Todas las instituciones públicas y privadas donde laboren o brinden atención a mujeres en edad fértil, embarazadas y en periodos de lactancia tendrían la obligación de instalar salas de lactancia y asegurar que cumplan las normas del Ministerio de Salud. No instalarlas podría implicarles una multa de hasta $ 18, 250 e incumplir los lineamientos para su funcionamiento podría implicar el cierre. La exigencia de instalación de salas de lactancia también aplicará a las instituciones de educación superior de acuerdo a la propuesta. Las inspecciones permanentes en los lugares de trabajo sobre el cumplimiento de las disposiciones estarían a cargo del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud. Al aprobar la normativa se derogaría la actual Ley de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. La propuesta de ley especifica dentro de las sanciones accesorias el cierre definitivo del establecimiento que incumpla los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para el funcionamiento de las salas de lactancia materna, o que comercialice o distribuya sucedáneos de la leche materna sin el registro sanitario respectivo. Otra sanción podría ser dictar medidas de restitución como campañas, campos pagados y otro medio publicitario para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna. Según la ley vigente, la autoridad competente para aplicar las sanciones es el director regional de Salud del área geográfica correspondiente. En la propuesta del Gobierno actual, la autoridad competente para aplicar las sanciones será la jefatura de la Unidad de Nutrición del Ministerio de Salud. En la propuesta de la nueva ley no se incluye a la Comisión Nacional de Lactancia Materna, que está integrada por delegados de instancias de gobierno, universidades, gremio médico, entre otros. El Ministerio de Salud tendría entre sus atribuciones elaborar lineamientos sobre la lactancia materna basados en evidencia científica. También, será el encargado de autorizar la apertura de las salas de lactancia en los centros de trabajo públicos y privados. La propuesta de Ley amor convertido en alimento mantiene algunas acciones calificadas como infracciones y aplica multas económicas de acuerdo a la gravedad, que pueden ser desde cinco hasta 50 salarios mínimos del sector comercio. Es una falta leve que los prestadores de salud no entreguen información sobre los riesgos del uso de su