La nueva Ley Crecer Juntos presentada esta semana por el Gobierno daría un plazo de seis meses a instituciones públicas, municipalidades y el sector privado para que puedan instalar los Centros de Atención a Primera Infancia ( CAPI ) para hijas e hijos de personas trabajadoras, que sustituirán a las salas cuna. La instalación de estos CAPI no será inmediata en los diferentes centros laborales. De acuerdo al proyecto, la generación de condiciones para la instalación y funcionamiento de los centros será gradual y progresiva. La obligación de establecer CAPI abarca a patronos con 100 o más trabajadores, tanto del sector privado como del sector público, autónomas, incluyendo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social ( ISSS ), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa ( CEL ) y las municipalidades. Deja la opción de escoger una modalidad, que puede ser instalar y mantener el centro en un lugar independiente, contar con centros comunes costeados por varios patronos o contratar servicios independientes. Los CAPI atenderán a niñas y niños menores de cuatro años, específicamente, desde que finaliza la licencia por maternidad hasta un día antes de cumplir los cuatro años de edad. Los diputados de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad establecieron como meta aprobar en la sesión plenaria del 21 de julio próximo el dictamen favorable de la ley. Acordaron recibir opiniones de instituciones y organizaciones los días viernes 10, lunes 13, miércoles 15 y jueves 16 de junio de 2022. Todas las organizaciones que vamos a invitar ya tienen conocimiento en específico de la propuesta de ley y lo que vamos a hacer nosotros es escucharlos, dijo la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas. Francisco Lira, de la Alianza Republicana Nacionalista ( Arena ), cuestionó el corto plazo que decidió la comisión para aprobar una ley con más de 300 artículos. Exhortó a encontrar un punto de encuentro dentro de la Comisión para discutir la ley punto por punto.