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Système HJ - Décision: SENTENCIA 95/1995
SENTENCIA 95/1995, de 19 de junio
(BOE nº 175, de 24 de juillet de 1995)
ECLI:ES:TC:1995:95
En el recurso de amparo núm. 837/93, promovido por don Francisco Javier Alonso López, representada por la Procuradora doña Milagros Pastor Fernández y asistido por la Letrada doña María de los Angeles Ramos Guillén, contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 2 de febrero de 1993, recaída en el rollo de apelación núm. 8/93, dimanante del procedimiento abreviado núm. 664/92 seguido por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de dicha ciudad, por la que fue absuelto del delito de robo con fuerza y condenado como autor de un delito de receptación. Ha sido parte el Ministerio Fiscal y Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 22 de marzo de 1993, don Francisco Javier Alonso López solicitó la designación de Procurador de oficio y designó como Letrada a doña María de los Angeles Ramos Guillén, para formalizar demanda de amparo contra la Sentencia dictada el 2 de febrero de 1993 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, recaída en el rollo de apelación núm. 8/93, dimanante del procedimiento abreviado núm. 664/92, acompañando copia de la citada resolución, relación circunstanciada de los hechos sobre los que pretende fundar el amparo y certificación relativa a dicha Letrada. A lo que se proveyó por la Sección Tercera de este Tribunal el 25 de marzo de 1995 acordando oficiar al Colegio de Procuradores de Madrid para que se le nombre Procurador en turno de oficio. Y registrada en este Tribunal el 31 de marzo de 1993 la comunicación de dicho Colegio, la Sección, por providencia de 8 de julio de 1993, acordó tener por designado por el turno de oficio como Procurador a doña Milagros Pastor Fernández y como Abogado designado por el recurrente a doña María de los Angeles Ramos Guillén, concediéndoles un plazo de veinte días para formalizar la demanda de amparo, que recibida en el Juzgado de Instrucción núm. 10 de Guardia el día 6 de septiembre de 1993, tuvo entrada en este Tribunal el día 8 de dicho mes y año.
2. Los hechos en los que se basa la demanda de amparo son, en esencia, los siguientes:
A) El día 16 de diciembre de 1992 se vio en juicio oral y público por la Magistrada-Juez de lo Penal núm. 4 de Las Palmas de Gran Canaria la causa 664/92, seguida por los trámites del procedimiento abreviado, contra don Francisco Javier Alonso López, y otro más. En el acto del juicio oral el Ministerio Fiscal, única parte acusadora, elevó a definitivas sus conclusiones y calificó los hechos como un delito de robo con fuerza, previsto y penado en los arts. 500, 504.1, 505 y 506.2 del Código Penal (C.P.), solicitando para ambos acusados la pena de cinco años de prisión menor, accesorias legales y costas e indemnización por responsabilidad civil. La defensa del hoy recurrente de amparo solicitó se dictase Sentencia absolutoria, por carencia de pruebas, directas o indirectas, de haber cometido un delito de robo con fuerza.
B) Con fecha 17 de diciembre de 1992, la Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal núm. 4 dictó Sentencia en la referida causa núm. 664/92, por la que condenó a don Francisco Javier Alonso López y al otro acusado como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión menor, accesorias legales y costas e indemnización por mitad. Resolución contra la que el hoy demandante de amparo interpuso recurso de apelación, basado en el derecho constitucional a la presunción de inocencia (art. 24.2 C.E.), por estimar que no existía contra el mismo prueba incriminatoria, directa o indirecta, del mencionado delito. Las demás partes ni impugnaron ni se adhirieron a dicho recurso.
C) La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, sin que hubiera estimado la necesidad de celebrar vista de la apelación, por Sentencia de 2 de febrero de 1993 resolvió el recurso, en la que tras establecer nuevos hechos probados absolvió a don Francisco Javier Alonso López del delito de robo con fuerza en las cosas por considerar que no existía base probatoria suficiente y le condenó como autor de un delito de receptación a la pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión menor y multa de 700.000 ptas. con otros pronunciamientos. Es de señalar que dicha resolución entró a razonar en su fundamento jurídico 4º si procedía una condena de los recurrentes por un delito de receptación del que no habían sido acusados por el Ministerio Fiscal, estimando que en el presente caso existía homogeneidad entre dicho delito y el de robo y que la pena solicitada para éste es más grave que la que corresponde al primero.
3. En la demanda de amparo se impugna la mencionada Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por estimar que, al condenar al recurrente por un delito de receptación cuando fue condenado en instancia y acusado en apelación de un delito de robo con fuerza en las cosas, se ha vulnerado su derecho constitucional a ser informado de la acusación y su derecho a la defensa contradictoria (art. 24.2 C.E.). Asimismo, el recurrente considera que se ha lesionado su derecho constitucional a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.) dado que el tipo delictivo por el que se le condena en la resolución de la Audiencia Provincial, receptación, es distinto del delito de robo del que en todo momento ha sido acusado por el Ministerio Fiscal. Lo que le ha impedido ejercitar en un proceso contradictorio cualquier tipo de defensa frente a esta nueva calificación de los hechos. Siendo así que por no existir homogeneidad o identidad sustancial entre los dos tipos penales no cabe variar la calificación jurídica, como claramente se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 21 de enero de 1988, 8 de mayo de 1989, 10 de mayo de 1989, 1 de diciembre de 1990, 20 de septiembre de 1991 y 15 de abril de 1991). Por lo que solicita el otorgamiento del amparo y que se declare la nulidad de la Sentencia de 2 de febrero de 1993 dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, con suspensión cautelar de la ejecución de la Sentencia recurrida.
4. Por providencia de 21 de marzo de 1994, la Sección Tercera de este Tribunal acordó, de conformidad con el art. 50.3 de su Ley Orgánica, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que formulasen, con las aportaciones documentales que procedan, las alegaciones pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].
5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de abril de 1994 formuló alegaciones la representación del recurrente, en las que reiteró las expuestas en su demanda, solicitando su admisión a trámite.
Por su parte, el Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 19 de abril de 1994, tras exponer los hechos y citar la doctrina de este Tribunal sobre la homogeneidad de los tipos delictivos a los fines del principio acusatorio, hizo referencia a la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha declarado la falta de homogeneidad entre los delitos de robo y receptación. Solicitando que se recabasen las actuaciones para informar con mayor fundamento o, en otro caso, que se admitiera a trámite la demanda por no ser manifiestamente carente de contenido constitucional.
6. La Sección Tercera, por providencia de 21 de abril de 1994, acordó incorporar a las actuaciones el anterior escrito y recabar de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria la remisión de certificación o fotocopia adverada de las actuaciones en el rollo de apelación núm. 8/93 y en el procedimiento abreviado núm. 664/92 del Juzgado de lo Penal núm. 4 de la misma ciudad. Las segundas tuvieron su entrada en este Tribunal el 10 de mayo de 1994 y el día 16 del mismo mes y año se recibieron las segundas; y seguidamente se pasaron al Ministerio Fiscal, concediéndole un plazo de diez días para nuevas alegaciones, según lo acordado por la Sección en providencia del 19 de mayo de 1994.
7. En su escrito de alegaciones, registrado en este Tribunal el 3 de junio, el Ministerio Fiscal, tras reiterar los elementos básicos expuestos en su escrito anterior, a la vista de las actuaciones consideró que la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria había modificado en su Sentencia de apelación del 2 de febrero de 1993 no solamente la calificación jurídica sino también los propios hechos con base en las pruebas existentes en los autos para condenar por receptación en lugar de robo; y ello sin que el Ministerio Fiscal, única parte acusadora, hubiera variado sus conclusiones en las que acusaba por unos hechos relativos a un delito de robo. Lo que a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del mismo Tribunal Constitucional sobre el principio acusatorio, permite afirmar que la demanda de amparo no carece manifiestamente de contenido constitucional y, por ello, debe ser admitida a trámite.
8. La Sección Tercera, por providencia de 27 de junio de 1994, acordó admitir a trámite la demanda y al haberse recibido las actuaciones, que por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de las Palmas de Gran Canaria se emplazasen, para que pudieran comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo y defender sus derechos, a quienes hubieren sido parte en dicho procedimiento, con exclusión de quienes quisieran coadyuvar o impugnar y les hubiere ya transcurrido el plazo para recurrir previsto en la LOTC.
9. Por providencia de 24 de octubre de 1994, la Sección acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, para formular las alegaciones pertinentes, de conformidad con el art. 52.1.
A) La representación del recurrente, por escrito presentado en el Juzgado de Guardia el 23 y registrado en este Tribunal el 26 de noviembre de 1994, en sus alegaciones se ratificó en su escrito de demanda, reiterando la queja allí formulada contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria el 2 de febrero de 1993. Resolución que se estima que ha lesionado el derecho a no sufrir indefensión del art. 24.1 C.E. y el derecho a ser informado de la acusación del art. 24.2 C.E., por lo que procede el otorgamiento del amparo.
B) El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado en este Tribunal el 28 de noviembre de 1994, expuso en sus alegaciones lo esencial de los hechos de los que se deriva la demanda y, en cuanto al problema constitucional planteado, reiteró, de un lado, que no existía homogeneidad entre los delitos de robo y receptación y, por tanto, no cabía la sustitución del primero por el segundo sin previa acusación y debate sobre ellos. De otro lado, tras citar la doctrina de este Tribunal sobre la homogeneidad de tipos delictivos (STC 53/1987, entre otras) aplicable en fase de apelación (SSTC 184/1986, 53/1987, etc...) e indicar que la falta de homogeneidad había sido declarada reiteradamente por la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, estimó que en el presente caso se había conculcado el principio acusatorio y esta lesión conduce a la indefensión, dado que el recurrente ha sido condenado por un delito que no fue debatido en el juicio oral. Por lo que terminó solicitando que se otorgase el amparo.
10. Abierta la pieza de suspensión, por Auto de 22 de mayo de 1995 se acordó conceder la suspensión de la ejecución de la Sentencia recurrida en amparo en cuanto a la pena privativa de libertad impuesta y las accesorias, así como respecto a la multa si el impago de la misma diera lugar a la imposición del arresto sustitutorio de dieciséis días establecido en dicha Sentencia. Denegando la suspensión de la ejecución en cuanto a la indemnización al perjudicado y las costas.
11. Por providencia de 15 de junio de 1995 se señaló para deliberación y fallo de esta Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
1. En el presente caso la queja del recurrente por una presunta vulneración de sus derechos constitucionales tiene su origen en la Sentencia dictada el 2 de febrero de 1993 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, a la que se imputa, de un lado, una lesión de sus derechos a ser informado de la acusación y a la defensa (art. 24.2 C.E.), por haberle condenado como autor de un delito de receptación cuando tanto en instancia como en apelación sólo fue acusado de un delito de robo con fuerza en las cosas. Lo que supuso una alteración de los hechos y de su calificación jurídica, pese a no existir homogeneidad entre ambos delitos según una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. De otro lado, también imputa a dicha resolución la violación de su derecho constitucional a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.), ya que la ausencia de acusación por el delito de receptación le ha impedido ejercer su derecho a la defensa en un proceso contradictorio, generándole indefensión. Planteamiento que es sustancialmente compartido por el Ministerio Fiscal al estimar que en el presente caso se ha producido una eventual lesión del principio acusatorio, por no existir homogeneidad entre los delitos de robo y de receptación. De manera que al órgano jurisdiccional le estaba vedado alterar los hechos en este punto y su calificación, así como sustituir en la condena el primero por el segundo, sin previa acusación y debate, lo que aquí no ha ocurrido. A lo que se agrega que con esta lesión del principio acusatorio se ha producido, además, la indefensión del recurrente, ya que fue condenado por un delito, el de receptación, no debatido en el juicio oral.
A los fines de acotar el objeto del presente recurso ha de tenerse presente, por tanto, que la doble queja del recurrente se basa en un mismo presupuesto: la modificación por la Sentencia impugnada de los hechos y su calificación jurídica, sin que existiera homogeneidad entre ambos tipos penales. De suerte que si bien la queja del recurrente se articula en dos motivos distintos, en realidad uno y otro están vinculados con los dos aspectos del principio acusatorio que han sido señalados por este Tribunal desde la STC 53/1987, pues dicho principio implica tanto el "derecho a conocer de la acusación (art. 24.2 C.E.)" como el "derecho a no sufrir indefensión (art. 24.1 C.E.)", según se ha reiterado posteriormente (SSTC 242/1986, 18/1989, entre otras).
2. Dicho esto, para resolver la queja es procedente señalar, sucesivamente, los hechos determinantes en los que aquella se funda así como la doctrina de este Tribunal sobre los elementos del principio acusatorio que son relevantes en el presente caso.
A cuyo fin conviene recordar, en primer lugar, que es doctrina reiterada de este Tribunal que el respeto del principio acusatorio constituye una exigencia constitucional "en todos los procesos penales" (STC 11/1992) o, como hemos dicho en la STC 83/1992, "en cualquier tipo de proceso penal". Supuesto en el que indudablemente nos encontramos, dado que el recurrente fue acusado del delito de robo con fuerza en las cosas en la causa núm. 664/92 seguida por el procedimiento penal abreviado en el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Las Palmas de Gran Canaria y en la que fue condenado junto con otro acusado por dicho delito por la Sentencia dictada el 17 de diciembre de 1992 por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de dicha ciudad. Sin que en nada afecte que la queja se dirija contra la Sentencia dictada en apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria el 2 de febrero de 1993, pues este Tribunal ha declarado que en cuanto garantía sustancial del proceso penal, las exigencias derivadas del principio acusatorio "deben mantenerse en cada una de las instancias" del proceso penal (SSTC 109/1989, 83/1992 y 100/1992) y, en concreto, en el recurso de apelación contra una Sentencia penal (SSTC 116/1985, 18/1989, 53/1989 y 283/1993, entre otras).
Por tanto, ha de estimarse que es enteramente aplicable en el presente caso la garantía que se deriva del art. 24 C.E., de acuerdo a la cual "nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido la oportunidad de defenderse de manera contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y defensa, lo cual a su vez significa en última instancia que ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de las Sentencias", como se ha dicho en la mencionada STC 11/1992, fundamento jurídico 3º, con cita de otras anteriores (SSTC 17/1988, 168/1990 y 47/1991). De lo que se desprende que el debate procesal en el proceso penal "vincula al juzgador, impidiéndole excederse de los términos en que viene formulada la acusación o apreciar hechos o circunstancias que no han sido objeto de consideración en la misma, ni sobre las cuales, por lo tanto, el acusado ha tenido ocasión de defenderse" (STC 205/11989, fundamento jurídico 2º, reiterado en la STC 161/1994).
3. En segundo término, cabe observar que el presupuesto básico de la queja del recurrente es, como antes se ha indicado, la alteración producida en los hechos y su calificación por la Sentencia contra la que se solicita el amparo, sin que existiera homogeneidad entre los dos tipos penales. Lo que habría exigido un debate contradictorio en el recurso de apelación sobre los hechos que sirvieron de base a la nueva condena por receptación, que en este caso no tuvo lugar por no haber estimado necesario la Sala la celebración de la vista oral. Extremos que son compartidos por el Ministerio Fiscal y sobre los que no puede existir duda alguna, pues se corroboran con la simple lectura de la Sentencia dictada el 17 de diciembre de 1992 por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Las Palmas de Gran Canaria y la de fecha 2 de febrero de 1993 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de dicha ciudad.
A) En relación con lo anterior ha de recordarse que desde la STC 12/1981 hemos señalado que el contenido esencial del derecho constitucional a ser informado de la acusación se refiere a "los hechos considerados punibles que se imputan al acusado". Y si bien la calificación jurídica de tales hechos corresponde en principio al Tribunal que los juzga, no cabe olvidar que esta calificación no es ajena al debate contradictorio en el proceso penal, debate que recae así "no sólo sobre los hechos sino también sobre su calificación jurídica" (STC 12/1981, fundamento jurídico 4º). Por lo que es posible, y con frecuencia ocurre, que el Tribunal acoja en la Sentencia una de las calificaciones propuestas por las partes; aunque también puede apartarse de ellas y, como lo ha entendido el Tribunal Supremo, que se pueda condenar por un delito distinto del apreciado en los escritos de calificación, dentro de ciertos límites sentados por la jurisprudencia (STC 12/1981, fundamento jurídico 4º).
Posibilidad esta última que, en relación al derecho constitucional a la defensa, hemos dicho que requiere el cumplimiento de dos condiciones: una es la identidad del hecho punible, de forma que "el mismo hecho señalado por la acusación, que se debatió en el juicio contradictorio y que se declaró probado en la Sentencia de instancia, constituya el supuesto fáctico de la nueva calificación". La segunda condición es que ambos delitos, el sentado en la Sentencia recurrida y el considerado como el más correcto por el Tribunal ante el que se ha recurrido aquella decisión "sean 'homogéneos', es decir, tengan la misma naturaleza, porque el hecho que configure los tipos correspondientes sea sustancialmente el mismo" (ibid, fundamento jurídico 5º). Doctrina que se ha reiterado en la STC 105/19183 y en otras muchas decisiones posteriores (SSTC 54/1985, 134/1986, 83/1987, 57/1987, 10/1988, 168/1990 y 161/1994, entre otras).
B) Por tanto, es claro que faltando una de esas dos condiciones se produce la indefensión que la Constitución prohíbe, pues si el proceso penal exige la contradicción entre las partes y ello entraña la posibilidad de conocer el hecho punible cuya comisión se atribuye y la de contestar o rechazar la acusación formulada, resultando en verdad imposible cumplir con esta exigencia constitucional si la acusación se concreta en el momento de emisión del fallo condenatorio, "confundiéndose así acusación y condena" (STC 83/1992, con cita de las SSTC 54/1985, 84/1985, 134/1986, 53/1987 y 168/1990). Mientras que no cabe considerar que existe indefensión "si el condenado tuvo ocasión de defenderse de todos y cada uno de los elementos de hecho que componen el tipo de delito señalado en la Sentencia, siendo innocuo el cambio de calificación si existe homogeneidad, entendida como identidad del bien o interés protegido en cuanto haya una porción de acaecer concreto o histórico común en la calificación de la acusación y en la Sentencia" (STC 134/1986, fundamento jurídico 2º).
Esto último, sin embargo, no ha ocurrido en el presente caso, pues en la Sentencia de 2 de febrero de 1993 la Audiencia provincial de Las Palmas de Gran Canaria procedió, primero, a modificar los hechos relativos a un delito de robo con fuerza en las cosas que sirvieron de base a la acusación del Ministerio Fiscal, se declararon probados en la Sentencia recurrida y fueron objeto del recurso de apelación, estableciendo otros; y, seguidamente consideró que tales hechos eran constitutivos de un delito de receptación. Siendo de señalar que si bien en el cuarto fundamento de Derecho de esta resolución judicial la Sala razonó sobre la posibilidad de que los acusados pudieran ser condenados por dicho delito en lugar del de robo, que era el debatido en el proceso penal, no obstante llegó a una conclusión afirmativa por estimar que "en el caso que nos ocupa existe homogeneidad entre el delito de robo y receptación". Lo que evidentemente no se corresponde en modo alguno con la abundante jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que han citado tanto el demandante de amparo como el Ministerio Fiscal y a la que cabe agregar, como decisiones más recientes, las Sentencias de la mencionada Sala Segunda de 25 de enero y 28 de mayo de 1993. Con la particularidad de que en esta última decisión el Alto Tribunal afirma, con cita de otras decisiones anteriores, que es "reiterada doctrina de esta Sala" la inexistencia de una base fáctica común o identidad sustancial entre los delitos de robo o hurto y el delito de receptación "que permita variar la calificación jurídica sin lesionar irremediablemente los principios constitucionales que consagran el derecho a un juicio con todas las garantías necesarias, salvando el principio acusatorio".
4. Hemos de partir, pues, de la anterior interpretación de la legalidad ordinaria que ha llevado a cabo el Tribunal Supremo para estimar, en suma, que no existiendo homogeneidad entre los delitos de robo y receptación, la Sentencia impugnada no podía entrar a modificar los hechos y su calificación ni a condenar por el delito de receptación sin que previamente hubiera existido un debate contradictorio entre las partes, lo que no tuvo lugar como antes se ha dicho. Por lo que necesariamente ha de llegarse a la conclusión, en aplicación de la doctrina constitucional que antes se ha expuesto, de que la Sentencia dictada por la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria el 2 de febrero de 1993 ha lesionado el principio acusatorio que la Constitución garantiza, tanto en lo que respecta al derecho del recurrente a ser informado de la acusación como en su derecho a la defensa (art. 24.2 C.E.).
Conclusión que ha de conducir, en definitiva, al otorgamiento del amparo solicitado, para que por la Sala se dicte nueva resolución en el recurso de apelación interpuesto por don Francisco Javier Alonso López contra la recaída en instancia, con entero respeto de dicho principio constitucional.
Otorgar el amparo solicitado por don Francisco Javier Alonso López y, en su virtud:
1º. Restablecer al recurrente en su derecho constitucional a ser informado de la acusación en el proceso penal y a la defensa.
2º. Anular la Sentencia dictada el 2 de febrero de 1993 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria en el rollo de apelación núm. 8/93, dimanante del procedimiento abreviado núm. 664/92, seguido por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de dicha ciudad, sólo en cuanto al pronunciamiento por el que se condena al recurrente como autor criminalmente responsable de un delito de receptación y los demás que de el se derivan.
Dada en Madrid, a diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco.
Numéro et date BOE [Nº, 175 ] 24/07/1995
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 837-1993
Fecha de resolución 19/06/1995
Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, recaída en apelación, dimanante del procedimiento abreviado seguido por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de dicha ciudad, por la que fue absuelto del delito de robo con fuerza y condenado como autor de un delito de receptación.
Vulneración del principio acusatorio: derecho a ser informado de la acusación y a la defensa.
Es enteramente aplicable en el presente caso la garantía que se deriva del art. 24 C.E., de acuerdo a la cual «nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido la oportunidad de defenderse de manera contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y defensa, lo cual a su vez significa en última instancia que ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de las Sentencias», como se ha dicho en la STC 11/1992. De lo que se desprende que el debate procesal en el proceso penal «vincula al juzgador, impidiéndole excederse de los términos en que viene formulada la acusación o apreciar hechos o circunstancias que no han sido objeto de consideración en la misma, ni sobre las cuales, por lo tanto, el acusado ha tenido ocasión de defenderse» (STC 205/1989, reiterado en la STC 161/1994) [F.J. 2].
Desde la STC 12/1981 hemos señalado que el contenido esencial del derecho constitucional a ser informado de la acusación se refiere a «los hechos considerados punibles que se imputan al acusado». Y si bien la calificación jurídica de tales hechos corresponde en principio al Tribunal que los juzga, no cabe olvidar que esta calificación no es ajena al debate contradictorio en el proceso penal, debate que recae así «no sólo sobre los hechos sino también sobre su calificación jurídica». Por lo que es posible, y con frecuencia ocurre, que el Tribunal acoja en la Sentencia una de las calificaciones propuestas por las partes; aunque también puede apartarse de ellas y, como lo ha entendido el Tribunal Supremo, que se pueda condenar por un delito distinto del apreciado en los escritos de calificación, dentro de ciertos límites sentados por la jurisprudencia (STC 12/1981). Tal posibilidad requiere el cumplimiento de dos condiciones: Una es la identidad del hecho punible, de forma que «el mismo hecho señalado por la acusación, que se debatió en el juicio contradictorio y que se declaró probado en la Sentencia de instancia, constituya el supuesto fáctico de la nueva calificación». La segunda condición es que ambos delitos, el sentado en la Sentencia recurrida y el considerado como el más correcto por el Tribunal ante el que se ha recurrido aquella decisión «sean "homogéneos", es decir, tengan la misma naturaleza, porque el hecho que configure los tipos correspondientes sea sustancialmente el mismo», doctrina que se ha reiterado en la STC 105/1983 y en otras muchas decisiones posteriores [F.J. 3].
Es claro que faltando una de esas dos condiciones se produce la indefensión que la Constitución prohíbe, pues si el proceso penal exige la contradicción entre las partes y ello entraña la posibilidad de conocer el hecho punible cuya comisión se atribuye y la de contestar o rechazar la acusación formulada, resultando en verdad imposible cumplir con esta exigencia constitucional si la acusación se concreta en el momento de emisión del fallo condenatorio, «confundiéndose así acusación y condena» (STC 83/1992, con cita de las SSTC 54/1985, 84/1985, 134/1986, 53/1987 y 168/1990). Mientras que no cabe considerar que existe indefensión «si el condenado tuvo ocasión de defenderse de todos y cada uno de los elementos de hecho que componen el tipo de delito señalado en la Sentencia, siendo innocuo el cambio de calificación si existe homogeneidad, entendida como identidad del bien o interés protegido en cuanto haya una porción de acaecer concreto o histórico común en la calificación de la acusación y en la Sentencia» (STC 134/1986) [F.J. 3].
No existiendo homogeneidad entre los delitos de robo y receptación, la Sentencia impugnada no podía entrar a modificar los hechos y su calificación ni a condenar por el delito de receptación sin que previamente hubiera existido un debate contradictorio entre las partes, lo que no tuvo lugar en este caso. Por lo que necesariamente ha de llegarse a la conclusión, en aplicación de la doctrina constitucional que antes se ha expuesto, de que la Sentencia dictada ha lesionado el principio acusatorio que la Constitución garantiza, tanto en lo que respecta al derecho del recurrente a ser informado de la acusación como en su derecho a la defensa (art. 24.2 C.E.) [F.J. 4].
Contenido esencial de los derechos fundamentalesContenido esencial de los derechos fundamentales, f. 3
Derecho a ser informado de la acusaciónDerecho a ser informado de la acusación, Doctrina constitucional, ff. 2, 3
Garantías procesalesGarantías procesales, ff. 2, 3
Doctrina de la pena justificadaDoctrina de la pena justificada, f. 3
Homogeneidad del delitoHomogeneidad del delito, ff. 3, 4
JurisprudenciaJurisprudencia, f. 3
PenasPenas, f. 3
ReceptaciónReceptación, f. 4
Responsabilidad penalResponsabilidad penal, ff. 3, 4
Pena superior a la solicitada por la acusaciónPena superior a la solicitada por la acusación, f. 3
Principio acusatorioPrincipio acusatorio, f. 3

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Registro Oficial. 4 de MAYO del 2004
Martes, 04 de Mayo del 2004 - R. O. No. 327
1611\n Déjase\n sin efecto el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No 1596\n de 16 de abril del 2004 y encárgase el Ministerio de Bienestar\n Social, al economista Luis Pachala Poma, Subsecretario de Desarrollo\n Social, Rural y Urbano Marginal..
1612 Autorízase la concurrencia\n del ingeniero Estuardo Peñaherrera Gallegos, Ministro\n de Obras Pública y Comunicaciones para que asista al "Taller\n Regional de Ferrocarriles" en la ciudad de Caracas, Venezuela.
1613\n Acéptase\n la renuncia del doctor Luis Romo S.
1615 Declárase en comisión\n de servicios en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América,\n al licenciado Xavier Ledesma Ginatta, Secretario General de la\n Administración Pública y del delegado Carlos Pólit\n Faggioni, Secretario General de la Presidencia de la República.
1616 Colócase en situación\n de disponibilidad al señor Oficial CAPT. PLTO. AVC Jerry\n Adonis Vera Aveiga.
1617 Dispónese al Ministerio\n de Economía y Finanzas una reasignación de hasta\n USD 137´000.000 en el vigente presupuesto del Gobierno\n Central, con excepción del sector social, en función\n de las reales necesidades de la ejecución del presupuesto.
1618\n Autorízase\n al Ministerio de Economía y Finanzas para que utilice\n a través del presupuesto del Gobierno Central hasta por\n el monto de (US $ 20´000.000,00) para cubrir exclusivamente\n proyectos de inversión en educación y salud.
0139\n Asciéndese\n de categoría al Subcentro de Salud de Las Lajas a Centro\n de Salud Materno infantil dependencia del Área 6, del\n cantón del mismo nombre de la provincia de El Oro.
0466\n Apruébase\n el Instructivo para el manejo administrativo financiero de los\n fondos de maternidad gratuita y atención a la infancia\n por parte de los comités de Gestión de los fondos\n solidarios locales de Salud.
489-2003-RA Concédese la acción\n de amparo constitucional propuesta por el licenciado Pascual\n del Cioppo.17
562-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado e inadmítese la acción de amparo\n interpuesta por el Coronel EMC Marco Alberto Guerrero Salazar..24
572-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado e inadmítese la acción de amparo\n interpuesta por el Coronel de EMC Aquiles Hernán Jimbo\n Córdova..
607-2003-RA Revócase la resolución\n del Juez Primero de lo Civil de Galápagos e inadmítese\n la acción de amparo constitucional interpuesta por el\n abogado Leónidas M. Drouet Mármol, por improcedente
080-2004-RA Niégase la acción\n de amparo constitucional propuesta por el Subprefecto de Tránsito\n Adán Torres Viejo..
0005-2004-HD Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de hábeas\n data propuesta por el señor Miguel Ángel Columba\n Iza.
0010-2004-HC Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de hábeas\n corpus propuesta a favor del señor Milton Danilo Mensías\n Garrido y otro.
0011-2004-HD Recházase la apelación\n interpuesta por el procurador judicial del liquidador Temporal\n de Filanbanco S.A. y devuélvese el expediente a la Jueza\n inferior para los fines legales.
0013-2004-HC Confírmase la resolución\n dictada por la señora Alcaldesa encargada y niégase\n el hábeas corpus planteado por el señor Carlos\n Alberto Balanta Gómez..
0017-2004-HC Confírmasela resolución\n venida en grado y niégase el hábeas corpus propuesto\n a favor del señor Telmo Enrique Bajaña Álava..
0031-2004-RA Revócase la resolución\n venida en grado que inadmite la acción y niégase\n la acción de amparo propuesta por el ingeniero Iván\n Acevedo Codutti..
0053-2004-RA\n Confírmase\n la resolución venida en grado y acéptase la acción\n de amparo propuesta por el señor Ramón Enedín\n Vera Tejena..
0077-2004-RA Confírmase el auto venido\n en grado mediante el cual el Juez Vigésimo Octavo de lo\n Civil de Guayaquil rechaza de plano la acción de amparo\n propuesta por la señora Margoth Alexandra Plaza Verduga.\n \n
ARTICULO PRIMERO.- Déjase sin efecto, a partir de la\n presente fecha, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No.\n 1596 de 16 de abril de 2004, mediante el cual se encargaba el\n Ministerio de Bienestar Social al economista Víctor Hugo\n Mora, Subsecretario de Fortalecimiento Institucional.
ARTICULO SEGUNDO.- Mientras dure la licencia del titular,\n encárgase dicha Cartera de Estado al economista LUIS PACHALA\n POMA, Subsecretario de Desarrollo Social, Rural y Urbano Marginal.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 23 de abril del 2004.
Que el señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones\n asistirá al "Taller Regional de Ferrocarriles"\n que se realizará en la ciudad de Caracas, Venezuela del\n 26 al 30 de abril del 2004; y,
ARTICULO UNO.- Autorizar la concurrencia del ingeniero ESTUARDO\n PEÑAHERRERÁ GALLEGOS, Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones para que asista al "Taller Regional de\n Ferrocarriles" que se realizará en la ciudad de Caracas,\n Venezuela del 26 al 30 de abril del 2004.
ARTICULO DOS.- Mientras dure la ausencia del titular del Portafolio,\n se encarga el Despacho del Ministerio de Obras Públicas\n y Comunicaciones al ingeniero Germán López Monsalve,\n Subsecretario de Obras Públicas.
ARTICULO TRES.- Los gastos que demande el cumplimiento de\n la referida comisión, serán cubiertos por la Corporación\n Andina de Fomento.
Dado en la ciudad de Quito, a 23 de abril del 2004.
En consideración a la renuncia presentada por el doctor\n Luis Romo, al cargo de Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología-SENACYT;\n y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 3 del Decreto No. 1603, mediante el cual se reorganizó\n el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,
ARTICULO PRIMERO: Acéptase la referida renuncia, agradeciéndole\n al doctor LUIS ROMO S., por los valiosos servicios prestados\n desde las funciones que le fueron encomendadas.
\n ARTICULO SEGUNDO: Este decreto entrará en vigencia a partir\n de su publicación en el Registro Oficial.
En ejercicio de la facultad que le confiere los numerales\n 3 y 9 del artículo 171 de la Constitución Política\n de la República,
ARTICULO PRIMERO.- Declarar en comisión de servicios\n en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América\n del 27 al 30 de abril de 2004. al licenciado Xavier Ledesma Ginatta,\n Secretario General de la Administración Pública\n y al abogado Carlos Pólit Faggioni, Secretario General\n de la Presidencia de la República, quienes viajan con\n el propósito de asistir a varias reuniones de trabajo\n con organismos multilaterales y con los departamentos del Tesoro\n y de Estado del mencionado país.
ARTICULO SEGUNDO.- Los pasajes aéreos, gastos de representación\n y viáticos correspondientes, se aplicarán al presupuesto\n de la Presidencia de la República.
ARTICULO TERCERO.- Mientras dure la ausencia de los titulares\n de la Secretaría General de la Administración Pública\n y de la Secretaría General de la Presidencia de la República,\n se encarga dichas secretarías, en su orden, al doctor\n Guillermo Astudillo Ibarra, Subsecretario General de la Administración\n Pública y a la licenciada Yolanda Paredes Calero, Directora\n de Decretos de la Presidencia de la República.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 26 de abril del 2004.
Art. 1°, De conformidad con lo previsto en el Art. 76,\n lit. a) de la Ley de Personal de la Fuerzas Armadas, colócase\n en situación de disponibilidad, con fecha 30 de abril\n del 2004, al siguiente señor Oficial, quien dejará\n de constar en la Fuerza Aérea.
0910416601 CAPT. PLTO. AVC VERA AVEIGA JERRY ADONIS
Dado, en el Palacio Nacional, Quito, a 26 de abril del 2004.
Que de conformidad con lo establecido en el tercer inciso\n del Art. 28 de la Ley de Presupuestos, el Ministerio de Economía\n y Finanzas podrá realizar ajustes a las asignaciones programadas,\n considerando las necesidades de recursos y la situación\n de las finanzas públicas;
Que la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia Fiscal, establece que el Presidente de la República\n puede disponer los correctivos necesarios considerando el comportamiento\n y tendencias económicas y sociales del país respecto\n de la ejecución del Presupuesto General del Estado;
Que el numeral 4 de la Resolución del H. Congreso Nacional\n No. R-24-114 de 27 de noviembre de 2003, con la que se aprueba\n el presupuesto del Gobierno Central para el año 2004,\n establece que el Ministerio de Economía y Finanzas durante\n el primer semestre realice la evaluación de la ejecución\n presupuestaria a fin de establecer el grado de cumplimiento de\n las estimaciones de los ingresos con la finalidad de que practique\n los ajustes pertinentes, esto es, efectuar los aumentos y/o rebajas\n de créditos, según corresponda;
Que constituye prioridad básica para el Gobierno Nacional\n el cumplimiento de las metas fiscales fijadas en el Programa\n Macroeconómico 2003-2007, para lo cual es necesario efectuar\n los ajustes pertinentes en el vigente presupuesto del Gobierno\n Central; y,
En ejercicio de las facultades que le confieren los numerales\n 1 y 9 del Art. 171 de la Constitución Política\n de la República y el Art. 20 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control,
Art. 1.- Disponer al Ministerio de Economía y Finanzas\n una reasignación de hasta USD $ 137.000.000 en el vigente\n presupuesto del Gobierno Central, con excepción del sector\n social, en función de las reales necesidades de la ejecución\n del presupuesto.
Art. 2.- Las instituciones públicas que reciben aporte\n fiscal para el financiamiento de sus presupuestos, se someterán\n estrictamente a la programación mensual de caja que determine\n el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la base de\n las asignaciones reajustadas, la cual constituirá el techo\n máximo de la transferencia que efectuará el Tesoro\n Nacional durante el presente ejercicio fiscal.
ARTICULO FINAL." De la ejecución del presente\n decreto, que entrará en vigencia a partir de la presente\n fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro\n Oficial, encárguese el Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en el Palacio Nacional, en Quitó, a 26 de abril\n del 2004.
Que el Art. 17 de la Ley Orgánica de Responsabilidad,\n Estabilización y Transparencia Fiscal, en concordancia\n con el artículo 49 del reglamento a la misma, determina\n que el diez por ciento del Fondo de Estabilización, Inversión\n Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público\n "FEIREP", se destinará exclusivamente a proyectos\n de inversión para promover el desarrollo humano; y,
Art. 1.- Autorízase al Ministerio de Economía\n y Finanzas para que, observando las disposiciones legales respectivas,\n utilice, a través del presupuesto del Gobierno Central,\n los recursos a que hace referencia el numeral 3 del artículo\n 17 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia Fiscal, hasta por el monto de veinte millones\n de dólares (US$ 20.000.000,00) para cubrir exclusivamente\n proyectos de inversión en educación y salud, para\n promover el desarrollo humano.
Art. 2.- El Ministerio de Economía y Finanzas asignará\n los recursos sobre la base de la presentación de proyectos,\n de inversión por parte de los ministerios de Educación\n y Salud, de acuerdo a las normativas técnicas y legales\n aplicables.
Art. FINAL.- El presente decreto ejecutivo entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial, y de su ejecución encárguense los ministros\n de Economía y Finanzas, de Educación y Cultura\n y de Salud y la Comisión de Estabilización, Inversión\n Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público.
No 00139
Que la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones\n y Prestaciones de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa\n Privada determina en su artículo 41 que el Estado deberá\n cumplir con su obligación constitucional de atender la\n salud pública de los ecuatorianos;
Que con memorando No SAS-10-357, el Director Nacional de Áreas\n de Salud, solicita realizar un acuerdo ministerial de cambio\n de denominación de Subcentro de Salud a Centro de Salud\n Materno Infantil de Las Lajas, provincia de El Oro Área\n N°6;
Que mediante memorando No SHE-11-044-2004 de 3 de febrero\n del 2004, la Dirección Nacional de Servicio de Salud,\n emite criterio al cambio de denominación e indica que\n sí procede a esta nueva denominación, por cuanto\n la nueva infraestructura construida y sus equipamiento, obedece\n a estas características técnica y capacidad resolutiva;\n y,
Art. 1.- Ascender de categoría al Subcentro de Salud\n de Las Lajas, a Centro de Salud Materno Infantil dependencia\n del Área 6 del cantón del mismo nombre de la provincia\n de El Oro, debiéndose sujetarse y aplicar en adelante\n las normas legales y reglamentarias para este tipo de unidades.
Art. 3.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial\n que entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,\n encárgase al Director de Áreas de Salud y al Director\n Provincial de Salud de El Oro.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 1 de abril del\n 2004.
Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la\n Secretaría General al que me remito en caso necesario.-\n Lo certifico.- Quito, a 15 de abril del 2004.- f.) Dra. Nelly\n Mendoza O., Secretaria General, Ministerio de Salud Pública.
No 0466
Que mediante ley sin número, publicada en el Suplemento\n del Registro Oficial No 523 de 9 de septiembre de 1994, se expide\n la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia;
Que a través del Decreto Ejecutivo No 2704 de 5 de\n junio del 2003, se expide el Reglamento a la Ley de la Maternidad\n Gratuita y Atención a la Infancia;
Que el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Maternidad\n Gratuita, mediante oficio No UEPMGAI-455- 2003 de 15 de diciembre\n del 2003, solicita la elaboración del presente instrumento\n jurídico; y,
Art. 1.- Aprobar el instructivo para el Manejo Administrativo\n Financiero de los fondos de maternidad gratuita y atención\n a la infancia por parte de los comités de gestión\n de los fondos solidarios locales de salud, elaborado y coordinado\n por la Unidad ejecutora del programa y con la participación\n del personal técnico del Ministerio de Salud Pública.
Art. 2.- Difundir el instructivo para el Manejo Administrativo\n Financiero de los fondos de maternidad gratuita y atención\n a la infancia por parte de los comités de gestión\n de los fondos solidarios locales de salud, a nivel nacional para\n que el mismo sea aplicado obligatoriamente.
Art. 3.- De la ejecución del presente acuerdo que entrará\n en vigencia, a partir de la fecha de su publicación en\n el Registro Oficial, encárguese a la Dirección\n General de Salud y la Unidad Ejecutora del Programa de Maternidad\n Gratuita de esta Cartera de Estado.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 14 de abril\n del 2004.
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LOS\n FONDOS DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN A LA INFANCIA\n POR PARTE DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN DE LOS FONDOS\n SOLIDARIOS LOCALES DE SALUD
Unidad Ejecutora del Programa de Maternidad Gratuita y Atención\n a la Infancia pone a disposición de los comités\n de gestión de los fondos solidarios locales de salud,\n esta guía que pretende ser un aporte a los gobiernos locales\n para la construcción de sus capacidades en el ámbito\n social, como parte importante dentro del desarrollo local de\n los pueblos.
De conformidad a la Ley de Maternidad Gratuita y Atención\n a la Infancia y su reglamento, se crea en cada Municipio los\n fondos solidarios locales de salud que serán administrados\n por los comités de gestión de cada cantón,\n los que recibirán los recursos financieros del Fondo Solidario\n de Salud administrado por la Unidad Ejecutora del Programa de\n Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, para garantizar\n la aplicación de la ley.
Los comités de gestión estarán constituidos\n por el Alcalde1, o su representante legal, el o los jefes de\n áreas de salud correspondientes, en representación\n del Director Provincial de Salud, un representante de la comunidad\n organizada, un representante de las organizaciones de mujeres,\n y en el área rural un representante de las organizaciones\n de campesinos o indígenas.
Para la utilización de los recursos se requieren dos\n firmas registradas, del Alcalde y del Jefe de Área de\n Salud
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE PRESTACIONES.\n REALIZADA POR LAS UNIDADES OPERATIVAS Y UNIDADES EJECUTORAS (ÁREAS\n DE SALUD Y HOSPITALES
Las mujeres y niños menores de 5 años beneficiarías\n de la ley acuden a los hospitales, centros, subcentros y puestos\n de salud para ser atendidos en forma gratuita en las prestaciones\n definidas por la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y Atención\n a la Infancia descritas en la base matriz, que permitirán\n disminuir la morbi  mortalidad materna e infantil.
Por la atención brindada en lo curativo2 y preventivo3\n (control) la unidad ejecutora (Área de Salud u Hospital)\n deberá mantener en todo su proceso documentos de descargo\n (recetas, pedidos, y comprobantes de venta con exoneración)\n que permitan verificar en cualquier auditoría o actividad\n de control la gratuidad en la atención realizada, tratamiento\n completo entregado (medicinas) hemoderivados, exámenes\n de laboratorio y exámenes complementarios realizados.
En las unidades operativas de salud que no disponen de estadístico,\n los datos de las atenciones (prestaciones) serán registrados\n por el médico, enfermera, obstetriz, odontólogo\n o auxiliar en el sistema de información regular del MSP,\n basado en la historia clínica única. Y las prestaciones\n de la ley, se registrarán en la base matriz y se remitirán\n a la unidad ejecutora (Jefatura de Área) en el lapso máximo\n de tres días después de terminado el mes. Esta\n base matriz, deberá tener firmas de responsabilidad por\n parte del Director o quien haga sus veces y del responsable que\n preparó la información.
En las unidades operativas donde existe responsable de estadística\n la información será registrada por éste\n en la base matriz.
En la unidad ejecutora (Área de Salud/Hospital), el\n estadístico receptará la información para\n analizar, procesar y consolidar en el formulario base matriz\n implementada por la Unidad Ejecutora del Programa de Maternidad\n Gratuita y Atención a la Infancia, la cual no podrá\n ser modificada en su formato ni contenido una vez que haya sido\n validada por sus responsables. El análisis técnico\n de esta información, estará a cargo del Coordinador/a\n del área.
Cuando en la unidad ejecutora existan comités de gestión\n conformados se presentará la información por unidades\n operativas, cantones y totalizada por áreas.
La Unidad Ejecutora de Salud (Área de Salud/Hospital)\n remitirá con oficio la información de producción\n en la base matriz con firmas de responsabilidad del Jefe de Área\n y Estadístico a los comités de gestión.
Además, la Unidad Ejecutora de Salud (Área de\n Salud/Hospital) entregará la información consolidada\n en la base matriz, a su Dirección Provincial de Salud,\n en el lapso de tres días.
1 El Alcalde es el Presidente del Comité de gestión\n de los fondos solidarios locales de salud.
2 CURATIVO: Emergencias obstétricas, enfermedades de\n transmisión sexual, atención del niño recién\n nacido con patología, atención de niño mediante\n estrategia AIEPI, atención odontológica a la madre\n gestante.
3 PREVENTIVO: Control prenatal, parto, control posparto, consejería\n familiar, DOC, atención al recién nacido normal,\n atención odontológica preventiva, atención\n del niño mediante estrategia AIEPI.
En la Dirección Provincial de Salud (DPS) el estadístico\n recibe, analiza, procesa y consolida conjuntamente con el Coordinador\n provincial del Programa de Maternidad Gratuita y Atención\n a la Infancia la información de las unidades ejecutoras\n de su provincia (áreas de Salud/Hospital) y de los comités\n de gestión (copia de la información que fue remitida\n por la unidad ejecutora y que es avalada con la firma del Alcalde);\n En caso de haber errores se comunicará inmediatamente\n a la unidad ejecutora y/o comités de gestión a\n fin de que la información sea corregida.
Tanto la Dirección Provincial de Salud como los comités\n de gestión enviarán a la Unidad Ejecutora del Programa\n de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia la información\n con firmas de responsabilidad del Director, Coordinador y estadístico;\n y del Jefe de Área y Alcalde, respectivamente. La que\n deberá ser analizada y validada previo a su envío\n al cual adjuntará el informe técnico elaborado\n por el responsable provincial del programa, en el lapso de cuatro\n días. Es decir que el flujo de la información desde\n la unidad operativa hasta la Unidad Ejecutora del Programa de\n Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia no deberá\n exceder de los diez primeros días del mes.
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA\n DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN A LA INFANCIA HACIA\n LOS COMITÉS DE GESTIÓN Y/O UNIDADES EJECUTORAS\n (ÁREAS DE SALUD Y HOSPITALES).
Coordinación Administrativa Financiera (ÜEPMGAI)
Transferirá los fondos a la cuenta del Banco Central\n de MGAI de los comités de gestión denominada Municipio\n .... Maternidad Gratuita, legalmente constituidos y con todos\n los documentos habilitantes4, o a la cuenta del Banco Central\n de la Unidad Ejecutora (Área de Salud y Hospitales) mientras\n se consolida la conformación de los comités de\n gestión, de acuerdo a la producción mensual de\n las prestaciones enviadas en la base matriz:
· Impresa y por internet a través del Sistema\n de Información Financiera de Maternidad Gratuita y Atención\n a la Infancia.
· Impresa y en disco magnético.
Para realizarse una nueva transferencia deberá recibirse\n los justificativos de gastos de la anterior.
La Coordinación Administrativa Financiera de la Unidad\n Ejecutora del Programa de Maternidad Gratuita y Atención\n a la Infancia informará a la Dirección Provincial\n de Salud en el lapso de 48 horas por cualquier medio sobre las\n transferencias de los fondos realizados a las unidades ejecutoras\n y comités de gestión, quien a su vez informará\n a los comités de gestión (Alcalde y Asistente Contable)\n y a sus unidades ejecutoras (Áreas de Salud y Hospitales)\n en el lapso de 48 horas.
Además enviará una copia a la Asociación\n de Municipalidades del Ecuador (AME)5 para efectivizar la información\n rápida y oportuna.
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN\n HACIA LAS UNIDADES EJECUTORAS (ÁREAS DE SALUD Y HOSPITALES).
Alcalde, delegado oficial y/o Asistente Contable
Con la notificación de la transferencia de fondos enviados\n por la Unidad Ejecutora del Programa de Maternidad Gratuita y\n Atención a la Infancia, el Comité de Gestión\n verificará la acreditación de los fondos en la\n cuenta de maternidad gratuita que mantiene el comité de\n gestión en el Banco Central.
4 Nombramiento de Alcalde y Síndico, resolución\n del Consejo para firma del convenio, convenio firmado, acta de\n conformación del Comité de Gestión, apertura\n de cuenta Banco Central y cuentas ingresos y pagos banco privado.
5 AME: Asociación de Municipalidades del Ecuador.
\n El Alcalde o su delegado informará inmediatamente al resto\n de miembros de dicho comité que mantiene esos valores\n en la cuenta del Programa de Maternidad Gratuita, para coordinar\n el pago al Área de Salud y las acciones necesarias a tomar\n para el cumplimiento de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención\n a la Infancia.
El Alcalde realizará los trámites» necesarios,\n para que el Municipio deposite los valores correspondientes para\n el transporte de emergencias obstétricas, neonatales y\n pediátricas, así como para promoción de\n la salud en la cuenta rotativa de impresos del Comité\n de Gestión.
El Asistente Contable del Comité de Gestión\n con el aporte económico del Municipio deberá mantener\n habilitada la cuenta del Banco Central: cuenta de maternidad\n gratuita y de su banco corresponsal (cuenta de ingresos y pagos)\n y procederá a solicitar la chequera en el banco privado.\n Es decir que todos los gastos bancarios que genere la cuenta\n de maternidad gratuita y atención a la infancia del comité\n de gestión correrá a cargo de los fondos aportados\n por el Municipio asignados en la cuenta del fondo solidario local\n de salud. En caso que los gastos bancarios sean descontados de\n lo transferido por Unidad Ejecutora del Programa de Maternidad\n Gratuita y Atención a la Infancia, el Comité de\n Gestión deberá reintegrar en un plazo máximo\n de 15 días esa diferencia, de no asumir este compromiso\n se suspenderá la transferencia al Comité de Gestión.
El Alcalde dispondrá al Asistente Contable elabore\n el cheque respectivo por el valor de las prestaciones a nombre\n del Área de Salud, en base al oficio del Jefe de Área\n en el que adjunta la programación de adquisiciones.
El Asistente Contable elaborará el cheque al cual adjuntará\n la base matriz de las prestaciones, la programación de\n adquisiciones y la orden de pago firmada por el Alcalde más\n documentación sustentatoria.
El Asistente Contable del Comité de Gestión\n procederá a realizar la orden de transferencia de fondos\n para el pago del cheque a la unidad ejecutora (Área de\n Salud u Hospital) en el banco corresponsal cuenta rotativa de\n pagos maternidad gratuita Municipio .... la cual deberá\n ir firmada por el Alcalde y el Jefe de Arca.
El Asistente Contable del Comité de Gestión\n entregará el cheque cruzado al Tesorero/Pagador, Administrador\n o quien haga sus veces, girado a nombre de la UE6 (Área\n u Hospital), quien firmará en el egreso como constancia\n de recibí conforme.
El proceso de pago del comité a la unidad ejecutora\n luego de recibir la programación de adquisiciones no será\n mayor de 5 días.
El Asistente Contable del Comité de Gestión\n será responsable del control y archivo de la documentación\n de respaldo del programa independientemente del resto de documentos\n de su habitual función.
MANEJO DE LA CONTABILIDAD POR PARTE DEL ASISTENTE CONTABLE\n DEL COMITÉ DE GESTIÓN.
El Asistente Contable del comité de gestión\n utilizará las siguientes cuentas contables, las mismas\n que constan en el manual de normas expedido por el MEF7 con Acuerdo\n Ministerial 182, publicado en el R.O. 249 de 22 de enero del\n 2001.
· Cuando recibe la transferencia registra contablemente\n de la siguiente manera:
111.03 Banco Central Moneda Nacional.
\n 111.03.01 Cuenta Municipio ............Maternidad Gratuita.
\n 212.01 Depósitos de intermediación.
\n 212.01.01 Fondos de Maternidad Gratuita.
Texto de referencia que debe llevar el asiento contable es:
P.R.8 Transf. efectuada por la Unidad Ejecutora del Programa\n de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia (UEPMGAI)\n por producción de los centros, subcentros, puestos de\n salud NN ........ de los meses de ....
DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE DEBEN IR ADJUNTO A LOS COMPROBANTES\n DE INGRESOS MANEJADOS POR EL ASISTENTE CONTABLE DEL COMITÉ\n DE GESTIÓN.
1. Copia del documento remitido por la Unidad Ejecutora del\n Programa de Maternidad Gratuita y Atención en el que se\n da a conocer el monto transferido.
· Cuando se emite el cheque, el egreso se registra\n contablemente de la siguiente manera:
Transferencia al banco corresponsal.
111.15 Banco comercial moneda nacional.
111.15.01 Cuenta rotativa de pagos banco.......................
111.03.01 Cuenta Municipio ............Maternidad Gratuita.
P.R. Transf. al banco corresponsal del valor a ser entregado\n al Área ...... #.
Registro del cheque.
212.01 Depósitos de intermediación.
\n 111.15 Banco Comercial Moneda Nacional.
\n 111.15.01 Cuenta rotativa de pagos banco.
P.R: Pago a Unidad Ejecutora ...... por producción\n mes de ...... ch. No. ........
DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE DEBEN IR ADJUNTO A LOS EGRESOS MANEJADOS\n POR EL ASISTENTE CONTABLE DEL COMITÉ DE GESTIÓN.
1. Oficio de la unidad ejecutora (Área de Salud/Hospital),\n con el que se envía la base matriz.
2. Base matriz de producción del ó los meses\n a pagar con el detalle de los centros, subcentros y puesto de\n salud que corresponden al Comité de Gestión validada\n por la Dirección Provincial de Salud.
3. Programación de adquisiciones.
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS COMITÉS\n DE GESTIÓN HACIA LAS UNIDADES EJECUTORAS (ÁREA\n Y HOSPITALES).
El Tesorero/Pagador, administrador o quien haga sus veces,\n depositará el cheque inmediatamente (máximo 24\n horas) en la cuenta rotativa de ingresos del banco corresponsal\n cuenta MG del Área de Salud u Hospital, e informará\n a las autoridades de la unidad ejecutora (Área de Salud/hospital)\n que ha sido consignado los fondos entregados por el Comité\n de Gestión.
6 UE: Unidad Ejecutora.
7 MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
8 P.R.: Para registrar.
En base al comprobante de depósito el Contador/a de\n la unidad ejecutora realizará el registro contable de\n conformidad al Acuerdo Ministerial 182 emitido por el MEF.
INSTANCIAS RESPONSABLES EN LAS ÁREAS DE SALUD PARA\n REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE INSÜMOS, MEDICAMENTOS,\n SUMINISTROS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS Y LABORATORIO.
Las unidades de conducción de las unidades ejecutoras\n sean estas áreas u hospitales son las responsables del\n manejo de los recursos económicos transferidos por los\n comités de Gestión y deberán de acuerdo\n a la ley activar todas las instancias de control pertinentes\n comités Farmacológico, Comité de Contrataciones\n entre otros, que permitan transparentar la gestión de\n los recursos.
Estas instancias deberán conformarse como lo establece\n el manual de áreas de salud, la Ley de Contratación\n Pública, el Reglamento Único de Contrataciones\n del Ministerio de Salud Pública y el Reglamento para la\n Adquisición de Fármacos, Insumos Médicos\n y Material Quirúrgico.
La Unidad de Conducción del Área de Salud (UCA).
Es la encargada de la Gerencia del Área de Salud y\n está integrada por:
· Director del hospital o centro de salud quien se\n desempeña como Jefe de Área y como tal será\n responsable final por las decisiones y acciones de la unidad\n en relación al manejo del Área de Salud.
· El Coordinador.
· Jefa de Enfermera.
· Odontólogo.
· Responsable administrativo y financiero.
· Estadístico.
Es la encargada de elaborar la Programación Operativa\n Anual (POA) correspondiente al Área de Salud, que incluirá\n la programación anual valorada de medicamentos, materiales\n e insumes, la cual deberá desagregarla trimestralmente,\n presentada por el Comité de Farmacología y el Comité\n de Contrataciones en base a las coberturas o a la proyección\n de la producción de las prestaciones del programa, la\n cual se entregará al Comité de Gestión hasta\n el 20 de enero de cada año para su revisión y conocimiento.\n Dicho documento llevará firmas de responsabilidad.
El Manual Técnico Operativo, Administrativo y Financiero\n contiene el anexo a los convenios de gestión como instrumento\n de programación, monitoreo y evaluación para los\n comités de gestión sobre las acciones encomendadas.
Comité Farmacológico del Área (CFA):\n Estructura y Funciones.
Mientras la UCA cumple un papel técnico administrativo,\n el Comité Farmacológico c(el área cumple\n un papel técnico asesor.
Se conformará de acuerdo a la guía descentralizada\n de manejo de medicamentos en las áreas de salud, donde\n además está referido las funciones y responsabilidades\n en el Acuerdo Ministerial No 46.39 R.O. 485 del 18 de junio del\n 94.
Comité de Contrataciones.
Esta conformado de acuerdo al Reglamento Único de Contrataciones\n del MSP Acuerdo Ministerial 286-A, publicado en el R.O. No 116\n de 10 de julio del 2000 y sus reformas, R.O. No 138 de 10 de\n agosto del 2000, R.O No 181 de 11 de octubre del 2000.
En la unidad ejecutora (Área de Salud u Hospital) se\n reunirá el Comité de Farmacología y de Contrataciones,\n con el fin de programar las próximas compras de insumos,\n medicamentos, etc. que constan en el listado emitido por la Unidad\n Ejecutora del Programa de Maternidad Gratuita y Atención\n a la Infancia, basándose en la programación operativa\n mensual o trimestral y en las necesidades de sus servicios y\n unidades operativas.
LEYES A LAS QUE DEBEN REGIRSE LAS UNIDADES EJECUTORAS (ÁREA\n Y HOSPITALES) PARA LAS ADQUISICIONES:
· Ley de Contratación Pública y su reglamento.
· Reglamento único de contrataciones del MSP\n Acuerdo Ministerial 286-A, publicada en el R.O. No 116 de 10\n de julio del 2000 y sus reformas, R.O. No 138 de, 10 de agosto\n del 2000, R.O No 181,de 11 de octubre del 2000.
· Ley de producción, importación, comercialización\n y expendio de medicamentos genéricos de uso humano (Ley\n 2000-12), R.O. No 59 de 17 de abril del 2000 y su reglamento,\n R.O. No 84 de 24 de mayo del 2000 y sus reformas, R.O. 266 de\n 14 febrero del 2001.
· Reglamento para la adquisición de fármacos,\n insumos médicos y material quirúrgico, R.O. No\n 59 de 17 de abril del 2000.
· Instructivo para la adquisición de medicamentos\n de uso humano, genéricos y de marca, insumos médicos\n y material quirúrgico. Acuerdo'' Ministerial 232-A, publicado\n en el R.O. No 98 de 14 de junio del 2000.
· Reglamento interno para el funcionamiento del Subsistema\n de Dispensación y Expendio Institucional de Medicamentos\n del MSP dentro del Sistema Nacional de Atención Farmacoterapeútica,\n SINAFA.
· Guía del Sistema Descentralizado del Manejo\n de Medicamentos en el Área de Salud.
· Y otras leyes vigentes aplicables al sector público.
DISTRIBUCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS, INSUMOS, ETC. POR\n PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD HACIA LOS CENTROS DE\n SALUD, SCS Y PUESTOS DE SALUD O SERVICIOS CORRESPONDIENTES.
La unidad ejecutora, una vez adquiridos los medicamentos,\n insumos, etc., contemplados en la Ley MGAI, procederá\n a la distribución de éstos, a los centros de salud,\n subcentros y puestos de salud, correspondientes al Comité\n de Gestión de acuerdo a la programación operativa\n mensual, trimestral y previo análisis de producción\n o consumo.
En la unidad ejecutora el Guardalmacén o quien haga\n sus veces elaborará un comprobante de egreso de bodega\n de los medicamentos, insumos, etc., entregados a los servicios,\n centros de salud, subcentros y puestos de salud.
El Comité de Gestión exigirá y vigilará\n la distribución adecuada, eficaz, eficiente y oportuna\n de los medicamentos, insumos, etc., a los centros, subcentros\n y puestos de salud que correspondan a su cantón.
Con esta distribución adecuada y oportuna de medicamentos,\n insumos, etc., el Comité de Gestión de los fondos\n solidarios local de salud deberá conjuntamente con otras\n estrategias garantizar la gratuidad en las prestaciones de la\n ley.
Los medicamentos, insumos y demás contemplados en la\n Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia que\n se adquieran, llevarán etiquetas del Programa de Maternidad\n Gratuita, en las que se indicará claramente que es un\n medicamento gratuito.
Tanto los centros como los subcentros y puestos de salud,\n mantendrán registros sobre ingresos y egresos de insumes,\n medicamentos, etc.
Los medicamentos materiales e insumos se manejarán\n técnicamente de acuerdo a disposiciones existentes en\n el MSP tales como la guía sobre el manejo del sistema\n descentralizado de medicamentos.
La gratuidad de la atención deberá establecerse\n desde la recepción de la paciente en recaudación\n o en estadística, las recetas deberán tener un\n sello de gratuidad o manejarse en un formulario específico\n de maternidad gratuita al momento de la prescripción médica,\n la farmacia de la institución procederá a entregar\n gratuitamente los medicamentos prescritos en dichos documentos.\n El respaldo de la entrega de los medicamentos de manera gratuita\n serán las recetas firmadas por las/los beneficiarios/as\n de las prestaciones de la ley que contengan nombres, firma o\n huella digital, número de historia clínica y/o\n cédula de identidad.
Los diferentes servicios de los hospitales y unidades operativas\n presentarán mensualmente los justificativos de consumos\n previo a la entrega de un nuevo requerimiento. En caso de incumplimiento\n se aplicará lo previsto en la normativa legal vigente.
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PARTE DE LOS COMITÉS\n DE GESTIÓN HACIA DPS Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE\n MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN A LA INFANCIA.
El Asistente Contable del Comité de Gestión\n presenta un detalle de los cheques girados a las unidades ejecutoras\n (áreas y hospitales) de su cantón, en el formulario\n denominado "Justificación de Transferencias"\n (Anexo 2 del Manual Técnico, Operativo, Administrativo\n y Financiero (MTOAF) del 100% del monto transferido. Este documento\n lleva firmas de responsabilidad tanto del Alcalde, Asistente\n Contable del Comité de Gestión y del Jefe de Área,\n miembro del Comité de Gestión.
La justificación de transferencias se enviará\n mediante oficio a la DPS a la que pertenezca el Comité\n de Gestión y una copia a la Unidad Ejecutora del Programa\n de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, adjuntando\n fotocopia del estado bancario de la cuenta del Banco Central\n del fondo solidario local de salud denominado Municipio.........
Debido a que en esta cuenta se depositarán los fondos\n aportados por el Municipio, y con el fin de conciliar el saldo\n del estado de cuenta con el saldo del formulario "Justificación\n de Transferencias", se deberá detallar los valores\n aportados y gastados por el Municipio.
La presentación de este formulario "Justificación\n de Transferencias", será requisito indispensable\n para recibir una nueva

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