Las acusaciones contra el alcalde de Apopa, Elías Hernández, y una veintena más de personas muestra cómo sucede la infiltración de la criminalidad en las instituciones del Estado. El ejemplo es a nivel micro, focalizado en un municipio, pero el caso de la tregua también demostró que las pandillas pueden llegar a niveles elevados de un Gobierno para pactar con ellos. La pandilla 18, según la PNC, se infiltró en la alcaldía de Apopa y desde ahí extorsionó, ordenó asesinatos y cometió actos de terrorismo, con la participación de empleados municipales y la permisividad absoluta del alcalde municipal. Los antecedentes que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía le atribuyen a Hernández son para cuestionar por qué ARENA seleccionó a un personaje como éste como candidato a alcalde. Los partidos políticos en general deben tener sumo cuidado porque ya se ha visto a alcaldes, diputados y otros altos funcionarios con nexos con delincuentes, narcotraficantes y otros oscuros personajes. Tristemente la Fiscalía se ha enfocado en una municipalidad pequeña - que por supuesto, si hay delito debe perseguirse - pero es lamentable cómo parece haber abandonado el caso de la tregua, donde funcionarios de más alto nivel estuvieron involucrados, pero que parecen intocables e impunes.