La jueza Tercero de Instrucción de San Salvador que según la Cámara Tercera de lo Penal faltaron para conceder medidas sustitutivas a la detención provisional contra el empresario de transporte colectivo, El abogado del empresario Miranda, Rolando Aparicio, afirmó que, él se dio a la tarea de reunir los arraigos laborales que la resolución señaló hacían falta, como planilla del Seguro Social y el registro del pago de cuotas de las AFP. Como arraigo domiciliar, Aparicio manifestó que presentó declaraciones juradas de vecinos que aseguran conocer al empresario de hace varios años y las escrituras de sus propiedades. Tras la entrega de esa documentación, la defensa solicitó a la jueza que programara una audiencia especial de revisión de medidas, pero la jueza resolvió que eso era una petición dilatoria y repetitiva y rechazó la prueba. Aparicio presentó un recurso de apelación refutando la decisión de la jueza ante la Cámara Tercera de lo Penal, Contrario a lo que había dictado anteriormente, El abogado Aparicio manifestó que su cliente, un delito que según Aparicio es desvirtuado con vídeos tomados el día de la captura de Miranda, en el que queda evidencia que no se dio el ilícito. El periodo de instrucción en este caso finaliza en mayo y la audiencia preliminar está programada para el 7 de junio. El empresario Catalino Miranda fue detenido el 12 de marzo en el plantel de su empresa, situada sobre la Avenida Independencia en San Salvador, enfrenta tres procesos judiciales por los delitos de desórdenes públicos, resistencia y venta a precio superior o por subir aparentemente el pasaje en sus unidades sin la autorización del Viceministerio de Transporte. Junto a él otros tres empleados fueron detenidos acusados de uso y tenencia ilegal de placas y el delito de venta a precio superior del pasaje en sus unidades. Dos de los tres empleados fueron puestos en libertad en la primera audiencia y sólo Miranda y uno de sus motoristas fueron dejados en detención provisional. En dos de los tres procesos judiciales, los jueces Décimo y Séptimo de Paz ordenaron que continuara la fase de instrucción solo con el pago de una fianza de $ 5, 000.