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Texto del decreto que crea el Órgano Superior de la Gran Misión Agro-Venezuela | tulomito
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Texto del decreto que crea el Órgano Superior de la Gran Misión Agro-Venezuela
Se publica el decreto 8.686, mediante el cual se crea la Comisión Presidencial, que se denominara Órgano Superior de la Gran Misión Agro-Venezuela, la cual tendrá como objeto establecer la coordinación entre el sector público y privado para garantizar a los ciudadanos, asistencia técnica, insumos y financiamiento de los productores agrícolas.
Contenido del Decreto 8.686
Artículo 1º. Se crea la Comisión Presidencial, con carácter permanente, que se denominará ÓRGANO SUPERIOR DE LA GRAN MISIÓN AGRO-VENEZUELA, la cual tendrá como objeto establecer la coordinación entre los órganos y entes del Estado, y, entre éstos y las empresas y demás formas asociativas del sector privado, a los fines de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas del país el derecho a la seguridad y soberanía agroalimentaria, a través de asistencia técnica, dotación de insumos y financiamiento de los productores agrícolas y, así lograr la mayor eficacia posible en el cumplimiento de la Gran Misión Agro-Venezuela.
Artículo 2°. El ÓRGANO SUPERIOR DE LA GRAN MISIÓN AGRO-VENEZUELA, será presidido por el Presidente de la República, e integrado además por las autoridades que se mencionan a continuación:
1.- El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, quien la coordinará, en su carácter de Vicepresidente o Vicepresidenta de dicho Órgano Superior;
2.- El Vicepresidente o Vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministras para el Área Económico Productiva;
3.- El Vicepresidente o Vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministras para el Área Económico Financiera;
4.- El Ministro o Ministra del Poder Popular para la Agricultura y Tierras;
5.- El Ministro o Ministra del Poder Popular para Alimentación;
6.- El Ministro o Ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología;
7.- El Ministro o Ministra del Poder Popular para la Defensa;
8.- El Ministro o Ministra de Estado para la Banca Pública;
9.- El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana;
10.- El Comandante General de la Milicia-Nacional Bolivariana;
11.- El Presidente o Presidenta de PDVSA Agrícola;
12.- El Presidente o Presidenta del Instituto de Investigaciones Agrícolas (INIA);
13.- El Gobernador del estado Barinas, ciudadano Adán Chávez Frías;
14.- El Gobernador del estado Apure, ciudadano Ramón Carrizalez Rengifo;
15.- El Gobernador del estado Guárico, ciudadano Luís Enrique Gallardo;
16.- El Gobernador del estado Portuguesa, ciudadano Wilmar Castro Soteldo.
Artículo 3º. El ÓRGANO SUPERIOR DE LA GRAN MISIÓN AGRO-VENEZUELA, tendrá a su cargo, sobre la base de las orientaciones estratégicas del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el diseño e implementación de la conceptualización, objetivo y metas de la Gran Misión Agro- Venezuela, para lo cual podrá emitir las recomendaciones y actos administrativos necesarios para la más óptima implementación de dicha Gran Misión.
Los actos administrativos emitidos por el ÓRGANO SUPERIOR DE LA GRAN MISIÓN AGRO-VENEZUELA en el cumplimiento de su objeto, serán de obligatoria observancia para los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, así como para los particulares, empresas y demás entes privados relacionados con el sector agrícola.
Artículo 4°. El ÓRGANO SUPERIOR DE LA GRAN MISIÓN AGRO-VENEZUELA, tendrá los siguientes mecanismos de organización:
1. Los Comandos Estratégicos Regionales, que funcionarán como órganos de planificación, seguimiento y control, los cuales estarán distribuidos en las siguientes regiones:
a.- Región Central: a la cual corresponden el Distrito Capital, y los estados Vargas y Miranda.
b.- Región Los Andes: a la cual corresponden los estados Táchira, Mérida y Trujillo.
c.- Región Centro Occidental: a la cual corresponden los estados Yaracuy, Cara bobo, Lara y Aragua.
d.- Región Occidental: a la cual corresponden los estados Zulia y Falcón.
e.- Región Llano Sur: a la cual corresponden los estados Portuguesa, Barinas y Apure.
f.- Región Llano Norte: a la cual corresponden los estados Cojedes y Guárico.
g.- Región Oriente: a la cual corresponden los estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Sucre.
h.- Región Sur: a la cual corresponden los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas.
Cada Comando Estratégico Regional estará conformado por:
a.- El Gobernador o la Gobernadora de cada uno de los estados que conforman la respectiva región; o un representante de algún órgano o ente nacional con presencia en el correspondiente estado, que cumpla una labor estratégica en el mismo. A criterio del Órgano Superior.
b.- Un (01) o una (01) representante designado por cada uno de los Ministros del Poder Popular que integran el Órgano Superior;
c.- El Jefe o la Jefa de la respectiva Región Militar;
d.- El o la Comandante de la Milicia Nacional Bolivariana de la respectiva región;
e.- Un (01) delegado o una (01) delegada de los productores y productoras agrícolas, por cada estado de los que integran la respectiva región.
f.- Un (01) vocero o una (01) vocera de las Empresas de Propiedad Social Agrícolas y Agroindustriales de cada uno de los estados que integran la respectiva región.
2.- Las Juntas Administradoras Estadales, que funcionarán como entes de planificación, seguimiento y control, en cada estado, y estarán conformadas por:
a.- Cuatro (04) representantes estadales de los órganos que conforman el Órgano Superior de la Gran Misión Agro-Venezuela, designados por dicho Órgano Superior.
b.- Dos (02) representantes de la Gobernación, o de algún órgano o ente nacional con presencia en el correspondiente estado, que cumpla una labor estratégica en el mismo. A criterio del Órgano Superior.
c.- El Jefe de la Guarnición Militar y el Comandante de la Milicia Nacional en el estado.
d.- Dos (02) voceros o voceras de los Consejos de Trabajadores de las Empresas de Propiedad Social Agrícolas y Agroindustriales, ubicadas en el respectivo estado.
3.- Las Juntas Administradoras Locales, que funcionarán como instancias de planificación, seguimiento y control, en cada Unidad de Propiedad Social, a propuesta de la correspondiente Junta Administradora Estadal, al Órgano Superior.
La constitución de los Comandos Estratégicos Regionales, las Juntas Administradoras Estadales y las Juntas Administradoras Locales corresponde al Órgano Superior de la Gran Misión Agro-Venezuela.
La organización establecida en el presente artículo deberá estar constituida antes del 29 de febrero de 2012 (así está establecido en la Gaceta Oficial).
Artículo 5º. El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras dispondrá lo conducente a fin de garantizar el financiamiento del ÓRGANO SUPERIOR DE LA GRAN MISIÓN AGRO-VENEZUELA, de conformidad con el ordenamiento jurídico en materia de administración financiera del sector público y control fiscal. Sin perjuicio de que corresponda a los órganos y entes, cuyos titulares conforman el órgano superior, el financiamiento de determinadas actividades de la Comisión, en razón de la especialidad de su competencia.
Artículo 6°. El ÓRGANO SUPERIOR DE LA GRAN MISIÓN AGRO-VENEZUELA, contará con la asesoría de todas aquellas personas naturales o jurídicas públicas o privadas que considere conveniente. A tal efecto, podrá solicitar su participación mediante convocatoria e invitación especial, y constituir comisiones para atender determinados asuntos relacionados con el objeto de la Comisión, tales como: Comisión de Desarrollo Agrícola Rural, Comisión de Economía Agrícola y Comisión de Balance de Alimentos.
Artículo 7°. El ÓRGANO SUPERIOR DE LA GRAN MISIÓN AGRO-VENEZUELA, tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Coordinar los órganos y entes del Estado relacionados con el sector agrícola.
2.- Desarrollar un sistema de planificación de la siembra y producción agrícola, pecuaria, pesquera, acuícola y forestal, a los fines de establecer una oferta de necesidades de producción de alimentos, rubros agrícolas, y zonificación agrícola sobre el mejor uso de los suelos y la tradición de la vocación productiva.
3.- Establecer los lineamientos y estrategias para el seguimiento y control de las políticas de la Gran Misión Agro-Venezuela.
4.- Establecer los lineamientos y estrategias para la planificación, seguimiento y control de las Empresas de Propiedad Social Agrícolas y Agroindustriales. 5.- Recomendar las fuentes de financiamiento y evaluar los resultados productivos de los financiamientos otorgados con nivel de precisión de cada campesino y productor que lo recibió.
6.- Recomendar y ejecutar una política de investigación y extensión agrícola, a los fines de articular las estrategias de dotación de insumos y de maquinaria agrícola, que garantice el cumplimiento de la Gran Misión Agro- Venezuela.
7.- Las demás que acuerde cualquier otro instrumento normativo y le sean asignadas por el Presidente de la República.
Artículo 8°. La Coordinación del ÓRGANO SUPERIOR DE LA GRAN MISIÓN AGRO-VENEZUELA corresponderá a su Vicepresidente, quien convocará a sesión cuando así los instruya el Presidente de la Comisión, o cuando lo considere oportuno, en función del mejor funcionamiento y la mayor eficiencia de la Comisión. Así mismo, suscribirá y notificará los actos y documentos emanados del seno de la Comisión.
Artículo 9º. Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, las empresas y demás formas asociativas privadas que se encuentren involucradas en la Gran Misión Agro- Venezuela, por encargo del Ejecutivo Nacional, están en la obligación de colaborar con el ÓRGANO SUPERIOR DE LA GRAN MISIÓN AGRO-VENEZUELA en el ejercicio de sus funciones y muy especialmente, Informar de manera inmediata a la Comisión sobre los obstáculos, situaciones o inconvenientes que afecten la Gran Misión Agro-Venezuela, o cualquier otra información que sea requerida por dicha Comisión, y remitiéndola dentro del lapso que le sea indicado.
Artículo 10. Se insta a todos los órganos y entes del Poder Ejecutivo Nacional a colaborar con el ÓRGANO SUPERIOR DE LA GRAN MISIÓN AGRO-VENEZUELA, en el cumplimiento de sus funciones, en aras del interés colectivo de satisfacer el derecho humano de todas las venezolanas y todos los venezolanos a la seguridad y soberanía agroaIimentaria, a través de asistencia técnica, dotación de insumos y financiamiento de los productores agrícolas.
Artículo 11. El ÓRGANO SUPERIOR DE LA GRAN MISIÓN AGRO-VENEZUELA iniciará el ejercicio de sus funciones una vez constituido colegiadamente en su primera sesión.
Artículo 12. El Vicepresidente-o Vicepresidenta Ejecutivo de la República, el Vicepresidente o Vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministras para el Área Económico Productiva, y todos los Ministros y Ministras que conforman el ÓRGANO SUPERIOR DE LA GRAN MISIÓN AGRO-VENEZUELA, quedan encargados de la ejecución del presente Decreto.
Artículo 13. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil once.
Publicado por tulomito en mayo 17, 2012 en Nacionales

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Anacronismo este que hace alusión a los hijos naturales y que el principio de igualdad constitucional determina su inclusión sin reserva alguna en la dispensa para la línea ascendente y descendente. Por tanto, en absoluto menciona a los parientes por afinidad, y encontrándonos ante una dispensa, es decir, una excepción a la aplicación general de la norma, debe ser objeto de interpretación restrictiva. Como dice la STS 703/2014 de 29 de octubre , en un caso de hermana de la víctima, esposa del acusado, y por tanto cuñada del mismo, la exclusión de los parientes por afinidad de la dispensa de testificar, además del tenor literal del precepto es cuestión pacífica en la doctrina de la Sala (STS 62/2013 del 29 enero (caso Marta del Castillo ).
La exclusión de los parientes afines hasta el segundo grado que se recoge en el artículo 261.2, lo es en cuanto a la obligación de denunciar, no es aplicable a supuestos del artículo 416 que refiere a la dispensa de declarar, tal es así que la remisión que este último precepto realiza el artículo 261, sólo se refiere al apartado 3, referencia a los afines que ha sido eliminado en la redacción actual del art. 261.2 por LO 4/2015 de 27.4 de Estatuto víctima del delito. Ahora bien, aun cuando no debió admitirse la dispensa a declarar del artículo 416.1 en relación a referido testigo, tal denegación de prueba no puede dar lugar a la admisión de la pretensión del recurrente: anulación de la sentencia y repetición del juicio ante otro Magistrado y la elección de un nuevo jurado.
En efecto es doctrina reiterada de esta Sala que es necesario que por la parte que propuso tal medio de prueba acredite que su ausencia ha determinado que la resolución final del proceso le fuese desfavorable ya que solo en tal caso podrá apreciarse el menoscabo efectivo del derecho de quienes por ese motivo resultara condenados. En esta dirección el Tribunal Constitucional sentencia 232/98 nos dice: «en efecto, como ha resaltado el Tribunal Constitucional la garantía constitucional contenida en el precepto únicamente cubre aquellos supuestos en que la prueba es decisiva en términos de defensa. De no constatarse esta circunstancia resultaría ya ab initio, sin necesidad de ulterior análisis, que no ha existido lesión denunciada.
Ello exige que el recurrente haya alegado y fundamentado, adecuadamente, dicha indefensión material en el sentido de que laresolución final del proceso podría haberle sido favorable de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia». Situación que sería la del caso enjuiciado, tal como razona la sentencia recorrida-fundamento derecho sexto- «no se dice porque y en que medida se produjo con ello efectiva indefensión», esto es la trascendencia que la inadmisión de tal prueba pudo tener en el resultado final del proceso en orden a la participación del recurrente.»
Naturaleza del delito de extorsión
Sentencia 426/17
«El art. 243 del Cpenal define el delito de extorsión en los siguientes términos: «El que con ánimo de lucro, obligue a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieron imponerse por los actos de violencia física realizados».
Dicho delito de extensión, es calificado por la doctrina como un «delito de encuentro», ciertamente de encuentro forzado porque el sujeto pasivo/perjudicado es obligado a facilitar la confección y entrega al sujeto activo de un documento que incorpora un valor económico del que resulta un perjuicio, o bien para el extorsionado, o bien para un tercero.»
«En cuanto a la denegación de la defensa de la posibilidad de interrogar a un testigo por ser cuñado de este acusado, es cierto-tal como hemos dicho en reciente STS 49/2018 de 30 enero -, que conforme a la literalidad del artículo 416 LECrim , «están dispensados de la obligación de declarar: 1º Los parientes del procesado en línea directa ascendente y descendente, su cónyuge, […]
«El art. 243 del Cpenal define el delito de extorsión en los siguientes términos: «El que con ánimo de lucro, obligue a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieron imponerse […]
“Por su parte, la STS 20-12-2006 , señala que el delito de amenazas es un delito de mera actividad y de peligro, cuyo núcleo esencial es el anuncio, mediante hechos o palabras, de la causación a otro de un mal que constituya delito contra uno de los bienes o valores jurídicos que se relacionan en la norma tipificadora, y que sea capaz de producir en el sujeto […]

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RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2007, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se convocan becas de prácticas museísticas para el año 2008
RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2007, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se convocan becas de prácticas museísticas para el año 2008	RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2007, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se convocan becas de prácticas museísticas para el año 2008 Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2007, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se convocan becas de prácticas museísticas para el año 2008 Estado	:
MINISTERIO DE CULTURA	ANEXO IANEXO IIANEXO III
De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Orden CUL/4411/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas del Ministerio de Cultura en régimen de concurrencia competitiva, se acuerda lo siguiente:
Primero.-Se convocan para el año 2008, en régimen de concurrencia competitiva, dos becas de prácticas museísticas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Segundo.-Sin perjuicio de lo establecido en el apartado cuarto, la dotación máxima de cada beca se fija en diez mil euros (10.000 €). Los pagos se realizarán mediante abonos mensuales de ochocientos treinta y tres euros y treinta y tres céntimos (833,33 €). Estas cantidades constituyen percepciones en bruto. Los pagos se realizarán por meses vencidos y estarán sujetos a las retenciones legales.
Tercero.-La financiación de estas dos becas, por importe global de veinte mil euros (20.000 €), se hará con cargo al crédito consignado a tales efectos en la aplicación presupuestaria 24.104.333A.480 del Presupuesto de Gastos para el año 2008 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Cuarto.-El otorgamiento de estas becas queda condicionado a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente para el año 2008. Su cuantía final quedará en todo caso condicionada por las previsiones presupuestarias vigentes para el citado año.
Sexto.-La presente resolución es recurrible, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo, y potestativamente en reposición previa, en el plazo de un mes, ante el órgano convocante.
Madrid, 27 de agosto de 2007.-La Directora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Ana Martínez de Aguilar.
b) Estar en posesión de la Licenciatura en Historia del Arte, con calificación académica media no inferior a notable; o título análogo de la Unión Europea, siempre que esté homologado o reconocido y tenga igual calificación académica.
c) Haber finalizado dicha licenciatura universitaria en 2004 o años posteriores.
e) En el supuesto de nacionalidad distinta de la española, el solicitante deberá acreditar documentalmente un conocimiento suficiente del idioma español, hablado y escrito, que le permita cumplir con la finalidad y objeto de la beca.
2. Finalidad y objeto de las becas
2.1 Estas becas tienen por finalidad la formación de especialistas en el ámbito museístico mediante la participación en las funciones de los distintos Departamentos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
2.2 Los becarios desempeñarán tareas relacionadas con la investigación de las colecciones, la gestión de exposiciones temporales, el desarrollo de actividades didácticas y la difusión de las actividades del museo.
2.3 Las actividades enumeradas tendrán un carácter exclusivamente formativo y, a tal fin, a cada becario se le asignará un tutor que supervisará permanentemente las tareas a desarrollar.
3.1 Las solicitudes serán dirigidas a la Directora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y se presentarán en el Registro General del MNCARS, calle Santa Isabel, 52, 28012 Madrid, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
3.2 A la instancia deberá acompañarse la siguiente documentación:
d) Certificado del expediente académico universitario con calificaciones o documento equivalente que permita de manera indubitada la valoración de dicho expediente. Además, en el caso de título homologado o reconocido, documento suficiente que acredite dicha homologación o reconocimiento.
e) Declaración comprometiéndose a renunciar, si fuera seleccionado, a la percepción de otras remuneraciones o disfrute de otras becas o ayudas, tal como se indica en el apartado 8.4, según modelo que se adjunta en anexo III.
f) Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, mediante la presentación de certificación administrativa expedida al efecto por los órganos competentes, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.3 Cuando la documentación referida estuviera ya en poder de cualquier órgano de la Administración, y conforme a lo previsto en el artículo 23, apartado 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no será necesaria su presentación, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
4.1 El plazo de presentación de instancias será de quince días naturales a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
4.2 Si la solicitud no reuniera los datos o documentos exigidos, el MNCARS requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días naturales, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el apartado 1, párrafo segundo, del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5.1 El estudio de las solicitudes presentadas y la propuesta de selección correrá a cargo de una Comisión de Estudio y Valoración, que será presidida por la Subdirectora General Gerente, formando parte de la misma los siguientes cargos del MNCARS: la Consejera Técnica, la Jefa del Servicio de Personal, la Jefe del Departamento de Registro de Obras de Arte, la Jefa del Servicio de Educación y la Jefa de Sección de Relaciones Públicas.
5.2 En el proceso de selección se valorará especialmente y en primer lugar el expediente universitario (con un máximo de cinco puntos). Con carácter complementario, también se tendrán en cuenta el currículum profesional (con un máximo de medio punto) y la formación del solicitante en arte contemporáneo (con un máximo de medio punto). Igualmente se valorará el conocimiento de idiomas, especialmente inglés (con un máximo de medio punto). Sólo se tendrán en cuenta las calificaciones o méritos apoyados por justificación documental indubitada y suficiente.
5.3 La Comisión ajustará su actuación a lo previsto para los órganos colegiados en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6.1 La Comisión de Estudio y Valoración elaborará una lista con la identidad de los seleccionados y los suplentes, ordenados por la puntuación alcanzada en el proceso de selección. Conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución se dará a conocer a los interesados la citada lista. La notificación se realizará en el tablón de anuncios del MNCARS, en su sede de Santa Isabel, 52, primera planta. Los interesados tendrán un plazo de diez días naturales para formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes pertinentes, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable.
6.2 Finalizado el trámite de audiencia a los interesados, la Comisión formulará la correspondiente propuesta de resolución al Director del MNCARS para la resolución de concesión, según lo previsto en el apartado 5.1. Dicha resolución agota la vía administrativa y la misma podrá recurrirse directamente en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 9, apartado c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo se podrá interponer recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo de un mes.
6.3 La resolución de concesión se notificará a los beneficiarios y se hará pública en el Boletín Oficial del Estado, así como en el tablón de anuncios del MNCARS -en su sede de Santa Isabel, 52, primera planta-, y en la web del museo, haciéndose constar expresamente la desestimación del resto de las solicitudes presentadas.
7.1 La fecha de inicio se comunicará a los beneficiarios en la resolución de concesión de las becas, y el período de disfrute de las mismas finalizará el día 31 de diciembre del 2008, incluido.
7.2 De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de ejercicios económicos posteriores, la beca objeto de esta convocatoria será susceptible de ser renovada, para lo cual deberá formularse una petición acompañada de una memoria justificativa que explique los motivos de la conveniencia, en función de la actividad desarrollada, de renovar la beca. La resolución de renovación indicará el periodo de tiempo por el que se autoriza, que en ningún caso podrá ser superior al de su concesión inicial.
7.3 Los becarios contarán con el asesoramiento, orientación y dirección del responsable del Departamento en que desarrolle su formación, quien definirá las tareas a realizar.
8. Obligaciones de los becarios
8.1 Los becarios, por el solo hecho de solicitar esta beca, se comprometen a aceptar el contenido de esta convocatoria y a cumplir con las obligaciones siguientes:
b) Aceptar por escrito la beca concedida dentro del plazo de diez días naturales a partir de la recepción de la notificación de la concesión por el MNCARS. De no aceptarse la beca dentro de dicho plazo se entenderá que renuncia a la misma, concediéndose al suplente que figure en primer lugar en la resolución de concesión.
c) Incorporarse al MNCARS en el plazo que se establezca en la resolución de concesión a la que se refiere la base 6.
8.2 El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior, o la no realización de los trabajos para su formación práctica en condiciones satisfactorias, podrá suponer, oído el becario, la privación de la beca por el tiempo que quedase pendiente, además de otras responsabilidades que resultasen exigibles.
8.3 Los becarios quedan obligados a someterse a cuantas medidas de comprobación se estime oportuno por la entidad concedente, y a las de control financiero que correspondan a la Intervención General de la Administración del Estado, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
8.4 El disfrute de una ayuda al amparo de esta convocatoria será incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria del interesado, debiéndose reintegrar las cantidades indebidamente percibidas.
8.5 En ningún caso, la condición de beneficiario de la beca dará lugar al establecimiento de relación contractual o estatutaria alguna, ni supondrá, en consecuencia, vinculación laboral o funcionarial entre el becario y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
10 Justificación
10.1 A los efectos de lo dispuesto en el punto cuarto, letra m), de la Orden CUL/4411/2004, 29 de diciembre, los beneficiarios deberán presentar ante el MNCARS una memoria detallada de las actividades realizadas, de modo que quede acreditado el cumplimiento del objeto de la beca, dentro del mes siguiente a la finalización del plazo fijado para su terminación.
10.2 A petición del becario, el MNCARS emitirá un certificado que acredite el correcto cumplimiento de las tareas asignadas.
11. Régimen general de las becas
Las becas que se convocan se ajustarán a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Orden CUL/4411/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas del Ministerio de Cultura en régimen de concurrencia competitiva.
Beca Solicitada: Prácticas museísticas MNCARS
Primer apellido Segundo apellido Nombre Fecha de nacimiento	Localidad ............................................., Provincia ............................................
DNI o pasaporte ...................., Nacionalidad ........................... , Sexo.............
(Indicar fax o e-mail si lo tuviera)
Dirección Calle/plaza ........................................................, Número .............., Piso.........
Localidad ........................, Provincia ........., C.P........, Teléfono .....................
País .......................................................................................................................
Títulos académicos superiores:
(Título, especialidad, universidad, localidad y fechas)
Traduce Escribe	Habla Lee Actividades profesionales:
Cargo o categoría	Centro, departamento o sección Fecha de ingreso y cese Documentación que acompaña:
Copia del DNI, NIF o pasaporte.
Copia del título oficial o, en su caso, resguardo correspondiente.
Currículum vitae académico y/o profesional.
Certificado del expediente académico universitario.
Documentación justificativa del reconocimiento u homologación del título.
Certificación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Otros (especificar) ANEXO III
D./D.ª Declara que:
En el supuesto de ser seleccionado/a por la Comisión de estudio y valoración de la beca de prácticas museísticas en el MNCARS para el año 2008, se compromete a renunciar a la percepción de otras remuneraciones o disfrute de otras becas o ayudas.
En..........................., a .......de ................................... de 2007
RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2007, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se convocan becas de prácticas museísticas para el año 2008	Trámites

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...La salvaguardia de la estabilidad presupuestaria es un instrumento indispensable para lograr este objetivo, tanto para garantizar la financiación adecuada del sector público y los servicios públicos de calidad sobre los que descansa el sistema de bienestar, como para ofrecer seguridad a los inversores respecto a la capacidad de la economía española para crecer y ...Pero, además, la reforma de la Constitución pretende también manifestar el claro compromiso de España con las exigencias de coordinación y definición del marco de estabilidad común de la Unión Europea. Por ello, la referencia a la normativa de estabilidad europea, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica, es constante, siendo además ...Para ello, se recabará de la Corporación Local la información necesaria para cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a los mencionados recursos. Artículo 18, modificado por la Ley Orgánica 9/2013 , de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, publicada en el Boletín Oficial del ...
... Atribución de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Integración del personal de los organismos públicos que se extinguen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Funciones que asume el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia ...Estos principios son también fundamentales en el diseño y definición de las políticas regulatorias de las actividades económicas. En este marco, los organismos supervisores tienen por objeto velar por el correcto funcionamiento de determinados sectores de la ...No podrán asistir a las reuniones del Consejo los miembros del Gobierno ni los altos cargos de las Administraciones Públicas. Ver Citas: 2 disposiciones normativas ARTÍCULO 15 Nombramiento y mandato de los miembros del Consejo. 1. Los miembros del Consejo, y entre ellos el Presidente y ...
... Tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos (arts. 12 a 19) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Postulación de los funcionarios públicos DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Exención temporal de la tasa de alta y modificación de fichas toxicológicas DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa DISPOSICIÓN FINAL ... de importe reducido aplicable a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a efectos de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, y una exención temporal con el fin de compensar a aquellas empresas que a través de sus asociaciones han contribuido, incluso económicamente, a la ... controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía. 2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa: a) Las personas a las que se ...
... De la ejecución de las sentencias firmes de despido (arts. 278 a 286) CAPÍTULO IV. De la ejecución de sentencias frente a entes públicos (arts. 287 a 288) TÍTULO II. De la ejecución provisional (arts. 289 a 305) CAPÍTULO I. De las sentencias condenatorias al pago de cantidades (arts. 289 a 293) ...La agilización de la tramitación procesal pretende ofrecer a los tribunales españoles y a quienes actúen ante ellos, un marco procesal que asegure mayor precisión y eficacia en la definición y aplicación jurisdiccional de los derechos y deberes de trabajadores y empresarios, así como de los niveles de cobertura de seguridad social ante situaciones de necesidad. Estos efectos redundan ... la relación de Seguridad Social, cuando legalmente no precisen para la celebración de dichos contratos autorización de sus padres, tutores o de la persona o institución que los tenga a su cargo, o hubieran obtenido autorización para contratar de sus padres, tutores o persona o institución que los tenga a su cargo conforme a la legislación laboral o la legislación civil o mercantil ...
... Disposiciones generales (arts. 11 a 15) CAPÍTULO II. Administración portuaria estatal (arts. 16 a 35) SECCIÓN 1ª. Organismo Público Puertos del Estado (arts. 16 a 23) SECCIÓN 2ª. Autoridades Portuarias (arts. 24 a 35) TÍTULO II. Régimen presupuestario, tributario, patrimonial, de ... Seguridad Marítima ANEXO I. Puertos de interés general ANEXO II. Definiciones a los efectos de esta ley Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre , corregido por la Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre , por el que se ...1. El Presidente de Puertos del Estado será nombrado por el Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Fomento. El Presidente podrá simultanear su cargo con el de Presidente o Vocal del Consejo de Administración de las sociedades participadas por el Organismo Público, con los requisitos y las limitaciones retributivas que se derivan de la ...
... Residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades, seguridad nacional o interés público (arts. 123 a 130) CAPÍTULO II. Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género (arts. 131 a 134) ...El extranjero deberá acreditar, en el momento de la entrada, que dispone de recursos o medios económicos suficientes para su sostenimiento y el de las personas a su cargo que viajen con él, durante el periodo de permanencia en España, o que está en condiciones de obtener legalmente dichos medios, así como para cubrir el traslado a otro país o el retorno al país ...Ver Citas: 25 sentencias TÍTULO II Tránsito aeroportuario ARTÍCULO 25 Definición. Se encuentran en tránsito aeroportuario aquellos extranjeros habilitados para permanecer en la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español, sin acceder al territorio nacional, durante ...
... Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Aplicación del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores en el Sector Público DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Control de la incapacidad temporal y ... las condiciones de disfrute de determinados supuestos de permisos de los trabajadores en materia de conciliación de vida laboral y familiar, la cuenta de formación de los trabajadores, definición de supuestos determinados de protección por desempleo y su acreditación, modificaciones en el subsistema de formación profesional para el empleo y horas extraordinarias en los contratos a tiempo ... de las Empresas de Trabajo Temporal, en el que se inscribirán las empresas autorizadas, haciendo constar los datos relativos a la identificación de la empresa, nombre de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, domicilio, ámbito profesional y geográfico de actuación, número de ...
...190 a 198) CAPÍTULO III. Del incidente concursal (arts. 192 a 196) CAPÍTULO IV. De los recursos (art. 197) CAPÍTULO V. Registro Público Concursal (art. 198) TÍTULO IX. De las Normas de Derecho Internacional Privado (arts. 199 a 230) CAPÍTULO I. Aspectos generales (arts. 199 a 200) CAPÍTULO II. De la ley ...De no estar afectados por un convenio, los créditos con privilegio especial se pagarán con cargo a los bienes y derechos sobre los que recaiga la garantía. La ejecución se tramitará ante el juez del concurso. No obstante, en tanto subsista la paralización temporal de estas acciones, la ...La delimitación de los ámbitos concursal y extraconcursal de la concurrencia y prelación de créditos, si bien responde a una correcta definición de la materia propia de esta ley, puede ocasionar en la práctica problemas de desajuste, por la muy diversa regulación que mantiene el viejo derecho respecto de la que establece la reforma ...
...30) SECCIÓN 3ª. Mecanismos de protección de los clientes de servicios financieros (art. 31) CAPÍTULO IV. Sostenibilidad financiera del sector público (arts. 32 a 36) CAPÍTULO V. Contratación Pública y Colaboración Público Privada (arts. 37 a 38) CAPÍTULO VI. Responsabilidad Social de las Empresas (art. 39) TÍTULO ...Esta definición permite ampliar el ámbito de la reducción del rendimiento neto de actividades económicas. Para los grupos fiscales se incorpora la simplificación en la comunicación de sus variaciones. ...Ver Citas: un artículo doctrinal , 3 disposiciones normativas ARTÍCULO 16 Causas de cese en el ejercicio del cargo. Artículo 16, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013. ...
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REAL Decreto 1388/2008, de 1 de agosto, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en materia de enseñanza: homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias
REAL Decreto 1388/2008, de 1 de agosto, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en materia de enseñanza: homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias	REAL Decreto 1388/2008, de 1 de agosto, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en materia de enseñanza: homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias Mis Leyes
REAL Decreto 1388/2008, de 1 de agosto, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en materia de enseñanza: homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias Estado	:
1388/2008	Boletín Oficial	:
Ministerio de Administraciones Públicas	Artículo 1.Artículo 2.Artículo 3.Artículo 4.Disposición final única. Entrada en vigor.ANEXO ITítulo o estudios extranjeros que se homologan o convalidan. País de origen de los estudios.Título o estudios españoles con los que homologan o convalidan. Fecha de concesión de la homologación.Sección 18. Ministerio de Educación y Ciencia
La Constitución Española, en su artículo 149.1.30.ª, reserva al Estado la competencia exclusiva sobre regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución Española, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, establece a su artículo 131.4 que corresponde a la Generalitat, en materia de enseñanza no universitaria, la competencia ejecutiva sobre la expedición y la homologación de los títulos académicos y profesionales estatales.
Mediante el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, se traspasaron a la Generalitat de Cataluña las funciones y servicios en materia de Enseñanza, procediendo ahora completar y ampliar el traspaso efectuado.
Finalmente, el Real Decreto 1666/1980, de 31 de julio, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Generalitat de Cataluña.
De conformidad con lo dispuesto en el real decreto citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña, esta Comisión adoptó en su reunión del día 29 de julio de 2008, el oportuno acuerdo sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en materia de enseñanza: homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias que eleva al Gobierno para su aprobación mediante real decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a propuesta de la Ministra de Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de agosto de 2008,
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña, por el que se amplían las funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en materia de enseñanza: homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión del día 29 de julio de 2008, y que se transcribe como anexo de este real decreto.
En consecuencia, quedan traspasados a la Generalitat de Cataluña las funciones y servicios, así como los medios personales y los créditos presupuestarios correspondientes en los términos que resultan del propio Acuerdo y de las relaciones anexas números 1 y 2.
El traspaso a que se refiere este real decreto tendrá efectividad a partir del día señalado en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que los Ministerios de Educación, Política Social y Deporte y de Administraciones Públicas produzcan hasta entonces, en su caso, los actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción del acuerdo.
Los créditos presupuestarios que se determinen con arreglo a la relación número 2 del anexo, serán dados de baja en los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados a financiar el coste de los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al Departamento citado, por parte de las Oficinas Presupuestarias de Educación, Política Social y Deporte y de Administraciones Públicas, los respectivos certificados de retención de crédito, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Generales del Estado.
El presente real decreto será publicado simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña», y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
Doña Pilar Andrés Vitoria y don Xavier Bernadí i Gil, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña
Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Transferencias, celebrada el día 29 de julio de 2008, se adoptó un Acuerdo sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña por Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en materia de Enseñanza: Homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias, en los términos que a continuación se expresan:
La disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el Real Decreto 1666/1980, de 31 de julio, establecen las normas que regulan la forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Generalitat de Cataluña.
Finalmente, el artículo 210.2.f) del citado Estatuto de Autonomía establece que corresponde a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat acordar la valoración de los traspasos de servicios del Estado a la Generalitat.
Sobre la base de estas previsiones constitucionales, estatutarias y legales procede formalizar el acuerdo sobre ampliación de las funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña en materia de enseñanza: expedición y homologación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias.
Se traspasan a la Generalitat de Cataluña las funciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias, de acuerdo con las tablas de equivalencia vigentes en cada momento o, en su caso, de los criterios generales y tablas de correspondencia elaboradas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña comunicará al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte las resoluciones de homologación adoptadas por el órgano competente, para que este proceda a su registro en una sección especial del Registro Central de Títulos y a la asignación de un número nacional de credencial que deberá figurar en la misma.
Las resoluciones del órgano competente de la Generalitat de Cataluña por las que se conceda la homologación o convalidación se formalizarán mediante una credencial, cuya fecha de expedición será la misma de la resolución de homologación y tendrá efectos en todo el territorio nacional. Las características técnicas que deben cumplir los modelos de credencial se especifican en el Anexo I.
Mediante convenio entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña se establecerá el procedimiento para el acceso a la base de datos de homologaciones y convalidaciones del Ministerio, así como el acceso y utilización del sistema de seguridad para evitar las posibles falsificaciones.
D) Personal y puestos de trabajo vacantes que se amplían.
1. El personal y puestos de trabajo vacantes adscritos a los servicios que se traspasan, aparecen referenciados nominalmente en la relación adjunta número 1. Dicho personal pasará a depender de la Generalitat de Cataluña en los términos legalmente previstos por el Estatuto de Autonomía y demás normas en cada caso aplicables y en las mismas circunstancias que se especifican en sus expedientes de personal.
2. Por la Subsecretaría de Administraciones Publicas se notificará a los interesados el traspaso y su nueva situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe este acuerdo por real decreto.
Asimismo, se remitirá a los órganos competentes de la Generalitat de Cataluña una copia certificada de todos los expedientes de este personal traspasado, así como los certificados de haberes referidos a las cantidades devengadas por los mismos durante 2008.
De conformidad con lo establecido en el artículo 210.2.f) del Estatuto de Autonomía y en el Reglamento de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, con fecha 28 de julio de 2008 la Subcomisión creada para acordar la valoración de los medios traspasados a la Comunidad, ha aprobado el acuerdo de valoración siguiente:
1. La valoración provisional, en valores del año base 1999, que corresponde al coste efectivo anual de los medios que se amplían a la Generalitat de Cataluña se eleva a 30.427,39 euros.
2. La financiación, en euros de 2008, que corresponde al coste efectivo anual de los medios que se amplían, se detalla en la relación adjunta número 2.
H) Fecha de efectividad de la ampliación.
La ampliación de funciones y servicios, objeto de este acuerdo, tendrá efectividad a partir del día 1 de enero de 2009.
Y, para que conste, se expide la presente certificación en Madrid, a 29 de julio de 2008. Los Secretarios de la Comisión Mixt, Pilar Andrés Vitoria y Xavier Bernadí i Gil.
Modelo de credencial. En la credencial deberán figurar, en texto bilingüe, en un solo documento redactado en castellano y en catalán, los siguientes datos:
Título o estudios extranjeros que se homologan o convalidan. País de origen de los estudios.
Título o estudios españoles con los que homologan o convalidan. Fecha de concesión de la homologación.
Se expedirán sobre soporte de papel celulósico tamaño UNE A-4 de 100 gr/m2, exento de blanqueante óptico, con fibrillas invisibles de respuesta a la luz ultravioleta, tomando como referencia, en lo que sean aplicables, las especificaciones contenidas en el Real Decreto 733/1995, de 5 de mayo.
Personal adscrito a los servicios de Instituciones que se traspasan (Coste 2008).
social Euros
Jefe de Negociado NCD.16 C1.
10.053,96
7.680,15
17.734,11
Auxiliar de Oficina NCD.14 C2.
García Alaman, Abel.
NRP: 4621814368.
9.692,48
7.033,21
16.725,69
TOTAL 19.746,44
14.713,35
34.459,79
Técnico Superior G3.
Güell Urresti, Susana Paula.
17.407,46
18.375,86
5.548,56
Técnico Superior Gestión y Servicios Comunes G1.
Basco Coma, Alba.
NRP 4930724.
30.255,54
4.095,36
34.350,90
10.700,28
Ayudante de Gestión G5.
Sánchez Tárraga, Luisa.
NRP: 3734578368
16.570,20
4.599,12
TOTAL 64.233,20
5.063,76
69.296,96
20.847,96
En el supuesto de que resulte necesario introducir correcciones o adecuaciones en la identificación de los puestos y de los empleados públicos de esta relación, se llevarán a cabo mediante certificación expedida por la Secretaría de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Generalitat de Cataluña.
Sección 18. Ministerio de Educación y Ciencia
Servicio 02. Secretaría General Técnica Programa 321M. Dirección y Servicios Generales de la Educación
02.321M. art. 12:	38.804,33
02.321M. art. 22	6.001,63
Total coste Sección 18	44.805,96
Servicio 01. Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales Programa 921P. Administración Periférica del Estado
Capítulo 1: Gastos de Personal	126.047,4
Capítulo 2: Gastos Corrientes	31.368,99 Capítulo 6: Inversiones Reales	7.880,06 Total coste Sección 22	165.296,48
Coste Sección 18. Ministerio de Educación y Ciencia 44.805,96
Coste Sección 22. Ministerio de Administraciones Públicas 165.296,48
Créditos afectados por el traspaso 210.102,44
A deducir: Recaudación ingresos por tasa 079 156.468,08
Total coste efectivo neto 53.634,36
REAL Decreto 1388/2008, de 1 de agosto, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en materia de enseñanza: homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias	Trámites

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artículo 210
resolución
artículo 210
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Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenaci�n de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (Vigente hasta el 17 de Septiembre de 2006).
Publicado en BOE de 10 de Febrero de 1995
Vigencia desde 20 de Febrero de 1995. Esta revisi�n vigente desde 05 de Enero de 2000 hasta 17 de Septiembre de 2006
Vigente desde 20/Febrero/1995 hasta 5/Enero/2000
Vigente desde 5/Enero/2000 hasta 17/Septiembre/2006
�La incorporaci�n de nuevas t�cnicas o procedimientos diagn�sticos o terap�uticos, en el �mbito de las prestaciones a que se refiere este Real Decreto, deber� ser valorada, en cuanto a su seguridad, eficacia y eficiencia, por la Administraci�n sanitaria del Estado, conforme a lo previsto en el art�culo
.�Prestaciones sanitarias, facilitadas directamente a las personas por el Sistema Nacional de Salud y financiadas con cargo a la Seguridad Social o fondos estatales adscritos a la sanidad
.�Asistencia sanitaria cuyo importe ha de reclamarse a los terceros obligados al pago
.�Prestaciones que no son financiables con cargo a la Seguridad Social o fondos estatales destinados a la asistencia sanitaria
Real Decreto 63/1995, 20 enero, derogado, excepto su disposici�n adicional cuarta en tanto se desarrolla el contenido de la cartera de servicios de atenci�n sociosanitaria, por el apartado 1 de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualizaci�n (�B.O.E.� 16 septiembre), el 17 de septiembre de 2006.
T�ngase en cuenta que la disposici�n transitoria �nica de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesi�n y calidad del Sistema Nacional de Salud (�B.O.E.� 29 mayo), establece que en tanto no se apruebe el real decreto por el que se desarrolle la cartera de servicios, mantendr� su vigencia la presente norma.
Pre�mbulo La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece la regulaci�n de las acciones conducentes a la efectividad del derecho a la protecci�n de la salud reconocido en los art�culos 43 y concordantes de la Constituci�n.
El contenido de este derecho tiene una doble dimensi�n, colectiva e individual. La garant�a de la primera est� en parte cubierta por otro derecho fundamental, el de disfrutar de un medio ambiente adecuado en los t�rminos del art�culo 45 del propio texto constitucional, pero requiere tambi�n acciones espec�ficas de defensa de la salud p�blica, mediante el control sanitario de los alimentos y dem�s productos de uso o consumo humano, con arreglo a lo dispuesto en la normativa correspondiente, en particular, las reglamentaciones t�cnico-sanitarias de productos, actividades y servicios, cuya aplicaci�n es controlada por los servicios de salud.
La importancia decisiva que reviste la dimensi�n colectiva del derecho a la protecci�n de la salud se completa con el n�cleo irrenunciable de la dimensi�n personal, es decir, por la relaci�n de toda persona con su propio bienestar f�sico y mental, que debe ser respetado y promovido por los poderes p�blicos m�s all� del establecimiento de unas normas o pautas de salubridad en el entorno en que la vida se desarrolla.
Esa faceta personal del derecho requiere la actuaci�n de los poderes p�blicos en el doble plano de la prevenci�n, para la que es fundamental la labor educativa encaminada a la difusi�n de h�bitos saludables de conducta en la vida cotidiana, y de la asistencia, mediante las necesarias prestaciones cuando la salud se quiebra o decae. Esta manera de enfocar la garant�a del derecho est� expl�cita en la formulaci�n del art�culo 43 de la Constituci�n, al configurarlo como un derecho a la protecci�n de la salud y no como un derecho a la sanidad, contra�do exclusivamente a la recepci�n de una asistencia en caso de accidente o enfermedad.
La misma concepci�n inspira, como es l�gico, a la Ley General de Sanidad, cuyo art�culo 3.1 establece que �los medios y actuaciones del sistema sanitario estar�n orientados prioritariamente a la promoci�n de la salud y a la prevenci�n de las enfermedades�. La asistencia preventiva y reparadora, mediante las prestaciones financiadas con cargo a la Seguridad Social o a fondos estatales adscritos a la sanidad, es funci�n capital del Sistema Nacional de Salud, en cumplimiento de lo previsto en los art�culos 41 y 43.2 de la Constituci�n, desarrollados en los art�culos 3.2, 6, 18, 45 y concordantes de la Ley General de Sanidad y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art�culo 101 de la Ley General de la Seguridad Social, de 30 de mayo de 1974.
Precisamente, el art�culo 3.2 de la repetida Ley, al introducir el transcendental principio de la universalizaci�n del derecho a la asistencia sanitaria, lo apostilla ordenando que �el acceso y las prestaciones sanitarias se realizar�n en condiciones de igualdad efectiva�. Esta disposici�n no es sino la aplicaci�n, en este �mbito concreto, del derecho a la igualdad reconocido en el art�culo 14 de la Constituci�n, cuya realizaci�n efectiva deben promover los poderes p�blicos, correspondiendo en concreto al Estado la regulaci�n de las condiciones b�sicas que garanticen dicha igualdad cuando est�n en juego derechos fundamentales (art�culo 149.1.1�), como ocurre en el presente caso con los reconocidos en los art�culos 41, 43, 49, 50 y 51, todos ellos del texto constitucional.
En el marco normativo definido por los preceptos constitucionales y legales aplicables, el presente Real Decreto ordena y sistematiza las atenciones y prestaciones sanitarias directas y personales del Sistema Nacional de Salud, partiendo de los niveles alcanzados por los diferentes reg�menes p�blicos de protecci�n sanitaria, pero acomod�ndolos a los principios b�sicos establecidos en la Ley General de Sanidad, como prev� su disposici�n final decimocuarta. Entre tales principios, que desarrollan y concretan los formulados de modo m�s abstracto abstracto y general en los preceptos constitucionales antes rese�ados, cabe destacar los siguientes:
a) La universalizaci�n del derecho a la asistencia en todos los casos de p�rdida de la salud (art�culos 1.2, 3.2, 6.4, 46.a, 81 y disposici�n transitoria quinta de la Ley).
b) En conexi�n con el anterior, la garant�a de la igualdad sustancial de toda la poblaci�n en cuanto a las prestaciones sanitarias y la inexistencia de cualquier tipo de discriminaci�n en el acceso, administraci�n y r�gimen de prestaci�n de los servicios sanitarios (art�culos 3.2, 10.1 y 43.2.f de la Ley, en relaci�n a los art�culos 14, 138.2, 139.1 y 149.1.1� de la Constituci�n).
c) La eficacia, econom�a, racionalizaci�n, organizaci�n, coordinaci�n e integraci�n de los recursos sanitarios p�blicos para hacer efectivas las prestaciones sanitarias y mantener altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados (art�culos 7, 46 y 51.1 de la Ley).
d) La determinaci�n de fines u objetivos m�nimos comunes y de criterios m�nimos b�sicos y comunes en materia de asistencia sanitaria (art�culo 70.2, p�rrafos b) y d), de la Ley).
e) La homologaci�n de las atenciones y prestaciones del sistema sanitario p�blico que, en cuanto son financiadas con cargo a la Seguridad Social o fondos estatales adscritos a la sanidad, han de ajustarse necesariamente a la asignaci�n de recursos financieros, conforme a lo dispuesto en el art�culo 134.2 de la Constituci�n, en el art�culo 81 de la Ley General de la Sanidad y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada a�o.
f) La reclamaci�n del coste de los servicios prestados siempre que aparezca un tercero obligado al pago o cuando no constituyan prestaciones de la Seguridad Social (art�culo 83 de la Ley General de Sanidad y disposici�n adicional 22 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio).
La presente disposici�n se dicta de acuerdo con lo previsto en los art�culos 9.2, 31.2, 41, 43, 49, 50, 51 y en los apartados 1�, 16� y 17� del art�culo 149.1 de la Constituci�n.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo, previos los informes de las Organizaciones Profesionales Sanitarias, del Consejo de Consumidores y Usuarios y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 20 de enero de 1995,
El Sistema Nacional de Salud facilitar� atenci�n y asistencia sanitaria a toda la poblaci�n, conforme a lo establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en este Real Decreto y dem�s disposiciones que resulten de aplicaci�n.
2. Dichas prestaciones ser�n realizadas, conforme a las normas de organizaci�n, funcionamiento y r�gimen de los servicios de salud, por los profesionales y servicios sanitarios de atenci�n primaria y por los de las especialidades a que se refieren los apartados 1 y 2 del anexo del Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, de especialidades m�dicas; el Real Decreto 992/1987, de 3 de julio, sobre especialidades de enfermer�a; grupo primero del art�culo 3 del Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre, sobre especializaciones de la profesi�n farmac�utica, o las normas que los modifiquen o sustituyan, y por los dem�s profesionales, especialistas y servicios sanitarios legalmente reconocidos.
3. En todo caso, no se considerar�n incluidas en las prestaciones sanitarias aquellas atenciones, actividades o servicios en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que no exista suficiente evidencia cient�fica sobre su seguridad y eficacia cl�nicas o que hayan quedado manifiestamente superadas por otras disponibles.
b) Que no est� suficientemente probada su contribuci�n eficaz a la prevenci�n, tratamiento o curaci�n de las enfermedades, conservaci�n o mejora de la esperanza de vida, autovalimiento y eliminaci�n o disminuci�n del dolor y el sufrimiento.
c) Que se trate de meras actividades de ocio, descanso, confort, deporte, mejora est�tica o cosm�tica, uso de aguas, balnearios o centros residenciales, u otras similares, sin perjuicio de su posible atenci�n por los servicios sociales o de otra naturaleza.
1. La asistencia sanitaria a que se refiere el anexo II de este Real Decreto podr� ser realizada en el �mbito del Sistema Nacional de Salud. No obstante, conforme a lo previsto en el art�culo 83 de la Ley General de Sanidad y a la disposici�n adicional 22 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, proceder� la reclamaci�n del importe de los servicios realizados a los terceros obligados al pago.
2. Proceder� asimismo a la reclamaci�n del importe de los servicios a los usuarios sin derecho a la asistencia de los servicios de salud, admitidos como pacientes privados, conforme a lo establecido en el art�culo 16 de la Ley General de Sanidad.
Las prestaciones relacionadas en el anexo III de este Real Decreto no ser�n financiadas con cargo a fondos de los Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social destinados a la asistencia sanitaria. No obstante, podr�n ser realizadas en el �mbito del Sistema Nacional de Salud, bien sea con cargo a otros fondos p�blicos o con cargo a los particulares que las soliciten.
1. La utilizaci�n de las prestaciones se realizar� con los medios disponibles en el Sistema Nacional de Salud, en los t�rminos y condiciones previstos en la Ley General de Sanidad y dem�s disposiciones que resulten de aplicaci�n y respetando los principios de igualdad, uso adecuado y responsable y prevenci�n y sanci�n de los supuestos de fraude, abuso o desviaci�n.
2. Las prestaciones recogidas en el anexo I solamente ser�n exigibles respecto del personal, instalaciones y servicios, propios o concertados, del Sistema Nacional de Salud, salvo lo establecido en los convenios internacionales.
3. En los casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de car�cter vital, que hayan sido atendidos fuera del Sistema Nacional de Salud, se reembolsar�n los gastos de la misma, una vez comprobado que no se pudieron utilizar oportunamente los servicios de aqu�l, y que no constituye una utilizaci�n desviada o abusiva de esta excepci�n.
1. Los servicios de salud informar�n a los ciudadanos de sus derechos y deberes, de las prestaciones y servicios del Sistema Nacional de Salud y de los requisitos necesarios para su uso, conforme a lo previsto en los art�culos 9, 10.2 y 11 de la Ley General de Sanidad.
2. Los diferentes centros y establecimientos sanitarios facilitar�n igualmente informaci�n al p�blico de los servicios, prestaciones y actividades que realizan debidamente autorizados.
La incorporaci�n de nuevas t�cnicas o procedimientos diagn�sticos o terap�uticos, en el �mbito de las prestaciones a que se refiere este Real Decreto, deber� ser valorada, en cuanto a su seguridad, eficacia y eficiencia, por la Administraci�n sanitaria del Estado, conforme a lo previsto en el art�culo 1 110 de la Ley General de Sanidad.
2. El Ministerio de Sanidad y Consumo podr� autorizar, por propia iniciativa o a propuesta de los correspondientes servicios de salud y con car�cter previo a su aplicaci�n generalizada en el Sistema, la utilizaci�n de determinadas t�cnicas o procedimientos por un plazo limitado y en la forma y con las garant�as que considere oportunas.
3. Lo establecido en esta disposici�n se entiende sin perjuicio de la evaluaci�n y promoci�n de la calidad asistencial, del fomento y realizaci�n de la investigaci�n y de las actuaciones dirigidas a la prevenci�n de las enfermedades.
La incorporaci�n de nuevas prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, con cargo a la Seguridad Social o fondos estatales adscritos a la sanidad, se realizar� mediante Real Decreto, previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y dictamen del Consejo de Estado y se tendr�n en cuenta su eficacia, eficiencia, seguridad y utilidad terap�uticas, las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales.
La prestaci�n farmac�utica se regir� por sus disposiciones propias.
La atenci�n a los problemas o situaciones sociales o asistenciales no sanitarias que concurran en las situaciones de enfermedad o p�rdida de la salud tendr�n la consideraci�n de atenciones sociales, garantiz�ndose en todo caso la continuidad del servicio a trav�s de la adecuada coordinaci�n por las Administraciones p�blicas correspondientes de los servicios sanitarios y sociales.
Lo dispuesto en este Real Decreto no afecta a las actividades y prestaciones sanitarias realizadas por las Comunidades Aut�nomas, con cargo a sus propios recursos o mediante precios, tasas u otros ingresos, con arreglo a sus Estatutos de Autonom�a y normas de desarrollo.
El presente Real Decreto se dicta al amparo del art�culo 149.1.1�, 16� y 17�, de la Constituci�n.
1� Los art�culos 1.1, 15, 18, 19, 21 al 30, 31, apartados 1 y 2, 32, 33 y la disposici�n final del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenaci�n de los servicios m�dicos en el r�gimen general de la Seguridad Social.
2� El Decreto 1872/1971, de 23 de julio, en cuanto modifica los art�culos citados del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre.
3� El Decreto 2575/1973, de 14 de septiembre, por el que se modifica el art�culo 18 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre.
Por el Ministro de Sanidad y Consumo se dictar�n cuantas disposiciones requiera la aplicaci�n de lo establecido en este Real Decreto.
ANEXO I Prestaciones sanitarias, facilitadas directamente a las personas por el Sistema Nacional de Salud y financiadas con cargo a la Seguridad Social o fondos estatales adscritos a la sanidad Prestaciones sanitarias, facilitadas directamente a las personas por el Sistema Nacional de Salud y financiadas con cargo a la Seguridad Social o fondos estatales adscritos a la sanidad
Modalidades de las prestaciones sanitarias
1� Las prestaciones sanitarias comprenden las siguientes modalidades:
a) Atenci�n primaria.
b) Atenci�n especializada.
c) Prestaciones farmac�uticas.
e) Servicios de informaci�n y documentaci�n sanitaria.
2� Las prestaciones personales de car�cter preventivo se consideran integradas en las anteriores, en la forma que se especifica en cada caso.
3� Las citadas prestaciones comprender�n tambi�n las medidas preventivas y la asistencia sanitaria que las autoridades sanitarias consideren necesarias en los supuestos de enfermedades o riesgos transmisibles o peligro para la salud de la poblaci�n, a que se refieren los art�culos 1 y 2 de la Ley Org�nica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud p�blica.
Con car�cter general, la atenci�n primaria comprender�:
c) La indicaci�n o prescripci�n, y la realizaci�n en su caso, por el m�dico de atenci�n primaria, de las pruebas y medios diagn�sticos b�sicos.
d) Las actividades, programadas por los servicios de salud, en materia de educaci�n sanitaria, vacunaciones, ex�menes de salud y otras actividades o medidas programadas para la prevenci�n de las enfermedades, la promoci�n de la salud o la rehabilitaci�n.
e) La administraci�n de tratamientos parenterales y curas y cirug�a menor.
f) Las dem�s atenciones, prestaciones y servicios que se se�alan o concretan a continuaci�n.
1� Atenci�n a la mujer.
Adem�s de lo ya indicado con car�cter general, la atenci�n primaria a la mujer comprender�:
a) La atenci�n precoz y el seguimiento sanitario del embarazo.
b) La preparaci�n para el parto.
c) La visita durante el primer mes del postparto.
d) La detecci�n de grupos de riesgo y el diagn�stico precoz del c�ncer ginecol�gico y de mama, conforme a los programas establecidos por los servicios de salud.
e) El tratamiento de las complicaciones patol�gicas de la menopausia, conforme a los programas de los servicios de salud.
2� Atenci�n a la infancia.
Adem�s de lo ya indicado con car�cter general, la atenci�n primaria a los menores, hasta los catorce a�os de edad cumplidos, comprender�:
a) La informaci�n y educaci�n sanitarias a los interesados y a sus padres, tutores, maestros, profesores o cuidadores.
b) Las vacunaciones seg�n el calendario oficial del servicio.
c) Las revisiones del ni�o sano, seg�n los programas establecidos por los servicios de salud.
3� Atenci�n al adulto y anciano.
Adem�s de lo ya indicado con car�cter general, la atenci�n primaria a los mayores de catorce a�os comprender�:
b) La detecci�n de factores de riesgo, cuando existan medidas de eficacia comprobada para eliminarlos o reducirlos.
c) La educaci�n, la atenci�n y asistencias sanitarias a enfermos con procesos cr�nicos.
d) La atenci�n a los problemas espec�ficos de salud, durante la tercera edad, conforme a lo previsto en el art�culo 50 de la Constituci�n.
e) La atenci�n domiciliaria a pacientes inmovilizados y terminales.
4� Atenci�n de urgencia.
La atenci�n primaria de urgencia, a las personas de cualquier edad, se prestar� de forma continuada, durante las veinticuatro horas del d�a, mediante la atenci�n m�dica y de enfermer�a, en r�gimen ambulatorio o en el domicilio del paciente, en los casos en que la situaci�n de �ste as� lo requiera.
5� Atenci�n a la salud buco-dental.
La atenci�n primaria a la salud buco-dental comprender�:
a) La informaci�n y educaci�n en materia de higiene y salud buco-dental.
b) Las medidas preventivas y asistenciales; aplicaci�n del fl�or t�pico, obturaciones, sellados de fisuras u otras, para poblaci�n infantil, de acuerdo con la financiaci�n y los programas especiales para la salud buco-dental de cada a�o.
c) Tratamiento de procesos agudos odontol�gicos, incluida la extracci�n de piezas dentarias.
d) La exploraci�n preventiva de la cavidad oral a mujeres embarazadas.
Otros servicios, atenciones y prestaciones de atenci�n primaria.
a) La aplicaci�n y reposici�n de sondajes vesicales y nasog�stricos.
b) La remisi�n o derivaci�n de los pacientes a la asistencia especializada, por indicaci�n del m�dico de atenci�n primaria, conforme se indica en el apartado 3.2�,a).
c) Los tratamientos de rehabilitaci�n b�sicos, previa indicaci�n m�dica, conforme a los programas establecidos por los servicios de salud.
d) La indicaci�n y seguimiento de los distintos m�todos anticonceptivos.
1� Modalidades de la asistencia especializada.
La atenci�n y asistencia sanitaria especializada, una vez superadas las posibilidades de diagn�stico y tratamiento de la atenci�n primaria, comprender�:
a) La asistencia ambulatoria especializada en consultas, que puede incluir la realizaci�n de procedimientos quir�rgicos menores.
b) La asistencia ambulatoria especializada en �hospital de d�a�, para aquellos pacientes que precisen cuidados especializados continuados, m�dicos o de enfermer�a, incluida la cirug�a mayor en cuanto no requiera estancia hospitalaria.
c) La asistencia especializada en r�gimen de hospitalizaci�n, que incluye la asistencia m�dica, quir�rgica, obst�trica y pedi�trica para procesos agudos, reagudizaci�n de procesos cr�nicos o ~realizaci�n de tratamientos o procedimientos diagn�sticos que as� lo aconsejen.
d) La atenci�n de la salud mental y la asistencia psiqui�trica, que incluye el diagn�stico y seguimiento cl�nico, la psicofarmacoterapia y las psicoterapias individuales, de grupo o familiares y, en su caso, la hospitalizaci�n, de acuerdo con lo especificado en el apartado anterior.
Acceso a la asistencia especializada.
Con car�cter general, el acceso a la asistencia ambulatoria especializada se realizar� por indicaci�n del m�dico de atenci�n primaria.
b) Acceso a la asistencia en r�gimen de hospitalizaci�n.
Con car�cter general, el acceso a la asistencia especilizada en r�gimen de hospitalizaci�n se realizar� por indicaci�n del m�dico especialista o a trav�s de los servicios de urgencia, cuando el paciente necesite previsiblemente cuidados especiales y continuados, no susceptibles de ser prestados de forma ambulatoria o a domicilio.
El acceso a los servicios hospitalarios de referencia se realizar� por indicaci�n de los dem�s servicios especializados, conforme al procedimiento que se establezca por los servicios de salud, teniendo en cuenta lo previsto en el art�culo 15.2 de la Ley General de Sanidad.
3� Contenido de la asistencia hospitalaria.
La asistencia hospitalaria especializada, salvo lo establecido en el anexo III, comprender�:
a) La realizaci�n de los ex�menes y pruebas diagn�sticas, incluido el examen neonatal, y la aplicaci�n de tratamientos o procedimientos terap�uticos que necesite el paciente, independientemente de que su necesidad venga o no causada por el proceso o motivo de su admisi�n y hospitalizaci�n.
b) Tratamientos o intervenciones quir�rgicas dirigidas a la conservaci�n o mejora de la esperanza de vida, autovalimiento y eliminaci�n o disminuci�n del dolor y el sufrimiento.
d) Rehabilitaci�n.
e) Implantaci�n de pr�tesis y su oportuna renovaci�n.
f) Medicaci�n, curar, gases medicinales y material fungible y productos sanitarios que sean precisos.
g) Alimentaci�n, seg�n la dieta prescrita.
h) Nutrici�n parenteral y enteral.
i) Estancia en habitaci�n compartida, o individual cuando las especiales circunstancias del paciente lo precisen, incluyendo los servicios hoteleros b�sicos directamente relacionados con la propia hospitalizaci�n.
4� Atenci�n y servicios de urgencia hospitalaria.
La atenci�n de urgencia en los hospitales se prestar�, durante las veinticuatro horas del d�a, a pacientes no ingresados que sufran un situaci�n cl�nica aguda que obligue a una atenci�n inmediata de los servicios del hospital. El acceso del paciente al servicio de urgencia hospitalario se realizar� por remisi�n del m�dico de la atenci�n primaria o especializada o por razones de urgencia o riesgo vital que pudieran requerir medidas terap�uticas exclusivas del medio hospitalario. La asistencia hospitalaria de urgencia comprendr� el diagn�stico, primeros cuidados y tratamientos necesarios para atender la urgencia o necesidad inmediata, evaluar el proceso y las circunstancias del paciente y referirlo al nivel de atenci�n primaria o especializada que se considere adecuado.
5� Otros servicios y prestaciones.
La asistencia sanitaria especializada incluir� adem�s, conforme a las normas de organizaci�n, funcionamiento y r�gimen de los servicios de salud, los siguientes servicios y prestaciones:
b) Diagn�stico y tratamiento de la infertilidad.
c) Diagn�stico prenatal en grupos de riesgo.
d) Diagn�stico por imagen: radiolog�a general, ecograf�a, mamograf�a, tomograf�a axial computerizada (T.A.C.), resonancia magn�tica, angiograf�a y gammagraf�a, as� como densitometr�a �sea conforme a los programas de los servicios de salud.
e) Laboratorio: anatom�a patol�gica, bioqu�mica, gen�tica, hematolog�a, inmunolog�a, microbiolog�a y parasitolog�a.
g) Planificaci�n familiar: consejo gen�tico en grupos de riesgo, vasectom�as y ligaduras de trompas. Interrupci�n voluntaria del embarazo en los supuestos a que se refiere la Ley Org�nica 9/1985, de 5 de julio.
h) Radiolog�a intervencionista.
j) Trasplantes de �rganos, tejidos y c�lulas de origen humano, conforme a la legislaci�n expresa en la materia, y siempre que presenten una eficacia terap�utica comprobada.
Letra j) del apartado 5� del n�mero 3 del Anexo I redactada por la Disposici�n Adicional 2.� del R.D. 2070/1999, 30 diciembre, por el que se regulan las actividades de obtenci�n y utilizaci�n cl�nica de �rganos humanos y la coordinaci�n territorial en materia de donaci�n y trasplante de �rganos y tejidos (�B.O.E.� 4 enero 2000).Vigencia: 5 enero 2000 Prestaciones complementarias
Las prestaciones complementarias son aqu�llas que suponen un elemento adicional y necesario para la consecuci�n de una asistencia sanitaria completa y adecuada.
Se consideran prestaciones complementarias la ortoprot�sica, el transporte sanitario, la dietorapia y la oxigenoterapia a domicilio.
1� Prestaci�n ortoprot�sica.
La prestaci�n ortoprot�sica incluye las prestaciones siguientes:
c) Los veh�culos para inv�lidos, cuya invalidez as� lo aconseje.
La prescripci�n de estas prestaciones se llevar� a cabo por los m�dicos de atenci�n especializada, ajust�ndose en todo caso a lo establecido en el cat�logo debidamente autorizado. Las ortesis, pr�tesis dentarias y las especiales se prestar�n o dar�n lugar a una ayuda econ�mica, en los casos y seg�n los baremos que se establezcan en el cat�logo correspondiente.
2� Transporte sanitario.
La prestaci�n de transporte sanitario comprende el transporte especial de enfermos o accidentados cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Una situaci�n de urgencia que implique riesgo vital o da�o irreparable para la salud del interesado y as� lo ordene o determine el facultativo correspondiente.
b) Imposibilidad f�sica del interesado u otras causas m�dicas que, a juicio del facultativo, le impidan o incapaciten para la utilizaci�n del transporte ordinario para desplazarse a un centro sanitario o a su domicilio tras recibir la atenci�n sanitaria correspondiente.
La evaluaci�n de la necesidad de la prestaci�n de transporte sanitario corresponder� al facultativo que presta la asistencia y su indicaci�n obedecer� �nicamente a causas m�dicas que hagan imposible el desplazamiento en medios ordinarios de transporte.
3� Tratamiento dietoter�picos complejos.
Esta prestaci�n complementaria comprende los tratamientos dietoter�picos indicados por el m�dico especialista correspondiente para quienes padezcan determinados trastornos metab�licos cong�nitos de hidratos de carbono (intolerancia hereditaria a la galoctosa y/o galactosemia y situaciones transitorias de intolerancia a la lactosa en el lactante) o amino�cidos.
4� Oxigenoterapia a domicilio.
Esta prestaci�n complementaria se realizar� por centros o servicios especializados, con capacidad para realizar gasometr�as y espirometr�as, autorizados por los servicios de salud.
5. Servicios de informaci�n y documentaci�n sanitaria
Constituyen servicios en materia de informaci�n y documentaci�n sanitaria y asistencial:
1� La informaci�n al paciente y a sus familiares o allegados, de sus derehos y deberes, en particular, para la adecuada prestaci�n del consentimiento informado y la utilizaci�n del sistema sanitario, as� como, en su caso, de los dem�s servicios asistenciales, en beneficio de su salud, asistencia, atenci�n y bienestar.
2� La informaci�n y, en su caso, tramitaci�n de los procedimientos administrativos necesarios para garantizar la continuidad del proceso asistencial.
3� La expedici�n de los partes de baja, confirmaci�n, alta y dem�s informes o documentos cl�nicos para la valoraci�n de la incapacidad u otros efectos.
4� El informe de alta, al finalizar la estancia en una instituci�n hospitalaria o el informe de consulta externa de atenci�n especializada.
5� La documentaci�n o certificaci�n m�dica de nacimiento, defunci�n y dem�s extremos para el Registro Civil.
6� La comunicaci�n o entrega, a petici�n del interesado, de un ejemplar de su historia cl�nica o de determinados datos contenidos en la misma, sin perjuicio de la obligaci�n de su conservaci�n en el centro sanitario.
7� La expedici�n de los dem�s informes o certificados sobre el estado de salud que deriven de las dem�s prestaciones sanitarias de este anexo o sean exigibles por disposici�n legal o reglamentaria.
ANEXO II Asistencia sanitaria cuyo importe ha de reclamarse a los terceros obligados al pago Asistencia sanitaria cuyo importe ha de reclamarse a los terceros obligados al pago
Conforme a lo previsto en el art�culo 83 de la Ley General de Sanidad, en la disposici�n adicional 22 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en el art�culo 3 de este Real Decreto y dem�s disposiciones que resulten de aplicaci�n, los servicios p�blicos de salud reclamar�n a los terceros obligados al pago el importe de las atenciones o prestaciones sanitarias facilitadas directamente a las personas, incluidos los transportes sanitarios, atenciones de urgencia, asistencia sanitaria hospitalaria o extrahospitalaria y rehabilitaci�n, en los siguientes supuestos:
1. Asistencia sanitaria prestada a los asegurados o beneficiarios del Sistema de Seguridad Social, pertenecientes a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Mutualidad General Judicial o al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que no hayan sido adscritos, a trav�s del procedimiento establecido, a recibir asistencia sanitaria de la red sanitaria de la Seguridad Social.
2. Asistencia prestada a los asegurados o beneficiarios, en los supuestos de empresas colaboradoras en la asistencia sanitaria del Sistema de Seguridad Social, en aquellas prestaciones cuya atenci�n corresponda a la empresa colaboradora conforme al convenio o concierto suscrito.
c) Seguro obligatorio de veh�culos de motor.
5. Convenios o conciertos con otros organismos o entidades.Se reclamar� el importe de la asistencia prestada, de acuerdo con los t�rminos del convenio o concierto correspondiente.
Cualquier otro supuesto en que, en virtud de normas legales o reglamentarias, otros seguros p�blicos o privados o responsabilidad de terceros por las lesiones o enfermedades causadas a la persona asistida, el importe de las atenciones o prestaciones sanitarias deba ser a cargo de las entidades o a terceros correspondientes y no con cargo a los fondos comunes de la Seguridad Social o de los Presupuestos Generales del Estado adscritos a la sanidad.
ANEXO III Prestaciones que no son financiables con cargo a la Seguridad Social o fondos estatales destinados a la asistencia sanitaria Prestaciones que no son financiables con cargo a la Seguridad Social o fondos estatales destinados a la asistencia sanitaria
1. La expedici�n de informes o certificados sobre el estado de salud distintos de los previstos en el anexo I.
2. Los reconocimientos y ex�menes o las pruebas biol�gicas voluntariamente solicitadas o realizadas por inter�s de terceros.
3. La cirug�a est�tica que no guarde relaci�n con accidente, enfermedad o malformaci�n cong�nita.
5. La cirug�a de cambio de sexo, salvo la reparadora de estados intersexuales patol�gicos.
6. El psicoan�lisis y la hipnosis.

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