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Comunicación de la comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n ° 139/2004 del Consejo
Comunicación de la comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo
La presente Comunicación establece el procedimiento simplificado que la Comisión se propone seguir para tramitar, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1) («Reglamento de concentraciones») determinadas concentraciones que no plantean problemas de competencia. La presente Comunicación sustituye a la Comunicación sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración en virtud del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo publicada en 2005 (2). La experiencia adquirida por la Comisión en la aplicación del Reglamento de concentraciones, incluido el Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo (3), que precedió al actual Reglamento de concentraciones, ha puesto de manifiesto que determinadas categorías de concentraciones notificadas no plantean dudas en cuanto al fondo y por regla general son autorizadas, salvo que concurran circunstancias especiales.
La presente Comunicación tiene por objeto aclarar en qué condiciones suele la Comisión adoptar una decisión abreviada de compatibilidad de una concentración con el mercado interior en virtud del procedimiento simplificado, así como orientar sobre este procedimiento. Cuando se cumplan todos los requisitos expuestos en los puntos 5 o 6 de la presente Comunicación, y siempre que no concurran circunstancias especiales, la Comisión adoptará una decisión de compatibilidad abreviada en el plazo de veinticinco días a partir de la fecha de notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones (4).
No obstante, la Comisión puede iniciar una investigación o adoptar una decisión completa con arreglo al Reglamento de concentraciones para cualquier concentración propuesta, en particular si son de aplicación las salvaguardias o exclusiones expuestas en los puntos 8 a 19 de la presente Comunicación.
Con el procedimiento que se describe en las secciones siguientes, la Comisión espera conseguir que el control de las concentraciones de la Unión sea más certero y eficaz.
En principio, la Comisión aplicará el procedimiento simplificado a cada una de las siguientes categorías de concentraciones (5):
dos o más empresas adquieren el control conjunto de una empresa en participación, siempre que esta no ejerza ni tenga previsto ejercer actividades en el territorio del Espacio Económico Europeo (EEE), o cuando dichas actividades sean mínimas. Este es el caso cuando:
el volumen de negocios de la empresa en participación y/o el volumen de negocios de las actividades aportadas (6) es inferior a 100 millones EUR en el territorio del EEE en el momento de la notificación (7); y
el valor total de los activos transferidos a la empresa en participación sea inferior a 100 millones EUR en el territorio del EEE en el momento de la notificación (8);
dos o más empresas se fusionan, o una o más empresas adquieren el control exclusivo o conjunto de otra empresa, siempre y cuando ninguna de las partes en la concentración ejerzan actividades empresariales en el mismo mercado de productos y en el mismo mercado geográfico (9), o en un mercado de productos anterior o posterior a un mercado de productos en el que opere cualquier otra parte en la concentración (10),
dos o más empresas se fusionan, o una o más empresas adquieren el control exclusivo o conjunto de otra empresa, y se reúnen las dos condiciones siguientes:
la cuota de mercado combinada de todas las partes en la concentración que ejercen actividades empresariales en el mismo mercado de producto y geográfico (11) (relaciones horizontales) es inferior al 20 % (12); y
las cuotas de mercado individual o combinadas de todas las partes en la concentración que ejerzan actividades empresariales en un mercado de producto que sea una fase anterior o posterior de un mercado de producto en el que opera cualquier otra parte en la concentración (relaciones verticales) (13) es inferior al 30 % (14);
una parte en la concentración va a adquirir el control exclusivo de una empresa de la que ya tiene el control conjunto.
La Comisión también puede aplicar el procedimiento simplificado cuando dos o más empresas se fusionan, o una o más empresas adquieren el control exclusivo o conjunto de otra empresa, y se cumplen las dos condiciones siguientes:
la cuota de mercado combinada de todas las partes en la concentración que participen en una relación horizontal es inferior al 50 %; y
el incremento («delta») del Índice Herfindahl-Hirschman («IHH») resultante de la concentración es inferior a 150 (15) (16).
A efectos de la aplicación de los puntos 5,.b), 5.c) y 6 en el caso de una adquisición del control conjunto ajena al campo de actividad de la empresa conjunta, las relaciones que existan únicamente entre las empresas que adquieren el control conjunto no se consideran horizontales o verticales a los fines de la presente Comunicación. Estas relaciones pueden, no obstante, dar lugar a la coordinación contemplada en el artículo 2, apartado 4, del Reglamento de concentraciones; estas situaciones se abordan en el punto 15 de la presente Comunicación.
Cuando proceda a evaluar si una concentración se encuadra dentro de alguna de las categorías contempladas en los puntos 5 y 6, la Comisión se asegurará de que todas las circunstancias pertinentes hayan sido acreditadas con suficiente claridad. Como las definiciones de mercado pueden ser un elemento clave de esta evaluación, las partes deberán facilitar información sobre todas las posibles definiciones de mercado alternativas, generalmente durante la fase previa a la notificación (véase el punto 22). Deberán describir todos los mercados de productos y geográficos alternativos en los que la concentración notificada podría tener incidencia y facilitar datos e información sobre la definición de dichos mercados (17). La Comisión es competente para adoptar la decisión definitiva sobre la definición del mercado, basando su decisión en un análisis de los hechos. Cuando resulte difícil definir los mercados de referencia o determinar las cuotas de mercado de las partes, la Comisión no aplicará el procedimiento simplificado. Además, en la medida en que las concentraciones impliquen nuevos aspectos jurídicos de interés general, la Comisión, en principio, se abstendrá de adoptar decisiones abreviadas y por lo general volverá a poner en marcha la primera fase de un procedimiento de concentraciones normal.
Aunque normalmente puede presumirse que las concentraciones comprendidas en las categorías a que se refieren los puntos 5 y 6 no suscitarán dudas serias sobre su compatibilidad con el mercado interior, puede haber determinadas situaciones que excepcionalmente requieran una investigación pormenorizada y/o una decisión normal. En tales casos, la Comisión puede juzgar preferible incoar un procedimiento de concentraciones normal en su primera fase.
Los siguientes son ejemplos indicativos de algunos tipos de casos que pueden ser excluidos del procedimiento simplificado.
Es menos probable que la Comisión acepte una propuesta de concentración por el procedimiento simplificado si concurre alguna de las circunstancias especiales mencionadas en las Directrices de la Comisión sobre la evaluación de las concentraciones horizontales (18). Es el caso, entre otros, cuando el mercado ya está concentrado, cuando la concentración propuesta eliminaría una fuerza competitiva importante, cuando la concentración propuesta combinaría dos empresas innovadoras importantes, cuando la concentración propuesta implica a una empresa que tiene productos nuevos con buenas perspectivas de futuro o cuando hay indicios de que la concentración permitiría a las partes en la concentración impedir la expansión de sus competidores.
Lo mismo podrá aplicarse también cuando no sea posible determinar con exactitud las cuotas de mercado de las partes. Esto suele ocurrir cuando las partes operan en mercados nuevos o poco desarrollados.
Algunos tipos de concentraciones pueden aumentar el poder de mercado de las partes, combinando recursos tecnológicos, financieros o de otro tipo, aunque las partes de la concentración no operen en el mismo mercado. También puede resultar inapropiado aplicar el procedimiento simplificado cuando por lo menos dos de las partes en la concentración operen en mercados adyacentes estrechamente relacionados (19), en particular cuando una o más partes tengan individualmente una cuota de mercado igual o superior al 30 % en cualquier mercado de productos en que las partes no tengan una relación horizontal o vertical, pero que sea un mercado adyacente de otro en el que opere otra parte (20).
La Comisión podrá considerar adecuado realizar una evaluación completa con arreglo al procedimiento normal de concentraciones de determinadas empresas en participación con un volumen de negocios por debajo del umbral especificado en el punto 5 a) en el EEE en el momento de la notificación, pero que pueda esperarse que sobrepase significativamente ese umbral en el EEE en los tres años siguientes. En los casos contemplados en el punto 5 a) puede también considerarse adecuado un procedimiento normal si existen relaciones horizontales o verticales entre las partes de la concentración por las que no pueda descartarse que la concentración suscite serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado interior o si concurre alguna de las circunstancias dispuestas en el punto 11.
Además, la Comisión podrá optar por hacer una evaluación completa según el procedimiento normal de concentraciones cuando se plantee uno de los problemas de coordinación a que se refiere el artículo 2, apartado 4, del Reglamento de concentraciones.
La experiencia de la Comisión hasta la fecha demuestra que, cuando se pasa de una situación de control conjunto a otra de control exclusivo, es posible que excepcionalmente resulte necesaria una investigación más completa o una decisión normal. Pueden plantearse problemas de competencia cuando una empresa en participación objeto de control conjunto se integra en el grupo o red del accionista que conserva el control de la misma, al desaparecer las limitaciones derivadas de los incentivos potencialmente divergentes de las matrices con el refuerzo previsible de su posición estratégica de mercado. Por ejemplo, en una situación en la que la empresa A y la empresa B ejerzan el control conjunto de la empresa en participación C, una concentración por la que A adquiera el control exclusivo de C puede plantear problemas de competencia si C es un competidor directo de A, cuando ambas juntas tienen una cuota de mercado combinada sustancial y la operación elimina la independencia de que aún gozaba C (21). En los casos en que estas situaciones exijan un análisis más detenido, la Comisión podrá optar por iniciar la primera fase de un procedimiento de concentraciones normal (22).
La Comisión también podrá optar por iniciar la primera fase de un procedimiento normal cuando ni ella ni las autoridades competentes de los Estados miembros hayan examinado la operación previa de adquisición del control conjunto de la empresa en participación.
En el caso de una concentración como las descritas en el punto 6, la Comisión decidirá en cada caso si, en las circunstancias concretas del caso en cuestión, el incremento del grado de concentración del mercado indicado por el valor delta del índice IHH es tal que el asunto debe examinarse con arreglo a la primera fase de un procedimiento de concentraciones normal.
Si un Estado miembro formula reservas fundadas sobre la concentración notificada en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la copia de la notificación, o si un tercero formula reservas fundadas dentro del plazo establecido para presentar tales observaciones, la Comisión iniciará la primera fase de un procedimiento de concentraciones normal.
El procedimiento simplificado no será de aplicación cuando un Estado miembro solicite la remisión de una concentración en virtud del artículo 9 del Reglamento de concentraciones, ni cuando la Comisión acepte una solicitud de remisión de una concentración de uno o varios Estados miembros en virtud del artículo 22 de dicho Reglamento.
habiendo recibido un escrito motivado en virtud del artículo 4, apartado 4, del Reglamento de concentraciones, decida no remitir un asunto a un Estado miembro; o
a raíz de un escrito motivado en virtud del artículo 4, apartado 5, del mismo Reglamento, el asunto le sea remitido.
III. DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO
La experiencia ha comprobado que los contactos voluntarios previos a la notificación entre las partes notificantes y la Comisión resultan beneficiosos incluso en asuntos aparentemente sencillos (23). La Comisión ha constatado que asuntos susceptibles de tramitación por el procedimiento simplificado pueden plantear complicaciones, por ejemplo a la hora de definir el mercado (véase el punto 8), que conviene resolver en la fase previa a la notificación. Los contactos previos a la notificación permiten a la Comisión y a las partes notificantes determinar la cantidad exacta de información que se ha de facilitar en una notificación. Estos contactos deben iniciarse al menos dos semanas antes de la fecha en que esté prevista la notificación. Se anima muy especialmente a las partes notificantes a que entablen este tipo de contactos cuando deseen solicitar a la Comisión que aplique el procedimiento simplificado en la situación descrita en el punto 6. Con arreglo al Reglamento de concentraciones, las partes notificantes pueden notificar una concentración en cualquier momento, siempre que la notificación sea completa. La posibilidad de entablar contactos previos a la notificación es un servicio opcional que ofrece a la Comisión a las partes notificantes para preparar el procedimiento formal de examen de la concentración. Como tales, sin ser obligatorios, los contactos previos a la notificación pueden ser extremadamente valiosos tanto para las partes notificantes como para la Comisión a fin de determinar el volumen preciso de información necesario en una notificación y, en la mayoría de los casos, lograrán reducir considerablemente la información necesaria.
No obstante, los contactos previos a la notificación, en particular la presentación de un proyecto de notificación, pueden ser menos útiles en asuntos contemplados en el punto 5 b), a saber, asuntos en los que no hay mercados declarables (24) puesto que las partes no ejercen actividades empresariales en el mismo mercado de productos y en el mismo mercado geográfico, o en un mercado de productos anterior o posterior a un mercado de productos en el que opere cualquier otra parte en la concentración. En tales circunstancias, las partes notificantes pueden preferir notificar inmediatamente sin presentar previamente un proyecto de notificación (25).
La determinación de que no hay mercados declarables debe realizarse de conformidad con el punto 8 de la presente Comunicación. Por tanto, corresponde a las partes notificantes presentar toda la información necesaria para que la Comisión concluya que la concentración propuesta no da lugar a mercados declarables en el EEE. La Comisión no aplicará el procedimiento simplificado sobre la base del punto 5b) si resulta difícil concluir que la concentración propuesta no da lugar a mercados declarables. En tales casos, la Comisión podrá optar por el procedimiento normal y considerar que la notificación está incompleta en un punto esencial, como establece el punto 26 de la presente Comunicación.
Una vez recibida la notificación, se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea la siguiente información (26): los nombres de las partes de la concentración, su país de origen, la naturaleza de la concentración y los sectores económicos afectados, indicándose asimismo si, sobre la base de la información facilitada por la parte notificante, la concentración puede tramitarse por procedimiento simplificado. Los terceros interesados tendrán oportunidad de formular observaciones, en particular sobre las circunstancias que pudieran exigir una investigación.
Si constata que la concentración cumple los requisitos exigidos para ser tramitada por procedimiento simplificado (véanse los puntos 5 y 6), en principio la Comisión adoptará una decisión abreviada. También lo hará cuando se trate de asuntos apropiados que no planteen problemas de competencia, aunque hayan sido objeto de una notificación normal. La concentración será declarada compatible con el mercado interior en el plazo de veinticinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10, apartados 1 y 6, del Reglamento de concentraciones. La Comisión procurará adoptar una decisión abreviada lo antes posible una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles que tienen los Estados miembros para solicitar la remisión de una concentración en virtud del artículo 9 del Reglamento de concentraciones. Sin embargo, en el plazo de veinticinco días hábiles antes citado, la Comisión podrá optar por iniciar la primera fase de un procedimiento de concentraciones normal y abrir una investigación o adoptar una decisión normal, si lo considera apropiado. En tales casos, la Comisión también podrá considerar que la notificación está incompleta en un punto esencial, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento de aplicación si no ha recibido una notificación normal.
Al igual que cuando adopta decisiones de compatibilidad normales, la Comisión publicará una comunicación dando cuenta de la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea. La versión pública de la decisión podrá consultarse en el sitio de Internet de la DG Competencia. La decisión abreviada contendrá la información sobre la concentración notificada publicada en el Diario Oficial en el momento de la notificación (nombres de las partes, país de origen, naturaleza de la concentración y sectores económicos afectados), así como una declaración de que la concentración se declara compatible con el mercado interior al entrar en una o más de las categorías contenidas en la presente Comunicación, indicándose de forma explícita de qué categoría(s) se trata.
(1) Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.
(3) Reglamento (CEE) no 4064/89, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; versión corregida en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.
(4) Los requisitos de notificación se establecen en los anexos I y II del Reglamento (CE) no 802/2004 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (el «Reglamento de aplicación»).
(5) Las siguientes categorías se aplican alternativamente, no acumulativamente, es decir, cumpliendo todos los criterios de cualquiera de las categorías mencionadas en el punto 5, letras a), b), c) o d), o en el punto 6, una notificación será en principio tramitable por el procedimiento simplificado. Una transacción puede reunir los criterios de más de una de las categorías descritas en la presente Comunicación. En consecuencia, las partes notificantes pueden presentar una notificación de una transacción sobre la base de más de una de las categorías descritas en la presente Comunicación.
(6) La expresión «y/o» hace referencia a toda la gama de situaciones cubiertas; por ejemplo:
cuando se trate de la entrada en una empresa en participación de un tercero con derecho a ejercer el control de la misma, se tomará en consideración el volumen de negocios de la empresa en participación y el volumen de negocios de las actividades aportadas por la nueva empresa matriz.
(7) El volumen de negocios de la empresa en participación puede calcularse sobre la base de las cuentas auditadas más recientes de las empresas matrices o de la propia empresa en participación, en función de la disponibilidad de cuentas separadas sobre los recursos combinados en la misma.
(8) El valor total de los activos de la empresa en participación puede determinarse de conformidad con el último balance aprobado de cada una de las empresas matrices. Por «activos» se entiende: 1) todos los activos materiales e inmateriales que vayan a ser transferidos a la empresa en participación (son activos materiales, por ejemplo, las instalaciones de fabricación, los puntos de venta al por mayor o al por menor y las existencias; son activos inmateriales, por ejemplo, la propiedad intelectual, el fondo de comercio, etc.) y 2) todo crédito u obligación de la empresa en participación que cualquiera de sus matrices haya aceptado conceder o avalar. En el supuesto de que los activos transferidos generen volumen de negocios en el momento de la notificación, ni el valor de los activos ni el del volumen de negocios anual podrá ser superior a 100 millones EUR.
(9) Véase la Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria de competencia (DO C 372 de 9.12.1997, p. 5). Toda referencia de la presente Comunicación a actividades de las empresas en los mecados debe entenderse hecha a actividades en mercados de dentro del territorio del EEE o a mercados que incluyan el territorio del EEE pero pueden ser más ampliios que este.
(10) Una relación vertical generalmente presupone que el producto o servicio de la empresa que opera en el mercado anterior en cuestión constituye un insumo importante para el producto o servicio de la empresa que opera en el mercado posterior; véanse las Directrices para la evaluación de las concentraciones no horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 265 de 18.10.2008, p. 6), punto 34.
(11) Véase la nota a pie de página 9.
(12) Los umbrales para relaciones horizontales y verticales se aplican a cualquier definición alternativa de mercado de producto y geográfico plausible que pueda tener que considerarse en un caso determinado. Es importante que las definiciones de mercado recogidas en la notificación sean suficientemente precisas para justificar la apreciación de que estos umbrales no se alcanzan, y que se mencionen todas las definiciones de mercado alternativas plausibles que puedan tener que considerarse (incluidos los mercados geográficos menos extensos que el nacional).
(13) Véase la nota a pie de página 10.
(14) Véase la nota a pie de página 12.
(15) El IHH se calcula sumando los cuadrados de las cuotas de mercado de cada una de las empresas presentes en el mercado; véanse las Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 31 de 5.2.2004, p. 5). Sin embargo, para calcular el delta del índice IHH resultante de la concentración, es suficiente sustraer del cuadrado de la suma de las cuotas de mercado de las partes en la concentración (en otras palabras, el cuadrado de la cuota de mercado después de la concentración de la entidad fusionada) la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado individuales de las partes (puesto que las cuotas de mercado de todos los demás competidores en el mercado no varían y, por lo tanto, no afectan al resultado de la ecuación). Es decir, el delta del índice IHH puede calcularse sobre la base de únicamente las cuotas de mercado de las partes en la concentración, sin necesidad de conocer las cuotas de mercado de ningún otro competidor en el mercado.
(16) Véase la nota a pie de página 12.
(17) Como en todas las demás notificaciones, la Comisión puede revocar la decisión abreviada si está basada en información incorrecta de la que sea responsable una de las empresas afectadas (artículo 6, apartado 3, letra a), del Reglamento de concentraciones).
(18) Véanse las Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas, (DO C 31 de 5.2.2004, p. 5), en particular el punto 20.
(19) Los mercados de productos son mercados adyacentes estrechamente relacionados cuando los productos son complementarios entre sí o cuando pertenecen a una gama de productos que suele ser adquirida por el mismo grupo de clientes para el mismo uso final.
(20) Véanse las Directrices de la Comisión para la evaluación de las concentraciones no horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 265 de 18.10.2008, p. 6), en particular el punto 25 y la sección V.
(21) Asunto COMP/M.5141, KLM/Martinair, 17.12.2008, considerandos 14-22.
(22) Asunto COMP/M.2908, Deutsche Post/DHL (II), 18.9.2002.
(23) Véanse las Buenas prácticas en materia de aplicación de los procedimientos comunitarios de control de las concentraciones (las «Buenas prácticas»), elaboradas por la DG Competencia, en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf
(24) Para la definición de mercados declarables, véase la sección 6.2 del formulario abreviado CO (anexo II del Reglamento de aplicación).
(25) Habida cuenta de las Buenas prácticas, la Comisión no obstante anima a la partes a presentar de antemano una solicitud para que se asigne un equipo responsable del asunto en la DG Competencia.
(26) Artículo 4, apartado 3, del Reglamento de concentraciones.

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artículo 6
artículo 2
artículo 2
artículo 9
artículo 22
artículo 4
artículo 4
artículo 10
artículo 9
artículo 5
Artículo 4


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Creación del programa piloto de utilización de papel reciclado. 1567-D-03 | 1083-D-01 | 3815-D-95 | 506-D-97 | 929-D-99
Expediente 1567-D-03
Expediente 1083-D-01
Expediente 929-D-99
Expediente 506-D-97
Expediente 3815-D-95
Artículo 1: Créase el programa piloto de utilización de papel reciclado en las dependencias nacionales y sus organismos centralizados o descentralizados, los que deberán utilizar el 20 por ciento de papel fabricados con fibras recicladas en la proporción dispuesta en el artículo segundo, para sus tareas habituales.
Artículo 2: Se entiende por papel reciclado, aquel en que el 100% de las fibras utilizadas para su fabricación son recicladas.
Artículo 3: El programa consistirá en el fomento a la industria papelera para producir papel reciclado, mediante la eximición del 50 por ciento de todo gravamen impositivo durante 10 años a las empresas que deseen adherirse al mismo.
Artículo 4: La autoridad de aplicación será la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación.
Artículo 5: Será función de la autoridad de aplicación:
Autorizar y fiscalizar los emprendimientos.
Artículo 6: Esta ley entrará en vigencia a partir de los noventa días de su publicación. Exceptuando el artículo primero que entrará en vigencia a partir de los 365 días, a los efectos de permitir la reactualización industrial.
La utilización de papel reciclado permite:
-Un considerable ahorro de agua potable y la disminución de la contaminación hídrica;
-Disminución de la contaminación atmosférica;
-Disminución de la tala de árboles;
-Considerable ahorro del consumo de energía.
El componente fundamental del papel y el cartón es la celulosa, compuesto orgánico, constituído básicamente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en forma de polisacáridos (polímero, agrupación de moléculas de glucosa).
Las fibras de celulosa necesarias para la fabricación de papel pueden provenir de diferentes vegetales: algodón (el 90% o más de celulosa); madera (oscila alrededor del 60% segun la especie); esparto y paja de cereales (50%), etc. El resto de los componentes de estos vegetales es básicamente lignina, grasas, resinas, ceras, sales minerales o cenizas, etcétera. La lignina es el cemento natural que une las fibras de celulosa en la madera y alcanza, según la especie, del 20 al 30 por ciento de la misma.
La selección del material de partida, sea madera (de diferentes especies) u otro vegetal, o bien papel y cartón recuperado, se efectúa en función del tipo de producto final que se desea obtener.
Hoy el grueso de las pastas se obtiene de madera (pasta virgen) o del propio papel ya elaborado (pastas de recuperación).
Las ventajas del empleo de papel ya utilizado en la fabricación de papel reciclado consisten en: el papel viejo tiene las fibras de celulosa ya separadas de la lignina, lo que facilita enormemente el trabajo. Este consiste en deshacer el papel en agua, produciéndose la eliminación de los puentes de hidrógeno que se formaron entre las moléculas de celulosa durante la fabricación de papel (secado). La pasta celulósica así obtenida se somete a diversos procedimientos para eliminar impurezas (plásticos, adhesivos, tintas, etcétera), según vaya a ser su destino la fabricación de papel, cartón, etcétera.
Lo estrictamente correcto seria decir que según el tipo de madera utilizada en la fabricación de un tipo determinado de papel, su sustitución por el papel recuperado evita el gasto y la contaminacion correspondiente.
El consumo de energía en la fabricación de una tonelada de papel oscila entre 0,40 y 0,70 toneladas equivalentes de petróleo (Tep), si se parte de madera, y de 0,15 a 0,25 si se parte del papel recuperado. El ahorro de energía es evidente. Las diferencias dentro de cada proceso, con la misma materia prima, dependen del tipo y calidad de papel fabricado y del proceso de elaboración empleado.
La utilización de papel recuperado, en lugar de la madera, reduce considerablemente la utilización de agua potable. Por ejemplo: En la elaboración de dos mil millones de toneladas métricas de papel reciclado se ahorran 700 Hm3 de agua, volumen importante teniendo en cuenta que tan sólo el 1% del agua existente en el planeta es potable.
Otro tipo de contaminación que se evita con el reciclado es la no aparición de lejías negras, que aun depuradas y recicladas para la recuperación del sulfuro sódico, la sosa y el ácido cálcico siguen presentando elevadas DBO ( Demanda Bioquimica de Oxígeno) y otras sustancias tóxicas en pequeñas cantidades.
La contaminación atmosférica (SH2, SO2 partículas sólidas, metilmercaptano, sulfuro de dimetilo, etcétera), producido por los gases quemados en la incineración del licor negro, también se evita en la fabricación de pastas de recuperación.
En síntesis, se produce el ahorro de energía antes mencionado, más el ahorro de la madera para la fabricación de la pasta, que es de 3,2 m3 por tonelada métrica. Además, hay que tener encuenta que, según un estudio de la O.N.U, dirigido por Wassily Leontief, Premio Nobel de Economía, establece que para mantener una tasa moderada de crecimiento global en los próximos años será necesario mutiplicar por cinco el consumo de minerales corrientes, y por cuatro el consumo de alimentos. (Información suministrada por el Dr. Walter Trusoni y Rubén Zac de la fundación Kattan).
Este proyecto reemplaza al proyecto de ley presentado el 16 de noviembre de 1994 (Expediente D-4975/94).
Por lo expuesto, solicito la pronta aprobación del presente proyecto de ley.-

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Artículo 1
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 4
Artículo 5
Artículo 6


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RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 6.ª, a celebrar el día 2 de octubre de 2005
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 6.ª, a celebrar el día 2 de octubre de 2005	RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 6.ª, a celebrar el día 2 de octubre de 2005 Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 6.ª, a celebrar el día 2 de octubre de 2005 Estado	:
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 6.ª, a celebrar el día 2 de octubre de 2005.
De acuerdo con el apartado 2 de la Norma 6.ª, y los apartados 2 y 3 de la Norma 7.ª de las que regulan los Concursos de Pronósticos sobre resultados de partidos de fútbol, aprobadas por Resolución de Loterías y Apuestas del Estado de fecha 22 de julio de 2005 (B.O.E. n.º 178, de 27 de julio), el fondo de 6.951.173,96 euros correspondiente a premios de Categoría Especial de la Jornada 5.ª, de la Temporada 2005-2006, celebrada el día 25 de septiembre de 2005, y en la que no hubo acertantes de dicha categoría se acumulará al fondo para premios de la Categoría Especial de la Jornada 6.ª de la Temporada 2005-2006, que se celebrará el día 2 de octubre de 2005.
Madrid, 26 de septiembre de 2005.El Director General, P. D. de firma (Resolución de 8 de julio de 2004), el Director Comercial, Jacinto Pérez Herrero.
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 6.ª, a celebrar el día 2 de octubre de 2005	Trámites

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text:
TSE, 2868-E-2004
N° 2868-E-2004.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las doce horas con treinta y cinco minutos del cinco de noviembre del dos mil cuatro.
Recurso de Amparo Electoral formulado por los señores Ana Lucía Hernández Vargas, Vera Cecilia Salas Ramírez, Luis Paulino Monge Ugarte, Zeidy Patricia Sandí Porras y Xinia María Sandí Alemán, en contra del Tribunal de Elecciones Internas del Partido Liberación Nacional.
1.- Mediante escrito presentado el día 24 de agosto del 2004, los señores Ana Lucía Hernández Vargas, Vera Cecilia Salas Ramírez, Luis Paulino Monge Ugarte, Zeidy Patricia Sandí Porras y Xinia María Sandí Alemán, interpusieron recurso de amparo electoral contra el Tribunal de Elecciones Internas del Partido Liberación Nacional, alegando que en fecha límite (5 de junio del 2004), presentaron sus candidaturas para participar en el proceso de Asambleas Distritales, Movimientos y Sectores del partido Liberación Nacional, a celebrarse el día 29 de agosto del 2004, pero que el Tribunal de Elecciones Internas del Partido, modificó el calendario para las impugnaciones (permitiendo que la interposición de las mismas fuere casi un mes después de lo acordado, sea, del 1º al 5 de julio), lo que facilitó que las mismas se impugnaran por parte de los señores Walter Fernández Salazar, Carlos Villalobos Szuster y Carlos Méndez Leiva, los que presentaron documentos que carecen de la debida certificación del Registro. Añaden que el citado Tribunal, a seis días de la elección (sea el 23 de agosto), no solo asume como ciertas las denuncias que carecen de toda prueba, sino que les comunica la resolución del 19 de agosto, en la que no les permite participar, ni les otorga el tiempo suficiente para apelar, lo que a su juicio constituye una violación al derecho fundamental de ser electos y al principio de seguridad jurídica, al variarse las reglas del juego, concretamente respecto al plazo para recibir las impugnaciones, por lo que solicitan que se anule la resolución impugnada, se desapliquen las modificaciones al Reglamento del Proceso y como medida cautelar, se suspenda la elección de los delegados a las Asambleas Distritales.
2.- En resolución de las 13:10 horas del 25 de agosto del 2004 se le dio curso al expediente, concediéndole audiencia al señor Hernán Azofeifa Víquez para que, en su condición de Presidente del Tribunal de Elecciones Internas del Partido, se refiriera al recurso interpuesto en el término de tres días hábiles siguientes a su notificación.
3.- Mediante escrito presentado el día 30 de agosto del 2004, el señor Hernán Azofeifa Víquez contestó la audiencia conferida.
4.- Como prueba para mejor proveer, en resolución de las 15:30 del 21 de octubre del 2004, se le solicitó al Partido, emitir certificación relativa al récord de militancia de los recurrentes, misma que fue contestada en escrito presentado el día 27 de octubre del 2004.
I.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la resolución del presente asunto se tienen por probados los siguientes hechos: a) que los señores: Ana Lucía Hernández Vargas, Vera Cecilia Salas Ramírez, Luis Paulino Monge Ugarte, Zeidy Patricia Sandí Porras y Xinia María Sandí Alemán, fueron excluidos de los formularios de inscripción de candidaturas distritales para el proceso de elección de las Asambleas Distritales, por no satisfacer el requisito de membresía que señala el artículo 14 del estatuto del Partido (folios 9-11); b) que la señora Ana Lucía Hernández Vargas, fue candidata a Concejal de Distrito Propietaria por el Partido Alianza para Avanzar, en las elecciones del 1º de diciembre del 2002, para Síndico y Concejales de Distrito por el Distrito Catedral, Cantón Central de San José (folio 19); c) que la señora Vera Cecilia Salas Ramírez fue candidata a Síndico Suplente por el Partido Alianza para Avanzar, en las elecciones del 1º de diciembre del 2002, para Síndico y Concejales de Distrito por el Distrito de Hatillo, Cantón Central de San José (folio 21); d) que los señores: Luis Paulino Monge Ugarte, Seidy Patricia Sandí Porras y Xinia María Sandí Alemán fueron candidatos en su orden, a Síndico Propietario, Síndica Suplente y Concejal de Distrito Suplente por el Partido Alianza para Avanzar, en las elecciones del 1º de diciembre del 2002, para Síndico y Concejales de Distrito por el Distrito Zapote, Cantón Central de San José (folio 22); d) que el Partido no tiene en estos momentos un registro de militantes, sino que se basa en los procesos distritales de cada período, siendo que a los recurrentes Hernández Vargas, Salas Ramírez, Monge Ugarte, Sandí Porras y Sandí Alemán, no les ha sido suspendida la militancia por parte del Tribunal de Ética y Disciplina (folio 29).
II.- INFORME DEL ÓRGANO RECURRIDO: EL presidente del Tribunal de Elecciones Internas del Partido, señor Hernán Azofeifa Víquez dentro del plazo conferido indicó lo siguiente:
“...En los casos de ANA LUCÍA HERNÁNDEZ Vargas, VERA CECILIA SALAS RAMÍREZ, LUIS PAULINO MONGE UGARTE, ZEIDY PATRICIA SANDI PORRAS Y XINIA MARÍA SANDÍ ALEMAN, todas excluidas de formularios de inscripción de candidaturas distritales para el proceso de elección de las Asambleas Distritales a celebrarse el veintinueve de este mes, mediante la resolución de este Tribunal que recurren, INCUMPLEN el Estatuto del Partido en el artículo catorce, por cuanto no satisfacen el requisito de membresía que el mismo señala para aspirar a cargos de elección o de dirección, ya que fueron candidatos por otras agrupaciones políticas.
(...) Asimismo, incumplen el artículo diecisiete del Estatuto por cuanto se apartan de los deberes y derechos señalados a los liberacionistas...” (folios 9, 11).
Sobra decir que, siendo que la autoridad recurrida se refirió únicamente a la membresía de los recurrentes y no se pronunció sobre todos los extremos alegados dentro del recurso, en punto a lo que preceptúa el numeral 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, los mismos deben tenerse por ciertos.
III.- SOBRE EL FONDO: La situación fáctica y jurídica que aquí se plantea, es idéntica a lo ya resuelto por este Tribunal en la resolución 2676-E-2004 de las 9:15 horas del 14 de octubre del 2004, la que subrayó en lo pertinente:
“...En efecto, si bien la participación de los recurrentes en los procesos electorales municipales del 2002 con otras agrupaciones políticas, distintas al Partido Liberación Nacional, podría justificar una eventual interrupción de la militancia que como liberacionistas ostentan los recurrentes, es lo cierto que para ello deviene insoslayable un debido proceso desarrollado por el órgano partidario competente, en el caso concreto el Tribunal de Ética y Disciplina del Partido Liberación Nacional.
Visto los hechos que se tienen como probados en el presente expediente, en especial la certificación emitida por la Secretaría General del Partido Liberación Nacional que sostiene que la militancia de los señores (...) no ha sido suspendida por el Tribunal de Ética y Disciplina del Partido Liberación Nacional, entiéndase, no consta en los registros suspensión alguna para los recurrentes (...), resulta evidente entender que la exclusión aplicada directamente por el Tribunal de Elecciones Internas del Partido Liberación Nacional constituye una sanción automática que omite y supera el necesario debido proceso a cargo del órgano competente.
Retomado la línea jurisprudencial electoral arriba indicada, erróneamente es el Tribunal de Elecciones Internas quien calificó y sancionó la militancia de los recurrentes, cuando por disposición estatutaria, tales funciones competen exclusivamente al Tribunal de Ética y Disciplina. Así las cosas, no es posible que, sin seguirse el procedimiento previsto en el Estatuto, el Tribunal Electoral, órgano diferente al establecido estatutariamente, sancione con una suspensión tan severa y restrictiva al derecho a ser electo. Efectivamente, la decisión del Tribunal de Elecciones Internas del Partido Liberación Nacional de excluir a los recurrentes produce una lesión a sus derechos fundamentales que debe ser enmendada por este Tribunal como medida imprescindible para restaurar el derecho a la participación política de los recurrentes (...)”.
No habiendo mérito para variar el análisis y lo dispuesto en la resolución antes trascrita, procede condenar al Partido recurrido al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados a los señores Ana Lucía Hernández Vargas, Vera Cecilia Salas Ramírez, Luis Paulino Monge Ugarte, Zeidy Patricia Sandí Porras y Xinia María Sandí Alemán.
Se declara con lugar el recurso de amparo electoral. Se anula la resolución del Tribunal de Elecciones Internas del Partido Liberación Nacional de las 11:00 horas del 19 de agosto del 2004, únicamente en cuanto excluyó la candidatura de los señores: Ana Lucía Hernández Vargas, Vera Cecilia Salas Ramírez, Luis Paulino Monge Ugarte, Zeidy Patricia Sandí Porras y Xinia María Sandí Alemán. Se condena al Partido recurrido al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en la vía contencioso administrativa. Notifíquese a las partes.
Exp.147-FM-2004
Ana Lucía Hernández y otros

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María Luz Aguilar Romero
1 ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, GESTION Y CONTROL DE FACTURAS RECIBIDAS EN EL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO. La ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, introdujo en la Ley 7/1985 reguladora de las bases del régimen local un mandato dirigido a los ayuntamientos para utilizar e impulsar el empleo de las tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de las actividades y procedimientos de su competencia. La puesta en marcha de estos medios se ha visto acuciada en los últimos años en el área económica del Ayuntamiento en donde incluso la incorporación de estos medios de transmisión telemática ha desplazado, por imperativo legal al sistema tradicional, tales como la presentación de los diferentes modelos de IRPF, de colaboración con la AEAT para la recaudación de tributos, sistema RED de Seguridad Social, notificaciones de presupuestos municipales, rendiciones de cuentas generales, informes trimestrales de morosidad, y recientemente la conversión a deuda financiera de la deuda comercial derivada de la normativa de pago a proveedores y los planes de ajuste derivados de la misma. En la misma senda la Ley 2/2012 de PGE para el 2012 sigue y amplifica dicha senda al requerir a los Ayuntamiento, a través de la Oficina Virtual las comunicaciones que con ella se deben realizar, a través de esta firma electrónica (art. 110, 113, Disposición Adicional cuadragésima octava, entre otras). Durante los últimos años, el Ayuntamiento de Sagunto ha venido desarrollando un esfuerzo importante por impulsar el desarrollo de estas tecnologías que abarcan a distintas parcelas del mismo. Dentro de las mismas, la presente Ordenanza pretende regular el nuevo entorno económico en el que se desenvuelve la gestión económica del Ayuntamiento de Sagunto y la entrada en vigor, el pasado 7 de julio de 2010, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, nos obliga a situarnos en un nuevo escenario en el que habrá que redefinir los procedimientos de tramitación actuales, con objeto de dar cumplimiento a los nuevos plazos dispuestos para el pago de facturas, que se reducen de forma progresiva de conformidad con el siguiente calendario: - Del 01/01/2011 a 31/12/2011: 50 días - Del 01/01/2012 a 31/12/2012: 40 días - A partir del 01/01/2013: 30 días De igual forma, la incorporación de las nuevas tecnologías aplicadas a la e- factura de forma que se garantice la autenticidad e integridad de acuerdo con lo establecido en el Real decreto 1496/2003, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del IVA, así como en la Orden EHA/962/2007 de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica, hacen necesario la aplicación de estos nuevos procesos que de una parte permitan dar autenticidad al sistema de procesos a través de los formatos Facturae y digitalización certificada de facturas. Incluso la normativa derivada del Real Decreto legislativo 4/2012 de 24 de febrero de procedimiento de mecanismo para el pago a los proveedores así como la normativa posterior y en desarrollo de la misma reconoce, de facto, la existencia del registro de facturas y lo eleva de rango a efectos de determinar las obligaciones vencidas, líquidas y exigibles. La presente ordenanza tiene por objeto establecer los procesos que contribuyan en una doble vía. Por un lado corregir los desfases temporales existentes
2 entre la entrada de una factura en registro general del Ayuntamiento de Sagunto y la materialización final del pago. Para ello, se ha optado por la simplificación de determinados trámites administrativos que puedan ser redundantes y/o que no aportan valor añadido al procedimiento, respetando y garantizando la legalidad vigente. Y por otro lado implementando y adecuando la incorporación de las nuevas tecnologías a la aplicación de estos procesos con la finalidad última de mejorar, agilizar y aumentar el control de la tramitación electrónica basadas en estos procesos. Por ello, se establecen las siguientes medidas: a) Establecimiento de un registro general de facturas del Ayuntamiento de Sagunto, como auténtico y seguro cauce de canal de entrada al Ayuntamiento de Sagunto por parte de los proveedores del mismo, tanto de las facturas electrónicas como de las facturas tradicionales, y que garantice a éstos de la fecha en la que se tiene conocimiento por parte del Ayuntamiento y por tanto del conjunto de derechos y obligaciones que ambas partes les confieren en cualquier momento tanto para el cómputo de plazos para el resultado final que suele ser el pago de la misma como para conocer el estado de tramitación de la misma. b) Establecer las normas reguladoras de procedimiento de gestión y control de las facturas recibidas, por el canal citado. Las facturas recibidas deberán adecuarse a las normas que le resulten de aplicación, y en particular, a la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. c) La presente Ordenanza se aplicará a la tramitación de facturas que se registren a partir. de la entrada en vigor de la misma. Las facturas registradas hasta dicha fecha seguirán el procedimiento vigente hasta la fecha, incorporándose al sistema paulatinamente en función del estado de tramitación de la misma. con independencia de que su tramitación y pago se efectúe en fechas posteriores. d) Comunicar la presente Ordenanza a todos los Servicios municipales y publicarla en la web municipal. TÍTULO I: Reglamento del Registro General de Facturas (RF) del Ayuntamiento de Sagunto Artículo 1. Objeto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el presente Reglamento tiene como objeto la creación y regulación del Registro General de Facturas del Ayuntamiento de Sagunto y sus organismos Autónomos a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los contratistas y proveedores. Su naturaleza es pues, de auténtico registro general que da fe de la presentación y registro de facturas de los proveedores. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a todos los órganos y unidades administrativas de las distintas áreas y delegaciones del Ayuntamiento de Sagunto en el ámbito de su objeto. Igualmente le será de aplicación a los Organismos Autónomos municipales y demás entidades sujetas al derecho administrativo. El ámbito objetivo estará integrado, con carácter general, por: - los gastos en bienes corrientes y servicios - las inversiones
3 - las transferencias y subvenciones Artículo 3. Integración orgánica y dependencia funcional. La gestión y responsabilidad de la seguridad del Registro general de facturas corresponderán al Titular del Órgano que tenga encomendada la función de Contabilidad. Artículo 4. Presentación de las facturas. De conformidad con lo establecido por los artículos 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 15 y 16 del Real Decreto 1496/2003, de 28 noviembre por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, los proveedores tienen la obligación de hacer llegar los originales de las facturas o documentos sustitutivos a sus clientes en el mismo momento de su expedición. Artículo 5. Obligatoriedad de la inscripción. La inscripción en el Registro de Facturas (RF) es requisito necesario para justificar las prestaciones realizadas a favor del Ayuntamiento de Sagunto por terceros y para la tramitación del reconocimiento de la obligación derivado de las mismas. Cualquier factura o documento justificativo emitido por terceros debe ser objeto de anotación en el Registro de Facturas con carácter previo a su remisión al órgano responsable del reconocimiento de la obligación económica, con excepción de las facturas que hayan sido atendidas mediante un mandamiento de pago a justificar o un anticipo de caja fija, cuya incorporación al sistema se realizará en el momento de la justificación. Artículo 6. Efectos de la inscripción. La anotación en el Registro de Facturas produce el inicio del cómputo de plazo de pago, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Artículo 7. Fines del Registro general de facturas. El Registro de Facturas servirá a los siguientes fines: a) La recepción de facturas o documentos justificativos emitidos por los contratistas y/o proveedores del Ayuntamiento de Sagunto, así como de la documentación que pueda ser complementaria. b) De justificante para el interesado presentador en el que figurará la fecha en que se produjo la recepción de las facturas,. c) A las anotaciones señaladas para los registros generales de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable. d) La recepción y anotación de las facturas o documentos justificativos que puedan ser presentadas en formato electrónico a través de la plataforma de facturación electrónica. e) Los cambios de situación relativos a las facturas registradas y que por cualquier motivo sean devueltas al proveedor. Artículo 8. Inscripción de facturas. Sin perjuicio de otros datos o requisitos que puedan resultar obligatorios por aplicación del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
4 Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, se anotarán en el Registro de Facturas en el momento de su presentación los datos que se citan a continuación, que habrán de constar en las facturas presentadas: a. Número y, en su caso, serie de la factura.(se registrará en el sistema informático sin espacios en blanco pese a que la factura los contemple) b. Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del expedidor de la factura. b. Número de identificación fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Comunidad Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura. c. Importe y descripción de las operaciones, suficientemente detallada, indicando el importe el importe líquido,iva aplicado, retención fiscal si procede e importe facturado. d. Centro o unidad administrativa a la que se dirige, dentro de la organización municipal. El resto de los datos o requisitos que establece el citado Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, serán anotados preferentemente por la Unidad administrativa a la que corresponda la tramitación del reconocimiento de la obligación. Artículo 9. Sistemas de inscripción de facturas en el Registro de Facturas. La inscripción en el Registro de Facturas se realizará por rigurosos orden de entrada en la fecha de presentación oficial de la misma. Si la factura fuera en soporte papel, simultáneamente a su registro de su entrada em el RF, se procederá a su escaneo obligatorio por quien tenga la facultad de registro para su incorporación al sistema electrónico/telemático. Las facturas electrónicas (e-factura o factura-e) se inscribirán en el registro una vez descargada la misma en el sistema informático. Artículo 10. Registro de Salida Las devoluciones de facturas, debidamente motivado mediante acto administrativo dictado al efecto por los servicios municipales, deberán constar en el RF con el correspondiente cambio de situación, y se notificará al interesado conforme al procedimiento establecido a través del Registro General. A tal efecto, simultáneamente al registro de salida de las facturas devueltas a los proveedores, los Centros Gestores adoptarán las medidas correspondientes para garantizar la constancia documental, por los medios que en cada caso corresponda, de la notificación de la devolución a aquéllos. Los proveedores que ostenten la condición de persona jurídica deberán facilitar la dirección de correo electrónico de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.7 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Cuando se trate proveedores que ostenten la condición de personas físicas, estos podrán facilitar su dirección de correo electrónico a los efectos de lo establecido en el párrafo primero del presente artículo. Asimismo se podrá facilitar un número de telefonía móvil que permita la comunicación, en su caso, con el Ayuntamiento de Sagunto. Artículo 11. Consulta y protección de datos.
5 El acceso al RF, a efecto de consulta de facturas, deberá respetar, en todo caso, lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Los proveedores, previamente identificados y autorizados, podrán consultar, vía telemática, el estado de situación de sus facturas. Dicha situación se mostrará conforme a los diferentes estados de situaciones de las facturas. TÍTULO II. CONTROL DE FACTURAS RECIBIDAS. Artículo 12.- De las Áreas Gestoras 1.- Se entenderá por Área Gestora aquella que tiene encomendada, en su Unidad Administrativa, la gestión, tramitación, dirección y/o recepción del bien, servicio, suministro u obra que es objeto de facturación y por ello ha de conformar la misma por el personal y concejalía correspondientes. 2.- A tal fin, las Áreas Gestoras designarán el personal habilitado para dichos procesos de gestión del gasto, al objeto de darlos de alta en el sistema informático, debiéndolo comunicar a la Intervención General a los efectos de conceder los roles, permisos y seguridades correspondientes conforme a la estructura del Área. 3.- En los supuestos en que un Área Gestora considere que la tramitación y/o conformación de una factura, grupo de facturas o naturaleza del gasto no es de su competencia, lo pondrá en conocimiento de la Intervención General, proponiendo el/las Áreas Gestoras que considere competentes en el plazo de una semana desde su registro. La intervención General, pondrá en conocimiento de las Áreas Gestoras propuestas o cualquier otra Área la tramitación o conformidad de las mismas. Si el Área Gestora acepta la tramitación y/o conformación del gasto será esta quien asuma su gestión. Si la rechaza, igualmente en el plazo de una semana lo comunicará a la Intervención General. En caso de conflicto entre Áreas Gestoras, la Intervención General elevará el mismo, a la Junta de Gobierno Local o Concejal de Hacienda o quien tuviera delegado, en su caso, por la Alcaldía la resolución de atribuciones al conflicto, que necesariamente habrá de indicar el Área Gestora. La resolución al conflicto de atribuciones adscribiendo a un Áreas Gestoras, se notificará a todas las afectadas, la cual continuará con el procedimiento. Artículo 13.- Tramitación de las facturas. 1. Con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del RF y dar cumplimiento a los plazos establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, todas las facturas recibidas en el RF, referentes a la adquisición de bienes y servicios y de obras ejecutadas directamente por el Ayuntamiento de Sagunto se tramitarán de conformidad con el procedimiento establecido en el presente Reglamento, exceptuando: a) Las que se tramiten a través de Cuentas de Anticipos de Caja Fija y Mandamientos de pagos a justificar b) Las facturas correspondientes a ejercicios anteriores al vigente. 2.- Todas las facturas que lleguen a las Áreas Gestoras, por cualquier conducto, deberán ser registradas en el Registro de Facturas en el día de su recepción para proceder a su adecuada tramitación. Excepcionalmente, si la factura se ha recibido o sellado por el Registro General del Ayuntamiento, por el área gestora se respetará la fecha de recepción más antigua.
6 Si las facturas se reciben por la Intervención municipal se procederá el envió a las Áreas Gestoras una vez identificada el área de procedencia, sin perjuicio de lo señalado en la Disposición Transitoria Primera 3. El Centro Gestor del gasto acreditará que el servicio o suministro se ha efectuado de conformidad con las condiciones contractuales procediendo a conformar dicho gasto mediante el sistema electrónico establecido a través de la aplicación informática, acreditativo de la prestación del servicio o suministro, siendo el funcionario responsable del servicio el responsable de informar la prestación del servicio con el visto bueno del Concejal Delegado. Si tuviere que realizar cualquier observación podrá realizarlo en el campo habilitado para ello sin que impida la continuidad de su tramitación. 4.- Si el responsable del centro gestor observa que la factura no es conforme por algún motivo: falta de algún requisito formal, disconformidad con la prestación de bienes o servicios (en cuantía, número, calidad en la prestación del suministro o servicio, duplicidad, etc.) se procederá a acordar su no aprobación y consiguiente devolución y se notificará al proveedor, dejando constancia fehaciente del motivo, o causa de devolución de la factura concreta de que se trate conforme lo dispuesto en el artículo En los supuestos excepcionales en los que se verifica que no existe crédito presupuestario adecuado a la naturaleza del gasto, no será posible realizar las operaciones contables para la tramitación de la misma, pero en el estado de tramitación de la factura se cambiará a Sin crédito presupuestario, y permanecerá es este estado hasta que se habilite el crédito presupuestario correspondiente. 6.- Las situaciones, más habituales en las que se puede encontrar el estado de tramitación de los justificantes de gastos o facturas se recogen en la siguiente tabla ejemplicativa: ESTADO TRAMITACIÓN JUSTIFICANTES CÓDIGO GASTO $ Contabilizada 01 Enviada a Área Gestora 02 Aceptada por Área Gestora Contabilizada Provisionalmente (Automática al 03 asignarla) 04 Fiscalizada 05 Aprobado por Órgano Competente 07 Rechazo Área Gestora 08 Devuelta al proveedor 09 Retenida. Tramitación a petición del Área Gestora AN Anulada E Registrada (Automático) IE Incorporación de Factura Electrónica PT Pago por Tesorería SC Sin Crédito Presupuestario AT Factura de años anteriores al ejercicio en curso. RE Reconocimiento Extrajudicial de Crédito En el menú de Consultas de justificante se pueden verificar la situación en la que se encuentra la factura. Dicha tabla será mantenida por la Intervención municipal, que podrá incorporar nuevos estados o variar, en función de las diferentes situaciones existentes.
7 Artículo 14.- De los proveedores 1.- Con la finalidad de facilitar la identificación de los servicios municipales y de preservar la oportuna existencia de consignación presupuestaria previa, así como evitar duplicidades en la reserva de crédito, las Áreas Gestoras, cuando tramiten toda clase de propuestas de gasto indicarán al proveedor que incluya la referencia o número de operación que le precede en la factura. 2.- Para los contratos de tracto sucesivo que motiven la emisión de una factura periódica en el tiempo el número referenciado será el número de documento contable D, resultante de la adjudicación contractual. Para aquellos contratos menores el número de referencia será el número de documento contable RC, resultante de la previa retención de crédito. TÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL TRATAMIENTO DEL GASTO POR LAS ÁREAS GESTORAS Artículo 15.- Consideraciones generales 1.- La gestión del presupuesto de gastos se efectuará mediante las fases de propuestas de: retención de crédito RC (opcional), autorización del gasto A, disposición o compromiso del gasto D, reconocimiento de obligaciones O. 2.- La tramitación de cualquier fase de gasto habrá de ser propuesta por el habilitado señalado en el art. 12,2 responsable del crédito afectado, y aprobada por el órgano competente en cada caso, de acuerdo con las competencias previstas en los acuerdos municipales vigentes en materia de la competencia para llevar a cabo cada una de las fases del gasto. Se tramitarán de forma análoga las propuestas de modificación de cualquier fase del gasto, incluso su anulación ( RC/, A/, D/ O/ ) total o parcial. 3.- Las operaciones contables más habituales son las siguientes: Código RC, retención de crédito Código A, autorizado crédito disponible Código A, autorizado sobre crédito retenido Código AD, sobre crédito disponible Código AD, sobre crédito retenido Código ADO, sobre crédito disponible Código ADO, sobre crédito retenido Código D, disposición o compromiso Código O, reconocimiento obligaciones Dichas operaciones se realizan, una vez cambiado el estado de la factura de registrada a aceptada por área gestora desde el aplicativo de contabilidad. 4.- El Servicio de Informática habilitará el acceso a la aplicación del Registro de Facturas a todas las unidades intervinientes en el proceso para el cumplimiento de las presentes normas, en los perfiles que se definan previamente por la Intervención municipal según conforme el art. 12. Artículo 16.- Alta de la aplicación presupuestaria según la naturaleza del gasto en el sistema de contabilidad. 1.- Realizado y obtenidos los documentos contables provisionales, a los que se adjuntará la factura o justificante de gasto, se trasladarán a la Intervención, con el fin de ser fiscalizados. En el caso de que se detecten errores o la incorrecta imputación presupuestaria de la factura o comprobante de gasto, se devolverán al Centro Gestor, a fin de que
8 sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o devueltas por el Centro Gestor, al proveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas. Una vez fiscalizadas, se elevaran a la aprobación del Órgano competente, que dictará la fase de gestión del gasto correspondiente al reconocimiento de la Obligación (documento Contable, ADO, ó documento O). Una vez dictada o tramitada la fase de reconocimiento de la Obligación (fase O) pasará a disposición de Tesorería para que proceda a la realización del pago. 2.- Cuando el área gestora observe que no existe la aplicación presupuestaria en el sistema contable, que corresponde a la naturaleza del gasto conforme a la orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, se pondrá en conocimiento de la Intervención municipal en el plazo máximo de tres días hábiles, que procederá a dar de alta la aplicación presupuestaria en el programa de contabilidad en un plazo igual al señalado. Una vez producida el alta de la aplicación presupuestaria se comunicará, en el mismo plazo, al área gestora para que continúe con la tramitación del gasto. La contabilización de gastos en aplicaciones presupuestarias incorrectas serán devueltas por la Intervención municipal en el trámite de la fiscalización de las propuestas, y no serán contabilizadas definitivamente hasta que se subsane la incidencia. Artículo 17.- Supuestos específicos. 1.- Si la obligación de pago de una factura y/o certificación de obra deriva de una sentencia judicial firme, se llevarán a cabo las actuaciones oportunas a la mayor brevedad posible, tomando en consideración lo establecido en el Art del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en el Art. 106 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y demás normas de aplicación. 2.- La tramitación de facturas correspondientes a ejercicios de años anteriores al vigente será objeto de contabilización separada e independiente. Su registro seguirá las mismas reglas y su estado de tramitación será 1. Registrada 2. Aceptada por Área Gestora 3. Sin crédito presupuestario 3.- Con motivo del cierre presupuestario a fecha 31 de diciembre, y al objeto de dar cumplimiento a lo señalado en el art. 92,1 del Real decreto 500/1990 de 18 de abril del Reglamento Presupuestario, en cada ejercicio, con anterioridad al 10 de noviembre de cada ejercicio presupuestario, o inmediato hábil siguiente, se emitirá por la Intervención General una Circular referente a la fechas para la tramitación y registro de las facturas y su tramitación e incluso su posible incorporación al ejercicio siguiente. Art Archivo de facturas Las facturas una vez escaneadas mediante sistemas adecuadamente homologado, quedarán en depósito y archivo del Area Gestora. Se habilitará a Intervención para dictar instrucciones respecto a la custodia de las facturas. DISPOSICIÓN TRANSITORIA Primera.- La Intervención General procederá al escaneo y en su caso tratamiento de las e-factura para su remisión a las Áreas Gestoras cuando estas no cuenten con los medios necesarios. Segunda._ El presente Reglamento se aplicará a la tramitación de facturas que se registren a partir de la entrada en vigor de la misma. Las facturas registradas hasta
9 dicha fecha seguirán el procedimiento vigente hasta la fecha, incorporándose al sistema paulatinamente en función del estado de tramitación de la misma. Tercera_ La admisión de las facturas electrónicas (e-factura o factura-e) se efectuará cuando se habilite el procedimiento telemático a través de la web municipal. DISPOSICIÓN FINAL Primera.- La elaboración de los informes se realizará separadamente por cada una de las entidades sujetas en el ámbito de aplicación subjetiva de la norma de la Ley para Lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales. DISPOSICIÓN ADICIONAL En caso de conflicto de fechas ante el Registro de Facturas y el Registro General del Ayuntamiento, primará, en cualquier caso, aquella más antigua en el tiempo. DEPARTAMENTO RESPONSABLE: INTERVENCIÓN APROBACIÓN INICIAL: 27/09/2012 PUBLICACIÓN INICIAL: 11/10/2012 PUBLICACIÓN DEFINITIVA: 24/11/2012 ENTRADA EN VIGOR: 25/11/2012

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Artículo 1
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Artículo 3
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Artículo 6
artículo 4
Artículo 7
Artículo 8
Real Decreto
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Artículo 9
Artículo 10
artículo 26
Artículo 11
Artículo 12
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Artículo 13
Artículo 14
Artículo 15
Artículo 16
Artículo 17
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RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2002, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del Estado en el mes de noviembre de 2002 y se convocan las correspondientes subastas
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2002, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del Estado en el mes de noviembre de 2002 y se convocan las correspondientes subastas	RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2002, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del Estado en el mes de noviembre de 2002 y se convocan las correspondientes subastas Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2002, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del Estado en el mes de noviembre de 2002 y se convocan las correspondientes subastas Estado	:
MINISTERIO DE ECONOMÍA	RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2002, de la Dirección, General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen, determinadas emisiones de Obligaciones del Estar do en el mes de noviembre de 2002 y se convocan las corres pendientes subastas.
Para cumplimiento del calendario anunciado por esta Dirección General respecto de la Deuda a poner en oferta durante el cuarto trimestre de
2002, es necesario fijar las características de las Obligaciones del Estado a diez y quince años que se pondrán en circulación en el próximo mes de noviembre y convocar las correspondientes subastas. A tal efecto, dada la posibilidad de poner en oferta emisiones que sean ampliación de otras realizadas con anterioridad, a fin de completar el volumen que requieren para garantizar su liquidez en los mercados secundarios, se considera conveniente poner en oferta nuevos tramos de las referencias que se vienen emitiendo y que tienen la calificación de Bonos segregables, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 19 de junio de 1997.
Por otra parte, al no emitirse Bonos del Estado en noviembre, y según se autoriza en el apartado 5.3.2. de la Orden ECO/126/2002, no se convoca la subasta ordinaria prevista para el día 6 de dicho mes, publicada en el calendario del apartado 1 de la Resolución de 25 de enero de 2002.
1. Disponerla emisión en el mes de noviembre de 2002 de Obligaciones del Estado a diez y quince años denominadas en euros y convocar las correspondientes subastas, que habrán de celebrarse de acuerdo con lo previsto en la Orden del Ministerio de Economía ECO/126/2002, de 24 de enero, en la Resolución de 25 de enero de 2002 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y en la presente Resolución.
a) El tipo de interés nominal anual y las fechas de amortización y de vencimiento de cupones serán los mismos que establecieron la Resolución de esta Dirección General de 29 de abril de 2002 para la emisión de Obligaciones del Estado a diez años al 5,0 por 100, vencimiento el 30 de julio de 2012 y las Resoluciones de 27 de febrero y 6 de marzo de 2002 para la emisión de Obligaciones del Estado a quince años al 5,50 por 100, vencimiento 30 de julio de 2017. El primer cupón a pagar en ambas emisiones será, por su importe completo, el de 30 de julio de 2003.
3. Las subastas tendrán lugar el día 7 del próximo mes de noviembre, conforme al calendario hecho público en el punto 1 de la Resolución de 25 de enero de 2002. En cuanto a la subasta ordinaria prevista en el citado calendario para el día 6 de noviembre, ésta no se convoca según se autoriza en el apartado 5.3.2. de la Orden ECO/126/2002, al no emitirse Bonos del Estado en dicho mes.
4. El precio de las peticiones competitivas que se presenten a las subastas se consignará en tanto por ciento con dos decimales, el segundo de los cuales podrá ser cualquier número entre el cero y el nueve, ambos incluidos, y se formulará excupón. A este respecto, el cupón corrido de los valores que se ponen en oferta, calculado de la forma que se establece en el apartado 5.4.8.3A) de la Orden ECO/126/2002, es el 1,44 por 100 en las Obligaciones a diez años y el 1,58 por 100 en las Obligaciones a quince años.
6. Las Obligaciones a diez y quince años que se emitan se pondrán en circulación el día 12 de noviembre próximo, fecha de desembolso y adeudo en cuenta fijada en el apartado 1. de la Resolución de 25 de enero de 2002 para los titulares de cuentas en la Central de Anotaciones, y se agregarán, en cada caso, a las emisiones reseñadas en el apartado 2.a) anterior, teniendo la consideración de ampliación de aquéllas, con las que se gestionarán como una única emisión a partir de su puesta en circulación.
7. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera no pagará comisión alguna de colocación por las suscripciones de Obligaciones del Estado que se presenten, sea por cuenta propia o de terceros y aun cuando los presentadores sean las entidades y personas enumeradas en el apartado 5.4.6.2. de la Orden ECO/126/2002.
S. En el anexo de la presente Resolución, y con carácter informativo a efectos de la participación en las subastas, se incluyen tablas de equivalencia entre precios y rendimientos de las Obligaciones del Estado cuya emisión se dispone, calculadas de acuerdo con lo previsto en el número 5, apartado 4.8.3A) de la Orden ECO/126/2002, de 24 de enero.
Madrid, 14 de octubre de 2002.-La Directora general, Gloria Hernández García.
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Novedades jurídicas | Legalista.es
Graba sus abusos sexuales y le absuelven porque fue violado su derecho de privacidad
Publicado 24/10/2012
La Audiencia de Barcelona ha absuelto a un hombre de 40 años acusado de abuso sexual, teniendo en cuenta que la víctima, su hermana, ha violado su privacidad al hacerse con el DVD en el que el hombre había registrado el abuso y en el que se basaba la acusación. El razonamiento del Tribunal es que el hecho de que las grabaciones fueron obtenidas sin el consentimiento del abusador viola su derecho a la privacidad y “contamina” todas las medidas adoptadas con posterioridad.
El fiscal pidió 12 años de prisión, y la acusación particular, de 18 años. Saldrá inmediatamente salir de la cárcel, donde estuvo preso desde febrero de 2011, acusado de un delito de abuso sexual.
En el fallo, la Audiencia no entra a valorar los actos sexuales documentados en fotos y videos tomados por el demandado que abusaba de su cuñada cuando ella dormía, decretada la absolución al considerar que la víctima violó su derecho a la privacidad al obtener el DVD en la que guardaba copias sin permiso.
La esposa del acusado, quien se encontraba en proceso de separación, descubrió el DVD en el coche del acusado, lo encontró con la intención de encontrar pruebas que corroboren la sospecha de infidelidad.
Empezó a ver el DVD junto con su hermana, que en ese momento pudo ver por las grabaciones que el acusado abusó sexualmente de ella mientras ella dormía profundamente, tomando días de vacaciones.
Después de ver algunos de los contenidos de los videos, la esposa y su hermana pusieron el caso en manos de la policía catalana, quienes de inmediato ordenaron la detención del acusado por considerar que era responsable de un delito continuado de abuso sexual, por el que el fiscal pidió el juicio sentenciado a 12 años de prisión.
Sin embargo, el Tribunal Supremo absolvió al acusado porque el hecho de que su esposa obtuvo el DVD fue sin el consentimiento del acusado y esto viola su derecho a la privacidad y “contamina” todas las medidas tomadas “a posteriori”.
En el juicio, en el que la acusación particular pidió una pena de 18 años y medio de cárcel para el acusado, él negó los abusos y los describió como un juego sexual en el que pretendía despertara la cuñada con quien tuvo una relación romántica, una versión que la demandante negó rotundamente.
La víctima en este caso de abuso sexual ha presentado un recurso contra absolución del acusado ante el Tribunal Supremo.
En casos así o similares antes de iniciar cualquier acción siempre hay que ponerse en manos de un abogado para que nos oriente y demos los pasos correctos que no nos cierren ninguna vía y de esta forma poder actuar con todo el peso de la Ley. Para cualquier duda, les recordamos que pueden realizar gratuitamente su consulta desde nuestras oficinas; ¡Llamenos y pida cita! 91 328 86 06. Consúltanos sobre cualquier caso, desde delitos sexuales, hasta financieros, como la reclamación de acciones preferentes.
Publicado en Novedades jurídicas, Varios
Se pueden invalidar contratos abusivos a través de los tribunales
Publicado 29/04/2012
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmó el 26 de abril de 2012 que los órganos judiciales nacionales pueden declarar la nulidad de una cláusula contractual abusiva y extender dicha anulación a todos los consumidores que hayan firmado las mismas condiciones en casos de interés público.
La Corte de Luxemburgo se ha pronunciado así sobre una cuestión judicial remitida por un tribunal húngaro, acerca de una disputa entre la oficina nacional de protección del consumidor y la compañía telefónica del mismo país Invitel.
Los Estados miembros pueden estipular que si una cláusula contractual es declarada nula como consecuencia del ejercicio de una acción de interés público por una oficina de protección del consumidor contra un profesional, ésta cláusula deje de vincular a todos los que hayan celebrado un contrato con las mismas condiciones generales con ese profesional o empresa.
Una norma de esas características constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de cláusulas abusivas, según el Tribunal.
El caso en Hungría se inició después de que la oficina de defensa del consumidor registrase numerosas reclamaciones contra Invitel, que había incorporado de manera unilateral a las condiciones generales de sus contratos de abono una cláusula que le permitía facturar a posteriori a los clientes “gastos por giro” en caso de pago de las facturas por giro postal.
Los contratos no fijaban cómo deberían calcularse tales gastos por giro, según explica el Tribunal de la UE en un comunicado.
La oficina de defensa del consumidor estimó que esta cláusula era abusiva y solicitó a la Justicia húngara la declaración de su nulidad, además de la devolución a los clientes de Invitel de los importes cobrados indebidamente.
En MAP & Asociados tenemos experiencia en la reclamación de contratos abusivos, como por ejemplo, la reclamación de swaps o clips hipotecarios.
MEDIDAS DE APOYO A HIPOTECADOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
Se ha publicado el Real Decreto-Ley 8/2011 de 1 de julio, en el que se incluyen nuevas medidas de protección a los deudores hipotecarios, garantías del pago de las obligaciones contraídas por las administraciones públicas y otras medidas para el impulso de la actividad empresarial y la creación de empresas.
-Medidas de simplificación administrativa. Se modifican Procedimientos administrativos con sentido del silencio negativo que pasan a positivo.
Se modifica el régimen legal del silencio administrativo en procedimientos que no se consideren de interés general, intentando reducir el ámbito del silencio negativo a aquellos supuestos en los que lo exija una ley y a los procedimientos que lo hagan por imperiosas razones de interés general.
-Inembargabilidad de ingresos mínimos familiares.
En el caso de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado, en la ejecución forzosa posterior basada en la misma deuda, la cantidad inembargable establecida en el artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se incrementará en un 50 por ciento y además en otro 30 por ciento del salario mínimo interprofesional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario o pensión superiores al salario mínimo interprofesional. A estos efectos, se entiende por núcleo familiar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de primer grado que convivan con el ejecutado.
Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional y, en su caso, a las cuantías que resulten de aplicar la regla para la protección del núcleo familiar prevista en el apartado anterior, se embargarán conforme a la escala prevista en el artículo 607.2 de la misma ley.
Fin a la pensión compensatoria de una mujer por falta de interés en trabajar
Publicado 21/07/2011
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por una mujer divorciada frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, que acordaba la finalización de la pensión compensatoria, a cargo del ex cónyuge, de la que había sido beneficiaria desde la Sentencia de divorcio, en el año 2003, por entender que el transcurro de ocho años desde esa fecha era tiempo más que suficiente para que la mujer hubiera encontrado un empleo, superando así el desequilibro económico que le causó la ruptura del vínculo matrimonial.
En un proceso de divorcio, el hecho que genera el derecho a percibir una pensión compensatoria, es el desequilibrio económico que el divorcio produce en uno de los cónyuges, en la mayor parte de los casos mujeres, que durante toda a casi toda la duración del matrimonio se han dedicado fundamentalmente al cuidado de los hijos y del marido, en detrimento de su carrera profesional.
Ahora bien, exceptuando los supuestos de mujeres de edad avanzada, con escasa formación y nula experiencia laboral, cuyo matrimonio ha durado muchos años, los Tribunales han venido entendiendo, especialmente en los últimos años, que la duración de esta pensión no debe tener carácter vitalicio y sí ser limitada en el tiempo.
En este supuesto concreto, la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Córdoba y posteriormente la Audiencia Provincial, en principio no limitaron la pensión a una fecha concreta, con la consiguiente extinción automática de la misma una vez llegara esa fecha, aunque sí acordó que transcurridos cinco años desde la fecha de la sentencia, se revisarían las condiciones tenidas en cuenta cuando se fijó la pensión, con especial atención al interés de la mujer para conseguir un trabajo.
Tras un proceso de modificación de medidas, finalmente el Tribunal Supremo ha estimado que el transcurso de ocho años en total han sido suficientes para que la ex esposa pudiera conseguir una ocupación remunerada y por ende superar el desequilibrio económico, y que si no lo ha hecho ha sido por causa imputable a su propia falta de interés y voluntad «no siendo jurídicamente aceptable repercutir en el esposo pagador de la pensión las consecuencias negativas derivadas de la falta de acceso al mismo (empleo) por la pasividad de la esposa en su búsqueda y obtención».
Para llegar a esa conclusión de falta de interés en trabajar, se ha tenido en consideración que, si bien la ex esposa se encontraba inscrita como demandante de empleo en el INEM, durante todos estos años únicamente ha realizado dos cursos formativos, por una duración total de seis meses y no ha enviado ningún curriculum a ninguna empresa, lo que lógicamente puede entenderse como una actitud cuanto menos pasiva en acceder al mercado laboral.
Una aseguradora es condenada a pagar una pensión vitalicia.
La Audiencia Provincial de Jaén ha dictado una sentencia pionera que permite por primera vez que una víctima de accidente de tráfico con lesiones y secuelas invalidantes graves, sea indemnizada de por vida.
El fallo de la resolución judicial ha impuesto a la aseguradora, Mutua Madrileña Automovilista, la obligación de satisfacer a la víctima, una niña que con tan sólo dos años de edad quedó tetraplejica tras un accidente de tráfico, una pensión vitalicia de 4.000 euros mensuales (revalorizables anualmente según el IPC), además de una indemnización de 1.031.801,87 euros.
Publicado en Noticias legales, Novedades jurídicas
Contratos suscritos con Entidades Bancarias: Seguros, SWAPS, Permuta Financiera
Aproximadamente a finales del año 2006, prácticamente la totalidad de los bancos y Cajas de Ahorro comenzaron a ofertar un producto dirigido a clientes, particulares y empresas, que tuvieran suscrito un préstamo hipotecario o de cualquier otra índole con la entidad.
El producto en cuestión se ofertó como un contrato de seguro completamente gratuito ante la posible subida de los tipos de interés. Sin embargo, los clientes que firmaron el producto descrubieron no mucho tiempo después que lo que les habían vendido resultó ser algo muy distinto a un seguro, más bien se trataba de un complejo derivado de alto riesgo, especulativo con los tipos de interés y tóxico.
Además, y según expertos en la materia, el producto está diseñado de forma que no sólo no cubre el riesgo de fluctuación de los tipos de interés, que es lo que se ofertaba, sino que incrementa ese riesgo, estableciéndose una serie de barreras que limitan considerablemente el beneficio que pudiera corresponder al cliente, limitación que no existe si el beneficio corresponde al banco. En resumen, el banco gana.
Casualmente, poco después de vendidos estos productos y firmados los contratos, los tipos de interés comenzaron a bajar estrepitosamente y, conforme a las más que poco claras cláusulas del contrato, los clientes comenzaron a recibir liquidaciones negativas que, en algunos casos, han supuesto pérdidas económicas muy elevadas.
¿ Cómo actuar en estos casos? ¿Hay alguna posibilidad de dejar sin efecto estos contratos y recuperar el dinero perdido?
Como siempre, habrá que estar al caso concreto y analizar el contrato firmado puesto que no todos los productos ofertados son iguales, pero lo cierto es que ya existe un número elevado de sentencias, tanto de Juzgados de Primera Instancia como de Audiencias Provinciales, que han declarado NULO el contrato firmado y en consecuencia, condenan al banco o a la caja a devolver al cliente las cantidades pérdidas con base al contrato firmado.
Las sentencias que han declarado la nulidad de estos contratos, se basan, entre otras cosas, en el error en que incurrió el cliente cuando firmó el contrato, error inducido por los empleados de las entidades bancarias que dieron una información errónea, no ajustada a la realidad y sin advertir en ningún momento de los riesgos asociados al producto, creando una evidente confusión al cliente.
Otra de las cosas tenidas en cuenta por los Tribunales para declarar la nulidad de este tipo de contratos es la dificultad que entraña para un cliente medio, sin especiales conocimientos finanacieros, comprender el contenido del contrato, plagado de cláusulas poco claras, a veces ininteligibles, con anglicismos, fórmulas que la mayor parte de los clientes desconocen.
En definitiva, cláusulas oscuras y abusivas que hacen nulo un contrato conforme a la normativa vigente.
Si se encuentra afectado por esta situación, póngase en contacto con MAP & ASOCIADOS y le asesoraremos e informaremos sobre los pasos a seguir para defender sus intereses, pudiendo librarse del abuso de los Swaps.
Publicado en Noticias legales, Novedades jurídicas, Sociedades, seguros y registros
Contratos bonificados… ¡¡AL FIN!!
Debido a la ineficacia de la reforma laboral y la desaparición de las ya existentes bonificaciones, se ha publicado el pasado sábado en el BOE el RD Ley 1/2011, de 11 de febrero de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas
Con el objeto de mejorar la situación laboral del país y reducir el índice de desempleo en general y en especial en determinados colectivos como el de jóvenes o desempleados de larga duración, así como para la formación, recualificación y actualización de conocimientos.
En cuanto a las bonificaciones a la contratación, se precisa que los contratos se celebren con jóvenes menores de 30 años que lleven al menos 1 año inscritos como demandantes de empleo. El tipo de contrato debe establecerse a tiempo parcial, siendo la jornada máxima del mismo, de 30 horas semanales. En adición a lo anterior, si el trabajador contratado tuviera condición de víctima de violencia doméstica, o colectivo en situación de exclusión social, puede optar por la aplicación de las bonificaciones y reducciones de cuotas establecidas en el capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
Como novedad importante en relación a lo establecido con anterioridad en otras Disposiciones sobre mejorabilidad en el empleo, nos encontramos:
– Las contrataciones al amparo de lo establecido en esta Ley deberán suponer un incremento neto en la plantilla de la empresa.
– Las empresas quedan obligadas al mantenimiento del nivel de empleo adquirido con la contratación de la plantilla durante la duración de ésta. El incumplimiento de este punto, representa para la empresa la obligación de cotizar las cantidades bonificadas.
En lo que se refiere a la recualificación profesional, queda sujeta la inclusión en dicho plan al cumplimiento de diversos puntos:
– Haber agotado la prestación contributiva por desempleo.
– No haber agotado ni tener derecho a subsidios por desempleo, como “la Prestación Extraordinaria del programa temporal de protección por desempleo e inserción, ni las que hubieran agotado o pudieran tener derecho a la renta activa de inserción…”
Si desea cualquier información adicional al respecto, en MAP & Asociados estamos a su disposición para analizar las medidas a adoptar más convenientes para su empresa.
Publicado en Novedades jurídicas, Temas laborales
Maltratar a un animal es delito.
La reforma de la Ley 5/2010, reconoce a los animales como titulares de derechos, los animales pueden ser protegidos penalmente, y ahora maltratar a un animal es delito, (entre tres meses a un año de prisión).
El artículo 337 dice que el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.
Requisitos para denunciar:
Que haya un maltrato físico o psíquico. También cabe el maltrato por omisión; dejar de alimentar a un animal o abandonarlo, por ejemplo, dentro de un coche y al sol, se considera maltrato.
Que ese maltrato sea injustificado. Distinto es que uno se defienda de un ataque de un perro catalogado peligroso, porque sería un estado de necesidad.
Que el maltrato se realice empleando cualquier elemento que pueda ser susceptible de ser utilizado como arma.
Que el animal maltratado sea doméstico o amansado, ni bravo, ni silvestre, ni salvaje.
Que el resultado sea la muerte o se causen lesiones que menoscaben gravemente la salud del animal.
Lo increíble de esta reforma del delito de maltrato animal es que se suprime el ensañamiento. Desde el 23 de diciembre del pasado año el ensañamiento ya no servirá para distinguir esta figura constitutiva de delito de la falta del artículo 632.2 del Código Penal.
Ahora la diferencia estará en el resultado: un maltrato injustificado con resultado muerte o lesiones graves es delito; un maltrato cruel con lesiones no graves o sin lesiones, es falta.
Esta reforma es bienvenida, pero insuficiente. ¿Por qué diferenciar entre un animal salvaje y uno doméstico?. ¿Es que sufren de forma diferente?.
Publicado 04/02/2011
Jubilación y pensión para amas de casa
El trabajo de las amas de casa ha sido reconocido, por algunas comunidades autónomas, como un empleo propio, que debe tener su contraprestación en dinero.
Es el colectivo de oficio más numeroso del país. En algunos casos, como Valencia, las amas de casa pueden suscribirse de forma voluntaria: deben tener 65 años como mínimo, entre otras condiciones, como asociarse a la Federación de Amas de Casa y Consumidores de la Comunidad Valenciana.
Así, las valencianas reciben entre 30 euros mínimo al mes y 8.000 euros por haber cumplido tareas de hogar.
La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) ha pedido, en más de una oportunidad, que el Estado contemple a este colectivo importante y se vea la posibilidad de otorgar una jubilación a quien ha trabajado en su hogar.
Por el momento, no hay política de estado general en España que permita a un ama de casa cobrar una jubilación. La opción es, a los 60 años, si no has cotizado, una pensión de invalidez no contributiva, pero debes cumplir los requisitos de renta (menos de 4598 euros al año) y tener un grado de minusvalía que te impida haber efectuado un trabajo.
Ante cualquier duda, consulta con nuestros asesores sobre jubilaciones.
En relación con el hogar, también te ofrecemos servicios de alta en la Seguridad Social de empleados del hogar.

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