La aprobación de una erogación de fondos por $ 109 millones para financiar la tercera fase del plan de seguridad del órgano ejecutivo sigue siendo causa de discordia. Por una parte, la mayoría de diputados insisten en conocer en toda su magnitud el contenido del plan que se requiere financiar, y de parte del ejecutivo se denuncia lo que considera un bloqueo a una política pública que traerá paz y tranquilidad a los salvadoreños. Unos y otros tienen razón en sus exigencias y apremios. Las formas de plantearlos y de materializarlos son importantes en política y pueden traer acercamientos o provocar crisis constitucionales si las diferencias no se resuelven a tiempo. La responsabilidad de administrar fondos públicos, ya sea mediante la aprobación de préstamos y presupuestos, o de invertirlos coherentemente, requiere de la colaboración entre todos los órganos del Estado, de manera que los beneficios lleguen a la población a tiempo y en la cuantía esperada. Mayor transparencia en los planes de seguridad puede garantizar la aprobación de su financiamiento, privaría de excusas a quienes se oponen a estos por no conocerlos y podría afinar sus prioridades y objetivos gracias al sano debate. Construir puentes para garantizar este proceso será la tarea de los próximos días.