El presidente Salvador Sánchez Cerén admitió la noche del martes que el país se encuentra en una crisis financiera y un déficit fiscal históricos. La afirmación es dramática y pone en su justa dimensión una realidad que muchos han intentado esconder. El presidente fue más allá y dijo que su gobierno está en emergencia debido a esta crisis. Insistió en la reforma de pensiones - una propuesta muy arriesgada e impopular - y en una serie de medidas, mientras abría la puerta a la negociación política con la oposición en busca de un acuerdo. Los problemas fiscales y financieros del país son profundos. El país crece al mínimo desde hace más de una década y se cuestiona incluso la realidad de las cifras macroeconómicas, presuntamente maquilladas. La inversión es escasa debido a un clima de negocios bastante incierto, con un partido oficial que repetidamente cambia las reglas del juego y que mantiene una retórica antiempresarial que restringue el ánimo de cualquier inversor. Un acuerdo fiscal es necesario y urgente, ciertamente, pero también lo es un cambio de actitud hacia la empresa privada, hacia el respeto a la institucionalidad democrática y un giro en ese discurso confrontativo del oficialismo que nada bueno ha dejado en los últimos siete años. Así se abre el camino a mejorar.