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Contrato de seguros: Ley de Seguros Vs. Ley de Defensa del Consumidor
La aplicación al contrato de seguro de la normativa emergente en la Ley de Defensa del Consumidor, en lo que a determinación del plazo de prescripción se refiere, ha generado un conflicto de interpretación normativa cuya resolución puso de relieve la existencia de dos posturas antagónicas tanto en doctrina como en jurisprudencia.
La cuestión se centra en determinar cuál es el plazo de prescripción aplicable a la acción entablada por la actora.
Los camaristas consideraron que este caso debe ser juzgado conforme la redacción actual del artículo 50 de la ley 24.240, y que se impone la postura que considera aplicable al caso, que es acción nacida en el marco de una relación de consumo y por lo tanto “emergente” de la ley 24.240, el plazo prescriptivo trienal previsto en la Ley de Defensa del Consumidor.
Para ello consideraron que se encuentran presentes los elementos de toda relación de consumo:
a) “Liberty Seguros S.A” es una compañía que se dedica –habitual y profesionalmente- a la oferta de seguros en los términos en que la ley regula la actividad (ley 17.418). En consecuencia, no cabe duda que la demandada es una “proveedora” de un servicio: seguros.
b) La asegurada celebró con “Liberty Seguros S.A” en carácter de consumidora final un contrato de seguro para proteger su vivienda y los bienes existentes en ella contra robo, hurto e incendio.
En este sentido, no cabe duda que el asegurado es consumidor final conforme art. 1° de la ley 24.240.
c) Dicha relación contractual no se encuentra prevista dentro de las exclusiones del art. 2 de la ley 24.240 (mod. por ley 26.361).
Contrato de seguro. Contrato de consumo. Existencia de una relación de consumo. Ley de Defensa del Consumidor. Asegurado considerado consumidor final conforme artículo 1° de la Ley 24240. Plazo de prescripción aplicable. Aplicación del plazo prescriptivo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 24240. Revocación de sentencia.
“CAPORALETTI, MARIA CECILIAC/ LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A. S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES”
06/06/2011 – CACC – Sala III – Mar del Plata
En la ciudad de Mar del Plata, a los 06 días del mes de junio de dos mil once,, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados ”CAPORALETTI MARIA CECILIAC/ LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A. S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Pedro D. Valle.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes::
1a). Es justa la sentencia de fs.129/136?.
2a). Que pronunciamiento corresponde dictar?.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
I. El Señor Juez de primera instancia receptó la defensa de prescripción interpuesta por la demandada a fs. 100/103 y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida por la Sra. María Cecilia Caporaletti, contra la compañía de seguros LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A. (arts. 161, 344 y cctes del CPC). Las costas se impusieron a la accionante vencida (art. 68 del CPC).
II.La Dra. Bárbara Inés Rimondi, invocando el beneficio del art. 48 del CPC por la Sra. María Cecilia Caporaletti, apela dicho pronunciamiento a fs. 141. Funda 148/151, mereciendo replica de la contraria a fs. 154/162.
III. El apelante se agravia de la sentencia al entender que, a los efectos de hacer lugar a la excepción de prescripción interpuesta por la demandada, el Magistrado ha aplicado erróneamente lo normado por el art. 58 de la ley 17.418 (plazo de prescripción de un año). Agrega que debió aplicar el art. 50 de la ley 24.240 (3 años) por tratarse de un contrato de consumo.
Manifiesta que a los fines de fundar su decisorio el a quo se ha apartado en forma improcedente, arbitraria e ilegítima del texto expreso del art. 50 de la ley 24.240.
Aduce el quejoso que la prevalecencia de la ley de consumidor sobre cualquier otra norma especial o general, ha sido incorporada a la Ley 24.240 mediante la reforma de Ley 26.361, promulgada el 3 de abril de 2008.
Según el apelante, la doctrina y jurisprudencia invocadas por el a quo han caído en abstracto por ser anteriores y contradictorias a la ley 26.361.
Menciona que no desconoce que hay antecedentes jurisprudenciales con anterioridad a la ley 26.361 que interpretan en relación al plazo de prescripción que ha de estarse a la normativa de la ley de seguro.
Entiende el recurrente que la discusión quedó zanjada por la nueva redacción del art. 50 de la ley 24.240 que dispone claramente que, en caso de contradicción de plazos de prescripción fijados por diferentes leyes-tanto especiales o generales– ha de estarse a la que resulta más favorable al consumidor.
En tal sentido señala que la normativa de defensa del consumidor es una ley especial y posterior a la ley 17.418.
Afirma que el plazo de prescripción comenzó el día 5/10/2008 y vence el próximo 5/10/2011, por lo tanto, al ser presentada la demanda el 8 de junio de 2010 la misma ha sido interpuesta en legal tiempo y forma.
Manifiesta que el a quo fundamenta su decisión (fs. 132 vta/133) en situaciones de hecho que no han sido esgrimidas por la demandada, tales como: “modificaciones de contrataciones”; “efectos en cadena contrario a la telesis de la norma protectoria de los consumidores”; “una prima sumamente costosa y de difícil acceso al público en general”.
Concluye el quejoso que la alegación de esas cuestiones de hecho violan el principio de congruencia, del debido proceso y defensa en juicio. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
IV. Pasaré a analizar los agravios planteados:
La cuestión traída a estudio de esta Alzada se centra en determinar cuál es el plazo de prescripción aplicable a la acción entablada por la actora.
Por un lado la demandada sostiene que es de aplicación al caso de autos lo dispuesto por el art. 58 de la ley 17.418, postura ésta que fue acogida por el a quo en la sentencia recurrida, mientras que la accionante entiende aplicable el plazo prescriptivo dispuesto en el artículo 50 de la ley 24.240.
Al efecto de resolver cuál es la norma aplicable el caso se debe analizar si entre las partes existe una relación de consumo que habilite la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor para luego, en caso de ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior, ingresar en la consideración referida a la aplicación temporal de la reforma introducida por la ley 26.361 al artículo 50 de la ley 24.240 y finalmente resolver acerca del orden normativo que debe primar para resolver la cuestión.
Desde la reforma constitucional de 1994, los derechos de los consumidores y usuarios gozan de rango constitucional -arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional; y 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- que, al igual que la ley 24.240, otorgan un amplio significado a las expresiones “consumidores” y “usuarios”.
Ahora bien, no significa que el sistema de protección se agote allí. Precisamente y con la finalidad del sistema de otorgar protección al más débil, podemos inferir que la normativa del consumidor, no es solamente lo reglado en la ley 24.240, sino que se integra con aquellas normas que resulten aplicables a la relación jurídica de consumo.
Surge con claridad del art. 3 de la normativa del consumidor que establece que las disposiciones de la ley de defensa del consumidor “se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley 22.082 de Lealtad Comercial” (Jorge Mosset Iturraspe-Javier H. Wajntraub “Ley de defensa del Consumidor”. La ley 24.240. Protección Procesal de Usuarios y Consumidores por Osvaldo Gozaíni. Editorial Rubinzal-Culzoni pág. 59/60; Juan M. Farina “Defensa del consumidor y del usuario” 4° edición actualizada y ampliada. Editorial Astrea, 2008, pág. 43).
En consecuencia, sobre dichas bases debe definirse la relación de consumo.
Esta expresión abarca a todas las circunstancias que rodean o se vinculan a una actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destino final de consumidores y usuarios (Farina, Juan M. “Defensa del consumidor y del usuario”, p. 45, Astrea, 2008, Bs As; Lorenzetti, Ricardo, Luis “Consumidores”, pág 82 y ss, Rubinzal-Culzoni, 2009, Cám. Apel. Civ. y Com. II, Mar del Plata, causa nro. 140792, RSD 4/11/2008; Rivera, “Interpretación del Derecho Comunitario y noción de consumidor. Dos aportes de la Corte de Luxemburgo”, publicado en La Ley 1998-C-518).
Al hablar de consumidor la ley 24.240 en su art. 1 refiere en forma indistinta a toda persona física o jurídica que adquiere un bien o servicio para utilizarlo o consumirlo ella misma o su grupo familiar.
Por otro lado, el art. 2 de la ley 24.240 considera proveedor de aquellos bienes y servicios a toda persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que de manera profesional presten servicios a consumidores o usuarios.
Es evidente que, para la ley 24.240 la causa fin es el destino final de consumo, siendo ese el elemento calificante de las normas.
De no darse esta circunstancia la ley de protección del consumidor no es aplicable.
A fin de determinar si existe relación de consumo, consideremos como operan estos aspectos teóricos en el caso que nos ocupa:
b) La Sra. María Cecilia Caporaletti el 21 de abril de 2008 celebró con “Liberty Seguros S.A” en carácter de consumidora final un contrato de seguro para proteger su vivienda y los bienes existentes en ella contra robo, hurto e incendio (ver fs. 38/52).
Concluyo que en el caso que nos ocupa se encuentran presentes los elementos de toda relación de consumo y que ya analice en el marco teórico.
En ese orden de ideas, coincido con el criterio mayoritario de la doctrina en cuanto a que el contrato de seguro (como el de autos) constituye un contrato de consumo cuando se celebra entre un consumidor final (asegurado) y una persona jurídica (el asegurador) que actuando profesionalmente, se obliga mediante el pago de una prima, a prestar un servicio cual es la asunción del riesgo previsto en la cobertura asegurativa: el resarcimiento del daño o el cumplimiento de la prestación convenida (argto. doct. Farina, Juan M., “Defensa del consumidor y Usuario”, 3era. Edic., Edit. Astrea Bs. As. 2004, pág. 396; Picasso-Vazquez Ferreira “Ley de defensa del consumidor-Comentada y Anotada” La Ley T°II, pág. 439; Stiglitz, Rubén S., “Derecho de Seguros”, 5ta. Ed. Act. y amp TI, LLBA, 2008-II, pág.158, 196; Edgardo López Herrera “Tratado de la Prescripción Liberatoria”, 2da. Ed., AbeledoPerrot, 2009, pág. 772).
Conforme los argumentos dados, el presente caso se encuentra alcanzado por la ley 24.240.
Una vez determinada la existencia de una relación de consumo, presupuesto necesario para la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, trataré la cuestión atinente a la vigencia temporal de la reforma introducida al art. 50 de la ley 24.240 (mod. por ley 26.361).
De conformidad con el artículo 3 del Código Civil “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias”.
Al interpretar los alcances de la norma transcripta la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto que: “…El artículo 3 del Código Civil establece que las leyes se aplicarán a partir de su entrada en vigencia aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir que consagra la aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están “in fieri” o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción; lo que no puede juzgarse de acuerdo con ella son las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, que quedan sujetas a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico…”(SCBA. en la causa C. 84480 “Banco de La Pampa c/ Wiersma, Enrique s/ Cobro ejecutivo” sent. del 16-III-2011; SCBA. en la causa C. 101610 “Banco de la Prov. de Bs. As. c/ Aloisi, Gustavo Ezequiel s/ Cobro de pesos” sent. del 3-IX-2009; SCBA. en la causa C. 98117 “Sachinelli, Daniel A. c/ Napp, Ricardo y otro s/ Daños y perjuicios” sent. del 15-IV-2009; SCBA. en la causa C. 87841 “Mercerat, Gustavo Claudio c/ Lattaro, Jerónimo s/ Desalojo” sent. del 12-XII-2007; entre otras).
El Máximo Tribunal Provincial, ratificando la doctrina legal sentada en el precedente “Repetto”, ha resuelto en un reciente pronunciamiento que “…la interpretación adecuada como fuera adelantado es la que coloca al art. 3 del Código Civil como norma general relativa a la eficacia de la nueva ley en el tiempo, manteniendo la operatividad de lo normado en el art. 4051 del ordenamiento cuando la sucesión normativa se refiere al instituto de la prescripción…” (SCBA. en la causa C. 101.610 “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Aloisi, Gustavo Ezequiel s/ Cobro de pesos” sent. del 30-IX-2009; SCBA. en la causa Ac. 14.472 “Repetto, Carlos c/ Ezio Pilade” sent. del 11-III-1969).
Atento las particularidades del caso la última doctrina reseñada no resulta de aplicación al supuesto en estudio toda vez que lo dispuesto por el artículo 4051 del Código Civil cobra operatividad cuando la cuestión a determinar es cuál es la ley aplicable en materia de prescripción cuando el cómputo de ésta se encuentra en curso al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley.
La contratación que vincula a las partes es anterior a la reforma del artículo 50 de la ley 24.240 (modif. por ley 26.361).
La póliza entró en vigencia el día 04/04/2008 mientras que la ley 26.361 fue publicada el día 07/04/2008.
Por su parte, el ilícito que dio motivo al cobro del seguro -11/07/2008- así como también el reclamo efectuado a la demandada -14/07/2008- y la respuesta de ésta -26/08/2008- son hechos que se desarrollaron con posterioridad a la modificación introducida al art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor (ver fs. 38, 53, 54 y 55).
Claramente surge que el hecho que motivó la acción entablada por la actora y la exigibilidad del reclamo, pauta determinante del inicio del plazo de prescripción, se desarrollaron encontrándose vigente la nueva redacción dada al artículo 50 de la ley 24.240 –modif. por ley 26.361- (art.3 y concds. del Código Civil).
Una de estas posiciones es la de quienes sostienen que no resulta aplicable la prescripción trienal contemplada en la Ley de Defensa del Consumidor a aquellas acciones nacidas en torno a un contrato de seguros propiciando la aplicación en tales supuestos del plazo de prescripción anual previsto en el art. 58 de la ley 17.418.
Variados son los fundamentos que dan sustento a esta postura los que pueden sintetizarse del siguiente modo:
a) Quienes se enrolaban en esta postura, con anterioridad a la modificación introducida por la ley 26.361, consideraban que la ubicación del art. 50 de la ley 24.240 dentro del capítulo XII referido al procedimiento y sanciones administrativas denota que el plazo prescriptivo allí previsto es aplicable a las acciones y sanciones de tal carácter y no a las acciones judiciales (ver. Stiglitz, Rubén – Compiani, María Fabiana “El plazo de prescripción en el derecho de seguros”, LL 2005-F-379; Cám. Nac. de Com., Sala D, en la causa “Zandona, Hugo c/ Caja de Seguros S.A. s/ Ordinario”, sent. del 02-09-2009).
b) Otro de los fundamentos utilizados para sostener esta posición es que tratándose de un contrato de seguros la ley 17.418 es ley especial mientras que la ley 24.240 es ley general y, en consecuencia, ésta última no deroga a la primera (ver. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Sala civil y penal, en la causa “Cortés, Imer c/ La Caja Cía. de Seguros” sent. del 13/08/2004 publicada en LLNOA 2005 (octubre), 1165; López Saavedra, Domingo “La prescripción en la ley de seguros y de defensa del consumidor”, LL 2009-F-705).
c) Asimismo se ha dicho que la Ley de Seguros tiene preeminencia sobre la Ley de Defensa del Consumidor en tanto existe una incompatibilidad entre ambos regímenes no sólo de índole jurídica sino también práctica que podría llevar a un desequilibrio económico del contrato, pues el plazo prescriptivo contenido en la Ley de Seguros tiene en cuenta la valoración del riesgo económico de este tipo de contrataciones (ver. Cám. Nac. de Com., Sala B, en la causa “Fernández, Ricardo c/ Orígenes Seguros de Retiro S.A s/ Ordinario”, sent. del 23-10-2009; Cám. Nac. de Com., Sala B, en la causa “Petorella, Liliana Irene c/ Siembra Seguros de Retiro S.A s/ Ordinario”, sent. del 03-07-2009).
d) Finalmente los que sostienen esta interpretación alegan que la prescripción prevista en el artículo 50 de la ley 24.240 se aplica exclusivamente a las acciones judiciales emergentes de la propia ley de defensa del consumidor, pero no a las acciones que emergen del contrato del seguro (ver. Cám. Nac. de Com., Sala C, en la causa “Cabral, Oscar Alberto c/ Caja de Seguros de Vida S.A. s/ Ordinario”, sent. del 05-03-2010; Cám. Nac. de Com., Sala D, en la causa “Canepa, Ana María c/ Mapfre Aconcagua Cía. de Seguros S.A. s/ Ordinario”, sent. del 26-10-2009; Cám. Nac. de Com., Sala C, en la causa “Lois, María c/ La Buenos Aires Cía. Arg. de Seguros S.A. s/ Ordinario”, sent. del 17-12-2008).
En contraposición a la postura reseñada se encuentran aquellos que afirman que cuando resulta aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, en un reclamo efectuado por el asegurado al asegurador en razón de la relación asegurativa que los vincula, es el plazo prescriptivo previsto en el artículo 50 de esta última –modif. por ley 26.361- el que debe prevalecer ante aquel dispuesto en el artículo 58 de la ley 17.418.
Previo a desarrollar los argumentos que dan fundamento a esta posición cabe aclarar que se tendrán en cuenta entre ellos los generados con motivo de la reforma introducida por la ley 26.361 al art. 50 de la ley 24.240, pues, como antes he señalado, es dicha manda en su redacción actual la que resulta objeto de análisis al efecto de determinar su aplicación al caso.
Expuesto lo anterior, destaco que resulta ser el argumento fundamental, para quienes sostienen que debe primar en esta materia las prescripciones emergentes de la ley 24.240, la consideración que en aquellos casos que presentan colisión normativa debe tenerse en cuenta que no es la ley, sino la Constitución Nacional (art. 42) la que resulta ser fuente principal del derecho consumerista (ver. Ricardo Luis Lorenzetti “Consumidores”, 2da edición, Ed. Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2009, pág. 45 y sgts.; Sebastián Picasso – Roberto A. Vázquez Ferreyra. Directores “Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y Anotada”, t. II, Ed. La Ley, Bs. As., 2009, pág. 545; Juan M. Farina “Defensa del consumidor y del usuario”, 4ta. Edición, Ed. Astrea, Bs. As., 2008, pág. 122; Jorge Mosset Iturraspe – Javier H. Wajntraub “Ley de Defensa del Consumidor”, Ed. Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2008, pág. 61; art. 42 de la Constitución Nacional, art. 38 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As.).
Argumentan los sostenedores de esta postura que el plazo de tres años de la ley 24.240 (modif. por ley 26.361) debe prevalecer sobre otros plazos prescriptivos menores, toda vez que el orden público protectorio que informa el texto del art. 3 de la ley mencionada hace que todo contrato de consumo deba regirse por los preceptos que en el caso resulten más favorables a la parte más débil de la relación negocial, siendo indudable que es más favorable un plazo trienal que uno anual cuando de pérdida de acciones se trata (ver. CNCiv. de Santa Fe, Sala I, en la causa “Martínez, Walter y otra c/ Aetna Vida S.A” sent. del 04-10-2006 citado en Sebastián Picasso – Roberto A. Vázquez Ferreyra., ob. cit., pág. 545; SCBA. en la causa “Rojas, Nilda Susana c/ Thames, Gustavo Ariel s/ Resolución de contrato”, sent. del 3-VI-2009).
Sin lugar a dudas, resulta ser un fundamento de importancia para quienes entienden que es aplicable el plazo prescriptivo previsto en el artículo 50 de la ley 24.240 lo dispuesto por éste luego de la modificación introducida por la ley 26.361, pues tal manda en su redacción actual precepta que “Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos que el establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario”, denotando ello que claramente el legislador optó por aplicar el principio general emergente del artículo 3 de la ley (ver. Ricardo Luis Lorenzetti, ob. cit., pág. 612; Jorge Mosset Iturraspe – Javier H. Wajntraub, ob. cit., pág. 272).
Se suman otros fundamentos que se sintetizan del siguiente modo:
a) La influencia que tiene la ley del consumidor lleva a que hoy se encuentre en discusión en el Congreso si se incorpora la relación de consumo en el Proyecto de Unificación del Código Civil y Comercial.
No se debe olvidar que se trata de un contrato de seguro con cláusulas predispuestas y deben regir los principios de buena fe y protección de la confianza entre los contratantes (art. 1198 del Código Civil; argto. doct. Waldo Sobrino “Un nuevo orden público de seguros”, diario La Ley de fecha 10 de marzo de 2011).
b) La objeción que se hacía al texto anterior del art. 50 de la ley 24.240, referida a que el plazo de prescripción era sólo aplicable a las acciones administrativas, en la actualidad carece de asidero ante la nueva redacción de la manda precitada la que establece ahora que el término de tres años se aplica tanto a las acciones judiciales, como a las administrativas y las sanciones que surgen de la ley (ver. Edgardo López Herrera, “Tratado de la Prescripción Liberatoria”, 2da. Edición, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2009, pág. 737).
c) No puede pretenderse fundar la aplicación de la ley 17.418 por sobre la Ley de Defensa del Consumidor con el argumento que la primera resulta ser ley especial y la segunda ley general, toda vez que, la fuente constitucional confiere al derecho del consumidor el carácter iusfundamental, lo que implica que el sistema de solución de conflictos normativos no está guiado por las reglas de las antinomias legales tradicionales sino por las reglas que guían la solución de colisiones iusfundamentales (argto. doct. Ricardo Luis Lorenzetti, ob. cit., pág. 50).
d) Si bien es cierto que puede producirse una suba de precios en las primas de seguro, de prevalecer la interpretación que entiende aplicable la prescripción trienal del art. 50 de la ley 24.240 (modif. por ley 26.361), tal situación pierde relevancia cuando se tiene en cuenta los beneficios que trae aparejado el ampliar el plazo de cobertura del riesgo para los consumidores (ver. Moeremans, Daniel – Casas, Manuel “La prescripción en materia de contratos de seguro. Prevalencia de la prescripción prescripta en la ley 24.240”, LLNOA 2007-1101-diciembre-).
e) Por último, se afirma que una interpretación conforme los fines de la Constitución Nacional lleva a la aplicación del art. 50 de la ley 24.240 no sólo a las acciones que se encuentran explícitamente enunciadas en la ley, sino a todas aquellas que nazcan del conjunto de instrumentos que tutelan al consumidor en las relaciones de consumo.
Ello así, entre otras razones, porque no debe identificarse el término “emergente” con “originario” pues son muchas las acciones emergentes de la ley 24.240 pero ninguna es completamente originaria de ella, por ello debe entenderse que las acciones emergentes de la Ley de Defensa del Consumidor son todas aquellas que inicie el consumidor perjudicado por una relación de consumo (ver. Edgardo López Herrera, ob. cit., pág. 791; Sebastián Picasso – Roberto A. Vázquez Ferreyra., ob. cit., pág. 546.; Juan M. Farina, ob. cit., pág. 543; SCBA. en la causa “Rojas, Nilda Susana c/ Thames, Gustavo Ariel s/ Resolución de contrato”, sent. del 3-VI-2009).
Como he explicado oportunamente el caso de autos debe ser juzgado conforme la redacción actual del artículo 50 de la ley 24.240, y siendo ello así entiendo que se impone la postura que considera aplicable a supuestos como el de autos, acción nacida en el marco de una relación de consumo y por lo tanto “emergente” de la ley 24.240, el plazo prescriptivo trienal previsto en la Ley de Defensa del Consumidor.
Considero que con la modificación introducida por la ley 26.361 ya no puede sostenerse el principal fundamento contrario a la aplicación del artículo 50 de la ley 24.240 el que, a mi entender, era el referido a que su aplicación se encontraba limitada a las acciones administrativas, pues actualmente dicha manda hace expresa mención a su aplicación a las acciones judiciales sumando a ello la imperativa disposición que “cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos que el establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario”.
Ahora bien, determinado que es el plazo prescriptivo de tres años previsto en el art. 50 de la ley 24.240 (modif. por ley 26.361) el aplicable al caso cabe determinar desde cuando debe computarse.
En tal labor, destaco que en fecha 29 de agosto de 2008 la demandada comunicó fehacientemente –ver fs. 55- a la Sra. María Cecilia Caporaletti que pondría a su disposición la suma de $ 7.780,25, monto significativamente menor a la suma reclamada por la actora en su denuncia de siniestro –ver fs. 53-, por tanto es a partir de allí que debe considerarse configurado el rechazo de lo pretendido por la accionante y punto de inicio del cómputo de la prescripción.
Ello así, en tanto, al carecer la Ley de Defensa del Consumidor de disposiciones relativas al dies a quo del plazo de prescripción debe estarse a las disposiciones generales, es decir, que comenzará a transcurrir el mismo cuando el crédito sea exigible, que en el caso acontece a partir del rechazo antes referenciado (argto. doct. Ricardo Luis Lorenzetti, ob. cit., pág. 613).
En conclusión, al haber sido interpuesta la demanda el día 8 de junio de 2010 –ver fs. 70 vta. no transcurrió el plazo prescriptivo de tres años.
Por los fundamentos dados, considero que debe hacerse lugar al recurso interpuesto por la actora revocándose, en consecuencia, la sentencia recurrida (arts. 3, 50 y concdts. de la ley 24.240, art. 42 de la Constitución Nacional; art. 38 de la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires).
Finalmente, propongo que las costas de ambas instancias se impongan por su orden en razón de existir sobre la cuestión debatida en autos criterios encontrados que pudieron dar lugar a la demandada a creerse con derecho a sostener su posición (arts. 68 2da. parte y 274 del C.P.C; argto. doct. Roberto G. Loutayf Ranea “Condena en costas en el proceso civil”, 1ra. Reimpresión, Ed. Astrea, Bs. As., 2000, pág. 87).
El Sr. Juez Dr. Pedro D. Valle votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Corresponde: I) Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora revocándose, en consecuencia, la sentencia recurrida. II) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado en razón de los fundamentos dados en los considerandos (art. 68 y 274 del C.P.C). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se hace lugar al recurso interpuesto por la actora revocándose, en consecuencia, la sentencia recurrida. II) Se imponen las costas de ambas instancias en el orden causado en razón de los fundamentos dados en los considerandos (art. 68 y 274 del C.P.C). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C). Devuélvase. NELIDA I. ZAMPINI. PEDRO D. VALLE. PABLO D. ANTONINI SECRETARIO.
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artículo 50


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Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se convoca para el ejercicio 2017, la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades locales andaluzas, destinadas a la realización de proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación y equipamiento de albergues, casas de acogida y servicios diurnos de atención básica para personas inmigrantes, Línea 4.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 185 de 26/09/2017
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El Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, dispone las referidas competencias en esta Consejería, atribuyendo, en su artículo 12, a la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias las funciones, entre otras, la propuesta y ejecución de las actuaciones dirigidas a la integración de la población inmigrante en Andalucía mediante el fomento de la convivencia, del respeto a la diversidad y de las relaciones interculturales, con pleno respeto a los valores y principios constitucionales; el estudio de la evolución de la migración como realidad social; y el impulso y la coordinación de las actuaciones y las relaciones con otras Administraciones Públicas y la sociedad civil, en lo referente a la incidencia de la realidad migratoria.
Mediante Orden de la Consejería de Empleo de 28 de mayo de 2009, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro y Universidades Públicas, modificada posteriormente por la Orden de 26 de mayo de 2010, Orden 25 de abril de 2011 y Orden de 4 de agosto de 2017.
No obstante, el artículo 3.1.b) de la Orden de 21 de diciembre de 2016, por la que se delegan competencias en distintos órganos y se publican delegaciones de competencias de otros órganos de la Consejería de Justicia e Interior, dispone que se delegan las competencias en las personas titulares de los órganos directivos centrales, en relación con las subvenciones y otras ayudas con cargo a créditos cuya gestión le corresponda, incluidas las terminadas en forma de convenio, la iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos de concesión, así como el seguimiento y justificación de las subvenciones y ayudas concedidas, con las limitaciones establecidas en el artículo 10 y sin perjuicio de que, en su caso, la norma reguladora prevea su ejercicio desconcentrado o delegado. En este sentido, el artículo 11.1 de la Orden de 28 de mayo de 2009, delega la competencia para la resolución del procedimiento de concesión de subvenciones en la persona titular de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y en las personas titulares de los servicios periféricos.
De conformidad con lo dispuesto en los apartados d) y e) del artículo 10 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, se ha incluido en la misma convocatoria la previsión de aumento, generación e incorporación de los créditos máximos disponibles o incluso eventuales aumentos sobrevenidos, habida cuenta de los procesos y cambios que pueden ocurrir a lo largo del ejercicio 2017.
Aprobar la convocatoria para el ejercicio 2017 de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de políticas migratorias, correspondientes a la Línea 4, Infraestructuras de Entidades Locales andaluzas, destinadas a la realización de proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación y equipamiento de albergues, casas de acogida y servicios diurnos de atención básica para personas inmigrantes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al que se publique el extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
Se acompañan los formularios que se indican y que constan como anexos a la presente convocatoria, a los que deberán ajustarse las solicitudes presentadas y, en su caso, los trámites de reformulación:
Formulario de memoria del proyecto (Anexo 4).
La solicitud, que estará compuesta por un único ejemplar del Anexo 0 y uno o varios ejemplares del Anexo 4, deberá cumplimentarse a través del acceso establecido al efecto en el Portal de la Junta de Andalucía, en la dirección http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/servicios, pudiéndose presentar en los lugares y registros referidos en el artículo 8 de la Orden de 28 de mayo de 2009, modificada por la Orden de 26 de mayo de 2010, Orden de 25 de abril de 2011 y Orden de 4 de agosto de 2017.
Las subvenciones concedidas en materia de políticas migratorias a Entidades Locales andaluzas, para la referida Línea 4, se financiarán en el ejercicio 2017, con cargo a las partidas presupuestarias 180001000 G/31J/76400/00 01 y 180001000 G/31J/76800/00 01 con las cuantías de 300.000 y 185.000 euros respetivamente, siendo la cuantía total máxima destinada a la presente convocatoria de 485.000 euros.
Quinto. Regla específica.
La convocatoria 2017 estará sujeta a la siguiente regla específica:
Una vez concluida la vigencia del III PIPIA, en fase de elaboración del IV con un enfoque diferenciado, y en función de la disponibilidad presupuestaria, el momento actual aconseja que, sin perjuicio de la amplitud de los objetivos de los proyectos a subvencionar establecidos en el apartado d) del artículo 3.1 de la Orden de 28 de mayo de 2009, se presenten proyectos que contemplen la financiación de infraestructuras y equipamientos básicos, destinados a la atención de trabajadores/as inmigrantes temporeros/as que se ubiquen en las zonas en que se desarrollan campañas agrícolas de temporada y especialmente, ligada a la agricultura extensiva bajo plástico, para contribuir a paliar la situación de aquellos municipios con núcleos chabolistas o en circunstancias de gran precariedad de este colectivo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 29.4 de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, en orden al cumplimiento de la normativa reguladora y de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, los órganos competentes para conceder estas subvenciones, podrán dejar sin efecto las convocatorias que no hayan sido objeto de resolución de concesión.
Las solicitudes tramitadas al amparo de esta convocatoria se regirán en todos sus aspectos por lo establecido en la Orden de 28 de mayo de 2009 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro y Universidades Públicas, modificada posteriormente por la Orden de 26 de mayo de 2010, Orden de 25 de abril de 2011 y Orden de 4 de agosto de 2017.
Las subvenciones concedidas se abonarán a los beneficiarios sin justificación previa y hasta el 100% de su importe conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017.
La eficacia de la presente Resolución se producirá con la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Sevilla, 20 de septiembre de 2017.- El Director General, Luis Vargas Martínez.

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artículo 12
artículo 3
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artículo 11
resolución
artículo 10
artículo 20
artículo 8
artículo 3
artículo 29
resolución
artículo 29
Resolución
artículo 20


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RESOLUCION, PIXELES y DPI´s | CentralDeFotografia.com
Existe una gran confusión en el mundo digital en lo que respecta a la resolución de una imagen, así que empezaremos por describir que la verdadera resolución de una imagen consiste en la cantidad de pixeles que forman la imagen, (no confundir con la calidad de los pixeles ni la nitidez de nuestra óptica). que si bien es cierto afectan la calidad de nuestra imagen, no son componentes de la resolución.
Si contamos con una imagen que tiene 4256 pixeles x 2832 pixeles, entonces tenemos lo que se conoce como una imagen de 4256 x 2832 = 12,052.992 =12 mega pixeles. Esta es la verdadera resolución de nuestra fotografía o imagen.
La confusión surge cuando intervienen los términos DPI (dots per inch, puntos por pulgada) y PPI (pixels per inch, pixeles por pulgada), que algunos programas de edición digital como Photo Shop equivocadamente llaman resolución. DPI se refiere a la resolución de nuestra impresora PPI es la resolución de nuestra imagen impresa y ambas nada tienen que ver con la resolución verdadera de nuestra imagen.
La razón por la que la resolución es directamente proporcional al numero de pixeles es la siguiente:
Imaginemos que queremos realizar la fotografía de una pintura que mide 100cm de ancho x 63cm de alto, osea, una superficie de 6,300cm2. Para ello utilizaremos 2 cámaras, una cámara de 3 megapixeles (2048 pixeles x 1536 pixeles) y otra de 36 megapixeles (7300 pixeles x 4900 pixeles), la ecuación quedaría de la siguiente manera:
Superficie de la pintura = 100 x 63 = 6300cm2
3,000,000 pixels / 6300 cm2. (Alto x Ancho) = 476 px/cm2
36,000,000 pixels / 6300 cm2. (Alto x Ancho) = 5714 px/cm2
Quiere decir que cada centímetro de esa pintura estará resuelto en el primer caso por 476 pixeles o 5714 en el segundo.
6300 cm2 5714 px/cm2 476 px/cm2
Como podemos observar, a mayor numero de pixeles, mayor la resolución de nuestra imagen. Es importante diferenciar entre Resolución y Calidad de la imagen, mientras que la resolución es la representación del número de pixeles en un área determinada, la calidad de la imagen puede involucrar otros factores como la calidad del equipo utilizado, el formato de almacenamiento (JPG, TIFF, RAW, con y sin compresión, etc).
Una vez resuelto el significado de resolución, veamos cual es la relación de esta con los DPI´s
Foto a 1000 DPI Foto a 1 DPI
Las 2 fotos de arriba tienen el mismo tamaño, 300 pixeles x 190 pixeles de ancho, no obstante una fue salvada a 1000 DPI mientras que la otra a tan solo 1DPI, notas la diferencia?, La respuesta es !NO!. No existe.
Si la cantidad de pixeles de una imagen no cambia, entonces su resolución tampoco, no importa cuantos DPI´s estén seleccionados como salida de esta imagen.
El término DPI, viene de la contracción de ( dots per inch, puntos por pulgada) y es una medida de la cantidad de puntos que una determinada impresora es capaz de plasmar en una pulgada, a mayor número, mayor calidad de impresión. Por favor revisa este articulo para saber como Photo shop y algunos otros programas manejan el tema de DPI.
Por que los impresores nos piden una imagen a 250 ó 300 DPI´s?
Por que la gran mayoría de ellos no tienen ni idea de lo que están pidiendo! Lo que en realidad ellos necesitan, es una imagen con la cantidad suficiente de pixeles para imprimir a 250 ó 300 Dpi al tamaño requerido. No importa cuantos DPI o PPI aparezcan en los settings de la foto, lo que cuenta es que haya suficientes pixeles en la foto.
Supongamos que queremos imprimir una imagen 8×10 y el lab, nos solicita que esté a 250 DPI, esto quiere decir que lo que necesitamos es una imagen de.
8 x 250 DPI = 2,000px
10 x 250 DPI = 2,500Px. = 2,500px x 2,000px
Es muy probable que si nosotros enviamos una foto de 2,500px x 2,000px y por alguna circunstancia esta tiene por ejemplo 72 DPI, el laboratorio nos la regresará. Lo único que tenemos que hacer es cambiar ese numero de 72 a 300 en Photo Shoop (deselecionando resampleo) y seguramente entonces nos dirán que esta perfecta. Es la misma foto!!!!

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Registro Oficial No. 501 - Miércoles 7 de Enero de 2009
Última modificación: Viernes, 06 de febrero de 2009 | 17:32
Miércoles, 07 de Enero de 2009 - R. O. No. 501
1493....... Refórmase el Decreto Ejecutivo Nº 1406 de 24 de octubre del 2008
1496....... Modifícase el Decreto Ejecutivo Nº 1263, en el que se creó el Instituto Nacional de Preinversión, publicado en el Registro Oficial Nº 413 de 28 de agosto del 2008
1497....... Refórmase el Decreto Ejecutivo Nº 1009-A de 8 de abril del 2008
1498....... Acéptase la renuncia de la señora Lucy Ruiz Mantilla y desígnase a la ingeniera Esperanza del Consuelo Hernández Hernández, delegada del señor Presidente Constitucional ante el Directorio del Organismo de Acreditación Ecuatoriano – OAE
1499....... Déjase sin efecto el nombramiento contenido en el Decreto Ejecutivo Nº 984 de 26 de marzo del 2008, al General Jorge Zurita Ríos y encárgase la Dirección General de Aviación Civil al Subdirector General de Aviación Civil
136......... Apruébase el Estatuto de la Fundación Cultural de Ambato y Tungurahua, con domicilio en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua
137......... Apruébase el Estatuto de la Corporación Cultural Rompecandados, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha
1910....... Refórmase el Reglamento de Derechos por Servicios Prestados, por la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral y Capitanías de Puerto de la República
1911....... Incorpórase a la Fuerza Naval, una draga de succión con cortador a chorro de agua, desmontable, nueva, ensamblada en el Ecuador de 550 HP, que llevará el nombre de “MACAS” (ex VITTORIA)
255......... Apruébase el estatuto y otórgase personería jurídica a la Misión Evangelística Pentecostés “Fuente de Esperanza, Vida y Salvación”, con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas
256......... Apruébase el estatuto y otórgase personería jurídica a la Misión Cristiana Cuadrangular “Nueva Vida en Cristo”, con domicilio en el cantón Arenillas, provincia de El Oro
258......... Desígnase al Subsecretario de Coordinación Política, como delegado ante la Comisión Especial de Límites Internos de la República, CELIR
08 602.... Desígnase al doctor Luis Fernando Borrero, para que en calidad de delegado permanente y en representación de esta Secretaría de Estado, asista a las sesiones del Directorio de la COMPAQ
0257....... Autorízase, la transferencia de la totalidad de las acciones (20%), que tiene la Compañía Canam Offshore Limited, en Murphy Ecuador OilCompany Ltd., a favor de Repsol YPF Ecuador S. A., y el cambio de nombre de Murphy Ecuador Oil Company Ltd., por el de Amodaimi-Oil Company Ltd.
-.......... Acuerdo Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para el Desarrollo de Procesos Agroecológicos
-.......... Convenio Básico de Cooperación Técnica y Funcionamiento entre el Gobierno del Ecuador y “Ayuda Directa ONLUS”
022......... Adjudícase al Instituto Geográfico Militar, el contrato para la impresión de quince mil (15.000) tarjetas de visita al Parque Nacional Galápagos y a la Reserva de Recursos Marinos para extranjeros no residentes en el Ecuador menores de 12 años
023......... Adjudícase al Instituto Geográfico Militar, el contrato para la impresión de varias especies valoradas
7832....... Deléganse atribuciones al Jefe de la Unidad de Regímenes Especiales y Garan-tías del Distrito Marítimo Guayaquil
TRANSPORTE MARITIMO Y
SPTMF 001/08 Expídese la Normativa para la atención de solicitudes dirigidas a la SPTMF
SPTMF 002/08 Desígnase al abogado Carlos Ramón Chávez Negrete, Director General de la Marina Mercante y Puertos y deléganse atribuciones
422-06.... José Gómez Carchi en contra del Banco Nacional de Fomento, sucursal de Alausí, provincia de Chimborazo
424-06.... Alfonso Benjamín Ruilova Sánchez en contra de la Contraloría General del Estado
-.......... Cantón San Miguel de los Bancos: Para la prevención y control de la contaminación ambiental
Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 284 de la Constitución Política de la República, la política económica tendrá como uno de sus objetivos asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional;
Que de conformidad con el artículo 285 de la Carta Magna, la política fiscal tiene entre sus objetivos el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; y la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados;
Que de conformidad con el artículo 286 del Código Político las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica;
Que el numeral 7 del artículo 83 de la Constitución señala como deber de los ciudadanos promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del artículo 147 de la Constitución Política de la República,
Artículo 1.- Refórmese el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 1406 de 24 de octubre del 2008, de la siguiente manera:
"Artículo 1.- A partir del 1 de enero de 2009 no se egresará, a título alguno, recursos del Presupuesto General del Estado destinados a financiar Fondos Privados de Jubilación Complementaria y de Cesantía Privada, bajo cualquier nombre o denominación, de entidades del Sector Público.".
Artículo 2.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial encárguese la Ministra de Finanzas.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 19 de diciembre del 2008.
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1263, publicado en el Registro Oficial No. 413 de agosto 28 del 2008, se creó el Instituto Nacional de Preinversión, correspondiéndole la rectoría, coordinación, ejecución y certificación de los procesos de preinversión y de los estudios de preinversión que generen entidades de derecho público del país, en especial en los sectores estratégicos;
Que son necesarias reformas administrativas para el cumplimiento de los fines del instituto; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 147 numeral 5 de la Constitución de la República, y 11 letra f) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
Art. 1.- Agréguese la siguiente disposición general al Decreto Ejecutivo No. 1263, publicado en el Registro Oficial No. 413 de agosto 28 del 2008:
“Primera: Todas las entidades que conformen la Administración Pública Central e Institucional de la Función Ejecutiva, tendrán la obligación de notificar al Instituto Nacional de Preinversión de todas las convocatorias a concurso de consultoría que realicen, y de entregarle magnéticamente todos los contratos de prestación de servicios de consultoría que celebren.”.
Art. Final.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo.
Dado en Quito, a 19 de diciembre del 2008.
f.) René Ramírez Gallegos, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo.
Que es necesario reestructurar la Jefatura de Despacho Presidencial, establecida mediante Decreto Ejecutivo No. 1009-A de 8 de abril del 2008; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere los numerales 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución Política de la República,
Artículo 1.- Refórmase la disposición transitoria del Decreto Ejecutivo No. 1009-A de 8 de abril del 2008, de la siguiente manera:
"La Secretaría Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público ubicará en el nivel jerárquico superior en el grado que corresponda al Jefe de Despacho Presidencial de conformidad con la ley, los requerimientos técnicos del cargo, el perfil ocupacional y de responsabilidad de la función".
Artículo 2.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado, en Quito, a 19 de diciembre del 2008.
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1199 de 10 de julio del 2008, publicado en el Registro Oficial No. 387 de 23 de julio del 2008, se nombró a la señora Lucy Ruiz Mantilla, como delegada del señor Presidente Constitucional de la República, ante el Directorio del Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE;
Que la señora Lucy Ruiz Mantilla ha presentado su renuncia a dicho cargo; y,
En ejercicio de la atribución que le confiere el número 9 del artículo 147 de la Constitución de la República, y letra d) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la señora Lucy Ruiz Mantilla, al cargo de delegada del señor Presidente Constitucional de la República, ante el Directorio del Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE.
Artículo 2.- Designar como nuevo delegado del señor Presidente Constitucional de la República, ante el Directorio del Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE, a la señora ingeniera Esperanza del Consuelo Hernández Hernández.
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 984 de marzo 26 del 2008 se designó al señor General Jorge Zurita Ríos como Director General de Aviación Civil;
Que mediante oficio DGAC-YA-0-097-08 de diciembre 11 del 2008, el General Jorge Zurita Ríos ha presentado la disposición del cargo de Director General de Aviación Civil; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 147, numeral 5 de la Constitución de la República y 11, letra f) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

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artículo 284
artículo 285
artículo 286
artículo 83
artículo 147
Artículo 1
artículo 1
Artículo 2
artículo 147
Artículo 1
Artículo 2
artículo 147
artículo 11
Artículo 1
Artículo 2