text:
Informe de Súmate ante vulneración de Derechos Políticos
ACCIONES DEL CNE PARA ELECCIONES DE ALCALDES Y GOBERNADOR DEL ZULIA VIOLAN LA CONSTITUCIÓN, LEYES Y NORMAS ELECTORALES
(Caracas, 31 de Octubre de 2017) - Verificado el contenido del anuncio realizado por la presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), rectora Tibisay Lucena, en la nota de prensa del viernes 27 de octubre de 2017, publicada en su portal web (www.cne.gob.ve), en la que informó al país que realiza los trabajos técnicos para cumplir con los dos decretos de fecha 26 de octubre aprobados por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que ordenan la convocatoria para las Elecciones de Alcaldes y del Gobernador del Estado Zulia para celebrarlas el próximo mes de diciembre; Súmate observa que el CNE inicia este proceso electoral contrario a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y el Reglamento General de la Ley de Procesos Electorales (RGLOPRE), y la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales. Advierte que estas actuaciones ilegales del CNE afectan los derechos políticos de los venezolanos, reconocidos en la Constitución y Tratados y Acuerdos Internacionales (Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Carta Democrática Interamericana, entre otros).
1. Convocatoria de Elecciones de Alcaldes y Gobernador del Estado Zulia:
Las actuales convocatorias a las Elecciones de Alcaldes y del Gobernador del Estado Zulia las realizó la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), mediante Decretos publicados en Gaceta Oficial Nº 41.265 de fecha 26 de octubre de 2017, para lo cual argumenta que se fundamenta en el ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario. Es imperativo indicar que la actual ANC es inconstitucional, ya que su convocatoria no fue hecha por el pueblo venezolano, conforme a lo exigido por el artículo 347 de la Constitución; además de que sus bases comiciales con la cual fue organizada su elección fueron antidemocráticas, y el proceso de elección de sus integrantes fue realizado al margen de la Constitución y las leyes electorales, y también porque quienes la conforman en su totalidad son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Adicionalmente, la Constitución de la República establece en su artículo 136[1] que cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, lo cual significa que le corresponde al CNE como ente rector del Poder Electoral organizar, administrar, dirigir y vigilar todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, tal como lo estipula el artículo 293, numeral 5, constitucional. Adicionalmente, la LOPE en su artículo 33, numeral 3, establece entre las competencias del Consejo Nacional Electoral: ” Realizar la convocatoria y fijar la fecha para la elección de los cargos de representación popular, de referendos y otras consultas populares” (Resaltado nuestro). También, el artículo 42 de la LOPRE[2] en concordancia con el artículo 110[3] del RGLOPRE estipulan la Potestad de Convocar, y en ellos se enuncia que la convocatoria a elecciones es el acto mediante el cual el CNE fija la fecha de elección de los cargos de elección popular en correspondencia con los períodos constitucionales y legalmente establecidos. Asimismo, establece que con la convocatoria debe hacerse público el Cronograma Electoral del proceso, el cual debe contener las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos conforme a la Ley.
En lo que respecta a los períodos constitucionales el artículo 174 constitucional estipula que los Alcaldes serán elegidos por un período de cuatro años y podrán ser reelegidos. Y la Ley de Regularización de Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales en su artículo 2, numeral 2, establece que el CNE convocará los procesos electorales por tipo de cargo y nivel político territorial, de acuerdo al siguiente esquema: “Las elecciones de alcalde y alcaldesa y concejal y concejala de los concejos municipales, distritales y metropolitanos, se convocarán y efectuarán conjuntamente.” No obstante, las elecciones convocadas solo para Alcaldes nuevamente se realizan violentando lo establecido en la Ley de Regularización de Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, al excluir de las mismas a los cargos de concejales. Esta decisión fue aprobada por la fraudulenta ANC y convalidada por el CNE.
2. Registro Electoral para Elecciones de Alcaldes y Gobernador del Estado Zulia:
El CNE anunció que el Registro Electoral para las Elecciones de Alcaldes y del Gobernador del Estado Zulia será el aprobado con fecha de corte del 15 de julio de 2017. Éste fue auditado en fecha 16 de agosto y fue entregado a los representantes de los partidos políticos. No obstante, este corte se efectuó para las Elecciones Regionales cuya convocatoria estaba planteada inicialmente para el 10 diciembre de 2017. Al momento de la auditoría se hizo la observación al CNE de que el corte del Registro Electoral debía ajustarse a lo establecido por el artículo 29, numeral 2, de la LOPRE. Esta disposición ordena que podrán ser inscritos en el Registro Electoral los ciudadanos que cumplan 18 años de edad en el lapso que comprende desde el corte del Registro Electoral y el día inclusive de la fecha de la elección, siempre y cuando la inscripción se realice antes del corte del Registro Electoral. Es por ello que independientemente de que sea el mismo, el Registro Electoral Definitivo debe ser consignado a las Organizaciones con fines políticos, de manera que se haga el cruce y se incluya el Distrito Capital, ya que para estas elecciones si se elige Alcalde en el Municipio Libertador.
Para ese momento el corte al 15 de julio de 2017 del Registro Electoral presentado fue el siguiente según información oficial del propio CNE:
Para este proceso electoral vuelve a estar presente la omisión por parte del CNE de facilitar la Inscripción y Actualización en el Registro Electoral, lo cual acentúa esta irregularidad, ya que los cargos de elección popular son de carácter local, en los que los electores se identifican más con sus autoridades. A esto se suma que en el corte al 15 de julio el CNE actuó contrario a lo establecido en el numeral 3 del artículo 28 de la LOPRE, en cuanto a los principios con los cuales se regirá el Registro Electoral, en este particular el de “Eficacia administrativa. Los procedimientos y trámites administrativos del Registro Electoral deben ser transparentes, oportunos, pertinentes, eficientes, eficaces y de fácil comprensión, con el fin de garantizar la inclusión de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas.” (Resaltado nuestro)
También es oportuno señalar que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con base en los resultados del Censo Poblacional de 2011 y proyecciones realizadas en 2013 para el 30 de junio de 2015 habría 544.731 jóvenes de 17 años de edad y 548.652 jóvenes de 16 años de edad. Considerando las últimas dos cifras para el 30 de junio de 2017, Venezuela potencialmente tendría 1.093.383 jóvenes con al menos 18 años de edad para ser inscritos en el Registro Electoral. Sin embargo, de acuerdo a los movimientos realizados por el CNE entre los cortes del 31 de mayo de 2016 hasta el 15 de julio de 2017, apenas fueron incorporados como nuevos electores 195.776 jóvenes, lo cual representa que el 18 por ciento del 1.093.383 jóvenes con al menos 18 años logró incorporarse al Registro Electoral, o dicho de otra manera, el 82 por ciento de este grupo de jóvenes quedó al margen del RE.
De acuerdo a los cuadros de los movimientos en el Registro Electoral presentados por el CNE, se reconoce la labor de la depuración ejecutada por la Oficina de Registro Civil, pero contrasta con la omisión en el llamado y la oportunidad de participación para la inscripción de los nuevos electores en el Registro Electoral. El escaso crecimiento del Registro Electoral no sólo obedece a la depuración, sino a la falta de diligencia del CNE en la apertura de jornadas especiales de Inscripción en el Registro Electoral. El último operativo oficial de inscripción en el Registro Electoral fue del 6 al 15 de julio (lapso en el cual no se había anunciado el adelanto en la fecha de la celebración de las Elecciones Regionales), con una plataforma de sólo 200 puntos. Se evidencia como la cantidad de puntos de Inscripción en el Registro Electoral, no cubrió la totalidad de los 335 municipios que conforman la división político-territorial en nuestro país. Lo que quiere decir, que a muchos electores se les cercenó el derecho de participar en estos comicios locales.
Esta omisión violentó lo dispuesto en el artículo 63 constitucional que consagra al sufragio como un derecho, el cual debe ser garantizado y protegido por el Estado y, en este sentido, le corresponde al Poder Electoral, regido por el CNE, hacer todas las diligencias para cumplir con esta obligación, ya que es el responsable de llevar a cabo todos los procesos eleccionarios en la República. El sufragio, en su condición de derecho político, también está consagrado como derecho humano según lo establecido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En consecuencia, goza de la condición de universalidad y de inalienabilidad cuyo gran responsable, se reitera, es el Estado.
El derecho de elegir y ser elegido para los diversos cargos que forman parte del Estado está asociado a una condición especial consagrada en la Constitución que es la de Elector, entendida ésta como el estatus que adquiere una persona cuando se encuentra en capacidad de participar de los asuntos públicos en plenitud de condiciones sin más limitaciones que las establecidas en la Ley. Y es, a su vez, la constatación plena del ejercicio total de la ciudadanía, por cuanto un elector está plenamente habilitado para ejercerla libremente, decidiendo individualmente sobre los asuntos colectivos del país sin intermediaciones. El CNE está en la obligación de disponer todo lo necesario para garantizar la inclusión de todos los ciudadanos que de acuerdo a la ley cumplan los requisitos para ser electores, que vulneró en esta elección local como en la de Gobernadores del pasado 15 octubre.
3. Proceso de Postulaciones de candidatos a Alcaldes y Gobernador del Estado Zulia:
Las postulaciones son el acto mediante el cual los aspirantes a ser elegidos a cargos de elección popular se presentan para su inscripción ante el CNE, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley. La LOPRE en su artículo 44[4] establece que el Cronograma Electoral definirá los lapsos previstos para las postulaciones. El CNE, en su nota de prensa del viernes 27 de octubre de 2017, expresa claramente que “El cronograma electoral completo con las actividades para estos venideros comicios será publicado la próxima semana”, por lo que pareciera que las actividades anunciadas en la misma forman parte del Cronograma que aún no ha aprobado y que, sin duda alguna, representa un acto contrario a lo establecido en los artículos 42 de la LOPRE y 110 del RGLOPRE, en virtud de que comienzan actividades sin estar aprobado el cronograma electoral.
El CNE estableció sólo para el 30 de octubre (un día) que las organizaciones políticas comiencen a cargar en el sistema los datos de sus candidatos para optar a los cargos de alcalde y de gobernador del estado Zulia. El llamado fue dirigido a las organizaciones con fines políticos y a los ciudadanos por iniciativa propia.
El CNE acometió esta actividad sin haber aprobado el Cronograma Electoral en sesión de Directorio y negándole la oportunidad a los electores para constituir Grupos de Electores, contrario a lo dispuesto en el artículo 47 de la LOPRE en concordancia con el artículo 135 del RGLOPRE. Estas disposiciones establecen los sujetos que pueden postular candidatos para los procesos electorales: “Únicamente tendrán derecho a postular candidatos y candidatas para los procesos electorales regulados en la presente Ley, los siguientes:1. Las organizaciones con fines políticos. 2. Los grupos de electores y electoras. 3. Los ciudadanos y las ciudadanas por iniciativa propia. 4. Las comunidades u organizaciones indígenas. “ (Resaltado nuestro). Los Grupos de Electores tienen como única finalidad postular candidatos en un determinado proceso electoral, en el ámbito geográfico que corresponda, y su proceso de conformación se hará de acuerdo al procedimiento que establezca el CNE. Este derecho de participación política fue absolutamente vulnerado por el ente electoral en el actual proceso de elección de alcaldes.
El CNE estableció como fechas de presentación de recaudos antes las Juntas Municipales Electorales respectivas los días 31 de octubre y 1º de noviembre y solapó la admisión y rechazo de las mismas al establecer el cumplimiento de esta actividad en el lapso del miércoles 1º hasta el viernes 3 de noviembre. Es necesario señalar que el artículo 61 de la LOPRE establece que una vez que la postulación es declarada como presentada, es cuándo comenzará a correr el lapso de cinco (5) días continuos para que el organismo electoral se pronuncie sobre el rechazo o admisión de las postulaciones; y si en este lapso el ente electoral no se pronuncia se tendrá como admitida[5] El CNE redujo el tiempo establecido en la LOPRE de cinco a tres días. Igualmente, omitió el aparte tercero del artículo 139 del RGLOPRE que establece el lapso de 48 horas siguientes a la devolución para la subsanación de recaudos faltantes:” En caso de faltar algún documento de los previstos en la Ley y en el presente Reglamento, la Junta Electoral correspondiente tendrá la postulación como recibida, y devolverá a las o los interesados copia de la planilla de postulación, haciendo la respectiva observación y se le indicará que tendrá cuarenta y ocho (48) horas siguientes a dicha devolución, para consignar los documentos faltantes y considerar presentada la postulación.” Este precepto también fue vulnerado a los electores que aspiran postularse como candidatos. Además, el artículo 65 de la LOPRE establece que los interesados podrán interponer recurso contra las postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral, dentro de los cinco días continuos siguientes a la publicación de la decisión en la cartelera electoral del respectivo organismo electoral. Este lapso el CNE también lo redujo a dos días para el actual proceso electoral.
En materia de modificaciones y sustituciones de candidatos para las Elecciones de Alcaldes y Gobernador del Estado Zulia, el CNE no señaló fecha alguna, por lo cual se activa el alerta, porque puede sorprendernos cuando apruebe y publique el Cronograma Electoral con un pre-cronograma denominado “Actividades Previas”, como ocurrió en las Elecciones de Gobernador, cuando el 13 de septiembre, en el que indicó que este lapso fue de un solo día y había cerrado el 16 de agosto, sin antes haber informado sobre el mismo. Es imperativo que el CNE cumpla con lo establecido en los artículos 62 y 63 de la LOPRE, y 162 al 169 del RGLOPRE.
4. Escogencia de posición en la boleta electoral de candidatos a Alcaldes y Gobernador del Zulia:
El CNE estableció la fecha para la escogencia de la posición en la boleta electoral a las organizaciones políticas nacionales y regionales, y dejó por fuera a los grupos de electores y a los ciudadanos postulados por iniciativa propia. En el primer caso está coartando la participación y en el segundo la posibilidad que de acuerdo a la fecha y hora de la postulación escoja su posición en la boleta. Esta actuación del CNE es contraria a lo establecido en los artículos 70 de la LOPRE y 195 de su Reglamento [6].
5. Organismos Electorales Subalternos para Elecciones de Alcaldes y Gobernador del Zulia:
Con el anuncio en la nota de prensa del viernes 27 de octubre de 2017 publicada en su portal web de que las Juntas Electorales Regionales, Municipales y Mesas Electorales serán activadas con los convocados para prestar el servicio electoral, sorteados a principios de año; en primer lugar, los rectores del CNE manifiestan desconocimiento de su omisión en la obligación legal de haber seleccionado en sorteo público y automatizado en el primer trimestre de 2017 a los electores que deben asumir el servicio electoral obligatorio en los organismos subalternos de la Junta Nacional Electoral en el presente año, como lo exigen los artículos 97 y 98 de la LOPRE, y 50 de la (LOPE);.en segundo lugar, no deben prohibir en esta ocasión la incorporación a los órganos subalternos a quienes realmente fueron sorteados para cumplir este servicio electoral obligatorio, ya que en las Elecciones de Gobernadores no lo permitieron, sustituyéndolos ilegalmente por integrantes ad hoc, en su mayoría representantes o funcionarios del gobierno nacional y, en otros casos, funcionarios electorales.
De acuerdo con la nota de prensa del CNE del viernes 27 de octubre de 2017 publicada en su portal web, las Juntas Electorales se activaron desde el lunes 30 de octubre; sin embargo, hasta la fecha no hay información si las mismas están conformadas por los electores seleccionados el 31 de marzo de 2016, incluso advertimos que estos últimos tienen plazo para incorporarse hasta la tercera sesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del RGLOPRE.
Lo informado por la Presidenta del máximo ente electoral en el país, rectora Tibisay Lucena en la nota de prensa publicada en su portal web el viernes 27 de octubre de 2017, es de carácter oficial de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Infogobierno[7]
Lo expuesto demuestra que tan sólo en el anuncio de las primeras actividades programadas para las Elecciones de Alcaldes, el CNE no sólo viola la Constitución, las normas electorales, sino que vulnera flagrantemente los derechos políticos de los venezolanos.
Postulaciones de candidatos municipales comienza el próximo lunes 30
*CNE recibió decretos constituyentes
*Elecciones de alcaldes y de gobernador del Zulia se realizarán el mismo día y se regirán por el mismo cronograma electoral
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3596
El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió los decretos constituyentes de la convocatoria para las elecciones de alcaldes y alcaldesas el próximo mes de diciembre y para la elección de gobernadora y gobernador del estado Zulia, anunció este viernes la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena.
La autoridad electoral anunció al país que el organismo comicial realiza los trabajos técnicos para cumplir con los dos decretos aprobados, este jueves 26 de octubre, por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En este sentido informó que la elección del gobernador o gobernadora del Zulia se regirá por el mismo cronograma de los comicios para alcaldes y alcaldesas. “Ambas elecciones se efectuarán el mismo día y se regirán por el mismo cronograma”.
Entre los trabajos técnicos adelantados por la institución electoral está la aprobación del corte del Registro Electoral del 15 de julio como el padrón de votantes que se utilizará para celebrar las elecciones de alcaldes y alcaldesas, así como para la elección del mandatario o mandataria del estado Zulia.
Anunció la presidenta del CNE que el proceso de postulaciones iniciará el próximo lunes 30 de octubre.
Conjuntamente con el inicio del proceso de postulaciones serán activados los organismos electorales subalternos para asumir los procesos electorales convocados en la jurisdicción correspondiente.
Informó la presidenta del CNE que para la activación de las juntas electorales regionales, municipales y mesas electorales serán convocados para prestar el servicio electoral las ciudadanas y los ciudadanos sorteados a principios de año como lo establece la ley que rige los procesos electorales.
[1] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 136. “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”
[2] Ley Orgánica de Procesos Electorales. Artículo 42: “La convocatoria a elecciones es el acto público mediante el cual el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de elección para los cargos de elección popular, en concordancia con los períodos constitucionales y legalmente establecidos.
[3] Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Artículo 110: “El Consejo Nacional Electoral realizará la convocatoria para la elección de los cargos de elección popular. La convocatoria se efectuará en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, sin menoscabo de su publicación en otros medios de información masivos y eficaces.
En el acto de la convocatoria, el Consejo Nacional Electoral fijará la fecha de la elección e igualmente publicará el Cronograma Electoral del respectivo proceso electoral, el cual deberá establecer las etapas, actos y actuaciones a cumplirse, de conformidad con lo previsto en la Ley”.
[4] Ley Orgánica de Procesos Electorales. “Artículo 44. El Cronograma Electoral establecerá los lapsos previstos para las postulaciones.
Las postulaciones consignadas fuera del lapso previsto en el Cronograma Electoral, serán extemporáneas y se tendrán como no presentadas”.
[5] Ley Orgánica de Procesos Electorales. Art. 61 Admisión de la postulación: “Declarada como presentada la postulación comenzará a correr el lapso de cinco días continuos para que el organismo electoral correspondiente se pronuncie sobre la admisión o rechazo de la postulación. Una vez vencido el lapso sin que el organismo electoral correspondiente se pronuncie sobre su admisión o rechazo la postulación se tendrá como admitida”
[6] Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales-Artículo 195.- El acto de escogencia de la posición de la tarjeta electoral en el instrumento de votación se celebrará en la fecha, lugar y hora que a tal efecto establezca la Junta Nacional Electoral, convocándose para este fin a las organizaciones con fines políticos, grupos de electoras y electores, las candidatas o candidatos postuladas o postulados por iniciativa propia y las comunidades u organizaciones indígenas.
El acto será dirigido por funcionarias o funcionarios designados a tal efecto por la Junta Nacional Electoral, quienes deberán elaborar el acta respectiva del evento “
[7] Ley de infogobierno. Art. 18. “Los órganos y entes del Poder Público y el Poder Popular, en el ejercicio de sus competencias, deben contar con un portal de internet bajo su control y administración. La integridad, veracidad y actualización de la información publicada y los servicios públicos que se presten a través de los portales es responsabilidad del titular del portal. La información contenida en los portales de internet tiene el mismo carácter oficial que la información impresa que emitan.”

matches:
artículo 347
artículo 136
artículo 293
artículo 33
artículo 42
artículo 110
artículo 174
artículo 2
artículo 29
artículo 28
artículo 63
artículo 21
artículo 44
artículo 47
artículo 135
artículo 61
artículo 139
artículo 65
artículo 65
artículo 18
Artículo 136
Artículo 42
Artículo 110


text:
LEY 2595
29-ENE-1912
Aprueba varias convenciones y reglamentos acordados en el Congreso Postal Continental Sud-Americano de Montevideo Congreso Postal Continental Sud-Americano de Montevideo 09-ENE-1912 29/01/12
MINISTERIO DE RELACIONES ESTERIORES; CULTO I COLONIZACION
Lei núm. 2,595.- Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacion al siguiente
Artículo único.- Apruébanse los Convenios i Reglamentos acordados en el Congreso Postal Continental Sud-Americano de Montevideo, suscrito el 2 de febrero de 1911, en representación de la República, por el Ministro de Chile en el Uruguai, señor Marcial Martínez de Ferrari.
I por cuanto las referidas Convenciones i Reglamentos han sido ratificados por mí, i hecho el depósito de las ratificaciones en la ciudad de Montevideo el 2 del presente mes de enero.
Por tanto, haciendo uso de la facultad que me confiere la parte 19 del artículo 73 de la Constitucion Política del Estado, dispongo i mando que las Convenciones i Reglamentos indicados se cumplan i lleven a efecto en todas sus partes como lei de la República".
Dado en la sala de mi despacho, en Santiago, a nueve dias del mes de enero de mil novecientos doce.- Ramon Barros Luco.- Enrique A. Rodríguez.
Convención principal celebrada entre las repúblicas Arjentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguai, Perú, Uruguai i Venezuela
Los infrascritos, Plenipotenciarios de los paises arriba enumerados, reunidos en Congreso en Montevideo, i usando del derecho que consagra el artículo 21 de la Convencion Postal Universal de Roma, manifiestan que, inspirándose en el deseo de estender i perfeccionar los servicios postales intercontinentales i de establecer una solidaridad de accion que pueda representar eficazmente en los Congresos Postales Universales los intereses que sean comunes a las Repúblicas Americanas, en lo que se refiere a las comunicaciones de Correos en jeneral, confirmando en este órden de relaciones la unidad moral que, por tantos otres conceptos los vincula, han convenido celebrar, bajo reserva de ratificación, la Convencion siguiente:
Union de los Correos Sud-americanos
Los paises contratantes que, de acuerdo con la declaracion que precede, constituyen una union íntima para facilitar i mejorar la ejecucion de todos los servicios de Correos, convienen en modificar la Convencion Postal Universal, en la forma que se espresa en las siguientes cláusulas:
Los paises contratantes convienen en establecer la gratuidad del tránsito territorial i marítimo para toda la correspondencia esclusivamente continental.- Esta gratuidad se hará efectiva al ponerse en vijencia la nueva estadística jeneral que se confeccione de acuerdo con el artículo XXXIII del Reglamento de ejecucion de la Convencion Postal de Roma.
Tasas i condiciones de los envíos
Las tasas que establece la Convencion de Roma se reducen para la correspondencia cambiada entre los paises contratantes, en la forma siguiente:
1.º Para las cartas a 20 céntimos por los primeros 20 gramos i a 10 céntimos por cada 20 gramos o fraccion que exceda de los primeros 20 gramos.
2.º Para los diarios i publicaciones periódicas a 2 i 1/2 céntimos por cada 100 gramos o fraccion.
3.º Para las muestras a 2 i 1/2 céntimos por cada 50 gramos, o fraccion, con un franqueo mínimo de 5 céntimos.- El peso máximo de los paquetes de muestras se eleva hasta 500 gramos.
4.º Los derechos fijos de certificados, avisos de recepcion i solicitudes de informe de las piezas certificadas que no tuvieran derecho a un aviso de recepcion, así como el porte de los envíos por espreso, se reducen a 20 céntimos.
5.º Las administraciones de los paises contratantes renuncian a percibir de las remitentes sobre tasa alguna por la correspondencia que se deposite con destino a la de cualquier otra de las Administraciones signatarias.
Responsabilidad en materia de objetos recomendados
1.º La indemnizacion a que se refiere el párrafo 1 del artículo 8.º de la Convencion de Roma, se pagará tambien en los casos comprobados de violacion dentro del servicio postal.
2.º Se establece un plazo máximo de diez meses para la respuesta a las reclamaciones de objetos certificados, declarándose de hecho responsable de pérdida al Correo que no conteste un reclamo en ese lapso de tiempo.
Franquicias de porte
1.º Los paises contratantes convienen en acordar franquicia postal amplia para la correspondencia de la Oficina Internacional de los Correos Sud-americanos, para la del Cuerpo Diplomático en jeneral i para la del Consular en la correspondencia que cambie con sus respectivos Gobiernos.
Asimismo circulará gratuitamente la correspondencia ordinaria de las instituciones nacionales de carácter científico i de interes comun i la de los Congresos Sud-americanos tambien científicos en los que esté representada la mayoría de las naciones del Continente.
2.º Acuerdan igualmente la exencion de franqueo para los ejemplares que en canje se espidan los diarios i periódicos sud-americanos, hasta dos ejemplares por cada direccion.
Las Administraciones de los paises contratantes no estarán obligadas a devolver al pais de oríjen los diarios, publicaciones periódicas e impresos en rezago, que hayan sido espedidos con la tarifa reducida de su categoría.
Sin perjuicio de lo que establezca la lejislacion interna de cada pais respecto a restricciones en la circulacion de correspondencia, no se dará curso a las publicaciones notoriamente pornográficas.
1.º Los correos de los paises contratantes se comprometen a adherir a la brevedad posible, al Convenio de Roma sobre libretas de identidad.
2.º Los paises contratantes establecerán tambien el servicio de cartas con declaracion de valor, i previo el aviso a que se refiere la Convencion de Roma, los que lo conceptúen conveniente, implantarán el de Cajas con valor declarado.
3.º Los paises que no estén habilitados para aceptar el máximum de 10,000 francos, que fija la Convencion de Roma, quedan facultados para limitarlo a 1,000 francos.
4.º Se reduce a 25 céntimos la bonificacion que por cada caja corresponde por el trasporte territorial. Por el marítimo la bonificacion se fija en 25 céntimos por todo recorrido que no exceda de 500 millas; en 50 céntimos por el recorrido de mas de 500 a 2,500 millas; i en un franco por los recorridos mayores de 2,500 millas.
Todo conflicto o desacuerdo que pudiera suscitarse en las relaciones postales de la América del Sur, será resuelto por juicio arbitral que se realizará en la forma que establece el artículo 23 de la Convencion Principal de Roma.
1.º Los paises contratantes establecerán el servicio de porte pagado para los diarios i publicaciones periódicas, sueltos o en paquetes, con esclusion de los de propaganda o reclamo comercial, dejando a cargo de las Administraciones de los paises contratantes, la determinacion de los requisitos de garantía i otros que deberán satisfacer las empresas periodísticas para que sus publicaciones puedan gozar de esta franquicia.
2.º Los paises contratantes jestionarán de las respectivas Compañías de Navegacion la conduccion gratuita de las correspondencias que se cambien entre sí.
3.º Asimismo jestionarán que las Compañías de Navegacion que trafican en aguas sud-americanas presten todo jénero de facilidades para la trasmision de valijas i correspondencia de última hora.
Proteccion a los ajentes postales
Las autoridades de los paises contratantes estarán obligadas a prestar, cuando les sea solicitada, la cooperacion que necesiten los ajentes postales encargados del trasporte de valijas i correspondencia en tránsito por esos paises.
Oficina Internacional de los Correos Sud-americanos
1.º Queda constituida con el nombre de Oficina Internacional de los Correos Sud-americanos una Oficina Central que funcionará en Montevideo bajo la alta vijilancia del Gobierno de la República Oriental del Uruguai i cuyos gastos serán sufragados por todas las Administraciones de los paises contratantes.
2.º La Oficina Internacional de los Correos Sud-americanos queda encargada:
a) De reunir, coordinar, publicar i distribuir los datos de toda clase que interesen especialmente al servicio postal internacional sud-americano.
b) De emitir, a pedido de las partes interesadas, su opinion sobre las cuestiones litijiosas que se presenten con motivo de las disposiciones que atañen a las relaciones de los correos sud americanos.
c) De hacer conocer los pedidos sobre modificacion de los actos del Congreso, que llegarán a formularse.
d) De notificar los cambios que fueran adoptados.
e) De hacer saber los resultados prácticos que se hubieran obtenido de las disposiciones i medidas reglamentarias de importancia, que las Administraciones adoptaren en su servicio interno i que le serán comunicadas a título informativo por las mismas.
f) De la formacion de una guía postal sud-americana.
g) De la confeccion de un mapa postal de la América del Sud.
h) De formular el resúmen de la estadística del movimiento postal sud-americano, de acuerdo con los datos que le comunicará cada Administracion en las fechas que se fijen ulteriormente.
i) De formar un cuadro en que aparezcan las vías mas rápidas para la trasmision de la correspondencia de uno a otro de los paises contratantes.
j) I, en jeneral, de proceder a los estudios i trabajos que se le pidan en interes de los paises contratantes.
3.º La Oficina Internacional de los Correos Sud-Americanos deberá instalarse tan pronto sea ratificada por seis paises cuando ménos, la presente Convencion.
4.º Los gastos especiales que demandare la formacion de la guía postal sud-americana, la confeccion del mapa de las comunicaciones postales de Sud-América i aquellos a que diere lugar la reunion de un Congreso o de una Conferencia, serán sufragados por las Administraciones de los paises signatarios por cuotas-partes iguales.
El Gobierno del Uruguai vijilará los gastos de la Oficina Internacional de los Correos Sud-Americanos i le hará los anticipos que necesite.
Proposiciones durante el intervalo de las reuniones
La presente Convencion podrá ser modificada en el intervalo que medie entre los Congresos o reuniones, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 26 del Convenio de Roma.
Para que tengan fuerza ejecutiva las modificaciones deberán obtener unanimidad de votos para el presente artículo i los números 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14 y 16; dos terceras partes de votos para los números 4, 5 i 6 i simple mayoría para el artículo 10.
Modificaciones i enmiendas
Ninguna modificación o resolucion adoptada por las partes contratantes, aun aquellas de órden interno que afecten el servicio internacional, tendrá fuerza ejecutiva hasta cuatro meses despues de la fecha de la comunicacion pasada por la Oficina Internacional de Correos Sud-Americanos.
Los paises que tengan actualmente una tarifa menor a la establecida en el artículo 3, quedan facultados para mantenerla hasta el próximo Congreso.
Vijencia i duracion de la Convencion i depósito de las ratificaciones
La presente Convencion será puesta en vijencia el 1.º de enero de 1912, toda vez que sea aceptada por seis cuando ménos de los paises concurrentes i rejirá entre éstos sin limitacion de tiempo, reservándose cada una de las partes contratantes el derecho de retirarse de esta Union mediante aviso dado por su Gobierno al de la República Oriental del Uruguai con un año de anticipacion.
El depósito de las ratificaciones se hará en la ciudad de Montevideo, a mas tardar el 30 de setiembre del corriente año. Se levantará un acta relativa al depósito de las ratificaciones de cada pais, i el Gobierno del Uruguai remitirá por la vía diplomática una copia de esa acta a los Gobiernos de las demas Repúblicas signatarias.
En el caso de que esta Convencion no fuera ratificada por uno o varios de los paises concurrentes, no dejará de ser válida para los Estados que la hayan ratificado.
En fe de todo lo cual, los Plenipotenciarios de los paises arriba enumerados, han firmado la presente Convencion en Montevideo a dos de febrero de mil novecientos once.
Por la República Arjentina: Solano Torres Cabrera.- Juan Mignoni.
Por Bolivia: Cornelio Rios.- Alberto Diez de Medina.
Por Brasil: Francisco J. de Almeida Brant, Virjilio S. de Faria.- Domingo de Castro López.
Por Colombia: Ricardo Várgas M.
Por Chile: Marcial A. Martínez de Ferrari.
Por Ecuador: Matías Alonso Criado.
Por Paraguai: Juan Francisco Pérez.- Luis Abente Haedo.
Por Perú: Manuel Elías Bonnemaison.
Por Uruguai: Francisco García i Santos.- Juan Rampon.- Guzman Papini.- Emilio Milhas (hijo).- Héctor R. Gómez.- Juan Capurro.
Por Venezuela: José Enrique Rodó.
Reglamento de ejecucion de la Convencion Principal celebrado entre las Repúblicas Arjentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguai, Perú, Uruguai i Venezuela.
Los abajo firmados han adoptado, de comun acuerdo i en nombre de sus respectivas administraciones, las medidas siguientes para asegurar la ejecucion de la Convencion que precede:
Durante el período estadístico, los despachos cerrados para paises fuera de América, no deberán incluirse dentro de los sacos que contengan correspondencia americana, que no está sujeta a gastos de tránsito. El saco o paquete que contenga ésta, deberá llevar una inscripcion bien visible que diga: "Libre de tránsito".
En caso de que los despachos para las oficinas de cambio de los otros continentes sean poco voluminosos, podrán reunirse varios dentro de uno o mas sacos rotulados a la oficina americana que deba efectuar el embarque.
Sin embargo, se levantará en dicho período a título ilustrativo, una estadística de los derechos de tránsito que habrian correspondido a la correspondencia sud-americana.
Para la percepcion de los portes a que se refiere el articulo 3º de la Convencion se fijan las siguientes equivalencias:
20 CENTIMOS 10 CENTIMOS 2 1/2 CENTIMOS
Arjentina 10 centavos 5 centavos 1 1/2 centavos
Bolivia 8 " 4 " 1 "
Brasil 160 reis 80 reis 20 reis
Colombia 4 centavos 2 centavos 1/2 centavos
Chile 12 centavos 6 centavos 2 centavos
Ecuador 4 centavos 2 centavos 1/2 centavo
Paraguai 40 " 20 " 5 "
Perú 8 " 4 " 1 "
Uruguai 4 centésimos 2 centésimos 1/2 centésimo
En caso de modificacion importante en el valor de su moneda las administraciones contratantes se pondrán de acuerdo con la del Uruguai para variar los equivalentes fijados en el intervalo que medie entre éste i el próximo Congreso.
La Administracion del Uruguai notificará la modificacion a las demas por intermedio de la Oficina Internacional de los Correos Sud-americanos.
Para pagar la indemnizacion a que se refiere el artículo 4 de la Convencion bastará que acepte la responsabilidad de la violacion cualquiera de las dos administraciones, de oríjen o de destino, o que se produzca la prueba en una u otra.
Para gozar de la exencion de porte a que se refiere el artículo 5.º de la Convencion, los ejemplares que se remitan en canje los diarios, periódicos i revistas, deberán llevar una inscripcion bien visible al lado de la direccion, que diga "Canje".
Fíjanse los gastos ordinarios de la Oficina Internacional de los Correos Sud-americanos, para el primer año, en veinte mil francos. En esta suma está comprendida la instalacion de la oficina i la constitucion de un fondo de reserva para el personal. Si esa cantidad fuese insuficiente, el Gobierno del Uruguai queda facultado para solicitar de las administraciones de los demas paises contratantes las cuotas suplementarias que necesite, i si bastare quedará vijente este presupuesto hasta el próximo Congreso.
Para la distribucion de los gastos anuales de la oficina, los paises contratantes se dividen en dos categorías, correspondiendo contribuir a los de la primera con dos unidades i con una a los de la segunda.
Adhieren a la primera categoría la Arjentina, Brasil, Chile i Uruguai, i a la segunda Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguai, Perú i Venezuela.
La Oficina Internacional de los Correos Sud-americanos servirá de intermediaria para las notificaciones regulares i jenerales que interesen esclusivamente a las administraciones de los paises contratantes.
Las referidas administraciones deberán comunicar especialmente a la Oficina Internacional de los Correos Sud-americanos, lo siguiente:
a) La guía postal de su propio país;
b) El mapa de las comunicaciones postales que utilicen tanto el servicio interno como en el internacional.
c) Los resultados de la estadística de su movimiento postal con los demas paises sud-americanos;
d) Las vías terrestres o marítimas mas rápidas que utilicen para la trasmision de su correspondencia;
e) Una nómina de las instituciones de carácter científico i de interes comun, que tengan derecho a gozar de la liberacion de porte a que se refiere el artículo 5 de la Convencion Principal. La Oficina Internacional hará un resúmen de todas estas nóminas i remitirá treinta ejemplares a cada Administracion Central de Correos;
f) La reglamentacion vijente para el servicio de "porte pagado".
1.- La Oficina Internacional de los Correos sud-americanos dirijirá una circular especial cuando una Administracion solicite la inmediata publicacion de algun cambio que se haya introducido en su servicio; asimismo distribuirá gratuitamente a cada una de las Administraciones de los paises contratantes i a la Oficina Internacional de Berna tres ejemplares de los documentos que ella publique.
Los ejemplares suplementarios de los documentos, que llegaren a solicitar las Administraciones deberán ser pagados aparte por ellas a precio de costo.
2.- Deberá estar siempre a disposicion de las partes contratantes para suministrarles los informes especiales que pudieren necesitar sobre los asuntos relativos al servicio de Correos continental.
3.- Sin perjuicio de las comunicaciones que cada Administracion está obligada a dirijir a la Oficina Internacional de Berna, la Oficina de los Correos Sud-americanos le remitirá copia de las circulares que dirija.
4.- Deberá tener al día la guía postal sud-americana, por medio de suplementos o de otra manera que juzgare conveniente.
5.- Dará curso a los pedidos de modificacion o interpretacion de las disposiciones especiales que rijen por esta Convencion y notificará el resultado de cada jestion.
6.- Preparará los trabajos de los Congresos o Conferencias Continentales i proveerá las copias necesarias para la redaccion i distribución de las enmiendas, actas i demas informes.
7.- El Director de la Oficina asistirá a las sesiones de los Congresos i Conferencias, pudiendo tomar parte en las discusiones, sin derecho a voto, salvo que tenga la representacion de alguno de los paises concurrentes.
8.- La Oficina solicitará de cada uno de los paises sud americanos el resultado que en la práctica haya producido este Convenio i en vista de él preparará las proposiciones que deberán presentarse ante los Congresos Postales Universales por los respectivos paises, en la forma i órden que oportunamente se convenga.
9.- Hará saber a todas las Administraciones cuáles de entre ellas usarán de la facultad que les acuerda el artículo 6 de la Convencion.
10.- El Director de la Oficina presentará una memoria anual de sus jestiones a todas las Administraciones de los paises contratantes.
11.- El idioma oficial de la Oficina es el castellano, pudiendo el Brasil usar el portugues en sus relaciones con ella.
El Gobierno del Uruguai formará oportunamente la cuenta de los gastos a que se refiere el inciso 4 del artículo 12 de la Convencion, i de acuerdo con ella las Administraciones contratantes le reintegrará las sumas que haya anticipado.
Las oficinas de cambio del Continente sud-americano, en sus relaciones recíprocas, deberán formar un paquete o saco especial que contenga:
a) La correspondencia por espreso.
b) La correspondencia oficial que se cambien entre sí los Gobiernos respectivos, las revistas i periódicos que se canjeen las empresas de cada pais i las cartas de sus corresponsales que tengan alguna indicacion que permita distinguirlas.
Este paquete o saco llevará en la tablilla o etiqueta de direccion una inscripcion bien visible que diga "Preferente".
Siempre que una Administracion detenga en su servicio envíos notoriamente pornográficos, los inutilizará por el fuego, labrándose acta que firmará el jefe de la Oficina respectiva.
Los despachos que contengan cartas o cajas con valor declarado se harán al descubierto.
Cada Administración, por intermedio de la Oficina de Correos Sud-americanos, hará saber a los demas cuáles de sus oficinas hacen el servicio de cartas i cuáles el de cajas, estableciendo el máximum que acepten por envío, así como tambien las oficinas que deban utilizarse como de cambio.
En el intervalo que trascurra entre las reuniones, toda Administracion tiene derecho parra hacer proposiciones de modificacion al presente Reglamento, siguiendo el procedimiento indicado en el artículo XLV del reglamento de Roma.
Para que tengan fuerza ejecutiva esas proposiciones, deberán reunir:
1.- Unanimidad de votos si se trata de modificar los artículos II, IV, VIII i XI, o agregar nuevas disposiciones a este Reglamento.
2.- Simple mayoría absoluta si se trata de modificar otras disposiciones que las arriba enumeradas o de interpretar algunas disposiciones de este Reglamento, escepto el caso de litijio, previsto en el artículo 9.º de la Convención Principal de Montevideo.
El presente Reglamento empezará a rejir el mismo dia que la Convencion Principal con la cual se relaciona i tendrá su misma duracion.
Hecha en Montevideo, a dos de febrero de mil novecientos once.
Por la República Arjentina: Solano Torres Cabrera. Juan Migoni.
Por Bolivia: Alberto Diez de Medina.- Cornelio Ríos.
Por Brasil: Francisco J. de Almeida Brant.- Virgilio S. de Faria.- Domingo de Castro Lopes.
Por Paraguai: Luis Abente Haedo.- Juan Francisco Pérez.
Por Uruguai: Francisco García i Santos Juan Rampén.- Guzmán Papini.- Emilio Milhas (hijo).- Héctor R. Gómez.- Juan Capurro.
Convenio relativo al servicio de jiros postales celebrado entre las Repúblicas de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguai, Perú, Uruguai i Venezuela.
Los abajo firmados, Plenipotenciarios de los paises arriba mencionados, han convenido celebrar de comun acuerdo i bajo reserva de ratificacion, el presente Convenio.
Artículo 1.º Queda instituido un servicio de jiros postales con carácter jeneral entre las Administraciones de Correos Sud-americanos que se rejirá por el presente tratado.
Art. 2.º El envío de fondos por medio de jiros postales solo podrá efectuarse con la intervencion de las oficinas de cambio que indicará cada Administracion, a las cuales corresponderá autorizar i dar curso a las operaciones que tengan lugar con procedencia de sus propias oficinas, o con destino a ellas.
Art. 3.º El valor de los jiros postales sud-americanos se determinará solamente en oro, estableciéndose como unidad monetaria el franco, para facilitar la conversion de las diversas monedas de cada pais.
Art. 4.º El tipo de conversion que cada Administracion aplique a los jiros emitidos por ella, con relacion al franco, lo fijará i comunicará de antemano a las demas Administraciones.
Cada Administracion tendrá derecho de fijar la tasa de conversion de su moneda metálica con relacion al cambio.
Art. 5.º Ningun jiro podrá exceder de mil francos.
Art. 6.º El pago de los jiros se efectuará en oro o en otra moneda legal de valor corriente sin quebranto alguno para los beneficiarios, i con sujecion al precio del franco a la par. Cada Administración tiene la facultad de recibir en la emision i emplear en los pagos de los jiros todo papel moneda que tenga curso legal en su pais, debiendo tener en cuenta las diferencias de cotizaciones.
Art. 7.º Es facultativo de las Administraciones el declarar trasmisibles, por endoso, los jiros.
Art. 8.º El término de validez de los jiros será de seis meses a partir de la espiracion del mes en que fueron emitidos.
El importe de los jiros no presentados a cobro dentro de ese término, será devuelto a la Administracion de procedencia para ser considerado en cuanto a su prescripcion, con arreglo a las leyes del pais de emision.
Art. 9.º Con sujecion a lo instituido en el artículo anterior, se responderá a los remitentes por la suma que envíen por medio de jiros postales, hasta el momento que estos sean pagados a los destinatarios o endosatarios.
Art. 10. El reembolso del importe de un jiro al remitente, solo podrá efectuarse previa consulta a la Administracion que debió pagarlo.
Art. 11. Las Administraciones podrán consentir en que se modifique la direccion de los jiros dentro del pais de destino, comunicándose los nuevos datos mediante los cuales deberán proceder a su pago, las oficinas destinatarias.
Art. 12. Cada Administracion cobrará de los remitentes de los jiros que emita i por concepto de comision, el medio por ciento (%) de su monto.
En ningun caso la comision por la emision de un jiro podrá ser inferior a veinticinco céntimos de franco.
Art. 13. Las Administraciones pagadoras cargarán en cuenta a sus causantes, o sea a las emisoras, un cuarto por ciento (1/4%) sobre el monto de los jiros espedidos contra ellas. Esta comision subsistirá aun en el caso de no haber sido pagados.
Art. 14. El remitente de un jiro podrá obtener un aviso de pago estendido oficialmente por la administracion de destino, mediante una tasa equivalente a la de las cartas recomendadas por concepto de aviso de recepcion, i la cual percibirá en su solo provecho la Administracion de oríjen.
Este aviso será trasmitido directamente al Correo emisor para su entrega al interesado.
Art. 15. No consentirán las Administraciones en los pedidos de reespedicion de jiros, cuando haya cambio de residencia de los destinatarios a otro pais.
En tales casos se considerará reembolsado su importe, previas las formalidades de que trata el artículo 10, renovándosele la operacion al remitente sin percepcion de nuevos derechos.
Art. 16. La responsabilidad de los pagos irregularmente efectuados, será de cuenta esclusiva de las Administraciones destinatarias, debiendo justificar éstas en caso de reclamo, que el pago fué efectuado llenando las formalidades que indican los reglamentos respectivos de su pais.
Art. 17. Las Administraciones contratantes documentarán a los depositantes por las sumas que entreguen para ser jiradas i por las comisiones i derechos que correspondan segun las tarifas respectivas, empleando al efecto formularios de un mismo tenor, que constarán de un resguardo para el remitente, para producirlo en caso de reclamos, i de un talonario o segundo resguardo que éste podrá enviar al destinatario.
Este talonario servirá tan solo para que el beneficiario tenga la comprobacion del depósito de los fondos hecho por el remitente, pero no para efectuar el cobro en la Administracion de destino, el cual solo podrá realizarse previa presentacion del jiro interno que ésta hará llegar a poder del interesado, en la forma establecida en el reglamento anexo.
Art. 18. El arreglo de cuentas entre las Administraciones tendrá lugar trimestralmente, siguiéndose el órden regular de estos términos en el año, i los saldos que de esas cuentas resulten, serán pagados por la Administracion deudora sin irrogacion de gastos, ni quebranto alguno, para la Administracion acreedora.
Los saldos que no sean abonados dentro el plazo fijado por el Reglamento, devengarán el interes de cinco por ciento anual, con cargo a la Administración causante.
La Administracion deudora no podrá retener ni compensar del saldo de la cuenta de jiros, suma alguna por ningun otro concepto, salvo acuerdo con la Administracion acreedora.
Art. 19. La desproporcion en el movimiento recíproco entre dos Administraciones, obligará a la que resulte deudora por mas de diez mil francos, ántes de terminarse el trimestre, a hacer una remesa a cuenta en una cantidad redonda aproximada a la diferencia.
Art. 20. En los casos estraordinarios que den mérito a esta medida, cada Administracion podrá suspender el servicio de jiros, comunicándolo a las partes contratantes, ya sea por telégrafo o por primer correo.
Art. 21. Podrán admitirse jiros postales por telégrafo entre las administraciones signatarias de este arreglo que lo crean conveniente, para lo cual se pondrán de acuerdo por intermedio de la Oficina Internacional de los Correos Sud-americanos.
Art. 22. El cambio de jiros telegráficos se hará de acuerdo con las disposiciones de los artículos 4.º del Arreglo de jiros de Roma i III del Reglamento de detalle, en todo lo que no sean contrarias al presente Convenio.
Art. 23. Las partes contratantes quedan facultadas para establecer el servicio de pago de jiros a domicilio, no pudiendo cobrar por este concepto, una tasa mayor de veinte céntimos de franco.
Art. 24. En el intervalo que trascurra entre dos reuniones del Congreso Postal Sud-americano, toda Administracion tendrá derecho a dirijir a las demas, por intermedio de la Oficina Internacional de los Correos Sud-americanos, proposiciones concernientes al servicio de jiros.
Para ser sometida a deliberacion, cada proposición deberá ser apoyada por dos Administraciones a lo ménos, sin contar aquella de la cual emana la proposicion:
1. Cuando la Oficina Internacional de los Correos Sud-Americanos no reciba al mismo tiempo quo la proposición, el número necesario de apoyos no dará trámite a esa proposicion.
2. Toda proposicion se someterá al procedimiento prescrito por el párrafo 2 del artículo 26 de la Convencion Principal de Roma.
3. Para que tenga fuerza ejecutiva esas proposiciones, deberán reunir:
a) Unanimidad de votos si se trata de agregar nuevos artículos o de modificar las disposiciones de éste i la de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 i 18;
b) Dos terceras partes de votos si se trata de modificar otras disposiciones que las de los artículos precitados;
c) Simple mayoría absoluta si se trata de interpretar disposiciones del presente Convenio, escepto el caso de litijio a que se refiére el artículo 9.º de la Convencion Principal de Montevideo.
Art. 25. Las Administraciones del Continente Sud-americano que no adhieran a este Convenio en el momento de suscribirse, podrán ser admitidas siempre que lo soliciten, ajustándose a él en todas sus partes.
Esta adhesion se notificará por la vía diplomática al Gobierno del Uruguai, a fin de que éste la comunique a los demas Gobiernos i a la Oficina Internacional de los Correos Sud-americanos.
La misma facultad tendrá cualquier Administracion para retirarse de él mediante aviso dado en la misma forma con un año de anticipacion.
Art. 26. El presente convenio será ratificado ántes del 30 de setiembre de 1911 i entrará en vijencia el 1.º de enero de 1912.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios de los paises arriba enumerados firman el presente Convenia, en Montevideo, a dos de febrero de mil novecientos once.
Por Brasil: Francisco J. de Almeida Brant.- Virjilio S. de Faria.- Domingo de Castro Lopes.
Por Venezuela.- José Enrique Rodó.
Reglamento de Ejecucion del convenio relativo al servicio de jiros postales celebrado entre las repúblicas de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguai, Perú, Uruguai i Venezuela.
Los abajos firmados han convenido, en nombre de sus administraciones respectivas, las medidas siguientes para ejecutar el convenio de jiros postales que antecede:
Artículo 1.º Se documentará a los depositantes por las sumas que entreguen para ser enviadas en jiros sud-americanos, por medio de un resguardo o boleto de depósito con sujecion al modelo C.- Este será talonario i llevará el número de órden repetido en un cupon o segundo talon que podrá desprender el remitente para ser enviado al destinatario.
Art. 2.º En representacion de las sumas depositadas i garantidas en la forma del artículo anterior, las administraciones de oríjen espedirán por cada correo a las de destino una lista segun el modelo B, en que se espresarán circunstanciadamente las cantidades que éstas deberán pagar.
Para evitar los inconvenientes que provengan de la pérdida de una lista orijinal, las administraciones jiradoras remitirán por cada correo subsiguiente un duplicado de la lista enviada en el correo anterior.
Cuando no haya jiros se enviará una lista en blanco.
Para estas listas cada administracion seguirá un órden de numeracion que terminará al fin de cada año, i en forma separada que corresponda al movimiento de cada oficina.
Art. 3.º En seguida que una lista llegue a poder de una administracion destinataria, ésta estenderá jiros internos a favor de los beneficiarios por los equivalentes en moneda del pais pagador, de las sumas especificadas en esas listas. Estos jiros serán pagados de acuerdo con los reglamentos existentes en cada pais.
Art. 4.º Cada jiro anotado en las listas llevará un número denominado "Número Internacional" empezando cada mes con el número 1.
Del mismo modo, cada lista llevará un número de serie comenzando cada año con el número 1.
Art. 5.º La llegada de cada lista será avisada a la administracion de procedencia por medio de la primera lista subsiguiente, remitida en direccion opuesta. La falta de una lista se comunicará inmediatamente por la oficina de cambio a la que debió ser enviada para que la espedidora remita sin demora un duplicado certificado.
Art. 6.º Estas listas serán prolijamente verificadas por las administraciones destinatarias i correjidas cuando tengan simples errores evidentes, comunicándose esas correcciones en el acuse de recibo.
Cuando ellas presenten otras irregularidades se pedirá esplicacion a la oficina espedidora, quien deberá suministrarla a la brevedad posible. Miéntras tanto quedará suspendida la emision de jiros internos correspondientes a las sumas emitidas irregularmente en la lista observada.
Art. 7.º Siempre que se note que los jiros son utilizados por comerciantes u otras personas para la trasmision de fuertes sumas de dinero, la administracion emisora estará autorizada a suspender parcial o totalmente, por algun tiempo, la emision de jiros postales.
Art. 8.º No podrá espedirse jiro alguno si el remitente no indica el nombre i apellido del beneficiario o el de la razon social a que va destinado, para lo cual debe suscribir el pedido por escrito que en formulario apropiado le ofrecerá la administracion emisora (Modelo A).
En ese pedido se harán constar las referencias necesarias sobre el domicilio del destinatario.
Art. 9.º En ningun caso podrá procederse al reembolso del importe de un jiro, hasta tanto la administracion donde era pagadero, no haya certificado que no ha sido abonado i tomado nota para suspender el pago.
Art. 10. Los pedidos de rectificacion o correccion en el nombre del beneficiario o en cualquier otro sentido que tienda a salvar un inconveniente para el pago del jiro, deberán hacerse por escrito ante las administraciones emisoras.
Art. 11. Los jiros que con arreglo a lo que establezcan las listas de envio estén sujetos a avisos de pago, demandarán para las administraciones destinatarias, la obligacion de remitir esos avisos a las de oríjen, el mismo dia de la operacion bajo oficio recomendado. Esos avisos se harán segun el modelo primero.
Art. 12. Será de cuenta esclusiva de cada administracion el reemplazar los jiros internos perdidos o destruidos que hayan estendido a favor de los beneficiarios en virtud de las sumas espresadas en las listas referidas.
Art. 13. Todo error que cometido por las administraciones emisoras haya de salvarse para poderse abonar un jiro cuyo pago se encuentre suspendido por esa causa, se comunicará por nota haciendo cita del numero de la lista en que fué anotado.
Art. 14. Para el arreglo de cuentas de que trata el artículo 18 del convenio, se procederá del modo siguiente:
Al fin de cada trimestre la administracion acreedora respecto de otra con la que haya mantenido movimiento de jiros, formulará un balance con sujecion al modelo E, que irá acompañado de la cuenta detallada, conforme al modelo F i de las relaciones G i H, segun modelos indicados con estas letras.
Este balance i cuenta trimestral deberá ser precedido de una relacion mensual, segun modelo D, que pasará a la contraria cada administracion destinataria, sobre jiros no pagados dentro de los seis meses despues de espirado el mes de emision, i que por lo tanto hayan caducado.
El balance (según modelo E), se enviará en duplicado i contendrá las partidas siguientes:
1.º Al crédito del pais de destino de los jiros.
a) El monto de las sumas espedidas segun las listas despachadas durante el trimestre i la comision que corresponda a esta operacion. (Artículo 13 del convenio).
b) El importe de los jiros emitidos cuyo reembolso esté autorizado, segun lo compruebe la relación G.
c) El importe de los jiros emitidos, i que por exceso de plazo de validez estén caducados, segun lo demuestre la relacion H.
2.º Al crédito del pais remitente del jiro.
a) El monto de las sumas que le han sido jiradas por la contraria, segun las listas recibidas durante el trimestre, i la comision correspondiente a estas operaciones.
b) El importe de los jiros emitidos cuyo reembolso esté autorizado, segun lo compruebe la relacion G.
c) El importe de los jiros emitidos, i que por exceso de plazo de validez estén caducados, segun lo demuestre la relación H.
En el crédito se establecerá en igual forma la deduccion de lo que importen, segun las relaciones G. i H, los jiros reembolsados i caducados de las emisiones hechas por la parte contraria.
La administracion deudora que reciba el balance formulado así, por la acreedora, le devolverá un ejemplar debidamente aceptado a la brevedad posible.
Art. 15. No habiendo mérito para hacer observación, el saldo deberá ser abonado simultáneamente con la devolucion del ejemplar del balance aceptado, por medio de letra a la vista en francos o en moneda metálica del pais acreedor, siendo de cargo de la administracion deudora todas las diferencias que esta operacion demande.
A partir de la fecha en que se reciba un balance aceptado, el saldo que no sea enviado con éste, quedará gravado con el interes del cinco por ciento anual. (Artículo 18 del convenio).
Art. 16. En igual forma i sin quebranto por concepto alguno, deberán ser enviadas las remesas a cuenta (artículo 19 del convenio), cuando en el movimiento recíproco de dos administraciones una resulte deudora por mas de diez mil francos a la otra, ántes de vencerse el trimestre.
En el caso de no ser efectuada esa remesa a cuenta, podrá aplicarse un interes de cinco por ciento anual determinado para los saldos en mora, llevándolo al cargo de la administracion deudora.
Art. 17. Las administraciones emisoras serán siempre ajenas a los pagos efectuados irregularmente por las destinatarias en cuanto a la identidad de las personas que los cobren como beneficiarios o endosatarios.
Art. 18. Las administraciones contratantes se comunicarán directamente o por intermedio de la Oficina Internacional de los Correos Sud-americanos, i dos meses ántes de que se ponga en ejecucion el convenio, lo siguiente:
1.º La tasa de conversion de sus monedas respectivas a francos, en mérito al artículo 3 del convenio.
2.º La nomenclatura de las dependencias por cuenta de las cuales emitirán jiros i que se encargarán a la vez de pagar los que emitan las contrarias.
3.º Un ejemplar del jiro interno que empleen para este servicio, i otro del boleto de depósito con que se documenten a los remitentes.
Art. 19. Las modificaciones propuestas i aceptadas durante la vijencia de este reglamento no tendrán fuerza ejecutiva hasta cuatro meses después de la fecha de su notificación.
Art. 20. Los jiros telegráficos solo podrán ser formulados por las oficinas de canje que haya determinado cada administracion, la que tendrá que ser intermediaria necesariamente entre sus dependencias de otras localidades, ante las cuales se haga el pedido dirijido en esta forma.
Art. 21. La administracion espedidora de un jiro telegráfico estará obligada a hacerlo figurar, a título confirmativo, en la primera lista (modelo B) de jiros ordinarios que remita a la destinataria i aun a emplear una sola con ese objeto en caso de no haber espedicion de los últimos, por el correo mas próximo.
Art. 22. Este reglamento rejirá desde el dia en que se ponga en vigor el convenio a que se refiere, i tendrá su misma duracion.
Hecho en Montevideo, a dos de febrero de mil novecientos once.
Por Bolivia: Alberto Diez de Medina.- Cornelio Rios.

matches:
artículo 73
artículo 21
artículo 8
artículo 23
artículo 26
artículo 10
artículo 3
artículo 4
artículo 5
artículo 5
artículo 6
artículo 12
artículo 9
Artículo 1
artículo 10
artículo 26
artículo 9
Artículo 1
artículo 18
artículo 3