, dijo Villalta. Pidió definir y etiquetar específicamente cuanto se va a invertir en la implementación de la nueva ley que sustituirá desde el próximo 1 de enero del 2023 a la ley Lepina. Lo que va a pasar es lo mismo que estaba pasando con el actual sistema, que los Comités Locales y Juntas de Protección estaban limitadas, advirtió. Las organizaciones afirmaron que es importante que la ley tenga los recursos para poder operativizar cada uno de los artículos de la ley, y que las nuevas instituciones creadas, atengan las herramientas. para desarrollar sus trabajo territorial en materia de protección y prevención en derechos humanos de la niñez y adolescencia. Así mismo, mencionaron otros desafíos que la ley plantea y que serán fundamentales para el desarrollo de sus objetivos, entre ellos ; cambiar las actitudes en los procedimientos, apostar a la sensibilización de personas que tratan con niños y adolescentes. Como aciertos señalaron la introducción de la primera infancia como una etapa de la niñez, desde la concepción hasta los 8 años. Además, la protección de hijos e hijas de privadas de libertad y menores en condición de vulnerabilidad.