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El gobierno de Lagos está llevando adelante una asociación público-privada que podría dar lugar a la privatización del agua para millones de personas. ¡El gigante francés Veolia, una empresa transnacional que cuenta con un alarmante historial de violaciones de los derechos humanos, ya ha manifestado su interés! La ISP, junto con Corporate Accountability International y otros socios, ha distribuido una carta para respaldar a la coalición Our Water Our Right [Nuestra agua, nuestro derecho] en Lagos –con el propósito de mostrar el apoyo mundial a su rechazo de la NUEVA e INMINENTE amenaza de privatización. La ISP ha estado luchando contra la privatización del agua en Lagos durante varios años.
Más de 170 sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han emitido una declaración que insta a los inversores a dejar de apoyar a Bridge International Academies, una compañía que gestiona más de 500 escuelas privadas comerciales en el Sur Global con el apoyo de donantes e inversores internacionales. Esta declaración aparece dos años después de otra similar que fue remitida al Banco Mundial. Ha sido firmada por una gran variedad de organizaciones de 50 países diferentes, entre las que se incluyen organizaciones de derechos humanos, de desarrollo, comunitarias y religiosas, así como sindicatos, que expresan su preocupación creciente, generalizada y a gran escala con respecto al funcionamiento de Bridge Academies.
The Economist se está impacientando al considerar que los esfuerzos de Emmanuel Macron de vender los activos públicos avanzan a un ritmo lento y pide que se tomen medidas. “La privatización de los aeropuertos solo llega hasta ahí. La cuestión que hay que plantear es qué va a pasar a continuación. El gobierno del Sr. Macron pronto anunciará, probablemente después del verano, su plan para ADP y dirá qué otras participaciones estarán a la venta. El estado debería haber desempeñado un papel menos importante en los negocios hace mucho tiempo”, afirma la publicación. “El sector de propiedad estatal emplea en Francia a casi 800.000 personas y es el que tiene más empleados entre los países examinados por la Cour des Comptes. El número de empresas en las que el estado tiene una participación mayoritaria ha venido aumentando desde aproximadamente 2016”. The Economist Group es propiedad de Cadbury, Rothschild, Schroder, Agnelli y otras partes interesadas.
El secretario de salud, Jeremy Hunt, ha caído en una guerra verbal con el físico Stephen Hawking mundialmente conocido, quien ha advertido de que el Servicio Nacional de Salud corre el riesgo de ser privatizado por los conservadores. Hawking declaró “vemos que el equilibrio del poder en el Reino Unido está con las empresas de salud privadas y el cambio de orientación se dirige hacia un sistema de seguro de estilo estadounidense”, y acusó a Hunt de escoger cuidadosamente las pruebas favorables para justificar los recortes en el servicio. “Por otra parte”, afirma Hawking, “está la fuerza de los ciudadanos y de la democracia”.
¿La educación africana se privatizará aún más con capital privado? Morné van der Merwe, socio gerente de la oficina de Baker McKenzie en Johannesburgo, “afirma que una novedad interesante ha sido el surgimiento de Dubái como centro importante para las multinacionales que desean invertir en África. Constata que la privatización, que durante algún tiempo ha escapado a la atención, está adquiriendo mayor relevancia y podría dar un impulso a las futuras fusiones y adquisiciones. La educación es otro ámbito que hay que vigilar, ya que la creación de una clase media creciente aumentará la demanda de educación privada y podría dar lugar a que las empresas locales atraviesen las fronteras en este espacio de subscripción de acuerdos”.
El investigador de recursos del conocimiento Mukai Jaison se pregunta si la privatización en Egipto proporciona un impulso económico o si se trata simplemente de una forma de enriquecimiento amiguista. “La privatización puede conducir a un monopolio natural, en el que domina una empresa o unas pocas empresas. Reglamentar a estas compañías y garantizar que el objetivo sea el interés público y no la obtención de beneficios puede resultar difícil en una economía liberal. Al vender sus empresas, el gobierno renuncia a largo plazo a los ingresos futuros procedentes de dichas empresas, puesto que los ingresos que se generen serán para sus accionistas. En este contexto, el gobierno de Egipto debería garantizar que la privatización vaya acompañada de políticas que permitan a las empresas más pequeñas competir en el mercado y, por lo tanto, crear empleo”.
La Asociación Nacional de Docentes de Ghana (GNAT) dice que “la privatización de la educación en Ghana requiere una reglamentación adecuada para garantizar que la educación básica siga siendo accesible y abordable para aquellos que eligen beneficiarse de sus servicios. El entorno y las infraestructuras de algunas escuelas privadas dejan mucho que desear, mientras que existen algunas, de las que el Servicio de Educación de Ghana (GES, por sus siglas en inglés) no tiene conocimiento, que cobran unas cuotas exorbitantes. (…) Instó a Directores de Educación Regionales y de los Distritos a controlar a los proveedores de educación sin licencia y recalcitrantes que explotaban a los padres, estudiantes y alumnos”.
Seth Antwi-Boasiako, jefe ejecutivo del distrito de Kwaebirem, afirma “que la Asamblea había considerado la privatización de su recaudación de impuestos en las áreas de las tasas sobre la propiedad, los peajes, la emisión de billetes y otros gravámenes como una estrategia para cubrir el elevado déficit en la recaudación fiscal utilizando una buena recopilación de datos de todas las propiedades”. ActionAid Ghana publicó recientemente un informe sobre Los impuestos, la privatización de la educación y el derecho a la educación, “que hace un llamamiento al gobierno para que destine recursos suficientes al sector de la educación con el fin de mejorar las infraestructuras y las instalaciones de las escuelas públicas”.
El gobierno ha aprobado una nueva legislación para propiciar las ‘asociaciones público-privadas’ y espera conseguir “ayuda del sector privado para llevar a cabo al menos 36 grandes proyectos de infraestructuras a través de APP en los próximos años”, según informa el bufete de abogados Jones Day, que tiene un negocios importantes con las APP.
La decisión de Moody’s de reducir la calificación de la deuda de largo plazo de Namibia a la categoría de “basura” ha incitado a que se reclame una mayor privatización y una reducción de los sueldos del sector público. “En una declaración titulada ‘Domingo azul’ … Capricorn Asset Management ha resumido los sentimientos declarando que ‘todo el país está bastante malhumorado esta mañana porque esta degradación parece un poco injusta después de que se haya hecho tanto por cumplir las recomendaciones que se habían formulado tras la última evaluación’. A la declaración de Capricorn le siguió … un análisis y una crítica extensos al veredicto de Moody’s por parte de la Asociación Económica de Namibia (EAN, por sus siglas en inglés)”. La EAN exhortó que se hiciera “una ‘revisión exhaustiva’ del sector público ‘para agilizar las operaciones y reducir los gastos recurrentes, en particular el gasto salarial’”. El ministro de finanzas, Calle Schlettwein, dijo que “lo que es también interesante con respecto a esta calificación es que el gasto salarial no ha cambiado desde diciembre, así que no entendemos por qué de repente es un riesgo que justifique una degradación”.
Los grupos y los consultores de la industria están incitando al gobierno federal a adoptar el modelo de asociación público-privada (APP) para el desarrollo de las infraestructuras portuarias. Pero “para los trabajadores [de la Autoridad Portuaria de Nigeria (NPA, por sus siglas en inglés)] la época de ira aún no ha terminado ya que el proyecto de ley relativo a la Autoridad de los Puertos y Fondeaderos de Nigeria (NPHA, por sus siglas en inglés), sometido actualmente a la Asamblea Nacional, que está destinado a derogar la Ley relativa a la Autoridad Portuaria de Nigeria, Cap 126 LFN 2004, ha aumentado el grado de ansiedad entre los trabajadores del puerto. En consecuencia, los trabajadores marítimos han dado la voz de alarma, alegando que el proyecto de ley, tal como está redactado actualmente, no protege sus intereses o, en otras palabras, guarda silencio con respecto al destino que tendrán los trabajadores cuando sean transferidos de la NPA a una nueva entidad”.
Los miembros del sindicato de los trabajadores municipales de Sudáfrica (SAMWU, por sus siglas en inglés) se manifestaron en las oficinas municipales de Midvaal para reivindicar sus peticiones relativas a sus numerosas quejas, entre las que se incluyen la licitación irregular y la externalización. Su portavoz, Papikie Mohale, “dijo que el memorando de peticiones de SAMWU incluía denuncias por la mala administración en el ayuntamiento, la adjudicación irregular de licitaciones, el nombramiento irregular de abogados para el consejo, el racismo, el acoso sexual, los procesos de contratación defectuosos, la subcontratación y el uso de intermediarios laborales en el ayuntamiento”.
Ayabonga Cawe, economista del desarrollo, advierte de que la privatización de las grandes empresas de propiedad estatal no conducirá, como algunos sugieren, al empoderamiento económico de la población negra. “La comisión de investigación sobre la adjudicación de la licitación de la central eléctrica de Duvha a una empresa china por parte de Eskom y la saga de Cash Paymaster Services de la Sassa revelan parte de la respuesta. Las empresas de propiedad estatal representan en nuestra época un vehículo para consolidar unas alianzas personales, limitadas y, en ocasiones, geopolíticas, en lugar de una acumulación interna y evolutiva sostenida. Dar por sentado que dicha acumulación limitada se lograría mediante una privatización a gran escala es un razonamiento incorrecto. Volver al debate relativo a la privatización de los activos estatales es una característica introspectiva de esta postura de acumulación limitada, y no una reforma destinada a reactivar la economía”. [Se requiere subscripción]
La mala administración, la falta de rentabilidad y “el creciente déficit de los fondos de la seguridad social” en el sector público da lugar a peticiones de privatización. “Todas estas anomalías requieren una reforma profunda de la función pública, tanto con respecto a su vocación como a su modo de funcionamiento. El estado debe volver a definir los sectores en los que va a seguir desempeñando su papel de financiador y aquellos de los que deberá retirarse, allanando el camino a una posible privatización de algunas instituciones”, afirma un artículo no firmado de La Presse.
La Presse llama la atención sobre la difícil situación en la que se encuentran las mujeres periodistas. “Las mujeres periodistas, al igual que sus compañeros, se enfrentan a una privatización inevitable de sus instituciones a las que tanto han contribuido. Y, por ello, tienen que enfrentarse a una cierta precariedad, a un deterioro incesante de sus condiciones de trabajo y a la amenaza que pesa sobre su derecho al trabajo”.
El secretario subregional de la Internacional de Servicios Públicos, Michael Whaites, dice que los ciudadanos de Shellharbour tienen derecho a rechazar la privatización parcial de su hospital. “El Hospital Port Macquarie Base en NGS, el Hospital La Trobe de Victoria y el Hospital Modbury de Australia del sur se encuentran entre la letanía de fracasos –todos ellos han vuelto a ser finalmente adquiridos por sus gobiernos estatales. ‘El hecho de que sea privado no significa que sea más eficiente. …Siete hospitales del país han terminado en manos de asociaciones público-privadas (APP) y ha sido un fracaso’, dijo el Sr. Whaites. ‘Cuando Port Macquarie era gestionado por un operador privado, el tiempo de espera para la cirugía electiva duplicaba la media estatal y los costes eran un 20% más altos’. En La Trobe la compañía experimentó pérdidas de $6,2 millones y el gobierno tuvo que recuperarlo… en Modbury se produjo una pérdida de $2 millones para esa compañía’”.
Los acuerdos de libre comercio (ALC) están impulsando la privatización a escala mundial. Constituyen una verdadera amenaza para los servicios del sector público y pueden incluso obstaculizar los intentos de renacionalización cuando la privatización fracasa. La ISP y AFTINET van a celebrar un Foro sobre la privatización comercial el 31 de agosto en Sídney, Australia. Este foro examinará de qué manera los acuerdos comerciales como el TiSA, el TPP y el PECR promueven la desreglamentación, la comercialización y la privatización de los servicios, que van desde la atención a la salud, la educación y el cuidado de los niños, y la asistencia a las personas ancianas y discapacitadas, hasta el transporte público, la energía y el agua. También se discutirán las estrategias para luchar contra ellos.
25.000 australianos reclaman al parlamento de Nueva Gales del Sur que ponga fin a la privatización de su servicio de autobuses en la región de Inner West de Sídney. “Esto demuestra el intenso apoyo y cariño que tienen nuestros conductores de autobús locales”, dijo uno de sus defensores. [Vídeo]
El Secretario General de la PSA, Stewart Little, informa de que las últimas cifras muestran que el gobierno dirigido por O’Farrell, Baird y ahora Berejiklian “ha privatizado $50 mil millones de activos del sector público en poco más de seis años. Esta cifra se puede comparar con los $6 mil millones del gobierno laborista durante más de 16 años” (p. 10). Al referirse a la privatización del sistema de trenes hacia el aeropuerto, Little también señala que los informes de los medios de comunicación afirman que “un trayecto cuesta más de $17; $13,50 de los cuales van directamente al consorcio privado; un dinero que podría destinarse a la protección de la infancia, a los servicios para las personas discapacitadas, al medio ambiente o al sistema judicial” (p. 11).
Los ciudadanos se oponen a la medida radical de que se privaticen los hogares colectivos del gobierno destinados a las personas discapacitadas en Nueva Gales del Sur antes de la introducción del Plan Nacional de Seguro por Discapacidad. La Asociación de Servicios Públicos de Nueva Gales del Sur ha elaborado un segmento de podcast sobre el tema. Véase también este informe de ABC sobre los temores de una familia acerca de la privatización de los hogares colectivos de NGS.
Una petición para mantener el Hospital de Shellharbour en manos públicas sacude al parlamento. “Anteriormente, Anna Watson, diputada de Shellharbour, dijo a la Asamblea Legislativa del Parlamento de NGS que los habitantes de Illawarra ‘habían dejado sus sentimientos indudablemente claros. Tenemos pruebas de todos los rincones de la comunidad … Nos mantenemos todos unidos y rechazamos colectivamente este programa de privatización del gobierno’, dijo al Sra. Watson. ‘No se trata de un asunto político. Se trata de la vida de las personas’”. Ante la presión pública, el gobierno ya ha “aplazado las APP en los hospitales de Wyong, Bowral y Goulburn, y se trata de encontrar una organización sin ánimo de lucro para construir y gestionar un nuevo hospital en Maitland”.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Cámara de Comercio e Industria (DCCI, por sus siglas en inglés) de Daca han firmado un memorando de entendimiento (ME) para lanzar un proyecto destinado a facilitar una mayor implicación del sector privado en las iniciativas de desarrollo. “El proyecto sobre innovación público-privada tendrá una plataforma de análisis de datos que cuantificará las contribuciones del sector privado al desarrollo social, económico y medioambiental de Bangladesh. El proyecto piloto de 2017 será financiado por la Oficina Regional para Asia y el Pacífico del PNUD en Bangkok”. Sin embargo, tal como informa Spotlight on Sustainable Development 2017 (p. 73), las investigaciones de Daca, Bangladesh, y Yakarta, Indonesia, muestran que la privatización “ha incrementado la carga física y emocional que pesa sobre las mujeres que viven en los barrios marginales de estas ciudades”.
Los trabajadores del sector público han instado al gobierno a promover una “transición energética justa” hacia las energías renovables. “La red social y laboral coreana sobre la energía (KLSNE, por sus siglas en inglés) y el sindicato de los trabajadores de la función pública y el transporte de Corea (KPTU, por sus siglas en inglés) apoyan la política de transición del gobierno hacia un sistema energético libre de carbón y energía nuclear”. El gobierno de Moon Jae-in, que resultó elegido sobre la base de la promesa de abandonar progresivamente la generación de la energía nuclear y a base de carbón y de ampliar el uso de las energías renovables limpias, está avanzando rápidamente para promulgar estas promesas.
El gobierno de Kerala está tratando de crear un servicio de llamada de ambulancias al estilo de Uber, gestionado como una APP. “La propuesta tiene tres elementos: El primero, los actores del sector privado pueden contribuir a que el sistema actual de servicios de ambulancias del 108 mejore. El segundo, se creará una central telefónica plenamente desarrollada a nivel técnico para coordinar el servicio de ambulancias en línea. El tercero, deberían comprarse más ambulancias para aumentar la capacidad de la flota. The Medical Services Corporation se ha ofrecido para supervisar el proyecto de ambulancias en línea”.
El gabinete de ministros de la Unión ha aprobado una política relativa al metro que impone el uso de las ‘asociaciones público-privadas’ antes de solicitar asistencia al gobierno central para un proyecto. “Se requerirá a los estados que propongan nuevos proyectos de metro que indiquen en el informe de [su] proyecto las propuestas e inversiones que realizarán para dichos servicios”.
Los medios de comunicación informan de un aumento del interés por las ‘asociaciones público-privadas’ (APP). “La mayoría de inversores privados que participan en los proyectos de APP con el gobierno indonesio optan por los proyectos de carreteras de peaje. Hasta ahora, en 2017, un total de cuatro proyectos de carreteras de peaje han conseguido cerrar la financiación. El entusiasmo de los inversores para desarrollar las carreteras de peaje se debe a que estos proyectos son considerados como los mejor financiables”. El gobierno tiene previsto invertir más de US$ 30 mil millones en proyectos de infraestructuras en 2018. Las licitaciones se abrirán en octubre. El ministro de obras públicas y vivienda, Basuki Hadimuljono, dice que se invitará a presentar propuestas de proyectos de APP.
El presidente Hassan Rouhani critica el proceso de privatización y examina “el proceso de privatización en virtud del Artículo 44 de la Constitución, así como la corrupción generada”.
El parlamento ha aprobado una legislación que rige todas las ‘asociaciones público-privadas’. “La legislación se aplicará a los proyectos gubernamentales y municipales, como las infraestructuras. Abarca la producción y distribución de electricidad, el transporte público, la gestión de los residuos, así como las telecomunicaciones y la aviación civil. El Consejo Superior para la Privatización y el Establecimiento de Alianzas será la parte autorizada para aprobar, poner en marcha y gestionar los proyectos, y actuará como intermediario entre el sector privado y los organismos gubernamentales. Se creará una autoridad reguladora para que cada sector interesado conceda, renueve y ponga término a las licencias. La autoridad también autorizará los cargos del servicio e impondrá multas”.
Nueva Zelanda: Ian Powell, director ejecutivo de la asociación de los médicos especialistas asalariados (ASMA, por sus siglas en inglés), dice que el modelo defectuoso de asociación público-privada debe ser descartado para el nuevo Hospital de Dunedin. “El anuncio por parte del gobierno de una APP como una opción real para Dunedin forma parte de un modelo de privatización sigilosa, del que vemos indicios tanto en Westport como en Christchurch, lo que preocupa sumamente a los médicos superiores y a otras personas”, dijo Powell. “Si el gobierno siguiera este camino en Dunedin, entonces estaría básicamente entregando las llaves de uno de los hospitales públicos más grandes del país a los inversores privados para que aumentaran al máximo la obtención de beneficios para sí mismos. Muchos de estos beneficios provendrían de las compensaciones que Southern DHB estaría obligado a pagar por los crecientes gastos operativos anuales. Los que ganan son los inversores privados a través de la extracción de beneficios y los libros contables del gobierno”.
La Asociación de Servicios Públicos publica un folleto titulado Progressive Thinking: Ten Perspectives on Housing [El pensamiento progresista: diez perspectivas relativas a la vivienda]. “Varios autores sostienen que el mercado privado no va a proporcionar una vivienda asequible del tipo y volumen que necesitamos y que el gobierno debe intervenir para cumplir esta función”. Incluye un capítulo de Alan Johnson sobre “la sutil privatización de las viviendas estatales”.
Una activista de noventa años está tomando la delantera en la oposición a la privatización parcial de su hospital local en Buller. Phyl Phipps dice que la comunidad está “furiosa” con esta idea. “Aunque afirma que la privatización no es la única preocupación de la ciudad. ‘Las personas que diseñaron el plan no viven en la costa y no consultaron a la comunidad’, dice. ‘Su proyecto reduce el número de camas en una quinta parte, 20 habitaciones son tan pequeñas que están por debajo de los estándares de Australasia, quieren construirlo en un pantano, no hay un helipuerto a pesar de recibir la visita de helicópteros hasta tres veces al día y quieren trasladar al director del hospital a 100km’. Phipps quiere que el DHB, la comunidad y el personal sanitario local elaboren un nuevo proyecto. Steve White, un arquitecto de paisajes que apoya a Phipps, dice que el HRPG basó las nuevas instalaciones en ‘la ideología, y no en las necesidades clínicas’. ‘He diseñado y construido cosas durante 30 años’, afirma. ‘Antes de este proyecto, nunca había visto una propuesta previa a la construcción que no fuera capaz de lograr el objetivo para el que se había diseñado’”.
Da Nang enumera 68 proyectos de inversión de ‘asociación público-privada’. “Los proyectos se inscriben en los ámbitos de la educación y la formación, la atención sanitaria, el turismo y los servicios, el comercio, las infraestructuras, las granjas de alta tecnología, el ocio y el medio ambiente. La inversión total necesaria para llevar a cabo estos proyectos se estima en US$1,4 mil millones”.
Un nuevo marco jurídico permite el arbitraje internacional y los comités de resolución de controversias en los proyectos de participación público-privada. “Con respecto a los comités de resolución de disputas permitidos con arreglo a la legislación, su Decreto Regulatorio 118/2017 permite su utilización en cualquier controversia de carácter técnico, interpretativo o patrimonial que surja durante la ejecución o la finalización del contrato de PPP y la revisión de las sanciones también debe someterse a la decisión del comité de resolución de disputas. El hecho de reconocer a los comités de resolución de disputas dispensa a las partes privadas de tener que presentar una reclamación administrativa antes de presentar un litigio al comité de resolución de disputas”.
Marcos Peña, jefe del gabinete del presidente Mauricio Macri, dice: “En cuanto al cambio del sistema previsional, ahí estoy absolutamente en contra. No estoy de acuerdo con una posible privatización”.
El viceprimer ministro y ministro de finanzas, K. Peter Turnquest, se reúne con representantes de Bahamas Central Securities Depository (BCSD) y Bahamas International Securities Exchange (BISX). Keith Davies, director general de BISX, dijo después de la reunión que BISX puede ayudar al gobierno “especialmente en relación con la cotización y negociación de los valores del estado y con los planes futuros de privatización del gobierno”.
Una nueva investigación descubre que “teniendo en cuenta los costes generales asociados a la contratación privada de servicios de la salud, el aumento de la gestión privada es un motor impulsor del aumento de los gastos” en el Sistema Único de Salud (SUS) público, del que “los pobres dependen casi exclusivamente”. Afirman que el SUS tiene un “grave déficit de financiación”.
Los trabajadores se han quedado en la estacada con la privatización del aeropuerto. “Parece que las últimas oleadas de privatizaciones van a tener repercusiones en los próximos meses. Los aeropuertos de Salvador y Porto Alegre eran el segundo y el tercero en la lista. Fortaleza y Florianópolis también se encontraban entre los diez más rentables. Para todos ellos se firmaron contratos de concesión hace dos semanas. El periodo de transición para los nuevos operadores dura de siete a diez meses. Luego, los aeropuertos salen del estado financiero de la empresa pública. Infraero se quedará con un quebradero de cabeza: qué hacer con los 1.148 trabajadores que siguen fichando con sus tarjetas en los cuatro aeropuertos. Los nuevos concesionarios absorbieron menos del 10% de los trabajadores de Infraero en los aeropuertos ya privatizados”. [Se requiere subscripción]
El gobierno está avanzando en la privatización del aeropuerto Congonhas de São Paulo. Esto ha disgustado al secretario de la aviación civil, que quiere que se privaticen todos los aeropuertos de Brasil y no solo el de Congonhas. El ministro de transporte, Maurício Quintella, “está ejerciendo presión para que se vendan los aeropuertos del sector público en forma de lotes con el fin de garantizar la demanda por parte de los inversores de los aeropuertos menos rentables y más pequeños”. Folha informa de que “además de los aeropuertos, el gobierno también analiza la posibilidad de privatizar las vías férreas que no estaban en el proyecto, así como la sección de las apuestas electrónicas de la lotería federal, que pueden aportar R$ 6 mil millones (US$ 1,9 mil millones) en concesiones y R$ 4 mil millones en impuestos (US$ 1,25 mil millones)”. También está considerando la posibilidad de privatizar las autopistas costeras. “Las empresas interesadas en la privatización deberán invertir en una serie de mejoras, como ampliar las carreteras y construir nuevas desviaciones, y no solamente invertir en mantenimiento, dijo Giovannni Pengue Filho, presidente de Artesp, que reglamenta las carreteras estatales”. [Se requiere subscripción]
Las empresas privadas chinas están buscando oportunidades de inversión en el sector de la educación brasileño. “El gobierno local ha firmado un contrato con el fabricante de equipos TIC ZTE para el diseño, instalación y mantenimiento de dos ‘clases inteligentes’ en las escuelas públicas [de São Paulo]. El alcalde João Dória Jr, que firmó un importante contrato de arrendamiento financiero, está de visita en China para dar a conocer el amplio programa de privatización y de APP de su administración y promover la creación de otras asociaciones con China”. [Subscripción requerida]
Los habitantes de Ontario protestan por el contrato DBFOM (diseñar, construir, financiar, operar y mantener) propuesto para Hamilton LRT y rechazan las afirmaciones de que dado que se trata de una ‘asociación público-privada’, el acuerdo no es una privatización. El ayuntamiento de Hamilton ha aprobado una opción pública para el proyecto que evitaría la subcontratación, aunque la provincia y Metrolinx también deberán aprobar el proyecto. Eric Tuck, presidente de Sindicato Amalgamado de Tránsito (ATU, por sus siglas en inglés), Local 107, escribe: “¿No podemos simplemente denominarlo como lo que es? Cuando se toma lo que es actualmente un servicio público de propiedad totalmente estatal que presta unos servicios sin ánimo de lucro y se transforma en un servicio de carácter lucrativo prestado por empresas privadas, esto tiene un nombre. Se llama privatización. Y los ciudadanos de Hamilton ya están cansados de esta situación. Hay cientos de buenos empleos bien pagados, actualmente desempeñados por personal de HSR. La mayoría de nuestros miembros son de Hamilton. Al subcontratar el funcionamiento y el mantenimiento –al privatizar estos empleos– se garantiza que la mayoría de estos empleos se realicen fuera de nuestra ciudad. Al privatizar el funcionamiento y el mantenimiento, se garantiza que estos nuevos trabajadores reciban una remuneración mucho menor y que cuenten con menos prestaciones”.
El sindicato de empleados del sector público de la Isla del Príncipe Eduardo (PEIUPSE/NUPGE) ha oído rumores de que el gobierno provincial está examinando las posibilidades de privatizar los servicios de atención domiciliaria. Pero el ministro de la salud de la Isla del Príncipe Eduardo niega que su departamento tenga la intención de privatizar estos servicios. “La portavoz de la oposición para las personas mayores, Darlene Compton, dice que ha tenido conocimiento de la preocupación de los habitantes de la isla con respecto al hecho de que pronto se verán obligados a pagar la atención domiciliaria de su bolsillo, y que ha oído que los trabajadores gubernamentales están preocupados ya que sus puestos de trabajo podrían estar en peligro. ‘¿Acaso se va a cambiar el modelo? ¿Se va privatizar o seguirá en manos públicas? Estas son las preguntas que oigo’, dijo Compton. ‘Los trabajadores están preocupados’”.
El gobernador republicano de Arkansas, Asa Hutchinson, declara que el estado tratará de conseguir licitaciones de empresas lucrativas para que se hagan cargo de los centros de detención juvenil. “El gobernador ordenó en enero a la división de servicios para la juventud que gestionara siete de los ocho centros del estado. Hutchinson tomó la decisión cuando los legisladores rechazaron un contrato de $160 millones con una empresa de Indiana para sustituir los contratos de otras dos organizaciones que estaban finalizando”.
La crisis de personal sigue afectando a la residencia de ancianos de Grand Rapids desde que fue privatizada en 2013. “Tener un número suficiente de enfermeras y supervisores en servicio sigue siendo un problema en la residencia de Grand Rapids, según los auditores. En los dos meses supervisados –diciembre de 2016 y enero de 2017– la auditoría consideró que durante 37 días no hubo suficientes supervisores en servicio para las auxiliares de enfermería (CENA - competency evaluated nurse assistant). Debería haber nueve supervisores en servicio al día y la auditoria encontró que faltaban de media de 2,9 supervisores. Asimismo, durante el periodo de dos meses, los auditores encontraron problemas diariamente con el número de personal CENA en servicio. Debería haber habido 115 empleados CENA en servicio cada día –pero este nivel establecido no se cumplía, según los auditores”.
El sindicato de docentes de Puerto Rico, que cuenta con 40.000 miembros, firma un acuerdo histórico para afiliarse a la Federación Americana de Docentes con el fin de ayudar a “luchar contra la austeridad y la privatización”. La presidenta de la AFT, Randi Weingarten, dijo que “un ataque contra los docentes en cualquier lugar es un ataque contra los docentes en todo el mundo. [La Asociación de Maestros de Puerto Rico] ha estado luchando contra la austeridad y la privatización en Puerto Rico y sus consecuencias para la vida de los habitantes de la isla. Con esta afiliación, 1,6 millones de miembros de la AFT se unen a esta lucha”. La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, dijo que “los docentes son docentes independientemente de donde trabajen, y el gobierno y los ciudadanos deberían tratarnos como profesionales y considerarnos como un recurso vital y necesario”. Antes de firmar el acuerdo, “la AFT y la AMPR trabajaron juntas durante meses para oponerse a los ataques del órgano de control de la PROMESA contra la educación pública y denunciar el papel desempeñado por los fondos especulativos en la crisis. Se han realizado actividades de formación conjuntas para mejorar la comunicación y la implicación de los miembros. Por otra parte, la AFT ha prestado ayuda a la AMPR en cuestiones relativas a la quiebra de Puerto Rico”.
El proyecto del gobernador republicano de Tennessee de subcontratar las instalaciones estatales está perjudicando a los trabajadores y malgastando el dinero de los contribuyentes en beneficio de la gran multinacional JLL, pero él se niega a escuchar a los 75 legisladores que le han pedido que detenga el programa. Otros experimentos de externalización han sido un fracaso total. “Los costes para los contribuyentes aumentaron más del doble cuando el parque de automóviles estatal fue subcontratado. No pudimos obtener las notas de los estudiantes cuando subcontratamos nuestros servicios de pruebas estandarizadas TNReady. En la UT-Knoxville, la externalización de los servicios de mantenimiento fue tan desastrosa que la universidad los trajo de vuelta a casa”.
A medida que se acerca la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), advierte de que la privatización de la tierra y el agua puede verse forzada en el campo mexicano.
Tras la emisión de un programa de noticias que informaba de la escasez de agua en la frontera con Ecuador, FENTAP, la Federación de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú, afiliada a la ISP, evalúa los resultados de la privatización de la compañía de aguas en una de las regiones del país. FENTAP pide que se solucione inmediatamente la escasez de agua y la remunicipalización de los servicios de abastecimiento de agua.
La ministra de educación, Marilú Martens, educada en Harward, inicia un proceso de sanciones a los docentes huelguistas. Los docentes reclaman una ayuda presupuestaria del 10% del PIB para la educación y que se ponga fin a la privatización de las escuelas.
Los trabajadores del sector público de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes instalaron una carpa frente a la Intendencia de Montevideo para protestar por la mala fe del gobierno en la negociación colectiva y preparar una posible huelga general para principios de septiembre. “El primer objetivo de nuestra lucha es la defensa de las empresas públicas y el rechazo a la privatización de diferentes sectores a través de la tercerización. Para llevar adelante esta defensa debemos contar con el mayor apoyo posible de la población”, dijo Georgy Martínez, coordinador de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes.
Investigaciones recientes examinan el problema de la corrupción en el marco de las ‘asociaciones público-privadas’ en los mercados emergentes. La mayoría de los estudios anteriores “analizan proyectos en las economías desarrolladas y los pocos que se centran en las economías emergentes generalmente olvidan los países de Europa Central y Oriental (PECO). Esto constituye un inconveniente, dado que los países PECO constituyen una región cada vez más atractiva para los inversores y, por consiguiente, han sido testigos de un notable aumento del flujo de inversión extranjera directa (IED) en los últimos tiempos”.
Cientos de conductores ferroviarios se declararon en huelga para protestar contra los planes del gobierno de privatizar parte del monopolio nacional de ferrocarriles.
Reino Unido: Infrastructure Investor informa de que la competencia desenfrenada –y los esfuerzos de reglamentación para proteger a los consumidores contra la especulación de los precios– en sectores de servicios públicos vitales, tales como el suministro de agua, pueden socavar el enfoque basado en el mercado. “El agua del Reino Unido es un ejemplo de ello. Un perpetuo hervidero de actividad –tal como lo atestiguan los recientes acuerdos para Thames Water y Affinity Water. Existen cada vez más indicios de que el regulador Ofwat está considerando introducir cambios que pueden hacer que el sector pueda ser considerablemente menos atractivo para el próximo período reglamentario de cinco años, que dará comienzo el 1 de abril de 2020. Impulsado por ‘una orientación hacia unas tarifas asequibles para los clientes’, tal como la agencia de calificación Standard & Poor’s escribió en una nota reciente, los rendimientos de capital permitidos podrían reducirse del 5,65% actual a entre un 3,5% y un 4,5%. Ofwat también propone vincular el coste de la nueva deuda contraída por las empresas a un índice, exponiéndolo a la posible subida de los tipos de interés”.
El gobierno está considerando la posibilidad de introducir una nueva ley relativa a las APP que daría a los gobiernos locales la libertad de aprobar las APP más pequeñas mientras que deberían contar con la aprobación del gobierno central para los proyectos más grandes.

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Artículo 44
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Domicilio fiscal - página 12
... mismas no haya debido ser absorbido por los respectivos débitos fiscales originados por el desarrollo de la actividad.B – REQUISITOS Y ....c) Declarar y mantener actualizado ante este Organismo el domicilio fiscal, conforme a los términos establecidos por el artículo 3° de la ...
Eximición. Recurso extraordinario. Concurso real con homicidio. Partidos políticos.
CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS S.A. DE CV<\/p>
... Romanello, argentino, abogado, casado, DNI N° 28.463.806, con domicilio en Av. Córdoba 817, piso 3, Oficina 6, y con domicilio especial en Av. ... de registro federal de Contribuyentes: MPR 960118 QW9 Domicilio fiscal: Av. Del Conscripto 311, Acceso 4, Caballeriza 6-D105, Col. Lomas de ...
Sentencia Nº 33 de Secretaría Civil STJ N1, 11-05-2017
... DE RECAUDACION TRIBUTARIA c/VERON, Juan Pablo Ramón s/EJECUCION FISCAL s/CASACION” (Expte. Nº 28789/16-STJ-), elevados por la Cámara de ... monitoria a la ejecutada se debe realizar por cédula en el domicilio real con copias de rigor y aviso de práctica.	2.-Agravios recursivos: La ...
...: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio constituido por el contribuyente LAS PIRCAS CEREALES S.A. \u2013CUIT ...Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado en el artículo anterior en la sede de la ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27 de Diciembre de 2012, C. 312. XLVIII
Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 11 de Febrero de 2014, C. 60. XLIX
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Admitió Hotesur que la Presidenta no cumplió con requisitos legales
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Luis Piedrabuena: el aislado pueblo que albergará una Cámara Federal
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Resolución General 3986 - E. Procedimiento. Clave de Inversores del Exterior (CIE). Asignación a entes colectivos del exterior que realicen inversiones financieras en el país.
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AV. EVA PERON 4236 C.A.B.A.
. Carrillo, Horacio, DNI N° 4.262.685, con domicilio en Av. Eva Perón 4236 (1407) C.A.B.A. y Carrillo, Claudia Marcela DNI N° ..., Claudia Marcela S.H." Cuit N° 30-68027638-9, con domicilio fiscal en Av. Eva Perón 4236 (1407) C.A.B.A., transfieren su fondo de Comercio ...

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Revista Jur�dica Online | Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Pol�ticas | Universidad Cat�lica de Guayaquil - Ecuador - La Acci�n Judicial de los Particulares y la Interpretaci�n Prejudicial en el Pacto Andino
Ud está en: Inicio Art�culos de Derecho Procesal La Acci�n Judicial de los Particulares y la Interpretaci�n Prejudicial en el Pacto Andino mi�rcoles, 22 de mayo de 2013 Inicio
La Acci�n Judicial de los Particulares y la Interpretaci�n Prejudicial en el Pacto Andino	Escrito por Dr. Galo Pico Mantilla	Descargue el artículo completo en PDF. 08_Accion_Judicial_De_Particulares.pdf 348kB 1. INTRODUCCION El Tratado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, generalmente conocido como Tribunal Andino de Justicia, por ahora, establece una sola acción directa de los particulares ante el Tribunal y el acceso indirecto de ellos a través de los jueces nacionales.
El primer caso se refiere a la titularidad de los particulares para demandar ante el Tribunal la nulidad de las Decisiones de la Comisión y de las Resoluciones de la Junta, que son elementos constitutivos del derecho secundario o derivado de la integración andina. El segundo caso alude a la interpretación prejudicial de la norma comunitaria por parte del Tribunal (Art. 28 del Tratado), la cual se puede solicitar ante los jueces nacionales en dos situaciones: una, en la acción que pueden presentar los particulares ante los jueces nacionales competentes, por el incumplimiento de los Países Miembros del Acuerdo al ordenamiento jurídico del mismo (Art. 27 del Tratado) ; y otra, en general, en todo "proceso en que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena" (Art. 29 del Tratado).Sobre la acción de nulidad de las Decisiones y Resoluciones, dejamos, por el momento, únicamente el enunciado anterior para pasar de inmediato a la mencionada acción por incumplimiento y con ella a la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.2. ACCION POR INCUMPLIMIENTO ANTE LOS JUECES NACIONALES En el Acuerdo de Cartagena o "Pacto Andino" como reiteradamente se le denomina, por medio del Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia, se configuró su propio e individualizado ordenamiento jurídico tanto con las normas fundacionales o constitucionales del proceso, como con las derivadas o secundarias originadas por mandato o cesión legislativa de las primeras. Esto es, por una parte, con el propio Acuerdo de Cartagena, sus instrumentos adicionales y modificatorios y el Tratado del Tribunal de Justicia del mismo Acuerdo; y por otra, con las Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de la Junta, dos de los cuatro órganos principales del Acuerdo. Con estos términos explicamos la enumeración que hace el artículo 1º del Tratado del Tribunal de los elementos que conforman el citado ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, cuyo cumplimiento por parte de los Países Miembros, está previsto en el artículo 52 del mismo Tratado Constitutivo, norma ésta a la cual se refiere el artículo 27 que regula la acción por incumplimiento que pueden intentar los particulares ante los Jueces nacionales competentes. Ahora bien, este ordenamiento jurídico, como sólido soporte que es para la construcción integracionista, debe ser preservado y acatado por los Estados, las instituciones y los nacionales involucrados en el proceso de integración, tanto por el compromiso que adquirieron en la constitución del Grupo Andino, garantizado por el principio universalmente reconocido del "Pacta Sunt Servanda", como por el carácter preciso y expreso de la norma comunitaria, el cual se destaca con la referencia concreta que hace el Tratado del Tribunal sobre la "aplicabilidad directa" y la "obligatoriedad" de sus disposiciones.En consecuencia, cualquier transgresión a este conjunto de normas, a su oportuna y correcta aplicación por parte de cualquiera de los países miembros de la organización comunitaria, deviene ineludiblemente en un acto ilegítimo, indebido y contrario a los principios de la integración, lo cual equivale a decir adverso u opuesto a la finalidad última del Acuerdo de Cartagena, que es la de "procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión", para lo cual, por cierto, deben contribuir en todo el espacio de su respectiva participación, tanto los gobiernos como los particulares - productores y consumidores - de los países asociados. En otras palabras , deben intervenir el sector público y el sector privado de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, dentro del marco jurídico de sus propias regulaciones. Por esta razón, la inobservancia o incumplimiento del ordenamiento jurídico al que aludimos, puede ser demandado ante el Tribunal Andino por los Países Miembros de la Junta y ante los Tribunales nacionales por los particulares de los mismos Países Miembros. Me refiero ahora a esta segunda posibilidad, en la cual, los titulares de la acción son los particulares del Grupo Andino. En esta acción por incumplimiento ante los Jueces nacionales -como en todas las que "deba aplicarse alguna de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena"-, como parte esencial del proceso antes de las resolución de los Jueces nacionales se requiere de un complemento jurídico, constituido por la "interpretación prejudicial", de la cual hablaremos posteriormente, cuya solicitud por parte del Juez nacional al Tribunal Andino, surge como necesaria y obligatoria, para asegurar por este medio la aplicación uniforme de la norma comunitaria en los cinco países del Acuerdo, en cumplimiento de lo previsto por el Tratado del Tribunal y como se requiere para consolidar la integración, puesto que, como dice Leointín Contantinesco "la unidad del derecho comunitario, tiene que ser asegurada mediante la unidad de interpretación . Esta tiene que evitar que el derecho comunitario tenga significaciones diferentes según la interpretación que puedan darle los distintos Tribunales nacionales" (Dimensión Jurídica de la Integración, INTAL, Buenos Aries, 1973).3. PROCEDIMIENTO DE LA ACCION Enunciado como queda el derecho de los particulares para reclamar por el incumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico andino, luego de precisar aun más alcance de la obligación comunitaria que tienen los Países Miembros, vamos a ver cuál es el procedimiento que corresponde a las normas que se encuentran vigentes -desde 1983 para el ejercicio judicial de esta acción ante los Jueces nacionales. En efecto, siguiendo los términos del Tratado del Tribunal -como hemos dicho en otras ocasiones-, los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, por igual, tienen una doble obligación que cumplir en defensa del interés de la comunidad reflejado en el ordenamiento jurídico por ellos acordado. Se trata de una obligación de "hacer" y otra de "no hacer", establecidas en una doble exigencia, la una de "acción" y la otra de "omisión". Según la primera, los Países Miembros "están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena", y de conformidad con la segunda, los mismos países, tienen el compromiso obligante de no "adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación" , conforme se encuentra preceptuado por el artículo 5° del Tratado del Tribunal.Entonces, es la inobservancia de estos preceptos, la que constituye un incumpliento típico del ordenamiento jurídico andino d-peamran or los particulares ante los Jueces nacionales del país incumplido y similar al incumplimiento que puede ser acusado ante el Tribunal Andino por los mismos Países Miembros y por la Junta del Acuerdo.En resumen, simplificando aún más el contenido de las disposiciones que regulan esta acción por incumplimiento que además de la acción prevista en los artículos 28 y 29, da lugar a la interpretación prejudicial (artículos 27 y 5 del Tratado del Tribunal y 80 del Estatuto) diremos que el procedimiento de esta acción se inicia mediante la presentación de una demanda ante "los Tribunales nacionales competentes de conformidad con las prescripciones del derecho interno" por parte de un partidor cuyos "derechos resulten afectados" por el incumplimiento de las disposiciones del artículo 5º del Tratado del Tribunal, o sea de cualquiera de las dos obligaciones que hemos descrito anteriormente, es decir la de adoptar los mecanismos que sean necesarios para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico o la de abstenerse de aprobar cualquier medida que dificulte la aplicación del citado ordenamiento. Dicho de otra manera y en pocas palabras, la demanda por incumplimiento, que puede ser de nulidad o de "plena jurisdicción" según lo que disponga el derecho interno, debe referirse a cualquier forma o modo de incumplimiento de lo dispuesto por el tantas veces mencionado ordenamiento jurídico del Acuerdo.Por otra parte, vale repetir lo que dije ante los Jueces nacionales de Venezuela, que a mi juicio, la remisión que hace el artículo 27 del Tratado a los "Tribunales nacionales competentes de conformidad con las prescripciones del derecho interno", se refiere a las modalidades procesales, a los requisitos y formalidades para demandar, por ejemplo, la nulidad o ilegalidad de cierta norma. En otros términos, se refiere a la jurisidicción y competencia de los jueces nacionales según lo dispuesto por la legislación interna de sus respectivos países.4. INTERPRETACION PREJUDICIALIniciada la causa, ante un Juez nacional, sin perjuicio de los trámites procesales previstos por la legislación interna, surge la necesidad de cumplir con el requisito procesal que para estos casos, es la interpretación prejudicial del Tribunal, sin la cual no estaría autorizada la aplicación de la norma andina por parte del Juez nacional en la sentencia que le corresponda dictar en este tipo de procesos en virtud de la atribución a él concedida por el Tratado del Tribunal, la cual resulta ser adicional a las que le correspondan según la respectiva ley de su país.Efectivamente, "los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena", deberán solicitar la interpretación del Tribunal de la norma o normas comunitarias aplicables al caso y suspender el trámite de la causa hasta recibir la interpretación, salvo cuando su sentencia sea susceptible de recursos conforme a la reglas del derecho interno. De esta alternativa, emerge lo que hemos dado en llamar la solicitud facultativa y la solicitud obligatoria de interpretación. Es facultativa para el Juez nacional, como queda dicho, cuando su sentencia puede ser revisada por el superior y es obligatoria, si la sentencia es de única instancia o si se trata del último recurso que puede proponerse contra ella.Dentro de los procedimientos judiciales, equivale a decir que para el Juez nacional es potestativo solicitar la interpretación del Tribunal cuando se trata de primera instancia y que, por el contrario, para el superior o Juez de única o última instancia es obligatorio presentar la mencionada petición.En todo caso, me adelanto a precisar que la sentencia de interpretación expedida por el Tribunal, sea que se produzca como consecuencia de una solicitud facultativa o de una petición obligatoria, una vez notificada, es de ineludible cumplimiento por parte de los Jueces nacionales, sin atención a la instancia del proceso. Así lo dispone el artículo 31 del Tratado cuando dice que: "El Juez que conozca del proceso deberá adoptar la interpretación del Tribunal".Además de esta precisión, advirtamos también otras particularidades de la interpretación prejudicial, las cuales son parte ya de la Jurisprudencia de este Tribunal.Una de ellas es la oportunidad para presentar la petición, sea del particular al Juez nacional o de éste al Tribunal Andino de Justicia. En uno y otro caso la petición puede presentarse en cualquier etapa del proceso,desde la presentación de la demanda hasta el acto previo para dictar sentencia,puesto que no se trata de un procedimiento regulado por la legislación nacional sino de un arbitrio de cooperación judicial creado por la norma comunitaria.Como ha dicho el Tribunal, la interpretación no constituye prueba ni requiere ser practicada dentro de esta etapa del procedimiento,más bien, sostiene que se tata de un requisito para dictar sentencia.Específicamente -explicó-, para el caso de la solicitud obligatoria, porque en el evento de que se presente la solicitud de índole faculta tiva,el Juez nacional puede continuar con el trámite de la causa sin esperar la interpretación del Tribunal,lo que en cambio le está vedado hacerlo cuando se trata de una solicitud obligatoria.Otra particularidad de la interpretación es la de que para cada caso, aún cuando se trate de asuntos similares, es indispensable la solicitud del Juez Nacional y la consecuente interpretación del Tribunal. Además, sin que lo expresado represente un orden de preferencia en las singularidades de la interpretación queremos destacar que esta forma de prejudicialidad, es un caso especial de distribución de competencias entre los jueces que para la aplicación de la norma común, constituyen la jurisidicción comunitaria: Los Jueces nacionales y el Tribunal de Justicia le corresponde interpretar la norma comunitaria y al Tribunal nacional le incumbe aplicarla mediante la realización mutua de este procedimiento jurídico de colaboración activa destinado a lograr el cumplimiento de las normas y fines de la integración. ...	< Anterior

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