La Mesa contra la impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro - Memoria Histórica exigieron ayer a los diputados de la Asamblea Legislativa, cumplir el plazo adicional que les otorgó el pasado 13 de noviembre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ). El representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho ( Fespad ), David Ortiz, indicó que es importante que los diputados cumplan con los requisitos que estableció la referida Sala para crear y aprobar una nueva Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional. Instamos a las y los diputados a no promover más la impunidad y acatar lo mandatado por la Corte Suprema de Justicia y sobre todo la demanda de las víctimas, que han reiterado en incontables ocasiones su anhelo de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, afirmó Ortiz. El representante de Fespad también señaló que los diputados deberían establecer consultas inclusivas de carácter continuo para que las víctimas y otros grupos tengan voz en los procesos y pidió a la Sala de lo Constitucional observar la dinámica que está sucediendo, a los órganos de Estado no les interesa poder generar mecanismos que la resolución de la Sala resolvió. Asimismo, el miembro del Comité expresos y expresas Políticos de El Salvador ( COPPES ), Ricardo Segura, aseveró que está nueva prórroga es otra oportunidad para que los diputados de la Asamblea Legislativa tomen en cuenta a las víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos para crear una ley que beneficie a las víctimas. Los representantes de los familiares de las víctimas pidieron a los diputados dejar de lado los intereses que benefician a quienes están ligados a masacres y crímenes de lesa humanidad e indicaron que la aprobación de la ley también es responsabilidad del Estado no solo de la Asamblea. Ley de Amnistía En el fallo sobre la derogatoria de la Ley de Amnistía, la Sala ordenó a la Asamblea Legislativa aprobar una ley de reconciliación nacional, con parámetros de justicia transicional y restaurativa.