En el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador fue acusada ayer Isabel Laínez de Pérez, quien en el año 2017, cuando trabajaba en la Dirección de Auditoría 3 de la Corte de Cuentas de la República ( CCR ), supuestamente favoreció al exfiscal general Luis Martínez y al exgerente general de esa institución, Mauricio Antonio Yanes Morales. En la acusación presentada, el Ministerio Público señala que Laínez de Pérez favoreció a los dos imputado para que se apropiaran de $ 230, 000 utilizando la figura de viáticos complementarios. Por esa sustracción de fondos, Martínez y Yanes Morales son procesados en el Juzgado Cuarto de Instrucción de la capital en el denominado caso Corruptela y guardan detención provisional. En ese proceso que está en la etapa de investigación, los fiscales dejaron constancia en el expediente de que Luis Martínez se quejaba de que los viáticos no le alcanzaban. Cuando los llevaron a los tribunales, el entonces jefe de la Unidad de Investigación Financiera ( UIF ) de la Fiscalía, Jorge Cortez, manifestó que Luis Martínez y Yanes Morales, utilizaban tarjetas de crédito en el extranjero para comprar objetos de valor y de lujo y los gestionaban en la Fiscalía como viáticos complementarios. Esos gastos complementarios son los que en el año 2017 fueron detectados en una auditoría de gestión que un equipo de la CCR realizó. Ayer, el fiscal que acusó a Laínez de Pérez dijo que el equipo de auditoría consignó graves irregularidades en el manejo de fondos públicos en la Fiscalía, pero la directora de Auditoría 3 decidió que no se consignara en un informe final, incurriendo de esa forma en incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada, delitos por los que se ha pedido detención provisional. Al no incorporarse en el informe final, no se remitió el caso a las Cámaras de Segunda Instancia de la CCR para que a Martínez y Yanes Morales se les iniciara juicio de cuentas como lo ordena de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, cuando hay mal uso de fondos públicos. La auditoría en la que se detectó ese mal uso de fondos públicos corresponde