##iste la OEA, en alusión a unos 190 opositores detenidos, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia que buscaban retar a Ortega en las elecciones de noviembre, en las que el exguerrillero obtuvo su cuarto mandato consecutivo. El 18 de ese mes Ortega anunció el retiro de Nicaragua de la OEA, que le recuerda que debe cumplir con sus obligaciones hasta el 18 de noviembre de 2023, cuando se haría efectiva su retirada. Pese a que Managua ha ignorado sus declaraciones y resoluciones anteriores, la OEA le reiteró su ofrecimiento " a trabajar " de forma conjunta para que se " restablezca la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos " en el país. Encomendó a Almagro que se lo notifique al gobierno de Ortega y que " considere la adopción de medidas adicionales según sea necesario ". Es casi inevitable preguntarse por el alcance de la resolución. " Ninguna resolución por sí sola va a resolver semejantes problemas, menos en nuestro contexto organizacional cuando con inusitada frecuencia no estamos siendo el espacio donde los Estados del hemisferio se ponen de acuerdo para actuar en conjunto sino en una modesta caja de resonancia para tomas de posición particulares, legítimas pero particulares ", reflexionó el representante permanente de Chile Sebastián Kraljevich. " No hay una vara de plata o solución mágica para restablecer el imperio de los derechos humanos en Nicaragua ", dijo, al comparar la situación en ese país con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, pero hay que contribuir " a la resistencia " de un pueblo y buscar " todas las vías pacíficas " de diálogo. Para México " la OEA no es en este momento el espacio para propiciar un diálogo genuino con un Estado con el que se ha roto toda relación ". " El secretario general no es un actor confiable ", afirmó la representante Luz Elena Baños. Almagro, que tomó la palabra más tarde, lamentó " la instrumentalización política para desconocer el sufrimiento de los nicaragüenses ", incluidas las comunidades indígenas debido a la invasión de sus territorios ancestrales. La resolución fue propuesta por Antigua y Barbuda y copatrocinada por Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Brasil