cuentas a nombre de Elmer Roberto Charlaix Urquilla, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, para luego ser transferidos a las empresas del exmandatario. De la cuenta subsidiaria institucional del tesoro público de Casa Presidencial fueron sustraídos ilícitamente los $ 300 millones ; de ese monto, la UIF descubrió que $ 116 millones fueron cobrados en efectivo, configurándose de esa forma peculado ( apropiarse de bienes del Estado ) que es un delito generador del lavado de dinero.