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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ¿Qué es el RUT? ¿Qué es el NIT? ¿Para qué sirve el RUT? ¿Quiénes están obligados a inscribirse en el RUT? ¿Quiénes no están obligados a inscribirse en el RUT? ¿En qué momento debo inscribirme en el RUT? ¿Qué vigencia tiene la inscripción en el RUT? ¿Cómo me inscribo? ¿Qué documentación se requiere para diligenciar el formulario de inscripción en el RUT? ¿Qué es y cómo se efectúa la formalización de la inscripción? ¿Para formalizar debo presentarme personalmente? ¿En qué evento debo actualizar el RUT? ¿Cómo realizo la actualización del RUT? ¿Qué sanciones pueden presentarse con respecto al Registro Único Tributario -RUT-?
1. ¿Qué es el RUT? El Registro Único Tributario -RUT- constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto de renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, los responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen simplificado, los agentes retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 2. ¿Qué es el NIT? El Número de Identificación Tributaria - NIT constituye el número de identificación de los inscritos en el RUT. Permite individualizar a los contribuyentes y usuarios, para todos los efectos en materia tributaria, aduanera y cambiaria (artículo 4º del Decreto 2788 de 2004), y en especial para el cumplimiento de las obligaciones de dicha naturaleza. 3. ¿Para qué sirve el RUT? Permite contar con información veraz, actualizada, clasificada y confiable de todos los sujetos obligados a inscribirse en el mismo, para desarrollar una gestión efectiva en materia de recaudo, control y servicio que a su vez facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias así como la simplificación de trámites y reducción de costos. 4. ¿Quiénes están obligados a inscribirse en el RUT? Según el Artículo 5 del Decreto 2788 de 2004, están obligados a inscribirse en el Registro Único Tributario -RUT:        Las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, Las personas y entidades no contribuyentes, declarantes de ingresos y patrimonio, Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes a los regímenes común o simplificado, Los agentes retenedores, Los importadores y exportadores, Las personas o entidades no responsables del impuesto sobre las ventas, que requieran la expedición de NIT, cuando por disposiciones especiales estén obligadas a expedir factura, Los profesionales en compra y venta de divisas, y las demás personas naturales o jurídicas que participen en las operaciones de importación, exportación y tránsito aduanero; los agentes de carga internacional, los agentes marítimos, los depósitos habilitados públicos y privados, las comercializadoras internacionales (C.I.), los comerciantes de las zonas de régimen aduanero especial, los comerciantes del puerto libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes, los operadores de transporte multimodal, las sociedades de intermediación aduanera, los titulares de puertos y muelles de servicio público o privado, los transportadores en el régimen de importación o exportación, los transportistas nacionales para operaciones del régimen de tránsito aduanero, los usuarios operadores de zonas francas, los usuarios de zonas francas industriales de bienes y servicios, los usuarios aduaneros permanentes, los usuarios altamente exportadores, los usuarios de zonas económicas especiales de exportación y demás usuarios aduaneros.
También podrán inscribirse en el Registro Único Tributario aquellas personas o entidades no responsables del impuesto sobre las ventas, que requieran la expedición de NIT, cuando por disposiciones especiales estén obligadas a expedir factura. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá requerir la inscripción de otros sujetos de obligaciones administradas por la entidad, diferentes a los ya enunciados en este artículo. 5. ¿Quiénes no están obligados a inscribirse en el RUT? Para efectos de las operaciones de importación, exportación y tránsito aduanero, no estarán obligados a inscribirse en el RUT en calidad de usuarios aduaneros: los extranjeros no residentes, diplomáticos, misiones diplomáticas, misiones consulares y misiones técnicas acreditadas en Colombia, los sujetos al régimen de menajes y de viajeros, los transportadores internacionales no residentes, las personas naturales destinatarias o remitentes de mercancías bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, salvo cuando utilicen la modalidad para la importación y/o exportación de expediciones comerciales. Estos usuarios aduaneros podrán identificarse con el número de pasaporte, número de documento de identidad o el número del documento que acredita la misión. Lo anterior sin perjuicio de la inscripción que deban cumplir en virtud de otras responsabilidades u obligaciones a que estén sujetos. 6. ¿En qué momento debo inscribirme en el RUT? Tratándose de nuevos obligados, la inscripción deberá efectuarse:    En forma previa al inicio de la actividad económica. Al cumplimiento de obligaciones administradas por la DIAN. A la realización de operaciones en calidad de importador, exportador o usuario aduanero.
Las personas naturales que en el correspondiente año gravable adquieran la calidad de declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, tendrán plazo para inscribirse en el Registro Único Tributario hasta la fecha de vencimiento prevista para presentar la respectiva declaración. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de registrarse por una calidad diferente. 7. ¿Qué vigencia tiene la inscripción en el RUT? Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUTtendrá vigencia indefinida y en, consecuencia, no se exigirá su renovación (Art. 6 Decreto 2788 del 31 de agosto de 2004). 8. ¿Cómo me inscribo? La inscripción en el Registro Único Tributario - RUT de los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, comprende el diligenciamiento del formulario oficial, su presentación ante la Administración, Cámaras de Comercio o puntos habilitados para el efecto, y la formalización de la inscripción. (Art. 1 Res. 1887 de 22 de febrero de 2007). El diligenciamiento del formulario oficial para la solicitud de inscripción en el Registro Único Tributario, RUT, se realiza a través de los servicios informáticos electrónicos, de manera virtual o presencial. La opción presencial implica, en todo caso, el diligenciamiento de la solicitud de inscripción a través de los servicios informáticos electrónicos en forma asistida, en las administraciones de impuestos, de aduanas, y de impuestos y aduanas nacionales, cámaras de comercio o Puntos de Contacto habilitados para el efecto (Art. 2 Res. 1887 de 22 de febrero de 2007). Si se encuentra obligado a inscribirse en Cámara de Comercio, la solicitud de Inscripción en el Registro Único Tributario - RUT se realiza mediante el diligenciamiento del formulario con la leyenda “EN TRAMITE PARA CAMARA” a través de:    Puntos de Contacto, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales habilitados para tal efecto. A través del portal de la DIAN www.dian.gov.co Directamente en las Cámaras de Comercio a nivel Nacional.
Para estos casos la formalización de la inscripción se realizará directamente en las Cámaras de Comercio, donde se entregará el original del formulario de inscripción al cliente debidamente formalizado con leyenda “CERTIFICADO”. La inscripción en el Registro Único Tributario - RUT de los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que no requieran de matricula mercantil, (tanto personas naturales como jurídicas) realizarán la formalización de la inscripción a través de los Puntos de Contacto, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales habilitados, previo cumplimiento de los requisitos.
9. ¿Qué documentación se requiere para diligenciar el formulario de inscripción en el RUT? El formulario de inscripción del Registro Único Tributario, debe presentarse con los siguientes documentos (Art. 4 Res. 1887 de 22 de febrero de 2007):      El original del documento de identificación, cuando se trate de persona natural, que se exhibirá cuando el trámite lo realice directamente el interesado. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe a través de apoderado. Documento con autenticación de firma del interesado o de quien ejerza la representación legal, cuando se actúe a través de terceros. Documento que acredite la constitución de la sociedad y/o representación legal con información vigente cuando se trate de personas jurídicas, o del documento de creación en el caso de entidades públicas. Documento de identificación del representante legal, cuando se trate de persona jurídica y el trámite lo realice directamente el representante.
10. ¿Qué es y cómo se efectúa la formalización de la inscripción? Se entiende por formalización el proceso de autenticación del obligado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y demás entidades autorizadas con la expedición del respectivo documento con leyenda “CERTIFICADO”. La formalización se efectúa una vez diligenciado el formulario, debe presentarse ante las administraciones de impuestos, de aduanas, y de impuestos y aduanas nacionales o puntos habilitados. El funcionario competente de la DIAN, de la Cámara de Comercio y de las demás entidades facultadas, revisará y validará la información, confrontando los datos que figuran en el documento de identificación con los incorporados en el formulario, con el objeto de verificar la calidad de la información incorporada en el Registro Único Tributario - RUT. Una vez verificada la información, el funcionario competente procederá a formalizar la inscripción en el registro, para lo cual imprime el formulario con leyenda “CERTIFICADO” que debe ser firmado por el interesado, representante legal o apoderado, según el caso, y por el funcionario facultado. Una copia del documento será entregada al interesado y otra reposará en la DIAN. Para aquellos obligados que aún no cuentan con registro mercantil ni con Número de Identificación Tributaria - NIT, y requieren de ello, la formalización podrá realizarse en Cámara de Comercio presentando el formulario diligenciado o el número del mismo. Para el efecto, el funcionario competente de Cámara de Comercio procede a enviar la información requerida a la DIAN para la asignación del Número de Identificación Tributaria - NIT, que deben solicitar a más tardar dentro los dos (2) días calendario siguientes a la asignación de la matrícula mercantil. 11. ¿Para formalizar debo presentarme personalmente? Existen las siguientes alternativas:    Personalmente por el interesado para persona natural, o por quien ejerza la representación legal, acreditando la calidad correspondiente, para la persona jurídica. A través de tercero autorizado debidamente acreditado. A través de terceros previa autenticación de la firma del interesado o quien ejerza la representación legal, en el cuerpo del formulario.
Tratándose de la inscripción de personas jurídicas u otras entidades al momento de formalizar la inscripción ante la DIAN o entidades autorizadas, debe acreditar el certificado de existencia o representación legal. Las personas naturales que se encuentren en el exterior podrán presentar el formulario de inscripción, previo diligenciamiento, en el Consulado del país de residencia y a través de éste se hará entrega del certificado. En su defecto, enviarán la solicitud de inscripción a través del correo electrónico al buzón “rut_extranjeros@dian.gov.co” habilitado para tal efecto y por medio de éste se enviará el documento formalizado. 12. ¿En qué evento debo actualizar el RUT? Cuando la información inicialmente registrada en el RUT haya sufrido algún tipo de modificación ya sea de identificación, ubicación o clasificación. La actualización del Registro Único Tributario - RUT también procede en los siguientes eventos, en los cuales se requiere realizar las verificaciones consagradas en la normatividad vigente:
Por cambio de régimen común a simplificado. Cuando la persona natural inscrita en el Registro Único Tributario - RUT, pretenda obtener el cambio de régimen de común a simplificado de que trata el artículo 505 del Estatuto Tributario. Por cese de actividades en el impuesto sobre las ventas. Cuando la persona inscrita en el Registro Único Tributario - RUT, cese definitivamente el desarrollo de actividades sujetas a dicho impuesto. En este caso se realizarán previamente las verificaciones de que trata el Art. 614 del E.T. Cancelación de la inscripción en el Registro Único Tributario - RUT. Cuando se pretenda cancelar la inscripción en el Registro Único Tributario - RUT, en los eventos señalados en el artículo 11 del Decreto 2788 de 2004. Las demás que señale la ley. En todo caso, la solicitud deberá ser presentada acreditando los requisitos especiales que para cada evento consagran las disposiciones legales.
Actualización de oficio. La actualización de oficio en el Registro Único Tributario - RUT, (Artículo 8 de la Resolución 01887 del 22 de febrero de 2007), procederá entre otros, en los siguientes casos:  Cuando obedezca a un acto administrativo proferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o a información reportada por autoridad competente. Cuando en alguna de las áreas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en desarrollo de un proceso, se establezca que la información contenida en el Registro Único Tributario - RUT está desactualizada.
Para efectos de la actualización de oficio a que se refiere el numeral 2 del presente artículo, el funcionario que tenga conocimiento dejará constancia de los hechos verificados y las pruebas pertinentes, debiendo informar y remitir la documentación respectiva, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su conocimiento, a las áreas de Fiscalización para lo de su competencia y a la de Gestión y Asistencia al Cliente de la Administración competente, para que proceda a la actualización del Registro, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo del informe. Efectuada la actualización de oficio, de manera inmediata se comunicará al interesado a través de los medios utilizados por la DIAN para el efecto. También se informará al área que puso en conocimiento el hecho y al área de fiscalización. De la misma manera se procederá cuando se reciba información de terceros, evento en el cual la actualización tendrá lugar una vez el área competente realice las comprobaciones y verificaciones a que haya lugar. Comunicada la actualización al interesado, la misma tendrá plena validez legal. 13. ¿Cómo realizo la actualización del RUT? El diligenciamiento del formulario para actualizar el Registro Único Tributario - RUT deberá realizarse a través de los servicios informáticos electrónicos o en forma personal asistida por un funcionario acreditado, en los Puntos de Contacto habilitados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, consulados y otras entidades públicas o privadas facultadas para el efecto. 14. ¿Qué sanciones pueden presentarse con respecto al Registro Único Tributario -RUT-? Art. 49. Ley 1111 del 27 Diciembre de 2006. Que adicionó el artículo 658-3 al Estatuto Tributario:  Sanción por no inscribirse en el Registro Único Tributario - RUT, antes del inicio de la actividad, por parte de quien esté obligado a hacerlo, se impondrá la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina, por el término de un (1) día por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción, o una multa equivalente a una (1) UVT por cada día de retraso en la inscripción, para quienes no tengan establecimiento, sede, local, negocio u oficina. Sanción por no exhibir en lugar visible al público la certificación de la inscripción en el Registro Único Tributario - RUT, por parte del responsable del régimen simplificado del IVA. Se impondrá la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina, por el término de tres (3) días. Sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización, por parte de las personas o entidades inscritas en el Registro Único Tributario RUT. Se impondrá una multa equivalente a una (1) UVT por cada día de retraso en la actualización de la información. Cuando la desactualización del RUT se refiera a la dirección o a la actividad económica del obligado, la sanción será de dos (2) UVT por cada día de retraso en la actualización de la información.
Sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados, por parte del inscrito o del obligado a inscribirse en el Registro Único Tributario - RUT se impondrá una multa equivalente a cien (100) UVT.
La información que contiene esta ayuda es solamente orientadora; si tiene inquietudes que impliquen la interpretación y aplicación en forma general de las normas relativas al RUT, formule su consulta a la Oficina Jurídica de la DIAN, dian@dian.gov.co
2) FACTURAR: Están obligados a facturar todos los comerciantes, quienes ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, quienes enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no. Están excluidos quienes pertenezcan al régimen simplificado, los bancos, las corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados en relación con las operaciones financieras, los distribuidores minoristas de combustible, las empresas de servicio público de transporte de pasajeros, el servicio de baños públicos, la relación laboral, las personas naturales que vendan bienes o servicios excluidos cuando no superen los topes para pertenecer al régimen común y en las enajenaciones y arrendamientos de bienes que constituyan activos fijos y que no sea comerciante. Están obligados a facturar los tipógrafos y litógrafos aun cuando pertenezcan al régimen simplificado. Son documentos equivalentes, el tiquete de máquina registradora, la boleta de ingreso a espectáculos públicos, tiquetes de transporte de pasajeros, recibos de pago de matrícula, las pólizas de seguros, los extractos, la factura electrónica, los contratos de medicina prepagada, la boleta de rifa o lotería, la nomina donde consta el descuento por venta de bienes o servicios, el certificado de liquidación de transacciones en bolsa, los expedidos por los no responsables de IVA y no contribuyentes de renta, el recibo de cobro de peajes. También existen documentos sustitutivos de la factura en los juegos de suerte y azar y en el expendio ambulante y masivo de bienes. En el caso de los obligados a facturar que lo hagan en talonario o por computador deben solicitar autorización de la numeración ante la DIAN. Obligados a facturar: La obligación de facturar, es uno de los deberes formales de todo contribuyente y/o comerciante. Prácticamente todos los comerciantes y empresas están obligadas a facturar, sin importar si es o no responsable del algún impuesto. Al respecto, dice el artículo 615 del estatuto tributario: Obligación de expedir factura. Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Para quienes utilicen máquinas registradoras, el documento equivalente será el tiquete expedido por ésta. Parágrafo. La boleta de ingreso a las salas de exhibición cinematográfica constituye el documento equivalente a la factura. Parágrafo 2o. Quienes tengan la calidad de agentes de retención del impuesto sobre las ventas, deberán expedir un certificado bimestral que cumpla los requisitos de que trata el artículo 381 del Estatuto Tributario. A solicitud del beneficiario del pago, el agente de retención expedirá un certificado por cada retención efectuada, el cual deberá contener las mismas especificaciones del certificado bimestral. En los demás aspectos se aplicarán las previsiones de los parágrafos 1o. y 2o. del artículo 381 del Estatuto Tributario. Por su parte, el artículo 01 del decreto 1165 de 1996, contempla: Obligación de facturar. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 511 del Estatuto Tributario, también están obligados a expedir factura o documento equivalente por cada una de las operaciones que realicen, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la UAE. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Por regla general, toda persona o empresa que venda bienes o preste servicios, debe expedir factura, a excepción de las personas y empresas que por expresa disposición legal no están obligados a expedir factura.
¿Qué es una factura? Otra tema básico pero de recurrente consulta. Una factura es un documento que diligenciado debidamente goza de valor probatorio y constituye título valor para su emisor o poseedor en caso de endoso. Una factura es un documento que refleja, que hace constar la adquisición y entrega de un bien o servicio, en el cual se específica la fecha de la operación, el nombre de la partes que intervinieron en el negocio, la descripción del producto o servicio objeto del negocio, el valor del negocio, la forma de pago entre otros conceptos. Sobre la factura dice el artículo 773 del código de comercio colombiano: Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. (…) Vemos que el código de comercio nuestro define la factura como un título valor, título valor que legitima el valor derecho literal y autónomo en el contenido, de modo que en caso de que el beneficiario de dicho título valor [factura] no reciba a satisfacción lo allí contenido puede exigirlo judicialmente por cuanto el documento respectivo presta mérito ejecutivo. Se debe aclarar eso sí, que la factura para que tenga la naturaleza de título valor debe cumplir con todos los requisitos que el código de comercio considera para ello. Igualmente la factura debe cumplir determinados requisitos para que tengan valor desde el punto de vista tributario, requisitos que están contemplados en el artículo 617 del estatuto tributario. Consulte los requisitos que debe tener una factura. Consulte el capítulo de facturación de la cartilla de IVA y FACTURACION de la Editorial Legis S.A. 2012: SÉPTIMA PARTE, Facturación.
Prof. HENRY FCO, ZULETA
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Artículo 5
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Resolución
artículo 658
artículo 615
artículo 381
artículo 381
artículo 01
artículo 511
artículo 773
artículo 617


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La construcción de políticas de investigación “orientadas” en la Universidad de Buenos Aires (UBA) | Desafíos y dilemas de la universidad y la ciencia en América Latina y el Caribe en el siglo XXI
María Paula Senejko y Mariana Versino[1]
Palabras clave: políticas de producción de conocimientos, orientación de la investigación universitaria, Universidad de Buenos Aires
En la literatura que analiza las transformaciones en la producción de conocimientos, Gibbons et al. (1997) plantean la dicotomía entre un “Modo 1” –disciplinar y homogéneo en cuanto a los actores que lo generan– y un “Modo 2” –transdisciplinario, heterogéneo y producido en un “contexto de aplicación” que involucra a actores externos a la comunidad científica–. Por su parte, Ziman (2003) establece la distinción entre una ciencia académica y otra post-académica, en relación con cómo se organiza y con quiénes la ejecutan, pasando de la tradición científica individual hacia una de tipo colectivo, tanto en relación con la definición de los temas a investigar como con los nuevos actores e intereses involucrados. Pese a las críticas fundadas en la falta de apoyo empírico sobre la base de programas de investigación contemporáneos, ambas propuestas contribuyeron al debate acontecido en las últimas décadas en relación con la interacción ciencia-sociedad e incluso han permeado el lenguaje de algunos policy makers sirviendo a la justificación y legitimación de ciertos cambios en las políticas orientadas a su promoción (Jiménez-Buedo y Vielba, 2009).
En este sentido, es posible señalar en la actualidad una tendencia a la transformación de los conocimientos producidos que conduce a indagar sobre qué tipo de ciencia se genera, cómo, dónde y para quién, lo cual interpela la definición de la agenda de investigación (Arocena y Sutz, 2000).
En América Latina, el concepto de relevancia social de las investigaciones científicas fue planteado fundamentalmente por los integrantes del denominado Pensamiento Latinoamericano en Ciencia Tecnología y Sociedad (PLACTS), que surge hacia fines de los años sesenta como una crítica a las políticas de ciencia y tecnología del momento. En Argentina, Varsavsky (1969) planteaba que la ciencia es siempre orientada dado que la “ciencia pura” no existe, por lo tanto lo bueno o lo malo de la ciencia estaría determinado por lo que define esa orientación. Para que haya una ciencia distinta hay que ver hacia qué objetivos se dirigen los recursos y para orientar la ciencia hay que dejar de lado la idea de una “verdad” ahistórica y universal y reemplazarla por las nociones de relevancia o pertinencia que la ponga en debate, dado que la ciencia no es neutral. En el mismo sentido, Varsavsky sostiene la necesidad de romper con el esquema de la actividad científica (descripción, predicción, explicación, decisión) y se propone empezar por la decisión política de definir para qué se investiga y para quién se investiga. La relevancia de la actividad científica se plantea entonces a partir de la decisión política de definir qué tipo de ciencia se necesita para el país (Varsavsky, 1969).
Un contexto que promueve la implementación de nuevas modalidades de producción de conocimiento
Actualmente, es posible considerar que la producción de conocimientos está en proceso de transformación, ello impulsado por las expectativas públicas puestas en la ciencia y la necesidad de resolución de temas complejos de relevancia social. Esta relevancia es definida en términos políticos. Las universidades se constituyen en el escenario principal de esas transformaciones, dado que son el locus de producción de conocimiento por excelencia, de ahí que las propuestas a orientar sus recursos se conviertan en pulsiones por lograr la unión entre la ciencia y la política. En este sentido, puede destacarse también la literatura que ahonda en la utilidad social de la investigación científica y el rol de los propios investigadores y las universidades en este proceso (Vaccarezza y Zabala, 2002).
En el caso de Argentina, este discurso se vio acompañado de algunos intentos de orientación de las políticas de investigación hacia temas de relevancia social desde el colectivo universitario, como por ejemplo ‒solo por mencionar dos hitos destacados y recientes‒ la convocatoria a proyectos de investigación científica y tecnológica orientados (PICTO), generada a partir del acuerdo de todas las universidades del país que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)[2] y la elaboración del Documento I de la Comisión Asesora sobre Evaluación del Personal Científico y Tecnológico del MINCYT: “Hacia una redefinición de los criterios de evaluación del personal científico y tecnológico” (MINCYT, 2012), donde se reflexiona sobre la evaluación de la investigación aplicada y orientada a la solución de problemas concretos que es realizada por los investigadores. En este último caso se expone la necesidad de adecuar los mecanismos de evaluación del personal que se dedica a este tipo de actividades y su posible transferencia al medio y, se expresa que quien participe de este tipo de proyectos orientados a la resolución de problemas o demandas específicas sea evaluado por su participación y desempeño en estos, más allá de los parámetros tradicionalmente utilizados en la evaluación de las actividades de ciencia y tecnología (MINCYT, 2012). Dicho documento propuso a su vez la conformación y gestión por parte del MINCYT de un Banco Nacional de Proyectos, integrado a su vez por uno específico de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS).[3]
Para el caso de la UBA, aunque históricamente el rumbo de la actividad científica fue marcado por la especialización y la definición disciplinar de los temas de investigación (Vaccarezza, 1994), se presentaron paralelamente propuestas para atender a nuevos modos de producción de conocimientos que pudiesen dar respuestas a problemas concretos y complejos de la sociedad, promoviendo investigaciones destinadas a temas o problemáticas específicas, generalmente de áreas de vacancia o de interés social. Esta promoción fue impulsada desde la normalización de la universidad en el año 1986 y plasmada en manifiestos de políticas como los acuerdos Inacayal (1986) y Colón (1995).
En este sentido, el acuerdo Inacayal destacaba:
La planificación no ha de ser compulsiva, ya que se respetará siempre el principio de la libertad académica, pero procurará orientar el grueso del esfuerzo hacia objetivos que respondan a necesidades sentidas de la sociedad, determinadas sobre la base del consenso, lo más amplio posible.
La planificación de las actividades científico-tecnológicas de la Universidad de Buenos Aires estará relacionada con los esfuerzos que, en igual sentido, realicen los organismos competentes del gobierno Nacional (UBA, 1986, p. 49).
Sobre la base de ello, entre otros lineamientos, se propuso:
contribuir al financiamiento de proyectos, en función de sus objetivos y resultados propuestos. Revertir, en este sentido, la política tradicional de otorgar subsidios sobre la oferta espontánea de proyectos y que utiliza como único criterio de asignación el de la excelencia académica del solicitante, tendiendo a planificar en base a la demanda, que la propia universidad planteará en función de las necesidades sociales (UBA, 1986, p. 49).
Nueve años más tarde se llevó a cabo una nueva reunión de autoridades para la reforma de la Universidad de Buenos Aires, que se denominó “Acuerdo Colón” (dado que la reunión se llevó a cabo en la Ciudad de Colón, Entre Ríos), con el fin de acordar una reforma curricular, de la investigación, de la extensión y de las estructuras académicas de la universidad. Este tuvo como fundamento “el desafío de los sistemas de educación superior para contribuir decisivamente a un aumento de la eficacia social y de la competitividad de los actores sociales, garantizando equidad en la distribución de conocimientos” (UBA, 1995, p. 12). El fin último de este encuentro consistió en elevar la calidad y la pertinencia de los aportes de las actividades de la UBA, entre otros motivos, por la inadecuada fijación de prioridades de investigación, bajo la necesidad de profundizar las relaciones con las demás instancias del sistema educativo (educación media y superior) y profundizar la articulación con el sistema productivo y el Estado.
Específicamente en lo que respecta a la reforma de la investigación, el Acuerdo Colón partió del siguiente diagnóstico: desde su normalización en 1986 al año 1995, la UBA desarrolló un modelo de promoción de conocimientos basado “sobre la oferta” generada por los investigadores, ligado en parte a un planteo lineal asentado en el fomento de la investigación universitaria para llevar al desarrollo de tecnologías y a la innovación. En tanto, en ese momento se presenta un planteo diferente de política científico-tecnológica “desde la demanda” de actores o necesidades externas. Así se señalaba:
Un planteo diferente conduce a elaborar un esquema de política científico-tecnológica desde la demanda, que facilite la difusión tecnológica y revalorice la cooperación, sin perjuicio de continuar con las acciones de promoción de investigaciones espontáneas y el desarrollo de áreas de vacancia y grupos emergentes (UBA 1995, p. 25).
Entre los criterios acordados en el marco de esta cumbre pueden citarse dos que atañen al objeto del presente trabajo:
Dar respuesta adecuada a las necesidades sociales, mediante su correcta identificación y explicitación (…) y evaluación y control de gestión que abarquen la calidad de la investigación, incluyendo su pertinencia, el cumplimiento de los objetivos y la adecuada asignación de recursos a los objetivos planteados (UBA, 1995, p. 25).
En relación con estos criterios, se establecieron las siguientes propuestas:
Identificar y definir líneas estratégicas a partir de las cuales la UBA pueda plantearse demanda de investigaciones en función de requerimientos externos y oportunidades novedosas.
Establecer mecanismos para demandar investigaciones que atiendan a la resolución de problemas concretos.
Orientar el uso de las herramientas de promoción de la investigación actualmente disponibles, en función de las líneas estratégicas definidas.
Así, a comienzos de 1991 se plantea (en la UBA) la necesidad de introducir orientaciones en el uso de recursos de investigación científico-tecnológica, basados en el principio de resolución de problemas productivos y/o sociales. De esta manera, se promovieron los Programas Especiales de Investigación (PEI) como ejercicio de una planificación centralizada, partiendo de considerar que la preferencia de áreas temáticas por parte de los investigadores no puede ser utilizada como mecanismo de estímulo y orientación de la investigación universitaria (Vaccarezza, 1994).
Desde ese entonces,[4] se pueden mencionar distintas convocatorias especiales desarrolladas en la UBA para orientar la investigación hacia nuevos modos de producción de conocimientos, de corte interdisciplinario y que apuntaron a temas estratégicos y a la resolución de problemas sociales y productivos, a saber:[5]
Programas Especiales de Investigación (PEI): centrados sobre la planificación horizontal de actividades en campos prioritarios, a partir de la fijación de grandes áreas temáticas. Desarrollados entre 1991 y 1994.
Proyectos Estratégicos: creados por Resoluciones CS Nº 4200 y 4807 del año 2000, con el fin de estimular la investigación en áreas seleccionadas como prioritarias o de alto impacto socioeconómico y estimular la investigación en áreas del conocimiento que estuvieran vacantes.
Proyectos de Desarrollo Tecnológico: creados en 1996 mediante la Resolución CS N° 4042. Los proyectos debían contribuir a la concreción de un proceso, producto, prototipo o desarrollo tecnológico, con potencialidad a ser transferido al ámbito socio-económico sobre la base de un análisis previo de factibilidad técnico-económica.
Proyectos Integrados Interdisciplinarios: creados por Resolución CS N°5673/1997, articulaban el trabajo de varios grupos disciplinarios hacia un área común.
Proyectos Orientados por Demanda: creados por Resolución CS Nº 1412/1998. El objetivo de estos proyectos era satisfacer una demanda puntual de instituciones o empresas, sobre la base de temas acordados con la UBA. De este instrumento surgieron proyectos en conjunto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con la Municipalidad de Junín, provincia de Buenos Aires, para temas de Promoción Social, planeamiento urbano y contaminación ambiental respectivamente.
Proyectos de Urgencia Social (PUS): convocados en el año 2003, mediante Resolución (CS) Nº 1542/2003, dirigidos a satisfacer necesidades de grupos vulnerables, con aplicación social inmediata y rápida transferencia.
Proyectos Interdisciplinarios (PI): con el objetivo de fomentar la actividad interdisciplinaria y pensando en darle un mayor anclaje a los Programas Interdisciplinarios de Cambio Climático (PIUBACC), Marginaciones Sociales (PIUBAMAS) y Energías Sustentables (PIUBAS) existentes desde 2007/8, y con el fin de sostener la continuidad de estos, se establecen las convocatorias de Proyectos Interdisciplinarios a partir del año 2009. Posteriormente se agregan los programas de Desarrollo (en 2010) y de Transporte (2012).
Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS): como mecanismo de estímulo a todo el sistema en el marco promocional de los PDTS desde el MINCYT, desde la UBA se acordó hacer una convocatoria específica para la presentación de PDTS en el año 2012 (Resolución 5778/12). Posteriormente, en la convocatoria 2014-2017, los PDTS se insertan como alternativa de las convocatorias UBACYT.
En todos los casos, los proyectos mencionados representaron históricamente entre un 1 y un 5% del total de proyectos Ubacyt regulares de la UBA. Así por ejemplo, mientras que en la convocatoria Ubacyt 2014/2017[6] se admitieron 1114 proyectos, solo quince corresponden a interdisciplinarios y siete a PDTS. A ello se suma que aunque muchas veces las propuestas de orientación de la investigación se proponen atender demandas puntuales, los temas de investigación siguen siendo ofertados por los propios investigadores y adaptados en muchos casos a los nuevos instrumentos.
Sin embargo, puede decirse que, aun cuando no se han realizado evaluaciones del impacto de estos instrumentos y pese a que en muchos casos las expectativas puestas en las investigaciones orientadas son mayores a las puestas en las de líneas regulares, los proyectos orientados muestran algunas contribuciones para la generación de nuevas formas de producción de conocimientos. Entre las contribuciones asociadas a este tipo de proyectos pueden mencionarse las siguientes:
Facilitan encuentros entre actores académicos y no académicos estableciendo vínculos y cooperación entre equipos de investigación y actores sociales y productivos, a partir de la propia elaboración de la propuesta de investigación.
Promueven la creación de conocimiento y su intercambio durante el proceso de investigación, conducente a resolver problemas concretos de la sociedad y de la producción.
Estimulan la transferencia y difusión de los resultados obtenidos.
Tal como se describió, los intentos por orientar la investigación en la UBA se remontan a los años de su normalización. En todas las gestiones y complementando las convocatorias Ubacyt regulares o bien formando parte de ellas, se pueden visualizar intentos de orientación, que incluso se solapan en nombres y particularidades de las convocatorias.
Pese al planteo originario del acuerdo Inacayal, luego replicado por el acuerdo Colón, no se ha logrado revertir la política tradicional de otorgar subsidios sobre la oferta espontánea de proyectos. Con ello y sumado a la poca cantidad de propuestas que siguen los lineamientos de estas políticas, podría decirse que la incidencia en las prácticas de investigación por las convocatorias a proyectos orientados de esta universidad continúa siendo débil.
No obstante, los requisitos que se imponen para estos instrumentos, tales como el carácter interdisciplinario de las propuestas, la búsqueda de adoptantes o demandantes o la conformación de grupos de distintas facultades, podrían ser indicios del reducido impacto en cantidad de presentaciones.
Por otra parte, los proyectos orientados requieren una mayor capacidad de gestión y la generación de diálogos entre disciplinas (interdisciplinariedad) e instituciones diferenciadas (interinstitucionalidad) ‒que no siempre son fáciles de lograr‒ y requieren desafiar problemas de comunicación entre distintos tipos de actores (académicos/no académicos). Asimismo, implican riesgos superiores para la concreción de los resultados esperados (respecto a los proyectos regulares), solo para reseñar algunos de los aspectos que debieran ser afrontados si se pretende que este tipo de convocatorias se fortalezca.
Arocena, R. y Stuz, J. (2000). “La universidad latinoamericana del futuro”. México: Colección Unión de Universidades de América Latina (UDUAL).
Gibbons, M.; Limoges, C.; Nowotny, H.; Schwartzman, S.; Scott, P. y Trow, P. (1997 [1994]). La nueva producción del conocimiento. Barcelona: Pomares-Corredor.
Jiménez-Buedo, M. y Vielba, I. (2009). “¿Más allá de la ciencia académica?: Modo 2, ciencia posacadémica y ciencia posnormal”. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, CLXXXV(738), pp. 721-737.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) (2012). Documento I de la Comisión Asesora sobre Evaluación del Personal Científico y Tecnológico del MINCYT: Hacia una redefinición de los criterios de evaluación del personal científico y tecnológico. Buenos Aires.
UBA (2001). Quince años de investigación científica en la Universidad de Buenos Aires. 1986-2001. Buenos Aires: EUDEBA.
Universidad de Buenos Aires (UBA) (1986). Propuesta de INACAYAL.
Universidad de Buenos Aires UBA (1995). Acuerdo de Gobierno para la reforma de la Universidad de Buenos Aires.
Vaccarezza, L. (1994). “Los problemas de la innovación en la gestión de la ciencia en la universidad: los programas especiales de investigación en la UBA”. REDES, 1(2), pp. 107-128.
Vaccarezza, L. y Zabala, J. (2002). La construcción de la utilidad social de la ciencia. Investigadores en biotecnología frente al mercado. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
Vasen, F. (2012). “Priorities, solidarity and the watering can, Institutional Research Policies and Conceptions of Relevance in a traditional Latin American University Setting”. International Journal of Contemporary Sociology, número especial: “The University and Society”, 49(1), pp. 117-144.
Ziman, J. (2003). ¿Qué es la ciencia? Cambridge University Press. Traducción española de “Real Science: What it is, and what is means” por Perez Sedeño E. y Galicia Pérez, N.
María Paula Senejko, magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (MAECYT-UBA) y doctoranda en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Directora de Articulación Institucional e Interdisciplinaria de la Secretaría de Ciencia y Técnica UBA. Contacto: psenejko@hotmail.com.
Mariana Versino, investigadora CONICET en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, coordinadora académica de la maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología-UBA, y docente-investigadora de la Fahce-UNLP. Contacto: mversino@gmail.com. ↵
Denominada PICTO-CIN.↵
El Banco Nacional de PDTS se puso en funcionamiento en la órbita del MINCYT en el año 2013. Actualmente cuenta con 146 proyectos y la UBA participa como institución ejecutora en 47 de ellos.↵
Paralelamente al modelo de “regadera” mencionado por Vasen (2012) para la adjudicación de subsidios. ↵
Aunque en este trabajo no se señalen las diferencias de modelos entre iniciativas, es importante señalar que Vasen (2012) diferencia los distintos tipos de proyectos: los que promueven la innovación (más relacionados con una concepción mercantil de la investigación), los que solo requieren la asociación con actores externos, y los proyectos que reconocen la responsabilidad social de la universidad y su capacidad para ayudar con la crisis desatada en 2001, como es el caso de los Proyectos de Urgencia Social. ↵
Corresponde a la última convocatoria Ubacyt presentada y evaluada. ↵

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Derecho Laboral: Qué es, Principios, Historia, Procesal, Concepto
Derecho Laboral: ¿Qué es el Derecho Laboral, Principios, Historia, Procesal, Concepto
Concepto: Rama jurídica que tiene por objeto la tutela de la clase trabajadora para fines de interés general. Rama del Derecho que se refiere a las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, y a las condiciones de trabajo. Es la ordenación de las bases de las relaciones laborales entre las partes del contrato de trabajo.
El Derecho Laboral tiene sus primeros atisbos en el siglo XIX, con la creación inorgánica de legislaciones sociales en Europa y América. A comienzos del siglo XX, el auge que experimentaron los derechos sociales, más la creación de la OIT, hicieron que la idea de crear una institucionalidad de las relaciones laborales decantara en la creación de esta nueva rama del Derecho. Esto hace que el Derecho Laboral adquiera un carácter fuertemente protector de los derechos de los trabajadores, tradicionalmente la parte más débil en la relación laboral.
Se conoce con el nombre de derecho laboral a todo el conjunto de leyes y reglas que tienen por objetivo regular y ordenar los diferentes sistemas laborales que caracterizan al ser humano. A diferencia de lo que sucede con muchos otros conjuntos de leyes, el derecho laboral podría decirse que no cuenta con una base anteriormente consuetudinaria o establecida en torno a costumbre previas ya que surge como resultado de las demandas de los trabajadores y obreros recién entre los siglos XIX y XX.
El derecho laboral tiene como objetivo principal establecer y organizar todas las circunstancias, fenómenos y situaciones que se puedan dar en tal ámbito a fin de que la actividad en cuestión pueda desarrollarse de manera segura y apropiada para las dos partes que participan en ella: el trabajador y el empleador. Sin embargo, uno de los principales elementos que busca establecer el derecho laboral es la seguridad para el trabajador ya que el mismo se encuentra en una posición de minoridad frente a su empleador. La justicia laboral se interesa por asegurar al trabajador (aunque no solamente a él) que se cumplan y respeten sus derechos tales como vacaciones pagas, licencias, cantidad de horas a trabajar, el establecimiento de un salario mínimo que puede ir ajustándose en caso de ser necesario, asignaciones familiares, previsión social, condiciones de higiene y de seguridad laboral, etc.
Principio protectorio: junto con el de irrenunciabilidad puede ser considerado el de mayor importancia, su finalidad es proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona humana y se manifiesta en diferentes técnicas dirigidas a equilibrar las diferencias preexistentes entre el trabajador y el empleador ya que existe un diferente poder de negociación. Se manifiesta en 3 reglas:
In dubio Pro operario: se encuentra en el artículo 9 de la ley de contrato de trabajo, que hice que si la duda recayera en la interpretación o alcance de la ley, los jueces o encargados de aplicar la CEE sigan en el sentido más favorable al trabajador; es un principio dirigido al juez en caso de existir una duda razonable en la interpretación de una norma. La doctrina entiende que no es aplicable para valorar la prueba en un juicio ya que el juez debe seguir produciendo pruebas para alcanzar la certeza.
Regla de la norma más favorable: se aplica cuando la duda recae sobre la aplicación de una norma, cuando doma normas sean aplicables a una igual situación judicial el artículo 9 de la ley de contrato de trabajo establece que en caso de dudas sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al rajado. El artículo 8 determina los convenio colectivo de trabajo o laudos con fuerza de tales que contenga norma más favorable a los trabajadores serán válidos y de aplicación.
De la condición más beneficiosa: cuando una situación anterior sea más beneficiosa para el trabajador se la debe respetar, la modificación debe ser para ampliar no para disminuir de derechos, el artículo 7 de la ley de contrato de trabajo determina que las partes no pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenio colectivo de trabajo o laudo con fuerza de tales o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejados la sanción del artículo 44 es decir la nulidad por ilicitud o prohibición. El artículo 13 dice que las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagrada por leyes o convenio colectivo de trabajo serán nulas y se considerará sustituida de pleno derecho por estas.
Principio de irrenunciabilidad: El derecho del trabajo parte del supuesto de que cuando un trabajador renuncia a un derecho lo hace por falta de capacidad de negociación o por ignorancia forzado por la desigualdad jurídica económica existente con el empleado con el fin de conservar su fuente de ingresos. Este principio procura evitar este tipo de renuncia, y se puede definir a renuncia como el abandono voluntario de un derecho mediante un acto jurídico unilateral. Lo pactado por debajo de la norma no tienen validez y es sustituido de pleno derecho por la norma que corresponda aplicar. El artículo 58 dice que no se admitirán presunciones en contra el trabajador ni derivados de la ley, ni los convenio colectivo de trabajo que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o a cualquier otro derecho yace a que las mismas deriven de su silencio o de cualquier otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco en aquel sentido (excepción consentimiento tácito del trabajador que surge de su comportamiento). El artículo 12 dice que será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzcan los derechos previstos en la ley, estatutos profesionales o convenio colectivo de trabajo ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución o el ejercicio de derechos provenientes de su extinción.
Transacción: acto jurídico bilateral por el cual las partes haciéndose concesiones recíprocas extinguen obligaciones litigiosas o dudosas.
Conciliación: consiste en un acuerdo suscrito por el trabajador y el empleado de y homologado por autoridad judicial o administrativa.
Renuncia el empleo: la extinción del contrato de trabajo por parte del empleado deberá ser notificada fehacientemente.
Prescripción: extinción de la acción para el transcurso del tiempo.
Principio de continuidad de la relación laboral: cuando exista duda en la continuación o no de un contrato de trabajo con respecto de su duración se debe resolver a favor de la existencia de un contrato de tiempo indeterminado. Este principio tiende al mantenimiento de la fuente de trabajo, el contrato de trabajo tiene vocación de permanencia lo que le otorga al trabajador cierta seguridad y tranquilidad desde el punto de vista económico y psicológico y se relaciona con el concepto de estabilidad en decirlas expectativa de conservar su empleo mientras cumpla adecuadamente sus funciones. El artículo 10 de la ley de contrato de trabajo dice que en caso de duda las situaciones deben resolverse a favor de la continuidad con subsistencia del contrato.
Principio de la primacía de la realidad: el artículo 14 dice que será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, se ha aparentando normas contractuales no laborales, interposición de persona o de cualquier otro medio. En tal caso la relación quedará regida por esta ley junto este principio otorga prioridad a los hechos es decir a lo que efectivamente ocurrió en la realidad.
Principio de buena fe: el artículo 63 de la ley de contrato de trabajo dice que las partes están obligadas a actuar de buena fe ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y un buen trabajador tanto al celebrar, a ejecutar hoy extinguido el contrato con la relación de trabajo.
Principio de no discriminación e igualdad de trato: está contemplado en el artículo ice de la constitución nacional, igualdad entre iguales y en igualdad de situaciones. En la ley de contrato de trabajo aislaría artículo referido a este principio que comprende la obligación del empleador de no discriminar por razones de sexo, religión, estado civil, raza, edad, etc… La ley 25013 creó la figura del despido discriminatorio, además las políticas activas de la organización internacional del trabajo para, combatir la discriminación y desigualdad en materia laboral. Lo que la ley prohíbe son las discriminaciones entre el personal, ordenando que se otorgue en igualdad de trato en igual situación.
Principio de equidad: el principio está consagrado en el artículo 11 de la ley de contrato de trabajo y evitar el desamparo que podría generarse por la aplicación estricta y rigurosa de una norma cuando produce una situación disvaliosa.
Principio de justicia social: el artículo 11 de la ley de contrato de trabajo dice que cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo se decida conforme a los principios de justicia social, equidad y buena fe. Este se vincula con la protección de la dignidad del trabajador.
Principio de gratuidad: este principio trata de garantizar el acceso gratuito a los trabajadores para reclamar por sus derechos, el artículo 20 dice que el trabajador o sus derechohabientes basarán del beneficio de la gratuidad en los procesos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de la ley de contrato de trabajo, convenio colectivo de trabajo; y su vivienda no podrá ser afectada al pago de costas en ningún caso.
Principio de razonabilidad: se trata de una accionar conforme a la razón y a determinar pautas de conducta que resultan lógicas y habituales.
Principio protector: Este principio es el criterio fundamental que orienta el Derecho del Trabajo, ya que esta rama del derecho en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad, responde al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes: el trabajador.
Principio de continuidad de la relación: Este principio, reconocido a favor del trabajador persigue que las relaciones laborales sean estables. Esto porque se ha concebido al contrato de trabajo como una relación jurídica indefinida, estable y de jornada completa, de tal manera que asegure la continuidad de la permanencia del trabajador en la empresa, protegiéndola de rupturas e interrupciones y limitando las facultades del empleador de ponerle término.
Principio de primacía de la realidad: Este principio significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Como consecuencia de lo anterior, "la mayoría de las normas que constituyen el Derecho del Trabajo se refieren más que al contrato, considerado como negocio jurídico y a su estipulación, a la ejecución que se da al mismo por medio de la prestación del trabajo."
Principio de Razonabilidad: Es un principio bastante general (para algunos no es propio del Derecho del Trabajo, Ej. Gamonal) que establece la idea de lo razonable como criterio interpretativo de aquellas situaciones en que producto de errores, confusiones, de simulación o de fraude es necesario establecer el verdadero alcance de las cláusulas o de las situaciones jurídicas, para no generar arbitrariedades o injusticias que no resulten razonables. Es decir, a través de este principio es posible medir la verosimilitud de una determinada explicación o solución.
Principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales: Este importante principio supone la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el Derecho del Trabajo en beneficio propio. El ordenamiento jurídico laboral se aleja nuevamente de los criterios civilistas, que recogen los principios contrarios, de la renunciabilidad de los derechos y de la autonomía de la voluntad.
2.- Principios generales con gran relevancia en materia laboral.
Principio de igualdad de trato: El principio de igualdad ante la ley puede formularse como "el sometimiento de todas las personas a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de su derechos y para el cumplimiento de sus deberes."
Principio de no discriminación: El principio de no discriminación está estrechamente vinculado al principio de igualdad, toda vez que él asegura la plena vigencia del principio de la igualdad al excluir o prohibir toda diferenciación, preferencia o exclusión que se fundamente en criterios objetivos y razonables.
Principio de la buena fe: En su concepción objetiva, el principio de la buena fe "conlleva un modelo de conducta social que la ley exige a las personas conforme a un imperativo ético dado, dentro del marco de la relación contractual." Dicho de otra forma, a través de este principio general se "impone un modelo o arquetipo de conducta social basado en la rectitud y honradez.

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In dubio
artículo 9
artículo 9
artículo 8
artículo 7
artículo 44
artículo 13
artículo 58
artículo 12
artículo 10
artículo 14
artículo 63
artículo 11
artículo 11
artículo 20


CARTA SOBRE ASPECTOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO - PDF
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María José María Jesús Ferreyra Moreno
1 CARTA SOBRE ASPECTOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO Sr. Presidente de SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA Av. Antártida Argentina 2085 Ciudad Autónoma de Buenos Aires La AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en su carácter de auditor externo independiente, efectuó la auditoría de los Estados Contables de SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, emitiendo el relativo Informe del Auditor con fecha 31 de agosto de Adicionalmente, de la citada auditoría han surgido observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativos-contables y de control interno que hemos considerado informar a Uds. para su conocimiento y acción futura. 1 -ALCANCE DEL TRABAJO Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría externa aprobadas por la Auditoría General de la Nación mediante Resolución Nº 145/93 las cuales, en su conjunto, son compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 1
2 Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA no tuvo como objetivo principal el análisis de su sistema de control interno, ya que nuestra revisión no fue planificada con el propósito de un minucioso estudio y evaluación de ninguno de los elementos del referido sistema y no fue realizada con el objetivo de brindar recomendaciones detalladas o de evaluar la idoneidad de la estructura de control interno de la Sociedad para evitar o detectar errores o irregularidades. El trabajo desarrollado ha consistido básicamente en evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contable-financiera generada por el ente y que pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de los estados contables. En función de los objetivos definidos, el contenido de este informe respecto a la evaluación del control interno cubre únicamente aquellos aspectos que han surgido durante el desarrollo de nuestro examen, y por lo tanto no incluye todos aquellos comentarios y recomendaciones que un estudio específico destinado a tal fin podría revelar. 2 -OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 2.1. SURGIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES Créditos y Pasivos Consolidados Ley Nº Si bien se ha continuado realizando gestiones ante el Ministerio de Economía y Producción, la Sociedad no ha concluido aún las negociaciones relativas a la entrega de bonos de consolidación que efectivicen su crédito con algunas provincias y/o que posibiliten su compensación con los 2
3 pasivos consolidados (el crédito consolidado a valor histórico contabilizado asciende a $ ,38, siendo su valor técnico en bonos de consolidación de $ ,82, mientras que el pasivo consolidado contabilizado a valor histórico es de $ ,15 y su valor técnico de $ ,43) Las últimas notas remitidas al respecto por la Sociedad son la Nº 176/08 del 28/03/2008, la Nº 154/09 del 18/03/09 y la Nº 187/09 de fecha 08/04/2009. Continuar las gestiones ante el Ministerio de Economía y Producción a fin de obtener la entrega de los correspondientes bonos de consolidación. Asimismo, gestionar la posible compensación de esos créditos con los pasivos consolidables que mantiene la Sociedad en el marco de la Ley Nº Accesorios y Repuestos La Sociedad constituyó durante el ejercicio 2003 para estos rubros una previsión por desvalorización, habiendo sido incrementada en los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007 por un monto poco significativo. La respuesta de la Gerencia de Producción a la nota de fecha 20/11/06 de la Gerencia de Administración y Finanzas solicitando un análisis del estado de los artículos que componen este rubro sólo cita que dicho análisis continúa siendo de aplicación a esa fecha. 3
4 Mediante la nota Nº 185/08 del 09/04/2008, la Sociedad comunicó que realizará una revisión a efectos de determinar que artículos aún pueden utilizarse o si algunos de ellos deben ser dados de baja por obsoletos o por no tener posibilidad de uso. Posteriormente por nota N 318/09 del 12/06/09 se informa que dado la cantidad de Accesorios y Repuestos que posee la Sociedad continúan con la revisión correspondiente a efectos de detectar aquéllos que puedan ser dado de baja. Realizar una revisión periódica de la composición del presente rubro a fin de identificar factores que determinen la constitución de la pertinente previsión por desvalorización u obsolescencia, aplicando a tal efecto un criterio homogéneo y que tenga en cuenta, además de la antigüedad, otros parámetros tales como obsolescencia, cantidades en existencia y efectiva posibilidad de utilización Gestión Cobranza de Créditos Créditos Decretos 1652/86 y 404/90 y Deudores Comunes Atento la antigüedad de los créditos enmarcados en dichos decretos y por los cuales no se habría iniciado oportunamente los trámites de consolidación ante el Ministerio de Economía, se requirió opinión mediante MEMO Nº 11 del a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para que evaluara la efectiva recuperabilidad de los mismos. De acuerdo a la respuesta suministrada por dicha Gerencia... los créditos encuadrados en los Decretos 1652/86 y 404/90 se deben 4
5 considerar incluidos en los trámites de consolidación, por los montos en los cuales esta Sociedad del Estado asume el papel de acreedores.... La Sociedad informó que con fechas y se reiteró una nota remitida al Ministerio de Economía de fecha solicitando que se agreguen las acreencias correspondientes a los Decretos 1652/86 y 404/90 por $ ,02 (estos créditos se hallan previsionados en un 100%). La última nota remitida fue la N 187 del 08/04/09. Asimismo, se verifica el mantenimiento de créditos impagos desde hace varios ejercicios, siendo los principales los que se detallan a continuación: Cliente Importe $ Ministerio Relaciones Exteriores ,79 ANSES ,83 Ministerio del Interior ,00 Estos créditos, si bien se hallan previsionados en un 100%, no son objeto de acciones que posibiliten su recupero parcial o total. Continuar impulsando las acciones necesarias para el recupero de las acreencias encuadradas en los decretos 1652/86 y 404/90 y de saldos antiguos de Deudores Comunes. Sobre la base del resultado de las mismas replantear, de corresponder, la previsión por incobrabilidad constituida oportunamente por la Sociedad. 5
6 Previsión para Juicios Los informes del Departamento Jurídico en muchos casos no incluyen una estimación de la posible obligación final (intereses resarcitorios y/o punitorios, multas y gastos judiciales), como así tampoco la descripción de cualquier pasivo contingente que comprenda una reclamación potencial y sus efectos para la Sociedad. Esta información es relevante para el reflejo de situaciones contingentes en los estados contables de la Sociedad de acuerdo con las normas profesionales en la materia. Los informes del Departamento Jurídico debieran informar el estado de la situación de las causas, con una estimación de la obligación final y la descripción de cualquier pasivo contingente que comprenda una reclamación potencial y otros efectos sobre las actividades de la Sociedad y/o su situación financiera Construcciones Taddia SA Dentro del saldo de las cuentas Anticipo a Proveedores y Obras en curso se encuentran incluidos los importes de $ ,86 y $ ,82 respectivamente, correspondientes a pagos efectuados hasta el año 1999 a la firma Construcciones Taddia SA por diversos trabajos 6
7 efectuados en el ámbito de SECM, los cuales, transcurridos más de 8 años, seguirían inconclusos. Se trata de una obra de remodelación total de l local de acuñación con la finalidad de la instalación de una máquina impresora por la cual la Sociedad, conforme lo convenido, integró en concepto de anticipo financiero el 40% del precio estipulado en la orden de compra, pese a lo cual el constructor incumplió con la realización de la obra en un porcentaje estimado en un 74%, y a consecuencia de ello, la impresora no pudo ser instalada por esta vía, por lo que se reclamó el cobro de las garantías otorgadas por el anticipo incumplido y por la parte proporcional de la garantía de adjudicación (se cumplimentaron las obras civiles que apenas alcanzan el 26% del total encomendado, mientras que las instalaciones eléctricas y termomecánicas que constituyeron el grueso de la contratación no fueron realizadas). La obra está sin concluir por el proveedor, no obstante ello SECM realizó por su cuenta algunos trabajos para poder instalar la impresora en cuestión. En los estados contables al 31 de diciembre de 2007 estos saldos no han sido objeto de regularización mediante previsión (incobrables/desvalorización), a la espera de la resolución de la situación legal y de la conclusión de las obras. En relación a las acciones legales contra Construcciones Taddia S.A. por daños y perjuicios ocasionados a Casa de Moneda por incumplimiento de contrato, se ha solicitado se la condene a pagar una suma aproximada de $ ,-. El proceso se encuentra en período de prueba y cabe resaltar que la Empresa está en estado de quiebra. En función de los acreedores ya verificados en el proceso, el cobro de la acreencia de Casa de Moneda es altamente improbable. En estricta relación con Taddia S.A. y sobre la base de las pólizas de caución de los anticipos recibidos y la adjudicación de la obra, Casa de Moneda ha demandado el cobro de $ ,77 a la Cooperativa de Seguros Navieros Ltda. (COSENA SEGUROS S.A). Este proceso está en período de prueba. 7
8 Evaluar la procedencia de los saldos contables relacionados efectuando, de corresponder, los ajustes contables pertinentes. Asimismo, proseguir las acciones legales correspondientes que permitan el cobro resarcitorio por los incumplimientos del proveedor Disponibilidades-Cheques Se verificó en el arqueo correspondiente al cierre del ejercicio 2007 la existencia de cheques propios emitidos vencidos (años 2005, 2006 y 2007). Regularizar a la brevedad la situación de los cheques vencidos de tan antigua data, instrumentando los mecanismos que permitan detectar y resolver oportunamente estos casos en forma periódica Inventario de Bienes de Uso Observaciones: Se ha constatado que se encuentra desactualizado el inventario físico de los bienes de uso de la Sociedad, hallándose pendiente la carga de datos al sistema y resultando muy dificultosa su 8
9 compatibilización con el inventario contable debido a la complejidad de la identificación de los bienes componentes. A este respecto, la Sociedad continúa avanzado en las tareas de relevamiento de bienes de uso y se está cargando en un sistema de control de activos fijos con la asignación de la responsabilidad patrimonial de dichos bienes en la totalidad de los casos a fin de compatibilizar dicho inventario con las respectivas cuentas contables. En tal sentido se ha comenzado con el ingreso de las altas correspondiente al ejercicio 2005 y siguientes, restando aún cargar la totalidad del inventario y su control con las cuentas contables. En la actualidad, para registrar las altas, el Sector de Patrimonio debe requerir a cada sector las órdenes de compra y las facturas respectivas a través del Sistema Contex. Recomendaciones: Continuar con la actualizació n de la totalidad del inventario físico de los bienes de uso y compatibilizar dicho inventario con las cuentas contables, permitiendo una adecuada identificación que facilite su control y seguimiento. Implementar definitivamente los procedimientos y circuitos formales para registrar las altas y bajas, que prevean el envio al Sector Patrimonio de las órdenes de compra y facturas correspondientes Compras y Contrataciones En general la autorización del trámite mediante el cual se aprueba la modalidad de la contratación es realizada por distintos funcionarios que no cuentan con facultades para ello, toda 9
10 vez que los importes involucrados en las autorizaciones de gastos exceden significativamente los determinados en la reunión Nº 726 de Directorio del 12/10/05 mediante la cual se resuelve actualizar los montos jurisdiccionales, conforme lo dispuesto por el Reglamento de Contrataciones de la Sociedad en su art. 3º, 2º párrafo que dispone que...la autoridad facultada por el Directorio autorizará el llamado por medio de acto administrativo que aprobará la modalidad de contratación a utilizar conforme a los procedimientos del Artículo 2º y el Pliego de Bases y Condiciones que regirá la contratación. El trámite mediante el cual se aprueba la modalidad de la contratación conforme lo dispuesto por el Reglamento de Contrataciones de la Sociedad en su art. 3º, 2º párrafo deberá hacerse por funcionario autorizado respetando los montos determinados en la reunión Nº 726 de Directorio del 12/10/05, según la cual ha establecido los montos jurisdiccionales Capital Social El capital suscripto e integrado de la Sociedad asciende a $ 0,44, monto que está por debajo del mínimo actualmente exigido por el artículo 186 de la Ley de Sociedades Comerciales. En la actualidad, la Sociedad está analizando los procedimientos tendientes a adecuar la valuación y la exposición del capital social de acuerdo con las normas en vigencia. 10
11 Evaluar la adecuación del valor del capital social habida cuenta de su desactualización desde la constitución de la Sociedad SURGIDAS EN EL EJERCICIO Provisión vacaciones del ejercicio Como consecuencia del análisis de la cuenta provisión vacaciones se verifica que una gran cantidad de agentes acumulan licencia ordinaria prevista en el art. 150 de Ley (TO Decreto 390/1976) desde el año 2003, cuando conforme a lo dispuesto por el artículo 164 de la misma norma solo puede acumularse a un período de vacaciones la tercera parte de un período inmediatamente anterior que no se hubiese gozado. En los casos de cargos de jefaturas la no observancia de la normativa vigente puede afectar a un adecuado ambiente de control. Recomendación Teniendo en cuenta que las vacaciones previstas en el citado plexo normativo no son compensables en dinero (art. 162), salvo lo dispuesto en el artículo 156 de la misma ley, que es por extinción del contrato de trabajo, corresponde encausar las medidas necesarias para su regularización y efectuar las adecuaciones contables en caso de corresponder. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 31 de agosto
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION O.D. Nº 37 1 SESIONES EXTRAORDINARIAS 2007 ORDEN DEL DIA Nº 37 COMISION PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION O.D. Nº 37 1 SESIONES EXTRAORDINARIAS 2007 ORDEN DEL DIA Nº 37 COMISION PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS Impreso el día 8 de febrero de 2008 Término del artículo
2 -OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
INFORME SOBRE CONTROLES INTERNO Y CONTABLE Señor Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS Avenida Corrientes 655 Ciudad Autónoma de Buenos Aires La AUDITORÍA