La Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) ordenó al Estado salvadoreño proteger la integridad física del fiscal general, Douglas Meléndez y de su familia, luego que recibiera amenazas por su trabajo en el Ministerio Público. Adopte ( el Estado ) las medidas necesarias para que pueda desarrollar sus labores como Fiscal General de la República de El Salvador sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos ; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, señala el comunicado de la Comisión. El pasado 4 de septiembre, el fiscal Meléndez reiteró que había sido amenazado, pero esta vez también a su familia. Ya no solo en contra mía, sino en contra de mi familia... eso es grave, lamentó en esa ocasión. Ayer, la CIDH ordenó al Estado salvadoreño que informe sobre las acciones que adopte para investigar las amenazas en contra del titular de la fiscalía. La Comisión concluyó que Meléndez Ruiz y su familia están en una situación grave y de urgencia puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo, dice. La CIDH también valoró que en septiembre del 2017 fue asesinado Javier Antonio Ascencio, de 45 años de edad en Ilopango, quien era familiar del fiscal general. Podría constituir una posible represalia a sus labores, dijeron los comisionados. Ayer, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez, dijo que respaldan la seguridad del fiscal general, porque es preocuación del Estado mismo. El señor fiscal general y cualquier otro funcionario o titular de las instituciones cuentan con todo el apoyo por parte del Estado y del Gobierno para su seguridad y la de sus funcionarios y empledos y por supuesto los bienes de la institución, dijo ayer Ramírez al ser cuestionado por la medida cautelar de la CIDH. Ramírez dijo que no podía referirse a la seguridad que tenga un funcionario en particular, pero que han dispuesto recursos importantes de la Policía Nacional Civil para proteger funcionarios. El año pasaso, Meléndez dijo que en una de las amenazas en su contra, le daban hasta el 15 de agosto para abandonar el país. Yo creo que ya basta, no es posible, dijo