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Meer y Shulamit Vaisman y otros v. Latvia, Comunicación No. 650/1995, U.N. Doc. CCPR/C/62/D/650/1995 (1998).
Comunicación Nº 650/1995 : Latvia. 07/05/98.
CCPR/C/62/D/650/1995. (Jurisprudence)
- 62º período de sesiones -
Comunicación Nº 650/1995
Presentada por: Meer y Shulamit Vaisman
Víctima: Su sobrino
Estado Parte: Letonia
Fecha de la comunicación: 31 de mayo de 1995 (comunicación inicial)
Reunido el 30 de marzo de 1998,
Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 650/1995 presentada al Comité de Derechos Humanos en nombre del Sr. Martin Perel de conformidad con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Habiendo tenido en cuenta toda la información que le presentaron por escrito los autores de la comunicación y el Estado Parte,
Dictamen presentados de conformidad con el párrafo 4
del artículo 5 del Protocolo Facultativo
1. Los autores de la comunicación son Meer y Shulamit Vasiman, ciudadanos estadounidenses. Presentan la comunicación en nombre de su sobrino, Martin Perel, actualmente preso en Letonia. Afirman que el Sr. Perel es víctima de violaciones por Letonia del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Protocolo Facultativo entró en vigor para Letonia el 22 de septiembre de 1994.
2.1. El 29 de junio de 1993 el Sr. Perel fue declarado culpable de planear los asesinatos, cometidos el 31 de agosto de 1992, de Vladimir Yermolenko y Nikolai Shevchuk, y fue condenado a 15 años de prisión. El 30 de septiembre de 1993 la sala en lo penal de la Corte Suprema de Letonia confirmó la condena. El 31 de enero de 1994 se interpuso un segundo recurso de apelación que fue desestimado el 14 de marzo de 1994. El pleno de la Corte Suprema examinó la petición de revisión el 19 de diciembre de 1994, pero se negó a reducir la pena, considerando que, efectivamente, el Sr. Perel había planeado los asesinatos.
2.2. Los coacusados en el proceso del Sr. Perel, que fueron declarados culpables de la perpetración de los asesinatos, eran Yakov y Felix Lokshinsky, Andrei Volkov y Vadim Rokotov. Yakov Lokshinsky, quien se reconoció autor de los asesinatos, también fue condenado a una pena de 15 años, mientras que las penas impuestas a sus cómplices fueron más leves.
2.3. En el juicio de la acusación adujo que el 31 de agosto de 1992, Yakov Lokshinsky y sus cómplices habían ejecutado la orden impartida por Martin Perel de asesinar a Vladimir Yermolenko y Nikolai Shevchuk, presidente y vicepresidente del establecimiento comercial Tres Estrellas. También resultó muerto Alexander Plyachenko, que se encontraba en el establecimiento en el momento de los hechos. Las tres víctimas fueron apuñaladas en los locales del establecimiento. La acusación se basó principalmente en la declaración de Yakov Lokshinsky, quien confesó su culpabilidad e implicó al Sr. Perel como la persona que había planeado el delito. Lokshinsky afirmó que el Sr. Perel le había prometido asistencia jurídica para "desorientar" a los investigadores, la suma de 5.000 rublos y la propiedad del Complejo de Promoción de la Salud, empresa cuyo funcionamiento estaba a cargo de la dirección de Tres Estrellas. También declaró que el Sr. Perel le había hecho conocer los planos y el horario de trabajo del establecimiento para que preparara los asesinatos.
2.4. La acusación determinó que el móvil del Sr. Perel eran "razones egoístas": obtener de los otros dos copropietarios, Vladimir Yermolenko y Nikolai Shevchuk, la exclusiva propiedad del establecimiento comercial Tres Estrellas, dado que se había decidido disolver la sociedad y dividir la propiedad el 1º de septiembre de 1992. Sin embargo, el Sr. Perel sostuvo a lo largo del proceso que no tenía ningún motivo para asesinar a ninguna de las víctimas. Se sostiene que la empresa era de propiedad del Sr. Yermolenko y el Sr. Perel y no del Sr. Shevchuk, quien no era más que un empleado. Además, se afirma que la empresa no tenía ningún activo y, de hecho, tenía deudas por los préstamos que había contraído el Sr. Yermolenko. En caso de muerte de uno de los socios, el título de propiedad no se habría transmitido al otro sino a los herederos, en este caso la Sra. Yermolenko. La Sra. Yermolenko llevaba la contabilidad de la empresa y, como tal, estaba plenamente informada de los asuntos de la empresa y era capaz de dirigirla.
2.5. Los autores afirman que la acusación atribuyó mucho peso a la confesión y declaración del Sr. Lokshinsky por el hecho de haberse entregado a la policía voluntariamente el 3 de septiembre de 1992. Sin embargo, el subcomisario de policía y Jefe de investigación emitió un comunicado en el que se negaba que el Sr. Lokshinsky se hubiese entregado y se afirmaba en cambio que había sido detenido por iniciativa de la policía. El comunicado apareció en varios periódicos, incluidos el número de Diyena de 9 de junio de 1993 y el número de The Baltic Observer de 27 de agosto a 2 de septiembre de 1993 / Al parecer, el comunicado no fue reafirmado tampoco ante el tribunal./.
2.6. Los autores señalan que la confesión inicial del Sr. Lokshinsky ante la policía no contenía mención alguna de la participación del Sr. Perel y que dicha mención sólo apreció en un testimonio posterior hecho presuntamente por instrucciones de la Fiscalía General y el juzgado de primera instancia. Se sostiene que el Sr. Lokshinsky declaró en su confesión inicial, hecha el 3 de septiembre de 1992, que no había querido matar a nadie y que sólo cuando el Sr. Yermolenko empezó a insultarlo y humillarlo agredió y mató a las tres personas que se encontraban en el establecimiento. Nada se dijo de que el Sr. Perel u otra persona le hubiese ordenado perpetrar los asesinatos.
2.7. Además, se afirma que, debido a que el Sr. Lokshinsky era el director del Complejo de Promoción de la Salud y ejecutivo de Tres Estrellas, sabía perfectamente que el Complejo (los locales y la empresa) no pertenecía a Tres Estrellas y que hubiese sido imposible que el Sr. Perel le entregase su propiedad. Como empleado de Tres Estrellas, también conocía la distribución interna y el horario de trabajo del establecimiento, sin necesidad de que alguien se los mostrase específicamente con el fin de facilitar los asesinatos.
2.8. También se afirma que la Fiscalía General sabía que el Complejo de Promoción de la Salud no pertenecía a Tres Estrellas porque el propio Fiscal General había intervenido personalmente en una agria disputa con el Sr. Yermolenko acerca de la validez del contrato de alquiler de los locales del Complejo. El Fiscal General, por carta de 21 de julio de 1992, le había dicho que las actividades de la empresa eran ilegales a causa de la invalidez del contrato y le había pedido que desalojara los locales. En agosto de 1992, pocas semanas antes de los asesinatos, el Sr. Yermolenko escribió a un periódico local acusando a la Fiscalía General de haber organizado conexiones delictivas. En la misma carta pedía ayuda, declarando que la dirección de Tres Estrellas se sentía amenazada por un competidor con el que había tenido graves conflictos. También se sostiene que las autoridades no investigaron esos conflictos como posible móvil de los asesinatos.
2.9. Durante el juicio, el Sr. Lokshinsky se retractó de la declaración a la policía y declaró que el Sr. Perel no le había prometido nada, sino que más bien lo había amenazado a él y a su familia. Posteriormente, en una carta de fecha 27 de enero de 1994 al Tribunal supremo de Letonia y en una carta de fecha 3 de mayo de 1995 al Presidente de dicho Tribunal declaró que había prestado falso testimonio en el juicio para limitar su propia responsabilidad y evitar la pena de muerte. También reconoció que sus cómplices, quienes habían corroborado sus declaraciones, no tenían nada que ver con el asunto y habían mentido, a petición suya, para implicar al Sr. Perel. También pidió al Tribunal Supremo que retirara todas las acusaciones contra los coacusados en la causa, incluido el Sr. Perel.
2.10. Los autores informan al Comité de que un grupo de escritores, juristas y periodistas han constituido un comité internacional de defensa del Sr. Martin Perel, y han pedido a las autoridades letonas que ponga en libertad al Sr. Perel.
3. Los autores afirman que se han violado el derecho del Sr. Perel a un juicio justo y su derecho a la presunción de inocencia que le confieren en los párrafos 1 y 2 del artículo 14 del Pacto.
Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y comentarios de los autores
4.1. En comunicación de fecha 9 de febrero de 1996, el Estado Parte confirma que la Sala en lo penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de junio de 1993, condenó al Sr. Perel a 15 años de prisión por planear la muerte del presidente y el vicepresidente de Tres Estrellas. Esta condena fue confirmada el 30 de septiembre de 1993. El 14 de marzo de 1994, la Presidencia del Tribunal Supremo rechazó las objeciones formuladas por su vicepresidente relativas a la reclasificación del delito del hermano menor del Sr. Yakov Lokshinsky y a las condenas del Sr. Perel y el Sr. Yakov Lokshinsky. El 19 de diciembre de 1994, el pleno del Tribunal Supremo, revocando la decisión del Consejo, reclasificó el delito del hermano menor, pero confirmó la condena y la pena impuesta al Sr. Perel.
4.2. El Estado Parte señala además que, con arreglo al derecho penal letón, puede instruirse de nuevo una causa sobre la base del nuevas pruebas. En consecuencia, teniendo en cuenta las afirmaciones del Sr. Perel y el Sr. Lokshinsky, el Tribunal Supremo ha solicitado del Fiscal Jefe que compruebe si las nuevas pruebas disponibles justifican un nuevo juicio. Por tanto, el Estado Parte llega a la conclusión de que aún no se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna.
5.1. En sus observaciones a la comunicación del Estado Parte, los autores reiteran las declaraciones anteriores de que el Sr. Perel es inocente y de que el móvil imputado para ordenar los asesinatos no existió. Señalan además que una de las víctimas del asesinato era en efecto presidente de Tres Estrellas, pero la otra era simplemente un empleado ordinario y no el vicepresidente como indica el Estado Parte.
5.2. Los autores afirman además que el abogado del Sr. Perel ha dirigido repetidamente escritos al Presidente del Tribunal Supremo y al Fiscal General para demostrar que el Sr. Perel fue víctima de pruebas falsificadas. El 16 de enero de 1996, el Presidente del Tribunal Supremo dio traslado de la causa al Fiscal General de Letonia con arreglo a los artículos 388 a 390 del Código de Procedimiento Penal. El artículo 388 prevé la posibilidad de instruir de nuevo la causa cuando sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos, por ejemplo, cuando una sentencia esté basada en el testimonio deliberadamente falso de un testigo. El 20 de febrero de 1996, en una carta dirigida al padre del Sr. Perel, el Fiscal General dijo que, tras haber efectuado varias investigaciones, no se instruiría de nuevo la causa. En carta de 1º de marzo de 1996, el abogado del Sr. Perel protestó contra la decisión de no instruir de nuevo la causa. El 15 de marzo de 1996, el Fiscal General respondió que aún se encontraba comprobando los nuevos elementos de prueba aparecidos en la causa. Los autores señalan que ya han pasado más de tres meses desde la petición de instruir de nuevo la causa y que ésta aún no lo ha sido. Afirman que la negativa del Fiscal General a instruir de nuevo la causa constituye una violación del párrafo 3 b) del artículo 2 del Pacto.
6.1. En su 57º período de sesiones, el Comité examinó la admisibilidad de la comunicación. Tomó nota del argumento del Estado parte de que la comunicación era inadmisible porque no se habían agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, ya que el Fiscal General aún no había decidido si ordenaría la celebración de un nuevo juicio. Sin embargo, el Comité consideró que la solicitud de instruir de nuevo la causa sobre la base de nuevas pruebas, una vez agotados los recursos ordinarios, no formaba parte de los recursos de la jurisdicción interna que deben agotarse a fin de cumplir el requisito de admisibilidad previsto en el párrafo 2 b) del artículo 5 del Protocolo Facultativo. Por lo tanto, el párrafo 2 b) del artículo 5 del Protocolo Facultativo no obsta para que el Comité examine la comunicación.
6.2. El Comité observó que el Estado Parte no había formulado ninguna otra objeción en cuanto a la admisibilidad y consideró que la comunicación debía examinarse en cuanto al fondo, especialmente con respecto a la forma en que las autoridades del Estado Parte evaluaron, si lo hicieron, la retractación del testigo principal que hizo la declaración que incriminaba al Sr. Perel, y que podría plantear problemas con respecto al párrafo 1 del artículo 14 del Pacto. Al respecto, el Comité desea obtener información precisa del Estado Parte sobre las medidas que ha adoptado para investigar la afirmación del Sr. Lokshinsky de fecha 27 de enero de 1994 y repetida el 3 de mayo de 1995, en el sentido de que había presentado pruebas falsas en el juicio.
7. Por lo tanto, el 3 de julio de 1996, el Comité de Derechos Humanos decidió que la comunicación era admisible.
Observaciones de las partes con respecto al fondo de la comunicación
8.1. En otra comunicación, los autores de la comunicación señalan que el 17 de julio de 1996 la Fiscalía notificó al abogado del Sr. Perel que su solicitud de que se reabriera la causa había sido rechazada. Su apelación contra esa decisión fue desestimada el 23 de agosto de 1996. Con arreglo a la legislación de Letonia, únicamente se puede reabrir una causa cuando existen circunstancias que el Tribunal no haya conocido al momento de imponer la pena y que, por sí solas o junto con circunstancias que se hayan demostrado anteriormente, exoneren de responsabilidad a la persona declarada culpable o atenúen su culpabilidad.
8.2. En la decisión del 17 de julio de 1996, la Fiscalía recuerda que, en la petición dirigida al Tribunal Supremo con fecha 27 de enero de 1994 Lokshinsky había confirmado que había cometido el delito bajo amenaza del Sr. Perel. Declaró, además, que el Sr. Perel había tratado de convencerlo de que cambiara su testimonio. En otras comunicaciones, Lokshinsky indicó que su testimonio en el juicio era falso, que su coacusado era inocente, y que él mismo no había sido más que testigo de asesinatos que no había podido evitar. La Fiscalía, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso y observando que el Sr. Lokshinsky no había proporcionado detalles concretos sobre la nueva versión de los hechos, consideró que no habían razones para instruir de nuevo la causa. En ese contexto, se señala que un testigo, que según Lokshinsky había muerto, en realidad aún estaba con vida y negó haber estado en el lugar del crimen.
8.3. Según la decisión del 23 de agosto de 1996, al parecer el Fiscal también consideró que el Sr. Perel había sido condenado sobre la base de otras pruebas además del testimonio de Lokshinsky, que fue confirmado por otras declaraciones de testigos y pruebas circunstanciales.
8.4. Los autores sostienen que la afirmación del Fiscal de que Lokshinsky actuó bajo presión del Sr. Perel y sus familiares no tiene justificación. Tampoco la declaración prestada por Lokshinsky en el juicio, en el sentido de que cometió el delito porque el Sr. Perel lo había amenazado con tomar represalias, se ha corroborado con pruebas, según los autores. Éstos afirman que una nueva instrucción de la causa contribuiría a aclarar varios aspectos de los hechos y las pruebas, y sostienen que el Sr. Perel fue condenado únicamente sobre la base de las declaraciones de Lokshinsky en su contra. Sostienen que la condena del Sr. Perel y la subsiguiente imposibilidad de reabrir la causa son manifestaciones de antisemitismo.
8.5. Los autores proporcionan una copia de la declaración del Sr. Lokshinsky, de fecha 7 de junio de 1995, en que señala que prestó falso testimonio durante el juicio debido a la presión de los investigadores. También proporcionaron una copia de la declaración del 21 de junio de 1996, en que negaba que se hubiese entregado a la policía y que se le hubiese prometido una recompensa de 5.000 rublos. En su declaración, Lokshinsky señala también que en el curso de la instrucción recibió la visita de representantes de un estudio de abogados que le ofrecieron 1 millón de rublos (cerca de 8.000 dólares) si cambiaba su testimonio y decía que los asesinatos se habían cometido durante una disputa espontánea.
9.1. En sus observaciones de fecha 14 de febrero de 1997, formuladas en relación con el artículo 4 del Protocolo Facultativo, el Estado Parte explica que en 1996 el Tribunal Supremo examinó las reiteradas peticiones de Lokshinsky y Perel con el fin de determinar si se justificaba iniciar un nuevo juicio. Tras revisar la causa, el Tribunal Supremo dirigió una petición al Fiscal General. El 17 de julio de 1998 la Fiscalía rechazó la nueva instrucción de la causa, ya que no se habían determinado nuevas circunstancias que lo justificaran.
9.2. El Estado Parte señala que los procedimientos judiciales fueron imparciales y que no hubo violaciones del Pacto. Al respecto, el Estado Parte señala que el Sr. Perel fue declarado culpable sobre la base de todas las pruebas reunidas en la causa.
9.3. Con respecto a las declaraciones del Sr. Lokshinsky, el Estado Parte indica que el Sr. Perel lo ha presionado para lograr su puesta en libertad.
9.4. El Estado Parte presenta una traducción al inglés de la sentencia dictada el 29 de junio de 1993 por el Tribunal Supremo. De la sentencia del Tribunal se desprende que existían pruebas de que las relaciones de trabajo entre el Sr. Perel y los Sres. Yermolenko y Shevchuk se habían vuelto conflictivas y que Yermolenko y Shevchuk habían decidido poner fin al acuerdo. El Estado Parte suministró también una traducción de la sentencia de la apelación dictada por el Tribunal Supremo el 30 de septiembre de 1993, del veredicto del Presidente del Tribunal Supremo, de fecha 14 de marzo de 1994, y del veredicto del pleno del Tribunal Supremo, de fecha 19 de diciembre de 1994.
9.5. Según la traducción de la carta del Presidente del Tribunal Supremo, de fecha 27 de enero de 1996, parece que Lokshinsky presentó con fechas 27 de enero, el 3 de marzo y el 6 de junio de 1994, recursos al Tribunal en que señalaba que todas las declaraciones que había formulado durante la investigación y los procedimientos judiciales respondían a su deseo de sobrevivir, que eran falsas y que había pedido a los coacusados que declararan que los asesinatos habían sido ordenados por Perel. El Presidente del Tribunal Supremo señaló las contradicciones en las pruebas y transmitió al Fiscal la solicitud de que se reabriera la causa, haciendo valer los argumentos de Lokshinsky como nuevos hechos. En una decisión del 17 de julio de 1996, el Fiscal rechazó la solicitud de que se reabriera la causa y señaló que, en sus declaraciones Lokshinsky había señalado que Perel lo había presionado y que, aparte de negar el testimonio prestado durante el juicio, no había suministrado ninguna información concreta que contradijera las conclusiones del Tribunal. El Fiscal hace también referencia a artículos de prensa y señala que las investigaciones confirmaban las pruebas en que se basó la sentencia del Tribunal y contradecían las versiones publicadas en la prensa. El presunto testigo que, según se informó, había muerto, en realidad estaba vivo y negó haber presenciado el asesinato. El Fiscal rechazó el argumento de que la condena del Sr. Perel era una manifestación de antisemitismo. Sobre la base del resultado de sus investigaciones, el Fiscal se negó a reabrir la causa.
10. En sus observaciones sobre la comunicación del Estado Parte, los autores subrayan las contradicciones en las pruebas presentadas por el Presidente del Tribunal Supremo y llegan a la conclusión de que ello demuestra que las pruebas contra el Sr. Perel eran falsas. Se señala que la decisión del Fiscal de no reabrir la causa constituye una violación del párrafo 3 a) del artículo 2 del Pacto.
11.1. En una comunicación posterior, de fecha 25 de julio de 1997, el Estado Parte proporciona una copia de un análisis sobre la compatibilidad de la legislación de Letonia con la Convención Europea de Derechos Humanos, y explica que se ha elaborado un nuevo código penal con la ayuda de expertos del Consejo de Europa.
11.2. Con respecto al caso del Sr. Perel, el Estado Parte señala que el 20 de junio de 1996 fue puesto en un régimen de detención menos estricto. Además, el Estado Parte niega la insinuación de los autores de que en su caso la sentencia se inspiró en el antisemitismo y señala que el Fiscal investigó esas acusaciones y determinó que no tenían fundamento.
Cuestiones materiales y procesales sometidas al Comité
12.1. El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación a la luz de toda la información que le han facilitado las partes, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.
12.2. El Comité recuerda sus precedentes en el sentido de que por lo general no compete a él, sino a los tribunales de los Estados Partes, evaluar los hechos y las pruebas de un caso concreto, a menos que pueda determinarse que la evaluación de esas pruebas ha sido manifiestamente arbitraria o ha constituido denegación de justicia. El Comité ha examinado detenidamente las sentencias del Tribunal en el presente caso y considera que el juicio no presentó ninguno de esos vicios.
12.3. Con respecto al argumento de los autores de que la decisión del Estado Parte de no reabrir la causa contra el Sr. Perel constituye una violación del Pacto, el Comité observa, según el material que se le ha presentado que las declaraciones del Sr. Lokshinsky, en que niega los testimonios que rindió en el juicio, fueron examinadas por las autoridades competentes y que el abogado del Sr. Perel tuvo la oportunidad de hacer observaciones y alegatos al respecto. Habida cuenta de ello, el Comité considera que el argumento de que la decisión de no instruir de nuevo la causa es manifiestamente arbitraria o que constituye una denegación de justicia no tiene fundamento.
13. El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que los hechos que ha tenido ante sí no revelan que se haya violado ninguna de las disposiciones del Pacto.
* Los siguientes miembros del Comité participaron en el examen de la presente comunicación: Sr. Nisuke Ando, Sr. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Sra. Ch. Chanet, Sr. Omran el Shafei, Sra. Elizabeth Evatt, Sr. Eckart Klein, Sr. David Kretzmer, Sr. Rajsoomer Lallah, Sra. Cecilia Medina Quiroga, Sr. Fausto Pocar, Sr. Martin Scheinin, Sr. Maxwell Yalden y Sr. Abdallah Zakhia.
[Adoptado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

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artículo 5
artículo 14
artículo 14
artículo 388
artículo 2
artículo 5
artículo 5
artículo 14
artículo 4
artículo 2
artículo 5
artículo 5


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RESOLUCIÓN 4894 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:DEFINE EL PROCESO DE DEPURACIÓN DE LOS REGISTROS IDENTIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE INCONSISTENTES DE LA BASE DE DATOS ÚNICA DE AFILIADOS (BDUA) RESPECTO A LA INFORMACIÓN QUE REPORTA LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:EPS, SISTEMA DE PENSIONES, INTERVINIENTES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PLANILLA INTEGRADA PARA LA LIQUIDACIÓN DE APORTES, FOSYGA, EPS-S, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, REPORTE EN EL SISTEMA DE SALUD, AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, BASE DE DATOS DE LA EPS
RESOLUCIÓN 4894 DE 2015
“Por la cual se define el proceso de depuración de los registros identificados como presuntamente inconsistentes de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) respecto a la información que reporta la Registraduría Nacional del Estado Civil y por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas por el numeral 7º del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, el artículo 5º del Decreto–Ley 1281 de 2002 y el numeral 23 del artículo 2º del Decreto–Ley 4107 de 2011, y
Que la Resolución 1344 de 2012, modificada por las resoluciones 5512 de 2013, 2629 de 2014 y 2232 de 2015, establece los requerimientos técnicos y los plazos para la entrega de novedades de actualización y/o corrección de información relacionada con la afiliación, que reportan al Administrador Fiduciario de los Recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, (Fosyga), las Entidades Promotoras de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado y las demás Entidades Obligadas a Compensar (EOC), entre otros.
Que el artículo 6º de la mencionada Resolución 1344 de 2012, no definió los criterios, condiciones y términos para la solución definitiva de las inconsistencias detectadas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), con ocasión de la aplicación de cruces y validación de información, allí establecidos.
Que teniendo en cuenta que la información que reposa en la BDUA determina el valor a reconocer a los actores del sistema por concepto de aseguramiento, es necesario establecer un mecanismo que permita validar la información reportada por las EPS y EOC y depurar las presuntas inconsistencias detectadas, con base en la información suministrada a este Ministerio por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
ART. 1º—Objeto. La presente resolución tiene por objeto definir el proceso de depuración de los registros identificados como presuntamente inconsistentes de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) respecto a la información que reporta la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
ART. 2º—(Modificado).* Proceso de depuración. Cuando este ministerio detecte en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), registros que no existen en la información suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad Administrativa Especial por Migración Colombia, adelantará el siguiente procedimiento:
1. El Administrador Fiduciario del Fosyga o quien haga sus veces, entregará a las entidades promotoras de salud (EPS) o entidades obligadas a compensar (EOC), la información correspondiente a los registros presuntamente inconsistentes.
2. Las EPS o EOC, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la información, revisarán los registros allegados, verificarán si existe error en el documento de identidad registrado en la BDUA y reportarán al administrador fiduciario de los recursos del Fosyga o quien haga sus veces, las novedades que subsanen las inconsistencias, respetando las fechas y procedimientos establecidos en la Resolución 1344 de 2012 y las normas que la modifiquen o sustituyan.
3. Cuando la EPS o EOC, no realice el reporte de las novedades de que trata el numeral anterior, en los términos allí establecidos, el administrador fiduciario de los recursos del Fosyga o quien haga sus veces, depurará de la base de datos única de afiliados los registros inconsistentes.
PAR.—Mientras se adelanta el proceso de depuración de los registros presuntamente inconsistentes en la BDUA y hasta tanto el mismo concluya, las EPS o EOC deberán garantizar el acceso a los servicios de salud de estos afiliados.
*(Nota: Modificado por la Resolución 561 de 2016 artículo 1° Ministerio de Salud y Protección Social )
ART. 3º—Solicitud de revisión. Como consecuencia del proceso aquí dispuesto, el Ministerio podrá solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia o a la respectiva notaría o entidad que emitió el documento, que revise la consistencia de los datos reportados, cuando la EPS o EOC evidencie que la información de la BDUA está correctamente registrada.
ART. 4º—Proceso de reintegro de recursos. En el evento en que el Administrador Fiduciario de los Recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) o quien haga sus veces, identifique una presunta apropiación de recursos sin justa causa, adelantará el proceso de reintegro de recursos contenido en la Resolución 3361 de 2013, o la norma que la modifique o sustituya.
ART. 5º—Incumplimiento en el reporte de información. El incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en la presente resolución, será reportado por el administrador fiduciario de los recursos del Fosyga o quien haga sus veces a la Superintendencia Nacional de Salud, por cuanto esta constituye una conducta que vulnera el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el derecho a la salud en los términos del numeral 12 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2015.

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artículo 6
Resolución
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Resolución
Resolución
artículo 1
Resolución
artículo 130


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El Gobierno ha decidido reducir las penas de cárcel tanto a quienes dificulten Merrell Para Hombre de cobre Mountain Vent Senderismo Zapatos Para Caminar Marrón Annex,o impidan el ejercicio de huelga a sus trabajadores, como a los piquetes, que aún así estarán Nuevo Dunham: por New Balance MCE740SB 15 D Marrón (7098),sometidos a castigos más duros, tal y como queda recogido en una de las enmiendas presentadas al proyecto de reforma del Código Penal y que recoge Europa Press.
El índice de precios de consumo (IPC) agrava sus caídas. En diciembre ha bajado hasta una tasa interanualNew Balance Para hombre MRTDR desarmado Marrón/Blanco MRTDR, del -1,1%, frente al -0,4% de noviembre, según ha anunciado hoy el Nuevo Rojo o muertos para Hombre de Cuero Negro Tirar Chelsea Botas Talla, Instituto Nacional de Estadística. Suma así seis meses seguidos en negativo.
Ayer lunes 29 de diciembre se ha publicado en el BOE la Ley 35/2014, Kenneth Cole Reaction hombres cuero zapatos atléticos tamaño 8.5 M marrón ojales de latón,de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de Nuevo Florsheim Ardmore 8 EEE Negro (636),la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, conocida como Ley de mutuas, de la que reseñamos sus aspectos más destacados.
Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimoNuevo VANS sk8 Hi Reissue Retro Sport para hombre 10.5/1Esmaltado Jengibre, interprofesional para 2015 (BOE 27-12-2014)
En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido en el artículo 27.1 de laK-Swiss 05618 090 Aeronaut Negro Iris Azul Para hombres Informales Zapatos, Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo Marrón Juego De Thrones campesino Knight Pirata Disfraz De Bajo Zapatos para hombre,1/1995, de 24 de marzo, se procede mediante este real decreto a establecer las cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2015, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar.
Las nuevas cuantías, que representan un incremento del 0,5 por ciento Merrell Hombre Cuero Espresso Reino De Encaje Con Cordones Oxfords 8.5 M,respecto de las vigentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, son el resultado de tomar en consideración de forma New Balance hombre 775 vCush Comodidad Malla tenis de correr Grove/Plata, conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores.
El citado incremento responde a la mejora de las condiciones generales de la economía, a la vez que continúa favoreciendo, de forma New Balance Para hombre MW813BK-MW813,equilibrada, su competitividad, acompasando así la evolución de los salarios con el proceso Nike Presto Fly se Río Rock/Negro Adoquines Reino Unido 5.5 cm 24, de recuperación del empleo.
Este real decreto ha sido consultado a las organizaciones sindicales Nuevo Dr. Martens 939 Laredo Nylon Combat Botas Walking Comfort Talla US 7, y asociaciones empresariales más representativas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Nuevo Rockport Wave Crasher Hombre Cuero Barco Zapatos Talle 8 k71578 (MSRP ), Social y previa deliberación del Consejo de MinistrosNike sb eric Koston Signature skate cortos us 13 zapatos 47, en su reunión del día 26 de diciembre de 2014,
El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sinNuevo equilibrio Hombres mw411grbaja y mediados tapas cordones zapatos corrientes de Grau siz, distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 21,62 Kenneth Cole Para Hombre tiene que dar Formales Con Cordones Zapatos Casuales De Vestir de negocios de extremo de ala, euros/día o 648,60 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.
En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a laNuevo Vans Hombre Woessner off Wall De Lona Calzado Atlético Skate The US 9, minoración de la cuantía íntegra en dinero de Mark Nason Zapatillas para hombre Negro Llave - - 10.5,aquel.
Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del Krystalsb boylondon Corea Hecho Para hombre Oxford Mocasines Fiesta Boda Zapatos US7 10,salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se New Balance Fresh Foam Cruz vCalzado Atlético-para Hombres D, Azul Marino,realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.
Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las Mercanti Fiorentini Negro 9.5 Para hombres Conducción Zapatos Mocasines Sin Cordones Ons,reglas sobre compensación que se establecen en los artículos siguientes.
Al salario mínimo consignado en el artículo 1 se adicionarán, sirviendo Nike Para Hombre Rosherun MID QS Antracita/Azul 585898-00Seminuevo, el mismo como módulo, en su caso, y según lo establecido en los conveniosNew Balance novelas mw577vw low & mid tops schnuersenkel botín de senderisml Negro Talla, colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción.
A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del Estatuto de Nuevo Converse Jack Purcell negro onda Cosido Zapatillas para hombre 10 WMN 11.5 1443-70C, los Trabajadores, en cuanto a compensación y absorción en cómputo anualNike SB Dunk Low mujer medianos Decon discordancia Ishod Wair Amarillo Verde 6-14, por los salarios profesionales del incremento del salario mínimo interprofesional, se procederá de la forma siguiente:
La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este real decreto no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios Nuevo En Caja Vans SK8-HI Slim recorte (PERF Ante) Tarmac con Cordones 8.5 para hombre/10 para Mujer,profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su Nuevo Rockport M2488 13 n Negro (4253),conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo.
A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el resultado de Nuevo Transformers Nat-Hombre Runners Botas Trainers Sneakers Lace Azul Red,adicionar al salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real decreto los devengos a que se refiere el Kenneth Cole Nuevo York Para hombre Capital Con Cordones Oxford-elegir talla/color,artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 9.080,40 euros.
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Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y jornadaKodiak Para Hombre De Cuero Marrón Magog IMPERMEABLE INFORMAL BOTAS derecha izquierda 8.5, completa con arreglo a normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos Marco Vicci Zapatos para Hombre de Cuero Genuino Salvia/Hielo Estilo Gq tamaño 10-1/2M US,individuales de trabajo en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto.
Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales que se Merrell - Zapatillas - gris,encuentren en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto subsistirán en sus propios términos, sin más modificación que la que fuese New Balance Hombre 2018 entrenadores, Rojo, necesaria para asegurar la percepción de las cantidades en cómputo anual que resulten de la aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, en consecuencia, ser incrementados los salarios profesionales inferiores al indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a éste.
Los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días percibirán, conjuntamente con el salarioNew Balance Para hombre 608v4 8 1/D correr, entrenamiento cruzado MX608V4R, mínimo a que se refiere el artículo 1, la parte proporcional de la retribución de los Nike Para Hombre Tiempo Legend Legacy Fg Negro Crimson Cuero II Botines de fútbol, domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondientes al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que en ningún caso la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 30,72 euros por jornada legal en la actividad.
En lo que respecta a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a que se refiere este artículo, dichosNike SB cheque Negro Goma Solar Para hombres Zapatos Talla Nuevo en Caja 100% Original, trabajadores percibirán, conjuntamente con Nuevo Converse Chuck Taylor todos Star alta Top tenis lona hombres II Calzado Nuevo En Caja, el salario mínimo interprofesional fijado en el artículo 1, la parte proporcional de este correspondiente a las vacaciones legales mínimas en los supuestos en que no existiera coincidencia entre el período de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. En los demás casos, la retribución del período de vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación.
De acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio Nuevo En Caja PUMA Ferrari BMW SF Kart Cat 306170 0Future 003 tamaño se ejecuta pequeño 5 Colores,del hogar familiar, que toma como referencia para la determinación del salario mínimo Nuevo Rockport Hombre Resistente dólares PT Trabajo y Seguridad Botas,de los empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el fijado para los trabajadores eventuales y temporeros y empleados de hogar y que incluye todos los conceptos retributivos, el salario mínimo de dichos empleados de hogar será de 5,08 euros por hora efectivamente trabajada.
En las cuantías del salario mínimo por días u horas fijadas en los apartados anteriores se Nuevo Superior CMST 013 M Negro (5209),computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en Kenneth Cole De Vestir Zapatos 10.5 Hombre Negro Encaje Hecho en Italia menta ygi E8, especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquéllas.
Se autoriza a la Ministra de Empleo y SeguridadKingshow Puntera De Acero Goodyear Welt para hombre 10 Botas al Tobillo Con Cordones De Trabajo Seguridad Negro, Social para dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo de este real decreto.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos durante el período comprendido MEPHISTO Para Hombre De Cuero Coñac Penny Mocasín Zapatos Caoutchouc Lite Soles Portugal 8,entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, procediendo, en consecuencia, el Marco Luigi Para Hombre De Cuero Marrón Mocasín Slip On Sebastian zapatos Nuevo Soles,abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de enero de 2015.
El Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y deNew Balance novelas mw577vk low & mid tops Hook and loop botín de senderisml Negro Talla, desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado New Balance estilo de vida 009 Blanco ML009DMB para hombre,por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, queda modificado como sigue:
«c) Renunciar al método de estimación objetiva y a la modalidad simplificada del método de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de lasNIKE ROYALTNA Mid VT tamaño 8 AIR Negro Amarillo 47248001, Personas Físicas o a los regímenes especiales simplificado, y de la agricultura, ganadería Nike Para Hombre De Cuadros Sb Negro/Blanco Skate Zapatos 8,y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.»
«f) Optar por la determinación de la base imponible mediante el margen deNuevo En Caja Para Hombre Fila Memory Countdown 3 Luz Zapatillas tamaño nos 10.5 M, beneficio global en el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos Nuevo Clark's Un. Prop 13 M marrón (6),de colección a que se refiere el apartado dos del artículo 137 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.»
«o) Comunicar la condición de empresario o profesional revendedor de los bienes a que se refiere el artículo 84.Uno.2.ºg) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Nuevo Skechers Hombre Cuero Superior SKECHERS trabajo Foreman Botas de trabajo informal,Impuesto sobre el Valor Añadido.
p) Optar por la aplicación del diferimiento del ingreso de las cuotas de Impuesto sobre el Valor Añadido en lasKickers ferock Slip Para Hombre De Cuero Sin Cordones Formal Zapatos Puntera De Oficina Negro Cincel, operaciones de importación liquidadas Nuevo Para hombres Zapatos para Caminar Rockport Clásico Cuero Negro/Lima, por la Aduana, a que se refiere el artículo 167.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido»
«d) Optar por la determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio global en elMend dude Zapatos pedos chalet Oceano Gris Oscuro Zapatos De Lona Mocasines Talla Talla, régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección a que se refiere el apartado dos Keen Pescador Sandalias zapatos para hombre Negro y Amarillo Lavable Impermeable, del artículo 137 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.»
«h) Revocar las opciones o modificar las solicitudes a que se refieren los párrafos d), e) y f) anteriores y los párrafos f), h) y p) del artículo 9.3 de esteNew Balance MW813 Zapatilla De Deporte-Para Hombres (2E) Negro, reglamento, así como la comunicación de los cambios de las situaciones a Marc McNairy - Brogue Ante - 44 - Marron,que se refieren el párrafo g) de este apartado y los párrafos i) y o) del artículo 9.3 de este reglamento.».
«d) Las deudas tributarias devengadas en concepto del Impuesto sobre el Valor añadido en las NIKE ROSHE ONE Hyper BREATHE Negro Blanco Grande Volados 833125 00,operaciones de importación, New Balance 988 Fresh espuma Corte Medio Negro/Gris MH988XBK para hombre,excepto en los casos en que se haya optado por la aplicación del diferimiento del ingreso de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido relativas a dichas operaciones liquidadas por la Aduana a que se refiere el artículo 167.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.»
«b) Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo deNuevo En Caja Nuevo equilibrio mrthd 90 Grafitti Pack Edición Limitada Zapatillas 180, actividades a las que sea de aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia.
Se podrán expedir facturas mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros supuestos, cuando el obligado a su expediciónNuevo Sin Caja Nike Hyperdunk Lux para Hombre Zapatos De Baloncesto Negro, cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus operaciones Nike Nightgazer Deportes Calzado Tenis Entrenadores-Todos los Colores y Tamaños, y cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza.
No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en Nuevo Con Caja Saucony Kineta Relay correr para hombres zapatos Memoria Foam Negro, series específicas de las facturas siguientes:
1.º Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el Kensington Para Hombre Formales todo el cuero zapatos Mk86 formal,artículo 5, para cada uno de los cuales deberá Nuevo Punta Redonda para Hombre de Cuero de gamuza Cálida Cremallera Tirar De Trabajo Botas al Tobillo Informales, existir una serie distinta.
3.º Las que se expidan conforme a la disposición adicional quinta Keen eso utilidad para Hombre Bajo Con Cordones De Trabajo Con Puntera De Acero Zapatos Gris Amarillo,del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 delMASON Negro Cuero Trabajo Con Puntera De Acero Botas De Vaquero Biker Tamaño para hombre 7.5 D - 929 Usado En Excelente Condición, Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
4.º Las que se expidan conforme a lo previsto en el artículo 84, apartado uno, número 2.º, letra g), Magnum Para hombre de cuero marrón de precisión II Zapatos Botas De Trabajo Talla EE. UU. 8.5 D, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el New Balance MID627 Zapatilla De Deporte-Para Hombres (4E) Negro,Valor Añadido.
5.º Las que se expidan conforme a lo previsto en el artículo 61 quinquies, apartado 2 del Reglamento del Impuesto sobre el ValorNike roshe one GS zapatillas cortos 599728 030 gris, Añadido, aprobado por el artículo 1 del New Balance 574 8 US / 41.5 EU, Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.»
«b) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, número de identificación fiscal y domicilio del Nuevo En Caja Encore Fiesso por Aurelio Garcia FI = 3084 café Mocasín Cuero Zapatos para hombre 10,obligado a su expedición y del titular de la explotación agrícola, Nike Mercurial Victory VI DF NJR FG Neymar Azul Orbit-Blanco, ganadera, forestal o pesquera, con indicación de que está acogido al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.»
«3. En las operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial de las agencias Nuevo Clarks Zapatos para hombre ripway Trail GTX Negro Botas De Cuero Reino Unido WLined, de viajes, los sujetos pasivos no estarán obligados a consignar por separado en laNuevo Sin Caja Para Hombre NikeLab Huarache Carnivore SP 801759 110 Free Talle 6 Blanco Zapatillas, factura que expidan la cuota repercutida, y el Impuesto deberá entenderse, en su caso, incluido en el precio de la operación. En todo caso, en las facturas en las que se documenten operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial deberá hacerse constar la mención a que se refieren los artículos 6.1.n) o 7.1.i).»
La comunicación de la condición de revendedor a que se refiere el artículo 24 quinquies del Reglamento Kenneth Cole Unlisted audaz respuesta Negro sintéticos, Zapatillas de moda, medio (D,,del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto Nuevo Puma Ignite Tsugi Disco para Hombre De Malla Entrenamiento Atlético Resbalón en Zapatos Negras, 1624/1992, de 29 de diciembre, para el año 2015, se podrá realizar hasta el 31 de marzo de dicho año, por aquellos empresarios o profesionales que vinieran realizando actividades empresariales o profesionales en el año 2014, mediante la presentación de la correspondiente declaración censal.
El ejercicio de la opción a que se refiere el artículo 74.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Karrimor KSB Cougar Para Hombre Caminar Botas nos 13 ref 659^,Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, para el año 2015, se podrá realizar hasta el 31 de enero de dicho año, surtiendo efecto a partir del primer período de liquidación que se inicie con posterioridad a la fecha en que se haya ejercido la opción.
A partir de 1 de abril de 2016 queda derogada la disposición adicional única del Real Magnanni Zapatero Tassle Mocasín Casual vestido de cuero negro/Puntera Cuadrada,Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba Massimo Matteo Plain Toe Oxford-para Hombres M, Negro,el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de laNew Balance Midcut 4040v3 para Hombre Botín De Béisbol De Metal amortiguación, Constitución, que atribuye al Estado la competencia New Balance 373 Zapatillas para hombre Talla Reino Unido 9.5, exclusiva en materia de Hacienda general.
Se autoriza al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para dictar, en el ámbito Nike Md Runner zapatos zapatillas zapatos caballero zapatillas caballero nuevo, de sus competencias, las normas que sean precisas para el desarrolloNIke ERIC KOSTON Negro Dark Gris Summit Blanco Discounted (459) Hombre Zapatos, del presente real decreto.
a) Lo previsto en el apartado cuatro del artículo primero, exclusivamente en lo que respecta a la inclusión del nuevo Nuevo En Caja Adidas Originals Stan Zapatos para hombre de plata metálica Smith Tamaño 1AQ4706 C16,apartado 5 del artículo 24 quater del Reglamento del Impuesto NUEVO Casual Dunlop Verde Flash de Lona Con Cordones Retro Elegante, sobre el Valor Añadido, entrará en vigor el 1 de abril de 2015.
b) Lo previsto en los apartados ocho y nueve del artículo primero, este último solo en lo que respecta a laNuevo señores Business zapatos genuine con cordones Echt Leder negro Gr. 4443 44 § 1, modificación de los apartados 2 y 3 del artículo 43 del Reglamento del Impuesto Nuevo Private Label Silla De Montar Zapato M Blanco/Marrón (5337),sobre el Valor añadido, entrarán en vigor el 1 de enero de 2016.

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artículo 1
artículo 1
artículo 38
artículo 8
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artículo 137
artículo 84
artículo 167
artículo 137
artículo 9
artículo 9
artículo 167
artículo 1
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artículo 84
artículo 61
artículo 1
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artículo 24
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artículo 74
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artículo 149
artículo 24
artículo 43


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¿Hace falta personación como parte en el proceso penal incoado por accidente de tráfico para entender interrumpido el plazo para ejercer después la acción civil? - El Derecho
¿Hace falta personación como parte en el proceso penal incoado por accidente de tráfico para entender interrumpido el plazo para ejercer después la acción civil?
Foro 01-01-2015	Coordinador: Vicente Magro Servet
Sabido es que la tramitación de un proceso penal por un hecho ocurrido en un accidente de tráfico provoca el efecto interruptivo de la acción civil, pero la cuestión que suscitamos es si para que tenga virtualidad este efecto interruptivo de la acción civil a ejercitar posteriormente hasta que en el proceso pena haya recaído sentencia absolutoria o auto de archivo para iniciar el plazo de prescripción desde la notificación de esta resolución judicial es preciso que la parte se haya personado en el proceso penal de accidente de tráfico, o bastaría con una mera denuncia, o podría servir, también parea mantener el efecto interruptivo de la acción que el proceso penal se haya iniciado de oficio.
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Derecho de la Circulación", el 1 de enero de 2015.
En primer lugar, el dies a quo para el ejercicio de la acción es aque...
En primer lugar, el dies a quo para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse, según el principio actio nondum nata non praescribitur (la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir). Este principio exige, para que el plazo de prescripción comience a correr en su contra, que la parte que propone el ejercicio de la acción disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar.
En segundo lugar, de los arts. 111 y 114 LECrim, en relación con el art. 1969 CC, la tramitación de un proceso penal sobre los mismos hechos retrasa el inicio del cómputo del plazo de prescripción extintiva de la acción civil, al constituir un impedimento u obstáculo legal a su ejercicio (Sentencia del TS 24 de mayo de 2010). De ahí que constituya también constante doctrina jurisprudencial que, en los procedimientos civiles seguidos en ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual, una vez concluido el correspondiente proceso penal previo, el plazo de prescripción de las acciones empezará a contarse desde el día en que pudieron ejercitarse, a tenor de lo establecido en el art. 1969 CC, precepto que, puesto en relación con los arts. 111 y 114 LECrim y el art. 24.1 CE, lleva a situar ese día en el momento en que la sentencia penal recaída o el auto de sobreseimiento o archivo han adquirido firmeza.
En tercer lugar, es una cuestión resuelta por la doctrina jurisprudencial (Sentencia del TS 30 de septiembre de 1993, EDJ 1993/8510) la que establece que u0022la circunstancia de que las actuaciones penales se hubieren dirigido contra personas indeterminadas e incluso distintas de aquella contra quien se esgrime la u0022actio civileu0022 no puede ser obstáculo al efecto interruptivo de la prescripción de la misma, pues los obstáculos que los artículos 111 y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, suponen en cuanto a la iniciación de un proceso civil, no deriva precisamente de la coincidencia de los elementos personales intervinientes en las relaciones jurídicas objeto de discusión, sino que se originaría en atención a la identidad de los hechos susceptibles de enjuiciamiento en los dos órdenes jurisdiccionales, el civil y el penal, atendidos los términos gramaticales del artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminalu0022.
En cuarto lugar, por las mismas razones, no resulta necesario que el demandante del proceso declarativo se haya personado en el anterior proceso penal o haya presentado la denuncia porque el efecto interruptivo del plazo de prescripción de la acción civil como consecuencia de la previa incoación de una causa penal deriva de la identidad de los hechos sometidos a enjuiciamiento en los dos órdenes jurisdiccionales con independencia de la coincidencia o no de los sujetos personados en los dos procesos, de tal manera que podrá aprovecharse del efecto interruptivo el demandante del proceso civil que no se ha personado ni ha formulado denuncia en la anterior causa penal o, incluso, cuando se ha iniciado de oficio.
La respuesta creo que va relacionada con el ejercicio de la acción civil der...
La respuesta creo que va relacionada con el ejercicio de la acción civil derivada de un delito (o falta) y con los efectos que produce el proceso penal respecto del proceso civil entablado o por entablar. Con carácter general el cómputo de todo plazo de prescripción de acción como establece el art. 1964 CC (EDL 1889/1) se inicia desde que la acción pudo ejercitarse.
La existencia de un proceso penal que tiene por finalidad la investigación de un delito o falta por aplicación del art. 114 LECrim (EDL 1882/1) -en concordancia con el art. 111 LECrim-, impide el inicio o continuación del proceso civil hasta que recayera sentencia firme en la causa criminal.
Conforme al art. 110 LECrim, los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan o solamente unas u otras, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones. Y resulta esencial el párrafo segundo que prevé que aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo menester que la renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera expresa y terminante.
Por su parte, el art. 112 LECrim presume que ejercitada la acción penal se entenderá utilizada también la civil, a no ser que el dañado o perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal, si a ello hubiere lugar
De acuerdo con todo ello, existiendo un proceso criminal, en tanto éste no concluya por resolución firme se veda la posibilidad de actuación en el proceso civil. Ello es compatible con el hecho de que el perjudicado no hubiese comparecido como parte para el ejercicio de la acción civil, pues ello no implica ni renuncia ni reserva de la misma. No faltan resoluciones (entre las más recientes la de la AP Burgos de 17 de septiembre de 2014, EDJ 2014/176177) que advierten que la falta de personación de un perjudicado en el procedimiento penal, no implica que no tenga derecho a conocer y ser notificado del estado del procedimiento penal, en el que tiene un interés legítimo, o de la resolución que lo ponga fin, al amparo del art. 270 LOPJ, para poder ejercitar las correspondientes acciones civiles que crea o pueda asistirle, computando a partir de que se tuviera conocimiento del fin de aquéllas el plazo de prescripción.
Además, creo que, teniendo ello relación con la excepción de prescripción de la acción, no viene por menos de recordar la reiterada doctrina del TS en relación con la prescripción extintiva, donde ha expresado que aquélla como limitación que es al ejercicio de los derechos en beneficio de la seguridad jurídica, excluye una aplicación rigorista al ser institución que por no hallarse fundada en la justicia intrínseca, debe merecer un tratamiento restrictivo (Sentencias de 10 de octubre de 1988, EDJ 1988/7849; de 9 de octubre de 1990, EDJ 1990/9144; o de 22 de noviembre de 1999, EDJ 1999/36797; entre otras muchas).
Por lo que, consiguientemente, a mi juicio se producirá el efecto interruptivo en tanto en cuanto la acción civil no pudiera ser ejercitada, y al margen de la personación del perjudicado en el proceso penal para ejercitar la acción civil.
Referida la cuestión objeto de tratamiento a si hace falta la personación e...
Referida la cuestión objeto de tratamiento a si hace falta la personación en el proceso penal seguido por accidente de tráfico para interrumpirse al plazo para el ejercicio posterior de la acción civil, en principio la respuesta es negativa en tanto en cuanto el plazo para el ejercicio de la acción civil por culpa extracontractual comienza a partir de la firmeza de la resolución que pone fin al proceso penal (auto de archivo, sobreseimiento, sentencia absolutoria), siendo de recordar que los arts. 111 y 114 LECrim (EDL 1882/1) implican el efecto impeditivo del ejercicio de acciones civiles por la existencia de proceso penal, por lo cual, repito, en principio, la personación en si misma carecería de trascendencia a los efectos del ejercicio de la acción civil.
Sentado lo cual, a los efectos de la prescripción de la acción civil a ejercitar, es reiterado el criterio jurisprudencial según el cual el dies a quo de dicho plazo comienza al recaer la resolución que pone fin al proceso penal.
Así, si bien muchas resoluciones hacen referencia a la fecha de tal resolución, son muchas las que hacen referencia a la fecha, no de la resolución que pone fin al proceso penal, sino a la de la notificación de aquélla (por todas, Sentencia de 12 de mayo de 2004, EDJ 2004/31363). Lógico si se depara en que el art. 1968.2º CC (EDL 1889/1) se refiere al momento “en que lo supo el agraviado”.
Por ello, de estar personado el perjudicado en las actuaciones penales, le será notificada aquella resolución, momento en que comenzará el término prescriptivo a correr.
De no estar personado, la Sentencia de AP Castellón, Sec. 1ª, de 20 de enero de 2001 (EDJ 2001/65140), haciendo referencia a la doctrina constitucional, señala que el conocimiento de la fecha en que terminaron las actuaciones penales constituye un “presupuesto necesario” para el ejercicio de la acción civil, por lo que, de ignorar el perjudicado tal momento, ese desconocimiento no puede implicar verse privado del acceso a la vía civil.
Así, el TS, en Sentencias como la de 21 de septiembre de 1998 (EDJ 1998/19669), señala que debe constar el conocimiento del archivo o sobreseimiento de las actuaciones penales por medio de la notificación correspondiente a los interesados que no fueron parte en el proceso penal.
De cualquier forma, debe de tenerse presente que quien invoca la prescripción debe de acreditar el concurso de la misma, esto es, que el interesado conocía desde hacía un año el fin de las actuaciones penales. Por ello cabe concluir que, aun no personado en las diligencias penales el perjudicado, no por ello su derecho a la tutela judicial en vía civil se va a ver, de por sí, enervado.
Por último, es de precisar que, como se refiere la Sentencia del TC de 30 de junio de 1993 (EDJ 1993/6462), lo anteriormente expuesto respecto a la notificación de la resolución que ponga fin al proceso penal a efectos del indicado dies a quo, no entrará en juego en los casos en los que el perjudicado conociese por otros medios tal finalización.
La acción de responsabilidad extracontractual ejercitada al amparo del art. ...
La acción de responsabilidad extracontractual ejercitada al amparo del art. 1902 CC (EDL 1889/1) está sometida al plazo de prescripción de un año desde que lo supo el agraviado (art. 1968.2 CC), regulando el art. 1973 del mismo texto legal los actos interruptivos, entre ellos su ejercicio ante los tribunales.
Por su parte, el art. 1969 CC dispone en cuanto al cómputo del plazo de prescripción que el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse y existiendo procedimiento penal en curso en averiguación de un delito o falta, ciertamente dicho proceso se constituye en obstáculo para el ejercicio de la acción civil de responsabilidad extracontractual hasta que concluya la causa penal.
La jurisprudencia del TS establece que la acción civil sobre el hecho que motiva la apertura de un proceso penal no puede ejercitarse hasta que sea resuelta la cuestión penal; dicho de otra manera, el fallo de la cuestión civil no se hace posible hasta la decisión del proceso penal, bien sea mediante sentencia o por auto de sobreseimiento firme, de tal forma que mientras esté subsistente, cualesquiera que sean las personas implicadas, el perjudicado no puede formular la demanda civil, ni contra ellas, ni contra otras distintas. Así resulta del art. 111 LECrim (EDL 1882/1) (u0022mientras estuviese pendiente la acción penal, no se ejercitará la civil con separaciónu0022) y art. 114 LECrim (u0022promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho...u0022), y ello, como establece la citada doctrina jurisprudencial, respondiendo a la necesidad de evitar que por los órganos de distinta jurisdicción a la penal se puedan efectuar pronunciamientos que contraríen lo que allí se resuelva; contradicción que podría producirse aun en el supuesto de que fueran distintas las personas demandadas en el orden civil, pero siempre, claro está, que el proceso penal y el civil correspondiente versaran sobre el mismo hecho y se asentaran sobre iguales presupuestos.
Con cita a título ejemplificativo de la sentencia del TS de 3 de mayo de 2007 (EDJ 2007/28945):
u0022En los procedimientos civiles seguidos en ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual, una vez concluido el correspondiente proceso penal previo, esta Sala tiene declarado que el plazo de prescripción de las acciones, cuando las partes están personadas en el procedimiento, empezará a contarse desde el día en que pudieron ejercitarse, a tenor de lo establecido en el art. 1969 del Código Civil, lo que puesto en relación con los artículos 111 y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 24.1 de la Constitución Española, debe situarse temporalmente en el momento en que la sentencia penal recaída o el auto de sobreseimiento, notificados correctamente, hayan adquirido firmeza, puesto que es ese instante se conoce el punto final de la paralización operada por el proceso penal y la correlativa posibilidad de actuar en vía civil, con arreglo al mencionado artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, (…) con independencia a estos efectos de cuando sea declarada materialmente la firmeza y cuando sea notificada; interpretación de la norma que el propio Tribunal Constitucional, en sentencia de 19 de julio de 2004, ha señalado como criterio interpretativo razonable de lo dispuesto en los arts. 1969 CC y 114 Ley de Enjuiciamiento Criminal pues la constatación formal de la firmeza solo significa una mera declaración de haber precluido las posibles impugnaciones en el propio proceso, por recursos ordinarios o extraordinariosu0022.
La cuestión relativa a la necesidad o no de personarse en el proceso penal para entender interrumpido el plazo de prescripción anual de la acción civil, pasa por la distinción entre “diligencias penales”, estricto sensu y las llamadas “diligencias a prevención”, pues estas últimas no tienen la consideración de diligencias penales en términos procesales y, por tanto, el auto de archivo de las últimas no tiene el mismo efecto y consecuencias que el archivo de las diligencias previas.
En efecto, es comúnmente sabido que las diligencias previas, con las que en el u0022usus foriu0022 se materializa y encuadra la denuncia o la querella que pone en marcha el proceso penal, presupone la existencia, o al menos la denuncia, de un hecho que revista los caracteres de delito. Incoadas y tras la pertinente investigación, se pueden transformar en sumario o procedimiento abreviado, según la naturaleza del hecho investigado, o se puede llegar a un sobreseimiento y/o archivo, por no ser los hechos consecutivos de delito, por no existir autor conocido o declaratorio falta. Durante esa fase de investigación se han recibido declaraciones, recogido pruebas y ofrecido el procedimiento a los perjudicados, por lo que lo procesalmente procedente es notificar tal resolución (archivo en sentido general) a dichos perjudicados; y como quiera que a partir de esa resolución (de su notificación) es cuando queda expedita la vía civil, es en ese momento en el que comenzará a correr el término prescriptivo del art. 1968.2 CC.
Un accidente de circulación, inicialmente encuadrable en el art. 621 CP, no supone necesariamente la iniciación o incoación de proceso penal alguno de oficio, salvo que en el término de los seis meses subsiguientes el perjudicado presente denuncia, que aprovechará al resto de los implicados. La consecuencia de la inactividad de la parte que, mediante su omisión, impide que nazca el proceso penal, es que transcurridos esos seis meses ya no existe posibilidad de denunciar, y con ello de que se incoe proceso penal por ese hecho ya prescrito. Por tanto, las denominadas u0022diligencias a prevenciónu0022, a las que no siga denuncia, están vacías de contenido y son incapaces de tener efecto interruptivo de la prescripción. Ese tipo de diligencias se abren en los Juzgados (usus fori) para recoger el atestado y los posibles partes de lesiones; y ello efectuado, quedan paralizadas hasta que se produzca la denuncia expresa del perjudicado, y de no hacerla su razón de existencia desaparece y deben archivarse, lo que normalmente, pero no en forma obligatoria, se hace a través del correspondiente Auto, que no tiene por qué ser notificado a los que figuren en el atestado o en los partes de lesiones, en cuanto que, voluntariamente, han renunciado a poner en marcha el proceso penal, por la meritada inactividad; por lo que no sería asumible que se premiara su dejación procesal alargando el plazo prescriptivo del art. 1962.2, o interrumpiéndole a través de la notificación del auto, dado que ello supone une diligencia que solo debe ser llevada a cabo a los que directamente se han mostrado parte en un proceso penal (mostrándose parte mediante abogado y procurador) o, al menos, siendo parte perjudicada al manifestar que desean se les tenga por tal al ofrecerle el procedimiento penal (art. 109 LECrim).
El lesionado en un accidente de tráfico que no ejercita su derecho de denuncia no pone en marcha el proceso, por lo que no es parte en alguno de ambos sentidos, y de ello se deriva que no existe obligación de notificarle resolución procesal alguna y si, pese a ello, el juez penal notifica el archivo de unas diligencias a prevención, tal acto procesal, vacío de contenido, carece de eficacia a los efectos interruptivos de la prescripción, pues no ha existido proceso penal; sostener lo contrario supondría romper el principio de igualdad de partes en el proceso, haciendo de mejor condición al posible reclamante, al que se le concedería mayor plazo para ejercitar su pretensión resarcitoria. Por tanto, en observancia del art. 1969 CC, y cuando no ha existido u0022denunciau0022 que abra el proceso penal, el tiempo de prescripción comenzará a correr desde el día en que la acción pudo ejercitarse, y tratándose de un supuesto de culpa extracontractual (art. 1902 CC), desde la fecha del accidente.
Una cosa es que la práctica rutinaria de las oficinas judiciales se haya decantado normalmente por abrir unas diligencias penales, que son archivadas provisionalmente de forma inmediata, cuando se recibe un atestado policial relativo a un accidente de circulación, y otra, que dicha actuación, llevada a cabo por motivos de índole más práctica que jurídica, nos lleve a perder de vista la realidad de las consecuencias jurídicas que de esta forma de actuar resultan. Por tanto, las denominadas u0022diligencias a prevenciónu0022 o incluso el atestado de la Guardia Civil, a las que no siga denuncia, están vacías de contenido y son incapaces de tener efecto interruptivo de la prescripción.
Para responder adecuadamente a la cuestión planteada, será preciso, a mi mo...
Para responder adecuadamente a la cuestión planteada, será preciso, a mi modo de ver, establecer una diferencia respecto a los hechos que motivan la incoación del procedimiento penal que se dice, en términos genéricos, por accidente de tráfico. En primer lugar, podemos pensar que el accidente de tráfico en sí genera un proceso penal por una imprudencia grave o leve, al resultar las víctimas heridas o con resultado de muerte por accidente, que determinaría el que nos pudiéramos encontrar con una falta de imprudencia del art. 621 del CP (EDL 1995/16398). A este respecto, resulta evidente que para que el asunto penal pueda prosperar, se hace precisa la existencia de una denuncia por parte de la persona agraviada o de su representante legal, de conformidad con el art. 621 CP. En este supuesto y aún cuando en el juzgado se inicien unas actuaciones de oficio, que pueden venir motivadas por la revisión por parte de la Policía de Tráfico del correspondiente atestado, o incluso de un parte de sanidad librado por el servicio de urgencias del hospital donde se haya atendido a la víctima o víctimas, lo cierto es que la necesaria denuncia que el nº 6 del art. 621 CP exige para la persecución de la infracción penal de falta por imprudencia grave o leve, supondrá que, a mi juicio, la simple remisión del atestado policial o el parte de asistencia del hospital, aún cuando de oficio se inicien actuaciones penales, no servirá como efecto interruptivo de la posterior prescripción respecto a la acción civil a ejercitar. Será necesaria la denuncia de la víctima o de su representante legal ejercitando, por tanto, acciones penales, con reserva o no de las acciones civiles, para la interrupción de la prescripción respecto al ejercicio de la reclamación de daños y perjuicios.
Cuestión distinta podemos entender que sucede en razón a otras figuras delictivas derivadas del uso y circulación de un vehículo de motor, que lleven aparejado consigo la producción de un daño material o físico para un tercero. Ello podría suceder en el supuesto de que el accidente de tráfico se causara como consecuencia de haber ingerido en exceso bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas, o incluso para el supuesto de que dicho accidente se hubiere llevado a efecto por alguien que careciera de licencia para conducir vehículos de motor. En este supuesto, es claro que nos encontraríamos ante las figuras delictivas que contemplan los arts. 379, 380 y ss, así como el art. 384 CP. En cualquiera de estos supuestos entiendo que, iniciadas por el juzgado actuaciones penales en fase instructora, que pueden dar lugar incluso a seguirse los trámites de diligencias urgentes para desembocar en un juicio rápido, sólo el hecho del inicio de dichas diligencias supondría la interrupción del plazo prescriptivo para que la víctima o víctimas de los hechos pudiera reclamar como consecuencia de daños, lesiones o incluso muerte derivada de la conducción el vehículo por parte del sujeto frente al que se dirige el procedimiento, y ello porque difícilmente el juez instructor puede separar de la conducta a la que se atribuye carácter delictivo (generalmente de un delito de riesgo derivado de la circulación de vehículos a motor), el resultado dañoso ocasionado a un tercero y en este supuesto entiendo de plena aplicación lo dispuesto en los arts. 108 y ss LECrim (EDL 1882/1), siendo obligación del instructor el recibir declaración al ofendido, instruyéndole en el derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado, tal y como previene a tal fin el art. 109 CP. A este respecto, no es imprescindible, ni muchísimo menos, que la víctima se persone como parte desde la óptica procesal, bastando que manifieste, y así lo entiendo, su intención de mostrarse parte y reclamar las indemnizaciones que pudieran corresponderle, todo lo cual compete, en este caso, al Ministerio Fiscal, al tratarse de un proceso penal nacido de oficio en el que la intervención del Ministerio Fiscal es preceptiva. Y ello guarda relación con el contenido del art. 112 LECrim, que establece que, ejercitada sólo la acción penal (y entendemos que el Ministerio Fiscal la ejercita), se entenderá utilizada también la civil, salvo que el dañado o perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal, si a ello hubiere lugar.
En el caso de que el perjudicado quisiere reservarse la acción civil, pues tiene derecho a ello, de la misma forma entiendo interrumpido el plazo prescriptivo de dicha acción civil sin necesidad de personación por parte de dicha víctima o perjudicado en el proceso penal que se pueda seguir por un delito contra la seguridad del tráfico en el que se han producido, además, lesiones y daños, pues bastará su manifestación al tiempo de tomarle declaración con ofrecimiento de acciones en fase instructora, expresando su reserva de acciones civiles, para que éstas puedan ejercitarse una vez terminada la causa penal.
Entiendo que no es necesaria la personación en el proceso penal para conside...
Entiendo que no es necesaria la personación en el proceso penal para considerar interrumpido el plazo de la acción civil, al igual que soy de la opinión de que tampoco es necesaria la denuncia del perjudicado para que la existencia de actuaciones penales interrumpa la prescripción de la acción civil. Aunque soy consciente de que esta cuestión suscita distintos planteamientos con otras soluciones divergentes, creo que la tesis más adecuada para preservar los derechos de los perjudicados en un accidente de tráfico es la que defiende que la mera existencia de diligencias penales interrumpe el plazo; la prescripción de la acción civil se interrumpe aunque el perjudicado no haya ejercitado acción penal mediante la presentación de denuncia o querella o no haya ejercido la acusación particular contra persona determinada, de donde se colige que el hecho de que los perjudicados estén personados en el proceso penal es irrelevante a los efectos interruptivos, puesto que el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil es aquel en el que los perjudicados tengan conocimiento del auto de archivo de las diligencias penales.
Así, la pregunta formulada tiene especial trascendencia en los casos de incoación de Juicio de Faltas por lesiones del art. 621 CP (EDL 1995/16398). Cuando se tramitan las denominadas u0022diligencias a prevenciónu0022 a las que no sigue denuncia del perjudicado. Como se sabe ese tipo de diligencias se abren para recoger el atestado y los posibles partes de lesiones. Pues bien, frente a cierto sector doctrinal que considera que dichas “diligencias” si no van seguidas de la oportuna denuncia están vacías de contenido y no pueden tener el efecto de interrumpir el plazo de prescripción de la acción civil, lo cierto es que cada día se aprecia una mayor tendencia a considerar que la interrupción de la prescripción se produce por la mera existencia de las actuaciones penales en relación con los mismos hechos que posteriormente son objeto de la acción civil, de modo que no puede dirigirse la acción civil contra nadie hasta la terminación del proceso penal, aunque en las referidas diligencias penales no se haya ejercitado acción penal por el perjudicado mediante la presentación de denuncia o querella, o mediante el ejercicio de la acusación particular contra persona determinada, produciéndose la interrupción de la prescripción de la acción civil aunque el inicio, el desarrollo, y la terminación de las actuaciones penales se produzca de oficio, y aun cuando en el curso de las mismas no llegue a producirse imputación formal contra una persona determinada o no llegue a producirse el ejercicio de la acción penal, en sentido estricto, por el perjudicado o por persona distinta, contra quien posteriormente resulta ser demandado en el proceso civil, o contra un tercero, ya que mientras las diligencias penales están abiertas impiden en todo caso el ejercicio de la acción civil por razón de la prejudicialidad penal (art. 114 LECrim, EDL 1882/1). De lo expuesto es buen ejemplo la Sentencia del TS nº 896/2011, de 12 de diciembre (EDJ 2011/340848).
Además, también es interesante destacar, aunque es cuestión controvertida, la necesidad de que el órgano judicial penal notifique la finalización del procedimiento a las personas que puedan estar interesadas en el asunto, aunque no estén personadas en las actuaciones, a fin de que éstas puedan ejercer las acciones civiles que consideren necesarias.
La apertura de un procedimiento penal, lo que tiene lugar normalmente transcu...
La apertura de un procedimiento penal, lo que tiene lugar normalmente transcurrido algún tiempo después de acaecido el accidente de circulación, conlleva que el plazo de prescripción de la acción civil declarativa quede interrumpido, y no meramente dejado en suspenso, sin que para ello sea preciso que el interesado haga valer su derecho en el procedimiento penal en trámite. En estos casos, el dies a quo del plazo de prescripción de la acción civil viene representado por la fecha de la notificación a los interesados de la resolución que pone fin al proceso penal, y no por la fecha de la firmeza de la sentencia o resolución judicial que ponga fin al procedimiento que no sea la notificación al perjudicado (Sentencias del TS, Sala 1ª, de 21 de junio de 2001, EDJ 2001/30988; y de 12 de mayo de 2004, EDJ 2004/31363; entre otras muchas)
No puede constituir una justificación de la ausencia de notificación de la resolución judicial que pone fin al procedimiento penal el hecho de que el perjudicado no se haya personado cuando se le ofreció dicha posibilidad, pues , por un lado, el ordenamiento procesal confía con carácter obligatorio al Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción civil en el proceso penal siempre que el perjudicado no la haya renunciado o reservado expresamente (art. 108 LECrim, EDL 1882/1), y por otro, la facultad de personarse en el proceso y, con ello, ejercitar las acciones correspondientes, no viene establecida en nuestro ordenamiento como una obligación, sino que es facultativa para el perjudicado (arts. 110 y 111 LECrim), por lo que no es exigible (Sentencias del TC de 30 de junio de 1993, EDJ 1993/6462; de 11 de diciembre de 2000, EDJ 2000/46393; de 3 de junio de 2002, EDJ 2002/19747 y de 24 de mayo de 2004, EDJ 2004/30443; entre otras muchas).
En consecuencia, y por establecer la ley que es una facultad y no una obligación, considero que la personación del perjudicado como parte en el proceso penal incoado por accidente de tráfico no es necesaria para entender interrumpido el plazo para ejercer luego la acción civil, como tampoco lo es la formulación de denuncia, siempre que interponga aquélla dentro del plazo de prescripción marcado por la ley computado desde la notificación de la resolución que pone fin al procedimiento penal, aunque sea la de archivo de las actuaciones por falta de denuncia en el caso de que se trate de una falta de homicidio o lesiones imprudentes.
Lo que en síntesis se plantea en la cuestión formulada es si el efecto inte...
Lo que en síntesis se plantea en la cuestión formulada es si el efecto interruptivo del proceso penal incoado por un hecho de tráfico respecto de la acción por responsabilidad civil extracontractual que seguidamente pudiera incoarse para delimitar en este ámbito el alcance de las responsabilidades correspondientes, requiere de la adición al proceso penal de un hecho subjetivo, vinculado a la presencia en el primero de los procesos de quien luego se constituye como demandante-perjudicado o si, por el contrario, el efecto interruptivo de la prescripción nace del hecho mismo de la existencia del proceso penal con independencia de su origen y presencia subjetiva como parte de quien luego pretende ejercer una acción civil.
Como resulta de los arts. 111 y 114 LECrim (EDL 1882/1) en relación con el art. 1969 CC (EDL 1889/1), el proceso penal sobre los mismos hechos que luego sirven de sustento a la acción aquiliana, paraliza el inicio del cómputo del plazo de prescripción extintiva de la acción civil. En este sentido, es unánime la jurisprudencia, cuya cita resultaría ahora ociosa.
Pero es el proceso penal en sí mismo considerado el que constituye el factor paralizando del tiempo para el ejercicio de las acciones civiles a que hubiere luego lugar. Son los hechos, no las personas, el factor determinante.
Por tanto, seguido un pleito penal por los mismos hechos, este subsiste, como impedimento u obstáculo legal para el ejercicio de la acción civil en el orden correspondiente, hasta que no alcance firmeza la sentencia absolutoria o resolución de sobreseimiento libre o provisional y, por tanto, de archivo, una vez notificada al perjudicado, y ello esté o no personado en las actuaciones.
Dicho de otro modo, es la existencia misma de ese proceso penal previo el que interrumpe la prescripción de cualquier acción derivada del mismo hecho sin que sea óbice a dicho efecto interruptivo la circunstancia de quién formule demanda civil en el proceso consecutivo, hubiera sido la parte denunciante, que se hubiera personado ni tan siquiera que el proceso penal se hubiera dirigido contra personas incluso distintas de aquellas contra las que posteriormente se esgrime la acción civil pues el obligado retraso que los arts. 111 y 114 LECrim suponen a la iniciación de un proceso civil, no deriva de la coincidencia de los elementos personales intervinientes en el proceso penal previo sino de la identidad de los hechos susceptibles de enjuiciamiento en los dos órdenes jurisdiccionales.
Considero que el procedimiento penal interrumpe la prescripción siempre que ...
Considero que el procedimiento penal interrumpe la prescripción siempre que la acción se haya planteado de forma adecuada. Es decir, cuando haya existido denuncia de parte perjudicada (art. 621.6 CP, EDL 1995/16398), aunque no lo sea de todos los que han sufrido un daño consecuencia del siniestro.
Esta conclusión es respetuosa con el texto de los arts. 111 y 114 LECrim (EDL 1882/1). El primero dispone que “mientras estuviese pendiente la acción penal no se ejercitaría la acción civil con separación hasta que aquélla no haya sido resuelta por sentencia firme”. En el segundo se establece que “Promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho...”.
Como anteriormente he precisado, para entender que hay un procedimiento penal deben concurrir los presupuestos legalmente establecidos. En el caso de las lesiones por imprudencia leve, la denuncia del perjudicado. En este sentido se pronuncia la Sentencia del TS, Sala 1ª, de 12 de diciembre de 2011 (EDJ 2011/340848):
“…cuando existe un procedimiento penal abierto para la averiguación de la existencia de un delito o falta, el mismo impide el ejercicio de la acción civil de responsabilidad extracontractual, la cual no puede ejercitarse hasta que no concluya dicho proceso penal mediante sentencia o por auto de sobreseimiento, motivo por el que resultaba necesario analizar si en este caso concreto existía o no tal procedimiento penal en curso, que hubiera impedido al demandante el ejercicio de la acción que ahora articula, de tal manera que tan solo a contar de la fecha de la notificación de su archivo podía el mismo interponer la oportuna reclamación en vía civil, pero precisamente el análisis de todas las actuaciones acredita que dicho procedimiento no existió, dado que ninguna denuncia fue interpuesta por D. Gonzalo, ni desde el punto de vista formal, dado que el atestado policial confeccionado y que motivó la incoación de las diligencias no puede considerarse como tal, ni reúne los requisitos exigidos en la formalización de las denuncias...”.
Sobre el efecto interruptivo se ha pronunciado una nutrida Jurisprudencia, de la que son ejemplo la Sentencia de 7 de febrero de 2006 (EDJ 2006/6321):
u0022…cuando existe un proceso penal, no se inicia (la prescripción) hasta que éste ha terminado, puesto que mientras esté subsistente, cualesquiera que sean las personas implicadas, el perjudicado no puede formular la demanda civil, ni contra ellas, ni contra otras distintas (…) Pero ello responde a la necesidad de evitar que por los órganos de distinta jurisdicción a la penal se puedan efectuar pronunciamientos que contraríen lo que allí se resuelva; contradicción que podría producirse aun en el supuesto de que fueran distintas las personas demandadas en el orden civil, pero siempre, claro está, que el proceso penal y el civil correspondiente versaran sobre el mismo hecho y se asentaran sobre iguales presupuestos”.
Dicha posición es también congruente con el art. 1969 CC (EDL 1889/1) y con la reiterada Jurisprudencia que aboga, en el ámbito civil, por una interpretación restrictiva del instituto de la prescripción por basarse en razones de seguridad jurídica y no de justicia material. El hecho relevante es la imposibilidad de ejercitar acciones civiles mientras está pendiente la causa penal.
Ello no obstante, hay resoluciones de la Sala 1ª del TS que parecen contradecir dicha postura. (Sentencia de 16 de junio de 2010, EDJ 2010/152956).
1º.- La circunstancia de que las actuaciones penales se hubieren dirigido contra personas indeterminadas e incluso distintas de aquélla contra quien se esgrime la actio civile, no puede ser obstáculo al efecto interruptivo de la prescripción de la misma, pues los obstáculos que los arts. 111 y 114 LECrim (EDL 1882/1) suponen en cuanto a la iniciación de un proceso civil no derivan precisamente de la coincidencia de los elementos personales intervinientes en las relaciones jurídicas objeto de discusión, sino que se originaría en atención a la identidad de los hechos susceptibles de enjuiciamiento en los dos órdenes jurisdiccionales, el civil y el penal.
2º.- No resulta necesario que el demandante del proceso declarativo se haya personado en el anterior proceso penal o haya presentado la denuncia porque el efecto interruptivo del plazo de prescripción de la acción civil como consecuencia de la previa incoación de una causa penal deriva de la identidad de los hechos sometidos a enjuiciamiento en los dos órdenes jurisdiccionales, con independencia de la coincidencia o no de los sujetos personados en los dos procesos.
3º.- Existiendo un proceso criminal, en tanto éste no concluya por resolución firme, se veda la posibilidad de actuación en el proceso civil. Ello es compatible con el hecho de que el perjudicado no hubiese comparecido como parte para el ejercicio de la acción civil, pues ello no implica ni renuncia ni reserva de la misma.
4º.- Hay resoluciones que advierten que la falta de personación de un perjudicado en el procedimiento penal no implica que no tenga derecho a conocer y ser notificado del estado del procedimiento penal, en el que tiene un interés legítimo, o de la resolución que lo ponga fin, para poder ejercitar las correspondientes acciones civiles que crea o pueda asistirle, computando a partir de que se tuviera conocimiento del fin de aquéllas el plazo de prescripción.
5º.- La tesis más adecuada para preservar los derechos de los perjudicados en un accidente de tráfico es la que defiende que la mera existencia de diligencias penales interrumpe el plazo; la prescripción de la acción civil se interrumpe aunque el perjudicado no haya ejercitado acción penal mediante la presentación de denuncia o querella o no haya ejercido la acusación particular contra persona determinada, de donde se colige que el hecho de que los perjudicados estén personados en el proceso penal es irrelevante a los efectos interruptivos, puesto que el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil es aquél en el que los perjudicados tengan conocimiento del auto de archivo de las diligencias penales.
6º.- Es necesario que el órgano judicial penal notifique la finalización del procedimiento a las personas que puedan estar interesadas en el asunto, aunque no estén personadas en las actuaciones, a fin de que éstas puedan ejercer las acciones civiles que consideren necesarias.
7º.- La personación del perjudicado como parte en el proceso penal incoado por accidente de tráfico no es necesaria para entender interrumpido el plazo para ejercer luego la acción civil, como tampoco lo es la formulación de denuncia, siempre que interponga aquélla dentro del plazo de prescripción marcado por la ley computado desde la notificación de la resolución que pone fin al procedimiento penal, aunque sea la de archivo de las actuaciones por falta de denuncia en el caso de que se trate de una falta de homicidio o lesiones imprudentes.
8º.- En el caso de que el perjudicado quisiere reservarse la acción civil, se entiende interrumpido el plazo prescriptivo de dicha acción civil sin necesidad de personación por su parte en el proceso penal, pues bastará su manifestación al tiempo de tomarle declaración con ofrecimiento de acciones en fase instructora, expresando su reserva de acciones civiles, para que éstas puedan ejercitarse una vez terminada la causa penal.
Por su parte, D. Fernando Lacaba entiende que las denominadas "diligencias a prevención", o incluso el atestado de la Guardia Civil, a las que no siga denuncia, están vacías de contenido y son incapaces de tener efecto interruptivo de la prescripción.

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