Las organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos pidieron al Estado acatar la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que ordena reconocer el desplazamiento forzado por violencia. La Corte ha dicho que se debe reconocer el desplazamiento interno por violencia generalizada en El Salvador ; el llamado es para que las instancias estatales cumplan en los seis meses de plazo que la Corte Suprema de Justicia ha dado en función de proteger a las mismas víctimas, aseveró Celia Medrano, directora de programas de Cristosal. Según explicó Medrano si el Estado busca información queriendo encontrarla será más eficaz para cumplir con el plazo que ha dado la Sala de lo Constitucional y les facilitará hacer un diagnóstico efectivo, sobre dicho problema y dar una solución. Así mismo el director del Idhuca, José María Tojeira, aseguró que tanto las víctimas de desplazamiento interno como las organizaciones que han apoyado a las víctimas, esperan que la Asamblea Legislativa legisle en garantía de una calidad de atención con parámetros de estándares internacionales, es decir, que sean atendidos según las necesidades físicas, psicológicas y económicas que tengan los desplazados. Tojeira indicó que las organizaciones que han colaborado en la defensa de los denunciantes están dispuestas a apoyar al Órgano Legislativo en una mesa o subcomisión como asesores técnicos, si les necesitan para legislar, sobre desplazados internos forzosos. Afirmó que después de la resolución, confían en que la atención que brinda el Estado a las víctimas por desplazamiento mejore, ordenando la manera en que son atendidas en áreas de reubicación y protección. Para las organizaciones es fundamental que el Estado recobre el control territorial de las zonas dominadas por pandillas para evitar futuros desplazamientos, y señalaron que se deben emitir leyes que protejan a las víctimas de desplazamiento forzado por violencia. Hasta ayer, el Estado no ha dicho si reconocerá el fenómeno o no acatará la sentencia de la Sala.