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 AUTO 4135 DE ABRIL 30 DE 1993
AUTO 4135 DE 30 DE ABRIL DE 1993
CONTENIDO:PROCESO DE ADOPCIÓN: LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE ADOPCIÓN, RESERVA MORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:258 DE JUNIO DE 1993, PÁG.534
Auto 4135 de abril 30 de 1993
LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA
EXTRACTOS: «1. Principio cardinal en los Estados democráticos es el de la publicidad de las actuaciones de las autoridades en cualquiera de las ramas del poder, como quiera que ella permite el mejor ejercicio de los derechos de los ciudadanos a participar en las actividades públicas y a controlar la actuación de los funcionarios públicos.
1.1. En ese orden de ideas, la Constitución Nacional establece que la administración de justicia se ejerce por conducto de la rama judicial y que sus “actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley” (C.N., art. 228), norma esta que guarda estrecha relación con lo dispuesto por el artículo 74 de la Carta Política que garantiza a todas las personas en Colombia el “derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”.
Es claro pues que, conforme a los principios enunciados, la publicidad de los procesos judiciales es la regla general y sólo excepcionalmente las actuaciones surtidas en estos, total o parcialmente, pueden ser reservadas cuando por especiales razones de orden público o de conveniencia social así lo disponga expresamente el legislador.
1.2. Dada la trascendencia que en el orden individual, familiar y social tiene la adopción en cuanto mediante ella se prohíja como hijo a quien no lo es por naturaleza, el Código del Menor (D.L. 2733/89), en su artículo 114 dispuso que durante treinta años gozarán de reserva todos los documentos y actuaciones administrativas o jurisdiccionales atinentes a los procesos de adopción, cuya violación se eleva a causal de mala conducta para el funcionario responsable de la misma, sancionable con la destitución del cargo.
2. No obstante lo anterior, el Código del Menor en la misma norma citada establece que cuando existan “graves motivos que justifiquen el levantamiento de la reserva” ésta puede ser levantada previa orden impartida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente al juzgado que decretó la adopción, previo trámite incidental de carácter específico para el efecto, cuya naturaleza y características jurídicas fueron ya precisadas por esta corporación en auto de 17 de febrero de 1993 dictado en este proceso, que obra a folios 90 a 100 del cuaderno de la Corte.
2.1. Acorde con lo expuesto, ha de entenderse que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Código del Menor, la reserva establecida respecto de todos los documentos y actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con un proceso de adopción, ha de ser interpretada fundamentalmente teniendo en cuenta para el efecto la finalidad de protección del menor y los intereses superiores del mismo, así como también ha de atenderse para el recto entendimiento de la reserva instituida por el artículo 114 del código mencionado, que ésta opera dentro del marco señalado por los artículos 42 y 44 de la Constitución Nacional. Ello significa, entonces, que el Estado para proteger tanto al adoptado como a su familia adoptiva, e incluso también a la familia de origen, impide que por el término de treinta años se pueda acceder al conocimiento de la filiación biológica del adoptado, así como a las circunstancias que condujeron a su adopción, todo en orden a procurar el desarrollo armónico e integral del menor y, simultáneamente, garantizar la seguridad y tranquilidad de los adoptantes.
2.2. Precisado así el objeto de la reserva legal establecida por el artículo 114 del Código del Menor, forzoso es concluir que ésta, en manera alguna puede entenderse como inexpugnable, pues el propio legislador en esa norma legal estableció que ella puede ser levantada en los casos y para los fines allí señalados, esto es, para que los interesados, habiendo motivos graves, tuvieran oportunidad de conocer la realidad jurídica sustancial y procedimental (administrativa y judicial) de la adopción, y con base en ella proceder, si fuere el caso, a la interposición y sustentación del recurso extraordinario de revisión para controvertir, allí y no en este incidente, la justicia o injusticia de la sentencia de adopción. Luego, los motivos graves que se aducen se encuentran dirigidos a justificar el levantamiento de la reserva, mas no a establecer la justicia o injusticia de la sentencia de adopción, porque ello habrá de ser objeto, si fuere el caso, del recurso de revisión extraordinario.
2.3. Es igualmente claro que para rodear aún de mayor garantía la reserva legal con la que se ampara por el término de treinta años toda la documentación y las actuaciones administrativas y judiciales que culminen con la adopción de un menor, el legislador confió el levantamiento de la misma a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, órganos colegiados que por su jerarquía, experiencia y buen juicio ofrecen a los ciudadanos mayor acierto en su decisión, la cual, como resulta de los especiales motivos que la autorizan no puede extenderse en ningún caso al examen de asuntos distintos a estos, ni anticiparse a materia que pueda ser objeto concreto de un eventual recurso extraordinario de revisión.
2.4. De otra parte, de la regulación legal y de las finalidades que persigue la ley con la reserva legal establecida en el artículo 114 del Código del Menor, necesariamente ha de admitirse que la solicitud de su levantamiento no puede realizarse sino por quien acredite un interés serio, legítimo, actual y jurídicamente relevante para el efecto, conclusión ésta que surge de las causales que autorizan su solicitud y de los fines a que por razones de orden público se encuentra atada tanto la reserva legal a que se ha hecho mención como su levantamiento eventual.
3. En el caso de autos, encuentra la Corte que ha de accederse al levantamiento de la reserva de los documentos y de las actuaciones administrativas y judiciales que culminaron con la adopción de los menores D... y M..., para lo cual entra al estudio del acervo probatorio que lo sustenta, sin que haga pronunciamiento alguno, como efectivamente no lo hace, por no ser materia de este incidente (sino de la eventual revisión extraordinaria), sobre la legalidad y justicia de la sentencia de adopción. Pero previamente a su análisis global la Corte precisará y valorará individualmente el material probatorio.
5. De la apretada síntesis probatoria, la Sala extrae en primer término, ciertas conclusiones coincidentes que apoyan la procedencia de la solicitud del levantamiento de la reserva de adopción.
5.1. En primer lugar, como puede observarse de las pruebas practicadas en el trámite de este incidente, aparece que el solicitante, J..., se encuentra asistido de interés serio, actual y jurídicamente relevante para impetrar el levantamiento de la reserva de las diligencias administrativas y del proceso de adopción de los menores D... y M..., como quiera que es el padre biológico de los mismos y afirma que estos fueron declarados en estado de abandono sin que el mismo realmente hubiese ocurrido, por cuanto —según su propia afirmación—, dejó a sus hijos transitoriamente en el Asilo Andressen de la ciudad de Cúcuta, no para desprenderse de ellos en forma definitiva sino temporal dada su situación de carácter económico. Y para ello se han allegado al incidente las mencionadas declaraciones de testigos, que, sin entrar en su análisis de fondo, esto es, de si hubo o no entrega en abandono, inicial o posterior, que no es materia directa de este incidente, sí demuestra por otra parte un interés serio, actual y relevante para pretender conocer las actuaciones administrativas y judiciales de la adopción, que permitan establecer una vez levantada la reserva, la posibilidad, si las demás pruebas así lo autorizan, de controvertir razonable y no temerariamente la adopción, en revisión extraordinaria. Más cuando de lo anterior también da cuenta la historia respecto de la cual se practicó inspección judicial por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (folios 32 a 34, C. pruebas Tribunal), en la que se consigna que la persona responsable de los niños es el padre, que fueron abandonados por la madre y que aquel los deja en esa institución porque “con los niños no puede trabajar y están en peligro físico”.
Agréguese en favor del interés jurídico mencionado la circunstancia de que J..., hombre de escasa cultura y de recursos económicos muy limitados, luego de llevar los niños a la institución mencionada se fuera a trabajar a Venezuela, regresara interesado en sus hijos; y, confiado en encontrarlos acudió tan pronto como llegó del vecino país al Asilo Andressen donde se encontró —según su afirmación— con la sorpresa de que habían sido declarados en estado de abandono cuando él entendía haberlos dejado al cuidado de esa entidad y que, con posterioridad y con fundamento en tal declaración había cursado ya un proceso de adopción que, según pudo establecerse se tramitó en el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Cúcuta, radicado bajo el número 855 de 1991.
5.2. Con fundamento en dicho acervo probatorio incidental aparece claro el interés serio, actual y relevante del incidentante para reclamar el levantamiento de la reserva de la adopción para fines de revisión extraordinaria. Pues tales pruebas así lo establecen, de los siguientes hechos: que J... recibió de su mujer a los dos menores; que era pobre; que desarrollaba sus actividades laborales en Tibú y ocasionalmente en Cúcuta; que una vez fue informado de la existencia del Asilo Andressen y de los programas que allí existen para atender a la niñez llevó a esa institución a sus dos menores hijos; que estuvo trabajando en Venezuela y que a su regreso encontró que los menores habían sido entregados en adopción, por lo que asumió desde entonces una actitud hostil hacia la defensora de menores y ha procurado por los medios a su alcance desvirtuar el hecho que sirvió de base a la adopción por una pareja extranjera.
6. Pero de estas mismas pruebas, la Sala también advierte la existencia de motivos graves que justifican el levantamiento de la reserva de la adopción. Porque, de una parte tiene ese carácter la afirmación de inexistencia de las condiciones fácticas para la declaración de abandono por el defensor de familia, y, de la otra, porque el acervo probatorio, al menos mínimo para el incidente, muestra dudas razonables, que si bien no atacan directamente la adopción (en su legalidad y justicia), que no es materia del incidente, no es menos cierto que justifican dicho levantamiento para que, si fuere el caso, ese punto fuese debatido en revisión extraordinaria.
6.1. Ciertamente el acervo probatorio mencionado pone de presente la inexistencia de unidad de criterio sobre determinados aspectos fácticos de la adopción sub exámine que, por su relevancia, justifican el levantamiento de la reserva para su ulterior debate.
En primer lugar, aparece que no hay unidad de criterio en torno a la información que se le dio a J... sobre la atención y permanencia de sus hijos en el Asilo Andressen mientras estaba ausente por razones laborales, pues al paso que éste afirma que la directora Celina de Jesús que los recibió el 1º de junio de 1990 le manifestó que los cuidarían en esa institución aun hasta la edad de 18 años si fuere el caso, la hermana Elmira Linares que la sucedió en el cargo afirma que en la documentación existente no aparece constancia de ese hecho y que la primera lo negó en una conversación sostenida con ella, de lo cual puede inferirse que, a lo menos, existe una duda razonable sobre si efectivamente J... al dejar sus hijos en ese establecimiento mientras trabajaba en Venezuela los abandonó o si simplemente confió en los cuidados que allí les prestarían mientras regresaba por ellos, duda ésta que adquiere mayores caracteres de verosimilitud si se tiene en cuenta que según la exposición ya transcrita de la hermana Emira Linares existieron paralelamente dos programas diferentes de protección y ayuda a los menores de escasos recursos económicos en esa institución.
De otra parte, tampoco hay unidad de criterio sobre el cumplimiento de las formas del procedimiento administrativo de declaración de abandono del menor y el lleno de sus requisitos sustanciales; así como existe también controversia en torno a la periodicidad de las visitas practicadas a los menores por su padre antes de viajar a Venezuela, no sólo por las formas de las anotaciones elaboradas en cuadernos para ese efecto, puesta de presente durante la inspección judicial practicada por el Tribunal, sino también porque algunos testigos y el propio solicitante afirman que fueron de mayor periodicidad y durante más largo tiempo que el que se afirma para fundar en ello la declaración de abandono.
6.2. Como quiera que de lo expuesto surgen algunas dudas razonables sobre el verdadero presupuesto fáctico en que se apoyó la decisión de declaración de abandono de los menores, así como sobre la verdadera regularidad de la actuación que culminó con la adopción decretada respecto de los mismos, que se desconocen con mayor certeza por el ocultamiento que impone la reserva legal; surge como conclusión que existen graves motivos que justifican, en este caso concreto, por lo menos el levantamiento de la reserva actualmente existente sobre las diligencias administrativas y la actuación judicial que culminaron con la adopción de los menores D... y M..., decretada por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Cúcuta, según las pruebas que obran en autos en este incidente. Pero esta justificación, reitera la Sala, se refiere única y exclusivamente al levantamiento de la reserva, sin que ello conlleve apreciación o decisión alguna sobre legalidad o la justicia de la sentencia de adopción, porque no ha sido ni podría ser materia de este incidente.
7. Viene entonces de lo dicho que el auto proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 27 de julio de 1992, mediante el cual se decidió denegar la solicitud de levantamiento de reserva del proceso de adopción de los menores D... y M... que cursó en el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de la ciudad de Cúcuta, habrá de revocarse, para acceder en su lugar a la petición del incidentante, sin que ello signifique —como es obvio— que el conocimiento que en virtud de esta decisión habrá de tenerse sobre el contenido de las actuaciones administrativas y del expediente del proceso de adopción aludido puedan ser utilizados con fines distintos a los que motivaron la solicitud de levantamiento de la reserva establecida por el artículo 114 del Código del Menor, ni por el peticionario, ni por su apoderado, ni por terceras personas, puesto que mientras no se decida lo contrario permanece en pie la sentencia que decretó la adopción y los derechos que de ella se derivan tanto para los adoptantes como para los adoptados y subsiste el deber de acatarla en toda su integridad así por la familia de origen como por cualquiera otra persona y por el propio Estado».
(Auto de abril 30 de 1993. Expediente 4135. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta).

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artículo 74
artículo 114
artículo 22
artículo 114
artículo 114
artículo 114
artículo 114


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Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se convocan ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i, en la modalidad adquisición de material científico y mejora de infraestructuras I+D+i, para entidades de carácter público, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) (BOJA de 28 de noviembre de 2019). Texto completo.
Mediante Orden del Consejero de Economía y Conocimiento de 7 de abril de 2017 (BOJA núm. 71, de 17 de abril) se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a la I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) y su corrección de errores.
Las citada orden se ajusta a la Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
Mediante las citadas bases reguladoras y con la aprobación de las correspondientes convocatorias se ponen en marcha distintas líneas de ayudas a la I+D+i, entre otras, las destinadas a adquisición de material científico y mejora de infraestructuras de I+D+i, incluida en el cuadro resumen 3.º Línea de ayudas para financiar las infraestructuras y equipamientos de I+D+i de la Orden 7 de abril de 2017 y conforme a la prioridad de inversión 1.1 del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020.
De conformidad con establecido en la disposición adicional única de la Orden de 7 de abril de 2017, se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología para efectuar las convocatorias públicas de las ayudas reguladas en la misma y realizar cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo, interpretación y aplicación de dicha orden.
1. Convocar para el ejercicio 2019 ayudas destinadas a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento contemplados en el punto quinto de la presente convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, conforme a lo establecido en el Cuadro Resumen de las bases reguladoras del programa de ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i, en la modalidad de Ayudas a la adquisición de material científico y mejora de infraestructuras de I+D+i.
2. Establecer los requisitos generales que han de acreditar las entidades interesadas, la solicitud y el plazo de presentación y tramitación. El régimen jurídico específico aplicable al procedimiento para la concesión de las subvenciones objeto de la presente convocatoria, los conceptos subvencionables, su abono y justificación de gastos y destino, es el previsto en el cuadro resumen de las bases reguladoras del programa de ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i de la Orden de 7 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a la I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) y por la Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, texto que se considera parte integrante de la Orden de 7 de abril de 2017.
3. En el punto 16 del citado cuadro resumen se establece el plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento.
Segundo. Órganos competentes y entidad colaboradora.
Conforme al punto 13 del Cuadro resumen de las bases reguladoras del programa de ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i de la Orden de 7 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de Ayudas a la I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020), la competencia para la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de I+D+i. Así mismo, la competencia para la resolución del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la persona titular de la Secretaría General competente en materia de fomento de la I+D+i.
Conforme al punto 8 del citado Cuadro resumen, la Agencia Andaluza del Conocimiento actuará como entidad colaboradora.
- Consolidar y mejorar los centros e infraestructuras existentes, manteniendo su operatividad, asegurando la prestación de servicios de excelencia y la accesibilidad a todos los agentes del sistema andaluz del conocimiento.
Podrán tener la consideración de entidades beneficiarias, de entre los sujetos previstos en el punto 4 del Cuadro resumen de las bases reguladoras del programa de ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i, los siguientes:
1. Las Universidades públicas andaluzas y sus Institutos Universitarios de Investigación de acuerdo al Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero .
2. Los Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como en el artículo 32 de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento.
3. Otros centros públicos de I+D: Organismos públicos y centros con personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus organismos, o participados mayoritariamente por el sector público, cualquiera que sea su forma jurídica.
Sexto. Obligaciones de las entidades beneficiarias
1. Las entidades beneficiarias habrán de cumplir con las obligaciones a que se refiere el punto 4 del cuadro resumen de las bases reguladoras del programa de ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i. La acreditación de los requisitos para la solicitud de la ayuda se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 17 de la Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y el punto 15 del citado cuadro resumen.
2. No está permitida la reformulación de solicitudes, tal y como se recoge en el punto 2.b) del cuadro resumen de las bases reguladoras del programa de ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i.
3. No se permite la subcontratación, de conformidad con el punto 9 del cuadro resumen mencionado anteriormente.
4. En cuanto al mantenimiento de la inversión será aplicable el punto 5.c).1.º del cuadro resumen de las bases reguladoras del programa de ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i.
5. Es obligatorio conservar los justificantes de la ayuda de conformidad a lo establecido en el punto 22 del cuadro resumen de las bases reguladoras del programa de ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i.
6. En las infraestructuras científico-tecnológicas adquiridas deberá figurar, en lugar visible, que han sido cofinanciadas con recursos procedentes del FEDER, y se deberá cumplir con las disposiciones en materia de información y publicidad establecidas en el Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, entre las que se encuentra aceptar, si finalmente es aprobada la propuesta, aparecer en una lista pública de operaciones prevista en el artículo 115, del citado Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
7. Los beneficiarios deberán someterse a las actuaciones de verificación y control realizadas por la Dirección General de Fondos Europeos, por la autoridad de certificación del Programa Operativo ejercida por la Subdirección General y Administración del FEDER del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la Comisión y por el Tribunal de Cuentas.
8. Las ayudas previstas en esta convocatoria se otorgarán a organismos de investigación para actividades no económicas, de acuerdo a lo previsto en el apartado 2.1.1 de la Comunicación de la Comisión Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2014/C 198/01).
9. Las ayudas concedidas serán compatibles con otras ayudas o subvenciones destinadas a proyectos de I+D+i procedentes de cualquier otra administración o ente público o privado.
El importe de los incentivos concedidos en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con incentivos o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
10. El equipamiento científico-técnico financiado a través de esta convocatoria será propiedad de las entidades beneficiarias de las ayudas, que deberá incorporarlo a su inventario y destinarlo al uso para el que ha sido concedida su financiación.
Las actuaciones incentivadas tendrán un plazo máximo de ejecución de dos años. En casos debidamente justificados, el órgano concedente podrá autorizar ampliaciones del citado plazo, previo expediente instruido al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 21.a).1.º b) del correspondiente Cuadro Resumen y con el límite máximo que marca el final de marco comunitario de programación 2014-2020.
2. Todos los gastos subvencionables con cargo a esta convocatoria deberán cumplir los criterios de elegibilidad de acuerdo con la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre , por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020.
3. El presupuesto de la ayuda solicitada se agrupará según los conceptos subvencionables, características y requisitos incluidos en el punto 5 del Cuadro resumen de las bases reguladoras del programa de ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i.
1. Edificaciones auxiliares de carácter técnico, destinadas a la mejora del parque de infraestructuras existentes.
2. Adquisición de bienes de equipo de procesos y de equipos auxiliares.
3. Equipos informáticos o de infraestructura de TIC (tecnología de la información y telecomunicaciones) en general.
4. Adquisición y tratamiento de software. En particular el software de carácter especializado y destinado exclusivamente a la investigación y que posibilite la utilización adecuada de los bienes de equipo de procesos y de equipos auxiliares adquiridos.
5. Otras inversiones en activos fijos materiales, no incluidas en los apartados anteriores, necesarias para el proyecto.
6. Planificación, ingeniería y dirección facultativa.
7. Coste de utilización y acceso a las ICTS (Instalaciones Científico Técnicas Singulares) y grandes instalaciones científicas, nacionales e internacionales.
8. Estudios de viabilidad, diseño detallado o construcción de infraestructuras, equipamiento, instrumentación científica avanzada o componentes de elevado contenido tecnológico para su posterior ubicación y operación en una instalación internacional o nacional (entre otras, ICTS).
9. Inversiones en activos fijos inmateriales consistentes en la adquisición de patentes, licencias de explotación o de conocimientos técnicos patentados y conocimientos técnicos no patentados, adquiridos en condiciones de mercado.
10. Material bibliográfico, incluyendo recursos electrónicos, para la investigación.
11. Los gastos derivados del informe realizado por auditor.
12. Material fungible y pequeño material.
13. Módulos ampliables de capacidad.
14. Estudios de mejora del rendimiento; análisis de nuevas aplicaciones a posibles demandas de sistemas productivos emergentes o tradicionales; estudios de obsolescencia e inversiones a prever; estudios del mapa de procesos de servicios prestados con la infraestructura; otros estudios: de eficiencia energética, de seguridad, afección al medio ambiente.
No serán subvencionables los gastos recogidos en el punto 5.c).1.º 4 del cuadro resumen de las bases reguladoras del programa de ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i de la Orden de 7 de abril de 2017 y en concreto tampoco serán subvencionables los siguientes gastos:
a) El alquiler de equipos.
b) Las actuaciones llevadas a cabo mediante arrendamiento (renting) o arrendamiento financiero (leasing), aunque se contemple la obligación de compra al final del contrato.
c) Los seguros del equipamiento.
d) Las garantías del equipamiento que no estén incluidas en el precio de adquisición.
e) Los gastos de formación que no estén incluidos en el precio de adquisición del equipamiento.
1. Conforme a lo indicado en el punto 10 del cuadro resumen de las bases reguladoras del programa de ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i de la Orden de 17 de abril de 2017, las solicitudes de las ayudas convocadas se presentarán a través de la siguiente dirección electrónica: https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad.html o bien en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos.html o bien directamente en la dirección: https://sica2.cica.es.
2. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el 3 de diciembre de 2019 a las 8:00 horas y finalizará el día 26 de diciembre de 2019 a las 15:00 horas.
Décimo. Datos e información sobre la actividad para la que se solicita la subvención
2. Objetivos científicos y justificación de la necesidad de la actuación. Se incluirá, adicionalmente, en este apartado:
1. Adecuación a las prioridades temáticas del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020), de la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3 - Andalucía) y al Programa Operativo FEDER en Andalucía 2014-2020.
3. Resultados esperados, difusión y explotación. Se incluirá, adicionalmente, en este apartado:
4. Descripción, características técnicas y ubicación.
5. Metodología, plan de trabajo y cronograma de ejecución estimado.
6. Presupuesto detallado (sin IVA), ajustándose a la distribución por actuaciones según Anexo I y justificación de la cuantía de los importes solicitados, mediante facturas proforma, método de estimación o cualquier otro documento.
- Experiencia previa relacionada con la actividad objeto de la solicitud, junto con currículo vitae simplificado de las personas investigadoras que intervendrán en la ejecución de la actividad.
Sin perjuicio de lo anterior, con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los solicitantes, el contenido inicial de los documentos memoria científico-técnica y trayectoria de la entidad solicitante no podrán ser modificados en ningún momento posterior a la finalización del plazo de presentación solicitudes, a excepción de lo requerido explícitamente en la fase de subsanación.
2. En cuanto a la propuesta, se valorará la excelencia científica de la propuesta, su proyección internacional y su adecuación a las prioridades temáticas del PAIDI 2020, de la RIS3 Andalucía y, en su caso, al objetivo prioritario FEDER.
3. En cuanto a la entidad solicitante se valorará:
- La contribución general a la I+D+i de la Comunidad Autónoma andaluza, experiencia previa y solvencia técnica y financiera.
- La experiencia previa relacionada con la actividad objeto de la solicitud y curricular de las personas investigadoras que intervendrán en la ejecución de la actividad.
No se admitirán propuestas con una puntuación inferior a los umbrales establecidos.
1. De conformidad con el apartado 19 del cuadro resumen más arriba referido, los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas, y en particular, los requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento se publicarán en la página web: https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad.html en los términos del artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos efectos.
1. Las ayudas objeto de la presente convocatoria se financian con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, dentro del Objetivo Específico 1 “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación” y de la programación financiera de la medida A1112058E0 “Infraestructuras de I+D Públicas”.
Las ayudas se concederán con cargo a los créditos presupuestarios disponibles de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad correspondientes a las siguientes partidas presupuestarias:
La cuantía máxima establecida para esta convocatoria de Ayudas a la adquisición de material científico y mejora de infraestructuras de I+D+i alcanza los 14.000.000 euros.
Las solicitudes presentadas tendrán de una cuantía máxima de 1.400.000 euros, correspondientes al 10% de la cuantía máxima total de la convocatoria.
La cuantía máxima se corresponde con la siguiente previsión por anualidades:
4. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder las subvenciones podrá modificar las resoluciones de concesión, en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, tal como se contempla en el artículo 29.3 de la vigente Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019.
Decimocuarto. Suspensión de la convocatoria y modificación de las resoluciones de concesión
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 29.3 de la vigente Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019, el órgano competente para conceder las subvenciones podrá dejar sin efecto la convocatoria que no haya sido objeto de resolución de concesión, así como modificar las resoluciones de concesión, en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Decimoquinto. Prevención del Fraude.
En cumplimiento de las recomendaciones de la Oficina Nacional de Coordinación Antifraude del Ministerio de Hacienda y Función Pública establecidas en su Comunicación 1/2017, de 6 de abril, que se encuentra accesible en la página web “https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-2017Canaldenuncias.pdf”, cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente convocatoria, podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habitual habilitado por dicho servicio en la dirección web “http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx”.

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resolución
artículo 47
artículo 32
artículo 17
artículo 115
resolución
artículo 45
artículo 29
artículo 29
resolución