El puerto La Unión lleva ya más de una década sin operar. Sus ostentosas inauguraciones, por parte de dos presidentes, terminaron bajo el ardiente sol oriental en un inmenso parqueo donde las grúas abandonadas son el único ocupante. CEPA anunció recientemente que no concesionará el puerto y que le dejará la tarea a las autoridades de la nueva administración gubernamental y aunque esto retrasará aún más la operatividad del puerto, al menos quedarán detrás los nubarrones de un proceso que buscaban acelerar y que había sido cuestionado por la embajada estadounidense por su falta de transparencia. El presidente de CEPA atribuyó el nuevo retraso a que la Agencia de Cooperación Internacional del Japón ( JICA ) aún no entrega la no objeción para lanzar la licitación, un silencio administrativo que parece más bien ir por la línea de las preocupaciones estadounidenses y el abrupto interés de China en la zona. El nuevo Gobierno debe fijar como una de sus prioridades acabar con la inoperancia del puerto de La Unión, hacerlo funcionar y cumplir con el objetivo soñado de llevar desarrollo a esa región del país. El nuevo proceso de licitación y concesión debe hacerse con transparencia y responsabilidad, velando por los intereses nacionales.