La Sala de Constitucional admitió, ayer, un amparo a favor de las víctimas de una masacre ocurrida en el El Calabozo, municipio de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente, durante un operativo militar realizado en agosto de 1982 y ordenó a la jueza determinar, en 15 días, qué ley utilizará para procesar el hecho. La Sala determinó que, debido a una omisión de investigación y tramitación del proceso penal, no han sido posibles la justicia ni la posterior reparación integral de los daños causados. Según los demandantes, las acciones militares vulneraron los derechos a la protección jurisdiccional y derecho de los ciudadanos a conocer la verdad. Los afectados expusieron que un sobreviviente del homicidio colectivo denunció los hechos en 1992 ante el Juez de Primera Instancia de San Sebastián, con el fin de que efectuara la investigación correspondiente. Dicha autoridad, en su momento, decidió archivar el proceso penal, sin perjuicio de reabrirlo en caso de que aparecieran elementos de juicio que así lo ameriten. Entre los señalados en la masacre está el general José Guillermo García, y coronel Sigifredo Ochoa Pérez.