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Adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989
Apruébase la Convención sobre los Derechos del Niño
Sancionada: septiembre 27 de 1990
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina:
Apruébase la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
Nueva York (Estados Unidos de América) el 20 de noviembre
de 1989, que consta de cincuenta y cuatro (54) artículos, cuya fotocopia autenticada en idioma español forma parte de la
Al ratificar la Convención, deberán formularse las siguientes
La República Argentina hace reserva de los incisos b), c), d) y
e) del artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño y manifiesta que no regirán en su jurisdicción por entender que, para aplicarlos, debe contarse previamente con un
riguroso mecanismo de protección legal del niño en materia
de adopción internacional, a fin de impedir su tráfico y venta.
Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo
debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta
Con relación al artículo 24 inciso f) de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina, considerando que las
cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen a los padres de manera indelegable de acuerdo a principios éticos y morales, interpreta que es obligación de los Estados, en el marco de
este artículo, adoptar las medidas apropiadas para la orientación
a los padres y la educación para la paternidad responsable.
Con relación al artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que es su deseo que la Convención hubiese prohibido terminantemente la
utilización de niños en los conflictos armados, tal como lo estipula su derecho interno, el cual en virtud del artículo 41 continuará aplicando en la materia.
Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. Alberto R. Pierri Eduardo Menem - Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo
- Hugo R. Flombaum.
Dada en la sala de sesiones del congreso argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del
año mil novecientos noventa.
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables
Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas
han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en
los pactos internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos,
sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,
Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene
derecho a cuidados y asistencia especiales,
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de
la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar
de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,
para una vida independiente en sociedad y ser educado en el
espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,
Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño
una protección especial ha sido enunciada en la Declaración
de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea
General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los
artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 50)
y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales
que se interesan en el bienestar del niño,
Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de
los Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez físi-
ca y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del
nacimiento”,
Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores (reglas de Beijing); y
la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado,
Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños
que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que
esos niños necesitan especial consideración,
para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños
niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
1.Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados
en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional,
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de
sus padres o de sus representantes legales.
2.Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda
forma de discriminación o castigo por causa de la condición,
las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de
sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
1.En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se
2.Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley
y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3.Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones,
servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las
autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que
respecta a los derechos económicos, sociales y culturales,
los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo
de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario,
dentro del marco de la cooperación internacional.
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros
de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de
sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.
1.El niño será inscripto inmediatamente después de su na-
cimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a
adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
2.Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos
internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
1.Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad
con la ley sin injerencias ilícitas.
2.Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los
elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados
Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas
con miras a restablecer rápidamente su identidad.
1.Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto
cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades
competentes determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en
los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
2.En cualquier procedimiento entablado de conformidad
con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las
partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar
a conocer sus opiniones.
3.Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de
modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior
4.Cuando esta separación sea resultado de una medida
adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el
fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona
esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del
niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará,
cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro
familiar, información básica acerca del paradero del familiar
o familiares ausentes, a no ser que ello resultare perjudicial
Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entraña por sí misma consecuencias
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para
entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de
la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes
de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados
Partes garantizarán, además, que la presentación de tal peti-
ción no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.
2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos
directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad
con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud
del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el
derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país,
incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho
de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para
proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o
la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos
reconocidos por la presente Convención.
1.Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra
los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.
2.Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a
acuerdos existentes.
1.Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan
al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones
2.Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser
escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo
que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un
representante o de un órgano apropiado, en consonancia
con las normas de procedimientos de la ley nacional.
1.El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras,
2.El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de
guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme
a la evolución de sus facultades.
creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad,
el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
1.Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la
libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones
2.No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas de conformidad con la ley
y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la
protección de la salud y la moral públicas o la protección de
los derechos y libertades de los demás.
1.Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
2.El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el
niño tenga acceso a información y material procedentes de
diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la
información y el material que tengan por finalidad promover
su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño,
de conformidad con el espíritu del artículo 29;
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos
materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño
perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para
proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones
de los artículos 13 y 18.
1.Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres
tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su
caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.
2.A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo
que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación
de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de
3.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropia-
das para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnen las condiciones requeridas.
1.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante
legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2.Esas medidas de protección deberían comprender, según
corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento
y observación ulterior de los casos antes descritos de malos
tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
1.Los niños temporal o permanentemente privados de su
medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y
asistencia especiales del Estado.
2.Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus
leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.
3.Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico,
la adopción, o de ser necesaria la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las
soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia
de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de
adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la
consideración primordial y:
a) Velarán porque la adopción del niño sólo sea autorizada
por las autoridades competentes, las que determinarán, con
arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre
la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la
adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes
legales y que, cuando así se requiere, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que
pueda ser necesario;
b)Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de
que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o
entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de
c) Velarán porque el niño que haya de ser adoptado en otro
país goce de salvaguardas y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;
que, en el caso de adopción en otro país, la colocación no
dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes
participan en ella;
e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante concreción de arreglos o acuerdos bilate-
rales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco,
por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes.
1.Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para
lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con
el derecho y los procedimientos internacionales o internos
aplicables reciba tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección
y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los
derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos
humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados
sean partes.
2.A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma
que estimen apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales
competentes u organizaciones no gubernamentales que
cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a
todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de obtener la información necesaria
para que se reúna con su familia. En los casos en que no se
pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se concederá al niño la misma protección que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su
medio familiar, por cualquier motivo como se dispone en la
1.Los Estados Partes reconocen que el niño mental o física-
mente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa
del niño en la comunidad.
2.Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán,
con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea
afectada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.
3.En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del
presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las
otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a
asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la
educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las
oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con
el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual,
4.Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información adecuada
en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos
de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación
profesional, así como el acceso a esa información a fin de
que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A
este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
1.Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el
tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
2.Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y
el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua
potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;
básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento
tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo
en la aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de
3.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces
y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales
que sean perjudiciales para la salud de los niños.
4.Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el
presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento
de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación.
1.Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr
la plena realización de este derecho de conformidad con su
2.Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o
1.Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a
un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental,
2.A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro
de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones
de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.
3.Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas
apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en
caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición,
el vestuario y la vivienda.
4.Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas
para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de
los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como
si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que
tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un
Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados
Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.
1.Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la
educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:
profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella
y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la
concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;
orientación en cuestiones educacionales y profesionales
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a
las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
2.Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre
de modo compatible con la dignidad humana del niño y de
conformidad con la presente Convención.
3.Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación
internacional en cuestiones de educación, en particular a fin
de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en
todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos
técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este
respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y
las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en
una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los
pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
2.Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad de los
particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los
principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y
de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.
lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un
niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el
derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y
practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.
1.Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al des-
canso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida
cultural y en las artes.
2.Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho
del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones
de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar
protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos
para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas,
incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y
educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito
de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas
en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir
que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las
medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean
necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a
cualquier actividad sexual ilegal;
nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá
la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un
niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad
y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades
de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de
libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se
considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un
pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.
1.Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar
porque se respeten las normas del derecho internacional
humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.
2.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan
3.Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15
años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15
años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes
procurarán dar prioridad a los de más edad.
4.De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección
para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de
abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo
en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.
1.Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño
de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a
quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas
leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de
su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades
fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
2.Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados
Partes garantizarán, en particular:
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones
que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;
b) Que todo niño del que se alegue que ha infringido las
leyes penales o a quien se acuse de haber infringido
i) Que se lo presumirá inocente mientras no se prueba
ii) Que será informado sin demora y directamente o,
cuando sea procedente, por intermedio de sus padres
o sus representantes legales, de los cargos que pesan
contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra
asistencia apropiada en la preparación y presentación
de su defensa;
iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e
imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley,
adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño teniendo en
cuenta en particular su edad o situación y a sus padres
o representantes legales;
iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación
y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad;
v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una auto-
ridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;
3.Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, y en particular:
medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías
4.Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado,
la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los
programas de enseñanza y formación profesional, así como
otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera
apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto
con sus circunstancias como con la infracción.
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a
las disposiciones que sean más conducentes a la realización
de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en:
Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por
medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los
1.Con la finalidad de examinar los progresos realizados en
el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, se establecerá un
Comité de los Derechos del Niño que desempeñará las funciones que a continuación se estipulan.
2.El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente Convención. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose
debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como
los principales sistemas jurídicos.
3.Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista de personas designadas por los Estados
Partes. Cada Estado Parte podrá designar a una persona escogida entre sus propios nacionales.
4.La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses
después de la entrada en vigor de la presente Convención y
ulteriormente cada dos años. Con cuatro meses, como mínimo, de antelación respecto de la fecha de cada elección, el
Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a
los Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará después una lista en la que figurarán por orden alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación de los Estados Partes que los hayan designado y la comunicará a los
Estados Partes en la presente Convención.
5.Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada por el Secretario General en la Sede
de las Naciones Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de dos tercios de los Estados Partes constituirá quórum,
las personas seleccionadas para formar parte del Comité
serán aquellos candidatos que obtengan el mayor número
de votos y una mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
6.Los miembros del Comité serán elegidos por un período
de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de
nuevo su candidatura. El mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos
años; inmediatamente después de efectuada la primera
elección, el Presidente de la reunión en que ésta se celebre
elegirá por sorteo los nombres de esos cinco miembros.
7.Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que
por cualquier otra causa no puede seguir desempeñando
sus funciones en el Comité, el Estado Parte que propuso a
ese miembro designará entre sus propios nacionales a otro
experto para ejercer el mandato hasta su término, a reserva
de la aprobación del Comité.
8.El Comité adoptará su propio reglamento.
9.El Comité elegirá su mesa por un período de dos años.
en la Sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar
conveniente que determine el Comité. El Comité se reunirá
normalmente todos los años. La duración de las reuniones
del Comité será determinada y revisada, si procediera, por
una reunión de los Estados Partes en la presente Convención, a reserva de la aprobación de la Asamblea General.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité establecido en virtud
12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de
las Naciones Unidas, según las condiciones que la Asamblea pueda establecer.
1.Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado
para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al
goce de esos derechos:
2.Los informes preparados en virtud del presente artículo
deberán indicar las circunstancias y dificultades, si las hubiere, que afecten el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Convención. Deberán asimismo, contener información suficiente para que el Comité
tenga cabal comprensión de la aplicación de la Convención
en el país de que se trate.
3.Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al Comité no necesitan repetir en sucesivos
informes presentados de conformidad con lo dispuesto en
el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo la información
básica presentada anteriormente.
4.El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la aplicación de la Convención.
5.El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus actividades.
6.Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público de sus países respectivos.
Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación internacional en la esfera
regulada por la Convención:
a)Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones
Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de su mandato.
El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación
de la Convención en los sectores que son de incumbencia
de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los
organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas
b)El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia y a otros órganos competentes, los informes de los Estados Partes que contengan una solicitud de
asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se indique esa necesidad, junto con las observaciones y sugerencias del Comité, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o
c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario General que efectúe, en su nombre, estudios
sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del niño;
d)El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y
recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados
Partes interesados y notificarse a la Asamblea General, junto
con los comentarios, si los hubiere, de los Estados Partes.
La presente Convención estará abierta a la firma de todos los
La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de
cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán
1.La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día
siguiente a la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del
2.Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.
1.Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a
los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean
que se convoque una conferencia de Estados Partes con el
fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declara en
favor de tal conferencia, el Secretario General convocará una
conferencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes, presentes y votantes en la conferencia, será sometida por el Secretario General a la Asamblea General para su aprobación.
2.Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1
del presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
3.Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias
para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto
que los demás Estados Partes seguirán obligados por las
disposiciones de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.
1.El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o
2.No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente Convención.
3.Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por
medio de una notificación hecha a ese efecto y dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará
a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General.
mediante notificación hecha por escrito al Secretario General
de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año
después de la fecha en que la notificación haya sido recibida
El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés, y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las
En testimonio de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios,
debidamente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.
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artículo 9
artículo 29
artículo 28
e contrario
e contrario


text:
Sentencia de tutela T550 de 2005. T-550-05 | SuTutela.com
Sentencia de tutela T550 de 2005. T-550-05
Derecho a la educacion de menores hijos de vendedor ambulante a quien se le exige el pago de unos derechos complementarios para el tramite de la matricula de los menores. El derecho a la educaciÓn: carÁcter fundamental. El derecho a la educaciÓn de los niÑos: carÁcter fundamental y prevalente, atributos principales. La doctrina del hecho superado y el tramite de revisiÓn. Obra certificaciÓn en la que consta que los menores se encuentran matriculados. Negada por carencia actual de objeto
Sentencia T-550/05
Referencia: expediente T-1064177 Acción de tutela instaurada por RAMIRO ULABAREZ HERNANDEZ contra INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES Magistrado Ponente:
Bogotá, D. C., veinticinco ( 25 ) de mayo de dos mil cinco (2005).
dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el JUZGADO TRECE (13) PENAL MUNICIPAL DE CALI, en primera instancia, y por el JUZGADO ONCE (11) PENAL DEL CIRCUITO DE CALI, en segunda, dentro del trámite de la acción de tutela iniciada por el Señor RAMIRO ULABAREZ HERNANDEZ contra la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
Mediante escrito presentado el día nueve (9) de julio de dos mil cuatro (2004), el Señor ULABAREZ, actuando en representación de sus hijos, los menores FELIPE, RICARDO y LUCERO ULABAREZ AGUIRRE, solicita el amparo de su derecho fundamental a la Educación, presuntamente vulnerado por la entidad demandada. La solicitud de amparo se sustenta en los siguientes:
Sus hijos RICARDO, LUCERO y FELIPE cursaron y aprobaron en la Institución educativa “JOSE HOLGUÍN GARCES”, durante el año lectivo 2003-2004, noveno, sexto y quinto grado de educación básica, respectivamente.
i) El cobro de una cuota por valor de diez mil pesos moneda corriente ($10.000 m/cte) por concepto de reparación de pupitres averiados, como requisito para la expedición del paz y salvo de los estudiantes antiguos.
ii) El cobro de una cuota por valor de cuatro mil pesos moneda corriente ($4000 m/cte) por concepto de reposición de un Mouse de computador descompuesto, como requisito para la expedición del paz y salvo de los estudiantes de noveno grado.
- En relación con cada uno de los tres menores:
- En relación únicamente con el menor RICARDO: $ 55.000=, por concepto de servicios académicos del menor. $ 40.000=, por concepto de modalidad técnica. $ 40.000=, por concepto de estampilla Procultura.
Con motivo de estos presuntos abusos, el Señor ULABAREZ acudió ante la Secretaría de Educación Municipal de Cali donde fue atendido por la Señora Luz Dary Sánchez, Secretaria de Desarrollo Pedagógico, quien le entregó una misiva dirigida a la Señora NILIA FELISA LOZANO FIGUEROA, Rectora del Centro Educativo “José Holguín Garcés”, requiriéndola a cumplir con lo resuelto por dicha Dependencia mediante resolución Nº 0958 de abril 23 de 2004 por medio de la cual se estableció “el reglamento para el cobro de derechos académicos, servicios complementarios y otros costos de las Instituciones Estatales de Santiago de Cali”. En este escrito se lee que: “El Señor Ramiro Ulabarestt tiene tres (3) hijos en la Institución a su cargo, por lo tanto debe cancelar los siguientes valores:
________ por concepto de Derechos Académicos.
$90.000= por concepto de Servicios Complementarios
La resolución contempla que no se hará cobro alguno por otro concepto” (subrayados en el original)
Así mismo, la funcionaria municipal mencionada le entregó al accionante una copia de la circular Nº 56 de julio 5 de 2004 en la que se establece de manera expresa que:
“No está permitido cobrar a los padres de familia cuotas extras para despedidas, ceremonias de grado y/o similares en los niveles de Preescolar, básica ciclo de primaria, programas, proyectos, Manual de Convivencia, pago de aseadoras, profesores de Educación Física, danzas, música, reparación de pupitres, fotocopias para evaluaciones, seguros, ni cualquier otro concepto”. (subrayados fuera de texto).
Con estos documentos como respaldo, el Señor ULABAREZ se dirigió nuevamente a la Institución demandada para continuar y legalizar el trámite de matrícula de sus hijos pero la secretaria respectiva se negó a atender sus reclamaciones limitándose a reiterarle que sin el pago de las cuotas por concepto de reparación de pupitres y de reposición del Mouse averiados no se le expediría paz y salvo a estudiante alguno. Con fundamento en los anteriores hechos, hace la siguiente:
El actor dentro del presente proceso de tutela exhorta a la autoridad judicial para que tutele el derecho fundamental a la educación de sus hijos, los menores, RICARDO, LUCERO y FELIPE ULABAREZ AGUIRRE. 3. Trámite de instancia.
3.1 Mediante auto de julio doce (12) de dos mil cuatro (2004), el JUZGADO TRECE (13) PENAL MUNICIPAL DE CALI admite la acción de tutela formulada por Ramiro Ulabarez Hernández en contra de la Institución Educativa “José Holguín Garcés” y decreta de oficio lo siguiente
3.2 Surtido el trámite descrito, la Señora NILIA FELISA LOZANO FIGUEROA, en su calidad de Rectora y representante legal de la Institución Educativa “José Holguín Garcés”, solicitó al juez de la causa que declare improcedente la acción de tutela interpuesta en su contra por el Señor Ulabarez por cuanto el derecho a la educación de sus hijos no ha sido vulnerado: “nunca se ha negado su derecho de matrícula y solo basta con que se acerque al plantel a corregir su liquidación y a firmar un convenio de pago”.
Quinto, que la Señora LOZANO viene adelantado al frente de la Institución Educativa “José Holguín Garcés” una gran gestión administrativa, en lo financiero, obteniendo los recursos requeridos para resolver las necesidades principales de la comunidad educativa y, en lo humano, coadyuvando a satisfacer la demanda de acceso a la educación de la población más vulnerable llegando, en muchos casos, a solventar de su propio pecunio gastos relativos a uniformes, seguro médico y alimentación de sus estudiantes, entre ellos, los tres hijos del Señor Ulabarez. 4. Pruebas relevantes que obran en el expediente.
- Declaración del Señor Ramiro Ulabarez Hernández (folios 13 y 14) - Declaración de la Señora Nilia Felisa Lozano Figueroa (folios 15-19)
- Circular Nº 56 de julio 5 de 2004 de la Secretaría de Educación Municipal de Cali (folio 5)
- Resolución Nº 0958 de abril 23 de 2004 de la Secretaría de Educación Municipal de Cali (folios 25-29)
- Resolución Nº 0959 de abril 23 de 2004 de la Secretaría de Educación Municipal de Cali (folio 35)
- Resolución Nº 003 de mayo 18 de 2004 del Consejo Directiva de la Institución Educativa “José Holguín Garcés” (folios 31-34)
- Oficio de julio 7 de 2004 de la Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico dirigido a la Señora Nilia Felisa Lozano Figueroa (folio 4)
- Formatos de “confirmación de cupo” para alumnos antiguos, correspondientes al año lectivo 2004-2005, diligenciados por el Señor Ulabarez y su cónyuge en relación con sus tres hijos menores (folios, 20, 22 y 24)
- Copia de los carnets de afiliación de los menores LUCERO y FELIPE ULABAREZ AGUIRRE al Régimen Subsidiado de Salud, en el nivel 2 del SISBEN (folios 21 y 23)
- Copia del cuadro de liquidaciones de la matrícula de los menores RICARDO, LUCERO y FELIPE ULABAREZ AGUIRRE (folios 36-38)
- Certificación expedida por la Institución Educativa “José Holguín Garcés” en la que consta la condición de estudiantes activos en los grados sexto, séptimo y décimo y ostentan los menores FELIPE, LUCERO y RICARDO ULABAREZ AGUIRRE, respectivamente (folio 52)
“NO CONCEDER la acción de tutela promovida por el señor RAMIRO ULABAREZ HERNANDEZ en contra de LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES, por no haberse vulnerado el derecho fundamental de la educación en cabeza de los hijos del accionante”. A tal decisión llega el Juzgador previa exposición de los siguientes argumentos:
Que en el caso sub judice, no se presentó desconocimiento alguno por parte de la demandada de los lineamientos fijados por la Secretaría de Educación Municipal de Cali a través de la resolución No. 0958 de abril 23 de 2004 respecto a los costos educativos para las Instituciones de enseñanza oficial, sino sencillamente un error humano en la liquidación de los valores de matrícula de los tres hijos del Señor Ulabarez, el cual puede ser corregido acudiendo directamente ante el personal de atención del plantel.
Que existe plena disposición de la rectora y representante legal de la Institución Educativa “José Holguín Garcés” para solucionar el impase que dio origen a la acción de tutela que se decide, ofreciendo los recursos humanos e institucionales necesarios para proceder a corregir los valores que se cobraron al Señor Ulabarez para efectos de la matrícula de sus hijos y, así mismo, para lograr un acuerdo de pago que se ajuste a su limitante situación financiera. 2. Impugnación
En fallo de fecha septiembre seis (6) de dos mil cuatro (2004), el JUZGADO ONCE PENAL DEL CIRCUITO DE CALI, resuelve: “CONFIRMAR el fallo impugnado, ADICIONÁNDOLO en el sentido de ADVERTIR al accionante RAMIRO ULABAREZ HERNANDEZ, para que en lo sucesivo, previamente a hacer uso de la acción de tutela, agote las instancias administrativas ante las cuales puede encontrar remedio a sus clamores e igualmente a la rectora de la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES, para que se ajuste y aplique con mesura, las normas preestablecidas por la SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, orientando al personal administrativo en relación con la buena comunicación que de sus disposiciones haga, en relación con la comunidad educativa, para evitar futuros desafueros a causa de errores de apreciación o interpretación de esas disposiciones” Ello por considerar que el fallo del a quo se ajustaba a los elementos fácticos probados por las partes, de los cuales se colegía con claridad que “en momento alguno se bloqueó la entrada de los hermanos ULABAREZ AGUIRRE para la continuidad de sus estudios”. III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE.
Esta Corte es competente para revisar el fallo de tutela dictado en la acción iniciada por RAMIRO ULABAREZ HERNANDEZ en contra de la INSTITUCION EDUCATIVA “JOSE HOLGUÍN GARCÉS”, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y por lo dispuesto en Auto de la Sala de Selección Número Tres (3) de marzo cuatro (4) de dos mil cinco (2005).
La presente controversia plantea como interrogante a resolver, a la luz de los postulados constitucionales vigentes, si el aumento en los costos de matrícula de los estudiantes RICARDO, LUCERO y FELIPE ULABAREZ AGUIRRE, así como el cobro de cuotas extras al que han sido sometidos por parte de la Institución Educativa “José Holguín Garcés”, restringe injustificada y arbitrariamente su derecho a la educación, en sus atributos de acceso y permanencia dentro del Sistema Educativo. 3. Consideraciones generales
Ha sido una constante, en la jurisprudencia constitucional colombiana, el reconocimiento de la Educación como un derecho de carácter fundamental por cuanto le permite a los individuos el acceso a todos los bienes y haberes de la cultura e, igualmente, su incorporación eficaz y efectiva en el conglomerado social que les rodea, medio necesario para el desarrollo pleno del conjunto de sus potencialidades.
En este sentido, la Educación se constituye en atributo dignificante del Ser Humano lo mismo que en presupuesto básico para la realización y vigencia de los fines, valores, principios y derechos que orientan y justifican el accionar estatal, verbo y gracia, la justicia social, la igualdad material, la libertad personal, la participación ciudadana, el pluralismo, la tolerancia y la paz, entre otros. Por este motivo, el artículo 366 de la Carta Política consagra como objetivo fundamental del Estado la solución de las necesidades insatisfechas en Educación.
Es válido mencionar que, además de los anteriores argumentos del ámbito doméstico, el carácter fundamental del derecho a la Educación ha sido reconocido expresamente por la Comunidad Internacional reunida en Viena, en 1993, durante la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos cuyo resultado fue una declaración conjunta de reconocimiento a la integralidad de los Derechos inalienables de la persona, en su triple condición de universales, indivisibles e interdependientes; asimismo, los instrumentos internacionales de DDHH suscritos por Colombia y los estándares creados por los organismos encargados de su interpretación y aplicación son contundentes en otorgar a este Derecho una clara relevancia como requisito sine qua non para la protección y garantía de sus pares. El derecho a la Educación de los niños: Carácter fundamental y prevalente
El artículo 44 Superior establece expresamente que el derecho a la Educación de los niños tiene carácter fundamental y prevalece sobre los derechos de los demás en atención a su condición jurídica de sujetos especiales de protección por parte del Estado, la familia y la sociedad lo que conlleva a dar relevancia al interés Superior Menor en cada ejercicio de interpretación y aplicación normativa. En consecuencia, el Estado tiene el deber de asegurar, a los menores bajo su jurisdicción, las condiciones y garantías necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo, teniendo presente que los niveles de educación básica (diez en total, incluyendo un nivel de preescolar) deben ser obligatorios y asequibles a todos gratuitamente. Paralelamente, existen también una serie de deberes de los padres de familia hacia sus hijos en edad escolar, los cuales se concretan en asistirlos y apoyarlos en su proceso de formación básica, informándose sobre su comportamiento y rendimiento académico lo mismo que sobre la buena marcha de la institución educativa a la que pertenecen al tiempo que participan y coadyuvan en las acciones de mejoramiento a que haya lugar.
Lo anterior, atiende principalmente a los desarrollos que frente a la especial protección de los niños se han venido produciendo en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El derecho fundamental a la Educación: Atributos principales
Esta Corte ha fijado, como estándar aplicable a todo el catálogo de los derechos fundamentales, que sus atributos principales no pueden condicionarse a consideraciones de tipo coyuntural ni a valoraciones subjetivas de orden político o moral. En el caso concreto del derecho a la Educación, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el mismo posee una dimensión dual referida al acceso y la permanencia de todas personas en el sistema educativo. Por su parte, la jurisprudencia internacional ha definido como atributos básicos de este derecho la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que le son comunes en todas sus formas y en todos sus niveles.
En consecuencia, cualquier intento de restringir alguno de los anteriores criterios que involucre las características del derecho a la Educación sin obedecer a una justa causa, debidamente expuesta y probada, deriva en arbitrario y, por ende, procede en su contra la acción de tutela y los demás instrumentos jurídicos y administrativos procedentes para exigir al Estado o al particular respectivo el cese inmediato de la vulneración. La doctrina del hecho superado y el trámite de revisión
En virtud de lo anterior, la eficacia de la acción de tutela radica en el deber que tiene el juez, en caso de encontrar amenazado o vulnerado un derecho alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento orientada a la defensa actual y cierta del derecho que se aduce” (Sentencia T-495 de 2001).
En consecuencia, este recurso jurídico deviene en improcedente por carencia de objeto o sustracción de materia, cuando el hecho que inicialmente vulneró o amenazó con lesionar el derecho fundamental respectivo, desaparece; lo anterior, se evidencia en cuanto la decisión del Juzgador, para estas situaciones, no puede traducirse en una orden de obligatoria observancia: “Si la situación de hecho que genera la violación o la amenaza ya ha sido superada, el instrumento constitucional de defensa pierde su razón de ser. Es decir, la orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad de los derechos presuntamente conculcados, el proceso carecería de objeto y la tutela resultaría entonces improcedente.” (T-100 de 1995).
También ha dicho esta Corporación que, cuando se verifica la configuración de la hipótesis del hecho superado en sede de revisión, ella mantiene su competencia para pronunciarse sobre las decisiones y los argumentos expuestos por los Jueces de instancia confirmándolos, modificándolos o revocándolos, según corresponda, aún cuando no haya lugar a impartir orden judicial alguna sino solo la declaratoria de la carencia de objeto: “Empero, como ya lo tiene establecido esta Corporación, cuando el supuesto de hecho que motiva la solicitud de amparo se ha agotado o consumado estando en curso el proceso de revisión ante esta Corporación se hace necesario establecer si en el trámite de la tutela ante los jueces de instancia ha debido concederse el amparo de los derechos fundamentales invocados y, si existiendo mérito así no se hubiere dispuesto, la Sala de Revisión, de conformidad con la jurisprudencia reciente, procederá a revocar los fallos objeto de examen y conceder la tutela, sin importar que no proceda impartir orden alguna” (T-724 de 2003)
“No obstante, también ha señalado que cuando en sede de revisión de tutela se constata que los argumentos de los jueces de instancia no se ajustan a la jurisprudencia constitucional, y existe un hecho superado, lo procedente es analizar de fondo el asunto planteado, a fin de revocar la decisión revisada y declarar la carencia actual de objeto” (T-963 de 2004)
4. El caso concreto Procede la Sala a analizar los cargos formulados por el actor en contra de la Institución Educativa “José Holguín Garcés” en cuanto al cobro de valores de matrícula excesivos no correspondientes con la condición socio económica de los educandos lo mismo que de cuotas extra para reparación y reposición de bienes muebles. Para tal propósito, es menester remitirse a lo dispuesto por el reglamento municipal frente el cobro de derechos académicos, servicios complementarios y otros costos de las Instituciones Educativas estatales de Santiago de Cali, el cual establece dentro de los criterios que se deben tener en cuenta para liquidar las matrículas de los educandos, los siguientes:
(…) 4. El pago respectivo de los derechos académicos y servicios complementarios podrá ser diferido, no debe constituirse en un impedimento para que el estudiante acceda a ingresar al Sistema Educativo, por lo cual no será requisito para asignación de cupos, aceptación o renovación de la matrícula.
9. Cuando un padre de familia tiene varios hijos en la misma Institución Educativa se aplicarán los siguientes valores
Derecho Académico Servicios Complementarios
$55.ooo hijo
$40.ooo hijo
$30.ooo hijo
13. Se consideran servicios complementarios: Boletines e Informes Periódicos, Papelería, Sostenimiento de Equipos y Laboratorio, Mantenimiento de Aulas Especializadas, reparación y Adecuación de Muebles e inmuebles de la Institución Educativa, pólizas y adquisición de implementos para el trabajo pedagógico.” (folios 25-29)
(negritas fuera del texto).
De acuerdo con los anteriores lineamientos, así como con la comunicación escrita de fecha julio 7 de 2004 dirigida por la Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico de Cali – Grupo de Inspección y Vigilancia a la Señora LOZANO (folio 4), el valor que debía pagar el Señor ULABAREZ por concepto de la matrícula de su tres hijos menores en la entidad demandada era, en total, noventa mil pesos moneda corriente ($90.000 m/cte) y no doscientos treinta y un mil pesos moneda corriente ($231.000 m/cte) como equivocadamente se liquidó. En consecuencia, es posible deducir con certeza que la entidad demandada ha incurrido en cobros educativos excesivos que constituyen una clara amenaza para el goce efectivo del derecho a la educación por parte de los hermanos ULABAREZ AGUIRRE en la medida en que condicionan injustificadamente su continuidad dentro del Sistema Educativo. Esta afirmación se traduce en el error que se cometió al liquidar las matrículas de dichos menores por un monto superior al doble del valor que correspondía, al igual que en el cobro de cuotas extras antirreglamentarias, por conceptos ya incluidos en el pago de los servicios complementarios. No obstante, obra en el expediente a folio número 52, certificación expedida en mayo 4 de 2005 por la ciudadana NILIA FELISA LOZANO FIGUEROA, en su condición de Rectora de la Institución Educativa “José Holguín Garcés”, donde se hace constar que los alumnos FELIPE, LUCERO Y RICARDO ULABAREZ AGUIRRE, se encuentran actualmente “MATRICULADOS y CURSANDO los grados Sexto (6º), Séptimo (7º) y Décimo (10º), respectivamente, en el presente año lectivo 2004-2005”, información que ha sido validada por este Despacho en conversación telefónica sostenida en mayo 11 del año en curso con la señora FANNY ULABAREZ HERNANDEZ, hermana del accionante.
Primero. REVOCAR los fallos proferidos por el JUZGADO TRECE (13) PENAL MUNICIPAL DE CALI, en primera instancia, y por el JUZGADO ONCE (11) PENAL DEL CIRCUITO DE CALI, en segunda, dentro del trámite de la acción de tutela iniciada por el Señor RAMIRO ULABAREZ HERNANDEZ contra la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
Segundo. En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto en la presente acción de tutela.

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Resolución
Resolución
Resolución
resolución
artículo 366
artículo 44


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RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2003, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se incoa expediente para la delimitación del entorno de protección del bien de interés cultural declarado 'Iglesia de Santa María la Mayor', en Villacantid
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2003, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se incoa expediente para la delimitación del entorno de protección del bien de interés cultural declarado "Iglesia de Santa María la Mayor", en Villacantid	RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2003, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se incoa expediente para la delimitación del entorno de protección del bien de interés cultural declarado "Iglesia de Santa María la Mayor", en Villacantid Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2003, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se incoa expediente para la delimitación del entorno de protección del bien de interés cultural declarado "Iglesia de Santa María la Mayor", en Villacantid Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA	RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2003, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se incoa expediente para la delimitación del entorno de protección del bien de interés cultural declarado "Iglesia de Santa María la Mayor", en Villacantid.
La Iglesia de Santa María la Mayor, en Villacantid, término municipal de La Hermandad de Campóo de Suso, fue declarada bien de interés cultural, con la categoría de monumento, por Decreto 592/1982, de 15 de enero (B.O.E. de 24 de marzo).
La disposición adicional única de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, establece que los bienes radicados en la Comunidad Autónoma de Cantabria que hayan sido declarados bien de interés cultural al amparo de la Ley de Patrimonio Histórico Español, pasan a tener la condición, salvo aquellos en los que es competente la Administración del Estado conforme al apartado b) del artículo 6 de dicha Ley, de Bienes de Interés Cultural, en las condiciones que recoge la propia Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria. Por lo tanto, procede adecuar la declaración a las prescripciones impuestas por la citada Ley, delimitando, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 18, el entorno afectado por la declaración.
Primero.-Incoar expediente para la delimitación del entorno de protección del bien de interés cultural declarado "La Iglesia de Santa María la Mayor", en Villacantid, término municipal de La Hermandad de Campóo de Suso.
Cuarto.-Dar traslado de esta Resolución, conforme al artículo 17 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, al Ayuntamiento de La Hermandad de Campóo de Suso, y hacerle saber que, según lo dispuesto en el artículo 52 de la misma, toda actuación urbanística en el entorno de protección incluyendo los cambios de uso, en tanto no se haya aprobado la figura urbanística de protección del mismo, deberá ser aprobada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. En el caso de que esté aprobado el instrumento de planeamiento del entorno afectado, la autorización de la intervención competerá al Ayuntamiento, que deberá comunicar la intención de conceder la licencia a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte con una antelación de diez días a su concesión definitiva.
Será igualmente preceptiva la autorización de la Consejería de Cultura Turismo y Deporte para la colocación de elementos publicitarios e instalaciones aparentes en el entorno de protección.
Sexto.-Que la presente Resolución, con su anexo, se publique en el"Boletín Oficial de Cantabria" y en el "Boletín Oficial del Estado".
Santander, 6 de noviembre de 2003.-El Consejero, Francisco Javier López Marcano.
Linda al noroeste con un camino rural, con partes de fincas y praderas arboladas que incluyen sus edificaciones en el entorno. Al norte y al este con un perfil quebrado, con otros caminos y fincas o partes de fincas atravesando la carretera comarcal. Al sudeste con otro camino. Al sur con varias fincas destinadas a prado, subdividiendo puntualmente una de grandes dimensiones. Y al oeste con varias fincas de similares características, atravesando nuevamente la carretera comarcal.
La delimitación se efectúa considerando las características de la iglesia la relación con el núcleo de Villacantid y el paisaje, la estructura viaria y la topografía. Se ha prestado especial atención a los aspectos visuales relación de proximidad, base y fondo de perspectivas. En la medida de lo posible, los límites se hacen coincidir con los lindes de parcelas y caminos.
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Pág. 24765 a 24773
Núm. 8381
El artículo 39 de la Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2017, crea, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la entidad pública empresarial Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears, con la finalidad de prestar servicios de soporte a la actividad asistencial que realizan los centros sanitarios del Servicio de Salud de las Illes Balears y la Red Sanitaria Pública de las Illes Balears.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 7/2010, para desarrollar esta disposición legal es necesario aprobar los estatutos que regulen su organización, funcionamiento y régimen jurídico.
Con respecto a los principios de buena regulación del artículo 4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y actualmente el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede decir que este proyecto responde a los principios de necesidad, transparencia y eficacia, ya que busca una mejor organización de los servicios y, en consecuencia, de los recursos humanos y medios materiales del Servicio de Salud de las Illes Balears (satisfacción del interés general) por la vía de la organización de un ente de la Administración pública destinado a prestar directamente a los ciudadanos (no por vía del uso de medios externos) una serie de servicios complementarios de la actividad sanitaria asistencial categorías profesionales, ya que se considera que la calidad de la prestación del servicio mejora en su conjunto.
Responde también al principio de proporcionalidad, ya que no se restringe ningún derecho, y al de seguridad jurídica en la medida en que se utiliza el medio normativamente previsto para la aprobación de estos estatutos o normas de organización, lo que permite crear un entorno jurídico de certeza, con un marco jurídico fácilmente comprensible.
Para concluir, responde al principio de simplicidad en la elaboración de la norma, porque se ha facilitado la participación de todos los agentes implicados por los medios que establece la ley.
Por todo ello, a propuesta de la consejera de Salud, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de 28 de julio de 2017,
Palma, 28 de julio de 2017
Estatutos de la entidad pública empresarial Gestión Sanitaria y Asistencial de las Islas Baleares
Denominación, naturaleza, objeto y régimen jurídico
1. Gestión Sanitaria y Asistencial de las Islas Baleares (GSAIB) es una entidad pública empresarial, adscrita al servicio de Salud de las Islas Baleares, con personalidad jurídica propia y diferenciada, y con capacidad de actuar y plena autonomía de gestión, de las previstas en el artículo 2.1 b de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
2. La finalidad institucional consiste en la prestación de todo tipo de servicios de apoyo a la actividad asistencial de los centros sanitarios del Servicio de Salud de las Islas Baleares y de la Red Sanitaria Pública de las Islas Baleares.
1. GSAIB tiene por objeto prestar servicios de apoyo a la actividad asistencial de los centros sanitarios del Servicio de Salud de las Islas Baleares y de la Red Sanitaria Pública de las Islas Baleares.
2. En este sentido, en régimen de derecho privado, puede llevar a cabo todas las actuaciones que considere convenientes para el desarrollo y el cumplimiento adecuado de sus fines y, en particular:
a. Servicios de transporte sanitario en cualquiera de sus modalidades.
b. Servicios de limpieza y lavandería.
c. Servicios de cocina, catering y restauración en general.
d. Servicio de mantenimiento de instalaciones y jardinería.
e. Otros servicios asistenciales de carácter sanitario.
f. Servicios de atención telefónica de la demanda asistencial, información y orientación o consejo sanitario, y también la coordinación de urgencias y la colaboración con los servicios de urgencias y de emergencias de las diferentes administraciones, como los servicios de protección civil, los cuerpos de prevención y extinción de incendios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en las situaciones que lo requieran.
1. GSAIB se rige por las disposiciones de la Ley 7/2010, aplicables a las entidades públicas empresariales, por estos Estatutos y por el resto de disposiciones que le sean aplicables.
2. GSAIB se somete a los principios de legalidad, servicio en el interés general, eficacia, eficiencia, estabilidad y transparencia, y se ajustará al principio de instrumentalidad con respecto a los fines y los objetivos que tiene asignados.
3. En cuanto a la organización y al funcionamiento, se rigirá por los criterios que establece la normativa reguladora del régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, sin perjuicio de las singularidades que prevé el capítulo III del título I de la Ley 7/2010 para las entidades públicas empresariales.
4. GSAIB podrá llevar a cabo, en régimen de derecho privado, todas las acciones que estime convenientes para el cumplimiento de sus fines, y se someterá a las normas de derecho mercantil, civil y laboral, que correspondan. Sin perjuicio de eso, GSAIB también podrá ejercer potestades administrativas vinculadas al cumplimiento de sus fines, incluyendo la actividad de fomento, mediante el Consejo de Administración y el presidente.
5. En materia de contratación, GSAIB estará sometida a la normativa que le sea aplicable como consecuencia de su consideración de poder adjudicador y, en particular, al Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
6. La impugnación y la revisión de actos administrativos se regirán por el capítulo III del título I de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y por el artículo 33 de la Ley 7/2010.
7. Los actos sujetos a derecho administrativo que dicte el Consejo de Administración o el presidente de GSAIB podrán fin a la vía administrativa.
1. De acuerdo con el artículo 24.6 del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, GSAIB tiene carácter de medio propio y servicio técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y del resto de organismos de derecho público o de derecho privado integrados en el sector instrumental de la Comunidad Autónoma que tengan la consideración de poderes adjudicadores.
2. En consecuencia, la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y las entidades mencionadas en el párrafo anterior podrán encargar a GSAIB la ejecución de cualquier actividad material relacionada con los objetivos o fines de GSAIB. Por otra parte, GSAIB no podrá participar en ninguna licitación pública de estas administraciones o entidades.
3. La contraprestación a favor de GSAIB por estos encargos de gestión se ajustará a las tarifas aprobadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, las cuales se calcularán según los costes reales imputables a la ejecución de los proyectos, teniendo en cuenta especialmente la información que aporte GSAIB con dicho fin. En todo caso, las tarifas aplicables a cada uno de los encargos se aprobarán antes de la formalización de los actos o acuerdos que contengan los encargos mediante una resolución de la persona titular de la consejería competente en materia de salud.
4. Los encargos de gestión que no cumplan el carácter oneroso propio de los encargos a que se refiere el artículo 4 de estos Estatutos se regirán por lo que establece el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
1. El patrimonio de GSAIB está integrado por los bienes y derechos de su titularidad, incluyendo los que adquiera en el curso de su gestión y los que le adscriba o ceda otra persona o entidad por medio de cualquier título.
2. De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley 7/2010, el régimen jurídico aplicable a los bienes y derechos de GSAIB, tanto demaniales como patrimoniales, es el establecido en la legislación estatal y autonómica de patrimonio aplicable a la Administración pública institucional y, en particular, a las entidades públicas empresariales.
3. Los bienes que se adscriben a GSAIB conservarán su calificación jurídica originaria, y serán utilizados exclusivamente para el cumplimiento de sus fines.
4. Los bienes de GSAIB pueden ser enajenados, concesionados, gravados, arrendados y cedidos en los términos previstos en la Ley 6/2001, de 11 de abril, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
5. GSAIB dispone de las prerrogativas y las facultades que establece la legislación vigente para la protección de su patrimonio.
6. En caso de extinción de GSAIB, los activos se tendrán que incorporar, según su naturaleza jurídica, al dominio público o privado de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares o de otro organismo público, de acuerdo con lo que establezca la norma que regule su extinción.
La entidad podrá financiar sus actividades utilizando cualquier forma admitida en derecho y, en particular, las siguientes formas:
a. Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas de este patrimonio.
b. Las aportaciones que se establezcan en las leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
c. Las subvenciones, aportaciones, herencias, legados o donaciones que le concedan los organismos, entidades, empresas o personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
d. Los productos, rentas o incrementos derivados de su gestión patrimonial.
e. Los ingresos procedentes de los precios, tarifas o tasas que correspondan por la prestación de los servicios.
f. Las participaciones o ingresos que procedan de convenios, contratos, conciertos o negocios jurídicos que formalice con cualquier organismo, entidad, empresa o persona, pública o privada.
g. Los empréstitos y la deuda que emita, y los créditos y demás operaciones financieras que formalice con entidades financieras, bancarias y otras entidades de crédito, tanto nacionales como extranjeras.
h. Cualquier otro recurso que pueda atribuírsele.
Plan de actuación y anteproyecto de presupuesto
1. GSAIB elaborará y tramitará anualmente un plan de actuación, que contendrá los objetivos a lograr durante el ejercicio, de acuerdo con los presupuestos anuales aprobados para el mismo ejercicio, a los efectos de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 7/2010.
2. Asimismo, GSAIB elaborará y tramitará un anteproyecto de presupuesto de explotación y de capital para el ejercicio siguiente, conforme a lo establecido en la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Control financiero y de actuación
1. GSAIB queda sujeta al control financiero, en su modalidad de auditoría pública, que ejercerá la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en los términos que establece la legislación aplicable a las entidades públicas empresariales del sector público de la Comunidad Autónoma.
2. Asimismo, queda sujeta al control de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares y del Tribunal de Cuentas, y al resto de controles permanentes o adicionales que, si procede, tengan que efectuarse o se establezcan en el marco de lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 7/2010.
1. Los órganos competentes de la gestión de la tesorería de GSAIB se ajustarán a las normas sobre coordinación y control establecidas en los artículos 11 y 12 de la Ley 7/2010.
2. La contabilidad y régimen de cuentas de GSAIB serán los que correspondan a las entidades públicas empresariales, conforme a los artículos 13 y 14 de la Ley mencionada.
1. El personal que preste servicios a GSAIB será personal laboral propio contratado por la entidad o procedente de un traspaso de personal, sin perjuicio del personal funcionario que se le adscriba o que pueda incorporarse, en los términos establecidos en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 7/2010.
2. El personal laboral propio de GSAIB se regirá, además de por las disposiciones del Estatuto básico del empleado público que le sean aplicables y por el resto de normas laborales y convencionales aplicables al personal de dicha naturaleza, por la Ley 7/2010, sus normas de desarrollo y las normas de empleo público de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que lo dispongan expresamente.
3. La selección y provisión de este personal, funcionario o laboral, se ajustará a los sistemas y procedimientos establecidos en la legislación de función pública de las Islas Baleares, fundamentados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
1. GSAIB contará con un máximo de dos plazas de personal directivo profesional con contrato de alta dirección, con el régimen previsto por los artículos 22 y concordantes de la Ley 7/2010, y se someterá a los límites que establecidos reglamentariamente en el desarrollo de dicha Ley.
3. El nombramiento y la contratación de personal directivo profesional cumplirá los requisitos que exigen los artículos 20.5 y 22.3 de la Ley 7/2010.
Los siguientes órganos rigen y administran la entidad:
d. El director o directora gerente.
La Presidencia es el órgano unipersonal superior de dirección de GSAIB y recaerá en la persona titular de la Dirección General del Servicio de Salud. Le corresponderá la máxima representación de la entidad y presidirá el Consejo de Administración.
b. Fijar el orden del día, dirigir las deliberaciones y dirimir los empates con el voto de calidad.
c. Ejercer la representación permanente de la entidad y del Consejo de Administración con los más amplios poderes. En circunstancias especiales o por razones de urgencia, tomar cualquier decisión y ejercer las facultades que corresponden al Consejo de Administración, dándole cuenta posteriormente para su ratificación.
e. Velar por el cumplimiento de las leyes y de los acuerdos del Consejo de Administración.
f. Ejercer las competencias propias como órgano de contratación de la entidad, de acuerdo con las instrucciones en materia de contratación y las circulares internas de la entidad, con la aprobación previa del director gerente de los pliegos que rijan la licitación.
g. Firmar convenios de colaboración con personas físicas y jurídicas.
h. Ejercer las facultades que el Consejo de Administración le delegue.
La Presidencia podrá delegar, con carácter permanente o temporal, determinadas funciones en la Vicepresidencia o en el director gerente, excepto las establecidas en los apartados d y h del párrafo anterior.
La Vicepresidencia corresponderá a la persona titular de la Secretaría General del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Sustituirá al presidente en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo, y ejercerá las funciones que, en su caso, le delegue el presidente.
1. El Consejo de Administración estará integrado por la Presidencia, la Vicepresidencia y los vocales. El director gerente asistirá a las sesiones del Consejo de Administración con voz pero sin voto.
2. La Presidencia del Consejo de Administración recaerá en la Presidencia de la entidad.
3. La Vicepresidencia del Consejo de Administración recaerá en la Vicepresidencia de la entidad.
4. Son vocales del Consejo de Administración las siguientes personas:
a. La persona titular de la Gerencia de Atención de Urgencias del 061 del Servicio de Salud.
b. Una persona en representación de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, designada por el titular.
c. Una persona en representación de la consejería competente en materia de función pública, designada por el titular.
d. Hasta un máximo de ocho vocales más, designados por la persona titular de la Dirección General del Servicio de Salud.
e. El secretario es designado por la Presidencia de entre los miembros del mismo Consejo de Administración.
5. Las resoluciones de nombramiento de los vocales que no lo sean en razón del cargo que ocupan incluirán a las personas que los tengan que suplir en los casos de ausencia, vacante, enfermedad u otro impedimento legal para actuar. En estos nombramientos se cumplirá con el principio de representación equilibrada que regula el artículo 4 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de hombres y mujeres.
6. Asistirá a las sesiones del Consejo de Administración para las tareas de asesoramiento jurídico, con voz pero sin voto, una persona en representación de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio que pueda delegar estas funciones en un miembro que tenga atribuido el asesoramiento jurídico del ente.
1. El Consejo de Administración es el órgano colegiado superior de dirección de GSAIB y se le atribuyen todas las facultades necesarias para dirigir, administrar y gestionar todo lo que constituye el objeto de la entidad o tiene relación con el cumplimiento de dicho objeto.
2. Las funciones son las siguientes:
a. Aprobar las tarifas generales, especiales y ocasionales que considere pertinentes, dentro de las limitaciones legalmente establecidas.
b. Aprobar los planes de actuación de la entidad, anuales y plurianuales, y también los planes de inversiones, servicios y suministros.
c. Acordar la formalización de operaciones de crédito y endeudamiento para la financiación adecuada de sus actividades.
d. Acordar las medidas adecuadas para la administración de los bienes y los derechos de la entidad, y también para la adquisición, venta, permuta, arrendamiento, cesión gratuita y onerosa y su gravamen.
e. Aprobar las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto, así como también el anteproyecto del presupuesto del año siguiente.
g. Aprobar la plantilla de personal de la empresa y los criterios de selección, de admisión y de retribución.
h. Cualquier otra facultad que corresponda a la entidad o le pueda corresponder y que no esté expresamente reservada en otros órganos, dentro de las amplias facultades de representación, gobierno, disposición, gestión y administración que le corresponden.
1. El régimen de constitución, convocatoria, funcionamiento y adopción de acuerdos del Consejo de Administración es el que se establece para los órganos colegiados, con carácter general, en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y en los artículos 17 a 19 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
2. El Consejo de Administración, para el mejor cumplimiento de sus funciones, puede delegar parte, de manera permanente o temporal, en la Presidencia, la Vicepresidencia o el director gerente, excepto las que figuran en los apartados c, d, f, g, h del artículo 17, y conferir apoderamientos especiales para casos concretos sin limitación de personas.
El director o directora gerente
Titular, régimen jurídico y funciones
1. El director o directora gerente es el órgano unipersonal de dirección de GSAIB, inferior jerárquicamente a la Presidencia y al Consejo de Administración. Su régimen jurídico es el que determinan el artículo 21 y concordantes de la Ley 7/2010.
2. La persona titular de la Dirección General del Servicio de Salud designará al director o directora gerente.
3. Corresponden al director o directora gerente las facultades de representación, administración y gestión ordinaria de la entidad, y también las funciones ejecutivas, sin perjuicio de las competencias reservadas a la Presidencia y al Consejo de Administración.
4. En particular, se atribuyen a la director o directora gerente las siguientes funciones:
a. Ejercer las funciones directivas de todos los servicios de la entidad y la ejecución correcta y puntual de los acuerdos del Consejo de Administración.
b. Representar a la entidad en juicio y fuera para el ejercicio de las acciones judiciales o administrativas que correspondan.
c. Ejercer la dirección del personal. Es el órgano competente en materia de contratación de personal, de extinción de las relaciones laborales y de resolución de los expedientes disciplinarios, siempre con el previo acuerdo favorable del Consejo de Administración.
d. Dirigir y llevar a cabo la gestión ordinaria de todos los servicios de la entidad, incluyendo los complementarios o accesorios.
e. Aprobar los pliegos que rijan las licitaciones de la entidad, de acuerdo con el contenido de las instrucciones de contratación y las circulares internas de la entidad.
f. Efectuar los gastos y los pagos, sin perjuicio de las autorizaciones previas que corresponda otorgar a los órganos competentes del Gobierno de las Islas Baleares.
g. Proponer al Consejo de Administración los planes y los proyectos de la entidad, y también los programas de previsiones anuales y plurianuales, la liquidación de cuentas y la memoria explicativa de la gestión anual.
h. Redactar los planes de actuación anuales y plurianuales de la entidad, y los planes de inversiones, obras, servicios y suministros.
i. Informar puntualmente a la Presidencia y el Consejo de Administración de todas las cuestiones concernientes a la gestión de la entidad.
j. Proponer al Consejo de Administración la aprobación de la plantilla de personal y los criterios de selección y retribución.
k. Velar por el cobro de los precios, tarifas, cánones y tasas que sean aplicables a los servicios que presta la entidad.
l. Formular las cuentas anuales.
m. Elaborar y llevar el inventario de bienes.
n. Ejercer las funciones y facultades que le deleguen el Consejo de Administración o la Presidencia.
5. En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo, lo sustituye interinamente la persona que determine la Presidencia.
Corresponden a la Secretaría del Consejo de Administración las siguientes funciones:
a. Cursar las convocatorias del Consejo de Administración de acuerdo con las instrucciones de la Presidencia.
b. Preparar las sesiones del Consejo de Administración, extender el acta, dar fe de los acuerdos adoptados y tramitarlos para la ejecución correcta.
c. Gestionar el registro de entrada y de salida de los escritos dirigidos al Consejo de Administración.
GSAIB se extingue por las causas que prevé el artículo 37 de la Ley 7/2010. La norma que determine la extinción preverá las medidas aplicables al personal de la entidad, así como a los bienes y derechos sobrantes del proceso de liquidación.

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