La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ha estado marcando precedentes con sus investigaciones y auditorías a las declaraciones patrimoniales de varios funcionarios y exfuncionarios, un hecho que nos llena de esperanza para acabar con la impunidad que ha prevalecido históricamente en el país. La Sección de Probidad está haciendo, con escasos recursos y poco personal, gran parte del trabajo que hasta ahora no han hecho la Corte de Cuentas de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental, y la propia Fiscalía General de la República. Basta recordar aquellos finiquitos exprés de la Corte de Cuentas, que ahora suenan a complicidad. No hay un solo caso de corrupción investigado con seriedad y profundidad por el órgano contralor que se limita a informes sobre fallas en métodos contables. Tristemente la Corte de Cuentas ha estado demasiado tiempo manejada por militantes políticos disfrazados o peones descarados de la partidocracia y eso debe cambiar en forma definitiva. Igualmente el Tribunal de Ética que no ve lo evidente, que se apresura a exonerar ante fallas tan evidentes que pareciera que necesitan un telescopio para ver un elefante frente a sus narices. Y la Fiscalía, por supuesto, debe mostrar resultados y pronto.