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Resolución 4. - 10 de Octubre de 2017 - Boletin Oficial de la Republica Argentina - Legislación - VLEX 694558769
ARTÍCULO 6°. Que serán requisitos para estar inscripto en dicho Registro:
ARTÍCULO 11. Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina
I5408553I#
Buenos Aires, 11/04/2017
Registro Nacional Especialistas en Clasificación de Áreas Peligrosas
La Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario N° 351/79; la Recomendación N° 181 de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO sobre "Prevención de Accidentes Industriales Mayores, 1993"; los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus modificatorias; los Decretos P.E.N. N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 1338 de fecha 25 de noviembre de 1996; la Disposición D.N.S.S.T. N° 8/95 de fecha 21 de abril de 1995; la Resolución 743/2003 de Superintendencia de Riesgos del Trabajo que dispone el funcionamiento del "Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores" y la actualización del listado de sustancias químicas del Anexo I de la Disposición D.N.S.S.T. N° 8/95; y
Que la resolución 559/2009 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo crea el "PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA EMPRESAS CON ESTABLECIMIENTOS QUE REGISTREN ALTA SINIESTRALIDAD", con el objetivo de dirigir acciones específicas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, tendientes a disminuir eficazmente la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones de salud y seguridad en el medio ambiente de trabajo.
Que la resolución 770/2013 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo crea el "PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR RAMA DE ACTIVIDAD", cuyo objetivo principal será el desarrollo y programación de políticas activas de prevención primaria, secundaria y terciaria, de manera conjunta o independiente con las Organizaciones Empresariales, las Organizaciones Sindicales, las Administradoras de Trabajo Locales y las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo.
Que la resolución 363/2016 de la...
Orden de Publicidad 50070 - Licitacion Publica Nº 98/07 - Prov de Entre Rios

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ARTÍCULO 6
ARTÍCULO 11
Resolución
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EUR-Lex - 52011IE1592 - EN - EUR-Lex
EUR-Lex - 52011IE1592 - EN
Document 52011IE1592
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El problema de las personas sin hogar» (Dictamen de iniciativa)
OJ C 24, 28.1.2012, p. 35–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2012/C 24/07
Ponente: Eugen LUCAN
El 20 de enero de 2011, de conformidad con el artículo 29.2 del Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre
«El problema de las personas sin hogar»
La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 28 de septiembre de 2011.
En su 475o pleno de los días 26 y 27 de octubre de 2011 (sesión del 27 de octubre), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 98 votos a favor y 6 abstenciones el presente dictamen.
El CESE formula las siguientes recomendaciones:
La Unión Europea debería destinar muchos más recursos provenientes de los Fondos Estructurales (en especial del FSE y del FEDER) para tratar el fenómeno de las personas sin hogar, en especial en lo que respecta a la construcción de viviendas permanentes.
La Unión Europea y los Estados miembros deberían basar sus políticas de lucha contra el fenómeno de las personas sin hogar en el pleno respeto de los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a una vivienda asequible y adecuada. El CESE considera que este fenómeno no existe en sí mismo, sino que es consecuencia de las decisiones políticas y económicas que se toman. Habida cuenta del actual período de crisis que atraviesa la Unión, la consideración de una redistribución de la riqueza debe formar parte desde ahora del crecimiento integrador de la UE 2020.
Para elaborar una ambiciosa política de vivienda social ya existe un arsenal jurídico europeo (tratados, cartas, textos internacionales). Además, la Unión podría coordinar acciones para alentar a los Estados miembros a que ratifiquen la versión revisada de la CSE (1). La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deberían elaborar un informe anual que incluya una evaluación de la aplicación, en los Estados miembros, del artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales, relativo al derecho a una ayuda de vivienda.
Eurostat debería promover el uso de definiciones, índices e indicadores comunes para comprender la complejidad y las especificidades del fenómeno a nivel europeo y para elaborar estadísticas homogéneas. El CESE recomienda la adopción de la tipología ETHOS propuesta por FEANTSA (Federación europea de organizaciones que trabajan con personas sin hogar) como definición del fenómeno de las personas sin hogar a nivel europeo.
La Comisión Europea debería desarrollar una estrategia ambiciosa con respecto al fenómeno de las personas sin hogar y apoyar a los Estados miembros en el desarrollo de estrategias nacionales eficientes, de conformidad con las directrices propuestas en el «Informe conjunto sobre protección social e inclusión social 2010» y tomando en consideración las recomendaciones del jurado de la «Conferencia de consenso europeo sobre las personas sin hogar». Una política de vivienda ambiciosa en Europa formaría parte de los grandes proyectos que procuran empleo y bienestar, dos de los objetivos de los tratados europeos.
Teniendo en cuenta que la Estrategia Europa 2020 persigue un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, el CESE sugiere que la UE efectúe su seguimiento de manera periódica y elabore políticas en función de la relación entre el precio de la vivienda en el mercado inmobiliario y el acceso de los ciudadanos europeos a la compra o el alquiler de una vivienda en función de sus ingresos.
La UE debería ayudar a los Estados miembros a tener en cuenta los siguientes elementos en el marco de sus políticas de inclusión: la erradicación de los fallecimientos causados por «la vida en la calle»; la dignidad de las personas; la causalidad múltiple; la prevención del fenómeno; la responsabilización y participación de los beneficiarios mediante un contrato social/de alquiler; estándares europeos relativos a la relación coste-eficiencia para las viviendas y los servicios sociales; la creación de viviendas permanentes, apartamentos subvencionados y centros de prevención en cada localidad (2); un enfoque que permita un acceso rápido a una vivienda permanente.
La Comisión Europea debería crear una agencia europea para las personas sin hogar.
Los Estados miembros deberían llevar a cabo estrategias eficientes de lucha contra la crisis que hagan hincapié en: una relación coste-eficiencia óptima, la consulta y promoción de asociaciones público-privadas, el aumento de viviendas disponibles dado que, en época de crisis, el precio de la vivienda se ha reducido de manera significativa.
2. Contexto y observaciones generales sobre el problema de las personas sin hogar en la UE
Las personas sin hogar representaron un aspecto prioritario de la acción llevada a cabo en el marco del año europeo 2010 (3).
El problema de las personas sin hogar se mencionó por primera vez como asunto prioritario en el «Informe conjunto sobre protección social e inclusión social 2005». En 2007, la Comisión Europea publicó un estudio sobre la cuantificación del fenómeno de las personas sin hogar en la Unión Europea («Measurement of Homelessness at European Union Level») (4).
La lucha contra el problema de las personas sin hogar se ha convertido en una prioridad, puesto que es una parte importante de la estrategia de la UE para la protección y la inclusión social.
Mediante esta estrategia de la UE en el ámbito de la protección e inclusión social (también denominada «Método abierto de coordinación social»), la Unión Europea coordina y fomenta acciones nacionales y la creación de políticas para combatir la pobreza y la exclusión social según un mecanismo de presentación de informes, indicadores convenidos y conclusiones políticas finales aprobadas conjuntamente por la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de la UE.
El Parlamento Europeo ha aprobado una serie de iniciativas importantes sobre el problema de las personas sin hogar, incluida una declaración escrita sobre la resolución del problema de las personas sin hogar instaladas en la vía pública que se aprobó en 2008 (5). En ella se pide al Consejo que adopte un compromiso a nivel de la UE para resolver el problema de las personas sin hogar instaladas en la vía pública antes de 2015. El 6 de septiembre de 2010, cinco diputados al Parlamento Europeo publicaron una nueva declaración escrita apoyada por varios partidos sobre la necesidad de disponer de una estrategia sobre el problema de las personas sin hogar en la UE, que se aprobó en diciembre de 2010. El CESE considera que para alcanzar estos objetivos ambiciosos es necesario destinar fondos europeos (FSE y FEDER).
A finales de 2009, la Red de Expertos Independientes en Inclusión Social de la UE elaboró un informe (6) sobre las personas sin hogar y la exclusión en materia de vivienda en los Estados miembros de la UE que pedía que este problema fuera una parte integrante del método abierto de coordinación social y que se consolidara y continuara después de 2010.
El 17 de junio de 2010, el Consejo Europeo adoptó la nueva Estrategia Europa 2020. Para el año 2020, la UE tiene como objetivo reducir el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión en, al menos, veinte millones. La propuesta de la Comisión para 2020 incluye una Plataforma europea contra la pobreza para «definir y aplicar medidas adaptadas a las circunstancias específicas de grupos que presentan riesgos particulares, por ejemplo […] las personas sin hogar» (7).
En octubre de 2010, el Comité de las Regiones publicó el dictamen «Combatir el problema de las personas sin hogar», en el que estima necesario que la UE redoble los esfuerzos en la lucha contra este problema. El Comité de las Regiones propone promover la tipología ETHOS a nivel europeo, crear una agencia europea encargada de coordinar y apoyar la lucha contra el fenómeno de las personas sin hogar, promover la prevención de este fenómeno y la implicación de las regiones.
El «Informe conjunto sobre protección social e inclusión social 2010» (8), elaborado por la Comisión y el Consejo, hace un llamamiento a los Estados miembros para que creen estrategias que se centren en la prevención, la búsqueda de formas de alojamiento permanentes (alojamientos subvencionados y permanentes), un enfoque de «vivienda primero», acompañado de servicios sociales complementarios y una mejor administración.
Las recomendaciones más importantes de 2010 en el ámbito de las personas sin hogar se vuelven a mencionar en las conclusiones de la conferencia de consenso (9) celebrada a finales de 2010, año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social, propuesto por la Comisión Europea y con el respaldo de la Presidencia belga de la Unión Europea.
En 2011, Eurostat ha publicado un informe sobre las condiciones de vivienda en Europa en 2009 («Housing Conditions in Europe in 2009») (10) en el que menciona que en la UE hay 30 millones de ciudadanos que sufren a causa de un espacio insuficiente y viviendas en condiciones deficientes.
El fenómeno de las personas sin hogar puede comprometer de manera directa el respeto de los derechos humanos enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (11).
El punto 3 del artículo 24 de esta Carta reza: «Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes […]».
La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU garantiza el derecho a unas condiciones de vida adecuadas, incluida la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales. El punto 1 del artículo 25 reza: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios […]».
El artículo 31 de la Carta Social Europea revisada por el Consejo de Europa (12) dispone que todo ciudadano tiene derecho a la vivienda e invita a las partes a comprometerse a adoptar medidas destinadas a favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente, a prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación y a hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes.
El derecho a la vivienda se recoge en muchas Constituciones nacionales de los Estados miembros de la UE. Una vivienda adecuada es una necesidad y un derecho. El CESE recomienda a los Estados miembros que ayuden a todas las personas que, de conformidad con la legislación nacional en vigor, tengan derecho a tener acceso a una vivienda. Asimismo, invita a los Estados miembros y a la sociedad civil a supervisar este proceso. La existencia de un derecho legal ofrece una buena base para iniciar y desarrollar políticas eficientes para combatir el fenómeno de las personas sin hogar.
4. La exclusión social y la pobreza surgen de la carencia de vivienda
Según Eurostat (13), en la UE hay 30 millones de ciudadanos que padecen a causa de un espacio insuficiente y viviendas en condiciones deficientes. En 2009, el 6 % de la población de Europa sufrió una forma severa de privación de vivienda. En la UE, el 12,2 % de la población habita en viviendas cuyo coste de mantenimiento es elevado en relación con sus ingresos.
Las personas sin hogar que viven en la calle representan la forma de pobreza y exclusión más visible y extrema. Entre las personas sin hogar se observan otras situaciones, como las personas que viven en lugares de emergencia, temporales o de transición, las que viven de forma temporal con familiares o amigos, las que tienen que abandonar diferentes instituciones y no disponen de vivienda, las que se encuentran al borde del desahucio o las que viven en lugares inadecuados o inseguros.
El acceso a una vivienda de una calidad aceptable se puede considerar una necesidad humana básica.
El concepto «carencia de vivienda» incluye el hecho de contar con instalaciones deficitarias y se evalúa tomando como referencia viviendas con el tejado deteriorado, que carecen de bañera/ducha y retrete o demasiado oscuras.
Algunos Estados miembros que se adhirieron a la UE después de 2004 han señalado que una gran parte de su población se enfrenta a una severa carencia de vivienda, especialmente Rumanía, Polonia, Bulgaria y los países bálticos (14).
En muchos países, la pobreza está ligada al elevado coste de la vivienda: el 67 % de los europeos considera que una vivienda decente es demasiado cara. Esta opinión es especialmente común en la República Checa, Chipre (89 %), Luxemburgo, Malta (86 %) y Eslovaquia (84 %).
Uno de cada seis europeos afirma que es difícil hacer frente a los gastos cotidianos derivados de la vivienda (15). El 26 % de los ciudadanos de la UE considera que una vivienda decente es demasiado cara en la sociedad en la que vivimos. Entre las causas más corrientes de la pobreza, la falta de vivienda figura en cuarto lugar en la UE.
5. Definiciones del fenómeno de las personas sin hogar
Puesto que a escala de la UE no existe una definición funcional común de lo que es una persona sin hogar, esta varía considerablemente en función del Estado miembro. El fenómeno de las personas sin hogar es un proceso complejo y dinámico con diferentes rutas o vías de entrada y salida según cada individuo o grupo.
Existen diferentes tipos y grupos de personas sin hogar, por ejemplo hombres solos que viven en la calle; niños y adolescentes de la calle; jóvenes que salen de centros de acogida de menores; madres solas que viven en la calle; personas con problemas de salud como el alcoholismo, la dependencia; personas con trastornos psicológicos o psiquiátricos; personas mayores sin hogar; familias que viven en la calle; personas sin hogar que provienen de una minoría étnica, como los romaníes o las personas que tienen un estilo de vida nómada; inmigrantes sin hogar; solicitantes de asilo sin hogar (refugiados); segunda generación de niños que viven en la calle cuyos padres son, a su vez, personas sin hogar.
FEANTSA ha desarrollado una tipología, denominada ETHOS, sobre el fenómeno de las personas sin hogar y la exclusión basada en la carencia de hogar. Según esta tipología, tener una vivienda puede entenderse:
— desde el punto de vista físico: disponer de una vivienda (o un espacio) adecuada que pertenece exclusivamente a una persona y a su familia;
— desde el punto de vista jurídico: tener un título de propiedad;
— desde el punto de vista social: poder tener privacidad y disfrutar de relaciones sociales.
Esta definición lleva a cuatro conceptos principales que se pueden considerar como ausencia de hogar: sin techo, sin vivienda, vivienda insegura, vivienda inadecuada. Por eso, ETHOS clasifica a las personas sin hogar según su situación de vida o de su «vivienda». Estas categorías conceptuales se dividen en trece categorías operacionales, que se pueden utilizar para diferentes políticas, como por ejemplo para la cartografía de los problemas de la «carencia de vivienda», el desarrollo, la supervisión y la evaluación de estas políticas (16).
6. Estadísticas, indicios e indicadores
A escala de la UE, las oficinas nacionales de estadística y otras fuentes estadísticas oficiales de los Estados miembros no utilizan un único método uniforme para recoger datos sobre las personas sin hogar.
El modelo ETHOS, con sus categorías conceptuales, puede utilizarse para realizar estadísticas y cartografías de las personas sin hogar, evaluar las necesidades de los beneficiarios y de los recursos locales u organizativos, desarrollar, revisar y evaluar políticas.
Es necesario realizar estudios e investigaciones sobre el fenómeno de las personas sin hogar a escala de la UE tanto para entender las causas y las estructuras del fenómeno, como para elaborar políticas y coordinar y aplicar las estrategias. El CESE solicita a Eurostat (mediante el sistema de recopilación de datos EU-SILC (17)) y a los responsables de programas europeos que financian la inclusión de personas sin hogar que presenten una evaluación relativa a los últimos cinco a diez años, que ofrezca una visión de conjunto de la evolución del fenómeno de las personas sin hogar a nivel europeo.
7. Factores de vulnerabilidad y riesgo de exclusión ligados a la carencia de vivienda – Causalidad
Las causas que conducen al fenómeno de las personas sin hogar suelen ser complejas e interdependientes. Se trata de un cúmulo de factores que determina una situación de este tipo.
Existen diferentes tipos de factores de vulnerabilidad sobre los cuales hay que actuar para prevenir y resolver el problema de las personas sin hogar:
— estructurales: proceso económico, inmigración, ciudadanía, proceso del mercado inmobiliario;
— institucionales: servicios sociales principales, mecanismos de ayudas, procedimientos institucionales;
— relacionales: situación familiar, situación de las relaciones (por ejemplo, divorcio);
— personales: discapacidad, educación, dependencia, edad, situación de los inmigrantes;
— discriminación o ausencia de un estatuto legal: puede afectar en particular a los inmigrantes y a algunas minorías étnicas, como por ejemplo las comunidades de romaníes.
8. Servicios sociales o de emergencia y estrategias para acceder a la vivienda
Existen diferentes tipos de servicios de asistencia para las personas sin hogar: servicios residenciales y no residenciales. La promoción de la asociación público-privada es un factor clave para llevar a cabo estrategias para acceder a la vivienda. Es muy importante que existan viviendas permanentes y servicios médico-sociales de emergencia para reducir de manera significativa las muertes en la calle, así como que se promuevan las asociaciones, especialmente durante los meses de invierno y verano, puesto que hay países en los que parte de la población sin hogar muere en las calles siempre que una estación es muy calurosa o fría.
El CESE recomienda la difusión de modelos innovadores y de guías de buenas prácticas a nivel nacional y europeo que promuevan, a esos niveles, metodologías innovadoras e interactivas en las que las viviendas permanentes y los servicios complementarios necesarios representen la primera opción. El método abierto de coordinación puede aportar grandes beneficios en la promoción de políticas eficientes destinadas a integrar a las personas sin hogar.
El CESE recomienda desarrollar diferentes servicios y promover unos estándares mínimos para todos los servicios sociales destinados a responder a las diferentes necesidades de las personas sin hogar:
intervenciones sociales directas: asistencia social y jurídica para obtener una vivienda, albergues temporales, casas y apartamentos sociales, redes de asistencia y ayuda, centros polivalentes;
servicios especializados (personas sin hogar con el VIH, con necesidades especiales, etc.);
asesoramiento, asesoramiento jurídico, formación profesional;
formación empresarial para personas sin hogar y economía social;
supervisión y apoyo (asistencia comunitaria);
acciones de promoción familiar, social y cultural, programas de prevención.
El CESE sugiere llevar a cabo estrategias integradas mediante las cuales se creen servicios suficientes y complementarios en todos los ámbitos, que se correspondan con cualquier necesidad de los beneficiarios, especialmente de viviendas sociales. El CESE considera que para evitar el fallecimiento en la calle de personas sin hogar es necesario promover una legislación que imponga la creación de como mínimo un centro de asesoramiento y un albergue de emergencia para las personas sin hogar en cada región, cuya capacidad que se corresponda con el número de personas que viven en la calle. El CESE destaca la importancia de encontrar soluciones permanentes para integrar a las personas desfavorecidas mediante la construcción de albergues y viviendas permanentes y crear servicios sociales complementarios, especialmente para poder mantener las relaciones de apoyo intrafamiliar (padres-hijos, etc.) y, en la medida de lo posible, que los hijos se reintegren en la familia, en situaciones en los que hayan sido separados de sus padres a causa de la pobreza o de las duras condiciones en las que vivían.
El CESE recomienda a los Estados miembros que prioricen la elaboración de estrategias de prevención a medio y largo plazo.
No hay que utilizar los servicios destinados a las personas sin hogar de manera sistemática para compensar la falta de consecuencia en las políticas de inmigración y la falta de servicios específicos para los inmigrantes.
9. Observaciones específicas
La carencia de vivienda puede desembocar en la degradación humana, la discriminación por motivos de pertenencia social (a un grupo desfavorecido) y, en ocasiones, incluso en la muerte (especialmente en estaciones especialmente frías o cálidas). El CESE considera que el fenómeno de las personas sin hogar puede interferir directamente con los derechos humanos enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículos 1, 2, 3, 6, 7, 21 y 34) (18), así como en la Carta Social Europea revisada y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La integración social de las personas sin hogar es un proceso complejo y difícil. El CESE solicita a la Comisión Europea que elabore una estrategia ambiciosa de apoyo a los Estados miembros para erradicar el fenómeno social de las personas sin hogar mediante el desarrollo de estrategias nacionales eficientes. Estas tienen que centrarse en definiciones comunes, causas, acciones y efectos de impacto. El CESE solicita a la Comisión Europea que elabore una campaña de sensibilización sobre el fenómeno de las personas sin hogar, pues es absolutamente necesaria. El CESE recomienda que las políticas y las estrategias europeas se elaboren conjuntamente con las organizaciones que ofrecen servicios sociales, con personas que carecen de vivienda, con autoridades públicas y con la comunidad científica y de investigación.
El CESE recomienda a la Comisión que anime a los Estados miembros a que, en el futuro, destinen parte de su presupuesto y sus fondos a financiar o cofinanciar programas para las personas sin hogar (incluidos FSE y FEDER). El CESE considera que hay que incrementar los Fondos Estructurales FSE y FEDER en el período 2014-2020, que tienen que ser complementarios, y recomienda a los Estados miembros que incluyan en los programas nacionales operativos estrategias relativas al problema de las personas sin hogar [con referencia al Reglamento (CE) no 1083/2006] y medidas de disminución de los efectos negativos de la crisis económica para el acceso a la vivienda.
El CESE recomienda la promoción de políticas europeas que limiten cualquier tendencia especulativa en el mercado inmobiliario. En el marco del análisis de las políticas sociales europeas y nacionales, el CESE recomienda que se supervise la relación entre el sueldo mensual neto y el precio de la vivienda. El CESE considera que el acceso a una vivienda decente tiene que ser proporcional a la relación entre la mensualidad (o el alquiler) para los gastos derivados de la vivienda junto con los gastos cotidianos y el valor del sueldo medio neto de los ciudadanos europeos.
El CESE llama la atención sobre el hecho de que, en algunos países, la amplitud del fenómeno de las personas sin hogar va en aumento. Si hace algunas décadas sobre todo había adultos en las calles, el problema de la carencia de vivienda se ha diversificado y acusado en muchos estados europeos: existe un mayor número de mujeres sin hogar, hay familias que viven en la calle, niños y jóvenes sin hogar que viven en la calle, trabajadores que han perdido su vivienda por no pagar las mensualidades de sus créditos o por la crisis inmobiliaria y económica, cada vez hay más inmigrantes o comunidades étnicas sin hogar. Tristemente, la prueba de que este fenómeno está fuera de control en algunas zonas es la acentuada existencia de niños «de segunda generación» que viven en la calle y cuyos padres son, a su vez, personas sin hogar.
Bruselas, 27 de octubre de 2011.
(1) CSE revisada: Carta Social Europea del Consejo de Europa – 1961; su revisión por el Protocolo de 1995 incluye el derecho a la vivienda entre los derechos sociales fundamentales; solo catorce Estados de los 43 parte de esta Carta la han ratificado en sus legislaciones nacionales.
(2) El modelo finlandés «En primer lugar, la vivienda» muestra que los gastos para cada beneficiario asistido se reducen en 14 000 euros.
(3) http://ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_es.htm.
(4) http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2007/study_homelessness_en.pdf.
(5) Véase el anexo.
(6) http://www.peer-review-social-inclusion.eu/network-of-independent-experts/2009/homelessness-and-housing-exclusion.
(7) http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,fr&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=509103:cs&page.
(8) http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/10/st10/st10126.es07.pdf.
(9) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=637&langId=es&eventsId=315&furtherEvents=yes.
(10) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-11-004.
(11) Artículo 6 del Tratado UE: «La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea […], la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados.»
(12) http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/163.htm.
(13) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-11-004.
(14) Eurobarómetro.
(15) Según la nueva encuesta del Eurobarómetro sobre pobreza y exclusión social (MEMO/09/480 de 27.10.2009).
(16) La tipología ETHOS está en el anexo del informe. Véase también http://www.feantsa.org/files/freshstart/Toolkits/Ethos/Leaflet/EN.pdf.
(17) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc.
(18) Unión Europea, 2010 / ISBN 979-92-824-2588-6; / pp. 391-403. Asimismo, véase el punto 3.2 del dictamen.

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artículo 31
Artículo 6


text:
ANALISIS DEL INFORME
DE AGUAS PROVINCIALES
COMPANIA SUEZ EN SANTA FE ARGENTINA
PRESENTADO POR EL ENRESS
AL GOBERNADOR JORGE OBEID
EN ENERO DE 2004
ALBERTO D. MUÑOZ
En enero de 2004 el ENRESS (Ente Regulador de Servicios Sanitarios), le presenta al Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Jorge Obeid, un informe detallado sobre las renegociaciones, las tarifas, la facturación, el endeudamiento y el grado de cumplimiento de los compromisos contractuales, del PGMDS (Plan General de Mejoras y Desarrollo del Servicio), de la oferta que realizara oportunamente la compañía para ganar la concesión y de las sucesivas actas de acuerdo.
En dicho informe se tocan temas especialmente sensibles para los usuarios del servicio como las tarifas, la sobrefacturación, la no realización de obras comprometidas, la calidad del servicio y de atención de reclamos, los parámetros de calidad químico y bacteriológicos, la colocación de medidores, la presión de agua, las plantas de tratamiento de efluentes primario y secundario.
Así también se enfocan temas especialmente importantes para el concedente en tanto y en cuanto responsable último de los servicios sanitarios y de la concesión, como el grado de cumplimiento de los compromisos de mejora y expansión del servicio, las inversiones no realizadas o la evolución y características del endeudamiento de la empresa que hacen tanto a los objetivos declarados en la privatización de universalización del servicio de aguas, cloacas y micro-medición como a la eficiencia y eficacia de la empresa prestataria para cumplirlos.
HISTORIAL DE LA CONCESION
En su introducción el ENRESS define correctamente las características del contrato, razón por la cual todas las conclusiones posteriores deben enmarcarse en la misma:
El Contrato de Concesión fue definido originariamente como un contrato de “Metas y Objetivos”, en el que el Concesionario se obligaba a alcanzarlos, independientemente de los “medios” utilizados para ello.
Es útil recordar que el Pliego estableció, además de las Metas y Objetivos del Plan General de Mejoras y Desarrollo del Servicio (PGMDS), la totalidad de los valores tarifarios a aplicar por quien resultare Concesionario, excepto el de uno: el “precio del metro cúbico de agua potable” (Pq). Este era el único valor que debía ofertar cada interesado, siendo todos los restantes valores prefijados. Los ingresos que el Concesionario obtendría por ellos, debían garantizar la ejecución de la totalidad de las obras y acciones que le permitiesen cumplir con las ya mencionadas Metas y Objetivos, a lo largo de los treinta años de concesión.
A continuación realiza una breve historia de las sucesivas renegociaciones:
PRIMERA RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
Se inicia por Decreto Nº 726/97 el 23/05/97, y tiene por objeto disminuir los valores de los cargos de infraestructura, conexión, desconexión y no conexión que deben abonar los usuarios de las redes de expansión de agua potable y cloacas establecidos en el Contrato.
Hace falta aclarar en este punto que para este momento a solo 18 meses de iniciada la concesión la empresa no había cumplido con el compromiso contractual del PGMDS para el 1° año, lo que había motivado la resolución 142/97 del ENRESS que le negó la primera evolución del 4%.
No siendo 1996 un año de problemas económicos graves para el país y habiendo invertido la empresa la suma ofertada así como elevado considerablemente su endeudamiento solo cabe pensar que la misma decidió premeditadamente no cumplir con el contrato.
Incumplimientos de Aguas Provinciales 1º año PGMDS
Superficie de expansión
Metros de cañería ppal.
Metros de cañería red dis.
Resolución 142/97 ENRESS
La Ley 11.665 (14/04/99) autoriza en forma genérica al Poder Ejecutivo Provincial (PEP) a acordar las modificaciones. Culmina el 28/04/99, cuando la Provincia y APSF firman el Acta Acuerdo, mediante la cual resuelven introducir modificaciones tarifarias y al PGMDS, que se pueden resumir como seguidamente se indica:
Reducción de los valores de los cargos de infraestructura, conexión, desconexión y no conexión.
Establecer como compensación al Concesionario:
La reducción de los aportes patronales previstos por el decreto PEN Nº 292/95.
Un incremento sobre el precio del metro cúbico de agua equivalente al 13,85%.
La reprogramación de las obras y metas a cumplir del PGMDS: años 1 Post Renegociación (PR), 2 PR, 3 PR, 4 PR y 5 PR
En este punto queremos remarcar que además de los cuestionamientos a la Ley 11.665 por delegar facultades indelegables del poder legislativo (como las que connotan carácter impositivo), que la misma no puede ser tomada en forma genérica o atemporal ya que en su artículo 2° se refiere expresamente al proceso de renegociación abierto con el Decreto 726/97 y que por lo tanto cualquier variación contractual definitiva deberá ser tratada legislativamente.
Durante el Año 1 PR (01-05-99 al 30-04-00) el Concesionario cumplió con las inversiones. El 28-04-00 presentó el pedido de la evolución tarifaria por haber cumplido 80 metas, y en las 5 metas no cumplidas solicitó dispensa por causales de fuerza mayor, que fueron aceptadas por el ENRESS, el que aprobó por Resolución Nº 298/00 el cumplimiento de las obligaciones respecto de las inversiones que debía realizar.
El Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda (MOSPyV) emitió Resolución autorizando la evolución tarifaria, motivo por el cual a partir del 01/10/00 el precio del metro cúbico de agua se incrementó en un 4% pasando a costar $ 0,3392 el m3 (a partir del 5° bimestre del 2000 hasta la actualidad).
Es válido aclarar que la resolución 298/00 del ENRESS fue duramente cuestionada por las Asociaciones de Consumidores en el marco del Concejo Consultivo, por el Intendente de Rosario en lo referente a las obras propuestas para solucionar el problema de inundaciones del casquete céntrico de la ciudad y por los Intendentes de Esperanza y Rafaela especialmente afectados por la postergación de las metas referidas a la calidad del agua comprometidas en la matriz anual y suspendidas por “causales de fuerza mayor”.
El precio del m3 de agua que había ofertado la empresa para ganar la concesión, $ 0,2865 paso a $ 0,3262 en el 3° bimestre de 1999 (Acta Acuerdo 28/4/99) y a $ 0,3392 en el 5° bimestre del 2000 ( evolución 4 % año 1PR, resolución 298/00 ENRESS).
Resulta muy elocuente el análisis que posteriormente realiza el ENRESS sobre las obligaciones contractuales no pertenecientes a la matriz al 6/11/00, momento para el cual ya se habían realizado dos aumentos tarifarios desde el inicio de la concesión:
Con respecto al resto de las obligaciones contractualmente subsistentes (no pertenecientes a la matriz) se determinó por Resolución ENRESS Nº 430/00 de fecha 06/11/00 (Informe Anual Año 1 PR) en su Artículo 5º que el Concesionario incurrió en los siguientes incumplimientos: Calidad de agua, Calidad de desagües cloacales, Micromedición, Olores en las estaciones elevadoras de líquidos cloacales de Santa Fe, Sistemas de captación de aguas superficiales, Protección catódica del acueducto Esperanza-Rafaela, Plan de monitoreo continuo, Presión de abastecimiento y pretensión de responsabilizar al Concedente de decisiones judiciales adversas.
SEGUNDA RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
Se inicia por Decreto Nº 1691/00 el 14/06/00. Tiene por objeto adecuar la Concesión a la nueva realidad socioeconómica Provincial. Faculta al MOSPyV a acordar la suspensión de metas y obligaciones contractuales y concede a los negociadores 180 días para elevar la propuesta al PEP. El marco normativo son las Leyes 11.220 y 11.665, siendo esta última la que condiciona las facultades otorgadas al PEP a que se mantenga el principio de igualdad de los oferentes y se respete la ecuación económico financiera original del Contrato.
El 25-08-00 se firmó la denominada ACTA I entre los entonces Ministro de Obras Públicas y Secretario de Servicios Públicos, Ing. Juan Morín y Edgardo Berli respectivamente por el P.E.P. y Alberto Gregorini, Guillermo Cedaro y Pierre Achard por APSF SA, donde se acordó:
Reglamentar la aplicación del Decreto 2141/99 sobre Casos Sociales.
Reducir el servicio de agua potable como paso previo al corte por falta de pago en viviendas familiares.
Suspender las Metas y Objetivos contractuales del PGMDS, determinando algunas excepciones.
Determinar los compromisos y normas de calidad a cumplir por el Concesionario durante el proceso de revisión contractual.
Hay que remarcar que en los recurrentes decretos del poder ejecutivo, para abrir la renegociación en diferentes administraciones se repitieron expresiones como las del artículo 5° del Decreto 1691/00: “Facúltese al Ministerio de Obras Servicios Públicos y Vivienda para que de común acuerdo con el concesionario Aguas Provinciales de Santa Fe S.A., proceda a acordar la suspensión de metas objetivos contractuales...”, lo cual se vio reflejado posteriormente en las distintas actas-acuerdo con la firma de concedente y concedido.
De esta situación se extraen las siguientes conclusiones:
El Concedente extendió con sus decretos un paraguas protector para los incumplimientos contractuales.
No se respetó el principio de igualdad de los oferentes, modificando tarifas y cronograma de obras.
El Concesionario provocó una variación en la ecuación económica del contrato al no realizar las obras y afectar por lo tanto directamente su recaudación ya que su curva de facturación estaba ligada a las obras que debía realizar.
TERCERA RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
Por Decreto Nº 221/02 del 01/03/02 el PEP dispuso la creación de la “Comisión de Revisión del Marco Regulatorio y Contractual” en el MOSPyV. Luego, por Decreto Nº 1252/02 del 13/06/02 el PEP estableció un plazo de 180 días a la Comisión para elevar el Proyecto acordado.
El 16-08-02 el Concesionario y sus accionistas se presentaron al “Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones” (CIADI), motivados por la Ley Nº 25.561 de Emergencia Económica, e invocando la Ley Nacional Nº 24.100 que aprueba el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y la República de Francia, que establece que en tal situación invocada por una de las partes corresponde el inicio de consultas amistosas por un período de 6 meses, previo al procedimiento de arbitraje.
En abril del 2002, comienza a funcionar la comisión creada para analizar la renegociación del contrato, con la participación por primera vez de un miembro de las asociaciones de consumidores, el Ing. Luis Lombó, quién luego de denunciar la falta de información y seriedad de las reuniones se ve obligado a renunciar, siendo colocado en dicho lugar un vecinalista cercano a la empresa.
El 7 de agosto de 2002, la empresa presenta su propuesta de renegociación, confirmando las peores presunciones de los usuarios, a tal punto que el secretario de servicios públicos Ing. Edgardo Berli, le contesta el 23 de agosto con términos durísimos:
Sobre el seguro de cambio: “El riesgo empresario asumido por APSF SA en la selección de las fuentes de financiamiento, su tasa de interés, el tipo de moneda y los plazos, el compromiso que la empresa asumió en relación con su nivel de endeudamiento, falta de previsión cambiaria etc., no puede pretender trasladarlo al concedente”
Sobre el régimen de Garantías: “El Régimen de Garantías se encuentra previsto en el contrato, y consiste en la obligación de APSF SA de constituir una garantía de contrato a favor de la Provincia de Santa Fe de u$s 50.000.000 y otra de operación de u$s 10.000.000, renovables anualmente, y ajustables en sus montos de acuerdo a la inflación interna de los Estados Unidos de Norteamérica.
Al respecto, en esta oportunidad, solo cabe destacar que la Concesionaria deberá ajustarse a las obligaciones que surgen del marco contractual”
Sobre el aumento del 13,85 % y los incumplimientos: “Como es público y notorio, APSF SA por diversos motivos, no ejecutó las ampliaciones de las redes tal cual lo pactado oportunamente”.
“Por lo consiguiente hoy puede considerarse que la empresa sigue cobrando un adicional tarifario que no le corresponde...”
Esta actitud en defensa de las obligaciones contractuales, pocas veces sustentada por el concedente, provocó la remoción del Ing. Edgardo Berli y su sustitución por el Ing. Eduardo Caggiamo, auque a la postre el Ing. Berli terminaría siendo ministro del MOSPyV y retractándose de sus dichos.
En la práctica se terminó aceptando el cambio del régimen de garantías, aumentando el Cargo de Micromedición, postergando el debate sobre la apropiación indebida de parte del 13,85 %, acta acuerdo del 28/4/99 y nuevamente condonando los incumplimientos contractuales como se manifiesta en las actas posteriores que menciona en su informe el ENRESS: .
EL 29-10-02 se firmó la denominada “Acta Transitoria” entre el El CPN José María Candioti, el Ing. Eduardo Gaggiamo y el Dr. José Ignacio Baragiola por el MOSPyV y los Sres. Alberto Gregorini y Ricardo Dall’ Aglio por APSF SA, por la que las partes acordaron lo siguiente:
Suspender el cumplimiento por parte del Concesionario de todas las metas y objetivos del contrato o dispuestas en modificaciones contractuales posteriores, con ciertas excepciones.
Establecer pautas relacionadas con micromedición, calidad, prestación del servicio, obras en campo de bombeo Esperanza – Rafaela, conexiones de agua potable y cloacas.
Cancelar el Concedente la totalidad de las deudas con APSF SA.. En tanto el Concedente cumpliera con los pagos, el Concesionario se comprometía a mantener el cronograma de inversiones en la obra “Campo de bombeo y obras complementarias Acueducto Esperanza – Rafaela”.
Mantener la vigencia del Decreto N° 2141/99 - Casos sociales, y lo dispuesto en el Acta N° I.
Ratificar la vigencia del Acta I en materia de reducción y corte del servicio por falta de pago.
Suspender los procedimientos sancionatorios a APSF SA en trámite, y el inicio de nuevos procedimientos de igual naturaleza por causas anteriores a la fecha de vigencia el Acta; y establecer que los que en lo sucesivo se inicien serían tratados en el marco de la Resolución N° 223/99 del ENRESS sobre solución de controversias.
Establecer que las medidas son de carácter transitorio y excepcional.
Fijar como fecha de vencimiento para elevar un proyecto de acuerdo de modificación al régimen regulatorio y contractual el 16-12-02.
Suspender los trámites administrativos recursorios de las revisiones tarifarias por modificación de la convertibilidad, para acordar las modificaciones que correspondan en el ámbito de la Comisión Decreto N° 221/02.
Uniformar el período de evaluación de los informes anuales, haciéndolos coincidir con el año calendario y el ejercicio económico del Concesionario.
Establecer que si el Concesionario adeudase sumas con motivo de la obligación asumida en el Anexo 14 del Contrato (Deudas con Organismos Multilaterales de crédito), éstas se compensarán de común acuerdo.
Las obras de la matriz año1PR (1/5/99-30/4/00) de Rafaela y Esperanza “propuestas para satisfacer las normas de calidad establecidas en el Anexo A de la ley 11.220” (Parámetros obligatorios de calidad del agua), que habían sido postergadas de esa matriz, se encontraban a marzo de 2002 con solamente un avance del 20% según el ENRESS y vuelven a aparecer en el Acta Transitoria del 29/10/02 con finalización incierta sujetas a otros condicionantes.
Esta situación de incumplimientos sobre la calidad del agua se reprodujo en Cloacas y en la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes actualmente al límite, lo que provocó las duras declaraciones del intendente de la ciudad de Rafaela, Omar Perotti (1/7/94): “la comunidad de Rafaela solamente va analizar una recomposición de las relaciones con la empresa si se ven obras”, en contraposición la empresa APSF, en su respuesta a la resolución N° 313, MOSPyV del 11/11/03, ofertó para el primer cuatrimestre del 2004 realizar un ensayo piloto de protección catódica de unos 200 mts. del acueducto y retoques en la planta depuradora, o sea nuevamente palabras.
POBLACIÓN CON SERVICIO DE CLOACAS SEGÚN ENRESS
A solo 42 días de haber firmado el acta transitoria, la empresa presenta el documento que el ENRESS describe a continuación en su informe:
El 11-12-02 el Concesionario presentó el documento “APSF S.A. – Plan de Emergencia 2003” planteando la necesidad de recursos de $ 30.600.000, solicitando un inmediato incremento tarifario; y cambios en la política de casos sociales, tasa retributiva, intereses resarcitorios, cancelación de deudas de viviendas del FONAVI, etc. La propuesta fue remitida al ENRESS para su evaluación y dictamen.
La presentación fue rechazada no resultando un dato menor que del 26 de septiembre al 1 de octubre del 2002 un conjunto de asociaciones de consumidores, ecologistas, vecinalistas y docentes entre otros realizó un Plebiscito en las 15 ciudades concesionadas donde votaron 256.235 personas por la rescisión del contrato.
Si bien el Plebiscito no tenía características ni vinculantes ni legales, la presencia de las más diversas organizaciones sociales, la participación masiva, las adhesiones de todo tipo de instituciones y los 976 lugares de votación distribuidos en las 15 ciudades, perforaron la política de censura implementada por la empresa produciendo una fuerte condena pública que fue registrada tanto por el concedente como por el concesionario.
A pesar de ello y luego de múltiples reclamos por las demoras y/o negativas de la empresa APSF S.A. a colocar los medidores pedidos por los usuarios, la comisión creada por el Decreto 221/02, que no había avanzado en la resolución de los problemas crónicos que arrastraba la concesión, dicta la resolución N° 001 del 30/12/02, subiendo el precio del Cargo de Micromedición de $ 100 más IVA a $ 204 más IVA (Medidor Casa de Familia), igual criterio se tomaría mas tarde con los medidores industriales, resolución N° 003, 19/9/03.
En cuanto a la constitución de Garantías del Contrato y del Operador el ENRESS dice en el capítulo destinado a tal tema:
A.P.S.F.S.A. presentó anualmente las Garantías de Contrato y de Operación de acuerdo a lo estipulado en el contrato de concesión hasta las del año 2001-2002 inclusive. Estas últimas, fueron presentadas a fines del año 2001 y fueron aceptadas por Resolución MOSPyV N° 095/02 del 20/05/02 a saber: a) GARANTIA DE CONTRATO por una suma total de U$S 56.885.640,00, monto correspondiente al valor ajustado, según el siguiente detalle: a-1) Fianza Bancaria por la suma de U$S 5.688.564,00, emitida por el Banco Francés; a-2 Fianza Bancaria por la suma de U$S 7.110.705,00, emitida por el Banco de Galicia y Buenos Aires; a-3) Carta de Crédito Irrevocable Stand-by por la suma de U$S 37.891.525,00, emitida por el Banco Crédit Lyonnais; c-4) Carta de Crédito irrevocable Stand –by por la suma de U$S 6.194.846,00, emitida por el Banco Santander Central Hispano. b) GARANTIA DE OPERACIÓN por una suma total de U$S 11.377.128,00, monto correspondiente al valor ajustado, según el siguiente detalle: b-1) Carta de Crédito Irrevocable por la suma de U$S 11.377.128,00, emitida por el Banco Crédit Lyonnais. El plazo de vigencia de todas las garantías era de un año desde el 28/11/01 hasta la medianoche del 29/11/02.
Por Nota N° 4161 GRI del 1° de noviembre de 2002, el Concesionario presentó ante el MOSPyV documentación tendiente a cumplir con la constitución de las garantías de contrato y de operación. Lo hizo “pesificando” los montos correspondientes a una relación uno a uno y por un plazo de seis meses.
Por Resolución MOSPyV N° 087/02 del 28/11/02 el MOSPyV (Ing. Berli) autorizó con carácter provisional, las modificaciones contractuales que suponen aceptar la pesificación de las obligaciones de las garantías exigidas por el Numeral (sic) 10 del Contrato de Concesión, suspendió la vigencia anual de las garantías previstas en el contrato mientras dure el proceso de renegociación y dispuso su duración por el término de seis (6) meses y, por último, aceptó las fianzas presentadas por la Empresa A.P.S.F.S.A.
Por Resolución MOSPyV N° 135/03 del 10/06/03, el MOSPyV aceptó, al producirse el vencimiento de las anteriores, y sin intervención del Ente, las garantías presentadas por A.P.S.F.S.A., en los términos de la Resolución MOSPyV N° 087/02, a saber: a) GARANTIA DE CONTRATO: Por la suma total de $56.885.640,00, monto correspondiente al valor ajustado, según el siguiente detalle: a-1) Carta de Crédito Irrevocable por la suma de $7.900.783,00, emitida por el Banco Galicia y Buenos Aires S.A.; a-2) Fianza Bancaria por la suma de $ 16.313.537,00, emitida por el Banco Río de la Plata S.A.; a-3) Fianza Bancaria por la suma de $ 32.671.319,00, emitida por el Banco Río de la Plata S.A.. b) GARANTIA DE OPERACIÓN: Por la suma total de $ 11.377.128,00, monto correspondiente al valor ajustado, según el siguiente detalle: b-1) Fianza Bancaria por la suma de $ 11.377.128,00, emitida por el Banco Río de la Plata S.A..El plazo de vigencia de todas las garantías era de seis meses desde el 30/05/03 hasta la medianoche del 29/11/03.
Como último capitulo del 2003 el entonces Ministro de Obras Servicios Públicos y Vivienda Ing. Edgardo Berli siempre ligado a las sucesivas renegociaciones de contrato a lo largo de los distintos gobiernos, saca la resolución N° 313 del 11/11/03, declarando a solo días de retirarse de la función como “inviable” al contrato con APSF S.A.(Diario La Capital, 26/11/2003).
El 11-11-03 el MOSPyV dictó la Resolución N° 313/03, que en lo sustancial dispuso:
Dejar sin efecto el Acta Acuerdo suscripta entre el MOSPyV y APSF SA el 29 de octubre de 2002.
Establecer, hasta tanto se acuerde el Marco Regulatorio y Contractual de la Concesión, una serie de normas y pautas a cumplir por APSF SA.
En esta resolución se le vuelven a conceder Pautas Diferenciales para los parámetros de calidad, se le asignan obras para enmendar el incumplimiento de los compromisos con respecto a los desagües pluviocloacales del casquete céntrico de la Ciudad de Rosario (reiteradamente impugnadas por la Dirección de Hidráulica de la Municipalidad) y se le asigna un destino diferente al Cargo Compensatorio del Anexo I del Acta Acuerdo del 29/4/99 (aumento del 13,85 %) lo que representaba, de haberse cumplido, una verdadera sustracción de fondos aportados por los usuarios para las obras de expansión hacia el concedente y el concesionario.
Es importante recordar que unilateralmente la empresa APSF S.A. había demandado a nuestro país en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) después de la devaluación, por 161,1 millones de dólares, constituyéndose el tribunal el 17 de febrero de 2004 en Washington y realizándose la primera audiencia el 7 de junio último con la presencia por Santa Fe del Ing. José Manuel Kers, Presidente del ENRESS y Pedro Giardino, Secretario de Servicios Públicos.
Dicha medida en el marco de una concesión que ha estado parada 71 meses de los 104 que lleva, 68% (por pedido del concesionario y anuencia del concedente) representa una nueva presión sobre la tercera renegociación abierta por el Decreto 221/02, a la que ha atendido prontamente el Secretario de Servicios Públicos Pedro Giardino anunciando posibles aumentos para el año 2005 en sus declaraciones del 15 de julio último.
Aunque el informe del ENRESS parece pretender exculpar los reiterados incumplimientos contractuales así como la ineficiencia de la empresa al catalogar el nivel alcanzado en la prestación de los servicios sanitarios como “aceptable”, de su lectura detenida puede extraerse claramente el balance de 8 años de gestión de los servicios sanitarios a cargo de la empresa APSF S.A. en el que indudablemente repartirán culpas concedido y concedente, pero dejando claro que si alguien debiera demandar en el Ciadi por “expropiación” como dice la empresa, esos somos los usuarios de las 15 ciudades concesionadas.
INVERSIONES, OBRAS Y METAS DEL PGMDS ORIGINAL Y REPROGRAMADO
Como hemos dicho anteriormente el Contrato era de Metas y Objetivos independientemente de los medios que la concesionaria debiera utilizar para ello, incurriendo la misma en incumplimientos del PGMDS (Plan General de Mejoras y Desarrollo del Servicio) aun en los años 1996 y 97 en que si cumplió con los montos ofertados de inversión.
AÑO 1 ( 06/dic/95 al 05/dic/96)
M$ 49,5
AÑO 2 ( 06/dic/96 al 05/dic/97 )
M$ 38,6
AÑO 3 ( 06/dic/97 al 05/dic/98)
M$ 67,9
AÑO 4 ( 06/dic/98 al 05/dic/99 )
M$ 66,7
AÑO 5 ( 06/dic/99 al 05/dic/00 )
M$ 67,3
“Informe de Evaluación de Ofertas Económicas”
El ENRESS describe en el informe la situación del año 1 de la concesión y el paraguas protector que ya hemos descrito para los años 2 y 3:
Con respecto a los incumplimientos incurridos durante el Año 1 de la concesión (05/12/95 al 05/12/96), los que dieran origen a lo dispuesto en la Resolución Nor. 0142 / 97 se considera pertinente consignar que en su parte dispositiva la misma determinó que durante el primer año de concesión, A.P.S.F. incurrió en atrasos en las siguientes metas: a) Nivel de servicio cloacas, b) Expansión servicio agua y c) Expansión de servicio cloacas, establecidas en el Plan General de Mejoras y Desarrollo del Servicio de acuerdo a los términos del Pliego, su Oferta y el Contrato y en la ejecución de distintas Obras Particulares previstas en el PGMDS.
Con referencia a los incumplimientos registrados durante los Años 2 y 3 de la concesión, corresponde informar que mediante el Decreto Nro. 726/97 se dispuso la apertura de una instancia renegociadora del contrato de Concesión, ratificándose posteriormente por resolución ministerial el Acuerdo de Partes suscripto con fecha 10/10/97 donde se convino, entre otras acciones, la suspensión de los plazos previstos para el cumplimiento de las metas y objetivos correspondientes a los años 2 y 3 hasta tanto finalizaran las negociaciones.
A partir del 1/5/99 se reprograman las obras según el Acta Acuerdo del 28/4/99, Ley 11.665 dando origen a las Matrices de los años 1PR,2PR,3PR,4PR y 5 PR (Pos Renegociación) como indica el informe del ENRESS:
A partir de la sanción de la citada Ley 11.665 las principales obras y acciones a desarrollar por la Empresa quedaron reflejadas en la Matriz de Cumplimiento Anual de Metas y Compromisos del PGMDS – Reprogramado, (AÑOS 1PR, 2PR, 3PR, 4PR y 5PR) cuyo cumplimiento habilitaría anualmente la evolución tarifaria del 4 % sobre el precio del metro cúbico de agua potable, quedando subsistentes las restantes obligaciones contractuales.
La Matriz de cumplimiento del año 1PR fue aprobada por el ENRESS con todos los cuestionamientos que ya hicimos oportunamente, describiendo en el informe la situación hasta el 4° año PR:
En el período se ejecutaron fundamentalmente las obras previstas taxativamente para la etapa de transición en el acuerdo suscripto durante el desarrollo de la renegociación y algunas otras obras, en general de menor significación, propuestas por el Concesionario.
Por las causas señaladas, la diferencia entre las obras efectivamente realizadas y las comprometidas, primero en el contrato original, y luego en el 1er. acuerdo de renegociación, es significativa, y ha ido adquiriendo un volumen creciente al incorporarse progresivamente nuevas obras y acciones postergadas, conforme se ha extendido el término de la revisión contractual, afectando sucesivamente el desarrollo de nuevos períodos anuales.
El detalle completo de los incumplimientos producidos con origen en dicha causa, las obras involucradas en cada jurisdicción y la estimación de los respectivos montos de inversión formaron parte del Informe elaborado por la Gerencia de Operaciones e Infraestructura del Servicio en el mes de agosto de 2002, con la información que requiriera la Secretaría de Servicios Públicos del M.O.S.P. y V. por Nota SSP Nº 093 y sus ampliaciones, que fuera contestada por el Directorio del ENRESS por Nota N° 210 – D de fecha 17-09-02, que más adelante se resume.
En cuanto a la estimación del monto de las inversiones comprometidas de acuerdo al PGMDS Reprogramado, no cumplidas por APSF por cualquier motivo (derivadas de paralizaciones consensuadas o incumplimientos) año por año, y su comparación con las efectivamente realizadas se consignan a continuación, transcribiéndose los aspectos pertinentes del mencionado informe, debidamente actualizado.
Incumplimientos vinculados con la EXPANSIÓN del servicio:
PERIODO : AÑO 1PR ( 01/05/1999 al 30/04/2000)
- No se consignan incumplimientos en el rubro
PERIODO : AÑO 2PR, 3 PR y 4 PR (01/05/2000 al 30/04/2001 y siguientes):
- Se consignan incumplimientos conforme al siguiente cuadro:
Monto no cumplido
AÑO 2 PR
(01/05/00 al 30/04/01)
AÑO 3 PR
(01/05/01 al 30/04/02)
AÑO 4 PR
(01/05/02 al 30/04/03)
$ 45.600. -
$ 16.800. -
$ 1.001.580. -
$ 910.700. -
$ 752.400. -
$ 390.100. -
$ 476.400. -
$ 758.600. -
$ 286.800. -
$ 851.400. -
$ 432.600.-
$ 162.000.-
$ 1.009.800.-
$ 674.400.-
$ 1.163.040.-
$ 951.600.-
$ 976.200.-
$ 356.400.-
$ 1.045.200. -
$ 1.135.900. -
$ 957.450. -
$ 658.800. -
$ 5.563.000. -
$ 6.386.560. -
$ 6.234.600. -
$ 87.600. -
$ 93.600. -
$ 91.200. -
$ 302.200. -
$ 278.240. -
$ 550.800. -
$ 3.513.500. -
$ 5.865.500. -
$ 4.131.600. -
$ 5.330.020. -
$ 1.526.620. -
$ 983.400. -
$ 20.509.900. -
$ 18.296.710. -
$ 17.263.600. -
Informe enero 2004 ENRESS
Incumplimientos vinculados a la MEJORA en la prestación del servicio:
AÑO 1 PR
(01/05/99 al 30/04/00)
$ 637.297. -
$ 637.297.-
$ 2.628.600.-
$ 44.850.-
$ 1.044.000.-
$ 57.500.-
$ 55.860.-
$ 1.284.300.-
$ 39.360.-
$ 493.100.-
$ 215.390.-
$ 1.346.400.-
$ 18.260.-
$ 38.400.-
$ 296.810.-
$ 3.120.000.-
$ 191.900.-
$ 735.200.-
$ 7.963.430.-
$ 9.886.436.-
$ 8.463.936.-
$ 20.159.893.-
$ 140.400.-
$ 1.899.210.-
$ 1.901.250.-
$ 1.402.100.-
$ 2.598.910.-
$ 48.140.-
$ 607.850.-
$ 17.230.046.-
$ 11.650.896.-
$ 40.017.143.-
INVERSIÓN NO REALIZADA TOTAL DEL PGDMS REPROGRAMADO
INVERSION COMPROMETIDA
INVERSIÓN NO REALIZADA
01/may/99 al 30/abr/00
$ 32.703.294.-
$ 28.760.468.-
$ 3.942.826.-
01/may/00 al 30/abr/01
$ 37.739.946.-
$ 8.080.460.-
$ 29.659.486.-
01/may/01 al 30/abr/02
$ 29.947.606.-
$ 4.686.628.-
$ 25.260.978.-
01/may/02 al 30/abr/03
$ 57.280.743.-
$ 1.830.036.-
$ 55.450.707.-
01/may/03 al 30/abr/04
$ 18.628.548.-
Informe ENRESS enero 2004
Por la magnitud de las inversiones necesarias para cumplir la meta contractual del casco céntrico de Rosario transcribimos a continuación algunos de las afirmaciones que realiza el ENRESS en el informe, alegando nuevamente la suspensión de obras y plazos, pero reconociendo la validez de los reclamos hechos por la Municipalidad de Rosario:
Respecto al objetivo contractual referido a la “ Renovación y/o Rehabilitación de los Desagües Pluviocloacales del Radio Antiguo de la ciudad de Rosario”, por su significación relativa se informa a continuación:
La inversión estimada como necesaria para el cumplimiento de la meta contractual reprogramada, según los informes presentados oportunamente por APSF SA y las alternativas técnicas por la que se optare, varía entre un mínimo de $ 150.978.960.- y un máximo de $ 221.720.400.-
El Ente Regulador se ha expedido en el tema en cuestión en la Resolución Nº 0287/00, y ante un requerimiento de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario, en el marco del Art. 25 de la Ley 11.220, actuaciones que obran en el Expte. Nº 16501-0002061-6
El Concesionario sostuvo por su parte que el monto de inversión necesario para el cumplimiento de la meta excedía el compromiso contractual, ante lo cual el ENRESS se expidió afirmando que siendo el contrato de metas y objetivos y no de medios, la obligación exigible al Prestador de acuerdo al contrato, es asegurar la capacidad de drenaje suficiente en el Radio Antiguo para precipitaciones de una recurrencia de cinco años con los sistemas trabajando con escurrimiento a gravedad. Dicha capacidad de drenaje debió estar disponible como máximo al 30/abr/03.
Este criterio fue oportunamente compartido por el Sr. Secretario de Servicios Públicos y por el Sr. Ministro de Obras, Servicios Públicos y Vivienda en el expediente citado precedentemente.
Producida la discrepancia señalada y formuladas las objeciones técnicas por parte del ENRESS al plan presentado para el AÑO 2 PR por APSF, y ante el requerimiento de adecuación del respectivo Plan de Acción por Resolución Nº 0287/00, operó la suspensión de obras y plazos como consecuencia del Decreto N° 1691/00.
A lo largo de 8 años de concesión desentrañar el monto de inversión realmente realizada por APSF S.A. ha sido una tarea muy dificultosa en la que renegociación tras renegociación y acuerdo tras acuerdo se vinieron mostrando números distintos.
La misma empresa en su publicidad de diciembre del 2000 y 2001 dice:
“ 250 millones de pesos invertidos en los últimos cinco años” (2000)
“ en seis años invertimos 250 millones de dólares” (2001)
Mas allá del cambio de pesos a dólares utilizado publicitariamente en la terminología (ya que tanto para la inversión como para la recaudación el tipo de cambio durante esos seis años fue de 1 peso / 1 dólar), se desprendería de esta publicidad que la empresa no invirtió un solo peso durante el año 2001.
De la comparación del monto de inversiones ofertado según el Grupo Consultor “Interbonos Capital Markets y Sir Williams Halcrow & Partners Ltd.”, que bajo el título: “Informe de Evaluación de Ofertas Económicas”, analizó las propuestas de los oferentes, con el monto comprometido según Acta Acuerdo 28/4/99 y con las distintas propuestas de la empresa e informes del ENRESS podemos concluir que en todos los casos a partir del año 1997 y más allá de las diferencias el monto efectivamente invertido estuvo muy por debajo del comprometido.
Queremos acotar solo como antecedente que la concesionaria pretendió acreditar como inversiones para el primer año los gastos de preparación de la oferta, propuesta que le fue denegada.
CONTRATO OF. APSF 7/4/98 ACTA 20/12/00
REALIZADA COMPROMETIDA REALIZADA
ENRESS 8/4/02 ACTA 28/4 /99 ENRESS 01/04
Algunas aclaraciones sobre el cuadro anterior:
La curva negra es la oferta de inversiones inicial del contrato muy superior a todas las posteriores excepto en el 1° y 2° año de concesión.
La inversión en el 1° año de concesión reconocida tanto por la empresa como por el ENRESS fue de 55 millones de pesos, aunque no cumplió con los compromisos contractuales del PGMDS.
Las curvas del compromiso Acta Acuerdo 28/4/99 y de evaluación del ENRESS sobre el PGMDS Reprogramado (01/2004) se toman a partir del 4 año de la concesión, 1° PR con fecha 1/5/99 al 30/4/00 y sucesivos.
La curva del ENRESS (8/4/02), fue suministrada al Diario El Ciudadano de Rosario por el ente.
Del cuadro anterior puede desprenderse claramente que en cada renegociación los compromisos pactados fueron siempre menores a los preexistentes y las inversiones posteriores de la empresa menores aún.
INCUMPLIMIENTOS DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD
ANEXOS A Y B DE LA LEY 11.220
Oportunamente fue denunciado por las Asociaciones de Consumidores y entre otros por el Diputado Provincial Alfredo Cecchi el no cumplimiento por parte de la ley 11.220 de los parámetros establecidos por el Código Alimentario Nacional, situación que se fue agravando al concederse a la empresa sucesivas pautas diferenciales de calidad de agua y de barros (efluentes).
Limite obligatorio
Máximo Código Alimentario Nacional
(1)- contenido límite recomendado para temperatura media y máxima del año (ºC) 26,3 – 32,6
Continuando con el informe del ENRESS en el capítulo sobre cumplimiento de los parámetros de calidad obligatorios de la ley 11.220 dice:
Según el Contrato de Concesión los Servicios prestados por Aguas Provinciales de Santa Fe debían cumplir con el Anexo "A" desde la toma de posesión con un plazo de gracia de 6 (seis) meses.
En las observaciones del PGMDS se preveía: “Solo para aquellas zonas que fueran abastecidas de fuentes subterráneas que no permitan satisfacer los requerimientos establecidos el Concesionario podrá solicitar al Ente Regulador un plazo de gracia de hasta 4 (cuatro) años desde el inicio de la Concesión debidamente justificado y certificado por auditores técnicos “
Del análisis detallado que realiza el ente se desprende el siguiente cuadro de incumplimiento de los parámetros de calidad del agua realizados a partir de las presentaciones mensuales y anuales de la empresa y de los controles de calidad físico, químico y microbiológicos del ENRESS:
CUMPLIMIENTO LIMITE OBLIGATORIO ANEXO A LEY 11.220
CUMPLIMIENTO LIMITE OBLIGATORIO
ACTA ACUERDO 28/4/99 Y POSTERIORES
Res 142/97
Res 71/98
Res 430/00
Res 01/03
Res 141/03
(Con parámetros que no alcanzaron el 95% de conformes)
Es importante remarcar sobre este cuadro que los incumplimientos fueron constatados con respecto a las distintas flexibilizaciones o pautas diferenciales que se vinieron pactando en cada una de las actas-acuerdo de lo que se desprende que concedente y concedido adaptaron las normas a los limites que podía alcanzar la empresa, de no ser así todos los resultados serían negativos como lo confirma el mismo ENRESS:
. Pautas Diferenciales
La solicitud de otorgamiento de pautas y condiciones diferenciales solicitadas por Aguas Provinciales de Santa Fe, para el agua de bebida que fueron otorgadas en el Acta de fecha 29 de octubre de 2002, que se detallan a continuación pone en evidencia el grado de desvío que presentan algunos parámetros de calidad con respecto a los valores fijados en el Anexo "A" de la Ley Nº 11.220.
Residuo a 180° C en mg/l
Sodio en mg/l
Pero el otorgamiento de pautas diferenciales no solo cubrió a las ciudades que se abastecen de napas subterráneas sino que también se extendió a las que se abastecen de fuentes superficiales lo cual estaba expresamente prohibido en el contrato como se muestra a continuación.
THM`s
Pauta Diferencial
Ley Nº 11.220 Anexo “A”
Valor medio 12 meses
Satisface el requerimiento
95 % deben cumplir
Se admitirán valores superiores al L O. siempre que los THM`s no superen 100 ug/l
El ENRESS termina llegando a la siguiente conclusión:
No cumplió Aguas Provinciales de Santa Fe con el 95 % de conformes para los parámetros de calidad de agua según Límites Obligatorios fijados Anexo "A" de la Ley Nº 11.220 y pautas diferenciales otorgadas en las siguientes localidades:
Abastecidas con agua superficial: Rosario- Capitán Bermúdez – Granadero Baigorria – Villa Gobernador Gálvez-Funes – Santa Fe – Reconquista.
Abastecidas con fuente subterránea: Casilda, Cañada de Gómez, Firmat, San Lorenzo, Rufino, Esperanza, Rafaela, Gálvez
Por Resol. ENRESS 0359/03 se difirió el inicio de procedimiento de aplicación de sanciones por los incumplimientos de calidad atento a la suspensión de los procedimientos disciplinarios dispuestos en el art. 5º del acta del 29-10-02

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Declarado inexequible el artículo 821 del estatuto tributario | Gerencie.com.
La corte constitucional, mediante sentencia C-292 de 2008, ha declarado inexequible el artículo 821 del estatuto tributario colombiano.
El artículo 821 del estatuto tributario, facultaba a la administración de impuestos para que elevara una solicitud a los organismos de seguridad para que impidieran la salida de los extranjeros que habiendo tenido ingresos de fuente nacional, un hubieren pagado los impuestos correspondientes.
Ha dicho la corte sobre el respecto:
DECRETO 624 DE 1989 (marzo 30)
ARTÍCULO 821. SALIDA DE EXTRANJEROS. La Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá solicitar a los organismos de seguridad, se impida la salida del país de aquellos extranjeros que hayan obtenido ingresos de fuente nacional, mientras no cancelen el valor de los impuestos
La Corte debe decidir si la facultad que le concede la norma demandada a la DIAN, de solicitar a las autoridades de inmigración que impida la salida del país de extranjeros que hayan obtenido ingresos de fuente nacional mientras no cancelen el valor de los impuestos correspondientes, desconoce la dignidad humana, la igualdad, la libertad de circulación, el derecho a no ser sometido a detención, prisión o arresto por deudas y la buena fe de los extranjeros de salir del país, puede estar condicionado al cumplimiento previo de las obligaciones tributarias pendientes con el Estado colombiano, situación que no se exige a los nacionales colombianos.
Declarar inexequible el artículo 821 del Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”.
La Corte parte de la consagración en la Constitución Política (art. 24) como derecho fundamental, de la libertad de circulación y residencia, compuesta por (i) el derecho a circular libremente por el territorio nacional; (ii) el derecho a permanecer y residenciarse en Colombia y (iii) el derecho a entrar y salir del país . Si bien dicho artículo se refiere a los colombianos, el artículo 100 de la Carta extiende a los extranjeros el ámbito de cobertura de los derechos fundamentales y sólo permite un trato diferenciado por razones de orden público, que analizadas en concreto, tengan una relevancia suficiente para limitar su ejercicio. Por tanto, prima facie, el de circulación y residencia es un derecho del que también gozan los extranjeros. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen el derecho de toda persona a salir libremente de cualquier país inclusive del propio. No obstante, precisó que el problema de igualdad entre nacionales y extranjeros depende del tipo de derechos en discusión, pues no en todos los casos y frente a todas las materias puede exigirse el mismo trato. Ahora bien, la Corte señaló que el recaudo efectivo de los impuestos forma parte de la noción de orden público económico, en tanto que los recursos fiscales están destinados a la satisfacción de necesidades que no atañen solo al individuo sino a la sociedad en general. La imposibilidad del Estado de asegurar el pago de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes nacionales o extranjeros, puede comprometer el cumplimiento de las obligaciones estatales, el logro de las políticas públicas y la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución, con grave riesgo para la materialización del Estado Social de Derecho. Según esto, la medida establecida por el artículo 821 del Estatuto Tributario para impedir la salida de los extranjeros que deban impuestos de fuente nacional tendría un fin constitucionalmente legítimo. Igualmente, la diferenciación entre extranjeros y nacionales se encuentra justificada puesto que la Constitución no consagra un derecho a favor de los extranjeros de recibir el mismo trato que los nacionales en materia tributaria. Sin embargo, para la Corte la medida resulta contraria a la Constitución porque en sí misma no es idónea para alcanzar la finalidad que persigue, pues impedir la salida del país no garantiza el pago de sus obligaciones tributarias y en cambio sacrifica de manera desproporcionada la libertad de circulación. Por consiguiente, el artículo 821 del Estatuto tributario, fue declarado inexequible.
Los magistrados JAIME ARAUJO RENTERIA, JAIME CORDOBA TRIVIÑO y RODRIGO ESCOBAR GIL, se reservaron la posibilidad de presentar una eventual aclaración de voto relacionada con los fundamentos de la presente declaración de inexequibilidad.

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 SENTENCIA 15770 DE MARZO 26 DE 1998
SENTENCIA 15770 DE 26 DE MARZO DE 1998
CONTENIDO:PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES: REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN HERMANO PARA SER BENEFICIARIO
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, HERMANOS, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:318 DE JUNIO DE 1998, PÁG.718
Sentencia 15770 de marzo 26 de 1998
REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN HERMANO PARA SER BENEFICIARIO
EXTRACTOS: «La demanda tuvo como objeto la declaración de nulidad de las resoluciones 1509 de agosto 23 de 1994 y 0738 de mayo 26 de 1995, por medio de las cuales el gerente de la caja de seguridad social del departamento de Risaralda negó a la demandante la sustitución pensional vitalicia de su hermano fallecido.
Se discute en este caso la legalidad de los actos por los cuales se le denegó a la actora el reconocimiento de una sustitución pensional. Sea lo primero hacer referencia a la Resolución 1509 de 19947, la cual, tal como lo advirtió el a quo desapareció del ámbito jurídico en lo atinente a su artículo primero por virtud de la Resolución 0475 de 1995. Por lo mismo, esta Sala habrá de confirmar la decisión inhibitoria edificada en torno a la Resolución 1509.
Ahora bien, teniendo en cuenta que los actos impugnados se produjeron después de haber entrado en vigencia la Ley 100 de 1993, lo indicado será entonces plantear el examen de aquellos a la luz de esta preceptiva. En efecto:
El artículo 38 de la Ley 100 prevé:
“Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.
En concordancia con el artículo 39 ejusdem resulta claro que esta norma tiene como destinatarios directos a los afiliados y no a los hermanos del pensionado que fallece. En lo concerniente a los motivos determinantes de la invalidez la disposición no hace distinción al predicar que “... por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente...”.
Ocurre que el asunto bajo examen no se encuadra dentro de la anterior hipótesis, toda vez que la demandante no está actuando en condición de afiliada. Mejor aún, ella está haciendo un pedimento apoyada en su calidad de hermana del señor Lisímaco Henao Montoya, siendo por tanto aplicable lo previsto en el literal d del artículo 47 de la Ley 100 a propósito de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Obsérvese cómo este literal señala como una especie de tales beneficiarios, en el último orden, a los hermanos inválidos del causante que dependían económicamente de él. Vale decir, para acceder a la pensión de sobrevivientes son dos los requisitos que deben satisfacer los hermanos del empleado: invalidez, no necesariamente laboral, y, dependencia económica respecto del de cujus.
Se pregunta la Sala, ¿cuál habrá de ser el porcentaje de invalidez requerido para satisfacer el primer requisito? Por analogía resulta forzoso darle aplicación al artículo 38 de la Ley 100, exigiendo al punto una disminución no inferior al 50% en la capacidad sicomotriz o laboral del respectivo peticionario.
En cuanto al segundo requisito conviene recordar que con arreglo al artículo 10 del Decreto 2150 de 1995:
“En las actuaciones administrativas, suprímese como requisito las declaraciones extrajuicio para el reconocimiento de un derecho particular y concreto. Para estos efectos, bastará la afirmación que haga el particular ante la entidad pública, la cual tendrá los mismos efectos y consecuencias de la declaración extrajuicio”.
En otras palabras, sin perjuicio de los medios idóneos para acreditar ciertos hechos, la dependencia económica se puede probar con la simple aseveración del solicitante, toda vez que al amparo del artículo 83 de la Carta Política:
“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas”.
Por manera que no sería de buen recibo exigirle al solicitante más requisitos que aquellos con que la ley ha querido salvaguardar el imperio de los derechos estipulados en favor de los beneficiarios determinados en el último orden sucesoral ya referenciado. En este sentido no sobraría recordarle a la administración la necesidad de acatar los principios de la economía y la celeridad, de tan caro reconocimiento en el estatuto antitrámites.
En el plenario consta que la recurrente presentó en sede administrativa su petición de sustitución pensional acompañando los siguientes documentos: Registro de defunción del pensionado, partida eclesiástica de matrimonio, partida eclesiástica de bautismo del causante, partida eclesiástica de bautismo de la actora y tres declaraciones extrajuicio relativas a la dependencia económica de la libelista (fls. 42 a 50). Igualmente obra en el expediente el dictamen médico laboral Nº 077 del 23 de mayo de 1995 (fl. 65) emitido por médico laboral del trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el cual se dice respecto de la demandante:
“Los diagnósticos clínicos considerados anteriormente corresponden al grupo de enfermedades comunes. Igualmente, vale la pena aclarar que al realizar el examen físico de la paciente se encontraron todos los signos clínicos propios de los padecimientos consignados.
Lo considerado anteriormente me permite concluir que la señora María Bertha Henao Montoya, actualmente presenta un estado de invalidez laboral, por una pérdida de su capacidad laboral mayor del 66% sesenta y seis por ciento de acuerdo con los grados de deficiencia, discapacidad y minusvalía contemplados en el Decreto 1836 de 1994” (fl. 65).
De lo anterior dimana con singular acento la satisfacción de los presupuestos establecidos en el literal d del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, siendo del caso reconocerle a la recurrente el derecho suplicado.
Es conveniente advertir también que el sentido y alcance de la ley debe asumirlo el intérprete y el ejecutor buscando su genuino cumplimiento, antes que prefabricando mecanismos de elusión o entrabamiento, pues además no estaría bien continuar contemporizando con ese proceder inserto en la historia que narra Kafka sobre el hombre que llega ante el guardián de la ley con el fin de ser admitido, pero que por culminante respuesta sólo recibe una puerta que se cierra.
Consecuentemente la Sala considera que las pretensiones de la actora están llamadas a prosperar».
(Sentencia de marzo 26 de 1998. Expediente 15770. Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora ).

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