los responsables. La menor se encontraba en un paseo de playa con un grupo de familiares, incluido su padre, quien era capitán de la Fuerza Armada y jefe del Departamento 4 del Estado Mayor Presidencial, y su tío, quien era subjefe de la División de Investigación Criminal de la Policía. La demanda señala contaminación de la escena, demoras e injerencias indebidas de autoridades. De acuerdo al director de Vidas, ni la protección a los autores de los crímenes ni la búsqueda de venganza con motivos ajenos a la verdad y la justicia logran romper ese ciclo de impunidad. Para el defensor de derechos humanos, el Gobierno actual debe dejar de hacer lo que hace para romper con ese ciclo de impunidad. Que deje de hacer lo que está haciendo, antes las instituciones se ocuparon para proteger a uno, ahora se están ocupando para atacar, dijo. Cuéllar objeta, por ejemplo, que el Gobierno haya degradado a un juez que liberó a 42 presuntos miembros de pandillas por falta de credibilidad de un testigo criteriado. Puede ser hasta peor que antes. Es venganza, es seguir usando el sistema para intereses que no son los de la verdad y la justicia, dice. Se recibe la petición ante la CIDH. La demanda argumenta violación a la vida, integridad persona, garantías judiciales y protección judicial. El Estado responde ante la CIDH que realiza un reconocimiento a la madre de la menor y que inició un nuevo proceso contra el abuelo de la misma. Sentencia de absolución a favor de las personas imputadas en el crimen en el segundo proceso penal, por lo que la CIDH decide admitir la demanda.