Estamos por llegar al cuarto mes sin elegir los magistrados de la Sala de lo Constitucional y los derechos de todos los salvadoreños siguen desprotegidos sin que los diputados de la Asamblea Legislativa le den prioridad a la falta de un Estado de Derecho. El Salvador está viviendo un encaprichamiento político de las fracciones legislativas del FMLN y GANA que se niegan a elegir magistrados porque simplemente quieren instalar en la Corte Suprema de Justicia a algunos aspirantes claramente comprometidos con partidos políticos a pesar que fueron de los peor evaluados y tuvieron penosas entrevistas en la comisión legislativa. Como bien lo puso el exmagistrado Florentín Meléndez, la omisión de la Asamblea está atentando contra el Estado de Derecho, la división de poderes y los pesos y contrapesos requeridos en toda democracia. Lo increíble es que en este momento, el Ejecutivo está jugando a declarar todo lo que no le guste inconstitucional y paraliza las leyes y decretos aprobados por la Asamblea. Pero más grave aún, el ciudadano común ve anulada la protección y la defensa de los derechos constitucionales. En este momento, un fraude electoral o el abuso de una autoridad no tienen ningún control constitucional, algo gravísimo que podría permitir cualquier tentación dictatorial.