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Lo que hay que saber de la ejecución de sentencia contenciosa | | delaJusticia.com
La finalidad del proceso es zanjar el conflicto, lo que normalmente tiene lugar por la sentencia. Sin embargo, la sentencia ha de ejecutarse y aquí suele replantearse un nuevo escenario.
En unas ocasiones, la administración acatará y llevará a pronto y exacto cumplimiento la sentencia, pero en otros casos, como tahúr derrotado, la administración perdedora intentará burlar al recurrente en este incidente de ejecución, bien demorando su cumplimiento o bien sacándose pretextos y ases de la manga jurídica para vaciar su contenido.
De ahí la importancia de conocerse al dedillo el trámite de ejecución de sentencias, al cual dedica la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa tan solo diez artículos (103 a 113 LJCA) con una supletoriedad mínima de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por eso, resulta sumamente útil una sentencia como la dictada por la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 4 de Diciembre de 2017 (rec. 832/2016) que dedica un apartado a exponer de forma didáctica y actual lo que debería saberse del trámite de la ejecución de sentencias contencioso-administrativas. Y debería saberse para que no se repita la historia, de la que he sido espectador privilegiado numerosas veces, de grandes abogados que laboriosamente conquistan la sentencia estimatoria y luego por ignorancia procesal, ven burlado su triunfo en el incidente de ejecución de sentencia.
Así que bien está dedicar tres minutos a la lectura de este fragmento de esta importante sentencia y guardarla a buen recaudo porque encierra lo esencial de tan importante incidente, a modo de regalo navideño. Adelante…
Sigamos la literalidad de la sentencia, que encierra perlas a cada recodo:
PRIMERO.- Nos presenta el incidente de ejecución a conocer.
Al margen de las amplias facultades que la LRJCA concede en su artículo 108 al Juez o Tribunal para proceder a la ejecución de la sentencias firmes, y con la finalidad de obligar a la Administración a realizar una determinada actividad o dictar un acto, el citado texto legal de 1998 contempla y establece un procedimiento a través del cual han de plantearse y resolverse todas las cuestiones que se susciten en el desarrollo de la ejecución de las sentencias; esto es, el legislador deja establecido un marco procesal, obviamente incidental, en el que han de resolverse todas las cuestiones, de la más diversa índole, que pudieran plantearse en el intento de llevar el contenido del fallo “a puro y debido efecto”.
SEGUNDO.- Nos expone las vertientes fundamentales de la figura (quién y qué):
Se trata del incidente de ejecución de sentencia que el legislador contempla en el artículo 109 de la LRJCA, y del que pueden destacarse los siguientes aspectos esenciales:
1º. En primer término, y por lo que hace referencia a la legitimación para el inicio del procedimiento, se observa como el legislador ha ampliado considerablemente estas posibilidades, pues, en el artículo 109.1, expresamente se refiere a “la Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo”, como quienes se encuentra habilitados para promover el mencionado incidente con la amplia finalidad de “decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución” de la sentencias. En consecuencia, desde una perspectiva subjetiva, el legislador reitera la expresión “personas afectadas” – –también utilizada en el 104.2, del mismo testo legal—, y, desde un punto de vista material, el ámbito procedimental cuenta con un doble parámetro de control: el uno, de carácter temporal (“mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia”) , y, el otro, de carácter objetivo (“sin contrariar el contenido del fallo”) .
2º. El objeto del expresado procedimiento incidental cuenta con una gran amplitud, al señalarse expresamente que puede estar constituido por “cuantas cuestiones se planteen en la ejecución”, citándose, a título de ejemplo, las siguientes: “a) Órgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones. b) Plazo máximo para su cumplimiento en atención de las circunstancias que concurran. c) Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir”. Esto es, tal precepto (109.1), en modo alguno, señala los indicados objetos o contenidos de este procedimiento incidental cual numerus clausus, al referirse a ellos, como ya hemos expuesto, con la siguiente expresión delimitadora: “cuantas cuestiones se planteen en la ejecución y especialmente las siguientes”.
TERCERO.- Nos ofrece un inventario de cuestiones que ocupan y preocupan a los incidentes:
Por tanto, tal amplitud del mencionado ámbito procedimental permite que el presente incidente pueda ser utilizado en determinados supuestos contemplados por la propia LRJCA y directamente relacionados con la ejecución de las sentencias; así, este incidente sería el adecuado para resolver:
a) Los supuestos de nulidad de pleno derecho de los actos o disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, de conformidad con el artículo 103.4 de la LRJCA; esto es, en concreto, para dilucidar y comprobar si los mismos, realmente, han sido dictados para eludir los mencionados pronunciamientos. Así lo dispone expresamente el apartado 5 del mismo artículo 103 “salvo que careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en esta Ley”.
b) Los supuestos (artículo 108.2 LRJCA ) de actuaciones administrativas de carácter material, posteriores a la sentencia, que contravinieran los pronunciamientos del fallo de la misma; esto es, sería el procedimiento adecuado para determinar si tal actuación se ha producido y, en su caso, y en consecuencia, proceder a la reposición de la situación fáctica resultante de la mencionada actuación administrativa discordante.
c) Los supuestos de imposibilidad material o legal, de ejecución de la sentencia (artículo 105 LRJCA), así como las consecuencias derivadas del mismo (adopción de medidas e indemnización, en su caso). d) Y, por último, también se incluirían en este Incidente las cuestiones que se susciten al amparo del artículo 108.3 de LRJCA (añadido por la Ley Orgánica 7/2015, en relaciones con ejecuciones de sentencias que implique demoliciones de inmuebles.
CUARTO.- Se exponen los trámites.
3º. En tercer lugar, el legislador, en el número 2 del expresado artículo 109 se remite al procedimiento incidental, calificándolo de cuestión incidental, y considerando como trámites a seguir, el de la audiencia o traslado a las partes en el procedimiento seguido —por un plazo máximo de veinte días, para que aleguen lo que estimen procedente—, y la conclusión de la cuestión incidental mediante auto dictado por el Juez o Tribunal, en el plazo de diez días. Obviamente, el período probatorio sería también viable en este incidente
QUINTO.- El papel del juez, mas allá de vigilante pasivo de la ejecución
“…, a diferencia del sistema tradicional, que se contenía en el artículo 103 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa de 27 de diciembre de 1956 (LRJCA 56), conforme al cual “la ejecución de las sentencias corresponderá al órgano que hubiere dictado el acto o la disposición objeto del recurso”, la vigente Ley 28/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa (LRJCA), dando un giro trascendental, proclama, en el artículo 103.1 que “la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de éste orden jurisdiccional”. La misma LRJCA aclara y determina, a continuación, en el inciso final del mismo artículo 103.1, cual es el órgano jurisdiccional competente dentro del expresado orden jurisdiccional contencioso administrativo para llevar a cabo dicha ejecución jurisdiccional; y así, dispone que el “ejercicio” concreto de la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales “compete al —órgano judicial— que haya conocido del asunto en primera o única instancia”. En el supuesto de autos, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Tal planteamiento constituye una clara consecuencia del mandato, más genérico, pero de superior rango, contenido en el artículo 117.3 de la Constitución de 1978 (CE), que señala que “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”; mandato que se reproduce en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1º de julio, del Poder Judicial (LOPJ). La Exposición de Motivos de la LRJCA señala que el nuevo texto legal “ha realizado un importante esfuerzo para incrementar las garantías de ejecución de las sentencias, desde siempre una de las zonas grises de nuestro sistema contencioso administrativo“. Y en tal sentido añade que “el punto de partida reside en la imperiosa obligación de cumplir las resoluciones judiciales y colaborar en la ejecución de lo resuelto, que la Constitución prescribe”, lo cual, a su vez, entronca “directamente con el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que, como viene señalando la jurisprudencia, ese derecho no se satisface mediante una justicia meramente teórica, sino que conlleva el derecho a la ejecución puntual de lo fallado en sus propios términos”, por cuanto “la negativa, expresa o implícita, a cumplir una resolución judicial constituye un atentado a la Constitución frente al que no caben excusas”. Fue la propia Constitución de 1978 la que dispuso, en el artículo 118, que “es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales”; mandato que es desarrollado en términos subjetivos de gran amplitud en el artículo 17.2 de la citada LOPJ al señalar que “las Administraciones Públicas, las Autoridades y funcionarios, las Corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes”.
SEXTO.- Y para ello, el juez debe aplicar diligencia frente a la administración morosa o contumaz, o sea espolear o aplicar la fusta de la multa coercitiva.
En la citada STS dejábamos constancia de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre ejecución se sentencia (citando la STC 22/2009, de 26 de enero), que concluía señalando:
“También se ha señalado que, cuando para hacer ejecutar lo juzgado, el órgano judicial adopta una resolución que ha de ser cumplida por un ente público, éste ha de llevarla a cabo con la necesaria diligencia, sin obstaculizar el cumplimiento de lo acordado, por imponerlo así el art. 118 de la Constitución, y que cuando tal obstaculización se produzca, el Juez ha de adoptar las medidas necesarias para su ejecución sin que se produzcan dilaciones indebidas, pues el retraso injustificado en la adopción de las medidas indicadas afecta en el tiempo a la efectividad del derecho fundamental ( STC 149/1989, de 22 de septiembre , F. 3)”.
SÉPTIMO.- Eso sí, todos, particulares y autoridades, deben colaborar para su ejecución, lo que abre el paso a terceros colaboradores y como no, a “comisarios” judiciales (tanto administraciones, como funcionarios o particulares) para contribuir a facilitar la ejecución.
La vigente LRJCA, dado su carácter procesal, centra, sin embargo, tal obligación de cumplimiento de las sentencias en las partes procesales; esto es, en quienes han tenido tal consideración procesal dentro del recurso o proceso que ha dado lugar a la sentencia cuya ejecución se pretende, señalando, en tal sentido, en su artículo 103.2, que “las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en estas se consignen”. Pero la obligación es más amplia.
El mandato constitucional contenido en el artículo 118 de la Constitución de 1978 de “prestar la colaboración requerida —por los Jueces y Tribunales— en el curso del proceso y en ejecución de lo resuelto” —que luego reiterara el artículo 17.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial—, aparece igualmente recogido en el nuevo artículo 103.3 de la LRJCA, al señalarse que “todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales Contencioso- administrativos para la debida y completa ejecución de lo resuelto”. La Exposición de Motivos de la misma, de forma explícita, se refiere a tal deber o principio, recordando “la imperiosa obligación de cumplir las resoluciones judiciales y colaborar en la ejecución de lo resuelto, que la Constitución prescribe, y… entronca directamente con el derecho a la tutela judicial efectiva…”.
Con ello queda perfectamente delimitado el marco procesal del incidente de ejecución. Es cierto que podría profundizarse en otras cuestiones, como el críptico incidente de garantía de terceros del art.108.3 LJCA, enredo próximo a deshacerse, o las costas de tales incidentes (puesto que deben imponerse siguiendo la perversa regla general) o la exigencia de forma de auto para dictar resoluciones que encuadren la ejecución (aunque la praxis muestra providencias para requerimientos o peticiones de información), o la cuestión de hasta donde resulta posible la ejecución de sentencia meramente declarativas (en principio, solo cuando de las mismas se deriven beneficios para terceros), o la imposición de multas coercitivas para su pronta ejecución…
… Pero eso son otras historias que nos ocuparán otro día…
22 comments on “Lo que hay que saber de la ejecución de sentencia contenciosa”
Se te ocurre algún ejemplo práctico de estos, de alguna administración autonómica un poco más norteña, como por ejemplo… Asturias!!! 🙂 🙂 ;), la cual tiene la curiosa costumbre de no ejecutar sentencias (jefaturas de servicio, carrera horizontal discriminatoria, etc, etc, etc )
La semana pasada coincidimos en el Café París Avda de Galicia, pero me dio apuro saludarte ya que ibas acompañado.
Por desgracia, es un mal que aqueja a muchas administraciones😞😞. Por favor, siempre me agrada saludar y cambiar impresiones con lectores y colegas letrados, funcionarios o sencillamente “hombres de bien”
Buenos días. Si se mete en una coctelera la dificultad real de ejecutar determinadas sentencias en lo contencioso-administrativo y le añadimos una dosis de alto riesgo a las costas judiciales antes de embarcarse en la aventura judicial, el resultado será una previsible quiebra de la confianza de los ciudadanos en la tutela judicial efectiva. Véanse por ejemplo las ejecuciones de sentencias urbanísticas (planeamiento y gestión) o en materia medioambiental. Ciertamente son más fáciles de ejecutar (y se ejecutan aunque sea tarde) las de contenido económico. Un cordial saludo desde Málaga.
Bien lo sabes, Gonzalo, y bien lamento que ser administrativista sea una profesión de riesgo😞.¡ un abrazo cálido desde Asturias, con mi agradecimiento retroactivo!
Querido JR.: previo agradecimiento por la Sentencia (utilísima) y que con las demás pasa al acervo de pequeños tesoros a consultar, lamento decir que nos estamos volviendo unos blandos.
Ser administrativista, así como tirarse embutido en una piragua minúscula por una cascada de 15 metros o tirarse de un puente colgado de un arnés, no constituye una actividad de riesgo, es a lo sumo una actividad de resultado incierto.
Una actividad de riesgo es aquella de la que puede devenir un mal cierto, ininente o futuro, como decirle a la autoridad ( o sea, a tu mujer) que no vais a salir a cenar porque tienes que acabar una demanda.
Es un magistral trabajo muy ilustrativo y útil para los juristas, cual es el caso de los abogados, gracias.
“éste ha de llevarla a cabo con la necesaria diligencia, sin obstaculizar el cumplimiento de lo acordado, por imponerlo así el art. 118 de la Constitución , y que cuando tal obstaculización se produzca, el Juez ha de adoptar las medidas necesarias para su ejecución sin que se produzcan dilaciones indebidas, pues el retraso injustificado en la adopción de las medidas indicadas afecta en el tiempo a la efectividad del derecho fundamental ( STC 149/1989, de 22 de septiembre , F. 3)”.
Lástima que entre las medidas necesarias no se cuente una acusación por prevaricación. Dos de estas y todo el mundo firmes.Vaya vergüenza contar con una administración así en un Estado de Derecho
Buenos días: La “entradilla” con la que inicio mi sencillo juntaletras para esta nueva entrega de nuestro profesor, creo que viene al hilo para lo que hoy quiero decir: aun cuando mi tempus en estos lares ya ha pasado, sigo, pasivamente, claro, sino al pie, si al lado del cañón. Pues de acuerdo con el Dr. Soler, creo estar legitimado para decir, claro y alto, que lo mio no es envidia, sino afán de superación (aun cuando sin proyección práctica. Sí. tengo la envidia a la que me estoy refiriendo, porque los profesionales de hoy tienen en general y los que siguen este blog, en particular y con un importante plus, herramientas precisas y preciosas para poder desenvolverse, con relativa facilidad, en el intricado camino que hoy refiere el maestro. No hace tantos años, estas precisas y preciosas herramientas de trabajo, ni estaban, ni se les esperaba. Más: ni se conocian (por lo menos yo no las conocía), con su corolario de tener que recorrer el camino dejando cuasi huérfanos de toda orfandad,y dejando muchos pelos en la gatera… Un lujo lo de hoy, sí.
Aprovecho para desear al titular del blog y con él a todos los que le siguen, unas muy felices fiestas navideñas.
Algunas faltas van en mi entrada. Perdonadlas. Al respecto no he estado fino con la sabia advertencia de Machado: Despacito y buena letra; es más importante hacer las cosas bien que el hacerlas… Lo siento.
Una dificultad añadida cuando tratamos de ejecución de cantidad líquida es la “resistencia” inicial de algunos juzgados o tribunales -no todos- a iniciar dicha ejecución, aunque ya se adelante que se dirige en último término frente a bienes patrimoniales no afectos a un servicio público.
El TS ya ha avalado en reiteradas ocasiones esta posibilidad ya que caso contrario se vaciaría de contenido el fallo judicial, pero los resultados en la práctica son muy dispares.
yo he planteado el incidente del 109 LJCA, ya que, en sede de ejecución, la administración pretendía “reabrir” el expediente administrativo y el TSJ ha dictado un auto bastante contundente contra la Administración, incluso con advertencia de deducir testimonio de particulares para dilucidar una eventual responsabilidad penal de no acatar la sentencia
Ha tenido ud. mucha suerte, y , sin duda, lo ha hecho muy bien. Felicitaciones.
Excelente análisis MAESTRO, eres mi Ángel de la guarda, porque justo ahora estoy con un caso que abarca todo lo que has explicado.
Por cierto, no es la primera vez que estoy estudiado un caso y, por arte de magia, aparece una entrada en este blog que trata el asunto, me estoy pesando hacer un barrido en mi despacho para ver si tengo micrófonos, cámaras o similares.
Por favor, descasa un poco en tu actividad literaria, no tengo tiempo de leer todo lo que publicas.
O sea que parece ratificas el contenido de mi juntaletras de hoy y que aparece (con sus faltillas y todo) más arriba. Es que es innegable que los compañeros de hoy tenéis muchos vías y/o canales de formación/información, que tuvimos los de hace ya unos poquitos años. O lo que es igual: NO CUALQUIER TIEMPO PASADO FUE MEJOR (EN MUCHAS COSAS SI, PERO NO EN TODAS). Y en cuanto a la petición (o consejo que das al jefe) pues creo que vas a pinchar en hueso. Afortunadamente, a JR no lo para ni la ciclogénesis de ANA ni de ninguna otra denominación. Repito: afortunadamente.
¿También en Reino Unido, Alemania, Suecia…hay que recordar a la Administración que las sentencias hay que ejecutarlas?
La pasada semana volvieron a pasar por televisión “La gran evasión” (película de 1963, dirigida por John Sturges). Al leer su artículo no he podido dejar de relacionarlo con misma, en un doble sentido : 1º) la Administración, aquí teórica prisionera de la sentencia, saltándose la vigilancia y control (normalmente pasivo, condescendiente y/o descuidado) de los Tribunales, aquí pretendidos guardianes de aquélla, inventa imaginativas formas para poder escaparse, aunque a veces ni siquiera necesita de ellas, y, finalmente, lo consigue en demasiadas ocasiones, sin mayores problemas, ni consecuencias (salvo para la contraparte que ve como su ganada sentencia se diluye en la nada); 2º) hay un personaje en la película, Blythe, el experto en falsificaciones (que interpreta Donald Pleasence), que repite -una y otra vez- una palabra que resume a la perfección su análisis y comentario ¡Espléndido!
Muchas gracias por un documento tan útil y pragmático, además de muy bien escrito. Me encantaría que nos dieras alguna clase en el Colegio de Abogados, si fuera posible.
En la sentencia numero 15/2017 de fecha 20/01/2017 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS de Cantabria, en el Recurso de apelación 136/2016, en la Pieza Incidentes en fase de ejecución, a raíz de la pretensión de suspensión de la ejecución prevista en el artículo 108.3 de la LJCA a través del incidente procesal en fase de ejecución del artículo 109 de la LJCA , la ponente Maria Esther Castanedo García, hace una reflexión a mi juicio de interés: ”(…) el legislador prevé este incidente como un trámite para determinados supuestos “abiertos” , no se dá una lista cerrada de cuestiones que se deban resolver a través de él , sino que se dice que las partes podrán solicitar la apertura de este para cuantas cuestiones se planteen en la ejecución. Esto no supone que toda cuestión conlleve necesariamente la apertura de este incidente procesal, sino sólo cuando el juez estime que es necesario. Lo será en los tres supuestos enumerados por el legislador, pero en los demás puede que no sea necesario la tramitación del artículo 109 de la LJCA,.
Juanjo Pérez Capapay
Cuando el actor acaba renunciando a la ejecución de la sentencia, porque la trascendecia de la nulidad de una Oferta de empleo, puede conllevar la nulidad de nombramientos de funcionarios que participaron en un proceso selectivo inmaculado, ahí de querer darle al botón atómico…
Para no llegar a ello,habrá que elaborar un explícito suplico…y ni aún con esas…;Más mano dura con la Administración,que se burla en cada incidente del Poder Judicial…
Veo la cantidad de comentarios que en tan breve tiempo ha suscitado el tema. En vía contencioso-administrativa es común que la administración condenada sea la encargada de ejecutar y los jueces son reticentes a aplicar con diligencia y contundencia el artículo 103.4 LRJCA. Es más, hasta intentan enmendar el daño que pudieran haber provocado con una sentencia de nulidad a la administración, contraviniendo el fallo si es preciso. Primero dan justicia para luego quitarla. Los procesos de ejecución de sentencia son más complejos y largos que el procedimiento hasta la sentencia, de modo que sabe la administración que es cuestión de tiempo que la gente desista, si no lo hace inicialmente. Esto es triste y lamentable porque la Justicia deja de serlo cuando para recurrir necesitas tiempo y dinero para enfrentarse y el que no disponga de los dos, se quedará sin ella. No vale con tener vocación de Estado de Derecho, hay que serlo. La Administración es consciente de que le sale a cuenta incumplir la Ley, y esto nos perjudica a todos a la postre porque fija un modus operandi que en algún momento nos tocará. Alguna vez he oído a algún Juez decir que su labor es la paz social…Desde luego, en la vía contenciosa como en las demás, su labor es hacer cumplir la Ley a la propia Administración depurando la actuación administrativa viciada. Gracias por su post.

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 SENTENCIA 2016-00109 DE FEBRERO 23 DE 2017
SENTENCIA 2016-00109 DE 23 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS NO REQUIEREN CUMPLIMIENTO TOTAL DEL PERIODO DE ALTERNACIÓN PARA SER NOMBRADOS EN OTRO CARGO. SE EXPLICA POR PARTE DE LA SALA, QUE CUANDO EXISTA PRUEBA QUE DEMUESTRE QUE ALGUNO DE LOS FUNCIONARIOS INSCRITOS EN CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR LLEVA MÁS DE 12 MESES EN EL PERIODO DE ALTERNACIÓN ESTARÍA ACREDITADO COMO FUNCIONARIO DISPONIBLE PARA EL NOMBRAMIENTO DE OTRO CARGO. ELLO TODA VEZ QUE NO SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO COMPLETO DEL PERIODO DE ALTERNACIÓN, ACORDE CON EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 37 DEL DECRETO LEY 274 DEL 2000, QUE REGULA LA FRECUENCIA DE DICHOS LAPSOS. DE IGUAL FORMA INDICÓ QUE LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTREN PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR NO PODRÁN SER DESIGNADOS EN OTRO CARGO EN EL EXTERIOR ANTES DE CUMPLIR LOS 12 MESES EN LA SEDE RESPECTIVA, SALVO CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES CALIFICADAS COMO TALES POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DE DICHA CARRERA O DESIGNACIONES EN OTROS CARGOS DENTRO DEL MISMO PAÍS. RESULTA IMPORTANTE INDICAR QUE LA CORPORACIÓN DEFINIÓ LA ALTERNACIÓN COMO UNA FIGURA POR MEDIO DE LA CUAL SE PRETENDE QUE QUIENES PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTRANJERO NO LO HAGAN EN FORMA INDEFINIDA SINO QUE RETORNEN, ASÍ SEA POR UN TIEMPO, AL PAÍS PARA QUE SE MANTENGAN EN PERMANENTE CONTACTO CON LA REALIDAD DE SU LUGAR DE ORIGEN Y PUEDAN REPRESENTAR MEJOR LOS INTERESES DEL ESTADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:FALLO EN JUICIO ELECTORAL, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR, AGENTE DIPLOMÁTICO, FUNCIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, REGULACIÓN DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR, FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Sentencia 2016-00109 de febrero 23 de 2017
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).
Rad.: 25000-23-41-000-2016-00109-01
Demandada: Ana Piedad Jaramillo Restrepo, ministro plenipotenciario, embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Francesa
Asunto: Fallo electoral de segunda instancia, excepción al cumplimiento de todo el periodo de alternación de conformidad con el parágrafo del artículo 37 del Decreto 274 de 2000
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo como también con el artículo 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999 —Reglamento del Consejo de Estado—, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003, esta corporación es competente para conocer de la apelación interpuesta por el demandante contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” que denegó las pretensiones de la demanda.
2. Acto demandado.
Se trata del Decreto Nº 2402 de 11 de diciembre de 2015 “Por el cual se hace un nombramiento provisional en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores” mediante el cual se nombró provisionalmente a la doctora ANA PIEDAD JARAMILLO RESTREPO, Ministra Plenipotenciaria adscrita a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Francesa.
En la audiencia inicial la fijación del litigio fue determinar si el Decreto 2402 de 11 de diciembre de 2015, por medio del cual se realiza el nombramiento en provisionalidad de la señora ANA PIEDAD JARAMILLO RESTREPO como ministro plenipotenciario, código 0074, grado 22 de la planta del Ministerio de Relaciones Exteriores adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Francesa vulnera los artículos 2º, 4º, 6º, 13, 25, 59, 83, 84, 123, 125 y 209 de la Constitución Política, los artículos 4º, parágrafo del 37, 53 y 60 del Decreto 274 de 2000 y el artículo 17 de la Ley 909 del año 2004.
El a quo resolvió que los funcionarios que están inscritos en el escalafón en el rango de ministros plenipotenciarios, para la fecha de expedición del decreto demandado, no podían ser nombrados porque se encontraban en cumplimiento el periodo de alternación.
Afirmó que no resulta suficiente con que existan funcionarios inscritos en carrera diplomática, además, es imperioso que se agote el cumplimiento de los periodos de alternación, requisito obligatorio dentro de la labor desarrollada en el servicio exterior en aplicación del régimen especial dispuesto mediante el Decreto-Ley 274 de 2000, tal y como lo ha expuesto el Consejo de Estado(15) en casos, en los cuales ha reconocido que para ser nombrado en propiedad en la carrera diplomática el funcionario debe haber cumplido el régimen de alternación.
Destacó que la parte actora, no acreditó que los funcionarios inscritos en carrera diplomática y consular, para el cargo de consejero ya hubiesen terminado el lapso de alternación, como lo exige el artículo 35 del Decreto 274 de 2000.
Para finalizar, expuso el tribunal que “...el hecho de haber sido designados los funcionarios en cargos inferiores al que tienen en el escalafón tampoco deviene ilegal el nombramiento cuya nulidad se depreca en este proceso, pues dicha posibilidad es compatible con el ordenamiento jurídico como lo ha reconocido la Corte Constitucional en virtud de la necesidad de darle cumplimiento al sistema de alternación en los cargos de la actual planta global como institución inherente a la carrera diplomática y consular”.
Finalmente, insistió en que la parte actora no aportó ninguna prueba que demuestre que las personas inscritas para el cargo de ministro plenipotenciario hayan terminado los lapsos de alternación, pero sí está demostrado que esos mismos funcionarios están “...adelantando los respectivos periodos de alteración en diferentes cargos dentro de la carrera diplomática y en la actual planta de la cancillería”.
Por su parte, el recurrente, afirma que como lo manifestó la Ministra de Relaciones Exteriores existían doce (12) funcionarios de carrera, inscritos en el escalafón de ministro plenipotenciario, quienes para la fecha de expedición del acto demandado, estaban ejerciendo cargos de inferior rango y dignidad como los de ministros consejeros, consejero o primer secretario.
Que en el Ministerio de Relaciones Exteriores existe planta de personal global y flexible en la cual habían funcionarios de carrera con mejor derecho a ocupar el cargo en el cual se nombró a la demandada
Como también que el decreto que se pide anular desconoció el contenido del parágrafo del artículo 37 del Decreto 274 de 2000 que dispone que “...quienes se encuentren prestando sus servicios en el exterior, se cumple si han superado un lapso de 12 meses en la respectiva sede...”.
Así las cosas, corresponde a la Sala establecer si hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, a declarar la nulidad del acto demandado, en la medida que, según el recurrente, al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores existían funcionarios, en el rango de ministro plenipotenciario, inscritos en carrera diplomática y consular que tenían mejor derecho, que la doctora ANA PIEDAD JARAMILLO RESTREPO, para ser nombrados.
En consecuencia, para resolver la anterior problemática, la Sala abordará el estudio de los siguientes aspectos: i) normativa de la carrera diplomática y consular; ii) la alternación; iii) provisionalidad; y iv) caso concreto.
i) Normativa de la carrera diplomática y consular.
El Decreto-Ley 274 de 2000 regula el Servicio Exterior de la República y la carrera diplomática y consular. Según el artículo 5º de dicha normativa los cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores se clasifican en a) libre nombramiento y remoción; b) carrera diplomática y consular y; c) carrera administrativa.
Para el caso que nos ocupa, conviene precisar que de conformidad con el artículo 10º del decreto en mención, el cargo de ministro plenipotenciario hace parte del escalafón de la carrera diplomática y consular la cual según el artículo 13 de la misma normativa “...es la carrera especial jerarquizada que regula el ingreso, el ascenso, la permanencia y el retiro de los funcionarios pertenecientes a dicha carrera, teniendo en cuenta el mérito”.
En los siguientes artículos la mencionada normativa se encarga de regular el ingreso y ascenso a la carrera diplomática y consular, la evaluación y calificación del desempeño, la permanencia, la alternación, la disponibilidad, las comisiones, la provisionalidad, condiciones laborales especiales, el retiro del servicio, los órganos de carrera, el régimen disciplinario y demás aspectos pertinentes a la materia.
ii) La alternación.
Según el artículo 35 del Decreto-Ley 274 de 2000 “...en desarrollo de los principios rectores de eficiencia y especialidad, los funcionarios de la carrera diplomática y consular deberán cumplir actividades propias de la misión y de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, con lapsos de alternación entre su servicio en planta externa y su servicio en planta interna”.
El anterior precepto fue declarado exequible por parte de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-808-2001(16).
En este mismo sentido el Consejo de Estado definió la alternación como la “...figura por medio de la cual se pretende que quienes prestan sus servicios en el extranjero no lo hagan en forma indefinida sino que retornen, así sea por un tiempo, al país para que se mantengan en permanente contacto con la realidad de su lugar de origen y puedan representar mejor los intereses del Estado”(17).
Por su parte, el artículo 37, del mismo decreto ley se encarga de fijar la frecuencia de la mentada alternación, así:
“a. El tiempo de servicio en el exterior será de 4 años continuos, prorrogables hasta por 2 años más, según las necesidades del servicio, previo concepto favorable de la comisión de personal de la carrera diplomática y consular, el cual deberá tener en cuenta la voluntad del funcionario.
b. El tiempo del servicio en planta interna será de 3 años, prorrogables a solicitud del funcionario, aprobada por la comisión de personal de la carrera diplomática y consular. Exceptúense de lo previsto en este literal los funcionarios que tuvieren el rango de tercer secretario, cuyo tiempo de servicio en planta interna al iniciar su función en esa categoría, será de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del período de prueba.
PAR.—Los funcionarios de la carrera diplomática y consular que se encontraren prestando su servicio en el exterior no podrán ser designados en otro cargo en el exterior, antes de cumplir 12 meses en la sede respectiva, salvo circunstancias excepcionales calificadas como tales por la Comisión de personal de dicha carrera o designaciones en otros cargos dentro del mismo país” (Negrillas fuera de texto).
iii) Provisionalidad.
El artículo 60 del decreto en análisis, prevé que “...por virtud del principio de especialidad, podrá designarse en cargos de carrera diplomática y consular, a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente sobre la materia, no sea posible designar funcionarios de carrera diplomática y consular para proveer dichos cargos. Igualmente en desarrollo del mismo principio, estos funcionarios podrán ser removidos en cualquier tiempo” (Negrillas fuera de texto).
La Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo 60 del Decreto-Ley 274 de 2000, sostuvo:
“La Corte advierte que en el artículo 60 la invocación del principio de especialidad se hace para permitir el nombramiento en cargos de la carrera diplomática y consular de personas que no pertenecen a ella y que a ello se remite la naturaleza de los nombramientos en provisionalidad. En cuanto a esto hay que indicar que la provisionalidad es una situación jurídica especial que hace parte de cualquier carrera administrativa pues en muchas ocasiones la urgencia en la prestación del servicio impone la realización de nombramientos de carácter transitorio hasta tanto se surten los procedimientos necesarios para realizar los nombramientos en período de prueba o en propiedad. Si ello es así, no se advierten motivos para declarar inexequible una norma que se ha limitado a permitir tales nombramientos previendo una solución precisamente para ese tipo de situaciones.
En el artículo 60 no se advierte contrariedad con norma alguna de la Carta Política pues la determinación de la naturaleza de los nombramientos en provisionalidad se liga a la imposibilidad de realizar nombramientos por aplicación de leyes vigentes. De ello se sigue que los cuestionamientos de constitucionalidad contra tal norma son infundados en tanto remiten al legislador la determinación de las circunstancias en las cuales se realizarán los nombramientos en provisionalidad. Por manera que los juicios de constitucionalidad procederán, en su momento, contra las normas que detallen los supuestos de hecho que permitan ese tipo de nominaciones”(18).
Por su parte, el artículo 61 señala que para ser designado en provisionalidad se deben atender las siguientes exigencias: 1) ser nacional colombiano; 2) poseer título universitario oficialmente reconocido, expedido por establecimiento de Educación Superior, o acreditar experiencia según exija el reglamento y; 3) hablar y escribir, además del español, el idioma inglés o cualquier otro de los idiomas oficiales de Naciones Unidas. No obstante el requisito de estos idiomas, podrá ser reemplazado por el conocimiento del idioma oficial del país de destino.
El mismo precepto prevé que el nombramiento en el servicio exterior, cuando se nombra en provisionalidad, no podrá exceder de cuatro años.
iv) Caso concreto.
Como antes se precisó, compete a la Sala establecer si el decreto de nombramiento de la doctora ANA PIEDAD JARAMILLO RESTREPO, en el cargo de ministro plenipotenciario, en provisionalidad, resulta ilegal en la medida que al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores existían funcionarios, en ese mismo, inscritos en carrera diplomática y consular que tenían mejor derecho para ser nombrados, que la demandada.
La Sala debe advertir que esta Sección, en un primer momento(19), concluyó que cuando se solicite la nulidad de nombramientos en provisionalidad de cargos que hacen parte de la carrera diplomática y consular, le compete a la parte actora probar que: i) para la fecha de la cuestionada designación existían funcionarios del mismo rango del demandado, pero también que esas personas ii) no están en cumplimiento del periodo de alternación, en este sentido en el mentado fallo se plasmó:
“La hermenéutica de las normas transcritas supone entonces que la provisión de empleos con funcionarios de carrera, tanto en planta interna como externa, está sujeta al cumplimiento de un requisito muy especial, como es el periodo de alternación. Es decir que no solamente es necesario que exista personal escalafonado en el cargo cuya vacancia habrá de llenarse, sino que el mismo tenga disponibilidad en la medida en que su adscripción a una de las dos plantas de servidores con que cuenta la Cancillería, en cumplimiento de la alternación no se encuentre en curso, es decir, que se haya terminado su periodo de alternancia para poder ser nombrado.
Los mencionados funcionarios y los demás que aparecen en el listado obrante a folios 198 a 201, si bien estaban escalafonados dentro de la carrera diplomática y consular, al momento en que se presentó la vacante en que fue nombrada la ahora demandada, no estaban disponibles para ocupar el cargo por estar en período de alternación, situación que no genera vicio alguno frente a la legalidad de la Resolución número 0387 de 2013; por consiguiente el acto acusado no transgrede entonces lo dispuesto en el Decreto-Ley 274 de 2000, ya que se cumplen los requisitos para designar a la funcionaria en provisionalidad al no existir funcionarios de carrera que hayan cumplido con la alternación en el tiempo que surgió la vacante.
Tesis reiterada en sentencia del 16 de octubre de 2014(20) también dictada por la Sección Quinta de esta corporación.
Empero, esta corporación en fallo de tutela contra providencia judicial de 12 de marzo de 2015(21), respecto a la temática planteada avaló la posición del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección “A”(22), la cual, si bien, acoge lo dicho por el Consejo de Estado en el fallo de 30 de enero de 2014, respecto de la alternación, expuso que se debe tener en consideración que “... si el cargo a proveer ya sea en el interior o en el exterior (i) cuenta con personal inscrito en el escalafón de la carrera diplomática en la misma categoría del empleo a ser provisto, (ii) en caso que el empleo a proveer corresponda a un cargo de la planta externa, el funcionario escalafonado en la misma categoría si se encuentra en el exterior haya cumplido con la frecuencia de 12 meses en la sede respectiva con anterioridad al nombramiento que se haga del respectivo cargo que se encuentra vacante, aserto que deberá encontrarse debidamente probado en el plenario” (Negrilla fuera de texto).
En este sentido en el referenciado fallo de tutela del Consejo de Estado, al respecto, se señaló:
“Del análisis de las consideraciones expuestas por la autoridad judicial accionada se tiene que el primer argumento, con el cual la entidad accionante pretende infirmar la sentencia, referido al ´desconocimiento del precedente jurisprudencial´, observa la Sala que el mismo no está llamado a prosperar, toda vez, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección ´A´, al explicar la situación administrativa de provisionalidad, acogió los argumentos expuestos en la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado de 30 de enero de 2014, relativos a la facultad que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores de realizar nombramientos en provisionalidad, no solo cuando exista personal escalafonado en la categoría del cargo a proveer, sino en los casos que aun existiendo no se presenta disponibilidad, de éste por estar en curso el periodo de alternación.
Sin embargo, es evidente que aun cuando acogió la ratio decidendi, aplicando la excepción contenida en el parágrafo del artículo 37 del Decreto-Ley 274 de 2000, consideró que la decisión a adoptar en el caso concreto no podía ser la misma que tomó en su oportunidad esta Sección, toda vez que, si bien se trataba de un caso similar, las pruebas aportadas al expediente encaminadas a demostrar la existencia o no de un funcionario disponible para ocupar el cargo en carrera no eran iguales.
En efecto, en el caso analizado por esta Sección y que se trae como precedente desconocido había lugar al nombramiento en provisionalidad, porque de las pruebas allegadas en esa oportunidad se podía concluir que no existía personal de carrera disponible para ocupar el cargo, por el contrario, en el sub lite la autoridad accionada encontró plenamente demostrada la existencia de un funcionario que había cumplido el período de permanencia en el cargo en el exterior y que tenía la posibilidad de ser nombrado.
Esta circunstancia no puede ser desvirtuada por la situación expuesta por la entidad accionante, referida a que el funcionario, a su vez, venía trasladado de otro cargo en el exterior, toda vez que aún tenía posibilidad de cumplir su periodo de alternación en un cargo fuera del país en el cual debía ser nombrado para efectos de garantizar sus derechos de carrera.
En consecuencia, pese al que el precedente contenido en la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado es vinculante para el tribunal accionado, en este caso el mismo aplicó la excepción contenida en la norma jurídica que regula la materia de acuerdo a las pruebas allegadas en su oportunidad”.
Dicha tesis según la cual, de existir prueba que demuestre que alguno de los funcionarios inscritos en carrera diplomática y consular lleve más de doce (12) meses en el periodo de alternación, lo acredita como funcionario disponible para el nombramiento pues, no se requiere el cumplimiento completo del periodo, encuentra su fundamento legal en el parágrafo del artículo 37 del Decreto-Ley 274 de 2000, que prevé:
“FRECUENCIA. La frecuencia de los lapsos de alternación se regulará así:
En este sentido el tribunal en el fallo que se cuestionaba, expuso:
“...atendiendo la frecuencia de los lapsos de alternación, en cuanto a que los funcionarios de la carrera diplomática y consular que se encuentren prestando sus servicios en el exterior no pueden ser designados en otro cargo en el exterior antes de cumplir 12 meses en la sede respectiva, y dadas las fechas de la comisión del señor JORGE ALFREDO DÍAZ BRAVO, al momento del nombramiento objeto de la presente controversia, este funcionario de carrera se encontraba disponible, y por tanto cumple con los requisitos para proveer el cargo de Consejero de Relaciones Exteriores código 1210, grado 11 adscrito al Consulado General de Colombia en Chicago, Estados Unidos de América, para que terminara su período de alternación en el servicio exterior...”.
Tesis, nuevamente, reiterada por el propio Consejo de Estado en la sentencia de tutela de 23 de abril de 2015(23), en la que se manifestó:
“Así las cosas, la Sala puede concluir que los funcionarios de carrera diplomática se encontraban en total disponibilidad para ser nombrados en el cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores en el que nombraron al señor Fernando Núñez Cocunubo, porque habían cumplido más de los doce (12) meses prestando sus servicios en el exterior, y por lo tanto, pudieron ser designados en ese cargo, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 37 del Decreto-Ley 274 de 2000 que reza:
(...) Los funcionarios de la carrera diplomática y consular que se encontraren prestando su servicio en el exterior no podrán ser designados en otro cargo en el exterior, antes de cumplir 12 meses en la sede respectiva, salvo circunstancias excepcionales calificadas como tales por la comisión de personal de dicha Carrera o designaciones en otros cargos dentro del mismo país´” (Subrayas de la Sala).
En desarrollo de lo anterior, esta Sección en fallo de 31 de marzo de 2016(24), precisó que para el estudio de procesos como el presente se debe:
“...verificar si (...) está acreditado si alguno de los 8 funcionarios, de los cuales se afirma que estaban inscritos en carrera diplomática en el rango de ministro plenipotenciario, a pesar de estar en cumplimiento del periodo de alternancia, se encuentran en la circunstancia descrita en el parágrafo del artículo 37 del Decreto-Ley 274 de 2000.
La Sala de manera consecuente con los antecedentes jurisprudenciales antes citados, debe insistir en que es al demandante al que le compete probar, vía actas de posesión, la fecha de iniciación de los periodos de alternancia de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en apariencia tenía mejor derecho para ocupar el cargo de ministro plenipotenciario y así poder determinar si hay lugar o no a dar aplicación al parágrafo del artículo 37 del Decreto-Ley 274 de 2000”. (Negrilla fuera de texto).
De acuerdo con todo lo expuesto y en atención a que el nombramiento demandado de la doctora ANA PIEDAD JARAMILLO RESTREPO, en el cargo de ministro plenipotenciario, se realizó en provisionalidad y por así permitirlo el artículo 60 del Decreto-Ley 274 de 2000(25), corresponde a la Sala verificar si, en efecto, no había funcionarios inscritos en la carrera diplomática y consular que pudieran ocupar dicho cargo, esto de conformidad con los derroteros antes mencionados.
Como bien lo anotó el Agente del Ministerio Público obra en el expediente respuesta suscrita por la Ministra de Relaciones Exteriores(26), según la cual para el 11 de diciembre de 2015, fecha en la que se dictó el decreto de designación que se pide anular, existían 12(27) “...funcionarios inscritos en el escalafón de carrera diplomática y consular, en la categoría de ministros plenipotenciarios...”.
De acuerdo con dicho oficio, para la fecha en que se nombró a la doctora ANA PIEDAD JARAMILLO RESTREPO, en el cargo de ministro plenipotenciario, existían 12 funcionarios de carrera inscritos en la misma categoría.
Lo anterior impone que se deba verificar si los mencionados funcionarios estaban cumpliendo su periodo de alternación y de ser así, si alguno de ellos está inmerso en la excepción de que trata el parágrafo(28) del artículo 37 del Decreto-Ley 274 de 2000.
Para el efecto, se allegó al plenario(29), certificación, suscrita por la directora de talento humano del Ministro(sic) de Relaciones Exteriores, según la cual las siguientes personas están cumpliendo sus periodos de alternación, doctores: Olga Cielo Molina de la Villa, Mirza Cristina Gnecco Pla, Pablo Antonio Rebolledo Schloss, Rafael Guillermo Arismendy Jiménez, Francisco Alberto González, Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez, Nohra María Quintero Correa y Adda Isabel Borda Medina.
Hasta acá se podría afirmar que, como lo expone el apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la fecha en que se nombró a la demandada Ministra Plenipotenciaria, las personas que podrían ser nombradas en su lugar estaban en cumplimiento del periodo de alternación, lo que deviene en la imposibilidad de nombrarlos.
Empero, de acuerdo con la tesis de la Sala, según la cual debe verificarse si alguno de ellos ya lleva más doce (12) meses en alternación, caso en el cual bien podrían ser designados, en otro cargo en el exterior, según lo dispuesto por el del artículo 37 del Decreto-Ley 274 de 2000.
En este orden de ideas, revisado el expediente la Sala encuentra que los siguientes actos de posesión de los funcionarios de los cuales se probó que están cumpliendo su alternación:
i) Nº 303 de 1º de agosto de 2014 de Olga Cielo Molina de la Villa, como Ministro Consejero adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Corea(30).
ii) Nº 002 de 2 de enero de 2013 de Mirza Cristina Gnecco Pla, como Ministro Consejero adscrito al Consulado de Colombia en Oranjestad(31).
iii) Nº 419 de 1º de septiembre de 2011 de Nohra María Quintero Correa como Consejero de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Austria(32).
iv) Sin número, de 25 de julio de 2013 de Pablo Antonio Rebolledo Schloss como Consejero de Relaciones Exteriores adscrito al Consulado General de Colombia ante Auckland, Nueva Zelanda(33).
v) Nº 004 de 2 de enero de 2012 de Rafael Guillermo Arismendy Jiménez como Primer Secretario de Relaciones Exteriores adscrito a la embajada de Colombia ante el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos(34).
vi) Nº 322 de 1º de agosto de 2013 de Adda Isabel Borda Medina como Ministro Consejero de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores(35).
vii) Nº 38 de 17 de enero de 2014 de Francisco Alberto González como Ministerio Consejero adscrito a la Misión Permanente del Gobierno de Colombia ante la ONU(36).
viii) Nº 163 de 19 de marzo de 2012 de Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez como Primer Secretario de Relaciones Exteriores adscrito al Consulado General de Colombia en Houston.
Teniendo en cuenta que el nombramiento demandado data del 11 de diciembre de 2015, se advierte que en aplicación del parágrafo del artículo 37 del Decreto-Ley 274 de 2000, todo funcionario que para la mentada fecha, ya tuviera más de 12 meses en cumplimiento del periodo de alternación, bien habría podido ser nombrado en lugar de la demandada, pues tiene el rango de ministro plenipotenciario inscrito en carrera diplomática y consular.
De acuerdo con la información, allegada por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, antes descrita se tiene que los doctores: Olga Cielo Molina de la Villa, Mirza Cristina Gnecco Pla, Pablo Antonio Rebolledo Schloss, Rafael Guillermo Arismendy Jiménez, Francisco Alberto González, Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez, Nohra María Quintero Correa y Adda Isabel Borda Medina, para la fecha de expedición del decreto de nombramiento demandado ya contaban con más de 12 meses de cumplimiento del periodo de alternación.
En contera, contrario a los argumentos de defensa expuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, está probado que al menos ocho (8) de sus funcionarios, los antes mencionados, estaban inscritos en carrera diplomática y consular, en el rango de Ministros Plenipotenciarios y, si bien estaban en periodo de alternación, los mismos ya habían superado el término de doce meses que exige el parágrafo del artículo 37 del Decreto-Ley 274 de 2000 para poder “ser designados en otro cargo en el exterior”,
Todo lo dicho lleva a esta Sala a concluir que sí existían funcionarios de carrera que podían ser nombrados en el lugar de la doctora ANA PIEDAD JARAMILLO RESTREPO, situación que desconoce la exigencia del artículo 60 del Decreto-Ley 274, para realizar nombramientos en provisionalidad, según la cual, hay lugar a nombrar a alguien que no sea de carrera, cuando “...no sea posible designar funcionarios de carrera diplomática y consular para proveer dichos cargos...”.
Pues como se demostró, para la fecha en que se nombró a la doctora ANA PIEDAD JARAMILLO RESTREPO, Ministra Plenipotenciaria, existían funcionarios en carrera diplomática y consular, que bien podrían ser designados en su lugar.
En consecuencia, la sentencia apelada será revocada y, en su lugar, se anulará el Decreto Nº 2402 de 11 de diciembre de 2015 “Por el cual se hace un nombramiento provisional en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores” mediante el cual se nombró provisionalmente a la doctora ANA PIEDAD JARAMILLO RESTREPO, Ministra Plenipotenciaria adscrita a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Francesa.
1. REVOCAR la sentencia de 21 de noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
En su lugar, se declara la nulidad del Decreto Nº 2402 de 11 de diciembre de 2015 “Por el cual se hace un nombramiento provisional en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores” mediante el cual se nombró provisionalmente a la doctora ANA PIEDAD JARAMILLO RESTREPO, ministra plenipotenciaria adscrita a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Francesa.
Consejeros: Carlos Enrique Moreno Rubio, Presidente—Rocío Araújo Oñate—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez».
15 Fallos de 3 de junio de 2010, Rad. 2009-00043-00 y de 30 de enero de 2014, Rad. 2013-00227-01.
16 Al respecto, adujo la Corte que “según el demandante el artículo 35, vulnera los artículos 1º, 2º, 4º, 13 y 209 de la Constitución al incluir y privilegiar sólo dos de los principios fundamentales que deben orientar la función pública y excluir otros igualmente importantes. No obstante, el demandante olvida que el artículo 4º del Decreto 274 de 2000 establece que además de los principios consagrados en la Constitución Política, son principios orientadores de la función pública en el servicio exterior y de la carrera diplomática y consular, los principios de moralidad, eficiencia y eficacia, economía y celeridad, imparcialidad, publicidad, transparencia, especialidad, unidad e integralidad y confidencialidad. Por lo tanto, no es cierto que el artículo 35 establezca una prelación entre principios que desconozca otros igualmente importantes, sino que el artículo 35 y el artículo 4º establecen conjuntamente los principios que deben orientar la carrera diplomática y consular. Por ello, el cargo contra el artículo 35 carece de fundamento y la Corte procederá a declarar la constitucionalidad de la norma acusada”.
17 Sentencia de 30 de enero de 2014, Rad. 2013-0227-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
18 Sentencia C-292 de 2001.
19 Sentencia de 30 de enero de 2014.
20 Rad. 2014-00013-01, actor: Enrique Antonio Celis Durán, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
21 Rad. 2014-2418-01, actor: Ministerio de Relaciones Exteriores, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
22 Sentencia de 24 de julio de 2014, Rad. 2014-00018-00.
23 Rad. 2014-02734-01, actor: Ministerio de Relaciones Exteriores, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
24 Rad. 2015-00443-01, demandado: Carlos Edgardo Barragán Vega, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
25 “Por virtud del principio de especialidad, podrá designarse en cargos de carrera diplomática y consular, a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente sobre la materia, no sea posible designar funcionarios de carrera diplomática y consular para proveer dichos cargos. Igualmente en desarrollo del mismo principio, estos funcionarios podrán ser removidos en cualquier tiempo”.
26 Fls. 144 al 146.
27 A saber, Jairo Augusto Abadía Mondragón, Olga Cielo Molina de la Villa, Mirza Cristina Gnecco Pla, Adda Isabel Borda Medina, Nohra María Quintero Correa, Pablo Antonio Rebolledo Schloss, Rafael Guillermo Arismendy Jiménez, Francisco Alberto González, Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez, Hernán Vargas, Martín, Hernán Mauricio Cuervo Castellanos y Gustavo Humberto Paredes Rojas.
28 PAR.—Los funcionarios de la carrera diplomática y consular que se encontraren prestando su servicio en el exterior no podrán ser designados en otro cargo en el exterior, antes de cumplir 12 meses en la sede respectiva, salvo circunstancias excepcionales calificadas como tales por la comisión de personal de dicha carrera o designaciones en otros cargos dentro del mismo país.
29 Fls. 210 al 211.
30 Fl. 152.
31 Fl. 154.
32 Fl. 156.
33 Fl. 158.
34 Fl. 160.
35 Fl. 162.
36 Fl. 164.

matches:
ARTÍCULO 37
artículo 37
artículo 150
artículo 13
artículo 1
artículo 17
artículo 35
artículo 37
artículo 5
artículo 10
artículo 13
artículo 35
artículo 37
artículo 60
artículo 60
artículo 60
artículo 60
artículo 61
Resolución
artículo 37
artículo 37
artículo 37
artículo 37
artículo 37
artículo 60
artículo 37
artículo 37
artículo 37
artículo 37
artículo 60
artículo 35
artículo 4
artículo 35
artículo 35
artículo 4
artículo 35


EL HOMBRE Y LAS COSAS: Ley 27271
Ley 27271
“CASA DE AHORRO”
Sistema para el Fomento de la Inversión en Vivienda.
Sistema de Ahorro para el Fomento de la Inversión en Vivienda
ARTÍCULO 1° — Créanse instrumentos de ahorro, préstamo e inversión denominados en Unidades
de Vivienda (UVIs), cuya principal función será la de captar el ahorro de personas físicas
y jurídicas, o de titularidad del sector público, y destinarlo a la financiación de largo plazo en la
adquisición, construcción y/o ampliación de viviendas en la República Argentina.
a) Depósitos en caja de ahorro UVIs, con una periodicidad de disponibilidad desde noventa (90)
días y hasta ciento ochenta (180) días desde la fecha de la imposición, conforme se pacte entre
b) Certificados de depósito a plazo fijo, nominativo (intransferible/transferible) de Unidades de
Vivienda UVIs por un plazo mínimo de ciento ochenta (180) días;
Los instrumentos denominados en UVIs que se puedan crear a futuro les serán aplicables las
disposiciones de la presente ley, todo ello sin perjuicio de la aplicación de las normas complementarias
de prevención del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo.
ARTÍCULO 3° — En cualquiera de los instrumentos UVIs, el monto de la imposición como el valor
nominal total de los títulos valores, como las operaciones de financiación para la vivienda, sólo
podrán captarse y liquidarse, desembolsarse y cancelarse, suscribirse y rescatarse respectivamente,
ARTÍCULO 4° — Dispónse la gratuidad de las cuentas en entidades financieras de titularidad
de personas físicas por los depósitos en caja de ahorro UVIs no pudiéndose cobrar gastos de
mantenimiento ni comisiones.
ARTÍCULO 5° — El capital de los instrumentos creados o a crearse de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 2°, se expresarán en UVIs.
ARTÍCULO 6° — El valor inicial en pesos de la UVI será determinado por el Banco Central de la
República Argentina, utilizando como referencia la milésima parte del valor promedio del metro
cuadrado construido con destino a vivienda en la República Argentina, de forma tal que 1.000
UVIs serán equivalentes a un metro cuadrado (1.000 UVIs = 1 metro cuadrado).
cierre de cada período fiscal, en forma similar a los demás tipos de préstamos hipotecarios para
vivienda familiar única y permanente conforme la ley sobre los Bienes Personales. Los fideicomisos
financieros que sean creados en el marco de la presente ley se encontrarán exentos del
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, y los préstamos hipotecarios que se encuentren
dentro de su patrimonio fiduciario gozarán de la exención de la base imponible del Impuesto al
El valor del UVI será actualizado mensualmente a través del índice del costo de la construcción
para el Gran Buenos Aires que publica el INDEC para vivienda unifamiliar modelo 6. El Banco
Central de la República Argentina publicará periódicamente el valor diario en pesos de la UVI.
El importe de capital a percibirse por las imposiciones, a su fecha de vencimiento será el equivalente
en pesos de la cantidad de UVIs depositadas, calculado según el valor de la UVI a esa fecha.
Las amortizaciones de capital de todos los instrumentos denominados en UVIs se realizarán en
pesos por el equivalente del valor de la cantidad de UVIs correspondientes a la fecha de hacerse
efectivo el pago.
Los instrumentos denominados en UVIs podrán llevar intereses a una tasa fija o variable, pagadera
en períodos o al vencimiento, según sea pactada libremente entre las partes o se estipule
en el prospecto de emisión de títulos valores, según corresponda. Los intereses correspondientes
se computarán y se liquidarán en pesos, calculados sobre las UVIs representativas del total
del capital adeudado a la fecha de realizarse el pago de los intereses.
ARTÍCULO 7° — Las entidades financieras deberán dar a los tomadores de préstamos para la vivienda
UVIs la opción de extender el número de cuotas originalmente previstas cuando el importe
de la cuota a pagar supere en un diez por ciento (10%) el valor de la cuota que hubiere resultado de
haberse aplicado a ese préstamo un ajuste de capital por el Coeficiente de Variación de Salarios
(CVS), desde su desembolso. Ante la solicitud expresa del ejercicio de la opción, la entidad financiera
deberá extender el plazo originalmente previsto para el préstamo, observando que en dicha
extensión de plazos, la cuota no supere el treinta por ciento (30%) de los ingresos computables.
ARTÍCULO 8° — La autoridad de aplicación del presente capítulo de la ley será designada conforme
lo dispuesto en el Digesto Jurídico Argentino, conforme el ámbito de competencia que
corresponda, en virtud de lo cual podrá realizar todos los actos o gestiones conducentes para
facilitar la operatoria propuesta, sin perjuicio de las facultades de competencia en materia de
oferta pública de títulos valores que le corresponde a los respectivos organismos de contralor
conforme lo dispuesto por el artículo 1691 del Código Civil y Comercial de la Nación. A tal efecto
determinarán los términos y las condiciones particulares de cada uno de los instrumentos enumerados
conformes sus respectivas facultades de incumbencia y según las disposiciones en la
materia, dispuestas en el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994, sus modificatorias
y normas complementarias).
ARTÍCULO 9° — Los depósitos en cuentas de ahorro, a plazo fijo y los títulos valores en UVIs
quedan exentos del Impuesto sobre los Bienes Personales; las rentas percibidas por diferencia
de cotización o valuación de los depósitos en caja de ahorro o plazos fijos UVIs, como las rentas
percibidas por intereses en dichas imposiciones en UVIs quedan eximidos del Impuesto a las
Ganancias cuando se trate de personas físicas.
ARTÍCULO 10. — Autorícese al Poder Ejecutivo nacional, por sí o por intermedio de quien designe
expresamente al efecto, a la creación de fideicomisos financieros, en los términos del artículo
1690 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuya finalidad principal consistirá en garantizar
el ahorro argentino de largo plazo con el objeto de financiar, principalmente, el acceso a la vivienda
nueva, única y familiar en todo el territorio nacional.
Dichos fideicomisos financieros estarán destinados a la obtención de fondos, a través de aportes
de los fiduciantes, o por cesión de carteras de préstamos hipotecarios UVIs, o por la emisión
y la colocación de los títulos representativos de deuda, de acuerdo a la capacidad de los bienes
fideicomitidos, con la única finalidad de otorgar préstamos hipotecarios UVIs.
Las líneas de préstamos hipotecarios que se ofrezcan a través del o los fideicomisos que se
pongan en funcionamiento deberán contemplar beneficios especiales a personas físicas para la
adquisición, construcción y/o ampliación de viviendas familiares.
Los beneficios podrán consistir en subsidios de una porción del capital, de tasa o de gastos
relacionados con la operatoria, fundamentalmente en aquellas personas físicas que pretendan
acceder a una vivienda única.
Las características de las líneas de préstamos hipotecarios UVIs y los beneficios a implementarse
serán coordinados y definidos por el Poder Ejecutivo nacional, con la colaboración de los
organismos estatales, provinciales y municipales vinculados a la política de vivienda, con la
finalidad de que se propenda al acceso a la vivienda a todas las familias del país, atendiendo a
las características del mercado de la vivienda de cada provincia.
ARTÍCULO 11. — Para el cumplimiento de los objetivos perseguidos por la presente ley y en el
marco de la operatoria propuesta se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a:
a) Destinar, como fiduciante, una partida presupuestaria para el presente año, a fin de realizar
un aporte al o a los fideicomisos financieros, para otorgar los préstamos hipotecarios UVIs con
los beneficios enumerados en el artículo anterior. A tales efectos autorícese al Poder Ejecutivo
nacional a realizar todas las desafectaciones presupuestarias que se requieren en el presente
presupuesto de gastos y cálculos de recursos del año 2016;
b) Todos los años a través de la ley de presupuesto se establecerán los montos de las asignaciones
presupuestarias, de requerir nuevos aportes (o, por ley específica, aportes extraordinarios)
el o los fideicomisos financieros, a efectos de garantizar la continuidad de la operatoria, que
modifique la carencia estructural de viviendas en el país.
ARTÍCULO 12. — El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Finanzas del Ministerio
de Hacienda y Finanzas Públicas, podrá contratar directamente con Nación Fideicomisos S.A.,
para que actúe en carácter de fiduciario de dichos fideicomisos financieros, que se constituirán
de acuerdo a los principios de la presente ley, a los términos y condiciones que establezcan las
disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y más las disposiciones en la materia
de los distintos órganos de control en materia de oferta pública, siempre y cuando el costo de
administración del fideicomiso no supere los valores de mercado.
ARTÍCULO 13. — La manda fiduciaria del fideicomiso financiero consistirá en:
a) Estructurar el o los fideicomisos financieros conjuntamente con las entidades públicas y privadas
que actúen como fiduciantes y emitir títulos valores denominados en UVIs con el respaldo
de las hipotecas que otorgue el fideicomiso, o le sean cedidas por las entidades financieras;
b) Verificar que las hipotecas que se otorguen o que les fuesen cedidas tengan una buena calificación
crediticia;
c) Asegurar que los créditos otorgados mejoren significativamente las condiciones de la oferta
de créditos hipotecarios para la adquisición, construcción y/o ampliación de viviendas y permitan
el acceso al universo de personas físicas que no acceden a las líneas, que, para préstamos
hipotecarios UVIs, ofrezcan las entidades financieras; a tal efecto deberá asegurar la participación
como receptoras de los créditos hipotecarios a familias que no posean vivienda propia
y cuenten con capacidad de pago (ingresos mensuales comprobables) para hacer frente a las
cuotas del crédito, con los beneficios que faciliten su acceso;
d) Captar fondos de ahorro privado y/o público para la suscripción de títulos valores emitidos por
los fideicomisos financieros y denominados en UVIs;
f) Preservar a través de inversiones de bajo riesgo y diversificadas, el valor de los fondos captados
que no hayan sido colocados en créditos hipotecarios;
g) Proveer la posibilidad de que los créditos hipotecarios otorgados incluyan un seguro que
ofrezca a los prestatarios una espera de seis (6) meses en el pago de las cuotas en caso de
h) Realizar los actos útiles y necesarios tendientes al cumplimiento de la manda fiduciaria principal
y al fiel cumplimiento de los objetivos previstos en la presente ley;
i) Dar a los tomadores de préstamos para la vivienda UVIs la opción de extender el número de
cuotas originalmente previstas cuando el importe de la cuota a pagar supere en un diez por ciento
(10%) el valor de la cuota que hubiere resultado de haberse aplicado a ese préstamo un ajuste
de capital por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), desde su desembolso.
Ante la solicitud expresa del ejercicio de la opción se deberá extender en hasta el veinticinco por
ciento (25%) el plazo originalmente previsto para el préstamo;
j) Propender a que la extensión de los créditos hipotecarios que se otorguen alcancen los treinta
y cinco (35) años, respecto del plazo de cumplimiento.
ARTÍCULO 14. — Autorícese al Poder Ejecutivo nacional, por sí o por intermedio de quien designe
expresamente al efecto, a:
b) Suscribir convenios de colaboración con distintas entidades públicas y/o privadas a efectos
de llevar adelante la operatoria establecida en el presente Capítulo;
c) Determinar criterios de selección y asignación de fondos para ser aportados a los fideicomisos
financieros;
d) Determinar criterios de selección y otorgamiento de préstamos hipotecarios por los fideicomisos
f) Realizar todos los actos o gestiones que considere convenientes y conducentes a la instrumentación
y funcionamiento de los fideicomisos financieros.
ARTÍCULO 15. — Autorízase al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a emitir un Bono
Metro Cuadrado Argentino, en el marco de la ley 27.198 para el endeudamiento autorizado del
presente ejercicio presupuestario, el cual estará denominado en UVIs y comprenderá los demás
términos y condiciones financieras que se determinen al momento de su emisión, por un monto
equivalente de hasta pesos cincuenta mil millones ($ 50.000.000.000).
El resultado de la colocación del presente bono financiará la partida del aporte al o los fideicomisos
financieros que se organicen para el otorgamiento de los préstamos hipotecarios del
artículo 11, inciso a).
ARTÍCULO 16. — El Poder Ejecutivo nacional, a través de las áreas pertinentes, deberá promover
la cultura del ahorro a largo plazo en moneda nacional que propone el presente proyecto
de ley, dentro de la política educativa desde los niveles iniciales y con campañas de publicidad
ARTÍCULO 17. — Autorízase a la Jefatura de Gabinete de Ministros a realizar las desafectaciones
presupuestarias necesarias en el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Año 2016, para
concretar el aporte del inciso a) del artículo 11 y la obtención de la fuente de financiamiento del
ARTÍCULO 18. — Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley, fomentando el sistema a través de beneficios, exenciones o incentivos impositivos
como a participar como fiduciantes a través de inversiones asignadas en sus respectivos
ARTÍCULO 19. — El Poder Ejecutivo nacional designará dentro de sus áreas, la autoridad de
aplicación para el cumplimiento de los Capítulos III y IV de la presente ley.
ARTÍCULO 20. — Anualmente la autoridad de aplicación deberá remitir un informe pormenorizado
respecto de la marcha de la operatoria establecida en la presente ley, a las Comisiones
de Obras Públicas y Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación y a las Comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación.
ARTÍCULO 21. — Las disposiciones de la presente ley se encuentran exceptuadas de lo dispuesto
en los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias, y de lo establecido en el
artículo 766 del Código Civil y Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 22. — Si se tratare de hipotecas a constituirse para garantizar obligaciones en la
presente ley, el requisito de especialidad en cuanto al crédito se considerará cumplido, individualizando
el crédito garantizado e indicándose los sujetos, el objeto del crédito y la causa.
Los Registros de la Propiedad Inmueble inscribirán los gravámenes, dejando constancia que
los importes cubiertos por la garantía se encuentran sujetos a la cláusula de actualización del
artículo 6°, recaudos que deberán contener las certificaciones que al respecto se expidan por
los indicados registros.
Las hipotecas celebradas con arreglo a lo determinado en la presente ley, cumplida la inscripción
en el Registro respectivo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2210 del Código Civil
y Comercial de la Nación, tendrán efectos contra terceros interesados y de buena fe, no sólo por
la cantidad cierta inicial de la deuda, sino por la que corresponda adicionar como consecuencia
de la cláusula prevista en el artículo 6°, con más los intereses que se adeudaren, y los daños y
costas posteriores que provoque el incumplimiento.
Se considera título que trae aparejada ejecución, siguiéndose para su cobro los trámites que
para el juicio ejecutivo establezcan las leyes de procedimiento del lugar donde se ejercite la acción,
a la constancia de saldo deudor a la fecha de la mora en el cumplimiento de la obligación,
conjuntamente con el título en que se hubiese instrumentado la obligación originaria.
En caso de procederse ejecutivamente al cobro del crédito, la ejecución deberá promoverse por
la suma que, en definitiva, arroje su importe como consecuencia de la aplicación de la cláusula
de actualización a la fecha de iniciación, sin perjuicio de la ampliación al día del pago.
ARTÍCULO 23. — Reemplácese el texto del artículo 2189 del Código Civil y Comercial de la
Nación por el siguiente:
Especialidad en cuanto al crédito: En la constitución de los derechos reales de garantía debe
individualizarse el crédito garantizado, indicándose los sujetos, el objeto y la causa.
El monto de la garantía debe estimarse en dinero y puede no coincidir con el monto del capital
Se considera satisfecho el principio de especialidad en cuanto al crédito si la garantía se constituye
en seguridad de créditos indeterminados, sea que su causa exista al tiempo de su constitución
o posteriormente, siempre que el instrumento contenga la indicación del monto máximo
garantizado en todo concepto, de que la garantía que se constituye es de máximo, y del plazo
a que se sujeta, el que no puede exceder de diez (10) años. La garantía subsiste no obstante el
vencimiento del plazo en seguridad de los créditos nacidos durante su vigencia.
ARTÍCULO 24. — Reemplácese el texto del artículo 2210 del Código Civil y Comercial de la
Duración de la inscripción: Los efectos del registro de la hipoteca se conservan por el término
de treinta y cinco (35) años, si antes no se renueva.
ARTÍCULO 25. — La presente ley entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y
deberá ser reglamentada e instrumentada dentro del plazo de los noventa (90) días posteriores.
ARTÍCULO 26. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, AL PRIMER
DÍA DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
— REGISTRADO BAJO EL N° 27271 —
#F5179267F
Publicadas por Nina Norma Noriega a la/s 20:37
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NOVEDADES SOBRE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
Importante, modificación del CCYC
Doctrina sobre el derecho real de habitación


text:
Expediente 3195-D-2019
Sumario: PROMOCION Y CONCIENTIZACION SOBRE DE LA LIGADURA DE CONDUCTOS DEFERENTES O VASECTOMIA.
PROMOCIÓN DE LA LIGADURA DE CONDUCTOS DEFERENTES O VASECTOMÍA
ARTICULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto la promoción y la concientización pública acerca del método de anticoncepción quirúrgica masculina conocido como “ligadura de conductos deferentes o vasectomía”, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26.130.
ARTÍCULO 2°. OBJETIVOS. Son objetivos prioritarios de la presente ley:
a)	informar y promocionar la “ligadura de conductos deferentes o vasectomía” como método de anticoncepción, procurando alcanzar el mayor nivel de conocimiento posible por parte de la ciudadanía, especialmente de los varones;
b)	dar a conocer los términos y condiciones que la Ley N° 26.130 fija para la “ligadura de conductos deferentes o vasectomía”, enfatizando su gratuidad y la obligación por parte de las entidades que conforman el sistema de salud de realizarla;
c)	brindar información pertinente, precisa, confiable y actualizada sobre la “ligadura de conductos deferentes o vasectomía”, procurando desterrar posibles prejuicios o nociones falsas respecto de las consecuencias, efectos secundarios o contraindicaciones que podría llegar a tener dicha práctica;
d)	concientizar respecto de la “ligadura de conductos deferentes o vasectomía” desde una perspectiva de género, la cual contribuya a reducir la brecha existente entre varones y mujeres respecto de la utilización de técnicas de anticoncepción.
ARTÍCULO 3°. ACCIONES. A los efectos de dar cumplimento a los objetivos detallados en el artículo 2, la autoridad de aplicación de la presente ley debe adoptar las siguientes medidas, entre otras:
a)	campañas de difusión en servicios de comunicación audiovisual, gráficos, digitales y plataformas utilizadas por el Poder Ejecutivo Nacional para dar a conocer políticas públicas;
b)	campañas de difusión en hospitales, centros de atención primaria y en todas las entidades que componen el sistema de salud, informando los establecimientos en los cuales pueden acceder a la práctica;
c)	articulación con las autoridades nacionales y subnacionales en materia de educación, a los efectos de incluir los objetivos de la presente ley en los contenidos brindados en cumplimento de la ley de educación sexual integral N° 26.150;
d)	promoción de la investigación científica especializada en técnicas de “ligadura de conductos deferentes o vasectomía”.
ARTÍCULO 4°. INCORPORACIÓN. Incorpórase como inciso h del artículo 2 de la ley N° 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el siguiente texto:
h) Promocionar y concientizar acerca de la anticoncepción quirúrgica masculina, conocida como “ligadura de conductos deferentes o vasectomía”, desde una perspectiva que promueva la igualdad entre varones y mujeres.
ARTÍCULO 5°. AUTORIZACIÓN. Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en la presente ley.
ARTÍCULO 6°. ADHESIÓN. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
ARTÍCULO 7°. VIGENCIA. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
La ley N° 26.130, sancionada en agosto de 2006, estableció como un derecho de todas las personas mayores de edad acceder a “a la realización de las prácticas denominadas "ligadura de trompas de Falopio" y "ligadura de conductos deferentes o vasectomía" en los servicios del sistema de salud”.
Además de habilitar el ejercicio y la práctica de estas técnicas de contracepción quirúrgica, la norma estableció su gratuidad, lo cual fue ratificado e implementado mediante la Resolución 755/06 de la Superintendencia de Seguros de Salud, que estableció la cobertura total de estas prácticas por parte de las entidades que conforman el Sistema de Salud.
Trece años después de la sanción de la ley, el análisis de los datos oficiales evidencia que la realización de estas prácticas no evolucionó de manera pareja: en 2017 se realizaron un total de 14.501 ligaduras de trompas de Falopio y 142 vasectomías, es decir, 102 ligaduras por cada vasectomía.
Esta diferencia abrumadora podría resultar llamativa, pero no. Porque se inscribe en una tradición cultural de sesgo machista en lo relativo a la sexualidad, la educación, la soberanía sobre el cuerpo e incluso el placer.
Una investigación periodística realizada por el Colectivo Surdelta recoge numerosos testimonios de varones en torno a la experiencia vivida luego de decidir realizarse una vasectomía.
Lo que la publicación permite ver con claridad es la enorme cantidad de prejuicios que existen respecto de la vasectomía, prejuicios asociados directamente con la falta de información y –una vez más- el sesgo de género de nuestra sociedad, nuestras instituciones públicas y privadas, incluso nuestros profesionales de la salud.
“Hasta nuevo aviso, el único método seguro para hombres que no afecta a las mujeres es una cirugía que interrumpe los vasos deferentes. Es una práctica menos compleja y tiene efectos adversos menores en comparación con la ligadura de trompas, una cirugía que se practicó 102 veces más que la vasectomía en 2017, 133 veces más en 2016 y 253 veces más en 2015, según el Ministerio de Salud de la Nación”.
Aunque la cantidad de hombres que se interesan, consultan y eventualmente se realizan una vasectomía ha mostrado un incremento, siguen siendo muy pocos los casos.
“‘Estamos empezando. Con el tema del aborto, la gente se está informando más. El otro día hicimos la primera vasectomía anticonceptiva del año y en estos días tenemos otra más’, dice Dr. Marcelo Lioy Lupis, director del servicio de urología del Hospital Argerich, en La Boca. Desde que empezó el debate en el Congreso hay un incremento de consultas de varones … El médico reconoce que hay un tema cultural que puede obstaculizar la difusión del método. Mientras en Argentina la esterilización masculina es un fenómeno marginal, en Estados Unidos es el segundo método contraceptivo de las parejas. En Canadá y en el Reino Unido es dos veces más común que la esterilización femenina”.
Entendemos que existen dos grandes fuentes de prejuicios que explican que la práctica de la vasectomía esté tan poco difundida. Una primera está vinculada a factores –y temores- biológicos: que podría generar infertilidad, problemas de erección o de eyaculación, etc. Nada de todo esto tiene el más mínimo asidero. En efecto, está más que demostrado que “después de la vasectomía se sigue eyaculando como siempre, no afecta a las erecciones y el placer sexual no cambia. El aspecto del semen es el mismo, pero no contiene espermatozoides”.
Por la otra parte, existe el prejuicio –consciente o incosciente- de que la responsabilidad de la anticoncepción recae exclusivamente sobre la mujer.
"Cuando empezamos a ver cuál era el mejor método vimos que casi todos estaban enfocados en la mujer. Como tengo bastante curiosidad por temas de ciencia, empecé a investigar. Ahí supe que era totalmente sesgado: la mayoría de los anticonceptivos fueron desarrollados para las mujeres porque se asume que la responsabilidad es exclusivamente de ellas", declaró un varón que eligió realizarse esta práctica.
De hecho, son numerosos los testimonios en los cuales los varones explican que empezaron a investigar primero –y decidir después- sobre la vasectomía cuando sus parejas mujeres manifestaron que no querían “poner más el cuerpo” luego de sucesivos embarazos, lactancias y demás hechos biológicos con enorme impacto físico y hormonal (tengamos en cuenta que tanto las pastillas anticonceptivas como otros métodos afectan el ciclo hormonal de la mujer para lograr el efecto anticonceptivo).
Todo lo dicho hasta aquí explica el sentido de este proyecto de ley, que busca informar y concientizar respecto de la existencia y las características de la vasectomía como método de contracepción para varones. Por un lado, para desterrar los prejuicios en torno a esta práctica y acercar la posibilidad de su realización a quienes la rechazan por temores infundados. Por el otro, para combatir el sesgo machista que hace recaer el peso de la responsabilidad de la anticoncepción de manera excesiva y desigual sobre la mujer y su cuerpo.
No se trata más que de dar mayor difusión e información de algo que la ley hoy ya prescribe pero que todavía se halla muy poco extendida. Entendemos que la cantidad de ligadura de trompas comparada con las vasectomías da fundamento a nuestra intención.
Por todos estos motivos, Señor Presidente, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Ley.

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