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Cuenta 834. Ingresos fiscales por diferencias permanentes | Iberley
Sentencia Administrativo AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 104/2012, 18-03-2015 Órden: Administrativo
Cuenta 835. Ingresos fiscales por deducciones y bonificaciones Órden: Contable
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En esta cuenta se registran los importes de aquellas ventajas fiscales que se materialicen en diferencias permanentes y deducciones y bonificaciones que, debido a su naturaleza económica asimilable a las subvenciones, sean objeto de imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias en varios ejercicios. A tal efecto, las diferencias permanentes generalmente se materializan en ingresos que no se incorporan en la determinación de la base imponible del impue... Cuenta 830. Impuesto sobre beneficios Órden: Contable
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Tren Fugitivo Boliviano: 21 de Marzo: Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial
2. Formas de discriminación
2.1 La discriminación racial
2.1.1 Lucha contra la discriminación racial
2.2 La discriminación sexual
2.3 La discriminación por razón de origen
2.4 La discriminación religiosa
2.5 Otros supuestos de discriminación
Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2.1) como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 1.1), establecen la obligación de lo Estados a respetar y garantizar, a todos los individuos que se encuentren bajo su territorio y sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en tales instrumentos internacionales, sin discriminación alguna.
De acuerdo al Comité de Derechos Humanos, la no discriminación es un principio básico y general relativo a todos los derechos humanos (1). Se trata en consecuencia de un principio que subyace a ellos e informa su goce y ejercicio(2). Así por ejemplo, respecto al debido proceso, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.1) dispone que todas las personas son iguales ante los tribunales jurisdiccionales. Por otro lado, en el caso del derecho a la participación política, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23.c) obliga al respeto de la igualdad de condiciones de todas las personas para acceder a la función pública de su país.
Ni la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos definen el término discriminación. Pero tomando como referencia otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (art.1) (3) y la Convención sobre la eliminación de todas la formas de discriminación contra la mujer (art.1.1) (4), el Comité de Derechos Humanos ha señalado que por ella debe entenderse (5):
«... toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas».
Pero el goce en condiciones de igualdad de los derechos y libertades no significa identidad de trato en toda circunstancia.
Así por ejemplo, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 25) como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23), establecen que el ejercicio de los derechos políticos puede estar condicionado por diferencias en cuanto a la edad o la ciudadanía.
Asimismo, en un país donde la situación general de un cierto sector de la población impide a éste el disfrute de los derechos humanos, el Estado puede adoptar las disposiciones especiales para poner remedio a esa situación, a través de las cuales se puede llegar a otorgar a ese sector, durante un tiempo, un cierto trato preferencial sobre cuestiones concretas en comparación con el resto de la población. En tanto se trata de medidas necesarias para corregir una discriminación de hecho, estas medidas constituyen una diferenciación, que no entran en colisión con el respeto del principio de no discriminación.
Medidas de esta naturaleza se justifican en tanto se reconocen las desigualdades de diversa índole que existen en la sociedad (económicas, sociales, entre otras). Por estas razones, los Estados pueden adoptar medidas específicas y razonables ante situaciones y/o sujetos que requieren de una atención diferenciada. En consecuencia, no todo trato diferenciado implica una discriminación.
En este orden de ideas, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que una diferenciación de trato basada en criterios razonables y objetivos no constituye discriminación (6). Similar criterio ha sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para la cual no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, pues no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, a la dignidad humana, siempre y cuando (7):
• los objetivos de la norma y la medida que establece el tratamiento diferenciado sean lícitos;
• la distinción se base en desigualdades reales y objetivas entre las personas; y,
• se observe el principio de proporcionalidad (entre medios empleados y finalidad perseguida).
Varios instrumentos internacionales han recogido esta línea de interpretación. Así por ejemplo, la mencionada Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (art. 1.4), establece que no serán consideradas discriminatorias las medidas especiales que se adopten (en los ámbitos social, económico, cultural u otros) para asegurar el progreso de determinados grupos raciales que requieran protección para garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales, siempre que no signifique el mantenimiento de derechos distintos para diferentes grupos raciales después de alcanzados los objetivos de las medidas especiales.
Para establecer cuándo se está frente a una medida que implica una discriminación y cuándo frente a una medida que solamente establece una diferenciación, se debe evaluar su razonabilidad, lo cual implica examinar:
a- si el trato que se cuestiona genera o no consecuencias diferentes entre dos o más personas. Así por ejemplo, si una norma establece sueldos distintos para dos trabajadores que hacen el mismo trabajo, llegaremos a la conclusión que existe un trato desigual;
b- si existe una razón importante por la cual es necesario mantener y respetar la igualdad entre los desigualmente tratados. En este sentido, quien alega la discriminación debe señalar por qué las situaciones de hecho y, por tanto, las consecuencias jurídicas deben ser iguales. Así por ejemplo, si una ley otorga un tratamiento económico especial a empresas mineras en situación de crisis, la empresa que reclame por un tratamiento igual debe probar que existe un criterio en el ordenamiento jurídico por el que todas las empresas mineras -y no sólo las que están en situación de crisis- deben recibir el mismo tratamiento económico.
c- si los motivos que se alegan para justificar la desigualdad son razonables. Esto deberá evaluarse de acuerdo a cada caso en concreto que se presente, tomando en consideración aspectos de todo tipo, ya sean económicos, políticos, sociales, culturales, etc.
De otro lado, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 26) como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 24) reconocen el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley. De acuerdo al Comité de Derechos Humanos, se trata de un derecho autónomo, a través del cual se prohíbe que la discriminación se produzca en cualquier esfera sujeta a la normativa y a la protección de las autoridades públicas (8). A fin de garantizarlo, los Estados tienen la obligación de no incorporar preceptos discriminatorios en las leyes que emitan, la cual no sólo se aplica para el caso de normas que desarrollen aspectos vinculados con los derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que se aplica respecto a todo ámbito sobre el cual el Estado ejerce su función normativa.
La discriminación puede ser efectuada por diversos motivos. A continuación describimos aquellos tipos de discriminación que han merecido un tratamiento más amplio por parte de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (art.1), ha definido ésta como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y en cualquier otra esfera de la vida pública.
Como puede apreciarse, la discriminación racial no sólo implica cualquier clase de trato desigual por criterios de raza, sino que asimismo incluye las que se originen por razón del color, linaje u origen nacional o étnico de las personas.
El Relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia (9) ha señalado que la discriminación racial puede presentarse de dos maneras: en primer lugar, a través de una forma institucionalizada, que proviene directamente de las doctrinas oficiales acerca de la superioridad o exclusivismo raciales (como en su momento fue el apartheid); y en segundo lugar, a través de formas difusas que hacen sentir sus efectos en determinados sectores de la sociedad o entre grupos particulares, que padecen la discriminación racial (9).
Las prácticas de discriminación racial abarcan diferentes aspectos. De acuerdo a la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales (art. 2.2) (11), éstas:
• engloban las ideologías racistas, las actitudes fundadas en los prejuicios raciales, los comportamientos discriminatorios, las disposiciones estructurales y las prácticas institucionalizadas que provocan la desigualdad racial, así como la idea falsa de que las relaciones discriminatorias entre grupos son moral y científicamente justificables;
• se manifiestan por medio de disposiciones legislativas o reglamentarias y prácticas discriminatorias, así como por medio de creencias y actos antisociales;
• obstaculizan el desenvolvimiento de sus víctima, pervierten a quienes las practican, dividen a las naciones en su propio seno, constituyen un obstáculo para la cooperación internacional, crean tensiones políticas entre los pueblos; y
• son contrarias a los principios fundamentales del derecho internacional y, por consiguiente, perturba gravemente la paz y la seguridad internacionales.
Ante situaciones como las descritas, que ocurren en gran parte del mundo, los Estados no puede quedar indiferentes, por lo que es necesario que asuman un rol activo destinado a revertir esta situación. De acuerdo a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (art. 2), todo Estado debe comprometerse a seguir una política encaminada a eliminar la discriminación racial y a promover el entendimiento entre las razas, para lo cual debe:
• abstenerse de fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualquier persona o institución;
• adoptar medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;
• prohibir y hacer cesar por todos los medios apropiados la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones;
• estimular organizaciones y movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial.
La discriminación contra la mujer ha recibido un amplio tratamiento en el derecho internacional, contándose con un gran número de documentos sobre la materia, entre ellos, en orden cronológico, la Convención sobre los derechos políticos de la mujer (12) y la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer (13). Pero el documento más importante y más completo sobre la materia lo constituye la Convención sobre la eliminación de todas la formas de discriminación contra la mujer -en adelante CEDM-, a la que se hizo referencia anteriormente, en cuyo artículo 1.1 se define la discriminación contra la mujer como:
«Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera».
La prohibición de discriminar a las mujer en distintos ámbitos, tiene el propósito de terminar la histórica situación de inferioridad de la población femenina, lo cual autoriza a los Estados, en el marco de su protección, a adoptar medidas positivas dirigidas a corregir la desigualdad de facto, a compensar la relegación sufrida y a promover la igualdad real y efectiva de las mujeres en los órdenes económicos y social.
Atendiendo a estas circunstancias, y en concordancia con la CEDM (art. 2), son medidas urgentes a ser adoptadas por los Estados respecto a la discriminación contra la mujer:
• consagrar en sus Constituciones y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización de este principio;
• adoptar medidas adecuadas, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
• establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
• abstenerse de incurrir en actos o prácticas de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
• tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
• adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
• derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.
Como ya se adelantó, la discriminación contra la mujer puede ocurrir en diversos ámbitos de la vida en sociedad. Así tenemos que tanto en el campo de la salud, la educación, el trabajo, etc, se expiden normas y se realizan conductas que, de alguna manera u otra, restringen sus derechos. Siendo imposible abordar todos los casos, brindamos una aproximación general a las situaciones de hecho en los cuales este tipo de discriminación ocurre con más frecuencia.
En el campo de la participación política, por ejemplo, las mujeres han sido frecuentemente discriminadas, lo cual ha originado que sus necesidades y puntos de vista no sean tomados en consideración al momento de adoptarse las políticas gubernamentales (14). Ante esta circunstancia, urge la necesidad de adoptar medidas tendientes a lograr una efectiva participación de la mujer en la vida política de cada país, entre ellas, de acuerdo a la CEDM (art. 7), reconociéndoles los derechos a:
• votar en todas las elecciones y referéndums públicos;
• ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
• participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas;
• ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
• participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.
De otro lado, la educación impartida en diversos niveles de enseñanza generalmente contiene un conjunto de conceptos estereotipados de los papeles masculino y femenino, orientándose la formación de los hombres hacia las actividades dirigenciales, mientras que las mujeres son preparadas más bien para realizar actividades subordinadas. Esta formación repercute en perjuicio de las mujeres, por ejemplo, al momento de buscar empleo, por cuanto la oferta de puestos de trabajo se encontrará marcada precisamente por esa educación sexista, ofreciéndose preferentemente los puestos más importantes de una institución a los varones y no a las mujeres.
En otras ocasiones, la discriminación en el ámbito educativo se presenta cuando a la mujer se le impide arbitrariamente acceder o mantener una determinada educación.
A fin de remediar esta situación, y de acuerdo a la CEDM (art. 10), los Estados deben adoptar las medidas necesarias para asegurar a las mujeres:
• las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías;
• acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma calidad;
• eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza mediante el estimulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza;
• las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios;
• las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres;
• la reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente;
• acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.
En cuanto al ámbito laboral, las normas internacionales que regulan el trabajo de las mujeres han sufrido variaciones importantes con el transcurso del tiempo.
Así por ejemplo, al momento de darse las primeras regulaciones internacionales sobre el trabajo en general, no se hizo una mención expresa de las mujeres como trabajadoras, aunque luego la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó una serie de convenios destinados a su protección, prohibiendo que puedan desempeñar cierto tipo de actividades que eran consideradas peligrosas o pesadas, aunque el resultado de estas medidas fue restringir el acceso de las mujeres a tales puestos de trabajo, muchas veces mejor remunerados precisamente por tener esas características (15).
Ante situaciones como la descrita, es importante que las legislaciones laborales consideren la igualdad de oportunidades tanto para hombres y mujeres al momento de postular a un trabajo determinado, lo cual implica adoptar las medidas necesarias a fin de evitar, por ejemplo, que se exija como requisitos para acceder a un puesto de trabajo ser soltera o no tener hijos, pues se trata de aspectos que se relacionan con el libre desarrollo de la personalidad, y mal podrían constituirse en una justificación para impedir realizar una determinada labor.
Desde esta perspectiva, el Estado debe establecer medidas que prohíban condicionar al hecho de ser mujer, o a determinadas situaciones personales como el embarazo, la maternidad o el estado civil, el ingreso o permanencia de ellas en un centro de labores.
Tomando en consideración estos factores, y de acuerdo a la CEDM (art. 11) se debe garantizar el derecho de las mujeres:
• a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;
• a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a la igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;
• el derecho a la seguridad social, a la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.
Respecto a la aplicación del principio de igualdad en materia laboral, es importante mencionar el contenido de un conjunto de dispositivos internacionales sobre el tema. En este sentido tenemos el Convenio 100 de la OIT relativo a la igualdad de remuneración (art. 1) (16), en el cual se dispone que todo Estado Parte deberá promover y garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Por su parte, el Convenio 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (art. 2) (17), señala que todo Estado Parte se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier tipo de discriminación al respecto, pero precisa que las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado (tales como edad o educación por ejemplo) no serán consideradas discriminatorias (art. 1.2).
Se presenta de dos maneras: a) a través de la discriminación en base a la nacionalidad y b) mediante la discriminación en base al origen nacional (18).
La primera se produce respecto a los extranjeros, quienes en algunas oportunidades tienen dificultad para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que los nacionales del país en que se encuentran. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos, ha señalado que cuando un extranjero se encuentra en el territorio de un Estado, es titular de todos los derechos humanos (19).
De otro lado, como ya se señaló, la discriminación en base al origen nacional constituye una forma de discriminación racial (a raíz de lo dispuesto por la Convención sobre esta materia en su art. 1), y se presenta cuando se trata de manera desigual a dos personas de una misma nacionalidad, en razón de haberla obtenido de una forma distinta. Así por ejemplo, constituye una discriminación impedir el acceso a un empleo a quien adquirió la nacionalidad de un país por naturalización y no por nacimiento.
La prohibición de toda clase de discriminación basada en la religión o credo, se encuentra consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2.1) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 1.1). Asimismo, ambos instrumentos internacionales (art. 20.2 y 13.5 respectivamente), establecen la obligación de los Estados de prohibir toda apología del odio religioso que constituya incitación a la discriminación.
Una de las razones por las cuales se origina la discriminación en base a la religión es la intolerancia de algunas religiones respecto a otras, bajo la convicción de que la libertad de religión implica asimismo el derecho de convencer a los demás de que las doctrinas propias son las correctas (20). El rol que el Estado asuma respecto a las religiones practicadas bajo su jurisdicción territorial juega asimismo un factor decisivo en esta materia, ya sea si adopta una religión oficial o asume una posición imparcial respecto a ellas.
Resulta importante en este sentido resaltar lo dispuesto por la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones (21), en donde se precisa que nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupos de personas o particulares (art. 2.2).
Si bien existen diversos supuestos de discriminación aparte de los anteriormente descritos, aquí se esbozan algunos aspectos de aquellos otros que con más frecuencia se presentan en la sociedad.
Desde esta perspectiva, resulta importante mencionar que la edad se constituye en un factor de frecuentes discriminaciones, ya sea contra niños, adolescentes, personas de la tercera edad, e incluso respecto a los propios adultos. Así ocurre, por ejemplo, al momento de postular a un trabajo, en donde a veces se opta por escoger a adultos jóvenes. En el caso de los niños, éstos pueden ser marginados por su situación familiar, origen étnico, prácticas culturales, nivel educativo, su nacimiento fuera del matrimonio, etc.
Las personas enfermas sufren asimismo discriminación, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los portadores del SIDA, a quienes se les suele limitar la prestación de servicios médicos, se les trata ofensivamente o se les despide de su centro de labores por tener ese mal, situación preocupante si se toma en consideración que el 90% de las personas afectadas por esta enfermedad en todo el planeta se hallan en edad económicamente productiva (22).
También suelen ser objeto de discriminación las personas discapacitadas, que en muchas ocasiones suelen tener menos oportunidades para acceder a un puesto de trabajo por su limitación física o mental, lo cual implica adoptar medidas a fin de revertir esta situación. En este sentido, la Declaración de los derechos de los impedidos (23) señala que quienes se encuentran en estas condiciones tienen los mismos derechos civiles y políticos que sus conciudadanos y que deben ser protegidos contra toda explotación, trato discriminatorio, abusivo o degradante.
Las personas que salen de centros de reclusión después de cumplir su condena sufren también tratos discriminatorios, pues algunas veces se les pide sus antecedentes penales o policiales para realizar algún trámite personal, situación que de alguna u otra manera prolonga en el tiempo el castigo que ya han cumplido durante su detención y obstaculizan su reintegración social.
La discriminación contra los homosexuales es asimismo preocupante. A fin de contrarrestarla, debe entenderse que la homosexualidad en una persona es una manifestación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, entendido como el derecho a tener las oportunidades que le permitan a cualquiera expresar su temperamento propio, es decir, aquello que le va dando su identidad y su sello personal
1.Observación General Nº 18 - No discriminación (37º período de sesiones, 1989), párr. 1. En: «Recopilación de las Observaciones Generales y Recomendaciones Generales adoptadas por órganos de derechos humanos creados en virtud de los tratados». HRI/GEN/1, del 4 de setiembre de 1992. p. 28.
2. Medina, Cecilia. «El derecho internacional de los derechos humanos». En: AA.VV. «Sistema Jurídico y Derechos Humanos». Cecilia Medina y Jorge Mera editores. Serie: Publicaciones Especiales Nº 6. Santiago: Universidad Diego Portales, 1996, p. 30.
3. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 2106 A (XX), del 21 de diciembre de 1965. Entró en vigor el 4 de enero de 1969.
4. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 34/180, del 18 de diciembre de 1979. Entró en vigor el 3 de setiembre de 1981.
5. Observación General Nº 18. ob. cit, párr. 7.
6. Observación General Nº 18. ob. cit., párr. 13.
7. Corte I.D.H. «Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización». Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. párr. 56 y 57. Citado por: O'Donnell, Daniel. «Protección Internacional de los Derechos Humanos». Lima: Comisión Andina de Juristas, 1989, 2ª ed., p. 374.
8. Observación General Nº 18. ob. cit., párr. 12.
9. Designado en el 49º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, mediante su Resolución 1993/20.
10. Comisión de Derechos Humanos. «Aplicación del programa de acción para el segundo decenio de la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Informe presentado por el Sr. Maurice Glele-Ahanhanzo, Relator Especial encargado de examinar la cuestión de las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia». E/CN.4/1994/66, del 2 de febrero de 1994. párr. 17.
11. Adoptada el 27 de noviembre de 1978 por la UNESCO durante su 20ª. reunión.
12. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 640 (VII), del 20 de diciembre de 1952. Entró en vigor el 7 de julio de 1954.
13. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de noviembre de 1967.
14. Bermúdez Valdivia, Violeta. «Alcances constitucionales del derecho a la igualdad de la mujer». En: «La Constitución de 1993: Análisis y Comentarios II». Serie: Lecturas sobre temas constitucionales Nº 11. Lima: Comisión Andina de Juristas, 1995, p. 34.
15. Badilla, Ana Elena. «La Discriminación de Género». En: Estudios Básicos de Derechos Humanos Nº 4. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996, p. 265.
16. Adoptada por la Conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo el 29 de junio de 1951. Entró en vigor el 23 de mayo de 1953. Sobre este mismo tema debe tomarse en consideración la Recomendación 90, de la misma organización, adoptada en igual fecha.
17. Adoptada por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 25 de junio de 1958. Entró en vigor el 15 de junio de 1960. Sobre este mismo tema debe tomarse en consideración la Recomendación 111, de la misma organización, adoptada en igual fecha.
18. O' Donnell, Daniel. ob. cit. p. 385 y 388.
19. Observación General Nº 15 (27º Período de Sesiones, 1986), pár. 7. En: «Recopilación de las observaciones generales» ob. cit. p. 21-22.
20. Vasak, Karel. «Las dimensiones internacionales de los derechos humanos». Barcelona: Serbal/UNESCO, 1984, Volumen I, p. 131.
21. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 36/55 del 25 de noviembre de 1981.
22. Puccinelli, Oscar Raúl. «Sida, Constitución y derechos humanos». En: AA.VV. «Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano». CIEDLA y otros, 1996, p. 342.
23. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 3447 (XXX).
Fuente: http://190.41.250.173/guia/S7.HTM#s20h
Los alcances de la libertad de expresión y el derecho a la información ante la nueva Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación en Bolivia
(NOTA: El autor hace constar que los datos internacionales, de legislación y jurisprudencia comparadas, fueron extraídos de la Red de Información Jurídica, difundida por la Comisión Andina de Juristas con sede en Lima - Perú).
Etiquetas: DERECHO A LA INFORMACIÓN, DISCRIMINACIÓN RACIAL, DISCRIMINACIÓN RELIGIOSA, DISCRIMINACIÓN SEXUAL, ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN, RACISMO

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Demandas laborales | Secretaría de Trabajo y Previsión Social
1. Las condiciones en que se dio la relación de trabajo precisando fecha de inicio, horario, salario, puesto desempeñado, días de descanso etc.
2. Las condiciones de modo tiempo y lugar en que se haya dado el despido, si es el caso;
Las prestaciones económicas que reclama (vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, etc.) y los periodos de tiempo respecto de los cuales las reclama
Los fundamentos legales en que se sustenta su reclamación
Los puntos petitorios en los cuales debe precisarse con claridad la pretensión del trabajador demandante
Del escrito inicial de demanda deben acompañarse tantas copias como demandados haya;
La demanda debe presentarse ante la Junta correspondiente en los siguientes plazos:
Dos meses cuando se trate de acciones derivadas de la separación de los trabajadores de sus labores, este término empieza a correr a partir del día siguiente en que se suscite la separación
Un año cuando se trate de prestaciones económicas en cuyo caso el término empieza a correr a partir del día siguiente en que de acuerdo ala Ley sea exigible la prestación de que se trate
Dos años cuando se trate de las acciones de los trabajador eso sus beneficiarios derivadas de un riesgo de trabajo así como la ejecución de laudos o convenios
Para el caso de que la demanda sea intentada por el Patrón con la finalidad de rescindir la relación de trabajo el término de interposición de la demanda será de un mes contado a partir de la fecha en que actualizó la causal de rescisión.
Si se ejercita la acción de indemnización constitucional el trabajador tiene derecho a:
Indemnización Tres meses de salario Artículo 48 de la LFT
Salarios vencidos Los que se generen durante la tramitación del juicio hasta su conclusión Artículo 48 de la LFT
Vacaciones Proporcionales Artículo 76 de la LFT
Prima vacacional 25% de las vacaciones Artículo 80 de la LFT
Aguinaldo Proporcional Artículo 87 de la LFT
Prima de antigüedad 12 días por año al doble del salario mínimo de la zona geográfica que corresponda Artículo 162 de la LFT
Si se ejercita la acción de reinstalación el trabajador tiene derecho a:
Reinstalación En la forma y términos en que se venía laborando Artículo 48 de la LFT
* Indemnización Tres meses de salario Artículo 50 de la LFT
* Indemnización 20 días por año de labores Artículo 50 de la LFT
*Estas prestaciones se pagan solamente si perdiendo el juicio el patrón, se niega a reinstalar al trabajador.
*Esta prestación se paga siempre que el trabajador hubiese laborado 15 años o más.
Nota: pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo en los porcentajes que correspondan;
Listado de derechos de los trabajadores
De conformidad con lo establecido en la ley federal del trabajo, los trabajadores tienen por derecho el que se les otorguen los siguientes mínimos:
Una jornada de labores que no deberá exceder de 8 horas; artículo 61 de la ley federal del trabajo. Para el caso de que la jornada se prolongara, el trabajador tiene derecho a que se le pague tiempo extraordinario, sin que tal concepto pueda exceder de 3 horas diarias 3 veces por semana; artículo 66 de la ley federal del trabajo.
Un salario remunerador que en ningún caso será inferior al mínimo que para la zona geográfica correspondiente haya fijado la comisión nacional de los salarios mínimos;
Un día de descanso por cada seis de labores; artículo 71 de la ley federal del trabajo.
Seis días laborables por concepto de vacaciones una vez que se haya cumplido un año de labores, esta prestación se incrementa en dos días por cada año de labores hasta alcanzar 14 días y posteriormente se incrementa en 2 días por cada cinco años de labores; artículo 76 de la ley federal del trabajo.
El pago de una prima vacacional equivalente al 25% del importe de salario que corresponda a los días de vacaciones; artículo 80 de la ley federal del trabajo.
El pago de un aguinaldo que en ningún caso será menor a 15 días de salario; artículo 87 de la ley federal del trabajo.
Aquellos trabajadores que dejen de laborar antes de cumplir un año de servicios tienen el derecho a que se les pague la parte proporcional de dichos conceptos.
Los trabajadores tiene derecho a participar de las utilidades de las empresas, para lo cual hay que agotar el trámite previsto por la ley federal del trabajo. Artículo 117 de la ley federal del trabajo.
Los trabajadores tienen derecho al pago de una prima de antigüedad siempre que sean separados de sus labores o bien que ellos renuncien, si la relación de trabajo tiene más de 15 años, artículos 162, 485, 486 de la ley federal del trabajo.
Si laboran en día domingo tienen derecho al pago de una prima dominical equivalente al 25% más de su salario diario; artículo 71 de la ley federal del trabajo.
Seguridad social que incluya atención médica, quirúrgica, hospitalaria, de rehabilitación, sistema de pensiones;
El juicio laboral inicia con la presentación de la demanda, la cual es analizada por la Junta competente a efecto de detectar alguna deficiencia o contradicción en ella.
Si la Junta detecta deficiencias en la demanda o el reclamo de prestaciones contradictorias manda prevenir al trabajador para que la aclare (Art. 873 LFT), y hecho lo anterior señalará fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de:
Esta fecha que deberá notificársela a las partes por lo menos con diez días de anticipación.
Llegada la fecha de la audiencia se procede a su desahogo en los términos siguientes: (Artículo 876 LFT):
Se desarrollará conforme a las normas siguientes: (Artículo 878 LFT):
Se desarrollará conforme a las normas siguientes: (Artículo 880 LFT):
1. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado;
2. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos;
Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche.
Observación de la audiencia trifásica
Cabe destacar que la audiencia se llevará a cabo, aún cuando no concurran las partes(Artículo 879) acarreando las siguientes consecuencias.
Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, demuestren que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda.
Concluido el desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo se pasa a la etapa de DESAHOGO DE PRUEBAS la cual se desahoga conforme a las reglas siguientes:
1. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido.
2. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta días.
La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas:
1. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha;
Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia, podrán formular sus alegatos.
Alegatos y laudos
Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener:
Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma;
El señalamiento de los hechos controvertidos;
Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados;
Del laudo, proyección, discusión, votación y elevación
Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta.
Transcurrido el término a que se hace mención, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas.
La discusión y votación del proyecto de laudo, se llevará a cabo en sesión de la Junta, de conformidad con las normas siguientes:
Se dará lectura al proyecto de resolución a los alegatos y observaciones formuladas por las partes;
El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y
Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado.
Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones,se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta.
Porregla general los laudos deben dictarse fijando en cantidad líquida el importe de las prestaciones económicas a que se condene (Art 843 LFT).
La conciliación es el punto de partida ante la existencia de un conflicto laboral. La PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO tiene entre sus atribuciones la de proponer a las partes en conflicto soluciones amistosas (Artículo 530 LFT), atribución que se lleva a cabo mediante el envío de citatorios hasta en dos ocasiones a la parte patronal para que comparezcan a citas administrativas en las que con la intervención de un Procurador Auxiliar se trata de alcanzar un arreglo conciliatorio que ponga fina la controversia laboral.
Procedimiento de conciliación ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Compareciendo las partes en conflicto a la cita administrativa, esta da inicio con el planteamiento del problema por parte del trabajador quien hace una breve narración de hechos, acto continuo se concede el uso de la voz al representante de la patronal para que de su versión de los hechos o en su caso realice una oferta de arreglo.
Para el caso de que las partes demuestren voluntad de alcanzar un acuerdo conciliatorio pero que de momento no pueda consolidarse, la Procuraduría concede a las mismas una prórroga para que en un término breve formalicen el acuerdo alcanzado.
Si por alguna circunstancia no se alcanza un acuerdo que ponga fin a la controversia, se procede a interponer la correspondiente demanda, trámite en el cual la Procuraduría de la Defensa del Trabajo representa y asesora al trabajador en todas y cada una de las etapas del procedimiento.
La Junta intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y exhortara a las mismas para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio.
Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El convenio respectivo, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo
Las partes de común acuerdo, podrán solicitar se suspenda la audiencia con objeto de conciliarse; y la Junta, por una sola vez, la suspenderá y fijará su reanudación dentro de los ocho días siguientes, quedando notificadas las partes de la nueva fecha con los apercibimientos de Ley
Si las partes no llegan a un acuerdo, se les tendrá por inconformes, pasando a la etapa de demanda y excepciones y de no haber concurrido las partes a la conciliación, se les tendrá por inconformes con todo arreglo y deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y excepciones.
El Presidente de la Junta hará una exhortación a las partes y si éstas persistieren en su actitud, dará la palabra al actor para la exposición de su demanda
El actor expondrá su demanda, ratificándola o modificándola, precisando los puntos petitorios. Si el promovente, siempre que se trate del trabajador, no cumpliere los requisitos omitidos o no subsanare las irregularidades que se le hayan indicado en el planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga en ese momento
Expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá en su caso, a dar contestación a la demanda oralmente o por escrito. En este último caso estará obligado a entregar copia simple al actor de su contestación; si no lo hace, la Junta la expedirá a costa del demandado
En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y defensas, debiendo de referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios; pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y no podrá admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho, importa la confesión de los hechos. La confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho;
La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda en la misma audiencia y si no lo hiciere y la Junta se declara competente, se tendrá por confesada la demanda;
Las partes podrán por una sola vez, replicar y contrarreplicar brevemente,asentándose en actas sus alegaciones si lo solicitaren;
Si el demandado reconviene al actor, éste procederá a contestar de inmediato, o bien, a solicitud del mismo, la Junta acordará la suspensión de la audiencia, señalando para su continuación una fecha dentro de los cinco días siguientes
Al concluir el período de demanda y excepciones, se pasará inmediatamente al de ofrecimiento y admisión de pruebas. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción.
La Junta intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y exhortará a las mismas para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio.
Autor: karina.zepeda - Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Fecha de actualización: 10/06/2014 - 21:39:46

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Artículo 80
Artículo 87
Artículo 162
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Artículo 50
Artículo 50
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artículo 66
artículo 71
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artículo 87
Artículo 117
artículo 71
artículo 873
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Artículo 889
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DOG Núm. 136 Martes, 21 de julio de 2015 Pág. 30292
El ámbito de actuación de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria responde al vigente marco institucional de distribución de competencias, configurado básicamente en el Estatuto de autonomía de Galicia. Éste, en el artículo 27.19º, establece como competencia exclusiva de la Xunta de Galicia el fomento de la cultura en Galicia y, en el artículo 32, que le corresponde al Gobierno de nuestra comunidad autónoma la defensa y promoción de los valores culturales del pueblo gallego.
La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, de conformidad con el Decreto 4/2013, de 10 de enero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, asume las competencias que la facultan para el diseño, programación, desarrollo y ejecución de la política cultural del Gobierno de Galicia en todas sus vertientes. Le compete a esta consellería la elaboración de normas y propuestas para impulsar la creación y promover y difundir la cultura en sus diversos ámbitos a través de la gestión de las diferentes ayudas e instrumentos de colaboración con las asociaciones, fundaciones, movimientos colectivos, corporaciones locales e industrias culturales que desarrollen un cometido cultural dentro de su ámbito competencial.
En el ejercicio de estas competencias, la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria quiere establecer con esta orden un instrumento que, adecuándose a la normativa general vigente, marque las pautas para una distribución, con arreglo a los criterios de publicidad, objetividad y concurrencia, de los recursos destinados a la realización de festivales, ferias, exposiciones, ciclos y certámenes de artes escénicas y musicales de carácter aficionado, de acuerdo con los principios recogidos en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
Por todo lo expuesto y en uso de las facultades que me fueron conferidas,
1. Esta orden tiene como objeto el establecimiento de las bases reguladoras y la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a financiar los gastos corrientes derivados de la realización de festivales, ferias, exposiciones, ciclos y certámenes de artes escénicas y musicales de carácter aficionado para el año 2015.
Se incluyen en esta orden los gastos corrientes derivados de la realización de los programas y actividades desarrollados desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha límite de justificación de la orden.
2. A efectos de esta convocatoria, se entenderá por programas o actividades culturales concretas aquellas destinadas a la promoción y cooperación cultural y a la difusión y animación sociocultural que contribuyan a la expansión y a la promoción de la cultura en Galicia.
3. El procedimiento para la concesión de las subvenciones recogidas en esta orden será tramitado en régimen de concurrencia competitiva, según lo dispuesto en el artículo 19.1º de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. Con el fin de cumplir con el principio de concurrencia señalado, las solicitudes serán examinadas por una comisión de valoración, que se ajustará a los preceptos contenidos en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
c) Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y buenas prácticas en la Administración pública gallega.
d) Ley 11/2014, de 10 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2015.
f) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. En esta ley se recogen artículos de carácter básico que son de aplicación a la normativa de esta comunidad autónoma y, consecuentemente, a esta orden de convocatoria.
g) Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, que será de aplicación sólo en sus preceptos básicos.
h) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedemento administrativo común.
Las subvenciones reguladas en esta orden se concederán con cargo a las aplicaciones presupuestarias de os presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2015 siguientes: 09.20.432B.481.2 por un importe inicial máximo de 30.000 €, para los solicitantes dentro del grupo de instituciones sin fin de lucro y 09.20.432B.460.0, por un importe inicial máximo de 20.000 €, para el grupo de solicitantes de entidades locales y agrupaciones de ayuntamientos, sin perjuicio de que este presupuesto inicial pueda ser ampliado en función de las disponibilidades presupuestarias, lo que podrá dar lugar a la concesión de más subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2º de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
1. La dotación de las ayudas se destinará a la financiación de los gastos corrientes derivados de la realización de festivales, ferias, exposiciones, ciclos y certámenes de artes escénicas y musicales de carácter aficionado para el año 2015.
2. La ayuda máxima por beneficiario que concederá la consellería será de 6.000 €, que en ningún caso podrá exceder del 70 % del presupuesto total del proyecto a realizar. Este importe de 6.000 € ascenderá a 7.500 € cuando se trate de solicitudes conjuntas de entidades locales, es decir, solicitudes presentadas conjuntamente por más de una entidad local bajo cualquier fórmula (agrupación, asociación, mancomunidad, fusión o cualquier otra similar).
El importe máximo de estas ayudas no podrá, en ningún caso, superar el coste de las actividades que desarrollen las entidades beneficiarias; estas ayudas serán compatibles, para los mismos gastos subvencionables, con otras ayudas concedidas por entidades públicas o privadas siempre que la acumulación de ayudas no exceda de la totalidad del coste y se respeten las condiciones establecidas en cada régimen de ayudas en la normativa aplicable.
En caso de que el conjunto de las ayudas supere el coste de las actividades, esta ayuda se reducirá en la cantidad necesaria hasta alcanzar el cumplimiento de lo establecido anteriormente.
3. No tendrán derecho a la percepción de ayuda aquellas entidades que sus eventos que no alcancen, al menos 25 puntos en la valoración de la comisión, según los criterios establecidos en el artículo 8.3.B (valoración del proyecto a realizar).
4. Entre las entidades que tengan derecho a la percepción de la ayuda, se sumará el total de puntos obtenidos en las modalidades de artes escénicas y música. Para obtener la cuantía subvencionada, se dividirá el importe total de cada presupuesto (30.000 €, en el caso de solicitantes que sean del grupo de entidades sin fin de lucro, y 20.000 € en el caso de solicitantes de entidades locales y agrupaciones de ayuntamientos) entre el total de los puntos obtenidos, por cada grupo de solicitantes. Esto nos dará el valor del punto, para cada grupo, que será multiplicado por la puntuación obtenida por cada uno de los solicitantes de cada grupo.
5. En el caso de que alguno de los dos grupos de beneficiarios no agote su presupuesto, bien por el número de solicitudes o por la puntuación obtenida, la comisión de valoración podrá incorporar el importe sobrante al otro grupo de solicitantes.
6. No se podrán subcontratar, ni total ni parcialmente, las actividades realizadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia.
1. Dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con las condiciones y criterios que se establecen en estas bases, podrán acceder a estas ayudas las instituciones sin fin de lucro domiciliadas en Galicia, así como las entidades locales gallegas que lleven a cabo alguno de los eventos descritos en el objeto de la convocatoria, y cumplan los requisitos referidos en el artículo 10 de la Ley de subvenciones de Galicia.
En los supuestos de mancomunidades, consorcios o áreas metropolitanas, deberá acreditarse que las actividades se prestan de forma mancomunada, metropolitana o consorciada y que en todo caso no supone una actuación aislada o independiente.
2. Las fundaciones que se acojan a esta convocatoria no podrán percibir subvenciones ni ayudas públicas si no cumplen con la obligación de presentar las cuentas al protectorado, según lo establecido en el artículo 38.3 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego.
3. No podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades en que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. En todo caso, los solicitantes presentarán una declaración responsable de no estar incursos en tales circunstancias, según el modelo establecido en el anexo I de esta convocatoria.
4. Cada solicitante sólo podrá presentar un único proyecto y cada proyecto sólo podrá tener un único solicitante.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente y, si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. La solicitud irá dirigida a la Secretaría Xeral de Cultura de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.
La presentación se hará de la siguiente forma:
Cuando los interesados tengan la consideración de entidades locales, la presentación de las solicitudes se realizará únicamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es , de conformidad con lo establecido en los artículos 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, y 24.2 del Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes. Para la presentación de las solicitudes será necesario el documento nacional de identidad electrónico o cualquiera de los certificados electrónicos reconocidos por la sede de la Xunta de Galicia.
Para todos los demás interesados las solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es , de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y 24 del Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes. Para la presentación de las solicitudes será necesario el documento nacional de identidad electrónico o cualquiera de los certificados electrónicos reconocidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia.
La sede electrónica de la Xunta de Galicia tiene a disposición de las personas interesadas una serie de modelos normalizados de los trámites más comúnmente utilizados en la tramitación administrativa, que podrán ser presentados electrónicamente accediendo a la Carpeta del ciudadano de la persona representante o presencialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
A las solicitudes se adjuntará la siguiente documentación, mediante original o fotocopia compulsada o debidamente autenticada:
Si el solicitante es una entidad sin fin de lucro:
a) Certificado del acuerdo de solicitud de la ayuda o de la autorización de la persona que la firme en nombre de la entidad.
b) Copia del NIF de la entidad, en el caso de que deniegue expresamente la autorización para su verificación en el anexo I, y del DNI/NIE del representante junto con la documentación acreditativa de la representación. El DNI/NIE del representante sólo deberá presentarse en el supuesto de que la persona solicitante no diese su consentimiento para que el órgano instructor compruebe sus datos de carácter personal, por medios telemáticos con el servicio horizontal de acceso a los sistemas de verificación de datos de identidad y de residencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, por el que se simplifica la documentación para la tramitación de los procedimientos administrativos y se fomenta la utilización de medios electrónicos).
2.5. Para entidades locales, acreditación del cumplimiento del deber de remisión al Consejo de Cuentas de las cuentas generales de cada ejercicio, lo que deberán acreditar antes de la concesión, según lo previsto en el artículo 4 del Decreto 193/2011, de 6 de octubre, por el que se regulan las especialidades en las subvenciones a las entidades galegas.
La documentación específica requerida en este apartado podrá ser entregada en soporte papel, CD-rom o en memoria USB. En cualquiera de los soportes que se presente deberán figurar los mismos ficheros y con igual contenido. Todos los ficheros deberán incorporar un índice de su contenido. Los formatos de los ficheros podrán ser PDF o Excel. Si se incluyen fotografías o dibujos, serán en formato JPG.
Podrán adjuntar cualquier otra documentación que la entidad solicitante entienda que es pertinente para una mejor valoración de la solicitud.
La documentación complementaria, en el caso de entidades locales, se presentará electrónicamente utilizando cualquier procedimiento de copia digitalizada del documento original. En este caso, las copias digitalizadas presentadas garantizarán la fidelidad con el original bajo la responsabilidad de la persona representante. La Administración podrá requerir la exhibición del documento original para el cotejo de la copia electrónica presentada según lo dispuesto en los artículos 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y 22.3 del Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes.
La documentación complementaria, para el resto de los solicitantes, podrá presentarse electrónicamente utilizando cualquier procedimiento de copia digitalizada del documento original. En este caso, las copias digitalizadas presentadas garantizarán la fidelidad con el original bajo la responsabilidad del solicitante o representante. La Administración podrá requerir la exhibición del documento original para el cotejo de la copia electrónica presentada según lo dispuesto en los artículos 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y 22.3 del Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes. La documentación complementaria también podrá presentarse en formato papel en cualquiera de los lugares y registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Las copias de los documentos tendrán la misma validez y eficacia que los originales siempre que exista constancia de que sean auténticas.
Los anexos de esta orden se podrán obtener a través de la guía de procedimientos y servicios de la Xunta de Galicia, en la dirección electrónica https://sede.xunta.es , directamente o también a través del portal www.xunta.es .
En el caso de que alguno de los documentos a presentar de forma electrónica superase los tamaños límites establecidos por la sede electrónica, se permitirá la presentación de este de forma presencial dentro de los plazos previstos. Para ello, y junto con el documento que se presenta, la persona representante deberá mencionar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de expediente y el número o código único de registro. En la sede electrónica de la Xunta de Galicia se publicará la relación de formatos, protocolos y tamaño máximo admitido de la documentación complementaria para cada procedimiento.
En la sede electrónica se encuentran publicados los formatos admitidos para la presentación de documentación. Si el solicitante desea presentar cualquier documentación en formatos no admitidos, podrá realizarlo de forma presencial a través de cualquiera de los registros habilitados. La persona representante deberá mencionar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de expediente y el número o código único de registro.
2. Las solicitudes deberán adjuntar los documentos o informaciones previstos en esta norma, salvo que éstos ya estuviesen en poder de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia; en este caso, podrán acogerse a lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o la dependencia en los que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir a la persona representante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
3. La presentación de la solicitud de concesión de subvención por la persona representante comportará la autorización al órgano gestor para solicitar las certificaciones que deban emitir la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la consellería competente en materia de hacienda de la Xunta de Galicia según lo establecido en el artículo 20.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. No obstante, la persona representante podrá denegar expresamente el consentimiento, en cuyo caso deberá presentar las certificaciones en los términos previstos reglamentariamente.
4. De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega, y con lo previsto en el Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2006, la consellería publicará en su página web oficial la relación de las personas beneficiarias y el importe de las ayudas concedidas. Incluirá, igualmente, las referidas ayudas y las sanciones que, como consecuencia de ellas, pudiesen imponerse en los correspondientes registros públicos, por lo que la presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de los beneficiarios y la referida publicidad.
De conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos personales recogidos en la tramitación de esta disposición, cuyo tratamiento y publicación se autoriza por las personas representantes mediante la presentación de las solicitudes, serán incluidos en un fichero denominado Relaciones administrativas con la ciudadanía y entidades, cuyo objeto es gestionar el presente procedimiento, así como para informar a las personas representantes sobre su desarrollo. El órgano responsable de este fichero es la Secretaría General Técnica de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General Técnica, mediante el envío de una comunicación a la siguiente dirección: Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela o a través de un correo electrónico a la siguiente dirección sxt.cultura.educacion@xunta.es .
Si la documentación presentada fuera incompleta o presentase errores enmendables, se requerirá al solicitante para que, en el prazo de 10 días hábiles, subsane la falta o adjunte los documentos preceptivos, con la advertencia de que, de no hacerlo, se considerará que desistió de su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, después de que se dicte la oportuna resolución conforme al artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
1. Corresponde a la Secretaría General de Cultura de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones, que desarrollará de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los que deba formularse la propuesta de resolución.
2. La comisión de evaluación a la que hace referencia el apartado 3 del artículo 1 estará constituida por los siguientes miembros:
a) Presidente: el secretario general de Cultura.
b) Cuatro vocales: la subdirectora general de Gestión y Coordinación Cultural, el jefe de servicio de Gestión Administrativa y dos funcionarios designados por el secretario general de Cultura, de los que uno de ellos actuará como secretario.
En caso de ausencia de alguno de los miembros integrantes de la comisión, podrá ser sustituido por otra persona que al efecto designe el secretario general de Cultura.
3. La comisión valorará los expedientes, según los siguientes criterios prioritarios:
a) Trayectoria e interés cultural y artístico del evento en las ediciones anteriores: 25 puntos.
La comisión valorará la antigüedad del evento, premios y reconocimientos conseguidos por el evento, asistencia de público en ediciones anteriores, calidad de las programaciones, repercusión en los medios y repercusión del evento en el territorio.
b) Valoración del proyecto a realizar: 50 puntos.
– Interés, singularidad y relevancia artística y cultural del evento: 20 puntos.
– Contribución a la captación o creación de nuevos públicos: 10 puntos.
– Contribución al desarrollo y difusión de la cultura y lengua gallegas: 2 puntos.
c) Nivel de financiación del evento: 25 puntos.
– Autofinanciación superior al 60 %: 25 puntos.
4. Como puntuación adicional, en cumplimiento del Acuerdo del Consello de la Xunta por el que se determinan los criterios aplicables a las ayudas y subvenciones destinadas a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para primar proyectos de gestión compartida e incentivar procesos de fusión municipal, se otorgarán hasta 45 puntos a aquellas solicitudes que cumplan alguno de los siguientes extremos:
a) Número de ayuntamientos asociados: hasta 5 puntos.
b) Número de servicios a prestar de forma compartida: hasta 5 puntos.
c) Repercusión sobre el número total de población: hasta 5 puntos.
B) Fusión municipal. Por la mera presentación de la solicitud por parte de las entidades resultantes de la fusión: 45 puntos.
La puntuación máxima será de 145 puntos.
El órgano instructor formulará propuesta de resolución motivada de las subvenciones, después de examinar los expedientes y del informe de evaluación emitido por la comisión de valoración, repartiendo el importe total del crédito disponible proporcionalmente a la puntuación obtenida. Quedan excluidas aquellas solicitudes que no alcancen una puntuación igual o superior a 45 puntos.
Esta resolución tendrá carácter de provisional cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 25 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar al beneficiario a reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
En caso de empate, para desempatar se tendrá en cuenta, en primer lugar, el criterio de autofinanciación y, en segundo lugar, la fecha de presentación de la solicitud.
En el supuesto de que alguna entidad no acepte la ayuda o renuncie a esta, el órgano instructor podrá formular propuesta de resolución complementaria y adjudicar el importe disponible a las solicitudes valoradas por la comisión y que no alcanzaron la ayuda por límites presupuestarios, de acuerdo con el orden de puntuación establecido.
El conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, en el plazo de 15 días desde la elevación de la propuesta de resolución, dictará la resolución de concesión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y se comunicará por escrito a los beneficiarios el importe de la misma.
Artículo 10. Notificación y desestimación
El plazo máximo para dictar y notificar a los interesados la resolución expresa no podrá exceder de los cinco meses, en aplicación del Plan de acción de reducción de cargas administrativas aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2008; la Dirección General de Evaluación y Reforma, en aplicación de este plan, propone como medida indirecta para la reducción de las cargas administrativas la reducción de los plazos legales y efectivos en la tramitación de los procedimentos.
El plazo se computará a partir de la publicación de esta convocatoria.
El vencimiento del citado plazo de 5 meses sin que se notifique la resolución expresa faculta al interesado para entender como desestimada su solicitud por silencio administrativo.
Artículo 11. Aceptación, justificación y pagos
1. Notificada la resolución definitiva por el órgano competente, los interesados propuestos como beneficiarios dispondrán de un plazo de 10 días para su aceptación, transcurrido el cual sin que se produzca manifestación expresa se entenderá tácitamente aceptada, excepto que en el mismo plazo se comunique formal y expresamente la renuncia a la subvención concedida, debidamente firmada por el representante de la entidad beneficiaria.
2. Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a acreditar la realización de los proyectos subvencionados y a justificar la totalidad del presupuesto, hasta el 16 de noviembre de 2015; en caso de no justificarse la totalidad del presupuesto del proyecto, la subvención será minorada en la misma proporción. El cumplimento efectivo de los fines para los que fue concedida la ayuda se acreditará por medio de la presentación de original o copia compulsada y una copia de la siguiente documentación:
b) Relación de gastos ordenada según el concepto a que se atribuye, fotocopia compulsada de las facturas y justificantes bancarios de su abono, incorporados en el mismo orden que en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior. En el justificante bancario deberá constar además del emisor y receptor del pago, el número de factura objeto del pago y la fecha. Con carácter excepcional, se admitirán pagos en metálico cuando su importe, individual o en conjunto por proveedor, no exceda de los 300 euros. En este caso, el pago se justificará mediante la factura firmada y sellada por el proveedor, en que figure la expresión «recibí en metálico».
c) Memoria explicativa del proyecto realizado en relación con la ayuda concedida, junto con el porcentaje de autofinanciación de la inversión que para el mismo proyecto hizo el beneficiario.
d) En el momento de la justificación de la ejecución del proyecto y, en cualquier caso, antes del pago, el peticionario deberá presentar una declaración complementaria del conjunto de las ayudas solicitadas, tanto las aprobadas o concedidas como las pendientes de resolución, para el mismo proyecto, de las distintas administraciones públicas competentes o cualquiera de sus organismos, entes o sociedades.
Cuando las actividades fueran financiadas, con fondos propios o con otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos, según recoge el artículo 28.6º de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
e) Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de no tener pendiente de pago ninguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma, según lo establecido en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia, y en el artículo 11 del Decreto 11/2009, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia, según el anexo III.
En el caso de entidades locales deberán presentar además:
a) Certificación de la intervención o del órgano que tenga atribuidas las facultades de control de la toma de razón en contabilidad y del cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
b) Certificación del órgano que tenga atribuidas las facultades de control del cumplimiento de la normativa de contratación pública vigente en la tramitación del procedimiento de contratación.
Se deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia (modificado por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas). Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso, a la prestación del servicio o a la entrega del bien, excepto que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que las realicen, presten o suministren, o excepto que el gasto se realizase con anterioridad a la solicitud de la subvención.
Los gastos subvencionables deberán estar realizados y efectivamente pagados en la fecha límite de justificación establecida en el apartado 2 de este artículo.
1. Con carácter general, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, se considerarán gastos subvencionables aquellos gastos corrientes que de forma indudable respondan a la realización del proyecto, así como los gastos de difusión y publicidad en cualquier soporte, en el que se hará constar el logotipo de la Xunta de Galicia siguiendo sus normas de identidad corporativa, alquiler de espacios, servicios y equipamientos técnicos, cachés de los grupos y compañías, así como los gastos de viajes y alojamiento de los participantes en las actividades propuestas.
Todos los gastos subvencionables deberán estar pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sujetos a las obligaciones recogidas en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en concreto estarán obligados a:
1. Destinar los fondos percibidos al objeto concreto para el que fuesen concedidos. Los servicios técnicos de la Xunta de Galicia realizarán la comprobación explícita de la ejecución del proyecto.
2. Hacer constar en toda la publicidad generada por el proyecto subvencionado que recibieron una subvención de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, utilizando la normativa de imagen corporativa de la Xunta de Galicia.
Artículo 14. Reintegro de la ayuda y procedimiento sancionador
1. Procederá el reintegro, total o parcial, de las subvenciones y ayudas públicas percibidas cuando concurran cualquiera de las circunstancias previstas en el título II de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
2. En el caso de que el beneficiario de la ayuda incumpliese alguna de las condiciones u obligaciones estipuladas, la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria instruirá un expediente sancionador, de conformidad con lo previsto en el título IV de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
3. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, puede dar lugar a la modificación de la resolución de concesión o de la ayuda concedida.
Contra esta orden y contra los actos resolutivos referentes a ella, que agotan la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de la notificación de la resolución o, potestativamente, interponer, en el plazo de un mes desde la recepción de la resolución recurso de reposición ante la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.
Se faculta al secretario general de Cultura de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria a dictar, en el ámbito de sus competencias, las resoluciones precisas para el desarrollo de esta orden.

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resolución
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