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5ª Sesión Ordinaria del 10 de abril de 2019
N.º 5 - TOMO 593 - 10 DE ABRIL DE 2019
4)	Situación de la enfermería en el Uruguay
–	El señor senador Camy solicita autorización para realizar una exposición, por el término de treinta minutos, en la sesión del día 8 de mayo de 2019.
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Larrañaga, De León, Passada, Alonso y Lacalle Pou.
–	Quedan convocados los señores senadores López Villalba, Aristimuño, García (Graciela), Álvarez y Saravia.
7)	Obras viales en la zona del Solar de Artigas, Asunción del Paraguay
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al señor presidente de la república, a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación y Cultura, al Codicén, al Consejo de Educación Inicial y Primaria, a las Comisiones de Asuntos Internacionales y de Educación y Cultura del Parlamento, y a la Embajada de Paraguay.
10)	Leche larga vida
–	Proyecto de ley por el que se realizan ajustes en el impuesto al valor agregado.
11)	Recurso de referéndum contra las leyes
–	Proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 34 de la Ley n.º 16017, en la redacción dada por el artículo 2.º de la Ley n.º 17244.
12)	Ciudad de Bella Unión. Ciento noventa años de su fundación
–	Proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para esa ciudad del departamento de Artigas el día 13 de mayo de 2019.
«Montevideo, 9 de abril de 2019
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 10 de abril, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
2.º) por el que se realizan ajustes al impuesto al valor agregado (IVA) en lo que refiere al bien “leche larga vida” (Carp. n.º 1289/2019 - rep. n.º 830/19).
3.º) por el que se modifica el artículo 34 de la Ley n.º 16017, de 20 de enero de 1989, en la redacción dada por el artículo 2.º de la Ley n.º 17244, de 30 de junio de 2000, recurso de referéndum contra las leyes (Carp. n.º 1309/2019 - rep. n.º 831/19).
4.º) por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas, el día 13 de mayo de 2019, con motivo de conmemorarse los ciento noventa años de su fundación (Carp. n.º 1302/2019 - rep. n.º 829/19).
ASISTEN: los señores senadores Álvarez, Amorín, Argimón, Aristimuño, Aviaga, Ayala, Baráibar, Bordaberry, Carrera, Castillo, Coutinho, Delgado, Gandini, García (Graciela), García (Javier), Garín, Lazo, López Villalba, Martínez Huelmo, Matiaude, Michelini, Mieres, Otheguy, Paternain, Saravia, Tourné, Vassallo y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Alonso, Besozzi, Cardoso, De León, Lacalle Pou, Larrañaga, Moreira y Passada; y, con aviso, los señores senadores Camy y Heber.
«La Comisión de Constitución y Legislación eleva informados los siguientes proyectos de ley:
•	por el que se modifica el artículo 34 de la Ley n.º 16017, de 20 de enero de 1989, en la redacción dada por el artículo 2.º de la Ley n.º 17244, de 30 de junio de 2000, recurso de referéndum contra las leyes;
•	por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas, el día 13 de mayo de 2019, con motivo de conmemorarse los ciento noventa años de su fundación.
La Comisión de Hacienda eleva informado un proyecto de ley por el que se realizan ajustes en el impuesto al valor agregado (IVA) de la leche larga vida.
El Ministerio de Defensa Nacional remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Javier García, relacionado con las actuaciones, actas y resoluciones del Tribunal de Alzada y Tribunal Especial de Honor para oficiales superiores del Ejército.
El Ministerio de Educación y Cultura remite respuesta de la Fiscalía General de la Nación a un pedido de informes solicitado por el señor senador Rubén Martínez Huelmo, relacionado con el hurto de los restos mortales del general Leandro Gómez.
OPORTUNAMENTE FUERON ENTREGADAS A LOS SEÑORES SENADORES.
El señor senador Carlos Camy, de conformidad con lo establecido en el artículo 180 del Reglamento del Senado, solicita autorización para realizar una exposición por el término de treinta minutos en la sesión ordinaria del día 8 de mayo de 2019, para referirse a la situación de la enfermería en el Uruguay.
4) SITUACIÓN DE LA ENFERMERÍA EN EL URUGUAY
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde votar la autorización al señor senador Carlos Camy para realizar una exposición en la sesión del día 8 de mayo del corriente, por el término de treinta minutos, sobre el tema «Situación de la enfermería en el Uruguay».
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- A la sesión ordinaria del día 9 de abril faltaron con aviso los señores senadores Argimón y Heber.
A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 9 de abril faltó con aviso el señor senador Heber.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «9 de abril de 2019
Por la presente solicito al Cuerpo se me otorgue el miércoles 10 de abril un día de licencia, por motivos personales.
Se comunica que los señores Eber da Rosa, Ana Lía Piñeyrúa, Omar Lafluf, Adriana Peña y Daniel Peña han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Daniel López Villalba, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 9 de abril de 2019
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por motivos particulares, el día 10 de abril de 2019.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, miércoles 10 de abril de 2019
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, el día 11 de abril del presente año, por motivos personales.
Se comunica que los señores Zulimar Ferreira, Lucía Etcheverry, Susana Pereyra y Lauro Meléndez han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela García, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 10 de abril de 2019
Por la presente solicito a usted licencia por motivos personales por el día miércoles 10 de abril del corriente.
Se comunica que los señores Daniel Peña, Daniella Pena, Eber da Rosa, Ana Lía Piñeyrúa, Omar Lafluf, Adriana Peña y Pablo Iturralde han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora María Dolores Álvarez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
7) OBRAS VIALES EN LA ZONA DEL SOLAR DE ARTIGAS, ASUNCIÓN DEL PARAGUAY
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: la escuela del Solar de Artigas de la ciudad de Asunción, en el barrio Trinidad, allá en el Paraguay, fue inaugurada el 24 de abril de 1924, y es la única escuela pública uruguaya ubicada en el exterior del país.
Desde hace noventa y cinco años esta escuela cuenta con maestros y dirección uruguayos y sigue, en consecuencia, un modelo pedagógico y didáctico como el de cualquier otra escuela pública de nuestro país. Como decía, es la única que tiene la condición de ser una escuela pública del Uruguay ubicada en el exterior. Por esta razón, el 7 de junio de 2016 el Ministerio de Educación y Cultura emitió una resolución por la que se la declara patrimonio uruguayo.
Es conocida por todos la historia que rodea al predio Solar de Artigas, porque se trata del lugar donde don José Artigas vivió sus últimos cinco años. El solar consta de tres hectáreas, y fue donado al Estado uruguayo el 25 de agosto de 1903, como un acto de gratitud del pueblo y del Gobierno de Paraguay por la devolución que en 1885 el presidente de nuestro país, general Máximos Santos, le hiciera a Paraguay de los trofeos de guerra de la Triple Alianza. Si bien como uruguayos sentimos que nunca se podrá resarcir el tremendo daño inferido al hermano pueblo guaraní, ese gesto del presidente Santos y la cesión del Solar de Artigas son, sin duda, un símbolo de paz y de amistad eterna entre Paraguay y Uruguay.
En ese solar aún vive el antiguo ibirapitá que data de 1785, declarado en 2011 patrimonio cultural de Asunción, y símbolo de la nacionalidad oriental desde 1950. Bajo su fronda descansó el inmortal Artigas, inspiración para los niños de nacionalidad paraguaya, que representan el 97 % de los niños que concurren a la escuela, siendo el resto de origen uruguayo.
Señora presidenta: en estos momentos se están llevando a cabo en la capital de Paraguay obras viales de gran porte, que llegan a la misma zona donde está ubicado el Solar de Artigas, la escuela, y el hermoso Jardín Botánico de Asunción, contiguo a él. Sobre esa importante obra vial, denominada Corredor Vial Botánico, hemos recibido la preocupación de los compatriotas allí radicados respecto al impacto que podría causar al Solar de Artigas y al Jardín Botánico. Muchos compatriotas, y también ciudadanos paraguayos, entienden que podría haber una afectación a ese patrimonio cultural que une a ambos pueblos.
Por lo tanto, sin mengua del pleno derecho que tienen las autoridades municipales de cumplir con sus competencias como parte de un Estado soberano, es menester conocer –al menos, para este senador–, el estado de situación de este asunto que preocupa a muchos compatriotas radicados en Asunción y al grupo de amigos de la Escuela Solar de Artigas y del Jardín Botánico.
Con ese objetivo, señora presidenta, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al señor presidente de la república; a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación y Cultura; al Codicén; al Consejo de Educación Inicial y Primaria; a las Comisiones de Asuntos Internacionales y de Educación y Cultura de nuestro Parlamento, y a la Embajada de Paraguay.
SEÑORA PRESIDENTE.- Léase otra solicitud de licencia.
De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia para el día jueves 11 del presente, por motivos personales.
Correspondería que el Senado pasara a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día, pero como aún no se han presentado propuestas para la integración de la Comisión Permanente, queda postergado para una próxima sesión.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se realizan ajustes al impuesto al valor agregado (IVA) en lo que refiere al bien “leche larga vida”. (Carp. n.º 1289/2019 - rep. n.º 830/19)».
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: en el día de ayer, la Comisión de Hacienda trató este tema, lo aprobó por unanimidad y se me encomendó informarlo al Senado y recomendar su aprobación.
Resumiría este asunto, que es bastante sencillo, con un titular: «Distorsión tributaria».
El literal H) del numeral 1) del artículo 19 del título 10 del Texto Ordenado de 1996 establecía que estaban exoneradas del IVA las enajenaciones de «Leche pasterizada, vitaminizada, descremada, en polvo y con sabor». Luego, el 27 de diciembre del año 2006, se promulgó la Ley n.º 18083, que introdujo una modificación y gravó ciertos tipos de leche que se comercializan en el mercado; el literal H) pasó a ser F), estableciendo que estaban exoneradas de IVA las enajenaciones de «Leche pasterizada y ultrapasterizada, vitaminizada, descremada y en polvo, excepto la saborizada y la larga vida envasada en multilaminado de cartón, aluminio y polietileno».
La tecnología del envasado se sigue superando y, en lo que respecta a la leche larga vida, tenemos en este momento en plaza la presencia de envasado en otro material, que no es de los detallados en la ley del año 2006 y, por lo tanto, al no estar comprendido en ella, se presenta en el mercado exonerada de IVA. Esto representa una competencia discriminatoria para con la industria nacional, dado que ingresa leche larga vida desde el exterior, pero al no estar comprendido su envase en las definiciones de la ley, está exonerada de IVA.
¿Qué persigue este proyecto de ley? Poner en igualdad de condiciones a los productos nacionales con los importados. A tales efectos –se menciona en el repartido–, dos importantes empresas de plaza –Conaprole y Calcar– hicieron gestiones de modo de arribar a un plano de justicia tributaria o, mejor dicho, de equidad tributaria. Para ello, en la nueva redacción se elimina la identificación de los tipos de envase y se nivela lo que llamamos la justicia de apreciación ante esta distorsión que se venía generando en el mercado en los rubros «leche ultrapasterizada y ultra alta temperatura». Entonces, ahora, el producto definido en el nuevo literal F) es el siguiente: «Leche pasterizada, ultrapasterizada, vitaminizada, descremada, en polvo, excepto la saborizada y la UHT o UAT (ultra alta temperatura)».
Esta es la lógica de este breve proyecto de ley que, en definitiva, lo que intenta es igualar las condiciones tributarias en el rubro «leche larga vida».
Es cuanto quería señalar.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo 1º.- Sustitúyese el literal F) del numeral 1) del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:
“F) Leche pasterizada, ultrapasterizada, vitaminizada, descremada, en polvo, excepto la saborizada y la UHT o UAT (ultra alta temperatura)”».
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo 2º.- La referencia al Texto Ordenado 1996 contenida en el artículo anterior, se considera realizada a las normas legales que le dieron origen».
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 34 de la Ley n.º 16017, de 20 de enero de 1989, en la redacción dada por el artículo 2.º de la Ley n.º 17244, de 30 de junio de 2000, recurso de referéndum contra las leyes. (Carp. n.º 1309/2019 - rep. n.º 831/19)».
SEÑOR BORDABERRY.- Se trata de un proyecto de ley muy sencillo, presentado por los señores senadores Tourné, Delgado, Amorín, Camy, Carrera, Vassallo, Castillo, Ayala y Paternain.
La ley vigente establece que en el caso de referéndum contra leyes, a partir de que los recurrentes presentan el recurso hay un plazo de cuarenta y cinco días para llamar a elecciones a efectos de ir por el segundo paso del procedimiento. Esto lo hace prácticamente coincidir en el tiempo –menos de diez días– con la elección interna. Por ende, la Corte Electoral informa de los problemas que tendría para organizar el referéndum y la elección interna, si tienen lugar tan cercanamente en el tiempo. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es llevar ese plazo de cuarenta y cinco a noventa días, para que no haya una coincidencia temporal tan grande y, obviamente, se pueda preparar mejor tanto el acto eleccionario para las elecciones internas como el del recurso de referéndum.
En definitiva, la única modificación a la ley vigente es esa, es decir, la de cambiar el plazo de cuarenta y cinco días por «un plazo no mayor a noventa días después de efectuada la calificación afirmativa», etcétera.
La Comisión de Constitución y Legislación, por unanimidad, sugiere al Senado aprobar este proyecto de ley.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley. Se precisan veintiún votos, porque se requiere una mayoría calificada.
SEÑOR BORDABERRY.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas, el día 13 de mayo de 2019, con motivo de conmemorarse los ciento noventa años de su fundación. (Carp. n.º 1302/2019 - rep. n.º 829/19)».
SEÑORA AYALA.- Señora presidenta: el 13 de mayo la ciudad de Bella Unión conmemora ciento noventa años de su fundación.
Esta bella ciudad se encuentra ubicada estratégicamente al noroeste del departamento de Artigas, justo donde se unen los ríos Cuareim y Uruguay, formando así la conocida triple frontera entre Uruguay, Brasil y Argentina; las ciudades vecinas son Barra do Quaraí y Monte Caseros, respectivamente. Cuenta con aproximadamente 12.000 habitantes, pero con las localidades aledañas alcanza una población de entre 18.000 y 19.000 habitantes. Su territorio abarca una superficie de 540 kilómetros cuadrados, por cuanto la densidad de población es de 33,6 habitantes por kilómetro cuadrado.
Inicialmente, en 1829 se la denomina Colonia del Cuareim y en 1853 fue refundada y pasa a llamarse Santa Rosa.
En el año 1929, con motivo de la conmemoración del centenario de la Campaña de las Misiones, el Gobierno nacional envía al Senado de la república un proyecto de ley donde finalmente, por la Ley n.º 8207, surge la denominación actual: Bella Unión.
En el año 2009, a través de la Ley n.º 18567, de descentralización política y participación ciudadana, la ciudad de Bella Unión se transforma en Municipio y deja la denominación de Junta Local y Autónoma creada por la Ley n.º 16494, de 1994.
Con relación a sus actividades productivas, destacamos una zona con importante producción agrícola y actividades agroindustriales. Sus principales ejes económicos son el cultivo de la caña de azúcar, la vitivinicultura –que tuvo su lugar en la producción de la zona–, la apicultura, el arroz, las hortalizas y esencias para la perfumería.
En lo turístico esta zona se caracteriza por tener bellos lugares como el balneario Los Pinos, las islas del río Uruguay –que compartimos con Brasil y Argentina y que podemos disfrutar a través del turismo náutico– y Rincón de Franquía, denominado así desde el año 2013, que es un área nacional protegida.
Además, cuenta con un museo indígena que forma parte de una iniciativa privada y con el centro de visitantes, inaugurado en 2018 y ubicado en la entrada de la ciudad.
Bella Unión forma parte también del Corredor de los Pájaros Pintados del Ministerio de Turismo, pero se la conoce más por el cultivo de la caña y su industrialización, realizada en la planta de ALUR que se dedica a la producción de azúcar, energía eléctrica, biocombustible y alimento animal. También destaco, como característica de esta zona del país, los emprendimientos productivos de tipo cooperativo y colectivo.
No puedo dejar de mencionar, en estas breves palabras, las históricas reivindicaciones, las luchas de los trabajadores y trabajadoras y las marchas cañeras de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas hasta Montevideo, por mejores condiciones laborales. Y, por supuesto, no puedo dejar de recordar y homenajear a Raúl Bebe Sendic.
Con motivo de la celebración de los ciento noventa años de la fundación de Bella Unión, la declaración de feriado no laborable surge como propuesta del municipio, que realizará las conmemoraciones con un acto protocolar, además de un festival gratuito para toda la comunidad y una serie de actividades organizadas por la Casa de la Cultura de dicho municipio, que tiene como claro objetivo fomentar la cultura, la educación, la participación y la convivencia armoniosa entre los vecinos y vecinas.
Por lo expuesto y ante la solicitud del municipio y de los vecinos de ese lugar –presentada en la Cámara de Representantes por el señor representante Silvio Ríos y que ya cuenta con media sanción–, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado sugiere al plenario la aprobación de este proyecto de ley.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo 1º- Declárase feriado no laborable para la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas, el día 13 de mayo de 2019, con motivo de conmemorarse los 190 años de su fundación».
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo 2º- Otórgase goce de licencia paga, en la fecha indicada en el artículo 1.º, a los trabajadores de las actividades pública y privada, radicados en la referida ciudad».
SEÑORA AYALA.- ¿Me permite, señora presidenta?
Quiero invitar a los integrantes de esta cámara a participar de los festejos por los ciento noventa años de la fundación de la ciudad de Bella Unión.
SEÑORA PRESIDENTE.- La presidencia aprovecha para saludar y dar la bienvenida a los alumnos de 5.º y 6.º año del Colegio Federico García Lorca de Montevideo, que hoy nos visitan.
SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se reconoce la condición profesional de los licenciados en Archivología y se regula su actividad.
•	por el que se declara el 9 de mayo de cada año Día del Abogado;
•	por el que se declara el 9 de marzo de cada año Día Internacional de Concientización de la Salud Cardiovascular de la Mujer.
AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE».
(Así se hace, a las 09:58, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Álvarez, Argimón, Aristimuño, Aviaga, Ayala, Baráibar, Bordaberry, Carrera, Castillo, Coutinho, Delgado, Gandini, García (Graciela), García (Javier), Garín, Lazo, López Villalba, Martínez Huelmo, Matiaude, Michelini, Mieres, Otheguy, Paternain, Saravia, Tourné, Vassallo y Xavier).

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artículo 1
resolución
artículo 19
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artículo 2
artículo 1


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Sexto.- Bajo dicho contexto, tenemos en lo referente al primer (a) agravio, ítem (i) en el cual la recurrente pretende que se aplique el último párrafo del inciso 3) del artículo 274 del Código Civil a fin de que se opte por la validez del segundo matrimonio; al respecto tenemos, que la Sala de mérito ha sido explícita en el sentido de que el presente caso se encuadra dentro del inciso 3) del artículo 274 del Código Civil, que expresamente señala «es nulo el matrimonio del casado» a razón de haberse acreditado que el Acta de Defunción número 00827400 del supuesto fallecido Héctor José Sandoval Núñez, fue cancelado con fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, esto es, antes de la celebración de las segundas nupcias que data del tres de agosto de dos mil doce.
Tercero.- Por sentencia de primera instancia de fojas trescientos noventa y seis, contenida en la Resolución número veintiséis, de fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, se declaró fundada en parte la demanda de nulidad de matrimonio, declarando nulo el matrimonio entre Martín Berendson Leigh y Mónica Cecilia Izquierdo Rubio celebrado el tres de agosto de dos mil doce ante la Municipalidad Provincial de Piura; e infundada la pretensión accesoria. Sustentando que para determinar la nulidad e invalidez del matrimonio Berendson – Izquierdo, se debe establecer si el primer matrimonio contraído por la emplazada Mónica Cecilia Izquierdo Rubio con la persona de Héctor José Sandoval Núñez se encontraba vigente al momento de contraer segundas nupcias con el señor Martín Berendson Leigh, así pues, de la revisión de actuados, se tiene la Carpeta Fiscal número 2606064501-2014-2568-0 tramitada en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, que corre como acompañado al haber sido admitida como medio probatorio en la cual se observa la Resolución número 425- 2012/GPRC/SGDRC/RENIEC de fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, en la cual se «Dispone la cancelación del Acta de Defunción número 00827400 a nombre de Héctor José Sandoval Núñez, inscrita en la entonces Oficina del Registro de Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, actualmente incorporada al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, por irregularidad en inscripción de defunción”, asimismo, se observa la Carta número 000116-2015/GRI/SGARF/RENIEC en la cual se detallan los asientos registrales del cuidadano Héctor José Sandoval Núñez entre los cuales obra la rectificación de DNI con número de inscripción 03643358 de fecha dos de diciembre de dos mil once, en la cual se realizó actualización de imágenes, de lo cual se puede apreciar que si bien el señor Héctor José Sandoval Núñez tenía ya activado su Documento Nacional de Identidad el día dos de diciembre de dos mil once, también lo es que recién con fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, se dispone la cancelación del Acta de Defunción del señor Héctor José Sandoval Núñez, por lo tanto, se tendrá como fecha a valorar la fecha de la resolución que cancela el acta de defunción, concluyéndose que la demandada Mónica Cecilia Izquierdo Rubio contrajo matrimonio con el señor Martín Berendson Leigh ante la Municipalidad Provincial de Piura el día tres de agosto de dos mil doce, tal como obra del Acta de Matrimonio inserta en autos, es decir, que a la fecha de celebración del matrimonio Berendson – Izquierdo ya se encontraba habilitado el documento de identidad del señor Héctor José Sandoval Núñez, siendo por tanto este, el cónyuge de la señora Mónica Cecilia Izquierdo Rubio al haberse cancelado su partida de defunción. Ante lo expuesto, resulta nulo el matrimonio realizado el tres de agosto de dos mil doce, entre la señora Mónica Cecilia Izquierdo Rubio y el señor Martín Berendson Leigh por la causal establecida en el inciso 3 del artículo 274 del Código Civil.
d) La Resolución número 425-2012/GPRC/SGDRC/RENIEC, de fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, que «Dispone la cancelación del Acta de Defunción número 00827400” a nombre de Héctor José Sandoval Núñez, inscrita en el Registro del Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, actualmente incorporada al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC.
Décimo Primero.- Que, respecto del segundo (b) agravio, la infracción del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, referido a la motivación, debemos señalar que el Tribunal Constitucional considera que: «…Como lo ha precisado este Colegiado en reiterada jurisprudencia, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista:
c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión (…)» (Sentencia del Tribunal Constitucional número 4348-2005-PA/TC); en ese sentido, se observa que la sentencia impugnada presenta una motivación suficiente que respeta los estándares en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues motiva las razones por las cuales resuelve confirmar la resolución apelada que declaró fundada en parte la demanda.
Por las consideraciones expuestas, no corresponde amparar el recurso de casación conforme a lo señalado por el artículo 397 del Código Procesal Civil; por lo que declararon: INFUNDADO del recurso de casación interpuesto por la demandada Mónica Cecilia Izquierdo Rubio a fojas cuatrocientos noventa y cuatro; en consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista, contenida en la Resolución número treinta y tres, de fojas cuatrocientos cincuenta y tres, de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial «El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Martín Berendson Leigh contra Mónica Cecilia Izquierdo Rubio, sobre Nulidad de Matrimonio, y los devolvieron. Integra esta Sala el Juez Supremo Señor Calderón Puertas por licencia de la Jueza Suprema Señora Cabello Matamala.
Lex - 19 junio, 2019

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DECRETO26521991199111 script var date = new Date(25/11/1991); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO CXXVII. N. 40177. 25, NOVIEMBRE, 1991. PÁG. 6.PRESIDENCIA DE LA REPUBLICApor el cual se adoptan medidas administrativas para el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura.DEROGADOfalsefalsefalsefalseDECRETO CONSTITUCIONALfalse25/11/199115/03/199625/11/19914017766
DIARIO OFICIAL. AÑO CXXVII. N. 40177. 25, NOVIEMBRE, 1991. PÁG. 6.
.Del Consejo Superior de la Judicatura
De los Consejos Seccionales de la Judicatura.
De la Función Jurisdiccional Disciplinaria.
De la Dirección de Administración Judicial.
De la Planta De Personal.
De la Contratación y el Control Fiscal.
Declarado exequible salvo ... Sentencia de la Corte Constitucional C-265 de 1993
Declarado inexequible parcialmente Sentencia de la Corte Constitucional C-265 de 1993
Declarado inexequible parcialmente (Numeral 3. ) Sentencia de la Corte Constitucional C-417 de 1993
Declarado exequible (numeral 4 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-1155 de 2005
Declarada exequible la expresión ... (numeral 1 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-1155 de 2005
Declarado exequible parcialmente (numeral 3 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-374 de 1994
Declarado exequible parcialmente (en la parte que dice "las salas del distrito judicial continuarán... ) Sentencia de la Corte Constitucional C-561 de 1992
Declarado exequible parcialmente (en la parte que dice "continuarán tramitándose sin interrupción a... ) Sentencia de la Corte Constitucional C-561 de 1992
por el cual se adoptan medidas administrativas para el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura.
Derogado Artículo 210 LEY 270 de 1996
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 5º , literal c) transitorio de la Constitución Nacional, previa consideración y no improbación por la Comisión Especial,
Artículo 1ºEl Consejo Superior de la Judicatura se dividirá en dos Salas:
1. La Sala Administrativa, integrada por seis magistrados elegidos para un período de ocho años así: Uno por la Corte Constitucional, dos por la Corte Suprema de Justicia y tres por el Consejo de Estado.
Artículo 2º Para ser magistrado del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta y cinco años; tener título de abogado y haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito. Los miembros del Consejo no podrán ser escogidos entre los magistrados de las mismas corporaciones postulantes.
Artículo 3º Los magistrados del Consejo Superior tomarán posesión de sus cargos ante el Presidente de la República y permanecerán en el ejercicio de aquéllos por todo el tiempo para el cual fueron elegidos, mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso.
Artículo 4º La Sala Jurisdiccional Disciplinaria y la Sala Administrativa integrarán la Sala Plena de la Corporación para el cumplimiento de las siguientes funciones:
9. Actuar como órgano rector de la Dirección de Administración Judicial, designar el correspondiente Director y autorizarlo para delegar algunas de sus funciones.
Artículo 5ºHabrá Consejos Seccionales de la Judicatura en las ciudades cabecera de distrito judicial en que a juicio del Consejo Superior resulte conveniente su funcionamiento. Este podrá agrupar varios distritos judiciales bajo la competencia de un Consejo Seccional.
Artículo 6º Los magistrados de los Consejos Seccionales serán elegidos por la Sala Plena del Consejo Superior, para un período de cuatro años, así:
Los correspondientes a las salas administrativas de ternas que para cada cargo presenten los tribunales superiores de distrito y contencioso-administrativos.
Artículo 7º Los Consejos Seccionales estarán sujetos a la dependencia jerárquica del Consejo Superior. En el ámbito de competencia que fijen la ley el Consejo Superior de la Judicatura, y sin perjuicio de las funciones que éste decida delegarles, los Consejos cumplirán, en Sala Plena, las mismas funciones previstas en el artículo 4º , numerales 13, 16 y 18 del presente Decreto. Así mismo, sus salas administrativas adelantarán las previstas en el artículo 11, numerales 1º, 5º y 6º. Las salas jurisdiccionales disciplinarias cumplirán las funciones establecidas en el artículo 10.
Artículo 8º Las Salas Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales, ejercerán su función disciplinaria sin perjuicio de la competencia atribuida a la Procuraduría General de la Nación en relación con la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, en cuyo cumplimiento ésta podrá adelantar las investigaciones relacionadas con los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y formular ante la autoridad competente la acusación a que haya lugar.
Artículo 9º Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior:
Artículo 11.Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior el cumplimiento de las siguientes funciones:
Artículo 12. Son funciones especiales de la Sala Administrativa del Consejo Superior, en relación con la Dirección de Administración Judicial, las siguientes:
2. Realizar el control de la gestión sobre el desempeño de la Dirección Nacional y, en general, el cumplimiento de las políticas adoptadas.
Cuando se estime conveniente, examinar las cuentas, balances e informes presupuestales y financieros de la misma.
Artículo 13. A partir de la vigencia del presente Decreto, las Direcciones Nacional y Seccionales de la Carrera Judicial, se llamarán Direcciones Nacional y Seccionales de Administración Judicial, y estarán encargadas de adelantar las actividades administrativas de la Rama Judicial y ejecutar su presupuesto.
Artículo 14. Son funciones de la Dirección Nacional de Administración Judicial:
6. Adelantar las funciones que determinen el Consejo Superior y su Sala Administrativa
Artículo 15.Son funciones del Director Nacional de Administración judicial:
10. Las demás funciones que se le atribuyan expresamente por la ley, los reglamentos y acuerdos del Consejo o de la Sala Administrativa.
Compete al Director Nacional el ejercicio de todas aquellas funciones relacionadas con la organización y funcionamiento de la Dirección Nacional que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad.
Artículo 16. El Director Nacional y los Directores Seccionales de Administración Judicial deberán tener título de formación en educación superior y curso de especialización en ciencias administrativas, económicas o financieras y una experiencia específica no inferior a cinco años en dichos campos.
Artículo 17. Las direcciones seccionales de administración judicial estarán encargadas de la prestación de los servicios y la ejecución de las políticas, programas y actividades que señalen el Consejo Superior, la Dirección Nacional y los correspondientes consejos seccionales.
Artículo 18. Para el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura existirá una planta de personal definida por éste que permita el eficaz y eficiente funcionamiento y desempeño de las tareas administrativas y jurisdiccionales a él encomendadas.
Artículo 19. Los Magistrados del Consejo Superior tendrán derecho al sueldo, gastos de representación, primas, incluidas la prima técnica de que trata el Decreto-ley número 1016 del 17 de abril de 1991, bonificaciones y demás prestaciones establecidas para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Así mismo tendrán derecho a la pensión vitalicia en los términos que señala el Decreto número 546 de 1971, artículo 11.
Artículo 20. La asignación básica de los demás cargos será la señalada para su grado de acuerdo con la escala de remuneración establecida para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
Artículo 21. Los funcionarios y empleados que sean designados para desempeñar alguno de los cargos de que trata el presente Decreto tendrán derecho a la prima de antigüedad, que se reconocerá y pagará de conformidad con las disposiciones que regulan la materia en la Rama Judicial.
Artículo 22. A los funcionarios y empleados contemplados en este Decreto les serán aplicables las disposiciones legales vigentes en materia de régimen prestacional y demás derechos y prerrogativas laborales.
Parágrafo. A los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, les serán aplicables, además, las disposiciones del régimen especial de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 23. Constituyen recursos de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura, los siguientes:
1º Las apropiaciones que le sean asignadas en el presupuesto general de la Nación.
2º Los recursos del Fondo de Seguridad de la Rama Judicial, que se aplicarán a lo dispuesto en el numeral 12 del el artículo 4º de este Decreto.
3º Las donaciones que se hagan a la Nación destinadas al servicio de la Rama Judicial, para lo cual no se requerirá insinuación judicial.
4º Los demás que determine la ley.
Parágrafo. Todos los bienes del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia adquiridos para la Rama Judicial pasarán a la Nación-Consejo Superior de la Judicatura en un plazo máximo de dos años, sin perjuicio de los bienes que por este mismo concepto deban pasar a la Fiscalía General de la Nación.
Artículo 24. En materia de contratación administrativa se aplicarán las normas que rijan para la Fiscalía General de la Nación. La Contraloría General de la República ejercerá la vigilancia de la gestión fiscal de la Dirección General de Administración Judicial.
Artículo 25. Habrá un Comité Consultivo de la Rama Judicial integrado por los Presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, por el Procurador General, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Ministro de Justicia y un representante de los funcionarios y empleados de la Rama elegido por éstos. Este Comité servirá de foro para la discusión de las políticas, planes y programas de la administración de justicia.
Artículo 26. El Director Nacional de Administración Judicial, el Secretario de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y los miembros de los consejos seccionales de la judicatura se posesionarán ante el Presidente del Consejo Superior. Los demás funcionarios y empleados, ante el Secretario General o el funcionario a quien se le delegue.
Artículo 27. Los procesos y actuaciones que se estén tramitando en el Tribunal Disciplinario, pasarán en el estado en que se encuentren a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo, desde la fecha de su instalación.
Las salas disciplinarias de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial continuarán funcionando hasta la fecha en que sean instalados los Consejos Seccionales de la Judicatura, de conformidad con lo que determine el Consejo Superior.
Artículo 28. Los procesos y actuaciones que se adelantan en las Salas Disciplinarias de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial continuarán tramitándose sin interrupción alguna por los Magistrados de dichas Salas y pasarán a conocimiento de las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales, una vez entren en funcionamiento.
Artículo 29. Las disposiciones vigentes sobre régimen disciplinario y solución de conflictos de jurisdicción seguirán aplicándose en cuanto no contraríen la Constitución Nacional.
Artículo 30. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura firmará las tarjetas profesionales de abogado.
Artículo 31. Incorpóranse a la planta de personal del Consejo Superior de la Judicatura los empleados de la actual planta de personal del Tribunal Disciplinario, en las mismas condiciones salariales y prestacionales que vienen disfrutando.
Artículo 32. El pago de salarios y demás gastos que demande el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura se hará con cargo al presupuesto de la Rama Judicial.
Artículo 33. Dentro de los treinta días siguientes a la vigencia de este Decreto, el Presidente de la República y las corporaciones correspondientes designarán los miembros del Consejo, conforme al artículo 25 transitorio de la Constitución.
Artículo 34. El Gobierno Nacional efectuará las apropiaciones y traslados presupuestales necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto.
Artículo 35. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

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1 Programa Nacional de Servicio al Ciudadano El Programa Nacional de Servicio al Ciudadano es una estrategia integral asignada al DNP en cabeza del PRAP, mediante la cual se pretende establecer una Política Pública relacionada con el servicio al ciudadano, la cual de conformidad con lo señalado en el Plan de Desarrollo al respecto, se orientará hacia Un mejor Estado al servicio de los ciudadanos, para lo cual los esfuerzos se encaminan al incremento de la confianza de éstos en la Administración, mediante el mejoramiento de su relación cotidiana con las entidades de la Administración Pública Nacional. El Programa Nacional de Servicio al Ciudadano cuenta con un Comité Técnico, integrado por el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Gobierno en Línea del Ministerio de Comunicaciones, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y desarrolla sus actividades en 2 grandes líneas de acción: 1. Desarrollo Institucional y mejoramiento de la gestión 2. Mejoramiento y fortalecimiento de los canales de atención y comunicación con el Ciudadano Se creó el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano, En cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo 6 del Plan Nacional de Desarrollo, mediante Decreto 2623 de julio de 2009.
2 DECRETO 2623 DE 2009 (Julio 13) Diario Oficial No de 13 de julio de 2009 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en los artículos 43 y 45 de la Ley 489 de 1998, CONSIDERANDO: Que la Constitución Política en sus artículos 2o, 123, 209 y 270 señala que la finalidad de la función pública es el servicio de la comunidad y que uno de los fines del Estado es garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los ciudadanos y facilitar la participación ciudadana en los asuntos públicos, lo que entre otros, se debe materializar para el ciudadano en tener la posibilidad de acceder a la información y servicios que le permitirán ejercer estas potestades dentro del Estado Social de Derecho. Que las Leyes, 87 de 1993, 489 de 1998, 872 de 2003 y 962 de 2005 respectivamente, crearon los Sistemas de Control Interno, Desarrollo Administrativo, Gestión de Calidad y la política de racionalización de trámites, como instrumentos de fortalecimiento de la capacidad de gestión y respuesta de la Administración Pública a través de un conjunto de políticas y estrategias formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y adoptadas por el Gobierno Nacional. Que los esfuerzos iniciados con la organización de dichos sistemas son complementarios con lo dispuesto en el acápite 6 del Plan Nacional de Desarrollo que señala como uno de sus objetivos la consolidación de una política activa de servicio al ciudadano y la generación de estrategias tendientes a modificar las percepciones ciudadanas sobre la Administración referidas entre otras a la falta de continuidad, ineficacia e ineficiencia. Que para la consecución de dichos fines en el Plan Nacional de Desarrollo se determina la necesidad de diseñar y poner en marcha un Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano encargado de establecer, con la colaboración de las entidades competentes en cada materia, lineamientos para el mejoramiento de los canales de atención al ciudadano, modelos de gestión para las dependencias encargadas del servicio y planes de capacitación específicos para los servidores públicos destinados a labores de atención al ciudadano, entre otros. DECRETA: ARTÍCULO 1o. SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO. Créase el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano SNSC como instancia coordinadora para la Administración Pública del Orden Nacional de las políticas, estrategias, programas, metodologías, mecanismos y actividades encaminados a fortalecer la Administración al servicio del ciudadano.
3 ARTÍCULO 2o. ARTICULACIÓN CON OTROS SISTEMAS. El Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano se complementa y articula con los Sistemas de Control Interno, Desarrollo Administrativo, de Gestión de Calidad y con la política de racionalización de trámites establecidos en las Leyes 87 de 1993, 489 de 1998, 872 de 2003 y 962 de 2005, respectivamente. ARTÍCULO 3o. DEFINICIÓN. El Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano es el conjunto de políticas, orientaciones, normas, actividades, recursos, programas, organismos, herramientas y entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, encaminados a la generación de estrategias tendientes a incrementar la confianza en el Estado y a mejorar la relación cotidiana entre el ciudadano y la Administración Pública. ARTÍCULO 4o. ALCANCE. El Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano se constituye como instancia de coordinación de la calidad y la excelencia en el servicio al ciudadano en la Administración Pública del Orden Nacional. ARTÍCULO 5o. OBJETIVOS. El Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano tendrá los siguientes objetivos: a) Fomentar el fortalecimiento institucional de las entidades y dependencias encargadas del servicio al ciudadano, mediante la expedición de lineamientos y políticas de mejoramiento y la generación de herramientas de asistencia técnica para aumentar la calidad del servicio que prestan. b) Fortalecer los canales de atención al ciudadano en las entidades públicas. ARTÍCULO 6o. ORGANOS DE DIRECCIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN. El Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano será presidido por el Presidente de la República, la programación y coordinación corresponderán a la Comisión Intersectorial a que hace referencia el presente decreto, la ejecución estará a cargo de las entidades de la Administración Pública del Orden Nacional y la evaluación y seguimiento corresponderán al Departamento Nacional de Planeación en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública en lo de su competencia. ARTÍCULO 7o. FUNCIONES. Para el logro de los objetivos señalados, el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano tendrá las siguientes funciones: a) Coordinar la implementación de la política pública de servicio al ciudadano en la Administración Pública del Orden Nacional, de común acuerdo con las entidades encargadas de la formulación de la misma. b) Coordinar la adopción e implementación de los marcos teóricos, conceptuales y metodológicos establecidos para una adecuada prestación de servicios al ciudadano por parte de las entidades de la Administración Pública del Orden Nacional. c) Definir con el Departamento Administrativo de la Función Pública el cuadro funcional del servicio al ciudadano que permita determinar el ingreso, la capacitación y la retribución de los empleados públicos que prestan estos servicios en las entidades en la Administración Pública del Orden Nacional. d) Apoyar al Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites GRAT creado por el Decreto 4669 de 2005 en la definición de estrategias para la implementación de la política de racionalización de trámites en la Administración Pública del Orden Nacional, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. e) Establecer los estándares, indicadores y mecanismos de seguimiento para medir la función de servicio al ciudadano en las entidades públicas.
4 f) Hacer recomendaciones a los modelos de gestión adoptados por el Departamento Administrativo de la Función Pública cuando a ello haya lugar, para mejorar el servicio al ciudadano. g) Coordinar con el Ministerio de Comunicaciones la implementación en las entidades públicas de mecanismos que conduzcan al mejoramiento de canales de atención no presencial al ciudadano, de acuerdo con lo señalado en la estrategia Gobierno en Línea sobre el particular. ARTÍCULO 8o. COMISIÓN INTERSECTORIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO. Créase la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano, responsable de ejercer la coordinación del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. ARTÍCULO 9o. INTEGRACIÓN. La Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano estará conformada por: a) El Ministro de Comunicaciones o su delegado. b) El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. c) El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública o su delegado. d) El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística o su delegado. e) El Director de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP o su delegado. La Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano podrá invitar a sus reuniones a los servidores públicos o a los representantes del sector privado, cuya presencia se considere necesaria. PARÁGRAFO 1o. La presidencia de la Comisión Intersectorial será ejercida por el Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. PARÁGRAFO 2o. La Comisión Intersectorial tendrá una Secretaría Técnica que estará en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, la cual prestará el apoyo requerido para el ejercicio de sus funciones. ARTÍCULO 10. FUNCIONES DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO. La Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano tendrá a su cargo la coordinación y orientación de las políticas y actividades del Sistema Nacional del Servicio al Ciudadano, así como el aseguramiento de la complementariedad y articulación de sus esfuerzos con los Sistemas de Desarrollo Administrativo, de Control Interno, de Gestión de Calidad y la política de racionalización y automatización de trámites establecidos en las Leyes 87 de 1993, 489 de 1998, 872 de 2003 y 962 de 2005, respectivamente. Del mismo modo, la Comisión tendrá como una de sus funciones, darse su propio reglamento. ARTÍCULO 11. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA. La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano tendrá las siguientes funciones: a) Apoyar administrativamente la preparación y elaboración de los estudios y proyectos que determine la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano. b) Elaborar las actas y hacer seguimiento a las decisiones y recomendaciones de la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano.
5 c) Organizar y mantener actualizados los archivos requeridos por la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano y relacionados con los asuntos objeto de sus funciones. d) Divulgar entre los organismos y entidades estatales las orientaciones, políticas, directrices y demás pronunciamientos de la Comisión Intersectorial en relación con el servicio al ciudadano. e) Las demás que correspondan a su naturaleza y las que le sean asignadas por la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano. ARTÍCULO 12. SEGUIMIENTO A LAS LABORES DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL CIUDADANO. Las entidades de la Administración Pública del Orden Nacional deberán adoptar los indicadores, elementos de medición, seguimiento, evaluación y control relacionados con la calidad y eficiencia del servicio al ciudadano establecidos por la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano. ARTÍCULO 13. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Publíquese y cúmplase. Dado en Bogotá, D. C., a 13 de julio de ÁLVARO URIBE VÉLEZ La Ministra de Comunicaciones, MARÍA DEL ROSARIO GUERRA. El Director del Departamento Nacional de Planeación, ESTEBAN PIEDRAHÍTA URIBE. La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, ELIZABETH RODRÍGUEZ TAYLOR. El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, HÉCTOR MALDONADO GÓMEZ.

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PRINCIPIOS DE LEGISLACIÓN LABORAL
Es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismo la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador, quien puede ser el juez laboral o el inspector de trabajo.
Constitución Nacional Art.53
Cód.Sust.Trab. Art.77-80 Modif.por la Ley 712/2001
Ley 640 de 2001 Art.1-3-5-8-16-17-21-28-29-43-44-45
Ley 23 de 1991 Art.35-82-
Ley 446 de 1998 Art. 64-65-66-100
Decreto 2511 de 1998 Art. 15 al 30
1. APORTES PARAFISCALES 9%
SENA ( 2%) - CONTRATO DE APRENDIZAJEEl Contrato de Aprendizaje es una modalidad contractual que permite, no solo a miles de estudiantes, aprender con la práctica laboral, sino que al empresario le genera un ahorro en sus costos de nómina.
Preguntas frecuentes Video contrato de aprendizaje
Video Nueva cuota de aprendices –Aumento voluntario-
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%)
El subsidio familiar es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad.
I.C.B.F (3%)
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene por objeto propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos.
Ley 75 de 1968 Art.50
2. AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL
El Sistema de Seguridad Social Integral es un mecanismo que integra las diferentes formas de protección del bienestar material y de las necesidades sociales comunes a la población, frente a contingencias tales como desempleo, invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales.
2.1. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES
2.2. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
2.3. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES
“Las fuentes del derecho del trabajo, en especial, son las que le dan nacimiento, se nutren y desarrollan alrededor del tratamiento jurídico del hecho económico-social trabajo”. Entre las fuentes estatales debe seguirse el siguiente orden de jerarquía: Constitución, leyes, decretos, resoluciones administrativas y entre las fuentes de origen profesional, la convención colectiva, fallos arbitrales, pactos colectivos, reglamento interno de trabajo y contrato de trabajo. Existiendo una excepción a la regla general de jerarquía de las normas, y es la referente a la aplicación de la norma más favorable al trabajador en caso de existir dos o más disposiciones vigentes sobre un mismo asunto, es decir, el principio pro-operario o de favorabilidad.
Art.25, 53 Constitución Nacional.
Reglamento Interno Art. 104 C.S. del T.
Contrato de Trabajo art. 22 C.S. del T.
Convención o pacto colectivo
Convenios Internacionales ratificados con la OIT
Video Presentación power point
MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO Y PERIODO DE PRUEBA
Es un acuerdo por virtud del cual una persona natural (trabajador), se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica (empleador) bajo continuada subordinación, cumpliendo órdenes e instrucciones y recibiendo por su labor una remuneración.”
De la anterior definición se derivan los tres elementos que configuran la relación laboral.
Art. 23 C.S.del T.
Clases de contrato de trabajo. Artículos 37 al 50 y 6 C.S. del T.
"Es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de éste, la conveniencia de las condiciones de trabajo.
Artículos 76 a 80 C.S. del T.
REGLAMENTOS: INTERNO DE TRABAJO E HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Es un conjunto normativo, impersonal y estable, objetivo e interno, que tiene por fin procurar el orden y la paz, la seguridad y la solidaridad, como factores indispensables a la actividad laboral y a la dignidad humana, en el proceso económico de una empresa, al cual deben sujetarse tanto el empleador como sus trabajadores en la prestación del servicio.
Artículos 104 a 125 C.S. del T.
Video N°1 ¿Qué es?, ¿cuándo es obligatorio?
Video N°2 ¿Qué debe contener?
Video N°3 Cláusulas Ineficaces y Normas Excluidas
Video N°4 Sanciones disciplinarias
“Todo empleador o empresa está obligado a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores...”
Artículos 348 a 352
Algunas normas sobre seguridad industrial.
· Decreto 614 de 1984
· Resolución 2013 de 1986 Mintrabajo.
· Resolución 2400 de 1979 Mintrabajo.
· Resolución 2413 de 1979 Mintrabajo.
· Resolución 1016 de 1989 Minitrabajo.
Son representantes del empleador, y como tales lo obligan frente a sus trabajadores, además de quienes tienen ese carácter según la ley, la convención colectiva o el reglamento interno de trabajo, las siguientes personas: Las que ejerzan funciones de dirección o administración tales como directores, gerentes, administradores, …Artículos 32 C.S.del T.Jurisprudencia y doctrina sobre el tema
SALARIO El salario es la contraprestación principal y directa que recibe el trabajador por sus servicios. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, pero respetando siempre el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.
· Pagos que constituyen salario Art. 127 C.S. del T.
· Pagos que no constituyen salario Art. 128 -130 y 131 C.S. del T.
· Salario en Especie Art. 129 C.S. de T.
· Formas de estipular el salario. Art.132 N°1
· Salario Integral. Art. 132 N°2 , Decreto 1174 de 1991, Algunos tips sobre salario integral
· Pago de salarios, honorarios y prestaciones sociales a secuestrados. Ley 986 de 2005 capitulo 2 art.15
· Otros temas sobre salarios 133 a 146 C.S. del T.
. Mecanismos de integración social de las personas con limitación Ley 361 de 1997 art. 29
JORNADA TRABAJO Art. 158-170
Es aquella convenida por las partes y a falta de ésta, la máxima legal, cuya duración es de 8 horas al día y cuarenta y ocho (48) semanales.
· Jornadas por Turnos y flexibles Art. 161 Literal c) y d) del C.S. del T.
· Excepciones Art. 161 Literal a) y b). art. 162 -163 C.S del T.
.Jornada Laboral de los adolescentes Ley 1098 de 2006 Art.113 al 118
· Remuneración del trabajo nocturno y suplementario. Art.168 Art. 179 C.S. del T. . Actividades consideradas como peores formas de trabajo infantil · Presentación Jornada de Trabajo
Sentencia T-203-2000
Adicionalmente al salario existe un conjunto de beneficios y garantías consagradas a favor de los trabajadores con el fin de cubrir algunos riesgos que se le presenten, conocidas como prestaciones sociales, éstas tienen su origen y causa en la relación de trabajo y constituyen una contraprestación a cargo de los empleadores.
· Prima de Servicios. Art. 306-307-308 C.S.T.
· Auxilio de Cesantías Art.249-258 C.S.T. - Ley 50 de 1990 art.98 - Decreto 1373 de 1966 art.8 - Decreto 2076 de 1967 art.1y 2 - Resolución 3368 de 1994 Mintrabajo - Corte Constitución Sentencia C-823/06
· Intereses a las Cesantías Ley 52 de 1975 decreto 116 de 1976
· Auxilio de transporte Ley 15 de 1959 - Decreto 1258 de 1959 - Ley 1 de 1963
· Calzado y vestido de labor Art.230 C.S. del T. - Ley 11 de 1984 - Decreto 982 de 1984 Decreto 686 de 1970 Decreto 2373 de 1974 art.2
· Vacaciones Art.186 a 192 C.S. del T.
· Presentaciones Power Point (Cesantías – intereses a las cesantías – prima de servicios auxilio de transporte - calzado y vestido de labor )
ACOSO LABORAL Ley 1010 de 2006Es toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo.Ley 1010 de 2006VideoPresentación Power Point
SUSPENSIÓN Es una etapa temporal del contrato de trabajo en la cual se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio y para el empleador la de pagar los salarios, siempre y cuando se presente alguna de las causales descritas por la ley. Artículos 51 a 53 C.S. del T.
TERMINACION Es el hecho mediante el cual por causas provenientes o no de la voluntad de las partes contratantes, éstas cesan en el cumplimiento de sus obligaciones y terminan la relación laboral que las ha vinculado. Artículos 61 a 66 C.S. del T.
· Causales objetivas de terminación Art. 61 C.S. del T.
· Terminación del contrato por justa causa por parte del patrono. Art.62-63 literal a).
· Terminación del contrato por justa causa por parte del trabajador. Art. 62-63 Literal b)
· Terminación del contrato sin justa causa por parte del empleador Art. 64 del C.S. de T. Ley 50 de 1990 art. 6 Ley 789 de 2002 art.28
· Indemnización por falta de pago de salarios, cesantías y prima de servicios a la terminación del contrato de trabajo. Art.65 C.S.del T.
· Indemnización por la no consignación de las cesantías durante la vigencia del contrato. Art.99 N°3 Ley 50 de 1990
· Tablas indemnizatorias para trabajadores antiguos Ley 2351 de 1965 art. 8.
· Tablas indemnizatorias para trabajadores vinculados a partir del 1 de enero de 1991. Ley 50 de 1990 art.64
· Tablas indemnizatorias para trabajadores vinculados después del 27 de diciembre de 2002 - Ley 789 de 2002 art.28. Presentación Power Point
11 CONFERENCIAS SOBRE CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
1ª Parte: Causales que no generan indemnización
5ª Parte: El Trabajador incurre en una de las 8 Prohibiciones Legales
9a Parte: Renuncia por Faltas constantes, daños maliciosos y cambio de lugar de trabajo Injustificado
10ª Parte: Renuncia por violación del empleador a sus Obligaciones Especiales
11 Parte: – Prohibiciones Especiales del Empleador que de ser violadas, permiten renunciar al Trabajador
Delcaración de los Derechos Humanos
Principios Mínimos Fundamentales
*Igualdad de oportunidades para los trabajadores.*Remuneración Mínima, vital y móvil.*Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales.*Primacía de la realidad sobre lo formal.*Garantía a la Seguridad Social.*Derecho al pago oportuno.*Descanso necesario...
"Toda persona tiene derecho al trabajo y goza de la libertad para escoger profesión u oficio, dentro de las normas prescritas por la Constitución y la ley." Art.11 C.S. del T.
Que es trabajo???
El trabajo regulado por el Código Sustantivo de Trabajo, es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que un persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo.
E-mail. garboleda@sena.edu.co Teléfono.
514.92.90 Ext.43112 Horario de oficina.
7:00 a 2:00 P.M.
Nuevas Licencias Remuneradas: Grave Calamidad Doméstica, Comisión Sindical, Entierro de Compañeros
Ministerio de Protección Social y del Trabajo
Secretaría del Senado -Normas en general-
Ministerio del Interior y de Justicia (Conciliación en laboral)

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Francisco Javier Madrigal Acosta, Author at Punto Jurídico | El blog jurídico de Costa Rica
27 Febrero 2019 in A. 2019, b.Febrero, CATEGORÍAS, De Interés General, Noticias MasterLex
Pareciera por consiguiente que lo que se espera es que los matrimonios que los notarios otorguen durante el plazo de 18 meses de vigencia que la Sala Constitucional estableció para la norma antes indicada, generen únicamente anotaciones marginales en el estado civil de los contrayentes, las cuales quedarían definitivamente inscritas a más tardar el 26 de mayo de 2020, fecha en que sería anulado el inciso 6) del artículo 14 del Código de Familia.
“Mediante el voto número 2019-000683, de las 9 horas 15 minutos del 18 de Enero de 2019, la Sala Constitucional, procedió a declarar sin lugar un Recurso de Amparo, interpuesto, en fecha 27 de agosto del 2018,, el cual dio curso en fecha 12 de setiembre del año pasado, contra el Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Civil.
En esa oportunidad alego el recurrente, que en fecha 7 de febrero del 2018, casó a dos hombres, mismo que no fue inscrito por la recurrida, sea el Registro Civil; mismo que resolvió el “archivo temporal de las diligencias, a la espera de que el Tribunal Supremo de Elecciones, a través de una comisión institucional a efectos de estudiar e informar sobre los alcances del pronunciamiento de la CIDH a nivel institucional, así como recomendar las eventuales medidas registrales que correspondiera adoptar a la luz de lo dispuesto por la citada, sección de Inscripciones del Departamento Civil, lo cual fue debidamente notificada la recurrente.
La parte que presentó el Amparo, además cuestionó, que el Registro Civil, no tenía potestades para revisar la validez del acto, y que el matrimonio, surtía sus efectos desde su celebración, así como, que el Registro Civil está obligado a inscribirlo no teniendo potestades para revisar su validez.
En relación al fallo del máximo Tribunal Constitucional, al analizar el fondo del Recurso, destaco, que al momento de efectuar matrimonios entre personas del mismo sexo estaba vigente al presentar el Recurso, tanto como, al momento de solicitar la inscripción del matrimonio de los tutelados el 22 de febrero de 2018 como en la actualidad, de conformidad con el inciso 6) del artículo 14 del Código de Familia y la señalada sentencia constitucional, la cual dispuso, en lo que interesa:
“(…) En consecuencia, se mantiene la vigencia del inciso 6 del numeral 14 del Código de Familia hasta por el citado plazo de 18 meses. (…) Se establece así que el accionante no puede exigir la inscripción del matrimonio de los tutelados, toda vez que ello reñiría con el ordenamiento jurídico en su estado actual. De ahí que este Tribunal se vea impedido de acoger la pretensión del accionante en cuanto a la inscripción del matrimonio. Ahora bien, los restantes argumentos se refieren a la potestad de las autoridades de negarse a inscribir un matrimonio –disputadas por el recurrente- así como la mención de la sentencia de esta Sala durante el trámite de la gestión administrativa. Con respecto a las potestades del Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil, el ordenamiento jurídico sí le otorga tal prerrogativa. Así, el numeral 55 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones TSE y del Registro Civil preceptúa que debe inscribirse el matrimonio celebrado “…de acuerdo con la ley… ”. Esa misma ley también prevé el deber de cancelar inscripciones afectadas por algún vicio de nulidad (artículo 64). En cuanto a la fundamentación del archivo temporal, si bien la resolución de la Sala no había adquirido eficacia cuando se emitió el auto de las 9:02 horas del 22 de agosto de 2018, lo cierto es que el oficio N° DC-3527-2018 del 24 de agosto de 2018 aclaró los antecedentes y la necesidad de derogatoria del inciso 6) del ordinal 14 del Código de Familia, a fin de poder proceder con la inscripción pretendida. Se acota que dicho oficio es de fecha anterior a la notificación del curso de este proceso, efectuada el 7 de setiembre de 2018. En todo caso, visto que es improcedente la inscripción del matrimonio y que no se demuestra la afectación de algún derecho fundamental, entonces la disconformidad que tenga el recurrente con la fundamentación brindada por las autoridades recurridas deviene materia de legalidad. (…) ajena en consecuencia a la materia Constitucional.”
8 Febrero 2019 in b.Febrero, CATEGORÍAS, Expertos Opinan, Noticias MasterLex, Temas varios
14 Enero 2019 in A. 2019, a. Enero, CATEGORÍAS, Expertos Opinan, Noticias MasterLex
17 Diciembre 2018 in Abogados, B. 2018, CATEGORÍAS, Expertos Opinan, l. Diciembre, Noticias MasterLex, Temas varios
“El contrato de cesión, es un contrato cuyo objeto son bienes incorporales (Título IV, Capítulo I del Código Civil), en el cual se transmite la titularidad o el dominio sobre de estos, los cuales incluso pueden estar en litigio (Capítulo III del mismo título). Es decir la cesión “es un contrato traslativo de dominio por el cual se transmite la propiedad de bienes incorporales.
Dentro de un Proceso Hipotecario y hasta antes de la firmeza de la resolución que lo aprueba y ordena la protocolización de piezas para su inscripción en el Registro Nacional, es dable la presentación de un Contrato de Cesión con la terminología “Contrato de Cesión de Derechos derivados del Remate”. Pese a ello, dicha cesión fue rechazada por improcedente, fundamentando la autoridad jurisdiccional que conoció del proceso, que “en etapa de ejecución al haberse dictado auto-sentencia, y por encontrarse en dicha fase procesal, ya no es posible la cesión, aunado al hecho de que entre partes, ya no hay litigio.” La resolución fue recurrida, dentro del plazo de ley, resolviendo el Superior, que la resolución apelada, debía ser revocada, para en su lugar admitir la cesión, eso sí derivada del remate.
De modo tal que no existe impedimento legal alguno, (e incluso en etapa de Ejecución) para proceder de la forma antes expuesta, despejando así la duda.”
28 Noviembre 2018 in B. 2018, CATEGORÍAS, De Interés General, Expertos Opinan, k. Noviembre, Noticias MasterLex, Temas varios
2 Noviembre 2018 in B. 2018, C. 2017, CATEGORÍAS, De Interés General
14 Agosto 2018 in B. 2018, CATEGORÍAS, Expertos Opinan, h. Agosto, Noticias MasterLex, Temas varios
“El honor es una representación social de la misma dignidad humana, y al resto de la colectividad se le exigirá respetar y valorar a cada uno de sus miembros, como integrante de la comunidad en que se desarrolla. Desde esa dimensión social se pretende mantener la fama de la persona, con el propósito de preservar esa imagen que le permite desarrollar todas sus funciones y potencialidades.
Conclusión: Las redes sociales no son sus amigas. Cuidado con lo que dice y repite.”
27 Febrero 2018 in B. 2018, b. Febrero, CATEGORÍAS, Expertos Opinan, Noticias MasterLex

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artículo 14
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resolución
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BOE.es - Documento BOE-A-1997-11970
Documento BOE-A-1997-11970
«BOE» núm. 133, de 4 de junio de 1997, páginas 17082 a 17082 (1 pág.)
BOE-A-1997-11970
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/23/739
El Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, estableció la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, creado por el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo.
El tiempo transcurrido ha puesto de manifiesto la conveniencia de proceder a determinados ajustes puntuales en la organización de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, a fin de diferenciar las competencias en materia de inversiones y construcciones ferroviarias de las relacionadas con el transporte terrestre, debiendo efectuarse en este sentido la obligada reestructuración de la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera.
En definitiva, sin ningún incremento del gasto público, las únicas novedades que se introducen consisten en la modificación de la dependencia de las dos Subdirecciones Generales del citado centro directivo con competencias en materia de infraestructuras ferroviarias que quedarán adscritas, directamente, al Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, consiguiéndose así el objetivo anteriormente indicado, y en la correspondiente acomodación de la definición del ámbito de actuación de la Dirección General afectada.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Fomento, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de mayo de 1997,
Artículo único. Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera.
1. La Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, dependiente de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, conservará las funciones que tiene atribuidas en los párrafos d), e), f) y g) del artículo 4.1 del Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento.
2. Las Subdirecciones Generales de Planes y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias y de Construcción de Infraestructuras Ferroviarias, con las funciones que tienen atribuidas, respectivamente, en los apartados 3 y 4 del mismo artículo 4 del citado Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, dependerán directamente del Secretario de Estado de Infraestructura y Transportes.
Se autoriza al Ministro de Fomento para que adopte las medidas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Real Decreto.
SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre Delegación de Atribuciones: Resolución de 29 de julio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-17656).
EN RELACIÓN con el Real Decreto 1886/1996, de 23 de mayo (Ref. BOE-A-1996-18076).

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Real Decreto
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artículo 4
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artículo 4
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Real Decreto


text:
Month updated: September 2018
Bahrain - - Law, Act
Law No. 25 of 2017 approving the Kingdom’s of Bahrain accession to the International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC) of 1976, and the Protocol of 1996 to amend LLMC. (قانون رقم 25 لسنة 2017 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 وبروتوكول عام 1996 المعدل لها) -
Adoption: 2017-07-27 | Date of entry into force: 2017-07-28 | BHR-2017-L-106236
Approves the Kingdom’s of Bahrain accession to the International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC) of 1976, and the Protocol of 1996 to amend LLMC.
Bahrain - - Constitution
Adoption: 2017-03-30 | Date of entry into force: 2017-03-30 | BHR-2017-C-106256
Bahrain - - Regulation, Decree, Ordinance
Bosnia and Herzegovina - - Law, Act
Cuba - - Miscellaneous (circular, directive, legal notice, instruction, etc.)
Resolución del Ministerio de Educación Superior núm. 9/18, de 29 de enero, que establece las normas para la aprobación de los centros autorizados a impartir superación profesional de posgrado y el otorgamiento de la categoría “A” de los centros de capacitación y las escuelas ramales -
Adoption: 2018-01-29 | Date of entry into force: 2018-02-13 | CUB-2018-M-107146
La citada resolución establece las normas para la aprobación de los centros autorizados a impartir superación profesional de posgrado y el otorgamiento de la categoría “A” de los centros de capacitación y las escuelas ramales. La ley se estructura de la siguiente manera:
- CAPÍTULO I: De los centros autorizados para impartir superación profesional de posgrado
- CAPÍTULO II: Sobre la categoría “A” de los centros de capacitación y escuelas ramales
Resolución del Ministerio de Educación Superior núm. 10/18, de 29 de enero, que aprueba el “Reglamento para la aplicación de las categorías docentes de los centros autorizados a desarrollar superación profesional de posgrado” -
Adoption: 2018-01-29 | Date of entry into force: 2018-02-13 | CUB-2018-M-107148
La citada resolución aprueba el “Reglamento para la aplicación de las categorías docentes de los centros autorizados a desarrollar superación profesional de posgrado”. La ley se estructura de la siguiente manera:
-CAPÍTULO I: Generalidades - Categorías docentes y requisitos para su desempeño
-CAPÍTULO II: De las funciones de los profesores de los centros autorizados a desarrollar superación profesional de posgrado
-CAPÍTULO III: De los requisitos para la obtención de las categorías docentes
-CAPÍTULO IV: De las bases para el inicio del proceso de otorgamiento de categorías docentes
-CAPÍTULO V: De los ejercicios
-CAPÍTULO VI: De las clases de comprobación y del ejercicio del idioma
-CAPÍTULO VII: De los tribunales para el otorgamiento de las categorías docentes
-CAPÍTULO VIII: Del procedimiento para convocar al proceso de categorías docentes
-CAPÍTULO IX: De la revocación de las categorías docentes
-CAPÍTULO X: Del procedimiento de revisión en los casos de denegación en proceso de otorgamiento y ratificación de categorías docentes
-DISPOSICIONES ESPECIALES
Resolución del Ministerio de Educación Superior núm. 10/18, de 29 de enero, que aprueba el “Procedimiento financiero para el funcionamiento de las escuelas ramales y los centros de capacitación subordinados a los órganos estatales, organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales y los órganos locales del Poder Popular” -
Adoption: 2018-01-29 | Date of entry into force: 2018-02-13 | CUB-2018-M-107150
La citada resolución aprueba el “Procedimiento financiero para el funcionamiento de las escuelas ramales y los centros de capacitación subordinados a los órganos estatales, organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales y los órganos locales del Poder Popular”. La ley se estructura de la siguiente manera:
- CAPÍTULO I: Generalidades
- CAPÍTULO II: Financiamiento
- CAPÍTULO III: Precios
- CAPÍTULO IV: Ingresos
- CAPÍTULO V: Registro Contable.
Djibouti - - Law, Act
Decreto Ejecutivo núm. 448, de 12 de julio de 2018, que ratifica el contenido del “Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones” -
Adoption: 2018-07-12 | ECU-2018-R-107144
El decreto citado ratifica el contenido del “Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones”, suscrito por el Ecuador el 24 de abril de 2013.
Adoption: 2018-07-12 | Date of entry into force: 2018-07-12 | ECU-2018-R-107145

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Resolución/Contrato - ADERCO
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Resolución/Contratoadmin2019-02-25T22:14:09+00:00
Control Administrativo a la solicitud de ayuda
Una vez realizado el ITE, el GAL solicitará a la Dirección General de Desarrollo Rural la realización del control administrativo de la solicitud de ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 24 del Decreto 184/2016.
El informe de control administrativo de la solicitud de ayuda desfavorable, emitido por la Dirección General de Desarrollo Rural, será vinculante para el Grupo de Acción Local.
En el caso de que la temática, complejidad o dimensiones de un proyecto concreto superase las posibilidades del Equipo Técnico, se podrá contratar la asistencia técnica de expertos externos para la realización de los estudios necesarios para poder elaborar el correspondiente Informe Técnico Económico.
El Presidente, a instancias de la gerencia, convocará una reunión para el análisis definitivo de los proyectos por parte del órgano de decisión. Para facilitar y agilizar la toma de decisiones, el equipo técnico elaborará un dossier con toda la documentación necesaria, a tratar en la misma, entregando la información con anticipación a todos los miembros del Junta Directiva.
La Junta Directiva, persona u órgano en quien delegue, a la vista del Informe Técnico Económico emitido por la Gerencia, informe de supervisión del ITE y control administrativo de la solicitud de ayuda, emitirá propuesta de resolución provisional, que se notificará por correo certificado y acuse de recibo a los interesados propuestos como beneficiarios, en un plazo no superior a 15 días a partir de la fecha en la que fue dictada, para que comuniquen su aceptación o formulen alegaciones en caso de desacuerdo, en el plazo máximo de 15 días posteriores a la recepción de la misma.
La propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario (destinatario final) propuesto, mientras no se haya notificado la resolución definitiva de concesión.
Aceptación de la ayuda por el promotor
El promotor deberá aceptar o rechazar la resolución provisional expresamente en el plazo máximo de 15 días posteriores a la recepción de la notificación. La falta de comunicación al GAL en el plazo mencionado supondrá el desistimiento de la ayuda por parte del beneficiario (destinatario final).
El Grupo informará al beneficiario (destinatario final) de que la aceptación de la ayuda implica la aceptación de su inclusión en la lista de beneficiarios del Grupo de Acción Local, para su publicación, electrónica o por otros medios, de la lista de beneficiarios, los nombres de los proyectos y sus objetivos y la cantidad de fondos públicos asignados.
En caso de comunicado de resolución desestimatoria, se entenderá que el promotor acepta la resolución desestimatoria dictada si, en el plazo establecido en la misma, no presenta el correspondiente escrito de alegaciones, dando de esta manera por cerrado el expediente de ayuda.
La Resolución definitiva de concesión de la ayuda será emitida por el Órgano de decisión del Grupo de Acción Local, Junta Directiva, persona u órgano en quien delegue, una vez haya sido aceptada o en su caso, examinadas las alegaciones aducidas por los solicitantes a la propuesta de resolución provisional y siempre que haya sido completado el expediente en el apartado de solicitud. El porcentaje de ayuda se corresponderá con la baremación obtenida respetando en todo caso los límites establecidos para cada actuación. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses a partir del momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria correspondiente, transcurrido el cual sin haberse producido la resolución la solicitud de ayudas se entenderá desestimada.
La resolución de concesión, y cuantas se deriven de la tramitación del expediente de concesión de ayudas y, en su caso, de la recuperación y reintegro de la misma, se notificará a los interesados dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que fue dictada, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado, tal y como establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La resolución de concesión deberá pronunciarse sobre los siguientes términos:
La finalidad para la que se aprueba.
El presupuesto de la inversión.
El porcentaje de gasto subvencionable, la cuantía máxima concedida y la procedencia de la financiación.·
El plazo máximo para el inicio de la inversión, que no podrá ser superior a 3 meses desde la notificación de la resolución del beneficiario (destinatario final).
El plazo de ejecución y justificación de la actividad subvencionable, que no podrá ser superior a dieciocho meses desde la resolución, salvo que por causas excepcionales y previa petición del interesado, justifiquen la prórroga del plazo, que no será superior a la mitad del plazo inicial.
Las obligaciones relativas a la información y publicidad comunitarias.
La obligación de disponer de sistemas de contabilidad separados, o códigos contables adecuados que identifiquen todas las transacciones correspondientes a la ayuda concedida.
En el caso de resolución desestimatoria, el órgano decisorio deberá explicitar el motivo de la misma. Si dicha resolución, es motivada como consecuencia de dictamen negativo emitido por la Dirección General de Desarrollo Rural, podrá interponerse frente a la misma recurso de reposición ante la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 102 de la Ley/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
El acuerdo de ejecución del proyecto y resolución de asignación deberá ser comunicado a la Dirección General de Desarrollo Rural. En el plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la recepción de dicha comunicación por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural se procederá por ésta a dictar resolución de aprobación definitiva y de asignación de la ayuda o, en su caso, requerirá al Grupo las aclaraciones y precisiones o la modificación de la propuesta formulada para su adecuación a los criterios y directrices generales que desde la Dirección General se establezcan para la coordinación general de las políticas de desarrollo rural en la Comunidad de Extremadura.

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