en el artículo 13.
El personal afectado por el presente Convenio, percibirá tres gratificaciones extraordinarias, cuya cuantía se señala en las tablas salariales anexas, que serán hechas efectivas el 15 de marzo, 15 de julio y 15 de diciembre, computándose semestralmente las dos últimas y anualmente la de marzo, siendo el período computable para esta última desde el 1 de marzo del año anterior al último día de febrero del año en curso. El importe a abonar en cada una de las tres pagas anuales será la cuantía reflejada en las tablas salariales para cada año en curso en la que se hacen efectivas, independientemente que el periodo computable corresponda al año anterior.
Las gratificaciones extraordinarias tendrán el mismo incremento que el acordado en el artículo 13.
A las trabajadoras y trabajadores que se desplacen fuera de su lugar de trabajo se les computará como tiempo de jornada efectiva de trabajo, todo aquel que transcurriese de la salida del centro habitual hasta su vuelta a dicho centro (excepto el tiempo de su jornada ordinaria).
El tiempo que exceda de la jornada ordinaria será considerado como de horas extras. En caso de no existir un lugar habitual de trabajo, las partes fijarán un centro de trabajo (u otro punto) como referencia. Las partes podrán convenir, si es de interés mutuo, otras formas de computar el tiempo de trabajo. En ningún caso, incluidas la fijación del centro de trabajo habitual, las trabajadoras y trabajadores podrán salir perjudicados respecto al horario que hasta ahora tenían, ni por variaciones del lugar donde habitualmente comenzasen la jornada.
En cualquier caso, las trabajadoras y trabajadores tendrán derecho a que se les paguen todos los gastos que el desplazamiento les ocasione, incluso la comida. La empresa tendrá la obligación de adelantar el dinero o poner los medios, para que las trabajadoras y trabajadores no tengan que correr con los gastos, haciendo uso de su dinero.
La cuantía del Plus de transporte será de 2,20 euros para el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. Esta cuantía será íntegra por día trabajado, independientemente de la duración de la jornada. En el supuesto de pluriempleo, la cuantía del mismo será abonada integramente en las diferentes empresas. Para el año 2016 y 2017 este Plus será incrementado conforme al artículo 13 del presente convenio.
En los casos excepcionales en que la asistencia o regreso al trabajo se realice en horas en las que no funcione el transporte público, las empresas se harán cargo del coste del transporte que suponga el traslado del centro de trabajo al domicilio habitual de la trabajadora o trabajador, previa deducción de la mitad o la totalidad (ida o ida y vuelta), según los casos, de la cuantía fijada para el Plus de Transporte.
a) Toxicidad, peligrosidad o penosidad. Las empresas establecerán todo tipo de medidas técnicas, para evitar en lo posible que se puedan desarrollar trabajos en los que concurran algún tipo de circunstancias de las expresadas en este artículo. No obstante, y pese a la observancia de estas medidas, así como de la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral, si permaneciese la toxicidad, penosidad o peligrosidad de determinados trabajos, las empresas, previa consulta a la representación del personal, abonarán un incremento del 20%, 25% o 30% de su salario ordinario, en función de que concurriese una, dos o las tres circunstancias respectivas.
b) Nocturnidad. Se establece un plus por prestar servicios nocturnos (se considerará trabajo nocturno el determinado en cada momento por la Ley, en la actualidad entre las 22 h y las 6 h) consistente en un 10% del salario de cada hora nocturna realmente trabajada. La base de cálculo es el salario total anual de la trabajadora o el trabajador dividido entre las horas de trabajo.
c) Trabajo en domingos y festivos. Se establece un plus por prestar servicios en domingos o días festivos, consistente en un 10% del salario de cada hora trabajada realmente en dichos días. La base de cálculo es el salario total anual de la trabajadora o trabajador dividido entre las horas de trabajo. Este plus se establece sin perjuicio del descanso semanal de la trabajadora o trabajador.
Las partes firmantes se adhieren al acuerdo interprofesional de 13 de abril de 1999 firmado por los sindicatos y Confebask.
Se reconoce el derecho a jubilación parcial y contrato de relevo a las trabajadoras y trabajadores que reúnan las condiciones de jubilación y por otra parte el derecho a que la reducción de jornada sea el máximo legal previsto, y a pactar la acumulación de horas del contrato a tiempo parcial en cada anualidad hasta alcanzar la jubilación total.
En los casos de Incapacidad Temporal derivada de accidente de trabajo, las empresas complementarán las prestaciones derivadas de tal contingencia satisfechas por las Mutuas Patronales de Accidentes Laborales, hasta el importe íntegro mensual de las retribuciones de la trabajadora o trabajador y por el tiempo en que se mantenga esta situación, siempre que la baja sea extendida por los Servicios Médicos de la Mutua Patronal correspondiente, dentro de los dos días laborables siguientes al que se haya producido el accidente.
En caso de Incapacidad Temporal con hospitalización, la empresa complementará hasta la totalidad del salario por el tiempo que dure tal hospitalización.
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, en las situaciones de Incapacidad Temporal derivadas de enfermedad común que se produzcan cada año natural, las empresas complementarán las prestaciones económicas de la Seguridad Social en la cuantía y condiciones siguientes:
a) Hasta el 75 por 100 del salario en la primera situación de Incapacidad Temporal durante los 20 primeros días de baja.
b) A partir del año 2002, hasta el 70 por 100 del salario en la segunda situación de Incapacidad Temporal durante los 20 primeros días de baja. No obstante, el abono del complemento de la segunda baja a partir del 1 de enero de 2003 y siguientes años naturales estará condicionado al hecho de que, en cada natural anterior, no se supere en cada empresa el índice de absentismo por enfermedad común (excluido maternidad) y accidente no laboral del año 2001. A estos efectos, las empresas proporcionarán a la representación de las trabajadoras y trabajadores información del índice de absentismo en los conceptos señalados.
En todos los casos anteriores, el complemento tendrá los límites, tanto en la cuantía como en la duración, como si fueran considerados complementos del extinguido concepto de Incapacidad Laboral Transitoria.
En los supuestos de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo de la trabajadora [artículo 45.1.d) del ET] se complementará al 100% el total de las retribuciones salariales mientras dure la suspensión del contrato.
Desde el momento mismo en que un trabajador realice las tareas específicas de un grupo profesional determinado y definido en el presente Convenio habrá de ser remunerado, por lo menos, con el nivel retributivo que para tal categoría se asigne, todo ello sin perjuicio de las normas reguladoras de los trabajos de grupo superior o inferior.
Las divisiones funcionales de este grupo profesional son, a título meramente enunciativo: Especialista, Peón Especializado Conductor/a-Limpiador/a, Limpiador/a, almacenero y listero.
Trabajadores/as que con plenitud de conocimientos teórico-prácticos, y de facultades, domina en su conjunto el manejo y funcionamiento de los útiles y máquinas industriales (no electrodomésticos) propios y adecuados para la limpieza en general y aplicar racionalmente y para cada caso los tratamientos adecuados, con iniciativa, rendimiento, responsabilidad, habilidad y eficacia que requiere el uso de materiales, equipos, productos, útiles o máquinas, atendiendo en todo caso a la vigilancia y mantenimiento de las máquinas, útiles o vehículos necesarios para el desempeño de su misión, los que realizan funciones concretas y determinadas propias de las empresas de limpieza, que sin haber alcanzado la plenitud de conocimientos exigen, sin embargo, cierta práctica y especialización, así como en atención en trabajos que impliquen peligrosidad o riesgo, los que ejecutan las tareas de fregado, desempolvado, barrido, pulido, manualmente con útiles tradicionales o con elementos electromecánicos o de fácil manejo, considerados como de uso doméstico, aunque éstos sean de mayor potencia, de suelos, techos, paredes, mobiliario, etc de locales, recintos y lugares, así como cristaleras, puertas, ventanas desde el interior de los mismos, o en escaparates, sin que se requieran para la realización de las tareas más que la atención debida y la voluntad de llevar a cabo aquello que se le ordene, con la aportación de un esfuerzo físico esencialmente, los que estando en posesión de carnet de conducir correspondiente a la clase de vehículo de que se trate, realiza indistintamente las tareas propias del personal de limpieza y las correspondientes a un conductor/a utilizando el vehículo que ponga a su disposición la empresa para desplazarse con mayor rapidez a los diversos lugares o centros de trabajo o para cualquiera otras tareas que le sean ordenadas por la empresa, tales como reparto, distribución de personal o materiales o transporte en general, los que con un oficio determinado ejecutan con iniciativa y responsabilidad todas o algunas de las labores propias del mismo con correcto rendimiento, los que realizan funciones concretas, que no constituyen labor calificada de oficio, o que, bajo la inmediata dependencia de otra persona, colabora en funciones propias de éste y bajo su responsabilidad, los encargados de realizar tareas para cuya ejecución se requiere únicamente la aportación de esfuerzo y atención, sin la exigencia de práctica operatoria alguna.
- Niveles funcionales:
Trabajadores/as que estén encargados/as de facilitar los pedidos que se precisen por el personal, asimismo registran toda clase de mercancías, pudiendo hacer este trabajo con medios informáticos.
Trabajadores/as que estén encargados/as de pasar lista al personal afecto a la empresa, anotando las ausencias, faltas de trabajo, incidencias, horas extraordinarias, ocupaciones, puestos de trabajo; repartir las nóminas del personal y retirar las mismas una vez firmadas por las interesadas o interesados, notificará las bajas y las altas por accidentes de trabajo, las bajas y las altas por admisión o cesión en el trabajo, así como distribuirá las hojas de trabajo al personal afecto a la empresa, como la recogida de las mismas, pudiendo realizar su trabajo utilizando medios informáticos.
Sin perjuicio de la adscripción de una persona a uno u otro grupo profesional, así como dentro de cada uno de ellos, a los distintos niveles funcionales, cada trabajador tendrá derecho a ser retribuido conforme a las funciones que efectivamente realice de acuerdo con los niveles funcionales establecidos en el artículo 33.
Se podrá contratar a la misma persona para efectuar funciones pertenecientes a los distintos niveles funcionales del grupo IV, que se desarrollan en el artículo 33. En este supuesto se expresará en el contrato laboral el porcentaje de la jornada destinada a cada uno de los distintos niveles funcionales, con el fin de garantizar la retribución correspondiente al puesto.
REVISIÓN MÉDICA - PÓLIZA SEGUROS
Todas las empresas están obligadas a efectuar el reconocimiento médico anual a sus trabajadoras y trabajadores y a entregar el informe médico resultante de dicho reconocimiento.
Queda suprimido el seguro que venía regulándose en el artículo 24 del anterior Convenio Colectivo para las trabajadoras y trabajadores afectados por el mismo.
No obstante, con objeto de que el personal que lo desee puedan seguir manteniendo el seguro de vida y de invalidez y pueda beneficiarse del menor coste de una póliza colectiva, podrá solicitar de la empresa que medie con una entidad aseguradora para que contrate la correspondiente póliza, y la empresa vendrá obligada a realizar las gestiones correspondientes para que el contrato de seguro sea formalizado. El pago de la prima será íntegramente a cargo de la trabajadora o trabajador asegurado.
Los capitales garantizados son lo siguientes:
- Muerte por accidente sea o no de trabajo: 11.851,18 euros.
- Muerte natural: 5.926,25 euros.
- Incapacidad Permanente Absoluta derivada de accidente de cualquier clase: 16.593.52 euros.
- Incapacidad Permanente Total derivada de accidente de cualquier clase: 11.851,18 euros.
Para que la trabajadora o trabajador estén incluidos en la póliza del seguro colectivo, deberán solicitarlo a la Dirección de la empresa, por escrito, dentro del mes de enero de cada año o dentro de los 30 primeros días de su incorporación a la empresa; ésta pondrá en conocimiento de las personas solicitantes, en los 15 días siguientes, el importe de la prima que deben abonar.
Se entenderá que toda trabajadora o trabajador que haya solicitado el seguro deberá seguir asegurado hasta que manifieste por escrito su decisión en contrario, y autoriza a la empresa a deducir de su salario el importe de la prima que le corresponda.
Queda bien entendido que las empresas afectadas por el presente Convenio se limitarán a realizar gestiones de mediación para que se tramite el seguro entre la compañía y las personas aseguradas, sin que en ningún caso estén obligadas a ser tomadoras del seguro ni les pueda alcanzar ninguna responsabilidad derivada de él.
Cuando la trabajadora o trabajador vea disminuidas sus facultades, por motivos de edad, disminución de sus facultades físicas y otras causas similares, la empresa procurará destinarle a un puesto de trabajo que se adecúe a su situación, sin pérdida de su categoría ni su salario; sin perjudicar con el cambio a otra persona ni al funcionamiento y organización de la empresa.
ROPA DE TRABAJO - SUSTITUCIONES
Las empresas proveerán a su personal, con carácter obligatorio, de la correspondiente ropa de trabajo, que consistirá como mínimo, en la entrega de delantal, bata o buzo, dos veces al año, una cada semestre, previa devolución de la ropa usada, quedando siempre el personal con dos equipos.
Las empresas proveerán, asimismo, de calzado especial cuando lo considere necesario para realizar ciertos trabajos. Las empresas proveerán de calzado normal cuando le sea solicitado por la dirección del centro de trabajo en que presta su servicio.
En todo caso, las empresas proveerán, asimismo, de calzado y ropa de trabajo que se considere necesario de acuerdo a las valoraciones de riesgos laborales que se realicen en todos los centros de trabajo.
Cuando se da la ausencia de una trabajadora o trabajador del puesto de trabajo por enfermedad, permiso, vacaciones o licencia, dicho puesto será cubierto con un nuevo personal en el plazo máximo de 24 horas, sin que ello necesariamente suponga la contratación de un nueva trabajadora o trabajador. Dicha sustitución se realizará por la misma jornada que la persona sustituida.
Las trabajadoras y trabajadores no podrán ser trasladados de un puesto de trabajo a otro dentro de un mismo centro (excepción hecha de los sitios donde se trabaja de forma rotativa), de forma arbitraria, ni que suponga discriminación. En esta materia, y cuando el personal así lo solicite, la empresa deberá escuchar, con carácter previo, las sugerencias del Comité de Empresa o Secciones Sindicales.
FALTAS - SANCIONES - DESPIDOS
Con carácter previo a la notificación a las trabajadoras y trabajadores del despido basado en causas objetivas, regulado en los artículos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores, así como la presentación ante la Autoridad Laboral de Expedientes de Regulación de Empleo, las empresas:
a) Notificarán por escrito al Comité de Empresa y Sección Sindical o Central Sindical a la que pertenece la trabajadora o el trabajador, la medida que va a adoptar y su fundamento, y dará acceso a los documentos en los que justifique su pretensión.
c) En caso de despido improcedente calificado como tal por la Autoridad laboral, la empresa procederá a la readmisión de la trabajadora o trabajador.
d) En caso de acuerdo entre Empresa y trabajadoras y trabajadores afectados en Expedientes de Regulación de plantilla, y siempre que dicho acuerdo suponga, sin más trámite, la autorización a la reducción de plantilla, la indemnización no podrá ser inferior a un mes y medio por año, con tope de doce años de antigüedad.
Los trabajadores eventuales cuyo contrato agote este máximo de duración previsto, y permanezcan en la empresa, se convertirán en trabajadores contratados por tiempo indefinido, según la modalidad contractual prevista en el artículo 49.
Asimismo, cuando no habiendo transcurrido el tiempo máximo que permite su celebración, se detecte que la necesidad temporal se ha transformado en permanente, se procederá a transformar el contrato eventual en uno por tiempo indefinido según la modalidad contractual prevista en el artículo 49.
Su duración máxima será de cuatro años. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de fijos de la empresa, según la modalidad contractual prevista en el artículo 49.
En caso de que desaparezcan las causas y el trabajador continúe trabajando, el contrato de interinidad correspondiente se considerará automáticamente convertido en indefinido, según la modalidad contractual prevista en el artículo 49.
Las empresas afectadas por este Convenio, cuando contraten los servicios de Empresas de Trabajo Temporal exigirán a éstas que abonen a las trabajadoras y trabajadores puestos a disposición de las empresas de limpieza, el salario establecido en el presente Convenio. Esta obligación constará expresamente en el contrato de puesta a disposición y la empresa usuaria será responsable subsidiaria en caso de impago, de la diferencia que pudiera existir.
A efectos de cálculo del precio hora, se dividirá el salario bruto anual de la categoría profesional correspondiente, entre la jornada ordinaria anual, según el presente Convenio.
Todo trabajador y trabajadora contratada por una empresa de servicios y cuya labor o actividad sea de limpieza, les será de aplicación este convenio en todo su contenido, salarial, económico y social.
Las Delegadas o Delegados de Personal y Comités de Empresa, tendrán la composición y garantías que se señalan en el presente Convenio, y dispondrán de cuarenta horas mensuales para el ejercicio de actividades a su cargo.
Las horas sindicales de las delegadas y delegados se podrán acumular o disfrutar indistintamente por una o varias personas del comité de empresa, siempre que pertenezcan a la misma central sindical.
Dichos órganos serán los negociadores de la empresa sin perjuicio de que las trabajadoras y trabajadores de la misma decidiesen por mayoría que fuesen las Secciones Sindicales, las que les representaran en la negociación.
Las empresas se comprometen a notificar al comité o a las delegadas o delegados de personal, el cambio de contrata de cualquier centro de trabajo, así como a entregar una relación del personal adscrito al centro afectado, con el horario de trabajo que realicen, con quince días de antelación al cese en la contrata, excepto cuando no se conozca el cese con dicha antelación.
Las Centrales Sindicales legalizadas, podrán constituir Secciones Sindicales de empresa, o en su caso, si las Centrales lo consideran oportuno, de centros de trabajo.
En las empresas de más de veinticinco trabajadoras o trabajadores, las delegadas o delegados de las Secciones Sindicales que agrupen, como mínimo, en cada empresa o centro de trabajo, los porcentajes mínimos que para cada empresa se señalan, dispondrán de un máximo de horas retribuidas al mes, en las cuantías siguientes y según el tamaño de la plantilla de la empresa o centro correspondiente:
- Tamaño de 25 a 100 trabajadoras o trabajadores. Porcentaje: 20%. Horas retribuidas, 10 al mes.
- Tamaño de más de 100 trabajadoras o trabajadores. Porcentaje: 15%. Horas retribuidas, 15 al mes.
En empresas de más de 250 trabajadoras o trabajadores se aplicará lo establecido en el artículo 10 de la ley orgánica de libertad sindical.
Horas para el ejercicio de la acción sindical. La utilización de horas retribuidas establecidas para las Delegadas o Delegados de Personal y Comités de Empresa, así como las estipuladas para Delegadas y Delegados de las Secciones Sindicales, deberán comunicarse previamente a la empresa con una antelación mínima de 24 horas, salvo casos excepcionales.
Las trabajadoras y trabajadores deberán justificar las horas retribuidas utilizadas en la ejecución de la acción sindical.
c) Ser informado de cuantas medidas afecten directamente a la plantilla y especialmente de aquéllas que pudieran adoptarse sobre:
d) Ser informado sobre decisiones que afecten sustancialmente a la organización de trabajo.
Las empresas facilitarán semestralmente a los Comités de Empresa y Secciones Sindicales, información sobre la marcha de la empresa.
Las personas que componen el Comité de Empresa y las Delegadas y Delegados Sindicales tendrán las siguientes garantías comunes:
a) Utilizar con conocimiento previo de la empresa, un tablón de anuncios para publicar notas de carácter laboral o sindical, que afecte al personal de la empresa. Las notas deberán ser firmadas por el Comité de Empresa o Sección Sindical.
- En caso de representantes de trabajadoras o trabajadores, al Comité de Empresa.
- En caso de Delegada o Delegado de la Sección Sindical, al Sindicato local o provincial al que pertenezca.
Las empresas autorizarán la celebración de Asambleas retribuidas hasta un máximo de 12 horas anuales, de las cuales, seis horas corresponderán a las Secciones Sindicales.
Las Asambleas se podrán convocadas por centros de trabajo y turnos concretos. En estos casos, dichas horas afectarán únicamente al personal de los centros y turnos convocados.
Dichas Asambleas serán convocadas por el Comité de Empresa o Delegadas y Delegados de Secciones Sindicales, una o varias, hecho que se comunicará a la Dirección con una antelación mínima de 48 horas. En dicha comunicación se fijará la fecha de la misma y el orden del día.
LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA - COMISIONES - PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Se constituye una Comisión Mixta Interpretativa del Convenio, que estará compuesta por cuatro personas de la Comisión Negociadora por parte del personal y otras cuatro de la Mesa por la parte empresarial.
Será requisito indispensable para formular cualquier tipo de reclamación sobre interpretación del Convenio, que esta Comisión Mixta emita informe con carácter previo. Dicha Comisión tendrá las siguientes competencias.
a) Interpretación del vigente Convenio.
b) Vigilancia y control del cumplimiento de lo pactado.
c) Todas aquellas materias que de forma directa afectasen a las empresas o al personal de este sector y que fuesen propuestas para su estudio, por cualquiera de las partes integrantes de la Comisión Mixta.
El domicilio de la Comisión Mixta se fija a todos los efectos en el lugar que ambas partes determinen en cada momento.
Esta Comisión tendrá también por objeto promover y ser informada de la formación profesional continua existente a nivel superior al ámbito empresarial y que resulte aplicable a las empresas y al personal incluido en el ámbito de aplicación de este Convenio, así como evaluar, en su caso, los planes de formación interempresariales y resolver cuantas cuestiones les sean sometidas en el desarrollo de las disposiciones legales o convencionales en esta materia.
Las partes firmantes de este Convenio expresan su convencimiento de que los procedimiento voluntarios de conciliación, mediación y arbitraje que en 1990 crearon los Acuerdos Interconfederales sobre Procedimientos Voluntarios de Resolución de Conflictos (PRECO II) deben ser utilizados con preferencia a cualesquiera otros para la resolución de toda clase de conflictos colectivos, por ser una manifestación de la autonomía colectiva de las organizaciones empresariales y sindicales y favorecer el fortalecimiento del diálogo y la negociación en las relaciones laborales.
En relación con ello, las firmantes de este Convenio se obligan a agotar un procedimiento de conciliación o de mediación de los previstos en el PRECO II con carácter previo a la utilización del procedimiento público de conciliación o de la vía judicial respecto de toda clase de conflictos colectivos. Igualmente se comprometen en relación con los conflictos colectivos a concurrir al procedimiento de conciliación o mediación del PRECO II, que inicie la mayoría de una de las dos partes, requiriendo en cambio el procedimiento de arbitraje el acuerdo de ambas.
Todas las empresas incluidas en el ámbito funcional del presente Convenio, contribuirán necesariamente a sufragar los gastos de negociación del mismo con una cantidad de 6 euros, por trabajadora o trabajador y año de vigencia del Convenio. Esta cantidad será abonada a las empresas y/o Asociaciones Empresariales que intervengan en la negociación, en proporción directa a la representación que ostenten en la parte empresarial de la mesa negociadora.
Las parte firmantes del presente Convenio Colectivo adoptan los siguientes Principios Generales en orden a la no discriminación e igualdad de trato de todos los trabajadores/trabajadoras. Estos Principios Generales son:
En el supuesto de cambio de contrata, independientemente de que el servicio se haya visto reducido en la nueva adjudicación a la empresa contratista entrante, se aplicará el mecanismo de subrogación recogido en este artículo como garantía de estabilidad en el empleo para todos los trabajadores/as que cumplan los requisitos para ser subrogados conforme a lo estipulado en el mismo, pasando a estar adscritos a la nueva adjudicataria del servicio, tanto todos los trabajadores¡/as como la jornada adscrita al referido servicio hasta ese momento.
Las empresas abrirán el período de consultas de 15 días que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. Debiendo en el mismo plazo, poner en conocimiento de la Comisión Paritaria del Convenio, acompañándose copia del escrito formulando a la representación Legal de los trabajadores.
Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de representaciones sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto, representen a la mayoría de aquellos. De producirse acuerdo en las negociaciones desarrolladas durante el período de consultas establecido entre la empresa y la representación de personal, éste deberá ser comunicado a la Comisión Paritaria.
3. En el supuesto de desacuerdo en la Comisión paritaria, cualquiera de las partes podrá, en el plazo de cinco días, acudir para solventar las discrepancias, el Acuerdo Intercon federal sobre Procedimientos voluntarios de Resolución de Conflictos (PRECO) de 16 de febrero de 2000 (Boletín Oficial del País Vasco de 4 de abril). Se establece expresamente, que el procedimiento de arbitraje se aplicará únicamente mediante acuerdo de sometimiento al mismo por la mayoría de ambas partes».
4. Para poder someter la discrepancia ante el Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la inaplicación de Convenios Colectivos – ORPRICCE, con sede en el Consejo de Relaciones Laborales u órgano que lo sustituya, será necesario el acuerdo mayoritario de ambas partes negociadoras.
En lo no contemplado en el presente convenio colectivo, se estará a lo dispuesto en el I Convenio Colectivo Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales y demás normativa legal vigente.
El sueldo se abonará el primer día del mes siguiente a su vencimiento. Si éste coincidiera en domingo o festivo, el abono se realizará en el siguiente día hábil, el recibo de sueldos se entregará antes del día 10 del mes siguiente a su vencimiento.
Antes de realizar una nueva contratación, para cubrir las vacantes definitivas, las plazas de nueva creación o ampliaciones del servicio, las trabajadoras o trabajadores a tiempo parcial tendrán prioridad por antigüedad en ese centro de trabajo, siempre que hubieran realizado por escrito la solicitud. En el supuesto de no solicitarlo el personal de ese centro, tendrá prioridad las trabajadoras y trabajadores con más antigüedad en la empresa, siempre que hubieran realizado la solicitud por escrito.
El personal a tiempo parcial podrá realizar sustituciones en vacantes temporales. Dichas sustituciones se realizarán por medio de un contrato laboral de sustitución, ampliaciones de su contrato u horas complementarias, en todos los supuestos el precio de la hora ascendería a la cantidad indicada en el artículo 13 del presente convenio.
Las empresas intentarán ofrecer las vacantes temporales a trabajadoras y trabajadores con jornadas parciales, así como al personal eventual que habitualmente realice las sustituciones.
El comité de empresa, delegadas o delegados de personal y secciones sindicales legalmente constituidas deberán ser informadas sobre la existencia de vacantes, puestos de nueva creación o ampliación del servicio, así como de su cobertura.
La clasificación profesional recogido en las tablas salariales del presente convenio se mantendrá con las garantías inherentes a las categorías profesionales en cuanto a la movilidad funcional así como su denominación hasta alcanzar un acuerdo para adoptar el sistema de clasificación profesional a lo establecido en el convenio estatal de limpieza, cuyo articulado se recoge en los artículos 22-35 del presente convenio.
Las partes firmantes del presente convenio constituyen una comisión negociadora para abordar la adecuación del sistema de clasificación profesional a lo establecido en el convenio estatal de limpieza.
TABLAS SALARIALES2010-2011-2012-2013-2014
PLUS TRANSPORTE: 2,18 €
CATEGORÍA: LIMPIADORA2010-2011-2012-2013-2014
Jornada Salario P. Extra Salario Anual P.TPTE Trienio Quinquenio
TABLAS SALARIALES2015
Oficial de 1ª 1.409,48 1.351,06 20.966,94 13,17 43,00 44,73
Oficial de 2ª 1.300,66 1.242,98 19.336,86 12,15 39,68 41,28
Auxiliar Administrativo 1.228,13 1.166,11 18.235,89 11,45 37,48 38,96
Encargado General 1.572,71 1.513,29 23.412,39 14,71 47,98 49,90
Supervisor o Enc. Zona 1.484,35 1.413,73 22.053,39 13,85 45,29 47,09
Encencargado de Edificios 1.336,92 1.279,06 19.880,22 12,49 40,80 42,42
Jefe de Equipo 1.246,27 1.188,89 18.521,91 11,63 38,03 39,55
a / Almacenero 1.133,86 1.077,15 16.837,77 10,58 34,60 35,98
Listero 1.133,86 1.077,15 16.837,77 10,58 34,60 35,98
Especialista 1.246,27 1.188,89 18.521,91 11,63 38,03 39,55
Conductor-Limpiador 1.246,27 1.188,89 18.521,91 11,63 38,03 39,55
Peón Especialista 1.191,83 1.134,84 17.706,48 11,12 36,36 37,82
Limpiador/a 1.133,86 1.077,13 16.837,71 10,58 34,60 35,98
PLUS TRANSPORTE: 2,20 €
CATEGORÍA: LIMPIADORA2015
35 1.133,86 1.077,13 16.837,71 2,20 34,60 35,98
34 1.101,46 1.046,35 16.356,63 2,20 33,61 34,95
33 1.069,07 1.015,58 15.875,56 2,20 32,62 33,92
32 1.036,67 984,80 15.394,48 2,20 31,63 32,90
31 1.004,28 954,03 14.913,40 2,20 30,65 31,87
30 971,88 923,25 14.432,32 2,20 29,66 30,84
29 939,48 892,48 13.951,25 2,20 28,67 29,81
28 907,09 861,70 13.470,17 2,20 27,68 28,78
27 874,69 830,93 12.989,09 2,20 26,69 27,76
26 842,30 800,15 12.508,01 2,20 25,70 26,73
25 809,90 769,38 12.026,94 2,20 24,71 25,70
24 777,50 738,60 11.545,86 2,20 23,73 24,67
23 745,11 707,83 11.064,78 2,20 22,74 23,64
22 712,71 677,05 10.583,70 2,20 21,75 22,62
21 680,32 646,28 10.102,63 2,20 20,76 21,59
20 647,92 615,50 9.621,55 2,20 19,77 20,56
19 615,52 584,73 9.140,47 2,20 18,78 19,53
18 583,13 553,95 8.659,39 2,20 17,79 18,50
17 550,73 523,18 8.178,32 2,20 16,81 17,48
16 518,34 492,40 7.697,24 2,20 15,82 16,45
15 485,94 461,63 7.216,16 2,20 14,83 15,42
14 453,54 430,85 6.735,08 2,20 13,84 14,39
13 421,15 400,08 6.254,01 2,20 12,85 13,36
12 388,75 369,30 5.772,93 2,20 11,86 12,34
11 356,36 338,53 5.291,85 2,20 10,87 11,31
10 323,96 307,75 4.810,77 2,20 9,89 10,28
9 291,56 276,98 4.329,70 2,20 8,90 9,25
8 259,17 246,20 3.848,62 2,20 7,91 8,22
7 226,77 215,43 3.367,54 2,20 6,92 7,20
6 194,38 184,65 2.886,46 2,20 5,93 6,17
5 161,98 153,88 2.405,39 2,20 4,94 5,14
4 129,58 123,10 1.924,31 2,20 3,95 4,11
3 97,19 92,33 1.443,23 2,20 2,97 3,08
2 64,79 61,55 962,15 2,20 1,98 2,06
1 32,40 30,78 481,08 2,20 0,99 1,03

matches:
Artículo 10
Artículo 12
Artículo 17
Artículo 21
Artículo 26
Artículo 27
Artículo 28
Artículo 29
Artículo 30
Artículo 31
Artículo 32
Artículo 33
Artículo 36
Artículo 37
Artículo 39
Artículo 41
Artículo 42
Artículo 47
Artículo 49
Artículo 50
Artículo 51
Artículo 52
Artículo 53
Artículo 54
Artículo 55
Artículo 56
Artículo 57
Artículo 59
Artículo 60
Artículo 61
RESOLUCIÓN
Artículo 63
Artículo 64
Artículo 65
Artículo 66
Artículo 67
Artículo 68
Artículo 70
artículo 86
artículo 32
artículo 3
artículo 48
artículo 13
artículo 13
artículo 13
artículo 13
artículo 33
artículo 33
artículo 24
artículo 49
artículo 49
artículo 49
artículo 49
artículo 10
RESOLUCIÓN
Resolución
resolución
Resolución
Resolución
artículo 13


text:
DERECHO ADMINISTRATIVO | Curriculum Vitae | Album de fotos | Aficiones
-CONTRADICCION
-DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
-DERECHO DE PETICION EN INTERES GENERAL
-EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL
El Referéndum como mecanismo de reforma del Pueblo
El Tercer mecanismo viable para reformar la Constitución de 1991, es el “referendo” o referéndum utilizado por el Pueblo o constituyente primario. Los actos constituyentes aprobatorios por referéndum que reforman la Constitución si bien, una vez obtengan el trámite legislativo respectivo ante el Congreso, pasan a incorporarse a la Constitución, no sin dejar su propia huella jurídica de autonomía y relevancia constitucional. En nuestro país este mecanismo de reforma y los actos constituyentes consecuenciales al ejercicio de este todavía no se han puesto en práctica, aunque si se ha hecho un primer intento fallido a la solicitud de referendo a iniciativa del Gobierno Nacional (artículo 378, constitucional) (38) y no de los propios ciudadanos o constituyentes primarios, cual fuera la esencia del origen, forma y condiciones de desatar este mecanismo democrático para aprobar, improbar o negar reformas no sólo de tipo jurídico-administrativo (actos administrativos), sino de ámbito legislativo y relevantemente de carácter constitucional. El primer intento fallido incorporaba en sus objetivos primordiales de reforma constitucional un evidente enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo por acciones legislativas previas que constituían saetas constitucionales a juicio de los asesores especializados del Gobierno Pastrana, en contra de éste. En tal virtud, la iniciativa de referendo nacía con un claro sabor a “Ley del Talión” que tanto mal ha hecho a todas las democracias del mundo.
Los Actos Administrativos Nacionales, Seccionales y Locales (47) .
El tercer gran grupo normativo de fuentes escritas y derivadas del Derecho Administrativo, esta constituido por los llamados Actos Administrativos expedidos por la Administración Pública o Estatal a nivel nacional, por la Administración Departamental y Provincial, a nivel Seccional y por la Administración Pública Municipal y Distrital a nivel Local. Igualmente todos aquellos actos administrativos expedidos por las denominadas “autoridades” estatales y las personas privadas cuando unas y otras cumplan funciones públicas, según el artículo 1, 81 a 83 del Código Contencioso Administrativo --C.C.A.--.
Muy a pesar de que el Decreto-ley 01 de 1984, en su artículo 83, definía el acto administrativo como “las conductas y abstenciones capaces de producir efectos jurídicos, y en cuya realización influyen de modo directo e inmediato la voluntad o la inteligencia”, hoy por hoy, en vigencia del Código Contencioso-Administrativo (Decreto-Ley 01/84, modificado por el Decreto-Ley 2304 de 1989 y la Ley 446 de 1998), abandona toda definición tanto de acto administrativo como de la institución jurídico-administrativa expedidora del mismo con carácter exclusivo y excluyente, como lo era la rama ejecutiva del poder público o Administración Pública Nacional, Seccional y Local. Esta actividad de conceptualización la ha dejado a la doctrina y a la jurisprudencia cuando unos y otros deben analizar, estudiar o aplicar la figura jurídico-administrativa, al caso concreto, no sin dar unas caracterizaciones generales de lo que debe entenderse por Acto Administrativo. A título enunciativo son las siguientes:
El acto administrativo constituye una decisión jurídico-administrativa realizada por una persona adscrita o vinculada a una entidad, organismo, dependencia o sección administrativa y perteneciente a una cualquiera de las tres ramas del poder público, a los “organismos del control” (Contraloría y Procuraduría), a los “órganos electorales” (Registrador del Estado Civil y los Consejos electorales) de cualquier nivel, jerarquía o ámbito territorial (nacional, Seccional o Local) y funcional; así como por personas jurídicas de derecho privado, cuando unos y otros, ejerzan una “función administrativa” estatal por disposición del ordenamiento jurídico vigente o por delegación constitucional o legal (artículos 2,4,6,122 a 125, 209, 300, 303, 311, 314 y 323 Constitucional y artículos 1, 81 a 83 C.C.A.).
Por tanto, el acto administrativo como acto jurídico que es, crea, extingue o modifica situaciones jurídicas individuales (personales o concretas) y generales (abstractas o impersonales). Este acto surge a la vida jurídica desde el momento mismo en que se manifiesta la decisión final ius-administrativa por la autoridad o persona competente, previo un procedimiento administrativo breve, sumario o normal previsto en el ordenamiento jurídico vigente. El acto es válido y existe entonces, a partir de la notificación (acto subjetivo) o desde la publicación (acto objetivo), respectiva, momento desde el cual se presume ajustado al ordenamiento jurídico.
Igualmente, el acto administrativo como decisión jurídica unilateral se exterioriza efectivamente en forma verbal, escrita, tácita o gestualmente, aún cuando el destinatario o destinatarios no hayan dado su consentimiento. El acto administrativo no es la única actividad, gestión o manifestación que deriva efectos jurídicos de parte de la llamada administración pública o estatal, aunque sí la de mayor relevancia, estudio y tratamiento jurídico-social. Son manifestaciones de la actividad administrativa que generan efectos jurídicos y responsabilidad estatal, las vías de hecho, las operaciones administrativas y los hechos administrativos.
Finalmente, las controversias surgidas a raíz de la existencia, vigencia, validez, emisión irregular, falsa motivación, desviación de poder, falta de audiencia y derecho de defensa, falta de competencia o cualquier otra causa de forma o fondo en la expedición de un acto administrativo, serán de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa (jueces y Tribunales Administrativos y Consejo de Estado, según las reglas de competencia previstas en el C.C.A.), previamente agotando la vía administrativa o “gubernativa, si se trata de actos subjetivos.
En el nivel nacional son relevantes académica como jurídicamente los actos administrativos del Presidente de la República en ejercicio de la función o “potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes” (artículo 189-11, constitucional). En la Doctrina Colombiana (Rodríguez, Vidal Perdomo, Younes Moreno), a estos actos se les conoce genéricamente como “Decretos Reglamentarios”. Sin embargo, del texto constitucional se deduce que no solo Decretos puede dictar el Presidente para cumplir con su función constitucional, sino resoluciones y órdenes que son al igual que los Decretos actos administrativos de ámbito y efectos nacionales. Este poder reglamentario del Presidente, en el derecho administrativo colombiano, “no es exclusivo” del este funcionario, puesto existen otros “organismos como el Consejo Superior de la Judicatura y la Junta Directiva del Banco de la República” (artículo 257-3, constitucional) que a nivel nacional ejercen esta potestad en el ámbito de sus competencias y materias, tal como lo ha reconocido la Consejo de Estado en Sentencia de Mayo 20 de 1994.
“La facultad de reglamentar la ley es inalienable, intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo y es irrenunciable, por cuanto es un atributo indispensable para que la Administración cumpla con su función de ejecución de la ley” (Corte Constitucional, Sentencia C-028-97).
A nivel Seccional, los Actos Administrativos más comunes y corrientes de los Gobernadores son los Decretos reglamentarios de las Ordenanzas, Decretos Extraordinarios y pro tempore autorizados por la Asamblea (artículo 300-9, constitucional) o los Decretos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas generales o subjetivas (v.gr. Nombramiento y Remoción de Funcionarios Departamentales). Igualmente las expiden las Resoluciones y Ordenes Departamentales en virtud de las atribuciones que les confiere el artículo 305 de la Constitución y el Decreto Extraordinario Núm. 1222 de 1986 “Código de Régimen Departamental. Igualmente las Asambleas Departamentales, como corporaciones administrativas de elección popular expiden actos administrativos como Resoluciones, Ordenes y Ordenanzas Departamentales que son los principales actos de estas Corporaciones Seccionales, según lo previene el artículo 300, constitucional, adicionado por el Acto Legislativo Núm. 1º de 1996.
A nivel Municipal, los Actos Administrativos más relevantes son los que expide el Alcalde Municipal en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 314 y 315, constitucionales, como Jefe de la Administración Municipal, Representante Legal del Municipio y Jefe de Policía Administrativa. Para ejercer estas funciones dicta Decretos reglamentarios de los Acuerdos Municipales (artículo 312 id), Decretos extraordinarios y pro tempore por atribuciones del Consejo (artículo 313-3 id.), Decretos creadores de situaciones jurídicas concretas o subjetivas (los de nombramiento y remoción de funcionarios municipales) o creadores de situaciones jurídicas generales (o “Reglamentos”. Igualmente pude dictar Resoluciones, Instructivas y Ordenes para cumplir o hacer cumplir atribuciones constitucionales y legales de los Gobernadores en materia de orden público o aspectos económicos y sociales (artículo 315 id). Todo ello también para cumplir con las funciones del Alcalde según lo previene la Ley 136 de 1994, Junio 2 “Código de Régimen Municipal Colombiano”. Por su parte, también pueden dictar actos administrativos, tales como Resoluciones, Instructivas y principalmente Acuerdos, los Concejos Municipales, los cuales son corporaciones administrativas de elección popular y con jurisdicción en el territorio Municipal (artículo 312 id). La Ley 136 de 1994, también regula sus funciones en el artículo 32.
Para que se interpone la acción de nulidad y restablecimiento del derecho?
Para conseguir que se anule el acto administrativo, se restablezca el derecho violado y se repare el daño causado por:
·	Violar la constitución.
·	Violar las leyes.
·	Ser expedido por funcionarios u organismos incompetentes.
·	Ser expedido violando las formalidades establecidas
·	Falsa motivación.
·	Violar el derecho de audiencia y de defensa.
·	Abuso de poder del funcionario u organismo que lo expide.
Los Decretos “con fuerza de ley” del Legislador extraordinario: El Presidente y el Gobierno Nacional
En Colombia, el Presidente de la República “simboliza la unidad nacional” y representa y ejerce como “Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa” (artículos 188 y 189, constitucionales). Esta triple calidad que en otros regímenes y Estados del mundo, como en España se halla en cabeza de diferentes personalidades públicas: El Rey es el Jefe del Estado “símbolo de su unidad y permanencia” (artículo 56-1, Constitución de 1978), en tanto el Presidente del Gobierno es quien adquiere jefatura del Gobierno “dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado” conjuntamente con su Vicepresidente y sus Ministros (artículos 97 y 98, ibidem).
La concreción de calidades en cabeza del Presidente de la República conlleva un gran compás de funciones entre las que se destacan las representativas del Estado y el Gobierno, las de dirección, coordinación, proyección y fomento de actividades, gestiones y acciones administrativas en todos los niveles jerárquicos del Estado, así como las funciones excepcionales de carácter legislativo desarrolladas todas con fundamento en el ordenamiento jurídico vigente. Estas diversas funciones en cabeza de una misma institución jurídico política como es la Presidencia, es lo que ha dado en llamarse “El Presidencialismo en Colombia” (44). Rasgo característico del constitucionalismo colombiano que se instauró en la Constitución de 1886, hoy ratificada y potenciada por la Constitución de 1991, y aunque no esta ausente de críticas.
Como resultado del ejercicio de dichas funciones el Presidente de la República o en su momento el Gobierno Nacional, constituido por el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y los Directores de Departamentos administrativos, según el caso, especialidad y circunstancias, pueden constituirse en legisladores extraordinarios o excepcionales y dictar normas jurídicas “con fuerza de ley”, con efectos jurídicos similares a los de las leyes del Congreso e incluso con igual control de constitucionalidad de aquellas y ejercido por la Corte Constitucional (artículo 241-7, constitucional).
En efecto, el Gobierno Nacional (El Presidente y sus Ministros) puede expedir “decretos legislativos”, con fundamento en los llamados “Estados de Excepción” ( “Estados de sitio” en vigencia de la Constitución de 1886): a) Decretos legislativos de Orden Público por declaración de Estado de Guerra Exterior (artículo 212, constitucional), que propenden por “repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad”; b) Decretos legislativos de Orden Público por declaratoria de conmoción interior, cuando se “atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la conveniencia ciudadana” (artículo 213 id.). Estos Decretos legislativos “dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia por noventa días más”. Tienen un vigencia temporal, pero mientras rigen tienen los mismos efectos jurídicos que una ley de la República (45) ; c) Decretos legislativos de declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, los cuales propenden por eliminar o disminuir las causas y efectos que “perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico” y aunque tienen vigencia temporal reducida al objeto principal que persigue terminar pueden tener vocación a la permanencia si el “Congreso, durante el año siguiente, les otorga carácter permanente”, salvo en aquellas aspectos en los que se ha creado o modificando tributos que sólo regirán hasta el “término de la siguiente vigencia fiscal” (artículo 215 id.).
El Presidente de la República, también puede expedir decretos “con fuerza de ley”, cuando ejerce “facultades extraordinarias” otorgadas por el Congreso de la República en forma pro tempore (seis meses), “cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje”. El Gobierno Nacional previamente deberá elevar la solicitud de tales funciones excepcionales al Congreso el cual requerirá para su aprobación “la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara”. Sin embargo, el Congreso se reserva la facultad modificatoria de dichos “decretos leyes” en “todo tiempo y por iniciativa propia”. El Presidente con base en estos decretos no podrá expedir Códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni crear servicios administrativos y técnicos en las Cámaras, ni decretar impuestos (artículo 150-10, constitucional). La Doctrina colombiana (Younes Moreno, Rodríguez, Vidal Perdomo, entre otros), por estas razones llaman indistintamente a estos decretos como “Decretos Leyes” o “Decretos Extraordinarios” (46). Sin embargo, no hay duda que estos decretos tienen fuerza de ley, son parte del ordenamiento jurídico vigente y, por su puesto son controlados jurisdiccionalmente por la Corte Constitucional (artículo 241-5º, constitucional) y en definitiva son fuentes normativas creadoras del derecho derivado y escrito.
La Constitución, los actos constituyentes y legislativos de los órganos soberanos del Estado como el Congreso y el pueblo, respectivamente constituyen el conjunto de normas constitucionales base de todo el ordenamiento jurídico colombiano. La Constitución subsume a todos.
La Constitución ab initio, como conjunto de normas, principios, valores, derechos, deberes y obligaciones de las personas (naturales y jurídicas) regula las relaciones sociales, políticas, culturales, económicas, y sobre todo jurídicas entre los habitantes (nacionales o extranjeros) y los organismos, instituciones, dependencias o entidades vinculadas o adscritas al Estado, o entre estas mismas; así como la estructura del poder público, los organismos de control (Contraloría, Personería y Defensoría del Pueblo), los órganos electorales (Registrador del Estado Civil y Consejo Electoral) e incluso de las personas privadas con funciones públicas.
La Constitución de 1991, estructura la jerarquía normativa (34), el respeto a la misma y la solución en caso de conflicto, cuando predispone que la “constitución es la norma de normas”, así como que “en caso de incompatibilidad entre la Constitución y una ley u otra norma, se aplicarán las disposiciones constitucionales” (artículo 4, constitucional). La construcción gradada del derecho colombiano tiene vigencia desde una norma preconstitucional que reformó el Código Civil colombiano. En efecto, la Ley 57 de 1887, en el artículo 5º , establece que “en caso de incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquella”. Ahora bien, si en los Códigos previstos en nuestra legislación, se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se aplicarán las siguientes reglas: a) La disposición especial preferirá a la de interés general; y, b) Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad, y se hallaren en un mismo Código, preferirá la disposición consignada en el artículo posterior; y si estuvieren en diversos Códigos, preferirán por razón de éstos, en el orden siguiente: Civil, de Comercio, Penal, Judicial (o de Procedimiento Civil), Administrativo, Fiscal, de Elecciones, Militar, de Policía, de Fomento, de Minas, de Beneficencia y de Instrucción Pública.
¿Cómo se manifiesta la administración pública?
Acto administrativo: Manifestación de voluntad (intención) de entidades públicas o privadas que ejercen funciones administrativas para crear, modificar o extinguir un derecho.
Hecho administrativo: Fenómeno o situación independiente de la voluntad de la administración que la compromete jurídicamente.
Omisión administrativa: Surge cuando la administración no realiza una de sus funciones administrativas quedando obligada a responder.
Operación administrativa: Conjunto de actuaciones administrativas que ejecutan la ley o acto administrativo.
Decisión de la administración + ejecución práctica = operación administrativa.
Mecanismo de control por el cual los actos administrativos deben ser revocados por los funcionarios que los expidieron o sus superiores, de oficio o a solicitud de parte.
·	Por ser contrario a la constitución o la ley
·	No estar conformes o atentar contra el interés público o social.
·	Cuando causen agravio injustificado a una persona.
Cuando se hayan interpuesto recursos de la vía gubernativa.
¿En que termino se pueden revocar los actos administrativos?
La revocatoria podrá cumplirse en cualquier tiempo, contra actos en firme o cuando se ha acudido ante los jueces administrativos siempre que no se haya dictado auto admisorio de la demanda.
¿Se pueden revocar los actos de carácter particular?
Los actos administrativos particulares que crean, modifican o reconocen una situación jurídica o derecho solo se pueden revocar cuando existe consentimiento expreso y por escrito del titular.

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artículo 1
artículo 83
artículo 305
artículo 300
artículo 314
artículo 32
artículo 5


text:
Informativo Laboral: Expediente N° 00438-2011-PA/TC
EXP. N.° 00438-2011-PA/TCAREQUIPAGRIMALDO LUPOTACO
En Lima (Arequipa), a los 13 días del mes de junio de 2011, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Eto Cruz, Vergara Gotelli y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Grimaldo Lupo Taco contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 184, su fecha 17 de noviembre de 2010, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.
Con fecha 29 de abril de 2010 el recurrente interpone demanda de amparo contra Xstrata Tintaya S.A. solicitando que se deje sin efecto la indefinida e ilegítima suspensión de su contrato de trabajo y que por consiguiente se lo reponga en su puesto de trabajo o en otro similar. Manifiesta que el procedimiento de cese colectivo por motivos económicos y estructurales que inició la Sociedad emplazada fue desaprobado en última instancia por la Resolución Directoral Nacional N.º 032-2009/MTPE/2/11.1, de fecha 24 de septiembre de 2009. Refiere que la Sociedad emplazada a la fecha ha eliminado su puesto de trabajo y creado un puesto similar sin que medie autorización alguna, lo que evidenciaría que existe la intención premeditada para no reincorporarlo y hacer efectivo un despidoincausado lesivo de su derecho al trabajo. Agrega que la amenaza de ser objeto de un despido incausado resulta evidente, porque en reiteradas oportunidades la Sociedad emplazada ha postergado su reincorporación.
La Sociedad emplazada propone la excepción de incompetencia y contesta la demanda solicitando que se declare la nulidad del auto admisorio e improcedente la demanda, manifestando que la supuesta amenaza de despido no cumple con los presupuestos procesales para la procedencia del amparo; asimismo señala que el proceso de amparo no es la vía adecuada para ventilar la controversia, sino la del proceso ordinario laboral, y que no existe amenaza de despidoincausado, prueba de ello es que se le viene pagando oportunamente su remuneración.
El Primer Juzgado Mixto de Arequipa, con fecha 31 de agosto de 2010, declaró fundada la nulidad de la resolución que admitió a trámite la demanda y dispuso la conclusión del proceso, por considerar que de conformidad con el inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, la supuesta amenaza de despido incausado es competencia del juez laboral.
La Sala Superior competente confirmó la apelada por considerar que de conformidad con la STC 206-2005-PA/TC la demanda tiene que ser dilucidada en la vía laboral.
1. Antes de ingresar a evaluar el fondo de la controversia este Tribunal considera pertinente pronunciarse sobre la regularidad de la decisión de las instancias judiciales inferiores sobre la procedencia de la demanda, pues luego de que ésta fuera admitida y contestada, ellas en vez de emitir un pronunciamiento de fondo, decidieron declarar la nulidad del auto de admisión y la conclusión del proceso, por considerar que la demanda tenía que ser resuelta en el proceso laboral según lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 5° del CPConst. y en el precedente vinculante de la STC 00206-2005-PA/TC.
2. De los pronunciamientos de las instancias judiciales inferiores se advierten dos errores manifiestos. El primero consiste en haber declarado la conclusión del proceso, pues los argumentos utilizados para sustentar su decisión no justificaban que se declara la conclusión del proceso, sino la emisión de un pronunciamiento inhibitorio, porque el inciso 2) del artículo 5° del CPConst. prevé una causal de improcedencia.
El segundo consiste en el desconocimiento de las reglas establecidas como precedente vinculante en la STC 00206-2005-PA/TC, toda vez que en ella se precisa en forma certera que el proceso de amparo es la vía idónea y satisfactoria para conocer y evaluar si el acto de despido de un trabajador del régimen laboral privado lesiona, o no, sus derechos fundamentales o si existe la amenaza cierta e inminente de ser objeto de un despido arbitrario.
Por lo tanto, como la pretensión tiene como finalidad que se le ordene a la Sociedad emplazada que cumpla con reincorporar al demandante en su puesto de trabajo, debido a que la suspensión de su contrato de trabajo cesó al haberse concluido el procedimiento de cese colectivo que inició por causas económicas y estructurales, resulta evidente que se encuentra comprendida en los supuestos de procedencia del precedente vinculante de la STC 00206-2005-PA/TC, por lo que resulta obligatorio emitir un pronunciamiento de fondo.
Este hecho pone en evidencia que los jueces de las instancias judiciales inferiores han tramitado en forma defectuosa la presente demanda, pues han tergiversado las reglas establecidas como precedente vinculante en la STC 00206-2005-PA/TC para no pronunciarse sobre el fondo de la controversia, por lo que cabe llamarles la atención.
Es más, los jueces de las instancias judiciales inferiores han desconocido que en un caso similar al presente, este Tribunal precisó que la renuencia del empleador en reincorporar a un trabajador luego de que la solicitud de cese colectivo fue administrativamente desaprobada lesiona el derecho al trabajo, por lo que procede que dicha controversia sea resuelta mediante el proceso de amparo. En este sentido, en la STC 03828-2006-PA/TC se precisó que “(…) una vez finalizada la suspensión perfecta de labores el empleador debe proceder a la inmediata reincorporación de los trabajadores suspendidos. En caso contrario, se estaría frente a una vulneración del contenido del derecho al trabajo (…)”. Por tanto, siendo que la pretensión se refiere a la supuesta vulneración del derecho al trabajo, corresponde ingresar al fondo de la controversia.
3. Con la Carta ALXT-163/09, de fecha 2 de febrero de 2009, obrante a fojas 4, se acredita que el demandante formaba parte de la relación de trabajadores comprendidos en la solicitud de cese colectivo que presentó la Sociedad emplazada y con la Resolución Directoral Nacional N.º 032-2009/MTPE/2/11.1, de fecha 24 de septiembre de 2009, obrante de fojas 5 a 8, se acredita que la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, actuando como instancia final, desaprobó la solicitud de cese colectivo presentada.
4. Al haberse desaprobado la solicitud de cese colectivo correspondía que se extinga la suspensión de la relación laboral del demandante y que éste sea reincorporado en su puesto de trabajo; sin embargo la Sociedad emplazada, con fecha 30 de octubre de 2009, obrante a fojas 10, le cursó al demandante una carta notarial mediante la cual le comunicó “(…) que estimamos poco probable que podamos asignarle tal labor antes del día lunes 4 de enero del año 2010, hacemos de su conocimiento que mientras no hayamos determinado una labor a serle asignada, su relación laboral continuará suspendida en forma imperfecta, quedando usted liberado de su obligación de prestarnos sus servicios hasta que nosotros indiquemos la labor concreta que deberá usted ejecutar y el lugar donde deberá desempeñarla”.
Del contenido transcrito se desprende la renuencia de la Sociedad emplazada en reincorporar al demandante en su puesto de trabajo, pese a que se había desaprobado la solicitud de cese colectivo que presentó. Este comportamiento renuente de reincorporar al demandante ha sido reiterado por la Sociedad emplazada en las cartas de fecha 23 de diciembre de 2009, obrante a fojas 11, que le informa la prórroga de su reincorporación para mediados de marzo de 2010; la de fecha 6 de marzo de 2010, obrante a fojas 13, que le informa la prórroga de su reincorporación para fines de mayo de 2010, y la de fecha 26 de mayo de 2010, obrante a fojas 112, que le informa la prórroga de su reincorporación para fines de agosto de 2010.
Por lo tanto, con las cartas mencionadas queda probado en forma fehaciente la lesión del derecho al trabajo del demandante, porque la Sociedad emplazada sin una justificación razonable ha mantenido la suspensión de la relación laboral del demandante a pesar de que su solicitud de cese colectivo fue desaprobada. Este comportamiento no sólo lesiona el derecho al trabajo, sino que también desconoce la eficacia y vigencia de la Resolución Directoral Nacional N.º 032-2009/MTPE/2/11.1, pues desde setiembre de 2009 hasta la fecha se muestra renuente en acatarla.
5. Consecuentemente este Tribunal considera que subsistiendo y estando vigente la relación laboral del demandante, la Sociedad emplazada tiene que cumplir la obligación de reincorporarlo en forma inmediata en su puesto de trabajo, debido a que la solicitud de cese colectivo fue desaprobada. En caso contrario, se está frente a una vulneración del derecho al trabajo, toda vez que el propio empleador impide que el trabajador preste el servicio, pese a existir una relación laboral. Por tanto, al haberse comprobado la negativa y omisión de la Sociedad emplazada de reincorporar al demandante, procede estimar la demanda.
6. En la medida que en este caso se ha acreditado que la Sociedad emplazada ha vulnerado el derecho constitucional al trabajo del demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56.º del Código Procesal Constitucional, ordenar el pago de los costos y costas procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.
1. Declarar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado la violación del derecho constitucional al trabajo.
2. ORDENAR que Xstrata Tintaya S.A. reponga a don Grimaldo Lupo Taco en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22° y 59º del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos y costas del proceso.

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Resolución
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artículo 5
artículo 5
artículo 5
Resolución
Resolución
artículo 56


text:
Orden de 13 de mayo de 2020, por la que se acuerda la continuación de diversos procedimientos de elaboración de proyectos normativos y consultas públicas previas en el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. - BOJA. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Legislación - VLEX 844589055
Orden de 13 de mayo de 2020, por la que se acuerda la continuación de diversos procedimientos de elaboración de proyectos normativos y consultas públicas previas en el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Emisor: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dispone en su artículo 6 que cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios, para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo que establecen los artículos 4 y 5.
Esta misma norma, en su disposición adicional tercera, apartado 4, preveía la suspensión de todos los plazos administrativos, con la sola excepción de aquellos procedimientos y resoluciones referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. Posteriormente, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece la modificación del apartado 4 de la disposición adicional tercera y habilita a la Administración para acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que sean indispensables para la protección del interés general.
Resulta así mismo de interés lo manifestado al respecto por el Consejo Consultivo de Andalucía en su Dictamen 216/2020, donde expone que «como regla de principio, estos procedimientos (de elaboración de una disposición reglamentaria) deben considerare indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, una de las excepciones a la suspensión de plazos introducidas en la redacción dada a la norma comentada por el artículo único del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19».
Teniendo en cuenta la importancia estratégica de los sectores de la cadena agroalimentaria, fundamentales para el suministro de alimentos, en particular en estos momentos de crisis, así como el mantenimiento de la actividad y el tejido social en las zonas rurales, se considera fundamental el apoyo a estos sectores así como mantener el sistema de ayudas que contribuyen a su sostenibilidad.
En términos similares hemos de referirnos al área medio ambiental de esta Consejería. La actual situación de crisis, en la medida de lo posible, no debería limitar la continuación de determinados proyectos que se consideran esenciales en este ámbito y cuya paralización producirían de manera clara un grave perjuicio para el desarrollo sostenible de esta Comunidad.
Para la consecución de estos objetivos se hace necesario por tanto avanzar en la tramitación de determinados proyectos normativos que actualmente se encuentran en tramitación en esta Consejería. La suspensión de plazos en estos supuestos está generando por tanto un grave perjuicio al interés general, constando a esta Administración en la mayoría de los casos un amplio consenso de los sectores implicados en la necesidad de levantar la suspensión de estos plazos.
El artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía regula los trámites de audiencia y de información pública de aquellos proyectos normativos de rango reglamentario en los supuestos en los que una disposición afecte a los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía. En el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se encuentran en uno de estos dos trámites una serie de proyectos normativos cuya aprobación definitiva contribuirán a la reactivación económica de nuestra comunidad favoreciendo, directa o indirectamente, el mantenimiento o creación de empleo como garantía de la protección del interés general.
Así, se considera necesario reanudar los plazos de información pública establecidos en la Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, del Proyecto de Orden por las que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas al fomento de los procesos de integración y fusión de entidades asociativas agroalimentarias de Andalucía, todo ello atendiendo a la necesidad de dotar al sector de un tejido asociativo lo suficientemente reforzado para afrontar con mayor garantía la situación generada por la actual situación de crisis sanitaria.
En el mismo sentido, es preciso continuar de manera urgente el Proyecto de Orden por la que se modifica puntualmente la Orden de 5 de julio de 2018, por la que se fijan las vedas y periodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad de Andalucía, todo ello atendiendo a la necesaria entrada en vigor de la modificación contenida en el proyecto en una fecha concreta, por lo que dada la premura de tiempo, no resulta procedente suspender trámite alguno al respecto y en concreto, el de información pública que se evacuará en fechas próximas.
Por otro lado, es necesario continuar con la tramitación del Proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1), cuyo trámite de información pública se encontraba pendiente de publicar. Se trata de una línea de subvenciones directamente relacionada con la actividad económica en el sector agrario y de vital importancia para recuperación económica del mismo.
En cuanto a la rehabilitación del trámite de información pública, es necesario también continuar con el Proyecto de Orden por la que se aprueba el programa sanitario de prevención, control y erradicación de la Rinotraqueitis infecciosa bovina en Andalucía (IBR). Esta orden establece el programa sanitario para el control de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) en Andalucía. Su puesta en marcha no debe sufrir retrasos en aras a garantizar la sanidad de la cabaña ganadera andaluza.
Por último, se requiere continuar el trámite de información pública al que será sometido el Proyecto de Orden por el que se establecen los procedimientos y criterios de elección de las personas miembros de los Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas de la Junta de Andalucía. El grave perjuicio al interés público que se produciría de no continuarse con la tramitación de la Orden deviene de las propias funciones a desarrollar por estos órganos colegiados, entre las que se encuentran las de informar el esquema provisional de temas importantes, siendo precio por tanto constituir dichos órganos.
Por su parte, el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la...
Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular de Lima (Perú), en el expediente sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo.
Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se modifica la autorización de los centros privados de Educación Infantil y Educación Primaria «Sa Real», de Ibiza (Illes Baleares).

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Real Decreto
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Real Decreto
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artículo 45
Resolución
artículo 133
Resolución
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