text:
Por otra parte, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre , por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, además de regular esta figura en sus artículos 3 al 9, determina específicamente en su artículo 3.2 que “las sedes electrónicas se crearán mediante Orden del Ministro correspondiente o Resolución del titular del organismo público, que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado, determinando el contenido mínimo de esta norma aprobatoria.
Por último, ya que el Ministerio dispone de una Política de seguridad, publicada en la Orden ITC/657/2011 de 11 de marzo , no es necesaria la emisión de los informes requeridos por la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre .
No será de aplicación a los organismos públicos que, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, deban aprobar sus respectivas sedes electrónicas mediante resolución de su titular, que se publicará en la sede respectiva y en el “Boletín Oficial del Estado”, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2.a).
c) Será accesible directamente así como a través del portal de internet http://www.minetur.es, así como www.minetur.gob.es.
g) La identificación de la sede se llevará a cabo mediante certificado de sede, consistente en certificado del servidor donde se aloja la información o cualquier otro certificado de dispositivo seguro o medio equivalente conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre .
j) La información y los servicios incluidos en la sede cumplirán los principios de accesibilidad y usabilidad, establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio , de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en los términos dictados por la normativa vigente en esta materia en cada momento.
k) Los contenidos publicados en la sede responderán a los criterios de seguridad e interoperabilidad que se derivan de la Ley 11/2007, de 22 de junio , y del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre , y conforme a lo que, en su caso, establezcan los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad.
c) Acceso a la información sobre actuaciones y procedimientos de contratación pública en los términos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre .
e) Enlaces con el “Boletín Oficial del Estado” y con el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.
Quedan derogadas la Orden ITC/164/2010, de 28 de enero , por la que se crea la sede electrónica en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y, en general, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente orden.
d) Cualquier otra característica que no sea de consignación obligatoria conforme a lo previsto en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre .
Disposición final segunda. Mantenimiento de la eficacia de la Orden ITC/657/2011, de 11 de marzo , y habilitación para su adaptación a la nueva estructura del Departamento.
1. En tanto no sea sustituida la Orden ITC/657/2011, de 11 de marzo , por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, seguirá siendo aplicable lo dispuesto en la misma.
2. Se autoriza a la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo, para adaptar, mediante resolución, el contenido de dicha Orden ITC/657/2011, de 11 de marzo , a la estructura y competencias del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

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Paralización del expediente - página 9
Resolución Nº 883/2013
...Bs. As., 29/7/2013. VISTO el Expediente Nº 1.554.967/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y ... sector “Húmedo”, lo que determina el virtual estado de paralización de las actividades en dicho sector que afecta a la cantidad de 44 ...
Resolución Nº 1161/2014
...Resolución Nº 1161/2014Bs. As., 25/7/2014. VISTO el Expediente Nº 1.624.242/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y ... las empresas de transporte de pasajeros, con la consiguiente paralización en la renovación de unidades destinadas a brindar el servicio antes ...
...Resolución 40/2015Bs. As., 13/1/2015. VISTO el Expediente N° 1.642.974/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y ... las empresas de transporte de pasajeros, con la consiguiente paralización en la renovación de unidades destinadas a brindar el servicio antes ...
RESOLUCION Nº 37.236 DEL 16 NOV. 2012
... los Seguros de Daños a Mercaderías por Falta de Frío por Paralización o Deficiencia de la Instalación Refrigeradora, Seguros de Pérdida de ...
... al titular de la patente al domicilio constituido en el expediente de la misma, por un plazo de diez días hábiles, para que éste conteste ...6.3 Tercer pedido $ 150. 7 Pedido de paralización de trámite $ 100. 8 Pedidos de reconsideración:. 8.1 Contra resolución ...
...Expediente N° 1.652.152/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y ... las empresas de transporte de pasajeros, con la consiguiente paralización en la renovación de unidades destinadas a brindar el servicio antes ...
Resolución Nº 956/2014
...Resolución Nº 956/2014Bs. As., 25/6/2014. VISTO el Expediente Nº 1.619.210/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y ... las empresas de transporte de pasajeros, con la consiguiente paralización en la renovación de unidades destinadas a brindar el servicio antes ...
Resolución 2189/2014
...Resolución 2189/2014Bs. As., 17/11/2014. VISTO el Expediente N° 1.634.853/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y ... las empresas de transporte de pasajeros, con la consiguiente paralización en la renovación de unidades destinadas a brindar el servicio antes ...
...Resolución 1995/2014Bs. As., 22/10/2014. VISTO el Expediente N° 1.639.547/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y ... las empresas de transporte de pasajeros, con la consiguiente paralización en la renovación de unidades destinadas a brindar el servicio antes ...
Resolución 2190/2014
...Resolución 2190/2014Bs. As., 17/11/2014. VISTO el Expediente N° 1.634.851/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y ... las empresas de transporte de pasajeros, con la consiguiente paralización en la renovación de unidades destinadas a brindar el servicio antes ...
...Resolución Nº 1565/2014Bs. As., 9/9/2014. VISTO el Expediente Nº 1.565.498/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y ... los supuestos de que el buque se encuentre inoperativo, o de paralización o suspensión de actividades pesqueras, días de estadía en puerto, casos ...
...Acta Resolutiva Nº 126/2014. Bs. As., 20/2/2014. VISTO el Expediente DNM 15.579/2012 del registro de la COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS y ...Que la paralización del procedimiento genera inconvenientes e incertidumbre en los presentes ...
...Nº 680/2014. Bs. As., 20/12/2013. VISTO el Expediente Nº 1.511.190/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y ... manera útil para el cumplimiento de su función en caso de paralización de actividades por cualquier causa, incluso por medidas de fuerza y el ...
..., en consecuencia, que se les reconozcan tales gastos por la paralización de la obra, en forma total durante el período noviembre de 1986 a julio ..., al contestar la demanda, sólo ofreció como prueba los expedientes administrativos y se opuso a la producción de prueba pericial, por ...
Bs. As., 30/1/2012. VISTO el Expediente Nº 1.419.517/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y ...8 - El ejercicio legítimo del derecho de huelga, por paralización general de tareas, con abandono de los establecimientos, decretada por el ...
Resolución 3562/2015 . Bs. As., 25/11/2015. VISTO el Expediente N° 14.074 del registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) y lo ...d) La gravedad del daño que genere la dilación o paralización de la obra, acreditando los costos y consecuencias involucradas y el ...
...Resolución 1328/2014Bs. As., 19/11/2014. VISTO los Expedientes Nros. 1783/98 del registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION y 2637/14 ... el principio de impulsión de oficio, éste cede ante la paralización del trámite por causa imputable al administrado. Que el artículo 50 ...
Bs. As., 6/9/2012. VISTO el Expediente Nº 1.443.192/11 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y ...paralización de la producción (por ejemplo: falta de ventas, problemas mecánicos, ...
. Bs. As., 6/4/2009. VISTO el Expediente Nº S01:0336630/2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, ... general de impulsión de oficio, este último cede ante la paralización del trámite por causas imputables al interesado, vale decir cuando ...
... DE FABRICANTES DE CELULOSA Y PAPEL, que luce a fojas 5/7 del Expediente Nº 1.267.191/081 agregado al Expediente Nº 1.261.044/08 como foja 60, ... manera útil para el cumplimiento de su función en caso de paralización de actividades por cualquier causa, incluso por medidas de fuerza y el ...
...Bs. As., 7/4/2014. VISTO el Expediente Nº 1.033.701/00 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y ... se establecerán de forma tal que no signifiquen una paralización o una alteración del normal funcionamiento y/o producción del ...
. Bs. As., 18/12/2008. VISTO el Expediente Nº 672-COMFER/08 y,. CONSIDERANDO:. Que las presentes actuaciones guardan ... general de impulsión de oficio, este último cede ante la paralización del trámite por causas imputables al interesado, vale decir cuando ...
...Bs. As., 23/4/2010. VISTO el Expediente Nº 2343-COMFER/99, y CONSIDERANDO:. Que las presentes actuaciones guardan ... de la impulsión de oficio, este último cede ante la paralización del trámite por causas imputables al interesado, vale decir cuando ...
...Bs. As., 1/6/2010. VISTO el Expediente Nº 2191-COMFER/07 y,. CONSIDERANDO:. Que las presentes actuaciones se ... general de impulsión de oficio, este último cede ante la paralización del trámite por causas imputables al interesado, vale decir cuando ...

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artículo 50


text:
 Sentencia C-382 de agosto 22 de 1996
SENTENCIA C-382 DE 22 DE AGOSTO DE 1996
CONTENIDO:INVIOLABILIDAD DE CORRESPONDENCIA, NO ES POSIBLE QUE LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS, NI ADMINISTRATIVAS NI JUDICIALES, EJERZAN EN EL ORDEN INTERNO LAS FACULTADES PARA INTERCEPTAR O INTERRUMPIR COMUNICACIONES DE PARTICULARES CON BASE EN RAZONES DE ESTADO. SERVICIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CUANDO, POR DIVERSAS CAUSAS, NO PUEDA HABER CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, EL ESTADO CORRESPONDIENTE PUEDE PROCEDER A SU SUSPENSIÓN -NO PRESTACIÓN TEMPORAL-, INFORMANDO PREVIAMENTE A LOS DEMÁS MIEMBROS, LOS CUALES, POR TAL MOTIVO, SE VERÍAN AFECTADOS. ESPECTRO ELECTROMAGNETICO Y SERVICIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SIENDO EL ESTADO EL QUE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA CARTA, TIENE A SU CARGO LA GESTIÓN Y EL CONTROL DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO, UTILIZADO PARA LAS TELECOMUNICACIONES, NO PUEDE EVADIR TAL RESPONSABILIDAD POR LA VÍA DE UN TRATADO PÚBLICO. 1. DECLÁRANSE EXEQUIBLES LA “CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES” Y EL “PROTOCOLO FACULTATIVO SOBRE LA SOLUCIÓN OBLIGATORIA DE CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON LA CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, EL CONVENIO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS”, INSTRUMENTOS ADOPTADOS EN GINEBRA EL 22 DE DICIEMBRE DE 1992, ASÍ COMO LA LEY 252 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL CONGRESO DE COLOMBIA CON EL OBJETO DE APROBARLOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 34 Y 36 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA UIT, QUE SE DECLARAN INEXEQUIBLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:TELECOMUNICACIONES, ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Sentencia C-382 de agosto 22 de 1996
Ref.: Expediente L.A.T. 069
Revisión de constitucionalidad de la Ley 252 del 29 de diciembre de 1995, por medio de la cual se aprueba la “Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones” y el “Protocolo facultativo sobre la solución obligatoria de controversias relacionadas con la constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y los reglamentos administrativos” adoptados en Ginebra el 22 de diciembre de 1992.
De la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se recibió fotocopia autenticada de la Ley 252 del 29 de diciembre de 1995, por medio de la cual se aprueba la “Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones” y el “Protocolo facultativo sobre la solución obligatoria de controversias relacionadas con la constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y los reglamentos administrativos” adoptados en Ginebra el 22 de diciembre de 1992.
Dice la ciudadana interviniente que la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, es el organismo internacional más antiguo, que surge como una respuesta a la necesidad de la comunidad internacional de convenir multilateralmente el manejo y administración del espectro electromagnético en beneficio de todos los países, dado su carácter de recurso natural limitado.
Luego afirma que en la Conferencia de Atlantic City, llevada a cabo en 1947, en virtud de un Convenio celebrado entre la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, y la Organización de las Naciones Unidas, la UIT entró a formar parte de la ONU y se convirtió en “El Organismo Especializado en Telecomunicaciones” de la misma.
Manifiesta que “el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, contempla seis capítulos que se caracterizan por ser normas de contenido reglamentario, las cuales, a diferencia de la Constitución, pueden ser revisadas o modificadas con menos dificultad; y que el Protocolo Facultativo sobre la solución obligatoria de controversias relacionadas con la Constitución de la Unión, el Convenio y los reglamentos administrativos, establece un procedimiento de arbitraje distinto al previsto en el Convenio, como alternativa adicional”.
Esta nueva estructura —agrega— permitirá adaptar la Unión Internacional de Telecomunicaciones y sus prácticas de gestión y métodos de trabajo a los cambios que se producen en el mundo de las telecomunicaciones y a las crecientes demandas de que es objeto, para mantenerse al ritmo del creciente avance de las telecomunicaciones, y garantizará, sin duda, que éstas contribuyan aún más al desarrollo económico, social y cultural.
“1. Manifiesta que reserva para su gobierno el derecho a:
4. Declara que de conformidad con sus normas constitucionales su Gobierno no puede aplicar en forma provisional los instrumentos internacionales que constituyan las actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) y demás instrumentos de la Unión, debido al contenido y naturaleza de los mismos”.
Además, dice que no puede negarse ni ignorarse la labor que viene desempeñando la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, en el mejoramiento de las telecomunicaciones del mundo.
Dice que, en los tratados bajo examen, se presenta el segundo evento, pues son de tipo universal perfeccionados en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y abiertos a la firma de cualquier Estado, de acuerdo con los artículos 2º y 53 de la Constitución de la UIT. Para el caso colombiano —continúa— quien actuaba con plenos poderes suscribió las actas finales que adoptaron los textos internacionales bajo examen, pero presentó algunas reservas.
Expresa que tanto la Carta Política como los instrumentos de la Unión coinciden plenamente al pretender ambos el uso racional, controlado y planificado del espectro electromagnético, a fin de evitar su agotamiento y las prácticas monopolísticas, tal como lo consagran los artículos 75 y 76 de la Carta y el artículo 44 de la Constitución de la UIT. Así mismo —señala—, de conformidad con el artículo 101 Superior, la órbita geoestacionaria forma parte del territorio colombiano, pero que, en su desarrollo conceptual y práctico remite al Derecho Internacional, el cual ha estipulado que los espacios geoestacionarios, en cuanto a su utilización, deben asignarse mediante los tratados internacionales.
Se trata, dice, de los artículos 34, 35 y 36 de la Constitución de la UIT, normas relativas al control de las transmisiones de telegramas de índole privado, así como de otro tipo de telecomunicaciones, cuando éstos puedan parecer peligrosos para la seguridad del Estado o contrarios a sus leyes, al orden público o a las buenas costumbres (art. 34), a la suspensión del servicio internacional de telecomunicaciones por decisión de las Partes (artículo 35) y a la no aceptación de responsabilidad por parte de los Estados Miembros en relación con los usuarios de los servicios internacionales de telecomunicaciones, especialmente en lo concerniente a daños y perjuicios (art. 36).
Considera el Procurador que allí se están manejando criterios poco precisos que pueden terminar desconociendo el derecho a la intimidad de las personas consagrado en el artículo 15 de la Carta Política, el cual prohíbe la violación de la correspondencia y demás formas de comunicación privada, las cuales solamente pueden ser interceptadas y registradas mediante una orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley, lo que es perfectamente incompatible con el artículo 37 de la Constitución de la UIT, en el cual, si bien se garantiza el secreto de la correspondencia internacional, se presenta la posibilidad de comunicar esta correspondencia a las autoridades competentes, “con el fin de garantizar la aplicación de su legislación nacional o la ejecución de los convenios internacionales en que sean Parte”.
En relación con el artículo 36 de la misma, también formula algunos reparos relativos a la responsabilidad de los Estados Miembros frente a los usuarios del servicio internacional de telecomunicaciones, “especialmente en lo que concierne a las reclamaciones por daños y perjuicios”.
Termina diciendo que “por la trascendencia que tiene para el país la celebración de este tipo de tratados, la reserva contiene otras disposiciones que permiten al Gobierno presentar reparos a los textos de los acuerdos en varias de las etapas de perfeccionamiento de los mismos, de tal manera que se garantice un mayor margen de eficacia a la normatividad que finalmente sea aprobada por el Estado Colombiano, además de hacerla más consecuente con sus procedimientos constitucionales internos y con sus intereses en el campo de las telecomunicaciones”.
3) El texto del proyecto, junto con su exposición de motivos, fue publicado oficialmente en la “Gaceta del Congreso” número 204 del 16 de noviembre de 1994.
5) Se aprobó sin modificaciones en segundo debate durante sesión de la plenaria del Senado de la República el 4 de mayo de 1995, con un quórum decisorio de 91 senadores (“Gaceta del Congreso” Nº 96 del 19 de mayo de 1995).
Aspecto material.
A nadie escapa que, en el mundo contemporáneo y merced al extraordinario avance tecnológico y científico, el campo de las telecomunicaciones, en razón de su vertiginoso desarrollo y de su incidencia cada vez mayor en la vida de los pueblos, no puede estar excluido de los necesarios acuerdos entre los Estados para garantizar el óptimo aprovechamiento de las extraordinarias posibilidades de las que ese sector dispone, así como para establecer las reglas de convivencia internacional que faciliten el acceso y uso razonable de las mismas, con arreglo a derecho y en condiciones de igualdad y equidad, factores todos estos que han conducido a la constitución de la UIT y al establecimiento de las convenciones que la rigen.
— Mediante el artículo 34 dispone el Tratado Internacional que los Miembros se reservan el derecho a detener la transmisión de todo telegrama privado que pueda parecer peligroso para la seguridad del Estado o contrario a sus leyes, al orden público o a las buenas costumbres, a condición de notificar inmediatamente a la oficina de origen la detención del telegrama o de parte del mismo, a no ser que tal notificación se juzgue peligrosa para la seguridad del Estado.
En efecto, en cuanto se refiere a las autoridades no judiciales de Colombia, les está vedado de manera perentoria hacer uso de las facultades contempladas en el artículo, pues, si así procedieran, quebrantarían con sus actos el 15 de la Constitución, a cuyo tenor, “la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables” y “sólo pueden ser interceptadas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”.
— En los términos del artículo 35, los Miembros se reservan el derecho a suspender el servicio internacional de telecomunicaciones, bien en su totalidad o solamente para ciertas relaciones y para determinadas clases de correspondencia de salida, llegada o tránsito, con la obligación de comunicarlo inmediatamente, por conducto del secretario general, a los demás Miembros.
— En cambio, colide con la Carta Política de Colombia el artículo 36 de la Constitución de la UIT, según el cual los Miembros no aceptan responsabilidad alguna en relación con los usuarios de los servicios internacionales de telecomunicaciones, especialmente en lo que concierne a las reclamaciones por daños y perjuicios.
Siendo el Estado el que, de conformidad con el artículo 75 de la Carta, tiene a su cargo la gestión y el control del espectro electromagnético, utilizado para las telecomunicaciones, no puede evadir tal responsabilidad por la vía de un tratado público, menos si, como acontece con la cláusula sometida a examen, ella queda excluida de una manera absoluta, dejando en total desprotección a los usuarios perjudicados.
1. DECLÁRANSE EXEQUIBLES la “Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones” y el “Protocolo Facultativo sobre la solución obligatoria de controversias relacionadas con la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y los Reglamentos Administrativos”, instrumentos adoptados en Ginebra el 22 de diciembre de 1992, así como la Ley 252 del 29 de diciembre de 1995, dictada por el Congreso de Colombia con el objeto de aprobarlos, con excepción de los artículos 34 y 36 de la Constitución de la UIT, que se declaran INEXEQUIBLES.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por los mencionados instrumentos internacionales formulando la correspondiente reserva en cuanto a los artículos declarados inexequibles.
Magistrados: Carlos Gaviria Díaz, Presidente—Jorge Arango Mejía—Antonio Barrera Carbonell—Vladimiro Naranjo Mesa.

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ARTÍCULO 75
artículo 44
artículo 101
artículo 15
artículo 37
artículo 36
artículo 34
artículo 35
artículo 36
artículo 75
artículo 241


text:
Decreto Nº 4.365/2004 - Por el cual se fijan los valores fiscales inmobiliarios establecidos por el Serv
DECRETO N° 4.365/04
POR EL CUAL SE FIJAN LOS VALORES FISCALES INMOBILIARIOS ESTABLECIDOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, CONFORME A LA LEY Nº 125/91 COMO BASE IMPONIBLE EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO INMOBILIARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2005.
VISTO: La Ley Nº 125/91 "Que establece el Nuevo Régimen Tributario", que en su Art. 60 dispone que la base imponible del Impuesto Inmobiliario constituye la avaluación fiscal de los inmuebles establecida por el Servicio Nacional de Catastro.
El Decreto Nº 1267 del 24 de diciembre de 2003, "Por el cual se fijan los valores fiscales para el año 2004".
El Decreto Nº 12292 del 26 de febrero de 2001, que dispone la clasificación en grupos de las Municipalidades de la República.
La Nota S.N.C. Nº 919/2004 de la Dirección del Servicio Nacional de Catastro por la cual presenta los Valores elaborados para el Ejercicio Fiscal del año 2005 (Expediente M.H. Nº 42506/2004); y
Que la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda en el Dictamen Nº 1885/2004, se ha pronunciado sobre la referida presentación dictaminando la fijación de los valores fiscales para el ejercicio del año 2005.
POR TANTO, en uso de sus atribuciones constitucionales
Artículo 1º.- Fíjanse los valores fiscales por metro cuadrado de la tierra para los inmuebles ubicados en la Capital de la República, conforme con la siguiente tabla:
Artículo 2º.- Fíjanse los valores fiscales por metro cuadrado edificado, para los inmuebles ubicados en la Capital de la República, conforme con la siguiente tabla:
I - Zonas Urbanas 1 al 5
(Cerrado) – G
Artículo 3º.- Fíjanse los valores fiscales por metro cuadrado de la tierra, para los inmuebles ubicados en los Municipios del Interior de la República, conforme a lo siguiente:
A - Ciudad del Este
B - Concepción, Encarnación, Coronel Oviedo, Luque, Caballero, Villarrica, Franco, Caaguazú, Fernando de la Mora, Lambaré, San Bernardino, Mariano R. Alonso, San Lorenzo, Capiatá, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Presidente Hayes.
C - Villa Hayes, Villa Elisa, Itaugua, Limpio
D - Mariscal Estigarribia, Minga Guazú
A - Pilar, San Ignacio, Bogado, Caacupé, Paraguari, Carapeguá, Coronel
B - San Juan Bautista (Misiones)
C - Aregua, Ayolas, Bella Vista (N), Bella Vista (S), Caazapá, Cambyretá, Ypacarai, Yuty, San Juan Nepomuceno, Santa Rosa Misiones, Hohenau, Horqueta, Itá, Ñemby, Obligado, Quiindy, San Pedro del Ycuamandyyu, Carmen del Paraná, Eusebio Ayala, Salto del Guairá, San Antonio, Piribebuy, Trinidad, Villeta, Yaguarón, Ybycuí, Guarambaré.
D - Abaí, Curuguaty del Paraná, Capitán Meza del Paraná, Tomás Romero Pereira, San Alberto, Mbuyapey, Corpus Christi, Dr. J. Eulogio Estigarribia, Nueva Esperanza, Dr. Juan Manuel Frutos, Juan Augusto Saldivar, Fuerte Olimpo, Fram, San Juan del Paraná, Benjamín Aceval, San Cosme y Damián, Gral. Artigas, Capitán Bado, Choré, Carlos A. López, Puerto Casado, Minga Porá, Ypané, Naranjal, Nueva Alborada, Natalio, Santa Rita, San Isidro, San Pedro, San Rafael, Katueté, Mbaracayu, Tobatí, Yby Yaú, Yatytay, Yguazú.
A - Acahay, Santa Elena, Independencia, Iturbe, Caraguatay, San Juan de los Arroyos, Villa Florida, San Roque González, Yegros, Caapucú, Itacurubi de la Cordillera, Villa del Rosario, Sapucai.
B - Alberdi, Juan de Mena, R.I. 3 Corrales, Alto Verá, José Domingo Ocampo, San Lázaro, Altos, José Falcón, San Cristóbal, Atyrá, José L. Oviedo, Santa Rosa del Mbutuy, Belén, La Paz, San Pablo, Borja, La Colmena, Santa Rosa del Aguaray, Cap. Miranda, Loreto, San José Obrero, Cecilio Báez, Los Cedrales, San Joaquín, Cerrito, Lima, Simón Bolívar, Domingo M. de Irala, Loma Grande, San Miguel, Desmochados, La Pastora, Santa María, Emboscada, Laureles, San Juan del Ñeembucú, Edelira, La Paloma, Tacuatí, Escobar, Mauricio J. Troche, Tavaí, Francisco C. Alvarez, Mbocajaty del Guairá, Tebicuarymi, Félix Pérez Cardozo, Mbocajaty del Yhaguy, Unión, Guayaibí, Maciel, Valenzuela, Gral. Aquino, Moisés Bertoni, Vaquería, Gral. Resquín, Nueva Germania, Villa Oliva, Gral. Garay, Nueva Italia, Villa Franca, Gral. Morínigo, Nueva Colombia, Villalbín, Gral. Delgado, Natalicio Talavera, Yhu, Gral. Caballero, Nueva Londres, Yatayty del Norte, Gral. Díaz, Nanawa, Yataity, Guazú Cuá, Ñacunday, Yabebyry, Humaitá, Pirapó, Ybytymi, Iruña, Pirayú, Ypejhu, Itakyry, Puerto Pinasco, Isla Pucú, Primero de Marzo, 25 de diciembre, Itapúa Poty, Paso Yobai, Capiibary, Isla Umbú, Paso de Patria, 3 de Febrero, Mariscal López, Juan E. O'Leary, Quyquyho, Juan León Mallorquín, Raúl A. Oviedo, Julio Otaño, Repatriación.
Antequera, José Fassardi, San Patricio, Buena Vista, Jesús, San Salvador, Coronel Martínez, Tacuaras, Santiago, Mayor Martínez, Villa Ygatimí, Itapé, Itanará, Dr. Botrell, Carayaó, Santa Rosa del Monday, Ñumí.
Artículo 4º.- Fijanse los valores fiscales por metro cuadrado de la tierra para los inmuebles ubicados en la zona urbana de los municipios del Interior de la República en razón al tipo de explotación o destino económico de inmuebles con superficies mayores a diez mil metros cuadrados, destinados a pequeñas explotaciones agrícolas, frutícolas, hortícolas y producción de leche (tambos).
Artículo 5º.- Fíjanse los Valores Fiscales básicos por metro cuadrado de la tierra, para los inmuebles ubicados en la Zona Urbana del Municipio de Ciudad del Este, en razón al tipo de explotación o destino económico de inmuebles, con superficie mayor a 20.000 m2, destinados a pequeñas explotaciones agrícolas, frutícolas, hortícolas y producción de leche (tambos).
Artículo 6º.- Fíjanse los valores fiscales por metro cuadrado edificado, para los inmuebles catastrados ubicados en las zonas urbanas de los Municipios del Interior de la República, conforme a la siguiente tabla de valores:
(Abierto) – H 47.926 23.680
Artículo 7º.- Fíjase para los municipios de reciente creación, mientras no exista una delimitación efectiva de la zona de los mismos, en concepto de valor fiscal, el menos valor correspondiente a la tierra de la zona urbana del cuarto grupo de municipalidades, como sigue:
Yacy Kañy, Yrybu Cua, Santa Fé del Paraná
Artículo 8º.- Fijanse los valores fiscales por hectárea, para los inmuebles rurales de todo el país.
Yby Cuá
IV- Departamento del Guairá
Francisco Caballero Alvarez 131.088
Katueté 131.088
La Paloma 131.088
Nueva Esperanza 131.088
Yasy Kañy 90.527
Sub Zonas del 220 al 2236
Sub Zonas del 237 al 2244
Sub Zona 300
Sub Zona del 301 al 306
Sub Zona del 307 al 309
Sub Zona del 310 al 313
Sub Zona del 314 al 325
Sub Zonas 708
Artículo 9º.- Este precepto ejecutivo entrará a regir desde el 1 de enero de 2005.
Artículo 10º.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Hacienda.

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Artículo 7
Artículo 8
Artículo 9
Artículo 10


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Resolución SEE 0368/2017. Boletín Oficial n° 33.629, lunes 22 de mayo de 2017, p. 42.
Citas Legales : Estatuto social (Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal), Estatuto social (Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal) - artículo 05, Estatuto social (Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal) - artículo 08, Ley 15.336, Ley 15.336 - artículo 24, Ley 15.336 - artículo 30, Ley 15.336 - artículo 37, Resolución CE 0760/2006, Resolución CFEE 0003/2004, Resolución CFEE 0003/2017, Resolución MEyM 0025/2016, Resolución MEyM 0025/2016 - artículo 1 inciso f), Resolución SE 0174/2000, Resolución SE 0181/2002, Resolución SE 1099/2004, Resolución SEyM 0228/2000
Ciudad de Buenos Aires, 17 de Mayo de 2017
VISTO el Expediente N° EX-2017-06535859-APN-CFEE#MEM, y
Que por las Resoluciones Nros. 174 de fecha 30 de junio de 2000 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA, 228 de fecha 30 de noviembre de 2000 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA Y MINERÍA, 181 de fecha 22 de noviembre de 2002 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA, todas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, y 1.099 de fecha 3 de noviembre de 2004 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, fue aprobado el estatuto del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF).
Que el artículo 5°, denominado “Integración del Comité de Administración del Fondo, del estatuto del FFTEF” establece en su parte pertinente que “...El Comité de Administración sesionará bajo la Presidencia de la Señora Secretaria de Energía y Minería…’’ y con ‘‘…DOS (2) Vocales designados por el CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CFEE)...”.
Que por su parte, el artículo 8º del referido estatuto establece que “...El CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CFEE) designará en Plenario bajo el mismo procedimiento y por igual período que el fijado para Vocal del Comité de Administración, a DOS (2) Controladores de Gestión Internos Titulares y DOS (2) Controladores de Gestión Internos Suplentes, que realizarán el Control de Gestión del Comité de Administración del Fondo. Los Controladores de Gestión Internos serán miembros del CONSEJO FEDERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CFEE)...”.
Que por Resolución del Plenario del CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CFEE) N° 03/2004 actualizada por Resolución del COMITÉ EJECUTIVO (CE) N° 760/2006 fue aprobado el “Reglamento para la elección de Vocales y Controladores de Gestión Internos del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF)”, designados por el CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CFEE).
Que en la Reunión Plenaria Ordinaria Nº 146 del CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CFEE), celebrada el día 4 de abril de 2017, cumpliendo con todo lo dispuesto en el Reglamento mencionado en el párrafo precedente, fue efectuada la elección de los Vocales Titulares y Suplentes y de los Controladores de Gestión Internos Titulares y Suplentes del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF).
Que, en virtud de ello, el CFEE emitió la Resolución Nº 3 de fecha 4 de abril de 2017 por la cual fueron designados los Vocales Titulares y Suplentes que en su representación han de integrar el CAF, como así también los Controladores de Gestión Internos Titulares y Suplentes que conformarán el Cuerpo de Controladores de Gestión Internos del CAF.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde integrar el Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF) y el Cuerpo de Controladores de Gestión Internos del Comité de Administración (CAF), a través de la designación de los Consejeros propiciados por el CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CFEE) que, en su representación, actuarán en los mencionados organismos.
Que por su parte, mediante el inciso f) del artículo 1 de la Resolución N° 25 de fecha 16 de marzo de 2016 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA se delegó en la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA el ejercicio de las funciones que le competen a este Ministerio en virtud por la Ley N° 15.336, dentro del CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.
Que las facultades para el dictado de la presente medida surgen de lo dispuesto por los artículos 24, 30 y 37 de la Ley Nº 15.336, por la Resolución Nº 174 de fecha 30 de junio de 2000 de la entonces SECRETARÍA DE ENERGÍA y sus modificatorias, y por la Resolución N° 25 de fecha 16 de marzo de 2016 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.
ARTÍCULO 1º.- Establécese que el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF) estará integrado, en representación del CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CFEE), por el Ingeniero Alejandro NEME (M.I. N° 13.419.337) y el Ingeniero Walter RAMIREZ (M.I. N° 14.496.235) en carácter de Vocales Titulares; por el señor Juan Carlos SALDIVIA (M.I. N° 14.739.516) en carácter de Vocal Suplente Primero y por el Contador Néstor MARTINO (M.I. N° 10.943.654) en carácter de Vocal Suplente Segundo.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que el Cuerpo de Controladores de Gestión Internos del CAF estará integrado por el Ingeniero Edgardo BERTINI (M.I. Nº 8.564.292) y el Ingeniero Antonio SOLER (M.I. N° 13.928.612) en carácter de Controladores de Gestión Internos Titulares; por el Ingeniero Rubén ARANDA (M.I. Nº 12.571.911) en carácter de Controlador de Gestión Interno Suplente Primero y por el Doctor Remo BOLOGNESI (M.I. N° 20.253.892) en carácter de Controlador de Gestión Interno Suplente Segundo.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese la presente resolución al CFEE.
Resolución SE 0181/2002
Resolución SE 1099/2004
Resolución SEyM 0228/2000

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Ramas del Derecho: Reforma Constitucional 1994
Convencional Nacional Constituyente.
1. - Motivos y alcances de la Reforma Constitucional. La reelección presidencial fue históricamente una idea reñida con el constitucionalismo argentino. La Constitución Nacional de l853 la excluyó expresamente en función del rechazo causado por las sucesivas reelecciones de Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires. El precepto que fijaba en seis años la duración del período presidencial, admitía que la persona titular del Poder Ejecutivo recién pudiera aspirar a una nueva presidencia después de pasado un lapso completo de seis años desde concluída su primera gestión. Este principio fue adoptado a partir de l853 por todas las provincias argentinas que sancionaron sus respectivas constituciones, con relación a los gobernadores. En 1949 el general Juan Domingo Perón, presidente de la Nación, impulsó una reforma de la Constitución para permitir su reelección, conseguida efectivamente en 1952. La Revolución Libertadora que lo derrocó en 1955 convocó a una nueva convención constituyente en 1957 que ratificó la derogación de las reformas de 1949, restableciéndose el principio de la no reelección.
Hacia 1985 durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, comenzó a gestarse un movimiento que propiciaba la reforma constitucional para limitar el período presidencial a cuatro años, admitiendo la posibilidad de una reelección. La iniciativa tuvo andamiento e influyó para que varias provincias (aproximadamente 12) reformaran sus constituciones admitiendo la reelección de los gobernadores. Sin embargo, en el plano nacional fracasó por los resultados electorales de 1987 que disiparon el intento. La crisis económica de ese momento influyó en esta dirección.
El presidente Carlos Menen, quien en 1989 había sucedido a Alfonsín, jamás ocultó su voluntad reeleccionista. Inclusive en 1985 había apoyado la idea sustentada por los seguidores de Alfonsín, contrariando la voluntad oficial de su partido que para aquel entonces estaba en la oposición y cuestionaba la reforma. En 1993, con el aliento devenido de las transformaciones económicas operadas en la Argentina desde 1989, se lanzó nuevamente la idea de reformar la constitución para establecer la reelección. Sin embargo, las exigencias de reunir el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de ambas cámaras legislativas para declarar la necesidad de la reforma, a fin de convocar a una Convención Constituyente parecía hacer naufragar los intentos. El justicialismo, partido del presidente Menem, tenía mayoría en el Senado pero no podía reunir los dos tercios en la Cámara de Diputados, donde el radicalismo de Alfonsín era la primera minoría. En tales condiciones parecía imposible que pudiera haber reforma constitucional y, por ende, reelección presidencial.
Pero la sorpresa invadió el país cuando en diciembre de 1993 se conoció que los doctores Carlos Menem y Raúl Alfonsín, jefes de ambos partidos de gobierno y oposición, habían acordado, en lo que después pasó a conocerse como Pacto de Olivos (por la ciudad vecina a la Capital Federal donde, además de tener su sede la residencia presidencial, se habían entrevistado los dos líderes), promover una reforma de fondo de la Constitución en la que, aparentemente,
Menem accedía a la posibilidad de la reelección al tiempo que Alfonsín lograba limitar los poderes presidenciales. Digo, aparentemente, porque como se demostrará más adelante la reelección realmente se concretó, pero el poder presidencial no se atenuó sino que, por el contrario, fue fortalecido.
Después del Pacto de Olivos el Congreso aprobó rápidamente la ley declarativa de la necesidad de la reforma, con el voto favorable de los legisladores justicialistas y radicales, se convocaron elecciones generales para designar 305 constituyentes, y comenzó la labor de la Convención reunida inauguralmente en la ciudad de Paraná y que deliberó durante tres meses en la ciudad de Santa Fe, que ha sido la sede histórica de las principales convenciones constituyentes argentinas desde 1853.
Las importantes reformas constitucionales de 1994 alcanzaron a cuarenta y tres artículos, entre los modificados y los nuevos, a los que se agregan diecisiete cláusulas transitorias, algunas de las cuales serán aplicables hasta el siglo venidero. Un cambio constitucional que seguramente excedió las expectativas que se tenían originariamente.
Una originalidad de la ley declarativa de la reforma fue lo que se denominó “núcleo de coincidencias básicas”. Era éste un conjunto de normas –la mayoría de ellas celosamente redactadas- que deberían ser aprobadas por la Convención Constituyente en forma textual, bajo pena de nulidad. Esa era la forma para que ambos firmantes del Pacto de Olivos se asegurasen su efectivo cumplimiento. Otras normas quedaron abiertas para su discusión y aprobación en el seno de la Convención. La obligación de aprobar o rechazar cerradamente el “núcleo de coincidencias básicas” originó no sólo una fuerte impugnación política por parte de los sectores ajenos al acuerdo, sino que motivó tal vez el más importante debate jurídico en la Convención cuando, al discutirse el reglamento del cuerpo, se analizaron profundamente las facultades de las convenciones constituyentes con relación a las atribuciones del Congreso al dictar la ley declarativa de la necesidad de la reforma. Este debate actualizó un clásico de la literatura constitucional argentina.
2.- Derechos subjetivos. La Constitución Nacional de 1853 contiene una completa declaración de derechos individuales que se inspiró en los precedentes ingleses y franceses universalmente conocidos, a los que se agregaron los antecedentes de los intentos constitucionales que se habían efectuado a partir de la Revolución del 25 de Mayo de 1810. El capítulo primero del texto original denominado “Declaraciones, derechos y garantías” se integra con treinta y cinco artículos. Ninguno de ellos podía ser modificado por la reforma constitucional de 1994, según expresamente lo prohibía la ley declarativa de la necesidad de la reforma.
La Convención consideró conveniente añadir algunos “nuevos derechos” lo que, en puridad, en su mayor parte sólo vinieron a constitucionalizar principios de largo arraigo legislativo. Mencionaremos los más importantes.
El flamante artículo 36 proclama el imperio de la Constitución aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza, declarando a tales actos como insanablemente nulos. Si bien técnicamente la norma es vulnerable debe entendérsela en función de la historia política argentina vivida desde 1930 hasta 1983, cuando la democracia era una aspiración habitualmente malbaratada por los golpes de Estado. Así como en 1853 el artículo 29 fustigó como infames traidores a la Patria a quienes otorgasen facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos quedasen a merced de gobierno o persona alguna, pensando en la tiranía de Rosas que había antecedido a la sanción constitucional, en 1994 se escribió el nuevo texto con la inspiración de más de medio siglo de fracasos democráticos.
El nuevo artículo 37 asegura los derechos políticos y afirma que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Estos principios están vigentes en la legislación argentina desde 1912 por lo que la reforma no añadió nada nuevo, como no sea cristalizar preceptos. Una mención especial merece la obligatoridad del sufragio. Estando sólo en la ley, podía modificarse por el sistema de voto facultativo –como algunos propician- mientras que al incorporarse a la Constitución adquirió mayor rigidez. Hubiera sido preferible dejar la obligatoriedad en la ley y no trasladarla a la Constitución. El mismo artículo constitucionaliza la participación obligatoria de mujeres, en una proporción del treinta por ciento, en las listas de candidatos a cargos electivos. Es lo que se conoce como “cupo femenino” que está en vigencia desde 1991 por disposición legislativa.
La iniciativa popular y el referendum fueron incorporados por el nuevo artículo 40. Se ha sancionado la ley reglamentaria de la primera institución, pero todavía no ha habido prácticas concretas. También se declaran en el artículo 42 los derechos de usuarios y consumidores. En la Argentina hay legislación específica sobre el tema, por lo que la reforma no agrega nada nuevo a lo ya existente.
Lo mismo cabe decir respecto del reciente artículo 43 que le otorga rango constitucional a la acción de amparo y al habeas corpus. Ambos tienen antigua prosapia. El habeas corpus desde siempre, incorporado a los códigos de procedimientos penales, federal y provinciales. El amparo por creación jurisprudencial de 1957, luego legislado específicamente por la ley 16.986. La reforma incluyó los principios generales de la legislación existente, con algunas variantes que la misma jurisprudencia había establecido. Por ejemplo, la posibilidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma impugnada en el amparo, que la ley prohibía pero la jurisprudencia de la Corte Suprema admitió apenas sancionada la ley regulatoria del amparo.
Una novedad de este artículo 43 es el “habeas data” inspirado en las constituciones de Portugal (1976) y España (1978), por el que se admite que toda persona pueda interponer acción sumarísima para conocer sus propios datos que figuren en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer información, y en caso de falsedad o discriminación exigir su supresión y rectificación. No había legislación específica, aunque podríase haber ejercido por medio de la acción de amparo. Ahora está en el texto constitucional aunque aún no se ha aprobado la ley que lo reglamente. (NOTA: Es la actual Ley 25.326 del 4/10/2000)
3. – Protección del ambiente. El nuevo artículo 41 se refiere a la tutela del ambiente, acorde con las modernas preocupaciones que hace más de dos décadas ocupan constantemente los escaños de las Naciones Unidas. Después de algunas disposiciones declarativas como que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano” con el objeto de que “las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras” -siguiendo la idea enunciada por la Comisión Brundtland de Naciones Unidas- se establece que ”el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”. La norma, por cierto, abre interrogantes: ¿qué es daño ambiental?, ¿cualquier alteración de la naturaleza?, ¿si es hecha para permitir una actividad económica productiva también?. Si se tala un monte natural habrá daño ambiental, pero si el desmonte se hace para permitir el cultivo de cereales o la cría de ganado no puede decirse lo mismo. Otro tema a dilucidar es en qué consiste la obligación de recomponer el daño. El Código Civil, vigente en la Argentina desde 1871, establece la obligación de reparar el daño (cualquier daño) a cargo de quien lo ha causado. Si según la ley civil el daño debe ser reparado cabe preguntarse en qué innova la Constitución con el nuevo precepto, habida cuenta que recomposición y reparación son sinónimos.
El precepto más importante del nuevo artículo es el que establece que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”. Como se sabe, la Argentina es un país federal. La Nación dicta su propia legislación, administra en la esfera de su competencia y sus jueces ejercen la jurisdicción. Las provincias ejercen también las tres funciones en el ámbito de sus respectivos atributos. La única excepción a este principio es la jurisdicción en materia de derecho común (derecho civil, comercial, penal, laboral) cuya legislación es dictada por la Nación pero los tribunales judiciales son provinciales. Es el precepto que establecía el viejo artículo 67, inciso 11.Ahora en materia ambiental la legislación será concurrente. La Nación aprueba las leyes que contengan los presupuestos mínimos de protección, pero las provincias pueden aumentar las exigencias proteccionistas. Esto último queda al arbitrio local. Pero tanto la administración como la jurisdicción en materia ambiental serán provinciales. Por eso el nuevo artículo remata con la frase “sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales” que es reproducción textual del antiguo artículo 67, inciso 11, aplicable a los Códigos de derecho privado. Toda la administración y la jurisdicción en asuntos ambientales es provincial, pero la legislación es prioritariamente federal y subsidiariamente local. Se trata, sin dudas, de un importante avance hacia el federalismo de concertación.
4.- Fortalecimiento del presidencialismo. Uno de los motivos invocados por el sector de la oposición que concedió los votos parlamentarios que se necesitaban para viabilizar la reforma constitucional, fue que habría de atenuarse el presidencialismo. Las cosas resultaron al revés. Este tema que, a mi juicio, es uno de los centrales de la reforma de 1994 merece un comentario especial. El Pacto de Olivos, entre el presidente Menem y el ex presidente Alfonsín, fue presentado como una transacción de intereses. Uno lograba la posibilidad de la reelección, que fue el motivo primordial por el que se impulsó la reforma constitucional, mientras que el otro obtenía la atenuación de los poderes presidenciales, que aparecía como una conquista democrática. La reelección efectivamente se estableció, aunque reduciendo el mandato de seis a cuatro años, pero los poderes presidenciales no se atenuaron, al contrario se fortalecieron. Este aumento de potestades presidenciales seguramente fue el resultado no querido del error de haber buscado encauzar algunos vicios que en los últimos años se habían expandido. Pero lo cierto es que por impericia o negligencia de los redactores del Pacto de Olivos, el Presidente actual tiene mayores atributos que los que tenía antes, con el agravante de que al institucionalizarse pecados que se quisieron enmendar, lo que hasta antes de la reforma eran actos viciosos, ahora son actos de contenido constitucional.Tres son los elementos que fortalecieron el presidencialismo argentino: la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia, la posibilidad de vetar parcialmente las leyes promulgando el resto de su contenido, y por último la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Habré de explicarlo separadamente:
a) Decretos de necesidad y urgencia. En el sistema constitucional argentino el Poder Ejecutivo no podía reemplazar al Congreso en el ejercicio de la función legislativa. En los autores clásicos de derecho constitucional no había referencias doctrinales sobre la materia, salvo alguna excepción que los admitía frente a graves emergencias, un terremoto, una catastrofe, por ejemplo, ante las que no cabía esperar una reforma de la ley de presupuesto para socorrer a las víctimas. De hecho, un recuento minucioso de decretos-leyes aprobados durante los gobiernos del siglo pasado alcanza a unos pocos dictados a causa de las exigencias de las guerras civiles posteriores a la Organización Nacional. En las primeras décadas del siglo presente sobran los dedos de una mano para contabilizarlos.La doctrina del derecho administrativo introdujo la temática en nuestro país. Inspirados en el derecho administrativo francés, y posteriormente en el italiano y el español, los administrativistas argentinos comenzaron a hacer mención de los decretos de necesidad y urgencia sin advertir que se basaban en países con sistemas parlamentarios donde el funcionamiento de la relación Parlamento-Gobierno es distinta que en el sistema presidencial.En la Argentina constitucional del siglo pasado y de muchas décadas del presente, existieron poquísimos. En los Estados Unidos ocurrió lo mismo. A partir de 1983 comenzaron a aparecer al amparo de la emergencia económica y la doctrina de los autores. En la presidencia del doctor Alfonsín se cuentan alrededor de quince. En la del doctor Menem se multiplicó esa cantidad, llegando a varios cientos. La Corte Suprema los convalidó en el “caso Peralta”. Para poner freno al desborde se pensó en reglamentarlo. Así lo hizo la reforma de 1994 cuando en el artículo 99, inciso 3, después de declarar solemnemente que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” introdujo el siguiente precepto: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes (...) podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia (...)”. La habilitación tiene una limitación: no se pueden dictar decretos-leyes “que regulen la materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos”. En consecuencia, el Código Civil, el de Comercio, el Penal, la legislación laboral, en síntesis, las 25.000 leyes dictadas en el país están al arbitrio del Poder Ejecutivo siempre que invoque necesidad y urgencia.Los efectos de estos decretos-leyes fueron deferidos a una ley especial que debe dictar el Congreso. Nos aproximamos a celebrar el quinto aniversario de la reforma de 1994, pero la ley sigue sin sancionarse. Mientras tanto el Poder Ejecutivo actúa liberado de restricciones soslayando a veces al Congreso para legislar.
b) Veto parcial. La Constitución de 1853 establecía que observado total o parcialmente un proyecto de ley que había sido sancionado por ambas Cámaras, volvía al Congreso para que éste se pronunciase en definitiva. En los hechos se admitió muy restringidamente la posibilidad de que un veto parcial permitiera promulgar el resto de la ley no observada. Se aplicaba específicamente a la ley de presupuesto, cuando el Poder Ejecutivo vetaba alguna partida creada por el Congreso y promulgaba lo demás. En 1983 comenzó a desarrollarse la práctica del veto parcial con promulgación parcial. Primero en alguna cuestión inocente. Más adelante en asuntos fundamentales. De esa forma el Poder Ejecutivo recortaba las leyes a su gusto con vetos parciales que muchas veces afectaban capítulos básicos de una norma.
La reforma legitimó el obrar pecaminoso. Estableció que “Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso”. Naturalmente que evaluar estos requerimientos es absolutamente discrecional. Cierta vez un importante ministro dijo, en una chanza que en el fondo reflejaba una gran verdad, ustedes –refiriéndose a un grupo de legisladores con quienes departía- sancionarán una ley que diga “no se puede robar” y nosotros habremos de vetar el adverbio “no”. Como consecuencia de esta reforma lo que antes era un vicio ahora pasó a ser un atributo constitucional.
c) Delegación Legislativa. El texto original de la Constitución no admitía la delegación legislativa. Alguna vez la Corte Suprema la admitió en el “caso Delfino”. A partir de allí comenzó una oscilante jurisprudencia sobre la materia, si bien en general la delegación de competencias legislativas del Congreso a favor del Poder Ejecutivo se hacía con mucha prudencia. La reforma de 1994 después de declarar que “se prohibe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo”, la admite expresamente: dice a renglón seguido el nuevo artículo 76: “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. De esta manera se convalida lo que hasta la reforma había merecido críticas de la doctrina y reservas de la jurisprudencia.
Los tres elementos señalados, la facultad del Poder Ejecutivo de dictar decretos-leyes (llamados de necesidad y urgencia), la posibilidad de vetar parcialmente un proyecto de ley y al mismo tiempo promulgar el resto de su contenido, y la constitucionalización de la delegación legislativa, vinieron a fortalecer al presidencialismo en vez de atenuarlo, como se proclamó, en el Pacto de Olivos. Encima la reelección presidencial, con el agravante de que después de dos períodos consecutivos el Presidente debe dejar cuatro años el cargo a otro y después puede presentarse para aspirar a una nueva elección con la consiguiente posibilidad de otra reelección.
5. - La Jefatura de Gabinete de Ministros. Esta es una creación novedosa de la reforma de 1994. Se la presentó en público como un elemento de atenuación de los poderes presidenciales, pero en realidad su posición no es otra que una especie de ministro coordinador que depende pura y exclusivamente del Presidente de la Nación.
El jefe de gabinete argentino no es el primer ministro de los sistemas parlamentarios. Tampoco es el “premier” de la Quinta República Francesa. Las diferencias son abismales. En los regímenes parlamentarios, el presidente español o el primer ministro inglés, por ejemplo, son los verdaderos jefes de gobierno. En el régimen francés comparte con el Presidente de la República el ejercicio de competencias que la constitución discierne a uno y a otro. Los conocidos casos de “cohabitación”, como ocurre cuando escribimos el presente, demuestran cuánto poder efectivo tiene el jefe de gobierno francés.
En el régimen argentino las cosas son distintas. El jefe de gabinete de ministros es nombrado y removido por el Presidente de la Nación sin rendir cuentas a nadie de su decisión. Es un subalterno del titular del Poder Ejecutivo que se encuentra en la misma posición y rango que cualquier otro ministro sometido a la voluntad presidencial. Una nominal concesión hacia el parlamentarismo es la posibilidad de que el Congreso vote una moción de censura contra el jefe de gabinete, pero las exigencias son tan fuertes que en los hechos resulta imposible que ocurra. En efecto, cualquiera de ambas cámaras (Senado o Diputados) puede interpetarlo para tratar una moción de censura. Para ello se necesita el voto favorable de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la cámara que trate la iniciativa. Esta mayoría, que es absoluta (más de la mitad) sobre el total de los miembros componentes del cuerpo es muy dificil de lograr. Si se la alcanzace luego será necesario el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de ambas cámaras para removerlo. Como se advierte, la mera lectura del texto del nuevo artículo evidencia la imposibilidad material que existirá para aprobar una moción de censura. Pero además recordemos que si esto ocurriese el presidente nombraría a otro jefe de gabinete y la historia volvería a empezar de nuevo.
En los hechos, un funcionario de alto rango, desde luego, que depende de la voluntad presidencial para asumir sus funciones y mantenerse en ellas. Igual que lo que ocurre con cualquier ministro.
Los trece incisos del reciente artículo 100 establecen las facultades del jefe de gabinete. Su lectura ligera parecería indicar que está revestido de importantes potestades. Sin embargo, el análisis pormenorizado demuestra que no es así. Todos los cometidos que se le asignan terminan bajo la órbita del Presidente de la Nación. El jefe de gabinete tiene a su cargo “la administración general del país” (inc. 1) pero el Presidente es ”el jefe supremo”, “jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país” (art.99, inc. 1). El jefe de gabinete expide “los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue el Presidente”(inc. 2). Ejerce “las funciones y atribuciones que le delegue el presidente” (inc.4). Le “compete hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional”(inc.7) pero sometido a la supervisión del Presidente (art. 99, inc. 10). Refrenda “decretos y mensajes del Presidente” (inc. 8). Presenta “junto a los restantes ministros una memoria detallada del estado de la Nación” (inc. 10). Refrenda “los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso” (inc.12) y los “decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan leyes” (inc.13). Refrenda, naturalmente, la firma del Presidente.
La extensa enumeración de facultades pone en evidencia que todos los cometidos del jefe de gabinete están condicionados a la voluntad del Presidente. No ejerce potestades propias. Además es nombrado por el Presidente, quien no depende de nadie ni de ninguna voluntad parlamentaria para designarlo, y es removido cada vez que el Presidente así decida hacerlo. Como se nota, la misma dependencia que cualquier ministro tiene con respecto al Presidente dentro de un sistema presidencial como es el argentino.
Como una originalidad se le impone al jefe de gabinete la obligación de concurrir mensualmente en forma alternada a cada una de las cámaras del Congreso para informar sobre los asuntos de la Nación y contestar preguntas que le formulen los diputados o senadores. En la práctica esto se ha transformado en un monótono informe que mensualmente el jefe de gabinete lee ante el Senado o la Cámara de Diputados. Previamente los legisladores han podido efectuar preguntas por escrito con varios días de anticipación, cuyas respuestas particulares o genéricas son entregadas también escritas junto con el informe mencionado antes.
En suma: el poder presidencial intacto. En nada atenuado por la creación de la jefatura de gabinete. Por el contrario, fortalecido con el establecimiento constitucional de los decretos de necesidad y urgencia, el veto parcial con promulgación parcial de las leyes, y la delegación legislativa.
6.- Rango constitucional de los tratados. Integración. El artículo 31 de la Constitución (que está ubicado en la primera parte que no era modificable en 1994) establece el orden de prelación de las normas: la misma Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados con las potencias extranjeras. Pacíficamente se interpretó siempre la supremacía constitucional, colocando en primer grado a la misma Constitución. Luego, en segundo rango estaban las leyes y los tratados internacionales. La jurisprudencia moderna, acorde con los principios de la Convención de Viena sobre los Tratados, afirmó la superioridad de éstos sobre aquéllas. El nuevo artículo 75, que establece las atribuciones del Congreso, vulneró elípticamente la prohibición de innovar sobre la primera parte al establecer en su inciso 22 diversas normas relacionadas con las facultades parlamentarias. Así, después de ratificar la potestad de celebrar tratados, estableció que éstos y los concordatos con la Santa Sede “tienen jerarquía superior a las leyes”, zanjando constitucionalmente la discusión en torno a que una ley pudiera dejar sin efecto compromisos resultantes de un tratado.
Asimismo estableció que diez tratados internacionales sobre derechos humanos (incluyen declaraciones universales y americanas sobre derechos humanos, económicos y sociales, genocidio, discriminación racial, discriminación contra la mujer, torturas, derechos del niño) tienen jerarquía constitucional. Se aclaró que era en “las condiciones de su vigencia” para salvar las reservas que hubiera hecho nuestro país al tiempo de la ratificación, extendiéndose de esta manera a dichos tratados la supremacía constitucional. También brindó flexibilidad a la Constitución al admitir que otros tratados internacionales pudiesen incorporarse posteriormente a este rango supremo con el voto favorable de dos tercios de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
En materia de integración se admitió en el inciso 24 del mismo artículo la posibilidad de delegar competencias y jurisdicción a organizaciones supreaestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad. Para ratificar estos acuerdos se privilegió la situación de los países de Latinoamérica para los que las exigencias de mayorías parlamentarias es más atenuada que si se tratase de otros países.
7.- Concejo de la Magistratura. Un cambio de importancia introducido por la reforma es la creación del Concejo de la Magistratura y correlativamente el Jurado de Enjuiciamiento. El sistema tradicional de designación de los jueces a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y su remoción por medio del juicio político promovido por la Cámara de Diputados que acusaba con dos tercios de votos, juzgando el Senado también con dos tercios, no había funcionado ajustadamente en los últimos años. La influencia política en la nominación de magistrados fue notoria, lo que originó sólidos reclamos por parte de la opinión independiente. A la vez, esta influencia política había sido hecha valer para bloquear algunas remociones de jueces o, en otros casos, la pesadez del sistema de enjuiciamiento dilataba indefinidamente merecidas sanciones. La sustitución del mecanismo por el Concejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento fue, en términos generales, una buena iniciativa. Un error de enfoque constitucional –que explicaremos más adelante- generó y generará determinados problemas, sobre los que abundaremos.
La Constitución reformada establece, dentro del capítulo del Poder Judicial, que “el Concejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial (artículo 114, primera parte). El Concejo debe ser integrado, por imperio constitucional, por medio de una equilibrada representación de los órganos políticos, los jueces de todas las instancias, abogados, académicos y científicos. Son sus funciones: a) seleccionar a los postulantes para cargos judiciales; b) proponer ternas de candidatos; c) ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados; d) decidir la apertura del proceso de remoción; e) administrar los recursos y ejecutar el presupuesto de la judicatura; f) dictar reglamentos sobre la organización judicial.
El error constitucional consistió en trasladar mecanismos europeos propios de otra realidad, sin verificar sus antecedentes. En la Argentina muchas provincias han organizado concejos de la magistratura que son cuerpos destinados exclusivamente a seleccionar y promover la designación de jueces. Así ocurre también en diversos países latinoamericanos. En estas condiciones funcionan razonablemente bien. Distinta es la situación europea donde la institución surgió como una forma de limitar el poder del Rey sobre la administración de Justicia. Por eso allá se le asignan también otros cometidos, como es el gobierno de la judicatura, la administración de su presupuesto y la disciplina. Entre nosotros, estas actividades han sido siempre ejercidas por el mismo Poder Judicial, que nació al influjo de la Constitución de Estados Unidos de 1787 como independiente, y no dependiente de la monarquía como fue en Europa. Por eso lo que debía hacerse era constituir un cuerpo lo más ajeno posible a las influencias políticas para nombrar a los jueces, dejando en manos de éstos todo lo concerniente a su administración, presupuesto y disciplina. Porque en Europa el concejo de la magistratura es un órgano de gobierno del Poder Judicial sus integrantes son principalmente jueces, abogados y en menor medida miembros de los poderes políticos. Porque en las provincias argentinas y en algunos países latinoamericanos el concejo es básicamente un cuerpo de designación, está compuesto con mayor presencia de representantes políticos. El creado por la reforma de 1994 se asemeja en su composición al de las provincias argentinas y países latinoamericanos, pero en sus funciones a los europeos.
Fue dificil sancionar la ley constitutiva, en razón de la exigencia de mayorías calificadas (mayoría absoluta del total de integrantes) de ambas Cámaras. Finalmente se lo logró y puede decirse que su composición es equilibrada: ningún estamento, ni ningún sector político tiene prevalencia excluyente.
No cabe decir lo mismo con relación a sus funciones. Ya han surgido problemas, por ejemplo, con motivo del ejercicio de potestades disciplinarias. La Constitución se las reserva expresamente al Concejo pero la Corte Suprema decidió recientemente asumirlas como propias del Poder Judicial. Seguramente los conflictos se reiterarán en el futuro.
El Concejo de la Magistratura de la reforma de 1994 recién comenzó a funcionar a fin del último año. Es prematuro aún evaluar sus resultados. Hay fundadas esperanzas de que contribuya a despolitizar la designación de los magistrados. Estos serán seleccionados por medio de un elaborado proceso de concursos públicos. El Concejo formulará “propuestas en ternas vinculantes” (artículo 114) al Poder Ejecutivo y éste las remitirá al Senado para su acuerdo. Paralelamente tendrá una tarea ardua en armonizar sus cometidos constitucionales y legales con principios hondamente arraigados en la tradición del Poder Judicial.
Está presidido por el titular de la Corte Suprema e integrado por un representante del Poder Ejecutivo, senadores y diputados, jueces, abogados y académicos.
El Jurado de Enjuiciamiento, creado por el artículo 115 tiene a su cargo decidir los juicios políticos contra magistrados que no sean de la Corte Suprema, a instancias del Concejo de la Magistratura que actúa como órgano acusador. El Jurado, integrado por legisladores, magistrados y abogados, interviene en todas las causas que se promuevan por los mismos motivos que la Constitución de 1853 establecía como habilitante del juicio político. La remoción se decide por los dos tercios de sus integrantes.
8. Las provincias. El federalismo argentino soportó la declinación que la institución federal ha tenido en otras latitudes (estudiamos este tema en nuestro “Derecho Político”, editorial Depalma, 2ª. Edición, Buenos Aires, 1998), a las que se añaden otras causas autóctonas. La cuestión tiene raíces en los orígenes mismos de la nacionalidad. Los debates de 1853 fueron fuertemente influidos por la disputa económica entre la Nación y las provincias. En 1994 la historia se repitió. No hay gobierno sin rentas, había proclamado Alberdi el siglo pasado, siguiendo a Hamilton. Hoy día el principio sigue siendo el mismo, por eso igual debate presidió las discusiones en la reciente Convención, en las antesalas, en las comisiones, en el plenario. A la hora del reparto, el gobierno nacional urgido por las demandas del equilibrio presupuestario no era generoso con las provincias. Estas a su vez defendían con ahinco los intereses propios. Los encuadramientos partidarios fueron largamente superados por los alinamientos territoriales. Todos saben que no hay gobiernos sin rentas.
El momento era propicio para replantear viejas cuestiones, ya que la idea original de 1853 había sido postergada por la fuerza de los hechos. Como se sabe, originariamente la Nación se quedó con los derechos de importación y exportación, más los impuestos indirectos, además de la venta y locación de tierras públicas, la renta de correos y los empréstitos. Con las reformas fiscales introducidas a partir de 1932 la Nación absorbió impuestos directos, que constitucionalmente eran provinciales, y le coparticipó a las provincias parte de su producido. Por esa vía se fue generando una enorme dependencia de las provincias con relación al tesoro nacional. Lo cierto es que en la actualidad las provincias de mayor desarrollo (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba) atienden sus presupuestos locales en un cincuenta por ciento con recursos propios y en el otro cincuenta por ciento con los provenientes del tesoro nacional por la vía de la coparticipación, mientras que las de menor desarrollo apenas recaudan en sede local el diez o quince por ciento de sus erogaciones, y dependen de un ochenta y cinco o noventa por ciento de la coparticipación federal u otras asignaciones del Gobierno Nacional.
Pero también aparece otra nueva paradoja. El porcentaje de coparticipación federal que las provincias reciben en la actualidad es inferior al que percibían una década atrás, porque una masa importante de la recaudación nacional es detraída de la coparticipación a los fines de atender los requerimientos del sistema de seguridad nacional. Sin embargo, aunque el porcentaje sea inferior el monto efectivamente cobrados por las provincias es superior, medido a moneda constante, ya que la estabilidad monetaria establecida a partir de 1991 aumentó sustancialmente la recaudación real de la Nación, de la que como queda dicho también participan en su producido las provincias. También es cierto que, habiendo realizado la Nación una reducción importante de sus gastos, vía proceso de privatizaciones y reforma del Estado, no han seguido el mismo camino la totalidad de las provincias. Algunas lo han hecho, mientras que otras no.
En tales condiciones, la puja de intereses económicos en la Convención de 1994 fue fuerte. Además este no era un tema encapsulado por el “núcleo de coincidencias básicas” sino que estaba abierto a la decisión del cuerpo. Por otra parte, como dijimos, en este capítulo las lealtades partidarias fueron postergadas por las territoriales.
El nuevo artículo 75, inciso 2, institucionalizó el “statu quo” existente al establecer que los impuestos directos que aplique la Nación serán coparticipables con las provincias, con lo que la excepción normativa pasó a ser regla constitucional. Asimismo establece que üna ley-convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos”.
La ley de coparticipación debe tener como cámara de origen al Senado y será sancionada con el voto favorable de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. No puede ser modificada unilateralmente, no puede ser reglamentada (para evitar excepciones reglamentarias) y debe ser aprobada por las provincias. La disposición transitoria 6ª. prevé que la ley de coparticipación debía sancionarse antes de finalizar 1996. Como se advierte, todos los recaudos impuestos por la reforma constitucional estaban destinados a asegurar los derechos de las provincias en la aprobación del régimen de coparticipación impositivo. Sin embargo, la realidad económica es mucho más fuerte que las mejores intenciones de los convencionales.
En efecto, la Nación está materialmente imposibilitada de hacer concesiones a las provincias ya que la necesidad de lograr el equilibrio presupuestario, sin contar el servicio de la deuda, es un requisito primordial para mantener la lograda estabilidad monetaria que en la Argentina, después de medio siglo de inflación, se ha transformado en un valor apreciado por toda la sociedad. Asimismo la situación de las provincias no es similar. En general, las provincias más desarrolladas perciben proporcionalmente menores porcentajes que las menos desarrolladas, con excepción de la provincia de Buenos Aires que logró un régimen preferencial. Por eso, ninguna provincia estaría dispuesta a aceptar una ley de coparticipación que no sea proporcionalmente igualitaria (la ley debe contar con el apoyo de todas las provincias). La única forma de hacerlo sería que la Nación las igualara para arriba, en detrimento de sus propios recursos. La Nación no puede hacerlo porque peligraría su presupuesto. Salvo que redujera aún más sus gastos o consiguiera aumentar la recaudación por vía de evitar la evasión. Ante esta realidad nadie está dispuesto a sentarse en la mesa de discusión de una nueva ley de coparticipación. El año 1996, en que por imperativo de la disposición transitoria 6ª. debía aprobarse el nuevo régimen, transcurrió hace tiempo y no existen atisbos de que se cumpla con el mandato constitucional. Como se dijo, la realidad económica superó a la voluntad de los constituyentes.
También la reforma de 1994 contempló el caso de las “asignaciones específicas” , es decir contribuciones que se hacen a alguna provincia o que la Nación detrae de la masa de coparticipación para atender erogaciones propias, como es el caso del oneroso sistema previsional, que es oneroso para las rentas públicas pero magro para sus destinatarios. En este supuesto de “asignaciones específicas de recursos coparticipables” el nuevo artículo 75, inciso 3, exige la concurrencia del voto de la mayoría absoluta del total de los miembros componentes de cada cámara, lo que naturalmente supone un esfuerzo importante para alcanzarlo.
Existen otras reformas interesantes con respecto a las provincias. Por ejemplo, el artículo 124 estableció que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, con lo que se quiso saldar compromisoriamente una vieja disputa existente con respecto a la existencia de leyes federales que establecieron el dominio de la Nación sobre los hidrocarburos, entre otras. En materia de intervención federal se limitaron las facultades que abusivamente se atribuyó el Poder Ejecutivo para ejecutarlas, estableciéndose que mientras el Congreso esté sesionando le corresponde resolver la intervención federal, pudiéndolo hacer el Poder Ejecutivo sólo durante el receso, que ahora se ha reducido ya que las sesiones ordinarias de ambas cámaras se fijaron desde el 1º de marzo hasta el 30 de noviembre, además de las de prórroga y extraordinarias que habitualmente tiene el parlamento de la Argentina. También se incorporó el principio de autonomía municipal, expresamente contemplado en el nuevo artículo 123: “Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. Una mención especial merece el nuevo régimen de la ciudad de Buenos Aires, capital de la Nación. Hasta 1994 fue un distrito federal , con un gobierno a cargo de un intendente nombrado por el Presidente de la República, un concejo deliberante elegido popularmente, actuando el Congreso como legislatura local. A partir de la reforma, Buenos Aires dictó su propio estatuto de autonomía, eligió popularmente a su jefe de gobierno y a su legislatura.
9. - Comentario Final. Hemos sintetizado algunas de las reformas de mayor importancia introducidas a la Constitución Nacional de 1994. Quedan muchas más una simple referencia: el ministerio público, la auditoría general, la defensoría del pueblo, las nuevas atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo, las facultades provinciales de celebrar convenios internacionales, las regiones, la seguridad social, y otras más. En el libro “Comentarios sobre la Constitución”, editorial Depalma, Buenos Aires, 1995, se efectua un pormenorizado análisis de ellas.
Nos resta una apreciación final. La reforma de 1994 fue impulsada por objetivos bien precisos. Básicamente se trataba de permitir la reelección presidencial y se la quiso presentar como una transacción de intereses que tenía como contrapartida la atenuación del poder, que como se demostró resultó todo lo contrario. La Convención reunida en la ciudad de Santa Fe reunió al más completo y extenso arco político que se recuerde. Numerosos sectores políticos hicieron oir su voz. Se discutió ácidamente. Las posturas fueron defendidas con vehemencia. Pero siempre en un clima de respeto recíproco por las opiniones ajenas. En un país que en los años setenta vivió la tragedia de la guerra fratricida, promediando los noventa encuadrar las disputas dentro del marco de la discusión de ideas, importa un avance extraordinario. En su momento critiqué el contenido de muchas reformas. Como convencional cuestioné la reelección presidencial, el fortalecimiento del Poder Ejecutivo. Ahora, en la objetividad del análisis, mantengo lo dicho y escrito, al tiempo que aspiro a que la mejor interpretación de las normas contribuya a consolidar una democracia que tanto nos costó concretar. La Constitución de l853, con sus reformas de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994, es la ley suprema de la Nación Argentina y a ella todos le debemos el compromiso de nuestro fervoroso acatamiento.
Por ALBERTO A. NATA LE
Profesor Titular de Derecho Político.
Diputado de la Nación.

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artículo 67
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artículo 99
artículo 76
artículo 100
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artículo 75
artículo 115
artículo 75
artículo 75
artículo 124
artículo 123
artículo 5


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Orden ESS/2197/2015, de 19 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2015, para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. | Lexur Editorial
Legislación	Orden ESS/2197/2015, de 19 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2015, para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
Publicado por redaccion 22 Octubre, 2015	Las distintas operaciones a realizar en la ejecución del presupuesto se regulan con carácter general en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio. La mencionada regulación debe completarse mediante la especificación de operaciones y procedimientos a realizar a final del presente ejercicio.
Las disposiciones de esta orden son de aplicación a las entidades del sistema de la Seguridad Social comprendidas en el artículo 2, apartado 1.d), de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y tienen por objeto regular las actuaciones que deben realizar los órganos gestores de las citadas entidades para proceder al cierre de la contabilidad presupuestaria y no presupuestaria del ejercicio 2015.
1. Los órganos gestores de las entidades sujetas a función interventora tendrán como fecha límite para el envío a fiscalización previa de los expedientes de aprobación del gasto a las intervenciones delegadas en los servicios centrales e intervenciones delegadas territoriales (en lo sucesivo intervenciones delegadas) el día 2 de noviembre.
Los documentos A de autorizaciones de gasto tendrán como fecha límite de entrada en las oficinas de contabilidad de todas las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta orden el día 13 de noviembre.
2. Los órganos gestores de las entidades sujetas a función interventora tendrán como fecha límite para el envío a fiscalización previa de los expedientes de adquisición de compromisos de gasto a las intervenciones delegadas el día 24 de noviembre. Este mismo plazo se aplicará en el caso de que se envíen expedientes a fiscalizar en los que en un único acto administrativo se incluya aprobación y compromiso del gasto.
Los documentos D de compromiso de gasto tendrán como fecha límite de entrada en las oficinas de contabilidad de todas las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta orden el día 4 de diciembre. Este mismo plazo computará para el envío de los documentos AD.
3. Los órganos gestores de las entidades sujetas a función interventora, tendrán como fecha límite para el envío a intervención previa de los expedientes de reconocimiento de las obligaciones a las intervenciones delegadas el día 18 de diciembre. Este mismo plazo se aplicará en el caso de que se envíen expedientes a fiscalizar e intervenir en los que en un único acto administrativo se incluyan aprobación, compromiso del gasto y reconocimiento de la obligación.
Excepcionalmente, en el ejercicio 2015 lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación para los expedientes de contratación centralizada financiados con cargo a los créditos disponibles al efecto en los correspondientes estados presupuestarios.
Del mismo modo, deben entenderse exceptuados del plazo establecido en el apartado 3 de este artículo, a efectos del envío a intervención previa, todos los expedientes de reconocimiento de obligaciones que deriven de aquellos cuya aprobación y compromiso de gasto hayan quedado exceptuados de los plazos fijados en los apartados 1 y 2 anteriores, debiendo tener entrada los correspondientes documentos contables, debidamente intervenidos y autorizados, en las oficinas de contabilidad, con fecha límite 30 de diciembre de 2015.
5. Asimismo, se exceptúan de los plazos establecidos en los apartados 1, 2 y 3 anteriores los expedientes tramitados para la aprobación del acto administrativo correspondiente y los documentos que deban expedirse para la formalización contable de las siguientes operaciones que corresponda imputar al ejercicio 2015:
En estos supuestos, los órganos gestores deberán poner a disposición de las oficinas de contabilidad la información correspondiente y, en su caso, remitir los documentos contables de estas operaciones, teniendo como fecha límite de entrada en las mismas el día 4 de marzo de 2016, debiendo retrotraerse al 31 de diciembre de 2015 todos los trámites y justificantes que deriven de las referidas operaciones.
6. El último día para efectuar pagos con salida material de fondos será el día 30 de diciembre de 2015, reanudándose los mismos el primer día hábil del mes de enero de 2016, para lo cual, los órganos gestores de las direcciones provinciales, así como de los servicios centrales de la Tesorería General, y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, deberán remitir a las oficinas de contabilidad, con la antelación suficiente, los documentos relativos a las órdenes y las materializaciones del pago de las propuestas efectuadas.
7. Las propuestas de pago «a justificar» expedidas con cargo a créditos del presupuesto de gastos de 2015 tendrán como fecha límite de entrada en las oficinas de contabilidad el día 18 de diciembre, excepto las propuestas de pago «a justificar en el exterior» cuya fecha límite será el día 15 de dicho mes. Con cargo a dichos libramientos únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio, con las excepciones previstas en el artículo 79.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
1. Tanto la Tesorería General de la Seguridad Social y sus direcciones provinciales, como las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social expedirán y remitirán a las oficinas de contabilidad los documentos «P», «OEP», «R» y «FRPG» que correspondan a operaciones de formalización con cargo al ejercicio de 2015, antes del cierre de las operaciones del día 30 de diciembre de 2015, excepción hecha de las operaciones relacionadas con prestaciones cuya materialización del pago se realice en el ejercicio siguiente como operación financiera de pago centralizado.
2. Las unidades administrativas responsables del fondo de maniobra deberán adoptar las medidas precisas con el fin de garantizar que todos los documentos contables relativos a pagos realizados con cargo al fondo de maniobra y su aplicación definitiva al presupuesto de gastos, queden registrados en el sistema de información contable antes del fin de la jornada del día 28 de diciembre del 2015. Efectuadas estas operaciones, no podrán realizarse con posterioridad nuevos pagos con cargo a fondos de maniobra del ejercicio 2015.
3. Las unidades administrativas responsables de la tramitación de los pagos «a justificar», deberán adoptar las medidas precisas con el fin de garantizar que los documentos contables relativos a operaciones de pagos a justificar, queden debidamente registrados en el sistema de información contable antes del fin de la jornada del día 28 de diciembre del 2015. Dichas operaciones conllevan la realización de los reintegros de las cantidades libradas a justificar que no sean invertidas en el ejercicio, de la que se exceptúan los centros asistenciales en el extranjero del Instituto Social de la Marina, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y en el artículo 2 del Real Decreto 938/2005, de 29 de julio, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los servicios en el exterior.
De igual forma, antes del día 28 de diciembre del 2015, las unidades administrativas responsables de la tramitación de los pagos «a justificar», deberán enviar a las oficinas de contabilidad la relación de los pagos efectuados en el ejercicio con fondos librados a justificar para los que a dicha fecha se encuentren pendientes de aprobar la correspondiente cuenta justificativa. Todo ello con el fin de que el gasto presupuestario quede ajustado en el ejercicio corriente con su correspondiente imputación patrimonial.
Antes del día 29 de febrero de 2016, los órganos gestores deberán remitir a las oficinas contables de las entidades del sistema la información detallada de las obligaciones derivadas de gastos realizados o de bienes y servicios efectivamente recibidos en el ejercicio 2015, para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto, mediante la elaboración de los documentos O.603, O.604 y O.606.
No obstante, los órganos gestores de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social no remitirán información de aquellas obligaciones para las que, a esa fecha, se hubieran registrado los correspondientes documentos ADOK, OK, PFM o PFML para su aplicación al presupuesto del ejercicio 2016, con las características que determine la Intervención General de la Seguridad Social.
Asimismo, antes de la fecha señalada, los órganos gestores deberán informar sobre la existencia de obligaciones que hayan sido imputadas al presupuesto del ejercicio 2015 y que, correspondiendo a gastos devengados o bienes y servicios recibidos en ejercicios anteriores, no fueron objeto de registro patrimonial en el año origen del devengo.
Igualmente, los órganos gestores deberán enviar a las oficinas de contabilidad antes de la fecha indicada, aquellos gastos que se liquiden por períodos que afecten a dos o más ejercicios contables remitiendo, a tales efectos, los documentos O.605 correspondientes, así como la información relativa a la periodificación de ingresos
También, los órganos gestores deberán remitir en el mismo plazo la información relativa a los gastos e ingresos anticipados, es decir, los contabilizados en el ejercicio 2015 pero cuyo devengo se produce en el 2016.
Se excepcionan del plazo establecido aquellos gastos e ingresos asociados a la liquidación de las cotizaciones sociales cuya información será suministrada por los órganos gestores cuando tengan conocimiento de la recaudación efectiva de las cotizaciones devengadas en el último mes del ejercicio 2015.
Finalmente, antes de fin de febrero de 2016, los órganos gestores enviarán información a las intervenciones delegadas sobre aquellos actos o negocios jurídicos cuya ejecución está condicionada a la existencia en los Presupuestos Generales del Estado de crédito adecuado y suficiente en los supuestos a los que se refiere el último párrafo del artículo 47 bis de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Con el fin de que antes del 31 de diciembre de 2015 queden regularizados los saldos de obligaciones de ejercicios cerrados existentes en las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que deben tener un carácter residual, los centros de gestión justificarán individualmente los saldos que se correspondan con la existencia de una obligación real, expidiéndose, cuando proceda, los correspondientes documentos «K» de propuesta de pago.
Por la Tesorería General de la Seguridad Social se adoptarán las medidas precisas para que la información a que se refiere el artículo 2.5 de esta orden, así como toda aquella que deba suministrar al resto de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social con ocasión del cierre del ejercicio, obre en poder de los servicios que en cada caso hayan de recibirla antes del día 16 de febrero de 2016.
El registro contable de todas las operaciones contempladas en esta orden, así como de las correspondientes a la regularización y cierre del ejercicio 2015, se realizará de acuerdo con los criterios que al efecto dicte la Intervención General de la Seguridad Social, en virtud de lo establecido en el artículo 125.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Madrid, 19 de octubre de 2015.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez García.

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artículo 79
artículo 2
Real Decreto
artículo 47
artículo 2
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