La Comisión Política de la Asamblea Legislativa decidió esta semana recortar el listado de aspirantes a Fiscal General de la República, aunque hasta ahora es un misterio qué tipo de criterios están utilizando para semejantes decisiones. Aunque entre los aspirantes que quedaron hay profesionales reconocidos y respetables, preocupa que en el listado corto haya personajes con claros compromisos partidarios, sumisos a determinados grupos políticos o a determinados intereses que no son precisamente los de la nación. Hay alguno de los aspirantes que incluso se ha dedicado a ser tapadera de escándalos en entidades por donde ha pasado o aún labora. Inconcebible que incluso las fracciones más responsables lo hayan presentado como candidato finalista. También es inexplicable cómo se excluyó de la lista a algunos abogados que evidentemente tenían las cualidades y capacidades para el puesto. ¿ Será porque no son sumisos a ningún grupo de poder? El cargo de Fiscal General de la República es demasiado importante para el país como para convertirlo en otro motivo de reparto, de cuotismo partidario o de ese afán de controlar a los funcionarios. El fiscal debe ser independiente de los grupos políticos y económicos para evitar desastres como los que nos mostró el exfiscal Luis Martínez.