El asesinato de un inspector y dos agentes de la Policía Nacional Civil el pasado miércoles nos muestra cómo la delincuencia sigue teniendo fuerza, que sigue controlando algunas zonas y que la ofensiva contra las pandillas debe ser constante y decidida. Las pandillas han sido el principal problema de seguridad de los salvadoreños en el último cuarto de siglo, ya sea por incapacidad o por falta de voluntad, los sucesivos gobiernos fueron incapaces de detener este problema que fue evolucionando de un asunto delincuencial en comunidades marginales hacia bandas de crimen organizado. Por supuesto que se trata de un crimen detestable y condenable. Una emboscada cobarde y sus responsables deben ser perseguidos penalmente y recibir la condena judicial que merecen. En todo país que se precie de tener un Estado de Derecho no se puede tolerar un ataque de este nivel hacia los agentes del orden, así como no se puede tolerar abusos de las mismas autoridades hacia la población. La lucha contra las pandillas hasta su neutralización definitiva debe ser una meta de país, de toda la sociedad. Los salvadoreños no podemos vivir secuestrados por bandas delincuenciales que extorsionan, acosan, roban, asesinan y violan a nuestra población. No puede ser normal que las pandillas manden más que las propias autoridades. Esperemos que los responsables de estos detestables crímenes sean capturados y juzgados de manera efectiva y aleccionadora. Así como no se puede tolerar el asesinato de civiles inocentes a manos de las pandillas, tampoco se puede aceptar o tolerar que se ataque a los agentes del Estado.