Los hallazgos de micrófonos y escuchas telefónicas en cinco organizaciones críticas del Gobierno y del partido oficial, demuestran que hay una práctica de espionaje político sistemático que podría extenderse seguramente a otros sectores, una evidencia peligrosa de autoritarismo, violaciones a los derechos humanos y a las más elementales libertades públicas. Los portavoces del Gobierno han insistido que no tienen nada que ver en este espionaje, pero no es casualidad que los objetivos hayan sido estas cinco organizaciones que, hasta ahora, han descubierto esos dispositivos. La oposición arenera ha señalado al Organismo de Inteligencia del Estado de esta condenable práctica. Lo que la Fiscalía General de la República debería hacer es una profunda investigación al respecto. Si las autoridades competentes no hacen nada en este sentido y no dan con los responsables del espionaje, se estará institucionalizando la persecución política, con la complicidad de las mismas autoridades que no cumplieron con su labor. De manera que hay que dar con los responsables de estos hechos, procesarlos y condenarlos como se merecen. Una práctica de espionaje política es intolerable en una nación democrática y solo basta ver lo que le sucedió al presidente Richard Nixon y el Watergate, para entenderlo.