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Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, contra providencias del Juzgado Séptimo de. Analizada la pretensión y considerando: - PDF
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Raquel Fernández Venegas
1 Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cincuenta y tres minutos del día veintitrés de noviembre de dos mil once. El presente proceso de hábeas corpus fue iniciado a su favor por el licenciado Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, contra providencias del Juzgado Séptimo de Instrucción de la ciudad de San Salvador. Analizada la pretensión y considerando: I. El señor Villatoro Monteagudo manifiesta que se encuentra en una privación ilegal a su derecho de libertad, en virtud de los motivos siguientes: [M]e encuentro en detención de forma ilegitima desnaturalizada conforme y fuera del plazo que establecen ( ) el artículo 6 del mismo Código Procesal Penal, habiéndose excedido el plazo máximo de la detención provisional ya que he sido privado de mi derecho de libertad ambulatoria por más de veinticuatro meses, ya que fui recluido en dicha calidad de detención provisional el día dos de noviembre del año 2007, por lo que cumplí los veinticuatro meses el día dos de noviembre del año 2009( ) sin haber sido cesado dicha medida cautelar ( ) decretada en mi contra por el señor Juez del juzgado Septimo de Instrucción de la ciudad de San Salvador (sic). Relaciona en su escrito resoluciones emitidas por esta sala en proceso de hábeas corpus, específicamente: , de fecha 4/2/1999; , de fecha 12/7/1999; , de fecha 24/9/2001; , del 30/1/2007 y , del día 31/10/2002. Posteriormente, con fecha 18 de octubre del presente año, se recibió por correo oficial interno de esta Corte escrito del pretensor, en el que en síntesis expone que el Tribunal Quinto de Sentencia de esta ciudad: tiene cinco meses de haber emitido el fallo condenatorio en mi contra pero no ha materializado ni notificado en legal forma la sentencia condenatoria ( ) se ha desnaturalizado la detención en la que me encuentro (sic). II. De conformidad con la Ley de Procedimientos Constitucionales se nombró jueza ejecutora, siendo comisionada la licenciada Alessandra Morales Orellana, quien informó que no se tiene certeza de la fecha en que fue capturado el señor Villatoro Monteagudo, ya que la captura se realizó a través de la oficina de OIPC INTERPOL, y luego fue extraditado, dicha jueza afirmó: no se cuenta con una fecha certera a partir de la cual pueda comenzar a correr y así computar el plazo establecido en el artículo 6 inciso 2 del Código Procesal Penal (sic). II. A requerimiento de esta sala, el Juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, presentó con fecha 26 de febrero del 2010, informe de defensa en el cual indicó que el día 4/3/2005, ratificó la media cautelar impuesta por el Juez Séptimo de Paz de esta 1
2 ciudad, en contra del procesado y ordenó a la entidad fiscal en el mismo auto realizar las gestiones correspondientes para hacer efectiva la extradición del procesado, y recibió respuesta de tal gestión el día 19/10/2009, por medio de la Secretaría General de la Honorable Corte Suprema de Justicia que le remitió documentación oficial procedente de la Embajada de El Salvador con sede en Washington, D.C. Estados Unidos de América, pero tal informe asevera no contiene documentación en la que conste la fecha en la que el encartado fue privado de su libertad en ese país, ni documentación para acreditar que el mismo estuvo detenido o no. Afirma que dicho imputado fue puesto a la orden de ese Juzgado el día 21 de octubre del año 2009, por parte de la Interpol El Salvador. Con su informe, la autoridad demandada remitió certificación de los pasajes del proceso penal en los que fundamentó sus aseveraciones. Por otra parte, el sargento Alfredo Antonio Flores Rodríguez, en su carácter de Encargado de Coordinar las Actividades División Interpol, a requerimiento de esta sala, con fecha 25/8/2011, expuso que en su oficina únicamente se cuenta con dos mensajes oficiales recibidos de parte de interpol Washington, mediante el sistema de mensajería privada en los que se confirma que el imputado mencionado fue arrestado el 02 de noviembre del año 2007, y no poseen otro documento que ampare o fundamente dicha aseveración. A su oficio anexó las copias de los mensajes de los correos electrónicos aludidos. IV. En este estado, debe acotarse que a partir del día uno de enero del corriente año entró en vigencia el Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo No. 733, de fecha veintidós de octubre de dos mil ocho, el cual de acuerdo con su artículo 505 derogó el Código Procesal Penal aprobado en mil novecientos noventa y seis, por ello, esta sala para los efectos de determinar si ha existido violación constitucional a los derechos reclamados por el solicitante con incidencia en su libertad personal, se servirá de la citada normativa derogada, en atención a que el proceso penal en el cual se alega ocurrieron tales transgresiones, inició antes de la entrada en vigencia de la actual normativa procesal penal. V. Respecto del escrito presentado con fecha 18 de octubre del presente año, es de señalar que en materia de hábeas corpus se entienden fijados los puntos que serán objeto de pronunciamiento, una vez se haya intimado a la autoridad demandada de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Lo anterior, porque es a partir del conocimiento que tenga la autoridad o particular a quien 2
3 se atribuya la violación constitucional que podrá ejercer sus derechos dentro del proceso constitucional (v.gr. resolución HC R de fecha 29/6/2010). En ese sentido, lo planteado en el escrito aludido no será objeto de análisis, en tanto ya había finalizado la oportunidad del pretensor de realizar cualquier tipo de modificación a su solicitud. VI. Corresponde ahora pasar al análisis de lo propuesto inicialmente, y para ello es necesario relacionar la certificación de los pasajes pertinentes del proceso penal remitidos por la autoridad demandada, y agregados materialmente a las presentes diligencias, a ese respecto se tiene: Que el día 24/2/2005 se ordenó instrucción formal con detención provisional en contra del imputado, por el Juez Séptimo de Paz de San Salvador, y siendo en ese entonces reo ausente se libró la respectiva orden de captura; dicha medida cautelar fue ratificada por el Juez Séptimo de Instrucción de esta ciudad al recibir el correspondiente proceso, mediante auto de fecha 04/3/2005, y en ese auto judicial se encomendó a la representación fiscal realizar las gestiones correspondientes para hacer efectiva la extradición del imputado. Folios del 57 al 69 y del 72 al 74. Posteriormente, el día señalado para la celebración de la audiencia preliminar 20/3/2006 la autoridad citada aplazó la misma, en razón que el imputado continuaba siendo reo ausente a esa fecha, por lo que lo declaró rebelde, ordenó su captura y mandó a archivar las diligencias del proceso hasta que los encartados fueran puestos a la orden de esa sede judicial. Folios del 75 al 81. Por otra, parte, consta el oficio 531/I 31/2007/MELGAR, de fecha 5/11/2007, suscrito por el Subinspector Carlo Xavier Romero Villalobos, Subjefe de la oficina de Interpol San Salvador, por medio del cual se informa al Juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, acerca de la captura efectuada al favorecido en el extranjero el día 02/11/2007. Folio 83. Con relación a ello, se tiene también, la traducción efectuada por medio de la Corte Suprema de Justicia acerca de la comunicación realizada mediante correo electrónico de parte de la Interpol Washington a la oficina de Interpol de El Salvador, de fecha 3/11/2007 en la que se informa que el señor Villatoro Monteagudo ha sido arrestado, y se encuentra bajo custodia. Folios 90. Asimismo, se encuentra agregada la traducción de nota diplomática, orden de entrega y certificación de la extradición del señor Villatoro Monteagudo. Folios 97 y 98. De igual forma, consta también el acta policial en la que se consignó la captura del imputado en el interior del aeropuerto Internacional de El Salvador, de fecha 3
4 20/10/2009, y el oficio del 21/10/2009 mediante el cual el jefe de la División de Interpol de El Salvador, remite al procesado al Juzgado de Séptimo de Instrucción de esta ciudad, luego que fue capturado en calidad de extraditado procedente de los Estados Unidos de América. Folios 100 y 101. Visto lo anterior, y el reclamo propuesto en el que se objeta exceso en el plazo de la medida cautelar de la detención provisional, es preciso señalar que efectivamente esta sala ha determinado en su jurisprudencia (verbigracia resolución HC , de fecha 17/6/2011) lo relativo a las diferentes privaciones de libertad y sus plazos; así respecto de la detención administrativa y la detención por el término de inquirir, la Constitución de la República ha dispuesto en el artículo 13 incisos 2º y 3º que no podrán exceder de setenta y dos horas, las cuales son independientes entre sí. Respecto a la detención provisional se ha dicho que al igual que las precedentes es una medida de carácter excepcional, provisional y personal; por lo que su vigencia estará supeditada al cumplimiento de estas, de acuerdo al análisis que deberá efectuar la autoridad judicial competente en las distintas fases del proceso penal. Además, en la Constitución se ha dispuesto que sea por ley la fijación entre otros supuestos de su plazo de vigencia dentro del proceso penal, dicha circunstancia se encuentra regulada en la legislación procesal penal aplicable art. 6 del Código Procesal Penal derogada. Así, una de sus características, es ser instrumental, ello como mecanismo del que se sirve el proceso penal para garantizar la vinculación del procesado al mismo y asegurar la eficacia de la decisión definitiva que ponga fin a este. Por otra parte, debe indicarse que la figura de la extradición es una institución jurídica distinta, la cual consiste en la entrega del acusado o condenado para juzgarle o ejecutar la pena, mediante petición del Estado donde se ha perpetrado el delito al país en que buscó refugio, y su tramitación está debidamente regulada por la materia penal, siendo atribución de los jueces ordinarios en esa materia realizar el trámite correspondiente (véase resolución HC , de fecha 17/12/2003). De tal forma, que la restricción que se da en un proceso de extradición esta únicamente confinada a evitar la fuga del sometido al trámite de extradición, sin ventilarse en ese proceso la existencia de responsabilidad penal, y se decreta sobre quien no está dispuesto a comparecer ante los tribunales que le reclaman pues para ello ha huido de su territorio o se niega regresar a el; por tanto, no es susceptible de aplicarle el bloque de normas materiales y procesales previstas en nuestra legislación penal, sino se encuentra sujeta a las normas dispuestas en los convenios o tratados respectivos. 4
5 En conclusión, todas estas restricciones al derecho de libertad aludidas, a las que puede ser sometida una persona, están determinadas cada una por un titulo legal diverso y para fines distintos. Ahora bien, en el caso en estudio, el pretensor señala en su escrito que se encuentra en calidad de detenido provisionalmente desde el día 2/11/2007, fecha en la cual consta en el proceso penal fue capturado el ahora favorecido en el extranjero por los respectivos agentes policiales del país en el que estaba domiciliado, folio 83 relacionado en líneas que anteceden, por lo que a su criterio al momento de plantear este hábeas corpus (10/11/2009) el plazo dispuesto en la ley para la medida cautelar estaba excedido, pues él computa dicho plazo desde el día de la supuesta detención en el extranjero. Así, se tiene, que al favorecido como reo ausente se le decretó la medida cautelar de la detención provisional en sede de paz, el 24/2/2005, ratificada por el juez de instrucción, con fecha 4/3/2005 quien encomendó a la entidad fiscal realizar las gestiones para hacer efectiva la extradición del encartado. La mencionada autoridad, el día 20/3/2006 ordenó archivar las diligencias del proceso penal hasta que los imputados fueran puestos a la orden de ese juzgado, lo que aconteció el día 21/10/2009, cuando la oficina de Interpol en El Salvador finalmente remitió al señor Villatoro Monteagudo a la orden judicial, posterior a su captura en el aeropuerto Internacional de nuestro país. De tal forma, que la restricción que aduce el favorecido afrontó durante ese tiempo desde su captura (02/11/2007) en el extranjero hasta que fue puesto a la orden del funcionario judicial en El Salvador (21/10/2009), no era en virtud del cumplimiento de la medida cautelar de la detención provisional dictada en el proceso penal, como supone el pretensor, sino en razón de las diligencias de extradición que se seguían en su contra, que exclusivamente estaba dirigida a resolver sobre la petición del imputado efectuada al Estado en el cual se encontraba refugiado; ello en estricto cumplimento de las garantías previstas, en este caso, en el Tratado de Extradición celebrado entre la República de El Salvador y los Estados Unidos de América, a efecto de asegurar su posterior entrega al país requirente. Por consiguiente, es a partir del momento en que el imputado fue puesto materialmente a la orden del Juez Séptimo de Instrucción de esta ciudad, que inició la ejecución de la medida cautelar decretada en el proceso penal seguido en su contra; por tanto, a la fecha en que dio inicio el presente proceso constitucional, el encartado tenía aproximadamente un mes de encontrarse privado de libertad en virtud del cumplimiento de la detención provisional. 5
6 De modo que, los argumentos dispuestos por el pretensor en su escrito y que han servido para fundamentar su solicitud, se deben a su errónea apreciación del tiempo transcurrido en el extranjero para hacer efectiva su extradición a nuestro país aplicado como periodo de cumplimiento de la medida cautelar decretada en el proceso penal para asegurar las resultas de este, lo cual como se acotó no puede computarse de esa forma por ser figuras jurídicas funcionalmente distintas. A partir de lo anterior, no es posible sostener que a la fecha de iniciación del presente hábeas corpus, existiera exceso en el plazo de la detención provisional, a la luz de lo establecido en el articulo 13 inciso 1 de la Constitución en relación con el artículo 6 del Código Procesal Penal, por tanto se colige la no ocurrencia de violación a los derechos de presunción de inocencia, defensa con incidencia en la libertad personal del favorecido, en consecuencia, no puede accederse a la pretensión planteada. Finalmente, en cuanto a la jurisprudencia propuesta por el pretensor para fundamentar su pretensión, es de indicar que las resoluciones de fechas relacionadas, dictadas en los procesos de hábeas corpus , , , se objetó la falta de motivación de la resolución en la que se ordenó la medida cautelar; en la , la pretensión era relativa a violaciones acontecidas al momento de la captura del favorecido; y, finalmente, la , si bien se refería al exceso en el plazo de la detención provisional, ello se planteó con relación a la falta de resolución de un recurso de casación interpuesto ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo cual difiere de lo propuesto en el presente proceso. De tal forma, que los motivos alegados en dichos hábeas corpus son disimiles del ahora planteado, por lo que no pueden servir de precedentes en el caso analizado. Por las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2, y 13 de la Constitución, 6 y 297 de Código Procesal Penal derogado, 505 inciso 3 del Código Procesal Penal y 71 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, RESUELVE: 1. No Ha lugar el hábeas corpus solicitado a su favor por el señor Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, por haberse determinado que no existe la violación constitucional alegada contra el derecho fundamental de libertad del favorecido; y en consecuencia, continúe en la situación jurídica en que se encuentre. 2. Notifíquese en la dirección señalada por el pretensor en escrito que consta agregado a folio 303 de las presentes diligencias. 3. Archívese. 6

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DISPOSICIÓN O GRAVAMEN DE BIENES
DE MENORES, INCAPACES O AUSENTES
En materia de derecho civil, dentro de sus diversos temas e intereses de estudio,
es normal que se dedique parte de lo regulado en el Código Civil a establecer un
régimen protector especial a favor de los menores, incapaces o ausentes.
Estas tres personas, el menor, el incapaz y el ausente, tienen en común el hecho
de no poderse valer y hacer efectivos sus derechos de una manera directa, como
el resto de personas, ya que poseen derechos de goce, más no el derecho de
ejercicio directo. Para poder actuar jurídicamente, es decir, contraer obligaciones y
derechos, la ley prevé que intervenga una persona en resguardo de sus intereses,
al no poder hacerlo ellos directamente. A efecto de suplir la limitación que tienen
estas personas de hacer valer sus derechos y cuidar de sus intereses por ellos
mismos, la ley establece la figura del representante legal, quien puede ser la
persona que ejerce la patria potestad, es decir, el padre o la madre, para el caso
del menor o incapaz; o bien el del tutor, si no son los padres. En cuanto al
ausente, existe la figura del administrador, defensor judicial o la del guardador,
quienes lo representan, con base en lo resuelto judicialmente para su
Antes de continuar queremos recordar quien es un menor de edad, un incapaz y
un ausente. La precisión conceptual nos será sumamente útil, con lo cual
evitaremos equívocos y pérdidas de tiempo.
La incapacidad consiste en la falta de aptitud legal reconocida a una persona para
ejercer derechos y contraer obligaciones por sí misma. Existen dos tipos de
incapacidad: a) la incapacidad relativa y b) la incapacidad absoluta.
La incapacidad relativa es la que se encuentra establecida legalmente con
carácter temporal dentro de la legislación civil, y se manifiesta en las restricciones
que se reconocen respecto a determinados sujetos para ejercer por ellos mismos
sus derechos y contraer obligaciones (capacidad de ejercicio), como sucede, por
ejemplo en tanto la persona no adquiera la mayoría de edad. De esta forma, los
menores de edad son sujetos que se encuentran en incapacidad relativa en tanto
no adquiera la mayoría de edad. Sin embargo, la misma ley, en excepción a lo
dicho anteriormente, reconoce lo que se denomina capacidad relativa a los
menores para ciertos actos.
A las personas que padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia, así
como los sordomudos, la ley les reconoce capacidad civil si pueden de manera
indubitable llegar a expresar su voluntad.
De igual manera, dentro de este tipo de incapacidad cabe considerar la que afecta
a la persona que pudiera padecer perturbaciones mentales transitorias, según lo
cual sus actuaciones no son completamente nulas más si las declaraciones de
voluntad emitidas durante tales circunstancias.
Este tipo de incapacidad. para no dejarle desprotegida. como efectos civiles más directos. . A través de la sentencia el juez competente declara el estado de incapacidad absoluta de una persona en lo que respecta al ejercicio de sus derechos. la incapacidad absoluta o interdicción civil consiste en la prohibición o veda legal que mediante resolución judicial se establece para que una persona ejercite por ella misma sus derechos y contraiga obligaciones. Adicionalmente. regula lo que se refiere a la inhabilitación absoluta y dentro de ésta. sin embargo. Las dos formas como se presenta la incapacidad absoluta. consecuencia de la pena impuesta por un órgano jurisdiccional competente. por su condición mental. El efecto civil de la condena penal consiste en ciertos casos. tiene efectos sociales. en virtud de los alcances que conlleva. llamada interdicción civil. La interdicción. Este efecto civil de la condena penal consiste en ciertos casos. prevé en uno de sus numerales como una consecuencia derivada de la pena. es la que se origina con base en una sentencia dictada por un juez del ramo civil. Así entendida. una persona es inhabilitada totalmente de poderse valer por sí misma en el plano jurídico. Este último caso. según este previsto dentro de la normativa profesional específica de que se trate. y que en su nombre. y dentro de ellos una clara manifestación jurídica. el Art. supla en ejercicio de los derechos que le asisten pero que no puede ejercitar por si misma dicha persona. 55 del mismo cuerpo legal antes mencionado. El artículo 55 del código Penal. que trata sobre la inhabilitación especial. puede ser entendido como una incapacidad relativa o absoluta. se encuentra en el numeral 3 la incapacidad para obtener cargos. que es la que más nos interesa para efectos del curso. como el resto de las personas. licencia o inhabilitación. Decreto 17-73 del Congreso de la República. de la necesidad de que se nombre legalmente a una persona que pueda representarla. y dentro de ésta. desde el punto de vista doctrinario. Una persona llega a encontrarse en el caso de interdicción legal cuando es limitada de sus derechos civiles por causa de una sentencia condenatoria de tipo penal. se caracteriza porque se da de manera permanente. Este efecto. la ley establece una serie de requisitos formales. Mediante la incapacidad absoluta. empleos y comisiones públicos y en el numeral 5 la incapacidad de ejercer la patria potestad y de ser tutor o protutor. la interdicción es una institución social establecida a favor de las personas que no pueden valerse por sí mismas. La interdicción judicial tiene como propósito inmediato la protección de las personas que. pero no podrá valerse por sí misma jurídicamente para hacer valer su capacidad de ejercicio. y en resguardo de sus intereses. la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización. En el caso de la legislación guatemalteca se prevé que uno de los efectos de cierto tipo de pena consiste precisamente en la inhabilitación. Es por ello que el ordenamiento legal prevé. Continuará poseyendo. son la interdicción legal y la interdicción judicial. no pueden valerse por sí mismas para la realización de los actos jurídicos. en una limitación del derecho de ejercicio al condenado. el derecho de goce o disfrute. Para llegar a reconocerse legal y públicamente la incapacidad de una persona en tales circunstancias. regula que se refiere a la inhabilitación absoluta. De este modo. a diferencia de la anterior. en una limitación del derecho de ejercicio al condenado.
REPRESENTANTES DE LOS INCAPACES Quienes pueden representar al incapaz? De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Código Civil. redunda en la declaratoria contenida en la sentencia. lo pueden hacer los representantes legales. Para tal efecto.. si no ocurriere el nombramiento de alguien que represente al incapaz. solo puede declararse con respecto a un adulto. prescribe de una manera explícita quienes pueden ser los tutores y. 13 del Código Civil). La incapacidad absoluta. debido a que este con la mayoría de edad se esperaría que pudiera valerse por sí mismo y tiene derecho al reconocimiento de su plena capacidad civil Al no cumplirse los supuestos necesarios. por lo que la designación de la persona que lo represente deberá hacerse. 9 del Código Civil). Para tal efecto.. los incapaces podrán ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales.las personas que abusen de bebidas alcohólicas o estupefacientes (art. EFECTOS DE LA DECLARATORIA JUDICIAL DE INCAPACIDAD Tras la declaratoria de interdicción. una vez agotado y probado.quienes padezcan de enfermedades mentales que les priven de discernimiento (art.. Adicionalmente también protege a terceras personas que de buena fe tuvieran intereses y derechos que hacer valer con respecto a la persona declarada incapaz. como resulta lógico en la misma resolución judicial que declara la incapacidad de la persona. 409 del Código Procesal Civil y Mercantil. en consecuencia. así: 1. Pero la sentencia debe prever también quien habrá de representar a la persona declarada incapaz. y para ello existe todo un procedimiento formal que. 3.. conforme el Art. 4..El cónyuge. Es importante tener presente que la interdicción solo puede ser declarada por juez competente.dada su condición mental. sobre su persona habrá de resolverse judicialmente para limitar su capacidad de ejercicio de derechos y la posibilidad de que contraiga obligaciones por el mismo. el juez designara a quien deba encargarse de la persona del incapaz y de sus bienes. 13 del Código Civil). el juez designará a quien deba encargarse de la persona. 9 del Código Civil).. El artículo 301 de dicho cuerpo legal. sus representantes legales.Los ciegos congénitos o quienes hubieran quedado privados de la vista durante su infancia (art. 2. . o interdicción civil. se debe publicar en el Diario Oficial y anotarse de oficio en los registros Civil y de la Propiedad. Las personas que pueden ser declaradas judicialmente en estado de interdicción son las siguientes conforme el artículo 406 del Código Procesal Civil y Mercantil: 1.Los sordomudos que no pudieren expresar de manera indubitable su voluntad (art. ya que sería por completo inútil la declaración y no se protegería en nada a la persona.
Este articulo también prescribe que los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad. los representantes legales de los incapaces o interdictos son los tutores. en particular bajo la influencia del cristianismo. de manera correlativa al nombramiento del tutor. abarcaban inclusive a la esposa del potestado. REPRESENTANTES DE LOS MENORES DE EDAD La forma normal como los menores de edad son representados se encuentra establecida en la figura legal de la patria potestad De acuerdo con lo establecido en el artículo 252 del Código Civil. En conclusión. es decir. y hasta de la vida del mismo La evolución histórica de la institución. 4. quien intervendrá en las funciones de la tutela. desde el momento de su ingreso. en cualquier otro caso. en cuyo poder este el hijo. Sin embargo. son tutores y representantes legales de los mismos. El documento en el que conste su nombramiento para el cargo debe ser inscrito en el Registro Civil. quien la ejercía podía disponer de la libertad de la libertad de la persona. al igual que muchas otras. por lo que deben establecerse cuales son los limites dentro de los cuales puede actuar en resguardo de los intereses del interdicto. su cargo es el de tutor del interdicto.2. conforme lo regulado en el Código Civil. en el Derecho Romano. en el orden anteriormente establecido. La patria potestad romana se estableció a favor del quien la ejercía. para asegurar su recto ejercicio.los abuelos. judicialmente. quienes pueden ser el cónyuge. La institución jurídica de la patria potestad tiene su origen. El Código Civil también prevé que. debe asignarse a un protutor. parientes de la persona o particulares. También debe tenerse presente lo establecido en el artículo 308 del Código Civil.. De tal manera que estas personas también deben ser tomadas en cuenta dentro de las que pueden ejercer la tutela del incapaz. solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. La naturaleza del cargo que ejerce el representante del declarado incapaz está comprendida legalmente dentro de la figura de la tutela. y por padre o la madre. permitió que la institución evolucionara hasta el concepto moderno que de ella se tiene. Dentro de sus características originales se encuentra que era vitalicia o perpetua comprendía tanto a la persona como todos sus posibles derechos patrimoniales (los bienes que correspondían a la persona sobre la que se ejercía la patria potestad correspondían al sujeto activo). y corresponde hacerlo en igual forma a como se nombró al tutor. En todo caso el cargo de tutor debe ser discernido.. y no del hijo u otro pariente que pudiera estar sometido a ella. según el cual los directores o superiores de los incapacitados.los hijos mayores de edad.. 3. Edgard Baqueiro Rojas y Rosalía Buenrostro Báez proporcionan dos definiciones de patria potestad: .el padre y la madre. del concepto original romanista conserva únicamente el nombre. la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores. conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho. y su cargo no necesita discernimiento. llegando a ser inclusive a ser objeto de venta como esclavo.
Es una conquista mas en favor de la mujer que. sino por causa de necesidad y evidente utilidad. de aquí que por patria potestad debamos entender el conjunto de derechos. quienes ejercen la patria potestad. El otro concepto. Es por ello que se equipara a una función pública. la mujer solamente tenía esa facultad. si se ha perdido esta o ha sido suspendida con respecto a los padres. previa autorización del juez competente y con la intervención de la Procuraduría General de la Nación (artículo 264). la patria potestad era ejercida como un privilegio exclusivamente por el hombre. por quien que tenga a su cargo al hijo. de acuerdo con lo previsto en el artículo 268 de dicho código. coloca a la ley guatemalteca en un lugar de avanzada. En su defecto. En el caso de Guatemala se reconoce como un derecho y obligación de ambos padres hasta la promulgación del Código Civil de 1963. así fue concebida en el derecho romano y la tradición de corte evidentemente patriarcal. ya sea ambos conjuntamente. la representación legal del menor puede ser ejercida por los padres. o bien. deberes y obligaciones conferidos por la ley a los padres para que cuiden y gobiernen sus hijos desde el nacimiento hasta la mayoría de edad o la emancipación. se plantea lo siguiente: El reconocimiento de igual derecho en el padre y la madre para el ejercicio de la patria potestad modifica la legislación anterior. decreto ley 106 Al respecto. en la exposición de motivos de este cuerpo legal. subsidiariamente. por lo que. le representará el tutor nombrado judicialmente. cuando el hombre no podía ejercerla. inclusive que salga de la casa de sus padres y quede al cuidado del pariente más próximo o de otra persona o de un centro educativo El juez puede. al que están llegando algunas legislaciones que. llegar a nombrar un tutor especial. De una manera tradicional. como la nuestra. poderes y obligaciones conferidos por ley a los padres para que cuiden y representen a sus hijos desde el nacimiento hasta la mayoría de edad o la emancipación. al existir conflicto de intereses entre los hijos y los padres. más sintético plantea que: patria potestad es el conjunto de derechos. se mantuvo en muchas legislaciones hasta los tiempos modernos. juntamente con la anterior que fundamenta el matrimonio. articulo 262 del Código Civil. . así como para que administren sus bienes y los representen en tal periodo. lucha por abrirse paso entre tanto prejuicio que nubla el conocimiento de los nuevos principios del derecho y de la justicia que los inspira La ley también prevé que el interés de los hijos es predominante. También la ley prevé que los padres no puedan enajenar ni gravar los bienes de los hijos.La patria potestad se considera como un poder concedido a los ascendientes como medio de cumplir con sus deberes respecto a la educación y cuidado de sus descendientes. De este modo. cuando la conducta de los padres sea perjudicial al hijo y exista petición de que se suspenda o se pierda la patria potestad el juez adoptará las providencias urgentes que convengan a los intereses del menor. así como para que administren sus bienes en tal período.
Lo que se busca a través de esta figura es lograr la representación en juicio de la persona que no ha dejado nombrado mandatario con poderes suficientes para que lo haga. Con base en lo anterior resulta fácil inferir que la declaratoria de ausencia se orienta.. que se sustenta en el inexplicable desaparecimiento de la persona del lugar normal en donde desarrolla su vida.REPRESENTANTES DE LOS AUSENTES La figura y concepto de la usencia. sin haberse vuelto a saber más de ella A lo anterior comenta el civilista español que la ausencia determina un estado civil especial que provoca. El propósito inmediato de la declaratoria de ausencia . la necesidad de una institución supletoria. ni tampoco de dónde se encuentre. Esta institución supletoria tiene por misión encargarse del cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos del ausente. no se encuentra más en su domicilio regular (quizá sería más propio hablar de su residencia) y se desconoce donde pueda estar. define la ausencia como el estado civil de la persona quien se duda si vive. para los efectos legales.AUCENCIA MATERIAL Presunta de hecho o simple: la cual consiste en que una persona se halla fuera de la república y esta tiene o a tenido su domicilio en ella (artículo 42 del Código Civil primer párrafo) En este caso no existe motivo alguno de sospecha sobre si la persona ha fallecido. Así en este tipo de ausencia. solamente se desconoce su paradero. sin motivo ni causa alguna conocida. Conforme el artículo 43 del Código Civil toda persona que se ausente de la república debe dejar mandatario con las facultades suficientes para que la represente.AUSENCIA LEGAL Se encuentra prevista en el segundo párrafo del Artículo 42 del Código Civil. 2. Dentro de los diferentes tipos de ausencia se reconocen las siguientes: 1. La diferencia con respecto al anterior tipo de ausencia es clara: la persona. trámite que es posible realizar en jurisdicción voluntaria notarial y que oportunamente estudiamos. según el cual se considera también ausente. para así hacer valer sus derechos o cumplir con sus obligaciones.. a su vez. esto es si continúa con vida. bien porque desaparecio en una circunstancia de peligro para la vida. ya que los bienes y asuntos de una persona se encuentra en estado de abandono. El profesor Serrano. 44). la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. No así en el derecho romano existen algunos referentes pero remotos. tiene antecedentes directos en el derecho germánico. al nombramiento de una persona que legalmente pueda representar a la persona cuyo paradero y posible sobrevivencia se ignora. como institución jurídica. de lo contrario el juez a solicitud de parte le nombrará defensor judicial (art. en la cual el ignorado paradero es determinante para el inicio de la duda sobre la existencia de la persona. bien porque se desconoce su paradero durante cierto tiempo. precisamente. comienza a temerse si aún vive. citado por Federico Puig Peña. Con esta figura legal pueden iniciarse los trámites pertinentes para la declaratoria de ausencia. y sin tener noticia alguna sobre las motivaciones de ello. Sobre el contenido de dicho párrafo señala Alfonso Brañas que este precepto configura la denominada ausencia propiamente dicha.
Se trata de los casos previstos en el artículo 64 de dicho cuerpo legal. así como del apego a las facultades que le han sido expresamente reconocidas para evitar la extralimitación o abuso. según los cuales las personas que han desaparecido durante una guerra en la que hubieren tomado parte. o bien la administración puede ser solicitada por los parientes.es que se nombra alguna persona que resguarde los bienes y derechos del ausente y también para que se le represente legalmente para atender sus asuntos. 3. El guardador tiene la responsabilidad. No obstante esto. con lo cual se conseguiría también el nombramiento de administrador. de que se declare la ausencia. tenemos claro quién puede representar al ausente. . como su nombre lo indica. incendio. Acá no existe necesidad. el depositario provisional. en cualquier momento que pudiera aparecer el ausente recobrará sus bienes en el estado en que estos se encuentren). el guardador o el administrador. terremoto. en cuyo caso se habla legalmente de un administrador. los sucesores podrán reclamar sus derechos y llegar a la posesión definitiva de los bienes (sin embargo. por lo que siempre se mantiene un contrato y supervisión por parte del juez así como de los interesados del desempeño que demuestre la persona. por la brevedad del plazo previsto en la ley. puede nombrar a un defensor judicial. Así mismo. quien es una persona particular. Sin embargo. Evidentemente cada uno de estos cargos debe ser discernido judicialmente. derrumbe.AUSENCIA CALIFICADA Este tipo de ausencia se reconoce expresamente con este nombre en doctrina. deberán rendir cuentas de la gestión realizada y no está libre de incurrir en responsabilidad penal y civil si su desempeño no es probo o apegado a los intereses de su representado. si se considera útil por parte de los interesados para atender los asuntos del ausente podría solicitarse. a saber: el defensor judicial. Con base en lo anterior. de conservar los bienes. llegar a declarar la muerte presunta al no haber noticia de ellas. para que represente los intereses del ausente. debido a que en el lapso de un año podrá hacerse efectiva la posesión definitiva por parte de quienes tuvieran derechos.. también puede ser depositario de los bienes y representar al ausente el administrador. si se encuentra regulada en el Código Civil. o bien de guardador. pero no en la legislación civil guatemalteca. Posteriormente podrá nombrar a un guardador. etc.). El juez. derechos e intereses que corresponden al ausente y también representarle judicialmente. El defensor judicial tiene una función muy específica y limitada: representar en el juicio al ausente para determinados asuntos. Si el ausente no aparece ni tampoco mandatario legalmente nombrado para que le represente dentro del plazo de cinco años. en primer lugar. inundación. se les puede dentro del plazo general de un año. y adicionalmente a un depositario provisional. deben constituir garantía para desempeñar el cargo. en el naufragio de un buque en el que se encontraban a bordo o en un siniestro en el que no se encuentre el cadáver (explosión. quien es un pariente de la persona desaparecida. contados a partir de la declaratoria o desde la última fecha en que se tuvo noticias de él. y no vemos motivo por el cual no pueda otorgarse conforme lo previsto en la ley.
la propia enajenación. las facultades del representante legal están limitadas para hacerlo. los llamados derechos reales de garantía. o sea. Gravar dice Juna Francisco Flores es imponer una limitación sobre un bien a efecto de garantizar con ello el cumplimiento de una obligación. La forma típica que adopta el gravamen en nuestra legislación es la de la hipoteca o la de la prenda. En el caso del menor de edad. Ambas figuras. incapaces o ausentes. define de la siguiente manera el concepto de disposición: facultad de enajenar o gravar los bienes. ya sea como un acto inter vivos o mortis causa. carga. La disposición o gravamen de bienes de menores. Por último nos permitimos citar a Federico Puig Peña. constituye una facultad del derecho del propietario a establecer “actos de imposición de cargas y subordinación a una responsabilidad real o personal. es posible afirmar que el gravamen constituye una carga o limitación que se establece por parte del propietario con respecto a sus bienes. en virtud de que no constituye una obligación). con el propósito de garantizar el cumplimiento de una responsabilidad. y si no es satisfecha por el obligado la acción para el cumplimiento de la responsabilidad se dirigirá hacia la cosa. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define el término gravamen de la siguiente manera: Del lat. Todo propietario. quien expone sobre la disposición stritu sensu.CONCEPTO DE DISPOSICIÓN El termino disposición posee varias acepciones. Todo propietario en virtud de un acto volitivo puede imponer gravámenes sobre sus bienes. caso de la hipoteca. De esta manera. ora muebles. tiene el derecho de transmitir su propiedad a un tercero. siendo este uno de los principios que pudiéramos llamar fundamentales del dominio. y no hacia la persona (no puede dirigirse hacia la persona. Gravamen. si bien esta palabra. es decir. Carga impuesta sobre un inmueble o sobre un caudal. en el lenguaje corriente. del incapaz o del ausente. especialmente de tipo pecuniario. se aplica tan solo a la transmisibilidad por acto inter vivos y a titulo oneroso. dicen las leyes. y necesita de autorización judicial para hacerlo.1. 2. la hipoteca y la prenda. ora inmuebles. Joaquín Escriche expone en su diccionario que disposición es Todo lo que manda la ley u ordena el hombre sobre la persona o los bienes verbalmente o por escrito. Juan Palomar de Miguel. CONCEPTO DE GRAVAMEN El concepto de gravamen. la disponibilidad se refiere al derecho del propietario a transmitir a un tercero la cosa que le pertenece. Vivos o mortis causa. se caracterizan porque a través de ellas se crean un derecho a favor de un tercero que asegura el cumplimiento de una responsabilidad. que es el sentido en el que lo utiliza el decreto 54-77 del Congreso de la República y es la que nos interesa: La disposición strictu sensu es el derecho de transmitir la cosa por actos inter. expone Puig Peña. caso de la prensa. Con base en todos estos elementos. . obligación que pesa sobre alguien. lo que le da el carácter real a dicha responsabilidad. sea a titulo oneroso o a título gratuito. m.
en lo que fueren aplicables. Para efectos del gravamen o disposición de los bienes del menor de edad. En cuanto a la persona declarada judicialmente incapaz. Con base en lo dispuesto en el artículo 264 del Código civil. incapaces o ausentes.para enajenar o gravar bienes inmuebles o derechos reales del menor o incapacitado. siempre que pasen de quinientos quetzales. Si el menor de edad no se encuentra bajo la patria potestad de sus padres. especialmente inciso 1. quien es representado también por un tutor con base en lo previsto en el artículo 301. De este modo. transcrito en el párrafo anterior. sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad y previa la autorización del juez competente e intervención del Ministerio Público (entiéndase Procuraduría General de la Nación). obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración. está limitada con base en lo previsto en el artículo 264 del Código Civil: Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos. según el cual: “El tutor necesita autorización judicial: 1. para hacer o reconocer mejoras que no sean necesarias. BASE LEGAL Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE DISPOSICIÓN O GRAVAMEN DE BIENES DE MENORES.Con base en los apartados anteriores. según corresponda a cada figura. y en general. sus bienes pueden ser objeto de disposición y gravamen según las limitaciones establecidas para la tutela. para celebrar otra clase de tratos que afecten el patrimonio del pupilo. sin llenar las formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o incapacitados”. conforme el artículo 293 del Código Civil. la representación será encomendada a un tutor. Conforme el artículo 50 del Código Civil. Declaratoria de necesidad y utilidad para la disposición o gravamen de bienes de menores. conforme lo establecido en el artículo 332. La disposición o gravamen de los bienes de menores por los padres que de manera conjunta o individual ejerzan la patria potestad. INCAPACES O AUSENTES CONSIDERACIONES LEGALES Para disponer o gravar los bienes del ausente. que parcialmente transcribimos en el apartado anterior. los padres únicamente pueden disponer o gravar los bienes de los menores “por causa de absoluta necesidad y evidente . incapaces o ausentes. ni contraer en nombre de ellos. o con anticipo de renta por más de un año. para constituir servidumbres pasivas.. para dar los primeros en arrendamiento por más de tres años. facultades y prohibiciones de los tutores. el artículo 60 del mismo cuerpo legal. también aplica la necesidad de autorización judicial para poder disponer o gravar de los bienes de su representado. “el representante del ausente es administrador de los bienes de este y tiene las mismas obligaciones. establece que “el administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente. necesita de la autorización judicial o bien de la notarial para poder disponer o gravar los bienes que les pertenecen a sus representados. las facultades del tutor están limitadas con base en lo establecido en el artículo 332. se deben tener presentes las facultades de su representante. De una manera explícita. se puede plantear la regla general de que los representantes de los menores.
utilidad y previa la autorización del juez competente e intervención de la Procuraduría General de la Nación. incapaces o ausentes. y otras más que pudieran presentarse para el representado.. expresamente se encuentra limitado también de disponer o gravar los bienes de su representado.cuando se proporciona la redención de un gravamen mayor por otro menor. 60. Sin embargo. “Así mismo. se transcribió lo pertinente al representante del ausente. 1. 265. Algunas necesidades como las de salud. que también está comprendido dentro de los asuntos de jurisdicción voluntaria.Código Civil. CUERPOS LEGALES QUE REGULAN LA DOSPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE BIENES DE MENORES. 3. incapaces o ausentes. han interpretado de manera amplia las necesidades que puede comprender la situación del representado.cuando para conservar los bienes y sus productos. se puede realizar judicial y notarialmente. el Código Procesal Civil y Mercantil. y el procedimiento judicial está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. En la práctica los jueces y notarios lo han hecho así. Todo lo anterior nos lleva a establecer. 266.. pueden quedar comprendidas bajo la denominación de “alimentación”. En materia procesal. INCAPACES Y AUSENTES. en los siguientes supuestos: 1. no se puede encontrar otro medio que gravarlos. 264. debe existir una declaratoria de utilidad y/o necesidad. según el cual éste “tiene las mismas obligaciones. entendida en sentido amplio. la condición legal de que para disponer o gravar los bienes de menores. en lo que aplicare. y si es necesario y útil hacerlo deberá obtener la autorización judicial respectiva. Decreto Ley 107. quien puede ser representante del menor. del incapaz o del ausente. es decir. Decreto Ley 106. 332.. 2. art. El Código Procesal Civil y Mercantil es más amplio y explicito en los aspectos que se refieren a los elementos a tomar en cuenta respecto a lo que debe comprenderse por utilidad y necesidad. establecido en el artículo 50. y remite también a lo previsto en el Código Procesal Civil y Mercantil. establece que existe utilidad y necesidad en los contratos de bienes de menores. 252. Trámite para la disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. como requisito indispensable. . La tramitación de este asunto fue facultado de manera expresa por el decreto 54-77 del Congreso de la República.cuando los productos de los bienes inmuebles no alcancen para satisfacer créditos legítimos o para llenar necesidades precisas de alimentación del menor o incapaz.. La base legal sustantiva se encuentra en el Código Civil. facultades y prohibiciones de los tutores en lo que fueren aplicables” y como vimos el tutor. en 1977. consideramos que en la práctica se quedan un poco cortos frente a las necesidades que puede afrontar el representado. El trámite. el cual está regulado en tres artículos. formación educativa.
incapaz o ausente. Si la prueba ofrecida es la testimonial. Esto con base en lo previsto en el artículo 12 del decreto 54-77 y 66 del Código Procesal Civil y Mercantil. Decreto 54-77 del Congreso de la República.00 por hoja. incapaz o ausente. a la cual deberá adherírsele un timbre notarial de Q. 3. Art.00 y un timbre fiscal del valor de Q. incapaz o ausente. Decreto Ley 107. 2.los bienes que administra. Como cuarta fase. decreto Ley 107.los medios de prueba para acreditar la utilidad y necesidad del contrato u obligación. se practicarán las diligencias que el notario considere necesarias (art. 3. deberá procederse a la recepción de pruebas. El tercer paso consiste en la notificación de la primera resolución al promoviente y. 11 al 13. debe tenerse presente que aplica lo normado en los artículos 134.. se debe satisfacer lo concerniente a los timbres notariales por valor de Q. y esto constituye la quinta fase.. A continuación el Notario procede a dictar la primera resolución dentro de las diligencias. si corresponde por tratarse de un tutor el representante. La sexta fase consiste en obtener informe de una trabajadora social adscrita a un Tribunal de Familia..las bases del contrato respectivo. 12.el titulo con que administra los bienes. ya que con base en él se logra determinar con certeza la necesidad o utilidad de que se disponga (enajene) o grave el bien del menor. al protutor. 5.2. FASES DE TRAMITACIÓN El trámite inicia con la solicitud del representante del menor incapaz o ausente para obtener la autorización de gravar o disponer de un bien que pertenece a su representado. el cual deberá acreditar. Art. 0. A continuación. 10.Código Procesal Civil y Mercantil. y en estas se dan por iniciadas las mismas. 148 y 149 del Código Procesal Civil y Mercantil. certificación del bien a enajenar o gravar) por ser una resolución de trámite.. 2.Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. deberá realizarse diligencia específica a efecto de recibir las declaraciones. El Art. 421 del Código Procesal Civil y Mercantil establece los requisitos de la solicitud así: 1..50. con designación de los que se propone enajenar o gravar. 420 al 424. se ordena agregar al expediente la documentación presentada (legitimación del representante del menor. o sea un decreto. Esta solicitud se hará constar en acta notarial de requerimiento. 4.00. Para tal efecto. conforme el citado Artículo 12. La base legal para obtener la colaboración de la autoridad judicial.los motivos que lo obligan a solicitar la licencia... es sumamente importante. Decreto 54-77). se encuentra en el artículo 3 del decreto 54- . Decreto Ley 107. partida de nacimiento del menor. El estudio socioeconómico que realice la trabajadora social bajo juramento.
consiste en la remisión del testimonio especial al Director del Archivo General de Protocolos y entrega del primer testimonio al promoviente con duplicado para efectos de que se realice la inscripción en el Registro de la Propiedad. Adicionalmente. En el testimonio o primer testimonio que se entrega al interesado para efectos de que se opere la inscripción en el registro. el Notario podrá dictar la resolución o auto final (novena fase).50 por razón del registro que se operará (artículo 5. así mismo. Esta fase en rigor. según la afectación sea de un bien inmueble o de un bien mueble respectivamente. es decir.00 por millar y en timbres fiscales Q. de la municipalidad que corresponda. La prescripción de hacerlo se encuentra en el artículo 12. la undécima.77 del Congreso de la Republica. debe constar el pago del impuesto al valor agregado.50 a cada hoja. la escritura será de compraventa. pero en la práctica procesal se ha establecido como requisito. a razón de Q2. Con base en el pronunciamiento u opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación. Los contratos de mutuo se encuentran exentos del pago del impuesto del timbre fiscal.0. La base legal de esta fase se encuentra en el artículo 12 del decreto 54-77 y en el artículo 422 del Código Procesal Civil y Mercantil. consiste en la valuación del bien a enajenar o gravar por parte del valuador autorizado. segundo párrafo. del decreto 54-77 del Congreso de la República y en el artículo 422 del Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley 107. Decreto Ley 206. Un aspecto fundamental dentro de este procedimiento. y 69 del Código de Notariado. especialmente con base en lo que requerido por la Procuraduría General de la Nación. para lo cual deberá constar en el expediente por escrito el pronunciamiento técnico del valuador autorizado.0. si es que se trata de compraventa y ésta se encuentra afecta. En tanto que si es un gravamen el que se estableces sobre el bien. Si se trata de disposición. .00 por motivo del auto. no se encuentra regulada en norma alguna. La decima fase consiste en el otorgamiento de la escritura pública. otro a Catastro Municipal. También deberá remitirse los avisos de traspaso: uno. Debe tenerse presente que es necesario adherir un timbre fiscal de Q. que se encuentra adscrita al Ministerio de Finanzas Públicas. para efectos del control que realizan en cuanto al Impuesto Único Sobre Bienes Inmuebles. específicamente al departamento de Matrícula Fiscal. La penúltima fase. a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI). y también un timbre notarial de Q. 10.50 por hoja. Decreto 314 del Congreso de la República. la escritura que corresponde es la de mutuo.0. mediante la cual se autoriza el gravamen o disposición del bien objeto del trámite. literal a). es importante el artículo 14 y 17 de la ley de tribunales de familia. debe adherirse un timbre fiscal de Q. el que puede estar garantizado mediante hipoteca o prenda. numeral 3 de la Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolo). ya sea que hayan sido otorgados por entidades bancarias o por personas particulares. lo cual representa la octava fase del procedimiento. por lo que corresponderá satisfacer el impuesto al valor agregado. En el testimonio especial deberá satisfacerse lo que corresponde al timbre notarial. Esto con base en lo rescrito en el artículo 37. que enajenación.
148 y 149 del código Procesal Civil y Mercantil). para su conservación y custodia. y al interesado (con duplicado) para la inscripción en el Registro de la Propiedad respectivamente. decreto ley 107. Decreto 54-77 del Congreso de la República. 9) Resolución o Auto Final. Esto no se encuentra regulado. 5) Práctica de diligencias que el Notario considere necesarias Avalúo fiscal e informes médicos). Decreto ley 107. según lo previsto en el artículo 7 del Decreto 54-77. 8) Ausencia a la Procuraduría General de la Nación. 134. el duodécimo. Art. 2) Primera Resolución de Tramite Se dan por iniciadas las diligencias. Art. Art 3 del Dto. 1. incapaz o ausente. Ley 107. Art. En gravamen: mutuo con garantía hipotecaria o prendaria. incapaz o ausente. Art. Se ordena agregar al expediente la documentación presentada. 4) Recepción de Pruebas Si es testimonial. .50 por hoja. Art. 12 del Decreto 54-77 del Congreso de la República. Se adhiere un timbre fiscal de Q. Ley 107. 54-77. 421 Código Procesal Civil y Mercantil. consiste en la remisión del expediente al Director del Archivo General de Protocolos. un timbre notarial de Q. 13. pero en la práctica procesal se ha establecido como requisito. Dto. 54-77 y 423 del Código Procesal Civil y Mercantil. 37. 54-77 del Congreso de la República. 12. 1) Acta Notarial de Requerimiento Art. Dto. 5477. lit.00 3) Notificación de la Primera Resolución Al protutor o representante del menor.50 a cada hoja. Dto. 422 del Código Procesal Civil y Mercantil Dto. 10. 423 Código Procesal Civil y Mercantil. dto. 11) Testimonio Especial y Primer Testimonio Al archivo General de Protocolos. Art. Dto. Art. DISPOSICION O GRAVAMEN DE BIENES DE MENORES. Ley 107. partida de nacimiento del menor. incapaz o ausente certificación del bien). 12. Art. 54-77 del Congreso de la República.00. del Dto. 422 del Código Procesal Mercantil Decreto Ley 107. (legitimación del representante del menor. 66 Código Procesal Civil y Mercantil. 2 y 11. Art. Art.0. 6) Informe Bajo Juramento de una Trabajadora Social Adscrita a un Tribunal de Familia. 54-77. 10)Otorgamiento de la Escritura En la disposición: compraventa y avisos de traspaso. y Art. 2 del Dto. Adherir dos timbres notariales de Q.El último paso. Dto. 54-77 y Art. INCAPACES O AUSENTES.0. 14 y 17 de la Ley 206. se harán constar en actas las declaraciones (con base en art. 7) Valuación del Bien por Valuador Autorizado Art 12 segundo párrafo. y un timbre fiscal de Q. 12.
12)Remisión del Expediente al Director del Archivo General de Protocolos. 54-77. y artículo 69 del Código de Notariado. . Dto.a). Art. 7 Dto. 314 del Congreso de la República y 57 Ley IVA.
Alvarado Sandoval Ricardo Gracias González José Antonio.BIBLIOGRAFÍA Procedimientos Notariales Dentro de la Jurisdicción Voluntaria Guatemalteca. .
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Ley de Navegación y Comercio Marítimo Publicación 1963 (hace 53 años) - Última modificación 1994 (hace 23 años) Abrogada 1994 (hace 23 años) -> Ley de Navegación
LIBRO PRIMERO 1 - 14j
Disposiciones Generales TITULO UNICO 1 - 14j
De la aplicación de esta ley CAPITULO I 1 - 14j
LIBRO SEGUNDO 15 - 97
Del Régimen Administrativo de la Navegación TITULO UNICO 15 - 97
De las autoridades marítimas CAPITULO I 15 - 32
De los puertos CAPITULO II 33 - 52
De las normas generales a que está sujeta la navegación marítima CAPITULO III 53 - 71
Del auxilio, del salvamento y de los naufragios CAPITULO IV 72 - 87
De la matrícula y abanderamiento CAPITULO V 88 - 95
Registro público marítimo nacional CAPITULO VI 96 - 97
Del Comercio Marítimo LIBRO TERCERO 98 - 271
De las Cosas TITULO PRIMERO 98 - 144
De la construcción del navío CAPITULO I 98 - 105
De la propiedad y copropiedad de los buques CAPITULO II 106 - 115
De los privilegios marítimos CAPITULO III 116 - 120
De la hipoteca marítima CAPITULO III BIS 121 - 126c
De la empresa marítima CAPITULO IV 127 - 131
De la fortuna de mar CAPITULO V 132 - 134
Del abandono de los buques CAPITULO VI 135 - 144
De las Personas TITULO SEGUNDO 145 - 149
De la tripulación de los buques CAPITULO I 145 - 146
De los capitanes CAPITULO II 147 - 149
De los Contratos TITULO TERCERO 150 - 255
Del arrendamiento de las naves CAPITULO I 150 - 156
Del fletamento CAPITULO II 157 - 209
De las modalidades marítimas de la compra venta CAPITULO III 210 - 221
Del seguro marítimo CAPITULO IV 222 - 250
De los agentes del naviero CAPITULO V 251 - 255
De los Riesgos TITULO CUARTO 256 - 271
De las averías gruesas o comunes CAPITULO UNICO 256 - 271
LIBRO CUARTO 272 - 274
De las Maniobras en los Puertos TITULO UNICO 272 - 274
La Ley de Navegación publicada el 04 de enero de 1994, en su artículo tercero transitorio deroga a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, con exepción del Capítulo IV del Título III del Libro III denominado del Seguro Marítimo, que comprende los artículos 222 al 232 y 234 al 250.
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1963
(Ultima reforma aplicada 04/01/1994)
LEY de Navegación y Comercio Marítimo.
TITULO UNICO - Disposiciones Generales
CAPITULO I - De la aplicación de esta ley
Artículo 14-C
Artículo 14-D
Artículo 14-F
Artículo 14-G
Artículo 14-H
Artículo 14-I
Artículo 14-J
TITULO UNICO - Del Régimen Administrativo de la Navegación
CAPITULO I - De las autoridades marítimas
CAPITULO II - De los puertos
De su Régimen y Operación
De los Puertos de Administración Estatal
De los Puertos de Administración Descentralizada
CAPITULO III - De las normas generales a que está sujeta la navegación marítima
CAPITULO IV - Del auxilio, del salvamento y de los naufragios
CAPITULO V - De la matrícula y abanderamiento
CAPITULO VI - Registro público marítimo nacional
LIBRO TERCERO - Del Comercio Marítimo
TITULO PRIMERO - De las Cosas
CAPITULO I - De la construcción del navío
CAPITULO II - De la propiedad y copropiedad de los buques
CAPITULO III - De los privilegios marítimos
CAPITULO III BIS - De la hipoteca marítima
Artículo 126-A
Artículo 126-B
Artículo 126-C
CAPITULO IV - De la empresa marítima
CAPITULO V - De la fortuna de mar
CAPITULO VI - Del abandono de los buques
TITULO SEGUNDO - De las Personas
CAPITULO I - De la tripulación de los buques
CAPITULO II - De los capitanes
TITULO TERCERO - De los Contratos
CAPITULO I - Del arrendamiento de las naves
CAPITULO II - Del fletamento
A). DISPOSICIONES GENERALES
B). DEL FLETAMENTO POR ENTERO O POR COMPARTIMENTO
C). DEL TRANSPORTE DE COSAS EN GENERAL
D). DEL TRANSPORTE DE COSAS DETERMINADAS
E). DEL TRANSPORTE DE PERSONAS
CAPITULO III - De las modalidades marítimas de la compra venta
CAPITULO IV - Del seguro marítimo
El seguro marítimo podrá contratarse por cuenta propia o de un tercero y se perfeccionará en el momento en que el solicitante tenga conocimiento de su aceptación por el asegurador.
Su vigencia no podrá supeditarse al pago de la prima, a la entrega de la póliza o de cualquier otro documento equivalente.
La póliza podrá expedirse a nombre del solicitante, de un tercero o al portador. A falta de póliza, el contrato se probará por cualquier otro medio de prueba legal.
Las cláusulas manuscritas o mecanográficas prevalecerán sobre las impresas, cuando consten en todos los ejemplares de la póliza.
A falta de disposición legal aplicable, las cláusulas obscuras o confusas se interpretarán por la autoridad competente en el sentido menos favorable para quien las propuso.
El pago del importe del seguro será cubierto a más tardar 30 días después de que el asegurador haya recibido los documentos e informaciones que funden la reclamación.
La suma asegurada por daños y perjuicios pactados será el límite de las obligaciones del asegurador; pero sólo estará obligado a cubrir los efectivamente causados.
Si se celebrase un seguro, sin dolo o mala fe, por una suma superior al valor real de la cosa asegurada, el contrato será válido hasta por este mismo valor. La suma asegurada se deducirá por acuerdo de las partes o en su defecto, por dictamen de peritos. El asegurador deberá bonificar al gestor del seguro o en su caso al asegurado el excedente de la prima pagada, por el período que no haya transcurrido desde la fecha en que recibió la solicitud correspondiente. En caso de probarse el dolo o la mala fe, el contrato será nulo y las primas pagadas quedarán a favor del asegurador.
Si se contratare con varios aseguradores un seguro contra el mismo riesgo y por el mismo interés económico, el gestor del seguro deberá poner en conocimiento de cada uno de los aseguradores, la existencia de los otros contratos. El aviso se dará por escrito, con indicación de aseguradores y sumas aseguradas.
Los seguros de que trata el artículo anterior serán válidos aunque sumen una cantidad superior al valor real asegurado y obligarán a los aseguradores dentro de este límite, hasta la suma que cada uno hubiere asegurado, a menos que se demuestre que hubo mala fe.
En el caso del artículo anterior, el asegurador que pague podrá repetir lo pagado contra los demás, en proporción a la suma asegurada por cada uno.
Si ocurriere el siniestro, el gestor del seguro o el beneficiario de la póliza, podrán realizar todos los actos que tiendan a evitar o a disminuir el riesgo, salvo pacto en contrario. Si no hubiere peligro en la demora, los interesados pedirán instrucciones al asegurador y se atendrán a ellas.
Si la cosa se hubiese designado sólo por su género, se considerarán aseguradas todas las que de tal género existiesen en el buque.
Salvo pacto en contrario, la vigencia del seguro sobre las mercancías se iniciará en el momento en que éstas sean entregadas al porteador, cesará en el momento en que sean desembarcadas en el lugar de su destino y se pongan a disposición del consignatario.
Salvo pacto en contrario el asegurador no responderá de los daños mecánicos que se ocasionen a los motores o a los instrumentos de navegación si dichos daños no fueren consecuencia directa de un accidente de mar.
Si el siniestro se debió al cambio de ruta o de viaje, los aseguradores del buque y del cargamento sólo responderán si el cambio fue forzado o se realizó para auxiliar a buques o a personas en peligro.
Si en el contrato se expresa el nombre del buque en que las mercancías habrán de cargarse, el asegurador no responderá de la agravación del riesgo producido por el cambio del buque. El error en la designación del buque no invalidará el seguro.
El asegurador responderá, salvo pacto en contrario, de los daños y pérdidas ocasionadas por vicios ocultos de la cosa, a menos que pruebe que el asegurado o el gestor del seguro conocían tales vicios o pudieron conocerlos si hubiesen obrado con la diligencia normal.
El asegurador responderá, salvo pacto en contrario, por las sumas que correspondan a las mercancías por contribuciones de averías gruesas o comunes.
El asegurador será responsable, si no se pacta lo contrario, de las cantidades que el asegurado deba a terceros, por daños ocasionados por abordaje. Si el asegurado fuere demandado deberá denunciar el juicio al asegurado que podrá hacer valer las excepciones que competan al asegurado.
Si el seguro sobre el buque vence estando en viaje se prorrogará de pleno derecho hasta la hora veinticuatro del día en que la nave llegue a su destino final. El asegurado o su representante deberá pagar la prima suplementaria.
Si el seguro del buque hubiere sido contratado por viaje, su vigencia comenzará en el momento en que se inicie el embarque; sino hubiere sido así, desde el momento en que zarpe o desamarre y terminará en el momento en que el buque sea anclado o amarrado en el puerto de destino, o al terminarse la descarga, siempre que la duración de tales maniobras no exceda de quince días.
Si el seguro se toma estando ya iniciado el viaje del buque y no se estipula la hora en que entrará en vigor, se entenderá que surte sus efectos desde la primera hora del día en que se contrató el seguro.
EL daño al buque puede ser reparado o indemnizado, a cargo del asegurador. Si el naviero o el capitán debidamente autorizado optan por la reparación, el asegurador tendrá derecho de vigilar la ejecución de la misma. Si optaren por la indemnización, ésta se pagará en la cantidad promedio que resulte del cálculo de valores entre nuevo y viejo. El cálculo de los valores, a falta de acuerdo entre las partes se computará según estimación de peritos.
Se considerará valor del buque el que tenga al iniciarse el riesgo.
El asegurador que indemnice por los daños, que cubra el seguro, se subrogará en los derechos y acciones que correspondan al beneficiario contra terceros, por responsabilidad de éstos en los daños sufridos, hasta el valor de lo pagado.
Cualquiera de las partes podrá pedir que el daño causado se valúe sin demora. Si alguna se niega a nombrar perito, el Juez lo designará a petición de la otra.
La intervención del asegurador en la valorización del daño no implicará su aceptación de pagar el valor del siniestro, ni su renuncia a oponer excepciones.
Cuando el buque se presuma perdido o quede imposibilitado para navegar, las mercancías aseguradas podrán abandonarse y exigirse el monto total del seguro, si no son reembarcadas en el término de tres meses.
El buque se considerará perdido si transcurren treinta días después del plazo normal para su arribo sin que llegue a destino y no se tenga noticias de él.
El asegurador perderá el derecho de objetar el abandono, si no lo hace dentro de los quince días siguientes a aquel en que reciba la declaración.
CAPITULO V - De los agentes del naviero
Artículo 255-A
Artículo 255-B
Artículo 255-C
Artículo 255-D
Artículo 255-E
Artículo 255-F
Artículo 255-H
Artículo 255-I
TITULO CUARTO - De los Riesgos
CAPITULO UNICO - De las averías gruesas o comunes
TITULO UNICO - De las Maniobras en los Puertos
Esta ley entrará en vigor treinta días después de su publicación.
Se derogan los artículos del Libro Tercero del Código de Comercio y las demás disposiciones legales en lo que opongan a este ordenamiento.
En tanto se reglamenta y organiza el Resguardo Marítimo, conforme a esta ley, la Secretaría de Marina ejercerá las funciones que a dicho cuerpo se atribuyen, por medio de la policía marítima o de las autoridades que determine el Ejecutivo Federal.
En tanto se reglamenta y establece el Registro Público Marítimo Nacional, el registro marítimo será llevado en libro auxiliar del Registro de Comercio. Los registradores deben avisar a la Secretaría de Marina de todo el movimiento que se realice en los libros del registro marítimo.
Las personas físicas o morales que al entrar en vigor esta ley exploten servicios públicos de navegación marítima o de servicios portuarios conforme a permisos o concesiones definitivos otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podrán continuar operando hasta la fecha de terminación de sus respectivos permisos o concesiones, que no serán renovados, o bien podrán sujetarse a las prescripciones de esta ley dentro del plazo de un año a contar del día en que entre en vigor
Se prorrogan de pleno derecho, por el plazo de un año a que se refiere el párrafo anterior, los permisos o concesiones cuyo término de duración debió concluir antes de la expiración de este plazo.
Los permisionarios o concesionarios que al entrar en vigor esta ley no hubieren iniciado la prestación de los servicios, perderán el derecho derivado de esos permisos o concesiones.
Las personas que al entrar el vigor esta ley estuvieran tramitando solicitudes de permisos o concesiones, quedarán sujetos al régimen y condiciones de la misma.
Los permisionarios o concesionarios que se encuentren operando servicios marítimos y satisfagan los requisitos establecidos en esta Ley, tendrán derecho a que se les otorguen las autorizaciones respectivas en los términos de la misma.
En los aspectos no previstos por el Libro IV de la Ley, que se refiere a las maniobras en los puertos, regirá provisionalmente la Ley de Vías Generales de Comunicación, en tanto se expide el Reglamento respectivo.
Prof. Ramón Berrueto Ramón, S. P.-Rodolfo Echeverría Alvarez, D. P.-Prof. Caritino Maldonado, S. S.,Noé G. Elizondo Martínez, D. S.- Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido la presente Ley en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México Distrito Federal, a los diez días del mes de enero de mil novecientos sesenta y tres.-El Presidente de la República, Adolfo López Mateos.- Rúbrica.-El Secretario de Marina, Manuel Zermeño Araico. - Rúbrica.-El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Walter C. Buchanan. Rúbrica.-El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Ortíz Mena.-Rúbrica.- El Secretario de Industria y Comercio, Raúl Salinas Lozano. - Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello. - Rúbrica.- El Secretario del Patrimonio Nacional, Eduardo Bustamante.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Salomón González Blanco. - Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica.- El Secretario de Salubridad y Asistencia, José Alvarez Amézquita.- Rúbrica.- El Secretario de Obras Públicas, Javier Barros Sierra.-Rúbrica.
Código de Comercio en el artículo transitorio 2
Ley de Vías Generales de Comunicación en el artículo transitorio 6
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo transitorio 6
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Artículo 14
Artículo 14
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Artículo 14
Artículo 126
Artículo 126
Artículo 126
Artículo 255
Artículo 255
Artículo 255
Artículo 255
Artículo 255
Artículo 255
Artículo 255
Artículo 255
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ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES ==================================== EXCMO.AYUNTAMIENTO S/C DE TENERIFE - PDF
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Marcos Piñeiro Alarcón
1 BASES DE EJECUCIÓN ESPECÍFICAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE PARA SU INTEGRACIÓN EN LAS BASES GENÉRICAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO De conformidad con lo previsto en los arts. 164 y 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el RDL 2/2004 de 5 de marzo, así como el art. 23 de los vigentes estatutos del Organismo Autónomo de Deportes y demás normativa al caso, se dictan las presentes Bases de Ejecución especificas del Presupuesto de este Organismo Autónomo para su incorporación a las Bases Genéricas del Presupuesto General de la Corporación para el Ejercicio del Las Bases de Ejecución específicas del Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes para 2014 contienen una adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de este Organismo Autónomo de carácter administrativo, al objeto de una mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin menoscabo de la plena aplicación de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. BASE 1ª: NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS **************************************************************** Los créditos para gastos se destinarán, exclusivamente, a la finalidad específica para los que hayan sido autorizados, conforme a los distintos grupos de función y capítulos económicos aprobados o a las modificaciones que, asimismo, se aprueben. Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. La vinculación jurídica de dichos créditos, conforme autorizan los artículos 28 y 29 del Real Decreto 500/90 y el artículo del RDL 2/2004, de 9 de marzo, queda fijada en los siguientes niveles: 1) En la clasificación territorial: En el Distrito (1 dígito) 2) En la clasificación orgánica: En el dígito de Servicio (4 primeros dígitoscódigo orgánico 0230). 3) En la clasificación por programa: En el Área de Gasto (1 dígito). 4) En la clasificación económica: En el capítulo (1 dígito), con las siguientes excepciones: -Los créditos destinados a gratificaciones, que serán vinculantes a nivel de partida. -Respecto al Capítulo II los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas (226.01) y dietas de cargos electivos (230.00) serán vinculantes a nivel de aplicación presupuestaria. En cuanto al concepto 227 será vinculante a nivel de concepto.
2 - Respecto a los Capítulos IV y VII los créditos con destino específico y concreto, serán vinculantes al nivel de desagregación económica con que se encuentren consignados. BASE 2: AMPLIACIONES DE CRÉDITO ************************************* De acuerdo con el art. 39 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y el art. 178 del TR de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se entiende por ampliación de crédito la modificación al alza del Presupuesto de Gastos que se concreta en el aumento de crédito presupuestario en alguna de las partidas ampliables relacionadas expresa y taxativamente en las Bases de Ejecución del Presupuesto, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por vía reglamentaria y en función de la efectividad de recursos afectados no procedentes de operaciones de crédito. En concreto, se considera ampliable la aplicación presupuestaria para concesión de anticipos de paga reintegrables al personal al servicio de este Organismo, hasta el límite necesario para atender a peticiones concedidas por el Organismo Autónomo, teniendo como contrapartida de ingresos el subconcepto La referenciada partida está destinada a gastos financiados con los recursos expresamente afectados a aquéllas, siendo bastante el reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos inicialmente en el Presupuesto de Ingresos. BASE 3ª: NORMAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ************************************************************* La gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las siguientes fases: 1.- Autorización del Gasto (A) 2.- Disposición o Compromiso del Gasto (D) 3.- Reconocimiento y Liquidación de la Obligación (O) 4.- Ordenación del Pago (P) 1) AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS Con cargo a los créditos del Estado de Gastos del Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes, la autorización y disposición de gastos corresponderá: A) Al Consejo Rector del Organismo Autónomo: -a) la contratación de obras, bienes, servicios, suministros, consultoría y asistencia, prestación de servicios y de trabajos específicos y concretos no habituales
3 cuya duración exceda de un año o exija créditos superiores a los consignados en el Presupuesto anual, así como la aprobación de los respectivos proyectos técnicos y pliegos de condiciones a que deba sujetarse la contratación. -b) la propuesta de realización de gastos de carácter plurianual, así como transferencias de crédito en los supuestos previstos en el artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990 y las bajas por anulación. -c) el arrendamiento de bienes inmuebles en los que el Organismo Autónomo actúe en la posición jurídica de arrendatario. -c) el otorgamiento o concesión de subvenciones catalogadas como innominadas en las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada ejercicio económico, según el procedimiento establecido en las citadas bases. -d) la autorización y disposición de aquellos otros gastos que expresamente le atribuya la normativa vigente al Pleno de la Corporación por exigir una mayoría especial. B) Al Presidente/a: -a) Autorizar y disponer gastos y ordenar pagos dentro de los límites de su competencia. -b) la contratación de obras, bienes, servicios, suministros, consultoría y asistencia, prestación de servicios y de trabajos específicos y concretos no habituales cuya duración no exceda de un año ni exija créditos superiores a los consignados en el Presupuesto anual, así como la aprobación de los respectivos proyectos técnicos y pliegos de condiciones a que deba sujetarse la contratación. -c) el otorgamiento o concesión de subvenciones, ayudas o aportaciones que figuren nominativamente en el Presupuesto a favor de personas físicas o jurídicas. -d) aquéllas otras que correspondan al Organismo Autónomo y no estén específicamente atribuidas a otros órganos del mismo. 2) RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES En concreto, la factura, certificación o documento que sirva como soporte del reconocimiento y liquidación de la obligación, además de reunir los requisitos reglamentariamente establecidos, deberá estar firmada por el responsable del Servicio, y con el Vº Bº del Presidente/a o persona en quien se delegue, debiendo acreditarse la realización y la conformidad con la misma, fechada e identificada nominalmente. 3) ORDENACIÓN DE PAGOS En la medida de lo posible, se materializarán a través de transferencia bancaria.
4 BASE 4ª: MANDAMIENTOS DE PAGO A JUSTIFICAR ************************************************* Tendrán el carácter de "a justificar" los pagos cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición, esto es, son cantidades que excepcionalmente se libran para atender gastos sin la previa aportación de la documentación justificativa. El órgano competente para autorizarlos es el ordenador de pagos y Presidente/a. Se estará a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de S/C de Tenerife, aplicables a este Organismo. BASE 5ª: ANTICIPOS DE CAJA FIJA ********************************* Para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja fija. Tendrán la consideración de anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que se realicen a pagadurías para la atención inmediata y posterior aplicación al Presupuesto del año en que se realicen, de los gastos a que se refiere el párrafo anterior. El órgano competente para autorizarlos es el ordenador de pagos y Presidente/a. Se estará a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de S/C de Tenerife, aplicables a este Organismo. Las partidas presupuestarias cuyos gastos se podrán atender mediante el anticipo, contempladas en el presupuesto para el año 2014, y sus créditos iniciales, son los siguientes: EUROS -Reparación de edific.y otras constr. ( ) ,00 -Reparación de material de transporte ( ) 4.192,00 -Reparación otro inmov. material ( ) ,00 -Material de oficina no inventariable ( ) 7.812,00 -Prensa, revistas, libros y otros ( ) 2.083,00 -Material informático no inventariab. ( ) 1.860,00 -Combustible y carburante ( ) 6.987,00 -Material técnico especial ( ) ,00 -Postales ( ) 838,00 -Atenciones protocolar. y represent. ( ) 2.790,00 -Otros gastos diversos ( ) ,00 -Limpieza y aseo ( ) ,00 -Locomoción y traslados ( ) 838,00
5 BASE 6ª: NORMAS RELATIVAS A SUBVENCIONES ********************************************** Subvenciones innominadas o genéricas. La concesión de ayudas y subvenciones no nominativas se regirá, con carácter general, por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, en particular, por las siguientes Bases. A) Convocatoria.- Con carácter general, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria pública regulada por una Ordenanza específica para cada modalidad de subvención. El Servicio correspondiente elaborará el proyecto de cada Ordenanza que será informada por la Asesoría Jurídica e Intervención y aprobada por el Consejo de Administración. Excepcionalmente, el órgano competente para conceder subvenciones podrá hacerlo de forma directa cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. En este último caso la regulación de la subvención se realizará mediante Decreto del Excmo. Sr. Alcalde, dando cuenta al Consejo de Administración. La convocatoria tendrá, al menos, el siguiente contenido: a) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones. b) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. c) Expresión, en su caso, de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva. En el supuesto de que el número de solicitantes que cumplen los requisitos para solicitar la subvención fuere superior al crédito previsto, el órgano competente podrá prorratear entre los beneficiarios de la subvención el importe global máximo destinado a la subvención que es objeto de la correspondiente convocatoria. d) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. f) Plazo de presentación de solicitudes. g) Plazo de resolución y notificación h) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición i) Criterios de valoración de las solicitudes. j) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.
6 k) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados. l) Régimen de recursos. B) Beneficiarios.- Tendrán la consideración de beneficiarios de subvenciones las personas que hayan de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión de acuerdo con las normas que regulan su convocatoria. Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención. Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. C) Justificación.- La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará en la forma prevista en la respectiva convocatoria. La cuenta justificativa acompañada de las facturas, recibos, certificaciones y demás comprobantes originales, deberá ser presentada ante la Intervención, previo a su aprobación por la Presidencia. Si tales condiciones, o su propia naturaleza, deben cumplirse con posterioridad a la percepción de los fondos, se detallará cuál es el período de tiempo en que aquéllas se deberán cumplir, que no podrá exceder de tres meses desde su percepción, con carácter general, sin perjuicio de que, en caso de programas o actividades de mayor duración, se pueda fijar un plazo distinto por la Presidencia, que deberá tener lugar, en todo caso, antes del 31 de diciembre. Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el preceptor no requerirán otra justificación que la acreditación
7 por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia. En las Ordenanzas específicas de cada subvención o en el Decreto del Excmo. Alcalde en el supuesto de concesión directa, se regulará la acreditación y/o justificación de las mismas. D) Procedimiento de aprobación del gasto y pago.- Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma, deberá efectuarse la aprobación del gasto en los términos previstos en las presentes Bases. La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso del gasto correspondiente. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la respectiva convocatoria. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada. También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías se establecerá en la respectiva convocatoria. El incumplimiento por el beneficiario del destino o finalidad para el que fue otorgada la subvención, determinará la no exigibilidad de la misma, o en el supuesto de que se hubiera pagado ya, la devolución íntegra de la suma percibida más el interés de demora, que se fije para cada ejercicio en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, desde la fecha de su cobro, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan, en su caso. De cualquier forma, la exigibilidad del reintegro, cuando fuera una cantidad líquida, se ajustará a los trámites previstos en el Reglamento General de Recaudación, respecto de las cantidades que por principal, intereses y gastos tuviera derecho a exigir la Administración del beneficiario que incumpliera sus obligaciones. Subvenciones o aportaciones nominativas previstas en el Presupuesto. Se faculta a la Presidencia para que, una vez se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos y, aportada la documentación, disponga gastos y reconozca obligaciones correspondientes a subvenciones, ayudas o aportaciones a favor de
8 sociedades e instituciones sin fines de lucro, personas físicas o jurídicas que figuren nominativamente en el Presupuesto, previa aportación de los justificantes y facturas que acrediten que el gasto se destine a las finalidades que motivaron su concesión o el compromiso de aportar éstos una vez realizado el mismo. Dicha disposición y reconocimiento se hará conforme a los importes que se especifican en el siguiente detalle: a) con cargo a la partida del Estado de Gastos: C.F. San Andrés 9.000,00 Federación Tinerfeña de Fútbol ,00 BASE 7ª: INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO *************************************************************** El importe bruto por indemnización para cada asistente a las sesiones celebradas por el Consejo del Organismo Autónomo y que tenga derecho a cobrarla, será de 221,17 euros. DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA ******************************* Se incorporan y resultan plenamente vigentes como normas de desarrollo del presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife, cuantas Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Santa Cruz le resulten aplicables. Santa Cruz de Tenerife, a 4 de octubre de EL PRESIDENTE, Zósimo Darias Armas

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Tipos de centros: POP - Portal de Orientación Profesional de Castilla-La Mancha
¿Qué es la FP? | Oferta formativa | Becas y ayudas | Formación y empleo en Europa
Las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y las acciones formativas correspondientes a certificados de profesionalidad se pueden impartir en los siguientes centros:
Centros públicos y privados autorizados por la Consejería competente en materia educativa y centros o entidades de formación públicos y privados acreditados por la Administración laboral competente según lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo.
Centros integrados de formación profesional conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, en el Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los centros integrados de formación profesional y en el Decreto 207/2010, de 14/09/2010, por el que se regulan los requisitos específicos de los centros integrados de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En estos centros, la programación de la oferta modular asociada a unidades de competencia incluidas en títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad será la misma.
En Castilla-La Mancha existe actualmente un Centro Integrado de Formación Profesional: el CIFP Aguas Nuevas en Albacete.
Centros de referencia nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y el Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional.
Los Centros de referencia nacional se conciben como una institución al servicio de los sistemas de formación profesional, para facilitar una formación profesional más competitiva y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos. Su objetivo es programar y ejecutar actuaciones de carácter innovador, experimental y formativo en materia de formación profesional, de modo que sirvan de referente, a nivel estatal, en el ámbito de la familia profesional asignada al conjunto del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional y a los distintos sectores productivos.
En la comunidad de Castilla-La Mancha hay tres centros calificados como Centros de referencia nacional:
El Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Ciudad Real como Centro de Referencia Nacional en la Familia Profesional de Industrias Alimentarias en las áreas profesionales de Bebidas y Aceites y grasas.
El Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Guadalajara como Centro de Referencia Nacional en la Familia Profesional de Energía y Agua en las áreas profesionales de Agua, Gas y Energía Eléctrica.
El Centro de Illescas (Toledo) de próxima construcción será Centro de Referencia Nacional en la familia de Fabricación Mecánica, en el área de Construcciones Aeronáuticas.
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