Un grupo de diputados presentó ayer una propuesta de reforma al Código Penal para establecer cárcel contra motoristas de buses y microbuses involucrados en muertes de personas por accidentes de tránsito. La propuesta es positiva pero insuficiente, el transporte público de pasajeros necesita algo más que un parche. Durante décadas, los contribuyentes han subsidiado el transporte público de pasajeros sin que haya auditoría alguna sobre esos fondos. Los empresarios del transporte han recibido más de $ 500 millones en subsidios en los últimos 12 años. Es evidente que, salvo contadas excepciones, los transportistas no invierten en mejorar el servicio y el mantenimiento de sus unidades y mucho menos en contratar motoristas responsables y con documentos al día. Tampoco se han hecho cargo de pagar seguros que respondan por accidentes de tránsito provocados por sus motoristas. Si un gobierno no audita cómo se invierte ese subsidio e impone su autoridad para sacar de circulación unidades mecánicamente inseguras, lo demás es mero parche. También es urgente sacar de circulación a los centenares de motoristas del transporte público que manejan sin licencia o con licencia vencida y acumulan miles de dólares en multas que nadie les cobra. Se necesita mucho orden.