Los cuestionados gobernantes de Honduras y Nicaragua han firmado un acuerdo para delimitar las aguas del Golfo de Fonseca sin tomar en cuenta a El Salvador tal como lo mandaba la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el año 1992, algo que seguramente puede terminar perjudicando los intereses nacionales. Tanto Juan Orlando Hernández como Daniel Ortega llegan a ese acuerdo precisamente en momentos que ambos afrontan elecciones generales en sus países, de manera que sus precarios regimenes buscan agitar los nacionalismos para buscar apoyo popular. El candidato de Hernández se ha rezagado en la contienda presidencial y Ortega ha tenido que recurrir a encarcelar a los candidatos presidenciales opositores y a más de una treintena de disidentes y críticos para poder garantizarse la perpetuidad en un país que hace rato vio destruida su institucionalidad democrática. Las autoridades salvadoreñas deben observar con profundo cuidado ese acuerdo ya que la alianza de esos dos dictadores puede ser un factor de inestabilidad en la región, además de que puede traer consigo el menoscabo del territorio marítimo salvadoreño y la afectación para el turismo y la pesca en el Golfo de Fonseca. Pero no hay que caer en las provocaciones de esos dos gobernantes tan cuestionados - el uno por narcotráfico y el otro por sus horribles violaciones a los derechos humanos - que pretenden arrastrar a El Salvador a una respuesta irracional. Por el contrario, hay que recurrir a instancias internacionales porque hay suficiente sustento histórico y legal para demostrar que El Salvador tiene la razón para proteger su integridad territorial.