Dos horas después que el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador ordenará ayer la liberación bajo fianza a Luis Alexander Rivas Samayoa, conocido en redes sociales como " El Comisionado ", la Fiscalía General de la República ( FGR ) ordenó una segunda captura, acusándolo del delito de revelación indebida de datos o información de carácter personal. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó a través de redes sociales la segunda orden de captura, argumentando que " una cosa es la libertad de expresión y otra es atentar contra la integridad de las personas ". " La libertad de expresión no puede ser usada para cometer delitos ", escribió Delgado. Fuentes de la FGR informaron a Diario El Mundo que la acusación recae en el delito de revelación indebida de datos o información de carácter personal, que según la Ley de Delitos Informáticos es cuando sin el consentimiento del titular de información de carácter privado o personal revele, difunda o ceda en todo o en parte, información en imágenes, video, texto u otros. La ley establece que si a una persona se le comprueba la comisión del delito será sancionado con prisión de tres a cinco años, aunque establece que podría ser aumentada hasta en un tercera parte si el delito se cometiera con base a datos personales confidenciales o sensibles. Diario El Mundo consultó tanto al abogado y la familia de Rivas sobre la orden de captura, estos últimos dijeron que cuál fuera la acusación sería una " inventada por la Fiscalía ". Antes de la segunda orden de captura, sobre Luis Rivas pesaba un proceso penal por desacato, en perjuicio de la administración pública y del presidente de la República, Nayib Bukele. Según los argumentos de la Fiscalía, por escrito, el acusado dañó el honor del funcionario y la familia, entendiéndose del presidente de la República, tras constituir ataques a la moralidad desde mensajes en Twitter. Ayer, el Juzgado Segundo de Paz rechazó la petición de la Fiscalía de una detención provisional, y ordenó la liberación tras el pago de una fianza de $ 10, 000 y bajo medidas sustitutivas a la detención. La orden del juzgado quedó sin efecto tras la segunda orden de captura posterior a