En el tercer día de juicio contra una estructura de 43 supuestos miembros del Barrio 18, Revolucionarios, que operaban en los alrededores de la plaza Libertad en San Salvador, un investigador de la Policía Nacional Civil afirmó que el bono de $ 300 que el gobierno dio para paliar la crisis por la pandemia en el 2020, vendedores informales, pandilleros y sus familiares, lo gestionaron ante el Ministerio de Trabajo. El investigador relató ante el Juez Especializado de Sentencia A que por intervención de llamadas telefónicas captaron un plan en el que vendedores del sector informal de San Salvador, palabreros del Barrio 18 y sus familiares ; entre ellos El Bleyser y el Cejas, no habían recibido la ayuda del gobierno, se organizaron para que un funcionario que no identificaron, del Ministerio de Trabajo intercediera para que se los diera. Guadalupe Muñoz, madre del Cejas, un palabrero de la pandilla 18 nos dijo que regresaba de dejar el documento porque Norma les había dicho que les sacaría el bono ; porque no a todos les había salido, relató el agente. Ese día, sin precisar fecha exacta, pero en abril de 2020, afirmó el testigo, tres equipos de investigación fueron desplegados para darle seguimiento al caso ; uno se ubicó frente a la cervecería El Levantón, que tiene una oficina adyacente sobre la 8a. Avenida Norte y Avenida Monseñor Romero en la capital, otro en el Ministerio de Trabajo y un tercero en apoyo. Ahí vimos una afluencia de personas que llegaban e ingresaban a la oficina donde entregan documentos como el DUI, afirmó el agente. Los encargados que recibían esa documentación fueron identificados como Marco Ulises Landaverde, Norma Aguirre y José Audalí Lico. Posteriormente, afirmó el agente investigador que vieron que esas tres personas se subieron a un vehículo rojo y se dirigieron a las oficinas del Ministerio de Trabajo en el Centro de Gobierno. Antes de ingresar al Ministerio de Trabajo los intervenimos y verificamos qué tipo de documentos llevaban en fólderes y eran DUIs, luego los dejamos que siguieran el trámite e ingresaron al edificio, explicó el investigador. José Manuel Arucha