La declaratoria de culpabilidad del expresidente Antonio Saca de diversos actos de corrupción deben llamar a una profunda reflexión sobre cómo la institucionalidad no funcionó en los controles de fondos públicos y de ahí la necesidad de que estas instituciones sean dirigidas por funcionarios independientes de la partidocracia. La Corte de Cuentas de la República ha sido de las instituciones más cuestionadas porque repartía finiquitos automáticos a los expresidentes, nunca hubo una auditoría que cuestionara ningún gasto en ninguna administración presidencial en los últimos decenios. Eso demuestra que la Corte de Cuentas debe ser dirigida por magistrados independientes y no ser patrimonio de partido alguno. Pero no solo el comportamiento de la Corte de Cuentas y de sus funcionarios es cuestionable. La sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia no funcionó hasta 2009 y, al contrario, solo servía como recolectora de declaraciones. La Superintendencia del Sistema Financiero no vio pasar la danza de millones que salían en efectivo del Banco Hipotecario, otras instituciones fueron igualmente negligentes, cómplices o inoperantes. Esto no puede seguir sucediendo en el país. Estas son grandes lecciones para que la institucionalidad no siga controlada por los partidos o los gobiernos de turno.