La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, decidió que la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República ( FGR ), no es inconstitucional y avaló la autonomía funcional y técnica que la Asamblea Legislativa le dio a la Unidad de Investigación Financiera ( UIF ). Los cinco magistrados explican que la referida autonomía no implica la dirección en la investigación de los delitos, sino que en el marco del fenómeno del lavado de dinero, se ubica en un estadio previo el entorno preventivo, tan importante para evitar el desarrollo de acto de inicio de la legitimación de capitales o de activar alertas de una actividad de esa naturaleza, dice la resolución. El fallo explica que la UIF no puede investigar los delitos sin la dirección del Ministerio Público fiscal sino que solo puede generar inteligencia financiera para ofrecer pistas a la investigación. La Sala de lo Constitucional dice que la Unidad de Investigación Financiera está obligada a informar a la Fiscalía General sobre la información encontrada que podría configurarse en delito, para ser investigada o aquello que sirva para prevenirlo. Añade que, cuando la Unidad recoja información y la analice, podrá hacer dos cosas : Identificar operaciones económicas que, por sus características objetivas, puedan llegar a estar relacionadas con el lavado de activos, financiación al terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva y advertir la configuración de una operación legítima, de acuerdo con los perfiles y patrones de comportamiento de los sujetos normativos vinculados. La Sala resolvió luego que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, enviara un veto presidencial superado por la Asamblea Legislativa, donde él alegó que la reforma era inconstitucional. El mandatario dijo a los magistrados que la reforma iba en contra del artículo 193, ordinal tercero de la Constitución, porque le privaba de sus competencias constitucionales en la dirección de investigación en delitos financieros a la fiscalía. En su resolución, la Sala de lo Constitucional ordenó al presidente de la República sancionar el decreto y mandarlo a publicar y ayer, después que la sentencia se hizo pública, la Presidencia señaló que sanciona