La Sección de Probidad ha hecho un trabajo extraordinario en investigar a funcionarios y exfuncionarios en sus declaraciones patrimoniales, descubriendo irregularidades, omisiones y posibles delitos que la Corte Suprema de Justicia ha considerado que merecen un proceso civil por enriquecimiento ilícito. Por eso la clase política intentó cortarle las alas a Probidad y a la Corte Plena, con una nueva ley de enriquecimiento ilícito, que pretendía darle a los magistrados de la Sala de lo Civil el control de los procesos, en lo que parecía compadre hablado puesto que casualmente, dos de esos magistrados suelen votar en contra de las decisiones de la mayoría de sus colegas. Ahora los procesos contra dos expresidentes de la República, un exdirector del ISSS y un diputado, están en curso. Deben respetárseles todos sus derechos en un debido proceso, como a cualquier otro ciudadano y además, evitar el linchamiento político y la saña judicial que se le hizo al expresidente Francisco Flores, con las trágicas consecuencias que generó. Probidad debe continuar su trabajo con seriedad, objetividad y con estricto apego a la ley, sin discriminar a los investigados por razones partidarias. El país necesita mayor transparencia y lograr un cambio profundo en el manejo de los bienes y fondos públicos. Probidad está contribuyendo a que eso suceda.