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BOE.es - Documento BOE-A-2019-1587
Documento BOE-A-2019-1587
«BOE» núm. 32, de 6 de febrero de 2019, páginas 10549 a 10558 (10 págs.)
BOE-A-2019-1587
En el recurso interpuesto por don Joaquín Mateo Estévez, notario de Málaga, contra la nota de calificación extendida por el registrador de la Propiedad de Álora, don Antonio Gallardo Piqueras, por la que suspende la inscripción de una escritura de entrega de legados, aceptación y adjudicación de herencia.
Mediante escritura autorizada por el notario de Málaga, don Joaquín Mateo Estévez, el día 30 de julio de 2018, con el número 1.958 de protocolo, se formalizaron las operaciones de entrega de legados, aceptación y adjudicación de herencia, causada por el fallecimiento de don S. S. C.
Presentada el día 18 de septiembre de 2018 la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Álora, fue objeto de la siguiente nota de calificación el día 27 de septiembre de 2018:
«Visto por el Registrador de la Propiedad de Álora y su distrito hipotecario, el procedimiento registral identificado con el número de entrada 7.755/2018, iniciado como consecuencia de presentación por mensajería en el mismo Registro, remitido por Doña E. P. R. M., de los documentos que obran en dicho procedimiento, en virtud de solicitud de inscripción.
Primero.–El documento objeto de la presente calificación, escritura otorgada ante el notario de Málaga, Don Joaquín Mateo Estévez, el día treinta de julio de dos mil dieciocho, protocolo 1958, fue presentado por mensajería, remitido por Doña E. P. R. M., a las 10:59 horas del día 18 de septiembre de 2018, asiento 606 del Diario de Presentación número 150.
Segundo.–Se pretende la inscripción de una primera copia parcial del título calificado.
II. El concepto de título hace referencia a la totalidad del negocio que da lugar a la situación jurídico real, extendiéndose la función de calificación registral a todos los elementos esenciales del mismo. Así lo impone el principio hipotecario de legalidad, que exige la calificación total del título inscribible. Conforme al artículo 18 de la Ley hipotecaria, de este modo, "los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud de solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro" (vid., igualmente el artículo 65 de la Ley hipotecaria).
Una idea que también resulta de la regla contenida en el artículo 3 de la Ley hipotecaria –conforme al cual, "para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad Judicial o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los reglamento"–, dado que sólo puede considerarse como auténtica escritura pública la copia íntegra o total del documento otorgado (vid., artículo 221 del Reglamento notarial).
Por lo que, habiéndose presentado primera copia parcial, y no total de dicho título, éste no puede ser calificado, ni por tanto, acceder al Registro.
Contra la anterior nota de calificación, don Joaquín Mateo Estévez, notario de Málaga, interpuso recurso el día 17 de octubre de 2018 mediante escrito en el que alegaba los siguientes fundamentos jurídicos:
«Primero.–La calificación del Ilmo. Sr. Registrador de Alora que se recurre se basa, a tenor de lo expresado en el hecho III antecedente, en el/los siguiente/s hecho/s: "... Segundo.–Se pretende la inscripción de una primera copia parcial del título calificado...". Y en el párrafo último del Fundamento de Derecho II "Por lo que, habiéndose presentado primera copia parcial, y no total de dicho título, este no puede ser calificado, ni por tanto, acceder al Registro...".
A continuación, el Ilmo. Sr. Registrador apoya la fundamentación jurídica de su calificación en los artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria, 98 a 100 de su Reglamento; en el art. 1259 del Código Civil; en el art. 98 de la Ley 24/2001 y en el art. 3 de la Ley Hipotecaria y art. 221 del Reglamento Notarial, en el que se apoya para argumentar que "...solo puede considerarse como autentica escritura pública la copia íntegra o total del documento otorgado...".
Segundo.–Nada hay que objetar a lo indicado por el Ilmo. Sr. Registrador en el párrafo 1.º del fundamento de Derecho II de su nota. Es obvio que el título que se presente a inscripción ha de contener todos los elementos esenciales del mismo. Sin embargo, tras esta aseveración, en su nota calificatoria no especifica ni señala cual o cuales de los elementos esenciales del título sucesorio calificado (sustantivos, materiales y/o formales) no se reseñan ni se contienen en la copia parcial aportada para la inscripción, por lo que dicha nota adolece de falta de precisión. Por tanto, al no indicar la nota calificatoria qué elementos esenciales se han omitido en la copia, no es posible entrar en el examen y valoración de los mismos por desconocerse. Y, de llevarse a cabo tal examen y valoración, se nos estaría privando de nuestro derecho a efectuar las alegaciones pertinentes y, en definitiva, se nos llevaría a un estado de indefensión total.
Por lo anterior, entendemos que la cuestión a debatir y resolver con relación a lo sustentado por el Ilmo. Sr. Registrador en dicho párrafo 1.º, y que este no plantea, debería de haber sido si la copia parcial aportada contenía o no todos los elementos de la transmisión sucesoria formalizada y, caso de no contenerlos, cuáles eran los elementos que faltaban e impedían la inscripción.
De cualquier forma, a nuestro juicio, dicha copia parcial contiene todos los elementos esenciales de la transmisión sucesoria formalizada en la escritura. En la comparecencia, figuran debidamente identificados todos los llamados a la sucesión, incluida la viuda del causante; su intervención en su nombre y derecho; el juicio de capacidad y la calificación del acto por el notario; el hecho del fallecimiento del causante y el carácter testado de su sucesión, todo ello debidamente justificado con documentos auténticos; el inventario y avalúo de los bienes, si bien referidos a los que son objeto de la copia parcial; la determinación de los interesados en la sucesión, sus haberes, las adjudicaciones realizadas y los títulos de tales adjudicaciones, así como la aceptación pura y simple de la herencia. Y esta afirmación parece estar corroborada por la propia nota calificatoria al no señalar qué elemento o elementos esenciales del título sucesorio no figuran consignados en la copia.
Tercero.–Sin perjuicio de lo señalado en el fundamento anterior, cuestión a resolver es si una copia parcial es o no escritura pública y, por tanto, si es o no documento apto para la inscripción.
Con relación a si es o no escritura pública, el Ilmo. Sr. Registrador precisa en el párrafo 2.º del fundamento de Derecho II de su nota que «...solo puede considerarse como autentica escritura pública la copia íntegra o total del documento otorgado (vid. Artículo 221 del Reglamento notarial)...», posición con la que estamos en absoluto desacuerdo.
Precisamente del art.º 221 RN, mencionado por el Sr. Registrador, se desprende todo lo contrario. Dice así:
"Artículo 221. Se consideran escrituras públicas, además de la matriz, las copias de esta misma expedidas con las formalidades de derecho. Las copias deberán reproducir o trasladar fielmente el contenido de la matriz o póliza. Los documentos incorporados a la matriz podrán hacerse constar en la copia por relación o transcripción.
Las copias autorizadas pueden ser totales o parciales, pudiendo constar en soporte papel o electrónico. Las copias autorizadas en soporte papel deberán estar signadas y firmadas por el notario que las expide; si estuvieran en soporte electrónico, deberán estar autorizadas con la firma electrónica reconocida del notario que la expide".
En su párrafo 1.º, este artículo considera a las copias, sin hacer distinción alguna entre totales y parciales, como escrituras públicas siempre que estén expedidas con las formalidades de derecho. Y en su párrafo 2.º, las clasifica en totales y parciales, poniéndolas al mismo nivel al no hacer distinción alguna respecto de ellas ni atribuirles efectos distintos. Por tanto, tanto la copia autorizada total como la parcial, siempre que estén expedidas con las formalidades de derecho, son escrituras públicas y, por ello, vehículo idóneo para que pueda acceder al registro el título inscribible.
– Las formalidades para expedir tanto las copias totales como las parciales se contienen, entre otros, en los artículos del Reglamento Notarial que se reseñan a continuación en lo menester.
"Artículo 222. Sólo el notario en cuyo poder se halle legalmente el protocolo, estará facultado para expedir copias u otros traslados o exhibirlo a los interesados.
Artículo 236. Las copias se encabezarán con el número que en el protocolo tenga la matriz, y han de ser literalmente reproducción de ella tal como aparezca después de las correcciones hechas, sin que haya de consignarse el particular referente a la salvadura de las mismas.
Artículo 237. Es copia parcial la que expide el notario a instancia de parte legitimada para solicitarla reproduciendo o trasladando parte de la matriz, atendido su contenido, el requerimiento y el interés del solicitante.
Se omitirá, cuando no interese al peticionario, en las copias extendidas para el legatario o la persona a cuyo favor haya alguna disposición, no siendo albacea o contador; y en los testamentos mancomunados cuanto sea disposición especial del otorgante que sobreviva.
En toda copia parcial se hará constar, bajo la responsabilidad del Notario, que en lo omitido no hay nada que amplíe, restrinja, modifique o condicione lo inserto; sin perjuicio de que también pueda hacerse extracto o relación breve de aquello.
Artículo 241. En el pie o suscripción de la copia se hará constar, además de las circunstancias expresadas en los artículos 233, 238 y 244, su correspondencia con el protocolo, el concepto en que la tiene quien la expide, si no es el mismo autorizante; la persona a cuya instancia se libra y, en su caso, el fundamento de su interés legítimo, el número de pliegos, o folios, clase, serie y numeración, lugar y fecha, e irán autorizadas con el signo, firma, rúbrica y sello del notario, que rubricará todas las hojas, en las que constará su sello.
Artículo 243. Las copias en soporte papel no podrán contener interpolaciones, tachaduras, raspaduras o enmiendas, ni siquiera en su pie o suscripción.
Cuando fueran advertidos errores u omisiones, se subsanarán mediante diligencia posterior autorizada de igual modo que la copia haciendo constar, además, por nota al margen de ésta, la rectificación.
Artículo 247. Las copias y testimonios deberán extenderse en caracteres perfectamente legibles, pudiendo escribirse a mano, a máquina o por cualquier medio de reproducción sin otra limitación que la impuesta por la facilidad de su lectura, el decoro de su aspecto y su buena conservación.
En su expedición se observarán las disposiciones relativas a líneas y silabas que para las matrices contiene el artículo ciento cincuenta y cinco de este Reglamento".
– De la nota de calificación de calificación [sic] resulta que el único defecto de que adolece la copia es el de tratarse de una copia parcial y carecer, por ello, de la consideración de auténtica escritura pública, sin que atribuya defecto alguno a su expedición por incumplimiento de formalidad alguna exigida en derecho, por lo que ha de considerarse expedida.
Cuarto.–Por todo lo expuesto, estimamos que la copia parcial aportada contiene todos los elementos esenciales de la sucesión testada que se pretende inscribir y está expedida con todas las formalidades exigidas en derecho, por lo que ha de ser considerada y tratada como escritura pública conforme al art.º 221 del RN, y, por ello, es documento idóneo para que pueda acceder al Registro el título inscribible, de acuerdo con lo dispuesto en el art.º 3 de la Ley Hipotecaria.»
Mediante escrito, de fecha 24 de octubre de 2018, el registrador de la Propiedad informó y, por mantener su calificación, elevó el expediente a esta Dirección General. En su informe hizo constar que «con fecha dos de octubre de dos mil dieciocho fue subsanado el defecto advertido, mediante la aportación, por la presentante, de copia íntegra de la referida escritura; por lo que, con fecha once de octubre de dos mil dieciocho, fue inscrito el título».
Vistos los artículos 609, 657, 658, 670 y 912 y siguientes, 1216, 1217, 1218, 1220 y 1259 del Código Civil; 1, 2, 3, 14, 16, 18, 19 bis, 21, 33, 34, 38, 258, 326 y 327 de la Ley Hipotecaria; 1, 17 bis y 24 de la Ley del Notariado; 33, 51 y 76 del Reglamento Hipotecario; 143, 162, 209, 209 bis, 221, 237 y 251 del Reglamento Notarial; las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 11 de diciembre de 1964 y, Sala Tercera, de 24 de octubre de 2000 y 20 de mayo de 2008, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de diciembre de 1945, 15 de enero de 1960, 3 de abril de 1995, 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 8 y 22 de julio y 25 de octubre de 2005, 14 de abril, 16 de junio y 13 de diciembre de 2010, 26 de enero, 7 de julio y 12 de noviembre de 2011, 28 de febrero, 14 de marzo, 4 de junio, 20 de julio y 2 y 3 de octubre de 2012, 27 de febrero, 5 de marzo, 19 de junio y 18 de noviembre de 2013, 6 de mayo de 2014, 12 y 16 de noviembre de 2015, 11 de enero y 16 de octubre de 2017 y 11 de abril, 1 de junio y 18 de julio de 2018.
1. Presentada en el Registro copia parcial de escritura de entrega de legados, aceptación y adjudicación de determinada herencia testada, causada por el fallecimiento de don S. S. C., el registrador suspende la inscripción por considerar que el concepto de título inscribible hace referencia a la totalidad del negocio que da lugar a la situación jurídico real, extendiéndose la función de calificación registral a todos los elementos esenciales del mismo, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria. Añade que, conforme al artículo 3 de la Ley Hipotecaria, la copia parcial de una escritura pública no puede acceder al Registro, «dado que sólo puede considerarse como auténtica escritura pública la copia íntegra o total del documento otorgado (vid., artículo 221 del Reglamento notarial)». Y concluye que «habiéndose presentado primera copia parcial, y no total de dicho título, éste no puede ser calificado, ni por tanto, acceder al Registro».
El notario recurrente alega, en primer lugar, que en su calificación el registrador no especifica qué elementos esenciales del título sucesorio calificado (sustantivos, materiales o formales) no se reseñan ni se contienen en la copia parcial aportada para la inscripción, por lo que dicha nota adolece de falta de precisión, si bien dicha copia parcial contiene, a su juicio, todos los elementos esenciales de la transmisión sucesoria formalizada en la escritura. Y, en segundo lugar, que del artículo 221 del Reglamento Notarial resulta, precisamente, que la copia parcial tiene valor de escritura pública y, por tanto, de documento idóneo para que pueda acceder al Registro el título inscribible.
2. Circunscrita la resolución del recurso únicamente a los motivos de suspensión señalados por el registrador en su calificación (vid. artículo 326 de la Ley Hipotecaria), ésta no puede ser confirmada.
Como ha puesto de relieve este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 25 de octubre de 2005 y 16 de junio de 2010, entre otras muchas) uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado principio de legalidad que, por la especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro (que gozan «erga omnes» de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional –artículos 1 y 38 de la Ley Hipotecaria–), está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles sometidos a la calificación del registrador, y así el artículo 3 de la Ley Hipotecaria establece, entre otros requisitos, la exigencia de documento público o auténtico para que pueda practicarse la inscripción en los libros registrales, y esta norma se reitera a través de toda la Ley Hipotecaria, así como de su Reglamento, salvo contadas excepciones que son ajenas al caso ahora debatido. En concreto, dispone el citado artículo 3 que «para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos».
Del cotejo de este precepto con el artículo 2 de la Ley Hipotecaria se desprende la conocida distinción entre título material y formal, a efectos del Registro. Título material es el acto, contrato o negocio jurídico que constituye la causa de la adquisición del derecho real objeto de inscripción. Título formal es el documento que constituye el vehículo de acceso al Registro, siendo la expresión de la forma auténtica y la prueba del acto o contrato.
En el caso de las sucesiones «mortis causa», el artículo 14 de la Ley Hipotecaria en su párrafo primero establece que «el título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaración de herederos abintestato y la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.º 650/2012».
Esta Dirección General (cfr. las Resoluciones de 3 de abril de 1995, 8 y 22 de julio de 2005, 12 de noviembre de 2011, 12 y 16 de noviembre de 2015 y 1 de junio de 2018, entre otras citadas en los «Vistos» de la presente) ha puesto de relieve la sustancial diferencia, como títulos sucesorios atributivos o sustantivos, entre el testamento y acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato.
El testamento responde tanto al concepto de título material como formal, pues es ante todo un negocio jurídico «mortis causa» que expresa la voluntad del testador que es la ley de la sucesión y la que decide con plenos efectos el destino de los bienes constituyendo el título o causa de adquisición de los mismos, una vez que el llamamiento se completa con la aceptación y adjudicación de herencia (cfr. artículos 609 y 670 del Código Civil). El testamento es el fundamento mismo de la vocación o llamamiento del heredero y de la delación como elementos determinantes del fenómeno sucesorio. Y la copia auténtica del testamento representa el título formal necesario e insustituible para el acceso al Registro de la sucesión testamentaria porque en él figura la declaración de voluntad del testador como título material y formal a todos los efectos, junto con la correspondiente escritura de aceptación y adjudicación de herencia. En definitiva, el testamento determina el llamamiento del heredero (vocación) y también el título por el que se ofrece al mismo la posibilidad efectiva de aceptar o repudiar la herencia (delación).
Como se afirmó en la citada Resolución de 12 de noviembre de 2011, en la declaración judicial o en el acta notarial de declaración de herederos abintestato lo relevante es la constatación de determinados hechos -fallecimiento, filiación, estado civil, cónyuge, etc.–de los que deriva la atribución legal de los derechos sucesorios. La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1964 señaló que «la declaración judicial de herederos abintestato no es más que algo individualizador de un llamamiento hereditario operado por virtualidad de una norma legal, carente de eficacia jurídico-material y meramente limitado a justificar formalmente una titularidad sucesoria preexistente «ope legis»». Por ello, concluía esta Dirección General que, en definitiva, el llamamiento al heredero lo hace la ley (cfr. artículo 657 del Código Civil); mientras que la resolución judicial o el acta notarial se limita a concretar una delación ya deferida. Y todo aquello que las separe de esta finalidad resultará incongruente con esta clase de procedimientos y podrá ser calificado por el registrador. Así lo entendió ya la Resolución de esta Dirección General de 5 de diciembre de 1945.
Por el contrario, en la delación testamentaria lo prevalente es la voluntad del causante. El testamento es un negocio jurídico y, en tanto que tal, se constituye en ley de la sucesión (cfr. artículo 658 del Código Civil). El mismo, como título sustantivo de la sucesión hereditaria (cfr. artículo 14 de la Ley Hipotecaria), junto, en su caso, con el título especificativo o particional (cfr. artículo 16 de la Ley Hipotecaria), serán los vehículos para que las atribuciones hereditarias sobre bienes o derechos concretos puedan acceder al Registro. Desde esta perspectiva, la calificación del título sucesorio, con arreglo al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y conforme a los medios y límites fijados en el mismo, ha de ser integral, como la de cualquier otro título inscribible, incluyendo en el caso del testamento, por su condición de negocio jurídico, no sólo la legalidad de las formas extrínsecas, sino también la capacidad del otorgante, y la validez de las cláusulas testamentarias.
Por otra parte, desde el punto de vista formal, la doctrina de este Centro Directivo admite (véanse Resoluciones citadas en los «Vistos») como suficiente a los efectos del Registro, en las inscripciones basadas en escrituras públicas de partición de herencia, la presentación de las primeras copias, testimonios por exhibición y traslados directos del testamento, o bien que figuren insertos en la escritura. Al ser el testamento, como se ha indicado, el título fundamental de la sucesión, de donde se derivan los derechos de los herederos, y sobre el que el registrador ha de realizar su función calificadora, no basta con relacionar en el cuerpo de la escritura sucintamente las cláusulas manifestadas por el causante en su última voluntad, sino que tiene que expresarse formalmente por el fedatario la afirmación de exactitud de concepto en lo relacionado, con la constancia de no existir otras cláusulas que amplíen o modifiquen lo inserto. Ahora bien, en el ámbito de la sucesión intestada, esta Dirección General ha entendido que puede inscribirse la partición si en la escritura se realiza un testimonio en relación de los particulares del documento necesarios para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria. En efecto, la doctrina de este Centro Directivo es que «basta con que el Notario relacione los particulares del documento, los básicos para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad» (cfr. Resolución de 8 de julio de 2005, confirmada por la sentencia firme número 220/2008 de 18 de diciembre, de la Audiencia Provincial de Teruel).
Como añadió la citada Resolución de 12 de noviembre de 2011, de todo ello se deduce que frente al testamento, en las resoluciones judiciales o actas de declaración de herederos abintestato el registrador, si bien debe contar para su calificación e inscripción con todos los particulares necesarios para ésta -incluyendo todos los que permitan alcanzar el corolario de la determinación individualizada de los llamamientos hereditarios operados por la ley-, ello no impide que la constatación documental de tales particulares pueda ser realizada por el notario autorizante, bien mediante una trascripción total o parcial de los mismos o bien mediante un testimonio en relación, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria (cfr. Resolución de 3 de abril de 1995).
No puede entenderse que esta doctrina se aparte en modo alguno de la que había resumido la Resolución de 15 de enero de 1960 (y no de 13 de enero, como por error figura citada en las de 4 de junio y 2 de octubre de 2012), pues en un caso en que el notario se limitó a relacionar sucintamente en una escritura de partición de herencia las cláusulas de un testamento -sin expresar formalmente «la afirmación de exactitud de concepto en lo relacionado con la constancia de no existir otras cláusulas que amplíen o modifiquen lo trasladado»- consideró que dicha relación no era bastante, «considerando que es doctrina de este Centro admitir como suficiente, a los efectos del Registro, en las inscripciones basadas en escrituras públicas de partición de herencia, la presentación de las primeras copias, testimonios por exhibición y traslados directos del testamento, o bien que figuren insertos en la escritura, por ser aquél, según el artículo 14 de la Ley, el título fundamental de la sucesión, de donde se derivan los derechos de los herederos, y sobre el que el funcionario del Registro ha de realizar su función calificadora».
3. En el supuesto al que se refiere el presente expediente el registrador no opone tacha alguna en relación con el testamento, cuya copia íntegra aparece incorporada a la escritura de entrega de legados, aceptación y adjudicación de herencia, junto con los respectivos certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad del causante, pero centra su reproche en la citada escritura de aceptación y adjudicación de herencia, y en concreto en el carácter de copia parcial de la misma (carácter que tiene al omitir determinados datos del inventario y avalúo de alguno de los elementos del caudal hereditario, especialmente en cuanto a la cuantía de las deudas del pasivo, y respecto a determinadas participaciones sociales en cierta entidad mercantil).
Este motivo en el cual apoya el registrador su calificación suspensiva consiste, como se ha expuesto, en afirmar que sólo puede considerarse como auténtica «escritura pública» la copia íntegra o total del documento otorgado (vid. artículo 221 del Reglamento Notarial), por lo que, a su juicio, faltaría el título formal inscribible exigido por el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, que limita la condición de tal a los consignados en «escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos», considerando que el hecho de que la copia sea parcial priva a la misma de la cualidad de «escritura pública».
Esta objeción no puede ser acogida favorablemente por este Centro Directivo, pues la afirmación en que se basa está desmentida por el propio artículo 221 del Reglamento Notarial, al disponer en su párrafo primero que «se consideran escrituras públicas, además de la matriz, las copias de esta misma expedidas con las formalidades de derecho. (…) Las copias deberán reproducir o trasladar fielmente el contenido de la matriz (…)». De este modo, tan escrituras públicas se consideran las copias, extendidas con las formalidades legal y reglamentariamente previstas, como sus matrices, sin perjuicio de que, dada la necesidad de reproducción o traslado fiel del contenido de la matriz, la copia tiene un valor probatorio subordinado siempre a su matriz. El artículo 1220 del Código Civil es claro al sentar este criterio: «Las copias de los documentos públicos de que exista matriz o protocolo, impugnadas por aquellos a quienes perjudiquen, sólo tendrán fuerza probatoria cuando hayan sido debidamente cotejadas. Si resultare alguna variante entre la matriz y la copia, se estará al contenido de la primera».
Por otra parte, el párrafo segundo del mismo artículo 221 del Reglamento Notarial establece que «las copias autorizadas pueden ser totales o parciales, pudiendo constar en soporte papel o electrónico», sin excluir de esta consideración de escritura pública a las copias parciales.
Cuestión distinta es la que el registrador se limita a apuntar en su calificación, al afirmar que el concepto de título inscribible hace referencia a la totalidad del negocio que da lugar a la situación jurídico real, extendiéndose la función de calificación registral a todos los elementos esenciales del mismo, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, para concluir que habiéndose presentado primera copia parcial, y no total de dicho título, éste no puede ser calificado.
Sobre este extremo, como puso de relieve la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 20 de mayo de 2008 en relación con el artículo 237 del Reglamento Notarial, en la expedición de copias parciales la actuación del notario no condiciona «la calificación registral y el contenido del registro, pues el propio precepto, tras determinar que la expedición de la copia parcial se expide a instancia de parte legitimada, añade que ello tendrá lugar atendiendo al requerimiento y el interés del solicitante, circunstancias que delimitan la respuesta del Notario y que ha de valorar en el ejercicio de su función técnica, valoración de la que, además, ha de dejar constancia bajo su responsabilidad, en el sentido de que en lo omitido no hay nada que amplíe, restrinja, modifique o condicione lo inserto, según se indica en el último párrafo del precepto». Asimismo, añade dicha sentencia que «por otra parte, la expedición de la copia en los términos solicitados no impide el control de legalidad que corresponda efectuar al titular del Registro u Órgano al que se presente, que incluye la suficiencia de la copia como título exigido en cada caso, justificativo del acto o negocio jurídico que incorpora, pudiendo, por lo tanto, el titular del Órgano o Registro al que se presenta exigir la presentación de copia íntegra si lo estima necesario sin que al respecto resulte vinculado por el juicio del Notario».
Conforme al artículo 17 bis, apartado a), de la Ley del Notariado, el notario debe velar por que «el otorgamiento se adecúe a la legalidad», lo que implica según el apartado b) que «los documentos públicos autorizados por Notario en soporte electrónico, al igual que los autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes». Y según el artículo 24 de la misma ley, reformado por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, «los notarios en su consideración de funcionarios públicos deberán velar por la regularidad no sólo formal sino material de los actos o negocios jurídicos que autorice[n] o intervenga[n]».
Por lo que se refiere a la actuación del registrador, debe tenerse en cuenta que al Registro sólo pueden acceder títulos en apariencia válidos y perfectos, debiendo ser rechazados los títulos claudicantes, es decir los títulos que revelan una causa de nulidad o resolución susceptible de impugnación (cfr. artículos 18, 33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria y 1259 del Código Civil). Sólo así puede garantizarse la seguridad jurídica preventiva que en nuestro sistema jurídico tiene su apoyo basilar en el instrumento público y en el Registro de la Propiedad. Y es que, como ya expresara el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de octubre de 2000, Sala Tercera, «a Notarios y registradores les incumbe en el desempeño de sus funciones un juicio de legalidad, que, recae, respectivamente, sobre los negocios jurídicos que son objeto del instrumento público, o sobre los títulos inscribibles». Pero debe también tomarse en consideración que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria delimita el ámbito objetivo de la calificación al establecer que los registradores calificarán «(…) la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, (...) así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas (…)». Ciertamente, en el procedimiento registral no se ejerce una función de carácter judicial respecto de la cual el título presentado sea un mero medio de prueba sino que se trata de hacer compatible la efectividad del derecho a la inscripción del título con la necesidad de impedir que los actos que estén viciados accedan al Registro, dada la eficacia protectora de éste. Ahora bien, es igualmente cierto que en nuestro sistema registral no se exige la afirmación por los otorgantes sobre la inexistencia de un vicio invalidante; y la facultad que se atribuye al registrador para calificar esa validez -a los efectos de extender o no el asiento registral solicitado-, implica la comprobación de que el contenido del documento no es contrario a la ley imperativa o al orden público, ni existe alguna falta de requisitos esenciales que vicie el acto o negocio documentado.
De cuanto antecede resulta que el título formal que contenga el negocio en que fundamente su derecho la persona a cuyo favor deba practicarse la inscripción (documentos «que hagan fe, en cuanto al contenido que sea objeto de la inscripción, por sí solos o con otros complementarios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite», como dispone el artículo 33 del Reglamento Hipotecario), deberá contener todas las circunstancias exigidas por la legislación hipotecaria, entre las cuales se deben incluir aquellos extremos que sean necesarios para que el registrador puede llevar a cabo esa calificación íntegra, global y unitaria (vid. artículos 18, 21 y 258 de la Ley Hipotecaria), en el ámbito y con el alcance antes expresado. Pero, a falta de una norma que exija la copia o transcripción total, esta exigencia no es, por sí misma, incompatible con el carácter parcial de la copia de la escritura calificada, pues la fe pública notarial alcanza también a la afirmación que debe realizar el notario autorizante, «bajo su responsabilidad, en el sentido de que en lo omitido no hay nada que amplíe, restrinja, modifique o condicione lo inserto» (artículo 237, párrafo último, del Reglamento Notarial).
Por lo demás, en el supuesto de que el registrador estimara insuficiente el contenido de la copia parcial del título para calificar los referidos extremos del mismo, relevantes a los efectos de la inscripción, deberá motivarlo expresa y adecuadamente (con la debida especificación de los elementos del negocio que, a su juicio, falten en la transcripción realizada en dicha copia parcial), sin que -como ocurre en el caso del presente recurso- baste la mera solicitud de que se presente copia total del referido título.
Cabe recordar, por último, que según la reiterada doctrina de este Centro Directivo (vid., por todas, Resolución de 16 de octubre de 2017), cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (cfr. artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 14 de abril de 2010, 26 de enero de 2011, 20 de julio de 2012 y 18 de noviembre de 2013, entre otras muchas). Y también ha afirmado en reiteradas ocasiones esta Dirección General que el momento procedimental, único e idóneo, en el que el registrador ha de exponer todas y cada una de las razones que motivan su decisión de suspender o denegar la práctica del asiento solicitado es el de la calificación (artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria) sin que, por consiguiente, hayan de ser tenidas en cuenta las que pueda introducir en su informe, pues dicho trámite en modo alguno puede ser utilizado para añadir nuevos defectos (ni alterar sustancialmente su fundamentación o formulación básica), ya que sólo si el recurrente conoce en el momento inicial todos los defectos que impiden la inscripción del título según la opinión del registrador, podrá defenderse eficazmente, argumentando jurídicamente acerca de la posibilidad de tal inscripción (cfr. artículos 326 y 327 de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 13 de diciembre de 2010, 7 de julio de 2011 y 11 de abril de 2018, entre otras muchas). Por ello, en el presente caso no pueden ser tenidos en consideración los argumentos (en esencia, cita de determinadas Resoluciones de este Centro Directivo) que el registrador incluye en su informe y que, a su juicio, sirven de fundamento para exigir la aportación íntegra del título inscribible.

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artículo 18
artículo 65
artículo 3
artículo 221
Artículo 221
Artículo 236
Artículo 237
Artículo 241
Artículo 243
Artículo 247
artículo 18
artículo 3
artículo 221
artículo 221
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artículo 326
artículo 3
artículo 3
artículo 2
artículo 14
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artículo 657
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artículo 658
artículo 14
artículo 16
artículo 18
artículo 3
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artículo 3
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artículo 14
artículo 221
artículo 3
artículo 221
artículo 1220
artículo 221
artículo 18
artículo 237
artículo 17
artículo 24
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artículo 18
artículo 33
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artículo 19


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CNR-2012-076-SIP Copia certificada de resolución
Copia certificada de resolución No. 062010012312
Anexos de resoluciones de solicitudes 2012
CNR-2012-075-SIP Normas técnicas de control interno
Cuestionario sobre las normas técnicas de control interno específicas dirigió a la unidad de auditoría interna
CNR-2012-072-SIP Copia certificada de resolución
Copia certificada de resolución No. 0620100012312
CNR-2012-071-SIP Tercera sección de oriente
Acuerdo de creación de la tercera sección de oriente
CNR-2012-069-SIP Copia certificada de resolución
Copia certificada de resolución No. 062011016128
CNR-2012-068-SIP Copia de acuerdo de consejo directivo
Copia de acuerdo de consejo directivo del CNR No. 6-CNR/2004
CNR-2012-067-SIP Copia certificada de resolución
Copia certificada de resolución No. 062010008340
CNR-2012-065-SIP Copia simple de resolución
Copia simple de resolución No. 012012005514
CNR-2012-063-SIP Oficina registral del registro de la propiedad raíz e hipotecas de sonsonate
Publicación del acuerdo de creación de la oficina registral del registro de la propiedad raíz e hipotecas de Sonsonate
CNR-2012-061-SIP Copia simple de resolución
Copia simple de resolución No. 082011007885
CNR-2012-060-SIP Copia de resolución
Copia de resolución No. 062012000367
CNR-2012-054-SIP Copia certificada de resolución
Copia certificada de resolución No. 062009021208
CNR-2012-053-SIP Copia de plano digital
Copia de plano digital con número de presentación 062011008124
CNR-2012-052-SIP Copia de resolución de plano
Copia de resolución de plano de referencia No. 142012002385
CNR-2012-051-SIP Copia de resolución de plano de referencia
CNR-2012-049-SIP Información sobre sociedad TUM Telecomunicacion
Período en el cual TUM Telecomunicaciones operó en El Salvador y cuánto tiempo estuvo operando
CNR-2012-048-SIP Copia de resolución certificada
Copia de resolución certificada No. 102011003264
CNR-2012-047-SIP Copia certificada de resolución final
Copia certificada de resolución final No. 032011003131
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Copia de resolución aprobada No. 062012003119
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Copia de plano aprobado de transacción No. 052010009006
CNR-2012-041-SIP Copia de resolución de transacción
Copia de resolución de transacción No. 201005033849
CNR-2012-040-SIP Copia de resolución técnica de transacción
Copia de resolución técnica de transacción No. 062011016207
CNR-2012-039-SIP Copia de resolución final de plano aprobado
Copio de Resolución final de plano aprobado No. 0520095920.
CNR-2012-038-SIP Copia de notificación
Copia de notificación de plano aprobado No. 062010014440
CNR-2012-034-SIP Procedimientos de remedición de inmuebles
Procedimientos de remedición de inmuebles
CNR-2012-033-SIP Procedimientos de remedición de inmuebles
Requisitos y precios de servicios en las oficinas de mantenimiento catastral del país
CNR-2012-030-SIP Copia de resolución
Copia de resolución No. 062009012729
CNR-2012-028-SIP Copia de resolución
Copia de resolución No. 102077007910
CNR-2012-027-SIP Consejo directivo CNR
Nombre de los integrantes del consejo directivo del CNR
CNR-2012-026-SIP Información de inscripción de sociedades en Registro de Comercio
Validación de las siguientes sociedades inscritas en Registro de Comercio: Unión de Cooperativas de la Reforma Agraria, Productoras, Beneficiadoras y Exportadoras de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (UCRAPROBEX de R.L. de C.V.) y Unión de Cooperativas de Cafetaleros de El Salvador de R. L. (UCAFES de R.L.)

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Cargado por Alexander Rojas
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCAION UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL RÓMULO GALLEGOS COORDINACIÓN
ALDEA UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE DE SUCRE. FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE. ESTADO ANZOATEGUI
BACHILLER :RAMÓN ROJAS C.I : 14.189.616
INTRODUCCIÓN En el siguiente trabajo hablare sobre el Proceso del Atraso y la Quiebra (según el Código de Comercio de Venezuela). Quiebra por definición es el "Estado jurídico en que un empresario industrial o comercial se coloca, cuando por déficit de operación suspende los pagos de sus deudas. Dicho estado jurídico implica la liquidación del activo del quebrado y la distribución del mismo entre sus acreedores en forma equitativa y de conformidad con las leyes aplicables hasta por el importe total de los mismos si fuere necesario". Conoceremos bajo cuáles condiciones puede una empresa ser declarado el atraso y la quiebra, sus diferencias ; y además, que conforme a las condiciones en que el atraso o la quiebra se diera, está puede ser declarada quiebra fortuita, culpable o fraudulenta; aunque para ello deban cumplirse ciertos procedimientos legales. A propósito de los procedimientos a seguir durante el atraso o la quiebra , conoceremos a las personas que intervienen en estos proceso, así como las funciones que deben tener en ellos. Desde los funcionarios Jurídicos (Juez), los perjudicados (acreedores), el administrador de los bienes durante el proceso (Síndico) hasta llegar al Deudor o quebrado (persona natural o jurídica). También haremos mención de algunos de los artículos del Código de Comercio venezolano, que es la ley en donde residen los detalles de estos procesos.
2 . CONDICIONES PARA QUE PROCEDA LA SOLICITUD DE ATRASO. no se puede considerar el atraso como derecho: 1. las condiciones deben existir para que el comerciante pueda solicitar el atraso primero de hecho y luego de derecho. 1. 2. privilegio. 3. Que el activo exceda positivamente el pasivo. el juez puede revocar el atraso. Comerciante solvente pero sin liquidez. El comerciante suspende sus pagos. procedimiento). Porque el juez puede negar la solicitud de atraso si el comerciante no cumple con las condiciones establecidas en el Artículo 898 de el Código de Comercio. Se basa en el Artículo 898 del el Código de Comercio que establece las condiciones para que el comerciante sea declarado es estado de atraso. 4. Según el Artículo 898 del Código de Comercio. Que exista un retardo o aplazamiento del pago de las deudas en la fecha en que se deban efectuar por falta de liquidez. Atraso es el derecho de plazo que concede el tribunal competente al comerciante solvente que por causas imprevistas o excusables suspende el pago de sus obligaciones para que conservando su disposición patrimonial cumpla sin apuro con la totalidad de ella. Sin embargo.DESARROLLO EL ATRASO El artículo 898 de el Código de Comercio. Es una figura típicamente mercantil mediante el cual el legislador concede el privilegio o el beneficio de retardar sus pagos al comerciante que por razones excusables no haya podido cumplir con sus compromisos mercantiles inmediatos. Para que el tribunal declare el estado de atraso necesita la opinión favorable de varios acreedores. Una vez otorgado por circunstancias determinadas en el Código de Comercio. (derecho. 2.
y las sociedades mercantiles (Artículo 10 del Código de Comercio). 3. prestaciones).P. Que la solicitud sea hecha por un comerciante. ya sea por causa de impuestos municipales.C 5. Ello con la finalidad de que la deuda no quede ilusoria. El juez competente es el de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del domicilio del comerciante solicitante del estado de atraso o se envía la 3 . CONSECUENCIAS ATRASO. Son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual. DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO De acuerdo al Artículo 898 de el Código de Comercio. Cuando la acción de cobro es producto de la ejecución de acreencias fiscales. Procedimiento ordinario con las particularidades del procedimiento mercantil. Procedimiento intimatorio Artículo 640 del C. Plazo establecido por el comerciante (que no exceda de 12 meses). Que el diferimiento sea por causa excusable. 1. por causas ajenas a la voluntad y a los intereses del comerciante. Que el comerciante de obliga a no realizar ninguna operación que no sea la del simple detal. 4.3. es decir. la consecuencia de la declaración del estado de atraso es la liquidación amigable de los negocios del comerciante. JUEZ COMPETENTE. No se puede intentar ninguna nueva acción de cobro contra le comerciante atrasado. ello está limitado por dos circunstancias: 1.. BENEFICIOS CONCEDIDOS AL COMERCIANTE. 2. 4. 2. cuando la acción de cobro es producto de acreencias prendarías o hipotecarias u otro tipo de acreencias privilegiadas (salarios. estadales o nacionales. Excepto cuando la acción de cobro provenga de hechos posteriores a la concesión de la liquidación amigable.
1.solicitud a un tribunal distribuidor que se encargará de remitirla al tribunal competente. Una lista de las deudas o pasivos. Nombramiento del Síndico de atraso. 7. 5. 1. MEDIDAS DE VIGILANCIA DICTADAS POR EL TRIBUNAL. ella y el sindico constituirán una comisión a los efectos de determinar si se admite o no la solicitud. 3. Esta comisión debe ser nombrada por el juez. Opinión favorable de por lo menos 3 acreedores principales. también emitirán su opinión el síndico y el comerciante que 4 . 2. Una nomina de acreedores. 4. En esta reunión los acreedores emitirán su opinión sobre la admisión o no de la solicitud. 2. al síndico y al comerciante atrasado a una reunión que se celebrara el día y la hora señalados. REQUISITOS PARA SOLICITAR EL ATRASO. 4. Patente de industria y comercio. Inventario practicado 30 días antes de la solicitud con la finalidad de que tanto los acreedores como el juez conozcan con claridad la o verdadera situación del comerciante (bienes) (uso conforme otorgado por catastro). sino se acompañan estos requisitos a la solicitud. Convocar a la comisión de acreedores. Balance comercial donde se exprese con claridad el activo y el pasivo del solicitante. 6. Medidas necesarias para conservar el patrimonio del comerciante solicitante. Libros de comercio regularmente llevados (notoriedad mercantil). si la hubiere. 3. Nombramiento de una comisión formada por 3 de los principales acreedores que figuren en el balance del solicitante. la misma debe ser negada.
La obligación del deudor de hacer constar en el expediente que ha pagado efectivamente las deudas (mediante escrito o diligencia). el tribunal lo declarará así para que produzca todos sus efectos. Por que no se acompañen los recaudos correspondientes o no se demuestre la condición de comerciante. Se nombra una comisión integrada por los acreedores que se encargaran de la administración y liquidación del patrimonio del comerciante atrasado. si se admite la solicitud se declarara el estado de atraso. De la decisión del tribunal se oirá apelación en un solo efecto por ante el tribunal superior. Durante la liquidación amigable el deudor puede celebrar con sus acreedores cualquier arreglo o convenio que conceda mayores moratorias.solicita la declaración de estado de atraso. 5 . 1. 1. Por considerarse improcedente la solicitud. Para que ello tenga validez se necesite el acuerdo de todos los acreedores. 2. CAUSAS PARA QUE EL TRIBUNAL NIEGE LA SOLICITUD DE ATRASO. Se levantará un acta en el cual conste el resultado de la reunión: al tercer día hábil se oirán los informes del síndico. Establecer el tiempo para realizar la liquidación amigable (hasta 12 meses). Del convenio se pasa la copia al tribunal y si ha obtenido el voto de la unanimidad de los acreedores. de los acreedores y del comerciante. Medidas conservatorias que crea convenientes para garantizar la integridad del patrimonio del deudor. MEDIDAS QUE SE TOMAN EN EL ACTO DE ADMISIÓN DE LA SOLICITUD DE ATRASO. 3. el tribunal debe declarar la quiebra del comerciante. INCIDENCIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE ATRASO. si se niega la solicitud de atraso. 4. eliminar intereses y parte de los capitales. 1. 3. 2.
ello siempre y cuando sea aprobado por la mayoría de los acreedores. pero después de declaradas la quiebra no se admitirá la solicitud de atraso LA QUIEBRA Conceptos: “Acción y situación del comerciante que no puede satisfacer las deudas u obligaciones contraídas. ya por que al vencimiento de algunas no dispone de fondos o bienes que le son debidos. Si durante la liquidación surgen dudas sobre las deudas. pérdida o menoscabo de la misma y entre comerciantes. la acción y efecto de alzarse y quebrar. o los más. 4. puede revocar la liquidación amigable y declarar al quiebra y dictar las medidas oportunas para seguir el procedimiento de la misma. 5. perdiendo la fe de su comercio y el crédito la seguridad de su ejercicio” “Es el estado de incapacidad económica y financiera del deudor comerciante de cumplir con las obligaciones de pago vencidas y por vencerse.2. el tribunal. 3. se tramitará el procedimiento como lo indican los artículos 933 y 934 (declaración de quiebra). en que propiamente existe quiebra. Si se introduce contra el deudor una demanda de declaración de quiebra y él alega que se halla en estado de atraso. originada por el vencimiento o incumplimiento de créditos mercantiles” 6 . “significa rotura o abertura de una cosa por alguna parte. Si el tribunal considera procedente la solicitud de liquidación amigable. el tribunal puede acordar una prórroga del plazo fijado que no exceda de 1 año para que el comerciante se ponga al día. oída la comisión de acreedores. y todos. declarara la quiebra y continuara el procedimiento de esta. Una vez acordada la liquidación amigable y que se haya comprobado el pago de las deudas a los acreedores. deberán ser sometidos o soportar a prorrata el perjuicio consiguiente” Según el Diccionario de la lengua. ya por notoria falta de recursos económicos. por cuanto algunos o varios acreedores no podrán cobrar íntegramente.
3. clasifica la quiebra en Fortuita. o contraído por cuenta ajenas obligaciones excesivas. un incendio. sin tomar valores equivalentes en garantía de su responsabilidad. Quiebra Culpable: "Es la ocasionada por una conducta imprudente o disipada por parte del fallido". cuando por el estado de sus negocios debía conocer que tales operaciones sólo podrían retardar la declaración de quiebra. 7 . por ejemplo.Co.:  1. Puede decirse en general que ésta clase de quiebra se representa siempre que el comerciante. u ocurrido a otros medios ruinosos para procurarse fondos. 2. Según los siguientes Artículos del C. Si el fallido hubiere perdido sumas considerables al juego en operaciones ficticias de bolsa u otras de puro azar. Si los gastos personales y domésticos del fallido hubiesen sido excesivos. Si después de haber cesado en sus pagos hubiere pagado a algún acreedor con perjuicio de los demás. sin haber ejecutado acto alguno de los que determinan la quiebra fraudulenta no ha demostrado esa diligencia y cuidado que en una empresa emplean ordinariamente en sus negocios propios. 915 del C.CLASIFICACIÓN DE LA QUIEBRA El Art. será declarada Culpable la quiebra: Art. Si hubiere hecho compras para vender a menor precio del corriente o contraído obligaciones exorbitantes. 917 C. una grave crisis económica en el País. atendida su situación. Es decir cuando se debe al infortunio o a un acontecimiento ajeno o extraño a la voluntad del deudor.:     1. Culpable y Fraudulenta.916 C.   Quiebra Fortuita: "La que proviene de casos fortuitos o de fuerza mayor que conducen al comerciante a la cesación de pagos y a la imposibilidad de continuar sus negocios". 4. Art.Co. Si el fallido hubiere prestado fianzas.. una enfermedad en su persona.Co.Co.
3. Si no se presentare al síndico o al Juez. Si no hubiere hecho asentar en el Registro de Comercio los documentos de que trata el artículo 19.  El código de comercio en su art. o no conservare la correspondencia que se le hubiere dirigido. 3. según lo prescrito en el artículo 925. 4. Quiebra Fraudulenta: "es aquella en que ocurren actos fraudulentos del fallido para perjudicar a sus acreedores".     2. 8 . 5. 1863: "El obligado personalmente está sujeto a cumplir su obligación con todos sus bienes habidos y por haber". Código Civil: Art. Si hubiere incurrido en nueva quiebra sin haber cumplido el convenio de la anterior. Si no hubiere llevado libros de contabilidad o de correspondencia. 6. sin que haya fraude. Ocultación. o no hubiere hecho inventario. o no apareciere de ellos el verdadero estado de sus negocios. Por haberse reconocido fraudulentamente deudor de cantidades que no adeuda. si no hay causas legítimas de preferencia. Éste reconocimiento puede ser hecho por documentos públicos o privados o resultar de libros o apuntes. 2. Si no hiciere al Tribunal de Comercio la declaración de su quiebra. falsificación o mutilación de sus libros de comercio. Sustracción u ocultamiento de todos o parte de sus bienes. Las causas legítimas de preferencia son los privilegios y las hipotecas". o si sus libros y correspondencia estuvieren incompletos o defectuosos. 918 reputa como quebrado fraudulentamente al comerciante que se encuentre comprendido en algunos de los supuestos siguientes:    1. en los casos en que la ley lo dispone. quienes tienen en ellos un heredero igual. Art. 1984: "Los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores.
el Juez la calificará como fortuita. 927 del C.. 928 del C. según el cual la declaración formal del estado de quiebra la pronuncia el Juez de Comercio o el Juez de Primera Instancia cuando el pasivo exceda a DIEZ MIL Bs. 925 del C. El Balance General o una exposición de las causas que impiden al fallido presentarlo. 9 . Según el Art. el Balance y la Memoria deben ser fechados y firmados por el solicitante bajo el juramento de que son verdaderos. el deudor debe indicar las razones de la cesación de pagos y solicitara que se le declare en estado de quiebra. fortuita o fraudulenta.:   1. dentro de los tres días siguientes a la cesación de pagos". Éstos estados de gastos y de ganancias y Pérdidas contendrán los de los diez años anteriores a la quiebra.Co. de los gastos y de las ganancias y pérdidas.. de conformidad con el Art. El Escrito. que. 2. Una memoria razonada de las causas de la quiebra. Si no existen elementos para calificarla.Co. la autoridad judicial la que declara la quiebra. el Juez Mercantil puede darse cuenta de que hay elementos para clasificar esa quiebra como culpable. el Balance deberá contener la relación y valores de todos los bienes. y estados demostrativos por la debida separación de todos los débitos y créditos. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DEL DEUDOR En esa manifestación que debe ser por escrito. 926 del C.TRIBUNAL COMPETENTE PARA DECLARAR LA QUIEBRA especto a la cuantía: la regla nos la da el Art. A ésta manifestación el deudor acompañara los siguientes recaudos. Fíjese que es el Juez competente. declarada la quiebra. y por el Juez del Departamento o de Distrito cuando no excediere esa suma.Co. "todo comerciante que se halle en estado de quiebra debe hacer por escrito la manifestación de ella ante el Juez de Comercio de su domicilio mercantil.. DECLARATORIA DE LA QUIEBRA A PETICIÓN DEL DEUDOR Establece el Art.CO. muebles e inmuebles.
El estado de quiebra de un comerciante no surte efecto alguno mientras no ha sido declarado por sentencia judicial.Cuando el comerciante es una Sociedad en Nombre Colectivo o en Comandita la manifestación debe contener el nombre y domicilio de cada uno de los socios solidarios y de los comanditarios que no hayan entregado todo su capital.Co. 932 del C.. CONTENIDO DEL LIBELO DE LA DEMANDA De acuerdo con las exigencias del Art. Demanda de acreedores Todo acreedor tiene derecho a pedir la quiebra de un comerciante que se encuentre en estado de cesación de pagos. los acreedores en su libelo de demanda deben explicar todos los hechos y circunstancias constitutivas de la cesación de pagos. Ese derecho lo ejerce el acreedor mediante la acción de declaratoria de quiebra propuesta ante el tribunal competente. Si es persona jurídica (sociedad) también debe probar su cualidad de comerciante. Si la quiebra es de una Sociedad Anónima o de una Sociedad de Responsabilidad Limitada. pero en éste caso es más fácil pues se trata de una prueba documental y objetiva.Co. 932 del C. 10 . los cuales quedan obligados a comparecer ante el tribunal y ante el Síndico siempre que sean requeridos. Debe probar también que la cesación de pagos es por razones mercantiles. la manifestación debe ser hecha por sus administradores. Es por eso que cuando el comerciante se abstiene de hacer su manifestación ante el tribunal. Así el Art. los acreedores están en su derecho de tomar la iniciativa y demandar la quiebra de su deudor. 10 del C.Co. ¿QUÉ DEBE PROBAR EL DEUDOR? El solicitante si es persona natural debe probar su condición de comerciante conforme a lo pautado por el Art. establece que "los acreedores que pidan la declaratoria de quiebra la harán mediante demanda en que expliquen todos los hechos y circunstancias constitutivas de la cesación de pagos".
La quiebra de un comerciante fallecido Durante el curso del proceso concursal de quiebra puede morir el deudor. La comprobación de éstos hechos queda dentro del poder soberano del Juez. la ocupación judicial de todos los bienes del demandado. de lo contrario la rechazará. todos los bienes del fallido quedan sometidos a embargo y por lo tanto ocupados por el juez en virtud de los Arts. 2. 1863 y 1864 del código civil que constituyen el fundamento jurídico de la teoría de 11 . Su condición de Acreedor. como por ejemplo: reclamaciones infructuosas. El Depositario debe llenar los mismos requisitos que le exigen al Síndico. La petición de declaratoria de quiebra del deudor previa citación del mismo. imposibilidad de pagar los intereses. 5. el Juez después de analizarla junto con sus recaudos y comprobar que está conforme. 4. NOCIÓN El día en que el tribunal de comercio competente dicta sentencia declarativa de quiebra. de igual manera que el fallo declaratorio de la quiebra. 3. correspondencia y demás papeles existentes nombrando para ello un Depositario de dichos bienes y documentos. dictará auto admitiéndola. Introducida la demanda. puede disponer de acuerdo con la documentación adjunta. venta de activos a precios por debajo del costo. Éstas medidas deben ser publicadas. Cualidad de comerciante del demandado.     1. ésta circunstancia no obsta para que el procedimiento continúe. Narración de hechos y circunstancias que han dado lugar a la cesación de pagos. sus libros. puesto que ésta quedará representada por sus herederos. Podrá igualmente prohibir que se hagan pagos o entregas de mercancías al deudor. convenio incumplido. Precisar y demostrar que las obligaciones vencidas y exigibles no satisfechas son mercantiles. desaparición del comerciante. Si el Juez la admite. como medida preventiva.
930 del C. Que sea solicitada dentro de los cinco años posteriores al retiro. el comerciante retirado del comercio. después del cierre o de la venta de su fondo de comercio.Co. pero sólo dentro delos cinco años posteriores al retiro. formación del inventario y otras de precaución que estime conducente el tribunal. De acuerdo al Art. mediante el prorrateo entre ellos. en los casos en que el deudor se fugue o se oculte dejando cerrados sus escritorios o almacenes. 911 y 922. ser declarado en quiebra bajo dos condiciones:   Que la cesación de pagos haya tenido lugar durante el tiempo que ejercía el comercio o dentro del año siguiente al retiro. LA QUIEBRA DE OFICIO Entre nosotros la quiebra de oficio no existe en forma general. Así pues. LA QUIEBRA DE UN COMERCIANTE RETIRADO Establece el Art. con atención al principio de la más perfecta igualdad. a causas de deudas relativas al mismo ejercicio. Esas medidas consisten en ordenar la posición de sellos. sin dejar personas que administren sus negocios y de cumplimiento con sus obligaciones. 907. 938. "la quiebra de un comerciante retirado del comercio puede ser declarada. o bien durante el año siguiente. el Juez sólo está autorizado para decretar de oficio medidas pre-cautelativas y conservatorias con relación a los intereses de los acreedores. pero sólo dentro del año siguiente a la muerte". además todos los acreedores del comerciante quedan unidos legalmente con la finalidad de organizar la liquidación del patrimonio del deudor y lograr la distribución del producto. Pero también ser declarada después de la muerte del comerciante retirado. siempre que sea por deudas relativas al mismo comercio. salvo excepciones de ley. puede.Co.. con tal que la cesación de pagos haya tenido lugar durante el tiempo en que ejerció el comercio. como lo son los contemplados en los Arts. 12 . sino en casos expresamente señalados en el C.la masa de la quiebra.
13 . correspondencia y documentos. no deben hacer pagos y entregas de mercancía al deudor y para que todos los que tengan papeles o bienes del fallido los entreguen al tribunal. Apertura del procedimiento de liquidación. sus libros. 4. y acudir a hacerse parte. "la sentencia declaratoria de quiebra contendrá además:     El nombramiento de un Síndico.Co. se pena de nulidad en los pagos y entregas. darse cuenta del estado de quiebra del mismo. La orden de que las cartas y telegramas dirigidos al fallido sean entregadas al Síndico. así como entregas también podrán saber los deudores del fallido que. reunión de acreedores en una masa. Desapoderamiento de los bienes del fallido. Tribunal al cual corresponde la calificación de la quiebra Han sido motivos de grandes discusiones entre los autores. y orden de las personas que tengan bienes o papeles del fallido para que los pongan.¿QUE DEBE TENER LA SENTENCIA DECLARATORIA DE QUIEBRA? Según el Art. 2. La orden de ocupar judicialmente todos los bienes del fallido. La prohibición de pagar y entregar mercancías al fallido. Publicidad de la Sentencia Este es un requisito muy importante. Efectos de la Sentencia     1. a disposición del Tribunal de Comercio. dentro del tercer día. se pena de ser detenidos por ocultores o cómplices de la quiebra". Nulidad de algunos actos realizados por el deudor antes de la declaración de quiebra. el punto relativo a la determinación del Tribunal que debe hacer la calificación de la quiebra. 937 del C. porque mediante la publicidad podrán los acreedores ausentes del lugar del domicilio del deudor. que debe ser abogado o que sea o haya sido comerciante. 3.
LA QUIEBRA COMO DELITO La quiebra por sí sola no es delito. con la agravante de que una vez calificada culpable o fraudulenta. Estos hechos hacen pensar razonadamente que.Primera Tendencia: el Tribunal que debe clasificar la quiebra es el Tribunal de Comercio. La razón que se da para fundamentar ésta tesis es la de que ese tribunal ha iniciado el procedimiento. el Juez de Comercio está mejor informado acerca de las causas y demás circunstancias de la quiebra. Mientras que si la calificación la hace el Juez Mercantil. no sólo debe ser cumplida al dictar su fallo. no está tipificada como delito. esto es la cesación de pagos judicialmente declarada. siempre que aparezcan circunstancias que a juicio del juez ameriten abrir el procedimiento criminal. ha levantado el expediente y ha declarado la quiebra. Segunda Tendencia: estima que le Juez de Comercio no puede ser competente para hacer la calificación de quiebra. a los fines del auto de detención y el consiguiente juicio penal. La obligación del juez de la causa es remitir el expediente al juez penal. 916. y los delitos sólo pueden ser calificados por el Juez Penal. porque tratándose de una quiebra culpable o fraudulenta. Por ésta razón la quiebra fortuita la califica el Juez de Comercio. 14 . El Derecho Venezolano ha seguido en ésta materia la segunda tendencia. En consecuencia. así como de la conducta del fallido. la calificación que él haga de la quiebra estará más ajustada a la idea de justicia y equidad. a objeto de la calificación de la quiebra. que conoce de ella y la declara. el Juez debe dictar inmediatamente el auto de detención y esta es materia de la exclusiva competencia del Juez Penal. su naturaleza es delictiva. sino en cualquier estado de la causa.Co. y resulta ser culpable o fraudulenta. en cuyo caso será castigada con arreglo al código Penal.. 917 y 918 del C. Pero el delito surge cuando se llega a comprobar la existencia de circunstancias que aparecen enumerados en los Arts. éste de todos modos deberá remitir los actos al Juez Penal.
La descripción específica del dinero. PRIMERA JUNTA DE ACREEDORES La Junta de Acreedores es un organismo deliberante de la quiebra y podemos definirla como la reunión de acreedores del quebrado. pesos y medidas. de acuerdo con el Juez Mercantil y los tres principales acreedores de la localidad. encargada de expresar la voluntad colectiva en asuntos que le incumben conforme a la ley. 3. 5. se ha quedado sin administrador como consecuencia de la inhabilitación de su titular. quien para realizarlo se hará acompañar de las personas que eligiere. La descripción de los inmuebles y demás papeles de interés. La misión de administrar la masa de la quiebra y defender sus intereses puede realizarse de dos maneras: 15 . El justiprecio de los bienes hechos por el síndico. La descripción específica de las mercancías con la distinción de sus marcas. En el levantamiento del inventario intervienen el Juez. Contenido del Inventario El inventario se levantará por duplicado y deberá contener:       1. El patrimonio de la quiebra. A falta de delegados. La descripción específica de los muebles. 4. inevitablemente. 6. el Síndico se hará acompañar de dos empleados de casas de comercio bien reputadas. requiere. La descripción específica de letras de cambio y pagarés.SOBRE EL INVENTARIO Comienzo del Inventario Nombrado el síndico y en compañía del juez procederá a levantar los sellos que hubiere fijado antes de que entrase en funciones. números. el fallido y un delegado que asignen los tres acreedores de mayor suma residentes en la localidad. que alguien ejerza sobre él una administración directa y constante. 2. como la que antes de la quiebra ejercía el propio deudor. el Síndico.
la Junta debe pronunciarse acerca de la elección del síndico. También es un órgano informante a los fines de justicia penal. 16 . 2. mediante la designación de un liquidador y una comisión de vigilancia señaladas por ellos o que se lleve a efecto. EL SÍNDICO El síndico además de administrador y liquidador. el tribunal convocará a los acreedores por la prensa. Designación Definitiva del Síndico Reunida la primera Junta de Acreedores y presentados como hayan sido los documentos justificativos de sus créditos. el juez le extiende su nombramiento y se lo hará comunicar. 962 del C. es órgano motor del procedimiento. en pro o en contra. Segunda Reunión de Acreedores De acuerdo con el Art.. por un Síndico indicado también por los acreedores. o por el Síndico provisional nombrado por el Juez. Facultades de la Junta Esta primera junta de Acreedores tiene en general facultades para exigir que la liquidación se realice por ellos mismos. mediante el voto de la mayoría. Una vez que haya determinado quien es la persona que debe desempeñar el cargo. y por los carteles donde no hubiere periódicos. a través de un liquidador y una comisión de inspección y vigilancia. en cuyo caso se hace definitivo. denominado Síndico. Podemos definir al síndico como el órgano ejecutivo de la quiebra.  1. para que concurran al tribunal el día y hora fijados a imponerse del cuadro de calificación de créditos y hagan las observaciones que a bien tengan. a quien corresponde asegurar y administrar los bienes de la quiebra.Co. Practicar su liquidación y distribuir el producto entre los acreedores proporcionales a sus créditos. Por los propios acreedores. por un tercero.
Los acreedores con créditos discutidos. 2.). o a instancia de parte: bien sea que lo soliciten los acreedores o por solicitud del propio fallido (deudor). 5. 978 C. Cobra créditos. Cuando el juez así lo decida. Actos de Administración: Administra los bienes de la quiebra. Vender cualquier otro bien (siempre.Co. Los comerciantes menores de 21 años.Co. Actos de Gestión y Disposición: Conservar los bienes y defenderlos.Funciones del Síndico          1. 972 C.   ¿Quiénes NO pueden ser Síndicos?       1. 6. El cónyuge del fallido. mientras no obtengan rehabilitación. 2. 4to grado de consanguinidad y 2do grado de afinidad. 975 C. Los parientes del fallido. quienes lo designan con la intervención del Juez (Art.Co. Emplea al fallido (en el caso de que la quiebra haya sido fortuita Art. Vender bienes que puedan deteriorarse. Remoción del Síndico Puede ser removido de oficio. Art. Paga obligaciones. 3. Los acreedores cuyos créditos están controvertidos.). 4.). con la autorización del Juez. 3. Actos de Representación: Representa a la masa de acreedores. 17 . Los fallidos.
Art. 3. 18 . hay que llamar a los acreedores para que presenten sus documentos justificativos. Liquidación.Co. negligencia. Necesariamente el tribunal tiene que intervenir.Co. 987 C. debe existir humanidad y ser aprobado por dos terceras partes de los acreedores. Cuando el deudor y los acreedores se ponen de acuerdo de qué manera van a resolver sus diferencias. 1035 C. es necesario proceder a hacer un cuadro calificativo de los créditos y depuse de hecho ese cuadro. Sobreseimiento Art. homologando y dándole relevancia jurídica. 2.) Impericia. En cualquier estado del procedimiento de quiebra puede celebrarse convenios. colusión con el fallido. CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS Hay un adagio en Derecho según el cual para poder pagar hay que saber previamente a quién se va a hacer el pago. En los casos de fraude o colusión se pasará el caso al juez penal para que aplique las sanciones correspondientes. una vez que ha sido declarada y sean nombrados los síndicos definitivos. Convenio en la quiebra Es un acto de voluntad por medio del cual las partes (deudor y acreedor) se ponen de acuerdo en determinadas condiciones para suspender o cesar el procedimiento de quiebra. Ese cuadro se hace en base al balance y a las listas de acreedores que deben levantar los síndicos y también el fallido. 1009 C. Art.Causas de la Remoción (Art.Co. 1039 C. El tribunal lo sanciona. CAUSAS DE TERMINACIÓN DE LA QUIEBRA    1.Co. siempre que sea por unanimidad. Convenio. En la quiebra. fraude.
revisión parte de la deuda diferir pago. Efectos del convenio   1. Si se hace a espaldas del tribunal.Oportunidad de Convenio En cualquier estado de la quiebra. es decir cuando hay falta de liquidez. 1039 C. El sobreseimiento lo decreta el juez de oficio a instancia del síndico o de cualquier acreedor. y.Co.)   1. Art. Art. la venta de los bienes del fallido.Co.Co. Cuándo No procede el Convenio (Art. Si la quiebra es culpable o fraudulenta 2. Y terminación de la quiebra. Corresponde al síndico. 2. 1035 C. 1028 C. NOTA: con el acuerdo del sobreseimiento se producirá como es lógico el desasimiento de la mesa de bienes. el pago de las acreencias y la liquidación general. EL SOBRESEIMIENTO Surge cuando se paraliza la quiebra por falta de dinero para sufragar los gastos. en consecuencia. se quebranta la finalidad de la quiebra que es la protección de los acreedores. DE LA LIQUIDACIÓN Ese lapso final de la quiebra que haya seguido su curso normal. 19 . suspensión del procedimiento o cesación o cesación del procedimiento.
. . Atraso Quiebra. es lo que se conoce como el relevo. Se requiere que el pasivo de la quiebra no exceda de Bs.El atraso no acarrea consecuencia penales. 1069 C.LA QUIEBRA DE MENOR CUANTÍA Procedimiento:   1. No elimina la hipoteca como tal u otros gravámenes pero le brinda la oportunidad de pagar sus atrasos hasta dentro de los próximos cinco (5) años. pero aplicando las disposiciones especiales relativas a ésta quiebra. incluso obligar al acreedor a devolver propiedad reposeída.En el atraso el activo es superior al pasivo –En la quiebra existe una cesación total de pagos -El atraso tiene falta de liquidez. Una quiebra puede prevenir la reposesión de su automóvil u otra propiedad.000 conforme a lo establecido en el Art. 2. DIFERENCIA ENTRE ATRASO Y QUIEBRA. 10. El juez competente para conocer de ésta quiebra es el Juez de Departamento o de Distrito. 20 . El propósito es permitir un nuevo comienzo. con iguales facultades de los Jueces de Primera Instancia en lo Mercantil en la cuantía superior. – La quiebra tiene consecuencias penales en caso de demostrarse que la quiebra fue fraudulenta o culpable . Una quiebra puede detener la ejecución de la hipoteca de su residencia y permitirle la oportunidad de pagar el atraso.Co. – la quiebra no puede cancelar sus créditos vencidos y por vencerse.El atraso no esta inhabilitado para ejercer la profesión –La quiebra queda inhabilitado para ejercer la profesión de comerciante ¿Qué puede hacer una quiebra por usted? Una quiebra puede relevarle de su obligación legal de pagar todas o muchas de sus deudas.
Una quiebra no le va a relevar de ciertas deudas a las que la ley provee trato especial como por ejemplo pensiones alimenticias. muchos de los préstamos de estudio. puede restaurar o prevenir la terminación de servicios tales como agua. energía eléctrica. Una quiebra no le permite retener la propiedad en garantía a menos que continúe con los pagos.Una quiebra puede detener el embargo de salarios. 21 . puede proteger sus codeudores mientras usted está en el proceso de quiebra. teléfono. Una quiebra puede obligar a estos acreedores a obtener pagos a través del proceso de quiebra pero no puede eliminar su obligación de pagarlas pues puede perder la propiedad en garantía si no paga. Estos acreedores son los que tienen una hipoteca. no obtendrá relevo de las deudas incurridas después de radicar quiebra. ¿Que no puede hacer una quiebra por usted? Una quiebra no puede resolver todos sus problemas financieros y no es necesariamente la solución correcta para todos los individuos. gravamen o garantía en alguna propiedad como por ejemplo las hipotecas de hogares y los préstamos de automóvil. el hostigamiento y otras prácticas de los cobradores. restitución ordenada por un tribunal. Una quiebra sólo lo protegerá de las deudas que tenga al momento de radicar la quiebra. Una quiebra puede proteger codeudores mientras la deuda sea pagada en la quiebra pues de no hacerlo y obtener un relevo de una deuda con codeudor podría éste ser responsable de toda o parte de la deuda. algunas deudas relacionadas al divorcio. Una quiebra no puede eliminar ciertos derechos de acreedores asegurados o garantizados. puede permitir defenderse de reclamaciones que usted no acepta adeudar. Usted podría luego pagar a su codeudor lo que éste pagó por usted cuando su situación económica lo permita. multas en casos criminales y algunas contribuciones.
agilizando el proceso. deban cumplirse una serie de requerimientos legales. los acreedores deben explicar todos los hechos que llevaron a la cesación de pagos. claro está la extinción del pasivo de la empresa. Dentro del procedimiento de quiebra. el patrimonio del deudor. en el sentido de que dicha quiebra no será efectiva hasta ser declarada por sentencia judicial. el Código de comercio de Venezuela ampara los derechos de los acreedores perjudicados los cuales están en la capacidad de unirse para pedir la quiebra del comerciante. pero la intención de todo esto es. para que éste autorice el procedimiento dentro de las exigencias de la ley. En su demanda. cobrar. Adelantarse al deudor con la demanda de quiebra. etc. pero además deben probar su condición de acreedor. con la autorización del juez para vender. y aunque para el nombramiento del síndico. para solventar sus deudas y no ser castigado legalmente. Ahora bien. una vez superado todo esto. y posteriormente aplazarlos debido a inconvenientes económicos. ayuda al acreedor. el Juez responsable designará al administrador provisional de los bienes.CONCLUSIÓN Después de realizar el trabajo. Si la quiebra es declarada. en respaldo de la comisión representativa de los acreedores. pero siempre. 22 . se comenzará a buscar la manera más efectiva de liquidar los bienes. he llegado a las siguientes conclusiones: Si un comerciante se ve en la necesidad de atrasar sus pagos. puede liquidar su comercio amigablemente. los bienes del deudor no pasarán libremente al acreedor. mediante una acción de declaratoria de quiebra ante el tribunal correspondiente. sino que la ley regulará el procedimiento de acá en adelante para proteger además. acudiendo al tribunal de comercio. si el comerciante no asumiera su responsabilidad voluntariamente. Para lograr éstas metas. los acreedores y el deudor pueden hacer convenios que finalicen con el procedimiento. así como la cualidad de comerciante del demandado. mediante conversaciones de las cuales tenga conocimiento la ley.
23 .La situación del deudor puede variar según las pruebas que presente ante el juez. Es el Juez quien determinará si la quiebra es fortuita. culpable o fraudulenta. en cuyo caso sería juzgado por ser quiebra delictiva. Espero haber cumplido con los requerimientos de la investigación. donde demuestre que la quiebra no es obra de algún tipo de fraude.
............ 10 La Quiebra De Un Comerciante Retirado………………………… 11 La Quiebra De Oficio………………………………………………..... 5 Incidencias Durante El Procedimiento De Atraso………………. 3 Juez Competente…………………………………………………….. 9 ¿Qué Debe Probar El Deudor?............... 3 Requisitos Para Solicitar El Atraso………………………………… 4 Medidas De Vigilancia Dictadas Por El Tribunal………………… 4 Medidas Que Se Toman En El Acto De Admisión De La Solicitud De Atraso………………………………………………………………… 5 Causas Para Que El Tribunal Niegue La Solicitud De Atraso….... 8 Contenido De La Solicitud Del Deudor……………………………...… 8 Declaratoria De La Quiebra A Petición Del Deudor……………......Introducción…………………………………………………………… 1 Desarrollo……………………………………………………………… 2 El Atraso……………………………………………………………… 2 Condiciones Para Que Proceda La Solicitud De Atraso………….. 5 La Quiebra…………………………………………………………… 6 Clasificación De La Quiebra………………………………………… 6 Tribunal Competente Para Declarar La Quiebra………………...... 2 Consecuencias De La Declaración Del Estado Atraso…………….......... 12 24 .. 9 Contenido Del Libelo De La Demanda…………………………….. 3 Beneficios Concedidos Al Comerciante……………………………......
......... 21 Bibliografia………………………………………………………… 22 25 .............. 12 La Quiebra Como Delito…………………………………………… 13 Sobre El Inventario…………………………………………………. 20 Conclusión………………………………………………………….............. 19 ¿Qué Puede Hacer Una Quiebra Por Usted?... 19 Diferencia Entre Atraso Y Quiebra………………………………. 14 Primera Junta De Acreedores……………………………………… 14 El Síndico……………………………………………………………..¿Que Debe Tener La Sentencia Declaratoria De Quiebra?......................... 15 Clasificación De Los Créditos……………………………………… 16 La Quiebra De Menor Cuantía……………………………………........ 19 ¿Que No Puede Hacer Una Quiebra Por Usted?.

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