El abogado Lisandro Quintanilla, quien defiende al diputado del Parlamento Centroamericano ( Parlacen ), Norman Quijano, explicó ayer que valoran no participar en la comisión de antejuicio que conformó el pasado martes, la Asamblea Legislativa. ( Valoramos ) no vamos a participar en esa comisión ilegítima, porque eso significaría legitimar un procedimiento totalmente espurio, un procedimiento totalmente ilegal, inconstitucional, violatorio de los elementales principios del derecho, como es la legalidad, dijo Quintanilla ayer a Diario El Mundo. Quintanilla explica que todo el proceso hecho por la Asamblea es inconstitucional por al menos tres motivos. El primero es porque el artículo 144 de la Constitución de la República, reconoce a los tratados internacionales como parte del ordenamiento jurídico, y según él, la Asamblea no está respetando las facultades que el Parlacen tiene, y que El Salvador ha reconocido, ratificando el tratado de constitución del Parlamento. Los tratados internacionales tinene una relación de prevalencia sobre las leyes de El Salvador, entonces los tratados están sobre el Código Penal y de cualquier otra ley, nunca por encima de la Constitución por supuesto, pero si por encima de la ley, pero en este caso al ser el tratado constitutivo del Parlacen y su reglamento, parte del ordenamiento jurídico internacional que ingresan a El Salvador por el artículo 144 de la constitución es derecho objetivo y eso debe ser respetado por la Asamblea Legislativa, entonces conformar una comisión de antejuicio irrespetando la competencia que el Parlacen tiene, que está establecido en el tratado eso lo vuelve inconstitucional, sostiene Quintanilla. En segundo lugar, el abogado defensor de Quijano dice que el proceso de la Asamblea es inconstitucional porque la prerrogativa que el artículo 238 da es para el derecho interno, y que el tratado del Parlacen establece la inmunidad en el Estado sede, Guatemala, y en el resto de Estados que conforman el Parlamento. Añade un tercer motivo de inconstitucionalidad, a su criterio, y es que el artículo 11 y 12 dice que nadie puede ser despojado de sus derechos sin antes haber sido oído y vencido en juicio. Quintanilla cuestionó que el fiscal general