Un supuesto grupo de exterminio, integrado por cuatro agentes policiales y tres ciudadanos de Zacatecoluca, en La Paz, enfrentan un juicio en el Juzgado Especializado de Sentencia " B " por cuatro casos de homicidios que suman cinco víctimas. La Fiscalía los acusa de homicidio agravado, intento de homicidio, hurto agravado y agrupaciones ilícitas. De acuerdo con las investigaciones, los imputados ubicaban a sus víctimas en las viviendas o lugares de trabajo para privarlos de libertad, aduciendo que eran agentes policiales y que tenían orden de captura, los subían a una patrulla y decían a sus familiares que serían llevados a una delegación para luego ser puestos a la orden de la Fiscalía y los juzgados. Ese fue el modo de actuar en los cuatro casos que se atribuye a esta estructura, afirmó el fiscal. Las investigaciones revelan que estos hechos llevaron a la estructura a cometer otros ilícitos, ya que con el ánimo de obtener financiamiento, incurrieron en el hurto de armas de fuego, en otro de los casos en un intento de homicidio. En este último, las indagaciones apuntan que el grupo buscó por todos lados a su víctima para privarla de libertad, pero al no ser posible no se consumó el hecho, detalló el fiscal. También detallan casos en que personas afines a estos grupos, hicieron pagos para mandar a matar a quienes les caían mal, además, por rencillas, amenazas, otros problemas personales y extorsión. Las investigaciones revelan que un abogado brindaba asesoría a este grupo para no dejar rastros en los hechos para no ser parte de una investigación y de esa manera, evadir toda responsabilidad penal. El testigo logra establecer un cierto grado de organización de estas personas para planificar hechos y llevarlos a cabo. Los hechos que se les atribuyen ocurrieron entre 2015 y 2018, algunas de sus víctimas eran perfiladas como pandilleros, pero otras eran personas que no tenían nada que ver con esos grupos, pero se les había ligado a rencillas personales para acabar con sus vidas. De ser hallados culpables, algunos de los procesados podrían recibir penas de entre 30 y 50 años de prisión, dijo el fiscal.