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adeudo predial puebla
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...III. Número de cuenta predial del inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable, tratándose de los comprobantes que se expidan por la ...El pago del adeudo, deberá ser realizado ante las instituciones de crédito autorizadas, dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se notificó la resolución respectiva, de no hacerlo, dejará de surtir ...Los contribuyentes competencia de la AGGC cuyo domicilio fiscal se encuentre dentro de las circunscripciones del Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, presentarán sus avisos de compensación directamente en las ventanillas de dicha unidad administrativa en Avenida Hidalgo No. 77, módulo III, planta baja, Col. Guerrero, Delegación ...
..."Como autoridades responsables, señaló a los tesoreros de diversos Municipios de los Estados de Puebla y Oaxaca, a saber, los que se enumeran a continuación:. "I. Estado de Puebla. "1. San Andrés Cholula;. "2. San Pedro Cholula;. "3. Tehuacán;. "4. Izúcar de Matamoros; . "5. Teziutlán;. "6. ..."SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA TRATÁNDOSE DE AUTOLIQUIDACIONES FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De los artículos 51, 71, 79, 92, 93, 95, 122, 148, 149 y 152 del Código Financiero del Distrito Federal, se advierte que el impuesto predial lo calcula y ... por la ley que por sus funciones públicas, su actividad, su oficio o su profesión intervengan en los actos y operaciones o realicen pagos o efectúen cobros a los sujetos pasivos por adeudo propio, reteniendo o recaudando las prestaciones fiscales correspondiente. "Efectuada la retención o la recaudación, el agente es el único responsable ante el fisco por el importe de lo retenido o ...
Contratos civiles y convenios familiares Contratos civiles ...EL CONTRATO DE COMPRA VENTA; Y III. EL CONTRATO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO CON GARANTIA HIPOTECARIA que formalizan: de una parte Crédito Hipotecario, Sociedad Anónima representado por el señor _______________; de una segunda parte Compañía, Sociedad Anónima, ...V. Gravámenes y contribuciones. Se encuentra el inmueble descrito, al corriente en el pago de su impuesto predial, conforme al recibo oficial número _______ que se me exhibe, y que ostenta la cuenta número ________ con que las satisface a la Receptoría de Rentas correspondiente. Como ... esposa y al corriente en el pago del impuesto sobre la renta que le descuenta la Compañía donde presta sus servicios como empleado; el señor____________, originario de ________, Estado de Puebla, donde nació el día ____ del mes de _________ del año _____ de __________ años de edad, empleado de la Compañía y con domicilio en la finca que adquiere e hipoteca; al corriente en el pago del ...
...104/CFF Consultas en materia de precios de transferencia. 105/CFF Solicitud de autorización para pagar adeudos en parcialidades o diferido. 106/CFF Consulta de las notificaciones por estrados y por edictos a través de páginas de Internet. 107/CFF Información de partes relacionadas. 108/CFF Obtención del ...Dicho documento no deberá tener una antigüedad mayor a tres meses. · Ultimo recibo del impuesto predial; en el caso de recibos de periodos menores a un año, el mismo no deberá tener una antigüedad mayor a 4 meses, y tratándose de recibo anual deberá corresponder al ejercicio en curso (Este ... . Guanajuato,. Aguascalientes,. Querétaro,. San Luis Potosí. . Los contribuyentes de las circunscripciones del Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, presentarán sus avisos de compensación directamente en las ventanillas de la AGGC en Avenida Hidalgo Núm. 77, Módulo III planta baja, Col. Guerrero, Delegación. Cuauhtémoc, C.P. ...
Adeudan Universidades Predial a Municipio de Puebla
NOTIMEX 5 de Mayo de 2011 Puebla, 5 May. (Notimex).- Miguel Angel Huepa Pérez, presidente municipal de San Andrés Cholula, reveló que la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) adeuda cerca de 1.5 millón de pesos por o del pago de predial correspondiente a los últimos tres años. En entrevista, dio a conocer que varias universidades ubicadas en la zona limítrofe entre Puebla y San Andrés Cholula han mostrado disposición y on a ponerse al corriente en el pago de sus adeudos. Indicó que la Universidad Anáhuac y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), por la ubicación del Complejo Cultural Universitario, ya se pusieron al corriente en el pago de su ...
...Para tal efecto, se considerarán impuestos y derechos locales todos aquéllos que se recauden a nivel estatal, así como el impuesto predial y los derechos por suministro de agua que registren un flujo de efectivo. Las cifras reportadas en la cuenta pública oficial de los citados ingresos, que estén relacionadas con el otorgamiento de ...GRUPO CINCO: Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí. GRUPO SEIS: Distrito Federal, Guerrero, México y Morelos. GRUPO SIETE: Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. GRUPO OCHO: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Con base en un análisis de las características socio-económicas y geográficas que tengan las entidades federativas, cada 10 ... de agua y descargas de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar al gobierno local correspondiente, previa acreditación del incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a los recursos del Fondo mencionado en el párrafo anterior que correspondan al municipio o Demarcación Territorial de que se trate, conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de esta ...
Régimen Fiscal y Legal del Fideicomiso 2013 Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
...112/CFF Consultas en materia de precios de transferencia. 113/CFF Solicitud de autorización para pagar adeudos en parcialidades o diferido. 114/CFF Consulta de las notificaciones por estrados y por edictos a través de páginas de Internet. 115/CFF Información de partes relacionadas. 116/CFF Obtención del ...Dicho documento no deberá tener una antigüedad mayor a tres meses. · Ultimo recibo del impuesto predial; en el caso de recibos de periodos menores a un año, el mismo no deberá tener una antigüedad mayor a 4 meses, y tratándose de recibo anual deberá corresponder al ejercicio en curso (Este ...662, Col. Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11500, México, Distrito Federal. . Puebla NortePuebla SurAcapulcoIgualaQuerétaroCelayaIrapuato Guadalajara CentroGuadalajara SurCiudad GuzmánZapopanPuerto VallartaColimaTepicAguascalientesZacatecas LeónUruapanMoreliaSan Luis Potosí ...
Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, Número 428
...CAPÍTULO IX Contribucion estatal. ARTÍCULO 54. Sobre los impuestos, excepto predial y adquisición de inmuebles, derechos, con excepción de servicios catastrales, multas y rezagos que perciban los municipios del Estado, se cobrará una contribución estatal, del 15%. ARTÍCULO 55. ...I.- Quienes por cualquier título, adquieran la propiedad, tenencia o uso del vehículo, por el adeudo del impuesto que en su caso existiera, aún cuando se trate de personas que no están obligadas al pago de este impuesto. II.- Quienes reciban en consignación o comisión para su enajenación ...TRASLADO A MEXICO------------0.00--------0.00--------0.00--------3,900.00. TRASLADO A OLINALÁ------------0.00--------0.00--------0.00--------900.00. TRASLADO A PUEBLA------------0.00--------0.00--------0.00--------3,900.00. EXAMENES ESPECIALES. LCR CITOQUIMICO----0.00--------30.00--------60.00--------70.00. LCR ...

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resolución
ARTÍCULO 76
artículo 36
Resolución
ARTÍCULO 54
ARTÍCULO 55


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SuperContable.com - Consulta Vinculante V0119-18. Cantidades percibidas por arrendamiento. Exención por reinversión en vivienda habitual.
Consulta Vinculante V0119-18. Cantidades percibidas por arrendamiento. Exención por reinversión en vivienda habitual.
Consulta número: V0119-18 - Fecha: 23/01/2018
LIRPF, Ley 35/2006, artículos 22, 33 y 38.
RIRPF, Real Decreto 439/2007, artículos 41 y 41bis.
La consultante ha suscrito un contrato de arrendamiento con opción de compra sobre una vivienda de su propiedad. En el momento de la formalización de dicho contrato el arrendatario ha satisfecho la cantidad de 160.000 euros en concepto de prima de la opción de compra, la cual podrá ser ejercida en el plazo de dos años. En caso de que dicho ejercicio se lleve a cabo, del precio de transmisión de la vivienda se descontarán el importe de la prima y las rentas mensuales de alquiler satisfechas.
Tratamiento fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la consultante de las cantidades percibidas y posible aplicación de la exención por reinversión en vivienda habitual.
Respecto de las rentas que percibirá la consultante por el arrendamiento de la vivienda, la presente contestación parte de la hipótesis de que el citado arrendamiento no constituye una actividad económica, al no manifestarse la concurrencia del requisito establecido en el artículo 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre) "en adelante LIRPF", consistente en que se cuente para el desarrollo de la actividad de arrendamiento con al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa para la ordenación de dicha actividad.
No cumpliéndose dicho requisito, las rentas derivadas del arrendamiento referido tendrán la consideración de rendimientos del capital inmobiliario para el arrendador, según lo establecido en el artículo 22.1 de la LIRPF, que dispone que "tendrán la consideración de rendimientos íntegros procedentes de la titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, todos los que se deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre los mismos, cualquiera que sea su denominación o naturaleza".
2. Si se hubiesen efectuado mejoras en los elementos patrimoniales transmitidos, se distinguirá la parte del valor de enajenación que corresponda a cada componente del mismo".
"Artículo 35.Transmisiones a título oneroso.
En este caso, la cuantía recibida previamente por el arrendador en concepto de opción de compra sobre dicho inmueble, así como las cantidades satisfechas por el arrendamiento del citado inmueble hasta el ejercicio de opción de compra se descontarán, al tenerlo así pactado, del precio total convenido por la transmisión de dicha vivienda, por lo que las rentas derivadas del arrendamiento de la vivienda así como el precio de la opción recibidos por el concedente constituirán un menor valor de transmisión de la vivienda a efectos del cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial que derive de la citada transmisión.
Por otra parte, la exención por reinversión en vivienda habitual se recoge en el artículo 38 de LIRPF, siendo objeto de desarrollo reglamentario en el artículo 41 Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), en adelante RIRPF, que la configura de la siguiente forma:
3. La reinversión del importe obtenido en la enajenación deberá efectuarse, de una sola vez o sucesivamente, en un período no superior a dos años desde la fecha de transmisión de la vivienda habitual (...).
Siguiente: Consulta Vinculante V0120-18. Seguro sobre invalidez. Tributación en el IRPF del capital percibido.

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Real Decreto
artículo 27
artículo 22
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artículo 41
Real Decreto


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Duda razonable insuperable: absolución por contradicción de testigos y conclusiones de peritos [R.N. 2800-2017, Lima Norte] | LP
Inicio Jurisprudencia Duda razonable insuperable: absolución por contradicción de testigos y conclusiones de peritos...
Fundamento destacado.- Quinto: En suma, de la prueba actuada, esencialmente los informes periciales –oficial y de parte–, que son contradictorios en sus conclusiones; su respectivo debate pericial donde se mantiene cada perito en sus conclusiones hechas en los respectivos informes; aunado a las contradicciones que se dan entre las declaraciones de los efectivos policiales y la negación de los cargos por parte del encausado José Jesús Alayo Rengifo, este Supremo Tribunal se encuentra en un estado insuperable de duda razonable. Por ello corresponde proceder conforme lo exige el principio de in dubio pro reo (la duda favorece al reo), contenido en el numeral once del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado.
Sumilla. Tenencia ilegal de municiones-duda razonable. Este Tribunal se encuentra en un estado insuperable de duda razonable, corresponde proceder conforme lo exige el principio de in dubio pro reo (la duda favorece al reo), contenido en el numeral once de la Constitución Política del Estado.
Lea también: Principio «in dubio pro reo» permite degradar intervención de autor a cómplice [R.N. 685-2018, La Libertad]
RECURSO DE NULIDAD 2800-2017, LIMA NORTE
AUTOS y VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la sentencia, de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete –obrante a fojas quinientos sesenta y tres–, en el extremo que absolvió de la acusación fiscal a José Jesús Alayo Rengifo, por el delito contra la seguridad pública-tenencia ilegal de municiones, en perjuicio del Estado. Con lo expuesto por la señora fiscal suprema en lo penal. Intervino como ponente la señora jueza suprema Barrios Alvarado.
§. Exposición del agravio recursal
PRIMERO. El representante del Ministerio Público, en su recurso formalizado –a fojas quinientos noventa–, solicita la nulidad de la sentencia recurrida sosteniendo que:
1.1. Los jueces superiores han dado mayor valor a la pericia de parte Informe Pericial de Grafotecnia número cero setenta y nueve-dos mil diecisiete-DGDP-DDPAJ LIMA NORTE –de fojas cuatrocientos cuarenta y dosque a la pericia oficial Dictamen Pericial de Grafotecnia número trescientos cuarenta y cinco/dos mil diecisiete –de fojas cuatrocientos cincuenta–, las cuales se oponen en sus conclusiones. Se limitaron únicamente a realizar una comparación entre los métodos utilizados por ambos peritos, mas no han realizado una valoración de las pericias con elementos objetivos por los cuales valoran una pericia y la otra no; además, los efectivos policiales que realizaron la intervención acudieron al juicio oral y se ratificaron del contenido del acta de registro personal practicada al acusado.
1.2. La Sala establece como argumento para la absolución la reiterada negativa del procesado respecto a que no se hallaron en su poder los cartuchos y que el encausado señaló que los efectivos policiales le hicieron firmar hojas en blanco; sin embargo, el dicho del encausado pierde sustento, pues este podía suponer las consecuencias que podían resultar de firmar hojas en blanco.
SEGUNDO. Fluye de la acusación fiscal –a fojas doscientos treinta y seis– que el doce de febrero de dos mil quince, personal de la Policía Nacional del Perú intervino al procesado José Jesús Alayo Rengifo, quien se encontraba en actitud sospechosa y al notar la presencia policial trató de huir del lugar, pero al ser reducido y efectuársele el registro personal se le halló en el bolsillo derecho de su pantalón cinco municiones calibre trescientos ochenta sin percutar, tal y conforme aparece en el acta de registro personal –a fojas treinta y dos-, la cual fue firmada por el propio imputado voluntariamente.
§. Consideraciones de este Supremo Tribunal
TERCERO. El literal e del inciso veinticuatro del artículo dos de la Constitución Política del Estado reconoce la garantía fundamental de la presunción de inocencia, según la cual solo puede emitirse una sentencia condenatoria cuando el despliegue de una actividad probatoria suficiente y eficiente genere en el juzgador certeza plena de la responsabilidad penal del procesado; así, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que el contenido del derecho a la presunción de inocencia comprende “que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no solo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar tal presunción”[1].
Lea también: Concurso de leyes y de delitos: aplicación del «in dubio pro reo» [Casación 150-2018, Arequipa]
CUARTO. El recurrente señala que obran como pruebas incriminatorias el acta de registro personal, incautación y comiso de droga in situ, el Dictamen Pericial Balístico Forense número ciento noventa y cinco-dos mil quince, la declaración testimonial del efectivo policial Renzo David Rodríguez Bolovich y la declaración del efectivo policial Larry Tarazona Pachas. Así, se advierte que:
4.1. Respecto al acta de registro personal, incautación y comiso de droga in situ, en la que se consigna que en el interior del bolsillo delantero, lado derecho del pantalón corto (bermuda) de color azul del encausado, se le encontró cinco municiones calibre trescientos ochenta sin percutar.
Se tiene que el encausado niega tal hecho y se han practicado dos pericias, una oficial y una de parte que contiene conclusiones disimiles, pues ambos peritos se han mantenido en su conclusiones, por lo que no se ha podido determinar de manera cierta si la firma del encausado fue anterior o posterior al contenido del acta.
4.2. Respecto a las declaraciones testimoniales de los efectivos policiales Renzo David Rodríguez Bolovich y Larry Tarazona Pachas, quienes estuvieron a cargo de hacer el atestado y la elaboración del acta de registro personal, incautación y comiso de droga in situ, se advierte que:
a. El efectivo policial Larry Tarazona Pachas en su manifestación testimonial –obrante a fojas treinta– no refiere de manera específica que en el registro personal realizado al encausado se le haya encontrado las cinco municiones calibre trescientos ochenta a las que hace referencia el acta de registro personal, incautación y comiso de droga in situ. Además, a nivel de juicio oral –obrante a fojas cuatrocientos doce– señala que el acta de registro personal se hizo in situ; sin embargo, el efectivo policial Renzo David Rodríguez Bolovich en su declaración testimonial a nivel de juicio oral –a fojas trescientos noventa y dos– señala que las actas de intervención se hicieron en la oficina, pues el lugar de los hechos no reunía las condiciones. Resultan contradictorias en este punto las declaraciones dadas por los efectivos policiales. Asimismo, no se tiene otro elemento probatorio que corrobore tales dichos.
QUINTO. En suma, de la prueba actuada, esencialmente los informes periciales –oficial y de parte–, que son contradictorios en sus conclusiones; su respectivo debate pericial donde se mantiene cada perito en sus conclusiones hechas en los respectivos informes; aunado a las contradicciones que se dan entre las declaraciones de los efectivos policiales y la negación de los cargos por parte del encausado José Jesús Alayo Rengifo, este Supremo Tribunal se encuentra en un estado insuperable de duda razonable. Por ello corresponde proceder conforme lo exige el principio de in dubio pro reo (la duda favorece al reo), contenido en el numeral once del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado.
SEXTO. Por otro lado, mediante resolución del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Lima Norte –a fojas seiscientos– se concedió además el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia conformada del veintiocho de abril de dos mil diecisiete[2]–obrante a fojas doscientos noventa y ocho–, promovidos por el señor fiscal superior y el sentenciado José Jesús Alayo Rengifo. No obstante, se advierte también que dicho extremo no ha sido objeto de pronunciamiento en el dictamen del fiscal supremo –véanse fojas veintisiete y cuarenta y dos del cuadernillo–, por lo que se deberá remitir los autos al Ministerio Público para el pronunciamiento respectivo, y en su oportunidad se deberá señalar la respectiva vista de la causa.
I. Declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete –obrante a fojas quinientos sesenta y tres–, en el extremo que absolvió de la acusación fiscal a José Jesús Alayo Rengifo, por el delito contra la seguridad pública-tenencia ilegal de municiones, en perjuicio del Estado.II. DISPUSIERON que se archive lo actuado definitivamente en cuanto a este extremo. III. ORDENARON remitir los autos a la fiscalía suprema para que emita pronunciamiento respecto de los recursos de nulidad interpuestos contra la sentencia conformada del veintiocho de abril de dos mil diecisiete –obrante a fojas doscientos noventa y ocho–. Se debe señalar en su oportunidad la vista de la causa. Hágase saber a las partes personadas en esta sede suprema.
[1] Véase por todas, las sentencias del Tribunal Constitucional emitidas en el Exp. número diez mil ciento siete-dos mil cinco-HC/TC del dieciocho de enero de dos mil seis, fundamento jurídico número cinco, y en el Exp. número seiscientos dieciochodos mil cinco-HC/TC del ocho de marzo de dos mil cinco, fundamento jurídico número veintidós.
[2] Sentencia conformada que condenó a José Jesús Alayo Rengifo, como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de la pollería Excelencia, representada por su propietaria Hilda Arroyo Díaz, Gaby Cecilia Vílchez Arroyo y Luis Enrique Sánchez Páucar, le impusieron catorce años de pena privativa de libertad y fijaron en dos mil quinientos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a razón de dos mil soles a favor de Hilda Arroyo Díaz, quinientos soles a favor de Luis Enrique Sánchez Páucar y quinientos soles a favor de Gaby Cecilia Vílchez Arroyo.

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de 13 de noviembre de 2014 (*)
«Función pública — Procedimiento de selección y de nombramiento del director ejecutivo de una agencia reguladora — Agencia Europea de Medicamentos (EMA) — Procedimiento de selección en dos fases — Preselección en la Comisión — Nombramiento por el Consejo de administración de la EMA — Obligación del Consejo de administración de la EMA de elegir al director ejecutivo entre los candidatos seleccionados por la Comisión — Recurso de anulación — Composición del comité de preselección — Acumulación de funciones de miembro del comité de preselección y de miembro del Consejo de administración de la EMA — Candidatos miembros del Consejo de administración de la EMA que figuran en la lista de los candidatos seleccionados por la Comisión — Nombramiento del candidato miembro del Consejo de administración de la EMA — Deber de imparcialidad — Incumplimiento — Anulación — Recurso de indemnización — Perjuicio moral separable de la ilegalidad que basa la anulación — Prueba — Inexistencia»
En el asunto F‑2/12,
Emil Hristov, con domicilio en Sofía (Bulgaria), representado por el Sr. M. Ekimdjiev y las Sras. K. Boncheva y G. Chernicherska, abogados,
Comisión Europea, representada inicialmente por los Sres. J. Currall y D. Stefanov y posteriormente por el Sr. J. Currall y la Sra. N. Nikolova, en calidad de agentes,
Agencia Europea de Medicamentos (EMA), representada inicialmente por los Sres. V. Salvatore y T. Jablonski, y posteriormente por el Sr. J. Currall y la Sra. N. Nikolova, en calidad de agentes,
integrado por la Sra. M.I. Rofes i Pujol (Ponente), Presidenta, y los Sres. K. Bradley y J. Svenningsen, Jueces;
Secretario: Sr. J. Tomac, administrador;
1 Mediante demanda recibida en la Secretaría del Tribunal el 9 de enero de 2012, el Sr. Hristov solicita, por una parte, la anulación de varias decisiones adoptadas por la Comisión Europea en el marco del procedimiento de selección del director ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y de la decisión del Consejo de administración de la EMA de 6 de octubre de 2011 por la que se nombra a este director ejecutivo y, por otra parte, la indemnización del perjuicio moral supuestamente sufrido debido a la adopción de estas decisiones.
2 El Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136, p. 1), establece, en el artículo 64, apartado 1, lo siguiente:
«El Director Ejecutivo será nombrado por el Consejo de Administración, por un período de cinco años, sobre la base de una lista de candidatos propuesta por la Comisión, tras la publicación de una convocatoria de manifestaciones de interés en el Diario Oficial de la Unión Europea y en otras publicaciones. Antes del nombramiento, se invitará sin demora al candidato designado por el Consejo de Administración a realizar una declaración ante el Parlamento […] y a responder a las preguntas formuladas por los miembros de esta institución. […]»
3 El artículo 65 del Reglamento nº 726/2004 dispone:
«1. El Consejo de Administración estará integrado por un representante de cada Estado miembro, dos representantes de la Comisión y dos representantes del Parlamento […].
4 El artículo 66 del Reglamento no 726/2004 establece que el Consejo de administración de la EMA nombrará al director ejecutivo.
5 Según el artículo 75 del Reglamento no 726/2004:
«El personal de la [EMA] estará sujeto a los reglamentos y reglamentaciones aplicables a los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas. Respecto de su personal, la [EMA] ejercerá las atribuciones conferidas a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.
El Consejo de Administración, de acuerdo con la Comisión, adoptará las disposiciones de aplicación que resulten necesarias.»
6 Con arreglo al artículo 65, apartado 7, del Reglamento no 726/2004, el Consejo de administración de la EMA adoptó, el 13 de diciembre de 2007, su Reglamento interno, que sufrió varias modificaciones posteriores. En su versión de 10 de diciembre de 2009, aplicable al litigio, el artículo 11, apartado 3, del Reglamento interno dispone:
«Los miembros [del Consejo de administración] declararán, en cada reunión, cualquier interés particular que pueda considerarse perjudicial para su independencia en relación con los puntos incluidos en el orden del día. Estas declaraciones se harán públicas.»
7 Las Directrices SEC(2009) 27/2 de la Comisión, de 12 de enero de 2009, relativas a la selección y al nombramiento de los directores de las agencias reguladoras, las agencias ejecutivas y las empresas comunes (en lo sucesivo, «Directrices»), establecen las diferentes etapas del procedimiento de selección de los directores de la mayoría de las agencias de la Unión Europea. En lo que atañe a las agencias reguladoras, entre ellas la EMA, éstas disponen que el director ejecutivo será nombrado por el Consejo de administración a partir de una lista de candidatos propuestos por la Comisión.
8 El punto 7 de las Directrices, titulado «Preselección», establece:
«En los casos normales en los que la Comisión sea la responsable de elaborar la [“]short list[”] de los candidatos […], el procedimiento de preselección se realizará por un comité de preselección que deberá seleccionar los candidatos más cualificados y transmitirá un proyecto de lista al comité consultivo para los nombramientos […].
La [dirección general] de tutela creará un comité de preselección a propuesta de la unidad de recursos humanos de la [dirección general] de tutela. Los miembros procedentes de la Comisión serán nombrados por el director general.
7.1 El comité de preselección
El comité de preselección estará compuesto por tres funcionarios, cuadros superiores de la Comisión que deberán tener al menos el mismo grado y el mismo nivel de responsabilidad que los del director de la agencia.
Por lo general, el comité de preselección incluirá:
– al director general de la [dirección general] de tutela o al director general adjunto de dicha [dirección general], que desempeñe la presidencia;
– un director de la [dirección general] de tutela;
– un director de otra dirección general, preferiblemente del mismo ámbito que la [dirección general] de tutela y que tenga, a ser posible, una competencia específica en el sector de actividad de la agencia;
Cuando el director sea nombrado por el Consejo de administración o el Consejo [de la Unión Europea], éstos podrán designar un observador que los represente en el comité de preselección.
7.2 Examen de las candidaturas
7.2.1 Examen de los criterios de admisibilidad y elaboración de un baremo por el comité de [preselección]
El comité de preselección establecerá una check[-]list y procederá al examen de los criterios de admisibilidad.
El comité de preselección establecerá también un baremo a partir de los criterios de selección fijados en la convocatoria de plaza vacante. Este baremo permitirá comparar el perfil del candidato con las competencias específicas exigidas para el puesto notificadas en la convocatoria de plaza vacante.
Al término de esta evaluación, el comité de preselección elaborará una lista de candidatos preseleccionados, que se considera que corresponden mejor al perfil buscado y que tienen las cualificaciones fijadas en la convocatoria de puesto vacante.
7.2.4 El informe del comité de preselección
El comité de preselección elaborará un informe completo que ofrecerá información detallada de cada entrevista, una evaluación cualitativa de todos los candidatos y una propuesta de lista de los candidatos considerados más cualificados.
El presidente del comité de preselección redactará el informe. […]
La secretaría del comité transmitirá el informe a la Secretaría General en su condición de presidente del [comité consultivo para los nombramientos], a la secretaría del [comité consultivo para los nombramientos], a la [Dirección General de Personal y Administración] y al [miembro de la Comisión] de la [dirección general] de tutela.
9 El punto 8 de las Directrices, titulado «Comparecencia ante el comité consultivo para los nombramientos […] y entrevista con el o los [miembro(s) de la Comisión]», tiene la siguiente redacción:
«Habida cuenta del papel desempeñado por la Comisión en los procedimientos para nombrar a los directores, el [comité consultivo para los nombramientos], como garante de una selección de calidad de los cuadros superiores, tiene como tarea presentar a la Comisión una lista d[e] candidatos considerados los más cualificados para el puesto de director de agencia.
8.1 Composición del [comité consultivo para los nombramientos]
Para la selección de los Directores de agencia, […] el [comité consultivo para los nombramientos] estará compuesto por los miembros siguientes:
– el director general de Personal y Administración, que asumirá la presidencia;
– el jefe del gabinete del [miembro de la Comisión] responsable de personal y administración;
– el ponente permanente del [comité consultivo para los nombramientos];
– el ponente designado para el procedimiento de selección;
– el secretario general adjunto;
– el director general de la [dirección general] de tutela […];
8.2 Dictamen del [comité consultivo para los nombramientos] y centro de evaluación […]
8.2.1 [Primera] etapa del procedimiento del [comité consultivo para los nombramientos]: dictamen previo
La secretaría del [comité consultivo para los nombramientos] transmitirá el informe y el proyecto de lista de los candidatos elaborado por el comité de preselección a los miembros competentes del [comité consultivo para los nombramientos] a fin de que se pronuncien mediante un procedimiento escrito.
– aprobación de las conclusiones del informe por el [comité consultivo para los nombramientos], incluida la lista de los candidatos propuesta por el comité de preselección;
– aprobación de las conclusiones del informe por el [comité consultivo para los nombramientos] con modificación de la lista de los candidatos propuesta por el comité de preselección. El [comité consultivo para los nombramientos] podrá reservarse el derecho de incluir en la lista del comité de preselección candidatos que hayan realizado una entrevista con dicho comité sin haber sido seleccionados por éste, o excluir candidatos;
– objeción del [comité consultivo para los nombramientos] o de uno de sus miembros a las conclusiones del informe de preselección. En este caso, la secretaría del [comité consultivo para los nombramientos] podrá solicitar al presidente del comité de preselección aclaraciones escritas y/o información adicional. Si se mantiene la objeción, el [comité consultivo para los nombramientos] podrá añadir un punto al orden del día de una de sus reuniones semanales relativo a la lista de los candidatos preseleccionados. Se invitará al director general de la [dirección general] de tutela y al ponente para discutir sobre el informe del comité de preselección.
Una vez que el [comité consultivo para los nombramientos] apruebe el informe y el proyecto de lista de los candidatos seleccionados por el comité de preselección, emitirá un dictamen previo.
b) Información a los candidatos
La secretaría del [comité consultivo para los nombramientos] invitará a los candidatos seleccionados a una entrevista con el [comité consultivo para los nombramientos] y a la participación en pruebas en un centro de evaluación. […]
En paralelo, la secretaría del [comité consultivo para los nombramientos] notificará el dictamen emitido por el [comité consultivo para los nombramientos] al o a los candidato(s) convocado(s) a la(s) entrevista[(s)] con el comité de preselección pero no seleccionado(s) por el [comité consultivo para los nombramientos] para una entrevista.
8.2.2 Centro de evaluación
Los candidatos seleccionados para una entrevista con el [comité consultivo para los nombramientos] serán convocados a unas pruebas de evaluación con un consultor externo en materia de selección […]
8.2.3 [Segunda] etapa del procedimiento del [comité consultivo para los nombramientos]: dictamen final
El [comité consultivo para los nombramientos] entrevistará a los candidatos que figuren en la lista que elaboró durante su dictamen previo.
Tras estas entrevistas, el [comité consultivo para los nombramientos] emitirá su dictamen final en forma de un proyecto de lista de candidatos cuyo perfil le parece más adecuado para el puesto de director de agencia y que contiene, en la medida de lo posible, el nombre de varios candidatos. El dictamen del [comité consultivo para los nombramientos], firmado por su presidente, se transmitirá a los gabinetes del [miembro de la Comisión] responsable de personal y administración y del [miembro de la Comisión de la dirección general] de tutela como documento de base para llevar a cabo sus entrevistas.
8.3 Audiencia por el o los [miembro(s) de la Comisión]
El o los [miembro(s) de la Comisión de la dirección general] de tutela llevará(n) a cabo una audiencia de los candidatos seleccionados por el [comité consultivo para los nombramientos] en su dictamen final.
El [miembro de la Comisión] responsable de personal y administración podrá también, si lo desea, examinar a los candidatos seleccionados o a cualquier otro candidato que considere que puede ser seleccionado. A tal efecto, se basará en los criterios de selección publicados y en los principios comúnmente aceptados que regulan los nombramientos de los funcionarios de cuadros superiores de la Comisión.
10 El punto 10 de las Directrices, titulado «Adopción de la short[-]list de los candidatos y nombramiento por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos», tiene la siguiente redacción:
«10.1 Adopción de la propuesta
Cuando los candidatos comparezcan ante el o los [miembro(s) de la Comisión de la dirección general] de tutela, esto(s) último(s) solicitará(n) al gabinete del [miembro de la Comisión] responsable de personal y administración que presente a la Comisión la lista del o de los candidatos seleccionados.
La Comisión adoptará una lista de candidatos en el marco de las cuestiones administrativas y presupuestarias diversas […] que el [miembro de la Comisión de la dirección general] de tutela transmitirá a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos […].
10.3 Entrevista de los candidatos con la autoridad facultada para proceder a los nombramientos
La autoridad facultada para proceder a los nombramientos —el Consejo de administración en la mayoría de las agencias […]— examinará a los candidatos que figuren en la lista del o de los candidato[s] seleccionado[s]. […]
10.4 Comparecencia ante el Parlamento
Cuando el reglamento de base así lo disponga, antes de su nombramiento, se podrá pedir al candidato seleccionado por el Consejo de administración que realice una declaración ante la comisión o las comisiones competentes del Parlamento […] y que responda a las preguntas de sus miembros.
Actualmente, los directores de las siete agencias siguientes deberán comparecer ante el Parlamento antes de su nombramiento: […] [EMA] […].
10.5 Nombramiento de los candidatos por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos
Tras estas entrevistas y la eventual comparecencia ante la comisión o las comisiones competentes del Parlamento […], la autoridad facultada para proceder a los nombramientos nombrará al candidato que haya seleccionado para el puesto de director de agencia.
11 La convocatoria de vacante de director ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) (grado AD 15) COM/2010/10286 (DO C 296 A, p. 1; en lo sucesivo, «convocatoria de vacante controvertida») establece:
El director ejecutivo es el representante legal y la imagen pública de la [EMA] y es responsable ante el Consejo de administración.
Se constituirá un [comité de preselección] para el proceso de selección. Este [comité] invitará a celebrar una entrevista a los candidatos que posean el mejor perfil para las necesidades concretas, seleccionándolos con arreglo a sus méritos en función del puesto de conformidad con los criterios antes expuestos. Los candidatos incluidos en una lista por el [comité] de preselección serán entonces invitados a entrevistarse con el comité consultivo para los nombramientos […] [de la Comisión] y tendrán que participar en una evaluación en un centro de evaluación dirigido por asesores de contratación externos. Los candidatos que hayan sido incluidos en una lista por el [comité consultivo para los nombramientos] serán posteriormente entrevistados por los correspondientes [miembros de la Comisión].
Tras estas entrevistas, la Comisión aprobará la lista de los candidatos más adecuados, que será comunicada al Consejo de administración de la EMA. Este entrevistará a los candidatos seleccionados y nombrará director a uno de ellos. La inclusión en la lista no garantiza el nombramiento.
Podrá exigirse a los candidatos que efectúen nuevas entrevistas o pruebas además de las indicadas anteriormente.
Antes de su nombramiento, el solicitante designado será invitado a realizar una declaración ante el Parlamento […] y responder a las preguntas de los miembros de dicha institución.
Se recuerda a los candidatos que la labor de los diferentes comités de selección es confidencial. Se prohíbe a los candidatos mantener contacto directo o indirecto con sus miembros o pedir a alguien que lo mantenga en su nombre.
12 El demandante fue miembro del Consejo de administración de la EMA de enero de 2007 a abril de 2009 como representante del Estado miembro del que es nacional.
13 El 10 de diciembre de 2009, el Sr. A, miembro del Consejo de administración de la EMA, fue designado por éste para representarlo como observador en el comité de preselección, de conformidad con el punto 7.1 de las Directrices. En virtud de esa misma disposición, el comité de preselección estará compuesto por tres funcionarios, cuadros superiores de la Comisión, que deberán tener al menos el mismo grado y el mismo nivel de responsabilidad que los del director de la EMA.
14 El 15 de enero de 2010, la Comisión publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la vacante de un puesto de director ejecutivo (grado AD 14) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) (DO C 9 A, p. 1). La vacante era un puesto de agente temporal de grado AD 14 y el plazo para presentar la candidatura finalizaba el 17 de febrero de 2010. El demandante presentó su candidatura el 16 de febrero de 2010.
15 El 31 de marzo de 2010, el comité de preselección examinó las candidaturas recibidas, de conformidad con el punto 7.2.1 de las Directrices. En esta ocasión, el citado comité estimó que no se había dado suficiente publicidad a la convocatoria de la vacante. Por ello, la Comisión decidió publicar de nuevo la convocatoria de la vacante.
16 Mediante correo electrónico de 14 de junio de 2010 del jefe adjunto de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección General (DG) de Salud y Consumidores de la Comisión (en lo sucesivo, «DG “Salud”»), se informó al demandante de que se iba a reabrir el procedimiento de selección a fin de darle mayor publicidad y que se publicaría una nueva convocatoria de vacante hacia el 25 de junio de 2010, que fijaría un nuevo plazo de cuatro semanas para poder presentar una candidatura. Ese mismo correo electrónico precisaba que el demandante no necesitaba volver a presentar su candidatura, ya que está seguía siendo válida.
17 El 12 de septiembre de 2010, el demandante dirigió al jefe adjunto de la Unidad Recursos humanos de la DG «Salud» un correo electrónico para preguntar sobre el curso dado a su candidatura. Al día siguiente, éste le indicó que se le mantendría informado de la evolución del procedimiento.
18 El 7 de octubre de 2010, se reunió el Consejo de administración de la EMA. En dicha reunión, en la que participaron los Sres. B y C, en su condición de presidente y miembro del Consejo de administración y de miembro del Consejo de administración, respectivamente, se adoptó la decisión de iniciar un procedimiento de selección del director ejecutivo de la EMA, decisión que detallaba las diferentes etapas de ese procedimiento y mencionaba que se publicaría en el sitio de Internet de la EMA.
19 El 30 de octubre de 2010, la Comisión publicó la convocatoria de vacante controvertida. Los candidatos debían cumplir los mismos criterios de selección y de admisibilidad que los establecidos en la anterior convocatoria de vacante, salvo un criterio de selección. En efecto, mientras que la primera convocatoria de vacante disponía que los candidatos debían tener «un historial de gestión de personal a nivel directivo en un entorno multicultural», la convocatoria de vacante controvertida exigía «un historial de gestión de grandes equipos a nivel directivo [y] se considerar[ía] una ventaja la experiencia adquirida en un entorno multicultural».
20 Al demandante se le informó de la publicación de la convocatoria de vacante controvertida mediante un correo electrónico del jefe adjunto de la Unidad de Recursos Humanos de la DG «Salud», de 3 de noviembre de 2010. En este correo electrónico, dicho jefe adjunto sugería al demandante que volviese a remitir los documentos justificativos que había acompañado con su candidatura para la primera convocatoria de vacante a fin de actualizar sus datos profesionales, lo que hizo el demandante mediante escrito de 23 de noviembre de 2010, recibido en la Comisión al día siguiente.
21 El 1 de noviembre de 2010, el Sr. B presentó su candidatura al puesto de director ejecutivo. Lo mismo hizo el Sr. C el 23 de noviembre siguiente.
22 En el presente asunto, el comité de preselección estaba integrado por un presidente y otros tres miembros. Las funciones de presidente del comité de preselección recaían en el director general de la DG «Salud», que, como dirección general de tutela de la EMA, era responsable de supervisar sus actividades. De los otros tres miembros, dos eran funcionarios de la DG «Salud» y el último, funcionario de la Dirección General de Investigación e Innovación. El presidente del comité de preselección, en el caso de autos la Sra. D, y uno de los dos funcionarios de la DG «Salud» eran también miembros del Consejo de administración de la EMA como representantes de la Comisión, de conformidad con el artículo 65, apartado 3, del Reglamento nº 726/2004.
23 El 12 de enero de 2011, el comité de preselección examinó las 62 candidaturas recibidas para el puesto de director ejecutivo de la EMA. Tras este examen, el comité de preselección decidió convocar a nueve candidatos, entre ellos el demandante, a una entrevista. No obstante, uno de estos nueve candidatos fue descartado por el comité de preselección antes de realizar su entrevista.
24 El 8 de febrero de 2011, el demandante y los otros siete candidatos seleccionados tuvieron una entrevista con el comité de preselección. En esta ocasión, el comité utilizó el baremo que él mismo había preparado.
25 Tras las entrevistas, los ocho candidatos fueron calificados sobre 100 y clasificados por orden ascendente de las puntuaciones atribuidas. El demandante obtuvo la puntuación más baja, a saber 61 puntos sobre 100. Los otros siete candidatos obtuvieron entre 69 y 85 puntos sobre 100.
26 El 7 de marzo de 2011, el comité de preselección redactó su informe, que contenía información sobre cada candidato entrevistado, y decidió recomendar las candidaturas de los cuatro candidatos que habían obtenido los mejores resultados (de 75 a 85 puntos sobre 100), entre los que figuraban los Sres. B y C.
27 Tras haber recibido el informe del comité de preselección, el comité consultivo para los nombramientos de la Comisión (en lo sucesivo, «CCN») examinó a su vez los expedientes de las 62 candidaturas que se habían recibido para el puesto de director ejecutivo de la EMA. Tras ese examen, el CCN emitió, el 14 de marzo de 2011, el dictamen previo previsto en el punto 8.2.1 de las Directrices. Según el dictamen previo del CCN, sólo los cuatro candidatos recomendados por el comité de preselección debían ser convocados para participar en las pruebas en el centro de evaluación y en una entrevista con el CCN. Por escrito de ese mismo día, el secretario en funciones del CCN informó al demandante de que el CCN había decidido no apartarse de la recomendación del comité de preselección, según el cual otros candidatos habían reunido mejor que él la competencia y experiencia requerida por la convocatoria de vacante controvertida, y, por consiguiente, no convocarle a una entrevista.
28 Los cuatro candidatos recomendados por el comité de preselección, tras haber realizado pruebas de evaluación, fueron convocados a una entrevista con el CCN, que tuvo lugar el 7 de abril de 2011. El mismo día, el CCN emitió un dictamen a tenor del cual estimaba que los cuatro candidatos recomendados por el comité de preselección cumplían los requisitos para ejercer las funciones de director ejecutivo de la EMA.
29 El miembro de la Comisión responsable de la salud y la protección de los consumidores (en lo sucesivo, «comisario de tutela») tuvo una entrevista con los cuatro candidatos recomendados por el comité de preselección y por el CCN. Posteriormente, la DG «Recursos Humanos y Seguridad» propuso a los miembros de la Comisión, de acuerdo con el presidente de la Comisión y el comisario de tutela, recomendar a estos cuatro candidatos al Consejo de administración de la EMA.
30 El 20 de abril de 2011, la Comisión tomó formalmente la decisión de proponer al Consejo de administración de la EMA una lista constituida por los cuatro candidatos recomendados por el comité de preselección y por el CCN (en lo sucesivo, «decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011»).
31 El 5 de mayo de 2011, el Consejo de administración de la EMA celebró una reunión extraordinaria con el fin de elegir al nuevo director ejecutivo de la EMA. En dicha reunión, se modificó el procedimiento de selección del director ejecutivo, que había sido adoptado el 7 de octubre de 2010, y se llevó a cabo una entrevista con los cuatro candidatos propuestos por la Comisión. Al no poder llegar a un acuerdo sobre un nombre, se decidió que el Consejo de administración de la EMA se reuniría de nuevo el mes siguiente para decidir entre los cuatro candidatos propuestos por la Comisión.
32 Mediante escrito con fecha de 27 de mayo de 2011, registrado por la Comisión el 9 de junio de 2011, el demandante presentó una reclamación «contra la forma en que se [había] desarrollado el concurso [ante la Comisión]».
33 El 8 de junio de 2011, el Consejo de administración de la EMA eligió al Sr. C para ejercer las funciones de director ejecutivo de la EMA.
34 El 13 de julio de 2011, el Sr. C compareció ante la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento.
35 Mediante escrito de 22 de septiembre de 2011, el presidente del Parlamento hizo saber a la EMA que, tras la entrevista del Sr. C con la Comisión, antes mencionada, el Parlamento aceptaba el nombramiento del Sr. C como nuevo director ejecutivo de la EMA.
36 Mediante decisión de la Comisión de 6 de octubre de 2011, se desestimó la reclamación del demandante presentada por escrito de 27 de mayo de 2011.
37 Asimismo mediante decisión adoptada el 6 de octubre de 2011, el Consejo de administración de la EMA nombró al Sr. C director ejecutivo (en lo sucesivo, «decisión del Consejo de administración de 6 de octubre de 2011»).
38 Mediante escrito de 6 de enero de 2012, enviado el mismo día por fax y por vía postal, el demandante presentó una reclamación ante la autoridad facultada para proceder a las contrataciones de la EMA contra la decisión del Consejo de administración de 6 de octubre de 2011.
39 Mediante demanda recibida en la Secretaría del Tribunal el 9 de enero de 2012, el demandante solicitó, a través del procedimiento de medidas provisionales, la suspensión de la decisión del Consejo de administración de 6 de octubre de 2011. Dicha demanda de medidas provisionales fue desestimada mediante auto de 20 de marzo de 2012, Hristov/Comisión y EMA (F‑2/12 R, EU:F:2012:35).
40 Mediante decisión de la autoridad facultada para proceder a las contrataciones de la EMA de 16 de mayo de 2012, se desestimó la reclamación de 6 de enero de 2012.
41 En su demanda, el demandante solicita, en esencia, al Tribunal que:
– Anule la decisión, de la que se le informó por correo postal de 14 de marzo de 2011, del comité de preselección aprobando una lista de cuatro candidatos, entre los que no figuraba el demandante.
– Anule la decisión del CCN de 14 de marzo de 2011 de convocar a una entrevista únicamente a los cuatro candidatos inscritos en la lista del comité de preselección.
– Anule «la decisión del [CCN] de 14 de marzo de 2011» de seguir las recomendaciones del comité de preselección.
– Anule la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011.
– Anule la decisión de la Comisión de 6 de octubre de 2011 por la que se desestimó la reclamación de 27 de mayo de 2011.
– Anule la decisión del Consejo de administración de 6 de octubre de 2011.
– Ordene una justa reparación del perjuicio moral sufrido.
– Condene a la Comisión y a la EMA al pago de las costas de los procedimientos administrativo y contencioso.
– Organice un nuevo «procedimiento de selección» respetando los procedimientos legales.
42 En su escrito de contestación a la demanda, la Comisión solicita al Tribunal que:
– Condene al demandante a cargar con la totalidad de las costas de la instancia.
43 En su escrito de contestación a la demanda, la EMA solicita al Tribunal que:
– En su defecto, desestime el recurso por infundado.
44 Tuvo lugar un segundo intercambio de escritos procesales, limitado a las excepciones de inadmisibilidad propuestas por la Comisión y la EMA. En su dúplica, la EMA desistió de su primera pretensión, mediante la que aspiraba a que se declarara manifiestamente inadmisible el recurso.
45 Mediante escritos de la Secretaría de 23 de julio de 2013, se requirió a las partes para que respondiesen a determinadas diligencias de ordenación del procedimiento. Las partes cumplimentaron dicho requerimiento dentro del plazo señalado.
46 En su respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento, el demandante indicó que, mediante su tercera pretensión de anulación, solicitaba en realidad al Tribunal que anulase la decisión del CCN de seguir las recomendaciones del comité de preselección adoptada el 7 de abril de 2011, y no el 14 de marzo de 2011 como se había indicado erróneamente en la demanda.
47 En respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento, la Comisión aportó varios documentos, redactados en lenguas distintas a la lengua de procedimiento, que hasta entonces no se habían comunicado al demandante. Dado que este último no pudo conocer una parte de estos documentos antes de la vista, el Tribunal, a petición del demandante formulada en la vista, instó a la Comisión a aportar, a más tardar el 18 de noviembre de 2013, traducciones en búlgaro o, en su caso, en inglés, de algunos documentos que había acompañado a su escrito en respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento, en particular, de determinados pasajes de las Directrices.
48 Asimismo en la vista, el demandante presentó pruebas complementarias, que el Tribunal decidió incorporar a los autos. Tras la vista, el Tribunal decidió no concluir la fase oral.
49 Mediante escrito de 18 de noviembre de 2013, la Comisión dio cumplimiento al requerimiento del Tribunal de presentar determinadas traducciones.
50 Mediante escrito de 16 de diciembre de 2013, el demandante presentó observaciones sobre el escrito de la Comisión de 18 de noviembre de 2013.
51 Mediante escrito de la Secretaría de 30 de enero de 2014, se instó a la Comisión y a la EMA a responder al escrito del demandante de 16 de diciembre de 2013, lo que hizo la Comisión mediante escrito de 13 de febrero de 2014.
52 El 5 de marzo de 2014, el Tribunal declaró concluida la fase oral.
1. Sobre la pretensión relativa a la orden conminatoria
53 Por lo que respecta a la novena pretensión relativa a que el Tribunal ordene que se organice un nuevo procedimiento de selección del director ejecutivo de la EMA, procede recordar reiterada jurisprudencia según la cual no corresponde al Tribunal dirigir órdenes conminatorias a una institución de la Unión, independientemente de la obligación general, establecida en el artículo 266 TFUE, para la institución de la que emana el acto anulado, de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia que declare la nulidad (sentencia Pleijte/Comisión, F‑91/08, EU:F:2010:13, apartado 29, y la jurisprudencia citada).
54 Al tratarse las pretensiones del demandante mencionadas anteriormente de una petición de orden conminatoria, procede declarar su inadmisibilidad.
2. Sobre las pretensiones de anulación
55 La Comisión estima que las tres primeras pretensiones son inadmisibles, en la medida en que las tres decisiones impugnadas constituyen actos de trámite internos de la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011 y, por ello, no son actos lesivos que puedan ser objeto de un recurso. En lo que atañe a la quinta pretensión, la Comisión sostiene que la decisión de que se trata no es un acto impugnable autónomo. Por lo que se refiere a la sexta pretensión, dirigida contra la decisión del Consejo de administración de 6 de octubre de 2011, afirma que es inadmisible en tanto se dirige contra la Comisión, puesto que la citada decisión fue adoptada por la EMA y no por la Comisión.
56 El demandante responde que, conforme a la convocatoria de vacante controvertida, la Comisión debe respetar las recomendaciones del comité de preselección y del CCN. Por consiguiente, las decisiones adoptadas por el comité de preselección y el CCN cuya anulación solicita en las tres primeras pretensiones son vinculantes para la Comisión y no constituyen actos de trámite de la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011. El demandante añade que, si bien es cierto que la Comisión habría podido no seguir las decisiones del comité de preselección y del CCN si hubiera comprobado un error manifiesto de apreciación y redactado un dictamen motivado en este sentido, no es menos cierto que, en el presente asunto, pese a la existencia de un error manifiesto de apreciación, la Comisión no redactó tal dictamen motivado. Por consiguiente, sostiene que en las circunstancias del caso de autos, puede considerarse que las tres primeras pretensiones de anulación son admisibles.
57 En relación con su quinta pretensión, por la que solicita la anulación de la decisión de la Comisión de 6 de octubre de 2011 por la que se desestima su reclamación de 27 de mayo de 2011, el demandante afirma que esta decisión contiene la motivación de la decisión del comité de preselección de no inscribirle en la lista de candidatos preseleccionados. Esta decisión de la Comisión contiene también hechos que el demandante ignoraba antes de recibir el correo de 14 de marzo de 2011 del secretario en funciones del CCN y completa, por consiguiente, la decisión de 14 de marzo de 2011 del CCN de no apartarse de la opinión del comité de preselección y de seguir las recomendaciones del citado comité. En consecuencia, estima que la decisión de la Comisión de 6 de octubre de 2011 por la que se desestima la reclamación tiene carácter autónomo y debe someterse al control de legalidad al que incumbe proceder al Tribunal.
58 En primer lugar, respecto a las tres primeras pretensiones, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, cuando se trata de actos o de decisiones cuya elaboración se lleva a cabo en varias fases, especialmente al término de un procedimiento interno, únicamente constituyen actos impugnables las medidas que fijan definitivamente la posición de la institución respecto del demandante, con exclusión de las medidas intermedias cuyo objetivo es preparar la decisión definitiva. Estas últimas, aun cuando pueden influir en el contenido del acto que fija definitivamente la posición de la institución, no pueden ser objeto de un recurso independiente y deben ser impugnadas en apoyo del recurso interpuesto contra dicho acto (véanse las sentencias N/Parlamento, F‑71/08, EU:F:2009:150, apartado 28, y Pleijte/Comisión, EU:F:2010:13, apartado 27; auto Possanzini/Frontex, F‑61/11, EU:F:2012:146, apartados 42 y 43).
59 En el presente caso, el Tribunal recuerda, por una parte, que el artículo 64 del Reglamento no 726/2004 dispone que el director ejecutivo de la EMA será nombrado por el Consejo de administración de la EMA sobre la base de una lista de candidatos propuesta por la Comisión. Por otra parte, el Tribunal observa que, conforme a las Directrices, el procedimiento de selección del director ejecutivo de la EMA se desarrolla en dos fases. La primera se desarrolla en la Comisión y se divide en varias etapas. En primer lugar, se crea un comité de preselección para elaborar un proyecto de lista de candidatos considerados los más cualificados. Más tarde, este proyecto de lista se remite al CCN para que emita su dictamen. El CCN emite un dictamen previo sobre los candidatos preseleccionados por el comité de preselección y elabora posteriormente él mismo una lista de candidatos que puede diferir de la redactada por el comité de preselección. Después de que los candidatos seleccionados por el CCN hayan realizado una prueba de evaluación con un consultor externo en materia de selección, el CCN les entrevista. Tras estas entrevistas, el CCN emite su dictamen final con la lista de los candidatos que estima más aptos. Este dictamen final del CCN sirve como documento de base al comisario de tutela y, en su caso, al miembro de la Comisión responsable de personal y administración para sus entrevistas. Por último, el comisario de tutela y, en su caso, el miembro de la Comisión responsable de personal y administración entrevista a los candidatos seleccionados por el CCN en su dictamen final o, por lo que respecta al miembro de la Comisión responsable de personal y administración, a cualquier otro candidato que considere que puede ser seleccionado. Más adelante el comisario de tutela transmite a la Comisión la lista de los candidatos seleccionados y después corresponde a la Comisión adoptar una lista de candidatos recomendados por ella que el comisario de tutela transmite a la autoridad facultada para proceder al nombramiento, en el presente caso al Consejo de administración de la EMA.
60 La segunda fase se desarrolla esencialmente ante el Consejo de administración de la EMA. Tras haber entrevistado a los candidatos que figuran en la lista transmitida por la Comisión, el Consejo de administración de la EMA elige a uno de ellos. Al candidato seleccionado se le invita posteriormente a hacer una declaración ante la comisión competente del Parlamento. Una vez que el Parlamento ha mostrado su conformidad con el candidato seleccionado por el Consejo de administración de la EMA, el Consejo de administración de la EMA nombra a ese candidato director ejecutivo.
61 Por tanto, del artículo 64 del Reglamento no 726/2004, desarrollado por las Directrices, resulta que el Consejo de administración de la EMA únicamente puede elegir al director ejecutivo entre los candidatos propuestos por la Comisión. Por consiguiente, la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011, por la que adopta una lista de cuatro candidatos para recomendar al Consejo de administración de la EMA, fijó la posición de la Comisión y encuadró la libertad de elección del Consejo de administración de la EMA, en la medida en que excluyó definitivamente al demandante de la participación en las etapas siguientes del procedimiento de selección. Por ello, la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011 constituye un acto lesivo para el demandante (véase, por analogía, la sentencia Pleijte/Comisión, EU:F:2010:13, apartado 28).
62 Ahora bien, de las Directrices se desprende también que el CCN no está vinculado por la lista de los candidatos preseleccionados por el comité de preselección para elaborar su propia lista de candidatos que quiere entrevistar, y que puede no entrevistar a candidatos preseleccionados o, al contrario, entrevistar a candidatos que no figuren en la lista del comité de preselección. Del mismo modo, siempre según las Directrices, los miembros de la Comisión responsables de elaborar una lista de candidatos para ser propuestos a la Comisión tampoco están vinculados por la lista de los candidatos seleccionados por el CCN, porque el miembro de la Comisión responsable de personal y administración podrá entrevistar a cualquier otro candidato que considere apto para ser seleccionado.
63 De ello se deduce que la decisión del comité de preselección sobre la adopción de una lista de cuatro candidatos que se recomiendan, la decisión del CCN de 14 de marzo de 2011 de convocar a una entrevista únicamente a los cuatro candidatos recomendados por el comité de preselección y la decisión del CCN de 7 de abril de 2011 de seguir las recomendaciones del comité de preselección no fijaban en absoluto la posición de la Comisión y constituían actos de trámite de la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011. Por tanto, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 58 de la presente sentencia, debe declararse la inadmisibilidad de las tres primeras pretensiones, dirigidas a la anulación de estas decisiones.
64 En segundo lugar, por lo que se refiere a la quinta pretensión, dirigida a la anulación de la decisión de la Comisión de 6 de octubre de 2011 por la que se desestima la reclamación de 27 de mayo de 2011, es reiterada jurisprudencia que la reclamación administrativa y su denegación, explícita o implícita, forman parte de un procedimiento complejo y que sólo constituyen un requisito previo necesario para poder acudir a la vía judicial. Ante tales circunstancias, el recurso, aunque dirigido formalmente contra la denegación de la reclamación, da lugar a que se someta al juez el acto lesivo contra el cual se presentó la reclamación, salvo en el supuesto de que la denegación de la reclamación tenga un alcance diferente al del acto contra el que se formuló la reclamación. Se ha declarado en reiteradas ocasiones que una resolución explícita desestimatoria de una reclamación podía, habida cuenta de su contenido, no tener carácter confirmatorio del acto impugnado por el demandante. Así sucede cuando la resolución desestimatoria de la reclamación reexamina la situación del demandante en función de nuevos elementos de hecho y de Derecho o cuando modifica o completa la decisión inicial. En estos supuestos, la desestimación de la reclamación es un acto sometido al control del juez, que lo tiene en cuenta al apreciar la validez del acto impugnado, o lo considera un acto lesivo que sustituye a éste (sentencias Adjemian y otros/Comisión, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, apartado 32, y Arguelles Arias/Consejo, F‑122/12, EU:F:2013:185, apartado 38).
65 Dado que, de acuerdo con la sistemática estatutaria, el interesado debe presentar una reclamación contra la decisión que impugne e interponer un recurso contra la decisión desestimatoria de dicha reclamación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que puede admitirse el recurso tanto si se dirige solamente contra la decisión objeto de la reclamación, como si lo hace contra la decisión por la que se rechaza la reclamación o contra ambas conjuntamente, siempre que la reclamación y el recurso se hayan interpuesto en los plazos previstos por los artículos 90 y 91 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»). Sin embargo, con arreglo al principio de economía procesal, el juez puede decidir que no procede pronunciarse específicamente sobre las pretensiones dirigidas contra la decisión desestimatoria de la reclamación si constata que dichas pretensiones están desprovistas de contenido autónomo y, en realidad, se confunden con las dirigidas contra la decisión contra la cual se presentó la reclamación (véase, en este sentido, la sentencia Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, apartados 7 y 8). En particular, puede suceder esto si el juez constata que la decisión desestimatoria de la reclamación, en su caso porque sea implícita, es meramente confirmatoria de la decisión objeto de la reclamación y que, por tanto, la anulación de aquélla no tendría sobre la situación jurídica de la persona interesada ningún efecto distinto del resultante de la anulación de ésta (sentencias Adjemian y otros/Comisión, EU:T:2011:506, apartado 33 y Arguelles Arias/Consejo, EU:F:2013:185, apartado 39).
66 En el presente asunto, el Tribunal señala que el demandante no identifica, en su reclamación de 27 de mayo de 2011, los actos que impugna. Pues bien, de los autos resulta que, tras el correo de 14 de marzo de 2011 del secretario en funciones del CCN informándole de que no se le convocaba para una entrevista, el demandante no recibió copia de la decisión del CCN de 7 de abril de 2011 por la que el CCN confirmó el proyecto de lista de los cuatro candidatos propuestos por el comité de preselección ni copia de la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011. Por ello, el 27 de mayo de 2011, el demandante únicamente sabía, a través del correo de 14 de marzo de 2011 antes citado, que no había sido preseleccionado por el comité de preselección, que el CCN no lo convocaría a una entrevista y que, según el CCN, su candidatura no había superado esta etapa.
67 Por consiguiente, debe considerarse que el demandante impugna, en su reclamación de 27 de mayo de 2011, la decisión por la que fue eliminado de la primera fase del procedimiento de selección, a saber, la que se desarrolló en la Comisión. Habida cuenta de que la decisión del comité de preselección por la que se adopta un proyecto de lista de cuatro candidatos preseleccionados, la decisión del CCN de 14 de marzo de 2011 de convocar a una entrevista únicamente a los cuatro candidatos inscritos en el proyecto de lista del comité de preselección y la decisión del CCN de 7 de abril de 2011 de no apartarse de la opinión del comité de preselección y de seguir sus recomendaciones son actos de trámite de la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011 (véase el apartado 63 de la presente sentencia), debe entenderse, como admite por otro lado la Comisión en su escrito de 2 de septiembre de 2013 presentado en respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento, que, en esta reclamación, el demandante impugna la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011.
68 A este respecto, el Tribunal observa que la decisión de la Comisión de 6 de octubre de 2011 por la que se desestima la reclamación de 27 de mayo de 2011 contiene precisiones, en especial, de hecho, sobre los actos de trámite de la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011, y la motivación que sirvió de base para que la Comisión adoptase la citada decisión. Por ello, procede concluir que incumbe al Tribunal examinar las pretensiones de anulación de la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011, tal como fue precisada por la decisión de 6 de octubre de 2011 por la que se desestima la reclamación de 27 de mayo de 2011 (véase, en este sentido, la sentencia Eveillard/Comisión, T‑258/01, EU:T:2004:177, apartados 31 y 32).
69 En tercer lugar, por lo que respecta a la sexta pretensión, que persigue la anulación de la decisión del Consejo de administración de 6 de octubre de 2011, esta pretensión es efectivamente inadmisible en la medida en que va dirigida contra la Comisión, ya que ésta no es la autora de dicha decisión.
70 En primer lugar, debe examinarse la cuarta pretensión, que tiene por objeto la anulación de la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011, y posteriormente la sexta pretensión, dirigida contra la decisión del Consejo de administración de 6 de octubre de 2011.
Sobre la cuarta pretensión, que tiene por objeto la anulación de la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011
71 Para fundamentar esta pretensión de anulación, el demandante invoca cuatro motivos formalmente presentados como basados respectivamente:
«[—] en la infracción del artículo 30 del Estatuto, en la infracción del artículo 3 del anexo III del Estatuto, en una desviación de poder, en la utilización de un procedimiento inadecuado y en la vulneración de los principios de transparencia, de imparcialidad, de inexistencia de conflicto de intereses, de buena administración, de igualdad y de reparto de competencias;
[—] en la infracción del artículo 27 del [Estatuto], en el incumplimiento del procedimiento de selección, en la infracción del marco legal tal como éste resulta de la publicación de la convocatoria de vacante [controvertida], en la violación del principio de reparto de competencias […], en la vulneración de los principios de imparcialidad, de buena administración, de objetividad en la evaluación, de inexistencia de conflicto de intereses, […] de igualdad y de inexistencia de desviación de poder;
[—] en la vulneración de los principios de reparto de competencias, de igualdad y de inexistencia de desviación de poder y de utilización de un procedimiento inadecuado;
[—] en un error manifiesto de apreciación».
72 El Tribunal observa, a la vista de los argumentos avanzados en el marco del primer motivo, que, al amparo de este primer motivo, el demandante invoca la infracción de las normas de composición del comité de preselección. El motivo se divide en dos partes. La primera se basa en el nombramiento de los miembros del comité de preselección en número par; la segunda en el desempeño simultáneo de los puestos de miembro del Consejo de administración de la EMA y de miembro del comité de preselección.
73 Asimismo, el Tribunal señala que, al amparo de su segundo motivo, el demandante invoca, por una parte, un error de Derecho en tanto el comité de preselección no eliminó de oficio a los dos candidatos que eran miembros del Consejo de administración de la EMA y, por otra parte, la infracción de la convocatoria de vacante controvertida, en la medida en que el comité de preselección cometió irregularidades al fijar los criterios de evaluación, al examinar los expedientes de candidatura y en la entrevista con el demandante.
74 Del mismo modo, de los escritos del demandante resulta que, mediante su tercer motivo, impugna la tesis de la Comisión de que ésta podría no haber aprobado el proyecto de lista elaborado por el comité de preselección y solicitar su modificación. Por tanto, debe entenderse que este motivo se basa en un error de Derecho en tanto la Comisión consideró erróneamente que podía no seguir la decisión del comité de preselección por la que aprueba un proyecto de lista de candidatos que recomienda.
75 Mediante su cuarto motivo, el demandante alega que se cometió un error manifiesto de apreciación respecto a su capacidad, a consecuencia del cual se prefirió a otros candidatos.
76 El Tribunal examinará, en primer lugar, la segunda parte del primer motivo, basado en el desempeño simultáneo de las funciones de miembro del Consejo de administración de la EMA y de miembro del comité de preselección.
77 El demandante sostiene que el hecho de que la presidenta del comité de preselección, la Sra. D, y otro miembro del comité de preselección, el Sr. E, fueran a su vez miembros del Consejo de administración de la EMA creó un conflicto de intereses para estas dos personas y vulneró el principio de imparcialidad que se impone a los miembros del comité de preselección. Esto con más razón en el caso de autos en la medida en que otros dos miembros del Consejo de administración de la EMA, a saber, los Sres. B y C, habían presentado su candidatura. Así, al elegir como miembros del comité de preselección a miembros del Consejo de administración de la EMA, la Comisión permitió, contrariamente al principio de buena administración, que se favorecieran las candidaturas antes citadas de los Sres. B y C.
78 El demandante añade que, mediante el nombramiento de dos miembros del Consejo de administración de la EMA como miembros del comité de preselección, fueron miembros del Consejo de administración de la EMA los que «cribaron» las diferentes candidaturas y formularon las preguntas a los candidatos durante la fase de preselección, sin tener autorización para ello, ya que esta fase del procedimiento se desarrolla en la Comisión y no ante el Consejo de administración. Al sustituir la apreciación del comité de preselección por la de dos miembros del Consejo de administración de la EMA, a su juicio la Comisión incurrió en desviación de poder, utilizó un procedimiento inadecuado y violó los principios de igualdad de trato, de buena administración y de reparto de competencias entre el Consejo de administración de la EMA y el comité de preselección.
79 La Comisión replica que no existe ninguna disposición legal que prohíba nombrar a un miembro del Consejo de administración de la EMA como miembro del comité de preselección. Tampoco existe una norma que prohíba a los miembros del Consejo de administración de la EMA postularse para un puesto de director ejecutivo de la EMA. Por consiguiente, el hecho de que dos miembros del Consejo de administración de la EMA fueran nombrados miembros del comité de preselección y examinasen y preseleccionasen candidatos, incluidos los Sres. B y C, también miembros del Consejo de administración de la EMA, no infringe ninguna disposición legal.
80 La Comisión añade que, cuando se trata de nombrar al director ejecutivo de una agencia en un ámbito altamente especializado, el comité de preselección debe estar compuesto por expertos del ámbito de que se trate que ocupen puestos de responsabilidad. Así, en el presente asunto, los miembros del comité de preselección formaban parte de los cuadros superiores de la DG «Salud» y de otra dirección general de carácter científico de la Comisión, a saber, la Dirección General de Investigación e Innovación, y precisamente porque formaban parte de los cuadros superiores de la Comisión y poseían la cualificación y la experiencia necesarias, algunos miembros del comité de preselección también formaban parte del Consejo de administración de la EMA. Los expertos que podían ser nombrados miembros del comité de preselección pertenecían a un círculo restringido y, por ello, no es sorprendente que conociesen por su reputación o personalmente a uno u otro candidato. En su opinión, en el presente caso, el nombramiento de la Sra. D y del Sr. E, respectivamente Directora General y funcionario de la DG «Salud», también miembros del Consejo de administración de la EMA, expertos en la materia, como miembros del comité de preselección estaba, por tanto, objetivamente justificado, y era incluso necesario. Pues bien, según la Comisión, este hecho no bastaba en sí mismo para concluir que hubiera falta de imparcialidad ni que existiese un conflicto de intereses o cualquier otra irregularidad. Tal alegación sólo puede aducirse sobre la base de pruebas precisas de la existencia de tal irregularidad y de su impacto sobre el procedimiento de selección, pruebas que no ha aportado el demandante.
81 En materia de concursos, se ha considerado que la amplia facultad de apreciación de que dispone el tribunal calificador de un concurso respecto a la determinación de las modalidades y del contenido detallado de las pruebas orales a las que deben someterse los candidatos debe compensarse con un cumplimiento riguroso de las normas que regulan la organización de dichas pruebas (sentencias Girardot/Comisión, T‑92/01, EU:T:2002:220, apartado 24, y Christensen/Comisión, T‑336/02, EU:T:2005:115, apartado 38).
82 Según reiterada jurisprudencia un tribunal calificador de un concurso se halla obligado a garantizar que sus apreciaciones sobre todos los candidatos examinados, durante los ejercicios orales, se efectúen en unas condiciones de igualdad y de objetividad (sentencia Pantoulis/Comisión, T‑290/03, EU:T:2005:316, apartado 90).
83 Si bien es cierto que, en el caso de autos, el comité de preselección no es un tribunal calificador de un concurso y que su dictamen no es vinculante ni para el CCN ni para la Comisión, no es menos cierto que esta jurisprudencia puede aplicarse en el presente asunto, ya que el comité de preselección tenía como finalidad, al igual que el tribunal calificador de un concurso, seleccionar a los mejores candidatos entre quienes presentan su candidatura tras la publicación de la convocatoria de la vacante controvertida y disponía de un amplio margen de maniobra para la organización de las pruebas de preselección (véase, para un comité de selección en un procedimiento interno, la sentencia CG/BEI, F‑115/11, EU:F:2014:187, apartado 60).
84 Correspondía por lo tanto a la Comisión, en virtud de los principios de buena administración y de igualdad de trato, velar por la adecuada organización de la primera etapa del procedimiento de selección, que debía desarrollarse ante el comité de preselección. Ello exigía que todos los miembros del comité de preselección, designados por la Comisión, tuviesen la independencia necesaria para que no pudiese cuestionarse su objetividad (véase la sentencia CG/BEI, EU:F:2014:187, apartado 61).
85 Por otro lado, procede señalar que el principio de buena administración, que conlleva para la institución competente la obligación de examinar minuciosa e imparcialmente todas las circunstancias pertinentes del asunto de que se trate, está consagrado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que, desde la entrada en vigor, el 1 de diciembre de 2009, del Tratado de Lisboa, tiene el mismo valor jurídico que los tratados, y que dispone en el artículo 41, titulado «Derecho a una buena administración», que toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.
86 En consecuencia, incumbe al Tribunal comprobar si el comité de selección se constituyó y funcionó regularmente, respetando, en particular, su deber de imparcialidad, ya que éste es una de las reglas que presiden las tareas de los tribunales calificadores de concursos, y, por analogía, las tareas de los comités de preselección, y que están sujetas al control del juez de la Unión (véase, en lo que atañe a los tribunales calificadores de concursos, el auto Meierhofer/Comisión, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, apartado 62).
87 En el caso de autos, del punto 7.2 de las Directrices resulta, por un lado, que el comité de preselección inicia el procedimiento de selección examinando con ayuda de una check-list si los candidatos cumplen los criterios de admisibilidad y posteriormente, partiendo de los criterios de selección incluidos en la convocatoria de vacante, establece un baremo de evaluación que le permite comparar el perfil de los candidatos con el perfil buscado y las competencias específicas exigidas en la citada convocatoria. Al término de esta evaluación, el comité de preselección elabora una primera lista de candidatos preseleccionados que considera que se corresponden mejor con el perfil buscado y les convoca a una entrevista. Tras las entrevistas, transmite al CCN un informe completo con información sobre cada entrevista, una evaluación cualitativa de todos los candidatos, los haya o no entrevistado, y un proyecto de lista de los candidatos considerados más cualificados. Por otro lado, del artículo 64 del Reglamento no 726/2004 y del punto 10.3 de las Directrices se deduce que el Consejo de administración de la EMA, por su parte, debe elegir al director ejecutivo de entre los candidatos propuestos por la Comisión.
88 Por tanto, el comité de preselección es competente para recomendar a varios candidatos al CCN, pese a que la toma de la decisión sobre el nombramiento del director ejecutivo de la EMA corresponda al Consejo de administración de la EMA. Por consiguiente, la cuestión que se plantea es si la Sra. D y el Sr. E, que eran a la vez miembros del comité de preselección, órgano que realiza la propuesta, y miembros del Consejo de administración de la EMA, órgano que toma la decisión, respetaron su deber de imparcialidad a la vista de las competencias, bien diferenciadas, del comité de preselección y del Consejo de administración de la EMA.
89 A este respecto, el Tribunal señala que, si bien es cierto que el proyecto de lista de los candidatos recomendados por el comité de preselección no es vinculante ni para el CCN ni para la Comisión, no es menos cierto que esta lista propuesta y la evaluación cualitativa de todos los candidatos que el comité de preselección incluye en su informe tienen una importancia real para el desenlace del procedimiento de preselección, en la medida en que, por una parte, el CCN debe tenerlas en cuenta, y en que, por otra parte, el comisario de tutela entrevistará, de conformidad con el punto 8.3 de las Directrices, únicamente a los candidatos que hayan sido seleccionados por el CCN en su dictamen final. Por consiguiente, no puede negarse que el comité de preselección ejerce una influencia determinante sobre la lista final de los candidatos propuestos por la Comisión al Consejo de administración de la EMA.
90 Del mismo modo, el Tribunal observa, por una parte, que los miembros del comité de preselección que son además miembros del Consejo de administración de la EMA podrán votar, en la reunión del Consejo de administración, personalmente o a través de su suplente, en favor del nombramiento de uno de los candidatos seleccionados por la Comisión. El Tribunal indica, por otra parte, que los miembros del Consejo de administración de la EMA pueden desempeñar un papel especialmente importante durante las deliberaciones del Consejo de administración, con independencia de que ejerzan o no su derecho de voto, y que en cualquier caso están en contacto directo con los demás miembros del Consejo de administración.
91 A la vista de las consideraciones anteriores, debe concluirse que el desempeño simultáneo de las funciones de miembro del comité de preselección y de las de miembro del Consejo de administración de la EMA puede comprometer la independencia y la objetividad de las personas afectadas por esta acumulación de funciones.
92 Por consiguiente, sin entrar a valorar el contenido de los debates que se desarrollaron entre los miembros del comité de preselección y las posiciones adoptadas por los diferentes miembros de este comité, incluidos la Sra. D y el Sr. E, debe concluirse que la Sra. D y el Sr. E, por el mero hecho de haber formado parte del comité de preselección, incumplieron su deber de imparcialidad. En consecuencia, en la medida en que cada uno de los miembros del comité de preselección debe tener la independencia necesaria para no comprometer la objetividad del comité de preselección en su conjunto, procede considerar que se incumplió el deber de imparcialidad del comité de preselección en su conjunto.
93 Las alegaciones de la Comisión no desvirtúan esta conclusión.
94 En primer lugar, en lo que atañe a la alegación de que los miembros del Consejo de administración de la EMA que fueron nombrados miembros del comité de preselección no representaban en ningún caso al Consejo de administración de la EMA en el comité de preselección y no actuaban en su nombre, ya que el Consejo de administración de la EMA estaba efectivamente representado en el comité de preselección en la persona del observador, en el presente caso, el Sr. A, basta señalar que el demandante no cuestiona la participación en las tareas del comité de preselección del Sr. A como observador. Ahora bien, como se ha declarado en el apartado 92 de la presente sentencia, el mero hecho de que la Sra. D y el Sr. E, ambos miembros del Consejo de administración de la EMA, hayan formado parte del comité de preselección constituyó un incumplimiento de su deber de imparcialidad. Por otro lado, de los autos resulta que la Sra. D participó en las reuniones del Consejo de administración de la EMA de los días 5 de mayo y 8 de junio de 2011 que tuvieron por objeto el nombramiento del nuevo director ejecutivo de la EMA y que, por ello, participó en las entrevistas de los cuatro candidatos propuestos por la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011, así como en los debates que llevaron al nombramiento del Sr. C. Esta circunstancia muestra que el demandante dudaba legítimamente de la imparcialidad con la que la Sra. D presidió las tareas del comité de preselección.
95 Además, tampoco cabe estimar la alegación de la Comisión según la cual el hecho de que solamente dos miembros del Consejo de administración de la EMA, de los 35 miembros que lo componen, fueran también miembros del comité de preselección no permite sostener que miembros del Consejo de administración de la EMA hayan sustituido la apreciación del comité de preselección por la suya. En efecto, aun suponiendo que ni la Sra. D ni el Sr. E hubieran participado en las reuniones del Consejo de administración de la EMA de 5 de mayo y 8 de junio de 2011, lo cierto es que participaron en las reuniones del comité de preselección y pudieron, como miembros de ese comité, influir sobre la apreciación de cada uno de los candidatos por los otros miembros del comité de preselección.
96 Asimismo, procede desestimar la alegación de la Comisión de que el nombramiento de la Sra. D y del Sr. E como miembros del comité de preselección estuviera justificada objetivamente y fuera necesaria, al ser ambos expertos en la materia. En efecto, como ha reconocido la Comisión en la vista, no era imposible nombrar para formar parte del comité de preselección expertos que no fueran miembros del Consejo de administración de la EMA. Por otro lado, el Tribunal observa que las Directrices permiten evitar que miembros del comité de preselección sean también miembros del Consejo de administración de la EMA. En efecto, el punto 7.1 de las Directrices, por una parte, permite a la dirección general de tutela elegir a los miembros del comité de preselección de entre varios funcionarios de los cuadros superiores previendo que el comité de preselección esté formado por el director general o el director general adjunto de la dirección general de tutela, por un director de la dirección general de tutela y de un director de otra dirección general. Por otra parte, la citada disposición prevé también que los miembros del comité de preselección serán nombrados «por lo general» de entre los funcionarios antes citados. Por consiguiente, si se evidencia, como en el presente caso, que las personas enumeradas en el punto 7.1 de las Directrices, a saber, el director general, el director general adjunto y un director de la dirección general de tutela, ya son miembros del Consejo de administración de la agencia de que se trata, puede nombrarse miembros del comité de preselección a otras personas.
97 Del mismo modo, debe desestimarse la alegación de la Comisión de que ninguna norma prohíbe que se nombre a los miembros del Consejo de administración de la EMA miembros del comité de preselección. En efecto, el desempeño simultáneo de estos dos puestos por una sola persona constituye un incumplimiento, como acaba de declarar el Tribunal, del deber de imparcialidad del comité de preselección y es, por ello, contrario al artículo 41 de la Carta.
98 Por último, tampoco puede prosperar la alegación de la Comisión de que el artículo 11 bis del Estatuto constituye una garantía de la imparcialidad de los miembros del comité de preselección. En efecto, si bien es cierto que, conforme al artículo 11 bis del Estatuto, todo funcionario debe abstenerse de tramitar un asunto en el que tenga intereses personales que puedan menoscabar su independencia y si bien también es cierto que de los autos resulta que el Sr. A y un miembro del comité de preselección no participaron en una entrevista con un candidato, no es menos cierto que la Sra. D y el Sr. E, pese al artículo 11 bis del Estatuto, no se opusieron a su nombramiento como miembros del comité de preselección, que participaron en todas las entrevistas con los candidatos y que, respecto a la Sra. D, ésta no notificó, de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento interno del Consejo de administración, que tuviera un posible interés que pudiera menoscabar su independencia durante las reuniones del Consejo de administración de la EMA de los días 5 de mayo y 8 de junio de 2011.
99 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debe declararse fundada la segunda parte del primer motivo, basada en la acumulación de los puestos de miembro del Consejo de administración de la EMA y de miembro del comité de preselección.
100 En consecuencia, deben estimarse las pretensiones de anulación de la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011, sin que sea necesario examinar ni la primera parte del primer motivo ni los demás motivos formulados.
Sobre la sexta pretensión, que tiene por objeto la anulación de la decisión del Consejo de administración de 6 de octubre de 2011
101 Del artículo 64 del Reglamento no 726/2004, desarrollado por las Directrices, resulta que el Consejo de administración de la EMA sólo podía nombrar director ejecutivo de la EMA a uno de los candidatos preseleccionados e inscritos en la lista adoptada por decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011. Así sucedió en el caso de autos, dado que la decisión del Consejo de administración de 6 de octubre de 2011 procedió al nombramiento del Sr. C, que figuraba en la lista adoptada por la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011. En la medida en que el Tribunal ha declarado en el apartado anterior que la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011 debía anularse, procede concluir que debe anularse también la decisión del Consejo de administración de 6 de octubre de 2011.
102 En consecuencia, deben estimarse también las pretensiones de anulación de la decisión del Consejo de administración de 6 de octubre de 2011.
3. Sobre las pretensiones de indemnización
103 El demandante considera, en esencia, que la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011 y la decisión del Consejo de administración de 6 de octubre de 2011 le ocasionaron un perjuicio moral, que sin embargo no cuantifica.
104 La Comisión y la EMA solicitan que se declaren infundadas las pretensiones de indemnización.
105 Se ha declarado que la anulación de un acto ilegal puede constituir por sí misma una reparación adecuada y, en principio, suficiente de todo daño moral que pueda haber causado dicho acto. No obstante, éste no sería el caso cuando la parte demandante demuestre haber sufrido un daño moral separable de la ilegalidad en la que se basa la anulación y que no puede ser reparado totalmente por dicha anulación (sentencia Michail/Comisión, T‑49/08 P, EU:T:2009:456, apartado 88).
106 En la medida en que se anularon la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011 y la decisión del Consejo de administración de 6 de octubre de 2011 incumbe, por ello, al Tribunal proceder a dicho examen.
107 En el caso de autos, el demandante no ha concretado en modo alguno sus pretensiones de indemnización. Tampoco se desprende de sus escritos la existencia de un daño moral separable de la ilegalidad que fundamenta la anulación de la decisión de la Comisión de 20 de abril de 2011 y de la decisión del Consejo de administración de 6 de octubre de 2011 y que no pueda ser reparado totalmente por la anulación de estas dos decisiones. Por ello, el Tribunal estima que cualquier perjuicio moral que el demandante pudiera haber sufrido por la ilegalidad de las citadas decisiones se ha reparado de manera adecuada y suficiente por la anulación de éstas.
108 De cuanto antecede se deduce que las pretensiones de indemnización deben ser desestimadas.
109 A tenor del artículo 101 del Reglamento de Procedimiento, sin perjuicio de las demás disposiciones del capítulo octavo del título segundo de dicho Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones cargará con sus propias costas y será condenada a cargar con las costas en que haya incurrido la otra parte, si así lo hubiera solicitado esta última. En virtud del artículo 102 del Reglamento de Procedimiento, si así lo exige la equidad, el Tribunal de la Función Pública podrá decidir que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones cargará con sus propias costas, pero sólo será condenada a cargar parcialmente con las costas en que haya incurrido la otra parte, o incluso que no debe ser condenada en costas.
110 De los fundamentos de Derecho expuestos en la presente sentencia resulta que, habida cuenta de que el recurso ha sido esencialmente estimado, la Comisión y la EMA son quienes han visto desestimadas sus pretensiones. Además, el demandante, en sus pretensiones, ha solicitado expresamente la condena en costas de la Comisión y la EMA. Dado que las circunstancias del presente asunto no justifican la aplicación de las disposiciones del artículo 102 del Reglamento de Procedimiento, la Comisión y la EMA deberán cargar con sus propias costas, incluidas aquellas en las que hayan incurrido en el procedimiento sobre medidas provisionales, y se les condena a cargar a partes iguales con las costas del demandante, incluidas aquellas en las que haya incurrido en el procedimiento sobre medidas provisionales.
1) Anular la decisión de la Comisión Europea de 20 de abril de 2011, por la que propone al Consejo de administración de la Agencia Europea de Medicamentos una lista de cuatro candidatos recomendados por el comité de preselección y confirmados por el comité consultivo para los nombramientos.
2) Anular la decisión del Consejo de administración de la Agencia Europea de Medicamentos de 6 de octubre de 2011, por la que se nombra al director ejecutivo.
4) La Comisión Europea y la Agencia Europea de Medicamentos cargarán, cada una de ellas, con sus propias costas y se les condena a cargar, a partes iguales, con las del Sr. Hristov.
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de noviembre de 2014.

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