La Administración Biden aplicó esta semana severas sanciones a la dictadura bicéfala de Nicaragua y cerró las puertas al ingreso de todo funcionario de ese regimen y a todos aquellos involucrados en violaciones a los derechos humanos, en la farsa electoral o en la persecución de opositores. El nivel de sanciones al regimen de Managua solo es comparable al que se aplicó en los últimos años al regimen iraní. Docenas de miles de funcionarios nicaragüenses de todos los niveles y miembros del partido sandinista están incluidos en la prohibición norteamericana. Está claro que ni Estados Unidos ni la comunidad internacional tolerarán más los abusos de esa dictadura que parece sacada de una novela macabra del siglo pasado. El anuncio de las sanciones sucedió poco después que el presidente Joe Biden firmara la Ley Renacer, que entre otras cosas, puede prohibir que organismos financieros internacionales sigan dando créditos al regimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de que pone en entredicho la permanencia de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio. También es interesante que a las sanciones estadounidenses se han unido Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea, es decir, hay un consenso internacional de que el regimen de Managua es impresentable, un pésimo ejemplo para la región tras convertir el país en un infierno para sus ciudadanos. Además, con ello se busca impedir que el regimen siga usando esas naciones para sus negocios ilícitos, fruto de la corrupción.