El cese de los despidos injustificados y la reinstalación inmediata de los casos ya resueltos por el Tribunal del Servicio Civil fue una de las demandas más frecuentes de los sindicatos y las organizaciones que marcharon este domingo en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. La representante del Sindicato de Trabajadores de la Salud ( Sintrasalud ) e integrante de la Confederación de Trabajadores Salvadoreños ( CNTS ), Silvia Navarrete, afirmó que solo en 2022, más de 2, 000 empleados que laboraban para las alcaldías municipales, Asamblea Legislativa, instituciones autónomas y semiautónomas fueron despedidos de forma arbitraria y sin seguir el debido proceso, violando las leyes laborales. Exigimos el respeto a la libertad sindical y la estabilidad laboral, exigimos el reinstalo inmediato de todos aquellos trabajadores que tienen una resolución favorable, manifestó. En esa dirección se expresaron representantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular ( BRP ), quienes pidieron al Gobierno legalizar 400 organizaciones sindicales que no han sido acreditadas a la fecha, lo cual va en detrimento de la clase trabajadora. Navarrete demandó del Estado una nueva ley de pensiones que realmente beneficie a la clase trabajadora y no a la empresa privada. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Movimientos Populares Salvadoreños denunció que este año conmemoraban un día histórico en un ambiente similar a las dictaduras militares de los años 70 y 80 que sufrió la clase obrera y campesina con declaraciones de funcionarios que criminalizan y estigmatizan la protesta social, así como la defensa de los derechos laborales y humanos de las personas más vulnerables de este país. El juez Juan Durán interpretó la participación ciudadana como acción de vencer el miedo y la zozobra que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, intentó crear para no salir a marchar. El Gobierno ya sabía que no podía impedir que el pueblo saliera a manifestarse en un día de conmemoración internacional, aunque también influyó el llamado que hizo la Organización de Naciones Unidas y el mismo cardenal Gregorio Rosa Chávez, afirmó el juez. Explicó que cuando se le han quitado todos los derechos la gente no tiene otra