La Dirección Ejecutiva de la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad ( Fusate ) insistió, ayer, que son necesarias las reformas a la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor. Dichas reformas están propuestas desde el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Lila Vega, Directora Ejecutiva de la fundación, aseguró que las reformas consisten en una ampliación del articulado y la inclusión de sanciones para los infractores de los derechos humanos de la tercera, cuarta y quinta edad, además de un nuevo Instituto de protección para el adulto mayor. Según Vega, el país cuenta con la ley desde 2002, pero a su criterio es una ley muy básica porque solo define los derechos, pero no vela por el cumplimiento de los mismos. Ante esto, las reformas enfatizan sobre el tema de sanciones. En la reforma se establece que si no se cumplen los derechos del adulto mayor, hay diferentes tipos de sanción, explicó Vega. Otro tema, según Fusate, es la orientación de fondos de parte del gobierno para mejorar la calidad de vida del adulto mayor y con esto piden la creación de un instituto de atención que funcione con un presupuesto formal, semejante al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer.