text:
La inscripción de la gestación por sustitución realizada en el extranjero: Comentarios a la STS 835/2013 - El Derecho - Civil, Sector Jurídico
Tribuna 11-03-2014
Los supuestos de gestación por sustitución pueden originar problemas prácticos a la hora de inscribir la filiación de los menores nacidos bajo esta técnica de reproducción. En este artículo analizaremos las principales características de esta figura y la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014, que sienta las bases de los principios que son aplicables a los supuestos en los que este tipo de filiación pueda tener acceso al los Registros Civiles españoles.
La reciente sentencia del Tribunal Supremo 835/2013, de 6 de febrero de 2014, realiza un amplio estudio de la inscripción de los nacimientos que tienen su origen en la denominada Gestación por Sustitución, figura prohibida en nuestro ordenamiento jurídico. Como consecuencia de este supuesto fáctico, el Alto Tribunal analiza la posibilidad de la inscripción de la filiación basada en una resolución administrativa dictada por una autoridad extranjera, con arreglo a su derecho interno.
Asimismo, también se examina la contraposición de los diversos principios que concurren en este caso: el orden público nacional e internacional y la protección del menor, principios que deben ser ponderados a la hora de practicar el asiento registral relativo a la filiación.
En el presente artículo analizaremos las principales características de la gestación por sustitución y las consecuencias que la sentencia del Tribunal Supremo puede tener al inscribir la filiación originada por este tipo de reproducción.
II.- LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN
Antes de examinar el contenido de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, hemos de partir del lo que debe entenderse por "gestación por sustitución", para entender la figura clave que motiva la resolución de nuestro Alto Tribunal.
Debemos partir del significado etimológico de las dos palabras que constituyen este concepto. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la "gestación" como "... acción y efecto de gestar o gestarse. Embarazo, preñez ...", mientras que define el término "Sustitución" como "... acción y efecto de sustituir ...". Por lo tanto, podríamos definir esta figura como el hecho de poner a alguien en el lugar de quien tendría que realizar la gestación.
En las últimas décadas se han producido importantes avances científicos en la esfera de las Técnicas de Reproducción Asistida, permitiendo que personas con problemas de infertilidad o esterilidad puedan tener hijos. Los avances técnicos han ido unidos a una regulación por parte del derecho, normativa que siempre ha ido por detrás de la realidad científica en este campo. De esta forma se amplía la posibilidad de reproducción, permitiendo, incluso, que personas que inicialmente no tendrían acceso a la filiación, por infertilidad o por otras causas, puedan crear relaciones paterno-filiales.
El legislador ha tratado siempre de darle un tratamiento legal a las técnicas reproductivas existentes, así como a las relaciones paterno-filiales que se derivan de la utilización de las Técnicas de reproducción asistida. Actualmente, en España, esta materia se encuentra regulada en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. Esta ley tiene como objeto "... regular la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida acreditadas científicamente y clínicamente indicadas; regular la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida en la prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético, siempre que existan las garantías diagnósticas y terapéuticas suficientes y sean debidamente autorizadas en los términos previstos en esta Ley; y la regulación de los supuestos y requisitos de utilización de gametos y preembriones humanos crioconservados ..."[1].
Ante la necesidad de crear un vínculo jurídico con uno o varios menores, derivados de la utilización de estas técnicas, han aparecido figuras, que han sido admitidas o rechazadas por los ordenamientos jurídicos. Una de ellas, es la llamada gestación por sustitución. Mediante esta figura se pretende reemplazar a uno o varios elementos de la reproducción biológica, articulando un contrato en el que una mujer cede o alquila su cuerpo, para que se implante un embrión en su útero. Este contrato puede tener distintas variantes, según el objeto del mismo sea únicamente la utilización del útero o vaya unido, o no, a la utilización de material genético de la gestante, pero siempre con un mismo objetivo: la entrega del nacido al otro/s contratante/s. Esta es una modalidad muy utilizada en algunos países, como Estados Unidos, que permiten que parejas heterosexuales u homosexuales puedan utilizar a una tercera persona para llevar a cabo la gestación del feto.
En España encontramos una referencia normativa específica sobre esta materia, prohibiendo su utilización. Es el artículo 10 de la Ley 14/06, la que regula el supuesto de la Gestación por sustitución, disponiendo que "... 1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. 2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. 3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales ...". A este precepto debemos unir la Instrucción de 5 de octubre de 2010[2], de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución, que contempla los requisitos que han de concurrir para la inscripción de estos nacimientos en el Registro Civil.
La gestación por sustitución ha sido objeto de análisis en el ámbito del Derecho Internacional Privado, en cuanto que las diferencias normativas entre los Estados, ha supuesto que aquellas personas o parejas que quieren tener un hijo a través del empleo de estas técnicas, acudan a determinados países, en los que se permite su utilización. Este ámbito internacional ha dado lugar a un estudio pormenorizado de los diversos problemas que esta modalidad de gestación puede producir, destacando, especialmente, el Informe de la Conferencia de derecho Internacional privado de La Haya[3].
III.- LA JURISPRUDENCIA SOBRE ESTA MATERIA
La utilización de las diversas técnicas de reproducción para producir el vínculo jurídico de la filiación ha sido objeto de diversas resoluciones judiciales. Un tema concurrente en ellas es el concepto de lo que debe entenderse por la protección del interés superior del menor como consecuencia de la filiación.
Una de las resoluciones más recientes, es la Sentencia del Tribunal Supremo 836/2013 (Sala Primera), de 15 de enero de 2014. En esta sentencia se analiza la utilización de las técnicas de reproducción asistida y la determinación legal de la filiación no matrimonial de un menor de edad, y su determinación a través de la posesión de estado. Especialmente relevante es el punto 2 del Fundamento Jurídico Tercero, el cual dispone que "... por otra parte, y como también se ha puntualizado, el curso de la acción ejercitada no escapa a la ponderación o ajuste que debe realizarse conforme al interés superior del menor y, por tanto, a las concreciones y funciones que el ordenamiento jurídico le asigna. En efecto, desde su configuración como principio constitucional , reforzado por los Textos internacionales de referencia, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España, y Carta Europea de los Derechos del Niño, aprobada por el Parlamento Europeo mediante Resolución A3-0172/92, así como por el propio desarrollo de la legislación nacional, Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, debe señalarse que, como salvaguarda de los derechos fundamentales y libre desarrollo de la personalidad del menor ( STS de 5 de febrero de 2013, nº 26/2013), su proyección sobre la protección de la vida familiar alcanza, sin distinción, a las relaciones familiares con independencia, como razón obstativa, de la naturaleza matrimonial o no de la misma, o al hecho de la generación biológica tomado como principio absoluto, en sí mismo considerado, de forma que incide en la existencia del lazo de familiaridad establecido con el niño permitiendo o favoreciendo su desarrollo conforme al libre desarrollo de la personalidad del menor ...".
En materia de gestación por sustitución, podemos destacar el Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N°. 1 de Pozuelo de Alarcón, de 25 Jun. 2012, rec. 285/2012. En este Auto se concede el exequatur[4] como requisito previo para la inscripción del nacimiento, reconociendo validez a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de California, dictada en proceso de reconocimiento de maternidad en ausencia de paternidad, por la que se declara a la solicitante como madre legal y único progenitor de dos menores nacidos mediante gestación por sustitución. Concretamente, el Fundamento Jurídico Tercero establece que "...Con la solicitud se adjuntó la copia autenticada y legalizada de la sentencia extranjera, y resultando probada la firmeza de la sentencia referida cuyo exequátur se pretende, además de darse los requisitos que enumera el art. 954 de la LEC 1881 (LA LEY 1/1881) para que tengan fuerza en España las ejecutorias extranjeras, esto es, que la acción de filiación tiene carácter personal, la ausencia de rebeldía, y la autenticidad de la resolución mediante la apostilla del Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, debe estimarse la solicitud presentada de reconocimiento de maternidad en ausencia de paternidad, y otorgarse el exequátur. Y en cuanto a ir en contra del orden público, estése al interés de mayor protección, en este caso son los menores, los cuales no se les puede privar del acceso al Registro Civil Español, siendo requisito previo para ese acceso la obtención del exequátur ...".
También hemos de mencionar, sobre esta materia, el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 7ª, de 23 Dic. 2003, rec. 766/2003; el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 18ª, de 22 Feb. 2007, rec. 864/2006; o el Auto Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 18ª, Sentencia de 12 Dic. 2006, rec. 482/2006.
IV.- LA STS 835/2013: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Como hemos explicado con anterioridad, el marco normativo fundamental para la inscripción de los nacimientos originados por gestación por sustitución, se encuentra constituido por la Ley 14/2006, que prohíbe la utilización de esta técnica reproductiva y la Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución. Concretamente, la Directriz Primera de esta Instrucción dispone que "... La inscripción de nacimiento de un menor, nacido en el extranjero como consecuencia de técnicas de gestación por sustitución, sólo podrá realizarse presentando, junto a la solicitud de inscripción, la resolución judicial dictada por Tribunal competente en la que se determine la filiación del nacido ...".
El problema de la inscripción registral de este tipo de nacimientos ha dado lugar a la novedosa Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 6 de febrero de 2014 (Sentencia 835/2013), que resuelve el Recurso de casación planteado ante la Sala, confirmando la sentencia dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia (recurso de apelación núm. 949/2011).
El supuesto de hecho que origina el pronunciamiento del Tribunal Supremo es la solicitud de inscripción, por un matrimonio español, ante el Encargado del Registro Civil Consular en Los Ángeles de la filiación de dos menores nacidos a través de la gestación por sustitución. Ante la solicitud formulada por este matrimonio, el encargado del Registro Consular denegó la inscripción con base en el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. Frente a la resolución del encargado del Registro se interpuso el correspondiente recurso de apelación ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, la cual, mediante Resolución de fecha 18 de febrero de 2009, estimó el recurso y ordenó la inscripción del nacimiento de los menores, en base a las certificaciones expedidas por la autoridad californiana.
La sentencia objeto de nuestro análisis, y cuyo ponente es el Magistrado Sr. Sarazá Jimena, tiene su origen en la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal, contra la Dirección General de los Registros y del Notariado, organismo que estimo el Recurso interpuesto contra la resolución dictada por el encargado del Registro Civil Consular de Los Ángeles (Estados Unidos). El Ministerio Público invocaba en su demanda la infracción del artículo 10 de la Ley 14/2006, que prohíbe la utilización de la gestión por sustitución, así como que el resolución dictada por la DGRN vulneraba el orden público español, lo que justificaría que la filiación no pudiese tener acceso al Registro Civil.
El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia resolvió la controversia suscitada mediante sentencia en la que estimó la demanda formulada por el Ministerio Fiscal, acordando dejar sin efecto, y por tanto, cancelar, la inscripción de nacimiento de los menores. Frente a la sentencia dictada en Primera Instancia se interpuso, en tiempo y forma, Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, la cual desestimó el recurso. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial ha sido la que ha originado el pronunciamiento del Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo, al resolver el recurso de casación no deniega la inscripción de los menores, pero sí la constancia de su filiación, instando al Ministerio Fiscal para que proceda a ejercitar las acciones procedentes para determinar la filiación de los menores, al no estimar el recurso interpuesto.
V.- MOTIVOS DEL RECURSO
El Recurso de Casación interpuesto ante el Tribunal Supremo se fundamenta, como único motivo, en "... la Infracción del art. 14 CE, por vulneración del principio de igualdad, en relación con el derecho a la identidad única de los menores y al interés superior de los menores consagrado en la Convención de Derechos del Niño, hecha en Nueva York el 2 de noviembre de 1989 ...". Concretamente, la argumentación de la parte recurrente se fundamenta en tres motivos:
- Que no permitir la inscripción en el Registro Civil español de la filiación por naturaleza de los sujetos nacidos en California a favor de dos varones resultaría discriminatorio.
- Que privar de su filiación a los menores vulneraría el interés del menor, así su posición jurídica, y les deja desprotegidos. Además, los recurrentes son los mejores padres por naturaleza que los menores podrían tener, frente a la mujer que los dio a luz, que asumió su papel de mera parte en un contrato y se limitó a cumplir con las prestaciones asumidas en el mismo. Finalmente, también se invocaba que el menor tiene derecho a una identidad única que se debe respetar por encima de fronteras estatales.
- Que el reconocimiento de la filiación determinada en la certificación registral de California no contradecía el orden público internacional español.
VI.- EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO
Planteados los motivos por la parte recurrente, el Tribunal Supremo procedió a resolver el recurso planteado. El voto mayoritario de los Magistrados basaba la desestimación del recurso en base a tres cuestiones:
- El acceso al Registro de la certificación expedida por la autoridad administrativa de California;
- El concepto de orden público;
- El interés superior del menor.
El elemento esencial que, según nuestro Alto Tribunal, debía centrar el objeto del recurso era el alcance que debía darse al reconocimiento de decisiones extranjeras y su relación con el orden público internacional español. Concretamente, "... si procede el reconocimiento por las autoridades del Registro Civil español de la inscripción del nacimiento de los menores realizada por las autoridades del estado norteamericano de California en que se fija la filiación a favor de los hoy recurrentes ..."[5].
La parte recurrente solicitó, en su momento, ante el encargado del registro Consular, la inscripción del nacimiento basándose en las certificaciones expedidas por el órgano equivalente al registro Civil en California, lo que planteaba la posibilidad de si esa decisión de la autoridad norteamericana podía originar la práctica del asiento registral y producir sus efectos en España. Para conseguir este reconocimiento, los recurrentes se basaron un título extranjero, que podía motivar el asiento registral, de conformidad con los artículos 81[6] y 85[7] del Reglamento del Registro Civil. En relación a estos preceptos la sentencia considera que "... el control en que consiste este reconocimiento se extiende a que la certificación del Registro extranjero sea regular y auténtica, de modo que el asiento que certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la Ley española ..." . De esta forma, se consagra como elemento a tener en cuenta, a la hora de practicar la inscripción del nacimiento de los menores, la existencia de un control no únicamente formal del documento que justifica la práctica del asiento, sino también un control material del contenido del documento, que puede justificar la denegación de la inscripción. De esta forma se considera que el encargado del Registro Civil debe realizar un control del asiento objeto de la certificación, pudiendo denegar la inscripción en el Registro cuando el mismo sea contrario al orden público internacional español[8].
Este control al que alude la sentencia supondría el examen de si la resolución extranjera puede contravenir la legalidad española, es decir, si se produce o no la vulneración del orden público español con el reconocimiento de la certificación registral extranjera. A estos efectos, se considera que el límite que ha de fundamentar este reconocimiento es "... el respeto al orden público entendido básicamente como el sistema de derechos y libertades individuales garantizados en la Constitución y en los convenios internacionales de derechos humanos ratificados por España, y los valores y principios que estos encarnan ...". Esta serie de derechos y libertades, consagrados, la mayoría de ellos, en el Título I de la Constitución, deben servir de límite al reconocimiento de decisiones extranjeras[9].
Asimismo, el concepto de orden público internacional español debe de ponerse en relación con el conjunto de disposiciones normativas recogidas en nuestro ordenamiento jurídico. En este caso, este concepto jurídico indeterminado estaría también formado por el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que prohíbe la utilización de la gestación por sustitución. Además, se enfatiza en la resolución que los recurrente acudieron a California para poder concertar esta modalidad de gestación, que en España no está permita, al ser una gestación con carácter eminentemente oneroso.
Después de sentar el concepto de lo que debe considerarse como orden público internacional español, la sentencia se centra en examinar si existe discriminación, por tratar el asiento de determinar la filiación respecto a dos personas del mismo sexo. No existe discriminación por el hecho de que la solicitud de inscripción de la filiación proceda de una pareja homosexual en la que los solicitantes son varones, sino que la imposibilidad de realizar la inscripción obedece a la existencia de gestación por sustitución, que está prohibida por el ordenamiento español.
La sentencia realiza un profundo estudio de lo que significa, en este caso, el "interés superior del menor"[10]. Estamos en presencia de un concepto jurídico indeterminado, en cuanto que expresa un criterio sobre el que no existe unanimidad social, ya que puede ser interpretado de diversas formas. Sin embargo, el hecho de que no exista una unanimidad en cuanto a su contenido no puede suponer que se amparen situaciones jurídicas que han sido prohibidas o limitadas por el legislador. No puede invocarse este interés superior del menor para aceptar cualquier situación jurídica que, de otro modo, no sería admitida por el derecho español, por lo que debe tenerse en cuenta los principios sociales existentes, tanto a nivel nacional como internacional. El ponente enmarca este principio como un modo para colmar o suplir las lagunas que pueden producirse, pero no como instrumento para vulnerar el derecho existente. En todo caso, no debe ser considerado como el único principio que debe ser valorado en aras a la protección del menor, sino que el mismo debe ponerse en relación con otros principios como el respeto a la dignidad e integridad moral de la mujer gestante, ya que el hecho de determinar la filiación mediante una forma que vulnere la legislación existente, supone un perjuicio para el propio menor, como ocurre en este caso. Por ello, es necesario "... realizar una ponderación de la que resulte la solución que menos perjudique a los menores, empleando para ello los criterios establecidos en el ordenamiento jurídico ...".
La sentencia analiza, también, si existe una posible situación de desprotección para los menores, considerando la resolución que dicha situación de desprotección no se produciría por no aceptar los argumentos legales esgrimidos por los recurrentes al interponer el recurso. El legislador, mediante las normas, ha articulado un sistema que pretende garantizar esta protección, y el incumplimiento de las normas jurídicas que articulan este sistema, no puede producir en sí mismo, esa desprotección.
Finalmente, la fundamentación jurídica del ponente de la sentencia se concreta en un requerimiento al Fiscal: "... procede instar al Ministerio Fiscal a que, de acuerdo con las funciones que le atribuye su Estatuto Orgánico, ejercite las acciones pertinentes para determinar en la medida de lo posible la correcta filiación de los menores, y para su protección, tomando en consideración, en su caso, la efectiva integración de los mismos en un núcleo familiar "de facto" ...". De esta forma, aunque el Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por los recurrentes, deja abierta la posibilidad de que sea el Ministerio Fiscal quien utilice otros medios para determinar la filiación de los menores, en base a la situación fáctica que ha originado la gestación por sustitución, aunque no especifica que medios debe emplear el Ministerio Público para ello.
VII.- EL VOTO PARTICULAR DE LA SENTENCIA
Frente a la opinión mayoritaria recogida en la sentencia, el Magistrado D. José Antonio Seijas Quintana, emitió un voto particular, al que se adhirieron los Magistrados D. José Ramón Ferrandiz Gabriel, D. Francisco Javier Arroyo Fiestas y D. Sebastián Sastre Papiol.
El voto particular considera como elemento esencial para resolver el recurso el reconocimiento del documento expedido por la autoridad administrativa californiana en el que determina la filiación a favor de los recurrentes. Considera que no es de aplicación lo establecido en el artículo 10 de la Ley 14/2006, al tener en cuenta que la filiación ya ha sido determinada por una autoridad extranjera. No puede confundirse la validez del contrato de gestación por sustitución, contrato que es contrario al derecho español, con el reconocimiento de una resolución administrativa extranjera que determina la filiación de dos menores, que es válida en el país en el que se expidió[11].
El Magistrado Sr. Seijas también considera que no se produce una mercantilización de la filiación por la utilización de la gestación por sustitución, ni se produce la vulneración de la dignidad de la mujer o del niño, al permitir que se genere una filiación en personas que, de otro modo, no podrían acceder a ella. Además, al existir un acuerdo libre y voluntario entre los contratantes en la gestación, no se vulneraría el interés del menor.
Finalmente, el voto particular destaca que este tipo de situaciones han tendido a flexibilizarse en otros Estados, por lo que no se produciría la vulneración del orden público internacional, por lo que estaríamos en presencia de un orden público internacional atenuado. No puede generalizarse la existencia de una vulneración del orden público internacional, sino que habría que estudiar caso por caso, el supuesto existente, y no de forma preventiva. La fundamentación del voto concluye diciendo que "... cierto es que este interés superior no impide que se produzcan situaciones como la descrita en la sentencia en un supuesto de acciones de impugnación de filiación, ni impide que los padres puedan desaparecer de la vida de los menores, física o jurídicamente. Ocurre que el interés en abstracto no basta y que, como se ha dicho, en feliz expresión, "no hay orden público si en el caso se contrararía el interés de un niño, una persona de carne y hueso, perfectamente individualizada" ...".
Los diversos avances científicos que se han producido en las últimas décadas en materia de reproducción asistida, han originado una serie de problemas prácticos en el ámbito del derecho. Estos problemas plantean dudas sobre las relaciones paterno-filiales que pueden originarse como consecuencia del nacimiento de un menor, y su posterior inscripción en el Registro Civil.
Una de las técnicas utilizadas es la gestación por sustitución, también conocida como vientre de alquiler, en las que se concierta un contrato en la que la mujer es la mera "portadora" durante la gestación del feto, pudiendo, incluso, haberse utilizado el material genético de un tercero. Este tipo de reproducción asistida puede plantear dudas sobre la filiación que el nacimiento puede generar en relación a los progenitores, con independencia de si los mismos son del mismo o de diferente sexo.
La sentencia del Tribunal Supremo 835/2013, de 6 de febrero de 2014 (recurso 245/12), intenta resolver los problemas prácticos que esta filiación puede originar al intentar tener acceso al Registro Civil. No estamos ante una cuestión baladí, ya que cada vez es más frecuente la utilización de estas técnicas reproductivas. El pronunciamiento judicial sobre la cuestión objeto de debate no es unánime, lo que demuestra la complejidad del tema objeto de recurso y su relación con principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, tales como el orden público y la protección jurídica del menor.
De esta sentencia se desprenden dos importantes cuestiones. La primera haría referencia a si es posible que una resolución administrativa extranjera, que contiene un pronunciamiento sobre una figura jurídica prohibida por el derecho español (la gestación por sustitución), puede servir de base para la práctica de un asiento registral. La segunda cuestión es la relativa a la ponderación de los principios del derecho español e internacional con la protección jurídica de la madre y del menor, debiendo determinarse cual es el principio preponderante sobre los demás.
Como muy acertadamente establece el voto particular de la sentencia, debemos analizar caso por caso las circunstancias concurrentes, sin que se pueda establecer un principio general que resuelva todos los supuestos fácticos posibles. Según el momento histórico en el que nos encontremos el principio preponderante ha podido cambiar, lo que justificaría que el juzgador se decante por alguno de los principios en conflicto por encima de los demás, amparándose situaciones que antes no tenían cabida en nuestro derecho.
Por encima de cualquier interpretación, lo que es innegable es que hay que dar una solución práctica a este tipo de problemas, ya que carece de sentido que no pueda inscribirse la filiación de los menores respecto a una o varias personas con los que puede o no puede tener vínculos genéticos, pero sí afectivos. Pero tampoco pueden admitirse situaciones en las que se produzcan fraudes de ley, vulnerando la normativa española con base en documentos dictados en países que permiten estas técnicas reproductivas.
Estamos ante una situación difícil, y ante la ausencia de una norma clara y específica que solucione estos problemas con base en un elemento extranjero, serán los Juzgados y Tribunales los que irán determinando las soluciones a estos problemas, eso sí, caso a caso.
[1] Véase el artículo 1 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo.
[2] Puede consultarse esta Instrucción en el Boletín Oficial del Estado nº 243, de 7 de octubre.
[3] Puede consultarse el estudio sobre esta materia, en el marco de la Conferencia de la Haya, en: http://www.hcch.net/upload/wop/gap2012pd10en.pdf ("A preliminary report on the issues arising from international surrogacy arrangements")
[4] Véanse los artículos 952 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, disposiciones actualmente en vigor en base a la Disposición Derogatoria Única de la LEC 1/200, de 7 de enero.
[5] Véase al respecto el Fundamento Jurídico Tercero de la sentencia.
[6] El artículo 81 del Reglamento del Registro Civil dispone que "... el documento auténtico, sea original o testimonio, sea judicial, administrativa o notarial, es título para inscribir el hecha de que da fe. También lo es el documento auténtico extranjero, con fuerza en España con arreglo a las leyes o a los Tratados internacionales.".
[7] Este precepto establece que "... para practicar inscripciones sin expediente en virtud de certificación de Registro extranjero, se requiere que éste sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechas de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la Ley española. Se completarán por los medios legales los datos y circunstancias que no pueden obtenerse de la certificación o parte extranjero, por no contenerlos, por no merecer en cuanto a ellas autenticidad o por ofrecer, por cualquier otro motivo, dudas sobre su realidad. La falta de inscripción en el Registro extranjero no impide practicarla en el español mediante Título suficiente ...".
[8] El punto 10º del Fundamento Jurídico Tercero de la sentencia dispone al respecto que "...que la decisión de la autoridad registral de California al atribuir la condición de padres al matrimonio que contrató la gestación por sustitución con una mujer que dio a luz en dicho estado es contraria al orden público internacional español por resultar incompatible con normas que regulan aspectos esenciales de las relaciones familiares, en concreto de la filiación, inspiradas en los valores constitucionales de dignidad de la persona, respeto a su integridad moral y protección de la infancia ...".
[9] La sentencia hace una expresa mención, respecto de estos límites, a la doctrina establecida en el Fundamento Jurídico Cuarto de la STC núm. 54/1989, de 23 de febrero.
[10] Véase al respecto el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, la cual dispone que "...1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada ...".
[11] Concretamente, el voto particular establece que "...La denegación de este reconocimiento solo podría producirse cuando se contraría el orden público entendido desde el interés superior del menor. El orden público en esta materia no debe valorarse desde la perspectiva de la contrariedad con la normativa interna, sino desde la consideración que merezca la tutela del interés del menor (como ocurre en materia de adopciones internacionales), cuya normativa reguladora tiene también características de orden público y debe ser observada necesariamente por los jueces y tribunales en cuanto les afecte, según establecen los artículos 53 CE y 5 LOPJ, como se afirma en la STC 141/2000, de 29 mayo, que lo califica como "estatuto jurídico indisponible de los menores de edad dentro del territorio nacional", destacando como relevantes a estos efectos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, ratificada por España en 1990, la Carta Europea de los Derechos del Niño del Parlamento Europeo (Resolución A 3-0172/92, de 8 julio) y la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor (asimismo SSTC 143/1990, 298/1993, 187/1996 y 114/1997, así como el ATC 28/2001, de 1 febrero) ...".

matches:
resolución
resolución
artículo 10
Resolución
resolución
resolución
artículo 10
resolución
Resolución
resolución
artículo 10
resolución
resolución
artículo 10
resolución
resolución
artículo 10
resolución
resolución
artículo 1
artículo 81
artículo 3
resolución


text:
BOE.es - Documento BOE-A-2015-5153
Documento BOE-A-2015-5153
Orden AAA/839/2015, de 29 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 110, de 8 de mayo de 2015, páginas 40652 a 40659 (8 págs.)
https://www.boe.es/eli/es/o/2015/04/29/aaa839
Artículo 3. Categorías de premios y requisitos de participación.
Artículo 4. Presentación de candidaturas y propuestas de candidaturas. Requisitos, forma y plazo.
Artículo 6. Jurado y selección de los premios.
Artículo 11. Entrega de premios.
Artículo 12. Publicación de los proyectos y trabajos premiados.
Artículo 13. Devolución de los proyectos y trabajos no premiados.
Artículo 14. Publicidad de los premios.
Madrid, 29 de abril de 2015.–La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.
SE MODIFICA los arts. 1 a 8 y SE DEJA SIN CONTENIDO al 14, por Orden APA/635/2019, de 5 de junio (Ref. BOE-A-2019-8768).
Orden AAA/700/2013, de 18 de abril (Ref. BOE-A-2013-4527).
Orden ARM/405/2010, de 23 de febrero (Ref. BOE-A-2010-3081).

matches:
Artículo 3
Artículo 4
Artículo 6
Artículo 11
Artículo 12
Artículo 13
Artículo 14


text:
 RESOLUCIÓN 1455 DE JULIO 30 DE 2018
RESOLUCIÓN 1455 DE 30 DE JULIO DE 2018
CONTENIDO:FONDO NACIONAL DE VIVIENDA. MODIFICA LA RESOLUCIÓN 977 DE 2016, EN LO CONCERNIENTE AL FORMULARIO Y SU CORRESPONDIENTE GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO, PARA LA POSTULACIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN AFECTADA POR SITUACIONES DE DESASTRE NATURAL, CALAMIDAD PÚBLICA O EMERGENCIAS, EN LAS MODALIDADES DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA, CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PLANES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, CONCURSO DE ESFUERZO TERRITORIAL, POSTULACIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA, DESASTRE NATURAL
DIARIO OFICIAL N°:50696 DE AGOSTO 25 DE 2018
RESOLUCIÓN 1455 DE 2018
“Por la cual se modifica la Resolución 977 de abril 8 de 2016 que modificó el formulario de postulación al subsidio familiar de vivienda urbano para población afectada por situaciones de desastre natural, calamidad pública o emergencias y el anexo para ocupantes de bienes fiscales o poseedores regulares”.
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3º del artículo 8º del Decreto-Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y
Que mediante el artículo 14 de la misma ley se creó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyos objetivos y funciones serán los escindidos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de acuerdo con el artículo 11 mencionado.
Que a través de la Resolución 203 de 2010 del Fondo Nacional de Vivienda, se adoptó el formulario de postulación al subsidio familiar de vivienda para población afectada por situaciones de desastre o calamidad pública y el anexo para ocupantes y poseedores regulares.
Que mediante la Resolución 977 de 2016 del Fondo Nacional de Vivienda, se modificó el formulario de postulación y la Guía de diligenciamiento adoptados con la Resolución 203 de 2010.
Que se hace necesario actualizar el formulario de postulación al subsidio familiar de vivienda para población afectada por situaciones de desastre natural, calamidad pública o emergencias, en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio y/o mejoramiento de vivienda para implementar en el numeral 1, la Casilla 1. Novedad, en los casos de los hogares con miembros que tengan incapacidades legales o menores de edad donde no exista otro miembro con mayoría de edad o capacidad legal en el momento de la postulación. El tutor deberá postularse como cabeza de hogar y marcar (T) en la Casilla 1. Novedad, como representante legal del menor para el procedimiento tendiente a la obtención del subsidio familiar de vivienda por parte del menor; así mismo, se modifica la sigla para identificar al menor de edad como Me.
Que se hace necesario actualizar el formulario de postulación al subsidio familiar de vivienda para población afectada por situaciones de desastre natural, calamidad pública o emergencias, en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio y/o mejoramiento de vivienda para eliminar del numeral 2 si se trata de postulación individual o grupal y si se trata de inscripción nueva o actualización.
Que se hace necesario actualizar el formulario de postulación al subsidio familiar de vivienda para población afectada por situaciones de desastre natural, calamidad pública o emergencias, en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio y/o mejoramiento de vivienda para implementar en el numeral 3, la Casilla Teléfono 2 con el fin de tener un teléfono de contacto para ubicación del hogar en caso de cambio del número telefónico.
Que se hace necesario actualizar el formulario de postulación al subsidio familiar de vivienda para población afectada por situaciones de desastre natural, calamidad pública o emergencias, en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio y/o mejoramiento de vivienda para recordarle a los hogares postulantes la importancia que “En caso de cambio de números de teléfonos, es necesario actualizar la información ante la CCF respectiva, para futura ubicación en relación con la aplicación y legalización del subsidio”.
Que en mérito de lo anterior
ART. 1º—Modificar el formulario y su guía de diligenciamiento, para la postulación al subsidio familiar de vivienda para población afectada por situaciones de desastre natural, calamidad pública o emergencias, en las modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, los cuales hacen parte integral de la presente resolución.
ART. 2º—Modificar el formulario y la guía en el sentido de incluir en la Columna 1. Novedad, para ser diligenciado si el jefe cabeza de hogar que ostenta la calidad de Tutor, se modifica la sigla para identificar al menor de edad como Me, se incluye la casilla para Teléfono 2 con el fin de tener un teléfono de contacto para ubicación del hogar en caso de cambio del número telefónico y se adiciona en el formulario la nota En caso de cambio de números de teléfonos, es necesario actualizar la información ante la CCF respectiva, para futura ubicación en relación con la aplicación y legalización del subsidio.
ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica la Resolución 977 del 8 de abril de 2016 del Fondo Nacional de Vivienda.
Guía para el diligenciamiento del formulario de inscripción para postulantes al subsidio familiar de vivienda de interés social, para hogares afectados por situación de desastre, situación de calamidad pública o emergencias que se presenten o puedan acaecer por eventos de origen natural y para aquellos que por causa de estas situaciones queden en condición de alto riesgo no mitigable.
El subsidio familiar de vivienda urbano que otorga el Fondo Nacional de Vivienda es para la atención de hogares que han perdido la totalidad de su vivienda o esta haya sido afectada como consecuencia de una situación de desastre, situación de calamidad pública o emergencias que se presenten o puedan acaecer por eventos de origen natural y para aquellos que por causa de estas situaciones queden en condición de alto riesgo no mitigable, que se encuentren debidamente incluidos en los censos oficiales que con ocasión de estos hechos, emita el Comité local de prevención y atención de desastres avalado por el Comité regional de prevención y atención de desastres y refrendado por la dirección de prevención y atención de desastres del Ministerio del Interior y de Justicia.
Serán beneficiarios del subsidio familiar de vivienda que otorga el Fondo Nacional de Vivienda aquellos hogares que cumplan con los requisitos normativos para acceder a este, y que se encuentren en una de las siguientes situaciones:
Además, debe anexar los documentos requeridas en el formulario de postulación.
1. Conformación y condición socioeconómica del hogar.
1. Novedad: Si el jefe de hogar ostenta la condición de tutor, sírvase marcar la casilla correspondiente, así:
T: Tutor Caso en el cual debe anexar copia del documento que lo acredita.
Se escribirán en primer lugar los datos del jefe de hogar, a continuación los de la esposa(o) o compañera(o), luego los hijos de mayor a menor y demás familiares.
Nombres: Escriba el nombre(s).
Firma: Suscribe el formulario en la casilla indicada para tal fin, solo mayores de edad.
1: Jefe del hogar 6: Abuelo(a). Nieto(a).
2: Cónyuge o Compañera(o) 7: Tío(a), sobrino(a).
Bisabuelo(a), bisnieto(a)
3: Hijo(a). 8: Suegro(a), cuñado(a)
4: Hermano(a). 9: Padres adoptantes, hijos adoptivos.
5: Padre o madre 10: Nuera, yerno
Ocupación: Escriba el tipo de actividad que desempeñe cada uno de los integrantes del hogar según las convenciones:
H: Hogar ES: Estudiante.
EN: Empleado I: Independiente.
P: Pensionado D: Desempleado.
Total ingresos: Se refiere a la mancillada de ingresos de todos los miembros del hogar.
Nivel de Sisiben (sic): Diligencie este campo de acuerdo a su nivel de Sisbén si a ello hubiere lugar.
J: Mujer cabeza de familia M65: Mayor a 55 años
Nota importante: Recuerde que en caso de resultar beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, podrá ser una de estas personas la que suscriba la correspondiente escritura pública, cuyo nombre e identificación aparecerán en la forma en que se diligencie este formulario.
2. Información de la postulación.
Seleccione con una X la condición del hogar damnificado, escriba la dirección del inmueble afectado donde habitaban, su departamento y el municipio.
3. Datos del hogar postulante.
Escriba la dirección del domicilio actual, dirección para correspondencia, teléfonos, departamento y municipio, donde el hogar reside actualmente. En caso de cambio de Nº de teléfono por favor dar uno de contacto, para ubicación
4. Modalidad de postulación al subsidio familiar devivienda.
Aquellos hogares que cuenten con un lote de su propiedad podrán aplicar el subsidio en la construcción de una vivienda en este, ajustándose a lo dispuesto en el numeral 2.7 del artículo segundo del Decreto 975 de 2004.
De conformidad con lo previsto en el artículo sexto del Decreto Ley 919 de 1989 y el literal d. del numeral primero del articulo diez de la Ley 388 de 1997, corresponderá al municipio delimitar las zonas de alto riesgo no mitigable por situación de desastre, situación de calamidad pública o emergencias previstas en el artículo primero de este decreto. Con la delimitación se establecerán las restricciones de uso y ocupación con miras a la prohibición de licencias de construcción para realizar edificaciones en estos predios.
5. Tipo de solución y localización.
Indique con una X el tipo de solución de vivienda a la cual aspira el hogar, de acuerdo con el valor o precio límite establecido, recordando que SMLMV corresponde a salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Proyecto: Escriba el nombre del proyecto.
6. Valor del subsidio solicitado.
7. Declaración juramentada.
Información de recepción de formulario de postulación
□ Fotocopia legible de las cédulas de ciudadanía de los mayores de edad.
□ Registro civil de nacimiento de los miembros que conforman el hogar.
□ Registro civil de matrimonio o declaración de unión marital de hecho.
□ Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno de los miembros del hogar, cuando fuere el caso.
□ Presentar certificación expedida por la oficina de planeación municipal o quien haga sus veces, donde conste que el inmueble donde ubicada la vivienda quedó, como consecuencia de los hechos en una zona de alto riesgo no mitigable, de conformidad con lo previsto en el parágrafo tercero del artículo sexto del Decreto 2480 de 2005.
□ Para los programas de mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio, presentar en el momento de la postulación, el certificado de libertad y tradición del inmueble en donde se demuestre el derecho de dominio por parte del hogar.
□ En caso de reubicación demostrar la transferencia del derecho de dominio o posesión del inmueble desalojado al municipio mediante certificación expedida por este. Este requisito debe cumplirse para efectos del desembolso del subsidio familiar de vivienda.
□ No se recibirán formularios sin los documentos solicitados en los mismos.

matches:
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
Resolución
artículo 8
artículo 2
artículo 14
artículo 11
Resolución
Resolución
Resolución
resolución
Resolución


text:
00154-1997-AA
Que, el agotamiento de las vías previas es una exigencia fundamental en estas acciones de garantía, de modo que sólo después de cumplidos los recursos impugnativos en el ámbito administrativo, y en cuanto haya acto administrativo que constituya estado, puede promoverse acción en la vía jurisdiccional que resulte idónea, entre ellas la de amparo, conforme el imperativo legal contenido en el artículo 27º de la Ley Nº 23506.
Exp. Nº 154-97-AA/TC
Caso: María Antonia Pérez Arcela
En Lima, a los cinco días del mes de setiembre de mil novecientos noventisiete, reunido el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores:
Recurso extraordinario interpuesto por doña María Antonia Pérez Arcela contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Chimbote, de fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventiséis, que revoca de la Jueza Provisional del Juzgado Mixto de la Provincia de Huarmey, de fecha veinte de agosto de mil novecientos noventiséis, y declara improcedente la acción de amparo.
La acción la interpone contra doña Georgina Menacho Gomero, Jefe de Personal y don Luis Alfredo Chang Martínez, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huarmey, para que cese el impedimento de ingreso y el despido de que ha sido objeto en sus labores habituales. La Jueza Provisional del Juzgado Mixto de la Provincia de Huarmey declaró fundada la demanda, por considerar, entre otras razones, que se ha vulnerado el derecho consagrado en el inciso 15 del artículo 26° de la Constitución Política del Estado y que es de aplicación el inciso 2 del artículo 28° de la Ley N° 23506 respecto a la exoneración de las vías previas. Interpuesto recurso de apelación, la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Chimbote revocó la apelada, según resolución del treinta de diciembre de mil novecientos noventiséis y declaró improcedente la demanda, al estimar que el cese de la actora se ha debido al término de su contrato de trabajo a plazo fijo y que la carta cursada por la actora al Alcalde de la Municipalidad demandada, que obra a fojas 32, está pendiente de resolver. Contra esta resolución el accionante interpone Recurso Extraordinario, por lo que de conformidad con los dispositivos legales se han remitido los actuados al Tribunal Constitucional.
Que consta de autos que, luego de su cese laboral, el mismo día 06 de febrero de 1996, la actora presentó esta demanda de amparo ante la Jueza Provisional del Juzgado Mixto de la Provincia de Huarmey (fs. 34) y cursó la carta notarial (fs. 32) al Alcalde de la Municipalidad de esa localidad, pidiéndole que haga cesar de inmediato la hostilidad e impedimento ilegal de concurrir a cumplir con sus funciones, acciones simultáneas éstas que no han permitido viabilizar y resolver adecuadamente su reclamación en la vía administrativa.
Que el agotamiento de las vías previas es una exigencia fundamental en estas acciones de garantía, de modo que sólo después de cumplidos los recursos impugnativos en el ámbito administrativo, y en cuanto haya acto administrativo que constituya estado, puede promoverse acción en la vía jurisdiccional que resulte idónea, entre ellas la de amparo, conforme al imperativo legal contenido en el artículo 27° de la Ley N° 23506; no siendo aplicable en el presente caso la excepción contenida en el artículo 28° inciso 2), de la misma ley, respecto a que la agresión pudiera tornarse en irreparable, por cuanto tal agresión no es un hecho aislado, único e irreversible, sino el acto continuado previsto en el art. 23° de la Ley N° 25398 sobre denegatoria liminar de la demanda.
Confirmando la resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Chimbote con fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventiséis, que revoca la apelada del veinte de agosto de mil novecientos noventiséis, dictada por la Juez Provisional del Juzgado Mixto de la Provincia de Huarmey, y declara IMPROCEDENTE esta acción de amparo; con lo demás que contiene; dispusieron su publicación en el diario oficial "El Peruano" con arreglo a ley, y los devolvieron.

matches:
artículo 27
resolución
artículo 26
artículo 28
resolución
resolución
artículo 27
artículo 28
resolución


text:
Decreto 120/2014, de 24 de junio, por el que se establece el currículo del Título Profesional Básico en Peluquería y Estética en la Comunidad Autónoma de Extremadura - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Legislación > Resultados > Decreto 120/2014, de 24 de junio, por el que se establece el currículo del Título Profesional...
DECRETO 120/2014, DE 24 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (DOE 124 DE 30)
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio ( RCL 2002, 1550 ) , de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al Consejo
General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Anexo VIII del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, establece el currículo básico del título profesional básico en Peluquería y Estética.
El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo básico correspondiente al Título Profesional Básico en Peluquería y Estética en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los aspectos relativos a la identificación del título, el perfil y el entorno profesional, las competencias, la prospectiva del título en el sector, los objetivos generales, los accesos y vinculación con otros estudios, la correspondencia de módulos profesionales con las unidades de competencia incluidas en el título y las titulaciones equivalentes a efectos académicos, profesionales y de docencia, son los que se definen en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y en su Anexo VIII.
Los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo son los incluidos en el Anexo VIII del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero:
3067-I. Formación en centros de trabajo I.
3067-II. Formación en centros de trabajo II.
1. La contribución a la competencia general, a las competencias profesionales, personales y sociales y las del aprendizaje permanente, los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, y las orientaciones pedagógicas del currículo del ciclo formativo para los módulos profesionales relacionados en el artículo 3 de este decreto son los definidos en el Anexo VIII del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.
1. Los centros educativos, en virtud de su autonomía pedagógica, concretarán y desarrollarán las enseñanzas correspondientes al título profesional básico en Peluquería y Estética mediante la elaboración de un proyecto curricular del ciclo formativo que responda a las necesidades del alumnado y a las características concretas del entorno socioeconómico, cultural y profesional, en el marco del proyecto educativo del centro.
4. El alumnado que obtenga una evaluación positiva en todos los módulos profesionales correspondientes al ciclo formativo obtendrá el título de formación profesional básico en Peluquería y Estética.
5. Por otra parte, para la evaluación, promoción y acreditación de la formación establecida en este decreto se atenderá a las normas básicas que figuran en el artículo 23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y a las dictadas al efecto por la Consejería competente en materia de educación.
1. En los términos del artículo 38 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio ( RCL 2011, 1500 ) , por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, quienes tengan acreditada oficialmente alguna unidad de competencia que forme parte del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales tendrán convalidados los módulos profesionales correspondientes según se establece en la tabla del apartado 6 del Anexo VIII del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.
1. Las especialidades del profesorado de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, con atribución docente en los módulos profesionales relacionados en el artículo 3 son las establecidas en la tabla del apartado 5.1 del Anexo VIII del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. Las titulaciones requeridas al profesorado de los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras Administraciones distintas de las educativas para impartir dichos módulos son las que se concretan en la tabla del apartado 5.2 del Anexo VIII del referido real decreto.
1. Los espacios y equipamientos mínimos para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el apartado 4 del Anexo VIII del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de educación para reordenar la distribución de los módulos profesionales establecidos en la normativa que determina los currículos de los ciclos de formación profesional básica de la familia profesional de Imagen Personal, o de otras familias, con el fin de poner en práctica iniciativas o proyectos experimentales propiciados por centros autorizados por dicha Administración educativa, manteniendo los contenidos y las horas anuales atribuidas a cada módulo profesional en los currículos vigentes de los ciclos formativos objeto de la experiencia.

matches:
artículo 10
artículo 149
Real Decreto
Real Decreto
Real Decreto
artículo 3
Real Decreto
artículo 23
Real Decreto
artículo 38
Real Decreto
Real Decreto
artículo 3
Real Decreto
Real Decreto


text:
Orden AAR/476/2010, de 1 de octubre, por la que se modifica la Orden AAR/200/2008, de 5 de mayo, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida Aceite de L'Empordà
Vigencia desde 03 de Noviembre de 2010. Revisión vigente desde 03 de Noviembre de 2010
Orden AAM/69/2013 de 16 Abr. CA Cataluña (deroga la Orden AAR/200/2008 de 5 May. que aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida Aceite de L'Empordà y otras)
O [CATALUÑA] AAR/476/2010, 1 octubre, derogada por el número 2 del artículo único de O [CATALUÑA] AAM/69/2013, de 16 de abril, por la que se deroga la Orden AAR/200/2008, de 5 de mayo, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida Aceite de L'Empordà, y la Orden AAR/476/2010, de 1 de octubre, que la modifica, así como la RES. AAR/1340/2007, de 20 de abril, por la que se adopta decisión favorable a la solicitud de inscripción de la Denominación de Origen Protegida Oli de l'Empordà o Aceite de L'Empordà, y la RES. AAR/89/2010, de 26 de enero, por la que se adopta decisión favorable a la modificación de la solicitud de inscripción de la Denominación de Origen Protegida Oli de l'Empordà o Aceite de L'Empordà («D.O.G.C.» 29 abril) el 29 de abril de 2013.
El artículo 128 del Estatuto de autonomía de Cataluña establece que corresponde a la Generalidad de Cataluña, respetando lo que dispone el artículo 149.1.13 de la Constitución, la competencia exclusiva sobre denominaciones de origen y otras menciones de calidad. Asimismo el artículo 189 del Estatuto de autonomía determina que la Generalidad aplica y ejecuta el derecho de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias.
La Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria y el Decreto 285/2006, de 4 de julio, por el que se desarrolla la Ley mencionada establecen el marco normativo aplicable a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas protegidas en Cataluña.
Por Resolución AAR/1340/2007, de 20 de abril, el consejero de Agricultura, Alimentación y Acción Rural adoptó la decisión favorable a la solicitud de inscripción de la Denominación de Origen Protegida Oli de l'Empordà o Aceite de L'Empordà y se envió la solicitud de esta DOP a la Comisión Europea con núm. de expediente ES/PDO/0005/0637 y fecha de entrada 27 de julio de 2007.
En fecha 4 de septiembre de 2008, la Comisión Europea solicitó información complementaria del pliego de condiciones de esta DOP para poder complementar el procedimiento de registro o, en el caso de que no sea posible, retirada de la solicitud del registro de esta DOP.
La Dirección General de Alimentación, Calidad e Industrias Agroalimentarias junto con la agrupación solicitante estudió la información complementaria y concluyó que se tenían que realizar algunas modificaciones en el pliego de condiciones presentado previamente a la Comisión Europea.
Una de las modificaciones es mayor, ya que se limitan las variedades admitidas. En este sentido y en cumplimiento de lo que establece el artículo 5 del Reglamento CE 510/2006, de 20 de marzo, la autoridad correspondiente del estado miembro tiene que iniciar otro procedimiento nacional de oposición con las modificaciones incorporadas.
A estos efectos se publicó el Anuncio por el que se da publicidad a la modificación de solicitud de registro de la Denominación de Origen Protegida Oli de l'Empordà o Aceite de L'Empordà, y a su documento único (DOGC núm. 5501, de 9.11.2009). Una vez finalizada este trámite, se publicó la Resolución AAR/89/2010, de 26 de enero, por la que se adopta decisión favorable a la modificación de la solicitud de inscripción de la Denominación de Origen Protegida Oli de l'Empordà o Aceite de L'Empordà (DOGC núm. 5554, de 27 de enero de 2010) y en fecha 28 de enero de 2010, se envió la información complementaria, de conformidad con el artículo 6.2 del Decreto 285/2006, de 4 de julio, a los efectos de su traslado a la Comisión Europea para la inscripción de la Denominación de Origen Protegida Oli de l'Empordà o Aceite de L'Empordà.
La modificación de algunos puntos del pliego de condiciones de esta DOP comporta la modificación correspondiente en la Orden AAR/200/2008, de 5 de mayo, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida Oli de l'Empordà.
Sustituir en el artículo 1 del anexo 1 de la Orden AAR/200/2008, de 5 de mayo, la Resolución AAR/1340/2007, de 20 de abril (DOGC núm. 4880, de 10.5.2007), por
Resolución AAR/89/2010, de 26 de enero (DOGC núm. 5554, de 27.1.2010).
Se da nueva redacción al artículo 5 del anexo 1 de la Orden AAR/200/2008, de 5 de mayo, con el siguiente texto:
«5.1 El Aceite protegido con la Denominación de Origen Protegida Oli de l'Empordà se elabora con olivas de olivares inscritos de las variedades autóctonas Argudell, Curivell y Llei de Cadaqués y la variedad tradicional arbequina, separada o conjuntamente.
5.2 Las variedades a que hacen referencia los apartados anteriores de este artículo son las descritas en el apartado B2 del pliego de condiciones publicado en la Resolución AAR/89/2010, de 26 de enero.
5.3 El Consejo Regulador podrá proponer a la dirección general competente en materia de calidad agroalimentaria la autorización de nuevas variedades que, con los ensayos y experiencias previos, se compruebe que producen aceites de calidad, que puedan ser asimilados a los aceites protegidos con esta Denominación de Origen Protegida de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto 285/2006, de 4 de julio.
Sustituir en el artículo 9 del anexo 1 de la Orden AAR/200/2008, de 5 de mayo, la Resolución AAR/1340/2007, de 20 de abril, por
Resolución AAR/89/2010, de 26 de enero.
Se da nueva redacción al artículo 11.1.b) del anexo 1 de la Orden AAR/200/2008, de 5 de mayo con el siguiente texto:
«Organolépticas El perfil sensorial de los aceites de la DOP Oli de l'Empordà o Aceite de L'Empordà, en aplicación del Reglamento CE 640/2008, de 4 de julio, relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sus métodos de análisis es el siguiente: Aceites equilibrados de fructificado verde de intensidad media. En boca, presentan un gusto amargo y picante de tipo medio.
El perfil sensorial de estos aceites considerando otros descriptores secundarios de tipo aromático (COI/T.20) es el siguiente: Aceites con aromas que normalmente recuerdan la hierba acabada de cortar y la nuez; también pueden aparecer aromas de frutas exóticas, frutas verdes o alcachofa, así como presentar una sensación final almendrada en la boca».
Añadir a los datos que constan en el artículo 13.2 del anexo 1 de la Orden AAR/200/2008, de 5 de mayo, la variable
sexo de la persona titular.
Añadir al final del artículo 24.3 del anexo 1 de la Orden AAR/200/2008, de 5 de mayo, el párrafo siguiente:
«Con el fin de introducir la paridad de género, con esta designación se favorece la presencia del sexo menos representado en la composición de esta Comisión».
Añadir un nuevo apartado cuarto al artículo 26 del anexo 1 de la Orden AAR/221/2008, de 7 de mayo, con el texto siguiente:
«26.4 La junta electoral proclamará la lista de personas candidatas elegibles, garantizando en su elaboración que los primeros lugares de la lista estén ocupados alternativamente por hombres y mujeres, siempre y cuando se hayan presentado suficientes candidaturas al proceso de elección.».
Añadir al artículo 28.1 del anexo 1 de la Orden AAR/200/2008, de 5 de mayo la variable
9.1 Modificar los nombres de los siguientes municipios del anexo II de la Orden AAR/200/2008, de 5 de mayo:
Boadella d'Empordà por
Saus por
9.2 Eliminar los siguientes municipios del anexo II de la Orden AAR/200/2008, de 5 de mayo:

matches:
artículo 128
artículo 149
artículo 189
Resolución
artículo 5
Resolución
artículo 6
artículo 1
Resolución
Resolución
artículo 5
Resolución
artículo 9
Resolución
Resolución
artículo 11
artículo 13
artículo 24
artículo 26
artículo 28


text:
Consulta LEXA | Contratados Laborales De La Adminsitracion (Ayuntamiento)
Contratados Laborales De La Adminsitracion (Ayuntamiento)
En un Ayuntamiento se contrató a una administrativa con oferta de empleo del INEM y subvención del SNE durante un período de seis meses. Esta persona ha estado trabajando en otros Ayuntamientos con contratos temporales.
La consulta es sobre si deberíamos aplicarle la antiguedad que le corresponda por el tiempo trabajado en otras administraciones y si existe jurisprudencia en este sentido.
En el convenio de la administración foral de navarra para el personal laboral indica que se tendrá en cuenta solo para el personal fijo, pero queremos estar seguros.
21/08/2015 usuario1272
24/08/2015 despacho1
En primer lugar, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife de 21 de octubre de 2013, establece lo siguiente:
“La STS de 16 de mayo de 2005 fija el criterio jurisprudencial en relación al complemento de antigüedad en los términos siguientes 'la modificación introducida (en el texto del art. 25 del Estatuto de los Trabajadores por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, consistió en que, a partir de la misma, el Estatuto de los Trabajadores ya no reconoce el derecho a la promoción económica a todos los trabajadores, sino que delega en el convenio colectivo y en el contrato individual la facultad de reconocer el derecho y determinar el horizonte. De esta manera, el convenio colectivo adquiere el carácter de fuente principal, y de primer grado para el reconocimiento del derecho de promoción económica y de sus condiciones, sin perjuicio de lo que se pueda acordar en la relación individual de trabajo. Por tanto será la norma convencional aplicable la que determine si existe el complemento de antigüedad, en qué precisos términos se reconoce y en qué cuantía. No es por ello de aplicación la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre interrupción superior a 20 días entre sucesivos contratos temporales, pues tal doctrina se estableció y se viene aplicando a propósito del examen de cada uno de los contratos integrantes de una cadena, a fin de declarar cuáles de ellos puede calificarse de fraudulentos. Doctrina en virtud de la cual no pueden examinarse contratos anteriores a una interrupción superior al plazo de caducidad de la acción de despido.”
Por tanto, debe acudirse al Convenio colectivo de aplicación y, en este sentido, el Convenio colectivo del personal laboral suscrito por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra establece en su artículo 59 para el complemento de antigüedad lo siguiente:
1. Los trabajadores percibirán un complemento personal de antigüedad por el tiempo de servicio prestado a cada Administración, consistente en la cantidad mensual que seguidamente se indica para cada trienio del servicio activo: GRUPO CUANTIA A 63,09 euros B 52,04 euros C 42,60 euros D 36,28 euros E 31,56 euros El complemento de antigüedad se devengará a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se cumpla tres o múltiplo de tres años de servicios efectivos, y se actualizará en el mismo porcentaje que las restantes retribuciones.
Al personal transferido se le tendrá en cuenta, a efectos de antigüedad, el tiempo de prestación de servicios reconocidos a este efecto por la Administración que los haya transferido, en los términos previstos en el apartado siguiente.
2. Se computará como tiempo de antigüedad del personal laboral fijo, además del efectivamente prestado de acuerdo con el apartado anterior, el tiempo de excedencia especial a que hace referencia el artículo 47 del presente Convenio, los periodos trabajados con anterioridad al ingreso en la Administración respectiva, el tiempo prestado en cualquier otra Administración afectada por el presente Convenio, en la Administración Central, Autonómica, Local, Institucional, de Justicia, de Seguridad Social, así como los prestados con carácter profesional y en propiedad en las Fuerzas Armadas o en los Cuerpos de Seguridad del Estado o Policías Autónomas o Locales. Del mismo modo, se reconocerá el tiempo en el que se haya estado desarrollando el programa de especialista M.I.R., P.I.R., F.I.R., Q.I.R. o B.I.R. y similares, y a cuyo término se haya obtenido el correspondiente título de especialista por hallarse debidamente acreditado el citado programa por el Insalud o por el correspondiente organismo o comisión de formación, con independencia de la naturaleza pública o no del centro en el que se haya realizado.
Se considerarán a estos efectos como periodos de tiempo computables los prestados tanto en régimen laboral como administrativo en cualquiera de sus modalidades, siempre que se acrediten mediante certificación expedida por la autoridad correspondiente.
Los efectos del reconocimiento de antigüedad regulado en este apartado se iniciarán el día primero del mes siguiente a la formalización de la solicitud y presentación de la certificación.
No obstante la redacción del Convenio, cabe destacar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de noviembre de 2012 en la que se estima la reclamación de una trabajadora el complemento de antigüedad por nulidad de una disposición discriminatoria reconocida en el Convenio colectivo:
“La sentencia de la Sección Segunda de este TSJ de 27-12-2007, rec. 16/2007, confirmada por la del TS de 23-9-2009, declaró la nulidad del párrafo párr. 2.º del art. 37 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid para los años 2004-2007, reconociendo el derecho del personal temporal a devengar trienios por cada tres años de servicios en los mismos términos que los establecidos para el personal laboral fijo, razonando lo que sigue:
[Párr. 2º del art. 37. Los trabajadores con relación de empleo de carácter temporal tendrán derecho a la percepción del complemento por antigüedad, siempre y cuando presten servicios continuados durante tres o más de tres años en virtud de un mismo contrato de trabajo, no pudiendo acumularse los períodos correspondientes a más de un contrato temporal, salvo en el supuesto previsto en el párrafo séptimo de este artículo. En ningún caso la percepción del complemento por antigüedad menoscabará la naturaleza temporal del contrato de trabajo.]
"Pues bien, el precepto ha sido ya objeto de estudio por esta Sala, habiéndose pronunciado la Sección 6.ª en sentencia de 12 de diciembre de 2007, recurso de suplicación 3583/07 , respecto del artículo 37 del Convenio, en la siguiente forma:
"nuestro ordenamiento no admite la discriminación entre trabajadores fijos y temporales, de manera que el establecimiento por el convenio colectivo de distintas condiciones para el devengo del complemento de antigüedad según la permanencia del contrato no será válida y así lo reconoce la jurisprudencia con claridad al menos desde la STS 7-10-2002 , dictada en Sala General, y la de 23-10-02 , con base en lo dispuesto en la Directiva 1999/70 CEE, del Consejo, de 29 de junio, relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración indefinida y en el art. 15.6 del Estatuto de los Trabajadores , cuando dispone que los trabajadores con contratos temporales y con duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con duración indefinida, reglas que establecen un principio de igualdad de trato entre fijos y temporales sin mas excepciones que las relativas a la extinción, a los contratos formativos y a la naturaleza de ciertos derechos que deban reconocerse de manera proporcional al tiempo trabajado. Pero en lo que respecta a la antigüedad, expresamente se dispone en el art. 15.6 ET que cuando un determinado derecho o condición de trabajo esté atribuido en las disposiciones legales o reglamentarias y en los convenios colectivos en función de una previa antigüedad del trabajador, ésta deberá computarse según los mismos criterios para todos los trabajadores, cualquiera que sea la modalidad de contratación. En este sentido la STS 27.9.06 recuerda que en reiteradas ocasiones la jurisprudencia ha mantenido la procedencia de reconocer - en general - el complemento de antigüedad a favor de los trabajadores temporales, pese a la indicación en contrario por parte de la norma pactada colectiva.
Pues bien, en el art. 37 se contiene un trato desigual sin justificación para trabajadores temporales y fijos. (...) Esta disparidad de regulación no puede admitirse con base en la normativa y jurisprudencia que se han citado"
Y es que efectivamente el segundo párrafo del artículo 37 que examinamos, carece de eficacia, en tanto vulnera lo dispuesto en el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores , que recoge el principio de no discriminación de los trabajadores con contrato por tiempo determinado, reconocido en la directiva 1999/70, en la siguiente forma:
"Los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la Ley en relación con los contratos formativos y con el contrato de inserción. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de manera proporcional, en función del tiempo trabajado."
Por lo que, en modo alguno, puede un convenio colectivo restringir los derechos que a los trabajadores temporales reconoce esta norma del Estatuto de los Trabajadores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1 del mismo cuerpo legal y en el 9.3 de la Constitución , y, consecuentemente, la demanda se estima declarando la nulidad del párrafo segundo del artículo 37 del Convenio Colectivo para el personal Laboral de la Comunidad de Madrid".
Por todo lo anterior, a pesar de que el artículo 59 del Convenio colectivo se encuentra en vigor, habrá que atender a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo (23.08.2009 y 27.08.2006) en las que se reconoce el derecho al complemento de antigüedad a favor de los trabajadores temporales a pesar de contener el convenio colectivo una disposición en contrario.
Por tanto, debe reconocerse a la trabajadora con contrato temporal el tiempo de servicios en otras Administraciones públicas a efectos de antigüedad.

matches:
artículo 59
artículo 47
artículo 37
artículo 37
artículo 15
artículo 3
artículo 37
artículo 59