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Sentencia nº 1433 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Agosto de 2018. - Jurisprudencia - VLEX 748917721
Sentencia nº 1433 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Agosto de 2018.
Sentencia No. 1433
Sobre el recurso de casación interpuesto por Servicolt, S.A., sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con asiento social en la avenida A.L. esquina avenida Sarasota, sector La Julia, de esta ciudad, debidamente representada por L.R.G., dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1015136-2, domiciliado y residente en esta ciudad y Seguros Universal, C. por A., sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con asiento social en la avenida W.C. núm. 1110, de esta ciudad, M.J.N.
debidamente representada por E.I., dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0094143-4, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 134-2008, de fecha 28 de marzo de 2008, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;
Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. J.A.O.B., sí y por los Dres. H.H.V. y J.M.G., abogados de la parte recurrente, Servicolt, S.A. y Seguros Universal, C. por A.;
Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. J.E.U., abogado la parte recurrida, N.M.C.J., M.N.J.B. y M.J.N.
Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución de la presente solicitud de ejecución de sentencia” (sic); M.J.N.
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 20 de mayo de 2008, suscrito por el Lcdo. H.H.V., J.M.G. y J.J.R.B., abogados de la parte recurrente, Servicolt, S.A. y Seguros Universal, C. por A., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;
Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 29 de mayo de 2008, suscrito por el Dr. J.E.U., abogado de la parte recurrida, N.M.C.J., M.N.J.B. y M.J.N.;
La CORTE, en audiencia pública del 22 de octubre de 2008, estando presentes los magistrados R.L.P., presidente; M.T., E.M.E. y J.E.H.M., asistidos de secretaria; M.J.N.
Visto el auto dictado el 20 de agosto de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados M.A.R.O. y B.R.F.G., jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que se refiere, consta: a) con motivo de la demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por N.M.C., M.N.J.B. y M.J.N., contra S., S.A., Leasing Popular, S.A. y Seguros Universal, C. por A., la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 21 de marzo de 2007, la sentencia civil núm. 00199, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: SE DECLARA regular y válida en cuanto a la forma la DEMANDA EN REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS interpuesta por las señoras N.M.C.J., M.N.J.B. y MARLENIS JIMÉNEZ NÚÑEZ, en contra de las entidades LEASING POPULAR, S.A., SERVICOLT, C.P.A., y la compañía de M.J.N.
SEGUROS UNIVERSAL, y en cuanto al fondo SE ACOGEN modificadas las conclusiones de las demandantes por se (sic) procedentes y reposar en prueba legal; SEGUNDO: SE CONDENA a la entidad co-demandada, SERVICOLT, C.P.A., a pagar las sumas siguientes: A) OCHOCIENTOS MIL PESOS ORO (sic) CON 00/100 (RD$800,000.00), a favor de la señora N.M.C.J., hija del occiso señor R.N.C.; B) UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 (RD$1,200,000.00) a favor de la señora M.J.N., quien actúa en su propio nombre y de hijo menor R.N.C.J., procreado con el occiso, sumas estas que constituyen la justa Reparación de los Daños y Perjuicios morales y materiales que les fueron causados a consecuencia del accidente de tránsito ya descrito; TERCERO: SE DECLARA la presente sentencia común y oponible a la compañía de SEGUROS UNIVERSAL, hasta el límite de la póliza, ser la misma la entidad aseguradora del vehículo que produjo el daño; CUARTO: SE CONDENA a la entidad co-demandada, SERVICOLT, C.P.A., pago de las costas procedimentales causadas hasta el momento, y ordena su distracción en provecho del DR. J.E.U., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) no conformes con dicha decisión, interpusieron formales recursos de apelación contra la sentencia antes indicada, manera principal, Servicolt, S.A. y Seguros Universal, C. por A., mediante M.J.N.
ministerial L.B.D.M., alguacil ordinario de la Sexta Sala la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y de
manera incidental, por N.M.C., Mercedes Noemí Jiménez Brea
Marlenis Jiménez Núñez, mediante acto núm. 2062-2007, de fecha 23 de noviembre de 2007, instrumentado por el ministerial F.A.M.M., alguacil de estrados de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado
Primera Instancia del Distrito Nacional, siendo resueltos dichos recursos mediante la sentencia núm. 134-2008, de fecha 28 de marzo de 2008, dictada por
Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora recurrida en casación, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buenos y válidos, en cuanto a forma, los siguientes recursos de apelación: A) recurso de apelación principal interpuesto por las entidades SERVICOLT, S.A. y SEGUROS UNIVERSAL, C. POR mediante el acto No. (sic) 441 y 458, de fechas catorce (14) y veintidós (22) del mes junio del año dos mil siete (2007), ambos del ministerial L.B.D.M., alguacil ordinario de la Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; y B) recurso de apelación incidental interpuesto por las señoras N.M.C.J., M.N.J.B. y MARLENIS JIMÉNEZ NÚÑEZ, mediante acto No. 2062/2007, de fecha veintitrés (23) del mes de noviembre del año dos mil siete (2007), ministerial F.M.M., alguacil de estrados de la Octava Sala de la Marlenis Jiménez Núñez
Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra la sentencia No. 00199, relativa al expediente No. 038-2006-00772, de fecha veintiuno (21) del mes de marzo del año dos mil siete (2007), expedida por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; por haber sido interpuestos conforme a las reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, ambos recursos de apelación y, en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes, la sentencia recurrida; TERCERO: COMPENSA las costas del procedimiento, por los motivos antes indicados”;
Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial de casación los siguientes medios: “Primer Medio: Violación de la ley. Violación de disposiciones de los artículos 1384-1 del Código Civil, 51 de la Ley 241, 1 de Ley 585 y 128 de la Ley 146-02. La corte a qua viola la ley al atribuirse competencia para juzgar accidentes de vehículos de motor sobre la base de la responsabilidad del guardián de la cosa inanimada; Segundo Medio: Falta de motivación. Desconocimiento del derecho fundamental de los recurrentes al debido proceso, toda vez que la corte a qua no ha dado motivos suficientes para su sentencia se baste a sí misma; Tercer Medio: Falta de base legal”;
Considerando, que la parte recurrida en su memorial de defensa solicita, se declare inadmisible el presente recurso de casación en razón de que la parte recurrente no especificó en su memorial en cuáles vicios incurrió la corte; M.J.N.
contiene los vicios que la parte recurrente le imputa a la sentencia recurrida, por lo que procede rechazar el medio de inadmisión;
Considerando, que por otro lado la parte recurrida requiere, que se declare la nulidad del acto de emplazamiento en casación por cuanto fue encabezado en la provincia Santo Domingo, Distrito Nacional y no en el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo lugar en el cual se hicieron los traslados;
Considerando, que el artículo 6 de la Ley núm. 3726-53, sobre rocedimiento de Casación dispone que: “En vista del memorial de casación, el Presidente proveerá auto mediante el cual se autoriza el emplazamiento de la parte contra quien se dirige el recurso. Este emplazamiento se encabezará con una copia del memorial de casación y una copia del auto del presidente, a pena nulidad, a cuyo efecto el secretario expedirá al recurrente copia certificada tanto del memorial como del auto mencionados. El emplazamiento ante la Suprema Corte de Justicia deberá contener, también a pena de nulidad: indicación del lugar o sección, de la común o del Distrito de Santo Domingo en que se notifique (…)”
Considerando, que si bien ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial la Suprema Corte de Justicia, que las formalidades para la interposición de recursos son sustanciales y no pueden ser sustituidas por otras, también se M.J.N.
nulidad del acto y que solo puede ser pronunciada cuando haya causado un agravio al destinatario del mismo1; que igualmente ha sido considerado que las formas procesales que deben ser observadas por las partes en el curso de un litigio son aquéllas precisiones que rigen acerca del modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos del proceso, cuya finalidad es permitir el ejercicio derecho de defensa de las partes y que cuando una de las partes ha incumplido alguna de las formas procesales previstas, lo que el juez debe verificar es su efecto, si dicha omisión ha causado una violación al derecho de defensa; que en consecuencia, ningún acto de procedimiento puede ser declarado nulo en virtud de dicha regla, si reúne sustancialmente las condiciones necesarias para cumplir su objeto, especialmente, si llega realmente a su destinatario2; como ocurrió en la especie, puesto que del acto contentivo del recurso de casación marcado con el núm. 1336-08 del 23 de mayo de 2008, se advierte que, aún cuando en efecto el referido acto fue encabezado en “Santo Domingo de G., capital de la República Dominicana” y que el ministerial actuante se trasladó a la “calle El Cisne, Manzana 2, casa 19, del sector Los Alcarrizos, del municipio de Santo Domingo Oeste”; (M.N.J.) recibido por “su madre”; “calle El Cisne, Manzana 2, casa 19, del sector Los Alcarrizos, del municipio de Santo Domingo Oeste”; (M.N.J.
entencia núm. 27, del 26 de octubre de 2011, 1ra. Sala, S.C.J., B.J. 1121 Sentencia núm. 118, del 26 de febrero de 2014, 1ra. Sala, S.C.J. MarlenisJ.N.
Brea) recibido por “su persona”; “calle Principal núm. 14, del sector Hato Nuevo, Manoguayabo, del municipio de Santo Domingo Oeste”; (M.J.N. recibido por “su persona”; no menos válido es que según se puede apreciar, las emplazadas tuvieron conocimiento oportuno de la existencia recurso de casación y comparecieron formalmente a través de sus abogados apoderados ante esta Corte de Casación, pudiendo producir y presentar sus medios de defensa, conforme memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 29 de mayo de 2008, con anterioridad a la celebración de la audiencia del 22 de octubre de 2008; por lo cual en mérito de lo expresado el medio de inadmisión resulta improcedente;
Considerando, que en el desarrollo del primer medio de su recurso de casación la parte recurrente alega, que la corte a qua se atribuyó competencia material para juzgar sobre accidentes de vehículos de motor a pesar de que los artículos 51 de la Ley núm. 241, el 1ro de la Ley núm. 585 y el 128 de la Ley núm. 146-02, atribuyen dicha competencia a los Juzgados de Tránsito;
Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se desprende que: a) en fecha 24 de febrero de 2006, ocurrió una colisión entre los vehículos conducidos por M.G.V. y R.N.C., respectivamente, en la autopista D., próximo a la carretera de Manoguayabo, producto de la cual falleció R.N.C.J.; b) M.J.N.
menores C.N. y G.P.C.J., N.M.C.J., en calidad de hija y M.J.N., en calidad de concubina y madre del menor R.N.C.J., demandaron en reparación de daños y perjuicios a las entidades Servicolt, S.A., en calidad de beneficiaria de póliza que resguardaba el vehículo implicado en la colisión y Leasing Popular, S.A., en calidad de propietaria del referido vehículo y con oponibilidad a Seguros Universal, C. por A.; c) el tribunal de primera instancia apoderado acogió parcialmente dicha demanda, condenando a la entidad Servicolt, C. por A., al pago de ochocientos mil pesos dominicanos con 00/100 centavos (RD$800,000.00), a favor de N.M.C.J., en calidad de hija del difunto, y un millón doscientos mil pesos dominicanos con 00/100 centavos (RD$1,200,000.00), a favor de M.J.N., en calidad de concubina y madre del menor R.N.C.J.; d) Servicolt, S.A., y Seguros Universal, C. por A., recurrieron en apelación de manera principal y los demandantes dedujeron recurso incidental, procediendo corte a qua, a rechazar ambos recursos mediante la sentencia hoy recurrida en casación;
Considerando, que la corte a qua en razón del medio examinado sustentó su decisión en los motivos que se transcriben textualmente a continuación:
que en los casos de colisión de vehículos de motor este tribunal ha mantenido el Marlenis J.N.
una indemnización está en la obligación de demostrar, en el ámbito penal que el otro conductor violó la Ley No. 241, y luego de haber probado dicho aspecto es que está en condiciones de reclamar la indemnización correspondiente, sea accesoriamente a lo penal o de manera independiente en la jurisdicción civil, a condición, en este último caso, de esperar que lo penal sea resuelto de manera definitiva e irrevocable, según lo establece el artículo 50 del Código Procesal Penal; que en la especie se encuentra depositado el dictamen expedido por la Fiscalizadora del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales en Funciones de Juzgado de la Instrucción del Municipio Santo Domingo Norte-Oeste, cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Único: Ordenar el desglose y archivo del expediente correspondiente a los imputados M.G.V. (sic), por los motivos antes expuestos’; que habiendo el Ministerio Público decidido el archivo del expediente, decisión que no juzga el fondo del asunto, se puede siempre demandar por lo civil, pero sin embargo se debe establecer la falta cometida por el conductor de la cosa, que provoque el accidente de tránsito
Considerando, que contrario a lo alegado, la corte a qua no excedió su competencia de atribución ni ejerció las facultades propias de la jurisdicción penal al conocer y decidir sobre la demanda en daños y perjuicios fundamentada en el artículo 1384 del Código Civil, pues aunque se trata de una acción civil que nace de un hecho reputado por la ley como un delito, al tenor de dispuesto en el artículo 128 de la Ley núm. 146-02, del 9 de septiembre de 2002, sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, tal calificación M.J.N.
jurídica no impide a la jurisdicción civil valorar si esa misma conducta tipificada como delito constituye a la vez una falta civil susceptible de comprometer la responsabilidad civil del propietario del vehículo implicado, de su autor o de las personas que deben responder por él, puesto que tal comprobación constituye asunto de la competencia ordinaria y natural de la jurisdicción civil3; que en efecto, aún cuando el Juzgado de Paz Especial de Tránsito es el competente en razón de la materia para juzgar penalmente las infracciones relativas al tránsito vehículos de motor de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la núm. 241, del 28 de diciembre de 1967, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley núm. 114-99 del 16 de diciembre de 1999, vigente la fecha de la interposición del presente recurso de casación, así como el artículo 75, numeral 2 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm.
-15, del 10 de febrero de 2015 y que del mismo modo, también es competente para conocer de manera excepcional de la acción civil ejercida accesoriamente a acción penal, en virtud del artículo 50 del citado Código Procesal Penal, esta facultad excepcional no despoja a los Juzgados de Primera Instancia, actuando en atribuciones civiles, de su competencia ordinaria para conocer de las acciones responsabilidad civil, aun cuando hayan nacido de un hecho sancionado por la ley penal, en razón de que, como tribunal de derecho común, es el competente para conocer de todas las acciones personales cuya competencia no ha sido
legalmente atribuida de manera expresa a otra jurisdicción, como sucede con la demanda de la especie4; no resultando tampoco imprescindible que la jurisdicción represiva haya declarado previamente la culpabilidad del conductor del vehículo5; que por lo tanto, procede desestimar el primer medio de casación;
Considerando, que en el desarrollo de su segundo y tercer medios de casación, reunidos por convenir a su solución y estar estrechamente vinculados, parte recurrente alega, que la corte a qua aplicó el artículo 1384-1 del Código Civil, colocando a las recurrentes en un estado de presunción de responsabilidad a pesar de que el vehículo de motor no es una cosa inanimada los términos del 1384-1 del mismo código, cuando es conducido por su operario, y aún en este caso actuó con ligereza al aplicar dicha presunción, omitiendo motivar apropiadamente su decisión e incurriendo en falta de base legal;
que en la especie, el hecho que da origen al presente litigio, aparece descrito en el acta de tránsito número 150, expedida en fecha 20 de febrero de 2006, y en la cual
Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, sentencia núm. 1339 del 7 de diciembre de 2016. Boletín inédito.
Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, sentencia núm. 484 del 28 de marzo de 2018. Boletín M.J.N.
consta la declaración del señor M.G.V., quien conducía el vehículo propiedad de A.A., C. por A., en la que se refiere de la siguiente manera: ‘Sr. Mientras yo transitaba por la autopista duarte, en dirección norte-sur, al llegar a la carretera de Manoguayabo, choqué con el carro placa A335497, con el impacto mi vehículo resultó con la parte delantera totalmente destruida, lateral izquierdo, tren trasero roto, puertas derechas, tablero, bolsas de aire, asientos y otros posibles daños más, mis acompañantes V.S., E.G., L.M., L.C., y yo resultamos con golpes’; que la parte recurrente principal sostiene que no se pueden tomar como válida las declaraciones hecha por una de las partes en el acta de tránsito, alegando que nadie puede declarar contra sí mismo, sin embargo el artículo 8, numeral 2, literal i, de la Constitución establece que: ‘nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo’, sin embargo, este criterio es mayormente aplicado en materia penal prohibiendo la autoincriminación, en la especie la parte recurrente ofreció estas declaraciones libremente, las cuales simplemente sirven para esclarecer los hechos y retracto en ningún momento por escrito ni por comparecencia personal, por lo que procede rechazar dichas conclusiones; que se encuentran depositadas en el expediente cuatro fotografías las cuales hace constar los daños recibidos por el vehículo tipo carro, marca Mitsubishi, conducido por el finado R.N.C., de donde se puede observar que el golpe profundo fue producido en la parte derecha del vehículo, entre la puerta delantera y el guardalodos, por lo que al declarar el señor M.G.V. que al chocar con el referido vehículo resultó con la parte delantera totalmente destruida, es evidente que fue éste quien produjo el accidente, toda vez que colisionó con la parte delantera de su M.J.N.
vehículo en consecuencia cometió una falta en el manejo de su vehículo de motor; que el juez a quo hizo una buena apreciación de los hechos y una correcta aplicación del derecho al retener la responsabilidad civil del señor M.G.V., por lo que procede rechazar el recurso de apelación principal
Considerando, que es jurisprudencia constante que una jurisdicción incurre en falta de base legal cuando los motivos que justifican su sentencia no permiten comprobar si los elementos de hecho y de derecho necesarios para la correcta aplicación de la ley se encuentran presentes en la decisión6;
que es criterio de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia7,
que el régimen de responsabilidad civil más idóneo para garantizar una tutela judicial efectiva en los casos particulares de demandas que tuvieron origen en una colisión entre dos o más vehículos de motor y que son interpuestas por uno de los conductores o pasajeros del vehículo contra el conductor o propietario del otro vehículo, es el de la responsabilidad delictual o cuasidelictual por el hecho personal instituida en los artículos 1382 y 1383 del Código Civil y del comitente por los hechos de su preposé establecida en el artículo 1384 del mismo Código, según proceda, tal criterio está justificado en el hecho de que en esa hipótesis específica han intervenido
Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, sentencia núm. 2, del 12 de diciembre de 2012, B.J. 1225; sentencia núm. 7, del 28 de diciembre de 2012, B.J. 1224, sentencia núm. 2, del 12 de enero del 2005, B.J. 1130. M.J.N.
dos vehículos que son igualmente causantes de riesgo en el hecho generador y por lo tanto, no es posible asegurar una buena administración de justicia y atribuir con certeza la responsabilidad del accidente a uno de ellos, sin que los tribunales aprecien la manera en que ocurrieron los hechos y establezcan cuál de los conductores o propietarios implicados cometió una falta que aumentó el riesgo implicado en el tránsito de dichos vehículos de motor por la vía pública y definitivamente causó la ocurrencia de la colisión en el caso específico; que en la especie, al tratarse de un vehículo en el que fue probada la falta del conductor (preposé) y que la propiedad del vehículo correspondía a otra persona (comitente), se inscribe dentro de la responsabilidad civil consagrada en el artículo 1384 párrafo III, del Código Civil, tal y como lo retuvo la jurisdicción de alzada en su decisión, por lo que no se advierte que haya incurrido en el vicio denunciado;
Considerando, que en cuanto al aspecto relativo a la falta de motivos esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha sostenido que conforme al contenido del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe contener los fundamentos, o lo que es lo mismo, los motivos en los que el tribunal basa su decisión, en ese sentido, se impone destacar, que por motivación hay que entender aquella en la que el tribunal expresa de manera clara y ordenada las cuestiones de hecho y de M.J.N.
derecho que sirvieron de soporte a su sentencia, o en otros términos, en la que el juez o los jueces explican las razones jurídicamente válidas e idóneas para justificar un fallo; que no se trata de exigir a los órganos jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada, ni impedir la fundamentación concisa que en su caso realicen quienes ejerzan la potestad jurisdiccional, lo importante es que las pretensiones de las partes se sometan a debate, se discutan y se decidan en forma razonada, en ese orden de ideas y luego de un examen de la sentencia recurrida, esta Corte de Casación, ha comprobado que la misma no está afectada de un déficit motivacional, al contrario, la decisión impugnada sí contiene una congruente y completa exposición de los hechos y circunstancias de la causa, como una motivación suficiente, pertinente y coherente, lo cual ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ejercer su poder de control y determinar que la especie, se ha hecho una correcta aplicación del derecho; por lo que, en consecuencia, procede desestimar los medios examinados y en consecuencia el presente recurso de casación;
Considerando, que conforme al numeral 1 del artículo 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, las costas podrán ser compensadas los casos establecidos por el artículo 131 del Código de Procedimiento Civil, cual permite la compensación en costas cuando ambas partes hayan M.J.N.
sucumbido parcialmente en sus pretensiones, tal como sucede en la especie.
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por S., S.A. y Seguros Universal, C. por A., contra la sentencia núm. 134-2008, de fecha 28 de marzo de 2008, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura transcrito al inicio de esta decisión; Segundo: Compensa las costas.
Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 31 de agosto de 2018, años 175º de la Independencia y 156º de la Restauración. (Firmados) F.A.J.M..- M.A.R.O..- B.R.F.G.
presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los jueces que guran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.
presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 10 de diciembre del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

matches:
artículo 11
artículo 2
artículo 6
artículo 50
e contrario
artículo 1384
artículo 128
artículo 51
artículo 75
artículo 50
artículo 1384
artículo 8
artículo 1384
artículo 1384
artículo 141
artículo 65
artículo 131


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Publicado en BOC núm. 84 de 04 de Mayo de 2010
CAPÍTULO II. EL MEDIO RURAL Y LAS ZONAS RURALES DE CANTABRIA
El medio rural de Cantabria
Delimitación y calificación de las zonas rurales de Cantabria
Modificación de las zonas
CAPÍTULO III. LAS DIRECTRICES ESTRATÉGICAS TERRITORIALES DE ORDENACIÓN RURAL DE CANTABRIA
CAPÍTULO IV. EL PLAN DE ZONA RURAL
CAPÍTULO V. DISPOSICIONES ORGANIZATIVAS
El Consejo Regional para el Medio Rural
La Comisión Regional del Medio Rural
Los Consejos de Zona Rural
Aprobación de las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural de Cantabria
Planes a desarrollar en el primer período de programación
Constitución de los Consejos de Zona Rural en el primer período de programación
. MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL MEDIO RURAL DE CANTABRIA
. MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LAS ZONAS RURALES DE CANTABRIA
DIRECTRICES ESTRATÉGICAS TERRITORIALES DE ORDENACIÓN RURAL
DIRECTRICES GENERALES PARA LA PROGRAMACIÓN
DIRECTRICES GENERALES PARA LAS ACTUACIONES
EJE 1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPLEO
APOYO A LA ACTIVIDAD AGRARIA
EJE 2 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO
EJE 3 SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL SANIDAD
EJE 4 MEDIO AMBIENTE
. INDICADORES DE ESTADO DE LA SOSTENIBILIDAD
D [CANTABRIA] 30/2010, 22 abril rectificado por Corrección de errores («B.O.C.» 13 mayo). Los desequilibrios territoriales que actualmente padece Cantabria -como en general el resto de España y, en mayor o menor grado, la totalidad de países de nuestro entorno europeo-, ponen de manifiesto que las violentas transformaciones que ha sufrido el medio rural en los últimos 50 años, aún no han encontrado una respuesta satisfactoria.
El nuevo modelo de desarrollo rural que se ha ido configurando a partir de las Declaraciones de Cork y Salzburgo, se basa precisamente en la necesidad de adoptar políticas proactivas que tengan como objetivos invertir el proceso de despoblamiento, combatir la desigualdad, fomentar el empleo y responder a la creciente demanda de calidad de vida de las comunidades rurales; todo ello evitando que la prosperidad y el bienestar actuales puedan poner en riesgo los logros del futuro; es decir, de una forma sostenible.
La consecución de estos ambiciosos objetivos debe lograrse a través de cuatro grandes líneas de actuación complementarias entre sí:
- La identificación, toma de conciencia y el diseño de estrategias de valorización y reversión al territorio de los recursos locales.
- La consolidación de ámbitos territoriales de dimensión suficiente para abordar dichas estrategias.
- Una planificación plurianual, integrada, flexible, multidisciplinar, multisectorial, en la que el apoyo público se gradúe de acuerdo con la magnitud de los desequilibrios.
- Y un proceso continuo de seguimiento, discusión y revisiones en el que se garantice el máximo grado de participación social, especialmente de quienes actualmente habitan y trabajan en el medio rural.
Partiendo de estas premisas, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural configura una nueva política rural, integradora de la acción de todas las Administraciones Públicas y del sector privado, que tiene como objetivo último que los ciudadanos que habitan en el medio rural mejoren su situación socioeconómica y tengan acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad, al tiempo que se protege y conserva el patrimonio natural y cultural. En definitiva, se trata de articular las condiciones básicas para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de derechos constitucionales, así como el desarrollo socioeconómico de estos territorios rurales como única garantía de su supervivencia, que a la larga es la supervivencia de todos.
Esta Ley constituye el nuevo marco legal básico de una política rural de Estado, que si bien es cierto ya existía en el pasado, lo hacía de forma dispersa, y que ahora se presenta como una política transversal, con objetivos económicos, sociales y ambientales, no ciñéndose al viejo enfoque exclusivamente agrario.
En este marco básico fijado por el Estado, a la Comunidad Autónoma de Cantabria, y en concreto la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad como órgano competente para el desarrollo de la Ley, le corresponde delimitar las zonas rurales de su territorio, calificarlas, establecer las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural y redactar los correspondientes planes de zona.
Además, como ya hemos visto, la aplicación de esta Ley requiere un elevado grado de gobernanza, por lo que se hace necesario contar con foros adecuados de participación, información, consulta y coordinación de las distintas medidas, primero en el seno de la propia Administración Autonómica y luego en relación con las entidades locales, los grupos de acción local, asociaciones y en general de todas aquellas entidades y personas que viven y trabajan en el medio rural.
Con el presente Decreto, se da el primer pasa paso para el desarrollo de esta nueva política de desarrollo rural, que deberá tener su continuidad con la aprobación de los correspondientes planes de zona.
En virtud de lo anteriormente expuesto, considerando que la Comunidad Autónoma de Cantabria, según el artículo 24.14 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cantabria, ostenta competencias en materia de fomento del desarrollo de Cantabria, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 18/2000, de 17 de marzo, de Estructura Orgánica de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, en cuyo artículo 5 se atribuye a la Dirección General de Agricultura (actual Dirección General de Desarrollo Rural) las competencias relativas a la ejecución y control de actuaciones de desarrollo en el ámbito rural, previo sometimiento al dictamen del Consejo Económico y Social de Cantabria, a propuesta del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha 22 de abril de 2010, DISPONGO:
Objeto El presente Decreto tiene por objeto la delimitación del medio rural y su calificación para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible en Cantabria, así como la creación de órganos de consulta y participación necesarios para la elaboración y ejecución de los correspondientes planes de zona
CAPÍTULO IIEL MEDIO RURAL Y LAS ZONAS RURALES DE CANTABRIA
El medio rural de Cantabria El medio rural de Cantabria, a efectos de aplicación de la Ley 45/2007 y de cuantas disposiciones se dicten para su desarrollo en nuestra Comunidad Autónoma, se define como el territorio formado por la agregación de los 88 municipios que se relacionan en el anexo I.
Delimitación y calificación de las zonas rurales de Cantabria 1. El medio rural de Cantabria se divide en cinco zonas: la Montaña Occidental, Campoo-Iguña, la Montaña Oriental, la Marina Occidental y la Marina Oriental; integradas por los municipios que en cada caso se indican en el anexo II.
2. Las zonas rurales se calificaran conforme al artículo 10.1 de la Ley 45/2007 en: «a revitalizar», «intermedias» y «periurbanas».
3. Las cinco zonas del medio rural de Cantabria establecidas en el apartado primero del presente artículo se califican del siguiente modo:
- Zonas rurales a revitalizar: la Montaña Occidental, Campoo-Iguña y la Montaña Oriental.
- Zonas rurales periurbanas: la Marina Oriental y la Marina Occidental.
Modificación de las zonas 1. El Consejo de Gobierno podrá modificar, mediante acuerdo que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, la delimitación del medio rural y la calificación de las zonas rurales que se establecen en los artículos 2 y 3 anteriores.
2. La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, podrá modificar, mediante resolución que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, la relación de municipios incluidos en cada zona que se inserta como Anexo II.
CAPÍTULO IIILAS DIRECTRICES ESTRATÉGICAS TERRITORIALES DE ORDENACIÓN RURAL DE CANTABRIA
Naturaleza Las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural de Cantabria orientarán y en su caso condicionarán la localización territorial de las medidas derivadas del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, favoreciendo la compatibilidad de los planes y actuaciones que se lleven a cabo en cada zona rural en función de sus características y potencialidades.
Principios básicos Las actuaciones que se incluyan en los planes de zona aprobados en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto deberán ajustarse a las directrices que figuran como anexo III, y en todo caso respetarán los siguientes principios básicos:
- Estimular la actividad económica, optimizando los aprovechamientos tradicionales e impulsando la innovación y la diversificación productiva.
- Propiciar una explotación sostenible de los recursos locales que redunde en beneficio los propios habitantes del medio rural.
- Garantizar a los ciudadanos que habitan en el medio rural el acceso a los servicios públicos, las infraestructuras, el conocimiento y las oportunidades, en condiciones de igualdad respecto a los habitantes de las áreas urbanas, a través del desarrollo de un sistema policéntrico y equilibrado de núcleos intermedios, preferentemente en las zonas rurales consideradas prioritarias.
- Impulsar la conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio natural y cultural.
- Favorecer las relaciones entre los espacios rurales y los urbanos.
- Fomentar y extender los cauces de participación de los agentes sociales y económicos locales en el diseño y ejecución de las políticas de desarrollo rural.
- Priorizar las zonas a revitalizar en la asignación de los fondos que las administraciones públicas destinen al medio rural.
Procedimiento de revisión 1. Las Directrices podrán ser revisadas en cualquier momento mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, previa consulta a la Comisión Regional del Medio Rural y al Consejo del Medio Rural de Cantabria, debiendo publicarse dicha revisión en el Boletín Oficial de Cantabria.
2. En cualquier caso, las Directrices deberán someterse a revisión con ocasión de la aprobación de cada nuevo Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
CAPÍTULO IVEL PLAN DE ZONA RURAL
Naturaleza 1. El plan de zona rural es el instrumento que concreta en un determinado territorio las medidas y acciones contempladas de forma genérica en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, estableciendo su propia estrategia de desarrollo rural y garantizando la complementariedad y coherencia de las medidas a ejecutar por el Estado y por la Comunidad Autónoma, dentro del marco jurídico general establecido en la Ley 45/2007.
2. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, determinará los planes de zona que podrán aprobarse dentro de cada período de programación.
Marco financiero 1. El Consejo de Gobierno de Cantabria, a propuesta conjunta de las Consejerías de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, y de Economía y Hacienda, establecerá mediante acuerdo la dotación financiera global del Programa de Desarrollo Rural Sostenible en Cantabria, así como su distribución entre los diferentes planes de zona que hayan de aprobarse para su desarrollo.
2. El marco financiero resultante deberá garantizar, para las actuaciones cofinanciadas, que la aportación de la Comunidad Autónoma sea al menos igual a la asumida por la Administración General del Estado en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
Contenido Cada plan deberá contener como mínimo la siguiente documentación:
1. Caracterización de la zona rural:
1.1. Delimitación y calificación.
1.2. Actividades económicas y empleo.
1.3. Infraestructuras y servicios básicos.
1.4. Población humana y estado de bienestar 1.5. Aspectos ambientales 2. Diagnóstico de sostenibilidad: realizado sobre la base de la caracterización de la situación actual de la zona rural y sus tendencias previsibles, especificando las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del territorio en los tres ámbitos, económico, social y ambiental.
3. Formulación de la estrategia de desarrollo sostenible para la zona: determinación de los objetivos específicos.
4. Directrices estratégicas territoriales de ordenación rural aplicables a la zona, y en su caso las directrices derivadas de la evaluación ambiental del plan.
5. Medidas:A ejecutar y financiar en el marco del Programa de Desarrollo Rural Sostenible y las que se ejecuten con otros instrumentos y financiación. Las medidas a ejecutar en los núcleos urbanos mayores de 2.000 habitantes tendrán carácter excepcional y su inclusión deberá estar debidamente justificada por razón del interés para la zona rural en su conjunto.
6. Cuadros financieros, en los que se reflejarán las aportaciones correspondientes a la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma, así como aquellas posibles aportaciones procedentes de otras administraciones públicas o entes privados.
7. Procedimiento de seguimiento y evaluación que preverá, al menos, los indicadores comunes que se detallan en el anexo IV.
8.1. Cartografía de la zona.
8.2. Antecedentes de desarrollo rural.
8.3. Indicadores de estado inicial de la sostenibilidad en la zona rural.
8.4. Planos de localización de las actuaciones.
8.5. Identificación de los interlocutores para la elaboración, seguimiento y evaluación del programa.
8.6. Método y resultados del proceso de participación para su elaboración.
8.7. Informe de Sostenibilidad Ambiental. Memoria ambiental.
8.8. Informe sobre impacto de género.
Procedimiento de aprobación 1. La Dirección General de Desarrollo Rural, con la participación de los agentes institucionales, económicos y sociales que desarrollen su actividad en cada una de las zonas, será el órgano encargado de redactar la propuesta de los planes de zona.
2. Los Consejos de Zona Rural aprobarán inicialmente los planes de zona correspondientes.
3. Si por su contenido, naturaleza de las actuaciones previstas, o especial sensibilidad del medio ambiente receptor de las mismas, los planes estuvieran incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, se someterán igualmente a los procedimientos previstos en dicha norma y en la legislación autonómica incluida, cuando proceda, su evaluación ambiental.
4. Cumplidos los trámites anteriores, el Consejo de Gobierno de Cantabria, aprobará los planes de forma definitiva y autorizará la suscripción de los oportunos convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los que se fijará la forma de ejecución y la financiación de las actuaciones, conforme se establece en el artículo 11 de la Ley 45/2007.
Seguimiento y evaluación de los planes 1. El Consejo de Zona Rural, que aparece regulado en el artículo 15 del presente Decreto, examinará, al menos con periodicidad anual, los avances registrados en el cumplimiento de los objetivos específicos durante el año natural previo. A la vista de las conclusiones obtenidas podrá proponer al Director General de Desarrollo Rural las modificaciones que estime oportunas en lo relativo tanto al contenido de los planes como a aquellos aspectos prácticos o administrativos relacionados con su ejecución, siempre y cuando dichas modificaciones no conlleven un aumento del gasto público total.
2. Cada Consejo de Zona deberá aprobar un informe de evaluación final en el que se recogerán de forma resumida los resultados obtenidos en relación con los objetivos perseguidos, y las conclusiones que de todo ello se deduzcan.
CAPÍTULO VDISPOSICIONES ORGANIZATIVAS
El Consejo Regional para el Medio Rural 1. Se crea el Consejo Regional para el Medio Rural de Cantabria como un órgano colegiado de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria de carácter asesor y consultivo en todas aquellas materias relacionadas con el desarrollo sostenible del medio rural de Cantabria, adscrito a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.
2. Le corresponde al Consejo:
a) Analizar los problemas del medio rural de Cantabria y proponer las actuaciones que se estimen más adecuadas impulsando, si procediera, la realización de los oportunos informes y estudios.
b) Conocer de aquellas iniciativas que puedan adoptar las distintas administraciones en relación con el desarrollo rural, y en particular sobre la aplicación en Cantabria de la Ley 45/2007.
c) Informar las revisiones de las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural de Cantabria.
d) Conocer de la aprobación y ejecución de los planes de zona.
e) Valorar en su conjunto la ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sostenible en Cantabria, y proponer reajustes entre planes en lo relativo a sus presupuestos o a la distribución del gasto por anualidades.
f) Impulsar el diálogo y la colaboración de todas las administraciones, instituciones y agentes sociales y económicos implicados, propiciando el intercambio de información entre todos los integrantes del Consejo.
3. El Consejo Regional del Medio Rural de Cantabria estará integrado por los siguientes miembros:
a) La persona que ocupe la Presidencia del Gobierno de Cantabria, que desempeñará la Presidencia.
b) La persona titular de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, que ocupará la Vicepresidencia y sustituirá a quién ostente la presidencia en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.
- Uno por cada una de las consejerías del Gobierno de Cantabria.
- Uno designado por el Instituto Cántabro de Estadística.
- Tres designados por la Federación de Municipios de Cantabria.
- Uno por cada uno de los Grupos de Acción Local de Cantabria.
- Dos designados por la Cámara Agraria de Cantabria.
- Uno designado por las cooperativas agrarias con sede social en Cantabria.
- Uno por cada uno de los sindicatos de trabajadores más representativos en Cantabria.
- Uno designado por las asociaciones empresariales no agrarias presentes en Cantabria.
- Uno designado por las asociaciones de empresarios de turismo rural presentes en Cantabria.
- Uno designado por las asociaciones de defensa ambiental de Cantabria.
- Uno designado por las asociaciones de mujeres rurales de Cantabria.
- Uno designado por la Universidad de Cantabria.
- Un letrado del Gobierno de Cantabria.
d) Un funcionario de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, designado por el Presidente, que actuará como secretario del Consejo, con voz pero sin voto.
4. Con carácter ordinario, el Consejo celebrará al menos una sesión al año, y se reunirá con carácter extraordinario cuantas veces sea necesario, previa convocatoria de su Presidente, a iniciativa propia o a petición de un tercio de sus miembros que propondrán el orden del día.
5. Para la validez de las reuniones será necesaria la presencia de la mayoría de sus miembros.
En todo caso será necesaria la presencia del presidente y del secretario o de las personas que legalmente les sustituyan.
6. Cuando el objeto de la reunión lo requiera, el presidente podrá convocar a expertos que la asistan en materias de su competencia.
7. En el seno del Consejo se podrán constituir comisiones o grupos de trabajo para el análisis, seguimiento y estudio de temas concretos.
8. Los restantes aspectos relativos a organización y funcionamiento se regirán por lo dispuesto en materia de órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en el presente Decreto y en la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
La Comisión Regional del Medio Rural 1. Se crea la Comisión Regional del Medio Rural de Cantabria como un órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria de coordinación, de carácter colegiado e interdepartamental, adscrito a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.
2. Sin perjuicio de las competencias que corresponden a las distintas consejerías u otros organismos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Comisión Regional tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar la actuación de las Consejerías y organismos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de desarrollo sostenible del medio rural, y especialmente en todo lo relacionado con la elaboración y ejecución de los planes de zona rural.
b) Proponer e impulsar de forma coordinada cuantas medidas y actuaciones se consideren oportunas de cara a la consecución de los objetivos perseguidos por la Ley 45/2007.
d) Estudiar cuantos asuntos relacionados con el desarrollo rural se sometan a su consideración por la Presidencia de la Comisión.
3. La Comisión estará integrada por los siguientes miembros:
a) La persona titular de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, que actuará como presidente.
b) La persona titular de la Dirección General de Desarrollo Rural, que actuará como vicepresidente y sustituirá al presidente en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.
c) Una persona representante por cada una de las consejerías del Gobierno de Cantabria. Actuarán como vocales y deberán tener la condición de alto cargo.
d) Un letrado del Gobierno de Cantabria.
e) Una persona funcionaria de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, designada por la Presidencia, que desempeñará la Secretaría de la Comisión, con voz pero sin voto.
4. Cuando el objeto de la reunión así lo requiera, el presidente podrá convocar a expertos que le asistan, en materias de su competencia, para el mejor asesoramiento de la Comisión.
5. En cuanto a su organización y funcionamiento, la Comisión se regirá por lo dispuesto en materia de órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en el presente Decreto y en la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Los Consejos de Zona Rural 1. Se crea un Consejo de Zona Rural por cada una de las zonas a las que hace referencia el artículo 3 como órganos consultivos y de participación social, adscritos a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, con las denominaciones y ámbitos de actuación que se recogen en el artículo 3.
2. Sin perjuicio de las competencias de cada una de las Administraciones Públicas implicadas, corresponde a los Consejos de Zona el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Participar en la elaboración de los planes de zona rural y aprobar inicialmente los mismos.
b) Realizar las tareas del seguimiento anual y la evaluación final del plan de zona.
c) Proponer su modificación.
3. Cada Consejo de Zona estará integrado por los siguientes miembros:
a) El director general de Desarrollo Rural, o persona en quien delegue, que actuará como presidente.
- Uno por cada uno de los Grupos de Acción Local que actúen en la zona.
- Uno por cada municipio integrado en la zona.
- Uno designado por las organizaciones profesionales agrarias, con vinculación con la zona.
- Uno designado por cada sindicato más representativo de trabajadores, con vinculación con la zona.
- Uno designado por las asociaciones empresariales no agrarias más representativas, con vinculación con la zona.
- Uno designado por las asociaciones de empresarios de turismo rural, con vinculación con la zona.
- Uno designado por las asociaciones de defensa ambiental, con vinculación con la zona.
c) Una persona funcionaria de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, designada por la Presidencia, que desempeñará la Secretaría, con voz pero sin voto.
4. Con carácter ordinario los Consejos de Zona celebrarán al menos una sesión al año, y se reunirá con carácter extraordinario cuantas veces sea necesario, previa convocatoria de su presidente, a iniciativa propia o a petición de un tercio de sus miembros que propondrán el orden del día.
5. Para la validez de las reuniones en primera convocatoria será necesaria la presencia de la mayoría de sus miembros. En todo caso será necesaria la presencia del presidente y del secretario o de las personas que legalmente les sustituyan.
7. En cuanto a su organización y funcionamiento, los Consejos de Zona se regirán por lo dispuesto en materia de órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en el presente Decreto y en la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Aprobación de las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural de Cantabria Se aprueban las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural de Cantabria para el período 2010 - 2014, cuyo texto se inserta como anexo III.
Planes a desarrollar en el primer período de programación En el período de aplicación del 1er Programa de Desarrollo Rural Sostenible, 2010-2014, se aprobarán y ejecutarán planes únicamente para aquellas zonas rurales que tengan la calificación de «zonas a revitalizar», conforme a la delimitación y calificación que se recoge en el artículo 3 y el anexo II del presente Decreto.
Constitución de los Consejos de Zona Rural en el primer período de programación En el período de aplicación del 1er Programa de Desarrollo Rural Sostenible, 2010-2014, la constitución de los consejos previstos en el artículo 15 se limitará a las zonas rurales que tengan la calificación de «zonas a revitalizar».
Habilitación normativa Se autoriza al titular de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este Decreto.
Entrada en vigor El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
ANEXO I MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL MEDIO RURAL DE CANTABRIA
ANEXO II MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LAS ZONAS RURALES DE CANTABRIA
CAMPOO - IGUÑA
VALLE DE VILLAFUFRE
MARINA OCCIDENTAL
Las presentes Directrices orientarán, y en su caso condicionarán la localización territorial de las medidas derivadas del Programa de Desarrollo Rural, favoreciendo la compatiblidad de los planes y actuaciones que se lleven a cabo en cada zona rural en función de sus características y potenciales, teniendo como objetivo la consecución de los siguientes fines:
- Ampliar la base económica del medio rural mediante la preservación de actividades competitivas y multifuncionales y la diversificación de su economía con la incorporación de nuevas actividades compatibles con un desarrollo sostenible.
- Mejorar y elevar el grado de bienestar de la población del medio rural, asegurando unos equipamientos, dotaciones y servicios públicos básicos adecuados y suficientes que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación, especialmente de los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión.
- Recuperar, preservar y conservar el patrimonio en sus aspectos natural y cultural y ponerlo en valor como recurso socioeconómico fundamental del medio rural a través de actuaciones públicas y privadas que permitan su utilización compatible con un desarrollo sostenible.
Las Directrices perseguirán como objetivo operativo reforzar la integración a distintos niveles y la articulación territorial entre los núcleos urbanos y los espacios rurales que configuran el área funcional. En especial, en las zonas con mayores dificultades de accesibilidad a los núcleos urbanos de mayor nivel, los núcleos intermedios deberán potenciarse para proporcionar infraestructuras, equipamientos y servicios así como facilitar el acceso a mercados de trabajo más importantes, amplios y diversificados. La consolidación de ámbitos territoriales de escala supramunicipal intermedios, comarcales o subcomarcales, con la flexibilidad de la delimitación y de dimensiones adecuadas, hará posible abordar iniciativas de desarrollo rural sostenible al nivel que en cada caso corresponda.
Estas Directrices pretenden incorporar al objetivo común del desarrollo rural que está presente en las distintas figuras, como planes y programas territoriales que se ejecutan en Cantabria, un enfoque estratégico de equilibrio territorial complementario. Es el caso del Programa de Desarrollo Rural FEADER 2007-1013, los Programas Operativos del FEDER y el FSE para el período 2007-2013, los planeamientos municipales, el Plan de Ordenación del Litoral, el Plan Forestal, el Plan de Recuperación del Oso Pardo, el Plan de Carreteras, el Plan Regional de I+D+i, el Plan Energético (incluyendo el Plan Eólico), los mapas Escolar y Sanitario, el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010, el Plan de Calidad del Aire de Cantabria, los planes derivados de la aplicación de la Directiva Marco del Agua en Cantabria, la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria 2008-2012, los diferentes PORN de los espacios naturales protegidos, etc.
En particular, debemos destacar el Plan de Gobernanza 2008-2011 que contempla los Planes Comarcales de Desarrollo Rural Sostenible dentro de su Eje 8 «Sostenibilidad, Gestión de los Recursos Naturales y el Territorio y Preservación de la Biodiversidad», y atribuye la responsabilidad de su ejecución a la Dirección General de Desarrollo Rural.
Se toma como referencia el documento de trabajo elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino «Análisis y Diagnóstico del Medio Rural en España» que consta en el expediente de aprobación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014, así como el «Estudio de base, a efectos de establecer la delimitación del medio rural de Cantabria en zonas, para la aplicación de la Ley 45/2007», realizado por la Universidad de Cantabria, que forma parte del expediente administrativo del presente Decreto.
Las presentes Directrices Territoriales de Ordenación Rural se clasifican en dos categorías:
1. Directrices generales para la programación: Destinadas a la elaboración de los distintos Planes de Zona y su funcionamiento.
2. Directrices generales para las actuaciones.
- Directrices relativas a las actividades económicas y al empleo.
- Directrices relativas a las infraestructuras y equipamientos básicos - Directrices relativas a los servicios y bienestar social - Directrices relativas al medio ambiente En estas Directrices generales para las actuaciones, se ha seguido la metodología del Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural que agrupa las acciones por ejes.
1.- Las Directrices relativas a las actividades económicas y al empleo incluyen de forma agrupada las Directrices relativas a las actuaciones que la Ley 45/07 especifica en los artículos 20 (diversificación económica) y 22 (creación y mantenimiento del empleo), así como lo que corresponda de las acciones generales de los artículos 16 (apoyo a la agricultura territorial) y 17 (fomento de la actividad económica en el medio rural).
2.- En el apartado correspondiente a las Directrices relativas a infraestructuras y equipamientos básicos se incluyen las correspondientes a las acciones del artículo 23 de la Ley 45/2007, las infraestructuras y actuaciones relacionadas con las energías renovables del artículo 24, las infraestructuras hidráulicas del artículo 25 y las acciones en materia de tecnologías de la información y la comunicación del artículo 26.
3.- Las Directrices relativas a los servicios básicos y bienestar social, incluyen lo dispuesto para las actuaciones que la Ley 45/07 especifica en los artículos 28 (Educación), 29 (Cultura), 30 (Sanidad), 32 (Protección Social) y el 33 (Urbanismo y Vivienda).
4.- Las Directrices relativas al medio ambiente incluyen principalmente lo dispuesto para las actuaciones que la Ley regula en el artículo 21, conservación de la naturaleza y gestión de residuos naturales.
1. Los fondos destinados al desarrollo rural sostenible priorizarán las actuaciones en las zonas a revitalizar, en las zonas intermedias y en las zonas periurbanas, por este orden.
2. Los planes de zona se diseñarán de forma que se garantice el refuerzo tanto de su cohesión interna como de su integración y articulación con los territorios del entorno, y muy especialmente en relación con las áreas urbanas más próximas y, sobre todo, con aquéllas que constituyen lugares centrales y núcleos de referencia de los municipios rurales que configuran la zona.
3. Las actuaciones previstas en los planes de zona se priorizarán en función del volumen de población y de la extensión del territorio beneficiado - con preferencia para las de ámbito comarcal o supramunicipal frente a las que afecten a un solo municipio -; así como de la importancia y variedad de los aspectos socioeconómicos que vayan a resultar directamente afectados.
4. Favorecer la participación de los agentes sociales y económicos locales en el diseño y ejecución de las políticas de desarrollo rural.
5. La estrategia de desarrollo a aplicar en cada zona deberá contemplar la complementariedad, con los planes y programas que ya se estén llevando a cabo total o parcialmente sobre dicho territorio.
6. Orientar el desarrollo económico hacia el uso sostenible y diversificado de los recursos patrimoniales y territoriales locales que redunde especialmente en beneficio los propios habitantes del medio rural.
7. Incentivar el aprovechamiento del potencial endógeno del territorio y de las diferencias y singularidades que presenta cada zona rural. Promover modelos de economías que se apoyen en la diversidad territorial y en los activos locales y que sean capaces de aprovechar las oportunidades del mercado global.
8. Priorizar el apoyo a las actividades económicas que generen riqueza, que contribuyan al incremento del producto interior bruto local y comarcal, generen reinversión, y que creen o mejoren el empleo en la propia zona, procurando que el valor añadido y el empleo repercutan en la propia zona rural.
9. Apoyar las actividades consideradas como estratégicas para el territorio, reforzando los aspectos que permitan superar las debilidades provocadas a escala local por el funcionamiento del sistema económico general y/o aprovechar las nuevas oportunidades que ese mismo sistema produce.
10. Diseñar fórmulas de integración de las actividades económicas a lo largo de toda la cadena de producción, dentro de la zona rural. Fomentar el establecimiento en la zona de «clusters» de empresas que puedan apoyarse unas a otras con sinergias y complementariedades.
11. Favorecer las iniciativas de integración empresarial (uniones de empresas, cooperativismo, intercambios, marcas de calidad, marcas colectivas, etc.), que por el hecho de suponer un aumento de dimensión han de contribuir a la mejora de la eficiencia y la rentabilidad.
12. Favorecer la profesionalización de la actividad agraria ejercida en explotaciones con una dimensión y un horizonte temporal suficientes para garantizar la viabilidad económica, la estabilidad y unas condiciones de vida equiparables a las de las empresas de otros sectores productivos.
13. Profundizar en las medidas ya existentes e incluidas en otras Planes de desarrollo dirigidas a:
a. El rejuvenecimiento y la formación/profesionalización de los agricultores y ganaderos.
b. El apoyo a la producción ecológica y de calidad diferenciada (DOP, IGP, marcas de calidad), especialmente en las explotaciones extensivas de las zonas a revitalizar.
c. El asociacionismo agrario d. La adopción de medidas respetuosas con el medio ambiente.
14. Reforzar la discriminación en la concesión de subvenciones en favor de aquellas explotaciones situadas en las zonas que presentan mayores dificultades para el desarrollo de la actividad agraria, ya sea por dificultades naturales o por estar afectadas por alguna limitación derivada de la protección medioambiental.
15. Impulsar a través de investigación, divulgación y promoción, la diversificación agraria, orientada tanto a pequeñas producciones tradicionales de calidad en riesgo de desaparición, como a la introducción y desarrollo de nuevas producciones, incluyendo las medidas que fomenten su comercialización.
16. Incentivar la diversificación de las explotaciones agrarias hacia actividades turísticas o de educación ambiental complementarias.
17. Favorecer las medidas que incidan en las fases de transformación y comercialización de los productos agrarios, apoyando que dichas fases se realicen, en la mayor medida posible, en o desde la zona rural, fomentando entre otras, iniciativas de venta directa del productor al consumidor (agricultura de proximidad).
18. Fomentar suscripción de contratos territoriales de zona rural, previa regulación por parte del Estado del contenido y la forma de estos contratos vinculados a la Ley 45/2007.
19. Favorecer la plena incorporación de la mujer a la titularidad de las explotaciones mediante el desarrollo de la titularidad compartida prevista en el Real Decreto 297/2009.
20. Apoyar la diversificación de las producciones forestales: utilización de los residuos forestales como fuente energética (energía de biomasa), y medidas para el fomento de otras producciones no madereras (setas, plantas medicinales y aromáticas, usos recreativos).
21. Fomentar actuaciones dirigidas a mejorar la valoración social y la estima de las actividades agropecuarias tanto por parte de la sociedad urbana como, sobre todo, por parte de los propios ganaderos y agricultores, resaltando su importante función económica y medioambiental para el conjunto de la sociedad de los territorios, urbanos y rurales.
22. Impulsar el desarrollo de pequeños polígonos industriales en los núcleos intermedios que estén en condiciones de proporcionar a estas actividades los equipamientos e infraestructuras que precisan, de conformidad con la normativa vigente.
23. Apoyar, especialmente en las zonas rurales a revitalizar:
- Los establecimientos comerciales destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población rural.
- El fortalecimiento y mejora de la venta ambulante de productos básicos - La creación de nuevos servicios comerciales integrales a domicilio basados en plataformas de comercio electrónico (productos de alimentación, farmacia, vestido, cultura, servicios bancarios, servicios elementales, etc).
24. Apoyar la dinamización turística que permita avanzar en la puesta en valor de los recursos turísticos locales con enfoque de zona, con particular atención al patrimonio natural y cultural, todo ello orientado a un tipo de turismo de calidad, estable y sostenible.
25. Consolidar la actividad turística mediante la mejora de calidad del servicio, la profesionalización y formación del personal encargado de prestar el servicio así como el grado de su sostenibilidad.
26. Primar en aquellas zonas ambientalmente más frágiles (Natura 2000 y demás espacios naturales protegidos, zonas de montaña, zonas con biodiversidad amenazada, etc) o en aquellos espacios de interés cultural, la implantación de actividades que no supongan masificación de usuarios ni requieran equipamientos artificiales significativos, que en todo caso deben diseñarse de forma cuidadosa, coherente con la genuina identidad local e integrada en el paisaje. En estos casos, se adoptarán disposiciones especiales para garantizar la sostenibilidad de las actividades de turismo activo y de aventura.
27. Priorizar el apoyo a iniciativas empresariales, ya sea mediante convocatorias de ayudas o actividades de asesoramiento o de formación, de las propuestas que:
- Generen en mayor medida empleo estable y de calidad para la población activa del territorio, especialmente las que estén dirigidas a emplear jóvenes y mujeres.
- Incorporen compromisos activos de formación y cualificación de los trabajadores, como fórmula para mejora de la competitividad, flexibilizar el trabajo, o dedicación a nuevas actividades económicas emergentes.
- Faciliten de forma expresa la conciliación de la vida laboral y familiar, teniendo en cuenta las peculiares necesidades derivadas de vivir y trabajar en el medio rural.
- Estén promovidas por empresas de economía social o por trabajadores autónomos.
28. Fomentar las actuaciones de formación profesional para los trabajadores de la zona, de manera que se mejore la calidad de su trabajo, la competitividad y calidad de sus empresas, y se cree un ambiente apropiado para la innovación y la dedicación a actividades emergentes.
29. Fomentar las actuaciones de la recuperación y de formación en materia de oficios tradicionales y de actividades artesanas características o exclusivas del territorio, constituyentes del patrimonio rural, y susceptibles de aplicarse en el futuro en actividades económicas que contribuyan al desarrollo rural.
30. Impulsar el establecimiento de incentivos económicos progresivos para los empleados públicos que permanezcan en puestos de trabajo localizados en las zonas a revitalizar y que mantengan su residencia habitual en la propia zona.
31. Garantizar el abastecimiento energético de todos los núcleos habitados en condiciones de calidad y de garantía del servicio.
32. Potenciar la implantación de sistemas de autoabastecimiento por generación de energías renovables, no contactados a la red.
33. Promocionar el cambio tecnológico para complementar los aportes exógenos y suplementar las deficiencias con el apoyo de sistemas basados en la descentralización energética renovable, tanto doméstica como local: solar térmico, fotovoltaica..., junto al uso racional de la biomasa forestal y agrícola, incentivando igualmente el ahorro y las mejoras de eficacia.
34. Procurar que la implantación de sistemas de energías renovables a gran escala en la zona rural, permita que los recursos económicos generados con la explotación repercutan y reviertan directamente en la propia zona rural de generación.
35. Garantizar la conectividad de las poblaciones rurales entre sí y con los núcleos urbanos de referencia, otorgando una particular atención a:
- La accesibilidad para los habitantes de todos los núcleos habitados a los diferentes servicios básicos, según su localización: comercio, educación, sanidad, cultura, ocio, etc.
- Las principales necesidades de movilidad derivadas de la localización del trabajo para la población activa de cada núcleo habitado.
- Las particulares necesidades de transporte y movilidad derivadas de las actividades económicas consideradas estratégicas para la zona rural.
36. Fomentar la adopción justificada de soluciones especiales de transporte público para cada zona rural, teniendo en cuenta la equidad, funcionalidad y eficiencia del servicio. Especialmente se potenciarán aquellos sistemas que permitan un aprovechamiento mixto o combinado, de transportes especiales (rutas escolares, vehículos de prestación social, etc), y el transporte regular de viajeros, así como la posible instalación de sistemas de transporte «a demanda».
37. Garantizar en todos los núcleos rurales un abastecimiento de agua apta para el consumo humano, así como el saneamiento y la depuración de las aguas residuales hasta un nivel adecuado a las previsiones y objetivos de la normativa y planificación ambiental e hidrológica. Se priorizará la programación de las correspondientes actuaciones, tanto para el abastecimiento como para el vertido, en los núcleos donde no se cumplan los mínimos exigidos por la normativa.
38. Fomentar la implantación de la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos no peligrosos o en su caso la existencia de puntos limpios.
39. Fomentar la restauración ambiental de zonas degradadas por la existencia de vertederos de residuos urbanos, agrarios o industriales, escombreras y vertederos de residuos de la construcción y demolición. Así como controlar y limitar las nuevas implantaciones que tengan como finalidad el uso de algunos sectores de las áreas rurales como espacios para la evacuación de residuos de los espacios urbanos próximos.
40. Fomentar la implantación de planes de gestión de residuos especiales como los agrarios o industriales.
41. Fomentar la extensión de la cobertura por Internet en banda a ancha a todos los núcleos habitados de la zona rural en condiciones de calidad de servicio similares a los de las áreas urbanas.
42. Reforzar las actuaciones para extender el acceso a las TICs y la TDT de la población rural que ha quedado fuera o se ha incorporado de forma poco satisfactoria a los planes nacionales y autonómicos.
43. Incorporar acciones de formación a la población local para el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, tanto básicas como en relación con su aplicación en los servicios esenciales así como su potencial aplicación para la formación laboral, educación de adultos y teletrabajo.
44. Impulsar la implantación de la administración electrónica y la ventanilla única en todos los ayuntamientos rurales de la Región, especialmente en los más aislados.
45. Priorizar la prestación mancomunada de servicios públicos u otras fórmulas de cooperación intermunicipal en la prestación de dichos servicios, principalmente en las zonas a revitalizar, y municipios de pequeño tamaño y en núcleos aislados y remotos de zonas de montaña.
46. Incluir medidas que complementen la dotación del equipamiento necesario para el funcionamiento de los consultorios locales, así como el de los centros de salud de la zona rural, cuya capacidad y características deberán ser adecuadas a la población a que debe servir, teniendo en cuenta su tendencia y en particular, las características demográficas de dicha población (composición y estructura por edad y sexo).
47. Apoyar la introducción en la medicina rural de las más modernas tecnologías y medios específicamente concebidos para el ámbito rural, incluida la telemedicina, así como la implantación de la historia clínica digital.
48. Incluir la financiación de acciones destinadas a mejorar continuamente la formación y al intercambio de experiencias de los profesionales de la sanidad rural, que habitualmente ejercen en condiciones de aislamiento y dispersión en relación con el grueso de sus respectivos colectivos.
49. Priorizar la prestación mancomunada de servicios sociales u otras fórmulas de cooperación intermunicipal en la prestación de dichos servicios principalmente en las zonas a revitalizar, y municipios de pequeño tamaño y en núcleos aislados y remotos de zonas de montaña.
50. Reforzar la ayuda a domicilio y a las personas dependientes en las zonas a revitalizar, favoreciendo el empleo de personal local.
51. Apoyar la creación de plazas suficientes en las residencias para la tercera edad, así como de equipos móviles de atención social. La localización de estos centros en relación con el pueblo en que se ubiquen debe facilitar una interacción activa de las personas usuarias con el entorno. También debe programarse la dotación de los servicios de transporte adecuados a sus necesidades, distribución por poblaciones y accesibilidad de cada una de ellas.
52. Revisar la adecuación y suficiencia de los centros, equipamientos, medios humanos y sistemas organizativos disponibles para atender las necesidades específicas de la zona rural y garantizar la igualdad de oportunidades educativas respecto a los núcleos urbanos.
53. Favorecer la impartición de aquellas enseñanzas relacionadas con el conocimiento del entorno cultural y medioambiental, relacionándolo con los contextos más amplios en que se integra, así como la familiarización con las nuevas tecnologías.
54. Apoyar iniciativas de intercambio y convivencia de los niños del medio rural más aislado con otros del entorno rural del ámbito regional, nacional o internacional.
55. Incentivar la dotación de guarderías y unidades de educación infantil, que podrán ser atendidas por personas de la propia comarca, a las que se haya dotado previamente de la formación y cualificación profesional necesaria, generándose así una nueva fuente de empleo.
56. Apoyar las actuaciones vinculadas a la educación de las personas adultas del medio rural (cursos, charlas, actividades de fomento de la lectura y de sensibilización medioambiental), así como los viajes de intercambio cultural.
57. Revisar la oferta en equipamientos y actividades culturales de la zona rural e identificar sus principales carencias, necesidades y oportunidades en esta materia, como base para la programación de actuaciones.
58. Garantizar la conservación, recuperación y promoción de la cultura rural local, por su papel esencial en el reconocimiento y afirmación de la identidad de cada territorio.
59. Fomentar la oferta cultural que se presente con soluciones innovadoras y de proximidad, que permitan llevar la cultura a cada pueblo y aldea, como pueden ser las que aprovechan las nuevas tecnologías de la información, las actividades itinerantes y dinámicas, los circuitos de eventos culturales o la localización de espacios culturales de naturaleza policéntrica.
60. Incentivar la conservación del patrimonio cultural, tanto arquitectónico (edificios, caminos, etc.) así como otros elementos constructivos tradicionales, como etnográficos.
61. Favorecer el asociacionismo, la animación socio-cultural, y en general los cauces de participación de la sociedad rural en las cuestiones que les afectan.
62. Impulsar la creación de instalaciones deportivas, accesibles para los habitantes de las zonas rurales, así como la cooperación con las federaciones para posibilitar e incentivar la práctica deportiva.
63. Priorizar la rehabilitación de viviendas frente a otras actuaciones en esta materia, especialmente la de aquellos edificios que reúnan unas cualidades constructivas, históricas y/o culturales. Estas actuaciones deberán condicionarse al cumplimiento de requisitos de eficiencia energética y de respeto a las tipologías edificatorias características del espacio rural en que se ubican dichas construcciones.
64. Favorecer la utilización como segundas residencias de las viviendas tradicionales en las zonas rurales a revitalizar.
65. Asistir técnica y financieramente a los municipios en la redacción de los planes y normas urbanísticas cuando no dispongan de ellos, siempre que los desarrollos previstos sean compatibles con lo establecido en las presentes directrices.
66. Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previniendo el deterioro del patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad, mediante la ordenación integrada del uso del territorio, la mejora de la planificación y de la gestión de los recursos naturales y la reducción de la contaminación en el medio rural.
67. Contribuir activamente a los fines perseguidos por la Red Natura 2000 y a la protección y restauración de la biodiversidad en las zonas rurales.
68. Respaldar las candidaturas de las zonas de montaña a Reservas de la Biosfera o Patrimonio de la Humanidad, integrándolas en la estrategia de desarrollo rural.
69. Fomentar el aprovechamiento maderero de los bosques autóctonos y las repoblaciones con especies autóctonas de los suelos más expuestos a la erosión y con peores aptitudes para su aprovechamiento como pastos.
70. Impulsar la puesta en marcha de proyectos de ordenación de montes y la certificación forestal, con el objetivo de contribuir a una gestión forestal sostenible.
71. Evaluar, a escala de zona rural, los impactos ambientales potenciales que se asocien al cambio climático, para la definición de estrategias que luchen contra los efectos adversos del mismo.
72. Impulsar la realización de medidas tendentes a alcanzar una mayor sensibilización ambiental mediante el desarrollo de programas de formación y cursos que permitan conocer y valorar los recursos naturales y paisajísticos de los espacios protegidos y del medio rural en general.
73. Fomentar la implantación de un modelo regional integral de pago por servicios ambientales que compense adecuadamente el coste de oportunidad de ciertas formas de explotación que por su respeto al medio ambiente redunden en beneficio de toda la población.
74. Impulsar iniciativas de protección del paisaje rural, enmarcadas en las disposiciones del Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, de 20 de octubre del año 2000.
ANEXO IV INDICADORES DE ESTADO DE LA SOSTENIBILIDAD
INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ZONA
INDICADOR DE IMPACTO (POSITIVO) DE LA ACTUACIÓN RELACIONADO
- Número de habitantes por km2
Variación de población
- Variación de la población en periodo de 50 y de 10 años anterior, en porcentaje
Estructura de la población - Porcentaje de la población por clase de edad (<16, 16-64, >=65 y total) y sexos.
- Tasa de masculinidad por clases de edad.
Aportación de la zona al PIB
- % del PIB regional del que es responsable la zona en cuestión
- Renta bruta disponible de los hogares (por habitante)
- Nº de empresas en cada uno de los sectores
Tasa de actividad en el sector primario
- Porcentaje de personas activas que están empleadas en el sector primario
Tasa de actividad en el sector secundario
- Porcentaje de personas activas que están empleadas en el sector secundario
Tasa de actividad en el sector terciario
- Porcentaje de personas activas que están empleadas en el sector terciario
- Número de establecimientos por tipología
Turismo - Número de visitantes.
- Número de pernoctaciones
Trabajadores por sector y régimen de la Seguridad Social
- Este indicador debe presentar los datos tanto generales, como desagregados por sexos, edad y nacionalidad (española / extranjera)
- Nº de empleados públicos con puesto de trabajo en la zona, de la AGE y de la CA
- Este indicador debe presentar los datos tanto generales, como desagregados por sexos, clases de edad y nacionalidad (española / extranjera), con referencia de cierre en diciembre.
Productos y servicios estratégicos para la zona rural
- Número y tipo de los bienes o servicios producidos en la zona considerados estratégicos para el desarrollo rural por el Plan de Zona
- Número de explotaciones agrarias
- Según la definición del art. 2.5 de la ley 19/1995 de modernización de las explotaciones agrarias, modificado en la disposición final primera de la ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural
- Número de Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGPs) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETGs), de la zona rural
Tasa de dependencia y coeficiente de substitución - Tasa de dependencia: población que no trabaja (población < 16 años + población >=65 años) / población que trabaja (entre 16 y 64 años).
- Coeficiente de sustitución: población 10-14 años / población 60-64 años.
- Población por sexos y clases de edad (<16, 16-64, >=65 y total).
- Porcentaje de viviendas que son primera residencia, segunda y que están vacías.
- Cobertura de telefonía móvil en % del territorio.
- Acceso a Internet por tipos y en % de la población.

matches:
artículo 24
artículo 5
artículo 10
resolución
artículo 11
artículo 15
artículo 3
artículo 3
artículo 3
artículo 15
artículo 23
artículo 24
artículo 25
artículo 26
artículo 21
Real Decreto


text:
Ley 1262 Registro de Personal de Seguridad Liga del Consorcista
Ley 1262 Registro de Personal de Seguridad
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Artículo 1º.- Incorpórese como "TITULO XI" de la Ley Nº 118 el siguiente articulado:
"Registro de Personal de Seguridad de Locales Bailables, Discotecas y Establecimientos de Contratación Masiva de Personas"
"Artículo 23: Registro Especial: Créase el Registro Especial del Personal de Seguridad de locales bailables, discotecas y establecimientos de concentración masiva de personas, en el cual deberá inscribirse toda persona que preste servicios de seguridad privada en los mismos".
"Artículo 24: Requisitos del Personal: A los fines de la inscripción en el registro creado por el artículo 23, además de los requisitos contemplados en el artículo 4º el personal de seguridad no deberá encontrarse procesado con resolución firme por delito doloso." La autoridad de aplicación podrá exceptuar al personal de abonar tasa de inscripción, habilitación y tramite, como así también exceptuar el cumplimiento de los incisos k) y l) del Art.
"Artículo 25: Personal.
Identificación: El personal que cumpla funciones de portería o de seguridad en locales bailables, discotecas y establecimientos dedicados a espectáculos públicos deberá estar identificado con vestimenta que posea en lugar visible un logo del lugar, como así también una tarjeta identificatoria en donde conste su nombre, apellido, tipo y número de documento de identidad, número que le ha dado el Registro, nombre o razón social de la empresa para la cual presta funciones y tareas que desempeña."
"Artículo 26: Prestador.
El titular de la explotación comercial dedicada a dicho rubro deberá cumplir con el requisito del Art.
13 y con las siguientes obligaciones:
a) Libro Registro: Deberá llevar un "Libro Registro" en donde figuren todos los datos identificatorios del personal empleado y en su caso la prestadora habilitada contratada que brinda el servicio de seguridad privada.
b) Cartelera: Deberá exhibir en una cartelera en lugar visible el listado del personal de seguridad que desempeñe funciones en cada turno y día que desarrolle la actividad comercial.
Y en su caso la prestadora habilitada que brinda el servicio de seguridad privada.
c) Seguro: Contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los eventuales daños ocasionados a terceros.
d) Notificación: Notificar fehacientemente a la Autoridad de Aplicación de los datos consignados en el Libro Registro y de toda novedad que se produzca en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas.
e) Vestimenta: Proveer al personal que registre en el Libro Registro de la vestimenta, logo identificatorio del lugar y la tarjeta identificatoria que establece el artículo 25.
"Artículo 27: Exclusividad: El titular de la explotación comercial dedicada a dicho rubro, sólo podrá emplear como personal de seguridad a quienes se encuentren inscriptos en el Registro establecido en el artículo 23 de la presente ley."
"Artículo 28: Radicación de Denuncia: El damnificado por acciones del personal de seguridad podrá denunciar por ante el Registro los hechos por los cuales se hubiere visto perjudicado".
Artículo 2º.- Deróguese la Ordenanza Nº 51.215 de fecha 12 de diciembre de 1996 (B.O.
Nº 124 pag.
Artículo 3º.- Los artículos de la presente Ley deben ser reglamentados dentro de los ciento veinte (120) días de su entrada en vigencia.
Tags: De Interés General para la Familia Urbana, control, reglamentación, seguridad, servicio de vigilancia,

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Artículo 1
artículo 23
artículo 4
resolución
artículo 25
artículo 23
Artículo 2
Artículo 3