Fiscales que investigan el caso Saqueo Público contra 32 imputados, entre ellos el expresidente Mauricio Funes, hicieron una diligencia para verificar la información que se envió a la sede central de Interpol en Lyon, Francia, el pasado lunes en la oficina central de la Policía Internacional ( Interpol ) El Salvador. Se practicó una diligencia con la Interpol local, porque queremos verificar qué es lo que la Interpol local le envió a la Interpol internacional a Francia, queremos ver ; pareciera que solo se remitió nada más la orden de detención y eso no es correcto, sostuvo el fiscal general, Douglas Meléndez, ayer. Según el titular de la fiscalía, toda orden de detención debe ir documentada con el auto de detención, que consta en la resolución del juzgado y otros elementos probatorios que tiene el expediente. El fiscal Meléndez, dijo que a la institución que preside en ningún momento se le ha informado que la difusión roja contra Funes no se ha emitido por ser un asilado político en Nicaragua. Reiteró que el pasado 24 de septiembre presentaron en la Oficina Central de la Policía Internacional local, un escrito para solicitar a Francia las razones por las que no se ha divulgado la alerta roja contra el expresidente Funes y sus parientes. Sobre la recusación del juez Quinto de Instrucción de San Salvador, Edward Sidney Blanco, quien fue separado de la causa penal contra el expresidente Funes, Meléndez refirió que cualquier juez está preparado para poder diligenciar el proceso y que la decisión de la Cámara Segunda de lo Penal es un criterio que hay que respetar. Nosotros consideramos que el juez Sidney Blanco es un juez correcto, un juez objetivo, pero si la cámara ha considerado que puede haber algunos elementos que pudieran afectar la imparcialidad de él, bienvenido sea. Lo importante es que este caso caminó, ya se perdió mucho tiempo, alrededor de tres meses en cuestionamientos o apelaciones y en la recusación del juez, manifestó. Blanco fue separado del caso tras escritos que presentaron dos defensores de tres imputados, entre ellos la ex primera dama, Vanda Pignato, por argumentar que siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia ya había resuelt