Las recientes acusaciones contra una veintena de personas por su papel en la tregua del Gobierno de Mauricio Funes con las pandillas, es un caso ejemplar que revela cómo un Estado fue capaz de pactar con criminales por aparentar una reducción de homicidios y hacer con ello, cálculos electorales. Es un asunto que no debe repetirse ni tolerarse nunca más y por eso la necesidad de empujar a que la justicia dé una sentencia aleccionadora a este caso. Es dramático que el país no ha terminado de salir del asombro de las acusaciones contra varios oficiales de la PNC, de la Fuerza Armada y de Centros Penales, cuando el periódico digital El Faro reveló cómo el FMLN negoció con pandilleros durante la campaña electoral del 2014. Ya son dos los ministros de este Gobierno en los que difícilmente se puede confiar en el combate a las pandillas. El uno fue el cerebro promotor de la tregua cuando era ministro de Seguridad, el hoy ministro de Defensa. Y el otro es el ministro de Gobernación, Aristides Valencia. También ha habido dirigentes areneros en conversaciones con delincuentes. No se puede justificar el comportamiento de ningún funcionario o exfuncionario que busque un pacto con pandillas. El único compromiso es y debe ser con la seguridad de la población.