La bancada legislativa oficialista ha anunciado con altavoces la investigación de los fondos estatales asignados a Organizaciones No Gubernamentales ( ONG ) durante los últimos 11 años. La investigación en sí es positiva, tomando en cuenta denuncias del pasado sobre abusos y asignaciones a organizaciones ligadas a políticos. Cuidar los fondos públicos - en todas sus formas y asignaciones - es un deber fundamental de los diputados y deben cuidarse en todos los órganos de Gobierno. Desgraciadamente, en el pasado reciente, en medio de asociaciones, fundaciones y organizaciones de bien que reciben fondos estatales y los usan adecuadamente para beneficio de los salvadoreños más necesitados, aparecieron varios ONG ligados a dirigentes políticos de todos los signos, que se aprovecharon de esos fondos. Sin duda hay y habrá asociaciones que siempre necesitarán subvenciones estatales para desarrollar sus obras sociales. Hay ONG que dedican su obra a atender a enfermos con cáncer, a financiar operaciones quirúrgicas o conseguir cirujanos extranjeros que llegan al país, también hay obras de beneficio a los jóvenes de zonas marginales como una manera de prevenir la violencia. Esta investigación debe hacerse con objetividad y seriedad, sin que sea motivada por venganzas políticas sino por el correcto uso de fondos, sin generalizar porque hay verdaderas obras humanitarias entre esos ONG, como también hay otros que no merecen haber recibido esos fondos porque solo fueron pretextos para el clientelismo político como se ha demostrado en diversas denuncias periodísticas durante los últimos años.