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Asaja - Se convocan las ayudas al sector Apícola por polinización para Cataluña en el año 2019
(ref. BDNS 450817). - Diario Oficial de Cataluña de 03-05-2019 RESOLUCIÓN ARP/1137/2019, de 24 de abril, por la que se convocan las ayudas al sector apícola por polinización para Cataluña en el año 2019
1. Se convocan las ayudas al sector apícola por polinización de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas en la Orden ARP/167/2017, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al sector apícola por polinización (DOGC nº 7422, de 28.07.2017).
2. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días, que computa desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Orden PDA/20/2019, de 14 de febrero, sobre las condiciones para la puesta en funcionamiento de la tramitación electrónica, la obligación de tramitación telemática establecida en el artículo 2 de la Orden ARP/167/2017, de 21 de julio mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al sector apícola por polinización. es para todas las personas que presenten solicitudes.
3. Las ayudas que prevé esta Resolución, por un importe total de 80.000,00 euros, irán a cargo de las partidas presupuestarias AG03/D/782000100/6121/0000, por un importe de 2.000,00 euros y AG03/D/770000100/6120/0000 por un importe de 78.000,00 euros de los presupuestos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (DARP) para el año 2019.
4. Las personas beneficiarias tienen que realizar las actuaciones objeto de la ayuda durante un periodo de 3 meses anteriores a la fecha de solicitud y un periodo mínimo de un mes inmediatamente después de la solicitud, a fin de que como máximo el 30 de noviembre de 2019 se pueda proceder a la comprobación y certificación de las actividades previstas.
5. El órgano instructor de los expedientes de ayuda es el Servicio de Ordenación Ganadera.
6. El órgano competente para emitir la resolución sobre las solicitudes es la persona titular de la Dirección General de Agricultura y Ganadería.
A estos efectos, se nombra una Comisión de valoración, que será el órgano colegiado encargado de valorar las solicitudes de ayudas, formada por el subdirector/a general de Ganadería, el/la jefa del Servicio de Prevención en Salud Animal y el/la jefa del Servicio de Ordenación Ganadera.
7. El plazo máximo para emitir la resolución y notificarla, de acuerdo con el apartado 11.3 de las bases reguladoras, a la persona solicitante será de 6 meses, a contar desde la fecha en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes. En caso de falta de resolución expresa, la solicitud se considera desestimada por silencio administrativo.
8. La aprobación de este acto implica la autorización a las unidades administrativas para la contabilización de la disposición de crédito a favor de los beneficiarios en el sistema corporativo de la contabilidad GECAT y la autorización para la contabilización del reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas que tendrá, que efectuarse una vez la unidad administrativa competente haya verificado el cumplimiento de la finalidad del objeto de la subvención y la cuenta justificativa de los gastos elegibles presentados por la persona beneficiaria.
9. Contra la Resolución de la persona titular de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente de la notificación de la resolución, sin perjuicio que se pueda interponer cualquier otro que se considere adecuado.
En caso de silencio administrativo, el recurso de alzada ante la persona titular del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación se podrá interponer en cualquier momento, a partir del día siguiente del día en que se agote el plazo para resolver y notificar tal como establece el apartado anterior.
10. Las ayudas concedidas se harán públicos en la sede electrónica de la Generalitat https://seu.gencat.cat y en la web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, haciendo uso de los medios electrónicos establecidos.
11. La referencia en el artículo 20.2 de las bases reguladoras relativa al cumplimiento de la normativa prevista por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y el Reglamento que la despliega se entiende hecha en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales.
Contra esta Resolución, que pone fin en la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses, a contar de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), y, potestativamente, recurso de reposición ante la persona titular del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes.

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Información del Reglamento para la Atención de Reclamos
¿Qué materias pueden ser reclamadas?
Cuando se esté en desacuerdo con los montos que figuran en el recibo o comprobante de pago (reclamo por facturación).
Cuando los montos cobrados correspondan a conceptos distintos a los oportunamente facturados o los montos cobrados se requieran pese haber solicitado la baja del servicio (reclamo por cobro de Servicio).
Cuando se presenten problemas derivados de un inadecuado funcionamiento de la red y/o acceso a los servicios brindados por la empresa operadora así como problemas de idoneidad en la prestación del servicio público de telecomunicaciones (reclamo por calidad).
Cuando se cuestione la información brindada por la empresa operadora vinculada con la prestación del servicio público de telecomunicaciones (reclamo por veracidad).
Cuando la empresa operadora no cumpla con entregar el recibo o la copia del mismo en el plazo establecido (reclamo por falta de entrega o copia del recibo).
Cuando la empresa operadora no cumpla con ofertas y promociones vinculadas a la prestación del servicio público de telecomunicaciones.
Cuando la empresa operadora suspenda, corte o ejecute la baja injustificada del servicio o sin observar el procedimiento establecido por el OSIPTEL, incluyendo el bloqueo del equipo terminal móvil y por uso prohibido del servicio en establecimiento de centros penitenciarios.
Cuando la empresa operadora no cumpla con instalar o activar el servicio que hubiere sido solicitado (reclamo por instalación o activación).
Cuando la empresa operadora no cumpla con ejecutar la baja o desactivación del servicio que hubiere solicitado.
Cuando la empresa operadora no cumpla con trasladar el servicio en la fecha señalada, no brinde respuesta a la solicitud de traslado o el usuario no se encuentre conforme con la respuesta otorgada por la empresa operadora.
Cuando existan problemas con el servicio que se brinda a través de las tarjetas de pago, tales como acceso al servicio o en la prestación del servicio activado mediante el sistema de tarjetas de pago – descuentos indebidos de saldo o del crédito (reclamo por tarjetas de pago).
Cuando se desconozca la contratación de un servicio público de telecomunicaciones u obligaciones de pago por la prestación del mismo sin que el usuario haya solicitado o expresado su consentimiento para dicha contratación. (reclamo por contratación no solicitada).
Cuando la empresa operadora no cumpla con las condiciones establecidas en el contrato vinculado a la prestación del servicio público de telecomunicaciones o cuando aplique condiciones distintas a las pactadas en el contrato, salvo se refieran a modificaciones tarifarias (reclamo por incumplimiento de condiciones contractuales).
Cuando se alegue el incumplimiento de los derechos reconocidos en la normativa sobre usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones.
Cuando verse sobre cualquier materia relacionada directamente con la prestación del servicio público de telecomunicaciones contratado.
¿De qué manera se pueden formular los reclamos?
De forma personal, telefónica o por escrito empleando el formulario aprobado por el OSIPTEL, pudiendo adjuntarse información adicional y a través de la página web que deberá disponer las empresas operadoras durante (24) horas del día.
En todos los casos las empresas operadoras deberán informar al usuario sobre su derecho de acceder al expediente y el plazo máximo que cuenta para resolver su reclamo.
¿Cuál es el plazo para formular los reclamos?
Para el caso de los reclamos por:
Facturación: Hasta dos (2) años después de la fecha de vencimiento del recibo que contiene el concepto reclamado.
Cobro: Hasta dos (2) años después de requerido el cobro por el concepto reclamado o de notificado el documento donde se consigna el cobro de los montos supuestamente adeudados.
En los demás casos: En tanto subsista el hecho que motiva el reclamo.
¿En qué plazo debe resolver el reclamo la Primera Instancia?
En la primera instancia rigen los siguientes plazos:
Hasta en tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de su presentación ante la empresa operadora, en reclamos por:
Calidad e idoneidad en la prestación del servicio, incluyendo la veracidad de la información brindada al usuario.
Suspensión, corte o baja injustificada del servicio, incluyendo el corte del servicio público móvil y/o bloqueo del equipo terminal móvil, por uso prohibido del servicio en establecimientos penitenciarios.
Hasta en quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de su presentación ante la empresa operadora, en reclamos por:
Facturación cuyo monto reclamado sea de hasta 0.5 % de la Unidad Impositiva Tributaria.
Hasta veinte (20) días hábiles, contados desde el día siguiente de su presentación ante la empresa operadora, en los demás casos.
Para las materias de reclamo que hayan sido previstas en otras normas, se aplicará el plazo que haya sido señalado en las mismas, en caso contrario, se regirán por el plazo mayor que establece el Reglamento de Reclamos.
Adicionalmente, la primera instancia tiene hasta cinco (05) días hábiles para notificar su resolución en el domicilio del usuario o a través de correo electrónico, si este lo autoriza.
¿Qué ocurre si la empresa operadora no responde o responde tardíamente el reclamo?
Si la empresa operadora no responde el reclamo dentro de los plazos establecidos, el usuario podrá presentar una Queja solicitando que el TRASU defina si se aplicará el silencio administrativo positivo (SAP). Para presentar la Queja, el usuario cuenta con un plazo de hasta de dos (2) años, contados desde la fecha en que se le debió notificar la respuesta a su reclamo.
¿Qué puede hacer el usuario en caso no se encontrara de acuerdo con la respuesta de Primera Instancia?
Si el usuario no se encontrara de acuerdo con la respuesta de la empresa operadora, puede presentar un Recurso de Apelación.
En el procedimiento de reclamos de usuarios no procede recurso de reconsideración contra la resolución de la primera instancia. De ser presentado, corresponde a la empresa operadora reconducirlo y darle el trámite de un recurso de apelación. Esta disposición es aplicable a procedimientos cuyo objeto de reclamo haya sido regulado en otras normas del OSIPTEL.
¿Cuál es el plazo para presentar un Recurso de Apelación?
El plazo es de hasta quince (15) días útiles, contados desde el día siguiente en que el usuario recibió la respuesta de primera instancia.
El recurso de apelación podrá ser presentado de forma personal, telefónica o por escrito empleando el formulario aprobado por el OSIPTEL, pudiendo adjuntarse información adicional y a través de la página web que deberá disponer las empresas operadoras durante (24) horas del día.
En todos los casos, al momento de presentación del recurso de apelación, la empresa operadora deberá informar al usuario el plazo máximo de la empresa operadora para elevar al TRASU el expediente y el plazo máximo del TRASU para resolver el recurso.
¿En qué plazo debe resolver el TRASU el Recurso de Apelación?
El recurso de apelación será resuelto:
Hasta quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibido el recurso por el TRASU, en los reclamos por:
Traslado del servicio.Falta de entrega del recibo o de la copia del recibo o de la facturación detallada solicitada por el usuario.
Hasta veinticinco (25) días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibido el recurso por el TRASU, en los demás casos.
Cuando la complejidad en la tramitación de un expediente lo amerite, el TRASU podrá, por una sola vez, ampliar en veinte (20) días hábiles adicionales el plazo para resolver.
Para las materias de reclamo que hayan sido previstas en otras normas, se aplicará el plazo que haya sido señalado en las mismas, en caso contrario, se regirán por el plazo mayor que establece el presente Reglamento.
¿En qué casos el usuario puede presentar una Queja?
El usuario podrá presentar una queja en los siguientes casos:
Cuando haya operado el silencio administrativo positivo.
Suspensión o corte del servicio durante el procedimiento de reclamo, salvo que se proceda conforme al artículo 30°.
Por el requerimiento de pago del monto reclamado; o por la negativa a recibir el pago a cuenta del monto que no es materia de reclamo.
Por la negativa a recibir el reclamo, recurso o queja; o por la negativa a otorgar el número o código de identificación del reclamo, recurso o queja.
Cualquier otro defecto de tramitación que implique una trasgresión normativa durante el procedimiento de reclamo.
Otras materias que apruebe el Consejo Directivo del OSIPTEL.
La queja podrá ser presentada de forma personal o por escrito empleando el formulario aprobado por el OSIPTEL, pudiendo adjuntarse información adicional y a través de la página web que deberá disponer las empresas operadoras durante (24) horas del día.
*Se suspende la presentación de la queja de manera telefónica de acuerdo a la resolución N° 051-2018-CD/OSIPTEL
En todos los casos, al momento de la presentación de la queja, la empresa operadora deberá informar al usuario sobre el plazo para elevar al TRASU el expediente y el plazo máximo del TRASU para resolver la queja.
¿Cuál es el plazo que tiene el TRASU para resolver la Queja?
El usuario podrá presentar una Queja cuando considere que la empresa operadora ha incumplido cualquier aspecto relativo al procedimiento de reclamos (infracción de los plazos establecidos, no ejecución de lo dispuesto mediante resolución final, entre otros).
Del mismo modo se podrá presentar una Queja solicitando la aplicación del silencio administrativo positivo. La Queja deberá ser presentada por escrito, empleando el formulario correspondiente, pudiendo anexar documentación adicional.
¿Las resoluciones que emite el TRASU agotan el procedimiento administrativo?
Sí. Con la resolución final emitida por el TRASU termina el procedimiento en la vía administrativa. Si el usuario no se encuentra conforme con la resolución del TRASU, puede recurrir a la vía judicial.
Los reclamos deberán ser atendidos y solucionados sin exceder los plazos fijados en el Reglamento.
Los procedimientos de reclamos se atenderán de manera gratuita.
No es obligatoria la intervención de abogado ante las empresas operadoras ni ante el TRASU.
Las empresas operadoras no pueden negarse a recibir los reclamos que el usuario desee tramitar, el usuario tiene derecho a que se le entregue un código o constancia de presentación del reclamo.
La empresas operadoras no pueden impedir y/o negar la autorización al usuario del pago de la parte no reclamada; o no permitir el pago de la parte no reclamada.
El usuario tiene derecho a que la empresa operadora le informe sobre el estado de su reclamo y ubicación de su expediente, y a facilitarle el acceso al mismo, si lo solicitara.
Las empresas operadoras deberá expedir copias simples o certificadas del íntegro o parte del expediente, si el usuario lo solicitara, siempre que se sujete a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 10° del Reglamento.
Las empresas operadoras no puede emitir opinión previa con relación al resultado del procedimiento.
Los reclamos deberán ser atendidos y solucionados sin exceder los plazos fijados en la Directiva.
¿Qué es el Reglamento para la Atención de Reclamos?
Es la norma que establece el procedimiento que toda empresa operadora de servicios públicos de telecomunicaciones, deberá aplicar obligatoriamente para atender y resolver los reclamos de sus usuarios.
¿Quiénes pueden formular reclamos?
Los abonados de servicios públicos de telecomunicaciones.
Los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.
Las personas que hubieran solicitado la instalación o activación de un servicio público de telecomunicaciones.
Los arrendatarios del servicio de arrendamiento de circuitos.
Importante: La condición de usuario queda acreditada mediante la presentación del recibo o comprobante de pago objeto de reclamo, del último recibo que hubiere recibido, o a través de cualquier otro medio que sirva para tal fin.
¿Cuántas Instancias tiene el Procedimiento de Reclamos?
El procedimiento de reclamos tiene dos instancias:
La empresa operadora es la primera instancia para la solución de los reclamos que presenten los usuarios con relación a los servicios que les presten.
El TRASU, Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de OSIPTEL, es la segunda y última instancia en la vía administrativa.
¿Se puede recurrir al TRASU sin reclamar previamente ante la empresa?
El TRASU no admitirá reclamos que no hayan sido tramitados en la primera instancia de la empresa operadora. Es obligatorio presentar primero el reclamo ante la empresa operadora.
¿Es necesario pagar todo el recibo para poder reclamar?
Está prohibido que se exija el "pagar primero y reclamar después". La empresa operadora no podrá condicionar la aceptación del reclamo al pago previo del monto objeto de reclamo, salvo que su objeto haya sido declarado improcedente en un precedente de observancia obligatoria aprobado por el TRASU o por no encontrarse comprendido dentro de las materias reclamables contempladas en el artículo 28° del Reglamento.

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Disposición 50. DI-2018-50-APN-DNI#MPYT - 23 de Octubre de 2018 - Boletin Oficial de la Republica Argentina - Legislación - VLEX 743387053
Disposición 50. DI-2018-50-APN-DNI#MPYT
Emisor: MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO - DIRECCIÓN NACIONAL DE INDUSTRIA
ARTÍCULO 1º. Distribúyase el cupo de QUINIENTOS (500) vehículos automotores híbridos, eléctricos y a celdas de combustible (Hidrógeno) que podrán ser importados con la reducción arancelaria prevista en el Decreto N° 331 de fecha 11 de mayo de 2017, correspondiente al período comprendido entre los días 21 de octubre de 2018 y el 20 de enero de 2019.
ARTÍCULO 2º. Asígnase a la firma CTS AUTO S.A., para el período indicado en el Artículo 1º de la presente disposición, un cupo de VEINTE (20) unidades del vehículo Marca BYD modelo e5, que podrán ser importados con la reducción arancelaria prevista en el Decreto Nº 331/17.
ARTÍCULO 4º. Asígnase a la firma RENAULT ARGENTINA S.A., para el período indicado en el Artículo 1º de la presente disposición, un cupo de QUINCE (15) unidades del vehículo KANGOO ZE modelo MAXI 2A, que podrán ser importados con la reducción arancelaria prevista en el Decreto Nº 331/17.
ARTÍCULO 5º. Establécese el día 21 de diciembre de 2018, como fecha límite para que las empresas autorizadas a operar como terminales de la industria automotriz en los términos de la Ley Nº 21. 932, puedan presentar la solicitud de cupo para el séptimo trimestre correspondiente al período comprendido entre los días 21 de enero y 20 de abril de 2019.
I5619401I#
DIRECCIÓN NACIONAL DE INDUSTRIA
Disposición 50/2018
DI-2018-50-APN-DNI#MPYT
VISTO el Expediente N° EX-2018-40801591- -APN-DPAYRE#MP, y sus Expedientes Asociados Nros. EX-2018-46677920- -APN-DGD#MPYT y EX-2018-46959687- -APN-DGD#MPYT, y
Que, mediante el Decreto N° 331 de fecha 11 de mayo de 2017, se establecieron alícuotas reducidas del Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) del CINCO POR CIENTO (5 %), DOS POR CIENTO (2 %) y CERO POR CIENTO (0 %), para la importación de determinados vehículos automóviles híbridos, eléctricos y a celdas de combustible (hidrógeno), completos, tanto totalmente armados (CBU) , como semidesarmados (SKD) y totalmente desarmados (CKD), respectivamente, por un periodo de TREINTA Y SEIS (36) meses y un límite máximo de SEIS MIL (6.000) unidades.
Que, a través de la Resolución N° 536 de fecha 18 de julio de 2017 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se establecieron los requisitos y demás formalidades que deberán...

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ARTÍCULO 5
Resolución


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STS, 28 de Octubre de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 211688219
Número de Recurso: 6919/2003
IVA. La posibilidad de obtener la facultad de división de la cosa común y la transformación de su derecho en propiedad exclusiva sobre la parte de la cosa que la división habrá individualizado es un criterio que se reitera en la jurisprudencia posterior, en cuanto que en ella se sostiene que el derecho limitado, por concurrir con otros, sobre la totalidad de la cosa, se transforma en derecho pleno y exclusivo sobre una parte de ella, por lo que no estamos ante un caso de disolución de sociedades, en el que operaría una traslación de dominio de su titular a otro, ya que la comunidad de bienes dividida carecería de personalidad independiente de la de los socios, y tampoco nos encontramos en un caso de derecho de propiedad de casas por pisos. Se desestima la casación.
Sentencia citada en: 11 sentencias, un tema práctico, un formulario
VISTO por la Sección Segunda de la Sala Tercera de este Tribunal, integrada por los Excmos. Señores Magistrados anotados al margen, el Recurso de Casación Ordinario interpuesto, por la entidad "Aresol, S.A.", representada por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, bajo la dirección de Letrado, y, estando promovido contra la sentencia de 21 de mayo de 2003, de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada en el Recurso Contencioso- Administrativo número 707/01; en cuya casación aparece como parte recurrida, la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 21 de mayo de 2003, y en el recurso antes referenciado, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Primero.- Desestimar el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira en nombre y representación de ARESOL, S.A contra Resolución del T.E.A.C. de 23 de Mayo de 2001, por ser la misma ajustada a derecho. Segundo.- No haber lugar a la imposición de una especial condena en costas. ".
Contra la anterior sentencia, el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de la entidad Aresol, S.A., interpuso Recurso de Casación en base a nueve motivos de casación: "Primero.- Infracción del artículo 17.1 y 2 del Texto Articulado de la Ley de Bases de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas aprobado por el Real Decreto Legislativo de 12 de diciembre de 1980 y del artículo 40.1 y 3 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo. Segundo.- Infracción de los artículos 155 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, y 9.2 del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre. Tercero.- Infracción de los artículos 10 y 20 de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes de 26 de febrero de 1999. Cuarto.- Infracción del artículo 103.1 de la Constitución. Quinto .- Infracción del artículo 9.3 de la Constitución. Sexto .- Infracción del artículo 63.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Séptimo.- Infracción del artículo 106 de la Constitución. Octavo .Vulneración del artículo 92 Uno de la Ley 37/1992, de 29 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Noveno .- Infracción del artículo 8 Uno de la Ley 37/1992, de 29 de noviembre.". Termina suplicando de la Sala case la sentencia recurrida, anulando la resolución del TEAC impugnada, así como las liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 1993 y 1994 practicadas por la Delegación Especial de Madrid de la AEAT, confirmando las liquidaciones practicadas en su día por la reclamante y la devolución solicitada, incrementada en el interés de demora; o, subsidiariamente, ordene la práctica de nuevas liquidaciones para dichos ejercicios en las que se reconozca el derecho a la deducción de la totalidad del IVA soportado en 1993 y, en particular, el repercutido por DIRECCION000 Comunidad de Bienes y la improcedencia de aplicar prorrata alguna, así como la devolución correspondiente al ejercicio 1994, incrementada en el interés de demora; o, subsidiariamente, ordene la práctica de nuevas liquidaciones para dichos ejercicios en las que se reconozca el derecho a la deducción del IVA soportado en 1993, con excepción del importe repercutido por DIRECCION000 Comunidad de Bienes, y sin aplicación de prorrata alguna, así como la devolución en el ejercicio de 1994, incrementada en el interés de demora, e igualmente la devolución de los ingresos indebidos de la cantidad indebidamente repercutida por DIRECCION000 Comunidad de Bienes, incrementada por el interés de demora.
Acordado señalar día para el fallo en la presente casación cuando por turno correspondiera, fue fijado a tal fin el día 14 de octubre de 2009, en cuya fecha tuvo lugar.
Se impugna, mediante este Recurso de Casación, interpuesto por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, actuando en nombre y representación de la entidad ARESOL, S.A., la sentencia de 21 de mayo de 2003, de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por la que se desestimó el Recurso Contencioso- Administrativo número 707/01 de los que se encontraban pendientes ante dicho órgano jurisdiccional.
El citado recurso había sido iniciado por quien hoy es recurrente en casación contra la resolución del T.E.A.C. de 23 de Mayo de 2001, en que se desestima el Recurso de Alzada, interpuesto en nombre y representación de Aresol, S.A., contra Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, dictada en los expedientes 28/22632/95 y 1840/96, de 27 de enero de 1999, relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido de 1993 y 1994 cuantía de 122.307.525 pesetas (735.083'03 euros).
La sentencia de instancia desestimó el recurso, y no conforme con ella la entidad demandante de la instancia interpone el Recurso de Casación que decidimos.
Los motivos de casación alegados son los siguientes:
- Infracción del artículo 17.1 y 2 del Texto Articulado de la Ley de Bases de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas aprobado por el Real Decreto Legislativo de 12 de diciembre de 1980 y del artículo 40.1 y 3 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo .
- Infracción de los artículos 155 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, y 9.2 del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre .
- Infracción de los artículos 10 y 20 de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes de 26 de febrero de 1999 .
- Infracción del artículo 103.1 de la Constitución.
- Infracción del artículo 9.3 de la Constitución.
- Infracción del artículo 63.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre .
- Infracción del artículo 106 de la Constitución.
- Vulneración del artículo 92 Uno de la Ley 37/1992, de 29 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido .
- Infracción del artículo 8 Uno de la Ley 37/1992, de 29 de noviembre .
Son hechos probados no desvirtuados en casación los siguientes:
La actora, durante 1993, presentó las correspondientes declaraciones-liquidaciones trimestrales por el Impuesto sobre el Valor Añadido, consignando una base imponible anual total al 15% de 36.052.638 pesetas (216.680'72 euros), y una cuota de 5.407.896 pesetas (32.502'11 euros). Igualmente declaró cuotas soportadas en operaciones interiores por importe de 127.715.421 pesetas (767.585'14 euros), de lo que resulta una diferencia de -122.307.525 pesetas (-735.083'03 euros). En su declaración correspondiente al cuarto trimestre de 1993 el sujeto pasivo solicitó la compensación de la referida cantidad en ejercicios futuros. En 1994, la actora declaró bases imponibles al 15% por valor de 20.000.000 pesetas (120.202'42 euros) y cuotas devengadas de 3.000.000 pesetas (18.030'36 euros), junto con cuotas soportadas por importe de 3.384.592 pesetas (20.341'81 euros). Aplica el saldo pendiente de compensar en 1.993 y pide la devolución en el cuarto trimestre del año, de 122.692.117 pesetas (737.394'47 euros).
Debe igualmente precisarse, que de la documentación por la actora aportada se desprende que la mayor parte del Impuesto soportado en 1993 procedía de la adquisición de una finca adjudicada por disolución parcial del condominio de la Comunidad de Bienes DIRECCION000, en la cual participaba en un 50%, parte de la finca se transmite exenta en el ejercicio 1993, al amparo del Art. 20.Uno.22 de la Ley 37/92 .
El 4 de diciembre de 1995, el Administrador Francisco, Delegación de Madrid, practicó liquidación provisional correspondiente a 1993, por la que fijaba un saldo a compensar de 16.303.724 pesetas
(37.886'14 euros).
El 15 de Enero de 1996, también por la citada Administración, se dictó resolución practicando liquidación provisional respecto de 1994. Se acuerda una devolución de 16.688.316 pesetas (100.298'8 euros).
Recurridos dichos Acuerdos, fueron confirmados por el T.E.A.R. de Madrid.
El primero de los motivos alegados reprocha a la sentencia que ésta no apreció que la resolución del TEAC había sido dictada sin atenerse a lo planteado en la vía de gestión y ante el TEAR.
Efectivamente, en ambos casos lo discutido había sido la aplicación de la regla de la prorrata que había efectuado el órgano de gestión. Este había razonado que la venta del inmueble adjudicado a la actora por la Comunidad de Bienes DIRECCION000 era segunda transmisión. Como lo que constituía su objeto social era la primera transmisión de edificaciones, la aplicación de la prorrata general a la segunda transmisión era obligada.
La argumentación del TEAC fue del siguiente tenor:
"Primero.- El recurso ha sido promovido en tiempo y forma por persona legitimada para ello y este Tribunal Central es competente para conocerlo en función de sus circunstancias, de conformidad con lo establecido en el vigente Reglamento de Procedimiento para las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por Real Decreto 391/96, de 1 de marzo .
Antes de entrar al análisis del supuesto concreto que plantea el presente expediente, resulta conveniente reproducir aquí la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1998, dictada en Recurso de Casación en Interés de Ley y que cita el recurrente en su escrito de alegaciones. Declara el citado Tribunal que:
La promoción de edificios en régimen de comunidad de bienes y derechos viene suscitando una constante problemática relativa en principio a la aplicación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y posteriormente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
El tema principal es si la división de la cosa común y posterior adjudicación de un piso o local debe considerarse o no como transmisión patrimonial. Esta cuestión, estudiada en el ámbito civil por las sentencias de la Sala Primera de 31 de enero de 1967 y 19 de diciembre de 1970 fue abordada por la jurisprudencia de esta Sala en las sentencias de 11 de junio de 1988, 10 de enero de 1991, 25 de marzo y 27 de octubre de 1994 .
La Jurisprudencia contenida en la sentencia llega a la conclusión, para un supuesto similar al que se plantea en el presente expediente, de que no existe entrega de bienes, ni por aplicación de la definición general recogida en la Ley del Impuesto, ni si se tiene en cuenta el supuesto específico contenido en los artículos 6 apartado 2.5º de la Ley 30/85 y 8. dos 2 de la actual Ley 37/92 del I.V.A., al entender que el precepto contempla bienes concretos que integraban el patrimonio de las sociedades o comunidades.
Vista la doctrina contenida en la citada sentencia, es necesario analizar los efectos que ésta tiene respecto del caso contemplado en el presente expediente, y que son los siguientes:
1) Si con ocasión de la adjudicación a favor de la entidad recurrente, por disolución parcial de la comunidad a que pertenecía, no se produjo entrega de bienes, ello significa que no hubo operación sujeta al Impuesto, por lo que las cuotas que le fueron repercutidas no se habían devengado conforme a Derecho y, por consiguiente, no tenían carácter deducible.
2) Si no existió entrega de bienes, la efectuada por la recurrente a un tercero, tuvo la consideración de primera entrega, sujeta y no exenta, por lo que el recurrente debió repercutir el Impuesto sobre el Valor Añadido sobre el adquirente.
Visto el expediente se desprende que la recurrente, dedujo la cuota que se le había repercutido con ocasión de la adjudicación de las fincas controvertidas y no efectuó la repercusión del Impuesto al transmitir las citadas fincas. No existen datos suficientes en el expediente para determinar los efectos que, respecto de la cuantía de la liquidación practicada, tiene la aplicación de la doctrina contenida en la sentencia invocada por la recurrente, lo que exige que, previas las correspondientes comprobaciones, se revisen los actos dictados, practicando, en su caso, nuevas liquidaciones provisionales, si ello favorece al interesado, pero sin que se vea agravada su situación particular, por prescripción de la reformatio in peius.".
Es, pues, patente, según la entidad recurrente, la desviación en que el TEAC incurrió lo que justifica el motivo alegado.
El motivo no puede ser apreciado. Fue el propio recurrente en el escrito de alegaciones presentado ante el TEAC quien introdujo en el debate que la entrega de la edificación efectuada por la Comunidad de Bienes DIRECCION000 a la demandante no estaba sujeta al IVA, y así afirmaba en dicho escrito:
" Se alega también, y en aras a confirmar que la entrega por parte de la comunidad no supone primera entrega a efectos del artículo 20.1.22, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya que la misma, pese a no referirse al Impuesto sobre el Valor Añadido, sino al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, se refiere a supuestos idénticos y atiende a una interpretación teleológica concurrente con la que se ha planteado anteriormente, considerando de forma unánime que en este tipo de adjudicaciones no se produce primera transmisión y confirmando el criterio de que dadas las especiales circunstancias de este tipo de operaciones, pese a que por la propia mecánica del impuesto sea lógica la sujeción de la operación, ello no implica una auténtica transmisión.
El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales tiene como hecho imponible tal y como lo recoge el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados >.
Es indudable la similitud, con la excepción de las especialidades propias de cada impuesto, entre el concepto de entrega de bienes en el Impuesto sobre el Valor Añadido y el de transmisión de bienes en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, identidad reconocida por la propia Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados al establecer en su artículo 7.5 que >.
Como se deduce claramente del precepto mencionado, la razón por la que no se gravará la entrega no es por el distinto concepto que de entrega y transmisión se pueda tener, sino exclusivamente porque la entrega/transmisión no sea realizada por un empresario o profesional dentro de su actividad empresarial o profesional.
En este contexto el Tribunal Supremo, en sentencias de 11 de junio de 1987 y 25 de marzo de 1994, entre otras, establece con total rotundidad que no se puede considerar como primera transmisión la adjudicación de bienes por parte de las comunidades de bienes a los comuneros, sino que la primera transmisión será la que realicen los mismos a terceros. Las propias palabras del Tribunal Supremo establecen que:
respectivos derechos.
En todo caso, la posibilidad de obtener la facultad de división de la cosa común y la transformación de su derecho en propiedad exclusiva sobre la parte de la cosa que la división habrá individualizado es un criterio que se reitera en la jurisprudencia posterior, en cuanto que en ella se sostiene que el derecho limitado, por concurrir con otros, sobre la totalidad de la cosa, se transforma en derecho pleno y exclusivo sobre una parte de ella, por lo que no estamos ante un caso de disolución de sociedades, en el que operaría una traslación de dominio de su titular a otro, ya que la comunidad de bienes dividida carecería de personalidad independiente de la de los socios, y tampoco nos encontramos en un caso de derecho de propiedad de casas por pisos.
En suma, en el caso que se examina, nos encontramos ante una transformación del derecho que se ostentaba, inicialmente, basado en una cuota ideal indivisa sobre un inmueble total, en un derecho de propiedad independiente sobre una parte de él, y en la posterior atribución de un porcentaje de elementos comunes ... En consecuencia, y por lo expuesto, ha de entenderse que nos encontramos en una primera transmisión realizada por la empresa que solicita la exención...>>.
Pero la resolución recurrida no sólo desatiende e ignora las anteriores alegaciones, sino que también prescinde de los criterios jurisdiccionales contenidos en la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1998, dictada en Interés de Ley, en un asunto idéntico al que ahora que nos ocupa.".
Es, precisamente, la aceptación de esta argumentación por el TEAC la que trastoca el debate, pero esta alteración, contra lo afirmado por la recurrente, no la hace el TEAC por sí y ante sí sino como consecuencia de las alegaciones del demandante.
El motivo ha de ser, por tanto, desestimado, pues el TEAC no ha causado la infracción que se le reprocha, y, lógicamente tampoco la sentencia impugnada.
En el segundo motivo se alega contra la sentencia la infracción de los artículos 155 de la
L.G.T. y 9.2 del Real Decreto 1163/90m, de 21 de septiembre .
El motivo, que ha de entenderse formulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional, no puede ser apreciado.
En primer lugar, porque la sentencia impugnada no trata de esta cuestión por lo que debería haber sido planteado por la vía del artículo 88.1 c) de la L.J .
En todo caso, esa cuestión era una cuestión nueva, no planteada en la vía económico administrativa donde la Súplica del escrito presentado ante el TEAC era del siguiente tenor: "SOLICITA que teniendo por presentado este escrito y por interpuesto el Recurso de Alzada que en él se contiene, se sirva admitirlo y, previos los trámites oportunos anular la resolución impugnada, y las liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 1993 y 1994, que la misma viene a confirmar, ordenando la práctica de sendas liquidaciones definitivas confirmatorias de las autoliquidaciones practicadas en su día, o alternativamente, acuerde la práctica de una nueva liquidación en la que se consideren la transmisión de los inmuebles a la compañía de seguros a que se ha hecho referencia como primera entrega o, subsidiariamente, con aplicación de la prorrata especial en el ejercicio 1993 en la forma expuesta en el cuerpo de este escrito.".
Resulta patente que no se formuló esa petición ni en la vía de gestión, ni en la económica administrativa. La introducción de la petición de devolución de "ingresos indebidos" es una modificación cualitativa de lo solicitado en vía de gestión.
Por tanto, este motivo ha de ser desestimado, sin perjuicio de las acciones que por éste u otro concepto el demandante considere procedente ejercitar.
Idéntica suerte desestimatoria merece el tercero de los motivos y por las mismas razones expuestas en el motivo anterior.
Efectivamente, si en la vía previa no se solicitó la devolución por ingresos indebidos es clara su improcedencia en la vía jurisdiccional.
La misma respuesta desestimatoria merecen los motivos cuarto, quinto y séptimo, pues los textos constitucionales que en dichos motivos se citan no han sido infringidos por las resoluciones impugnadas; sin perjuicio de las acciones procedentes que a la recurrente puedan corresponder en el ejercicio de sus legítimos derechos.
Tampoco se produce la desviación de poder que se reprocha en el sexto motivo. Como hemos razonado, el TEAC resolvió en la forma en que lo hizo como consecuencia de las alegaciones de la entidad recurrente. Contrariamente, la omisión de esta argumentación había hecho incurrir a la resolución en incongruencia a la vista del planteamiento de la parte.
Idéntica suerte desestimatoria ha de seguir el motivo octavo que afirma que se ha producido una vulneración del artículo 92 de la Ley 37/92, de 29 de noviembre .
Volvemos a estar en presencia de una posición contradictoria del recurrente. La sentencia lo que afirma es que la primera transmisión, la celebrada entre la Comunidad y la recurrente, no estaba sujeta al IVA, y, por tanto, no puede nacer de ella un derecho a la deducción. Este argumento, además de ser correcto, fue planteado por la entidad recurrente. Ello equivale a rechazar la infracción del artículo 92 de la Ley 37/92 que en el motivo se invoca.
El recurrente tiene que elegir entre estas alternativas. Una, la primera transmisión no está sujeta al IVA en cuyo caso la petición de devolución no puede hacerse efectiva por las causas que se han hecho valer. Dos, la primera transmisión está sujeta al IVA, éste fue el planteamiento inicial, lo que llevó a la aplicación de la regla de la prorrata. En esta hipótesis la discusión sólo puede versar sobre la aplicabilidad de la regla de la prorrata. (Curiosamente, la entidad recurrente en casación excluye la aplicación de cualquier regla de prorrata -como puede verse leyendo la Súplica de su escrito de interposición del Recurso de Casación).
Lo que no ofrece dudas es que el recurrente ha seguido caminos distintos para solicitar la devolución, caminos que en alguna medida eran contradictorios.
En el último motivo se estima que la sentencia infringe el artículo 8.1 de la Ley 37/92. Plantea el recurrente -de modo contradictorio con el motivo precedente- que la disolución de la comunidad en relación con los bienes adjudicados a los comuneros es entrega de bienes comprendida en el artículo 8.1 de la Ley 37/92, pero no constituye primera entrega. De este modo, la primera entrega habría sido la transmisión del inmueble de la recurrente a la aseguradora.
Es claro que tal tesis no puede prosperar por ser contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia, específicamente la sentencia de 23 de mayo de 1998 citada por la sentencia impugnada. Además, supone una clara modificación de la línea que justificó la petición de devolución del recurrente.
Lo razonado comporta la desestimación del Recurso de Casación con expresa imposición de las costas causadas a la entidad recurrente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, que no podrán exceder de 3.000 euros.
Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Casación Ordinario formulado por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, actuando en nombre y representación de la entidad ARESOL, S.A., contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 21 de mayo de 2003, recaída en el Recurso Contencioso-Administrativo al principio reseñado, con expresa, por obligada, imposición de costas a la parte recurrente, que no podrán exceder de

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Resolución
artículo 17
Real Decreto
artículo 40
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artículo 103
artículo 9
artículo 63
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Hechos imprevisibles: El paciente que se arrojó por una ventana del sanatorio donde estaba internado, sin depresión o trastorno psíquico, configura un hecho imposible de evitar – AL DÍA | ARGENTINA
Hechos imprevisibles: El paciente que se arrojó por una ventana del sanatorio donde estaba internado, sin depresión o trastorno psíquico, configura un hecho imposible de evitar
Ed. Microjuris.com Argentina	en 29 mayo 2019
Partes: L. A. G. y otros c/ Sanatorio Allende S.A. s/ ordinarios – otros
Tribunal: Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Córdoba
Sala/Juzgado: 35
Cita: MJ-JU-M-118151-AR | MJJ118151 | MJJ118151
El obrar del paciente que se arrojó por una ventana del sanatorio en el que estaba internado y que no padecía depresión o trastorno psíquico manifiesto, configura un hecho imposible de prever y evitar.
1.-Corresponde rechazar la demanda iniciada por la cónyuge e hijos de un paciente que se arrojó por la ventana de la habitación que ocupaba en el sanatorio demandado porque, tratándose de una responsabilidad objetiva (art. 40 , Ley 24.240) por violación del deber de seguridad, el demandado debía probar algún eximente que en términos causales pueda sacar el daño de la órbita del deber de garantía (causa extraña) y en el caso, habiéndose descartado que el paciente sufriera depresión o algún trastorno psíquico manifiesto, el hecho de que la abertura de la ventana permitiera que una persona adulta se subiera a una mesa y se arrojase al vacío no fue la causa del deceso sino que ello solo posibilitó la conducta súbita y repentina, que acaeció por un acto material y voluntario sólo atribuible a éste.
2.-El sanatorio no debe indemnizar el daño ocasionado por la muerte de un paciente que se arrojó al vacío desde la habitación en la cual estaba internado, si en el caso no se manifestó ningún indicio claro e inequívoco de que sufriera un cuadro depresivo agudo, tuviera tendencias suicidas (intentos anteriores de suicidio) o algún otro trastorno psiquiátrico de gravedad que mereciera una atención extraordinaria, por lo cual se trató de un hecho imposible de prever y de evitar.
3.-Tratándose de un hospital o establecimiento asistencial ‘común’, es decir aquel donde las dolencias de los pacientes no son principalmente psiquiátricas, el deber de seguridad no debe -ni puede- analizarse con el mismo estándar, justamente porque -conforme el curso normal y ordinario de las cosas- no es previsible que los pacientes puedan cometer conductas autodestructivas, de allí que las medidas de seguridad no necesariamente deben requerir precauciones especiales, más allá de lo ordinario.
4.-La responsabilidad a que alude el art. 1074 del CC. queda circunscripta a aquellas abstenciones que consisten en una inactividad fundamental frente a la existencia de una obligación jurídica de obrar, omisión que -interpretada desde la óptica del diseño efectuado en el art. 512 -, consistiría en el caso, en el hecho de no haber llevado a cabo la conducta impuesta por las normas legales, reglamentarias o las costumbres vigentes.
Córdoba, 15/03/2019.
Estos autos caratulados “L. A. G. Y OTROS C/ SANATORIO ALLENDE S.A.- ORDINARIOS- OTROS” (Expte. N° 5741858)”, de los que resulta que:
1.- A fs. 01/08, con fecha veinticuatro de julio de dos mil trece, comparece la Sra. A. G. L. por derecho propio y en representación de su hija menor de edad M. M. C. y L. G. C. por derecho propio, acompañados de los Dres. Andrés D. Agüero y Benjamín Amadei (Carta Poder a fs. 09) e interponen demanda ordinaria de daños y perjuicios en contra del SANATORIO ALLENDE S.A., persiguiendo el cobro de la suma de pesos seis millones setecientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y tres con sesenta y cinco centavos ($ .), con más los intereses, costas y honorarios.
Relatan que el día 26/12/2012, el Sr. M. F. C., esposo y padre de los comparecientes respectivamente, fue operado en el Sanatorio Allende ubicado en calle Av. Hipólito Irigoyen N° 384 de Barrio Nueva Córdoba de esta Ciudad por su diagnóstico de Tumor Cerebral en Fosa Posterior Izquierda que comprometía el tronco encefálico y pares craneales bajos. Tras la operación, su evolución fue estable con paresia de lengua y disfagia por lo que tuvieron que colocarle una sonda gástrica para su alimentación. Luego de 13 días, dada su evolución física aunque no anímica, el 08/01/2013 el equipo médico decide pasarlo a sala común N° 322 (habitación privada), ubicada en el tercer piso del Sanatorio. El día 15/01/2013, la licenciada en psicología Silvana María Castillo, a las 17 hs. entrevista a M. a pedido del Dr. Juan Carlos Viano y da cuenta que el paciente se siente angustiado por su situación clínica actual e incertidumbre ante su futuro, indicándose un seguimiento sobre el paciente.El 21/01/2013 por la mañana, el equipo médico decide iniciar el proceso de alta médica, ordenando un tratamiento de antibióticos por seis semanas para cobatir una infección pulmonar que lo aquejaba.
Por la tarde del día 21/01/2013, la esposa de M., tras despedir un grupo de familiares que estaban acompañándolo, observa que se había quitado la sonda gástrica por lo que llamó a la enfermera de turno.
Ella le dijo que si lo volvía a hacer lo iban a tener que “atar”.
A las 20.30, se presenta la licenciada en psicología Analía Sánchez Pizzuto quien indicó procedimientos de relajación y contención familiar. A la medianoche, L. C. reemplazó a su madre -A. G.- en el acompañamiento de su padre que dormía y cerca de las 2.00 hs. de la madrugada, M. despertó y aprovechó para salir a tomar aire ya que estaba un poco mareado. Encontrándose su hijo en la vereda, quien vio un apresurado y frenético movimiento de la guardia de seguridad, M. se había arrojado desde la habitación N° 322. Las lesiones ocasionadas por el impacto lo llevaron a la muerte aproximadamente a las 3.00 del 22/01/2013.
Manifiestan que el desenlace descripto tiene como causa determinante la negligencia, imprudencia y violación al deber de guardia, custodia, preservación y contención necesaria para evitar que el paciente M. F. C. DNI xx.xxx.xxx, que demostraba una fuerte depresión, hiciera daño a terceros o a sí mismo, tal como ocurrió. Alegan que la conducta depresiva de M. C.era manifiesta ya en los primeros días de enero, llegando a su punto máximo cuando se retiró la sonda gástrica en ocasión de su soledad.
Siguen diciendo que las instalaciones de la habitación N° 322 no guardaban las medidas de seguridad necesarias para la protección y vigilancia del paciente, ni tampoco contaba con ninguna barrera física suficiente para desalentar o evitar la conducta de M., hasta había una mesa colocada frente a la ventana que facilitó aún más su viciada voluntad.
Entienden que si la obligación de seguridad hubiese sido cumplida, la muerte de M. se hubiese tornado imposible.
Reclaman los siguientes rubros:
1) Lucro cesante: alegan que con motivo del fallecimiento, el grupo familiar vio truncado el apoyo y colaboración que M. les brindaba, siendo indispensable para su sostén económico. Para el cálculo del presente rubro, utilizan la fórmula matemática financiera abreviada “La Heras-Requena” y toman como parámetro los ingresos de M. C. como comerciante en el rubro venta de repuestos que equivalen a la suma promedio de $ 33.989,99 y los multiplican por doce meses con un interés puro del 6% anual, resultando la suma de $ 432.352,70, así como su edad que al momento de su deceso era de 43 años y la expectativa de vida activa de 85 años. Efectuados los cálculos correspondientes, reclaman por este rubro la suma de pesos seis millones quinientos ochenta y dos mil trescientos cincuenta y tres con sesenta y cinco centavos ($ 6.582.353,65). Citan jurisprudencia.
2) Daño y apoyo psicológico y psiquiátrico: reclaman por cada rubro la suma de pesos veintiocho mil ochocientos ($ 28.800), lo que hace un total de pesos cincuenta y siete mil seiscientos ($ 57.600), en base a un tratamiento de dos años de duración consistente en dos sesiones mensuales por cada especialidad, por un valor de $ 200 cada una y por cada uno de los comparecientes. Cita Jurisprudencia.
3) Daño Moral:estiman este rubro en la suma de pesos treinta mil ($ 30.000) para la esposa de M. y pesos cincuenta mil ($ 50.000) para cada uno de sus hijos, es decir un total de pesos ciento treinta mil ($ 130.000) Cita doctrina.
Hacen reserva del Caso Federal. Ofrecen la prueba que hace a su derecho a fs. 123/125 (documental-instrumental, confesional, pericia de seguridad e higiene, pericial psiquiátrica y psicológica, pericial contable, informativa, reconocimiento, testimonial). Fundan su pretensión en derecho.
2. Impreso el trámite de juicio ordinario (fs. 22), a fs. 41 comparecen los Dres. Facundo Martínez Crespo y Lucía Irigo en nombre y representación de la entidad demandada conforme acreditan con Poder General para pleitos obrante a fs. 38/40 A fs. 48, toma intervención la Asesora Letrada Civil del Quinto Turno, Dra. María Belén Carroll de López Amaya en el carácter de representante promiscuo de la menor M. M. C. y a fs. 54 lo hace la Sra. Fiscal Civil de Primera Nominación, Dra. Alicia García de Solavagione, por la ley de protección al Consumidor N° 24.240 (art. 52 y cc).
Corrido el traslado de la demanda, a fs. 61/78 la accionada SANATORIO ALLENDE S.A. evacua el mismo produciendo una negativa general y particular de los hechos alegados por la parte actora.
Detalla las condiciones de la intervención quirúrgica practicada el día 26/12/2013 al Sr. F. M. C. coincidiendo con los accionantes en que su evolución fue estable y que padecía parestesia de lengua y disfagia temporal, por lo que se le colocó una sonda gástrica para su alimentación.Aclaran que en varios pasajes de la historia clínica, los profesionales dejaron constancia de su colaboración en los tratamientos realizados, lo que es una muestra clara de la intención del paciente de recuperarse y realta que en toda su etapa de recuperación no se vislumbraron cambios anímicos o conductas anormales en el paciente.
Respecto de las interconsultas con el sector de salud mental del Sanatorio Allende S.A., más precisamente de las Lic. Silvana Castillo y Analía Sanchez Pizutto, que actuaron a requerimiento del médico de cabecera Dr. Juan Carlos Viano, se tratan de procedimientos de rutina para el caso de pacientes que pasan por internaciones prolongadas (de más de 10 días). De la consulta con la primer nombrada se concluye que F. M. C. no presentaba ningún signo de conducta depresiva, ningún síntoma que pudiera calificarse como propio de atravesar una fase depresiva. Tenía una buena relación con el equipo médico tratante, estaba contenido por su entorno familiar, quienes lo apoyaban y permanentemente lo acompañaban. En cuanto a la intervención de la segunda licenciada, se aclara que la reacción de “quitarse la sonda” es un proceder muy común en los pacientes por el propio instinto de presentación y la incomodidad que ésta provoca, más no está relacionada con una necesidad de hacerse mal a sí mismo, sino más bien todo lo contrario, ante la necesidad de quitársela en virtud de la sensación de ahogo que puede provocar.
En cuanto a los detalles del fallecimiento de F. M. C., indica que la habitación N° 322 cumple con todas las disposiciones reglamentarias que regulan este tipo de espacios, la noche del deceso se encontraban como todas las noches, dos enfermeras de la guardia nocturna en el piso a cargo del cuidado y control de los pacientes y también estaba acompañado por su hijo L. C.Aclaran que si bien en la mayoría de las internaciones existen familiares que acompañan al paciente, no es un requisito impuesto por la institución, que cuenta con los medios adecuados para garantizar al enfermo una debida protección y cuidado de su salud.
Concluye que el paciente no presentaba ningún signo que hiciera siquiera sospechable mínimamente un desenlace como el que tuvo. No existía la posibilidad de prever ni de evitar el hecho de la víctima.
En consecuencia, la demanda deberá ser rechazada en todas sus partes atento la inexistencia de la responsabilidad civil, así como de la conducta antijurídica, ya que la firma demandada no es un centro de salud mental y cumple con todos los requisitos de habitabilidad exigidos por la normativa municipal, provincial y nacional vigentes (cita el Decreto n° 33/08 reglamentario de la Ley N° 6222 y la Ordenanza N° 12052). Asimismo, explica que la obligación de seguridad es una obligación de medios, por lo que si no existe responsabilidad de los médicos y/o enfermeros, tampoco puede existir responsabilidad a cargo del establecimiento asistencial. La doctrina es coincidente en dicho sentido al expresar que el actor debe probar la culpa médica no para que se muestre la responsabilidad refleja del hospital sino para patentizar la transgresión a la obligación de seguridad del ente asistencial. Cita doctrina y jurisprudencia.
A más de ello, no existe culpa de los profesionales interv inientes ni por acción ni por omisión, no verificándose accionar culposo en los términos del 512 del C.C. En el caso, todos fueron sorprendidos por un desenlace que desbordó las razonables previsiones de los psicólogos que intervinieron, cuya intervención constituyó un servicio más que brinda la institución para la contención de los pacientes, no estando ello motivado en circunstancias particulares del propio C. En consecuencia, no hay nexo de causalidad ni tampoco causalidad adecuada en relación al fallecimiento de F. M.C., ya que su fractura ha sido consecuencia de la culpa de la víctima (en tanto única y exclusiva responsable de su muerte) o como caso fortuito (en razón de la imposibilidad de prever que C. provocaría su propia muerte). Cita doctrina y jurisprudencia en respaldo. Manifiesta que tampoco existen daños resarcibles, siendo improcedentes los rubros reclamados y el monto de los mismos. Rechaza el contenido y veracidad de la documental. Hacen reserva del caso federal. Ofrecen la prueba que hace a su derecho a fs. 332/333 (documental, confesional, testimonial, informativa, periciales médica, psicológica, psiquiátrica y contable e inspección judicial).
3.- Diligenciada la prueba que consta en el expediente, incorporados los alegatos de la parte actora a fs. 658/670, de la demandada a fs. 671/682, de la Asesora interviniente a fs. 683/693 y de la Sra. Fiscal Civil a fs. 695/702, se dicta el decreto de autos a fs. 705, el que firme y consentido deja la presente causa en estado de resolver.
I.- Reclama la parte actora el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos con motivo del fallecimiento del Sr. M. F. C., quien se arrojó por la ventana del nosocomio demandado. Aduce que la responsabilidad se deriva del hecho de haber incumplido con el deber de seguridad al no haber evitado que un paciente que demostraba una fuerte y profunda depresión se hiciera daño a sí mismo, específicamente que las ventanas de la habitación no contaban con barrera alguna. Dirigen su acción exclusivamente en contra del Sanatorio donde se encontraba alojado.
Impreso el trámite de ley, comparece la accionada y contesta la demanda, solicitando el rechazo de la misma con costas. Si bien reconoce la existencia del hecho, en cuanto a la internación y fallecimiento del Sr. C., niega que haya padecido de un estado de depresión o haya habido algún indicio que hiciera sospechar el desenlace fatal, ni que haya habido culpa de los profesionales intervinientes o falta de cumplimiento de sus deberes de seguridad.Aduce que en realidad el deceso se produjo por el hecho de la propia víctima. Subsidiariamente niega la procedencia de los daños reclamados.
II. Tengo por cierto, tratándose de un hecho no controvertido, que en la madrugada del 21/01/13 se produjo el fallecimiento del Sr. M. F. C. de 43 años de edad, padre y esposo de los accionantes, quien perdió la vida arrojándose desde la ventana de la habitación ubicada en el tercer piso del Sanatorio accionado, lugar donde se encontraba internado desde el día 26/12/12.
También se encuentra debidamente acreditado que la ventana de la habitación donde se alojaba no presentaba medidas de seguridad, de modo que permitía su apertura de tal manera que una persona podía arrojarse al vacío a través de ella.
Adviértase que más allá de las dudas que presenta el perito oficial especialista en higiene y seguridad del trabajo, quien advierte que la apertura de 17 cm es insuficiente para que pase un cuerpo de las características del Sr. C. (fs. 251), en realidad debe estarse a las constancias del sumario penal -en base a la cual se dispuso el archivo de la causa por falta de tipicidad- donde se constató que en el momento en donde ocurrió el luctuoso evento la abertura de la ventana era en realidad de 28 cm, lo cual se colige de las fotografías sacadas en el lugar del hecho (fs. 524/526) y que el máximo diámetro toráxico del paciente era de 24 cm. (fs. 533 y 534 vta.).
La diferencia puede explicarse razonablemente por la circunstancia de que la pericia fue realizada en el año 2017 y anteriormente el sanatorio demandado había logrado -a partir del año 2015- una certificación de calidad expedida por el Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud (fs.386/387), entre cuyos estándares se encontraba la colocación de topes de aberturas de ventana con el fin de aumentar la seguridad de los pacientes (fs. 404 vta.).
En cualquier caso, merece destacarse el valor probatorio del sumario penal. No solo por el carácter de instrumento público que inviste sino también porque -en virtud del principio de unidad de jurisdicción así como economía procesal o máximo rendimiento- la plena vigencia del principio de bilateralidad puede asumir diversas modalidades y no solo limitarse a la ratificación de la prueba rendida sin control. Por lo que -conforme lo tiene dicho nuestro tribunal casatorio- la traslación de la prueba será válida -como ocurre en el caso- cuando las partes han conocido y consentido el ofrecimiento e incorporación de las pruebas, y/o han tenido oportunidad, aún en el juicio civil, de contradecir, contraprobar, e incluso impugnar el valor convictivo de aquéllas (conf. DIAZ VILLASUSO, Mariano, “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba”, t. II, Advocatus, p. 32 y sgtes.).
En estas condiciones, corresponde precisar que la parte actora no imputa responsabilidad al sanatorio por mala praxis de los profesionales que atendieron al Sr. C., tanto en la operación como en su posterior cuidado. Antes al contrario, la accionante fustiga el incumplimiento del deber de seguridad del nosocomio para con el paciente en atención a que no se tomaron los debidos cuidados dado su profundo estado de depresión, que hacían previsible un desenlace como el que -lamentablemente- finalmente ocurrió.
En dicho marco adelanto que la demanda no merece recibo. Damos razones (art. 155, Const. Prov., art. 326, C. de P. C.y art. 3, C. C. y C.).
1. En el caso corresponde aplicar un factor objetivo de responsabilidad.
Ello así, por un lado, en razón de que la parte actora se encuentra amparada por el estatuto del consumidor (art. 42, Const. Nac., Ley 24.240 y C. C. y C.).
Adviértase que, resultando incontrovertido que el Sr. C.era paciente del Sanatorio Allende S.A., dicho nosocomio reviste la calidad de proveedor de servicios médicos a la luz de lo dispuesto por el artículo 2 de la LDC, por lo que asumen una responsabilidad de tipo objetiva por los eventuales daños derivados de la prestación de dicho servicio (art. 40, LDC).
Ocurre que si bien el estatuto del consumidor excluye de su ámbito de aplicación a los profesionales o profesiones liberales, no hace lo propio con la empresa de medicina (conf. LORENZETTI Ricardo, La Empresa Médica, p. 356; FARINA Juan, Defensa del Consumidor y del Usuario, p. 83, Ed. Astrea 1995).
De otro costado, el deber de responder también encuentra su causa en el incumplimiento del deber de seguridad que pesaba sobre el sanatorio demandado, lo que le obligaba a garantizar a los pacientes que se encontraban alojados en él, que no padecerán perjuicios en su salud o en sus bienes, deber que por exigencia de la buena fe (art. 1198, Cod. Civil) se reputa implícito.
En efecto, cuando la entidad se obliga a la prestación de servicio médico por medio de su cuerpo profesional, es responsable no solamente de que el servicio se preste sino también de que se preste en condiciones tales que el paciente no sufra daño por deficiencia de la prestación prometida (BUSTAMANTE ALSINA, Jorge H., “Responsabilidad Profesional del Médico por el hecho ajeno”, ED, 152-880).
Ahora bien, en virtud del estatuto del consumidor el mentado deber de seguridad ya no puede ser considerado, simplemente “tácito”. Adviértase que conforme el mandato legal los servicios deben ser prestados “en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios” (art. 5, LDC).
Incluso más, por virtud de la norma constitucional y de lo que en igual sentido dispone el régimen infraconstitucional, la obligación a cargo del proveedor debe ser juzgada, en este caso, como un deber de resultado.Así lo sostiene la destacada doctrina, porque asume que, en hipótesis de este tipo, la ley “hace garantes a los proveedores de bienes y servicios de que las cosas y servicios que comercializan no dañen al consumidor” (PICASSO, Sebastián, Requiem para la obligación de seguridad en el derecho común, RCCyC 2015 julio 01/07/2015, 146, cita online: AR/DOC/2127/2015; en el mismo sentido PIZARRO- VALLESPINOS, Tratado de Responsabilidad Civil, t. I, Rubinzal Culzoni, p. 331).
De allí que pesa sobre el establecimiento asistencial una obligación de seguridad con relación a los pacientes, inclusive por daños que éste pueda sufrir por situaciones ajenas al acto médico (conf. PIZARRO- VALLESPINOS, ob. cit., t. II, p. 592), como es el caso de autos donde no se imputa mala praxis a los médicos tratantes.
2. Tratándose, entonces, de una responsabilidad de naturaleza objetiva, de ello se sigue que ocurrido un daño dentro de las instalaciones de la demandada (hecho no controvertido), la responsabilidad de ésta quede sin más presumida, quedando a su cargo la prueba de algún eximente (inversión de la carga probatoria); vale decir de algún hecho -caso fortuito, culpa de la víctima o de un tercero- que en términos causales pueda sacar este daño de la órbita del deber de garantía (causa extraña).
En efecto, naturalmente que la aplicación de un factor objetivo de responsabilidad no impide la apreciación del comportamiento de la víctima, pues la propia conducta del damnificado se puede convertir en causa exclusiva o concausa del daño, no pareciendo razonable en tal supuesto trasladar total o parcialmente las consecuencias a un tercero.
Así lo establece la norma enunciada (art . 40, LDC), que prevé la posibilidad de que el proveedor se exima de responsabilidad -total o parcialmente- si demuestra que ha mediado una conducta de la víctima con operatividad causal en el hecho lesivo (comprensivo de la fórmula “que la causa del daño le ha sido ajena”).
Por otra parte, “dentro de un contexto basado en la causalidad adecuada,el hecho de la víctima (tanto culpable como inculpable) actúa sobre el nexo causal, desvirtuando el presupuesto de la autoría, total o parcialmente según los casos. No habiendo autoría, mal puede formularse juicio de imputación alguno de responsabilidad, objetiva o subjetiva” (PIZARRO, Ramón D.; VALLESPINOS, Gustavo; “Instituciones de derecho Privado. Obligaciones”, Hammurabi, t. III, p. 113). Por tanto, “ignorar la causalidad imputable al damnificado derivaría en una obligación resarcitoria carente de fundamento jurídico, conducente a un pago sin causa” (ZAVALA DE GONZáLEZ, Matilde, “La responsabilidad civil en el nuevo Código”, t. II, Alveroni, p. 232).
Por ello corresponde determinar, desde el plano netamente causal, la concreta incidencia que tuvo en el evento el accionar de la víctima, en atención a la defesa opuesta por la demandada.
3. Para ello primeramente es necesario destacar que -conforme declara el médico de cabecera y surge de las constancias de la historia clínica- el Sr. C. padecía de un tumor en el sistema nervioso central ubicado en la zona de la nuca, por ello con fecha 26/12/12 se sometió a una cirugía a fin de extirparlo. Tratamiento que -conforme informa la pericial oficial- no solo era el aconsejado sino que de no realizarse existía riesgo de muerte (conf. fs. 627).
Refiere el profesional tratante -en un testimonio que no ha sido impugnado- que la malignidad del tumor era moderada a grave y que estaba en una zona complicada, involucrando un post operatorio de 25/30 días y un tiempo de recuperación de 6 meses. No obstante, aclara que su evolución estaba dentro de los parámetros normales, que no había nada fuera de lo común, es decir más allá de las complicaciones comunes para este tipo de casos, como dificultad para tragar (fs.238/239).
Adviértase que, conforme lo informado por la pericia médico forense, se trataba de una lesión tumoral voluminosa que afectando un área pequeña no obstante tiene gran
elocuencia en lo que a funciones corporales necesarias para la vida se refiere, v.gr. centro de respiración, vasomotor y cardioregulatorio (fs. 627 vta.).
Ahora bien, más allá de las molestias lógicas que -conforme las máximas de la experiencia- es dable esperar de quien llevaba casi un mes internado a raíz de una operación compleja, las que se habían incrementado por un proceso infeccioso, en el caso no se ha acreditado debidamente ni tampoco existen indicios serios precisos y concordantes de que el Sr. C. padeciera de un cuadro agudo de depresión, como postulan los actores como base para accionar.
Adviértase que, por indicación del médico de cabecera, que refiere que es el protocolo común en estos casos de internación prolongada, el Sr. C. fue visitado en tres oportunidades por una psicóloga.
Ello -por sí mismo- ya indica un principio de cumplimiento del deber de seguridad que pesaba sobre el nosocomio, ya que asume que quien es sometido a una operación por una patología compleja y permanece internado por varios días necesita cuidados especiales.
Pero lo importante es que dichos profesionales dan cuenta que ningún cuadro depresivo se advertía en el paciente, más allá de la angustia propia de la situación, sino se estaba dando una adaptación dentro de los límites normales (respectivamente fs.152/155 y 158/160). Incluso las profesionales destacan que, conforme expresaron los parientes, el paciente no tenía antecedentes psiquiátricos ni psicológicos, aspecto del testimonio que no ha sido objeto de impugnación.
Y si bien es cierto que dichas deposiciones deben ser analizadas estrictamente, puesto que se tratan de dependientes de la demandada y podría quedar expuesta su propia responsabilidad, no obstante cabe mencionar que resultan concordantes con lo asentado en la historia clínica que se encuentra reservada en secretaría y tengo a la vista.
En efecto, a) el 15/01/13 allí se consignó que el paciente se encuentra angustiado por su situación clínica actual e incertidumbre ante su futuro, pero también se destaca que presenta actitud positiva ante el diagnóstico; b) el 17/01/13 se asentó que el paciente manifiesta una conducta distimica, temores, apatía, cansancio, pero se aclaró que son todas conductas esperables ante el diagnóstico e internación prolongada. Se aditó que se encuentra contenido por su grupo familiar; e) finalmente el día 21/01/13 -es decir el día del fallecimiento- se registró: “Paciente lúcido, orientado. Cursando internación prolongada. Su esposa relata que hace un rato el paciente se quitó la sonda gástrica sin querer porque sentía ahogase. Se trabaja con la familia y el paciente en contención; se indica ejercicio respiratorio para relajarse”.
Pero aun cuando dejemos de lado el testimonio de las psicólogas y las constancias de la historia clínica, lo cierto es que -a falta de todo otro elemento de prueba- existen otros indicios determinantes para descartar un evidente y ostensible cuadro de depresión del paciente.
Por un lado, debe tenerse en consideración que del relato que hizo la propia esposa del Sr. C. al tiempo de realizarse una evaluación psicológica (argum. art. 217, C. de P. C.) se sigue que el suicidio se trató de un hecho súbito e imprevisible. En efecto “ella siempre dudaba de la muerte, no era el esposo que ella conocía, y siempre repetía que M.no le hubiera hecho algo así a su hijo. Tanto que había luchado por la vida de su hija cuando enfermó de un tumor cerebral, él ahora pasaba por lo mismo y se lo veía seguro y fuerte. Por eso Adriana no aceptaba la idea de suicidio” (fs. 119, el destacado me pertenece).
De otro costado, el hijo del paciente relata que “que ese día [aclaro el día del fallecimiento] su padre había estado en compañía durante todo el día y se encontraba de muy buen ánimo y de buen humor. Que el pronóstico de recuperación era muy bueno por lo que su padre estaba animado. El diciente manifiesta que siendo las 23:30 su madre, la Sra. Adriana L., se retira del nosocomio y es el diciente quien se queda acompañando a su padre durante la noche. Siendo las 02:00 hs. del día 22/01/2013 el diciente se encontraba en la habitación y su padre se despierta, aprovechando esto el diciente le comenta a su padre que saldría unos segundos a tomar aire porque estaba un poco descompuesto. Su padre se encontraba tranquilo y le dijo que saliera sin inconvenientes.” (fs. 485).
Luego, “preguntado el diciente sobre si la habitación donde estaba internado su padre tenía ventanas, manifiesta que si que poseía ventanas que pueden abrirse hacia afuera; que recuerda que luego de lo ocurrido subió a la habitación donde se encontró con tres efectivos policiales y que en el lugar pudo ver que la mesa que estaba pegada a la ventana tenía un gran desorden y que las cosas que estaban sobre la misma estaban todas tiradas sobre el piso, por lo que presume que su padre pudo haber subido allí para tener acceso a la ventana. El manifiesta que la ventana está ubicada a una altura aproximada de 1,5 mts.del piso, y frente a la misma había un sofá cama y la mesa mencionada, por lo que no cree que haya sido un accidente sino que su padre, desconociendo sus motivos, debe haber subido con intenciones de arrojarse” (fs. 585 vta./486, el subrayado no se encuentra en el original) Estos relatos, mas allá de lo inmensamente doloroso que importan como historias de vida, son indicios claros de que los propios familiares del paciente -que son quienes más lo conocían- no tenían sospechas de un estado morboso del ánimo, ni un tipo de personalidad capaz de llegar al extremo de quitarse la vida.
Aclaro, por lo demás, que no puede derivarse un estado profundo de depresión sólo de las secuelas o sobrevida de la operación a la que fue sometida.
Bien es cierto que el médico tratante -que fue quien realizó la cirugía- adujo que, si bien no puede precisar el caso del Sr. C., se trata de pacientes que viven entre 8 a 10 años y la calidad de vida no es muy buena (fs. 239). No obstante la pericial oficial informa que no consta en la literatura una estadística precisa acerca del promedio estimada de vida, “pero está establecido que la edad adulta, una resección macroscópica total, un grado bajo histológico, un estado general bueno del paciente, la ausencia de metástasis al momento del diagnóstico y la utilización de terapias adyuvantes luego del tratamiento principal quirúrgico, mejoran y prolongan la sobrevida de estos pacientes” (fs. 627 vta.).
Fuera de ello debe tenerse en consideración el buen ánimo que presentaba el paciente, según sus familiares, que estaba próximo a ser dado de alta, pero fundamentalmente debe agregarse al análisis otra circunstancia no menor.Como refirió su esposa, en el relato que hizo a la psicóloga, su hija había tenido una dolencia similar -en cuanto a su ubicación- aunque el tumor era más benigno y -no obstante- había salido airosa de la misma, conforme relata el médico de cabecera que operó a ambos (fs. 239 vta.). De allí que no sea válido suponer -por lo menos sin algún otro elemento de prueba- que únicamente del hecho de la enfermedad que padecía o su sobrevida hayan sido motivos suficientes como para provocarle una severa depresión, puesto que no solo el resultado de la operación y su evolución habían sido satisfactorios -al punto que estaba por ser dado de alta- sino la experiencia de su hija podría haber servido como aliciente (conforme las máximas de la experiencia).
Tampoco puede servir como indicio de un grave estado de ánimo el hecho de que el día 15/01/13 se haya rehusado a efectuar rehabilitación, ya que conforme la historia clínica antes y después de esa fecha se mostró colaborativo con el tratamiento d e recuperación. Menos aún que la psicóloga haya asentado en la historia clínica que el paciente mostraba una “conducta distimica”, puesto que -como vimos- dicha profesional se encargó de aclarar que -junto con temores, apatía, cansancio- son todas conductas esperables ante el diagnóstico e internación prolongada, además de que la propia cita del manual consultado por la Sra. Asesora Letrada se sigue que la distimia es un estado de ánimo semejante a la depresión pero presenta sintomatología menos intensa y por un tiempo prolongado (fs. 690), 4. Recuérdese que el problema de la relación de causalidad en materia de responsabilidad civil, largamente debatido en los ámbitos doctrinarios y en constante revisión crítica, ha sido dirimido por la ley, en razón de la expresa recepción positiva de la “teoría de la causa adecuada”. Precisamente, la ley N° 17711, en el art. 906 del Cód. Civil (actual art.1726 CCyC), introdujo al sistema normativo argentino la regla que establece que en ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad.
Dicha tesis, que analiza el asunto causal en función de una noción de regularidad apreciada de conformidad con lo que acostumbre suceder en la vida misma, torna menester, a fin de establecer la vinculación de causa a efecto entre dos sujetos, un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación es presentada por destacada doctrina en los siguientes términos: “¿La acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada
para provocar normalmente esa consecuencia?” (GOLDENBERG, Isidoro H., “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, Astrea, p. 33).
Se trata de una concepción superadora de la denominada “teoría de la equivalencia de las condiciones”, toda vez que sortea las objeciones de que ésta era justificadamente merecedora. Es claro que elevar el rango de causa de un daño a cada uno de los numerosos hechos antecedentes cuya concurrencia determina precisamente ese resultado, “significa extender ilimitadamente las consecuencias que derivan del encadenamiento causal de los hechos” (GOLDENBERG, ob. cit., p. 22).
Por aplicación de estas pautas rectora al caso, se sigue que -habiéndose descartado que el paciente sufriera depresión o algún trastorno psíquico manifiesto- el hecho de que la abertura de la ventana permitiera que una persona adulta se subiera a una mesa y se arrojase al vacío no fue la causa del deceso sino que esto solo obró como una circunstancia que posibilitó la conducta súbita y repentina del Sr. C., que acaeció por un acto material y voluntario sólo atribuible a éste.
5.No desconozco que nuestro tribunal cimero ha señalado que “los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial, y por lo tanto no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial” (CSJN, “Ledesma”, 22/04/08, considerando 7°). Dicho en una palabra, el “hecho de la víctima” debe ser analizado restrictivamente en razón de la desigualdad estructural que -precisamente- pretende corregir el estatuto del consumidor.
No obstante, aun asumiendo esta tesitura, a los fines de calibrar correctamente la obligación de seguridad debe tenerse en consideración que la propia Corte Suprema también propicia un criterio de “previsibilidad de riesgos” (argum. art. 5 LDC, que
habla de utilización en condiciones previsibles y normales de uso), pues “en muchos casos, podrá establecerse un deber de previsión en atención al art. 902 del Código Civil que no puede ser exigido en otros, lo cual vendrá justificado por las circunstancias propias de cada situación. Como consecuencia de ello, incumbe al juez hacer las discriminaciones correspondientes para evitar fallos que resulten de formulaciones abstractas y genéricas” (conf. CSJN, “Bianchi”, 07/11/06 considerando 4°).
Por ende, aún cuando asumamos como cierto que habría existido en el establecimiento de la demandada un hecho anterior de suicidio (que fuera de lo declarado por el médico de cabecera no tenemos más datos) y que luego de sucedido el luctuoso evento aquí ventilado se habría modificado la abertura de las ventanas, de modo que actualmente ya no sería posible que una persona se arroje al vacío a través de ellas (ello -como vimos- surge de la comparación de la pericia rendida con la constatación efectuada en sede penal), igualmente lo cierto y concreto es que en el caso particular de autos no existía ningún indicio serio e inequívoco -más allá de aquél que genéricamente se podría derivar de toda cirugía de alta complejidad- de que el Sr. M. F. C.podría llegar a tomar semejante decisión extrema, como es quitarse la propia vida.
6. En este punto es necesario detenerse para hacer una distinción de importancia para la justa resolución del caso, desde que no es la misma obligación de seguridad aquélla que asume un hospital o nosocomio “común” (como es el de la demandada) de uno especializado en pacientes psiquiátricos (neuropsiquíatrico).
En efecto, la jurisprudencia se ha encargado de destacar que las clínicas especializadas en internación psiquiátrica tienen un deber de seguridad más agudo en razón de su propia especialización, donde este deber comprende también la evitación de daños
ejerciendo un adecuado control y prevención, v.gr. colocar al paciente bajo controles rígidos y en lugares apropiados y acondicionados para las necesidades de un paciente psiquiátrico. De allí que en estos casos se ha condenado al establecimiento asistencial en caso de suicidio del paciente, pues -precisamente- éste se interna para que se impida su conducta autolesiva (conf. C2a CC Cba., “C. G. Leonardo Andreas y otro c/ Superior Gobierno de la Prov. de Cba.- ord.”, Sent. N° 24, 19/03/18; C1a CC Cba. “Gutiérrez Mercedes Elena y otro c/ Hospital Neuropsiquiátrico Provincial y otro – Ordinarios – Otros – Recurso de apelación”, Sent. N° 84, 23.06.10).
Muy por el contrario, tratándose de un hospital o establecimiento asistencial “común”, es decir aquél donde las dolencias de los pacientes no son principalmente psiquiátricas, ese deber de seguridad ha que hacemos alusión no debe -ni puede- analizarse con el mismo estándar, justamente porque -conforme el curso normal y ordinario de las cosas- no es previsible que los pacientes puedan cometer conductas autodestructivas, de allí que las medidas de seguridad no necesariamente deben requerir precauciones especiales, más allá de lo ordinario. Máxime en el caso, donde -insisto- no se manifestó ningún indicio claro e inequívoco de que el Sr. C.sufriera un cuadro depresivo agudo, tuviera tendencias suicidas (intentos anteriores de suicidio) o algún otro trastorno psiquiátrico de gravedad que mereciera una atención extraordinaria.
7. Por lo demás, adviértase que la clave para determinar la responsabilidad por un acto omisivo, ha de ser hallada en la configuración o no de una omisión antijurídica, la cual se perfila sólo cuando sea razonable esperar que el sanatorio actúe en un determinado sentido para evitar los daños en las personas. Empero, claro está, la configuración de dicha omisión antijurídica requiere que el proveedor o sus dependientes incumplan con una obligación legal expresa o implícita (arg. art. 1074 Cód. Civil).
De ahí que la responsabilidad a que alude el artículo 1074 del Cód. Civil, queda circunscripta a aquellas abstenciones que consisten en una inactividad fundamental frente a la existencia de una obligación jurídica de obrar, omisión que -interpretada desde la óptica del diseño efectuado en el artículo 512 Cód. Civil-, consistiría en el caso, en el hecho de no haber llevado a cabo la conducta impuesta por las normas legales, reglamentarias o las costumbres vigentes.
En el caso el Sanatorio demandado había obtenido -al momento del hecho- las habilitaciones correspondientes (conf. fs. 461/462), lo cual supone -como informa el perito oficial- el cumplimiento de todos los requerimientos especificados para cado tipo de actividades médicas (fs. 251). De ello se sigue que el grado de abertura de las ventanas no era requisito para funcionar, ya que de otro modo no se habría logrado la habilitación referida, y tampoco se ha acreditado que éste sea un recaudo impuesto por la costumbres. Queda claro, entonces, que en este sentido no ha existido una conducta antijurídica por parte de la accionada.
8.Llegados a este punto “es posible establecer una línea divisoria entre el suicidio como consecuencia de un proceso morboso (por ejemplo, psicótico) o derivado de un trastorno psíquico (así, depresión) y el suicidio fruto de una reflexión personal libre, o si se quiere, no determinada decisivamente por una alteración psíquica. Luego . cabe fijar una línea que permita distinguir entre lo patológico y lo no patológico” (C9a CC Cba. “D. A. A. y otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba- ordinarios- Recurso de apelación”, Sent. N° 73, 15/06/16, Diario Jurídico N° 3275, 29/08/16).
En el caso, conforme a las condiciones de modo, tiempo y lugar que hemos analizado (donde no se ha alegado -mucho menos probado- mala praxis de los profesionales intervinientes) no es posible afirmar válidamente que el deceso haya sido producto o consecuencia de un evidente y ostensible proceso patológico del paciente, que de haberse verificado ello -indudablemente- hubiera incrementado los deberes secundarios de conducta del sanatorio demandado. De ello se concluye que el suicidio del Sr. C. fue para el nosocomio demandado un acto imposible de prever y -por ello mismo- de evitar, por lo que entiendo que no hay relación causal entre su obrar y el daño. En un caso que guarda sustancial analogía con el presente, “se ha sostenido que si el enfermo se encuentra normalmente lúcido, sin problemas de orden mental (circunstancias que suponen que la internación se llevó a cabo para asistirlo por una patología ajena al campo psiquiátrico), la clínica podrá aducir como límite de res ponsabilidad un casus, siempre y cuando la perturbación mental que lleva al individuo a autolesionarse o al suicidio constituya un hecho imprevisible (conf. Bueres, A. “La responsabilidad civil de los médicos” Ed. Hammurabi, Buenos Aires, l992, T.1, pág.452 y sig.). De ahí que no obstante la extensión que he propiciado en votos anteriores con relación al deber de seguridad, advierto en el caso, una clara fractura del nexo causal pues el motivo del deceso no se corresponde con deficiencias en la atención de la paciente, sino con un estado psíquico ni siquiera insinuado al momento y/o durante la internación, no obstante surgir de autos el conocimiento previo del mismo que tenía el actor” (CNCiv., Sala C, “J. E. E. c/ Sanatorio Anchorena S. A. y otro s/ daños y perjuicios” , 15/02/11, MJJ64415).
En el mismo sentido, autorizada doctrina ha afirmado que: “Ante la hipótesis de la intención de la víctima de causarse los perjuicios y la culpa probada o presunta del demandado, el dolo del damnificado absorberá toda culpa posible del accionado. Es decir, que la intención elimina toda eventual reaparición que pudiera pretenderse en base a la negligencia colocada en el ilícito por el demandado.El ejemplo clásico es el del suicida que se arroja al paso de un vehículo que es conducido a toda velocidad. La intención suicida borra cualquier descuido que constituya culpa del automovilista” (Conf. MOSSET ITURRASPE, Jorge, comentario al art. 1111 en BUERES- HIGHTON, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, Bs. As., 1999, T. 3A, ps. 434 y 435).
9. En virtud de todo hasta aquí expuesto se colige que debe rechazarse la demanda, cuestión que así decido.
III. 1. Costas. Las costas se imponen a la parte actora en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 130, C. de P. C.), en los términos del art. 140, C. de P. C.
Los honorarios de los Dres. Facundo Martínez Crespo y Lucía Irigo, letrados de la parte demandada, se determinan sobre la base del monto de la demanda -$ . – (arg. art. 31 inc.2o, 1o supuesto de la ley 9459) con más sus intereses (tasa pasiva del BCRA con más el 2° mensual) desde el hecho dañoso -26/12/2012- y hasta la fecha de la presente resolución (art. 33, ib.). Realizado el cálculo conforme planilla de cálculos judiciales de la página WEB del Poder Judicial, el monto de la base regulatoria asciende a la suma de $ . Teniendo en cuenta el monto señalado corresponde aplicar la escala prevista en el inc. e del 3° párrafo del art. 36 de la ley 9459. Por aplicación del punto medio de dicha escala conforme las pautas valorativas del art. 39 -.%-, corresponde regular los honorarios profesionales definitivos de los referidos letrados, en conjunto y proporción de ley, en la suma de pesos cinco millones ciento sesenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro con 32/100 ($.).
No regular en esta oportunidad emolumentos a los Dres. Andrés D. Agu¨ero y Benjamín Amadei (argum. a contrario, art. 26, C.A.).
En función de la tarea desplegada y teniendo en cuenta la utilidad de las pericias para la resolución del caso estimo justo fijar los honorarios de los peritos oficiales Arq. Gabriel Fernando Sánchez (perito oficial de higiene y seguridad del trabajo), Dr. Victor Fernando Stivala (perito oficial médico), Lic. Gianina Andrea Vittore (perito oficial psicóloga y Cr. Marcos Moos (perito oficial contador) en el equivalente a. jus para cada uno de ellos.
Los emolumentos de los peritos oficiales son a cargo, de forma concurrente, tanto de la parte actora, proponente de las pruebas periciales, como también de la demandada. Ello así no por aplicación del art. 15, C.A., dispositivo que se refiere a los honorarios de los “abogados”, además de que el perito es un auxiliar de la justicia y por ende no existe en estricto sentido un “comitente”, sino por otro orden de consideraciones.
Por una parte, debe tenerse en consideración que la naturaleza de la función del perito designado de oficio, que tiene a la imparcialidad como un requisito ineludible en el desempeño de su cargo, la cual puede verse amenazada en caso de hacer depender el futuro cobro de sus honorarios a la suerte de la condena en costas (conf. C5a CC Cba., “Cegledi Francisco Antonio c/ De Paoli Roberto y otros- abrev.”, Sent. N° 1, 17/02/14). Dicho de otro modo, siendo el perito un auxiliar de la justicia, muchas veces necesario, si su tarea sirvió al esclarecimiento del proceso, no tiene por qué verse atado a la condena en costas y a la posibilidad cierta de insolvencia del vencido. Se advierte entonces, que el fundamento final es la garantía de imparcialidad que está íntimamente ligada a la recta administración de justicia (ALTAMIRANO, Eduardo C., “La prueba pericial en el ordenamiento procesal de Córdoba”, Abeledo Perrot Córdoba, No 5, Mayo 2013, p. 594).
De otro costado, no puede desconocerse que a partir de una interpretación a contrario del art. 478 CPCN, la jurisprudencia tiene establecido que el perito de oficio puede reclamar el pago en contra de cualquiera de las partes del juicio, inclusive la vencedora (sin perjuicio del derecho de ésta de repetir de la contraparte lo que hubiera pagado). De allí que en atención a la laguna normativa que existe en nuestro medio resulte válido remitirse -por analogía- a dicho dispositivo (argum. art. 887, C. de P.C.). Por ello, tanto la solución normativa nacional que posibilita el reclamo arancelario de los peritos en contra de quien no fue condenado en costas, como la jurisprudencia elaborada a su respecto, resultan altamente valiosas, en tanto contribuyen a generar condiciones adecuadas de imparcialidad que favorece al contendiente cuyos derechos, objetiva y técnicamente, deben ser reconocidos por la jurisdicción (C1a CC Cba., “Seyssian Ana María c/ Farias Jorge Ricardo y otro- abrev.”, Sent. N° 196, 17/11/11).
Tratándose de una obligación concurrente, resultan aplicables, en consecuencia, lo establecido en los arts. 850 a 852 del CCyC, en razón de que la presente, en lo que aquí respecta, es una sentencia constitutiva, y como consecuencia del efecto inmediato en la aplicación de la ley establecido en el art. 7 del CCyC.- Asimismo, la norma que rige la ejecución de los honorarios de los peritos contadores, autoriza a ejecutar los honorarios de los peritos contadores ya sea por vía de ejecución de sentencia o por apremio, a los condenados en costas, la o las partes que hayan solicitado la prueba pericial o el beneficiario de los trabajos (art 32, ley 7626). Prima en el caso los dictados de la general emanada del artículo 32 de la ley 7626 (al regir ésta en proceso judicial los honorarios de los peritos), ya que aún con el dictado del artículo 48 de la ley 8226, que se reproduce en el artículo 50 de la ley 9459, la derogación que de las leyes allí se propone, está dirigido a los montos mínimos. La obligación normativa
referida al hecho que el acreedor debe primero agotar el cobro en contra del condenado en costas, no opera en leyes que rigen la actividad de peritos que no expone ese derrotero en forma expresa.
En cuanto a los honorarios del perito de control Lic. Gustavo E.Vottero, los mismos se regulan en un cincuenta por ciento (50 %) del arancel estimado para el perito oficial de higiene y seguridad del trabajo, los que serán a cargo de la parte demandada que lo propuso (art. 49, Lp. 9459).
Dichos emolumentos devengarán intereses desde el día de la fecha y hasta su efectivo pago, aplicando para su cálculo la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, con más el 2% por ciento nominal mensual (art. 35, ley 9459). Se aclara a todo evento que, tratándose de intereses “compensatorios”, es decir que se adeudan con independencia de la mora del deudor y son impuestos por la ley a fin de restablecer el equilibrio patrimonial del acreedor, ninguna importancia tiene para el cómputo que la presente resolución no adquiera inmediatamente firmeza por ser eventualmente impugnada por los interesados (conf. TSJ, Sala CyC, Auto N° 169/05, 274/08, 214/17, entre muchos otros).
Por ello y disposiciones legales citadas, RESUELVO:
1°) Rechazar la demanda interpuesta por la Sra. A. G. L. por derecho propio y en representación de su hija menor de edad M. M. C. y L. G. C. por derecho propio, en contra de SANATORIO ALLENDE S.A.
2°) Costas a cargo de la parte actora en los términos del art. 140 del C. de P. C. (art. 130 del CPCC).
3°) Fijar en forma definitiva los honorarios de los Dres. Facundo Martínez Crespo y Lucía Irigo, en conjunto y proporción de ley, en la suma de pesos. con ./100 ($.).
4°) No regular en esta oportunidad emolumentos a los Dres. Andrés D. Agüero y Benjamín Amadei (argum. a contrario, art. 26, C.A.).
5°) Fijar en forma definitiva los honorarios de la perito oficial Arq. Gabriel Fernando Sánchez en la suma de pesos.con ./100 ($.), debiendo adicionarse la suma de pesos.con ./100 ($.) en concepto de aportes en concepto de aportes conforme lo prescripto por el art. 24 inciso b punto de la Ley N° 8470.Fijar en forma definitiva los honorarios del perito de control Lic. Gustavo E. Vottero en la suma de pesos.con ./100 ($.) los que son a cargo de la parte demandada proponente.
6°) Fijar los honorarios en forma definitiva del perito oficial Dr. Víctor Fernando Stivala en la suma de pesos.con ./100 ($.), debiendo adicionarse la suma de pesos.con ./100 ($.) en concepto de aportes conforme lo prescripto por el art. 26 inciso b punto 3 de la Ley N° 8577.
7°) Fijar los honorarios en forma definitiva de la perito oficial Lic. Gianina Andrea Vittore en la suma de pesos.con ./100 ($.), debiendo adicionarse la suma de pesos.con ./100 ($.) en concepto de aportes conforme lo prescripto por el art. 26 inciso b punto 3 de la Ley N° 8577.
8°) Fijar los honorarios en forma definitiva del perito oficial Cr. Marcos Moos en la suma de pesos.con ./100 ($ 7. 218,56), debiendo
adicionarse la suma de pesos. con ./100 ($.) en concepto de aportes conforme lo prescripto por el art. 7 inciso b punto 2 de la Ley N° 8349. Protocolícese, hágase saber y dese copia.
DIAZ VILLASUSO
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