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V.CUESTIÓN INFORMACIONAL Y NUEVA COMUNICACIÓN SOCIAL. INTRODUCCIÓN AL TEMA DE LA DISFUNCIONALIDAD ACTUAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR DÉFICIT DE INDEPENDENCIA ORGÁNICA
La idea de transparencia en el ejercicio del poder empieza a aparecer como una idea-clave, en los textos legales y de orientación política, en el ámbito de los procesos de reforma y modernización de las Administraciones Públicas, aunque esta idea, en ocasiones, sea mero objeto de propaganda y manipulación[1]-[2].
Ante el modelo administrativo tradicional del secreto, ahora, por razones de descrédito, obligado a retroceder para muy restrictas áreas de excepción, el valor que se pretende realzar es el de la figura antitética de la transparencia; es proclamar un concepto adecuado a crear la idea de oposición a los trazos característicos del concepto de secreto, que pasaría a combatir[3].
Hechas estas consideraciones, ya se entiende que este debate sobre el acceso a la información se sitúa meramente por encima de los escombros del secreto no justificado, pues es para hacerlo recular, legalizándolo a la mínima expresión históricamente posible, que se ha construido esta idea de transparencia: o saliendo de la ideología de la democracia administrativa, sin la cual deteriora la democracia tout court, o en conexión conla defensa del fin de cualquier secreto, aunque se entienda que se sigue aceptando mucho secreto indebido[4].
Para demostrar que este acceso a la información no coincide con la afirmación de la transparencia basta considerar que su régimen, donde existe, obliga inclusive (normalmente, en términos aún excesivos, en el campo de los secretos por “interés público” -ciertas cláusulas sobre secreto de Estado o imposición automática de secreto de justicia- y algunos por interés particular -como ocurre donde la transparencia hace más falta: gran parte de secretos de informaciones económicas y contractuales administrativas-) a sacrificar la transparencia cuando ésta pueda llevar a excesivas presiones sobre el interés colectivo o, justamente, ponga en cuestión las libertades públicas, base fundamental de cualquier sociedad democrática y derechos fundamentales.
O sea, analizando las normas y las experiencias de apertura administrativa y los objetivos fundadores y claramente conformadores de las diversas orientaciones legislativas vigentes en varios países y posiciones doctrinales, debemos optar por el uso del concepto de acceso a la información o más restrictivamente a la documentación, como manifestación restricta de la transparencia, de sentido más amplio pero difícilmente densificable.
Y, de cualquier modo, sólo poco a poco culturalmente alcanzable.
Incluso porque se imponen limitaciones contra la transparencia.
Y por necesidad de situar el debate real (en que el normativo, en gran parte inaplicado, no puede ser desconocido como hecho social impulsor), que se basa, no en la existencia de una transparencia absoluta, total, de la Administración, lo que no es posible, pero en un derecho limitado a la información, en la medida en que esté inscrita en sustratos materiales detentados por los poderes públicos.
Y se impone aún como parte integrante de este derecho al conocimiento, la explicación acerca de ella, o, cuando mucho, más allá, a la propia información disponible, independientemente de constar o no de cualquier substrato material.
En efecto, la eficacia e incluso la posibilidad de la construcción de una Administración abierta dependen de la justa definición del equilibrio entre la comunicación y el secreto, tanto en el plano del marco del principio y de las excepciones, como en el de la ejecución de sus garantías.
Los órganos de la Comunicación social son instituciones esenciales de información y control en el oficial.
No sólo en el pode admitir-se la concentración empresarial, pero también la posesión de órganos comunicacionales de demoradas por parte de órgãos de poder político. La estes deve caber sólo la fiscalización del cumprimento de las leis de independencía estatutáría y garantir el respeito de la linha editorial proclamada, sob pena de accionamento de la objección de consciencia. Y na medida en que se entenda, como nós, que el Estado se deve manter, mesmo que en términos minimalistas, na Comunicacao Social nacional (un sólo canal, sem publicidade: RTeP), en el pode haver suspeita de parcialidade la favor del governo ou de los partidos de la governacão. O que impede que la sua administración seja composta por orgaos executivos ancionales, ergionais ou locais, devendo se-lo y funcionar como una entidade pública independente, en términos que susvite grande consenso y de renovación parcial en el tiempo. Tal como há la posesión por empresas en el especificamente comunicacionales, que, naturalmente, en las suas lógicas de meramente rentabilidade capitalista y de pose de un meío de comunicación para mejor se defenderem contra ataques face la negócios menos claros ou promoción sofisticada de outros, veem transformando la notícía en mera mercadoria, apoiando figuras públicas segundo los seus intereses ou mesmo encobrindo ou “falseando” los factos.
No pode permitir-se la sua subsidiación pública, através del Estado, regiones y poder autárquico ou entidades privadas, confiscadoras de la liberdade de expresão. La intervención subsidiadora, quando justificável, deve sempre, una vez decidida por el legislador, ser procesada, en concreto, por órgãos administrativos independentes, compostos por pesoas eleitas por el Parlamento, dando garantias de relativa independencias face a los poderes del momento, ou seja, eleitos por 2/3 de los deputados renovables por partes (v.g., 1/3, todos los anos) y através de outras técnicas de sustentación, designadamente la de la promoción incentivadora de la cooperativización ou democratización difusora del seu capital social, especialmente entre los próprios profisionais.
En el presente (concretado el inanimatus nuncius de que hablaba FRANCIS BACON, en New Atlantis, de 1627, ahora ya no más mera utopía[5]), estamos en la “sociedad de la información” o “sociedad del conocimiento”, debido al avance, al salto cualitativo que posibilitan las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, en la que los dos factores, el conocimiento y la información, que “han sido decisivos en la productividad, en la economía y en las relaciones de toda índole (...), al menos desde hace mucho tiempo”, ganan en nuestra sociedad “uno de los momentos de mayor influencia”[6].
La sociedad de la información, que el Informe BANGEMANN define como “una revolución basada en la información”, que dota a la inteligencia humana de nuevas e ingentes capacidades y constituye un recurso que altera el modo en que trabajamos y concebimos”[7], potencian “el poder de la mente, del conocimiento humano”[8], por lo que merece cada vez más debates, expectativas y normas especiales.
Y, por eso, como dice JORGE MIRANDA, estamos en una sociedad en que el derecho a la información de los administrados es una de las principales adquisiciones del nuevo Estado Social[9]. Y, a propósito de la libertad de la comunicación social, COSTA ANDRADE, acentuando el lado social del acceso al conocimiento en general, inserta la transparencia de la Administración pública como uno de los valores de “irrecusable dignidad comunitaria”[10]. Pero, no sólo sociedad de la información, también de la revolución informática, de la revolución digital (la tercera, después de la industrial y de la agrícola)[11], sociedad de la digitalización de los derechos fundamentales[12], una sociedad cada vez de más riesgos y, por eso, “sociedad de información y de riesgo”, en la expresión del sociólogo alemán ULRICH BECK[13].
Sobre la circulación de la información, importante desde luego en el ámbito de la libertad y, en general, de la defensa de los intereses individuales, colectivos y difusos, -aunque refiriéndose específicamente a los medios de comunicación social-, muchos autores, como v.g. M.MCLUHAN, consideran que son “la extensión del hombre”[14].
Y, ¿ qué decir de la circulación de la información, para y desde el poder que gobierna y administra, a los ciudadanos?
En una sociedad en que la Administración tiene intervención omnipresente, regulando, actuando y conociendo, cada vez más, en todos los aspectos de nuestras vidas, resulta poseedora de inmensas cantidades de información en materias de interés ambiental, mucha de ella con valor estratégico para el futuro del hombre y del planeta, y para luchar por una sociedad y un bienestar más sostenible.
De hecho, en nuestro sistema representativo es sabido, según la doctrina tradicional, que el control de la Administración incumbe, no a los ciudadanos, sino directamente al Gobierno y, mediatamente, a los diputados, por lo que los ciudadanos esperarían que el Parlamento hiciese ese control indirecto, a través del gobierno que de él depende y del cual, a su vez, depende la Administración, así únicamente legitimada en el plano originario, independientemente de su legitimación funcional, procedimental y constitucional, legitimación constitucional que, además, es la que integra esencialmente la función jurisdiccional en Europa, dada su total independencia de los otros órganos de soberanía elegidos por el pueblo.
En cuanto régimen democrático, los ciudadanos también confían en que la comunicación social, motu proprio, investigue y difunda los eventos públicos que permitan conocer la vida de los poderes del Estado-Comunidad, incluyendo ineficacias, corrupciones, errores, licencias y autorizaciones polémicas, acuerdos perjudiciales a los ciudadanos y al ambiente, y todo lo que pueda interesar a la vida de la sociedad y permitir acciones de oposición a actos considerados como no aceptables por los ciudadanos[15].
¿Pero, no es verdad que simultáneamente ocurre un fenómeno capitalista de concentración de la comunicación, que hace que su mecanismo global avance hacia monopolios configuradores de los productos informativos y contra-informativos, según los intereses de los grandes grupos económicos y, también, pero cada vez menos, de la propia política[16]?
¿Que espacio tendrá el periodismo ambiental?
Actualmente, vemos que “la información ambiental queda muy mal parada”, como refiere MARÍA JOSÉ BRAVO FONT, que refiere que:
“A juzgar por las encuestas de opinión, los ciudadanos están bastante preocupados por los problemas ambientales e interesados por su resolución. Pero, la información ambiental ocupa un espacio más bien marginal en los medios de información general, y los medios especializados tienen una acogida muy minoritaria. Cabría preguntarse por qué ocurren este tipo de paradojas, por qué existe esa desconexión entre la oferta y la demanda de información sobre naturaleza y ambiente”[17].
¿Será que el ethos[18] periodístico no es, hoy, más que un mito[19]?
Ante la multidimensionalidad de la problemática y tocando muchas veces riesgos para la salud, exigiendo tratamiento cuidado, cuántas informaciones periodísticas son incompletas, superficiales, claramente sesgadas, tergiversadas, parciales, livianas, superfluas, llenas de incertidumbre, en un sector sin gran formación especializada, y con una temática que “no se vende” o “vende” mejor sus perfiles curiosos, atractivos, catastrofistas, alarmistas, anecdóticos, todo ello saturando y creando desconfianza en el receptor.[20]
La información está ligada no sólo a la idea de transmisión de cultura[21], sino, también, a la idea de libertad dada por el crecimiento del aparato cognocitivo[22] y su posibilidad de difusión. Y, en este aspecto Internet, la red de redes, es un espacio libertario, antiautoritario.
Como dice MICHEL ALBERGANTI, las características mayores del siglo XXI son la apertura (dado que “Internet conecta cada persona a la efervescencia permanente de las ideas y a la complejidad de la vida real”) y la interactividad (una vez que “Nada, en efecto, es ya unidireccional, ni siquiera, o sobre todo, lo escrito”)[23]
Pero, ¿tanta información, tan descontrolada y simultáneamente en poder de grandes grupos económicos multinacionales[24], no podrá desembocar en la “libertad fatal”, para utilizar la conocida frase del gran cineasta italiano Fellini?
En este nuevo siglo, de un mundo telecrático[25], aunque cada vez más lleno de informaciones que circulan también a un ritmo cada vez más veloz, y no “en términos monológicos o a través de un flujo ‘piramidal’, sino en flujos network media” y, desde luego, con la “sociedad en red”[26], cuyo paradigma es el “archivo exhaustivo”[27], esto es, Internet y el ciberespacio[28], y aun con la desregulación y la globalización de todo (que no sólo de la economía[29] en red y la logística planetaria de los flujos materiales e inmateriales, de los que hablan ALAIN FINKIELKRAUT y PAUL SORIANO[30]), a pesar del entusiasmo de los tecnófilos, “la información que generamos amenaza con aplastarnos, porque podemos llegar a toda y nuestro gran logro es a la vez nuestro gran problema”.
Por ello, como dice DÍAZ BARRADO, “Tanta información nos anonada y desorienta”[31].
Como comenta ALAIN CLAISSE, hay que señalar que “chaque pays exprime sa culture à travers d’un mode spécifique de relations administration/administré”, añadiendo el autor, summa divisio, que es posible identificar “trois indicateurs de transformation des relations entre l’état et l’usager”, apareciendo cada uno de estos en correspondencia con una “qualité en quelque sorte ‘fonctionnelle’ de l’usager”, el administrado, el individuo y el ciudadano.
Y expone:
“1. L’usager est d’abord un administré. Il est destinataire du service public (certain diront ‘client’). L’usager jugera l’efficacité des administrations à leur capacité de l’accueillir, l’orienter et le servir.
2. L’usager est en suite un individue ,a ce titre, il a le droit à la protection de ses libertés fondamentales vis-à-vis de la puisance publique.
3. L’usager est enfin un citoyen. Il est ausi partie prenente des institutions publiques et doit etre asocié à leur fonctionnement”[32].
La transparencia informativa, o rectius, por lo menos la documental, es un elemento esencial en la realización de la dimensión ciudadana. Conocer el sistema normativo en ella se basa y su práctica, es fundamental para la revelación del estado de transformación de las relaciones de la Administración con el ciudadano, en nuestros países y, así, saber que nivel de ciudadanía se vive.
En este aspecto se comparte la posición de EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ quienes, en la tercera edición de su Curso de Derecho Administrativo, habían lamentado que, entonces, en España, la regla general seguía siendo el secreto y la publicidad era la excepción, a pesar del texto constitucional de 1978, adhiriendo a la crítica de la tesis de la no “operatividad” del artículo 105, b) de la Constitución Española, seguida en la STS de 16 de Octubre de 1979[33], hecha por SÁINZ MORENO,[34].
Vienen, después de la aprobación de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a cualificar el nuevo derecho de acceso a los documentos administrativos como el más trascendental de los derechos consagrados en el artículo 35[35], orientado a modernizar la actuación administrativa en el futuro[36].
Ya, antes de ello, PHILIPE BRACHET en Francia (1988), señalaba que
“la notion de ‘transparence administrative’ s’inscrit comme l’une des pièces maîtreses du modèle administratif ‘moderne’, que l’on oppose couramment au modèle ‘traditionnelle’ et bureaucratique, et dont a contrario le secret est une des caractéristiques principales”[37].
También lo entendemos de esta forma, desde hace mucho tiempo, aunque las normas aparezcan y los resultados esperados tarden. Y, por eso, esta temática ha merecido particular atención de nuestra parte, a lo largo de la pasada década de los noventa.
Además, se debería avanzar más lejos y, como en EUA, con las sunshine law (imponiendo, en las reuniones deliberativas de todos los órganos públicos colegiales, la posibilidad de la asistencia del público), abrirse siempre las puertas de todos los órganos administrativos colegiales, no sólo los del poder territorial infra-estatal, desde luego el municipal, sino también los de las personas jurídicas institucionales, fundacionales y establecimientos públicos de prestación de servicios (como las universidades, hospitales), asociaciones de fines públicos, personas morales de utilidad pública y otras incluyendo las empresariales de derecho público o privado, o de régimen jurídico mixto, en tanto que desempeñan tareas de la función administrativa.
En síntesis, todas las entidades y órganos colectivos, cada vez que actúen en el desarrollo de la función administrativa del Estado-Comunidad, cuando debatan y tomen deliberaciones, al igual que ocurre con los órganos con funciones legislativa y jurisdiccional, los tribunales y el Parlamento, que actúan en sesiones abiertas al público..
Como refiere EDUARDO COUTURE, “La publicidad, con la consecuencia natural de la presencia del público en las audiencias judiciales, constituye el más precioso instrumento de fiscalización popular ante la acción de los jueces y abogados.
En último término, el pueblo es juez de los jueces.[38]“
¿No tendría también que ser así con relación al poder opaco de la Administración pública?
La importancia objetiva del tema es obvia. Esta se inserta en debates fundamentales reconfiguradores o relegitimadores del funcionamiento y de la organización del Estado, relacionados con los principios de la publicidad, de la transparencia, de la imparcialidad, de la igualdad y de la eficacia.
En el plano material, el devenir continuo de la defensa del ambiente, de un asunto de los antipoderes para una tarea funcional de los Estados y, desde luego, de sus Administraciones, es una cuestión que se impone, en el amago de la reforma y reestructuración de la administración pública, adquiriendo gran actualidad y transformando el acceso a la información en su instrumento esencial.
Por un lado, estamos frente a la consagración normativa de un derecho nuevo de los ciudadanos, que algunos consideran integrable en los derechos humanos de última generación, que viene a completar la exigencia de transparencia total en el funcionamiento de los órganos públicos, al servicio de la sociedad y no a su servicio, lo que, históricamente, comienza a producirse en términos generalizados, mucho tiempo después de la afirmación de la necesidad de transparencia y la publicitación de trabajos de los poderes judicial y legislativo, único cambio fruto natural del pensamiento liberal, a un tiempo y, extrañamente responsable del mantenimiento y legitimación del secretismo administrativo.
El acceso a la información “devuelve” a los ciudadanos el derecho a entrar en lo que les pertenece, permitiéndoles una fiscalización y “cogestión” dialéctica de las insuficiencias en la organización administrativa y la correspondiente apertura a las exigencias de mayor legalidad y eficacia.
Por otro lado, la Unión Europea tiene una política y normas jurídicas ambientales que intentan contribuir a la conservación, protección y mejora de la calidad del ambiente, protección de la salud de las personas, adecuada utilización de los recursos naturales y fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del ambiente, con aplicación de los principios de cautela, acción preventiva, corrección de las agresiones, preferentemente en la fuente, y de quien contamina paga[39].
Por eso, es necesario destacar, en materia ambiental, la importancia insuperable atribuida a las Administraciones Públicas estatales e infraestatales, en cuanto instituciones de aplicación del Derecho de la Unión Europea y administraciones indirectas de la Administración Comunitaria y, por eso, depositarias fundamentales de información ambiental.
En efecto, la información ambiental que poseen las Administraciones Públicas, en términos de cantidad y calidad, es de gran relevancia para el conocimiento de la cuestión ambiental, su evolución y las situaciones concretas suscitadas por la aplicación de las reglas del Derecho Comunitario Europeo.
Por lo tanto, si la importancia del ambiente y de la Administración ambiental es un dato principal en los tiempos actuales, sin acceso adecuado a la información ambiental en poder de las Administraciones Públicas, muchas normas comunitarias se quedarían impunemente incumplidas.
Y, en esta materia ambiental, como refiere EDGAR MORIN, el individuo vive en “autonomía dependiente”, concepto que “podemos sustituir” por el de “ambiente exterior” o envolvente, “que impone su fatalidad a los seres vivos”, pues la “autonomía viva depende de su ambiente exterior, donde obtiene energía, organización y conocimiento”.
Por eso, “no hay autonomía viva que no sea dependiente”, dado que “aquello que produce la autonomía produce la dependencia, la cual produce la autonomía”.
En verdad, “el imperio del ambiente es lo que constituye para el ser vivo, no sólo las imposiciones, obstáculos y amenazas sino, igualmente, las condiciones de su autonomía”, siempre una autonomía “con relación al medio natural”, pues las técnicas en los varios dominios del conocimiento humano, por un lado, “son conquistas de la autonomía”, y por otro, lo son “por sujeción de las energías materiales y explotación de los productos naturales, conducentes a un dominio efectivo de la naturaleza”. Un dominio que se hace “mediante, evidentemente, una multiplicación de dependencias, así como una dependencia global relativa a la biosfera de que somos parte”.
Pero, ¿cuáles son los peligros creados por esta “sociedad histórica”, al querer y obtener el desarrollo de su autonomía, a través de esta “domesticación de la naturaleza”?
Como se interroga MORIN, ¿no debemos colocar la cuestión de saber si “la autonomía ganada sobre la Naturaleza sería nuevamente perdida, para los individuos, debido a la dependencia relativamente a la sociedad”, desde luego, con el uso y abuso desenfrenado e incontrolado de esta?[40].
En un plano más “coyuntural”, se trata de una materia que se inserta en el proceso de reforma de las normas comunitarias sobre la libertad de acceso a la información ambiental, en un momento en que crecen los problemas y la sensibilidad de la opinión pública y de los gobiernos, ante la crisis ambiental generalizada, por lo que reviste de una actualidad incontestable.
En el ámbito de la información ambiental, hay que considerar que los documentos, ya sean los redactados por entidades europeas, como los confeccionados por organismos nacionales, portugueses o españoles, y entregados a las autoridades comunitarias, una vez en poder de éstas, pueden ser accesibles a los ciudadanos de toda la Unión, en las condiciones del Tratado de Ámsterdam y, en el ámbito de la información ambiental, del reciente Convenio Europeo de Aärhus.
A tal efecto, en lo que se refiere a las instituciones de la Unión Europea y, principalmente, a su actividad de administración, conviene tener presente la regulación de la materia, que consta de las distintas normas aplicables y, desde luego, del Reglamento 1094/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, referente al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión[41].
En cuanto a la regulación del acceso a la información ambiental aplicable a las Administraciones de los Estados, se aplica la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información ambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo[42], transpuesta en España por la Ley 38/1995 y, en Portugal, por la Ley 65/93, de 26 de Agosto, con la introducción de modificaciones, en los términos definidos y justificados en la COM (2000) 400 final, de 29-06-2000.
En esta Comunicación de la Comisión Europea, se destaca lo siguiente:
“(...) Las cuestiones ambientales se gestionan mejor si participan todos los ciudadanos interesados al nivel pertinente. La concienciación y la participación públicas dependen, sobre todo, del acceso público a la información.
Al facilitar un mejor acceso a la información ambiental, la Directiva contribuye a un conocimiento cada vez más amplio de los asuntos ambientales y, por lo tanto, a una mayor protección del ambiente. “
Así es, o debería serlo, si la normativa del acceso a la información consagra las soluciones adecuadas a este objetivo de favorecer el conocimiento y la defensa del ambiente.
De cualquier modo, hay que señalar que las cuestiones ambientales tienen, en términos de motivación del acceso y han tenido, en términos de preparación de las opiniones públicas para la exigencia de transparencia de procesos de los poderes instalados, una responsabilidad muy grande en las conquistas que el principio de la Administración abierta ha venido realizando paulatinamente en los varios Estados. En algunos, es en este dominio en que este actúa, o actúa con más fuerza, mientras que en la Unión Europea vemos que el acceso a la información ambiental es el área temática que ha merecido distinciones propias, cuyas orientaciones se imponen al respeto de los Estados Miembros.
De aquí el interés especial de las normas que, como tal, se dirigen al acceso a la información ambiental, sin perjuicio de la importancia de las otras normas, que también citaremos, pues siendo de carácter general, los interesados en los procesos referentes al ordenamiento del territorio y urbanismo o los defensores del ambiente, siempre se pueden socorrer de ellas, cuando les sean útiles.
Y, desde luego, en el caso portugués, se debe destacar que cempezo por no existir una norma específica de acceso a información ambiental, dado que es la Ley general, la LADA portuguesa (finalizados los procesos o con los procesos paralizados, con relación a documentos elaborados hace más de un año), era la normativa aplicable en materia ambiental. Hoy, existe normativa específica, pero sin necesidad, pues o transcribe los mismo principios o la Ley general le es aplicable.
Y esta Ley fegenarl sirve a la interpretación, no sólo en general de las normas de acceso por parte de terceros, sino de las normas ambientales especiales de acceso de los ciudadanos, referentes a la defensa de intereses difusos y de las ONG’s, durante la tramitación de los expedientes (fases endoprocedimentales). Por ello, se impone, debido a su especial importancia en la fiscalización pública de la Administración ambiental, el debido análisis de esta Ley, que es central en el tema, en el ámbito de la legislación portuguesa.
Si hay un dominio en que la transparencia se impone, cada vez más, es el de las administraciones ambientales, que se crearon y se desarrollaron en las décadas finales del siglo XX, al mismo tiempo que la extensa, aunque no siempre coherente y, en general, muy dispersa normativa. Así, dichas administraciones implicadas en ejercicios de intervención de tipificación muy diversa, desde la controladora y sancionadora, a la programadora, planificadora y decisoria, poseen informaciones esenciales para la defensa del ambiente y el análisis de los peligros y daños, verificados o eventuales, y de las oportunas medidas preventivas y correctivas impuestas.
Y si existe un dominio en el que la reflexión sobre la creación y los poderes de entidades independientes de los gobiernos y otras administraciones se impone es el relativo a los derechos fundamentales. Entidades que, escapando a la “tricotomia” de los poderes del Estado, aparecen debido “a la conciencia de la necesidad de mecanismos “destinados a vigilar la observancia del orden jurídico por parte de la Administración pública, que los miembros del Rikstag sintieron en ocasión de la aprobación de la Constitución de 1908”, por un lado, y el despuntar de la regulación económica en Estados Unidos de Norte América, por otro (...)[43]“.
Como señala JOSÉ MANUEL SALA ARQUER, “Uno de los fenómenos más interesantes del derecho público en la hora actual, es la aparición de una serie de instituciones que – de modo más o menos explícito – hacen de la independencia frente a directrices político-gubernamentales, nota esencial de su régimen jurídico[44]“ ¿Qué papel pueden desempeñar eficazmente estas instancias administrativas que, como refiere LUIS A. POMED SÁNCHEZ, “desarrollan sus funciones al margen de la línea jerárquica que estructura el edificio organizativo de las Administraciones públicas[45]“?
Ya SCHMITT, en Alemania, donde el fenómeno tiene poca incidencia, había referido que ellas son “el contrapeso necesario al Estado pluralista de partidos”, afirmando positivamente la idea de neutralidad, de “espacios libres de control ministerial”[46], ligada a “existencia de centros de decisión autónoma e independientes, que representan la objetividad y la imparcialidad propia de los expertos”[47]
El nuevo, o por lo menos principal, media para la defensa de la democracia, ¿no tendrá que ser el propio hombre, el ciudadano?[48].
Brevitatis causa, el problema abarca también a la cuestión del conocimiento correcto y en su momento adecuado, por los ciudadanos, de la información en poder de las Administraciones públicas, en dominios sensibles y, preferentemente, de interés preventivo, como es el del ambiente.
La motivación objetiva de este trabajo, que es realmente la base que sustenta la movilización subjetiva, reside precisamente en la importancia cuantitativa y cualitativa de las informaciones acumuladas actualmente por las administraciones públicas en general, y las ibéricas en particular, a las que se circunscribe geográfica y normativamente el análisis, y a la necesidad de que estas administraciones públicas funcionen con eficacia y eficiencia, con total transparencia, para que los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales y otras Administraciones ajenas a las que tienen atribuciones directas en la materia, puedan saber y participar, denunciar o actuar, administrativa y jurisdiccionalmente, en la defensa de valores sociales importantes para la vida y los valores ambientales en sentido amplio, la justicia, el bien-estar, defensa de su patrimonio y salarios, la seguridad y la dignidad humana.
El debate sobre la información no es, como afirma PAUL LOUIS BRET[49], un fenómeno moderno, apareciendo desde siempre el tema de su necesidad envuelto en el debate sobre las dos exigencias de la naturaleza humana, con loque se enfrenta la información -comunicar[50] y saber- que son “apetencias tan antiguas como el hombre”, debiendo ser consideradas como una “función biológica esencial que precede a la acción”[51].
El desarrollo de las sociedades camina a la par con el flujo de información, siendo cierto, como considera WRIGHT, que, en toda la sociedad humana, lo fundamental es “la capacidad que el hombre tiene que transmitir sus intenciones, deseos, sentimientos, saberes y experiencias”[52].
Como señala otro autor, GONZÁLEZ CASANOVA, en un trabajo con el sugerente título de “comunicación humana y comunidad política”, la comunicación es “la base y fundamento (...) De ese tipo de creación cultural que llamamos comunidad”[53].
La evolución técnica de los medios de comunicación han creado la aldea global, que implica la idea de universalidad informativa, de la importancia para todos de la información de lo que pasa en cualquier lugar, que pueda tener consecuencias generales. Y, por eso, aunque hablando sólo en términos de acceso mediatizado por las instituciones de comunicación[54], TEODORO GONZÁLEZ BALLESTEROS afirma, con razón, que “las iniciativas informativas de carácter local son piezas básicas y necesarias en esta universalidad”[55].
A cuestiones globales, como la referente al ambiente, habiendo posibilidad de comunicación global, no puede dejar de corresponder un acceso, intermediado o no, de todas las informaciones. Como comenta JOSÉ IGNACIO BEL MALLEN “la necesidad de comunicarse del hombre nació con su propia existencia” y fue desarrollándose “a medida que su sociabilidad se fue poniendo de manifiesto hasta llegar a nuestros días, en los que no se concibe el fluir diario de la vida sin el contexto comunicativo”[56].
Es la información la que integra al hombre socialmente pues, compartiendo el pensamiento de BENEYTO[57], esta “conduce a una inserción activa en la vida de las comunidades humanas, tanto en la inmediata y local como en la distante y universal”
Los medios de comunicación son, de facto, cada vez más poderosos, en un sistema de información en revolución radical ante el aparecimiento y la agregación de medios dispersos como el digital y el multimedia, articulando teléfono, televisión y ordenador e Internet (red mundial de ordenadores cuyo éxito implica el modelo principal del futuro de la comunicación) todo prima facie, de una importancia semejante a la invención de la prensa por Gutenberg en 1440[58].
Según la teoría democrática, la comunicación, eslabón indispensable entre la opinión pública y los gobernantes[59] (teoría democrática de la triangulación potestática: periodismo, poder y ciudadanos), ha sido definido como una función esencial para vehicular información libre para los ciudadanos equipándolos con instrumentos vitales para el ejercicio de sus derechos cívicos, y la voz capaz de exprimir sus preocupaciones (libertad positiva de la comunicación social[60])
Pero, simultáneamente, ocurre un fenómeno capitalista concentracionario de la comunicación.
Esta ecolución, que hace que su mecanismo global avance para monopolios productores de los productos informativos y contrainformativos, según los intereses de los grandes grupos económicos y también, pero cada vez menos, de la propia política, que tanto había hecho por controlarlos a su favor (la llamada censura ‘democrática’, que no necesita imponer autocráticamente cortes de noticias, supresiones, amputaciones, interdicción de ciertos datos, antes crea tal superabundancia de datos comunicados, inundando con noticias de distracción, diversión, con saturación de las redacciones, dificultando la selección y así relativizando la importancia de datos a desvalorizar, para no divulgarse por lo menos en tiempo útil, celando por el bloqueo de noticias comprometedoras y delicadas, crisis graves que se intentan esconder.
Esto, además, con intencionales desencadenamientos simultáneos de hechos criminales graves o escándalos políticos, para provocar el “efecto biombo”. Siendo cierto que sus asesores de prensa, provenientes de los periódicos y de la TV, bien relacionados, consiguen evitar la publicación de noticias no deseadas, como peligros o daños ecológicos, por lo menos durante un cierto tiempo, o dar versiones blanqueadas, para desactivar a los ciudadanos, además de distraer, naturalmente, de otros asuntos que pudiesen crear oposición pública o de hechos que fuesen desfavorables al gobierno.
Como dice IGNACIO RAMONET, en su conocido libro La Tyrannie de la Communication[61], el esquema empresarial y industrial moderno, de donde provienen hoy los dirigentes de la comunicación social, menos sensibles a la investigación de la veracidad y buscando el new business en este mercado de la información en competencia extrema, y que controlan esa comunicación, condicionando las mentalidades en el escalón mundial (como ya previera ALDOUS HUXLEY y GEORGE ORWELL), concibe la información como mercancía en prejuicio de su papel de esclarecimiento y enriquecimiento del debate democrático, en un mundo en que la mundialización, velocidad de circulación y hipermediatización de la comunicación no significa hoy ni buena ni verdadera información (casos Diana-Dodi Al-Fayed; la farsa de la fosa común de Temisoara; Monicagate -Lewinsky-Clinton- con su fuente única, parcial y manipuladora del procurador Kenneth Starr, que llegó al extremo de escribir artículos en lugar del periodista firmante –95% de la información difundida, como ya ha admitido HOWARD KURTZ do Washington Post- para quién realmente la prensa es diariamente manipulada; o el caso Sydney Blumenthal, consejero del presidente Clinton[62]).
Esta es la era de la información virtual y es también la era de la auto-intoxicación, cada vez menos los órganos de comunicación evitan publicar el pathos y las no-verdades de la contrainformación (sin se preocupasen al menos con la máxima neminem laedere), los boatos, las noticias no confirmadas y centrándose exclusivamente en los hechos y actos verificados o no publicando los datos ocurridos si desgastan a los poseedores de los varios poderes instalados en la sociedad.
El ethos periodístico es, de hecho, hoy y en gren parte, un mito, aunque poderoso, ya nada se asemeja al papel social del independiente DUTTON PEABODY y su honesto periódico Shinbone Star, en la película de John Ford, de 1962 “El hombre que ha matado Liberty Balance, pistolero del Far West”, y que podía gritar alto: yo soy vuestro perro de guardia que ahuyenta a los lobos[63].
Hoy, el sentido con que recientemente SERGE HALAMI ha escrito su libro “Les nuveaux chien de garde”, explica bien cuanto a cambiado el sentido de la expresión. ¿Será que aun es posible refundar la idea de responsabilidad social de los medios? ¿Qué resultados vemos hoy ante la creación de los Consejos de Prensa nórdicos (Noruega en 1912, Tribunal de Honor en Suecia en 1916, por iniciativa de la Asociación de editores y sindicatos), Códigos deontológicos, el primero nacido en Francia, luego seguido por la Charte du Journaliste en 1918, por el Sindicato Nacional de los Periodistas?.
En los EUA, la Society of Profesional Journalists elabora el Código de Ética y la American Society of Newspaters Editors ha adoptado en 1923, los “Cánones del Periodismo”.
Ya después de la Guerra, la COMISIÓN HUTCHINS sobre la libertad de prensa, constituida en 1947, ha hecho varias recomendaciones fundamentales para reencuadrar legítimamente la función de la comunicación social en orden a la satisfacción de las exigencias de la sociedad en el plano de la difusión de las ideas y hechos, favoreciendo relatos verídicos, completos y inteligentes de la actualidad integrada en un contexto que tenga sentido; forum de debate de opiniones y criticas; retrato fiel de los distintos grupos sociales; presentación y elucidación de los objetivos y valores de la sociedad, y acceso pleno a toda la información[64].
Como refiere el mismo RAMONET, y aunque la comunicación de masas sea esencial y insustituible en democracia, hoy los sentimientos dominantes de los ciudadanos con relación a la prensa, (y yo extendería a los datos difundidos por los poderes públicos en asuntos delicados como son los concernientes al ambiente y salud pública, con más propaganda y ocultamiento total o parcelar que información exacta y atemperada) son “escepticismo, desconfianza e incredulidad”.
No puede dejar de recordarse la confianza de los ciudadanos en la prensa a propósito del caso WATERGATE, que ha llevado a un simple periodista a destituir al presidente norteamericano. Pero después de eso, mucho ha cambiado, acentuándose cada vez más la crisis de credibilidad de la comunicación social.
Según el PEW RESEARCH CENTRE, en 1985, sólo el 34% de los ciudadanos norteamericanos no consideraban los media objetivos, contra un 55% que confiaban en ellos, pero en 1994 ya este número negativo había pasado al 56% contra solamente el 27% de respuestas favorables. Según el periódico francés Correspondance de la Presse, de 27 de enero de 1999, el 79% de los británicos afirmaban que las noticias de los periodistas no eran “dignas de confianza”.
Hoy, ex post facto, como afirma RYSZARD KAPUSCINSKY, “el jefe de redacción o el director de un periódico ya no exigen que una información sea verdadera[65], pero si que sea interesante. Si se considera que no lo es, ya no es publicada. De un punto de vista ético es una alteración considerable”[66].
En el mundo actual, el poder económico esta arriba del político y, asimismo, de alguna prensa no integrada en grupos empresariales, obedeciendo a las redes empresariales y a la lógica de los negocios, esto es, la aun considerada libre y eufemísticamente llamada ‘cuarto poder’. Basta recordar dos casos sobre encubrimiento doloso de ecotoxicidad alimentaria, relatados por RAMONET[67], ocurridos en los EUA, uno concerniente a tabaco y plátano:
La cadena de televisión ABC, en el programa Day One, ha acusado a Philip Morris de manipular las tasas de nicotina escrita en los paquetes de tabaco y, estando para ser vendida a la Disney, ante una amenaza de proceso indemnizatorio por 15 mil millones de dólares, recelando por la disminución de su valor, se apresuraa retratarse públicamente, contra la verdad y, peor aun, convenciendo a la opinión pública de la inocencia del fabricante. Tres meses después, la cadena CBS no deja transmitir un documental de los productores de la emisión denominada 60 minutos, denunciando a las empresas de tabaco, en el que demostraban que se engañaba en ese porcentaje de nicotina anunciada para favorecer una mayor dependencia de los consumidores, para no sufrir procesos judiciales perturbadores de sus acciones en el mercado de valores y, además, una de sus filiales, la Loews Corporation, era propietaria de la fábrica de tabaco Lorillard Society.
Otro caso sintomático a referir puede ser el de la publicación, el 3 de mayo de 1998, en el periódico americano Cincinatti Enquirer, de un artículo (“Los secretos de Chiquita puestos al desnudo”), con una investigación seria, “rigurosamente exacta”[68], del conceptuado periodista Michael Gallagher sobre la producción de plátanos por la Chiquita Brands International (ex-United Fruit), la mayor sociedad bananera del mundo, en que además de interferencia en los regímenes políticos latino americanos y la creación de decenas de sociedades ficticias, para usar en la guerra comercial con la UE, la acusa de abusos en la utilización de pesticidas. Carl Linder, propietario de la Chiquita y antiguo accionista mayoritario del diario, ha presionado el Grupo Gannet, que había comprado su participación y el periodista fue despedido, el artículo retirado del sitio en Internet, dado un pedido de disculpas público a los lectores con anuncio de que ha pagado una indemnización de 10 millones de dólares.
¿No será que, en este nuevo siglo, aunque lleno de informaciones circulando cada vez a un ritmo más veloz, no “en términos monológicos o a través de un flujo de ‘pirámide’, pero si en flujos network media”, el nuevo, o por lo menos principal, media para la defensa de la democracia, tendrá que ser el propio hombre, el ciudadano[69]?
[1] A veces, el discurso sobre la transparencia sirve coyunturalmente al discurso electoral de la clase dirigente, por lo que puede no pasar, en el lenguaje de J. SCHUMPETER, de un subproducto de la competencia entre las «empresas políticas”, orientándose únicamente para la manutención o la conquista de posiciones de poder.
[2] La transparencia se difunde, cada vez más, a propósito de todo. Tiene un espacio destacado en el discurso político y administrativo. Y, por eso, requiere un esfuerzo de clarificación, que elimine contenidos no aceptables o equívocos de mero aprovechamiento político, relacionados con su gran energía simbólica. Estamos ante un vocablo con varios sentidos (polisémico), semejante a la expresión «desarrollo auto-sostenible”, por lo que, para usarlo en el raciocinio científico, es necesario densificarlo debidamente, teniendo presentes los textos normativos que lo utilizan (pero no propiamente las nociones legales, de valor muy relativo) o la doctrina que lo adopta para interpretar los textos pertinentes. Se trata de un concepto que se difunde como una referencia valorativa esencial impuesta a la Administración y que desea transformar en un eje privilegiado de abordaje reformista a la Administración, que deberá conducir a la aparición de una Administración nueva, en las palabras de JACQUES CHEVALIER, «en phase avec la societé et travaillant en permanence s o s le regard du public” (CHEVALIER, Jacques -«Réflexions sur l’institution des autorités administratives indépendantes”. In Juris-Classeur Périodique La Semaine Juridique, fasc.3254, 1986, p.35).
[3] Sería un concepto integrado en el dominio administrativo, en lucha contra el que estaba escondido, el desconocido, el misterioso, el impenetrable, el opaco, modificando los principios orientadores del funcionamiento de la Administración y de sus modos de contacto con los administrados, que restauren la legitimidad del poder, cada vez más cuestionada, transformándola en una casa de paredes de cristal
[4] Por ejemplo en el campo de las relaciones interestatales, donde el propio derecho internacional, después de la primera gran guerra, para evitar los pactos bélicos, de que los pueblos discordarían, hace mucho se impone su registro (vide, actual normación de la ONU)
[5] Sobre el plan baconiano de ciencia útil, vide MATTELART, Armand –História da Sociedade da Informação. Lisboa: Bizâncio, 2002, p.19
[6] UNION EUROPEENNE, Commission Européenne – Construire la société européenne de l’information (…): Rapport final. Bruxelles :Direction générale V, 1997.
[7] V.g., CASTELLS, MANUEL –La Era de la Información. (Traducción de Cármen Martínez Gimeno). Madrid: Alianza Editorial, 1998. Título en inglés: The Age of Information. (Vol I,The rise of Network Society). Oxford: Blackwell, 1996 ; RODOTA, S. –La Démocratie électronique. Rennes : Apogée, 1999; RAMONET, I ; CASSEN, B. ; HALIMI, S. (Ed.) –«Révolution dans la communication. Manière de voir”. Le Monde Diplomatique, N.º 46, Juin-Oût 1996; NEVEU, E. –Une société de communication ? paris : Montchrestien, 1994; NYE, J.S. y OWEN, W.A. -«America’s Information Edge”, Foreign Affaires, Vol.75, N.º2, 1996 ; MATTELART, Armand -Histoire de la Société de l’Information. Paris: La Découvert & Syros, 2001; BRZEZINSKI, Z. –Between Two Ages : America’s Role in the technetronic Era.New York: Viking Press, 1969; BENINGER, J. –The control Revolution : Technological and Economic Origins of the Information Society. Cambridge, EUA: Harvard University Press, 1986; BRETON, P. –Histoire de l’Informatique. Paris: La Découverte, 1987.
[8] AGUADERO, Francisco –«La vida en el siglo XXI”. In La Sociedad de la Información. Madrid: Acento, 1997, p.14-15.
[9] MIRANDA, Jorge -«O Direito de Informaçao dos Administrados”. In O Direito, ano 120, 1998, III-IV (p. 457-462), p.457.
[10] ANDRADE, Manuel Costa -«Sobre a Reforma do Código Penal português: dos crimes contra as pessoas, em geral, e das gravações e fotografias ilícitas em particular”. Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 3.º, n.ºs 2 a 4, Abril-Dezembro 1993 (427-497), p. 450.
[11] GREGORIO ARENA -«La tutela della riservatezza nella società dell’informazione”.In Scritti in onore di Pietro Virga. Tomo I, Milano: Giuffrè Editore, 1994, p.63-93 (p.82); FERNÁNDEZ ESTEBAN –«Nota Preliminar”. In Nuevas tecnologías, Internet y Derechos Fundamentales. Madrid: McGraw Hill, 1998, p.XVII.
[12] CANOTILHO, J.J. Gomes –Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3.ª Ed., 1999, p.480.
[13] BECK, Ulbrich –La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Traducción de Jorge Navarro, Daniel Jiménez y Rosa Borràs (Risikogesellschaft: Aus dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt: Ed. Suhrkamp, 1986). Barcelona: Paidós, 1998; - ?Qué es la Globalización?Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Traducción Bernardo Moreno y Rosa Borràs (Was ist Globalisiertung? Irrtumer des Globalismus: Anrworten auf Globalisierung. Frankfurt: Ed. Shurkamp, 1997). Barcelona: Paidós, 1998, p.65 y s., 141 y s y 168 y s.; Vide, también, SOARES, Rogério Erhart –Direito Público e Sociedade Técnica. Coimbra, 1969 y DIAS, J.E. Figueiredo –«Direito à informação, Protecção da Intimidade e Autoridades Administrativas Independentes”. In Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares, Boletim da Faculdade de Direito, Stvdia Ivridica 61, Ad Honorem-1. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p.615-653.
[14] MCLHUAN, M –Understanding Media. London: Ark Paperbacks, 1964. Tradução: Os Medios de Comunicação: Como Extensones del Homem. São Paulo: Ed. Cultrix, 1979; MCLHUAN, M. y MCLHUAN, E. –Laws of Media. Toronto: University of Toronto Press, 1994.
[15] Hoy, el derecho de la comunicación social o derecho de la información es una rama cada vez más compleja, preocupada aun con el debate clásico sobre el papel de la prensa en el ámbito de la defensa de la libertad y los derechos de los periodistas, sin perjuicio de sus limitaciones (v.g., sobre la constitucionalidad de la limitación a la libertad de las empresas comunicacionales, ante la CRP: MOREIRA, Vital –O Direito de Resposta na Comunicación Social. Coimbra:Coimbra Editora, 1994, p.168), pero cada vez las nuevas oportunidades y peligros para la libertad, derivados de la época de la informática y de la generalizada privatización, empresariazación (SANTOS, João Moreira dos –Imprenssa empresarial:da Informação à Comunicação.Porto:ASA, 1995) y concentración de los medios de comunicación, y pero, en parte, dejando los ciudadanos sin la garantía real de acceso a una información, completa, isenta, atempada, transformada de instrumento de ejercicio de contrapoder político en aparato ideológico y táctico del poder económico ante lo político y los consumidores. Vide, sobre todo esto, y como es el caso, sobre la relevancia del derecho de la comunicación social, v.g. (además del autor, que es profesor de derecho de la comunicación social en la respectiva licenciatura de la Universidad Técnica de Lisboa) CONDESSO, F. –Apontamentos de direito da informação dos jornalistas e direito à informação dos cidadãos. Prelecciones policopiadas. Mestrado de Ciencia Política. Ano lectivo 1999/2000. ISCSP-UTL, Lisboa); DEBBASCH, Charles –Droit de l’audiovisuel. 4.ª Ed., Paris: Dalloz, 1995; ROBERTSON, G. y NICOL, Andrew –Media Law: The rights of J o rnalists. Broadcasters and Publishers. London, SAGE,1984; AUBY, J. M. y DUCLOS-ADER, R. –Droit de l’information. 2.ª Ed.,p.87 y s.; LOEFFLER, Martin –Pressrecht : Kommentar: Gand I : Landespressegesetze. 3.ª Ed., Muenchen: C.H. Beck, 1983, p.2 y s.; HOLSINGER, Ralph ; DILTS, John Paul –Media Law. 3.ªEd., New York: MacGraw-Hill, 1994; CAYROL, Roland –La presse écrite et le audiovisuelle. Paris: PUF, 1973 (actualizada después con el título Les Média:Presse écrite, radio, télévision. Paris: PUF, 1991, p.423 y s.); MOORE, Roy L. –Mass Media Communication Law and Ethics. Hillsdale, New Jersey, Lawrance Erlbaum Ass., 1994; DERIEUX, Emmanuel –Droit de la Comunication. Paris:LGDJ, 1991; C O SIN, Bertand;DELCROS, Bertrand; J O ANDET, Thierry –Le Droit de la Comunication:Presse écrite et audiovisuel. Paris: Ed. Moniteur, 1990, 2 vol.; MALLEN, I. Bel;CORRED O RA, L. y C O SIDO, Alfonso-Pilar –Derecho de la Información. Madrid: Colex, 1992, p.453, 465 y s.; BALLE, Francis –Médias et Sociétés. 7.ª ed., Paris:Montchréstien, 1994; CORREIA, Luis Brito –Direito da comunicação social. (Prefácio de Jorge Miranda). Vol.I, Coimbra: Almedina, 2000; CARVALHO, Alberto Arons; CARDOSO, António Monteiro; FIGUEIREDO, João Pedro -Direito da Comunicação Social. Lisboa: notícias editorial, 2003; MARQUES, Garcia y MARTINS, Lourenço –Direito da informática. Coimbra: Almedina, 2000; VVAA -Estudos de Direito da Comunicação. Coimbra: IJC, FDUC, 2002; GONCIALVES, Maria Eduarda -Direito da Informação: novos direitos e formas de regulação na sociedade da informação.Coimbra: Almedina, 2003; BALSEMÃO, Francisco Pinto –Informar ou depender. Lisboa, 1971; ALVES, Aníbal -«Imprensa”. In Polis, vol. III, p.430 y s.; Lopes, V. Silva –Iniciação ao jornalismo.Lisboa, 1980; RODRIGUES –A Comunicção Social e Jornalismo: Os Media Escritos.Lisboa, 1981;TEIXEIRA, Manuel Pinto y MENDES, Victor –Casos e Temas de Direito da Comunicação.Porto:Legis; GUANTER, J.M. Desantes -«Direito da comunicação”. In Polis, vol.II; TERR O , F. y SOLAL, L. –Droit de l’Information.Paris,1952; ESCOBAR DE LA SERNA, Luis –Manual de Derecho de la información.Madrid: Dykinson, 1997; OLIVEIRA, Jorge Alves de –A Necessidade de um Direito da Información e de mn Controlo da Actividade Informativa. (Tese doctoral). Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 1984.
[16] Esta, de cualquier modo, igualmente sectaria en el plan partidario o de defensa de posiciones del poder instituido en cada momento, siempre más respetable si estos son de origen democrática, como ocurre los todos regimenes europeos actuales. Vide, PARLAMENTO EUROPEO, Dirección General de Estudios, División B-División del Mercado Interior –Los Medios de Comunicación y la Comunidad. Documento de Trabajo (Doc-ES/PV/214266/1), Serie Económica, W2, agosto de 1992 (Situación de la normativa sobre Medios de Comunicación en Europa a nivel nacional, p.9; La Directiva sobre la televisión sin fronteras, p.15; La política comunitaria de competencia en el sector de los medios de comunicación, p.17; la regulación sobre fusiones y los medios, p.20; El acuerdo antimonopolio EE.UU-CE, p.22).
[17] BRAVO FONT, M.J. –«Periodismo ambiental y desarrollo sostenible”. In Ambiente y desarrollo sostenible: Ambiente e desenvolvimento sustentável. Mora Aliseda, J. y Jaquenod de Zsögön, S. (Directores). Cáceres: UNEX, 2002, p.737-738. Vide, aun, GRACIELA ELIADES, Analia –«Los medios de comunicación y el derecho a la información ambiental”. Oc, p.787-792.
[18] En la trilogía de la retórica aristotélica (y sintetizando las consideraciones interpretativas que se comparten, de MARA, MARIA JOSÉ –A Autocrítica no Jornalismo. Colecção Comunicação. Coimbra: Minerca, 2002, p.107-111), existen tres elementos configuradores del discurso argumentaivo destinada a captar a adesão del o vientes o leitores: el ethos o carácter del orador o autor, el pathos o acojimento de las emociones de los destinatarios (argumentos ‘pateticos’) y los inherentes al todo discursivo. El ethos, línea argumentativa de un texto (estrategia retórica esencial para la adhesión, como mantiene la nueva retórica, v.g., PELERMAN) es complementada con la línea narrativa («autor implicito”: concepto que hace apelo al «conjunto de valores e ideas” constantes del discurso narrativo, fictícios o reales, en que el autor aparece en la «superficie del texto”: contexto valorativo inerente al acto de narrar). El ethos depende de la frónesis (prudencia), de la areté (virtud) y de la eunoia (benevolencia: perspectiva defensora del destinatario del discurso), aunque ARISTOTELES lo conecte más a la calidad del discurso que al «prestigio y dignidad” del autor, como bien comenta F. LOPÉZ PAN (-La columna periodistica: treoria y práctica: el caso de Hilo Directo. Pamplona: Ed. Universidad de Navarra, 1996, apud MARA –o.c., p.109 y nota 113). Es el sitema de valores constitutivo de la orientación editorial (‘estrategía eticizante’ que fideliza los lectores con el mismo ethos) de un periódico que patenteia su ethos institucional.
[19] Sobre la ética del periodismo, hay una extensa bibliografía, pudiendo señalarse VÁSQUEZ, Francisco –Fundamentos de etica informativa. Madrid: Forja, 1983 («prestar a la sociedad una información objetiva y verídica: p.145”); CORNU, Daniel –Jornalismo e Verdade: Para uma Ética da Informação. Epistemologia e Sociedade. Lisboa: Instituto Piaget, 1999 («Ética e Deontologia”: p.36-39); SIEBERT, Frederic; PETERSON, Theodore («teoría de la responsabilidad social” ya presentada por este autor en los años cinquenta); SCHRAMM, Wilbur –Four Theories of the Press. Urbana: University of the Illinois Press, 1963; Libois, Boris –Éthique de l’infoÉthique de l’infomation: Essai sur la deontologie jornalistique. Bruxelles: Ed.Université de Bruxelles, 1994 (distinción entre ética y deontologie, comno condición para una teotización global de la etica de los mass media; hablando de etica descritiva, normativa, estratégica, reflexiva o meta-etica, las de los primeras sobre las prácticas de los periodistas –deontologia?- en cuanto las de los últimas, en verdad, pareciendo devalorar el contenido de la etica profesional para centrarla esencialmente en el discurso especifico de los periodistas: p.6-8); JEUDI, Henry-Pierre -«A arbitragem de la ética”. In Ética e comunicação: Revista de Comunicação e Linguagens, n.º15-16. Lisboa: Cosmos, 1992 («desafio necessario para o futuro da humanidade”: p.75). Aun en general sobre la professional ethics (EUA) o deontologie (expresión utilizada sobre todo en Europe), ya en el siglo XIX, v.g., BENTHAM, J. –Deontology or the Science of Morality. Edimburg: Ed.J.Bowling, 1834, 2 vol.
Cuanto a ilegitimidad del autocontrol CORNU, Daniel –Étique de l’information. Paris: Que sais-je?. Paris:PUF, 1997 (sobre la ineficacia e ilegitimidad de la autoregulación de los media: p.99) y cuanto al logro del autocontrol, aunque necesaria, vide el actual académico y antigüo director del prestigiado Diário de Notícias de Lisboa, MARIO MESQUITA (-Ética, jornales y jornalistas; -O jornalismo en análise: a coluna do provedor dos leitores. Colecção Comunicação. Coimbra: Minerva, 1998, p.16-17). Es caso para, como Cícero ao cricar a pereversidad de los hombre de su tiempo, también aquí, exclamar: O tempora! O mores! (TORRINHA, Francisco –«Costume”. In Dicionário Português-Latino. 2.ª Ed., Porto: Ed. Domingos Barreira, 1939, p.333).
[20] Ibidem, p.738-739.
[21] Como recuerda TERRY EAGLETON, SHAKESPEARE, en Últimas Comedias, atribuye al vocablo la idea de «constante autotransformaqción de la naturaleza”. con razão, FRANCIS BACON falava sobre a «cultura y o adubamento de las mentes”, referindo-se separando o «estrume” y a «distinción mental” del homem. Importa señalar que este concepto actual, creado con el Iluminismo, y hoy referiente a las más elevadas actividades humanas (cultus ya había, en la epoca moderna, estado ligado a la evolución de cultura para la ideia de algo trelacionado con divindad, transcendencia: culto religioso), ha nacido profundamente conectado con la naturaleza. La raiz latina es colere (cultivar, habitar, prestar culto, proteger),de que deriva cultus (culto religioso)y colunus de que también ha derivado colonialismo. Etimologicamente, el vocablo significa «lav o ra o ocupación con o crescimento natural”, sugeriendo aun regulación, crecimiento espontaneo, integrando una postura antiidealista en la medida en que afirma que «até a actividade mantal males elevada tem las suas raízes humildes en la nossa biologia y no ambiente natural”. C o lter, palavra «cognata”, significa «lâmina del arado”; husbandy, significa lav o ra, agricultura, criación de gado: EAGLETON, Terry –A Ideia de Cultura. Colecção Memórias del Mundo. Tradução Sofia Rodrigues. Lisboa: Actividades Editoriais, 2003, especialmente p. 11-24.
[22] Aunque la doctrina politológica, empezando por GIOVANNI SARTORI (-Homo Videns: La sociedad teledirigida. Madrid: Taurus, 1998, p.17), tenga destacado que «la televisión modifica radicalmente y empobrece el aparato cognoscitivo del hommo sapiens” (Línneo, in Sistema de la Naturaleza, 1758).
[23] ALBERGANTI, Michel -À l’école des robots, línformatique, l’école et vos enfants. Paris: Calmann-Lévy, 2000, apud FINKIELKRAUT, A. y SORIANO, P. –Internet: O Extase Inquietante. Tradução de Miguel Serras Pereira.Lisboa: Fim de Século, 2002, p.19.
[24] Como refiere DÍAZ BARRADO, «Las de los terceras paretes del negocio del audiovisual a nivel mundial (ya) pertenece (...) a Time Warner, ahora fusionada con AOL, Microsoft, etc., y el 80% de los derechos de explotación visuales. (...). Todos los desarrollos audiovisuales aunque provengan de otras culturas, se someten al dictado de los valores made in USA” (DÍAZ BARRADO, M.P. –o.c., p.22-23)
[25] De telecracía hablaba ya JAVIER ECHEVERRÍA a proposito de la televisión (ECHEVERRÍA, J. –Telépolis.Barcelona: Ed.Destino, 1994, apud CÁDIMA, Francisco Rui -Desafios dos novos media: a nova ordem política e comunicacional. Lisboa; notícias ed., março de 1999, p.54.
[26] CASTELS, Manuel –L´Ère de L’Information: La societé en réseau.Vol. I, Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
[27] De que benefician las multinacionales que los Estados, como refieren FINKIELKRAUT y SORIANO (FINKIELKRAUT, A. y SORIANO, P. –Internet: O Extase Inquietante. Tradução de Miguel Serras Pereira.Lisboa: Fim de Século, 2002, p.13).
[28] BERA, Michel y MÉCH O LAN, Éric -La machine internet. Paris: Odile Jacob, 1999.
[29] COVAS, António -«O desafio da ditadura globalitária” (en el capítulo sobre «Os grandes desafios do século XXI”). In A União Europeia: do Tratado de Amesterdão a um projecto de Carta Constituinte para o Século XXI. Oeiras; Celta, 1999, p.7-9.
[30] FINKIELKRAUT, A. y SORIANO, P. –o.c, p.38.
[31] DÍAZ BARRADO, M.P. –Humanismo y Sociedad de la Información. Lección inaugural, Curso Académico 2002-2003. Universidad de Extremadura, Cáceres 2002, p.14.
[32] CLAISSE, Alain -«Présentation synthétique”. In L’Evolution des Rapports entre l’Administration et les Usagers:Étude Comparative s o s la direction de WIENER, Céline. Avant-propos de COSTA, Jean-Paul. VVAA. Paris:Economica, Institut des Sciences Administratives, p.197-198.
[33] GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón -Curso de Derecho Administrativo. Vol II, MAdrid: Civitas, 1991, p.453
[34] SÁINZ MORENO, Fernando –«Un caso de aplicación directa de la Constitución: el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos”. REDA, N.º24, 1980.
[35] GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón -Curso de Derecho Administrativo. Vol II, Madrid: Civitas, 1993, p.466-469.
[36] Sobre eltema de la reforma y modernización de la Administración, véase, v.g., BEATO ESPEJO, M. –«Tratamiento Jurídico de los Derechos Reconocidos a los Ciudadanos en El Artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. In Anuario de la Facultad de Derecho, Vol. 11, Cáceres: Universidad de Extremadura, 1993, p.24-29.
[37] BRACHET, Ph. -«Interventions”. In Colloque sur La Transparence Administrative. Publicado sob o tema Information et Transparence Administratives, pelo Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie (C.U.R.A.P.P.). Paris: PUF, 1988, p.168.
[38] COUTURE, Eduardo –Fundamentos del Derecho Processual Civil. Apud PEDRAZ PENALVA, Ernesto – «Notas sobre Publicidad y Proceso”. In Poder Judicial, n.ºXI, especial, p.123.
[39] Artículo 174 (antigüo artículo 130 R) del Tratado CE.
[40] MORIN, E. –«O Império do Ambiente”. In O Método V. A Humanidade da Humanidade: a identidade humana. Biblioteca Universitária. Lisboa: Publicações Europa-América, jan 2003, p.261.
[41] Y que anteriormente ya constaba de la Decisión de la Comisión n.º94/90/CECA, CE, EURATOM, de 8 de Febrero de 1994, relativa al acceso del público a sus documentos (Jornal Oficial n.º L 46, de 18.2.1994, p.58-61). Y, en lo que se refiere al Consejo, la Decisión n.º93/731/CE, de 20 de Diciembre de 1993 (Jornal Oficial n.º L 340, de 31.12.1993, p.43-44).
[42] Diario Oficial de la Unión Europea (ES) L 41/26, de 14.2.2003.
[43] CARDOSO, J.L. –Autoridades administrativas independentes e Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p.15-16. Vide sobre el tema del Ombusdsman, v.g., CORREIA, F. Alves –«Do ombusdsman ao Provedor de Justiça”. In Estudos em Homenagem ao Professor Doutor J.J.Teixeira Ribeiro, Vol. IV, Coimbra, 1980, p.158-159; VERGOTTINI, Giuseppe de –«Ombusdsman”. In Enciclopedia del Diritto. Vol. XXIX, p.879-880; VERRIER, Patrice – «Le Médiateur”. Revue du Droit Public, ano 89.º, 1973, p.948 y s. Sobre las Independent regulatory agencies, v.g., SAMUELSON, Paul Y NORDHAUS, Willian –Economia. Tradución de M.M. Godinho. Lisboa, 1990, p.643 y s.
[44] SALA ARQUER, José Manuel –«El Estado neutral: contribuciones al estudio de las administraciones independientes. Revista de Derecho Administrativo, 1984, p.401.
[45] POMED SÁNCHEZ, L.A. –«Fundamento y naturaleza de las administraciones independientes”. Revista de Administración Pública, N.º132, 1992, p.118.
[46] Sobre la teoría del poder neutro, vide, v.g., CARDOSO -oc,p.83 y s.
[47] POMED SÁNCHEZ –oc, p. 404, citando Schmitt.
[48] CÁDIMA, Francisco Rui –Desafios de los Novos Media: a nova ordem política e comunicacional. Lisboa: Notícias editorial, 1999, p.9-10.
[49] BRET, Paul Louis –Information et Democratie. Paris, 1954. Apud XIFRA HERAS, J.- «Información”. In Nueva Enciclopedia Jurídica. Barcelona: Editorial Seix, mencionado por ROMERO COLOMA, Aurelia María –Derecho a la Información y Libertad de Expresión: Especial consideración al proceso penal. Barcelona: Bosch, 1984, p. 28).
[50] Comunicación, término tan discutido en las ciencias de la información, viene, etimológicamente, del latín communicatio (nominativo), communicationis (genitivo), que significa «acción de participar, de comunicar” (TORRINHA -Dicionário Latino-Português. Porto: Marânus, 1945, p.169), «entrar en común”, «hacer común” (Real Academia Española de la lengua -Diccionario Real Academia Española de la lengua.19.ª Ed.,Madrid, 1970, p.334). Torrinha remitiéndose a otros términos de la familia, precisa el sentido, v.g., el vocablo verbal «communico, avi, atum” es traducido por «dividir”, «repartir”, «misturar”, «reunir”, «ter parte”, «conversar”. El adjetivo «communis, e” significa «que pertence a varios”, «público”. Y el sustantivo «communitas, atis”, donde deriva comunidad significa «sociabilidad”, «relación comum”. En realidad, etimológicamente, comunicar es compartir, en el sentido de hacer pertenecer algo a varios.
[51] Idem, transcrito de ROMERO COLOMA (oc, p. 27), que expresa el pensamiento de BRET, apud JORGE XIFRA, o.c..
[52] WRIGHT, C.–Comunicación de masas.Buenos Aires, 1963, p.9. Sobre su pensamiento, véase ya con fecha posterior, WRIGHT, C. R. -«Functional Análisis and Mass Communication”. In People, society and Mass Communications. DEXTER, L. y WHITE, D.M. (Dir.). New York:Free Press, 1964, p.197-212; -«Functional Analysis and Mass Communication Revisited”. In The Uses of Mass Communications:Current Perspectives on Gratifications Research. BLUMER, J.G. y KATZ, E. (Dir.).Beverly Hills:Sage Publications, 1974, p.197-212.
[53] GONZÁLEZ CASANOVA, J.A. –Comunicación humana y comunidad política.Madrid, 1968, p.39.
[54] La comunicación inmediata, «en razón de su singularidad”, es calificada como «información especializada” por FERNÁNDEZ DEL MORAL, concepto al que adhiere CARMEN CHINCHILLA MARIN, que sólo considera titular del derecho a informarse al periodista, desmarcandose de la tesis del fundamento del derecho de acceso a la información en el artículo 20,1,D) de la Constitución Española. La autora separa el acceso a la información, previsto en el artículo 105, b), y el derecho a recibir información del artículo 20,1, que no considera de naturaleza similar (CHINCHILLA MARIN, C. –La radiotelevisión como servicio público esencial. Madrid: Tecnos, 1988, p.39 y ss.).
[55] GONZÁLEZ BALLESTEROS, TEODORO -«Prologo”. In BEL MALLEN, J.I. –El derecho a la información local. Madrid: Editorial Ciencia, 1990, p.9.
[56] BEL MALLEN, J.I. –El derecho a la información local. Madrid: Editorial Ciencia, 1990, p.11.
[57] BENEYTO, J. –Información y Sociedad. Madrid:1970, p.17, apud obra anteriormente citada, p.12, nota 9.
[58] Su importancia es fácilmente mensurable por el número de aparatos existentes y su progresión impresionante, y por la importancia de la publicidad actual sobre los mismos: v.g., RAMONET, Ignacio –Propagandas silenciosas: Massas, televisão, cinema. Porto: Campo das Letras, 2001, p.70
[59] Boyce, G. –«The Fourth Estate.The Reappraisal of a Concept”, Newspaper Histiry:from the seventeenth century to the present day. London: Constable and Beverly hills ca, sage publications, 1978, p.21.
[60] CHRISTIANS, C.; FERRE, J.P.; FACKLER, P.M. –Good News: Social Ethics and the Press. New York, Oxford, 1993, apud Nelson Traquina –Jornalismo. Lisboa: Quimera, 1998, p.133
[61] RAMONET, Ignacio –A Tirania da Comunicação. 4.ª Ed., Porto: Campo das Letras, 2002, p.7-27.
[62] Falsidad (denuncia de existencia de un proceso crime por haber batido en la esposa) también de la autoría de este símbolo da ciber revolución en que se ha tornado Matt Drudge: EUDES, Yves -«Sexe, mensonges et internautes”. Le Monde. 16 de agosto de 1998.
[63] Vease los comentarios oportunos en TRAQUINA –oc,, p.134.
[64] MATA, Maria José –A Autocrítica no Jornalismo: O Ombudsman na Imprensa Nacional y Estrangeira. Colecção Comunicação. Coimbra: MinervaCoimbra, 2002, p.15 y ss..
[65] Aunque los filósofos se interroguen sobre la posibilidad de la verdad, y por eso mejor pueda ser hablar de la realidad transmitida (ex facto oritur veritas; da mihi factum, dabo tibi veritas). ANDRÉ MOUNIER (-Filosophie I. Manual de philosophie, Tomo I, Tounai : Desclée, 1956) considera que la «verité (…), au sens abstrait, c’est l’intelligibilité, l’aptitude à être connu par l’intelligence” ( oc, 459 y ss) ; después de anteriormente haber, ex rerum natura, afirmado que «ruiner la verité c’est donc ruiner tout jugement” (oc, p.135).
[66] En en importante periodico italiano La Stampa, citado por Courrier international, de 9 de octubre de 1997: apud Ramonet –oc, nota 1, p.26.
[67] RAMONET, I. -oc. , p. 130 y 131.
[68] SABATIER, Patrick -«L’Enquirer, quotidien américain, se banane”. Libération, 6 juillet 1998.
[69] CÁDIMA, Francisco Rui –Desafios dos Novos Media: a nova ordem política e comunicacional. Lisboa: Notícias editorial, 1999, p.9-10.

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artículo 105
artículo 35
Artículo 35
Artículo 174
artículo 130
artículo 20
artículo 105
artículo 20


text:
TSE, Acta 7-2020
ACTA N.º 7-2020
Sesión ordinaria celebrada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas del veintiocho de enero de dos mil veinte, con asistencia de los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González –quien preside–, Eugenia María Zamora Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron, Luz de los Ángeles Retana Chinchilla y Luis Diego Brenes Villalobos.
A) Nombramientos interinos en distintas unidades administrativas. Del señor Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General de este Tribunal, se conoce oficio n.° STSE-0126-2020 del 22 de enero de 2020, mediante el cual literalmente manifiesta:
1°-FEB al 31-DIC de 2020 o hasta que regrese su anterior ocupante, lo que ocurra primero. La candidata que se propone labora para la institución desde el 3 de setiembre de 2012, actualmente se encuentra nombrada interinamente en un puesto de la clase Profesional Asistente 2, en ese mismo Departamento, por lo que existe 1 clase de por medio para llegar a Profesional Ejecutor 2.
Este nombramiento se solicita con base en el artículo 36 bis del Reglamento a la Ley de Salarios, con respecto a la plaza 370766.
Sergio Alberto Villalobos Villalobos
Fecha de rige: A partir del día siguiente del acuerdo que así lo autorice y hasta el 31-MAR de 2020, o hasta que regrese su anterior ocupante, lo que ocurra primero. La jefatura respectiva recomienda a quien ocupa el primer lugar de la terna. No se omite indicar que para este puesto se realizó una consulta de interés y disponibilidad a lo interno de la institución, dando como resultado que actualmente no hay funcionarios /as interesados /as en ocupar el cargo de manera interina, o bien no cumplen con la totalidad de los requisitos que exige el Manual Descriptivo de Clases de Puestos.
Fabio Granados Agüero
Joshua Andrés Méndez Conerjo
B) Nombramiento en propiedad en la Sección de Solicitudes Cedulares. Del señor Luis Antonio Bolaños Bolaños, Director General del Registro Civil, se conoce oficio n.° DGRC-0058-2020 del 21 de enero de 2020, recibido en la Secretaría General de este Tribunal el 23 de enero de 2020, mediante el cual literalmente manifiesta:
"En atención a lo planteado en el oficio RH-0136-2020 del 17 de enero del año en curso, del Departamento de Recurso Humanos y con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento a Ley de Salarios y Méritos del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, respetuosamente someto a consideración del Superior, la terna de candidatas elegibles para nombrar en propiedad, de acuerdo al siguiente detalle:
Duarte Marchena Bryan
Fecha de rige: A partir del 1° de febrero del año en curso, sugiriendo nombrar a quien se menciona en el primer lugar de la terna.
C) Solicitud de prórroga de licencia sin goce de salario del señor José Adrián Sánchez León. De la señora Jocelyn Brown Pérez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-0224-2020 del 23 de enero de 2020, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Para lo que a bien tenga disponer el Tribunal Supremo de Elecciones, remito a consideración la nota recibida en este Departamento el 21 de enero de 2020, suscrita por el señor José Adrián Sánchez León, funcionario de la Sección de Solicitudes Cedulares, mediante la cual solicita que se le conceda una nueva prórroga de la licencia sin goce de salario que actualmente disfruta, la cual está próxima a vencer, en virtud de que se encuentra laborando actualmente para la Municipalidad de Desamparados en un cargo profesional, como Ingeniero Industrial, en propiedad.
Efectivamente en sesión 70-2019 celebrada el 30 de julio de 2019, comunicado en oficio STSE-1649-2019 de igual fecha, el Tribunal le concedió al funcionario una licencia sin goce de salario por espacio de seis meses contado a partir del 1° de agosto de 2019 y hasta el 31 de enero de 2020, con base en el artículo 33-c-5 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, el cual señala que las licencias sin goce de salario podrán concederse por “Cuatro años, a instancia de cualquier institución del Estado, o de otra Dependencia del Poder Ejecutivo, o cuando se trate del cónyuge de un funcionario nombrado en el Servicio Exterior; o en los casos de los funcionarios nombrados en otros cargos públicos. El plazo anterior podrá ampliarse hasta por un período igual, cuando subsistan las causas que motivaron la licencia original.”
Siendo así, salvo superior criterio, bien se puede aprobar la ampliación pretendida por el citado funcionario por espacio de un año durante el periodo comprendido entre el 1. ° de febrero de 2020 y el 31 de enero de 2021. En ese sentido, es menester indicar que, se desprende de la acción de personal n.°0000017026, la cual se encuentra custodiada en este Departamento, que es propietario de un cargo en ese ente municipal. Para el 31 de enero del presente año, el señor Sánchez León, sumaría en total 2 años, 11 meses y 29 días del permiso sin goce de salario.
En este sentido y de aprobarse la solicitud planteada por el señor Sánchez León, este Departamento considera viable extender el nombramiento de la señora Yamileidy Estrada Sánchez, quien sustituye al señor Sánchez León actualmente y el nombramiento de la señora Rosling Alvarado Zamora, quien sustituye actualmente a la señora Estrada Sánchez, ambas por el mismo plazo pretendido según el párrafo que antecede.
Finalmente puede apreciarse que la gestión cuenta con el aval de la jefatura inmediata, Licda. Diana Rodríguez Barrantes, Jefa de la Sección de Solicitudes Cedulares y también con el aval de la Dirección General del Registro Civil.".
Se dispone: Aprobar la prórroga de licencia sin goce de salario del señor Sánchez León, así como el nombramiento interino de las señoras Estrada Sánchez y Alvarado Zamora, conforme se solicita. ACUERDO FIRME.
D) Solicitud de suspensión de licencia sin goce de salario de la señora Ana Isabel Barrantes Oviedo. De la señora Jocelyn Brown Pérez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-0231-2020 del 24 de enero de 2020, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Para lo que a bien tenga disponer el Tribunal Supremo de Elecciones, remito a consideración nota recibida el 15 de enero de 2020, suscrita por la señora Ana Isabel Barrantes Oviedo, cédula de identidad 1-1199-0348, mediante la cual solicita incorporarse a estos organismos electorales y por ende suspender la licencia sin goce de salario que actualmente disfruta, por los motivos que se sirve exponer.
Efectivamente, el permiso sin goce salarial fue aprobado por el superior en la sesión ordinaria n.º 88-2019, celebrada el 17 de setiembre de 2019, comunicada mediante oficio STSE-2133-2019 de igual fecha y abarcaba el periodo comprendido entre el 7 de noviembre de 2019 y el 6 de mayo de 2020.
La funcionaria Barrantes Oviedo labora para el Tribunal desde el 16 de junio de 2016 y ocupa un puesto en propiedad de la clase Asistente Funcional 2, destacada en la Sección de Actos Jurídicos (puesto No. 95552). Dicha funcionaria solicita -de ser posible- que su reincorporación sea efectiva a partir del 2 de marzo del presente año, precisamente al cargo que ocupaba previo al inicio del disfrute de la licencia que nos ocupa.
Es menester indicar que la plaza No. 95552, se encuentra ocupada por el señor Victor [sic] Julio Rivera Pérez, mismo que fue nombrado para sustituir a la señora Barrantes Oviedo, por lo que se tendría que proceder a realizar el cese de funciones correspondiente del señor Rivera Pérez. En consecuencia y según lo indicado en el artículo 28 del Código de Trabajo, el cese de funciones debe comunicarse con un mínimo de una semana de anticipación, en virtud de que dicho funcionario ingresó a laborar a la institución el 16 de setiembre de 2019 y en relación con la fecha pretendida por la señora Barrantes Oviedo para regresar a su puesto, contaría con el tiempo suficiente de comunicar el finiquito correspondiente.
Así las cosas, salvo superior criterio, este departamento considera viable la solicitud de la señora Barrantes Oviedo.".
E) Consideración de cambio de fecha de ingreso de funcionaria interina. De la señora Jocelyn Brown Pérez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-0233-2020 del 24 de enero de 2020, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"En sesión n.° 6-2020 celebrada el 23 de enero del año en curso y comunicado mediante oficio número STSE-0134-2020 de misma data, el Tribunal Supremo de Elecciones aprobó, entre otros, el nombramiento interino de Carmen Brown Salazar en la plaza de Asistente Administrativo 1 -Servicios Especiales- del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, a partir del día siguiente del acuerdo, sea hoy viernes 24 de enero de 2020. No obstante, una vez comunicada la aprobación del nombramiento a la señorita Brown Salazar, indicó que no podía presentarse a laborar este día, sin embargo, según correo electrónico enviado hoy solicita iniciar sus funciones el martes 28 de enero de 2020.
En virtud de lo anterior, y si el Tribunal no tiene objeción, se solicita considerar el cambio de fecha para el ingreso de la colaboradora que se aprobó en la citada sesión.".
F) Renuncia por pensión de la funcionaria Marta Eugenia Marín Rosales del Departamento de Recursos Humanos. De la señora Jocelyn Brown Pérez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-0238-2020 del 27 de enero de 2020, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Para lo que a bien tenga disponer el Tribunal Supremo de Elecciones, remito a consideración nota recibida en este despacho, suscrita por la funcionaria Marta Eugenia Marín Rosales quien desempeña un puesto de Encargada de Área Administrativa, -clase Profesional en Gestión 1- destacada en el Departamento de Recursos Humanos, mediante la cual presenta renuncia a su cargo para acogerse al beneficio de pensión por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social.
La señora Marín Rosales labora para este organismo electoral desde el 1° de junio de 2004 y desea que su cese de funciones sea efectivo a partir del 1° de marzo de 2020. Solicita asimismo el pago de las prestaciones legales que pudieran corresponderle de acuerdo con la legislación laboral vigente.".
Se dispone: Tener por presentada la renuncia de la señora Marín Rosales, a quien se agradece los servicios prestados a estos organismos electorales, deseándole el mayor de los éxitos en su nueva etapa de vida. Procedan oportunamente con lo de sus cargos la Contaduría, el Departamento Legal y el propio Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME.
G) Nombramientos interinos en la Dirección General del Registro Civil y el Departamento Civil. Del señor Luis Antonio Bolaños Bolaños, Director General del Registro Civil, se conoce oficio n.° DGRC-0079-2020 del 27 de enero de 2020, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"En atención a lo planteado en el oficio RH-0237-2020 del Departamento de Recursos Humanos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Salarios y Régimen de Méritos del TSE, me permito proponer la aprobación del nombramiento interino que se detalla a continuación:
Plaza de servicios especiales, vacante en virtud de lo comunicado mediante oficio STSE-0067-2020 .
Sergio Hernán Ledezma Víquez,
28-ENE al 31-DIC de 2020 o hasta que regrese su ocupante anterior, lo que ocurra primero. El candidato que se propone labora para la institución desde el 16 de marzo de 2015, actualmente se encuentra nombrado interinamente en un puesto de la clase Asistente Funcional 2, en esa misma Dirección, por lo que existen 2 clases de por medio para llegar a Técnico Funcional 2.
Este nombramiento se solicita con base en el artículo 36 bis del Reglamento a la Ley de Salarios, con respecto a la plaza 101883.
Plaza de cargos fijos temporalmente vacante en virtud del movimiento anterior, incluida en el estudio de mejoras del Registro Civil.
28-ENE y por el plazo de 6 meses prorrogables según el artículo 9 del reglamento a nuestra Ley de Salarios o hasta que regrese su anterior ocupante, lo que ocurra primero. La candidata que se propone labora para la institución desde el 1° de febrero de 2016, actualmente se encuentra nombrada interinamente en un puesto de la clase Asistente Administrativo 2, en la Sección de Inscripciones, por lo que existe 1 clase de por medio para llegar a Asistente Funcional 2.
Este nombramiento se solicita con base en el artículo 36 bis del Reglamento a la Ley de Salarios, con respecto a la plaza 45820.
28-ENE al 30-JUN de 2020 o hasta que regrese su propietaria o su anterior ocupante, lo que ocurra primero. La candidata que se propone labora para la institución desde el 18 de noviembre de 2013, actualmente se encuentra nombrada interinamente en un puesto idéntico de la misma clase, en ese mismo Departamento, por lo que se solicita un traslado.
H) Encargo de funciones del señor Jefe del Departamento Legal y recargo del de la Sección de Ingeniería y Arquitectura. Del señor Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General de este Tribunal, se conoce oficio n.° STSE-0163-2020 del 27 de enero de 2020, mediante el cual literalmente manifiesta:
6 al 21 de febrero de 2020
A) Recordatorio sobre gestión planteada por el SETSE. Del señor Rui López González, Secretario General del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones (SETSE), se conoce oficio n.° SETSE-010-2020 del 21 de enero de 2020, recibido el mismo día –vía correo electrónico– en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual hace recordatorio de gestión anteriormente planteada y solicitud de información por ejecución de sentencia.
Se dispone: En el plazo de diez días hábiles, informen al respecto el Departamento Legal y la Dirección Ejecutiva. ACUERDO FIRME.
ARTÍCULO CUARTO. ASUNTOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 2020.
A) Autorización para funcionarios de la Auditoría Interna. Del señor Juan Vicente García Matamoros, Subauditor Interno, se conoce oficio n.° AI-032-2020 del 27 de enero de 2020, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Esta Unidad de Fiscalización se encuentra realizando el estudio de auditoría denominado “Evaluación del Programa de Transmisión de Datos y Visualizador de resultados y seguimiento a informe n.° SRICI-01-2018”, con el objetivo de evaluar el funcionamiento de la arquitectura (aplicaciones, redes, servidores, bases de datos y sitio alterno) establecida para ese programa junto con el visualizador de resultados y los centros de recepción y transmisión de datos (CRT´s), así como las acciones adoptadas para la puesta en práctica de las recomendaciones del informe n.° SRICI-01-2018, relativo a la misma materia.
En virtud de lo anterior y con el fin de evaluar oportuna y eficientemente el sistema de transmisión de datos, así como el respectivo visualizador de resultados, respetuosamente se le solicita su autorización para que, los funcionarios de esta Dependencia que a continuación se detallan, puedan estar presentes en la Sesión Solemne que tendrá lugar el próximo domingo 02 de febrero:
Ing. Tatiana Sancho Vargas, cédula 1-0742-0255
Ing. Kareen Barquero Arce, cédula 4-0180-0779
Ing. Jonathan Pérez Richmond, cédula 3-0364-0980".
Se dispone: 1.- Incorporar al orden del día. 2.- Autorizar conforme se solicita; tome nota el señor Director General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos y el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas. ACUERDO FIRME.
B) Autorizaciones de traslados de juntas receptoras de votos. Del señor Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, se conoce oficio n.° DGRE-148-2020 del 27 de enero de 2020, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Mediante oficio PAE-189-2020 de fecha 23 de enero de 2020, el señor Jorge Enrique Monge Alvarado, encargado del programa de Asesores Electorales, remitió a esta Dirección, nota suscrita por los señores Ronald Alberto Jimenez [sic] Campos y Guillermo Rodolfo Jiménez Quirós, presidente y secretario, respectivamente, de la junta cantonal del cantón de Quepos de la provincia de Puntarenas, solicitando el traslado de las juntas receptoras de votos n.° 5006 y n.° 5007, ubicadas en el distrito electoral Naranjito, que se instalaría en la Escuela Portón de Naranjo al salón de catequesis de la Iglesia Católica de Naranjito; lo anterior por cuanto según se informó la escuela fue demolida.
Sobre el particular, cabe destacar que se cuenta con la autorización de los señores Jorge Jimenez [sic] Sánchez y Lisania Moreno Suárez, vicepresidente y secretaria respectivamente, del Consejo Pastoral de la Iglesia María Auxiliadora, para que se utilicen las instalaciones del citado salón para las próximas elecciones.
1.- De acuerdo con la delimitación geográfica, se observa que las instalaciones de la Escuela Portón de Naranjo y el salón de catequesis de la Iglesia Católica de Naranjito, se encuentran ubicadas en el mismo distrito administrativo.
2.- Que la distancia existente entre la Escuela Portón de Naranjo al salón de catequesis de la Iglesia Católica de Naranjito es de aproximadamente 100 metros.
1.- Trasladar las juntas receptoras de votos n.° 5006 y n.°5007 ubicadas en la Escuela Portón de Naranjo al salón de catequesis de la Iglesia Católica de Naranjito, que se encuentra ubicado en el mismo distrito electoral, ambos de la provincia de Puntarenas.
2.- Que se establezca el salón de catequesis de la Iglesia Católica de Naranjito como el centro de votación asignado al distrito electoral Naranjito cuya codificación en la División Territorial Electoral vigente es 606003003.
Del señor Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, se conoce conjuntamente oficio n.° DGRE-149-2020 del 27 de enero de 2020, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Mediante oficio PAE-198-2020 de fecha 25 de enero de 2020, el señor Jorge Enrique Monge Alvarado, encargado del programa de Asesores Electorales, remitió a esta Dirección, nota suscrita por las señoras Maria Eugenia Calderón Gomez y Aurelia Avendaño Cruz, presidenta y secretaria, respectivamente, de la junta cantonal del cantón de Goicoechea de la provincia de San José, solicitando el traslado de las juntas receptoras de votos n.° 879 a la n.°894, ubicadas en el distrito electoral Calle Blancos y San Gabriel, que se instalarían en el Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos a la Escuela Santa Mónica; lo anterior por cuanto según se informó el colegio se encuentra clausurado por una orden sanitaria del Ministerio de Salud.
Sobre el particular, cabe destacar que se cuenta con la autorización del señor Saúl Zamora Bonilla, Director Administrativo de la escuela Santa Mónica, para que se utilicen las instalaciones de ese centro educativo para las próximas elecciones.
1.- De acuerdo con la delimitación geográfica, se observa que las instalaciones del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos y la Escuela Santa Mónica, se encuentran ubicadas en el mismo distrito administrativo.
2.- Que la distancia existente entre el Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos a la Escuela Santa Mónica es de aproximadamente 275 metros.
1.- Trasladar las juntas receptoras de votos n.° 879 a la n.°894 ubicadas en el Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos a la Escuela Santa Mónica, que se encuentra ubicado en el mismo distrito electoral, ambos de la provincia de San José.
2.- Que se establezca a la Escuela Santa Mónica como el centro de votación asignado al distrito electoral Calle Blancos y San Gabriel cuya codificación en la División Territorial Electoral vigente es 108003004.
Se dispone: 1.-Incorporar al orden del día. 2.- Aprobar conforme se solicita en cada caso. ACUERDO FIRME.

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artículo 28
artículo 25
artículo 36
artículo 9
artículo 36


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TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES – 第1章 一般条項 | keikoharada.com
TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES – 第1章 一般条項
2017/01/22 keiko	TÍTULO I
第1条 – 法の趣旨
当立法政令は、ペルー国民および外国人のペルー国領土への出入国を統制するもので、外国人の国内滞留と居住および在留手続き、ペルー国民および外国人向け渡航書類や外国人身分証明の発行を規定する。
Artículo 2°. – Ámbito de aplicación
第2条 – 適用範囲
当立法政令は、ペルー共和国憲法、ペルーを一方とする国際条約および協定、内国法や他の内国規定に従い、ペルー国内ならびに在外ペルー公館において適用される。
Artículo 3°. – Finalidad
第3条 – 目的
当立法政令は、現行法に従い、移民の同化に貢献し、ペルー国内におけるすべてのペルー国民および外国人の権利を保証する目的を有す。
Artículo 4°. – Política Migratoria
第4条 – 移民政策
4.1 行政府は国政の一部として国内外の分野における移民政策を表明する。
4.2. En el ámbito interno, se orienta a determinar la relación del Estado peruano para efectos del ingreso, respecto a las personas nacionales y extranjeras, según corresponda. En el ámbito externo, en lo referente a la protección y asistencia a los nacionales en el exterior, y con los nacionales de otros Estados, en el marco de las relaciones internacionales.
4.2 内国分野では、入国の結果に対するペルー国民および外国人とペルー国家間の該当関係の決定、国外分野では、在外ペルー国民ならびに国交の枠組みにおける他国民への保護と援助に関する旨が指導される。
4.3 国家の移民政策においては、特に技術、才能、産業発展、観光、人口政策やその他の知的活動における国家の必要性が斟酌される。
Artículo 5°. – Autoridades migratorias
La Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, en su calidad de organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior – MININTER, es la autoridad en materia migratoria interna. El Ministerio de Relaciones Exteriores – RREE es la autoridad en materia migratoria externa de acuerdo a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo, además de ejercer competencias en materia migratoria interna según la normativa vigente.
第5条 – 移民の管轄
国家移民監督局（略称MIGRACIONES）は、内務省（略称MININTER）所属の専門技術機関として内国移民案件を管轄する官庁である。外務省（略称RREE）は当立法政令の定めに基づく対外的な移民案件を管轄するとともに、現行規準に応じ内国移民案件の履行権限を有す。
Artículo 6°. – Regulación Migratoria
MIGRACIONES y el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con los instrumentos internacionales suscritos por el Perú y normativa nacional, establecen el conjunto de normas, procedimientos técnicas e instrumentos que regulan su función migratoria, en el marco d sus competencias.
第6条 – 移民の統制
国家移民監督局ならびに外務省は、その権限の範囲において、ペルー国家により調印された国際的手段ならびに内国規準に従い、包括規準、技術的手順および移民の役割を統制する手段を制定する。
Artículo 7°. – Relaciones Interinstitucionales
Las entidades públicas, vinculadas a la ejecución de la Política Migratoria, en el ámbito de sus competencias y funciones, se vinculan y se relacionan complementando las funciones que cada una desarrolla o prestándose cooperación, pueden también establecer relaciones institucionales con personas naturales o jurídicas o colectivos de la sociedad, para la mejora del servicio o para la protección de intereses generales.
第7条 – 組織間連携
移民政策の履行に関連する公共機関は、その権限と機能の範囲において、それぞれの技量を補完し協力しつつ結束・連携する。またサービスの向上あるいは総合的な利益保全のため、個人または法人もしくは社会組織と機構的な関係を結ぶことができる。
Artículo 8°. – Definiciones
Para la aplicación del presente Decreto Legislativo, se consideran las siguientes definiciones;
第8条 – 用語の定義
当立法政令の適用にあたり、次の語義が考慮される。
Apátrida: Persona no considerada como nacional por ningún Estado.
無国籍者: 国籍がいずれの国とも見なされない人物
Empresas de transporte: persona jurídica autorizada para el transporte de personas nacionales y extranjeras por los puestos de control fronterizo o migratorios habilitados en vías marítimas, fluviales, lacustres, aéreas o terrestres.
運輸企業: 出入国管理ポイントあるいは海路、河川、湖、空路もしくは陸路において許可された越境地点を通り、ペルー国民および外国人の輸送にあたり認可済みの法人
Extranjero: Toda persona que no posea nacionalidad peruana.
外国人: ペルー国籍を持たないすべての人
Salvoconducto(Laissez-Passer): Documento de viaje valido expedido excepcionalmente con los efectos de un pasaporte.
通行券: 旅券の機能を有し例外的に発行される法的効力を持つ渡航書類
Múltiple Nacionalidad: Condición de extranjeros o nacionales que cuentan con más de un nacionalidad reconocida por la autoridad competente de un Estado.
多重国籍: 外国人あるいはペルー国民が、国家の所轄官庁に承認された二つ以上の国籍を有す状態
Operadores: Empresas que tienen la concesión del espacio autorizado legalmente para el embarque y desembarque de personas y/o bienes en los limites marítimo, fluvial, lacustre, aéreos o terrestres.
オペレーター業者: 海路、河川、湖、空路あるいは陸路の境界において人または/あるいは財を積み降ろすため法的に承認された地点の使用権を有す企業
Orden migratorio: Bien jurídico difuso constituido por las disposiciones y políticas necesarias que regulan el flujo de las migraciones desde y hacia un determinado territorio, sin afectar el orden público o la seguridad nacional.
在留秩序: 公序良俗あるいは国家の安全に影響を及ぼすことなく、ある特定の領土を対象とした移民の流動を統制するために必要な条項や政策で構成され拡散された法的な利得
Permanencia: Es la autorización otorgada por las autoridades migratorias competentes para la estancia en el país de una persona extranjera.
滞留: 外国人のペルー国滞在にあたり移民管轄当局により付与される許可
Situación migratoria irregular: Estado en que se encuentra un extranjero que ha ingresado al territorio nacional sin autorización o excedió el plazo otorgado de acuerdo a la normativa vigente.
不正在留状態: 外国人が許可なくペルー国領土に侵入、あるいは現行規準に基づき付与された滞留期間を超過した状態
Artículo 9°. – Derechos de los extranjeros
第9条 – 外国人の権利
9.1 国家は外国人に対し、現行規準の定める禁則や制限を除き、ペルー国民と同等に、健康、教育、労働へのアクセスのようなペルー共和国憲法に定められた基本的権利の享受および行使を認める。
9.2 国家は外国人に対し、ペルー共和国領土における入国、滞留、居住、出国のための要件に関する情報、ならびに必要となるであろう他のあらゆる情報を提供する。
Artículo 10°. – Deberes de los extranjeros
第10条 – 外国人の義務
10.1 国家移民監督局、ペルー国家警察、またはそれらの権限が及ぶ他のペルー当局の求めに応じ、自身の身分証明書あるいは有効な在留状況を証明する渡航書類を提示すること。
10.2 出入国管理ポイントまたは/あるいは 認可された越境地点を経由して入国・出国すること。
10.3 ペルー国領土における滞留あるいは居住にあたり正規移民状態を維持し、該当する賦課を適切に納付すること。
10.4 移民登録情報を最新に保つため、該当する情報を国家移民監督局に対し適切に提供すること。
10.5 査証あるいは付与された在留資格において許可された活動のみ展開すること。
10.6 特にペルー国家の歴史・文化遺産に関する件では、現行規準の枠組みを遵守すること。
Artículo 11°. – Personas extranjeras en situación de vulnerabilidad
第11条 – 社会的弱者の外国人
11.1 MIGRACIONES y el Ministerio de Relaciones Exteriores ponen en conocimiento de las autoridades competentes las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentren las personas migrantes, para la adopción de las acciones administrativas o jurisdiccionales que correspondan para la protección de sus derechos, en particular las referidas a niños, niñas y adolescentes, adulto mayor, personas con discapacidad, o que pertenecen a pueblo indígena victimas de trata de personas y tráfico de migrantes, victima de violencia familiar y sexual, y quienes requieren protección en atención a una grave amenaza o afectación a sus derechos fundamentales.
11.2 MIGRACIONES y Ministerio de Relaciones Exteriores en el ámbito de sus competencias adoptan los criterios para asistir a las personas en situación de vulnerabilidad: pudiendo emitir los documentos y/o permisos de permanencia temporal o residencia pertinentes.
11.1 国家移民監督局および外務省は、特に未成年、高齢者、障碍者、あるいは人身売買や不法入国手引きの被害を受けた先住民族、家庭内暴力や性的暴力の被害者、深刻な脅迫や基本的人権の侵害に配慮し庇護が必要とされる人々の権利の保護を目的とした行政的、あるいは司法的措置の適用に向け、移民が置かれている社会的に立場の弱い状況を管轄当局に伝達する。
11.2 国家移民監督局および外務省は、権限の及ぶ範囲で社会的に弱い立場にあるこれらの人々の支援のため対処する。一時滞留あるいは適切な居住についての文書、および/あるいは許可の発行を可能とする。
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