Es difícil encontrar estos días en El Salvador alguien que esté en total desacuerdo con la ofensiva gubernamental contra las pandillas. Existía y existe una necesidad clara de acabar con ese flagelo que ha causado tanto dolor, muerte, migración, acoso y daños económicos en las últimas tres décadas. En el terreno, en las comunidades, la gente empieza a percibir otro ambiente. Las esquinas llenas de pandilleros en las barriadas han quedado limpias, el cobro de las extorsiones ha desaparecido o se ha reducido en gran parte del comercio, en los mercados y en las cadenas de distribución de productos. Un reconocido activista de programas educativos para jóvenes en riesgo hablaba de que se respiraba mayor tranquilidad en las comunidades. Las autoridades hablan de más de 24 mil detenciones de sospechosos de pertenecer a pandillas, incluyendo seis sujetos identificados como cabecillas nacionales de la Mara Salvatrucha, un verdadero desafío para el sistema penitenciario. Pero lo importante es que todo aquel sospechoso que se le demuestre su responsabilidad en delitos contra la población, debe recibir la sentencia que merece. Es cierto que en las últimas semanas también ha habido denuncias sobre detenciones arbitrarias - unas 350 según varios ONG - y es de esperar que aquellas personas erróneamente capturadas, sean liberadas, sería lo justo y lo correcto. Preservar la seguridad ciudadana debe ser un esfuerzo permanente, sin retrocesos. La ciudadanía debe tener la garantía que no hay vuelta atrás en combatir a las pandillas y sus actos criminales. El esfuerzo vale la pena, hay que seguir adelante, corregir lo que haya que corregir y avanzar.