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[SC748 11] - Colpensiones - Administradora Colombiana de Pensiones
SENTENCIA C-748/11
REF: EXPEDIENTE PE-032
Ficha CC SC 748 de 2011
Color Azul agua Ratio Decidendi
Comunicado de Prensa No. 40 de 5 y 6 de octubre de 2011
<Disponible el 14 de octubre de 2011>
La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del articulado del proyecto de ley estatutaria que regula el tratamiento de datos diferentes a los financieros y comerciales con fines de cálculo de riesgo, que ya fueron regulados en otra Ley estatutaria 1266 de 2008
Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.
3. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos.
d) Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento dentro de los cinco (5) días hábiles, contados a partir de su recibo.
g) Registrar en la base de datos la leyenda “reclamo en trámite” en la forma en que se regula en la presente ley.
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional en el plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley incorporará dentro de la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio un despacho de Superintendente Delegado para ejercer las funciones de Autoridad de Protección de Datos.
b) Los recursos que le sean destinados en el Presupuesto General de la Nación.
a) Multas de carácter personal e institucional a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó.
Parágrafo. Las sanciones indicadas en el presente artículo solo aplican para las personas de naturaleza privada. En el evento en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio advierta un presunto incumplimiento de una autoridad pública a las disposiciones de la presente ley, remitirá la actuación a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la investigación respectiva.
f) Transferencias necesarias o legalmente exigidas para la salvaguardia del interés público, o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.
Artículo 27. Disposiciones especiales. El Gobierno Nacional regulará lo concerniente al Tratamiento sobre datos personales que requieran de disposiciones especiales. En todo caso, dicha reglamentación no podrá ser contraria a las disposiciones contenidas en la presente ley.
Artículo 28. Normas corporativas vinculantes. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente sobre Normas Corporativas Vinculantes para la certificación de buenas prácticas en protección de datos personales y su transferencia a terceros países.
Artículo 29. Certificación de antecedentes judiciales. El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o quien ejerza esta función, mantendrá y actualizará los registros delictivos y de identificación nacional de acuerdo con los informes y avisos que para el efecto deberán remitirle las autoridades judiciales, conforme a la Constitución Política y la ley.
Al expedir certificados judiciales por petición ciudadana, el Departamento Administrativo de Seguridad o quien ejerza esta función, se abstendrá de incluir como antecedente penal los registros delictivos del solicitante cuando este haya cumplido su pena o la misma haya prescrito.
Parágrafo 1°. Los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad, o de quien ejerza esta función en esta materia, tendrán carácter reservado y en consecuencia solo se expedirán certificados o informes de los registros contenidos en ellos.
Parágrafo 2°. El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o quien ejerza esta función, garantizará la disponibilidad de manera gratuita y permanente la información electrónica sobre el Certificado de Antecedentes Judiciales para ser consultados por el titular, interesado o por terceros a través de la página web de la entidad y los mismos gozarán de plena validez y legitimidad.
Parágrafo 3°. El certificado judicial expedido a solicitud de los peticionarios de sus propios registros, no será válido en aquellos cargos donde se requiera la carencia total de antecedentes.
En este caso, cuando las entidades de la Administración Pública requieran la presentación de los antecedentes judiciales, deberán dar cumplimiento estricto a lo señalado en el artículo 17 del Decreto 2150 de 1995 o la norma que la modifique, complemente, adicione o aclare.
Artículo 30. Bases de datos de inteligencia y contrainteligencia. Las bases de datos o archivos de las entidades que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia deberán guiarse estrictamente por los parámetros de tratamiento de datos establecidos en el Plan Nacional de Inteligencia y por la Junta de Inteligencia Conjunta, así como en las demás normas legales.
En todo caso la autorización de una orden de operaciones o misión de trabajo, no podrá ser emitida por un servidor público que ostente un nivel distinto al de directivo, comando o su equivalente.
Los documentos, información y equipos técnicos de los organismos que desarrollen labores de inteligencia o contrainteligencia estarán amparados por la reserva legal por un término máximo de 40 años y tendrán carácter de información reservada según el grado de clasificación que corresponda en cada caso.
Parágrafo. El servidor público que decida ampararse en la reserva legal para no suministrar información a un titular, deberá hacerlo motivadamente, señalando la razonabilidad y proporcionalidad de su decisión al requirente. En cualquier caso, frente a las decisiones señaladas procederán los recursos y acciones legales y constitucionales pertinentes.
No se podrá oponer la reserva legal a los requerimientos de los jueces y otras autoridades competentes.
Artículo 31. Valor probatorio y reserva de los informes de inteligencia y contrainteligencia. En ningún caso los informes de inteligencia tendrán valor probatorio dentro de los procesos judiciales, pero su contenido podrá constituir criterio orientador para el desarrollo de los actos urgentes que desarrolla la policía judicial en materia penal. En todo caso se garantizará la reserva para proteger la identidad de quienes son objeto de dichos informes, de los funcionarios de inteligencia y contrainteligencia, sus métodos y fuentes.
Artículo 32. Régimen de transición. Las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ejerzan alguna de las actividades acá reguladas tendrán un plazo de hasta seis (6) meses para adecuarse a las disposiciones contempladas en esta ley.
Artículo 33. Derogatorias. La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias a excepción de aquellas contempladas en el artículo segundo.
Artículo 34. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación.
Primero.-Declarar EXEQUIBLE, por su aspecto formal, el proyecto de ley Estatutaria No. 046/10 Cámara – 184/10 Senado “por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, salvo los artículos 29, 30 y 31 que se declaran INEXEQUIBLES por vicios de procedimiento en su aprobación.
Segundo.-Declarar EXEQUIBLES los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 32, 33 y 34 del proyecto de ley, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 6 del proyecto de ley objeto de revisión, excepto la expresión “el Titular haya hecho manifiestamente públicos o”, del literal d) que se declara INEXEQUIBLE.
Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 8 del proyecto de ley objeto de revisión, excepto la expresión “sólo”, del literal e) que se declara INEXEQUIBLE. De la misma manera, el literal e) debe entenderse en el sentido que el Titular también podrá revocar la autorización y solicitar la supresión del dato, cuando no exista un deber legal o contractual que le imponga el deber de permanecer en la referida base de datos.
Quinto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 19 del proyecto de ley objeto de revisión, bajo el entendido que la Delegatura de Protección de Datos Personales, en ejercicio de sus funciones deberá actuar de manera autónoma e independiente.
Sexto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 20 del proyecto de ley, a excepción del literal a) que se declara INEXEQUIBLE.
Séptimo.- Declarar EXEQUIBILE el artículo 23 del proyecto de ley, salvo la expresión “a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio”, del literal a) que se declara INEXEQUIBLE.
Octavo. -Declarar EXEQUIBLE el artículo 26 del proyecto de ley, salvo la expresión “necesarias o” contenida en el literal f), que se declara INEXEQUIBLE.
Noveno.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 27 del proyecto de ley objeto de revisión.
Examinado el trámite surtido por el Proyecto de Ley Estatutaria Número 184 de 2010 Senado, 046 de 2010 Cámara, “por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, la Corte constató el cumplimiento de los requisitos constitucionales (arts. 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161 de la C.P.) y legales (arts. 117, 119, 141, 144, 208 de la Ley 5ª de 1992), que se exigen de una ley de naturaleza estatutaria, en cuanto cumplió en debida forma con: a) la publicación del proyecto en la Gaceta del Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva; b) el trámite y aprobación del proyecto de ley estatutaria en una sola legislatura; c) la aprobación por la mayoría absoluta de las comisiones y plenarias de cada Cámara; d) el acatamiento de las pautas fijadas en el artículo 160 de la Constitución Política para los debates legislativos, en lo relativo a la publicación de las ponencias, el lapso de 8 días entre primero y segundo debate y de 15 días entre la aprobación del proyecto en una cámara y el inicio del debate en la otra; e) la realización del aviso previo en distinta sesión en la que se discutiría y votaría el proyecto, tanto en las respectivas comisiones constitucionales permanentes, como en las plenarias del Senado de la República y Cámara de Representantes; d) el respeto de los principios de unidad de materia, identidad flexible y consecutividad y e) la remisión del proyecto de ley a la Corte Constitucional para su control integral de constitucionalidad antes de la sanción presidencial y su promulgación.
Sin embargo, tres normas del proyecto, los artículos 29, 30 y 31, fueron declarados inexequibles por violación del principio de consecutividad previsto en el artículo 157 de la Constitución. El artículo 29, que establecía una regulación exhaustiva sobre los datos relacionados con los antecedentes judiciales y la manera como deben plasmarse en los certificados expedidos por el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, observó la Sala que fue introducido en el tercer debate por la Comisión Primera del Senado de la República, sin que ese asunto hubiera sido discutido en la Cámara de Representantes. Si bien durante el segundo debate en la Plenaria de la Cámara se mencionó el asunto de las bases de datos en materia penal y de investigación judicial, a juicio de la Corporación, ello no constituyó debate sobre la inclusión de una regulación en la materia, sino, por el contrario, sobre la decisión de exceptuarlos del ámbito de aplicación del proyecto de ley. Sólo hasta el tercer debate se planteó por primera vez la inclusión de dicha regulación, específicamente durante la audiencia pública convocada por la Comisión Primera del Senado de la República, de manera que lo regulado en el artículo 29 fue aprobado únicamente en dos debates, desconociendo la regla constitucional de los cuatros debates que exige el artículo 157.
Igualmente, los artículos 30 y 31 se declaran inexequibles por violación del principio de consecutividad. El tema en ellos regulado, esto es, el tratamiento de los datos personales para inteligencia y contrainteligencia, la Sala concluyó que no fue siquiera mencionado en los debates de la Cámara de Representantes –primer y segundo debate-, ni en el debate realizado en la Comisión Primera del Senado de la República –tercer debate-, surtiendo por tanto sólo un debate de los cuatro ordenados por los numerales 2 y 3 del artículo 157 Superior.
En relación con el contenido del proyecto de ley, la Sala encontró que en términos generales se ajusta a la Carta; sin embargo, hizo las siguientes precisiones y declaraciones puntuales de inexequibilidad:
Para comenzar, y después de reiterar que el derecho fundamental al habeas data es diferente al derecho a la intimidad, al buen nombre y a la información, la Sala concluyó que el proyecto de ley introduce un modelo híbrido de protección en el que confluyen, en primer lugar, una ley estatutaria general con reglas comunes y mínimas para el tratamiento de todo tipo de dato personal y que prevé un órgano, que debe actuar de forma autónoma e independiente, encargado de hacer cumplir la ley general, resolver controversias y fijar políticas públicas en la materia; y en segundo lugar, leyes sectoriales complementarias que establecen reglas adicionales aplicables al tratamiento de datos con características especiales y cuyo procesamiento genera tensión entre el derecho al habeas data y otros principios constitucionales, como la soberanía nacional, el orden público, la libertad de prensa, etc.
Una vez delineado el modelo de protección, la Corte procedió a examinar la constitucionalidad del articulado. En relación con el artículo 1°, la Sala concluyó que era exequible, pues refleja el contenido de las disposiciones del articulado. Respecto de la mención del artículo 20 constitucional, la Sala reconoció que el proyecto sí regula los derechos contenidos en dicho precepto, pero solamente en el punto que convergen o entran en tensión con el derecho al habeas data, es decir, la Corte precisó que el proyecto bajo revisión no pretende una regulación exhaustiva del artículo 20 de la Carta; su pretensión es la regulación del habeas data.
Por otra parte, la Sala encontró que el artículo 2 se ajusta a la Carta, ya que delimita adecuadamente el ámbito de aplicación territorial, subjetivo y material de la futura ley. No obstante, se precisó que a las excepciones previstas en esta disposición le son aplicables los principios enunciados en el artículo 4, y que además aquellas deben ser reguladas mediante otras leyes estatutarias sectoriales con estricta sujeción al principio de proporcionalidad.
La Corte también declaró exequible el artículo 3 sobre definiciones. Al respecto, recordó que éstas son construcciones del legislador que no provienen de la naturaleza ni de la ciencia, sino de su razonabilidad y amplia libertad de configuración. Precisó que en tanto construcciones legislativas, el juez constitucional, en el evento de dudas, puede emplear los criterios de interpretación constitucional para ajustar esos enunciados a las exigencias constitucionales con el fin de preservar la voluntad democrática, en observancia del principio de conservación del derecho. Por esta razón, una vez analizó la definición que el proyecto de ley hace del responsable del tratamiento, la Sala consideró que comprende a sujetos pasivos del derecho tales como la fuente y los usuarios, razón por la que cada vez que el proyecto emplea ese término debe entenderse referido a todos estos agentes. En ese orden, se explicó que los deberes, el régimen sancionatorio y los procedimientos de petición y reclamos que se regulan en el proyecto cobijan igualmente a la fuente y a los usuarios del dato. Así mismo, se precisó que el término base de datos comprende los archivos, y que si bien las definiciones de dato personal y titular solamente hacen referencia a las personas naturales, la protección del habeas data eventualmente podrá extenderse a las personas jurídicas cuando sea necesario para garantizar los derechos de las personas naturales que las conforman.
En relación con el artículo 4, que establece los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, de transparencia, de acceso y circulación restringida, de seguridad y el principio de confidencialidad en materia de tratamiento de datos, la Corporación consideró que es constitucional, pero interpretando que a los principios enunciados se integran otros principios como los de temporalidad, necesidad, incorporación e individualidad, desarrollados por la jurisprudencia constitucional.
Respecto de los artículos 5 y 6 sobre definición de datos sensibles y excepciones a la prohibición de su tratamiento, la Corte consideró que se ajustan a la Constitución, salvo la expresión “el Titular haya hecho manifiestamente públicos o”, del literal d), el cual fue declarado inexequible, por cuanto pasa por alto que el hecho de que un dato sensible se haga público no lo convierte en un dato de naturaleza pública que cualquier persona pueda someter a tratamiento.
El artículo 7, que hace referencia a los datos de los niños, niñas y adolescentes, se declaró exequible con las siguientes precisiones: la Sala indicó que el inciso segundo debe interpretarse en el sentido de que el tratamiento de los datos personales de los menores de 18 años, al margen de su naturaleza, pueden ser objeto de tratamiento, siempre y cuando no se ponga en riesgo la prevalencia de sus derechos fundamentales e inequívocamente responda a la realización del principio de su interés superior. Además, se señaló que la opinión del menor de 18 años siempre se debe tener en cuenta para el tratamiento de sus datos personales. En relación con el contenido del inciso tercero, referente al término de seis (6) meses que se le otorgó al Gobierno Nacional para que ejerza su potestad reglamentaria, se precisó que no puede entenderse como un término de caducidad para el ejercicio de dicha potestad.
Frente a los derechos de los Titulares de los datos consagrados en el artículo 8, la Corte señaló que se ajustan a la Carta, pues son una manifestación de los principios que rigen el proceso informático. Sin embargo, condicionó la constitucionalidad del literal e), referida a la revocatoria del dato, en el entendido que esa facultad no sólo procede por el mal uso que se haga de los datos, sino en virtud de la solicitud libre y voluntaria del Titular del dato, cuando no exista una obligación legal o contractual que imponga su permanencia en la base de datos. En consecuencia, declaró INEXEQUIBLE el vocablo “sólo” del literal e).
Al estudiar la constitucionalidad de los artículos 9 y 10, reiteró que todo tratamiento de datos personales debe hacerse con la autorización expresa, previa e informada por parte del Titular del dato, y la autorización sólo puede prescindirse en los casos consagrados en el artículo 10, es decir: (i) cuando la información es requerida por autoridad pública o judicial, siempre cuando se interprete que se encuentra sometida a los principios establecidos por la Ley Estatutaria; (ii) respecto de datos de naturaleza pública y relacionados con el registro civil de las personas; (iii) en los casos de urgencia médica o sanitaria. Sobre esta última hipótesis, precisó la Corte en las consideraciones de la providencia que tal excepción sólo opera en los casos en que dada la situación concreta de urgencia, no sea posible obtener la autorización del titular o resulte particularmente problemático gestionarla, dadas las circunstancias de apremio, riesgo o peligro para otros derechos fundamentales, ya sea del titular o de terceras personas; y (iv) para el tratamiento de información con fines históricos, estadísticos o científicos.
Los artículos 11 y 12, referidos a la manera como debe entregársele la información al Titular y lo que debe comunicársele en el momento que suministra el dato para su Tratamiento, también fueron declarados exequibles. Sin embargo, en las consideraciones se precisó que en todas las situaciones debe advertirse que las preguntas hechas son voluntarias. Igualmente, el artículo 13 se declaró exequible, advirtiendo que en todos los casos todas las personas que por virtud de la Ley pueden acceder a un dato se encuentran sometidas a los límites establecidos por el proyecto de ley.
En cuanto a los procedimientos de consulta, reclamos y requisitos de procedibilidad, contemplados en los artículos 14, 15 y 16, se encontraron exequibles por tratarse de mecanismos para hacer efectivas todas las garantías reconocidas al titular del dato.
Frente a los artículos 17 y 18, que enumeran los deberes de los responsables y encargados del tratamiento del dato, se precisó que: (i) el concepto de responsable comprende la fuente y al usuario, razón por la que los deberes de aquel son también exigibles a estos dos últimos sujetos; (ii) esos deberes no son taxativos sino enunciativos desde el punto de vista de lo que puede exigir el titular del dato como sujeto activo del derecho al habeas data;(iii) sin embargo, la lista sí debe entenderse como taxativa desde el punto de vista sancionatorio, es decir, la lista debe delimitar las conductas cuyo incumplimiento da lugar a las sanciones administrativas que se contemplan en el mismo proyecto de ley. En relación con los deberes del encargado del tratamiento, se indicó expresamente que a éste también le corresponde cerciorarse de que existe autorización expresa del titular para el procesamiento correspondiente y que éste se ajusta a la finalidad que le fue informada a aquél.
El artículo 19, que crea una autoridad de protección del dato bajo la forma de una nueva Delegatura de la Superintendencia de Industria y Comercio encargada de hacer cumplir la ley general, vigilar y promover la protección del dato, sancionar tratamientos ilegales, resolver controversias y fijar políticas públicas en la materia, fue declarado exequible bajo el entendido que dicho órgano debe actuar de forma autónoma e independiente. Igualmente, se señaló que el Gobierno Nacional, al momento reglamentar esa dependencia, debe asegurarse de que se conforme por personas con un conocimiento técnico y que hagan parte de carrera administrativa de la entidad.
En cuanto a los recursos previstos para esa nueva Delegatura, se declaró INEXEQUIBLE el literal a) del artículo 20 que destinaba directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio las multas que se impusieran por el desconocimiento de los deberes enumerados en los artículos 17 y 18. A juicio de la Sala, las multas son recursos no tributarios que deben ingresar al Presupuesto General de la Nación sin una destinación específica, en los términos del artículo 359 constitucional.
En relación con el régimen sancionatorio que se consagra en los artículos 22, 23 y 24, se consideró que es desarrollo del derecho sancionador administrativo, frente al cual la jurisprudencia constitucional ha sido constante en señalar que, pese a ser una manifestación del jus punendi del Estado, los principios que lo rigen no puede ser considerados con la misma rigurosidad que en el derecho penal. En consecuencia, la Corporación concluyó que el procedimiento y las sanciones consagrados en dichos preceptos se ajustan a los principios de legalidad y tipicidad de la infracción y la sanción, razón por la cual las disposiciones fueron declaradas exequibles, salvo la expresión “a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio” contenida en el literal a) del artículo 23, que fue declarada INEXEQUIBLE como consecuencia de la declaración de inexequibilidad del literal a) del artículo 20.
Igualmente, se aclaró el parágrafo del artículo 23, en el sentido de que la Superintendencia de Industria y Comercio sí podrá sancionar las entidades públicas porque su competencia sancionatoria tiene la finalidad de proteger al titular del dato personal, mientras la Procuraduría protege, en especifico, la función pública; es decir, las sanciones que pueden imponer las dos entidades tienen origen en el incumplimiento de deberes de naturaleza distinta. En consecuencia, para la Corte, la facultad sancionatoria que se regula en dicho artículo es tanto para las entidades públicas como para las privadas, como sujetos pasivos del derecho al habeas data. En consecuencia, la Superintendencia podría imponer multas, suspensión de la operación, cierre temporal y definitivo, sanciones que están relacionadas directamente con el dato, mientras la Procuraduría dirigirá su investigación hacia la conducta del funcionario público responsable que incumple sus deberes funcionales.
También se declaró la exequibilidad del artículo 25 relacionado con el Registro Nacional de Datos, pero se aclaró que es obligatoria la inscripción de todas la bases de datos públicas y privadas, con el fin de centralizar su consulta y permitir que los titulares del dato puedan conocer de forma rápida y ágil las bases de datos que hacen tratamiento de sus datos y ejercer así sus derechos ante ellas.
En relación con la transferencia internacional de datos consagrada en el artículo 26, la Corte determinó su constitucionalidad, salvo la expresión “necesarias o” contenida en el literal f), la cual se declaró inexequible por ser un concepto indeterminado y ambiguo que puede afectar el derecho al habeas data al momento de su aplicación. En relación con el literal b), se advirtió que debe interpretarse en el sentido que la facultad de autorizar la transferencia de datos de carácter médico recae no sólo en su titular sino también en sus familiares o representante legal en la hipótesis allí prevista. Respecto de los literales c), d) y e), la Corporación explicó que la transferencia sólo procederá cuando medie la autorización previa y expresa del titular de los datos.
El artículo 27 fue declarado inexequible , por cuanto la regulación del tratamiento de datos especiales, como por ejemplo, los de seguridad e inteligencia, judiciales y penales, entre otros, le compete de forma exclusiva al legislador, en otros términos, la Corte precisó que existe una reserva legal en la materia. En ese orden, la Sala consideró que el Gobierno Nacional no tiene competencia para regular el tratamiento de los datos especiales.
Finalmente, los artículos 28, 32, 33 y 34 se encontraron ajustados a la normatividad constitucional y en consecuencia, fueron declarados exequibles.
La magistrada María Victoria Calle Correa y los magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva se apartaron de lo decidido por la Corte y su salvamento de voto lo argumentaron así:
Las leyes estatutarias que regulan los derechos fundamentales tienen una función de primer orden en el constitucionalismo colombiano, en tanto conforman parámetro de constitucionalidad para el control judicial de leyes posteriores que regulen la materia respectiva. En ese sentido, debe tratarse de regulaciones que, aunque no deben llegar al punto de vaciar las competencias del legislador ordinario y de los reglamentos, en todo caso deben determinar los aspectos centrales del derecho fundamental regulado. Como lo demostró en buena parte y de manera exhaustiva la ponencia original, en el caso analizado este objetivo no es cumplido en el presente caso, puesto que el proyecto de ley estatutaria dejó de regular al menos tres aspectos que están estrechamente vinculados con la garantía y protección del derecho al habeas data, a saber: (i) los deberes de fuentes y usuarios del dato personal; (ii) la existencia de una autoridad de control de la actividad de tratamiento de datos personales, con carácter independiente; y (iii) la regulación de una tipología de datos personales que sirva para otorgar niveles adecuados de vigencia del derecho al habeas data, de acuerdo con la naturaleza jurídica de la información personal objeto de tratamiento. Además, el legislador estatutario al desarrollar los conceptos constitucionales debe tener como base el texto constitucional y respetar su orientación. No puede por tanto mezclar conceptos que la Constitución expresamente distingue.
Agregaron que la jurisprudencia constitucional precedente, de forma acertada y extensa, había identificado que la interpretación adecuada del artículo 15 de la Constitución llevaba a concluir, sin discusión alguna, que el derecho al habeas data se predica de las distintas etapas de acopio, tratamiento, circulación y uso del dato personal, en los precisos términos de esa norma superior, razón por la cual es imperativo que respecto de cada uno de los agentes que participan de este proceso, el titular del dato tuviera derechos y competencias de conocimiento, actualización y rectificación de su información. El proyecto de ley estatutaria objeto de examen, a partir de una errónea e incompleta adopción del modelo europeo de protección de datos personales, omitió toda referencia a las obligaciones y sanciones predicables de fuentes y usuarios del dato personal. Esta situación genera un evidente déficit de protección del derecho al habeas data, puesto que el titular de la información personal queda carente de potestades para lograr la protección y garantía de sus derechos fundamentales frente a esos agentes. Este déficit no puede ser solucionado, como resolvió la mayoría, a partir de una analogía entre los deberes de responsables y encargados, de un lado, y fuentes y usuarios, del otro. Esto debido a que el catálogo de obligaciones que ofrece el proyecto de ley estatutaria es específico y muchos de los deberes allí previstos no pueden ser materialmente exigibles a las fuentes o a los usuarios. Esto se evidencia, por ejemplo, en la imposibilidad que el usuario del dato procesado guarde prueba del consentimiento del titular. De otro lado, menos admisible resulta extender el régimen sancionatorio a fuentes y usuarios, pues ello contradeciría la naturaleza taxativa que impone el principio de legalidad, propio del derecho sancionador.
En segundo lugar, el inadecuado “trasplante normativo” que hizo el legislador estatutario, llevó a que se fijara como autoridad de control para el tratamiento de datos personales a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad perteneciente a la Rama Ejecutiva del Poder Público. Además de las incontables dificultades prácticas que eso genera, la ausencia de una autoridad independiente es manifiestamente contraria al principio de imparcialidad que informa a la función pública, por la sencilla razón que buena parte del tratamiento de datos personales es efectuado por autoridades estatales, tanto a nivel nacional como territorial. Esto exigía que la autoridad colombiana de protección de datos, como sucede con sus pares en el derecho comparado, no hiciera parte del Ejecutivo.
En tercer término, la ausencia de una tipología de datos personales suficiente y detallada, genera un nuevo déficit de protección del derecho al habeas data, debido a que las posibilidades de transmisión de información personal, distinta a los datos sensibles, se torna en ilimitada e inasible de restricción alguna, lo que limita desproporcionadamente las garantías de conocimiento, actualización y rectificación del dato personal, de que trata el artículo 15 de la Constitución.
Para los magistrados Calle Correa, Palacio Palacio y Vargas Silva, la decisión adoptada por la Corte se muestra especialmente problemática. Avalar una normatividad estatutaria manifiestamente incompleta y contradictoria, como en buena hora lo planteaba la ponencia en su proyecto original, hace que esa legislación, antes que concurrir en la eficacia del derecho al habeas data, dé lugar a profundas dificultades interpretativas y, en general, a una injustificada disminución del ámbito de protección del derecho al habeas data. La exequibilidad de la norma estatutaria analizada implica, entonces, que la Corte declara la validez constitucional de una garantía deficitaria del mencionado derecho fundamental. Los datos personales de los colombianos, en tanto expresión de su individualidad como sujetos libres y autónomos, quedan altamente expuestos a toda clase de intereses, tanto nacionales como extranjeros –merced esto último de la recurrente transmisión internacional de datos- en abierta contravía con lo ordenado por el Constituyente. Una situación de este carácter resulta inadmisible, pues lo aquí decidido será base para la decisión acerca de la constitucionalidad de las normas legales y reglamentarias que se profieran en el futuro respecto al tratamiento de datos personales.
Para los magistrados disidentes no deja de ser paradójico que la legislación estatutaria y la jurisprudencia constitucional se muestren más garantistas respecto de la protección del derecho al habeas data frente a los datos personales de contenido financiero, comercial y crediticio; pero que no tengan similar consideración con un asunto mucho más trascendente como lo es el ahora objeto de control judicial: la regulación del derecho al habeas data frente a las diferentes modalidades de tratamiento de información personal.
En criterio de los mencionados Magistrada y Magistrados, la decisión adoptada por la Corte en esta oportunidad desdice de una larga y prolija actividad jurisprudencial en materia de habeas data, cuidadosamente construida por este Tribunal por más de quince años. Este precedente, que muchas voces jurídicas autorizadas consideran pionero en el ámbito latinoamericano, resulta injustificada e innecesariamente disminuido y alterado por la sentencia que ahora profiere la Corte. Estas graves y evidentes dificultades se hubieran solventado fácilmente a través de la declaratoria de inexequibilidad de la norma estatutaria. Esto con el fin que el Congreso, foro natural del debate democrático y órgano titular de la amplia potestad de configuración normativa, regulara nuevamente la materia, a fin de cumplir con los estándares constitucionales mínimos que, se insiste, no reúne la norma acusada.
Adicionalmente, los magistrados María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva aclararon el voto, en relación con las decisiones de inexequibilidad de los artículos 27, 29, 30 y 31 del proyecto de ley estatutaria, por cuanto si bien comparten la decisión adoptada en estos casos, mantienen su postura respecto de la inexequibilidad total del proyecto de ley estatutaria por las razones de orden estructural expuestas anteriormente, las cuales difieren de las que llevaron a declarar la inexequibilidad de las mencionadas normas por vicios de procedimiento en su formación.
Por su parte, el magistrado Mauricio González Cuervo salvó parcialmente el voto respecto de la decisión de inconstitucionalidad del artículo 27 del proyecto de ley estatutaria revisado, toda vez que en su concepto, esta disposición se refiere al desarrollo de la potestad reglamentaria que le confiere al ejecutivo el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, para la cumplida ejecución de leyes. Observó que la pretensión de regulación integral de las leyes estatutarias, no se traduce necesariamente en que el legislador deba prever todos y cada unos de los aspectos técnicos, específicos instrumentales propios de la ejecución de la ley, para lo cual está prevista precisamente la facultad reglamentaria. Indicó que el propio artículo 27 advierte que en todo caso, dicha reglamentación no podía ser contraria a las disposiciones contenidas en la presente ley. A su juicio, si en gracia de discusión, se llegara a interpretar como una facultad de regulación de aspectos no previstos en la ley estatutaria, la decisión ha debido ser de exequibilidad condicionada, de manera que se excluyera la interpretación contraria a la Constitución y no la declaración de inconstitucionalidad.

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Artículo 29
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Artículo 31
Artículo 32
Artículo 33
Artículo 34
artículo 6
artículo 8
artículo 19
artículo 20
artículo 23
artículo 26
artículo 27
artículo 160
artículo 157
artículo 29
artículo 29
artículo 157
artículo 157
artículo 1
artículo 20
artículo 20
artículo 2
artículo 4
artículo 3
artículo 4
artículo 7
artículo 8
artículo 10
artículo 13
artículo 19
artículo 20
artículo 359
artículo 23
artículo 20
artículo 23
artículo 25
artículo 26
artículo 27
artículo 15
artículo 15
artículo 27
artículo 189
artículo 27


text:
Martes, 31 Agosto 2010 18:19
1.1.1. Ordenanza nº 7949 Régimen Gremial
5.3.14.1. Ordenanza nº 7949
Sancionada: 09.09.1997
Promulgada: (1)
Publicada: 24.12.1997
ARTÍCULO 1º.- La presente ordenanza será de aplicación a las asociaciones sindicales con personaría o inscripción gremial debidamente otorgada por el Ministerio de Trabajo de la Nación que agrupen a empleados del municipio de Paraná, cualquiera sea la índole de sus tareas y siempre que la relación laboral de estos no se encuentre reglada por la ley de Contrato de Trabajo y/o convenios colectivos.
ARTÍCULO 2º.-Las asociaciones sindicales comprendidas en la presente deberán notificar en forma fehaciente a la dirección de Personal las designaciones de agentes municipales para ocupar cargos directivos o representativos en dichas entidades. La presente notificación se hará dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la fecha de designación.
ARTÍCULO 3º.-Los empleados municipales que fueran elegidos o designados para desempeñar cargos en las comisiones directivas de las asociaciones profesionales con personería gremial o asociaciones inscriptas legamente gozarán de la licencia prevista en el artículo nº 48 de la ley nº 23551, la que el Departamento Ejecutivo deberá otorgar con goce íntegro de haberes y mientras dure su mandato.
Las licencias se otorgarán siguiendo las siguientes proporciones:
a) Sindicatos de hasta 700 afiliados, UN (1) representante.
b) Sindicatos de hasta 1400 afiliados, DOS (2) representantes.
Los representantes así definidos podrán gozar de la licencia prevista en la presente ordenanza.
Será facultad del Departamento Ejecutivo Municipal conceder aumentos en las cantidades de licencias gremiales a representantes o miembros de comisiones directivas.
ARTÍCULO 4º.-Los delegados de personal gozarán de un máximo de veinte (20) horas mensuales no acumulables para el cumplimiento de sus funciones, las que serán requeridas por ante la unidad de organización donde el agente preste servicios, la que llevará un registro y archivo de las solicitudes que se efectúen y justificativos que al efecto emita la entidad sindical a la que pertenecen.
ARTÍCULO 5º.-El personal que deba asistir a asambleas y/o congresos convocados por las asociaciones sindicales con personería gremial a la que estuvieran afiliados, gozará de una licencia anual con goce de haberes de CINCO (5) días.
(1) La ordenanza nº 7949 fué promulgada parcialmente, por decreto nº950 del 03.10.1997, vetándose, en el artículo 3º -primer párrafo- la palabra "integro" y totalmente los artículos 4º y 5º; promulgándose totalmente los artículos 1º y 2º. Posteriormente y mediante decreto nº 17/97 HCD, el Honorable Concejo Deliberante insiste en la aprobación total de la ordenanza con su texto original; ante ello el Departamento Ejecutivo el 17.12.1997 hace constar que la ordenanza ha quedado automáticamente promulgada en la forma total.
Publicado en Régimen Gremial
Martes, 29 Abril 2014 11:48
1.1.2.Decreto nº 737/2014 Medidas para agentes municipales que no presten efectivamente servicios en el marco de medidas de fuerza realizadas por fuera de las organizaciones sindicales legalmente reconocidas
ARTICULO 1º.- Dispónese que los agentes municipales que no presten efectivamente servicios en el marco de medidas de fuerza realizadas por fuera de las organizaciones sindicales legalmente reconocidas, se les liquide el haber a abonar remunerándose los días efectivamente trabajados, conforme los fundamentos de la presente.-
ARTICULO 2º.- Dispónese que los Directores y/o Responsables de todas las dependencias del Departamento Ejecutivo Municipal, deberán comunicar de inmediato el relevamiento de los agentes a su cargo que se encuentren adheridos a estas medidas sin prestación efectiva de servicios a los fines de proceder conforme al artículo 1º de la presente.-
ARTICULO 3º.- Dése intervención para su toma de razón a todas las Secretarías del Departamento Ejecutivo y por su intermedio a las reparticiones que la integran, especialmente a la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección de Liquidación de Haberes del Personal para el trámite de su competencia.-
ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretario Legal y Administrativo y de Hacienda.-
Domingo, 29 Agosto 2010 23:14
1.1.3. Decreto nº 1817/2006 Ratifica Obligaciones Esenciales del Personal -Medidas Gremiales
5.2.9.1. Decreto nº 1817/2006
ARTÍCULO 1°.-Se ratifica que las obligaciones esenciales del personal municipal se encuentran establecidas en el artículo 15° de la ordenanza N° 4220, siendo la primera de ellas la de prestar el servicio con eficacia y sujetos al horario y reglamentación vigente.
ARTÍCULO 2°.- La violación de la obligación citada o su incumplimiento total o parcial constituye falta grave que será proporcionalmente sancionada por los Directores, Subsecretarios y/o Secretarios del área, sin perjuicio que pueda disponerse SUMARIO ADMINISTRATIVO contra el agente cuando la gravedad y reiteración de la falta así lo justifique.
ARTÍCULO 3°.-Los Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal quedan facultados para autorizar asambleas o reuniones de personal en horarios y lugares de trabajo, en los casos en que se solicite el permiso correspondiente y se justifique adecuadamente la razón de la medida, con un día de antelación, por el delegado gremial del área, con el aval del Sindicato correspondiente, y siempre que no se afecte la prestación del servicio al público, o que ésta se garantice a través de un plan que permita la realización de la asamblea sin interferir en la actividad propia de la repartición.
ARTÍCULO 4°.-La solicitud de autorización para realizar la asamblea o reuniones especiales en lugares de trabajo, debe contener la comunicación del día y horario en que se realizaría la misma, así como también se consignarán las medidas que se adoptarán para asegurar la atención al público y/o prestación del servicio municipal.
ARTÍCULO 5°.-En los casos en que se efectúen asambleas sin la autorización y sin respetarse las condiciones establecidas precedentemente, o se excedan en el horario por el que se las autorizó, el responsable de la unidad de organización correspondiente está obligado:
A) A adoptar toda medida tendiente a asegurar la normal prestación de los servicios, instando al personal para que retome sus tareas cumplimentando la obligación establecida en la ordenanza N° 4220, sobre la prestación de los servicios.
B) En su caso, informará por escrito, en forma inmediata, a la Dirección General de Recursos Humanos, o la repartición que sea competente en su momento, sobre la nómina de agentes que incurrieron en el incumplimiento, su duración horaria y/o diaria, debiendo esta repartición proceder al descuento proporcional de las horas y/o días en que se haya incumplido la prestación eficaz del servicio según el horario y la reglamentación vigente.
ARTÍCULO 6°.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, y previo informe sobre los antecedentes del agente y descargo que pueda formular el mismo, conforme a las disposiciones del artículo 41° de la ordenanza N° 4220, el responsable del área procederá a aplicar las sanciones administrativas correspondientes o –en su caso y cuando éstas por la reiteración y gravedad de la situación excedan su competencia-solicitará la disposición del sumario administrativo correspondiente.
5.5.13.1. Decreto nº313/71
5.5.13. Cuota Sindical
Fecha: 14.04.1971
ARTÍCULO 1º.-Dispónese que conforme con lo determinado en la resolución D.N.A.P. Nº 13/71 de la secretaría de Estado de Trabajo de la Nación, Contaduría General proceda a retener mensualmente, a los agentes de esta administración municipal, afiliados al sindicato "Unión Obreros y Empleados Municipales" de Paraná, el importe equivalente al 1% (uno por ciento) de todas las remuneraciones que perciba cada uno, excepto el salario familiar, en concepto de cuota sindical. Asimismo deberá adoptar, Contaduría General, todas las providencias del caso para cumplimentar las demás previsiones de la mencionada resolución, en lo que hace a la obligación de esta Municipalidad.
ARTÍCULO 2º.-El sindicato "Unión Obreros y Empleados Municipales" de Paraná, para antes del 16 del corriente mes, deberá hacer llegar a Contaduría General una planilla con la nómina de afiliados al mismo, conjuntamente con los recibos y cupones que deben retener, y, posteriormente, mes a mes, las altas y bajas del personal afiliado junto con la documentación que se menciona precedentemente.
ARTÍCULO 3º.-Agréguense al original del presente decreto -como antecedentes del mismo-fotocopias del acta de notificación de fojas 1 y de la resolución D.N.A.P. nº 13/73.
ARTÍCULO 4º.-Dispónese que por las direcciones, dependencias directas de la Intendencia, departamentos de secretarías y jefaturas de Despacho de las mismas, se notifique a los agentes de la administración municipal, el presente decreto, a los efectos de que tomen conocimiento, para que estén en condiciones de ratificar o rectificar su afiliación al sindicato "Unión Obreros y Empleados Municipales" de Paraná.

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