La jueza de paz, Nelly de Pozas, fundamentó la detención provisional, que decretó la mañana del sábado a los siete imputados en el caso Destape a la Corrupción, en las especiales circunstancias del proceso judicial que sigue el tribunal cuarto de paz. El expresidente de la República, Elías Antonio Saca ; a César Funes, expresidente de ANDA ; a Élmer Charlaix, exsecretario privado de la presidencia ; a Julio Rank, exsecretario de comunicaciones ; Pablo Gómez, contador del secretario privado ; Francisco Rodríguez, jefe de la Unidad Financiera de Casa Presidencial ; y Jorge Herrera, tesorero de presidencia, continuarán en prisión preventiva por la gravedad de los delitos. La fiscalía acusa los acusa de agrupaciones ilícitas, peculado y lavado de dinero y activos. Respecto a los arraigos presentados por la defensa del caso, la jueza dijo que, a su criterio no es suficiente porque posiblemente, las penas que se van a imponer, son bastante elevadas. En su fallo, la jueza desestimó los arraigos presentados por el equipo de abogados defensores, los cuales consistían en documentos personales, pasaportes, entre otras constancias que, según la defensa, podrían impedir una fuga de los implicados. Además la jueza de Pozas no consideró suficiente el hecho que Charlaix se presentara voluntariamente a la DAN para seguir el proceso judicial. Al respecto la defensa lamentó que la jueza no diera suficiente fundamento para descartar sus argumentos. Ha dicho que la Fiscalía tiene razón, no se ha justificado porqué nuestros argumentos no son válidos, dijo la abogada Tania Pastor. Otra medida cautelar que la jueza decretó para todos los procesados, fue el embargo de los bienes muebles e inmuebles a nombre de los imputados. Al respecto, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Jorge Cortez, quien dirige la investigación, señaló que el número de bienes es grande, e indicó que continúan investigando.