La embajadora estadounidense advirtió la semana pasada que su Gobierno evaluaba las decisiones del Gobierno salvadoreño para determinar si es un socio confiable comprometido en el combate de la corrupción. El principal escollo que la diplomática mencionaba está relacionado con el combate al lavado de dinero, luego que una reforma para darle autonomía a la Unidad de Investigación Financiera ( UIF ) de la Fiscalía General de la República, terminara vetada por el presidente Sánchez Cerén. El veto pudo haber sido superado la semana pasada, pero el FMLN y GANA se negaron a hacerlo. Esto podría provocar que el país caiga en la lista negra de paraísos fiscales y enfrente problemas para la obtención de créditos internacionales. La embajadora también mencionó las relaciones con China Popular, el apoyo al gobernante venezolano, Nicolás Maduro y los retrasos del pedido de extradición del expresidente Mauricio Funes como motivos adicionales de dudas sobre el compromiso del Estado salvadoreño ante la corrupción. Pareciera que la relación con Estados Unidos pasa por uno de los momentos más bajos de los últimos 25 años y por razones que nos deben preocupar a todos los ciudadanos porque nos afectan directa o indirectamente.