[ caption id = " attachment _ 624662 " align = " aligncenter " width = " 627 " ] Óscar Ortiz, vicepresidente de la República. / DEM [ / caption ] El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, dejó ayer en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) el futuro de los cuatro militares que fueron capturados por orden de un juez español en el caso del asesinato de los jesuitas. Es más, dijo que el Gobierno espera que la Corte resuelva lo más pronto posible para poder cerrar este capítulo. Es importante que podamos, lo más rápido posible, tener una respuesta de la Sala ( Constitucional ) porque tenemos una situación complicada en el marco de lo legal y jurídico y esperamos que la Sala pueda responder para dejar este tema más claro, declaró el Vicepresidente. El funcionario espera que la decisión de la Corte sea en el espíritu que nos mandaron los Acuerdos de Paz. El Vicepresidente dice que es importante que en el país se genere un ambiente tranquilo, que permita apostar por la reconciliación y consolidar el proceso de los Acuerdos de Paz que iniciaron en 1992. De ahí que celebró que los dirigentes de los partidos políticos se reunieran el lunes pasado con el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, para aclarar algunas dudas sobre la detención de los militares. Ortiz defendió el trabajo que hizo la Policía Nacional Civil ( PNC ) para capturar a los cuatro militares, restó importancia a las declaraciones que han dado algunos funcionarios de ARENA de que si hay justicia en los crímenes que cometió la Fuerza Armada, de la misma forma se debería de ver los hechos que hizo el FMLN. Ahorita el tema fundamental es que hay un requerimiento, una difusión roja y ese es el tema que se está abordando, declaró. Por su parte, el secretario general del FMLN, Medardo González, dijo que el partido espera que la CSJ emita una respuesta pronta para decidir si extraditan o no a los militares. Los abogados de los capturados confían en que la Corte va a mantener la resolución de 2012, en donde se negó a España la extradición de militares invocando el derogado artículo 28 de la Constitución que prohib