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Un derecho negado, una responsabilidad eludida by Promsex - issuu
Un derecho negado, una responsabilidad eludida Comportamiento del Estado Peruano frente al aborto terapĂŠutico
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Pasaje Los Pinos 156, Oficina 804, Lima 18, Perú Teléfono: (511) 2430460 postmast@promdsr.org www.promsex.org
Autoras: Susana Chávez y Rossina Guerrero Acopio de información: Rosa Cisneros Edición y corrección de estilo: Rosa Cisneros Diseño y diagramación: Julissa Soriano Impresión: Carmen Palomeque Hecho depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2007-07499 ISBN: 978-9972-2772-4-5 Primera edición, Agosto 2007 Lima - Perú Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de: International Planned Parenhood Federation Región del Hemisferio Occidental IPAS International Women’s Health Coalition Planned Parenthood Federation of America, Inc. International
U n d e r e c h o n e g a d o, u n a r e s p o n s a b i l i d a d e l u d i d a
1.1	Consideraciones sobre el aborto legal	1.2	El aborto terapéutico en el marco de los acuerdos internacionales
2.1	Breve historia del aborto terapéutico en el Perú	2.2	Opiniones sobre el aborto terapéutico	2.3	¿Que dice la población?
3.1	Aplicación del aborto terapéutico en el Perú: Una ruta tortuosa	3.2	La acción ciudadana para garantizar el acceso al aborto legal: La lucha por la implementación de protocolos
4.1	¡El aborto terapéutico salva vidas! 4.2	Condiciones de salud de la mujer gestante que pudiera ameritar indicación de aborto terapéutico
Desde 1924 en que el Código Penal admitió la interrupción del embarazo en casos en que la vida de la gestante estuviera en riesgo o si su salud pueda sufrir un daño grave y permanente, ha habido un largo silencio en torno a este tema. La falta de dispositivos que precisen los alcances de la norma limitó el derecho de muchas mujeres a acceder al aborto legal para proteger su vida y su salud, y restringieron a los médicos la posibilidad de desarrollar una práctica sanitaria necesaria, acorde con sus obligaciones y los principios de la ética médica y los derechos humanos. De allí que la reglamentación del aborto terapéutico haya sido para diferentes organizaciones que promueven los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la población, una apuesta que ha demandado una larga lucha. Este documento recoge el camino recorrido por las referidas organizaciones ciudadanas, entre las que se encuentran también actores relacionados con la provisión de los servicios públicos de salud. Desde hace un tiempo, hay en el sector médico, principalmente entre los y las gineco-obstetras una creciente preocupación en torno a los eventos que afectan la salud reproductiva de las mujeres y que contribuyen a la alta tasa de mortalidad materna que se registra en el país. En ese sentido, el aborto es uno de los aspectos que concitan especial atención, por ser un problema con múltiples aristas, que no sólo involucra a las mujeres, sino también a los operadores del sector salud. Como parte de su compromiso con el tema, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG) ha asumido desde hace varios años el liderazgo que le corresponde, no sólo para promover la reflexión y el En el Perú fallecen 185 mujeres por cien mil nacidos vivos. Es el tercer país con más alta tasa de mortalidad materna en América, después de Bolivia y Haití.
intercambio de información, sino también para elaborar propuestas acordes con el desarrollo científico, en el marco de los derechos humanos.. A partir de ese proceso la SPOG ha tomado posición por los derechos de las mujeres y ha establecido sinergias con otras sociedades médicas para establecer un perfil clínico para la realización del aborto terapéutico Más recientemente, el Colegio Médico del Perú, siguiendo la ruta marcada, convocó a todos los decanos regionales para discutir, entre otros aspectos de salud sexual y reproductiva, el tema del aborto terapéutico, bajo el enfoque de que es un derecho de las mujeres y por lo tanto, es una obligación de los médicos, proveer la interrupción del embarazo, cuando la salud y la vida de la mujer gestante, corren peligro. Como resultado de este evento, el Colegio Médico, también viene demandando a que el MINSA acelere la aprobación de una guía nacional para normar ese procedimiento y plantea, además, incorporar en la normatividad existente el aborto legal en casos de violación sexual y de malformaciones congénitas graves o incompatibles con la vida. La voz autorizada de organizaciones que promueven y defienden los derechos sexuales y reproductivos de la población, constituye un valioso aporte a la consolidación de la democracia en nuestro país frente a la acción de sectores conservadores que desde sus posturas confesionales buscan interferir con las políticas de Estado.
SPOG, Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos; Taller de Sociedades Médicas para identificar el perfil clínico para el aborto terapéutico. Lima 13 de Agosto del 2005.
Colegio Médico del Perú, Consejo Nacional. I Taller Nacional sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Lima 21 y 22 de marzo del 2007. Perú
1.1	Consideraciones sobre el aborto legal 1.2	El aborto terapĂŠutico en el marco de los acuerdos internacionales PROMSEX
1 1.1 Consideraciones sobre el aborto legal En muchos casos, la gestación puede constituirse en un grave riesgo para la vida o la salud física y mental de la mujer. Frente a esta realidad, la mayoría de los países del mundo permiten la interrupción del embarazo en ciertas circunstancias. Según Naciones Unidas, el 98% de países permite la interrupción del embarazo para salvar la vida de las mujeres; el 65% para preservar su salud física; el 62% para preservar su salud mental; el 43% en casos de violación o incesto y el 39% en situaciones de malformación fetal.
salvar la
preservar e incesto
econó-
micas y
Todos los p a í s e s d e l m u n d o ( 1 9 3 p a í s e s ) Permitido
P aíses des a r r o l l a d o s ( 4 8 p a í s e s ) Permitido No permitido
P aíses en d e s a r r o l l o ( 1 4 5 p a í s e s ) Permitido
Fuente: Naciones Unidas
*Se ha incluido información de Nicaragua, en donde se derogó la ley que permitía el aborto terapéutico, y de Colombia, que incorporó en su legislación el aborto legal en casos de riesgos de salud de la mujer (en los aspectos físico y psicológico), daños fetales incompatibles con la vida y violación. WHO. Unsafe Abortion: Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2000. Geneve: WHO, 2004.
En el Perú, el aborto terapéutico es el único que permite la ley en situaciones en que la vida de la gestante está en riesgo o su salud enfrenta el peligro de un daño grave y permanente. En consecuencia, este procedimiento debería darse en condiciones de seguridad y bajo los estándares mundialmente aceptados, puesto que nuestro país ha suscrito diversos acuerdos internacionales que lo obligan a garantizar los derechos humanos de la población y de las mujeres en específico. (Ver más adelante El aborto terapéutico en los tratados internacionales).
1 En la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada en 1999 para evaluar la implementación de las recomendaciones de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (1994), los gobiernos participantes acordaron que “en circunstancias donde el aborto no sea ilegal, los sistemas de salud deben entrenar y equipar a los proveedores de los servicios de salud y tomar otras medidas para asegurar que los abortos sean seguros y accesibles. Deben tomarse medidas adicionales para salvaguardar la salud de las mujeres.” (Naciones Unidas 1999, párrafo 63.iii). La realidad en nuestro país demuestra que no es suficiente la existencia de la ley para permitir el acceso al aborto legal, pues éste aún es muy restringido, entre otros motivos, por la ausencia de una reglamentación que especifique quiénes pueden someterse a esa intervención y bajo qué procedimientos, así como por la escasa información que aún tienen las mujeres, que no conocen este derecho. Esta falta de reglamentación hace que el Estado niegue sistemáticamente el derecho de las mujeres y debilite el sistema sanitario, porque como resultado de esta situación: -	La mayoría de proveedores de salud no están debidamente capacitados y los pocos que hay, están concentrados en un número reducido de establecimientos, hecho que hace inaccesible el derecho de las mujeres a acceder al aborto legal en condiciones de calidad. -	Hay escaso conocimiento por parte de los proveedores acerca de su obligación de ofrecer atención de aborto legal en un marco de calidad de atención y de derechos humanos de las mujeres. -	No hay una estandarización de tecnologías y procesos actualizados y seguros para la interrupción legal del embarazo. -	La implementación y equipamiento de los establecimientos de salud es inadecuada. -	No se dispone de los insumos necesarios para la intervención.
Todos estos impedimentos pueden ser resueltos con una voluntad política clara de las autoridades de salud para garantizar los derechos reproductivos y los derechos sexuales de las mujeres, lo que se traduce en la aprobación y aplicación de dispositivos que regulen el aborto terapéutico en los establecimientos de salud y en el fortalecimiento de capacidades de su personal, con el fin de remontar las limitaciones mencionadas. De esa manera se podrá dar cumplimiento a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dispone que los servicios de aborto terapéutico, además del procedimiento clínico, deben ofrecer previamente una asesoría que permita a las mujeres tomar una decisión libre e informada, así como consejería y amplia información sobre métodos anticonceptivos prevenir futuros embarazos no deseados y a reducir la necesidad de abortos. En tal sentido, los servicios de aborto legal sin riesgos requieren estar disponibles y ser suministrados por profesionales de la salud entrenados y apoyados por políticas, regulaciones y una infraestructura del sistema de salud, incluyendo equipamiento e insumos.
Aborto Sin Riesgo, Guía Técnica y de Políticas para Sistemas de Salud OMS, 2003, p. 90.
1 1.2 El aborto terapéutico en el marco de los acuerdos internacionales Diferentes acuerdos y convenciones internacionales suscritos por el Estado Peruano, respaldan la aplicación del aborto terapéutico, la única forma legal de interrupción del embarazo que existe en la normatividad nacional . - La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Artículo 12, señala que el Estado deberá adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la atención médica. Asimismo, en la supervisión de cumplimiento, señala que se produce discriminación contra las mujeres cuando se les niega servicios aduciendo razones de conciencia, sin ofrecerles alternativas viables. - El Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (1994) señala que el Estado debe garantizar el aborto, en circunstancias en que no es contrario a la ley, y que este procedimiento debe realizarse en condiciones apropiadas y oportunas. (Capítulo VIII C Salud de la mujer y maternidad sin riesgo). - La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), señala medidas que deben tomar los estados para que los abortos que no sean contrarios a la ley sean atendidos en condiciones adecuadas. (Plataforma de Acción Mundial. Párrafo 106 - K). - En su 37º Sesión, realizada entre el 15 de enero y el 2 de febrero de 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, con relación al VI Informe periódico del Perú expresó su preocupación por el hecho de que en nuestro país el aborto ilegal continúe siendo una de las causas principales de la alta tasa de mortalidad materna y advierte que la interpretación restrictiva del Estado parte respecto del aborto terapéutico, que es legal, puede conducir a que más mujeres recurran al aborto ilegal e inseguro. Más aún, agrega,
DADOR, Jennie. El aborto terapéutico. Documento en edición.
le preocupa que el Estado parte no haya cumplido con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos en KL versus Perú.
Asimismo, “urge al Estado parte a aumentar la provisión de información y servicios de planificación familiar a mujeres y niñas, incluyendo la anticoncepción de emergencia, y a promover la educación sexual ampliamente, particularmente en el currículo normal de educación orientado a niñas y varones adolescentes, con especial atención a la prevención del embarazo adolescente. El Comité también urge al Estado parte a brindar a las mujeres acceso a servicios de calidad para el manejo de complicaciones que surjan de abortos inseguros, a fin de reducir las tasas de mortalidad materna de las mujeres. El Comité urge al Estado parte a revisar la interpretación restrictiva del aborto terapéutico, que es legal, a poner mayor énfasis en la prevención del embarazo adolescente y a considerar la revisión de la ley relativa al aborto por embarazos no deseados con vista a retirar las disposiciones punitivas impuestas a las mujeres que se someten a abortos, en línea con la recomendación general 24 del Comité sobre mujer y salud, y la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. Más aún, el Comité hace un llamado al Estado parte para cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos en KL versus Perú.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Comentarios concluyentes a propósito del VI informe del Estado peruano. Párrafo 24.
Ídem. Párrafo 25.
2.1	Breve historia del aborto terapéutico en el Perú 2.2	Opiniones sobre el aborto terapéutico 2.3	¿Que dice la población?
2 2.1 Breve historia del aborto terapéutico en el Perú: •	En el Perú, el aborto terapéutico es legal desde 1924, en que fue incorporado en el Código Penal y se mantiene hasta la actualidad como la única forma de interrupción del embarazo permitida en nuestro país.
Artículo 119 del Código Penal (1991) “No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”.
•	La única reglamentación que existió el Perú con respecto al aborto terapéutico fue el Código Sanitario de1969, actualmente derogado. Esta norma, que regía para todo el ámbito nacional mencionaba sólo procedimientos administrativos: el aborto terapéutico podría practicarse con la opinión de dos médicos y con la aprobación del jefe del servicio respectivo. •	Al año siguiente, el Colegio Médico del Perú emitió la Resolución CMP/CN-20, del 4 de noviembre de 1970. Esta norma disponía que la atención del aborto terapéutico debería hacerse con la opinión de una junta médica de no menos de tres especialistas en el cuadro que presente la gestante. Si los especialista concluyeran que es procedente la interrupción del embarazo, ésta debía efectuarse en un hospital o clínica oficialmente reconocida”.
Artículos 2 y 3 de la resolución del 4 de noviembre de 1970.
•	La Constitución Política de 1993 asigna derechos al concebido, pero al mismo tiempo declara en su artículo 2, numeral 1: “Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”. En tal sentido, es necesario tener en cuenta que el embarazo puede traer una serie de riesgos a la salud e integridad física y mental de la gestante, que ameriten su interrupción. •	Durante los últimos años, el Ministerio de Salud ha desarrollado normas, guías y protocolos con respecto a la mayor parte de tópicos de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, en ninguno de estos instrumentos se alude a la atención del aborto terapéutico. Este vacío ha limitado el derecho de las mujeres peruanas a acceder a este procedimiento, que efectuado de manera oportuna puede salvar su vida y preservar su salud integral.
2.2 Opiniones sobre el aborto terapéutico Las sociedades médicas más importantes en el Perú y el mundo, y también el Colegio Médico del Perú, han tomado posición favorable a que se facilite el aborto terapéutico en condiciones seguras y adecuadas, en la medida que se trata de una práctica legal, y consideran que no atender estos casos sólo conduce a que las mujeres mueran, o de lo contrario enfermen seriamente y queden con secuelas invalidantes. Así lo consideran entidades como la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia (FLASOG) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) encargadas de dar líneas directrices a los especialistas de los diferentes países afiliados
2 Ambas Federaciones, concuerdan en que: “Existe un amplio consenso en el sentido de que el aborto es éticamente justificable cuando se efectúa por razones médicas para proteger la vida y la salud de la madre. La mayoría lo considera justificado en casos de incesto o estupro, así como cuando el feto está pronunciadamente mal formado o cuando la vida de la madre se vea amenazada por una u otra enfermedad grave”. Y dicen también: “El aborto nunca deberá promoverse como método de planificación familiar…. Las mujeres tienen derecho a elegir entre reproducirse o no, y en consecuencia, a tener acceso a métodos legales de contracepción seguros, eficaces, aceptables y a precios asequibles”. (Aspectos éticos de la Reproducción Humana y la Salud de la Mujer, de la FIGO. Noviembre de 2006) Por su parte, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología ha sentado posición con respecto a la necesidad de que la normatividad vigente, además de garantizar el acceso al aborto legal, ofrezca salidas a las mujeres que resultan embarazadas por violencia sexual, o a aquellas que gestan fetos con malformaciones incompatibles con la vida. Así lo señala en sus puntos 3 y 4 un comunicado del Consejo Directivo Ampliado de SPOG, publicado en febrero de 2003.
COMUNICADO DE LA SOCIEDAD PERUANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA SOBRE LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA 3.	Los dispositivos legales deben amparar el aborto terapéutico en caso de riesgo de la vida y la salud de la madre al persistir las condiciones y patologías que le dan origen, ya que no es cierto que la Ingeniería Genética haya resuelto la totalidad de los problemas de salud con relación al feto y menos aún a la madre. 4	Los dispositivos legales deberían contemplar la despenalización del aborto en casos de violación / incesto o malformaciones congénitas fetales incompatibles con la vida.
El Colegio Médico del Perú, en su I Taller Nacional sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, realizado en marzo de 2007, adoptó la siguiente posición con respecto al tema:
Posición del Colegio Médico del Perú frente al derecho de las mujeres a acceder al aborto terapéutico, por malformaciones congénitas incompatibles con la vida y por violación sexual10 1.	Los/as médicos/as de diferentes especialidades deben orientar a sus pacientes para que no se embaracen cuando tienen una patología que se puede agravar con el embarazo o esta patología puede agravar el curso del embarazo. 2.	El CMP apoya el derecho de las mujeres al aborto terapéutico; esto es, cuando el embarazo pone en riesgo su vida o puede ocasionarles daño grave y permanente. 3.	El CMP apoya el derecho de las mujeres a decidir por un aborto en casos de violación sexual (previamente denunciada), por cuanto su salud mental y su integridad personal están en riesgo, con la posibilidad de ocurrencia de muerte o daño grave y permanente. 4.	El CMP apoya el derecho de las mujeres a optar por un aborto por malformaciones congénitas graves ó incompatibles con la vida, por los graves daños que estas pueden ocasionar en su salud mental y eventualmente en su salud física. 5.	El CMP reconoce la existencia de barreras que limitan el acceso de las mujeres al aborto establecido en la ley: Desinformación de las pacientes, desinformación de los/as médicos/as, falta de normativas internas y ambigüedad de la ley. 6.	El CMP debe intervenir activamente para enfrentar las barreras identificadas, promoviendo la difusión de esta temática y la concertación con otras instituciones.
CMP. I Taller Nacional sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Relato Final. Lima, 2007
2 7.	El CMP debe promover la existencia de Protocolos para la atención del aborto terapéutico a nivel de los servicios de salud, a fin de cautelar de problemas éticos y legales a los profesionales. 8.	El CMP debe instruir a los colegiados acerca de la responsabilidad ética y legal que podría recaer en el profesional médico que se ha negado a realizar un aborto terapéutico y la paciente resulta muerta o con daño grave y permanente en su salud física o mental. 9.	Sin embargo el CMP reconoce también el derecho de los médicos a la objeción de conciencia, la que no debe ser aplicada a las instituciones de salud.
2.3 ¿Que dice la población? Los sondeos de opinión pública revelan cambios significativos en las formas de pensar de ciudadanas y ciudadanos respecto de los temas concernientes a los derechos sexuales y reproductivos. A diferencia de épocas anteriores, hoy en día las percepciones respecto del aborto ya no denotan actitudes de resistencia o rechazo generalizado. Los siguientes estudios del Barómetro Social de la Universidad de Lima, aplicados en tres años consecutivos dan cuenta de cómo ha ido evolucionando la opinión de las personas sobre el tema.
Nivel de aceptación del aborto en población de Lima Metropolitana y Callao 11 2005
Cuando peligra la vida o salud de la madre (aborto terapéutico)
En casos de violación
Malformaciones graves del feto
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005
cUando peligra la Vida o salUd de la Madre (aborTo TerapÉUTico) en casos de ViolaciÓn MalForMaciones graVes del FeTo
Información basada en resultados de Barómetro Social de la Universidad de Lima de 21-22 de mayo de 2005, de 2 de marzo de 2006 y 17-18 de febrero de 2007. 11
3.1	Aplicación del aborto terapéutico en el Perú: Una ruta tortuosa 3.2	La acción ciudadana para garantizar el acceso al aborto legal: La lucha por la implementación de protocolos PROMSEX
3 3.1 Aplicación del aborto terapéutico en el Perú: Una ruta tortuosa Los embarazos que ponen en riesgo la vida o la salud de la mujer, son una realidad que enfrentan las mujeres y los gineco obstetras. Gran parte de estos últimos, alguna vez se ha visto en la situación de decidir entre salvar la vida de la mujer, o dejar que continúe el embarazo a cualquier costo. La mayoría opta por lo primero, sin embargo, dada la penalización que pesa sobre el aborto en general, la inexistencia de normas claras y la deficiente información al respecto, hay una acusada tendencia de los profesionales de la salud a reportar los abortos terapéuticos como, abortos de fetos muertos, o simplemente, a no declararlos. De esta manera, se impide que se visibilice una práctica absolutamente legal, y lo que es peor, se perenniza el vacío que existe alrededor de ella y se impide que otras mujeres menos afortunadas, encuentren servicios garantizados de abortos legales y seguros. Dado el estigma que rodea a este tema, muy poco se conoce de la realidad que viven muchas mujeres peruanas a quienes se les niega el derecho al aborto legal para preservar su vida y su salud integral. En tal sentido, el caso de K.LL, que tuvo amplia repercusión en los medios de comunicación y motivó un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sentó un precedente importante para que las mujeres peruanas puedan ejercer sus derechos.
DICTAMEN Comunicación No. 1153/200312 7. El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto, considera que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación de los artículos 2, 7, 17 y 24 del Pacto. 8. De conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte tiene la obligación de proporcionar a la autora un recurso efectivo que incluya una indemnización. El Estado Parte tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro. 9. Teniendo presente que, por ser Parte en el Protocolo Facultativo, el Estado Parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a ofrecer un recurso efectivo y ejecutorio cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, información sobre las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento al presente dictamen. Se pide al Estado Parte asimismo que publique el dictamen del Comité.
Emitido el 24 de octubre de 2005.
noviembre2003-octubre2005
3 3.2 La acción ciudadana para garantizar el acceso al aborto legal: La lucha por la implementación de protocolos Desde hace varios años, organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la población, así como sectores representativos del gremio médico que comparten esa apuesta, han establecido alianzas para conseguir que se apliquen protocolos que regulen el aborto legal. Aquí las huellas de ese largo recorrido.
■	El 13 de noviembre de 2002, la adolescente KLL, representada por DEMUS, CLADEM y el Centro para los Derechos Reproductivos, interpuso una denuncia contra el Estado Peruano ante el Comité de Derechos Humanos. La demandante señalaba que se le había obligado a continuar con el embarazo de un feto anencefálico, pese a que ello colocaba en riesgo su salud mental y su salud física. ■	En el 2003, el Centro de la Mujer Flora Tristán, consultó mediante el acceso a la información pública, a los distintos hospitales de Lima si contaban con protocolos de atención de aborto terapéutico y cuántos casos habían atendido en los últimos tres años. La gran mayoría de establecimientos públicos de salud carecía de un marco que regule estos procedimientos y sólo uno declaró haber registrado un aborto terapéutico. ■	Ante ese vacío, el 6 y 7 de agosto de 2004, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG), convocó al taller Responsabilidad médica frente a la interrupción legal del embarazo, que tuvo como objetivo abrir entre los profesionales de la salud un espacio para la reflexión y la generación de propuestas frente a la vulneración de derechos que sufren las mujeres a quienes se les niega el acceso al aborto terapéutico. Como resultado de esta jornada de trabajo, se acordó elaborar un Protocolo que guíe el procedimiento de interrupción legal del embarazo, tomando como base los criterios esbozados en el Taller.
■	El 25 de abril de 2005, mediante Memorando 787/03/2005-DGSP/MINSA, el Ministerio de Salud remite al Ministerio de Justicia su posicionamiento sobre el caso K.LL., en el que, entre otros aspectos señala que, de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Salud de las Personas, “el feto anencefálico constituye no sólo un riesgo para la salud física y mental de la madre, sino, como se demuestra en este caso (K.LL) hay un daño moral y psicológico por el hecho de continuar con el embarazo”…”el aborto terapéutico del feto anencefálico hubiera evitado el grave daño psicológico que significó para K.LL dar a luz un bebe sin bóveda craneana, y más aún, amamantarlo.” ■	Poco tiempo después, en mayo de 2005, el Hospital San Bartolomé aprobó su Protocolo de manejo de casos para la interrupción legal del embarazo. ■	El 13 de agosto de 2005, con el fin de ampliar la discusión técnica del aborto terapéutico, la SPOG –con el auspicio del Colegio Médico del Perú– realizó un taller con nueve sociedades médicas peruanas. Producto de esta actividad se definió un perfil de entidades clínicas que podrían considerar por sus implicancias en la salud de la mujer, un aborto terapéutico. ■	El 24 de octubre de 2005, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió dictamen en el caso KLL vs. Perú, determinando que el Estado Peruano violó los derechos humanos de esta adolescente; y que tiene la “obligación de proporcionar a la autora un recurso efectivo que incluya una indemnización”, así como de “adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”, lo cual puede ser logrado, si se cuenta con una reglamentación o protocolo de aborto terapéutico.
enero2006-diciembre2006
3 ■	En enero de 2006, en atención al dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el caso de K.LL., la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, a pedido de la Ministra de Salud, Pilar Mazzetti, convocó a una comisión integrada por representantes de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y su Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos (que incluye a representantes de la sociedad civil) y a médicos gineco-obstetras de reconocida trayectoria miembros de los principales hospitales de Lima, incluyendo funcionarios clave del Instituto Nacional Materno Perinatal (Ex Maternidad de Lima), para que elaboren una propuesta de protocolo nacional para ser aprobado por el Ministerio de Salud. ■	En febrero de 2006, PROMSEX publicó un documento sobre anencefalia como diagnóstico para aborto terapéutico, elaborado por el doctor Luis Távara, el cual describe el impacto de esta anomalía en la salud física de la mujer gestante. ■	En febrero de 2006, el Hospital Belén de Trujillo, emite el Protocolo de manejo de casos para la interrupción legal del embarazo. Este documento incluye aspectos administrativos, médicos y legales para la atención de las mujeres que necesiten y soliciten este procedimiento. ■ El 7 de marzo de 2006, el Estado Peruano presenta su informe sobre el dictamen sobre el caso K. LL. ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este documento, elaborado por el Ministerio de Justicia, implícitamente cuestiona la decisión del Comité, al señalar que el marco jurídico nacional no autoriza expresamente el aborto terapéutico sobre un feto anencefálico, pero penaliza el aborto eugenésico, y que no existe jurisprudencia sobre este tipo de casos, ni una regulación legal especial. Esta respuesta contradice el informe del sector Salud y este cuestionamiento implica una violación al deber que tiene el Estado Peruano de cumplir de buena fe con lo establecido en los tratados internacionales. ■	El 30 de marzo del 2006, seis congresistas, de reconocida trayectoria anti derechos sexuales y reproductivos –Judith de La Mata, Elvira de la Puente, Carmen Hoyos, Luis Gasco, Luis Santa María y Manuel Noriega– envían una carta a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, presionándola para que se inhiba de emitir un protocolo nacional que regule el aborto terapéutico.
■	En abril de 2006, DEMUS pone a disposición un documento elaborado por la jurista Rosa Mavila León, titulado A propósito de la obligación de gestación y alumbramiento del feto anencefálico, el cual brinda argumentos jurídicos que respaldan la interrupción terapéutica de un embarazo con feto de las características señaladas. ■	Ante la inoperancia del Ministerio de Salud para dar pase a la aprobación del protocolo, el 2 de mayo de 2006, organizaciones de la sociedad civil cursaron una carta a congresistas de diversas bancadas expresando su preocupación por la falta de respuesta efectiva del Estado peruano respecto del caso de K. LL. y a la sentencia emitida por el Comité de Derechos Humanos, que dispone la aprobación de un protocolo la implementación del aborto legal. ■	El 11 de mayo de 2006 las mismas instituciones enviaron una carta a la ministra de Salud Pilar Mazzetti, en la que le solicitaban información sobre las acciones emprendidas para implementar un protocolo de atención del aborto terapéutico. El documento argumenta que la existencia de un protocolo constituiría una herramienta para que las mujeres cuyo embarazo deba ser interrumpido por razones terapéuticas tengan acceso a una práctica segura que protejan su vida y salud, y para que los médicos puedan actuar en un marco legal acorde con los derechos humanos. ■	El 15 de mayo de 2006 veinte organizaciones enviaron una carta al Presidente Alejandro Toledo demandando la implementación de las medidas señaladas en dictamen de Naciones Unidas frente al caso KLL versus Perú. ■	El 18 de mayo de 2006, la Defensora Adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, en respuesta a una queja formulada por PROMSEX, SPOG, CIES Y DEMUS, se dirige al vice ministro de Salud José Carlos Del Carmen Sara, a quien le señala su
preocupación por la no aprobación del protocolo del aborto terapéutico, y le hace un recuento de todos los compromisos del Estado peruano y sus implicancias con el cumplimiento del derecho a este tipo de servicios. El Viceministro responde con fecha 6 de junio mediante Oficio Nº 408-2006DVM/MINSA, que “el proyecto de Guía Clínica de Atención Integral de la Interrupción Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas, elaborado por un comité consultivo de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, conformado por profesionales expertos de sociedades científicas, ONG’s y el MINSA ha sido remitido para opinión del Instituto Materno Perinatal, el cual dentro de la estructura del Ministerio de Salud protocoliza el manejo de las patologías materno perinatales, mediante el desarrollo de la investigación y capacitación, proponiendo su aplicación a nivel nacional”. ■	El 1 de junio del 2006, faltando sólo un mes para la transferencia de gobierno, el Viceministro de Salud, José Carlos del Carmen Sara, envía una carta al Director del INMP, doctor Víctor Bazul Nicho, solicitando sus comentarios, que servirán para “orientar el accionar de la Alta Dirección” acerca de este tema. ■	El 5 de julio, el Director del Instituto Materno Perinatal, Víctor Bazul responde al pedido del Viceministro (1690-DG-INMP-06) y adjunta un documento con las sugerencias elaboradas por el Director Ejecutivo de Investigación y Docencia, que consisten principalmente en algunas precisiones técnicas, y no presenta objeciones a la propuesta de protocolo.
■	En este mismo periodo, se produce una denuncia pública, a través de Carlos Polo, representante del Population Research Institute (PRI), quien señala “que algunas organizaciones estarían presionando a funcionarios del INMP, para aprobar una normativa que atienda el aborto ilegal”. En este momento, se establece un periodo de silencio por parte del MINSA, pues era el primer semestre de funciones del nuevo gobierno. ■	El 12 de julio, El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-Perú), envía una carta a la Defensoría del Pueblo, exponiendo su preocupación por la resistencia del Estado peruano a aceptar el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso de K.LL. Asimismo, solicita que se haga seguimiento de la queja interpuesta, y que supervise al Ministerio de Justicia para que honre los deberes asignados por el Decreto Supremo 014-2000-JUS13, y en este sentido, cumpla con lo resuelto por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el caso de la mencionada adolescente.
Decreto que establece que “las decisiones, resoluciones o recomendaciones adoptadas en el marco de los procedimientos y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos de naturaleza no jurisdiccional, serán procesadas por el Estado de acuerdo a principios de buena fe, fiel observancia de los tratados respectivos y cooperación con las instancias de promoción y protección de derechos humanos” 13
3 ■	El 28 de Julio de 2006, con el cambio de gobierno, el nuevo ministro de Salud anuncia que la salud sexual y reproductiva está garantizada. Señala, además, que la anticoncepción oral de emergencia estará en la gama de métodos anticonceptivos y que el aborto terapéutico será uno de los temas que su sector atenderá. ■ En agosto del 2006, PROMSEX envía cartas de acceso a la información a 9 hospitales de Lima. Las respuestas indican que sólo uno de ellos contaba con un protocolo especializado para la atención del aborto terapéutico. ■ En setiembre del 2006, El Observatorio del Derecho a la Salud del Centro de Investigación Económica y Social (CIES), lanza la publicación Salud Mental y Aborto Terapéutico, de la destacada psiquiatra Marta Rondón, que hace un análisis sobre la necesidad de incorporar el componente de daño a la salud mental entre las consideraciones para la decisión del aborto terapéutico. ■ El 13 de octubre de 2006, la Universidad Cayetano Heredia, DEMUS, Flora Tristán, el Observatorio por el Derecho a la Salud del CIES, la SPOG y PROMSEX realizan el seminario Responsabilidad Estatal en materia de aborto terapéutico: Caso K.LL. Esta actividad buscó fomentar un diálogo interdisciplinario entre el Derecho, la Medicina (Psiquiatría, Ginecología y Obstetricia, principalmente) y la Psicología, en el tema de aborto terapéutico, y con ello generar un mejor entendimiento sobre el tema. ■	El 24 de octubre del 2006 la Mesa de Vigilancia Ciudadana de los Derechos Sexuales y Reproductivos envía una carta al Ministro de Salud, Carlos Vallejos, expresando preocupación por la demora en la aprobación del protocolo, hecho que perjudica a las mujeres más pobres y a los profesionales de la salud, que no
cuentan con una guía que les permita ofrecer atención bajo estándares adecuados de calidad. ■	El 8 de noviembre de 2006 se envía una nueva queja a la Defensora del Pueblo para que interceda ante el MINSA para concretar la emisión del protocolo. ■	Ante la insistencia de los periodistas el Ministro de Salud, señala que el aborto terapéutico es un tema “difícil” y que debe ser discutido muy ampliamente por diversos sectores de la sociedad. No hizo mención a lo que sus asesores ya conocían: que el INMP tenía el encargo de elaborar una norma nacional.
enero2007-junio2007 PROMSEX
3 ■	El 12 de enero de 2007, el ministro de la Producción Rafael Rey, en declaraciones a través de Radio Programas del Perú, en pleno debate público sobre el aborto terapéutico, afirmó “El aborto es el crimen más alevoso contra la persona más indefensa e inocente que es el niño en el vientre de la madre”14. ■	El 1 de febrero del 2007, en respuesta a la comunicación hecha por la Defensora Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, en la que expresa su preocupación por la no aprobación de los protocolos de atención de aborto terapéutico, el Viceministro de Salud, doctor Diego Fernández Espinosa, responde lo siguiente; “El Ministerio de Salud no ha estado ajeno a la preparación de la denominada Guía Clínica Integral de la Interrupción terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, pues en efecto, se ha avanzado en el proyecto de la misma, contando con opiniones y apoyo del INMP” y señala que ha considerado solicitar opinión especializada a un conjunto de sociedades médicas y que está en espera de las respuestas pendientes para culminar la redacción de la Guía. ■	En febrero de 2007, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología en un taller nacional ratifica su posición institucional sobre el aborto terapéutico. La SPOG considera que existen barreras que limitan el acceso a esta forma legal de interrupción del embarazo y recomienda desarrollar protocolos en las regiones del país, y brindar capacitación a los profesionales de salud. ■ En ese mismo mes, el Colegio Médico del Perú, en un taller nacional toma posición favorable al aborto terapéutico. Señala que promoverá la existencia de protocolos para su atención en los servicios de salud a nivel nacional, a fin de cautelar de problemas éticos y legales a sus afiliados. ■ El 7 de febrero de 2007, la Dirección del Instituto Materno Perinatal (Maternidad de Lima), después de una amplia discusión en todas las instancias y servicios del Instituto, emitió la Resolución Directoral N°031 -DG-INMP-07 que aprueba el
http://www.rpp.com.pe/portada/politica/61873_1.php
protocolo denominado Manejo integral de la interrupción terapéutica de la gestación menor de 22 semanas en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Su condición de Instituto Especializado y el hecho que la aprobación del protocolo se basa en un documento elaborado por el propio MINSA, podría permitir que este instrumento sea aplicado en todos los hospitales a nivel nacional. Sin embargo, la norma es clara en señalar que es de cumplimiento obligatorio para los profesionales de salud de dicho instituto. ■	Inicialmente, el Ministerio de Salud no se pronuncia, y dos semanas después, personal de ese sector desmiente que haya un protocolo nacional para aborto terapéutico.
3 ■	El 23 de febrero, el director del Instituto Nacional Materno Perinatal envía el Oficio Nº 0770DG-INMP-07 dirigido al Viceministro del Salud, indicando que mediante Oficio Nº 1690-DG-INMP06 de fecha 5 de julio de 2006, dicha institución remitió a su despacho un informe con apreciaciones sobre el Proyecto de Protocolo Nacional. Asimismo, hace entrega de la Directiva Manejo Integral de la Interrupción Terapéutica de la Gestación Menor de 22 semanas, aprobada el 7 de febrero de 2007 en el Instituto Materno Perinatal, señalando que ésta podría contribuir a la elaboración de una guía de aplicación nacional. ■ El 1 de marzo, en un reportaje titulado Aborto y tormenta, la revista Caretas del 1º de marzo de 2007 afirma que el ministro de la Producción, Rafael Rey, dirigió un oficio al canciller José Antonio García Belaúnde, en el que expresa su preocupación por el hecho que las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ante el caso K.LL, sean de carácter obligatorio y por lo tanto, sienten un precedente. El ministro Rafael Rey se negó a brindar declaraciones sobre el tema. Asimismo, la nota periodística da cuenta de las presiones de la congresista de Unidad Nacional, Fabiola Morales ante Torre Tagle, para que no se avance con el cumplimiento de ese dictamen. El ministro de Relaciones Exteriores, José García Belaúnde le respondió detalladamente. Señala que, si bien los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no son jurídicamente vinculantes –como sí lo son las sentencias de la Corte Interamericana– “son recomendaciones que el Perú debería adoptar de buena fe, de acuerdo a su legislación interna, por el hecho de ser parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y haberse sometido voluntaria y soberanamente a la competencia del Comité de Derechos Humanos”.
■	El 6 de marzo de 2007, el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) hace llegar su felicitación al Ministerio de Salud, por cuanto algunos establecimientos del sector, en clara respuesta a las necesidades y a los derechos de las mujeres, han aprobado protocolos para la atención del aborto terapéutico, en concordancia con lo establecido en el Código Penal Peruano, y congratula de manera especial por la aprobación del protocolo del Instituto Materno Perinatal. Por su parte, la SPOG también envía una carta de felicitación. ■	El 7 de marzo, un mes después de haber sido aprobada la norma del INMP, el Viceministro de Salud, Melitón Arce, solicita a la Secretaria General del MINSA15 “proyectar la resolución ministerial que resuelva a partir de la fecha, que toda norma técnica en materia de salud, “antes de ser publicada, deberá ser previamente puesta en conocimiento del nivel central del Ministerio de Salud”. La Secretaría General, informa sobre esta nueva disposición al Director del INMP el 13 de marzo, mediante oficio circular Nº 015-2007. ■	El 8 de Marzo de 2007, 1185 mujeres de Organizaciones Sociales de Base de Lima y Callao, envían carta de felicitación al Ministro de Salud por la aprobación del protocolo de aborto terapéutico en el INMP. ■	El 8 de marzo, el Viceministro de Salud, envía una carta al Director del INMP, para que, en cumplimiento de la disposición señalada en el punto anterior, “se sirva realizar las medidas correctivas correspondientes al documento aprobado, según Resolución Directoral Nº 031 (Aprobación de protocolo), remitiendo a este despacho el texto corregido, para su revisión y ulterior aprobación”. ■	El 9 de marzo, el Ministro de Salud anunció su decisión de anular la directiva emitida por el Instituto Materno Perinatal, aduciendo que no se ajustaba a los procesos administrativos. Asimismo, señala que convocará de inmediato a una comisión de expertos y representantes de la sociedad civil para elaborar una guía técnica sobre este procedimiento en el ámbito nacional. Según sus declaraciones, esta comisión sería convocada por el propio consejo de Ministros.
Memorandun 092-07
3 ■	25 de marzo de 2007, Ministro de la Producción Rafael Rey y cardenal Juan Luis Cipriani, critican fuertemente al Ministerio de Salud y de la Mujer por el tema de aborto terapéutico, logrando dividir al gabinete respecto a este tema, sus declaraciones aparecen en diario OJO.
■	El 27 de marzo de 2007, la Defensora Adjunta para los derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, envía una carta a José Calderón Yberico en su calidad de Viceministro de Salud, reiterando la preocupación de este organismo por la inexistencia de una norma que reglamente la práctica del aborto terapéutico en los establecimientos públicos del país, y exhorta al Ministerio de Salud a adoptar las medidas necesarias para la aprobación inmediata del protocolo de aborto terapéutico, y para su difusión entre todos los profesionales de salud. ■	El 19 de abril el MINSA emite una resolución viceministerial que declara nula la Resolución Directoral Nº 031 y encarga a la Dirección General de Salud de las Personas, a través de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que en un plazo no mayor de quince días, elabore la propuesta de Guía Técnica, que describa el conjunto de procedimientos del Manejo Integral de la Interrupción Terapéutica de la Gestación Mayor de 22 semanas”. Es importante señalar que los considerandos de esta resolución están referidos principalmente a que la directiva no había sido puesta a consideración para su aprobación por el MINSA. Sin embargo, es preciso señalar que la directiva 031 está basada en un documento que es remitido por el propio Ministerio de Salud.
3 ■	El 17 de mayo, interrogado nuevamente acerca de los protocolos, el ministro de Salud Carlos Vallejos, señaló que el tema sería discutido por la consabida comisión de alto nivel. Se consultó otra vez a la presidencia del Consejo de Ministros, y se reconfirmó que el tema no estaba en agenda. Periodistas deciden realizar una nota sobre el tema. Caretas #1976, mayo 2007.
■	El 1 de junio, el Ministerio de Salud mediante oficio Nº 2257-2007-SG/MINSA, responde al congresista José Urquizo que la Dirección General de Salud de las Personas ha elaborado el Proyecto de Guía Técnica para la Atención Integral de la Interrupción Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas, la que ha sido remitida a la Presidencia del Consejo de Ministros para que una Comisión Multisectorial pueda consensuar dicho documento y luego de ello, sea aprobado para su aplicación a nivel nacional.
■	En el mes de mayo, el despacho del Congresista Daniel Robles convoca a una audiencia pública sobre aborto terapéutico, a realizarse en el Congreso el 18 de junio. Se anuncia que habían confirmado su participación el Ministro de Salud y otras autoridades de alto nivel, como representantes del Colegio Médico. El Ministro de Salud ofrece dar a conocer en esa audiencia el documento base del protocolo de aborto terapéutico. Sectores ultra conservadores se movilizan en contra de este evento16. Faltando sólo un día para su realización, fue cancelado por el congresista, sin establecerse una próxima fecha. ■	El 21 de junio, el MINSA, mediante oficio Nº 2305-2007-SG/MINSA, contesta a una carta cursada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que el 10 de mayo, en el marco de la Ley de acceso a la información pública, había indagado sobre los motivos para anular el protocolo del Instituto Materno Perinatal. En la respuesta del ente oficial de Salud se señala que el protocolo fue derogado por recomendación del Informe Nº 010/2007-DGSP/DESC/ESNSSR-MINSA, según el cual, la aprobación de la mencionada guía no había cumplido los trámites administrativos establecidos. No obstante, la citada comunicación sugería la emisión de un nuevo protocolo de alcance nacional. Expertos en derecho consultados sobre este
www.aciprensa.com.
3 tema, señalan que la nulidad de oficio –término con el que se derogó el protocolo del INMP– no era aplicable por la causal de vicios administrativos, sino ante la demostración de que dicho documento incurriera en agravio del interés público, lo cual, hasta la fecha, no ha podido ser sustentado o probado por el MINSA.
■ El 28 de junio, la revista Caretas en su número 1982, relata una nueva historia, la de una adolescente que necesitó un aborto terapéutico, el cual fue negado por el hospital a más de un mes de su solicitud formal. Con ello se pone en evidencia la ausencia de respuesta del Estado ante este derecho y la necesidad urgente de un protocolo que regule esta práctica médica.
■ Hasta el cierre de este informe, 30 de junio de 2007, no hay por parte del Ministerio de Salud una respuesta clara acerca de este derecho incumplido. Este recuento de hechos permite visualizar todas las trabas administrativas y políticas que se han mantenido de manera sistemática, para evadir la responsabilidad del Estado en la atención del aborto legal, poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las mujeres. La cronología expuesta revela no sólo la escasa voluntad política por parte del Estado y en particular del Ministerio de Salud, sino también las presiones que se han ido dado en los distintos niveles, a pesar que la mayoría de los sectores involucrados, como son los propios médicos, las instancias técnicas del Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo y las mujeres organizadas, han hecho muchos esfuerzos para cumplir con la ley. Asimismo, los hechos descritos también dan cuenta del rol activo que desempeñan las diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil, incluidas entidades representativas de los profesionales de la salud, en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, a través de permanentes acciones de abogacía ante las autoridades y de la búsqueda de espacios de expresión en los medios masivos de comunicación. No es aceptable que el país y en particular las mujeres, tengan que esperar por otros 80 años para tener un protocolo de aborto legal, la responsabilidad es ahora y cada día que pasa, son muchas las mujeres que se ven negadas de este elemental derecho. No es posible combatir a la mortalidad materna, sin enfrentar el aborto y es un atentado a los derechos humanos de las mujeres más pobres de este país, negarles el aborto terapéutico.
4.1	¡El aborto terapéutico salva vidas! 4.2	Condiciones de salud de la mujer gestante que pueden ameritarP R Oindicación de aborto terapútico MSEX
4 4.1 ¡El aborto terapéutico salva vidas! Testimonios
Era una señora que había hecho lo imposible por tener hijos,
tenía un útero tabicado, se sometió a cirugías para lograr su tan soñada maternidad, finalmente salió embarazada y a las 16 semanas, presentó una infección uterina muy grave que la puso en riesgo de morir. La mandamos a Lima y en Maternidad de Lima, le tuvieron que hacer una histerectomía (extirpación del útero) con feto vivo… eso a ojos de cualquiera es un aborto terapéutico, pero no se registró así, sólo se puso feto muerto e histerectomía
(Médica, Huancavelica)
Mi hermana tenía problemas renales, pero estaba controlada,
Lamentablemente su médico no le decía nada acerca que debe cuidarse, le veía sólo los riñones, en eso, salió embarazada. Nadie le dijo que hacer, sólo le indicaron tratamiento y absoluto reposo, conforme iba avanzando el embarazo se ponía peor. Al final, nació la bebe, muy prematura y no pudo sobrevivir y al poco tiempo, ella hizo insuficiencia renal y cada semana le hacían su diálisis, no pudimos encontrar donantes y a los dos años, falleció después de
(Hermana, Trujillo)
Mi hija está inválida, el doctor dice que
cuadripléjica, sólo tiene 14 años y nunca volverá a caminar, ella fue violada, el hombre está en la cárcel, pero por falta de comunicación, quiso matarse y así se daño la columna. Ella no quiere el embarazo. ¿Cómo le van a hacer que tenga un embarazo, así enferma, con sonda, sin moverse, con heridas en su espalda? Todos dicen que es un embarazo de riesgo, pero nadie quiere
ayudarla...
(Madre de joven víctima de violencia sexual, Lima).
Tuve la suerte de tener un buen doctor,
Me habían detectado un cáncer en el seno, pero también se dieron cuenta que estaba embarazada. Yo pensaba que era que mi regla se estaba retirando. El doctor me dijo, si sigues con el embarazo no podrás tener el tratamiento, pero si lo interrumpes, podemos seguir, Me dio una dirección, fui y me atendieron bien. Yo tenía que elegir entre mí y tener un bebe, pero yo también pensaba en mis otros hijos, así que tuve que decidir y ahora después de mi control de tres años, creo que ha sido la mejor decisión que he
(Sobreviviente de cáncer, Lima)
4 4.2 Condiciones de salud de la mujer gestante que pueden ameritar indicación de aborto terapéutico Establecidas en el Taller de Sociedades Médicas para Identificar el Perfil Clínico para el Aborto Terapéutico – 13 de agosto de 2005.  Las y los especialistas asistentes al taller, representantes de nueve Sociedades Científicas17 concordaron en que existen entidades clínicas que ponen en riesgo la vida, o que pueden causar un mal grave y permanente en la salud de las mujeres gestantes, por lo que deben ser dadas a conocer oportunamente a las interesadas para que decidan, de manera informada, su derecho a solicitar la interrupción del embarazo por razones terapéuticas.
Se señala que las entidades clínicas identificadas no constituyen una lista acabada. Quedará a evaluación de cada profesional de la salud el curso de otras enfermedades ocurridas durante la gestación, que puedan ameritar la interrupción terapéutica del embarazo. Las referidas entidades clínicas son: -	Insuficiencia renal crónica. -	Mujeres en diálisis. -	Lupus eritematoso sistémico con daño renal severo. -	Hipertensión arterial crónica y evidencia de daño de órgano blanco y/o comorbilidad asociada. -	Insuficiencia cardiaca congestiva clase funcional III-IV por cardiopatía congénita o adquirida (valvular o no valvular), hipertensión arterial o
cardiopatía isquémica. -	Insuficiencia hepática crónica causada por hepatitis B, hepatitis C, trombosis del sistema portoesplénico con várices esofágicas. -	Neoplasia maligna del aparato gastrointestinal que requiera tratamiento quirúrgico, radio y quimioterápico. -	Insuficiencia respiratoria, demostrada por la existencia de una presión parcial de
oxígeno menor de 50 mm de mercurio y saturación de oxígeno en sangre menor de 85%. Diabetes mellitus avanzada. Neoplasias malignas a nivel del sistema nerviosos central. Epilepsia rebelde al tratamiento. Síndrome de hiperestimulación ovárica refractario al tratamiento. Cáncer invasivo de cuello uterino.
Sociedad Peruana de Cardiología, Asociación Peruana de Diabetes, Sociedad de Gastroenterología del Perú, Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, Sociedad Peruana de Nefrología, Sociedad Peruana de Neumología, Asociación Psiquiátrica Peruana, Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. 17
-	Otros cánceres ginecológicos. -	Mola hidatiforme parcial con hemorragia de riesgo materno. -	Embarazo ectópico no roto. -	Hiperemesis gravídica refractaria al tratamiento. -	Corioamnionitis. -	Antecedente demostrado
de psicosis puerperal, por el riesgo de suicidio ú homicidio. -	Violación sexual, por el riesgo de estrés postraumático, abuso de drogas, alcohol, depresión, suicidio y conducta violenta. -	Se consideró la necesidad
de recoger mayores evidencias científicas para considerar la posibilidad de aborto terapéutico en los casos de tuberculosis sistémica y tuberculosis multidrogoresistente.
 Además de estas indicaciones, Távara18 (2007), realiza una sistematización de numerosa literatura científica que da cuenta de otras patologías o condiciones clínicas en mujeres gestantes que justifican la interrupción legal del embarazo. En virtud de ello menciona los siguientes casos:
-	Cuadros hipertensivos de naturaleza renovascular o de otras causales. -	Dermatomiositis que se agrave en el embarazo. -	Coagulación intravascular diseminada de presentación temprana, asociada a deficiencia de proteína S. -	Cáncer de mama en el primer trimestre que requiere radio y quimioterapia.
-	Cáncer de colon tributario de tratamiento quirúrgico, radio y quimioterapia. -	Cáncer de cuello uterino que requiera tratamiento quirúrgico o radioterapia. -	La aplicación de radiación ionizante para el tratamiento del cáncer durante la gestación. -	Leucemia, que es poco frecuente pero que requiere de
quimioterapia. -	Porfiria hepática aguda, acompañada de manifestaciones psiquiátricas precoces, manifestaciones neurológicas con convulsiones que semejan un estatus epiléptico y presencia de signos hemorrágicos. -	Encefalopatía de Wernicke que complica la hiperemesis gravídica.
LA ANENCEFALIA La anencefalia es una grave malformación congénita que incluye ausencia del cerebro, falta de la calota craneana, de cuero cabelludo y, generalmente, se asocia con compromiso de otros órganos del feto. Aparece entre los 24 y 26 días después de la fecundación, por un defecto del tubo neural y es incompatible con la vida. Además de ser una anomalía letal para el feto, expone a la mujer embarazada a serias complicaciones obstétricas y emocionales que ponen en riesgo la salud y la sobrevivencia de la gestante, como el caso de K.LL., sucedido el 2001. El feto anencéfalo no tiene ninguna posibilidad de sobrevivencia, legalmente puede ser considerado como muerto dentro del útero. La interrupción del embarazo por esta causa debe ser asumida como aborto terapéutico, considerado legal en nuestra legislación. 18
Távara, Luis. Ponencia I Taller Nacional sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Colegio Médico del Perú. Lima, 2007.
PROMSEX Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Pasaje Los Pinos 156, Oficina 804, Lima 18, Perú Teléfono: (511) 2430460 postmast@promdsr.org
Un derecho negado, una responsabilidad eludida

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artículo 5
artículo 2
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STS 204/2009, 24 de Marzo de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 57819921
STS 204/2009, 24 de Marzo de 2009
Número de Resolución: 204/2009
* Contrato de compraventa con arras (artículo 1454 del Código Civil). Naturaleza penitencial o confirmatoria de las arras. Se desestima el recurso.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres Magistrados nominados al margen, el Recurso de Casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección Quinta), en fecha 21 de febrero de 2005, como consecuencia de los autos de juicio ordinario número 237/2004, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Zaragoza, cuyo recurso fue interpuesto por la entidad "1999 CONSTRUCCIONES DE MIGUEL S.L.", representada por la Procuradora de los Tribunales Doña María Pilar Segura Sanagustín, en el que son parte recurrida Don Fidel y Doña María Milagros, cuya representación ostenta la Procuradora Doña Ana Llorens Pardo.
Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de los de Zaragoza, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo promovidos a instancia de la entidad mercantil "1999 CONSTRUCCIONES DE MIGUEL, S.L." contra D. Fidel y Dña. María Milagros.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la que solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, se dictara Sentencia "por la que condene a los demandados a cumplir el contrato de 18/06/2002 que se acompaña a la demanda como Doc. nº 2, y por tanto elevar a escritura pública a favor de mi mandante las fincas descritas en el hecho 1º de la demanda conforme al documento privado suscrito."
Admitida a trámite la demanda, los demandados la contestaron oponiéndose a ella, en base a los hechos y fundamentos de derecho que estimaron oportunos y terminaron suplicando al Juzgado dictase Sentencia "mediante la cual declare la libre absolución de mis patrocinados de todos los pedimentos de la demanda.- En todos los casos con expresa imposición de las costas causadas a los actores."
Por el Juzgado se dictó Sentencia con fecha 21 de septiembre de 2004, cuya parte dispositiva es como sigue: " FALLO: Que estimando la demanda promovida en Juicio ordinario nº 237/J-2004, instado por la Procuradora Sra. Fabro, en nombre y representación de "1999 CONSTRUCCIONES DE MIGUEL, S.L. contra D. Fidel y Dña. María Milagros, representados por el Procurador Sr. Marín Nebra, debo condenar y condeno a dichos demandados a cumplir el contrato suscrito en fecha 18 de junio de 2002 y a levar a escritura pública a favor de la parte actora las fincas descritas en el hecho 1º de la demanda, condenando a la parte demandada al pago de las costas procesales."
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada que fue admitido y, sustanciado éste, la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Quinta, dictó sentencia en fecha 21 de febrero de 2005, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por D. Fidel y Dª María Milagros contra la Sentencia dictada por el Jº de 1ª Instancia nº 11 de Zaragoza y recaída en el juicio declarativo ordinario nº 237/04, con revocación de la misma, debemos desestimar y desestimamos la demanda interpuesta por "1999, Construcciones De Miguel S.L." contra los recurrentes, imponiendo a los mencionados recurrentes las costas causadas en primera instancia, y sin hacerse una especial imposición de las causadas en esta alzada."
Por la representación procesal de la entidad mercantil "1999 CONSTRUCCIONES DE MIGUEL S.L." se formuló, ante la mencionada Audiencia, recurso de casación con apoyo procesal en el siguiente motivo: Unico.- Por aplicación indebida del art. 1454 del C.c., en relación con la doctrina jurisprudencial en cuanto la naturaleza y efectos de las arras, contenida entre otras en las Sentencias de esta Sala citadas en el motivo.
Personadas las partes en este Tribunal Supremo, por Auto de esta Sala de fecha 25 de marzo de 2008, se admitió a trámite el recurso de casación y evacuado el traslado conferido, por la representación procesal de los recurridos se presentó escrito de oposición.
No habiéndose solicitado por todas las partes personadas la celebración de vista pública, por la Sala se acordó señalar para la votación y fallo del presente recurso, el día cuatro de marzo del año en curso, en el que ha tenido lugar.
La controversia suscitada en los presentes autos que ahora accede a casación atañe únicamente a la naturaleza confirmatoria o penitencial de las arras entregadas por la entidad ahora recurrente, "1999 CONSTRUCCIONES DE MIGUEL S.L." en fecha 18 de junio de 2002, cuando suscribió con los demandados, los hermanos María Milagros Fidel, ahora recurridos, el contrato de compraventa que se halla unido al folio 10 de las actuaciones de primera instancia. Se pactaron entonces las estipulaciones que, por resultar de interés para la resolución del recurso, se transcriben a continuación:
PRIMERA.- DON Fidel y DOÑA María Milagros, vende a la Compañía Mercantil "1999 CONSTRUCCIONES DE MIGUEL, S.L." el pleno dominio de la finca descrita en el presente documento, por importe de 210.354.24 ÿ (DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS DE EURO).- SEGUNDA.- La Compañía Mercantil "1999 CONSTRUCCIONES DE MIGUEL S.L.", en la firma del presente contrato, entrega a DON Fidel y, la cantidad de 6.010,13 ÿ (SEIS MIL DIEZ EUROS CON TRECE CENTIMOS DE EURO), en concepto de Arra y Señal mediante cheque nº NUM000 de la Entidad Caja de Ahorros de la Inmaculada.- TERCERA.- La Compañía Mercantil "1999 CONSTRUCCIONES DE MIGUEL, S.L.", se compromete en este mismo acto, al pago del esto del importe del a venta, objeto del presente contrato a la firma de las correspondientes escrituras de compra y venta de los solares descritos.- CUARTA.- Serán de cuenta de 1999 CONSTRUCCIONES DE MIGUEL, S.L., los gastos notariales necesarios para el otorgamiento de la escritura pública de compra venta, los necesarios para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, así como, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, todo ello según Ley.- QUINTA.- Las partes comparecientes se comprometen a otorgar cuantos documentos públicos sean necesarios para garantizar la plena efectividad de las estipulaciones contenidas en el presente contrato.
Concluía el citado documento referenciando la presencia en el acto de Doña María Luisa y Don Luis, respectivos cónyuges de cada uno de los vendedores, quienes, se decía, «consiente expresamente a la venta, renunciando a cuantos derechos pudieran corresponderle sobre los bienes objeto de la misma, comprometiéndose a comparecer y otorgar cuantos documentos fuesen necesarios para garantizar la plena efectividad de lo convenido en el día de la fecha».
No resultó controvertido en autos, por reconocerlo ambas partes litigantes, que en fecha 23 de septiembre de 2003 los vendedores remitieron a la compradora requerimiento notarial al objeto de poner a disposición de ésta, para desistir del negocio suscrito, la cantidad de 12.020,26 ÿ, correspondiente al duplo de la cantidad entregada como arras por la compradora. Tal requerimiento no tuvo respuesta por ésta, quien finalmente interpuso la demanda iniciadora de la presente litis, en fecha 1 de marzo de 2004, interesando la condena de los vendedores a cumplir el contrato referenciado, con elevación a escritura pública del mismo.
La solución dada al litigio en ambas instancias fue divergente. En síntesis, consideró el Juzgado las arras entregadas como confirmatorias, estimando en consecuencia la pretensión de la actora; y, por contra, la Audiencia concluyó que la cantidad entregada a la suscripción del contrato, en cuanto tenía la naturaleza de arra penitencial, facultaba a los vendedores a desistir unilateralmente el contrato suscrito en la forma en que se hizo, con devolución del importe correspondiente duplicado, por lo que, revocando la Sentencia de instancia, desestimó la demanda.
El único motivo en que se articula el presente recurso de casación, conducido acertadamente por el cauce del ordinal 2º del artículo 477.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia la «aplicación indebida del artículo 1454 del Código Civil, en relación con la doctrina jurisprudencial en cuanto la naturaleza y efectos de las arras, contenida entre otras en las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 24 de Diciembre 1992, 25 de Marzo de 1995, 20 de Febrero de 1996, 28 de Marzo de 1996 y de 17 de Noviembre de 1997 ».
En la argumentación del recurso elude ya la recurrente la controversia que fue objeto de pronunciamiento en ambas instancias sobre la efectiva naturaleza del contrato suscrito: promesa de venta como pretendieron los ahora recurridos, o compraventa perfeccionada, en la hipótesis de la actora hoy recurrente, que fue la acogida tanto por el Juzgado como por la Audiencia, y de la que ahora debe partirse para abordar la cuestión litigiosa que pervive en casación.
En el presente recurso se trata por tanto de dilucidar, únicamente, la naturaleza de las arras que mediaron en la relación negocial entablada entre las partes hoy litigantes, si fueron penitenciales, de las previstas en el citado artículo 1454 del Código Civil, o simplemente confirmatorias.
Según recuerda la Sentencia de esta Sala de 20 de mayo de 2004, con cita de la de 24 de octubre de 2002, « ante la imposibilidad de dar concepto unitario de las arras, la doctrina moderna distingue las siguientes modalidades de ellas: a) Confirmatorias. Son las dirigidas a reforzar la existencia del contrato, constituyendo una señal o prueba de su celebración, o bien representando un principio de ejecución. b) Penales. Su finalidad es la de establecer una garantía del cumplimiento del contrato mediante su pérdida o devolución doblada, caso de incumplimiento. c) Penitenciales. Son un medio lícito de desistir las partes del contrato mediante la pérdida o restitución doblada. Esta última es la finalidad reconocida por el art. 1454 ». También añade la antedicha Sentencia que es doctrina jurisprudencial constante « la de que las arras o señal que, como garantía permite el art. 1454 , tienen un carácter excepcional que exige una interpretación restrictiva de las cláusulas contractuales de las que resulte la voluntad indubitada de las partes en aquel sentido según declararon las sentencias de 24 de noviembre de 1926, 8 de julio de 1945, 22 de octubre de 1956, 7 de febrero de 1966 y 16 de diciembre de 1970 , entre otras, debiendo entenderse en caso contrario que se trata de un simple anticipo a cuenta del precio que sirve, precisamente, para confirmar el contrato celebrado (sentencia de 10 de marzo de 1986 ") ». En otras palabras, señala la Sentencia de 31 de julio de 1993 que « el contenido del artículo 1454 del Código Civil no tiene carácter imperativo, sino que, por su condición de penitencial, para que tenga aplicación es preciso que por voluntad de las partes, claramente constatada, se establezcan tales arras, expresando de una manera clara y evidente la intención de los contratantes de desligarse de la convención por dicho medio resolutorio, ya que, en otro caso, cualquier entrega o abono habrá de valorarse y conceptuarse como parte del precio o pago anticipado del mismo ».
Pues bien, lo hasta ahora expuesto ha de conectarse, para dar solución a la controversia suscitada en el presente recurso, con la también reiterada jurisprudencia, cuya absoluta notoriedad excusa una cita pormenorizada, relativa a que la interpretación de los contratos, a cuyo ámbito pertenece la determinación del carácter que las partes quisieron atribuir a la estipulación de arras, es función privativa de los juzgadores de la instancia, cuyo resultado exegético ha de ser mantenido en casación, a no ser que el mismo sea notoriamente erróneo, ilógico o conculcador de algún precepto hermenéutico
Pues bien, la calificación de arras penitenciales que hace la Sentencia recurrida ha de mantenerse por esta Sala por resultar acorde con la doctrina jurisprudencial hasta ahora reseñada y ajustarse a una correcta e integradora interpretación del contrato suscrito. Ciertamente, la originaria indeterminación del momento en que habría de otorgarse escritura pública y consumarse el negocio abona la tesis sostenida en la instancia del carácter penitencial de las arras estipuladas, máxime si se tiene en cuenta que los contratantes dejaron transcurrir más de un año sin exigir el cumplimiento de las obligaciones asumidas, hasta que en fecha 23 de septiembre de 2003 cursaron los vendedores requerimiento a la compradora a fin de desistir del contrato. Tal conducta, subsiguiente a la suscripción del contrato, también resulta demostrativa (artículo 1282 del Código Civil ) de la intención de los contratantes en torno al carácter penitencial de las arras estipuladas. Esta Sala también considera significativo, como ya exponían los recurridos en su contestación a la demanda, el montante entregado en concepto de arra (6.010,13 euros), cantidad desproporcionadamente inferior al precio total en que se convino la compraventa (210.354,24 euros), de tal suerte que si se hubiese querido configurar la señal entregada como parte del precio cabe pensar que se habría fijado en cuantía superior.
Por todo lo expuesto procede desestimar el presente recurso de casación.
En materia de costas, al desestimarse el recurso en su totalidad, las mismas se imponen a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.1 en relación con el artículo 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad "1999 CONSTRUCCIONES DE MIGUEL S.L.", contra la Sentencia de fecha 21 de febrero de 2005, dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, en el rollo de apelación número 659/2004, con imposición del pago de las costas causadas en este recurso a la parte recurrente.
STSJ Galicia 3684/2015, 19 de Junio de 2015
STSJ Galicia 4322/2013, 27 de Septiembre de 2013

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