text:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 57/1991
SENTENCIA 57/1991, de 14 de marzo
ECLI:ES:TC:1991:57
La Sala Primera del Tribuna Constitucional, compuesta por don Francisco Tomás, y Valiente, Presidente, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Jesús Leguina Villa, don Luis López Guerra y don Vicente Gimeno Sendra. Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 908/88, promovido por la Compañía Unión Peninsular de Seguros, representada por el Procurador de los Tribunales don Ignacio Corujo Pita y asistida por el Letrado don Gonzalo del Toro de la Puerta, contra la Sentencia de 25 de febrero de 1987 y el Auto de 18 de marzo de 1987 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Alcalá de Henares, dictadas en el rollo de apelación núm. 121/86, dimanante del juicio de faltas núm. 249/1985, seguido en el Juzgado de Distrito de Coslada. En el proceso de amparo ha comparecido el Ministerio Fiscal y doña Florentina Pareja Vacas, representada por el Procurador don Juan Luis Navas García y asistida por el Letrado don Francisco Javier Ramos Navas. Ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito que tiene entrada en este Tribunal el 19 de mayo de 1988, el Procurador de los Tribunales don Ignacio Corujo Pita interpone, en nombre y representación de la Entidad «Unión Peninsular de Seguros, Sociedad Anónima», recurso de amparo contra la Sentencia de 25 de enero de 1987 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Alcalá de Henares, dictada en apelación de juicio de faltas, y contra el Auto de 18 de marzo de 1987 de dicho Juzgado que rectificó las cantidades fijadas en el fallo en concepto de indemnización.
a) Como consecuencia de un accidente de circulación ocurrido el 13 de septiembre de 1984, en el que resulto muerto don Rodrigo Calzada Fonseca, en el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Alcalá de Henares se instruyeron las diligencias previas núm. 3.163/84, posteriormente remitidas al Juzgado de Distrito de Coslada para la celebración del oportuno juicio de faltas (juicio núm. 249/85), tras la pertinente tramitación y celebrado el juicio, el Juzgado dictó Sentencia, en fecha 10 de diciembre de 1985, en el que absolvió al denunciado con todos los pronunciamientos favorables, sin perjuicio de dictar posteriormente Auto para fijar la indemnización a favor de los herederos del fallecido y a cargo del Seguro Obligatorio.
b) Contra la citada Sentencia interpuso recurso de apelación doña Florentina Pareja Vacas, como parte perjudicada y acusadora, ante el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Alcalá de Henares (rollo de apelación núm. 121/86). Por Sentencia dictada el 25 de febrero de 1987, el Juzgado estimó el recurso, revocó la Sentencia impugnada y condenó al acusado, don José García Bravo, como autor de una falta de imprudencia, a la pena de 1.501 pesetas, reprensión privada, privación del permiso de conducir por dos meses y a indemnizar a doña Florentina Pareja Vacas, viuda del fallecido, en la cantidad de 3.000.000 de pesetas por daños personales, y en la cantidad en que resulten tasados los daños materiales en ejecución de Sentencia. Asimismo, declaró la responsabilidad civil subsidiaria de don Juan Antonio Iravedra Zuazo, propietario del camión siniestrado, y que las «cantidades por daños personales serán hechas efectivas, en primer lugar y conforme a las normas del Seguro Obligatorio, por la Compañía de seguros Unión Peninsular de Seguros».
Posteriormente, en Auto dictado el 18 de marzo de 1987, el Juzgado rectificó el fallo de la anterior Sentencia y fijó la indemnización por los daños personales en la cuantía de 5.000.000 de pesetas, y no la de 3.000.000 de pesetas que «por error se hizo constar en la Sentencia de veintiuno de febrero de mil novecientos ochenta y siete» (sic).
3. La representación de la Entidad recurrente aduce, en primer término, violación del derecho a obtener la tutela judicial efectiva y a un juicio con la necesaria contradicción procesal, reconocidos en el art. 24 C.E., alegando que no ha sido parte en ninguno de los procedimientos seguidos ni fue oída; que nunca tuvo conocimiento judicial o extrajudicial del proceso, y que la primera noticia de las resoluciones ahora impugnadas la tuvo el día 25 de abril de 1988, cuando el asegurado don Juan Iravedra Zuazo, en unión del condenado, don José García Bravo, se presentó en la oficina de la Entidad aseguradora con una copia de la misma. En segundo lugar, estima que, como consecuencia de lo anterior, también ha sido infringido el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E), pues el sistema acusatorio impone una contienda procesal entre dos partes contrapuestas, así como el principio de igualdad (art. 14 C.E.), en virtud del cual se prohíbe dispensar un trato desigual a quienes se hallen en la misma situación sin justificación objetiva razonable.
Por lo expuesto, solicita de este Tribunal que anule la Sentencia de apelación dictada por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Alcalá de Henares, así como el Auto de 18 de marzo de 1987 del mismo Juzgado por el que se condena a la Entidad recurrente de amparo como responsable civil conforme a las normas del Seguro Obligatorio. Por «otrosí», pide, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, que se acuerde la suspensión de la ejecución de la condena, pues, de lo contrario, el recurso de amparo perdería su finalidad.
4. Por providencia de 6 de junio de 1988, la Sección Cuarta de la Sala Segunda -en la actualidad Sala Primera- acuerda tener por interpuesto recurso de amparo por la «Unión Peninsular de Seguros, Sociedad Anónima», y por personado y parte, en nombre y representación de la misma, al Procurador de los Tribunales Sr. Corujo Pita. Asimismo, y previo a decidir sobre la admisión del presente recurso, acuerda requerir a los Juzgados de Instrucción núm. 2 de Alcalá de Henares y de Distrito de Coslada para que, en el plazo de diez días, remitan, respectivamente, testimonio de la apelación núm. 121/86 y del juicio de faltas núm. 249/85, de conformidad aún lo prevenido en el art. 88 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
5. Remitidas las actuaciones interesadas, la Sección, por providencia de 21 de noviembre de 1988, acuerda admitir a trámite la demanda de amparo, así como interesar de los Juzgados de Instrucción núm. 2 de Alcalá de Henares y de Distrito de Coslada el emplazamiento de quienes fueron parte en las actuaciones judiciales para que, en el plazo de díez días, puedan comparecer en este proceso constitucional.
6. Por escrito presentado el 13 de septiembre de 1989, el Procurador de los Tribunales don Juan Luis Navas García, en nombre y representación de doña Florentina Pareja Vacas, se persona en el recurso en concepto de parte recurrida.
7. Por providencia de 9 de octubre de 1989, la Sección acuerda tener por personado, y parte, en nombre y representación de doña Florentina Pareja Vacas, al Procurador señor Navas Garcia. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, acuerda dar vista de la totalidad de las actuaciones, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a los Procuradores Sres. Corujo Pita y Navas Garcia para que puedan alegar lo que a su derecho convenga.
8. La representación de doña Florentina Pareja Vacas, en escrito presentado el 3 de noviembre de 1989, interesa se dicte Sentencia en la que se desestime el recurso por haber sido presentado fuera de plazo o deniegue el amparo solicitado por la recurrente. En primer lugar alega que no es posible creer en la ignorancia de la Compañía aseguradora respecto de la existencia del proceso penal en cuestión, puesto que, de una parte, es notoriamente conocido que el tomador del seguro o el asegurado deberán comunicar a la Compañía aseguradora o asegurador, dentro del plazo comprendido entre las cuarenta y ocho horas y los siete días, cualquier notificación judicial, extrajudicial o administrativa relacionada con el siniestro que llegue a su conocimiento, razón por la cual no es creíble, máxime teniendo el resultado del accidente, que la aseguradora no haya tenido conocimiento del pleito hasta cuatro años después de producirse el accidente. De otra parte afirma que la Compañía aseguradora se ha colocado al margen del proceso, con una actitud meramente pasiva, para en su momento -a la hora del pago de la indemnización- alegar indefensión, por lo que no es posible apreciar en el presente caso indefensión aún relevancia constitucional, pues, aun admitiendo la existencia de una omisión judicial lesiva, en principio, del derecho a ser oído en un proceso, la Entidad recurrente no ha observado la debida diligencia. Al respecto, en el escrito de alegaciones se afirma tener conocimiento de que la Compañía ahora recurrente ha estado en el Juzgado interesándose por las actuaciones penales.
En segundo lugar estima que, dado que la obligación fundamental asumida por el asegurador tiene finalidad indemnizatoria, la Compañía aseguradora no puede alegar ahora indefensión alguna, puesto que, como queda reflejado en la Sentencia, el siniestro fue consecuencia de la culpa o negligencia del asegurado y éste tuvo a su alcance todos los medios jurídico-procesales para defenderse, incluida la comunicación al asegurador, lo que le hubiera deparado, probablemente, una mejor defensa. Además, habida cuenta que el art. 39 de la Ley del Automóvil consagra el principio de responsabilidad objetiva o sin culpa y que en el juicio se probó que el culpable del accidente fue el conductor del camión asegurado, es clara la obligación de la Entidad aseguradora de pagar la indemnización a la que ha sido condenada.
9. Por escrito presentado el 3 de noviembre de 1989, la representación de la recurrente de amparo ratifica en su totalidad el escrito de demanda y las alegaciones en él contenidas.
10. En su escrito de alegaciones, presentado el 7 de noviembre de 1989, el Ministerio Fiscal, luego de exponer los antecedentes y fundamentos del presente recurso de amparo, estima que la cuestión planteada en la demanda ya ha sido resuelta por este Tribunal Constitucional en casos análogos, en el sentido de que las Compañías aseguradoras tienen derecho a participar en los procesos penales en los que se enjuician actos ilícitos penales, como consecuencia de la circulación de vehículos de motor, de los que puede derivarse su responsabilidad civil en virtud de la existencia de una póliza de seguro obligatorio o voluntario. Por ello, reconocido el derecho de la Compañía ahora recurrente a ser llamada al proceso en el que luego fue condenada al pago de cierta indemnización, es preciso determinar si fue o no llamada por el órgano judicial, o bien si, aun no siendo citada, tuvo conocimiento del proceso y oportunidad de personarse y ejercitar su derecho de defensa.
Del examen de las actuaciones se comprueba, de una parte, que no consta que judicialmente, mediante citación o emplazamiento, se pusiera en conocimiento de la Compañía aseguradora el proceso iniciado contra el conductor del vehículo asegurado causante del accidente, así como contra el propietario del mismo como responsable civil subsidiario. En tres ocasiones se suspendió el juicio, dos de ellas para citar al responsable civil subsidiario don Juan Antonio Iravedra Zuazo, propietario del vehículo, pero sin que se acordara al propio tiempo la citación de la Compañía aseguradora, a pesar de constar en el atestado de la Guardia Civil reseñado el certificado de seguro obligatorio aún la «Unión Peninsular de Seguros, Sociedad Anónima». De otra parte, tampoco consta que la Compañía aseguradora tuviera conocimiento extraprocesal de las actuaciones judiciales ni durante la instancia, ni en la apelación. Según la Entidad recurrente en amparo, solo tuvo conocimiento de la Sentencia extrajudicialmente el 25 de abril de 1989 cuando se presentó en las oficinas el condenado José García Bravo, es decir, cuando ya habían transcurrido más de dos años de que se pronunciara la Sentencia condenatoria. Esto, sin embargo, contrasta con la práctica usual en las relaciones derivadas del contrato de seguro y con la obligación que la Ley impone al tomador del seguro, al segurado o al beneficiario de comunicar el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio (art. 16 de la Ley 50/1980). Pero como de las actuaciones tampoco resulta acreditado, por un principio de prueba, que el asegurado cumpliera con esta obligación legal, no cabe por ello deducir que la Compañía aseguradora demandante de amparo tuvo conocimiento extraprocesal del proceso y ocasión de personarse para la defensa de sus intereses específicos. De donde resulta que, en este caso, no estamos ante una indefensión meramente procesal por falta de citación o emplazamiento atribuible al órgano judicial, sino ante un supuesto de indefensión material, toda vez que no existe certeza de que la Entidad recurrente tuviera conocimiento del proceso en el que resultó condenada al pago de cierta indemnización derivada de una relación jurídica de seguro preexistente.
En consecuencia, si la Entidad aseguradora demandante de amparo no fue llamada al proceso en ninguna de sus instancias, ni tuvo conocimiento extraprocesal del mismo, siendo condenada por la Sentencia dictada en grado de apelación como responsable civil directo sin haber sido oída por causas ajenas a su voluntad, es claro que se vulneró el art. 74.1 C.E., porque el derecho a la tutela judicial efectiva comporta la exigencia de que en ningún momento pueda producirse indefensión, dado que todo proceso judicial debe respetar el derecho de defensa contradictoria, sin que nuestro sistema constitucional admita el pronunciamiento de resolución judicial inaudita parte, con la excepción de aquellos supuestos en los que la incomparecencia al proceso se produce por libre decisión de la parte o por negligencia a ella imputable.
En otro orden de cosas, continúa el Fiscal, carecen de consistencia las invocadas infracciones del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 74.2 C.E.) y del principio de igualdad (art. 14 C.E.), puesto que, de un lado, en el juicio de faltas sí se formuló acusación contra la persona causante del daño, acusación que fue ejercitada en ambas instancias por la denunciante doña Florentina Pareja, viuda de la victima, razón por la cual la resolución judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el art. 74.1 C.E., pero no el derecho derivado del principio acusatorio, al menos en su aspecto de derecho a conocer de la acusación consagrado en el art. 24.2 C.E., que es el aspecto al que parece referirse la Entidad recurrente en amparo. Y, de otro lado, en la demanda nada se razona acerca de la pretendida vulneración del art. 14 C.E. ni se dice que el órgano judicial, ante un caso sustancialmente igual, hubiese decidido en forma distinta a lo resuelto en la resolución ahora impugnada.
Por lo expuesto, el Fiscal estima que procede otorgar el amparo impetrado por la «Unión Peninsular de Seguros. Sociedad Anónima», declarar la nulidad de la Sentencia dictada por el Juzgado de lnstrucción núm. 2 de los de Alcalá en 25 de febrero de 1987 así como el Auto que la rectifica de 18 de marzo siguiente, y retrotraer las actuaciones al momento anterior a la celebración de la vista de la apelación para que la actora pueda intervenir en los sucesivos trámites del procedimiento.
11. Por Auto de 6 de febrero de 1989, dictado en la pieza separada de suspensión, la Sala acuerda suspender la ejecución de la Sentencia dictada el 25 de febrero de 1987 por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Alcalá de Henares (rollo de apelación núm 121/1986), condicionada a la constitución por la Entidad demandante de fianza bastante para asegurar la cuantía que, conforme al Seguro Obligatorio, le corresponde abonar en concepto de indemnización.
12. Por providencia de 11 de marzo de 1991, se señala para deliberación y votación de la Presente Sentencia el día 14 (del mismo mes y año.
1. La cuestión planteada en el presente recurso consiste en determinar si efecfivamente, como en la demanda se afirma, la Entidad recurrente de amparo se vio colocada en una situación de indefensión, lesiva del derecho enunciado en el art. 24.1 C.E., por haber sido condenada al pago de determinada indemnización, con cargo al Seguro Obligatorio, en la Sentencia de 25 de febrero de 1987 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Alcalá de Henares, posteriormente rectificada en Auto de 18 de marzo del mismo año, sin haber sido citada ni oída en el procedimiento judicial. En este sentido, aunque en la demanda también se invoca la vulneración del principio de igualdad (art. 14 C.E.) y del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.), en realidad estas infracciones constitucionales se confunden con la del derecho a obtener la tutela judicial efectiva y a la no indefensión, puesto que se basan en la no intervención de la recurrente en el proceso penal.
2. La representación de la parte demandada alega que la Compañía recurrente en amparo ha tenido conocimiento extraprocesal del litigio en cuestión mucho antes de la lecha que se afirma en la demanda -el 25 de abril de 1988-, razón por la cual considera que el presente recurso se ha presentado una vez cumplido en exceso el plazo previsto en el art. 44.2 LOTC. El conocimiento previo por la recurrente de las resoluciones judiciales ahora impugnadas o de la existencia del proceso penal supondría, desde luego, no sólo la desestimación del recurso, al no haberse producido la indefensión, sino también la extemporaneidad de la demanda de amparo en el caso de que entre el momento de ese conocimiento y la fecha de presentación del recurso se hubiese dejado transcurrir el plazo establecido en el art. 44.2 LOTC, puesto que es doctrina reiterada de este Tribunal -SSTC 45/1985; 56/1985; 110/1987, y 183/1987, entre otras muchas- la de que el plazo para recurrir en amparo ha de computarse a partir de la fecha en que el demandante tuvo conocimiento suficiente, procesal y extraprocesal, de la existencia, según los casos, del proceso o de la resolución judicial frente a la cual interpone su recurso.
Sin embargo, para apreciar la concurrencia del citado motivo de inadmisión resulta preciso también un pronunciamiento sobre si la recurrente tuvo o no conocimiento previo del proceso y, por ello, entrar a analizar lo que constituye el fondo de la cuestión planteada. De ahí que el tema de la posible extemporaneidad del recurso se resuelva en el presente caso junto con la cuestión de fondo, esto es, si la Entidad solicitante del amparo se vio o no colocada en situación de indefensión por no haber tenido posibilidad de intervenir en el proceso en el que resultó condenada.
3. El derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 C.E. comporta la exigencia de que en ningún momento pueda producirse indefensión, lo que significa, como este Tribunal ha afirmado en reiteradas ocasiones que en todo proceso judicial debe respetarse el derecho a la defensa contradictoria de las partes contendientes mediante la oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos o intereses, sin que pueda justificarse la resolución judicial inaudita parte más que en el caso de incomparecencia por voluntad expresa o tácita, o por negligencia imputable a la parte que pretende hacer valer dicho derecho fundamental (SSTC 112/1987 y 251/1987, entre otras). Este derecho ha sido reconocido para las Entidades aseguradoras del ramo automóvil por este Tribunal (SSTC 4/1982,48/1984 y 114/1988, entre otras) al establecer que para condenar a una Compañía aseguradora como responsable civil directa o subsidiaria, con base en la existencia de una póliza de seguro obligatorio o voluntario, es en todo caso necesaria la audiencia de la misma, salvo que no exista oposición alguna, aunque el alcance del derecho de contradicción puede ser limitado al peculiar objeto indemnizatorio o de resarcimiento. Por ello, en los supuestos de seguro obligatorio, en los cuales las Compañías aseguradoras tienen únicamente la condición de terceros civiles responsables, existe una suficiente dación de conocimiento de la existencia del proceso y, por tanto, oportunidad de intervenir en el mismo cuando aquéllas son requeridas a fin de que presten fianza conforme a lo dispuesto en el art. 784, regla 5ª, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
4. En el caso que ahora nos ocupa, la Entidad recurrente fue condenada en la Sentencia dictada en grado de apelación por el Juzgado de lnstrucción, sin que en el previo juicio de faltas seguido ante el Juzgado de Distrito y en la tramitación del recurso de apelación hubiera sido citada como parte, y sin siquiera haber sido requerida para prestar fianza de acuerdo con la póliza de seguro obligatorio concertada con el propietario del vehículo siniestrado, razón por la cual no pudo comparecer en el proceso. Del examen de las actuaciones judiciales tampoco es posible deducir que la Entidad solicitante de amparo tuviera conocimiento del proceso y de las resoluciones impugnadas con anterioridad a la fecha que se afirma en la demanda, dado que es indiscutible que dicho eventual conocimiento no consta de modo fehaciente ni el mismo puede presumirse, como razona el Ministerio Fiscal, a partir de los datos que obran en los autos. Para aceptar la tesis de que en el presente caso no ha habido indefensión ni lesión del derecho a la tutela judicial, o la de que el recurso de amparo ha sido presentado fuera de plazo, no basta con afirmar, como hace la parte demandada, que la recurrente de amparo debió tener necesariamente conocimiento del proceso dada la obligación que el tomador del seguro o el asegurado tienen de comunicar a la aseguradora cualquier notificación judicial relacionada con el siniestro que llegue a su conocimiento, pues, en el presente caso, y aunque ello contraste con la practica usual de las relaciones derivadas del contrato de seguro, no aparece acreditado, siquiera indiciariamente, que el asegurado cumpliera con esta obligación. Por lo mismo, también carece de toda virtualidad la afirmación de que un representante de la Compañía aseguradora acudió al Juzgado para interesarse por las actuaciones penales cuando ello ni aparece reflejado en las actuaciones, ni siquiera fue objeto de debate a lo largo del proceso.
De cuanto antecede resulta, por tanto, que la Entidad recurrente de amparo ha sido condenada al pago de determinadas cantidades en concepto de indemnización con cargo al seguro obligatorio concertado, a pesar de no haber tenido posibilidad de intervenir y defenderse en el proceso judicial. Por ello, ha de concluirse que la Sentencia impugnada ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el art. 24.1 C.E. debiéndose conceder el amparo solicitado por la Entidad recurrente.
5. Es preciso determinar finalmente el alcance que la concesión del amparo comporta y, en concreto, cuál ha de ser el contenido y extensión del fallo para restablecer a la recurrente en la integridad de su derecho. A este respecto, el presente caso ofrece la singularidad de que la condena de la Entidad que ahora pide el amparo se produjo en la Sentencia dictada en grado de apelación por el Juzgado de Instrucción y que la recurrente ha sido condenada al pago de determinada cantidad con cargo al seguro obligatorio que tenía concertado con el vehículo siniestrado. Ello significa, de un lado, que para el restablecimiento a la Entidad recurrente de amparo en la integridad de su derecho fundamental es preciso anular la Sentencia impugnada y retrotraer las actuaciones al momento anterior a la celebración de la vista de apelación para que la actora pueda intervenir en la misma, si así lo estima pertinente: y, de otro, en virtud del principio de la máxima conservación de las actuaciones procesales y de la mínima perturbación de los derechos e intereses de terceras personas, que la nueva tramitación ha de tener por objeto exclusivamente la cuestión relativa a la responsabilidad civil de la Entidad aseguradora en su condición de fiadora ex lege, puesto que en el presente recurso de amparo no ha sido discutida ni la responsabilidad penal de la persona condenada por resolución firme ni la responsabilidad civil subsidiaria de don Juan Antonio Iravedra Zuazo, y el derecho y el interés de las Compañías de seguros, en materia de seguro obligatorio de vehículo de motor, se limita a su obligación de pagar la indemnización que corresponda y, por ello, a discutir exclusivamente la responsabilidad civil (por todas, STC 48/1984, antes citada)..
Estimar el recurso de amparo promovido por la Entidad «Unión Peninsular de Seguros, Sociedad Anónima», y, en su virtud:
1º. Anular la Sentencia de 25 de febrero de 1987 y Auto de 18 de marzo de 1987 dictados por el Juzgado de lnstrucción núm. de Alcalá de Henares en el rollo de apelación núm. 121/86, dimanante del juicio de faltas núm. 249/85 del Juzgado de Distrito de Coslada.
3º. Restablecer a la recurrente en la integridad de su derecho vulnerador para lo cual deberán retrotraerse las actuaciones seguidas en el rollo de apelación antes citado al momento inmediatamente anterior a la celebración de la vista, a fin de que la Entidad recurrente pueda intervenir en la misma, con el alcance señalado en el fundamento jurídico 5º., para lo cual deberá ser citada en forma.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 908-1988
Contra Sentencia del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Alcalá de Henares dictada en apelación de juicio de faltas y contra Auto posterior que rectificó las cantidades fijadas en el fallo en concepto de indemnización.
Este Tribunal ha afirmado en reiteradas ocasiones que en todo proceso judicial debe respetarse el derecho a la defensa contradictoria de las partes contendientes mediante la oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos o intereses, sin que pueda justificarse la resolución judicial «inaudita parte» más que en el caso de incomparecencia por voluntad expresa o tácita, o por negligencia imputable a la parte que pretende hacer valer dicho derecho fundamental. [F.J. 3]
Artículo 784.5, f. 3
Principio de audiencia bilateralPrincipio de audiencia bilateral, ff. 3, 4

matches:
resolución
resolución
resolución
resolución
resolución
resolución
resolución
Artículo 784


text:
Ir a la Gaceta del día Martes 17 de febrero de 2015
Gaceta: LXII/3SPO-85/52825
Descargar Documento (INIC_PAN_Calderon_art_1_Ley_COORD_FISCAL_art_82_Ley_Pto_Resp_Hacendaria.docx)
Propone adicionar los párrafos quinto con las fracciones I, II y III; sexto y séptimo al artículo 1º; y se adiciona el capítulo VI integrado por los artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 a la de la Ley de Coordinación Fiscal, estableciendo así que la ley, regulará el sistema único de transferencias de la federación, incluidos todos sus poderes y órganos autónomos, en favor de estados y municipios a través de: participaciones federales, reguladas en el capítulo I al IV de la Ley; aportaciones federales, reguladas en el capítulo V de la Ley; y, reasignaciones de gasto federal, reguladas en el capítulo VI de la Ley.
Las reformas, establecen que ningún recurso federal podrá ser transferido a estados y municipios, fuera de las modalidades establecidas en la ley, salvo el caso de empréstitos o participación en modelos mixtos de contratos de asociación público privada, mismos que en lo conducente se regirá por sus propias leyes.
La iniciativa establece que el ejecutivo y la cámara de diputados en el ámbito de sus atribuciones, privilegiarán la dotación de recursos a fondos de participaciones o aportaciones federales, limitando el uso de las reasignaciones a gasto de emergencia, programas federales cuya inversión deba ser específica o localizada, o bien, persiga el fortalecimiento de capacidades institucionales subnacionales, conforme al plan de nacional de desarrollo o cualquiera de sus programas.
Con la adición del capítulo VI, al que denomina de las reasignaciones de gasto federal a Estados y Municipios, se establecen las reasignaciones federales o subsidios, como recursos que la Federación por conducto de cualquiera de sus poderes u órganos autónomos, transfieran a los Estados, Distrito Federal, demarcaciones territoriales del distrito federal y en su caso, de los Municipios, condicionando la ejecución del gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de reasignación se establece esta ley y en la reglas de operación de los programas federales de los cuales surjan.
Señala que las reasignaciones solo podrán realizarse mediantes los fondos federales concursables y los fondos federales estratégicos. También se establece que los recursos federales reasignados, deberán de transferirse de manera rápida y ágil, siguiendo en lo conducente los principios que la ley señala para las aportaciones federales para su entrega.
Las reformas que se proponen, establecen también que los servidores públicos de los estados y sus municipios, el distrito federal y sus demarcaciones territoriales, responderán ante la federación por el manejo y uso de reasignaciones, en los términos que las leyes federales penales y administrativas dispongan, y podrán ser fiscalizados directamente por las autoridades competentes de la federación, sin perjuicio de las violaciones que comentan a la legislación local aplicable.
Finalmente, la propuesta establece la reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señalando que los poderes y órganos autónomos de la federación, solo podrán transferir recursos federales para ser ejecutados por entidades federativas o sus municipios, en los términos y mediante el sistema previsto en la ley de Coordinación Fiscal. Los préstamos y participación del sector privado, se regirán por las respectivas leyes de deuda pública y de asociaciones público privadas, respectivamente.
Se puntualiza que en la suscripción de los convenios mediante los cuales se transfieran recursos federales o se reasigne gasto federal a entidades federativas o sus municipios, se deberá promover una calendarización eficiente de la ministración de los recursos respectivos a las entidades federativas, salvo en aquellos casos en que durante el ejercicio fiscal se suscriba un convenio por primera vez o no hubiere sido posible su previsión anual y deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos podrían alcanzarse de mejor manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo del Gobierno Federal o sus entidades, por medio de modificaciones legales.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO CON LAS FRACCIONES I, II Y III; SEXTO Y SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 1º y SE ADICIONA UN CAPITULO VI A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; SE REFORMA EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.
Los Suscritos Senadores de la República Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Ernesto Ruffo Appel; integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164, 171 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO CON LAS FRACCIONES I, II Y III; SEXTO Y SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 1º y SE ADICIONA UN CAPITULO VI A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; SE REFORMA EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; con base en la siguiente:
Breve reseña histórica de la coordinación fiscal.
La coordinación fiscal en nuestro país tiene sus antecedentes en el siglo XIX, en el que se implementó un sistema diametralmente opuesto al vigente, que funcionaba a partir de la entrega del 30% de la recaudación de cada Estado a la Federación para financiar su operación, y que a la postre fracasó por inoperante.
En la historia reciente, la actual Constitución Política Federal ha establecido facultades impositivas para cada orden de gobierno, señalando expresamente las materias exclusivas de la federación y de los municipios, y creando un régimen de facultades residuales para las entidades federativas. Es así, como surge la figura de la concurrencia impositiva en aquellas materias no exclusivas, ni prohibidas para alguno de los tres órdenes de gobierno, entre las cuales se encuentran fuentes impositivas con un importante potencial recaudatorio (renta, ventas finales, valor agregado, hidrocarburos, producciones servicios, entre otros).
Al efecto, a fin de evitar la doble o triple tributación derivada de la concurrencia impositiva entre dos o más órdenes de gobierno, simplificar el sistema fiscal y hacer más eficiente la recaudación; surge la concepción de un mecanismo de coordinación entre federación, entidades federativas y municipios, en la que mediante la suscripción de convenios, se acordó entre las partes que la primera grave ciertas fuentes impositivas a las que renuncian los estados a cambio de una participación de la recaudación federal, a favor de entidades federativas y sus Municipios; sistema que se ha convertido en las últimas décadas en el eje central del federalismo mexicano y las relaciones intergubernamentales.
El sistema nacional de coordinación fiscal, como lo conocemos hoy en día, tiene sus bases en la expedición de las Leyes de Coordinación Fiscal y del Impuesto al Valor Agregado en el año 1978, lo que dio lugar a una coordinación fiscal a partir de 1980 sustentada en la celebración de convenios de adhesión al sistema entre la federación y las entidades federativas. Las condiciones políticas de la época posibilitaron que todas las entidades se adhirieran al “convenio-ley” sin chistar.
Como se sabe, la Ley de Coordinación Fiscal ha tenido importantes modificaciones desde entonces, destacando cuatro etapas relevantes:
De 1978 a 1989, cuando se lleva a cabo un proceso de consolidación de la ley y el sistema que implementaba: Prevalece un criterio resarcitorio, se centralizan en la federación las facultades de política fiscal y los gobiernos locales comienzan a recibir importantes recursos fiscales. Los municipios inicialmente no forman parte directa sino que sus respectivas entidades federativas, mediante fórmulas de distribución, debían transferirles un porcentaje mínimo de las participaciones recibidas.
De 1990 a 1996, cuando se presentan cambios en la estructura y fórmula del Fondo General de Participaciones: Este fondo incrementa su monto respecto a la recaudación participable y su fórmula de distribución se modifica para incluir un criterio distributivo basado en el tamaño de la población, y otro criterio de naturaleza compensatoria inverso al resarcitorio y el distributivo. Se elimina la garantía que tenían las entidades federativas de recibir el mismo monto de participaciones obtenidas en año anterior. Se crea el fondo de fomento municipal para estimular la recaudación de predial y derechos de agua potable, y nacen participaciones directas por colaboración administrativa a municipios, por ejemplo, los derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMART), o el cobro de multas federales no fiscales.
Reforma de 1997, de particular relevancia toda vez que cambia la naturaleza de la coordinación intergubernamental de una meramente de tipo fiscal (coordinación de ingresos), a una de tipo hacendario (puesto que además incluye gasto descentralizado). Es decir, de versar sólo sobre ingresos fiscales y sus componentes (política fiscal, participaciones y colaboración administrativa y crédito público), se incluye en el sistema el gasto público federalizado que se ejercía previamente mediante convenios en forma de subsidios. El eje central de esta importante modificación fue el fortalecimiento de las finanzas locales, destacándose al efecto la creación de los fondos de “aportaciones federales” (ramo 33) con la naturaleza de transferencias fiscales condicionadas (a diferencia de las participaciones) constituido inicialmente por 7 fondos de gasto dedicados a temas como educación, salud, infraestructura social, gastos del sistemas DIF, desayunos escolares, INEA y CONALEP, así como fortalecimiento municipal y seguridad pública. Es de destacarse que de los 7 fondos, sólo dos son municipales.
Reforma de 2007, la denominada reforma hacendaria que entró en vigor al año siguiente (2008), se sustentó en la elevada dependencia financiera de los gobiernos estatales y municipales respecto a las transferencias federales. Se hicieron cambios en los mecanismos de distribución de las participaciones con un criterio resarcitorio para mejorar y simplificar los incentivos y estimular así la recaudación de ingresos locales e impulsar el desarrollo económico en los estados y municipios. Se facultó a los Estados a crear fuentes de recaudación como impuestos a ventas finales y/o conservar el impuesto a la tenencia, que se abrogó como tasa federal. En relación a las aportaciones, se clarifica su naturaleza compensatoria, y se pasa al Ramo 33 el Programa de Fortalecimiento a las Entidades Federativas (PAFEF) que se ubicaba hasta 2006 en el Ramo 39. Queda así, el Ramo 33 con 8 fondos. También se hicieron modificaciones a la fórmula de distribución del fondo general de participaciones para incluir una variable relativa al Producto Interno Bruto (PIB) de cada entidad federativa, con propósito de reintroducir un elemento que reconozca el desempeño económico de las entidades federativas.
Situación actual de las relaciones fiscales intergubernamentales
En este contexto, desde la teoría y la doctrina hacendaria, se concibieron e implementaron en el marco del Sistema de Coordinación Fiscal las tres fuentes de transferencia federal para Entidades Federativas y sus Municipios: las participaciones (ramo 28 del PEF), las aportaciones (ramo 33 del PEF), y las que se conocen como “reasignaciones” del gasto mediante convenios y/o reglas de operación que nacen presupuestalmente en el ramo de alguna dependencia o entidad federal, y se reasigna a los municipios mediante los instrumentos jurídicos antes referidos, es decir, subsidios.
Las participaciones (ramo 28) y aportaciones (ramo 33), son transferencias que la Federación hace a los Estados y Municipios partiendo de una fuente distinta, en el caso de las participaciones éstas representan un porcentaje de la recaudación federal participable (ingresos tributarios, derechos por petróleo y minería, entre otros), mientras que las aportaciones tienen su origen gasto federal que se transfería por convenio. Las aportaciones se encuentran sujetas al destino específico para el que fueron creadas, son fiscalizados por los estados y posteriormente por autoridades federales, y los montos correspondientes a municipios se determinan expresamente; mientras que las participaciones, como recursos que se entregan en función de convenios de adhesión y FORMAN PARTE DE LA LIBRE HACIENDA DE LOS ESTADOS y MUNICIPIOS RESPECTIVAMENTE, su fiscalización es llevada a cabo por órganos de auditoría estatales y municipales, se rinden cuentas ante cada congreso local, y su destino a los Municipios no puede ser menor al 20% del total otorgado a la entidades federativas (con excepción del Fondo de Fomento Municipal que se destina 100% a los Municipios).
Estas transferencias federales (participaciones ramo -28- y aportaciones ramo -33) se encuentran debidamente reguladas mediante criterios y fórmulas de distribución e integración expresamente determinadas en la Ley de Coordinación Fiscal.
En nuestro sistema federal, las referidas transferencias fiscales constituyen un importante instrumento de gestión pública para la función redistributiva del ingreso y de la equidad hacendaria, es en estos principios en los que descansa su justificación y razón de ser. Es así que, en su diseño e implementación, deben ser coherentes con la lógica federalista.
Actualmente, dentro del marco jurídico vigente, no existe una metodología ni criterios específicos bajo los cuales opere el otorgamiento de los recursos federales que se transfieren a los Municipios a través de la reasignación de gasto por convenio o reglas de operación es decir subsidios. Por ello, si bien existen reglas de operación que regulan el acceso y formas distribución, tal normatividad es administrativa lo que ha dado lugar a hechos de corrupción e injusticia hacendaria al permitirse por un lado, la existencia de “gestores” para “bajar recursos federales” y, en el peor de los casos, gestores de asignaciones presupuestales para fondear los programas cuyos recursos federales más “adelante” se bajaran a municipios previamente etiquetados. Ello, se insiste, fomenta corrupción y en el menor de los casos inequidad distributiva de recursos. Este tipo de gestiones han dado lugar a los tristemente célebres “moches” por asignaciones presupuestales.
Lo anterior, ha traído como consecuencia que dichos recursos de naturaleza federal sean asignados a los Municipios con un alto grado de discrecionalidad, sin supeditarse a criterios de eficiencia y equidad. Más grave aún, en ocasiones el destino de dichas transferencias intergubernamentales ha atendido sólo a razones de tipo político y/o a intereses económicos ajenos al bien común, que redundan en auténticos actos de corrupción.
En este contexto, bajo una óptica federalista, si tomamos en consideración que a la luz de la literatura y doctrina sobre el desarrollo local, para el crecimiento y desarrollo de un país resulta indispensable el fortalecimiento de los territorios regionales; se hace indispensable promover un sistema de coordinación fiscal que contemple instrumentos hacendarios intergubernamentales cuya instrumentación contribuya verdaderamente al fortalecimiento de las haciendas públicas estatales y municipales; así como al fomento del desarrollo regional de nuestro país. Es por ello, que la instrumentación del andamiaje normativo que se propone, intenta fijar reglas claras que regulen la forma en la que los recursos federales relativos a la reasignación de gasto por convenio (subsidios) en favor de Estados y Municipios, se haga bajo los principios de certeza jurídica, equidad, eficiencia, justicia redistributiva, y transparencia, al tiempo que prohíba actos que generen corrupción cambio de asignar recursos, sea en el ámbito presupuestal o ya en el periodo administrativo de ejecución del gasto.
En este contexto, los desafíos actuales para el manejo eficiente de los recursos gubernamentales imponen la necesidad de contar con mecanismos fiscales que permitan dotar de una mayor equidad, transparencia y justicia redistributiva a la asignación de los recursos federales que se transfieren a los Municipios en el contexto de la coordinación fiscal.
Bajo estas premisas, la presente iniciativa representa un esfuerzo por avanzar hacia un auténtico fortalecimiento del federalismo hacendario, en su vertiente de un desarrollo local y regional más equilibrado, a través del otorgamiento de certeza jurídica, transparencia y equidad al proceso de adjudicación de las transferencias federales que se realizan mediante reasignaciones de gasto o subsidios, por convenio o reglas de operación en favor de Estados o Municipios. Lo anterior, se propone mediante el establecimiento de reglas claras que establezcan una definición conceptual, una estructura metodológica y la aplicación de criterios de asignación que garanticen una aplicación redistributiva y equitativa de estos recursos, ajena a cualquier asignación arbitraria que atiendan a intereses particulares ajenos al bien común de la sociedad.
Para tal efecto, se proponen modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de que la asignación de los recursos que nos ocupan cuente con lineamientos normativos que la regulen, le den transparencia y certeza jurídica, reduciendo al máximo la discrecionalidad en su aplicación, y por consiguiente, eviten la corrupción y/o el tráfico de influencias dentro del proceso presupuestal o bien, durante el proceso mismo de reasignación del gasto federal a Estados y Municipios.
Eliminar la discrecionalidad en el caso de proyectos concretos, vinculando desde el presupuesto tales proyectos a metas concretas del plan nacional de desarrollo y sus programas sectoriales o regionales.
En los demás casos de recursos para apoyar temáticas locales o concurrentes, las reasignaciones por regla general deberán ser concursables, evitando la existencia de conflictos de interés entre legisladores para asignar el gasto, su intervención a título de gestoría y, aún más, probables actos de cohecho, corrupción o tráfico de influencias al momento de reasignar gasto federal a municipios.
Al efecto, el proyecto en términos generales contempla:
La reafirmación del principio de que las únicas vías para recibir recursos federales son las participaciones, aportaciones, y reasignaciones o subsidios en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
La definición de reasignaciones o gasto reasignado, como aquel recurso o fondo federal aportado por cualquier dependencia o entidad de la Federación, incluidos los poderes de la Federación y sus órganos autónomos, para que el gasto lo ejecute un estado o un municipio. Bajo este tenor, dichos fondos serán por regla general concursables; es decir, deberán estar a disposición de cualquier estado o municipio que reúna los requisitos de establezcan los programas federales de los cuales surgen, y deberán tener acceso a dichos fondos en igualdad de circunstancias.
A fin de promover la eficiencia recaudatoria y reducir la dependencia fiscal, los municipios no podrán acceder a este tipo de fondos federales si no se encuentran ejerciendo un nivel de cobranza de su impuesto predial de, cuando menos, el 60% de su cartera.
La definición de dos tipos de gastos reasignables o subsidios:
Los fondos concursables, que serán aquellos orientados a apoyar funciones municipales, y cuya obtención dependerá de que los municipios reúnan requisitos y calidades claramente establecidos en la normatividad aplicable, y que atenderán principios de oportunidad, suficiencia de fondos y nivel de aportación municipal o estatal, según sea el caso. En estos casos, la Federación procurará que estos recursos se coloquen preferentemente en los fondos de participaciones o aportaciones distribuibles por fórmula.
Los fondos para programas estratégicos en los que la Federación determina la necesidad de inversión pública específica en un determinado municipio o estado, por ejemplo la construcción de una planta de agua potable, de un acueducto, de una carretera, o bien, de cualquier inversión prevista en un programa federal, en la que se pretenda la coinversión estatal o municipal. En estos casos la asignación deberá ser producto de un programa claramente derivado de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de su respectivo programa regional o sectorial. En estos casos, igualmente se deberán prever los requisitos de participación del municipio un estado y, que en su defecto, la Federación ejecute por su cuenta y de manera directa la inversión pública de qué se trate.
Estas propuestas resultan, sin duda, necesarias para garantizar una mejor eficiencia en el desempeño de las finanzas públicas, una redistribución de recursos que fomente la igualdad de oportunidades entre las diferentes regiones de nuestro país, y por consiguiente un desarrollo y crecimiento equitativos de cada una de ellas, sin que para ello medien consideraciones políticas que atenten contra el principio de justicia retributiva que debe prevalecer en el reparto de la riqueza nacional que se realiza en el marco de las relaciones intergubernamentales nacidas de la coordinación hacendaria y, en todo caso y siempre, se evite la corrupción y los “moches”.
Actualmente las disposiciones que se pretenden reformar a la letra dicen:
“…ARTICULO 1º.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.
La información financiera que generen las entidades federativas y los municipios, relativa a la coordinación fiscal, se deberá regir por los principios de transparencia y de contabilidad gubernamental, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental…”
“…Artículo 82.- Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales.
VII. En la suscripción de dichos instrumentosdeberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos podrían alcanzarse de mejor manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo del Gobierno Federal o sus entidades, por medio de modificaciones legales;
XII. La Auditoría, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, deberá acordar con los órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas, las reglas y procedimientos para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos quinto con las fracciones I, II y III; sexto y séptimo del artículo 1º y se adiciona un capítulo VI a la Ley de Coordinación Fiscal; y se reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en el siguiente:
ARTÍCULOPRIMERO:- Se adicionan los párrafos quinto con las fracciones I, II y III; sexto y séptimo al artículo 1º de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
ARTICULO 1º.-…
La presente ley regula el sistema único de transferencias de la federación, incluidos todos sus poderes y órganos autónomos, en favor de estados y municipios a través de:
Participaciones federales, reguladas en el capítulo I al IV de la presente Ley.
Aportaciones federales, reguladas en el capítulo V de la presente Ley.
Reasignaciones de gasto federal, reguladas en el capítulo VI de la presente Ley.
Ningún recurso federal podrá ser transferido a estados y municipios, fuera de las modalidades establecidas en la presente ley, salvo el caso de empréstitos o participación en modelos mixtos de contratos de asociación publico privada, mismos que en lo conducente se regirá por sus propias leyes.
El ejecutivo y la cámara de diputados en el ámbito de sus atribuciones, privilegiarán la dotación de recursos a fondos de participaciones o aportaciones federales, limitando el uso de las reasignaciones a gasto de emergencia, programas federales cuya inversión deba ser específica o localizada, o bien, persiga el fortalecimiento de capacidades institucionales subnacionales, conforme al plan de nacional de desarrollo o cualquiera de sus programas.
ARTICULO SEGUNDO:- Se adiciona el capítulo VI integrado por los artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
De las reasignaciones de gasto federal a Estados y Municipios.
Artículo 53.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I al V de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las reasignaciones federales o subsidios, como recursos que la Federación por conducto de cualquieras de sus poderes u órganos autónomos, transfieran a los Estados, Distrito Federal, demarcaciones territoriales del distrito federal y en su caso, de los Municipios, condicionando la ejecución del gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de reasignación se establece esta ley y en la reglas de operación de los programas federales de los cuales surjan.
Artículo 54.- Las reasignaciones solo podrán realizarse mediantes los siguientes fondos:
Fondos federales concursables: Se trata de recursos federales correspondientes a cualquier ramo de los poderes federales u organismos autónomos, destinados a fortalecer capacidades y lograr objetivos institucionales concurrentes a través de su ejecución por conducto de los estados, sus municipios, el distrito federal y en su caso por las demarcaciones territoriales del distrito federal, siempre y cuando reúnan los requisitos y calidades previstos en las reglas de operación correspondientes, y otorguen acceso en igualdad de oportunidades a estados y municipios.
Fondos federales estratégicos: Se trata de recursos federales correspondientes a cualquier ramo de los poderes federales u organismos autónomos, previstos en el presupuesto federal para la consecución de una obra de infraestructura estratégica, urgente o indispensable, y etiquetadas específicamente para una región o localidad, mismo gasto cuya naturaleza no es concursable. En estos casos, el presupuesto debe tener su origen en una meta estratégica del plan nacional de desarrollo o sus programas regionales o sectoriales, o bien, en la asunción de una función federal por parte de un estado o sus municipios, o el distrito federal o alguna de sus demarcaciones.
También se incluirán en este tipo de transferencias, las reasignaciones especificas o etiquetadas de cualquier tipo de gasto, que se hagan con motivo de la aplicación de la ley general de protección civil, emergencias sanitarias o de seguridad pública, o cualquier asignación especial que se haga para atender situaciones extraordinarias que de no ejercerse, pondría en riesgo la seguridad o salubridad de una localidad o región.
Artículo 55.- Los Fondos federales concursables deberán estar claramente expresados en los presupuestos del ramo que corresponda, y se regirán por los principios de publicidad, oportunidad, equidad transparencia, así como las leyes aplicables y las reglas de operación de cada programa. Queda prohibida la práctica de etiquetar estos recursos para estados o municipios específicos en el presupuesto de egresos de la federación, salvo el caso de regiones que abarquen más de un estado o tipología de localidades a los que se pudiera destinar el concurso.
Los estados, municipios, el distrito federal y sus demarcaciones territoriales, no podrán pagar con recursos federales ni ingresos propios, cuotas o comisiones por la obtención de fondos federales concursables. Los honorarios por servicios técnicos y de preparación del concurso, en todo caso, serán cubiertos con recursos propios y las leyes penales y de fiscalización sancionarán los excesos en que se incurra.
Los proyectos presentados por los municipios se estudiaran en el orden que hubieren ingresado y se asignarán de manera equitativa procurando la cobertura del territorio nacional.
Reasignado que sea el presupuesto a un estado, un municipio, el distrito federal o una de sus demarcaciones territoriales, se deberá suscribir el convenio correspondiente para garantizar el cumplimiento de la legislación federal y local aplicables.
Artículo 56.- Los fondos federales estratégicos, podrán estar etiquetados a lugares o proyectos específicos en materias concurrentes siempre y cuando tengan su origen en el plan nacional de desarrollo y en cualquiera de sus programas regionales o sectoriales, debiendo derivar en la consecución de una meta clara y específica, o bien, en el convenio mediante el cual la federación transfiera a los estados o sus municipios, o el distrito federal o alguna de sus demarcaciones, una función federal a la que corresponda un fuente de financiamiento.
La Cámara de diputados no podrá introducir o modificar este tipo de reasignaciones, si no se corresponden con metas del plan nacional de desarrollo o sus programas regionales o sectoriales.
Artículo 57.- Queda prohibido el pago de honorarios o de cualquier especie, por parte de Estados, municipios, distrito federal o sus demarcaciones territoriales para la obtención de fondos federales estratégicos.
Artículo 58.- Los recursos federales reasignados, deberán de transferirse de manera rápida y ágil, siguiendo en lo conducente los principios que esta ley señala para las aportaciones federales para su entrega, debiéndose observar lo siguiente:
Las reglas de operación deberán estar publicadas más tardar el 30 de noviembre del ejercicio anterior al que se presupuesta.
Las reasignaciones deberán determinarse a más tardar el último día de febrero y los convenios deberán estar suscritos a más tardar el último día de marzo. Los recursos asignados deberán calendarizarse y entregarse de manera tal que se garantice su óptimo ejercicio. Ante la falta de calendario expreso, la totalidad de los recursos reasignados deberán entregarse mensualmente en partes iguales entre los meses de abril a noviembre del ejercicio que se trate.
Los recursos reasignados no podrán retenerse ni retrasarse salvo declaratoria de recisión que haga la federación por causa de incumplimiento del estado, municipio, distrito federal o demarcación territorial según sea el caso que se trate. La federación podrá descontar de participaciones federales, el recurso federal reasignado no ejercido o no aplicado conforme al convenio correspondiente.
Los recursos los transferirá la federación directamente a la contraparte que haya de ejercerlos. Tratándose de municipios o una demarcación territorial del distrito federal, la federación los transferirá a al estado o distrito federal según corresponda, y estos al municipio o demarcación territorial que se trate dentro de los 3 días hábiles siguientes a aquel en que reciba el recurso por parte de la federación. En caso de incumplimiento en la entrega de los recursos por partes de los estados o el distrito federal, la federación podrá transferir directamente los recursos a dichos municipios o demarcaciones sin perjuicio de las responsabilidades penales, hacendarias y administrativas que pudieran resultar por dicha omisión.
Artículo 59.- Los servidores públicos de los estados y sus municipios, el distrito federal y sus demarcaciones territoriales, responderán ante la federación por el manejo y uso de reasignaciones, en los términos que las leyes federales penales y administrativas dispongan, y podrán ser fiscalizados directamente por las autoridades competentes de la federación, sin perjuicio de las violaciones que comentan a la legislación local aplicable.
ARTÍCULOTERCERO:- Se reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 82.- Los poderes y órganos autónomos de la federación, solo podrán transferir recursos federales para ser ejecutados por entidades federativas o sus municipios, en los términos y mediante el sistema previsto en la ley de Coordinación Fiscal. Los préstamos y participación del sector privado, se regirán por las respectivas leyes de deuda pública y de asociaciones público privadas, respectivamente.
En la suscripción de los convenios mediante los cuales se transfieran recursos federales o se reasigne gasto federal a entidades federativas o sus municipios, se observará lo siguiente:
I. Deberán promover una calendarización eficiente de la ministración de los recursos respectivos a las entidades federativas, salvo en aquellos casos en que durante el ejercicio fiscal se suscriba un convenio por primera vez o no hubiere sido posible su previsión anual;
II. a VI.- …
VII. Deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos podrían alcanzarse de mejor manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo del Gobierno Federal o sus entidades, por medio de modificaciones legales;
VIII. a XI.- …
ARTÍCULO PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.

matches:
artículo 1
artículo 82
ARTÍCULO 1
ARTÍCULO 82
ARTÍCULO 1
ARTÍCULO 82
artículo 1
artículo 82
artículo 1
Artículo 53
Artículo 54
Artículo 55
Artículo 56
Artículo 57
Artículo 58
Artículo 59
artículo 82
Artículo 82


text:
146 resultados para pagare funcion economica
... d) los demás lugares que cumplieren una función similar a la de los mencionados en los incisos ... que no perjudicare a la actividad económica nacional;. c) el lugar en que podrá cumplirse la ... mes anterior al de la fecha en que se pagare la nueva liquidación de tributos. ARTÍCULO 274. ...
... del artículo 40, la situación económica del penado. Si el reo no pagare la multa en el ... delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen ...
... de las mismas y a su significación económica. Sólo cuando no sea posible fijar por la letra o ... y deberá ser presentado ante el funcionario que dicte el acto recurrido. Las respuestas que ... a partir de la notificación el infractor pagare voluntariamente la multa y presentare la ...
... comprendidos en las actividades económicas del sector primario. b) Los servicios de turismo, ... o servicio en un sitio de Internet que funcione como un mercado en línea, incluyendo los ... suscripción de cheques de pago diferido, pagaré, facturas conformadas, letras de cambio o ...
... la estructura gubernamental en función de atender los objetivos prioritarios definidos ... constitucionales de libertad económica. Que las medidas de esa índole tienen como ... específicas de cheque, letra de cambio, pagaré y tarjeta de crédito establecen el requisito de ...
... Estado, y obtengan autorización para funcionar. 2. Las sociedades civiles y comerciales o ... en atención a las posibilidades económicas de los cónyuges y al interés familiar, fijando ... título del crédito, si éste fuese de pagarés al portador, salvo el caso de hurto o de graves ...
... relación con los riesgos asumidos, las funciones ejercidas y los activos involucrados en la ...e) ejerza actividades que económicamente corresponden al residente en el extranjero y no a ... a partir de la notificación, el infractor pagare voluntariamente la multa, cumpliera con el o los ...
... de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas" (FACPCE). Estas normas establecen que la aplicaci\xC3"...ón, incrementado mensualmente en función de la tasa interna de rendimiento, según el ...Pagaré sistema refinanciación hipotecaria El rubro ...
... o agentes que cumplan similares funciones conforme se establezca en la reglamentación. A ..., certificados de depósito y warrants, pagarés, letras de cambio, letras hipotecarias y todos ... accionistas tanto en las condiciones económicas y financieras como en cualquier otra condición ...
... de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.). Estas normas establecen que la ...ón, incrementado mensualmente en función de la tasa interna de rendimiento, según el ...Pagaré sistema refinanciación hipotecaria El rubro ...
... del artículo 40, la situación económica del penado. Si el reo no pagare la multa en el ... se les haga de las respectivas funciones. Artículo 40.- En las penas divisibles por ...
...ón Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo precedente y de la ...2. Contenido de la Oferta: La oferta económica deberá ser presentada con:. a) Documentación ... de la factura, contra presentación de un Pagaré por el monto total del adelanto, y a la orden del ...
... más de una década de funcionamiento del sistema y dada su alta complejidad, mediante ...ARTICULO 6°.- ACTIVIDAD ECONOMICA Y RADICACION DE LOS SOCIOS PARTICIPES. Al menos ...j) Pagaré Bursátil: Aquellas que se otorguen sobre ...
..., cualquiera fuere la actividad económica en la que actúen. En tal sentido deberá: * ... general para la organización y funcionamiento de la Administración Pública Nacional no ..., respectivamente, dispuso la emisión de pagarés a cinco años de plazo cada uno, tendientes a ...
... Estado, y obtengan autorización para funcionar. 2°. Las sociedades civiles y comerciales o ... en atención a las posibilidades económicas de los cónyuges y al interés familiar, fijando ... título del crédito, si éste fuese de pagarés al portador, salvo el caso de hurto o de graves ...
... d) Los demás lugares que cumplieren una función similar a la de los mencionados en los incisos ...actividad económica nacional;. c) El lugar en que podrá cumplirse la ... mes anterior al de la fecha en que se pagare la nueva liquidación de tributos. Artículo 253- ...
... Público de Comercio , a cargo del funcionario que designe la autoridad de aplicación, que ... los socios para ser indemnizado de lo que pagare. Socio oculto. La responsabilidad del socio ... escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre ...
..., cualquiera fuere la actividad económica en la que actúen. En tal sentido deberá: \u2022 ... general para la organización y funcionamiento de la Administración Pública Nacional no ..., respectivamente, dispuso la emisión de pagarés a cinco años de plazo cada uno, tendientes a ...
... del artículo 40, la situación económica del penado. Si el reo no pagare la multa en el ...Por los términos "funcionario" público\" y \"empleado público\", usados en este c\xC3"...
... pleno y justo de las fuerzas económicas" (Fallos: 298:341; 302:508), concepto que cabe ... que el Poder Judicial no tiene por función clasificar los sistemas económicos y ..."A cada prestamista se dará un pagaré sellado con el sello del Estado firmado del ...
... de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), aprobadas por el Consejo ... la registración de dichos activos, en función al destino más probable de las acreencias. Los ...La tenencia de "Pagaré de la Nación Argentina en Pesos Badlar Privada + ...

matches:
ARTÍCULO 274
artículo 40
artículo 40
Artículo 40
Artículo 253
artículo 40


text:
General – Boletin de Actualidad de Derecho Civil
Categoría: General	Recurso de inconstitucionalidad contra la incorporación de la propiedad temporal y compartida al CC de Cataluña: se levanta la suspensión	Octubre 8th, 2016admin0 Comments	Recurso de inconstitucionalidad nº 2465-2016, contra el artículo 1, y, por conexión, en lo que a la propiedad temporal se refieren, las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, y disposición final, de la Ley de la Generalidad de Cataluña 19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida al Libro Quinto del Código Civil de Cataluña. Publicado en:«BOE» núm. 244, de 8 de octubre de 2016, páginas 71897 a 71897 (1 pág.) El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 4 de octubre actual, en el recurso de inconstitucionalidad número 2465-2016, promovido por … Continue Reading
FILED UNDER: General	Res DGRN, Registro Civil, de 22 de agosto de 2016 (1ª): inscripción del nombre Lobo	Agosto 29th, 2016admin0 Comments	Res DGRN, Registro Civil, de 22 de agosto de 2016 (1ª) “En las actuaciones sobre imposición de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra calificación del Juez Encargado del Registro Civil de …. HECHOS 1.- El 14 de julio de 2016 don … y doña … solicitan al Registro Civil de… la inscripción dentro de plazo legal del nacimiento de su hijo, acaecido el 12 de julio de 2016 en …, según se acredita con parte facultativo del centro sanitario, manifestando en dicho acto que eligen … Continue Reading
FILED UNDER: GeneralTAGGED WITH: nombre, registro civil	Recurso de inconstitucionalidad contra la propiedad temporal y compartida en el CC de Cataluña	Junio 3rd, 2016admin0 Comments	Recurso de inconstitucionalidad n.º 2465-2016, contra el artículo 1, y, por conexión, en lo que a la propiedad temporal se refieren, las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, y disposición final, de la Ley de la Generalidad de Cataluña 19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida al Libro Quinto del Código Civil de Cataluña. Publicado en: «BOE» núm. 134, de 3 de junio de 2016, páginas 36605 a 36605 (1 pág.) El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 24 de mayo actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de … Continue Reading
FILED UNDER: General	Cuestión de inconstitucionalidad nº 1595-2016, en relación con el artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas	Mayo 19th, 2016admin0 Comments	Cuestión de inconstitucionalidad nº 1595-2016, en relación con el artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, en cuanto que solo reconoce legitimación a las personas mayores de edad para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo y del nombre, por posible vulneración de los artículos 15, 18.1 y 43.1, en relación con el artículo 10.1 CE. «BOE» núm. 121, de 19 de mayo de 2016, páginas 33095 a 33095 (1 pág.) El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de … Continue Reading
FILED UNDER: GeneralTAGGED WITH: registro civil	STJUE 17 julio 2014.-un procedimiento en el que el consumidor como deudor ejecutado, no puede recurrir en apelación contra la resolución mediante la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras que el profesional, acreedor ejecutante, sí puede interponer recurso de apelación contra la resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva, es contrario al derecho comunitario	Julio 19th, 2014admin0 Comments	SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 17 de julio de 2014 (*) «Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Artículo 7 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Contratos celebrados con los consumidores — Contrato de préstamo hipotecario — Cláusulas abusivas — Procedimiento de ejecución hipotecaria — Legitimación activa» En el asunto C‑169/14, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Audiencia Provincial de Castellón, mediante resolución de 2 de abril de 2014, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de abril de 2014, en el procedimiento entre Juan Carlos Sánchez Morcillo, … Continue Reading
FILED UNDER: derecho europeo, GeneralTAGGED WITH: consumidores, ejecución hipotecaria, hipoteca	STC 17-10-2012.-Inconstitucionalidad parcial del art. 92.8 del Código civil	Octubre 25th, 2012admin0 Comments	El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Vadés Dal-Ré, y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente S E N T E N C I A En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 8912-2006, promovida por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, en relación … Continue Reading
FILED UNDER: General, jurisprudenciaTAGGED WITH: patria potestad	Reglamento (UE) n ° 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 , relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo	Agosto 22nd, 2012admin0 Comments	Reglamento (UE) n ° 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 , relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo Diario Oficial n° L 201 de 27/07/2012 p. 0107 – 0134 Reglamento (UE) no 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, … Continue Reading
FILED UNDER: derecho europeo, General	El Constitucional rechaza que los embargos de pisos por impago vulneren derechos	Julio 26th, 2011admin0 Comments	El tribunal descarta entrar a estudiar el recurso de un juzgado de Sabadell sobre si el sistema de ejecuciones impedía aclarar el “carácter abusivo” de las hipotecas EFE | Madrid 26/07/2011 El Tribunal Constitucional cree que las ejecuciones hipotecarias, que permiten a las entidades financieras o a otros acreedores quedarse con un inmueble tras el impago de la hipoteca, no vulneran los derechos fundamentales de los afectados y por tanto no son inconstitucionales. En un auto publicado hoy, el Constitucional rechaza así estudiar la cuestión de inconstitucionalidad que planteó en septiembre de 2010 el Juzgado de Primera Instancia número 2 … Continue Reading
FILED UNDER: General, prensaTAGGED WITH: embargo, hipoteca	Jerusalem Rabbinical Court wants woman jailed for refusing to accept divorce – Haaretz Daily Newspaper | Israel News	Julio 26th, 2011admin0 Comments	“Jerusalem Rabbinical Court wants woman jailed for refusing to accept divorceWife refuses divorce because of financial dispute threatened with prison sentence if won’t agree to divorce, in unusual rabbinical court case.By Tomer ZarchinTags: Jewish World Jerusalem Jewish law In a rare move, the Jerusalem Rabbinical Court ordered a 59-year-old woman jailed this week for refusing for 15 years to accept a ritual divorce from her husband and release him from their marriage.Disputes over refusals to grant a get, or Jewish religious separation, are common, but usually involve a husband holding back the bill of divorce, making this a rare case” … Continue Reading
FILED UNDER: General, prensaTAGGED WITH: divorcio, matrimonio	el Gobierno impugna la la Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat Valenciana, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven.	Julio 26th, 2011admin0 Comments	Boletín Oficial del Estado: 26 de julio de 2011, Núm. 178 I. DISPOSICIONES GENERALES Tribunal Constitucional Recurso de inconstitucionalidad nº 3859/2011, contra la Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat Valenciana, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven. Código de Verificación Electrónica (CVE): BOE-A-2011-12864 Páginas: 83695 a 83695 – 1 pág. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de julio actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 3859-2011, promovido por el Presidente del Gobierno, contra la Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat Valenciana, … Continue Reading
FILED UNDER: General	Navegación de entradas
Páginas	Códigos Civiles

matches:
artículo 1
artículo 1
artículo 1
artículo 1
artículo 10
resolución
resolución
Artículo 7
Artículo 47
artículo 267
resolución


text:
Cálculo II.docx | Integral | Evaluación
salvareSalvați Cálculo II.docx pentru mai târziu
ASIGNATURA: Cálculo II 108 HORAS
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: La asignatura de Cálculo II a es una asignatura de carácter lectivo del área formativa de Disciplinas Básicas, del área de conocimiento de Ciencias Básicas Matemática.
Al aprobar la asignatura el estudiante estará en condiciones de resolver problemas mediante estrategias matemáticas relacionadas con el cálculo integral y sus aplicaciones, y utilizar este aprendizaje para
resolver situaciones problemáticas en el ámbito de la ingeniería eléctrica y/o electrónica.
 Esta asignatura contribuye de manera transversal al logro de los indicadores de las
Esta asignatura contribuye de manera transversal a las competencias del Perfil de egreso y a la competencias del Perfil de egreso.
competencia genérica Resolución de Problemas Nivel N°2.
Nivel 2 - Resuelve problemas integrando diversas variables, en sistemas y procesos propios de la
especialidad, aportando a su mejora y optimización.
1 La Integral indefinida y técnicas de integración 35
2 La Integral definida 25
3 Aplicaciones de las integrales 20
4 Series numéricas 28
DOCENTE ELABORADOR: German Osses Romano ASESOR DE DISEÑO CURRICULAR: Rodrigo Parra Bruna
HORAS DE LA UNIDAD : 35
1.- La Integral indefinida y técnicas de integración
Horas Presenciales : 35 Horas Online : 0
1.1.- Resuelve problemas de la disciplina y/o
1.1.1.- Identificando la primitiva de una función mediante la derivada.  Integral indefinida: antiderivada o primitiva. Definición, propiedades y reglas
especialidad que involucren tópicos de
integrales indefinidas y técnicas de de integración.
integración. (Integrada Competencia 1.1.2.- Obteniendo la integral de una función mediante la definición de antiderivada.
Genérica Resolución de Problemas).
1.1.3.- Realizando el cálculo de integrales indefinidas en funciones elementales de una
variable, mediante la descomposición en integrales más simples.
1.1.4.- Utilizando reglas de integración en el cálculo de integrales de funciones reales.
1.1.5.- Identificando situaciones problemáticas.
1.1.6.- Identificando la información necesaria y las diversas variables involucradas.
1.1.7.- Integrando métodos y procedimientos (estrategia).
 Remítase a las actividades declaradas en el Diseño Instruccional de la asignatura, elaborado por el Área de Ciencias Básicas de la VRA.
2.- La Integral definida
2.1.- Resuelve problemas de la disciplina y/o
2.1.1.- Calculando integrales definidas de funciones de valor real en una variable.  Integral definida: noción de las sumas de Riemann. Teorema fundamental
integral definida. (Integrada Competencia del cálculo.
Genérica Resolución de Problemas). 2.1.2.- Calculando las sumas de Riemann para aproximar el valor de la integral definida.
2.1.3.- Utilizando reglas de integración en el cálculo de integrales definidas de funciones
2.1.4.- Integrando métodos y procedimientos (estrategia).
2.1.5.- Adaptando métodos.
HORAS DE LA UNIDAD : 20
3.- Aplicaciones de las integrales
Horas Presenciales : 20 Horas Online : 0
3.1.- Resuelve problemas de la disciplina y/o
3.1.1.- Determinando el valor del área de la región limitada bajo la curva de una función y  Aplicaciones de las integrales: área de bajo la curva. Área de la región entre
especialidad que involucren aplicaciones de
el eje de las abscisas, mediante la integral definida. curvas. Cálculo de volúmenes por secciones transversales.
las integrales. (Integrada Competencia
3.1.2.- Aplicando la integral definida en la resolución de problemas, que involucran el
cálculo de áreas de regiones limitadas por dos funciones y sus puntos de intersección.
3.1.3.- Adaptando normas y estándares.
3.1.4.- Determinando el valor del radio de convergencia de una serie de potencias.
HORAS DE LA UNIDAD : 28
4.- Series numéricas
Horas Presenciales : 28 Horas Online : 0
4.1.- Resuelve problemas de la disciplina y/o
4.1.1.- Utilizando criterios para el análisis de convergencia de series numéricas.  Sucesiones: sucesiones de números reales. sucesiones alternadas.
especialidad que involucren tópicos de series
numéricas. (Integrada Competencia Genérica Representación gráfica de sucesiones. Convergencia de sucesiones.
Resolución de Problemas). 4.1.2.- Representando gráficamente sucesiones numéricas.  Series: series numéricas. Series de potencias.
4.1.3.- Determinando el intervalo de convergencia de una serie de potencias.
4.1.4.- Determinando el valor del radio de convergencia de una serie de potencias.
4.1.5.- Adaptando normas y estándares.
4.1.6.- Estableciendo propuestas de solución viables.
Unidad de aprendizaje 1: La Integral indefinida y técnicas de integración
Unidad de aprendizaje 2: La Integral definida
Unidad de aprendizaje 3: Aplicaciones de las integrales
Unidad de aprendizaje 4: Series numéricas
Aprendizaje Centrado en la Resolución de Problemas en el Aula (ACERPA): Estrategia didáctica que busca desarrollar en el estudiante el conocimiento de las ciencias (Matemática, Física, Química y
Biología) enfrentándose a problemas no rutinarios y de diversa complejidad, que requieren de conocimientos y estrategias para su resolución. Su didáctica, mediada por el docente, se desarrolla a través de
estrategias específicas que favorecen la construcción o reconstrucción del conocimiento, que permiten al estudiante profundizar y flexibilizar su conocimiento científico.
Lluvia de Ideas (LI). Actividad grupal que permite indagar u obtener información acerca de lo que un grupo conoce sobre un determinado tema.
 Se parte de una pregunta central.
 La participación puede ser oral o escrita.
 Debe existir un moderador.
No es necesario que todos los estudiantes contesten, pero sistematice las respuestas en el pizarrón.
Para efectos de evaluación formativa se sugiere:
Usar el mismo esquema que el de Evaluación Sumativa; pero programando pre-entregas. De esta manera podrá entregar a los estudiantes retroalimentación de sus productos y/o desempeños y
otorgará una oportunidad de mejora al estudiante antes de la Evaluación Sumativa.
1.1.1 Identificando la primitiva de una función mediante la
1.1.2 Obteniendo la integral de una función mediante la
definición de antiderivada.
1.1.3 Realizando el cálculo de integrales indefinidas en
funciones elementales de una variable, mediante la
descomposición en integrales más simples. Aprendizaje Problemas resueltos relacionados
Centrado en la con la disciplina y/o especialidad,
Pruebas de Contestada y analizada
1 Resolución de que involucren tópicos de 15% 75%
1.1.4 Utilizando reglas de integración en el cálculo de integrales Problemas en el desarrollo individualmente.
integrales indefinidas y técnicas de
de funciones reales. Aula (ACERPA) integración.
1.1.5 Identificando situaciones problemáticas.
1.1.6 Identificando la información necesaria y las diversas
1.1.7 Integrando métodos y procedimientos (estrategia).
2.1.1 Calculando integrales definidas de funciones de valor real
en una variable.
2.1.2 Calculando las sumas de Riemann para aproximar el valor
de la integral definida. Aprendizaje
Problemas resueltos relacionados
Pruebas de con la disciplina y/o especialidad, Contestada y analizada
2 2.1.3 Utilizando reglas de integración en el cálculo de integrales Resolución de 20%
desarrollo que involucren tópicos de integral individualmente.
definidas de funciones reales. Problemas en el
Aula (ACERPA)
2.1.4 Integrando métodos y procedimientos (estrategia).
2.1.5 Adaptando métodos.
3.1.1 Determinando el valor del área de la región limitada bajo
la curva de una función y el eje de las abscisas, mediante la
3.1.2 Aplicando la integral definida en la resolución de Pruebas de con la disciplina y/o especialidad, Contestada y analizada
3 Resolución de 25%
problemas, que involucran el cálculo de áreas de regiones desarrollo que involucren aplicaciones de las individualmente.
limitadas por dos funciones y sus puntos de intersección. integrales.
3.1.3 Adaptando normas y estándares.
4.1.1 Utilizando criterios para el análisis de convergencia de
4.1.2 Representando gráficamente sucesiones numéricas.
4.1.3 Determinando el intervalo de convergencia de una serie Aprendizaje
de potencias. Problemas resueltos relacionados
4 Resolución de 20%
desarrollo que involucren tópicos de series individualmente.
4.1.4 Determinando el valor del radio de convergencia de una Problemas en el
serie de potencias. Aula (ACERPA)
4.1.5 Adaptando normas y estándares.
4.1.6 Estableciendo propuestas de solución viables.
Análisis matemático Jornet, David 2003 9788497054119 Universidad Politécnica de Valencia e-Libro ebook
Auditaría III, En : selección de guías de estudio : contabilidad y finanzas Armas García, Raúl de 2011 9789591613394 Universitaria e-Libro ebook
Cálculo de una variable : conceptos y contextos Stewart, James 2010 9786074812374 Cengage Learning Libro
Funciones reales de una variable real Acosta González, Rogelio 2004 9789591602817 Universitaria e-Libro ebook
Precálculo : funciones gráficas Barnett, Raymond A. 2000 9781456200206 McGraw Hill Interamericana e-Libro ebook
Precálculo : matemáticas para el cálculo Stewart, James 2007 9789706866387 Cengage Learning Libro
Problemas de cálculo diferencial e integral García Talavera, Guillermo 1999 9781449227746 Instituto Politécnico Nacional e-Libro ebook
Cálculo Hughes-Hallett, Deborah 2001 9682611628 Cecsa Libro
Documente similare cu Cálculo II.docx
100411_430 _Fase 2_ Trabajo (1)
Tipo de ejercicios 1_F.docx
Guia de Integración Indefinida
sistemas2011[1]
Calculo En Una Variabble
A1 U2 Aplicaciones de la integral
Exp. Int. Trigonometricas
jmuruena
Mai multe de la Alejandro Jorge
MANEJO DE DATOS Y GRAFICAS.docx
ivanaalf
Actividad 1 limites de funciones semana 1-2 Calculo I.docx
Tarea de Cálculo Integral (1)

matches: Resolución Resolución Resolución resolución Resolución Resolución Resolución Resolución resolución Resolución Resolución


text:
BOC - 2018/097. Lunes 21 de Mayo de 2018
2018 /097. Lunes 21 de Mayo de 2018
BOC Nº 97. Lunes 21 de Mayo de 2018
3 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 573.14 Kb.
BOC-S-2018-097. Firma electrónica- Descargar
2407 Secretaría General Técnica.- Resolución de 14 de mayo de 2018, por la que se dispone la publicación de Convenios de Colaboración suscritos entre la sociedad pública mercantil Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA) con varias entidades.
11 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 662.18 Kb.
BOC-A-2018-097-2407. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2408 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Resolución de 23 de abril de 2018, por la que se emite Informe de Impacto Ambiental en relación con el proyecto denominado "Actividad en nave de almacenamiento", promovido por Reciclajes Especiales y Eléctricos Canarias, S.L.- Expte. 2017/24345.
3 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 270.17 Kb.
BOC-A-2018-097-2408. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
BOC-A-2018-097-2409. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2410 ORDEN de 7 de mayo de 2018, por la que se convocan subvenciones destinadas a sufragar gastos de desplazamientos de material necesario para la participación de deportistas en competiciones deportivas y se aprueban las bases que han de regir las mismas.
32 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 733.51 Kb.
BOC-A-2018-097-2410. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2411 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2018, de rectificación de la Resolución de 13 de abril de 2018, relativa a la modificación de la relación de puestos de trabajo.
1 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 217.79 Kb.
BOC-A-2018-097-2411. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2412 EDICTO de 23 de febrero de 2018, relativo al fallo de la sentencia dictada en los autos de procedimiento de familia. Divorcio contencioso nº 0000577/2017.
BOC-A-2018-097-2412. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2413 Edicto de 10 de abril de 2018, relativo al fallo de la sentencia dictada en los autos de juicio verbal nº 0000749/2017.
BOC-A-2018-097-2413. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2414 EDICTO de 3 de mayo de 2018, relativo al fallo de la sentencia dictada en los autos de procedimiento de familia. Divorcio contencioso nº 0001126/2017.
BOC-A-2018-097-2414. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2415 EDICTO de 26 de febrero de 2018, relativo al fallo de la sentencia dictada en los autos de juicio verbal nº 0000106/2017.
BOC-A-2018-097-2415. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2416 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 10 de mayo de 2018, por el que se hace pública la licitación para la contratación de un suministro consistente en el arrendamiento y mantenimiento de máquinas impresoras y fotocopiadoras multifunciones de esta Dirección General.- Expte. SUM.18.01.
4 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 255.67 Kb.
BOC-A-2018-097-2416. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2417 Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de 15 de mayo de 2018, de modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares relativo al otorgamiento de una concesión demanial sobre el local comercial nº 2 del Complejo Hospitalario Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y de apertura de nuevo plazo para presentar proposiciones.- Expte. nº 37/2017.
BOC-A-2018-097-2417. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2418 Viceconsejería de Acción Exterior.- Extracto de la Resolución de 4 de mayo de 2018, por la que se efectúa convocatoria de subvenciones para el año 2018 destinada a financiar proyectos de cooperación al desarrollo internacional realizados por los agentes de cooperación canaria.
2 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 239.89 Kb.
BOC-A-2018-097-2418. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2419 Dirección General de Industria y Energía.- Anuncio de 30 de abril de 2018, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, evaluación de impacto ambiental y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación Parque eólico Punta Tenefé, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana en la isla de Gran Canaria.- Expte. ER 17/0067.
2 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 392.83 Kb.
BOC-A-2018-097-2419. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2420 Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración.- Anuncio de notificación de 7 de mayo de 2018, en procedimientos de reintegro de la Prestación Canaria de Inserción.
BOC-A-2018-097-2420. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2421 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de notificación de 10 de mayo de 2018, en procedimiento sancionador en el orden social.
BOC-A-2018-097-2421. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2422 Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia.- Anuncio de notificación de 11 de mayo de 2018, en procedimientos en materia de juegos y apuestas.
1 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 289.81 Kb.
BOC-A-2018-097-2422. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2423 Servicio Canario de la Salud.- Anuncio de notificación de 9 de mayo de 2018, en procedimiento sancionador por infracción en materia sanitaria.
1 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 278.70 Kb.
BOC-A-2018-097-2423. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2424 Servicio Canario de la Salud.- Anuncio de notificación de 11 de mayo de 2018, en procedimiento sancionador por infracción en materia sanitaria.
1 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 283.02 Kb.
BOC-A-2018-097-2424. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2425 EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 2018 subvenciones destinadas a sufragar gastos de desplazamientos de material necesario para la participación de deportistas en competiciones deportivas.
BOC-A-2018-097-2425. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar
2426 Consejo Insular de Aguas de La Gomera.- Extracto de la Resolución de 9 de mayo de 2018, por la que se convoca concurso público para la solicitud de Auxilios a Proyectos de obras Hidráulicas de Iniciativa Privada para la anualidad 2018.
2 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 235.20 Kb.
BOC-A-2018-097-2426. Versión HTML - Firma electrónica - Descargar

matches: Resolución Resolución RESOLUCIÓN Resolución Resolución Resolución