El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador recibió hoy una solicitud de reapertura del proceso penal por la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, el 16 de noviembre del año 1989, por el cual son señalados 17 militares. La petición fue presentada por el rector de La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ( UCA ), Andreu Oliva ; el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA ( Idhuca ), José María Tojeira y Arnau Baulenas, abogado der referido instituto. La pretensión de reapertura surge 16 meses después que la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) derogara la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa en 1993. El 16 de julio de 2016 la Sala de lo Constitucional declaró ilegal dicha ley porque viola el derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que sean violaciones al derecho internacional humanitario. Al estar derogada la Ley de Amnistía, el Idhuca considera factible procesar a los autores intelectuales de esta masacre y lo plantean con base en el sentido de la justicia transicional. En el informe de la Comisión de la Verdad, se mencionó a los generales Rafael Humberto Larios Juan Rafael Bustillo ; los coroneles Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán y Óscar Alberto León Linares, así como del teniente José Ricardo Espinoza Guerra, el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Tomás Zárpate Castillo y el cabo Óscar Mariano Guzmán, militares que son reclamados por España.