El fiscal general, Raúl Melara, ha anunciado un plan que busca crear un pacto nacional contra las extorsiones y que incluiría al sector privado y al Gobierno central, emulando el acuerdo que acabó con la ola de secuestros que afectaba al país a inicios de este siglo y del que el propio funcionario fue parte cuando asesoraba a la principal gremial empresarial. El esfuerzo vale la pena y debe ser apoyado por toda la sociedad salvadoreña para desbaratar definitivamente esas estructuras de extorsión que a diario exprimen a empresas de todo tamaño y afectan a ciudadanos de todas las clases sociales y orígenes. Gremiales de microempresas han hablado de que hasta el 90 % de sus miembros sufren de este flagelo mayormente ejecutado por pandillas. De manera que después de los homicidios, las extorsiones deben ser el segundo gran frente de combate contra el crimen organizado. La Fiscalía junto a la empresa privada y los cuerpos de seguridad del Gobierno Central deben unirse en estrategias de combate frontal a los extorsionistas, demostrar que, como sucedió en los secuestros, la población puede confiar en sus autoridades que oportunamente actuarán y condenarán a los delincuentes que han tenido de rodillas a la población por las últimas décadas.