Las primeras entrevistas a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia han dejado algunos sinsabores entre los observadores del proceso de elección. Uno de los problemas principales es que la mayoría de diputados que integran la subcomisión tienen más criterios políticos que legales. Los observadores han pedido más profundidad, rigor y personalización de las entrevistas. Excitan a que antes se estudie la hoja de vida o el perfil de cada aspirante y se pregunte sobre las debilidades que son encontradas en ellas, algo que no parece hayan hecho en la primera ronda, efectuada el pasado martes, y que se espera incorporen esta vez, en la segunda de hoy. Lo que sí ha quedado claro es que algunos de los candidatos parecen tener como misión revertir la jurisprudencia de la actual Sala de lo Constitucional e incluso disminuirla ante la Corte plena, un objetivo político que han tenido algunos sectores durante estos nueve años y que no lograron gracias a los reclamos de la ciudadanía y el respaldo hacia los magistrados salientes. El país no puede darse el lujo de revertir la jurisprudencia, la valentía y la fortaleza institucional que los magistrados de la Sala de lo Constitucional impusieron como precedentes, hacerlo sería una catástrofe para el país.