Las horribles imágenes de un agente de la Policía Nacional Civil agrediendo brutalmente a un niño en la entrada del Centro Escolar Caserío Los Cimientos, cantón Joya El Matazano del municipio de Yamabal, nos indignó a toda la sociedad y aunque luego se supo que lo ocurrido corresponde a 2017, igualmente es inaceptable e injustificable lo sucedido. La Policía Nacional Civil es garante de la seguridad pública de los salvadoreños y la sociedad aprecia sus esfuerzos y sacrificios pero también debe ser garante de los derechos humanos y libertades fundamentales de la ciudadanía. El presidente Nayib Bukele, el fiscal general Raúl Melara, el director de la PNC y otras autoridades han manifestado su repudio a esas imágenes y han demandado todo el peso de la ley contra el agente responsable de esa agresión y contra los policías que pasivamente observaron, a pesar de la evidente violación a los derechos del niño. Eso es positivo pero hay que recordar que lamentablemente, no es el único paso. En este caso, el agresor ejerce una violencia brutal contra la víctima, ante la mirada cómplice de sus compañeros uniformados, el niño no puede defenderse y mucho menos representa un peligro o amenaza para los agentes. La Policía Nacional Civil tiene un grave problema por la poca eficiencia de sus mecanismos de control operativo y disciplinario. Como sociedad somos conscientes que hay que mejorar la seguridad pública pero cualquier abuso es injustificable e inadmisible y debe ser castigado con rigor.