En el Juzgado 9o. de Instrucción de San Salvador, la Unidad de Investigación Financiera ( UIF ), de la Fiscalía General de la República, procesa a cinco personas en dos casos de lavado de dinero. En uno acusó por $ 68 millones y en otro por $ 10 millones, pero en ambos dictámenes de acusación, la Fiscalía no hace referencia a esas cifras, ni siquiera ha presentado los peritajes financieros contables que determinen el monto exacto que supuestamente los acusados blanquearon. A 14 meses de haber judicializado los hechos, la UIF no sabe hasta la fecha cuánto es el monto que presuntamente lavaron José Misael Cisneros Rodríguez, alias Medio Millón, su cuñado Rafael Eduardo Ardón Romero y su hermana, Sandra Guadalupe Cisneros Rodríguez. Los tres fueron acusados el 14 de septiembre del año pasado en el Juzgado 9o. de Paz de San Salvador por un blanqueo de $ 68 millones, pero lo que plasmaron en ese requerimiento no se refleja en el dictamen de acusación. Lo mismo ocurre en el expediente contra el bogado Mario Calderón y su esposa Claudia María Herrera, señalados de lavar $ 10 millones y cuyo caso fue puesto a la orden del mismo juzgado de paz el 21 de septiembre del año 2015. El denominador común en los dos procesos es que no hay cifras exactas de lo que supuestamente lavaron ; no hay testigos claves y tampoco se han presentado - hasta la fecha - pericias financieras contables ; solamente se han ofrecido, pero el juzgado no las ha recibido. Desde que fueron judicializados los dos expedientes, hace un año y dos meses, la Unidad de Investigación Financiera sigue sosteniendo sus casos con indicios y al revisar los procesos en el Juzgado 9o. de Instrucción no hay una diferencia entre el requerimiento y el dictamen de acusación. Según el Código Procesal Penal, el requerimiento es la llave del proceso donde solamente se habla de indicios, mientras que el dictamen de acusación oferta la prueba que se recolecta en la fase de instrucción y que sirve para fundamentar la imputación. En los dos expedientes de lavado de dinero, la