La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia habilitó a la Fiscalía General de la República ( FGR ) a continuar procesos penales contra empresas o personas que enfrentaban procesos administrativos por posible evasión de impuestos. En cuatro resoluciones distintas correspondientes a demandas de amparo, la Sala sobreseyó a la Dirección General de Impuestos Internos ( DGII ) del Ministerio de Hacienda de vulnerar derechos al no resolver definitivamente procesos administrativos. Así mismo, la Sala ordenó terminar con las medidas declaradas por los magistrados antecesores, destituidos el 1 de mayo de 2021, la misma fecha de su nombramiento. De esta forma, la Sala declaró imposible conocer asuntos que, afirmó, no poseen relevancia constitucional, ya que los considera asuntos de mera legalidad. Una de las empresas demandantes, Intratex, S. A. de C. V., argumentó que es requisito indispensable que el procedimiento administrativo en la DGII culmine con una resolución definitiva, por lo que la DGII no debía abstenerse de continuar el trámite administrativo al enviar avisos penales a la FGR. Por su parte, la DGII sostuvo que respetó el artículo 23 del Código Tributario, que indica que cuando se conozcan delitos se comunicará a la FGR absteniéndose de continuar el procedimiento administrativo. La DGII, sin embargo, dijo en el proceso que ante la medida cautelar de la Sala anterior, se optó por el agotamiento de la vía administrativa, emitiéndose informes de auditoría y una resolución, el 28 de abril de 2021, ante la cual la sociedad interpuso recurso de apelación. En este caso, la Sala habilitó a la Fiscalía a continuar el proceso penal e interponer un recurso de casación contra una resolución de la Cámara Tercera de lo Penal que, en octubre de 2020, decretó sobreseimiento definitivo, así como que valore si interpone requerimientos por presuntos delitos en procesos correspondientes a 2018 y 2019. Una segunda empresa demandante es Molinos de El Salvador, que argumentaba falta de resolución definitiva ; la DGII señaló que no declaró ingresos gravados correspondientes a incremento patrimonial no justificado. En octubre pasado, la Sala de