text:
CEL TECHNOLOGIES SYSTEM, S.L.U. y otras
ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, S.L.P. (representada por Fco. Javier Escobosa San Miguel)
San Prudencio, 21-1º dcha.
Teléfono- 948206030
El horario de atención al público es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 de Lunes a Jueves, y de 9:00 a 15:00 los Viernes
Contacto e-mail: cel@escobosayasociados.webconcurso.es
21/06/2018 Tras la aprobación del Plan de Liquidación mediante auto de 3-5-2018, con esta fecha del 21-6-2018 se cumplirían 10 días hábiles para emisión por el Ministerio Fiscal del dictamen de calificación del concurso conforme al artículo 169.2. de la Ley Concursal que dice:
06/06/2018 Tras la aprobación del Plan de Liquidación mediante auto de 3-5-2018, con esta fecha del 6-6-2018 se cumplirían 15 días hábiles para emisión por el Administrador Concursal del informe de calificación del concurso conforme al artículo 169.1. de la Ley Concursal que dice:
Artículo 169. Informe de la administración concursal y dictamen del Ministerio Fiscal. 1. Dentro de los quince días siguientes al de expiración de los plazos para personación de los interesados, la administración concursal presentará al juez un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de resolución. Si propusiera la calificación del concurso como culpable, el informe expresará la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las que hayan de ser consideradas cómplices, justificando la causa, así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las personas anteriores.
17/05/2018 Tras la aprobación del Plan de Liquidación mediante auto de 3-5-2018, con esta fecha del 17-5-2018 se cumplirían 10 días hábiles para personación de interesados en la sección de calificación del concurso conforme al artículo 168 de la Ley Concursal que dice:
Artículo 168. Personación y condición de parte. 1. Dentro de los diez días siguientes a la última publicación que se hubiera dado a la resolución que acuerde la formación de la sección sexta, cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse y ser parte en la sección, alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable. 2. En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente, los interesados podrán personarse y ser parte en la sección o en la pieza separada dentro del mismo plazo contado desde la última publicación que se hubiera dado a la resolución que acuerde la reapertura de la sección de calificación, pero sus escritos se limitarán a determinar si el concurso debe ser calificado como culpable en razón de incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado.
02/12/2017 Fina el plazo que tienen los acreedores para rectificar las facturas de IVA (2 meses siguientes al de el de comunicación de créditos). Ver explicación en noticia de 29-7-2017. Quien así lo haga, debe remitir a la empresa y la AC de manera fehaciente dichas facturas (por email a la AC).
22/11/2017 Fin del plazo prorrogado de UN MES en el período de consultas del ERE extintivo admitido a trámite por el juzgado Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz que afecta a todos los trabajadores de CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U., ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L., CELULOSAS ARANGUREN, S.L. y CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE, S.L.
Este ERE puede quedarse con la extinción de 36 trabajadores y la suspensión durante 2 años de los 186 restantes si los Representantes de Legales de los Trabajadores y los de LUCART, SpA (único Oferente para la compra de las unidades productivas de grupo CEL) alcanzan un acuerdo sobre estas dos medidas además de sobre un nuevo convenio de empresa y otras mopfidicaciones en las condiciones de trabajo para la fecha límite del 22-11-2017. Si no es así, todos los contratos de trabajo se tendrían que extinguir, abiréndose la liquidación de todas las compañías del grupo. (Ver noticias a partir del 23-10-2017 sonde se explica el proceso de venta de las UPAS)
Finaliza plazo Para que los acreedores no personados en el procedimiento puedan presentar impugnaciones al Inventario y a la Lista de Acreedores, por término de los diez días a que se refiere el artículo 96.1 de la Ley Concursal (ha sido publicado el edicto el día 20-10-2017); para los personados el cómputo de los diez días se considera desde la notificación a que se refiere el artículo 95.2 de la Ley Concursal.
02/11/2017 FINA PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARA LA COMPRA DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS conforme a las reglas que han sido informadas al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz por la Administración Concursal en pieza separada. Ver noticia de 23-10-2017 y activos en liquidación lote 3 que en realidad se refiere a todas las unidades productivas que se proponen vender a una mano.
04/10/2017 FINA EL PLAZO DE EMISIÓN DE LOS INFORMES DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY CONCURSAL: En esta fecha vence el plazo de DOS MESES fijado en el artículo 74 de la Ley Concursal para que la Administración Concursal presente estos informes.
02/10/2017 PLAZO DEFINITIVO: Fin del plazo de comunicación de créditos de UN MES a contar desde la publicación en el BOE de la declaración de concurso que se produjo el 29-7-2017. Este plazo ya es definitivo, si bien y puesto que el mismo concluye antes de que la AC tenga confeccionado el borrador del proyecto de inventario y lista de acreedores (día 20 de septiembre), se recomienda que la comunicación de créditos se realice para la PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE y como límite el 15-9-2017, ya que la Administración Concursal debe persentar el informe del artículo 75 de la Ley Concursal el 4-10-2017 y no va a solicitar prórroga. Consiguientemente, si los acreedores demoran la comunicación de créditos ajustandose al plazo legal, deberían formular impugnaciones a la lista de acreedores que se acompañe al referido informe, con el consiguiente perjuicio para el propio acreedor y demás intervinientes en los incidentes que se tendrían que abrir.
29/09/2017 Fina el plazo dado al deudor y los acreedores para que formulen las solicitudes de rectificación o complemento al Proyecto de Inventaraio y Lista de Acreedores (art. 95.1. de la Ley Concursal)
20/09/2017 Fina el plazo de 10 días hábiles ( art. 95.1. Ley Concursal) para que la Administración Concursal remita al deudor y a los acreedores que hayan comunicado su crédito y de los que conste dirección electrónica PROYECTO DE INVENTARIO y de LISTA DE ACREEDORES para que por el mismo medio de correo electrónico éstos soliciten hasta 3 días antes de la presentación del informe las solicitudes de rectificación o complemento presentadas de las que se dará cuenta en el propio informe.
15/09/2017 PLAZO LÍMITE RECOMENDADO DE COMUNICACIÓN DE CRÉDITOS en el día de hoy 15-9-2017 para evitar tener que formular impugnaciones. Ver explicación en el plazo que vence el 2-10-2017. Ello no obstante, es recomendable que las comunicaciones de crédito se hagan antes de esta fecha límite.
Publicación en BOE edicto anunciando el concurso. Con esta fecha ha sido publicado en el BOE el edicto anunciando la declaración de concurso y llamando a los acreedores para que en el plazo de UN MES comuniquen la existencia de sus créditos directamente a los acreedores. Dicho plazo finaliza el próximo día 2 de octubre de 2017.
04/07/2017 El Administrador Concursal ha aceptado el cargo en esta fecha para el ejercicio del cargo para el que ha sido designado por el Juzgado en las cinco empresas concursadas.
El Juzgado Mercantil nº 1 de Vitoria ha declarado en concurso de acreedores a las mercantiles CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS SLU, CEL TECHNOLOGIES SYSTEMS TISSUE SL, CELULOSAS ARANGUREN, S.L., ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L que se tramita con el nº de procedimiento 217/2017-B.
28/06/2017 Auto de declaración de concurso
12/12/2017 Auto de adjudicación de las Unidades Productivas de CEL a LUCART
03/05/2018 Auto de aprobación del Plan de Liquidación
13 - septiembre -2018
Auto del Juzgado archivando la sección de calificación de los concursos de las empresas de grupo CEL
07 - septiembre -2018
Dictamen del Ministario Fiscal en la Sección de Calificación
23 - julio -2018
Informe de Calificación de la Administración Concursal
03 - mayo -2018
Auto de aprobación del Plan de Liquidación y Apertura de la Sección de Calificación
2018-05-03 CNO 217-2017 Auto No Objecion-Modificaciones Aprueba Plan Liquidacion Presentado Art. 148.2 Lc (VIDOC049912918).pdf
16 - abril -2018
Presentación Textos Definitivos
01 - febrero -2018
Hoy se ha producido el traspaso de propiedad de las unidades productivas de las empresas de grupo CEL a LUCART TISSUE & SOAP, S.L.U.
19 - enero -2018
Auto de apertura de la Fase de Liquidación de las 5 empresas de grupo CEL.
2018-01-19 JM1 Vitoria Auto abriendo Fase LiquidaciÃ³n de las 5 Empresas de Grupo CEL.pdf
17 - enero -2018
LUCART paga el resto del precio y el Juzgado expide los Mandamientos de Cancelación de las Hipotecas al día sigiuente.
13 - diciembre -2017
Aprobación de los EREs extintivo, modificativo y suspensivo de contratos de trabajo
12 - diciembre -2017
Adjudicación de las Unidades Productivas de grupo CELTECHNO a LUCART, SpA
05 - diciembre -2017
Oficio favorable de la Autoridad Laboral a los 3 EREs, Trabajadores finalmente afectados por los mismos por otras medidas laborales y previsión de Autos de aprobación de aquellos.
28 - noviembre -2017
Presentación en el Juzgado Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz los Acuerdos en los 3 EREs exintivo, suspensivo y modificativo
27 - noviembre -2017
Acuerdo en materia laboral para cumplir las condiciones suspensivas de la oferta de compra de LUCART de las Unidades Productivas de grupo CEL
Nueva reunión del período de consultas del ERE extintivo
17 - noviembre -2017
¿Cuales son los pasos siguientes en la Adjudicación a LUCART de las Unidades Productivas de Grupo CEL si se cumplen las tres conddiciones suspensivas de cacarter social de su Oferta?
16 - noviembre -2017
El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz ha dictado providencia dando traslado por 5 días de la solicitud de venta de las Unidades Productivas de Grupo CEL a LUCART (fina el 23-11-2017 salvo para aquellos que no están personados con procurador)
2017-11-15 JM1 Vitoria-Gasteiz Providencia traslado 5 dÃas Solic.Vta Udes.Prod.CEL a LUCART.pdf
15 - noviembre -2017
No hay posibilidad de que en Liquidación se vendan las Unidades Productivas por precio inferior al mínimo superado por la Oferta de Lucart SpA y que se abra otro período de presentación de ofertas para la compra de las mismas con trabajadores porque el ERE extintivo en tramitación se tendría que culminar afectando a todos los trabajadores menos a los de DERMO PRODUCTS (la empresa de jabones) cuya actividad continúa con normalidad.
14 - noviembre -2017
Aún no hay acuerdo entre los Representantes Legales de los Trabajadores (RLT) y los de Lucart para que la Oferta de compra de las Unidades Productivas presentada el 2-11-2017 se pueda tramitar como tal. El próximo lunes 20-11-2017 nueva reunión del período de consutas con el Administrador Concursal, los Representantes de CEL, los de LUCART y los de los Trabajadores y el viernes 17 entre estos dos últimos para intentar cerrar un acuerdo
10 - noviembre -2017
Solicitud al Juzgado para que adjudique las UNidades Prodictivas de Grupo CELTECHNO a LUCART, SpA
2017-11-10 Escrito AC a Juzgado Solicitando AdjudicaciÃ³n a LUCART SpA VDD_1a Sellada.pdf
07 - noviembre -2017
Resultado de la reunión mantenida ayer en el período de consutas del ERE extintivo en marcha entre los Representantes Legales de los Trabaajdores, los de LUCART SpA, los de las empresas de gruipo CEL y el Administrador Concursal.
06 - noviembre -2017
Hitos siguientes en el concurso para la Adjudicación de las Unidades Productivas (UAPS) de Grupo CEL y para concluir el ERE extintivo en curso.
02 - noviembre -2017
Sólo el grupo italiano LUCART ha presentado oferta por la compra de las aunidades productivas de grupo CEL. Pasos siguientes de los que depende su adjudicación.
30 - octubre -2017
La Administración Concursal informa al Juzgado de la publicidad dada al proceso de venta de las Unidades Productivas de las empresas de GRUPO CELTECHNO tras la apertura de pieza separada en los autos del concurso de acreedores.
2017-10-30 Escrito AC a Juzgado informando publicidad Proceso Venta UPAs CEL_Anexos_Sello.pdf
26 - octubre -2017
Apertura de pieza separada nº 333/2017 para la tramitación de posible venta de las UNIDADES PRODUCTIVAS de las empresas de grupo CEL.
2017-10-26 JuzMerc 1 Vitoria CNO 217-2017 Prov Pieza Separada Vta UPAS grupo CEL.pdf
24 - octubre -2017
Envío de las reglas para la venta de las Unidades Productivas por conducto de correo electrónico a todos los interesados.
Prórroga del período de consultas del ERE extintivo de grupo CEL por UN MES
2017-10-24 JuzMerc 1 Vitoria-Gasteiz A64 251-2017 PrÃ³rroga ERE extintivo grupo CEL UN MES.pdf
23 - octubre -2017
Presentación de Escrito al Juzgado Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz referido a las reglas para la Venta de las Unidades Productivas de las empresas de GRUPO CEL
2017-10-23 Escrito AC a Juzgado Normas Venta UPAs CEL VDD.pdf
20 - octubre -2017
Publicación en R.P.C. Edicto presentación Informe de la A.C.
2017-10-20 Grupo CEL Edicto Inf.AC en RPC.pdf
05 - octubre -2017
23 - agosto -2017
Proceso para la posible adjudicación de las unidades productivas de GRUPO CEL
2017-08-21 Nota de la AC sobre Modo de Venta de las Unidades Productivas de GRUPO CELTECHO en LiquidaciÃ³n.pdf
07 - agosto -2017
2017-07-29 BOE Edicto Grupo CEL.pdf
Apertura del plazo para la rectificación de facturas de IVA
27 - julio -2017
Las empresas CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U., ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L., CELULOSAS ARANGUREN, S.L. y CEL TECHNOLOGIES & SYSTMES TISSUE, S.L. han presentado en el Juzgado Mercantil de Vitoria-Gasteiz, solicitud de extinción colectiva de la totalidad de los contratos de trabajo.
CEL Solic ERE Extinc 27jul2017 (1Âª Sellada).pdf
28 - junio -2017
AUTO DECLARACION CONCURSO
2017-06-28 JM1 Vitoria Auto Declara Concurso GRUPO CEL CNO 217-2017.pdf
Carta ofreciendo las Unidades Productivas de CEL en español Sin categoria definida
Letter offering the CELTECHNO group production plants in English Sin categoria definida
MÁQUINA PAPEL TISSUE VOITH Maquinaria y herramienta de obra
Proceso de Venta con subrogación de trabajadores Sin categoria definida

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artículo 169
artículo 169
Artículo 169
artículo 168
Artículo 168
resolución
resolución
artículo 96
artículo 95
ARTÍCULO 75
artículo 74
artículo 75


text:
CRITERIOS generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes
Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 21, párrafos noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 14, fracción II y 15 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 17 y 18 de los Estatutos de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 20 de diciembre de 2016, mediante Acuerdo 11/XLI/16, aprobó los siguientes:
(FASP) QUE SERÁN APLICABLES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y SUBSECUENTES
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 21 párrafos noveno y décimo, entre otras cosas, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé, y que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución;
Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la disposición Constitucional aludida, establece en sus artículos 2 y 3, que la función de seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, y que dicha función se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de la citada Ley General;
Que el artículo 142 de dicha Ley General dispone que, entre los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal;
Que la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 25, fracción VII, 44 y 45, prevé el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, el cual se destinará a la profesionalización, otorgamiento de percepciones extraordinarias y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública expresamente señalados; al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos y de personal, la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de las redes locales, el servicio telefónico nacional de emergencia y el servicio de denuncia anónima; a la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes que realizaron una conducta tipificada como delito, de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública, de las academias o institutos encargados de aplicar los programas rectores de profesionalización y de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, así como al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las acciones anteriores;
Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Trigésima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 21 de agosto de 2015, mediante Acuerdo 03/XXXVIII/15, aprobó los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y su estructura, así como los Programas con Prioridad Nacional para alcanzarlos, vinculados al ejercicio del fondo, subsidios y demás recursos de carácter federal que se otorguen a las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en materia de seguridad pública;
Que el 18 de diciembre de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos para la Implementación de los Programas con Prioridad Nacional, que disponen entre otras cosas, que los Programas con Prioridad Nacional podrán contener uno o más Subprogramas, los cuales constituirán la base específica de inversión del Fondo y del Subsidio que reciban las entidades federativas, municipios y/o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como de sus aportaciones locales vinculadas a los mismos;
Que los Estados y la Ciudad de México, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas, entre otros, en los artículos 6o., apartado A y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, párrafo cuarto, fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal y 85, 106 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y
Artículo 1. Los presentes Criterios tienen por objeto establecer las disposiciones y mecanismos que deberán observar las entidades federativas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los Responsables Federales, en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
V. Conceptos de Gasto.- a los bienes, servicios e infraestructura contenidos en el Catálogo, asociado a los Programas con Prioridad Nacional y, en su caso, Subprogramas, aplicables al FASP y alineados al Clasificador;
XI. Estructura Programática.- al documento que contienen los conceptos de gasto del Catálogo del Financiamiento Conjunto, ordenados por Eje Estratégico, Programa con Prioridad Nacional y Subprogramas, conforme al Clasificador;
XV. Gasto Devengado.- el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados;
XX. Metas.- a las acciones a realizar para el cumplimiento de los objetivos del FASP, o en su caso, los bienes, servicios o infraestructura a adquirir o contratar en los plazos convenidos en el Anexo Técnico;
XXII. Programas con Prioridad Nacional.- a los programas de carácter nacional aplicables a la Federación, las entidades federativas y los municipios, aprobados por el Consejo Nacional mediante acuerdo 03/XXXVIII/15, en su Trigésima Octava Sesión, celebrada el 21 de agosto de 2015;
XXIII. Propuesta de Inversión.- al conjunto de proyectos que presenten las entidades federativas conforme a los Ejes Estratégicos, Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas asociados a los mismos, con base en la estructura programática que identifica los recursos distribuidos por Programa en el ejercicio fiscal que corresponda;
XXVI. Reprogramaciones.- a las modificaciones que se realicen a las metas, conceptos de gasto y/o montos de los Programas con Prioridad Nacional, y en su caso, Subprogramas convenidos en el Anexo Técnico, derivados de economías o por situaciones extraordinarias de alteración del orden y la paz públicos;
Artículo 4. Los recursos del FASP y sus rendimientos financieros, están sujetos a las disposiciones establecidas en la Ley, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás normativa aplicable.
Artículo 6. Cualquier comunicado relacionado con los recursos del FASP que realicen las entidades federativas al Secretariado Ejecutivo, deberá estar suscrito por el Secretario Ejecutivo Estatal y dirigido a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento.
Artículo 7. Los Ejes Estratégicos, los Programas con Prioridad Nacional y sus Subprogramas autorizados serán la base para que cada entidad federativa asigne los recursos del Financiamiento Conjunto, observando los destinos de gasto establecidos en el artículo 45 de la Ley.
Las acciones de cualquier Programa con Prioridad Nacional y Subprograma asociado no previstas en los destinos expresamente establecidos en el artículo 45 de la Ley, serán financiadas con los recursos aportados por las entidades federativas.
Artículo 8. El Secretariado Ejecutivo y las entidades federativas deberán prever, en el ámbito de su competencia, las acciones necesarias para el proceso de concertación de los recursos del Financiamiento Conjunto del ejercicio fiscal que corresponda, a fin de garantizar que la planeación, programación y presupuestación de los mismos, esté orientada a los fines de la seguridad pública y se ejerzan conforme lo dispone el artículo 7 de los presentes Criterios, así como para suscribir dentro del plazo establecido en el artículo 44, párrafo cuarto de la Ley, los Convenios de Coordinación y sus Anexos Técnicos.
Artículo 9. En cada ejercicio fiscal las entidades federativas elaborarán propuestas de inversión y las remitirán al Secretariado Ejecutivo, a través de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, conforme los mecanismos que se determinen. Las propuestas deberán contener como mínimo lo siguiente:
I. Un informe respecto al estado de avance de las metas alcanzadas y la aplicación de los recursos de ejercicios anteriores;
II. Inversión requerida por Eje Estratégico, Programa con Prioridad Nacional y, en su caso, Subprograma a través de la estructura programática, la cual será la base para generar los cuadros de conceptos de gasto y montos del Anexo Técnico, y
III. Elaborar el proyecto de inversión por cada Programa con Prioridad Nacional o Subprograma que
contemple invertir, en el formato que para tal efecto determine el Secretariado Ejecutivo, el cual contendrá como mínimo lo siguiente:
a. Programa.- Nombre del Programa con Prioridad Nacional al que corresponde el proyecto de inversión;
b. Subprograma.- Nombre del Subprograma asociado al Programa con Prioridad Nacional;
c. Objetivo.- el propósito general del proyecto sobre lo que se pretende realizar y alcanzar con su desarrollo;
d. Metas.- se refiere a los fines que se pretenden alcanzar con el proyecto, medidas a través de indicadores, con los que se pueda evaluar los resultados obtenidos. Las metas planteadas estarán orientadas a la razón de ser del Programa con Prioridad Nacional y Subprograma respectivo;
e. Alcances.- es la descripción detallada del proyecto en la cual se justifica la realización del mismo. La información que debe contener en este punto, es aquella que permita al Secretariado Ejecutivo e instancias federales valorar la consistencia de lo que se prevé desarrollar respecto de los recursos que se pretenden invertir, así como todos los elementos que se estime pertinente enunciar, y
f. Monto requerido.- la cantidad de recursos del Financiamiento Conjunto que se destinará al Eje Estratégico, Programa con Prioridad Nacional y, su caso, Subprograma.
Las entidades federativas deberán presentar al Secretariado Ejecutivo a más tardar el último día hábil de mes de abril del ejercicio fiscal correspondiente, los proyectos de inversión para su validación, quedando condicionado el ejercicio de los recursos del Financiamiento Conjunto, a la obtención de la validación respectiva.
Artículo 10. En la distribución de los recursos del FASP las entidades federativas deberán priorizar la asignación de recursos a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que no hayan sido beneficiados por el Subsidio que, en su caso, se otorgue a los municipios para el fortalecimiento del desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública. Las entidades federativas deberán proporcionar la información que el Secretariado Ejecutivo les requiera para identificar los Ejes Estratégicos, Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas, montos, metas, bienes y servicios que con este recurso se distribuirán en los municipios y demarcaciones territoriales.
Artículo 11. Las metas de los Programas con Prioridad Nacional y, en su caso, Subprogramas, así como los conceptos de gasto y montos requeridos para llevarlas a cabo, deberán establecerse en los Anexos Técnicos que forman parte de los Convenios de Coordinación respectivos.
Artículo 12. Las entidades federativas administrarán y ejercerán los recursos del FASP conforme a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la legislación federal y bajo su estricta responsabilidad, registrándolos como ingresos que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos en el Convenio de Coordinación, quedando el seguimiento, verificación, supervisión, control y fiscalización a cargo de las autoridades competentes, en los términos de la Ley General, la Ley y demás normativa aplicable.
Los recursos del FASP están sujetos al principio de anualidad que establece, entre otros, el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones normativas aplicables.
En el mes de enero de cada ejercicio fiscal se deberán remitir al Secretariado Ejecutivo las cartas de apertura de las cuentas en donde se depositarán tanto los recursos federales, como los estatales.
Artículo 16. El Sistema de Seguimiento será la única fuente de información oficial para que las entidades federativas informen al Secretariado Ejecutivo los avances en el ejercicio de los recursos del Financiamiento Conjunto incluyendo rendimientos financieros. El Secretariado Ejecutivo podrá determinar mecanismos alternos o complementarios para este fin.
El Sistema de Seguimiento, será independiente de los reportes que se deben generar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones normativas aplicables.
Artículo 17. En el Sistema de Seguimiento, se deberá capturar como mínimo, la siguiente información:
II. Las reprogramaciones autorizadas, así como, en su caso, las reasignaciones presupuestarias a los conceptos de gasto y montos de los Programas con Prioridad Nacional y/o Subprogramas validadas por el Secretariado Ejecutivo;
Artículo 18. Las entidades federativas rendirán informes mensuales y trimestrales al Secretariado Ejecutivo sobre los movimientos que presenten las cuentas bancarias productivas específicas del Financiamiento Conjunto, la situación en la aplicación de los recursos y su destino, así como los recursos comprometidos, devengados, ejercidos y pagados, considerando lo siguiente:
El informe mensual, deberán remitirse a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a través del Sistema de Seguimiento y/o mecanismo que determine el Secretariado Ejecutivo, dentro de los 10 días naturales siguientes a la terminación de cada mes.
Las entidades federativas deberán conciliar la información de dicho informe con sus Secretarías de Finanzas o equivalentes, previo a su remisión a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento.
Dicha información será la base para elaborar el informe trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos federales (FASP, exclusivamente), el cual deberán entregar mediante oficio a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento a más tardar dentro de los 20 días naturales siguientes a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal, conforme lo dispone el artículo 48, párrafo segundo de la Ley y en los formatos que genere el Sistema de Seguimiento.
La información remitida a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, deberá ser congruente en lo que corresponda con la reportada en el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En materia de infraestructura, las entidades federativas deberán apegarse a lo señalado en la "Guía técnica de infraestructura" publicada en la página www.secretariadoejecutivo.gob.mx para reportar cumplimiento de metas, y previo al ejercicio de los recursos deberán remitir a el Secretariado Ejecutivo el o los expediente(s) técnico(s) de la acciones de infraestructura para su revisión y validación.
Artículo 19. Las adecuaciones podrán ser las siguientes:
Las modificaciones realizadas a los capítulos y partidas genéricas del Clasificador de los conceptos de gasto convenidos, no se considerarán adecuaciones, siempre que no se modifiquen metas ni montos, para lo cual únicamente se requerirá la validación de las Unidades Administrativas y Responsables Federales encargados de los Programa con Prioridad Nacional y Subprogramas.
Artículo 20. Serán consideradas como reprogramaciones derivados de economías o por situaciones extraordinarias de alteración del orden y la paz públicos, las siguientes:
II. La incorporación de nuevos conceptos que no se hayan convenido;
III. Las modificaciones de los conceptos de gasto, que impliquen disminución o aumento de conceptos y montos, y
IV. Cambio de metas.
Artículo 21. Las reprogramaciones a las metas y montos del financiamiento conjunto se sujetarán a los siguientes criterios:
I. No se autorizarán reprogramaciones respecto de las metas, conceptos y/o montos relacionados con las evaluaciones de control de confianza, salvo que haya una disminución en el estado de fuerza policial del beneficiario previsto en el listado de personal convenido o dificultad para reclutar los aspirantes necesarios para las evaluaciones de control de confianza, debidamente acreditada;
II. En el caso de metas de capacitación en materia de profesionalización establecidas en el Anexo Técnico, sólo podrá ser viable la reprogramación de recursos cuando el beneficiario compruebe al menos el 80 (ochenta) por ciento de cumplimiento o surja una disminución en el estado de fuerza o no exista el reclutamiento necesario para impartir la formación inicial;
III. Las reprogramaciones a las metas, conceptos de gasto y/o montos de los Programas con Prioridad Nacional denominados Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, y Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, sólo podrán realizarse dentro de los mismos Programas;
IV. No afectar de manera total el cumplimiento de los Ejes Estratégicos, Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas aprobados por el Consejo Nacional, y
V. En caso de situaciones extraordinarias de alteración del orden y la paz públicos en los beneficiarios, se podrán autorizar las adecuaciones necesarias para ser orientados los recursos a la atención de la situación que se presente siempre que se apliquen a los objetivos del FASP. En caso de que se presente este supuesto, no aplicarán los criterios anteriores y se podrá solicitar en cualquier momento del presente ejercicio fiscal, siempre y cuando existan las condiciones para el ejercicio oportuno de los recursos.
Artículo 22. A las acciones que se encuentren en los siguientes supuestos se les considerará como reasignaciones cuando provengan de ahorros presupuestarios y/o rendimientos financieros:
II. La transferencia de recursos para dar suficiencia presupuestaria a los conceptos de gasto convenidos;
III. La incorporación de nuevos conceptos de gasto que no se hayan convenido, y
Las entidades federativas deberán notificar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, previo a su realización, las modificaciones que se encuentren consideradas como reasignaciones, en los formatos que determine el Secretariado Ejecutivo que contengan los movimientos programáticos presupuestales, los datos de la reasignación y en su caso, de infraestructura, de los Ejes Estratégicos, Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas respectivos, con la finalidad de realizar los ajustes en la estructura programática respectiva para el seguimiento de los recursos. Cuando las reasignaciones provengan de ahorros presupuestarios, las entidades federativas deberán acreditar el cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Técnico, las cuales serán verificadas por las Unidades Administrativas y/o Responsables Federales competentes.
Artículo 23. Las entidades federativas por conducto del Secretariado Ejecutivo Estatal deberán entregar de forma impresa y digital al Secretariado Ejecutivo, a través de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, antes de su realización, la solicitud de reprogramación para su opinión técnica y presupuestal, lo cual podrán realizar a partir del primer día hábil del mes de mayo y hasta el mes de octubre, misma que deberá contar con la siguiente documentación:
I. Informe que justifique la modificación de las metas, conceptos de gasto y/o montos de los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas convenidos originalmente, y
II. Los formatos que determine el Secretariado Ejecutivo que contengan los movimientos programáticos presupuestales, los datos de la reprogramación y en su caso, de infraestructura, de los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas convenidos y de sus modificaciones acordadas.
Artículo 24. El Secretariado Ejecutivo, a través de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento resolverá y dará respuesta por escrito sobre la procedencia de la solicitud de reprogramación de la entidad federativa de que se trate, en un plazo no mayor a 30 días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, de conformidad con el siguiente procedimiento:
I. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento entregará a las Unidades Administrativas y/o Responsables Federales competentes, a través de oficio o medios de comunicación electrónica, en un plazo máximo de 10 días hábiles siguientes a la fecha de recepción, la solicitud de reprogramación que cumpla con la documentación requerida y la viabilidad presupuestal.
Si la solicitud de reprogramación no cuenta con alguno de los documentos señalados en el artículo 23 de los presentes Criterios, se tendrá por no presentada, debiendo comunicar la Dirección General de Vinculación y Seguimiento dicha situación a la entidad federativa en un plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a conclusión del plazo citado en el párrafo anterior, en cuyo caso, la entidad federativa podrá presentar una nueva solicitud cumpliendo con la documentación respectiva, sujetándose al procedimiento establecido en el presente artículo.
II. Las Unidades Administrativas y/o Responsables Federales competentes entregarán a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, la opinión técnica sobre la procedencia de la solicitud de reprogramación.
III. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, una vez que haya recibido todas las opiniones técnicas de las Unidades Administrativas y/o Responsables Federales, resolverá y notificará sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de reprogramación a la entidad federativa correspondiente, dentro de los 10 días hábiles siguientes de la conclusión del plazo establecido en fracción II.
En caso de que la Dirección General de Vinculación y Seguimiento resuelva y notifique como improcedente una solicitud de reprogramación a la entidad federativa correspondiente, ésta podrá solicitar a dicha Dirección General la conformación de un Conversatorio en donde se analizarán exclusivamente las justificaciones y evidencias que aporte la entidad federativa para confirmar o modificar dicha resolución.
La solicitud de conformación de un Conversatorio deberá realizarse dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, a efecto de que dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recepción se lleve a cabo.
El Conversatorio contará con un Grupo de Trabajo el cual se conformará de la siguiente manera:
a. Un representante del Secretariado Ejecutivo Estatal con facultad de toma de decisiones relativas a los acuerdos del Grupo de Trabajo;
b. El Coordinador Regional y el servidor público que al efecto designe el titular de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo, y
c. Un representante de las áreas técnicas de las Unidades Administrativas y/o Responsables Federales competentes involucrados en las reprogramación respectiva.
Los acuerdos emitidos por el Grupo de Trabajo deberán de ser notificados a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento a efecto de que emita la resolución sobre la reprogramación a la entidad federativa en un término no mayor a 3 días hábiles posteriores a la aprobación de la opinión.
El Secretariado Ejecutivo difundirá y publicará en su página de internet, los criterios de organización y funcionamiento del Grupo de Trabajo Conversatorio a más tardar el último día hábil del mes de mayo.
En caso de que el Secretariado Ejecutivo resuelva como procedente la solicitud de reprogramación, la entidad federativa deberá registrar los cambios autorizados en el Sistema de Seguimiento o mecanismo que para tal efecto se haya determinado.
Artículo 25. Las entidades federativas podrán presentar la propuesta de reprogramación a su Consejo Estatal previo a su presentación al Secretariado Ejecutivo.
En este supuesto, las entidades federativas deberán adjuntar a la solicitud de reprogramación que presenten al Secretariado Ejecutivo, copia del acuerdo del Consejo Estatal correspondiente, para la revisión presupuestal y técnica sujetándose al procedimiento descrito en los artículos 23 y 24.
No será necesaria la remisión del Acta que contenga el acuerdo del Consejo Estatal al Secretariado Ejecutivo, si éste ya emitió opinión procedente a la solicitud de reprogramación, de manera previa a que las entidades federativas presenten la propuesta de reprogramación a su Consejo Estatal.
Artículo 26. El ejercicio de los recursos del FASP deberá sujetarse a la evaluación del desempeño en términos de las siguientes disposiciones:
I. El artículo 49, párrafo cuarto, fracción V de la Ley, en relación con el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y
II. El mecanismo de evaluación de los recursos federales en materia de seguridad pública otorgados a las entidades federativas y municipios que en cumplimiento al Acuerdo 05/XXXIX/, aprobado por el Consejo Nacional en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, genere al Secretariado Ejecutivo, a través de la Dirección General de Planeación.
Artículo 27. Para los efectos del artículo anterior, las entidades federativas deberán apegarse a los Lineamientos Generales de Evaluación que emita la Dirección General de Planeación.
Artículo 28. Los indicadores de medición que se definan entre las instancias federales y la entidad federativa con el Secretariado Ejecutivo, deberán orientarse a los resultados esperados en los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas y en la aplicación de los recursos del Financiamiento Conjunto.
Las entidades federativas deberán proporcionar al Secretariado Ejecutivo, la información obtenida de las mediciones para ser incorporadas al mecanismo de evaluación señalado en los artículos 26, fracción II y 27 de los presentes Criterios.
Artículo 29. Son derechos de las entidades federativas:
Artículo 30. Son derechos del Secretariado Ejecutivo:
III. Validar las solicitudes de reprogramaciones y registrar en la estructura programática las reasignaciones a las metas, conceptos de gasto y/o montos de los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas requeridas por las entidades federativas, y
IV. Efectuar a las entidades federativas visitas de verificación y revisiones de gabinete, a fin de comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de las obligaciones a su cargo.
Artículo 31. Son obligaciones de las entidades federativas:
II. Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos del FASP con los rendimientos financieros generados, que al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente no hayan sido devengados o no estén comprometidos en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal subsecuente, con los recursos del FASP que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido o devengado pero que no hayan sido pagados, debiendo reintegrar los recursos remanentes a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes una vez cumplido el plazo referido, en términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
III. Remitir al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del FASP, así como los resultados obtenidos a más tardar en los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal que corresponda;
IV. Presentar formalmente al Secretariado Ejecutivo durante la primera quincena de noviembre del ejercicio fiscal vigente, el anteproyecto de inversión del siguiente año al corriente considerando para tal efecto lo dispuesto en el artículo 9 de los presentes Criterios;
V. Solicitar al Secretariado Ejecutivo la opinión sobre la procedencia de las solicitudes de reprogramaciones y notificar previo al ejercicio de los recursos las reasignaciones a las metas, conceptos de gasto y/o montos de los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas convenidos, previo, en su caso, a la presentación al Consejo Estatal, así como atender las observaciones que al respecto emita el Secretariado Ejecutivo;
VI. Permitir al Secretariado Ejecutivo llevar a cabo visitas de verificación y revisiones de gabinete sobre la aplicación de los recursos FASP que estime pertinente, dando el acceso a equipo, material, información, registros y documentos requeridos para ejecutar el seguimiento de las acciones realizadas con el FASP, y
VII. Remitir al Secretariado Ejecutivo los informes de recursos no ejercidos, que sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, así como las metas incumplidas.
Artículo 32. Son obligaciones del Secretariado Ejecutivo:
II. Proporcionar la asesoría y asistencia técnica en el proceso de la planeación, programación y presupuestación de los recursos del Financiamiento Conjunto, así como en las reprogramaciones y reasignaciones de las metas, conceptos de gasto y/o montos de los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas;
III. Resolver sobre la procedencia de las solicitudes de reprogramaciones y registrar en la estructura programática las reasignaciones a las metas, conceptos de gasto y/o montos de los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas convenidos en los Anexos Técnicos;
IV. Dar seguimiento al cumplimiento de los Convenios de Coordinación y Anexos Técnicos, así como a las obligaciones de las entidades federativas establecidas en los presentes Criterios;
V. Cumplir con las disposiciones de la Ley General para fungir como el órgano operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y
VI. Remitir a las entidades federativas de manera mensual un reporte de los recursos comprometidos, devengados, ejercidos y pagados que se tengan registrados.
Artículo 33. La Dirección General de Planeación, con el apoyo de las Unidades Administrativas, será la responsable de proponer la estrategia de concertación de los recursos del Financiamiento Conjunto para cada ejercicio fiscal, y la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, será la responsable de coordinar las acciones para su implementación conforme a los mecanismos determinados para tal efecto.
Artículo 34. El incumplimiento de las obligaciones por parte del Secretariado Ejecutivo y/o de las entidades federativas será sancionado de conformidad con la Ley General y demás disposiciones aplicables, sin menoscabo de las atribuciones que correspondan a los órganos de fiscalización y supervisión de las entidades federativas y de la federación, conforme a la normatividad aplicable.
Artículo 35. Los recursos del FASP estarán sujetos a la fiscalización y auditoría de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y demás órganos supervisores, en el ámbito de sus respectivas competencias y en términos de la normativa aplicable.
Artículo 36. Corresponderá al Secretariado Ejecutivo desarrollar los procedimientos y mecanismos tecnológicos que permitan transparentar la asignación, ministración, ejercicio, seguimiento y evaluación de los recursos FASP y estatales convenidos en los Programas con Prioridad Nacional y sus Subprogramas, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 70, fracciones I, XV, XXVI y XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 85 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el Acuerdo 06/XXXVII/14, aprobado por el Consejo Nacional en su Trigésima Séptima Sesión Ordinaria.
Artículo 37. El Secretariado Ejecutivo y las entidades federativas harán públicos los Convenios y sus Anexos Técnicos, siempre que no se comprometan las acciones en materia de seguridad pública.
Artículo 38. El Secretariado Ejecutivo y las entidades federativas se coordinarán para determinar la información que será sujeta a la confidencialidad y reserva a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables.
PRIMERO. Los presentes Criterios entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2017.
SEGUNDO. Los presentes Criterios dejan sin efecto los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los recursos del FASP, aprobados por el Consejo Nacional en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2015, mediante Acuerdo 03/XXXIX/15.
TERCERO. Los recursos del Financiamiento Conjunto de ejercicios fiscales anteriores, se sujetarán a las disposiciones establecidas en los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los recursos del FASP, aprobados por el Consejo Nacional en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2015, mediante Acuerdo 03/XXXIX/15, hasta en tanto no se hayan agotado los recursos correspondientes.
Sin perjuicio de lo anterior, los recursos del Financiamiento Conjunto de ejercicios fiscales anteriores, se podrán reconcertar en el 2017 para la atención de necesidades actuales de las entidades federativas sin sujetarse al Procedimiento de Adecuaciones, a fin de promover su aplicación en cumplimiento de los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su estructura, así como los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas para alcanzarlos, aprobados por el Consejo Nacional en su Trigésima Octava Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de agosto de 2015, siempre que no se contravenga ninguna disposición normativa aplicable. Para los efectos del presente artículo transitorio, el Secretariado Ejecutivo formulará las consultas correspondientes a la autoridad competente.
CUARTO. Los Lineamientos Generales de Evaluación referidos en el artículo 27 de los presentes Criterios, deberán ser emitidos a más tardar el último día hábil del mes de julio del ejercicio fiscal correspondiente.
QUINTO. Se deja sin efecto el Acuerdo 03/XX/06, aprobado por el Consejo Nacional en su Vigésima Sesión celebrada el 30 de enero de 2006.
En cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en el citado Acuerdo 11/XLI/16, publíquense dichos Criterios en el Diario Oficial de la Federación.
Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora.- Rúbrica.

matches:
artículo 21
artículo 142
artículo 21
Artículo 1
Artículo 4
Artículo 6
Artículo 7
artículo 45
artículo 45
Artículo 8
artículo 7
artículo 44
Artículo 9
Artículo 10
Artículo 11
Artículo 12
artículo 17
Artículo 16
Artículo 17
Artículo 18
artículo 48
Artículo 19
Artículo 20
Artículo 21
Artículo 22
Artículo 23
Artículo 24
artículo 23
resolución
Artículo 25
Artículo 26
artículo 49
artículo 110
Artículo 27
Artículo 28
Artículo 29
Artículo 30
Artículo 31
artículo 4
artículo 17
artículo 9
Artículo 32
Artículo 33
Artículo 34
Artículo 35
Artículo 36
Artículo 37
Artículo 38
artículo 27


text:
Concepto 550 de 1998 Secretaría Distrital de Educación
Fecha de Expedición: 14/09/1998
Fecha de Entrada en Vigencia: 14/09/1998
(CÓDIGO CJA-0550) DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES - RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL
(CÓDIGO CJA05501998) DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES - RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL.- El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor, mediante oficio No. 370-4778 del 14 de septiembre de 1998, conceptuó:
El Decreto 1242 del 3 de agosto de 1977, por el cual se fija la remuneración del personal docente con cargo al Fondo Educativo Regional de Bogotá, D.E. (Hoy Santa Fe de Bogotá), en el artículo 19 dispuso:
"Los supervisores de educación primaria de la Secretaría de Educación: División de Primaria, División de Colegios Privados y División de Educación de Adultos devengarán las siguientes asignaciones; pagadas por el Fondo Educativo Regional de Bogotá, D.E.
Los supervisores a los cuales se refiere este artículo clasificados en la primera categoría del escalafón de primaria y que hayan servido a la Secretaría de Educación como mínimo cinco años consecutivos en dicha categoría devengarán el sueldo de director de escuela más un 25% de este (Decreto 1135 de 1952), y el 40% de esta nueva asignación por su carácter de supervisor.
Los supervisores a los cuales se refiere este artículo, clasificados en primera categoría de primaria que, hayan prestado sus servicios a la Secretaría de Educación durante diez años consecutivos en dicha categoría, devengarán el sueldo de director de escuela más un 50% de este (Decreto 1135 de 1952 y 766 de 1975 de Bogotá) y un 40% adicional de esta nueva asignación, por su carácter de supervisor..."
Dicho Decreto estableció los citados porcentajes a partir del 1 de enero de 1977.
En vigencia de la Constitución de 1886, le correspondía al Congreso y al Presidente de la República las atribuciones de fijar las escalas salariales de remuneración y el régimen de prestaciones sociales de los empleados de la Nación, en cuyo fundamento se expidió la Ley 43 de 1975, la cual mediante su artículo 11, revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias para:
Dictar el estatuto de personal.
Establecer el régimen salarial y de prestaciones sociales del mismo personal docente.
Lo anterior se traduce en el hecho de que el Decreto 1242 de 1977 fue expedido por el Alcalde Mayor del Distrito Capital estando la competencia radicada en el Presidente de la República.
Al año siguiente al expedir el Gobierno Nacional el Decreto Ley 715 de 1978, en donde se fijó las asignaciones básicas mensuales del magisterio, se ordenó en el artículo 11 que el régimen de remuneración "no podrá ser modificado por las autoridades departamentales... del Distrito Especial de Bogotá, ni por las Juntas Administradoras o los Fondos Educativos Regionales".
Con la Ley 8 de 1979, se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República, para adoptar las normas sobre el ejercicio de la profesión docente y con base en ella se expide el Decreto Ley 2277 de 1979, mediante el cual se establece el régimen especial para regular las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que desempeñan la profesión docente en los distintos niveles y modalidades que integran el Sistema Educativo Nacional, excepto el nivel superior que se regirá por disposiciones especiales.
El legislador en el estatuto docente excluye beneficios remunerativos o prestacionales con ocasión de encontrarse los docentes ejerciendo actividades de supervisión.
La Ley 115 de 1994, conocida como la Ley General de Educación, en sus artículos 133 a 137, establece en forma taxativa los estímulos para los docentes, dentro de las cuales no figuran beneficios remunerativos o prestacionales.
Mediante el artículo 150, ídem, se otorgan facultades a las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, para regular la educación dentro de su jurisdicción en los términos de la Ley 60 de 1993 y la misma Ley.
En relación con el pago de salarios y prestaciones de la educación estatal, se dispone en el artículo 175, ibídem, que:
" Con los recursos del situado fiscal y demás que se determinen por ley, se cubrirá el gasto del servicio educativo estatal, garantizando el pago de salarios y prestaciones sociales del personal docente, directivo docente y administrativo de la educación estatal en sus niveles de educación preescolar, básica (Primaria y secundaria) y media...
PARÁGRAFO: El régimen salarial de los educadores de los servicios educativos estatales de los órdenes departamental, distrital o municipal se regirá por el Decreto Ley 2277 de 1979, la Ley 4ª de 1992 y demás normas que lo modifiquen y adicionen".
Por tanto, con la expedición del Decreto Ley 2277 de 1979, perdió vigencia el Decreto 1242 de 1977.
Debe considerarse que el requisito de escalafonamiento establecido (para el caso de los supervisores clasificados en la primera categoría del escalafón de primaria) por el Decreto 1242 de 1977, para acceder al beneficio porcentual mencionado, fue sustituido cuando el estatuto docente permitió que la primera categoría del escalafón de primaria pudiera asimilarse al grado segundo del escalafón nacional docente, al tenor del parágrafo del artículo 5° del Decreto 085 del 23 de enero de 1980, que a la letra dice:
"Agrégase al artículo 71 el siguiente parágrafo:
PARÁGRAFO: El proceso de asimilación de que trata este Decreto quedará suspendido el 30 de junio de 1982. A partir de tal fecha quedará sin ningún valor los escalafones vigentes con anterioridad a la expedición de este Decreto".
Por tanto, al adoptarse con el Decreto Ley 2277 de 1979, una nueva estructura salarial y prestacional, diversa de la del pasado, para los docentes al servicio del Estado, las disposiciones anteriores perdieron su fuerza vinculante, trayendo como consecuencia que toda expectativa en la adquisición efectiva de derechos que para el caso en estudio correspondería a los porcentajes salariales adicionales sigue siendo sólo eso, una mera expectativa, respecto de aquellos supervisores que se vincularon o ascendieron en vigencia del Estatuto Docente.
Situación diversa ha de predicarse de los servidores públicos que para la fecha de expedición y vigencia del Decreto 1242 de 1977, cumplían con los requisitos establecidos en el mismo, ya que para la expedición del Decreto 2277 de 1979, respecto de los mismos se predicarían derechos adquiridos que por mandato constitucional no pueden ser vulnerados ni desconocidos. Lo anterior, en virtud de la teoría general de los derechos adquiridos elevados a categoría constitucional en el artículo 58.
En pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral - Sección segunda en sentencia del 17 de marzo de 1977, al referirse a la noción de derechos adquiridos se expresó así:
"- Se entienden aquellas acciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y que, por lo mismo, han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado. Fundamento de la seguridad jurídica y del orden social de las relaciones de los asociados y de estos con el Estado, es que tales situaciones o derechos sean respetados íntegramente mediante la prohibición de que leyes posteriores pretendan regularlas nuevamente. Tal afectación o desconocimiento solo está permitido constitucionalmente, en el caso que se presente un conflicto entre los intereses generales o sociales y los individuales, porque en este caso para satisfacer los primeros, los segundos deben pasar a un segundo plano...
Por su parte, la Sección Primera de esta Sala... se ha pronunciado así:
"Igualmente ha sido doctrina de la Corte la de que cuando las condiciones legales para el reconocimiento de determinada prestación no se han cumplido, el agente público está frente a una mera expectativa; pero cuando las condiciones legales se han llenado aquel se encuentra en una situación jurídica individual. Siendo la situación eventual una situación objetiva legal, puede ser modificado en el porvenir, en cualquier instante, por las leyes tanto en su quantum como en sus modalidades".
Podría resumirse que la tendencia doctrinal de esta Sala dentro del ámbito de los derechos adquiridos y sus simples o meras expectativas, que trasluce que sólo en los casos concretos en que se ha consolidado una situación jurídica de carácter individual, es viable el derecho reconocido en la disposición legal correspondiente..."
El Decreto 1242 del 3 de agosto de 1997, en su artículo 19, estableció para el caso de los supervisores, varios requisitos para el cálculo de su asignación mensual:
Ser supervisor de educación primaria, adscrito a la División Primaria, División de Colegios Privados y División de Educación de Adultos.
Estar clasificado en la primera categoría del escalafón de primaria.
Haber servido a la Secretaría de Educación como mínimo cinco (5) años consecutivos en dicha categoría.
Si el supervisor cumple con estos requisitos, su asignación será la de un director de escuela, más un 25% de este y el 40% de esta nueva asignación por su carácter de supervisor.
Si para esa fecha se habían prestado servicios durante 10 años consecutivos y además se habían cumplido los demás requisitos de los numerales 1 y 2, se devengaría el sueldo del director más un 50% y un 40% adicional de esta nueva asignación, por su carácter de supervisor.
Por tanto, debe revisarse para el caso de cada uno de los peticionarios si para la fecha de expedición del Decreto 1242 de 1977, cumplían con todos los requisitos citados, y si la respuesta es afirmativa tendrían derecho al reconocimiento otorgado por la norma y su titularidad actual tendría sustento en la teoría general de los derechos adquiridos.
Respecto de aquellos supervisores que en vigencia del Decreto 1242 de 1979, y antes de la expedición del estatuto docente cumplieron los requisitos exigidos por este, igualmente debe darse el reconocimiento del porcentaje adicional.
Con la expedición del Decreto 2277 de 1979, quedan derogadas las disposiciones contenidas en el Decreto 1242 de 1977, por tanto, los supervisores que para la fecha 14 de septiembre de 1979, no cumplieran los requisitos, así posteriormente los cumplieran no podrían bajo el criterio de favorabilidad revivir disposiciones que siendo incompatibles con el estatuto docente fueron derogadas tácitamente.
Firma JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO.

matches:
artículo 19
artículo 11
artículo 11
artículo 150
artículo 175
artículo 5
artículo 71
artículo 58
artículo 19


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Orden de 14 de octubre de 1998, sobre aprobación del módulo de valor M y del coeficiente RM y sobre modificación de ponencias de valores - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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ORDEN DE 14 DE OCTUBRE DE 1998 SOBRE APROBACIÓN DEL MÓDULO DE VALOR M Y DEL COEFICIENTE RM Y SOBRE MODIFICACIÓN DE PONENCIAS DE VALORES (BOE DEL 20)
Primero. Módulo de valor M, como instrumento utilizado en la valoración catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana
Segundo. Coeficiente de relación al mercado RM, como instrumento utilizado en la valoración catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana
Tercero. Modificaciones de Ponencias de valores para inmuebles de naturaleza urbana
Única. Disposiciones derogadas por la presente Orden
Primera. Aplicación del módulo de valor M regulado en la presente Orden
Segunda. Entrada en vigor de la presente Orden
La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, establece que el valor catastral de los bienes inmuebles debe fijarse tomando como referencia su valor de mercado. Con el fin de hacer efectiva esa necesaria correlación, se utilizan en la valoración catastral principalmente dos instrumentos. El primero de ellos actúa en la fijación del valor del producto inmobiliario y consiste en un módulo de valor M, que sirve de base a los del suelo y de la construcción. De acuerdo con el artículo 2.º del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, este módulo pretende recoger las variaciones que el valor de mercado de los bienes inmuebles de naturaleza urbana experimente, de acuerdo con los análisis de mercado que al efecto se realicen por la Dirección General del Catastro. El segundo instrumento actúa en la valoración individualizada de los bienes resultante de las Ponencias de valores con el fin de garantizar su uniforme referencia a los valores de mercado y consiste en un coeficiente de relación al mercado (RM) de 0,5, establecido mediante Resolución de 15 de enero de 1993 del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria («Boletín Oficial del Estado» del 27).
El estudio de la situación y evolución del mercado y el análisis de los factores que intervienen en la formación del valor del producto inmobiliario, según la expresión definida en la Norma 16.1 del Real Decreto 1020/1993, hacen necesaria la modificación de los módulos de valores establecidos en la Orden de 24 de enero de 1995, a fin de ajustarlos a dicha evolución.
Para la obtención del nuevo valor del módulo M se han tenido en cuenta no sólo los estudios sobre costes de ejecución material realizados en un número representativo de promociones inmobiliarias, con especial atención a las promociones de tipo residencial colectivo, manzana cerrada, categoría 4, que son equiparables a las viviendas de protección oficial, sino también los valores de mercado y los costes de ejecución material resultantes de los estudios realizados por el Ministerio de Fomento, las Comunidades Autónomas y los Colegios Profesionales, así como los valores que para el tipo de vivienda antes citado ofrecen las publicaciones especializadas. Como resultado de los mencionados análisis se han obtenido unos valores en venta que oscilan de 107.000 pesetas/metro cuadrado a 113.000 pesetas/metro cuadrado, extremos de la serie obtenida con las formulaciones utilizadas más frecuentemente para el análisis de promociones inmobiliarias, por lo que el citado módulo M debe quedar comprendido entre ambos valores.
Debe señalarse que la modificación del valor del módulo M no altera la relación entre los valores catastrales que se revisen y los valores de mercado, relación que la presente disposición expresamente mantiene en 0,5. La referencia al mercado, hasta ahora recogida en la mencionada Resolución de 15 de enero de 1993, es asimismo objeto de regulación en esta disposición, con el fin de garantizar un tratamiento homogéneo de la relación al mercado en las valoraciones catastrales resultantes de modificaciones de Ponencias de valores, a cuyo efecto se diferencian los supuestos en los que la modificación se realiza sobre Ponencias que ya dieron lugar a valores uniformemente referenciados con el coeficiente 0,5, de aquellos otros en los que la Ponencia que se modifica fue aprobada con anterioridad a la fijación del coeficiente de relación al mercado.
La posibilidad de realizar modificaciones de Ponencias fue introducida en el artículo 71 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, a través de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, es decir, con posterioridad a la aprobación tanto del Real Decreto 1020/1993 como de la Resolución por la que se aprueba el coeficiente de relación al mercado. Las nuevas posibilidades de desarrollo urbanístico del suelo, introducidas por la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, así como la reciente revisión de valores en un gran número de municipios, hacen necesaria una utilización creciente de este nuevo expediente, por el que se permite una mejor adecuación de los módulos de valoración y de los valores catastrales a las aplicaciones fiscales, urbanísticas y expropiatorias que prevé la legislación vigente. Estas circunstancias, unidas a la vinculación que debe existir, por razones de homogeneidad y coordinación, entre los valores catastrales resultantes de la modificación de una Ponencia y los del propio municipio no afectados por dicha modificación, justifican el tratamiento específico del alcance de las modificaciones de Ponencias que contiene la presente disposición.
En su virtud y a propuesta de la Dirección General del Catastro, previo informe de la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria Urbana y oído el Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria, dispongo:
Primero. Módulo de valor M.-
1. Para el año 1999, el módulo de valor M al que se hace referencia en el artículo 2.º del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, se fija en 110.000 pesetas/metro cuadrado.
2. La aplicación de los factores de diversificación del suelo y de la construcción definidos en la , da como resultado los siguientes valores:
Pesetas/metro cuadrado
Valores de las construcciones
MBR1 = 64.600
MBC1 = 71.500
MBR2 = 46.200
MBC2 = 66.000
MBR3 = 33.500
MBC3 = 60.500
MBR4 = 23.100
MBC4 = 55.000
MBR5 = 12.700
MBC5 = 52.200
MBR6 = 7.600
MBC6 = 49.500
MBR7 = 4.100
MBC7 = 44.000
3. Los módulos MBR y MBC anteriores se aplicarán en las Ponencias de valores que afecten a la totalidad de los inmuebles de naturaleza urbana del municipio y se aprueben a partir de 1 de enero de 1999, así como a sus modificaciones.
Segundo. Coeficiente de relación al mercado RM.-
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 66.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se utilizarán los estudios de mercado realizados conforme a lo previsto en la Norma 23 del anexo al Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, y los demás análisis socioeconómicos efectuados por la Dirección General del Catastro.
2. La referencia establecida en el mencionado artículo se realizará de forma homogénea en las valoraciones catastrales de bienes inmuebles de naturaleza urbana, a cuyo efecto, se aplicará un coeficiente de relación al mercado (RM) de 0,5 al valor individualizado resultante de la Ponencia de valores. Dicho valor individualizado se obtendrá mediante la suma del valor del suelo en parcela y del valor de reposición de la construcción, corregidos ambos valores y su suma de acuerdo con lo establecido en la normativa técnica de valoración; y aplicando al resultado, de conformidad con la , sólo en el caso de fincas construidas, el coeficiente 1,40 de gastos y beneficios de promoción.
3. La aplicación del coeficiente de relación al mercado (RM) de 0,5 requerirá que la Ponencia de valores afecte a la totalidad de los inmuebles de naturaleza urbana del municipio y que haya sido aprobada con posterioridad al 27 de enero de 1993. Asimismo, el coeficiente RM será aplicable a los valores individualizados resultantes de los expedientes de modificación de estas Ponencias.
Tercero. Modificaciones de Ponencias.-
Las modificaciones de Ponencias de valores deberán ajustarse a los criterios y directrices de coordinación nacional de valores con base en las cuales se hubiera aprobado la Ponencia que se modifica, así como a las áreas económicas homogéneas, módulos, bandas de coeficientes y coeficientes correctores contenidos en la misma. Los coeficientes de actualización que sean de aplicación a los valores catastrales resultantes de la Ponencia que se modifica se aplicarán igualmente a los que resulten de las modificaciones de la misma.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el expediente de modificación de Ponencia se compondrá de los documentos que definan el alcance de la modificación, recogiendo los nuevos valores de calle o tramo de calle y, en su caso, la nueva delimitación del suelo de naturaleza urbana, y se justificará con los análisis y conclusiones de los estudios de mercado que se realicen sobre el ámbito territorial al que afecte.
Disposición derogatoria única.-Queda derogada la Resolución de 15 de enero de 1993, del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por la que se aprueba el coeficiente RM a efectos de lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición final primera.-En tanto no se produzcan variaciones significativas en los valores de mercado de los bienes inmuebles de naturaleza urbana que, de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, justifiquen la aprobación de un nuevo módulo M, se aplicará el establecido en la disposición primera de esta Orden
Disposición final segunda.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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Decreto núm. 71, publicado el 13 de Julio de 1996. APRUEBA REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY N° 19.404 - MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - MINISTERIOS - Legislación Oficial - Legislación - VLEX 471044046
Decreto núm. 71, publicado el 13 de Julio de 1996. APRUEBA REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY N° 19.404
TITULO I. De los Trabajos Pesados - arts. 1 a 3.bis
TITULO II. De la Comisión Ergonómica Nacional - arts. 4 a 15
TITULO III. De la Comisión de Apelaciones - arts. 16 a 21
TITULO IV. Del Procedimiento - arts. 22 a 30
APRUEBA REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY N° 19.404
Núm. 71.- Santiago, marzo 25 de 1996.- Visto: lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 19.404 y la facultad que me confiere el N° 8 del artículo 32 de la Constitución Política de la República.
Apruébase el siguiente Reglamento para la aplicación de la Ley N° 19.404:
TITULO I De los Trabajos Pesados Artículos 1 a 3.bis
Se entenderá que constituyen trabajos pesados aquellos cuya realización acelera el desgaste físico, intelectual o psíquico en la mayoría de quienes lo realizan, provocando un envejecimiento precoz, aun cuando ellos no generen una enfermedad laboral.
Para los efectos de calificar como trabajo pesado una labor, que se ejecuta en uno o más puestos de trabajo, ya sea que se desempeñe por trabajadores contratados directamente por la entidad empleadora respectiva o bajo régimen de subcontratación o puestos a disposición por empresas de servicios transitorios, las Comisiones a que se refiere el presente Reglamento, deberán establecer un instrumento guía de conocimiento público, uso obligatorio y revisión permanente, considerando a lo menos, y con independencia de las características individuales de quien la realiza, los siguientes factores:
Factor físico: constituido por las exigencias del puesto de trabajo que demandan un esfuerzo adaptativo fisiológico, reflejado en mayor gasto energético y con modificaciones del metabolismo.
Factor ambiental: que corresponde a la presencia, en los puestos de trabajo, de agentes ambientales que pueden afectar negativamente la salud de los trabajadores, su bienestar y su equilibrio fisiológico.
Factor mental: es la exigencia del puesto de trabajo que demanda esfuerzos adaptativos del sistema nervioso y de la estructura psicoafectiva del trabajador.
Factor organizacional: son las exigencias del puesto de trabajo derivadas de la organización y diseño de la labor y su entorno psicosocial.
Para los efectos de lo dispuesto en la Ley N° 19.404 y en el presente Reglamento, se entiende por puesto de trabajo el conjunto de tareas, deberes y responsabilidades que, en el marco de las condiciones de trabajo definidas por la empresa, sea ésta un empleador directo, o una empresa bajo régimen de subcontratación o usuaria, constituyen la labor regular de una persona y que pueden ser descritas con prescindencia del trabajador que lo ocupa.
La definición de trabajo pesado y los factores de carga global de trabajo señalados en los artículos anteriores, serán aplicados y ponderados, en su totalidad, por la Comisión Ergonómica Nacional para la calificación por puesto de trabajo de las labores desarrolladas por los afiliados al Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, y por los imponentes de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional a que se refieren los artículos 1° y 2° de la Ley N° 19.404.
El menor desgaste relativo producido por un trabajo calificado como pesado, será determinado según la ponderación asignada a cada uno de los factores señalados en el artículo anterior, conforme lo establecido en el instrumento guía a que se refiere el artículo 2° de este Reglamento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, la calificación de trabajo pesado de un determinado puesto de trabajo, producirá iguales efectos ya sea que tal puesto se desempeñe por trabajadores contratados directamente por la entidad empleadora respectiva o bajo régimen de subcontratación o puestos a disposición por empresas de servicios transitorios.
A las obligaciones derivadas de la aplicación del inciso sexto del artículo 3º de la ley Nº 19.404, les será aplicable, en lo que corresponda, los artículos 183-A, 183-B, 183-C, 183-D y 183-AB, del Código del Trabajo.
La empresa principal o la usuaria según corresponda, para efectos del inciso sexto del artículo 3º de la ley Nº 19.404, deberá mantener en la faena, obra o servicio, o lugar donde se presten los servicios un registro actualizado en papel y/o soporte digital de a lo menos los siguientes antecedentes:
Copia del o los dictámenes ejecutoriados de la Comisión Ergonómica Nacional, que califican uno o más puestos de trabajo de la empresa como pesado, y
Una relación detallada de los trabajadores que sirven esos puestos, sean directamente para la entidad empleadora o bien para una empresa contratista, subcontratista o de servicios transitorios.
Este registro deberá estar disponible cuando sea requerido por la Inspección del Trabajo, de conformidad con el artículo 31 del DFL Nº 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El incumplimiento de esta obligación será sancionado conforme dispone ese mismo cuerpo legal.
Las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa, no alterarán la calificación efectuada sobre el puesto de trabajo como pesado, salvo que se acredite que han variado los factores considerados en su evaluación.
TITULO II De la Comisión Ergonómica Nacional Artículos 4 a 15
La Comisión Ergonómica Nacional gozará de autonomía para calificar una labor como trabajo pesado, y funcionará en la ciudad de Santiago.
La Superintendencia de Pensiones ejercerá la supervigilancia y fiscalización de la Comisión Ergonómica Nacional. Asimismo, impartirá las normas operativas que se requieran para calificar labores como trabajos pesados y controlará que dicha Comisión dé debido cumplimiento a las funciones que le correspondan. La asistencia administrativa de la Comisión Ergonómica Nacional será de cargo de la Superintendencia de Pensiones.
La Comisión a que se refiere el artículo 4° de este Reglamento estará integrada por:
Un médico cirujano especialista en medicina ocupacional, quien la presidirá;
Un médico cirujano especialista en traumatología y ortopedia;
Un ingeniero civil experto en prevención de riesgos profesionales;
Un ingeniero civil experto en higiene industrial;
Un profesional universitario experto en ergonometría;
Un trabajador designado por la central sindical más representativa del país, que sea o haya sido miembro de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad, y
Un empresario designado por la organización empresarial más representativa del país, que sea o haya sido miembro de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
Los miembros de la Comisión Ergonómica Nacional señalados en las letras b) a e) inclusive del artículo anterior, serán designados, mediante resolución, por el Superintendente de Pensiones. Tratándose del miembro señalado en la letra a) y su respectivo suplente, su designación será efectuada, por decreto, por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, a proposición del Superintendente de Pensiones. Corresponderá, asimismo, al citado Superintendente efectuar la proposición para la designación de profesionales que actuarán como suplentes de los miembros titulares de la Comisión, en caso de ausencia o impedimento de éstos.
Los miembros titulares y suplentes de la Comisión Ergonómica Nacional designados por el Superintendente, serán seleccionados a partir de un Registro Público que administrará la Superintendencia, según lo dispuesto en el inciso octavo del artículo 3º de la Ley Nº 19.404.
Para ser incluido en el Registro Público a que se refiere el inciso anterior, los interesados deberán presentar una solicitud en tal sentido ante la Superintendencia, a la que deberán proporcionar toda la documentación que permita certificar la calidad de profesional habilitado.
Los miembros de la Comisión Ergonómica Nacional contemplados en las letras f) y g) del artículo 5° de este reglamento, ya sea en calidad de titulares o suplentes, serán designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del país.
Para determinar las organizaciones que deberán efectuar tal designación, el Ministro del Trabajo y Previsión Social deberá requerir informe a la Dirección del Trabajo y al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Los miembros de la Comisión Ergonómica...
aplicación de las normas jurídicas en el tiempo
incapaz de escribir o actualizar los datos de la aplicacion

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artículo 31
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