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Sumilla Introducción 1. La libertad de pensamiento y expresión 1.1. Contenido y alcance del derecho 1.2. La posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión y la regla de la responsabilidad ulterior: la proporcionalidad de la sanción 1.3. La prohibición de toda censura previa 1.4. La prohibición de censura previa y la excepción contemplada en el artículo 13. 4 de la Convención 1.5. La prohibición de la censura indirecta 1.6. La «autocensura» 1.7. La prohibición del discurso del odio y la incitación o la apología de la violencia 2. La libertad de asociación 2.1. La libertad sindical 2.2. El carácter individual de la vulneración del derecho de la víctima 3. La libertad de reunión A manera de conclusiones Referencias
Coordinador de la Maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Exministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú.
Pensamiento Constitucional Año xvI N° 16 / ISSN 1027-6769
La Convención Americana de Derechos Humanos (o Pacto de San José) contempla, dentro de los derechos protegidos, a las libertades de pensamiento y expresión (artículo 13), de asociación (artículo 16) y de reunión (artículo 15). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que estas libertades son una trilogía que se constituye como pilar básico de sustento para la democracia, dado que permiten efectivizar la participación política plural de todos los grupos sociales en defensa de sus intereses1. Por ello ha interpretado que estas libertades, así como los derechos políticos, «son de importancia fundamental dentro del Sistema Interamericano por estar estrechamente interrelacionados para posibilitar, en conjunto, el juego democrático»2.
1. La libertad de pensamiento y expresión
1.1. Contenido y alcance del derecho
El artículo 13 de la Convención Americana señala que toda persona tiene derecho a «la libertad de pensamiento y de expresión» y añade que este derecho comprende «la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección». Por lo tanto, la Convención garantiza el derecho no solo de expresar el propio pensamiento, sino también de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Con ello se ha ampliado ostensiblemente el antiguo contenido de este derecho, que se concebía esencialmente vinculado a la libre comunicación del individuo de las propias ideas y expresiones. Atendiendo al contenido de este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que la libertad de expresión tiene un carácter y un alcance especiales, pues «cuando se restringe ilegalmente la libertad
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del Caso Manuel Cepeda contra Colombia, citando a la Corte Constitucional colombiana (Sentencia C-265 de 2 de junio de 1994) ha establecido que «en la medida en que las personas gozan de la libertad de pensamiento, deben también poder expresarlo, reunirse para manifestar sus convicciones (libertad de reunión) o asociarse para compartir sus creencias y difundirlas (libertad de asociación). Así, en el constitucionalismo y en la doctrina de los derechos humanos, las libertades de expresión, reunión y asociación forman una trilogía de libertades personales que se constituye, además, en prerrequisito de los derechos de participación política».
Caso Manuel Cepeda. Sentencia de 26 de mayo de 2010, párrafo 171.
Véase también: Olmedo Bustos y otros vs. «La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29. no sería admisible que «sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas.
Opinión Consultiva OC-5/85. entre otros pronunciamientos de la Corte IDH. Corte IDH. se ha afirmado que la libertad de expresión «es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos»6. la Convención está subrayando que: «la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles. un límite al derecho de expresarse libremente»5. Perú. y en la misma medida. se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de
Opinión Consultiva OC-5/85. apartado XIV. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia»7. en más de una ocasión la Corte IDH ha manifestado que: «la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir. Las libertades de pensamiento y expresión. Corte IDH. la libertad de expresión también comprende el derecho de todos «a conocer opiniones y noticias. Chile (caso «La última tentación de Cristo»). no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado. De otro lado.Francisco José Eguiguren Praeli. el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios»4. Dada la importancia de estas dos dimensiones. 6 de febrero de 2001. sino que comprende además. párrafo 32. por ejemplo. que hace referencia al derecho que tiene la colectividad de recibir información y conocer la expresión del pensamiento ajeno. cuando se proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas por cualquier procedimiento. En efecto. sino también el derecho de todos a “recibir” informaciones e ideas»3. de asociación y reunión
de expresión de un individuo. con relación a su dimensión social. que alude al derecho que tiene cada individuo de manifestar informaciones e ideas por cualquier medio que sea apropiado para su difusión. y una social. con lo cual. Opinión Consultiva OC-5/85. párrafo 32. de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente. apartado VIII. Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sobre la dimensión individual de este derecho. la Corte IDH ha puesto especial énfasis en la necesidad de que sean garantizadas simultáneamente. «La colegiación obligatoria de periodistas». Opinión Consultiva OC-5/85. se ha interpretado que la libertad de expresión tiene dos dimensiones: una individual. Ivcher Bronstein vs. de 13 de noviembre de 1985. «La colegiación obligatoria de periodistas». Por este motivo.
. «La colegiación obligatoria de periodistas». inseparablemente. párrafo 30. párrafo 147. párrafo 65. párrafo 31. 5 de febrero de 2001. En ese sentido.
Entonces. por tanto. otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo. párrafo 74. si bien en otras profesiones (como la abogacía y la medicina) la colegiación obligatoria podría justificarse por razones de orden público. de fecha 13 de noviembre de 1985. «una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre»10. y la profesión de periodista implica necesariamente el desarrollo de dichas actividades. En palabras de la Corte. además de aludir a la doble dimensión (individual y social) de la libertad de expresión. «La colegiación obligatoria de periodistas». La primera vez que la Corte IDH tuvo ocasión de pronunciarse sobre el contenido y alcance del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. la Corte IDH evidenció que una ley de colegiación obligatoria de los periodistas planteaba un problema fundamental. pues el artículo 13 de la Convención protege expresamente la libertad de buscar. El ejercicio profesional del periodismo. etcétera. Opinión Consultiva OC-5/85. Opinión Consultiva OC-5/85. ambas cosas están evidentemente imbricadas. puedan desarrollarse plenamente en la sociedad. pues este implica el desarrollo de actividades específicamente garantizadas por la Convención. Del mismo modo. no ocurre lo mismo en el caso del periodismo. párrafo 70. «no puede ser diferenciado de la libertad de expresión. Opinión Consultiva OC-5/85. fue con motivo de la Opinión Consultiva OC-5/85. ni puede ser. «La colegiación obligatoria de periodistas». «La colegiación obligatoria de periodistas». las cuales podrían verse limitadas de modo permanente en perjuicio de los no colegiados. con relación a la colegiación obligatoria de los periodistas solicitada por el Gobierno de Costa Rica. estable y remunerado»11. pues el periodista profesional no es.. la Corte se refirió a este derecho como un elemento central para la existencia de una sociedad democrática. recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.] no es compatible con la Convención una ley de colegiación de periodistas que impida el ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros del colegio y limite
Opinión Consultiva OC-5/85. sociedades.90
comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista»8. por hacer posible la formación de la opinión pública y ser una condición indispensable para que los partidos políticos. El siguiente fragmento sintetiza la conclusión a la que arribó la Corte:
[. «La colegiación obligatoria de periodistas». párrafo 33. párrafo 33. En su pronunciamiento. por el contrario. sindicatos.
.. En este orden de ideas. «no sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor»9.
Claude Reyes y otros vs. en consecuencia. Chile. 19 de setiembre de 2006. apartado VII. dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla. protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado. párrafo 81. Chile. Otro pronunciamiento relevante. 19 de setiembre de 2006. Claude Reyes y otros vs.. de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto13. si con ella se pretendía impedir que cualquier persona pudiera emplear los medios de comunicación social para expresarse o transmitir informaciones e ideas.
. «La colegiación obligatoria de periodistas».Francisco José Eguiguren Praeli. salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Una ley semejante contendría restricciones a la libertad de expresión no autorizadas por el artículo 13. Las libertades de pensamiento y expresión. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla. párrafo 77. la Corte reconoció que el acceso a la información pública es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión:
[. resuelto el 19 de setiembre de 2006. con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. de asociación y reunión
el acceso a éste a los graduados en una determinada carrera universitaria. además. Chile.
Opinión Consultiva OC-5/85.] la Corte estima que el artículo 13 de la Convención.
Este pronunciamiento es importante porque se trata de la primera vez que un tribunal internacional reconoce el carácter fundamental del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado (véase CIDH 2007a: 31). Consecuentemente. desde el punto de vista del contenido y alcance de este derecho. la Corte IDH consideró que la colegiación obligatoria de los periodistas no era compatible con la Convención.. Corte IDH. párrafo 77.2 de la Convención y sería. como del derecho de la colectividad en general a recibir información sin trabas12. La Corte IDH precisó. Corte IDH. que la información debe ser entregada «sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal. apartado VII. violatoria tanto del derecho de toda persona a buscar y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de su elección. En él. fue el caso Claude Reyes y otros vs. al estipular expresamente los derechos a «buscar» y a «recibir» «informaciones». acceder a ella y valorarla»14.
denunciaban haber sufrido reiteradamente agresiones de partidarios del gobierno. Sin embargo.. las cuales deben ser garantizadas por el Estado simultáneamente.
La Corte señaló que a pesar de que las víctimas habían recibido medidas provisionales para su protección. El disenso y las diferencias de opinión e ideas son consustanciales al pluralismo que debe regir en una sociedad democrática. expresadas en ataques o puesta en riesgo de su integridad
. así como. este último —al igual que el primero— contiene de manera clara dos dimensiones. una individual y una social. La Corte ha resaltado también el deber que tiene un Estado de garantizar el libre ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión.. favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar. entidad que había apoyado el golpe de estado contra el presidente Chávez. Por tanto. medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación. El Estado venezolano sostenía que eran las propias declaraciones y expresiones de los denunciantes las que los ponían en riesgo. investigar hechos que los perjudiquen.
[. ello no justificaría el incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos. Fue con ocasión del caso Ríos y otros contra Venezuela (sentencia de enero 2009). pues contenían ataques al gobierno y sus partidarios e incitaban al odio. el Estado no había hecho lo necesario para garantizar su situación. Por tanto. la Corte señaló que:
Aún si fuese cierto que RCTV o su personal han cometido los actos que el Estado les imputa. de proteger la integridad de quienes la ejercen y de investigar y sancionar los actos que se produzcan en su contra.] el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie. es posible que el derecho se vea ilegítimamente restringido por acciones normativas o administrativas del Estado así como por el accionar de particulares. y manifestó que:
[. estimule.] el conjunto de hechos probados conformaron formas de obstrucción.. donde diversos trabajadores de la empresa Radio Caracas Televisión (RCTV).. lo que provocaban reacciones de personas particulares. obstaculización y amedrentamiento para el ejercicio de las labores periodísticas de las presuntas víctimas. en su caso.92
Al establecerse que el derecho a la libertad de expresión comprende también la protección del derecho de acceso a la información pública. cuando sea pertinente.
La Corte agregó que para el ejercicio de la libertad de expresión se necesita la existencia de condiciones jurídicas y sociales que lo favorezcan.
por ende. sentencia del 2 de julio de 2004. de censura previa. constituyeron faltas a las obligaciones estatales de prevenir e investigar los hechos. Sobre la aplicación como regla de la responsabilidad ulterior. la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión exige que estas estén previstas en la ley y solo se aplican por determinadas causales. 1. 3) deben ser necesarias en una sociedad democrática»15. directos o indirectos.. para poder determinar responsabilidades ulteriores se deben cumplir los siguientes tres requisitos: «1) deben estar expresamente fijadas por la ley.
Por tanto. y. dependerá
Herrera Ulloa vs. siempre bajo el principio de responsabilidades ulteriores y no a través de mecanismos.] la “necesidad” y. Corte IDH. o la protección de la seguridad nacional. que señala lo siguiente:
El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente [se refiere al artículo 13. 2) deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás. La posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión y la regla de la responsabilidad ulterior: la proporcionalidad de la sanción
La Convención admite la posibilidad de establecer ciertas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión pues este. como cualquier otro derecho.2 de la Convención. asumiendo luego la responsabilidad que de ello se derive. Sobre los requisitos enunciados. que en los contextos de los referidos pronunciamientos de altos funcionarios públicos y de omisión de las autoridades estatales en su deber de debida diligencia en las investigaciones.Francisco José Eguiguren Praeli. párrafo 120.2. Entonces. el orden público o la salud o moral pública. para que dichas restricciones sean consideradas legítimas. de asociación y reunión
personal. la Corte ha expresado lo siguiente: «[. deberán insertarse dentro de los requerimientos del artículo 13.1] no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores. la Corte ha señalado que esta responsabilidad no debe limitar el derecho a la libertad de expresión más allá de lo estrictamente necesario.. apartado X. Sin embargo. la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13. no puede tener alcances absolutos.2 de la Convención Americana. Las libertades de pensamiento y expresión. el orden público o la salud o la moral públicas. que garantiza la libre expresión y difusión de las ideas e información sin interferencias. Costa Rica. las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. o b) la protección de la seguridad nacional.
] no es suficiente que se demuestre. pues se imponía a un periodista la carga de probar la veracidad de informaciones difundidas por publicaciones extranjeras.. párrafo 121. dicha exigencia —que se desprendía de la sentencia condenatoria— conllevaba una
Herrera Ulloa vs. esta exigencia entrañaba una limitación excesiva a la libertad de expresión. párrafo 123. Un ejemplo de aplicación de los criterios mencionados. párrafo 46. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Costa Rica. En este mismo sentido. que la ley cumple un propósito útil u oportuno. el señor Herrera fue sometido a un proceso penal que concluyó con una sentencia condenatoria.
«La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
[. Costa Rica (sentencia de fecha 2 de julio de 2004) que se originó debido a que el periodista costarricense Mauricio Herrera Ulloa reprodujo parcialmente información publicada en los medios de prensa belgas respecto del diplomático Félix Przedborski —representante del Estado de Costa Rica ante la Organización de Energía Atómica en Austria— por presuntas actividades ilícitas. interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión»18. apartado X. por su importancia. esta fue desechada por el juzgador porque no había logrado probar la veracidad de los hechos atribuidos al señor Przedborski por los medidos de prensa europeos. cuanto existan varias opciones para alcanzar dicho objetivo. para que el derecho garantizado por el artículo 13 de la Convención pueda ser restringido de manera legítima.
Herrera Ulloa vs. Corte IDH. Costa Rica. «la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo. véase también: «La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). apartado X. Corte IDH. Como consecuencia de dicha publicación. Para la Corte. Si bien durante el proceso el periodista invocó a su favor la exceptio veritatis. Atendiendo a dicho estándar. sentencia del 2 de julio de 2004. para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que. lo constituye el caso Herrera Ulloa vs. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. debe escogerse aquella que restrinja en menor medida el derecho protegido. 2 de julio de 2004.94
de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo»16.
. preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 1317. párrafo 46. En opinión de la Corte. Por tanto. por ejemplo.
quedó acreditado que el director del Centro Penal de Tela. párrafo 133. Esto es relevante porque. Al momento de evaluar la legitimidad de dicha restricción. sentencia del 1 de febrero de 2006.
Por tanto. es el caso López Álvarez vs. Honduras. López Álvarez vs.
Véase López Álvarez vs. La Corte también se ha pronunciado. Corte IDH. y que además de lesionar la individualidad del detenido. Costa Rica. no obedecía a condiciones de seguridad o a necesidades de tratamiento22. Honduras. no concede al Estado en el ejercicio de su facultad de punir. Honduras..] la observancia de reglas en el trato colectivo de los detenidos dentro de un centro penal. atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen la profesión de periodista. se había aplicado una restricción al ejercicio de su libertad de expresión incompatible con la Convención Americana24. prohibió a la población garífuna de dicho penal hablar en su idioma materno. sobre la proporcionalidad que debe tener la sanción judicial impuesta como responsabilidad ulterior. Honduras20. Corte IDH. en Honduras. la Corte concluyó que al prohibir al señor López Álvarez expresarse en el idioma de su elección. Honduras. Corte IDH.
Véase López Álvarez vs. No debe olvidarse que la información reproducida por el periodista Herrera Ulloa estaba vinculada directamente con la conducta de un funcionario público que representaba a su país en el extranjero. párrafo 168. sentencia del 1 de febrero de 2006. la potestad de limitar de forma injustificada la libertad de las personas de expresarse por cualquier medio y en el idioma que elijan23. lo que. 2 de julio de 2004. Otro pronunciamiento de la Corte que resulta relevante sobre las restricciones al derecho garantizado por el artículo 13 de la Convención. puesto que su idioma materno representaba un elemento de su identidad como miembro de la comunidad garífuna. de asociación y reunión
restricción incompatible con el artículo 13 de la Convención porque producía «un efecto disuasivo. Corte IDH. apartado XI. en especial para evitar que esta se convierta en un mecanismo que
Herrera Ulloa vs. López Álvarez vs. sentencia del 1 de febrero de 2006. Corte IDH. impide el debate público sobre temas de interés de la sociedad»19. apartado X.
[.Francisco José Eguiguren Praeli. Las libertades de pensamiento y expresión.
. párrafo 164. párrafo 166.
Cabe señalar que la Corte también consideró que se había practicado un acto discriminatorio en contra del señor López Álvarez. De acuerdo a la sentencia. pues se impedía a los reclusos utilizar el idioma de su elección para expresar su pensamiento21. lo cual —en opinión de la Corte— constituía una restricción a la libertad de expresión. a su vez.. en otros casos más recientes. sentencia del 1 de febrero de 2006. la Corte IDH detectó que esta medida no había sido justificada por el Estado.
A propósito de los hechos del caso. más aún cuando está dirigida a la conducta de funcionarios en asuntos de interés nacional. donde afirma que los jueces actuaron con complacencia y hasta complicidad al no sancionar tales delitos. la normativa penal vigente. sobre calumnia e injuria. por lo que recomendó su modificación legislativa para adecuarse a la Convención. y la imposición de sanciones desproporcionadas. en ejercicio de la libertad de expresión. la Corte analizó la condena penal. más aún si se ha expresado en términos razonables. de prisión y pago de indemnización. que debían subsanarse. la aplicación de una sanción penal debe reservarse para conductas particularmente graves de quien emite una opinión o crítica. dictada en enero de 2009. en casos de interés público. A raíz de ello. en este caso concreto. la Corte afirmó que si bien el derecho al honor debe ser protegido. De lo contrario. conforme había reconocido el propio Estado argentino. En este sentido. deben cumplir rigurosamente en su formulación los requisitos de precisa tipificación de las conductas calificadas como ilícitas. que le impuso la pena de un año de prisión y el pago de una indemnización pecuniaria. envían un mensaje negativo que desalienta su libre ejercicio. aplicada a un periodista e historiador por lo expresado en su libro. adolecía de serias vaguedades e imprecisiones. La Corte IDH también expresó que. En la sentencia del caso Santander Tristán Donoso contra Panamá. obteniendo una condena penal contra el periodista. un juez querelló a Kimel por calumnia. una copia del contenido de la misma fue remitida por la dependencia de prensa y
. aspecto esencial en una sociedad libre y democrática. en una sociedad democrática. la penalización de esta crítica. el abogado Tristán Donoso fue objeto de una interceptación y grabación de la conversación telefónica que sostuvo con un patrocinado. En el caso Eduardo Kimel contra Argentina (sentencia de mayo 2008). donde investiga y critica la actuación de la judicatura argentina en el esclarecimiento de crímenes cometidos durante la dictadura militar. lo que los enfrenta a un mayor nivel de crítica que debe ser aceptada en forma tolerante. Por ello. los funcionarios públicos y autoridades se encuentran sometidos a un mayor grado de escrutinio y vigilancia de su actuación por parte de la opinión pública. lo que resulta fundamental para la transparencia y el control de la opinión pública en una sociedad democrática. en relación al asesinato de un grupo de religiosos. por el temor a sufrir sanciones que afectan la libertad personal o de índole patrimonial. la Corte señaló que las normas penales que sancionan la infracción del honor.96
desaliente o limite gravemente la labor informativa o de crítica a la actuación de funcionarios públicos.
la Corte IDH señaló que si bien el abogado querellado no había probado que la interceptación y grabación de su comunicación telefónica hubiera sido ordenada por el Procurador General. así como al pago de una indemnización civil por daño material y moral. Como consecuencia de las declaraciones emitidas en dicho programa de televisión. un general en situación de retiro y exministro de Finanzas. debía tenerse en cuenta el interés público de sus afirmaciones debido a que la atribución del Procurador para disponer estas interceptaciones era objeto de debate en el país y la gestión de dicho funcionario objeto de cuestionamiento por diversas altas autoridades estatales. la Corte se pronunció sobre la proporcionalidad de la sanción penal impuesta a la víctima. asimismo. el señor Usón Ramírez explicó cómo funcionaba un lanzallamas y los procedimientos que se necesitaban en la Fuerza Armada para utilizarlo. las cuales injuriaban y ofendían a la Fuerza Armada Nacional. la situación sería muy grave. Asimismo. de asociación y reunión
divulgación el Ministerio Público al Arzobispo de Panamá (con quien el letrado tenía vinculación) y a la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Las libertades de pensamiento y expresión. A raíz de una conferencia de prensa del abogado Tristán Donoso.
. En el programa. La sentencia penal definitiva condenó a Tristán Donoso a 18 meses de prisión y de inhabilitación para el desempeño de función pública. donde responsabilizaba al Procurador General de haber ordenado la ilegal interceptación y grabación de la comunicación telefónica. sosteniendo que la grabación evidenciaba una confabulación destinada a desestabilizar a la Procuradoría General de la Nación. el señor Usón Ramírez fue juzgado y condenado a cumplir la pena de cinco años y seis meses de prisión por el delito de injuria contra la Fuerza Armada Nacional pues —de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Militar— habría usado expresiones abusivas. en donde ocurrió un incendio en una celda.Francisco José Eguiguren Praeli. que luego se apartó del gobierno por discrepancias. Al analizar la necesidad de las medidas impuestas como sanción por responsabilidad ulterior. De allí que la Corte consideró que la sanción de condena penal resultaba manifiestamente innecesaria para la protección del honor y violatoria de la libertad de pensamiento y expresión. el Procurador interpuso en su contra una denuncia penal por calumnia e injuria. señalando además que si la hipótesis de la periodista fuera cierta. que una reparación civil muy elevada podía propiciar la autocensura de los críticos a la actuación de un servidor público. En mayo de 2004 el señor Usón Ramírez fue invitado a participar en un programa de televisión en el que se abordó la hipótesis planteada por una periodista sobre la supuesta utilización de un «lanzallamas» como medio de castigo en contra de unos soldados en el Fuerte Mara. en el caso Francisco Usón Ramírez contra Venezuela.
No obstante. evaluó la necesidad de asegurar la protección del derecho al honor y reputación de las Fuerzas Armadas mediante la determinación de responsabilidades ulteriores al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. en términos generales. «incluso si se trata supuestamente de prevenir por ese medio un abuso eventual de la libertad de expresión. sin embargo. en sentencia de noviembre de 2009.3. la norma penal militar era excesivamente vaga y ambigua. no se trataba de una medida idónea puesto que. el Tribunal Militar señaló que este delito atentaba contra la seguridad de la Nación. sobre todo teniendo en consideración que el señor Usón Ramírez se había limitado a expresar una opinión. Respecto de la necesidad de la medida. el ejercicio del poder punitivo del Estado resultaba ser abusivo e innecesario. efectivamente. sino que se habría cometido tal delito en el caso que resultara cierta la hipótesis sobre el uso de un lanzallamas. la Corte consideró que. La prohibición de toda censura previa
La Corte IDH ha establecido que la censura previa es incompatible con la Convención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. la Convención Americana reconocía a las personas naturales. sujeta a abstenerse de dar declaraciones a medios de comunicación o de participar en manifestaciones.98
Asimismo. Finalmente. Para la Corte. en el año 2007.
1. dos años después. Las acciones judiciales impugnatorias contra esta condena fueron desestimadas. pues no afirmó que se hubiera cometido un delito premeditado. en este caso. En esta materia toda medida
. como ya se ha mencionado. Seguidamente. una opinión condicionada de esa manera no podía ser sometida a requisitos de veracidad. pues se trataba de un tipo penal vago y ambiguo en su formulación.2 de la Convención. Advirtió que el tipo penal correspondiente al delito de injuria contras las Fuerzas Armadas no se correspondía con las exigencias de legalidad contenidas en el artículo 9 y 13. al margen de ello. los abogados de la víctima consiguieron que el tribunal militar sustituya la condena de prisión por libertad condicional. al no haberse establecido claramente qué conductas implicaban una grave lesión al derecho al honor de las Fuerzas Armadas. las Fuerzas Armadas tenían o no un «derecho» al honor o reputación. la Corte analizó la proporcionalidad de la medida y señaló que si bien no era su objetivo determinar si. la finalidad de la restricción sí era legítima pues pretendía proteger un derecho que la normativa venezolana reconocía a las Fuerzas Armadas y que. la Corte evaluó la estricta proporcionalidad de la medida y estimó que la restricción a la libertad de expresión en este caso resultaba exagerada o desmedida.
A partir de entonces. Convención Americana sobre Derechos Humanos). es la del caso Palamara Iribarne vs.
. Esta consideración resultó particularmente importante en el presente caso. el menoscabo de la libertad garantizada por la Convención»25. d) la prohibición al señor Palamara de hacer comentarios críticos sobre el proceso al cual estaba siendo sometido o sobre la imagen de la Armada.. párrafo 76. era razonable que la formación y experiencia profesional y militar del señor Palamara lo ayudaran a escribir el libro. «sin que esto signifique per se un abuso al ejercicio de su libertad de pensamiento y de expresión. Convención Americana sobre Derechos Humanos). y si bien al año siguiente ya contaba con casi mil ejemplares y con panfletos para su promoción. párrafo 75. b) la orden de retirar todos sus antecedentes. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. este libro no pudo ser difundido porque las autoridades militares realizaron una serie de actos de control orientados a impedir su publicación y comercialización26. Para la Corte IDH. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985.
Entre las medidas adoptadas se cuenta: a) la prohibición de publicación de dicho libro en aplicación del artículo 89 de la Ordenanza de la Armada 487.
«La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29.
«La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29. Convención Americana sobre Derechos Humanos). Una interpretación contraria impediría a las personas utilizar su formación profesional o intelectual para enriquecer la expresión de sus ideas y opiniones»27. bajo la figura de «empleado civil de contrata». A fines del año 1992. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. párrafo 38 (énfasis añadido). de asociación y reunión
preventiva significa. porque los expertos consultados por el Fiscal Naval concluyeron que el libro escrito por el señor Palamara «no vulnera[ba] la reserva y la seguridad de la Armada de Chile»28 y que la información contenida en él «puede obtenerse de fuentes abiertas y que queda[ba] implícito que la formación [del señor Palamara Iribarne] como especialista en inteligencia [.
«La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29. c) las diligencias realizadas con el objeto de recuperar los ejemplares del libro que se encontraban en poder de terceras personas. Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. El señor Palamara era un ingeniero naval mecánico.] es lo que lo capacita[ba] a escribir sobre el tema»29. párrafo 75. c) la supresión de la información electrónica de las computadoras de la imprenta y del señor Palamara..
«La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29. que ingresó a la Armada de Chile en el año 1972 y se retiró el 1 de enero de 1993. Chile. comenzó a laborar como asesor técnico de las Fuerzas Armadas. el señor Palamara escribió el libro titulado «Ética y Servicios de Inteligencia». Las libertades de pensamiento y expresión. inevitablemente. de modo que se realizaron incautaciones tanto en la imprenta como en el domicilio de Palamara.Francisco José Eguiguren Praeli. Una sentencia relevante en que la Corte detectó la existencia de censura previa.
4 de la Convención
Aunque la Convención prohíbe expresamente la utilización de la censura previa. para la protección moral de la infancia y la adolescencia. párrafo 78 (énfasis añadido). cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión»31. En el caso Olmedo Bustos y otros vs.4 de la Convención establece una excepción a la censura previa. las medidas adoptadas por las autoridades estatales para impedir la difusión del libro del señor Palamara. párrafo 70. Chile (caso «La última tentación de Cristo»). La Corte realizó esta precisión porque se había probado que en Chile existía un sistema de censura previa para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica. dado que no existía ningún elemento que. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Convención Americana sobre Derechos Humanos). tras mencionar el contenido y alcance del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. que contaba incluso con sustento constitucional expreso en el numeral 12 del artículo 19 entonces vigente.
Olmedo Bustos y otros vs. que impida la libre difusión de opiniones e informaciones. Pues bien. a la luz de dicho tratado. Chile (también conocido como el caso «La última tentación de Cristo») la Corte.4 de la Convención).4. En todos los demás casos. puntualizó lo siguiente: «Es importante mencionar que el artículo 13. ya que la permite en el caso de los espectáculos públicos pero únicamente con el fin de regular el acceso a ellos. Corte IDH. la Corte consideró que. 5 de febrero de 2001.
1. permitiera que se afectara el referido derecho a difundir abiertamente su obra. apartado VIII.
«La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29. atendiendo a las circunstancias del caso. en el año 1988. constituyeron «actos de censura previa no compatibles con los parámetros dispuestos en la Convención. La prohibición de censura previa y la excepción contemplada en el artículo 13.
. el Consejo de Calificación Cinematográfica había prohibido la exhibición de la película «La última tentación de Cristo». protegido en el artículo 13 de la Convención»30. Esta decisión fue confirmada por un tribunal de apelación el 14 de marzo de 1989. cuando se trate de la limitación del acceso a espectáculos públicos.100
Por consiguiente. contiene también una excepción expresa a esta regla. los cuales «pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia» (artículo 13.
incluso si proviene de un mandato del Poder Judicial33.Francisco José Eguiguren Praeli. cuya decisión fue luego confirmada por la Corte Suprema en junio de 1997. cabe preguntarse si dentro del concepto «espectáculos públicos» podría incluirse también. en el cual no se puedan exhibir y difundir cierto tipo de contenidos. Sobre los alcances de esta excepción. Pues bien. todo acto u omisión. compromete la responsabilidad internacional del Estado. determina los actos de los Poderes Ejecutivo. un grupo de ciudadanos. en 1996. que esta vez arribó a una conclusión distinta. constituyó «una censura previa impuesta en violación al artículo 13 de la Convención»32. donde no se puede impedir físicamente el acceso de los niños o adolescentes a los programas
Olmedo Bustos y otros vs. como la radio o la televisión. Para la Corte Interamericana. Las libertades de pensamiento y expresión. Asimismo. Es decir. Consideramos que ello es posible. la película fue calificada nuevamente por el mismo Consejo. la Corte entendió que cualquier violación de la Convención por parte de los órganos estatales configura una responsabilidad internacional del Estado. por lo tanto. La sentencia señala: Esta Corte entiende que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste. salvo que esta se encuadre dentro de la excepción prevista en su artículo 13. pues permitió su exhibición para mayores de 18 años. con el fin de que se dejara sin efecto la decisión del Consejo de Calificación Cinematográfica que autorizaba la exhibición de la película.4. la decisión de la Corte Suprema de Chile de dejar sin efecto la autorización para la exhibición de la película La última tentación de Cristo. como la implantación de un horario especial de protección al menor. Lo dicho por la Corte implica que la censura judicial previa es contraria a la Convención. independientemente de su jerarquía. en violación de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. invocando su propio derecho y en nombre de Jesucristo y la Iglesia Católica. tratándose de medios de comunicación de acceso público.
. Legislativo y Judicial (párrafo 72). En el presente caso esta se generó en virtud de que el artículo 19 número 12 de la Constitución establece la censura previa en la producción cinematográfica y. tiene como racionalidad que al no permitírseles ingresar al espectáculo se evita que lo presencien. pues la autorización de la Convención a la censura previa como medio para impedir el acceso de niños y adolescentes a ciertos espectáculos públicos para preservar su formación moral. que violen la Convención Americana. los programas de televisión o radio. y autorizar la adopción de ciertas medidas de protección. interpuso un recurso de protección ante los tribunales chilenos. Ante esto. de asociación y reunión
Años después. por ejemplo. Chile (caso «La última tentación de Cristo»). párrafo 71. imputable al Estado. Este pedido fue acogido por la Corte de apelaciones de Santiago.
que establece que los Estados partes «se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos [en la Convención]. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. la Corte manifestó que el artículo mencionado debe leerse junto con el artículo 1. «sino que también prohíbe expresamente «controles particulares» que produzcan el mismo resultado»34.. Convención Americana sobre Derechos Humanos). así como sobre los supuestos ingresos millonarios del
«La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29. el programa «Contrapunto» del Canal 2 difundió reportajes con denuncias sobre posibles torturas y asesinatos cometidos por el Servicio de Inteligencia del Ejército. En consecuencia. Una sentencia en que la Corte determinó que la libertad de expresión había sido restringida por medios indirectos... todo Estado parte está obligado a garantizar que la comunicación y circulación de ideas y opiniones no se vea restringida por medios indirectos..
En la Opinión Consultiva OC-5/85. evitando que en dicho horario se transmitan contenidos o imágenes inapropiados para los menores..5. es la del caso Ivcher Bronstein vs. A. La prohibición de la censura indirecta
El artículo 13. del 6 de febrero de 2001. párrafo 48. Perú.3 no trata solo de las restricciones gubernamentales indirectas. En ella. con relación a la colegiación obligatoria de los periodistas. asimismo. o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. la Corte enfatizó que el artículo 13. el establecimiento de un horario de protección al menor responde a un objetivo similar.] tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos. de frecuencias radioeléctricas. que era el presidente del directorio de dicha compañía y estaba facultado para tomar decisiones editoriales respecto a la programación. y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción... ya sea que estos provengan del Estado o de los particulares.
1. empresa operadora de un canal de la televisión peruana. la Corte señaló que había quedado acreditado que en el año 1997 el señor Ivcher Bronstein era el accionista mayoritario de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S. solicitada por el Gobierno de Costa Rica.
[. En abril de 1997.1 de la Convención.
.».102
que se difunden. Para complementar esta aseveración.3 de la Convención prohíbe que el derecho a la libertad de expresión sea restringido por vías o medios indirectos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. formalmente asesor del Servicio de Inteligencia del Perú pero jefe real del mismo. el señor Ivcher fue objeto de acciones intimidatorias. También es interesante lo dicho por la Corte en el caso Ríos y otros contra Venezuela. que difundía declaraciones e informaciones explícitamente contrarias al gobierno.. Perú. Las libertades de pensamiento y expresión.
.Francisco José Eguiguren Praeli. así como la de los periodistas que laboraban e investigaban para el programa Contrapunto [. Atendiendo al contexto descrito. Luego de ello. La «autocensura»
Si bien la Convención Americana no hace referencia expresa a la «autocensura». que incluyeron el dejar sin efecto el título que le confirió la nacionalidad peruana por naturalización.]»35. párrafo 162. se revocó su nombramiento como director y se encargó la administración provisional de la compañía a los accionistas minoritarios. párrafo 163.6. fue utilizada por otros accionistas de la empresa (concertados con autoridades gubernamentales) para conseguir una decisión judicial que suspendió a Ivcher en sus derechos como accionista mayoritario y presidente del directorio de la empresa. se retiró al señor Ivcher el control del Canal 2 de la televisión peruana y se modificó la línea editorial del programa «Contrapunto». De esta forma. Adicionalmente. Aunque el tema de la licencia no formaba parte del caso.
1. a raíz de las declaraciones de autoridades estatales acerca de que podrían cancelar o no renovar la licencia de la emisora Radio Caracas Televisión. Entendemos por autocensura la decisión de quienes
Ivcher Bronstein vs. la Corte pudo indicar que las declaraciones de autoridades podían suponer una amenaza indirecta para impedir la libre circulación de ideas y opiniones.
Ivcher Bronstein vs. apartado XIV. de asociación y reunión
señor Vladimiro Montesinos Torres. la Corte determinó que se había afectado el derecho de todos los peruanos a recibir información. consideramos que esta práctica también resulta contraria al ejercicio de la libertad de expresión e información. por su relación con el medio de comunicación aludido». La existencia de una norma que impedía a un extranjero ser titular de licencias para explotar medios de comunicación. hecho que limitó su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática36. Perú. 6 de febrero de 2001. la Corte concluyó que: «la resolución que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher constituyó un medio indirecto para restringir su libertad de expresión. asimismo. e incluso autocensura. ya que «pudieron ser percibidas como amenazas y provocar un efecto amedrentador.. en las presuntas víctimas.
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Esta conducta puede motivarse sea por el temor a sufrir represalias de autoridades estatales o de grupos privados. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. quienes deben gozar de una especial protección que les permita desempeñar su labor con independencia. estén excluidos de acceder a ellos. judicial o tributaria. de abstenerse deliberadamente de informar sobre determinados hechos o asuntos. que la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación estén abiertos a todos sin discriminación y que no haya individuos o grupos que. por ejemplo) y otros vinculados al ejercicio de la libertad de expresión e información. a pesar de conocer de su existencia o veracidad. Ciertamente las empresas que realizan actividades vinculadas a la comunicación social e información tienen un conjunto de derechos.104
dirigen un medio de comunicación. Pero ello no puede significar el justificar cualquier acto o decisión de los propietarios o de quienes dirigen una empresa dedicada a la información y comunicación social. En cualquier caso. a priori. o a hacerlo a cambio de recibir contraprestaciones económicas. que les permite adoptar libremente su línea editorial u opción ideológica. a fin de mantener informada a la sociedad. entregó a los propietarios y directivos de los principales canales de televisión grandes sumas de dinero o favores judiciales.
. la exclusión de un periodista. párrafo 34. como la cancelación de un programa de televisión. en nombre de la indebida identificación entre la libertad de expresión e información y la libertad de empresa de dichos medios. algunos de ellos propios de su condición de empresas (propiedad de sus bienes. o a la pérdida de publicidad (prevenir una suerte de censura indirecta). como lo ha hecho la Corte. favores políticas o judiciales37. ser verdaderos instrumentos para la libertad de expresión y no vehículos para restringirla38. Vladimiro Montesinos. Si se admite. en la práctica. No faltan quienes sostienen que la autocensura es una posibilidad que asiste válidamente a un medio de comunicación. durante el gobierno de Fujimori en el Perú. tales como verse sometido a persecución política. o la omisión de informaciones u opiniones que no coinciden con su opción política o con los intereses económicos de los
Así. será importante que dichos medios reúnan ciertas condiciones que les permitan. a cambio de controlar su línea informativa y de que esta se oriente según los intereses políticos del régimen. por ejemplo. a la par de vulnerar el derecho de la sociedad a recibir información veraz. También es de gran importancia la labor que cumplen los periodistas. en una sociedad políticamente pluralista. o de sus periodistas. el conductor del Servicio de Inteligencia Nacional.
«La colegiación obligatoria de periodistas» (artículos 13 y 29. la autocensura supone una conducta incompatible con la ética de la información.
Consideramos legítimo que un medio de comunicación privado de radio o televisión exprese sus opiniones políticas o defienda sus intereses utilizando su espacio editorial o mediante pronunciamientos. fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos. Paraguay que:
[. un fenómeno posterior a la Segunda Guerra
. pero ello no lo debe facultar a excluir deliberadamente a otros sectores de opinión política. a diferencia de los diarios o revistas. o a silenciar o desvirtuar la información que no convenga a sus intereses.7. Peor aún si esta «autocensura» obedece a la percepción irregular y camuflada de beneficios políticos o económicos. veracidad y pluralismo en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información. Esta necesidad técnica de autorizar o dar en concesión a un número limitado de empresas la utilización del espectro radioeléctrico debería sujetarlas a algunas obligaciones adicionales con respecto a la sociedad. religiosas. debido a que se transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores. su admisión o proscripción plantea interesantes problemas que se vinculan estrechamente con el derecho a la libertad de expresión.. La prohibición del discurso del odio y la incitación o la apología de la violencia
El discurso del odio puede definirse como aquel «concebido para promover el odio sobre la base de cuestiones raciales. como el espectro radioeléctrico. la Corte ha señalado en el caso Ricardo Canese vs. sino que constituye un recurso natural que pertenece a la colectividad. Las libertades de pensamiento y expresión. vulnerando la ética y veracidad informativa. lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión. El afecto pernicioso de la autocensura resulta mucho más grave para la libertad de información y su veracidad cuando proviene de medios de comunicación como la televisión o la radio que. 1. Su regulación es. en virtud de una licencia o permiso estatal utilizan un espacio no solo de dimensión limitada.] la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral. en gran medida. en aras de garantizar una amplia y genuina libertad.Francisco José Eguiguren Praeli. de asociación y reunión
titulares de la organización.. Prácticas de este tipo resultan más graves y contrarias a la democracia durante los procesos electorales. étnicas o de origen nacional» (Rosenfeld 2005: 153). Sobre la importancia de la libertad de pensamiento y expresión en el marco de una campaña electoral.
donde la censura previa también estaría justificada para proteger derechos y valores superiores. La Convención aborda esta cuestión y opta explícitamente por la prohibición del discurso que incentive o promueve el odio y la violencia. inclusive los de raza. inmediatamente después del numeral 4 del artículo 13 de la Convención. La libertad de asociación
La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce la libertad de asociación en su artículo 1639. Sin embargo. consideremos que si sería compatible con la Convención que se adoptara hasta la censura previa para evitar la publicación o difusión de mensajes que correspondan al discurso del odio o incentiven la violencia. color. sociales. pues fue a partir de ese momento que se evidenció la existencia de vínculos entre la propaganda racista y el Holocausto en Europa. idioma u origen nacional». Si bien este delicado tema no ha tenido aún ocasión de ser analizado por la Corte Interamericana. deportivos o de cualquiera otra índole. religión. religiosos. nos encontraríamos ante otro supuesto excepcional frente a la regla general. económicos. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos. racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas. que establece una excepción a la prohibición de censura previa. Pero no queda del todo claro si ello también facultaría a recurrir válidamente a la «censura previa» para impedir la publicación o difusión de mensajes con contenido que incita al odio. la proscripción de toda forma de incentivo a la discriminación. como la dignidad e igualdad de todos los seres humanos. la Corte Interamericana de Derechos
Artículo 16: 1. al odio o la violencia. o la discriminación contra personas de raza negra en los Estados Unidos de Norteamérica.
. Así. por ningún motivo. aunque la norma no lo diga expresamente. políticos.
2. Este hecho llevó a que en algunos países se excluyera el discurso del odio y de incentivo a la violencia del contenido de la libertad de expresión protegida constitucionalmente (Rosenfeld 2005: 153). El artículo citado contiene una prohibición que cada Estado parte de la Convención está obligado a plasmar en una ley. La ubicación del inciso que contempla esta prohibición. nos permite inferir que. laborales.5 estableciendo que: «Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional. en su artículo 13. culturales. la guerra o la violencia.106
a su vez. por las circunstancias particulares
2. el tema de la libertad de asociación ha aparecido en forma colateral. una violación del artículo 16. En tales casos. sentido y alcance propios. y en ellos.
Caso Manuel Cepeda Vargas... de la seguridad o del orden públicos. y porque con su muerte se vio impedido de pertenecer a la UP y se le truncó la oportunidad de seguir aportando en la consecución de los objetivos políticos de ese partido [. ante el notorio patrón de violencia contra los miembros de la UP. porque fue ejecutado para silenciar su voz y su actividad política.. o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.1 de la Convención.Respecto del artículo 16 de la Convención. a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. en interés de la seguridad nacional. sin perjuicio de la especificidad y autonomía de cada derecho protegido en la Convención. 3. por lo que la vulneración de estos derechos representa un ataque a los valores de un sistema democrático. en ciertas ocasiones. de asociación y reunión
Humanos solo ha conocido aún de muy pocos casos referidos a la vulneración de este derecho. Es por esta razón que la Corte IDH ha establecido que. «una afectación al derecho a la vida o a la integridad personal atribuible al Estado podría generar. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática. la ausencia de medidas efectivas de prevención y la falta de esclarecimiento integral de los crímenes perpetrados. y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación. Las libertades de pensamiento y expresión. Si bien cada uno de los derechos contenidos en la Convención tiene su ámbito. Los representantes alegaron la violación de los artículos 13. Sentencia de 26 de mayo de 2010. 16 y 23 de la Convención de forma conjunta. de la directora de la fundación ecológica PROLANSATE.. Es así que en los párrafos 169 y 171 de la sentencia del caso Manuel Cepeda contra Colombia la Corte señala:
169. la Comisión consideró que la ejecución del Senador Cepeda «dejó al descubierto el incumplimiento del derecho de asociación [. cuando la misma haya sido motivada en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de asociación de la víctima»40. víctimas de alguna grave violación de derechos fundamentales. se trataba de integrantes de una asociación u organización sindical. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales. por lo general. simultánea e interrelacionada. 171. Jeannete Kawas (Honduras). por estimar que el Senador Cepeda Vargas ejercía estos derechos de manera continua.
. social o política.Francisco José Eguiguren Praeli.].] sin temor». párrafo 172. Puede así mencionarse los casos de los asesinatos de los dirigentes sindicales Pedro Huilca y Saúl Cantoral (Perú).. y del político y senador Manuel Cepeda (Colombia).
«en el constitucionalismo y en la doctrina de los derechos humanos. En similar sentido. o de cualquier otra índole. estableciendo que el ejercicio de esta puede responder a fines ideológicos. tales restricciones deben responder a los fines y necesidades de una sociedad democrática. el juego democrático41. laborales. deportivos. contexto y situación de desprotección ya señalada. Alejandro Martínez Caballero de 2 de junio de 1994 (expediente de prueba.3 se autoriza a imponer restricciones legales y hasta la privación del derecho de asociación a los miembros de las fuerzas armadas o policiales. en conjunto. la Corte analizará la controversia subsistente por las alegadas violaciones de los derechos políticos. dirigente de la UP y del PCC.
.2 se autoriza expresamente a que la ley nacional pueda establecer restricciones al ejercicio de esta libertad. En el numeral 16. reunión y asociación forman una trilogía de libertades personales que se constituye además. la libertad de expresión y la libertad de asociación conjuntamente. En el numeral 16. a la vez. P. M. tomo XXII. Sentencia C-265 de la Corte Constitucional. económicos. las libertades de expresión. supra nota 28. las causales de estas restricciones deben obedecer únicamente a razones de seguridad nacional. anexo 9 a los alegatos finales de los representantes.
Ahora bien.1 se otorga una dimensión bastante amplia e integral a los alcances y aplicación de la libertad de asociación. pero se imponen dos límites: En primer lugar. sociales. se hace necesario analizarlos en conjunto para dimensionar apropiadamente las posibles violaciones y sus consecuencias. en el numeral 16. México. Además. comunicador social y parlamentario. De allí que a continuación nos centraremos en lo expuesto por la Corte en las materias que ha tenido ocasión de analizar respecto al ejercicio y protección de este derecho. seguridad y orden público. folio 9145). por lo que no es necesario escindir sus actividades para determinar cuál de ellas fue origen o causa de cada una de estas violaciones alegadas. salud y moral públicas. en prerrequisito de los derechos de participación política».108
del caso o por la necesaria interrelación que guardan. culturales. párrafo 140. pues ejercía esos derechos en un mismo período.
Véase Caso Castañeda Gutman vs. en el entendido que estos derechos son de importancia fundamental dentro del Sistema Interamericano por estar estrechamente interrelacionados para posibilitar. el Senador Cepeda Vargas era. Aunque resultaría de mucho interés conocer la evaluación e interpretación de la Corte acerca de la razonabilidad y compatibilidad convencional de las restricciones a la libertad de asociación contempladas en la legislación nacional de algunos países de la región. ello no es posible ante la ausencia de casos donde se haya tratado esta problemática. religiosos. la Corte Constitucional de Colombia. o la protección de los derechos de los demás. En el presente caso. políticos.
incluyendo el caso de los sindicatos. la Corte establece que: «La libertad de asociación. Atendiendo a ello. sin miedo o temor. sin que quepa limitarlas arbitrariamente por la ley o en supuestos distintos a los contemplados en esta. Las libertades de pensamiento y expresión. señalando:
[. ya que si bien la decisión de asociarse debe ser libre e individual. consiste básicamente en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de asociación43. la Corte Interamericana así lo reconoce. consideramos que el derecho de libertad de asociación. en el caso Ricardo Baena y otros contra Panamá. Caso Huilca Tecse.
Por tanto. sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho»42.Francisco José Eguiguren Praeli. su materialización supone la interrelación y articulación con otras personas. no restringe sólo la libertad de asociación de un individuo... Así. censura o veto a la conformación y organización de sindicatos. tales como huelgas o paralizaciones. párrafo 69. en un contexto como el del presente caso.1. de asociación y reunión
2. párrafo 156. ello resulta correcto. sino también el derecho y la libertad de determinado grupo a asociarse libremente. de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 16 tiene un alcance y un carácter especial.] la ejecución de un líder sindical. en materia sindical. Sentencia de 2 de febrero de 2001. pues la norma convencional contempla la garantía del derecho de asociación en los ámbitos laboral y social. En la sentencia del caso Huilca Tecse contra el Perú.
. por ejemplo) no pueda suponer una forma de calificación. El carácter individual de la vulneración del derecho de la víctima
Resulta evidente que el ejercicio del derecho de asociación se concretiza en forma colectiva o grupal. garantizaría que la actuación de las autoridades (encargadas del registro. los Estados deben garantizar que las organizaciones sindicales puedan tomar las medidas que necesiten para su funcionamiento. Sentencia de 3 de marzo de 2005.2. ha precisado que la protección de la libertad de asociación prevista en la Convención permite accionar en caso de violación de la libertad sindical. La libertad sindical
La Corte IDH. Así.
2. «en su dimensión social la libertad de asociación es un medio que permite a los integrantes de un grupo o colectividad laboral alcanzar determinados
Véase Caso Baena Ricardo y otros. actividades y programas de acción.
Lamentablemente. con las restricciones del inciso 2 del artículo 16 de la Convención45. La Corte ha establecido en esa misma sentencia que ambas dimensiones (la individual y la social) deben ser garantizadas simultáneamente. Este criterio de la Corte se sustentaría en lo dispuesto en el artículo 1. que sean necesarias en una sociedad
. fundaciones. sea en el ámbito de los derechos asociativos del colectivo como de sus demás integrantes individuales. que señala que se entenderá como persona a todo ser humano. ya que conduce a una insuficiente y muy limitada protección del derecho de asociación. cabe plantearse que la Corte pudiera superar esta interpretación literal. Si bien debe reconocerse que existe una limitación en el texto literal de la norma convencional.
3. Sentencia de 3 de marzo de 2005. párrafo 71. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley. solo se ha considerado el otorgamiento de reparaciones a las víctimas individuales.2 de la Convención. más no las asociaciones. Sabemos que en América Latina la institucionalidad democrática carece aún de solidez y estabilidad. partidos políticos). a pesar que en esta sentencia (y otras similares) se reconoce la dimensión social del derecho de asociación. Caso Huilca Tecse. La norma establece que este derecho debe ejercerse en forma pacífica y sin armas. por lo que no faltan gobiernos interesados en contar con leyes que limiten severamente la conformación y funcionamiento de asociaciones y organizaciones de tipo político o social (ONG. La libertad de reunión
La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce y protege la libertad de reunión en su artículo 1546. obviamente. sindicatos. sindicatos u otras personas jurídicas u organizaciones sociales. párrafo 72. pero no a las organizaciones a que estas pertenecían y que también pueden haberse visto afectadas por tal vulneración. universidades. Por ello la Corte considera que la víctima solo puede ser una persona humana. empresas. Sentencia de 3 de marzo de 2005. pese que la Corte ha reafirmado la dimensión social de este derecho y su incidencia en el ejercicio de las libertades democráticas y los derechos políticos.110
fines en conjunto y beneficiarse de los mismos»44. Artículo 15: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. De allí la necesidad de contemplar también alguna forma de protección y reparación a estas instituciones de la sociedad civil. existe así una proscripción del uso de
Caso Huilca Tecse.
En cuanto a las restricciones que cabe imponerle por el Estado. «en la exigencia de un permiso previo otorgado por un agente de facultades ilimitadamente discrecionales» (p.
. Hasta el momento. Dada su importancia en la configuración de un sistema democrático. por lo que no profundizó en el tema y desestimo este extremo de la petición. Por tanto.. no existen sentencias donde la Corte IDH haya abordado. No obstante. en interés de la seguridad nacional. Sin embargo. en forma central. la Corte consideró que el acervo probatorio no acreditaba suficientemente esta vulneración.
En el Caso Baena Ricardo contra Panamá (Sentencia de 2 de febrero de 2001). Respecto a la regulación de las reuniones. Las libertades de pensamiento y expresión. de asociación y reunión
medios violentos y de armas en las reuniones. las causales para estas restricciones son también las mismas. ha enfatizado claramente que este requerimiento no puede convertirse.. la Comisión expone qué mecanismos pueden y no pueden utilizar los Estados para regular las manifestaciones. La Comisión ha reconocido que las manifestaciones públicas son una «herramienta de petición a la autoridad pública y también como canal de denuncias públicas sobre abusos y violaciones de derechos humanos» (CIDH 2005: cap. deben servir un interés público y dejar otras vías alternativas de comunicación» (CIDH 2005: 150). 151). la Comisión ha establecido que «la exigencia de una notificación previa a la manifestación no vulnera ni el derecho a la libertad de expresión ni el derecho a la libertad de reunión» (p. de la seguridad o del orden públicos.Francisco José Eguiguren Praeli. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sí se ha pronunciado sobre diversos aspectos que deben tener en cuenta los Estados para garantizar este derecho. sin embargo. en ningún momento. queda claro que para la Comisión esta notificación es un mecanismo que busca evitar que el ejercicio del derecho de reunión pueda afectar gravemente el derecho de libre tránsito así como el desarrollo más normal posible de las actividades de la
democrática.] no deben depender del contenido de lo que se vaya a expresar a través de la manifestación. debiendo tales restricciones estar previstas en la ley y responder a los principios de una sociedad democrática. A partir de esto. se sigue un tratamiento similar al del derecho de asociación. 150). Establece que para que dichas limitaciones «respeten los estándares [. o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. el derecho de reunión ni la compatibilidad convencional de las restricciones impuestas a su ejercicio en legislaciones nacionales47. dentro de los derechos vulnerados a los trabajadores se incluía también el de reunión. V). los principales rasgos que analiza la Comisión respecto al derecho de reunión es su colisión aparente con otros derechos y valores jurídicos.
Asimismo. muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse» (CIDH 2009: 91). 152). Vale aclarar que en esta sentencia no se discutía el derecho de reunión. Sobre la labor de policía del Estado. Al confrontar este derecho con otros. Únicamente se discutía
. Así pues. siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad necesidad y proporcionalidad» (CIDH 2007b: cap. por ejemplo el derecho a la libre circulación. Por tanto. la Corte sí se ha pronunciado sobre la participación de las Fuerzas Armadas y agentes de control. puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo. la Comisión rechaza «la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión» (p.
Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). se debe entender que «este tipo de alteraciones son parte de la mecánica de una sociedad plural. deberán probar que satisfacen «un interés público imperativo necesario para el funcionamiento de una sociedad democrática» (CIDH 2005: 152). 260). las acciones que realicen las fuerzas de control del orden. entrenamiento que es propio de los entes policiales»48. la Comisión ha establecido que «el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo» (CIDH 2005: 152). Así pues. Ha determinado que los Estados «deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos. deben proteger tanto a los manifestantes como a quienes no participan de la manifestación. la seguridad o el orden público. párr. iv. donde conviven intereses diversos. párrafo 78. De la misma forma. solo se podría prohibir una manifestación pública en caso de situaciones de inminente peligro.112
comunidad. Las limitaciones deben basarse en amenazas «serias e inminentes» (p. El Estado puede así «imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas. 151). Por otra parte. la Comisión ha determinado que no se puede limitar el derecho de reunión porque un agente estatal considera probable que se vaya a poner en peligro la paz. En el plano de las restricciones legislativas. así como dispersar aquellas que se tornan violentas u obstructivas. y no a la protección y control de civiles. Las limitaciones que se establezcan al ejercicio del derecho de reunión. la Comisión también advierte sobre lo que se ha comenzado a denominar la «criminalización de la protesta social» (CIDH 2009: 91). Sentencia de 5 de julio de 2006. donde la discrecionalidad de los funcionarios o autoridades del Estado resulte mínima. la notificación debe contribuir a la protección de la integridad de los manifestantes y del resto de la comunidad.
comprende también el derecho a recibir las opiniones o informaciones que otros emiten. que la prohibición judicial de difundir una opinión o información también constituye una forma de censura previa. a pesar de lo cual consideramos que resulta contraria a los derechos y obligaciones que impone
el derecho a la vida y a la integridad personal puesto que se refería a la ejecución extrajudicial de reclusos. comprendiendo simultáneamente una dimensión individual y otra social. 3. pensamientos o informaciones. La Corte ha considerado que no resulta compatible con la Convención una ley que pretenda imponer la colegiación obligatoria de periodistas para poder ejercer la libertad de expresión e información en medios de comunicación. El ejercicio de este derecho puede realizarse utilizando cualquier medio que permita la comunicación y difusión. de asociación y de reunión. y el de buscar.Francisco José Eguiguren Praeli. Cada uno de estos derechos tiene también una especificidad. sea directa o indirecta. pues permiten la participación pluralista de los distintos grupos e intereses sociales. La discrecionalidad del Estado en este campo queda así significativamente amplia. no termina de prohibir esta participación ni de formular con claridad en qué situaciones esta sería posible49. se constituyen en conjunto como pilares fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático. así como el ejercicio de los derechos políticos. Las libertades de pensamiento y expresión. En cambio. 2. Sentencia de 4 de julio de 2007. no estando sujeto a ninguna forma de autorización ni censura previa. la autocensura no está prevista en la Convención.
Véase Caso Zambrano Vélez y otros. lo que puede propiciar la adopción de decisiones estatales excesivas o arbitrarias respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden público y de las manifestaciones. asimismo.
. La Corte ha señalado que el derecho de acceso a información pública forma parte de la libertad de expresión e información. recibir y difundir información. La libertad de expresión no se limita a la emisión y comunicación de las propias ideas. párrafo 51. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las libertades de pensamiento y expresión.
1. de asociación y reunión
No obstante. pero si a responsabilidad ulterior por los excesos o vulneración de derechos de terceros en que se incurra al ejercerla. incompatible con la Convención.
de las restricciones contempladas en la legislación nacional de determinados países.114
la libertad informativa. 5. Aunque es cierto que la Convención circunscribe expresamente la condición de persona o víctima a la persona
. Una excepción expresa a la regla de prohibición de toda censura previa. consideramos que autorizaría también a poder imponerle. es su admisión tratándose de la limitación del acceso a espectáculos públicos. 4. Es importante señalar que. la Corte ha evaluado la proporcionalidad de la sanción judicial impuesta como responsabilidad ulterior por el ejercicio indebido de la libertad de expresión. Con ello se pretende evitar que la imposición de sentencias. sindicales. A pesar que la Corte reconoce que las libertades de asociación y de reunión concretizan su ejercicio en forma social o grupal. a pesar del daño que tales entidades (políticas. pero con el único propósito de impedir el acceso a estos de niños y adolescentes. el odio o la violencia de cualquier índole. en los cuales no pueda difundirse determinados contenidos A su vez. así como al respeto del derecho de cualquier persona y la sociedad de recibir información veraz. en salvaguarda de su protección y formación moral. la Corte tampoco ha podido pronunciarse sobre la compatibilidad con la Convención y los principios democráticos. la censura previa. sociales) también puedan haber sufrido a sus derechos. La Corte no ha tenido aún mayor oportunidad de conocer casos referidos específica o centralmente a las libertades de asociación o de reunión. Con esta misma finalidad. o la adopción de la autocensura. solo ha concedido reparaciones a las víctimas individuales pero no a las organizaciones a que estas podían pertenecer. 6. si bien la Convención autoriza expresamente a que la ley puede imponer similares restricciones al ejercicio de ambos derechos. la prohibición que establece la Convención a la difusión de todo discurso que fomente o incentive la guerra. su vulneración ha sido colateral a violaciones más graves de otros derechos (asesinato de dirigentes sindicales o políticos). haciendo compatible con la Convención la imposición de horarios de protección familiar o infantil. en diversos casos. se utilice como factor de intimidación para desalentar la difusión de opiniones discrepantes frente a un régimen político. Por ello. su razonabilidad o proporcionalidad. consideramos que la expresión «espectáculos públicos» podría extenderse a la programación de televisión y radio. mediante una ley. que disponen penas privativas de la libertad o el pago de elevadas indemnizaciones. en los pocos casos tratados. de crítica a la actuación de funcionarios públicos. por motivos expuestos en forma taxativa.
pdf Rosenfeld. Capítulo V: Las manifestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión. Capítulo IV: Venezuela. ha sido más bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que ha establecido algunos estándares.
CIDH. aunque sin suficiente profundización ni detalle. como medio para desalentar el ejercicio de este derecho.htm CIDH. Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2007. asp?artID=662&lID=2 CIDH. El discurso del odio en la jurisprudencia constitucional: análisis comparativo.oas.Francisco José Eguiguren Praeli. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. de asociación y reunión
humana. Disponible en http://www. Washington: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ni posibilitar la calificación discrecional para su realización. Michael. La Corte IDH sí ha puntualizado. (2007b). (2005). a fin de otorgar una protección más amplia y efectiva a estos derechos.org/es/cidh/docs/pdfs/SEGURIDAD%20CIUDADANA %202009%20ESP. Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información. (2007a).oas. XI(11): 153-198. Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2005. Las libertades de pensamiento y expresión. 7. Pensamiento Constitucional. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.cidh. CIDH. (2005). señala que si bien se puede exigir un aviso previo o notificación a la autoridad para reuniones o manifestaciones en lugares públicos. (2009).sp. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También que la actuación policial debe estar dirigida a proteger a los manifestantes y a la sociedad. ello no puede suponer la necesidad de obtener un permiso o autorización estatal. cuestionando la legislación que tienda a la criminalización de la protesta social. En el caso del derecho de reunión.org/relatoria/showarticle.cidh. Así.
.org/ annualrep/2007sp/cap4Venezuela. Disponible en http://www. la inconveniencia de utilizar a la Fuerza Armada en el control o represión de las manifestaciones y protestas sociales. Disponible en http://www. consideramos que la Corte podría superar esta interpretación literal de la norma.
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