Hemos llegado a los 100 días sin elegir magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y los diputados han entrado en una deuda sin precedentes hacia la institucionalidad democrática del país. El vacío institucional que sufrimos no solo afecta a la clase política y las discusiones en los medios de comunicación, sino sobre todo al ciudadano común que no puede ampararse ante la Sala por ningún derecho afectado por agentes del Estado. ¿ Qué oscuros intereses pueden detener a determinadas fracciones legislativas para impedir que se elija a los cinco magistrados pendientes en una situación de verdadera necesidad de que el máximo tribunal funcione? Las respuestas están a la vista. El Ejecutivo ahora congela las leyes, reformas y decretos con argumentos de inconstitucionalidad que igualmente afectan al país. ¿ Habrá intencionalidad de provocar un vacío institucional de cara a las elecciones y de cara a la transición de Gobierno? Si eso es así, se trata de una estrategia que violenta todos los derechos fundamentales de los salvadoreños, incluyendo hasta el derecho a elegir. La pregunta es si esas mismas fracciones legislativas pretenden hacer lo mismo con la elección del Fiscal General de la República.