text:
 Sentencia T-808 de noviembre 12 de 2013
SENTENCIA T-808 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:AUSENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE DENTRO DEL PROCESO PENAL HASTA SU CULMINACIÓN. NO SE PUEDE ENTENDER LA CONFIGURACIÓN DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE DENTRO DEL PROCESO PENAL HASTA TANTO ESTE NO CONCLUYA. MÁS AUN, CUANDO LA EXISTENCIA DE OTROS MEDIOS DE PRUEBA APORTADOS CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE LEY PUEDEN LLEVAR AL JUEZ A DESATAR LAS RESPONSABILIDADES QUE SE JUZGAN, ASEGURANDO LOS DERECHOS QUE EL ACCIONANTE ALEGA SE HAN CONCULCADO. ASÍ, EL NORMAL DE LAS ACTUACIONES PROCESALES DENTRO DE UN PROCESO PENAL NO PUEDE SER REEMPLAZADO POR EL JUEZ CONSTITUCIONAL, MÁS AUN CUANDO ESTE DATA DE VARIOS RECURSOS QUE GARANTIZAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHOS FUNDAMENTALES, PRUEBA DE ADN A IMPUTADO, PROCESO PENAL, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, ADMISIÓN DE LA PRUEBA, PERJUICIO IRREMEDIABLE, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL, HOMICIDIO AGRAVADO, DERECHO A LA VERDAD, A LA JUSTICIA Y A LA REPARACIÓN
Sentencia T-808 de noviembre 12 de 2013
Ref.: Expediente T- 3925179
Acción de tutela instaurada por Juan Carlos Páez Álvarez en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo y otro
Bogotá, D.C., doce de noviembre de dos mil trece.
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 25 de abril de 2013, en la acción de tutela instaurada por Juan Carlos Páez Álvarez en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior Distrito Judicial Sincelejo y el juzgado primero promiscuo del circuito de Corozal (Sucre).
A continuación se resumen los fundamentos fácticos relevantes que obran dentro del expediente de la acción de tutela interpuesta por Juan Carlos Páez Álvarez en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior Distrito Judicial Sincelejo y el juzgado primero promiscuo del circuito de Corozal (Sucre).
1.1. El señor Juan Carlos Páez Álvarez, instauró acción de tutela en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior Distrito Judicial Sincelejo y el juzgado primero promiscuo del circuito de Corozal (Sucre) por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, la verdad, la justicia y la reparación.
1.2. El señor Juan Carlos Páez Álvarez actúa en calidad de víctima dentro del proceso penal adelantado por el homicidio agravado de su padre en contra de Livington Félix Páez Gómez y otros.
1.3. Dentro del proceso penal en etapa de juicio oral del 5 de febrero de 2013, el fiscal solicitó al juez de conocimiento la autorización para incorporar el informe pericial de ADN fechado el 10 de abril de 2012, firmado por el forense Eduardo Ruiz Gómez del Instituto de Medicina Legal. Según el expediente de tutela, dicha petición se sustentaba en que la prueba solicitada era diferente de otro informe —suscrito por otro funcionario de medicina legal— que previamente el juez había negado por no haber sido descubierta conforme a las reglas de procedimiento penal.
1.4. El juez de conocimiento negó la anterior solicitud en sesión del 6 de febrero de 2013, con el argumento de que el asunto ya había sido resuelto mediante auto del 4 de julio de 2012 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo al referirse a la decisión de no incorporar otro informe pericial que tenía el mismo objeto del actual.
1.5. La decisión del juez de conocimiento fue recurrida correspondiendo a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, quien en providencia adiada 21 de febrero de 2013 confirmó la decisión del a quo razonando que se trataba del mismo informe pericial cuya incorporación al juicio oral había sido negada por el juzgado de conocimiento.
1.6. Contra esta decisión el accionante interpuso tutela en calidad de víctima del proceso penal considerando que se incurrió en vía de hecho al no aceptar el informe pericial de medicina legal siendo que este es diferente del que se había negado primero. Alega el actor que los dos informes difieren en cuanto a la determinación que buscaban, en el primero: si era sangre humana o animal; en el segundo, el objeto era cotejar perfiles genéticos de ADN encontrados en la escena del crimen con los de uno de los sindicados.
2. Fundamento de las decisiones impugnadas.
Las decisiones impugnadas por vía de tutela, tanto del juez de primera instancia como la que resuelve el recurso por parte del Tribunal Superior de Sincelejo - Sala de Decisión Penal, sostienen la argumentación hecha respecto del descubrimiento probatorio extemporáneo a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Igualmente ambas decisiones tienen como eje axial la decisión del Tribunal Superior de Sincelejo expedida el 4 de julio de 2012, en la medida que “el mismo fiscal aclaró que el informe pericial si bien se refería al mismo tema, estaba firmado por un perito distinto”(1).
El tribunal al igual que el a quo, entienden que “se trata de la misma muestra tomada a Páez Gómez pocos días después de formulado el escrito de acusación, es el mismo pantalón en que se encontraron las trazas de sangre, que se sospechaba pertenecían a uno de los procesados, la autorización del juez de control de garantías es el mismo, en fin, los actos de investigación en procura de establecer si en la ropa de la víctima quedaron rastros de uno de los sindicados que pudiera vincularlo con el crimen, son los mismos”.
3. Actuaciones procesales y decisión del juez de tutela.
3.1. La Sala de casación penal mediante providencia del dieciséis (16) de abril de dos mil trece (2013) avoca conocimiento de la acción de tutela y dispone la vinculación de los procesados Livington Páez Gómez, Erika y Vicky Martínez Arias en condición de terceros con interés en el resultado de la acción de amparo, así como a todos quienes ostentan la condición de parte e intervinientes en la actuación penal que concita la atención de la Corte para que a su vez respondan sobre la temática planteada dentro de la actuación de tutela.
3.2. Como consecuencia de la mencionada vinculación, se allegaron informes del juzgado primero promiscuo del circuito de Corozal (Sucre), fiscal primero seccional de Sincelejo, procuradora 321 judicial II penal, y Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo.
3.3. El veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió, en el fallo de tutela, negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la verdad, la justicia y la reparación. Consideró improcedente la acción incoada al no encontrar configurados ninguno de los defectos señalados por la jurisprudencia constitucional como viables para que procediera el recurso de amparo contra providencias judiciales.
4.1. Providencia de fecha 21 de febrero de 2013 del Tribunal Superior Distrito Judicial Sincelejo - Sala Penal, que confirmó el auto que negó a la fiscalía la petición de que haga ingreso o se incorpore al juicio el informe pericial de cotejos de ADN N. DRBO-LGEF-1202000269 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses firmado por el doctor Juan Eduardo Ruiz Gómez.
4.2. Informe pericial biológico firmado por la doctora Sandra Lucia Rincón Segura. Dictamen N. DRBO-LBIF-260457-2012 (fechado mar. 21/2012).
4.3. Dictamen pericial de cotejo de ADN de medicina legal (grupo de genética forense), informe pericial N. DRBO-LGEF-1202000269 firmado por el doctor Juan Eduardo Ruiz Gómez (fechado abr. 10/2012).
4.4. Oficio N. 0241-2013-DSSCR-DRNT (fechado abr. 8/2013) en donde el Instituto Nacional de Medicina Legal certifica que son dos dictámenes completamente diferentes, los informes periciales N. DRBO-LBIF-260457-2012 (fechado mar. 21/2012) firmado por Sandra Lucia Rincón Segura; y el cotejo de ADN del grupo de genética forense N.DRBO-LGEF-1202000269 (fechado abr. 10/2012) el cual firma el doctor Juan Eduardo Ruiz Gómez.
4.5. Copia de la última página de la providencia de fecha 4 de julio de 2012 aprobado Acta 78 del Tribunal Superior Distrito Judicial Sincelejo - Sala Penal, que confirmó el auto que negó a la fiscalía la petición de hacer comparecer al juicio oral a la doctora Sandra Lucía Rincón Segura como perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
4.6. Registro del audio de la audiencia del juicio oral del día 5 y 6 de febrero del año 2013, que se llevó a cabo en la sala de audiencias de Corozal, donde la honorable juez doctora Paola Álvarez Medina, profirió un auto, por medio del cual negó a la fiscalía la petición de que haga ingreso o se incorpore al juicio el informe pericial de cotejos de ADN firmado por el doctor Juan Eduardo Ruiz Gómez N. DRBO-LGEF-1202000269 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fechado abr. 10/2012).
4.7. Registro del audio de la audiencia de acusación, del día 1º de junio de 2010.
4.8. Registro del audio de la audiencia preparatoria que se celebró el día 26 de octubre de 2010.
4.9. Registro del audio de la audiencia de juicio oral celebrada el día 5 de febrero de 2013.
4.10. Registro del audio de la audiencia de juicio oral celebrada el día 6 de febrero de 2013.
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
2. Presentación del caso, planteamiento del asunto objeto de revisión y problema jurídico.
2.1. El señor Juan Carlos Páez Álvarez, instauró acción de tutela en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior Distrito Judicial Sincelejo y el juzgado primero promiscuo del circuito de Corozal (Sucre) por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, la verdad, la justicia y la reparación. El actor, actuando como víctima del delito de homicidio agravado cometido contra su padre que se enjuicia en la jurisdicción penal, considera que ante la negativa de la jueza de conocimiento, y posterior confirmación del ad quem, de autorizar la incorporación al juicio oral del informe pericial de ADN en la que se hacía un cotejo de muestra de ADN del procesado con el que se encontró en la escena de los hechos, se produjo un defecto fáctico que conduce a la violación de su derechos. Para el accionante, dicho defecto se produce al entender que se trataba de la misma prueba que se había solicitado anteriormente y que había sido negada.
En efecto, el juez cuya decisión se demanda por una parte alude a que la fiscalía no anunció claramente la prueba de cotejos de ADN sino que simplemente hizo referencia a una expectativa de prueba y por otra parte, hace referencia a que se trataba de la misma prueba que fue negada anteriormente al tratarse del mismo rastro de sangre sobre el mismo pantalón (supuestamente de la víctima) cotejado con la misma muestra genética del imputado y que solo cambiaba el nombre del perito que rendía el informe. El accionante considera que hay una errónea apreciación por parte de los jueces ya que se trataba de dos pruebas diferentes con objetos diversos y procedimientos de obtención de resultados heterogéneos que al confundirlas llevó a la negación de la segunda, generando el defecto fáctico en su dimensión omisiva.
2.2. Con fundamento en lo expuesto, corresponde a esta Sala de Revisión determinar previo análisis de la procedibilidad de la acción de tutela, si los jueces penales en uso efectivo del principio de autonomía judicial, incurrieron en un defecto fáctico al negar la incorporación al proceso del informe pericial que tenía por objeto cotejar la muestra de ADN encontrada en el pantalón (que presuntamente pertenecía a la víctima) con el de uno de los sindicados en el proceso, vulnerando los derechos de la víctima al debido proceso, la verdad, la justicia y la reparación.
A fin de resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes aspectos: (i) reiteración de la jurisprudencia constitucional en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales (ii) caracterización del defecto fáctico y finalmente, (iii) se abordará el estudio del caso concreto
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales: reiteración de jurisprudencia(2).
3.1. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene un carácter excepcional(3), está supeditada, entre otras cosas, a que los efectos de una decisión judicial vulneren o amenacen derechos fundamentales y a que no exista otro mecanismo judicial idóneo para proteger el derecho comprometido. Esta corporación ha sentado una abundante jurisprudencia en torno a lo que en los primeros años fue llamado vía de hecho y que más recientemente ha experimentado una evolución terminológica hacia el concepto de causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela, en cuanto a la procedencia de esta acción constitucional para controvertir providencias judiciales (sentencias y autos).
De acuerdo con el estado actual de la jurisprudencia, la acción de tutela contra providencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, las cuales la tornan incompatible con los mandatos previstos en el Texto Superior. En este sentido, la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como un “juicio de validez”(4), lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a un litigio, más aún cuando las partes cuentan con los recursos judiciales tanto ordinarios como extraordinarios, para controvertir las decisiones que estimen arbitrarias o que sean incompatibles con la Carta Política. No obstante, pueden subsistir casos en que agotados dichos recursos, persiste la arbitrariedad judicial; en esa hipótesis, por ejemplo, se habilita la procedencia del amparo constitucional.
3.2. En desarrollo de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en Sentencia C-590 de 2005(5), reiterada de recientemente por la Sentencia de Unificación SU-195 de 2012, determinó un conjunto sistematizado de requisitos de naturaleza sustancial y procedimental, que deben ser acreditados en cada caso concreto, como presupuestos ineludibles para la protección de los derechos fundamentales afectados por una providencia judicial.
Ellos se dividen en dos grupos: (i) los requisitos generales, que están relacionados con condiciones fácticas y de procedimiento, las cuales buscan hacer compatible dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, al igual que la distribución jerárquica de competencias en la rama jurisdiccional; y, (ii) los requisitos específicos, que se refieren a la descripción de los defectos en que puede incurrir una decisión judicial y que la hacen incompatible con la Constitución.
3.3. En este orden de ideas, los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuya presencia debe ser verificada por el juez antes de pasar a examinar las causales materiales que darían lugar a que prosperara el amparo solicitado, son los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones(6). En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable(7). De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración(8). De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora(9). No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible(10). Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela(11). Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”(12).
Con respecto a la existencia de requisitos o causales especiales que posibilitan la procedencia de una tutela contra una sentencia judicial, esta corte ha señalado que se requiere la configuración de al menos, uno de los siguientes vicios:
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales(13) o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado(14).
h. Violación directa de la Constitución”(15).
Serán estos los requisitos que se deberán tener en cuenta al momento de valorar la procedibilidad de una acción de tutela contra providencias judiciales.
Por su parte, conforme a lo que alega el actor en cuanto a que se incurrió en un defecto fáctico por parte del juez de conocimiento y a su vez por el ad quem que conoció del respectivo recurso, a continuación se hará una breve referencia a la caracterización de este alegado defecto para luego entrar a analizar el caso concreto con base en la jurisprudencia de esta corporación.
4. Breve caracterización del defecto fáctico. Reiteración de jurisprudencia(16).
4.1. De acuerdo con la jurisprudencia de la corporación(17), sistematizada en la Sentencia SU-195 de 2012, el defecto fáctico “tiene lugar siempre que resulte evidente que el apoyo probatorio en que se fundamentó el juez para resolver un caso es absolutamente inadecuado(18). Para este tribunal ‘Si bien el juzgador goza de un amplio margen para valorar el material probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica [...]’(19), dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria; su actividad evaluativa probatoria implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos(20), no simplemente supuestos por el juez, racionales(21), es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos(22), esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”(23)(24).
4.2. Igualmente, la Corte ha establecido que el defecto fáctico comprende dos dimensiones: una dimensión omisiva y una dimensión positiva. “La primera, la dimensión omisiva, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez(25). La segunda, la dimensión positiva, abarca la valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin desconocer la Constitución(26)”(27).
4.3. En cuanto a la dimensión omisiva, se considera que se trata de “la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba(28) que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración(29), cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente(30)”(31).
4.4. Frente a la dimensión positiva, “el defecto fáctico se presenta generalmente cuando aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (C.P., art. 29)”(32)(33).
4.5. De tal manera, la acción de tutela contra providencias judiciales fundadas en un defecto fáctico es viable cuando la negativa a hacer el decreto o la valoración de la prueba o el error en la valoración de la misma es “de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”(34).
4.6. Ahora bien, el fundamento de la intervención del juez de tutela ante estas circunstancias “radica en que, a pesar de las amplias facultades discrecionales que posee el juez de conocimiento para el análisis del material probatorio, este debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales”(35).
4.7. Por último, vale la pena mencionar que esta corporación ha identificado algunas manifestaciones del defecto fáctico entre las que pueden mencionarse:(36)
“1. Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Esta hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido(37).
2. Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio. Se presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente(38).
3. Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Tal situación se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva(39)”.
4.8. En resumen, de la jurisprudencia de la Corte resulta claro que el defecto fáctico está estrechamente vinculado a una valoración probatoria arbitraria o a la omisión en la valoración de una prueba determinante o en el decreto de pruebas de carácter esencial que resulte incompatible con la Constitución.
6. Análisis del caso concreto.
6.1. El asunto bajo análisis, tiene su origen en la tutela que presentó el señor Juan Carlos Páez Álvarez, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo y el juzgado primero promiscuo del circuito de Corozal (Sucre) quien actúa en calidad de víctima dentro del proceso penal adelantado contra los presuntos responsables del homicidio de su padre. El actor considera vulnerados sus derechos al debido proceso, a la verdad, a la justicia y a la reparación al negarse la incorporación al juicio oral de un informe pericial de ADN ya que considera que se está confundiendo este informe con otro anterior sobre el cual ya se había resuelto de forma negativa en anterior oportunidad.
No obstante, tanto el a quo como el ad quem consideraron que se trataba de una prueba que no había sido descubierta conforme las reglas del proceso penal y que en todo caso se trataba de la misma prueba cuya incorporación había sido negada por el juzgado de conocimiento ya que versaba sobre la misma muestra tomada al procesado días después de formulado el escrito de acusación y sobre los rastros de la misma ropa del difunto buscando el mismo fin: establecer si en la ropa se encontraban rastros de uno de los sindicados.
6.2. Precisa la Sala de Revisión que enseguida: (i) se verificará en el caso concreto el cumplimiento de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela y luego (de haber lugar) (ii) las causales específicas o defectos, en los que podría estar incursa la actuación de la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo, y por consiguiente, la posible vulneración de los derechos fundamentales invocados, al emitir la providencia de fecha 21 de febrero de 2013, por medio de la cual confirmó la decisión adoptada el 6 de febrero de 2013 por el juzgado primero promiscuo del circuito de Corozal (Sucre) que negaba a la fiscalía la petición de incorporación al juicio de un informe pericial de cotejo de ADN.
Procedencia formal de la acción de tutela en el caso de la referencia
6.3. La acción de tutela contra providencias judiciales requiere el examen estricto de las condiciones de procedibilidad en cada caso en concreto, el cual debe iniciar por las denominadas condiciones generales de procedibilidad. Estas implican, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, que el asunto tenga relevancia constitucional, que se hayan agotado los recursos con que cuenta el interesado, que exista inmediatez respecto de la notificación de la providencia cuestionada, que no exista posibilidad de controvertir la decisión en el proceso ordinario y que la irregularidad, de ser procesal, sea determinante en la sentencia que se profiera dentro de la respectiva causa.
6.4. En primer lugar, debe resaltar la Sala que el asunto sometido a su consideración tiene relevancia constitucional, en cuanto plantea una posible afectación de los derechos fundamentales al debido proceso a la verdad, justicia y reparación del accionante dentro del proceso penal en que se profirió la decisión.
6.5. Así mismo, cumple con el requisito de inmediatez que se requiere de manera formal para que se considere conducente la acción de tutela como mecanismo excepcional de defensa. En efecto, presentó la solicitud de amparo contra la sentencia de segunda instancia que niega la incorporación de un informe pericial de genética forense (feb. 21/2013), en un término razonable (abr. 16/2013). Se trata de un lapso de menos de tres meses, lo que a juicio de la Sala es un tiempo de interposición razonable para esta acción constitucional.
6.6. Sin embargo, no se cumple con lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución en lo referente al principio de subsidiariedad para el ejercicio de la acción de tutela. En efecto, el artículo 86 de la Constitución establece que la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Por esta razón es que, en el caso de tutela contra providencias judiciales, la exigencia constitucional equivale a que dentro del proceso que se sigue (i) no exista un mecanismo idóneo para solicitar que cesen los efectos de la providencia que, presuntamente, genera como consecuencia la vulneración de un derecho fundamental; o, como segunda opción, (ii) puede demostrarse que, de existir algún mecanismo idóneo, este resulta ineficaz para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable al derecho fundamental, razón por la cual se debe apreciar la viabilidad de la actuación del juez de tutela, antes que someter la situación a la consideración de la autoridad ordinaria competente.
En el caso en estudio, la Sala no aprecia ninguna de las dos situaciones a partir de las cuales podría concluirse que se cumple con el principio de subsidiariedad que gobierna la acción de tutela tal como se expondrá a continuación.
(i) Procedencia de la tutela solo ante la no existencia de otro medio de defensa judicial.
6.7. Frente a procesos en trámite, a priori la acción de tutela no resulta procedente, en cuanto que el ordenamiento jurídico ha establecido medios de defensa judiciales idóneos y eficaces a lo largo del proceso y aún después de su terminación para asegurar la protección de los derechos y las garantías fundamentales. En el caso concreto, ignorar la estructura del proceso penal que se funda en una serie de procedimientos y etapas claramente definidas que otorgan garantías principalmente a las partes pero también a los intervinientes llevaría a desconocer la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e introduciría una tercera instancia en las actuaciones procesales dentro del rito penal.
6.8. Más aún, cuando al no haber culminado el proceso, aún no se puede tener la certeza de que la decisión que tome el juez de conocimiento con base en todos los elementos probatorios que lleven a la construcción de la verdad, resulte violatoria, finalmente, de algún derecho o garantía del proceso incluidos evidentemente los derechos de las víctimas.
6.9. Efectivamente, en el caso concreto, dentro del proceso penal el accionante de tutela como víctima además de la intervención que tiene en las distintas fases del proceso de juzgamiento —incluida la fase de juicio oral—(40) tiene la oportunidad de presentar:
i) El recurso de apelación, previsto para las sentencias de primera instancia dictadas en los procesos penales, de acuerdo con el artículo 176 de la Ley 906 de 2004, cuyo conocimiento, de acuerdo con el artículo 34 de la misma ley, corresponde a los tribunales superiores de Distrito; y
ii) El recurso de casación, previsto en el artículo 180 y siguientes de la Ley 906 de 2004, el cual como control constitucional y legal procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales, estando legitimados para presentar el recurso los intervinientes que tengan interés.
iii) Eventualmente podría contar con el recurso de revisión, al que se refieren los artículos 192 y siguientes de la Ley 906 de 2004, frente al cual también estaría legitimada la víctima según el artículo 193 de la misma ley como interviniente especial(41).
(ii) Existencia de un perjuicio irremediable.
6.10. Ahora bien, solo ante un perjuicio irremediable, el amparo constitucional puede fungir como mecanismo transitorio. En el caso concreto si bien el accionante menciona la configuración de este requisito no resulta certero a la hora de establecerlo. Simplemente hace referencia a que “es innegable que al excluirse caprichosamente la prueba de cotejos de ADN, nos causa a las víctimas un perjuicio irremediable”. Por su parte, esta Sala no encuentra que de los hechos y de lo aportado al proceso se pueda deducir el perjuicio irremediable requerido. En efecto, los derechos a la verdad, justicia y reparación, no se consideran vulnerados irremediablemente porque se haya proferido una decisión judicial contraria a los intereses de la víctima, más aún cuando cuenta con el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal penal impone y fue objeto de debate en el trámite de apelación. Igualmente, no se evidencia perjuicio irremediable en la medida que el proceso continúa y no se trata de la única prueba, sino que hay un acervo probatorio que la fiscalía descubrió oportunamente y que será objeto de discusión durante lo que resta del procedimiento hasta la sentencia, ofreciéndose la posibilidad de que la verdad, la justicia y la reparación se hagan efectivas si a ello hay lugar.
Por lo tanto no se aprecia que sin culminar el proceso penal se puedan ver conculcados los derechos de la víctima a la verdad la justicia y la reparación, como tampoco al debido proceso por cuanto, tal como se ha expresado, los jueces penales actuaron conforme al procedimiento instituido en aras de lograr las garantías del derecho de defensa y de contradicción de la prueba.
6.11. Respecto del caso concreto, y reforzando el análisis hasta ahora elaborado por la Sala, se expondrá a continuación, por una parte, la circunstancia de que no hay una incidencia clara de la negativa de la admisión de la prueba pericial en el resultado final del proceso, y por otra, que en todo caso, el resultado puede ser controvertido mediante los recursos consagrados legalmente en el evento de inconformidad con la misma.
6.12. En el caso concreto, y por vía de discusión la Sala encuentra oportuno aclarar que, si bien la fiscalía anunció una expectativa de prueba frente a la muestras de ADN del procesado no las descubrió formalmente, es decir, no descubrió el informe pericial sobre el análisis forense en los momentos que el procedimiento penal trae conforme a los artículos 337, 344 y 356 del código de procedimiento penal. Es así como a pesar de haberse hecho referencia a una expectativa de prueba, el respectivo informe pericial no fue introducido y la actividad investigativa desarrollada por la fiscalía se extendió más allá del momento establecido para tal fin.
6.13. La fiscalía pretendió entonces, hacer valer un informe pericial que aunque puede diferir de otro anterior que había sido negado, se basa en los mismos hechos: una muestra de ADN del procesado, y una mancha presuntamente encontrada en un pantalón (aparentemente de la víctima) que ni siquiera estaba relacionada en el informe ejecutivo según la sentencia de segunda instancia de 21 de febrero de 2013 del Tribunal Superior de Sincelejo(42). Existiendo las mismas razones, debe asistir el mismo derecho. De esta forma, la decisión posterior (emitida en feb. 21/2013) se dirigió en la misma dirección que la que se tomó en anterior oportunidad (aquella que decidió sobre la prueba pericial de jul. 4/2012), esto es, negar la incorporación de la prueba por no respetar el debido proceso al traspasar las etapas establecidas para el descubrimiento probatorio la cual, tal como lo ha expresado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(43), se inicia con la presentación del escrito de acusación por parte de la fiscalía, continúa en la audiencia de formulación de acusación y culmina en la audiencia preparatoria.
6.14. Así, la negativa del juez a incorporar la prueba —por demás justificada tal como se ha explicado— no implica una incidencia determinante en el resultado del proceso más allá de no tener en cuenta una prueba que en todo caso debe ser analizada a la luz del resto del acervo probatorio.
6.15. De otro lado, es pertinente resaltar que el resultado final, esto es la sentencia condenatoria o absolutoria, puede ser objeto de controversia a través de los recursos y mecanismos que la ley establece y a los cuales ya se refirió esta Sala anteriormente cuando se analizaron las oportunidades procesales que tiene la víctima para impugnar tal decisión como la apelación de la sentencia o el recurso de casación.
6.16. Al respecto, y particularmente sobre los derechos a la verdad y a la justicia que el actor reiteradamente menciona en su escrito como vulnerados, es oportuno decir que la justicia supone “(i) el derecho ser a oído en un juicio en el que sus razones sean tenidas en cuenta —defensa e igualdad en el acceso a la administración judicial—; (ii) el derecho a contar con un tribunal competente, imparcial e independiente para el efecto, y (iii) el derecho a una decisión judicial como resultado de un proceso en el que se han respetado las garantías procesales establecidas por la ley. La autoridad prevista por el sistema legal del Estado para el efecto, debe decidir entonces sobre los derechos de toda persona que interponga ese recurso; lo que conlleva efectuar una determinación entre los hechos y el derecho —con fuerza legal— que recaiga y trate sobre un objeto específico. Así mismo, el derecho a un recurso judicial efectivo incluye la obligación de investigar, identificar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. No cumplir con tales garantías, significa una denegación de justicia, proscrita por los tratados internacionales”(44).
6.17. Como se deduce de los hechos, el actor se encuentra en medio de un proceso en el que ha podido participar y no cabe razón para pensar que no seguirá ocurriendo a lo largo del proceso, el cual llevará finalmente a la atribución de responsabilidades a que haya lugar lo que le garantizará a su vez la verdad y la reparación.
6.18. En cuanto al derecho a la verdad, si bien es cierto, tal como lo ha señalado la Corte, la búsqueda de la verdad funge como valor, principio y derecho constitucional y tiene su origen en la necesidad de alcance y realización de la justicia, que es una función primordial para el Estado social y democrático de derecho, que surge de los artículos 2º, 229 y 230 de la Carta.(45), también lo es que “La búsqueda de la verdad en el proceso penal está subordinada al respeto por la dignidad humana de todos los implicados, a la eficacia de los derechos fundamentales y al cumplimiento de un conjunto de principios rectores y reglas que racionalicen el proceso”(46).
6.19. Resulta oportuno recordar que la Corte ha sostenido que lograr la verdad dentro del proceso penal es fundamental para alcanzar la justicia, sin embargo, esa búsqueda se encuentra enmarcada por las garantías propias del derecho penal dentro de un Estado constitucional y democrático como el colombiano. En la medida que no solo existen los derechos de la víctimas sino los derechos a la presunción de inocencia, o de no autoincriminación, por mencionar algunos, no se puede llevar a cabo la búsqueda de la verdad saliendo de los límites que fija el proceso penal y que radican en el respeto a la dignidad humana de todos los implicados, a la eficacia de los derechos fundamentales y al cumplimiento de un conjunto de principios rectores y reglas que racionalicen el proceso(47).
6.20. No puede olvidarse que el fin de la actividad estatal y de los procesos judiciales es garantizar el goce efectivo de los derechos constitucionales, por lo que las formas o las reglas procesales tienen como propósito otorgar garantías y certeza en la demostración de los hechos que conllevan al reconocimiento de los derechos sustanciales. Es indudable que las normas procesales tienen un propósito sustantivo, como lo es proteger el debido proceso tanto de los intervinientes como es el caso de la víctima en el proceso penal sino de las partes que en este caso son los procesados a quienes el proceso penal les afecta derechos como la libertad y que por lo mismo debe seguirse con sumo cuidado en aras de evitar intromisiones injustificadas o desproporcionadas. Las garantías instituidas en el proceso penal como por ejemplo el establecimiento de normas claras sobre el descubrimiento de la prueba tienen de trasfondo el derecho de defensa y contradicción de quien puede estar interesado en controvertir las mismas en los tiempos que se establecen para ello.
6.21. En resumen, por las razones expuestas, la Sala encuentra que el actor, tanto al momento de interponer la tutela, como actualmente, cuenta con mecanismos dentro del procedimiento ordinario para procurar la protección de los derechos a la verdad, la justicia y a reparación y al debido proceso, como son; i) el recurso de apelación; y ii) el recurso extraordinario de casación, y eventualmente iii) el recurso de revisión además de todas las posibilidades de intervención para hacer valer sus derechos como víctima que le ofrece el proceso penal.
6.22. Así mismo, no se expone de manera alguna el perjuicio irremediable que pueda causarse a los derechos fundamentales del accionante y que, por consiguiente, obligue a suplantar a los mecanismos ordinarios dispuestos para su defensa. En efecto, no se puede entender la configuración de un perjuicio irremediable dentro del proceso penal hasta tanto este no concluya. Más aún cuando la existencia de otros medios de prueba aportados cumpliendo los requisitos de la ley procesal pueden llevar al juez a desatar las responsabilidades que se juzgan, asegurando los derechos que el accionante alega se han conculcado.
6.23. Igualmente, se considera que no se presentó vulneración a los derechos alegados del señor Juan Carlos Páez Álvarez, en etapa alguna del proceso penal que hasta el momento se sigue por la muerte de su padre. En la medida que no se refleja una arbitrariedad o capricho que den a entender una actuación contraria a la Constitución, impidiendo así la entrada del juez de tutela en el procedimiento penal para restaurar alguna garantía o derecho fundamental vulnerado.
6.24. Por último, en lo que a la decisión del juez que se pretende impugnar por vía de tutela se refiere, la no incorporación del informe pericial obedeció a razones justificadas que no configurarían un defecto fáctico y que esta Sala encuentra razonables. Así, el tantas veces mencionado hecho de que se trataba de una muestra de sangre encontrada en el pantalón aparentemente de la víctima cuyo cotejo se hacía con una muestra de ADN del presunto responsable es el fundamento de los dos informes periciales que no se incorporan por el juez con el entendido de que se tratan de lo mismo. Tal justificación la contemplan tanto el a quo como el ad quem en sus decisiones y no se revela como una interpretación descabellada ni arbitraria como se ha expuesto más arriba, más aun cuando se atienden las circunstancias propias del debido proceso que cumple unas funciones de garantía frente a todas las partes e intervinientes del proceso penal.
1. Declarar IMPROCEDENTE, por los motivos expuestos en esta sentencia, la acción de tutela promovida por Juan Carlos Páez Álvarez contra la sentencia de 6 de febrero de 2013, del juzgado primero promiscuo del circuito de Corozal confirmada por Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, en providencia adiada 21 de febrero de 2013. En consecuencia, CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013),
2. Por la secretaría general, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Magistrados: Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva—María Victoria Calle Correa.
(1) Ver folio 45.
(2) Ver por todas, especialmente: Sentencia T-307 de 2011, Sentencia SU-195 de 2012, Sentencia T-265 de 2013 y Sentencia T-160 de 2013.
(3) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992.
(4) Al respecto, en la Sentencia T-310 de 2009, se indicó que: “(...) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado en la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos fundamentales”.
(5) En esta ocasión se declaró la inexequibilidad de la expresión “ni acción”, contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, relacionado con la sentencia de casación penal.
(6) Sentencia 173 de 1993.
(7) Sentencia T-504 de 2000.
(8) Ver entre otras la reciente Sentencia T-315 de 2005.
(9) Sentencias T-008 de 1998 y SU-159/2000.
(10) Sentencia T-658 de 1998.
(11) Sentencias T-088 de 1999 y SU.1219 de 2001.
(12) Sentencia C-590 de 2005, reiterada por la Sentencia SU-195 de 2012.
(13) Sentencia T-522 de 2001.
(14) Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.
(15) Sentencia C-590 de 2005, reiterada por la Sentencia SU-195 de 2012.
(16) Ver entre otras: Sentencia T-1150 de 2008 y Sentencia SU-195 de 2012.
(17) Ver, entre otras, las sentencias T-231 de (sic), T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-008 de 1998, SU-159 de 2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639 de 2006, T-143 de 2011 y SU-195 de 2012.
(18) Sentencias T-143 de 2011 y T-567 de 1998.
(19) Cfr. Sentencia T-442 de 1994.
(20) Cfr. Sentencia SU.1300 de 2001.
(21) Cfr. Sentencia T-442 de 1994.
(22) Cfr. Sentencia T-538 de 1994.
(23) Sentencia SU.159 de 2002.
(24) Sentencia SU -195 de 2012.
(25) Cfr. Sentencia T-442 de 1994.
(26) Cfr. Sentencia T-538 de 1994.
(27) Sentencia SU-195 de 2012
(28) Ibíd. Sentencia T-442 de 1994.
(29) Cfr. Sentencia T-576 de 1993.
(30) Cfr. Sentencia T-239 de 1996.
(31) Sentencia SU-195 de 2012.
(32) Cfr. Sentencias T-138 de 2011 y SU.159 de 2002.
(33) Sentencia SU-195 de 2012.
(34) Ibídem.
(35) Sentencia T-442 de 1994 y Sentencia T-1150 de 2008.
(36) Sentencia T-138 de 2011.
(37) Cfr. Sentencia T-902 de 2005.
(40) Cfr. Sentencia C-209 de 2007. La víctima tiene participación en etapa de indagación, en la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y en el juicio oral particularmente en la controversia probatoria, así como su facultad de impugnación frente al principio de oportunidad o la preclusión de la investigación.
(41) Tal como lo ha definido la Corte en Sentencia C-207 de 2007, la cual ha dejado claro que “si bien la Constitución previó la participación de la víctima en el proceso penal, no le otorgó la condición de parte, sino de interviniente especial.”
(42) Obrante a folio 77.
(43) Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia 38187, julio 4 de 2012, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca.
(44) Sentencia T520A de 2009.
(45) verdad (sic) La Corte en la Sentencia C-396 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(46) Sentencia T520A de 2009.
(47) Cfr. Sentencia C-396 de 2007 y Sentencia T520A de 2009.

matches:
resolución
artículo 86
artículo 86
artículo 176
artículo 34
artículo 180
artículo 193
artículo 36
artículo 185


text:
Orden de 30 de mayo de 1984 por la que se aprueban los cuestionarios para las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios y en el de Profesores Agregados de Bachillerato, en la asignatura de Música. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 18168976
Orden de 30 de mayo de 1984 por la que se aprueban los cuestionarios para las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios y en el de Profesores Agregados de Bachillerato, en la asignatura de Música.
Marginal: BOE-A-1984-13882
El artículo 3. Del Decreto 559/1974, de 7 de febrero (‹boletín Oficial del estado› de 4 de mayo) autoriza a Este Ministerio para establecer los criterios pertinentes referidos, entre otros, al contenido de Programas y desarrolló de los ejercicios de que consta la oposición para acceso a los cuerpos de catedráticos numerarios y profesores agregados de bachillerato; asimismo el Real Decreto 161/1977, de 21 de enero (‹boletín Oficial del estado› de 15 de febrero), por el que se regula el Ingreso en los cuerpos citados, establece que los ejercicios escrito y oral de la oposición se realizarán en basé al cuestionario que determine o señale el Ministerio de educación y Ciencia.
El Real Decreto 366/1984, de 8 de febrero (‹boletín Oficial del estado› del 28), estableció las cátedras y agregadurías de ‹música› en los institutos de bachillerato y, dado que los cuestionarios para la oposición a Ingreso en los aludidos cuerpos se efectuó con anterioridad, mediante Orden Ministerial de 22 de noviembre de 1982 (‹boletín Oficial del estado› de 2 de diciembre), se estima que el contenido de los mismos no proporcionará el conocimiento adecuado que para la impartición de dicha materia han de poseer los aspirantes a las plazas que, en esa materia, hayan de ser provistas mediante concurso-Oposición, por lo que procede la aprobación de un nuevo temario, así cómo la determinación de las partes de que constará el ejercicio práctico, con el fin de que todo ello sea conocido por los aspirantes a las plazas que de la asignatura vayan a ser adjudicadas mediante concurso-Oposición.
Primero.-Se aprueban los cuestionarios que se publican en el Anexo i de la presente orden, sobre los que versarán las Pruebas de la fase de oposición a Ingreso en el cuerpo de catedráticos numerarios y profesores agregados de bachillerato, en la asignatura de ‹música›.
Segundo.-Asimismo se aprueban las partes (relacionadas en el Anexo ii) de que constará el ejercicio práctico para Ingreso en el cuerpo de catedráticos numerarios, o la segunda parte del ejercicio escrito para Ingreso en el de profesores agregados de bachillerato que, en su desarrolló, se ajustará a lo que determinen los Tribunales, constituidos provisionalmente conforme a lo dispuesto en los artículos 2., 3., 4. Y 5. Del Real Decreto 266/1984, de 8 de febrero, y lo establecido en los artículos 5, 1.8, y 11, 1.B, del Real Decreto 161/1977, de 21 de enero (‹boletín Oficial del estado› de 15 de febrero).
Tercero.-Queda derogada la Orden Ministerial de 22 de noviembre de 1982 (‹boletín Oficial del estado› de 2 de diciembre).
Cuarto.-Quedan autorizadas las direcciones generales de enseñanzas medias y de personal y servicios para el desarrolló e interpretación de lo dispuesto en la presente orden, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Madrid, 30 de mayo de 1984.-Maravall Herrero.
1. Temario de las Pruebas selectivas para Ingreso en el cuerpo de catedráticos numerarios de bachillerato
1. La música. La música cómo Ciencia y cómo Arte. Diversas definiciones de la música.
2. El sonido. Análisis físico. El sonido cómo material artístico. Su aplicación pedagógica.
3. El ritmo y la medida: Importancia estructural, expresiva y estética. Pedagogía del ritmo.
4. La melodía. Tema y diseños melódicos. Estructura y división de frases. Los intervalos.
5. La textura armónica. Armonía y contrapunto. Tonalidad y modalidad. Cadencias. Elementos básicos de estás Ciencias y su aplicación a la enseñanza.
6. El timbre. Conceptos en torno al timbre. Los instrumentos musicales. La Orquesta y su evolución.
7. La forma musical y su evolución a través de la Historia.
8. La voz humana y su fisiología, clasificación de las voces. Emisión de la voz, importación, vocalización.
9. La música...
Orden de 20 de febrero de 1979 por la que quedan adscritos a la Universidad de Alcalá de henares determinados centros docentes dependientes actualmente...
ORDEN ECO/30/2014, de 30 de enero, por la que se crea la Escuela de Posgrado y Doctorado de la Universidad Rovira i Virgili y se implantan varios progr...
Real Decreto 51/1991, de 25 de enero, de revalorización de pensiones de la mutualidad nacional de previsión de la administración local en 1991.
Orden IGD/869/2010, de 30 de marzo, por la que se convoca el procedimiento para la concesión del distintivo 'Igualdad en la Empresa' correspondiente al año 2010, y se establecen sus bases reguladoras.

matches:
artículo 3
Real Decreto
Real Decreto
Real Decreto
Real Decreto
Real Decreto


text:
TODO-DERECHO DESPACHO JURÍDICO : 16-oct-2010
Elisabet Natividad Gutiérrez Alcalá. Abogada ejerciente. Colegiada.nº 6.346 en el Ilustre Colegio de Abogados de Granada.(España). Teléfono y fax: 958 68 80 03. Cita previa llamar al 656 256 804/690 303 447. C/Juan Pedernal, nº4, BAJOS. C.P.18.500. Guadix (Granada). e-mail: 6346@icagr.es e-mail: elisabeth.gutierrez.alcala@gmail.com Consulta online en www.todo-derecho.com 25 euros (IVA INCLUIDO). Consulta presencial en nuestro despacho 50 euros (IVA INCLUIDO).
JUBILACIÓN A LOS 67.
No quiero jubilarme a los 67 años.
No quiero jubilarme a los 66 años.
No quiero jubilarme a los 65 años.
No quiero jubilarme a los 64 años.
No quiero jubilarme a los 63 años.
No quiero jubilarme a los 62 años.
No quiero jubilarme a los 61 años.
No quiero jubilarme a los 60 años.
No quiero jubilarme a los 59 años.
No quiero jubilarme a los 58 años.
No quiero jubilarme a los 57 años.
No quiero jubilarme a los 56 años.
Jubilarme a los 55 años me parece mejor. Es buena idea.
Pero antes quiero trabajar en un trabajo digno y bien remunerado hasta los 55 años.
¿Y usted a que edad quiere jubilarse?
Lo mejor es que nos toque la lotería y que les den morcilla a los legisladores y políticos que abogan por la jubilación a los 67 años.
Publicado por DESPACHO JURÍDICO TODO DERECHO en sábado, octubre 16, 2010 0 comentarios Enlaces a esta entrada
Etiquetas: PROTESTA YA
Formulario de contacto ABOGADA
Si tiene un problema jurídico puede contactar con nuestro abogado en la siguientes direcciones de correo electrónico:
e-mail: elisabeth.gutierrez.alcala@gmail.com.
e-mail: 6346@icagr.es
Honorarios Consulta jurídica presencial en el despacho: 50 euros (IVA INCLUIDO).
Honorarios Consulta online 24h en www.todo-derecho.com:
25 euros (IVA INCLUIDO).
Cita previa en el 958 68 80 03/656 256 804/690 303 447.
Estamos para ayudarle extrajudicialmente y ante los juzgados y Tribunales.
Formulario de contacto DESPACHO JURÍDICO TODO DERECHO
Cartucho HP 301 color y negro. - Cartucho HP 301 negro y color. Disponible en nuestra tienda física. Puede optar por envío contrareembolso (gastos de envío 5 euros) o bien pagar mediant...
Abogada Elisabet Natividad Gutiérrez Alcalá Col.nº 6346 Ilustre Colegio de Abogados de Granada Consulta online 24h por 25 euros. - Realice su consulta jurídica online 24h en todo-derecho.com por solo 25 EUROS [image: 💶], pago seguro con tarjeta o PayPal. Emitimos un informe ...
Abogada Elisabet Natividad Gutiérrez Alcalá Col.nº 6346 Ilustre Colegio de Abogados de Granada Consulta online 24h - Realice su consulta jurídica online 24h en todo-derecho.com por solo 25 EUROS [image: 💶], pago seguro con tarjeta o PayPal. Emitimos un infor...
Abogada Elisabet Natividad Gutiérrez Alcalá. Col.nº 6346 ICAGR Consulta jurídica online 24h por 25 euros. - Realice su consulta jurídica online 24h en todo-derecho.com por solo 25 EUROS [image: 💶], pago seguro con tarjeta o PayPal. Emitimos un informe...
Consulta jurídica online 24h Abogada Col.nº 6346 ICAGR Elisabet Natividad Gutiérrez Alcalá 25 EUROS - Realice su consulta jurídica online 24h en todo-derecho.com por solo 25 EUROS [image: 💶], pago seguro con tarjeta o PayPal. Emitimos un informe ju...
Consulta jurídica online 24h Abogada Elisabet Natividad Gutiérrez Alcalá. Col.nº 6346 ICAGR - Realice su consulta jurídica online 24h en todo-derecho.com por solo 25 EUROS [image: 💶], pago seguro con tarjeta o PayPal. Emitimos un informe ju...
Consulta jurídica online 24h en Despacho Jurídico Todo Derecho - Realice su consulta jurídica online 24h en todo-derecho.com por solo 25 EUROS [image: 💶], pago seguro con tarjeta o PayPal. Emitimos un infor...
CONSULTA JURÍDICA ONLINE 24 HORAS - Realice su consulta jurídica online 24h en http://www.todo-derecho.com por solo 25 EUROS [image: 💶], pago seguro con tarjeta o PayPal. Emitimos ...
11 M (1) 2020 (1) 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (1) 50/1980 DE 8 DE OCTUBRE. (1) a (1) ABOGADO DE CONFIANZA EN GRANADA (1) ABOGADO URGENCIAS SÁBADO (1) ABOGADOS EJERCIENTES (1) ACONSEJAMOS (1) Acoso escolar. (1) ACTOS DE ALEGACION EN EL PROCESO CIVIL (12) ACTOS DE CAUSACION EN EL PROCESO CIVIL (8) ACTUACIONES CIVILES EN SALA (1) Acuda siempre al Notario acompañado de su Abogado. (1) ACUERDO PRIVADO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO. (1) ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. (1) ADQUISICIÓN INTRACOMUNITARIA (1) AGRADECIMIENTOS (4) AGRESIÓN SEXUAL (1) AGROSFERA (1) Alteración de lindes (1) AMA DE CASA (1) ANTECEDENTES PENALES (2) APP Todo Derecho (4) APROPIACIÓN INDEBIDA (1) APROVECHAR EL ESPACIO EN UN DESPACHO JURÍDICO PEQUEÑO (1) APROXIMACIÓN AL PROCESO PENAL. (1) ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS (1) ARRENDAMIENTOS URBANOS (7) ART. 148 Y 149 CE (1) ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO PENAL (1) ARTÍCULO 255 DEL CODIGO PENAL. (1) ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO PENAL (1) Asesinato alevosía (1) ASESORAMIENTO FAMILIAR (2) ASESORAMIENTO JURIDICO A COMUNIDADES DE PROPIETARIOS (1) ASESORAMIENTO JURÍDICO A PROFESIONALES Y AUTONOMOS (1) ASESORAMIENTO JURIDICO PARA FAMILIAS PRECIO ESPECIAL (1) ATENTADO (3) AUDIENCIA PREVIA (1) AVISO LEGAL (1) Bandera (1) BILL OF RIGHTS (2) Boceto T-shirt jónico. (1) BUEN FIN DE SEMANA (1) C-3PO (1) CALENTAMIENTO JURIDICO MENTAL (1) CALIFICACIONES FINALES DIPLOMATURA EN DERECHO (1) CALIFICACIONES FINALES LICENCIATURA EN DERECHO (1) CAMBIO CLIMÁTICO (1) CAMBIO DE PARTES EN EL PROCESO CIVIL. (1) CANCELAR Y LIQUIDAR UNA CUENTA BANCARIA (1) CANON DE SEQUÍA. (2) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL ESPAÑOL. (2) CARTA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA. (12) CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN (1) CHANGE ORG (1) CHEMTRAILS IN GUADIX (3) CLÁUSULA DEL REDONDEO AL ALZA EN UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO (3) CLAUSULA SUELO (2) Cláusula vencimiento anticipado. (1) CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL (3) CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA (65) CODIGO PENAL (1) CÓDIGO PENAL (1) COMO AHORRAR DINERO (1) CON REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS (1) CONCILIACIÓN VIDA LABORAL VIDA FAMILIAR (1) CONCURSO DE ACREEDORES VOLUNTARIO DE PROMOTORAS Y CONSTRUCTORAS EN FRAUDE DE LEY (1) Confusión. (1) CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (1) CONGRESO XVII ESTATAL DE LA ABOGACÍA JOVEN (1) CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA (1) CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (5) CONSERVACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA (1) CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS (1) CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (9) CONSULTA JURÍDICA (3) CONSULTA JURÍDICA HANGOUTS (2) CONSULTA JURÍDICA VÍA E-MAIL (1) CONSULTA ON-LINE (39) CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (1) CONVENCIÓN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1989 SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (6) CONVENIO REGULADOR (2) COSTAS JUDICIALES (1) CRISIS (2) CUENTA CONTABLE CAJA EUROS VIRTUAL (570) (1) Cumpleaños Sr.Google (2) CUOTAS COLEGIALES (3) Curso Reconocimiento de rocas y minerales (2.ª edición) (1) DE 10 DE JULIO (1) DE 14 DE MAYO DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCION A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS (1) DE 30 DE JULIO (1) de 4 de diciembre. (1) DE LA CAUSA DE LOS CONTRATOS (1) DE LA VIÑA Y DEL VINO (1) de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios. (1) DE REFORMA DE LA LEGISLACION PROCESAL PARA LA IMPLANTACION DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL (4) DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN (1) DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (3) DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ EN CALIDAD DE IMPUTADO (1) Delito ciberacoso escolar. (1) DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES (1) Delito de homicidio. (1) Delito de lesiones- (1) Delito de lesiones. (1) DELITO DE QUIEBRA FRAUDULENTA (1) Delito de secuestro. (1) DELITOS CONTRA LA FLORA (1) DEMANDA DE DIVORCIO CONTENCIOSA GUARDIA Y CUSTODIA A FAVOR DEL PADRE (1) DEMANDA DE RECLAMACIÓN DE PATERNIDAD (1) DEMANDA POR CONCURSO DE ACREEDORES (1) Denuncia ciberacoso escolar. (1) Denuncia por delito contra los derechos de los trabajadores. (1) Denuncia por delito de robo. (1) Denuncia por fraude en internet. (1) Denuncia por suplantación de identidad. (1) Denuncia por tenencia ilícita (1) DEPOSITO JUDICIAL DE MURCIA (1) DERECHO (2) DERECHO A HACER LO QUE QUIERAS (1) DERECHO A LA COMPENSACIÓN DEL IVA. (1) DERECHO A LA DEVOLUCION. (1) DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA ARTICULO 47 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (1) DERECHO AGRARIO (4) DERECHO AL AGUA (1) DERECHO AL OLVIDO (1) Derecho Animal (8) DERECHO CONSTITUCIONAL (4) DERECHO DE FAMILIA (1) DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1) DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES (1) DERECHO DEL CONSUMIDOR (3) DERECHO FAMILIA (1) DERECHO INDUSTRIAL (1) DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (43) DERECHO LABORAL (1) DERECHO PENAL (4) DERECHO PROCESAL CIVIL (28) DERECHO PROCESAL PENAL (4) DERECHO TRIBUTARIO Y FINANCIERO II (5) DERECHO TRIBUTARIO Y FISCAL (1) DERECHO Y ESTADO EN INTERNET (1) DESAYUNOS JURÍDICOS EN GUADIX (1) DESCONFÍE DEL CRÉDITO FÁCIL (2) DESPACHO JURIDICO TODO DERECHO (22) DESPACHO JURÍDICO TODO DERECHO (3) DESPIDOS (1) DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS SELECTIVA EN JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN (1) DEUDA PÚBLICA (1) DÍA DE TODOS LOS SANTOS (1) DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (1) Diploma curso Reglamento General de Protección de Datos (1) DNI ELECTRONICO (1) DOCUMENTACIÓN EN LA NUBE (2) EDUCACIÓN (1) EJECUCION PROCESAL CIVIL (11) EJEMPLO DE DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO EN EJERCICIO DE RESOLUCION DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE (2) EL ABOGADO COMO PROFESIONAL DE LA MEDIACIÓN (2) EL DÍA MÁS TRISTE DE UNA ABOGADA (1) EL DINERO NO ESTÁ SEGURO EN EN UN BANCO (1) EL DISPUTADO VOTO DEL SEÑOR CAYO (1) EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO. (2) El nacimiento de Venus. (1) EL OBJETO DEL PROCESO. (3) EL POZO NEGRO (2) EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO (24) EL PROCESO MONITORIO. (3) El Valle de los Reyes. (1) ELECCIONES (1) Elisabeth's Club Open Now (1) Escrito de petición o queja al Ministerio de Justicia. (1) ESCUELA DE DERECHO CONCURSAL DE GRANADA (3) ESTATUTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE DE ARBITRAJE Y MEDIACION DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GRANADA (1) ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOL (7) ESTUDIANDO DERECHO (1) EUROZONA SI EUROZONA NO (1) EXPEDIENTES EN STAND BY (1) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL DE 1882 (1) EXPOSICIÓN ORAL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (1) Fácil aparcamiento. (1) FALSEDAD DOCUMENTAL (1) FAUNA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. (1) FELIPE VI (1) FELIZ AÑO NUEVO 2017 (1) FELIZ NAVIDAD 2.008. (1) FELIZ NAVIDAD 2.009 (1) FELIZ NAVIDAD 2.010. (1) FELIZ NAVIDAD 2012 (1) FELIZ NAVIDAD 2013 (2) FELIZ NAVIDAD 2015 (1) FELIZ NAVIDAD 2016 (1) FELIZ NAVIDAD 2017 (1) FELIZ NAVIDAD 2018 (2) FILOSOFIA DEL DERECHO (65) FISCALIA GENERAL DEL ESTADO (1) Fluor. (1) FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (1) FUNDACIÓN DE ESTUDIOS Y PRACTICAS JURÍDICAS DE GRANADA (2) GESTIÓN DE FACTURAS EMITIDAS (1) GOOGLE (2) GOOGLE + BUDGE (1) GOOGLE I / O 2013 KEYNOTE (1) GOOGLE I/O KEYNOTE 2014 (1) GUARDIA CIVIL (1) HALLOWEEN 2013 (1) Halloween 2018 (1) HAMBURGER AND HOT DOG (1) HISTORIA DE VIDA LABORAL (1) Hoja de Encargo Profesional. (1) HOJA DE QUEJAS Y RECLAMACIONES/COMPLAINTS SHEET (2) HORARIO DESPACHO JURIDICO TODO DERECHO (1) HORARIOS COMERCIALES (1) HOSPITAL REAL DE LA CARIDAD DE GUADIX (1) https://twitter.com/TODODERECHO (1) I never give up (1) I-BUDDY FOR LAWYERS (1) IDEAS (1) ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GRANADA (23) ILUSTRE JOVEN ABOGADA (1) IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GRANADA. (1) INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE CLIENTES A PARTIR DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2018. (1) INFORMATICA (1) INFORMATICA MIPC TIENDA ONLINE (2) INTERÉS DE DEMORA (1) IRPF (11) IVA (1) IVOOX (1) JORNADAS DE COMUNICACION Y JUSTICIA 2010 (1) JUICIO CAMBIARIO. (3) JUICIO DE FALTAS (1) JUST FOR FUN (2) JUZGADOS DE GUADIX (1) LA COMARCA DE GUADIX NO TIENE UN PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR (1) LA CRISIS (28) La esperanza es lo último que no se puede perder. (1) LA EXPLOTACION AGRARIA PRIORITARIA (1) LA FASE DE ALEGACIONES (1) LA LEY (1) LA MEDIACIÓN = A UNA SOLUCIÓN. (1) LA UNIDAD MINIMA DE CULTIVO (1) LADRONES (1) LAS MISMAS LEYES PARA TODOS (2) LAS PARTES PROCESALES (1) Ley 1/2013 (1) LEY 1/2013 DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCION A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS (1) LEY 10/2010 DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO (2) LEY 13/2009 DE 3 DE NOVIEMBRE (6) Ley 19/2009 de 23 de noviembre (1) LEY 24/2003 (1) LEY 24/2003 DE 10 JULIO DE LA VIÑA Y DEL VINO (15) LEY 29/1994 DE 24 DE NOVIEMBRE DE ARRENDAMIENTOS URBANOS (2) LEY 29/1998 JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA (2) LEY 30/1992M DE 26 DE NOVIEMBRE (2) LEY 49/2003 DE 26 DE NOVIEMBRE DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS (5) LEY 5/2000 DE 12 DE ENERO (19) LEY 5/2012 DE 6 DE JULIO MEDIACIÓN (4) LEY 8/2006 (1) LEY CONCURSAL (3) LEY DE CONTRATO DE SEGURO (10) LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PROMULGADA POR REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882. (10) LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCIA (1) LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (1) LEY DEL DEPORTE (1) LEY DEL EMPRENDEDOR (2) LEY DEL IVA 37/1992 DE 28 DE DICIEMBRE (3) LEY ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (1) LEY GENERAL TRIBUTARIA 58/2003 DE 17 DE DICIEMBRE (2) LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES (1) LEYES DE PROTECCIÓN ANIMAL (1) LIBROS QUE RECOMENDAMOS (7) Listado de servicios jurídicos y precios. (1) LO 1/1979 26 DE SEPTIEMBRE GENERAL PENITENCIARIA (9) LO 5/2010 TEXTO CONSOLIDADO TRAS LA REFORMA (25) LOCALIZACION DE LAS ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS (1) LOTERIA DE NAVIDAD (1) MÁS SEGURIDAD CIUDADANA NO MÁS ROBOS (1) MASCOTA BIENVENIDA (1) MATRIMONIO EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (5) MEDIACIÓN (4) MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL ESPAÑOLA (1) MENORES (2) MICRO CREDITOS (1) MODELO 111 (1) MODELO 208 (1) MOMENTO EN QUE EL DERECHO A LA DEDUCCION DEL IVA SOPORTADO RESULTA EJERCITABLE. (1) Móvil de contacto de Despacho Jurídico Todo Derecho (1) NACIMIENTO DEL DERECHO A LA DEDUCCIÓN DEL IVA. (1) NASCITURUS (1) NO A LA PERMISIVIDAD DE LA CORRUPCIÓN ENTRE ABOGADOS (1) NO A LAS DROGAS (1) NO A PAGAR IMPUESTO Y TASAS JUDICIALES (3) No va la impresora (1) NUEVO BILLETE DE 20 EUROS (1) OBJETO DE LA MEMORIA (1) OFICINA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (1) ORATORIA Y ESCRITURA FORENSE (1) OTORRINOLARINGOLOGIA (1) Pájaros simplemente volando. (1) Para nada tiene que ver con la Justicia. (1) PARTICIPACIONES PREFERENTES (1) PERSONA Y CAPACIDAD EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (4) PET FRIENDLY (1) Pirámide de la delincuencia actual por Gutiérrez Alcalá (1) PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (1) PLAN PIMA O PLAN PIVE (1) PLANETA NIBIRU (1) POBREZA ENERGÉTICA (1) POLÍTICA (1) POLÍTICA DE COOKIES (1) POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA 5/2000 (16) PRACTICAS DE CONTRATOS DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (6) PRACTICAS JURIDICAS (4) PRACTICAS JURIDICAS 2007-2008 (1) PRE ACOSO SEXUAL (1) PREFERENCIA ORDEN CIVIL U ORDEN PENAL (1) PREGUNTAS (61) PREGUNTAS PEN (3) PREPARACION DEL PROCESO CIVIL (7) PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS CON ENFERMEDADES GRAVES (1) PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (1) PRIMAVERA 2014 (1) PROCESO MONITORIO (7) PROGRAMA DE ACTIVACION PARA EL EMPLEO (1) PROPIEDAD HORIZONTAL COMUNIDAD DE PROPIETARIOS (3) PROSTITUCIÓN (1) PROTESTA YA (5) PRUEBA CAP CONVOCATORIA JULIO 2012 (1) PUBLICIDAD ENGAÑOSA (1) PUNTO PAE (1) RD 1774/2004 (1) REAL DECRETO 4/2013 DE 22 DE FEBRERO DE MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTIMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACION DE EMPLEO (2) REAL DECRETO 486/1997 (1) REAL DECRETO LEY 20/2012 DE 13 DE JULIO DE 2012 (1) Reclamación extrajudicial de impagados. (1) Reclamación por disconformidad en su factura Telefonía (1) RECOMENDACIÓN JURIDICA (1) RECOMENDACIONES PARA REALIZAR UN CONTRATO DE COMPRAVENTA (1) RECURSO DE QUEJA (1) RECURSO DE REPOSICIÓN (1) RECURSOS REGULADOS EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL ESPAÑOLA. (1) REESTRUCTURACION DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL (1) REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (1) REFLEXIONES (36) REFORMA BAREMO DE INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRÁFICO (1) REGIMEN PENITENCIARIO (1) REGIMEN PROCESAL DE SU FALTA (2) REGISTRO CIVIL DE GUADIX (1) Registro gratuito en TODO DERECHO (2) REGLAMENTO DEL IVA (1) REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES. (2) REGULARIZACION CATASTRAL (1) RENOVAR CERTIFICADO DIGITAL PERSONA JURIDICA (1) REPOR (1) REQUERIMIENTO AEAT (1) REQUISITOS PARA QUE SE ORIGINE EL DERECHO A LA DEDUCCIÓN (I). (1) RESOLUCIÓN CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE VIVIENDA (3) RESPONSABILIDAD DE LOS ACREEDORES CONCURSALES (1) RESTAURANTE ABIERTO TODO-DERECHO (1) ROBO (1) ROBOS EN GRANADA CAPITAL (1) ROBOS EN LA COMARCA DE GUADIX (22) ROBOS EN LA COMARCA DE GUADIX Y BAZA (3) SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL 2015 (1) SALUDA (2) SAN VALENTIN 2015 (1) SCIENCE ON GOOGLE (1) SE ALQUILA LOCAL EN GUADIX (2) SE ALQUILA PLAZA DE GARAJE EN GUADIX (2) SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO (1) SEPARACION Y DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO (8) SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA Y LEGAL EN DEPENDENCIAS POLICIALES Y JUZGADOS (2) Servicio jurídico Premium. (1) SIMO NETWORK (21) SIMO NETWORK 2013 (8) SOLICITUD PRESUPUESTO GRATUITO. (1) SPAIN INGOBERNABLE (1) STELLARIUM FOR LAWYERS GIRLS (1) Sublimación. (1) SUELO URBANIZABLE ORDENADO (1) SUMISIÓN EXPRESA (1) SUMISION TÁCITA (1) SUMMER BISTRO DESPACHO JURÍDICO TODO DERECHO (1) TARJETA DE PRESENTACIÓN (1) TASAS JUDICIALES (3) TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (1) TERREMOTO (1) THE NEW YORK TIMES (2) TODOS A LA CARCEL (1) TODOS SOMOS LEXNET (1) tráfico y depósito de armas. (1) TRATAMIENTO JURÍDICO DEL DAÑO (1) TRIBUNAL DE JURADO (1) TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GRANADA (1) TRIBUNAL SUPREMO (1) TU ABOGADO ONLINE (1) TURNO DE OFICIO EN ESPAÑA (1) UNA ABOGADA SIEMPRE DEBE LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA INJUSTICIA (1) UNIVERSIDAD DE BARCELONA (1) UNIVERSIDAD PÚBLICA (1) URGENCIAS ABOGADO (1) USO DE COOKIES (2) VIOLENCIA DE GÉNERO. (4) www.todo-derecho.com (30) XX XY DESTINY (1) YOU TUBE CREATOR ACADEMY (1) ZONA BISTRO (1) ZONA EURO (1)
La independencia del abogado...
La independencia del abogado le permite rechazar las instrucciones que, en contra de sus propios criterios profesionales, pretendan imponer...
LA DIFERENCIA ENTRE NORMAS Y PRINCIPIOS
COBRA TODA SU IMPORTANCIA EN SEDE DE APLICACIÓN E INTERPRETACION DEL DERECHO, EN TANTO QUE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS SUPONE UNA FORMA ...
Abogada: Denuncia por delito de robo.
Abogada:Denuncia por delito de robo. Procedimiento penal por delito de robo. Honorarios: 363,00 Euros (IVA INCLUIDO). https://www....
En memoria de Azucena, mi mujer; la madre de Alba y Emilio, nuestros hijos; y la abuela de Oli, nuestra nieta - Buenas, soy Emilio Calatayud. Hoy hace ocho años que falleció víctima del cáncer Azucena, mi mujer; la madre de Alba y Emilio, nuestros hijos; y la abuel...
Pregabalina, sueño y cambio de rutina - Recientemente decidí retomar mis terapias, porque estoy con mucho dolor todo el tiempo, y antes de iniciarlas, tengo que ver una Fisiatra (doctora en medic...
DESPACHO JURÍDICO TODO DERECHO

matches:
ARTÍCULO 226
ARTÍCULO 255
ARTÍCULO 5
REAL DECRETO
REAL DECRETO
REAL DECRETO
REAL DECRETO
RESOLUCIÓN


text:
Frente Vecinal Esquel: marzo 2008
Día de la Memoria: el aparato represivo no parece estar completamente desmantelado (mar2008)
El Frente Vecinal Esquel participa de este Acto de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el convencimiento de que sólo la participación del pueblo logrará que Nunca Más una dictadura genocida se instale en nuestro país.
Dictadura que contó con un aparato represivo que aun hoy pareciera no estar desmantelado por completo, cuando Julio López continúa desaparecido y luchadores sociales y sindicales han sido asesinados.
Es por eso que esta Jornada no debiera ser un feriado más sino un necesario espacio de reflexión buscando el compromiso de todos para conocer la Verdad y lograr la Justicia.
Ningún discurso tendrá verdadero valor mientras a 25 años de democracia la impunidad de algunos continúe y no seamos capaces de reparar las consecuencias sociales y económicas que la dictadura inició, y logremos un País sin excluidos.
Proyecto Nominación Fuente de la Plaza San Martín (mar 2008)
Concejo Deliberante - Frente Vecinal Esquel
TEMA: IMPOSICIÓN DEL NOMBRE “PLEBISCITO DEL 23 DE MARZO DE 2003” A LA FUENTE DE AGUA DE LA PLAZA SAN MARTÍN.
Lo dispuesto por el artículo 233, inc. 1, de la Constitución de la Provincia del Chubut y por los artículos 30 y 33, inc. 13 y 16, de la ley provincial Nº 3.098, y
Que próximamente se cumplen cinco años de la consulta popular que tuvo lugar el 23 de marzo de 2003, popularmente conocido como “plebiscito”, en la que la población de Esquel se pronunció democrática y masivamente en rechazo de la instalación de un emprendimiento minero en el Cordón Esquel.
Que dicha consulta popular fue impulsada por la movilización de vecinos que se autoconvocaron en protesta contra el proyecto, de la que finalmente este Concejo Deliberante se hizo eco, resultando de ello la convocatoria a la ciudadanía para expresar en las urnas su voluntad.
Que no puede dejar de señalarse que dicho movimiento coincidió en el tiempo con la gran cantidad de protestas populares que tuvieron lugar a lo largo y ancho de nuestro país, por diferentes motivos, con la característica destacable a favor de los vecinos de Esquel que en nuestro caso la movilización popular desembocó en la realización de un acto de afirmación democrática, mediante el empleo de su herramienta más característica que es el voto.
Que una de las preocupaciones más importantes de los vecinos, aunque no la única, fue –y sigue siendo- la incidencia que la actividad minera tendría sobre la disponibilidad y calidad del agua de nuestra zona, debido al altísimo requerimiento de agua que trae aparejada.
Que es bien sabido que el agua se ha convertido últimamente en uno de los bienes más preciados de la humanidad y que el acceso a la misma, en adecuadas condiciones, constituye uno de los derechos humanos fundamentales de más reciente generación, a punto tal que el año 2005 fue declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas “el año del agua potable”.
Que actualmente se encuentra en construcción en el predio de la Plaza San Martín de nuestra ciudad, una fuente cuyo valor simbólico no puede desconocerse y que remite de inmediato al elemento agua, que constituye su razón de ser.
Que la citada plaza ha sido el lugar de concentración de todas las expresiones populares en defensa del medio ambiente y la calidad de vida de los esquelenses, amenazados por la pretensión de la instalación del proyecto minero.
Que una de las consignas más caras al movimiento de vecinos autoconvocados en defensa del ambiente y la calidad de vida de los esquelenses fue “El agua vale más que el oro”
Que la oportunidad del quinto aniversario de la consulta popular del 23 de marzo de 2003 se entiende apropiada para el reconocimento desde este Concejo Deliberante a ese capítulo ineludible de la historia de nuestra Ciudad y que ello no podría tener mejor expresión que denominar a la mencionada fuente con una clara referencia al hecho histórico aludido; ello en atención, no sólo a su ubicación en la plaza que fue el escenario principal de las actividades de los vecinos sino también en razón de la clara connotación al elemento agua precedentemente señalado.
Que en tal sentido parece aconsejable que la fuente lleve por nombre el hecho de la consulta popular o plebiscito y que tanto el acontecimiento como el lema en defensa del agua quede claramente señalado para recordatorio, no sólo de los vecinos de nuestra ciudad sino también para quienes nos visiten.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de la ciudad de Esquel, en uso de las atribuciones y facultades que le confiere la ley 3.098 sanciona la presente:
Artículo 1 – Impónese el nombre “Plebiscito del 23 de marzo de 2003” a la fuente de agua que se encuentra actualmente en construcción en la Plaza San Martín de nuestra Ciudad.
Artículo 2 – La fuente lucirá, la siguiente señalización:
a) Un cartel indicador del nombre, colocado en forma clara y fácilmente visible para el público, con el agregado de la frase “El agua vale más que el oro”.
b) Uno o más carteles explicativos que hagan referencia al hecho histórico al que alude el nombre de la fuente.
Artículo 3 – De forma.
Osvaldo A. González Salinas
Concejal Frente Vecinal Esquel
Proyecto: Creación del CEDOCAM (mar2008)
TEMA: ORDENANZA DE CREACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SOBRE CUESTIONES AMBIENTALES (CEDOCAM)
Los artículos 43 de la Constitución Nacional y 109 de la Constitución de la Provincia del Chubut, disposiciones de las leyes nacional Nº 25.675 y provincial Nº 5.439, y
Que resulta necesario iniciar un adecuado proceso de planeamiento a largo plazo para la Ciudad de Esquel que, entre otros requisitos, contemple el crecimiento urbano con sustentabilidad ambiental.
Que para ello es imprescindible comenzar por recopilar información tendiente a conocer con el mayor grado de confiabilidad posible, las características ambientales de nuestro entorno.
Que al respecto, existen numerosos trabajos relacionados con la cuestión ambiental de nuestra zona, tanto de organismos públicos como privados y de particulares que, muchas veces por desconocimiento, son desaprovechados a la hora de tomar decisiones de política ambiental por los organismos competentes.
Que en tal sentido se considera útil reunir en un mismo ámbito toda la documentación existente y que se produzca en lo sucesivo respecto del tema, a fin de sistematizar su clasificación y consulta para, de este modo, facilitar la adopción de las políticas públicas respecto de la cuestión.
Que el ámbito del Concejo Deliberante se considera el más adecuado para actuar como depositario del material reunido, por su naturaleza de órgano representativo de la totalidad de la ciudadanía y productor de las normas que la regulan, entre ellas las relacionadas con la problemática ambiental. Ello sin perjuicio de que el Centro de Documentación que se proyecta deberá obrar, además, como fuente de consulta para la totalidad de los interesados, entre ellos, principalmente, el Departamento Ejecutivo Municipal.
Que resulta conveniente para satisfacer dicha necesidad, la creación del Centro de Documentación sobre Cuestiones Ambientales (CEDOCAM), cuya misión será la de recopilar la totalidad de los trabajos publicados o inéditos, existentes o que en lo sucesivo se produzcan, sobre cuestiones ambientales de la zona y/o que puedan afectar o incidir en el ambiente y/o en la calidad de vida de los vecinos de nuestra Ciudad.
Que resulta conveniente que la dirección del Centro a crearse funcione en la órbita de la Comisión Permanente de Ambiente y Recursos Naturales del Cuerpo y que el mismo sea dirigido por el presidente de la aludida comisión.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de la ciudad de Esquel, en uso de atribuciones y facultades que le confiere la ley 3.098 sanciona la presente:
Artículo 1 – Créase el Centro de Documentación sobre Cuestiones Ambientales (CEDOCAM) que se regirá por la presente Ordenanza y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten.
Art. 2 – El CEDOCAM funcionará en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante. Será dirigido por el presidente de la Comisión Permanente de Ambiente y Recursos Naturales del Cuerpo, lo que no generará derecho a retribución adicional a su favor, sin perjuicio del reintegro de los gastos incurridos en su ejercicio.
Art. 3 – El CEDOCAM tendrá como misión la reunión de la totalidad de la documentación existente y que en lo sucesivo se produzca relativa a cuestiones ambientales referidas a la zona de la Ciudad de Esquel y aledaños y/o que de alguna manera puedan tener incidencia en la calidad del ambiente de la Ciudad y en la calidad de vida de sus habitantes.
Art. 4 – El CEDOCAM requerirá de entidades públicas y privadas y de particulares la remisión, dentro de lo posible, de todo material de interés relevante sobre el tema ambiental, tales como: publicaciones, tesis, monografías, “papers”, presentaciones, ponencias, relevamientos, y cualquier otro material, ya fuere publicado o inédito. La remisión se efectuará en el soporte más adecuado, en función del material enviado, procurando que la misma se acompañe en todos los casos de una versión en formato digital.
Art. 5 – El CEDOCAM clasificará y conservará la totalidad del material recibido, cuya consulta será pública, debiendo adoptarse los recaudos necesarios para la preservación de los derechos de propiedad intelectual de las obras, en cumplimiento de las disposiciones vigentes al respecto.
Art. 6 – El CEDOCAM, representado por su director, queda facultado para celebrar convenios con entidades públicas o privadas, los que, para su validez, deberán ser ratificados por resolución del H.C.D.
En su primera reunión llevada a cabo el día 17 de diciembre de 2007, la Comisión Permanente de Ambiente y Recursos Naturales, en su nueva composición luego del recambio de los integrantes del Cuerpo ocurrida el día 10 de diciembre, se acordó unánimemente que uno de los objetivos más importantes que debía plantearse la misma lo constituye la iniciación de un proceso de planeamiento a largo plazo para la Ciudad de Esquel, ambientalmente sustentable, entre otros requisitos que de ninguna manera se pretenden desconocer y que exceden el marco de la competencia de esta Comisión.
Para ello, hubo coincidencia en que es imprescindible comenzar por recopilar información tendiente a conocer con el mayor grado de confiabilidad posible, las características ambientales de nuestro entorno.
Al respecto, se conoce que existen numerosos trabajos relacionados con la cuestión ambiental de nuestra zona, tanto de organismos públicos como privados y de particulares que, muchas veces por desconocimiento, son desaprovechados a la hora de tomar decisiones de política ambiental por los organismos competentes.
Por ello, se considera útil reunir en un mismo ámbito toda la documentación existente y que se produzca en lo sucesivo respecto del tema, a fin de sistematizar su clasificación y consulta para, de este modo, facilitar la adopción de las políticas públicas respecto de la cuestión.
En tal sentido se considera que el ámbito del Concejo Deliberante es el más adecuado para actuar como depositario del material reunido, por su naturaleza de órgano representativo de la totalidad de la ciudadanía y productor de las normas que la regulan, entre ellas las relacionadas con la problemática ambiental. Ello sin perjuicio de que el Centro de Documentación que se proyecta deberá obrar, además, como fuente de consulta para la totalidad de los interesados, entre ellos, principalmente, el Departamento Ejecutivo Municipal.
Por ello, el presente proyecto prevé la creación del Centro de Documentación sobre Cuestiones Ambientales (CEDOCAM), cuya misión será la de recopilar la totalidad de los trabajos publicados o inéditos, existentes o que en lo sucesivo se produzcan, sobre cuestiones ambientales de la zona y/o que puedan afectar o incidir en nuestro ambiente y/o calidad de vida de los vecinos de nuestra Ciudad.
Acorde con lo señalado, se prevé que el Centro sea dirigido por el presidente de la Comisión Permanente de Ambiente y Recursos Naturales del Cuerpo.
Esquel, 04 de marzo de 2008.
Día de la Memoria: el aparato represivo no parece ...
Proyecto Nominación Fuente de la Plaza San Martín ...

matches:
artículo 233
Artículo 1
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 1
resolución