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 SENTENCIA T-680 DE DICIEMBRE 5 DE 2016
SENTENCIA T-680 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:FUNCIÓN CERTIFICADORA Y DE REGISTRO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. SE PRECISA QUE LA FUNCIÓN REGISTRAL Y CERTIFICADORA QUE OSTENTAN ALGUNAS DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO NO TIENE OTRO FIN QUE FACILITAR EL ACCESO A DERECHOS Y PRESTACIONES A LOS MIEMBROS DE CIERTAS COMUNIDADES. EN RELACIÓN CON EL REGISTRO ÚNICO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE Y CONSEJOS COMUNITARIOS NEGROS, SE DESARROLLA A FONDO EN EL DECRETO 1066 DE 2015, ÚNICO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL INTERIOR QUE COMPILÓ EL DECRETO 3770 DE 2008, EN EL QUE SE INDICA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS ES RESPONSABLE DEL MENCIONADO REGISTRO, LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA MANTENERLO ACTUALIZADO. ES ASÍ COMO SE PUEDE CONCLUIR QUE EL EJECUTIVO TIENE UNAS FUNCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE TIENEN EFECTOS PARA EL ACCESO A CIERTAS PRESTACIONES POR PARTE DE LAS COMUNIDADES NEGRAS. SIN EMBARGO, TAL COMPETENCIA NO PUEDE, NI DEBE, TENER INCIDENCIA EN EL RECONOCIMIENTO DE LA PERTENENCIA A DETERMINADO GRUPO ÉTNICO, YA QUE COMO SE HA INDICADO, EL AUTORECONOCIMIENTO Y LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL SON LOS QUE DETERMINAN SI SE ES, O NO, SUJETO ÉTNICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, GRUPO ÉTNICO, COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE, PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE, MINISTERIO DEL INTERIOR
Sentencia T-680 de diciembre 5 de 2016
Ref.: Expediente T-5.741.336
Acción de tutela interpuesta por Rosmery Terranova Romero como agente oficiosa de Andrés Eduardo Guevara Terranova contra la Universidad Industrial de Santander, UIS. Fueron vinculados la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas, Asocodita, y la dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior
Bogotá, D.C., cinco de diciembre dos mil dieciséis.
1.2. El artículo 3(2) del mencionado acuerdo establece un proceso de admisión especial con el fin de otorgar un cupo por carrera a los bachilleres que provengan de poblaciones negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, siempre que se encuentren debidamente registrados en el censo que realiza el Ministerio del Interior.
1.4. El menor Andrés Eduardo Guevara Terranova(3) miembro de la población afrocolombiana y de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas, Asocodita, en cumplimiento del literal a) del artículo 3º del Acuerdo 134 de 2011, decide inscribirse a los programas de medicina (primera opción) y de ingeniería civil (segunda opción) de la UIS y para ello cancela el valor de inscripción por $ 206.200 pesos, el día 22 de octubre de 2015.
1.5. El 28 de octubre de 2015, en cumplimiento del literal b) del artículo 3º del Acuerdo 134 de 2011, el menor en cuestión llena el formulario de solicitud de admisiones especiales, con el número de inscripción 2292.
1.6. En la medida que el parágrafo 2º del artículo 8(4) del Acuerdo 134 de 2011 permite al aspirante solicitar el beneficio para un único programa académico, el agenciado decide decantarse por el pregrado de medicina.
1.7. En cumplimiento del literal d) del artículo 3º del Acuerdo 134 de 2011 se presenta la certificación de autorreconocimiento como miembro de comunidad afrocolombiana de Andrés Eduardo Guevara Terranova, expedida el 5 de noviembre de 2015 por la directora (e) de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior.
1.8. Mediante Acta 19 del 11 de diciembre de 2015 el comité de admisiones de la UIS decide aplazar la decisión de admisión especial del agenciado, hasta tanto la organización de la que hace parte, Asocodita, envíe el acta de la asamblea que se exige en el literal c) del artículo 3º del Acuerdo 134 de 2011, por medio de la cual elijen a Andrés Eduardo Guevara Terranova para ser beneficiario de una admisión especial en la UIS.
1.10. En cumplimiento del anterior requisito, se entrega el Acta 80 de Asocodita, del 15 de octubre de 2015, por medio de la cual se hace la selección de aspirantes a ingresar en la UIS. En dicha acta se verifica la pertenencia del solicitante a la organización, su registro en el censo del Ministerio del Interior y el que no se hubiere graduado hace más de un año del colegio, requisitos acreditados por completo por parte del actor.
1.11. El acta en cuestión fue firmada por: Darío Mina Cortez (representante legal), Yady Lorena Reinosa (secretaria), Duvar Elí Zapata (fiscal), Ovidio Villegas Ibando (tesorero), Luz Zoraida Mina Balanta (vicepresidente), Isabel Ordóñez (vocal) y Víctor Hugo Moreno Mina (asociado).
1.12. El artículo 6(5) del Acuerdo 134 de 2011 establece que para acogerse a la modalidad de admisión especial es necesario tener un puntaje en el examen Saber 11 igual o superior al 80% del puntaje de corte del programa al cual se inscribió, en el proceso de ingreso respectivo. Por lo anterior, los aspirantes a una admisión especial deben esperar que se publiquen los resultados de las demás admisiones para conocer el puntaje de corte de cada programa y constatar si cumplen con el requisito mencionado.
1.13. En los resultados del examen Saber 11, Andrés Eduardo Guevara Terranova obtuvo un puntaje global de 377 y el puesto 12 en la media nacional, con un resultado ponderado de 76.10. Dicho lo anterior, la dirección de admisiones y registro académico estableció la cifra de 82.6 como puntaje de corte al programa de medicina para el ingreso al primer semestre académico de 2016, siendo el 80% de este puntaje un 66.08, superado por el accionante en cumplimiento del requisito del artículo 6º del Acuerdo 134 de 2011.
1.14. Mediante Acta 1 del 22 de enero de 2016 el Comité de admisiones de la UIS decide enviar los documentos presentados por el agenciado a la Oficina Jurídica de tal Institución con el fin de que fueran revisados y tratados en la siguiente reunión del comité.
1.15. El 10 de febrero de 2016, por medio de oficio 1446 firmado por Jaime Otoniel Ayala Pimentel, director de admisiones y registro académico de la UIS, se comunica a Andrés Eduardo Guevara Terranova la decisión tomada por el comité de admisiones en Acta 4 que refleja la reunión realizada el 8 de febrero del mismo año. En dicha reunión se decidió “negar la admisión especial, teniendo en cuenta que la documentación presentada no cumple con el requisito fijado en el literal c, del artículo 3º del Acuerdo 134 de 2011 del consejo académico, ya que la información contenida en el acta de la asamblea de Asocodita, suscrita el 15 de octubre de 2015 por el señor Darío Mina Cortez, en calidad de representante legal de dicha asociación, es contradictoria, puesto que, de acuerdo con la consulta realizada por la universidad, el representante legal registrado en el registro único nacional de consejos comunitarios y organización de la dirección de asuntos para comunidades negras del Ministerio del Interior es el señor Víctor Hugo Moreno Mina”(6).
1.16. El 15 de febrero de 2016 la accionante presenta petición a la UIS por medio del cual solicita la admisión especial, teniendo en cuenta que su hijo es afrocolombiano, efectivamente pertenece a Asocodita, que cumple con los requisitos para entrar al programa y que, además, el Acta 80 de Asocodita del 15 de octubre de 2015 fue firmada por diferentes miembros de base de la organización incluyendo al anterior representante legal, Víctor Hugo Moreno Mina.
1.17. Afirma la accionante que la razón por la cual el señor Darío Mina Cortez no aparece como el actual representante legal de Asocodita es que el Decreto 1066 de 2015, que recopila al Decreto 3770 de 2008, en el artículo 2.5.1.1.17(7) establece que las organizaciones de comunidades afrocolombianas deberán actualizar anualmente los datos relacionados con la dirección y representación legal de la respectiva organización y reportar tal información a la dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras dentro de los tres (3) primeros meses de cada año. Por lo anterior, el trámite solo se inició en el primer trimestre del 2016.
1.20. El 23 de febrero de 2016 la secretaria general de la UIS, Sofía Pinzón Durán, respondió la petición presentada por la accionante el 15 de febrero de 2016. En tal respuesta afirma que el consejo académico revisó la solicitud presentada en la sesión 9 del 23 de febrero de 2016 y apoyó la decisión del comité de admisiones que negó el cupo por el incumplimiento de los requisitos, por cuanto los documentos allegados no cumplen con lo establecido en el literal c) del artículo 3º del Acuerdo 134 de 2011.
1.21. En respuesta enviada por Juan Carlos Escobar, director de admisiones y registro académico de la UIS, a la accionante se destaca lo que denominan una “incongruencia cronológica” por encontrar que el acta por la cual eligen beneficiario al agenciado es del 15 de octubre de 2015, pero que solo solicitó la certificación de autorreconocimiento hasta el 27 de octubre, siendo esta resuelta de forma favorable hasta el 5 de noviembre del mismo año. Insiste también, en que el representante legal registrado en el Ministerio del Interior es diferente al que firma el acta que beneficia a Andrés Eduardo Guevara.
2.2. En auto del 6 de abril de 2016, en atención a la contestación de la UIS, decidió vincular de oficio a la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas, Asocodita, y a la dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior.
2.3.2. Indicó que en su solicitud inicial, el joven agenciado en la presente acción de tutela, presentó la certificación de autorreconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el día 5 de noviembre de 2015, una certificación de Asocodita del 22 de octubre de 2015 en la que se afirma que el solicitante es miembro de su comunidad y la constancia de estudios de la Fundación Colegio UIS, donde cursó sus estudios de bachillerato.
2.3.3. En reunión del 11 diciembre de 2015, se decidió retirar de la discusión de admisión al profesor Eduardo Serafín Guevara Melo, quien es representante de la facultad de ingenierías físico-mecánicas en el comité de admisiones y es padre de Andrés Eduardo Guevara. En la misma reunión, se decidió aplazar la discusión de admisión especial porque no reposaba en la documentación enviada el acta por la cual la comunidad de Asocodita escogía para el programa de medicina al joven Guevara Terranova. El 15 de diciembre de 2015 se solicitó tal información a Darío Mina Cortez de Asocodita.
2.3.4. Ante las dudas en la documentación allegada, por las “incongruencias cronológicas”(8) y la firma del representante legal, se decide enviar el expediente a la oficina jurídica de la UIS.
2.4.1. La UIS niega la admisión porque no se cumple con los requisitos del artículo 3º del Acuerdo 134 de 2011. Para la universidad no es oponible que el señor Víctor Moreno firme como asociado a Asocodita, ya que debe ser como representante legal, así como tampoco es oponible el acta anexada por Andrés Eduardo Guevara Terranova.
2.4.3. Finalmente, indica que no se cumplieron los requisitos del artículo 3º del Acuerdo 134 de 2011, dando especial atención a que no se puede homologar el certificado de existencia expedido por la cámara de comercio a la certificación del Ministerio del Interior, debido que este último es el directamente competente de esta clase de asuntos.
2.5.3. Considera que existe una falta de legitimación por pasiva, porque “los hechos que alega la parte actora que, presuntamente, vulneran su derecho fundamental a la consulta previa, están referidos concretamente, a una actuación desplegada por la Universidad Industrial de Santander en el marco de la autonomía que le es predicable por expreso imperativo constitucional y legal, la cual escapa a la esfera de competencia de la dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior, razón por la cual mal podría predicarse por parte del mismo, la presunta vulneración del derecho fundamental invocado en la presente acción constitucional”(9).
2.6.2. Afirma que se ha comunicado en diversas ocasiones con este fin. Radicó 2 solicitudes por escrito, a inicios de 2015 y 2016, sin obtener contestación de la entidad. Indica que se le ha dicho en el ministerio que los documentos han pasado por las manos de la señora Sandra Liliana Villa Riaga, del señor Rogelio Cano y de la señora Claudia Mercedes López Buitrago, pero aún no tiene respuesta a su solicitud.
Destaca que el acta está firmada por el nuevo representante legal, Darío Mina, quien ya actúa como representante legal en la cámara de comercio, pero que también está firmada por el anterior representante, Víctor Moreno, en su calidad de asociado y quien, de acuerdo con el Ministerio del Interior, continua siendo el representante de Asocodita.
6. Pruebas de instancias.
— Copia del Acuerdo 134 del 7 de junio de 2011 (fls. 1-2, cdno. 1).
— Copia del formulario de solicitud de admisión especial llenado por Andrés Eduardo Guevara Terranova (fl. 4, cdno. 1).
— Copia de certificado de estudios de la Fundación Colegio UIS expedido el 27 de octubre de 2015 en el que consta que Andrés Eduardo Guevara Terranova cursa undécimo grado (fl. 5, cdno. 1).
— Copia del certificado de autorreconocimiento de Andrés Eduardo Guevara Terranova como miembro de comunidades negras, población afrocolombianas, raizales y palenqueras, expedido por el Ministerio del Interior el 5 de noviembre de 2015 (fl. 9, cdno. 1).
— Copia del Acta 19 del comité de admisiones de la UIS realizado el 11 de diciembre de 2015 por medio del cual se hizo el análisis de resultados del proceso de selección de admisiones especiales (fl. 10, cdno. 1).
— Copia del Acta 80 de Asocodita del 15 de octubre de 2015, por la cual se selecciona a Andrés Eduardo Guevara Terranova para ingresar a la UIS a través del mecanismo de admisión especial en nombre de la asociación comunitaria (fl. 11, cdno. 1).
— Copia de los resultados de Saber 11 de Andrés Eduardo Guevara Terranova (fl. 12, cdno. 1).
— Copia del puntaje de corte para ingreso al programa de medicina en la UIS (fl. 12, cdno. 1).
— Copia del Acta 1 del comité de admisiones de la UIS realizado el 22 de enero de 2016 por medio del cual se decidió enviar la información y documentación de la admisión especial de Andrés Eduardo Guevara a la oficina jurídica de la UIS (fl. 14, cdno. 1).
— Copia del Acta 4 del comité de admisiones de la UIS realizado el 8 de febrero de 2016 por medio del cual se decidió no aceptar la solicitud de admisión especial de Andrés Eduardo Guevara Terranova (fl. 15, cdno. 1).
— Copia del oficio de notificación D16-01446 del 10 de febrero de 2016 por medio de la cual la UIS informa a Andrés Eduardo Guevara Terranova la decisión de no aceptar la solicitud de admisión especial (fl. 16, cdno. 1).
— Copia del derecho de petición dirigido al comité de admisiones y al consejo académico de la UIS, radicado por la accionante el 15 de febrero de 2016 (fls. 17-18, cdno. 1).
— Copia del certificado de existencia de entidades sin ánimo de lucro de Asocodita, expedido por la Cámara de Comercio del Cauca (fl. 19, cdno. 1).
— Copia del Acta 5 del comité de admisiones de la UIS realizado el 22 de febrero de 2016 por medio de la cual se discute la respuesta a dar a la solicitud de la accionante en derecho de petición del 15 de febrero de 2016 (fl. 24, cdno. 1).
— Respuesta de la secretaria general de la UIS al derecho de petición presentado por la accionante el 15 de febrero de 2016 (fl. 25, cdno. 1).
— Respuesta de Asocodita a la accionante en la que indica que desde el 3 de abril de 2015 se solicitó al Ministerio del Interior el cambio de representante legal (fl. 26, cdno. 1).
— Copia de comunicación enviada por parte de la UIS a Asocodita solicitando copia del acta de la reunión de asamblea en la que eligieron como aspirante a una admisión especial a Andrés Eduardo Guevara Terranova debidamente firmada por el representante legal que se reporta en el Ministerio del Interior (fls. 56-57, cdno. 1).
— Copia del e mail enviado por el Ministerio del Interior a la UIS en el que indican que es Víctor Hugo Moreno Mina quien aparece inscrito como representante legal de Asocodita en sus oficinas (fl. 60, cdno. 1).
— Respuesta del comité de admisiones de la UIS al derecho de petición presentado por la accionante el 15 de febrero de 2016 (fls. 64-69, cdno. 1).
“1. SOLICITAR a la dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior que envíe, en el término de tres (3) días, copia integral de las dos (2) solicitudes remitidas por la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas, Asocodita, a sus oficinas el 3 de abril de 2015, bajo radicado EXTMI15-00014278, y el 3 de marzo de 2016, con radicado EXTMI16-0008719. Asimismo, que haga llegar a esta corporación las respuestas que se dieron por parte de la entidad a las dos (2) solicitudes mencionadas y que indique quiénes están actualmente inscritos como miembros de la junta directiva y representante legal de dicha asociación. Igualmente, que informe si a partir del 18 de marzo de 2016 se ha presentado alguna nueva solicitud de inscripción de representante legal o junta directiva por parte de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas, Asocodita, en las oficinas del ministerio. También, que en el mismo tiempo informe cuáles son los requisitos y tiempos que deben cumplir las organizaciones de base de las comunidades afrocolombianas para registrar una nueva junta directiva y un nuevo representante legal.
2. SOLICITAR a la Universidad Industrial de Santander, UIS, que en el término de tres (3) días envíe copia de todos los documentos relacionados con la solicitud de admisión especial de Andrés Eduardo Guevara Terranova. Asimismo, que informe cuál es la situación actual de este último en relación con la universidad, si se encuentra inscrito en algún programa o está efectivamente inadmitido. Finalmente, que indique si para el periodo académico para el que se presentó Andrés Eduardo Guevara Terranova existió alguna otra solicitud de admisión especial, para ingresar al programa de medicina, por parte de un miembro de una comunidad negra, afrocolombiana, palenquera o raizal, que cumpliera efectivamente con todos los requisitos del Acuerdo 134 de 2011.
3. SOLICITAR a la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas, Asocodita, que en el término de tres (3) días informe quiénes están actualmente vinculados como miembros de la junta directiva de tal asociación y quién es su actual representante legal. También, que informe si ha hecho alguna nueva solicitud de inscripción de representante legal o junta directiva ante la dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior desde el 18 de marzo de 2016.
4. SOLICITAR a la accionante Rosmery Terranova Romero, que en el término de tres (3) días informe si su hijo, Andrés Eduardo Guevara Terranova, se encuentra actualmente inscrito en algún programa de educación superior, bien sea en la Universidad Industrial de Santander o cualquier otra.
5. INVITAR al observatorio de discriminación racial, al grupo de acciones públicas - GAP de la Universidad del Rosario y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, para que, en el término de cinco (5) días, conceptúen sobre el enfoque diferencial, el acceso a la educación superior de grupos étnicos y las medidas afirmativas en favor de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera”.
7.2. La oficina jurídica de la UIS(10), el 26 de octubre de 2016 hizo llegar a través de correo electrónico el expediente administrativo que reposa en la división de admisiones y registro académico, así como el que se encuentra en la secretaría general de la universidad. De estos últimos es importante destacar:
— La copia del Acta 19 del comité de admisiones de la UIS realizado el 11 de diciembre de 2015 por medio de la cual reconoce impedimento para formar parte de la discusión de las admisiones especiales a Eduardo Serafín Guevara Melo, representante de la facultad de ingenierías físico-mecánicas y padre de Andrés Eduardo Guevara Terranova. En esta también se indica que hay dos personas solicitando que se les aplique el procedimiento de admisión especial por ser miembros de comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales (fls. 59-60, cdno. 3).
— La copia del concepto de la oficina jurídica de la UIS del 28 de enero de 2016 dirigido al comité de admisiones pronunciándose sobre la admisión de Andrés Eduardo Guevara Terranova, que indica que la discrepancia entre el representante legal que certifica al solicitante como miembro de Asocodita y el registrado en el Ministerio del Interior, hace inoponible tal certificación a la universidad, para efectos de admitir al hijo de la accionante (fls. 79-80, cdno. 3).
Finalmente, aclaró que el solicitante no cumplió con los requisitos que para una admisión especial determina el Acuerdo 134 de 2011. Adicionalmente, que ocupó el puesto 272, de acuerdo con su puntaje del Saber 11, entre las personas que se presentaron para ser admitidos en el programa de medicina. Resaltó que en este último fueron admitidas 72 personas.
7.3. La Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas envió el 29 de octubre de 2016, a través de correo electrónico, copia del documento radicado el 27 de octubre del mismo año en esta corporación(11), en el que indica que su junta directiva está actualmente conformada por Darío Mina Cortez (representante legal), Yady Lorena Reinosa (secretaria), Duvar Elí Zapata (fiscal), Ovidio Villegas Obando (tesorero), Luz Zoraida Mina Balanta (vicepresidente) y María Isabel Ordóñez Arizala (vocal).
En la misma comunicación anexó petición que se envió al Ministerio del Interior el 27 de octubre de 2016(12) en la que se le solicita inscribir la junta directiva de la asociación, solicitud que se le ha hecho en 2014 y 2015.
7.4. Rosmery Terranova Romero anexa comunicación(13) en la que indica que su hijo, Andrés Eduardo Guevara Terranova, no se encuentra inscrito en ningún programa de educación superior de la UIS u otra institución universitaria.
7.5. Marta María Saader Granados, subdirectora científica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, allega concepto elaborado por Carlos Andrés Meza(14) en el que se indica que las medidas afirmativas de carácter “étnico-racial” tienen su génesis en la apertura de los programas académicos de Harvard, Yale y Princeton, que dieron acceso a personas negras con el fin de que pudieran competir en igualdad de condiciones.
Indica que las medidas afirmativas buscan revertir las situaciones de desventaja que tienen ciertas minorías, promoviendo el aumento de estos grupos en escenarios de empleo, educación y empleo público, haciendo de su color, sexo o carácter determinante, el “criterio relevante en la selección de candidatos”(15). Se resalta, por parte del ICANH, que en el caso colombiano estas medidas se empiezan a adoptar a partir de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia realizada en Durban, sin embargo casos como este sirven “para alimentar las reflexiones, debates y propuestas en contra del racismo y la discriminación racial que se están desarrollando en Colombia”(16).
Resalta el interviniente, que entre 1993 y 2004 se dieron cambios legislativos, reglamentarios y de política pública, dirigidos a crear escenarios basados en la diferencia étnica y cultural de los afrodescendientes, surgiendo así la dirección de asuntos para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y la comisión consultiva de alto nivel. Concluye el Instituto que “a 11 años de expedición de la Ley 70, la persistencia de la discriminación racial estructural por la situación de desventaja y empobrecimiento en la cual vive la población negra en Colombia, aumentó como consecuencia del conflicto social y armado, el desplazamiento, el confinamiento y la vulneración de los derechos”(17).
Es así como, en 2004, se expide el Conpes 3310 que entiende por acciones afirmativas “el conjunto de directrices, programas y medidas administrativas orientadas a generar condiciones para mejorar el acceso a las oportunidades de desarrollo económico, social, cultural y promover la integración de la población negra o afrocolombiana”(18). Sin embargo, estos objetivos siguen estando lejos de ser cumplidos, ya que el mayor nivel educativo en las regiones lo siguen teniendo las poblaciones no étnicas y los afrocolombianos deben hacer un mayor esfuerzo para alcanzar aprendizajes y el desarrollo de ciertas habilidades.
Concluye el concepto que sería interesante revisar cuántos estudiantes afrodescendientes han obtenido los beneficios del Acuerdo 134 de 2011, con el fin de determinar si los requisitos creados por un programa de inclusión abstracta terminan, en la práctica, por generar una exclusión real y concreta.
7.6. Natalia Pérez Amaya, Daniel Guillermo Deaza Acosta y Diana Carolina Prado Carreño, intervienen en nombre del grupo de acciones públicas de la Universidad del Rosario - GAP(19), dividiendo su concepto en tres partes: la prevalencia del derecho sustancial, el derecho a la educación y la autonomía universitaria, el enfoque diferencial y las medidas afirmativas en favor de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.
En el primer punto se resalta que el derecho sustancial y su prevalencia configuran un principio constitucional que se encuentra plasmado en el artículo 228 de la Constitución(20). Esto, de acuerdo con la Corte(21), implica entender que el derecho procesal trae implícitas las formas de realización del derecho sustantivo. En consecuencia, conlleva a “que las formalidades no obstaculicen el logro de los objetivos del derecho sustancial”(22).
Destaca el concepto que en el caso que nos atañe el derecho en conflicto es el de la educación, consagrado en la Constitución, que además hace una especial protección de los menores de edad(23) y de las poblaciones discriminadas por sus condiciones físicas. Concluyendo que “el Estado tiene el deber legal de proteger a Andrés Eduardo Guevara Terranova no solo por su derecho tutelado a la educación, sino por su condición de protección reforzada”(24).
En el segundo acápite, se empieza por resaltar el artículo 67 de la Constitución(25) que pone el derecho a la educación en cabeza de todas las personas. Igualmente, la Carta consagra el derecho a la autonomía universitaria “que implica que puedan dictar su propio reglamento y regirse por sus propios estatutos, por ello pueden dictar los procedimientos académicos, los procedimientos administrativos y los procedimientos disciplinarios que consideren pertinentes, siempre y cuando estén en concordancia con la Constitución y la ley”(26).
Ahora bien, destaca la intervención que estos dos derechos constitucionales se enfrentan con frecuencia lo que ha hecho necesario que se creen, por parte de la Corte(27), reglas para solucionar este choque, privilegiando el derecho a la educación ante reglamentos que lo restringen. Por lo anterior, “al analizar el caso concreto se observa que el accionante cumplió con todos los requisitos que en virtud de la autonomía universitaria le fueron solicitados (...) se observa que la sanción de la UIS al ciudadano es desproporcionada, injustificada y arbitraria en esta situación particular”(28).
En el tercer punto, sobre enfoque diferencial, se recuerda que este busca establecer mecanismos que den un trato privilegiado a grupos clásicamente marginados o discriminados. A través de estas medidas afirmativas “se pretende crear un marco de protección para los grupos étnicos, que en el caso colombiano son los indígenas, los grupos afrocolombianos, los raizales, los Rom y los palenqueros”(29).
Sobre el caso en discusión, sostiene el grupo “que el enfoque diferencial se presenta respecto del ingreso de los aspirantes provenientes de comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales que (...) busca que los miembros de esta comunidad puedan acceder a la educación superior mediante la designación de un cupo por carrera”(30).
Finalmente, en el último punto de la intervención, se destaca que la Ley 70 de 1993 dispone de mecanismos para la protección y desarrollo del derecho a la educación, igualmente la Ley 115 de 1994 regula algunos aspectos de la educación de grupos étnicos y contiene unas medidas especialmente orientadas para afianzar la identidad cultural de los grupos étnicos. Asimismo, las universidades han creado programas de admisión especial, como el establecido en el Acuerdo 13 de 2009 de la Universidad Nacional.
Recuerda EN el concepto que la Corte en Sentencia T-110 de 2010 se pronunció sobre la decisión de la UIS de suprimir los cupos especiales de acceso a población indígena indicando que “eliminar las medidas afirmativas sin reemplazarlas vulnera el derecho a la igualdad”(31). Finalmente, la intervención solicita a la Corte que revoque las sentencias de instancia y que tutele el derecho a la educación del demandante.
7.7. César Rodríguez en calidad de director del observatorio de discriminación racial, ODR(32), comienza su intervención a partir de un breve recuento de los hechos. Posteriormente, realiza un recuento del acceso a la educación de las personas afrodescendientes en Colombia, resaltando que según cifras del censo de 2005, tan solo el 11,8% de los afrocolombianos ha logrado obtener un título de educación superior, muchos menos que los mestizos que han conseguido este privilegio(33), conllevando a que quienes tienen piel de color claro tengan “más años de estudios que aquellas de color oscuro, para Colombia, esta inequidad educativa corresponde a dos años”(34).
De acuerdo con el mismo censo, de 2005, la participación de las personas de piel blanca en la educación superior es aproximadamente 0.5 veces más alta que la de las personas afrocolombianas. Ahora bien, se destaca que hoy en día se gradúan más estudiantes negros de la educación media, sin perjuicio de que el número de ellos que logra ingresar a estudios superiores se mantiene igual. Lo anterior, por los obstáculos que se les presentan a los miembros de esta etnia para lograr el ingreso: (i) “el desempeño en los exámenes de admisión y de calidad de la educación primaria y media que en los departamentos habitados mayoritariamente por población afrocolombiana es abrumadoramente baja”(35); (ii) “la baja capacidad de pago de las familias afrocolombianas”(36); (iii) “la discriminación en el ámbito de la educación superior”(37); y (iv) “la deserción de estudiantes afrocolombianos es más alta que la del resto de estudiantes, debido a las enormes dificultades económicas y académicas que enfrentan”(38).
En un tercer punto, el escrito destaca las medidas afirmativas en materia étnico-racial principalmente en la educación superior. Comienza por resaltar que estas son escasas y presentan problemas de ejecución, encontrándose principalmente en los sectores de participación política, vivienda y educación superior. En estas últimas, existen aquellas que nacen por determinación del legislador y otras que provienen directamente de las universidades, públicas o privadas. Entre las primeras están las que van dirigidas a crear partidas presupuestales(39) o créditos con instituciones del Estado(40).
Indica la intervención que “a 2012, 3.0545 estudiantes han sido beneficiarios (...) [l]as universidades con mayor número de beneficiarios son la Universidad Tecnológica del Chocó y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Por otro lado, 26 instituciones de educación superior pública y privadas tienen programas de admisión diferenciada para afrocolombianos a través de procedimientos especiales para la asignación de cupos, selección, admisión en ingreso y para la asignación de apoyos económicos y becas especiales”(41). De estas últimas, 22 son públicas y ofrecen beneficios para efectos de la admisión e ingreso a la carrera, y 4 son privadas y brindan apoyos financieros para el pago de las matrículas.
Concluye la intervención, en este punto, que “Colombia carece entonces de una política coherente de acciones afirmativas para combatir las disparidades étnico-raciales. Esta ausencia perpetúa la exclusión de la población afrocolombiana a mecanismos de movilidad social y contradice las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales del Estado en materia de prohibir la discriminación y el derecho a la igualdad material”(42).
Finalmente, en lo que refiere al caso en concreto, el concepto considera que la negación del cupo a Andrés Eduardo Guevara Terranova por parte de la UIS violenta su derecho a la educación, especialmente al exigirle un requisito que no está en sus manos, sino que se circunscribe a las competencias de Asocodita y el Ministerio del Interior. Asimismo, tal negativa genera una restricción al programa de acciones afirmativas que buscan proteger el derecho a la educación de la población afrodescendiente.
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, porsímismaoporquienactúeasunombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (subrayado fuera de texto original).
Tambiénsepuedenagenciarderechosajenoscuandoeltitulardelosmismosnoestéencondicionesdepromoversupropiadefensa.Cuandotalcircunstanciaocurra,deberámanifestarseenlasolicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales” (subrayado fuera de texto original).
En este punto, es necesario indicar que la manifestación puede ser expresa o tácita. Así, será válida la agencia oficiosa cuando de los hechos narrados en el escrito de tutela se deduzca la calidad en la que actúa la persona que interpone la acción. Ahorabien,laCortehaexplicadoquecuandosetratademenoresdeedadnoseaplicaesterequisito,debidoaqueesobvioquelosniñosnoestánencondicionesdeejercersupropiadefensa” (subrayado fuera del texto original).
En ese sentido, esta corporación ha establecido que el artículo 44 de la Carta permite la protección de los derechos fundamentales de los niños a través de la acción de tutela, por iniciativa de cualquier persona(43), sin perjuicio que estos puedan hacerlo por sí mismos, si están en condiciones de realizarlo.
3.3. Asimismo, el ordenamiento jurídico permite que los representantes legales de los menores defiendan los derechos de estos mediante acción de tutela. En consecuencia, los padres pueden promover el amparo para proteger los derechos fundamentales afectados o amenazados de sus hijos, debido a que ostentan la patria potestad(44) y, por tanto, la representación judicial y extrajudicial de estos. Ahora bien, una vez el menor accede a la mayoría de edad y adquiere una capacidad plena, los padres perderán la facultad de representar a sus hijos en esta sede.
4. Procedencia de la acción de tutela para amparar derechos de sujetos de especial protección constitucional(45).
4.1. El artículo 86 superior consagra que cuando se encuentre amenazado un derecho fundamental, la acción de tutela procede como medio de defensa judicial para su protección inmediata, respecto de cualquier acción u omisión que provenga ya sea de una autoridad pública o de un particular(46).
No obstante, de manera previa el juez de tutela tiene la tarea de evaluar si es procedente el amparo. Así, en caso de no disponer de un medio de defensa idóneo la tutela será viable de manera definitiva, y en caso de que se busque prevenir un perjuicio irremediable la acción procederá como mecanismo transitorio(47).
“(i) Los medios ordinarios de defensa judicial no son suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales; y (iii)elaccionanteesunsujetodeespecialprotecciónconstitucional(personasdelaterceraedad,personasdiscapacitadas,mujerescabezadefamilia,poblacióndesplazada,niñosyniñas),yporlotantosusituaciónrequieredeparticularconsideraciónporpartedeljuezdetutela”(48) (subrayado fuera del texto original).
En este último evento la Corte ha estimado que en virtud de la necesidad de garantizar el amparo constitucional reforzado de que gozan dichos sujetos, y con el objeto de admitir la viabilidad y prosperidad de la acción, “el juez de tutela debe considerar con particular atención las circunstancias de debilidad manifiesta e indefensión en las que se encuentra el titular de los derechos invocados”(49). Lo anterior ha sido reiterado en diferentes decisiones de este tribunal, donde ha establecido que la acción de tutela es procedente para proteger el derecho a la educación a dichos sujetos de especial protección.
4.2. Ahora bien, conforme a la Constitución y la jurisprudencia de esta corporación, los miembros de los grupos étnicos que habitan en Colombia también hacen parte de los sujetos especialmente protegidos por el ordenamiento jurídico. Lo anterior, debido a que el reconocimiento del pluralismo en lo concerniente a los grupos étnicos y culturales involucra un mandato de promoción de sus derechos al ser objeto de marginación a través de los tiempos(50).
Atendiendo la situación de exclusión social que repercute negativamente en el acceso a oportunidades de orden económico, social y cultural, se impone una diferenciación positiva para suprimir las barreras que se opongan a la igualdad material y enfrentar las causas que la generan, sin eliminar los rasgos culturales típicos de una determinada comunidad (art. 13 superior)(51). La supresión de dichas barreras no se limita al derecho sustancial, sino que también se observa en los mecanismos del derecho procesal que deben ser abiertos y buscar la protección de los derechos de los miembros de estas comunidades.
4.3. Finalmente, debe anotarse que los menores de edad gozan también de una especial protección que permite evaluar con menor severidad la procedencia de la acción de tutela, esto en virtud del inciso primero del artículo 44 de la Constitución(52), que eleva a la categoría de fundamental el derecho a la educación.
5. El derecho a la educación superior y el principio de autonomía universitaria(53).
5.1.1. La educación tiene la condición de un derecho prestacional porque hace parte de los derechos sociales, económicos y culturales (en adelante DESC), (C.N., arts. 67, 68 y 69). Esto implica que su efectividad está ligada a la disponibilidad de recursos económicos, una regulación legal y una estructura organizacional(54). Por otra parte, se constituye como derecho fundamental cuando se trata de educación primaria y básica(55) y, de manera excepcional, de educación superior(56), como se explicará más adelante.
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución, previamente citado, la educación obligatoria “comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”. Lo anterior, revela que es imperativo que el Estado brinde la educación de cinco años de primaria y cuatro de secundaria que comprende la educación básica(57). Sin embargo, no exime al Estado de la responsabilidad de brindar la disponibilidad respecto de todas las etapas de la educación (preescolar, primaria, secundaria y superior)(58).
5.1.2. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que si bien la obligación del Estado en materia de educación se limita según el nivel de enseñanza, con base en el principio de progresividad(59), le corresponde junto con la familia y la sociedad “el deber de procurar el acceso progresivo de las personas a los distintos niveles de escolaridad, mediante la adopción de diferentes medidas, dentro de las que se destaca, por expreso mandato constitucional, la obligación de facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”(60).
c) Hacerlaenseñanzasuperioraccesibleatodos,sobrelabasedelacapacidad,porcuantosmediosseanapropiados (...) (subrayas fuera del texto original)”.
Asimismo, con arreglo al apartado c) del párrafo 2º del artículo 13 del Protocolo de San Salvador:
c. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”.
Por otra parte, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior (1998) y el Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior, adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, hacen un llamado a los Estados Miembros para que adopten las medidas necesarias para fomentar la accesibilidad a la educación superior. Por ejemplo, “crear, cuando proceda, el marco legislativo, político y financiero para reformar y desarrollar la educación superior”; impulsar la vinculación con la investigación y los distintos sectores de la sociedad para que contribuyan eficazmente con el desarrollo. Visto lo anterior, no fija una obligación directa de brindar la educación superior.
5.1.4. En concordancia con lo anterior, el derecho a la educación no solo goza de protección constitucional en su modalidad, primaria, básica y secundaria(61). La Corte también ha protegido el derecho al acceso a la educación superior(62), cuando su amenaza o vulneración provoca la amenaza o vulneración de otros derechos de carácter fundamental, como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad o el debido proceso por conexidad.
La Corte ha protegido el derecho a la educación por la correspondencia que esta tiene con el desarrollo personal e inclusive el plan de vida del individuo como herramienta para superar situaciones de marginación. Esta perspectiva presume que el grado de educación formal incide decisivamente en la calidad de vida de los individuos, las familias y las colectividades. En efecto atiende a la relación entre la educación y la mejora de los niveles de ingreso, el acceso a oportunidades profesionales, la inserción en la vida productiva, la movilidad social, la salud de las personas, los cambios en la estructura de la familia, la promoción de valores democráticos, la convivencia civilizada y la actividad autónoma y responsable de las personas.
5.2.1. El estudio del derecho a la educación superior requiere ineludiblemente tener en cuenta la autonomía universitaria(63). Esta consiste en la facultad que gozan las universidades para darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley, en virtud del artículo 69 de la Constitución.
5.2.2. Dicha autorregulación se desarrolla a través de los reglamentos estudiantiles, en los cuales constan las facultades, atribuciones y límites que rigen a todos los actores del proceso educativo. Lo anterior, bajo el marco de los principios, valores y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, en la ley y en los tratados internacionales(64). Así las cosas, el reglamento estudiantil debe ser claro sobre los parámetros exigidos de cualquier procedimiento en la institución, esto es la inscripción, admisión, acreditación de los requisitos académicos y para aprobar las diferentes materias, así como para optar por el título de profesional que el estudiante haya escogido. Este rige la relación derecho-deber entre los estudiantes y los centros de educación superior, quienes deben respetarlo.
Por ello, tal autonomía no es de carácter absoluto toda vez que su ejercicio debe respetar el ordenamiento constitucional y legal vigente(65). Al respecto la Corte en Sentencia T-933 de 2005 dijo:
5.2.3. Así las cosas, se tiene que los entes formativos establecen un régimen interno (denominado normalmente reglamento), de carácter obligatorio para quienes conforman la comunidad universitaria (directivos, docentes y estudiantes), el cual prevé las disposiciones que, dentro del respectivo establecimiento, serán aplicables a las diferentes circunstancias que emanen por causa o con ocasión de su actividad, tanto en el campo administrativo como disciplinario(66). Tal facultad, como ya se dijo, se encuentra restringida a que no se adopten no limiten de manera injustificada, desproporcionada y arbitraria el ejercicio del derecho a la educación(67).
5.3.1. Esta corporación ha identificado casos en lo que está, por un lado, el derecho a la educación, y por el otro, la garantía del principio de la autonomía de los centros educativos, materializado en las obligaciones establecidas en sus reglamentos. Ha dicho la Corte que en el evento en que dichas normas entren en conflicto, “el juez debe proceder a realizar un juicio de ponderación a favor del derecho a la educación si la consecuencia del conflicto es su desconocimiento y negación. El propósito de la ponderación no es excluir o eliminar [la garantía] a la autonomía sino establecer una prelación a favor del derecho a la educación en aras de impedir que sea suspendido o negado indefinidamente”(68).
Además, no solo los funcionarios estatales deben ponderar entre ambos derechos sino también las autoridades universitarias, ya que “no deben ser insensibles, dando aplicación ciega a las normas o escudándose en la autonomía universitaria y de espalda al drama humano que [puede atravesar] uno de sus estudiantes”(69).
6. Las medidas afirmativas para comunidades negras en el marco de la educación superior(70).
6.2. En ese sentido, los artículos 1(71) y 7(72) de la Constitución justifican la existencia de medidas afirmativas y la aplicación de enfoques diferenciales en favor de grupos étnicos, en el ordenamiento jurídico colombiano. El respeto por la diferencia y la exaltación de las culturas nativas, e históricamente vinculadas al territorio colombiano, conllevan para el Estado la obligación de poner en manos de estas medios que les permitan mantener sus características fundantes, así como mecanismos para lograr la efectividad plena de sus derechos. En tal sentido, esta corporación ha dicho que:
“Los principios de pluralismo, diversidad étnica y cultural fueron reconocidos por parte del constituyente de 1991 y se fundan como elementos determinantes del Estado colombiano. El artículo 7º de la Constitución señala que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”; en igual sentido se pronuncia el artículo 70 superior. Esta corporación ha afirmado que los mencionados principios “permiten al individuo definir su identidad con base en sus diferencias específicas y en valores étnicos y culturales concretos, y no conforme a un concepto abstracto y general de ciudadanía, como el definido por los Estados liberales unitarios y monoculturales”. Las normas constitucionales referenciadas no solo implican el reconocimiento de la diversidad cultural, sino además, establecen un claro deber para el Estado colombiano de garantizarla y protegerla de manera efectiva, mediante la adopción de medidas afirmativas para que el mencionado derecho sea efectivamente gozado, en condiciones de una verdadera igualdad material”(73).
El marco constitucional anterior viene a complementarse con el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art. 27)(74), el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (arts. 13 y 15)(75), el protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (arts. 13 y 14)(76) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo(77), al hacer parte integrante del denominado bloque de constitucionalidad estricto sensu (art. 93 superior)(78). Finalmente, se debe destacar la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptada en Nueva York el 7 de marzo de 1966 y ratificada por Colombia mediante la Ley 21 de 1981 que en el numeral segundo de su artículo 2º indica que:
Igualmente, es posible ver la existencia de estas medidas de discriminación positiva en otros países. Desde antes de 1970 las mejores universidades norteamericanas empezaron a implementar medidas de admisión sensible en favor de personas de raza negra y de otras minorías. Dichas medidas mostraron su éxito cuando grandes centros educativos, como la Boalt Hall School de Berkeley o la Texas Law School, empezaron a admitir cada año 24 y 38 estudiantes negros en sus programas, respectivamente. Sin embargo, a mediados de los 90 empezaron una serie de ataques legales y políticos contra estas medidas, al considerarlas contrarias a la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos(79), llevando a que estas mismas instituciones admitieran 1 y 4 estudiantes negros en 1997(80). Indica Ronald Dworkin que los críticos de estas medidas se centraron en las consecuencias que generaban en su aplicación, diciendo que “al admitir estudiantes que no están calificados para beneficiarse de la educación que reciben, [se] ha[n] logrado bajar los estándares educativos, lo que en vez de aligerar las tensiones raciales las ha exacerbado”(81).
“Por supuesto, la discriminación positiva ha tenido su coste —tanto para los aspirantes blancos insatisfechos como para aquellos individuos negros de éxito que rechazan cualquier insinuación de que necesitaron una preferencia especial para triunfar— y ha provocado indudablemente una repulsa más generalizada, a pesar de que el nivel de esta continúa siendo poco claro. Pero los costes morales y prácticos de prohibirla serían mucho mayores. La discriminación racial sistemática del pasado ha creado una Nación en la cual las posiciones de poder y prestigio han estado ampliamente reservadas para una raza. Cuando las consecuencias de la discriminación positiva eran todavía inciertas, no parecía irresponsable que los críticos se opusieran a ella sobre la base de que su instrumentación haría más daño que bien. Pero sería erróneo para la nación prohibir esta práctica ahora que existen estadísticas y análisis amplios que han demostrado, de forma manifiesta, su valor”(82).
Dicha ley contiene, además, en su capítulo VI los mecanismos para la protección y desarrollo de los derechos y de la identidad cultural de las comunidades negras, incluyendo en este acápite una serie de disposiciones relativas a la prestación del servicio educativo y el acceso a la educación superior de estos colectivos. Así, en el primer inciso del artículo 33 el Estado se compromete a perseguir y evitar la segregación en el sistema educativo(83); en los incisos primero y segundo del 38 se dispone que las comunidades negras deben contar con los medios para conseguir una formación profesional, brindándoles a estas acceso y promoción en estos programas(84); y en el 40 se obliga al gobierno a crear partidas presupuestales y fondos de becas que garanticen el acceso de estos grupos a los diferentes niveles de formación(85).
Ahora bien, como lo destacó el observatorio de discriminación racial en el concepto rendido para este caso, en materia de medidas afirmativas en favor del acceso a la educación superior de las personas negras se deben destacar dos: “aquellas de origen legislativo y aquellas que surgieron como iniciativa autónoma (sin que medie una ley en sentido estricto) de universidades públicas y privadas”(86). De estas últimas, 26 tienen programas de admisión especial para afrocolombianos, 22 públicas y 4 privadas, entre las primeras esta la UIS.
7. La función certificadora y de registro de la dirección de asuntos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior(87).
7.1. La tarea de determinar la pertenencia de uno o más sujetos a una comunidad étnica ha resultado compleja en más de una ocasión(88), especialmente en casos que le ha correspondido conocer a esta corporación. La Corte ha reiterado la regla jurisprudencial que impide vincular la identidad indígena o afrocolombiana a lo que sobre el particular certifique una entidad estatal. Ninguna autoridad pública, ni siquiera el juez constitucional(89), puede definir si un sujeto hace parte o no de una minoría étnica, pues son estas comunidades las únicas que pueden fijar tales criterios de pertenencia, en ejercicio de su autonomía(90).
La función registral y certificadora que ostentan algunas de las entidades del Estado no tiene otro fin que facilitar el acceso a derechos y prestaciones a los miembros de ciertas comunidades. Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 1º y 7º de la Constitución Nacional, ya referenciados. Asimismo, en el caso particular de las comunidades negras, el artículo 55 transitorio de la Carta conminó a que se llevara a cabo un proceso de reconocimiento de derechos a las comunidades negras por parte del Congreso y una comisión especial creada dentro del gobierno, pero no les daba la facultad para determinar cuándo se estaba en presencia de un grupo afrodescendiente o no. La disposición en mención estableció que:
En tal sentido, desde la Constitución se puede entrever que “la existencia de una comunidad indígena o afrodescendiente no depende de un acto expreso de las autoridades públicas, sino de los hechos constitutivos de su diversidad cultural y el autorreconocimiento del grupo”(91).
Ya que, como se indicó, el reconocimiento estatal contribuye a demostrar la existencia de la comunidad para efectos de la obtención de reconocimientos en materia de prestaciones y derechos, pero no es el hecho constitutivo de la identidad cultural y la determinación como comunidad étnica. En consecuencia, al ser “la existencia de una comunidad étnica una cuestión material y puramente fáctica, puede probarse por cualquier medio que resulte adecuado para forjar la convicción del juez, en virtud del principio de libertad probatoria”(92).
En igual forma lo reconoce el Convenio 169 de la OIT que en su artículo primero, en referencia al ámbito de su aplicación, establece en el literal a) del numeral 1º que los pueblos tribales son aquellos que se diferencian de otros sectores de la colectividad nacional, asimismo que la conciencia de su identidad será el factor fundamental para establecer su condición. Indica el convenio que:
7.2. Con base en los fundamentos anteriores, el gobierno ostenta una facultad registral y certificadora para efectos de la obtención de beneficios y solicitud de medidas afirmativas por parte de los grupos étnicos. En el caso de las comunidades negras tal función se delegó, vía artículo 67 de la Ley 70(93), en la dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
A esta última, conforme al Decreto 2893 de 2011 le corresponden una serie de funciones que tienen amplia incidencia en la forma en que los colectivos negros y organizaciones de base acceden a sus derechos. Entre estas, es importante destacar sus competencias en la promoción y garantía de los derechos de las comunidades, en la realización de los espacios de participación y consulta previa, en el fortalecimiento de los procesos organizacionales de estos grupos, en materia del registro único nacional de consejos comunitarios y en la promoción de los enfoques diferenciales y medidas afirmativas en favor de las personas negras y afrodescendientes, entre otras. Del mencionado artículo es importante destacar la función del numeral 7º:
“ART. 14.—Funciones de la dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Son funciones de la dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, las siguientes:
7.Llevarelregistroúniconacionaldelosconsejoscomunitarios,organizacionesdebase,yrepresentantesdelascomunidadesnegras,afrocolombianas,raizalesypalenqueras” (subrayado fuera de texto original).
En lo que se refiere a la función descrita en el numeral 7º, relacionada con el registro único de las organizaciones de base y consejos comunitarios negros, esta se desarrolla a fondo en el Decreto 1066 de 2015, único del sector administrativo del interior que compiló el Decreto 3770 de 2008, en el que se indica que la dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras es responsable del mencionado registro, los requisitos y procedimientos necesarios para mantenerlo actualizado.
7.3. Es así como se puede concluir que el ejecutivo tiene unas funciones de carácter administrativo que tienen efectos para el acceso a ciertas prestaciones por parte de las comunidades negras. Sin embargo, tal competencia no puede, ni debe, tener incidencia en el reconocimiento de la pertenencia a determinado grupo étnico, ya que como ha indicado esta corporación el autorreconocimiento y los hechos constitutivos de la diversidad cultural son los que determinan si se es, o no, sujeto étnico.
8.1. Presentación del caso.
Conforme a los antecedentes descritos, en este asunto la acción de tutela se presenta con el fin de que la Universidad Industrial de Santander, UIS, asigne un cupo en la carrera de medicina, por la modalidad de admisión especial de persona que procede de población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, a Andrés Eduardo Guevara Terranova.
Según la accionante, la referida universidad incurrió en la vulneración del derecho a la educación de su hijo al haberle negado el ingreso al programa de medicina por supuestamente no haber cumplido con todos los requisitos para ser admitido. Sin embargo, indica la demandante que su hijo se presentó al proceso de admisión en la mencionada institución y optó por una admisión especial, argumentando su condición de afrocolombiano y miembro de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas, Asocodita. Para demostrarlo, presentó copias del certificado de autorreconocimiento expedido por el Ministerio del Interior(94) y del acta por la cual Asocodita lo selecciona para ingresar a la UIS a través del mecanismo de admisión especial en nombre de la asociación comunitaria(95), asimismo indica que acreditó el puntaje del Saber 11 requerido. Sostiene por tanto, que cumplió con todos los requisitos para hacerse beneficiario de un cupo especial en la carrera de medicina.
La presente acción de tutela fue presentada por Rosmery Terranova Romero actuando como agente oficiosa de su hijo, Andrés Eduardo Guevara Terranova. Entre las pruebas aportadas en el expediente se observa copia de la tarjeta de identidad(96) y del registro civil de nacimiento(97) de Andrés Eduardo.
En estos anexos se puede encontrar que el joven en cuestión nació el día 1º de junio de 1998 y que sus padres son Rosmery Terranova Romero y Eduardo Serafín Guevara Melo. Teniendo en cuenta que la acción de tutela fue presentada el 18 de marzo de 2016 se puede concluir que para este momento Andrés Eduardo no contaba con la mayoría de edad y, por tanto, podía ser representado por su madre en el marco de la acción de amparo.
En la acción fue demandada la UIS, al ser la entidad que negó la admisión al programa de medicina a Andrés Eduardo Guevara Terranova. Asimismo, el juez de primera instancia decidió vincular de oficio(98) a la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas, Asocodita, y a la dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior.
8.4. Estudio de la procedencia de la acción de tutela.
En el presente caso, estamos ante una persona que tenía el carácter de menor de edad en el momento de presentación de la acción, tal y como se resaltó en la legitimación por activa, pero también nos encontramos frente a un ciudadano que se auto determina como miembro de un grupo étnico afrocolombiano, situación que se verifica por lo dicho en la acción y por el certificado de autorreconocimiento expedido por la dirección de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior(99).
Finalmente, al tratarse de una persona de 18 años que está buscando su pronto ingreso a la universidad con el fin de cumplir su plan de vida, se entiende que requiere de un mecanismo expedito y efectivo que dé solución a su problemática, especialmente cuando esta se asocia a un hecho que puede ser calificado como sospechoso.
Encuentra la Sala que el 10 de febrero de 2016 se le notificó al hijo de la accionante sobre la decisión del comité de admisiones de negarle el ingreso a la UIS(100) y que, ante tal decisión, la accionante interpuso derecho de petición el 15 de febrero de 2016 dirigido al mencionado comité y al consejo académico de la universidad, solicitando que se aceptara la solicitud de admisión especial de Andrés Eduardo Guevara.
Esta última solicitud fue negada a través de dos respuestas, una del consejo académico, de fecha 23 de febrero de 2016, y otra del comité de admisiones, del 1º de marzo de 2016. Ante esto la accionante interpuso tutela el 18 de marzo del mismo año.
8.5.1. Andrés Eduardo Guevara solicitó una admisión especial a la UIS en el marco del Acuerdo 134 de 2011, expedido por esta institución. En el artículo 3º de dicha norma se indica que:
“ART. 3º—Establecer el proceso de admisión especial con el fin de otorgar un cupo por carrera para los bachilleres que procedan de población negra, afrocolombiana, palenquera, raizal (archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y que se encuentren debidamente registrados en el censo que elabora el Ministerio del Interior y de Justicia. Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Lugar y fecha de realización de la reunión (vigencia no superior a dos meses).
• Nombres y apellidos completos, número de documentos de identidad de los bachilleres seleccionados.
• Nombres, firmas y cargos de los miembros de la organización que participaron en dicha asamblea.
• Nombres y documentos de identidad de las personas que firman el acta.
8.5.2. En ese sentido, el menor cumplió con pagar el pin de inscripción para dos programas académicos(101), ingeniería civil y medicina, y procedió a realizar el registro de la inscripción, conforme al instructivo del proceso de admisiones(102). Asimismo, anexó a su solicitud el resultado obtenido en la prueba Saber 11 en la que obtuvo un puntaje global de 377 y un promedio de 76,1(103).
Ahora bien, conforme la documentación aportada(104) y lo dicho en la contestación por la universidad(105) el puntaje de corte para el programa de medicina, en el primer semestre del 2016, fue de 82,60, lo que significaría que el puntaje obtenido por Andrés Eduardo Guevara no le alcanzaría para ingresar a la carrera. Sin embargo, el artículo 6º del Acuerdo 134 de 2011 establece que en una admisión especial se entenderá cumplido el requisito si el solicitante obtiene un puntaje igual o superior al 80% del puntaje de corte. En ese sentido, indica tal norma que:
“ART. 6º—Para acogerse a cualquier modalidad de admisión especial es necesario tener un puntaje en el examen de Estado igual o superior al 80% del puntaje de corte del programa al cual se inscribió, en el proceso de admisión respectivo”.
En consecuencia, el puntaje que debe ser tenido en cuenta para el caso de Andrés Eduardo Guevara es de 66,08, cifra que corresponde al 80% de 82,60, la cual fue ampliamente superada por el representado en esta acción de tutela. Conforme lo anterior, se dio pleno cumplimiento a los requisitos exigidos en el literal a) del artículo 3º del Acuerdo 134 de 2011.
8.5.3. Procedió entonces el menor, de conformidad con la norma, a solicitar el formato establecido para hacerse beneficiario de la admisión especial. En ese momento le notificaron en la UIS que en el marco de estos procesos de admisión solo es posible presentarse a un programa académico, en virtud del parágrafo segundo del artículo 8º del Acuerdo 134 de 2011, que establece que:
“PAR. 2º—El aspirante podrá solicitar el beneficio del presente acuerdo solamente a un programa académico”.
Por tal motivo, Andrés Eduardo desistió de ingeniería civil y aspiró únicamente al programa de medicina, llenando el formulario de solicitud de admisiones especiales el 28 de octubre de 2015(106), indicando en este último que es miembro de una comunidad negra, afrocolombiana, palenquera o raizal. Con esto, dio cumplimiento al literal c) del artículo 3º del Acuerdo 134 de 2011.
8.5.4. Asimismo, el 27 de octubre de 2015 solicitó a la dirección de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior que se expidiera certificación de autorreconocimiento como miembro de una comunidad afrocolombiana, a dicha solicitud acompañó el formato de auto reconocimiento, copias de su cédula de ciudadanía, su registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía de su madre.
Por lo anterior, la mencionada dirección le entregó el certificado solicitado el 5 de noviembre de 2015(107), en el que se indica que Andrés Eduardo Guevara se auto reconoció como miembro de la población afrocolombiana, cumpliendo así con el requisito establecido en el literal d) del artículo 3º del Acuerdo 134 de 2011.
Como puede verse en tal acta(108), en asamblea del 15 de octubre de 2015 realizada en Guachené, Asocodita analizó la solicitud de Andrés Eduardo Guevara Terranova, identificado con tarjeta de identidad 980601-62247, para ser nominado por la organización para ser beneficiario de una admisión especial en la UIS. Dicha asociación estableció que el solicitante era miembro activo, que estaba registrado en el censo del Ministerio del Interior y que le faltaba menos de un año para su graduación, conforme a eso decidió seleccionarlo para el beneficio.
El acta de dicha reunión la firman Darío Mina Cortez (representante legal), Yady Lorena Reinosa (secretaria), Duvar Elí Zapata (fiscal), Ovidio Villegas Ibando (tesorero), Luz Zoraida Mina Balanta (vicepresidente), Isabel Ordóñez (vocal) y Víctor Hugo Moreno Mina (asociado).
Este documento fue allegado al comité de admisiones de la UIS, que mediante reunión del 22 de enero de 2016, consignada en el Acta 1(109), decidió que toda la documentación presentada por Andrés Eduardo Guevara Terranova fuera remitida a la oficina jurídica para revisión por parte de esta. En sesión del 8 de febrero de 2016, que se puede observar en el Acta 4(110), el comité de admisiones determinó que la solicitud de admisión especial no cumplía con el requisito fijado en el literal c) del artículo 3º del Acuerdo 134 de 2011. Lo anterior, porque una vez se consultó el registro único nacional de consejos comunitarios y organizaciones de la dirección de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior(111) se estableció que el acta enviada por Asocodita resultaba contradictoria, ya que en el mencionado registro figuraba como representante legal Víctor Hugo Moreno Mina y no Darío Mina Cortez.
Pero, además de solicitar un requisito que no es claro en el reglamento, se le endilgó al solicitante una carga que no le correspondía soportar al someter su admisión a un trámite administrativo entre la organización de base y el Ministerio del Interior. La UIS tuvo conocimiento, a través de un derecho de petición enviado por la actora el 15 de febrero de 2016(112), de las dificultades que afrontaba Asocodita para registrar su nueva junta directiva, por las formalidades y requisitos determinados por la dirección de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior. Adicionalmente, también pudo notar en el registro de cámara de comercio de esta organización(113) que es evidente que el señor Darío Mina es el representante legal de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas.
A pesar de lo anterior, la universidad decidió, fruto de una interpretación jurídica, quitarle todo crédito a este certificado, ya que según esta es inoponible porque solo el registro único que lleva el Ministerio del Interior puede mostrar quién es el efectivo representante legal(114). La UIS ante una ausencia de norma reglamentaria interna que regulara el tema no aplicó de modo preferente y directo los derechos constitucionales fundamentales, sino que por el contrario actuó de forma insensible, dando aplicación ciega a una interpretación y escudándose en la autonomía universitaria, de espalda al drama humano que puede estar atravesando uno de sus aspirantes, fruto de una negativa que le trunca su plan de vida.
En Acta 19(115), que consigna la reunión del comité de admisiones del día 11 de diciembre de 2015, se indica que para el período correspondiente al primer semestre del 2016 solo se presentaron 2 solicitudes de admisión especial de bachilleres provenientes de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, una de ellas la de Andrés Eduardo Guevara.
Asimismo, en la publicación de resultados de corte de los resultados de la prueba Saber 11 se observa que el otro solicitante fue descartado por no cumplir el requisito del puntaje necesario, establecido en el artículo 6º del Acuerdo 134 de 2011.
8.5.8. Por lo anterior, a la Universidad Industrial de Santander se le ordenará admitir en el programa de medicina para el período del primer semestre de 2017 al joven Andrés Eduardo Guevara Terranova, sin verificar el cumplimiento de requisitos adicionales a los ya vistos y sin aplicarle al joven los puntajes de corte de la prueba Saber 11 que se tengan previstos para el período 2017-1. Lo anterior, porque en esta sentencia se ha cumplido con verificar que el hijo de la accionante cumple con todos los requisitos para hacerse acreedor a dicho cupo.
Adicionalmente, para esta corporación resulta preocupante que esta sea la segunda ocasión en que la UIS resulta condenada por un tema relacionado con la admisión de una persona vinculada a una minoría étnica(116). Por lo anterior, se ordenará a esta institución que realice tres jornadas de capacitación de dos horas cada una, dictadas por expertos en el tema(117), sobre comunidades étnicas, su importancia para nuestro país y la razón de la existencia de medidas afirmativas en favor de estas. Estas jornadas deberán ser dirigidas, como mínimo, a los funcionarios de la oficina de admisiones de la universidad y a los miembros del comité de admisiones y deberán ser realizadas en un máximo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de este fallo.
1. REVOCAR las sentencias proferidas el 8º de abril de 2016 y el 17 de mayo de 2016 por el Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Bucaramanga y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la educación e igualdad de Andrés Eduardo Guevara Terranova.
2. ORDENAR a la Universidad Industrial de Santander que admita en el programa de medicina para el período del primer semestre de 2017 al joven Andrés Eduardo Guevara Terranova, atendiendo a las aclaraciones hechas en el punto 8.5.8 de la presente sentencia.
3. ORDENAR a la Universidad Industrial de Santander que realice tres jornadas de capacitación de dos horas cada una, dictadas por expertos en el tema, sobre comunidades étnicas, su importancia para nuestro país y la razón de la existencia de medidas afirmativas en favor de estas. Estas jornadas deberán contar con la presencia de los funcionarios de la oficina de admisiones de la universidad y los miembros del comité de admisiones, y deberán ser realizadas en un máximo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de este fallo.
4. SOLICITAR a la dirección de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior que apoye y asesore a la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas, Asocodita, en la labor de registro de su nueva junta directiva.
1 Los hechos que expresa el accionante en su tutela serán complementados conforme a la documentación posterior que reposa en el expediente.
2 Establecer el proceso de admisión especial con el fin de otorgar un cupo por carrera para los bachilleres que procedan de población negra, afrocolombiana, palenquera, raizal (archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y que se encuentren debidamente registrados en el censo que elabora el Ministerio del Interior y de Justicia. Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
3 Andrés Eduardo Guevara nació el primero (1) de junio de 1998. Para la fecha de la interposición de la acción tenía 17 años y adquirió la mayoría de edad en el marco del proceso de tutela.
4 PAR. 2º—El aspirante podrá solicitar el beneficio del presente acuerdo solamente a un programa académico.
5 ART. 6º—Para acogerse a cualquier modalidad de admisión especial es necesario tener un puntaje en el examen de Estado igual o superior al 80% del puntaje de corte del programa al cual se inscribió, en el proceso de admisión respectivo.
6 Folio 15 del cuaderno 1.
7 ART. 2.5.1.1.17.—Actualización de documentos. Las organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de que trata el presente capítulo, deberán actualizar anualmente su plan de actividades, la relación de sus miembros, y los datos relacionados con la dirección y representación legal de la respectiva organización, y reportar tal información a la dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, dentro de los tres (3) primeros meses de cada año.
8 Folio 105, cuaderno 1.
9 Folio 121, cuaderno 1.
10 Folios 33 al 97 del cuaderno 3.
11 Folios 102-103 del cuaderno 3.
12 Folio 105 del cuaderno 3.
13 Folio 107 del cuaderno 3.
14 Folios 108-113 del cuaderno 3.
15 Folio 109 del cuaderno 3.
16 Folio 110 del cuaderno 3.
17 Folio 111 del cuaderno 3.
19 Folios 127-131 del cuaderno 3.
20 ART. 218.—La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.
21 Sentencia C-029 de 1995, T-463 de 1996, T-390 de 1997, T-1306 de 2001 y T-1123 de 2002.
22 Folio 127 (reverso) del cuaderno 3.
23 Artículo 44.
24 Folio 128 del cuaderno 3.
25 ART. 67.—La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. || La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. || El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. || La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. || Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. || La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.
26 Folio 128 (reverso) del cuaderno 3.
27 Sentencia T-277 de 2016.
28 Folio 129 del cuaderno 3.
29 Folio 129 (reverso) del cuaderno 3.
31 Folio 130 del cuaderno 3.
32 Folios 136-138 del cuaderno 3.
33 17,3% de la población mestiza.
34 Folio 134 del cuaderno 3.
35 Folio 134 (anverso) del cuaderno 3.
39 Artículo 46 de la Ley 70 de 1993.
40 Decreto 1627 de 1996.
41 Folio 135 del cuaderno 3.
42 Folio 137 (anverso) del cuaderno 3.
43 Sentencias T-084 de 2011, T-835 de 2005, T-407 de 2002, T-143 de 1999 y T-408 de 1995
44 Sentencia C-145 de 2010.
45 Se reseñan algunas consideraciones de las sentencias T-603 de 2013 y C-359 de 2013.
46 Sentencia T-262 de 2012.
48 Sentencia T-282 de 2008.
50 Sentencias T-375 de 2006 y T-586 de 2007.
51 Sentencia T-422 de 1996. Cfr. sentencias T-586 de 2007 y T-375 de 2006.
52 Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
53 Se reseñan algunas consideraciones de las sentencias T-603 de 2013 y T-138 de 2016.
54 Sentencia T-1026 de 2012.
55 La jurisprudencia constitucional ha instituido que el carácter fundamental de un derecho no está dado exclusivamente por su consagración en la Carta Política, sino por su relación intrínseca con la dignidad humana. Con fundamento en ello, ha otorgado ese carácter al derecho a la educación, cuando quien exige la prestación del servicio es un menor de edad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 superior; o adultos en relación con el acceso a la educación de nivel de básica primaria (Sent. T-743/2013 y T-428/2012).
56 Sentencias T-068 de 2012, T-845 de 2010, T-321 de 2007, T-689 de 2005, T-780 de 1999.
57 Literal b del artículo 11 de la Ley 115 de 1994.
58 SentenciaT-068 de 2012 “(S)i bien este último no tiene una obligación directa de procurar el acceso inmediato de todas las personas a la educación superior, sí significa que no queda eximido de su responsabilidad de procurar el acceso progresivo de las personas al sistema educativo”.
59 Al respecto, la Corte ha afirmado que la progresividad se manifiesta en: “i) la obligación del Estado de adoptar medidas, en un plazo razonable, para lograr una mayor realización del derecho, de manera que la simple actitud pasiva de este se opone al principio en mención (aquí encontramos la obligación del Estado de procurar el acceso progresivo de las personas a las universidades, mediante la adopción de ciertas estrategias, dentro de las cuales encontramos facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de las personas a la educación superior, así como la garantía de que progresivamente el nivel de cupos disponibles para el acceso al servicio se vayan ampliando); (ii) la obligación de no imponer barreras injustificadas sobre determinados grupos vulnerables y (iii) la prohibición de adoptar medidas regresivas para la eficacia del derecho concernido”. (Sent. T-068/2012). También ver sentencias T-423 de 2013 y T-375 de 2013, T-1026 de 2012, T-068 de 2012, entre otras.
61 La jurisprudencia constitucional ha instituido que el carácter fundamental de un derecho no está dado exclusivamente por su consagración en la Carta Política, sino por su relación intrínseca con la dignidad humana. Con fundamento en ello, ha otorgado ese carácter al derecho a la educación, cuando quien exige la prestación del servicio es un menor de edad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 superior; o adultos en relación con el acceso a la educación de nivel de básica primaria (Sent. T-743/2013 y T-428/2012).
62 Sentencias T-365 de 2015, T-854 de 2014, T-774 de 2013, T-068 de 2012, T-056 de 2011, T-845 de 2010, T-321 de 2007, T-689 de 2005, T-780 de 1999, entre otras.
63 Otros casos en los que la Corte ha ponderado la garantía de la autonomía universitaria con los derechos fundamentales de los estudiantes: T-138 de 2016, T-531 de 2014, T-056 de 2011, T-689 de 2009, T-768 de 2009, T-886 de 2009, T-1159 de 2004, T-156 de 2005, T-669 de 2000, entre otras.
64 Sentencia T-850 de 2014.
65 Sentencia T-755 de 2006.
66 Sentencia T-257 de 1995.
67 Sentencia T-254 de 2007.
70 Se reseñan algunas consideraciones de la Sentencia C-359 de 2013.
71 ART. 1º—Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
72 ART. 7º—El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
73 Sentencia T-492 de 2014.
74 En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. El Pacto internacional de derechos civiles y políticos fue aprobado en Colombia por la Ley 74 de 1968.
75 ART. 13.—La educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos étnicos o religiosos. ART. 15.—Los Estados partes reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y adoptarán las medidas para la conservación, desarrollo y difusión de la cultura. El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales fue aprobado en Colombia por la Ley 74 de 1968.
76 ART. 13.—La educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. ART. 14.—Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural de la comunidad y adoptarán las medidas para la conservación, desarrollo y difusión de la cultura. El protocolo adicional fue aprobado en Colombia por la Ley 319 de 1996.
77 Aprobado en Colombia por la Ley 21 de 1991.
78 Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. De otra parte, el artículo 94 superior estipula que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y los convenios internacionales, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.
79 Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida. Ningún Estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá ningún Estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria.
80 Dworkin, Ronald. Virtud soberana. La teoría y práctica de la igualdad. Ed. Paidós Estado y Sociedad 110, 2003. Págs. 419-447.
81 Ibídem. Pág. 421.
82 Ibídem. Pág. 447.
83 ART. 33.—El Estado sancionará y evitará todo acto de intimidación, segregación, discriminación o racismo contra las comunidades negras en los distintos espacios sociales, de la administración pública en sus altos niveles decisorios y en especial en los medios masivos de comunicación y en el sistema educativo, y velará para que se ejerzan los principios de igualdad y respeto de la diversidad étnica y cultural.
84 ART. 38.—Los miembros de las comunidades negras deben disponer de medios de formación técnica, tecnológica y profesional que los ubiquen en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos. || El Estado debe tomar medidas para permitir el acceso y promover la participación de las comunidades negras en programas de formación técnica, tecnológica y profesional de aplicación general.
85 ART. 40.—El gobierno destinará las partidas presupuestales para garantizar mayores oportunidades de acceso a la educación superior a los miembros de las comunidades negras. || Así mismo, diseñará mecanismos de fomento para la capacitación técnica, tecnológica y superior, con destino a las comunidades negras en los distintos niveles de capacitación. Para este efecto, se creará, entre otros, un fondo especial de becas para educación superior, administrado por el Icetex, destinado a estudiantes en las comunidades negras de escasos recursos y que se destaquen por su desempeño académico.
86 Folio 135 del cuaderno 3.
87 En este acápite se reseñarán algunas consideraciones de la Sentencia T-576 de 2014.
88 Sentencias T-047 de 2011, T-348 de 2012, T-376 de 2012 y T-576 de 2014.
90 Sentencia T-703 de 2008.
91 Sentencia T-576 de 2014.
93 ART. 67.—Créase en el Ministerio de Gobierno, la dirección de asuntos para las comunidades negras con asiento en el Consejo de política económica y social.
94 Folio 9 del cuaderno 1.
95 Folio 11 del cuaderno 1.
96 Folio 28 del cuaderno 1.
97 Folio 29 del cuaderno 1.
98 Auto del 6 de abril de 2016 del Juez Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Bucaramanga. Folio 111 del cuaderno 1.
99 Folio 9 del cuaderno 1.
100 Folio 16 del cuaderno 1.
101 Folio 3 del cuaderno 1.
102 Folios 6-8 del cuaderno 1.
103 Folio 12 del cuaderno 1.
104 Folio 13 del cuaderno 1.
105 Folio 84 del cuaderno 1.
106 Folio 4 del cuaderno 1.
107 Folio 9 del cuaderno 1.
108 Folio 11 del cuaderno 1.
109 Folio 14 del cuaderno 1.
110 Folio 58 del cuaderno 3.
111 Folio 99 del cuaderno 1.
112 Folios 68-69 del cuaderno 3.
113 Folios 77-78 del cuaderno 3.
114 Folios 59-60 del cuaderno 3.
115 Folio 59-60 del cuaderno 3.
116 La primera fue en la Sentencia T-110 de 2010 por un tema relacionado con miembros de la Comunidad Indígena Inga de Aponte, Parcialidad Zipasgo Inga - Chibcha - Guanentá.
117 Se sugiere invitar a quienes intervinieron en este proceso: el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, el observatorio de discriminación racial, ODR, y el grupo de acciones públicas de la Universidad del Rosario, GAP.

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artículo 44
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artículo 33
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Ante un vacío Constitucional, que pasaría si no se puedan celebrar las elecciones el 5 ni 28 de Julio? - Enfoca2digital
Ante un vacío Constitucional, que pasaría si no se puedan celebrar las elecciones el 5 ni 28 de Julio?
Por : Aridio Mercado González 22/04/2020
La mayoría de los paridos políticos y la Sociedad Civil, vieron como positiva y atinada la decisión de la Junta Central Electora( JCE), que mediante Resolución 42-2020 pospuso las Elecciones Ordinarias Generales Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones que estaban pautadas para el día 17 de mayo del 2020, por motivo de el estado de emergencia sanitaria que se encuentra el país, a causa del corona virus (COVI 19).
La decisión del Pleno de la JCE se produjo luego de consultadas las opiniones por escrito depositadas por los partidos políticos, quienes coincidieron en su gran mayoría en las opiniones solicitadaspor la JCE, modificando la Proclama Electoral de fecha 17 de marzo de 2020, y, en consecuencia, convocó de forma Extraordinaria a las Asambleas Electorales para elegir el Presidente/a y Vicepresidente/a de la República, el Senador/a y los Diputados representantes del Distrito Nacional, los/as Senadores/as y los Diputados/as de todas las provincias del país, así como cinco Diputados/as Nacionales por acumulación de votos, y los Diputados/as Representantes ante el Parlamento Centroamericano para el día domingo 5 de julio del 2020, y en caso de que ninguno de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República alcance la mitad más uno de los votos válidos emitidos, las elecciones correspondientes se celebrarían el domingo 26 de julio del 2020, lo que conocemos como (BALOTAJE).
Ante esta situación inesperada, que vive el mundo y nuestro país, a causa de esta pandemia que ha cambiado el comportamiento del ser humano y el temor a contagiarse por la manera fácil de propagación de este virus, y lo más importante, proteger la salud y la vida del dominicano, pues lo mas atinado y prudente fue esta decisión tomada por la JCE, aunque muchos juristas expertos tanto en derecho electoral, como en derecho constitucional, establezcan que no era competencia de la JCE cambiar la fecha, porque es un mandato constitucional como lo establece el artículo 208 de la constitución, ( establece que deben de celebrarse el tercer domingo del mes de mayo y las de las autoridades municipales, el tercer domingo del mes de febrero), Y la JCE no está facultada para cambiar dichos artículos, pues yo, con mucha humildad, difiero de esa corriente de pensamiento y analítica constitucional, pues es natural que existan divergencia a la hora de aplicar la norma en casos excepcionales , en estos casos yo me voy por el alcance efectivo y su mejor aplicación . .
La misma Constitución en el artículo 209, numeral 3 establece que; En los casos de convocatoria extraordinaria y referendo, las asambleas electorales se reunirán a más tardar setenta días después de la publicación de la ley de convocatoria. No podrán coincidir las elecciones de autoridades con la celebración de referendo, mas aun el artículo 12 de la Constitución establece que; La Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia, por vía de consecuencia ante un caso como este de fuerza mayor la JCE, sí está facultada para variar el calendario para otra fecha , ya que en este caso la JCE, no tendría que usar la faculta del artículo 96 de la Constitución de la iniciativa de formación de leyes, enviando un proyecto de ley ante el congreso , debido a que no se podrá hacer una ley para cambiar la fecha de la proclama, habría de todo modo que modificar la Constitución.
En el eventual caso que en nuestro país no estén dadas las condiciones sanitarias para celebrar las elecciones antes del 16 de Agosto, periodo que cesan en sus funciones las autoridades electas como lo establece el artículo 126 de la constitución, y no está prevista en la carta Sustantiva, en caso de que no hayan celebrado elecciones y tengamos autoridades electas para ese periodo. Si bien es cierto que la Constitución en los artículos 129 y 130 establece que, a falta del presidente, en primera línea le sucederá el vicepresidente, y a falta de ambos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a seguidas, siempre dentro de los mismos articulados establece el procedimiento y los plazos para la escogencia definitiva de los nuevos incumbentes, que es un plazo 15 díasconvocar a la Asamblea Nacional, pero si la Asamblea Nacional está compuesta por los senadores y diputados electos en el periodo constitucional pasado, que también cesaron en su funciones junto con el Presidente Vicepresidente de la república, terminando su periodo Constitucional, como lo establece el artículo274 de la Constitución, por lo tanto no habrán autoridades electa para convocar, y ningún otro articulado de la constitución, ni dentro del título de la sucesión presidencial establece qué hacer, si llegada la fecha del cambio de mando y no se haya realizado la escogencia de su sucesor, aquí se establece lo que llamamos EL VACIO CONSTITUCIONAL,que tampoco lo establece en el estado de excepción en los artículos 262 al 266 de la Constitución.
Ante esa casuística, no solo estaríamos ante un vacío constitucional, peor aún, estaríamos ante un quebrantamiento del orden institucional del país, ya que estaríamos sin Poder Ejecutivo ni Poder Legislativo, solo el Poder Judicial prevalecería en esas circunstancias, pero como ya explicamos a quien convocaría para elegir las nuevas autoridades .
Estamos esperanzado en Dios que nuestro país se levante y pueda normalizarse y rebasar esta crisis, y podamos celebrar las elecciones como están previstas , con las medidas y protocolos establecidos por las autoridades competentes, pero de no serasí , entonces estamos obligados, todas las fuerzas vivas de la nación, entiéndase, todos los partidos políticos ,la sociedad civil en general, incluyendo las iglesias ,el empresariado, ponerse de acuerdo, convocar la asamblea Nacional y buscar una solución, antes del 16 de agosto, para evitar el quebrantamiento del orden institucional, y llenar ese vacío que la constitución no prevé , pues entendemos que la vida del ser humano está por encima de cualquier otro derecho, pues lo atinado para el bien del país es llegar a un acuerdo que le convenga a la nación.
Por .Aridio Mercado González 22/04/2020
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Navarro Advierte Que El Cambio Que Está Anunciando Abinader Es El Que Está Dando Más Miedo Al Pueblo Porque Es Un Cambio Para Atrás
28 enero, 2020 Enfoca2 0

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