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Sentencia de Unificación nº 086/18 de Corte Constitucional, 11 de Septiembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 741861285
Partes: M.G.A. contra la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral y otros
Bogotá, D.C., once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados A.L.C., quien la preside, C.B.P. , D.F.R., L.G.G.P., A.J.L.O., G.S.O.D., C.P.S., J.F.R.C. y A.R.R., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
En el proceso de revisión de los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, por la Sala de Casación Penal el 6 de julio de 2017 y, en sede de impugnación, por la Sala de Casación Civil el 4 de agosto de 2017, que negaron las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor M.G.A. contra la Sala de Casación Laboral de la referida Corporación Judicial, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de Descongestión y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá.
El asunto de la referencia fue allegado a la Corte Constitucional en virtud de lo ordenado por los artículos 86, inciso 2, de la Constitución Política y 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. Mediante Auto del 27 de octubre de 2017, previa insistencia , la Sala de Selección Número Diez de la Corte Constitucional seleccionó el asunto y lo asignó al despacho del Magistrado C.B.P., para su sustanciación. Posteriormente, ante la admisión por parte de la Sala de Revisión Primera del impedimento formulado por el referido Magistrado, la ponencia pasó al Despacho que actualmente funge en tal calidad.
Finalmente, en sesión del 7 de marzo de 2018, y con fundamento en lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional , la Sala Plena decidió asumir el conocimiento de este trámite .
El señor M.G.A. presentó acción constitucional de tutela contra la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de Descongestión y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá, por considerar que desconocieron sus derechos adquiridos, lesionaron sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, y quebrantaron los principios de favorabilidad, confianza legítima y condición más beneficiosa al resolver la demanda ordinaria que instauró contra el Instituto de Seguros Sociales, en adelante I.S.S., y la Empresa Social del Estado - E.S.E. L.C.G.S..
A través del litigio laboral el actor pretendió que, como consecuencia del reconocimiento de su derecho a ser beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, con vigencia del 1 de noviembre de 2001 al 31 de octubre de 2004, se reajustara la pensión de jubilación reconocida por el I.S.S. y la E.S.E. con fundamento en lo dispuesto en el artículo 98 del referido instrumento, esto es, en cuantía equivalente al 100% del promedio de los factores devengados durante el último (sic) año de servicios. Para tal efecto, argumentó :
5.2. En virtud del proceso de escisión de la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, las clínicas y centros de atención ambulatoria del I.S.S., conforme a lo ordenado en el Decreto Ley 1750 de 2003, fue incorporado automáticamente a partir del 26 de junio de 2003 a la planta de personal de la E.S.E. L.C.G.S., como empleado público.
El accionante considera que la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente e infracción directa a la Constitución al resolver el recurso de casación. Lo anterior en razón a que: (i) tras una interpretación errónea sobre el cambio del régimen laboral, dejó de aplicar a su situación pensional la normativa prevista en la Convención Colectiva de Trabajo, con lo cual desconoció sus derechos adquiridos; y, pasó por alto el Convenio 151 de la OIT, aprobado por la Ley 411 de 1997, y el Decreto reglamentario 1092 de 2012 sobre la protección del derecho de sindicación y mecanismos de concertación de las personas vinculadas a la administración pública. (ii) Se apartó de la jurisprudencia que los jueces constitucionales han proferido sobre las disposiciones que previeron el proceso de escisión referido, sentencias C-314 y C-349 de 2004 y C-177 de 2005, y construido alrededor de asuntos similares al suyo en sede de tutela. Y, (iii) aplicó las disposiciones involucradas en su caso con claro desconocimiento de mandatos constitucionales, como la irrenunciabilidad de los derechos mínimos e indiscutibles, la favorabilidad y la condición más beneficiosa. Tampoco tuvo en cuenta, agregó, instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y varios convenios de la OIT que se refieren a la libertad sindical.
Por considerar que se cumplen los requisitos de procedencia formal, siguiendo los lineamientos previstos en la sentencia C-590 de 2005, el actor solicita (i) dejar sin efectos los fallos proferidos en las dos instancias y en sede de casación por las autoridades judiciales demandadas; y, (ii) ordenar la emisión de un fallo de reemplazo en el que se valoren los elementos fácticos y jurídicos pertinentes al amparo del principio de cosa juzgada constitucional, del respeto por los derechos adquiridos y el precedente, y del sometimiento a la favorabilidad y condición más beneficiosa.
Mediante Auto del 27 de junio de 2017 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia asumió el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó correr traslado a los demandados y a quienes intervinieron dentro del proceso ordinario laboral . En el término de traslado ninguno de los convocados rindió informe.
El 6 de julio de 2017 la Sala de Casación Penal negó las pretensiones del accionante, al estimar que la Sala de Casación Laboral valoró, en ejercicio de su autonomía e independencia, y en aplicación del principio de libre formación del convencimiento, el caso sometido a su consideración, sin que se perciba que su actuación sea ilegítima, caprichosa o irracional; por lo tanto, juzgó que la discusión planteada no era viable so pena de convertir la acción de tutela en una instancia más. Al respecto, concluyó:
“Argumentos como los presentados por la parte actora son incompatibles con este mecanismo constitucional. Si se admitiera que el juez de tutela puede verificar la juridicidad de los trámites por los presuntos desaciertos en la valoración probatoria o interpretación de las disposiciones jurídicas, no sólo se desconocerían los principios de independencia y sujeción exclusiva a la ley, que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios, previstos en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, sino además los del juez natural y las formas propias de cada juicio contenidos en el artículo 29 Superior” .
Dentro del término de ejecutoria el actor interpuso impugnación contra la anterior decisión, reiterando, en síntesis, los argumentos expuestos en el escrito inicial .
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 4 de agosto de 2017, confirmó lo resuelto por el A quo. Manifestó que, al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 a 19 del Decreto Ley 1750 de 2003, la escisión por la que atravesó el I.S.S. determinó que el tutelante se incorporara en la E.S.E. en la condición de empleado público y, por lo tanto, afirmar que solo era viable la aplicación convencional en aquellos casos en los que los requisitos de tiempo y edad se acreditaron antes de dicho momento, como sostuvo la Sala de Casación Laboral, no constituía una interpretación caprichosa o arbitraria que diera lugar a la protección de amparo.
Mediante providencia del 22 de marzo de 2018, suscrita por la ponente, se dispuso :
(i)	En atención a lo dispuesto en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015, que, por Secretaría General, se solicitara al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá la remisión del expediente en el que se tramitó el proceso ordinario del señor M.G.A. contra el Instituto de Seguros Sociales y la E.S.E. L.C.G.S.;
(ii)	Con el objeto de asegurar la participación dentro de este proceso de todos los interesados en su resultado, que, por la Secretaría General, se requiriera a Colpensiones y al Ministerio de Salud y Protección Social para que informaran qué entidad o entidades asumieron la carga prestacional de las anteriores ESE, como la E.S.E. L.C.G.S.; y,
(iii)	Una vez allegada la documentación solicitada, ponerla a disposición de las partes para garantizar el ejercicio de su derecho de defensa.
En cumplimiento a lo ordenado se allegó el expediente solicitado, y el Ministerio de Salud y Colpensiones informaron a la Sala que la competencia para asumir el pasivo pensional de las anteriores E.S.E. lo había asumido la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.
Por lo anterior, con Auto del 9 de mayo de 2018 la ponente dispuso vincular a este trámite de revisión a la referida Unidad, remitirle copia del expediente y poner a disposición de las partes la respectiva contestación .
El 18 de mayo de 2018, el Subdirector de Defensa Judicial Pensional de la UGPP solicitó que la acción de tutela se declare improcedente . Inició su intervención dando cuenta de la situación administrativa pensional del señor M.G.A., advirtiendo que su prestación era compartida, y que por virtud de un fallo de tutela se reliquidó a través de la Resolución No. 00251 de 2006 .
Igualmente, el interviniente se refirió al origen normativo de la pensión compartida, y a la imposibilidad de sustituir el procedimiento administrativo contra actos administrativos que definen reconocimientos pensionales. En conclusión, solicitó declarar -se reitera- la improcedencia del amparo invocado por el señor M.G.A..
Corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional revisar las sentencias proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y 61 del Reglamento Interno de la Corporación.
El caso que convoca el estudio de la Sala Plena en esta oportunidad involucra tres aspectos relevantes. El primero: la existencia inicial de un vínculo laboral de orden contractual entre un ciudadano -trabajador oficial- y el Estado, regido por disposiciones convencionales que, entre otros asuntos, previeron un régimen pensional de jubilación más favorable que el legal. El segundo: la mutación de dicho vínculo al de empleado público, por disposición legal; lo cual implica la existencia de una relación legal y reglamentaria que, per se, excluye la posibilidad de que el régimen pensional previsto en una convención colectiva, pacto colectivo o similares, pueda aplicarse. Y, el último: el incumplimiento concurrente de los requisitos de edad (55 años de edad el hombre) y tiempo (20 años de servicios) exigidos por el régimen convencional para adquirir el derecho a la pensión de jubilación en condición de trabajador oficial, esto es, antes del cambio en la naturaleza de la relación laboral con el Estado.
El señor M.G.A. ha venido sosteniendo que tiene un derecho adquirido a la pensión de jubilación convencional por las siguientes razones: (i) cumplió los 20 años de servicios al I.S.S. antes de incorporarse a la planta de personal de la E.S.E. el 26 de junio de 2003, es decir, satisfizo este requisito en condición de trabajador oficial pues se vinculó al Instituto el 1 de marzo de 1977; y, (ii) llegó a los 55 años de edad como empleado público el 11 de marzo de 2004, esto es, cuando estaba vinculado a la E.S.E. pero aún gozaba de vigencia la Convención Colectiva de Trabajo en vigor al momento en que mutó la naturaleza de su relación laboral.
La E.S.E., y aquellos que han asumido su posición dentro del litigio ordinario, han sostenido que, por virtud de la garantía de los derechos adquiridos, los beneficios convencionales de quienes tuvieron la condición de trabajadores oficiales en el I.S.S y pasaron a ser incorporados como empleados públicos de las E.S.E. solo se mantuvieron vigentes hasta antes de que el vínculo se modificara, esto es, el 26 de junio de 2003. En consecuencia, solo quienes cumplieron concurrentemente los requisitos de tiempo y edad exigidos por dicho instrumento para gozar de la pensión de jubilación antes de tal cambio, son beneficiarios de un derecho adquirido. En el caso del señor G.A., como al momento de la variación laboral solo cumplía con el tiempo de servicio, pero no con la edad para acceder a la pensión, no goza de una situación amparable por el derecho bajo la convención.
Los jueces que conocieron de la acción laboral ordinaria, especialmente el Tribunal de segunda instancia y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sostuvieron una tesis similar a la expuesta por la E.S.E demandada, ya liquidada, y negaron las pretensiones del ciudadano G.A..
Inconforme con la decisión obtenida en el marco del anterior proceso, el accionante presentó acción constitucional de tutela contra las autoridades judiciales que definieron su caso, por considerar que desconocieron varias garantías constitucionales de las que es titular al incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente e infracción directa a la Constitución.
En dicho escenario, como las pretensiones del actor se dirigen directamente contra decisiones proferidas por autoridades judiciales en ejercicio de su función jurisdiccional, se precisa analizar si la acción constitucional es procedente formalmente, por superar los requisitos que para el efecto fueron sistematizados en la sentencia C-590 de 2005 . De superarse tal examen, la Sala considera que le corresponde asumir el siguiente problema jurídico: ¿las autoridades judiciales demandadas desconocieron el alcance constitucional de las disposiciones previstas en el Decreto Ley 1750 de 2003, sobre la garantía de los beneficios salariales y prestacionales derivados de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para el momento en que se adelantó el proceso de escisión, suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, y, por lo tanto, incurrieron en los defectos sustantivo y/o en desconocimiento de precedente que afirma el actor?
Para resolver el asunto, la Sala: (i) reiterará su jurisprudencia sobre las condiciones de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y (ii) analizará la procedencia general del mecanismo de amparo en este caso. De sobrepasarse tal estudio, abordará su procedencia específica o material. Para tal efecto, (iii) fijará los supuestos acreditados dentro del trámite; (iv) reiterará la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la protección de beneficios salariales y prestacionales de origen convencional en el marco de la escisión ordenada por el Decreto Ley 1750 de 2003; (vi) recordará la jurisprudencia sobre las causales específicas de procedencia de la acción pertinentes para resolver el asunto; y, por último, (viii) decidirá sobre la viabilidad de acceder a la protección invocada.
La consolidada y actualmente pacífica línea jurisprudencial construida por esta Corporación en torno a los mandatos derivados de los artículos 86 y 229 de la Constitución Política y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , indica que las decisiones de los jueces de la República, en ejercicio de la función jurisdiccional, pueden ser excepcionalmente cuestionadas a través de la acción de tutela. Esta postura no ha sido ajena a intensos debates destinados a su comprensión y delimitación, –propios de la puesta en marcha de una institución novedosa y de tal trascendencia para el afianzamiento de la tradición constitucional colombiana a partir de la Carta Política de 1991–, con el objeto de preservar su carácter subsidiario y de garantizar el equilibrio entre los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada e independencia y autonomía judicial, por un lado; y la supremacía constitucional y eficacia de los derechos fundamentales, por el otro.
Las sentencias C-543 de 1992 y C-590 de 2005 se constituyen en decisiones hito en esta evolución, y la segunda es, actualmente, el principal referente de la posición jurisprudencial de la Corte al respecto. Así, desde la sentencia C-543 de 1992, que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, fue claro para el escenario jurídico los retos justificatorios de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, con miras a evitar que su ejercicio significara la creación de una instancia en la que se reabrieran debates de orden legal, zanjados por funcionarios competentes a lo largo de los trámites diseñados por el legislador bajo el pilar del debido proceso. Las consideraciones de la S. en aquella oportunidad, sin embargo, permitieron afincar la tesis de que aquellos pronunciamientos que fueran el resultado de actuaciones caprichosas y arbitrarias no podían ser protegidos bajo el manto del derecho y que, por lo tanto, solo en este caso y con el objeto de garantizar los derechos constitucionales desconocidos era viable la petición de amparo, bajo el concepto de vía de hecho .
Posteriormente, la Corte reconoció paulatinamente la urgencia de intervenir en situaciones que, aunque no se ajustaran a la clásica doctrina surgida a partir de la providencia C-543 de 1992 , eran expresión de la violación de derechos fundamentales, dando paso a que en la sentencia C-590 de 2005 se sistematizaran los supuestos explorados por la jurisprudencia bajo las denominadas condiciones genéricas de procedencia y causales específicas de procedibilidad de la acción de amparo contra providencias judiciales .
Por los primeros, el pronunciamiento en referencia consideró los siguientes: (i) que el asunto sometido a conocimiento del juez tenga relevancia constitucional; (ii) el actor haya agotado antes de acudir a la acción de tutela los recursos ordinarios y extraordinarios previstos por el legislador para la defensa de sus derechos, sin perjuicio de que la intervención del juez constitucional se solicite con la pretensión de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) la satisfacción del requisito de inmediatez, en términos de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) que cuando se invoca una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia definitiva o determinante en la decisión judicial que se cuestiona; (v) la identificación razonable, por la persona interesada, de los hechos que generan la lesión y los derechos quebrantados, y que, de haber sido posible, haya invocado dichos argumentos en el proceso judicial; y, (vi) que no se trate de sentencias proferidas en sede de tutela.
Sobre estos requerimientos, que se dirigen en su mayoría a preservar el carácter residual del mecanismo de amparo, caben dos precisiones. La primera tiene que ver con el hecho de que la carga argumentativa de quien acude a la tutela para cuestionar una providencia judicial, interpretada al amparo del principio de informalidad propio de este mecanismo , se acentúa un poco cuando el reparo se efectúa frente a decisiones de altas cortes ; la segunda, se refiere a la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones de tutela, en los términos referidos por la Corte en la sentencia SU-627 de 2015 , y contra providencias del Consejo de Estado que resuelvan una demanda de nulidad por inconstitucionalidad, según lo considerado en la sentencia SU-391 de 2016 .
En cuanto a las causales específicas de procedibilidad, la sentencia se refirió a los siguientes defectos: (i) orgánico, (ii) procedimental absoluto, (iii) fáctico y (iv) material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento de precedente, y (viii) violación directa a la Constitución. Su configuración, ha precisado la Corte, no parte de una visión fragmentaria o parcelada de cada uno de ellos, dado que es viable que una misma situación de lugar a que ellos concurran y que, ante dicha comprobación, se imponga un amparo por parte del juez constitucional .
Análisis de los requisitos generales de procedencia en el caso en concreto
Legitimación en la causa - por activa y por pasiva. Al tenor de lo previsto en el artículo 86.1 de la C.P., concordante con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 , la acción de tutela es un mecanismo judicial de defensa puesto a disposición de quien considera que sus derechos fundamentales se encuentran amenazados o vulnerados, con el objeto de reclamar, por sí mismo o por quien actúe a su nombre , que se respete su posición por parte de quien está en el deber correlativo de protección, bien sea una autoridad pública, bien un particular, bajo las condiciones previstas por la Constitución y la ley.
Relevancia constitucional. Este presupuesto exige evidenciar que la cuestión debatida es de orden constitucional, por tener incidencia en la eficacia de los derechos fundamentales. Su trascendencia deriva de que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 2 y 5 de la C.P., la primacía y el deber de protección de tales bienes justifican la existencia misma del Estado, bajo la configuración de un sistema jurídico que como sello identitario ha reconocido la supremacía constitucional (art. 4 ibídem).
Agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios. En el presente asunto se satisface este presupuesto, por cuanto el accionante adelantó la reclamación prestacional ante su empleador y, posteriormente, acudió al proceso ordinario laboral para satisfacer el derecho del que, considera, es titular. Dentro de este último, interpuso el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia –que le fue desfavorable– y, posteriormente, acudió a casación para que la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Laboral) se pronunciara al respecto. A lo largo del trámite, además, la discusión ha girado en torno al mismo elemento, esto es, la aplicación de beneficios convencionales tras el proceso de escisión del I.S.S.
Inmediatez. De la configuración de la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata de los bienes fundamentales, la Corte ha concluido que, sin pretender la fijación de un término de caducidad, su interposición debe efectuarse dentro un plazo razonable, en relación con la complejidad del asunto y la situación particular del actor; y proporcionado, frente a los principios de cosa juzgada, estabilidad jurídica e intereses de terceros que podrían verse afectados por la decisión.
En este caso, la última actuación dentro del proceso ordinario laboral correspondió al fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Laboral) el 8 de febrero de 2017, con constancia de ejecutoria del 6 de abril de 2017 . Por su parte, la acción de tutela se interpuso por el señor M.G.A. el 22 de junio de 2017, esto es, transcurrido un término inferior a 3 meses, que se considera razonable y proporcionado.
Identificación de hechos y derechos quebrantados. Atendiendo a la carga especial que recae sobre quien invoca una solicitud de amparo contra autoridad judicial, por sus providencias, también se concluye que en este caso se satisface el requisito, dado que el actor explica detalladamente los motivos que lo llevan a solicitar este amparo, argumentos que, además, han hecho parte de su línea de defensa a lo largo de su reclamación pensional.
En la medida en que el actor no sustenta su petición de amparo en un presunto vicio de orden procedimental, y no discute la lesión de sus derechos a través de fallos de tutela o de nulidad por inconstitucionalidad, no hay lugar a analizar estos requisitos.
En conclusión, la Sala encuentra que en esta oportunidad se satisfacen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y, en consecuencia, continuará con el estudio propuesto (párrafo 21, supra).
Estudio de la procedencia específica de la acción de tutela invocada por M.G.A.
Situación laboral y pensional del accionante
El señor M.A.G.A. nació el 11 de marzo de 1949 , y laboró al servicio: (i) del I.S.S., en condición de trabajador oficial como médico especialista, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 1977 y el 25 de junio de 2003, y (ii) de la E.S.E. L.C.G.S., sin solución de continuidad bajo la categoría de empleado público, del 26 de junio de 2003 al 30 de octubre de 2004 . Su incorporación a la planta de personal de esta última entidad tuvo por causa el proceso de escisión de la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, las clínicas y los centros de atención ambulatoria del I.S.S., ordenada por el Decreto Ley 1750 de 2003.
Previa reclamación del 12 de julio de 2004 , el Gerente de la E.S.E. profirió la Resolución No. 02982 de 27 de junio de 2005, a través de la cual reconoció al actor pensión vitalicia de jubilación - compartida, a partir del 1 de noviembre de 2004, en cuantía del 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios ($3´860.156,oo). Para el efecto tuvo en cuenta el régimen reglamentario previsto en las Circulares externas 019 y 052 de 2004 proferidas por el Ministerio de la Protección Social y la Presidencia del I.S.S.
El 25 de noviembre de 2005 el actor solicitó nuevamente ante el Gerente General de la E.S.E. que el reconocimiento de su pensión se efectuara con fundamento en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el I.S.S. y Sintraseguridadsocial, lo que le permitía acceder a una prestación en cuantía del 100% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios, por todo concepto (de conformidad con lo que se lee en la Convención, el ingreso base de liquidación corresponde a los dos últimos años de servicio).
Ante la falta de respuesta el actor interpuso acción de tutela, obteniendo un fallo favorable a sus pretensiones como mecanismo transitorio ; por lo anterior, mediante la Resolución No. 00251 de 28 de abril de 2006 se reajustó la pensión en los términos solicitados por el accionante ($5´757.162,oo) .
Decisiones proferidas dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor M.A.G.A. contra el ISS y la E.S.E.
En primera instancia el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá, en sentencia del 31 de diciembre de 2007, absolvió a la parte demandada; argumentando, en síntesis, que: (i) las pretensiones del actor se fundaron en la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo; (ii) el interesado tenía la carga de la prueba, según lo previsto en el artículo 177 del C.P.C.; y, (iii) al plenario no se allegó copia del referido instrumento normativo, por lo tanto, (iv) las consecuencias adversas de tal omisión recaen sobre el demandante, concluyéndose la no prosperidad de su reclamación .
En apelación el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C. - Sala Laboral de Descongestión, en providencia del 30 de noviembre de 2009, confirmó la anterior decisión. Sostuvo la tesis de que el actor no podía ser beneficiario del régimen convencional si ostentaba la condición de servidor público, al tenor de lo previsto en el artículo 3 de la Convención Colectiva, salvo que alegara la consolidación del derecho pensional mientras mantuvo el estatus de trabajador oficial, situación que, sin embargo, no podía ser analizada pues no era de su competencia al tratarse de un empleado público. Agregó que la correcta interpretación del artículo 98 ibídem consistía en que los requisitos de edad y tiempo exigidos para acceder a la pensión de jubilación debían cumplirse antes de que se diera la incorporación a la planta de personal de la E.S.E., lo que en este caso no se dio .
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 8 de febrero de 2017 , no casó la anterior sentencia. Los cargos presentados por el actor, por violación directa (infracción directa e interpretación errónea), se construyeron en torno a la idea según la cual los beneficios convencionales para los ex trabajadores del I.S.S. siguen vigentes y prorrogándose automáticamente luego del proceso de escisión (artículo 478 del CST). La Alta Corporación sostuvo que las razones del Tribunal de segunda instancia para negar las pretensiones tuvieron como respaldo la valoración efectuada a algunas disposiciones de la Convención, por lo que el cargo de casación debió invocarse por la vía indirecta. No obstante, agregó que de superarse tal obstáculo lo cierto era que lo resuelto por el Tribunal se sujetaba a derecho, dado que la Corte Suprema ha venido sosteniendo que solo puede aplicarse el reconocimiento pensional con fundamento convencional cuando los nuevos empleados públicos cumplieron los requisitos de edad y tiempo antes del 26 de junio de 2003, esto es, mientras se consideraban trabajadores oficiales. Por lo anterior, concluyó que:
Disposiciones relevantes de la Convención Colectiva de Trabajo y de las Circulares que sirvieron de soporte al reconocimiento pensional inicial del señor M.G.A.
El 31 de octubre de 2001 el I.S.S. suscribió con Sintraseguridadsocial la Convención Colectiva que regularía los contratos de trabajo de sus servidores, en los términos previstos en el artículo tercero, por el término inicial de 3 años, contado a partir del 1 de noviembre de 2001 según el artículo segundo.
De conformidad con lo previsto en las Circulares externas 19 de 4 de marzo de 2004 y 052 de 16 de julio del mismo año, proferidas por el Ministro de la Protección Social y el Presidente del I.S.S., quienes no adquirieron el derecho a la pensión de jubilación convencional antes del 26 de junio de 2003, se sujetarían al régimen de transición del régimen general, entre ellos el previsto en la Ley 33 de 1985.
En este acápite, antes de analizar las decisiones de la Corte que permitirán construir la línea de decisión del asunto planteado por el señor M.G.A., la Sala efectuará algunas consideraciones que permitirán centrar la discusión jurídica relevante.
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política, son servidores públicos, entre otros, los empleados y los trabajadores del Estado. Esta clasificación, que no fue ajena al ordenamiento jurídico en vigencia de la Constitución de 1886 , tiene como punto de partida la fuente de la relación que une a quien presta sus servicios al Estado con éste. Así, en el caso de los empleados públicos la vinculación es de origen legal y reglamentario, mientras que los trabajadores oficiales suscriben con el Estado un contrato de trabajo .
Ostentar una u otra condición tiene importantes implicaciones frente al régimen laboral aplicable. Específicamente, la Constitución Política establece en el artículo 150, numeral 19 - literal e), la competencia del Congreso para expedir una ley marco que regule el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. En términos sustancialmente diferentes, el literal f) ídem solo faculta al Legislador para “regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.”
La comprensión de esta distinción, y su alcance, exige la integración al estudio del artículo 55 Superior, según el cual, salvo las excepciones legales, el Estado garantiza el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones laborales. Además, agrega el deber “del Estado [de] promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo”. Este panorama normativo inicial remite, por su parte, al artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, que dispuso la imposibilidad de que los sindicatos de empleados públicos presenten pliegos de peticiones y celebren convenciones colectivas, máxima expresión del derecho a la negociación colectiva .
Esta limitación para un grupo de servidores del Estado, los empleados públicos, se consideró ajustada a la Constitución en la sentencia C-110 de 1994 , al resolver una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 416 del C.S.T. La Sala Plena de este Tribunal estimó que el enunciado era exequible básicamente porque se inscribía en las excepciones de que trata el artículo 55 constitucional, y se justificaba en el tipo de vínculo que éstos tienen con el Estado . En este sentido, al constituirse la negociación colectiva en el medio para regular la relación laboral, en el caso de los empleados públicos la fijación de los elementos esenciales de ésta corresponde, en últimas, a la ley y al reglamento.
Luego de este pronunciamiento, la aprobación de los Convenios de la OIT 151 , “sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública” y 154 , “sobre el fomento de la negociación colectiva” , permitieron, ante una nueva demanda de inconstitucionalidad, revisar la restricción prevista en el artículo 416 del C.S.T.
En esta nueva oportunidad, en la sentencia C-1234 de 2005, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “[l]os sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliego de peticiones ni celebrar convenciones colectivas” en el entendido de que “para hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política, y de conformidad con los Convenios 151 y 154 de la OIT, las organizaciones sindicales de empleados públicos podrán acudir a otros medios que garanticen la concertación en las condiciones de trabajo, a partir de la solicitud que al respecto formulen estos sindicatos, mientras el Congreso de la República regule el procedimiento para el efecto.”
Al inicio, la Sala Plena soportó su competencia superando el presunto efecto de cosa juzgada que recaía sobre la constitucionalidad del artículo 416 del C.S.T., argumentando que los Convenios 151 y 154 de la OIT generaban un nuevo escenario normativo , en virtud del cual el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos no es pleno, como ocurre frente a los trabajadores oficiales, pero sí comprende la facultad de presentar peticiones y realizar consultas, y de que éstas sean oídas y tenidas en cuenta, y de interferir en la determinación de sus condiciones laborales a través de mecanismos de concertación, sin perjuicio de la competencia última que constitucionalmente se le otorga al Legislador y al Ejecutivo en la materia. También destacó que la Corte ya había precisado la inexistencia de un imperativo en los instrumentos internacionales de la OIT para la implementación de la negociación plena en el caso de los empleados públicos, lo que no era óbice para que en el futuro el legislador les concediera la prerrogativa de presentar, v. gr., pliegos de peticiones .
De lo hasta aquí expuesto, se concluye que para la determinación de las posiciones de derecho sobre la negociación colectiva, como garantía fundamental de la libertad sindical, es relevante el tipo de vínculo que une al servidor público con el Estado. En esta delimitación es claro que, constitucionalmente, la fijación del régimen salarial y prestacional para los empleados públicos, sin perjuicio de los mecanismos de concertación, es de orden legal (art. 150, numeral 19 literal e) ; mientras que, como se ha afirmado desde temprana jurisprudencia por parte de esta Corporación, a los trabajadores oficiales les es dado negociar este tipo de cláusulas económicas , pues la Constitución solo le otorga al Congreso –sobre este aspecto– la competencia para regular su régimen mínimo de prestaciones sociales (literal f ídem) .
Sobre esta última afirmación, empero, es indispensable indicar que a partir de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 , no es dable establecer en pactos o convenciones colectivas, laudos o acto jurídico alguno, regulaciones pensionales diferentes a las del régimen general, restringiéndose de esta manera la posibilidad de negociación al respecto para los servidores del Estado que ostentaban tal prerrogativa. Como garantía de los derechos adquiridos y de las expectativas legítimas, se dispuso en la referida enmienda constitucional que los beneficios contenidos válidamente en uno de tales instrumentos para ese momento, se mantendrían vigentes durante el término inicialmente pactado, agregando que: “[e]n los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010".
Con la expedición del Decreto Ley 1750 de 26 de junio de 2003 el Instituto de Seguros Sociales finalizó su actividad como prestador directo del servicio público de salud a través, principalmente, de sus clínicas y centros de atención ambulatoria, dado el proceso de escisión que se complementó con la creación de siete (7) empresas sociales del Estado, E.S.E. .
Para ese momento, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 2148 de 1992, el I.S.S. ostentaba la condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional , razón por la cual, siguiendo la regla prevista en el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, sus servidores eran trabajadores oficiales, salvo quienes desempeñaran actividades de dirección o confianza .
Por su parte, las E.S.E. constituyen una categoría especial de las entidades públicas, descentralizadas y del orden nacional, en los términos de los artículos 194 de la Ley 100 de 1993, y 38 y 83 de la Ley 489 de 1998. Al respecto la Corte Constitucional, en la sentencia C-665 de 2000 , consideró: “[e]stas empresas constituyen, de conformidad con el ordenamiento en vigor, una categoría especial de entidad pública descentralizada creada por el legislador en virtud de las facultades que le confiere el artículo 150, numeral 7, según el cual corresponde al Congreso determinar la estructura de la Administración Nacional, crear, suprimir y fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos "y otras entidades del orden nacional".
En conclusión, a partir del 26 de junio de 2003 la mayoría de trabajadores oficiales que venían laborando al servicio del I.S.S. pasaron a considerarse empleados públicos, salvedad hecha de quienes, sin ocupar un cargo directivo, ejercían funciones de mantenimiento de la planta física o servicios generales.
El anterior escenario permite comprender las implicaciones que en materia salarial - prestacional trajo consigo el proceso de escisión promovido por el Gobierno Nacional en el Instituto de Seguros Sociales, en vigencia del programa de renovación de la administración pública , tras la expedición del Decreto Ley 1750 de 2003 . Con tal perspectiva, algunas disposiciones de esta última normativa pretendieron ofrecer una solución adecuada al tránsito ocasionado con dicho proceso.
El artículo 16 estableció que los servidores de las E.S.E. serían empleados públicos; salvo aquellos que, sin ser directivos, desempeñaran funciones de mantenimiento en la planta física hospitalaria y servicios generales, los que ostentarían la condición de trabajadores oficiales.
El artículo 17 consagró los efectos en los que se darían (i) la incorporación a la planta de personal de los antes trabajadores oficiales y ahora empleados públicos de las E.S.E., así como (ii) el traslado de quienes mantendrían su condición de trabajadores oficiales, en atención a las funciones desempeñadas. Con tal objeto se dispuso que sería automática y sin solución de continuidad.
Finalmente para este estudio, es necesario hacer referencia al artículo 18 que previó el régimen de salarios y prestaciones de las E.S.E. creadas tras el proceso de escisión:
En la sentencia C-306 de 2004 se estudió una demanda de inconstitucionalidad que involucraba los artículos 16, 17 y 18 del Decreto Ley 1750 de 2003 , por el presunto ejercicio excesivo de las facultades extraordinarias conferidas al Ejecutivo para su expedición a través de la Ley 790 de 2002. Específicamente el actor sostuvo que no existía habilitación para modificar las condiciones laborales de los servidores públicos, ni para determinar su régimen salarial y prestacional, entre otros aspectos.
En la decisión C-314 de 2004 se realizó un nuevo estudio, por diferentes cargos, contra los artículos 16 y 18 de la citada normativa. El segundo problema jurídico que abordó la Corte recayó en determinar si el cambio de régimen laboral aparejaba la lesión de los derechos adquiridos de los antiguos trabajadores del I.S.S., específicamente en cuanto al derecho a la negociación colectiva y a las prerrogativas salariales y prestacionales conquistadas a través de la celebración de convenciones colectivas .
Bajo este criterio estimó que es cierto que los ahora empleados públicos, antes trabajadores oficiales, no podrían presentar pliegos de peticiones ni suscribir convenciones colectivas en los términos del artículo 476 del C.S.T, pero que ello no implicaba una lesión a la garantía de los derechos adquiridos en la medida en que el alcance de la negociación colectiva está ligado a las condiciones del vínculo laboral, y sobre este último aspecto el Legislador tiene libertad para definir la estructura de la administración pública, tras una valoración de las necesidades para la mejor prestación del servicio público y el bienestar general . Agregó que, aunque las garantías del derecho a la negociación colectiva de las que eran titulares los trabajadores oficiales eran más amplias que aquellas de titularidad de los empleados públicos, éstos no están desprovistos de posiciones de derecho en términos del principio de concertación, ni tampoco de otros bienes fundamentales que comprenden la libertad sindical . Finalmente se consideró, sobre el artículo 16, que como el enunciado tampoco dispone de qué manera se darían la transición de régimen laboral para garantizar los derechos adquiridos, se declaraba su constitucionalidad .
La protección de los derechos adquiridos en materia laboral, con sujeción a los artículos 53 y 58 de la Constitución Política y a la jurisprudencia de la Corte , guían los cursos de acción dentro de los procesos de reestructuración administrativa. La adecuada comprensión de este mandato, sin embargo, requiere distinguir entre aquellas situaciones adquiridas y aquellas que constituyen una simple expectativa, sobre las que no recae ninguna garantía de inmodificabilidad. También, agregó la Corte, el ordenamiento jurídico protege la confianza legítima ante expectativas legítimas, en virtud del principio de buena fe.
Sobre este último motivo de inconstitucionalidad la Sala advirtió que la Convención Colectiva de Trabajo, según lo establecido en el artículo 467 del C.S.T., rige los contratos de trabajo durante su vigencia , constituyéndose en una verdadera fuente de derechos y obligaciones, y finalizó:
En la providencia C-349 de 2004 se estudió, entre otros aspectos y cargos, la constitucionalidad de las expresiones “automáticamente” y “sin solución de continuidad” contenidas en los artículos 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003, acusadas de, presuntamente, desconocer los derechos de asociación sindical y negociación colectiva de los servidores públicos que en el I.S.S ostentaban la condición de trabajadores oficiales y en las E.S.E. la de empleados públicos. Para su resolución la Corte acudió a lo manifestado en la decisión C-314 de 2004, concluyendo la exequibilidad de los referidos apartes en los siguientes términos:
Del anterior recuento se extraen las siguientes conclusiones: (i) en ejercicio de la facultad de configuración legal y con miras a satisfacer los fines constitucionales estatales, es válido que el Congreso o quien haga sus veces afecte la estructura del Estado y con ello intervenga en la organización de las instituciones de la rama ejecutiva del poder público que la conforman, incluyendo el régimen laboral y prestacional de sus servidores públicos; (ii) no obstante, en dicho proceso y por virtud de lo dispuesto principalmente en los artículos 53 y 58 de la Constitución Política, no es dable desconocer la garantía de los derechos adquiridos -y expectativas legítimas, por virtud del principio de confianza legítima; y, finalmente, (iii) en aquellos casos en los que dicho cambio se traduce en el paso de trabajador oficial -con regulación de su relación laboral a través de una convención colectiva de trabajo vigente- a empleado público, deben garantizarse las prerrogativas económicas convencionales hasta la vigencia inicial de dicho instrumento.
En la providencia SU-897 de 2012 la Sala Plena se propuso unificar su jurisprudencia en relación con el alcance de la protección jurídica a personas próximas a pensionarse en eventos de reestructuración administrativa, con independencia de que ésta se diera o no en el marco del Plan de Renovación de la Administración Pública - PRAP (Ley 790 de 2002 y concordantes).
En razón a que la revisión recayó sobre algunos trámites de tutela invocados por empleados públicos que iniciaron su vinculación con el I.S.S. como trabajadores oficiales y posteriormente fueron incorporados como empleados públicos a las E.S.E. creadas mediante el Decreto 1750 de 2003 , se juzgó necesario definir el alcance de la protección de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para el 26 de junio de 2003, con miras a determinar el régimen pensional aplicable y, a partir de allí, establecer si los reclamantes ostentaban la condición de pre pensionados . La necesidad de la precisión constitucional para ese momento partió del hecho de que se alegaba por los accionantes que aún estaba vigente, para el año 2007, la referida Convención, dada la aplicación de la prórroga automática prevista en el artículo 478 del C.S.T., tesis que además se había avalado en dos oportunidades por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional ; y que, por lo tanto, bajo ese régimen pensional, para el momento en que se estaba dando la supresión de sus cargos estaban a menos de 3 años de adquirir la pensión.
Antes de precisar cuál fue la tesis expuesta por la Sala Plena de esta Corporación respecto a la vigencia de la Convención, se considera relevante efectuar algunas consideraciones que dan cuenta de las similitudes y diferencias entre los casos resueltos por la SU-897 de 2012 y el que ahora analiza la Sala Plena, con el objeto de establecer, al final, si constituye o no precedente aplicable. En tal dirección, la Sala precisa los siguientes elementos fácticos y jurídicos relevantes en uno y otro caso:
SU-897 DE 2012	Caso del señor Manuel Galindo Arias
Supuestos relevantes	Supuestos relevantes
En 6, de los 10 casos acumulados, los accionantes eran trabajadores oficiales del ISS que fueron incorporados automáticamente como empleados públicos a la planta de personal de la ESE L.C.G.S. con el proceso de escisión, el 26 de junio de 2003 . 1. Un ex trabajador oficial del ISS que fue incorporado automáticamente como empleado público en la ESE L.C.G.S. con el proceso de escisión del ISS, el 26 de junio de 2003.
Sus cargos fueron suprimidos entre los años 2007 y 2008 como consecuencia de un proceso de liquidación de las E.S.E.	2. Su retiro fue voluntario en el año 2004.
Reclaman ser beneficiarios del régimen pensional previsto en la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, vigente a la fecha de la escisión. 3. Reclama ser beneficiario del régimen pensional previsto en la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, vigente a la fecha de la escisión.
Pretensión: como se consideran beneficiarios del régimen pensional previsto en la convención, argumentan que están cerca a pensionarse y por lo tanto que sus cargos no pueden suprimirse sino que debe protegerse su estabilidad laboral.	Pretensión: solicita que se reconozca que es beneficiario de la convención para efectos pensionales y, en consecuencia, (i) que se den por acreditados los defectos que invoca contra las providencias judiciales que resolvieron su proceso ordinario y, (ii) que su pensión de liquide con base en tal régimen.
SU-897 de 2012	Caso del señor M.G.A.
PROBLEMAS JURÍDICOS (formulados expresamente por la Sala)	PROBLEMA JURIDICO
¿Qué entidades se encuentran vinculadas a la protección de los pre-pensionados?	2. ¿Desde cuándo se contabiliza el término de 3 años para establecer quién está cerca a pensionarse?	3. ¿Para quién y en qué se materializa la protección?	4. ¿Cuál es el remedio constitucional y quién se obliga a su satisfacción?	5. Problema exclusivo del ISS: ¿cuál es la vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridad-social y su aplicabilidad a los actuales empleados de las ESE? Determinar si la CSJ aplicó adecuadamente o no la protección de derechos adquiridos en los términos del art. 18. Entonces, en últimas: para efectos pensionales, ¿cuál es la vigencia de la Convención Colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridad social y su aplicabilidad a un empleado público de una ESE?
En la SU-897 de 2012 el alcance temporal de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial para los empleados públicos que ostentaban en el ISS la condición de trabajadores oficiales, fue definido por la Sala Plena partiendo de la existencia de tres opciones interpretativas: (i) hasta el 26 de junio de 2003, dado que a partir de ese momento su régimen prestacional –y dentro de este el pensional– era de origen legal; (ii) hasta el vencimiento de la vigencia inicial de la Convención, esto es, el 31 de octubre de 2004; y, (iii) presuponiendo la prórroga automática prevista en el artículo 478 del C.S.T, hasta el 31 de julio de 2010 en cumplimiento de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Estas son las razones por las cuales la Sala Plena de la Corte constitucional concluye que la convención celebrada entre el ISS y sus trabajadores oficiales pertenecientes a la vicepresidencia de salud estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2004, no obstante haber desaparecido el ISS en el 2003 por virtud del tantas veces mencionado decreto ley 750 de 2003.”
A partir de la anterior conclusión, los 6 casos de los trabajadores del ISS que se incorporaron automáticamente a partir del 26 de junio de 2003 a la planta de personal de la E.S.E. L.C.G.S., se fallaron con la siguiente regla:
La persona (x), ex trabajadora el ISS y empleada pública de la ESE L.C.G.S., no adquirió el derecho a la pensión convencional antes del 31 de octubre de 2004 , ni cumple con los requisitos bajo el régimen pensional legal para ser beneficiaria del retén social en condición de pre - pensionada .
Esto quiere decir que, aunque en la sentencia SU-897 de 2012 la pretensión se dirigió a obtener una protección como pre-pensionado, un análisis juicioso permite afirmar que para atender tal problema debió abordarse otro, si se quiere menor, relacionado con el alcance de la aplicación temporal de la Convención Colectiva de Trabajo entre el ISS y Sintraseguridadsocial. Esta definición, además, fue un asunto importante para la Sala Plena en la SU, dado que con efectos de unificación fijó el criterio de aplicación temporal de la Convención. Además, la regla de aplicación temporal de la Convención era necesaria para fijar la regla de decisión de cada uno de los 6 casos sobre ex trabajadores del ISS, esto es, este asunto fue ratio decidendi, pues soportó la decisión de cada uno de los casos.
Ahora bien, de fondo, el tema sustantivo que debe determinar la Sala en el caso que ahora analiza, el del señor M.G.A., es el alcance de la aplicación temporal de la citada convención. Esto es, el problema sustancial mayor en el caso que ahora se analiza corresponde a uno de los problemas menores que debió resolver la SU-897 de 2012. Por lo anterior, la regla de aplicación temporal de la Convención fijado en la referida sentencia, en un escenario idéntico (por ser la misma Convención, frente a ex trabajadores del ISS vinculados automáticamente como empleados públicos a la misma ESE y discutirse la vigencia por el mismo hecho de la escisión), es aplicable en este nuevo proyecto, en garantía además del debido proceso y la igualdad.
En consideración de esta S., además, con la SU-897 de 2012 se materializó la regla sustantiva derivada de la sentencia C-314 de 2004 en un caso en concreto, con ocasión de una solicitud de protección constitucional en sede de tutela, que insiste en la regla según la cual la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y S. irradia la situación pensional de sus beneficiarios hasta el 31 de octubre de 2004 .
Tomando en cuenta la carga que asume quien invoca una solicitud de amparo contra providencia judicial, de un lado, y la competencia de la Corte Constitucional en sede de revisión para centrar su análisis en los aspectos con trascendencia, la Sala precisa que de los tres defectos invocados por el señor M.G.A. se valorarán solamente los presuntos defecto sustantivo y desconocimiento del precedente , en la medida en que la sustentación que realiza sobre el cargo por infracción directa a la Constitución puede reconducirse a los dos primeros.
En efecto, los principios, derechos y mandatos a los que hace referencia el accionante son precisamente aquellos que sustentan las decisiones de la Corte Constitucional, en sede de control abstracto y de tutela, para dar alcance a la existencia de derechos con protección tras el proceso de escisión del I.S.S. Por supuesto que, en caso de encontrarse acreditada la configuración de un defecto, tal situación implica el quebrantamiento constitucional, pero en los términos planteados no amerita ser analizado con independencia a los dos reparos antes referidos.
Defecto sustantivo - Breve caracterización
Al referirse a este tipo de defecto, la Corte ha indicado que (i) implica una falencia o yerro en el proceso de interpretación o aplicación de los enunciados normativos al caso sometido al conocimiento del juez ; (ii) su comprobación como causal específica de procedencia material de amparo, sin embargo, requiere de la incidencia del error en la decisión, y de la afectación, por tal motivo, de los derechos constitucionales; y, (iii) el juez de tutela debe respetar, por virtud de la autonomía e independencia judicial, el ejercicio de interpretación adelantado por los jueces en el cumplimiento de su misión, salvo en aquellos casos en los que aquella valoración no sea conforme a la Constitución Política y, por tal motivo, sea irrazonable y afecte garantías constitucionales.
Algunas decisiones, como la SU-448 de 2011 , han presentado un listado extenso de posibilidades bajo las cuales una providencia judicial adolece de este tipo de defecto; sin embargo, dado el alcance de la discusión en este caso, es importante destacar que, dentro de dichos supuestos, se encuentra el del desconocimiento por el fallador del alcance de un enunciado normativo fijado, con efectos erga omnes, por la Jurisdicción Constitucional; y, esto es así dado que la “norma” derivada por la Corte Constitucional de un enunciado constituye la norma misma. Al respecto, en la sentencia T-462 de 2003 se formuló en los siguientes términos: “cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva” .
Desconocimiento del precedente - Breve caracterización
Este defecto fue referido por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 a través del siguiente ejemplo: “cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez de ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”. La relevancia del respeto por el precedente dentro del ordenamiento jurídico se afinca en principios tales como la seguridad jurídica, a través de la predictibilidad de las decisiones judiciales, y la igualdad, en virtud del cual situaciones similares -en lo importante- deben recibir idéntica respuesta. Su alcance ha sido precisado, entre otras, en la sentencia SU-432 de 2015 en la que, acogiendo lo sostenido en la providencia T-292 de 2006 , la Sala Plena de la Corte Constitucional expresó que: “[e]l precedente judicial es concebido como una sentencia previa que resulta relevante para la solución de un nuevo caso bajo examen judicial, debido a que contiene un pronunciamiento sobre un problema jurídico basado en hechos similares, desde un punto de vista jurídicamente relevante, al que debe resolver el juez. Como los supuestos de hecho similares deben recibir un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior.”
Retomando algunas de las puntualidades que se han venido efectuando a lo largo de la exposición, para la Sala no es objeto de discusión que a partir del 26 de junio de 2003 el ciudadano M.G.A. fue incorporado a la E.S.E. L.C.G.S. como empleado público y que, ni antes ni después del Acto legislativo 01 de 2005, quienes ostentan tal condición están habilitados para suscribir convenciones o pactos colectivos que definan su régimen pensional. La reclamación del accionante parte de otro supuesto, consistente en el derecho a conservar prerrogativas convencionales legalmente pactadas en condición de trabajador oficial, luego de haber sido, por disposición legal, modificado su vínculo laboral. La duda constitucional radica, en consecuencia, en determinar si es posible proteger tales prerrogativas con posterioridad al cambio en la naturaleza del vínculo, bajo qué supuestos y hasta qué momento.
Para responder lo anterior, debe iniciarse por afirmar que, atendiendo a la conceptualización adoptada por el Constituyente en el Acto Legislativo 01 de 2005, artículo 1 inciso 3, la adquisición del derecho pensional por el riesgo de vejez requiere del cumplimiento de los requisitos de tiempo y edad, y de los demás que prevea la ley . Aunque esta definición es posterior a la fecha en la que se concedió la prestación al actor, también hace parte de la doctrina tradicional jurídica al respecto y, por lo tanto, no atenta contra sus garantías constitucionales . Esta precisión permite arribar a las siguientes dos conclusiones.
Por lo expuesto, de entrada, no encuentra la Sala asidero a lo sostenido en sede de revisión por la UGPP, entidad que afirmó que las pretensiones del actor debían negarse siguiendo lo dispuesto por la Corte en la sentencia SU-555 de 2014 .
En conclusión, para el caso del señor M.G.A. no es necesario ahondar en los supuestos explorados por la Sala Plena en la anterior sentencia de unificación, pues contempla situaciones generadas con posterioridad a la referida enmienda, lo que no acontece en este asunto. Pero además, de ser aplicable un mandato recogido por tal decisión como consecuencia de lo consagrado por el mismo Acto Legislativo, sería el de la garantía de los derechos adquiridos y de las expectativas legítimas, pues al amparo del primero de ellos la situación pensional del aquí accionante se consolidó antes de tal reforma.
La pregunta que queda por responder, entonces, es si el hecho de que el actor haya cumplido la edad para acceder a la pensión de jubilación convencional el 11 de marzo de 2004 [contando con el tiempo de servicio requerido antes del 26 de junio de 2003], cuando ya estaba incorporado en la planta de personal de la E.S.E. como empleado público, pero aún se encontraba en vigor la Convención Colectiva de Trabajo porque su término inicial no había expirado, da lugar o no a la protección constitucional invocada.
La respuesta a tal interrogante se halla directamente en la decisión C-314 de 2004 (párrafo 56, supra), en la que se declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 18 del Decreto Ley 1750 de 2003 porque, al prever la protección de los derechos adquiridos, dejó por fuera a aquellos que se iban a consolidar dentro del término inicial de vigencia de la Convención. El alcance constitucional del artículo citado, o mejor, la regla de derecho determinada por la Corte Constitucional en ejercicio de sus competencias, sin embargo, no fue acatada por la autoridad administrativa que resolvió la reclamación del accionante, ni tampoco por el Tribunal de segunda instancia ni por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, incurriendo en el defecto sustantivo que argumentó el accionante.
"Parágrafo 2o. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones". // "P. transitorio 3o. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010."
Sobre el alcance de este último, en la sentencia SU-555 de 2014 se indicó:
Aunado a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia desconoció el precedente jurisprudencial derivado de la sentencia SU-897 de 2012 . Al respecto, aunque en principio el objeto de unificación en la anterior decisión recayó en el alcance de la protección jurídica a personas próximas a pensionarse (párrafos 59 a 65, supra), la determinación temporal de las situaciones pensionales que conforme a la Convención Colectiva de Trabajo debían protegerse en el marco del proceso de escisión del ISS obedeció a un problema juridico formulado por la Sala Plena de este Tribunal, tuvo efectos de unificación y determinó la regla de decisión de los casos que allí se resolvieron.
En consecuencia, por configurarse un defecto sustancial y el desconocimiento del precedente, es dable proteger los derechos al debido proceso e igualdad, así como el principio de confianza legítima y la garantía de las expectativas legítimas del accionante; dejar sin efectos la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral; y, ordenar que, en el término de un mes siguiente a la notificación de esta decisión, profiera una nueva decisión en la que acoja los lineamientos aquí expuestos.
Primero.- REVOCAR los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, por la Sala de Casación Penal el 6 de julio de 2017 y, en sede de impugnación, por la Sala de Casación Civil el 4 de agosto de 2017, dentro de la acción de tutela presentada por el señor M.G.A. contra la Sala de Casación Laboral de la referida Corporación Judicial. En su lugar, AMPARAR los derechos al debido proceso e igualdad, así como el principio de confianza legítima y la garantía de las expectativas legítimas del señor M.G.A..
Segundo.- En consecuencia, se dispone (i) DEJAR sin efectos la sentencia de 8 de febrero de 2017, proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, por incurrir en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente; y, (ii) ORDENAR a la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral que, en el término de un mes contado a partir de la notificación de esta decisión, profiera una nueva decisión dentro del recurso de casación interpuesto por el señor M.G.A., siguiendo para el efecto los argumentos expuestos en esta decisión.
Tercero.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, remitir el expediente en el que se tramitó el proceso ordinario laboral del señor M.G.A. contra el I.S.S. y la E.S.E., allegado en préstamo a esta Corporación, a la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, e informar esta actuación al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá.

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Resolución
artículo 86
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artículo 98
Resolución
artículo 177
artículo 3
artículo 98
artículo 123
artículo 150
artículo 55
artículo 416
artículo 416
artículo 55
artículo 416
artículo 55
artículo 416
artículo 1
artículo 5
artículo 150
artículo 16
artículo 17
artículo 18
artículo 476
artículo 16
artículo 467
resolución
artículo 478
artículo 478
artículo 1
artículo 18


text:
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se publica el Convenio en materia de farmacovigilancia entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha - 2018
Suscrito el 11 de diciembre de 2018, Convenio en materia de farmacovigilancia entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha - 2018 y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Convenio en materia de farmacovigilancia entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha - 2018
a 11 de diciembre de 2018
De una parte, don Jesús Fernández Sanz, Consejero de Sanidad, nombrado por Decreto 57/2015, de 5 de julio («DOCM» número 130, del 6), en representación de de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, así como en el Decreto 83/2015, de 14 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad («DOCM» número 138, del 16).
Primero.Que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desarrolla desde 1984 el Sistema Español de Farmacovigilancia para conocer la incidencia y la naturaleza de las Reacciones Adversas a medicamentos de uso humano comercializados en España cuyo programa básico es la notificación espontánea de sospechas de reacciones adversas, a través de los profesionales sanitarios.
Cuarto.Que es imprescindible la colaboración entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de una parte y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha por otra, al objeto de llevar a cabo este programa de Farmacovigilancia coordinadamente.
Quinto.Que la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha dispone de los medios suficientes para efectuar un programa de este tipo en el ámbito de su zona geográfica.
Sexto.Que la Comisión Nacional de Farmacovigilancia en la sesión celebrada el 28 de noviembre de 1988 aprobó el proyecto de incorporación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha al Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano.
Séptimo.Este convenio recoge el mutuo interés de ambas partes para actuar en un único Sistema Español de Farmacovigilancia siendo fruto de un acuerdo de colaboración interadministrativa para la ejecución de un programa en un sector de actividad como es la farmacovigilancia. En este sentido, y desde hace algunos años, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha han venido suscribiendo convenios en el ámbito de la farmacovigilancia.
Octavo.Que este Convenio se celebra en base a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y se enmarca en el ámbito de competencias y esfera de intereses que en la materia atribuyen, al Estado y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la Constitución en su artículo 149.1.16.ª y el artículo 33.8 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Noveno.La obligación de comunicar las sospechas de reacciones adversas causadas por los medicamentos y productos sanitarios se establece en el artículo 99 de la Ley 14/1986, de 25 de abril; siendo en el artículo 54 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios (en la actualidad Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio), donde se establece el Sistema Español de Farmacovigilancia como una estructura descentralizada, que coordina la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y que integra las actividades que las Administraciones sanitarias realizan para recoger, elaborar y, en su caso, procesar toda la información útil para la supervisión de medicamentos y, en particular, la información sobre sospechas de reacciones adversas a los medicamentos, así como para la realización de cuantos estudios se consideren necesarios para evaluar la seguridad de los medicamentos.
El presente Convenio es uno de los definidos en el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y que se encuentra, por consiguiente, sometido al régimen jurídico que dicha norma establece para los Convenios
Para ello la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Castilla La Mancha y la AEMPS muestran su conformidad en la suscripción del presente convenio, y colaborarán para la realización de las actividades previstas.
1. La Consejería de Sanidad, difundirá el programa de notificación espontánea de sospechas de reacciones adversas en su ámbito de competencia, informando de los diferentes vías de comunicación de esta información y distribuyendo las tarjetas amarillas empleadas para la notificación a los profesionales sanitarios colegiados en su Comunidad de las sospechas de reacción adversa de los medicamentos autorizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.1 del Real Decreto 577/2013, de 26 de julio. El modelo utilizado será el empleado en el Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV) de medicamentos de uso humano.
Para la correcta y eficaz ejecución de las citadas actividades desarrolladas al amparo del presente Convenio, la Consejería de Sanidad contribuirá aportando las infraestructuras técnicas y de gestión necesarias, así como, los recursos materiales precisos para dotar éstas y los recursos personales imprescindibles para el correcto desarrollo del Programa, valorados en una cantidad máxima de 92.850,23 € (NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS), IVA exento al no tratarse de una prestación de servicios.
5. Aportar, la cantidad máxima de 50.000 € (CINCUENTA MIL EUROS), IVA exento al no tratarse de una prestación de servicios, para contribuir a la financiación de los gastos que se deriven del programa de farmacovigilancia 2018 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y principalmente, los consistentes en: edición y difusión de boletines; edición y difusión de tarjetas amarillas; correo y material de imprenta específico del Programa; asistencia del personal del Centro de Farmacovigilancia a Comités/Jornadas de Farmacovigilancia; adquisición de bases de datos informatizadas y bibliografía, adquisición y mantenimiento de programas informáticos y adquisición y mantenimiento de soporte informático. Esta aportación se realizará con cargo a la aplicación 26.301.313A.226.16 (Programas de Farmacovigilancia) del Estado de Gastos de los presupuestos de la AEMPS.
La AEMPS abonará la citada cantidad a la extinción del Convenio de una sola vez, previa presentación de la nota de cargo correspondiente por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Castilla-La Mancha, así como de un Estado económico demostrativo de las cantidades en que se valora la aportación económica efectiva de la Comunidad Autónoma y su distribución, y siempre previa conformidad por parte del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS de que se hayan realizado por parte de la citada Consejería de Sanidad las actuaciones contempladas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 de la estipulación segunda del presente convenio; en consecuencia, con excepción de la entrega de la memoria anual cuya cumplimentación se realizará de acuerdo con los plazos establecidos en el apartado 6 de la citada estipulación.
El abono referido en los párrafos precedentes, y de acuerdo con lo estipulado en los mismos, se efectuará a la cuenta de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ES89 2048 3648 5134 0000 2629, en la entidad bancaria Liberbank.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá solicitar a la Consejería de Sanidad la información que precise para evaluar los beneficios y los riesgos de los medicamentos, incluyendo datos sobre su uso en su ámbito geográfico, de acuerdo al artículo 3 del Real Decreto 577/2013, de 26 de julio.
La Consejería de Sanidad podrá solicitar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios informes específicos de Reacciones Adversas a medicamentos o a grupos de medicamentos a través del Conjunto del Sistema Español de Farmacovigilancia.
– La Jefe de División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia.
– El Jefe de Servicio de Epidemiología.
– La Jefe de Sección de Farmacovigilancia.
El presente Convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE). De conformidad con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, tendrá efectos desde la publicación en el «BOE», tras la inscripción en el citado Registro, y su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2018.
Y en prueba de conformidad con cuanto queda estipulado, firman las partes el presente documento, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha consignados en el encabezamiento.
–Por la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha,

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artículo 48
artículo 23
artículo 48
artículo 149
artículo 33
artículo 99
artículo 54
Real Decreto
artículo 47
artículo 6
Real Decreto
artículo 3
Real Decreto
artículo 48


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