El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, pidió hoy revisar la penalización del aborto en el país pero evitó valorar en concreto la propuesta del principal partido de la oposición para ampliar las penas hasta los 50 años. " Creo que ese tema vale la pena ser revisado en la legislación, las penas y los mismos delitos, creo que vale la pena revisar ese tema ", afirmó hoy el fiscal en declaraciones a los periodistas en Washington, al concluir su visita de tres días junto al canciller, Hugo Martínez, y otros altos funcionarios del país. Preguntado por si está de acuerdo con incrementar las penas del aborto, el fiscal se limitó a decir : " No estoy diciendo que se incremente, ese tema o se penaliza o se despenaliza, eso es lo que hay que revisar y he dado instrucciones para que se revise ". " No podría decirle, primero hay que revisar ", zanjó ante la insistencia de los periodistas por saber si él está a favor o en contra de la penalización del aborto. Amnistía Internacional ( AI ) considera " escandalosa, irresponsable y contraria a estándares básicos de derechos humanos " la propuesta que hizo el 12 de julio el partido Alianza Republicana Nacionalista ( Arena ). Arena busca que el Legislativo reforme el articulo 133 del Código Penal para aumentar de " 30 a 50 años " de prisión los castigos para quien provoque o consienta un aborto, delitos que actualmente reciben de dos a ocho años de cárcel. El Salvador reformó su legislación penal en 1998 para prohibir el aborto " en todas las circunstancias " y es, junto a Costa Rica, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra, Malta y el Vaticano, de los pocos países del mundo con este tipo prohibición. Si la propuesta es aprobada, el Congreso estaría equiparando la pena por aborto con la de homicidio agravado en los casos en que este es cometido por un familiar, por autoridad civil o militar, " con ensañamiento ", por remuneración o cuando " fuere motivado por odio ". Actualmente, un total de 14 mujeres están condenadas por delitos ligados al aborto. La visita del fiscal general y el canciller