El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( Unicef ), junto con el Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, el Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de Población de las Naciones Unidas ( UNFPA ) para América Latina y el Caribe, expresó que el encarcelamiento de menores de edad no resuelve el problema de la violencia de pandillas en El Salvador. Las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa a la Ley Penal Juvenil, a petición del Gobierno, establecen penas de cárcel de hasta 10 años para niños con 12 años cumplidos y hasta 20 años de cárcel para adolescentes de 16 años por el cometimiento de delitos al ser miembros de pandillas. Unicef advierte que ninguna de las medidas se ajusta a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte ; ya que la detención solo debe utilizarse como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible. Las entidades afirman que las pruebas demuestran que el encarcelamiento de menores de edad aumenta las posibilidades de que abandonen la escuela y cometan un delito más adelante en su vida, perpetuando así los ciclos de violencia, exclusión y pobreza. Por el contrario, Unicef plantea que las medidas no privativas de libertad son mucho más rentables que la detención y generan mejores resultados. Se puede ir más allá : trabajar con las comunidades para promover interacciones seguras y positivas que eviten su reclutamiento en las pandillas. Se trata de empoderar a la niñez y adolescencia para crear una cultura de paz, añade el comunicado. La declaración fue suscrita por Najat Maalla M jid, representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños ; Mikiko Otani, presidenta del Comité de los Derechos del Niño ; Jean Gough, directora Regional para América Latina y el Caribe de Unicef y Harold Robinson, director Regional del para América Latina y el Caribe del UNFPA. Se pusieron a disposición para dar apoyo técnico al gobierno de El Salvador para hacer frente a la violencia de las pandillas y revisar la Ley Penal Juvenil de acuerdo con las normas internacionales. Los cambios legislativos permiten