La Cámara de la Tercera Sección del Centro, con sede en San Vicente, admitió de forma parcial la prueba que las partes ofrecieron en el juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito, en contra de Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, alcalde de Olocuilta, en el departamento de La Paz. El demandado pidió declarar en la audiencia probatoria señalada para el próximo 14 de noviembre, pero esa pretensión no fue admitida porque su abogado Ulises del Dios Guzmán, incumplió el requisito de establecer la finalidad del testimonio. Guzmán solicitó que se rechazara la demanda mediante la figura de la improponibilidad ( que la petición se tenga por imposible ) y una de las causales que planteó fue que la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) usurpó atribuciones de la Fiscalía General de la República, pues es la entidad que le compete la promoción de la acción judicial ya sea por la vía penal o civil ; sostuvo que hay una resolución de la CSJ que ordena la apertura del proceso, por lo que califica ese acto como una promoción de la acción. El abogado también señaló que la Ley de Enriquecimiento ilícito viola la Constitución de la República, sostuvo además que la CSJ ha invadido atribuciones de la referida Cámara al ordenar abrir el proceso y si esta instancia obedece, pierde su independencia. Tenemos una invasión de atribuciones, una demanda inconstitucional y una violación a la independencia judicial ; y debe declararse la improponibilidad por falta de presupuesto esencial, dijo Guzmán. Ante esos argumentos, el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Héctor Martínez, dijo a los magistrados que no existe ningún vicio de improponibilidad o de inconstitucionalidad, porque no es cierto que la CSJ es quien promueve la acción, que tampoco se han suplantado funciones y la Corte, en ningún momento, ha emitido una orden intimidatoria. Esa pretensión del demandado fue declarada sin lugar por la Cámara, el magistrado presidente, Carlos García Funes resolvió que en este caso la acción no ha sido ejercida por la CSJ, sino que por la Fiscalía. La resolución de la Corte Suprema de Justicia solamente representó la finalización de la fase administrativa del procedimiento