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2014-05-12-111_BOCM
– Decreto 59/2014, de 8 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2014
– Orden 954/2014, de 7 de mayo, del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, por la que se resuelve la convocatoria aprobada mediante Orden 3523/2013, de 17 de diciembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de enero de 2014), para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno por el procedimiento de Concurso de Méritos
– Orden de 23 de abril de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre de Designación
– Resolución de 25 abril de 2014, del Secretario General Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se resuelve la convocatoria para provisión de un puesto de trabajo por el sistema de Libre Designación en la Consejería de Economía y Hacienda, realizada por Resolución de 17 de febrero de 2014 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de febrero)
– Orden de 24 de abril de 2014, del excelentísimo señor Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, por la que se aprueban las bases para proveer en régimen de turno restringido un puesto funcional de selección objetiva dependiente de esta Consejería
– Orden 1351/2014, de 23 de abril, de la Consejera de Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por el procedimiento de Libre Designación
– Orden 1397/2014, de 25 de abril, de la Consejera de Educación, Juventud y Deporte, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden 652/2014, de 28 de febrero, de la Consejera de Educación, Juventud y Deporte (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 12 de marzo), para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la citada Consejería por el procedimiento de Libre Designación
– Orden 789/2014, de 25 de abril, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden 366/2014, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de 24 de febrero (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de marzo de 2014), para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la citada Consejería por el procedimiento de Libre Designación
– Orden de 28 de abril de 2014, del Consejero de Asuntos Sociales, por la que se resuelve la convocatoria aprobada mediante Orden de 5 de febrero de 2014 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de febrero), para la provisión de puestos de trabajo por el procedimiento de Concurso de Méritos en la Consejería de Asuntos Sociales, Servicio Regional de Bienestar Social
– Resolución 1167/2014, de 23 de abril, del Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases de convocatoria para proveer, en turno restringido, puestos funcionales de Libre Designación, en el Servicio Regional de Bienestar Social
– Orden 7087/2014, de 28 de abril, de la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se resuelve la convocatoria aprobada mediante Orden 258/2014, de 15 de enero (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de febrero), para la provisión de puestos de trabajo vacantes, por el procedimiento de Concurso de Méritos, en la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
– Orden 1182/2014, de 3 de abril, de la Consejera de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2014 de ayudas a deportistas y técnicos
– Resolución de 23 de abril de 2014, de la Directora General de Universidades e Investigación, por la que se hace público el plazo de preinscripción para el ingreso en las Universidades públicas de Madrid para el próximo curso 2014-2015
– Decreto 60/2014, de 8 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se crean los Premios Internacionales de la Comunidad de Madrid “Cumbres de Guadarrama”
– Resolución de 8 de mayo de 2014, por la que se hace pública la convocatoria del contrato, por procedimiento abierto no armonizado, para las obras de mantenimiento y mejoras de obra civil en las estaciones depuradoras de aguas residuales gestionadas por Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima
– Resolución de 29 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato de servicios a adjudicar, por procedimiento abierto mediante criterio precio, denominado “Limpieza de los inmuebles donde se ubican las unidades administrativas de la Consejería de Sanidad”
– Resolución de 14 de abril de 2014, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato de “Trabajo de campo de la V Encuesta Seroepidemiológica de la Comunidad de Madrid”
– Resolución de 21 de abril de 2014, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato de “Trabajo de campo del estudio de prevalencia de diabetes mellitus y factores de riesgo cardiovascular en población adulta de la Comunidad de Madrid 2014 (PREDIMERC.2)”
– Resolución de 22 de abril de 2014, de la Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato de “Material sanitario para equipo administración solución parenteral, dializadores, filtro capilar, etcétera”
– Resolución de 15 de abril de 2014, de la Gerencia del Hospital Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de «Suministro de sondas de coagulación para endoscopia del Hospital Universitario “12 de Octubre”»
– Resolución de 15 de abril de 2014, de la Gerencia del Hospital Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de «Suministro de filtros para climatizadores del Centro de Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario “12 de Octubre”»
– Resolución de 15 de abril de 2014, de la Gerencia del Hospital Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de «Suministro de nitrógeno líquido para criopreservación y otros usos del Hospital Universitario “12 de Octubre”»
– Resolución de 15 de abril de 2014, de la Gerencia del Hospital Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de «Suministro de material desechable para realización de CPRE para el Hospital Universitario “12 de Octubre”»
– Resolución de 15 de abril de 2014, de la Gerencia del Hospital Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de «Suministro de agujas y palomillas de extracción de vacío para el Hospital Universitario “12 de Octubre”»
– Resolución de 15 de abril de 2014, de la Gerencia del Hospital Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de «Suministro de catéteres balón de angioplastia para el Servicio de Hemodinámica del Hospital Universitario “12 de Octubre”»
– Notificación de 24 de abril de 2014, de las Resoluciones de la Directora-Gerente del Hospital Universitario “12 de Octubre”, de los recursos de reposición interpuestos contra la liquidación de precios públicos por asistencia sanitaria prestada en el Hospital Universitario “12 de Octubre” de Madrid
– Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario de “La Princesa”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato de “Reactivos y material para automatización de serología”, para el Hospital Universitario de “La Princesa”, de Madrid
– Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario de “La Princesa”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato de “Suministro de infusores”, para el Hospital Universitario de “La Princesa”, de Madrid
– Resolución de 24 de abril de 2014, de la Gerencia del Hospital Universitario “Severo Ochoa”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato de «Adquisición de gasas y compresas en el Hospital Universitario “Severo Ochoa”»
– Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se dispone la notificación por edictos de las Órdenes 3025/2014/13, 3025/2014/14 y 3025/2014/15, de 7 de marzo de 2014, de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, que disponen la devolución de las garantías definitivas con números de resguardo 201155003968A, 201155003964J y 201155003966B, depositadas por la empresa “Archygest Soluciones Integrales de Documentos, Sociedad Limitada”, con CIF número B-82832049, para garantizar el contrato titulado “Organización y descripción de documentos de Consejerías y Organismos Autónomos de la Comunidad de Madrid (lotes 4, 5 y 7)
– Notificación de 2 de abril de 2014, de inicio del procedimiento de revocación del título-licencia y plazo de alegaciones a “Praia Viajes, Sociedad Anónima”
– Notificación de 7 de abril de 2014, de inicio del procedimiento de revocación del título-licencia y plazo de alegaciones a “Viajes Mundi Star, Sociedad Limitada”
– Notificación de 8 de abril de 2014, de Resolución de revocación del título-licencia a “Almenara Viajes, Sociedad Limitada”
– Madrid. Licencias. Agencia de Gestión de Licencias de Actividades. Lidecar, S. L.
– Madrid. Otros anuncios. Madrid Salud. Resoluciones materias denuncias insalubridad
– Algete. Régimen económico. Modificación del anexo de inversiones del presupuesto
– Algete. Régimen económico. Modificación de crédito
– Aranjuez. Otros anuncios. Notificación sanción
– Colmenar de Oreja. Contratación. Licitación arrendamiento apartamentos
– El Escorial. Urbanismo. Modificación Plan Parcial
– Fresnedillas de la Oliva. Régimen económico. Cuenta general 2013
– Fresnedillas de la Oliva. Régimen económico. Presupuesto general 2014
– Humanes de Madrid. Organización y funcionamiento. Delegación atribuciones
– Mejorada del Campo. Régimen económico. Modificación ordenanza fiscal
– Móstoles. Licencias. Hidrógena Desarrollos Energéticos, S. L.
– Quijorna. Organización y funcionamiento. Revocación delegación competencias
– San Sebastián de los Reyes. Contratación. Licitación combustible parque móvil
– Torrejón de Ardoz. Licencias. New Istambul Kebab, S. L.
– Tres Cantos. Contratación. Licitación
– Valdepiélagos. Régimen económico. Presupuesto general 2014
– Mancomunidad de Servicios La Jara. Régimen económico. Presupuesto 2013
– Mancomunidad de Servicios La Jara. Régimen económico. Presupuesto general 2014
•	Madrid número 60. Procedimiento ordinario 816 de 2012
•	Madrid número 70. Procedimiento ordinario 1.116 de 2012
•	Madrid número 81. Procedimiento ordinario 1.319 de 2011
•	Madrid número 81. Juicio verbal 381 de 2013
•	Madrid número 1. Juicio 1.223 de 2013
•	Madrid número 8. Procedimiento ordinario 977 de 2013
•	Madrid número 9. Juicio 525 de 2012
•	Madrid número 9. Juicio 265 de 2013
•	Madrid número 9. Juicio 99 de 2014
•	Madrid número 16. Juicio 1.294 de 2013
•	Madrid número 19. Juicio 103 de 2014
•	Madrid número 19. Ejecución 104 de 2014
•	Madrid número 21. Juicio 1.314 de 2013
•	Madrid número 21. Juicio 1.280 de 2013
•	Madrid número 21. Juicio 1.290 de 2013
•	Madrid número 33. Juicio 212 de 2014
•	Madrid número 33. Juicio 336 de 2014
•	Madrid número 34. Juicio 897 de 2013
•	Madrid número 34. Juicio 1.192 de 2013
•	Madrid número 35. Procedimiento ordinario 358 de 2013
•	Madrid número 35. Procedimiento ordinario 937 de 2013
•	Madrid número 35. Procedimiento ordinario 231 de 2014
•	Madrid número 37. Juicio 1.360 de 2012
•	Madrid número 38. Juicio 646 de 2012
•	Madrid número 41. Juicio 214 de 2014
•	A Coruña número 1. Procedimiento ordinario 943 de 2013
•	Jerez de la Frontera número 1. Procedimiento 432 de 2013
•	Palma de Mallorca número 4. Procedimiento ordinario 135 de 2012
•	Vigo número 5. Procedimiento ordinario 1.249 de 2012
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 AUTO 2015-00762/60035 DE NOVIEMBRE 20 DE 2017
AUTO 2015-00762 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:LA EXISTENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO, NO DA CERTEZA SOBRE LA CONCURRENCIA DE LA LEGITIMACIÓN MATERIAL. SE PRECISA QUE ANTE LA EXISTENCIA DE UNA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO, QUE ALUDE A LA RELACIÓN PROCESAL EXISTENTE ENTRE DEMANDANTE Y DEMANDADO, QUE NACE CON LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y CON LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE UN SUJETO PROCESAL QUE SE ENCUENTRA LEGITIMADO DE HECHO EN LA CAUSA, NO NECESARIAMENTE SIGNIFICA QUE CONCURRIRÁ, AL MISMO TIEMPO LA LEGITIMACIÓN MATERIAL, PUES ESTA SOLAMENTE ES PREDICABLE DE QUIENES PARTICIPARON REALMENTE EN LOS HECHOS QUE HAN DADO LUGAR A LA INSTAURACIÓN DE LA DEMANDA O EN GENERAL, DE LOS TITULARES DE LAS CORRESPONDIENTES RELACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALESPOR CONSIGUIENTE, EL ANÁLISIS SOBRE LA LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA SE CONTRAE A DILUCIDAR SI EXISTE, O NO, RELACIÓN REAL DE LA PARTE DEMANDADA O DE LA DEMANDANTE CON LA PRETENSIÓN QUE ESTA FÓRMULA O LA DEFENSA QUE AQUELLA REALIZA, PUES LA EXISTENCIA DE TAL RELACIÓN CONSTITUYE CONDICIÓN ANTERIOR Y NECESARIA PARA DICTAR SENTENCIA DE MÉRITO FAVORABLE A UNA O A OTRA. ADICIONALMENTE EN CONSONANCIA CON LO ANTERIOR, SE INDICA QUE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA NO IMPIDE AL FALLADOR PRONUNCIARSE DE FONDO SOBRE EL PETITUM DE LA DEMANDA, COMOQUIERA QUE LA ALUDIDA LEGITIMACIÓN CONSTITUYE UN ELEMENTO DE LA PRETENSIÓN Y NO DE LA ACCIÓN, EN LA MEDIDA EN QUE SE TRATA DE UNA CONDICIÓN PROPIA DEL DERECHO SUSTANCIAL Y NO UNA CONDICIÓN PROCESAL, QUE CUANDO NO SE DIRIGE CORRECTAMENTE CONTRA EL DEMANDADO, CONSTITUYE RAZÓN SUFICIENTE PARA DECIDIR EL PROCESO ADVERSAMENTE A LOS INTERESES DEL DEMANDANTE, POR NO ENCONTRARSE DEMOSTRADA LA IMPUTACIÓN DEL DAÑO A LA PARTE DEMANDADA
TEMAS ESPECÍFICOS:SENTENCIA, FALLO, LEGITIMACIÓN PROCESAL, LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA, LEGITIMACIÓN PROCESAL PASIVA
Auto 2015-00762/60035 de noviembre 20 de 2017
Radicación: 25000-23-36-000-2015-00762-03 (60035)
Actor: Instituto de Desarrollo Urbano, IDU
Demandado: Transmilenio del Sur SAS y Pontificia Universidad Javeriana
Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la Pontificia Universidad Javeriana y Transmilenio del Sur SAS contra lo determinado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B en el marco de la continuación de la audiencia inicial del 12 de septiembre de 2017 en la que se resolvió declarar legitimada en la causa por pasiva a la Pontificia Universidad Javeriana.
1. En demanda del 16 de marzo de 2015(1), el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, por intermedio de apoderado en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, solicitó que se declarara la nulidad de la cláusula 37 del contrato de concesión 242 de 2003, y que, como consecuencia de lo anterior se dejara sin efectos el convenio de composición suscrito por la Pontificia Universidad Javeriana el 17 de marzo de 2014, exonerándolo de pagar a favor del demandado la suma de $ 35.299.208.336,69 pesos.
2. La demanda interpuesta por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, tiene como fundamento el contrato de concesión 242, celebrado entre la parte actora, como contratante y la sociedad de Transmilenio del Sur S.A., como contratista, el 19 de diciembre de 2003, el cual tuvo un plazo inicial de 78 meses, prorrogado en 7 meses para un total de 85 meses contados a partir del acta de inicio ocurrida el 14 de febrero de 2004. Dentro de las cláusulas pactadas por las partes, se encuentra la cláusula 37 que establece como mecanismo de solución de conflictos la figura de la amigable composición, la cual podía ser solicitada por las partes en caso de seguir alguna controversia contractual.
3. Una vez terminado el plazo convenido por las partes, la sociedad de Transmilenio del Sur S.A. dentro del acta de liquidación, efectuó cuatro (4) salvedades a la liquidación bilateral con el fin de dejar constancia que la firma de esta, se suscribía sin que implicara la renuncia a las reclamaciones realizadas por el concesionario; aspectos referidos a la reclamación sobre valoraciones económicas.
4. La sociedad Transmilenio del Sur S.A., recurrió a la figura de la amigable composición acordada por las partes dentro del contrato en la cláusula 37, seleccionando a la Pontificia Universidad Javeriana como amigable componedor.
5. El 17 de marzo de 2014, el amigable componedor dirimió la controversia a favor del contratista, reconociéndole la suma de $ 35.299.208.336, por concepto de sobrecostos de mayor permanencia en obra durante la ejecución del contrato de concesión 242 de 2003 para la construcción de la troncal Transmilenio NQS sector Sur.
6. Mediante escrito adjunto a la demanda(2), la entidad actora solicita se decrete medida cautelar dentro del proceso, consistente en suspender la cláusula contractual 37 del contrato 242 del 2003 celebrado entre las partes.
7. En auto del 27 de abril de 2015(3) el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, decretó la medida cautelar solicitada.
8. Mediante auto del 1º de junio de 2015(4), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda que, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales instauró el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, en contra del a sociedad Transmilenio del Sur S.A. y la Pontificia Universidad Javeriana.
9. El 10 de julio de 2015(5), el apoderado de la parte judicial de la sociedad Transmilenio del Sur S.A. interpuso recurso de apelación contra el auto que decretó la suspensión provisional de la cláusula 37 del contrato de concesión 242 de 2003.
10. Mediante auto del 28 de noviembre de 2016(6), este despacho procede a revocar el auto apelado y en su lugar niega la solicitud presentada por la parte actora.
11. El 14 de enero de 2016(7), se celebró audiencia inicial dentro de la cual se resolvieron las excepciones previas de falta de jurisdicción y caducidad del medio de control alegado por la Pontificia Universidad Javeriana y la sociedad Transmilenio del Sur S.A. El tribunal de instancia declaró procedente la excepción previa de caducidad del medio de control de controversias contractuales que pretendía la nulidad del contrato de concesión 242 de 2003 y no procedente la caducidad del convenio suscrito por la Pontificia Universidad Javeriana en ejercicio de la figura de la amigable composición.
12. El apoderado de la parte actora, interpuso recurso de apelación contra la decisión que declaró la caducidad de la acción de nulidad de la cláusula 37 de dicho contrato y, a su vez, el apoderado de la Pontificia Universidad Javeriana interpuso recurso de apelación contra la decisión que declaró la improcedencia de la excepción que alegaba la caducidad de la decisión del amigable componedor. Recurso concedido dentro de dicha audiencia inicial en el efecto suspensivo.
13. En auto de 28 de noviembre de 2016(8), este despacho procedió a confirmar la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B del 14 de enero de 2016.
14. El 12 de septiembre de 2017(9), se celebró audiencia inicial dentro de la cual se resolvió la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Pontificia Universidad Javeriana. Considerándose por el a quo, que la excepción interpuesta no está llamada a prosperar, toda vez que la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con personería jurídica para comparecer al presente proceso, y al haberse formulado una serie de imputaciones de responsabilidad en su contra, la participación efectiva en la producción del daño alegado, tan solo dilucidará en la sentencia.
15. En contra de la anterior decisión, el apoderado de la Pontificia Universidad Javeriana interpuso recurso de apelación(10) por considerar que en la demanda no se puede establecer cuál es el contrato del cual se pretende la nulidad, al no hacerse referencia al contrato que surge entre la Pontificia Universidad Javeriana y el IDU, a dicho recurso se adhirió el demandado Transmilenio del Sur SAS.
16. Con fundamento, en lo anterior el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B concedió el recurso propuesto por la parte demandada en efecto suspensivo ante esta corporación.
Sea lo primero precisar que la normativa procedimental que rige el trámite y decisión del presente asunto es la dispuesta en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA - Ley 1437 de 2011, comoquiera que el escrito de demanda fue radicado el 16 de marzo de 2015(11) y, de acuerdo al artículo 308 del CPACA “El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. // Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia (...)”.
Ahora, en lo que tiene que ver con el trámite en segunda instancia de la apelación de autos, la norma no estableció tratamiento diferenciado entre la impugnación de aquellos autos que se profieren en el curso de una audiencia y los que no, limitándose a señalar que “3. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano”, de lo cual se deriva que el código suprimió el trámite previo de la admisión del recurso, confiando que la verificación de los aspectos procesales pertinentes (v. gr. verificar si la decisión es pasible del recurso o existe una falta de competencia funcional) para la procedencia de la apelación se salvaguardaban con la concesión por parte del a quo.
Aun así, advierte el despacho que esto no implica que el superior funcional no tenga competencia para revisar estos aspectos procesales, de manera que si se llega a configurar un evento de estos, que en últimas impiden resolver el recurso de apelación formulado, deberá ponerlo de presente mediante auto que determine la inadmisión de la impugnación formulada por una de las partes, tal como lo deja ver, como mayor claridad la afortunada redacción del artículo 326 del Código General del Proceso, en donde se indica que “Si el juez de segunda instancia lo considera inadmisible [el recurso], así lo decidirá en auto; en caso contrario resolverá de plano y por escrito el recurso”. En el presente caso correspondería al despacho decidir acerca del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada Pontificia Universidad Javeriana en audiencia celebrada el 16 de marzo de 2015 contra decisión proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la legitimación en la causa por pasiva de la dicha universidad.
A efectos de cumplir con tal cometido, se precisa que el problema jurídico se centra en determinar si las excepción propuesta por los demandados denegadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, prosperan o no en segunda instancia. Razón por la que este despacho se pronunciara sobre i) las generalidades de las excepciones, ii) la legitimación en la causa y iii) el caso concreto.
Las excepciones es la manera como se puede oponer la parte pasiva dentro del proceso, frente a las pretensiones de la parte activa, las cuales debe dirimir el juez de conocimiento, la normativa las ha distinguido en dos clases: i) las previas las cuales se encuentran consagradas en el artículo 100 del Código General del Proceso con las cuales lo que se pretende es el saneamiento del proceso, por causa de vicios o defectos en el mismo, y su finalidad es mejorarlo o terminarlo, cuando lo primero no sea posible, y ii) las de mérito o de fondo deben ser resultas en la sentencia como lo establece en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 que deben ser estudiadas y resueltas en la sentencia pues con ellas lo que se busca es controvertir las pretensiones de la demanda.
Ahora bien, en el caso bajo estudio es importante señalar que al juez de instancia en la audiencia inicial debe resolver las excepciones previas las cuales son utilizadas como componente de defensa de la parte demandada, estas se encargan de atacar las pretensiones de la demanda, y para el caso en cuestión el numeral 6º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo indica que estas se resolverán en audiencia:
“ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la reconvención según el caso, el juez o magistrado ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas (...).
Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sección aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que estas, a diferencia de aquella, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(12).
Clarificado, entonces, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable para las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, resulta menester señalar, adicionalmente, que se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(13).
La legitimación se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.
Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas(14). De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, pues, como lo ha precisado la Sala,
“[L]a excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (CCA, art. 164) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.
Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, porque resultaron perjudicadas o porque dieron lugar a la producción del daño.
De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(16).
En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra(17). De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sala:
Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y solo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio origen a la formulación de la demanda”(18).
“... una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”(19) (...)”(20).
El presente caso llegó a esta instancia a través del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Pontificia Universidad Javeriana y la adhesión del apoderado de Transmilenio del Sur SAS en contra de la decisión proferida en audiencia inicial del 12 de septiembre de 2017, por la Subsección B, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se declaró legitimada en la causa por pasiva a la Pontificia Universidad Javeriana.
Para resolver el recurso propuesto por las demandadas es pertinente relacionar las pretensiones y los elementos de prueba que se encuentran en la demanda:
El demandante invocó como pretensiones principales que se declare la nulidad absoluta de la cláusula 37 del contrato de concesión 242 de 2003, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y Transmilenio del Sur SAS, por violación del inciso primero del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 y que como consecuencia de esto, se deje sin efectos el convenio de composición suscrito por la Pontificia Universidad Javeriana el 17 de marzo de 2014 y, por lo tanto, se exonere al IDU y a Transmilenio de pagar la suma de $ 35.299.336.69. Allegándose con el cuerpo de la demanda copia del contrato de concesión 242 de 2003 y del convenio de composición.
De acuerdo con lo anterior, encuentra el despacho que en el presente caso, de la lectura íntegra de la demanda interpuesta, con relación a la legitimación en la causa por pasiva de la Pontificia Universidad Javeriana, declarada por el a quo, se debe confirmar dicha decisión de primera instancia toda vez que el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, dirigió la demanda contra la Pontificia Universidad Javeriana y Transmilenio del Sur SAS, y en la misma se solicitó declarar la nulidad de la cláusula 37 del contrato de concesión 242 de 2003 y dejar sin efectos el convenio de composición suscrito por la Pontificia Universidad Javeriana, por lo que se reitera que sí está configurada la legitimación de hecho por pasiva de la demandada, y que de desvirtuarse la misma a lo largo del proceso en el curso de la primera instancia, se decidirá ya en el fondo del asunto aquella cuestión debatida por los recurrentes.
Se recuerda al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que por economía y celeridad procesal se debe decidir por completo las excepciones previas, toda vez que el presente expediente ha subido por tercera vez a esta corporación.
Por todo esto se confirmará la decisión del a quo, pues se encuentra probado que sí existe legitimación en la causa de hecho por pasiva de la Pontificia Universidad Javeriana.
1. CONFIRMAR la decisión del 12 de septiembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que declaró la legitimación en la causa por pasiva de la Pontificia Universidad Javeriana, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
(1) Folios 26 a 60, cdno. 2.
(2) Folios 1 a 32, cdno. 3.
(3) Folio 70, cdno. 2.
(4) Folios 116 a 118, cdno. 2.
(5) Folios 126 a 132, cdno. 2.
(6) Folios 126 a 134, cdno. 2.
(7) Folios 270 a 275, cdno. 1.
(8) Folios 281 a 290, cdno. 1.
(9) Folio 330, cdno. ppal.
(10) Folios 330 a 333, cdno. ppal.
(11) Folios 26 a 60, cdno. 2.
(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Expediente 13356.
(13) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 15 de junio de 2000; C.P. María Elena Giraldo Gómez; Expediente 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Radicación: 66001-23-31-000-1996-03266-01(14178).
(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007); Referencia: 13.503; Radicación: 110010326000199713503 00.
(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.
(16) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “... si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.
(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452). En similar sentido y complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Radicación: 66001-23-31-000-1996-03263-01(15352).
(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del quince (15) de junio de dos mil (2000); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10171.
(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, C.P. Alier E. Hernández Enríquez, Expediente 13764.
(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 16837.

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artículo 308
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artículo 100
artículo 187
artículo 180
artículo 44


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ACUERDO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo del Pleno por el que se emiten los Lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
El Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con fundamento en los artículos 84, 88, 130 y 134 de la Ley General de Víctimas; 72, 73, 75, fracción IV, 76, fracción VI, 77, 78, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Víctimas, y 16, fracciones I, II, XXXIII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y
Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, tiene la facultad para emitir las disposiciones necesarias para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Que el 15 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Pleno por el que se emiten los Lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, el cual establece las bases para la adecuada administración, control, ejecución y operación de los recursos del patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y de los fines del mismo; que el 25 de junio de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Lineamientos para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Que el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene, entre otras facultades, la de emitir y aprobar las modificaciones que procedan a los Lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Que las presentes modificaciones a los Lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, se realizan con el propósito de armonizar su contenido con las disposiciones del Reglamento de la Ley General de Víctimas, facilitar a las personas víctimas de delitos del orden federal y violación de derechos humanos cometidas por autoridades federales, el acceso a los recursos del Fondo, bajo los principios rectores consagrados en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, y para mejorar la operación del Fondo, por lo que se da a conocer el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO
DEL PLENO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO
DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los numerales 7; 8 en su primer párrafo y en su inciso c); 9 en su inciso b) y c); 10 en su inciso a), y en su segundo párrafo; 12; 14; 15 en su primero y segundo párrafo; 16 en su primer párrafo; 17; 18 en su primer párrafo; 19; 20; 23 en su primer párrafo; 24; 26 en su primer párrafo; 27; 28 en sus incisos d) y e); 29 en su primer párrafo, fracción III y último párrafo; 30; 32 en su primero y último párrafo; 38 en su primero y último párrafo; 41; 42; 44 en sus incisos d) e i); 45 en su inciso c); 46; 47; 48; 49 en el segundo párrafo del inciso a), el subinciso b.3, el segundo párrafo del inciso b), el primer párrafo del inciso c) y el subinciso c.2; 50; 51 en su último párrafo; 52 en su primer párrafo; 53 en su primer párrafo y sus incisos a) y c); 54 en su primer párrafo; 55; 56; 60 en su primer párrafo, sus incisos a) y d); 61 en su primero y en su segundo párrafo; 63; 65; 69; 74 en su primer párrafo, y 75; Se adicionan los incisos h), n) y q) del numeral 3; un tercer párrafo al numeral 10; los incisos a), b), c), d) e), y f) al numeral 16; un segundo párrafo al numeral 18; el inciso j) al numeral 21; un segundo y un tercer párrafo al numeral 22; un segundo párrafo al numeral 23; el numeral 23 Bis; los párrafos segundo, tercero y cuarto del numeral 26; el inciso d) del numeral 53; el inciso e) y un segundo párrafo al numeral 60; un tercer párrafo al numeral 61; todos ellos de los Lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para quedar como sigue:
h. Fideicomitente: La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;
n. LGTAIP: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
q. Lineamientos para priorizar el pago: Los Lineamientos para priorizar el pago de la compensación a las víctimas de delitos del orden federal y violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales;
7. Para efectos de integrar los recursos a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 132 de la LGV al patrimonio del Fideicomiso, corresponderá a la Dirección General del Fondo, en términos de los artículos 138 de la LGV, 75 de su Reglamento y 29 del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, gestionar lo pertinente para que los recursos ingresen oportunamente al mismo, para lo cual bastará que la Dirección General del Fondo se coordine con las dependencias, entidades, organismos y autoridades competentes en dichas materias para conjuntar esfuerzos a través de la celebración de los actos, convenios o contratos que resulten necesarios con la finalidad de que dichas instancias tomen conocimiento de que los recursos provenientes de dichos conceptos deben formar parte integrante del patrimonio del Fondo y se definan los mecanismos, las acciones o los procesos que permitan cumplir con oportunidad sus atribuciones.
8. Sin perjuicio de lo establecido en la LGV, su Reglamento, el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tendrá, en relación con el Fondo, las siguientes atribuciones:
c. Aprobar, en caso de requerirse, la creación del Fondo de Emergencia para el pago de los apoyos establecidos en el Título Tercero de la LGV, de conformidad con los artículos 135 de la LGV y 74 de su Reglamento;
b. Instruir al Fiduciario que establezca en una subcuenta especial del Fideicomiso el Fondo de Emergencia, en términos de lo que resuelva el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; operar su ejecución, conjuntamente con las direcciones generales de Atención
Inmediata y Primer Contacto y de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, según corresponda; y establecer de manera conjunta con el Fiduciario, los mecanismos de pago a las víctimas beneficiarias;
c. Instruir al Fiduciario, la entrega de los recursos que correspondan a las víctimas de delitos y a víctimas de violaciones a sus derechos humanos, en términos del dictamen de procedencia que emita el Pleno de la Comisión Ejecutiva o el escrito de validación de la unidad administrativa correspondiente para el caso de las medidas del Título Tercero de la LGV, cuando se otorguen recursos con cargo al Fondo de Emergencia que corresponda, y
a. Las medidas de ayuda, asistencia y atención establecidas en los Títulos Tercero y Cuarto de la LGV, a víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos;
Los pagos se efectuarán en moneda nacional y en el dictamen de procedencia que emita el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se precisará el nombre de la víctima o, en su caso, del prestador de servicios en términos del numeral 17 de estos Lineamientos, y el monto de la ayuda, asistencia, atención y/o compensación que corresponda.
Tratándose de víctimas que residan en el extranjero y cuyas cuentas bancarias se ubiquen fuera del país, el pago se sujetará a los mecanismos de pago que establecen las mejores prácticas financieras, en el entendido de que los costos que implique el servicio financiero para la entrega de los recursos, se cubrirá con cargo al patrimonio del Fondo.
12. El monto de la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden federal será hasta de 500 (quinientas) veces el salario mínimo mensual vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 67 de la LGV.
14. Los pagos por concepto de las medidas de ayuda, asistencia y atención a que se refiere el Título Tercero y Cuarto de la LGV, a víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, serán por los montos y conceptos que autorice el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
15. Cuando se presente una situación que así lo amerite y por decisión del Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se creará un Fondo de Emergencia como una subcuenta dentro del patrimonio del Fideicomiso, por tiempo determinado, cuya cuantía dependerá de la situación presentada, el cual se destinará al pago de las medidas de ayuda a que se refiere el Título Tercero de la LGV, para víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos en términos de la LGV, su Reglamento y demás disposiciones, acuerdos y lineamientos aplicables. La Dirección General del Fondo solicitará al Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas autorice las ampliaciones o prórrogas que sean necesarias en relación con el Fondo de Emergencia que corresponda.
Entre las situaciones a considerar para aperturar el Fondo de Emergencia, se encuentran de manera enunciativa y no limitativa, que el evento implique a un colectivo de víctimas o que se trate de violaciones graves a los derechos humanos o de delitos graves.
16. Los requisitos y el procedimiento para acceder a los recursos del Fondo de Emergencia para medidas de ayuda consideradas en el Título Tercero de la LGV, serán los siguientes:
a) El Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a propuesta de la Dirección General del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y previo dictamen debidamente fundado y motivado del Comité Interdisciplinario Evaluador, autorizará la creación del Fondo de Emergencia que corresponda, para el pago de las medidas de ayuda previstas en el Título Tercero de la LGV, estableciendo el concepto de las medidas, el monto de los recursos y el plazo de su vigencia.
b) La ejecución del Fondo de Emergencia se realizará con la participación de las direcciones generales de Atención Inmediata y Primer Contacto, de la Asesoría Jurídica Federal y del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, según corresponda.
c) Una vez autorizada la creación del Fondo de emergencia que corresponda, las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos que pudieran ser beneficiadas con el mismo, podrán solicitar el reembolso por concepto de los apoyos establecidos en el Título Tercero de la
LGV, ante las direcciones generales de Atención Inmediata y Primer Contacto o de la Asesoría Jurídica Federal, según corresponda, presentando la solicitud por escrito libre o el formato de solicitud de acceso a los recursos del Fondo a que se refieren los numerales 27 y 28 de los presentes lineamientos; y los documentos que comprueben los gastos efectuados por concepto de los apoyos establecidos en el Título Tercero de la LGV, que requieran les sean rembolsados.
d) Las direcciones generales de Atención Inmediata y Primer Contacto o de la Asesoría Jurídica Federal, según corresponda, en un plazo no mayor al de cinco días hábiles siguientes al de la presentación de la solicitud, integrarán el expediente de la víctima con la documentación comprobatoria de los gastos; analizarán y validarán que la información proporcionada por la víctima se apegue a los conceptos y montos del Título Tercero de la LGV y de los presentes Lineamientos, a efecto de determinar si es procedente el reembolso solicitado. Si hace falta información o documentación, la dirección general competente requerirá por escrito a la víctima dentro de los dos días siguientes a la recepción de la solicitud, la documentación o información faltante, para que ésta la presente en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, en cuyo caso se suspenderá el plazo para la integración del expediente correspondiente.
e) Las direcciones generales de Atención Inmediata y Primer Contacto o de la Asesoría Jurídica Federal, según corresponda, determinarán la procedencia de los pagos con cargo al Fondo de Emergencia, y turnarán por escrito a la Dirección General del Fondo, la validación y los documentos que comprueben el gasto de la solicitud de reembolso, para el trámite correspondiente, integrando copia del Formato Único de Declaración, de la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Víctimas y de la solicitud de acceso a los recursos del Fondo o del escrito libre que haya presentado la víctima.
f) La Dirección General del Fondo, revisará la información entregada por las direcciones generales de Atención Inmediata y Primer Contacto o de la Asesoría Jurídica Federal, según corresponda y verificará que se apeguen al Acuerdo de creación del Fondo de Emergencia que corresponda y, en su caso, instruirá al Fiduciario la entrega y dispersión de los recursos a las víctimas beneficiarias conforme al procedimiento establecido en el Título Octavo de los presentes Lineamientos. En caso de faltar algún documento o exista alguna imprecisión o error en la solicitud, la Dirección General del Fondo requerirá a la unidad administrativa que corresponda, para que en un plazo no mayor a 3 días hábiles siguientes a partir de su notificación, subsane dicha omisión o información faltante.
17. Por excepción, y de acuerdo a la situación de emergencia que se atienda, el pago de las medidas de ayuda, consideradas en el Título Tercero de la LGV se podrá efectuar con cargo a los recursos del Fondo de Emergencia, directamente a los prestadores de los bienes y servicios en nombre y representación de las víctimas, cuando éstas así lo soliciten en el formato de acceso a los recursos del Fondo o en el escrito libre.
18. Una vez que hayan sido entregados los recursos del Fondo de Emergencia a las víctimas beneficiadas, si quedan remanentes en la subcuenta de dicho Fondo de Emergencia, atendida la situación de emergencia presentada, la Dirección General del Fondo instruirá al Fiduciario para que los recursos junto con los intereses generados, sean nuevamente reintegrados al patrimonio total del Fondo.
Cumplido el objetivo del Fondo de Emergencia creado en términos de lo dispuesto en el numeral 16 de los presentes Lineamientos, la Dirección General del Fondo presentará al Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas el informe relativo a los recursos otorgados a cada una de las víctimas beneficiarias, al amparo del Acuerdo de creación del Fondo de Emergencia y de los escritos de validación de reembolsos emitidos por las direcciones generales de Atención Inmediata y Primer Contacto y/o de la Asesoría Jurídica Federal, según corresponda.
19. En caso de que se hubieren entregado recursos con cargo al Fondo de Emergencia, derivado de la actualización de los supuestos previstos en los artículos 30, último párrafo y 37, de la LGV, las instituciones médicas de carácter público a que se refieren dichos artículos, deberán reintegrar los recursos al patrimonio del Fondo, por lo que en ejercicio del derecho de repetición, la Dirección General del Fondo efectuará el requerimiento por escrito de los recursos, a las instituciones médicas originalmente responsables de prestar dichas medidas.
20. Los apoyos monetarios que se hayan otorgado con cargo al Fondo de Emergencia con base en lo previsto por los artículos 30, último párrafo, y 37 de la LGV, se descontarán del pago que, en su caso, se otorgue por concepto de compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 92 del RLGV.
j. Las demás previstas en los Títulos Tercero y Cuarto de la LGV.
Cuando la Dirección General del Fondo, con cargo al patrimonio del Fondo hubiere entregado recursos derivado de la actualización de los supuestos previstos en los artículos 30 último párrafo y 37 de la LGV, las instituciones médicas de carácter público a que se refieren dichos artículos, deberán reintegrar los recursos al patrimonio del Fondo, por lo que en ejercicio del derecho de repetición, la Dirección General del Fondo efectuará el requerimiento por escrito de los recursos a las instituciones médicas originalmente responsables de prestar dichas medidas.
Asimismo, los apoyos monetarios que se hayan otorgado con cargo al patrimonio del Fondo o Fondo de Emergencia, con base en lo previsto por los artículos 30, último párrafo y 37 de la LGV, se descontarán del pago que, en su caso, se otorgue por concepto de compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 92 del RLGV.
23. Tratándose de hechos victimizantes, se apoyará a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa cuando la causa de la muerte sea homicidio. Estos gastos incluirán los de transporte en los siguientes casos:
El monto del apoyo de los servicios funerarios a cubrir vía reembolso, será hasta de 20 (veinte) veces el Salario Mínimo General Mensual vigente en el país, por víctima directa. Lo anterior, además del costo del servicio del traslado del cuerpo, en caso de que haya sido cubierto por la víctima indirecta, el cual varía de un Estado o de un país a otro.
23 Bis. Tratándose de medidas de alimentación y alojamiento, cuando la institución responsable de otorgar el apoyo, manifieste por escrito que se encuentra impedida para otorgar la medida a la víctima directa o indirecta, se otorgará, vía reembolso, el apoyo en materia de alimentación y alojamiento, en los siguientes términos:
a. Para ayuda alimentaria hasta por un monto mensual de 1 (un) Salario Mínimo General Mensual vigente en el país por núcleo familiar.
Por ayuda alimentaria se entenderá, aquellos productos reconocidos como canasta básica por instituciones y organismos públicos de carácter nacional e internacional, tales como el Instituto Nacional de Geografía e Informática, DICONSA, S.A. de C.V, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre otros.
b. Para alojamiento, un apoyo mensual de hasta 2 (dos) Salarios Mínimos Generales Mensuales vigentes en el país por núcleo familiar.
Las medidas de alimentación y alojamiento se otorgarán hasta por un plazo de 6 (seis) meses, al término del cual la Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto, efectuará una
evaluación a la víctima directa o indirecta para analizar que ha superado su condición de emergencia; en caso necesario, dicha Unidad Administrativa, en términos del numeral 29 de los presentes Lineamientos, solicitará la renovación de las medidas de ayudas, con el soporte documental correspondiente, para que, previa resolución procedente del Pleno de la CEAV, se continúen otorgando los apoyos por un periodo adicional de 6 (seis) meses. Transcurrido dicho periodo, se cancelarán los apoyos por concepto de medidas de alimentación y alojamiento.
Estas medidas de ayuda serán acompañadas de otros servicios de carácter multidisciplinario que proporciona la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que se encuentran establecidos en el Modelo Integral de Atención a Víctimas, para que las personas superen su condición de víctima.
24. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo, se pagarán los gastos de transporte garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte utilizado por la víctima para su regreso sea el más seguro y el que cause menor trauma de acuerdo con sus condiciones.
26. Cuando la víctima o dependientes económicos, requieran de una beca de estudio para educación básica, media superior o superior y habiendo acudido a la Secretaría de Educación Pública u organismo público de educación que corresponda y no hubiera obtenido la beca porque dichas instituciones se encuentren impedidas para concederlas, podrán acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el documento que haga constar que la institución pública no otorgó la beca, para que, en su caso, se otorgue la beca a la víctima o dependientes económicos del nivel escolar que corresponda.
En caso de que la institución pública educativa que deba otorgar la beca, no entregue la respuesta a la interesada en el plazo que corresponda conforme a las disposiciones aplicables en materia de Becas emitidas por la Secretaría de Educación Pública, se considerará respuesta en sentido negativo, y podrá iniciar el trámite de otorgamiento de beca ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para lo cual se requerirá a la víctima solicitante, acompañe a su solicitud el escrito entregado a la institución educativa que corresponda, con el acuse respectivo en donde conste que solicitó la beca.
El monto mensual de la beca será el mismo que otorga la Secretaría de Educación Pública o las instancias de educación pública local, de acuerdo al nivel escolar y será por ciclo escolar. Las becas se otorgarán una vez que se cuente con el dictamen favorable del Pleno de la Comisión Ejecutiva y se cubrirá por el monto total del ciclo escolar que se esté cursando o que se vaya a cursar al momento de la solicitud.
Los recursos del apoyo por concepto de becas, se depositarán en cuentas bancarias a nombre de las personas víctimas beneficiarias. Se deberá comprobar que la víctima beneficiaria se inscribió al ciclo escolar correspondiente y que cursó el ciclo escolar inmediato anterior, según corresponda, debiendo el beneficiario repetir el procedimiento cada año, en caso de que la institución pública educativa continué impedida de otorgar la beca escolar, en caso contrario, no procederá la beca. Si la institución pública educativa responde favorablemente a la solicitud de la víctima, se dejará de otorgar la beca a la víctima beneficiaria, para el ciclo escolar inmediato siguiente.
27. Las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, que soliciten el reembolso por concepto de las medidas de ayuda, asistencia y atención, presentarán el formato de solicitud de acceso a los recursos del Fondo para cubrir medidas de ayuda, asistencia y atención, o la solicitud mediante escrito libre, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ante las direcciones generales de Atención Inmediata y Primer Contacto o de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para su trámite.
d) Tratándose de medidas de ayuda previstas en los artículos 30, último párrafo y 37 de la LGV, presentar un documento que acredite que la institución hospitalaria pública no prestó las medidas de ayuda a la víctima; por excepción, ante la falta de este documento, declaración de la víctima, bajo protesta de decir verdad, de una narración sucinta de los hechos. Para el caso de medidas de alojamiento y alimentación, así como para el otorgamiento de becas, presentar los
documentos referidos en los numerales 23 Bis y 26, respectivamente, de los presentes Lineamientos. Asimismo, en todos los casos, una declaración bajo protesta de decir verdad, de que la víctima no ha recibido ni está solicitando ningún tipo de apoyo por parte de cualquier programa, fondo, fideicomiso o similar de la Administración Pública Federal por los mismos conceptos;
e) Constancia, diagnóstico médico o dictamen del médico especialista, en original, en el que se haga constar que la víctima requiere las medidas de ayuda previstas en los artículos 30, último párrafo y 37 de la LGV;
29. Para los efectos de los Títulos Tercero y Cuarto de la LGV, el Fondo entregará los recursos por concepto de medidas de ayuda, asistencia y atención, a las víctimas tanto de delitos como de violaciones a derechos humanos, conforme a los siguientes requisitos:
III. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en los casos de delitos del orden federal, determinará la procedencia de los pagos con cargo al Fondo, siempre y cuando se cumplan los requisitos y procedimientos establecidos en la LGV y en el Reglamento, así como de acuerdo a los criterios señalados en el artículo 76 del RLGV.
El personal de las direcciones generales de Atención Inmediata y Primer Contacto o de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que reciban la solicitud de acceso a los recursos del Fondo, asistirán en todo momento a las víctimas en el llenado del formato o del escrito de solicitud de acceso a los recursos del Fondo, bajo un enfoque diferencial y especializado para evitar situaciones de revictimización de la persona.
30. Las medidas de ayuda, asistencia y atención consideradas en el Título Tercero y Cuarto de la LGV a víctimas de delitos y víctimas de violación a derechos humanos, se cubrirán bajo el esquema de reembolsos y/o en términos de lo previsto en los presentes Lineamientos.
32. Para acceder a los recursos del Fondo en términos de este capítulo, la víctima deberá presentar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas el formato de solicitud de acceso a los recursos del Fondo por compensación subsidiaria por comisión de un delito del fuero federal, o una solicitud por escrito libre, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ante las direcciones generales de Atención Inmediata y Primer Contacto o de la Asesoría Jurídica Federal para su trámite, la cual deberá contener, al menos, los siguientes requisitos:
d.1 ...
d.2 ...
d.3 ...
El personal de las direcciones generales de Atención Inmediata y Primer Contacto y de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, asistirá en todo momento a las víctimas, en el llenado de la solicitud, con un enfoque diferencial, para evitar situaciones de
revictimización de la persona.
38. Para acceder a los recursos del Fondo para cubrir la compensación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales, la víctima deberá presentar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a través de las direcciones generales de Atención Inmediata y Primer Contacto o de la Asesoría Jurídica Federal, para su trámite, el formato de solicitud de acceso a los recursos del Fondo por compensación por violación de derechos humanos cometida por autoridades federales, o una solicitud por escrito libre, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual deberá contener, al menos, los siguientes requisitos:
El personal de las direcciones generales de Atención Inmediata y Primer Contacto o de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, asistirá en todo momento a las víctimas, en el llenado de la solicitud, con un enfoque diferencial, para evitar situaciones de revictimización de la persona.
41. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a través de la Dirección General del Fondo, efectuará los trámites administrativos del caso, a fin de hacer del conocimiento de la autoridad responsable de la violación de derechos humanos, el pago de la compensación efectuada a las víctimas por concepto de violación de derechos humanos, con el propósito de que dicha instancia efectúe el procedimiento administrativo conducente y, en su caso, se promueva la responsabilidad administrativa o penal que corresponda, en términos de lo que establece el artículo 81 del Reglamento de la LGV.
42. La víctima presentará ante las direcciones generales de Atención Inmediata y Primer Contacto o de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la solicitud en escrito libre para acceder a los recursos del Fondo para cubrir las medidas de ayuda, asistencia, atención y/o la compensación respectiva.
d) El CIE, de ser el caso, valorará y analizará los documentos y la información proporcionada por la víctima, a efecto de determinar si es procedente recomendar al Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia y atención solicitadas;
i) En caso de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas resuelva favorablemente la solicitud, deberá notificar, a través de la Secretaría Técnica del Pleno, la resolución, en el plazo señalado en el párrafo anterior, a la Dirección General del Fondo, a fin de que inicie el trámite de
c) Una vez que el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas emita el dictamen de procedencia del pago de la compensación de forma directa para víctimas de violaciones a los derechos humanos y la compensación subsidiaria a víctimas de delitos del orden federal, deberá integrarse al expediente correspondiente;
46. El dictamen o la resolución de procedencia que emita el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, será notificado por la Secretaría Técnica del Pleno a la Dirección General del Fondo.
47. A partir de que la Dirección General del Fondo, reciba la notificación del dictamen o de la resolución de procedencia del Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o en el supuesto del Fondo de Emergencia, el escrito de validación de los apoyos a que se refiere el Título Tercero de la LGV emitido por las direcciones generales a que se refiere el numeral 16 de los presentes Lineamientos, para proceder a la entrega de los recursos, realizará un análisis de la información y documentación bancaria presentada por la víctima que conste en el expediente. En caso de que faltara algún documento indispensable para el depósito de recursos a la persona que tenga el derecho de recibir el pago (número de cuenta bancaria, institución financiera, CLABE interbancaria, etc.), la Dirección General del Fondo gestionará lo conducente para localizar a la persona beneficiaria del pago, requiriéndole, incluso telefónicamente, que presente la información y documentación necesaria para efectuar el pago.
48. Si se cuenta con la información y documentación necesaria para la entrega de los recursos a la persona que tenga el derecho de recibir el pago, la Dirección General del Fondo instruirá al Fiduciario, el monto de los recursos que con cargo al patrimonio del Fondo y/o al Fondo de Emergencia que corresponda, deban ser entregados a la persona beneficiaria del pago, por concepto de ayudas, asistencias, atención y/o compensación. La instrucción de entrega de recursos deberá ser firmada por el Titular del Fondo o, en su defecto, por el servidor público de nivel jerárquico inmediato inferior, autorizado para tales fines. La Dirección General del Fondo informará al Fiduciario los nombres, cargos, firmas y rúbricas del o los funcionario(s) facultado(s) para instruir el ejercicio de recursos, acompañando a la notificación copia de la identificación oficial de dicho(s) funcionario(s).
a.4 ...
El Fiduciario contará con un plazo de 7 días hábiles a partir de que reciba la instrucción antes referida, en la inteligencia de que esta última deberá de estar acompañada de la documentación e información relacionada en los numerales anteriores para poner a disposición de las víctimas, en las cuentas bancarias de las mismas, los recursos que se le hayan instruido o, en su caso, emitir y entregar a las víctimas el cheque nominativo correspondiente para los casos en que las mismas no
tengan cuenta bancaria.
b.3 Notificación del Acuerdo de creación del Fondo de Emergencia y del escrito de validación emitido por las direcciones generales de Atención Inmediata y Primer Contacto o de la Asesoría Jurídica Federal, según corresponda;
b.4 ...
b.5 ...
El Fiduciario contará con un plazo de 3 días hábiles, a partir de la fecha de entrega de la información y documentación completa que se le remita, para poner a disposición de las víctimas, en las cuentas bancarias de las mismas, los recursos que se le hayan instruido, o en su caso, emitir y entregar a las víctimas el cheque nominativo correspondiente para los casos en que las mismas no tengan cuenta bancaria.
c) En el envío de instrucciones al Fiduciario, para que éste efectúe la entrega de recursos con cargo al patrimonio del Fondo o al Fondo de Emergencia que corresponda, a personas físicas o morales que no sean víctimas por los conceptos que se precisan en estos Lineamientos, la Dirección General del Fondo le remitirá:
c.2 El dictamen de procedencia o el Acuerdo de creación del Fondo de Emergencia que corresponda, que emita el Pleno de la Comisión Ejecutiva para la entrega de los recursos o pagos respectivos;
c.3 ...
c.4 ...
50. Todos los gastos, impuestos, derechos, comisiones, honorarios y demás erogaciones que se originen con motivo del ejercicio de los fines del Fideicomiso, se cubrirán con cargo a su patrimonio. Dentro de los gastos relativos al manejo fiduciario quedan comprendidos, de manera enunciativa y no limitativa, comisiones financieras o bancarias por dispersión de recursos, transferencias de recursos, apertura de cuentas propias del Fondo, y expedición de cheques; gastos, honorarios y comisiones por servicios notariales, otorgamiento de poderes y gastos necesarios para la defensa del patrimonio del Fideicomiso; pagos al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, copias simples o certificadas, publicación de edictos; honorarios por la contratación anual del despacho de auditores externos y costos de transferencias de recursos a cuentas de víctimas residentes en el extranjero.
En ese sentido, toda la documentación e información original comprobatoria del destino y aplicación de los recursos fideicomitidos, de que el Fiduciario puso a disposición de las víctimas los recursos, y/o de la entrega de los mismos a las demás personas físicas o morales, quedará
en posesión, resguardo y custodia del Fiduciario, de sus sucursales bancarias y/o de sus corresponsalías, lo anterior en protección del secreto bancario contenido en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, bastando que el Fiduciario remita a la Dirección General del Fondo, a través de correo electrónico, como documentación comprobatoria, copia del acuse que genere el sistema utilizado por el Fiduciario que corrobore la puesta a disposición y la entrega de los recursos a las víctimas beneficiarias y a las personas físicas y/o morales correspondientes, y/o, en su caso, mediante oficio por escrito o por correo electrónico en el que el Fiduciario manifieste y corrobore la entrega de recursos a las víctimas.
52. La Dirección General del Fondo podrá girar instrucciones al Fiduciario en cualquier tiempo, a fin de que éste le informe y le dé a conocer por escrito y/o por medios electrónicos, lo siguiente:
53. La entrega de recursos a las víctimas se realizará preferentemente en forma electrónica mediante abono en cuenta. Si la víctima ya tiene previamente aperturada una cuenta bancaria en institución bancaria, la información bancaria de la víctima beneficiaria será proporcionada en el formato o en el escrito libre de solicitud de acceso a los recursos del Fondo, o posteriormente, pudiendo ser remitida por la víctima al Fondo, por correo electrónico, para que en dicha cuenta bancaria el Fiduciario ponga a disposición los recursos que a la víctima correspondan. Para estos efectos, la víctima deberá proporcionar a la Dirección General del Fondo:
a) Copia del contrato de apertura de cuenta o del estado de cuenta bancario respectivo con no más de tres meses de antigedad, en el que sea legible el nombre de la Institución Bancaria, Número de cuenta y Clave Bancaria Estandarizada (CLABE Interbancaria) a 18 dígitos y el nombre del beneficiario o titular de la cuenta.
c) Copia del comprobante de domicilio con no más de tres meses de antigedad.
d) Tratándose de víctimas menores de edad, copia del Acta de Nacimiento.
54. Previa instrucción que la Dirección General del Fondo le remita al Fiduciario, éste iniciará las gestiones para la entrega de recursos a las víctimas. En caso de que la víctima no disponga de cuenta bancaria, personal adscrito a la unidad administrativa del Fondo, podrá apoyarlos en la apertura de una cuenta bancaria en Bansefi, S.N.C., I.B.D. para que en dicha cuenta le sean entregados los recursos a que tenga derecho.
55. En caso de que la víctima se ubique en alguna localidad donde no exista disponibilidad de servicios bancarios o sea imposible que la víctima pueda abrir una cuenta bancaria en cualquier institución de crédito, el Fiduciario efectuará la entrega de recursos, a través de la emisión de cheques nominativos, conforme a las instrucciones que para tales efectos le sean giradas por la Dirección General del Fondo.
56. Independientemente de la forma en que se realice la entrega de recursos a la víctima, el Fiduciario deberá contar con el soporte electrónico o documental que garantice y compruebe plenamente que los recursos fueron entregados o transferidos a la víctima beneficiaria y la fecha de la recepción de los recursos o del cheque nominativo por parte de la víctima. Dicha información deberá ser remitida por el Fiduciario, ya sea en original o copia y de manera identificable y legible, a la Dirección General del Fondo para su reguardo en el expediente respectivo y con ello se acredite el cierre del caso o del expediente.
60. Para que la Dirección General del Fondo instruya al Fiduciario la entrega de recursos, el expediente de pago a la víctima que obre en los archivos de la Dirección General del Fondo, deberá contener al menos constancia en copias simples de los siguientes documentos:
a) Formato o escrito libre de la solicitud de acceso a los recursos del Fondo;
d) Notificación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno de la Comisión Ejecutiva, del dictamen o de la resolución de procedencia del Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a la
Dirección General del Fondo.
e) Para pagos con cargo al Fondo de Emergencia que corresponda, el escrito de validación o procedencia de las direcciones generales de Atención Inmediata y Primer Contacto o de la Asesoría Jurídica Federal, según corresponda y los documentos que comprueben el gasto, referidos en el numeral 16 de los presentes Lineamientos.
La documentación comprobatoria de la aplicación y destino de los recursos fideicomitidos a los fines previstos en el Contrato de Fideicomiso, en términos de lo dispuesto en la LGV, su Reglamento, el dictamen de procedencia del Pleno de la Comisión Ejecutiva o del Acuerdo de creación del Fondo de Emergencia respectivo, consistirá en original o copia, según corresponda, de:
61. Tratándose de pagos que deban otorgarse a víctimas menores de edad, la entrega de los recursos se realizará por conducto de su representante legal. El representante legal será la persona que así se encuentre acreditada en el FUD, o en el formato de acceso a los recursos del Fondo, o en el escrito libre de solicitud de acceso a los recursos del Fondo, a la cual se le solicitará la información y documentación que acredite su personalidad y representación del menor de edad, siendo ésta la siguiente:
En caso de duda sobre la representación legal del menor, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, podrá solicitar información adicional o complementaria a la aquí prevista, para mejor acreditar la representación legal y protección de los intereses del menor. Los representantes legales serán las personas que ejerzan la patria potestad o sean tutores del menor de edad.
Tratándose de pagos que deban otorgarse a víctimas menores de edad o adolescentes, la entrega de los recursos se podrá realizar directamente a cuentas bancarias cuyos beneficiarios sean los menores o adolescentes. Lo anterior, para garantizar el principio del interés superior del menor.
63. Tratándose de cheques nominativos elaborados a nombre de las víctimas beneficiarias que no sean cobrados en un plazo máximo de 6 meses a partir de la fecha de su emisión, el Fiduciario notificará a la Dirección General del Fondo a fin de que autorice que el título de crédito sea cancelado. La Dirección General del Fondo una vez que tenga conocimiento de esta situación, instruirá al Fiduciario que los recursos que amparen los cheques cancelados, sean depositados en una subcuenta en el mismo Fideicomiso hasta que sea solicitado su cobro o transcurran cinco años. Una vez que transcurra el plazo de cinco años sin que se solicite su cobro, el Fiduciario notificará por escrito esta situación a la Dirección General del Fondo para que ésta instruya que los recursos se integren al patrimonio del Fideicomiso para ser destinados a los fines del Fondo y se informe de lo anterior al Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta situación no implica la prescripción de derecho de cobro por parte de la víctima o sus beneficiarios.
65. En caso de que a la víctima se le haya cubierto parte de la reparación integral a través de otros mecanismos, situación que se comprueba con lo declarado o manifestado por la víctima en el FUD, o en el formato de acceso a los recursos del Fondo, o escrito libre de solicitud de acceso a los recursos del Fondo, previo dictamen de procedencia del Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Dirección General del Fondo podrá pagar, de manera complementaria, la compensación correspondiente hasta por el monto no cubierto por el mecanismo respectivo.
69. Se deberá recabar y custodiar la documentación comprobatoria y justificativa de la entrega de los recursos a los beneficiarios de los pagos, a que se refiere el numeral 53 y los incisos a), b) y c) del segundo párrafo del numeral 60 de los presentes Lineamientos, en los expedientes de pago de las víctimas que obren en la Dirección General del Fondo, en términos de las disposiciones que para efectos de lineamientos de archivos emita la Comisión Ejecutiva. Los documentos referidos en los incisos a) a d), en el primer párrafo del numeral 60 de los presentes Lineamientos, podrá ser conservado en archivo por separado al expediente de pago creado por cada víctima en la Dirección General del Fondo.
74. El Fiduciario acatará las solicitudes de acceso a la información que se le remitan por los particulares, en relación con las operaciones bancarias y fiduciarias que lleve a cabo en términos del Contrato del Fideicomiso, en apego a lo dispuesto en la LGTAIP, LFTAIPG, RLFTAIPG, los Lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información relativa a operaciones fiduciarias y
bancarias, así como al cumplimiento de obligaciones fiscales realizadas con recursos públicos federales por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, al Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos, así como a las demás disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y rendición de cuentas en operaciones bancarias y fiduciarias.
75. Para la organización, custodia y conservación de la información y documentación que sustente el pago a las víctimas, referida en el Lineamiento 60, la Dirección General del Fondo, de conformidad con el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y la guía simple de archivo, conservará los expedientes de pago a las víctimas que integrarán el archivo de la unidad administrativa del Fondo, observando para ello las disposiciones legales aplicables en materia de organización, conservación y adecuado funcionamiento de los archivos que emitan el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Ejecutiva.
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2016.- Así lo aprobó el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la Décima Primera Sesión Ordinaria 2016 celebrada el 15 de marzo de 2016.- El Comisionado Presidente, Sergio Jaime Rochín del Rincón.- Rúbrica.- La Comisionada y los Comisionados: Adrián Franco Zevada, Susana Thalía Pedroza de la Llave, Julio Antonio Hernández Barros.- Rúbricas.- La Secretaria Técnica del Pleno, Alejandra Soto Alfonso, quien da fe de la presentación y votación del documento por unanimidad de los presentes.- Rúbrica.
(R.- 430342)

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artículo 92
artículo 92
resolución
artículo 15
artículo 76
artículo 15
artículo 15
artículo 81
resolución
resolución
artículo 142
resolución


text:
BOE.es - Índice por secciones del BOE del día 11/09/2012
11/09/2012 - Índice por secciones del BOE
Boletín Oficial del Estado: martes 11 de septiembre de 2012, Núm. 219
Sumario BOE-S-2012-219:
Orden JUS/1903/2012, de 31 de agosto, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Francisco Javier Muñoz Cuesta.
PDF (BOE-A-2012-11466 - 1 pág. - 131 KB)
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en el ámbito del extinguido Ministerio de Trabajo e Inmigración y sus organismos autónomos, actualmente Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
PDF (BOE-A-2012-11470 - 5 págs. - 253 KB)
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera en la Escala de Gestión de Organismos Autónomos en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en el ámbito del extinguido Ministerio de Trabajo e Inmigración y sus organismos autónomos, actualmente Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
PDF (BOE-A-2012-11471 - 5 págs. - 236 KB)
Orden HAP/1904/2012, de 31 de agosto, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1007/2012, de 9 de mayo.
PDF (BOE-A-2012-11467 - 2 págs. - 138 KB)
Orden HAP/1905/2012, de 31 de agosto, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1265/2012, de 11 de junio.
PDF (BOE-A-2012-11468 - 2 págs. - 137 KB)
Orden HAP/1906/2012, de 31 de agosto, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/746/2012, de 10 de abril.
PDF (BOE-A-2012-11469 - 2 págs. - 137 KB)
Resolución de 24 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se acepta la renuncia a la condición de funcionario del Policía del Cuerpo Nacional de Policía don David Hernández Martín.
PDF (BOE-A-2012-11472 - 1 pág. - 136 KB)
Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se dispone el cese de don Rafael Luis García Matos como Subdirector General de Ordenación Normativa.
PDF (BOE-A-2012-11474 - 1 pág. - 130 KB)
Orden ESS/1907/2012, de 27 de agosto, por la que se resuelve el concurso específico convocado por Orden ESS/732/2012, de 11 de abril, en la Administración de la Seguridad Social.
PDF (BOE-A-2012-11473 - 20 págs. - 448 KB)
Orden PRE/1908/2012, de 1 de septiembre, por la que se nombra Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Comunicación a doña María Begoña Fuentes Conles.
PDF (BOE-A-2012-11475 - 1 pág. - 130 KB)
Real Decreto 1300/2012, de 7 de septiembre, por el que se nombra Director General del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a don Antonio Carrascosa Morales.
PDF (BOE-A-2012-11476 - 1 pág. - 128 KB)
Orden SSI/1909/2012, de 1 de agosto, por la que se sustituye un vocal del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad.
PDF (BOE-A-2012-11477 - 1 pág. - 130 KB)
Resolución de 28 de agosto de 2012, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la Resolución por la que se declaran desiertas las convocatorias del concurso ordinario del año 2012 para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Orden HAP/1910/2012, de 31 de agosto, por la que se declara desierto puesto de trabajo de libre designación convocado por Orden HAP/1151/2012, de 24 de mayo.
PDF (BOE-A-2012-11478 - 1 pág. - 132 KB)
Orden HAP/1911/2012, de 31 de agosto, por la que se declara desierto puesto de trabajo de libre designación convocado por Orden HAP/660/2012, de 23 de marzo.
PDF (BOE-A-2012-11479 - 1 pág. - 132 KB)
Resolución de 27 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Montornès del Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
PDF (BOE-A-2012-11481 - 1 pág. - 129 KB)
Resolución de 31 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
PDF (BOE-A-2012-11482 - 1 pág. - 128 KB)
Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
PDF (BOE-A-2012-11483 - 16 págs. - 851 KB)

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Thomson Reuters | Doctrina del día: alcance de la responsabilidad del fiduciario
Por Gustavo M. Lubat, publicado en la Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones
Un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la ciudad de Buenos Aires[1] se refirió a la problemática vinculada con el alcance de la responsabilidad del fiduciario en lo concerniente a los daños y perjuicios derivados de la ejecución del fideicomiso.
Los hechos del caso son los siguientes: como consecuencia del procedimiento de exclusión de activos y pasivos llevado a cabo en el Banco Patricios S.A., el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) transfirió al Banco Mayo Cooperativo Limitado cierta cartera de créditos, entre la que se encontraba uno concedido al actor, supuestamente impago. El Banco Mayo transfirió el dominio fiduciario de esa cartera al Banco Comafi Fiduciario Financiero S.A. (“Comafi”), quien se desempeñaba como fiduciario del Fideicomiso Mayo I.
En cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de fideicomiso, Comafi promovió un juicio ejecutivo contra el actor, con el objeto de recuperar el crédito en mora. No obstante, el actor interpuso excepción de pago, ya que contaba con un comprobante de cancelación de dicho crédito emitido por el Banco Patricios S.A. Esta excepción prosperó.
Como consecuencia de esta ejecución y de haber sido informado durante cierto período como deudor del sistema financiero, el actor demandó a Comafi por la reparación de los daños y perjuicios que alegó haber sufrido en virtud de la situación descripta.
La sentencia de primera instancia rechazó la demanda en su totalidad por entender que el fiduciario no puede ser obligado por causales ajenas, menos aún, concernientes a los bienes fideicomitidos, ya que el artículo 16 de la ley 24.441 dispone que los bienes del fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que sólo serán satisfechas con los bienes fideicomitidos[2]. Por idéntico argumento, sumado a la circunstancia de que el actor no acreditó ninguno de los daños materiales que alegó haber sufrido, la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia. No obstante, concedió la indemnización por daño moral por considerar que la inclusión de una información errónea y desfavorable sobre la aptitud crediticia del actor constituye por sí misma una legítima afección en los sentimientos.
Si bien puede coincidirse con la solución a la que arribó la Cámara, entiendo que los argumentos en los que fundó su conclusión merecen ciertas objeciones.
Tal como lo sostiene el fallo comentado, el fiduciario no puede ser obligado por causales concernientes a los bienes fideicomitidos. Esta afirmación resulta de la interpretación de lo dispuesto por el artículo 16 de la ley 24.441, que establece que el fiduciario no responderá con sus bienes por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso.
Esta norma indica también que las obligaciones asumidas en el marco de dicha ejecución serán satisfechas solamente con los bienes fideicomitidos. Dentro de estas obligaciones debe entenderse incluida la de responder por los daños y perjuicios que puedan generarse como consecuencia de la ejecución del contrato de fideicomiso.
Resulta evidente, de acuerdo con lo que claramente dispone el artículo 16 de la ley 24.441, que el fiduciario no responde con su propio patrimonio por ninguna de las obligaciones contraídas en el marco de la ejecución del contrato de fideicomiso. Ello, sin perjuicio de que en aquellos supuestos en que se exceda en el ejercicio de sus facultades y afecte los bienes fideicomitidos a finalidades distintas a las previstas, si bien el patrimonio separado responderá ante terceros de buena fe, el fiduciario responderá con su patrimonio personal ante el fiduciante, beneficiario o fideicomisario (según sea el caso) por los perjuicios ocasionados[3].
De esta manera, cuando se promueve una acción contra una persona en su carácter de fiduciario con motivo del resarcimiento de daños y perjuicios –o cualquier otra obligación- generados en ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de fideicomiso, debe entenderse que dicha acción no tiene la finalidad de agredir el patrimonio personal del fiduciario, sino que la pretensión va dirigida a cobrarse el crédito con los bienes fideicomitidos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la ley 24.441[4].
En la sentencia en análisis surge una contradicción entre los motivos por las cuales se rechaza parte del reclamo y se admite otro. Mientras, por un lado, se decide rechazar la demanda en razón de que el fiduciario no puede ser obligado por causales concernientes a los bienes fideicomitidos, por el otro, se admite el daño moral y se condena a Comafi a resarcirlo.
De acuerdo con el argumento por el cual se rechazaron los daños materiales, si la Cámara de Apelaciones entendió que la acción pretendía agredir el patrimonio personal del fiduciario y por ese motivo rechazó la pretensión, este mismo criterio debió haberse aplicado para rechazar el daño moral, ya que este rubro también resulta una obligación asumida en el marco de la ejecución del fideicomiso.
Nótese que la sentencia no explica cuál es el patrimonio afectado a resarcir el daño moral admitido, lo que evidencia la contradicción entre los criterios utilizados para evaluar la procedencia de uno y otro rubro. Ello, por cuanto con esta omisión pareciera que el artículo 16 evita la agresión del patrimonio personal del fiduciario sólo en caso de que se pretenda el resarcimiento de daños materiales, pero no así en el caso de un daño moral, distinción que no emana de la ley y, por lo tanto, no tiene sentido alguno.
Lo cierto es que, en el caso en análisis, la disposición del artículo 16 de la ley 24.441 no era el argumento adecuado para el rechazo de la pretensión, toda vez que el hecho de que el patrimonio personal del fiduciario se encuentre ajeno a la agresión de los acreedores surgidos de la ejecución del contrato de fideicomiso, no impide que éstos puedan cobrarse del patrimonio fideicomitido. La acción por los daños materiales debía rechazarse en razón de que el actor no los probó, tal como la propia sentencia lo destaca en un obiter.
El foco puesto en el artículo 16 de la ley 24.441 para rechazar los rubros correspondientes al daño material genera la confusión de entender que el crédito por el daño moral reconocido puede cobrarse de los bienes que integran el patrimonio personal del fiduciario, ya que la Cámara pareciera marcar, tácitamente, una especie de distinción entre uno y otro caso.
De todas maneras, también es errónea la interpretación en el sentido de que la demanda interpuesta perseguía el cobro del crédito reclamado contra los bienes personales del fiduciario, ya que por imperio del artículo 16 de la ley 24.441 debe entenderse que al demandar a una persona en su carácter de fiduciario lo único que se pretende agredir es el patrimonio de afectación que administra el demandado, ya que lo contrario está prohibido por la ley. En última instancia, ésta sería una discusión que podría darse en el proceso de ejecución de la sentencia en caso de que el acreedor quiera ejecutarla respecto de algún bien integrante del patrimonio personal del fiduciario.
Como corolario de lo expuesto, cabe remarcar que el artículo 16 de la ley 24.441 protege el patrimonio personal del fiduciario de la agresión de los acreedores cuyos créditos hayan surgido de obligaciones contraídas por aquél en el marco de la ejecución del contrato de fideicomiso y que, por esta circunstancia, cuando uno de estos acreedores demande judicialmente el cumplimiento de tales obligaciones resulta evidente que los únicos bienes de los que podrá cobrarse son aquéllos que integran el patrimonio fideicomitido. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad por la administración del patrimonio fideicomitido que asume el fiduciario con la totalidad de su patrimonio ante el fiduciante, fideicomisario y beneficiario.
Por tal motivo, el rechazo de la demanda fundado en que el patrimonio personal del fiduciario no puede ser objeto de ejecución por el cumplimiento de estas obligaciones no tiene asidero alguno, ya que este razonamiento confunde responsabilidad con patrimonio afectado al cumplimiento de una obligación.
El fiduciario debe responder por los daños generados en ocasión del cumplimiento de sus funciones, aunque no con sus bienes personales. En todo caso, lo que debe rechazarse es la pretensión de ejecutar la sentencia contra bienes que no sean los fideicomitidos.
[1] CNCom, Sala D, “Ritondo, Cristian A. c/ Banco Comafi Fiduciario Financiero S.A. s/ Ordinario”, 18.04.11.
[2] Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22, Secretaría N° 43, 23.04.10.
[3] Conf. Lisoprawski, Silvio, “Práctica del fideicomiso. Problemas y soluciones”, Abeledo Perrot, 2009, págs. 382/383.
[4] Conf. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 26, Secretaría N° 52, “Comafi Fiduciario Financiero S.A. c/ Márquez, Francisco s/ ejecutivo”, 04.03.03.

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Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2020, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión del pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@VE PIN). - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 843146967
Marginal: BOE-A-2020-4538
La Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión del pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@VE PIN), prevé en su apartado noveno que lo previsto en ellas sea aplicable a los pagos que se realicen a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a partir del 15 de junio de 2020.
Como consecuencia de la situación excepcional motivada por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se hace preciso establecer los mecanismos para que los trámites que los obligados han de realizar ante la Agencia Tributaria puedan efectuarse por vía telemática. Inicialmente, se estableció que la citada Resolución de 11 de marzo de 2020 fuera de aplicación a partir del 15 de junio. Evaluada la situación y apreciada su excepcionalidad, tanto el Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria como las asociaciones representativas de entidades de crédito consideran necesario adelantar la aplicación de la Resolución en la medida en que ello sea posible. Una vez valorados los desarrollos técnicos a efectuar por la Agencia Tributaria y las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria conforme al artículo 17 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se adelanta al 1 de junio la fecha en la que los pagos que se realicen a través de la sede electrónica puedan efectuarse en las condiciones establecidas en la Resolución de 11 de marzo de 2020.
Único. Modificación de la Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre...

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