El expresidente de la República, Mauricio Funes, y 31 imputados más han ocasionado al Estado de El Salvador daños y perjuicios por un monto de $ 304, 224, 872. 17, producto de la sustracción de más de $ 351 millones, y deben devolver ese dinero. Así lo ha pedido la Fiscalía General de la República al Juzgado Quinto de Paz, de San Salvador. En el expediente, la Unidad de Investigación Financiera ( UIF ) dijo que el monto podría modificarse de acuerdo a la investigación que se realice en la fase de instrucción. El daño que hasta el momento y de manera preliminar se ha acreditado es sumamente cuantioso, como se demostrará de manera certera en el momento procesal oportuno ; sin embargo, es de mencionar que con la finalidad de establecer indiciariamente el daño causado, la Fiscalía realizó diferentes diligencias de investigación, detalla el requerimiento. Para confirmar que existe un daño indemnizable, producto de la supuesta sustracción ilícita del dinero del Tesoro Público, la UIF dice que cuenta con un informe presupuestario y financiero sobre gastos reservados de la Presidencia de la República del período 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014, elaborado por analistas de gestión presupuestaria y financiera del Ministerio de Hacienda, el 15 de mayo de 2018. Ese informe evidenciaría el uso ilícito de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público, ya que de los más de $ 351 millones sustraídos, $ 304. 2 millones habrían sido apartados de su finalidad pública. El Ministerio Público afirma que existe la certeza de un claro menoscabo patrimonial de gran trascendencia económica para el desarrollo eficaz de las funciones públicas a cargo del Estado de El Salvador. La representación fiscal, al dar por iniciada la acción civil de forma subsidiaria, justifica que los delitos atribuidos a los procesados han causado un daño material de gran magnitud que debe ser resarcido. Además de los imputados, la Fiscalía ha pedido que el Banco Hipotecario también responda civilmente por los delitos de peculado y lavado de dinero, cometidos por Manuel Rivera Castro y Joaquín Eduardo Cárdenas,