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Los arrendamientos en época de COVID-19 - IDIBE
viernes 10 de julio de 2020, 05:08:32 AM
Inicio Tribuna Los arrendamientos en época de COVID-19
Autora: Guadalupe López Rozada. Licenciada en Derecho.
1. Este escrito pretende una exposición sucinta sobre una de las tantas medidas adoptadas por el gobierno español a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, que ha ocasionado perjuicios en todos los ámbitos dentro de nuestro estado de derecho y que han obligado al ejecutivo a ir adoptando diversas disposiciones para intentar paliar los efectos derivados de esta crisis global.
En concreto, nos referiremos al Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y al texto legal complementario del mismo, el Real Decreto-Ley 15/2020 de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
2. El Real Decreto-Ley 11/2020 se dicta en un clima de incertidumbre sanitaria, política y social a nivel global y su intención es la regulación urgente de medidas para intentar paliar las consecuencias de la pandemia en distintos ámbitos. Así, contiene disposiciones vinculadas con el Derecho Público (contratación, subvenciones, ayudas públicas, entre otros) y los sectores regulados, especialmente en el sector de la energía, otras relativas al Derecho Mercantil (donde destacamos las modificaciones en el régimen societario y de inversiones extranjeras aprobadas para hacer frente al COVID-19 y reformas relativas al funcionamiento de los órganos de sociedades mercantiles y de otras personas jurídicas de Derecho privado) y también medidas de otra índole, como las relacionadas con los consumidores, el apoyo a autónomos y empresas, a la industrialización y los alquileres de vivienda habitual.
Dicho lo anterior, este estudio pretende mencionar someramente las medidas específicas en materia de arrendamientos de vivienda habitual mencionadas en el Real Decreto Ley 11/2020 y las relativas a los arrendamientos distintos de la vivienda habitual contenidos en el Real Decreto Ley 15/2020.
3. Entrando en materia, vemos que la regulación contenida en el Real Decreto Ley 11/2020 en relación con los alquileres sobre vivienda habitual refiere expresamente dentro de la Exposición de Motivos el triple objetivo que persigue: “Primero, responder a la situación de vulnerabilidad en que incurran los arrendatarios de vivienda habitual como consecuencia de circunstancias sobrevenidas debidas a la crisis sanitaria del COVID-19, especialmente aquellos que ya hacían un elevado esfuerzo para el pago de las rentas, pero también aquellos que, sin estar previamente en esa situación, se encuentren ahora en ella circunstancialmente. Segundo, diseñar medidas de equilibrio que impidan que, al resolver la situación de los arrendatarios, se traslade la vulnerabilidad a los pequeños propietarios.
Y, tercero, movilizar recursos suficientes para conseguir los objetivos perseguidos y dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad”. Además, el real decreto-ley establece, entre otras medidas, “la suspensión de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Asimismo, se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica”.
Con referencia a lo anterior, entendemos que la prórroga extraordinaria sería aplicable a todos los arrendamientos de vivienda habitual aunque se incluya dentro del capítulo relativo a medidas aplicables a colectivos vulnerables, y comprendería una prórroga de seis meses, donde, salvo acuerdo entre las partes y previa solicitud del inquilino, se seguiría aplicando el precio y demás condiciones estipuladas en el contrato cuando (conforme las previsiones de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos) el contrato venza en el periodo entre el día 2 de abril de 2020 y los dos meses desde la finalización del estado de alarma decretado por el gobierno.
Por otro lado, contiene una serie de disposiciones concretas de apoyo aplicables a las personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad económica, entendiendo como tales aquellas en las que concurren una serie de circunstancias que sirven de parámetro indispensable para la aplicabilidad de las medidas en él contempladas. A saber: a) Si el arrendatario, ha pasado a estar desempleado o se encuentra en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo, o si, siendo empresario, ha visto reducida su jornada por cuidados, que supongan una “pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria” y no alcanza los siguientes límites, que se incrementan, en todos los casos, en 0,1 veces por cada hijo -0,15 veces si es unidad familiar monoparental- o por cada persona dentro de la unidad familiar que sea mayor de 65 años: con carácter general, el límite de tres veces el IPREM mensual. En el caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar sea una persona con discapacidad superior al 33%, o está en situación de dependencia o enfermedad que le incapacite permanentemente para la actividad laboral, el límite será de 4 veces el IPREM mensual y 5 veces el IPREM mensual si la discapacidad es intelectual superior al 33%, parálisis cerebral o enfermedad mental o discapacidad física o sensorial superior al 65% o padece enfermedad grave que incapacite a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.
b) Que la renta debida, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
Entendiendo por gastos y suministros básicos “el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.”
A continuación, describe que se entiende por unidad familiar, aclarando como tal “la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.”, incluyendo también un supuesto de exención a la vulnerabilidad económica “cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento” añadiendo una sub-excepción “a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.”
Relacionado con todo lo anterior, resta añadir que el propio Real Decreto-Ley contiene también disposiciones relativas a la acreditación de estas situaciones y a la responsabilidad en la cual podrían incurrir por la aplicación indebida de estas medidas sin reunir los requisitos en ella expresados.
Dicho esto, las personas arrendatarias que reúnan las condiciones mencionadas anteriormente, podrán, en el plazo de un mes desde 2 de abril de 2020 solicitar del arrendador un aplazamiento o reducción de renta. Para ello, el Real Decreto-Ley distingue si el arrendador es una empresa o entidad pública de vivienda o un tenedor de más de 10 inmuebles urbanos -excluyendo trasteros o garajes-, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados y si se trata de otros arrendadores en que no concurran dichas condiciones. Y las soluciones son distintas según se trate de unos u otros.
Así, para el caso de arrendadores “grandes tenedores” se concede (si no ha habido acuerdo previo entre las partes) al arrendatario la posibilidad de solicitar aplazamiento o condonación, total o parcial. Una vez efectuada la solicitud por el arrendatario, el propietario, en el plazo máximo de 7 días laborables, debe optar entre “una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses” o una moratoria aplicable de forma automática y sin ningún tipo de penalización que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma “y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.”
En el supuesto de arrendador no contemplado como gran tenedor, éste tendrá que proponer, previa solicitud del arrendatario y en el plazo de 7 días laborables, las medidas de aplazamiento, fraccionamiento o condonación de la renta u otras medidas alternativas.
Si no se alcanzara un acuerdo entre las partes, el arrendatario podrá solicitar una de las siguientes ayudas: o bien participar en el programa de cobertura financiera por cuenta del Estado o bien acceder al ‘Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual’, que se incorpora al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo.
4. Visto de forma sucinta el Real Decreto-Ley podemos observar como el enfoque va destinado exclusivamente a los arrendamientos sometidos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y, más concretamente, a los arrendamientos de vivienda habitual. No contempla, por tanto, los arrendamientos para uso distinto de vivienda, también objeto de regulación en dicha Ley y también merecedores de una protección jurídica en tiempos de COVID-19. Por ello, el ejecutivo, ante la presión social por la falta de protección de los arrendamientos para usos distintos de vivienda, se vio en la obligación de dictar un Real Decreto Ley complementario del que hasta ahora estamos analizando: el Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
5. Centrando el escrito ahora en el Real Decreto Ley 15/2020 vemos que la Exposición de Motivos refiere que como consecuencia de las medidas excepcionales adoptadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, muchas actividades económicas se han visto obligadas a suspender su actividad o a reducir drásticamente la misma. En virtud de lo anterior, la falta de ingresos o la minoración de los mismos durante el periodo que dure el estado de alarma puede dar lugar a la incapacidad financiera de autónomos y pymes para hacer frente al cumplimiento, total o parcial, de sus obligaciones de pago de renta de locales en alquiler que pone en serio riesgo la continuidad de sus actividades (…) y se considera conveniente ofrecer una respuesta que permita abordar esta situación y regular un procedimiento para que las partes puedan llegar a un acuerdo para la modulación del pago de las rentas de los alquileres de locales.
Visto lo anterior, el articulado inicial del Real Decreto Ley 15/2020 establece varias cuestiones de interés. En primer lugar, para la aplicación de estas medidas, debe tratarse de arrendamientos de inmuebles que se hallen afectos a la actividad económica del arrendatario y además dicha actividad debe haber quedado suspendida o, en el caso de no haber sido directamente suspendida, se acredite una reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento, de al menos un 75%, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.
Cumplidos estos requisitos, distingue además que, para el caso de los autónomos, el arrendatario debe estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.
En el caso de que la persona arrendataria sea una pyme, no debe superar los límites establecidos en el artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece: “Podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: a)Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros; b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros; c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50”
Por otro lado, se distingue, al igual que el Real Decreto Ley 11/2020, entre arrendadores considerados grandes tenedores – entendiendo por tales los que posean más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo trasteros o garajes, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados- y “otros arrendadores”. Así, vemos, que en relación con los primeros, el arrendatario podrá solicitar, en el plazo de un mes desde el 23 de abril de 2020 la aplicación automática de la moratoria y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente, sin que en ningún caso puedan superarse los cuatro meses. La moratoria se aplicará sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere dicha situación o cuando finalice el citado plazo de cuatro meses. Además, en este caso es obligatoria su aceptación por parte del arrendador, siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre ambas partes de moratoria o reducción de renta y siempre también dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.
Cuando se trate de otros arrendamientos -siempre en defecto de acuerdo entre las partes-, el arrendatario podrá solicitar en el plazo de un mes a partir del 23 de abril de 2020 el aplazamiento con carácter temporal y extraordinario en el pago de la renta. A tal fin, las partes podrán disponer libremente de la fianza entregada por el arrendatario, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna/s mensualidades de la renta arrendaticia. En caso de que se disponga total o parcialmente de la fianza, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.
6. Visto de forma conjunta todo lo manifestado anteriormente y para finalizar el presente escrito, diremos que las medidas adoptadas por el poder ejecutivo para intentar paliar las consecuencias generadas por el COVID-19, carecen de una trascendencia real práctica para poder solucionar los diferentes conflictos y situaciones que puedan generarse en el marco de los arrendamientos de vivienda o para uso distinto de vivienda por quedar diversas cuestiones de notoria importancia sin una respuesta normativa en el marco de los decretos mencionados.
Entre otras muchas otras cuestiones, el Real Decreto Ley 11/2020 presenta medidas poco eficaces y de escasa protección, como la relativa al establecimiento de una prórroga forzosa que, pese a ser contemplada como tal, al requerir la aceptación por parte del arrendador, estaríamos ante una norma vacía de protección real al arrendatario que se encontrara ante esa situación. Entendemos que esta medida se adopta para salvaguardar la posible vulnerabilidad económica también existente en el arrendador, pero, en esta línea, tampoco contempla el Real Decreto Ley que ocurriría en el caso de que el arrendador necesitara la vivienda arrendada en los términos del artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, siendo que, como dice propiamente el Real Decreto, la mayoría de arrendadores en España son personas físicas que posiblemente tengan esa renta como ingreso principal de su unidad familiar. Entiendo que pretende ser una norma protectora de la vulnerabilidad económica y su malogrado intento de primacía de acuerdo y entendimiento entre las partes, pero no aporta una solución nueva y efectiva para ninguna de ellas.
Por otro lado, respecto a la vulnerabilidad que requiere el Real Decreto Ley, leyendo sus preceptos entendemos que esa vulnerabilidad económica debe ser derivación o consecuencia de la declaración del estado de alarma o por razón del COVID-19, por lo que, interpretando la norma a sensu contrario, sus disposiciones no parecerían aplicables a aquellas personas económicamente vulnerables cuando lo sean por motivos distintos de los contenidos en el RD-Ley
Tampoco respecto a las soluciones aportadas o las diferencias entre grandes tenedores o pequeños arrendadores parecen unas medidas concretas, eficaces y eficientes, pues las soluciones aportadas distan mucho de clarificar los matices que pueden surgir en las relaciones económicas entre arrendadores y arrendatarios y no dejan de ser pinceladas poco claras que, en contra de resolver la materia, ocasionan más incertidumbre. Una norma rápida, creada ad hoc y generadora de un caos jurídico que deberá ser resuelta en los Tribunales y a base de interpretaciones jurisprudenciales.
Opiniones similares podríamos hacer en el marco del RD-Ley 15/2020, donde destacamos principalmente que dado que la mayoría de los arrendadores se enmarcan dentro de lo que la norma denomina como “otros arrendadores”, (aquellos que ni son grandes tenedores, ni empresarios ni entidades púbicas de vivienda, que a su vez son los únicos obligados a aplicar la moratoria en el pago de la renta) y éstos no solo no están obligados a aceptar la medida de aplazamiento temporal de la renta sino que ni siquiera tienen obligación de negociar con el arrendatario, no vemos una utilidad práctica de desahogo de autónomos y pymes en el pago de sus rentas arrendaticias. Tampoco se establece un procedimiento claro para llevar a cabo estas medidas, lo que conduciría nuevamente a la creación de un clima de incertidumbre jurídica resoluble a la luz de otras disposiciones jurídicas o bien a través de la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” que ya es objeto de aplicación a lo largo de los años. Y en este último punto nos surge una duda más, pues a raíz de la publicación de los reales decreto ley, ¿se seguirán aplicando criterios jurisprudenciales para resolver las cuestiones o deben resolverse a golpe de decreto? El tiempo dirá.
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Real Decreto
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artículo 257
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artículo 9
Real Decreto


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 RESOLUCIÓN 146 DE ABRIL 17 DE 2008
RESOLUCIÓN 146 DE 17 DE ABRIL DE 2008
CONTENIDO:CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MODIFICA LA ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, ADOPTADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 356 DE 2007.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, HACIENDA PÚBLICA, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, MANUAL DEL PROCEDIMIENTO CONTABLE PÚBLICO
“Por la cual se adicionan unas subcuentas al catálogo general de cuentas del manual de procedimientos adoptado mediante la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007”.
en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 354 de la Constitución Política, además de las que contienen la Ley 298 de 1996 y el Decreto 143 de 2004, y
Que la Ley 1176 de diciembre 27 de 2007, modificó el artículo 3º de la Ley 715 de 2001, en cuanto a la conformación del sistema general de participaciones, incorporando la participación para agua potable y saneamiento básico;
Que se requiere modificar la estructura del catálogo general de cuentas del manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública, adoptando mediante la Resolución 356 de 2007, de manera que en la información revelada se identifiquen los diferentes conceptos del sistema general de participaciones, permitiendo la adecuada evaluación, seguimiento y control de estos recursos.
ART. 1º—Adicionar los siguientes códigos en la estructura del catálogo general de cuentas del manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública:
440824 Participación para agua potable y saneamiento básico
540824 Participación para agua potable y saneamiento básico
020433 Sistema general de participaciones - agua potable y saneamiento básico
021833 Sistema general de participaciones - agua potable y saneamiento básico
022633 Sistema general de participaciones - agua potable y saneamiento básico
032322 Sistema general de participaciones - agua potable y saneamiento básico
033422 Sistema general de participaciones - agua potable y saneamiento básico
035222 Sistema general de participaciones - agua potable y saneamiento básico
036222 Sistema general de participaciones - agua potable y saneamiento básico
037222 Sistema general de participaciones - agua potable y saneamiento básico
ART. 2º—Activar, en el catálogo general de cuentas del manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública, las siguientes subcuentas:
Dada en Bogotá, D.C., a abril 17 de 2008.

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RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
Resolución
artículo 354
artículo 3
Resolución


¿Puede una empresa de transportes de mercancías someter a sus trabajadores a un control de alcoholemia?
Como regla general, la vigilancia de la salud de los trabajadores sólo podrá llevarse a cabo cuando éstos presten su consentimiento (artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); no obstante, ese carácter voluntario cederá cuando el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa y, es evidente, que la embriaguez por sí sola constituye un riesgo e incrementa la posibilidad de sufrir o provocar un accidente. El precepto dispone, además, que en estos casos, se deberán emplear las pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo y, siempre, contando con un previo informe de los representantes de los trabajadores.
Teniendo en cuenta lo anterior, y puesto que la legislación en materia de prevención de riesgos laborales no establece el modo de controlar el alcohol ingerido, podríamos aplicar analógicamente lo dispuesto por la normativa de tráfico y seguridad vial (R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre) y, en consonancia, la empresa podría llevar a cabo el control siempre que su decisión de someter al trabajador al control de alcoholemia no se fundamentase en meras sospechas de embriaguez sino, que tuviera su base en hechos y causas objetivas, o bien, en presunciones debidamente fundadas y nunca fruto de decisiones aleatorias o arbitrarias.
¿En presencia de contaminantes el empresario tiene que entregar equipos de protección individual, pero solo con esta medida sería suficiente?
En principio y no teniendo más datos se deberían de entregar los equipos de protección individual necesarios en base a las fichas de seguridad del producto químico. No obstante la primera actuación, una vez se ha identificado y corroborado la peligrosidad seria la implantación de medidas de protección colectiva u organizativas. Posteriormente o antes en función de las necesidades y peligrosidad del producto se debería realizar la evaluación de riesgos conforme establece el art. 3 de la guía técnica de los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo, conforme al RD 374/01.
Dicha evaluación deberá seguir el método establecido en dicha guía, según norma UNE EN 689 anexos D y F.
La adopción de medidas correctoras por orden de prioridad debería ir:
Eliminación del riesgo, se debería intentar sustituir el agente químico por otro menos peligroso, o con respecto al tema de la instalación, sustitución del proceso o utilización de equipos intrínsecamente seguros, con respecto al método automatización.
Con respecto a la reducción o control del riesgo, se debería intentar sustituir el agente de manera parcial o cambio de forma física. Con respecto a la instalación se debería de adoptar medidas de protección colectiva como proceso cerrado, cabinas de guantes, extracción localizada, cubetos de recepción…con respecto al local de trabajo, orden y limpieza, segregación de departamentos sucios, ventilación por dilución, duchas de aire…y con respecto al método de trabajo, buenas prácticas de trabajo, supervisión, horarios reducidos.
Y por último seria la protección del trabajador, equipos de protección individual respiratoria, dérmica y ocular.
Con todo esto se debería tras la identificación y la evaluación según la guía técnica de los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo, conforme al RD 374/01, adoptar las medidas preventivas especificas en cada caso concreto.
¿Es obligatorio realizar una auditoría?
La obligación legal de someterse a una auditoría externa aparece cuando la empresa no ha concertado el servicio de prevención con una entidad especializada (Servicio de Prevención Ajeno), según el artículo 29 del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
En el caso de que la empresa asuma parcialmente la actividad preventiva y concierte el
resto con uno o más Servicios de Prevención (en función de lo especificado en el artículo
31 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales), sólo se someterá a auditoría la parte de la actividad preventiva que haya sido asumida.
En algunos casos, tal y como se contempla en el artículo 29, punto 3, del RD 39/1997, las empresas pueden quedar exentas de someter su sistema de gestión a una auditoría externa:
Según el criterio de la Inspección de trabajo, el artículo 19 de la LPRL “en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar una formación teórico y practica suficiente y adecuada, en materia preventiva, hay que añadir que esa formación deberá estar centrada en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos, y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente si fuera necesario.
En cuanto a las personas que pueden impartir esa formación, el art 19 señala que “se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios de prevención ajenos. Siendo esta una actividad preventiva, la única posibilidad de que pueda llevarse a cabo por alguien externo a la empresa es que la imparta un servicio de prevención, pues es claro que la empresa puede asumir la organización de las actividades preventivas o concertarlas con entidades ajenas a la empresa, pero, si la concierta con una entidad ajena, solo podrá ser un servicio de prevención ajeno acreditado, por tanto queda claro que esta formación no puede impartirse por profesionales independientes, ni por empresas que carezcan de autorización para actuar como servicios de prevención ajenos.
De acuerdo con el sistema configurado en el IV convenio general del sector de la construcción, esta formación puede ser impartida tanto por los empresarios directamente como por centros de formación previamente homologados, cobrando especial relevancia la fundación laboral de la construcción como entidad paritaria sectorial que materializa la habilitación especifica hecha por la ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción a la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal.
¿Cada cuánto tiempo se revisa la evaluación de riesgos del lugar de trabajo de cada trabajador? ¿Y qué factores son los que se evalúan?
Según se indica en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales (LPRL), la evaluación de riesgos será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Por ello, se deberán volver a evaluar los puestos de trabajo que puedan verse afectados por los siguientes factores (artículo 4.2 del RSP):
a. “La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
c. La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.”
En la evaluación de los factores de riesgo presentes en el trabajo, se tendrán en cuenta las condiciones de trabajo, que se especifican en el artículo 4 de la LPRL, que son:
La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados.
La evaluación inicial deberá revisarse cuando así lo establezca una disposición específica,
según establece el artículo 6 del RSP:
1. “…En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, deberá revisarse igualmente la evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro por el transcurso del tiempo de los elementos que integran el proceso productivo.”
¿Es necesario realizar el plan de autoprotección en una guardería? Es necesario registrarlo?
Un plan de autoprotección es un marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencias, en la zona bajo responsabilidad del titular, garantizando la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. El RD 393/2007 regula la necesidad de realización de un plan de autoprotección en su anexo I y estas pueden estar englobadas en actividades con reglamentación sectorial específica o actividades sin reglamentación sectorial específica, que sería el caso en él nos encontramos.
“e. Actividades docentes: Establecimientos de uso docente especialmente destinados a personas discapacitadas físicas o psíquicas o a otras personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios. Cualquier otro establecimiento de uso docente siempre que disponga una altura de evacuación igual o superior a 28 m, o de una ocupación igual o superior a 2.000 personas.”
Así como en el catálogo de actividades con riesgo del decreto 32/2014, “5.A. Establecimientos de uso docente especialmente destinados a personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios, como:
En cuanto a la pregunta de si es necesario registrarlos, la respuesta es si en base al Art, 5 del RD 393/2007 que cita “1. Los datos, de los planes de autoprotección, relevantes para la protección civil deberán ser inscritos en un registro administrativo, que incluirá como mínimo los datos referidos en el anexo IV de la Norma Básica de Autoprotección.
El registro en la comunidad valenciana se haría según el decreto 32/2014 de 14 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección.
En su título II establece la adscripción al registro , objeto, ámbito y contenido mínimo, así como el órgano encargado de este registro que según el art 11 “1. El órgano encargado de la gestión del Registro Autonómico de Planes de Autoprotección será la dirección general competente en materia de protección civil y gestión de emergencias. 2. La tramitación de las solicitudes de inscripción se realizará por personal funcionario dependiente del referido órgano directivo.
¿En una empresa de 85 trabajadores es obligatorio constituir el comité de seguridad y salud, ya que no tenemos delegados de personal y tampoco delegados de prevención, pese a la obligatoriedad?
Según el art. 38 de la LPRL. “Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
Los delegados de prevención según establece según el Art, 35 1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala:
Pero la prevalencia esta en tener delegados de personal en la empresa para poder elegir los delegados de prevención, por tanto no se podría constituir, se deberían realizar elecciones sindicales para designar primero a los delegados de personal y por y entre estos elegir los delegados de prevención para de forma posterior constituir el comité de seguridad y salud, Y para ello se seguirá el procedimiento establecido en la LOLS.


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Artículo 3
Artículo 1
artículo 106
Artículo1
Artículo 1
artículo21


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Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en reemplazo de la señora C.P.C. - Perú - El Peruano
Normas Legales Oficiales Relacionadas a Empresas u Organismos en el año 2007 , mes de Marzo , fecha 15/03/2007
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788 Texto de la página 35 de Normas Legales relacionadas a empresas u organismos peruanos
El Peruano Lima, jueves 15 de marzo de 2007
General de la Oficina General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario, dándole las gracias por los servicios prestados.
Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en reemplazo de la señora C.P.C. MARGOT ELGUERA SOTO, Jefe de la Oficina General de Administración del IPD. Regístrese, comuníquese y publíquese. ARTURO WOODMAN POLLITT Presidente
36072-1
Designan funcionaria responsable de proporcionar información institucional de acceso público
RESOLUCIÓN Nº 120-2007-P/IPD
Lima, 13 de marzo de 2007 Vista la comunicación de fecha 27 de febrero de 2007, presentada por la señora C.P.C. Margot Elguera Soto, Jefe de la Oficina General de Administración sobre designación de nuevo funcionario responsable de proporcionar la información institucional de acceso público; CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución Nº 474-2003-P/IPD de fecha 3 de octubre de 2003, se designó como funcionaria responsable de proporcionar la información institucional de acceso público a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la señora C.P.C. Margot Elguera Soto, Jefa de la Oficina General de Administración del Instituto Peruano del Deporte; Que, la señora C.P.C. Margot Elguera Soto, Jefe de la Oficina General de Administración, presenta la comunicación del exordio solicitando se designe a un nuevo funcionario como responsable de proporcionar la información, debido al incremento de las diversas funciones relacionadas a la supervisión y control de los sistemas administrativos a su cargo; Que, de conformidad con el artículo 8º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, dispone que las entidades obligadas a informar identificarán, bajo responsabilidad de su máximo representante, al funcionario responsable de brindar información solicitada en virtud de la presente Ley; Que, el Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 4º dispone que la designación del funcionario de entregar la información se efectuará mediante Resolución de la máxima autoridad de la Entidad, y será publicada en el Diario Oficial El Peruano. Adicionalmente, la Entidad colocará copia de la Resolución de designación en lugar visible en cada una de sus sedes administrativas; Que, atendiendo los motivos expuestos por la funcionaria responsable de proporcionar la información institucional y a fin de garantizar la atención de información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad, resulta necesario designar al funcionario responsable de brindar información a que se refiere el artículo 3º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Estando a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM y el Decreto Supremo Nº 072-2003PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte; Con los visados de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Secretaría General del Instituto Peruano del Deporte; SE RESUELVE: Artículo Único- Designar a la señora doctora INÉS MEJÍA SANDOVAL, Jefe de la Unidad de Personal, como funcionaria responsable de proporcionar la información institucional de acceso público a que se refiere el Texto
36718-1
Exoneran de proceso de selección la adquisición de bienes y accesorios para funcionamiento de equipos en planta de embutidos del ITP
INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ SECTOR PRODUCCIÓN RESOLUCIÓN EJECUTIVA Nº 015-2007-ITP/DE
Callao,28 de febrero del 2007. Visto el Memorándum Nº 100-2007-ITP/OA, de fecha 19 de febrero del 2007, de la Oficina de Administración, mediante el cual remite el Informe Técnico Nº 01-2007ITP/OA-Abast.,así como los Memorandums N°s. 093-2006/ PLANTA II y 007-2007/PLANTA II, en virtud de los cuales se efectúa el requerimiento y sustento técnico respectivos, para la adquisición del Film Kurehalon o Krehalon, y repuestos para el funcionamiento de los equipos de la línea de Salchichas de la Planta de Embutidos de la Institución; y, CONSIDERANDO: Que, el artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, establece en su inciso e), que están exonerados de los procesos de selección las contrataciones cuando los bienes o servicios no admiten sustitutos y exista proveedor único, para lo cual se requiere cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 20º del mismo cuerpo normativo, concordante con lo establecido en al artículo 144º de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM; Que, de acuerdo a lo expuesto en el Informe Técnico Nº 01-2007-ITP/OA-Abast., de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, el Film Kurehalon o Krehalon, y repuestos requeridos para el funcionamiento de los equipos de la línea de Salchichas de la Planta de Embutidos de la Institución , sólo se expende en el extranjero, dado que en el país no se fabrican dichos productos con similares características, ni mucho menos existe un representante comercial del fabricante, asimismo indica que la adquisición de dichos bienes se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del ITP para el Año Fiscal 2007, siendo necesario adquirirlo por importación directa del Japón al amparo de lo dispuesto en el artículo 144º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, toda vez que la empresa fabricante, es además propietaria de la patente del Film Kurehalon o Krehalon; Que; igualmente, el Informe Legal Nº 005-2007ITP/OAJ de fecha 27 de febrero del 2007, concluye que resulta procedente adquirir los bienes y accesorios antes mencionados, exonerándolos del respectivo proceso de selección, en virtud a que según lo indicado por la Unidad de Abastecimiento, los mismos no son fabricados en el país, ni existen productos similares que puedan sustituirlos ,siendo además su fabricante el único proveedor, por lo que la presente acción se encuentra enmarcada dentro de lo dispuesto por los artículos 19º y 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-

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RESOLUCIÓN
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artículo 8
artículo 4
Resolución
Resolución
artículo 3
RESOLUCIÓN
artículo 19
artículo 20
artículo 144
artículo 144


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Preguntas en el Parlamento Europeo sobre desfibriladores | cardioguard
Preguntas en el Parlamento Europeo sobre desfibriladores
cardioguard / 18 julio, 2017
Sorprende que un equipo tan importante como el desfibrilador, que puede reducir el número de muertos por paradas cardiorespiratorias, siendo la principal causa de muerte, no tenga una directiva europea.
¿Qué ventajas tendría que hubiera una norma en Europa? Unificar criterios, establecer unos mínimos, una normativa estatal traspuesta actual y mejor definida, definir lugares obligados y aforos para toda Europa, criterios de instalación, definir la formación.
Sin embargo, desde Cardio Guard hemos recogido para nuestros lectores algunas de los planteamientos que se han hecho en el parlamento europeo en los últimos años. Vemos que se plantean necesidades de extender la instalación de los desfibriladores y la aplicación para ciertos sectores como los aviones y trenes.
Aquí os dejamos las preguntas parlamentarias:
presentada de conformidad con el artículo 133 del Reglamento sobre una mejor concienciación con respecto a los riesgos de parada cardíaca. Dominique Bilde, Mara Bizzotto
A. Considerando que, cada año, 400 000 personas en Europa sufren una parada cardiaca repentina fuera de un hospital, y que la tasa de supervivencia es inferior al 10 %;
B. Considerando que en Europa no se han puesto en marcha aún los programas de instalación de desfibriladores automáticos;
C. Considerando que una intervención en los primeros tres o cuatro minutos puede aumentar en más de un 50 % las posibilidades de supervivencia hasta;
D. Considerando que la supervivencia de numerosas víctimas de un paro cardíaco depende de una reanimación cardiopulmonar y una desfibrilación temprana;
1. Pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros a instalar desfibriladores automatizados en los espacios públicos y a formar a los no profesionales en su utilización;
2. Insta a la Comisión a apoyar todas las acciones en favor del ejercicio de una actividad física regular y a lanzar una campaña para la promoción del deporte y de sus beneficios;
3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros.
Pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión. Artículo 130 del Reglamento
En España se está llevando a cabo una campaña muy importante llamada «Desfibriladores salvavidas». Las más de 95 821 firmas recogidas muestran la importancia de tomar acciones en este ámbito. Las muertes de jóvenes futbolistas en los campos de fútbol no son un caso aislado en los países comunitarios. A este respecto, hay varios proyectos de federaciones regionales de fútbol que pretenden instalar desfibriladores en los campos de fútbol y, al mismo tiempo, dar formación para su utilización en caso de emergencia a árbitros de fútbol y fútbol sala, así como al personal de las instalaciones.
No me ha sido posible observar ninguna línea directa de subvención por parte de las autoridades comunitarias a acciones de este tipo y me es difícil entender que las autoridades comunitarias no contemplen en su política el fomento y la subvención de la instalación de desfibriladores en los campos de futbol por parte de entidades sin ánimo de lucro, como son las federaciones regionales de fútbol, que, con este tipo de acciones, lo único que pretenden es evitar muertes que pueden evitarse.
¿Va a plantearse la Comisión la posibilidad de financiar este tipo de acciones? ¿Bajo qué instrumentos?
En los últimos años se han producido numerosos fallecimientos tanto de personal de vuelo como de pasajeros por parada cardiorrespiratoria durante vuelos en avión.
Los cardiólogos advierten de que un desfibrilador externo automático (DEA) a bordo evitaría el 65 % de las muertes súbitas en los aviones. Sin él, el porcentaje de éxito se reduce al 4 %.
Actualmente, en la Unión Europea no es obligatorio llevar un desfibrilador en cada avión. En cambio, en otros lugares del mundo, como en los Estados Unidos, sí lo es.
Por ello, con el objetivo de prevenir la muerte de personas en pleno vuelo, se ruega a la Comisión que responda a las preguntas siguientes:
¿Contempla la Comisión la modificación de la normativa de la Unión con el fin de obligar a las compañías aéreas a dotarse de DEA en los aviones?
¿Tiene conocimiento la Comisión de cuántas personas han sufrido crisis cardiacas durante vuelos internos en la EU o en vuelos con origen o destino en la EU en los últimos diez años?
¿Tiene conocimiento la Comisión de cuántas personas han fallecido debido a crisis cardiacas durante vuelos internos en la EU o en vuelos con origen o destino en la EU en los últimos diez años?
Pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión. Artículo 117 del Reglamento
Según le consta al diputado al Parlamento Europeo que formula la presente pregunta, la Comisión Europea está prestando apoyo a los Estados miembros en el ámbito de los paros cardíacos a través de proyectos financiados por el Programa de Salud de la UE como, por ejemplo, EuroHeart I y II, Eurhobop y SITS EAST.
Según las estadísticas de Eurostat(1), la muerte súbita cardíaca es una de las principales causas de muerte en Europa. La desfibrilación precoz —en los primeros minutos del colapso— aumenta considerablemente la tasa de supervivencia del afectado.
En este contexto, ¿hará un esfuerzo la Comisión para asegurar que todas las instituciones europeas disponen de desfibriladores externos automáticos?
Pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión . Artículo 117 del Reglamento
Durante un reciente viaje a bordo del Eurostar entre Londres y Bruselas, cuando el tren se encontraba en el Túnel del Canal de la Mancha, el encargado del tren preguntó si había algún médico a bordo del tren para ayudar en una urgencia médica. En calidad de médico retirado, me presenté al personal del tren, que me llevó ante un anciano que evidentemente se encontraba indispuesto. Examiné al hombre e inmediatamente diagnostiqué una arritmia (latido del corazón irregular). Sin embargo, al preguntar al personal del tren si había un botiquín de primeros auxilios con un desfibrilador a bordo y medicación para emergencias estándar para tratar al hombre en caso de que su condición cardiaca se deteriorara, me informaron, para mi sorpresa, de que el Eurostar ya no disponía de dichos dispositivos o suministros, aunque sí lo hacía en el pasado.
Desde mi punto de vista, los trenes de larga distancia de alta velocidad, y especialmente el Eurostar, que viaja a través del Túnel del Canal de la Mancha durante al menos 20 minutos y que, en ocasiones, se encuentra a una distancia considerable de las estaciones en las que puede detenerse para desembarcar a los pasajeros enfermos, deberían llevar rutinariamente un desfibrilador y medicinas para el corazón, un equipo que salva vidas relativamente económico. ¿Qué planes tiene la Comisión, si es que los tiene, para proponer leyes con el fin de exigir a las empresas ferroviarias que dispongan de desfibriladores o equipo médico de similares características para asistir con un tratamiento inmediato los infartos de miocardio y otras situaciones médicas urgentes? ¿Qué recursos puede proporcionar la Comisión para animar a los operadores ferroviarios a que lleven dichos dispositivos de forma voluntaria?
presentada de conformidad con el artículo 120 del Reglamento sobre el «Proyecto Vida» contra la muerte súbita por paro cardíaco
– Visto el artículo 120 del Reglamento,
A. Considerando que en Europa 400 000 personas mueren cada año por paro cardíaco,
B. Considerando que existen nuevas tecnologías que permiten curar dicha patología si se actúa inmediatamente,
C. Considerando que la hospitalización, aunque deseable, no siempre permite una actuación inmediata,
D. Considerando que se ha demostrado la eficacia de los desfibriladores en muchos casos de paro cardíaco,
E. Considerando la experiencia positiva de la ciudad de Piacenza, que ha distribuido 140 desfibriladores semiautomáticos y ha capacitado a más de 4 500 personas en su utilización,
F. Considerando que los desfibriladores están a disposición de los ciudadanos en lugares públicos, señalados por paneles que indican su presencia,
G. Considerando la posibilidad de luchar contra esta enfermedad mortal a través de la desfibrilación temprana,
1. Pide al Consejo y a la Comisión que lleven a cabo acciones de sensibilización y promuevan la difusión de los desfibriladores como una herramienta para salvar vidas, ya que pueden aumentar en gran medida la supervivencia a un paro cardíaco;
2. Pide al Consejo y a la Comisión que presenten una propuesta en este sentido con el fin de que los Gobiernos de los Estados miembros puedan conocer la experiencia positiva denominada «Proyecto Vida», que podría extenderse a todo el territorio de la Unión.
18 julio, 2017 en Artículo. Etiquetas:DEA, desfibriladores, europa
Mapa de los criterios de obligación de desfibriladores en los Centros Educativos
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STS 771/2008, 10 de Septiembre de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 44285921
STS 771/2008, 10 de Septiembre de 2008
Número de Recurso: 1446/2001
Número de Resolución: 771/2008
Fecha de Resolución: 10 de Septiembre de 2008
TÍTULOS NOBILIARIOS. Prescripción adquisitiva. La adquisición del título por prescripción lo vincula a la nueva línea de modo que se mantendrá en la misma salvo pérdida por prescripción ganada por quien no pertenece a ella.
En la Villa de Madrid, a diez de Septiembre de dos mil ocho.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de Casación contra la sentencia dictada en grado de Apelación por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia, como consecuencia de autos de juicio de mayor cuantía nº 519/98, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Valencia; cuyo recurso fue interpuesto por ante la mencionada Audiencia Provincial por la representación procesal de D. Felix, representado ante esta Sala por el Procurador de los Tribunales don Joaquín Pérez de Rada y González de Castejón y defendido por el Letrado don Joaquín Manglano de Puig; siendo parte recurrida doña Ariadna, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Blanca M. Grande Pesquero, en sustitución por renuncia de la Procuradora doña Mercedes Albi Murcia y defendida por el Letrado don Martín de Oleza Peris; y el Ministerio Fiscal.
Ante el Juzgado de Primera Instancia fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de doña Magdalena contra don Felix, don Jesús Carlos, don Casimiro, otras personas ignoradas que hubieren resultado favorecidas y, siendo parte el Ministerio Fiscal.
- Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara "... sentencia en la que se declare: 1- La NULIDAD de todos los actos que han jalonado la vida del Título Nobiliario desde el fallecimiento de Dª Ariadna, III Baronesa de DIRECCION000 y de DIRECCION001.- En concreto se impugna: a) la sucesión transversal de D. Millán y su correspondiente Real Carta de Sucesión de 22 de marzo de 1966 ; b) la distribución posterior de Títulos Nobiliarios de 24 de Marzo de 1972, y la escritura posterior que la complementa de 28 de Mayo de 1.974 efectuada por D. Millán ante el Ilustre Notario de Madrid, D. Rafael Nuñez-Lagos.- c) la sucesión de D. Domingo en virtud de dicha distribución de su padre obtenida por Real Carta de Sucesión de 18 de Junio de 1974.- d) la sucesión de D. Felix obtenida por Real Carta de Sucesión de 1 de septiembre de 1.994.- B.- EL MEJOR DERECHO GENEALOGICO a ostentar, poseer, usar y disfrutar del Titulo Nobiliario de BARON DE DIRECCION000 Y DE DIRECCION001 de Dª Magdalena, sobre el actual poseedor de la merced, D. Felix, con el objeto de devolver al Título el origen y la estirpe de su procedencia, y con expresa condena en costas si se opusieren a tan justa petición."
- Admitida a trámite la demanda, la representación procesal de don Felix contestó a la misma, oponiendo a las pretensiones deducidas de adverso los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para concluir solicitando que, "... dicte sentencia por la que, desestimando la demanda se declare que es mejor y preferente el derecho genealógio de Felix, que el de Magdalena, para poseer y usar el título nobiliario de Barón de DIRECCION000 y DIRECCION002 de DIRECCION001, con expresa imposición de costas a la parte demandante...."
Por providencia de fecha 26 de noviembre de 1998, se acordó declarar en rebeldía a los demandados don Casimiro y don Jesús Carlos y personas ignoradas que hayan sido favorecidas por la distribución de títulos nobiliarios de fecha 24 de marzo de 1972 y escritura posterior que lo complementa de 28 de mayo de 1974, realizadas ambas por el Notario don Millán.
- Las partes evacuaron los traslados que para réplica y dúplica les fueron conferidos. Recibido el pleito a prueba, se practicó la que, propuesta por las partes, fué declarada pertinente y con el resultado que obra en autos.
- El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia con fecha 30 de noviembre de 1999, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando como desestimo la demanda promovida por el Procurador Sr. Llopis Aznar en la representación que ostenta de Dña. Magdalena frente a D. Jesús Carlos, D. Casimiro y otras personas ignoradas que hubieren resultado favorecidas, D. Felix y el Ministerio fiscal, debo declarar y declaro no haber lugar a la acción de nulidad promovida así como a la declaración del pretendido mejor derecho genealógico, absolviendo a los demandados de las pretensiones articuladas en su contra, e imponiendo a la parte actora el pago de las costas procesales causadas."
Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación doña Magdalena, y sustanciada la alzada, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia, dictó sentencia con fecha 16 de enero de 2001, cuyo Fallo es como sigue: "Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Sergio Llopis Aznar, en nombre y representación de Dª Magdalena, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Valencia en los autos de Juicio de Mayor Cuantía nº 519/98, la revocamos en cuanto a la estimación de la excepción de prescripción y, entrando en el fondo del asunto, estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador D. Sergio Llopis Aznar, debemos declarar y declaramos el mejor derecho genealógico a ostentar, poseer, usar y disfrutar el Título Nobiliario de Barón de DIRECCION000 y de DIRECCION001 de Dª Magdalena sobre el actual poseedor de la merced D. Felix. Debemos desestimar y desestimamos los demás pedimentos formulados en el suplico de la demanda.- Y todo ello sin declaración especial sobre las costas causadas en Primera Instancia, de manera que cada parte deberá correr con las causadas a su instancia y las comunes por mitad.- No se hace imposición de las costas causadas en esta alzada."
El procurador don Antonio Ortenbach Cerezo, en nombre y representación de don Felix, formalizó recurso extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Audiencia Provincial de Valencia, amparado el primero en el artículo 469.1, apartados 2º, 3º y 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 359, 524 y 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, y el segundo en el artículo 477.1 por infracción de la siguiente normativa: Ley 41 de Toro, artículo 9.3 de la Constitución Española, artículos 1960, 1944, 1941, 1940 y 2.3. del Código Civil, artículo 13 de la Ley desvinculadora de 11 de octubre de 1820 y artículo 5 del Decreto de 4 de junio de 1948, en relación con la jurisprudencia de esta Sala que cita.
Por esta Sala se dictó auto de fecha 25 de abril de 2006 por el que se acordó la inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal y la admisión del de casación. Igualmente se acordó dar traslado a la parte recurrida doña Ariadna, que se opuso por escrito al referido recurso alegando previamente la concurrencia de ciertas causas de inadmisibilidad del mismo, oponiéndose igualmente el Ministerio Fiscal.
Habiendo solicitado las partes la celebración de vista, se señaló su celebración para el día 15 de julio de 2008, en que tuvo lugar y en cuyo transcurso informaron los Letrados de ambas partes en defensa de sus respectivas pretensiones.
La actora doña Ariadna interpuso demanda de juicio de mayor cuantía contra don Jesús Carlos, don Casimiro y don Felix y el Ministerio Fiscal, que dio lugar a los autos nº 519/1998 del Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Valencia, mediante la que interesó que se dictara sentencia por la que: 1.- Se declare la nulidad de todos los actos que han jalonado la vida del título nobiliario de Barón de DIRECCION000 y de DIRECCION001, desde el fallecimiento de doña Elisa ; 2.- Se declare el mejor derecho genealógico a ostentar, poseer, usar y disfrutar del título nobiliario de Barón de DIRECCION000 y de DIRECCION001 de la actora sobre el actual poseedor de la merced; 3.- Que se impongan las costas a la parte demandada si se opusiere.
Los demandados se opusieron a la demanda y, seguido el proceso por sus trámites, el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia de fecha 30 de noviembre de 1999 por la que desestimó la demanda con absolución de los demandados e imposición de costas a la parte actora. Ésta recurrió en apelación dictándose nueva sentencia por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 8ª) de fecha 16 de enero de 2001 por la que se estimó parcialmente el recurso y en parte la demanda declarando el mejor derecho genealógico a ostentar, poseer, usar y disfrutar el título nobiliario de Barón de DIRECCION000 y de DIRECCION001 de doña Ariadna sobre el actual poseedor de la merced don Felix, sin especial declaración sobre costas causadas en ambas instancias.
Contra esta última sentencia se ha interpuesto el presente recurso por el demandado don Felix.
Al amparo del párrafo segundo del artículo 485 de la Ley de Enjuiciamiento, la parte recurrida alegó en su escrito de oposición determinadas causas de inadmisibilidad del recurso de casación y, en concreto, las siguientes: a) Defecto de forma insubsanable en los escritos de preparación y de interposición del recurso comprendido en el artículo 483.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por falta de traslado de copias de dichos escritos, con los efectos previstos en el artículo 277 de la misma Ley ; y b) Inexistencia de interés casacional en los términos el artículo 483.2.3º de la misma Ley.
Tales causas de inadmisión no pueden ser acogidas. La primera porque los problemas surgidos en relación con el traslado de copias ya fueron objeto de consideración por este Tribunal que dictó auto de 21 de junio de 2005 favorable a la posición de la parte recurrente; y la segunda porque integra en realidad una oposición al fondo del recurso y no a su admisibilidad en cuanto sostiene que la sentencia impugnada no se opone a la doctrina jurisprudencial que se cita como infringida, apreciación que efectivamente habría permitido al Tribunal resolver sobre la no admisión del recurso (artículo 483.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) si así lo hubiere entendido, pero que al haberse resuelto favorablemente sobre la procedencia de la admisión en auto de 25 de abril de 2006 impide a la parte su planteamiento como causa de inadmisibilidad y queda para su resolución al estudiar el fondo de la impugnación.
Procede destacar de los razonamientos de la sentencia impugnada los siguientes: a) Entiende que se trata de un título sujeto al derecho común al que resulta de aplicación el plazo de prescripción de cuarenta años (fundamento de derecho segundo "in fine"); b) Analizados los árboles genealógicos aportados resulta que desde el pleito de tenuta y posesión que hubo entre los antecesores de las partes a partir de 1766 y siguientes hasta 1962, en que falleció la decimocuarta baronesa de DIRECCION000 y DIRECCION001 doña Elisa, el título ha sido poseído por la línea de la actora, y sin que conste, aparte del mencionado pleito y hasta 1923, año en el que solicitaron la sucesión en el título doña Elisa, doña Paloma y doña Penélope (tía del demandado), y que fue concedida a la primera, disputa ni controversia alguna, constando la Carta de Sucesión otorgada por la Reina Isabel II en 1850, a don Matías como asimismo la otorgada a don Carlos Jesús en 1875; sin que cambiara el título de línea hasta que obtuvo la sucesión en 1966 don Millán, del que trae causa el demandado (fundamento de derecho tercero "in fine"); c) Tras referirse al cambio jurisprudencial que supuso la sentencia de esta Sala de 9 junio 1964, definitivamente consagrado a partir de las sentencias de 7 y 27 marzo 1985, admitiendo la prescripción adquisitiva de los títulos nobiliarios, alude a reiteradas declaraciones de esta Sala en el sentido de que, alegada la prescripción oportunamente, la línea o rama que haya disfrutado del título durante un plazo de cuarenta años, sin necesidad de acreditar justo título y buena fe, deberá ser mantenida en la posesión frente a todos, de modo que la dejación de los derechos por los prellamados y el transcurso de esos cuarenta años son elementos idóneos para la convalidación de la adquisición de la merced, con lo que se obtiene el beneficio de la seguridad jurídica (fundamento de derecho cuarto, párrafo primero); d) En el presente caso se ha cumplido con exceso el plazo de cuarenta años jurisprudencialmente requerido en el que la posesión de la dignidad nobiliaria ha recaído en la línea de la actora, por lo que le correspondería por prescripción inmemorial aunque en un determinado momento histórico hubiera tenido mejor derecho genealógico la línea del demandado, sin que constituya obstáculo para sentar esta conclusión el que en el momento de la litispendencia la posesión de la dignidad estuviera en el demandado Sr. Jesús Carlos, al no haber transcurrido el mismo plazo de cuarenta años para que pudiera prevalecer el cambio de línea operado por expediente administrativo de sucesión, pues entender lo contrario significaría que, perdida la posesión por cualquier circunstancia, quien ha adquirido un derecho por prescripción no podría obtener la tutela que le corresponde salvo acreditación del título de manera que únicamente el poseedor podría defender los bienes y derechos adquiridos por dicho instituto jurídico y no quien hubiese sido desposeído de aquellos.
Las anteriores apreciaciones no son contrarias a la doctrina mantenida por esta Sala sobre la prescripción adquisitiva de los títulos nobiliarios. Entre las más recientes, la sentencia de 30 de diciembre de 2004, tras recordar que el cambio de la jurisprudencia sobre el llamado «dogma de la imprescriptibilidad» arranca de la Sentencia de 9 de junio de 1964, hace referencia a las sentencias de 7 de marzo de 1985, 27 de marzo de 1985, 14 de junio de 1986, 7 de julio de 1986, 14 de julio de 1986, 23 de enero de 1987, 21 de junio de 1989, 3 de enero de 1990, 8 de octubre de 1990, 6 de marzo de 1991, las cuales siguieron la misma doctrina, en beneficio de la seguridad jurídica, y concluyeron que la línea o rama que hubiera disfrutado del título durante un plazo de cuarenta años debía ser mantenida en su posesión, frente a todos, así como que la dejación de sus derechos por los prellamados, unida al transcurso del tiempo, constituía un sucedáneo idóneo para la convalidación de la adquisición de una merced nobiliaria frente a todos, para añadir a continuación que «conforme a dicha jurisprudencia, la usucapión del título implica la pérdida del derecho que a las dignidades pudieran ostentar históricamente terceras personas prellamadas a la sucesión, a la vez que atribuye al adquirente un derecho inatacable frente al mejor derecho genealógico y le convierte en cabeza de una línea en la que, desde su arranque, habrá de seguirse el orden regular de sucesión y contra el que no puede oponerse un supuesto derecho que desconozca o niegue tal legítima adquisición (Sentencias de 23 de enero de 1987 y 21 de junio de 1989 )».
La sentencia de 9 de febrero de 1999 declara: «...la doctrina jurisprudencial viene sentando con reiteración que la designación de sucesor y otras figuras nobiliarias singulares "como la prescripción adquisitiva de cuarenta años" provocan verdaderos efectos novatorios en el orden de sucesión inicialmente previsto, convirtiendo al designado y, en su caso, al prescribiente o beneficiario de la usucapión en una cabeza de línea a partir de la cual ha de seguirse el orden regular de sucesión» (fundamento jurídico cuarto). La sentencia de 20 de febrero de 2003 afirma que la prescripción adquisitiva de los cuarenta años «prevalece sobre el mejor derecho genealógico en favor de los que poseyeron la merced de forma quieta, pública y no controvertida por tal plazo» (fundamento jurídico segundo). La de 11 de junio de 2001 entiende que «el único requisito que se exige es la posesión continuada y no interrumpida, pacífica y pública por el plazo de cuarenta años, circunstancia que se ha dado en el supuesto de autos, no siendo necesario ni la existencia de título ni buena fe» (fundamento jurídico tercero). En la misma línea se pronuncian las sentencias de 12 de diciembre de 1990 y 20 de febrero de 2003, siendo citadas todas las anteriores por la de 17 de diciembre de 2004.
Las numerosas sentencias de esta Sala a que se refiere el recurso como fundamento del mismo, que radica en el interés casacional derivado de la disconformidad de la sentencia impugnada con la jurisprudencia de esta Sala, es cierto que se refieren a la posesión no interrumpida como requisito para que opere la prescripción adquisitiva y así en el escrito de preparación se destacan especialmente las sentencias de 21 febrero 1992, 13 junio 1996 y 4 junio 1997 ; pero el carácter ininterrumpido de la posesión se exige efectivamente durante todo el tiempo necesario para consumar la prescripción de modo que, consumada ésta -como ocurrió en el presente caso en la línea de la actora- se adquiere una titularidad que resulta inatacable salvo que se produzca una pérdida del derecho por la posesión de quien no es titular y que a su vez prescribe en su favor adquiriendo el derecho. Este es el razonamiento de la Audiencia y el mismo no se opone a doctrina jurisprudencial que sostenga lo contrario pues la alegada por la parte recurrente no se refiere concretamente a dicha cuestión.
De todo ello ha de seguirse necesariamente la desestimación del recurso con imposición a la parte recurrente de las costas causadas por el mismo (artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
Que DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don Felix contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 8ª) con fecha 16 de enero de 2001 en autos de juicio declarativo de mayor cuantía número 519/98, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de dicha ciudad contra el hoy recurrente a instancia de doña Ariadna y, en consecuencia, confirmamos la expresada resolución con imposición a la parte recurrente de las costas del presente recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Antonio Salas Carceller.- Antonio Gullón Ballesteros. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Antonio Salas Carceller, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
STS 768/2011, 31 de Octubre de 2011 (Contratos)
Posesión ininterrumpida en prescripción adquisitiva
Prescripción adquisitiva de Bienes inmuebles
Prescripción adquisitiva de Bienes muebles
STSJ Andalucía 496/2005, 24 de Febrero de 2005
SAP Madrid 131/2008, 25 de Febrero de 2008
SAP Asturias 139/2004, 5 de Abril de 2004
STS, 2 de Diciembre de 2002
SAP Orense 131/2001, 29 de Marzo de 2001

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artículo 469
artículo 477
artículo 9
artículo 13
artículo 5
artículo 485
artículo 483
artículo 277
artículo 483
resolución
in fine
in fine
resolución


text:
Publicado en BOE núm. 271 de 10 de Noviembre de 2011
Vigencia desde 11 de Noviembre de 2011.
Artículo 1 Creación y adscripción del Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración
Artículo 2 Estructura del Comité de Seguridad TIC del Ministerio de Trabajo e Inmigración
Artículo 3 Funciones del Comité de Dirección de Seguridad TIC
Artículo 4 Composición del Comité de Dirección de Seguridad TIC
Artículo 5 Funcionamiento del Comité de Dirección de Seguridad TIC
Artículo 6 Funciones del Comité Permanente de Seguridad TIC
Artículo 7 Composición del Comité Permanente de Seguridad TIC
Artículo 8 Funcionamiento del Comité Permanente de Seguridad de las TIC
Artículo 9 Funciones, composición y funcionamiento de los grupos de trabajo
Disposición adicional primera Funcionamiento por medios electrónicos

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Artículo 6
Artículo 7
Artículo 8
Artículo 9


text:
 RESOLUCIÓN 1230 DE 1999
RESOLUCIÓN 1230 DE 27 DE MAYO DE 1999
CONTENIDO:ENTIDADES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES. SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 1247 DE 1994, RELACIONADA CON LA REGLAMENTACIÓN DE LAS INDAGACIONES O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES.
RESOLUCIÓN 1230 DE 1999
“Por la cual se revoca el artículo tercero de la Resolución 1247 de 1994”.
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas en el Decreto 1900 de 1990, y
Que mediante Resolución 1247 del 17 de junio de 1994, el Ministro de Comunicaciones reglamentó las indagaciones o investigaciones administrativas de competencia del Ministerio de Comunicaciones;
Que en el artículo 3º del citado acto administrativo, se establecieron etapas y términos procedimentales que no son los previstos para las actuaciones de la administración en el Decreto 1 de 1984, mediante el cual se adoptó el Código Contencioso Administrativo, disposición a la cual debe estar sujeta toda actuación administrativa del Ministerio de Comunicaciones que no esté reglada por norma de igual o superior jerarquía, en los términos del artículo 55 del Decreto 1900 de 1990;
ART. 1º—Revocar el artículo tercero (3º) de la Resolución 1247 del 17 de junio de 1994, “por la cual se reglamentan las indagaciones o investigaciones administrativas de competencia del Ministerio de Comunicaciones”.
ART. 2º—Para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia sobre las redes y servicios de telecomunicaciones, se dará aplicación a lo previsto en los artículos 10 de la Ley 72 de 1989 y 55 del Decreto 1900 de 1990, en concordancia con el procedimiento previsto en el libro 1 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las demás disposiciones de inferior o igual jerarquía normativa que le sean contrarias.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a mayo 27 de 1999.

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artículo 55
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