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Comunicado de Prensa - CNDH - DOCUMENTOP.COM
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos México SÍNTESIS 1. Luego de ser asegurada por no comprobar su estancia legal en el país, V1, niña hondureña de 16 años de edad, fue alojada el 27 de septiembre de 2013 en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en San Luis Potosí. 2. Transcurridos los días, siendo aproximadamente las 21:45 horas del 1 de noviembre de 2013, AR1 se presentó en esa estación migratoria con aliento alcohólico e ingresó al dormitorio de las mujeres y menores de edad de esa instalación para llevar consigo a su oficina a V1 y a T1, extranjera menor de edad quien había solicitado hablar con él. Luego de conversar sobre la situación migratoria de las niñas, agredió sexualmente a la primera, al intentar abrazarla y tocarle el busto. 3. Por otra parte, respecto del procedimiento administrativo migratorio de V1, el personal del INM en San Luis Potosí retrasó injustificadamente por varias semanas la repatriación de V1. Con motivo de tales hechos, V1 presentó escrito de queja ante este Organismo Nacional, iniciándose el expediente CNDH/5/2013/7915/Q.
OBSERVACIONES 4. Del análisis lógico-jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja CNDH/5/2013/8928/Q, en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se cuenta con elementos que permiten evidenciar violaciones a los Derechos Humanos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad personal, trato digno y libertad personal de V1, atribuibles a servidores públicos del INM, por hechos consistentes en transgredir la libertad sexual de una niña, retención ilegal, así como acciones y omisiones que vulneran los derechos de las personas migrantes, en atención a las siguientes consideraciones: 5. Las conductas atribuidas a AR1 resultan de especial gravedad, ya que aprovechó su cargo y autoridad en el INM para llevar a cabo tales acciones, aunado a que la víctima es una niña migrante de 16 años de edad, en clara contravención de los principios de especial protección de las mujeres, interés superior del niño y protección a los grupos en situación de vulnerabilidad. 6. Del contenido de las declaraciones de T1, T3 y T4, así como de la propia denuncia de hechos presentada por V1 y de la narración de hechos de T1 vertida en la valoración psicológica que le fue practicada, se advierte que AR1 acudía periódicamente bajo los efectos del alcohol a desempeñar sus funciones de delegado federal del INM en el estado de San Luis Potosí.
7. Asimismo, no pasa inadvertido que en otra ocasión AR1 intentó agredir con fines lascivos a V1 en la estación migratoria, situación que denota la ausencia de una efectiva vigilancia por parte de AR3 como subdirector es esa instalación y del resto del personal del INM, toda vez que hasta el 1 de noviembre de 2013 ningún servidor público de la adscripción había reportado algún incidente relacionado con los hechos. 8. Por otra parte, al analizar el registro de ingresos a la instalación migratoria del día de los hechos, se advirtió que a pesar de encontrarse en el interior de la estación migratoria en el momento en que AR1 entró para cometer las conductas ya señaladas, AR3 omitió impedir el acceso del primero, quien se encontraba bajo el influjo del alcohol; esto contraviene su obligación de proteger a los migrantes, prevista en los artículos 49, párrafo segundo, y 50, de las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración. 9. En el mismo sentido, no pasa inadvertida la actuación omisa de AR2, agente federal de Migración, quien se encontraba al interior de la estación migratoria y quien, de acuerdo con la declaración que rindió V1 ante el agente del Ministerio Público de la Federación, fue informado de lo sucedido inmediatamente después de ocurridos los hechos. Lejos de auxiliar a V1 o denunciar lo ocurrido ante la autoridad ministerial, AR2 se limitó a recomendar a V1 denunciara los hechos ante “Derechos Humanos”, a pesar de tener a su cargo el cuidado de la niña. 10. En relación con el procedimiento migratorio instruido a V1, se advierte que se inició el 27 de septiembre de 2013 y se resolvió el 3 de octubre de ese año, determinándose su retorno asistido vía aérea; no obstante, sin justificación alguna AR3 y demás personal de la delegación del INM en San Luis Potosí no ejecutaron la determinación. 11. En tal virtud, este Organismo Nacional acreditó que servidores públicos del Instituto Nacional de Migración omitieron adecuar su actuación para considerar antes que nada y en todo momento el interés superior de la niña V1, previsto en el artículo 4o., párrafos octavo, noveno y décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación del Estado y de los servidores públicos de reconocer y cumplir con la satisfacción de las necesidades y sano esparcimiento para el desarrollo integral y promoción del respeto a la dignidad de la niñez, dando prioridad a su bienestar y ante cualquier circunstancia que incida en su perjuicio. Por lo anterior, esta Comisión Nacional dirigió respetuosamente las siguientes Recomendaciones al Instituto Nacional de Migración:
RECOMENDACIONES PRIMERA. Se tomen acciones para reparar el daño ocasionado a V1, de manera que se incluya la atención médica y psicológica, como consecuencia de la responsabilidad institucional en que incurrieron los servidores públicos del INM.
SEGUNDA. Se garantice la atención adecuada a los niños, las niñas y los adolescentes migrantes que sean presentados a las autoridades del INM. TERCERA. Se impartan capacitaciones en materia de Derechos Humanos y protección a niños, niñas y adolescentes que viajan solos. CUARTA . Se colabore durante el trámite de la queja que este Organismo Público promueva ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración. QUINTA . Se colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este Organismo Nacional formule ante la Procuraduría General de la República.
RECOMENDACIÓN No. 17/2014 SOBRE EL CASO DE AGRESIÓN SEXUAL Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, INTEGRIDAD, TRATO DIGNO Y LIBERTAD PERSONAL DE V1, NIÑA MIGRANTE DE NACIONALIDAD HONDUREÑA. México, D. F., a29 de abril de 2014
LIC. ARDELIO VARGAS FOSADO COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN.
Distinguido señor comisionado: 1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero; 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, párrafo primero; 6, fracciones I, II y III; 15, fracción VII; 24, fracciones II y IV; 42, 44, 46 y 51, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 136, de su Reglamento Interno, ha examinado los elementos contenidos en el expediente CNDH/5/2013/7915/Q, relacionados con el caso de
V1, extranjera menor de edad, alojada en la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el estado de San Luis Potosí. 2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 147 de su Reglamento Interno. La información se pondrá en conocimiento de la autoridad recomendada, a través de un listado adjunto, en que se describe el significado de las claves utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas de protección de los datos correspondientes y visto los siguientes:
I. HECHOS 3. El 26 de septiembre de 2013, SP1, en compañía de personal de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración, en el estado de San Luis Potosí, aseguró a la niña V1, hondureña de 16 años de edad, tras efectuar una revisión migratoria en el kilómetro 60 de la carretera número 57 México-Piedras Negras. 4. Mediante oficio SCVSLP/085/IX/2013, de 27 de septiembre de 2013, SP1, puso a disposición de la estación migratoria de San Luis Potosí a V1, por no comprobar su legal estancia en el país, hecho lo cual, AR3, entonces subdirector de ese recinto migratorio, acordó su alojamiento en tanto se resolvía respecto de su situación migratoria. 5. El 3 de octubre de 2013, AR1, entonces delegado del Instituto Nacional de Migración, en esa entidad federativa, resolvió la situación jurídica de V1, otorgándole el beneficio de retorno asistido vía aérea, determinación que fue notificada a la menor de edad extranjera el 7 de octubre siguiente, sin embargo, el 18 del mes y año citados, AR3 acordó ampliar el término para que V1 permaneciera alojada en ese sitio, debido a que para esa fecha aún no se había establecido el itinerario aéreo correspondiente. 6. Aproximadamente, a las 21:45 horas, del 1 de noviembre de 2013, AR1 se presentó en esa estación migratoria, en estado de ebriedad, circunstancia que fue corroborada por T2, e ingresó al dormitorio de las mujeres y menores de edad de ese recinto, ocasión en la que T1, extranjera menor de edad, solicitó hablar con él, por lo que AR1 accedió y la condujo a ella junto con V1 a su oficina, donde el servidor público agredió sexualmente a la última. 7. En este contexto, el 3 de noviembre de 2013, V1 y T1, presentaron queja ante esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivado de lo cual se solicitaron los informes correspondientes al Instituto Nacional de Migración, así como a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República.
II. EVIDENCIAS 8. Acta circunstanciada, de 3 de noviembre de 2013, suscrita por personal de este organismo nacional, con la cual se certifica la conversación telefónica sostenida con el director del Área de Quejas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Estado de San Luis Potosí, quien informó acerca de la recepción de una denuncia anónima contra AR1. 9. Acta circunstanciada, de 3 de noviembre de 2013, elaborada por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, en la que se hace constar la recepción de una denuncia anónima contra AR1. 10. Acta circunstanciada, de 3 de noviembre de 2013, en la que se hace constar que personal de esta comisión nacional, se constituyó en las instalaciones de la estación migratoria en la ciudad de San Luis Potosí, ocasión en la que se brindó atención a V1 y T1, y se adjuntaron las siguientes documentales: 10.1 Escrito de queja de 4 de noviembre de 2013, firmado por V1. 10.2 Acta circunstanciada, de 3 de noviembre de 2013, en la que personal de este organismo nacional certifica la gestión realizada con el Procurador de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, en el estado de San Luis Potosí, a fin de que V1 y T1 fueran alojadas temporalmente en el albergue A1. 11. Acta circunstanciada, de 4 de noviembre de 2013, signada por el director General de Canalización, Gestión y Quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en la que se asienta que el día 3 de ese mismo mes y año, se informó a esta comisión nacional sobre los hechos motivo de queja. Igualmente, se advierte la llamada telefónica realizada por la directora del Refugio A1, en la que refiere que desde el 3 de noviembre de 2013, V1 y T1 se encontraban resguardadas en ese lugar. 12. Acta circunstanciada, de 4 de noviembre de 2013, mediante la cual personal de este organismo nacional hace constar la comunicación telefónica que sostuvo con el cónsul general de Honduras en San Luis Potosí, respecto de la situación de V1 y T1. 13. Acta circunstanciada, de 4 de noviembre de 2013, en la que personal de este organismo nacional hace constar el acompañamiento que se brindó a las niñas V1 y T1, a la Delegación de la Procuraduría General de la República en San Luis Potosí, a efecto de presentar la denuncia correspondiente, por los hechos materia de esta recomendación. 14. Acta circunstanciada, de 4 de noviembre de 2013, elaborada por personal de esta comisión nacional, en la que hace constar la entrega de copias de diversas documentales relacionadas con los expedientes administrativos
migratorios de V1 y T1, respectivamente, de los que destacan las siguientes actuaciones: 14.1. Oficio SCVSLP/085/IX/2013, de 27 de septiembre de 2013, mediante el cual SP1, pone a disposición de AR1, entre otros, a V1. 14.2. Acuerdo de inicio del procedimiento administrativo migratorio instaurado por AR3, a V1, el 27 de septiembre de 2013. 14.3. Resolución definitiva del procedimiento administrativo migratorio de V1, de 3 de octubre de 2013, mediante el cual AR1 determina su retorno asistido. 14.4. Acuerdo de 7 de octubre de 2013, suscrito por AR3, en el que se da por concluida la tramitación del procedimiento administrativo migratorio de V1. 14.5. Oficio DFSLP/727/X/2013, de 7 de octubre de 2013, suscrito por AR1, a través del cual solicita al director general de Control y Verificación Migratoria la autorización para el traslado de V1, vía aérea, hacia Honduras. 14.6. Notificación de la resolución definitiva del proceso administrativo migratorio de V1, de 7 de octubre de 2013, suscrito por AR1, y una oficial de protección a la infancia SP2. 14.7. Oficio INM/DGCVM/2989/2013, de 8 de octubre de 2013, suscrito por el director de Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual informa a AR1, que en atención a que V1 se considera pertenece a población de un grupo en situación de vulnerabilidad, se autoriza su traslado internacional. 15. Acta circunstanciada elaborada por personal de esta comisión nacional el 5 de noviembre de 2013, en la que se hizo constar que se gestionó el traslado de V1 y T1 al albergue A2. 16. Acta circunstanciada, de 8 de noviembre de 2013, en la que se hizo constar la consulta realizada por personal de este organismo nacional, respecto del libro de registro de ingresos de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración, en San Luis Potosí, de 1 de noviembre de 2013, en que se observa que AR1 ingresó y egresó de ese lugar a las 21:46 horas y 22:25 horas, respectivamente, en tanto que AR3, se retiró a las 23:45 horas y que la puerta de la oficina de AR1 se quedó abierta toda la madrugada por haberla dejado así. 17. Oficio INM/DGJDHT/DDH/17902013, de 8 de noviembre de 2013, suscrito por el subdirector de Seguimiento de Procesos del Instituto Nacional de Migración ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual rinde informe en torno a los hechos de la queja, y agrega copia de las siguientes documentales:
17.1. Mensaje de correo electrónico, de 11 de octubre de 2013, mediante el cual, la Jefa del Departamento de Comunicación Social, Enlace Programa Paisano del Instituto Nacional de Migración, SP4, envía a SP3, el itinerario de vuelo de V1, para el 18 de octubre de 2013. 17.2. Acuerdo de ampliación de término, de 18 de octubre de 2013, mediante el que AR3 determina extender el alojamiento de V1, en la estación migratoria de San Luis Potosí. 17.3. Oficio DFSLP/6/XI/2013, de 4 de noviembre de 2013, suscrito por SP5, encargada de despacho, de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, mediante el cual autoriza, en atención al interés superior de V1 y T1, su traslado a la Ciudad de México, y solicita activar el Mecanismo de Protección Consular, con la finalidad de que las menores de edad sean entregadas a sus familiares. 17.4. Mensaje de correo electrónico, de 8 de noviembre de 2013, mediante el cual la Titular del Área de Quejas, del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración, informa sobre el inicio del procedimiento administrativo PA1, contra AR1 y otros servidores públicos. 17.5. Oficio DFSLP/44/XI/2013, de 8 de noviembre de 2013, suscrito por SP5, mediante el cual rinde informe sobre los hechos constitutivos de la queja. 18. Oficio 2335/2013, de 11 de noviembre de 2013, suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la VI Mesa Investigadora en San Luis Potosí, mediante el cual remite copia certificada de la averiguación previa AP1, de la cual destacan las siguientes documentales: 18.1. Tarjeta Informativa, de 2 de noviembre de 2013, suscrita por T2, en la que hace del conocimiento del encargado del Despacho de la Dirección de Planeación y Operación de la Dirección General de Seguridad Pública Estatal de San Luis Potosí, que el 1 de noviembre de 2013, AR1 había ingresado en estado de ebriedad en las instalaciones de la estación migratoria en la capital de ese estado. 18.2. Denuncia por comparecencia de V1, de 4 de noviembre de 2013, ante el agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa VI Investigadora en San Luis Potosí. 18.3. Denuncia por comparecencia de T1, de 4 de noviembre de 2013, ante el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa VI Investigadora en San Luis Potosí. 18.4. Acuerdo ministerial de retención de V1 y T1, en su calidad de víctimas, de fecha 4 de noviembre de 2013.
18.5. Comparecencia ministerial del director de Asuntos Jurídicos, del Instituto Nacional de Migración, de 4 de noviembre de 2013, mediante la cual, el Representante Social de la Federación le hace entrega de las menores de edad V1 y T1, para su custodia. 18.6. Acuerdo de inicio de la averiguación previa AP1, de 4 de noviembre de 2013, contra AR1 y quien resulte responsable, por los delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación y abuso de autoridad, por los hechos denunciados por V1 y T1. 18.7. Dictamen de Integridad Física y Edad Clínica Probable, elaborado el 5 de noviembre de 2013, por un perito médico forense de la Procuraduría General de la República, a favor de V1 y T1. 18.8. Comparecencia ministerial de E1, de 5 de noviembre de 2013, ante el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa VI Investigadora en San Luis Potosí. 18.9. Comparecencia ministerial de AR2, de fecha 6 de noviembre de 2013, ante el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa VI Investigadora en San Luis Potosí. 18.10. Oficio PGR/AIC/PFM/UAIOR/SLP/10575/2013, de 6 de noviembre de 2013, suscrito por SP6 y SP7, elementos de la Policía Federal Ministerial en el estado de San Luis Potosí, mediante el cual brindan al agente del Ministerio Público de la Federación, el resultado de las entrevistas que efectuaron a T3 y T4, el 4 de noviembre de 2013, en las instalaciones de la estación migratoria de San Luis Potosí. 18.11. Comparecencia ministerial de T2, de 7 de noviembre de 2013, ante el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa VI Investigadora en San Luis Potosí. 18.12. Dictamen en Psicología, de 7 de noviembre de 2013, suscrito por una perito en esa materia, adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales, de la Procuraduría General de la República en San Luis Potosí, en el cual concluye que V1 presenta un estado emocional caracterizado por miedo, como consecuencia de los hechos que se investigan en la AP1. 19. Acta circunstanciada, de 4 de diciembre de 2013, en la que consta la gestión realizada por personal de esta comisión nacional, con el agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la VI Mesa Investigadora en San Luis Potosí, a fin de dar seguimiento a la indagatoria AP1. 20. Acta circunstanciada, de 5 de diciembre de 2013, en la que un visitador de este organismo nacional hace constar entrevista sostenida con T4.
21. Oficio INM/DGJDHT/DDH/42/2014, de 8 de enero de 2014, con el que la directora de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Migración, remite copia del diverso DFSLP/10/I/2014, de 7 de enero de 2014, a través del cual SP5 informa que el 5 de diciembre de 2013, ambas agraviadas regresaron a su país, mediante retorno asistido y fueron puestas a disposición del director del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. 22. Acta circunstanciada, de 24 de febrero de 2014, en la que se hace constar gestión realizada con personal de la Mesa VI, de la Agencia del Ministerio Público de la Federación, en San Luis Potosí, quien informó que la AP1 fue consignada el 15 de enero de 2014, ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en San Luis Potosí, por el delito de abuso sexual. 23. Acta circunstanciada, de 3 de marzo de 2014, en que se hace constar comunicación sostenida con un agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, en San Luis Potosí, quien precisó que la AP1 consignada al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en esa entidad, fue radicada con el número de Causa Auxiliar CA1. III. SITUACIÓN JURÍDICA 24. El 1 de noviembre de 2013, V1, niña de 16 años de edad, sufrió un atentado a su libertad sexual por parte de AR1, entonces delegado del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, agresión que presenció T1. 25. Una vez que se tuvo conocimiento de lo anterior, personal de esta comisión nacional se constituyó en las instalaciones de la estación migratoria en San Luis Potosí, ocasión en la que se recabó la queja de V1, así como el testimonio de T1 derivado de lo cual, con el objeto de salvaguardar la integridad física y psicológica de ambas menores, se gestionó su trasladó al albergue A1, de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia en el Estado de San Luis Potosí (PRODEM), en el que quedaron bajo el resguardo de esa institución. 26. Por los hechos ocurridos, el 4 de noviembre de 2013, V1 y T1, presentaron denuncia de hechos ante el agente del Ministerio Público de la Federación en San Luis Potosí, lo que dio inicio a la averiguación previa AP1, por la presunta comisión de los delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación y abuso de autoridad; indagatoria que el 15 de enero de 2014 fue consignada ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de San Luis Potosí, lo que dio origen a la causa penal CA1. 27. El 5 de diciembre de 2013, SP5 determinó otorgar a V1 y T1 el beneficio de retorno asistido a su país de origen, lo cual se concretó ese mismo día, donde
fueron acompañadas por SP2, quien las entregó al director del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. 28. Asimismo, se tiene conocimiento que el Instituto Nacional de Migración dio vista al Órgano Interno de Control, instancia en que se inició el procedimiento administrativo de investigación PA1, la cual, según los últimos informes rendidos por la autoridad, continúa en integración. IV. OBSERVACIONES 29. Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja CNDH/5/2013/7915/Q, en términos de lo dispuesto en el artículo 41, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se cuenta en el caso con elementos suficientes para evidenciar violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad personal, trato digno y libertad personal de V1, atribuibles a servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, por hechos consistentes en transgredir la libertad sexual de una niña, retención ilegal, así como acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas migrantes, en atención a las siguientes consideraciones: 30. Alrededor de las 21:45 horas, del 1 de noviembre de 2013, AR1, entonces delegado federal del Instituto Nacional de Migración, en estado de ebriedad, acudió a la estación migratoria en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, para dirigirse al área donde se encuentran ubicados los dormitorios de las mujeres y menores de edad, a quienes cuestionó si tenían alguna duda sobre su situación migratoria, en relación con lo cual T1 contestó que necesitaba hablar con él, por lo que AR1 la condujo junto con V1 a su oficina. 31. De acuerdo con el dicho de V1, una vez que ella y T1 se encontraron en la oficina del entonces delegado federal del Instituto Nacional de Migración, AR1 intentó besarla, precisando que esa conducta ya la había intentado en otra ocasión, esto, aunado a que también la abrazó y al hacerlo le tocó un seno, por lo que salió corriendo del lugar. 32. A efecto de corroborar la versión que sobre los hechos hizo valer V1, este organismo nacional cuenta con un informe de investigación, de 6 de noviembre de 2013, del que se advierte que a fin de indagar los hechos que denunció V1 ante el agente del Ministerio Público de la Federación y que dieron origen a la averiguación previa AP1, SP6 y SP7, subinspector y suboficial de la Policía Federal Ministerial, acudieron a interrogar a diverso personal del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la estación migratoria de San Luis Potosí. 33. De los Interrogatorios referidos destacan las respuestas que a pregunta expresa concedieron T3 y T4, de cuyo contenido se advierte que señalaron haber percibido, en alguna ocasión, que AR1 llegaba a esa Delegación Federal con aliento alcohólico y fuera de horario de labores.
34. A lo anterior cabe agregar que el 7 de noviembre de 2013, ante el agente del Ministerio Público de la Federación que conoce de la averiguación previa AP1, en calidad de testigo, rindió declaración T2, elemento de la Policía Estatal de San Luis Potosí, quien señaló que el 1 de noviembre de 2013, aproximadamente a las 21:45 horas, AR1 quien presentaba aliento alcohólico, arribó a la estación migratoria de esa ciudad, para, posteriormente dirigirse hacia el área femenil, de donde salió acompañado por V1 y T1 hacia la planta alta de la Delegación, es decir, al lugar en que se ubica la oficina del delegado. 35. Ahora bien, respecto de la agresión sexual de que V1 manifestó haber sido víctima por parte de AR1, destaca que el 7 de noviembre de 2013, una perito en psicología de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, emitió dictamen en Psicología relacionado con el caso de V1, en que concluyó que la niña presentaba un estado emocional caracterizado únicamente por miedo, a consecuencia de los hechos que denunció, materia de investigación en la averiguación previa AP1. 36. En ese contexto, de la valoración sistemática de las circunstancias coincidentes descritas en las narraciones de V1, T1, T2, T3 y T4, de los registros del libro de ingresos, así como de las conclusiones a que arribó la perito en Psicología de la Procuraduría General de la República, se obtiene una presunción que genera convicción respecto de que, el 1 de noviembre de 2013, alrededor de las 21:45 horas, AR1 acudió con aliento alcohólico a la estación migratoria de San Luis Potosí y posteriormente sostuvo una breve reunión con las niñas migrantes V1 y T1 en su oficina, ocasión en que agredió sexualmente a la primera de ellas. 37. No pasa inadvertido que del contenido de las declaraciones de T1, T3 y T4, así como de la propia denuncia de hechos presentada por V1 y de la narración de hechos de T1 vertida en la valoración psicológica que le fue practicada, se advierte, en primera instancia que, periódicamente, AR1 acudía a desempeñar sus funciones de delegado federal del Instituto Nacional de Migración en el estado de San Luis Potosí, bajo los efectos del alcohol. 38. Asimismo, que en otra ocasión, AR1 intentó agredir con fines lascivos a V1 en la estación migratoria, situación que denota la ausencia de una efectiva vigilancia por parte del resto del personal del Instituto Nacional de Migración, toda vez que hasta el 1 de noviembre de 2013, ningún servidor público de la adscripción había reportado algún incidente relacionado con los hechos. 39. Las conductas que se imputan a AR1 resultan de especial gravedad, ya que aprovechó su cargo y autoridad en el Instituto Nacional de Migración para llevar a cabo tales acciones, aunado a que la víctima es una niña migrante de 16 años de edad, en clara contravención de los principios de especial protección de las mujeres, interés superior del niño y protección a los grupos en situación de vulnerabilidad, previstos en la Ley de Migración, la Ley de Asistencia Social y la Ley General de Desarrollo Social.
40. En este sentido, destaca que el tipo de violencia sufrido por V1 constituye violencia sexual, que a su vez es catalogada como un tipo de violencia contra las mujeres, definida como cualquier acción o conducta, basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, según el artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”. 41. Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta la condición especial de V1, quien por el hecho de ser una niña migrante, siempre estuvo en una posición de vulnerabilidad múltiple ante su agresor, pues, como se señaló, AR1 aprovechó su función y cargo de titular de la Delegación del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de San Luis Potosí, para vulnerar los derechos a la libertad y trato digno de V1, toda vez que invadió una de las esferas más íntimas de su vida, despojándola de la capacidad para tomar decisiones respecto de su cuerpo y sexualidad, vulnerando valores y aspectos esenciales de su vida privada, y anulando su derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quién mantener cualquier forma de intimidad sexual. 42. Al respecto, es importante precisar que en su condición de niña, V1 se encontró expuesta de manera adicional al riesgo de sufrir abusos por parte de su agresor, por encontrarse en un estado de inmadurez emocional y física, así como al estar imposibilitada para repeler fácticamente una fuerza física irresistible como la que un hombre adulto puede ejercer, todo lo cual se debió a su propio estado psicofísico al momento de actualizarse los hechos. 43. Por cuanto hace al otro factor de vulnerabilidad que enfrentó V1, conviene no perder de vista que las personas migrantes en situación irregular han sido identificadas como un grupo en situación de especial vulnerabilidad, pues se encuentran expuestas a violaciones potenciales o reales de sus derechos humanos y sufren, como consecuencia de su situación, un nivel elevado de desprotección, así como a diferencias en el acceso a los recursos públicos administrados por el Estado, en relación con los nacionales o residentes, por lo que las violaciones a sus derechos permanecen muchas veces en la impunidad, debido a la existencia de factores culturales que indebidamente justifican estos hechos, a la falta de acceso a las estructuras de poder en una sociedad determinada, así como derivado de impedimentos normativos y fácticos que tornan ilusorio un efectivo acceso a la justicia. 44. Por lo anterior, se evidencia en el caso que AR1, servidor público adscrito al Instituto Nacional de Migración, conculcó los derechos humanos de V1 relativos a la integridad personal, libertad sexual y trato digno, reconocidos en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, y 4, párrafos octavo y noveno, y 25, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, primer párrafo y segundo, incisos A, E y G, 11, primer párrafo, inciso B, 19 y 21, inciso A, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 14 y 15 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 2.1,
3.1, 19.1, 19.2 y 37, inciso a, de la Convención sobre los Derechos del Niño; 2.1, y 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 10.3, 12.1 y 12.2, inciso a, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1, 5.1, 5.2 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1, 2, 3, 4.b y 7, inciso a), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”, 3, 5 y 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 45. Por otra parte, del análisis del registro de ingresos a la instalación migratoria el día de los hechos, se advirtió que, a pesar de encontrarse en el interior de la estación migratoria en el momento en que ingresó AR1 para cometer las conductas señaladas anteriormente, AR3 omitió impedir el acceso del primero, quien se encontraba bajo el influjo del alcohol, contraviniendo con ello la obligación prevista en los artículos 49, párrafo segundo, y 50, de las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración. 46. En el mismo sentido, no pasa inadvertida la actuación omisa de AR2, agente federal de Migración, quien, de acuerdo con la declaración que rindió V1 ante el agente del Ministerio Público de la Federación, el 4 de noviembre de 2013, inmediatamente después de ocurridos los hechos en que resultó agredida sexualmente, dio aviso a AR2 de lo sucedido, quien, lejos de auxiliarla y/o denunciar los hechos ante la autoridad ministerial, se limitó a recomendarle que lo hiciera del conocimiento de “Derechos Humanos”, es decir, teniendo a su cargo el cuidado de la niña, faltó a sus deberes de custodiar, vigilar, proteger y establecer medidas de seguridad, para prevenir conductas como las de AR1, por lo que, con su omisión, toleró la conducta irregular de AR1. 47. En ese sentido, en los artículos 173 fracción III, 181 párrafo segundo, y 227, cuarto párrafo, del Reglamento de la Ley de Migración, se establecen, como derechos de las personas extranjeras víctimas del delito, recibir asesoría jurídica y atención médica y psicológica de urgencia, así como garantizar el acompañamiento del niño, niña o adolescente migrante extranjero no acompañado a denunciar hechos posiblemente constitutivos de delitos ante el agente del Ministerio Público, situación que en el caso AR2 omitió realizar. 48. Igualmente, la omisión de AR2 de denunciar la agresión sexual de la que fue víctima V1, transgredió el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como el diverso 8, fracción XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que, en términos generales, señalan que toda persona que en ejercicio de funciones públicas llegase a advertir la probable existencia de un delito o conducta posiblemente constitutiva de responsabilidad administrativa, está obligada a participarlo
inmediatamente al Ministerio Público, correspondiente o, en su caso, a la contraloría interna. 49. En suma, en términos de lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las omisiones anteriormente evidenciadas constituyeron violencia institucional, por haberse vulnerado el derecho a la protección que V1 tenía como niña migrante y hacer nugatorio su derecho al acceso a la expedita procuración de justicia, como víctima del delito, en contravención a lo establecido en los artículos 4, párrafos octavo y noveno y 20, apartado B, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2 de la Ley General de Víctimas, en el sentido de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos. 50. Por otra parte, se advierte que otro de los agravios a que hace alusión V1 en su escrito de queja, se refiere a haber permanecido alojada por más de un mes en la estación migratoria en San Luis Potosí, San Luis Potosí, sin ser repatriada, no obstante que se había acreditado oportunamente su nacionalidad hondureña. 51. En relación con el procedimiento migratorio instruido a V1, se advierte, en primer lugar, que se inició el 27 de septiembre de 2013 y se resolvió el 3 de octubre de ese año, determinándose su retorno asistido vía aérea. 52. Al respecto, SP5, encargada del despacho de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, precisó que a efecto de cumplimentar el retorno asistido de V1, el Instituto de referencia gestionó itinerarios de viaje para los días 18, 21 y 26 de octubre de 2013, respecto de los cuales remitió copia a este organismo nacional. Que, a su vez, el 18 de octubre de 2013, AR3, entonces subdirector de la estación migratoria de esa ciudad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111, fracción III, de la Ley de Migración, acordó ampliar el término para el alojamiento de V1, a efecto de que se pudiera establecer nuevo itinerario de viaje para V1. 53. Ahora bien, en vía de excepción, la legislación migratoria permite al Instituto Nacional de Migración acordar la ampliación del término para el alojamiento de extranjeros en las estaciones migratorias, sin embargo, en el caso no se acreditó la existencia de un motivo fundado para tomar esa determinación, pues del informe de SP5 no se logra advertir que en el caso se reunieran los extremos del supuesto que refiere la fracción III, del artículo 111, de la Ley de Migración, esto es, que hubiera impedimento para el tránsito de V1 por terceros países u obstáculo para establecer su itinerario de viaje al destino final, sino que, por el contrario, de las constancias remitidas por la encargada del despacho de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, se evidencia que ese órgano administrativo desconcentrado gestionó
a nombre de V1 itinerarios de viaje con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, para los días 18, 21 y 26 de octubre de 2013, sin mencionar que hubiera existido alguna dificultad o impedimento para cumplimentar en alguno de ellos el retorno asistido de la menor migrante. 54. Es así que ante la falta de argumentos del Instituto Nacional de Migración para probar fehacientemente algún impedimento para el tránsito de V1 por terceros países u obstáculo para cumplimentar los itinerarios de viaje gestionados, el acuerdo emitido el 18 de octubre de 2013, mediante el cual AR3 determinó ampliar el término para el alojamiento de V1, en la estación migratoria de San Luis Potosí, constituye un acto de molestia que carece de la debida fundamentación y motivación en virtud de que no reúne los extremos que se prevén en el artículo 111, fracción III, de la Ley de Migración y, consecuentemente, implica una conducta violatoria del derecho a la legalidad reconocido en los artículos 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.1 y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda vez que no cumple con los requisitos constitucionales de los actos que generan un menoscabo en los derechos humanos o esfera privada de las personas, en este caso particular, la libertad personal de V1. 55. No obstante que el contenido normativo del artículo 16 constitucional antes referido obliga a las autoridades, de forma genérica, a que sus actos se encuentren fundados y motivados, este precepto no puede interpretarse de manera limitativa a la simple mención de una disposición legal que pudiera, aún en apariencia, determinar la existencia de un criterio jurídico aplicable, sino que el actuar de la autoridad debe manifestar de forma clara y precisa por qué determinadas disposiciones legales resultan aplicables de forma estricta al caso y efectivamente facultan a la autoridad a asumir determinada conducta. 56. A su vez, no pasa inadvertido que de conformidad con el artículo 112, fracción VI, párrafo tercero, de la Ley de Migración, corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, realizar el retorno asistido de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado a su país de nacionalidad o residencia, atendiéndose en todo momento el interés superior del niño; sin que se logre advertir de las constancias remitidas por el Instituto Nacional de Migración a este organismo nacional, que las autoridades migratorias hubiesen dado la intervención correspondiente a alguna de las instituciones de asistencia social referida, a efecto de garantizar el eficaz retorno de V1 hacia Honduras. 57. En esa tesitura, se observa que servidores públicos del Instituto Nacional de Migración omitieron adecuar su actuación considerando primordialmente y en todo momento el interés superior de la niña V1, previsto en el artículo 4, párrafos octavo, noveno y décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente establece la obligación del Estado y de los servidores públicos de reconocer y cumplir con la satisfacción de las
necesidades y sano esparcimiento para el desarrollo integral y promoción del respeto a la dignidad de la niñez, dando prioridad a su bienestar y ante cualquier circunstancia que incida en su perjuicio. 58. Para este organismo nacional el interés superior del niño es el principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con la aplicación de las normas jurídicas en los casos en los que se vean involucrados los derechos de los niños, especialmente su desarrollo, con la finalidad de proteger primordialmente la integridad de quienes merecen mayor protección en atención a su estado de vulnerabilidad. 59. Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar su desarrollo, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, así como en la naturaleza y los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. 60. En el caso de la niña V1, el Estado debió prestar especial atención a sus necesidades y derechos, en primera instancia por tratarse de una persona migrante y posteriormente por resultar víctima del delito, lo cual no fue respetado, pues, como se evidenció en párrafos anteriores, AR1 aprovechó su cargo de delegado federal del Instituto Nacional de Migración para agredirla sexualmente, mientras que AR2 y AR3 faltaron a sus deberes de custodiar, vigilar, proteger y establecer medidas de seguridad, para prevenir conductas como las de AR1, aunado a omitir denunciar los hechos ante el Ministerio Público, así como ante la contraloría respectiva, teniendo la obligación de hacerlo. 61. Al respecto, en el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño se establece que la ley garantizará que el niño goce de protección especial para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad, atendiendo al interés superior del niño. 62. En ese orden de ideas, se considera que al desempeñar deficientemente la labor que por ley les fue encomendada, las autoridades responsables transgredieron lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por México el 26 de enero de 1990 y ratificada el 21 de septiembre del mismo año, y que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye norma vigente en nuestro país, incluyendo los artículos 16.1 y 16.2 que prohíben injerencias arbitrarias o ataques en su vida privada; el 19.1 que establece que los Estados Partes adoptarán las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual; y el artículo 37, incisos a) y b), que velan por que ningún niño sea sometido a tratos crueles y que todo niño privado
de su libertad deberá ser tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, respectivamente. 63. Se incumplió, también, con lo establecido en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en el artículo 7 señala que corresponde a las autoridades e instancias federales y estatales asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de quienes sean responsables de los mismos; y el 14, apartado A, en que se establece que a las niñas y niños se les debe asegurar prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria. 64. De igual forma se considera que las autoridades antes señaladas, tampoco atendieron lo dispuesto en el artículo 8, fracciones I, XVIII y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el que, en términos generales, se señala la obligación que tienen los servidores públicos de cumplir con el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause su suspensión o deficiencia, o implique el incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 65. En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción III; 71, segundo párrafo, y 72, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se considera que en el caso se cuenta con elementos de convicción suficientes para presentar queja ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración, en contra de AR1, AR2 y AR3, por las acciones y omisiones referidas en esta recomendación, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente; así como denuncia de hechos ante el agente del Ministerio Público de la Federación. 66. Asimismo, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la responsabilidad institucional, consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 1, 2, y 9, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, así como 1, 2 fracción I, 7, fracciones II, VI, VII, VIII y XXVI, 8, 26, 27, 64, fracciones I,II VII, 65, de la Ley General de Víctimas, prevén la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la recomendación que se formule a la dependencia pública deberá incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las
relativas a la reparación de los daños que se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado deberá investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. 67. En consecuencia, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos se permite formular, respetuosamente a usted, señor comisionado del Instituto Nacional de Migración las siguientes: V. RECOMENDACIONES PRIMERA. Se instruya, a quien corresponda, a efecto de que, previa coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades consulares hondureñas, se repare el daño ocasionado a la agraviada V1, que incluya la atención médica y psicológica, como consecuencia de la responsabilidad institucional en que incurrieron los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, con base en las consideraciones planteadas en el cuerpo de la presente recomendación, y se envíen a esta comisión nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. SEGUNDA. Se giren instrucciones, a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas administrativas necesarias, a efecto de garantizar la atención adecuada a los niños, niñas y adolescentes migrantes que sean presentados a las autoridades del Instituto Nacional de Migración, y se envíen a esta comisión nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. TERCERA. Se instruya, a quien corresponda, a efecto de que los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración reciban capacitación en materia de Derechos Humanos y protección a niños, niñas y adolescentes, enfatizando los temas relativos a la debida observancia de los derechos de las personas menores de edad extranjeras que viajan solas, a fin de evitar que en lo futuro se incurra en omisiones o irregularidades como las que fueron evidenciadas en este documento, enviando a esta comisión nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento, así como los indicadores de gestión o de evaluación que se apliquen, en los cuales se señale el impacto efectivo de la capacitación. CUARTA. Se instruya a quien corresponda, para que se colabore durante el trámite de la queja que este organismo público promueva ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración, y se remitan a esta institución las constancias con que se acredite su cumplimiento. QUINTA. Se instruya a quien corresponda, para que se adopten las medidas necesarias, a fin de que se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este organismo nacional formule ante la Procuraduría General de la República, para que, en el ámbito de su competencia, se inicie la averiguación previa que en derecho corresponda contra los servidores públicos cuya conducta motivó este pronunciamiento, y se remitan a esta comisión nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
68. La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 69. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le solicita que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, en su caso, se informe dentro del término de quince días hábiles siguientes a esta notificación. 70. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, se le solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación se envíen a esta Comisión Nacional dentro de un término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre su aceptación. 71. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15, fracción X, y 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrá solicitar al Senado de la República o en sus recesos a la Comisión Permanente de esa Soberanía, así como a las legislaturas de las entidades federativas, su comparecencia, a efecto de que explique el motivo de su negativa. EL PRESIDENTE DR. RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA
Comunicado de prensa 349 - CNDH
Informe "Comunicado de Prensa - CNDH"

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artículo 41
artículo 4
Resolución
resolución
artículo 41
artículo 1
artículo 117
artículo 111
artículo 111
artículo 111
artículo 16
artículo 112
artículo 4
artículo 37
artículo 7
artículo 8
artículo 102
artículo 1
artículo 46


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DECRETO 195/2018, de 31 de octubre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. [2018/10615] - DOCV. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana - Legislación - VLEX 745743821
Capítulo I. La Conselleria - arts. 3 a 6
Sección primera. La Secretaría Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación - art. 7
Sección segunda. La Dirección General de Transparencia y Participación - arts. 8 y 9
Sección tercera. La Dirección General de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno - arts. 10 y 11
Sección cuarta. La Dirección General de Cooperación y Solidaridad Artículo 12. Dirección General de Cooperación y Solidaridad Artículo 13. Nivel administrativo de la Dirección General de Cooperación y Solidaridad
Sección cuarta. - arts. 12 y 13
CAPÍTULO III. La Subsecretaría - arts. 14 a 19
TÍTULO III. Organización territorial - art. 20
Título II Estructura y funciones de los órganos superiores, directivos y servicios centrales de la Conselleria Artículos 3 a 11
Capítulo I La Conselleria Artículos 3 a 6
Capítulo II La Secretaría Autonómica Artículos 7 a 11
Sección primera La Secretaría Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación Artículo 7
Sección segunda La Dirección General de Transparencia y Participación Artículos 8 y 9
Sección tercera La Dirección General de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno Artículos 10 y 11
Sección cuarta La Dirección General de Cooperación y Solidaridad Artículo 12. Dirección General de Cooperación y Solidaridad Artículo 13. Nivel administrativo de la Dirección General de Cooperación y Solidaridad
Artículo 19 El delegado o delegada de Protección de Datos Título III
Única. Dirección Territorial y Servicio Territorial de Valencia. Habilitación normativa
Primera. Régimen transitorio de las unidades y puestos de trabajo Segunda. Registro de actividades, bienes y derechos patrimoniales Disposición derogatoria
Por todo esto, en conformidad con el que establecen los artículos
28.f y 64 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, a propuesta del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, y con la deliberación previa del Consell, en la reunión del 31 d' octubre de 2018,
Bajo la autoridad del conseller o consellera, la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación está integrada por los órganos superiores y centros directivos siguientes:
Secretaría Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.
Dirección General de Transparencia y Participación.
Dirección General de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno.
Dirección General de Cooperación y Solidaridad.
TÍTULO II Artículos 12 a 19
CAPÍTULO I La Conselleria
1. El Consell de Dirección es el órgano colegiado de asesoramiento y asistencia a la persona titular de la Conselleria en la elaboración, coordinación y ejecución del programa de actuaciones del departamento. Bajo su presidencia, el Consell de Dirección...
160E/2018 FORU AGINDUA, abenduaren 5ekoa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Gesalatzeko Udal Planeko Eraikuntzari buruzko Ordenantza Orokorraren 89. artikulua aldatzeko espedientea. Sustatzailea Jesús M.ª Mutilva Zabalza da.
Orden DEF/1294/2015, de 23 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

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Artículo 12
Artículo 13
Artículo 19


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Cuando los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas a los que se refiere el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aporten documentación directamente al órgano de inspección actuante en el curso de su comparecencia, la documentación podrá ser admitida por dicho órgano con el objeto de lograr la eficacia de la actuación administrativa. En caso de admitirse, el obligado tributario no estará obligado a remitir tales documentos por medios electrónicos
Número 3 del artículo 171 redactado por el apartado treinta del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Será de aplicación a los procedimientos iniciados antes del 1 de enero de 2018, la nueva redacción del apartado 3 del artículo 171, relativo al examen de la documentación de los obligados tributarios, cuando el requerimiento se realice a partir de la entrada en vigor del citado R.D. Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
Tratándose de un grupo que tribute en el régimen de consolidación fiscal, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, o en el régimen especial del grupo de entidades, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, deberán atender a los órganos de inspección tanto la sociedad representante del grupo como las entidades dependientes
Número 1 del artículo 173 redactado por el apartado treinta y uno del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
b) La fecha de inicio de las actuaciones, el plazo del procedimiento y las circunstancias que afectan a su cómputo de acuerdo con los apartados 3, 4 y 5 del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Letra b) del número 1 del artículo 176 redactada por el apartado treinta y dos del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
Número 4 del artículo 176 suprimido por el apartado treinta y dos del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
Artículo 184 Duración del procedimiento inspector
3. La realización de actuaciones con conocimiento formal del obligado tributario con posterioridad a la finalización del plazo máximo de duración del procedimiento tendrá efectos interruptivos de la prescripción respecto de la totalidad de las obligaciones tributarias y periodos a los que se refiera el procedimiento. Si la superación del plazo máximo se constata durante el procedimiento de inspección, esta circunstancia se le comunicará formalmente al obligado tributario indicándole las obligaciones y periodos por los que se continúa el procedimiento
Artículo 184 redactado por el apartado treinta y tres del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
2. Las actas serán firmadas por el funcionario y por el obligado tributario. Si el obligado tributario no supiera o no pudiera firmarlas, si no compareciera en el lugar y fecha señalados para su firma o si se negara a suscribirlas, serán firmadas sólo por el funcionario y se hará constar la circunstancia de que se trate. Las actas podrán suscribirse mediante firma manuscrita o mediante firma electrónica.
Cuando el interesado no comparezca o se niegue a suscribir las actas, deberán formalizarse actas de disconformidad
Número 2 del artículo 185 redactado por el apartado treinta y cuatro del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Será de aplicación a los procedimientos iniciados antes del 1 de enero de 2018, la nueva redacción del apartado 2 del artículo 185, relativo a la formalización de las actas, cuando el acta se firme a partir de la entrada en vigor del citado R.D. Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
7. Una vez firmada el acta con acuerdo, el órgano competente para liquidar dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha del acta, para notificar al obligado tributario una liquidación que rectifique los errores materiales. Si dicha notificación no se produce en el plazo citado, la liquidación se entenderá dictada y notificada el día siguiente conforme a la propuesta contenida en el acta.
c) Si la liquidación es superior al importe de la garantía, se entregará documento de ingreso por el importe de la liquidación
Número 7 del artículo 186 redactado por el apartado treinta y cinco del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
3. Una vez firmada el acta de conformidad, el órgano competente para liquidar dispone de un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha del acta, para notificar al obligado tributario un acuerdo con alguno de los contenidos previstos en el artículo 156.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en cuyo caso se procederá de la siguiente forma:
Número 3 del artículo 187 redactado por el apartado treinta y seis del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
2. Las actuaciones que se refieran a la comprobación del Impuesto sobre Sociedades de una entidad en régimen de consolidación fiscal o del Impuesto sobre el Valor Añadido de una entidad en régimen especial del grupo de entidades, que no sea la representante del grupo, terminarán conforme a lo dispuesto en el artículo 195 de este reglamento y en la normativa reglamentaria reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, respectivamente
Número 2 del artículo 189 redactado por el apartado treinta y siete del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
d) Cuando se dicte liquidación que anule o modifique la deuda tributaria inicialmente autoliquidada como consecuencia de la regularización de algunos elementos de la obligación tributaria porque deba ser imputado a otro obligado tributario o a un tributo o período distinto del regularizado, siempre que la liquidación resultante de esta imputación no haya adquirido firmeza
Letra d) del número 2 del artículo 190 redactada por el apartado treinta y ocho del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
b) Cuando no se haya podido finalizar la comprobación e investigación de los elementos de la obligación tributaria como consecuencia de no haberse obtenido los datos solicitados a terceros o debido a que no se hayan recibido los datos, informes, dictámenes o documentos solicitados a otra Administración
Letra b) del número 3 del artículo 190 redactada por el apartado treinta y ocho del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
c) Cuando en un procedimiento de inspección se realice una comprobación de valores de la que se derive una deuda a ingresar y se regularicen otros elementos de la obligación tributaria. En este supuesto se dictarán dos liquidaciones provisionales, una como consecuencia de la comprobación de valores y otra que incluirá la totalidad de lo comprobado. Esta última tendrá carácter provisional respecto de las posibles consecuencias que de la comprobación de valores puedan resultar en dicha liquidación
Letra c) del número 4 del artículo 190 redactada por el apartado treinta y ocho del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018
d) Cuando por un mismo concepto impositivo y periodo se hayan diferenciado elementos respecto de los que se aprecia delito contra la Hacienda Pública, junto con otros elementos respecto de los que no se aprecia esa situación. En estos casos, ambas liquidaciones tendrán carácter provisional
Letra d) del número 4 del artículo 190 introducida en su actual redacción por el apartado treinta y ocho del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018
e) Cuando así se determine en otras disposiciones legales o reglamentarias.
Letra e) del número 4 del artículo 190 renombrada por el apartado treinta y ocho del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Su contenido se corresponde con el de la anterior letra d) del mismo artículo. Vigencia: 1 enero 2018
6. Los elementos de la obligación tributaria comprobados e investigados en el curso de unas actuaciones que hubieran terminado con una liquidación provisional no podrán regularizarse nuevamente en un procedimiento inspector posterior, salvo que concurra alguna de las circunstancias a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo y, exclusivamente, en relación con los elementos de la obligación tributaria afectados por dichas circunstancias. Cuando concurran las circunstancias del artículo 190.3.b) de este reglamento, la regularización se podrá realizar con los nuevos datos que se hayan podido obtener y los que se deriven de la investigación de los mismos
Número 6 del artículo 190 redactado por el apartado treinta y ocho del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Será de aplicación a los procedimientos iniciados antes del 1 de enero de 2018, la nueva redacción de la letra d) del apartado 2, la letra b) del apartado 3, las letras c) y d) del apartado 4, y el apartado 6 del artículo 190, relativo a las clases de liquidaciones derivadas de las actas de inspección, cuando la liquidación se dicte a partir de la entrada en vigor del citado R.D. Vigencia: 1 enero 2018
1. La liquidación derivada del procedimiento inspector incorporará los intereses de demora hasta el día en que se dicte o se entienda dictada la liquidación, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6 del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes
Número 1 del artículo 191 redactado por el apartado treinta y nueve del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
b) Cuando se trate de una devolución derivada de la normativa de un tributo, se liquidarán intereses de demora a favor del obligado tributario de acuerdo con lo previsto el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 125 de este reglamento
Número 4 del artículo 191 redactado por el apartado treinta y nueve del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Será de aplicación a los procedimientos iniciados antes del 1 de enero de 2018, la nueva redacción del apartado 4 del artículo 191, relativo a la liquidación de intereses a favor del obligado tributario, cuando la liquidación se dicte a partir de la entrada en vigor del citado R.D. Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
5. Cuando los datos utilizados para la estimación indirecta a que se refiere la letra d) del apartado 3 del artículo 158 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, procedan de la propia Administración tributaria, se utilizarán aquellos métodos que permitan preservar el carácter reservado de los datos tributarios de terceros sin perjudicar el derecho de defensa del obligado tributario. En particular, se disociarán los datos de forma que no pueda relacionarse entre sí:
La Administración indicará las características conforme a las cuales se ha seleccionado la muestra elegida. Entre otros, podrán tenerse en cuenta el ámbito espacial y temporal de la muestra, la actividad que desarrollan o el intervalo al que corresponde su volumen de operaciones
Número 5 del artículo 193 redactado por el apartado cuarenta del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
En caso de que el órgano competente para liquidar estimase motivadamente que no concurren dichas circunstancias devolverá la documentación al órgano de inspección que esté tramitando el procedimiento, lo que se notificará al obligado tributario
Número 2 del artículo 194 redactado por el apartado cuarenta y uno del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
5. La suspensión del cómputo del plazo de duración del procedimiento se producirá por el tiempo que transcurra desde la notificación al interesado a que se refiere el apartado 2 de este artículo hasta la recepción del informe por el órgano competente para continuar el procedimiento o hasta el transcurso del plazo máximo para su emisión.
Número 5 del artículo 194 redactado por el apartado cuarenta y uno del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018
6. Trimestralmente se publicarán los informes de la Comisión consultiva en los que se haya apreciado la existencia de conflicto en la aplicación de la norma tributaria. En el ámbito de competencias del Estado se publicarán en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, salvo que se trate de tributos cuyo órgano competente para la emisión de las consultas tributarias por escrito se integre en otras Administraciones tributarias, en cuyo caso deberán publicarse a través del medio que las mismas señalen.
En dichas publicaciones se guardará la debida reserva en relación a los sujetos afectados
Número 6 del artículo 194 introducido por el apartado cuarenta y uno del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018
b) Otro expediente relativo a las demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento
Artículo 195 redactado por el apartado cuarenta y dos del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
Número 2 del artículo 196 redactado por el apartado cuarenta y tres del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
Número 3 del artículo 196 redactado por el apartado cuarenta y tres del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Será de aplicación a los procedimientos iniciados antes del 1 de enero de 2018, la nueva redacción del apartado 3 del artículo 196, relativo a la declaración de responsabilidad en el procedimiento inspector, cuando el intento de notificación que contenga el texto íntegro del acuerdo o, en su caso, la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración Tributaria o en la dirección electrónica habilitada se realicen a partir de la entrada en vigor del citado R.D. Vigencia: 1 enero 2018
8. Para la ejecución de las resoluciones administrativas y judiciales, los órganos de inspección podrán desarrollar las actuaciones que sean necesarias pudiendo, en su caso, ejercer las facultades previstas en el artículo 142 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y realizar las actuaciones de obtención de información pertinentes. No obstante, cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.4 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, las mencionadas resoluciones hayan ordenado la retroacción de actuaciones, éstas se desarrollarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.7 de la citada Ley
Número 8 del artículo 197 redactado por el apartado cuarenta y cuatro del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
Capítulo IV en el Título V, integrado por los artículos 1967 bis a 197 sexies introducido por el apartado cuarenta y cinco del artículo primero del R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, y el R.D. 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2018 Efectos / Aplicación: 1 enero 2018
El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento inspector, producirá, respecto de las obligaciones tributarias pendientes de liquidar, los efectos previstos en el artículo 150.6 la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

matches:
artículo 14
artículo 171
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artículo 173
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artículo 176
artículo 176
Artículo 184
Artículo 184
artículo 185
artículo 185
artículo 186
artículo 156
artículo 187
artículo 195
artículo 189
artículo 190
artículo 190
artículo 190
artículo 190
artículo 190
artículo 190
artículo 190
artículo 190
artículo 150
artículo 191
artículo 31
artículo 125
artículo 191
artículo 191
artículo 158
artículo 193
artículo 194
artículo 194
artículo 194
Artículo 195
artículo 196
artículo 196
artículo 196
artículo 142
artículo 66
Real Decreto
artículo 150
artículo 197
artículo 150


text:
DECRETO19392013201309 script var date = new Date(09/09/2013); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO CXLIX. N. 48908. 9, SEPTIEMBRE, 2013. PAG.10.MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMOpor el cual se reglamenta la atención de controversias internacionales de inversión y se deroga el Decreto número 1859 de 2012.CompiladofalsefalseComercio, Industria y TurismofalsefalseDECRETO REGLAMENTARIOfalse09/09/201309/09/2013489081010
DIARIO OFICIAL. AÑO CXLIX. N. 48908. 9, SEPTIEMBRE, 2013. PAG.10.
por el cual se reglamenta la atención de controversias internacionales de inversión y se deroga el Decreto número 1859 de 2012.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 1450 de 2011, los artículos 2°, 10 y 17 del Decreto número 210 de 2003 y el literal iv) del numeral 3 del artículo 6° y el numeral 6 del artículo 17 del Decreto número 4085 de 2011, y
Que según el documento Conpes número 3684 de 19 de octubre de 2010, numeral VI, para efectos de la adecuada coordinación que debe existir al interior del Estado en materia de atención de controversias, se considera indispensable el establecimiento de una instancia de decisión de alto nivel de Gobierno para la atención de controversias internacionales de inversión;
Que según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 6° y el numeral 6 del artículo 17 del Decreto número 4085 de 2011, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado debe apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la defensa de las controversias comerciales internacionales del Estado colombiano y en los procesos que se adelanten en instancias internacionales en relación con obligaciones contenidas en tratados internacionales en materia de inversión;
Que el Gobierno Nacional acogiendo la recomendación del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en materia de atención de controversias internacionales de inversión, expidió el Decreto número 1859 de 2012;
Que el Gobierno Nacional considera necesario derogar el Decreto número 1859 de 2012, y expedir una nueva regulación en donde se precisen las funciones y el alcance de la Instancia de Decisión de Alto Nivel de Gobierno para la atención de controversias internacionales de inversión;
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplica a la atención de las controversias internacionales de inversión, entendidas como aquellas surgidas entre inversionistas extranjeros y el Estado colombiano con motivo de la aplicación y/o interpretación de los Acuerdos Internacionales de Inversión.
Artículo 2°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto regular la atención de las controversias internacionales de inversión, en particular en lo referente a la coordinación, orientación y formulación de las recomendaciones de las acciones del Estado adecuadas a dicho fin.
Artículo 3°. Instancia de alto nivel de gobierno. El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación es la Instancia de Alto Nivel de Gobierno encargada de la orientación y formulación de las recomendaciones dirigidas a la idónea atención de las controversias internacionales de inversión, cuya defensa está a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Artículo 4°. Funciones de la instancia de alto nivel de Gobierno. Además de lo establecido en los artículos 6°, 9° y 10 del Decreto número 4085 de 2011 la Instancia de Alto Nivel de Gobierno, respecto de las controversias internacionales de inversión, tendrá las siguientes atribuciones:
2. Estudiar y adoptar las recomendaciones, cuando a ello haya lugar, propuestas por el Grupo de Apoyo Interinstitucional, previsto en el artículo 9° del presente decreto.
Artículo 5°. Reservada o confidencialidad. Quienes participen en la Instancia de Alto Nivel de Gobierno o en el grupo de apoyo intersectorial de que trata el artículo 9° del presente decreto, estarán obligados a guardar confidencialidad y a no divulgar la información conocida con ocasión de dicha participación en las deliberaciones y decisiones que se surtan al interior de la Instancia de Alto Nivel de Gobierno, así como de la estrategia de defensa del Estado, so pena de incurrir en sanción disciplinaria.
Artículo 6°. Secretaría Técnica. La Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo del Secretario General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, o de quien designe el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ejercerá las funciones de Secretaría Técnica de la Instancia de Alto Nivel de Gobierno en materia de atención de las controversias internacionales de inversión, de conformidad con lo previsto en el presente decreto. Para estos efectos podrá:
Artículo 7°.Sesiones de la instancia de alto nivel de Gobierno. La Instancia de Alto Nivel de Gobierno sesionará, cuando las circunstancias lo ameriten, previa convocatoria del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, y/o del Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En las sesiones de la Instancia de Alto Nivel de Gobierno, se aplicará lo previsto en los parágrafos 1°, 2°, 4° y 5° del artículo 9° del Decreto número 4085 de 2011.
Parágrafo 1°. En las sesiones de la Instancia de Alto Nivel de Gobierno la entidad bajo cuya competencia se generó la presunta controversia, tendrá derecho a voz, pero no a voto.
Parágrafo 2°. La Procuraduría General de la Nación podrá ser invitada a las sesiones de la Instancia de Alto Nivel de Gobierno.
Artículo 8°. Negociaciones extrajudiciales con inversionistas. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado participarán de conformidad con los lineamientos de la Instancia de Alto Nivel de Gobierno y de manera conjunta con la entidad u organismo público involucrado, como facilitadores de los acuerdos amistosos tendientes a solucionar extrajudicialmente controversias internacionales de inversión.
Artículo 9°. Grupo de Apoyo Interinstitucional. Créase el Grupo de Apoyo Interinstitucional para la atención de controversias internacionales de inversión, que tendrá como atribución principal plantear las posibles recomendaciones en relación con los asuntos que pueden ser objeto de controversia y que serán llevados por la Secretaría Técnica a la Instancia de Alto Nivel del Gobierno y apoyar con fundamento en ellas en sus funciones a dicha Instancia, así como al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la defensa del Estado en controversias internacionales de inversión.
Artículo 10. La defensa del Estado en el arbitraje internacional de inversión. La defensa del Estado en el arbitraje internacional para la solución de las controversias internacionales de inversión será ejercida por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, como ente encargado de la defensa del Estado en este tipo de controversias, con el apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y del Grupo de Apoyo Interinstitucional creado en virtud del artículo 9° del presente decreto. La defensa incluye, entre otras facultades, las siguientes:
Artículo 11. Quórum. El quórum deliberatorio de la Instancia de Alto Nivel de Gobierno será de la mitad más uno de los convocados y las decisiones se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los presentes.
Artículo 12. Reglas de procedimiento. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expedirá la reglamentación de lo previsto en el presente decreto; incluyendo el procedimiento a seguir para la atención de una controversia internacional de inversión en Colombia.
Artículo 13. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto número 1859 de 2012.
Deroga DECRETO 1859 de 2012
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2013.

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