adecuaciones familiares, personales y económicas para atender sus funciones según los horarios establecidos. Mientras que la segunda resolución notificada, sin sello y firma, ordena al Isdemu cesar por un plazo de 30 días a partir de su notificación el horario impuesto a las denunciantes, aclarando que esa medida cautelar no es definitiva, sino que debe verse como un acto en el que se insta a la patronal y empleados a buscar mecanismos legales e idóneos para solucionar el problema. El caso es que quieren imponer horario laboral violentando derechos laborales, y ya que nos negamos a cumplir fuimos al juzgado especializado y el juzgado nos dio como medida de protección sentarnos a conciliar con la patronal, eso no es medida de protección, dijo una de las empleadas, quienes no quisieron revelar sus nombres. Alegan que no se les quiso tomar la denuncia y luego que no resolvió su petición, porque se puso una medida de protección consistente en sentarse a conciliar con el Isdemu, algo que según ellas no es una medida de protección. El Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer de San Salvador emitió dos resoluciones, una completa y otra incompleta, dicen denunciantes. Las denunciantes manifiestan que la jueza desde que entró a conocer el caso les tuvo que nombrar un defensor público, pero lo hizo 15 días después. Estos son los dos modelos distintos de resolución que el Juzgados Especializado de Instrucción de la mujer emitió el 1 de septiembre de 2017 y que se les notificó un día después.