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Resolucion 1794 de 2014, Por la cual se establecen y se habilitan los formularios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondiente a los impuestos	 24 Diciembre 2014	 Visitas: 2719
Resolución 1528 de2014, por medio de la cual se asignan unos subsidios para la conexión domiciliaria al servicio de Gas natural	 03 Diciembre 2014	 Visitas: 1188
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Resolucion 1333 de 2014, Por medio de la cual se asiganan unos subsidios para la conexion domiciliaria al Servicio de Gas Natural	 24 Octubre 2014	 Visitas: 1086
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Resolucion 1266 de 2014, Por medio de la cual se asiganan unos subsidios para la conexion domiciliaria al Servicio de Gas Natural	 07 Octubre 2014	 Visitas: 1065
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Resolucion 0422 de 2014, Por Medio de la Cual se Adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	 06 Mayo 2014	 Visitas: 1159
Resolucion 0205 de 2014, Por medio de la cual se convoca a elecciones del Comite Paritario de Salud Ocupacional (COPASO)	 21 Marzo 2014	 Visitas: 1368

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SUSESO: Normativa y jurisprudencia - Dictamen 7000-1999
ley 10.475ley 10.475, artículo 16
Dictamen 7000-1999
Fecha: 30 de marzo de 1999
Fuentes: D.F.L. Nº 150, de 1981; Ley Nº 10.475
Concordancia con Oficios: Oficios Ords. Nºs 1633, de 1987; 7556, de 21 de junio de 1996, todos de la Superintendencia de Seguridad Social
Ud. ha recurrido a esta Superintendencia solicitando un pronunciamiento en relación a si los cursos de preparación para la prueba de aptitud académica o preuniversitarios, otorgan derecho a asignación familiar a los hijos mayores de 18 y menores de 24 años de edad.
Lo anterior, por cuanto la Contraloría General de la República, mediante Dictamen N°22.951, de 18 de julio de 1997, concluyó que los cursos de que se trata son asimilables a la "enseñanza especial", para efectos de obtener pensión de orfandad.
Sobre el particular, esta Superintendencia cumple con manifestar que de acuerdo a lo dispuesto por la letra b) del artículo 3° del D.F.L. N°150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, son causantes de asignación familiar "Los hijos y los adoptados hasta los dieciocho años, y los mayores de esta edad y hasta los veinticuatro años, solteros, que sigan cursos regulares en la enseñanza media, normal, técnica, especializada o superior, en instituciones del Estado o reconocidas por éste".
Cabe señalar que este Organismo, mediante el Oficio Nº 1.633, de 1987, solicitó al Ministerio de Educación Pública le informara si los cursos preuniversitarios tienen las características indicadas en la letra b) del artículo 3º del D.F.L. Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que enumera los niveles de enseñanza a los cuales deben pertenecer los cursos de los cuales deben ser alumnos regulares los hijos mayores de 18 y menores de 24 años de edad, para causar el beneficio de la asignación familiar.
Dicho Ministerio informó que "Los cursos denominados comúnmente preuniversitarios" no se enmarcan dentro de la enumeración que se hace en la letra b) del artículo 3º del D.F.L. Nº 150, de 1981 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, toda vez que ellos no constituyen cursos regulares de enseñanza media, normal, técnica, especializada o superior.
En virtud de lo señalado, esta Superintendencia informa que los estudios preuniversitarios no habilitan para ser causante de asignación familiar, de conformidad a la letra b) del artículo 3º del D.F.L. Nº 150, de 1981.
En relación al Dictamen N°22951, de 1997, de la Contraloría General de la República, que se invoca en la presentación, conforme al cual el referido Organismo de Control dictaminó que los cursos de preparación para la prueba de aptitud académica o preuniversitaria, en cuanto son un nexo entre los niveles de educación secundario o técnica y la universitaria, tendrían el carácter de, enseñanza especial y habilitan para causar pensión de orfandad, por ejemplo en el caso del artículo 16, inciso segundo letra c) de la Ley N°10.475, se debe señalar que el pronunciamiento de dicho Organismo se encuentra acorde con la jurisprudencia de esta Superintendencia; por ejemplo, con el Ordinario N°7556, de 21 de junio de 1996, que dictaminó que los cursos de preparación para la prueba de aptitud académica están comprendidos en el concepto de "enseñanza especial" aludido por la letra c) del inciso segundo del artículo 16 de la Ley Nº 10.475, siempre que el establecimiento que las imparta haya sido reconocido en esos cursos por el Ministerio de Educación.
Lo anterior se fundamenta, en que es la propia normativa sobre pensiones de orfandad contenida en dicho precepto, la que contempla la educación especial, al disponer que causan pensión de orfandad, entre otros, los hijos legítimos, naturales o adoptivos mayores de dieciocho años y menores de veinticinco años que acrediten fehacientemente ser estudiantes secundarios, universitarios o de enseñanza especial, normativa que no es igual a la contenida en materia de asignaciones familiares, como ya se ha explicado
10/06/1996 Dictamen 7000-1996 Licencias médicas D.S. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud
Artículo 16 ley 10.475, artículo 16

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artículo 16
artículo 3
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artículo 16
artículo 16
Artículo 16
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 Sentencia 2011-00141 de abril 5 de 2013
SENTENCIA 2011-00141 DE 05 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL. LAS PARTES TIENEN LA CARGA PROCESAL DE IMPULSAR EL LITIGIO DENTRO DE UN PLAZO FIJADO POR LA LEY, TODA VEZ QUE DE NO HACERLO EN TIEMPO OPORTUNO, PIERDEN LA POSIBILIDAD DE ACCIONAR ANTE LA JURISDICCIÓN PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO CONCULCADO. LA CADUCIDAD ADMITE SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO CUANDO SE PRESENTA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ANTE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, CUANDO LA NATURALEZA DE LOS ASUNTOS QUE SE BUSQUEN LLEVAR ANTE LA JURISDICCIÓN SEAN CONCILIABLESDICHA SUSPENSIÓN DEL TERMINO DE CADUCIDAD SE PROLONGA HASTA QUE: A) SE LOGRE EL ACUERDO CONCILIATORIOB) QUE SE EXPIDAN LAS CONSTANCIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 640 DE 2001C) QUE SE VENZA EL TERMINO DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD PARA CELEBRAR LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTED) EN CASO DE QUE EL ACUERDO CONCILIATORIO SEA IMPROBADO POR LA AUTORIDAD JUDICIAL RESPECTIVA, EL TERMINO DE CADUCIDAD SUSPENDIDO SE REANUDARA A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL DE LA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA POR LA CUAL SE ADOPTO ESA DECISIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PROCESAL, SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PROCESAL
Sentencia 2011-00141 de abril 5 de 2013
Rad. 540012331000201100141 01
Exp.: 41736
Actor: Universidad de Pamplona
5. Esta corporación es competente para conocer en segunda instancia del proceso de la referencia de conformidad con lo señalado por el numeral 5 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo y en consideración a la cuantía de la demanda(1) y, toda vez que el auto que rechaza la demanda es apelable de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo.
6. La Sala debe determinar desde cuándo comienza a contabilizarse el término de caducidad de la acción contractual, en donde media solicitud de conciliación prejudicial, con el fin de establecer si al momento de presentarse la demanda en ejercicio de dicha acción, había operado el fenómeno referido.
7. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, toda vez que de no hacerlo en tiempo oportuno, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo el derecho conculcado.
8. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir, que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial.
9. El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 136, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, consagra diferentes términos para intentar las acciones y sanciona su inobservancia con el fenómeno de la caducidad. Así, el numeral 10 inciso D, dispone sobre el término para intentar la acción contractual:
“10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años, que se contaran a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirva de fundamento.
10. Por otra parte, se advierte que esta figura admite suspensión cuando se presenta solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º del Decreto 1716 de 2009, decreto mediante el cual se reglamentó el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 para dar plena aplicabilidad al requisito de procedibilidad de las acciones reguladas por los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, consistente en el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial cuando la naturaleza de los asuntos que se busquen llevar ante la jurisdicción sean conciliables.
11. La referida suspensión del término de caducidad se prolonga hasta que acaezca cualquiera de los siguientes eventos; (i) que se logre el acuerdo conciliatorio, (ii) que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, (iii) que se venza el término de 3 meses contados a partir de la presentación de la solicitud para celebrar la audiencia de conciliación correspondiente y, (iv) en caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por la autoridad judicial respectiva, el término de caducidad suspendido se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia por la cual se adoptó esa decisión.
12. La Ley 80 de 1993 —norma aplicable para el caso sub examine—, en sus artículos 60 y 61 dispuso que los contratos de tracto sucesivo, es decir, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación; igualmente estableció que en el evento en que el contratista no se presente a la liquidación o las partes no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, se hará mediante acto de la administración contratante.
13. Por su parte, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece que la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del plazo fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto y de no existir, la liquidación se realizará dentro de los cuatro 4 meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
14. En el caso concreto, la Sala observa que el convenio interadministrativo Nº 0895 se suscribió el 14 de agosto de 2006 cuya ejecución fue satisfecha el 4 de agosto de 2008, según consta en las pruebas obrantes dentro del expediente así:
14.1. El 14 de agosto de 2006 se suscribió convenio interinstitucional de infraestructura tecnológica para procesos de enseñanza y aprendizaje entre las partes en cuya cláusula séptima se pactó que la duración de este sería de 8 meses contados a partir de la fecha del primer desembolso (fl. 80-85, cdno. 1).
14.2. El 4 de octubre de 2006 se firmó el acta de iniciación Nº 001 del convenio interinstitucional (fl. 87, cdno. 1).
14.3. El 24 de mayo de 2007, se hizo la Nº 1 al convenido interinstitucional, y en su cláusula primera se pactó adicionar en 4 meses la duración del convenio contados a partir del vencimiento del término inicial (fl. 89-90, cdno. 1).
14.4. Posteriormente, se suscribió la adición Nº 2 al convenio interadministrativo en la que se estipuló adicionar 4 meses más la duración del convenio (fl. 92-93, cdno. 1).
14.5. El 29 de enero de 2008, se suspendió el objeto del convenio por el término de 6 meses, esto es, hasta el 29 de julio de 2008, según el acta de suspensión y acta de iniciación visibles a folios 97 y 99 del cuaderno Nº 1.
15. Por lo anterior, se concluye que la ejecución del convenio interadministrativo Nº 0895 de 14 de agosto de 2006 finalizó el 4 de agosto de 2008. Por tanto, carece de fundamento el argumento del actor al exponer en la demanda que fue el 4 de octubre de 2008 el día en que terminó el convenio en mención, pues revisando en su integridad el expediente, así como los documentos que lo conforman, la Sala advierte que no existe respaldo probatorio alguno que permita acreditar tal aseveración.
16. De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que en la cláusula decimo quinta del convenio interadministrativo no se pactó plazo para liquidar de mutuo acuerdo(2) el convenio materia del sub lite, este venció a los cuatro (4) meses de conformidad a lo señalado por la ley, esto es, el 4 de diciembre de 2008; y como tampoco está acreditado que dicho contrato se hubiere liquidado unilateralmente, es decir, dentro de los dos (2) meses siguientes al cumplimiento del término para hacerlo de común acuerdo, esto es, entre el 5 de diciembre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, el contratista quedaba habilitado para acudir al juez del contrato o pedir su liquidación, para lo cual disponía de dos años contados a partir de la última fecha.
17. En ese orden de ideas, el plazo para presentar la demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales, concluía en principio el 6 de febrero de 2011; sin embargo, el término en mención fue suspendido el 26 de febrero de 2010, habida cuenta que la parte demandante solicitó celebrar audiencia de conciliación extrajudicial.
18. Cabe recordar que esta suspensión se configuró hasta el 26 de mayo de 2010, fecha en la cual ya habían transcurrido los tres meses a que se refiere el artículo 3º del Decreto 1716 de 2009. Con base en lo anterior, al haberse reanudado el término para ejercer la acción desde el día 27 de mayo de 2010 para que operara su caducidad, el plazo para presentar la demanda debió fenecer el 6 de mayo de 2011.
19. Habida cuenta de que se presentó la demanda en ejercicio de la acción contractual el 31 de marzo de 2011, la Sala concluye que lo fue dentro del término establecido en el numeral 10 literal D del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y por tanto no se consolidó la caducidad, razón por la cual la Sala revocará la decisión del a quo y admitirá la demanda en tanto cumple los requisitos exigidos por el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo.
1. REVOCAR el auto apelado, esto es, aquel proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 26 de mayo de 2011 y en su lugar se dispone:
2. ADMITIR la demanda presentada por la Universidad de Pamplona.
3. NOTIFICAR personalmente esta providencia al señor agente del Ministerio Público (CCA art. 127, modificado por la L. 446/98, art. 35).
4. NOTIFICAR personalmente esta providencia al demandado, municipio de Cúcuta (CCA art. 207).
5. FIJAR por parte del a quo los gastos ordinarios del proceso.
6. FIJAR el proceso en lista por el término legal.
7. REMITIR esta providencia al tribunal de origen.
(1) La cuantía exigida por el numeral 5º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 para que un proceso iniciado por la acción de controversias contractuales en el año 2011 estuviera a cargo en primera instancia de los tribunales administrativos es de $ 267.500 000, cifra que resulta superada por la cuantía de la presente demanda, correspondiente a $ 668.998 837.
(2) “Cláusula décimo quinta liquidación: A la terminación del convenio se procederá a efectuar la liquidación del mismo” (fl. 84, cdno. 1).

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ARTÍCULO 2
artículo 132
artículo 181
artículo 136
artículo 44
artículo 3
artículo 13
artículo 2
artículo 11
artículo 3
artículo 136
artículo 137
artículo 132


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Cualquier departamento, agencia, instrumentalidad o corporación pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluso los municipios, podrá solicitar del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que éste utilice los servicios de cualquiera de sus funcionarios o empleados para facilitar o acelerar cualquier intervención del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en dicho organismo. En tal caso, el funcionario o empleado realizará la función que corresponda, bajo la jurisdicción y dirección de la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y sujeto a las condiciones que se hayan convenido por ambas partes. Amazon Lámparas esBombilla 6v Solares Iluminación De Exterior uKJc351lTF
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Asimismo, el Contralor de Puerto Rico tendrá la autoridad para reservar, gravar, o pignorar, en todo o en parte, las asignaciones presupuestarias que actualmente son utilizadas para el pago del canon de arrendamiento de los distintos bienes inmuebles que albergan la sede de la Oficina, de manera que dichas asignaciones respondan por el pago del servicio de la deuda de cualquier financiamiento contraído bajo esta disposición. Amazon Lámparas esBombilla 6v Solares Iluminación De Exterior uKJc351lTF
Artículo 5. — Amazon Lámparas esBombilla 6v Solares Iluminación De Exterior uKJc351lTF [Omitida] (2 L.P.R.A. § 75 nota)
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Artículo 8. — Exclusión de leyes; presupuesto y contabilidad. (2 L.P.R.A § 78)Amazon Lámparas esBombilla 6v Solares Iluminación De Exterior uKJc351lTF
Artículo 9. — Comparecencia de testigos; tribunales la harán cumplir. (2 L.P.R.A § 79) Y 40w Pie 65x65x99 Altura E27 De Lámpara Pantalla Moderna Trípode Homcom Lino Con Ajustable Madera Tela 143cm JulTF31cK
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Artículo 11Lámparas Feiss De Transición Baño TechoEbay Candelabros Y Y7bf6yg . — Cooperación de agencias gubernamentales. (2 L.P.R.A § 81)
Araña Led Lámpara Cristal Foco Para Princesa Tkind Plafón eodCrxB El Contralor rendirá informes especiales a la Asamblea Legislativa y al Gobernador sobre las cuentas, los desembolsos y los ingresos de las agencias, instrumentalidades y subdivisiones políticas en relación con los cuales se descubran irregularidades o violaciones de ley.
El contralor tendrá facultad para adoptar y promulgar las reglas y reglamentos no incompatibles con las leyes vigentes y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico , que sean necesarios para el mejor desempeño de sus funciones y tendrá su propio servicio legal. Dichas reglas y reglamentos tendrán fuerza de ley una vez sean promulgados. Amazon Lámparas esBombilla 6v Solares Iluminación De Exterior uKJc351lTF
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Ningún funcionario o empleado regular, transitorio o por contrato de la Oficina podrá, durante los doce (12) meses consecutivos siguientes a la fecha en que deje de prestar servicios en la misma, por sí o a través de cualquier persona jurídica, sociedad, asociación o entidad de la que sea empleado, socio o accionista prestar servicios a ninguna agencia del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la que dicha Oficina haya realizado cualquier labor de auditoría. Lámpara Impermeable De Led Luces Suelo Outdoor 8 Solar rxEBCeQWdo
(a) Haya participado directamente en la labor de auditoría de la agencia o haya supervisado dicha labor de auditoría; Szkło 40 Sufitowa Oscar Led Lampa Cm Graniaste mn0wN8
Artículo 17.Amazon Lámparas esBombilla 6v Solares Iluminación De Exterior uKJc351lTF — Se asigna a la Oficina del Contralor la suma de ciento cincuenta mil dólares ($150,000) para llevar a cabo los fines de esta ley durante el año económico 1952-53.
Artículo 20. Amazon Lámparas esBombilla 6v Solares Iluminación De Exterior uKJc351lTF — Esta ley, por ser de carácter urgente y necesaria, comenzará a regir tan pronto entre en vigor la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico .
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BOE.es - Documento BOE-A-2019-3299
Documento BOE-A-2019-3299
«BOE» núm. 57, de 7 de marzo de 2019, páginas 22176 a 22179 (4 págs.)
BOE-A-2019-3299
Mediante la Orden SSI/1270/2017 de 21 de diciembre («BOE» núm. 310, del 22) se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas del programa dirigido a promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad, denominado «Programa Reina Letizia para la Inclusión». En su artículo 6 contempla la posibilidad de suscribir un convenio con una entidad colaboradora de las previstas en el artículo 12 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones para la gestión de estas ayudas.
Mediante Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Secretaría General del Real Patronato sobre Discapacidad se convoca el procedimiento de concurrencia para la selección de una entidad colaboradora para la gestión de las ayudas del programa dirigido a promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad, denominado «Programa Reina Letizia para la Inclusión» («BOE» núm. 298, de 11 de diciembre).
Finalizado el 26 de diciembre de 2018 el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el boletín oficial, que esta resolución concede en su apartado cuarto para presentar las solicitudes de participación en el procedimiento, ha concurrido una única entidad, la Fundación ONCE.
En fecha 5 de febrero de 2019, la persona titular de la Consejería Técnica del Real Patronato sobre Discapacidad emite un informe en el que evalúa la propuesta recibida.
En fecha 8 de febrero de 2019, el Director del Real Patronato sobre Discapacidad formula la propuesta de resolución.
Es competente para dictar esta Resolución la persona titular de la Secretaría General del Real Patronato sobre Discapacidad, de conformidad con lo dispuesto el apartado quinto de la Resolución de 14 de noviembre de 2018 de la Secretaria General del Real Patronato sobre Discapacidad por la que se convoca el procedimiento de concurrencia para la selección de una entidad colaboradora para la gestión de las ayudas del programa dirigido a promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad, denominado «programa Reina Letizia para la Inclusión» («BOE» núm. 298, de 11 de diciembre).
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, regula en su artículo 12 la figura de la entidad colaboradora para la gestión de subvenciones, y la define en su apartado primero como «aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio.» en su artículo 13 regula los requisitos que deben cumplir para obtener estas entidades.
Por su parte, el artículo 16.5 se refiere al procedimiento de selección de estas entidades y señala «en el supuesto de que las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho privado se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la colaboración se formalizará mediante convenio.»
La Orden SSI/1270/2017 de 21 de diciembre por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas del programa dirigido a promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad, denominado «Programa Reina Letizia para la Inclusión» establece en su artículo 6 lo siguiente:
«El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad suscribirá, en su caso, los correspondientes convenios, para la correcta ejecución del programa.
La colaboración se instrumentará mediante un convenio debiendo ajustarse su contenido a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como al capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»
Mediante Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Secretaria General del Real Patronato sobre discapacidad se convoca el procedimiento de concurrencia para la selección de una entidad colaboradora para la gestión de las ayudas del programa dirigido a promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad, denominado «Programa Reina Letizia para la Inclusión» («BOE» núm. 298, de 11 de diciembre).
La Fundación ONCE, con fecha 20 de diciembre de 2018, ha presentado la única solicitud de participación en el proceso de selección de entidad colaboradora, y lo ha hecho dentro del plazo establecido. Junto a la solicitud aporta la documentación solicitada en el apartado 3.2 de la resolución citada:
– Certificado acreditativo de su inscripción en el registro de asociaciones.
– Poderes del firmante de la solicitud de participación.
– Declaración responsable de no hallarse incurso en las prohibiciones a que se refieren los artículos 13.2 y 13.3 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre.
– Certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social.
– Certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el estado y con la hacienda autonómica.
– Documentación acreditativa de la solvencia económica y técnica, conforme a lo dispuesto en el apartado 3.1 de la resolución de 14 de noviembre de 2018.
– Memoria técnica.
En fecha 5 de febrero de 2019, la persona titular de la Consejería Técnica del Real Patronato sobre Discapacidad emite informe en el que evalúa la propuesta recibida, de conformidad con los criterios establecidos en el apartado quinto de la resolución de 14 de noviembre de 2018, con el siguiente resultado:.
Apartado 1: 37 puntos.
Apartado 2: 15 puntos.
Apartado 3: 10 puntos.
Apartado 4: 25 puntos.
Total puntuación: 87 puntos.
En fecha 8 de febrero de 2019, el Director del Real Patronato sobre Discapacidad formula la propuesta de resolución en la que propone seleccionar a la Fundación ONCE como entidad colaboradora a la vista del informe de valoración emitido.
Seleccionar a la fundación ONCE (NIF G-78.661.923) como entidad colaboradora para la gestión de las ayudas del programa dirigido a promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad, denominado «Programa Reina Letizia para la Inclusión».
La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien podrá ser impugnada directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en la forma y los plazos previstos en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Madrid, 12 de febrero de 2019.–La Secretaria General del Real Patronato sobre Discapacidad, Ana Isabel Lima Fernández.

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artículo 6
artículo 12
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artículo 12
artículo 13
artículo 16
artículo 6
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EN-IF-008 Nacional Renta 05-12-2018 Descarga Archivo pdf
Uso de bien social aportado a una fundación
Sociedad dueña de bien inmueble destinado a casa habitación, constituye entidad sin fines de lucro aportando inmueble con el fin de que uno de los socios de la sociedad lo utilice en provecho propio.
No corresponde utilizar una fundación para generar beneficios de índole tributaria en favor de sus fundadores o personas relacionadas.
Sociedad dueña de un inmueble con destinación de casa-habitación, respecto de la cual existe la intención de que sea ocupada por uno de los socios de la sociedad, contribuyente de Impuestos Finales, pero sin que se gatille el impuesto del artículo 21 inciso tercero de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Para estos efectos, la sociedad crea una fundación, aportando al momento de su constitución, el bien inmueble que el socio busca utilizar, y nombrando como directores al mismo socio y/o miembros de su grupo familiar.
Sin perjuicio que de que el aporte del inmueble a la fundación constituiría un gasto gravado con el artículo 21 inciso primero de la Ley de Impuesto a la Renta, podría ocurrir que esto último, proyectado en dos o más ejercicios tributarios, resulte menos gravoso que aplicar en cada ejercicio el impuesto del artículo 21 inciso tercero que grava el beneficio que representa el uso de bienes de la sociedad o fijar un canon de arrendamiento equivalente al menos al 11% del avalúo fiscal del bien raíz.
El esquema señalado sería de aquellos en que podría evaluarse llevar a cabo una revisión en caso de que no exista una finalidad real y cierta en la constitución de la fundación, para lo cual debería analizarse la real ejecución del fin fundacional.
Asimismo, respecto al bien inmueble aportado a la fundación, debería verificarse si éste guarda correlación con el fin fundacional y si en los hechos es utilizado para el fin declarado o si es utilizado por el socio de la sociedad aportante para su uso personal. En lo que respecta a los participantes del esquema, resulta relevante determinar si éste es llevado a cabo por socios contribuyentes de Impuestos Finales y además si participan en él, miembros de su grupo familiar.
En el caso particular, una vez analizados todos los elementos descritos precedentemente, el Servicio podría evaluar la aplicación de una norma especial de control o general antielusiva, en tanto el contribuyente mediante la utilización del esquema señalado estaría utilizando bienes sociales sin el pago del impuesto correspondiente.
La utilización del esquema presentado afecta indebidamente la carga tributaria del contribuyente, en tanto evitaría la aplicación del impuesto del artículo 21 inciso tercero de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Artículo 21 Ley sobre Impuesto a la Renta. Gastos Rechazados.
Artículo 545 Código Civil. Fundaciones.
Artículo 4 bis, 4 ter y 4 quáter del Código Tributario. Norma General Antielusiva.

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artículo 21
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artículo 21
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Artículo 21
Artículo 545
Artículo 4


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Sentencia A.P. Valencia 416/2010 de 9 de julio. Contrato de seguro. Indemnización por invalidez - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Valencia 416/2010 de 9 de julio
Contrato de seguro: indemnización por invalidez: Es necesario acreditar dolo para poder configurar la infracción, y en este caso no queda demostrado, ya que las pruebas aportadas por la demanda se centran en acreditar que el tomador del seguro rellenó y firmó el cuestionario de salud omitiendo infromación sobre su enfermedad. E ltribunal establece que en el momento de hacerlo no estaba enfermo ni tenía acreditadas bajas por dicha enfermedad ,por lo tanto se establece que no omitió nada de forma dolosa. Se estima el recurso para indemnizarle.
Rollo de apelación n.º 394/2.010
Procedimiento Ordinario n.º 435/2.009
Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Catarroja
SENTENCIA N.º 416
D. VICENTE ORTEGA LLORCA
DOÑA MARIA MESTRE RAMOS
DOÑA M. EUGENIA FERRAGUT PÉREZ
En la ciudad de Valencia a nueve de julio de dos mil diez.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Magistrados anotados al margen, ha visto el presente recurso de apelación que se ha interpuesto contra la sentencia de fecha 30 de Diciembre de 2.009 que ha recaído en los autos cuya referencia se ha hecho constar.
Han sido partes en el recurso, como apelante, la parte demandante D. Justo representada por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio Montés Reig y asistida por el Letrado D. Jaime Valero Muñoz, y, como apelado, la parte demandada Mediterráneo Vida S.A. De Seguros y Reaseguros, representada por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Gascó Cuesta y asistida por el Letrado D. Joaquín Vicente González Sempere.
Es Ponente Dña. M. EUGENIA FERRAGUT PÉREZ, quien expresa el parecer del Tribunal.
Primero.-La parte dispositiva de la resolución impugnada, dice: "Que desestimando la demanda formulada por el Procurador D. IGNACIO MONTES REIG en nombre y representación de D. Justo contra MEDITERRANEO VIDA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS en reclamación del abono de la indemnización por la situación de invalidez permanente y absoluta declarada por el INSS determinada por el cuadro clínico residual que le fue determinado de túnel carpiano sensitivo derecho, atropamiento nervio cubital derecho a nivel del codo derecho, trastorno depresivo recurrente, hepatitis crónica activa, insuficiencia venosa periférica MNH, carcinoma epidermoide gotis TIA intervenido en 2003, síndrome metabólico, y del importe de 6.470,24 euros en concepto de devolución de las cuotas de las primas satisfechas y no debidas desde el vencimiento siguiente a la declaración de la invalidez, a lo que hay que sumar la cantidad que se devengue y pague el actor en un futuro, y la cantidad de 1.343,61 Euros diferencia entre el capital asegurado y el importe del préstamo todo ello en virtud del contrato de seguro y las garantías complementarias pactadas en la misma, debo absolver y absuelvo a la CIA. MEDITERRANEO VIDA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS".
Segundo.-Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la parte demandante que, en síntesis, alegó debe ser revocada porque aplica una inversión indebida de la carga de la prueba porque la carga de probar la existencia de dolo o culpa grave corresponde a la demandada y la propia sentencia ha reflejado la existencia de dudas sobre la concurrencia del dolo al afirmar que el Sr. Justo en esos momentos ignoraba el alcance exacto de las circunstancias del riesgo y al afirmar que dicha omisión la realizó quizás con un cierto dolo eventual.
Alegó que se trata de una situación asimilada a la ausencia de cuestionario, por no haberse cumplimentado el mismo por el apelante ni habérsele leído y por ser éste tan general que impide que la conducta del asegurado pueda ser considerada como desleal. Ausencia de dolo o culpa e inexistencia de frustración del contrato y finalmente la improcedencia de la condena en costas.
Pidió que se estime el recurso y se revoque la sentencia y se estime íntegramente su demanda.
Tercero.-El recurso se tramitó por escrito en el Juzgado de procedencia, en la forma prevista en los artículos 457 y siguientes de la LEC, después de lo cual se remitieron los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente rollo de apelación y se señaló para deliberación y votación el 5 de Julio de 2.010 en que ha tenido lugar.
Primero.-El demandante ha presentado recurso de apelación frente a la sentencia que desestimó su demanda en la que reclamaba a la aseguradora demandada indemnización por invalidez absoluta permanente, así como la devolución de las cuotas satisfechas desde el vencimiento siguiente a la declaración de invalidez del INSS, así como las que se devenguen y paguen en el futuro y la diferencia entre el capital asegurado y el importe del préstamo.
Ello en base al contrato suscrito entre las partes en fecha 1 de marzo de 2.001 para obtener préstamo con la CAM.
Producida la situación de invalidez alegada, tal como resulta del documento de los folios 24 y 25, en base a las limitaciones que se relacionan en el dictamen propuesta que sirvió como base a la resolución y que se concretan en:
El túnel carpiano sensitivo derecho., atrapamiento nervio cubital derecho a nivel del codo derecho, trastorno depresivo recurrente, hepatitis crónica activa, insuficiencia venosa periférica MMII, carcinoma epidermoide glotis TIA intervenido en 2.003, síndrome metabólico.
La aseguradora demandada rechazó las consecuencias económicas del seguro porque en el cuestionario de salud no se facilitó toda la información.
En su contestación a la demanda, la aseguradora se basó en el dictamen pericial de D. Juan Enrique, en el que se dice se evidenciaba que el demandante sufría desde 1991 un trastorno depresivo-ansioso y estaba siendo tratado desde tal fecha por el psiquiatra.
El apelante alega que la sentencia debe ser revocada porque aplica una inversión indebida de la carga de la prueba porque la carga de probar la existencia de dolo o culpa grave corresponde a la demandada y la propia sentencia ha reflejado la existencia de dudas sobre la concurrencia del dolo al afirmar que el Sr. Justo en esos momentos ignoraba el alcance exacto de las circunstancias del riesgo y al afirmar que dicha omisión la realizó quizás con un cierto dolo eventual.
Segundo.-Este Tribunal, entre otras resoluciones, en la dictada en el ROLLO DE APELACIÓN 697/2003, sentencia número n.º 734, de fecha 28 de octubre de 2003 ha dicho:
"PRIMERO.- Respecto de la infracción del artículo 10 de la LCS, conviene que el Tribunal se extienda sobre la cuestión, por cuanto que, en realidad, éste es el eje sobre el que gira realmente el recurso de apelación.
Y así: Esta misma Sección de la Audiencia Provincial de Valencia, tiene declarado en Sentencia de 15 de diciembre de 1998 (Valencia, sec. 6.ª, S 15-12-1998, núm. 1171/1998, rec. 973/1997. Pte: Ortega Llorca, Vicente) que: "El artículo 10 de la Ley 50/1. 980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro, impone al tomador del seguro el deber de declarar al asegurador todas las circunstancias "por él conocidas" que puedan influir en la valoración del riesgo. Es ésta, pues, una obligación condicionada por el personal conocimiento del tomador y, además, por el cuestionario que la aseguradora le someta, de forma que sólo ha de responder al contenido de éste y queda expresamente exonerado cuando no se le someta cuestionario, pues no cabe que la aseguradora traslade al asegurado la capacidad de determinar cuáles sean las circunstancias influyentes en esa valoración; muy al contrario, ha de ser la compañía -profesionalmente dedicada a esa actividad- quien con el mayor detalle posible concrete en el cuestionario tales circunstancias, limitándose el deber del asegurado a responder con buena fe a lo que expresamente se le pregunte, pero sin que le sea exigible suplir la insuficiencia de las cuestiones que se le planteen",.....
En sentencia 973 de 28 de noviembre de dos mil, la Sala declaró que el artículo 1089 del C. Civil dispone que las obligaciones nacen, entre otras fuentes de los contratos, los cuales tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos (art. 1091), existiendo desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o a prestar algún servicio(art. 1254) perfeccionándose por el mero consentimiento y obligando desde entonces no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso ya la ley. A su vez, el artículo 1 de la Ley de Contrato de Seguro de 8 de octubre de 1980, lo define como "aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, regulando el artículo 83 y siguientes los llamados seguros sobre la vida, y disponiendo el artículo 10 del expresado cuerpo legal que el tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo, de manera que si media dolo o culpa grave del tomador del seguro queda el asegurador liberado del pago de la prestación.
El precepto de referencia ha sido interpretado por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 19 de febrero de 1991 en los siguientes términos: El artículo 10 párrafo primero LCS dispone que el tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo; este precepto pone de relieve que por parte del asegurador ha de haber una concreta actuación, la de someter al tomador del seguro un cuestionario con las preguntas que considere necesario para precisar, en vista de las respuestas que dé el tomador del seguro, la importancia del riesgo cuyas consecuencias se dispone a asumir, y por otro lado, impone al tomador del seguro el deber de declarar, como respuesta a las preguntas formuladas, todo cuanto sepa que puede afectar a la valoración del riesgo. Las respuestas del tomador del seguro se extenderán a más o menos materias según sea la amplitud del cuestionario al que le ha sometido el asegurador; no pueden entenderse, sin más que el tomador esté obligado a declarar lo que tiene relación con el cuestionario formulado, siendo fundamental la veracidad o no de las respuestas dadas por el tomador del seguro, fundamental para saber si ocultó o no datos importantes que habrían influido, en el supuesto de conocerlos, en la voluntad del asegurador de celebrar el contrato o de celebrarlo en unas u otras condiciones, en definitiva, para llegar al convencimiento de que el tomador actuó con dolo o culpa grave; consecuentemente, en un proceso en el que se alegue que el tomador del seguro actuó con dolo y que este comportamiento influyó en el consentimiento del asegurador, es decisivo conocer el cuestionario que éste sometió a aquél y las respuestas que dio el primero"...
El Tribunal Supremo en la Sentencia de 30 de septiembre de 1996, indica que, "El dolo para ser apreciado ha de corresponder a una reticencia en la omisión de hechos, influyente y determinante para la conclusión del contrato. Su concurrencia es de la libre apreciación del Tribunal sentenciador (S 12 julio 1993), en cuanto siendo concepto jurídico ha de resultar de los hechos, conductas y circunstancias que conforman la base fáctica añadiendo en la sentencia de 31 de mayo de 1997 que "la exoneración del pago en la prestación pactada que, pretende la aseguradora al amparo del inciso final del párrafo 3.º artículo 10 sólo tiene lugar en los casos de dolo o culpa grave del tomador en el cumplimiento de ese deber de declaración, dolo o culpa grave que supone reticencia en la exposición de las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo y que de haberlas conocido el asegurador hubieran influido decisivamente en la voluntad de celebrar el contrato".
Por su parte, la Sección 9.ª de esta misma Audiencia Provincial, en sentencia de fecha 24 de septiembre de 1998 (AP Valencia, sec. 9.ª, S 24-09-1998, núm. 783/1998, rec. 910/1997. Pte: Gaiton Redondo, M.ª Antonia) desestimó el recurso de apelación interpuesto frente a sentencia que rechazó la reclamación de cantidad instada por la actora frente a la Compañía aseguradora demandada argumentando que el art. 89 de la LCS permite al asegurador impugnar el contrato cuando el tomador del seguro haya actuado con dolo mediante la expresión de reticencias e inexactitudes en las declaraciones del seguro, en consecuencia con lo establecido en el art. 10 de la misma Ley que obliga al tomador del seguro declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo, citando la STS de 15 de julio de 1993, que dio la configuración de dolosa a las declaraciones incompletas e inexactas, y estimando que desde la conceptuación que del dolo hace el Código Civil en el art. 1269, como palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes que inducen a la otra parte a celebrar el negocio que sin ellas no celebraría, dolo causante "
Tercero.-Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 junio 1978: "El dolo principal o causante que, según sus propias palabras, el Tribunal de instancia "atisba" como de "posible concurrencia" no puede ser apreciado sin una cumplida prueba por parte de quien lo alegue, no bastando al efecto meras conjeturas"".
En este caso, entendemos que el dolo no queda acreditado, pues las pruebas aportadas por la demandada que sustentan su pretensión, se centran en acreditar que el tomador del seguro rellenó y firmó el cuestionario de salud omitiendo la información conocida sobre estado de salud.
Dicho cuestionario, que aparece en el documento 1 de la demanda (folio 12) es una mera declaración del asegurado que contestó a las siguientes preguntas:
El asegurado declara encontrarse en buen estado de salud SI
¿Padece alguna incapacidad o defecto físico? NO
¿Tiene plena capacidad para el trabajo? SI
Es evidente que el demandante en aquellos momentos no padecía enfermedad o defecto físico alguno y tenía plena capacidad para el trabajo; tan sólo puede ofrecer dudas esa afirmación de encontrarse en buen estado de salud.
El informe pericial evidencia que el diagnóstico de esa enfermedad se realizó en 1.991 y estuvo en situación de ILT desde agosto de 2.002.
Analizada la historia clínica del demandante que se ha aportado al proceso, existe un informe del Area de Salud Mental fechado el 28 de julio de 2.006 que afirma que "el paciente viene siendo tratado desde hace aproximadamente 15 años por padecer un trastorno depresivo recurrente que ha evolucionado de manera favorable hacia la cronicidad"
En el mismo sentido, el informe médico de 4 de junio de 2.007 que, además, resalta la existencia de "episodios francos de mejoría".
Ello, puesto en relación con el listado de procesos de ILT (folio 198), evidencia una baja en 1989, en 1990, 1992, 1995 y 1.997, sin que hasta 2.007 a que alcanza el listado se constaten otras bajas por dicha enfermedad.
No consta ni ha probado la parte apelante en el periodo coincidente con la suscripción de la póliza de seguro que estuviera, siquiera, medicándose por dicha enfermedad.
Por tanto, no se evidencia que al declarar sobre su estado de salud ocultara de forma dolosa, ni siquiera consciente, la existencia de una enfermedad que pudiera haber influido en la decisión de suscribir el seguro por parte de la demandada, siquiera se le preguntó en tan escueto cuestionario si estaba tomando algún tipo de medicación.
Cuarto.-Por todo ello, procede estimar el recurso en lo que se refiere a la obligación de cumplimiento por la demandada de su obligación contractual y en cuanto a la pretensión de condena dineraria, según aparece en la póliza de seguro, el capital asegurado era de 13.620,12 euros y la prestación de la aseguradora es el abono del importe pendiente de amortizar a 1 de enero del año del siniestro, en este caso Enero de 2.007, coincidente con dicha suma.
El beneficiario 1.º es la entidad financiera y el segundo beneficiario el propio asegurado, por la diferencia entre el importe abonado y el capital asegurado.
Por ello procede el abono a éste de la cantidad de 1.343,61 euros, que es la diferencia entre el 1 de enero y el 30 de julio, que es la fecha de declaración de la invalidez y, entendemos, que le asiste el derecho a reclamar lo pagado a la CAM (6.470,24 euros), como diferencia entre el importe abonado y el capital asegurado y lo que haya pagado mensualmente (323,80 euros mes) desde la presentación de la demanda hasta el pago por la aseguradora a la entidad referida del capital pendiente.
Por tanto, procede la íntegra estimación de la demanda.
Quinto.-Conforme a los arts. 394 y 398, no procede hacer expresa condena en costas en esta alzada y, en cuanto a las de la primera instancia, se imponen a la demandada.
Estimamos el recurso interpuesto por D. Justo.
Revocamos la sentencia impugnada y en su lugar:
A) Estimamos la demanda formulada por D. Justo contra Mediterráneo Vida S.A. Seguros y Reaseguros.
B) Condenamos a la demandada a pagar al demandante la cantidad de 7.813,85 euros más las sumas que, a razón de 323,80 euros al mes, se hayan pagado por el demandante a la CAM como amortización del préstamo hasta el pago a esta por la aseguradora, con los intereses legales.
C) Condenamos a la demandada a pagar a la Caja de Ahorros del Mediterráneo el importe pendiente de amortizar del préstamo de la actora.
D) Imponemos a la demandada el pago de las costas.
3. No hacemos expresa condena en costas en esta alzada.
4. Acordamos la devolución del depósito constituido para recurrir.

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resolución
artículo 10
artículo 10
artículo 1089
artículo 1
artículo 83
artículo 10
artículo 10
artículo 10


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Presentaciones ante la S.S.N. | Estudio Garcia Vilarino
Mar 28, 2018 | Boletin oficial, Presentaciones ante la S.S.N.
Producción Mensual de Seguros. Vencimiento 20 de abril
Régimen de Custodia y Valuación de Inversiones. Vencimiento 08 de abril
Información sobre Embarcaciones y Aeronaves (AERO). Vencimiento 30 de abril
Información Estadística sobre el Seguro de Riesgos del Trabajo (SEIRT) – Contratos. Vencimiento 20 de abril
Información Estadística sobre el Seguro de Riesgos del Trabajo (SEIRT) – Siniestros. Vencimiento 20 de abril
Estado de la Cartera de Juicios y Mediaciones. Vencimiento 10 de abril.
Envío a través del sistema y presentación impresa de la Declaración Jurada del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio. Vencimiento 16 de abril
Envío a través del sistema y presentación impresa de la Declaración Jurada del Aporte Ley y Fondo de Reserva Ley Riesgos del Trabajo y presentación de comprobantes de pago. Vencimiento 16 de abril
Presentación vía aplicativo GESTIONAR TU y en forma impresa de la DJTU, contribución Agencia Nacional de Seguridad Vial y Contribución Bomberil como así también los comprobantes de pago de dichos conceptos – Vencimiento 16 de abril
Sistema ALSEP (Antilavado de Dinero) Vencimiento 16 de abril
Otras presentaciones ante la Superintendencia de Seguros de la Nación.
TODAS LAS ENTIDADES (ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS):
Régimen de Custodia de Inversiones – Cambio de entidad depositaria. Con al menos 30 días de anticipación. Resolución 38.708 (pto.39.10.3.3).
Encargados de la Ejecución y Control de Política de Inversiones – Modificaciones. Dentro de los 3 días posteriores. Circular 8.108 (pto.35.2.f).
Información sobre Préstamos Hipotecarios. Dentro de los 10 días hábiles de instrumentado el préstamo. Resolución 38.708 (pto.35.14.1.2). Adjuntar la valuación del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Información sobre alta, baja, modificación de datos, retasación, mejoras en inmuebles. Dentro de los 10 días hábiles de escriturado el bien o de haberse recibido una nueva valuación del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Resolución 39.820 (pto.39.1.2.3.1) (I).
Cambio de Auditores Externos o Actuarios, Dentro de los 15 días posteriores. Resolución 38.708 (pto.39.13).
Estatuto – Modificaciones – Texto Ordenado. Dentro de los 15 días posteriores. Resolución 39.531 (pto. 8.1.3).
Reaseguros – Cortes de Responsabilidad. Dentro de los 30 días posteriores. Resolución 38.708 (anexo del pto.2.1.1.).
Reaseguros – Solicitud de CORE – SISUPRE. Se deben solicitar los CORE antes del inicio de vigencia de los contratos de reaseguro o retrocesión. Resolución 37.871.
Convenios de Representación, Liquidación y Pago – Celebración, Modificación o Revocación. Dentro de los 30 días posteriores. Resolución 29.846.
Mutuales – Registro de Siniestros Graves – Reporte e Investigación de Siniestros con Fallecimientos. Dentro de los 30 días posteriores. Resolución 38.708 (Pto.69.1.9.). Transporte Público de Pasajeros. El nuevo punto 69.1.9 menciona que se deben informar “anualmente” estos siniestros, pero no indica plazo. El plazo de 30 días era el que surgía de la Resolución 30.034.
Póliza Digital – Alta de Usuarios y Emisión y Renovación de Certificados de Firma Electrónica (vencen cada 1 año) Resolución 36.326.
Póliza Digital – Envío de Novedades – Pólizas y Endosos. Resolución 36.326.
Actualización de datos del usuario administrador (Anexo del punto 23.6. inc. c) – Art. 30º). Resolución 39.766. Vida Obligatorio.
Sistema de Contralor – CUIC – Sistema Kausay. Circular 6.407. Vida Obligatorio. No se establece plazo para el envío de la información de cada póliza, pero el mismo debe efectuarse en forma previa a la impresión de la factura respectiva ya que el CUIC que devuelve el aplicativo debe ser impreso en ella.
Sistema de Entidades – Axis – Datos Generales, Accionistas, Gerentes, Órganos de Administración y Fiscalización. Dentro de los 5 días posteriores. Resolución 38.708 (p to.7.7.). El punto 7.7. no prevé un plazo para la actualización de esta información en el Sistema de Entidades, siendo el plazo original para informar bajo este sistema cualquier cambio de 5 días desde que se produce.
Cambio de Sede Social. Dentro de los 5 días posteriores. Resolución 38.708 (pto.7.6.).
Cambio de Personas Autorizadas para Tramitaciones ante SSN. Dentro de los 2 días posteriores. Resolución 38.708 (pto.7.5.).
Cambios en Miembros de los Órganos de Administración, Fiscalización, Gerentes y Representantes. Dentro de los 10 días posteriores. Resolución 39.531 (pto.7.2.).
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias – Documentación anterior y posterior a las mismas. Documentación anterior: 10 días antes de celebrarse la asamblea – Documentación posterior: dentro de los 10 días de celebrada la asamblea. Resolución 38.708 (ptos.38.1.1 y 38.1.2).
Cambio del Responsable de Control Interno o de los Miembros del Comité de Control Interno. Dentro de los 3 días posteriores. Resolución 38.708 (anexo del pto.37.1.4. inc.3.1).
Cambio del Responsable de Control del Fraude. Dentro de los 5 días posteriores. Resolución 38.477.
Registro de Oficiales de Cumplimiento – Cambio de responsable o modificación de datos. Dentro de los 15 días posteriores. Resolución 38.580.
SOLO ASEGURADORAS
Servicio de Atención al Asegurado – Cambio de Domicilio, Teléfono o Mail. Dentro de los 2 días posteriores. Resolución 37.588. Excepto A.R.T.
Servicio de Atención al Asegurado – Designación y Baja del Responsable y Asistentes. Dentro de los 2 días posteriores (designación) y 1 día posterior (baja). Resolución 37.588. Excepto A.R.T.
Designación, Revocación o Modificación de mandatos de Agentes Institorios. Dentro de los 3 días posteriores. Resolución 38.052.
Autorización de Controladores Fiscales. En forma previa. Resolución 40.619.
SOLO REASEGURADORAS
Reaseguros – Rescisiones y Rechazos de Siniestros mayores a U$S 100.000.- (anexo del pto.2.1.1.). Dentro de los 30 días posteriores
Retrocesiones – Cesiones de Prima al Exterior. Dentro de los 5 días posteriores
Presentaciones ante la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Movimientos de Inversiones y Plazos Fijos (pto.39.10.3.3). Esta información se ha implementado dentro del SINENSUP.
Sistema de Control de Fraudes Automotor – IRIS (pto.69.1.8.). Automotores y TPP
Stock de Inversiones y Plazos Fijos (pto.39.10.3.3). Al 5 día hábil posterior.
Producción Mensual (pto.69.1.6.) dentro de los 20 días.
Sistema Informativo del Estado de la Cartera de Juicios y Mediaciones (pto. 39.6.4). dentro de los 15 días posteriores. En el caso de meses coincidentes con el cierre de balance trimestral, este plazo se amplía a 45 días corridos desde la finalización del mes respectivo.
Caja Compensadora – Anticipos de Operaciones Mensuales. Dentro de los 10 días posteriores. Vida Obligatorio
A.R.T. – Contratos Vigentes (pto.69.1.7.inc.a). Dentro de los 20 días posteriores A.R.T.
Rentabilidad Bruta Mensual – Seguro de Renta Vitalicia Previsional y rentas vitalicias derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo. Dentro de los 15 días posteriores. Retiro
Servicio de Asistencia al Asegurado – Informe Bimestral de Denuncias y Reclamos. Dentro de los 15 días posteriores. Excepto A.R.T.
Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Stros. Liquidados a Pagar (pto.39.9) (I). Dentro de los 45 días posteriores para las Aseguradoras y de 60 para Reaseguradoras.
Estado de Capitales Mínimos. Dentro de los 45 días posteriores para las Aseguradoras y de 60 para Reaseguradoras.
Estado de Cobertura del Artículo 35 (pto.35.6). Dentro de los 45 días posteriores para las Aseguradoras y de 60 para Reaseguradoras.
Estados Contables (pto. 39.8). Dentro de los 45 días posteriores para las Aseguradoras y de 60 para Reaseguradoras.
Pasivos en Moneda Extranjera. Dentro de los 45 días posteriores para las Aseguradoras y de 60 para Reaseguradoras.
Perfiles de Cartera. Dentro de los 45 días posteriores.
Información Estadística de Primas y Siniestros (pto.69.1.10). Dentro de los 45 días posteriores.
Información de Vehículos Expuestos a Riesgo. Dentro de los 45 días posteriores. Automotores y TPP
Cuadro de Resultado Técnico de Operaciones (pto.26.1.16). Dentro de los 45 días posteriores.
Reaseguros – SISUPRE – Información de Contratos Automáticos. Descripción de los trimestres: 1º- Feb-Abr / 2º- May-Jul / 3º- Ago-Oct / 4º- Nov-Ene. Información sobre endosos, dentro de los 10 días de celebrados.
Tasa Uniforme (pto.81.1.). Dentro de los 15 días posteriores.
Contribución Agencia Nacional de Seguridad Vial (pto.81.1.). Dentro de los 15 días posteriores. Automotores y TPP
Contribución Bomberos (pto.81.1.). Dentro de los 15 días posteriores. Excepto Ramos Vida y Retiro.
Fondo de Reserva – Ley 24.557. Dentro de los 15 días posteriores. R.T.
Plan Estadístico Transporte Público de Pasajeros – PRISMANET (pto.69.1.5.1.). Dentro de los 45 días posteriores. Transporte Público de Pasajeros
Caja Compensadora – Declaración Jurada Trimestral. Dentro de los 15 días posteriores. Vida Obligatorio
Caja Compensadora – Saldos Trimestrales – Pago. Dentro de los 3 días posteriores. El plazo se cuenta en días hábiles a partir de la recepción del aviso de la SSN para efectuar el depósito. Vida Obligatorio
A.R.T. – Siniestros (pto.69.1.7.inc.b). Dentro de los 20 días posteriores. A.R.T.
A.R.T. – Información Complementaria sobre Siniestros (Contratos Capitados) (pto.69.1.7.inc.c). Dentro de los 20 días posteriores. A.R.T.
Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales – Estado del FFEP. Dentro de los 45 días posteriores. R.T.
Control de Lavado de Activos – ALSEP – Rescates, préstamos, indemnizaciones o anulaciones de primas. Dentro de los 60 días posteriores. Vida y Retiro
Reaseguros – SISUPRE – Confirmación de Datos de Contratos Automáticos ingresados por las Cedentes. Descripción de los trimestres: 1º- Feb-Abr / 2º- May-Jul / 3º- Ago-Oct / 4º- Nov-Ene. Información sobre endosos, dentro de los 10 días de celebrados.
Plan Estadístico Automotores – PRISMANET (pto.69.1.5.) Dentro de los 45 días posteriores. Automotores.
Relevamiento de Embarcaciones y Aeronaves – Inventario de Pólizas y Siniestros (pto.69.1.2.). Dentro de los 31 días posteriores. Transporte y Aeronavegación
ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO
Cantidades y Montos de Siniestros por Subramo. Dentro de los 92 días posteriores.
Justificación del Resultado Técnico Negativo en los ramos en los que se verifique tal situación (pto.26.1.16). 30 días corridos luego de presentado el respectivo estado contable.
Reaseguros – Información Anual de Reaseguros Activos y Pasivos (pto.69.1.1. inc.a). Dentro de los 62 días posteriores
Distribución Geográfica de la Producción (pto.69.1.1. inc.b). Dentro de los 62 días posteriores
Encuesta sobre Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal – Aplicativo GESTIONAR (pto.69.1.3.). Dentro de los 123 días posteriores
Información de Operaciones por Canales de Venta – INFOPRO (pto.69.1.4.). Dentro de los 120 días posteriores
Servicio de Asistencia al Asegurado – Registro de Denuncias y Reclamos. Dentro de los 15 días posteriores. Excepto A.R.T.
TODA LAS ENTIDADES (ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS):
Cantidad de Personal y Sucursales/Agencias – Aplicativo GESTIONAR (pto.69.1.1. inc.c). Dentro de los 62 días posteriores
Los datos suministrados corresponden a las últimas publicaciones de la SSN. Para más información dirigirse a www.ssn.gob.ar
Entrevista Todo Riesgo
Ajuste por inflación para aseguradoras y reaseguradoras
Novedades y resoluciones

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Artículo 35


text:
Decisión (UE) 2020/135, relativa a la celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la UE y de la CEEA.
Decisión (UE) 2020/135 del Consejo de 30 de enero de 2020 relativa a la celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Texto pertinente a efectos del EEE).
Mediante el presente acto se aprueba el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Texto completo).
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Texto completo). Información relativa a su entrada en vigor: este convenio entrará en vigor el 1 de febrero de 2020. Correc. errores (DOUE, 04.02.2010).
De este Acuerdo se deben destacar los siguientes preceptos:
Artículo 1 Objetivo. El presente Acuerdo establece las disposiciones relativas a la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Reino Unido») de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Unión») y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Euratom»).
Título V. Cooperación policial y judicial en curso en materia penal: Artículo 62: Procedimientos de cooperación judicial en curso en materia penal. Artículo 63: Procedimientos de cooperación policial, cooperación de servicios de seguridad e intercambio de información en curso. Artículo 64: Confirmación de acuse de recibo o de detención. Artículo 65: Otros actos de la Unión aplicables.
Título VI. Cooperación judicial en curso en materia civil y mercantil: Artículo 66. Derecho aplicable en materia contractual y extracontractual. En el Reino Unido, los siguientes actos se aplicarán como sigue: a) el Reglamento (CE) núm. 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo se aplicará respecto de los contratos celebrados antes del final del período transitorio; b) el Reglamento (CE) núm. 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo se aplicará respecto de los hechos generadores de daño, cuando dichos hechos se produzcan antes del final del período transitorio. Artículo 67. Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y cooperación conexa entre las autoridades centrales: 1. En el Reino Unido, y en los Estados miembros en las situaciones que incumban al Reino Unido, respecto de los procesos judiciales incoados antes del final del período transitorio y respecto de los procesos o acciones que tengan relación con tales procesos judiciales con arreglo a los artículos 29, 30 y 31 del Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, el artículo 19 del Reglamento (CE) núm. 2201/2003 o los artículos 12 y 13 del Reglamento (CE) núm. 4/2009 del Consejo, se aplicarán los actos o disposiciones siguientes: a) las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (UE) núm. 1215/2012; b) las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (UE) 2017/1001, del Reglamento (CE) n.o 6/2002, del Reglamento (CE) n.o 2100/94, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; c) las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (CE) núm. 2201/2003; d) las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (CE) núm. 4/2009. 2. En el Reino Unido, y en los Estados miembros en las situaciones que incumban al Reino Unido, se aplicarán los actos o disposiciones siguientes respecto del reconocimiento y la ejecución de resoluciones, documentos públicos, acuerdos y transacciones judiciales, como se dispone a continuación: a) el Reglamento (UE) núm. 1215/2012 se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en procesos judiciales incoados antes del final del período transitorio, así como a los documentos públicos formalizados o registrados oficialmente y las transacciones judiciales aprobadas o celebradas antes del final del período transitorio; b) el Reglamento (CE) núm. 2201/2003 se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en procesos judiciales incoados antes del final del período transitorio, a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados y a los acuerdos celebrados antes del final del período transitorio; c) el Reglamento (CE) núm. 4/2009 se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en procesos judiciales incoados antes del final del período transitorio, a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados antes del final del período transitorio; d) el Reglamento (CE) núm. 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo se aplicará a las resoluciones dictadas en procesos judiciales incoados antes del final del período transitorio, a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados antes del final del período transitorio, siempre que la certificación como título ejecutivo europeo se haya solicitado antes del final del período transitorio. 3. En el Reino Unido, así como en los Estados miembros en situaciones que incumban al Reino Unido, las siguientes disposiciones se aplicarán como sigue: a) el capítulo IV del Reglamento (CE) núm. 2201/2003 se aplicará a las solicitudes y demandas recibidas por la autoridad central o cualquier otra autoridad competente del Estado requerido antes del final del período transitorio; b) el capítulo VII del Reglamento (CE) núm. 4/2009 se aplicará a las solicitudes de reconocimiento o ejecución a que se refiere el apartado 2, letra c), del presente artículo y a las solicitudes que reciba la autoridad central del Estado requerido antes del final del período transitorio; c) el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo se aplicará a los procedimientos de insolvencia y a las acciones a que se refiere el artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento, siempre que el procedimiento principal se haya incoado antes del final del período transitorio; d) el Reglamento (CE) núm. 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo se aplicará a las peticiones de requerimiento europeo de pago presentadas antes del final del período transitorio; cuando, a raíz de dicha petición, se traslade el proceso con arreglo al artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento, se considerará que dicho proceso ha sido incoado antes del final del período transitorio; e) el Reglamento (CE) núm. 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo se aplicará a los procesos de escasa cuantía en los que la demanda haya sido presentada antes del final del período transitorio; f) el Reglamento (UE) núm. 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo se aplicará a los certificados expedidos antes del final del período transitorio. Artículo 68. Procedimientos de cooperación judicial en curso. En el Reino Unido, así como en los Estados miembros en situaciones que incumban al Reino Unido, los siguientes actos se aplicarán como sigue: a) el Reglamento (CE) núm. 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo se aplicará a los documentos judiciales y extrajudiciales que reciban a los efectos de su notificación o traslado antes del final del período transitorio: i) un organismo receptor, ii) una entidad central del Estado en el que deba realizarse la notificación o el traslado, o iii) los agentes diplomáticos o consulares, los servicios postales o los agentes judiciales, funcionarios u otras personas competentes del Estado requerido a que se refieren los artículos 13, 14 y 15 de dicho Reglamento; b) el Reglamento (CE) núm. 1206/2001 del Consejo se aplicará a las solicitudes que reciban antes del final del período transitorio: i) un órgano jurisdiccional requerido, ii) un órgano central del Estado en el que se solicita que se obtenga la prueba, o iii) un órgano central o autoridad competente a que se refiere el artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento; c) la Decisión 2001/470/CE del Consejo se aplicará a las solicitudes recibidas antes del final del período transitorio; el punto de contacto requirente podrá solicitar un acuse de recibo en un plazo de siete días desde el final del período transitorio cuando albergue dudas acerca de si la solicitud se recibió antes del final del período transitorio. Artículo 69. Otras disposiciones aplicables: 1. En el Reino Unido, así como en los Estados miembros en situaciones que incumban al Reino Unido, los siguientes actos se aplicarán como sigue: a) la Directiva 2003/8/CE del Consejo se aplicará a las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que reciba la autoridad receptora antes del final del período transitorio. La autoridad requirente podrá solicitar un acuse de recibo en un plazo de siete días desde el final del período transitorio cuando albergue dudas acerca de si la solicitud se recibió antes del final del período transitorio. b) la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo se aplicará cuando, antes del final del período transitorio: i) las partes hayan acordado hacer uso de la mediación una vez surgido el litigio, ii) el órgano jurisdiccional dicte la mediación, o iii) un órgano jurisdiccional invite a las partes a hacer uso de la mediación. c) la Directiva 2004/80/CE del Consejo se aplicará a las solicitudes que reciba la autoridad de decisión antes del final del período transitorio. 2. El artículo 67, apartado 1, letra a), y apartado 2, letra a), del presente Acuerdo se aplicará también respecto de las disposiciones del Reglamento (UE) núm. 1215/2012 aplicables en virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 3. El artículo 68, letra a), del presente Acuerdo se aplicará también respecto de las disposiciones del Reglamento (CE) núm. 1393/2007 aplicables en virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la notificación y al traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.
Artículo 126. Período transitorio. Se establece un período transitorio o de ejecución, que comenzará en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y finalizará el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 127. Alcance de las disposiciones transitorias. 1. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, el Derecho de la Unión será aplicable al y en el Reino Unido durante el período transitorio. No obstante, las siguientes disposiciones de los Tratados y los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión no serán aplicables al ni en el Reino Unido durante el período transitorio.
Artículo 132. Prórroga del período transitorio. 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 126, el Comité Mixto, antes del 1 de julio de 2020, podrá adoptar una decisión única por la que se prorrogue el período transitorio hasta un máximo de uno o dos años (Texto completo).
Declaración de la UE de conformidad con el art. 185.3 del Acuerdo sobre la retirada del RU de la UE. Durante el período transitorio, además de los motivos para la no ejecución de una orden de detención europea establecidos en la Decisión Marco 2002/584/JAI, las autoridades judiciales de ejecución de Alemania, Austria y Eslovenia podrán denegar la entrega de sus nacionales al RU en virtud de una orden de detención europea.

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Artículo 1
Artículo 62
Artículo 63
Artículo 64
Artículo 65
Artículo 66
Artículo 67
artículo 19
artículo 6
artículo 17
Artículo 68
artículo 17
Artículo 69
artículo 67
artículo 68
Artículo 126
Artículo 127
Artículo 132
artículo 126


text:
Sentencia de Constitucionalidad nº 684/09 de Corte Constitucional, 30 de Septiembre de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 208164107
Sentencia de Constitucionalidad nº 684/09 de Corte Constitucional, 30 de Septiembre de 2009
Actor:Andres Fernando Ruiz Hernandez
Demandado:Ley 1098 de 2006 Articulo 191 Parcial
Fecha de Resolución:30 de Septiembre de 2009
Decision:Inexequible
Expediente:D-7681
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19 (parcial) de la ley 1098 de 2006 “por la cual se define el código de infancia y adolescencia”, el artículo regula la detención en flagrancia de adolescentes, el aparte demandado se refiere a la acusación la cual por solicitud del fiscal al juez de control de garantías se debe enviar al juez de conocimiento para que este cite a audiencia de juicio oral dentro ... (ver resumen completo)
C-684-09 Sentencia C-684/09 Sentencia C-684/09
Referencia: expediente No. D-7681
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 191 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de la infancia y la adolescencia.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política , el ciudadano Andrés Fernando Ruiz Hernández demandó un enunciado normativo contenido en el artículo 191 de la Ley 1098 de 2006.
Una vez cumplidos los trámites constitucionales y legales correspondientes, entra la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.II. DISPOSICIÓN DEMANDADA
Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia .
ARTÍCULO 191. DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. El adolescente sorprendido en flagrancia será conducido de inmediato ante el Fiscal Delegado para la autoridad judicial, quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará al Juez de Control de Garantías y le expondrá cómo se produjo la aprehensión. Por solicitud del fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará la actuación al juez de conocimiento para que este cite a audiencia de juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes. En lo demás se seguirá el procedimiento penal vigente, con las reglas especiales del proceso para adolescentes establecidas en el presente libro.III. LA DEMANDA
La premisa inicial del argumento del demandante es que la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia , en adelante C. I. A.) prevé en su artículo 144 que, salvo las disposiciones especiales contenidas en ese mismo ordenamiento, el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se rige por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004, infiere por lo tanto que las actuaciones procesales para la investigación y el juzgamiento de los adolescentes son similares a las del proceso penal de los mayores de edad.
El segundo cargo que formula el demandante es la supuesta infracción del principio de contradicción por parte del enunciado normativo demandado. Entiende que al no celebrarse la audiencia de formulación de imputación cuando se trata de un adolescente sorprendido en flagrancia se omite el descubrimiento probatorio de la Fiscalía que tiene lugar dentro de dicha actuación, de manera tal que los elementos probatorios que pretenda hacer valer el ente acusador serán directamente introducidos en el juicio oral, situación que según el demandante va en detrimento de la defensa e implica una ruptura del principio de igualdad de armas. En el mismo sentido alega que por no estar prevista la celebración de la audiencia de preparatoria la defensa no cuenta con la etapa procesal consagrada para que pueda introducir sus pruebas a practicarse en el juicio oral lo que significa que () sólo pueden practicarse las pruebas de la Fiscalía por estar en el escrito de la acusación. Añade que la pretermisión de esta audiencia afecta también el principio de contradicción porque el juez no tiene oportunidad de establecer el orden de la presentación de la prueba, ni pueden realizarse estipulaciones probatorias, actuaciones que también se surten en la audiencia preparatoria.
El cuarto cargo que propone el demandante es que la omisión de las referidas actuaciones procesales vulnera el derecho de defensa del adolescente sorprendido en flagrancia, pues su apoderado judicial carece de oportunidad para preparar eficazmente el caso. Añade que las audiencias previstas en el artículo 191 demandado, la audiencia de legalización de captura y la audiencia del juicio oral, no permiten subsanar esta situación de desventaja pues en la primera la defensa sólo podrá pronunciarse respecto de las circunstancias de las cuales puede...

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artículo 19
artículo 191
artículo 241
artículo 191
ARTÍCULO 191
artículo 144
artículo 191