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YUNGAY NOTICIAS: 1/01/10
JAIME BAYLY: PLAN DE GOBIERNO
TRATO IGUAL PARA CREDOS. Yo sé que la mayoría de los peruanos son católicos, pero yo soy agnóstico y creo que la Iglesia Católica ha hecho un daño incalculable a la causa de la libertad. Creo que es injusto que el Estado peruano otorgue subvenciones económicas y exoneraciones tributarias a esa religión, en abierta discriminación a otras confesiones religiosas. Yo quiero que el Estado peruano sea laico y no confesional, quiero que el dinero de todos los contribuyentes (católicos o de otras religiones o de ninguna) no se use para privilegiar a una confesión religiosa en desmedro de las demás. Creo en la libertad de cultos y en que todas las iglesias deben autofinanciarse y en que el Estado no debe darle dinero a ninguna religión.LIBRE DECISIÓN EN ABORTO. Yo sé que la mayoría de los peruanos creen que el aborto debe ser penalizado como un crimen equivalente a un asesinato, pero yo creo que toda mujer adulta debería ser libre de decidir, ante su conciencia, ante sus valores y convicciones, si desea o no ser madre, y que nadie tiene derecho de obligarla a ser madre si ella no lo desea o lo siente conveniente; que nadie tiene derecho a entrometerse en el ámbito sagrado de su cuerpo y su libertad individual. Por cierto, creo que siempre es más admirable dar vida que interrumpirla, pero esa es una decisión que compete a cada mujer embarazada y no una decisión que debemos imponer arbitrariamente sobre ella, secuestrando su capacidad de decidir sobre su cuerpo y su destino personal.FUERZAS ARMADAS. Yo sé que la mayoría de los peruanos creen que algún país vecino nos quiere invadir, pero yo creo que nadie quiere hacernos la guerra ni invadirnos. Yo sé que la mayoría de los peruanos creen que necesitamos fuerzas militares para protegernos de esa eventual invasión o guerra exterior, pero yo creo que nuestras fuerzas militares son incompetentes e inútiles y que, si tuvieran que protegernos de esa supuesta guerra (que yo creo que no ocurrirá), nos protegerían tan pobremente que casi daría igual si no existieran. Yo creo que el cuantioso dinero que gastamos en entrenar a miles de soldados en el oficio innoble de matar en una guerra ficticia y del todo improbable es dinero muy mal gastado. Yo creo que el cuantioso dinero que gastamos en comprar armas de guerra para una guerra que no ocurrirá (y que, de ocurrir, perderíamos de todos modos) es dinero inmoralmente malgastado. Yo creo que el dinero que el Perú gasta en militares y armas de guerra debería destinarse por completo a educar a los niños más pobres del país. Yo creo que el Perú, como Costa Rica, puede y debe vivir sin fuerzas militares: basta con una Policía moderna, bien equipada y dotada de vehículos más potentes y veloces que los que usan los malhechores para escapar: esa sí es una guerra real, la guerra contra los delincuentes, una guerra que necesitamos combatir con urgencia y para la cual es preciso dotar a la Policía de más hombres, más recursos, mejores armas y mejores vehículos.UNIÓN ENTRE HOMOSEXUALES. Yo sé que la mayoría de los peruanos repudian la sola idea de que dos mujeres o dos hombres puedan casarse civilmente como pueden casarse un hombre y una mujer, pero yo creo firme y apasionadamente que la discriminación contra las minorías sexuales es una injusticia y que esa injusticia debe cesar y sólo cesará cuando todos los ciudadanos del Perú tengan los mismos derechos, independientemente de su identidad o preferencia sexual. Yo creo que mi país será más justo el día en que dos lesbianas puedan casarse, en que dos homosexuales puedan casarse, del mismo modo exacto, con los mismos derechos y obligaciones en que dos heterosexuales pueden casarse ahora ante la ley.LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS. Yo sé que la mayoría de los peruanos ven con horror que los ciudadanos puedan elegir libremente el modo en que desean intoxicarse aun a riesgo de provocar su muerte, pero yo creo en la libertad y creo, por consiguiente, que cada adulto debe ser responsable de las sustancias que decide consumir, aun a sabiendas de que son nocivas para su salud. Si la ley permite que un adulto se intoxique con alcohol, con tabaco, con latas de bebidas estimulantes que contienen altas dosis de cafeína, con tales o cuales fármacos, creo que sería razonable dejar que cada ciudadano decida ante sí mismo, ante su conciencia, ante sus valores y convicciones, si desea o no intoxicarse fumando marihuana, aspirando cocaína o tragando pastillas de éxtasis, por ejemplo. Yo creo que el consumo de drogas, de todas las drogas, debería ser libre y legal si de adultos se trata, y que las drogas deberían venderse en las farmacias del mismo modo que se venden licores en las licorerías, cigarrillos en las bodegas o latas de cafeína líquida en las gasolineras. No creo que si se vendiera marihuana, cocaína y éxtasis en las farmacias (a personas adultas, desde luego) aumentaría necesariamente el consumo de dichas sustancias tóxicas (un consumo que, por experiencia propia, no recomiendo a nadie). Y aun si fuera el caso que aumentara, creo que cada persona adulta debería ser libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, sea para bien o para mal, siempre que no le haga daño a nadie más que a sí mismo.INDULTO A FUJIMORI. Yo sé que la mayoría de los peruanos (si hemos de creer en las encuestas) quisieran que el señor Fujimori muera en la cárcel, pero yo creo que sería justo convocar a una consulta popular para que el pueblo decida si desea o no concederle un indulto por razones humanitarias, teniendo en cuenta las cosas buenas que dicho señor hizo por el país y los años que ya ha pasado en la cárcel y los achaques de salud de los que padece.REFORMA DEL CONGRESO. Yo sé que la mayoría de los peruanos sienten vergüenza por el Congreso, no sienten que ese Congreso nos representa debidamente; sienten que la mayor parte de los congresistas son sinvergüenzas, ineptos, pícaros, trepadores que se han postulado no para servir al país sino para asegurarse un buen sueldo durante cinco años, además de los numerosos privilegios de los que abusan con descaro. Yo comparto la indignación y el repudio que la mayoría de los peruanos siente por el actual Congreso. Por eso, si soy candidato presidencial, no llevaré listas al Congreso, como un gesto de repudio moral a ese Congreso que nos abochorna. Por eso, si soy elegido presidente, convocaré a un referéndum para refundar el Congreso, modificando (si el pueblo así lo aprueba) el artículo constitucional pertinente y estableciendo que el nuevo Congreso estará integrado solamente por 25 ciudadanos, uno por cada departamento y uno por la provincia del Callao. Ese nuevo Congreso, aprobado en consulta popular, deberá terminar con los sueldos de escándalo y las prebendas abusivas, que son un agravio y una humillación a los peruanos de buena fe. Esos 25 congresistas deberán ganar el mismo sueldo que gana un maestro de escuela pública y deberán entender que no van al Congreso a llenarse los bolsillos, sino a ser maestros de la democracia y, por consiguiente, a ganar un sueldo austero, equivalente al de un maestro de escuela.REFORMA EDUCATIVA. Pero, si hay una sola idea que me provoca indignación moral y enciende el fuego de mis sueños políticos, es la espantosa injusticia de la que he sido testigo durante casi 40 años en el Perú: que los niños de familias ricas se educan bien y los niños de las familias pobres se educan pésimamente o no se educan del todo. Esto tiene que cambiar, y yo haré lo posible para que cambie. Si algún día soy presidente, no desmayaré hasta que ese sueño se cumpla: que todos los niños del Perú puedan educarse igual de bien, que los niños pobres puedan estudiar en colegios tan buenos como las mejores escuelas privadas, que los maestros de las escuelas públicas sean tan buenos o mejores que los de los colegios privados (e igual de bien pagados) y que los niños pobres del Perú terminen la secundaria con la misma preparación académica que los jóvenes egresados de los colegios más caros. El día en que el niño más pobre pueda ir a un colegio gratuito igual de bueno que el colegio al que van mis hijas (y aprenda a hablar inglés, porque el inglés debe ser curso obligatorio en las escuelas públicas, no así la religión, que debe ser curso voluntario), el día en que el niño más pobre del Perú pueda tener igualdad de oportunidades académicas con los niños más ricos, ese día sentiré que algo bueno y noble he hecho por mi país.Estas son las causas perdidas que yo defiendo y por las que estoy dispuesto a batallar limpiamente y a dar la vida si fuera el caso. Que nadie rebaje a burla o sainete el tamaño de mi sueño y la nobleza de mi emprendimiento, que no es el de ser presidente sino el de pelear por esas causas perdidas por las que alguien, siento yo, tiene que salir a pelear.Mi sueño no es ser presidente. Mi sueño es que los peruanos seamos más libres y que los niños, ricos y pobres, puedan educarse igual de bien y vivir en un país mejor. Cuenten conmigo para trabajar por ese sueño. Yungay Noticias.
El presidente del Gobierno Regional de Ancash Sr. César Alvarez Aguilar, anunció que cumplirá sus ofrecimientos hechos al inicio de su gestión, en esta oportunidad se trata de la compra de diez mil computadoras que serán entregados a los docentes en forma gratuita a nivel regional.Esta compra se realizará con los fondos provenientes de la Compensación Minera y que fueron resultado de las luchas sostenidas por la sociedad civil en conjunto con el Gobierno Regional de Ancash para que no se nos afecte con la reducción del canon minero. Las computadoras serán entregadas en forma gratuita, sin pago de cuota o inscripción alguna.Por su parte el presidente regional señaló que gracias al acuerdo firmado con la Compañía Minera Antamina se hará posible cumplir con estos ofrecimientos, ya que de haber ingresado a las cuentas del Gobierno Regional hubiera formado parte del presupuesto institucional, lo cual hubiera estado sujeto a las trabas y obstáculos de la administración pública.FI:HuarazAvisos.Esperamos que este anuncio se concrete pronto y que no se dilate el tiempo y pueda hacerse realidad antes del inicio del año escolar 2010 a fin de que los docentes puedan realizar su planificación curricular y desarrollo materiales multimedia con el uso de las nuevas tecnologías. Así mismo es necesario desarrollar todo un programa de capacitación sostenida en el uso y aplicación didáctica de la computadora e internet.Que esta nota no pase a formar parte de nuestra seccion ¿HASTA CUANDO?Yungay Noticias.Lea mas sobre el tema ...... AQUI y AQUI
COLEGIO MAYOR SECUNDARIO RESULTADOS ANCASH ADMISION 2010
UGELNº ESTUD. CLASIF. 3ºNº ESTUD. CLASIF. 4ºNº ESTUD. CLASIF. 5ºTOTALSANTA 12 212053HUARAZ 2 248YUNGAY 3 126RECUAY 1 214BOLOGNESI 1 124HUARMEY 2 --2CARHUAZ 2 --2HUARI - -11TOTAL 23 273080ALUMNOS DE LA PROVINCIA DE YUNGAY CLASIFICADOS:TERCER GRADOSAENZ JAMANCA MILENE MERCEDESIE SANTA INÉS-YUNGAYGONZALES CHAMPA ROCIO KATHERINEIE SANTA FE DE TUMPAAVELINO CAMONES KEVIN MAIKOLIE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN-YUNGAYCUARTO GRADOGONZALES ONCOY HENRY DARWINIE IGNACIO AMADEO RAMOS OLIVERA-YUNGAYQUINTO GRADOALVA GONZALES BILYSSON MCLCODIE IGNACIO AMADEO RAMOS OLIVERA-YUNGAYAQUINO DOMINGUEZ FABIOLA MARIETAIE JUAN BAUTISTA LA SALLE-TINGUAFelicitaciones a los profesores y padres exitos en el proceso que sigue. A prepararse¡ !Bien¡
Mediante Decreto Supremo N° 002-2010-ED, el Ministerio de Educación ha fijado las normas para el proceso de contración de profesores de Educación Básica regular, Educación Básica Especial, Educación Básica Alternativa y Educación Técnico productiva para el año 2010. La norma establece que para efectos de contratar a profesores de Educación Básica Regular se tomará en cuenta, en estricto orden de méritos, a nivel de UGEL, a los profesores que sacaron los más altos puntajes -superiores a 14- en la prueba eliminatoria aplicada el 15 de noviembre del 2009.Para los profesores de Educación Especial, Básica Alternativa y Técnico Productiva lo que habrá es una Prueba Única Regional, elaborada por la Dirección Regional de Educación de acuerdo a la matriz que para el efecto establezca el Ministerio de Educación.Lo que sigue a continuación es el texto de la mencionada norma.Dictan normas para regular la contratación de personal docente en instituciones educativas públicas de educación básica regular, especial, alternativa y educación técnico productiva para el año 2010 Decreto Supremo N° 002-2010-ED EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Supremo N° 002-2009-ED, se establecieron normas para la contratación de personal docente en instituciones educativas públicas de educación básica y educación técnico productiva para el año 2009. Que de acuerdo al artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado. Que, asimismo el inciso h) del artículo 80 de la precitada Ley, señala como función del Ministerio de Educación: "Definir las políticas sectoriales de personal (...)", norma concordante con lo establecido en el inciso h) del artículo 67 del Reglamento de Gestión del Sistema Educativo aprobado por Decreto Supremo N° 009-2005-ED. Que, siendo así, resulta necesario emitir las normas que regulen la contratación del personal docente en las instituciones educativas públicas de educación básica y educación técnico productiva para el año 2010, estableciendo lineamientos que garanticen la contratación de personal docente idóneo, que cumplan con los requisitos de calidad y capacidad profesional. De conformidad con el numeral 3) del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley N° 28044, Ley General de Educación; DECRETA: Artículo 1.- Normas para la contratación de personal docente en instituciones educativas públicas de educación básica regular para el año 2010.La contratación de personal docente para instituciones educativas públicas de educación básica regular, se realiza en estricto orden de mérito por Unidad de Gestión educativa local o la que haga sus veces, el que se obtiene de los resultados de la Prueba Única Nacional aplicada el 15 de noviembre del 2009, en el marco de lo establecido en la Resolución ministerial N° 295-2009-ED. En caso de empare se evalúa el legajo personal del postulante. Artículo 2.- Normas para la contratación de personal docente en instituciones educativas públicas de educación básica especial, educación básica alternativa y educación técnico productiva para el año 2010.La contratación de personal docente para instituciones educativas públicas de educación básica especial, educación básica alternativa y educación técnico productiva se desarrolla en estricto orden de mérito, el cual se define mediante el desarrollo de una prueba única regional, elaborada de acuerdo a la matriz que para tal efecto establezca el Ministerio de Educación. En caso de empare se evalúa el legajo personal del postulante. La Prueba Única Regional se realizará en una sola fecha a nivel nacional, la que se determina en la Directiva para la Contratación de Personal Docente que emite la Unidad de Personal del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación verificará que la Prueba Única Regional cumpla con los niveles de exigencia que aseguren su idoneidad. Artículo 3.- Directiva de Contratación.Disponer que lo establecido en el presente Decreto Supremo sea incorporado en la Directiva para la Contratación de Personal Docente que emite la Unidad de Personal del Ministerio de Educación, la que es de obligatorio cumplimiento a nivel nacional por las instancias de gestión educativa descentralizada y por las municipalidades comprendidas en el proceso de municipalización de la gestión educativa. Artículo 4.- Facultades del Ministerio de Educación.El Ministerio de Educación supervisa el desarrollo del proceso en su integridad y goza de la facultad de suspender el mismo en caso no se ajuste a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo y en la Directiva a la que se refiere el artículo 3 del presente Decreto Supremo. Artículo 5.- RefrendoEl presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministerio de educación. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA Única.- Deróguese todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido por el presente Decreto Supremo. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de enero del año dos mil diez. ALAN GARCÍA PÉREZPresidente Constitucional de la República JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDOMinistro de EducaciónYungay Noticias¿Cuál es su opinión?LEER MAS EN: SUTEP SECTOR17 Yungay Noticias.
En los últimos días, la prensa internacional ha informado acerca del plan de inversiones de Antamina por US$ 1,288 millones. Como se sabe, este plan incluye reinversiones por US$ 900 millones, las que no pagarán impuesto a la renta (IR), debido al convenio de estabilidad tributaria que la empresa firmó bajo Fujimori en 1999 (ver Antamina: reinvirtiendo con nuestros impuestos, www.cristaldemira.com, 23/11/2009).El no pago del IR implica que Sunat dejará de recaudar US$ 270 millones (900 millones x 30%), lo que afectará en 50% al gobierno central y en 50% a la Región Áncash (gobierno regional y gobiernos locales). Eso desató importantes movilizaciones en toda la Región.Hemos dicho en esta columna que ese incentivo tributario fue derogado en setiembre del 2000 porque ya no estamos en 1990-91 y por su alto costo fiscal. Si bien todavía rige para Antamina debido al convenio de estabilidad, la actual coyuntura de altos precios hace innecesario que la empresa lo utilice.Miren, si no, lo que acaba de declarar Greg Waller, vicepresidente de Teck (empresa canadiense que tiene el 22.5% de Antamina): “El proyecto se financiará con el propio flujo de caja de la empresa. Agregó el Sr. Waller que Teck no invertirá “cash”, sino que solo reducirá la distribución de utilidades en una cifra no mayor a US$ 100 millones en los próximos dos años” (13/1/2010, http://www.tcetoday.com/tcetoday/NewsDetail.aspx?nid=12424).En cristiano, el Sr. Waller dice que de ese mismo cuero saldrán las correas. Claro que sí. Antamina ha tenido utilidades superiores a los US$ 1,000 millones anuales del 2006 al 2009 (en total US$ 6,320 millones). Y las seguirá teniendo, pues los precios del cobre y del zinc siguen altos. Así, la inversión se iba a hacer de todas maneras, con o sin incentivo tributario (para ellos, un ripio).Así, la reinversión, que se hará en cuatro años, del 2010 al 2013, se financiará con el flujo de caja. Lo mismo sucederá con los US$ 388 millones adicionales del total del plan de inversión. No solo eso. Antamina seguirá teniendo utilidades netas todos esos años, las mismas que “solo se reducirán en algo”. ¡Qué bonito negocio! No queda duda de que la empresa ha logrado un faenón para sus accionistas (no para el Perú), que es legal, pero no legítimo.El problema aquí tiene que ver solo en parte con las empresas, que siempre van a buscar maximizar sus utilidades. El otro lado del problema –el principal– es que el actual gobierno no le ha planteado a la empresa, en ningún momento, sentarse a la mesa para discutir la repartición de las sobreganancias por los extraordinarios altos precios de los minerales. Por eso aceptan, sin mover una ceja, no recaudar US$ 270 millones que podrían invertirse en educación, salud e infraestructura.No solo eso. El premier interpuso sus “buenos oficios” para que el presidente de la Región Áncash, César Álvarez, que al principio objetó el programa de reinversión, también lo acepte. La empresa le aseguró a Álvarez que cubriría cualquier “faltante” que se presentara en los programas de inversión de la Región y de las municipalidades en los próximos años por el menor pago del IR.La cuestión es que en Áncash quizá no falte dinero porque, de un lado, hay excedentes acumulados del canon de años anteriores y, de otro, que Antamina seguirá teniendo utilidades, por lo que va a haber poco o ningún “faltante”.Pero aun si lo hubiera (y la empresa lo cubre), el problema central es, repetimos, que el Estado peruano no asume la responsabilidad que le corresponde: aprovechar los beneficios que generan los precios extraordinarios de los recursos naturales, que son de la Nación. No lo hace con los contratos pasados y tampoco modifica la legislación para que esto no se vuelva a repetir en el futuro. ¿Y la oposición? Bien, gracias. FI:Cristal de MiraYungay Noticias.
SISMO EN HAITI:Se teme que sean más de 100 000 muertos
El empobrecido país clama por ayuda internacionalDolor y caos en Haití: Sismo llenó de cadáveres Sin estimaciones oficiales aún, el presidente Preval dijo que el terremoto pudo dejar 50.000 muertos. El primer ministro teme que sean más 100.000.Edificios derrumbados y habitantes aterrados que deambulan por las calles entre cadáveres: Puerto Príncipe quedó sumergido en el caos tras el poderoso sismo que asoló el martes Haití, y las autoridades temen hasta más de 100.000 muertos.Escombros por doquier y cadáveres amontonados en las calles muestran la macabra desolación que se ha instalado en esta ciudad de cerca de dos millones de habitantes.“Camino por encima de cuerpos sin vida. Mucha gente se encuentra debajo de los edificios. El hospital general colapsó. Necesitamos apoyo. Necesitamos ayuda. Necesitamos ingenieros”, fue el llamado de la primera dama, Elisabeth Preval, quien se salvó al igual que su esposo, el presidente René Preval, del desplome del palacio presidencial.Los graves daños de infraestructura vial están impidiendo que la ayuda llegue a su destino y es la misma población, con sus propias manos, la que busca con desesperación a los desaparecidos bajo escuelas, hospitales, edificios y barriadas pobres que se vinieron abajo por completo.Los habitantes dejaron sus casas en busca de patios de recreo o espacios abiertos, para no correr el riesgo de ser aplastados por el derrumbe de un inmueble. Réplicas de hasta 5,9 grados de magnitud sacudieron la ciudad en la noche del martes y la madrugada de ayer.El premier haitiano, Jean Max Bellerive, afirmó ayer a CNN que temía que el balance superara los 100.000 muertos.“Es difícil hacer una evaluación correcta”, pero considerando a quienes se encontraban en el interior de las viviendas, “estamos bastante por encima de los 100.000” muertos, declaró Bellerive.Preval, en cambio, dijo que escuchó que la cifra de muertos por el sismo podría ser de entre 30.000 y 50.000 personas. Pero no dio a conocer la fuente de esas estimaciones.El baile de números es un reflejo del caos que vive el país. La Cruz Roja, a falta de cifras oficiales, calcula en más de tres millones los damnificados.Algunos edificios aún están en pie, pero las anchas grietas ilustran la fuerza del temblor de 7 grados de magnitud.El terremoto se sintió asimismo en Petionville, 12 km al este de Puerto Príncipe, donde también colapsaron numerosos edificios.Vehículos de la Policía haitiana, de Naciones Unidas o de la Cruz Roja intentaban trasladar a los heridos, pero las casas destruidas bloquean su circulación. Las líneas telefónicas resultaron seriamente afectadas y era muy difícil comunicarse con Haití desde el extranjero.La mayoría de las estaciones de radio y de televisión seguía sin operar, y las pocas radios que podían emitir lanzaban llamados urgentes de socorro.Con los teléfonos colapsados, pero con algunos servicios de Internet todavía disponibles, muchas de las primeras fotos, vídeos y testimonios de lo que ocurría en Haití provinieron de usuarios de Twitter.Expertos: Temblor de tal magnitud era inevitableLas probabilidades de que se produjese un violento sismo como el que el martes devastó Puerto Príncipe eran altas, afirmaron varios expertos. “Es el sismo más importante que hemos registrado en una zona de 200 km desde 1770”, indicó John Bellini, geofísico del Instituto Geológico estadounidense.Por la estructura y los lentos movimientos de la falla que discurre a unos kilómetros al sur de Puerto Príncipe, varios expertos habían advertido en los últimos años que se preparaba en la región de la capital una actividad sísmica importante.“Los habitantes de la capital haitiana deben prepararse para un suceso inevitable”, declaró en 2008 el ex profesor del Instituto Geológico de La Habana, Patrick Charles, al diario haitiano Le Matin. Según Bellini, por su estructura la falla es similar a las de Turquía o de San Andrés, en CaliforniaYungay Noticias.FI:Experso.EcENLACES:Sitio especial de UNICEF sobre la emergencia Organización de la Naciones Unidas en
VENDEN VOTOS POR INTERNET:Elecciones Presidenciales UCRANIA
'No creo en la democracia ucraniana. Vendo mi voto y otros 10 más'A la venta: mi voto en las elecciones ucranianas del domingo. Precio: entre 300 y 500 grivnias, de 26 a 43 euros al cambio actual. Puedo conseguir a otros que también quieran vender los suyos. Es el resumen de las numerosas ofertas de ciudadanos desencantados con la política que han aparecido en Internet en los días previos a la cita electoral."No creo que nuestra democracia y por eso vendo mi voto. Quizá podría haber otros 10 votos en venta. La única discusión sobre el precio será al alza", señala un anuncio fechado en Lviv, en el oeste de la ex república soviética."Me da completamente igual quién gane", indica otro desde la capital. "Hay tres votos en venta: dos en Kiev y uno en Bila Tserkva. Quinientas grivnias cada uno".Los servicios de seguridad no hicieron comentarios al respecto, pero un miembro de la comisión electoral advirtió de que comprar votos es ilegal.Sin embargo, no parece que venderlos sea un delito. Algunos de los anuncios difundidos en la Red están acompañados de direcciones de correo electrónico, mientras que en otros figura un teléfono.'No soy un patriota'Contactado por teléfono por la agencia Reuters, Vadim, un trabajador de la construcción de 25 años, explicó que ya había recibido ofertas en respuesta a su anuncio. "La política no me interesa en absoluto. No me interesa quién será presidente ni soy un patriota", reconoció.Vadim, residente en Kiev, dijo que podía conseguir una decena de papeletas entre sus familiares y amigos, por unas 500 grivnias (algo más de 40 euros) cada una. "Ya he tenido ofertas y estoy decidiendo", añadió.Los quintos comicios del país desde su independencia en 1991 se celebrarán el domingo sin un claro favorito. Todo apunta a que será necesario celebrar una segunda vuelta el próximo 7 de febrero entre la primera ministra, Yulia Timoshenko, y el ex gobernante Viktor Yanukovich.Yungay Noticias.FI:El Mundo.es
La joven española, protagonista hoy de todos los medios de comunicación por haber sido la primera menor de edad del país en someterse a un intervención de cambio de sexo, no es la primera del mundo que ve cumplido su deseo antes de llegar a los 18 años. Y eso a pesar de que en España, como en la mayoría de países, la ley solo permite este tipo de operación en menores si cuentan con una autorización judicial.De hecho, otros 'pequeños' antes que esta joven española han pasado por el juez para poder someterse a este tipo de intervención. Es el caso de Natalia, que nació en Argentina y que se convirtió en la primera paciente transexual de Latinoamerica en lograr la autorización necesaria para poder ser intervenida. Fue en 2007 y tras lidiar tres años con la Justicia.Más recientemente, en Alemania, Kim Petras logró que la sometieran a tratamiento quirúrgico poco después de cumplir los 16 años y tras dos sometida a terapia hormonal y psicológica, tal y como sucede en todos los casos. Y ahora, en Reino Unido, otro chico de 12 años ha solicitado también su transformación en chica.Por su parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha reclamado que las operaciones de cambio de sexo en menores se puedan realizar sin sentencia judicial previa y en hospitales públicos.A su juicio, el trámite judicial retrasa "inexplicablemente" la operación y vulnera el derecho al libre desarrollo del menor. La coordinador del Área Trans de la federación destacó que "negar la transexualidad hasta la mayoría de edad sólo alarga el sufrimiento de la juventud que debería tener los mismos derechos que el resto".¿Antes de los 18?La polémica sobre si los transexuales deberían o no someterse al cambio quirúrgico de sexo antes de la mayoría de edad permanece abierta desde hace tiempo. Pese a la falta de cifras, los especialistas como Norma Spack, del Hospital Infantil de Boston o el propio Iván Mañero, jefe de la Unidad de Trastornos de Género del Hospital Clínico de Barcelona (además del cirujano que ha intervenido a la joven española en la institución privada que lleva su nombre), han defendido en más de una ocasión que el número de demandas de cambio de sexo en menores va en aumento.Yungay Noticias.FI:El Mundo.es
La gasolina más cara del continente americano se vende en el Perú
La gasolina más cara del continente americano se vende en el Perú, donde llenar el tanque cuesta tanto que resulta un lujo para consumidores de mayor poder adquisitivo, como los norteamericanos o argentinos, a la luz de un cuadro comparativo internacional de los precios, en el que sólo Brasil tiene el combustible más caro.En el Perú el galón de gasolina cuesta como promedio el equivalente de 4.61 dólares el galón, mucho más que en Estados Unidos, donde el precio es de 2.94 y donde los ingresos, aún en tiempos de crisis, son mucho más altos que aquí.La gasolina más cara se vende en Brasil, donde llega a costar 6 dólares el galón, siendo la única de precio más elevado que en el Perú, pues nuestro país supera a Colombia, donde cuesta 4.03 dólares y es considerada sumamente onerosa, muy por encima de México, donde llega apenas a 1.68 dólares por galón. La diferencia es abismal entre lo que pagan los peruanos y lo que el galón de gasolina cuesta en Bolivia (1,60 dólares), Ecuador (2.01) y Chile (2.61), siendo este un país que no produce petróleo. En China, el precio es de 3.01 dólares.Los consumidores pagan por un petróleo sobrevaluado, según el analista Jorge Manco Zaconetti, quien argumenta que el razonamiento del presidente Alan García para justificar el alza en los precios de los combustibles, en el sentido que nuestro parque automotor consume petróleo internacional a precio internacional de 60 a 80 dólares por barril, no se ajusta a la verdad, ya que desde hace varios años el Perú importa este producto de Ecuador, Colombia o Venezuela, cuyas tarifas son hasta 6 dólares menos que el precio internacional, lo que revela una falta total de transparencia en la determinación de los precios de los combustibles por parte del Ejecutivo.“Las empresas refineras que operan en el Perú, sea la estatal PetroPerú o la transnacional Repsol/YPF, no importan el crudo de la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Normalmente lo hacen de Ecuador, Colombia o Venezuela, ello representa normalmente un diferencial importante en los precios del crudo. Es decir, el precio del crudo que tradicionalmente se importa desde el exterior, es más barato en relación al marcador el WTI que normalmente Osinergmin adopta para elaborar los llamados precios de referencia”, manifestó el analista.Sin criterioEs decir, los usuarios pagan por un sobrecosto en el que se benefician son las refinerías, ya que compran el petróleo más barato, y venden a los usuarios al precio internacional con la complicidad del Osinergmim. Además, cuentan con el aporte del llamado Fondo de Estabilización de Combustibles que tiene como objetivo central amortiguar y compensar los efectos alcistas de los precios del crudo internacional. Sin embargo, para Manco, este fondo ha sido manejado sin criterio, como se demuestra al comparar el monto del mismo con la evolución del precio del petróleo. Así, desde el 2004 a la primera semana del 2010 se puede observar la tendencia creciente de los precios del crudo internacional, llegando a su pico en julio del 2008 cuando arañó los 150 dólares el barril. Sin embargo, en el 2009 los precios han experimentado una reducción, manteniéndose sobre los 57 dólares el barril en los meses enero - setiembre, para elevarse sobre los 80 dólares el barril en los primeros días de enero del 2010. Yungay Noticias.
Al término del año 2010 se espera contar en el país con 170 mil maestros debidamente capacitados, con el fin de reforzar sus conocimientos y mejorar su desempeño en las aulas, lo que favorecerá a los escolares peruanos, informó el viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler. Luego de destacar que el Ministerio de Educación cuenta con el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente de Docentes (Pronacap), el funcionario detalló que las capacitaciones pondrán especial atención en lo referido a los aspectos de ciencia y tecnología.Además de los temas generales, la capacitación se orientará a la educación bilingüe intercultural; a la ciencia, tecnología y ambiente; así como a la comunicación, matemática, economía, geografía, historia, y formación ciudadana y cívica de los educandos. “Se capacitará a quienes han tenido el más alto rendimiento en la formación básica del Pronacap, de tal manera que esperamos llegar a fin de año con 170 mil maestros capacitados”, declaró Vexler, al mencionar algunas de las metas de su sector previstas para el presente año.En diálogo con la agencia Andina, mencionó también que en dos semanas se prevé distribuir 16 millones de textos escolares de calidad para alumnos del primero al sexto año de Primaria en cerca de 28 mil centros educativos, además de tres millones de cuadernos de trabajo.“El ministerio invirtió más de 130 millones de soles. También se entregarán cerca de 400 mil diseños curriculares para los maestros y cerca de cuatro millones de módulos de lectura para los alumnos de segundo, tercero y cuarto de Secundaria”, precisó el viceministro.En cuanto a las computadoras personales, dijo que este año se espera llegar a las 550 mil laptops ya entregadas en diferentes instituciones educativas del país, lo que irá acompañado de un trabajo de supervisión, acompañamiento y monitoreo docente.Recordó que ya se han entregado más de 200 mil laptops durante los años 2007, 2008 y 2009, pero con el nuevo lote de computadoras también se potenciarán los centros de innovación pedagógica y los centros de recursos tecnológicos en los colegios de las áreas rurales.Respecto al mantenimiento preventivo de los colegios públicos del país, indicó que se cuenta con 290 millones de soles, de los cuales 75 millones ya han sido transferidos para iniciar los trabajos y poder comenzar sin inconvenientes las clases escolares el próximo 01 de marzo.La transferencia se completará a fines de enero, siempre que los directores de escuela hayan rendido cuenta de los fondos que el año pasado les fueron entregados en sus cuentas bancarias para el mismo fin.“A un director irresponsable no se le puede dar dinero del Estado. Si no rinden cuentas, no se transfiere el dinero y el colegio resultaría perjudicado porque se quedaría sin fondos. La mayoría de directores sí declaró y está en condiciones de recibir los fondos”, señaló Vexler.Finalmente, acotó que espera que las obras de mejoramiento de la infraestructura de los colegios emblemáticos del país; como el “Guadalupe” y el “Melitón Carbajal”, estén culminadas antes del 01 de marzo, pues éstos ya presentan un porcentaje de avance muy importante.“También vamos a continuar impulsando la Carrera Pública Magisterial, que es una herramienta de realización profesional y económica de los maestros. Ello redundará en el mejoramiento de la calidad educativa en el país”, destacó el funcionario.FI:Andina Yungay Noticias.
BURJ DUBAI: EL EDIFICIO MAS ALTO DEL MUNDO
Dubai, endeudada, inauguró la torre más alta colosal edificacionEn medio de problemas con su pasivo, el emirato puso en funcionamiento el mayor rascacielos de la Tierra, de 828 metros de alturaDUBAI.- Dubai inauguró el edificio más alto del mundo, en una ostentosa ceremonia mediante la que buscó ponerle una sonrisa a sus profundos problemas de deuda, mientras muchos se preguntan si esto es otra gloria del emirato o si se será su última alegría. El rascacielos, cuya edificación costó U$S 1.500 millones y tiene 828 metros de altura y 162 pisos, y supera al más alto hasta el momento por unos 300 metros. El regente de Dubai, el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, rebautizó el edificio Burj Khalifa, en alusión al gobernante del emirato vecino de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Arabes Unidos, el jeque Khalifa bin Zayed al-Nahayan. Abu Dhabi entregó U$S 25.000 millones en fondos de rescate a Dubai en 2009, lo que avivó expectativas de que Dubai haga concesiones o ceda poder comercial a su vecino más rico. Pero las dudas sobre los U$S 100.000 millones que debe el emirato, que convirtieron a su bolsa en una de las de peor desempeño, eclipsaron la ceremonia y el alarde de la constructora, Emaar Properties, de que el Burj anuncia un nuevo amanecer. "El temor de Dubai es que esto sea recordado como un nuevo ataque de irreverencia", dijo David Butter, director regional de Economist Intelligence Unit para Oriente Medio y Africa del Norte. El primer ataque fue en noviembre del 2008, dos meses luego del colapso de Lehman Brothers, cuando Dubai gastó U$S 24 millones en la fiesta de apertura del hotel Atlantis, un evento que resaltó el gusto por la extravagancia e hizo creer que la crisis económica global no era tomada en serio.La constructora Emaar dice que los precios de las propiedades ahora se estabilizaron, y así contradijo las amplias expectativas de más problemas en el sector. "Tienes que preguntar: ’¿por qué construimos todo esto?’. Para traer calidad de vida y sonrisas a la gente y creo que deberíamos seguir haciéndolo", dijo Mohamed Alabbar, presidente de Emaar, la mayor desarrolladora inmobiliaria del mundo árabe que cotiza en bolsa. "Las crisis van y vienen", dijo Alabbar. "Construimos para los años por venir. Debemos tener esperanza y optimismo", acotó. Pero los inversionistas no se entusiasmaron. Las acciones de Emaar cerraron la rueda con un derrumbe de un 3,4%, con lo que arrastraron al índice referencial de Dubai a una caída de un 2,6%. "Este es el punto cúlmine del momentum de Dubai y no sólo de Emaar", dijo Saud Masud, jefe de investigaciones de UBS. "Tal vez es el fin de los megaproyectos de Dubai por los próximos años. El emirato trata de racionalizar sus recursos y busca construir de nuevo la economía de algún modo", dijo. A su vez, en una señal de que Dubai busca cumplir sus obligaciones, DP World (uno de los mayores operadores terminales portuarias del mundo), una filial del conglomerado estatal Dubai World, anunció que abonó a tiempo las obligaciones ligadas con un bono islámico, o sukuk. El pasado 25 de noviembre Dubai anunció que suspendió el pago de miles de millones de dólares de deudas ligadas a Dubai World y sus unidades inmobiliarias Limitless y Nakheel, desarrolladora de las famosas islas artificiales con forma de palmera. (Reuters)Edificación colosalTrabajo descomunal.- El rascacielos fue construido en su mayor parte por trabajadores migrantes del sur de Asia. Además, para la edificación que se realizó en 1.325 días se necesitaron alrededor de 22 millones de horas hombre. Ciudad lujosa.- La torre es una especie de ciudad vertical con lugar para 12.000 personas. El edificio cuenta con residencias de lujo, oficinas, restaurantes y el primer hotel decorado por el modisto italiano Giorgio Armani. Todo esto contribuye a que el Burj Dubai se convierta en un nuevo paraíso para las personas más ricas y exitosas del mundo. Ceremonia inaugural.- Del acto de inauguración del edificio participaron una compañía masculina de danzas tradicionales y un coro de niños. Además hubo un impresionante castillo de fuegos artificiales. Sin embargo, el espectáculo no contó con la presencia de artistas internacionales.Vista privilegiada.- El edificio que parece un enorme cohete espacial supera las 160 plantas y tiene una terraza llamada At the Top que se encuentra en el piso 124. Por la altura de su ubicación, este es el mirador más alto del mundo.Críticas.- "Nadie puede saber a dónde conducirá la desmesura planificadora de los jeques, pero una cosa es segura: el desierto convertido en un gigante de acero, hormigón y vidrio no es un aporte sostenible a la cultura de la edificación", dijo Christian Baumgart, presidente de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros Alemanes.Obra imponente.- En la construcción del edificio se utilizaron 330.000 metros cúbicos de concreto reforzado y 103.000 metros cuadrados de vidrio. La punta de la torre se ve desde 95 kilómetros de distancia.FI:LA GACETAYungay Noticias.
LOS RETOS DE LA NUEVA DECADA: NUEVOS ESCENARIOS POLITICOS, SOCIALES Y ECONOMICOS
LOS RETOS DE LA NUEVA DECADA: NUEVOS ESCENARIOS POLITICOS, SOCIALES Y ECONOMICOSContinuidad o cambio político, el dilema de América latina en 2010 La frondosa agenda electoral de la región podría derivar en alteraciones de la actual ecuación ideológica. Aunque hay buenas perspectivas económicas generales, en países como Paraguay el golpe en Honduras acecha como un fantasma.Por: Pablo Stefanoni Mientras los economistas anuncian un ciclo de crecimiento para América Latina -sobre todo Sudamérica- y Lula pronostica un "año extraordinario" para Brasil, la política deja abiertos varios signos de interrogación para 2010. Como placas tectónicas en movimiento, los bloques político-ideológicos continentales podrían desplazarse hacia la derecha si Sebastián Piñera logra hacerse con la presidencia de Chile el 17 de enero y Lula no logra posicionar a su candidata-sucesora, la ex guerrillera Dilma Roussef. Y como trasfondo regional, los dardos venenosos siguen cruzando a diario, ida y vuelta, entre Colombia y Venezuela."Bogotá y Caracas están inmersos en un dilema de seguridad que cada vez más los empuja en dirección a un incidente mayor, de consecuencias imprevistas. En ese punto, una clave es lo que hace y vaya a hacer EE.UU., que viene siendo (tanto con Bush como con Obama) un promotor de desorden más que un generador de estabilidad en esta región", explicó a Clarín el profesor de la Universidad de San Andrés, Juan Gabriel Tokatlian. Y el "tanto Bush como Obama" sintetiza la desilusión continental con el primer presidente negro de EE.UU.Hugo Chávez no sólo se enfrenta a los aviones espías que -según él- le envía Álvaro Uribe desde Colombia, sino a una creciente inquietud en sus bases. "Algo está pasando", tituló recientemente el ex vicepresidente José Vicente Rangel una columna fuertemente autocrítica. El embajador venezolano ante la OEA Roy Chaderton fue más allá hace escasos días, en el marco de las tres R promovidas por Chávez (revisión, rectificación y reimpulso) y se preguntó qué pasaría si el chavismo pierde las parlamentarias de 2010, preludio de las presidenciales de 2012. Ineficiencia estatal, inseguridad fuera de control y corrupción aparecen en todos los llamados de atención. "El proyecto bolivariano ha perdido su rumbo al pasar de una democracia participativa y protagónica a un socialismo del siglo XXI que, en lo fundamental, es un estatismo burocrático y autoritario que se nutre de los ingresos fiscales petroleros", dice la historiadora Margarita López Maya.El ex ministro ecuatoriano de Petróleo y ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, le dijo a Clarín que los actuales procesos de cambio deben ganar en coherencia. "Hay algunas mejoras por el lado de una participación más amplia en la renta minera/petrolera, pero en esencia se mantiene la misma modalidad de acumulación, sumisa al mercado mundial: se puede hablar ya de un extractivismo del siglo XXI", apuntó.Pero después del fracaso en Honduras, la defensa de la institucionalidad continental se jugará los próximos meses en Paraguay. La oposición no abandona el sueño de sacar a Fernando Lugo del sillón presidencial imitando, aunque más prolijamente, la asonada hondureña. Así, no habría expulsión a punta de fusil sino juicio político. "El tema sigue en el tapete, pero la indecisión se explica porque en la derecha no están seguros del escenario posterior", dijo a Clarín el sociólogo paraguayo Hugo Richer.También el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, denunció hace dos días que está en marcha una conspiración presuntamente organizada por militares afines al ex presidente y coronel retirado Lucio Gutiérrez, derrocado por una pueblada en 2005.Por estos días, las miradas se centran en Chile: "Una eventual victoria de Piñera haría evidente un alineamiento ideológico en el arco del Pacífico, que operaría como contrapeso al arco del Atlántico. México, Panamá, Colombia, Perú y Chile -todos con acuerdos de libre comercio con EE.UU.- tendrían gobiernos conservadores en contraposición a gobiernos revolucionarios o reformistas de izquierda en el lado opuesto del continente", señala Tokatlian.Una posible reelección del colombiano Uribe, que aún debe sortear un referéndum reeleccionista y el aval de la Corte Constitucional, fortalecería a su vez esta posible tendencia. Un hito en el devenir político continental serán las elecciones brasileñas de octubre: la virtual candidata lulista, la economista y actual ministra Dilma Rousseff deberá remontar las encuestas, que la mantienen marcadamente detrás de José Serra, actual gobernador de San Pablo y el candidato de centroderecha que buscará desbancar al PT del gobierno. Hasta ahora, la enorme popularidad de Lula parece insuficiente para dar el salto. Pese a las diferencias políticas y de estilo, Lula jugó fuerte para apoyar a Chávez y Evo en varias ocasiones críticas.Con todo, el crecimiento estará, al parecer, más allá de los bandos ideológicos. Para Moody's Economy la recuperación será encabezada por Brasil, Bolivia, Perú, Chile y, en cierta medida, también Colombia.Una curiosidad: Bolivia, en otros tiempos símbolo de convulsión, parece hoy uno de los países más estables política y económicamente de la región. Y una duda: ¿cambiará el uruguayo José "Pepe" Mujica el estilo de izquierda tranquila y perfil bajo de Tabaré Vázquez o se volverá parte del club de los "presidentes/personajes" de la región? FI: CLARIN.COMYungay Noticias.

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BOE.es - Documento BOE-T-2007-877
Documento BOE-T-2007-877
«BOE» núm. 14, de 16 de enero de 2007, páginas 59 a 62 (4 págs.)
BOE-T-2007-877
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Javier Delgado Barrio, don Roberto García‑Calvo y Montiel, don Jorge Rodríguez‑Zapata Pérez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 7047‑2004, promovido por don José Manuel de Vega Parra, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Asunción Sánchez González y bajo la asistencia del Letrado don Santiago Jiménez Sierra, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 27 de septiembre de 2004, que desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 4356‑2003, interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 8 de julio de 2003, que resolvió el recurso de suplicación (núm. 609‑2003) formulado contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Salamanca, de 5 de diciembre de 2002 (autos núm. 477‑2002). Ha intervenido el Ministerio Fiscal y han comparecido la Letrada de la Administración de la Seguridad Social doña Pilar Madrid Yagüe, en nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad Social, y la Letrada de la Comunidad Autónoma de Castilla y León doña Elena Martínez Álvarez, en nombre y representación de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León. Ha sido Ponente el Magistrado don Roberto García‑Calvo y Montiel, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado ante este Tribunal con fecha de 24 de noviembre de 2004, se interpuso el recurso de amparo del que se ha hecho mención en el encabezamiento, por considerar que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho a la igualdad en aplicación de la ley (art. 14 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). 2. Constituyen la base de la demanda los siguientes antecedentes de hecho:
a) El recurrente en amparo viene prestando sus servicios como médico de refuerzo para la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León desde 1994, que le daba de alta y baja en la Seguridad Social al inicio y al final, respectivamente, de los días en que prestaba sus servicios como tal. Estuvo contratado al amparo de lo establecido en el art. 54 de la Ley 6/1977, de 30 de diciembre (de medidas fiscales, administrativas y de orden social), y su nombramiento era por un mes, siendo concretados en el título del nombramiento los días de ese mes que tenía que trabajar. Tras la entrada en vigor de la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y provisión de plazas de personal estatutario de los servicios de salud, el nombramiento del personal de refuerzo se adaptó a lo establecido en el art. 7 b) de dicha Ley y, conforme a ella, se expedía un nombramiento para cada día en que el actor tenía que trabajar.
b) El recurrente solicitó judicialmente que se declarase su derecho a permanecer en alta en la Seguridad Social de forma ininterrumpida durante la duración de cada uno de sus nombramientos y que se condenase a la demandada a cotizar por el actor desde el inicio de su relación laboral. c) Tras diversas vicisitudes procesales (anulación de la Sentencia para que se ampliase la demanda frente a la Tesorería General de la Seguridad Social), se dictó Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Salamanca, de 5 de diciembre de 2002 que, de un lado, estimó la excepción de incompetencia de jurisdicción esgrimida por los codemandados en cuanto al pago de las cotizaciones, por lo que se abstuvo de conocer al respecto previniendo al actor que podía ejercitar su acción ante la jurisdicción contencioso‑administrativa; de otro lado, declaró el derecho del actor a permanecer en alta en la Seguridad Social de forma ininterrumpida durante la duración de cada uno de los nombramientos. d) Contra dicha resolución parcialmente estimatoria, ambas partes interpusieron recurso de suplicación, recursos que fueron resueltos por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (de Valladolid), de 8 de junio de 2003, que, estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción del orden social para conocer de las pretensiones deducidas en la demanda, declaró la nulidad de todo lo actuado desde la admisión a trámite de la demanda, reservando al actor cuantas acciones pudiesen corresponderle en el orden contencioso‑administrativo. e) Contra la mencionada Sentencia, la parte recurrente en amparo formuló recurso de casación para la unificación de doctrina (rec. núm. 4356‑2003), aportando como Sentencia contradictoria la de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 29 de abril de 2002, en la que se resolvía la competencia del orden social para el conocimiento de la cuestión litigiosa. f) El recurso de casación para la unificación de doctrina fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 27 de septiembre de 2004, al considerar inexistente la contradicción exigida en el art. 217 del texto refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (LPL). En primer lugar, la Sala comienza recordando que en la demanda se ejercitaban dos pretensiones, que, aunque relacionadas entre sí, eran de naturaleza y características independientes: la primera se refería a la permanencia en alta en la Seguridad Social durante todo el tiempo que durase el nombramiento del actor, de manera ininterrumpida y no solamente en los días en que prestaba servicios; y la segunda afectaba a la cotización a la Seguridad Social en función del acogimiento favorable de la otra petición. Aclarado lo anterior, la Sala señala que no existía en este caso la identidad requerida en el art. 217 LPL entre la Sentencia aportada de contraste y la recurrida, señalando al respecto que en el caso de autos se debatía si existía o no obligación de cotizar de un médico de refuerzo que no trabaja de manera ininterrumpida para la entidad gestora, en tanto que en la sentencia de contraste se decidió la pretensión de un subagente de seguros de no ser incluido en el régimen especial de trabajadores autónomos, por no haber ejercido como subagente de manera habitual. Negada la identidad entre los supuestos comparados, se prosigue diciendo que, además, en el caso de autos, el recurso planteado carecía de contenido casacional, toda vez el mismo se había interpuesto contra una sentencia que declaró la incompetencia del orden social para conocer de cuestiones de gestión recaudatoria, aplicando una doctrina que reiteradamente había proclamado esa Sala (Sentencias de 1 y 22 de diciembre de 2003, 30 de enero, 26 de abril y 21 de junio de 2004), por lo que al ser coincidentes las respuestas judiciales a la misma interrogación no podía decirse que se hubiese quebrantado la doctrina. Y a este respecto, continúa diciendo que para atribuir competencia por razón de la materia en estos asuntos al orden contencioso‑administrativo de la jurisdicción, esta Sala ha acudido a argumentos que, de manera abreviada, se concretan en los siguientes: 1) Siguiendo la Sentencia de la Sala General de 29 de abril de 2002 y las que en ellas se citan, la gestión recaudatoria que, según el art. 3.1 b) de la Ley de procedimiento excluye la competencia del orden social, no se limita a las operaciones materiales de cobro, sino también a la declaración de la existencia de la obligación de cotizar y la determinación de su importe; 2) Esta excepción amplia de «recaudación», que es la acogida en el art. 18 de la Ley general de la Seguridad Social, permite comprender en la exclusión competencial, tanto la impugnación de las actas de liquidación de la Inspección de Trabajo, como, en general, toda la gestión que se conecta con la denominada recaudación en periodo voluntario (decisiones sobre aplazamiento de pago, recargo, devolución de cuotas, etc.); y 3) No es conveniente separar la actividad de cobranza y la actividad de determinar si la cobranza fue debida, asignando a órdenes jurisdiccionales diversos la que participa de única y real naturaleza. Dicho esto, se señala que los anteriores razonamientos conducen a la desestimación del recurso por falta de contradicción.
3. El recurrente en amparo sostiene que la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 27 de septiembre de 2004, que se impugna, vulnera el principio de igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), así como el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues, por un lado, ha obtenido una respuesta judicial absolutamente distinta a la dada por el mismo Tribunal ante supuestos de hecho idénticos; y por otro, porque dicho pronunciamiento resulta arbitrario y carente de motivación respecto a las razones que conducen al Tribunal a cambiar de criterio, con grave perjuicio para sus intereses.
En este sentido, señala que sobre la misma pretensión y partiendo de hechos idénticos, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha conocido de los recursos de casación para la unificación de doctrina núms. 3810‑2003, 1809‑2003, 1814‑2003, 4370‑2003, 1717‑2003 y 1026‑2003 (promovidos todos ellos bajo la misma representación y dirección letrada que el recurrente en amparo), que han sido resueltos en sentido estimatorio partiendo de la existencia de contradicción entre las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en cada caso impugnadas y la de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 29 de abril de 2002, que declaró la competencia del orden social para conocer la cuestión deducida en las actuaciones sobre alta en la Seguridad Social. A mayor abundamiento, añade que con fecha de 30 de septiembre de 2004, la misma Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1027‑2003, sobre idénticos hechos, idéntica fundamentación jurídica, y bajo esa misma representación y defensa, en la que se estima el recurso interpuesto.
4. Por providencia de 5 de junio de 2006 de la Sala Primera se admitió a trámite la demanda y en aplicación del art. 51 LOTC se acordó dirigir comunicación al Juzgado de lo Social núm. 1 de Salamanca, a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (con sede en Valladolid) y a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a fin de que en el plazo de diez días remitiesen certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes así como para que se emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, a los efectos de que en el plazo de diez días pudiesen comparecer en el recurso de amparo. 5. Con fecha de 28 de junio de 2006 se presenta escrito por el que se persona la Letrada de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 6. Con fecha de 29 de junio de 2006 se presenta escrito por el que se persona la Letrada de la Administración de la Seguridad Social en nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad Social. 7. Por diligencia de ordenación de 10 de julio de 2006 se tienen por recibidos los testimonios de las actuaciones judiciales y los escritos de las referidas Letradas a quienes se tiene por personadas y parte en nombre y representación, respectivamente, de la Junta de Castilla y León y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se da vista de las actuaciones del recurso por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término pudiesen presentar las alegaciones que a su derecho conviniese. 8. Con fecha de 15 de septiembre de 2006 presenta su escrito de alegaciones la Letrada de la Administración de la Seguridad Social en nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad Social, que interesa la denegación del amparo solicitado ya que entiende que la Sentencia del Tribunal Supremo que se recurre no modifica de manera arbitraria su interpretación de las normas jurídicas, y entiende que faltan en el caso de autos las identidades precisas para acreditar la contradicción en los términos requeridos en el art. 217 LPL. 9. Con fecha de 18 de septiembre de 2006 presenta su escrito de alegaciones la Letrada de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el que se solicita la denegación del amparo al considerar que no se ha producido la vulneración del derecho a la igualdad porque ni existen las identidades necesarias entre la Sentencia impugnada y la señalada como referencia para apreciar la contradicción, ni se ha quebrantado con la Sentencia impugnada la unidad de doctrina. Añade que tampoco cabe apreciar la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva cuando se le indica al recurrente que el ejercicio de las acciones debe realizarlo ante el orden jurisdiccional contencioso‑administrativo. 10. Con fecha de 26 de septiembre de 2006 el Ministerio Fiscal evacua el trámite de alegaciones conferido, presentando escrito en el que interesa que se otorgue el amparo solicitado por vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE). A su juicio, lo que se aduce en el caso presente al invocar el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, es la arbitrariedad judicial y, como índice de esa posible arbitrariedad, la falta de justificación explícita o implícita sobre el cambio de criterio sostenido en numerosos pronunciamientos anteriores, de modo que la divergencia de criterio expresada por el mismo órgano judicial se considera por el recurrente, un cambio de valoración del caso puramente arbitrario y carente de fundamentación suficiente y razonable. En este sentido, mantiene que la tesis sostenida por el recurrente es plenamente acertada puesto que la Sentencia recurrida se aparta injustificadamente de la doctrina que se ha sostenido previamente en numerosas sentencias, en las que se ha admitido a la STS de 29 de abril de 2002 como sentencia de contraste adecuada para afirmar su contradicción con aquellos pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia que habían considerado estimable la excepción de incompetencia de jurisdicción en la materia relativa, no solo al devengo y exigencia de abono de las cuotas de la Seguridad Social -cuya atribución al orden contencioso no se discute-, sino también a la materia referida a la declaración de altas y bajas en la Seguridad Social del personal sanitario de refuerzo (médicos que prestan sus servicios de modo discontinuo y pretenden declaración de alta ininterrumpida). Añade el Ministerio Fiscal que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo había dictado otras Sentencias anteriores a la impugnada (de fecha 19 de abril, 3 de junio, 8 de julio y 12 de julio de 2004) en las que la cuestión litigiosa era idéntica a la planteada en el caso de autos, y en las que se aceptó como sentencia de contraste la STS de 29 de abril de 2002 y se adujo que las diferentes resoluciones judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia en cada caso impugnadas, resultaban contradictorias con la doctrina sentada en aquélla, mereciendo el correspondiente reproche por haberse apartado en ese extremo de la doctrina jurisprudencial. Por todo ello, el Ministerio Fiscal concluye diciendo que este incorrecto entendimiento de los que debe ser la apreciación de la identidad de supuestos, al confrontarlo con otros pronunciamientos previos del mismo órgano judicial, debe conducir a la conclusión de la patente lesión del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. 11. Por providencia de 29 de noviembre de 2006 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 11 de diciembre de dicho año.
1. El recurrente en amparo denuncia que la resolución recurrida infringe el art. 14 CE por lesionar su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (lesión a la que anuda la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el art. 24.1 CE), al desestimar su recurso de casación para la unificación de doctrina por falta de contradicción, cuando en supuestos sustancialmente idénticos al de autos, en los que se había alegado la misma sentencia de contraste (a saber, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2002), se apreció la existencia de contradicción en lo referente a la competencia del orden social para conocer de la declaración de altas y bajas en la Seguridad Social, y sin que el órgano judicial haya razonado en su caso el cambio de criterio, resultando, en consecuencia, su decisión arbitraria y carente de motivación suficiente.
Siendo esa la queja del recurrente, conviene recordar la jurisprudencia constitucional aplicable al caso con el fin de precisar si se dan los elementos necesarios para considerar vulnerado el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE). Conforme a reiterada doctrina constitucional, para que pueda apreciarse la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) deben concurrir los siguientes requisitos: en primer lugar, la acreditación de un término de comparación, ya que el juicio de igualdad sólo puede realizarse sobre la comparación entre la Sentencia impugnada y las precedentes decisiones del mismo órgano judicial que, en casos sustancialmente iguales, hayan resuelto de forma contradictoria; en segundo lugar, la existencia de alteridad en los supuestos contrastados, es decir, la «referencia a otro», lo que excluye la comparación consigo mismo; en tercer lugar, la identidad de órgano judicial, entendiendo por tal, no sólo la identidad de Sala, sino también la de Sección, al considerarse éstas como órganos jurisdiccionales con entidad diferenciada suficiente para desvirtuar una supuesta desigualdad en la aplicación judicial de la ley y, finalmente, la ausencia de toda motivación que justifique en términos generalizables el cambio de criterio, bien para separarse de una línea doctrinal previa y consolidada, bien con quiebra de un antecedente inmediato en el tiempo y exactamente igual desde la perspectiva jurídica con la que se enjuició (entre las últimas, SSTC 5/2006, de 16 de enero, FJ 2; 27/2006, de 30 de enero, FFJJ 3 y 5; 54/2006, de 27 de febrero, FJ 4; 58/2006, de 27 de febrero, FJ 3; 115/2006, de 24 de abril, FJ 3; y 246/2006, de 24 de julio, FJ 3).
2. Para aplicar la doctrina expuesta al caso de autos, se hace preciso examinar las resoluciones judiciales que se comparan a efectos de determinar si se ha producido la lesión del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.
En este sentido, con relación, en primer lugar, a la Sentencia que se recurre en amparo, conviene recordar brevemente que como ha quedado expuesto en los antecedentes, el recurrente instó en la vía judicial que se declarase su derecho a permanecer en alta en la Seguridad Social de forma ininterrumpida durante la duración de cada uno de sus nombramientos como médico de refuerzo al servicio de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y que se condenase a la demandada a cotizar por él desde el inicio de la relación laboral. La demanda fue objeto de estimación parcial en la instancia (al acogerse la pretensión relativa al mantenimiento del alta de forma continuada y apreciarse la incompetencia de jurisdicción con relación a la reclamación de cotizaciones), pero en sede de suplicación se declaró la incompetencia de jurisdicción del orden social para conocer de las dos pretensiones deducidas en ella. Disconforme con tal decisión, el recurrente formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, señalando como referente la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2002 (recurso núm. 1468‑2001), dictada en Sala General. En tal resolución (relativa a un caso en el que un subagente de seguros impugnaba el alta de oficio con efectos retroactivos en el régimen especial de trabajadores autónomos decretado por la entidad gestora), la Sala se planteó su propia competencia por razón de la materia litigiosa, llegando al convencimiento en su fundamento jurídico segundo, de que el litigio planteado era competencia del orden social de la jurisdicción, sobre la base de que el conocimiento de las cuestiones relativas a la declaración de altas y bajas en Seguridad Social debía atribuirse a ese orden, sin perjuicio de la competencia de la jurisdicción contencioso‑administrativa en materia de gestión recaudatoria, concepto este último que también delimitaba. Pues bien, el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por el recurrente en amparo fue desestimado por falta de contradicción y por carencia de contenido casacional. Efectivamente, la resolución recurrida comienza advirtiendo que en la demanda se ejercitaban dos pretensiones de naturaleza distinta: la primera, relativa a la permanencia en alta en la Seguridad Social por todo el tiempo que duraba el nombramiento del actor, de manera ininterrumpida y no solamente en los días en los que realmente prestaba su servicio, y, la segunda, relativa a la cotización de la Seguridad Social desde el inicio de la relación laboral. Aclarado lo anterior, la Sala sostiene que faltaban en el caso de autos las identidades necesarias para acreditar la contradicción en los términos requeridos en el art. 217 del texto refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (LPL), ya que en el supuesto de autos se debatía si existía o no obligación de cotizar en el caso de un médico de refuerzo que no trabaja de manera ininterrumpida para la entidad gestora, en tanto que la sentencia citada para el contraste decidió la pretensión de un subagente de seguros de no ser incluido en el régimen especial de trabajadores autónomos, por no haber ejercido como tal de modo habitual, diferenciándose ambos supuestos de manera sustancial. Por otra parte, se añade que el recurso carecía también de contenido casacional ya que se interpuso frente a una sentencia que declaró la incompetencia del orden social para conocer de cuestiones de gestión recaudatoria, aplicando una doctrina que reiteradamente había proclamado esa Sala en supuestos de total similitud con el presente.
3. Por su parte, en las resoluciones judiciales que el recurrente aporta como elemento de contraste para sostener la desigualdad en la aplicación de la ley -a saber, las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de abril (recurso núm. 1814‑2003), 3 de junio (núm. 4370‑2003), de 30 de junio (núm. 1809‑2003), de 8 de julio (núm. 3810‑2003), de 2 de julio (núm. 1026‑2003) y de 12 de julio (núm. 1814‑2003) del 2004- se comprueba que en tales casos los litigantes eran también médicos (en algún supuesto, enfermera o ATS) de «refuerzo» de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, que prestaban sus servicios los fines de semana y festivos en jornadas de veinticuatro horas. Todos ellos presentaron demanda en la vía judicial reclamando, de un lado, que se les mantuviera en situación de alta de forma continuada durante todo el tiempo de vigencia de la relación de servicios (en lugar de limitar dicha situación a los periodos de tiempo intermitentes de la prestación de trabajo), y de otro, que la entidad demandada cotizase por ellos desde el inicio de la relación de servicios, obteniendo en sede de suplicación Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, declarando la falta de jurisdicción del orden social para conocer de las pretensiones deducidas. Formulado contra las respectivas sentencias recurso de casación para la unificación de doctrina alegando que las sentencias recurridas habían declarado la incompetencia de la jurisdicción social para conocer de la cuestión del alta, en contra de lo mantenido en la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2002 (aportada de contraste) que resolvió en Sala General que el conocimiento de las cuestiones relativas a la solicitud y a la declaración de altas y bajas en Seguridad Social debía atribuirse a ese orden jurisdiccional, sin perjuicio, eso sí, de la competencia de la jurisdicción contencioso‑administrativa en materia de gestión recaudatoria.
Pues bien, en tales casos, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo admitió como Sentencia referencial la de 29 de abril de 2002 al considerar que, efectivamente, existía contradicción entre lo en ella mantenido y lo declarado en las resoluciones impugnadas, y aplicando su doctrina estimó los distintos recursos de casación para la unificación de doctrina planteados, declarando la competencia del orden social para conocer de la cuestión planteada por los actores respecto a la continuidad de su alta en Seguridad Social, manteniendo, en cambio, la declaración de incompetencia respecto a la obligación de pago de las cotizaciones pasadas.
4. A la vista de lo que antecede, se comprueba que en el presente caso concurren todos los requisitos exigidos por la doctrina constitucional para poder apreciar la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE).
En efecto, en primer lugar, nos encontramos con resoluciones judiciales (de un lado, la impugnada y, de otro, las distintas Sentencias aportadas como elemento de contraste) que llegan a soluciones jurídicas diferentes sobre casos sustancialmente idénticos. A saber, ante la misma reclamación judicial efectuada por personal sanitario «de refuerzo» al servicio del mismo organismo demandado con el fin de obtener su alta ininterrumpida en la Seguridad Social durante todo el tiempo que durase su prestación de servicios, en el caso de la Sentencia recurrida en amparo se desestimó el recurso de casación para la unificación de doctrina por falta de contradicción de la resolución impugnada con la STS de 29 de abril de 2002, mientras que en el resto de los casos se estimaron los respectivos recursos sobre la base de que tal Sentencia era válida como sentencia de contraste y era su doctrina la que se debía aplicar al caso (competencia del orden social para conocer de la pretensión de alta en la Seguridad Social formulada por los recurrentes). Se cumple también, en segundo lugar, la exigencia de alteridad en los supuestos contrastados en tanto en cuanto la comparación no se realiza con uno mismo sino con referencia a otros (en concreto, con relación a otros miembros del personal sanitario que realizan, como el recurrente, trabajos de refuerzo para la misma Gerencia Regional de Salud). En tercer lugar, concurre igualmente el presupuesto de la identidad del órgano judicial ya que todas las resoluciones judiciales que se contrastan proceden de la misma Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Finalmente, en cuarto lugar, la resolución recurrida adolece de una motivación suficiente que justifique las razones por las que en el presente supuesto, a diferencia de lo mantenido en idénticos y precedentes casos resueltos por esa Sala, niega que exista contradicción para acceder al recurso de casación para unificación de doctrina y afirma la carencia de contenido casacional del recurso formulado. En consecuencia, se aprecia que en la Sentencia impugnada la Sala resolvió de forma contradictoria respecto de otras resoluciones previamente dictadas en casos sustancialmete iguales, sin justificar los motivos de su cambio de criterio, lo que nos conduce a la estimación de la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE).
Otorgar el amparo solicitado por don José Manuel de Vega Parra y, en consecuencia:
2.º Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 27 de septiembre de 2004, recaída en el recurso núm. 4356‑2003. 3.º Retrotraer las actuaciones al momento procesal anterior al de dictarse la referida Sentencia a fin de que se proceda a dictar una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Dada en Madrid, a once de diciembre de dos mil seis.-María Emilia Casas Baamonde.-Javier Delgado Barrio.-Roberto García‑Calvo y Montiel.-Jorge Rodríguez‑Zapata Pérez.-Manuel Aragón Reyes.-Pablo Pérez Tremps.-Firmado y rubricado.

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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: DISEÑO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA
Asignatura: DISEÑO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA Código: 310632
Nombre del profesor: FAUSTO PEDRO GARCIA MARQUEZ - Grupo(s) impartido(s): 20
Tema 1 Introducción a la tecnología de producción
Tema 2 Elementos y clases de producción
Tema 3 Sistemas y procesos de producción
Tema 4 Dirección de la Cadena de Suministro
Tema 5 Programación, planificación y control de Inventarios
Tema 6 Métodos estadísticos
Tema 7 Gestión de la Calidad
Tema 8 Verificación y control de calidad de procesos y productos
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] Método expositivo/Lección magistral A02, A03, A05, C01, C02, C05, C06, D05, D06, D07 1.00 25.00 No - -
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] Resolución de ejercicios y problemas CB6, CB7, CB8, CB9 0.50 12.50 No - -
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] Prácticas CB6, CB7, CB8, CB9 0.60 15.00 No - -
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] Autoaprendizaje A01, C01, C02, C05, C06, D05, D06, D07 3.00 75.00 No - -
Prueba final [PRESENCIAL] Pruebas de evaluación CB6, CB7, CB8, CB9, C01, C02, C05, C06, D05, D06, D07 0.18 4.50 Sí Sí Sí
Pruebas de progreso [PRESENCIAL] Pruebas de evaluación CB6, CB7, CB8, CB9, C01, C02, C05, C06, D05, D06, D07 0.12 3.00 Sí No No
Tutorías individuales [PRESENCIAL] Trabajo dirigido o tutorizado CB6, CB7, CB8, CB9, C01, C02, C05, C06, D05, D06, D07 0.60 15.00 No - -
Pruebas de progreso 30.00% 0.00% Pruebas parciales, cuestiones de prácticas de laboratorio y trabajos académicamente dirigidos.
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas] (12.5 h tot.) 1.25
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Autoaprendizaje] (75 h tot.) 7.5
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (4.5 h tot.) 0.45
Pruebas de progreso [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (3 h tot.) 0.3
Tutorías individuales [PRESENCIAL] [Trabajo dirigido o tutorizado] (15 h tot.) 1.5
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas] (12.5 h tot.) 1.2
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (25 h tot.) 2.4
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (25 h tot.) 4.2
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas] (12.5 h tot.) 2.1
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Autoaprendizaje] (75 h tot.) 12.5
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (4.5 h tot.) 0.75
Tutorías individuales [PRESENCIAL] [Trabajo dirigido o tutorizado] (15 h tot.) 2.5
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas] 12.5
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] 4.5
B. PRIDA ROMERO, G. GUTIÉRREZ CASAS LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTOS McGraw-Hill MADRID 84-481-0285-1 1996
D. J. BOWERSOX, D. J. CLOSS, M. B. COOPER ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA McGraw-Hill MÉXICO 970-10-6132-2 2007
R. Cao Abad Introducción a la simulación y a la teoría de colas Netbiblio A Coruña 8497450175 2002
T. E. VOLLMAN, W. L. BERRY, D. C. WHYBARK SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA FABRICACIÓN McGraw-Hill SANTAFÉ DE BOGOTÁ 84-8086-195-9 2005

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Derecho medio ambiente - Chile
2.1. Introducción. Breve reseña del estado actual del derecho internacionaldel medio ambiente. 2.2. Acerca de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionalesrelativos al medio ambiente, y en particular, delcarácter de las obligaciones de establecer “delitos” en el derechointerno. 2.3. Obligaciones de establecer delitos medioambientales, contenidasen los tratados internacionales suscritos por Chile, actualmentevigentes. 2.4. Conclusiones preliminares. . 2.5. Conclusión: El debe y el haber del Estado de Chile en materiade delitos medioambientales, conforme a sus obligaciones internacionales.
3.1. Introducción. 3.2. El modelo de regulación general: Los casos español y alemán. 3.3. El delito ambiental en el Mercado Común del Sur. 3.4. El caso brasileño: El modelo de regulación especial. Normativaaplicable. 3.5. El modelo de la prescindencia: El caso argentino. 3.6. Conclusión: Las bases de un futuro derecho penal ambiental,conforme a las experiencias del derecho comparado de tradicióncontinental.
1. Introducción - 2. La conciencia de los peligros ambientales y el sistema chileno de protección del medio ambiente - 3. Las exigencias impuestas por el Derecho Internacional en materia penal ambiental - 4. Los modelos de regulación de la protección penal del medio ambiente en el derecho comparado - 4.1. Los delitos contra el medio ambiente en el derecho de tradición continental - 4.2. Los delitos contra el medio ambiente en el common law. El sistema norteamericano - 5. El estado actual de la protección penal del ambiente en Chile. La inexistencia de una legislación específicamente dirigida a la protección penal del medio ambiente - 6. La insuficiencia de la actual legislación penal ambiental chilena para una adecuada protección del medio ambiente y de la institucionalidad medioambiental - 6.1. Insuficiencia de las disposiciones penales relativas al medio ambiente, actualmente vigentes, para cumplir con las obligaciones internacionales contraídas en la materia - 6.2. Insuficiencia de las disposiciones penales relativas al medio ambiente, para la prevención de fenómenos de grave contaminación ambiental - 6.3. Insuficiencia de los instrumentos jurídicos actualmente disponibles para la sanción de quienes burlan el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental - 6.4. La insuficiencia de los proyectos legislativos en la materia. Reseña y análisis crítico - 6.4.1. El proyecto de ley que tipifica el delito ambiental (Boletín Nº 2177-12) - 6.4.2. El proyecto de ley que establece penalidades a los vertederos clandestinos (Boletín Nº 2401-12) - 7. Conclusión - 7.1. La necesidad de un nuevo derecho penal ambiental chileno. Fundamentos de la propuesta al Foro Penal - 7.2. Ideas matrices del texto aprobado por la Comisión Foro Penal - 8. Texto aprobado por la Comisión Foro Penal
Causa nº 7467/2013 (Otros). Resolución nº 129093 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 24 de Junio de 2014
DAÑO AMBIENTAL. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. La correcta calificación del ilícito ambiental cometido por la demandada, es una ineficiencia e inoperancia intermitente pero continua, producida por muchos años sin una solución adecuada, que causa un trastorno grave en la población y que demuestra culpa grave, equiparable al dolo en materia civil y no simples fallas ocasionales accidentales, como establece el fallo de segunda instancia, modificando el de primera instancia que establecía la calificación de grave y continua. Se desestima la casación.
corte suprema de justicia daños y perjuicios culpa grave incumplimiento contractual
IMPACTO AMBIENTAL. Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Todos los permisos o pronunciamientos de carácter ambiental, que de acuerdo con la legislación vigente deban o puedan emitir los organismos del Estado, respecto de proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación, serán otorgados a través de dicho sistema, de acuerdo a las normas de este párrafo y su reglamento. Se estiman los recursos de protección.
Resolución núm. 361 EXENTA, publicada el 03 de Mayo de 2016. INSTRUYE PROGRAMA INTEGRADO DE FISCALIZACIÓN AÑO 2016, PARA EL PLAN OPERACIONAL DE GESTIÓN DE EPISODIOS CRÍTICOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, DENTRO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA REGIÓN METROPOLITANA
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Decreto núm. 680, publicado el 10 de Diciembre de 1984. CREA COMISION NACIONAL DE ECOLOGIA
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Decreto con Fuerza de Ley núm. 235, publicado el 15 de Noviembre de 1999. ESTABLECE SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS
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