La Fiscalía General de la República solicitó al Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador que imponga penas de 5, 10 y hasta 15 años de prisión a siete miembros de la familia Flores Batres originaria de Morazán, acusada de lavar más de $ 12 millones, entre 2004 y 2015. De igual manera, pidió al tribunal que la familia sea condenada civilmente por igual suma supuestamente blanqueada. La representación fiscal, hizo esas peticiones en sus alegatos de cierre de un juicio que ya va por la cuarta semana y en la que asegura haber ventilado abundante prueba con la que se ha podido romper el derecho de la presunción de inocencia de la familia imputada. Asimismo, pidieron al tribunal colegiado que condenen civilmente a cada uno de los procesados según fue su participación delictiva en los hechos que se les acusan. La pena máxima de prisión, 15 años, fueron solicitadas para Jaime Adalberto Flores Batres considerado el líder de la supuesta estructura, Rosa Delmy Amaya Márquez y María Verónica Rodríguez Rivera. De ahí, 10 años para Sonia Maricel Amaya Márquez, ocho años para Sandra Yasmín Flores, cinco años para Rosa Batres Viuda de Flores y María Brígida Márquez. Agregó el principal implicado, Jaime Adalberto Flores Batres introdujo cantidades exorbitantes de dinero al sistema bancario nacional sin el respaldo documental o por actividad económica en los Estados Unidos, Perú y El Salvador. Los peritos revisaron documentación de los Estados Unidos y Perú, pero que le fue insuficiente para poder manejar las cantidades de dinero que los procesados han manejado en el sistema financiero nacional, aseveró el fiscal. Con prueba documental, pericial y testimonial aportada, la Fiscalía espera una condena por el delito de lavado de dinero y activos para todos los implicados, afirmó el fiscal. Pero la defensa tiene un criterio diferente y justifica el patrimonio de la familia acusada, según los ingresos obtenidos de dos empresas creada en los Estados Unidos entre 2001 y 2009 ; además otra constructora fundada en Perú, así como la venta de bienes y raíces en Estados Unidos y El Salvador ; la colocación de depósitos a plazos en más de 13 ocasiones en el sistema financiero nacional. Este caso