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Los Créditos contra la masa. XI Congreso español de derecho de la insolvencia / 9788413085173 / ANGEL ROJO / ANA BELÉN CAMPUZANO
Créditos contra la masa. XI Congreso español de derecho de la insolvencia
9788413085173
Rojo, Angel / Campuzano Laguillo, Ana Belén / Casanellas, Raimon
DERECHO FINANCIERO / DERECHO MERCANTIL: BANCARIO
Los días 21 a 23 de marzo de 2019 se celebró en Barcelona la undécima edición del Congreso Español de Derecho de la Insolvencia (CEDIN XI), que analizó monográficamente el tema de los créditos contra la masa. El Congreso fue organizado por el Colegio de Notarios de Cataluña y la Asociación Española de Derecho de la Insolvencia. Contó con la colaboración del Proyecto de Investigación DER2015-71210-R (MINECO/FEDER,UE), el Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ), Eactivos, así como los despachos de abogados Insolnet, DLM Insolvia, Cuatrecasas, Lequid, Advan, Jorge Muñoz Consultores, Prada Gayoso, M&M Abogados, Carles Cuesta, Cortés Abogados y Dictum.
Los créditos contra la masa designan todos aquellos créditos que genera el propio proceso concursal, ya deriven de las costas y gastos judiciales, ya se refieran a las obligaciones nacidas durante el concurso o que se mantengan tras su declaración. Aunque, la Ley Concursal utiliza la técnica de los créditos contra la masa para conceder también preferencia a determinados créditos cuyo carácter concursal es claro, imputando a la masa créditos que no necesariamente tendrían que constituir coste del procedimiento, por conformar deudas anteriores a la declaración de concurso o deudas posteriores pero que no son exigencia del propio proceso. La característica fundamental de los créditos contra la masa es la prioridad sobre los créditos concursales que no disfruten de privilegio especial.
La existencia de créditos contra la masa constituye frecuentemente una fuente de conflictos en el concurso de acreedores, no sólo por afectar al grado de satisfacción de los créditos concursales, sino también porque en supuestos de insuficiencia de masa lo habitual es que ni siquiera resulte posible satisfacer todos los créditos contra la masa.
La presente obra recoge sustancialmente las ponencias y comunicaciones presentadas en dicho Congreso, a la espera de que sea un instrumento útil para quienes desarrollan su labor en el ámbito del derecho de la insolvencia o pretendan aproximarse al mismo.
I. Concepto y clases de créditos con la masa
1. Los créditos contra la masa: concepto y características (ANA BELÉN CAMPUZANO)
2. Los créditos por salarios (ANA MARÍA ORELLANA)
3. Los créditos por las condenas al pago de costas en el entorno de los procedimientos concursales (JAVIER CASTRODEZA)
4. El arancel de la administración concursal (RAIMON CASANELLAS)
5. Cuestiones controvertidas de la retribucion de la administracion concursal: gasto imprescindible para concluir la liquidación, limitación temporal y cuenta de garantía arancelaria (GREGORIO DE LA MORENA y ANA DE LA MORENA)
6. Los créditos generados por el ejercicio de la actividad: dos supuestos laborales controvertidos (IGNACIO FERNÁNDEZ LARREA)
7. Los créditos que resulten de obligaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento (MARÍA LUISA SÁNCHEZ PAREDES)
8. Los créditos en las acciones de reintegración (IGNACIO SANCHO)
9. Los créditos que resulten de obligaciones nacidas de la ley (PETRA Mª THOMÀS)
10. Los créditos que resulten de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso (MARIANO YZQUIERDO)
11. Los créditos en caso de apertura de la liquidación de la masa activa como consecuencia del incumplimiento del convenio (FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ESTÉBANEZ)
12. El credito supermasa extraconcursal ¿una extravagancia? (FRANCISCO JAVIER CARBONELL)
II. El concurso consecutivo
1. Los creditos contra la masa en el concurso consecutivo (AMANAY RIVAS RUIZ)
2. Los créditos contra la masa derivados del fracaso del acuerdo extrajudicial de pagos del deudor persona física (CECILIO MOLINA)
3. Algunas reflexiones sobre el privilegio del “dinero nuevo”: en particular, su aplicación a la “financiación transitoria” y a diversas modalidades de financiación (MIGUEL NAVARRO MÁÑEZ)
III. El reconocimiento y el pago de los créditos contra la masa
1. El reconocimiento de créditos contra la masa. Consideración especial del reconocimiento de los créditos contra la masa en la fase de cumplimiento del convenio (MARÍA ENCISO)
2. Créditos contra la masa y compensación (PABLO GIRGADO)
3. Las especialidades en caso de insuficiencia de la masa activa. La regla general. Los créditos contra la masa imprescindibles para concluir la liquidación (MARTA CERVERA)
4. El pago de los créditos contra la masa en un concurso con masa activa insuficiente (MAÍA BALLESTEROS)
5. El pago de los créditos contra la masa ante la calificación de culpabilidad del concurso (Mª JOSÉ CASTELLANO)
IV. Las reformas pendientes en materia de créditos contra la masa
1. Las reformas pendientes en materia de créditos contra la masa (PEDRO J. VELA)
Los créditos contra la masa: concepto y características
Catedrática de Derecho mercantil. Universidad San Pablo CEU
I.Consideración general
II.El concepto de créditos contra la masa
III.Las características de los créditos contra la masa
1.La prioridad
2.La extraconcursalidad
3.La prededucibilidad
IV.La delimitación legal de los créditos contra la masa
1.Gastos y obligaciones de la masa
2.Los requisitos de los créditos contra la masa
I. CONSIDERACIÓN GENERAL
La Ley Concursal se refiere a los créditos contra la masa, con diferente terminología, en diversos preceptos (arts. 20, 33, 34, 73, 84, 91-6.º, 94, 95, 146 bis, 152, 154, 155, 156, 157, 176, 176 bis, 178 bis, 242) y destaca en la Exposición de Motivos su carácter prededucible, al afirmar que los créditos contra la masa operan con el carácter de prededucibles, en el sentido de que, antes de proceder al pago de los concursales, han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, que sean necesarios para satisfacer aquéllos a sus respectivos vencimientos1). En palabras de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de enero de 2013, la legislación concursal contempla como créditos o deudas extraconcursales los denominados créditos contra la masa que quedan al margen del proceso concursal, aunque siempre bajo la supervisión del juez que conoce del concurso2).
Con carácter general, parte relevante del coste del concurso lo conforman los créditos contra la masa, que se identifican con aquellos que genera el propio proceso concursal. Aunque, la Ley Concursal utiliza la técnica de los créditos contra la masa para conceder también preferencia a determinados créditos cuyo carácter concursal es claro, imputando a la masa créditos que no necesariamente tendrían que constituir coste del procedimiento, por conformar deudas anteriores a la declaración de concurso o deudas posteriores pero que no son exigencia del propio proceso. Se trata de una opción legislativa legítima, por más que suponga un incremento del coste del concurso. Una de las características que debe informar cualquier procedimiento concursal es que el coste del propio procedimiento sea ajustado al objetivo principal que se persigue, la mayor y más equitativa satisfacción de los acreedores ordinarios, lo que no puede producirse si dicho coste es tan elevado que consuma buena parte de los –por definición escasos– recursos que existen para lograr esa satisfacción. Cuestión que no es nueva y que ya preocupaba con la anterior legislación, puesto que las entonces denominadas “deudas de la masa” repercutían sobre los créditos contra el quebrado, hasta el punto de poder llegar a hacerlos totalmente incobrables, en el caso de que los bienes no fueran bastantes para cubrir su importe3).
La existencia de créditos contra la masa constituye frecuentemente una fuente de conflictos en el concurso de acreedores, no sólo por afectar al grado de satisfacción de los créditos concursales, sino también porque en supuestos de insuficiencia de masa lo habitual es que ni siquiera resulte posible satisfacer todos los créditos contra la masa4).
Además, debe tenerse en cuenta que los créditos contra la masa no sólo resultan relevantes en el concurso –incluido el concurso consecutivo a un acuerdo de refinanciación o a un acuerdo extrajudicial de pagos–5) sino también en el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho regulado en el artículo 178 bis de la Ley Concursal. El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho es una facultad concedida al deudor persona natural, con independencia de su condición o no de empresario, al que sólo se puede acceder una vez solicitada la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa y siempre que se cumplan las condiciones legales fijadas. En efecto, el procedimiento, recogido en el complejo artículo 178 bis de la Ley Concursal, se inicia a instancias del propio deudor persona natural, quien deberá presentar la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho ante el juez del concurso dentro del plazo de audiencia que se le haya concedido bien en caso de conclusión del concurso por liquidación o bien en caso de conclusión del concurso por insuficiencia de masa ( arts. 152 y 176 bis LC). El artículo 178 bis ha sido interpretado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, para, según se indica, facilitar su correcta aplicación. De dicha interpretación destacan las siguientes precisiones:
A) En primer lugar, para la concesión de este beneficio debe darse un presupuesto y han de cumplirse una serie de requisitos. El presupuesto se contiene en el apartado 1 del artículo 178 bis: el concursado debe ser una persona natural y es necesario que se haya concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa. Lo que supone que todos los bienes y derechos que conforme al artículo 76 de la Ley Concursal formaban parte de la masa activa, han sido realizados y aplicados al pago de los créditos. Sobre la base de este presupuesto, se exigen una serie de requisitos en el apartado 3 del artículo 178, bajo una dicción un tanto equívoca. El precepto afirma que “sólo se admitirá la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe”. Y a continuación explica qué se entiende por buena fe, al ligar esta condición al cumplimiento de unos requisitos que enumera a continuación. Por lo tanto, la referencia legal a que el deudor sea de buena fe no se vincula al concepto general del artículo 7.1 del Código Civil, sino al cumplimiento de los requisitos enumerados en el apartado 3 del artículo 178 de la Ley Concursal. La naturaleza de estos requisitos es heterogénea. De una parte, los dos primeros guardan una relación más directa con las exigencias de la buena fe: es preciso que el concurso no haya sido declarado culpable (con la salvedad legal prevista para el caso de que lo hubiera sido por retraso en la solicitud de concurso) y también que en los diez años anteriores el deudor no hubiera sido condenado por sentencia firme por una serie de delitos (contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores). El tercero exige que se hubiera optado por el procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos y que, frustrada su consecución o cumplimiento, se hubiera acabado en el concurso consecutivo. El cuarto y el quinto, al regular dos vías o formas alternativas de exoneración del pasivo insatisfecho, contienen cada uno de ellos unos requisitos propios. Esto es: el ordinal 4.º prevé una exoneración inmediata, y para ello exige el cumplimiento de unos requisitos; y, alternativamente, el ordinal 5.º prevé una exoneración diferida en el tiempo, transcurridos cinco años, y exige otros requisitos propios. De este modo, para que se pueda reconocer la exoneración del pasivo es necesario en primer lugar que, con carácter general y al margen de la alternativa que se tome, el deudor cumpla con las exigencias contenidas en los ordinales 1.º, 2.º y 3.º del apartado 3 del artículo 178 bis de la Ley Concursal: el concurso no haya sido calificado culpable; el deudor concursado no haya sido condenado por sentencia firme por determinados delitos patrimoniales; y se haya acudido al procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos con carácter previo a la apertura del concurso. Además, en función de la alternativa que se tome, la exoneración inmediata del ordinal 4.º o la exoneración en cinco años del ordinal 5.º, se han de cumplir otras exigencias propias de esa alternativa. Por lo tanto, la denuncia de la inexistencia de buena fe exigida por el artículo 178 bis.3 se debe ceñir al cumplimiento de estos requisitos y no, como subyace a la argumentación del primer motivo planteado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, a que en la solicitud inicial se hubiera omitido la existencia de un crédito contra la masa que luego, al oponerse la Agencia Tributaria, fue admitida.
B) En segundo lugar, el artículo 178 bis no establece un procedimiento rígido para solicitar y obtener la exoneración del pasivo, que presuponga la imposibilidad de variar la opción inicial por una de las dos alternativas legales, la del ordinal 4.º o la del 5.º. Establece un doble presupuesto: que el deudor concursado sea una persona natural y que el concurso haya concluido en liquidación o por insuficiencia de la masa activa. Debe existir una solicitud del deudor concursado, ante el juez del concurso y en el plazo de audiencia que se le hubiera conferido conforme al artículo 152.3 de la Ley Concursal. El apartado 4 regula el trámite que debe darse a la solicitud: se dará traslado a la administración concursal y a los acreedores personados para que puedan alegar lo que estimen oportuno sobre la exoneración solicitada, en el plazo de cinco días; si no hay oposición, el juez concederá, con carácter provisional, el beneficio de la exoneración; la posible oposición, que debe fundarse en el incumplimiento de los requisitos del apartado 3, se tramita por el incidente concursal. En un caso como el resuelto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, en que la solicitud inicial del deudor optaba por la exoneración del ordinal 4.º del apartado 3 del artículo 178 bis, frente a la demanda de oposición de la Agencia Tributaria, que niega se cumplan los requisitos propios de esta alternativa, no existe inconveniente en que el deudor opte formalmente por la alternativa del ordinal 5.º, siempre y cuando se cumplan las garantías legales que permitan la contradicción sobre el cumplimiento de los requisitos propios de la alternativa del ordinal 5.º. Garantías que no consta se hayan vulnerado, porque la Agencia Tributaria ha podido contradecir el cumplimiento de los requisitos que justificarían la exoneración por el cauce del ordinal 5.º. Y de hecho lo hace al oponer que se extiende el plan de pagos al crédito público, cuando a su juicio no es posible si no se solicita conforme a la normativa específica administrativa.
C) En tercer lugar, se interpretan las normas que regulan la alternativa del ordinal 5.º del apartado 3 del artículo 178 bis, esto es, aquella que permite la exoneración total de los créditos una vez transcurridos cinco años. Si bien los requisitos propios de la otra alternativa, que persigue la exoneración inmediata, se hallan contenidos en el propio ordinal 4.º que la regula, no ocurre lo mismo en el caso de la alternativa del ordinal 5.º, pues lo regulado en el mismo debe ser integrado con otras reglas dispersas fuera del apartado 3. La regulación de los requisitos propios y el alcance de la exoneración en cinco años se contiene en el ordinal 5.º del apartado 3 del artículo 178 bis, y en los apartados 5 y 6 del artículo 178 bis. Su interpretación debe ser sistemática, pues ha de atemperarse con la otra alternativa, y ha de responder a la ratio del precepto. Conforme a lo previsto en el ordinal 5.º del artículo 178 bis, para la exoneración en cinco años, son necesarios una serie de requisitos propios. Al hacer mención a ellos, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019 alude inicialmente a aquellos que no son cuestionados: es preciso que el deudor no haya incumplido las obligaciones de colaboración del artículo 42 de la Ley Concursal, lo que ordinariamente habrá podido quedar reflejado en la calificación culpable del concurso, pues constituye una presunción de concurso culpable ( art. 165.1.2.º LC); que no haya obtenido este beneficio dentro de los diez años anteriores; que en los cuatro años anteriores a la declaración de concurso no haya rechazado una oferta de empleo adecuada a su capacidad; y que acepte de forma expresa que la obtención de este beneficio se haga constar en el Registro Público Concursal. Señala la sentencia que, además de estos requisitos, se exige que el deudor acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6 del artículo 178 bis. En realidad, la remisión a este apartado lo es también al apartado 5, porque el plan de pagos afecta a los créditos que no se verán afectados por la exoneración, por lo que, con carácter previo, entiende que hay que precisar cuáles serán estos créditos, en contraposición a los que sí serán objeto de exoneración.
Así, el apartado 5 del artículo 178 bis se refiere en primer lugar a los créditos afectados por la exoneración del pasivo insatisfecho, y, después, a cómo afectará esta exoneración a los derechos de los acreedores frente a obligados solidarios y fiadores, y cómo opera en el caso en que el concursado tuviere un régimen económico matrimonial de gananciales u otro de comunidad. Al resultar sólo controvertido la determinación de los créditos afectados por la exoneración, en la interpretación del precepto el Tribunal Supremo se centra en esta cuestión. El tenor literal del precepto es el siguiente: “El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el número 5.º del apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos: 1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos. 2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a la de crédito ordinario o subordinado”. Esta norma debe interpretarse sistemáticamente con el alcance de la exoneración previsto en el ordinal 4.º del apartado 3. Para la exoneración inmediata, si se hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, habrá que haber pagado los créditos contra la masa y los créditos con privilegio general, y respecto del resto, sin distinción alguna, el deudor quedará exonerado.
La Ley Concursal, al articular la vía alternativa del ordinal 5.º, bajo la ratio de facilitar al máximo la concesión del beneficio, pretende facilitar el cumplimiento de este requisito del pago de los créditos contra la masa y privilegiados, y para ello le concede un plazo de cinco años, pero le exige un plan de pagos, que planifique su cumplimiento. Bajo la lógica de esta institución y de la finalidad que guía la norma que es facilitar al máximo la “plena exoneración de deudas”, entiende el Tribunal Supremo que también en la alternativa del ordinal 5.º, la exoneración alcanza a todos los créditos ajenos al plan de pagos. Este plan de pagos afecta únicamente a los créditos contra la masa y los privilegiados.
El preámbulo del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, que introdujo el artículo 178 bis en la Ley Concursal, es muy significativo respecto de la finalidad de este mecanismo de la segunda oportunidad: “Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”. Obviamente, señala el Tribunal Supremo, que, como en cualquier sistema de nuestro entorno, este mecanismo no debe amparar abusos ni fraudes, lo que justifica los límites a la exoneración: “Por ello, el mecanismo de segunda oportunidad diseñado por esta Ley establece los controles y garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de permitir que aquél que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación (…)”. Aunque el preámbulo no haga referencia al contexto internacional, sino a nuestro derecho histórico, no puede obviarse que la norma se dicta meses después de la Recomendación de la Comisión Europea de 12 de abril de 2014, sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial. Como se afirma en su primer considerando, la “recomendación también se propone ofrecer una segunda oportunidad a los empresarios honrados incursos en procesos de insolvencia en toda la Unión”. Y apostilla en el último considerando que “se deben adoptar medidas para reducir los efectos negativos de la insolvencia para los empresarios, mediante disposiciones que prevean la plena condonación de deudas después de cierto plazo máximo”. Y en el cuerpo de la recomendación, en sus apartados 30 y 31, se articula la recomendación referida a la plena condonación de deudas, en el siguiente sentido: 30. Los efectos negativos de la insolvencia para los empresarios deberían limitarse a fin de darles una segunda oportunidad. A los empresarios se les deberían condonar totalmente las deudas incursas en la insolvencia en un plazo máximo de tres años a partir de: a) en el caso de un procedimiento que concluya con la liquidación de los activos del deudor, la fecha en que el órgano jurisdiccional decidió́, previa petición, iniciar el procedimiento de insolvencia; b) en el caso de un procedimiento que incluya un plan de reembolso, la fecha en que se inició la aplicación del plan de reembolso; 31. Al expirar el periodo de condonación, a los empresarios se les deberían condonar sus deudas sin necesidad, en principio, de volver a recurrir a un órgano jurisdiccional”. Aunque es cierto que la recomendación admitía que la regulación nacional permitiera negar este beneficio al deudor de mala fe, así como excluir algunas categorías de deuda: “33. Los Estados miembros pueden excluir algunas categorías específicas de deuda, como las derivadas de la responsabilidad delictual, de la regla de la condonación total”.
Esta recomendación constituyó el germen de la armonización de esta materia, que ha desembocado en la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre acuerdos marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deudas. Esta Directiva prevé en su artículo 20 el acceso a la exoneración. En el primer apartado dispone que “los Estados miembros velarán por que los empresarios insolventes tengan acceso al menos a un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de deudas de conformidad con la presente Directiva”, con lo que remarca el objetivo de la plena exoneración del deudor. Y en el apartado 2, prevé la posibilidad de que en algún Estado la plena exoneración de deudas se supedite a un reembolso parcial de la deuda, y que en esos casos deba garantizarse “que la correspondiente obligación de reembolso se base en la situación individual del empresario, y, en particular, sea proporcionada a los activos y la renta embargables o disponibles del empresario durante el plazo de exoneración, y que tenga en cuenta el interés equitativo de los acreedores”.
Destaca el Tribunal Supremo que no hace esta referencia al preámbulo del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, a la Recomendación de la Comisión Europea de 12 de abril de 2014 y a la Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deudas, para extraer de ellas una norma jurídica, sino para constatar cuál es la finalidad perseguida por la institución y los principios que deberían tomarse en consideración para realizar una interpretación teleológica del artículo 178 bis de la Ley Concursal. La finalidad de la norma es facilitar la segunda oportunidad, mediante la condonación plena de las deudas. Esta condonación puede ser inmediata o en cinco años. En ambos casos, se supedita a unas exigencias que justifiquen la condición de buena fe del deudor y a un reembolso parcial de la deuda. Este reembolso parcial debe tener en cuenta el interés equitativo de los acreedores y, en la medida de lo posible, debería ser proporcionado a los activos y la renta embargables o disponibles del deudor concursado, pues de otro modo en la mayoría de los casos la exoneración del pasivo se tornaría imposible, y la previsión normativa devendría prácticamente inaplicable.
En atención a estas consideraciones, entiende el Tribunal Supremo que, en principio, la exoneración plena en cinco años (alternativa del ordinal 5.º) está supeditada, como en el caso de la exoneración inmediata (alternativa del ordinal 4.º), al pago de los créditos contra la masa y con privilegio general, aunque en este caso mediante un plan de pagos que permite un fraccionamiento y aplazamiento a lo largo de cinco años. Sin perjuicio de que en aquellos casos en que se advirtiera imposible el cumplimiento de este reembolso parcial, el juez podría reducirlo para acomodarlo de forma parcial a lo que objetivamente podría satisfacer el deudor durante ese plazo legal de cinco años, en atención a los activos y la renta embargable o disponible del deudor, y siempre respetando el interés equitativo de estos acreedores (contra la masa y con privilegio general), en atención a las normas concursales de preferencia entre ellos.
Con esta interpretación no se posterga tanto el crédito público, pues con arreglo a lo previsto en el artículo 91-4.º de la Ley Concursal, el 50%, descontado el que tenga otra preferencia o esté subordinado, tiene la consideración de privilegiado general, y por lo tanto quedaría al margen de la exoneración.
D) Una vez determinado el alcance de la exoneración y, por lo tanto, qué créditos han de pagarse para poder acceder a la exoneración en cinco años, el Tribunal Supremo procede a interpretar las reglas sobre el plan de pagos (de aquellos créditos contra la masa y con privilegio general) al que necesariamente ha de someterse el deudor para que se le reconozca este beneficio. Este requisito viene regulado en el apartado 6 del artículo 178 bis de la Ley Concursal: “6. Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior deberán ser satisfechas por el concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior. Durante los cinco años siguientes a la conclusión del concurso las deudas pendientes no podrán devengar interés. A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos que, oídas las partes por plazo de 10 días, será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido presentado o con las modificaciones que estime oportunas. Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica”.
Pues bien, considera el Tribunal Supremo que la norma contiene una contradicción. Por una parte, se prevé un plan para asegurar el pago de aquellos créditos (contra la masa y privilegiados) en cinco años, que ha de ser aprobado por la autoridad judicial, y de otra se remite a los mecanismos administrativos para la concesión por el acreedor público del fraccionamiento y aplazamiento de pago de sus créditos. Aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público. Aquellos mecanismos administrativos para la condonación y aplazamiento de pago carecen de sentido en una situación concursal. Esta contradicción hace prácticamente ineficaz la consecución de la finalidad perseguida por el artículo 178 bis de la Ley Concursal (que pueda alcanzarse en algún caso la exoneración plena de la deuda), por lo que, bajo una interpretación teleológica, ha de subsumirse la protección perseguida del crédito público en la aprobación judicial. El juez, previamente, debe oír a las partes personadas (también al acreedor público) sobre las objeciones que presenta el plan de pagos, y atender sólo a aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan.
Por todos, BELTRÁN, E. Las deudas de la masa, Zaragoza (Publicaciones del Real Colegio de España), 1986; “Las deudas de la masa”, en AA VV, Preferencia de créditos, en Manuales de Formación continuada, San Sebastián (Centro de Documentación Judicial), 2001, pp. 201-231; “Créditos concursales y créditos contra la masa (art. 84)”, en ROJO-BELTRÁN (dirs.), Comentario de la Ley Concursal, Madrid (Civitas), 2004, tomo I, pp. 1493-1524; ”Pago de créditos contra la masa (art. 154)”, en ROJO-BELTRÁN (dirs.), Comentario de la Ley Concursal, Madrid (Civitas), 2004, tomo II, pp. 2427-2440; “La prioridad de los créditos contra la masa”, en Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel Olivencia, Madrid (Marcial Pons), 2005, tomo 4, pp. 3611-3634; “Créditos concursales y créditos contra la masa”, en OLIVENCIA, M. (dir.), La nueva Ley Concursal, en Estudios de Derecho Judicial, núm. 59 (2004), Madrid (CENDOJ), 2005, pp. 439-476; “Créditos contra la masa” en BELTRÁN-GARCÍA-CRUCES, Enciclopedia de Derecho Concursal, Aranzadi, 2012, págs. 877-899.
La referida Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de enero de 2013, añade que estos créditos, de variada naturaleza conforme al artículo 84.2 de la Ley Concursal, que la doctrina llama en ocasiones posconcursales (a pesar de que algunos se devengan con anterioridad a la declaración de concurso), no se integran en la masa pasiva del concurso y de ahí que deban ser satisfechos a medida que se produce su vencimiento con cargo a los bienes que la administración haya dispuesto al efecto ( arts. 84 y 154 LC). Ahora bien su satisfacción, su pago fuera de la masa pasiva, depende de su calificación como créditos contra la masa por declaración incidental del juez ( art. 84.4 LC) o de su inclusión en la relación separada de acreedores contra la masa que elabora la administración concursal ( arts. 94.4 y 96.5 LC) y que, unida al informe que ésta realiza, se presenta al juez del concurso para que dicte la resolución que proceda ( art. 98 LC).
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2016.
En aquellos supuestos en los que el proceso concursal se alarga, lo habitual es un importante incremento del número y entidad de los créditos contra la masa. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección octava, de 16 de octubre de 2018, señala que Declarado el concurso de acreedores comienza el nacimiento de los créditos contra la masa, que son los que, de modo taxativo, establece el artículo 84 de la Ley Concursal. Desde ese mismo momento corresponde su pago a la administración concursal, que deberá efectuar conforme al artículo 84.3. El pago de un crédito contra la masa presupone una actuación valorativa por parte de la administración concursal, en orden a la propia existencia del crédito, a su naturaleza como crédito masa y a su cuantía. En unos casos, será la propia administración concursal la que, a consecuencia del ejercicio de sus funciones, conozca la existencia del crédito contra la masa, valore que efectivamente tiene ese carácter y proceda a su pago, si hay fondos para ello. Ninguna formalidad o trámite específico prevé al respecto la Ley Concursal más allá del pago, ninguna comunicación debe hacerse al juez del concurso, ni al concursado, ni a otros acreedores. Ninguna autorización judicial debe recabarse para ello. El pago del crédito presupone, en definitiva, que ha sido dado por bueno por la administración concursal. En otros casos, será el acreedor titular de un crédito de esta clase el que lo ponga en conocimiento de la administración concursal, para que proceda a su pago. La administración concursal deberá hacer la valoración sobre su existencia, calificación y cuantía. El pago del crédito contra la masa implica, por tanto, que la administración concursal ha considerado que existe, que tiene tal condición y que su cuantía está debidamente probada. En cualquier caso, se podrá promover un incidente concursal para ejercitar acciones relativas a la calificación o pago de los créditos contra la masa (...). En el caso que nos ocupa, una nueva singularidad influye decisivamente en este tema, pues, en virtud de distintas y fundadas resoluciones judiciales, se autorizó la ampliación del plazo para emitir el informe, en casi dos años. Ello ha significado un importante incremento del número y entidad de los créditos contra la masa (...).
En el ámbito de los acuerdos de refinanciación, como incentivo a la nueva financiación, se dispone que tengan la consideración de créditos contra la masa el cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en el artículo 71 bis o en la disposición adicional cuarta (art. 84.2-11.º LC). Mientras, el fracaso del acuerdo extrajudicial de pagos conduce al concurso consecutivo, que se rige por lo dispuesto para el procedimiento abreviado con una serie de especialidades, entre las que se incluye, que tendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente extrajudicial y los demás créditos que, conforme al artículo 84 de la Ley Concursal, tengan tal consideración y se hubiesen generado durante la tramitación del expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos (art. 242.2-3.º LC). A la relación entre acuerdo extrajudicial de pagos y alimentos a favor de los hijos del deudor se refiere la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2019.
Catedrático de Derecho mercantil. Universidad Autónoma de Madrid
Economista. Auditor
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artículo 178
artículo 90
artículo 178
artículo 20
artículo 178
artículo 91
artículo 178
artículo 178
Resolución
artículo 84
resolución
artículo 84
artículo 84
artículo 71
artículo 84


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a) Organizar la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía en los centros sociosanitarios residenciales, para las personas residentes con derecho a la misma.
b) Fijar los criterios e instrumentos para la adscripción de los servicios de farmacia y la vinculación de los depósitos de medicamentos de los correspondientes centros sociosanitarios residenciales al servicio de farmacia de un hospital del Servicio Andaluz de Salud o, en su caso, a una oficina de farmacia.
c) Establecer las condiciones de prescripción, dispensación y suministro de los medicamentos y de los productos sanitarios, incluidos en la prestación farmacéutica, en los centros sociosanitarios residenciales.
1. El presente Decreto será de aplicación a los centros sociosanitaros residenciales, de titularidad tanto pública como privada, que tengan residentes con derecho a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Asimismo, será de aplicación a todas aquellas personas que intervengan en la prescripción, dispensación y suministro de los medicamentos y productos sanitarios, destinados a la prestación farmacéutica de las personas a que se refiere el apartado anterior.
3. A los efectos del presente Decreto, se consideran centros sociosanitarios residenciales a aquellos centros de alojamiento y de convivencia que tienen una función sustitutoria del hogar familiar, ya sea de forma temporal o permanente, para personas en situación de dependencia, mayores, personas con discapacidad, personas con problemas de adicciones y cualesquiera otras personas cuyas condiciones de salud requieran, además de las atenciones sociales, determinada asistencia sanitaria.
Artículo 3. Adscripción de los servicios de farmacia.
1. Los servicios de farmacia de los centros sociosanitarios a que hace referencia el artículo 6.1.b) del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, que tengan residentes con derecho a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, estarán bajo la responsabilidad y presencia física de una persona farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria y quedarán adscritos, a efectos del suministro, al servicio de farmacia del hospital del Servicio Andaluz de Salud que éste determine, dentro de su área de salud de referencia.
2. La adscripción de los citados servicios de farmacia se formalizará mediante acuerdo entre las Consejerías competentes o mediante convenio, si el centro sociosanitario es de titularidad privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre; sin perjuicio de que para el supuesto de centros sociosanitarios de titularidad pública distinta de la Junta de Andalucía la adscripción se realizará, también, mediante Convenios.
En el caso de formalizar convenio, que se ajustará al modelo previsto en el Anexo I, se suscribirá entre la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud y la persona representante legal del centro sociosanitario residencial. Al convenio o acuerdo se adjuntará un compromiso de gestión que habrán de suscribir posteriormente las personas responsables de la gestión tanto del centro hospitalario como del centro sociosanitario residencial, en el que consten las actuaciones que ambos servicios de farmacia llevarán a cabo conforme a lo establecido en el artículo 6.
3. Si una entidad fuera titular de varios centros sociosanitarios residenciales, se podrá suscribir un único convenio de los referidos en el apartado anterior, si bien se determinará las especificidades de cada centro.
4. Las garantías y responsabilidad técnica de la adquisición, de la calidad y de la cobertura de las necesidades de medicamentos y productos sanitarios precisos para atender los tratamientos de las personas a que se refiere el apartado 1, serán asumidas por los servicios de farmacia de los hospitales del Servicio Andaluz de Salud que se los suministren, conforme a lo establecido en el artículo 11.
Artículo 4. Vinculación de los depósitos de medicamentos en centros sociosanitarios residenciales, con más de cincuenta camas.
1. Los depósitos de medicamentos de los centros sociosanitarios residenciales, que tengan residentes con derecho a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y cuenten con más de cincuenta camas, con independencia del porcentaje que, en cada momento, destinen al régimen residencial y del nivel de ocupación temporal, y los de aquellos centros a que se refiere el artículo 3, que por haber suscrito el convenio o acuerdo, según proceda, con la Consejería con competencias en materia de salud, previsto en el apartado 2 del artículo 6 del citado Real Decreto-Ley 16/2012, quedan exentos de la obligación de tener un servicio de farmacia propio, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, quedarán vinculados al servicio de farmacia del hospital del Servicio Andaluz de Salud, que éste determine, dentro de su área de salud de referencia.
2. La vinculación de estos depósitos de medicamentos se formalizará mediante acuerdo entre las Consejerías competentes o mediante convenio, si el centro sociosanitario es de titularidad privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre; sin perjuicio de que para el supuesto de centros sociosanitarios de titularidad pública distinta de la Junta de Andalucía la adscripción se realizará, también, mediante Convenios.
En el caso de formalizar convenio, que se ajustará al modelo previsto en el Anexo II, se suscribirá entre la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud y la persona representante legal del centro residencial sociosanitario. Al convenio o acuerdo se adjuntará un compromiso de gestión que habrán de suscribir posteriormente las personas responsables de la gestión tanto del centro hospitalario como del centro sociosanitario residencial, en el que consten las actuaciones que el servicio de farmacia del hospital realizará conforme a lo establecido en el artículo 6.
4. Los citados depósitos desarrollarán su actividad bajo la responsabilidad directa de una persona farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria del servicio de farmacia del hospital del Servicio Andaluz de Salud al que se encuentren vinculados, asistido por el personal técnico en farmacia necesario. La ratio de dedicación, para cada uno de estos profesionales, será, al menos, de 25 minutos para el primero y de 35 minutos para el segundo, por cama y mes.
Artículo 5. Vinculación de los depósitos de medicamentos en centros sociosanitarios residenciales con cincuenta o menos camas.
1. Los depósitos de medicamentos de los centros sociosanitarios residenciales, con cincuenta o menos camas, con independencia del porcentaje que, en cada momento, destinen al régimen residencial y del nivel de ocupación temporal y que tengan residentes con derecho a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de la Junta de Andalucía, quedarán vinculados a una oficina de farmacia.
2. La oficina de farmacia será seleccionada entre aquellas que, estando localizadas en la Unidad Territorial Farmacéutica (UTF) en la que se ubique el correspondiente centro sociosanitario residencial, participen en el procedimiento de libre concurrencia que se convoque por la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud. Dicho procedimiento se someterá al principio de publicidad y transparencia y se regirá por lo establecido en la normativa vigente en materia de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, conforme a los requisitos y criterios de adjudicación que se establezcan para cada convocatoria en los que se valorará la mejor atención farmacéutica y la mayor eficiencia, y teniendo en cuenta los criterios considerados en el Concierto vigente en cada momento con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia de Andalucía.
En caso de resultar desierta una convocatoria, podrá volverse a convocar, extendiéndola a las oficinas de farmacia localizadas en las UTF colindantes con la UTF incluida en la convocatoria desierta. Dicho proceso se repetirá cuantas veces sea necesario hasta seleccionar la oficina de farmacia a la que quedará vinculado el depósito de medicamentos correspondiente, ampliando en cada convocatoria a las oficinas de farmacia de las UTF colindantes con las incluidas en la convocatoria anterior.
3. La vinculación, entre depósitos de medicamentos y oficinas de farmacia seleccionadas, se efectuará mediante resolución del órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía y se regirá por lo previsto en este Decreto y en el compromiso de gestión, que posteriormente deberán suscribir, al efecto, la persona responsable de la gestión del centro residencial y la persona titular de la oficina de farmacia correspondiente y que contendrá las previsiones de los artículos 6.1 y 7.1.
La duración de la vinculación será la prevista en cada convocatoria de selección y, en ningún caso, podrá ser superior a dos años, salvo que antes de la finalización de este periodo no se hubiera podido resolver la nueva convocatoria de adjudicación, referida en el apartado 2, prorrogándose, en este caso, la vinculación hasta que se resuelva la misma.
No obstante, y en tanto permanezca el depósito de medicamentos, dicha vinculación se extinguirá anticipadamente cuando concurra alguna de las causas de caducidad de la autorización de instalación y funcionamiento previstas en el artículo 40 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre.
En estos casos de extinción anticipada de la vinculación, el depósito quedará vinculado a la oficina de farmacia seleccionada en segundo lugar en la convocatoria y por el plazo que reste hasta el vencimiento del previsto en la misma.
4. Los citados depósitos desarrollarán su actividad bajo la responsabilidad directa de una persona farmacéutica de la oficina de farmacia a la que estén vinculados, asistido por el personal técnico necesario. La ratio de dedicación, para cada profesional, será, al menos, de 25 minutos para el primero y de 35 minutos para el segundo, por cama y mes.
Artículo 6. Procedimientos de actuación.
1. Los compromisos de gestión suscritos por un centro sociosanitario residencial con un centro hospitalario o una oficina de farmacia, a los que se refieren los artículos 3, 4 y 5, especificarán las siguientes actuaciones:
a) Procedimientos de trabajo para el suministro, almacenamiento, distribución y administración de medicamentos.
b) Instrucciones necesarias para la conservación, accesibilidad, disponibilidad y reposición de los medicamentos, con una particular atención y riguroso control de los medicamentos estupefacientes y psicótropos y cualquier otro de especial control.
c) Procedimientos de trabajo para el acondicionamiento de medicamentos en los sistemas personalizados adoptado.
d) Protocolos de intervención farmacéutica para la detección y seguimiento de los problemas relacionados con los medicamentos.
e) El Sistema de información para la gestión de la prescripción, dispensación y seguimiento de las intervenciones farmacéuticas.
f) Un Plan de contingencias, especialmente para situación de emergencia.
2. Los servicios de farmacia de hospital y oficinas de farmacia, realizarán, como mínimo, las siguientes actuaciones, en relación con los depósitos de medicamentos de centros sociosanitarios residenciales que tengan vinculados:
a) Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, de la calidad, correcta conservación, cobertura de las necesidades, custodia, preparación de fórmulas magistrales o preparados oficinales y dispensación de los medicamentos precisos para atender los tratamientos de las personas residentes en los centros.
b) Establecer sistemas eficaces y seguros de dispensación de medicamentos y productos sanitarios, que garanticen su mejor utilización y el cumplimiento del tratamiento.
c) Custodiar y dispensar los productos en fase de investigación clínica, así como velar por el cumplimiento de la legislación sobre estupefacientes y psicótropos o de cualquier otro medicamento que requiera un control especial.
d) Establecer un servicio de información de medicamentos para todo el personal sanitario del centro residencial y colaborar con los sistemas de farmacovigilancia.
e) Colaborar en los programas relacionados con la utilización en estos centros de productos dietéticos y velar por su uso racional.
f) Integrarse en el equipo multidisciplinario de los centros para lograr una atención integral, dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas residentes.
g) Colaborar en el desarrollo de cuantas otras actuaciones y programas se implementen por la Administración Sanitaria para garantizar el uso racional y seguro de los medicamentos y productos sanitarios.
h) Llevar a cabo actividades de promoción, prevención de la salud y educación sanitaria sobre cuestiones de su competencia dirigidas al personal y a las personas acogidas de los centros sociosanitarios residenciales.
Artículo 7. Sistemas de gestión informatizada.
1. Los centros sociosanitarios residenciales con servicios de farmacia del artículo 3 o con depósitos de medicamentos del artículo 4, deberán disponer de aplicaciones ofimáticas que permitan el registro de todos los movimientos de los almacenes y los de prescripción y dispensación. Los datos registrados se trasladarán al servicio de farmacia del hospital del Servicio Andaluz de Salud al que estén adscritos o vinculados, para su introducción en sus sistemas de información corporativos de farmacia y de logística. La definición de los datos necesarios y el formato ofimático en que han de trasladarse se establecerán en los correspondientes compromisos de gestión.
2. Los centros sociosanitarios residenciales con servicios de farmacia del artículo 3 o con depósitos de medicamentos del artículo 4, deberán facilitar la implantación y utilización de las aplicaciones corporativas, de prescripción electrónica y gestión de farmacia que, en su caso, se puedan recoger en los correspondientes convenio o acuerdo, según proceda, para lo cual recibirán la adecuada formación y asesoramiento.
Artículo 8. Obligaciones de las entidades titulares de los centros sociosanitarios residenciales.
Las obligaciones de las entidades titulares de los centros sociosanitarios residenciales serán las siguientes:
a) Permitir a las personas profesionales responsables del control y dispensación de los medicamentos y productos sanitarios el acceso a las instalaciones para el ejercicio de sus funciones, preservando su independencia funcional en el desempeño de las mismas.
b) Comunicar al Servicio Andaluz de Salud, en la forma que se establezca en el correspondiente convenio, la fecha de ingreso en el centro y el régimen de cama ocupada de las personas residentes con derecho a prestación farmacéutica, así como la fecha y causa de baja en el plazo máximo de cinco días desde que se produzca el hecho causante.
c) Poner en conocimiento del Servicio Andaluz de Salud, en la forma que se establezca en el correspondiente convenio, la incorporación y el cese del personal facultativo autorizado para la utilización de recetas, conforme al apartado 2 del artículo 9.
d) Responder directamente de la correcta custodia y conservación del equipamiento, medicamentos y productos sanitarios depositados en los centros, sin perjuicio de las responsabilidades técnicas de los servicios hospitalarios y oficinas de farmacia vinculadas.
Artículo 9. Prescripción de medicamentos y de productos sanitarios.
1. Las personas profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, cuando prescriban medicamentos y productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica, para el tratamiento de pacientes residentes en los centros sociosanitarios residenciales a que hace referencia el artículo 1, deberán hacerlo en el sistema de prescripción electrónica (Receta XXI) y, en caso de no poder acceder a éste, en el modelo de receta médica oficial u orden enfermera de dispensación en soporte papel. En dichos documentos se identificará el uso diferenciado y específico al que se destina el medicamento o producto sanitario mediante la leyenda: orden de dispensación de centros sociosanitarios residenciales o sus siglas O.D.C.S.S.R. Estos documentos, a efectos de prestación farmacéutica, no tienen la consideración de receta médica oficial sino de orden interna de dispensación.
2. El personal facultativo de los centros sociosanitarios residenciales, que cuenten con depósito de medicamentos al que hacen referencia los artículos 4 y 5, podrá ser expresamente autorizado, por el órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en la forma que se establezca en los correspondientes convenio o acuerdo, según proceda, para la utilización de los citados modelos de prescripción, tanto en soporte electrónico como en papel, para el mantenimiento de los tratamientos a que hace referencia el apartado anterior y los derivados del ejercicio de sus propias funciones. Sus prescripciones se realizarán con los mismos requisitos establecidos en el párrafo anterior.
3. Los servicios de farmacia de los hospitales a los que estén vinculados o adscritos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 3 y 4, servicios de farmacia o depósitos de medicamentos de centros sociosanitarios residenciales, tendrán pleno acceso al sistema de receta electrónica e igualmente serán los receptores de las órdenes internas de dispensación en soporte papel que el personal facultativo emita conforme a lo previsto en los apartados anteriores.
Artículo 10. Dispensación de medicamentos y de productos sanitarios.
1. En los servicios de farmacia del artículo 3 y en los depósitos de medicamentos del artículo 4, la dispensación de medicamentos a las personas residentes a que hace referencia el artículo 1, se llevará a cabo por un sistema de unidosis. La dispensación de los productos sanitarios se realizará, de la forma personalizada, más adecuada a cada producto. En ambos casos, deberá quedar registro de la identidad de la persona perceptora de los mismos.
2. En los depósitos de medicamentos del artículo 5, la dispensación de medicamentos será mediante el sistema personalizado de dosificación más apropiado a la situación del paciente, a partir de las presentaciones comerciales que tengan el precio por unidad más bajo, sean envases clínicos o envases normales, cuando la prescripción haya sido realizada por principio activo. La dispensación de los productos sanitarios se realizará, de la forma personalizada, más adecuada a cada producto. En ambos casos, deberá quedar registro de la identidad de la persona perceptora de los mismos.
Artículo 11. Suministro directo de medicamentos y productos sanitarios.
1. El suministro directo de medicamentos y productos sanitarios a los servicios de farmacia del artículo 3 y a los depósitos de medicamentos del artículo 4, necesarios para atender los tratamientos de las personas residentes del artículo 1, será realizado por el hospital del Servicio Andaluz de Salud al que se encuentren adscritos o vinculados, respectivamente.
2. El suministro directo de medicamentos y productos sanitarios a los depósitos de medicamentos del artículo 5, se realizará por las oficinas de farmacia a la que estén vinculados.
Artículo 12. Facturación de las oficinas de farmacia.
La facturación al Servicio Andaluz de Salud de las oficinas de farmacia con depósitos de medicamentos vinculados, derivada de la dispensación farmacéutica prestada, se efectuará conforme a lo previsto al respecto en el Concierto, vigente en cada momento, entre dicha Agencia administrativa y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia de Andalucía.
Artículo 13. Carácter de la prestación.
Conforme a lo previsto en el artículo 8 bis.1. de la Ley 16/2003, de 18 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la prestación farmacéutica realizada en los centros sociosanitarios residenciales a que se refiere el artículo 1, está incluida entre las actividades asistenciales de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, cubiertas de forma completa por financiación pública.
El tratamiento de datos personales en la aplicación y desarrollo de las medidas previstas en el presente Decreto se ajustará a lo establecido en la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
Disposición adicional segunda. Inscripción en la Base de Datos de Usuario.
La base de datos de usuarios (BDU) del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en relación con las personas residentes en un centro residencial de los definidos en el artículo 2 que tengan derecho a la prestación farmacéutica, registrará los datos de identificación de dicho centro a fin de poder gestionar la prestación farmacéutica en los términos establecidos en este Decreto.
Disposición adicional tercera. Autorización de los Servicios de Farmacia y Depósitos de medicamentos.
El régimen de autorización de los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos, es el previsto en el Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los procedimientos de las Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.
Disposición adicional cuarta. Dotación de medios personales y materiales.
1. La dotación del personal necesario para el desarrollo de la actividad de los servicios de farmacia del artículo 3, será a cargo de las entidades titulares de los centros sociosanitarios residenciales; la de los depósitos de medicamentos del artículo 4, se efectuará por el Servicio Andaluz de Salud, con personal propio, adscrito a los servicios de farmacia de los hospitales a los que estén vinculados; y la de los depósitos de medicamentos del artículo 5, se efectuará por las oficinas de farmacia a las que se encuentren vinculados.
2. La dotación de locales, instalaciones y equipamiento de los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos de los centros sociosanitarios residenciales a que se refiere este Decreto y los gastos que origine su mantenimiento, correrán a cargo de sus entidades titulares.
Disposición adicional quinta. Núcleos de población aislados.
1. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 5.2, las oficinas de farmacia que radiquen en núcleos de población aislados, con menos de 1.000 habitantes, y vinieran atendiendo a centros sociosanitarios residenciales con cincuenta o menos camas, podrán continuar realizando dicha atención si así lo solicitan y acreditan dicha atención a esos centros durante un período mínimo de 1 año anterior a la entrada en vigor de este Decreto. El centro sociosanitario residencial también habrá de mostrar su conformidad a que continúe dicha prestación por esa oficina de farmacia.
La selección de esas oficinas se farmacia se realizarán de acuerdo con el procedimiento, previsto el artículo 5, que convoque el Servicio Andaluz de Salud.
2. La duración de la vinculación, como excepción a lo dispuesto en el artículo 5.3, podrá ser durante un período máximo de 10 años, siempre y cuando durante este período se mantenga el mismo titular o en su caso la totalidad de los cotitulares de dicha oficina de farmacia, quedando sin efecto la citada vinculación en caso de cambio de titular o de alguno de los cotitulares de la oficina de farmacia.
1. Se establece un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día de la entrada en vigor de este Decreto, para la formalización de los convenios contemplados en los artículos 3 y 4. Si dicha formalización no se lleva a término será de aplicación el régimen sancionador previsto en la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía.
A partir de la fecha de los citados convenios, se establece un plazo máximo de tres meses para que los correspondientes servicios de farmacia de hospital inicien el suministro y, en su caso, dispensación, a los servicios de farmacia del artículo 3 y a los depósitos de medicamentos del artículo 4 que le resulten adscritos o vinculados, previa formalización de los compromisos de gestión contemplados en los citados artículos.
2. Se establece un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día de la entrada en vigor de este Decreto, para la convocatoria del procedimiento de selección de oficina de farmacia a vincular a cada uno de los depósitos de medicamentos del artículo 5.
A partir de la fecha de la correspondiente resolución de vinculación a que se refiere el artículo 5.3, se establece un plazo máximo de tres meses para que las citadas oficinas de farmacia inicien el suministro y dispensación a los depósitos de medicamentos que le resulten vinculados, previa formalización de los compromisos de gestión contemplados en dicho artículo.
Se faculta a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de salud para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto y al órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para su cumplimiento, y en particular para modificar los Anexos.
CONVENIO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y ….......................................(la entidad)
En Sevilla, a ....… de …....................….. de …....
De una parte, D./D.ª …….........................………………………, Director/a Gerente del Servicio Andaluz de Salud, en ejercicio de las competencias que le atribuye el Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.
Y de otra, D./D.ª ……………………...........................................……………
□ Como representante legal de .............…...................... (la entidad) , con DNI ..........................…., en virtud de escritura de poder otorgada ante el Notario de ……........……. en fecha ............. (núm. protocolo ....................).
□ Como ................................................... (cargo del firmante y entidad pública) , actuando en su nombre y representación en virtud de ................................................ (norma habilitante, acuerdo o delegación de competencias que legitimen al firmante).
(cumplimentar la opción que proceda)
Ambas partes, con capacidad legal suficiente y poder bastante para la suscripción del presente Convenio.
1. Que el Servicio Andaluz de Salud tiene entre sus competencias, la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, para las personas con derecho a la misma.
2. Que …..................................................(la entidad) es titular del centro sociosanitario residencial denominado …...................… y sito en ........................… (dirección y municipio), con (núm.) .....…. camas, el cual se encuentra debidamente autorizado para su funcionamiento, con inscripción (núm.) …....... en el Registro General de Centros de la Consejería de Salud.
3. Que conforme a lo dispuesto en el Decreto …./2015, de ..../..../…., de prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios residenciales de Andalucía, ambas partes vienen obligadas a suscribir el Convenio previsto en el mismo, para la adscripción del servicio de farmacia del citado centro sociosanitario al servicio de farmacia de un hospital del Servicio Andaluz de Salud.
En su virtud, el Servicio Andaluz de Salud y ........................… (la entidad), formalizan el presente Convenio, con arreglo a las siguientes
El presente Convenio se rige por lo previsto en el Decreto …./2015, de ..../..../…., y por sus propias cláusulas, al tratarse de relación jurídica excluida expresamente por el artículo 4.1.d) de la Ley de Contratos del Sector Público.
Es objeto del presente Convenio formalizar la adscripción del servicio de farmacia del centro sociosanitario residencial ...................….. (nombre) al servicio de farmacia del hospital ..............................................….. (nombre)
Tercera. Obligaciones de la entidad.
...............................….. (nombre), como entidad titular del centro sociosanitario residencial …........................ (nombre) se obliga a cumplir con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Decreto …./2015, de ..../..../…., , y en particular:
1. Facilitar la implantación y utilización de las siguientes aplicaciones informáticas corporativas:
- ..........................................…
2. Comunicar al Servicio Andaluz de Salud (Subdirección de Prestaciones) la fecha de ingreso en el centro sociosanitario residencial y el régimen de cama ocupada de las personas residentes con derecho a prestación farmacéutica, así como la fecha y causa de baja en el plazo máximo de cinco días desde que se produzca el hecho causante.
a) La comunicación se realizará mediante escrito, firmado por la persona responsable del centro sociosanitario residencial, vía (fax, correo electrónico, …).
b) Los datos que deberán constar en el escrito son:
- Fecha alta/baja.
- Causa (si procede).
- NUSS (Número Usuario de Seguridad Social) o NUHSA (Número Único de Historia de Salud de Andalucía) de la persona residente.
- Núm. inscripción del centro sociosanitario residencial.
Cuarta. Procedimientos de actuación.
Las actuaciones a seguir por el centro sociosanitario residencial y sus profesionales, relacionados con el suministro de medicamentos de su servicio de farmacia, se ajustarán a los procedimientos especificados en el compromiso de gestión a suscribir entre la persona responsable de la gestión del centro sociosanitario residencial con el/la Director/a Gerente del hospital ...............................….. (nombre), que se adjuntará posteriormente a este convenio.
a) Tras la firma del Convenio, se constituirá la Comisión Mixta paritaria, presidida por el Subdirector de Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud, o persona en quien delegue.
b) La Comisión Mixta, además de su presidente, la componen un representante del Servicio Andaluz de Salud y dos representantes de ..................................…. (la entidad). Actuará como Secretario/a de la misma, un/a funcionario/a del Servicio Andaluz de Salud, con voz pero sin voto.
c) La Comisión Mixta tiene como funciones el seguimiento y la resolución de cuantas cuestiones y dudas puedan plantearse en la interpretación y ejecución del Convenio.
d) La Comisión Mixta podrá establecer sus normas internas de funcionamiento, debiéndose reunir cuando lo solicite alguna de las partes, y en todo caso, cuando concurran alguna de las circunstancias previstas en las cláusulas séptima y octava del Convenio. Asimismo, deberá levantar acta de todas las reuniones por escrito con la firma de las personas representantes de ambas partes, en la que consten los acuerdos alcanzados, que, en caso de empate, será resuelto con el voto de calidad del presidente.
El presente Convenio surtirá efectos el día de su firma y tiene un plazo de duración de dos años.
Solo se podrá modificar el presente Convenio cuando se produzca sucesión en la persona jurídica de .................................................… (la entidad), que deberá acreditarse documentalmente ante la Subdirección de Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud.
Es causa de resolución:
La imposibilidad sobrevenida de cumplir la finalidad prevista en el Decreto …./2015, de ..../..../…..
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD REPRESENTANTE/................ (cargo)
DE …..................… (la entidad)
Fdo.: ……………….........................…..............…… Fdo.: ……................………………………............................…….
CONVENIO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y …....................................... (la entidad)
□ Como representante legal de .............…...................... (la entidad), con DNI ..........................…., en virtud de escritura de poder otorgada ante el Notario de ……........……. en fecha ............. (núm. protocolo ....................).
□ Como .................................................... (cargo del firmante y entidad pública), actuando en su nombre y representación en virtud de .................................................. (norma habilitante, acuerdo o delegación de competencias que legitimen al firmante)
2. Que ........................................................… (la entidad) es titular del centro sociosanitario residencial denominado …................................… y sito en …......................… (dirección y municipio) , con (núm.) ......…. camas, el cual se encuentra debidamente autorizado para su funcionamiento, con inscripción (núm.) .......… en el Registro General de Centros de la Consejería de Salud.
3. Que conforme a lo dispuesto en el Decreto …./2015, de ..../..../…., de prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios residenciales de Andalucía, ambas partes vienen obligadas a suscribir el Convenio previsto en el mismo, para la vinculación del depósito de medicamentos del citado centro sociosanitario al servicio de farmacia de un hospital del Servicio Andaluz de Salud.
En su virtud, el Servicio Andaluz de Salud y ....................… (la entidad), formalizan el presente Convenio, con arreglo a las siguientes
El presente Convenio se rige por lo previsto en el Decreto …./2015 de ..../..../…., y por sus propias cláusulas, al tratarse de relación jurídica excluida expresamente por el artículo 4.1.d) de la Ley de Contratos del Sector Público.
Es objeto del presente Convenio formalizar la vinculación del depósito de medicamentos del centro sociosanitario residencial ...................….. (nombre) al servicio de farmacia del hospital .......................….. (nombre).
.....................................….. (Nombre), como entidad titular del centro sociosanitario residencial ......................…. (nombre) se obliga a cumplir con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Decreto …./2015, de ..../..../…., y en particular:
a) ...........................................…
b) ...........................................…
i. Fecha alta/baja.
ii. Causa (si procede).
iii. NUSS (Número Usuario de Seguridad Social) o NUHSA (Número Único de Historia de Salud de Andalucía) de la persona residente.
iv. Núm. inscripción del centro sociosanitario residencial.
3. En caso de contar con personal facultativo autorizado para la utilización de los modelos oficiales de prescripción, el centro pondrá en conocimiento del Servicio Andaluz de Salud la incorporación y el cese de cada uno de ellos. La comunicación se realizará conforme a lo dispuesto en el apartado 2.a de esta cláusula.
1. Las actuaciones a seguir por el centro residencial y sus profesionales, relacionados con el funcionamiento del depósito de medicamentos, se ajustarán a los procedimientos especificados en el compromiso de gestión a suscribir entre la persona responsable de la gestión del centro sociosanitario residencial con el/la Director/a Gerente del Hospital ...............................................….. (nombre), que se adjuntará posteriormente a este convenio.
2. Si el centro sociosanitario residencial está interesado en que sus facultativos, con dedicación exclusiva al centro, puedan utilizar los modelos oficiales de prescripción del Servicio Andaluz de Salud, deberá remitir escrito a tal efecto, firmado por la persona responsable de la gestión del centro, a la Subdirección de Prestaciones del SAS. El escrito adjuntará la/s solicitud/es individualizada/s y firmada/s por cada facultativo, dirigida/s a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS, con los siguientes contenidos:
- Núm. colegiado.
- Declaración expresa del compromiso de prescripción exclusiva para las personas residentes del centro sociosanitario residencial con derecho a prestación farmacéutica y con sujeción a las orientaciones y programas de Uso Racional del Medicamento del Servicio Andaluz de Salud.
b) La Comisión Mixta, además de su presidente, la componen un representante del Servicio Andaluz de Salud y dos representantes de ................................…. (la entidad). Actuará como Secretario/a de la misma, un/a funcionario/a del Servicio Andaluz de Salud, con voz pero sin voto.
Solo se podrá modificar el presente Convenio cuando se produzca sucesión en la persona jurídica de ...........................................… (la entidad), que deberá acreditarse documentalmente ante la Subdirección de Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud.
Novena. Cuestiones litigiosas
REPRESENTANTE/................ (cargo)
Fdo.: ……………….............................................……… Fdo.: ……................………….....................………………….

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Artículo 3
artículo 6
artículo 55
artículo 55
artículo 6
artículo 11
Artículo 4
artículo 3
artículo 6
artículo 55
artículo 55
artículo 6
Artículo 5
resolución
artículo 40
Artículo 6
Artículo 7
artículo 3
artículo 4
artículo 3
artículo 4
Artículo 8
artículo 9
Artículo 9
artículo 1
Artículo 10
artículo 3
artículo 4
artículo 1
artículo 5
Artículo 11
artículo 3
artículo 4
artículo 1
artículo 5
Artículo 12
Artículo 13
artículo 8
artículo 1
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artículo 3
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artículo 5
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text:
Sección II § 1º Del saneamiento en caso de evicción
Título V De la Venta
Capítulo IV De las obligaciones del vendedor
Sección II Del Saneamiento
Código Civil Artículo 1504
Categoría: Sección II § 1º Del saneamiento en caso de evicción
Código Civil Artículo 1504 Aunque en el contrato de venta no se haya estipulado el saneamiento, el vendedor responderá al comprador de la evicción que le prive de, todo o parte de la cosa vendida, y de las cargas con que se pretenda gravarla, que no hayan sido declaradas en el contrato.
Código Civil Artículo 1505
Código Civil Artículo 1505 Los contratantes pueden, por convenios particulares aumentar o disminuir el efecto de esta obligación legal, y convenir también en que el vendedor quede libre de ella
Código Civil Artículo 1506
Código Civil Artículo 1506 Aunque se haya estipulado que el vendedor no quede obligado al saneamiento, responderá, sin embargo, del que resulte de un hecho que le sea personal. Toda convención contraria es nula.
Código Civil Artículo 1507
Código Civil Artículo 1507 Aunque se haya estipulado que el vendedor no queda obligado al saneamiento en caso de evicción deberá restituir el precio, a menos que el comprador hubiese tenido conocimiento del riesgo de la evicción en el momento de la venta o que haya comprado a todo riesgo.
Código Civil Artículo 1508
Código Civil Artículo 1508 Si se ha prometido el saneamiento o si nada se ha estipulado sobre él, el comprador que ha padecido la evicción tiene derecho a exigir del vendedor:
1º. La restitución del precio.
2º. La de los frutos, cuando está obligado a restituirlos al propietario que ha reivindicado la cosa.
3º. Las costas del pleito que haya causado la evicción y las del que hubiese seguido con el vendedor para el saneamiento en lo conducente.
4º. Los daños y perjuicios y los gastos y costas del contrato.
Si la restitución de frutos se hubiese impuesto al comprador, como poseedor de mala fe, cesará la obligación impuesta al vendedor en el número 2º de este Artículo.
Código Civil Artículo 1509
Código Civil Artículo 1509 Si al verificarse la evicción, la cosa vendida se halla disminuida en valor, o considerablemente deteriorada, ya sea por negligencia del comprador, ya por fuerza mayor, el vendedor está, sin embargo, obligado a restituir el precio integro.
Si el comprador ha sacado provecho de los deterioros que ha causado, el vendedor tiene derecho a retener una parte del precio equivalente a ese provecho.
Código Civil Artículo 1510
Código Civil Artículo 1511
Código Civil Artículo 1512
Código Civil Artículo 1513

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