Una serie de publicaciones ha revelado la presunta responsabilidad de funcionarios en actos que denotan arbitrariedad y abuso en el ejercicio de las facultades conferidas. Por tratarse de acciones realizadas en medio de la pandemia o relacionadas con el suministro de medios necesarios para combatirla, la sociedad parece unirse a las voces que en otros países también exigen una verdadera rendición de cuentas a sus gobernantes en todos los órganos del Estado. Como lo hemos sostenido en repetidas ocasiones, la disponibilidad de recursos del país es limitada y solo el uso transparente de estos sumado a la aplicación de reglas claras garantizara que los beneficios para la colectividad se multipliquen. Hemos visto la entrega ejemplar de personal médico y paramédico a lo largo de la pandemia, del sacrificio heroico de servidores públicos llevando ayuda humanitaria hasta los hogares, no es posible que tanta entrega y compromiso con el país se ve empañado por el mal proceder de unos cuantos. Las acusaciones deben aclararse, con pruebas fehacientes que no dejen dudas de la legalidad pero también de la probidad y razonabilidad con la que se ha actuado y aplicando los procedimientos que sean necesarios para que la duda y la discrecionalidad, sean erradicadas con la misma fuerza con que se lucha contra el virus.