El jueves pasado se conoció la suspensión de El Salvador del Grupo Egmont, un ente internacional que comparte información que facilita el combate del lavado de dinero y la corrupción y ya se empiezan a conocer las consecuencias de semejante medida para el país y todos los salvadoreños. La suspensión es fruto del veto del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, a las reformas que daban autonomía técnica a la Unidad de Investigación Financiera ( UIF ) de la Fiscalía General de la República ( FGR ). El veto también intentó ser superado en la Asamblea Legislativa, pero diputados del FMLN y GANA lo impidieron. La falta de una Sala de lo Constitucional, además, ha impedido que este asunto se dirima de otra manera. Ya se ha advertido que la medida impactará negativamente en la calificación de riesgo país, afectando la inversión e incluso puede provocar problemas con la cooperación internacional. El Salvador muestra así su debilidad institucional, frena las investigaciones de corrupción que realiza la Fiscalía General de la República, puesto que no podrán recibir información desde el exterior. ¿ Es eso lo que se quiere para el país? ¿ Será muy grande el deseo de proteger a algunos individuos aunque se perjudique a todo un país? Esa parece la verdadera motivación.