El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador concluyó que el manejo de los fondos de las tiendas institucionales, bajo las direcciones de Rodil Hernández y Nelson Rauda, fueron ilegales, al no estar regulados en los manuales de funcionamiento ni en la ley Penitenciaria. Ambos exfuncionarios utilizaron los fondos para pagar inteligencia, sobresueldos, viáticos, gastos de representación y préstamos a empleados. Los fondos de las tiendas institucionales no son para gastos administrativos, salarios, inteligencia porque no benefician a la población penitenciaria, sostuvo uno de los jueces en la lectura del fallo. El tribunal condenó a dos años a los exfuncionarios por el delito de actos arbitrarios, pero la pena de cárcel fue reemplazada por trabajo de utilidad pública. Ambos fueron absueltos por administración fraudulenta y toda la responsabilidad civil. Los jueces se refirieron a las declaraciones de los exministros de Justicia David Munguía Payés y Benito Lara ; el primero dijo que durante 13 o 14 meses, extrajeron entre $ 2, 000 y $ 2, 500 de las arcas de las tiendas institucionales para el rubro de inteligencia. Uno de los testigos confesó que en una ocasión se entregó a Ricardo Perdomo $ 7, 700 para gastos de inteligencia por instrucción de un ministro de Justicia. La pericia desarrollada por contadores de la Corte de Cuentas estableció que Nelson Rauda tomó $ 64, 000 y Rodil Hernández $ 125, 938 para gastos de inteligencia ; además $ 5, 000 en gastos de representación en gira por Europa, $ 24, 134 en pago de salarios y concedió préstamos de $ 20, 000, $ 8, 000 entre otros. Mientras Rodil Hernández entregó viáticos por $ 10, 000 a personal bajo su cargo y otorgó préstamos por $ 6, 000 y $ 8, 000 al personal, como para citar ejemplo. La auditoría también evidenció que en esas condiciones las tiendas institucionales reflejaban pérdidas, como lo afirmó el exministro Benito Lara en su declaración y los jueces en su fallo, pusieron como ejemplo que sus deudas se mantuvieron en $ 1, 200,