Esta semana el gobernante venezolano Nicolás Maduro, dio la última puñalada a la poca institucionalidad que quedaba en su país y convocó elecciones para una Asamblea Constituyente el próximo 30 de julio. Lo que Maduro pretende hacer es terminar con toda la institucionalidad formal que quedaba y poner todas las entidades de Gobierno a su servicio. Y no importa que el parlamento haya sido ganado por la oposición, lo desconoce de un solo plumazo gracias a un Tribunal Supremo de Justicia lleno de militantes de su partido. No importa que la Fiscal General le diga que no tiene legalidad lo que hace y ya amenaza con destituirla, como seguramente lo hará. En Venezuela no quedará ya ninguna independencia de poderes. Todos los funcionarios tendrán una única y exclusiva voluntad : la de Nicolás Maduro, rodeado de su partido y de una casta militar profundamente comprometida políticamente y señalada por sus nexos con el narcotráfico y la corrupción. Lo que sucede en Venezuela es un vivo ejemplo de por qué en El Salvador debemos cuidar nuestra institucionalidad, la separación de poderes, el Estado de Derecho, que se cumplan las sentencias y ningún gobernante o partido hagan su capricho, destruyendo todo resquicio de democracia.