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BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2010-2739
Documento consolidado BOE-A-2010-2739
Publicado en: «BOE» núm. 45, de 20/02/2010.
Entrada en vigor: 12/03/2010
Referencia: BOE-A-2010-2739
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/lo/2010/02/19/1/con
Seleccionar redacción: Última actualización publicada el 12/03/2011 Texto original publicado el 20/02/2010
TEXTO CONSOLIDADO: «Última actualización publicada el 12/03/2011»
Ir a: [Preámbulo] Artículo primero Artículo segundo Disposición adicional única [Firma] [Información relacionada]
La disposición adicional primera de la Constitución proclama que ésta «ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales», y añade que «la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía».
De acuerdo con ello, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco reconoce en su artículo 3 a «cada uno de los territorios históricos que integran el País Vasco» la facultad de «en el seno del mismo, conservar o, en su caso, restablecer y actualizar su organización e instituciones privativas de autogobierno», reconocimiento que reitera el artículo 24.2 y que se traduce en una reserva expresa a los órganos forales por el propio Estatuto de un núcleo competencial exclusivo (artículo 37.2), en el que ni siquiera el Parlamento Vasco puede entrar (artículo 25.1: «El Parlamento Vasco ejerce la potestad legislativa..., sin perjuicio de las competencias de las instituciones a que se refiere el artículo 37 del presente estatuto»).
A ese núcleo competencial exclusivo de los territorios históricos pertenecen destacadamente el sistema fiscal (artículos 37.3.f del Estatuto, y 40 y 41, a los que aquél se remite), que es propio de cada uno de ellos y se regula «mediante el sistema foral tradicional del concierto económico o convenios», lo que supone que «las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario» (artículo 41.2.a).
De ello viene a resultar que son las Juntas Generales de cada territorio quienes tienen la competencia para establecer y regular los distintos tributos que nutren la hacienda foral, regulación que realizan mediante la aprobación de normas forales, que tienen naturaleza reglamentaria, puesto que la llamada Ley de Territorios Históricos (LTH), de 25 de noviembre de 1983, reserva al Parlamento Vasco en exclusiva la facultad de dictar normas con rango de ley en su artículo 6.2.
Las normas forales reguladoras de los distintos impuestos resultan, por lo tanto, recurribles ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, situación ésta que contrasta abiertamente con las normas fiscales del Estado, que tienen rango de ley y, por lo tanto, sólo pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional por la reducida lista de sujetos que el artículo 162 de la Constitución considera legitimados.
Los derechos históricos de los territorios forales, al menos en lo que concierne a su núcleo esencial, no son una cuestión de mera legalidad ordinaria, sino que entrañan, sin duda, una cuestión constitucional, tanto como las que pueda plantear cualquier otro precepto de la Constitución, lo que obliga a arbitrar una vía practicable y accesible para su defensa, que remedie el déficit de protección de la foralidad que resulta de la falta de legitimación de las instituciones forales para acudir al Tribunal Constitucional en los supuestos en que el legislador, estatal o autonómico, invada el espacio que la disposición adicional primera de la Constitución y el artículo 37 del Estatuto vasco les reserva en exclusiva.
En ese espacio exclusivo constitucionalmente garantizado, en el que ni las Cortes Generales ni el propio Parlamento Vasco pueden entrar, las instituciones forales han de operar, sin embargo, con normas que, al carecer de rango de ley resultan más vulnerables y, por lo tanto, más frágiles, lo que hace consiguientemente más débil la garantía constitucional de la foralidad de los territorios históricos vascos que la de la Comunidad Foral de Navarra, a pesar de que en ambos casos el fundamento constitucional es el mismo: la disposición adicional primera de la norma fundamental.
Esta diferencia no tiene justificación material alguna: materialmente la regulación del impuesto sobre la renta de las personas físicas o del impuesto de sociedades es la misma cosa y debería tener, por ello, el mismo tratamiento en Navarra que en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. Todo se reduce a una diferencia formal, que resulta en el caso de los territorios históricos del País Vasco de la falta de reconocimiento a sus instituciones de la potestad legislativa formal, explicación ésta que dista mucho de ser satisfactoria, supuesta la identidad material ya destacada.
El régimen de recursos que establece esta iniciativa se refiere a las Normas Forales fiscales, y ello en base a la disposición adicional primera de la Constitución, cuyo contenido los artículos 40 y 41 del Estatuto vasco no hacen sino explicitar. En este ámbito, que no es constitucionalmente transferible a otros entes o instituciones, sólo las normas forales aprobadas por las Juntas Generales de cada territorio histórico pueden entrar, en virtud de la disposición adicional primera de la Constitución, y sólo ellas, en consecuencia, pueden mantener, establecer y regular los impuestos concertados que en el resto del Estado están formalmente reservados por la propia Constitución a las leyes aprobadas por las Cortes Generales.
Las normas forales reguladoras de los distintos impuestos concertados, o de los recargos, arbitrios y recursos provinciales que puedan establecerse sobre ellos, no desarrollan ni complementan, por lo tanto, ley alguna, sino que suplen a las leyes estatales. Por ello, deben tener un régimen procesal de impugnación equivalente al de aquellas.
De las consideraciones precedentes resulta con claridad que hay una razón material suficiente para postular un cambio en el régimen jurisdiccional de las normas forales de carácter fiscal y también una razón constitucional para hacerlo, modificando en el sentido ya señalado la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Esa misma exigencia de cambio resulta igualmente observando lo dispuesto en el artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el precepto que define el ámbito del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el que incluye el conocimiento de «las disposiciones generales de rango inferior a ley», lo que comprende las normas forales.
Para completar el ajuste legal necesario, conviene modificar en el mismo sentido el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, añadiendo como excepción a su alcance las Normas Forales fiscales.
Además, por razones de estricta coherencia, se debe resolver también el déficit de protección constitucional de la foralidad vasca que resulta de la falta de reconocimiento a los territorios históricos del País Vasco para defender en vía constitucional su régimen foral frente a eventuales agresiones del legislador estatal, así como la oportunidad de remediar el aludido déficit, mediante la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
La modificación de dicha ley realizada por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, vino a remediar el déficit de protección constitucional de la autonomía local, estableciendo un mecanismo, de conflictos en defensa de la misma. Sin embargo, ese mecanismo no sirve para defender la autonomía foral, porque una cosa es la autonomía local, que también concierne, claro está, a las Diputaciones Forales en la medida en que ostentan las competencias propias de las Diputaciones Provinciales, y otra cosa distinta la autonomía foral. Y, en segundo lugar, porque esta última se predica de cada territorio histórico individualmente considerado.
Artículo primero. Modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
«Disposición adicional quinta (nueva).
Los referidos conflictos se tramitarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 63 y siguientes de esta Ley.»
Artículo segundo. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El párrafo primero del apartado 4 del artículo 9 de esta Ley quedará redactado como sigue:
«Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Quedan excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.»
Se modifica por la disposición final 1 de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo. Ref. BOE-A-2011-4551.
Texto original, publicado el 20/02/2010, en vigor a partir del 12/03/2010.
Se añade una letra d) al artículo 3 de esta Ley, que quedará redactado como sigue:
«d) Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional. en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.»
[Bloque 6: #informacionrelacionada]
Téngase en cuenta la Sentencia del TC 118/2016, de 23 de junio, que declara que los arts. 1 y 2, así como la disposición adicional única no son inconstitucionales interpretados en los términos del fundamento jurídico 3 d). Ref. BOE-A-2016-7295.

matches:
artículo 3
artículo 24
artículo 37
artículo 6
artículo 162
artículo 37
artículo 9
artículo 3
artículo 9
artículo 82
artículo 3


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RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la sustitución de la entidad depositaria de Fondfiatc I Renta Fija, Fondo de Pensiones
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la sustitución de la entidad depositaria de Fondfiatc I Renta Fija, Fondo de Pensiones	RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la sustitución de la entidad depositaria de Fondfiatc I Renta Fija, Fondo de Pensiones Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la sustitución de la entidad depositaria de Fondfiatc I Renta Fija, Fondo de Pensiones Estado	:
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	Por Resolución de 4 de octubre de 1994 se procedió a la inscripción en el Registro administrativo de fondos de pensiones establecido en el artículo 96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, de Fondfiatc I Renta Fija, Fondo de Pensiones (F0379), constando en la actualidad como entidad gestora, Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (G0010) y como entidad depositaria Banco Exelbank, S. A. (D0161).
El Promotor, con fecha 22 de octubre de 2007, acordó designar como nueva entidad depositaria a BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España (D0163). Tal acuerdo consta en escritura pública debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la sustitución de la entidad depositaria de Fondfiatc I Renta Fija, Fondo de Pensiones	Trámites

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RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
Resolución
artículo 96
Real Decreto
RESOLUCIÓN


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EUR-Lex - 32004R0364 - ES
Reglamento (CE) n° 364/2004 de la Comisión, de 25 de febrero de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 70/2001 con vistas a ampliar su alcance a las ayudas de investigación y desarrollo
DO L 63 de 28.2.2004, p. 22/29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edición especial en checo: Capítulo 08 Tomo 03 p. 64 - 71
edición especial en estonio: Capítulo 08 Tomo 03 p. 64 - 71
edición especial en húngaro Capítulo 08 Tomo 03 p. 64 - 71
edición especial en lituano: Capítulo 08 Tomo 03 p. 64 - 71
edición especial en letón: Capítulo 08 Tomo 03 p. 64 - 71
edición especial en maltés: Capítulo 08 Tomo 03 p. 64 - 71
edición especial en polaco: Capítulo 08 Tomo 03 p. 64 - 71
edición especial en eslovaco: Capítulo 08 Tomo 03 p. 64 - 71
edición especial en esloveno: Capítulo 08 Tomo 03 p. 64 - 71
edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 01 p. 225 - 232
edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 01 p. 225 - 232
del documento: 25/02/2004
entr. en vigor: 19/03/2004; entrada en vigor fecha publicación + 20 ver art. 2
entr. en vigor: 01/01/2005; aplicación parcial ver art. 2
fin de validez: 31/12/2006; ver 32001R0070
competencia, ayudas concedidas por los Estados, pequeñas y medianas empresas
extensión al EEE contemplada en 22004D0131
32001R0070 modificación sustitución anexo 1 desde 01/01/2005
32001R0070 modificación modificación artículo 1.2 desde 19/03/2004
32001R0070 modificación complemento artículo 2.E) desde 19/03/2004
32001R0070 modificación complemento artículo 2.H) desde 19/03/2004
32001R0070 modificación complemento artículo 2.I) desde 19/03/2004
32001R0070 modificación complemento artículo 2.J) desde 19/03/2004
32001R0070 modificación sustitución artículo 4.2 desde 19/03/2004
32001R0070 modificación sustitución artículo 4.3 desde 19/03/2004
32001R0070 modificación adjunta artículo 5 BI desde 19/03/2004
32001R0070 modificación adjunta artículo 5 QT desde 19/03/2004
32001R0070 modificación adjunta artículo 5 TR desde 19/03/2004
32001R0070 modificación sustitución artículo 6 desde 19/03/2004
32001R0070 modificación adjunta artículo 6 BI desde 19/03/2004
32001R0070 modificación sustitución artículo 8.1 desde 19/03/2004
32001R0070 modificación sustitución artículo 9.3 desde 19/03/2004
32001R0070 modificación adjunta artículo 9 BI desde 19/03/2004
rectif. por 32004R0364R(01) Actos citados:
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Reglamento (CE) no 364/2004 de la Comisión
de 25 de febrero de 2004
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 70/2001 con vistas a ampliar su alcance a las ayudas de investigación y desarrollo
Visto el Reglamento (CE) n° 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales(1), y, en particular, el inciso i) de la letra a) y la letra b) del apartado 1 de su artículo 1,
Previa publicación de un proyecto del presente Reglamento(2),
(1) La definición de pequeñas y medianas empresas (PYME) contenida en el Reglamento (CE) n° 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas(3), es la utilizada en la Recomendación 96/280/CE de la Comisión, de 3 de abril de 1996, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas(4). Esta Recomendación ha sido reemplazada por la Recomendación 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas(5), con efectos a partir del 1 de enero de 2005.
(2) Resulta preciso aclarar las normas aplicables a las inversiones efectuadas en una región que pueda optar a ayudas regionales, pero en un sector en que dichas ayudas estén prohibidas. Los límites máximos de ayuda regional sólo se aplicarán cuando tanto la región donde se realice la inversión como el sector al que pertenezca el beneficiario puedan acogerse a ayudas regionales. Deben clarificarse en consecuencia las normas que exigen la notificación de las subvenciones individuales de elevada cuantía que superan determinados umbrales.
(3) La experiencia ha demostrado la conveniencia de aplicar un régimen unificado y simplificado de informes anuales adoptado en aplicación del artículo 27 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE(6). Por consiguiente, la disposiciones relativas a dichos informes establecidas en el anexo III del Reglamento (CE) n° 70/2001 sólo deben aplicarse en tanto no se haya adoptado un régimen general.
(4) Es preciso establecer disposiciones para la evaluación de la compatibilidad con el mercado común de cualquier ayuda a pequeñas y medianas empresas concedida sin autorización previa de la Comisión antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 70/2001.
(5) Las ayudas de investigación y desarrollo pueden contribuir al crecimiento económico, al fortalecimiento de la competitividad y al aumento del empleo. Las ayudas de investigación y desarrollo en favor de las PYME revisten una importancia capital, ya que una de las desventajas estructurales de las PYME radica en la dificultad que pueden tener para acceder a nuevos avances tecnológicos y a la transferencia de tecnologías. Al mismo tiempo, la Comisión considera, en el Encuadramiento comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo(7), que estas ayudas pueden considerarse un incentivo para que las PYME realicen más actividades de investigación y desarrollo, ya que en general dedican un porcentaje escaso de su volumen de negocios a tales actividades. Basándose en su experiencia en la aplicación del Encuadramiento comunitario de ayudas estatales investigación y desarrollo a las PYME, la Comisión ha decidido que resulta justificado eximir dichas ayudas de la obligación de notificación previa, teniendo asimismo en cuenta que el riesgo de que tales ayudas afecten negativamente a la competencia es muy reducido. El mismo principio es aplicable a las ayudas para estudios de viabilidad y para cubrir los costes de obtención de patentes, así como a las ayudas individuales que no sobrepasen determinados límites.
(6) El alcance del Reglamento (CE) n° 70/2001 debe ampliarse, por tanto, de forma que cubra las ayudas de investigación y desarrollo concedidas a las PYME en el mayor número de sectores posible.
(7) Deben modificarse determinadas definiciones del Reglamento (CE) n° 70/2001 a fin de tener en cuenta las particularidades de las ayudas estatales de investigación y desarrollo, y añadirse otras. En particular, deben añadirse las definiciones de las fases de la investigación y el desarrollo que figuran en el anexo I del Encuadramiento comunitario. La lista de los costes subvencionables debe corresponder con la lista del anexo II del citado Encuadramiento, si bien con determinadas aclaraciones que resultan necesarias, dado que un Reglamento es directamente aplicable en los Estados miembros. Los beneficiarios no deben tener la posibilidad de beneficiarse de una doble subvención para resultados de investigación idénticos.
(8) Las orientaciones que da el Encuadramiento comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo al objeto de determinar si ciertas medidas son constitutivas de ayuda estatal a efectos del apartado 1 del artículo 87 del Tratado, resultan pertinentes a efectos del presente Reglamento.
(9) Con el fin de fomentar la difusión de los resultados de las investigaciones, las PYME pueden recibir ayudas para los gastos de obtención y validación de patentes u otros derechos de propiedad industrial que sean el resultado de actividades de investigación y desarrollo. Para eximir estas ayudas no debe ser condición previa que la actividad que haya generado el derecho en cuestión haya sido igualmente objeto de ayuda. Debe bastar con que se trate de una actividad que hubiera podido ser subvencionada con ayudas a la investigación y desarrollo.
(10) No todas las ayudas de investigación y desarrollo para las PYME pueden eximirse de conformidad con el Reglamento (CE) n° 70/2001. El límite aplicable a las notificaciones individuales según el Encuadramiento comunitario de ayudas estatales de investigación y desarrollo debe aplicarse también a las ayudas individuales que puedan eximirse con arreglo al presente Reglamento. Además, deben seguir aplicándose normas especiales a los proyectos Eureka a que se refiere la Declaración de la Conferencia Ministerial de Hannover de 6 de noviembre de 1985, que se consideran de interés europeo común.
(11) El Reglamento (CE) n° 70/2001 no debe eximir las ayudas concedidas en forma de anticipos que superen, en porcentaje de los costes subvencionables, la intensidad de ayuda establecida en ese Reglamento y que sólo sean reembolsables en caso de éxito de las actividades de investigación, tal como está establecido en el Encuadramiento sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo, puesto que la Comisión evalúa la ayuda reembolsable caso por caso, teniendo en cuenta las condiciones de reembolso propuestas.
(12) El Reglamento (CE) n° 70/2001 en la redacción dada al mismo por el presente Reglamento, debe aplicarse solamente a las ayudas estatales de investigación y desarrollo concedidas a las pequeñas y medianas empresas. El Encuadramiento comunitario de ayudas estatales de investigación y desarrollo debe seguir utilizándose para evaluar todas las ayudas de investigación y desarrollo que se notifiquen a la Comisión.
(13) Procede, pues, modificar el Reglamento (CE) n° 70/2001 en consecuencia.
El Reglamento (CE) n° 70/2001 se modificará como sigue:
1) El apartado 2 del artículo 1 se modificará como sigue:
a) la letra a) se sustituirá por el texto siguiente:
"a) por lo que se refiere a los artículos 4 y 5, a actividades relacionadas con la producción, transformación o comercialización de los productos que figuran en el anexo I del Tratado.";
b) se añadirá la letra d) siguiente:
"d) las ayudas incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n° 1407/2002 del Consejo(8) sobre las ayudas estatales a la industria del carbón.".
a) En la letra e) se añadirá el párrafo siguiente:"En el caso de las ayudas de investigación y desarrollo ('I+D'), la intensidad bruta de la ayuda para un proyecto de I+D realizado en colaboración entre centros públicos de investigación y empresas se calculará sumando la ayuda estatal directa a un proyecto de investigación específico y, en el caso de que constituyan una ayuda, las aportaciones al proyecto hechas por centros públicos de educación superior o de investigación sin ánimo de lucro.";
b) se añadirán las letras h) i) y j) siguientes:
"h) 'investigación fundamental': actividad destinada a ampliar los conocimientos científicos y técnicos no ligados a objetivos industriales o comerciales;
i) 'investigación industrial': investigación planificada o estudios críticos cuyo objeto es la adquisición de nuevos conocimientos que puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos productos, procesos o servicios, o contribuir a mejorar considerablemente los productos, procesos o servicios existentes;
j) 'desarrollo precompetitivo': la materialización de los resultados de la investigación en un plano, esquema o dibujo para productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados, destinados a su venta o su utilización, incluida la creación de un primer prototipo no comercializable. Puede abarcar también la formulación conceptual y el diseño de otros productos, procesos o servicios, así como proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que dichos proyectos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o su explotación comercial. No incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso, aun cuando dichas modificaciones puedan representar mejoras de los mismos.".
3) En el artículo 4 los apartados 2 y 3 se sustituirán por el texto siguiente:
"2. Cuando la inversión se realice en regiones o sectores que en el momento de la concesión de la ayuda no reúnan las condiciones para acogerse a ayuda regional de conformidad con las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado, la intensidad bruta de la ayuda no excederá:
a) del 15 % en el caso de las pequeñas empresas;
b) del 7,5 % en el caso de las empresas medianas.
3. Cuando la inversión se realice en regiones o sectores que en el momento de la concesión de la ayuda reúnan las condiciones para acogerse a ayuda regional, la intensidad de la ayuda no excederá del límite máximo de ayuda a la inversión de finalidad regional fijado en el mapa aprobado por la Comisión para cada Estado miembro en más de:
a) 10 puntos porcentuales brutos en las regiones cubiertas por la letra c) del apartado 3 del artículo 87, siempre que la intensidad neta total de la ayuda no exceda del 30 %, o
b) 15 puntos porcentuales brutos en las regiones cubiertas por la letra a) del apartado 3 del artículo 87, siempre que la intensidad neta total de la ayuda no exceda del 75 %.
Los límites máximos más elevados de ayuda regional sólo serán aplicables si la ayuda se concede con la condición de que la inversión se mantenga en la región beneficiaria durante al menos cinco años y de que la contribución del beneficiario a su financiación sea del 25 %, como mínimo."
4) Se insertarán los artículos 5 bis, 5 ter y 5 quater siguientes:
1. Serán compatibles con el mercado común con arreglo a lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado y quedarán dispensadas de las obligaciones de notificación del apartado 3 del artículo 88 del Tratado las ayudas de investigación y desarrollo que reúnan las condiciones establecidas en los apartados 2 a 5.
2. El proyecto subvencionado deberá corresponder íntegramente a las fases de investigación y desarrollo definidas en las letras h), i) y j) del artículo 2.
3. La intensidad bruta de la ayuda, calculada sobre la base de los costes subvencionables del proyecto, no excederá:
a) del 100 % para la investigación fundamental;
b) del 60 % para la investigación industrial;
c) del 35 % para el desarrollo precompetitivo.
Si un proyecto abarca varias fases de investigación y desarrollo, la intensidad de la ayuda permitida se establecerá sobre la base de la media ponderada de las intensidades de ayuda permitidas para cada una de esas fases, calculada sobre la base de los costes subvencionables de que se trate.
Tratándose de proyectos de colaboración, el importe máximo de ayuda que podrá recibir cada beneficiario no será de una intensidad superior a la autorizada, calculada para cada beneficiario en función de sus gastos subvencionables.
4. Los límites establecidos en el apartado 3 podrán incrementarse hasta una intensidad bruta máxima de ayuda del 75 % para la investigación industrial y del 50 % para el desarrollo precompetitivo, en la forma siguiente:
a) cuando el proyecto se realice en una región que, en el momento de la concesión de la ayuda, pueda optar a ayudas regionales, la intensidad máxima de la ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales brutos en las regiones cubiertas por la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado, y en 5 puntos porcentuales brutos en las regiones cubiertas por la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado;
b) cuando el proyecto esté destinado a realizar una investigación con aplicaciones multisectoriales potenciales y tenga un planteamiento multidisciplinario acorde con los objetivos, tareas y metas técnicas de un proyecto o programa específico emprendido en virtud del sexto programa marco de investigación y desarrollo de la Comunidad, establecido por Decisión n° 1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(9), o de cualquier programa marco de investigación y desarrollo posterior o de Eureka, la intensidad máxima de la ayuda podrá incrementarse en 15 puntos porcentuales brutos;
c) la intensidad máxima de la ayuda podrá incrementarse en diez puntos porcentuales si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
i) que el proyecto implique una cooperación transfronteriza efectiva entre al menos dos socios independientes de dos Estados miembros, particularmente en el contexto de la coordinación de las políticas nacionales de I+D; ninguna empresa del Estado miembro que concede la ayuda podrá soportar más del 70 % de los costes subvencionables, o
ii) que el proyecto implique una cooperación efectiva entre una empresa y un organismo público de investigación, particularmente en el contexto de la coordinación de las políticas nacionales de I+D, siempre que el organismo público de investigación soporte al menos el 10 % de los costes subvencionables del proyecto y tenga derecho a publicar los resultados en la medida en que provengan de la investigación llevada a cabo por ese organismo, o
iii) que los resultados del proyecto tengan una amplia difusión en conferencias técnicas y científicas o se publiquen en revistas científicas y técnicas profesionales.
A efectos de lo dispuesto en los incisos i) y ii), la subcontratación no se considerará cooperación efectiva.
5. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo se considerarán subvencionables los siguientes costes:
a) los gastos de personal (investigadores, técnicos y demás personal auxiliar en la medida en que estén dedicados al proyecto de investigación);
b) los costes de instrumental y material, en la medida y tiempo en que se utilicen para el proyecto de investigación y durante el tiempo que éste dure. Si el instrumental y el material no se utilizan exclusivamente para el proyecto de investigación, sólo se considerarán subvencionables los costes de amortización que correspondan a la duración del proyecto de investigación, calculados sobre la base de las buenas prácticas contables;
c) los costes de terrenos y locales, en la medida en que se utilicen para el proyecto de investigación y durante el tiempo que éste dure. Por lo que se refiere a los locales, sólo se considerarán subvencionables los costes de amortización que correspondan a la duración del proyecto de investigación, calculados sobre la base de las buenas prácticas contables. En cuanto a los terrenos, serán subvencionables los costes de transferencia comercial o los costes de capital realmente incurridos;
d) el coste de los servicios de asesoramiento y similares utilizados exclusivamente para la actividad de investigación, incluida la investigación, los conocimientos técnicos y las patentes adquiridos o tomados de fuentes externas a precios de mercado, siempre que la transacción se haya efectuado en condiciones de mercado y no haya elemento alguno de colusión. Estos costes se considerarán subvencionables hasta el límite del 70 % de los costes subvencionables totales del proyecto;
e) gastos generales adicionales directamente derivados del proyecto de investigación;
f) otros gastos de funcionamiento, incluidos costes de material, suministros y productos similares, directamente derivados de la actividad de investigación.
Ayudas para estudios de viabilidad técnica
Las ayudas para estudios de viabilidad técnica preparatorios de actividades de investigación industrial serán compatibles con el mercado común con arreglo a lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado y quedarán dispensadas de la obligación de notificación del apartado 3 del artículo 88 del Tratado siempre que la intensidad bruta de ayuda, calculada sobre la base de los costes del estudio, no exceda del 75 %.
Ayudas para costes de obtención de patentes
1. Las ayudas para los costes relacionados con la obtención y la validación de patentes y otros derechos de propiedad industrial serán compatibles con el mercado común a efectos de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado y estarán exentas de la obligación de notificación del apartado 3 del artículo 88 del Tratado hasta un nivel equivalente al de la ayuda de I+D que se podría conceder para las actividades de investigación que hayan dado origen a dichos derechos de propiedad industrial.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 se considerarán subvencionables los siguientes costes:
a) todos los costes que preceden a la concesión del derecho en la primera jurisdicción, incluidos los costes relativos a la preparación y presentación de la solicitud, así como los de renovación de la solicitud incurridos con anterioridad a la concesión del derecho;
b) los costes de traducción y demás costes en que se haya incurrido para obtener o validar el derecho en otras jurisdicciones;
c) los costes de defensa de la validez del derecho en que se haya incurrido con motivo de la tramitación oficial de la solicitud y en eventuales procedimientos de oposición, aunque dichos costes se produzcan con posterioridad a la concesión del derecho."
5) El artículo 6 se sustituirá por el texto siguiente:
Ayudas individuales de elevado importe
1. En el caso de las ayudas cubiertas por los artículos 4 y 5, el presente Reglamento no eximirá las subvenciones individuales cuando alcancen cualquiera de los umbrales siguientes:
a) los costes totales subvencionables del proyecto son de al menos 25 millones de euros y:
i) en las regiones o sectores que no puedan optar a ayudas regionales, la intensidad bruta de la ayuda alcanza al menos el 50 % de los umbrales establecidos en el apartado 2 del artículo 4,
ii) en las regiones y sectores que puedan optar a las ayudas regionales, la intensidad neta de la ayuda alcanza al menos el 50 % del límite máximo neto de ayuda establecido en el mapa de ayudas regionales de la región de que se trate; o
b) la cuantía total bruta de la ayuda es de al menos 15 millones de euros.
2. En el caso de las ayudas cubiertas por los artículos 5 bis, 5 ter y 5 quater, el presente Reglamento no eximirá las subvenciones individuales cuando alcancen los umbrales siguientes:
a) los costes totales subvencionables del proyecto incurridos por todas las sociedades que participan en el proyecto alcanzan al menos 25 millones de euros, y
b) se propone conceder una subvención bruta equivalente de al menos 5 millones de euros a una o varias sociedades individuales.
En el supuesto de las ayudas concedidas a proyectos Eureka, los umbrales del apartado 2 se sustituirán por los siguientes:
a) los costes totales subvencionables del proyecto Eureka incurridos por todas las sociedades que participan en el proyecto alcanzan al menos 40 millones de euros; y
b) se propone conceder una subvención bruta equivalente de al menos 10 millones de euros a unas o varias sociedades individuales.".
6) Se insertará el artículo 6 bis siguiente:
Ayudas que siguen estando sujetas a notificación previa a la Comisión
1. El presente Reglamento no eximirá ninguna ayuda, ya sea individual o procedente de un régimen, concedida en forma de uno o más anticipos reembolsables únicamente en caso de éxito de las actividades de investigación cuando la cuantía total de los anticipos, expresada en porcentaje de los costes subvencionables, exceda de las intensidades previstas en los artículos 5 bis, 5 ter o 5 quater o del límite establecido en el apartado 2 del artículo 6.
2. El presente Reglamento será sin perjuicio de las posibles obligaciones de los Estados miembros de notificar las subvenciones individuales de conformidad con lo establecido en otros instrumentos de ayudas estatales, y en particular de la obligación de notificar o comunicar a la Comisión las ayudas a empresas que reciban ayudas de reestructuración a efectos de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis(10), y de la obligación de notificar las ayudas regionales para grandes proyectos de inversión de conformidad con el Marco multisectorial aplicable."
7) El apartado 1 del artículo 8 se sustituirá por el texto siguiente:
"1. Los límites máximos de ayuda fijados en los artículos 4 a 6 se aplicarán tanto si la aportación para el proyecto subvencionado procede íntegramente de recursos estatales como si es financiada por la Comunidad.".
8) El apartado 3 del artículo 9 se sustituirá por el texto siguiente:
"3. Los Estados miembros elaborarán un informe anual sobre la aplicación del presente Reglamento de conformidad con las disposiciones de aplicación sobre la forma y contenido de los informes anuales que se adopten en virtud del artículo 27 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo(11).
En tanto dichas disposiciones no hayan entrado en vigor, los Estados miembros elaborarán, mediante el formulario establecido en el anexo III y también en soporte informático, un informe anual sobre la aplicación del presente Reglamento con respecto a cada año civil parcial o completo durante el cual se aplique. Los Estados miembros facilitarán dicho informe a la Comisión en el plazo de tres meses a partir de la expiración del período al que haga referencia el informe.".
9) Se insertará el artículo 9 bis siguiente:
1. Las notificaciones de ayudas de investigación y desarrollo pendientes el 19 de marzo de 2004 se evaluarán con arreglo a lo dispuesto en el Encuadramiento sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo; las demás notificaciones se evaluarán de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.
2. Los regímenes de ayuda ejecutados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento y las ayudas concedidas en virtud de dichos regímenes, sin autorización previa de la Comisión y en incumplimiento del requisito de notificación del apartado 3 del artículo 88 del Tratado, serán compatibles con el mercado común a efectos del apartado 3 del artículo 87 del Tratado y estarán exentos si reúnen las condiciones establecidas en la letra a) del apartado 2 del artículo 3 y en el apartado 3 del artículo 3 del presente Reglamento.
Las ayudas individuales que no se encuadren en ningún régimen concedidas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, sin autorización previa de la Comisión y en incumplimiento del requisito de notificación del apartado 3 del artículo 88 del Tratado, serán compatibles con el mercado común a efectos del apartado 3 del artículo 87 del Tratado y estarán exentas si reúnen todas las condiciones del presente Reglamento, exceptuada la obligación que establece el apartado 1 del artículo 3 de incluir una referencia expresa al Reglamento.
Toda ayuda que no reúna estas condiciones será evaluada por la Comisión de conformidad con los marcos, directrices, comunicaciones y notas pertinentes.".
10) El anexo I se sustituirá por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.
El punto 10 del artículo 1 será aplicable a partir del 1 de enero de 2005.
Hecho en Bruselas, el 25 de febrero de 2004.
(2) DO C 190 de 12.8.2003, p. 3.
(3) DO L 10 de 13.1.2001, p. 33.
(4) DO L 107 de 30.4.1996, p. 4.
(5) DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.
(6) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1; Reglamento modificado por el Acta de Adhesión de 2003.
(7) DO C 45 de 17.2.1996, p. 5.
(8) DO L 205 de 2.8.2002, p. 1.
(9) DO L 232 de 29.8.2002, p. 1.
(10) DO C 288 de 9.10.1999, p. 2.
(11) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.
(extracto de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas, DO L 124 de 20.5.2003, p. 36)
DEFINICIÓN DE MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ADOPTADA POR LA COMISIÓN
Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular.
Los efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas
1. Es una "empresa autónoma" la que no puede calificarse ni como empresa asociada a efectos del apartado 2, ni como empresa vinculada a efectos del apartado 3.
2. Son "empresas asociadas" todas las empresas a las que no se puede calificar como empresas vinculadas a efectos del apartado 3 y entre las cuales existe la relación siguiente: una empresa (empresa participante) posee, por sí sola o conjuntamente con una o más empresas vinculadas a efectos de la definición del apartado 3, el 25 % o más del capital o de los derechos de voto de otra empresa (empresa participada).
Una empresa puede, no obstante, recibir la calificación de autónoma, sin empresas asociadas, aunque se alcance o se supere el límite máximo del 25 %, cuando estén presentes las categorías de inversores siguientes, y a condición de que entre éstos, individual o conjuntamente, y la empresa en cuestión no existan los vínculos descritos en el apartado 3:
a) sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas físicas o grupos de personas físicas que realicen una actividad regular de inversión en capital riesgo (inversores providenciales o business angels) e inviertan fondos propios en empresas sin cotización bursátil, siempre y cuando la inversión de dichos business angels en la misma empresa no supere 1250000 euros;
b) universidades o centros de investigación sin fines lucrativos;
c) inversores institucionales, incluidos los fondos de desarrollo regional;
d) autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10 millones de euros y una población inferior a 5000 habitantes.
3. Son "empresas vinculadas" las empresas entre las cuales existe alguna de las siguientes relaciones:
b) una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra empresa;
c) una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa;
d) una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Hay presunción de que no existe influencia dominante, cuando los inversores enunciados en el segundo párrafo del apartado 2 no tengan implicación directa o indirecta en la gestión de la empresa en cuestión, sin perjuicio de los derechos que les correspondan en su calidad de accionistas o de asociados.
Se considerará "mercado contiguo" el mercado de un producto o servicio situado en una posición inmediatamente anterior o posterior a la del mercado en cuestión.
4. A excepción de los casos citados en el segundo párrafo del apartado 2, una empresa no puede ser considerada como PYME, si el 25 % o más de su capital o de sus derechos de voto están controlados, directa o indirectamente, por uno o más organismos públicos o colectividades públicas.
5. Las empresas pueden efectuar una declaración relativa a su calificación como empresa autónoma, asociada o vinculada, así como a los datos relativos a los límites máximos enunciados en el artículo 2. Puede efectuarse esta declaración aunque el capital esté distribuido de tal forma que no se pueda determinar con precisión quién lo posee, si la empresa declara con presunción legítima y fiable que el 25 % o más de su capital no pertenece a otra empresa o no lo detenta conjuntamente con empresas vinculadas entre ellas o a través de personas físicas o de un grupo de personas físicas. Tales declaraciones no eximen de los controles y verificaciones previstos por las normativas nacionales o comunitarias.
Datos que hay que tomar en cuenta para calcular los efectivos, los importes financieros y el período de referencia
2. Cuando una empresa, en la fecha de cierre de las cuentas, constate que se han rebasado en un sentido o en otro, y sobre una base anual, los límites máximos de efectivos o los límites máximos financieros enunciados en el artículo 2, esta circunstancia sólo le hará adquirir o perder la calidad de media o pequeña empresa, o de microempresa, si este rebasamiento se produce en dos ejercicios consecutivos.
Los efectivos corresponden al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo estacional, se cuentan como fracciones de UTA. En los efectivos se contabiliza a las categorías siguientes:
a) asalariados;
b) personas que trabajan para la empresa, que tengan con ella un vínculo de subordinación y estén asimiladas a asalariados con arreglo al Derecho nacional;
c) propietarios que dirigen su empresa;
A los datos contemplados en el primer párrafo se han de agregar los datos de las posibles empresas asociadas con la empresa en cuestión, situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a ésta. La agregación será proporcional al porcentaje de participación en el capital o en los derechos de voto (al más elevado de estos dos porcentajes). En caso de participaciones cruzadas, se aplicará el porcentaje más elevado.
A los datos contemplados en el primer y segundo párrafo se añadirá el 100 % de los datos de las empresas que puedan estar directa o indirectamente vinculadas a la empresa en cuestión y que no hayan sido incluidas en las cuentas por consolidación.
3. Para aplicar el apartado 2, los datos de las empresas asociadas con la empresa en cuestión han de proceder de las cuentas, consolidadas si existen, y de los demás datos, a los cuales se habrá de añadir el 100 % de los datos de las empresas vinculadas a estas empresas asociadas, salvo si sus datos ya se hubiesen incluido por consolidación.
Para aplicar dicho apartado 2, los datos de las empresas vinculadas a la empresa en cuestión han de proceder de sus cuentas, consolidadas si existen, y de los demás datos. A éstos se habrá de agregar proporcionalmente los datos de las empresas que puedan estar asociadas a estas empresas vinculadas, situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a éstas, salvo si se hubieran incluido ya en las cuentas consolidadas en una proporción por lo menos equivalente al porcentaje definido en el segundo guión del apartado 2.
4. Cuando en las cuentas consolidadas no consten los efectivos de una empresa dada, se calculará incorporando de manera proporcional los datos relativos a las empresas con las cuales la empresa esté asociada, y añadiendo los relativos a las empresas con las que esté vinculada." Arriba

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artículo 1
artículo 2
artículo 2
artículo 2
artículo 2
artículo 4
artículo 4
artículo 5
artículo 5
artículo 5
artículo 6
artículo 6
artículo 8
artículo 9
artículo 9
artículo 1
artículo 27
artículo 93
artículo 87
artículo 1
artículo 4
artículo 87
artículo 87
artículo 87
artículo 87
artículo 88
artículo 2
artículo 87
artículo 87
artículo 87
artículo 88
artículo 87
artículo 88
artículo 6
artículo 4
artículo 6
artículo 6
artículo 8
artículo 9
artículo 27
artículo 9
artículo 88
artículo 87
artículo 3
artículo 3
artículo 88
artículo 87
artículo 3
artículo 1
in fine
artículo 2
artículo 2


text:
Artículo 2 - Productos y derechos sobre los productos.
Artículo 3 - Orden
Artículo 4 - Precio - Pago
Artículo 6 - Derecho de desistimiento y devolución.
Artículo 7 - Otros
Artículo 9 - Confidencialidad
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paraUna vez desde la entrega (depósito del paquete en la oficina de correos), los riesgos de los bienes entregados se transfieren al cliente.
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Si se ofrece una entrega rápida para el producto elegido en el momento de la finalización de su pedido, el tiempo de entrega en su hogar es de 48 horas.
Para la entrega estándar, los plazos de entrega son generalmente de 7 a 15 días, pero en casos raros pueden extenderse hasta 30 días.
5 - 1 Los productos pagados serán entregados a la dirección de entrega indicada en el pedido, por LA POSTE o cualquier otro transportista.
Dependiendo del tamaño y la cantidad de los productos pedidos y pagados, la entrega se puede realizar a través de envíos separados.
VoDebemos comprobar la integridad yLa información proporcionada durante el pedido, en particular en relación con la dirección de entrega.
No podemos ser responsables de ningún error de entrada de datos y consecuencias (por ejemplo, retrasos o errores de entrega).
En este contexto, los costos incurridos para la devolución del pedido serán su responsabilidad.
5 - 2 En el momento de la entrega, el comprador verificará la apariencia de su paquete.
Si está deformado o dañado, si está abierto o parece haber estado, si se produce un ruido anormal cuando el paquete se mueve,
si ha sido reenvasado por el transportista (flejes, cinta adhesiva del transportador ...), si se observa una anomalía:
enEn uno de estos casos, el comprador debe verificar el contenido del paquete en presencia del repartidor antes de firmar.
Si se le niega esta verificación, o si faltan productos o están dañados, el comprador no debe aceptar el paquete y debe solicitar la devolución.
El comprador, después de rechazar el paquete, también debe informar a la empresa ALS Solutions a través de su área de clientes, por correo o por teléfono dentro de un tiempo razonable.
sabíaEl recibo de la parcela. En caso de daño o falta, el cliente deberá:
Fparte de su queja al Servicio al Cliente a través de su área de clientes o por teléfono, necesariamente a más tardar 3 días después
Entrega para envíos en Francia Metropolitana.ya más tardar dentro de los 21 días para envíos internacionales, bajo pena de ejecución hipotecaria o
de inadmisibilidad, indicar en los documentos de transporte reservas claras, significativas, precisas y completas con fecha y firma,
Confirme estas reservas al transportista por correo certificado con acuse de recibo y envíe una copia de esta carta a ALS Solutions.
Adjunte a la empresa fotografías del paquete embalado en todos los lados, así como fotografías de los elementos rotos o abismos.
Al menosSi tiene un problema con el recibo, es esencial que mantenga los artículos en el estado en que se los entregaron.
(accesossoires, avisos, incluidos el embalaje y la envoltura).
Si es necesario devolver los productos, enviará una solicitud de devolución a su área de cliente.
5 - 3 La cantidad de embalaje y los costos de entrega, facturados al comprador, se especifican al tomar los pedidos.
ALS Solutions se reserva el derecho de cambiar la cantidad de costos de empaque y entrega, pero se compromete a aplicar el
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5 - 4 El tiempo de entrega puede variar de la validación de su pedido de acuerdo con la información proporcionada en el sitio.
Se le comunicará un plazo de entrega antes de la validación de su pedido, considerando la elección de la transacción.Proveedor deseado y disponibilidad del producto.
Los plazos de entrega aplicables son los indicados durante la validación de su pedido. Comienzan a correr desde el despacho de la orden.
NSin embargo, cualquier pedido pagado por cheque, transferencia bancaria, PayPal o giro postal solo se procesará una vez recibido el medio de pago.
Las dLa disponibilidad y los términos de envío se deben volver a calcular a partir de la fecha de registro de este método de pago.
laEl período mencionado anteriormente es un retraso promedio, según el destino y el método de envío.
En cun retraso en la entrega dentro de los ocho días hábiles a partir de la fecha de envío indicada en el correo electrónico "Seguimiento - Avisos de envío",
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Una eEl transportista estará abierto a solicitud de ALS Solutions para localizar su paquete.
Esta encuesta puede durar hasta 15 días hábiles a partir de la fecha de apertura de los envíos en Francia metropolitana y 6 meses para
laEnvíos en ultramar y en el extranjero (retrasos Coliposte). Si durante este período se encuentra el producto, será redirigido tan pronto como sea posible
a tu domicile (excepto para entregas en punto de desistimiento). Más allá, el paquete será considerado perdido. Al cierre por pérdida de la investigación,nosotros somos ustedes
devolveremos un producto de reemplazo (volver a nuestras tarifas) o procederemos a un crédito o reembolso de este a solicitud.
Se recuerda que no se puede realizar ningún reembolso o devolución del producto antes del cierre de la investigación.
coñoDe acuerdo con el artículo L.114-1, el comprador puede solicitar la cancelación de la venta por correo certificado con acuse de recibo enviado a la empresa.
ALS SolutiSi la fecha de entrega se excede en más de 7 días, el tiempo indicado en el sitio web en el momento de la compra.
5 - 5 ALS Solutions se reserva el derecho de rehusarse a realizar una entrega o cumplir un pedido de un consumidor que no haya pagado
Total o parcialmente, una orden previa o con la cual una disputa de pago estaría en curso de administración.
5 - 6 ALS Solutions no se responsabiliza en caso de retraso en la entrega o falta de existencias en caso de incumplimiento o mal desempeño.
El contrato es imputable al consumidor o al hecho, impredecible yspan style = "color: # 333333;">Insuperable, de un tercero en el contrato, ya sea en caso de fuerza mayor.br />
Artículo 6 - Derecho de desistimiento y devolución
6 - 1 Derecho de desistimientobr />No dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por correo electrónico a support@funutile.com, ya sea a través de su área de clientes en el
página cPóngase en contacto con nosotros) antes de ejercer su derecho de desistimiento para cualquier información que considere útil.br />El derecho de desistimiento se puede ejercer dentro de los 14 días posteriores a la recepción de su paquete.
Este período se extiende desde la recepción de los productos pedidos.
Cuando el período de 14 días expira un sábado, domingo o un día festivo o feriado, se extiende hasta el siguiente día hábil.
Recibirá un acuse de recibo por correo electrónico acusando recibo de su retiro. Los gastos de devolución son responsabilidad del Comprador.
En cEn el ejercicio del derecho de desistimiento, la empresa ALS Solutions realizará el reembolso a más tardar en
14 días después de la fecha en que el producto fue devuelto.
Los productos portátiles de la persona, como gafas de inmersión, auriculares bluetooth, ... no se pueden devolver ni intercambiar.
Se realizarán devoluciones:
En caso de pago con cheque: por cheque enviado al Comprador.
En caso de pago con tarjeta de crédito: mediante crédito en la misma tarjeta de crédito.
En caso de pago por PayPal: por re-crédito en la misma cuenta Pay Pal
en caso de transferencia bancaria: mediante cheque si el comprador permanece en Francia o por Pay Pal si el comprador permanece en el extranjero.
Clientes comerciales (BtoB):
De acuerdo con el Código de Comunicaciones.erce, los clientes profesionales no se benefician de un período de retiro.
6 - 2 Condiciones de devolución en ejercicio del derecho de desistimiento.
Con el fin de facilitar el procesamiento de su devolución, le agradecemos amablemente que acompañe su devolución del doble de la factura.
Al regresar, le recomendamos que empaque en exceso el empaque original de sus productos, ya que no
podrá devolver, reembolsar o cambiar que los productos devueltos en su totalidad (embalaje, cables,
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Su embalaje original. El conjunto debe estar intacto y en un estado que haga posible la reventa del producto adquirido.
De lo contrario, ALS Solutions tendrá derecho a aplicar un descuento en el producto devuelto. En caso de que el producto haya llegado sin embalaje y / o
endomutilizado y / o utilizado más allá del derecho de prueba del comprador. ALS Solutions se reserva el derecho de devolver el producto en el estado al comprador, a expensas del mismo.
Es responsabilidad del cliente gestionar cualquier disputa relacionada con la devolución (rotura, pérdida) del transportista que ha elegido porque es el remitente.
6 - 3 Devoluciones como parte del servicio postventa
Con el fin de garantizarle el mejor tratamiento de la devolución, la efectividad del diagnóstico y la rapidez de intervención de los fabricantes.icantes, una solicitud de
la devolución debe hacerse directamente e indicando los motivos por correo electrónico a support@funutile.com, ya sea a través de su área de clientes en la página, contáctenos.
El número de devolución de SAV se debe indicar en el paquete en el paquete, acompañado de una copia del albarán de entrega o la factura -
que constituyen una garantía, así como las razones de la devolución.
Los productos deben ser devueltos a Colissimo France. Las devoluciones de otros transportistas pueden no ser aceptadas por nuestro servicio de recepción.
Es responsabilidad del cliente gestionar cualquier disputa relacionada con la devolución (interrupción durante el transporte, pérdida) con la Oficina de correos.
6 - 4 Restricción a la derecha de retracción
De conformidad con el artículo. L. 121-21-8 del Código del Consumidor, el derecho de desistimiento no se puede ejercer para los contratos:
1° Suministro de bienes hechos a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados (en particular computadoras)
monteDe acuerdo a las necesidades del cliente.br />2 ° El suministro de bienes puede deteriorarse o caducar rápidamente;
3 ° Suministro de bienes que no han sido sellados por el consumidor después de la entrega y que no pueden devolverse por razones de higiene.
oprotección de la salud (esta información está disponible en las hojas de producto correspondientes).
4 °Proporcionar grabaciones de audio o video o software de computadoracuando hayan sido desellados por el consumidor después de la entrega;
5 ° Suministro de contenido digital que no se proporciona en un medio físico cuyo rendimiento ha comenzado después del consentimiento previo expreso del consumidor
yExención expresa de su derecho de desistimiento.
7- 1 Alcance de estas condiciones.
Si una o más estipulaciones de las presentes condiciones generales se consideran inválidas o declaradas como tales por la ley,
de un reglamento o después de una decisión final de un tribunal competente, las otras estipulaciones conservarán toda su fuerza y alcance.
7- 2 Caso de fuerza mayor
Se consideran evento fortuito o fuerza mayor exonerados de todos los hechos o circunstancias irresistibles, impredecibles e independientes de la voluntad de las partes.
daEn tales circunstancias, se prefiere una conciliación para examinar el impacto del evento y acordar las condiciones bajo las cuales se continuará el cumplimiento del contrato.
8- 1 El comprador se beneficia de la garantía legal de defectos ocultos y conformidad que se aplicará de acuerdo con la ley.
8- 2 El equipo vendido por ALS Solutions está destinado a particulares. Como resultado, ALS Solutions no lo hace
no puede ser retenidoresponsable de las consecuencias directas o indirectas del uso del equipo en el curso de una actividad profesional.
8- 3 La garantía no cubre el desgaste normal de un producto o la rotura resultante de su uso. ¡No se aplica!
nes más la reparación del daño resultante de una causa externa al dispositivo (por ejemplo, un accidente, una descarga, el!
relámpagouna tormenta, la presencia de agua (y, en general, todos los cuerpos extraños al dispositivo, una fluctuación de la corriente ,!
unaoxidación ...), una instalación o una conexión que no cumple con las especificaciones o prescripciones del fabricante ,!
de un uEs perjudicial para la correcta conservación del aparato, el uso profesional, el uso de
SRPDispositivos, accesorios o consumibles no adecuados, o dispositivos desmontados o modificados.
8- 4 Se informa al comprador que ALS Solutions no es el productor de los productos comercializados en www.funutile.com.
en el sentido de la Ley 98-389 relativa a la responsabilidad por productos defectuosos.
En consecuencia, solo el productor, y no ALS Solutions, podría ser responsable por el daño causado por un
Defecto del producto. Esta responsabilidad del productor se aplica a la reparación de daños resultantes de una infracción.
a la persona oa un bien distinto del producto defectuosoIncluso de conformidad con los artículos 1386-1 y siguientes del Código Civil.
8- 5 Para un mejor manejo de los artículos de garantía, especialmente dada la mayor disponibilidad
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Artículo 6


text:
Fiscalidad local - Núm. 2-2011, Marzo 2011 - Nueva Fiscalidad - Libros y Revistas - VLEX 330523834
(Impuesto sobre Bienes Inmuebles).
Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda (BOE de 12-2-2011).
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE de 5-3-2011).
Artículo 36: Incumplimiento por las Entidades locales de la obligación de remitir la información relativa a la liquidación de sus presupuestos a la Administración General del Estado.
Artículo 42: Reforma del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
"Se modifica la letra i) del artículo 20.4 con el siguiente contenido: «i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos, así como por la realización de la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control previo.»".
Disposición Adicional Octava: Evaluación de la normativa existente sobre licencias locales de actividad:
"1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno evaluará la existencia de razones incluidas en el nuevo art. 84 bis de la Ley de Bases de Régimen Local en las previsiones existentes sobre licencias locales de actividad. De acuerdo con los resultados de dicha evaluación, el Gobierno presentará en el mismo plazo un proyecto de ley de modificación de las normas en las que no concurran las razones citadas, eliminando la correspondiente exigencia de licencia, sin perjuicio de su sustitución por otras formas de verificación y control administrativo. Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, en un plazo de doce meses tras la entrada en vigor de la presente ley y en el ámbito de sus competencias, adaptarán
igualmente su normativa a lo previsto en el citado artículo de la Ley de Bases de Régimen Local.
Los Municipios deberán adoptar un acuerdo que dé publicidad a los procedimientos en los que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 84.bis de la Ley de Bases de Régimen Local, subsiste el régimen de sometimiento a la licencia local de actividad, manteniendo dicha relación adecuada a la normativa vigente en cada momento".
Si es posible la división de la liquidación del Impuesto entre los titulares del inmueble y qué condiciones se deben dar para que sea factible. Si no es posible la división, cómo debe actuar y cuáles son sus derechos para estar debidamente informada sobre sus obligaciones como contribuyente relacionadas con el bien inmueble y cómo debe cumplirlas. Consulta Vinculante de la DGT de 17-12-2010.
"(...) en el caso de que dos o más personas físicas sean titulares pro indiviso de un bien inmueble, pueden optar por constituir una comunidad de bienes que, como entidad del artículo 35.4 de la LGT, será titular del derecho de propiedad sobre el inmueble y, por tanto, sujeto pasivo, a título de contribuyente, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; o bien, pueden, simplemente, compartir el derecho de propiedad sobre el bien inmueble, sin constituir ningún tipo de entidad. En este último caso, todos los copropietarios del bien serán los sujetos pasivos del IBI, quedando obligados solidariamente frente a la Administración tributaria.
De lo expuesto en el escrito de consulta, parece desprenderse que se trata del segundo de los casos anteriormente expuestos, es decir, cuatro personas son titulares pro indiviso de un bien inmueble, sin constituir una entidad diferente a los mismos a la que hayan aportado dicho bien.
Todos y cada uno de los cuatro cotitulares del derecho de propiedad sobre el bien inmueble ostentan la condición de sujeto pasivo, a título de contribuyente, del IBI, en virtud de lo dispuesto en los artículos 61 y 63 del TRLRHL, antes transcritos.
Existe un único hecho imponible, quedando gravada la titularidad del derecho de propiedad sobre el inmueble, a falta de los otros tres
derechos establecidos con orden de prelación anterior en el artículo 61.1 del TRLRHL (derecho de concesión administrativa, derecho real de superficie, derecho real de usufructo)
Por tanto, en el caso objeto de consulta, se podrá solicitar por los cuatro contribuyentes del IBI la división de la liquidación del impuesto, debiendo facilitar para ello los datos personales y el domicilio de los cuatro obligados al pago, así como su cuota de propiedad sobre el inmueble.
El IBI se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General de Catastro (artículo 77.5 del TRLRHL), cuyos datos deben figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del IBI. Dichos datos, de conformidad con el artículo 70.2.a) del Reglamento que desarrolla el TRLCI, aprobado por el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, son "la referencia catastral del inmueble, su valor catastral y el titular catastral que deba tener la consideración de sujeto pasivo en dicho impuesto".
Si los cuatro copropietarios del bien constan en el Catastro Inmobiliario como titulares catastrales del inmueble, correctamente identificados y con la cuota de propiedad de cada uno de ellos, estos datos deben figurar en el padrón catastral en su condición de titulares catastrales que tienen la consideración de sujetos pasivos del IBI, teniendo derecho a solicitar la división de la liquidación del impuesto.
En cuanto a los derechos de información, cada uno de los cotitulares del derecho de propiedad sobre el bien inmueble, como obligado
tributario, tiene derecho, entre otros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la LGT, a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte (...)".
El consultante desea saber si el epígrafe 501.3 de las Tarifas del Impuesto comprende la realización de los trabajos referidos anteriormente, electricidad, fontanería y pintura, o, por el contrario, para su realización debe darse de alta en las rúbricas específicas de instalaciones y...

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Resolución
Artículo 36
Artículo 42
Real Decreto
artículo 20
artículo 84
artículo 35
artículo 61
artículo 70
Real Decreto
artículo 34


text:
El Peruano - Autorizan Transferencia Financiera del Programa Educación Básica para Todos a favor de la Universidad Nacional de Ingeniería, para financiar transferencia financiera en el marco del Convenio N° 438-2017-MINEDU - RESOLUCION MINISTERIAL - N° 501-2017-MINEDU - PODER EJECUTIVO - EDUCACION
N° 501-2017-minedu
Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, mediante Resolución Ministerial Nº 676-2016-MINEDU, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pliego 010: Ministerio de Educación, por la suma de S/ 12 477 963 653,00 (DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 00/100 SOLES) por toda Fuente de Financiamiento;
Que, la Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, autoriza a las entidades del Gobierno Nacional, durante el Año Fiscal 2017, la realización, de manera excepcional, de transferencias financieras para cubrir los costos realizados por las entidades públicas con las cuales suscriban convenios de colaboración interinstitucional, en el marco de lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para los procesos de formación, capacitación y evaluación en materia educativa, y de capacitación en competencias básicas y transversales para el empleo; asimismo, establece que las transferencias financieras autorizadas se aprueban mediante resolución del titular del Pliego, previo informe favorable de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad del Gobierno Nacional que transfiere los recursos. La resolución del titular del pliego se publica en el diario oficial El Peruano;
Que, con fecha 26 de mayo de 2017, el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Ingeniería–UNI, suscribieron el Convenio N° 438-2017-MINEDU, en el marco de lo dispuesto por la Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, con el objeto que las partes ejecuten los actos necesarios y suficientes para la elaboración de temarios, matrices e ítem de evaluación para ampliar el banco de ítems de la forma educativa de Educación Técnico Productiva, los cuales serán utilizados en los diversos concursos y evaluaciones docentes previstas en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial; estableciéndose además, que el Ministerio de Educación transferirá a favor de la UNI el monto de S/ 1 041 700,00 (UN MILLON CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES), suma que cubre los costos y gastos administrativos efectivamente realizados por la UNI para el cumplimiento del objeto del Convenio bajo comentario;
Que, de conformidad con lo establecido en el numeral VI. TRANSFERENCIAS A REALIZAR del Anexo A TERMINOS DE REFERENCIA del Convenio N° 438-2017-MINEDU a la conformidad del Informe 3 corresponde efectuar la transferencia del cuarenta por ciento (40%) del monto al que se hace referencia en el considerando precedente;
Que, con Memorándum N° 2102-2017-MINEDU/VMGP-DIGEDD e Informe Técnico N° 009-2017-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED, la Dirección General de Desarrollo Docente otorga conformidad al Informe 3 presentado por la UNI, y solicita se efectúe una Transferencia Financiera hasta por el monto S/ 416 680,00 (CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES), para financiar la segunda transferencia del Convenio N° 438-2017-MINEDU conforme a lo establecido en el numeral VI. TRANSFERENCIAS A REALIZAR del Anexo A TERMINOS DE REFERENCIA del referido Convenio;
Que, a través del Informe N° 604-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la Secretaría de Planificación Estratégica emite opinión favorable a la Transferencia Financiera a efectuarse a favor de la UNI y señala que en el presupuesto institucional del Pliego 010: Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora 026: Programa Educación Básica para Todos, en la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, se cuenta con recursos disponibles para financiar la citada Transferencia;
Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar una Transferencia Financiera hasta por la suma de S/ 416 680,00 (CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES), para financiar la segunda transferencia del Convenio N° 438-2017-MINEDU;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2017; el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la Ley N° 26510; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y, la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada por Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01;
Artículo 1. Autorizar una Transferencia Financiera del Pliego 010: Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora 026: Programa Educación Básica para Todos, hasta por la suma de S/ 416 680,00 (CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) por la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, a favor del Pliego 514: Universidad Nacional de Ingeniería, para financiar la segunda Transferencia Financiera en el marco del Convenio N° 438-2017-MINEDU suscrito entre el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Ingeniería–UNI.
Artículo 3. La Dirección de Evaluación Docente de la Dirección General de Desarrollo Docente, en el ámbito de su competencias, es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines, metas físicas y financieras para los cuales se realiza la presente transferencia en el marco de lo dispuesto en el Convenio N° 438-2017-MINEDU.
1565311-1

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Artículo 3


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"Una reflexión sobre la Constitución Española y sobre las Elecciones Generales del 20 de diciembre", por... Eduardo Navarro | TJD
"Una reflexión sobre la Constitución Española y sobre las Elecciones Generales del 20 de diciembre", por... Eduardo Navarro
Ayer, 6 de diciembre de 2015, se cumplía el 37º Aniversario de la Constitución de 1978, curiosamente se producía dentro de la campaña electoral, con las Elecciones Generales en un soplo, es por ello que tengo esta modesta reflexión, nos queda tanto camino que recorrer.
Nuestro marco de convivencia, como se haya regulado nuestro estado constitucional, nos remite a la citada Constitución de 1978, que es la que está en vigor en nuestro país.
Nuestra Constitución ha recibido tan sólo dos modificaciones, durante estos 37 años, la primera en 1992, por motivo de la firma del Tratado de Maastrish, relacionado con ser elector y elegible los ciudadanos europeos en las elecciones municipales, la última por motivos económicos y financieros, en septiembre de 2011. La Constitución cuenta con dos procedimientos para la Reforma, para poder modificar el Título I, el que regula los Derechos, debe de realizarse por el procedimiento agravado, que hace que la Reforma sea de mucha complejidad.
En 1978, en un contexto concreto de nuestro país, en plena transición democrática, fuera de la Unión Europea, resulta obvio que fue un hito sin precedentes, la Constitución del Consenso, incluido lo referido en el Título I, De los Derechos y Deberes Fundamentales. Más de tres décadas más tarde, después de la intensa crisis, desde muchos sectores de nuestro país se critica abiertamente la falta de participación ciudadana, la percepción de que no existe una adecuada división de poderes, donde el poder político es excesivo, y también la necesidad de adaptarse al marco de derechos fundamentales de carácter internacional, también por la percepción explícita de la desconstrucción de los derechos sociales de los últimos años.
La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, contiene derechos que no se encuentran en el Título Primero de nuestra Carta Magna, entrado el siglo XXI, también como miembros de derecho de la Unión Europea, los ciudadanos españoles, nos podemos sentir desorientados, sobre como se interpreta los Tratados, a través del precepto del artículo 10.2, así como del artículo 96.1, obliga jurídicamente a su reforma, tras la ratificación del Tratado de Lisboa, ya que el mismo Tribunal Constitucional de España ha manifestado con rotundidad la no inclusión de nuevos derechos. Veamos algunos de los nuevos derechos que se encuentran, o no se infieren ni siquiera, que se encuentran en la Carta europea y no así en la Constitución del 78.
En la Carta, en su Artículo 3, se hace referencia a la integridad psíquica, también al marco de la medicina y la biología, aspectos como la clonación o la eugenesia que no aparece en nuestro texto constitucional.
Tampoco lo hace con los Derechos del niño, artículo 24, aunque en el artículo 39 lo haga con respecto a las familias, en la Carta europea lo hace con la consideración del interés superior del menor, teniendo presente la Convención de la ONU de 1989. De la misma forma se puede decir del artículo 26, sobre la integración de las personas discapacitadas, en nuestra Constitución, en su artículo 49, lo hace haciendo referencia a disminuidos, no a personas con discapacidad.
O la protección a la libre circulación y residencia, así como la protección diplomática y consular de los ciudadanos UE, tanto con respecto a las fronteras internas, como externas.
En general la exposición de derechos de la Carta, aún cuando se refiere a los mismos derechos es más acorde en la actualidad. También parece importante reseñar que no está configurada en niveles de garantías distinta el conjunto de derechos que lo conforman, aunque siempre de forma respetuosa con los Estados miembros. En nuestra Constitución, sin embargo, hay unos derechos que tienen más protección que otros.
O, por otra parte, la injusticia que nos vemos sometidos los andaluces, con el impuesto de sucesiones y donaciones, donde se vulneran con meridiana claridad el principio de igualdad, mientras en Madrid o el País Vasco las herencias de padres a hijos prácticamente no tributan, en Andalucía o Extremadura es tan alto que incluso se los hijos se ven obligados a vender sus propios bienes de la herencia para poder pagarlos. Donde queda el Artículo 149.1, en su punto primero, que establece entre las competencias del Estado: “La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales”
Por otra parte, no debemos olvidar que nos situamos en un marco globalizador, con una referencia explícita al espíritu de Eleanor Roosevelt y el resto de miembros de la Comisión de los Derechos Humanos, que integraron el Comité de Redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración que ha inspirado más de 80 declaraciones y tratados internacionales, que constituyen o “debieran” constituir un sistema amplio jurídicamente vinculante para la promoción y protección de los derechos humanos.
La idea, que no la entiendo como una utopía, sino desde un sentido más práctico, del significado del concepto de derechos humanos como un concepto inacabado, en permanente construcción, por lo tanto a la hora de convertirlo en derecho positivo, como derechos fundamentales en el marco de un Estado constitucional, se entiende que la configuración de nuestro Estado, que la forma de entender y, quizás más importante, de cómo se lleva a cabo, porque a pesar del exquisito sustento teórico, no ocurre así en la realidad, por lo tanto la configuración de los derechos fundamentales debieran servir para que los gobiernos se comprometan a poner en práctica leyes y medidas compatibles con los deberes y obligaciones acorde e inherentes a esos tratados internacionales de derechos.
Desde mi modesta opinión de ciudadano, poner en práctica la regulación de nuestros derechos fundamentales, de forma rigurosa y actualizada a lo que se vive y lo que somos como sociedad en este momento, con la interpretación y en conformidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del resto de Declaraciones y Tratados, supone cambios legislativos y esas medidas concretas de una forma efectiva, con los medios que se puedan disponer, de forma realista y objetiva, con los necesarios controles democráticos, también de forma rigurosa, como uno de los deberes prioritarios para los poderes públicos y los ciudadanos, lo demás puede que ocasiones solamente sea papel escrito, perdiendo parte del valor real que le debe corresponder.
El 20-D es uno de esos momentos propicios para no solamente hablar de papel escrito, es un momento para la reflexión, no solamente con la vista puesta en el futuro, también para el presente, no nos quedemos en votar a lo menos malo, actuemos en consecuencia.
8 de diciembre de 2015 a las 9:13

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