en su territorio, principalmente la Mara Salvatrucha y Barrio 18, luego de la escalada de violencia. La Asamblea Legislativa, controlado por el oficialismo, decretó a solicitud de Bukele un régimen de excepción el 27 de marzo, que permite detenciones sin orden judicial. También se reformaron leyes para castigar con hasta 45 años de prisión a quienes pertenezcan a pandillas. La reforma también incluye castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.