Si El Salvador tuviera que pagar toda su deuda pública este 2022, tendría que destinar $ 0. 78 por cada dólar que se produzca en la economía. Un escenario improbable, pero que refleja el peso de los compromisos que deben atender los próximos gobiernos por lo menos hasta 2052, cuando se tiene programado el último vencimiento de la deuda actual. Estos compromisos aumentaron $ 1, 593. 26 millones ( un 6. 7 % ) en comparación con el mismo período del 2021 y representan el 78 % del Producto Interno Bruto ( PIB ) estimado para este 2022. De ese saldo total, se obtiene la deuda del sector público no financiero ( SPNF ), es directamente responsabilidad del Ministerio de Hacienda y que a agosto alcanzó los $ 23, 990. 3 millones ( el 75. 3 % del PIB ). El Gobierno puede contratar deuda a través de emisiones en el mercado local, con inversionistas internacionales ( bonos ) o con préstamos a multilaterales. Como en todo crédito particular, se fija una tasa de interés, amortizaciones programadas y una fecha de vencimiento. Para los próximos 12 meses, el Gobierno tiene que pagar $ 2, 388. 3 millones en deuda de corto plazo, de los cuales $ 1, 290. 8 millones corresponden a Certificados del Tesoro ( Cetes ) y $ 1, 097. 5 millones a Letras del Tesoro ( Letes ). Estos compromisos se obtienen en el mercado local, donde los bancos y las AFP son los principales compradores. Luego están los compromisos de mediano y largo plazo, donde la deuda en eurobonos tiene el monto más importante por hasta $ 7, 758. 1 millones, equivalente al 32. 3 % de las obligaciones del SPNF. En este portafolio hay 10 emisiones, cuya mayor preocupación ha sido el vencimiento de $ 800 millones para enero de 2023. El Gobierno lanzó una compra anticipada de estos certificados - y también de 2025 -, pero solo logró adquirir el 16. 3 % de los compromisos que se deben honrar el próximo año, por lo que aún debe alistar $ 666. 9 millones. Los préstamos con multilaterales - como el Banco Mundial, BID o BCIE - representan $ 5, 129. 8 millones y los