La defensa ha coincidido que por que fungieron en la administración del expresidente Mauricio Funes, pedirán al juez Segundo de Paz de San Salvador que declare nulidad absoluta en el proceso y ponga en libertad inmediata a los imputados. Los juristas también han explicado que no se siguió el debido proceso para acusar del delito de enriquecimiento ilícito, porque - según ellos - debe ser la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia quien lo indique. " Hay una condición objetiva de procesabilidad, hay una ley de enriquecimiento ilícito, si bien es de los años 60, pero está vigente, que establece que es la sección de Probidad y la Corte en pleno, que van a decidir y la Fiscalía se vino de un solo a la sede judicial ", argumentó el abogado Eduardo Cardoza, defensor de Erlinda Handal. Opina igual el defensor Gilberto Canjura, quien dice que es la Corte quien debe certificar a la fiscalía sobre el delito de enriquecimiento ilícito y no ha pasado. El abogado afirmó que se saltó todo ese procedimiento y vino a procesarlos directamente en sede judicial, y que, eso anula todas las diligencias. Canjura explicó que la acusación del delito de lavado también sería nulo, porque si no hay enriquecimiento ilícito, no hay delito que lo preceda.