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En materia de empleo, 2015 será mucho mejor que 2014”, aseguró con convicciónStacy Adams Madison 00055 Tan Leather, el viernes pasado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A pesar de esta mejora de las Steve Madden SANJOSE - Botines Negro Mujer,previsiones, el Ejecutivo ha diseñado unas cifras moderadas para 2015 en las cuantías de todas las prestaciones y variables que tienen que ver con el mercado laboral (bases de cotización, bonificaciones, pensiones, entre otras).
La lucha contra el fraude laboral recaudó Stacy Adams Madison 00042 Negro Mujer /Crocodile Print Leather,9.271 millones hasta mayo
El Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha supuesto un impactoStacy Adams Parisi 24903 Cognac Crocodile/Hornback Print Leather, económico de 9.271 millones de euros hasta mayo de 2014 y ha Steve Madden Westward Oxford marrón Leather,hecho aflorar 203.206 empleos irregulares desde enero de 2012.Según un comunicado del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las actuaciones de lucha contra el fraude laboral han tenido “efectos positivos” en la regularización de las condiciones de trabajo y en el pago de cotizaciones.
La dirección del grupo Correos y los sindicatos mayoritarios de la compañía están a punto de cerrar un preacuerdo Stacy Adams Pepi 24942 Cognac Ante,para alcanzar la paz social durante los próximos cuatro StJM caqui Calzado de mujer Talla Missguided Bailarinas con hebilla - khaki,años (2015-2018), periodo para el que se firmaría el nuevo convenio colectivo que en estos momentos se está negociando.
Se trata de una iniciativa que ya había anunciado Luis de Guindos durante sTNZ Nueva temporada New Balance - NEW BALANCE MRL247 LY - Sport / Zapatillas GRIS Hombre,estas semanas. El ministro de Economía tiene previsto Stacy Adams Pepi 24942 Negro Ante,impulsar de forma inminente, antes de que termine la Legislatura, una Ley de Segunda Oportunidad para los autónomos.
El Gobierno ha decidido reducir las penas de cárcel tanto a quienes dificulten Stacy Adams Pepi 24942 Azul Ante,o impidan el ejercicio de huelga a sus trabajadores, como a los piquetes, que aún así estarán Stonefly Ebony 4 - Deportivas Marrón Mujer,sometidos a castigos más duros, tal y como queda recogido en una de las enmiendas presentadas al proyecto de reforma del Código Penal y que recoge Europa Press.
El índice de precios de consumo (IPC) agrava sus caídas. En diciembre ha bajado hasta una tasa interanualStacy Adams Primo 24959 Blanco Mesh/Leather, del -1,1%, frente al -0,4% de noviembre, según ha anunciado hoy el Stonefly Maggie II 2 - Zapatos de tacón Mujer Beige, Instituto Nacional de Estadística. Suma así seis meses seguidos en negativo.
Contenido y novedades de la Ley 35/2014, por la que se modifica el régimen jurídico deStacy Adams Portello 24872 Negro/Gris Reptile Print Leather, las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Ayer lunes 29 de diciembre se ha publicado en el BOE la Ley 35/2014, Stonefly Ester 2 - Botines Mujer Negro,de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de Stacy Adams Huntley 24881 marrón Leather,la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, conocida como Ley de mutuas, de la que reseñamos sus aspectos más destacados.
Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimoStacy Adams Ruther 24894 rojo Ante, interprofesional para 2015 (BOE 27-12-2014)
En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido en el artículo 27.1 de laStacy Adams Royalty 24669 Negro Patent Leather/Fabric, Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo sTpn beige Calzado de mujer Talla Nike Sportswear AIR MAX 90 PREMIUM - Zapatillas - oatmeal/sail/khaki,1/1995, de 24 de marzo, se procede mediante este real decreto a establecer las cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2015, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar.
Las nuevas cuantías, que representan un incremento del 0,5 por ciento Stacy Adams Regalia 24743 Negro Patent Leather/Fabric,respecto de las vigentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, son el resultado de tomar en consideración de forma sTqj Zapatos bonitos Negro GIARDINI 15020D - Botines Mujer MARRONCalzado de Mujer genuino, conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores.
El citado incremento responde a la mejora de las condiciones generales de la economía, a la vez que continúa favoreciendo, de forma Stacy Adams Sawyer 24934 Negro Buffalo Leather,equilibrada, su competitividad, acompasando así la evolución de los salarios con el proceso Steve Madden Minted Negro Leather, de recuperación del empleo.
Este real decreto ha sido consultado a las organizaciones sindicales Stonefly Season III 2 - Zapatos con cordones Hombre Marrón, y asociaciones empresariales más representativas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad StSy Los mejores zapatos Zapatos Mujer PEDRO MIRALLES ZAPATO ABOTINADO TACON WEELEND BY PEDRO MIRALLES 9234 CUERO, Social y previa deliberación del Consejo de MinistrosStacy Adams Santoro 24939 Tan Woven Print Leather, en su reunión del día 26 de diciembre de 2014,
El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sinSTgR Mejor descuento Mjus CAZIN Marrón Mujer comprar zapatos online, distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 21,62 STul Buenos zapatos de mirada Mujer Dune London GIG - Mocasines azul claroCalzado de Mujer genuino, euros/día o 648,60 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.
En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a laStreet One Camiseta de Manga 3/4 para Mujer B07B6XGQ5C, minoración de la cuantía íntegra en dinero de Stws negro Calzado de mujer Talla Polo Ralph Lauren MACKENZIE - Mocasines - Negro,aquel.
Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del Street One Cárdigan para Mujer B077ZH6DBV,salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se stxj Venta de liquidación BOURNE SALON CEREMONIA RASO NEGRO BOURNE CHRISTY Zapatos MujerCalzado de Mujer genuino,realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.
Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las StsX nike air max 95 light Gris,reglas sobre compensación que se establecen en los artículos siguientes.
Al salario mínimo consignado en el artículo 1 se adicionarán, sirviendo sTxl negro Calzado de mujer Talla Proenza Schouler Zuecos - Negro, el mismo como módulo, en su caso, y según lo establecido en los conveniosStacy Adams Seaver 24931 Negro Ante, colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción.
A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del Estatuto de STT0 Nuevos zapatos de la llegada Hombre SKECHERS 64629 Deportivo VERDECalzado de Hombre genuino, los Trabajadores, en cuanto a compensación y absorción en cómputo anualStacy Adams Waltham 20138 Negro Leather, por los salarios profesionales del incremento del salario mínimo interprofesional, se procederá de la forma siguiente:
La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este real decreto no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios Stacy Adams Sloane 24930 Sand Ante,profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su STv1 Comprar auténtico Yogi LAWSON - Zapatos con cordones Hombre tostadoCalzado de Hombre genuino,conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo.
A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el resultado de Stacy Adams Templin 24507 Negro Leather,adicionar al salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real decreto los devengos a que se refiere el Style: 101 Reebok Mujer / Hombre Reebok Classic Leather Blanco Zapatos España / ES / EU Tamaño 38,artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 9.080,40 euros.
Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y jornadaStacy Adams Santana 23121 Cognac Snake/Croco/Lizard Print Leather, completa con arreglo a normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos Style: 104523f Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor Reggae Ox Tan Zapatos España / ES / EU Tamaño 43,individuales de trabajo en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto.
Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales que se Stacy Adams Tru 53414 Light Azul Denim Denim,encuentren en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto subsistirán en sus propios términos, sin más modificación que la que fuese Style: 11100101-8011 Native Mujer / Hombre Native Jefferson Jiffy Negro / Sprinkle Print Zapatos España / ES / EU Tamaño 39, necesaria para asegurar la percepción de las cantidades en cómputo anual que resulten de la aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, en consecuencia, ser incrementados los salarios profesionales inferiores al indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a éste.
Los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días percibirán, conjuntamente con el salarioStella mccartney mujer calzado espadrilla camel fibras textiles,james mccartney glisten,compra, mínimo a que se refiere el artículo 1, la parte proporcional de la retribución de los Style: 11101800-4512 Native Mujer / Hombre Native Verona Lucy Azul / Shell Blanco Zapatos España / ES / EU Tamaño 36, domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondientes al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que en ningún caso la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 30,72 euros por jornada legal en la actividad.
En lo que respecta a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a que se refiere este artículo, dichosStella mccartney mujer calzado botín gris fibras textiles,stella mccartney bolsos imitacion,Madrid tiendas, trabajadores percibirán, conjuntamente con Style: 07882 Clarks Mujer / Hombre Clarks Originals Desert Botas Negro Zapatos España / ES / EU Tamaño 44, el salario mínimo interprofesional fijado en el artículo 1, la parte proporcional de este correspondiente a las vacaciones legales mínimas en los supuestos en que no existiera coincidencia entre el período de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. En los demás casos, la retribución del período de vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación.
De acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio Stella mccartney mujer calzado espadrilla fucsia fibras textiles,stella mccartney mexico,real,del hogar familiar, que toma como referencia para la determinación del salario mínimo Style: 1258143-411 Under Armour Mujer / Hombre Under Armour Clutchfit Drive 2 Midnight Navy / Blanco Zapatos España / ES / EU Tamaño 38,de los empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el fijado para los trabajadores eventuales y temporeros y empleados de hogar y que incluye todos los conceptos retributivos, el salario mínimo de dichos empleados de hogar será de 5,08 euros por hora efectivamente trabajada.
En las cuantías del salario mínimo por días u horas fijadas en los apartados anteriores se Standing Comfort Stretch Negro Calf,computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en Style: 1259013-600 Under Armour Mujer / Hombre Under Armour Torch Rojo / Blanco-Negro Zapatos España / ES / EU Tamaño 41, especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquéllas.
Se autoriza a la Ministra de Empleo y SeguridadSteve Madden Alffa Slip-On Cognac Canvas/Leather, Social para dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo de este real decreto.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos durante el período comprendido Stella mccartney mujer calzado zapato de cordones cuero fibras textiles,james mccartney interview,Granada tiendas,entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, procediendo, en consecuencia, el Style: 11100100-2575 Native Mujer / Hombre Native Jefferson Popstar Naranja / Shell Blanco Zapatos España / ES / EU Tamaño 36,abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de enero de 2015.
El Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y deSteve Madden Crucible Oxford Tan Leather, desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado Style: 132169c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor Leather High Blanco Zapatos España / ES / EU Tamaño 38,por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, queda modificado como sigue:
«c) Renunciar al método de estimación objetiva y a la modalidad simplificada del método de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de lasSteve Madden Dewke Tan Leather, Personas Físicas o a los regímenes especiales simplificado, y de la agricultura, ganadería Style: 140028c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor Leather High Morel Zapatos España / ES / EU Tamaño 41,y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.»
«f) Optar por la determinación de la base imponible mediante el margen deSteve Madden DELERIUS - Zapatos de tacón Negro Mujer, beneficio global en el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos Style: 142281c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor Tri-panel High Khaki / Palm Verde Zapatos España / ES / EU Tamaño 37,de colección a que se refiere el apartado dos del artículo 137 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.»
«o) Comunicar la condición de empresario o profesional revendedor de los bienes a que se refiere el artículo 84.Uno.2.ºg) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Stacy Adams Seaver 24931 Gris Ante,Impuesto sobre el Valor Añadido.
p) Optar por la aplicación del diferimiento del ingreso de las cuotas de Impuesto sobre el Valor Añadido en lasStanding Comfort Pace Negro Calf, operaciones de importación liquidadas Style: 144670c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor All Star High Admiral Zapatos España / ES / EU Tamaño 36, por la Aduana, a que se refiere el artículo 167.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido»
«d) Optar por la determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio global en elSteve Madden Ezeke Sneaker Rose Oro Synthetic, régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección a que se refiere el apartado dos Style: 142341c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor All Star High Negro / Egret Zapatos España / ES / EU Tamaño 37, del artículo 137 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.»
«h) Revocar las opciones o modificar las solicitudes a que se refieren los párrafos d), e) y f) anteriores y los párrafos f), h) y p) del artículo 9.3 de esteSteve Madden Fixer Sneaker Sand Ante, reglamento, así como la comunicación de los cambios de las situaciones a Style: 144668c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor Leather Low Ox Heart Zapatos España / ES / EU Tamaño 41,que se refieren el párrafo g) de este apartado y los párrafos i) y o) del artículo 9.3 de este reglamento.».
«d) Las deudas tributarias devengadas en concepto del Impuesto sobre el Valor añadido en las Steve Madden Farside Sneaker Tan Leather,operaciones de importación, Style: 144763c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor Leather Pine Needle Zapatos España / ES / EU Tamaño 43,excepto en los casos en que se haya optado por la aplicación del diferimiento del ingreso de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido relativas a dichas operaciones liquidadas por la Aduana a que se refiere el artículo 167.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.»
«b) Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo deSteve Madden Glameer - Botas Mujer Negro, actividades a las que sea de aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia.
Se podrán expedir facturas mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros supuestos, cuando el obligado a su expediciónSteve Madden Ferrow Slip-On Navy Ante, cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus operaciones Style: 144786c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor All Star High '70 Woven Textile Twilight Zapatos España / ES / EU Tamaño 43, y cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza.
No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en Style: 147051c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor All Star High (Warhol) Negro / Blanco Zapatos España / ES / EU Tamaño 40, series específicas de las facturas siguientes:
1.º Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el Steve Madden Glorria - Botines Mujer Vino,artículo 5, para cada uno de los cuales deberá Style: 144666c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor Leather High Pine Needle Zapatos España / ES / EU Tamaño 38, existir una serie distinta.
3.º Las que se expidan conforme a la disposición adicional quinta Style: 144681c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor 70s All Star High Cheetah Zapatos España / ES / EU Tamaño 45,del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 delSteve Madden Kerman Oxford Negro Nubuck, Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
4.º Las que se expidan conforme a lo previsto en el artículo 84, apartado uno, número 2.º, letra g), Style: 144805f Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor All Star Low Cactus / Blanco Zapatos España / ES / EU Tamaño 38, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Stella mccartney mujer calzado zapato de salón caqui fibras textiles elásticas,stella mccartney calzado,Programa de compra,Valor Añadido.
5.º Las que se expidan conforme a lo previsto en el artículo 61 quinquies, apartado 2 del Reglamento del Impuesto sobre el ValorSteve Madden Kerman Oxford Tan Nubuck, Añadido, aprobado por el artículo 1 del Style: 149485c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor All Star Low Parchment Zapatos España / ES / EU Tamaño 37, Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.»
«b) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, número de identificación fiscal y domicilio del Steve Madden Pipeur Sneaker Negro Leather,obligado a su expedición y del titular de la explotación agrícola, Style: 149692c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor All Star Low (Missoni) Rosa Freeze Zapatos España / ES / EU Tamaño 45, ganadera, forestal o pesquera, con indicación de que está acogido al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.»
«3. En las operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial de las agencias Style: 150143c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor All Star Ii High Negro / Blanco Zapatos España / ES / EU Tamaño 42, de viajes, los sujetos pasivos no estarán obligados a consignar por separado en laSteve Madden Luuxx Oxford Negro Leather, factura que expidan la cuota repercutida, y el Impuesto deberá entenderse, en su caso, incluido en el precio de la operación. En todo caso, en las facturas en las que se documenten operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial deberá hacerse constar la mención a que se refieren los artículos 6.1.n) o 7.1.i).»
La comunicación de la condición de revendedor a que se refiere el artículo 24 quinquies del Reglamento Steve Madden Revieww Oxford marrón Nubuck,del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto Style: 151052c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor High Street Engine Smoke Zapatos España / ES / EU Tamaño 37, 1624/1992, de 29 de diciembre, para el año 2015, se podrá realizar hasta el 31 de marzo de dicho año, por aquellos empresarios o profesionales que vinieran realizando actividades empresariales o profesionales en el año 2014, mediante la presentación de la correspondiente declaración censal.
El ejercicio de la opción a que se refiere el artículo 74.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Style: 151157c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor All Star Ii High Charcoal / Negro Zapatos España / ES / EU Tamaño 40,Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, para el año 2015, se podrá realizar hasta el 31 de enero de dicho año, surtiendo efecto a partir del primer período de liquidación que se inicie con posterioridad a la fecha en que se haya ejercido la opción.
A partir de 1 de abril de 2016 queda derogada la disposición adicional única del Real Style: 151177f Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor All Star Low Roadtrip Azul Zapatos España / ES / EU Tamaño 45,Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba Steve Madden Protectt Oxford Tan Leather,el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de laSteve Madden Sayge Negro Leather, Constitución, que atribuye al Estado la competencia Style: 151183f Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor All Star Low My Van Is On Zapatos España / ES / EU Tamaño 42, exclusiva en materia de Hacienda general.
Se autoriza al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para dictar, en el ámbito Style: 151053c Converse Mujer / Hombre Converse Chuck Taylor High Street Blanco / Garnet Zapatos España / ES / EU Tamaño 36, de sus competencias, las normas que sean precisas para el desarrolloSteve Madden Tavis Slip-On Tan Leather, del presente real decreto.
a) Lo previsto en el apartado cuatro del artículo primero, exclusivamente en lo que respecta a la inclusión del nuevo Steve Madden Vaggio Wingtip Negro Leather,apartado 5 del artículo 24 quater del Reglamento del Impuesto Style: 161650-60032 Diadora Mujer / Hombre Diadora Titan N Night Azul Zapatos España / ES / EU Tamaño 39, sobre el Valor Añadido, entrará en vigor el 1 de abril de 2015.
b) Lo previsto en los apartados ocho y nueve del artículo primero, este último solo en lo que respecta a laSteve Madden Wyott Negro Leather, modificación de los apartados 2 y 3 del artículo 43 del Reglamento del Impuesto Style: 170483-c6128 Diadora Mujer / Hombre Diadora N.9000 Double L Blanco / Vapor Azul Zapatos España / ES / EU Tamaño 38,sobre el Valor añadido, entrarán en vigor el 1 de enero de 2016.

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Real Decreto
artículo 27
Real Decreto
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artículo 27
real decreto
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real decreto
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artículo 1
artículo 1
artículo 38
artículo 8
Real Decreto
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artículo 137
artículo 84
artículo 167
artículo 137
artículo 9
artículo 9
artículo 167
artículo 1
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artículo 84
artículo 61
artículo 1
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artículo 24
artículo 43


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Système HJ - Décision: AUTO 247/1994
AUTO 247/1994, de 19 de septiembre
ECLI:ES:TC:1994:247A
Sala Primera. Auto 247/1994, de 19 de septiembre de 1994. Recurso de amparo 810/1993. Acordando la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad del recurso de amparo 810/1993
1. Doña Rosalía Rosique Samper, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de doña Isabel Llibre Bombardo y don Agustín Alcaraz Herrero, por medio de escrito presentado en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Madrid el día 17 de marzo de 1993, interpone recurso de amparo contra las Sentencias dictadas en fecha 28 de febrero de 1989 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Tarrasa y el día 18 de junio de 1991 por la Audiencia Provincial de Barcelona, así como contra el Auto de 21 de enero de 1993 de la Sala Primera del Tribunal Supremo.
a) Los actuales recurrentes en amparo suscribieron en fecha 30 de julio de 1981 contrato de compraventa de vivienda unifamiliar y parcela con la Entidad "Promociones San Llorens S.A." por el precio de 10.500.000 pesetas. En fecha 15 de junio de 1992, la citada entidad suscribió, respecto de la referida finca, contrato de préstamo hipotecario por importe de 6.000.000 pesetas. La Caja de Ahorros de Cataluña instó, en fecha 5 de noviembre de 1985, ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Barcelona, procedimiento judicial sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria con el núm. 1206/85 contra la entidad Promociones San Llorens S.A., en relación del préstamo hipotecario, más, ignorando en todo momento la condición de titulares de la finca de los actuales recurrentes en amparo. El Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Barcelona dictó Auto de adjudicación de la finca en favor de tercera persona en fecha 15 de septiembre de 1986.
b) En febrero de 1988, los recurrentes formulan querella criminal contra la entidad " Promociones San Llorens S.A." por los presuntos delitos de falsedad en documento público y estafa. La querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Tarrasa y se encuentra pendiente de resolución firme.
c) En fecha 12 de mayo de 1988 se presenta por los actuales recurrentes demanda de tercería de dominio contra la entidad "Promociones San Llorens S.A.", Caja de Ahorros de Cataluña y el adjudicatario de la finca al que antes se hizo referencia, que fue tramitado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Tarrasa con el núm. de procedimiento 303/88, y en el que se ordenó la suspensión del procedimiento hipotecario en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Barcelona. El Juzgado de Primer Instancia núm. 3 de Tarrasa dictó Sentencia en los autos d tercería de dominio, en fecha 28 de febrero de 1989, por la que desestimó dicha demanda.
Recurrida en apelación la anterior Sentencia, la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó la misma mediante Sentencia de fecha 18 de junio de 1991, por la que, desestimando el recurso, confirmó la Sentencia de instancia.
3. Los recurrentes presentaron escrito en este Tribunal el cinco de julio de 1994, por el que solicitaban la suspensión del proveído del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de los de Tarrasa, dictado en los autos núm. 303/88, de 10 de junio anterior, por el que ordenaba la cancelación de la anotación preventiva de la demanda presentada en su día, por entender que dicho acto podría hacer perder al amparo su finalidad. Del mismo modo, solicitaron la expedición de un mandamiento para que se prorrogara dicha anotación preventiva, que fue inscrita en el Registro de la Propiedad de Tarrasa en fecha 5 de octubre de 1989, por cuatro años más.
4. Mediante providencia de seis de julio de 1994, este Tribunal acordó formar pieza separada de suspensión y, de conformidad con lo prevenido en el art. 56 de la LOTC, conceder un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y a los solicitantes de amparo, para que dentro de dicho término alegaran lo que estimaran pertinente en relación a la petición de suspensión interesada.
5. En virtud de providencia de trece de julio de 1994, este Tribunal acordó conceder un plazo común de tres días a los Procuradores Sres. Estévez Rodríguez y Sorribes Torra, para que, dentro de dicho término y en la representación que ostentan, formularan alegaciones respecto de la suspensión solicitada.
6. El Ministerio Fiscal, mediante escrito presentado en esta sede el catorce de julio de 1994, interesó la prórroga de la anotación preventiva de demanda, con cita del ATC de 26 de julio de 1993.
7. El Procurador don Saturnino Estévez Rodríguez, en representación del codemandado don Jaime Capdevila Martínez, se opuso a la suspensión del proveído por el que se ordenaba la cancelación de la anotación preventiva. Alegó la manifiesta improcedencia del recurso de amparo, con los perjuicios que se le ocasionarían en el caso de mantener dicha anotación. Puso especial énfasis en que la demanda ante la jurisdicción ordinaria se desestimó en dos instancias, por una causa tan evidente como la tardía interposición de la tercería de dominio.
1. Se ha de señalar, ante todo, que los recurrentes no solicitan directamente la suspensión de las resoluciones judiciales objeto de este recurso de amparo, sino de otro proveído posterior y diferente, aunque ciertamente esta última resolución sea consecuencia lógica de las que motivaron la demanda inicial. Tras ejercitar una acción de tercería de dominio y obtener sentencias adversas en las dos instancias, se negó a los demandantes de amparo el acceso a la casación mediante Auto del Tribunal Supremo. En estas circunstancias, el Juzgado que conoció de las actuaciones en la instancia, ya en trámite de ejecución de sentencia firme, procedió a ordenar la cancelación de la anotación preventiva de la demanda, y es esta última resolución la que ha motivado la petición de suspensión de los recurrentes en amparo con el fin de evitar que el recurso pueda perder su finalidad como consecuencia de la eventual enajenación del inmueble a un tercero de buena fe por parte del adjudicatario.
Asimismo, se ha de recordar que el art. 56.1 de la Ley orgánica de este Tribunal establece que "la Sala que conozca de un recurso de amparo suspenderá, de oficio o a instancia del recurrente, la ejecución del acto de los poderes públicos por razón del cual se reclame el amparo constitucional, cuando la ejecución hubiere de ocasionar un perjuicio que haría perder al recurso de amparo su finalidad ...." y que "..... la sus- pensión podrá acordarse con o sin afianzamiento".
2. Pues bien, en el supuesto que ahora se examina, y cualquiera que sea la resolución que resuelva la pretensión de amparo, resulta evidente la producción de perjuicios respecto de un tercero de buena fe que eventualmente adquiriese el inmueble litigioso, así como que la finalidad del amparo podría resultar perjudicada, en efecto, tras la cancelación de la inscripción de la anotación preventiva de la demanda de tercería de dominio, pues es la vulneración de derechos fundamentales en este último procedimiento lo que se plantea en el presente proceso constitucional.
Ahora bien, conforme ya se ha señalado por este Tribunal en ocasiones anteriores (AATC 148/90 y 266/93), el tenor del precepto transcrito (art. 56 LOTC) determina que la LOTC sólo contemple, como medida de preservación del contenido de amparo, durante la tramitación del proceso constitucional, la suspensión de la ejecución de la resolución o acto que se haya impugnado, y, según se ha indicado, en este supuesto se pide la suspensión en relación con resolución diferente. No obstante, también se ha señalado en anteriores Autos de este Tribunal que la Ley de Enjuiciamiento Civil -de aplicación supletoria, según dispone el art. 80 de la LOTC- posibilita las anotaciones preventivas al amparo de las medidas cautelares innominadas del art. 1428, así como prevé, como medidas precautorias, la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de diversos supuestos, como el de las Sentencias firmes dictadas en rebeldía (art. 787) y el embargo de inmuebles "con arreglo a las disposiciones de la Ley Hipotecaria y Reglamento para su ejecución" (art. 1453); disposiciones éstas (arts. 42 y ss. L.H.) en las que se contempla también la anotación de las demandas relativas a la propiedad de los inmuebles.
3. Por ello, en aplicación de la anterior doctrina, y conforme solicita el Ministerio Fiscal, procede en este caso, al objeto de garantizar el amparo que se solicita, cuya repercusión sobre la propiedad del inmueble puede resultar afectada en perjuicio de terceros, ordenar la anotación preventiva de la presente demanda de amparo en el Registro de la Propiedad, que deberá, no obstante, afianzarse en la cuantía que estime suficiente el Juez encargado de la ejecución.
En virtud de lo expuesto, se acuerda la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de Tarrasa de la presente demanda de amparo promovida por don Agustín Alcaraz Herrero y doña Isabel Llibre Bombardo (recurso de amparo núm. 810/93), en relación
con los autos de Tercería de Dominio núm. 303/88, tramitados por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Tarrasa, previa la constitución de fianza bastante a fijar por dicho Juzgado, que deberá ordenar a tales efectos las diligencias que correspondan.
En Madrid, a diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 810-1993
Acordando la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad del recurso de amparo 810/1993
Solicitud de anotación preventiva: procedencia.

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limitándole indebidamente los medios de prueba a su disposición o imponiéndole una carga de la prueba que, conforme a la legislación aplicable, debería corresponder a otra parte contratante.» Derecho español 9 En Derecho español, la protección de los consumidores contra las cláusulas abusivas estaba garantizada inicialmente por la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (BOE nº 176, de 24 de julio de 1984, p. 21686). La Ley General 26/1984 fue modificada posteriormente mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (BOE nº 89, de 14 de abril de 1998, p. 12304), que adaptó el Derecho interno a la Directiva. Por último, mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE nº 287, de 30 de noviembre de 2007, p. 49181), se estableció el texto refundido de la Ley 26/1984, con sus sucesivas modificaciones. A tenor del artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007: «1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. […] 3. El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa. 4. No obstante lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos inclusive: a) b) c) d) I-4 vinculen el contrato a la voluntad del empresario, limiten los derechos del consumidor y usuario, determinen la falta de reciprocidad en el contrato, impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba,
e) f) 13
En lo que respecta al procedimiento de requerimiento de pago y ejecución forzosa, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la versión vigente en el momento de la apertura del procedimiento en el litigio principal, regula en el capítulo V del título IV del libro III, con la rúbrica «De las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados», concretamente en los artículos 681 a 698, el procedimiento de ejecución hipotecaria que constituye el objeto del litigio principal. El artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece lo siguiente: «1. En los procedimientos a que se refiere este capítulo sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas: 1.ª Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, siempre que se presente certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la prenda sin desplazamiento, o escritura pública de carta de pago o de cancelación de la garantía. 2.ª Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá acompañar su ejemplar de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta y sólo se admitirá la oposición cuando el saldo que arroje dicha libreta sea distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante. […] 3.ª […] la sujeción […] a otra prenda [o] hipoteca [inscritas] con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento, lo que habrá de acreditarse mediante la correspondiente certificación registral. 2. Formulada la oposición a la que se refiere el apartado anterior, el Secretario judicial suspenderá la ejecución y convocará a las partes a una comparecencia ante el Tribunal que hubiera dictado la orden general de ejecución, debiendo mediar cuatro días desde la citación, comparecencia en la que el Tribunal oirá a las partes, admitirá los documentos que se presenten y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro del segundo día. […]»
El artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone: I-5
Al vencimiento pactado por los otorgantes, o al de cualquiera de sus prórrogas, la acción hipotecaria podrá ser ejercitada de conformidad con lo previsto en los artículos 129 y 153 de esta Ley y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.» Litigio principal y cuestiones prejudiciales 18 El 19 de julio de 2007, el Sr. Aziz, nacional marroquí que trabajaba en España desde el mes de diciembre de 1993, suscribió con Catalunyacaixa, mediante escritura notarial, un contrato de préstamo con garantía hipotecaria. El inmueble que constituía dicha garantía era la vivienda familiar del Sr. Aziz, de la que era propietario desde 2003. El capital prestado por Catalunyacaixa era de 138.000 euros. Debía amortizarse en 33 anualidades, con 396 cuotas mensuales, a partir del 1 de agosto de 2007. De los autos trasladados al Tribunal de Justicia se desprende que el contrato de préstamo suscrito con Catalunyacaixa establecía en su cláusula 6 unos intereses de demora anuales del 18,75 % automáticamente devengables respecto de las cantidades no satisfechas a su vencimiento, sin necesidad de realizar ningún tipo de reclamación. Además, la cláusula 6 bis de dicho contrato confería a Catalunyacaixa la facultad de declarar exigible la totalidad del préstamo en el caso de que alguno de los plazos pactados venciera sin que el deudor hubiese cumplido su obligación de pago de una parte del capital o de los intereses del préstamo. Por último, la cláusula 15 del contrato, que regulaba el pacto de liquidez, preveía no sólo la posibilidad de que Catalunyacaixa recurriera a la ejecución hipotecaria para cobrar una posible deuda, sino también de que pudiera presentar directamente a esos efectos la liquidación mediante el certificado oportuno que recogiese la cantidad exigida. El Sr. Aziz abonó con regularidad las cuotas mensuales desde julio de 2007 hasta mayo de 2008, pero dejó de hacerlo a partir de junio de 2008. En vista de ello, el 28 de octubre de 2008 Catalunyacaixa acudió a un notario con objeto de que se otorgara acta de determinación de deuda. El notario certificó que de los documentos aportados y del contenido del contrato de préstamo se deducía que la liquidación de la deuda ascendía a 139.764,76 euros, lo que correspondía a las mensualidades no satisfechas, más los intereses ordinarios y los intereses de demora. Tras requerir infructuosamente al Sr. Aziz el pago de lo debido, Catalunyacaixa inició el 11 de marzo de 2009, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Martorell, un procedimiento de ejecución contra el interesado, reclamándole las I-7
cantidades de 139.674,02 euros en concepto de principal, 90,74 euros en concepto de intereses vencidos y 41.902,21 euros en concepto de intereses y costas. 25 El Sr. Aziz no compareció, por lo que, el 15 de diciembre de 2009, dicho Juzgado ordenó la ejecución. Se envió al Sr. Aziz un requerimiento de pago, que éste no atendió y al que no formuló oposición. En estas circunstancias, el 20 de julio de 2010 se celebró una subasta pública para proceder a la venta del inmueble, sin que se presentara ninguna oferta. En consecuencia, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Martorell admitió que el bien se adjudicara en el 50 % de su valor. Dicho Juzgado también señaló el 20 de enero de 2011 como la fecha en que debía producirse la transmisión de la posesión al adjudicatario. En consecuencia, el Sr. Aziz fue expulsado de su vivienda. No obstante, poco antes de que eso ocurriera, el 11 de enero de 2011 el Sr. Aziz presentó demanda en un proceso declarativo ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, solicitando que se anulara la cláusula 15 del contrato de préstamo hipotecario por estimarla abusiva y, en consecuencia, que se declarara la nulidad del procedimiento de ejecución. En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona manifestó dudas en cuanto a la conformidad del Derecho español con el marco jurídico establecido por la Directiva. En particular, señaló que si, a efectos de la ejecución forzosa, el acreedor opta por el procedimiento de ejecución hipotecaria, las posibilidades de alegar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas del contrato de préstamo son muy limitadas, ya que quedan postergadas a un procedimiento declarativo posterior, que no tiene efecto suspensivo. El órgano jurisdiccional remitente consideró que, por este motivo, resulta muy complicado para un juez español garantizar una protección eficaz al consumidor en dicho procedimiento de ejecución hipotecaria y en el correspondiente proceso declarativo. Por otro lado, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona estimó que la solución del litigio principal planteaba otras cuestiones relacionadas, en particular, con la interpretación del concepto de «cláusulas que tengan por objeto o por efecto imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta», contemplado en el número 1, letra e), del anexo de la Directiva, y el de «cláusulas que tengan por objeto o por efecto suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor», previsto en el número 1, letra q), de dicho anexo. A su juicio, no está claro que las cláusulas relativas al vencimiento anticipado en contratos de larga duración, a la fijación de intereses de demora y a la determinación unilateral por parte del prestamista de los mecanismos de liquidación de la totalidad de la deuda sean compatibles con las disposiciones del anexo de la Directiva. I-8
En estas circunstancias, al albergar dudas sobre la correcta interpretación del Derecho de la Unión, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Si el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados establecido en el artículo 695 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con sus limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previsto en el ordenamiento procesal español, no sería sino una limitación clara de la tutela del consumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización al consumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos. 2) Se requiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que pueda dar contenido al concepto de desproporción en orden: a) A la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectados en un largo lapso de tiempo –en este caso 33 años– por incumplimientos en un período muy limitado y concreto. La fijación de unos intereses de demora –en este caso superiores al 18 %– que no coinciden con los criterios de determinación de los intereses moratorios en otros contratos que afectan a consumidores (créditos al consumo) y que en otros ámbitos de la contratación de consumidores se podrían entender abusivos y que, sin embargo, en la contratación inmobiliaria no disponen de un límite legal claro, aun en los casos en los que hayan de aplicarse no sólo a las cuotas vencidas, sino a la totalidad de las debidas por el vencimiento anticipado. La fijación de mecanismos de liquidación y fijación de los intereses variables –tanto ordinarios como moratorios– realizados unilateralmente por el prestamista vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria [y que] no permiten al deudor ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el propio procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en el que cuando haya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido o, cuando menos, el deudor habrá perdido el bien hipotecado o dado en garantía, cuestión de especial trascendencia cuando el préstamo se solicita para adquirir una vivienda y la ejecución determina el desalojo del inmueble.»
Sobre las cuestiones prejudiciales Sobre la admisibilidad 32 Catalunyacaixa y el Reino de España manifiestan dudas en cuanto a la admisibilidad de la primera cuestión prejudicial, ya que consideran que no resulta útil al órgano jurisdiccional remitente para resolver el litigio del que conoce. A este respecto, alegan que ese litigio se sustancia en un proceso declarativo autónomo y separado del procedimiento de ejecución hipotecaria, y que sólo tiene por objeto la anulación de la cláusula 15 del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal en virtud de la normativa sobre la protección de los consumidores. En consecuencia, una respuesta relativa a la compatibilidad del procedimiento de ejecución hipotecaria con la Directiva no resulta, en su opinión, ni necesaria ni pertinente para la resolución de dicho litigio. Desde esta misma perspectiva, el Reino de España y Catalunyacaixa cuestionan también la admisibilidad de la segunda cuestión prejudicial, por cuanto con ella se pretende obtener una interpretación del concepto de desproporción, en el sentido de las disposiciones pertinentes de la Directiva, en cuanto a las cláusulas que se refieren al vencimiento anticipado en los contratos de larga duración y a la fijación de los intereses de demora. Así, sostienen que esas cláusulas no guardan ninguna relación con el objeto del litigio principal y que tampoco pueden resultar útiles para apreciar el carácter abusivo de la cláusula 15 del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal. A este respecto, procede recordar de inmediato que, según reiterada jurisprudencia, en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, sólo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio principal y para interpretar y aplicar el Derecho nacional. Asimismo, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, Rec. p. I-0000, apartado 76 y jurisprudencia citada). Así pues, la negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo está justificada cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para I - 10
responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 77 y jurisprudencia citada). 36 37 Ahora bien, no ocurre así en el presente asunto. En efecto, ha de señalarse que, con arreglo al sistema procesal español, en el contexto del procedimiento de ejecución hipotecaria incoado por Catalunyacaixa contra el Sr. Aziz, éste no podía impugnar el carácter abusivo de una cláusula del contrato suscrito con esa entidad de crédito que dio lugar al inicio del procedimiento de ejecución ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Martorell, que conoce de la ejecución hipotecaria, pero sí podía hacerlo ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, que conoce del proceso declarativo. En estas circunstancias, tal como señala fundadamente la Comisión Europea, la primera cuestión planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona debe entenderse en un sentido amplio, es decir, destinada esencialmente a que, ante la limitación de los motivos de oposición admitidos en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, se aprecie la compatibilidad con la Directiva de las facultades reconocidas al juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en el contrato controvertido en el litigio principal del que se deriva la deuda reclamada en dicho procedimiento de ejecución. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil que le permita dirimir el litigio que se le ha planteado (véanse las sentencias de 28 de noviembre de 2000, Roquette Frères, C-88/99, Rec. p. I-10465, apartado 18, y de 11 de marzo de 2010, Attanasio Group, C-384/08, Rec. p. I-2055, apartado 19), procede señalar que no resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión que se solicita en la primera cuestión prejudicial carezca de relación con la realidad o el objeto del litigio principal. Del mismo modo, no cabe excluir que la interpretación del concepto de desproporción, en el sentido de las disposiciones pertinentes de la Directiva, que se solicita mediante la segunda cuestión pueda ser útil para resolver el litigio del que conoce el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona. En efecto, como la Abogado General observa en los puntos 62 y 63 de sus conclusiones, aunque la demanda de nulidad instada por el Sr. Aziz en el litigio principal sólo atañe a la validez de la cláusula 15 del contrato de préstamo, basta con señalar que, por una parte, conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva, una visión de conjunto de las otras cláusulas del contrato a que se refiere dicha cuestión puede tener también repercusiones en el examen de la cláusula objeto del presente litigio y, por otra parte, el juez nacional está obligado, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a apreciar de oficio el carácter abusivo de todas las cláusulas contractuales comprendidas en el ámbito de aplicación de la I - 11
Directiva, incluso en el caso de que no se haya solicitado expresamente, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de junio de 2009, Pannon GSM, C-243/08, Rec. p. I-4713, apartados 31 y 32, y Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 43). 42 Por consiguiente, las cuestiones prejudiciales son admisibles en su conjunto. Sobre el fondo Sobre la primera cuestión prejudicial 43 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que se dilucide si la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de dicha cláusula, adopte medidas cautelares que garanticen la plena eficacia de su decisión final. Para responder a esta cuestión, procede recordar de inmediato que el sistema de protección que establece la Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información (sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 39). Habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva dispone que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Según se desprende de la jurisprudencia, se trata de una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 40 y jurisprudencia citada). En este contexto, el Tribunal de Justicia ha subrayado ya en varias ocasiones que el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello (sentencias antes citadas Pannon GSM, apartados 31 y 32, y Banco Español de Crédito, apartados 42 y 43). De este modo, al pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial presentada por un tribunal nacional en el marco de un procedimiento I - 12
contradictorio iniciado a raíz de la oposición formulada por un consumidor contra un requerimiento judicial de pago, el Tribunal de Justicia declaró que el juez nacional debe acordar de oficio diligencias de prueba para determinar si una cláusula atributiva de competencia jurisdiccional territorial exclusiva que figura en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva y, en caso afirmativo, apreciar de oficio el carácter eventualmente abusivo de dicha cláusula (sentencia de 9 de noviembre de 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, Rec. p. I-10847, apartado 56). 48 El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que la Directiva se opone a una normativa de un Estado miembro que no permite que el juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio, aun cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, examine de oficio –in limine litis ni en ninguna fase del procedimiento– el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este último no haya formulado oposición (sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 57). Sin embargo, el asunto objeto del litigio principal se distingue de los asuntos que dieron lugar a las sentencias antes citadas VB Pénzügyi Lízing y Banco Español de Crédito por el hecho de que trata de la determinación de las obligaciones que incumben al juez que conoce de un proceso declarativo vinculado al procedimiento de ejecución hipotecaria, con el fin de que se garantice, en su caso, el efecto útil de la decisión sobre el fondo por la que se declare el carácter abusivo de la cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo y, por tanto, de la incoación del procedimiento de ejecución hipotecaria. A este respecto, procede señalar que, a falta de armonización de los mecanismos nacionales de ejecución forzosa, las modalidades de aplicación de los motivos de oposición admitidos en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria y de las facultades conferidas al juez que conozca del proceso declarativo, competente para analizar la legitimidad de las cláusulas contractuales en virtud de las que se estableció el título ejecutivo, forman parte del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, a condición, sin embargo, de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro, C-168/05, Rec. p. I-10421, apartado 24, y de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, Rec. p. I-9579, apartado 38). En lo que atañe al principio de equivalencia, debe señalarse que el Tribunal de Justicia no cuenta con ningún elemento que suscite dudas acerca de la I - 13
conformidad de la normativa controvertida en el litigio principal con dicho principio. 52 En efecto, consta en autos que el sistema procesal español prohíbe al juez que conoce de un proceso declarativo vinculado al procedimiento de ejecución hipotecaria adoptar medidas cautelares que garanticen la plena eficacia de su decisión final, no sólo cuando aprecie el carácter abusivo, con arreglo al artículo 6 de la Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, sino también cuando compruebe que esa cláusula resulta contraria a las normas nacionales de orden público, lo que le corresponde a él verificar (véase, en este sentido, la sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 48). En lo que respecta al principio de efectividad, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición en el conjunto del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de éste ante las diversas instancias nacionales (sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 49). En el presente asunto, de los autos trasladados al Tribunal de Justicia se desprende que, según se establece en el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando ésta se funde en la extinción de la garantía o de la obligación garantizada, en un error en la determinación de la cantidad exigible –cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado– o en la sujeción a otra prenda o hipoteca inscritas con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento. Con arreglo al artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cualquier otra reclamación que el deudor pueda formular, incluso las que versen sobre nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el correspondiente capítulo de dicha Ley. Por otra parte, en virtud del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, las anotaciones preventivas de demanda de nulidad de la propia hipoteca o cualesquiera otras que no se basen en alguno de los supuestos que puedan determinar la suspensión de la ejecución quedarán canceladas en virtud del mandamiento de cancelación a que se refiere el artículo 133 de dicha Ley, siempre que sean posteriores a la nota marginal de expedición de certificación de cargas. Pues bien, de lo expuesto se deduce que, en el sistema procesal español, la adjudicación final a un tercero de un bien hipotecado adquiere siempre carácter I - 14
irreversible, aunque el carácter abusivo de la cláusula impugnada por el consumidor ante el juez que conozca del proceso declarativo entrañe la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, salvo en el supuesto de que el consumidor realice una anotación preventiva de la demanda de nulidad de la hipoteca con anterioridad a la nota marginal indicada. 58 A este respecto, es preciso señalar, no obstante, que, habida cuenta del desarrollo y de las peculiaridades del procedimiento de ejecución hipotecaria controvertido en el litigio principal, tal supuesto debe considerarse residual, ya que existe un riesgo no desdeñable de que el consumidor afectado no realice esa anotación preventiva en los plazos fijados para ello, ya sea debido al carácter sumamente rápido del procedimiento de ejecución en cuestión, ya sea porque ignora o no percibe la amplitud de sus derechos (véase, en este sentido, la sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 54). Por consiguiente, procede declarar que un régimen procesal de este tipo, al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo, ante el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, adopte medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final, puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, apartado 77). En efecto, tal como señaló también la Abogado General en el punto 50 de sus conclusiones, sin esa posibilidad, en todos los casos en que, como en el litigio principal, se haya llevado a cabo la ejecución de un inmueble hipotecado antes de que el juez que conozca del proceso declarativo adopte una decisión por la que se declare el carácter abusivo de la cláusula contractual en que se basa la hipoteca y, en consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecución, esa decisión sólo permite garantizar al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria, que resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13. Así ocurre con mayor razón cuando, como en el litigio principal, el bien que constituye el objeto de la garantía hipotecaria es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia, puesto que el mencionado mecanismo de protección de los consumidores, limitado al pago de una indemnización por daños y perjuicios, no es adecuado para evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda. Así pues, tal como ha puesto de relieve asimismo el juez remitente, basta con que los profesionales inicien, si concurren los requisitos, el procedimiento de ejecución hipotecaria para privar sustancialmente a los consumidores de la I - 15
protección que pretende garantizar la Directiva, lo que resulta asimismo contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual las características específicas de los procedimientos judiciales que se ventilan entre los profesionales y los consumidores, en el marco del Derecho nacional, no pueden constituir un elemento que pueda afectar a la protección jurídica de la que estos últimos deben disfrutar en virtud de las disposiciones de la Directiva (véase, en este sentido, la sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 55). 63 En estas circunstancias, procede declarar que la normativa española controvertida en el litigio principal no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva pretende conferir a estos últimos. A la luz de estas consideraciones, ha de responderse a la primera cuestión prejudicial que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final. Sobre la segunda cuestión prejudicial 65 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide fundamentalmente que se precisen los elementos constitutivos del concepto de «cláusula abusiva», en lo que atañe al artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva y al anexo de ésta, para apreciar si tienen carácter abusivo las cláusulas que constituyen el objeto del litigio principal y que se refieren al vencimiento anticipado en los contratos de larga duración, a la fijación de los intereses de demora y al pacto de liquidez. A este respecto, ha de señalarse que, según reiterada jurisprudencia, la competencia del Tribunal de Justicia en la materia comprende la interpretación del concepto de «cláusula abusiva», definido en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva y en el anexo de ésta, y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar una cláusula contractual a la luz de las disposiciones de la Directiva, entendiéndose que incumbe a dicho juez pronunciarse, teniendo en cuenta esos criterios, sobre la calificación concreta de una cláusula contractual determinada en función de las circunstancias propias del caso. De ello se desprende que el Tribunal de Justicia se limitará a dar al órgano jurisdiccional I - 16
remitente indicaciones que éste debe tener en cuenta para apreciar el carácter abusivo de la cláusula de que se trate (véase la sentencia de 26 de abril de 2012, Invitel, C-472/10, Rec. p. I-0000, apartado 22 y jurisprudencia citada). 67 Sentado lo anterior, es preciso poner de relieve que, al referirse a los conceptos de buena fe y desequilibrio importante en detrimento del consumidor entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva delimita tan sólo de manera abstracta los elementos que confieren carácter abusivo a una cláusula que no se haya negociado individualmente (véanse las sentencias de 1 de abril de 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, Rec. p. I-3403, apartado 19, y Pannon GSM, antes citada, apartado 37). Pues bien, tal como la Abogado General indicó en el punto 71 de sus conclusiones, para determinar si una cláusula causa en detrimento del consumidor un «desequilibrio importante» entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, deben tenerse en cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Mediante un análisis comparativo de ese tipo, el juez nacional podrá valorar si –y, en su caso, en qué medida– el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos examinar la situación jurídica en que se encuentra ese consumidor a la vista de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas. En lo que se refiere a la cuestión de en qué circunstancias se causa ese desequilibrio «pese a las exigencias de la buena fe», debe señalarse que, en atención al decimosexto considerando de la Directiva y tal como indicó en esencia la Abogado General en el punto 74 de sus conclusiones, el juez nacional debe comprobar a tal efecto si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual. En este contexto, ha de recordarse que el anexo al que remite el artículo 3, apartado 3, de la Directiva sólo contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas (véase la sentencia Invitel, antes citada, apartado 25 y jurisprudencia citada). Además, conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración (sentencias antes citadas Pannon GSM, apartado 39, y VB Pénzügyi Lízing, apartado 42). De ello resulta que, en este contexto, deben apreciarse también las consecuencias que dicha cláusula puede tener en el marco del Derecho aplicable al contrato, lo que implica un examen del sistema jurídico nacional (véase la I - 17
sentencia Freiburger Kommunalbauten, antes citada, apartado 21, y el auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovosť, C-76/10, Rec. p. I-11557, apartado 59). 72 Estos criterios son los que debe considerar el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona para apreciar el carácter abusivo de las cláusulas a las que se refiere la segunda cuestión planteada. En particular, por lo que respecta, en primer lugar, a la cláusula relativa al vencimiento anticipado en los contratos de larga duración por incumplimientos del deudor en un período limitado, corresponde al juez remitente comprobar especialmente, como señaló la Abogado General en los puntos 77 y 78 de sus conclusiones, si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo. En segundo lugar, en cuanto a la cláusula relativa a la fijación de los intereses de demora, procede recordar que, a la luz del número 1, letra e), del anexo de la Directiva, en relación con lo dispuesto en los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la misma, el juez remitente deberá comprobar en particular, como señaló la Abogado General en los puntos 85 a 87 de sus conclusiones, por un lado, las normas nacionales aplicables entre las partes en el supuesto de que no se hubiera estipulado ningún acuerdo en el contrato controvertido o en diferentes contratos de ese tipo celebrados con los consumidores y, por otro lado, el tipo de interés de demora fijado con respecto al tipo de interés legal, con el fin de verificar que es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que éste persigue en el Estado miembro de que se trate y que no va más allá de lo necesario para alcanzarlos. Por último, en lo que atañe a la cláusula relativa a la liquidación unilateral por el prestamista del importe de la deuda impagada, vinculada a la posibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria, procede señalar que, teniendo en cuenta el número 1, letra q), del anexo de la Directiva y los criterios establecidos en los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de ésta, el juez remitente deberá determinar si –y, en su caso, en qué medida– la cláusula de que se trata supone una excepción a las normas aplicables a falta de acuerdo entre las partes, de manera que, a la vista de los medios procesales de que dispone, dificulta el acceso del consumidor a la justicia y el ejercicio de su derecho de defensa. En virtud de las consideraciones anteriores, procede responder lo siguiente a la segunda cuestión prejudicial: I - 18
El artículo 3, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que: – el concepto de «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor debe apreciarse mediante un análisis de las normas nacionales aplicables a falta de acuerdo entre las partes, para determinar si –y, en su caso, en qué medida– el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos llevar a cabo un examen de la situación jurídica en la que se encuentra dicho consumidor en función de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas; para determinar si se causa el desequilibrio «pese a las exigencias de la buena fe», debe comprobarse si el profesional, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, podía estimar razonablemente que éste aceptaría la cláusula en cuestión en el marco de una negociación individual.
Costas 77 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 1) La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar I - 19
tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final. 2) El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que: – el concepto de «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor debe apreciarse mediante un análisis de las normas nacionales aplicables a falta de acuerdo entre las partes, para determinar si –y, en su caso, en qué medida– el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos llevar a cabo un examen de la situación jurídica en la que se encuentra dicho consumidor en función de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas; para determinar si se causa el desequilibrio «pese a las exigencias de la buena fe», debe comprobarse si el profesional, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, podía estimar razonablemente que éste aceptaría la cláusula en cuestión en el marco de una negociación individual.
El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el anexo al que remite esa disposición sólo contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas. Firmas
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