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Sentencia C-510 de 1999 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 14/07/1999
Fecha de Entrada en Vigencia: 14/07/1999
SENTENCIA C-510/99
Referencia: Expediente D-2358
Demanda de inconstitucionalidad contra de los artículos 87 (parcial) y 88 de la ley 136 de 1994 "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de los municipios"
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, Distrito Capital, según consta en acta número treinta y dos (32), a los catorce (14) días del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Demandante: Efraín Gómez Cardona.
Con fundamento en los artículos 40, numeral 6, y 241, numeral 4, de la Constitución Política, el ciudadano Efraín Gómez Cardona, demandó la inconstitucionalidad de los artículos 87 (parcial) y 88 de la ley 136 de 1994.
Por auto de abril quince (15) de mil novecientos noventa y nueve (1999), el magistrado sustanciador admitió la demanda de la referencia y ordenó fijar en lista las normas parcialmente acusadas. Así mismo, dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación, para que rindiera su concepto, y se comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente de la República y al señor Presidente del Congreso, con el objeto de que, si lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.
Ver el Concepto del Consejo de Estado 1518 de 2003
El siguiente es el texto de las normas acusadas, con la advertencia que se subraya la parte acusada.
(junio2)
"Artículo 87.- Salarios y prestaciones: Los salarios y prestaciones de los alcaldes se pagarán con cargo a los respectivos presupuestos municipales. Los Concejos señalarán las asignaciones de los alcaldes de acuerdo con los siguientes criterios:
"1. En los municipios clasificados en categoría especial, asignarán un salario entre veinte (20) y veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales.
"2. En los municipios clasificados en primera categoría, asignarán entre quince (15) y veinte (20) salarios mínimos legales mensuales.
"3. En los municipios clasificados en segunda categoría, asignarán entre doce (12) y quince (15) salarios mínimos legales mensuales.
"4. En los municipios clasificados en tercera categoría, asignarán entre diez (10) y doce (12) salarios mínimos legales mensuales.
"5. En los municipios clasificados en cuarta categoría, asignarán entre ocho (8) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales.
"6. En los municipios clasificados en quinta categoría, asignarán entre seis (6) y ocho (8) salarios mínimos legales mensuales.
"7. En los municipios clasificados en sexta categoría, asignarán entre tres (3) y un máximo de seis (6) salarios mínimos legales mensuales.
PARAGRAFO 1º. La asignación a que se refiere el presente artículo corresponde tanto al salario básico como a los gastos de representación.
"Las categorías de salarios aquí señaladas tendrán vigencia a partir del 1º de enero de 1994.
"PARAGRAFO 2º. En ningún caso los alcaldes devengarán, para 1994, un salario inferior al que percibían en el año 1993.
"Artículo 88.- Aprobación del salario del Alcalde: El Concejo de acuerdo a la tabla señalada en el artículo anterior, determinará la asignación mensual que devengará su respectivo alcalde a partir del 1º de enero de cada año, entendiendo que los valores señalados corresponden tanto a sueldo básico como a gastos de representación, si hubiere lugar a ellos."
El actor estima que las normas acusadas de la ley 136 de 1994, desconocen los artículos 150, numeral 19, literal e); 189, numeral 14, 313, numeral 6 y 315, numeral 7 de la Constitución, así como la ley marco sobre salarios y prestaciones sociales contenida en la ley 4ª de 1992.
En concepto del demandante, el legislador al regular en las normas acusadas lo referente a los salarios de los alcaldes, invadió competencias propias del Gobierno Nacional, de los concejos municipales y de los propios mandatarios municipales. Los cargos de la demanda pueden sintetizarse, así:
1. El artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución, señala que al Congreso de la República le corresponde dictar una ley marco por medio de la cual fije el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, atribución que hoy se encuentra desarrollada en la ley 4ª de 1992. Competencia que significa que a este órgano le corresponde determinar sólo las directrices, los parámetros, los objetivos y los criterios a los que debe sujetarse el Gobierno Nacional para concretar dicho régimen. La función del legislador, en esta materia, no puede extenderse al señalamiento de rangos salariales específicos, tal como lo hizo en las normas que se demandan, pues tal concreción corresponde a otras autoridades como lo son el Gobierno Nacional, los concejos municipales y el ejecutivo municipal. Su fijación, entonces, desconoce competencias asignadas por la Constitución a entes diversos al Congreso de la República.
2. El Congreso de la República agotó su competencia en relación con el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos al expedir la ley 4ª de 1992. Ley en la que expresamente se estableció que corresponde al Gobierno Nacional, con fundamento en los principios en ella señalados, determinar los límites máximos de los salarios de los servidores públicos del orden territorial, guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional (parágrafo del artículo artículo 12). Por tanto, correspondía al Gobierno y no al Congreso, fijar los límites máximos de los emolumentos de los alcaldes municipales, en desarrollo de la competencia a la que expresamente se refiere la ley 4ª de 1992, norma ésta declarada exequible en sentencia C-315 de 1995.
3. Pese a que el actor se refiere expresamente a la competencia que, en esta materia le correspondía al Gobierno Nacional, según la ley 4ª de 1992, expresa que el legislador, al establecer los máximos y mínimos que se fijan en las normas acusadas, invadió igualmente la facultad que la Constitución asigna a los concejos municipales para determinar la escala de remuneración de los empleos dentro de la estructura de la administración municipal, artículo 313, numeral 6, pues corresponde a este órgano, dentro del máximo que determine el Gobierno Nacional, fijar la escala los emolumentos, incluido el del primer dignatario municipal.
Con fundamento en lo anterior, y en desarrollo del artículo 313, numeral 7 de la Constitución, el ciudadano demandante considera que corresponde al alcalde municipal, con fundamento en los acuerdos que dicte el Concejo Municipal, establecer su asignación salarial.
Concluye el actor:
"Se ha constatado que estamos en una competencia compartida, quizá una de las más complejas de nuestro ordenamiento constitucional, pues concurren en cada caso cuatro actores, cada uno con una franja competencional propia y diferente: El Congreso, con sus normas generales, criterios y objetivos. El Gobierno con su atribución de fijar límites máximos, consultando las equivalencias con los empleos nacionales. El Concejo y Asamblea, llamados a señalar las escalas de remuneración. Y el ejecutivo departamental o municipal, que es quien en últimas concreta la remuneración de cada cargo y empleo."
En el término constitucional establecido para intervenir en la defensa o impugnación de las normas acusadas, presentó escrito el ciudadano Manuel Ávila Olarte, designado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el que solicita la declaración de inexequibilidad de las normas acusadas, salvo en el aparte en las que éstas señalan que corresponde a los concejos municipales fijar el salario de los alcaldes.
Después de un análisis de la jurisprudencia de esta Corporación, en relación con las leyes marco y la competencia del Congreso de la República y del Gobierno Nacional para determinar el régimen salarial de los empleados públicos del orden territorial, el interveniente considera que el legislador, al establecer en el artículo 87 unos límites máximos y mínimos a tener en cuenta por los concejos municipales para determinar la asignación salarial de los alcaldes, despojó al Gobierno Nacional de su competencia en esta materia. Por tanto, solicita declarar las normas acusadas contrarias a la Constitución, específicamente, por la violación del artículo 150, numeral 19, literal e), salvo en los apartes en los que los artículos demandados señalan que corresponde a los concejos municipales fijar la remuneración de la primera autoridad municipal, por cuanto no existe razón constitucional alguna que permita sostener que sea el propio funcionario quien fije su asignación salarial, tal como lo afirma el demandante.
Por medio del concepto número 1820 del 27 de mayo de 1999, el Procurador General de la Nación (E), doctor Eduardo Montealegre Lynett, solicita a la Corte Constitucional declarar la exequibiliad del aparte acusado del artículo 87 y 88 de la ley 136 de 1994.
1. El Ministerio Público considera que las normas acusadas de la ley 136 de 1994 encuentran respaldo constitucional en el artículo 287 de la Constitución, según el cual el legislador es competente para establecer límites a la autonomía de las entidades territoriales, como en los principios de economía y eficiencia del gasto público, que mencionan los artículos 209 y 339 de la Constitución.
2. El legislador, se afirma, está facultado para fijar los límites mínimos y máximos de la asignación salarial de un empleo público en una entidad territorial, sin que pueda afirmarse válidamente que el desarrollo de esta función cercene competencia alguna de los órganos municipales, específicamente del Concejo Municipal, como se afirma en la demanda, por cuanto este ente conserva la facultad constitucional de establecer la escala de remuneración de las distintas categorías de empleos dentro de la organización municipal (artículo 313, numeral 6 de la Constitución). Escala que simplemente debe respetar los límites señalados en la ley, a efectos de garantizar la razonabilidad en el gasto público por parte de estas entidades.
3. Con fundamento en los argumentos antes expuestos, como en jurisprudencia de esta Corporación, el Ministerio Público concluye que los cargos de la demanda no están llamados a prosperar, porque las normas de la ley 136 de 1994 que se acusan, no vulneran el reducto mínimo de autonomía que la Constitución otorgó a las entidades territoriales.
4. El concepto no hace referencia alguna al cargo de la demanda según el cual el legislador desbordó su competencia para fijar el régimen salarial de los empleados públicos (artículo 150, numeral 19, literal e).), por cuanto el Ministerio Público se limita a afirmar que el Congreso, al regular en las normas acusadas lo referente a la asignación salarial de los alcaldes, lo hizo en uso de la facultad que, para el efecto, se consagra en el artículo 150, numeral 7 de la Constitución, y no en atribución distinta.
Corresponde a esta Corporación analizar si el legislador estaba facultado para regular en la ley que expidió para la modernización y organización de los municipios -ley 136 de 1994-, la materia relativa a los salarios de los alcaldes, señalando como lo hizo, los mínimos y máximos que estos funcionarios pueden devengar, teniendo como criterio para su determinación y diferenciación, la categoría del municipio para el que fueron elegidos.
En relación con el tema objeto de análisis, tanto el ciudadano demandante como el ciudadano que intervino en nombre y representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, observan que el Congreso de la República carecía de competencia para regular lo referente a la asignación salarial de los alcaldes, tal como lo hizo en los artículos acusados de la ley 136 de 1994, por cuanto esa facultad es exclusiva del Gobierno Nacional y de las corporaciones públicas de elección popular de la entidad territorial correspondiente.
Tercera.- La Constitución de 1991: Órganos competentes para fijar los emolumentos de los servidores públicos.
En vigencia de la Constitución de 1886, el acto legislativo No. 1 de 1968 modificó el artículo 76, numeral 9 original de ésta, e introdujo para la materia que él regulaba el concepto de las leyes cuadro del derecho francés, al establecer la competencia del legislador para "...fijar las escalas de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleo", al tiempo que le asignó al Presidente de la República la facultad de "... fijar sus dotaciones y emolumentos... con sujeción a la leyes a que se refiere el ordinal 9 del artículo 76...". Al referirse a la competencia del legislador y del Presidente de la República en esta materia, la Corte Suprema de Justicia, en su momento, afirmó que estos artículos tenían que entenderse en el sentido según el cual la Constitución le asignaba al primero la atribución de crear la parte estática y permanente de la administración, mientras el segundo tenía la función de hacerla dinámica, mediante el ejercicio de atribuciones administrativas.
La Constitución de 1991, por su parte, al regular lo relativo a las atribuciones del Congreso de la República, estableció en el artículo 150, numeral 19, literal e), que a éste le corresponde dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular, entre otras materias "el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública." (subrayas fuera de texto)
En estos términos, corresponde al Gobierno Nacional establecer directamente los salarios y prestaciones sociales de todos los empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la Fuerza Pública, con fundamento en los criterios que para el efecto señale el legislador en la ley general que está obligado a expedir. Principios, parámetros y objetivos que el Congreso fijó en la ley 4ª de 1992, así como en el artículo 193 de la ley 100 de 1993, artículo éste que hace referencia específicamente a los trabajadores y profesionales de la salud.
"El objetivo de las leyes cuadro es el de permitirle al Estado responder ágilmente a los cambios acelerados que experimentan en la sociedad moderna diversas materias. Para poder reaccionar prontamente ante los sucesos cambiantes es necesario contar con la información necesaria - suficiente y actualizada - y con procedimientos expeditos. Estos dos requisitos son satisfechos por el Poder Ejecutivo, pero no por el Legislativo. Este último suele contar con procesos de decisión lentos y no posee los recursos indispensables para disponer directamente de la información pertinente para la toma de decisiones, razón por la cual debe solicitarla del Ejecutivo. Esta situación es la que ha conducido a señalar que diversos asuntos deben ser regulados por el Ejecutivo de acuerdo con las orientaciones generales que imparta el Legislativo. De esta manera, la institución de las leyes marco permite simultáneamente resguardar el principio democrático - puesto que el Congreso conserva la facultad de dictar y modificar las normas básicas para la regulación de una materia - y reaccionar rápidamente ante la dinámica de los hechos a través de decretos del Gobierno que adapten la regulación específica de la materia a las nuevas situaciones." (Cfr Sentencia C-054 de 1998. Magistrado ponente, doctor Fabio Morón Díaz).
Cuarta. Competencia del Gobierno Nacional para determinar el régimen salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales.
4.1. Con fundamento en la conclusión que arriba se esbozó, según la cual corresponde al Gobierno Nacional establecer directamente los salarios y prestaciones sociales de todos los empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la Fuerza Pública, con base en los parámetros que el legislador le fije en la ley general que para el efecto se expida (artículo 150, numeral 19, literal e)), surge el interrogante de si la competencia reconocida tanto al legislador como al Gobierno en esta materia, incluye la facultad de éstos para determinar, igualmente, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales, o si esta competencia se circunscribe únicamente para fijar el régimen de los empleados públicos del nivel central de carácter nacional.
Interrogante que surge a partir del principio de autonomía que reconoce la Constitución a las entidades territoriales para la gestión de sus intereses (artículos 1 y 287 de la Constitución), de la facultad que el ordenamiento constitucional asigna a las asambleas departamentales y a las concejos municipales para determinar la estructura de la administración dentro de su jurisdicción, y para establecer las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos (artículos 300, numeral 7 y 313, numeral 6 de la Constitución), como de la competencia asignada a los gobernadores y a los alcaldes para fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, con fundamento en las ordenanzas o acuerdos que para el efecto se expidan, según sea el caso (artículos 305, numeral 7 y 315, numeral 7 de la Constitución).
4.1.1. La autonomía de las entidades territoriales en los términos del artículo 287 de la Constitución no puede ser absoluta, por cuanto ésta está circunscrita a los límites que para el efecto fije la propia Constitución y la ley. El primer límite lo constituye la definición de Colombia como una República Unitaria (artículo 1 de la Constitución), en donde los distintos órganos del poder público mantienen su poder vinculante en todo el territorio.
Dentro de este contexto, la doctrina constitucional ha establecido que corresponde al Congreso de la República, dentro del marco de autonomía que la Constitución le reconoce a los entes territoriales, diseñar o delinear "el mapa competencial del poder público a nivel territorial" que permita el desarrollo de la capacidad de gestión de estos entes. Al legislador, entonces, le está vedado fijar reglas o requisitos que nieguen esta competencia o hagan de ella algo meramente teórico, pero no le está prohibido regular asuntos que conciernan con estos entes (sentencias C-517 de 1992 y C-219 de 1997, entre otras).
"Artículo 12°. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
"En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.
"Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencia con cargos similares en el orden nacional"
Significa lo anterior que pese a la autonomía y facultades que la Constitución reconoce a las corporaciones públicas administrativas de los distintos entes territoriales y a sus jefes máximos en materia salarial (artículos 287; 300, numeral 7, 313, numeral 6; 305, numeral 7 y 315, numeral 7 de la Constitución), la competencia de éstos se encuentra circunscrita no sólo por la ley general que sobre la materia expida el Congreso de la República, sino por las normas que, dentro de su competencia, dicte el Gobierno Nacional para el desarrollo de la mencionada ley. Al respecto, esta Corporación ha dicho:
"... resulta claro que la expedición de las normas que regulan el fenómeno de la función pública en el sector departamental y municipal, son de competencia exclusiva y excluyente de los órganos centrales, vale decir, del Congreso de la República y del Presidente de la República;.... en efecto, la determinación del régimen prestacional y salarial de los empleados departamentales y municipales se encuentra constitucionalmente establecido en el artículo 150 superior.
"En vigencia de la nueva Carta, el régimen de salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos del orden territorial, es competencia concurrente del Presidente de la República, de acuerdo con los objetivos y criterios señalados por el legislador mediante normas de carácter general o leyes marco según lo dispone la función 19, literales e), f) del artículo en mención de la Carta de 1991...
"De lo anterior se desprende que la técnica de las leyes marco es empleada por el constituyente y el legislador con el fin de distribuir las competencias sobre determinadas materias para otorgar mayor solidez, legitimidad y planificación en las políticas sobre presupuesto, gasto público y distribución racional de la función pública.
"Ahora bien, a juicio de la Corte las competencias en materia salarial deferidas al Congreso de la República y al Gobierno son complementadas por el constituyente en el orden territorial con las funciones atribuidas a las autoridades seccionales y locales, como en el caso de las Asambleas Departamentales y al Gobernador y a los concejos municipales y al alcalde...." (Cfr. Sentencia C-054 de 1998. Magistrado ponente, doctor Fabio Morón Díaz).
4.2.2. En cuanto a la asignación salarial, la respuesta se encuentra en el parágrafo del artículo 12 de la ley 4ª de 1992, cuando señala que "El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores -se refiere a los de las entidades territoriales- guardando equivalencia con cargos similares en el orden nacional".
Esta atribución que radicó la ley general de salarios y prestaciones en cabeza del Gobierno Nacional, fue declarada exequible por esta Corporación en sentencia C-315 de 1995. En esa oportunidad, la Corte consideró que la competencia del Gobierno para fijar el límite máximo salarial de la remuneración de los empleados de los entes territoriales, armonizaba con los principios de economía, eficacia y eficiencia que rigen el gasto público, y no desconocía ni la competencia que la Constitución expresamente otorgó a las autoridades de estos entes para fijar, por una parte, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos dentro de su jurisdicción (artículos 300, numeral 7 y 313, numeral 6 de la Constitución) y, por otra, para determinar los emolumentos de los empleos de sus dependencias (artículos 305, numeral 7 y 315, numeral 7 de la Constitución), como tampoco cercenaba el principio de autonomía de que trata el artículo 287 de la Constitución. Se dijo en la mencionada providencia.
"No obstante que las autoridades locales tienen competencias expresas para determinar la estructura de sus administraciones, fijar las escalas salariales y los emolumentos de sus empleados públicos (C.P. arts. 287, 300-7, 305-7, 313-6 y 315-7), no puede desconocerse la atribución general del Congreso en punto al régimen salarial y prestacional de los empleados públicos territoriales (C.P. arts. 150-5, 150-19-e y 287). Del artículo 150-19 de la C.P., se deduce que la función de dictar las normas generales sobre el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos puede ser delegado a las Corporaciones públicas territoriales, lo que no sería posible si en este asunto el Congreso careciera de competencia. Desde luego, la competencia del Congreso y la correlativa del Gobierno, no puede en modo alguno suprimir o viciar las facultades específicas que la Constitución ha concedido a las autoridades locales y que se recogen en las normas citadas.
"La determinación de un límite máximo salarial, de suyo general, si bien incide en el ejercicio de las facultades de las autoridades territoriales, no las cercena ni las torna inocuas. Ni el Congreso ni el Gobierno sustituyen a las autoridades territoriales en su tarea de establecer las correspondientes escalas salariales y concretar los emolumentos de sus empleados. Dentro del límite máximo, las autoridades locales ejercen libremente sus competencias. La idea de límite o de marco general puesto por la ley para el ejercicio de competencias confiadas a las autoridades territoriales, en principio, es compatible con el principio de autonomía. Lo contrario, llevaría a entronizar un esquema de autonomía absoluta, que el Constituyente rechazó al señalar: "Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley" (C.P. art. 287).
"La economía, eficacia y eficiencia en el gasto público, en todos los ámbitos, es un principio que tiene pleno sustento constitucional y sobre su importancia en una sociedad democrática, soportada en la tributación equitativa y en el correlativo deber de las autoridades de hacer un uso adecuado de los recursos aportados por la comunidad, no es necesario abundar. La fijación a este respecto de un límite máximo al gasto burocrático, constituye un medio idóneo para propugnar la eficiencia y economía del gasto público y, de otro lado, estimular que los recursos del erario nacional y de las entidades territoriales en mayor grado se destinen a la atención material de los servicios públicos.
"La razonabilidad de la medida legislativa se descubre también si se tiene en cuenta que el patrón de referencia - los sueldos de los cargos semejantes del nivel nacional -, garantiza que el anotado límite no sea en sí mismo irracional y desproporcionado." (Cfr. sentencia C-315 de 1995. Magistrado ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).
Dentro de este contexto, ha de colegirse que la competencia para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, en el marco de la Constitución de 1991, requiere una interpretación sistemática y coherente de sus mandatos, a efectos de hacer compatible la autonomía que se reconoce a los entes territoriales, en especial, el que hace referencia a la facultad de gobernarse por autoridades propias (artículo 287, numeral 1), con el esquema del Estado colombiano definido como una República unitaria, para lograr que las atribuciones de los distintos órganos a nivel central y territorial no resulte anulada. En otros términos, que la forma como llegue a ejercer uno cualesquiera de estos órganos su función, no niegue o invalide la de los otros.
Quinta. Análisis de los cargos de la demanda.
5.1. La demanda gira en torno a un sólo cargo: el desconocimiento por parte del legislador de las competencias que, en materia de asignación salarial para los empleados públicos de nivel territorial, la Constitución reconoció a órganos diversos a él. En criterio del demandante, el Congreso de la República no está facultado para fijar el salario mínimo o máximo que puede devengar un alcalde municipal.
5.3. El artículo 320 de la Constitución establece que "la ley podrá establecer categorías de municipios de acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica, y señalar distinto régimen para su organización, gobierno y administración.". En desarrollo de este precepto, el legislador, en el artículo 6º de la ley 136 de 1994, clasificó a los municipios de Colombia atendiendo a dos criterios que, en términos de la norma en cuestión, permiten establecer la situación socioeconómica de estos entes territoriales. El primero atiende a la población, y, el segundo, a los recursos fiscales o ingresos anuales del municipio, representados éstos, en salarios mínimos legales mensuales. Con fundamento en estos criterios, el legislador creó una categoría especial de municipios y seis categorías más, en forma descendente, así:
"Ciertamente, el que la Constitución Política permita al legislador la categorización de los municipios, es un reconocimiento al hecho cierto de que entre ellos se presentan diferencias de orden socioeconómico y fiscal; por tanto, en lo relacionado con el salario de los funcionarios, este debe ser proporcional a la capacidad financiera y fiscal del respectivo municipio. Lo anterior no significa, sin embargo, que el legislador pueda establecer diferencias de este tipo entre los funcionarios de un mismo municipio, cuando frente a otros sí consagra la igualdad salarial para sus funcionarios (subrayas fuera de texto) (sentencias C-590 de 1995 y C-035 de 1996, en el mismo sentido sentencia C- 225 de 1995).
5.5. Como criterio imprescindible para la determinación de este régimen, el legislador, en razón de la competencia que le asigna la Constitución en el artículo 150, numeral 19, literal e), es el único facultado para señalar, como lo hizo en las normas acusadas, específicamente en el artículo 87, que la clasificación de los municipios en categorías, es criterio determinante para la fijación del régimen salarial de los alcaldes, como empleados públicos que son (artículo 86 de la ley 136 de 1994), como también lo ha de ser para todos los funcionarios al servicio de estos entes, a juicio de esta Corporación.
5.6. Criterio que podía ser incluido en la ley que se expidió con el objeto de modernizar la organización y funcionamiento de los municipios -ley 136 de 1994-, porque su introducción, sin lugar a dudas, permite que de manera efectiva se logre el objetivo mismo de ésta, cual es el adecuado funcionamiento de los municipios, teniendo como punto de referencia su situación socioeconómica.
El que esta regla no se hubiese fijado en la ley general, marco o cuadro que en su momento expidió el Congreso, a efectos de determinar los principios o parámetros a seguir por el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial de los empleados públicos-ley 4ª de 1992- no incide en la constitucionalidad de la norma que la contenga, dado que el legislador está facultado para incluir en leyes ordinarias aspectos propios de una ley marco, cuando ello sea necesario. Necesidad que está determinada por el ámbito propio de la materia que se esté regulando.
Como se precisó en otro acápite de esta providencia, uno de los efectos de la categorización de los municipios es que ésta se refleje en el régimen salarial de los empleados al servicio de estas entidades. Así lo entendió el legislador cuando determinó que el monto de la asignación salarial de empleos como el del alcalde (artículo 87 acusado), el del contralor (artículo 159 de la ley 136 de 1994) y el del personero (artículo 177 de la ley 136 de 1994) dependía de la categoría del municipio en donde éstos prestaren sus servicios.
Pese a que esta Corporación declaró la inexequibilidad parcial de las dos últimas normas citadas de la ley 136 de 1994, por razones que no se relacionan con el tema de esta providencia (sentencias C-225 y 590 de 1995), es claro que el Congreso de la República está facultado constitucionalmente para señalar que la asignación salarial de los empleados al servicio de los municipios, esté condicionada por la categoría o clasificación que de éste hubiese realizado la ley (artículos 150, numeral 19, literal e) y 320).
Encuentra la Corte razonable, entonces, la inclusión del criterio anterior en la ley que se dictó con el objeto de modernizar la organización y funcionamiento de los municipios. Recuérdese que no viola precepto constitucional alguno, el que en una ley ordinaria se comprendan aspectos propios de una ley general, por cuanto estas leyes no requieren de un requisito especial de mayorías, o trámite especial en el Congreso de la República que impida su incorporación o integración en una ley ordinaria. Los únicos requisitos que deben exigirse son: i) que su inclusión guarde relación con la materia de que trata la ley ordinaria donde ésta se ha articulado -prevalencia del principio de unidad de materia que exige el artículo 158 de la Constitución- y, ii) que la norma correspondiente no desnaturalice el ámbito propio de las leyes generales o marco, es decir, que se limite a señalar principios, directrices o parámetros que enmarquen la competencia del Gobierno Nacional para el ejercicio y desarrollo de las materias del artículo 150, numeral 19.
La inclusión de leyes marco en leyes ordinarias es lo que la jurisprudencia de la Corporación ha denominado concurrencia legislativa (sentencia C-133 de 1993 y C-054 de 1998, entre otras).
Si bien el Congreso podía establecer que la categorización de los municipios era un criterio a tener en cuenta para fijar la asignación salarial de los alcaldes, tal como se expuso anteriormente, correspondía al Gobierno Nacional y no aquél, con base en la competencia que le asigna el artículo 150, numeral 19, literal e), determinar los límites mínimos y máximos ha devengar por estos servidores, teniendo como punto de referencia la clasificación de los municipios elaborada por el propio legislador. No puede entenderse que la fijación de esos mínimos y máximos salariales estén comprendidos en la órbita de competencia del legislador, por cuanto la Constitución sólo le atribuye a éste la facultad de fijar principios o parámetros que debe tener en cuenta el Gobierno Nacional, y la determinación de límites mínimos y máximos salariales, en el ámbito de la ley general de salarios, desborda la naturaleza de esta atribución.
Así las cosas, es claro que en el artículo 87 acusado, cuando el legislador le señala directamente a los concejos municipales el marco de su competencia, al establecer que dentro de los límites por él impuestos les corresponde a éstos fijar la asignación de la primera autoridad local, usurpa la competencia del ejecutivo en esta materia. Si bien es cierto que con fundamento en el artículo 313, numerales 6 y 10 de la Constitución, es al Concejo Municipal al que compete determinar la remuneración del alcalde de su jurisdicción, también lo es que el Gobierno Nacional es el llamado a concretar las condiciones que han de tener en cuenta las autoridades territoriales para el ejercicio de esta atribución.
5.8. Si bien puede argumentarse que el legislador podía modificar la atribución contenida en el parágrafo del artículo 12 de la ley 4ª de 1992, según la cual al Gobierno Nacional le compete determinar el límite máximo salarial que pueden llegar a devengar los servidores públicos del orden territorial, y ello incluye, por supuesto, al alcalde municipal (norma que fue declarada exequible por la Corte en sentencia C-315 de 1995), también es cierto que la naturaleza misma de la competencia restrictiva que tiene el Congreso en materia del régimen salarial de los empleados públicos, le impide a éste arrogarse una facultad que desborda su función. Para esta Corporación, los máximos y mínimos salariales, en la forma como los reguló el legislador en el artículo 87, exceden el ámbito propio de una ley general. Por ende, su regulación, por la dinámica misma que éstos envuelven, compete determinarlos al Gobierno Nacional. Competencia que no tiene origen en la ley 4ª de 1992, sino en la propia Constitución.
El artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución no admite interpretaciones que hagan viable sostener, por ejemplo, que en tratándose del régimen salarial de empleados de los entes territoriales, la intervención del Gobierno Nacional no se requiere, por cuanto es al Congreso a quien le compete, junto con los órganos de cada ente territorial determinar éste. La Corte disiente de esta interpretación, por cuanto no se ajusta a la naturaleza misma de la organización estatal diseñada por el Constituyente en esta materia. La concurrencia de competencias entre Congreso y Gobierno para la fijación del régimen salarial de los empleados públicos, incluidos los del nivel territorial, no se puede negar bajo el argumento que son las autoridades territoriales las que deben asumir el papel del Gobierno Nacional, en aplicación de los principios de descentralización y autonomía de que trata la Constitución.
5.9. En consecuencia, el legislador, al expedir la ley 136 de 1994, si bien estaba facultado para indicar que la clasificación de los municipios que en ella se hacía, era un criterio que debía incidir en la determinación del régimen salarial de los empleados municipales, según el cual a mayor población e ingresos mayor remuneración, no era competente para determinar los mínimos y máximos que podían devengar éstos, tal como lo hizo en relación con los alcaldes, por cuanto esta decisión correspondía al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales. Categorización que hace razonable que un mismo cargo en municipios de categoría diversa, tengan una asignación diferente, hecho que le permite al Gobierno concretar no sólo los máximos sino los mínimos dentro de cada categoría, para que sea el Concejo Municipal quien dentro de esos rangos determine la remuneración del alcalde de su jurisdicción. No puede aceptarse, en este sentido, la afirmación del actor según la cual el propio alcalde es el llamado a fijar su salario, pues principios como la moralidad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública (artículo 209 de la Constitución) aconsejan que sea una autoridad distinta al propio funcionario, quien especifique el monto de la remuneración salarial ha percibir. La competencia del alcalde para determinar los emolumentos de los empleos de su dependencia, artículo 315, numeral 7 de la Constitución, no puede interpretarse en el sentido que lo hace el actor, es decir, que sea el propio alcalde el competente para señalar el monto de su emolumento.
5.10. Las razones expuestas, llevan a esta Corporación a declarar la inexequibilidad del artículo 87 de la ley 136 de 1994, salvo el aparte según el cual los salarios y prestaciones sociales de los alcaldes se pagarán con cargo a los respectivos presupuestos, por cuanto éste no fue objeto de demanda y no hace parte de la materia analizada en esta providencia. La razón, el legislador invadió la órbita de competencia de otros órganos, específicamente la del Gobierno Nacional, al señalar en este precepto los salarios mínimos y máximos que pueden devengar los alcaldes municipales. Así mismo, por la inescindible relación que existe entre el artículo 87 con el texto del artículo 88, también demandado, según el cual "El Concejo de acuerdo a la tabla señalada en el artículo anterior, determinará la asignación mensual que devengará su respectivo alcalde a partir del 1º de enero de cada año, entendiendo que los valores señalados corresponden tanto a sueldo básico como a gastos de representación, si hubiere lugar a ellos", éste habrá de ser excluido de igual forma del ordenamiento.
Debe aclararse que, por la redacción misma del artículo 87, la Corte no pude más que declarar su inexequibiliad, dado que no existe forma de lograr que el criterio de la categorización se mantenga en su texto, de hacerlo, la Corte tendría que redactar un artículo nuevo, lo que escapa a su función.
Sexta. Unidad normativa.
"EXCEPCION: Cuando por cualquier circunstancia el Concejo no fijare la asignación mensual del alcalde, éste devengará el valor resultante de promediar el máximo y mínimo de la respectiva categoría municipal, hasta que la corporación la determine."
Decláranse INEXEQUIBLES los artículos 87, 88 y 89 de la ley 136 de 1994. Salvo la expresión "Los salarios y prestaciones de los alcaldes se pagarán con cargo a los respectivos presupuestos municipales" contenida en el artículo 87, que por no referirse al tema estudiado en esta providencia, la Corte se inhibe para emitir cualquier pronunciamiento sobre la misma.
GOBIERNO-Competencia para determinar régimen salarial de empleados públicos de entidades territoriales
Corresponde única y exclusivamente al Gobierno Nacional fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de los entes territoriales, siguiendo, obviamente, los parámetros establecidos por el legislador en la ley general. En tratándose de los trabajadores oficiales de estas entidades, al Gobierno solamente le corresponde regular el régimen de prestaciones sociales mínimas, según lo establece el literal f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución. Es decir, que a partir de esos mínimos, las corporaciones públicas territoriales podrían establecer un régimen prestacional mayor al señalado por el Gobierno Nacional, sin que pueda entenderse que estos entes están usurpando competencia alguna en cabeza del ejecutivo central. "El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores -se refiere a los de las entidades territoriales- guardando equivalencia con cargos similares en el orden nacional".
EMPLEADOS PUBLICOS TERRITORIALES-Competencia concurrente para determinar el salario
Existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y concejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional.
GOBIERNO-Fijación de máximos y mínimos salariales/CONCEJO MUNICIPAL-Fijación de salario de Alcalde
Se le permite al Gobierno concretar no sólo los máximos sino los mínimos dentro de cada categoría, para que sea el Concejo Municipal quien dentro de esos rangos determine la remuneración del alcalde de su jurisdicción. No puede aceptarse, en este sentido, la afirmación del actor según la cual el propio alcalde es el llamado a fijar su salario, pues principios como la moralidad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública (artículo 209 de la Constitución) aconsejan que sea una autoridad distinta al propio funcionario, quien especifique el monto de la remuneración salarial ha percibir. La competencia del alcalde para determinar los emolumentos de los empleos de su dependencia, artículo 315, numeral 7 de la Constitución, no puede interpretarse en el sentido que lo hace el actor, es decir, que sea el propio alcalde el competente para señalar el monto de su emolumento.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL-Límite mínimo salarial
Es importante la determinación de un límite mínimo en la asignación salarial de los servidores del orden municipal, a efectos de que no existan municipios de una categoría superior que establezcan un salario inferior al que puede reconocer un municipio clasificado en una categoría menor. Sólo de esta forma puede darse cumplimiento al fin que la Constitución buscó con la categorización de los entes municipales. En este sentido, le corresponde al legislador establecer los criterios que debe tener en cuenta el Gobierno para fijar los límites.

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artículo 150
artículo 12
artículo 313
artículo 313
artículo 87
artículo 150
artículo 87
artículo 287
artículo 150
artículo 76
artículo 76
artículo 150
artículo 193
artículo 287
artículo 150
artículo 12
artículo 287
artículo 150
artículo 320
artículo 6
artículo 150
artículo 87
artículo 158
artículo 150
artículo 150
artículo 87
artículo 313
artículo 12
artículo 87
artículo 150
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artículo 87
artículo 87
artículo 88
artículo 87
artículo 87
artículo 150
artículo 315


text:
Empadronamiento menor extranjero. Defensor del Pueblo
Condiciones del empadronamiento de un menor marroquí..
Condiciones del empadronamiento de un menor marroquí.
Queja número: 16005023
Se ha recibido su escrito (…), referido a la queja arriba indicada, con el que se da traslado de la Resolución dictada el pasado 1 de junio por el Consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo de esa Ciudad Autónoma de Ceuta desestimando el recurso potestativo de reposición interpuesto por don (…) el 28 de marzo último contra la denegación de empadronamiento del menor (…).
Estudiado su contenido, se ha estimado procedente realizar las siguientes
1. Se toma nota de que ya se ha contestado expresamente al referido recurso de reposición por lo que ha desaparecido el motivo por el que se admitió a trámite esta queja toda vez que esa Administración no había cumplido el plazo previsto para ello en el artículo 117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Esta institución estima que la parte destinada a Fundamentos Jurídicos contiene unas interesantes aportaciones sobre la Kafala marroquí, los derechos internacionales del niño, las normas españolas que inciden en los menores extranjeros que están en España, el posible «conflicto de leyes» que surgiría entre los Derechos de Familia español y marroquí, la protección de los menores abandonados, la supeditación de la norma de conflicto al Orden Público, la aplicación en la Ciudad Autónoma de Ceuta del Acuerdo de Schengen, y otras consideraciones jurídicas del ordenamiento jurídico interno marroquí y su no aplicación en Ceuta o la competencia de ese Ayuntamiento en asuntos de protección de menores.
Sin embargo, aquí hay que señalar que todas estas razones jurídicas no proceden en el asunto planteado en el citado recurso de reposición, si bien podrían tenerse muy en cuenta en otros ámbitos distintos del empadronamiento. Precisamente, en bastantes de esos Fundamentos Jurídicos de la citada Resolución ya se indica que lo expuesto en ellos no es de aplicación en este caso concreto.
3. En el escrito por el que esta institución inició sus actuaciones, se expuso que el formulante de la queja había señalado en su recurso su disconformidad con que la desestimación de la solicitud de empadronamiento del menor por ese Ayuntamiento, se hubiese fundado en la no validez de la Kafala en España en vez de haberse limitado a comprobar el hecho de si residía en el domicilio señalado en la hoja padronal.
Esta institución también indicó en la admisión a trámite de esta queja, que en la tramitación de aquella solicitud de empadronamiento se debería haber tenido en cuenta la Resolución de 30 de enero de 2015, del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal y ello con independencia de que la Kafala no tenga validez jurídica en España.
4. Como la citada Resolución de 30 de enero de 2015 se elaboró observando el principio de jerarquía normativa, su aplicación conlleva que también se habrá cumplido con lo establecido en los artículos 15 a 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y con las previsiones contenidas en el Título II del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio (RPDEL).
Ambas normas aluden únicamente a un dato fáctico (vivir o residir habitualmente en España), y no a un dato jurídico como se ha hecho al alegar muchas de las normas citadas en los Fundamentos Jurídicos contenidos en la desestimación del recurso de reposición.
En la mencionada Resolución por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, se dice de forma clara y expresa que «el objetivo de exigir documentación identificativa al solicitar la inscripción en el Padrón es exclusivamente comprobar que los datos de identificación (nombre, apellidos, número del documento, nacionalidad, sexo y lugar y fecha de nacimiento) son correctos, con independencia de la situación legal del extranjero en España. Al Ayuntamiento no le corresponde realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos».
También el artículo 18.2 de la Ley 7/1985 dice textualmente que «la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España».
Los ayuntamientos ni intervienen en la concesión de los permisos de residencia ni son competentes para controlarlos. Su obligación es reflejar en un registro, el Padrón, el domicilio y las circunstancias de todas las personas que habitan en su término municipal, y de la misma manera que no deben controlar a través del Padrón la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda, tampoco deben realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos.
5. De la misma forma que, al utilizarse únicamente un dato fáctico —residencia habitual— y no un dato jurídico —residencia legal—, tienen derecho a inscribirse en el Padrón los extranjeros que no cumplen la legislación de extranjería, también hay que utilizar ese dato fáctico con este menor que está residiendo en ese domicilio declarado y ello al margen de las relaciones judiciales, consulares, asistenciales, etc., que puedan existir entre él y las personas que ya viven en ese lugar.
En la citada Resolución de 30 de enero de 2015 se dice que para proceder a la inscripción en el Padrón de menores extranjeros no nacidos en España se exigirá contar con los mismos documentos de identificación que para la inscripción de los mayores de edad extranjeros. Por tanto, no procedería exigir el cumplimiento de más requisitos y, sobre todo, si ello puede acarrear al menor un perjuicio porque la Administración no le reconozca una situación que dependa de su inscripción padronal (estudios, asistencia social y sanitaria, ayudas sociales, etc.).
6. Dado que se trata de la inscripción en el Padrón de un menor de edad no emancipado, y como éste no puede actuar por sí mismo en este trámite administrativo, necesita que alguien que sí tenga capacidad de obrar presente esa solicitud de inscripción en representación suya.
Como parece que en este caso concreto no se trata de una representación legal, sería de aplicación lo que se indica en el subapartado 2.2.2 de la citada Resolución dedicado a la documentación acreditativa de la representación voluntaria. Por tanto, habría que atenerse a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y pedir al representante, en este caso, al formulante de la queja que presentó esa solicitud de inscripción en nombre y representación del menor y, posteriormente, el recurso de reposición, que acredite contar con esa representación por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de ello.
Como resulta que, según esa Resolución, para el empadronamiento de menores en un domicilio distinto al de los padres que ostenten su guarda y custodia se requiere la autorización por escrito de ambos, o de uno de ellos junto con la correspondiente declaración responsable, salvo que éste tenga confiada en exclusiva la guarda y custodia, en este caso concreto se exigirá tal autorización escrita de los padres del niño o de sus representantes legales marroquíes, en la que expresamente otorguen a don (…) la representación del menor (…) para que sea empadronado en el Padrón de Habitantes de Ceuta, así como que está autorizado a que viva en el domicilio de dicho representante.
Una vez que se cuente con ese documento que acredite tal representación, si ese menor extranjero realmente está residiendo de forma habitual en la vivienda de un español mayor de edad, que es quien ha instado su empadronamiento en la misma, y si ese Ayuntamiento no le diera de alta en el Padrón, se le estaría impidiendo el cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo primero del artículo 15 de la LRBRL, además de hacer uso del Padrón para otro fin distinto del legalmente previsto (constatar el hecho de la residencia) al controlar los derechos de los residentes. La inscripción en el Padrón no es un acto administrativo idóneo para que de él se extraigan consecuencias jurídicas ajenas a su función.
Tramitar la solicitud de inscripción en el Padrón de Habitantes de Ceuta presentada por don (…) en nombre y representación del menor (…), en el caso que aquél haya acreditado contar con tal representación y el menor cuente con los documentos pedidos en la normativa de empadronamiento que es la única que debe aplicarse.
Se agradece de antemano su colaboración y se solicita, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica, que a la mayor brevedad posible, comunique si acepta o no la SUGERENCIA indicando en este último supuesto las razones en que funde su negativa.

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Resolución
artículo 117
Resolución
Resolución
Resolución
Real Decreto
Resolución
artículo 18
Resolución
Resolución
artículo 32
artículo 15
artículo 30


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1_9788491698715 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
El autor ha elaborado una obra enfocada en la práctica procesal supranacional, exponiendo con rigor y claridad las claves del funcionamiento del Procedimiento Acelerado, por lo que resultará de gran utilidad para los abogados y los especialistas en el Derecho de la UE, y, en general para todos los operadores jurídicos que deben trabajar en este ámbito normativo.
CARLOS J. MOREIRO GONZÁLEZ EL PROCEDIMIENTO ACELERADO EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
Este libro ofrece el primer análisis sistemático de la aplicación del Procedimiento Acelerado ante el TJUE, tanto en el marco de las remisiones prejudiciales realizadas de conformidad con el artículo 267 del TFUE, como en el ámbito de los recursos directos previstos en el artículo 263 del TFUE.
EL PROCEDIMIENTO ACELERADO EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÃ“N EUROPEA
Catedrático de Derecho Internacional Público y Cátedra J. Monnet “ad personam”de Derecho de la UE Universidad Carlos III de Madrid
©	Carlos J. Moreiro González
©	TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-871-5 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
A mi hija Eloisa
Índice 1.	Introducción.......................................................................................	11 2.	La calidad de la Justicia en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea..................................................................................................	13 2.1.	La adecuación de la arquitectura jurisdiccional de la Unión Europea..............................................................................................	13 2.2.	Celeridad y desmaterialización de los procedimientos.................	19 2.3.	La refundición y la renovación de las normas de procedimiento.	29 2.4.	El control del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la gestión de los asuntos en el TJUE................................................................	41 2.4.1.	El proceso de gestión de asuntos y su duración...............	42 2.4.2.	La supervisión y el seguimiento de la tramitación de los asuntos............................................................................	43 2.4.3.	Apoyo al proceso de gestión de los asuntos.....................	44 2.4.4.	Las conclusiones del Informe y el contexto en el que debe desarrollarse la gestión de los asuntos en el TJUE............	45 3.	El Procedimiento acelerado................................................................	47 3.1.	Marco normativo relevante........................................................	47 3.2.	Criterios de aplicación del procedimiento acelerado en el ámbito de las remisiones prejudiciales....................................................	52 3.3.	Criterios de aplicación del procedimiento acelerado en el ámbito de los recursos directos ante el TJ y el TG...................................	57 3.3.1.	El procedimiento acelerado en los recursos directos ante el TJ................................................................................	57 3.3.2.	El procedimiento acelerado en los recursos directos ante el TG...............................................................................	60 3.4.	Circunstancias en las que el TJ deniega la aplicación del procedimiento acelerado en el ámbito de las remisiones prejudiciales.....	62 3.5.	Circunstancias en las que el TG deniega la aplicación del procedimiento acelerado en el ámbito de los recursos directos............	65 4.	El alineamiento de los estándares cualitativos de funcionamiento del TJUE con los criterios internacionales................................................	71 4.1.	El consenso doctrinal sobre los elementos esenciales de los parámetros de evaluación de la justicia..............................................	71 4.2.	Instrumentos Internacionales que establecen criterios vinculantes sobre la celeridad de los procedimientos.....................................	72 4.3.	El procedimiento acelerado en el TJUE a la luz de los criterios internacionales sobre la celeridad de los procedimientos.............	76
5.	Conclusiones......................................................................................	77 Ă?ndice de Resoluciones del TJ y del TG relativas al procedimiento acelerado.......................................................................................................	79 ApĂŠndice de jurisprudencia citada del TJ..................................................	91
1. Introducción La adecuación de los procedimientos ante el Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE) al deber de garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva, y al propio criterio de la eficiencia institucional que deben cumplir todas las instituciones y órganos de la Unión Europea, es un objetivo perseguido con rigor y perseverancia durante los dos últimos decenios. Entre las múltiples medidas adoptadas con dicha finalidad, y que han supuesto diversas modificaciones del Estatuto del TJUE y de los Reglamentos de Procedimiento del Tribunal de Justicia (RPTJ) y del Tribunal General (RPTG), destacan las dirigidas a acortar la duración de la fase escrita y, en general, las que han introducido expedientes y mecanismos para galvanizar el desarrollo de los procedimientos en ambas jurisdicciones, que han resultado determinantes para alcanzar el objetivo de la desmaterialización de los flujos procesales. La consecución de estos y otros logros en pro de la celeridad procesal resulta especialmente reseñable dada la necesidad de no menoscabar con ellos a otros elementos del juicio justo, como por ejemplo las garantías procesales y la calidad de las resoluciones judiciales. Ciertamente, la metodología aplicada en alguna de las medidas que nos ocupan para ponderar la eficiencia del TJUE puede adolecer de un exceso de indicadores cuantitativos, limitándose a describir la relación proporcional existente entre los recursos humanos, técnicos y presupuestarios disponibles, y la resolución de los procedimientos. Pero es evidente el acierto de priorizar como criterio de evaluación del funcionamiento del TJUE la celeridad de los procedimientos, y el empeño en aliviar la burocracia y la farragosidad normativa, además de atajar la complejidad de los asuntos tramitados, en aras de la eficiencia institucional. En este sentido, aunque la reforma del sistema jurisdiccional de la UE realizada por el Tratado de Niza tuvo como principal objetivo eliminar la dilación, anteriormente ya había tenido lugar una modificación del RPTJ para incluir el procedimiento acelerado en el TJUE, objeto de análisis de este estudio monográfico.
A los efectos de comprender la creación, desarrollo y aplicación del citado procedimiento, la primera parte del estudio expone los logros de las numerosas medidas implementadas por el TJUE, y también de las propuestas más señeras de las Instituciones y de los gobiernos y de los Estados miembros de la UE, que propugnan una Justicia supranacional conforme con las necesidades del Estado democrático de Derecho. En dicho contexto, tuvo lugar la introducción del procedimiento acelerado en el TJUE, de cuyo análisis exhaustivo se ocupa la segunda parte de este estudio. Dado que no existe hasta la fecha un estudio sistemático sobre el mismo, he dividido su exposición diferenciando entre la aplicación en el ámbito de las remisiones prejudiciales en el TJ, y, en el ámbito de los recursos directos, ante el TJ y el TG. Ello facilita la visibilidad de los criterios jurídicos mediante los cuales ambas jurisdicciones deciden aplicar o denegar la aplicación del procedimiento acelerado. Habida cuenta de la ingente cantidad de decisiones que se han adoptado con dicha finalidad desde su creación, ha sido necesario elegir aquellas que ofrecen un mayor atractivo, no sólo a efectos jurídico procesales, sino también a efectos didácticos. La tercera parte presenta brevemente la configuración de los criterios técnicos sobre calidad y celeridad de la justicia y la incardinación del principio de aceleración procesal en diversas disposiciones de instrumentos jurídicos internacionales, a los efectos de comprobar la existencia de ciertas concomitancias con la aplicación del procedimiento acelerado en el TJUE.
2. La calidad de la Justicia en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea 2.1. LA ADECUACIÓN DE LA ARQUITECTURA JURISDICCIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA Dos de los rasgos esenciales que caracterizan a la justicia en la Unión Europea, y que marcan diferencias con los órganos jurisdiccionales internacionales, son la justicia en red y la tutela de los intereses de los particulares. El funcionamiento en red de la justicia de la Unión Europea se vehicula principalmente mediante el procedimiento prejudicial, actualmente previsto en el artículo 267 del TFUE. Pero, la tutela de los intereses de los particulares tiene lugar mediante una diversidad de procedimientos y expedientes, incluido el citado procedimiento prejudicial. Cabe reseñar, en este sentido, por su relevancia cuantitativa la función de justicia administrativa, puesto que refleja mejor que ninguna otra la fiabilidad del contencioso ante el Tribunal de Justicia (TJ) para tutelar los intereses de los particulares1. Esta función adquirió mayor visibilidad jurídica con la creación del Tribunal de Primera Instancia (TP1)2, (hoy Tribunal General de la UE, TG), que, en su calidad de instancia intermedia refuerza la salvaguardia de los derechos de
Sigo a G. Isaac, (Manual de Derecho Comunitario, Barcelona, 1995, pp. 255256, ss.), quién sostiene que una característica señera del TJ es la concentración de funciones jurisdiccionales: la de justicia administrativa, la de justicia constitucional, la de justicia internacional y la de justicia reguladora —podría incluirse también la de justicia civil, dada su capacidad para determinar puntualmente el régimen jurídico de la responsabilidad de la Comunidad— que son atribuidas a diferentes jurisdicciones en los ordenamientos internos de los Estados miembros. Para otros autores las funciones jurisdiccionales del TJ se reducen a tres: justicia constitucional, administrativa y reguladora, vid. LENZ, O. (editor): EG-Vertrag Kommentar, 2 edic., Köln-Basel, 1999, pp. 1614-1615. 2 Como es sabido, el Acta Única Europea atribuyó al Consejo la competencia para crear una nueva instancia jurisdiccional comunitaria mediante la introducción del artículo 225 CE. El TG se estableció con la adopción de la Decisión 88/591/ CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24.10.1988, DO nº L 319, de 25.11.1988, y, L 241 de 17.8.1989. 1
los justiciables al ventilar los contenciosos cuya especial complejidad técnica requiere un análisis pormenorizado de los hechos relevantes para su correcta calificación judicial3. De hecho el TJ ya había subrayado en su día la necesidad de establecer un doble grado de jurisdicción supranacional —a semejanza de los ordenamientos internos— al afirmar en el asunto REMIA que, “la propia naturaleza del TJ, las funciones que tiene asignadas y su posición en el ordenamiento jurídico comunitario y en relación con los ordenamientos jurídicos nacionales, hacen de él un órgano escasamente preparado para llevar a cabo una investigación en profundidad de hechos de importante complejidad económica o para la práctica constante de los diferentes medios probatorios previstos en su Reglamento de Procedimiento”4. Cierta práctica posterior del TJ ratificó la oportunidad de este planteamiento habida cuenta de que, para dilucidar el asunto CODORNIÚ —que no encerraba gran complejidad técnica y sólo ventilaba una demanda de un particular— el Tribunal tardó cinco años en adoptar la Sentencia5. No obstante, la paulatina configuración del TG como jurisdicción especializada en asuntos de derecho económico y administrativo — sin afectar al principio de unidad de la jurisdicción de la Unión que garantiza al TJ la última palabra en las cuestiones de derecho— es consecuencia del desarrollo de su ámbito de competencias mediante diversos actos que han priorizado el criterio procesal (calidad del demandante) frente a la atribución de ámbitos materiales concretos6
Según el párrafo primero del apartado uno del artículo 19 del TUE, “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. Garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados”. As. 42/84, EU:C:1985:327. As. C-309/89, EU:C:1994:197. De conformidad con el apartado primero del artículo 3 de la mencionada decisión 88/591, las competencias asumidas por el TG seguían, por un lado, un criterio procesal (recurso en anulación o por inacción, y, excepcionalmente, la acción indemnizatoria circunscrita a procedimientos de competencia, interpuestos por personas físicas o jurídicas), y, por otro lado, un criterio material (función pública comunitaria, ciertos ámbitos de la CECA, y régimen de la competencia de empresas en el mercado interior).
La calidad del demandante resulta relevante tanto a efectos de la atribución de la competencia jurisdiccional a una u otra instancia (artículo 51 del Estatuto del TJ), como para la asignación de un determinado asunto a una Sala del TG (artículo 25 del RPTG)7. Esta última circunstancia ha levantado suspicacias entre la doctrina ya que, a la luz de las estadísticas, arrojadas por los asuntos dilucidados ante el TJ y el TG, y más concretamente en el marco del procedimiento en anulación, se constata un claro posicionamiento a favor de los Gobiernos de los Estados miembros de la UE cuando actúan como demandantes,
Aunque los Reglamentos 40/94, del Consejo CE de 20.12.1993, DO nº L 11 de 14.1.1994, p. 1, sobre la marca comunitaria, y, 2100/94, del Consejo Ce de 27.7.1994, DO nº L 227 de 1.9.1994, p. 1, sobre la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, ampliaron su ámbito material de competencias, la principal atribución tuvo lugar con base en la Decisión 93/350, del Consejo CECA, CEE, Euratom, de 8 de junio de 1993, DO nº L 144 de 16.6.1993, p. 21. Mediante dicho acto el TG vio reconocida su competencia para entender de todos los recursos interpuestos por particulares, independientemente de la materia, excluyendo el ámbito de las medidas de defensa comercial previstas al amparo de los artículos 113 CE y 74 CECA. Si bien esta excepción fue derogada por la Decisión 94/149, del Consejo CECA, CE, de 7 de marzo de 1994, DO nº L 66 de 10.3.1994, p. 29, el régimen instaurado mediante la mencionada Decisión 2004/407, sigue el criterio del reparto material de competencias a favor del TG entre las cuáles incluye las medidas de defensa comercial. El Tratado de Lisboa atribuye al TG la competencia en primera instancia de los recursos directos interpuestos por los particulares (artículos 263, 265, 268, 270 y 272 TFUE), salvo los que correspondan a la competencia jurisdiccional de los tribunales especializados (párrafo segundo del artículo 257 TFUE) y los recursos interpuestos por los Estados miembros contra ciertos actos de la Comisión y del BCE, y contra ciertos actos del Consejo, sin menoscabo de la competencia jurisdiccional expresamente atribuida al TJ por el artículo 51 del Estatuto (Protocolo nº 3 anejo al TUE y al TFUE, introducido por el Tratado de Lisboa). Asimismo, el TG es competente sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones de los tribunales especializados (Apartado dos del artículo 256 TFUE, y, párrafo segundo del artículo 257 TFUE, recurso de casación limitado a las cuestiones de Derecho y recurso de apelación referente a las cuestiones de hecho). Finalmente, según el apartado tres del artículo 256 TFUE, el TG puede conocer de las cuestiones prejudiciales que le planteen los tribunales especializados, si bien puede remitirlas al TJ en caso de afectar a la unidad o a la coherencia del Derecho de la UE, o pueden incluso ser reexaminadas por ésta jurisdicción en caso de riesgo grave de que se vulnere dicha unidad o coherencia (v. gr. Sentencia del TJ en el as. M c. EMEA, C-197/09 RX, EU:C:2009:804. 7 DO nº L 105 de 23.4.2015, p. 1.
sentido en el que se decantan la mayoría de las decisiones adoptadas por las Salas de cinco miembros8 (artículo 24 del RPTG). Consiguientemente, tanto por la calidad de los demandantes como por el objeto y el ámbito de sus demandas, los procedimientos ante el TG participan, al igual que los que se sustancian ante el TJ, del modelo francés que articula el contencioso ante el Consejo de Estado. En el caso de los procedimientos en anulación o por inacción, el TG ventila procesos declarativos, pero, en el de los procedimientos indemnizatorios, ventila procesos de plena jurisdicción en los que, controla tanto la validez del acto controvertido como su oportunidad. Esta función le faculta para adoptar cualesquiera medidas necesarias con vistas a reintegrar la violación jurídica en cuestión, tales como anular o modificar el acto controvertido, o establecer una satisfacción económica mediante la imposición de una condena pecuniaria. La naturaleza de estos procedimientos y la propia dimensión orgánica del TG se ha visto confirmada al asumir desde el 1 de septiembre de 20169 las competencias concernientes al ya extinguido Tribunal de la Función Pública (TFP), creado en 200410, que se pronunciaba sobre los litigios entre las Instituciones de la Unión y sus empleados, especialmente sobre cuestiones relativas a sus relaciones laborales y al régimen de seguridad social. Hay que reseñar, igualmente, que el régimen general del procedimiento ante el TJ, establecido en el Título III (artículos 19-46) de su Estatuto, está inspirado en las tradiciones procesales de los Estados miembros de la UE, si bien, en atención al objeto específico de las dife-
Vid. CARRUBBA, C. J., et. al.: “Judicial Behaviour under Political Constraints: Evidence from the European Court of Justice”, Amer. Pol. Sc. Rev., 102, 4, 2008, pp. 435, ss., en pp. 441-445. Igualmente, GRANGER, M. P.: “When Governments go to Luxemburg: The Influence of Governments on the Court of Justice”, Eur. Law Rev., 29, 1, 2005, pp. 3, ss. Reglamento (UE/Euratom) 2016/1192 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 2016, relativo a la transferencia al TG de la competencia para conocer, en primera instancia, de los litigios entre la Unión Europea y sus agentes, DO L 200 de 26.7.2016, p. 137. Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo, de 2 de noviembre de 2004, por la que se crea el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, DO L 333 de 9.11.2004, p. 7.
rentes vías de derecho instituidas por el Tratado, cada procedimiento debe sustanciarse bajo ciertas condiciones propias. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 53 del citado Estatuto, el procedimiento ante el TG estará también regulado por dicho Título III11. Es un procedimiento mixto, con una fase escrita seguida de una fase oral, contradictorio, inquisitivo, público, uniforme y escasamente formalista12. Dado que la fase escrita es la más determinante, las diferentes reformas del Reglamento de Procedimiento del TG (RPTG), que tuvieron por objeto acortar la duración de los litigios han incorporado progresivamente diversas mejoras, incluidas las relativas a la utilización de las nuevas tecnologías (como por ejemplo, la aplicación
El párrafo segundo del citado artículo 53, prevé, no obstante, que el procedimiento ante el TG será precisado y completado por su RP. En este sentido, los Títulos Tercero a Sexto, ambos inclusive, de la versión consolidada de dicho RP de 2015, antes citada, desarrollan esta previsión estatutaria (Véanse, igualmente, las modificaciones del RPTG DO nº L 27 DE 12.8.2016, p. 7). El artículo 20 del Estatuto del TJ determina los elementos de la fase escrita (demanda, alegaciones, contestación, observaciones, y, eventualmente, réplicas), y, también de la fase oral, (lectura del informe por el Juez Ponente, audiencia a los agentes, asesores y abogados, y, según la relevancia o la complejidad del asunto, conclusiones del Abogado General, y, examen de testigos y peritos). El procedimiento es contradictorio porque, de conformidad con el citado artículo 20, las partes tienen derecho a ser notificadas de los diferentes elementos que articulan el desarrollo de las dos fases para poder contralegar y contraprobar en las mismas condiciones. Asimismo, y dado que, de conformidad con los artículos 24, ss., y, 32 del Estatuto, el Tribunal goza de prerrogativas para esclarecer la verdad material, es un procedimiento inquisitorial. Pueden establecerse excepciones, sin embargo, a la publicidad de los procedimientos, según lo previsto en el Artículo 31 del Estatuto o por imperativo de alguna disposición del Tratado (v. gr. párrafo segundo del artículo 348 TFUE). Véase, en este sentido, la Decisión (UE) 2016/2386 del TJ de 20 de septiembre de 2016, relativa a las normas de seguridad aplicables a los documentos e información presentados ante el TG con arreglo al artículo 105 de su RP, DO nº L 355 de 24.12.2016, p. 5. Finalmente, el hecho de que los procedimientos contenciosos sometidos al Tribunal mediante acciones ejercitadas por los sujetos legitimados se rijan por las mismas reglas, ofrece un modelo procesal uniforme, ágil y con una sustancial relajación de los requisitos formales (vid., en este sentido, el artículo 21 del Estatuto).
e-Curia)13, haciendo un énfasis especial en la diligencia profesional de todos los actores procesales, tal y como se deduce de las Normas prácticas de desarrollo del RPTG14. Cabe subrayar, por otro lado, que ciertas peculiaridades relativas a la composición y organización del TG, establecidas por el Tratado, el Estatuto del TJ, y su RP para adecuar su funcionamiento a las exigencias litigiosas derivadas de su ámbito de competencias jurisdiccionales, se han desarrollado con éxito, y actualmente el TG está compuesto de 47 jueces, y estará compuesto por dos jueces por Estado miembro a partir del 1 de septiembre de 201915.
Decisión del TG de 24.1.2012 (DO nº L 68 de 7.3.2012, p. 20). DO nº L 152 de 18.6.2015, p. 1, y Modificaciones de las Normas prácticas de desarrollo del RPTG, DO nº L 217 de 12.8.2016, p. 7. En todo caso, los procedimientos que rigen las acciones directas tienden a ser más prolongados que los que se sustancian en virtud del apartado segundo del artículo 256 TFUE, del párrafo tercero del artículo 257 TFUE y del Título quinto del RPTG. Dado lo cuál mientras que en aquellos, una vez interpuesta la demanda y recibido el escrito de contestación suelen sucederles los escritos de la réplica y la dúplica, en la casación sólo se autorizarán estos últimos escritos por el Presidente, a solicitud del demandante y si existe una necesidad bien fundamentada para ello (apartado primero del artículo 201 RPTG). Se ha desarrollado en este sentido la previsión del párrafo primero del artículo 224 CE, añadido por el Tratado de Niza, actual párrafo segundo del apartado dos del artículo 19 del TUE, según la cuál, el TG “contará con al menos un juez por Estado miembro”. Véase el artículo 48 del Estatuto del TJ, en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, DO L 341 de 24.12.2015, p. 14. Se han superado con ello varios intentos fallidos que propugnaron implementar este modelo como, por ejemplo, en los prolegómenos de la CIG 2000, cuando los gobiernos de los Estados miembros no acogieron la propuesta del TJ de 14 de junio de 1999 para que designaran 6 nuevos Jueces en dicha instancia jurisdiccional; y, posteriormente, al desaprovechar la CIG 2003, y, la CIG 2007, para ampliar la composición del TG al nuevo escenario judicial generado por la adhesión de 12 Estados a la UE durante esos años. Por otra parte, como consecuencia de la práctica del TG, han caído en desuso ciertas previsiones estatutarias que conllevan una mayor duración de los procedimientos. Así, por ejemplo, la posible designación de un juez para desempeñar la función de Abogado General según lo previsto en el párrafo primero del artículo 254 TFUE, el artículo 49 del Estatuto, y los artículos 30 y 31 del RPTG; o la circunscripción de las actuaciones en Pleno, previstas en el Párrafo Segundo del artículo 50 del Estatuto, y el artículo 42 del RPTG, a actuaciones de organización y funcionamiento del Tribunal o de carácter administrativo. De hecho,
2.2. CELERIDAD Y DESMATERIALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Las cifras clave relativas al funcionamiento del TJ y del TG reflejan claramente la celeridad del conjunto de los procedimientos16.
las funciones jurisdiccionales que hipotéticamente podría desarrollar el TG en la sesión plenaria, son atribuidas generalmente a la Gran Sala o a las Salas de cinco Jueces, cuyo régimen está previsto en el artículo 50 del Estatuto, y en los artículos 13, 14, 15 y 28 del RPTG. En 2016 se iniciaron 692 asuntos ante el TJ y fueron resueltos 704 con una duración media de los procedimientos de 14,7 meses, 2,7 meses en los procedimientos prejudiciales de urgencia; y, en el TG, se iniciaron 974 asuntos y fueron resueltos 755 con una duración media de los procedimientos de 18,7 meses. Véase, Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Informe Anual 2016. Panorámica del año, OPUE, Luxemburgo, 2017, pp. 27-30. Debe reseñarse en este sentido que, durante el periodo 2006-2016, se interpusieron 1500 demandas de promedio ante ambos tribunales, aumentando con ello un 20% el número de asuntos pendientes de ser tramitados. Similarmente, aunque se ha reducido el tiempo de tramitación durante 2016 con respecto al año 2015 de 0,9 meses y 1,9 meses respectivamente, esta tendencia no afecta a todos los tipos de procedimientos. No obstante, estas cifras tan satisfactorias son la culminación de la aplicación de las reformas introducidas por los Tratados de Niza y de Lisboa. Así, en lo concerniente al Tribunal de Justicia las cifras brutas comparativas entre el año 2000, antes de la reforma jurisdiccional introducida por el Tratado de Niza, y el año 2008, sobre el total de asuntos terminados, 526 en 2000, y, 567 en 2008, la duración media de los procedimientos excluidas las sentencias y autos “especiales”, fue de 21’6 meses para las cuestiones prejudiciales, 23’9 meses para los recursos directos y 19 meses para los recursos de casación en 2000, frente a 16’8 meses para la cuestiones prejudiciales, 16’9 meses para los recursos directos, y 18’4 meses para los recursos de casación en 2008. En el año 2010, tras la aplicación del Tratado de Lisboa sobre el total de asuntos terminados (teniendo en cuenta las acumulaciones), 522, la duración media de las cuestiones prejudiciales fue de 16,1 meses, la de los recursos directos 16,7 meses, y, la de los recursos de casación 14,3 meses. Por su parte, el Tribunal General ofrece un balance cuya evaluación es algo más compleja debido, entre otros factores, a la transferencia de asuntos pendientes en el Tribunal de Justicia como consecuencia de la asunción de nuevas competencias jurisdiccionales tras el Tratado de Niza. Así, en el año 2000 se terminaron 344 asuntos (318 si se excluyen grupos de asuntos idénticos o conexos), y, en el año 2008, 605 asuntos. La duración media de los procedimientos en 2000 fue de 27’5 meses para los recursos directos, excluidos los asuntos de propiedad intelectual y función pública, y, en 2008 fue de 26 meses, excluyendo además los recursos de casación. En el año 2010, la duración de los recursos directos fue de 32,4 meses (Ayudas de
Especialmente significativas resultan en este sentido las cifras relativas a los recursos directos, y más concretamente a los recursos de anulación sustanciados ante el TG17. Ciertamente, cualquier ponderación de la actividad del TG podría resultar ociosa si no se toma en cuenta el incremento de la litispendencia tras la asunción de nuevas competencias jurisdiccionales con la entrada en vigor del Tratado de Niza18, y, la posterior adhesión de doce Estados Miembros a la UE19. Junto con las citadas modificaciones del Estatuto del TJ y de los Reglamentos de Procedimiento, tanto del TJ como del TG, que han tenido como objeto en la mayoría de los casos la introducción de expedientes y mecanismos para galvanizar los procedimientos contenciosos en ambas instancias ha resultado determinante a los citados efectos la desmaterialización de los flujos procesales, tal y como demuestra la generalización del uso de a la aplicación informática «e-Curia» que permite presentar, consultar y recibir los documentos procesales por vía electrónica con total seguridad, hasta la publicación de la Sentencia20.
Estado), de 45,7 meses (Competencia), y, de 23,7 meses (otros), respectivamente, excluyendo los relativos a la propiedad intelectual. Frente a los 49 recursos directos resueltos por el TJ en 2016, el TG resolvió 645, limitándose la casación de estas resoluciones ante el TJ a un 26% de los asuntos; véase, Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Informe anual 2016, cit., pp. 28 y 30. Sobre la reforma judicial del Tratado de Niza, vid. Ruiz Jarabo Colomer, D.: “La reforma del Tribunal de justicia realizada por el Tratado de Niza y su posterior desarrollo”, en Moreiro González, C. J. (Coord.): Tratado de Niza. Análisis, comentarios y texto, pp. 83, ss. V. gr. mientras que en 2000 se iniciaron 398 asuntos y estaban pendientes 786 (336 y 519, respectivamente, excluidos los asuntos idénticos o conexos), en 2008 se iniciaron 629 y estaban pendientes 1178, es decir, casi el doble. En el año 2010, se incrementó el número de asuntos interpuestos, 636, y también el de asuntos pendientes, 1300. Asimismo, en 2011, el número de asuntos sometidos al TG se incrementó en casi un 12% con respecto al año 2010, mientras que la productividad del TG se aumentó en 2011 en un 40% con relación a la del año 2010. En 2016, el TJ tramitó por este medio el 93% de los asuntos y el TG el 76%, habiéndose logrado igualmente que todos los Estados miembros lo utilicen cuando son partes en un procedimiento. Además, dicho proceso de desmaterialización ha supuesto que la Recopilación de la Jurisprudencia se realice diariamente en
1_9788491698715

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artículo 267
artículo 263
resolución
artículo 267
artículo 225
artículo 19
artículo 3
artículo 257
artículo 51
artículo 256
artículo 257
artículo 256
artículo 53
artículo 53
artículo 20
artículo 20
Artículo 31
artículo 348
artículo 105
artículo 21
artículo 256
artículo 257
artículo 201
artículo 224
artículo 19
artículo 48
artículo 254
artículo 49
artículo 50
artículo 42
artículo 50


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Duración del descanso y prestación económica por paternidad - Carmen Abarca
por Carmen Abarca | Derecho Laboral | 0 Comentarios
Vamos a detallar cuál ha sido la evolución de la suspensión del permiso de paternidad por años hasta el presente año 2020, así como la previsión que está ya establecida para el próximo año 2021.
El nacimiento de un hijo, la adopción ó acogimiento (este debe tener una duración igual o superior a 1 año), de menores de 6 años ó de personas con discapacidad incluso mayores de 6 años, o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades para su inserción social y familiar (debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes), da lugar a que los trabajadores que se convierten en padres disfruten de un tiempo de descanso en el trabajo.
La duración del permiso retribuido de los trabajadores hasta el mes de marzo del año 2007, era de 2 días por nacimiento y, de 4 días si necesitaba el padre desplazarse hasta el lugar del nacimiento o equivalente en caso de la adopción o acogimiento (actual art. 37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores).
Fue en el mes de marzo de 2007 cuando la Ley Orgánica de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) reconoce el derecho a suspender el contrato de trabajo del padre durante 13 días, ampliables en dos días más por cada hijo a partir del segundo (actual art. 45.1 d) del Estatuto de los Trabajadores).
Desde entonces, señalaremos año por año, la duración de la suspensión del contrato de trabajo de los padres:
Año 2016: El día 30 de octubre de 2015 se publicaba la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre de 2015).
Tal y como sucedió en el anterior año 2015, la Ley de Presupuestos Generales del Estado vuelve a modificar la redacción de la Disposición final segunda de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, posponiendo por segunda vez consecutiva, la entrada en vigor de aquella, al día 1 de enero de 2017.
Año 2017: Queda definitivamente aprobada la ampliación del permiso de paternidad a 4 semanas de duración, ampliables en dos días más por cada hijo a partir del segundo.
Año 2018: Fue la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 la que amplía a 5 semanas la duración del permiso de paternidad, el cual se produce para los nacimientos o adopciones producidos en el mes de julio de 2018, a su vez aumentado en dos días más por cada hijo a partir del segundo.
Año 2019: Se amplía el permiso de ocho semanas, con cuatro semanas inmediatamente posteriores a la fecha de parto, decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o resolución judicial por la que se constituya la adopción; y cuatro semanas disfrutadas seguidas, bien anteriores o bien sucesivas al descanso del otro progenitor.
Año 2020: Se amplía el permiso de doce semanas, con cuatro semanas inmediatamente posteriores a la fecha de parto, decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o resolución judicial por la que se constituya la adopción; y ocho semanas disfrutadas de forma seguida, bien anteriores o posteriores al disfrute del descanso del otro progenitor.
Año 2021: Permiso de dieciséis semanas, con cuatro semanas inmediatamente posteriores a la fecha de parto, decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o resolución judicial por la que se constituya la adopción; y doce semanas disfrutadas de forma ininterrumpida, anteriores o sucesivas al descanso del otro progenitor.
¿Se puede ceder una parte del permiso al otro progenitor?
No. El permiso de paternidad de 12 semanas es intransferible. Significa esto que, si decide disfrutar solo una parte, en este caso, de las 4 semanas siguientes, el resto del período de desacasno se perdería, sin favorecer o aumentar el descanso del otro progenitor.
¿Cuál es la forma de solicitar el descanso?
Tras el nacimiento, acogida o adopción, el padre debe pedir en su empresa la emisión de un certificado de baja (figurando en este la última nómina sobre la cual se va a calcular la prestación a la que tiene derecho.
Este certificado el trabajador lo aportará en cualquier oficina de la seguridad social, es allí donde pedirá un formulario para solicitar la prestación por paternidad.
Ese mismo día se le requerirá la siguiente documentación:
*certificado de nacimiento del menor
*DNI original y una fotocopia
*certificado de baja empresa con la última nómina
*libro de familia original y fotocopia o certificado literal de nacimiento
*número de cuenta en el que se quiere recibir la prestación
¿Es obligatorio acogerse al permiso de paternidad?
Si, pero solo las cuatro primeras semanas desde la fecha del nacimiento, adopción o acogimiento del menor.
¿Y tras las cuatro primeras semanas, cómo se distribuye el permiso?
A partir de la quinta semana el padre puede continuar en el disfrute del descanso, a no ser que decida no continuarlo o incluso continuarlo en otro momento (siempre dentro del primer año desde la fecha del hecho causante).
¿Puedo pedir el descanso solo la mitad de la jornada laboral?
Sí, siempre que se llegue a un acuerdo con la empresa. Al menos la reducción de jornada laboral debe alcanzar su 50%.
Por ejemplo, si mi jornada es de 40 horas semanales, 8 diarias, la ley me pide que, al menos, disfrute de mi descanso por paternidad 4 horas cada día.
El tiempo de duración por tanto, si se acoge el padre a una reducción del disfrute, se ampliará en proporción a dicha reducción.
Por ejemplo, si acuerdo con mi empresa coger el descanso a tiempo parcial, las 4 horas diarias del ejemplo, y mi jornada laboral era de 40 horas semanales, en lugar de ser 12 semanas de duración, este se ampliará a 24 semanas(la suspensión del contrato se extenderá hasta que se cumpla el tiempo hasta el que se tiene derecho).
¿Qué cuantía cobraré?
El 100% de la base reguladora del mes anterior a producirse el hecho causante (nacimiento, adopción o acogimiento).
¿Se aplica el descuento de IRPF?
No, al estar exento de tributación, al igual que el permiso de maternidad.
Presentación de la solicitud. Formato papel y electrónico:
Formulario de SOLICITUD de prestación de paternidad o maternidad. Ver formulario
Tramitación electrónica automatizada del subsidio de paternidad o maternidad en determinados supuestos. Ver
RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2006, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se aprueban determinadas aplicaciones informáticas para la gestión de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social. Ver Resolución
Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida. Ver Ley
Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015. Ver Ley
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Ver Ley
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publican los acuerdos para la ampliación del permiso de paternidad a dieciséis semanas y para la aplicación de la bolsa de horas prevista en la Disposición Adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Ver
Virgin dará 12 meses de permiso de paternidad a sus 50.000 empleados. Ver noticia
Sube el Salario Mínimo Interprofesional para el año 2020

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9 resultados para Incumplimiento malicioso del asegurado
...Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a ... no se ha determinado el efecto del incumplimiento de una carga u obligación impuesta al asegurado, ...Incumplimiento malicioso del artículo 46, párrafo 2. ARTÍCULO 48. El ...
...Sanciones. Artículo 91- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el capítulo ...Si durante el riesgo quebrare el asegurador", queda constituido el comisionista en la obligaci\xC3"...Incumplimiento malicioso del artículo 740, párrafo 2º. Artículo 742- ...
... Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización, a ... no se ha determinado el efecto del incumplimiento de una carga u obligación impuesta al asegurado, ... . 48. Incumplimiento malicioso del artículo 46, párrafo 2º. El asegurado ...
...Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a ... no se ha determinado el efecto del incumplimiento de una carga u obligación impuesta al asegurado, ...Incumplimiento malicioso del artículo 46, párrafo 2º. Art. 48. El ...
... producirse como consecuencia del incumplimiento aun malicioso de las reglas a que debe sujetarse ... de su importancia, el deslinde ya está asegurado por el mecanismo que prevé que es la fiscalía ...
..., una vez que se haya cumplido por el asegurado con los requisitos allí mencionados. 2º) Costas ... de responsabilidad a su parte por incumplimiento contractual. Narra su versión de lo acontecido y ... de la parte contraria ha de reputarse malicioso, siendo el pago de las costas la sanción ...

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Artículo 91
artículo 740
Artículo 742
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