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Observaciones finales sobre el informe inicialde Eslovaquia *
1.El Comité examinó el informe inicial de Eslovaquia (CRPD/C/SVK/1) en sus sesiones 242ª y 243ª (véanse CRPD/C/SVK/SR.242 y 243), celebradas los días 4 y 5 de abril de 2016. Aprobó las presentes observaciones finales en su 256º sesión, celebrada el 13 de abril de 2016.
2.El Comité acoge con satisfacción el informe inicial de Eslovaquia, que se preparó con arreglo a las directrices del Comité en materia de presentación de informes, y agradece al Estado parte las respuestas presentadas por escrito (CRPD/C/SVK/Q/1/Add.1) a la lista de cuestiones preparada por el Comité (CRPD/C/SVK/Q/1).
3.El Comité agradece el fructífero diálogo mantenido con la delegación del Estado parte y felicita al Estado parte por el alto nivel de su delegación, integrada por muchos representantes de los ministerios gubernamentales competentes.
4.El Comité observa con reconocimiento que el Estado parte aprobó la Ley sobre el Comisionado para las Personas con Discapacidad; aprobó la Carta de derechos de los pasajeros que viajan por vía aérea, ferrocarril, autocar, autobús y transporte marítimo de la Unión Europea; pasó a ser miembro de la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión Educativa mediante la Resolución núm. 682/2011 del Gobierno; aprobó la Orden núm. 17/2015 del Ministerio del Interior sobre la ejecución de tareas y medidas conforme al Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes; y aprobó el Plan de Acción Nacional de Prevención y Eliminación de la Violencia contra la Mujer para el período 2014-2019, después de firmar el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica. El Comité celebra el reconocimiento del cambio de paradigma necesario para hacer realidad los derechos de las personas con discapacidad en el Estado parte, así como los esfuerzos para adoptar un enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos.
III.Principales motivos de preocupación yrecomendaciones
5.El Comité está preocupado por el hecho de que no exista una estrategia para promover los derechos de las personas con discapacidad entre los romaníes.
6. El Comité recomienda al Estado parte que elabore una política, un plan de acción e indicadores para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad entre los romaníes.
7.El Comité considera preocupante que los progresos relativos al Programa Nacional para el Desarrollo de las Condiciones de Vida de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es aplicar la Convención, no estén claros y sean demasiado lentos.
8. El Comité recomienda al Estado parte que defina objetivos, metas, indicadores y un calendario en relación con el Programa mencionado y vele por la participación de los interesados en los resultados esperados del Programa.
9.Preocupa al Comité la falta de marcos para una participación significativa de las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en la elaboración y aplicación de las leyes y políticas relativas a estas personas.
10. El Comité recomienda al Estado parte que asegure la plena participación de las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en la elaboración y aplicación de las leyes y políticas relativas a la discapacidad, prestando especial atención a las mujeres, las niñas, los niños y los romaníes con discapacidad.
11.Preocupa al Comité que aún se utilice el enfoque médico de la discapacidad en las evaluaciones y disposiciones relativas a las personas con discapacidad, así como la falta de comprensión de los derechos de las personas con discapacidad entre los profesionales.
12. El Comité recomienda al Estado parte que adopte una definición de discapacidad basada en los derechos humanos en las reglamentaciones relativas a la evaluación de la discapacidad. El Comité también recomienda al Estado parte que imparta capacitación y sensibilice a los encargados de la formulación de políticas y los profesionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, de conformidad con la Convención.
13.El Comité está preocupado por el hecho de que la legislación que prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad se circunscriba al sector del empleo.
14. El Comité recomienda al Estado parte que promulgue leyes contra la discriminación por motivos de discapacidad en todos los sectores y proporcione formación y orientación en los sectores público y privado.
15.Preocupa al Comité que los ajustes razonables se hayan interpretado erróneamente como medida especial de carácter temporal y que falte una definición explícita de ajustes razonables en la legislación. Le preocupa también que la ley no reconozca que la denegación de ajustes razonables constituye discriminación por motivos de discapacidad.
16. El Comité recomienda al Estado parte que modifique el artículo 2 a), párrafo 1, de la Ley contra la Discriminación para incluir la denegación de ajustes razonables como discriminación por motivos de discapacidad; y que introduzca disposiciones específicas sobre las sanciones en caso de incumplimiento.
17.El Comité considera preocupante que la ley no reconozca la discriminación múltiple e interseccional, en especial contra las mujeres y niñas con discapacidad, así como contra los miembros de las minorías étnicas con discapacidad, en particular los romaníes.
18. El Comité recomienda al Estado parte que modifique el artículo 2 a), párrafo 1, de la Ley contra la Discriminación a fin de incluir la discriminación interseccional y múltiple como una forma de discriminación y la definición del término, y que prevea recursos jurídicos y sanciones que reflejen el carácter agravante de las vulneraciones relacionadas con la discriminación múltiple e interseccional.
19.El Comité está preocupado por la falta de concienciación en los sectores público y privado sobre la discriminación múltiple y la obligación de proporcionar ajustes razonables.
20. El Comité recomienda al Estado parte que imparta formación obligatoria en los sectores público y privado acerca de la discriminación múltiple y la obligación jurídica de proporcionar ajustes razonables en todos los sectores.
21.Preocupa al Comité que las leyes y políticas relativas a la igualdad de género no incluyan la discapacidad y que las relativas a los derechos de las personas con discapacidad no tengan una perspectiva de género. También le preocupa que el Estado parte no tenga políticas específicas sobre las mujeres con discapacidad y que no se las consulte sobre las cuestiones que les afectan directamente.
22. El Comité recomienda al Estado parte que incorpore la discapacidad en todas las leyes y políticas relativas a la igualdad de género y que incorpore el género en todas las leyes y políticas relativas a los derechos de las personas con discapacidad. También recomienda al Estado parte que establezca políticas específicas relativas a las mujeres con discapacidad en estrecha consulta con ellas, a través de las organizaciones que las representan.
23.El Comité está profundamente preocupado por el número de niños con discapacidad que viven en instituciones, en especial los que tienen discapacidad intelectual.
24. El Comité insta al Estado parte a que evite el internamiento de niños con discapacidad en instituciones y que adopte un plan de acción con un calendario claro para su aplicación y asignaciones presupuestarias, a fin de asegurar la plena desinstitucionalización de los niños con discapacidad en todos los servicios residenciales y su transición de las instituciones a la comunidad.
25.El Comité está preocupado por la importante falta de intervención temprana y servicios de diagnóstico precoz en los ámbitos sanitario, social y educativo y por el insuficiente apoyo financiero para las familias con niños con discapacidad que requieren intervención temprana.
26. El Comité recomienda al Estado parte que elabore una red integral y amplia de servicios de salud y atención social para el diagnóstico y la intervención precoces relativos a los niños con discapacidad, en estrecha consulta con sus organizaciones representativas, y aumente el apoyo financiero para sus familias con cargo a los recursos públicos.
27.Inquieta al Comité que el Estado parte no haya adoptado suficientes medidas para erradicar los estereotipos de género y de discapacidad.
28. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas posibles, en consulta con organizaciones de personas con discapacidad, para crear conciencia sobre los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, a fin de fomentar el respeto de estas y erradicar los estereotipos de discapacidad y de género en todas las esferas de la vida.
29.Preocupa al Comité que la legislación nacional no contemple la supervisión del cumplimiento de las normas sobre la accesibilidad de los edificios y el transporte.
30. El Comité recomienda al Estado parte que aplique políticas, directrices y programas de formación, así como sanciones en caso de incumplimiento, en materia de accesibilidad, diseño universal, contratación y construcción, sobre todo en relación con el nuevo proyecto de ley de construcción, en consonancia con la observación general núm. 2 (2014) sobre la accesibilidad.
31.El Comité está preocupado por la falta de accesibilidad de la información pública y las comunicaciones, entre otras cosas en relación con el transporte.
32. El Comité recomienda al Estado parte que establezca una señalización pública con rótulos en Braille y texto en formato de lectura fácil y que proporcione asistencia humana, intermediarios, guías, lectores, puntos de información accesibles, máquinas expendedoras de títulos de transporte, sitios web, aplicaciones de telefonía móvil e intérpretes profesionales de lengua de señas a fin de garantizar la accesibilidad de los edificios, el transporte y otras instalaciones públicas.
33. El Comité también recomienda al Estado parte que preste atención a los vínculos existentes entre el artículo 9 de la Convención y las metas 11.2 y 11.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
34.Preocupa al Comité que la difusión de alertas públicas sobre catástrofes naturales y emergencias no sea accesible.
35. El Comité recomienda al Estado parte que introduzca sistemas de alerta temprana en todos los formatos, en especial en lengua de señas y mensajes de texto (u otras aplicaciones equivalentes de telefonía móvil) para asegurar que las personas con discapacidad puedan prepararse y reaccionar ante situaciones de emergencia.
36.Preocupa al Comité la situación de los refugiados y solicitantes de asilo con discapacidad que buscan ingresar en el Estado parte y el hecho que aquellos que están detenidos no reciban apoyo adecuado ni ajustes razonables.
37. El Comité recomienda al Estado parte que incorpore la discapacidad en su política de refugiados y que toda detención de personas con discapacidad en el contexto de las solicitudes de asilo se realice de conformidad con lo dispuesto en la Convención.
38.Preocupa al Comité que, pese a las reformas jurídicas y procesales recientes, las personas con discapacidad no tengan igual reconocimiento como persona ante la ley ni gocen del derecho de voto y el derecho a contraer matrimonio y formar una familia, poseer bienes y conservar su fertilidad.
39. El Comité recomienda al Estado parte que derogue los párrafos 1 y 2 del artículo 10 del Código Civil, el primero sobre la privación de la capacidad jurídica y el segundo sobre la restricción de esa capacidad, y que introduzca el apoyo para la adopción de decisiones respetando la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona.
40.El Comité está preocupado por la falta de ajustes procesales y ajustes razonables en la administración de justicia y la aplicación de la ley, en especial en relación con las personas con discapacidad intelectual.
41. El Comité recomienda al Estado parte que modifique las normas procesales para asegurar que las personas con discapacidad intelectual reciban ajustes procesales desde el principio. También recomienda al Estado parte que proporcione asistencia jurídica a las personas con discapacidad para que tengan acceso a la justicia en condiciones de igualdad con las demás.
42. El Comité también recomienda al Estado parte que imparta formación obligatoria a todo el personal de los sectores de la justicia, la administración y la aplicación de la ley acerca de:
a) Los derechos consagrados en la Convención, como la participación en igualdad de condiciones con las demás personas, independientemente de la capacidad jurídica;
b) Los ajustes procesales en el procedimiento judicial;
c) Los ajustes razonables;
d) La lucha contra los estereotipos de género y de discapacidad nocivos.
43.El Comité está preocupado por el hecho de que la legislación permita la privación de libertad de personas con discapacidad basándose en una deficiencia. También está preocupado por la situación de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial que parecen haber participado en la comisión de delitos.
44. El Comité recomienda al Estado parte que derogue las disposiciones que permiten la hospitalización involuntaria en virtud de la Ley de Atención Médica y la imposición de tratamiento m e dicolegal en instituciones con arreglo al Código Penal. También recomienda al Estado parte que aplique las garantías procesales a todas las personas con discapacidad, de conformidad con las directrices del Comité sobre el derecho a la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad.
Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos odegradantes (art. 15)
45.El Comité está profundamente preocupado por los tratos inhumanos o degradantes de personas con discapacidad psicosocial mediante el empleo de medidas físicas, mecánicas y químicas de inmovilización, y el uso de medidas de aislamiento y reclusión.
46. El Comité recomienda al Estado parte que abandone inmediatamente esas prácticas y reforme las leyes y políticas que las permiten.
47.Al Comité le preocupa que las medidas para proteger a las personas con discapacidad contra la violencia dentro y fuera del hogar sean insuficientes.
48. El Comité recomienda al Estado parte que garantice que la legislación y las políticas sobre la protección de la persona incluyan referencias específicas a las personas con discapacidad, entre otras, denuncias accesibles, servicios de apoyo a las víctimas y mecanismos de queja, y formación especializada para la policía, los jueces y los fiscales. También recomienda al Estado parte que vele por que se aplique la debida diligencia en todos los casos de violencia y abuso contra personas con discapacidad, en particular las mujeres, las niñas, los niños y las personas de edad.
49.El Comité está preocupado por el hecho de que se someta a personas con discapacidad a procedimientos involuntarios de ingreso en instituciones y de tratamiento sin su consentimiento libre e informado.
50. El Comité recomienda al Estado parte que introduzca cambios en las leyes y políticas para velar por que todas las personas con discapacidad den su consentimiento libre e informado para los procesos de admisión y todas las formas de tratamiento.
51.Inquieta al Comité que la Ley de Atención Médica autorice a los tutores a tomar decisiones en nombre de las mujeres cuya capacidad jurídica se ha restringido en relación con su esterilización y uso de anticonceptivos. También le inquieta la falta de investigaciones y medios de reparación en los casos de esterilización forzada.
52. El Comité recomienda al Estado parte que elimine todas las formas de tutela y las sustituya por regímenes de apoyo para la adopción de decisiones, y que investigue los casos históricos de esterilización forzada, en particular de mujeres romaníes con discapacidad, y les proporcione reparación.
53.El Comité observa con profunda preocupación la precaria situación de las personas con discapacidad en la actual crisis de migrantes en las fronteras nacionales del Estado parte. Preocupa al Comité que los procedimientos de adopción de decisiones no sean accesibles para todas las personas con discapacidad y que no proporcionen información y comunicaciones en formatos accesibles.
54. El Comité recomienda al Estado parte que incorpore la discapacidad en todas sus políticas de migración. También recomienda que se permita a las personas con discapacidad la libre circulación a través de las fronteras del Estado parte en igualdad de condiciones con las demás.
Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en lacomunidad (art. 19)
55.Preocupa profundamente al Comité que haya un elevado número de personas con discapacidad institucionalizadas, en particular mujeres con discapacidad; que los progresos en el proceso de desinstitucionalización sean demasiado lentos y parciales, que se sigan invirtiendo fondos públicos en las instituciones; y que no se apoye plenamente a las personas con discapacidad para que puedan llevar una vida independiente en sus comunidades.
56. El Comité recomienda al Estado parte que elabore y aplique un calendario para asegurar que el proceso de desinstitucionalización se lleve a cabo con mayor rapidez, entre otras cosas aplicando medidas concretas adicionales para garantizar el fortalecimiento de los servicios comunitarios para todas las personas con discapacidad, en particular las mujeres y las personas de edad. Además, el Estado parte debe velar por que el recurso a Fondos Estructurales y de Inversión Europeos sea conforme con el artículo 19 y por que se pongan en marcha nuevos planes nacionales de acción para el seguimiento de la transición de los entornos institucionales al apoyo comunitario con la participación amplia de organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil, en particular en la esfera de la vigilancia. Asimismo, el Comité recomienda al Estado parte que no siga asignando recursos del presupuesto nacional a las instituciones y que reasigne los recursos a los servicios comunitarios, de conformidad con las prioridades de inversión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (art. 5.9 a) del Reglamento (Unión Europea) núm. 1303/2013).
57.Preocupan al Comité las variaciones geográficas y el apoyo financiero desigual de los servicios sociales comunitarios y los servicios de asistencia domiciliaria para personas con discapacidad, en particular las personas de edad, además de la lentitud del proceso de remuneración en nombre del Estado parte.
58. El Comité recomienda al Estado parte que garantice la distribución equitativa de los recursos para asistencia social, haciendo hincapié en los servicios comunitarios. El Comité también recomienda al Estado parte que se asegure de que existan servicios sociales comunitarios y de asistencia domiciliaria en todas las regiones geográficas y zonas rurales, y que se destinen fondos a las personas con discapacidad que los necesiten, especialmente las desempleadas o las que tienen empleos con sueldos bajos.
59.Preocupan al Comité la insuficiente asequibilidad de los dispositivos de ayuda y los medios de adaptación y las dificultades con que se tropieza en los procesos de concesión de subvenciones para obtener productos de apoyo, sobre todo para las personas con discapacidad física compleja.
60. El Comité recomienda que todos los productos de apoyo, dispositivos de ayuda y medios de adaptación sean asequibles y de buena calidad y estén disponibles para todas las personas con discapacidad, sobre todo las que tienen discapacidad física compleja.
61.El Comité está preocupado por la falta de intérpretes de lengua de señas acreditados y la ausencia de interpretación en lengua de señas en la televisión pública, los tribunales de justicia y los servicios públicos, como la educación, la atención sanitaria y la asistencia social.
62. El Comité recomienda al Estado parte que aumente considerablemente el reducido número de intérpretes de lengua de señas cualificados para prestar servicios en los medios públicos de teledifusión, los tribunales y otros servicios públicos.
63.El Comité está preocupado por el hecho de que aún no se ha creado una autoridad nacional sobre el Braille para garantizar la existencia de un código Braille normalizado y unificado, necesario para mejorar y ampliar su utilización en la educación, el empleo y las aplicaciones de la tecnología de la información y las comunicaciones.
64. El Comité recomienda al Estado parte que aliente el establecimiento de una autoridad nacional eslovaca sobre el Braille y vele por la creación de un sistema normalizado de código Braille eslovaco.
65.Inquieta profundamente al Comité que el artículo 12 de la Ley de la Familia restrinja el derecho de las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial a contraer matrimonio. También le inquietan la falta de apoyo para que los niños con discapacidad permanezcan en el hogar familiar y de medios para evitar su internación en instituciones, y la falta de medidas para apoyar a los padres con discapacidad.
66. El Comité recomienda al Estado parte que derogue el artículo 12 de la Ley de la Familia; proporcione apoyo adecuado a los niños con discapacidad para que residan en el hogar familiar; y brinde apoyo a los padres con discapacidad para que conserven plenamente la patria potestad de sus hijos.
67.Preocupa al Comité que el derecho de todos los niños y estudiantes con discapacidad a la educación inclusiva no sea efectivo y que persista el sistema de educación segregada. Le preocupa, asimismo, el hecho de que no existan medidas para instaurar un sistema de educación inclusiva y que siga inscribiéndose a los niños romaníes en las escuelas segregadas para niños con discapacidad.
68. El Comité recomienda al Estado parte que preste atención a los vínculos existentes entre el artículo 24 de la Convención y las metas 4.5 y 4 a) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Comité también recomienda al Estado parte que:
a) Introduzca el derecho efectivo a la educación inclusiva y de calidad en la Ley de Educación, entre otras cosas definiendo la educación inclusiva de conformidad con la Declaración de Incheon “Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4;
b) Apruebe un plan jurídicamente vinculante para la transición de las escuelas segregadas a una educación inclusiva en todos los niveles, entre otras cosas estableciendo un calendario, determinando las autoridades responsables y asignando recursos suficientes;
c) Asegure que todos los niños con discapacidad que lo necesiten dispongan de acceso a asistencia personal y que se asignen recursos a tal fin;
d) Garantice la disponibilidad, accesibilidad e inclusión de la educación preescolar para todos los niños con discapacidad;
e) Ponga fin al proceso de inscribir a los niños romaníes en escuelas segregadas para niños con discapacidad basándose en sus características étnicas.
69.El Comité está preocupado por la discriminación en el acceso a los servicios de atención sanitaria, en particular a los de salud sexual y reproductiva, y las restricciones al ejercicio del consentimiento libre e informado para los tratamientos, sobre todo en el caso de las personas con discapacidad intelectual.
70. El Comité recomienda al Estado parte que elimine las barreras físicas, a la información y a la comunicación para la obtención de acceso a los servicios de atención sanitaria, y que vele por los servicios médicos y tratamientos se proporcionen sobre la base del consentimiento libre, previo e informado a todas las personas con discapacidad. Recomienda, además, al Estado parte que imparta formación a todo el personal de atención sanitaria y asistencia social sobre los derechos consagrados en la Convención.
71.El Comité está preocupado por la baja calidad y disponibilidad de la rehabilitación sufragada por el Estado.
72. El Comité recomienda al Estado parte que garantice, en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad, la calidad y la disponibilidad de todos los servicios de rehabilitación y la introducción de mecanismos para hacer el seguimiento del cumplimiento de la Convención.
73.Preocupa al Comité el elevado número de personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos y la falta de medidas eficientes para fomentar el empleo en el mercado de trabajo abierto.
74. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos sobre la transición de los talleres protegidos a un mercado de trabajo abierto a todos. Ese proceso debe comprender un plan de acción, un calendario, un presupuesto y formación para los empleadores de los sectores público y privado, entre otras cosas sobre la realización de ajustes razonables. El Comité también recomienda al Estado parte que preste atención a los vínculos existentes entre el artículo 27 de la Convención y la meta 8.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
75.El Comité observa con gran preocupación el número de personas con discapacidad que viven por debajo del umbral de la pobreza, incluidas las familias romaníes y de minorías étnicas en que hay un miembro con discapacidad.
76. El Comité recomienda al Estado parte que proporcione un nivel de vida adecuado a las personas con discapacidad, en particular a las de minorías étnicas y las mayores de 65 años, y que vele por que se vigilen regularmente los planes de protección social para hacer el seguimiento de la mitigación de la pobreza. El Comité también recomienda al Estado parte que preste atención a los vínculos existentes entre el artículo 28 de la Convención y la meta 10.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
77.El Comité observa con profunda preocupación que los ciudadanos con discapacidad no pueden ejercer plenamente el derecho de voto y el derecho a presentarse como candidatos.
78. El Comité recomienda al Estado parte que derogue los artículos 4 c) y 6 c) de la Ley de Elecciones y establezca un sistema electoral accesible que permita a todas las personas con discapacidad ejercer el derecho de voto, por ejemplo a través de medios electrónicos, y el derecho a presentarse como candidatas en las elecciones.
Participación en la vida cultural, las actividades creativas,el esparcimiento y el deporte (art. 30)
79.El Comité está preocupado porque el Estado parte no ha ratificado el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso.
80. El Comité recomienda al Estado parte que ratifique el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso.
81.El Comité está preocupado por la falta de accesibilidad de las bibliotecas para todas las personas con discapacidad, incluidas las que tienen discapacidad intelectual.
82. El Comité recomienda al Estado parte que vele por que las bibliotecas públicas mejoren su accesibilidad y ofrezcan publicaciones en versiones de fácil lectura, digitales, de sonido y en Braille.
83.El Comité está preocupado por el hecho de que no se recopilen sistemáticamente datos desglosados por discapacidad, sexo y edad en todos los sectores. También le preocupa que no se realicen estudios coordinados sobre la vida de las personas con discapacidad y sus familias.
84. El Comité recomienda al Estado parte que preste atención a los vínculos existentes entre el artículo 31 de la Convención y la meta 17.18 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para aumentar considerablemente la disponibilidad de datos de alta calidad, oportunos, y fiables desglosados por, entre otras cosas, sexo, edad y discapacidad; y que coordine los estudios para obtener una imagen cabal de la vida de las personas con discapacidad, las barreras con que se enfrentan y las soluciones necesarias para posibilitar su plena participación en la sociedad.
85.El Comité está preocupado por el hecho de que no se hayan incorporado los derechos de las personas con discapacidad consagrados en la Convención en la aplicación y supervisión nacionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
86. El Comité recomienda al Estado parte que se asegure de que los derechos de las personas con discapacidad consagrados en la Convención se integren en la aplicación y supervisión nacionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que esos procesos se realicen en estrecha colaboración con las organizaciones de personas con discapacidad y con la participación de estas.
87.El Comité observa con preocupación: a) la limitada capacidad de los centros y el mecanismo de coordinación; y b) la falta de colaboración y participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el seguimiento de la aplicación de la Convención.
88. El Comité recomienda al Estado parte que incremente la capacidad de los centros y el mecanismo de coordinación para desempeñar sus obligaciones, de conformidad con el artículo 33, párrafo 1, de la Convención, y apoye la participación obligatoria de las organizaciones de personas con discapacidad en el seguimiento de la aplicación de la Convención.
89.El Comité pide al Estado parte que, en el plazo de 12 meses a partir de la aprobación de las presentes observaciones finales y de conformidad con el artículo 35, párrafo 2, de la Convención, le presente información sobre las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las recomendaciones que figuran en los párrafos 42 (acceso a la justicia) y 88 (aplicación y seguimiento nacionales).
90.El Comité pide al Estado parte que aplique las recomendaciones formuladas en las presentes observaciones finales. Le recomienda que trasmita dichas observaciones, para su examen y para la adopción de medidas al respecto, a los miembros del Gobierno y del Parlamento, los funcionarios de los ministerios competentes, el poder judicial y los miembros de los grupos profesionales pertinentes, como los profesionales de la educación, de la medicina y del derecho, así como las autoridades locales y los medios de comunicación, utilizando para ello estrategias de comunicación social modernas.
91.El Comité alienta encarecidamente al Estado parte a que haga partícipes a las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de personas con discapacidad, en la preparación de su informe periódico.
92.El Comité pide al Estado parte que difunda ampliamente las presentes observaciones finales, en particular entre las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, así como entre las propias personas con discapacidad y sus familiares, en los idiomas nacionales y minoritarios, incluida la lengua de señas, y en formatos accesibles, y que las publique en el sitio web del Gobierno dedicado a los derechos humanos.
93.El Comité pide al Estado parte que presente sus informes periódicos segundo y tercero combinados a más tardar el 26 de junio de 2020, y que incluya en ellos información sobre la aplicación de las presentes observaciones finales. El Comité también invita al Estado parte a que considere la posibilidad de presentar dichos informes según el procedimiento simplificado de presentación de informes, con arreglo al cual el Comité elabora una lista de cuestiones al menos un año antes de la fecha prevista para la presentación de los informes combinados del Estado parte. Las respuestas a esa lista de cuestiones constituirán el informe del Estado parte.

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Resolución
artículo 2
artículo 2
artículo 9
artículo 10
artículo 19
artículo 12
artículo 12
artículo 24
artículo 27
artículo 28
artículo 31
artículo 33
artículo 35


text:
CGT MAD BARAJAS: agosto 2013
La A.N. falla contra AENA por discriminar a los trabajadores temporales
El pasado 29 de julio salió la sentencia de la Audiencia Nacional sobre traslados forzosos en el Grupo III de aeropuertos. CGT - Aena solicitaba en la demanda: “se declare contrario a derecho y nulo el acuerdo para la movilidad forzosa de los trabajadores de los centros de trabajo del Grupo III, suscrita entre la representación del Grupo de empresas Aena y los representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Comisión de Desarrollo y Seguimiento del Acuerdo del Plan de Viabilidad de Aena de 19 de abril de 2013”.
Secc. Sind. estatal CGT-AENA
https://docs.google.com/document/d/1RmMlEVWqKaPI_fQP2UHqTrfby1HJ3TzL0GosWudaMZo/pub
Publicado por CGTBARAJAS en 17:30 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
5-SEPT.: Transporte Público. Asamblea Abierta
Madrid: Por un transporte público, accesible y de calidad
El transporte público madrileño (EMT, Metro, Cercanías, Autobuses Interurbanos) se encuentra gravemente amenazado. Al igual que otros servicios públicos, está siendo sometido a duros recortes que afectan a los usuarios del mismo. Todas somos conscientes de las horas perdidas a consecuencia del incremento en el tiempo de espera y recorrido, y de cómo se ha deteriorado el servicio en los últimos cinco años. Este deterioro premeditado, ajeno a toda política de movilidad socialmente justa y basada en la reducción de los impactos ambientales, forma parte de una estrategia de privatización a medio plazo. El desprestigio del transporte público pretende poner en tela de juicio su viabilidad para finalmente justificar la privatización parcial o total del servicio.
Además, tampoco creemos que las únicas medidas posibles para aumentar la recaudación, a saber: la subida continua de tarifas, el cierre de accesos, o la reducción de las frecuencias; sean justas o eficaces. El transporte público se podría financiar sin problemas si todo el dinero recaudado por el automóvil (SER, multas, impuestos sobre vehículos, etc.) fuera destinado en su totalidad a mantener un transporte público de calidad, y no a otras partidas ajenas al transporte. Por eso los colectivos y organizaciones firmantes reclamamos un giro radical en la política de transportes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, basada en las siguientes premisas:
Que el servicio y su gestión sean totalmente públicos.
Transporte colectivo gratuito para personas desempleadas y/o sin recursos.
Apertura de los accesos de Metro cerrados desde 2008.
Incremento del número de trenes y autobuses en circulación, para volver a las frecuencias de 2008.
Que la política de financiación sea finalista: que todos los ingresos obtenidos del automóvil (por ejemplo, de multas o del SER) se dediquen exclusivamente a sufragar y mantener un transporte público de calidad.
Que cese el derroche en transporte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Por ejemplo: la publicidad y la televisión de metro supone un gasto de millones de euros al año.
Por eso convocamos a todo tipo de colectivos, organizaciones, asociaciones y sindicatos interesados en defender el transporte público madrileño a una asamblea abierta el próximo jueves 5 de septiembre a las 19:00 en el local de Ecologistas en Acción (Marqués de Leganés 12 Madrid).
Podéis enviar las adhesiones al comunicado a: transporte.publico.2013@gmail.com
http://ecologistasenaccion.org/article26407.html
Menzies 'pujará' por ser uno de los tres principales operadores de 'handling' en España
Menzies Aviation acudirá al concurso de los servicios de 'handling' que AENA licitará en los próximos meses en 43 aeropuertos de la red y dos helipuertos, y cuyas licencias vencen en 2014, con el objetivo de aumentar su negocio en España y aspirar a ser uno de los tres principales operadores del país.
Su apuesta por ganar cuota de mercado en España implicará la gestión por parte de Menzies de los servicios de rampa en al menos uno de los tres grupos en los que se dividen los 22 aeropuertos más pequeños de la red --ocho por grupo--, con un volumen aproximado de 3 millones de pasajeros en conjunto por lote, y que son los primeros en sacarse a concurso.
En total, se sacarán a concurso 51 licencias de asistencia en tierra a terceros, en la categoría de 'handling' de rampa, para un periodo de siete años, y en dos fases. Los primeros en licitarse serán los aeropuertos de menos de un millón de pasajeros, para posteriormente licitar los cinco grandes (Barajas, El Prat, Málaga, Alicante y Palma) y los aeropuertos de más de un millón de viajeros.
"Nuestro objetivo claro es incrementar negocio en España y este concurso es una oportunidad única para lograr un crecimiento muy importante", explicó Juanlo Vidal, presidente de la filial española del grupo y vicepresidente para el Sur de Europa Continental de Menzies, en una entrevista con Europa Press.
El grupo escocés, segundo proveedor mundial de 'handling' por detrás de Swissport, está presente en España desde 2002, a través de su filial Menzies Aviation Ibérica, y gestiona actualmente dichos servicios en los aeropuertos de Alicante, Murcia, Almería y Jerez y en la terminal corporativa del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que se adjudicó recientemente.
En total, el peso de España en el negocio del grupo supone el 2,4% de su facturación actual y podría alcanzar alrededor del 9% tras el concurso. Actualmente, el 23% de sus ingresos totales proceden de Europa. Menzies Aviation Ibérica, que emplea a 479 trabajadores, facturó más de 26 millones de euros en 2012.
Aena Aeropuertos ingresa la tarifa H ('handling') en función del volumen de pasajeros, independientemente de los operadores existentes, por lo que no percibirá nada por la licitación de este concurso.
En 2006, Menzies acudió al anterior concurso de 'handling' en una UTE con Ferrovial y Swissport, donde su participación alcazaba el 40%. "En ese momento eran las empresas constructoras y compañías aéreas las que llevaban la voz cantante", afirma, pero el escenario del sector está cambiando.
"El 25% de los servicios de tierra a nivel mundial están en el mercado, el 75% lo siguen haciendo en propio aeropuertos y líneas aéreas por lo que la capacidad de crecimiento que hay es enorme. Es nuestro gran momento en un mercado creciente", afirmó, restando importancia a las compañías que acuden al 'autohandling' como respuesta a reducir costes.
La privatización de Aena Aeropuertos no preocupa "en absoluto" al grupo, que presta servicios de 'handling' en el aeropuerto de Lutton, que el ente acaba de comprar, o en los aeropuertos lusos, ahora propiedad de Vincci. "Sea quien sea el propietario o nuevo inversor de la futura privatización necesitarán operadores de 'handling'", apuntó.
Menzies prevé de aquí a 2020 doblar el tamaño de la compañía a través de la externalización de los servicios aeroportuarios y de compañías aéreas, de adquisiciones y compras y de los concursos para crecer en 'handling', donde el concurso de AENA, es un "proyecto prioritario".
"LAS LICENCIAS NO ASEGURAN CONTRATOS".
Así, en el aeropuerto de Alicante la tarifa máxima para un avión A320 (categoría 71) --como los que operan Iberia Express, Vueling o easyJet-- se ha reducido hasta en un 70%, pasando de los 1.701 euros en 2006 a los 1.083 propuestos actualmente.
Según Vidal, "ningún operador de 'handling' cobra en la práctica la tarifa máxima a las compañías aéreas", es más, se calucla que la tarifa medial real estándar se aproxima a los 1.000 euros. "Las licencias no aseguran contratos ni ingresos, depende de los operadores y de su capacidad para negociar y ofrecer descuentos", advirtió.
No obstante, reconoció que el negocio del 'handling' conlleva márgenes "muy justos y estrechos". Para Menzies este margen es del 4,9% a nivel mundial, en un sector que requiere grandes inversiones en personal y vehículos especiales. El actual convenio colectivo obliga además a la subrogación completa de plantilla.
"Las tarifas nuevas obligarán a los operadores en España a hacer un ejercicio de eficiencia mucho mayor que el que se estaba haciendo hasta ahora para poder trabajar a ese precio y ser eficientes. Los servicios de tierra en España todavía tienen cierto margen de eficiencia, comparados con los precios que se cobran en el resto de Europa, y suponen por tanto uno de los coste variables para una aerolínea", concluyó.
http://www.europapress.es/turismo/transportes/aeropuertos/noticia-menzies-pujara-ser-tres-principales-operadores-handling-espana-20130819133523.html
GALERIA DE BUITRES XCVI
El dinero que el Estado le ha entregado a la banca para su rescate asciende ya a casi 250.000 millones de euros.
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article56186
Publicado por CGTBARAJAS en 20:21 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
GALERIA DE BUITRES XCV
España paga por construir sus carreteras casi el doble que Alemania, según el Tribunal de Cuentas Europeo
El informe ¿Se gastan correctamente los fondos de la política de cohesión de la UE destinados a las carreteras? analiza 24 proyectos financiados con fondos de Cohesión y FEDER en los que se invirtieron unos 3.000 millones de euros de los más de 65.000 millones que la UE ha destinado a este objetivo entre 2000 y 2013 (8.558 millones a España, el tercero que más recibió). El organismo fiscalizador ha seleccionado únicamente proyectos de Alemania, Grecia, Polonia y España al aglutinar estos cuatro estados el 62% de los recursos.
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/espana-paga-construir-carreteras-casi-doble-alemania/20130818123504095664.html
La indemnización a Sánchez-Lozano eleva un 48% el salario de IAG
La retribución del consejo de administración de IAG ha crecido en un solo año un 48 por ciento, alcanzando los 4.046 millones de euros y eso pese a que el sueldo fijo de sus miembros descendió un 6,4 por ciento.
La razón de esta elevada cifra no es otra que la indemnización que percibió el ex consejero delegado de Iberia y miembro del máximo órgano de administración del holding británico, Rafael Sánchez-Lozano, cuando decidió abandonar la compañía a finales de marzo.
Según los datos recopilados por el diario Expansión, el sueldo fijo de los administradores de IAG alcanzó los 2.129 millones de euros, un 6,4 por ciento de lo percibido en el mismo periodo del ejercicio anterior. Sin embargo el bloque retributivo que engloba las dietas, atenciones estatutarias y opciones sobre acciones (stock options) se disparó un 317,6% hasta los 1.917 millones. Así la retribución total ascendió a 4.046.
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/la-indemnizacion-a-sanchez-lozano-eleva-un-48-el-sueldo-del-consejo-de-iag-241304.html
Iberia vulneró el derecho a la huelga
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2013/08/18/iberia_vio_vulnerado_derecho_huelga_por_los_servicios_minimos_fomento_127441_1031.HTML
http://rojoynegro.info/articulo/ideas/sinfon%C3%AD-f%C3%BAnebre-la-clase-trabajadora
IAG, matriz de Iberia, British Airways y Vueling, ha anunciado este jueves la firma de encargos y opciones de hasta 220 Airbus A320, de los que hasta 120 serían para Vueling, a fin de renovar su flota, que ahora consta de 70 aparatos, y también ampliarla, en virtud del crecimiento que viene registrando la low cost presidida desde esta semana por Álex Cruz.
Vueling, según el acuerdo, asumirá el encargo de 62 aviones (30 Airbus A320ceo y 32 A320neo), que recibirá entre 2015 y 2020, además de asegurarse opciones sobre otros 58 aparatos, mientras que adicionalmente, también IAG se ha asegurado opciones sobre otros A320neo, “que podrían destinarse a cualquiera de las aerolíneas del grupo British Airways, Iberia o Vueling“, para sustituciones de flota.
El encargo está sujeto a la aprobación de los accionistas de IAG en la próxima junta a finales de este año, como también lo estarán los recientes pedidos de flota de largo radio, de Boeing 787 Dreamliner y Airbus A350. Los 62 aviones encargados para Vueling tienen un precio de catálogo de unos 4.000 millones de euros, aunque IAG asegura haber obtenido un importante descuento.
El anuncio de este gran encargo para Vueling viene después de que en los últimos días la low cost barcelonesa haya aparecido en los medios por sus retrasos en el pico de la temporada alta, aunque los portavoces oficiales han señalado a medios como El Confidencial que “la flota de Vueling está dimensionada de acuerdo con los vuelos programados”.
De su lado, el consejero delegado de IAG, Willie Walsh, ha dicho que “Vueling ha sabido expandir con éxito y rentabilidad su negocio dirigiéndose tanto a mercados en crecimiento como donde sus competidores están reduciendo capacidad. Los nuevos aviones permitirán a Vueling continuar con su expansión y sustituir algunos de sus aparatos de más edad por otros más modernos y de menor consumo, con lo que podrá reducir sus costes unitarios”.
Walsh ha aprovechado para ensalzar de nuevo “los beneficios que la fusión aportan a todas las aerolíneas” del grupo. Vueling llevaba más de un año sopesando a qué fabricante iba a hacer su nuevo encargo –habló de Boeing y Bombardier–, aunque en el sector se daba por supuesto que sería Airbus ya que la totalidad de su flota es de esta firma.
El CEO de IAG también se refirió a la sinergia al aludir a las opciones sobre otros 100 aparatos para cubrir necesidades de aerolíneas del grupo, sin especificar a qué compañía, aunque cabe recordar que la flota de Iberia Express, como publicó preferente.com hace casi un año, es cuatro veces más antigua que la de EasyJet y Ryanair.
El pedido para Vueling llega también tras haberse conocido esta semana el adiós de Josep Piqué de la presidencia de la compañía, siendo relevado por Álex Cruz, hasta el momento consejero delegado de la low cost radicada en Barcelona.
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/iag-encarga-62-airbus-a320-para-vueling-y-firma-otras-58-opciones-241255.html
AENA: La Audiencia Nacional frena la política de traslados forzosos
Aunque de forma parcial, la AN, Sentencia 0152/2013, ha estimado la impugnación que el sindicato "con clase", CGT realizó a la política de traslados forzosos para los trabajadores temporales, señalando el trato discriminatorio que estos sufrirían, de acuerdo con esta política del Ente Público AENA, respecto a los fijos. Pero CGT ya adelanta que recurrirá la Sentencia, que acompañamos, para conseguir la nulidad integra del Acuerdo de Movilidad Geográfica el 19 de abril de 2012. ¿A que no saben quién lo firmaba?
Se pretende la nulidad de un acuerdo de movilidad geográfica que establece la prioridad de permanencia de los trabajadores fijos, por considerarlo discriminatorio para los temporales. Se desestima la excepción de falta de legitimación activa del sindicato actuante porque su implantación deriva de tener presencia en órgano de representación unitaria, y se rechaza también el defecto en el modo de proponer la demanda, que pide la nulidad del íntegro acuerdo sin argumentar más que contra la concreta cláusula de fijeza, porque cabe impugnar el acuerdo completo por vulneración de derechos fundamentales.
Se estima parcialmente la demanda, declarando nula la concreta cláusula por discriminatoria, sin que concurra una justificación objetiva y razonable para el distinto trato.
Se reabre el plazo para impugnar, que es de 20 días ( art. 138 de la ley de la jurisdicción social), a titulo individual.
Las denuncias de los empleados del aeropuerto melillense podrían quedar en suspenso. La CGT recurrirá la resolución a pesar de que está "contenta". AENA estudia el recurso. (EL FARO DIGITAL/Silvia Perdiguero)
La Audiencia Nacional (AN) ya se ha pronunciado. La Sala de lo Social ha estimado parcialmente la demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que consideraba "discriminatorios" los criterios de aplicación para la movilidad geográfica forzosa de los trabajadores de AENA Aeropuertos, según reza en la sentencia a la que ha tenido acceso El Faro. La declaración de nulidad del criterio que establece la prioridad de permanencia de los trabajadores fijos sobre los temporales implicaría una rebaremación de los empleados afectados en los aeropuertos del Grupo III afectados por el Plan de Salida enmarcado en el Plan de Eficiencia de AENA. Las denuncias de los cinco trabajadores del aeródromo melillense podrían quedarse en suspenso, aunque ya están paralizadas en el Juzgado de lo Social de Melilla, a la espera de la resolución de la AN.
En mayo se celebró el juicio de uno de los trabajadores y está a la espera de la sentencia. Teniendo en cuenta ahora la resolución de la AN, la sentencia deberá recoger lo dictaminado por este órgano. Dependiendo de en qué sentido se pronuncie el Juzgado de lo Social en Melilla en el caso de este trabajador, la decisión condicionará directamente el resultado de las denuncias de los otros cuatro empleados que están a la espera de la celebración de su vista oral.
Por tanto, no se puede determinar qué pasará con estos trabajadores, hasta conocer la primera sentencia del juzgado melillense. De momento, se mantienen las medidas cautelares que suspenden la orden de traslado forzoso, aunque éstas podrían ser levantadas por el juez. No obstante, la resolución de la Audiencia Nacional aún no es firme, pues contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que haría ganar tiempo, unos cinco meses, a los trabajadores de Melilla para evitar la ejecución final de su traslado, según fuentes jurídicas consultadas por El Faro.
De emanarse una sentencia favorable al trabajador del aeropuerto melillense, E.B., es decir, que su traslado no se haga efectivo, y en el caso de que AENA tuviera que rebaremar finalmente esos traslados forzosos, los empleados del aeropuerto melillense tendrían una oportunidad para quedarse en la ciudad, según explicaron las mismas fuentes.
La Audiencia Nacional estima parcialmente la demanda de conflicto colectivo interpuesta por la CGT contra AENA Aeropuertos y los sindicatos CCOO, UGT y USO y declara nula "la cláusula que otorga prioridad de permanencia a los trabajadores fijos del grupo AENA", en el acuerdo para la movilidad forzosa de empleados de los centros de trabajo del Grupo III -en el que está el aeropuerto de Melilla-.
Esa cláusula, según la resolución de la AN, supone una vulneración del derecho recogido en el artículo 14 de la Constitución Española (CE): "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Ahora bien, considera que esta cláusula sobre la temporalidad de los contratos de los trabajadores supone una vulneración del artículo 14 de la CE, pero "a nuestro juicio no existe base para entender nulos también los restantes criterios de permanencia, que no se ven contagiados de ninguna manera por la tacha de insconstitucionalidad. Por tanto, la nulidad ha de quedar circunscrita a la concreta cláusula que la merece, salvaguardando los restantes extremos del acuerdo".
En la sentencia de la AN, también se considera que esta cláusula "hace de peor derecho a los trabajadores con contrato temporal frente a los que cuentan con un vínculo por tiempo indefinido". Ello vulnera no solamente el artículo 14 de la CE sino también, tal y como recoge la resolución judicial, el artículo 15.6 del Estatuto del Trabajador (ET): "Los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida".
El Tribunal Constitucional en su sentencia 104/2004 introduce la temporalidad del contrato de trabajo en el ámbito del artículo 14 de la CE como una circunstancia que no autoriza a tratar peor a unos trabajadores frente a otros. Esta doctrina también se recoge en la sentencia del Tribunal Supremo 7-12-11. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), en su sentencia de 18-10-12 recuerda que "el principio de no discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado".
AENA estudia el recurso
Este diario se puso ayer en contacto con la empresa desde donde afirman que sus servicios jurídicos están estudiando la resolución de la AN y será este departamento el que decida si se recurre o no.
La CGT "contenta" con la sentencia, pero recurrirá al Tribunal Supremo
La Confederación General del Trabajo (CGT) declaró a El Faro que están "contentos" con la resolución de la Audiencia Nacional, pero presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pues el objetivo de su demanda es la impugnación y nulidad total e integral del acuerdo alcanzado por la Coordinadora Sindical Estatal (CSE) y AENA Aeropuertos en lo relativo al Plan Social del Plan de Eficiencia "impuesto" por el Ministerio de Fomento en AENA. La CGT en AENA considera que el acuerdo para la movilidad geográfica vulnera los derechos recogidos en la Constitución Española y la Directiva Comunitaria 99/1970.
En declaraciones a este diario, la sección sindical de la CGT en AENA asegura estar "satisfecha" con la resolución de la AN en el punto en el que reconoce la representación de esta formación sindical en la empresa. Fue AENA la que alegó que la CGT no tenía legitimación activa, por carecer de implantación en el ámbito del conflicto. Este punto ha sido desestimado por la Audiencia Nacional.
http://www.aviaciondigitalglobal.com/noticia.asp?NotId=21973&NotDesignId=4
http://rojoynegro.info/articulo/acci%C3%B3n-sindical/los-traslados-forzosos-aena-%E2%80%98-el-aire%E2%80%99-tras-la-sentencia-la-audiencia-nacio
A por los sueldos de 400 euros (mientras cazamos mariposas en Gibraltar)
http://rojoynegro.info/articulo/ideas/los-sueldos-400-euros-mientras-cazamos-mariposas-gibraltar
Publicado por CGTBARAJAS en 18:00 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
http://www.youtube.com/watch?v=vtu3kEQOsdc&list=TLRuzNK4KF3FM
Publicado por CGTBARAJAS en 17:44 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Iberia se ahorrará 300 millones en costes de personal durante este año
Citi vaticina unos beneficios de 85 millones de euros para Iberia al cierre del actual trimestre. De confirmarse la estimación, se habría roto la tendencia negativa iniciada por la aerolínea del grupo IAG desde que se produjo la fusión en 2011 y se igualarían los resultados de Vueling de julio a septiembre.
No obstante, la entidad apunta que las pérdidas operativas volverán en el último tramo del año, para cuando se esperan 20 millones en rojo en la antaño compañía española de bandera. Las pérdidas fueron de 35 millones de euros entre abril y junio, un 62% menos que el período equivalente del año anterior. Con todo, Iberia puede cerrar el ejercicio 2013 con 172 millones en negativo, señala Expansión.
A estas alturas del plan de reestructuración, Iberia ha reducido un 15% su capacidad y un 9% la plantilla. De hecho, han sido dadas de baja en la aerolínea 1.865 personas, el 60% de lo acordado con los sindicatos, lo que ha supuesto un ahorro cercano al 50% en costes. De aquí a diciembre abandonarán la empresa por el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) otras 510 personas, con lo que el ahorro total en personal será de 300 millones de euros.
El objetivo de 1.600 millones de beneficio operativo en 2015 marcado por IAG tiene en Iberia una rémora, a juicio de Citi. En cuanto a Vueling, sus buenos resultados permitirán al grupo liderado por Willie Walsh elevar estas previsiones hasta más allá de los 1.700 millones.
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iberia-se-ahorrara-300-millones-en-costes-de-personal-este-ano-241087.html
Publicado por CGTBARAJAS en 10:52 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
GALERIA DE BUITRES XCIV
Publicado por CGTBARAJAS en 0:54 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Ya lo había anunciado el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, hace casi tres meses. Air Europa se está comiendo a Iberia. Y es que la aerolínea española lleva de capa caída mucho tiempo.
Desde que ha empezado a reducir rutas, la empresa ha dejado de ser líder en viajes a Sudamérica y ha recogido el testigo Air Europa, que ha sido la mayor beneficiada por el abandono de esta ruta por parte de IAG, grupo formado por Iberia y British Airways.
Juan José Hidalgo, que preside Globalia dueña, a su vez, de Air Europa, ha convertido a esta empresa en la principal aerolínea de destinos como Montevideo, Santa Fe de Bogotá o La Habana.
En esta última hay un vuelo directo al día cuya duración no alcanza las diez horas. Además, Air Europa realizará más vuelos a la República Dominicana y está planteándose expandirse hacia otros países.
Iberia decidió reestructurar su negocio con una reducción de plantilla de 1.700 empleados y una disminución de su capacidad, lo que se traduce en menos vuelos, a lo largo de este primer trimestre.
La reestructuración tiene su origen en la compra de Iberia por parte de British Airways y su finalidad es la de obtener una compañía más sólida a nivel financiero y la reducción de costes.
Parece ser que el plan está funcionando ya que IAG lleva cotizando al alza en bolsa desde principios de agosto y esta mañana crecía un 3,77% a pesar de haber perdido en sus beneficios este segundo trimestre un 2,5% más que en el mismo periodo de 2012.
Su máxima competidora en el panorama español, Air Europa, prefiere optar por otra estrategia y seguirá expandiendo el negocio. “Aún es pronto para hablar de datos consolidados.
Por lo general,una ruta tarda al menos un año en estabilizarse en términos de ocupación.Air Europa es una compañía con una operativa pensada al milímetro para optimizar recursos” afirma Juan José Hidalgo.
El presidente de Globalia continúa diciendo que seguirán expandiéndose en “América Latina y Europa, sin descuidar España. En un futuro próximo abriremos rutas a Sao Paulo (Brasil) el próximo mes de diciembre y a Alemania -Iberia abandonó Berlín también en enero- en la primavera de 2014”.
Esta expansión servirá para combatir la mala situación en el sector y unas pérdidas que sufrió la compañía de 17 millones a lo largo del año pasado.
http://www.madridya.es/noticias/air-europa-se-come-a-iberia-y-se-coloca-lider-en-el-mercado-latinoamericano/44202/
GALERIA DE BUITRES XCIII
En concreto, firmas como Iberdrola, Endesa o Gas Natural consiguieron situar sus márgenes en el 6,78% en el conjunto del año 2012, mientras que las grandes eléctricas del Viejo Continente -E.ON, Enel, EDF y RWE- dejaron este ratio en el 2,62%, como ya adelantamos en el nº 4 de Inversión a Fondo,que puede ver enwww.eleconomista.es/kiosco/inversión.
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-agosto/mercados-cotizaciones/noticias/4870920/05/13/Las-electricas-espanolas-casi-doblan-el-margen-de-beneficio-de-las-europeas.html
La subida del 3,2% de la tarifa de la luz entra en vigor este sábado :
http://www.eldiario.es/economia/subida-tarifa-entra-vigor-sabado_0_160634020.html
La A.N. falla contra AENA por discriminar a los tr...
Menzies 'pujará' por ser uno de los tres principal...
La indemnización a Sánchez-Lozano eleva un 48% el ...
IAG encarga 62 Airbus A320 para Vueling y firma ot...
Manual de desobediencia civil para recuperar vivie...
AENA: La Audiencia Nacional frena la política de t...
A por los sueldos de 400 euros (mientras cazamos m...
Iberia se ahorrará 300 millones en costes de perso...
Air Europa supera a Iberia y se coloca líder en el...
Iberia ya ha despedido a 1.700 trabajadores de los...

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RDLeg. 1/1993 de 24 de Sep (Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) | Iberley
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. - Boletín Oficial del Estado de 20-10-1993
Modificación realizada (6 (apdo. 3, se añade)) por Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de medidas fiscales complementarias. (BOE de 31-12-1996) en vigor desde 01-01-1997
Texto Original. Publicado el 20-10-1993 en vigor desde 21-10-1993
21/10/1993 (Versión Original)
5. No estarán sujetas al concepto de "transmisiones patrimoniales onerosas", regulado en el presente Título, las operaciones enumeradas anteriormente cuando sean realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución y transmisión de derechos reales de uso y disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando gocen de exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido. También quedarán sujetas las entregas de aquellos inmuebles que estén incluidos en la transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial, cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Modificación realizada (7 (apdo. 1.B)) por LEY 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. (BOE de 30-12-2000) en vigor desde 01-01-2001
Modificación realizada (7 (apdo. 2.A)) por LEY 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. (BOE de 30-12-1999) en vigor desde 01-01-2000
Modificación realizada (11) por LEY 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. (BOE de 31-12-2001) en vigor desde 01-01-2002
Modificación realizada (11) por Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de medidas fiscales complementarias. (BOE de 31-12-1996) en vigor desde 01-01-1997
Modificación realizada (12) por LEY 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. (BOE de 31-12-2001) en vigor desde 01-01-2002
Modificación realizada (13 (apdo. 3)) por LEY 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolucion mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. (BOE de 25-12-2008) en vigor desde 26-12-2008
7. Cuando en las transmisiones onerosas por actos "inter vivos" de bienes y derechos, el valor comprobado a efectos de la modalidad de "transmisiones patrimoniales onerosas" exceda del consignado por las partes en el correspondiente documento en más del 20 por 100 de éste y dicho exceso sea superior a 2.000.000 de pesetas, éste último sin perjuicio de la tributación que corresponda por la modalidad expresada, tendrá para el transmitente y para el adquirente las repercusiones tributarias de los incrementos patrimoniales derivados de transmisiones a título lucrativo. (NOTA: Apdo. 7 declarado inconstitucional y nulo por Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2000, de 19 de julio. Recurso de inconstitucionalidad 1.404/89)
Modificación realizada (16) por LEY 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. (BOE de 31-12-2001) en vigor desde 01-01-2002
Modificación realizada (17 (apdo. 1)) por LEY 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolucion mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. (BOE de 25-12-2008) en vigor desde 26-12-2008
Modificación realizada (19) por LEY 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolucion mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. (BOE de 25-12-2008) en vigor desde 26-12-2008
4. La comunidad de bienes, constituida por "actos inter vivos", que realice actividades empresariales, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
5. La misma comunidad constituida u originada por actos "mortis causa", cuando continúe en régimen de indivisión la explotación del negocio del causante por un plazo superior a tres años. La liquidación se practicará, desde luego, sin perjuicio del derecho a la devolución que proceda si la comunidad se disuelve antes de transcurrir el referido plazo.
Modificación realizada (23) por LEY 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolucion mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. (BOE de 25-12-2008) en vigor desde 26-12-2008
Modificación realizada (24) por LEY 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolucion mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. (BOE de 25-12-2008) en vigor desde 26-12-2008
Modificación realizada (25) por LEY 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolucion mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. (BOE de 25-12-2008) en vigor desde 26-12-2008
Modificación realizada (29) por Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. (BOE de 09-11-2018) en vigor desde 10-11-2018
10/11/2018 (Vigente)
Modificación realizada (37) por RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2001, de la Dirección General de Tributos, por la que se convierten a euros las escalas de gravamen de determinados impuestos. (BOE de 03-05-2001) en vigor desde 23-05-2001
23/05/2001 (Vigente)
Modificación realizada (Se modifica el apartado 2 del artículo 40) por Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversasmedidas tributarias dirigidas a la consolidación de lasfinanzas públicas y al impulso de la actividadeconómica. (BOE de 28-12-2012) en vigor desde 28-12-2012
Se gravará la rehabilitación siempre que haya existido interrupción en la posesión de una grandeza o título, cualquiera que sea la forma en que se produzca, pero sin que pueda liquidarse en cada supuesto más que un solo derecho al sujeto pasivo.
Por esta misma escala tributará el derecho a usar en España títulos pontificios y los demás extranjeros.
Modificación realizada (43 (cuadro de escala)) por Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (BOE de 04-07-2018) en vigor desde 05-07-2018
Modificación realizada (43 (cuadro de escala)) por Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (BOE de 28-06-2017) en vigor desde 29-06-2017
Modificación realizada (43) por Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (BOE de 30-10-2015) en vigor desde 01-01-2016
Modificación realizada (43 (se modifica la escala)) por Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. (BOE de 30-12-2014) en vigor desde 01-01-2015
Modificación realizada por Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. (BOE de 26-12-2013) en vigor desde 01-01-2014
Modificación realizada (Se modifica la escala a que hace referencia el párrafo primero del artículo 43) por Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. (BOE de 28-12-2012) en vigor desde 01-01-2013
Modificación realizada por LEY 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. (BOE de 29-12-2006) en vigor desde 01-01-2007
Modificación realizada por LEY 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004. (BOE de 31-12-2003) en vigor desde 01-01-2004
Modificación realizada por LEY 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. (BOE de 31-12-2002) en vigor desde 01-01-2003
Modificación realizada por LEY 23/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002. (BOE de 31-12-2001) en vigor desde 01-01-2002
Modificación realizada por LEY 13/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. (BOE de 29-12-2000) en vigor desde 01-01-2001
Modificación realizada por LEY 65/1997, DE 30 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1998. (BOE de 31-12-1997) en vigor desde 20-01-1998
Modificación realizada por LEY 12/1996, DE 30 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1997. (BOE de 31-12-1996) en vigor desde 20-01-1997
Modificación realizada por LEY 21/1993, DE 29 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994. (BOE de 30-12-1993) en vigor desde 01-01-1994
27. La constitución, disolución y las modificaciones consistentes en aumentos y disminuciones de los fondos de pensiones regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
8.ª (Derogado)
13.ª (Derogado)
Modificación realizada (45 (apdo. I.B).29, se añade)) por Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. (BOE de 27-05-2020) en vigor desde 28-05-2020
Modificación realizada (45 (apdo. I.B).28, se añade)) por Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. (BOE de 18-03-2020) en vigor desde 18-03-2020
Modificación realizada (45 (apdo. I.B).28, se añade en la redacción dada al RD-Ley 8/2020 por el RD-Ley 11/2020)) por Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. (BOE de 01-04-2020) en vigor desde 18-03-2020
Modificación realizada (45 (apdo. I.B).27, se añade; apdo. I.C).13ª, se deroga)) por Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. (BOE de 05-02-2020) en vigor desde 06-02-2020
Modificación realizada (45 (último párrafo, se añade)) por Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. (BOE de 16-03-2019) en vigor desde 16-06-2019
Modificación realizada (45 (apdo. I.B.26, se añade)) por Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. (BOE de 05-03-2019) en vigor desde 06-03-2019
Modificación realizada (45 (apdo. I.B.26, se elimina por la no convalidación del RD-Ley 21/2018)) por Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. (BOE de 24-01-2019) en vigor desde 22-01-2019
Modificación realizada (45 (apdo. I.B.26, se añade)) por Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. (BOE de 18-12-2018) en vigor desde 19-12-2018
Modificación realizada (45 (apdo. I.B.25, se añade)) por Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. (BOE de 09-11-2018) en vigor desde 10-11-2018
Modificación realizada (45 (apdo. I, letra B, apdo. 20.4)) por Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. (BOE de 30-12-2014) en vigor desde 01-01-2015
Modificación realizada (45 (apdo. I, letra b), n?ºmero 19)) por Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. (BOE de 01-10-2014) en vigor desde 02-10-2014
Modificación realizada (45 (apartado I, letra B, n?ºmero 19)) por Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. (BOE de 08-03-2014) en vigor desde 09-03-2014
Modificación realizada (45 (apdo. I.A))) por Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. (BOE de 28-12-2013) en vigor desde 29-12-2013
Modificación realizada (Se modifica el art. 45.I.B)) por Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. (BOE de 15-11-2012) en vigor desde 15-11-2012
Modificación realizada por LEY ORGANICA 8/2007, de 4 de julio, sobre financiacion de los partidos politicos. (BOE de 05-07-2007) en vigor desde 06-07-2007
Modificación realizada por LEY 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. (BOE de 05-11-2003) en vigor desde 05-02-2004
Modificación realizada por LEY 41/2003, de 18 de noviembre, de proteccion patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacion del Codigo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad. (BOE de 19-11-2003) en vigor desde 01-01-2004
Modificación realizada por LEY 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. (BOE de 24-12-2002) en vigor desde 25-12-2002
Modificación realizada por RESOLUCION DE 5 DE MAYO DE 1998, DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA, POR LA QUE SE HACE PUBLICO EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE FECHA 2 DE ABRIL DE 1998, SOBRE EJECUCION DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 1997, RELATIVA AL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO 1/923/1993, INTERPUESTO POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE BANCA PRIVADA (AEB), CONTRA EL ARTICULO 45.1.B) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS. (BOE de 23-05-1998) en vigor desde 23-05-1998
Modificación realizada por Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. (BOE de 04-04-1994) en vigor desde 04-04-1994
Artículo insertado por LEY 21/1993, DE 29 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994. (BOE de 30-12-1993) en vigor desde 18-01-1994
18/01/1994 (Versión Original)
Modificación realizada (46 (apdo. 3)) por LEY 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolucion mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. (BOE de 25-12-2008) en vigor desde 26-12-2008
Modificación realizada (46 (apdo. 5, se añade)) por LEY 22/2003, de 9 de julio, Concursal. (BOE de 10-07-2003) en vigor desde 01-09-2004
Modificación realizada (46 (apdo. 5, se deroga)) por LEY 25/1998, de 13 de julio, de modificacion del Regimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenacion de las Prestaciones Patrimoniales de Caracter Publico. (BOE de 14-07-1998) en vigor desde 15-07-1998
Modificación realizada (50 (apdo. 2)) por LEY 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolucion mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. (BOE de 25-12-2008) en vigor desde 26-12-2008
Modificación realizada (50 (apdo. 3, se añade)) por LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (BOE de 31-12-2002) en vigor desde 01-01-2003
Modificación realizada (54 (apdo. 1)) por LEY 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolucion mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. (BOE de 25-12-2008) en vigor desde 26-12-2008
Modificación realizada (56 (apdo. 4) por LEY 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolucion mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. (BOE de 25-12-2008) en vigor desde 26-12-2008
Modificación realizada por Pleno. Sentencia 113/2006, de 5 de abril de 2006. Cuestion de inconstitucionalidad 1438-2000. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, respecto del articulo 59.2 del texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados, redactado por la Ley 29/1991, de 16 de diciembre. Vulneracion del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): norma que atribuye la representacion del contribuyente al presentador de documentos ante la Administracion (STC 111/2006). Nulidad de preceptos estatales. Voto particular. (BOE de 09-05-2006) en vigor desde 09-05-2006
Modificación realizada (57 (apdo. 1)) por LEY 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. (BOE de 30-12-2000) en vigor desde 01-01-2001
Artículo insertado por LEY 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. (BOE de 31-12-2001) en vigor desde 01-01-2002
Durante el año 1993 y en relación con el cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el Consejo Jacobeo 1993, se aplicará una bonificación del 95 por 100 de la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en las adquisiciones de bienes y derechos que se destinen, directa y exclusivamente, por el sujeto pasivo a la realización de las inversiones con derecho a deducción en las cuotas del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o cuando los adquieran para donarlos, en un plazo máximo de seis meses, al "Consello Jacobeo 1993".
La "Sociedad Estatal para la Exposición Universal de Sevilla 92, Sociedad Anónima", mantendrá los beneficios fiscales previstos en las Leyes 12/1988, de 25 de mayo; 5/1990, de 29 de junio, y en el Real Decreto 219/1989, de 3 de marzo, referidos, exclusivamente, a las actividades derivadas de la liquidación de bienes, derechos y obligaciones relacionados directamente con la Exposición Universal de Sevilla.
Las disposiciones contenidas en este texto refundido se aplicarán desde el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
Pleno. Sentencia 113/2006, de 5 de abril de 2006. Cuestion de inconstitucionalidad 1438-2000. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, respecto del articulo 59.2 del texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados, redactado por la Ley 29/1991, de 16 de diciembre. Vulneracion del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): norma que atribuye la representacion del contribuyente al presentador de documentos ante la Administracion (STC 111/2006). Nulidad de preceptos estatales. Voto particular.
Fecha: 2002-12-25
RESOLUCION DE 5 DE MAYO DE 1998, DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA, POR LA QUE SE HACE PUBLICO EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE FECHA 2 DE ABRIL DE 1998, SOBRE EJECUCION DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 1997, RELATIVA AL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO 1/923/1993, INTERPUESTO POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE BANCA PRIVADA (AEB), CONTRA EL ARTICULO 45.1.B) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS.
Fecha: 1998-05-23
Fecha: 1998-01-20
Fecha: 1997-01-20
LEY 21/1993, DE 29 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994.
Fecha: 1994-01-18
Ley 32/1980, de 21 de junio, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados.
Fecha Publicación: 1980-06-27
Entrada en Vigor: 1993-10-21

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Real Decreto
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artículo 43
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Resolución
Real Decreto
resolución
in fine
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A propósito de la Mesa de Gestión del último Congreso SESP | Rodríguez | Revista Española de Sanidad Penitenciaria
Inicio > Vol 13, No 1 (2011) >	Rodríguez
A PROPÓSITO DE LA MESA DE GESTIÓN DEL ÚLTIMO CONGRESO SESP
Mi amigo Quino (Dr. José Joaquín Antón, Facultativo del Centro Penitenciario de Albolote) me llamó la atención en el Congreso de Sevilla, durante y después de la realización de la Mesa citada. No entendía ni compartía mi reacción ante una respuesta del Dr. José Manuel Arroyo, Subdirector General, durante el desarrollo de esa Mesa. Yo, aunque tenía preguntas para la mayoría de los ponentes participantes, no las hice en aquel momento, porque no me pareció oportuno plantearlas. Lo que si me encendió fue la respuesta de nuestro coordinador político sobre la pertenencia de la Sanidad Penitenciaria al Sistema Nacional de Salud (SNS).
Como expliqué en una anterior carta al Director de esta revista1, conceptualmente pertenecemos al SNS, tal como dice el art. 44.1 de la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad: "Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el Sistema Nacional de Salud". El mismo articulo, en su punto 2, determina: "El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración de Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas…". Así pues la Sanidad Penitenciaria pertenece al SNS en cuanto es una estructura pública al servicio de la salud y, por lo tanto, un Servicio de Salud de la Administración del Estado. Pero legalmente y/o jurídicamente "no", pues la disposición final tercera de la misma Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad establece que es el Gobierno "mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios interesados, el que dispondrá la participación en el Sistema Nacional de Salud del Instituto Nacional de toxicología, Medicina Forense, Servicios Médicos del Registro Civil y Sanidad Penitenciaria….". Falta, pues, un simple Real Decreto que pienso que debe ser gestionado por el Coordinador de la Sanidad Penitenciaria incitado por el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP). Todo lo citado es anterior a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 12 de marzo de 2003. Lo primero es, por tanto, la rápida firma del dichoso Real Decreto y posteriormente realizar las transferencias a las Comunidades Autónomas. Ésta debe de ser la principal tarea del representante político de la Sanidad Penitenciaria si realmente piensa lo que manifestó en el Congreso efectuado en noviembre en Sevilla.
Previamente a la Ley de Cohesión, existe el Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio sobre acceso excepcional al título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y sobre el ejercicio de la Medicina Familiar en el SNS. Este Real Decreto, en su disposición adicional primera punto 1, determina que "serán computables los servicios prestados en el ámbito de la Medicina de Familia dentro de los servicios sanitarios de Instituciones Penitenciarias para el acceso extraordinario a la especialidad de Medicina de Familia" y, en el punto 2, establece que "la titulación de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria será exigible para el acceso a plazas de Medicina de Familia en los Servicios sanitarios de Instituciones Penitenciarias". Este Real Decreto establece la denominación única de plazas de Medicina de Familia, así como que en la fase de concurso se les computará a las plazas de Medicina de Familia adquiridas mediante sistema de residencia una puntuación de ente seis y ocho años.
Somos, por consiguiente, médicos de Atención Primaria (AP) de reclusos; es decir, Médicos Especialistas en Familia y Salud Comunitaria, independientemente de que se haya efectuado vía MIR o no. No somos pseudoespecialistas de otras materias. Y ya puestos, pregunto: ¿por qué la SESP no pertenece al foro de Atención Primaria donde sí están representadas las sociedades científicas de AP (SEMFYC, SEMG, SEMERGEN, el Sindicato Médico, la Organización Médica Colegial?
La Medicina Penitenciaria no es ni será una especialidad médica pues forma parte de la atención primaria y está dentro de la Especialidad de Medicina familiar y Comunitaria y por eso se plantea el acceso excepcional al título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, según Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, Disposición adicional primera. Pero si puede ser un Área de Capacitación Específica (ACE) de dicha especialidad tal y como prevé la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), artículo 24 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, BOE de 22 de noviembre de 2003.
Creo que son cuestiones que deben hacer pensar al nuevo presidente de la SESP.
1. Rodríguez-Martínez A. Integración en los Sistemas Sanitarios Autonómicos. ¿Por Qué? Rev Esp Sanid Penit 2010; 12: 61.
En relación con su carta enviada a la redacción de la Revista Española de Sanidad Penitenciaria sobre el debate que se generó en la mesa de gestión del último congreso de la SESP, celebrado el pasado noviembre, me parece necesario hacer algunas aclaraciones:
1. El informe que se solicitó desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a la Escuela Nacional de Sanidad, sobre la pertenencia o no de la Sanidad Penitenciaria al Sistema Nacional de Salud, establecía una serie de hechos argumentados legalmente, concluyendo afirmativamente a la pregunta planteada. Entre otros argumentos se decía en ese informe:
"la Sanidad Penitenciara es pues el dispositivo sanitario de la Administración pública específico para la población reclusa y por ello parte de pleno derecho del Sistema Nacional de Salud, ya que este está definido en el Art. 44.2 de Ley General de Sanidad (LGS,1986) como "el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas".
En coherencia con esta visión la LGS en su Disposición Final Tercera dice:
"1. El Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios interesados, dispondrá: a) La participación en el Sistema Nacional de Salud del Instituto Nacional de Toxicología, Medicina Forense, Servicios Médicos del Registro Civil y Sanidad Penitenciaria".
Desgraciadamente este mandato de la LGS no ha tenido desarrollo normativo y la Sanidad Penitenciaria, aunque formalmente nadie puede negar que forme parte del SNS español, no tiene una presencia formal en los órganos de coordinación del SNS ni forma parte de sus Grupos de Trabajo técnicos del mismo, incluso en temas de Salud Pública en los que, por las características de la población que atiende y por la relación de esta con la población general, sería más necesaria una estrecha colaboración entre la Sanidad Penitenciaria y el resto del Sistema Nacional de Salud.
La Ley de Calidad y Cohesión del SNS (LCCSNS, 2003), refuerza la idea de vincular la Sanidad Penitenciaria integrándola en el SNS a través de los Servicios Autonómicos de Salud. Así, en su Disposición Adicional Sexta dice textualmente:
"Los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud.
A tal efecto, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta ley y mediante el correspondiente real decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía."
En conclusión, el Real Decreto al que se refería la Ley General de Sanidad (LGS,1986) en su disposición Final Tercera, es el mismo al que se refiere la Ley de Cohesión y Calidad y no es necesario que se publique para que la Sanidad Penitenciaria sea considerada parte del Sistema Nacional de salud, que ya lo es, sino más bien para establecer de qué manera participará en él una vez transferida a las Comunidades Autónomas.
2. La consideración de "representante político" que se hace de mi responsabilidad al frente de la gestión de la Coordinación de Sanidad Penitenciaria me parece cuando menos pintoresca. Naturalmente que las directrices fundamentales de toda la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias están marcadas por un responsable público elegido democráticamente para ello, de entre las filas del partido político en el gobierno. Pero deducir de este hecho, que la Subdirección General de Coordinación de Sanidad tenga naturaleza política, es un grave error. Yo no tengo, ni he tenido nunca militancia política alguna, no he seguido directrices políticas al trazar los objetivos estratégicos de la Unidad que coordino, ni lo haré, y no tengo intención de hacer política desde mi responsabilidad. Creo que para eso ya hay cauces suficientes, ajenos a los puestos de responsabilidad técnica como el que tengo el honor de ejercer. Los criterios de mi gestión se han basado y se basarán siempre en evidencias propias de la experiencia y el conocimiento, tanto míos como del equipo de la Dirección General, a lo que se debe añadir la información que se recoge periódicamente de los responsables y profesionales de los centros.
3. Agradezco la oportunidad de hacer las aportaciones necesarias en esta carta para que este importante tema pueda ser más explicado, gracias tanto al Comité Editorial de la RESP como a Vd. por haber tenido la iniciativa de escribir su opinión en la sección correspondiente de tan prestigiosa revista.
Subdirector General de Coordinación
de Sanidad Penitenciaria
Alcalá, 38 - 28014 MADRID

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Real Decreto
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Real Decreto


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CODEGAÂ Marco jurÃdico
Marco jurídico de CODEGA.
Por Ley 1/2008 de la Comunidad Autónoma de Galicia, de 17 de abril, se aprobó la creación del Colegio de Detectives Privados y Privadas de Galicia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2) de la Constitución española, la Ley Orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma gallega, transfiere en el marco de la legislación básica del Estado el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de
corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales, complementando así el ámbito competencial determinado en el artículo 27.29) del Estatuto de autonomía de Galicia.
La transferencia en materia de colegios oficiales o profesionales se hizo efectiva a través del Real Decreto 1643/1996, de 5 de julio, y se asume por el Decreto 337/1996, de 13 de septiembre, de la Xunta de Galicia.
La Comunidad Autónoma de Galicia dictó, en virtud de dicha competencia, la Ley 11/2001 de 18 de septiembre de Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia. De acuerdo con su artículo 11, la creación de colegios profesionales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Gallega, será por Ley del Parlamento de Galicia.
Teniendo en cuenta lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983 de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, la creación del olegio Profesional de Detectives Privados y Privadas de Galicia, que garantiza que el ejercicio de la profesión esté ajustado a las normas y reglas que aseguren tanto la eficacia, como la eventual Responsabilidad en tal ejercicio,quedando por tanto, así conseguida la última finalidad, que es la protección de los derechos y de los intereses de la ciudadanía.

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