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RESOLUCIÓN 2793 DE 01 DE JULIO DE 2016
CONTENIDO:MINISTERIO DE TRANSPORTE. ESTABLECE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA MASA BRUTA DE CONTENEDORES LLENOS QUE VAYAN A SER EMBARCADOS A BORDO DE BUQUES EN PUERTOS MARÍTIMOS COLOMBIANOS CON DESTINO A TRÁFICOS INTERNACIONALES, EN CUMPLIMIENTO AL CAPÍTULO VI REGLA 2 DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR (SOLAS 74 ENMENDADO), APROBADO MEDIANTE LEY 8ª DE 1980.
TEMAS ESPECÍFICOS:MINISTERIO DE TRANSPORTE, CONVENIO INTERNACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL, TRANSPORTE MARÍTIMO, NAVE, TRANSPORTE DE CARGA, CONVENIO INTERNACIONAL EN MATERIA DE SALUD, CONTENEDOR, CONVENIO INTERNACIONAL, PUERTO MARÍTIMO, EMPRESA DE TRANSPORTE MARÍTIMO, CONVENIO INTERNACIONAL EN MATERIA COMERCIAL, SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE CARGA, TRÁFICO INTERNACIONAL
DIARIO OFICIAL N°:49921 DE JULIO 1 DE 2016
RESOLUCIÓN 2793 DE 2016
“Por la cual se da cumplimiento al capítulo VI regla 2 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 74 Enmendado), aprobado mediante Ley 8ª de 1980, y se reglamentan los requisitos y procedimientos para la Verificación de la Masa Bruta de Contenedores con carga”.
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el numeral 6.2 del artículo 6º del Decreto 087 de 2011, y
Que el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 74 Enmendado) (en adelante “Convenio SOLAS”), aprobado en Colombia mediante la Ley 8ª de 1980, tiene como objetivo establecer normas técnicas mínimas para la construcción, equipamiento y explotación de buques, de manera compatible con su seguridad. Serán los Estados de abanderamiento los responsables de garantizar que los buques bajo su pabellón cumplan con los mismos.
Que el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional (en adelante “La OMI”) aprobó, mediante la MSC.1/CIRC.1475 del 9 de junio de 2014, las directrices relativas a la Masa Bruta Verificada (“VGM” sus siglas en inglés) de los contenedores con carga (en adelante “contenedores llenos”).
Que de acuerdo con lo establecido en la parte A, regla 2, del capítulo VI del Convenio SOLAS, “El expedidor tiene la responsabilidad de obtener y documentar la masa bruta de los contenedores llenos. El expedidor tiene también la responsabilidad de cerciorarse de que la masa bruta verificada se hace constar en los documentos de expedición con tiempo suficiente para que el capitán del buque o su representante, y el representante de la terminal, utilicen esa información al elaborar el plano de estiba del buque. Cuando el expedidor no informe de la masa bruta verificada del contenedor lleno, el contenedor no debería embarcarse en el buque, a menos que el capitán o su representante y el representante de la terminal hayan obtenido la masa bruta verificada por otros medios”.
Que con el fin de introducir las mejoras necesarias para la seguridad de los contenedores, el MSC 94 de la OMI enmendó el capítulo VI regla 2 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 74 Enmendado), estableciendo que dichas disposiciones entran en vigor a partir de julio de 2016, las cuales deberán aplicarse a los contenedores con carga (contenedores llenos) que se exporten por medio de transporte marítimo.
Con el objetivo de crear una eficiente implementación de las disposiciones del capítulo VI regla 2 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 74 Enmendado), todos los intervinientes en el transporte marítimo de carga en contenedores deben planificar, negociar y llegar a un acuerdo sobre los temas de orden operacional y comercial, tales como el método de presentación y el medio de comunicación de la verificación de la masa bruta de los contenedores llenos, y las demás medidas que se deben adoptar para lograr un flujo de transporte ininterrumpido en caso de que llegue a un puerto colombiano un contenedor lleno excediendo lo dispuesto en la verificación sobre masa bruta verificada.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 105 de 1993 “el transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios: (…) 2. Del carácter de servicio público de transporte: La operación del transporte público en Colombia es un servicio bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad”.
Que así mismo, el artículo 2º de la Ley 336 de 1996, por medio de la cual se determinan las disposiciones generales para los modos de transporte, establece que “La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte”, y el artículo 5º de la misma ley reitera que “el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme al reglamento para cada modo”.
Que en concordancia con lo anterior, el artículo 1615 del Código de Comercio colombiano, al regular el contrato de transporte marítimo de mercancías establece que “el remitente garantiza al transportador la exactitud de las marcas, número, cantidad, calidad, estado y peso de la cosa, en la forma que dicho remitente los declare al momento de la entrega”.
Que en este sentido, se hace necesario establecer los requisitos y procedimientos para la verificación de la masa bruta de contenedores llenos que vayan a ser embarcados a bordo de buques en puertos marítimos colombianos con destino a tráficos internacionales.
Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Transporte, el día veintiuno (21) de junio hasta el veintisiete (27) de junio de dos mil dieciséis (2016), en cumplimiento de lo determinado en el literal octavo (8) del artículo ocho (8) de la Ley 1437 de 2011, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.
ART. 1º—Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos y procedimientos para la verificación de la masa bruta de contenedores con carga (contenedores llenos) que vayan a ser embarcados a bordo de buques en puertos marítimos colombianos con destino a tráficos internacionales.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. La presente resolución será aplicable según lo establecido en el capítulo VI regla 1 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 74 Enmendado), ratificado por Colombia mediante Ley 8ª de 1980.
ART. 3º—Definiciones. Para la aplicación de esta resolución se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
Bulto: Uno o más elementos de la carga atados, embalados o envasados, envueltos, metidos en cajas o en paquetes para su transporte. Entre otros ejemplos de bultos cabe citar los paquetes, las cajas, los artículos embalados/envasados y los envueltos en cartón.
Buque: Cualquier embarcación a la que se aplique lo dispuesto en el capítulo VI del Convenio SOLAS. Esta definición no incluye los buques de transbordo rodado destinados a viajes internacionales cortos en los que los contenedores se transportan sobre un chasis o en un remolque y se embarcan y desembarcan conducidos a/o desde uno de estos buques.
Contenedor: De conformidad con el Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores, 1972, enmendado (en adelante, el “Convenio CSC”), se entiende por contenedor un elemento de equipo de transporte con las siguientes características: a) de carácter permanente y, por tanto, suficientemente resistente para permitir su empleo repetido; b) especialmente ideado para facilitar el transporte de mercancías, por uno o varios modos de transporte, sin manipulación intermedia de la carga; c) construido de manera que pueda sujetarse y/o manipularse fácilmente, con cantoneras para ese fin; y d) de un tamaño tal que la superficie delimitada por las cuatro esquinas inferiores exteriores sea: i) por lo menos de 14 m2 (150 pies cuadrados); o ii) por lo menos de 7 m2 (75 pies cuadrados), si lleva cantoneras superiores.
El término contenedor incluye los contenedores cisterna, los contenedores plataforma, los contenedores para gráneles, etc. También incluye los contenedores que se transporten sobre un chasis o en un remolque, excepto cuando estos contenedores son conducidos a/o desde un buque de transbordo rodado destinado a viajes internacionales cortos. Esta definición no incluye ningún tipo de vehículo. Tampoco incluye los “contenedores para instalaciones mar adentro”, a los cuales no se les aplica lo dispuesto en el Convenio CSC, de conformidad con las directrices para la aprobación de contenedores para instalaciones mar adentro manipulados en mar abierta (MSC/Circ.860) y las Recomendaciones revisadas relativas a la interpretación y aplicación uniformes del Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores, 1972, enmendado (CSC.1/Circ.138/Rev.1).
Contenedor lleno: Será el contenedor cargado (“rellenado” o “completo”) de líquidos, gases, sólidos, bultos y elementos de la carga, como las paletas, la madera de estiba y demás material de embalaje/envasado y de sujeción.
Contrato de transporte: Contrato en virtud del cual una empresa de transporte marítimo, un transportador marítimo no operador de naves, o en general un transportador, se compromete a transportar mercancías de un lugar a otro mediante el pago de un flete. El contrato puede figurar explícitamente en un documento o se podrá dar fe de él en documentos como una carta de porte, un conocimiento de embarque o un documento de transporte multimodal.
Documento de expedición: Documento que utiliza el expedidor para comunicar la masa bruta verificada del contenedor lleno. Este documento puede incluirse entre las instrucciones del transporte dadas al transportador marítimo o constituir una comunicación aparte (por ejemplo, una declaración en la que se incluya el certificado de peso expedido por un punto de pesaje).
Elementos de la carga: De conformidad con lo establecido para el término “carga” en el Convenio CSC, son todos los bienes, productos, mercancías, líquidos, gases, sólidos y artículos de cualquier clase transportados en los contenedores en virtud de un contrato de transporte. No se consideran elementos de la carga el equipo y los suministros del buque incluidas las piezas de respeto y los pertrechos, transportados en contenedores.
Equipo calibrado y certificado: Toda balanza, báscula puente, equipo de izada o cualquier otro dispositivo que permita determinar la masa bruta real de un contenedor lleno o de bultos y elementos de la carga, paletas, madera de estiba y demás material de embalaje/envasado y de sujeción, que cumpla con las normas y prescripciones sobre precisión establecidas por el Ministerio de Transporte de Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio o las autoridades que hagan sus veces.
Expedidor: Persona natural o jurídica nombrada en el conocimiento de embarque o carta de porte marítimo o documento de transporte multimodal equivalente, como expedidor, remitente, cargador o embarcador y/o persona que haya concertado o en cuyo nombre o por cuenta de la cual se haya celebrado un contrato de transporte de mercancías con una empresa de transporte marítimo, un transportador marítimo no operador de naves, o en general un transportador.
Masa bruta: Suma de la masa de la tara del contenedor y las masas de todos los bultos y elementos de la carga, añadiendo las paletas, la madera de estiba y demás material de embalaje/envasado y de sujeción que se carguen en el contenedor.
Masa bruta verificada: Corresponde a la masa bruta total de un contenedor lleno obtenida mediante uno de los métodos descritos en la presente resolución.
Masa de la tara: Corresponde a la masa de un contenedor vacío, que no contiene ningún bulto, elemento de la carga, paleta, madera de estiba, ni ningún material de embalaje/ envasado ni de sujeción.
Material de embalaje/envasado: Todo material utilizado o que se utilice con los bultos y los elementos de la carga para evitar daños, incluidos entre otros las jaulas, cuñas para la arrumazón, bidones, cajones, cajas, toneles y patines. Esta definición no incluye ningún material que se encuentre en los distintos bultos sellados destinado a proteger el elemento o elementos de la carga en el interior del bulto.
Material de sujeción: Toda madera de estiba, trincas y demás equipo utilizado para bloquear, apuntalar y sujetar los elementos de la carga arrumada en un contenedor.
Representante del puerto o sociedad portuaria: Persona autorizada por el puerto o la sociedad portuaria a cuyas instalaciones está destinado, o en cuyas instalaciones se encuentra, un contenedor con el fin de ser embarcado a bordo de buques con destino a tráficos internacionales.
Transportador marítimo: Es la empresa de transporte marítimo y el transportador marítimo no operador de naves habilitados conforme al artículo 2.2.3.1.2.1 y siguientes del Decreto 1079 de 2015, o el operador de transporte multimodal registrado ante el Ministerio de Transporte conforme a la Decisión 331 de la Comunidad Andina y al artículo 2.4.4.1.1 del Decreto 1079 de 2015, que expidan el conocimiento de embarque o el documento de transporte multimodal al amparo del cual el contenedor es embarcado a bordo de buques con destino a tráficos internacionales. Cuando el contrato de transporte se haya celebrado con una persona o empresa que no haya sido habilitada conforme a las normas antes citadas, será considerado como transportador marítimo la persona o empresa que haya asumido frente al expedidor la obligación de transportar mercancías de un lugar a otro mediante el pago de un flete.
ART. 4º—Información de la masa bruta verificada. Es el expedidor quien tiene la obligación de suministrar al transportador marítimo la información acerca de la masa bruta verificada de los contenedores llenos objeto del contrato de transporte, con el suficiente tiempo de antelación para que tanto el representante del puerto como el capitán o su representante, pueda realizar el plan de estiba del buque.
El expedidor podrá también suministrar dicha información al transportador marítimo directamente, o por intermedio de un tercero autorizado o del representante del puerto, conforme a los acuerdos que celebre para este efecto.
En cumplimiento de la regla VI/5 del Convenio SOLAS, los contenedores no se llenarán más allá de la masa bruta máxima indicada en la placa de identificación del contenedor. El capitán del buque podrá negar el embarque en un buque de los contenedores cuya masa bruta verificada exceda la masa bruta máxima permitida.
De conformidad con lo dispuesto en el Código de prácticas de seguridad para la estiba y sujeción de la carga, el capitán del buque deberá aceptar la carga a bordo de su buque solamente si cuenta con la información suficiente para llegar a la convicción de que puede transportarse en condiciones seguras. No obstante lo anterior, las reglas del Convenio SOLAS no restringen el principio por el cual el capitán tiene pleno arbitrio para decidir si se autoriza o no el embarque de un contenedor lleno en su buque. Esto no da derecho, sin embargo, a proceder al embarque, caso en el cual, el capitán del buque debe dejar constancia de la decisión tomada.
Para que un contenedor se embarque en un buque que se rige por las reglas del Convenio SOLAS, es requisito previo que tanto el representante del puerto como el capitán o su representante conozcan con la suficiente antelación la masa bruta verificada del contenedor lleno para que la información se utilice en el plan de estiba del buque.
ART. 5º—Documento de expedición. El documento de expedición podrá ser incluido entre las instrucciones del transporte dadas por el expedidor al transportador marítimo, o constituir una comunicación aparte (por ejemplo, en una declaración o tiquete, expedido por un punto de pesaje, tras utilizar equipo calibrado y certificado en la ruta entre el origen del expedidor y el puerto o en el puerto o sociedad portuaria como tal).
Cualquiera que sea su forma, el documento citado en el que se declare la masa bruta verificada del contenedor lleno deberá:
1. Hacer constar claramente que la masa bruta proporcionada es la “masa bruta verificada” definida en la presente disposición.
2. Estar firmado por el expedidor o por la persona que haya sido debidamente autorizada por el expedidor. La firma podrá ser una firma electrónica o podrá sustituirse por el nombre, en letras mayúsculas, de la persona autorizada a firmarlo o incluir el nombre y/o razón social de la persona jurídica y su número de identificación tributaria, si es del caso.
PAR.—El transportador marítimo deberá informar al expedidor, a más tardar al momento de la celebración del contrato de transporte el término con el que cuenta para documentar la información sobre la masa bruta verificada, la cual deberá ser utilizada para elaborar el plan de estiba del buque.
ART. 6º—Métodos de verificación de masa bruta de contenedor. En las reglas del convenio SOLAS se estipulan dos métodos mediante las cuales el expedidor puede obtener la masa bruta verificada de un contendor lleno:
Método 1: Una vez se termine el cargue y sellado del contenedor, el expedidor podrá pesar la unidad de transporte lleno o disponer que una tercera parte lo pese.
Método 2: El expedidor, o la tercera parte que el expedidor haya dispuesto, podrá pesar todos los bultos y elementos de carga, añadiendo la masa de las paletas, la madera de estiba y demás material de embalaje/envasado y de sujeción que se arrume en el contenedor, y añadir la masa de la tara del contenedor a la suma de cada masa utilizando el método certificado. Toda tercera parte que haya procedido a la totalidad o a parte de la arrumazón del contenedor, deberá informar al expedidor, de la masa de los elementos de la carga y del material de embalaje/envasado y de sujeción que esa parte haya arrumado en el contenedor, a fin de facilitar que el expedidor verifique la masa bruta del contenedor lleno conforme al método 2.
Cualquiera sea el método utilizado, bien sea el método 1 o 2 antes descritos, la masa bruta de los contenedores llenos deberá verificarse a través de equipos calibrados y certificados, en cumplimiento con lo dispuesto en el Convenio SOLAS.
ART. 7º—Certificación de la masa bruta verificada. Acto por medio del cual se informa por parte del expedidor al capitán del buque o su representante y/o al representante del puerto o sociedad portuaria la masa bruta verificada de los contenedores llenos, determinada mediante cualquiera de los dos (2) métodos mencionados en la presente resolución, y de acuerdo con lo dispuesto en las directrices del Convenio SOLAS. Esta certificación deberá ser informada, preferiblemente por medios electrónicos, tales como el intercambio electrónico de datos (EDI) o el tratamiento electrónico de datos (EDP), con la suficiente antelación para que tanto el representante del puerto o sociedad portuaria, como el capitán del buque o su representante utilicen dicha información para hacer el plan de estiba del buque.
De la misma manera, el expedidor podrá cumplir las obligaciones previstas en las directrices del Convenio SOLAS y lo dispuesto en esta resolución, informando al transportador marítimo la masa bruta verificada. En este caso, el transportador marítimo será el responsable de proporcionar la información relativa a la masa bruta verificada del contenedor lleno al representante del puerto o sociedad portuaria antes del embarque, y siempre con la suficiente antelación para que dicha información sea utilizada al momento de la realización del plan de estiba.
Subsidiariamente, el expedidor podrá suministrar la información sobre la masa bruta verificada al representante del puerto o sociedad portuaria, luego del ingreso del contenedor lleno a la instalación portuaria y autorizar a este para suministrar al capitán del buque o a su representante la información sobre la masa bruta verificada que le fue entregada por el expedidor con antelación, una vez el contenedor se haya entregado a la instalación portuaria y sea pesado en ella.
Cuando un contenedor lleno se entregue en la instalación de un puerto o sociedad portuaria, su representante deberá haber sido informado por el transportador marítimo acerca de si el expedidor ha proporcionado o no la masa bruta verificada del contenedor lleno y cuál es dicha masa bruta verificada.
El capitán del buque o su representante y el representante del puerto o sociedad portuaria podrán celebrar acuerdos para garantizar que la información proporcionada por los expedidores sobre la masa bruta verificada del contenedor lleno sea compartida rápidamente. Se podrán utilizar los sistemas de comunicación existentes actualmente para transmitir y compartir dicha información sobre la masa bruta verificada de los contenedores, tales como el sistema de información electrónica o los portales web de los puertos o sociedades portuarias, o por medio de un archivo en PDF enviado por correo electrónico a las direcciones registradas, entre otras. Dichas alternativas podrán ser escogidas o utilizadas igualmente como planes de contingencias de ser necesarias, sin generar sobrecostos adicionales al expedidor de la carga.
ART. 8º—Pesaje de contenedores en los puertos o sociedades portuarias. En cumplimiento con lo dispuesto en las directrices de SOLAS relativas a la masa bruta verificada de los contenedores llenos, aquellos contenedores que vayan a ser embarcados con fines a tráfico internacionales tendrán la posibilidad de ser pesados en el puerto o sociedad portuaria, siempre y cuando el expedidor solicite expresamente que dicho servicio de pesaje sea llevado a cabo en las instalaciones del puerto o sociedad portuaria.
ART. 9º—Documento de expedición emitido por parte de los puertos o sociedades portuarias. El documento de expedición emitido por parte de los puertos o sociedades portuarias, será una declaración o tiquete emitida por las básculas debidamente calibradas y certificadas por la autoridad competente. Esta información podrá ser suministrada de manera física y/o electrónica y tendrán la misma validez. Dicho documento será entregado por parte de los puertos o sociedades portuarias siempre y cuando el pesaje se haya hecho por parte de estos dentro de sus instalaciones y por solicitud del expedidor.
ART. 10.—Costos. El servicio de pesaje del contenedor prestado por el Puerto o la Sociedad Portuaria se podrá cobrar como parte de los costos de operación portuaria, en los eventos que el expedidor solicite dicho servicio expresamente, en las instalaciones del Puerto o Sociedad Portuaria.
Cuando sea necesario hacer una operación adicional de pesaje del contenedor para verificar su masa bruta, este servicio podrá ser cobrado como un servicio adicional por el puerto o la sociedad portuaria, a las tarifas que para el efecto registre en la Superintendencia de Puertos y Transporte.
En todo caso, el cobro de una tarifa adicional por el servicio de pesaje del contenedor para verificar su masa bruta deberá ser objeto de un acuerdo previo entre el puerto o la sociedad portuaria, por una parte, y el expedidor o el transportador marítimo, por la otra.
PAR.—La certificación de la masa bruta de contenedores al ser inicialmente una obligación del expedidor, según se estipula en las directrices del Convenio SOLAS, no generará ningún sobrecosto en la cadena de operaciones.
ART. 11.—Tráfico intermodal, multimodal y trasbordo de contenedores. La masa bruta verificada de los contenedores llenos en tráfico intermodal, multimodal o en trasbordo, deberá comunicarse a la siguiente parte operadora del servicio de transporte que se hace responsable del contenedor.
En el tráfico intermodal y multimodal, cuando un contenedor lleno se transporte por carretera, por tren o por un buque que no se rige por las reglas del Convenio SOLAS y se entregue en la instalación de un puerto o sociedad portuaria sin que se haya verificado su masa bruta, no podrá embarcarse a menos que el capitán o su representante y el representante del puerto hayan obtenido la masa bruta verificada del contenedor en nombre del expedidor.
Todos los contenedores llenos que se descarguen en un puerto de transbordo deberán disponer ya de la masa bruta verificada, lo que hará innecesario que vuelvan a pesarse en la instalación portuaria de transbordo. El buque que efectúe la entrega deberá notificar a la instalación portuaria del puerto de transbordo la masa bruta verificada de cada uno de los contenedores llenos entregados. El capitán del buque en el que hayan de embarcarse los contenedores llenos transbordados y la instalación portuaria del puerto de transbordo podrán confiar en la información proporcionada por el buque que efectúa la entrega. Se podrán utilizar sistemas de comunicación buque-puerto existentes para facilitar dicha información según acuerden las partes interesadas.
ART. 12.—Contenedores vacíos. Se alienta a expedidores, y operadores de contenedores vacíos a que dispongan de prácticas y procedimientos para asegurarse de que los contenedores están vacíos, la tara se indique de forma visible en el contenedor de conformidad con lo estipulado en la norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO en sus siglas en inglés) para el marcado y la identificación de los contenedores, la cual será la tara que deberá utilizarse.
ART. 13.—Inicio de aplicación de la exigencia de la masa bruta verificada. Las medidas establecidas en la presente disposición, serán aplicables a partir de julio de 2016, de conformidad con lo establecido en el capítulo VI regla 2 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 74 Enmendado).
PAR.—Sin perjuicio de lo anterior y de acuerdo con la MSC./Circ. 1548 del 23 de mayo de 2016, el Comité de Seguridad Marítima acordó que las administraciones y las autoridades de supervisión de los Estados rectores del puerto deberán adoptar un enfoque práctico al momento de verificar el cumplimiento de lo prescrito en las directrices relativas a la masa bruta verificada de los contenedores de carga, durante un período de tres (3) meses, después del 1º de julio de 2016, con miras a:
1. Permitir que los contenedores llenos que se carguen en un buque antes del 1º de julio de 2016 y se transborden el 1º de julio de 2016 o posteriormente se expidan a su puerto final de descarga sin la masa bruta verificada de los contenedores con carga, especificada en las reglas VI/2.4 a VI/2.6 del Convenio SOLAS; y
2. Dotar de flexibilidad a todas las partes interesadas en el transporte en contenedores para mejorar, si es necesario, los procedimientos de documentación, comunicación e intercambio de información sobre la masa bruta verificada de los contenedores con carga.
Dada en Bogotá, D. C., a 1º de julio de 2016.

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BOE.es - Documento BOE-T-2007-10329
Documento BOE-T-2007-10329
Pleno. Sentencia 83/2007, de 19 de abril de 2007. Cuestión de inconstitucionalidad 785-2004. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación con la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo (redactada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre) y los artículos III, VI y VII del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede. Supuesta vulneración de derechos y principios constitucionales: STC 80/2007.
«BOE» núm. 123, de 23 de mayo de 2007, páginas 88 a 94 (7 págs.)
BOE-T-2007-10329
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta; don Guillermo Jiménez Sánchez, Vicepresidente; don Vicente Conde Martín de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Roberto García-Calvo y Montiel, don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez y don Manuel Aragón Reyes, Magistrados, ha pronunciado
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 785-2004, promovida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en relación con la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo (en cuanto al párrafo añadido por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social), y de los artículos III, VI y VII del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979. Han sido parte el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Con fecha 13 de febrero de 2004 se registró en este Tribunal escrito del Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al que se adjuntaba testimonio del rollo de suplicación núm. 715/2003 y del Auto de 21 de noviembre de 2003, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo (en la redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social), y con los artículos III, VI y VII del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, por posible infracción de los artículos 9.3, 14, 16.3, 20.1, 23.2, 24.1, 28.2 y 103.3 de la Constitución. 2. Del conjunto de las actuaciones remitidas por el órgano judicial proponente resulta que los hechos que dan lugar al planteamiento de la cuestión son, sucintamente expuestos, los que siguen:
a) Don Rafael Ramírez Santana ha venido prestando servicios por cuenta y bajo dependencia de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias desde el 09-04-91 como profesor de religión y moral católica en un centro de enseñanza secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El trabajador concurrió a los últimos comicios sindicales por la central «Intersindical Canaria Confederación Canaria de Trabajadores» (CCT), resultando elegido delegado de personal y miembro del comité de empresa. En el desempeño de sus funciones como representante legal de los trabajadores ha iniciado actuaciones frente a la Administración pública tendentes a la regularización del colectivo de profesores de religión y moral católica, llegando incluso a promover una huelga de cuyo comité fue integrante. En fecha 24‑07‑01, el Obispado de Canarias remitió a la Comunidad Autónoma escrito relativo al profesorado de religión que, habiendo prestado servicios en el curso 2000-2001 no era propuesto para el curso siguiente, entre el que se encontraba el demandante. En fecha 4 de octubre de 2001 el Director del Instituto en el que prestaba servicios le notificó que siguiendo instrucciones comunicadas por Inspección Educativa no podía impartir clases si no acreditaba su nombramiento o contrato laboral con la Consejería de Educación. El día 5 de octubre de 20001 la Consejería tramitó la baja del actor en el Régimen general de la Seguridad Social.
b) Tras efectuar reclamación previa en fecha 9 de octubre de 2001, que resultó desestimada, el Sr. Ramírez Santana interpuso, el 26 de octubre de 2001, demanda por despido contra la Comunidad Autónoma de Canarias y el Obispado de Canarias, que fue repartida al Juzgado de lo Social núm. 5 de Las Palmas de Gran Canaria. c) La demanda dio lugar a los autos núm. 901-2001, que concluyeron con Sentencia de 20 de septiembre de 2002 que estimó la demanda, declarando la nulidad del despido y condenando a la Comunidad Autónoma a la readmisión del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir. Igualmente declaró la existencia de vulneración de los derechos de libertad sindical y de expresión del actor, condenando a la demandada al abono al trabajador, en concepto de indemnización, de la cantidad de 60.101,92 euros. d) La Comunidad Autónoma interpuso recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (rollo núm. 715-2003), que ha elevado la presente cuestión de inconstitucionalidad. Previamente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 LOTC, dictó providencia, el 7 de octubre de 2003, por la que requirió a las partes para que alegaran lo que estimasen conveniente en relación con la pertinencia de cuestionar la constitucionalidad de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, en la redacción dada por la Ley 50/1998, y de los artículos III y VI del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito con la Santa Sede el 3 de enero de 1979. En dicho proveído se señalaban como supuestamente conculcados los artículos 9, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 28 y 103 de la Constitución. e) El Ministerio Fiscal consideró improcedente el planteamiento de la cuestión, por entender que «el artículo 16 de la CE ofrece base suficiente para fundamentar un dictamen en el sentido de considerar ajustada al espíritu y a la letra del citado precepto la no proposición por el ordinario de la Iglesia Católica del demandado para el ejercicio de la función docente en materia de religión». f) El demandante consideró pertinente el planteamiento de la cuestión, por entender que toda norma que permita a los poderes públicos adoptar una medida inconstitucional con apariencia de legalidad resulta inconstitucional, lo que ocurre en la regulación de la relación laboral de los profesores de religión, que discrimina a dichos trabajadores respecto de los demás, habiéndose vulnerado además en el caso analizado los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad sindical. g) Tanto el Obispado de Canarias como el Gobierno de Canarias se opusieron al planteamiento de la cuestión. El Obispado vino a sostener que los Acuerdos con la Santa Sede, en tanto que tratados, ocupan una posición jerárquica superior a la ley y, en cuanto postconstitucionales, su conformidad con la Constitución ha de darse por sentada a día de hoy, toda vez que su peculiar naturaleza jurídica hace desaconsejable someterlos a controles de constitucionalidad una vez incorporados al Derecho interno, siendo así que propiamente el examen de su constitucionalidad debe verificarse antes de su integración en el Ordenamiento. Finalmente, el Gobierno canario descartó cualquier infracción sustantiva de derechos fundamentales, resumiéndose su planteamiento en la idea de que, «de la misma manera que dentro de la función pública o del Derecho del Trabajo existen cargos de confianza o de libre designación, en los que existe un amplio margen de discrecionalidad en el nombramiento y cese por la naturaleza de las funciones a desempeñar, la enseñanza de la religión exige también un cierto grado de identificación o de confianza entre el profesor y la autoridad eclesiástica, en cuanto aquél debe ser una prolongación de ésta». El Gobierno canario no alberga dudas sobre la competencia exclusiva de la Iglesia Católica en punto a «la determinación de la idoneidad de las personas que han de ejercer» la enseñanza de la religión católica, sin que a este respecto pueda exigírsele que se ajuste a otras normas que no sean las propias de la Iglesia.
3. Mediante Auto de 21 de noviembre de 2003, la Sala acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo (en la redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social), y con los artículos III, VI y VII del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, por posible infracción de los artículos 9.3, 14, 16.3, 20.1, 23.2, 24.1, 28.2 y 103.3 de la Constitución.
El Auto de la Sala reproduce el contenido de un anterior Auto dictado en el recurso de suplicación 419/2002, en el que la Sala había ya planteado en otro supuesto similar cuestión de inconstitucionalidad ya admitida a trámite, añadiendo la argumentación relativa a la posible vulneración por las disposiciones cuestionadas de los artículos 20.1 y 28.2 CE, a los que no se aludía en el Auto de planteamiento de aquella cuestión anterior. Tras exponer con detalle los avatares de la evolución del régimen normativo de la enseñanza de la religión católica en los centros públicos (FJ 1) y la disciplina canónica observada por la Iglesia en materia docente (FJ 2), el órgano judicial advierte de que «no es objeto de esta cuestión la constitucionalidad de la inserción de la religión y moral católica en el itinerario educativo de la enseñanza reglada... El objeto de la cuestión... se limita a dos opciones normativas que constituyen un mero instrumento contingente de dicha enseñanza y que son, en primer lugar, el que se haya acudido a contratos de naturaleza laboral para cumplir la función de enseñar de la Iglesia y, en segundo lugar, que, además, los correspondientes trabajadores sean contratados por las Administraciones Públicas, configurando, en definitiva, supuestos de empleo público. Ambas opciones imponen determinadas exigencias desde el punto de vista de la constitucionalidad que parecen difícilmente compatibles con la regulación específica de los profesores de religión católica resultante de la normativa [vigente]... y, en concreto, con la inmunidad frente al Derecho de las decisiones sobre la contratación y renovación de los profesores adoptadas por el Obispado y, en segundo lugar, con el condicionamiento del acceso y mantenimiento de empleos públicos a criterios de índole religiosa y confesional» (FJ 3). A juicio de la Sala, la declaración eclesiástica de idoneidad necesaria para la contratación de los profesores de religión no puede concederse o denegarse sin otra referencia que la propia del Derecho Canónico, sino que debe ser compatible con los derechos fundamentales del trabajador, en cuyo respeto ha de encontrar un límite insuperable. Sin embargo, del artículo III del Acuerdo con la Santa Sede sobre educación y asuntos culturales se desprende que la decisión eclesiástica sobre el particular únicamente debe ajustarse a la normativa canónica y que, además, el Estado no puede oponer a ello ninguna norma interna, ni someterla a control judicial, so pena de infringir el Derecho Internacional. Tal situación sería, para el órgano judicial, radicalmente contraria a la Constitución. La Sala cuestiona, asimismo, la constitucionalidad de la condición de empleo público atribuida a los puestos de trabajo de los profesores de religión católica y resultante de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, en la redacción dada por la Ley 50/1998, en conjunción con los artículos III, VI y VII del Acuerdo con la Santa Sede. Para la Sala, de esa conjunción se deriva que el acceso a empleos públicos y su mantenimiento sean determinados exclusivamente por un sujeto ajeno a la Administración pública (el Obispado) y sometido únicamente a un Derecho externo e indisponible por los órganos judiciales nacionales (el Derecho canónico).
4. Mediante providencia de 9 de marzo de 2004, la Sección Primera acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad y dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el artículo 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus respectivos Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones. Asimismo se acordó publicar la incoación del procedimiento en el «Boletín Oficial del Estado», lo que se hizo en el núm. 70, de 22 de marzo de 2004, y oír a las partes sobre la posible acumulación a la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4831-2002. 5. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones el 26 de marzo de 2004. Tras referir los pormenores del planteamiento de la cuestión y resumir los términos de la duda de constitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Fiscal General del Estado se detiene en el examen de la relevancia de las normas cuestionadas concluyendo que, con independencia de las razones que se esgrimirán para interesar la desestimación, «la Fiscalía General no cree que en este caso se pueda apreciar, con anticipación y separación de la cuestión de fondo y por discutibles que nos parezcan los argumentos de la Sala cuestionante ''una notoria ausencia de relación'' entre la aplicabilidad y validez de las normas que se cuestionan y el fallo que ha de dictarse en el proceso», por lo que estima cumplido el señalado requisito procesal, en los términos exigidos por el Tribunal Constitucional.
Con carácter previo al examen del fondo, el Fiscal General del Estado considera pertinente una primera reflexión sobre la contingencia de un pronunciamiento de este Tribunal por el que se pueda expulsar del ordenamiento una norma contenida en un tratado internacional. Contra lo alegado por el Obispado de Canarias en el proceso a quo, entiende el Fiscal General que, atendidos los artículos 95.1 y 96 CE, el tratado «debe respetar necesariamente la Constitución, y en caso de que así no suceda, o bien el tratado no puede celebrarse..., o bien será preciso revisarlo, una vez celebrado, a la luz de la Constitución, correspondiendo al Tribunal Constitucional pronunciarse al respecto». Por lo que hace al control de constitucionalidad posterior a la integración del tratado, que el Obispado de Canarias no admite, alega el Fiscal General del Estado que el artículo 27.2 c) LOTC lo hace posible y necesario en los términos de la Declaración del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1992. En cuanto a las dudas de constitucionalidad suscitadas por la Sala, y comenzando por la referida a la posible infracción del artículo 24.1 CE, alega el Fiscal General, con citas de las SSTC 1/1981 y 6/1997, que la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990 reconoce la naturaleza laboral del vínculo que une a los profesores de religión con el centro educativo publico y su carácter temporal, sin impedir que las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo dejen de estar sujetas al conocimiento pleno de la jurisdicción social, si bien, a la vista de la aconfesionalidad del Estado (art. 16.3 CE) ninguno de los órganos de aquél podrá inmiscuirse en las valoraciones de idoneidad que corresponden al Ordinario. Tampoco la dicción literal de los artículos III, VI y VII del Acuerdo con la Santa Sede puede suponer, a juicio del Fiscal General del Estado, motivo de discrepancia con el derecho a la tutela judicial efectiva, porque la reserva a favor del Obispo de proponer a los profesores idóneos para ser contratados forma parte del derecho a la libertad religiosa (art. 16.1 CE), que es lo que lo justifica, siendo del todo razonable, proporcional al fin que persigue y necesario, al igual que ocurre en los matrimonios canónicos, que la designación de los profesores y la determinación de los contenidos que han de impartir venga atribuida a la autoridad eclesiástica, pues en un Estado aconfesional tales valoraciones y señalamientos no podrían hacerse por la Administración del Estado sin vulnerar el derecho a la libertad religiosa (art. 16.1 CE). En definitiva −continúa el escrito de alegaciones− es difícil en extremo apreciar la existencia de un conflicto entre el artículo 24.1 CE y las disposiciones normativas cuestionadas, pues no cabe extraer de las mismas la consecuencia de una inmunidad absoluta, sino más bien de la que es necesaria y proporcionada para que el ejercicio del derecho de libertad religiosa sea efectivo y la aconfesionalidad del Estado sea respetada. Por lo que hace a la duda de inconstitucionalidad referida a la asunción por el Estado de determinadas normas canónicas como criterios rectores de un proceso selectivo, se sostiene en el escrito de alegaciones que las normas objeto de la presente cuestión, abstractamente consideradas en su contraste con el artículo 9.3 CE, no parecen responder a una opción legislativa fruto del capricho o la inconsecuencia. Muy por el contrario, no cabe sino defender la razonabilidad de que los contenidos de la enseñanza de una confesión religiosa y la concreción de las cualidades personales de quien haya de ejercerla sean de la competencia de la jerarquía propia de aquélla, así como que, a su vez, el estatuto jurídico de la actividad educativa de los profesores se concrete en la creación de un vínculo laboral, que no es sino la forma más común de prestación de trabajo a favor de un tercero. Es justamente la necesidad de hacer efectivo el derecho a la libertad religiosa (art. 16.1 CE) en el seno de un Estado que se declara aconfesional (art. 16.3 CE) lo que justifica sobradamente la regulación legal que se cuestiona y lo que la aleja de cualquier arbitrariedad. En relación con el hipotético conflicto con el artículo 14 CE, y tras recordar los fundamentos de la jurisprudencia constitucional sobre el principio de igualdad, el Fiscal General afirma que los preceptos cuestionados no introducen diferencias entre situaciones que puedan considerarse iguales sin mediar una justificación objetiva y razonable, ni la descripción de las cualidades requeridas supone la adopción de elementos arbitrarios o no proporcionados al fin propuesto, pues éste no es otro que el de procurar la correcta comunicación o enseñanza de una determinada doctrina, para cuyo fin la Iglesia precisa examinar la aptitud de quien debe desempeñar dicho cometido, acudiendo para ello a criterios que le son propios, como la «recta doctrina», el «testimonio de vida cristiana» o la «aptitud pedagógica», términos éstos que dotan de razonable eficacia al ejercicio de esta libertad. Como recoge la Directiva 2000/78/CE, del Consejo (art. 4) «no constituye discriminación una diferencia de trato basada en la religión o las convicciones de una persona cuando, por la naturaleza de estas actividades o el contexto en que se desarrollen, dicha característica constituya un requisito profesional esencial, legítimo y justificado respecto de la ética de la organización o cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado». Lo mismo cabe decir, concluye el Fiscal General, en relación con el artículo 18.1 CE, que no puede entenderse comprometido por el tenor de los preceptos examinados, que sólo se refieren a la designación de genéricas cualidades o aptitudes del profesorado, sin hacer mención alguna de aspectos que integran su intimidad como factores que pudieran determinar su inclusión o exclusión de la propuesta para su nombramiento por la Administración. Por lo demás, la invocación de este precepto, que pudiera estar justificada en la cuestión de inconstitucionalidad 4831/02, a la vista de los hechos sobre los que la Sala había de pronunciarse, no parece que encuentre interés alguno en la presente cuestión. Tampoco admite el Fiscal General del Estado que sea de advertir infracción alguna del artículo 16.3 CE. A su juicio, la imposible confusión entre las funciones religiosas y las estatales no tiene por qué suponer la imposible colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas, pues el artículo 9.2 CE también impone a los poderes públicos una actuación favorecedora de la libertad del individuo y de los grupos en que se integra, a lo que se atiende, en este ámbito, con la previsión del artículo 2.3 LOLR. Así entendidas las relaciones entre el Estado y las confesiones, el hecho de que aquél facilite la enseñanza de la religión no puede determinar una lesión constitucional, sino que, por el contrario, contribuye a hacer efectivo el disfrute del derecho a la libertad religiosa, siendo, por lo demás, libres los ciudadanos para aceptar o rechazar la prestación que se les ofrece. Sólo un Estado confesional, afirma el Fiscal General, podría señalar los profesores, o revisar la idoneidad de los elegidos por la Iglesia. A continuación, el escrito de alegaciones se detiene en la posible vulneración de los artículos 23.2 y 103.3 CE, señalando que la doctrina de este Tribunal viene siendo la de que el primero de ambos preceptos no extiende su garantía al personal contratado al servicio de la Administración (SSTC 281/1993 y 186/1996). Del mismo modo, el artículo 103.3 CE se refiere al estatuto de los funcionarios públicos, sin extenderse a la contratación laboral. Finalmente rechaza el Fiscal que los preceptos cuestionados vulneren los derechos a la libertad de expresión (art. 20.1 CE) y a la huelga (28.2), estando, a su juicio, la duda de la Sala directamente relacionada con la relativa a si los Tribunales del Estado pueden o no revisar la no propuesta de idoneidad que corresponde hacer al Ordinario para, en su caso, detectar las vulneraciones de derechos fundamentales en que «tal omisión» hubiera incurrido, por lo que resultan aplicables todas las consideraciones ya realizadas en torno al derecho a la tutela judicial efectiva, debiéndose descartar, en lo demás, que en la literalidad de los preceptos que se cuestionan exista aspecto alguno que choque por sí mismo con los preceptos constitucionales alegados. En virtud de lo expuesto, el Fiscal General del Estado interesa del Tribunal que dicte Sentencia desestimatoria de la presente cuestión de inconstitucionalidad.
6. Por escrito registrado en el Tribunal el 1 de abril de 2004, la Presidenta del Congreso de los Diputados puso en conocimiento del Tribunal que la Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, remitiendo a la Dirección de Estudios y Documentación de su Secretaría General. 7. El escrito de alegaciones del Abogado del Estado se registró en el Tribunal el 2 de abril de 2004. El representante del Gobierno, remitiéndose a lo señalado en las alegaciones presentadas en las precedentes cuestiones planteadas por la Sala de Canarias con el mismo objeto, sostiene, en primer lugar, que no pueden considerarse relevantes para el fallo del pleito laboral todos los preceptos cuestionados y que, en realidad, el verdadero objeto de la cuestión es el primer párrafo del artículo III del Acuerdo con la Santa Sede, si bien no tanto en sí mismo cuanto relacionado con ciertas normas canónicas, especialmente los cánones 804.2 y 805 del vigente Código de Derecho canónico (1983). En cambio, la Sala no justifica debidamente, en opinión del Abogado del Estado, la relevancia del párrafo primero de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, ni, por lo que hace a los Acuerdos de 1979, la de los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo III y la de los artículos VI y VII.
Por otra parte resalta el Abogado del Estado la existencia de una novedad legislativa sobrevenida, dado que la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990 ha sido derogada expresamente por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, siendo obvio, sin embargo, que tal derogación no priva de objeto a la cuestión. El escrito de alegaciones se centra, a continuación, en el examen de la constitucionalidad del párrafo segundo de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990 y del párrafo primero del artículo III del Acuerdo con la Santa Sede, destacando, en primer lugar, que ninguno de ellos dispone nada acerca de si la propuesta del Ordinario diocesano a la que debe atenerse la autoridad educativa es o no controlable por los Tribunales españoles. La disposición adicional segunda se limita a puntualizar el régimen jurídico aplicable a los profesores de religión, no sólo católica. Por su lado, el primer párrafo del artículo III del Acuerdo con la Santa Sede no pasa de atribuir un poder de propuesta al Ordinario diocesano. Ahora bien, éste sólo propone a quienes cuentan con una previa «declaración eclesiástica de idoneidad», habilitación docente creada por la Conferencia Episcopal Española −no por el art. III del Acuerdo− y recogida hoy en la cláusula 4.ª del convenio aprobado por Orden de 9 de abril de 1999. Con la declaración eclesiástica de idoneidad se acredita el cumplimiento de los «requisitos de formación teológica y pedagogía religiosa» necesarios para ejercer como profesor en determinados niveles, y puede ser revocada o retirada, caso en que el profesor se entiende eclesiásticamente inhabilitado para la docencia y no es incluido en la propuesta anual de designaciones. El Abogado del Estado dice compartir la interpretación de la Sala conforme a la cual el primer párrafo del artículo III del Acuerdo debe entenderse en indisociable relación con diversos cánones, y, sobre todo, con el parágrafo 2 del canon 804 y con el canon 805 del Código de Derecho canónico, normas cuyo directo destinatario es el Ordinario diocesano, al que el artículo III del Acuerdo atribuye el poder de propuesta. Más aún: ese poder de propuesta reservado a la autoridad eclesiástica sólo se explica como vehículo para la aplicación de los cánones 804.2 y 805. El artículo III carecería, pues, de sentido sin su trasfondo canónico. Así centrada la cuestión, no puede entenderse que el párrafo examinado del artículo III sea contrario al artículo 24.1 CE porque impida a los Tribunales españoles fiscalizar la decisión del Ordinario. Ciertamente, como sostiene la Sala, la apreciación del Ordinario acerca de si un profesor imparte o no recta doctrina y si da o no testimonio de vida cristiana es inmune, en su núcleo, al control de los Tribunales. Pero, lejos de ser inconstitucional, esa inmunidad es mera consecuencia del derecho fundamental de libertad religiosa y del principio de neutralidad religiosa del Estado. Es patente, para el Abogado del Estado, que la libertad religiosa tiene, junto al individual, un aspecto comunitario o colectivo. En esta segunda dimensión, sus titulares son las Iglesias, confesiones y comunidades religiosas (art. 2.2 LOLR; SSTC 64/1988, 46/2001 y 128/2001). En la dimensión individual, el artículo 2.1 c) LOLR reconoce el derecho a recibir enseñanza religiosa y a elegir −para sí y para los menores o dependientes, «dentro y fuera del ámbito escolar»− la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con las propias convicciones. En la faceta comunitaria, las Iglesias, confesiones y comunidades gozan del derecho fundamental a «designar y formar a sus ministros» y a «divulgar y propagar su propio credo» (art. 2.2 LOLR). La formación religiosa en los centros docentes públicos es, según el artículo 2.3 LOLR, una medida «para la aplicación real y efectiva de estos derechos», tanto los individuales como los colectivos. Por último, el artículo 6.1 LOLR reconoce plena autonomía a las Iglesias, confesiones y comunidades, cuyas normas internas, como el Código de Derecho canónico, «podrán incluir cláusulas de salvaguardia de su identidad religiosa y carácter propio, así como del debido respeto a sus creencias», pero «sin perjuicio del respeto a los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, y en especial los de libertad, igualdad y no discriminación». El artículo 16.3 de la Constitución acoge el principio de neutralidad religiosa o aconfesionalidad del Estado, si bien se trata de una neutralidad complementada con dos mandatos a los poderes públicos: tener en cuenta «las creencias religiosas de la sociedad española» y mantener «relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». En este punto, el Abogado del Estado quiere llamar la atención sobre una exigencia directamente derivada de la neutralidad religiosa del Estado, como es el imperativo constitucional de que los órganos estatales (incluidos los Tribunales) no se inmiscuyan o entrometan en asuntos religiosos o puramente eclesiásticos, pues sería incompatible con la libertad religiosa, en sus dos dimensiones, que el Poder Judicial pudiera revisar, controlar o modificar la apreciación de un obispo católico o evangélico, de un rabino o de un imán acerca de lo que es o no la recta doctrina de sus respectivos credos o sobre lo que es o no testimonio de vida conforme a los mismos. De ello se sigue que la determinación por el Ordinario de si la enseñanza de un profesor de religión católica se ajusta o no a la recta doctrina es inmune a toda fiscalización jurisdiccional. Y lo mismo debe decirse respecto a si el profesor da o no el testimonio de vida cristiana que le es exigible con arreglo al canon 804.2 CIC; algo de lo que debe ser consciente quien aspira a enseñar religión y moral católicas. Ahora bien, continúa el escrito de alegaciones, los profesores de religión católica son, de acuerdo con el párrafo segundo de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, trabajadores de la Administración educativa. En tal condición tienen todo el derecho a ampararse en la Constitución y en las leyes laborales españolas (art. 35 CE) y a que los Tribunales laborales nacionales les dispensen tutela. Por tanto, es menester encontrar criterios practicables que permitan concordar prácticamente las exigencias de la libertad religiosa (individual y colectiva) y el principio de neutralidad religiosa del Estado con la protección jurisdiccional de los derechos constitucionales y laborales de los profesores, atendida la modulación que los derechos fundamentales sufren en la relación de trabajo (SSTC 98/2000 y 20/2002). En el presente procedimiento, basta con razonar, a juicio del Abogado del Estado, que la decisión del Ordinario no es completamente inmune al control de los Tribunales españoles, decayendo así la tesis de que la normativa examinada infringe el artículo 24.1 CE. A este respecto alega el Abogado del Estado que una decisión eclesiástica contraria a la renovación de un contrato laboral sólo queda amparada por la libertad religiosa colectiva si está claramente justificada en motivos de carácter religioso, incluidos los principios morales aceptados por la religión de que se trate. Si en el proceso laboral queda probado que la decisión episcopal no se basa en motivos religiosos lato sensu, por ejemplo la represalia contra un profesor de religión por ejercitar el derecho fundamental de huelga, es claro que el órgano judicial deberá declarar que se ha constatado un mal uso o un uso desviado del poder de propuesta, que no puede encontrar amparo en el derecho fundamental de libertad religiosa ni en el artículo III del Acuerdo. Negando deferencia a los casos de mal uso del poder de propuesta, el Tribunal español no sólo protege los derechos de los trabajadores, sino que, indirectamente, impide abusos en perjuicio de la propia Iglesia, siendo de notar que el canon 804.2 CIC nunca puede amparar decisiones episcopales discriminatorias o contrarias a los derechos fundamentales, pues la doctrina de la Iglesia Católica condena, como «contraria al plan de Dios», «toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona» y considera «lamentable» que «los derechos fundamentales no estén todavía bien protegidos en todas partes» (Constitución pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, núm. 29, párrafo segundo; en los mismos términos, Catecismo de la Iglesia Católica, núm. 1935). Las violaciones de los derechos fundamentales constituyen, por toanto, un mal uso de la potestad de propuesta y serán, por tanto, controlables por los Tribunales españoles. El orden público constitucional, a cuya defensa responde la cláusula «sin perjuicio» del artículo 6.1 LOLR, representa un límite al poder de propuesta del Ordinario, incluso sin salir de la perspectiva intraeclesial católica. Lo que importa es que allí donde los Tribunales deben respetar la decisión de una autoridad religiosa, la deferencia se basa no sólo y no tanto en una norma internacional cuanto en fundamentos constitucionales (libertad religiosa y principio de neutralidad) a los que los Tribunales españoles están vinculados (arts. 9.1, 10.1 y 53.1 CE y 5.1 y 7.1 LOPJ). La norma examinada no impide, por tanto, el control jurisdiccional del Estado, aunque exige buscar un punto de equilibrio y concordancia práctica entre la libertad religiosa, el principio de neutralidad y la tutela judicial efectiva. El escrito de alegaciones del Abogado del Estado desarrolla, seguidamente, las razones por las que tampoco puede compartirse la tesis defendida por la Sala en el sentido de que el régimen vigente constituye a la Administración en una empresa de tendencia. Con carácter previo, el representante del Gobierno recuerda que con arreglo a la doctrina constitucional que arranca en la STC 5/1981, de 13 de febrero, la neutralidad religiosa de los puestos docentes en los centros públicos tiene la excepción de las enseñanzas religiosas de «seguimiento libre». En la enseñanza religiosa coinciden y se potencian recíprocamente varios derechos fundamentales (a recibir enseñanza religiosa, a educar a los hijos en determinadas creencias, a propagar el propio credo), si bien la Sala manifiesta una visión excesivamente individualista, olvidando que son las confesiones quienes, sobre todo, vienen consideradas por el artículo 16.3 CE como idóneas receptoras de la cooperación de los poderes públicos. Y es que, desde el punto de vista estatal y constitucional, el hecho religioso es un importante fenómeno social y no puede ser más que esto; un fenómeno, por encima de todo, de grupos sociales organizados. Es lógico, por tanto, que el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa haya de ejercitarse mediante la adscripción −o no adscripción− a alguna de las creencias religiosas más extendidas. La tesis de la Sala en el sentido de que el párrafo segundo de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990 convierte a la Administración en una empresa de tendencia carece, para el Abogado del Estado, de fundamentos sólidos. La conversión de los profesores de religión en trabajadores de la Administración educativa no pretende contravenir el principio de neutralidad, como si el legislador hubiera querido proteger a las tres grandes religiones monoteístas y especialmente a la que cuenta con más profesores. Se trataba de dar protección laboral y social a los profesores en el contexto de una relación de trabajo objetivamente especial. Es verdad que podrían concebirse otros tipos de regímenes para los profesores de religión que tal vez conciliarían mejor su protección laboral y social con la neutralidad religiosa del Estado; pero aquí entran también en juego cuestiones de practicabilidad y de necesidad apremiante en la resolución de un problema laboral enconado. En todo caso, la norma examinada es un precepto neutral, por lo menos respecto a las organizaciones religiosas con las que el Estado ha concluido Acuerdos de cooperación. No se convierte, por tanto, a la Administración en una empresa de tendencia. Lo que ocurre es que los puestos de profesores de religión requieren una determinada cualificación profesional, como la requieren otros tipos de puestos administrativos. En el caso de la religión católica, la declaración eclesiástica de idoneidad es simplemente un reconocimiento eclesiástico de esa cualificación. La exigencia de un título, requisito o cualificación puede considerarse como una limitación a la general capacidad para trabajar o como exigencia de una capacidad especial para acceder a determinados trabajos o puestos. Si sobrevenidamente se pierde la cualificación requerida, puede darse el supuesto de una ineptitud, que es causa objetiva de extinción de la relación laboral [art. 52 a) del Estatuto de los trabajadores]. Exigir que los profesores de religión católica cuenten con una declaración eclesiástica de idoneidad y que ésta pueda ser retirada por razones religiosas o morales (canon 805 CIC) responde a la naturaleza del puesto mismo de trabajo. Los alumnos católicos [arts. 16.1 CE, 2.1 c) LOLR y 6.1 c) de la Ley Orgánica 5/1985], los padres católicos [arts. 16.1 y 27.3 CE, 2.1 c) LOLR y 4 c) Ley Orgánica 5/1985] y la propia Iglesia Católica (arts. 16.1 CE y 2.2 LOLR) tienen derecho a exigir que la enseñanza de la doctrina católica o la transmisión de los valores católicos se efectúen correctamente y sin perturbaciones. Respetar las exigencias propias de estos singulares puestos de trabajo no convierte a la Administración en una empresa de tendencia, sino que es una simple consecuencia de la libertad religiosa proyectada sobre la enseñanza (arts. 16.1 y 27.3 CE) y del mandato de cooperación contenido en el artículo 16.3 CE. El escrito de alegaciones concluye reiterando que el poder de propuesta reconocido en el artículo III del Acuerdo no puede ejercerse discriminatoriamente, pues la propia normativa de la Iglesia es contraria a ello. Ahora bien, no cabe confundir discriminación y cualificación necesaria para el desempeño de un puesto. Y no se puede sostener que sea lo primero requerir la declaración eclesiástica de idoneidad para ser profesor de religión católica o exigir que se ajuste a la recta doctrina y la moral católicas quien debe enseñar la primera y transmitir la segunda, pues el ejemplo de coherencia personal es de innegable importancia para que la enseñanza de cualquier religión merezca ese nombre. Ahora bien, aceptada esta exigencia de cualificación (que debe entenderse asumida por quien libre y voluntariamente pretende obtener la declaración eclesiástica de idoneidad y convertirse en profesor de religión católica), la autoridad eclesiástica proponente tiene prohibida toda discriminación contraria al artículo 14 CE. Expuesto lo anterior, es fácil de ver, para el representante del Gobierno, que las normas cuestionadas tampoco violan el principio de mérito y capacidad (art. 103.3 CE), pues la exigencia de la declaración eclesiástica de idoneidad responde, precisamente, a exigencias de la capacidad inherente al especialísimo puesto de trabajo «profesor de religión católica», que sólo puede ser apreciada por la autoridad eclesiástica, pues de otra manera no se respetaría ni la libertad religiosa ni el principio de neutralidad. Finalmente carece de todo fundamento sólido, a juicio del Abogado del Estado, atribuir a las disposiciones cuestionadas infracción alguna de los artículos 20.1 a) o 28.2 CE, infracciones que, de existir en el proceso a quo, habrán de ser atribuidas a la decisión empresarial de despido o de no renovación del contrato, pero en modo alguno a los preceptos cuestionados por la Sala, que nada contienen que los haga incompatibles con los referidos derechos. En consecuencia, el Abogado del Estado suplica del Tribunal que dicte Sentencia por la que declare mal planteada e inadmisible la cuestión respecto del párrafo primero de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y de los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo III y de los artículos VI y VII del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales entre el Estado español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, y la desestime en relación con las demás normas cuestionadas. Subsidiariamente, interesa el representante del Gobierno que se desestime la cuestión en su integridad.
8. Mediante escrito registrado el 19 de abril de 2004, el Presidente del Senado comunicó que la Mesa de la Cámara había acordado darse por personada y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. 9. Mediante providencia de 17 de abril de 2007 se acordó señalar el siguiente día 19 para la deliberación y votación de la presente Sentencia, quedando conclusa con esta fecha.
1. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuestiona en este procedimiento la constitucionalidad de varias normas. De un lado, tres preceptos incluidos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, de 3 de enero de 1979, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979 («BOE» núm. 300, de 15 de diciembre), y cuyo tenor es el que sigue:
Artículo III. «En los niveles educativos a los que se refiere el artículo anterior, la enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica entre aquéllas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza. Con antelación suficiente, el Ordinario diocesano comunicará los nombres de los Profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha enseñanza.
De otro lado, se cuestiona la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo, en la redacción dada a la misma por el artículo 93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que establece lo siguiente:
2. Este Tribunal Constitucional ha resuelto en su STC 38/2007, de 15 de febrero, la cuestión de inconstitucional núm. 4831/2002, planteada por la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación con los mismos preceptos legales y en términos prácticamente idénticos a los de la presente cuestión. En el fallo de dicha Sentencia el Tribunal declaró inadmisible la cuestión respecto de los párrafos tercero y cuarto del artículo III, el artículo VI y el artículo VII del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, así como respecto del párrafo primero de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo, en la redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y desestimó la cuestión en todo lo demás (párrafos primero y segundo del artículo III del Acuerdo y párrafo segundo de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990), por considerar que los preceptos legales cuestionados no vulneraban los artículos 9.3, 14, 16.3, 23.2, 24.1 y 103.3 de la Constitución.
En relación con lo declarado en la STC 38/2007, la presente cuestión suscita únicamente el problema adicional de examinar la eventual vulneración por los preceptos legales cuestionados de los derechos a la libertad de expresión (art. 20.1 CE) y a la huelga (art. 28.1 CE), invocados por el órgano judicial en el Auto de planteamiento de ésta y no en el de aquélla, siendo claro, por lo demás, que, como señala el Abogado del Estado, la expresa derogación sobrevenida de la disposición adicional segunda de la Ley 1/1990, llevada a cabo por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación (disposición derogatoria única), no hace perder a la presente cuestión su objeto (por todas, STC 125/2003, de 19 de junio, FJ 2). Sin embargo, el Auto de planteamiento de la cuestión no argumenta la existencia de una incompatibilidad entre el contenido de las disposiciones legales cuestionadas y los señalados derechos fundamentales a la libertad de expresión (art. 20.1 CE) y a la huelga (art. 28.2 CE), que, junto al de libertad sindical, fueron los que se consideraron vulnerados en el proceso a quo por la «no propuesta» del Obispado, pues vincula su lesión a la pretendida inmunidad frente al Estado de la decisión eclesiástica, que impediría la tutela judicial de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados por la misma. Pues bien, hemos declarado en nuestra Sentencia 38/2007, de 15 de febrero, FJ 7, que «ni el artículo III del Acuerdo sobre la enseñanza y asuntos culturales suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede, ni el párrafo segundo de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, excluyen el control jurisdiccional de las decisiones de contratación de los profesores de religión ni vulneran, por tanto, el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE», así como que «en el ejercicio de este control los órganos judiciales y, en su caso, este Tribunal Constitucional habrán de encontrar criterios practicables que permitan conciliar en el caso concreto las exigencias de la libertad religiosa (individual y colectiva) y el principio de neutralidad religiosa del Estado con la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales y laborales de los profesores», dado que «por más que haya de respetarse la libertad de criterio de las confesiones a la hora de establecer los contenidos de las enseñanzas religiosas y los criterios con arreglo a los cuales determinen la concurrencia de la cualificación necesaria para la contratación de una persona como profesor de su doctrina, tal libertad no es en modo alguno absoluta, como tampoco lo son los derechos reconocidos en el artículo 16 CE ni en ningún otro precepto de la Constitución, pues en todo caso han de operar las exigencias inexcusables de indemnidad del orden constitucional de valores y principios cifrado en la cláusula del orden público constitucional». En consecuencia, en lo que respecta al control de constitucionalidad viable en la presente cuestión de inconstitucionalidad no podemos sino descartar que las disposiciones legales cuestionadas vulneren los invocados artículo 20.1 y 28.2 CE, sin perjuicio de las consideraciones que, en su caso, proceda efectuar en el ámbito del control concreto de los actos de aplicación de estas disposiciones legales y de su conformidad con los derechos fundamentales, que corresponde, según hemos señalado, a los órganos judiciales y, en su caso, a este Tribunal Constitucional en el marco del recurso de amparo (STC 38/2007, de 15 de febrero, FJ 14). Procede reiterar, por ello, el pronunciamiento efectuado en la referida STC 38/2007, de 15 de febrero, con íntegra remisión a la fundamentación jurídica en ella contenida.
1.º Inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad respecto de los párrafos tercero y cuarto del artículo III, el artículo VI y el artículo VII del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, así como respecto del párrafo primero de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo, en la redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 2.º Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Dada en Madrid, a diecinueve de abril de dos mil siete.-María Emilia Casas Baamonde.-Guillermo Jiménez Sánchez.-Vicente Conde Martín de Hijas.-Javier Delgado Barrio.-Elisa Pérez Vera.-Roberto García-Calvo y Montiel.-Eugeni Gay Montalvo.-Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.-Ramón Rodríguez Arribas.-Pascual Sala Sánchez.-Manuel Aragón Reyes.-Firmado y rubricado.
DICTADA en la CUESTIÓN 785/2004 (Ref. BOE-A-2004-5148).

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artículo 27
artículo 24
artículo 24
artículo 9
artículo 14
artículo 18
artículo 16
artículo 9
artículo 2
artículo 103
artículo 24
artículo 2
artículo 2
artículo 6
artículo 16
artículo 24
artículo 6
artículo 16
resolución
artículo 16
artículo 14
artículo 88
artículo 93
artículo 24
artículo 16
artículo 20


text:
 RESOLUCIÓN 983 DE 2004
RESOLUCIÓN 983 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2004
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
CONTENIDO:SERVICIOS PÚBLICOS. SE ESTABLECEN Y UNIFICAN POLÍTICAS PARA EL RECAUDO Y FINANCIACIÓN DE OBLIGACIONES VENCIDAS PROVENIENTES DEL SERVICIO PÚBLICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIOS PÚBLICOS
BOLETÍN N°:REGISTRO DISTRITAL 3230 DE DICIEMBRE 01 DE 2004
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 746 DE 2005 DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
RESOLUCIÓN 983 DE 2004
(Diciembre 1º)
“Por medio de la cual se establecen y unifican políticas para el recaudo y financiación de obligaciones vencidas provenientes del servicio público en la EAAB-ESP”.
(Nota: Derogada por la Resolución 746 de 2005 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)
El Gerente Financiero de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP,
en ejercicio de sus facultades delegadas por medio de la Resolución 263 de 2004 emanada de la gerencia general y
Que es necesario unificar y establecer las políticas de financiación de las obligaciones vencidas provenientes del servicio público de acueducto y alcantarillado excepto aquellas que se encuentren en cobro coactivo;
Que es imperioso establecer las tasas de financiación de las obligaciones descritas según la clase de uso del servicio, estrato y calidad del deudor;
Que la financiación de las obligaciones vencidas es un instrumento válido para facilitar el cumplimiento de las obligaciones, la recuperación de la cartera morosa y el acceso a los servicios públicos domiciliarios;
Que mediante la Sentencia C-389 de 2002, la honorable Corte Constitucional declaró exequible el inciso 2º del artículo 96 de la Ley 142 de 1994, bajo el entendido que en cuanto a la tasa de interés moratorio se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil a los usuarios de inmuebles residenciales;
Que el artículo 36 de la Ley 142 de 1994 dispone que a falta de estipulación de las partes, se entiende que las obligaciones por servicio público domiciliario causarán intereses corrientes a una tasa mensual igual al promedio de las tasas activas del mercado y por la mora, a una tasa igual a la máxima permitida por la ley para las obligaciones mercantiles en aquellos usos no residenciales;
Que por lo tanto es legalmente viable establecer tasas de financiación menores a lo dispuesto como tope máximo por la ley en beneficio de los usuarios del servicio y de las finanzas de la empresa;
ART. 1º—Clase de uso residencial y especial. Los deudores y suscriptores de uso residencial y especial que presenten obligaciones vencidas por dos vigencias o más a favor del Acueducto de Bogotá, podrán acceder a la financiación de sus obligaciones de acuerdo a los siguientes rangos de deuda:
1. Obligaciones mayores a una cuarta parte de un salario mínimo legal mensual vigente hasta un salario mínimo legal mensual vigente: Podrán ser financiadas hasta en cuatro (4) cuotas bimestrales iguales.
2. Obligaciones mayores a un salario mínimo legal mensual vigente y menores a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes: Podrán ser financiadas hasta en doce (12) cuotas bimestrales iguales.
3. Obligaciones mayores a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes: Podrán ser financiadas hasta en dieciocho (18) cuotas bimestrales iguales.
PAR. 1º—La tasa de financiación para la clase de uso residencial será la una centésima por debajo del interés legal anual (5.99%).
PAR. 2º—Las cuotas se incluirán en la facturación corriente del inmueble.
ART. 2º—Clase de uso comercial, industrial, y/o multiusuarios. En este caso regirán los mismos rangos y condiciones descritas para el uso residencial pero el interés de financiación de las obligaciones será el del costo del capital para la EAAB-ESP del año inmediatamente anterior certificado por la división de estudios económicos de la empresa para tal efecto, entendiéndose dicho costo como el promedio de los créditos financieros que tiene vigente la empresa y/o el costo de captar recursos en el mercado local.
ART. 3º—Grandes consumidores, entidades estatales, municipios y venta de agua en bloque. Para estas obligaciones vencidas regirán los siguientes rangos:
1. Obligaciones menores a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes: Podrán ser financiadas hasta en seis cuotas mensuales iguales.
2. Obligaciones mayores a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes menores a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes: Podrán ser financiadas hasta en doce (12) cuotas mensuales iguales.
3. Obligaciones mayores a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes y menores a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes: Podrán ser financiadas hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales iguales.
4. Obligaciones mayores a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes: Podrán ser financiadas hasta en cuarenta (48) (sic) cuotas mensuales iguales.
PAR. 1º—La tasa de financiación en estos eventos será la del costo de capital para la EAAB-ESP del año inmediatamente anterior certificada por la división de estudios económicos de la empresa para tal efecto.
PAR. 2º—Si la facturación se emite de manera bimestral, el número de cuotas se reducirá a la mitad.
ART. 4º—Financiación de los cargos por conexión.
Usos residenciales y especiales: Los cargos de conexión serán financiados automáticamente en dieciocho cuotas bimestrales iguales para los usuarios de estratos 1, 2, 3 y especiales de acuerdo con el artículo 97 de la Ley 142 de 1994 salvo renuncia expresa del usuario. Para los estratos 4, 5 y 6 se financiarán en doce (12) cuotas bimestrales iguales salvo renuncia expresa del usuario. La tasa de financiación para la clase de uso residencial será la de una centésima por debajo del interés legal anual (5.99%).
Multiusuario, comerciales e industriales: Se financiarán los cargos de conexión en seis (6) cuotas bimestrales iguales a una tasa equivalente al costo de capital para la EAAB-ESP del año inmediatamente anterior certificada por la división de estudios económicos de la empresa para tal efecto, salvo renuncia expresa del suscriptor o usuario.
Los demás usos no tendrán financiación en los cargos de conexión.
(Nota: Adicionado por la Resolución 328 de 2005 artículo 1° de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)
ART. 5º—Financiación de altos consumos confirmados. La EAAB-ESP podrá otorgar a los suscriptores y usuarios de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado facilidades para el pago de los altos consumos confirmados en las mismas condiciones de financiación y tasas señaladas en los artículos primero, segundo y tercero del presente acto administrativo.
PAR.—Las financiaciones del presente artículo aplicarán desde la primera facturación con alto consumo confirmado.
ART. 6º—Financiación de obligaciones generadas en reclamos improcedentes. Los usuarios, propietarios o suscriptores cuya reclamación sea resuelta desfavorablemente mediante acto debidamente ejecutoriado podrán acceder a la financiación de las obligaciones en las mismas condiciones de financiación y tasas señaladas en los artículos primero, segundo y tercero de la presente resolución.
PAR.—También podrán acceder a la financiación de las obligaciones descritas en el presente artículo, quienes desistan expresamente de los recursos de reposición, apelación o queja de la decisión de la reclamación ante la autoridad competente y el citado desistimiento sea aceptado.
ART. 7º—Financiación de obligaciones generadas en acometidas fraudulentas y demás hechos determinantes de indemnizaciones o cargas pecuniarias especiales. Las obligaciones generadas en acometidas fraudulentas y demás hechos determinantes de indemnizaciones o cargas pecuniarias especiales podrán ser financiadas en las mismas condiciones y tasas señaladas en los artículos primero, segundo y tercero de la presente resolución siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias:
1. Que medie aceptación del usuario sobre el monto del servicio obtenido de manera irregular determinado por la empresa.
2. Que obre aceptación del usuario sobre el monto de la carga pecuniaria especial que su conducta conlleva de acuerdo con las cláusulas trigésima segunda y trigésima tercera del contrato de condiciones uniformes.
3. Que tanto el monto del servicio como la carga pecuniaria especial gocen de firmeza legal y de fuerza ejecutoria.
4. Que se haya legalizado el servicio de conformidad con las premisas legales consagradas en los artículos 142 de la Ley 142 de 1994 y 31 del Decreto 302 de 2000.
5. Que exista desistimiento expreso de recursos y/o reclamaciones sobre el monto y existencia de la carga pecuniaria especial.
ART. 8º—Requisitos de las solicitudes de financiación. Cuando se trate de obligaciones generadas en el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado además de solicitud expresa deberán acompañar a la misma certificado de libertad actualizado del inmueble usuario del servicio, es decir con fecha de expedición menor a quince días hábiles anteriores a la solicitud y adicionalmente autorización expresa con presentación personal del propietario del bien inmueble en caso de no tratarse de la misma persona que solicita la financiación.
Si el inmueble no estuviere registrado el solicitante aportará certificado expedido por Catastro Distrital en donde conste la inexistencia de matrícula inmobiliaria y declaración juramentada ante notario de posesión sobre el bien inmueble usuario del servicio.
ART. 9º TRANS.—(Modificado).*Financiación de obligaciones generadas en desacumulaciones de consumos por facturación por promedio. Las obligaciones generadas en la desacumulación de consumos por facturación promedio podrán ser financiadas hasta en un término máximo de cinco años o 30 cuotas bimestrales.
Las financiaciones descritas se podrán efectuar hasta el 31 de diciembre de 2004 con los mismos requisitos definidos en el artículo octavo de la presente resolución.
*(Nota: Modificado por la Resolución 328 de 2005 artículo 2° de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)
ART. 10.—Incumplimiento de las financiaciones. El no pago de dos cuotas de financiación continuas será causal de consolidación de las obligaciones y la exigibilidad del saldo por medio del proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva. En este caso el deudor tendrá la oportunidad de pagar la totalidad de las cuotas impagadas para poder continuar con la financiación pactada antes de la consolidación de la obligación.
Por ningún motivo existirán refinanciaciones.
ART. 11.—(Nota: Adicionado por la Resolución 328 de 2005 artículo 3° de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)
Derogatoria y vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, unifica las políticas de financiación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Dada en Bogotá, D.C., a 1º de diciembre de 2004.

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