El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aseguró este miércoles que en El Salvador están restringidos los derechos a la libre circulación y la inviolabilidad de la morada, en el marco del régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa en respuesta al repunte de violencia en el país. En una entrevista a Univisión en Washington, el vicemandatario salvadoreño defendió el régimen de excepción como una medida adecuada a la " acción orquestada de grupos criminales " que han llevado el luto a más de 90 familias salvadoreñas desde el 27 de marzo pasado, siendo el pico de homicidios el sábado 28 de marzo, cuando fueron asesinadas 62 personas. La Asamblea Legislativa aprobó el domingo un régimen de excepción por 30 días en todo el país para combatir la ola de homicidios, suspendiendo cuatro garantías constitucionales : la libertad de asociación, derecho de defensa, el plazo de la detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones. Sin embargo, al describir en qué consiste este instrumento legal, Ulloa aseguró que se suspendieron dos derechos más : la libertad de movilización y la inviolabilidad del domicilio. Estas garantías, no obstante, están excluidas de la lista de derechos que suspendieron los diputados. La última vez que los salvadoreños tuvieron suspendido el derecho a la circulación fue durante la pandemia del covid - 19, que prohibió la movilización de los ciudadanos para evitar la propagación del virus. Sin embargo, de acuerdo con Ulloa, el régimen de excepción aprobado el fin de semana, abarca la suspensión de este derecho " por una situación de emergencia ". Pero esto no es lo que dice el decreto 333. En la plenaria del domingo solo se suspendieron los derechos relativos a los artículos 7, 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución de la República. Es decir, no hubo una suspensión del artículo 5 sobre la libertad de movimiento, ni del artículo 20, el cual establece que la morada es inviolable salvo mandato judicial, flagrante delito o riesgo de las personas. De hecho, este último derecho constitucional no puede suspenderse, ni siquiera en un régimen de excepción según lo conte