Era evidente, desde su aprobación, que las reformas a la Ley de Extinción de Dominio difícilmente sorportaban un examen de la Sala de lo Constitucional. De manera que el fallo del máximo tribunal del país de suspender esas reformas, es un hecho positivo que corrige la plana en una decisión legislativa muy controvertida. La decisión de la Sala de lo Constitucional consideró que las reformas podrían entrar en contradicción con la Constitución, al restringir márgenes de aplicación y persecución de criminalidad individual u organizada, favoreciendo la impunidad. También sostiene que las reformas podrían generar un daño irreparable o de difícil reparación contra los intereses de la justicia en la persecución del crimen organizado y la corrupción. La ley de extinción de dominio sin duda tiene problemas y probables violaciones constitucionales en su aplicación ya que se confiscan bienes sin que sus propietarios sean vencidos en juicio civil o penal, una verdadera rareza jurídica que puede prestarse a revanchismos políticos o abusos de otro tipo en cualquier momento y hay que recordar que las venganzas políticas no constituyen justicia. Pero esas reformas, como fueron hechas, no las corrige y más bien constituyen un retroceso en la lucha contra la corrupción y dan extrañas ventajas a la clase política.