La familia presentó el amparo por la vulneración de sus derechos a la seguridad material, protección familiar, protección no jurisdiccional, libertad de circulación y propiedad. En la demanda se reclamaba que ni la Policía Nacional Civil, ni la Fiscalía General de la República, han emitido de forma oportuna las medidas para el procesamiento de los responsables de los delitos que han denunciado, ni del desplazamiento forzado interno que han sufrido. Tampoco se han realizado las diligencias para garantizar el retorno de los demandantes a su residencia de forma segura. Según el comunicado de la Sala, los demandantes manifestaron que empezaron a ser acosados por la pandilla 18 debido a que algunos de los integrantes de esa familia son soldados. En su demanda relatan diversos sucesos en los que fueron amenazados, golpeados, acosados y las mujeres violadas. Señalaron que la familia completa ( compuesta por varios grupos de abuelos, padres e hijos ) se encuentra en riesgo y que han tenido que desplazarse a otros lugares, incluso fuera de la ciudad. La Sala de lo Constitucional consideró que la demanda de amparo cumple con los requisitos para ser admitida y ordena que la Policía y Fiscalía, a través de los canales correspondientes, adopten las medidas pertinentes para asegurar la integridad personal y la seguridad de los demandantes respecto de las amenazas en su contra por parte de miembros de la Pandilla 18. También ordena las medidas pertinentes para judicializar a los responsables de los delitos denunciados por los demandantes y cualquier otro delito que se investigue en relación al caso. La resolución obliga a las autoridades a proporcionar, de forma inmediata, los mecanismos de seguridad pertinentes para que los demandantes puedan retornar a su domicilio, a efecto de recuperar los bienes materiales respectivos que se encuentran ahí y que no han podido recuperar por las amenazas sufridas por la pandilla 18. La Sala de lo Constitucional también informó en el comunicado que debido a la existencia razonable de una amenaza o daño para la vida, integridad personal, libertad, patrimonio de los demandantes, se ordena como medida de protección omitir la identidad de los demandantes, la reserva del caso y se restringe el acceso al expediente judicial al público en general.