El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, presentó un amparo ante la Sala de lo Constitucional y pidió a los magistrados de esta, que revisen la decisión de la Sala de lo Penal, que en 2020, cerró definitivamente el expediente judicial del caso de la masacre jesuita. En octubre del 2020, la Sala de lo Penal decidió cerrar el expediente judicial bajo el argumento que los delitos habían prescrito.