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La Inobservancia al Principio de Reserva en el Código Penal Federal - Núm. 7, Septiembre 2010 - Criminogenesis - Libros y Revistas - VLEX 227027393
La Inobservancia al Principio de Reserva en el Código Penal Federal
Autor: Francisco Roberto Ramírez Ramírez
Cargo: Licenciado en Derecho, Abogado litigante - Maestrante en Ciencias Jurídico Penales en la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato.
1. Nota introductoria. 2. Reserva de la ley penal. 2.1 Fundamento constitucional. 2.2. División de poderes. 2.3. Funciones ejecutivo-legislativas. 3. consideraciones entorno al estado democrático. 3.1. Breve nota sobre democracia. 3.2. Disposiciones constitucionales que fundamentan el estado democrático mexicano. 3.3. El ordenamiento constitucional, vértice del sistema normativo en México. 3.4.... (ver resumen completo)
2. La reserva de la ley penal.
2.1. Fundamento constitucional.
2.2. División de poderes.
2.3. Funciones ejecutivo - legislativas.
3. Consideraciones en torno al estado democrático.
3.1. Breve nota sobre democracia.
3.2. Disposiciones constitucionales que fundamentan el estado democrático mexicano.
3.3. El ordenamiento constitucional, vértice del sistema normativo en México.
3.4. Legitimación democrática de la norma penal.
La reciente reforma constitucional, con la que ahora se establecerá en el sistema de justicia penal mexicano el modelo de enjuiciamiento acusatorio, se encuentra sostenida discursivamente, por tener como principal virtud, el profuso respeto de Derechos Fundamentales, además de la economía; es decir, que las y los gobernados nos encontramos ante una decisión estatal tendiente a brindarnos con el nuevo sistema de enjuiciamiento, procesos más breves y eficientes, ante el garantista argumento de la reforma. Sin embargo no debemos pasar por alto que la reforma del sistema de justicia penal, no debe limitarse a tener eco en las normas procesales, pues también las normas penales sustantivas, y muchas más de las decisiones sobre política criminal son merecedoras de esta atención.
Sobre el particular hay que recordar que el día 2 de enero de 1931 al titular del Ejecutivo Federal le fueron concedidas facultades delegadas para legislar, y legisló así el Código Penal Federal que hoy en día permanece vigente; sin embargo, tanto elPage 210Poder Ejecutivo como el Judicial no se encuentran facultados por mandato constitucional, para configurar delitos y establecer penas, pues ésta es una facultad reservada al legislador.
El encabezado del Ordenamiento Legal en comento, a la letra reza:
Al margen un sello que dice Poder Ejecutivo Federal. Estados Unidos Mexicanos. México. Secretaría de Gobernación. El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido dirigirme el siguiente decreto: PASCUAL ORTIZ RUBIO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que en uso de las facultades que le fueron concedidas por decreto de 2 de enero de 1931, ha tenido a bien expedir el siguiente CÓDIGO PENAL FEDERAL.
Considero que el ordenamiento legal en comento, contraviene al texto constitucional, al tiempo que omite prestar atención a la jerarquía normativa del sistema legal integral mexicano.
La reserva de la ley penal, que contempla nuestra Constitución es una garantía que atiende al principio de legalidad, brindando confianza a los gobernados que en el marco de la democracia, serán juzgados, ante la perpetración de algún ilícito, no solo por procedimientos garantistas, sino también por leyes sustantivas que se ajustan a nuestro modelo de estado; donde la reserva de la ley penal, tiene un fundamento político democrático-representativo, garantizador del consenso sobre el contrato social; pues sólo el legislador tiene representación directa de la sociedad, y así sólo al legislador corresponde la potestad de prohibir conductas (definir delitos) e fijar privaciones de derechos (establecer penalidades)2 .
Así las cosas, en el supuesto ahora analizado, debemos comenzar por ubicar en el ordenamiento constitucional el principio que funda el criterio que se sostiene en el presente estudio; debemos además, realizar una panorámica de nuestro modelo de Estado a la luz del mismo ordenamiento.
Sobre ésta última referencia estimo de vital importancia hacer notar que el Estado Mexicano atendiendo al orden constitucional, ejerce sus funciones desde tres localidades diferentes, que asumen un ámbito específico para el ejercicio de su función; la división de poderes como basamento de la reserva de la ley en materia penal, se sostiene a su vez por principios rectores del estado democrático, que asimismo parte del orden constitucional, según se precisará en líneas posteriores; para así encontrarnos en posibilidades de concluir con certeza sobre la franqueza de la hipótesis antes planteada.
2. La reserva de la ley penal
Ya Beccaria, sostenía que sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos; y esta autoridad debe residir únicamente en el Legislador, que representa toda la sociedad unida por el contrato social3. Así, la procuración de que esta facultad no resida en una sola persona, como en el Juez o bien, en el propio Presidente de la República, atiende de una manera muy importante a un principio de democracia, asumiendo el criterio (sin apremiar) que en un Estado Democrático, los mismos sometidos a las leyes, son quienes las crean4; de lo contrario, es decir, en el supuesto de que los sometidos a las normas estén excluidos de su creación, y esta facultad resida en un solo individuo, el modelo seguido correspondería en mayor medida a la autocracia.
Con el tiempo y su paso, hemos podido advertir que una razón histórico-política para que el legislador mexicano haya reservado la disciplina de la materia penal, la localizamos en el hecho de que el Congreso de la Unión, al estar formado por los representantes del pueblo, ha sido el intérprete más sensible y el custodio más eficaz de los valores fundamentales de las libertades individuales y de justicia.
Por otro lado, en el abuso histórico que ha realizado el Poder Ejecutivo cuando se le ha otorgado facultades extraordinarias para legislar en materia penal, las que les han sido paulatinamente disminuidas y constitucionalmente reservadas para los casos previstos en los artículos 49, en relación con el 29 y 131 párrafo segundo, de nuestra carta magna5.
Si bien resultan muy acertados los motivos históricos referidos, no menos cierto es, que la problemática ahora comentada no se limita a una cuestión de tipo histórico-político, sino a un verdadero problema técnico, susceptible de ser analizado por la ciencia del Derecho; sobre la reserva de la ley penal el Dr. Miguel Carbonell apunta:“El principio de legalidad en materia penal, que tiene como una de sus consecuencias a la reserva de la ley, surge en el ámbito del pensamiento iluminístico-liberal, cuando se piensa que para salvaguardar adecuadamente la libertad de los ciudadanos se tenía que reservar a los órganos legislativos el poder para emanar disposiciones penales" .6
Asímismo, refiere que en la actualidad la reserva de la ley cumple una doble función: a) una función liberal o garantista, pues a través de la reserva se tutelan los derechos de los ciudadanos contra las intromisiones del poder ejecutivo. Los ciudadanos solamente pueden ver restringida su libertad por virtud de una ley, no por actosPage 212del Ejecutivo que no tengan sustento legal, por eso se ha dicho que todo lo referido a los derechos fundamentales se encuentra sujeto a reserva de ley, y; b) una función democrática que tiene que ver con que en virtud de la reserva se reconduce la regulación de ciertas materias al dominio del poder legislativo, el cual es representativo de las mayorías -como el ejecutivo- pero también de las minorías políticas de un Estado.
Sin duda, los anteriores rubros son los ejes en que gira la reserva de la ley penal, incluso puedo aventurarme a considerar que las normas penales deben partir de una legitimación democrática, pues sólo así se validará acertadamente su contenido axiológico; en la que su proceso de construcción atienda y postre los derechos fundamentales de quienes son objeto de su aplicación.
2.1. Fundamento constitucional
Las disposiciones constitucionales que dan fundamento a la reserva de la ley en materia penal, son los artículos 73, fracción XXI, con íntima relación al 49, que contempla asimismo la división de poderes, ahora bien, es importante hacer notar que el texto constitucional vigente a la época de expedición del Código Penal Federal, ha sufrido reformas importantes de referir, motivo por el que quiero precisarlas.
Texto constitucional original
Artículo 73.- "El congreso tiene facultad.. XXI. Para definir los delitos contra la federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse"7.
Artículo 49.- "El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de las facultades extraordinarias al ejecutivo de la Unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29"8 .
Artículo 73.- Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de Julio de 1996. ".. Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales;..."
Artículo 49.- Reforma publicada en el diario Oficial de la Federación el día 12 de Agosto de 1938. "...en ningún otro caso se otorgarán al Ejecutivo Facultades extraordinarias para legislar".
Reforma Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de Marzo de 1951. "...salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar"9 .
Texto vigente11
Artículo 73.- "XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir una ley general en materia de secuestro, que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada. Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales; En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales"
Artículo 49.- "El Supremo Poder de la...
Comentarios a la Vigésima modificación a las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior emitidas por la SE

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Artículo 73
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artículo 29
Artículo 73
Artículo 49
artículo 131
Artículo 73
Artículo 49


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ley 1 by Carlos Jurado - issuu
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Caracas, 25 de Septiembre de 2006
N° 38.529
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SALAS DE USO DE INTERNET, VIDEOJUEGOS Y OTROS MULTIMEDIAS Capítulo I: Disposiciones Generales
Objeto Esta Ley tiene por objeto: 1. Garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos humanos a una información adecuada que sea acorde con su desarrollo integral y a la salud, en el uso, alquiler, compra, venta y permuta de juegos computarizados, electrónicos o multimedia, especialmente en salas de Internet. 2. Promover el uso adecuado de los servicios de Internet con fines educativos, recreativos y para la libre comunicación entre las personas. 3. Favorecer la participación de las familias, organizaciones sociales y personas en general en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Obligaciones generales del Estado Artículo 2.- El Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar el cumplimiento de esta Ley, a los fines de garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Obligaciones generales de las familias Artículo 3.- Los padres, las madres, representantes o responsables tienen el deber y el derecho de orientar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio progresivo de su derecho a una información adecuada con su desarrollo evolutivo e integral, especialmente a través del cumplimiento de las regulaciones previstas en esta Ley. Participación de la sociedad Artículo 4.- La sociedad tiene derecho de participar de forma protagónica para lograr la vigencia plena y efectiva de la presente Ley, de forma individual o colectiva, a través de las organizaciones comunitarias y sociales, tales como los Consejos Comunales, los Comités de Protección Social y las organizaciones de usuarios y usuarias de los servicios de telecomunicaciones y otras formas de organización social. Obligaciones generales de empresas, establecimientos, responsables, trabajadores y trabajadoras Artículo 5.- Las empresas, establecimientos, salas y personas que realicen Artículo 1.-
actividades de uso, acceso, alquiler, compra, venta o permuta de los juegos computarizados, electrónicos, multimedias o servicios Internet tienen el deber de cumplir con lo previsto en esta Ley, así como con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la legislación vigente en materia de protección integral a los niños, niñas y adolescentes. Su incumplimiento acarrea las responsabilidades previstas en la ley
Capítulo II: De Salas de Juegos Computarizados, Electrónicos o Multimedia y de Servicios de Internet
Ingreso y permanencia El ingreso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes a las salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de servicios de Internet de carácter privado se regirá bajo las siguientes normas: 1. Los niños y niñas menores de nueve años de edad, sólo podrán ingresar y permanecer en estas salas acompañados por su padre, madre, representante, responsable o familiar mayor de dieciocho años. 2. Los niños y niñas mayores de nueve años de edad y adolescentes podrán ingresar y permanecer en estas salas sin compañía de personas adultas. 3. Los niños, niñas y adolescentes sólo podrán ingresar y permanecer en estas salas, con o sin compañía de su padre, madre, representante o responsable, desde las seis ante merídiem (06:00 a.m.) hasta las siete post merídiem (07:00 p.m.). 4. Durante los períodos no lectivos los y las adolescentes podrán ingresar y permanecer en estas salas, sin la compañía de su padre, madre, representante 5. o responsable, desde las seis ante merídiem (06:00 a.m.) hasta la nueve post merídiem (09:00 p.m.) Las salas de servicios de Internet del Estado, así como aquellas de carácter privado integrados al desarrollo de las políticas públicas de acceso a estos servicios, establecerán sus propias normas de ingreso y permanencia, teniendo como referencia lo establecido en este artículo, a los fines de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una información adecuada que sea acorde con su desarrollo integral. Espacios adecuados y supervisados Todos los espacios y ambientes físicos de las salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de servicios de Internet deben ser adecuados para ser utilizadas por niños, niñas y adolescentes, y deben facilitar su supervisión directa y permanente de las personas que laboren en ellas, de conformidad con lo establecido en las normas técnicas que dicte la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Estas salas podrán contar con espacios reservados exclusivamente para personas adultas, los cuales no deben ser accesibles a niños, niñas y adolescentes. Información adecuada Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir, buscar y utilizar información acorde con su desarrollo integral en las salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de servicios de Internet. En consecuencia, está prohibido el acceso a información y contenidos que promuevan, hagan apología o inciten a la violencia, a la guerra, a la comisión de hechos punibles, al racismo, a la desigualdad entre el hombre y la mujer, a la xenofobia, a la intolerancia religiosa y cualquier otro tipo de discriminación, a la esclavitud, a la servidumbre, a la explotación económica o social de las personas, al uso y consumo de cigarrillos y derivados del tabaco, de bebidas alcohólicas y demás
especies previstas en la legislación sobre la materia y de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como aquellos de carácter pornográfico, que atenten contra la seguridad de la Nación o que sean contrarios a los principios de una sociedad de democracia revolucionaria. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a través de su unidad técnica competente, podrá establecer mediante normas técnicas adicionales el acceso de los niños, niñas y adolescentes a toda información y contenidos que menoscaben su desarrollo integral, atendiendo a los elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Estas normas deberán ser revisadas y actualizadas de forma regular y periódica. Está prohibido que las personas en general tengan acceso a pornografía de niños, niñas o adolescentes, así como a información que promueva o permita su abuso o explotación sexual. Difusión Artículo 9.- En todas las salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de servicios de Internet se debe fijar un cartel público, a los fines de difundir la presente Ley, en un lugar visible y en dimensiones que garanticen su fácil lectura, cuyo contenido y dimensiones serán establecidos en las normas técnicas que dicte la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Dicho cartel deberá indicar al menos el nombre, dirección y teléfono de las autoridades públicas y servicios ante las cuales se puede denunciar el incumplimiento de la presente Ley, entre ellas: el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Fiscal del Ministerio Público, el Defensor o Defensora del Pueblo y las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio y demás instancias con competencia en la materia. El cartel público deberá ser certificado por el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del lugar donde se encuentre el establecimiento. Así mismo, en los protectores de pantalla y ambientes de todas las computadoras y equipos de las salas de servicios de Internet deberán incorporarse mensajes dirigidos a la promoción de esta Ley, cuyo contenido y dimensiones serán establecidos por los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Mecanismos de seguridad Artículo 10.- Todas las salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de servicios de Internet están obligadas a implementar controles, mecanismos de seguridad y programas en las computadoras y equipos destinados a niños, niñas y adolescentes para hacer cumplir el articulado establecido en esta Ley. Los proveedores de servicios de Internet deberán ofrecer y suministrar a todos sus usuarios y usuarias, de manera gratuita, estos controles, programas y mecanismos de seguridad. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a través de su unidad técnica competente, establecerá mediante normas técnicas los requisitos y condiciones mínimas que deben cumplir los referidos controles, programas y mecanismos de seguridad. Mecanismos de seguridad Artículo 11.- Las empresas y establecimientos de salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de servicios de Internet, de carácter privado o del Estado, tienen las siguientes obligaciones: 1. Notificar del inicio, existencia y servicios prestados en las salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de servicios de Internet ante los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes donde se encuentren ubicados. 2. Contar con personal idóneo y suficiente para supervisar el cumplimiento efectivo de las regulaciones previstas en esta
3. Asegurar la formación y capacitación del personal responsable
de las salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de servicios de Internet en materia de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el contenido de la presente Ley, a través de los cursos que a tal efecto desarrollen los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Velar porque los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en las salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de servicios de Internet estén protegidos por la presente Ley. Informar a los órganos rectores en materia de tecnología de información acerca de los portales de Internet que contengan información inadecuada para niños, niñas y adolescentes de los cuales tengan conocimiento. Cumplir efectivamente con las demás obligaciones previstas en la ley.
Capítulo III: De la Difusión, Supervisión y las Sanciones Difusión y supervisión del cumplimiento de esta Ley Artículo 12.- Los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tienen la competencia de difundir y exigir el cumplimiento de esta Ley en el ámbito de su jurisdicción. A tal efecto, podrán requerir la colaboración del Poder Público Estadal. Los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes son responsables de dictar medidas de protección en aquellos casos en los cuales sea amenazado o violado el derecho de un niño, niña o adolescente a tener información adecuada para su desarrollo integral o salud ante el incumplimiento de esta Ley. Las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes deberán promover el cumplimiento de esta Ley, especialmente orientando a los niños, niñas y adolescentes y sus familiares en el cumplimiento de la misma, y denunciando ante las autoridades competentes su incumplimiento. Los Consejos Comunales, Comités de Protección Social y organizaciones de usuarios y usuarias de servicios de telecomunicaciones velarán por el cumplimiento de esta Ley en sus comunidades. A tal efecto, podrán realizar actividades de difusión y promoción del contenido de esta Ley, así como interponer denuncias y solicitudes ante las autoridades competentes en caso de infracción. Infracciones Artículo 13.- Las empresas y establecimientos que quieran dedicarse a instalar una sala de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de servicios de Internet deberán cumplir, antes de entrar en funcionamiento, con las obligaciones a que se contrae esta Ley. Las empresas que ya estén en funcionamiento tendrán un lapso de treinta días para adecuarse a los requisitos que prevé esta Ley. El incumplimiento de esta norma dará lugar al cierre del establecimiento hasta que se constate el cumplimiento de la normativa establecido en esta Ley. Infracciones leves Artículo 14.- Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales a las que hubiere lugar, se sancionará con cierre de la sala de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de
servicios de Internet por espacio de uno a tres días continuos a la empresa o establecimiento que luego de autorizados y entrados en funcionamiento: 1. No cumpla con las normas de ingreso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes en las salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de servicios de Internet, de conformidad con el artículo 6 de esta Ley. 2. No adecue las salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de servicios de Internet para ser utilizados por niños, niñas y adolescentes, en los términos previstos en el artículo 7 de esta Ley. 3. No cumpla con las obligaciones de difusión de esta Ley, previstas en el artículo 9. 4. Incumpla con la obligación de notificar del inicio, existencia y servicios prestados en las salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de servicios de Internet ante los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes donde se encuentren ubicados, según lo previsto en el numeral 1 del artículo 11 de esta Ley. 5. No cumpla con la obligación de asegurar la formación y capacitación del personal responsable de las salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de servicios de Internet en materia de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el contenido de la presente Ley, a través de los cursos que a tal efecto desarrollen los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 11 de esta Ley. Infracciones graves Artículo 15.- Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales a las que hubiere lugar, se sancionará con cierre de la sala de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de servicios de Internet por espacio de tres a cinco días continuos a la empresa o establecimiento que luego de autorizados y entrados en funcionamiento: 1. Incumpla con la prohibición referida al acceso de los niños, niñas y adolescentes a información considerada inadecuada para su desarrollo integral en los términos contemplados en el artículo 8 de esta Ley. 2. No implemente controles, programas y mecanismos de seguridad en las máquinas y computadoras destinadas a niños, niñas y adolescentes, según lo previsto en el artículo 10 de esta Ley. 3. Reincida en una infracción leve contemplada en el artículo 13 de esta Ley. Cierre de sala, competencia y procedimiento Artículo 16.- Comprobada la comisión de una de las infracciones contempladas en los artículos 13 y 14 de esta Ley, el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescente donde se encuentre ubicada la sala de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de servicios de Internet impondrá las sanciones a que hubiere lugar. En el caso que la empresa o establecimiento sancionado tenga varias sucursales, el cierre de la sala sólo se aplicará en el lugar donde se cometió la infracción. En estos casos, el empleador o empleadora deberá pagar a los trabajadores y trabajadoras todas las remuneraciones y beneficios sociales que les correspondiesen como si hubieran laborado efectivamente dichas jornadas.
Infracción de los proveedores de servicio de Internet Artículo 17.- Los proveedores de servicios de Internet que incumplan con la obligación de ofrecer y suministrar a todos sus usuarios y usuarias, de manera gratuita, los controles, programas y mecanismos de seguridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de esta Ley, serán sancionados con multa desde uno por ciento (1%) hasta dos por ciento (2%) de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la infracción. Los órganos rectores en materia de tecnología de información será competentes para imponer esta sanción pecuniaria, mediante el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
Difusión y supervisión del cumplimiento de esta Ley Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, las autoridades competentes desarrollarán planes de promoción y difusión de su contenido. Infracciones Esta Ley entrará en vigencia a los seis meses siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, el primer día de agosto de dos mil seis. Año 196º de la Independencia y 147º de Federación. Palacio de Miraflores, Caracas, 25 de septiembre de dos mil seis. Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación. Cúmplase, (L.S.) HUGO CHAVEZ FRIAS Los demás Miembros del Gabinete Ejecutivo.
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artículo 9
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Artículo 17
artículo 10


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 DECRETO 857 DE MAYO 24 DE 2018
DECRETO 857 DE 24 DE MAYO DE 2018
CONTENIDO:MODIFICA EL DECRETO 1074 DE 2015, DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, EN LO CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RÍO CESAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÁMARA DE COMERCIO, REGISTRO COMERCIAL, FUNCIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, CLASES DE JURISDICCIÓN, COMPETENCIA JURISDICCIONAL
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.2.45.55 del capítulo 45 título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo”.
en ejercicio de sus facultades y en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en el artículo 79 del Código de Comercio, y
Que el artículo 28 del Decreto 210 de 2003, determina como una de las funciones de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establecer las políticas de regulación sobre Registro Mercantil y Cámaras de Comercio, así como hacer seguimiento a las actividades de las Cámaras de Comercio.
Que el Decreto 1308 de 4 de julio de 1967, creó la Cámara de Comercio de Valledupar, departamento de Cesar.
Que el artículo 2.2.2.45.55 del Decreto 1074 de 2015 establece que la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Valledupar comprende los municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, El Copey, El Paso, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar, Pueblo Bello y San Diego, en el departamento del Cesar.
Que el presente decreto fue publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, y el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Presidencia de la República, Decreto 1081 de 2015, el Proyecto de Decreto fue sometido a consulta pública nacional, desde el 19 de febrero a 5 de marzo de 2018, en el sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de recibir comentarios y observaciones por parte de los interesados.
Que el proyecto de decreto se envió a la Superintendencia de Industria y Comercio en cumplimiento del artículo 7º de la Ley 1340 de 2009, la cual se abstuvo de emitir concepto de que trata el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015,
ART. 1º—El artículo 2.2.2.45.55 del capítulo 45 título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, quedará así:
“ART. 2.2.2.45.55.—Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar. La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar comprende los municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, El Copey, El Paso, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar, Pueblo Bello y San Diego, en el departamento del Cesar”.

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