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Andalucía Enseñanza - Andalucía - Novedades de la Semana | CSIF
Andalucía - Novedades de la Semana
CSI•F: NOVEDADES DE LA SEMANA.
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN OFERTARÁ 3796 PLAZAS PARA MAESTROS.
CSI•F, primer sindicato de la enseñanza pública, valora positivamente la oferta de empleo docente porque evita la precarización en el empleo.
En esta línea, CSI•F valora positivamente la oferta de empleo público docente que se ha hecho pública esta mañana en la Mesa Sectorial. Así mismo nos parece bien que se convoquen todas las especialidades. Además, éste es el último año de la aplicación del sistema transitorio y CSI•F —sindicato firmante—considera que es una buena oportunidad para proseguir en la consolidación de empleo y para situar el porcentaje de interinos en los estándares recomendados por distintos organismo tanto nacionales como internacionales.
Cuadro de la oferta desglosada por especialidades:
ESPECIALIDAD E. INFANTIL PRIMARIA INGLÉS E. FÍSICA PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA AUDICIÓN Y LENGUAJE MÚSICA
PLAZAS 1236 1163 241 386 456 118 196
TOTAL: 3796
Así mismo tenemos que decir que consideramos importante que la mayoría de las Comunidades –no convocan Canarias, Rioja, Murcia y Castilla-La Mancha- realicen convocatorias para reducir el efecto llamada hacia Andalucía.
LISTADOS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LA BOLSA MAESTROS PARA CENTROS BILINGÜES
De conformidad con lo establecido en la Base novena de la Resolución de 22 de noviembre de 2010 (BOJA de 13 de diciembre), y en virtud de las competencias que le confiere el Decreto121/2008, de 29 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Educación, modificado por el Decreto 116/2009, de 19 de mayo, esta Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos
1. Publicar los listados provisionales de personal admitido y excluido del Cuerpo de Maestros, que quedan recogidos en los siguientes Anexos:
Anexo I. Listado de personal admitido, ordenado alfabéticamente, con indicación de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo que figura en el Anexo IV de la Resolución de 22 de noviembre de 2010.
Anexo II. Listado de personal admitido, ordenado por puntuación.
Anexo III. Listado alfabético de personal excluido, indicando en cada caso los motivos de exclusión.
2. Contra las mencionadas listas, el personal participante podrá interponer en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al de su publicación, las alegaciones que estime oportunas según el modelo que figura como Anexo IV de esta Resolución.
3. La presente Resolución se hará pública en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales, así como a efectos meramente informativos, en la página web de esta Consejería.
Sevilla, 24 de febrero de 2011.
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ANEXO I. ADMITIDOS POR ORDEN ALFABÉTICO256.24 KB
ANEXO II. ADMITIDOS POR PUNTUACIÓN262.44 KB
ANEXO III. EXCLUIDOS272.71 KB
ANEXO IV. ALEGACIONES42.04 KB
LISTADOS PROVISIONALES PARA LAS BOLSAS DE SECUNDARIA Y FP CON PERFIL BILINGÜE.
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2011, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se publican los listados provisionales de personal de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional admitido y excluido en la convocatoria para formar parte de las bolsas de trabajo de especialidades y cuerpos docentes con perfil bilingüe, para el curso 2010/2011.
PRIMERO: Publicar los listados provisionales de personal admitido y excluido de los puestos de:
Física y Química-Francés (10590007)
Física y Química-Inglés (11590007)
Física y Química-Alemán (12590007)
Biología y Geología-Francés (10590008)
Biología y Geología-Inglés (11590008)
Biología y Geología-Alemán (12590008)
Tecnología-Francés (10590019)
Tecnología-Inglés (11590019)
Tecnología-Alemán (12590019)
Asesoría y Procesos de Imagen Personal-Inglés (11590103)
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos-Inglés (11590111)
Procesos de Producción Agraria-Inglés (11590115)
Procesos de Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos-Inglés (11590117)
Procesos Sanitarios-Inglés (11590118)
Sistemas Electrónicos-Inglés (11590124)
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y
Laboratorio-Inglés (11591208)
Procedimientos de Diagnóstico Clínicos y Ortoprotésico-Inglés (11591219)
del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, que quedan recogidos en los siguientes Anexos:
TERCERO: De acuerdo con lo establecido en la Resolución de convocatoria, contra las listas y méritos citados, se podrá interponer en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquel de su publicación, las alegaciones que se estimen oportunas, según el modelo que figura como Anexo IV de esta Resolución.
CUARTO: Las personas que figuren relacionadas en los listados de admitidos de más de un puesto, habrán de optar por uno de ellos en el mismo plazo establecido en el punto TERCERO, según el modelo que figura como Anexo V de la presente Resolución.
· Consulta personalizada de admitidos
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ANEXO II. Excluidos 4.36 MB
ANEXO IV. Alegaciones 1.04 MB
ANEXO V. Modelo de Opción 963.63 KB
CRITERIOS PARA ADMISIÓN DEL ALUMNADO.
Documento de consolidación: Decreto 40/2011, de 22 de febrero. BOJA núm. 40 - 25/02/2011
DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO.
Documento de consolidación: Orden de 24 de febrero de 2011. BOJA núm. 40 - 25/02/2011.
Anexo I. Adscripción a un único centro docente
Anexo II. Adscripción a más de un centro docente
Anexo III. Admisión en centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, programas de cualificación profesional incial y bachillerato
Anexo IV. Matrícula en segundo ciclo de educación infantil y educación primaria
Anexo V. Matrícula en educación especial: aula específica o centro específico
Anexo VI. Matrícula en educación secundaria obligatoria
Anexo VII. Matrícula en programas de cualificación profesional inicial
Anexo VIII. Matrícula en bachillerato
Anexo IX. Procedimiento extraordinario de admisión
(Periodo febrero-junio 2011) Leer contenido
AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL DE CSI•F (NACIONAL)
Consultatodas las ventajosas condiciones por ser afilado a CSI•F a nivel Nacional y por Comunidades.
Como en años anteriores, estamos procediendo a renovar las pólizas personales de Seguro de Responsabilidad Civil. Éste es un servicio gratuitopara afiliados en activo y sólo tenéis que actualizar vuestros datos personales y profesionales.
ZONAS DE INFLUENCIA A EFECTOS DE ESCOLARIZACIÓN DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA
BOJA 22-2-2011. Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos.
HAZTE AMIGO DE CSI•F ENSEÑANZA MÁLAGA EN FACEBOOK
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Diez razones para afiliarte a CSI•F
Sede Territorial: Recogidas, 45, 6º- A 18005 (Granada)
Teléfono: 958 08 91 26 Fax: 958 08 29 27
E-mail: ense70.web@csi-csif.es
Página web: http://www.csi-csif.es/andalucia/mod_ense.html
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Mediante el apartado dos de la disposición final décima cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre , de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, se modificó el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. De acuerdo con el apartado 1 de dicho artículo 47, se podrán adquirir compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que, por un lado, su ejecución se inicie en el propio ejercicio y, por otro lado, no se superen los límites y anualidades fijados en el artículo 47.2 de la Ley General Presupuestaria. Ello implica que ya desde el momento de la autorización, esto es, en el momento en que se apruebe un gasto plurianual, deba incorporarse, en lo que a la parte financiera del expediente de gasto se refiere, el correspondiente certificado del cumplimiento de límites del citado artículo 47.
Por otra parte, la disposición final octava de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, ha introducido un nuevo apartado 6 en el mencionado artículo 47, a fin de establecer que en el caso de la tramitación anticipada de los expedientes de contratación a que se refiere el artículo 110.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre , y en la tramitación anticipada de aquellos expedientes de gasto cuya normativa reguladora permita llegar a la formalización del compromiso de gasto, se deberán cumplir los límites y anualidades o importes autorizados a que se refieren los números 2 a 5 de dicho artículo 47.
Uno. La sección 5.ª “De la tramitación anticipada de expedientes de gasto” del capítulo II, pasará a tener la siguiente redacción:
“Sección 5.ª De la tramitación anticipada de expedientes de gasto
1. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 110.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre , los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos se pueden comprometer créditos con las limitaciones determinadas en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a dicha Ley.
Para ello, el Servicio gestor competente para la tramitación del gasto expedirá, y remitirá a la correspondiente oficina de contabilidad, un documento RC de "tramitación anticipada" detallando el importe que del gasto en cuestión corresponde a cada uno de los ejercicios posteriores afectados. Dicho documento RC podrá ser registrado por el propio Servicio gestor en el Sistema de Información Contable de acuerdo con la Resolución de 22 de octubre de 2004, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el procedimiento de acceso y captura en el Sistema de Información Contable de los documentos contables RC de retención de crédito por determinadas unidades administrativas.
Una vez registrado el documento RC de "tramitación anticipada", se obtendrá del Sistema de Información Contable el certificado de cumplimiento de límites o importes autorizados para su incorporación al respectivo expediente.
3. Una vez autorizado el gasto, el Servicio gestor expedirá, y remitirá a la oficina de contabilidad, un documento A de ''tramitación anticipada'' en el que se detallará la distribución por anualidades del gasto que se aprueba con cargo a presupuestos futuros. Posteriormente, si se adjudica y formaliza el contrato dentro del mismo ejercicio, dicho Servicio gestor formulará un documento D de ''tramitación anticipada''. En el caso de que se acumulen las fases de aprobación y del compromiso del gasto, se expedirá un documento AD de ''tramitación anticipada''.
Si dichos extremos no estuvieran regulados, se podrá llegar como máximo hasta el momento inmediatamente anterior al compromiso de gasto, siguiéndose, en todo lo demás, el procedimiento establecido en la regla anterior.”
Dos. La regla 55 “Aplicación al nuevo presupuesto de los compromisos de gasto y otras operaciones”, pasará a tener la siguiente redacción:
“Regla 55. Aplicación al nuevo presupuesto de los compromisos de gasto y otras operaciones.
Primero.-Las anualidades que correspondan al ejercicio que se inicia de compromisos plurianuales de gastos contraídos en años anteriores.
Segundo.-Las retenciones de crédito realizadas de acuerdo con el procedimiento previsto en la disposición adicional decimonovena de la Ley General Presupuestaria que hubieran quedado pendientes de anular.
Tercero.-Todos aquellos compromisos de gasto imputados al presupuesto del ejercicio anterior que hubieran quedado pendientes del reconocimiento de obligaciones, siempre que dichos compromisos estuviesen efectivamente contraídos con una persona o entidad claramente identificada en el correspondiente expediente y ajena a la Administración General del Estado.
Cuarto.-Las anualidades que correspondan al ejercicio que se inicia de compromisos de tramitación anticipada a que se refiere la Sección 5.ª de este capítulo.
Quinto.-Las anualidades que correspondan al ejercicio que se inicia de autorizaciones de gasto de tramitación anticipada a que se refiere la Sección 5.ª de este capítulo.
Sexto.-Las anualidades que correspondan al ejercicio que se inicia de retenciones de crédito plurianuales efectuadas en años anteriores relativas a expedientes registrados con base en los dispuesto en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que se encuentren pendientes de comprometer.
Séptimo.-Las retenciones de crédito que en el presupuesto del ejercicio anterior hubieran quedado pendientes de comprometer relativas a expedientes registrados con base en los dispuesto en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Octavo.-Las anualidades que correspondan al ejercicio que se inicia de las retenciones de crédito de tramitación anticipada a que se refiere la sección 5.ª de este capítulo.
No obstante, en el caso de que no se puedan imputar al presupuesto del ejercicio en curso las anualidades que correspondan al ejercicio que se inicia de compromisos de gasto de carácter plurianual contabilizados en años anteriores, se seguirá el procedimiento regulado en la Disposición adicional decimonovena de la Ley General Presupuestaria.”
Uno. En el punto 1 del apartado sexto, “Clases de documentos”, se realizan las siguientes modificaciones:
“d´) Documento RC "Retención de crédito de tramitación anticipada": Se utilizará en la tramitación anticipada de expedientes de gasto para solicitar el certificado de cumplimiento de límites que establece el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de retención adicional del 10% de la adjudicación, y de retención del 1% cultural (art. 58 del Real Decreto 111/1986).”
“l) Documento D de "tramitación anticipada": Se utilizará en operaciones de compromiso de gasto en el procedimiento de tramitación anticipada.”
“l´) Documento AD de "tramitación anticipada": Se utilizará en operaciones que acumulen las fases de autorización y compromiso de gasto en el procedimiento de tramitación anticipada.”
Dos. En el anexo I, “Normas de cumplimentación de los documentos contables”, se realizan las siguientes modificaciones en la nota aclaratoria (2), “Código”:
1. En el apartado b), “Documento RC de ejercicio corriente (Solicitud de retenciones de crédito y registro de no disponibilidad)”, se elimina la siguiente clave de operación:
“105 Retención cautelar de crédito procedente de tramitación anticipada.”
“g) Documentos de tramitación anticipada (RC, A, AD y D):
100 "Retención de crédito para tramitación anticipada".
108 "Retención adicional del 10% de la adjudicación para tramitación anticipada".
109 "Retención 1% cultural (art. 58.3.b) del Real Decreto 111/1986) para tramitación anticipada".
210 "Autorización sobre crédito retenido para tramitación anticipada".
230 "Autorización y compromiso de gasto sobre crédito retenido para tramitación anticipada".
300 "Compromiso de gasto de tramitación anticipada''.”
Tres. En el apartado A) “Documentos contables del Presupuesto de Gastos” del anexo II, “Modelos de los documentos contables”, se realizan las siguientes modificaciones:
“Se añaden, en el orden correspondiente, los modelos de los documentos RC, D y AD de "tramitación anticipada" y se modifica el documento A de "tramitación anticipada", que tendrán el formato que figura en el anexo a esta Orden. Asimismo se suprime el documento TR de "tramitación anticipada".”

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artículo 47
artículo 47
artículo 47
artículo 47
artículo 47
artículo 110
Real Decreto
artículo 47
artículo 110
Real Decreto
Resolución
artículo 52
artículo 47
artículo 52
artículo 47
artículo 47
Real Decreto
Real Decreto


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AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
Cofinanciada por la CAR
antelación de 5 días a la celebración de la conferencia
de realización de la conferencia
Resolución nº 127/2017, de 28 de febrero, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se publica la convocatoria de Ayudas para la Organización de Conferencias y Seminarios de Investigación de la Universidad de La Rioja. Convocatoria 2017
La Comunidad Autónoma de La Rioja, dentro de las líneas de actuación entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja para financiar actividades, congresos, planes de mejora y otros para el curso 2016-2017, incorpora el Programa de actuaciones en el ámbito de la docencia, investigación y desarrollo e innovación. Esta convocatoria, que ahora se publica, está financiada parcialmente en el marco de estas líneas de actuación de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
3. - Destinatarios
5. - Distribución de las ayudas
7. - Justificación y pago de las ayudas
8. - Obligaciones
La presente convocatoria tiene por objeto apoyar a la organización, desarrollo e impartición de conferencias y seminarios de investigación y transferencia de resultados de la investigación que se celebren en la Universidad de La Rioja, impartidos por invitados externos a la Universidad de La Rioja.
2.Financiación de la convocatoria
La financiación de esta convocatoria se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 0340 500I 641.51. La cantidad asignada a esta convocatoria 10.000 €. Estas ayudas estarán sujetas a las retenciones de IRPF que la legislación establezca.
3.1 Podrán solicitar estas ayudas el Personal Docente e Investigador de la Universidad de La Rioja y el personal investigador del Instituto de las Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV).
4.1 El plazo de presentación de solicitudes se abrirá con la publicación de la presente convocatoria en el tablón de anuncios de investigación del edificio Rectorado y en la página web de la Universidad http://www.unirioja.es/plan_propio y finalizará el 10 de diciembre de 2017.
4.2 Las solicitudes deberán presentarse con una antelación mínima de 5 días a la celebración de la conferencia.
4.3 Asimismo, se podrán solicitar ayudas para las conferencias o seminarios realizados desde el 1 de enero de 2017 hasta la publicación de la presente convocatoria. El plazo para la presentación de estas solicitudes será de 30 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria.
4.4 La presentación de solicitudes se dirigirá a la Vicerrectora de Investigación y deberán presentarse en el Registro General de la UR (Avenida de la Paz 93.26006 Logroño) o mediante las formas que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5 Los impresos de solicitud, que se encontrarán disponibles en la página web de la Universidad, http://www.unirioja.es/plan_propio, se dirigirán, debidamente cumplimentados, a la Vicerrectora de Investigación. El impreso se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones indicadas en el mismo.
4.6 Las solicitudes deberán ir firmadas por el investigador responsable que organiza la conferencia o seminario y por el Director del Departamento correspondiente o del ICVV, en su caso.
4.7 Las solicitudes se presentarán, sin necesidad de documentación adjunta, debidamente cumplimentadas en todos sus apartados.
4.8 A efectos de cierre de ejercicio presupuestario, los justificantes de gastos deberán presentarse en todo caso antes del 15 de diciembre de 2017.
No obstante, en caso de que la conferencia se celebre entre el 11 y el 31 de diciembre de 2017, deberá notificarlo antes del 15 de noviembre de 2017 al Servicio de Gestión de Investigación para que su justificación de gastos pueda, con carácter excepcional, entrar en el ejercicio de 2017.
4.9 Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5.1 Los recursos asignados a esta convocatoria son de 10.000 euros (diez mil euros).
5.2 La asignación máxima por conferencia o seminario será de 400 euros que se podrán distribuir entre gratificación al conferenciante y gastos adicionales a justificar.
5.3 De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento regulador de las indemnizaciones por razón del servicio, con la autorización de Gerencia, los gastos de viaje, alojamiento y manutención que se imputen estarán limitados por los importes establecidos para el grupo 1 en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y los Presupuestos de la UR. En relación con el pago de comidas o cenas con justificación documental, se tomará como cantidad máxima a imputar por comensal lo que corresponda a media dieta del grupo 1 del citado Real Decreto.
5.4 Estas ayudas no podrán subvencionar en parte o en su totalidad conferencias ya financiadas desde la convocatoria de Congresos y Reuniones Científicas de la UR.
6.1 Por delegación de la Comisión de Investigación, la Vicerrectora de Investigación, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y por riguroso orden de presentación de solicitudes, resolverá la concesión o denegación de la ayuda y, en su caso, la cuantía de la misma. Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de la Universidad de La Rioja en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación de la misma.
6.2 La resolución de concesión de la ayuda quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento en que ésta se produzca.
6.3. La Vicerrectora de Investigación notificará la resolución a los interesados.
7. Justificación y pago de las ayudas
7.1 Celebrada la conferencia y para el pago de la ayuda, el solicitante, investigador responsable, deberá presentar en el Servicio de Gestión de la Investigación el documento ‘Declaración responsable de realización de la conferencia’ que se encontrará disponible en el propio Servicio o en la página web de la Universidad de La Rioja http://www.unirioja.es/plan_propio.
7.2. Asimismo, con el impreso ‘Declaración responsable de realización de la conferencia’, se presentarán los documentos contables para la justificación de los gastos adicionales realizados, de acuerdo con el apartado 5.3 de la convocatoria.
7.3 El pago de la ayuda se realizará una vez presentados los documentos y justificados los gastos adicionales a que se refieren los apartados anteriores.
7.4 En el caso de profesores extranjeros con permiso de residencia en España, para aplicarles los acuerdos de doble imposición, deberán presentar el certificado de residencia fiscal. De no presentar dicho documento se retendrá el porcentaje correspondiente al IRPF de la asignación al conferenciante.
8.1 La presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases establecidas en esta convocatoria.
8.2 Con carácter inmediato a la finalización de la conferencia, o al día hábil siguiente a su celebración, el solicitante deberá presentar en el Servicio de Gestión de la Investigación los documentos que se citan en las bases 7.1 y 7.2 de esta convocatoria, así como el resto de documentación y justificantes. Los documentos de difusión (carteles, tarjetones, trípticos, página web) se presentarán junto con la ‘Declaración responsable de realización de la conferencia’.
8.3 En el caso de conferencias o seminarios realizados entre el 1 de enero de 2017 y la publicación de esta convocatoria, y solicitadas de acuerdo con lo establecido en la base 4.3 de esta convocatoria, una vez concedida, el solicitante deberá presentar la documentación de justificación de la ayuda.
8.4 A efectos de cierre del ejercicio presupuestario, los justificantes de gasto deberán presentarse en todo caso antes del 15 de diciembre de 2017. Aquellas cantidades que a la fecha de cierre del ejercicio no estuvieran comprometidas pasarán a englobar el remanente genérico del presupuesto de la UR.
8.5 En la difusión de la conferencia, deberá figurar que se realiza con la colaboración del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de La Rioja.
8.6 En el caso de no celebrarse la conferencia o seminario, o de realizarse con cambios sustanciales que afecten a su desarrollo, el solicitante de la ayuda deberá comunicarlo, a la mayor brevedad posible, al Servicio de Gestión de la Investigación.
8.7 La eventual ocultación o falseamiento de datos o el incumplimiento de las bases de esta convocatoria conllevará la revocación de la ayuda y el reintegro de las cantidades indebidamente abonadas.
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso
Contencioso-Administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Logroño, 28 de febrero de 2017
P.D. Resolución 278/2016, de 5 de mayo modificada por Resolución 47/2017, de 31 de enero
Última modificación: 29-05-2017 09:47

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artículo 21
artículo 19
Real Decreto
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artículo 123
Resolución
Resolución


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RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo adicional al Convenio sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo adicional al Convenio sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo adicional al Convenio sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia Estado	:
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo adicional al Convenio sobre prórroga del Convenio Programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Suscrito el Protocolo adicional por el que se determinan las aportaciones económicas de las partes y se incorporan los proyectos seleccionados en ambos casos con referencia al ejercicio de 2001, como anexos al Convenio sobre prórroga del Convenio Programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del citado Protocolo, que figura como anexo de esta Resolución.
Protocolo adicional por el que se determinan las aportaciones económicas de las partes y se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos con referencia al ejercicio de 2001, como anexos al Convenio sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia
Y, de otra parte, el excelentísimo señor don José María Hernández Cochón, como Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, nombrado por Decreto 349/1997, de 9 de diciembre ("Diario Oficial de Galicia" número 238, del 10), en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Galicia, en uso de las facultades que le vienen atribuidas en el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, y en el artículo 3 del Decreto 63/1996, de 15 de febrero.
Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Galicia suscribieron, en fecha 5 de mayo de 1988, un Convenio -Programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales.
Que habiéndose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el Convenio antes citado, la determinación de las aportaciones económicas de las partes correspondientes al año 2001, procede instrumentarla a través del presente Protocolo adicional, junto con la selección de proyectos sobre prestaciones básicas de servicios sociales realizada por la Comunidad Autónoma de Galicia y aprobada asimismo, a efectos de financiación conjunta, de acuerdo con el procedimiento y la forma previstos en el Convenio-Programa.
Por todo lo manifestado, y en virtud de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ambas partes acuerdan suscribir el presente Protocolo adicional al Convenio de cooperación suscrito con fecha 5 de mayo de 1988, prorrogado por los de 3 de mayo de 1989 y 5 de noviembre de 1990, el cual se regirá por las siguientes
Primera. La incorporación-como anexo al Convenio Programa citado en el primer párrafo del manifiesto, y para que formen parte integrante del mismo- de los proyectos presentados por las entidades locales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, y que quedan relacionados en el anexo del presente Protocolo adicional.
Incorporación remanentes: 366.244,00.
Corporaciones locales: 3.218.344.917,00.
Comunidad Autónoma: 1.249.961.192,00.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 1.239.028.350,00.
Total: 5.707.700.703,00.
Tercera. En lo posible, ambas Administraciones Públicas harán extensivos los proyectos incluidos en este Protocolo adicional a años sucesivos, en los términos establecidos al respecto en la cláusula novena del mencionado Convenio-Programa, de 5 de mayo de 1988, y en la cláusula tercera del Convenio para su prórroga, de 5 de noviembre de 1990.
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Protocolo adicional, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este documento. El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio Pérez. El Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Hernández Cochón.Ver ANEXO

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RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
artículo 8
artículo 34
artículo 3
artículo 6


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Ambos modelos son las últimas novedades en la familia de cámaras GoPro con multitud de funciones avanzadas. Te alegrará saber que su cuerpo impermeable puede funcionar bajo el agua incluso sin la carcasa externa, y puede controlar cosas por voz, así como otras características que se añaden a las especificaciones de la imagen. Con tantas funciones actualizadas, todavía hay algunas cosas que hacen que estas cámaras sean diferentes entre sí. Si no sabes cuál de estos dispositivos puede satisfacer tus necesidades de la mejor manera posible, sigue leyendo el análisis a continuación.
Análisis completo de la GoPro Hero5 Session >>
Análisis completo de la GoPro Hero5 Black>>
Image resource:Dixplore.com
Comparación entre la Hero5 Black y la Hero5 Session
Tabla de comparaciones específicas:
Precio $399 sólo $299
Fecha de lanzamiento 2 de octubre de 2016 2 de octubre de 2016
Batería 1220mAh 1000mAh
Peso 117g 73g
Dimensiones 62×44.6×32.7mm 38x38x36mm
Resolución de vídeo Hasta 4k/30fps Hasta 4k/30fps
Pantalla Integrada táctil de 2 pulgadas Sin pantalla integrada
Resistencia al agua (60m con carcasa) 10 metros sin carcasa (60m con carcasa) 10 metros sin carcasa
Modo de disparo Modo de luz baja, modo de ráfaga, Modo nocturno & Time lapse nocturno Modo de luz baja, modo de ráfaga, Modo nocturno & Time lapse nocturno
Control por voz Sí Sí
Estabilización digital de la imagen Sí Sí
Reducción avanzada de ruido por viento Sí Sí
Ambas cámaras son muy pequeñas en tamaño, con un aspecto compacto, pero la Hero5 Black es un poco más grande que la otra. Esta variación significativa en el tamaño solo se debe a la pantalla táctil de 2 pulgadas integrada y es probablemente una de las características más interesantes en la Hero5 Black. La adición de la pantalla táctil ha hecho que este dispositivo sea mucho más fácil de usar. Con ella, no necesitarás leer los manuales de instrucciones tan típicos para saber controlar la cámara. La función de navegación fácil te ayudará en la pantalla táctil. El modelo Hero5 Black también consta de 3 botones de control que ayudan a la configuración rápida de los ajustes en un pequeño panel LCD.
Las dos unidades se pueden controlar fácilmente desde teléfonos móviles con la función de conectividad inalámbrica. Por otro lado, si hablamos de la batería, la Hero5 Black viene con una batería más grande de 1220mAh, mientras que la otra sólo tiene 1000mAh. En el caso de la Hero5 Session tienes que reservar la carga de la batería hasta el momento en que la grabación haya terminado, pero la otra viene con batería extraíble para que puedas utilizar las de repuesto durante viajes más largos. Hay más similitud entre estos dos dispositivos en términos de sumergibilidad, ya que pueden funcionar a la misma profundidad con la carcasa y sin ella.
El sensor de resolución es mucho más alto en la Hero5 Black en comparación con la Hero5 Session, que también graba con poca luz. Esta cámara graba con una resolución de 12Mp para fotos, mientras que la otra posee sólo 10MP. La resolución adicional de 2 MP puede resultar con una claridad sorprendente y también tiene un límite ISO mucho mayor que el de la Session. Los usuarios también pueden disfrutar del modo HDR incorporado con el modelo más alto. Uno de los aspectos más importantes es que la Hero5 Black permite a los usuarios obtener imágenes en bruto que se pueden procesar después para obtener resultados mucho mejores y personalizados.
Ambas cámaras, la Hero5 Black y la Hero5 Session son capaces de grabar a una resolución de vídeo de 4k con una tasa de fotogramas de 30fps. Aparte de esto, también graban a resoluciones de 2.7K, 1080p, 1440p, 720p y 920p. La tasa de bits puede ser tan alta como 60Mbps y algunas de las características adicionales son la facilidad de rotación de imagen automática y el bucle de vídeo. Además, los dos dispositivos cuentan con el software avanzado GoPro Protune.
Los profesionales dicen que las capacidades de grabación de vídeo de la GoPro Hero4 Black son muy superiores a la de la Hero5 Session; puede deberse a términos de resolución de imagen y velocidades de fotogramas que mejoren la velocidad de los videos. La Black ofrece a los usuarios una mayor calidad, así como controles mucho más flexibles.
Las características de audio de la Hero5 Black y la Hero5 Silver son prácticamente similares y pueden ayudar a los creadores de video en niveles claros de voz. Se pueden conectar micrófonos externos a estos dos dispositivos a través de una toma de audio de 3,5 mm, las capacidades mono están clasificadas como 48 KHz y ambas unidades cuentan con tecnología de compresión AAC. El modo avanzado de banda AGC también es una adición apreciable a estas cámaras.
Control por voz: La función de control de voz está presente en ambos casos y ayuda a controlar de manera mucho más eficiente durante la grabación de vídeo. Los usuarios también pueden controlar activamente las imágenes, para las que unas pocas palabras otorgan los controles básicos con facilidad. Si estás planeando hacer un viaje largo a un sitio de aventuras, entonces solo tienes que montar tu dispositivo en cualquier lugar y dictar los comandos de voz para iniciar el proceso de grabación y otras funciones básicas.
GoPro Plus: Ambas cámaras pueden controlarse también a través de la aplicación GoPro Plusm que se ejecuta en la nube. Ésta permite guardar todas las grabaciones directamente en la nube usando la cuenta de GoPro Plus. Puedes hacer uso de la versión de prueba gratuita de esta aplicación durante dos meses, mientras que la aplicación original completa está disponible con un pago de suscripción mensual de sólo $4.99.
GPS: La Hero5 Black cuenta con un control de GPS activo, pero esta función no está disponible en caso de la Hero5 Session. El GPS permite a los usuarios establecer etiquetas geográficas en todas las imágenes y videos capturados, al igual que en teléfonos. Con ello, tus vídeos siempre podrán mostra etiquetas cuando lo necesites.
Para ambas cámaras tendrás que contar con un presupuesto alto, pero en caso de que tu rango sea un poco inferior, lo mejor será ir por la Session, ya que tiene muchas características geniales y cuesta 100$ menos. Además, es tan pequeña que podrás utilizarla como quieras, incluso en el casco o bajo tu sillín.

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CAPÍTULO II La Obtención Ilícita de Información Electrónica
CAPÍTULO III Utilización Ilícita de información Confidencial Artículo 143-Ter
CAPÍTULO IV Suplantación de Identidad
Artículo 154-I.
TÍTULO SÉPTIMO BIS DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN OTROS RAMOS DEL PODER PÚBLICO CAPÍTULO ÚNICO
La Obtención Ilícita de Información Electrónica
Artículo 143-Bis. Al que sin autorización y de manera dolosa, copie, modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días de multa.
Las penas previstas en este artículo se incrementarán en una mitad cuando el sujeto pasivo del delito sea una entidad pública o institución que integre el sistema financiero.
Utilización Ilícita de información Confidencial
Artículo 143-Ter. Se impondrán de tres a seis años de prisión a la persona que, teniendo acceso a bases de datos con información confidencial de instituciones o personas, emplee esta información para fines ilícitos, o transmita esta información a terceros para ser empleada con fines ilícitos.
Artículo 143-Quáter. Comete el delito de suplantación de identidad quien suplante con fines ilícitos o de lucro, se atribuya la identidad de otra persona por cualquier medio, u otorgue su consentimiento para llevar la suplantación de su identidad, produciendo con ello un daño moral o patrimonial, u obteniendo un lucro o un provecho indebido para sí o para otra persona. Este delito se sancionará con prisión de tres a ocho años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Serán equiparables al delito de suplantación de identidad y se impondrán las penas establecidas en este artículo:
I. Al que por algún uso de medio electrónico, telemático o electrónico obtenga algún lucro indebido para sí o para otro o genere un daño patrimonial a otro, valiéndose de alguna manipulación informática o intercepción de datos de envío, cuyo objeto sea el empleo no autorizado de datos personales o el acceso no autorizado a base de datos automatizados para suplantar identidades;
II. Al que transfiera, posea o utilice datos identificativos de otra persona con la intención de cometer, favorecer o intentar cualquier actividad ilícita; o
III. Al que asuma, suplante, se apropie o utilice, a través de internet, cualquier sistema informático o medio de comunicación, la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca, produciendo con ello un daño moral o patrimonial, u obteniendo un lucro o un provecho indebido para sí o para otra persona.
Se aumentará hasta en una mitad las penas previstas en el presente artículo, a quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito; así como en el supuesto en que el sujeto activo del delito tenga licenciatura, ingeniería o cualquier otro grado académico en el rubro de informática, computación o telemática.
Artículo 144. Para los efectos de este título:
I. Son servidores públicos: los que se consideran de tal forma en términos de la ley estatal en materia de responsabilidades de los servidores públicos;
II. Para la individualización de las sanciones previstas en este título, el juez tomará en cuenta, en su caso, si el servidor público es trabajador de base o de confianza; su antigüedad en el empleo; sus antecedentes de servicio; sus percepciones; su grado de instrucción; y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de servidor público de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena;
III. Salvo los casos establecidos en el artículo 145, fracción II, excepto que se encuentre suspendido el servidor público, y la V, de este Código, en todos los demás casos, se impondrá al responsable la sanción de destitución de su empleo, cargo o comisión; y
IV. A los responsables de alguno de los delitos a que se refiere este título, independientemente de otras sanciones, se les inhabilitará para trabajar como servidores públicos, hasta por seis años, notificando tal resolución al órgano del poder público que corresponda.
Artículo 145. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de treinta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el término de seis meses a tres años, y destitución, en su caso, del que estuvieren desempeñando legalmente, a los servidores públicos que incurran en alguno de los casos siguientes:
I. Que ejerza las funciones de su empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima o sin llenar todos los requisitos legales;
II. Que continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión, después de notificado sobre la revocación de su nombramiento o de la suspensión o destitución decretada, por quien tenga facultades para hacerlo;
III. Que nombrado por tiempo limitado, continúe ejerciendo sus funciones después de cumplido el término por el cual se le nombró.
Lo prevenido en las dos fracciones anteriores no comprende el caso en que el servidor público, que deba cesar en sus funciones, se le ordene que continúe con ellas, entre tanto se presenta la persona que haya de substituirlo, siempre que la ley no lo prohíba;
IV. Que ejerza alguna comisión, empleo o cargo, distinto del que realmente tuviese;
V. Que sin habérsele admitido la renuncia de una comisión, empleo o cargo, lo abandone sin causa justificada; y
VI. Que abandone, intencionalmente, servicios de vigilancia o custodia propiciando la comisión de un delito por ausencia, independientemente de la penalidad que le resulte como coautor.
Artículo 146. Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público, sea cual fuere su categoría, que incurra en alguno de los casos siguientes:
I. Cuando, para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pide auxilio a la fuerza pública o la emplee con este objeto;
II. Cuando en el ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona, sin causa legítima, o la vejare;
III. Cuando, indebidamente, retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de prestarles, o impida la presentación o el curso de una solicitud;
IV. Cuando ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la del Estado;
V. Cuando el encargado de una fuerza pública, requerido legalmente por una autoridad para que le preste auxilio, se niegue indebidamente a dárselo;
VI. Cuando obtenga de un subalterno parte o todo el sueldo de éste, le exija dádivas u otro servicio indebido;
VII. Cuando aproveche el poder y autoridad propias del empleo, cargo o comisión que desempeñe, para satisfacer, indebidamente, algún interés propio o de cualquiera otra persona, que no sea de orden económico;
Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa, cuya guarda o administración no le corresponda.
Si dispone de los objetos recibidos como consecuencia del acto a que se refiere esta fracción, independientemente de las penas que señale el presente artículo, los responsables serán acreedores a las sanciones que les correspondan, por cualquier otro delito cometido;
Cuando, estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de readaptación social o de custodia, de rehabilitación de menores, de reclusorios preventivos o administrativos, sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, arrestada o interna a una persona, o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente, niegue que está detenida, si lo estuviere; o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente;
X. Cuando, en el ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de una privación ilegal de la libertad y no la denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, también inmediatamente si esto estuviere en sus atribuciones;
XI. Cuando, a sabiendas, autorice o contrate a quien se encuentre legalmente inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
XII. Cuando otorgue cualquiera identificación que acredite, como servidor público, a quien no lo sea;
XIII. Cuando por sí, o por interpósita persona, intimide a otro para evitar a éste o a un tercero que denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la ley;
XIV. Cuando se ejecute una orden judicial de aprehensión, sin poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna;
XV. No resolver la vinculación a proceso, dentro de las setenta y dos horas siguientes a que el imputado fue puesto a disposición del juez, salvo que se haya solicitado la ampliación del término constitucional, en cuyo caso deberá tomarse en consideración este último, con excepción de los casos en que suspenda el procedimiento;
XVI. Ejercer sobre los detenidos, imputados o acusados toda forma de incomunicación, intimidación o tortura;
Cuando, con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción anterior, realice una conducta ilícita u omita una lícita debida, que lesione los intereses de las personas que las presenten o aporten, o de algún tercero con quien dichas personas guarden algún vínculo familiar, de negocios o afectivo;
XVIII. Derogada; y
XIX. Cualquier servidor público que, teniendo la obligación de ejecutar créditos fiscales a favor de la institución en que labore, no los ejecute o no realice trámites relativos para su ejecución;
XX. A quien apruebe u otorgue un nombramiento supernumerario que trascienda el periodo constitucional del titular de la entidad pública, en el que se otorgó;
XXI. A quien apruebe u otorgue definitivita en el puesto, empleo, cargo o comisión al servidor público, tenga un nombramiento temporal de carácter interino, provisional o de obra determinada, sin observar lo dispuesto por la legislación y reglamentación relativa al escalafón, servicio civil o la aplicable;
XXII. A quien apruebe u otorgue un nombramiento a un servidor público, cuando contravenga lo dispuesto por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; o
XXIII. A quien apruebe en los presupuestos de egresos, remuneraciones para los servidores públicos que contravengan lo dispuesto en el artículo 111 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
a) Si el monto del beneficio económico que reporte al responsable por los actos que aquí se señalan, no excede del importe de ciento noventa y seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de dos a veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
b) Si excede del monto a que se refiere el párrafo anterior, se impondrán de tres a ocho años de prisión y multa hasta por el importe de ciento noventa y seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; o
c) Si la comisión del hecho no reporta beneficio económico, se impondrán al responsable, de uno a cinco años de prisión.
Artículo 147. Comete el delito de cohecho todo servidor público que, por sí o por interpósita persona, en cualquier momento, solicite o reciba, indebidamente, dinero o cualquier otra dádiva o servicio, o acepte una promesa para hacer, o dejar de hacer, algo justo o injusto relacionado con sus funciones.
Si el monto de lo solicitado o entregado no excede del importe de veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá al responsable una pena de diez a cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa por el importe de veinte a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Si el monto de lo solicitado o recibido excede del importe señalado en la fracción anterior, pero no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá una pena de uno a seis años de prisión y multa por el importe de veinte a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Si excede del monto a que se refiere el párrafo anterior, se le impondrá de dos a doce años de prisión y multa hasta por el importe de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las mismas penas se impondrán al que, espontáneamente dé u ofrezca dinero, o cualquiera otra dádiva o servicio, a un servidor público, para que éste haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.
Lo anterior no les impedirá el derecho al beneficio de la libertad caucional, ya que sólo para este efecto, se estará a las penas señaladas en este artículo.
Artículo 148. Comete el delito de peculado todo servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado o municipio, organismo descentralizado o a un particular si, por razón de su cargo, los hubiese recibido en administración, en depósito o por otra causa.
Si el monto de lo distraído no excede del equivalente a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá al responsable una pena de tres meses a seis años de prisión y multa por el importe de veinte a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Si excede el monto a que se refiere el párrafo anterior, se impondrá al responsable de dos a doce años de prisión y multa hasta por el importe de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Artículo 149. Se impondrán las penas señaladas en el artículo anterior, tanto al servidor público que, a sabiendas, autorice o consienta el pago o la inclusión, en nóminas oficiales, de personas que recibiendo un salario del Estado o de los Municipios, no desempeñe sus servicios, así como al que dolosamente autorice, ejecute el pago, o lo reciba.
Artículo 150. Comete el delito de concusión todo servidor público que, en su carácter de tal y a título de impuesto, derecho o contribución, recargo, renta, rédito, salario, cooperación o emolumento, exija por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicio o cualquier otra cosa indebida, o en mayor cantidad que la señalada por la ley.
Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del importe de ciento noventa y seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrá al responsable una pena de tres meses a dos años de prisión y multa hasta por el importe de veinte a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Si excede del monto a que se refiere el párrafo anterior, se impondrá al responsable de dos a nueve años de prisión y multa por el importe de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Artículo 151. Se impondrán de uno a cuatro años de prisión a los servidores públicos que, indebidamente:
Substraigan, destruyan u oculten documentos, papeles u objetos que les hayan sido confiados, o a los que tengan acceso por razón de su cargo;
Quebranten o consientan en quebrantar los sellos de documentos o efectos sellados por autoridad competente, que tengan bajo su custodia; y
Cuando se sustraigan, destruyan, alteren, oculten o se impida el acceso a la información financiera de las entidades fiscalizadas requerida por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco para dictaminar las cuentas públicas, la pena se aumentará en una mitad.
Desvío y Aprovechamiento Indebido de
Artículo 152. Comete este delito el servidor público que, indebidamente:
I. Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado y de los municipios;
II. Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico;
III. Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas, de seguridad social, en general, sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la Administración Pública Estatal o Municipal;
Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores, con recursos económicos públicos;
De a los fondos recibidos por razón de su cargo, dolosamente, una aplicación pública distinta de aquélla a que estuvieren destinados, o hiciere un pago ilegal;
Promueva o gestione por sí o por interpósita persona, la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos, ajenos a los inherentes a su empleo, cargo o comisión;
VII. Otorgue por sí o por interpósita persona, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, deducciones o subsidios; efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico en beneficio propio, de su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o dependencia directa, socios o a sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte; y
VIII. Se valga de la información que posea por razón de su empleo cargo o comisión sea o no materia de sus funciones y que no sea de conocimiento público, para hacer por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido, a o cualquiera de las personas mencionadas en la fracción VII.
Al que cometa el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando el monto a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo, no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán de tres meses a dos años de prisión.
Cuando exceda del monto señalado en el párrafo anterior, se impondrán de dos a nueve años de prisión.
En ambos casos se impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Artículo 153. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumente sustancialmente su patrimonio, adquiera bienes o se conduzca como dueño sobre ellos, cuando no pueda justificar su procedencia lícita.
Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito, se le aplicarán las siguientes sanciones:
I. Cuando el monto no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, y multa de diez a cien veces veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere el tercer párrafo del Art. 26 de este Código;
II. Cuando el monto exceda de la cantidad que resulte en la fracción anterior, se impondrán de dos a diez años de prisión y multa de cien a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y
III. En todos los casos, el decomiso de los bienes obtenidos con el ilícito, incluyendo dinero y los intereses que el capital hubiere devengado, será en beneficio del Estado.
y en otros Ramos del Poder Público
Artículo 154. Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa de veinte a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes casos:
I. Conocer a sabiendas de negocios para los cuales tengan impedimento legal, o abstenerse de conocer de los que les corresponden sin tener impedimento para ello;
II. Desempeñar algún cargo particular que la ley les prohíba, u otro puesto o empleo oficial, una vez que tenga conocimiento de la resolución de incompatibilidad correspondiente, en los términos de la Ley Reglamentaria del artículo 62 de la Constitución del Estado;
III. Litigar, por sí o por interpósita persona, cuando tengan impedimento legal para hacerlo;
IV. Dirigir o aconsejar sistemáticamente a las personas que ante ellos litiguen, propiciando con ello alguna ventaja para las partes;
V. No cumplir, sin causa fundada para ello, una disposición que legalmente se le comunique por superior competente;
VI. Realizar la detención de un individuo durante la investigación fuera de los casos señalados por la ley, o no poner al detenido a disposición del juez dentro de los plazos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VII. Ejecutar actos, o incurrir en omisiones, que produzcan un daño o concedan una ventaja indebida a los interesados en un negocio, o a cualquier otra persona;
VIII. Abstenerse injustificadamente el agente del Ministerio Público, de ejercer la acción penal que corresponda de una persona que se encuentre detenida a su disposición como imputado de algún delito, cuando esta sea procedente conforme a la Constitución y a las leyes de la materia, en los casos en que la ley les imponga esa obligación; o ejercitar la acción penal cuando no preceda denuncia, acusación o querella;
IX. Retardar o entorpecer dolosamente o por negligencia, la administración de justicia;
Concretarse a aceptar el cargo de defensor de oficio de un inculpado, o ya siéndolo, a solicitar la libertad caucional que menciona la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no promover injustificadamente, las diligencias conducentes, o no interponer los recursos y medios de defensa procedentes contra las resoluciones en que se adviertan violaciones notorias a la ley;
Dictar u omitir una resolución de trámite o de fondo o una sentencia definitiva, con violación de algún precepto terminante de la ley o manifiestamente contraria a las constancias de autos, cuando se obre por motivos injustificados y no por simple error de opinión;
XII. Procurar la impunidad de los delitos o faltas de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, abstenerse de hacer denuncia de ellos o entorpecer su investigación;
XIII. Coaccione a la víctima de un delito a desistirse de procedimientos legales contra el generador o probable responsable de un delito;
XIV. No custodiar o dejar de custodiar injustificadamente el lugar de los hechos materia del delito, hasta su entrega a la autoridad competente o hasta recibir indicación expresa de ésta de dejar de custodiar;
XV. Manipule, borre, oculte, sustraiga, altere, sustituya, dañe, contamine, modifique los indicios, huellas, vestigios, instrumentos, objetos o productos del delito encontrados en el lugar de los hechos materia del delito;
XVI. A quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad o con motivo de ellas hiciera amenazas, hostigue o ejerza violencia en contra de la persona procesada, sentenciada, su familia o sus posesiones;
XVII. A quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad indebidamente requiera favores, acciones o cualquier transferencia de bienes de la persona procesada, sentenciada o su familia;
XVIII. A quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad falsee informes o reportes al Juez de Ejecución; o
XIX. Manipule, borre, oculte, sustraiga, altere, sustituya, dañe, contamine, modifique los indicios, huellas, vestigios, instrumentos, objetos o productos del delito encontrados en el lugar de los hechos materia del delito o interfiera de manera indebida en el procedimiento de cadena de custodia.
En los casos en que con motivo de la comisión de estos delitos, se obtenga un beneficio económico que no exceda del importe de ciento noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán al responsable de uno a cuatro años de prisión y multa de veinte a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Si el monto del beneficio obtenido excede del señalado en el párrafo anterior, se impondrá al responsable, de dos a nueve años de prisión y multa hasta por el importe de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las penas señaladas serán independientes de las que pudieren resultar de la comisión de cualquier otro delito.
Artículo 154-A. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o integrante de los cuerpos de seguridad pública que prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguido de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.
Serán igualmente considerados como sujeto activo el particular que prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona aunque en ello no participen servidores públicos en ningún grado.
Artículo 154-B. Se impondrá una pena de doce a cuarenta años de prisión y multa de seiscientos a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa el delito de desaparición forzada de personas.
Se incrementará la pena hasta en una tercera parte cuando la víctima del delito sea menor de edad, mujer, persona con discapacidad, indígena, persona de la tercera edad o periodista con motivo de su actividad como tal.
Si dentro de los cinco días siguientes a su detención se diera la liberación de la víctima, la pena aplicable será de seis a doce años de prisión, sin perjuicio del concurso de delitos.
Las penas previstas para el delito de desaparición forzada se aumentarán hasta el doble cuando la desaparición forzada sea perpetrada como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
Estas penas podrán ser disminuidas hasta en cincuenta por ciento en beneficio de aquel que hubiere participado en la comisión del delito, cuando suministre información que permita esclarecer los hechos y cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.
El Estado proporcionará medidas de protección y resguardará la identidad de la persona o personas que sirvan como testigos o que proporcionen información que conduzca a la efectiva localización de la víctima, con el fin de salvaguardar su integridad física.
Artículo 154-C. Al servidor público o integrante de los cuerpos de seguridad pública que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además de las penas anteriores, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará permanentemente para desempeñar cargo, comisión o empleo públicos.
Artículo 154-D. Se sancionará de cinco a diez años de prisión y multa de mil a cuatro mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además de la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos de cinco a diez años, al servidor público que teniendo conocimiento de la comisión del delito de desaparición forzada de personas, no adoptare las medidas necesarias y razonables para evitar su consumación.
Artículo 154-E. Se impondrá de dos a ocho años de prisión y de doscientos a mil días de multa, al que en relación con las conductas sancionadas por los artículos anteriores:
I. Obstruya la actuación de las autoridades;
II. Intimide a la víctima, a sus familiares o a sus representantes o gestores durante o después de la desaparición, para que no realicen la denuncia correspondiente o no colaboren con las autoridades competentes; o
III. Conociendo los planes para la comisión del delito de desaparición forzada de persona, sin ser partícipe, no diere aviso a la autoridad.
Artículo 154-F. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia serán excluyentes o atenuantes de responsabilidad para cometer el delito de desaparición forzada de persona la obediencia por razones de jerarquía, así como las órdenes o instrucciones recibidas por superiores.
Artículo 154-G. Quien cometa el delito de desaparición forzada de persona no tendrá derecho a gozar de la sustitución de la pena, conmutación de sanciones, remisión parcial de la pena, amnistía, indulto, ni será sujeto a procesos alternativos de impartición de justicia.
El delito de desaparición forzada de personas no será considerado de carácter político para los efectos de la extradición.
Artículo 154-H. Comete el delito de tortura el servidor público que realice cualquier acto u omisión por el cual se inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes con fines de investigación, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.
Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de cualquier acto u omisión que persiga o conduzca a disminuir o anular la personalidad de la víctima, su capacidad física o mental, aunque no le cause dolor físico o angustia psíquica.
De igual modo, comete el delito de tortura:
I. El particular que, por solicitud, instigación, inducción u orden de un servidor público, incurra en las conductas descritas en el artículo anterior, indistintamente del grado de autoría o participación del particular en su comisión; y
II. El servidor público que autorice, instigue, induzca, compela, tolere o se sirva de un particular o de un servidor público para la realización de alguna de las conductas descritas en los párrafos anteriores de este artículo.
Al responsable de este delito se le impondrá prisión de tres a doce años de prisión y multa de doscientos a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, destitución de su cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el máximo de la punibilidad señalada.
El delito de tortura se considera permanente e imprescriptible.
No podrá invocarse como causa de justificación en la comisión del delito de tortura, la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad, la existencia de situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, estado de guerra o amenaza de guerra, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, urgencia en las investigaciones, peligrosidad del indiciado, urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia análoga o de emergencia pública.
No se considera tortura, los sufrimientos físicos o mentales que sean consecuencia de sanciones penales, medidas incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que exista proporcionalidad en el uso de la fuerza y no se encuentren dentro de las prohibidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la legislación aplicable o los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación.
Artículo 154-I. La pena señalada en el artículo anterior se aumentará en una tercera parte cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
I. Que en la comisión del hecho se incluyan actos que impliquen delitos contra la seguridad y la libertad sexual de cualquier especie;
II. Que la víctima sea una persona que pertenezca a un grupo de población en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad; se trate de un migrante, indígena, mujer en estado de embarazo o periodista con motivo de su actividad como tal;
III. Que la tortura sea ejecutada por más de una persona;
IV. Que la conducta sea ejecutada con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito; o
V. Cuando se cometa al interior de los centros de detención, encarcelamiento, internamiento o custodia de personas.
Artículo 154-J. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y no lo denuncie de inmediato ante la autoridad correspondiente, se le impondrán de dos a cinco años de prisión, de doscientos a quinientos días de multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier empleo, cargo o comisión, hasta por dos tantos del lapso de pena de prisión impuesta, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones aplicables.
Artículo 154-K. Cuando la comisión de las conductas descritas en el artículo 154 H, sean parte de un ataque generalizado, sistemático, indiscriminado o desproporcionado contra un grupo o sector de la población civil, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes.
DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN OTROS RAMOS DEL PODER PÚBLICO
Artículo 154 Bis. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial, o altere y presente elementos de prueba, u ofrezca y presente testigos o documentos falsos, o induzca a testigos, peritos, intérpretes o traductores a faltar a la verdad, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad jurisdiccional o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución, laudo o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de tres años a seis años de prisión y multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.
Artículo 155. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión hasta por dos años y multa de veinte a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a los abogados patronos o litigantes que incurran en cualquiera de los casos siguientes:
Artículo 157. Se impondrán de uno a dos años de prisión y suspensión en el ejercicio de su profesión hasta por dos años, al médico o a quien válidamente haga sus veces, que, habiendo otorgado responsiva para hacerse cargo de algún lesionado o enfermo, lo abandone en su tratamiento sin causa justificada.
En caso de reincidencia, la pena será de dos a cuatro años de prisión y suspensión de uno a cinco años en el ejercicio profesional.
Cuando para el abandono se tenga causa justificada, deberá darse aviso a la autoridad competente para que esta provea lo relativo a la atención médica del lesionado y, mientras que ello suceda, el facultativo seguirá prestando sus servicios al lesionado, salvo el caso de impedimento personal de orden físico o psíquico. La infracción de esta disposición se castigará con pena de uno a tres años de prisión, aparte de las demás sanciones antes señaladas.
La sanción y suspensión a que se refieren los párrafos primero y segundo de este artículo serán duplicadas al médico o a quien válidamente haga sus veces, que practique una intervención quirúrgica innecesaria.
Artículo 158. Quienes ejerzan la medicina y, sin causa justificada, se nieguen a prestar servicios a un enfermo que lo solicite por notoria urgencia, poniendo en peligro la vida de dicho enfermo, serán sancionados con multa por el importe de veinte a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Artículo 160. Se impondrá de un mes a dos años de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa por el equivalente de quinientos a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a los médicos, cirujanos y demás profesionistas similares o auxiliares, por el daño físico o moral que causen por dolo o culpa en la práctica de su profesión.
Las penas señaladas en el párrafo anterior, se aplicarán además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados. En caso de reincidencia, la sanción deberá elevarse hasta dos tercios.
Artículo 161. Los directores, administradores, médicos de sanatorios y clínicas o quienes los substituyan, incurrirán en responsabilidad cuando, sin justificación rechacen la admisión y tratamiento médico de urgencia a una persona. En este caso, la pena será de uno a cinco años de prisión y multa por el importe de veinte a ciento noventa y seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Responsabilidad Profesional y Técnica
Artículo 161 Bis. Incurre en el delito de responsabilidad profesional o técnica, quien en el ejercicio de su profesión, oficio, disciplina o arte, cause daño corporal, patrimonial o moral al receptor del servicio por dolo o culpa.
Al responsable de este delito se le impondrán de tres meses a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión, arte u oficio por el doble de la pena privativa de libertad impuesta.
Falsificación de Documentos expedidos por los Poderes del Estado,
Organismos Autónomos, Ayuntamientos o de los Documentos de Crédito
I. Al que falsifique cualquier clase de documento oficial de los Poderes del Estado, organismos autónomos, ayuntamientos y sus dependencias y entidades donde se haga constar alguna obligación a cargo de las propias dependencias o algún derecho o beneficio en favor del falsificador o de tercero. La misma pena sufrirá el que a sabiendas haga uso del o de los documentos falsos; y
Falsificación y Uso Indebido de Sellos, Marcas,
Llaves y Troqueles
Artículo 163. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de doscientos a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización:
Artículo 164. Se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización:
Artículo 165. Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa por el importe de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que incurra en alguno de los casos siguientes:
Ponga una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria o altere la verdadera;
Aproveche indebidamente una firma o rúbrica ajena en blanco, para extender una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otro o causare un perjuicio a la sociedad, al estado o a un tercero;
Altere el contexto de un documento verdadero, después de concluido y firmado, si esto cambiase su sentido sobre alguna circunstancia o punto sustancial, ya se haga añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en parte, una o más palabras o cláusulas o variando la puntuación;
Artículo 166. Para que sea punible el delito a que se refiere el artículo anterior, se necesita que la persona que incurra en alguno de los casos previstos, se proponga obtener algún provecho para sí o para otro, o cause daño material o moral, a cualquier persona o a la sociedad.

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Artículo 143
Artículo 154
Artículo 143
Artículo 143
Artículo 143
Artículo 144
artículo 145
resolución
Artículo 145
Artículo 146
resolución
artículo 111
Artículo 147
Artículo 148
Artículo 149
Artículo 150
Artículo 151
Artículo 152
resolución
Artículo 153
Artículo 154
resolución
artículo 62
artículo 20
resolución
Artículo 154
Artículo 154
Artículo 154
Artículo 154
Artículo 154
Artículo 154
Artículo 154
Artículo 154
Artículo 154
Artículo 154
Artículo 154
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Artículo 164
Artículo 165
Artículo 166


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El embargo del saldo de las cuentas bancarias con un único ingreso periódico: ¿ahorro susceptible de traba o prestación inembargable? - Legal Today
01/07/2020. 00:02:35
Esta postura se puede encontrar en numerosos autos, como por ejemplo el Auto nº 80/2010 de 14-5-2010 de la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Granada (Roj: AAP GR 140/2010 – ECLI: ES:APGR:2010:140A Id Cendoj: 18087370032010200040), ponente: ENRIQUE PABLO PINAZO TOBES, cuando señala que: "SEGUNDO.- Es cierto que la ley distingue, al examinar los bienes y derechos, entre sueldos, salarios, pensiones, y cuentas corrientes de cualquier clase, siendo embargable el dinero existente en una cuenta corriente bancaria que se expresa en forma contable, como saldo positivo, disponible por su titular. También es cierto que el embargo litigioso lo fue de dinero existente en cuenta corriente, conforme permite el número 1º, 2 del artículo 592 de la LEC. Sin embargo, ello no permite desconocer la naturaleza del ingreso o dinero disponible, ya que cuando no se trata de ahorro disponible de dinero, una vez superado el periodo de percepción, normalmente mensual de los salarios, sueldos, pensiones, o retribución equivalente, a que se refiere el artículo 607.1 LEC, revelando la disponibilidad de otros fuentes de ingresos, que permiten al deudor subsistir con un mínimo vital acorde a la dignidad sin disponer de tales ingresos, ni ante saldos formados con otras fuentes de ingresos, realmente la traba de tal dinero disponible, lo será de pensiones o sueldos, cuyo tratamiento es el del artículo 607 de la LEC, precepto del que no cabe prescindir, en cuanto que trata de garantizar un mínimo vital acorde a la dignidad, y que en nuestro ordenamiento jurídico determina al salario mínimo interprofesional. Por ello, cuando el deudor pruebe que la cuenta sobre la que se hace la traba, se emplea como medio de cobro de la pensión, sin otras fuentes de ingresos, con independencia de los cargos que puedan llevarse a cabo en ella, donde no figuran saldos superiores a lo que efectivamente ingresa cada mes en concepto de salario o pensión el ejecutado, en tal caso el efectivo existente en la cuenta no debe ser considerado como un saldo en cuenta corriente, y sí como sueldo o parte de él, y atendiendo a la finalidad de la norma, que fácilmente en otro caso podría verse defraudada, debe tener la consideración de salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, a los efectos del articulo 607.1 LEC."
Y en el mismo sentido el Auto nº 333/2008 de 1-12-2008 de la sección 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid (Roj: AAP M 15979/2008 – ECLI: ES:APM:2008:15979A Id Cendoj: 28079370092008200322) Ponente: JUAN LUIS GORDILLO ALVAREZ-VALDES cuando dispone que: "Segundo.- Entrando en el fondo de la cuestión, alegándose infracción de lo dispuesto en los artículos 606 y 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en tanto en cuanto junto a la parte legal del sueldo también se embargó a la recurrente los saldos y depósitos en una cuenta corriente en la que ingresaba el salario por lo que, en definitiva, el embargo supera los límites establecidos legalmente, constando en las actuaciones que en la cuenta embargada la ejecutada percibe salario también trabado, procede limitar el embargo sobre la citada cuenta a los saldos existentes en la misma que no procedan del salario que percibe la ejecutada".
Esta tesis la expone de manera muy clara el Auto nº 91/2004 de 2 de septiembre de 2004 de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Lleida (Roj: AAP L 407/2004 – ECLI: ES:APL:2004:407ª) ponente José María Pocino Moga, cuando señala que: "Establecidas las anteriores premisas, a tenor del examen del cuenta aportada, en realidad estamos ante un simple medio de cobro de la pensión, y no ante la existencia de un saldo significativo de ahorro o demostrativo de una capacidad económica superior a la subsistencia que señala el artículo 607 de la LEC , para aquél año la cantidad de 451'20 euros mensuales. Que en realidad, se ha embargado la pensión que cobra el deudor, pues el hecho de que no la dispusiera de forma efectiva en su integridad en fechas próximas a la de cobro no implica que no forme parte de su necesaria subsistencia, y más, cuando esta pensión es inferior al salario mínimo interprofesional que a tenor de la LEC se establece como mínimo indispensable para la subsistencia. Si acogemos el parámetro tiempo para determinar la naturaleza del ingreso o dinero disponible, y atendemos a este podemos advertir como el deudor solo pudo ahorrar en el mes anterior – abril – la cantidad de 50'51 euros, y que por tanto sólo ésta cantidad era susceptible de embargo al superar su tenencia más de un mes, solo ésta cantidad puede merecer el concepto de saldo o dinero en cuenta corriente susceptible de embargo de conformidad al artículo 592 de la LEC. Si por otro lado solo usamos el criterio del mínimo de subsistencia previsto por la ley y reconocido constitucionalmente del artículo 607 habríamos de determinar que ningún saldo en el presente caso es susceptible de embargo pues aquél sobrante o ahorro de 50'01 euros del mes anterior provenía igualmente de una pensión inferior al salario mínimo interprofesional, sin embargo acoger éste parámetro como único podría conducir a la ineficacia del embargo de cuentas y depósitos de ahorro, pues en definitiva todos los depósitos disponibles tienen su origen en ingresos de sueldos, salarios, rentas o pensiones, obligando al examen del origen de cada una de las partidas sin tener en cuenta el destino de subsistencia o de ahorro. Y es por ello que en definitiva constando que en el presente caso el deudor pudo subsistir el mes anterior proveyendo para su ahorro la cantidad de 50'01 euros, y que transcurrido el mes de vigencia con carta de naturaleza de pensión, éste deviene, transcurrido el umbral del mes, ahorro disponible de dinero y por tanto susceptible de embargo, no el resto del dinero que ingresado como pensión no varió su naturaleza de pensión al no haber superado el mes. En consecuencia, debe prevalecer el criterio tiempo, por adecuarse a la realidad económica de subsistencia del deudor y por que en definitiva otorga seguridad jurídica al ejecutante y ejecutado, cumpliendo con la finalidad que otorga a la Constitución y la LEC al sistema de mínimo inembargable. El ingreso o dinero que no supera la periodicidad de cobro, en nuestro caso el mensual, no pierde su condición de pensión, y una vez transcurrido el mes de disponibilidad si traspasa al siguiente tendrá a partir de la fecha de nuevo cobro de pensión la consideración de dinero en cuenta o ahorro del artículo 592 de la LEC . En definitiva debe reconocerse al recurrente que en parte se ha producido una vulneración del artículo 607 LEC , y decretarse en el sentido expresado de devolución parcial del bien, dejando como embargo efectivo y acorde a Ley lo que es considerado como ahorro, la cantidad en este caso de 50'51 euros, y por tanto será superior al límite del artículo 607 LEC la cantidad de 175'51 euros."

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artículo 592
artículo 607
artículo 607
artículo 607
artículo 592
artículo 607
artículo 592
artículo 607
artículo 607


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RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de determinadas Unidades de Recaudación Ejecutiva de las Direcciones Provinciales de dicha Tesorería General
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de determinadas Unidades de Recaudación Ejecutiva de las Direcciones Provinciales de dicha Tesorería General	RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de determinadas Unidades de Recaudación Ejecutiva de las Direcciones Provinciales de dicha Tesorería General Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de determinadas Unidades de Recaudación Ejecutiva de las Direcciones Provinciales de dicha Tesorería General Estado	:
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de determinadas Unidades de Recaudación Ejecutiva de las Direcciones Provinciales de dicha Tesorería General.
La Orden de 29 de marzo de 2000, sobre establecimiento, reorganización y funciones de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, creó 19 nuevas Unidades de Recaudación Ejecutiva en el ámbito de determinadas Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social para solventar las disfunciones producidas por el excesivo cargo asumido por las otras 271 existentes hasta entonces, con lo que el número de dichas Unidades quedó definitivamente fijado en 290. A ese respecto y para la debida delimitación del ámbito territorial de actuación de esas 19 Unidades de nueva creación, la Resolución de 10 de mayo de 2000, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, modificó parcialmente la anterior dictada al efecto, de 1 de diciembre de 1995, por la que se determina el ámbito territorial de las Unidades de Recaudación Ejecutiva en las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, modificada a su vez también por Resolución de 22 de julio de 1997, como consecuencia igualmente de la ampliación del número de esas Unidades inicialmente creadas. Por su parte y en la actualidad, la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, otorga al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, en su artículo 4.2, la competencia para determinar el ámbito territorial de las dichas Unidades de Recaudación Ejecutiva. En ese sentido, las nuevas y crecientes necesidades de la gestión recaudatoria ejecutiva de la Seguridad Social hacen conveniente no sólo modificar la demarcación territorial de algunas de esas Unidades de Recaudación Ejecutiva en determinadas Direcciones Provinciales de esta Tesorería General, sino también cambiar en algún caso su sede física, todo ello para lograr una mayor eficacia en la gestión que las mismas tienen encomendada. En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas por el artículo 4.2. de la citada Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, resuelve: Primero.-El ámbito territorial de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social relacionadas en el Anexo 1 de la presente Resolución será el establecido en el mismo, al objeto de lograr una mayor eficacia en su gestión, modificándose en ese sentido la Resolución de 1 de diciembre de 1995, por la que se determina el ámbito territorial de las Unidades de Recaudación Ejecutiva en las Direcciones Provinciales de dicha Tesorería General, modificada a su vez por las Resoluciones de 22 de julio de 1997 y de 10 de mayo de 2000. Segundo.-Las modificaciones del ámbito territorial de los distritos postales y de los partidos judiciales que en lo sucesivo puedan producirse no afectarán a las demarcaciones territoriales establecidas en la presente Resolución para las diferentes Unidades de Recaudación Ejecutiva, salvo que se disponga expresamente otra cosa al respecto. Tercero.-Los municipios o códigos postales urbanos diferenciados que en el futuro puedan establecerse se asignarán a la Unidad de Recaudación Ejecutiva que expresamente designe el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social en base a criterios geográficos, de comunicaciones, de carga de trabajo o de cualquier otra índole en orden a una mejor gestión. Cuarto.-Los Directores Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, dentro de su ámbito territorial respectivo, podrán asignar expedientes de una Unidad de Recaudación Ejecutiva a otra cualquiera de la provincia en función de las necesidades de la gestión y por causa debidamente justificada. Quinto.-Los actos y trámites del procedimiento de apremio efectuados por una Unidad de Recaudación Ejecutiva antes de la entrada en vigor de esta Resolución y que hayan de continuarse por otra de la misma Dirección Provincial de la Tesorería General en virtud de la nueva distribución territorial que se establece, serán válidos y surtirán efectos en el procedimiento de apremio seguido por esta última. Sexto.-Hasta tanto se pongan en funcionamiento las Unidades de Recaudación Ejecutiva de nueva creación previstas en la Orden de 29 de marzo de 2000, la gestión de su cargo, como si fuera propio, queda transitoriamente asignada a las Unidades que se relacionan en el Anexo 2 de esta Resolución, sin perjuicio de la facultad de racionalización de las cargas de trabajo mediante la asignación directa de expedientes que tienen conferida los Directores Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social en virtud de lo previsto en el apartado Cuarto de la presente Resolución. Séptimo.-Las Unidades de Recaudación Ejecutiva que cambian de sede conforme a lo dispuesto en esta Resolución seguirán en su actual ubicación hasta tanto se habilite otra en la nueva localidad de destino. Octavo.-Lo establecido en la presente Resolución entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2006. Madrid, 21 de diciembre de 2005.-El Director General, Javier Aibar Bernad.Ver ANEXO
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de determinadas Unidades de Recaudación Ejecutiva de las Direcciones Provinciales de dicha Tesorería General	Trámites

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artículo 4
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RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2001, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se hace público el 'Movimiento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y sus modificaciones' del mes de diciembre de 2000
RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2001, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se hace público el "Movimiento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y sus modificaciones" del mes de diciembre de 2000	RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2001, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se hace público el "Movimiento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y sus modificaciones" del mes de diciembre de 2000 Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2001, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se hace público el "Movimiento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y sus modificaciones" del mes de diciembre de 2000 Estado	:
MINISTERIO DE HACIENDA	RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2001, de la Intervención, General de la Administración del Estado, por la que se hace público el "Movimiento y situación, del Tesoro y de las operaciones de ejecución, del Presupuesto y sus modificaciones" del mes de diciembre de 2000.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 131 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria se hace público el "Movimiento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y sus modificaciones" del mes de diciembre de 2000.
Madrid, 14 de marzo de 2001.-La Interventora general, Alicia Díaz Zurro.
RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2001, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se hace público el "Movimiento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y sus modificaciones" del mes de diciembre de 2000	Trámites

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