La lista de los 29 funcionarios y exfuncionarios investigados por la Sección de Probidad divulgada ayer por Diario El Mundo, demuestra la amplitud de casos de todo el espectro político que se indagan por enriquecimiento ilícito. Los dos primeros casos, ya procesados, demuestran evidentes irregularidades. Hay otros 26 en proceso y viendo de quiénes se trata, es obvio que no es persecución política, como han sugerido algunos de los personajes cuestionados. Hay miembros de algunos partidos e integrantes de varios gobiernos. Lo aleccionador de esto es que así debe funcionar la institucionalidad, sin el manoseo ni la manipulación tradicional ejercida en el pasado. La Sección de Probidad y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben actuar con suma seriedad y profundidad en las investigaciones, haciendo cumplir la ley con todo el rigor que se merece, sin ningún sesgo político ni afán de venganza. Durante décadas, la sociedad salvadoreña ha criticado y denunciado actos de corrupción, es hora que esta práctica se termine y solo una institucionalidad fuerte que transparente la función pública y permita la vigilancia ciudadana en el uso de fondos y bienes públicos, podrá combatirla con seriedad. Bien por Probidad, a ver cómo contribuye la Fiscalía en esta labor.