Funcionarios del gabinete de seguridad llegaron este viernes a la Asamblea Legislativa a solicitar una nueva prórroga del régimen de excepción, que permite a las autoridades mantener a una persona capturada sin audiencia durante más de 72 horas, no informarle de la razón de su captura e intervenir las telecomunicaciones sin autorización judicial. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que durante el régimen de excepción han capturado 55, 062 " terroristas pandilleros " y que han decomisado 1, 644 armas, 2, 026 vehículos, 12, 842 teléfonos celulares y $ 1. 24 millones. El gobierno indica que El Salvador ha tenido 214 días sin homicidios durante 2022. " No estamos gobernando para ese 3 % ", dijo el ministro Villatoro. " No estamos para atender ese montón de portadas y ese montón de noticias falsas que andan divulgando... Cuentos inventados que andan financiando estos del grupo del 3 %, no se puede entender cómo un diputado salvadoreño puede estar en contra del régimen de excepción ", añadió, dos días después de la publicación de un reportaje de El Faro que sostiene que en marzo de 2022 se rompieron las negociaciones con las pandillas y " cuatro líderes nacionales de la Mara Salvatrucha - 13 salieron del penal de máxima seguridad hacia un hospital privado en San Salvador ". El régimen de excepción inició el 27 de marzo y cumple hoy 202 días, seis meses y 22 días. El 22 de marzo cumplirá siete meses. A finales de abril, un mes después del régimen fue solicitada la primera prórroga. También fueron solicitadas en mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Hoy, 14 de octubre, el gobierno solicita la séptima prórroga. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se refirió a un " pequeño grupo de personas " que siguen denunciado " a través de pequeñas portadas ". " A nosotros no nos interesa si a ellos les gusta o no les gusta lo que nosotros estamos haciendo... Nosotros no nos vamos a detener ", afirmó. La oposición y organizaciones de la sociedad civil se han manifestado contra capturas arbitrarias, torturas y muertes denunciadas en organizaciones de la sociedad civil. " No