la PDDH había atendido, al menos, siete casos mensuales de víctimas de desplazamiento forzado, pero este año han incrementado a 12, y solo en el primer trimestre del 2018 documentan 38. El protocolo nos ha servido para identificar mejor las necesidades de protección que tienen las personas ; la procuraduría al inicio del recibo de casos, estoy hablando de cuatro o seis años atrás, estaba calificando y atendiendo los casos como casos particularmente referidos a la inseguridad o afectación de un derechos específico, pero al dimensionar, revisamos los mecanismos de atención para dar una mejor respuesta a las personas, explicó Alegría sobre una reingeniería de la PDDH para reconocer la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado en el país. Alegría dice que cuando los recursos no alcanzan recurren a la sociedad civil.