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Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 63/2011
SENTENCIA 63/2011, de 16 de mayo
ECLI:ES:TC:2011:63
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Eugeni Gay Montalvo, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Francisco Hernando Santiago, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos, Magistrados, ha pronunciado
1. El día 26 de noviembre de 2001 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al que se acompaña, junto con el testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Sala de 15 de octubre de 2001 por el que se acuerda plantear ante el Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 22.6 de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico en Castilla-La Mancha, por posible vulneración del art. 14 CE.
2. La cuestión de inconstitucionalidad se plantea en el seno del recurso contencioso- administrativo que por el cauce especial de protección de los derechos fundamentales se sigue en el indicado órgano judicial bajo el núm. 247-2001. El recurso fue promovido contra la resolución de 30 de enero de 2001, de la Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre convocatoria de concurso público para el otorgamiento de autorizaciones de creación e instalación de nuevas oficinas de farmacia. Entre otros motivos los demandantes aducían que la base segunda de la convocatoria vulneraba el derecho a la igualdad porque no se permitía la participación en el concurso a quienes al iniciarse éste tuvieran más de sesenta y cinco años, lo cual suponía una injustificada discriminación por razón de una circunstancia personal como la edad. Además la indicada base implicaba el establecimiento de una singular jubilación, que la Administración no puede imponer a quienes ejercen una profesión liberal y no tienen con ella la relación propia de los empleados públicos.
3. Mediante providencia de 22 de octubre de 2001 la Sala del Tribunal Superior de Justicia dio traslado al Ministerio público y a las partes, por término de diez días, para que pudieran formular las alegaciones que estimasen oportunas sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 22.6 de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, en cuanto que la prohibición que en él se establece pudiera ser constitutiva de una discriminación, proscrita por el art. 14 CE en cuanto basada en una circunstancia personal carente de justificación objetiva y razonable.
4. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, mediante Auto de 15 de noviembre de 2001, acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 22.6 de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha, “en cuanto impone la prohibición de 'participar en el procedimiento de instalación de una nueva oficina de farmacia los farmacéuticos que … tengan más de sesenta y cinco años al inicio del procedimiento', en cuanto pudiera vulnerar el art. 14 de la Constitución española por constituir una discriminación basada en una circunstancia personal careciendo dicha medida de justificación objetiva o razonable y siendo inadecuada o desproporcionada en relación con el fin perseguido con la misma”.
5. Mediante providencia de 12 de marzo de 2002 la Sección Cuarta de este Tribunal acordó admitir a trámite la mencionada cuestión y dar traslado de las actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, así como al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades y a las Cortes de Castilla-La Mancha, al objeto de que pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes en el plazo de quince días.
6. Con fecha 9 de abril de 2002 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito del Abogado del Estado por el que se personó en el proceso en nombre del Gobierno de la Nación y manifestó su intención de no formular alegaciones, aunque solicitó que se le comunicara en su día la sentencia que ponga fin al proceso.
7. Mediante escrito registrado el 9 de abril de 2002 presentó alegaciones la Letrada de las Cortes de Castilla-La Mancha interesando que se declare la constitucionalidad del art. 22.6 de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico en Castilla-La Mancha.
8. El 10 de abril de 2002 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se personó en el procedimiento, dando por reproducidas las alegaciones formuladas ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre la improcedencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad contra el art. 22.6 de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico en Castilla-La Mancha, y solicitando al Tribunal que en su día desestime la cuestión de inconstitucionalidad.
9. El 11 de abril de 2002 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el acuerdo de la Mesa del Congreso de 9 de abril del mismo año por el que comunica su intención de no personarse en el procedimiento ni formular alegaciones.
10. El 15 de abril de 2002 se registró en este Tribunal el acuerdo de la Mesa del Senado del día 2 del mismo mes y año solicitando que se tuviera a la Cámara por personada y ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
11. Mediante escrito presentado en el Registro General en este Tribunal el 22 de abril de 2002 el Fiscal General del Estado interesa la estimación de la cuestión de inconstitucionalidad.
Alega al efecto que la edad puede ser utilizada como criterio por el legislador para introducir diferenciaciones normativas cuando exista fundamento suficiente, objetivo y razonable para la finalidad de la norma. Fundamento que, o bien debe deducirse de la propia norma cuestionada, o bien aportarse por la Administración concernida de acuerdo con la doctrina de las SSTC 75/1983, FJ 3; 31/1984, FJ 9; 69/1991, FJ 4; y 184/1993, FJ 4. Pues bien, el artículo cuestionado establece una diferenciación atendiendo únicamente a la edad, sin que conste en su letra justificación de la diferencia ni se deduzca del contexto. La actividad farmacéutica es una actividad privada de interés público, una profesión liberal, y la prohibición de participar en los procedimientos de autorización de instalación de nuevas oficinas de farmacia a los mayores de sesenta y cinco años supone “una desigualdad peyorativa tanto respecto a las restantes profesiones liberales, que no tienen edad de jubilación ni edad máxima para el inicio de su ejercicio, como respecto a los farmacéuticos que ya tienen oficina de farmacia, que tampoco tienen edad de jubilación y pueden seguir ejerciendo su profesión después de los sesenta y cinco años”. La limitación por edad para acceder a la posibilidad de obtener una autorización para instalar una oficina de farmacia no es congruente con un régimen en el que el farmacéutico que antes de esa edad obtiene la autorización e instala la oficina puede dispensar medicamentos sin ninguna limitación por razón de edad, teniendo en cuenta que en el concurso pueden participar tanto farmacéuticos que no sean titulares de oficina de farmacia (ejerzan la profesión o no) como los que sean titulares de oficinas que no estén instaladas en el mismo núcleo de población. Para el caso de que ejerzan la profesión, los mayores de sesenta y cinco años pueden seguir ejerciéndola, pero se les priva de la posibilidad de ser titulares de su propia farmacia o de ser titulares de una farmacia en otro núcleo de población. Se trata de una limitación que no está relacionada con la capacidad para ejercer la profesión o con los méritos, que es el criterio que el propio art. 22 de la Ley 4/1996 establece para otorgar las autorizaciones de instalación.
12. Mediante providencia con fecha de 24 de marzo de 2009 el Pleno de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 c) LOTC -en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo-, deferir a la Sala Segunda, a la que por turno objetivo le ha correspondido, el conocimiento de la presente cuestión.
13. Por providencia de 12 de mayo de 2011, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 del mismo mes y año.
1. La presente cuestión de inconstitucionalidad se suscita en relación con el art. 22.6 de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico en Castilla-La Mancha, en cuanto establece que “[e]n ningún caso pueden participar en el procedimiento de instalación de una nueva oficina de farmacia los farmacéuticos que tengan instalada otra en el mismo núcleo de población en el cual se solicita la nueva instalación o que tengan más de sesenta y cinco años al inicio del procedimiento.” Del precepto se cuestiona únicamente la prohibición impuesta a los farmacéuticos que tengan más de sesenta y cinco años al principio del procedimiento, sin poner reparo alguno a la primera de las prohibiciones que contiene.
La Junta de Comunidades y las Cortes de Castilla-La Mancha interesan la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad. Alegan que la prohibición que contiene el art. 22.6 de la Ley 4/1996 no es contraria al principio de igualdad recogido en el art. 14 CE, pues en numerosas ocasiones el legislador ha acudido a la edad como criterio para regular el acceso a determinados puestos de trabajo, sin que este Tribunal haya declarado que ello se oponga a la Constitución (STC 75/1983, de 3 de agosto). La exclusión de quienes al inicio del procedimiento de adjudicación de autorización de una nueva oficina de farmacia tuvieran más de sesenta y cinco años, se justifica en dos tipos de razones. En primer lugar, porque, por más que la legislación castellano-manchega no impida seguir ejerciendo la actividad farmacéutica una vez cumplida esa edad, la garantía de la mejor prestación de un servicio de claro interés público, justifica que se limite la apertura de nuevas oficinas por quienes, sobrepasada la edad indicada, no pueden prestar el servicio con todas las garantías o se enfrentarían con dificultades de adaptación a las peculiaridades de la localidad y población en la que la nueva oficina se instale; y ello en el bien entendido de que la edad de referencia, lejos de resultar arbitraria, se corresponde con aquélla en la que la mayoría de los españoles cesa en su actividad laboral. En segundo término, la restricción impuesta a los mayores de sesenta y cinco años constituye una medida social orientada a la incorporación de nuevos profesionales menores de tal edad, que se encuentran en una situación objetivamente diferente a los mayores de sesenta y cinco años, los cuales han realizado ya a tal edad “sus expectativas laborales o empresariales”. Se trata, además, de una medida que está orientada a garantizar el pleno empleo, de acuerdo con la obligación que establece a tal propósito el art. 40.1 CE. La elección legislativa de sesenta y cinco años como edad límite para participar en los procesos de adjudicación no parece arbitraria, a la vista de que es la edad de jubilación establecida de modo general tanto en la normativa de Seguridad Social como en la de función pública, razón por la cual el distinto trato en función de la edad se revela como una medida de acción positiva legítima por el fin perseguido y proporcionada con la situación de hecho de la que se parte.
2. Antes de encarar el enjuiciamiento de la constitucionalidad del precepto legal cuestionado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, hemos de poner de manifiesto que la disposición derogatoria de la Ley 5/2005, de 27 de junio, de ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha, dispuso la derogación de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha, así como de la Ley 4/1998, de 9 de junio, y de la Ley 10/2000, de 26 de diciembre, de modificación ambas de la citada Ley 4/1996, de 26 de diciembre. Ahora bien, ello no hace perder a la cuestión de inconstitucionalidad su objeto, pues tal como recordábamos en la STC 81/2009, de 23 de marzo, “en relación con los procesos de las cuestiones de inconstitucionalidad, es doctrina reiterada de este Tribunal que la derogación, modificación o sustitución de la norma cuya constitucionalidad se pone en duda no siempre priva de sentido al proceso constitucional, ni impide, por sí sola, el juicio de constitucionalidad sobre la misma, toda vez que la posible aplicación de la norma derogada, modificada o sustituida en el proceso a quo puede hacer necesario el pronunciamiento de este Tribunal. De modo que, a diferencia de lo que, por regla general, acontece en los recursos de inconstitucionalidad, en las cuestiones de inconstitucionalidad los efectos extintivos sobre el objeto del proceso como consecuencia de la derogación, modificación o sustitución de la norma cuestionada vienen determinados por el hecho de que tras esa derogación, modificación o sustitución resulte o no aplicable al proceso a quo y de su validez dependa la decisión a adoptar en el mismo. (SSTC 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 3; 174/1998, de 23 de julio, FJ 1; 273/2000, de 15 de noviembre, FJ 3; 108/2001, de 26 de abril, FJ 4; y 37/2002, de 14 de febrero, FJ 3, por todas).” (FJ 2).
Pues bien, en el presente supuesto, no sólo es que el precepto cuestionado es el que determina el contenido de la base de la convocatoria que es objeto del proceso a quo, sino que la disposición transitoria segunda de la citada Ley 5/2005, de 27 de junio dispone que “a los procedimientos de autorización iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley, le será de aplicación hasta su resolución la Ley anterior”, razón por la cual perviven los juicios de aplicabilidad y relevancia respecto del precepto en cuestión y, consecuentemente, el objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad.
3. Para abordar la cuestión suscitada bueno será recordar la doctrina de este Tribunal relativa al principio de igualdad y a las prohibiciones de discriminación (art. 14 CE). Tal doctrina fue resumida en la STC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4 (y en los mismos términos ha venido reproduciéndose hasta la STC 59/2008, de 14 de mayo), afirmando que:
Por lo que se refiere en concreto a la edad como factor de discriminación, este Tribunal la ha considerado una de las condiciones o circunstancias incluidas en la fórmula abierta con la que se cierra la regla de prohibición de discriminación establecida en el art. 14 CE, con la consecuencia de someter su utilización por el legislador como factor de diferenciación al canon de constitucionalidad más estricto, en aplicación del cual este Tribunal ha llegado a soluciones diversas, en correspondencia con la heterogeneidad de los supuestos enjuiciados, tanto en procesos de amparo constitucionalidad como de control de normas con rango de ley. Así, en la STC 75/1983, de 3 de agosto, FJ 3, afirmamos que “la edad no es de las circunstancias enunciadas normativamente en el art. 14, pero no ha de verse aquí una intención tipificadora cerrada que excluya cualquiera otra de las precisadas en el texto legal, pues en la fórmula del indicado precepto se alude a cualquier otra condición o circunstancia personal o social, carácter de circunstancia personal que debe predicarse de la edad; de modo que la edad dentro de los límites que la ley establece para el acceso y la permanencia en la función pública es una de las circunstancias comprendidas en el art. 14 y en el art. 23.2, desde la perspectiva excluyente de tratos discriminatorios”, si bien en el supuesto concreto analizado la diferenciación por razón de la edad se consideró justificada, mientras en la STC 37/2004, de 11 de marzo, mereció un juicio de inconstitucionalidad. Del mismo modo en la STC 31/1984, de 7 de marzo, FJ 11, al abordar la cuestión de las diferencias establecidas en el salario mínimo interprofesional por razón de la edad, aun cuando finalmente se consideraron justificadas al manejarse la edad como indicativa de una distinta naturaleza y valor del trabajo desempeñado, advertimos que la diferencia resultante, “en cuanto se fundaría en la utilización de la 'edad' sin más razones como criterio de diferenciaciones salariales, estaría en contradicción con el mandato constitucional prohibitivo de la discriminación por razón de una circunstancia que ha de tenerse por incluida en la formulación genérica con la que se cierra el art. 14 de la C.E.”. También en la STC 69/1991, de 8 de abril, FJ 4, partimos de la inclusión de la edad entre las circunstancias personales que no pueden ser razón para discriminar (en este caso de modo indirecto, al aplicar una norma en principio neutral) salvo que existan motivos justificados. Y el mismo punto de partida se trasluce en la STC 361/1993, de 3 de diciembre. Por su parte la STC 149/2004, de 20 de septiembre, admite la relevancia de la edad como criterio sobre el que articular diferencias de trato normativo en materia de seguridad social. Y las SSTC 280/2006, de 9 de octubre, y 341/2006, de 11 de diciembre, descartan la existencia de discriminación constitucionalmente ilegítima en el establecimiento convencional de una edad de jubilación obligatoria.
Este Tribunal se ha pronunciado también con relación a la edad en supuestos de oficinas de farmacia en dos recursos de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas que establecían como una causa de caducidad de las autorizaciones de farmacia el cumplimiento de setenta años. El debate suscitado en dichos recursos fue, en primer lugar, el de la compatibilidad de esta causa de caducidad con las bases estatales en materia de sanidad y, en especial, por su posible vulneración de la regulación estatal de la transmisibilidad de las farmacias. La decisión de este Tribunal fue la de entender que la Ley 16/1997, como norma básica estatal, “deja a las Comunidades Autónomas, no la libertad de enervar la transmisibilidad de las farmacias, pero sí la de someter la transmisión a requisitos o condiciones que, naturalmente, no podrán ser arbitrarias, ni podrán entrar en pugna con la Constitución”. Lo que conduce al Tribunal a declarar, en segundo lugar, que “el establecimiento de una edad tope para el ejercicio de una actividad privada declarada de interés público [las leyes autonómicas calificaban la atención farmacéutica de servicio de interés público] se conecta con dicho interés y ni impide la posibilidad de transmisión ni puede estimarse arbitraria” [SSTC 109/2003, de 5 de junio, FJ 10 b), y 152/2003, de 17 de julio, FJ 5 a)].
4. Una vez sentado que, de conformidad con la doctrina constitucional expuesta, la edad es uno de los factores a los que alcanza la prohibición constitucional de fundar en ellos un tratamiento diferenciado que no se acomode a las rigurosas exigencias de justificación y proporcionalidad acabadas de mencionar, la respuesta a la duda de constitucionalidad planteada vendrá dada por la valoración de las razones esgrimidas por los órganos autonómicos en pro de la justificación constitucional del distinto tratamiento que la ley cuestionada dispensa a los mayores de sesenta y cinco años. Bien entendido que, al no hallarnos en el ámbito de la genérica interdicción de la desigualdad, sino en el de la prohibición de la discriminación por las causas que, en enumeración abierta, se contienen en el segundo inciso del art. 14 CE, el canon de control de la excepcional legitimidad constitucionalidad de la diferenciación por uno de esos factores, como lo es la edad, es mucho más estricto al enjuiciar la justificación y proporcionalidad de la diferenciación. Así como en la STC 152/2003, de 17 de julio, se admitió la razonabilidad de la caducidad de las autorizaciones de farmacia por el cumplimiento de los setenta años de edad, hemos de verificar si en el caso de autos concurre también una justificación razonable y proporcionada para la implantación de un límite de edad. Consecuentemente hemos de analizar las razones que, en opinión de los órganos autonómicos, justifican la prohibición de participar en los procesos de adjudicación de autorizaciones para apertura de nuevas oficinas de farmacia a quienes tuvieran más de sesenta y cinco años al iniciarse el expediente, lo que nos lleva a las siguientes conclusiones:
a) En primer lugar, no resulta constitucionalmente admisible justificar la prohibición contenida en la norma cuestionada en que a los sesenta y cinco años la mayoría de los españoles cesa en su actividad laboral, en que la indicada es la edad prevista para la jubilación en la normativa de laboral en sentido lato, y en que, en consecuencia, a partir de dicha edad sean crecientes las dificultades de adaptación a las peculiaridades tanto de la localidad en la que haya de instalarse la nueva oficina de farmacia como de los habitantes de aquélla. En efecto, además de que la pretendida dificultad objetiva de los mayores de sesenta y cinco años para prestar el servicio, y en particular para adaptarse a las peculiaridades de la localidad y de la población en que haya de instalarse la nueva oficina de farmacia, es difícilmente contrastable, el modo incondicional con el que la prohibición se instrumenta resulta absolutamente desproporcionado respecto del fin al que supuestamente se orienta. Desde luego son imaginables otros métodos para contrastar la capacidad de adaptación que apodícticamente se niega a los mayores de sesenta y cinco años que no cierran la posibilidad de autorizar una nueva instalación a quienes superando tal edad poseen la capacidad de adaptación que se pretende salvaguardar. Pero es que, además, la prohibición establecida, no sólo alcanza a los mayores de sesenta y cinco años que estén interesados en instalar una primera oficina de farmacia, sino también a quienes, siendo ya titulares de una en un núcleo de población concreto, pretendan acceder a una nueva autorización para otro núcleo distinto en la misma localidad, que bien pudiera ser próximo (respetando siempre la limitación de una única titularidad de oficina de farmacia establecida en el art. 20.2 de la Ley 4/1996). En tales supuestos resulta muy aventurado presumir que en el antiguo y el nuevo núcleo de población existe una heterogeneidad tal en la población a atender que requiera una adaptación especial y, en consecuencia, es desproporcionado, si no arbitrario, cercenar de raíz a los mayores de sesenta y cinco años que ya se encuentran ejerciendo de farmacéuticos en su propia oficina de farmacia toda posibilidad de optar a una autorización en otro núcleo distinto (máxime a la vista de la configuración del concepto de núcleo de población efectuado por el art. 36.2, inciso segundo, de la indicada ley). Finalmente, la inconsistencia de la razón pretendidamente justificante de la prohibición cuestionada se muestra especialmente evidente si se toma en cuenta que la prohibición afecta también a los farmacéuticos mayores de sesenta y cinco años que pretendan acceder a la autorización de una nueva oficina de farmacia (por aumento de población, ex art. 36.2) para un núcleo de población respecto del cual no precisan obviamente adaptación alguna, dado que se encuentran ya trabajando en él como sustitutos o adjuntos (arts. 28 y 29) de una farmacia ajena, o incluso como auxiliares (art. 30).
b) Tampoco puede admitirse que la prohibición impuesta a los mayores de sesenta y cinco años constituya una medida de acción positiva dirigida a equilibrar la desfavorable situación de partida de los integrantes de un grupo desfavorecido. Su exposición de motivos se refiere al acceso de nuevos profesionales a las oficinas de farmacia como una de las finalidades de la Ley 4/1996, para lo que se prevé el incremento del número de aquéllas mediante la adopción de ciertas medidas, tales como la de posibilitar su instalación en todos los núcleos de población y la disminución del número máximo de habitantes por farmacia y de la distancia mínima entre ellas. Sin embargo, además de que en absoluto se alude en la justificación de la norma a que con la incorporación de los nuevos profesionales se trate de favorecer precisamente a los farmacéuticos jóvenes o de mediana edad, la exclusión de los mayores de sesenta y cinco años se manifiesta injustificada y desproporcionada por las siguientes razones:
5. Consecuencia de todo lo anteriormente expuesto es que la prohibición establecida en la norma cuestionada implica una discriminación por razón de la edad que no es constitucionalmente admisible (art. 14 CE), porque no resulta ni idónea ni proporcionada respecto de la finalidad pretendida de favorecer el acceso de nuevos profesionales jóvenes y de mediana edad, produciendo en cambio la exclusión de los mayores de sesenta y cinco años de modo injustificado.
Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar inconstitucional y nulo el inciso “o que tengan más de sesenta y cinco años al inicio del procedimiento” del art. 22.6 de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico en Castilla-La Mancha.
Don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez Arribas, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 6191-2001
Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto al artículo 22.6 de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico en Castilla-La Mancha.
La Ley de ordenación del servicio farmacéutico en Castilla-La Mancha impide participar en los concursos públicos para el otorgamiento de autorizaciones de creación e instalación de nuevas oficinas de farmacia, a los farmacéuticos que tengan más de sesenta y cinco años.
Se declara inconstitucional el precepto por existir discriminación en razón de la edad. El Tribunal entiende que la norma se incardina en el ámbito de la prohibición de discriminación, por lo que el canon de razonabilidad y proporcionalidad a superar es más estricto en este caso que en el de la interdicción de la desigualdad. Por un lado, no puede justificarse la prohibición argumentando que a partir de los sesenta y cinco años, las dificultades de adaptación a las peculiaridades de la localidad y de los habitantes son crecientes. La prohibición es desproporcionada porque se extiende incluso a quienes, siendo ya titulares de una farmacia en un núcleo de población, pretendan acceder a una nueva autorización para otro núcleo distinto. Igualmente, es desproporcionada por afectar a aquellos farmacéuticos mayores de sesenta y cinco años que pretendan acceder a la autorización, aunque se encuentren trabajando como sustitutos o adjuntos en alguna farmacia ajena. Tampoco es admisible que se trate de una acción positiva, pues la norma, en vez de privilegiar a un grupo, margina a un colectivo concreto como lo es el de los farmacéuticos mayores de sesenta y cinco años. La medida es inidónea al fin pretendido, porque no logra favorecer a un grupo necesitado de reequilibrio, sino que excluye a otro sector. Esta falta de idoneidad se percibe más aun, cuando la edad señalada no es obstáculo para seguir ejerciendo la profesión de farmacéutico titular de la oficina de farmacia.
La prohibición establecida en la norma cuestionada implica una discriminación por razón de la edad que no es constitucionalmente admisible, porque no resulta ni idónea ni proporcionada respecto de la finalidad pretendida de favorecer el acceso de nuevos profesionales jóvenes y de mediana edad, produciendo en cambio la exclusión de los mayores de sesenta y cinco años de modo injustificado [FJ 5].
Doctrina sobre el principio de igualdad y la prohibición de discriminación (SSTC 200/2001, 59/2008) [FJ 3].
La edad es uno de los factores a los que alcanza la prohibición constitucional de fundar en ellos un tratamiento diferenciado que no se acomode a las rigurosas exigencias de justificación y proporcionalidad [FJ 4].
Al no hallarnos en el ámbito de la genérica interdicción de la desigualdad, sino en el de la prohibición de la discriminación por una de las causas que se contienen en el segundo inciso del art. 14 CE, el canon de control de la excepcional legitimidad constitucionalidad de la diferenciación por razón de la edad, es mucho más estricto al enjuiciar la justificación y proporcionalidad de la diferenciación [FJ 4].
A diferencia de lo que, por regla general, acontece en los recursos de inconstitucionalidad, en las cuestiones de inconstitucionalidad los efectos extintivos sobre el objeto del proceso como consecuencia de la derogación de la norma cuestionada, vienen determinados por el hecho de que tras esa derogación resulte o no aplicable al proceso a quo y de su validez dependa la decisión a adoptar en el mismo (SSTC 199/1987, 37/2002) [FJ 2].
Artículo 22.6 inciso sobre farmacéuticos que tengan más de sesenta y cinco años (anula)
Artículo 14 (discriminación por circunstancias personales o sociales), ff. 3 a 5
Artículo 22.6, f. 1
Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 10/2000, de 26 de diciembre de 2000. Modificación de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha
Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 5/2005, de 27 de junio de 2005. Ordenación del servicio farmacéutico
Cláusula general de igualdad versus prohibiciones de discriminaciónCláusula general de igualdad versus prohibiciones de discriminación, ff. 3, 4
Derecho a no padecer discriminaciónDerecho a no padecer discriminación, Doctrina constitucional, f. 3
Falta de justificación razonable del tratamiento diferenciadoFalta de justificación razonable del tratamiento diferenciado, f. 3
Autorización de apertura de farmaciaAutorización de apertura de farmacia, ff. 1, 2, 3, 4, 5
FarmacéuticosFarmacéuticos, ff. 1, 4
Requisito de edadRequisito de edad, ff. 1, 2, 3, 4, 5
Titularidad de oficinas de farmaciaTitularidad de oficinas de farmacia, ff. 1, 4

matches:
resolución
resolución
artículo 22
Artículo 22
Artículo 14
Artículo 22


text:
Apruébase el texto ordenado de la Ley N° 14.250 y sus modificaciones.
Decreto N°108
Artículo 1°- Apruébase el Texto Ordenado de la Ley N°14.250 y sus modificaciones , que se incorpora como Anexo del presente decreto.
Art. 1- Las convenciones colectivas de trabajo que se celebren entre una asociación profesional de empleadores, un empleador o un grupo de empleadores, y una asociación sindical de trabajadores con personería gremial, se rigen por las disposiciones de la presente ley.
Art. 5° -Las convenciones colectivas regirán a partir de la fecha en que se dictó el acto administrativo que resuelve la homologación o el registro, según el caso.
Art. 10 - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a pedido de cualquiera de las partes podrá extender la obligatoriedad de una convención colectiva a zonas no comprendidas en el ámbito de la misma en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 13 - Artículo 13. - El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL será la autoridad de aplicación de la presente ley y vigilará el cumplimiento de las convenciones colectivas."
Art.14. - Los convenios colectivos de trabajo podrán prever la constitución de Comisiones Paritarias, integradas por un número igual de representantes de empleadores y trabajadores, cuyo funcionamiento y atribuciones serán las establecidas en el respectivo convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente."
(Artículo sustituido por art. 15 de la Ley N°25.877 B.O.19/3/2004)
Art. 15. - Estas comisiones estarán facultadas para:
Art. 16. - Cualquiera de las partes de un convenio colectivo de trabajo, que no prevea el funcionamiento de las comisiones referidas en el artículo 14, podrá solicitar al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la constitución de una Comisión Paritaria a los efectos y con las atribuciones previstas en el inciso a) del artículo anterior.
- Artículo 1° sustituido por art. 5 de la Ley N°25.250 B.O 2/6/2000;
- Artículo 4°, último párrafo incorporado por art. 7° de la Ley N°25.250. B.O 2/6/2000;
- Artículo 6°, segundo párrafo incorporado por art. 12 de la Ley N°25.013 B.O 24/9/1998;

matches:
Artículo 1
Artículo 13
artículo 14
Artículo 1
Artículo 4
Artículo 6


text:
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2001, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la que se efectúa la convocatoria del año 2002 para la concesión de las ayudas del Programa Nacional de Recursos Naturales y del Programa Nacional de Medio Ambiente del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003)
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2001, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la que se efectúa la convocatoria del año 2002 para la concesión de las ayudas del Programa Nacional de Recursos Naturales y del Programa Nacional de Medio Ambiente del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003) Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2001, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la que se efectúa la convocatoria del año 2002 para la concesión de las ayudas del Programa Nacional de Recursos Naturales y del Programa Nacional de Medio Ambiente del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003) Estado	:
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2001, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la que se efectúa la convocatoria del año 2002 para la concesión de las ayudas del Programa Nacional de Recursos NaturAles y del Programa Nacional de Medio Ambiente del Programa de Fomento de la Investigación, Técnica (PROFIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003).
La Orden de 7 de marzo de 2000, modificada por Orden de 13 de junio de 2000 ("Boletín Oficial del Estado" número 148, de 21 de junio), por Orden de 23 de marzo de 2001 ("Boletín Oficial del Estado" de 27 de marzo de 2001) y por Orden de 8 de noviembre de 2001 ("Boletín Oficial del Estado" de 13 de noviembre de 2001), establece las bases que regulan la concesión de ayudas del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). El texto unificado de estas órdenes podrá consultarse en la página de internet: www.mcyt.es, en la que también figurarán los teléfonos que se habiliten para información. En dicho Plan Nacional se contempla el Programa Nacional de Recursos Naturales y el Programa Nacional de Medio Ambiente.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la mencionada Orden de 7 de marzo de 2000 por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), los objetivos del Programa Nacional de Recursos Naturales son:
Como novedad respecto a la convocatoria para 2001, hay que destacar tres aspectos. Por una parte, la publicación de la convocatoria de las ayudas del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT) para 2002, se adelanta para conocimiento de los posibles interesados, a efectos de facilitar su participación en la misma. Por otra parte las acciones especiales y las actuaciones favorecedoras de la participación en programas internacionales de cooperación en I+D correspondientes a este Programa Nacional, se integran en esta convocatoria. Por último, la nueva disposición adicional octava que se ha introducido en la Orden de 7 de marzo de 2000, mediante la Orden de 8 de noviembre de 2001, establece que ""los proyectos o actuaciones cuyo plazo de ejecución se extienda más allá del año 2003, último año de vigencia del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003), podrán ser objeto de ayuda hasta la finalización de su ejecución, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 7 de la presente Orden, según establezcan las respectivas resoluciones de concesión de ayudas,
Esta Secretaría de Estado ha resuelto efectuar convocatoria pública para la concesión de ayudas correspondientes al Programa Nacional de Recursos Naturales y del Programa Nacional de Medio Ambiente para el ejercicio 2002, y en su virtud, resuelvo: Primero. Objeto. 1. Mediante la presente Resolución se realiza la convocatoria del año 2002 de las ayudas correspondientes a los Programas Nacionales de Recursos Naturales y de Medio Ambiente, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 7 de marzo de 2000, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003) modificada por Orden de 13 de junio de 2000, por Orden de 23 de marzo de 2001 y por Orden de 8 de noviembre de 2001.
1. La financiación de las ayudas en forma de anticipo reembolsable que se pueden conceder en virtud de las solicitudes presentadas de acuerdo con la presente convocatoria se imputará a las aplicaciones presupuestarias 20.11.542E.747, 20.11.542E.757, 20.11.542E.767, 20.11.542E.777, 20.11.542E.787, 20.11.542E.824 y 20.11.542E.831, o las que, en su caso, se consignen en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
3. Los proyectos, en todo caso, deberán reunir las características previstas en el anexo I, apartados 5 y 14 de la Orden de 7 de marzo de 2000, referentes a los Programas Nacionales de Recursos Naturales y de Medio Ambiente.
Cuarto. Beneficiarios. De acuerdo con lo previsto en el artículo 9, 24 y 51 de la Orden de 7 de marzo de 2000, y en la disposición adicional segunda de la Orden de 13 de junio de 2000, podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en el citado Programa Nacional:
Quinto. Órgano competente para la gestión de das ayudas previstas para esta convocatoria.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas de los Programas Nacionales de Recursos Naturales y de Medio Ambiente, será la Dirección General de Política Tecnológica.
1. Paraformalizar la solicitud, los interesados presentarán en el Registro General del Ministerio de Ciencia y Tecnología, paseo de la Castellana, 160, 28071 Madrid, o en cualquier otro de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
b) Cuestionario, que se cumplimentará igualmente a través del programa referido en el apartado anterior, y memoria del proyecto o actuación, ambos en soporte magnético (disquete o CI1R, enviado en la funda protectora respectiva, o transferido telemáticamente vía wmcyt.es/profit). Dicho soporte debe venir identificado externamente por:
Los formatos de fichero admitidos para las memorias del proyecto a presentar junto a la solicitud y cuestionario son los que corresponden a las siguientes extensiones: "".pdf, ".rtf", ".txt", ".html", "doc" y ".wpd". El tamaño máximo de los ficheros será de 1.3 Mb.
4. En la solicitud de ayuda para cada proyecto o actuación, éste deberá asignarse al Programa Nacional correspondiente, de acuerdo con las claves que figuran en el anexo 1 de la presente Resolución, lo que no será obstáculo para que si la asignación no fuera correcta, sea asignada de oficio a otro Programa Nacional/Acción Estratégica/Acción Horizontal, siempre que se hubiesen convocado las ayudas del Programa Nacional/Acción Estratégica/Acción Horizontal al que dicha solicitud efectivamente correspondie ra. En caso de no existir convocatoria adecuada a la que asignar la solicitud de ayuda, o de haber transcurrido el plazo de presentación de solicitudes del Programa Nacional/Acción Estratégica/Acción Horizontal al que deban asignarse, el órgano competente para instruir el procedimiento de gestión de las ayudas resolverá la inadmisión de dicha solicitud.
La evaluación de las solicitudes se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Orden de 7 de marzo de 2000 y teniendo en cuenta, los criterios de valoración contenidos en el apartado 5 y 14 del anexo El de la Orden de 7 de marzo de 2000. Noveno. Plazo de resolución.
1 El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación para los proyectos de investigación industrial, estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial, proyectos de desarrollo precompetitivo, proyectos de demostración tecnológica y acciones especiales será de seis meses a partir del día en que surta efectos la presente Resolución, de acuerdo con el apartado decimotercero de la misma.
Décimo. Resolución y pagos.
2. Asimismo, contra las resoluciones presuntas del procedimiento de concesión de las ayudas señaladas, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de cumplirse el plazo señalado en el artículo 70.2 de la Orden de 7 de marzo de 2000. Sin perjuicio de lo anterior, contra estas
resoluciones presuntas cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al de cumplirse el plazo señalado en el artículo 70.2 de la referida Orden.
En lo no previsto en la presente Resolución serán de aplicación la Sección 4.a del Capítulo 1 del Título II del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre y la Orden de 7 de marzo de 2000 modificada por la Orden de 13 de junio de 2000, por la Orden de 23 de marzo de 2001 y por la Orden de 8 de noviembre de 2001, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del PROFIT.
La presente Resolución surtirá efectos des de el 23 de enero de 2002.

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text:
Dictamen del Banco Central Europeo, de 2 de marzo de 2012 , sobre una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles 2020» ) (CON/2012/17)
sobre una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles 2020»)
El 26 de enero de 2012, el Banco Central Europeo (BCE) recibió del Consejo de la Unión Europea una solicitud de dictamen sobre una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles 2020») (1) (en adelante el «reglamento propuesto»). El 6 de febrero de 2012, el BCE recibió una segunda solicitud de dictamen del Parlamento Europeo sobre la misma propuesta de reglamento.
La competencia consultiva del BCE se basa en el artículo 133, el apartado 4 del artículo 127, y el apartado 5 del artículo 282 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. De acuerdo con la primera frase del apartado 5 del artículo 17 del Reglamento interno del Banco Central Europeo, el presente dictamen ha sido adoptado por el Consejo de Gobierno.
El programa Pericles es un programa de intercambio, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda y otros fraudes relacionados. El reglamento propuesto sustituirá la base jurídica del programa Pericles que expira a finales de 2013 (2), ampliándolo así hasta finales de 2020. El BCE reitera su opinión de que el programa Pericles es una útil aportación a la labor del BCE, Europol y las autoridades nacionales en la lucha contra la falsificación del euro (3). El BCE confía en que el programa Pericles 2020 continuará contribuyendo a la protección de la integridad de los billetes en euros, incluida la segunda serie de billetes en euros.
EL BCE subraya su participación activa en la lucha contra la falsificación de billetes en euros. En particular, el BCE crea diseños y elementos técnicos avanzados para los billetes en euros, que permiten al público en general y a los expertos distinguir los billetes auténticos de los falsos. Es una práctica común actualizar los billetes cuando llevan unos años en circulación, para adelantarse a los falsificadores. El Eurosistema también ha tomado esta medida de precaución y comenzará en breve la producción de la segunda serie de billetes en euros. Además, el BCE analiza cada nuevo tipo de falsificación en su Centro de Análisis de Falsificaciones (CAF) y utiliza los conocimientos así adquiridos para mejorar su asesoramiento a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. El CAF coordina la distribución de toda la información técnica y estadística disponible sobre la falsificación del euro a todas las partes pertinentes.
El segundo párrafo del artículo 4 del reglamento propuesto establece un método para evaluar la consecución del objetivo específico del programa Pericles 2020. A este respecto, los resultados no dependen solo de las medidas eficaces derivadas del programa Pericles 2020, sino también de una serie de factores externos, entre los que se incluyen el número de falsificaciones en circulación, la disponibilidad de suficientes recursos humanos, financieros y técnicos por parte de las autoridades financieras, técnicas, policiales y judiciales, y la aplicación de otros programas de formación organizados por estas autoridades. Consecuentemente, el programa debería evaluarse en el contexto de todos los aspectos que influyen en la falsificación de billetes en euros y en el fraude. Por tanto, el BCE recomienda la plena participación del BCE y Europol en la valoración del programa Pericles 2020, tal como se dispone en los apartados 3 y 4 del artículo 12 del reglamento propuesto.
En virtud del programa Pericles 2020, las propuestas presentadas por los Estados miembros participantes pueden incluir a participantes de terceros países si su presencia es importante para la protección del euro. Aunque no pueden negarse los beneficios que para la disuasión de la falsificación de euros y el fraude en todo el mundo tiene la inclusión de terceros países en el programa Pericles 2020, la participación de terceros países debe ser sensata y proporcionada.
El BCE observa que las letras a) y c) del apartado 2 del artículo 8 y el apartado 3 del artículo 10 del reglamento propuesto se refieren al uso de herramientas de detección y establecen subvenciones para la compra de equipo. El BCE está de acuerdo con la propuesta de subvencionar la adquisición de equipo general de laboratorio, como microscopios, lectores de infrarrojos, pinzas, densitómetros, micrómetros o lectores de conductividad y magnetismo, que ayuden al proceso de investigación y que no estén específicamente diseñados o comercializados como equipo de detección de falsificaciones. El BCE considera que las únicas máquinas y dispositivos fiables de detección de falsificaciones son los que enumera en su dirección en internet, que han dado buenos resultados en pruebas que incluían un lote de billetes con las falsificaciones más relevantes y billetes auténticos con diversos grados de desgaste. Sin embargo, dichas máquinas y dispositivos están dirigidos a las empresas que se dedican profesionalmente al manejo de efectivo y, por lo general, sobrepasan el ámbito de actuación de las autoridades de lucha contra la falsificación de moneda definidas como grupo objetivo en la letra c) del apartado 2 del artículo 8 del reglamento propuesto (4). Por tanto, el BCE opina que no es apropiado considerar la financiación de la compra de detectores de falsificaciones con fondos del programa Pericles 2020 ni la utilización de detectores de falsificaciones por parte de las autoridades especializadas en la lucha contra la falsificación de moneda.
Sería beneficioso para la Comisión, el BCE y Europol examinar conjuntamente las iniciativas que vayan a ser financiadas con el programa Pericles 2020 (5), evitando así duplicidades y superposiciones entre el programa Pericles 2020 y otros programas y actividades relevantes y garantizar el desarrollo de una estrategia común contra la falsificación del euro y contra el fraude. Por tanto, el considerando 7 y el artículo 11 del reglamento propuesto deberían modificarse para permitir: a) la consulta en tiempo oportuno a las partes principales implicadas por la Comisión en el programa de trabajo anual, y b) la obtención del acuerdo del BCE y de Europol sobre el programa de trabajo anual a efectos de su aprobación (6). A este respecto, debería darse al BCE y a Europol tiempo suficiente para que examinaran el proyecto de programa de trabajo anual y enviaran sus opiniones antes de que este sea analizado en el comité consultivo correspondiente.
EL BCE celebra el apartado 1 del artículo 12 del reglamento propuesto, que requiera a la Comisión que ejecute el programa Pericles 2020 en cooperación con los Estados miembros, mediante consultas en diferentes fases de la ejecución del programa, teniendo en cuenta las medidas pertinentes emprendidas por otras entidades competentes, en particular el BCE y Europol. Aunque el apartado 1 del artículo 12 del reglamento propuesto garantiza un nivel de cooperación suficiente en la Unión, así como la coherencia entre el programa Pericles 2020 y otros programas y actividades pertinentes, el BCE recomienda a la Comisión que otorgue tiempo suficiente para familiarizarse con la documentación relativa al programa de trabajo anual antes de consultar al BCE y a la Europol en el comité consultivo correspondiente.
El BCE recomienda modificar los apartados 3 y 4 del artículo 12 propuesto para permitir la participación del BCE y Europol en la evaluación de la eficacia y eficiencia del programa Pericles 2020 y de su posible renovación, modificación o suspensión.
Hecho en Fráncfort del Meno, el 2 de marzo de 2012.
(2) Originariamente, el programa Pericles nace por la Decisión 2001/923/CE del Consejo, de 17 de diciembre de 2001, por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles») (DO L 339 de 21.12.2001, p.50). La Decisión 2001/923/CE se extendió a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro mediante la Decisión 2001/924/CE del Consejo, de 17 de diciembre de 2001, que amplía los efectos de la Decisión por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles») a los Estados miembros que no hayan adoptado el euro como moneda única (DO L 339 de 21.12.2001, p. 55). Posteriores modificaciones a la Decisión 2011/923/CE del Consejo ampliaron el ámbito y duración del programa Pericles hasta el 31 de diciembre de 2013.
(3) Véase el apartado 1 del Dictamen del BCE CON/2006/35 de 5 de julio de 2006, solicitado por el Consejo de la Unión Europea, acerca de dos propuestas de decisión del Consejo sobre el programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles») (DO C 163 de 14.7.2006, p. 7). Todos los dictámenes del BCE se publican en la dirección del BCE en internet: http://www.ecb.europa.eu
(4) Además, tras la evaluación de impacto (SEC(2011) 1615 final), está claro que la posibilidad de financiar la compra de equipo se refiere a los organismos nacionales (de terceros países) competentes en la lucha contra la falsificación para proteger el euro contra esta actividad delictiva, y especialmente para los organismos especializados que operan en terceros países sensibles que tienen prioridades distintas de la lucha contra la falsificación de euros.
(5) Véase el apartado 8 del Dictamen del BCE CON/2005/22, de 21 de junio de 2005, solicitado por el Consejo de la Unión Europea, acerca de dos propuestas de decisión del Consejo sobre el programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles») (DO C 161 de 1.7.2005, p. 11), y el apartado 2.2. del Dictamen del BCE CON/2006/35, de 5 de julio de 2006, solicitado por el Consejo de la Unión Europea, acerca de dos propuestas de decisión del Consejo sobre el programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles») (DO C 163 de 14.7.2006, p. 7).
(6) Véase el apartado 8 del Dictamen CON/2005/22.
Considerando 7 del reglamento propuesto
Debe garantizarse que este programa de acción de la Unión se atiene y complementa otros programas y actividades. La Comisión debe efectuar todas las consultas necesarias con respecto a las necesidades de evaluación para la protección del euro con las principales partes interesadas (en particular las autoridades nacionales competentes designadas por los Estados miembros, el BCE y Europol) en el comité consultivo adecuado establecido por el Reglamento (CE) no 1338/2001, particularmente por lo que respecta a los intercambios, la asistencia y la formación, a efectos de ejecutar este programa.»
Debe garantizarse que este programa de acción de la Unión se atiene y complementa otros programas y actividades. En un plazo adecuado antes de adoptar el programa de trabajo anual, la Comisión debe efectuar todas las consultas necesarias con respecto a las necesidades de evaluación para la protección del euro con las principales partes interesadas. En particular, la Comisión deberá consultar a las autoridades nacionales competentes designadas por los Estados miembros, y procurar el acuerdo del BCE y Europol respecto al programa de trabajo anual) en el comité consultivo adecuado establecido por el Reglamento (CE) no 1338/2001, particularmente por lo que respecta a los intercambios, la asistencia y la formación, a efectos de ejecutar este programa.»
La Comisión, el BCE y Europol resultarán beneficiados si examinan conjuntamente las iniciativas que vayan a ser financiadas con el programa Pericles 2020 en el contexto del programa de trabajo anual. Un examen conjunto como el descrito ayudaría a evitar duplicidades y superposiciones entre el programa Pericles 2020 y otros programas y actividades pertinentes impulsados por el BCE, Europol y las autoridades nacionales competentes. Además, este planteamiento garantizaría el desarrollo de una estrategia común contra la falsificación del euro y contra el fraude. Por tanto, el BCE sugiere modificar el considerando 7 del reglamento propuesto para permitir: a) la consulta en tiempo oportuno a las partes principales implicadas por la Comisión en el programa de trabajo anual, y b) la obtención del acuerdo del BCE y de Europol sobre el programa de trabajo anual a efectos de su aprobación.
Artículo 11 del reglamento propuesto
A fin de ejecutar el programa, la Comisión adoptará programas de trabajo anuales que establecerán los objetivos perseguidos, los resultados esperados, el método de ejecución y su importe total. También incluirán una descripción de las acciones a financiar, una indicación del importe asignado para cada acción y un calendario orientativo de ejecución. […]»
La Comisión adoptará programas de trabajo anuales tras la oportuna consulta a las partes principales implicadas en el proyecto de los programas de trabajo anuales y tras obtener el acuerdo del BCE y Europol. Los programas de trabajo anuales establecerán los objetivos perseguidos, los resultados esperados, el método de ejecución y su importe total. También incluirán una descripción de las acciones a financiar, una indicación del importe asignado para cada acción y un calendario orientativo de ejecución. […]»
La Comisión, el BCE y Europol resultarán beneficiados si examinan conjuntamente las iniciativas que se vayan a financiar con el programa Pericles 2020. Un examen conjunto como el descrito ayudaría a evitar duplicidades y superposiciones entre el programa Pericles 2020 y otros programas y actividades pertinentes impulsados por el BCE, Europol y las autoridades nacionales competentes. Además, este planteamiento garantizaría el desarrollo de una estrategia común contra la falsificación del euro y contra el fraude. Por tanto, el BCE sugiere modificar el artículo 11 del reglamento propuesto para permitir: a) la consulta en tiempo oportuno a las partes principales implicadas por la Comisión en el programa de trabajo anual, y b) la obtención del acuerdo del BCE y de Europol sobre el programa de trabajo anual a efectos de su aprobación.
«3) La Comisión llevará a cabo una evaluación del programa. A más tardar el 31 de diciembre de 2017, […].»
«3) La Comisión llevará a cabo una evaluación del programa. La Comisión distribuirá un borrador del informe de evaluación a las autoridades nacionales competentes designadas por los Estados miembros y buscará el acuerdo del BCE y Europol respecto al contenido del informe de evaluación en el comité consultivo correspondiente establecido por el Reglamento (CE) no 1338/2001. A más tardar el 31 de diciembre de 2017, […].»
La eficacia del programa Pericles 2020 debería ser prioritaria, para que este pueda alcanzar sus objetivos generales y específicos. El BCE considera que es esencial coordinar debidamente el programa Pericles 2020 con los demás programas nacionales y de la Unión, así como con los proyectos de Europol y del BCE. A este respecto, el BCE considera que todas las partes principales deberían ser consultadas y dar su aprobación al informe de evaluación, en el marco del comité consultivo adecuado establecido por el Reglamento (CE) no 1338/2001. A tal fin, el BCE hace esta propuesta de redacción, que también refuerza el papel del BCE y de Europol en la evaluación de la eficacia y eficiencia del programa Pericles 2020 y de su posible renovación, modificación o suspensión.
Apartado 4 del artículo 12 del reglamento propuesto
«4) Por otra parte, a más tardar el 31 de diciembre de 2021, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la realización de los objetivos del programa.»
«4) Por otra parte, la Comisión distribuirá un borrador del informe de evaluación sobre la consecución de los objetivos del Programa a las autoridades nacionales competentes designadas por los Estados miembros y buscará el acuerdo del BCE y Europol acerca del contenido del informe de evaluación en el comité consultivo adecuado establecido por el Reglamento (CE) no 1338/2001. A más tardar el 31 de diciembre de 2021, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la realización de los objetivos del programa.»
La aplicación adecuada del método de evaluación de la consecución de los objetivos específicos del programa Pericles 2020 requiere de un amplio abanico de experiencia, conocimientos e información. Dicha conclusión se desprende del artículo 4, que enumera una amplia variedad de resultados en función de los cuales debe valorarse la consecución de estos objetivos. A este respecto, los resultados no dependen solo de las medidas eficaces derivadas del programa Pericles 2020, sino también de una serie de factores externos, entre los que se incluyen el número de falsificaciones en circulación, la disponibilidad de suficientes recursos humanos, financieros y técnicos por parte de las autoridades financieras, técnicas, policiales y judiciales, y la aplicación de otros programas de formación organizados por estas autoridades. Consecuentemente, el programa Pericles 2020 debería evaluarse en el contexto de todos los aspectos que influyen en la falsificación de billetes en euros y en el fraude. Por tanto, el BCE, Europol y las autoridades nacionales competentes, todos los cuales han adquirido experiencia e información significativas y pertinentes, deberían participar plenamente en la evaluación de la consecución de los objetivos del programa Pericles 2020. Además, debería buscarse el acuerdo del BCE y de Europol respecto al informe de evaluación final.

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artículo 133
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artículo 282
artículo 17
artículo 4
artículo 12
artículo 8
artículo 10
artículo 8
artículo 11
artículo 12
artículo 12
artículo 12
Artículo 11
artículo 11
artículo 12
artículo 4


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Enfoque Ocupacional en la Red.Salud y Seguridad Laboral: marzo 2015
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Publicadas por Hector Parra Leal a la/s 5:23 p. m.
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En este documento se recogen los Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2015. La constitución por el INSHT en 1995 de un grupo de trabajo sobre Valores Límite de Exposición Profesional permitió la publicación de un primer documento en 1999, seguido por actualizaciones anuales para hacer frente, a medio plazo, a la obligación que la Directiva 98/24/CE imponía a los Estados miembros de establecer límites de exposición profesional nacionales.
Publicadas por Hector Parra Leal a la/s 4:07 p. m.
Guía técnica para evaluación y prevención de riesgos en exposición a agentes biológicos
relacionados con la exposición a agentes biológicos
La presente Guía, actualizada a fecha agosto de 2013, ha sido elaborada en cumplimiento de este mandato legal y tiene por objetivo facilitar la aplicación del mencionado real decreto proporcionando criterios e información técnica para la evaluación y prevención de los riesgos por exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Asimismo, esta actualización incluye las particularidades de la Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario.
Lea y descargue la Guía Aqui
Publicadas por Hector Parra Leal a la/s 10:22 a. m.
Guía Técnica. Evaluación y Prevención de Riesgos. Agentes Cancerígenos o Mutágenos.
Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos Relacionados con la Exposición durante el Trabajo a Agentes Cancerígenos o Mutàgenos.
La presente Guía proporciona los criterios y recomendaciones que pueden facilitar a los empleadores y a los responsables de Prevención la interpretación y aplicación del citado Real Decreto, especialmente en lo que se refiere a la evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores involucrados y en lo concerniente a las medidas correctoras y el acondicionamiento de este tipo de puestos.
Publicadas por Hector Parra Leal a la/s 12:21 p. m.
Conozca la LOPCYMAT. Requisitos del libro de actas de los Comités de Seguridad y Salud Laboral
Requisitos del libro de actas de los Comités de Seguridad y Salud Laboral
Conozca la LOPCYMAT. Registro de los Comités de Seguridad y Salud Laboral
Registro de los Comités
El Inpsasel llevará un Registro Nacional de CSSL de conformidad con el artículo 72 del Reglamento Parcial de la Lopcymat.
Una vez constituido el Comité de Seguridad y Salud Laboral, deberá inscribirse ante este registro, presentando la documentación requerida ante la unidad técnico administrativa del Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) de su jurisdicción, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento Parcial de la Lopcymat .
Los Comités de Seguridad y Salud Laboral deberán inscribirse ante este registro dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su constitución, según lo establecido en el artículo 72 del Reglamento Parcial de la Lopcymat
La inscripción tendrá una vigencia de dos (2) años renovable, según lo establecido en el artículo 72 del Reglamento Parcial de la Lopcymat
El procedimiento de inscripción en el Registro se rige por lo previsto en la Ley, el presente Reglamento y las normas técnicas que se dicten al efecto.
Se entenderá que no se ha registrado el Comité de Seguridad y Salud Laboral cuando no se encuentre debidamente inscrito dentro del plazo previsto en este artículo
Publicadas por Hector Parra Leal a la/s 9:44 a. m.
Conozca la LOPCYMAT. Facultades del Comité de Seguridad y Salud Laboral
En el ejercicio de sus funciones, el Comité de Seguridad y Salud Laboral está facultado para:
Aprobar el proyecto de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y la vigilancia de su cumplimiento para someterlo a la consideración del Inpsasel.
Vigilar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y conocer directamente la situación relativa a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales y la promoción de la seguridad y salud, así como la ejecución de los programas de la recreación, utilización del tiempo libre, descanso, turismo social, y la existencia y condiciones de la infraestructura de las áreas destinadas para esos fines, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas
Publicadas por Hector Parra Leal a la/s 9:43 a. m.
Conozca la LOPCYMAT. Atribuciones del Comité de Seguridad y Salud Laboral
El Comité de Seguridad y Salud Laboral tendrá las siguientes atribuciones:
Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. A tal efecto, en su seno considerará antes de la puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la Seguridad y Salud en el Trabajo, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de promoción, prevención y control de los riesgos, así como la recreación, utilización del tiempo libre, descanso o turismo social y dotación, mantenimiento y protección de la infraestructura de las áreas destinadas para esos fines y del proyecto de organización y formación en esta materia.
Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para el control efectivo de las condiciones peligrosas de trabajo, proponiendo la mejora de controles existentes o la corrección de las deficiencias detectadas
Publicadas por Hector Parra Leal a la/s 9:41 a. m.
Conozca la LOPCYMAT. Número de personas que integran el Comité de Seguridad y Salud Laboral.
Número de personas que integran el Comité de Seguridad y Salud Laboral.
El Comité estará conformado por los delegados o delegadas de prevención, de una parte, y por el patrono o patrona, o sus representantes, en número igual al de los delegados o delegadas de prevención, de la otra, de conformidad con lo establecido en la siguiente tabla
Número de representantes del patrono
o patrona
Los Comités de Seguridad y Salud Laboral serán órganos colegiados ya que sus integrantes, de manera simultánea y en situación de igualdad (plano horizontal) llevarán a cabo las funciones del mismo, de tal manera que las decisiones colectivamente expresadas sean la manifestación del órgano y no de las personas que la integran.
A los fines de determinar la cantidad de trabajadores y trabajadoras para calcular el número de integrantes del Comité de Seguridad y Salud Laboral, se deben incluir cada uno de los trabajadores y trabajadoras que laboren en el centro de trabajo, establecimiento o unidad de explotación, sin discriminaciones entre su condición de empleados u obreros o, el tipo de contrato celebrado con éstos, sea a tiempo determinado, a tiempo indeterminado o para una obra determinada.
En los polígonos industriales, edificios comerciales o de oficina, centros comerciales y espacios similares, en los cuales varios patronos o patronas realicen actividades en un mismo espacio geográfico, podrá crearse un Comité mancomunado de seguridad y salud laboral, que ejerza las facultades y atribuciones de los Comités de Seguridad y Salud Laboral en los riesgos comunes y coordine las acciones de los distintos Comités. La organización y funcionamiento de los Comités mancomunados se regulará mediante la norma técnica dictada a tal efecto
Publicadas por Hector Parra Leal a la/s 9:36 a. m.
Conoce la LOPCYMAT. Constitución del Comité de Seguridad y Salud Laboral.
Constitución del Comité de Seguridad y Salud Laboral.
El Comité de Seguridad y Salud Laboral se conformará, por una parte, por los delegados o delegadas de prevención una vez electos, siguiendo los mecanismos establecidos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), Reglamento Parcial de esta Ley y la Guía Técnica de Prevención GTP 1, Delegados y Delegadas de Prevención y por la otra, con el empleador y empleadora o sus representantes, entendiéndose como tal toda persona que en su nombre y por cuenta de éste ejerza funciones jerárquicas de dirección o administración (directores, administradores, jefes de relaciones industriales, jefes de personal, capitanes de buques o aeronaves, liquidadores o depositarios y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración), debiendo tener la suficiente capacidad para representarlo frente a los trabajadores o a terceros y poder sustituirlo, en todo o en parte, en sus funciones.
La responsabilidad de la constitución del Comité de Seguridad y Salud Laboral recae sobre:
El acuerdo para constituir el Comité de Seguridad y Salud Laboral se materializará, por primera y única vez, en un acto formal realizado en una reunión de los delegados o delegadas de prevención y los representantes del empleador o empleadora, en la que se aprobará los estatutos internos y acta constitutiva del Comité.
El acta constitutiva y estatutos del Comité debe estar firmada por todos los integrantes del mismo.
La duración del Comité será indefinida con excepción de aquellos que se constituyan para la ejecución de un contrato para una obra determinada, el cual perderá su vigencia cuando esta concluya, siempre y cuando no exceda los dos (2) años indicados en el artículo 72 del Reglamento Parcial de la Lopcymat. Una vez concluida la obra para la cual fue constituido y registradoel Comité de Seguridad y Salud Laboral, este cesará en sus funciones debiéndose notificar esta situación ante el Inpsasel, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la culminación de la obra.
Los Comités constituidos indefinidamente deberán reformar sus estatutos y actualizar el registro en los siguientes supuestos.
De esta reestructuración deberá levantarse acta donde se expresen los cambios acordados en el seno del Comité, debiéndose consignar original de esta acta de reforma, acompañada de la planilla de actualización del registro del Comité ante el Inpsasel.
No podrán ser delegados y delegadas de prevención, en representación de los trabajadores y trabajadoras, ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral:
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Conoce la LOPCYMAT. Comité de Seguridad y Salud Laboral.
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real decreto
artículo 72
artículo 73
artículo 72
artículo 72
artículo 72


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Prevención de Blanqueo de Capitales | Lefebvre-El Derecho
Aparición: 26/12/2018
Una referencia necesaria para los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas toda vez que la norma les obliga explícitamente a su conocimiento y prevención.
Facilita las claves para detectar las operaciones sospechosas de BC-FT.
Aborda el tratamiento del régimen de umbrales previsto en el artículo 31 del Reglamento (RD 304/2014).
Incluye esquema y flujo de las obligaciones administrativas, así como casos prácticos.
Una obra elaborada por Gregorio Labatut Serer, Francisco Luis Bonatti Bonet y Joaquín Mena, especialistas en la materia.
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Más sobre Prevención de Blanqueo de Capitales para Asesores Fiscales, Contables y Auditores de Cuentas
PRIMERA PARTE: LOS AUDITORES DE CUENTAS, CONTABLES Y ASESORES FISCALES ANTE EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
1. Motivo por el que los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas son sujetos obligados de la ley de prevención de blanqueo de capitales
2.1. Concepto de blanqueo de capitales
2.2. Concepto de financiación del terrorismo
2.3. Definición de Blanqueo de capitales
2.3.1. Definición de Blanqueo de Capitales en la Normativa Internacional
2.3.2. Definición de Blanqueo de Capitales en la Normativa Española
2.4. Definición de Financiación del Terrorismo
2.4.1. Definición de Financiación del Terrorismo en la Normativa Internacional
2.4.2. Definición de Financiación del Terrorismo en la Normativa Española
2.5. El impacto socio-económico de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo
3. Principales organismos internacionales
3.1. El GAFI/FATF
3.1.1. Misión del GAFI
3.1.2. Aspectos destacables de la última evaluación mutua del GAFI a España
3.1.3. Documentos del GAFI
3.1.4. Tipologías y métodos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo según el GAFI
3.2. Otros organismos internacionales
4.1. Las Directivas comunitarias: La Cuarta y la Quinta Directiva
4.1.1. La Primera y Segunda Directiva
4.1.2. La Tercera Directiva
4.1.3. La Cuarta Directiva
4.1.4. La Quinta Directiva
4.2. Los auditores de cuentas, contables y asesores fiscales en el Informe de Evaluación Regional de Riesgos de la Comisión Europea de 26 de junio de 2017 (vulnerabilidades y amenazas)
5. Las fases del blanqueo de capitales
5.1. Las fases del blanqueo según el GAFI
5.2. Las fases del blanqueo según otros autores
6. El enfoque basado en el riesgo (RBA)
6.1. El enfoque basado en el riesgo para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales emitido por el GAFI
6.1.1. Concepto del enfoque basado en el riesgo (Risk Based Approach — RBA)
6.1.2. La implementación del enfoque basado en el riesgo
6.1.3. Categorías de riesgo más comunes según el GAFI
6.1.4. Aplicabilidad del enfoque basado en el riesgo a la prevención de la financiación del terrorismo según el GAFI-FATF
6.2. El enfoque basado en el riesgo en la normativa española
7. La normativa española en Prevención de blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo (PBC-FT)
7.1. Objeto de la Ley 10/2010 sobre PBC-FT y del Reglamento
7.2. Situación actual de la normativa en PBC-FT
7.2.1. La Ley 10/2010 de PBC-FT
7.2.2. El Reglamento de la LBPC-FT (RD 304/2014)
7.2.3. La OM 2444/2007 sobre el modelo del informe del experto externo
7.2.4. Las Recomendaciones del SEPBLAC de abril de 2013
7.2.5. Otras normas y documentos: OCPs, CORs, etc
7.3. Los sujetos obligados de la Ley 10/2010 PBC-FT
7.4. La figura del asesor fiscal, contable y el auditor de cuentas como sujeto obligado
8. El delito de blanqueo de capitales y los delitos subyacentes
8.1. Bien jurídico protegido
8.2. Objeto del delito
8.3. La acción típica del delito
8.3.1. Conductas de tipo penal
8.3.2. Autoblanqueo
8.3.3. Bienes constitutivos del objeto penal
8.3.4. Ocultación o encubrimiento
8.3.5. Tipos agravados
8.3.6. Excepción de territorialidad
8.3.7. Actos preparatorios
8.3.8. Relaciones concursales
8.3.9. Irresponsabilidad o exención de pena en el delito subyacente
8.3.10. Decomiso
8.3.11. Delito continuado y tipos que incluyen conceptos globales
8.4. Sujetos del delito de blanqueo
8.4.1. Autor
8.4.2. Coautor
8.4.3. Partícipe
8.4.4. Cooperación necesaria
8.4.5. Testaferro
8.4.6. Abogados y asesores fiscales
8.5. Ignorancia deliberada y delito imprudente de blanqueo de capitales
8.5.1. Ignorancia deliberada
8.5.2. Delito imprudente
8.6. El fraude fiscal como delito subyacente del blanqueo de capitales
8.6.1. Análisis de posturas doctrinales
8.6.2. La Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012 (caso Ballena Blanca)
8.7. Cuestiones actualmente debatidas en torno al delito fiscal como antecedente al blanqueo de capitales
8.7.1. La prescripción
8.7.2. Cuestiones de política criminal relacionadas con el delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo
SEGUNDA PARTE: OBLIGACIONES EN PBC-FT IMPUESTAS A LOS AUDITORES DE CUENTAS, CONTABLES Y ASESORES FISCALES POR LA LEY 10/2010 Y SUS NORMAS DE DESARROLLO
1. Esquema y flujo de las obligaciones administrativas en PBC-FT
2.1. Medidas normales de diligencia debida
2.1.1. Identificación formal
2.1.2. Identificación del titular real
2.1.3. Propósito e índole de la relación de negocios
2.2. Medidas simplificadas de diligencia debida
2.3. Medidas reforzadas de diligencia debida
2.3.1. Medidas reforzadas de diligencia debida en el caso de personas políticamente expuestas (PEPs)
2.4. Aplicación de las medidas de diligencia debida
2.5.1. Caso práctico sobre auditoría de cuentas
2.5.2. Caso práctico sobre contables externos
2.5.3. Caso práctico sobre asesores fiscales
3.1. Alertas y operaciones susceptibles de BC-FT
3.1.1. Obligaciones establecidas
3.1.2. Catálogos de Operaciones de Riesgo aplicables por los auditores de cuentas, contables y asesores fiscales
3.1.3. El tratamiento del riesgo país según la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
3.2. El informe interno de operaciones sospechosas
3.3. El examen especial
3.4. La comunicación por indicio al SEPBLAC
3.5. Otras obligaciones de información
3.5.1. La abstención de la ejecución
3.5.2. La prohibición de revelación
3.5.3. La conservación de los documentos
3.5.4. Los requerimientos de las autoridades
3.6. Casos prácticos
3.6.1. Caso práctico sobre auditoría de cuentas
3.6.2. Caso práctico sobre contables externos
3.6.3. Caso práctico sobre asesores fiscales
4. Medidas de control interno
4.1. Medidas de control interno del sistema de PBC-FT
4.1.1. Medidas de control interno del sistema de PBC-FT hasta el RD-ley 11/2018 147
4.1.2. Medidas de control interno del sistema de PBC-FT después del RD-ley 11/2018
4.2. El régimen de umbrales previsto en el artículo 31 del Reglamento (RD 304/2014) . 150
4.2.1. Procedimientos de control interno
4.2.2. Propuesta de interpretación de los umbrales de conformidad con la Recomendación 2003/361 de la Comisión
4.3. El informe o documento de autoevaluación del riesgo
4.4. El manual de PBC-FT y la adecuación de procedimientos de control interno
4.4.1. El Manual de Procedimientos de PBC-FT
4.4.2 La adecuación de procedimientos de control interno de PBC-FT
4.5. Los órganos de control interno
4.5.1. Órganos de control interno según el artículo 35 Reglamento LBP-FT (RD 304/2014)
4.5.2. Órganos de control interno según las Recomendaciones del SEPBLAC de 2013 169
4.6. Las medidas de control interno a nivel de grupo
4.7. Las medidas de control interno a colaboradores (agentes y otros mediadores)
4.7.1. Medidas de control interno de aplicación a los agentes (art.37 Reglamento LPBC-FT — RD 304/2014)
4.7.2. Agentes y otros mediadores según las Recomendaciones del SEPBLAC de 2013
4.8. El examen externo y la verificación interna
4.8.1. Examen externo
4.8.2. Verificación interna
4.9. La formación
4.10. Contratación, protección e idoneidad de empleados, directivos y colaboradores
4.10.1. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes (artículo 30 Ley 10/2010 de PBC-FT)
4.10.2. Altos estándares éticos en la contratación de empleados, directivos y agentes (artículo 40 Reglamento de la PPBC-FT)
4.11. Tratamiento de las sucursales y filiales en terceros países
4.12. La protección de datos de carácter personal
4.12.1. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude (artículo 33 Ley 10/2010 de PBC-FT)
4.13. Casos prácticos
4.13.1. Caso práctico sobre auditores de cuentas
4.13.2. Caso práctico sobre contables externos
4.13.3. Caso práctico sobre asesores fiscales
5. La organización institucional de la PBC-FT en España
5.1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM)
5.2. La Secretaría de la Comisión
5.3. El Servicio Ejecutivo de la Comisión (El SEPBLAC)
6. El régimen sancionador
6.1.1. Infracciones muy graves
6.1.2. Infracciones graves
6.1.3. Infracciones leves
6.2.1. Responsabilidad de administradores y directivos
6.2.2. Exigibilidad de la responsabilidad administrativa
6.3. Sanciones
6.3.1. Sanciones por infracciones muy graves
6.3.2. Sanciones por infracciones graves
6.3.3. Sanciones por infracciones leves
6.3.4. Graduación de las sanciones
6.6. Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden penal
6.7. Comunicación de infracciones
6.8. Tratamiento de las comunicaciones e infracciones de los empleados, directivos y agentes de los sujetos obligados al SEPBLAC
6.9. Protección de las personas (empleados, directivos y agentes de los sujetos obligados que realizan comunicaciones de infracciones al SEPBLAC)
7. Últimas actuaciones del SEPBLAC y de la Comisión
TERCERA PARTE: LA REVISIÓN EXTERNA POR EXPERTO INDEPENDIENTE DE PBC-FT
1. La problemática de la revisión. Los expertos externos en prevención de blanqueo de capitales
1.1. La habilitación como experto externo
1.2. Condiciones académicas y experiencia profesional del experto externo
1.2.1. Certificación INBLAC
1.2.2. Acreditación ENAC para Organismos de Inspección para la PBC-FT
2. Normas de auditoría aplicables por el experto independiente
2.1. La Guía 17 del ICJCE
2.2. ISO 19011: Directrices para la Auditoría de Sistemas de Gestión
2.3. Normas de auditoría interna
2.4. Normas de auditoría externa (NIAS-ES)
3. Evaluación del experto independiente sobre la eficacia operativa
3.1. La OM 2444/2007
3.2. Las pruebas y muestreos. Hallazgos, incidencias y deficiencias. Rectificaciones y mejoras
3.3. El sistema de valoración del desempeño del GAFI
4. El informe del experto independiente
4.1. El Anexo de la OM 2444/2007
4.1.1. Información general sobre el sujeto obligado
4.1.2. Normativa interna
4.1.3. Órganos de control interno y comunicación
4.1.4. Identificación y conocimiento de los clientes
4.1.5. Conservación de la documentación de clientes y operaciones
4.1.6. Detección por operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales
4.1.7. Análisis de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales
4.1.8. Comunicación de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales
4.1.9. Declaración mensual obligatoria de operaciones
4.1.10. Cumplimentación de los requerimientos del servicio ejecutivo u otras autoridades
4.1.11. Formación
4.1.12. Filiales y sucursales
4.1.13. Agentes y otros mediadores
4.1.14. Verificación interna
4.1.15. Otros extremos relevantes no cubiertos por los apartados anteriores
4.2. Estructura de un informe completo de PBC-FT
4.3. Estructura de un informe de seguimiento de PBC-FT
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS MODIFICACIONES EN LA LEY 10/2010 DE PBC-FT. REAL DECRETO-LEY 11/2018 DE 31 DE AGOSTO, DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN TERRORISMO. BOE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018
2.1.1. El apartado 4 del artículo 1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
2.1.2. 2. Las letras o) y u) del apartado 1 del artículo 2. Sujetos obligados
2.1.3. El apartado tercero del artículo 2. Sujetos obligados
2.2.1. El artículo 4. Identificación del titular real .
2.2.2. Los apartados 5 y 6 y el nuevo apartado 7 del artículo 7. Aplicación de las medidas de diligencia debida
2.2.3. Los apartados 1 y 2 del artículo 8. Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida
2.3.1. El artículo 11. Medidas reforzadas de diligencia debida
2.3.2. El artículo 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza
2.3.3. El artículo 14. Personas con responsabilidad pública
2.4. De las obligaciones de información
2.4.1. El apartado 1 del artículo 25. Conservación de documentos
2.5. Del control interno
2.5.1. El artículo 26. Políticas y procedimientos
2.5.2. Se añade un nuevo artículo 26 bis. Procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos
2.5.3. Se añade un nuevo artículo 26 ter. Órgano de control interno y representante ante el Servicio Ejecutivo
2.5.4. El apartado 1 del artículo 27. Órganos centralizados de prevención
2.5.5. El apartado 1 del artículo 28. Examen externo
2.5.6. El artículo 30. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
2.5.7. El apartado 4 del artículo 33. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude
2.6. Otras disposiciones
2.6.1. El artículo 38. Comercio de bienes
2.7. De la organización institucional
2.7.1. El artículo 47. Supervisión e Inspección
2.7.2. El artículo 48. Régimen de colaboración
2.7.3. Se añade un nuevo artículo 48 bis. Cooperación internacional
2.8. Del régimen sancionador
2.8.1. Las letras e) a g) del apartado 1 del artículo 51. Infracciones muy graves
2.8.2. Las letras m) a w) del apartado 1 del artículo 52. Infracciones graves
2.8.3. El apartado 5 del artículo 52. Infracciones graves
2.8.4. El artículo 56. Sanciones por infracciones muy graves
2.8.5. El artículo 57. Sanciones por infracciones graves
2.8.6. El artículo 58. Sanciones por infracciones leves
2.8.7. El artículo 59. Graduación de sanciones
2.8.8. Los apartados 5 y 6 y el nuevo apartado 7 del artículo 61. Procedimiento sancionador y medidas cautelares
2.8.9. Se añade un nuevo artículo 63. Comunicación de infracciones
2.8.10. Se añade un nuevo artículo 64. Tratamiento de las comunicaciones
2.8.11. Se añade un nuevo artículo 65. Protección de las personas
2.9. Disposición adicional única. Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos
Cuadro núm. 1. Concepto de blanqueo de capitales. Gregorio Labatut Serer
Cuadro núm. 2. Concepto de financiación del terrorismo. Gregorio Labatut Serer
Cuadro núm. 3. Definición internacional de blanqueo de capitales. Gregorio Labatut Serer
Cuadro núm. 4. Fases del blanqueo de capitales según GAFI. Joaquín Mena
Cuadro núm. 5. El riesgo mediante la combinación de la probabilidad y el impacto. Joaquín Mena
Cuadro núm. 6. Componentes intrínsecas o esenciales de una gestión de riesgos. Joaquín Mena
Cuadro núm. 7. Cóctel o mix de la gestión de riesgos. Joaquín Mena
Cuadro núm. 8. Ejemplo Cóctel de Test de Riesgo Cliente. Joaquín Mena
Cuadro núm. 9. Análisis de riesgo según el Reglamento LPBC-FT. Joaquín Mena
Cuadro núm. 10. Flujo de obligaciones administrativas en PBC-FT. Las siguientes figuras del presente capítulo desarrollan este cuadro. Joaquín Mena
Cuadro núm. 11. Alertas y operaciones sospechosas de BC-FT según el Reglamento LPBC-FT Joaquín Mena
Cuadro núm. 12. C.O.R. publicados por la Comisión de PBC-IM. Joaquín Mena
Cuadro núm. 13. Estructura del C.O.R. de sectores profesionales publicado por la Comisión de PBC-IM. Joaquín Mena
Cuadro núm. 14. Criterios comunes de riesgo geográfico publicados por la Comisión de PBC-IM. Joaquín Mena
Cuadro núm.15. Sobre el requerimiento del examen especial. Gregorio Labatut Serer
Cuadro núm.16. Obligación de comunicación al SEPBLAC. Gregorio Labatut Serer
Cuadro núm. 17. Relación de los umbrales del Reglamento LPBC-FT con la Recomendación 2003/361 de la Comisión. Joaquín Mena
Cuadro núm.18. Comparación balance (activo) Directiva 2013/34/UE y PGCs 2007. Joaquín Mena 154
Cuadro núm. 19. Resumen de la organización institucional de la PBC-FT en España. Gregorio Labatut Serer
Tabla núm. 1. Esquema 40 Recomendaciones FATF-GAFI 2012. Joaquín Mena
Tabla núm. 2. Conclusiones en el informe de las amenazas y vulnerabilidades. Joaquín Mena
Tabla núm. 3. Esquema de obligaciones de medidas de diligencia debida. Joaquín Mena
Tabla núm. 4. Esquema de obligaciones de información y comunicación. Joaquín Mena
Tabla núm. 5. Esquema de obligaciones de control interno. Joaquín Mena
Tabla núm. 6. Modificaciones en medidas de control interno en la LPBC-FT por el RD-ley11/2018. Joaquín Mena
Tabla núm. 7. Propuesta de solución de aplicación umbrales art.31 Reglamento LPBC-FT. Joaquín Mena
Tabla núm. 8. Comparativa RPBC-FT vs Código Penal. Francisco Bonatti

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artículo 31
artículo 31
artículo 35
artículo 1
artículo 2
artículo 2
artículo 4
artículo 7
artículo 8
artículo 11
artículo 13
artículo 14
artículo 25
artículo 26
artículo 26
artículo 26
artículo 27
artículo 28
artículo 30
artículo 33
artículo 38
artículo 47
artículo 48
artículo 48
artículo 51
artículo 52
artículo 52
artículo 56
artículo 57
artículo 58
artículo 59
artículo 61
artículo 63
artículo 64
artículo 65