Acostumbrada la sociedad salvadoreña a transitar por su historia entre ciclos de autoritarismo e impunidad, la reciente decisión de la Audiencia Nacional de España, de condenar al coronel Inocente Orlando Montano por su implicación en el Caso Jesuitas, trae aparejada una serie de consideraciones que no se deben ignorar. Primero, deja en evidencia la aún escasa capacidad del sistema de justicia salvadoreño para investigar, procesar y castigar delitos complejos que repercuten en la vida política y de los ciudadanos. A la vez, demuestra que la responsabilidad delimitada por los tribunales a partir de la cadena de mando en instituciones tan jerarquizadas como los cuerpos militares y de policía, pueden y deben acarrear responsabilidad individual para los mandos que la conducen. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido con Montano, a pesar de los intentos de sus defensores de dirigir la responsabilidad por lo ocurrido hacia el presidente de la República de entonces, o hacia la Tandona. El fallo debería ser objeto de estudio de las autoridades militares y policiales de la actualidad, ya que en medio de la crisis, han asumido un protagonismo político e institucional que las vuelve más visibles en la vida cotidiana, así como en el proceso de toma de decisiones en la administración pública, pero también, más vulnerables a cometer errores y a enfrentar en el futuro procesos legales. Los hechos están allí, las lecciones de la historia marcan el camino a seguir pero también la senda de impunidad y autoritarismo a evitar.