uno de los agentes me tomó, cuando me daban el DUI y el celular. Simulaban que yo recibía la extorsión que la víctima entregaba. El juez dijo que debía quedar detenida. Regresé a la asquerosa bartolina de Sonsonate y mi abogado pidió una audiencia especial 20 días después, para que me dieran medidas. El juez accedió, pero la fiscalía apeló y una Cámara ordenó que siguiera detenida. Pasé cuatro meses tras las rejas por un delito que no cometí. En la siguiente audiencia, el juez dijo que el caso debía ir a juicio, pero me dio libertad bajo medidas : tenía que ir a firmar cada 15 días. Mi juicio pasó al tribunal de sentencia de Sonsonate, pero se frustró en tres ocasiones, pasó el año 2016 y el juicio se hizo hasta en julio de 2017. No llegó el fiscal titular, y tampoco la supuesta víctima a la que había extorsionado. Tampoco llegaron los policías que me detuvieron, ni el investigador. El tribunal me dejó libre. La fiscalía buscó apelar, pero en enero de este 2021, y cinco años después de la tortura, una Cámara confirmó mi absolución. Mi tortura duró cinco años y cuatro meses. Mi familia dependía de mi y tras mi detención todo se vino abajo. Tuvieron que buscar una casa más pequeña, un solo cajón. Mi mamá y mis hermanas estaban mal, porque yo estaba en prisión. Una de mis hermanas dejó de estudiar, porque ya no había dinero. Encima, no podía encontrar trabajo, no tenía solvencia policial y en las entrevistas me negaban los empleos, cuando decía que había estado en prisión, a pesar de haber sido absuelta. Tenía un estrés agudo, que se convirtió en un estrés postraumático, había gente que me señalaba mal. Tenía miedo, no podía ver una patrulla policial cerca, porque temblaba, sentía que me iban a detener luego, lloraba, tenía pesadillas, fue un proceso de rehabilitación bien difícil. Poco a poco fui saliendo de eso. Me convertí en defensora de derechos humanos y conocí cómo debían ser los procesos. Me apoyé en la Asociación Azul Originario. Ahora trabajo en grupos de familia y apoyo a personas que han pasado