Esta semana debería definirse la persona que ocupara los siguientes tres años el cargo de procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, de una magistratura moral y constitucional del más alto nivel, en cuyo ejercicio se vigila a las autoridades de todos los órganos del Estado. De igual forma, están en ciernes decisiones como la aprobación de una verdadera Ley de Reconciliación y la Ley General del Presupuesto para el 2020, ambos textos de los que depende la satisfacción de derechos humanos, el éxito de las funciones públicas y el cumplimiento de los compromisos que el Estado tiene con los gobernados, con sus proveedores y socios e incluso con sus acreedores. Estas y otras decisiones de primer orden están sujetas a la decisión mayoritaria del pleno legislativo, deben surgir de un debate público en el que las prioridades de la administración queden claras y en las que el bienestar colectivo se haga sentir sobre los intereses partidarios. La Constitución pues, le brinda al Órgano Legislativo la oportunidad reiterada de cumplir con su misión de legislar y garantizar de esta manera la buena marcha de la mayoría de asuntos públicos. Pese a la poca confianza que en la mayoría de encuestas expresa la ciudadanía, la Asamblea puede y debe dar muestras de sabiduría y madurez política.