Los abogados defensores del expresidente Elías Antonio Saca, expresaron durante la audiencia que los $ 246 millones que salieron de la cuenta subsidiaria institucional del tesoro público de la Presidencia fueron utilizados para el funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado ( OIE ). Luis Palencia quien junto a Mario Machado, representan los intereses de Saca, aseguró que ese dinero fue para actividades de inteligencia y que por ser gastos reservados de la Presidencia no podía seguirse el trámite ordinario de contraloría. Por el tema de gastos reservados relacionados a la actividad del OIE no podía publicar bajo la Ley Lacap, dijo Palencia, el abogado incluso insinuó que al proceso bien se le pudiera decretar reserva porque se revelarían secretos de Estado. Por su parte, Machado dijo que además de no implementarse la forma tradicional de erogación de fondos y contrataciones no se podía divulgar, por ser información de carácter reservada y que el personal del OIE estuvo siendo pagado con estos fondos reservados. A más de 500 agentes del OIE se les pagaba con estos recursos y se invertían mensualmente $ 1 millón solo en remuneraciones, además de pagos que pudieron haber hecho en campañas de inteligencia, asesorías financieras y otros temas de Estado. Mario Machado sostuvo que al conversar con Saca, el exmandatario le dijo, por ejemplo, que en su mandato había unas 500 sedes del OIE en todo el territorio salvadoreño y que todos los gastos salían de esa cuenta subsidiaria institucional de Capres. Yo les garantizo que mucho de ese dinero terminó en actividades del Estado, en muchas actividades de inteligencia, en muchas actividades que incluso tienen un nivel de reserva, pero lo que puedo decir de una manera muy tajante que con parte de ese dinero se pagaba todo el funcionamiento del OIE, sostuvo Machado. Los argumentos fiscales es que esos $ 246 millones que, supuestamente, Saca y los demás acusados desviaron hacia cuentas particulares de ellos y de varias sociedades, incluso a personas externas de Casa Presidencial, al ser de un fondo que se llama Cuenta Subsidiaria Especial del Tesoro Público, debían estar sometidos a la contraloría, pues no es una cuenta que solo la tiene Capres, sino todas las instituciones del