Quince años de prisión para dirigentes o jefes militares y la posibilidad de un procedimiento abreviado a colaboradores son las disposiciones solicitadas a la Asamblea Legislativa por organizaciones y víctimas del conflicto armado en una Ley de Justicia Transicional. Representantes del Comité de Madres Óscar Arnulfo Romero ( Comadres ) reiteraron este lunes a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea que aprueben la propuesta de ley entregada en octubre de 2021. Dicho anteproyecto señala que a las cúpulas, jefaturas, dirigentes en la cadena de mando, las instituciones u organizaciones a través de las cuales se perpetraron las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario se les aplique una pena de prisión no inferior a 15 años. Sin embargo, el documento considera la posibilidad de un procedimiento abreviado con un régimen de penas reducido a : la tercera parte de la pena mínima hasta la pena mínima, lo que aplicaría a imputados con una conducta menos reprochable que los autores o partícipes. Sin embargo, eso sería bajo ciertas condiciones : que revelen las prácticas o patrones de perpetración de violaciones a derechos humanos ; identifiquen los autores directos, partícipes, instigadores o cómplices de los crímenes ; determinen la ubicación de las pruebas para el esclarecimiento de los hechos y la participación de los responsables ; y ubiquen el paradero de víctimas o el de sus restos. Comadres, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho ( Fespad ) y víctimas de la guerra civil se reunieron frente a la Asamblea para pedir a los diputados garantizar la búsqueda de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual sanción de todas las personas responsables. Desde 1993 la palabra que ha reinado sobre este tema es la impunidad. La palabra que debe sustituirse por la palabra impunidad es justicia. Por estándares internacionales las personas responsables de los graves crímenes no se les puede generar una sanción pequeña, sugirió David Ortiz, de Fespad. Rafael Segura, de Comadres, aseguró que la verdad la encontramos en los archivos militares. Segura enfatizó que el Estado salvadoreño debe f