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Doc. visitadosAgencia Española de Protección de DatosJunta de compensaciónVía de apremioPlazos y términosCiudadanos de la Unión Europea al servicio de las Administ...CausalidadObjeto socialLibertad condicionalInterés legítimo (Protección de Datos)No declarante
La doctrina constitucional y la jurisprudencia han caracterizado el derecho a la propia imagen como un derecho de la personalidad, con un contenido propio, específico y diferenciado de los demás, derivado de la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas. Atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puede tener difusión pública (vertiente positiva del derecho). La facultad otorgada por este derecho, en tanto que derecho fundamental, consiste en esencia en impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad: informativa, comercial, científica, cultural, etc., perseguida por quien la capta o difunde. (SSTC 81/2001 y 83/2002, 14/2003 y 117/2003 ) (vertiente negativa del derecho). Lo analizaremos a continuación.
Derecho constitucional autónomo
Vertientes positiva y negativa del derecho
Dimensión constitucional vs. dimensión económica
Consecuencias de la dimensión constitucional o no de la infracción
Aspectos procesales de la infracción de la dimensión constitucional del derecho a la propia imagen
Infracción de la dimensión económica del derecho a la propia imagen
El Tribunal Constitucional ha declarado que se trata de un derecho constitucional autónomo que dispone de un ámbito específico de protección frente a reproducciones de la imagen que, afectando a la esfera personal de su titular, lesionan su buen nombre y dan a conocer su vida íntima, pretendiendo la salvaguarda de un ámbito propio y reservado, frente a la acción y conocimiento de los demás.
Por ello, atribuye a su titular la facultad para evitar la difusión incondicionada de su aspecto físico, ya que constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual (SSTC 231/88, 99/94, 81/2001 y 83/2002 ).
El contenido del derecho a la propia imagen posee, por lo tanto:
• una vertiente positiva, que se resume en la facultad de la persona de reproducir su propia imagen, y
• un aspecto negativo, que se traduce en la facultad de prohibir a terceros obtener, reproducir y divulgar la imagen de la persona sin su consentimiento (Sentencia de 24 de julio de 2008 que recoge abundantes citas jurisprudenciales).
La regulación del derecho a la propia imagen, como derecho fundamental de carácter personal reconocido por el artículo 18.1 de la Constitución, se recoge en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (LO 1/82); que contiene el desarrollo legal de la protección jurisdiccional que de dicho derecho, junto con el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, se dispensa por la mencionada disposición legal.
• El artículo 7.5 LO 1/82 señala que tienen la consideración de intromisiones ilegítimas "la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2".
• Este art. 8.2.a) LO 1/82 dispone que, en particular, el derecho a la propia imagen no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público, y la imagen se capte durante un ámbito público o en lugares abiertos al público; circunstancia, la primera de ellas, que se ha considerado desde la jurisprudencia de forma amplia, alcanzando la excepción a los profesionales con notoriedad o proyección pública; y en su letra c) se establece que el derecho a la propia imagen tampoco impedirá la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como accesoria.
• El artículo 7.6 LO 1/82 dispone que tendrá asimismo la consideración de intromisión ilegítima la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.
Cabe distinguir entre el contenido o aspecto constitucional del derecho y su contenido o aspecto comercial o patrimonial, al que se refiere el art. 7.6 LO 1/82:
• El derecho garantizado en el artículo 18.1 CE , por su carácter «personalísimo» (STC 231/1988, F. 3 ), limita su protección a la imagen como elemento de la esfera personal del sujeto, en cuanto factor imprescindible para su propio reconocimiento como individuo.
• A pesar de la creciente patrimonialización de la imagen y de la «necesaria protección del derecho a la propia imagen frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la misma» (STC 170/1987, de 30 de octubre), la protección constitucional de este derecho no alcanza su esfera patrimonial, aunque el conjunto de derechos relativos a la explotación comercial de la imagen son también dignos de protección (LO 1/82) (STC 156/2001).
La jurisprudencia del TS sigue la misma línea del TC de diferenciar el aspecto constitucional y el aspecto patrimonial del derecho, circunscribiendo la tutela civil del derecho fundamental recogida en la LO 1/82, conforme a su contenido propio, al primero de ellos.
• La Sentencia de 20 de abril de 2001 analiza la publicación de unas fotografías en un medio distinto de aquel para el que fue consentida su reproducción. Considera, por lo tanto, que no se ha vulnerado el bien jurídico protegido por el artículo 18.1 CE y por la LO 1/82 , al haber sido publicadas con la autorización del titular del derecho, habiéndose perdido de ese modo la privacidad que es consustancial al contenido del derecho fundamental en cuestión, destacando que el bien jurídico protegido de las agresiones ilegítimas pertenece al patrimonio moral y a la vida privada de las personas, que converge con la protección de los otros dos derechos consagrados por el artículo 18.1 CE, el derecho al honor y a la intimidad personal. De ahí que se atribuyan a estos derechos los caracteres de irrenunciabilidad e inalienabilidad, lo que viene a implicar la indisponibilidad de estos derechos por el titular de los mismos, aunque con la facultad del propio sujeto de disponer sobre determinados aspectos del derecho reconocido, en particular en lo que afecta al derecho a la propia imagen, como es la facultad de controlar la representación y difusión de su propia efigie, cuando éste, en la vida ordinaria, es frecuente objeto de tráfico en materia laboral y comercial, tráfico que está sometido para el último supuesto a la protección procesal común, ventilándose las reclamaciones en procedimientos declarativos ordinarios en razón a la cuantía económica, y no en este procedimiento especial por razón a la materia litigiosa, al que corresponde la protección jurisdiccional civil de los derechos fundamentales.
• En la Sentencia de 22 de julio de 2008 se consideró que no se vulnera el derecho a la imagen de una modelo que había concedido autorización para la explotación comercial de su imagen por el fotógrafo que había realizado un "book" fotográfico, el cual cedió posteriormente a una empresa de cosméticos la imagen para la promoción comercial de los productos que elaboraba y distribuía. La sentencia diferenció, por un lado, el aspecto patrimonial del derecho y las cuestiones relativas a la vertiente de la explotación comercial de la imagen, carentes de dimensión constitucional, y concentradas en el ámbito del contrato, en donde debían enmarcarse las pretensiones económicas derivadas de unos perjuicios que no eran morales, sino estrictamente de naturaleza económica; y, por otro lado, la vertiente constitucional del derecho, cuya tutela quedaba amparada por el artículo 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982 , respecto de la cual destacó la necesidad de que la intromisión ocasione una lesión de la dignidad de la persona, circunstancia que no se producía en aquel caso, en donde, además, el originario consentimiento de la titular del derecho había creado una apariencia de titularidad en el cesionario frente a quien finalmente reprodujo la imagen con fines comerciales.
• La Sentencia de 25 de septiembre de 2008 , en la misma línea de diferenciar el aspecto constitucional y el estrictamente patrimonial del derecho a la propia imagen, declaró que no se produce una intromisión ilegítima en el derecho de quien había prestado consentimiento para que su imagen aparezca reproducida en un programa de televisión, y que había sido difundida con posterioridad en unas fotografías publicadas en un medio de comunicación distinto. La Sala consideró entonces que se había dado el supuesto contemplado en el artículo 2.2 LO 1/82.
La protección frente a las intromisiones ilegítimas en los derechos a que se refiere la LO 1/82 (honor, intimidad, propia imagen) puede recabarse por las vías procesales ordinarias o por tal procedimiento previsto constitucionalmente (a salvo acudir, por supuesto, cuando proceda, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional). (art. 9 LO 1/82) (art. 249.1.2 LEC) (art. 53.2 CE)
El contenido de la tutela que se otorga es el siguiente:
• Tutela jurisdiccional declarativa: acciones que pueden ejercitarse
a) El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor, el restablecimiento del derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de réplica por el procedimiento legalmente previsto, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida;
b) Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores;
c) La indemnización de los daños y perjuicios causados;
• Indemnización de perjuicios
Resulta indiscutible que el art. 9.3 LO 1/82 reconoce el derecho a ser indemnizado por los daños materiales -tanto en su modalidad de daño emergente como de lucro cesante- así como por los daños morales, presumiendo incluso la existencia del perjuicio siempre que se acredite la intromisión ilegítima, siendo de resaltar que, frente a la presunción antedicha, en el caso de que se reclame la indemnización de los daños materiales la jurisprudencia exige la prueba de los mismos (STS de 25 de noviembre de 2002 entre otras). A tal efecto el art. 9.3 LO 1/1982 dispone que "La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuanta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido". Así, los criterios suministrados por el precitado precepto son meramente orientativos, coadyuvantes a la determinación del resarcimiento, pero no los únicos, ni siquiera los de mayor relevancia.
La cuestión en estos casos se centra en la determinación del contenido del contrato de cesión de derechos de imagen y en el alcance de la misma respecto del derecho de explotación de la imagen, alejada de la dimensión moral del derecho a la propia imagen cuya afectación, como consecuencia de la intromisión ilegítima, justifica la tutela que proporciona la Ley Orgánica 1/1982 a los derechos consagrados en el artículo 18.1 de la Constitución.
Como consecuencia, se ejercitarán, en su caso, pretensiones, bien anulatorias, bien resarcitorias, con fundamento en el contenido de la relación contractual y en su eventual contravención.
La protección frente a las intromisiones ilegítimas en los derechos al honor, intimidad, y propia imagen puede recabarse a través:
- las vías procesales ordinarias
- del procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución española.
- del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
En cambio, otorgado el consentimiento para la difusión de la propia imagen, la cuestión litigiosa queda enmarcada, no en el aspecto constitucional del derecho a la propia imagen, sino en su aspecto patrimonial, en particular, en el relativo al cumplimiento o incumplimiento del contrato que tuvo por objeto la cesión del derecho a la imagen para su reproducción.

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artículo 8
artículo 7
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artículo 18
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artículo 2
artículo 18
artículo 53


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RESOLUCIÓN No (RO Nº diciembre-2010) EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN CONSIDERANDO: - PDF
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Nieves Alcaraz Vargas
1 RESOLUCIÓN No (RO Nº diciembre-2010) EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución Política de la República del Ecuador, las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio OMC, se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 853 de 2 de enero de Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC en su artículo 2 establece las disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos por instituciones del gobierno central y su notificación a los demás Miembros. Que, se deben tomar en cuenta las Decisiones y Recomendaciones adoptadas por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. Que, el Anexo III del Acuerdo OTC establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas. Que, la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó El Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología, modificada por la Decisión 419 de 31 de Julio de Que, la Decisión 562 de junio de 2003 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece las Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario. Que, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, a través del Consejo del Sistema MNAC, mediante Resolución No. MNAC-0003 de 10 de Diciembre de 2002, publicada en el Registro Oficial No. 739 de 7 de Enero de 2003, establece los procedimientos para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos Ecuatorianos. Que, mediante Ley No publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del jueves 22 de febrero del 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: i) regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en ésta materia; ii) garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana. Que, es necesario garantizar que la información suministrada a los consumidores sea clara, concisa, veraz, verificable y que ésta no induzca a error al consumidor. Que, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, siguiendo el trámite reglamentario establecido en el artículo 29 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, formuló el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN Bus urbano de 7
2 Que, mediante Resolución No publicada en el Registro Oficial No. 370 de 30 de junio de 2008, el Directorio del INEN oficializó con el carácter de Obligatorio-Emergente el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 038 Bus urbano ; Que la Primera Revisión del RTE INEN 038 fue oficialmente establecida con el carácter de Obligatorio-Emergente mediante Resolución No de publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 611 de , y notificado a la CAN y a la OMC en el y respectivamente. Que, considerando que el período de la vigencia como Obligatorio-Emergente de la Primera Revisión del mencionado reglamento concluye en fecha , y en conformidad con el Artículo 2, numeral del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y el Artículo 11 de la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina, CAN, el Directorio del INEN en su sesión efectuada el conoció y aprobó la NOTIFICACIÓN por el trámite regular del PRTE INEN 038 Bus urbano, que lo efectuó el Punto de Contacto en y a la CAN y OMC, respectivamente; Que, transcurrido el plazo reglamentario y no habiendo observaciones, se puso en consideración al Directorio del INEN la oficialización del RTE INEN 038 notificado por trámite regular, el mismo que en sesión de resolvió dejar pendiente su tratamiento y oficialización hasta la presentación del Informe Técnico proveniente del MIPRO, COMEXI y el MTOP; Que, en sesión , el Directorio del INEN en conocimiento del Oficio No del CNTTTSV-2010 de , resolvió que el Comité Técnico respectivo considere las observaciones del CNTTTSV respecto de la NTE INEN y del RTE INEN 038 referente al Bus urbano, debiendo coordinar la participación en dicho comité del MIPRO, COMEXI, CONADIS y CNTTTSV; Que, una vez que el Comité Técnico Vehículos automotores. Bus urbano aprobó tanto la NTE INEN (Vehículos automotores. Bus urbano. Requisitos (Segunda Revisión) (que considera, en función de la capacidad de pasajeros, el bus y el minibús urbano y el chasis para bus urbano de piso alto y de piso bajo), como el RTE INEN 038, Bus urbano (Primera Revisión), el Directorio del INEN en su sesión llevada a cabo en el conoció y aprobó la oficialización del mencionado reglamento; Que, por disposición del Directorio del INEN, el Presidente del Directorio debe proceder a la oficialización con el carácter de Obligatorio, mediante su publicación en el Registro Oficial del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 038 Bus urbano. En ejercicio de las facultades que le concede la Ley. RESUELVE: ARTÍCULO 1. Oficializar con el carácter de OBLIGATORIO la Segunda Revisión del siguiente: REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 038 BUS URBANO. 1. OBJETO 1.1 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir los buses y minibuses urbanos de transporte de pasajeros con la finalidad de proteger la vida y la seguridad de las personas, el ambiente y la propiedad, y prevenir prácticas engañosas que puedan inducir a error a los fabricantes o usuarios de vehículos para el transporte urbano de 7
3 2. CAMPO DE APLICACIÓN 2.1 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano aplica a los vehículos de transporte urbano de pasajeros que van a ingresar al parque automotor ecuatoriano, sean importados, ensamblados o fabricados en el país. 2.2 Los vehículos objeto del presente Reglamento Técnico Ecuatoriano obedecen a la siguiente clasificación arancelaria: CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-diesel) Los demás: En CKD Los demás Los demás: - - Los demás: Los demás: En CKD Los demás Chasis de vehículos automóviles de las partidas a 87.05, equipados con su motor - Los demás: -- De vehículos de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 6,2 t En CKD Los demás De vehículos de peso total con carga máxima superior a 6,2 t En CKD Los demás Los demás: En CKD Los demás Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas a 87.05, incluidas las cabidas Las demás: De vehículos de la partida DEFINICIONES 3.1 Para los efectos del presente Reglamento Técnico Ecuatoriano se adoptan las definiciones establecidas en: las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN 960, 1155, 1323, 1669, 2205, 2292, INEN-ISO 612 y 3833, en los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos RTE INEN 011 y 034, 041 y 043, en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento General. 4. CLASIFICACIÓN 4.1 Para efectos de este reglamento, los vehículos de transporte público urbano se clasifican en: de 7
4 4.1.1 Bus urbano Minibús urbano Denominación Capacidad total de pasajeros Bus urbano Igual o mayor a 60 Minibús urbano Menor a REQUISITOS 5.1. Los buses y minibuses urbanos deben cumplir con los requisitos especificados en las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN 2 205, 1 669, 1 323, vigentes. 5.2 Requisitos mínimos de seguridad. Los buses y minibuses urbanos deben cumplir con el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034 Elementos mínimos de seguridad en vehículos automotores en lo que corresponda. 5.3 Los minibuses urbanos deben utilizarse únicamente en: zonas periféricas, lugares inaccesibles para buses o como alimentadores para las redes troncales. Los minibuses no serán considerados como medios de transporte sustitutivos de los buses. 5.4 Posición del motor. Para el caso de los buses urbanos, la ubicación del motor en la parte posterior será obligatoria en un plazo máximo de 3 años a partir de la vigencia de este Reglamento. 5.5 Transmisión. Para el caso de los buses urbanos la transmisión automática será obligatoria en un plazo máximo de 3 años a partir de la vigencia de este Reglamento. 5.6 Chasis. El certificado de diseño que indica que es para transporte de pasajeros debe ser emitido por el fabricante-diseñador El proveedor del chasis debe proporcionar libremente un manual, instructivo y/o recomendaciones de construcción y montaje de la carrocería, desarrollado por el fabricantediseñador La autoridad competente determinará la aplicación del tipo de chasis de piso bajo o alto, de acuerdo con estudios técnicos de topografía y planificación urbanística Vidrios de seguridad. Adicionalmente a los requisitos de etiquetado especificados en la norma NTE INEN 1669 vigente, debe incluirse el país de origen y fabricante de la carrocería Para los vidrios de seguridad fabricados en el Ecuador, el Sello de Calidad INEN impreso será obligatorio en un plazo máximo de 18 meses a partir de la vigencia de este Reglamento Los vidrios de seguridad importados deben disponer de un Sello de Calidad o Marca de conformidad impreso, emitido por un Organismo Certificador acreditado en el país de origen y reconocido por el Organismo Ecuatoriano de Acreditación, OAE y por el INEN. 5.8 Carrocería Diseño y fabricación. La carrocería importada o de fabricación nacional, deben cumplir con los requisitos establecidos en las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN 1 323, y vigentes o su equivalente y debe someterse al proceso de homologación establecido en las leyes y reglamentos vigentes de 7
5 5.8.2 Identificaciones. Adicionalmente a lo establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 323, debe constar de forma visible y permanente la identificación del técnico soldador responsable y el procedimiento de soldadura aplicado. 5.9 Accesibilidad para personas con movilidad reducida. La cantidad de vehículos y el tipo de equipo establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN para el ascenso y descenso de estas personas, lo determinará la autoridad competente de acuerdo con estudios técnicos que tengan la participación del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS. 6. ENSAYOS PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD 6.1 Los métodos de ensayos para evaluar la conformidad de los buses y minibuses urbanos deben ser los especificados en el capítulo 5 del presente Reglamento Técnico Ecuatoriano o en las normas nacionales o extranjeras tomadas como referencia. 7. DOCUMENTOS NORMATIVOS CONSULTADOS O DE REFERENCIA Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 960 Vehículos automotores. Determinación de la potencia neta del motor. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN Vehículos automotores. Equipos de iluminación y dispositivos para mantener o mejorar la visibilidad. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN Vehículos automotores. Carrocerías metálicas. Requisitos. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN Vidrios de seguridad para automotores. Requisitos. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Transporte. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 612 Vehículos automotores. Dimensiones de vehículos automotores y vehículos remolcados. Términos y definiciones. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3833 Vehículos automotores. Tipos. Términos y definiciones. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN Veículos automotores. Bus urbano. Requisitos Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 011 Neumáticos. Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034 Elementos mínimos de seguridad en vehículos automotores. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento General 8. DEMOSTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON EL PRESENTE REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO 8.1 Los ensambladores nacionales, importadores de buses y minibuses urbanos y constructores de carrocerías deben cumplir con lo dispuesto en el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano y con las demás disposiciones establecidas en otras leyes y reglamentos vigentes aplicables a los buses y minibuses urbanos de 7
6 8.2 La demostración de la conformidad con el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano debe realizarse mediante la presentación de un certificado de conformidad expedido por un organismo acreditado o designado de acuerdo con lo establecido por el Consejo Nacional de la Calidad, CONCAL. 8.3 Los productos que cuenten con el Sello de calidad del INEN, no están sujetos al requisito de certificación de conformidad con el Reglamento Técnico Ecuatoriano para su comercialización. 9. ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA EVALUACION Y LA CERTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD. 9.1 La evaluación de la conformidad y la certificación de la conformidad exigida en el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano debe ser realizada por entidades debidamente acreditadas o designadas de acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 9.2 En el caso de que en el Ecuador no existan laboratorios acreditados para este objeto el organismo certificador utilizará, bajo su responsabilidad, datos de un laboratorio designado por el CONCAL o reconocido por el organismo certificador. 10. AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN 10.1 Las instituciones del estado que en función de sus leyes constitutivas tengan facultades de fiscalización y supervisión en materia de transporte son las autoridades competentes para efectuar las labores de vigilancia y control del cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 11. TIPO DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN La fiscalización y/o supervisión del cumplimiento de este Reglamento Técnico Ecuatoriano lo realizará las autoridades pertinentes legalmente reconocidas en materia de transporte, previamente a la comercialización o a que entren en circulación los buses y minibuses urbanos. 12. RÉGIMEN DE SANCIONES 12.1 Los importadores, fabricantes y ensambladores nacionales de buses y minibuses urbanos que incumplan con lo establecido en el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano recibirán las sanciones previstas en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes vigentes, según el riesgo que implique para los usuarios y la gravedad del incumplimiento. 13. RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 13.1 Los organismos de certificación o demás instancias de control que hayan extendido certificados de conformidad o informes erróneos o que hayan adulterado deliberadamente los datos de los resultados o de los certificados, tendrán responsabilidad administrativa, civil, penal y/o fiscal de acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes vigentes de 7
7 14. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO 14.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones del presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, el Instituto Ecuatoriano de Normalización-INEN, lo revisará en un plazo no mayor a cinco (5) años contado a partir de la fecha de su entrada en vigencia, para incorporar avances tecnológicos o requisitos adicionales de seguridad para la protección de la salud, la vida y el ambiente, de conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. ARTICULO 2º Este Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 038 (Segunda Revisión), reemplaza al RTE INEN 038:2009 (Primera Revisión), y entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. Dado en Quito, Distrito Metropolitano a 30 de noviembre de Ing. Diego Cueva PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Ing. Bolívar Aguilera, M. Sc. SECRETARIO DEL DIRECTORIO Publicada RO Nº de diciembre de de 7

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RESOLUCIÓN
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artículo 29
Resolución
Resolución
Artículo 2
Artículo 11
ARTÍCULO 1


BENEFICIOS LABORALES NO CONSIDERADOS RENTAS DE QUINTA CATEGORÍA | Blog Educativo
economia	BENEFICIOS LABORALES NO CONSIDERADOS RENTAS DE QUINTA CATEGORÍA
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Pedro CASTILLO CALDERÓN
El artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral(1), señala que constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa.
De acuerdo con ello, se entiende por remuneración a aquella retribución que percibe el trabajador por sus servicios, sin embargo, existen diferentes conceptos que a pesar de no ser reconocidos por norma expresa como remuneración, cumplen con determinadas características que los convierten en remuneración.
Asimismo, durante la relación laboral, también se pueden desembolsar por parte de la empresa, ya sea en dinero o en especie, conceptos que formalmente no califican como remuneraciones para el trabajador, al ser que para efectos tributarios algunos de estos conceptos podrían estar sujetos a renta de quinta categoría o no y para la empresa serían gastos deducibles o liberalidades.
Es así, que las empresas, en el marco de una relación laboral, pueden decidir otorgar a sus trabajadores diversos conceptos que tienen por finalidad el cumplimiento de las labores asignadas por la empresa, entre las que se encuentra el destacar al trabajador a diferentes puntos del país donde la empresa ejerce actividad, así también tenemos la entrega de uniformes, alimentación, vivienda, movilidad entre otros, los cuales no califican como conceptos remunerativos.
Asimismo, el inciso a) del artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta(2) indica que son rentas de quinta categoría las obtenidas por “concepto del trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y, en general, toda retribución por servicios personales”.
Asimismo, en el segundo párrafo del mencionado inciso, se indica que “no se consideran rentas de quinta categoría las cantidades que percibe el servidor por asuntos del servicio en lugar distinto al de su residencia habitual, tales como gasto de viaje, viáticos por gastos de alimentación y hospedaje, gastos de movilidad y otros gastos exigidos por la naturaleza de sus labores, siempre que no constituyan sumas que por su monto revelen el propósito de evadir el impuesto”.
En el presente informe trataremos las implicancias en el tratamiento tributario-laboral de los referidos conceptos, precisando si serían gastos deducibles para la determinación del Impuesto a la Renta, sin que la Administración Tributaria pueda presumir que sean liberalidades por parte de la empresa.
Cuando hacemos mención de la vestimenta que se le asigna al trabajador para el cabal cumplimiento de sus labores, generalmente se trata de los uniformes que el empleador entrega a sus trabajadores para su uso durante la prestación de servicios, ya que en el mercado peruano laboral existen actividades riesgosas por naturaleza que acarrean un peligro para la salud o seguridad del trabajador.
Por otro lado, es obligación del empleador asignar las condiciones de trabajo indispensables sin las cuales le sería imposible al trabajador cumplir con las tareas asignadas o podría ejecutarlas pero exponiendo su salud, en otros casos, hasta su vida.
Recordemos, además, que el empleador tiene como fuente dos deberes inmersos en el contrato laboral; estos son, el deber de buena fe laboral y el deber de protección.
Teniendo en cuenta ello, es pertinente señalar que recientemente en nuestro ordenamiento, se ha implementado la Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar (Ley N° 30102). A través de esta norma, se exige a los empleadores ya sea entidades públicas o privadas, adoptar las medidas de protección necesarias para proteger a sus trabajadores que estén expuestos de manera prolongada a la radiación solar por la naturaleza del trabajo que realizan. Es así que, al inicio de la relación laboral, el empleador deberá proveerles de los elementos de protección idóneos con la debida capacitación para su adecuado uso; así como los aditamentos o accesorios de protección solar cuando resulte inevitable la exposición a la radiación solar, como sombreros, gorros, anteojos, entre otros. En consecuencia, tales implementos de protección solar deben ser considerados condiciones de trabajo aunque los deberes de protección y prevención, deriven de un mandato legal y no del contrato laboral.
De acuerdo con lo indicado, llamaremos condiciones de trabajo a todos aquellos implementos que le sirven de protección al trabajador y que consecuentemente es necesario para la prestación de sus servicios, como: botas; guantes o manoplas contra agresiones mecánicas (cortes o perforaciones) o químicas (impermeables o resistente a ácidos, disolventes); cascos (antirruido o de protección de cráneo); gafas de seguridad, chalecos, máscaras y/o mascarillas, pantallas faciales (para soldar, por ejemplo); orejeras de seguridad; trajes integrales de protección especial contra agresivos químicos, trajes ignífugos e incombustibles (contra altas temperaturas, elaborados en cuero, tejidos aluminados o fibras especiales); uniformes de hule o contra condiciones climáticas adversas no extremas como capas de lluvia, entre otros.
Por otra parte, estas condiciones de trabajo pueden ser suministradas también para satisfacer los intereses del empleador, nos referimos a las situaciones laborales en donde las entidades empleadoras facilitan uniformes (por ejemplo; terno, camisa y corbata, para varones y chaleco, blusa y falda, para damas) a sus trabajadores administrativos.
Como se puede deducir, dichos uniformes no son idóneos para la protección de la salud o seguridad del trabajador; más bien, tienden a satisfacer una necesidad o interés del empleador (que obviamente no debe ni puede ser de cargo del trabajador), en el caso del ejemplo, el interés se ve reflejado en la imagen o identidad empresarial que el empleador quiere proyectar. Aunque dicha vestimenta no sea necesaria para el adecuado cumplimiento de las labores del trabajador, sí facilita la cabal prestación de sus servicios. En estos casos, la obligación de entrega de condiciones de trabajo no emanará de los deberes del contrato de trabajo. Por lo tanto, aquí dicha obligación será determinada expresamente por las partes (empleador/trabajador) o puede derivarse de una fuente distinta del contrato, como podría ser un convenio colectivo, la costumbre o la normatividad estatal.
Una circunstancia distinta resultaría si el empleador desea entregar la vestimenta como ternos, blusas o corbatas a los trabajadores de limpieza o de almacén con el objeto de que sean utilizadas en las fiestas o reuniones conmemorativas de la empresa o cualquier otra oportunidad ajena a la prestación del servicio durante la jornada laboral ordinaria–. Bajo esta situación, tal entrega no debe estimarse como una condición de trabajo
por cuanto el valor de la vestimenta significaría una ventaja patrimonial para el trabajador, pues esto le representa un ahorro en la adquisición de vestimenta. Igualmente, el uso de este uniforme no guarda relación con las funciones características de dicho personal, en consecuencia, su otorgamiento sería prescindible o no facilitaría el desempeño de las labores del trabajador. Por lo tanto, más que una condición de trabajo se trataría de una liberalidad del empleador, es decir, que este los distribuye por un motivo desvinculado de la prestación de servicios.
De acuerdo con el supuesto señalado en el párrafo anterior, esta entrega sería una liberalidad para la empresa, siendo que para efectos tributarios tendría que ser reparado para la determinación del Impuesto a la Renta, por no cumplir con el principio de causalidad, condición que sí cumple la vestimenta cuando se trata de todo implemento que sirva de protección al trabajador.
De acuerdo con lo desarrollado, será condición de trabajo, cuando sea necesario, el otorgamiento de una casa o el pago del alquiler de la misma, para que sea habitada por el trabajador, a fin de que desempeñe las funciones asignadas de manera satisfactoria.
Podemos citar como ejemplo un caso que es frecuente para este beneficio, se trata de la casa que se otorga a un trabajador a quien se le ha trasladado temporalmente a una zona geográfica donde es difícil conseguir alojamiento, distante a su lugar de residencia o su centro de trabajo habitual, para que cumpla determinado servicio de interés de la empresa.
Asimismo, citando otro ejemplo, la casa que se otorga a los trabajadores mineros en los campamentos tendría la calidad de condición de trabajo. Sin embargo, podría presentarse algún problema cuando el traslado
temporal se prolonga en el tiempo o cuando se evidencia que el traslado se dispone con carácter permanente o definitivo; por lo que si el tra- bajador cambia su residencia ha- bitual a causa de que su traslado se ha convertido en permanente o porque tuvo esta naturaleza des- de el mismo momento en que se or- denó, la vivienda debe entenderse como un concepto remunerativo y no como una condición de trabajo.
Sin embargo, merece especial atención aquellos supuestos en donde se contrata a un trabajador extranjero para que ejecute sus servicios en territorio peruano; lo que acarrea que el empleador tenga que proporcionarle una vivienda donde pueda alojarse. En relación con este supuesto, cuando la vivienda es proporcionada a un trabajador extranjero, las normas tributarias de acuerdo al inciso c) del artículo 20 del Reglamento del Impuesto a la Renta(3), precisa que no se consideran rentas de quinta categoría las sumas que se paguen al trabajador que al ser contratado fuera del país tuviera la condición de no domiciliado y las que el empleador pague por los gastos de dicho trabajador, su cónyuge e hijos, por los siguientes conceptos:
Pasajes al inicio y al término del contrato de trabajo
Alimentación y hospedaje generados durante los tres (3) primeros meses de residencia en el país.
Transporte al país e internación del equipaje y menaje de casa, al inicio del contrato
Pasajes a su país de origen por vacaciones devengadas durante el plazo de vigencia del contrato de trabajo
Transporte y salida del país del equipaje y menaje de casa, al término del contrato.
Con base en lo indicado en el párrafo anterior, el gasto antes mencionado no será considerado renta de quinta categoría siempre y cuando el contrato de trabajo aprobado por la autoridad competente señale expresamente que dicho gasto será asumido por el empleador.
Para fines tributarios, en el caso concreto del gasto de hospedaje generado durante los tres (3) primeros meses de residencia en el país, debemos señalar que las normas tributarias no precisan si el referido periodo de tiempo debe computarse desde el momento en el que el trabajador reside efectivamente en el Perú o desde que aquel cuenta con la visa de trabajo correspondiente.
Aun así, para fines laborales, los elementos que ayudarían a determinar si se trata o no de una condición de trabajo son la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad o la temporalidad, el tipo de actividad realizada, las funciones del trabajador, entre otro.
De acuerdo con lo indicado en el artículo 6 de la LPCL “constituye remuneración para todo efecto legal las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa”.
Por otro lado, en la práctica podemos encontrar algunos supuestos en los que, si bien nos hallamos frente a una alimentación principal, esta no
tiene carácter remunerativo; este es el caso de la alimentación como condición de trabajo.
Es así, que el artículo 7 de la LPCL prevé que no constituye remuneración para ningún efecto legal, los conceptos previstos en los artículos 19 y 20 de la Ley de CTS; siendo que el inciso j) del referido artículo
19 dispone que aquella alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo, por ser indispensable para la prestación de servicios, no será considerada remuneración.
De ahí que cuando la alimentación resulta indispensable para el cumplimiento cabal de las funciones del trabajador se trata de condición de trabajo. Esto sucede, cuando por ejemplo, por el difícil acceso al centro de trabajo también es complicado que los trabajadores encuentren algún lugar cercano de donde puedan proveerse de los alimentos (desayuno, almuerzo o comida) necesarios en su horario de refrigerio. Así, imaginemos un campamento minero ubicado en una localidad a 4,000 metros sobre el nivel del mar, donde no hay un lugar público donde el trabajador pueda alimentarse; en este caso, la alimentación sería una condición indispensable que deberá ser provista por el empleador.
Así, podemos citar otros supuestos que son los más frecuentes con relación a este beneficio:
En el país existen convenios colectivos en los que se establece la entrega de alimentos como latas o cajas de leche para sus trabajadores del sector minero debido a que trabajan en contacto con insumos tóxicos; en todo caso se trata de una condición de trabajo vinculada a normas de seguridad y salud en el trabajo. También será condición de trabajo la alimentación que reciben los futbolistas profesionales en el marco de la Ley que regula la relación
laboral de estos con los clubes deportivos, la cual obliga a estos clubes a suministrar raciones alimentarias convenientemente balanceadas durante las concentraciones previas a la competencia
La movilidad resulta necesaria para el cabal desempeño de funciones del trabajador al tratarse de una condición de trabajo. Así, tendrá esta calidad la movilidad que se entrega al trabajador para trasladarse de la ciudad a los diferentes puntos donde la empresa realice operaciones eventuales y/o permanentes, tales como desplazarse al campamento minero o petrolero ubicado en una zona de difícil acceso o la movilidad brindada a los visitadores médicos, a los mensajeros, o a los vendedores, entre otros dependientes de ella, por el cual deben acudir a desempeñar sus funciones asignadas.
Asimismo, también se considera movilidad el pago de la gasolina de los trabajadores que tengan que trasportarse en auto, sea de la empresa o propio, para prestar sus servicios al empleador, siendo que para efectos tributarios esta sesión de uso tendrá que ser respaldada mediante un Con- trato de Comodato, para que la empresa pueda deducir como gasto estos desembolsos.
Por otro lado, la empresa también puede contratar a terceros que esta disponga, para el traslado de sus trabajadores de un lado a otro con el objeto de ejecutar las labores indicadas por el empleador.
Es en virtud de lo señalado en estos dos últimos párrafos, que podemos advertir, que no necesariamente, las condiciones de trabajo van a ser otorgadas directamente por el empleador sino que lo puede ser mediante un tercero o por medio de un reembolso al propio trabajador cuando este asume el valor
de la movilidad o las condiciones de trabajo que se presenten en general. Así podemos citar el artículo 1954 del Código Civil, en el cual se encuentra prescrito que de no efectuarse el reembolso, el empleador habrá incurrido en la figura del enriquecimiento sin causa.
De acuerdo con lo indicado en la parte introductoria del presente informe, se puede otorgar desembolsos por parte del empleador, que no necesariamente tendrían que ser en dinero, sino que pueden tratarse de aquellos elementos o herramientas que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de la prestación de sus servicios, por lo que dichos instrumentos también serán condiciones de trabajo.
Es un deber del empleador derivado del contrato el proporcionar las condiciones de trabajo necesarias para las actividades laborales desempeñadas por el trabajador. Dicha obligación no exige necesariamente la entrega directa de las herramientas, basta que estas sean de propiedad del trabajador con la respectiva retribución por el uso y desgaste de estas. Para tales supuestos, el empleador debería estar obligado a pagar una cantidad destinada a impedir el deterioro del bien. De esa manera, puede a través de una bonificación pactada en el contrato o en un convenio individual, reembolsar el desgaste de la herramienta propiedad del trabajador.
A efectos del trabajador esta bonificación o cesión en uso del mencionado bien, no calificaría como renta de quinta categoría pero sí calificaría como renta de primera categoría, esto de acuerdo al artículo 23 de la LIR, y para la empresa sería un gasto deducible siempre y cuando cumpla con los principios y criterios que menciona el artículo 37 de la mencionada Ley en su ultimo párrafo.
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: Dimitry Berberoff Ayuda
Este foro ha sido publicado en el Boletín "Urbanismo", el 1 de diciembre de 2010.
Lo cierto es que la Ley positiva española, tanto la legislación urbanística como la ley 17/2009, no amparan un régimen distinto al autorizatorio en esta materia. La comunicación previa todavía tiene un largo recorrido antes de "coger sitio" en este ámbito sectorial de la actividad administrativa. Hasta la propia jurisprudencia parece caminar en este sentido. En efecto no entendemos que se avance en técnicas distintas a la autorizatoria, cuando la Ley del Suelo de 2008 y la jurisprudencia que la interpreta insisten, por ejemplo, en que el silencio administrativo en materia de licencias urbanísticas pueda ser operativo. Así se justifica el incumplimiento de la obligación de resolver que tienen todas las administraciones publicas considerando inexistentes aquellas licencias obtenidas por la vía del silencio administrativo positivo que resulten contrarias a la Ley, haciendo innecesario proceder a su previa anulación. Es evidente que la impregnación que en esta doctrina existe del interés público como elemento a tutelar en la actividad administrativa, hace excepcionar por esta vía el régimen general del incumplimiento de la obligación de resolver, que el legislador general, el de la Ley 30/1992, impuso a todas las Administraciones Publicas en la reforma de esta Ley operada por la Ley 4/1999.
La Directiva Bolkestein ha previsto como contrapunto de sus determinaciones (ver considerando 40 y arts. 4.8, 9 y 13.4) la posibilidad de que una actividad de servicios pueda verse sometida excepcionalmente a un régimen de autorización; y asimismo, que en ese régimen el sentido del silencio pueda ser (excepcionalmente) negativo (considerandos 42, 43 y 56 y arts. 9 y 13.4). Eso sí: si aparecen debidamente justificadas "razones imperiosas de interés general" relacionadas con la protección del medio ambiente y del entorno urbano, incluida la planificación urbana y rural.
Llevando estas reflexiones al ejercicio mismo de las actividades de servicios, habría que pensar que un recto entendimiento de la Directiva Bolkestein, debiera conducirnos a supeditar el mantenimiento o el establecimiento de un régimen de licencias urbanísticas y/o ambientales (o a ese mismo régimen unido al del silencio negativo), a la justificación cumplida de razones imperiosas de interés general "urbanístico o medioambiental", cualificadas, concretas y determinadas.
Pero, llegados a este punto también nos deberíamos interrogar sobre la bondad de reservar ese régimen -privilegiado en muchos aspectos- a las actividades de servicios. Máxime en un contexto constitucional fundado en el principio de igualdad y no discriminación y que, a la vez, impone el tratamiento común de los administrados.
La respuesta más bien se nos antoja negativa; no en vano, resulta significativo que el redactado de los arts. 39 bis, 43 y 71 bis de la Ley básica 30/1992, de 26 de noviembre, que traen causa de la Ley estatal 25/2009, de 22 de diciembre, haya extendido en mayor o menor medida la "filosofía" en la que se inspira la Directiva Bolkestein en materia de autorizaciones (de autorizaciones como excepción) y de silencio administrativo (de silencio administrativo positivo como principio general), al ejercicio de los derechos individuales o colectivos en general. Eso sí, introduciendo un contrapunto cuya fidelidad a la jurisprudencia comunitaria y a la Directiva resulta más que dudosa, porque si la noción de "razón imperiosa de interés general" fue elaborada con unos perfiles muy precisos, no parece que sea de recibo que la disposición adicional cuarta de la Ley estatal 25/2009, de 22 de diciembre, haya venido a decirnos que deberemos partir de la premisa de que los supuestos de silencio negativo contemplados en las normas con rango de Ley vigentes hasta ese momento, se considerarán fundados en razones imperiosas de interés general. Y ello, sin dar cuenta de cómo y cuándo fueron explicitadas esas razones y sin reparar en que el carácter imperioso de las mismas resultaba más que dudoso en no pocos supuestos.
En ese mismo sentido, habrá que reparar en que los designios de seguridad jurídica, claridad y concreción que pueden encontrase en la Directiva, harán que sea francamente difícil sostener, como ha sido habitual entre nosotros hasta ahora, regímenes de "silencio condicional" como el mantenido en materia urbanística, caracterizado por su inutilidad práctica de no mediar un reconocimiento expreso, administrativo o judicial (y en todo caso tardío) sobre la bondad de lo solicitado.
En cualquier caso, la armonización de los objetivos urbanísticos con los que son propios y específicos de la Directiva Bolkestein, cuando menos deberá llevar a un régimen de licencias o autorizaciones urbanísticas circunscrito a los usos del suelo, vuelo y subsuelo de una cierta magnitud o, en su defecto, a un régimen de licencias en las que el silencio positivo "incondicional" sea la norma y la excepción –a saber: el silencio negativo- se vea delimitada legalmente mediante criterios precisos, seguros e inteligibles, tendentes a evitar las infracciones urbanísticas de mayor relevancia o con repercusiones negativas de mayor relieve.
Ciertamente, la lectura del considerando 9 de la Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, hace pensar que, sencillamente, no tiene aplicación a las normas relativas a la ordenación del territorio y urbanismo. No obstante, es también cierto que, cuando la Directiva se refiere a "razones imperiosas de interés general" para justificar la existencia de restricciones a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios, se refiere a la protección del medio ambiente y del entorno urbano, incluida la planificación urbana y rural (considerandos 40 y 56).
La atención debe centrarse en el requisito relativo a la "razón imperiosa de interés general" que define el artículo 4.8 como razón reconocida como tal en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, incluida, entre otras, la protección del medio ambiente y del entorno urbano.
Por tanto, parece que lo que la Directiva expresa en principio en su considerando 9 no se corresponde con el sistema que establece en su articulado, y que su propia exposición de motivos anuncia. Da la impresión, más bien, de que lo que se está propiciando no es la exclusión de la aplicación de la Directiva sino la justificación de que la libertad de establecimiento o la prestación de servicios se condicione a la obtención de autorización por la concurrencia de "razones imperiosas de interés general". De hecho, si se acude al artículo 2 de la Directiva, no está claramente definido que el urbanismo esté excluido del ámbito de aplicación de la Directiva. Podría incluirse en la genérica remisión al artículo 45 del Tratado (hoy 51 del TFUE), actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública, pero esa exclusión resultaría contradictoria con la mención expresa de la protección del medio ambiente y del entorno urbano como "razones imperiosas de interés general". O aquellos servicios no económicos de interés general, también recogidos en el artículo 2, respecto de los que habrá que tener presente que en conexión con el urbanismo se desarrollan multitud de actividades económicas, como la propia construcción, respecto de la que habrá que valorar la concurrencia de "razones imperiosas de interés general" para dar entrada al régimen autorizatorio, pues no toda actividad constructiva tiene por qué implicar que la protección del entorno urbano o el medio-ambiente se encuentren comprometidas. Es una situación compleja. Por ejemplo, ¿constituye razón imperiosa de interés general el denominado urbanismo comercial que justifica la sujeción a licencia especial del establecimiento de grandes centros comerciales?.
Primera, el régimen autorizatorio estará justificado sólo respecto de aquellas concretas actividades en relación con las que concurran "razones imperiosas de interés general", y respecto de las cuales debe observarse en todo caso que el régimen de autorización no será discriminatorio y que el objetivo perseguido no pueda lograrse a través de una medida menos restrictiva. A este respecto, la Ley 17/2009 se refiere de manera expresa al régimen de comunicación o de declaración responsable del prestador en que se manifieste el cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite a la Administración la información necesaria para el control de la actividad. La consecuencia será la de que sólo será exigible autorización cuando concurran esas "razones imperiosas de interés general".
Segunda. Silencio administrativo. De acuerdo con el considerando 39 de la Directiva la concesión de una autorización puede ser resultado no sólo de una decisión formal, sino también de una decisión implícita derivada, por ejemplo, del silencio administrativo de la autoridad competente o del hecho de que el interesado deba esperar el acuse de recibo de una declaración para iniciar la actividad en cuestión o para ejercerla legalmente. En nuestro derecho, el tratamiento del silencio tras la Directiva ha tenido su reflejo en la reforma del artículo 6 de la Ley 17/2009 cuando dice que los procedimientos garantizan la aplicación general del silencio administrativo positivo y que los supuestos de silencio administrativo negativo constituyen excepciones previstas en una norma con rango de Ley justificadas por razones imperiosas de interés general, lo que se ha plasmado en la reforma del artículo 43 de la Ley 30/92 operada por la Ley 25/2009 que, probablemente, va a reabrir el debate sobre el sentido del silencio en el ámbito urbanístico. El Tribunal Supremo en sentencia de 28 de enero de 2009 recuperó la tradicional regla del artículo 242.6 TRLS 92, contenida en el artículo 8.1.b) TRLS 2008, conforme a la cual no pueden entenderse adquiridas licencias por silencio administrativo en contra de la ordenación territorial o urbanística. Esta doctrina podría haber quedado desfasada pues ahora el tema se complica porque ya no bastará que establezca el silencio negativo una norma con rango de ley, sino que se exigirá que concurran, además, "razones imperiosas de interés general" que lo justifiquen, y debe recordarse que en este ámbito armonizado ese concepto corresponde integrarlo y definirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De momento, la solución dada por el legislador a los supuestos de silencio negativo existentes hasta la Ley 25/2009 parece pugnar con esa exigencia de justificación de "razones imperiosas de interés general". La disposición adicional cuarta de la Ley 25/2009 establece que a los efectos previstos en el primer párrafo del artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con la redacción dada por la presente Ley, se entenderá que concurren razones imperiosas de interés general en aquéllos procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley por normas con rango de Ley o de Derecho comunitario, prevean efectos desestimatorios a la falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en el plazo previsto. Es una salida sencilla, pero resulta difícil asumir que todos los supuestos recogidos de silencio negativo por el legislador encajen en el concepto de "razón imperiosa de interés general".
No voy a cansar al lector recordándole los efectos que en los regímenes autorizatorios clásicos está provocando el "huracán Bolkestein". Como es sabido, la entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, y su efectiva transposición al ordenamiento español mediante las ya famosas Leyes 17/2009 ("paraguas") y 25/2009 ("omnibus"), obliga a los Estados miembros a revisar la normativa de acceso y ejercicio de las actividades de servicios. En este marco, la autorización administrativa se considera un obstáculo para la libertad de servicios.
Cualquier régimen de autorización previa debe superar ahora el "triple test" de su adecuación al Derecho comunitario: no ser discriminatorio, estar justificado por una razón imperiosa de interés general, y que su objetivo no pueda conseguirse con una medida menos restrictiva (art. 5 de la Ley 17/2009).
Pero la pregunta de este mes tiene un objetivo mucho más concreto, y es averiguar el impacto de la Directiva de servicios en el ámbito del urbanismo. Avanzaré, ya que en mi opinión, y en contra de la interpretación meramente formal que parece haberse impuesto entre la doctrina, el urbanismo no queda fuera del ámbito de aplicación de la reforma del sector servicios. La mayor parte de los autores, en efecto, acuden al considerando 9 de la Directiva para justificar la exclusión del urbanismo, que literalmente dispone que "la presente Directiva (...) no se aplica a requisitos tales como normas relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural, normas de construcción, ni a las sanciones administrativas impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan específicamente o no afectan específicamente a la actividad del servicio pero que tienen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su actividad económica al igual que por los particulares en su capacidad privada". ¿No resulta un tanto exagerado deducir de este considerando una exclusión radical del urbanismo del ámbito de aplicación de la Directiva Bolkestein? Salvo esta escueta mención en la parte no dispositiva de la Directiva, nada más se dice en su articulado, y tampoco la Ley Paraguas recoge ni en su Preámbulo ni en su articulado (art. 2) una norma que excluya al urbanismo de su ámbito de aplicación.
Dicho con otras palabras: el acceso y ejercicio de servicios con incidencia urbanística no queda sujeto automáticamente a un régimen de autorización, por el hecho de que el entorno urbano sea una razón imperiosa de interés general. En consecuencia, aquellas disposiciones que regulen el acceso a las actividades de servicios o su ejercicio se verían afectadas por la reforma aunque se encuentren formalmente insertas en "normas urbanísticas". La cobertura formal de la intervención (legislación urbanística) no puede servir de excusa para huir materialmente de los principios y reglas de la Directiva. Esta idea conduce a que algunas licencias urbanísticas tengan que ser revisadas por efecto de la Directiva de Servicios, aunque ni el Estado ni las Comunidades Autónomas, en el marco de sus respectivas competencias sobre régimen local, se hayan manifestado proclives a modificar o alterar su régimen jurídico.
Como técnicas autorizatorias que son, las licencias municipales se encuentran afectadas por la excepcionalidad de los regímenes autorizatorios, por ese "cambio copernicano" en el régimen de intervención administrativa que supone la Directiva de Servicios. En concreto, se han identificado tres ámbitos normativos especialmente afectados: la normativa de actividades clasificadas o de incidencia ambiental, la normativa urbanística, y la normativa en materia de espectáculos y actividades recreativas. En mi opinión, tanto las licencias de actividad, como las de primera ocupación o utilización, las de funcionamiento, las de cambio de uso, las licencias de actividades inocuas y las de actividades con baja incidencia ambiental, son firmes candidatas a la revisión. En definitiva, todas las licencias que afecten a "actividades" van a resultar difíciles de justificar, mientras que las licencias "de obras" podrán mantenerse por no afectar directamente a una actividad de servicios. De esta forma, los Ayuntamientos tendrán que extremar las precauciones para controlar, siquiera indirectamente, los usos y las futuras actividades a través de la licencia de obras.
Un eventual obstáculo a la reforma de las licencias municipales tiene que ver con la excepcionalidad del régimen autorizatorio y la necesidad de contar con norma con rango de ley que justifique en cada caso el mantenimiento de la autorización (art. 84. 1 b) LRBRL). Hay que recordar que la nueva redacción del artículo 84.1 b) de la LRBRL, tras su reforma por la Ley omnibus, incluye una remisión expresa a lo dispuesto en la Ley 17/2009 cuando los Entes locales pretenden someter a previa licencia y otros actos de control preventivo el acceso y ejercicio de actividades de servicios, que limita fuertemente la capacidad de maniobra de los Entes locales En estas circunstancias, es comprensible que las Entidades locales españolas sean tan reacias a aprobar ordenanzas independientes en esta materia y que no se anticipen a las decisiones normativas que deben adoptar el Estado y las Comunidades autónomas. Otra razón más para dudar sobre el impacto real que la Directiva va a tener en el ámbito de las licencias municipales. Sería de mucha utilidad que cada entidad local aprobara una "ordenanza omnibus" u "horizontal" que revisara todas las normas locales con previsiones contrarias a la Directiva, pero esta posibilidad se encuentra mermada por el hecho de tener que esperar a la adaptación de la legislación estatal o autonómica
Comenzando por la primera de las preguntas que se nos formula en este tema he de señalar que no creo que exista contradicción alguna entre la exclusión del urbanismo del ámbito de aplicación de la Directiva que nos ocupa y su consideración como causa de orden público para justificar una autorización. En efecto, el art. 9.1 de la Directiva limita notablemente la posibilidad de que los Estados miembros supediten el ejercicio de actividades de servicios al otorgamiento de una autorización —ha de entenderse que previa— al exigir que concurran una serie de requisitos entre los que destaca, en lo que ahora estrictamente interesa el de que "la necesidad de un régimen de autorización est[é] justificada por una razón imperiosa de interés general" [art. 9.1 b)]. Sin perjuicio de lo que más adelante señalaré acerca del considerando 9, debe advertirse que los considerandos de la parte expositiva de la Directiva mencionados en el enunciado de este tema nos proporcionan, juntamente con lo establecido en el art. 4.8), la interpretación auténtica del art. 9.1. En particular el considerando 56, donde se nos informa de que "de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los objetivos de (...) protección del entorno urbano constituyen razones imperiosas de interés general que permiten justificar la aplicación de regímenes de autorización y otras restricciones. No obstante, ningún régimen de autorización o restricción de estas características debe discriminar en razón de nacionalidad. Además, deben respetarse siempre los principios de necesidad y proporcionalidad".
A lo expuesto parece oportuno añadir algunas palabras en torno al considerando 9, de acuerdo con el cual "La presente Directiva solo se aplica a los requisitos que afecten al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio. Así, no se aplica a requisitos tales como normas de tráfico rodado, normas relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural, normas de construcción, ni a las sanciones administrativas impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan específicamente o no afectan específicamente a la actividad del servicio pero que tienen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su actividad económica al igual que por los particulares en su capacidad privada." Si reparamos mínimamente en la literalidad de este considerando observaremos que aquello que queda expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Directiva no es la actividad económica inmobiliaria sino exclusivamente la faceta jurídico pública de ordenación normativa de los usos del suelo. El paralelismo con lo que sucede en el otro gran sector expresamente mencionado, el tráfico rodado es sumamente ilustrativo a este respecto pues una cosa son las "normas de tráfico rodado" y otra bien distinta "los servicios en el ámbito del transporte" que quedan excluidos no por incardinarse en aquéllas sino por previsión expresa del art. 2.2 d) y en los términos estrictos de este precepto.
No acierto a ver, por otra parte, resquicio alguno por el cual pueda proyectarse la Directiva en el sistema urbanístico español y poner en riesgo los valores que preserva la normativa de ordenación del mismo. En particular, entiendo que el urbanismo supera ampliamente el juicio de proporcionalidad que para someter determinadas actividades económicas —o susceptibles de consideración económica, supuesto que haya alguna que escape a esta posibilidad—, establece el art. 5 de la Ley 17/2009, en relación con el art. 9.1 de la Directiva. Difícilmente podrá sostenerse que en materia de urbanismo, ordenación del territorio y protección ambiental, la autorización previa sea susceptible de sustitución generalizada por la simple comunicación o por el control "a posteriori". La salvaguarda de los intereses difusos que aquí se hallan implicados exige una valoración específica en cada caso con la vista puesta en la preservación de esos intereses y su protección frente a daños irreparables. La irreparabilidad del daño, que por lo común concurrirá cuando de hacer uso de un recurso natural escaso como es el suelo se trate, parece aconsejar el mantenimiento de un sistema de autorizaciones previas, apreciación que no creo que quede desvirtuada por la Directiva ni por la Ley nacional de trasposición.
Ciertamente en la perspectiva de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, no deja de ser curiosa la referencia a la inaplicación de la misma que se contiene en su Considerando 9 si se compara con el concepto de "razones imperiosas de interés general" que contiene en su Considerando 40 para la protección del entorno urbano, incluida la planificación urbana y rural; igualmente en su Considerando 56 para ese mismo concepto y para el objetivo de la protección del entorno urbano que permiten justificar la aplicación de regímenes de autorización y otras restricciones; en su Considerando 66, para con la prohibición de pruebas económicas que se excluye para las razones imperiosas de interés general, señalando puntualmente como la de protección del entorno urbano; y en su Considerando 101 respecto a los servicios multidisciplinares al admitir que puedan resultar restricciones o prohibiciones sobre el ejercicio de actividades concretas cuyo objetivo sea garantizar la independencia en casos en que un Estado miembro encomiende a un prestador una misión específica, en particular en el ámbito del desarrollo urbanístico. Y todo ello y a mayor abundamiento con reflejo en el texto articulado de la Directiva en su artículo 4.8 en la definición de la "razón imperiosa de interés general".
"En segundo lugar, con objeto de dinamizar en mayor medida el sector servicios y de alcanzar ganancias de competitividad en relación con nuestros socios europeos, extiende los principios de buena regulación a sectores no afectados por la Directiva, siguiendo un enfoque ambicioso que permitirá contribuir de manera notable a la mejora del entorno regulatorio del sector servicios y a la supresión efectiva de requisitos o trabas no justificados o desproporcionados".
Sea como fuere y a los efectos del debido control "ex ante" o "ex post" para las nuevas figuras ordenadoras urbanísticas es de esperar que resulte quizá más acentuado el deber de motivación y justificación correspondiente ya que las exigencias de la Directiva 2006/123/CE son relevantes y de máximo interés para una ordenación adecuada y procedente.
Para las licencias urbanísticas extraordinarias o excepcionales –concretamente las de uso u obra provisional- no se llega a intuir cómo una parte privada puede atender a la formulación de una declaración responsable o una comunicación cuando, por mencionar un supuesto, la ejecución del planeamiento urbanístico en su contra no depende de su iniciativa sino que es privativa de la Administración que corresponda.
c) En los supuestos de suelo urbano no solar cuando el complejo de obligaciones en liza seguramente –así para la realización de las correspondientes obras de urbanización o para la prestación de fianzas, por citar dos ejemplos- no depende del criterio de la parte declarante o solicitante sino de la Administración con el debido control jurisdiccional contencioso administrativo.
Pero es que para las denominadas licencias ordinarias –no afectas al régimen de las extraordinarias o de las especiales- también surgen dificultades por no decir una imposibilidad técnica ya que bien parece que, entre otros, no pueden ignorarse supuestos como:
a') Los casos en que la regulación en suelo urbano no se haya agotado en el planeamiento general y quede justificadamente pendiente de una figura de planeamiento de desarrollo posterior.
b') Los casos del reajuste de alineaciones y rasantes y el de ordenación de volúmenes con su régimen ciertamente nada sencillo que bien parece que no puede quedar al albur del primer ni de los sucesivos declarantes o comunicantes.
c') Inclusive todos aquellos casos en que cupiera aceptar que en sede de licencias urbanísticas pudiera actuarse materia de gestión urbanística, especialmente en materia de cesiones obligatorias y gratuitas o su sustitución en equivalencia en terrenos fuera del sector o su sustitución en su equivalente en valor económico.
En este punto quizá también se tropieza con la tozuda realidad de buen número de prescripciones legales y sobre todo del planeamiento urbanístico –especialmente y en su caso de estándares urbanísticos del más variado género- cuya desaparición o incompatibilidad con el régimen de la Directiva 2006/123/CE, quizá exige nutridas argumentaciones a no ser que el régimen de vivienda protegida, viviendas por unidad superficial, de usos como el que se va produciendo de regímenes como los denominados predominantemente residenciales, industriales, comerciales, entre otros, y de los que dependen trascendentes efectos urbanísticos, se hayan sustituido por la mera conveniencia del declarante o comunicante.
No obstante la anterior conclusión, las peculiaridades del urbanismo y la dimensión de interés general que incorpora aparecen en la mayoría de las respuestas, siendo perceptible un escepticismo respecto de la supresión del régimen autorizatorio de las licencias, dado que la comunicación previa no puede llegar a todos los recovecos de la actividad publica, resultando difícil, además, admitir una sustitución general de la autorización previa por controles "a posteriori" en los ámbitos urbanístico, de ordenación del territorio y de protección ambiental". Alguna opinión, sin embargo, postula una revisión que afectaría a la funcionalidad de ciertas licencias, como las de actividad, de primera ocupación o utilización, las de funcionamiento, las de cambio de uso, las de actividades inocuas y las de actividades con baja incidencia ambiental, sin quedar afectadas, en cambio, las licencias "de obras" por no incidir directamente sobre una actividad de servicios.

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artículo 43
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Transferencia Financiera Favor Pliego 019: RM 249-2018-MIMP Mujer y Poblaciones Vulnerables - Perú Legal
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Transferencia Financiera Favor Pliego 019: RM 249-2018-MIMP Mujer y Poblaciones Vulnerables
Aprueban Transferencia Financiera favor del Pliego 019: Contraloría General, destinado a la contratación de la sociedad de auditoría externa que realizará la auditoría correspondiente al ejercicio 2018
RM 249-2018-MIMP
Vistos, el Memorando Nº 385-2018-MIMP/OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Nº 213-2018-MIMP/OGPP-OPR de la Oficina de Presupuesto y el Informe Nº 006-2018-MIMP/OGA de la Ofi…
Vistos, el Memorando Nº 385-2018-MIMP/OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Nº 213-2018-MIMP/OGPP-OPR de la Oficina de Presupuesto y el Informe Nº 006-2018-MIMP/OGA de la Oficina General de Administración del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;
Que, mediante el artículo 20 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y modificatorias, se establece que las sociedades de auditoría son contratadas por la Contraloría General de la República. Asimismo, se señala que las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales quedan autorizadas para realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los gastos que se deriven de la contratación de las sociedades de auditoría, previa solicitud de la Contraloría General de la República;
Que, por Resolución de Contraloría Nº 432-2018-CG, publicada el 24 de agosto de 2018 en el diario oficial El Peruano, la Contraloría General de la República aprobó el tarifario que establece el monto por retribución económica, el impuesto general a las ventas y el derecho de designación y supervisión de sociedades de auditoría, que las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales deben transferir a la Contraloría General de la República;
Que, con Oficio Nº 00250-2018-CG/VCSC la Contraloría General de la República solicitó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables efectúe la transferencia financiera para el Período Auditado 2018;
MAS NORMAS LEGALES: Resolución Declaró Improcedente Solicitud RE 1422-2018-JNE JNE
Que, mediante Informe Nº 006-2018-MIMP/OGA la Oficina General de Administración ha solicitado la transferencia financiera, hasta por la suma de CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS Y
01/100 SOLES (S/ 175,186.01), a favor de la Contraloría General de la República para la correspondiente contratación de la sociedad de auditoría externa;
Que, con Memorando Nº 385-2018-MIMP/OGPP del 27 de setiembre de 2018, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto hace suyo el Informe Nº 213-2018-MIMP/OGPP-OPR de la Oficina de Presupuesto, a través del cual se emite opinión favorable y otorga la correspondiente Certificación Presupuestaria hasta por el monto de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO
OCHENTA Y SEIS Y 01/100 SOLES (S/ 175,186.01), en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, específica del gasto "2.4.1.3.1.1 "Otras unidades del gobierno nacional" y de acuerdo a la meta presupuestaria señalada en el Cuadro Nº 1 que obra en el referido Informe, para la transferencia financiera a favor de la Contraloría General de la República;
Que, en ese sentido, corresponde realizar la transferencia financiera a favor de la Contraloría General de la República por el monto ascendente a CIENTO
01/100 SOLES (S/ 175,186.01) destinado a la contratación de la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2018;
el Decreto Legislativo Nº 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-MIMP y modificatorias;
Artículo 1.- Transferencia Financiera a favor de la Contraloría General de la República Aprobar la Transferencia Financiera, con cargo al Presupuesto Institucional 2018 del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hasta por la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA
Y SEIS Y 01/100 SOLES (S/ 175,186.01) a favor del Pliego 019: Contraloría General, destinado a la contratación de la sociedad de auditoría externa que realizará la auditoría correspondiente al ejercicio 2018.
Artículo 2.- Financiamiento La transferencia financiera autorizada en el artículo 1 de la presente resolución se atenderá con cargo al presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Administración Nivel Central, Categoría Presupuestal 9001: Acciones Centrales, Actividad 5000003: Gestión Administrativa, Genérica de Gasto 2.4: Donaciones y Transferencias, Sub-30 NORMAS LEGALES
Sábado 29 de setiembre de 2018 / El Peruano genérica del gasto: 2.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes, Meta: 0054, Específica del Gasto 2.4.1.3.1.1
"Otras unidades del gobierno nacional", Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios.
Artículo 5.- Publicación Disponer que la presente Resolución se publique en el portal institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.mimp.gob.pe) en la misma fecha de publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano.
Titulo: RM 249-2018-MIMP Aprueban Transferencia Financiera favor del Pliego 019: Contraloría General, destinado a la contratación de la sociedad de auditoría externa que realizará la auditoría correspondiente al ejercicio 2018
Numero : 249-2018-MIMP
Perú Legal: Transferencia Financiera Favor Pliego 019: RM 249-2018-MIMP Mujer y Poblaciones Vulnerables

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artículo 20
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Artículo 2
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Artículo 5
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El sitio de José Luis Ares: TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGRARIAS: SUBVENCIONES 2014 EN ANDALUCÍA (ESPAÑA)
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGRARIAS: SUBVENCIONES 2014 EN ANDALUCÍA (ESPAÑA)
Mediante la Orden de 6 de mayo de 2014, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía (España), se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la transformación y comercialización de productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa su convocatoria para 2014.
La Industria Agroalimentaria Andaluza se define con un triple enfoque u orientación: al mercado, a la generación de valor en todas las fases de la cadena agroalimentaria y a la producción en sectores en que la agroindustria andaluza sea más competitiva. Mediante este triple enfoque se pretende la definición de un marco de actuación que permita la vertebración y el desarrollo social y económico del sector en Andalucía.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural considera las ayudas para la transformación y comercialización de productos agrícolas como uno de sus ejes prioritarios de actuación, con el objetivo de mejorar y racionalizar los procedimientos de manipulación y transformación de los productos agrarios y alimentarios, los canales de comercialización, la aplicación de nuevas tecnologías, la mejora de la presentación de los productos, mejor uso o eliminación de los subproductos o residuos generados y la creación de empleo.
El Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), establece las normas generales de la ayuda comunitaria al desarrollo rural y la participación de ese Fondo en la financiación de una serie de medidas. Dicha participación se instrumenta a través de los Programas de Desarrollo Rural. En su Título I, dedicado a los objetivos y normas generales, el artículo 4.1 incluye como objetivo el de aumentar la competitividad de la agricultura y la silvicultura mediante la ayuda a la reestructuración, el desarrollo y la innovación. Asimismo, en su Título IV establece que la ayuda a favor de la competitividad del sector agrícola y forestal consistirá en medidas de reestructuración y desarrollo del potencial físico y de fomento de la innovación a través del aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales.
Es por ello que las subvenciones antes referidas, contempladas entre las medidas definidas en el citado Reglamento, fueron incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para el período 2007-2013 (PDR), aprobado mediante la Decisión de la Comisión C(2008) 3843 de 16 de julio de 2008, por lo que las subvenciones serán objeto de cofinanciación dentro del eje 1 (aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal), medida 123 (aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales) del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Una vez aprobado el segundo Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola presentado por España a la Comisión Europea para el período 2014-2018, el sector vitivinícola será financiado por el Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA), por tanto queda excluido de su financiación por FEADER y de las ayudas previstas en la presente Orden.
El Reglamento (UE) 1310/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), modifica el Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los recursos y su distribución en el ejercicio de 2014 y modifica el Reglamento (CE) 73/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) 1307/2013, (UE) 1306/2013 y (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a su aplicación en el ejercicio de 2014 establece la posibilidad de que los estados miembros puedan seguir contrayendo nuevos compromisos jurídicos con los beneficiarios en 2014 en relación con las medidas mencionadas en el artículo 20, con excepción de las letras a), inciso iii), c), inciso i), y d), y en el artículo 36 del Reglamento (CE)1698/2005, de conformidad con los programas de desarrollo rural adoptados sobre la base de dicho Reglamento, incluso una vez agotados los recursos financieros del período de programación 2007-2013, siempre que la solicitud de ayuda se presente antes de la adopción del programa de desarrollo rural del período de programación 2014-2020.
Las ayudas contempladas en la presente Orden vienen recogidas en el art. 20, letra b) inciso iii), del Reglamento (CE) 1698/2005. Mención especial, merecen las industrias agroalimentarias andaluzas de transformación y comercialización de productos ecológicos, dado el déficit que actualmente soporta nuestra comunidad. En otro orden de cosas, la Orden incorpora de forma expresa la posibilidad de presentar las solicitudes de ayudas de forma telemática, ajustándose a las previsiones que al respecto se contienen en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se establece la regulación y tramitación de los procedimientos administrativos por medios electrónicos.
El artículo 48 del Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural de acuerdo con las bases y ordenación de la actuación económica general y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131, y 149 de la Constitución. Por otra parte, el Decreto 141/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, establece en su artículo 1 que corresponde a la Consejería las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de la política agraria, pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural.
En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica y en uso de las facultades que le confiere el artículo 118.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y el artículo 44.2 de la ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se dispone lo siguiente:
Se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios para la concesión de subvenciones dirigidas a la transformación y comercialización de productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa su convocatoria para 2014.
Disposición adicional primera. Convocatoria para 2014 y plazo de presentación de solicitudes.
0.1.16.00.11.00.771.02.71E.0 3.103.433
0.1.16.00.11.00.778.00.71E.5 344.826
3.1.16.00.11.00.771.02.71E.5.2015 11.193.420
3.1.16.00.11.00.778.00.71E.0.2015 1.243.713
El importe máximo del crédito presupuestario disponible para la financiación de las subvenciones que se concedan en la convocatoria de 2014, asciende a 15.885.389 euros, 3.448.256 euros con cargo a la anualidad 2014 y 12.437.133 euros a la 2015. No obstante se podrá ampliar dicha cuantía con los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible.
La presente línea de ayuda se tendrá que ajustar a los criterios de delimitación entre Fondos Comunitarios que se establezcan en el PDR de Andalucía 2007-2013.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente Orden y específicamente la Orden de 26 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la transformación y comercialización de productos agrícolas en el marco del programa de desarrollo rural de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para 2010.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica para dictar las resoluciones, instrucciones y circulares necesarias para su desarrollo, cumplimiento o interpretación de la presente Orden.
Más información: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) nº 91, de 14/05/2014 (apartado 1 Disposiciones generales, páginas 9-73).
Etiquetas: agrario, Andalucía, AQAA, ayuda 2014, BOJA, CAPDR, comercialización, España, FEADER, Ifapa, O6/5/14, PDR2007-13, RCE1698/05, RCE73/09, RUE1305/13, RUE1306/13, RUE1307/13, RUE1308/13, RUE1310/13, transformación

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Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares, modelos Promasol Elite 2.0 Blue y Promasol Elite 2.6 Blue, fabricados por Nobel International EAD
Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares, modelos Promasol Elite 2.0 Blue y Promasol Elite 2.6 Blue, fabricados por Nobel International EAD	Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares, modelos Promasol Elite 2.0 Blue y Promasol Elite 2.6 Blue, fabricados por Nobel International EAD Mis Leyes
Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares, modelos Promasol Elite 2.0 Blue y Promasol Elite 2.6 Blue, fabricados por Nobel International EAD Estado	:
Ministerio de Industria, Energía y Turismo	Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la solicitud de renovación de certificación de los captadores solares térmicos presentada por:Titular: Promasol, S.L.Domicilio social: C/Ciro Alegría, número 3, Pol. Ind. Guadalhorce - 29004 Málaga.Fabricante: Nobel International EAD.Lugar fabricación: Bulgaria.De los captadores solares que fueron certificados con las contraseñas y la fecha de resolución que se relaciona a continuación.ModeloContraseñaFecha resoluciónPromasol Elite 2.0 BlueNPS _ 3231519/11/2015Promasol Elite 2.6 BlueNPS _ 3241519/11/2015Conforme a los ensayos emitidos:LaboratorioClaveDemokritos4085DQ1, 4077DE1, 4079DE1, 4087DQ1, 4081DE1, 4083DE1,4086DQ1, 4080DE1, 4082DE1, 4084DQ1, 4076DE1, 4078DE1.Resultando que se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, sobre exigencias técnicas de los paneles solares.Esta Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto renovar la certificación de los citados productos, con las contraseñas de certificación:ModeloContraseñaPromasol Elite 2.0 BlueNPS _ 19616Promasol Elite 2.6 BlueNPS _ 19716Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de resolución, definiendo como características del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación.Esta certificación se ajusta a las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los paneles solares, actualizadas por la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre. Asimismo, el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o disposición que le sea aplicable.Según la disposición transitoria de la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, se otorga un periodo transitorio de cuatro años para que las certificaciones de captadores solares se realicen según las Normas UNE-EN 12.975-1 y UNE-EN 12.975-2. Transcurrido dicho plazo, 12 de diciembre de 2018, tanto para la certificación como para la renovación, se deberán presentar los informes de ensayo según las normas UNE-EN 12.975-1 e ISO 9.806, no siendo válidos por tanto a efectos de la próxima renovación a partir de la fecha indicada, los informes de ensayo que se hubieran presentado para la presente renovación y no cumpliesen las citadas Normas.La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, potestativamente, el recurso de reposición ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de publicación de esta resolución conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución, conforme la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.1. Modelo con contraseña NPS _ 19616Identificación:Fabricantes: Nobel International EAD.Nombre comercial: Promasol Elite 2.0 Blue.Tipo de captador: plano.Año de producción: 2011.Dimensiones:Longitud: 2.030 mm. Ancho: 1.030 mm.Altura: 80 mm. Área de apertura: 1,88 m2.Área total: 2,09 m2.Especificaciones generales:Presión de funcionamiento máximo: 10 atm.Fluido de transferencia de calor: agua.2. Modelo con contraseña NPS _ 19716Identificación:Fabricantes: Nobel International EAD.Nombre comercial: Promasol Elite 2.6 Blue.Tipo de captador: plano.Año de producción: 2011.Dimensiones:Longitud: 2.029 mm. Ancho: 1.283 mm.Altura: 80 mm. Área de apertura: 2,37 m2.Área de absorbedor: 2,3 m2.Área total: 2,6 m2.Especificaciones generales:Peso: 44 Kg.Presión de funcionamiento máximo: 10 atm.Fluido de transferencia de calor: agua.Resultados del ensayo para el modelo de menor tamaño de la familia:Rendimiento térmico:?00,73a14,74W/m2Ka20,005W/m2K2Nota: referente al área de aperturaPotencia extraída por unidad de captador (W):Tm _ Ta en K400 W/m2700 W/m21.000 W/m210340645950302015068115057362667Resultados del ensayo para el modelo de mayor tamaño de la familia:Rendimiento térmico:?00,76a14,61W/m2Ka20,004W/m2K2Nota: referente al área de aperturaPotencia extraída por unidad de captador (W):Tm _ Ta en K400 W/m2700 W/m21.000 W/m21061511591702303899331476501556991243Madrid, 11 de mayo de 2016._La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín.
Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares, modelos Promasol Elite 2.0 Blue y Promasol Elite 2.6 Blue, fabricados por Nobel International EAD	Trámites

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