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Irekia Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco :: Official Basque Country Gazette regulation 201904424
Regulation 201904424
Gazette date: 2019-09-30 Published in gazette number: 2019185
Subjects: FOTOGRAFIA; COMICS; BIBLIOTECAS; LITERATURA; MUSICA; PATRIMONIO DOCUMENTAL; PROPIEDAD INTELECTUAL
Regulation number: 201900139
Regulation date: 2019-09-10
Order number: 201904424
El Estatuto de Autonomía para el País Vasco establece, en su artículo 10, que la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene competencia exclusiva en materia de cultura y, más específicamente, en lo que hace referencia al patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, así como a los Archivos, Bibliotecas y Museos que no sean de titularidad estatal, sin perjuicio de los dispuesto en los artículos 149.1.28 y 149.2 de la Constitución.
La institución jurídica del depósito legal tiene como finalidad reunir, preservar, difundir y hacer accesible la edición escrita, visual, sonora, audiovisual y digital de la cultura de un país, en el marco de la normativa que regula los derechos de la propiedad intelectual y de la protección de datos de carácter personal, y se constituye como una prestación cultural pública.
En el año 2011, se promulga la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, que confiere a la figura del editor el papel de sujeto depositante principal y prevé el depósito de las publicaciones en soporte tangible y en soporte no tangible. El Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea, vino a completar el desarrollo normativo de la Ley 23/2011, al regular el depósito legal de las publicaciones en línea, para referirse a las publicaciones en soporte no tangible, por ser la expresión publicaciones en línea el término más común utilizado en el mundo de las publicaciones electrónicas.
La entrada en vigor de la normativa estatal hace necesario adaptar la gestión del depósito legal en Euskadi y disponer de un reglamento actualizado que integre tanto las publicaciones en soporte tangible como las publicaciones en línea.
Este Decreto, en base a lo establecido en la Disposición final segunda de la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, desarrolla y aplica los aspectos relativos a la gestión de depósito legal en Euskadi, y estructura su contenido en siete capítulos: disposiciones generales, obligación del depósito legal, administración del depósito legal, número del depósito legal de las publicaciones en soporte tangible, constitución del depósito de las publicaciones en soporte tangible, depósito legal de las publicaciones en línea y, finalmente, potestad sancionadora y función inspectora.
El Gremio de Editores de Euskadi ha sido consultado en la elaboración del presente Decreto.
En su virtud, una vez emitidos los informes preceptivos correspondientes y de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del Consejero de Cultura y Política Lingüística, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2019,
1.– El presente Decreto tiene por objeto regular la gestión del depósito legal en Euskadi, permitiendo a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi la recogida de ejemplares de las publicaciones de todo tipo reproducidas en cualquier tipo de soporte y destinadas por cualquier procedimiento a su distribución o comunicación pública, sea esta gratuita u onerosa, con la finalidad de preservar el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de la cultura vasca en cada momento histórico y permitir el acceso al mismo con fines culturales, de investigación o información y de reedición de obras, de conformidad con lo dispuesto en la Ley estatal 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, en el Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea, y en la legislación sobre propiedad intelectual y protección de datos.
2.– Las obras bibliográficas y publicaciones cuyo depósito legal se gestiona por medio del presente Decreto son las siguientes:
a) Obras bibliográficas editadas o producidas en soporte tangible o en línea en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
b) Obras bibliográficas editadas o producidas en soporte tangible en euskera en el Estado español fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
c) Publicaciones en línea editadas o producidas bajo un nombre de dominio vinculado a la Comunidad Autónoma de Euskadi.
d) Publicaciones en línea editadas o producidas en euskera.
e) Publicaciones en línea relacionadas con la cultura vasca.
Artículo 2.– Finalidad del depósito legal.
La finalidad del depósito legal en Euskadi es recopilar, almacenar y conservar las obras bibliográficas y publicaciones vascas, con objeto de preservarlas y legarlas a las generaciones futuras, así como ser fuente de información precisa de las estadísticas oficiales de la edición o producción de las mismas.
OBLIGACIÓN DEL DEPÓSITO
Artículo 3.– Obras sujetas a depósito legal.
1.– El depósito legal comprende:
a) Las obras bibliográficas distribuidas en soporte tangible, en adelante publicaciones en soporte tangible.
b) Las obras bibliográficas distribuidas en soporte no tangible, en adelante publicaciones en línea.
2.– Deben depositarse en Euskadi cuatro ejemplares de los siguientes tipos de publicaciones y recursos en soporte tangible:
a) Las primeras ediciones y reediciones de libros y folletos en papel, cualquiera que sea su forma de impresión y estén o no destinados a la venta.
b) Recursos continuados, tales como publicaciones seriadas, revistas, anuarios, memorias, diarios y recursos integrables, como las hojas sueltas actualizables.
c) Partituras.
d) Mapas, planos, atlas, cartas marinas, aeronáuticas y celestes.
3.– Deben depositarse en Euskadi tres ejemplares de los siguientes tipos de publicaciones y recursos en soporte tangible:
a) Hojas impresas con fines de difusión que no constituyen propaganda esencialmente comercial.
b) Estampas originales realizadas con cualquier técnica.
c) Fotografías editadas.
d) Postales de paisajes y ciudades.
e) Carteles anunciadores y publicitarios.
f) Libros de texto de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y de Formación Profesional.
g) Documentos sonoros.
h) Documentos audiovisuales.
i) Microformas.
j) Documentos electrónicos en cualquier soporte tangible, que el estado de la técnica permita en cada momento, y que no sean accesibles libremente a través de Internet.
k) Copia nueva de los documentos íntegros, en versión original, de toda película cinematográfica, documental o de ficción, y un ejemplar del material publicitario correspondiente.
4.– Están sujetos a depósito legal en Euskadi dos ejemplares de láminas, cromos, naipes, postales no recogidas en el apartado anterior y tarjetas de felicitación publicadas en soporte tangible.
5.– Uno de los ejemplares a los que se hace referencia en los apartados precedentes podrá depositarse en soporte tangible o en soporte no tangible. En el caso de elegir la segunda opción, el depósito del archivo digital podrá realizarse por medios electrónicos, a través de la sede electrónica del Gobierno Vasco.
6.– Asimismo, podrá estar sujeto a depósito legal en Euskadi una copia de los archivos, junto con los metadatos que incluyan, de las publicaciones en línea y de los sitios web, tanto de acceso libre como de acceso restringido, que sean seleccionados por el Centro de Conservación de Euskadi al que hace referencia el artículo 9 de este Decreto y cumplan alguna de las siguientes condiciones:
a) Que estén en euskera.
b) Que estén editadas o producidas por cualquier persona física o jurídica que tenga su domicilio, residencia o establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
c) Que estén editadas o producidas bajo un nombre de dominio vinculado al territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Artículo 4.– Publicaciones excluidas del depósito legal.
No serán objeto de depósito legal en Euskadi:
a) Las publicaciones a las que hace referencia el artículo 5 de la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal.
b) Las publicaciones en línea que se establecen en el artículo 4 del Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea.
Artículo 5.– Personas obligadas a solicitar el número de depósito legal y a constituir o facilitar la constitución del mismo.
1.– Está obligada a solicitar el número de depósito legal de las publicaciones en soporte tangible la persona editora que tenga su domicilio, residencia o establecimiento permanente en Euskadi. Si la persona editora obligada no lo hubiera solicitado, deberá hacerlo, en su defecto, la persona productora, impresora, estampadora o grabadora, en este orden.
2.– Cuando la persona editora no resida o tenga sucursal en el Estado español o en los casos en que por razón del tipo de recurso así proceda, el depósito de las publicaciones en soporte tangible deberá ser cumplimentado por el productor, impresor, estampador o grabador que tenga domicilio, residencia o establecimiento permanente en Euskadi.
3.– Está obligada a facilitar la constitución del depósito legal de las publicaciones en línea y de los sitios web, mediante la recopilación por parte del Centro de Conservación de Euskadi, la persona editora o productora de dichas publicaciones en línea y de los sitios web.
Artículo 6.– Actuación subsidiaria.
En caso de incumplimiento de las obligaciones relativas al depósito legal, las oficinas de depósito legal requerirán a la persona responsable para que proceda en el plazo de un mes a su cumplimiento, ejerciéndose en caso contrario la potestad sancionadora prevista en el artículo 21 del presente Decreto.
ADMINISTRACIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL: OFICINAS DE DEPÓSITO Y CENTRO DE CONSERVACIÓN DE EUSKADI
Artículo 7.– Administración del depósito legal.
La administración del depósito legal en Euskadi se gestionará a través de las oficinas de depósito legal y del Centro de Conservación de Euskadi.
Artículo 8.– Oficinas de depósito legal.
Las oficinas de depósito legal son los centros depositarios de las publicaciones en soporte tangible. Serán gestionadas por el servicio al que esté adscrito el Centro de Conservación de Euskadi y se ubicarán en cada una de las tres capitales de los Territorios Históricos.
Artículo 9.– Centro de Conservación de Euskadi.
El Centro de Conservación de Euskadi está adscrito al departamento competente en materia de cultura del Gobierno Vasco, y sus funciones serán desempeñadas por la Biblioteca de Euskadi o, en su caso, por el Servicio de Bibliotecas que ejerza las funciones atribuidas a la Biblioteca de Euskadi.
Artículo 10.– Repositorios digitales.
1.– El centro de Conservación de Euskadi podrá acordar la constitución de los repositorios que considere necesarios para conservar y difundir las publicaciones en línea capturadas o entregadas, con el objetivo de conseguir la mayor eficiencia en su gestión.
2.– Cuando los repositorios a los que se refiere el apartado anterior incluyan recursos de acceso restringido, la consulta a los mismos por parte de los usuarios se llevará a cabo únicamente desde los terminales instalados por el Centro de Conservación de Euskadi, respetando la legislación sobre protección de datos de carácter personal y propiedad intelectual.
NÚMERO DE DEPÓSITO LEGAL DE LAS PUBLICACIONES EN SOPORTE TANGIBLE
Artículo 11.– Solicitud de número del depósito legal de las publicaciones en soporte tangible.
1.– Antes de que finalice la impresión o producción de una publicación en soporte tangible, la persona obligada deberá solicitar un número de depósito legal en la oficina de depósito legal del Territorio Histórico en la que tenga su domicilio, residencia o establecimiento permanente.
2.– Cada oficina de depósito legal llevará un registro para la anotación de la numeración propia y correlativa de depósito legal.
Artículo 12.– Tramitación telemática de la solicitud.
La solicitud del número de depósito legal se presentará de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco y se recepcionará en el registro electrónico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Este registro emitirá automáticamente un recibo electrónico justificante de la recepción telemática de la solicitud, de forma que la persona interesada tenga constancia de que la misma ha sido recibida por la Administración.
Articulo 13.– Asignación del número de depósito legal de las publicaciones en soporte tangible.
1.– Examinada la solicitud, la oficina de depósito legal asignará un número de depósito legal a la publicación en soporte tangible, notificándolo a la persona interesada a través de medios electrónicos.
2.– La asignación del número tendrá carácter provisional, hasta que se constituya el depósito o se anule el número asignado.
3.– El número de depósito legal se consignará con las siglas LG (Lege Gordailua), seguido de las siglas de la capital del territorio histórico en el que se ubica la oficina depositaria, el número de constitución del depósito y el año de constitución del mismo, en cuatro cifras. Las diversas partes del número de depósito legal estarán separadas por un espacio, salvo el año, que irá precedido de un guión. Al finalizar cada año, se cerrará la numeración, que se inicia de nuevo al comenzar el año siguiente.
4.– Las siglas de las capitales de los territorios históricos a los que hace referencia el apartado anterior son BI para Bilbao, D para Donostia / San Sebastián y G para Vitoria-Gasteiz.
5.– Mantendrán siempre un único número de depósito legal:
a) Los recursos continuados, publicaciones periódicas, como diarios y revistas, publicaciones seriadas y recursos integrables, aunque su periodicidad sea variable. En caso de que la entidad editora o impresora cambie de domicilio, el número de depósito legal de las publicaciones a las que hace referencia este apartado también deberá mantenerse, incluidas las que se difunden en varios soportes materiales.
b) Las publicaciones en varios volúmenes o que constan de más de un documento, aunque se difundan en varios soportes materiales.
6.– Si existe más de una edición de una misma publicación, cada una de ellas llevará un número de depósito legal diferente, a excepción de las diferentes ediciones de los diarios, que se publicarán bajo el mismo número de depósito legal.
7.– El número de depósito legal estará en un lugar visible e identificable. En el caso de las publicaciones en formato de libro, el número de depósito legal deberá figurar obligatoriamente en la misma hoja de impresión que el ISBN, pudiendo consignarse en el reverso de la portada o en la contraportada de la obra. En el caso de las publicaciones seriadas con formato de periódico, el número de depósito deberá figurar en la mancheta.
CONSTITUCIÓN DEL DEPÓSITO DE LAS PUBLICACIONES EN SOPORTE TANGIBLE
Artículo 14.– Constitución del depósito legal de las publicaciones en soporte tangible.
1.– La persona obligada dispondrá de un plazo de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la asignación del número de depósito legal, para depositar la publicación en soporte tangible en la oficina de depósito legal del territorio histórico en la que tenga su domicilio, residencia o establecimiento permanente, siempre con carácter previo a su distribución o venta.
Si no se ha constituido el depósito en el plazo indicado por alguna razón justificada, podrá solicitar una prórroga que no deberá exceder de la mitad del plazo inicialmente otorgado. La prórroga se entenderá concedida por silencio positivo.
2.– En caso de que la persona obligada presentara algún ejemplar incompleto o defectuoso, la oficina de depósito debe requerirle que deposite un nuevo ejemplar completo y sin defecto alguno en el plazo de un mes, desde el citado requerimiento.
3.– Las obras deberán ser depositadas en su integridad, las colecciones de fascículos completas y encuadernadas, y las colecciones de cómics de serie limitada completas.
4.– En las obras que presenten distintas encuadernaciones u otros formatos o fórmulas de presentación, la obligación de depósito se deberá cumplimentar para cada presentación, que será tratada como si fuese una obra independiente.
5.– La prensa diaria y las publicaciones periódicas deberán ser consideradas como suscripciones para garantizar la entrega inmediata de las mismas en las oficinas de depósito legal.
6.– Las oficinas de depósito legal velarán para evitar la duplicación de números de depósito legal asignados a publicaciones seriadas o a volúmenes sucesivos de una misma obra.
Artículo 15.– Supuestos de anulación del número de depósito legal de las publicaciones en soporte tangible.
1.– La persona obligada, dentro del plazo establecido en el artículo 14, apartado 1, de este Decreto, podrá solicitar que se anule el número de depósito legal asignado cuando la publicación no se realice o exista alguna razón justificada que impida la constitución de la misma. Dicha solicitud de anulación se entenderá estimada por silencio positivo en caso de ausencia de respuesta.
2.– Todo número de depósito legal que haya sido dado a un material que no sea objeto de depósito legal, será anulado por la oficina de depósito legal correspondiente y no se efectuará el depósito del mismo.
3.– Los números anulados no se podrán asignar a otra publicación.
Artículo 16.– Destino de las publicaciones en soporte tangible.
1.– El Centro de Conservación de Euskadi custodiará dos ejemplares de las publicaciones en soporte tangible a las que hace referencia el artículo 3, apartados 2, 3 y 4, del presente Decreto. Tal como se prevé en el artículo 3, apartado 5, uno de los dos ejemplares podrá ser custodiado en soporte no tangible.
2.– Se enviarán a la Biblioteca Nacional de España dos ejemplares de las publicaciones a las que hace referencia el artículo 3, apartado 2, y un ejemplar de las que hace referencia artículo 3, apartado 3.
Artículo 17.– Publicaciones en euskera en soporte tangible no editadas o producidas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
La persona editora o, en su defecto, la persona productora, impresora, estampadora o grabadora que publique obras en euskera en soporte tangible fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en un territorio del Estado español, deberá enviar dos ejemplares de dichas obras al Centro de Conservación de Euskadi. Uno de los dos ejemplares podrá enviarlo en soporte no tangible, tal como se prevé en el artículo 3, apartado 5.
Artículo 18.– Procedimiento de gestión del depósito legal de las publicaciones en línea.
1.– En aplicación de lo previsto en el Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea, corresponde al Centro de Conservación de Euskadi determinar qué publicaciones en línea y qué sitios web son los que se capturarán o depositarán a los efectos de su conservación y consulta, siguiendo el criterio de lograr una muestra amplia y representativa de los contenidos a los que hace referencia el artículo 3, apartado 6, del presente Decreto.
2.– En el caso de las publicaciones en línea libremente accesibles, el Centro de Conservación de Euskadi establecerá los procedimientos y la frecuencia de selección y captura de las mismas a través de redes de comunicación, y la persona editora o productora de esos contenidos facilitará dicha selección y captura.
3.– En lo que hace referencia a las publicaciones en línea de acceso restringido, la persona editora o productora deberá proporcionar al Centro de Conservación de Euskadi las claves que permitan el acceso y reproducción de las mismas o su transferencia a través de redes de comunicación. Asimismo, deberá proporcionar los medios para que dicho centro pueda consultar y reproducir en el futuro las publicaciones en línea sujetas a depósito, sin que sea necesaria la introducción de clave alguna para su consulta o conservación.
4.– El plazo máximo del que dispone la persona editora o productora para dar respuesta a la solicitud realizada por el Centro de Conservación de Euskadi para la selección y captura de las publicaciones en línea y de los sitios web es de un mes, a contar desde el momento en el que se ha realizado dicha solicitud.
5.– El cumplimiento de las obligaciones señaladas en los apartados precedentes no podrá perjudicar los legítimos intereses de las personas titulares de los derechos de las publicaciones en línea de acceso restringido ni podrá suponer una carga económica adicional a la directamente derivada de la mera puesta a disposición de dichas publicaciones.
6.– No se asignará número de depósito legal a las publicaciones en línea. Los editores o productores de publicaciones en línea podrán solicitar número ISBN u otro identificador numérico estándar aceptado por los organismos internacionales competentes.
Artículo 19.– Colaboración en la conservación de las publicaciones en línea.
1.– De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea, el Centro de Conservación de Euskadi podrá establecer acuerdos de colaboración con aquellas entidades públicas o privadas que dispongan de plataformas de distribución en línea de las publicaciones, sitios web y recursos digitales que ellas mismas editen o produzcan, y que sean consideradas como repositorios seguros a efectos de conservación, siempre que estas plataformas cumplan los requisitos necesarios para desempeñar dicha función, de acuerdo con los criterios establecidos por el Centro de Conservación de Euskadi y bajo su supervisión.
2.– Los acuerdos de colaboración incluirán, entre otros aspectos, los siguientes:
c) El periodo de vigencia de la colaboración.
3.– Cuando en virtud de lo indicado en el apartado anterior, se establezca un acuerdo de colaboración con una entidad, el Centro de Conservación de Euskadi no capturará los recursos de dicha entidad, quedando esta obligada a conservar las publicaciones y recursos, así como a mantener la plataforma activa en las condiciones estipuladas durante el periodo de vigencia del acuerdo. La entidad colaboradora facilitará el acceso a sus recursos en las mismas condiciones que las establecidas en el artículo 18, apartado 3, del presente Decreto para el Centro de Conservación de Euskadi.
4.– En caso de desaparición por cualquier causa de las entidades públicas o privadas a las que se refieren los apartados anteriores o de que estas dejen de cumplir las condiciones que anteriormente hicieron posible el acuerdo de colaboración, los recursos en soporte no tangible conservados en dichas entidades deberán ser entregados al Centro de Conservación de Euskadi.
5.– Asimismo, a partir del momento en que se produzcan las circunstancias que imposibiliten el cumplimiento de los compromisos de conservación y consulta adquiridos por dichas entidades, estás deberán cumplir con la obligación de depósito legal, tal como se estipula en el artículo 18 del presente Decreto.
6.– El Centro de Conservación de Euskadi mantendrá actualizada la relación de aquellas plataformas de distribución que acuerden cooperar como repositorios seguros del depósito legal, especificando cuáles son las características de su repositorio, qué recursos serán conservados por la entidad colaboradora, así como el período de vigencia de la colaboración.
Artículo 20.– Identificación de los dominios por parte de las entidades responsables de su gestión y de los agentes registradores.
1.– Las entidades responsables de la gestión del registro de nombres de dominio de Internet establecidas en territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi proporcionarán al Centro de Conservación de Euskadi los nombres de dominio registrados ante ellas, a requerimiento de dicho centro.
2.– Asimismo, las personas físicas o jurídicas que actúen como agentes registradores de nombres de dominio proporcionarán la misma información al Centro de Conservación de Euskadi respecto de los dominios vinculados a la Comunidad Autónoma de Euskadi que no estén incluidos en alguno de los registros a los que se refiere el párrafo anterior.
POTESTAD SANCIONADORA Y FUNCIÓN INSPECTORA
Artículo 21.– Potestad sancionadora.
1.– La potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con lo previsto en la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público o en la normativa que sustituya a las mismas.
2.– La potestad sancionadora corresponde al departamento al que está adscrito el Centro de Conservación de Euskadi, siendo instruido el correspondiente procedimiento por la Biblioteca de Euskadi o, en su caso, por el Servicio de Bibliotecas que ejerza las funciones atribuidas a la Biblioteca de Euskadi.
3.– Es competente para resolver el correspondiente procedimiento sancionador la persona titular de la viceconsejería del departamento competente en materia de cultura.
4.– La graduación de las sanciones atenderá al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.– La imposición de las sanciones no eximen del deber de constituir el depósito legal.
Artículo 22.– Responsables.
Serán responsables de infracciones administrativas en materia de depósito legal las personas que por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como tales en la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, y reproducidos en el presente Decreto.
Artículo 23.– Infracciones.
1.– Constituyen infracciones leves las siguientes:
a) La ausencia de constitución del depósito legal de una publicación objeto del mismo en los plazos y con el número de ejemplares que se requieren en este Decreto.
2.– Constituyen infracciones graves las siguientes:
e) La negativa de los responsables de las publicaciones electrónicas en línea de acceso restringido o limitado a permitir el acceso a los centros depositarios o a quienes estos designen, a los efectos de cumplir con su función de depósito legal.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 23/2011, de 29 de julio de depósito legal, podrán imponerse las siguientes sanciones:
1.– Por la comisión de una infracción leve se impondrá la sanción de multa de entre 1.000 y 2.000 euros.
2.– Por la comisión de infracciones graves se impondrá la sanción de multa de entre 2.001 a 30.000 euros.
3.– Las cuantías de estas infracciones podrán ser actualizadas de conformidad con la evolución del Índice de Precios al Consumo publicado oficialmente.
Artículo 25.– Función inspectora.
La función inspectora de control y comprobación del cumplimiento de la normativa en materia de depósito legal corresponderá al departamento al que está adscrito el Centro de Conservación de Euskadi, siendo ejercida dicha función por la Biblioteca de Euskadi o, en su caso, por el Servicio de Bibliotecas que desempeñe las funciones atribuidas a la Biblioteca de Euskadi, todo ello sin perjuicio de la Alta Inspección, que será ejercida por la Biblioteca Nacional de España, tal y como se recoge en el apartado 2 del artículo 11, de la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Convenios de colaboración.
El Gobierno Vasco promoverá la firma de convenios con organismos y entidades públicos o privados con el objeto de mejorar y completar la gestión del depósito legal en Euskadi.
La nueva nomenglatura para la asignación del número de depósito legal de las publicaciones en soporte tangible, prevista en los apartados 3 y 4 del artículo 13 del presente Decreto, resultará de aplicación desde el día 1 de enero de 2020.
Dado en Vitoria-Gasteiz, a 10 de septiembre de 2019.
Decreto sobre gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Euskadi. (Resumen del acuerdo del Consejo de Gobierno del 03-03-2015)
RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2019, de la Directora de Trabajo y Seguridad Social, por la que se ordena el depósito del acuerdo de disolución y liquidación de la organización empresarial Asociación de Empresas de Gestion e Intermediación Inmobiliaria…
ORDEN de 17 de septiembre de 2019, de la Consejera de Educación, por la que se convocan becas de estancia en la empresa, para el alumnado de formación profesional que curse el módulo de FCT durante el periodo septiembre-marzo, en el curso académico…

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artículo 10
Real Decreto
Real Decreto
Artículo 2
Artículo 3
artículo 9
Artículo 4
artículo 5
artículo 4
Real Decreto
Artículo 5
Artículo 6
artículo 21
Artículo 7
Artículo 8
Artículo 9
Artículo 10
Artículo 11
Artículo 12
Artículo 14
Artículo 15
artículo 14
Artículo 16
artículo 3
artículo 3
artículo 3
artículo 3
Artículo 17
artículo 3
Artículo 18
Real Decreto
artículo 3
Artículo 19
Real Decreto
artículo 18
artículo 18
Artículo 20
Artículo 21
artículo 29
Artículo 22
Artículo 23
artículo 20
Artículo 25
artículo 11
artículo 13
RESOLUCIÓN


text:
T-306-11
Sentencia T-306/11
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Reiteración de jurisprudencia
Esta Corporación ha señalado que la agencia oficiosa es procedente cuando se afirme que se actúa como tal y se encuentre probado que el representado está en imposibilidad de promover por sí mismo la acción de tutela y en consecuencia su defensa. Ahora bien, cuando se trata de tutelar los derechos de los niños, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la agencia oficiosa encuentra su fundamento constitucional en el artículo 44, y por tanto, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente la protección o el ejercicio pleno de los derechos del menor. Es decir, en estos casos no impera el rigorismo procesal establecido en el inciso 2o. del art. 10 del decreto 2591 de 1991, en cuanto impone al agente oficioso manifestar en la solicitud de tutela que el afectado en su derecho fundamental no está en condiciones de promover su propia defensa. La necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial sobre el derecho procesal, determina que la informalidad de la tutela adquiera mayor relevancia cuando se trate de amparar derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes cuando son vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, pues es obvio que los niños por si mismos no están en condiciones de interponer la acción de tutela, razón por la cual deberán hacerlo a través de su representante legal, o de agente oficioso.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION-Protección por tutela
La Corte ha señalado que sólo una vez adoptadas las medidas de orden legislativo y reglamentario, las personas pueden, sin excepción, acudir a la acción de tutela para lograr la efectiva protección de estos derechos fundamentales cuando quiera que este se encuentre amenazado de vulneración o haya sido conculcado, previo análisis de los requisitos de procedibilidad de este mecanismo constitucional. La anterior regla tiene una excepción, pues también ha indicado la Corte que ante la renuencia de las instancias políticas y administrativas competentes en adoptar e implementar medidas orientadas a realizar estos derechos fundamentales en la práctica, los jueces pueden hacer efectivo su ejercicio por vía de tutela cuando la omisión de las autoridades públicas termina por desconocer por entero la conexión existente entre la falta de protección de los derechos fundamentales y la posibilidad de llevar una vida digna y de calidad, especialmente de sujetos de especial protección o, en general, de personas colocadas en situación evidente de indefensión. La verificación de la mencionada omisión, en el caso del derecho a la educación, debe tener en cuenta el momento y la forma en que la que el Estado colombiano debe cumplir con sus compromisos en la materia según la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por nuestro país. Como se verá, tales normas distinguen entre las obligaciones de cumplimiento inmediato y las de cumplimiento progresivo y atribuyen compromisos prioritarios en torno a la obligatoriedad de la educación básica de los niños y las niñas y la gratuidad de la educación primaria. El derecho a la educación es un derecho fundamental, no sólo de los niños y las niñas, sino de todas las personas y que, cuando se presenten alguno de los dos eventos descritos, la acción de tutela puede ser usada para protegerlo, siempre y cuando se verifiquen, además, los requisitos de procedibilidad de este mecanismo procesal. En este sentido, la nueva postura de la Corte Constitucional en torno a la fundamentalidad de todos derechos constitucionales releva al juez de amparo de la carga de argumentar, en cada caso, porque el derecho a la educación es fundamental, pero le impone la obligación de verificar si se presenta alguna de las dos hipótesis mencionadas.
DERECHO A LA EDUCACION-Contenido y obligaciones estatales en materia educativa de conformidad con el bloque de constitucionalidad, cumplimiento inmediato y progresivo
El derecho fundamental a la educación consiste, básicamente, en la facultad de gozar de un servicio de educación con cuatro características interrelacionadas cuales son la asequibilidad o disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, elementos que se predican de todos los niveles de educación y que el Estado debe respetar (abstenerse de interferir), proteger (evitar interferencias provenientes de terceros) y cumplir (ofrecer prestaciones). El Estado está obligado, entre otras cosas, a (i) abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas, a (ii) crear y/o financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todas aquellas personas que demandan su ingreso al sistema educativo y a (iii) invertir en recursos humanos (docentes y personal administrativo) y físicos (infraestructura y materiales educativos, entre otros) para la prestación del servicio. Compromisos que no son ajenos al texto de la Constitución, si se recuerda que el artículo 68 reconoce el derecho de los particulares de fundar establecimiento educativos y que el inciso 5 del artículo 67 indica que el Estado debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio educativo.
ACCION DE TUTELA CONTRA SECRETARIA DE EDUCACION-Orden de asignar cupo en el mismo establecimiento educativo en el que adelantan estudios los primos de la menor
Referencia: expediente T-2814962
1.- Manifiesta la accionante ser madre cabeza de familia, persona de escasos recursos, trabajar por días en confecciones y tener a cargo a sus hijos Yuly Marcela Bernal Castellano, Kevin Felipe Parra Castellanos y a su sobrina Gillian Torres Castellano.
2.- Afirma que, su sobrina Gillian Torres Castellanos se encuentra bajo su cuidado debido a los quebrantos de salud que padece su hermana, Yolanda Castellanos.[1]
3.- La hija mayor de la actora, Yuly Marcela Bernal, se encuentra adelantando estudios en el Taller Psicopedagógico los Andes desde hace varios años[2]. Por ello, en septiembre de 2009 la señora Ruth Liliana Castellanos inscribió a los niños Kevin Felipe y Gillian en la convocatoria para asignación de cupos escolares del año 2010 en grado 0, solicitando cupo en la mencionada institución.
4.- El 1 de septiembre de 2009 la entidad demandada asignó cupo al niño Kevin Felipe Parra Castellanos en el colegio Guillermo León Valencia y a la menor Gillian Torres Castellanos en el Colegio Nuevo Chile, ubicado en la localidad de Bosa. Éstos no fueron aceptados por encontrarse dichas instituciones retiradas del lugar de residencia de los menores.
5.-Expresa la accionante que, la entidad demandada el 19 de enero de 2010, mediante oficio N. 4100-S-005867, le reasignó cupo al menor Kevin Felipe Parra en el colegio Distrital Cedid Ciudad Bolívar.
6.- La actora radicó derecho de petición el 8 de febrero de 2010 al Cadel de Ciudad Bolívar, solicitando que se le asignaran cupos a los menores en un colegio que quedara cerca a su lugar de residencia, ya que al niño le fijaron un colegio de Sierra Morena y a la niña un colegio de Olarte, lo que le dificulta a la actora estar pendientes de ellos y de su hija mayor.
7.- Mediante oficio de 26 de febrero de 2010, la Secretaría de Educación Distrital informó a la actora que al niño Kevin Felipe le habían asignado cupo en el colegio Oreste Sindici y a la niña Gillian en la Institución Nuevo Chile.
9.- Con fundamento en los hechos narrados, la ciudadana Ruth Liliana Castellanos Sánchez, solicita tutelar el derecho a la educación de su hijo Kevin Felipe Parra Castellanos y de su sobrina Gillian Torres Castellanos. En consecuencia, pide ordenar a la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá asignar cupos escolares a los niños en el Taller Psicopedagógico los Andes, por unificación de hermanos y por encontrarse esta institución cerca de su residencia.
10.- El Director Local de Educación de Ciudad Bolívar, Localidad 19, indicó en su escrito de contestación que la accionante, respecto del niño Kevin Felipe, realizó inscripción solicitando los siguientes colegios: Ismael Perdomo, Colegio Guillermo León Valencia y Cafam los Naranjos. Así mismo, indicó que no es cierto lo expresado por la accionante en su escrito de tutela al afirmar que, el 10 de marzo de 2010, de manera verbal, se le comunicó que le habían asignado cupos a los menores en el Taller Psicopedagógico los Andes.
11.-En escrito posterior, allegado al Juzgado de Instancia, el Director de Coberturas, manifestó que atendiendo la solicitud de unificación familiar y ubicación por lugar de residencia presentada por la accionante, reasignó cupo al menor Kevin Felipe Parra Castellanos en el colegio Taller Psicopedagógico los Andes, cumpliendo con la unificación familiar entre hermanos contemplada en la Resolución que rige el proceso de matriculas en el Distrito.
12.-El Juez Quince Penal Municipal, en sentencia proferida el 16 de abril de 2010, declaró la existencia de hecho superado en relación con la solicitud de asignación de cupo escolar al menor Kevin Felipe Parra Castellanos, ya que en escrito allegado al expediente se demuestra que a éste se le asignó cupo en el colegio Taller Psicopedagógico los Andes a fin de garantizarle el derecho a la educación y dar aplicación a la figura de unificación de hermanos.
13.- En escrito de impugnación presentado el 23 de abril de 2010, la accionante manifestó su inconformidad con el fallo de tutela, pues a la menor Gillian Torres Castellanos no le fue asignado cupo en el Taller Psicopedagógico los Andes, donde estudian sus dos hijos.
14.- El Juzgado Primero Civil del Circuito, en sentencia de 24 de mayo de 2010, confirmó el fallo proferido en primera instancia por considerar que éste se encontraba ajustado a derecho.
1.- Registro Civil de nacimiento del menor Kevin Felipe Parra Castellanos.
2.- Registro Civil de nacimiento de la menor Gillian Torres Castellanos.
3.- Escrito dirigido a la accionante en el que le informan que al menor se le asignó cupo escolar en el colegio distrital CEDID Ciudad Bolívar.
4.-Escrito en el que se le informa a la accionante que a los menores se les asignó cupo en los colegios Oreste Sindici y Nuevo Chile.
5.-Certificado emitido por la Directora del colegio Taller Psicopedagógico los Andes en el que indica que la hija mayor de la accionante se encuentra estudiando en dicha institución.
6.-Escrito emitido por la Secretaría de Educación Distrital en el que informa que al niño Kevin Felipe Parra se le asigno cupo en el colegio Taller Psicopedagógico los Andes, institución donde estudia su hermana mayor. En el mismo escrito se indica que a la menor Gillian Torres se le asignó cupo en la institución Ismael Perdomo.
2.- En atención a lo expuesto, esta Sala de Revisión debe determinar si la asignación que hizo la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá de un cupo escolar a la niña Gillian Torres Castellanos en el colegio Ismael Perdomo, es suficiente para garantizar el derecho a la educación de la menor, pues los hijos de la tía que la tiene bajo su cuidado estudian en una institución diferente.
3.- A fin de resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes tópicos: (i) la agencia oficiosa ante la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes; (ii) el derecho fundamental a la educación y su exigibilidad por vía de tutela; (iii) el contenido del derecho fundamental a la educación y las obligaciones estatales en materia educativa de conformidad con el bloque de constitucionalidad; (iv) el caso concreto.
i- La agencia oficiosa ante la protección de los derechos de los niños, las niñas y de los adolescentes.
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[3] dispone que la acción de tutela puede ser ejercida por cualquier persona que considere que le han violado o amenazado sus derechos fundamentales, quien podrá actuar directamente o a través de representante. Pero, la norma citada, contempla, además, la figura de la agencia oficiosa al establecer:
En cuanto a la agencia oficiosa, esta Corporación ha señalado que ella es procedente cuando se afirme que se actúa como tal y se encuentre probado que el representado está en imposibilidad de promover por sí mismo la acción de tutela y en consecuencia su defensa.[4]
Ahora bien, cuando se trata de tutelar los derechos de los niños, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la agencia oficiosa encuentra su fundamento constitucional en el artículo 44, y por tanto, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente la protección o el ejercicio pleno de los derechos del menor. Es decir, en estos casos no impera el rigorismo procesal establecido en el inciso 2o. del art. 10 del decreto 2591 de 1991, antes citado, en cuanto impone al agente oficioso manifestar en la solicitud de tutela que el afectado en su derecho fundamental no está en condiciones de promover su propia defensa.
“si se trata de agenciar derechos de menores de edad no se aplica el rigorismo procesal consistente en imponer al agente oficioso el deber de “manifestar en la solicitud de tutela que el afectado en su derecho fundamental no está en condiciones de promover su propia defensa, aparte de que ello es obvio tratándose de los niños. En consecuencia, tratándose de la protección de los derechos fundamentales de los niños, la Constitución impone objetivamente la necesidad de su defensa, sin que interese realmente una especial calificación del sujeto que la promueve.”[5]
ii- El derecho fundamental a la educación y su exigibilidad por vía de tutela
El derecho a la educación consiste, básicamente, en la facultad de gozar de un servicio de educación en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad[6]. Es por esto que la educación a más de ser un derecho es un servicio público en virtud del artículo 67 de la Constitución[7].
El derecho a la educación es reconocido en el artículo 44 de la Constitución, el cual hace referencia a los niños y las niñas como sus titulares[8], y en el artículo 67 de la misma[9] según el cual este derecho se radica, también, en cabeza de las demás personas. Además, es reconocido por varios tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia -que hacen parte del bloque de constitucionalidad al tenor del artículo 93 de la Carta de 1991- como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (artículo 13[10]), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -en adelante Pacto de San Salvador- (artículo 13[11]) y la Convención sobre los Derechos del Niño[12] (artículo 28[13]).
Desde sus primeros años[14], esta Corte ha resaltado la importancia del derecho a la educación como instrumento o medio esencial para alcanzar el goce de otros derechos tales como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, el derecho a escoger profesión u oficio, el derecho al trabajo, el mínimo vital y, en general, para lograr una ciudadanía plena. Así mismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organismo que interpreta y vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 13 sobre el derecho a la educación, afirmó que éste derecho “es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades”[15], razón por la cual cobra vital importancia en un país como el nuestro.
De acuerdo a la clasificación ampliamente difundida en la doctrina que se ha ocupado de los derechos fundamentales, la cual toma como base el proceso histórico de surgimiento de estas garantías como parámetro de consulta para establecer la naturaleza de tales derechos, el de la educación se inscribe en la categoría de los derechos de segunda generación –igualmente conocidos como derechos sociales o de contenido económico, social y cultural-.
En el ordenamiento jurídico colombiano y, durante un amplio lapso, la doctrina constitucional – incluida la jurisprudencia de la Corte Constitucional -, acogió la distinción teórica entre derechos civiles y políticos o derechos de primera generación, de una parte, y derechos sociales, económicos y culturales, de otra. Los primeros generadores de obligaciones negativas o de abstención y por ello reconocidos en su calidad de derechos fundamentales y susceptibles de protección directa por vía de tutela. Los segundos, desprovistos de carácter fundamental por ser fuente de prestaciones u obligaciones positivas, frente a los cuales, por ésta misma razón, la acción de tutela resultaba, en principio, improcedente.
Durante ese período de tiempo, a pesar de reconocer el carácter marcadamente prestacional del derecho a la educación[16], la Corte Constitucional admitió en ciertos eventos su fundamentalidad y, en consecuencia, la procedencia de la acción de tutela para su protección en algunas hipótesis.
Así, en ocasiones afirmó que el derecho a la educación era fundamental al menos en el caso de los niños y las niñas debido al tenor literal del artículo 44 de la Constitución que prescribe “son derechos fundamentales de los niños: (…) la educación”[17]. En otras señaló que, con independencia del titular, el derecho a la educación era fundamental “por la estrecha vinculación existente entre la educación y los valores del conocimiento, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad de oportunidades y el acceso a la cultura, entre otros”[18], lo cual no se traducía automáticamente en su exigibilidad judicial inmediata mediante la acción de tutela pues “no es uno de los enumerados en el artículo 85 de la Carta como derecho de aplicación inmediata, esto es, aquéllos que no requieren de desarrollo legal o de realización material progresiva para poder exigirse su efectividad”[19]. Incluso, en otras oportunidades, en contravía de lo anterior, indicó que la educación era un derecho fundamental de aplicación inmediata por su importancia en el texto constitucional de 1991 o para el goce de otros derechos[20]. También, como lo hizo para la generalidad de los llamados derechos de segunda generación, admitió que el derecho a la educación, aunque no era fundamental, podía ser amparado por vía de tutela cuando se lograba demostrar un nexo inescindible entre éste derecho de orden prestacional y un derecho fundamental, lo que se denominó “tesis de la conexidad” [21].
Desde hace algún tiempo, una corriente doctrinal ha mostrado que la razón para negar el carácter fundamental a los derechos de segunda generación, como el derecho a la educación, la cual consiste en sostener que, a diferencia de los derechos de primera generación, implican obligaciones positivas carece de fundamento pues tanto los derechos civiles y políticos como los derechos sociales, económicos y culturales implican obligaciones de carácter negativo como de índole positiva[22]. El Estado ha de abstenerse de realizar acciones orientadas a desconocer estos derechos (deberes negativos del Estado) y, con el fin de lograr la plena realización en la práctica de todos estos derechos – políticos, civiles, sociales, económicos y culturales – es preciso, también, que el Estado adopte un conjunto de medidas y despliegue actividades que implican exigencias de orden prestacional (deberes positivos del Estado). Según esta óptica, la implementación práctica de todos los derechos constitucionales fundamentales siempre dependerá de una mayor o menor erogación presupuestaria, de forma tal que despojar a los derechos sociales – como el derecho a la educación- de su carácter de derechos fundamentales por ésta razón resultaría no sólo confuso sino contradictorio pues también habría que negar tal calidad a los derechos de civiles y políticos al ser generadores de prestaciones.
La mencionada tesis se hace patente en el derecho a la educación, el cual incluye obligaciones de tipo prestacional pero también implica obligaciones de abstención. En concreto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 13 sobre el derecho a la educación, señaló que “El derecho a la educación, como todos los derechos humanos, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: las obligaciones de respetar, de proteger y de cumplir”[23]. De éstas, la primera es obligación de abstención, la segunda es una obligación positiva y la tercera es una prestación. Dijo el Comité,
En vista de lo anterior, en pronunciamientos recientes esta Corte ha señalado que “todos los derechos constitucionales son fundamentales”[24] pues se conectan de manera directa con los valores que los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones estatales de orden negativo o de abstención). Significan, de modo simultáneo, admitir que en el Estado social y democrático de derecho no todas las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios – económicos y educativos - indispensables que les permitan elegir con libertad aquello que tienen razones para valorar. De ahí el matiz activo del papel del Estado en la consecución de un mayor grado de libertad, en especial, a favor de aquellas personas ubicadas en una situación de desventaja social, económica y educativa. Por ello, también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en relación con las condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de carácter positivo o de acción).
Restarles el carácter de derechos fundamentales a los derechos sociales no armonizaba, por lo demás, con las obligaciones estatales adquiridas en virtud de los pactos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia –que hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Constitución- mediante los cuales se ha logrado superar esta diferenciación artificial que hoy resulta obsoleta así sea explicable desde una perspectiva histórica.
Lo propio se hace en el marco del sistema interamericano mediante el Pacto de San Salvador, ratificado por Colombia en 1997, en cuyo Preámbulo se resalta la base común de todos los derechos humanos cual es la dignidad humana y su consecuente interdependencia al decir que los estados partes reconocen “la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros”[25].
Existen facetas prestacionales de los derechos fundamentales – sean éstos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales -, como el derecho a la educación, cuya implementación política, legislativa, económica y técnica es más exigente que la de otras y depende de fuertes erogaciones económicas en un contexto de escasez de recursos. Esto supone que algunas veces sea necesario adoptar políticas legislativas y/o reglamentarias para determinar específicamente las prestaciones exigibles y las condiciones para acceder a las mismas, las instituciones obligadas a brindarlas y su forma de financiación, teniendo en cuenta que se debe atender, de modo prioritario, a quienes más lo necesitan.
Sobra decir que, en esta tarea, el legislador y la administración deben respetar los mandatos constitucionales y honrar los compromisos internacionales que ha adquirido Colombia con la ratificación de varios tratados internacionales sobre derechos humanos –que hacen parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución-para lo cual deben tener en cuenta las interpretaciones que los órganos autorizados han hecho sobre el alcance de los derechos y los deberes estatales que reconocen e imponen, respectivamente, estas normas[26].
En este sentido, la Corte ha señalado que sólo una vez adoptadas las medidas de orden legislativo y reglamentario, si se cumplen los requisitos previstos en estos escenarios, las personas pueden, sin excepción, acudir a la acción de tutela para lograr la efectiva protección de estos derechos fundamentales cuando quiera que este se encuentre amenazado de vulneración o haya sido conculcado[27], previo análisis de los requisitos de procedibilidad de este mecanismo constitucional.
La anterior regla tiene una excepción, pues también ha indicado la Corte que ante la renuencia de las instancias políticas y administrativas competentes en adoptar e implementar medidas orientadas a realizar estos derechos fundamentales en la práctica, los jueces pueden hacer efectivo su ejercicio por vía de tutela cuando la omisión de las autoridades públicas termina por desconocer por entero la conexión existente entre la falta de protección de los derechos fundamentales y la posibilidad de llevar una vida digna y de calidad, especialmente de sujetos de especial protección o, en general, de personas colocadas en situación evidente de indefensión[28].
iii- Contenido del derecho fundamental a la educación y obligaciones estatales en materia educativa de conformidad con el bloque de constitucionalidad
Como se señaló, el derecho fundamental a la educación consiste, básicamente, en la facultad de gozar de un servicio de educación con cuatro características interrelacionadas cuales son la asequibilidad o disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, elementos que se predican de todos los niveles de educación y que el Estado debe respetar (abstenerse de interferir), proteger (evitar interferencias provenientes de terceros) y cumplir (ofrecer prestaciones)[29].
Tales componentes, conocidos como el sistema de las cuatro A, fueron planteados por primera vez en el informe preliminar presentado a la Comisión de Derechos Humanos por la Relatora Especial sobre el derecho a la educación el 13 de enero de 1999[30] y han sido acogidos tanto por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General No. 13 sobre el derecho a la educación[31], como por esta Corte en varias de sus sentencias con fundamento en la figura del bloque de constitucionalidad (artículo 93 de la Constitución)[32].
La disponibilidad o asequibilidad hace referencia a que “debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente”[33].
Ello implica que el Estado está obligado, entre otras cosas, a (i) abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas, a (ii) crear y/o financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todas aquellas personas que demandan su ingreso al sistema educativo y a (iii) invertir en recursos humanos (docentes y personal administrativo) y físicos (infraestructura y materiales educativos, entre otros) para la prestación del servicio[34]. Compromisos que no son ajenos al texto de la Constitución, si se recuerda que el artículo 68 reconoce el derecho de los particulares de fundar establecimiento educativos y que el inciso 5 del artículo 67 indica que el Estado debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio educativo.
(a) En lo que respecta al nivel de enseñanza, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución, la educación obligatoria “comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”. Esta disposición constitucional, según la jurisprudencia de esta Corporación[35], se traduce en que si bien el Estado tiene la obligación de disponibilidad respecto de todas las etapas de la educación (preescolar, primaria, secundaria y superior), se prioriza la consecución de un mínimo: un año de preescolar y nueve de educación básica, correspondiendo esto último a cinco años de primaria y cuatro de secundaria.
La priorización referida no coincide completamente con la estipulada en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Así el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, limita la obligatoriedad de la educación a la primaria, lo que deja por fuera al nivel preescolar y a los cuatro años de secundaria que están contemplados en la Carta del 1991[36]. Idéntica disposición contiene el Pacto de San Salvador en el artículo 13[37] y la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 28[38].
Según la jurisprudencia constitucional, la contradicción entre una norma constitucional y una norma internacional que hace parte del bloque de constitucionalidad se debe resolver de acuerdo con el principio de la favorabilidad, bajo el cual “el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea más favorable a la vigencia de los derechos humanos”[39], en este caso la norma constitucional.
Ahora bien, aunque el artículo 67 de la Constitución habla de los niños y niñas entre los cinco y los quince años, según la jurisprudencia constitucional el límite superior debe ser entendido hasta los 18 años. Al respecto, en la sentencia T-163 de 2007[40] se indicó:
Lo anterior, por cuanto, de una parte, el artículo 44 superior reconoce que la educación es un derecho fundamental de todos los niños, y conforme al artículo 1° de la Convención sobre los derechos del niño - ratificada por Colombia por medio de la Ley 12 de 1991- la niñez se extiende hasta los 18 años[41], y de otra por que según el principio de interpretación pro infans –contenido también en el artículo 44-, debe optarse por la interpretación de las disposiciones que menos perjudique el derecho a la educación de los niños.
La accesibilidad implica que “las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos”[42], y consta de tres dimensiones:
(i) No discriminación: “la educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de derecho”[43], por lo que no están excluidas las medidas de acción afirmativa[44]. La obligación correlativa del Estado en este punto es, obviamente, la eliminación de todo tipo de discriminación en el sistema educativo, compromiso que es desarrollo del artículo 13 de la Constitución que reconoce el derecho a la igualdad.
(ii) Accesibilidad material: “La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia)”[45]. La obligación estatal es garantizar, por los medios más adecuados, que el servicio educativo sea accesible desde el punto de vista físico, lo que hace parte del mandato contenido en el inciso 5 del artículo 67 que prescribe que el Estado debe asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
(iii) Accesibilidad económica: “La educación ha de estar al alcance de todos”, lo que se traduce en que se ha de ofrecer educación pública gratuita en todos los niveles[46].
A la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13[47]) y del Pacto de San Salvador (artículo 13[48]) mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos de forma prioritaria, se exige a los Estados que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita.
Tal como se señaló, la Corte ha resuelto en anteriores ocasiones las contradicciones entre normas constitucionales y normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo con el principio de favorabilidad[49].
La adaptabilidad consiste en que “la educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados”[50]. En otras palabras, el Estado está obligado a garantizar que la educación se adapte al estudiante y no que el estudiante se adapte a la educación, lo cual tiene plena correspondencia con los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 de la Constitución) y al respeto y reconocimiento de las diferencias (artículo 13 ídem).
Finalmente, la aceptabilidad significa que “la forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres”[51]. Por lo cual, de conformidad con el inciso 5 del artículo 67 de la Carta el Estado debe regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad.
“La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia). La obligación estatal es garantizar, por los medios más adecuados, que el servicio educativo sea accesible desde el punto de vista físico, lo que hace parte del mandato contenido en el inciso 5 del artículo 67 que prescribe que el Estado debe asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”.
En caso objeto de estudio, la Secretaría de Educación Distrital no logró garantizar la dimensión material del derecho a la educación, pues como se mostró en los hechos de esta providencia, a la niña se asignó un cupo escolar en el colegio Ismael Perdomo a pesar de encontrarse a cargo de su tía, quien tiene dos hijos menores cursando en una institución diferente- Taller Psicopedagógico los Andes-, lo que le imposibilita dejar a la menor en la institución asignada.
Primero.- Revocar parcialmente la decisión proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, en sentencia de 24 de mayo de 2010, y en su lugar Tutelar el derecho a la educación de la menor Gillian Torres Castellanos.
Segundo.- Ordenar a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá asignar un cupo a la menor Gillian Torres Castellanos en el Taller Psicopedagógico los Andes.
Tercero.-confirmar la decisión proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, en sentencia de 24 de mayo de 2010, en lo relacionado con la solicitud de protección del derecho a la educación del menor Kevin Parra Castellanos.
[2] Folio 9, cuaderno 1.
[3] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[4] En este sentido pueden consultarse las Sentencias T-693 de 2004, Cabra, T-061 de 2004, T-863 de 2003, T-1135 de 2001, T-452 de 2001, T-236 de 2000.
[5] Auto No 006 de 1996,, a través del cual se revocó una providencia mediante la cual se rechazó una demanda de tutela bajo el argumento que la agencia ejercida por el peticionario no era viable.
[6] El derecho a la educación puede diferenciarse de los derechos en la educación, concepto que abarca todos aquellos derechos que deben ser respetados dentro de los procesos educativos, como la dignidad humana, la igualdad (en el acceso y la permanencia en el sistema educativo), la integridad personal (prohibición de sanciones que atenten contra ella), el libre desarrollo de la personalidad (prohibición de discriminar o sancionar a los(as) estudiantes que opten por llevar el pelo largo, por casarse o convivir con otra persona, por su opción sexual o por haber decidido ser padre o madre), el debido proceso (el cual debe aplicarse al imponer sanciones por faltas disciplinarias en el ámbito escolar), la libertad de cultos (pues nadie puede ser obligado a recibir educación religiosa), entre otros.
[7] Sobre el carácter de servicio público de la educación ver las sentencias T-526 de 1997, T-029 de 2002, T-1227 de 2005, T-550 de 2007, T-805 de 2007, entre otras.
[8] “Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: (…) la educación”.
[9] “Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.
. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:
[14] Sentencia T-236 de 1994. En el mismo sentido, las sentencias T-1227 de 2005 y T-805 de 2007, entre otras.
[15] Párr. 1.
[16] Sentencias T-002 de 1992, T-236 de 1994, T-467 de 1994, T-100 de 1995, T-388 de 1995, T-235 de 1997, T-029 de 2002, T-550 de 2007, entre otras.
[17] Sentencias T-050 de 1999, T-1017 de 2000, T-202 de 2000, T-353 de 2001, T-055 de 2004 y T-1227 de 2005, entre muchas otras.
[18] Sentencia T-329 de 1993.
[19] Sentencia T-329 de 1993. En similar sentido, sentencias T-100 de 1995, T-331 de 1998, T-509 de 1998, T-619 de 1998 y T-170 de 2003, entre otras.
[20] Sentencias T-236 de 1994, T-235 de 1997, T-526 de 1997 y T-029 de 2002, entre otras.
[21] Posición planteada desde la sentencia T-406 de 1992. En el caso del derecho a la educación, ver las sentencias T-467 de 1994 y T-1227 de 2005, entre otras.
[22] Víctor Abramovich, Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, Editorial Trotta, Madrid, 2002.
[23] Párr. 46.
[24] Ver las sentencias T-016-07, T-1177-08, T-1182-08, T-899-08 y T-1103-08, entre otras, sobre el derecho a la salud, T-585-08 sobre el derecho a la vivienda y T-580-07 y T-090-09, entre otras, sobre el derecho a la seguridad social.
[25] Preámbulo que fue considerado por esta Corte como ajustado a la Constitución en la sentencia C-251 de 1997, mediante la cual se realizó el control de constitucionalidad de la ley aprobatoria del Pacto de San Salvador.
[26] Al respecto ver las Sentencias C-616 de 2001, C-130 de 2002, C-791 de 2002 y SU-623 de 2001.
[27] Sentencia T-016-07. Reiterada por las sentencias T-1177-08, T-1182-08, T-899-08 y T-1103-08 y T-090-09, entre otras.
[29] Véase párr. 9 de la presente sentencia.
[30] Párr. 50.
[31] Párr. 6.
[32] Sentencias T-1227 de 2005, T-787 de 2006, T-550 de 2007 y T-805 de 2007, entre otras.
[33] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 13 “El derecho a la educación”, párr. 6.
[34] Sentencias T 787 de 2006, T-550 de 2007 y T-805 de 2007, entre otras.
[35] Sentencias T-263 de 2007 y T-805 de 2007, entre otras.
[36] “Artículo 13. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. (…) 2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente (…)” (subrayado fuera de texto).
[37] “Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a la educación (…) 3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:
[38] “Artículo 28 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos (…)”(subrayado fuera de texto).
[39] Sentencia T-1319 de 2001. En el similar sentido, sentencia T-263 de 2007.
[40] En el mismo sentido, las sentencias T-323 de 1994, T-787 de 2001 y T-805 de 2007.
[41] Artículo 1.
[42] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 13 “El derecho a la educación”, párr. 6.
[44] Ibídem, párr. 32.
[45] Ibídem, párr. 6.
[47] “Artículo 13. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. (…)
[48] “Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. (…) 3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:
[49] Sentencias T-1319 de 2001. En similar sentido, T-263 de 2007.
[50] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 13 “El derecho a la educación”, párr. 6.

matches:
artículo 44
artículo 68
artículo 67
Resolución
artículo 10
artículo 44
artículo 67
artículo 44
artículo 67
artículo 93
artículo 44
artículo 85
artículo 93
artículo 93
artículo 68
artículo 67
artículo 67
artículo 13
artículo 13
artículo 28
artículo 67
artículo 44
artículo 1
artículo 44
artículo 13
artículo 67
artículo 67
artículo 67
artículo 86
Artículo 1


text:
1.1.1.Decreto nº 1492/2016 Medidas de Ordenamiento de Circulación y Estacionamiento
(Texto actualizado, modificado por Decreto nº 12/2017)
Publicación: 21.07.2016
Artículo 1º.- Deróguense los artículos 2.2.3.; 2.2.4.; 2.2.10; 2.2.12; 2.2.13 y 2.2.20 del Decreto nº 1212 de fecha 29 de junio de 1992 y todo norma de igual o menor jerarquía que se oponga a la presente.
Artículo 2º.- Disponese el siguiente sentido de circulación de las siguientes calles:
2.1. Sentido Oeste-Este:
Calle España desde Gran Chaco hasta su intersección con Peatonal San Martín.
Calle 25 de Mayo-Acera Sur desde Peatonal San Martín hasta la intersección de calle Echagϋe.
Calle Echagϋe desde Irigoyen hasta Avda. Ramirez
Calle Alem desde su intersección con Echagϋe y Alsina hasta Avda. Ramirez.
2.2. Sentido Este-Oeste
Calle Gualeguaychú desde Av. Ramirez hasta Peatonal San Martín.
Calle Bavio desde Peatonal San Martín hasta calle Diamante.
Calle Alem desde Antártida Argentina hasta Peatonal San Martín.
Calle Perú desde Peatonal San Martín hasta calle Gran Chaco.
Calle Tejeiro Martinez desde Tucuman hasta calle Bertozzi.
Calle España dese calle Gran Chaco hasta Ameghino.
Calle Perú desde su intersección con Gran Chaco hasta Cadete Cejas (Φ)
2.3. Sentido Sur-Norte
Calle Cadete Cejas desde calle Perú hasta calle España.
2.4. Sentido Norte-Sur
Calle Antártida Argentina desde Calle Echagϋe hasta calle Alem.
2.5. Doble sentido de circulación
Calle Ituzaingó desde Florencio Sánchez hasta Diamante.
Artículo 3º.- Establécese la creación de "Carriles Exclusivos" definido como "el sector de la calzada delimitado para el uso exclusivo de ómnibus, taxis y remises en servicio, ocupados con pasajeros, vehículos de emergencia médica, bomberos, policías, todos ellos en funcionamiento y con la debida señal acústica y aquellos que oportunamente determine la Autoridad de Aplicación". Dispuesto el uso de los mismos, se prohíbe el estacionamientio en todo el recorrido del "Carriles Exclusivos", en los horarios que se establecen en el presente decreto.
Disponer la delimitación, dentro de la calzada, como "Carriles Exclusivos" a la siguientes calles:
Calle Gualeguaychú desde Avda. Ramirez hasta Peatonal San Martín;
Calle Bavio desde Peatonal San Martín hasta calle Italia;
Calle Italia desde calle Bavio hasta calle Urquiza;
Calle Santa Fé desde calle Urquiza hasta calle Alameda de la Federación;
Calle Córdoba desde calle Laprida hasta calle Urquiza;
Calle Libertad desde Urquiza hasta calle España;
Calle 25 de Mayo desde Peatonal San Martín hasta H. Irigoyen;
Calle Echagϋe desde H. Irigoyen hasta Av. Ramirez.
Calle España desde su intersección con calle Libertad hasta Peatonal San Martin (Φ)
Av. Almafuerte desde su intersección con calle Soler hasta Av. Ramírez. (Φ)
Artículo 4º.- Fíjense los siguientes horarios en los Carriles Exclusivos:
a) Para las calles Gualeguaychú, España, 25 de Mayo y Echagϋe en forma permanente,
b) Para el resto de los Carriles Exclusivos su uso será desde las 05:30 horas hasta las 15:30 horas.
Artículo 5º.- Complementariamente establézcase que:
a) En todos los casos la ocupación de la vía de circulación por vehículos u otro impedimento que obstruya aquella deberá ser removido por la Dirección de Tránsito, y/o los organismos que se requieran de la Municipalidad de Paraná, y llevado a deposito para su custodia, con cargo al responsable de la infracción.-
b) Se encuentra permitido para los vehículos autorizados a la circulación en los "Carriles Exclusivos" los sobrepasos que superan la faja de circulación.-
c) Se permite invadir las fajas de circulación a los vehículos que accedan a cocheras, playas de estacionamiento, garajes, estaciones de servicios, o aquellos deban ingresar a dársenas de hotel, hospital, sanatorios cuyo acceso sea necesario efectuarlo a través de los carriles exclusivos y/o lo que se disponga por la Autoridad de Aplicación.-
d) Queda prohibida la circulación en los carriles exclusivos, todo vehículo ajeno a los expresamente descriptos en este artículo, y que se encuentren habilitados por la Municipalidad de Paraná en el caso del transporte de personas.-
e) Las franquicias especiales quedan expresamente prohibidas en su circulación y estacionamiento para los espacios delimitados como Carriles Exclusivos para los Servicios Públicos indicados en el artículo 3º del presente durante los días y horas establecidas para su funcionamiento. El tiempo de detención en los carriles exclusivos deberá ser mínimo para desarrollar una operación autorizada en forma expresa por a Autorida de Aplicación.
f) En el caso de cargas y descargas sólo podrán, en todos los casos dentro de los horarios de las 22:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente.
Artículo 6º.- Dispónese que la Autoridad de Aplicación enviará al D.E.M. un informe mensual detallado:
a) La oportunidad y conveniencia de la puesta en marcha de nuevos Carriles Exclusivos.
b) La planificación de las nuevas medidas de ordenamiento que surgen desde la puesta en marcha de los Carriles Exclusivos.
c) Un análisis sobre los Carriles Exclusivos puestos en vigencia a partir del presente.
d) Un plan de ordenamiento de parada de taxi, modificación de las vigentes conforme al funcionamiento de los Carriles Exclusivos, de los nuevos estacionamientos del sector carga y descarga, con los horarios conforme a las necesidades del sector y del comercio.
Artículo 7º.- Facúltase a la Secretaría de Servicios Públicos para que proceda a modificar lo recorrido de las líneas de transporte público de pasajeros en forma parcial y adecuen las paradas de taxis, con refrenda del Sr. Intendente, y coordinar con las distintas reparticiones municipales las modificaciones de semaforización, señalización y cartelería que se requiera por las disposiciones establecidas en el artículo 2º y 3º.-
Artículo 8º.- Dispónese que mientras dura el proceso de conocimiento, adecución y plenitud de las presente modificaciones, la Secretaría de Servicios Públicos deberá arbitrar todos los medios para que se garantice la seguridad vial y los servicios públicos. La Secretría de Medios y Comunicación Ciudadana implementará una masiva, intensa y profunda campaña de difusión a través de los medios de comunicación disponibles como gráficos, televisivos, raduiales, redes sociales virtuales, vía pública u otros para conocimiento de toda la ciudadania e invitará a los vecinos a un programa de educación e información que promueva el interés general de la presente medida.
Artículo 9º.- La presente disposición tendrá vigencia a partir de las 00:00 horas del día 17 de julio de 2016.-
Artículo 10º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos y archívese.-
(Φ) Texto según Decreto nº 12/2017. Asimismo, permite el giro a la derecha en los sectores delimitados como carriles exclusivos: Calle Gualeguaychú en sus intersecciones con: calle Pte. Perón, calle Irigoyen y calle Belgrano También establece que en las intersecciones de calles donde funcionan los carriles exclusivos, sean temporales o permanentes, queda prohibido el giro a la derecha donde no haya semaforización exclusiva que así lo indique. Ver Texto Completo de la norma en este Digesto Municipal
1.1.2. Decreto nº1511/91 calle pública nº 1345 tendrá único sentido de circulación oeste-este desde Los Vascos a avenida Rivadavia.

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