El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha confirmado este viernes que revisará la política de asilo del programa " Quédate en México " Así, el tribunal superior ha respondido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que en diciembre pidió al Supremo que evaluara la disputa legal sobre este programa, que obliga a miles de solicitantes de asilo a esperar en el país mexicano hasta la fecha de sus audiencias en territorio estadounidense. De esta manera, el Supremo ha fijado para abril los argumentos legales de una demanda presentada por los estados de Texas y Misuri contra la Administración Biden por la según ha informado la cadena CBS. El tribunal superior tendrá que decidir ahora si el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, Los estados de Texas y Misuri argumentaban en su demanda que el fin de'Remain in Mexico'( Quédate en México ) representaba una carga para los estados porque los migrantes usan los servicios estatales para conseguir tanto licencias de conducir como atención hospitalaria. Tras ello, el juez estadounidense Matthew Kacsmaryk, designado por el expresidente Donald Trump, dictaminó que ya que su suspensión " llevó a Estados Unidos a violar la ley sobre detención de migrantes ", según recogió la cadena CBS. El gobierno de Biden apeló rápidamente el fallo y, a finales de octubre, Mayorkas emitió un nuevo memorando más completo, argumentando sobre los " costes humanos injustificables " de la medida. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito - - tribunal federal con jurisdicción de apelación sobre los tribunales de distrito - - rechazó la apelación de la Administración Biden y confirmó el fallo de Kacsmaryk. Formalmente llamado'Protocolos de Protección al Migrante'( MPP, por sus siglas en inglés ), mientras los tribunales deliberan sobre su situación, según recogió el periódico'The Wall Street Journal '. Estados Unidos y México han estado negociando los términos para reiniciar el programa, calificado por la ONG Human Rights Watch ( HRW ) como una " aberración " porque " las agencias gubernamentales responsables de implementar el plan " no pueden llevarlo a cabo " de un modo que respete los Derechos Humanos ". El ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, pidió