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Sentencia de Tutela nº 067/94 de Corte Constitucional, 22 de Febrero de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 43557903
Sentencia de Tutela nº 067/94 de Corte Constitucional, 22 de Febrero de 1994
Der. A la salud. Der. A la vida. Atencion a los disminuidos fisicos. I.s.s. Concedida.
Sentencia citada en: 166 sentencias, 6 artículos doctrinales
Sentencia No. T-067/94
Al fallar sobre las acciones de tutela, como al ejercer sus demás funciones, corresponde al juez desentrañar el sentido de los términos usados por el legislador para hacerlos acordes con los postulados constitucionales -entenderlos a la luz de la Constitución y no a espaldas de ella- y lograr que mediante sus providencias se haga viva y actuante la idea del Estado Social de Derecho. Debe, pues, completar la tarea del legislador y suplir la visión constitucional de éste, en especial cuando se trata de poner en práctica disposiciones expedidas con anterioridad a la vigencia de la Carta, aunque para ello deba pasar por encima de interpretaciones literales y formalistas del orden legal, pues su compromiso fundamental es con la Constitución. El juez debe producir el efecto de que toda norma se integre al sistema y contribuya a realizar los fines constitucionales del Estado.
Importa destacar el principio de solidaridad que, aspira a realizar el valor de la justicia. En términos constitucionales representa el papel activo del Estado, comprometido a prestar el apoyo que requieran las personas para alcanzar la efectividad de sus derechos y para colmar las aspiraciones propias de la dignidad humana. Es, entonces, un concepto ligado íntimamente a la función del Estado Social de Derecho. Las prestaciones concretas mediante las cuales se brinda a los usuarios una seguridad social eficiente y útil deben ser determinadas por la ley y a ella, iluminada por la preceptiva constitucional, deben ceñirse las entidades que la prestan.
DERECHO A LA IGUALDAD-Discriminación Positiva/MENOR ENFERMO-Protección/TRATAMIENTO MEDICO
Resulta fundamental, entonces, el concepto de equilibrio, conforme al cual es posible que el Estado supla, hasta donde le sea posible, aquellas deficiencias de distinta índole que implican condiciones de inferioridad de unas personas respecto del conjunto. Para hacer verdadero el postulado de la igualdad debe establecerse una "discriminación positiva" a favor de los más débiles. Ella corre a cargo del Estado dentro del expresado concepto de solidaridad, en el marco del Estado Social de Derecho.
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Asistencia médica de menor
El Instituto de Seguros Sociales no debió interrumpir la fisioterapia, los controles periódicos ni el tratamiento que prestaba y, por tanto, para garantizar los derechos constitucionales de éste, se revocará la sentencia de segunda instancia y se concederá la tutela impetrada, ordenando al mencionado organismo que reanude aquellas prestaciones y brinde protección especial al afectado mientras su estado de salud lo requiera para sostener unas condiciones de vida dignas.
Ref.: Expediente T-24508
Acción de tutela instaurada por R.G.L.S. contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintidós (22) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Revisará esta S. los fallos de tutela proferidos en el asunto de la referencia por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito De Montería y por la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.
R.G.L.S., actuando a nombre de su hijo, C.A.L.P., presentó demanda de tutela ante el Juez Laboral del Circuito de Montería (Reparto), solicitando que fueran protegidos los derechos a la salud y a la vida del menor en relación con los siguientes hechos:
C.A. nació el 20 de abril de 1978 en la Clínica de los Seguros Sociales de Montería. Desde su nacimiento presentó defectos neurológicos provenientes de una lesión paraencefálica que hacía necesaria su atención médica especializada.
El niño fue sometido a exámenes y revisión constantes a cargo del Seguro Social y su estado evolucionaba favorablemente mientras se le dispensaron los necesarios cuidados. Varias veces fue trasladado a la ciudad de Medellín para recibir el tratamiento clínico pertinente.
La atención médica consistía, además de la revisión periódica, en su sometimiento a terapias que resultaron ser fundamentales para el progreso de su salud pero fueron abruptamente suspendidas por el Instituto hace tres años. Esto ocasionó que su estado de salud volviera atrás, pues se le hizo cada vez más difícil comprender la lectura, disminuyó su aptitud de lenguaje y su capacidad de comprensión de las clases. Actualmente sufre grave daño e inclusive riesgo en su vida, por cuanto no recibe atención ni terapia alguna de las que le fueron ordenadas por los especialistas de por vida.
Pese a los ruegos del padre, la institución se negó a seguir prestando al menor el tratamiento y las terapias que le venía dispensando.
La petición de tutela se encaminó a obtener que dichos tratamientos y terapias se reanudaran, en los términos en que se venían prestando antes de su suspensión, ya que el padre, según la demanda, las estimaba vitales para el normal desarrollo del joven.
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería resolvió conceder la tutela impetrada y ordenó que al menor le fuera prestada por el I.S.S. asistencia fisioterapéutica.
Como fundamento para decidir el Juez tuvo en cuenta que LOBELO PASTRANA padece una enfermedad congénita, incurable según los médicos neurólogos y el Gerente del Instituto de los Seguros Sociales -Seccional Córdoba-.
La entidad estatal había manifestado que actuaba en cumplimiento del artículo 26 del Decreto 770 de 1975, a cuyo tenor, cuando se diagnostique enfermedad durante el primer año de edad, el hijo del asegurado tendrá derecho, en cualquier tiempo, a todas las prestaciones asistenciales necesarias, cuando a juicio del servicio médico no sea procedente su tratamiento dentro del primer año de vida y siempre que exista desde el principio pronóstico favorable de curación.
Según lo expuesto por el Juzgado, el artículo 49 de la Carta Política prevalece sobre la mencionada disposición, más aún si se observa que el cuadro clínico del menor podía mejorar con las terapias y controles. Consideró el juzgador de instancia que es en estos casos en los que debe hacerse presente la asistencia social del Estado.
Impugnada la decisión por el Gerente del Instituto de Seguros Sociales -Seccional Córdoba- correspondió resolver en segunda instancia al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería -S. de Decisión Laboral-.
El Tribunal tomó en consideración que, desde el momento de su nacimiento, C.A.L.P. venía afectado por una grave enfermedad y que desde esa época el Instituto de Seguros Sociales le prestó los servicios médico asistenciales.
Sin embargo, el Decreto 770 de 1975 es claro al manifestar en su artículo 26 que los hijos de los asegurados tienen derecho a la asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria durante el primer año de vida y cuando se diagnostique enfermedad el Instituto les prestará la atención necesaria siempre que a juicio del cuerpo médico no sea procedente su tratamiento durante el primer año de vida y exista pronóstico favorable de curación.
Para el juez de segunda instancia los presupuestos que la indicada norma exige para que el Instituto continúe brindando tratamiento al hijo del afiliado no se dieron en este caso, pues quedó establecido que el menor padece una enfermedad incurable, circunstancia que liberó al ISS de la obligación de seguir prestándole asistencia médica.
Así, pues, fue revocada la sentencia de primera instancia.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y según lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es tribunal competente para revisar los fallos en referencia.
La tarea del juez en el Estado Social de Derecho
Cuando el artículo 1º de la Carta Política declara que Colombia es un Estado Social de Derecho imprime carácter a toda la normatividad, tanto a la que integra la propia Constitución como a la que compone los órdenes legal y administrativo. Es decir, da sentido a todas las disposiciones y traza una pauta de comportamiento a las autoridades y entidades públicas.
Elemento invaluable y esencial dentro de este concepto consiste en establecer un compromiso del Estado con su población, para brindar a quienes la conforman la certidumbre de que se harán realidad las diversas garantías y derechos plasmados en la Constitución, dentro del criterio de que el aparato estatal y el sistema jurídico se encuentran al servicio de la persona.
Esta concepción implica la conformación de un nuevo esquema en las relaciones entre el individuo, la sociedad y el Estado. Ha quedado en segundo plano la tarea del Estado administrador, limitado al cumplimiento de la ley, para pasar a la noción del Estado dinámico y activo que, sin perjuicio de aquél, busca y encuentra soluciones para proteger de manera efectiva y cierta a los asociados y para promover las condiciones que impliquen un desarrollo del conjunto, dentro de la perspectiva de la dignidad humana.
"Con el paso del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, las viejas libertades públicas también han modificado parcialmente su significado, dejando de ser meras obligaciones de abstención impuestas a los poderes públicos".
"Las garantías y los deberes sociales a cargo del Estado que en la antigua Constitución dependían en forma exclusiva de un desarrollo legislativo para obligar al Estado a otorgar prestaciones, en el Estado social de derecho adquieren una nueva dimensión. En la nueva "Constitución social", las autoridades están vinculadas de manera directa a la realización de la igualdad sustancial, a partir de la asignación de mínimos materiales en favor de grupos sociales determinados (C.P art. 13, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 67)".
"En igual sentido, el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento de la organización política en el artículo 1o. de la Constitución, realza el valor de los derechos constitucionales de la igualdad".(Cfr. Corte Constitucional. S. Segunda de Revisión. Sentencia T-427 del 24 de junio de 1992. Magistrado Ponente: Dr. E.C.M..
La responsabilidad social del Estado, cuando de la protección a los derechos de los asociados se trata, es puesta de relieve por la Carta en su artículo 2º, al disponer que las autoridades de la República están instituídas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, lo cual implica necesariamente su deber de actuar cuando algunos de estos derechos se encuentren sometidos a amenaza o hayan sido vulnerados.
En el marco del Estado Social de Derecho es primordial la tarea del juez, llamado por la misma Constitución a velar por la efectividad de los derechos y las garantías.
La acción de tutela, uno entre varios mecanismos fundados en el propósito de convertir en realidad la preceptiva de la Carta, busca hacer concreta y personalizada esa tarea global del Estado. En virtud de ella la Rama Judicial se incorpora a la realización específica y particular de los empeños generales del Constituyente.
Al fallar sobre las acciones de tutela, como al ejercer sus demás funciones, corresponde al juez desentrañar el sentido de los términos usados por el legislador para hacerlos acordes con los postulados constitucionales -entenderlos a la luz de la Constitución y no a espaldas de ella- y lograr que mediante sus providencias se haga viva y actuante la idea del Estado Social de Derecho. Debe, pues, completar la tarea del legislador y suplir la visión constitucional de éste, en especial cuando se trata de poner en práctica disposiciones expedidas con anterioridad a la vigencia de la Carta, aunque para ello deba pasar por encima de interpretaciones literales y formalistas del orden legal, pues su compromiso fundamental es con la Constitución. El juez debe producir el efecto de que toda norma se integre al sistema y contribuya a realizar los fines constitucionales del Estado. No otro es el sentido del artículo 230 del Estatuto Fundamental si se lo pone en consonancia con el 4º Ibidem: los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, pero siempre de acuerdo con la Constitución, que es norma de normas.
El de la vida, un derecho cualificado
Como dice CARREL, "el hombre es un conjunto indivisible de complejidad suma"; comprender en su esencia al ser humano, en el plano más elevado, exige un examen profundo que incluya, "además de los electrones, los átomos, las moléculas, las células y los tejidos (..) un conjunto compuesto de órganos, humores y conciencia. Entonces, los conceptos fisicoquímicos y fisiológicos son insuficientes" (...); "estamos obligados a considerar todos los diversos aspectos del hombre: fisicoquímico, anatómico, fisiológico, metafísico, intelectual, moral, artístico, religioso, económico y social" (CARREL, A.: La incógnita del hombre. 9a edición. México D.F. Editorial Epoca S.A., 1978. Págs 28, 53 y 57).
La vida del ser humano, entonces, es mucho más que el hálito mediante el cual se manifiesta su supervivencia material. No puede equipararse a otras formas de vida, pues agrega al mero concepto físico elementos espirituales que resultan esenciales.
Por eso, en el asunto que se analiza, el deber estatal de conservar la vida de C.A.L. no quedaba cumplido si éste era condenado a llevarla en un plano puramente vegetativo.
Así las cosas, la institución de seguridad social tenía un compromiso con la salud de la persona en su acepción más amplia, entendida como derecho conexo con el de la vida. Según la jurisprudencia de esta Corte, la primera emerge como derecho fundamental cuando su amenaza o vulneración representan necesariamente peligro o daño para la segunda, de tal manera que debe ser protegida la salud inmediatamente para impedir la amenaza del derecho a la vida (Cfr. Corte Constitucional. S. Séptima de Revisión. Sentencia T-571 del 26 de octubre de 1992. Magistrado Ponente: Dr. J.S.G..
Era claro, según el material probatorio allegado, que si se interrumpía la terapia indispensable para la adaptación psicológica y orgánica del paciente, su estado de salud retrocedería fatalmente hasta llevarlo a niveles que pondrían en serio y grave peligro su vida, entendida ésta en el sentido sustancial prohijado por la presente providencia.
En efecto, está probado que, desde su nacimiento, el menor ha padecido una grave enfermedad neurológica; según dictamen médico (Fl. 5 del expediente), el paciente "tiene una gran lesión parencefálica en casi la mitad del hemisferio cerebral derecho, regiones fronto-parietal, que se comunica con el ventrículo de ese lado", por lo cual se ordenó desde el principio que se lo sometiera a una fisioterapia contínua para disminuir el déficit motor, tratar las convulsiones, estimular el lenguaje y la marcha y evaluar al niño por lo menos cada año, pues era posible que presentara una esclerosis tuberosa.
También se acreditó que el enfermo fue progresando durante el tiempo en el cual se le brindó la posibilidad de la terapia y se lo sometió a tratamiento y evaluación, y que la falta de estos elementos clínicos ocasiona necesariamente retroceso en su estado de salud, especialmente en el campo psico-motriz.
La seguridad social y el principio de solidaridad
Según las voces del artículo 48 de la Carta Política, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que debe ser prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Conceptualmente, los alcances de estos conceptos han sido señalados por la Corte Constitucional en su sentencia de S. Plena C-575 del 29 de octubre de 1992 (M.P.: Dr. A.M.C..
Para los fines de este proceso importa destacar el principio de solidaridad que, como ya lo expresara la Corte, aspira a realizar el valor de la justicia. Ella implica, en palabras del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, "adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros". En términos constitucionales representa el papel activo del Estado, comprometido a prestar el apoyo que requieran las personas para alcanzar la efectividad de sus derechos y para colmar las aspiraciones propias de la dignidad humana. Es, entonces, un concepto ligado íntimamente a la función del Estado Social de Derecho.
Desde luego, las prestaciones concretas mediante las cuales se brinda a los usuarios una seguridad social eficiente y útil deben ser determinadas por la ley y a ella, iluminada por la preceptiva constitucional, deben ceñirse las entidades que la prestan.
La atención de los disminuídos físicos, sensoriales y psíquicos, ineludible obligación a cargo del Estado
El artículo 13 de la Constitución consagra el principio de igualdad ante la ley.
Esa igualdad no es puramente formal sino que, según el mandato del Constituyente, ha de ser real y efectiva.
Por ello, no siendo un concepto de aplicación matemática que mida a las personas de manera irracional y ciega, su realización concreta estriba en la definición y aplicación del mismo trato para quienes se encuentran en las mismas circunstancias y en la prescripción y efectividad de criterios distintos respecto de quienes se hallan en condiciones diferentes.
En tal sentido, el artículo 13 de la Carta estatuye: "El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan".
En desarrollo de este principio, aplicado de modo específico a los disminuídos físicos, sensoriales y psíquicos, el artículo 47 de la Constitución impone al Estado, en favor de ellos, la obligación de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social y obliga a que se les preste "la atención especializada que requieran".
En el proceso de cuya revisión se trata, el Instituto de Seguros Sociales -Seccional Córdoba- suspendió la atención médica que venía prestando al menor C.A.L.P. alegando cumplir lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 770 de 1975.
"Los hijos de los asegurados amparados por el Seguro de Enfermedad General y Maternidad, tendrán derecho a la necesaria asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, así como a los correspondientes servicios para-médicos y medios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, durante el primer año de vida".
"Cuando se diagnostique enfermedad durante el primer año de edad, el hijo del asegurado tendrá derecho, en cualquier tiempo, a todas las prestaciones asistenciales necesarias, cuando a juicio del servicio médico no sea procedente su tratamiento, dentro del primer año de vida y que exista desde el principio pronóstico favorable de curación".
"Los hijos de los asegurados amparados por el Seguro de Enfermedad General y Maternidad tendrán derecho, además a un suplemento de lactancia cuando las necesidades nutricionales así lo requieran a juicio de los servicios médicos correspondientes".
Entendió el Instituto que no debía seguir prestando la asistencia médica a C.A.L.P. por cuanto su enfermedad era incurable.
A juicio de la Corte, no se podía llegar a tan precipitada conclusión sin hacer una evaluación completa y seria de la historia clínica del paciente y de la evolución que su salud había venido demostrando mientras se le prodigó el tratamiento y la terapia que requería.
El caso de L.P. no es, según el material probatorio, el de alguien a quien la institución asistencial no pueda ofrecerle nada para la recuperación cuando menos parcial de su salud, que es a lo que se refiere el Decreto 770 de 1975 cuando excluye de los tratamientos posteriores al primer año de vida a los hijos de los afiliados cuyas enfermedades o afecciones no sean susceptibles de ninguna mejoría.
El artículo 29 del Código Civil dispone que, al interpretar la ley, las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca que se han tomado en sentido diferente.
Esa disposición es aplicable al presente caso, pues evidentemente el sentido de la palabra "curación", usada por la norma que se analiza, es el científico que normalmente se usa en materia médica.
Curación, según el Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas (S.E.S.A., Undécima Edición, pág. 323) significa, además del restablecimiento de la salud, el "conjunto de procedimientos para tratar una enfermedad o afección" (Subraya la Corte).
Considérase indispensable la interpretación del precepto legal a la luz de la Constitución. El entendimiento de la norma no puede ser, en tal sentido, el de que la entidad de seguridad social esté autorizada para interrumpir un tratamiento a quien estaba derivando de él evidentes progresos en su aptitud psico-motriz, con mucha menor razón si, como ha subrayado el juez de primera instancia al evaluar una de las pruebas presentadas en el caso sub-examine, aunque no se puede garantizar un total restablecimiento, es factible obtener mejoría del paciente mediante la terapia y los controles regulares, favoreciendo así una notable disminución de sus deficiencias neurológicas y logrando mantener en el joven afectado una mejor calidad de vida. No podría aceptarse constitucionalmente que fuera lícito y permitido a un organismo de seguridad social del Estado desentenderse absolutamente del tratamiento y los cuidados que requiere un paciente cuya salud, de manera necesaria, habrá de sufrir notables detrimentos si aquél se interrumpe; menos si el daño causado por la interrupción de la asistencia médica, fisioterapéutica u hospitalaria puede llegar al punto en que la calidad de vida de la persona resulte seriamente degradada.
En el sentir de la Corte, prevalece aquí, sobre la interpretación literal y ciega del enunciado artículo del Decreto 770 de 1975, el perentorio mandato constitucional: a los disminuídos físicos, sensoriales o psíquicos "se prestará la atención especializada que requieran" (artículo 47 C.N.). Su protección especial corre a cargo del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo 13 eiusdem.
Como ya lo expresó la Corte, "el Estado Social de Derecho mantiene el principio de legalidad, pero lo supera y complementa al señalar entre sus finalidades la de garantizar un orden político, económico y social justo (C.P. Preámbulo). La naturaleza social del Estado de Derecho colombiano supone un papel activo de las autoridades y un compromiso permanente en la promoción de la justicia social".
Así, "la defensa de los valores supremos del ordenamiento obliga al Estado a intervenir -dentro del marco constitucional- para proteger a las personas en su dignidad humana y exigir la solidaridad social cuando ella sea indispensable para garantizar derechos fundamentales como la vida y la salud" (Cfr. Corte Constitucional. S. Segunda de Revisión. Sentencia T-505. Agosto 28 de 1992. Magistrado Ponente. Dr. E.C.M.. G. de la Corte Constitucional, Tomo 4. Agosto de 1992. Páginas 531 y 532).
Ha concluído esta Corporación que el Instituto de Seguros Sociales no debió interrumpir la fisioterapia, los controles periódicos ni el tratamiento que se prestaba a C.A.L.P. y, por tanto, para garantizar los derechos constitucionales de éste, se revocará la sentencia de segunda instancia y se concederá la tutela impetrada, ordenando al mencionado organismo que reanude aquellas prestaciones y brinde protección especial al afectado mientras su estado de salud lo requiera para sostener unas condiciones de vida dignas.
Debe advertirse que este caso difiere claramente del conocido y analizado por la Corte en su Sentencia T-200 del 25 de mayo de 1993, pues allí se estaba ante una enfermedad respecto de la cual nada podía hacer la institución asistencial por la mejoría y recuperación de la salud del menor. Por ello advirtió la Corte:
"En razón de que el (...) menor, según aparece demostrado en el expediente, padece de parálisis cerebral infantil (P.C.I.), enfermedad, que le fue diagnosticada por los médicos del Seguro Social, esta entidad le suministró servicios médicos, farmacéuticos, asistenciales, etc., durante su primer año de vida, pues de acuerdo con el concepto de tales galenos, que coincide con la certificación expedida por el Subdirector de Servicios de Salud, a petición del Juzgado del conocimiento, "el pronóstico actual para dicha patología no es favorable para su curación", y por tanto su "tratamiento en la actualidad es domiciliario, excepto aquellos casos que ameriten la hospitalización". (Cfr. Corte Constitucional. S. Cuarta de Revisión. Sentencia T-200 del 25 de mayo de 1993. Magistrado Ponente: Dr. C.G.D..
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, S. de Decisión Laboral, el cinco (5) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993).
Segundo.- CONCEDER la tutela solicitada por R.G.L.S. a nombre de su hijo menor C.A.L.P..
En consecuencia, ORDENASE al Instituto de Seguros Sociales -Seccional Córdoba- que en un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del presente fallo, reanude el tratamiento, la fisioterapia, los controles periódicos y las prestaciones médicas y hospitalarias que requiera el joven C.A.L.P.. El Instituto le brindará protección especial y atención médica, según los mandatos de los artículos 13, inciso 3º, y 47 de la Constitución, mientras así lo requiera en razón de las limitaciones que padece.
C., notifíquese comuníquese, insértese en la G. de la Corte Constitucional y cúmplase.

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artículo 26
artículo 49
artículo 26
artículo 1
artículo 1
artículo 2
artículo 230
artículo 48
artículo 13
artículo 13
artículo 47
artículo 26
artículo 29
artículo 13


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REAL Decreto 1391/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la Comisión Española de Geodesia y Geofísica	REAL Decreto 1391/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la Comisión Española de Geodesia y Geofísica Mis Leyes
REAL Decreto 1391/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la Comisión Española de Geodesia y Geofísica Estado	:
1391/2007	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE FOMENTO	Artículo 1. Naturaleza y adscripción.Artículo 2. Fines.Artículo 3. Organización de la Comisión.Artículo 4. Composición de la Comisión en Pleno.Artículo 5. Funciones de la Comisión en Pleno.Artículo 6. Comité Ejecutivo. Composición y funciones.Artículo 7. Secciones.Artículo 8. Organismos Coordinadores.Artículo 9. Grupos de Trabajo.Artículo 10. Convocatorias y sesiones.Artículo 11. Normas de funcionamiento.Disposición adicional primera. Habilitación.Disposición adicional segunda. Adaptación de la composición de Comisión.Disposición adicional tercera. Gasto público.Disposición transitoria única. Constitución de las Secciones y permanencia de vocales.Disposición derogatoria única. Derogación normativa.Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo normativo.Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La geodesia y la geofísica, como actividades científicas que centran su atención en el planeta Tierra -su forma y medida, en el primer caso; y el estudio de los fenómenos que afectan a su atmósfera, corteza e interior en el segundo caso-, han sido objeto de constante dedicación por parte de las autoridades públicas españolas en el último siglo y medio.
Desde hace más de sesenta años existe en España, bajo una u otra denominación, un órgano colegiado interministerial que viene actuando como cabecera del sistema científico-técnico que agrupa a ambas disciplinas (y a las que se engloban en tal denominación, como por ejemplo la gravimetría, la sismología, la volcanología, la oceanografía, la meteorología o la hidrología). En la actualidad, ese órgano es la Comisión Española de Geodesia y Geofísica.
La Comisión Española de Geodesia y Geofísica, inicialmente denominada Comisión Nacional, se reguló en el Decreto de Presidencia del Gobierno, de 10 de octubre de 1947, con objeto de representar a España dentro de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, impulsar el estudio de los problemas relativos a la figura y física del Globo, estimular y coordinar las investigaciones científicas, así como facilitar trabajos e investigaciones especiales.
Las reestructuraciones administrativas habidas desde entonces han derivado en modificaciones, tanto de la composición como del régimen de funcionamiento de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica. En la actualidad, la Orden del Ministerio de la Presidencia de 25 de marzo de 1999 crea «ex novo» la citada Comisión, regulando su régimen de funcionamiento y composición, que fue actualizada por Orden PRE/2830/2002, de 11 de noviembre.
La experiencia adquirida en el funcionamiento de la Comisión, la estructura administrativa derivada del Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y la necesidad de adaptar las normas de su funcionamiento al régimen jurídico general de los órganos colegiados, son elementos que informan y justifican la nueva regulación de la Comisión. Adicionalmente, la conveniencia de garantizar su operatividad y potenciar su capacidad de acción, aconseja elevar el nivel administrativo de sus miembros con objeto de que pueda liderar, desde un plano más allá del puramente científico, de forma efectiva, el desarrollo de las funciones que a la Comisión se le atribuyen.
En la nueva regulación de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica, que se aprueba por este real decreto, se ha establecido una estrecha correlación entre los organismos de diversos Ministerios, que tienen representación en la Comisión, y las Secciones que la componen, éstas últimas como reflejo de la estructura existente en la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica. Dicha correlación se lleva a cabo a través de Organismos Coordinadores encargados de dotar a las Secciones que les correspondan de los medios necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones, en particular, aquellas relativas a las labores de ajuste entre los proyectos y las capacidades públicas en el ámbito cientifico-técnico propio de cada Sección, y a la asistencia a la Comisión para el mejor cumplimiento de sus fines, cuya esencia reside en el asesoramiento al Gobierno en la toma de decisiones y en la formulación de una política pública de servicios a la sociedad en materia de geodesia y geofísica.
Por todo ello, se ha elaborado este real decreto, que regula nuevamente la Comisión Española de Geodesia y Geofísica, con la participación de todas las instancias interesadas y con el informe favorable del Pleno de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica en su reunión del día 13 de marzo de 2007.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas y tras deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007,
a) Promover, apoyar e impulsar los trabajos, investigaciones y estudios físicos, químicos y matemáticos de la Tierra y su entorno, y definir las líneas prioritarias de acción pública en los campos de la Geodesia y la Geofísica.
b) Asesorar a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología en proyectos relativos a la Geodesia o a la Geofísica.
c) Asesorar a las Administraciones Públicas en materia de riesgos naturales asociados a fenómenos geofísicos.
d) Representar a España ante la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica y otras organizaciones similares.
2. Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Comisión contará con las Secciones reguladas en el artículo 7 de este real decreto. Cada una de ellas estará asociada a un Organismo Coordinador, conforme se determina en el artículo 8 de este real decreto.
3. El Pleno de la Comisión y su Comité Ejecutivo serán, conforme a sus competencias respectivas, los órganos responsables de aprobar, encauzar y, en su caso, dar cumplimiento a las iniciativas elevadas por las Secciones y de garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 2 de este real decreto.
4. La Comisión Española de Geodesia y Geofísica, por iniciativa de su Comité Ejecutivo, podrá crear Grupos de Trabajo para el análisis o elaboración de los informes que crea oportuno emitir o que le sean solicitados.
5. Corresponderá a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional la Secretaría Técnica de la Comisión para el impulso de la actividad administrativa y la dotación de medios materiales, recursos humanos y financiación del adecuado funcionamiento del Pleno y del Comité Ejecutivo de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica.
a) Presidente: El Subsecretario del Ministerio de Fomento.
b) Vicepresidente: El Director General del Instituto Geográfico Nacional.
c) Vicepresidente Ejecutivo: Uno de los Vocales Científicos, propuesto cada dos años por el Pleno.
d) Vocales Institucionales:
2. El Director General de Investigación.
3. El Director General de Universidades.
4. El Director General del Instituto Nacional de Meteorología.
5. El Director General del Instituto Geológico y Minero de España.
6. El Director General del Instituto Español de Oceanografía.
7. El Director General del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
8. El Director General de Protección Civil y Emergencias.
9. El Director General del Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis.
10. El Director General del Centro para la Prevención y Lucha contra la Contaminación Marítima del Litoral.
11. El Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa.
12. El Teniente General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias.
2. Tres Directores de centros españoles de investigación dedicados a la Geodesia o la Geofísica, que serán propuestos conjuntamente por el Director General del Instituto Geográfico Nacional, el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Director General de Investigación y, en su caso, aprobados por el Pleno para un periodo máximo de cinco años.
3. Tres Catedráticos de Universidad o investigadores de reconocido prestigio en materias relacionadas con la Geodesia o la Geofísica, que serán propuestos conjuntamente por el Director General del Instituto Geográfico Nacional, el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Director General de Universidades y, en su caso, aprobados por el Pleno para un periodo máximo de cinco años.
f) Secretario: Un funcionario de competencia profesional reconocida en los campos de la Geodesia o la Geofísica, perteneciente a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, designado por el Pleno de la Comisión a propuesta de su Presidente.
2. Los miembros serán nombrados y cesados, cuando proceda, por el titular del Ministerio de Fomento.
El Pleno de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica velará por el cumplimiento de los fines que se recogen en el artículo 2 de este real decreto. Asimismo, el Pleno deberá proponer las líneas de actuación a desarrollar por el Comité Ejecutivo y aprobar, en su caso, el informe de actuación que el Comité Ejecutivo presente en el Pleno anual. Corresponde al Pleno el ejercicio de las siguientes competencias:
a) Informar y asesorar, con carácter preceptivo, a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología en relación con los acuerdos internacionales en materias de Geodesia y Geofísica, proponiendo las medidas precisas para su mejor cumplimiento, y en relación con la distribución de fondos ligados a proyectos de investigación.
b) Asesorar, en materia geodésica y geofísica, a los órganos públicos responsables de la definición de las líneas prioritarias de investigación, en las convocatorias nacionales de financiación pública competitiva, de investigación e infraestructuras científicas, y efectuar un seguimiento de los proyectos de utilización de grandes infraestructuras financiadas con fondos públicos.
c) Proponer a las autoridades competentes las medidas oportunas para la adecuada coordinación de los trabajos en las diversas ramas de la Geodesia y de la Geofísica.
d) Impulsar la participación de científicos y técnicos españoles en las Instituciones, Comisiones, Grupos de Trabajo y otros órganos de la política científica internacional, y de forma prioritaria de aquellos relacionados con la Unión Europea, así como promover la participación de los grupos de investigación españoles en programas internacionales.
e) Promover la creación y el mantenimiento de bancos de datos, históricos y actuales, geodésicos y geofísicos de todo el territorio español, proponiendo los criterios para su libre utilización por la comunidad científica y técnica, conforme a los principios de reciprocidad y de privacidad legal a la que algunos datos pueden estar sometidos.
f) Promover la realización de publicaciones de carácter científico que recojan los trabajos realizados en los campos de la Geodesia y de la Geofísica, así como el análisis de las líneas estratégicas por las que se deban regir los nuevos centros de ámbito nacional que sean creados con fondos públicos y, en su caso, evaluar su cumplimiento.
g) Promover y organizar reuniones científicas, especialmente la Asamblea Española de Geodesia y Geofísica. Igualmente, cuando así lo aconsejen las circunstancias, convocar la reunión conjunta del Pleno y sus Secciones, así como crear Grupos de Trabajo.
h) Nombrar a los representantes de la Comisión en las Asociaciones de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica y de otras organizaciones internacionales de carácter similar, así como determinar las tareas que dichos representantes deberán llevar a cabo ante los mencionados organismos internacionales.
i) Promover estudios sobre catástrofes y riesgos naturales y cooperar con las organizaciones responsables en la reducción y gestión de tales riesgos.
j) Cooperar en proyectos científicos en Geodesia o Geofísica, especialmente en la Unión Europea, en Iberoamérica y en países del entorno nacional.
k) Tomar conocimiento y, en su caso, aprobar las propuestas del Comité Ejecutivo.
l) En general, promover y ejercer cuantas actividades se relacionen con el fomento, orientación, difusión y divulgación de la Geodesia y de la Geofísica en España.
Presidente: El Vicepresidente del Pleno, que podrá delegar en un funcionario de máximo nivel de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Vicepresidente: El Vicepresidente Ejecutivo del Pleno.
Cinco vocales: Tres elegidos por el Pleno entre los Presidentes de las Secciones y dos designados, para un periodo máximo de cinco años, por el Presidente entre los Vocales Científicos del Pleno.
b) Informar y documentar los asuntos que deban ser sometidos a la consideración del Pleno.
c) Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos y propuestas de las Secciones para su posterior sometimiento al Pleno.
e) Realizar la evaluación del funcionamiento de las Secciones y Grupos de Trabajo a través de sistemas objetivos, y proponer al Pleno, en su caso y por unanimidad, las medidas que se consideren oportunas para garantizar su eficacia.
f) Promover la participación española en los trabajos de los organismos internacionales de Geodesia y Geofísica, proponiendo al Pleno los representantes de la Comisión en las Asociaciones de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, así como en otras organizaciones internacionales de carácter similar.
g) Organizar congresos y reuniones de carácter científico y, especialmente, la Asamblea Española de Geodesia y Geofísica, previa autorización del Pleno.
h) Preparar, en colaboración con las Secciones, los Informes de Actividades de España que deban ser presentados a la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica.
i) Resolver las cuestiones administrativas o de carácter urgente que exijan una decisión inmediata.
j) Aquellas otras que acuerde delegarle el Pleno.
2. La Comisión en pleno o su Comité Ejecutivo podrán encargar a las Secciones el estudio de asuntos y la realización de trabajos determinados, que serán presentadas al Pleno a través del Comité Ejecutivo. Las Secciones se dotarán para su funcionamiento de un reglamento interno que deberá ser aprobado por el Pleno.
3. Cada Sección estará formada por el Presidente, el Secretario y ocho vocales, salvo que se determine un número diferente de vocales por el Comité Ejecutivo; la actividad científica de la Sección será coordinada por el Presidente y la actividad operativa por el Secretario.
4. Los vocales de cada Sección serán científicos o técnicos de reconocido prestigio en el campo correspondiente. Previa valoración de sus historiales profesionales e informe de la Sección respectiva, serán elegidos, para un periodo de cinco años, por el Pleno, y nombrados por el Presidente de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica. Las Secciones procurarán que entre sus vocales se encuentren representadas las principales especialidades científicas de su disciplina.
5. El Presidente será uno de los vocales de la Sección elegido entre ellos mismos para un mandato de cinco años y actuará como representante de la Sección en el Pleno. El Presidente podrá ser cesado por decisión de la Sección, mediante voto de censura aprobada por mayoría absoluta de sus vocales.
6. Cada Sección propondrá al titular del Centro u Organismo coordinador de las materias relacionadas con ella, conforme a lo establecido en el artículo 8, el nombramiento del Secretario de la Sección para un período de cinco años entre funcionarios superiores del Centro u Organismo que cumplan con los requisitos de reconocido prestigio que se exigen a los demás miembros de la Sección.
7. Por mayoría absoluta de sus vocales, cada Sección podrá proponer al titular del respectivo Centro u Organismo la sustitución del Secretario de la Sección.
8. Cuando uno de los miembros de las Secciones fuese sustituido, el sustituto permanecerá como miembro de la Comisión hasta completar el mandato del miembro anterior.
9. Las Secciones, para desarrollar su trabajo científico y si lo estiman conveniente, podrán apoyarse en Grupos de Trabajo previamente constituidos, que a su vez podrán consultar a cuantos expertos en su campo consideren pertinente. En cualquier caso, el trabajo de las Secciones deberá ser sometido a aprobación del Comité Ejecutivo y se desarrollará de acuerdo con el reglamento de la misma aprobado por el Pleno.
10. Cada Sección elaborará anualmente un informe en el que se analice la labor desarrollada durante el año y se presente una previsión científica y económica de las actividades a desarrollar durante el siguiente ejercicio. Dicho informe, previo conocimiento del Organismo Coordinador, debe remitirse al Comité Ejecutivo, a través de la Secretaría de la Comisión, con al menos un mes de antelación a la celebración del Pleno Ordinario anual, con el fin de que pueda ser aprobado por el Comité Ejecutivo y entregado con la documentación que se envíe con la convocatoria del Pleno anual.
2. Los Organismos Coordinadores, que estarán representados en el Pleno por su titular y en las Secciones por los Secretarios de las mismas, ejercerán las siguientes funciones en relación con la Comisión Española de Geodesia y Geofísica:
a) Impulsar, financiar y coordinar la actividad operativa de la Sección correspondiente en función de los acuerdos del Pleno, del Comité Ejecutivo y de las propias Secciones.
b) Documentar los asuntos y acuerdos de la Comisión dentro de su Sección.
c) Coordinar operativamente los Grupos de Trabajo que exclusivamente dependan de la Sección.
d) A propuesta de la Sección respectiva, y con el informe del Comité Ejecutivo, coordinar la participación española en los trabajos de los correspondientes organismos internacionales de Geodesia y Geofísica, proponiendo al Pleno los representantes de la Comisión en las Asociaciones de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, así como en otras organizaciones internacionales de carácter similar.
e) Facilitar los medios humanos, técnicos y administrativos necesarios para el funcionamiento ordinario de la Secretaría de la Sección.
f) Colaborar en la organización de las Asambleas Españolas de Geodesia y Geofísica así como en las actividades científicas, técnicas y divulgativas relacionadas con las disciplinas de su incumbencia.
g) Aquellas otras que acuerde delegarle el Pleno y que sean asumidas por el representante del Organismo Coordinador en el Pleno.
2. Los miembros de cada Grupo de Trabajo podrán ser elegidos entre los miembros de las Secciones y entre aquellas personas que se estime conveniente por sus conocimientos específicos en las materias a tratar.
3. Corresponde al Consejo Superior de Investigaciones Científicas el ejercicio de las funciones atribuidas en el artículo anterior a los Organismos Coordinadores respecto de los Grupos de Trabajo vinculados a más de una Sección, así como en relación con las Comisiones Interdisciplinares de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica.
El Pleno de la Comisión se reunirá también, en sesión extraordinaria, cuantas veces sean necesarias a propuesta del Presidente, o cuando así lo solicite la mayoría de sus miembros.
El Comité Ejecutivo se reunirá también en cuantas ocasiones se considere necesario por su Presidente y, como mínimo, dos veces al año; una de ellas en el mes anterior a la celebración del Pleno ordinario, con el fin de preparar la convocatoria de la reunión y redactar su Orden del Día.
Las Secciones se reunirán también cuantas veces consideren necesario, de acuerdo con sus respectivos reglamentos. Estas reuniones, que deben contar con mayoría de los vocales de la Sección y con la presencia de su Presidente y Secretario, no necesariamente deberán ser presenciales, debiendo cada Sección arbitrar los medios técnicos necesarios, de acuerdo con sus Organismos Coordinadores, para poder celebrar reuniones virtuales.
El Comité Ejecutivo y las Secciones se reunirán también durante la celebración de la Asambleas Españolas de Geodesia y Geofísica, debiendo redactar cada una de ellas las resoluciones y recomendaciones que deseen recoger en las Actas de la Asamblea.
La Comisión Española de Geodesia y Geofísica podrá convocar a título consultivo, tanto para los Plenos como para reuniones del Comité Ejecutivo, de las Secciones o de los Grupos de Trabajo que puedan constituirse, a cuantos expertos considere necesario para el mejor conocimiento de los temas y ayuda en la toma de decisiones.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 6.4, 7.5, y 7.7, los acuerdos de los órganos de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica serán adoptados por mayoría absoluta de votos en primera votación y, en su defecto, por mayoría de los presentes. Las votaciones serán nominales salvo que por la mayoría de los miembros presentes en la sesión se decida su carácter secreto. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente.
REAL Decreto 1391/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la Comisión Española de Geodesia y Geofísica	Trámites

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