Desde el 2 de mayo del año 2015, el colombiano, Rafael Enrique Silva Zambrano, fue señalado por la Unidad de Investigación Financiera ( UIF ) de la Fiscalía como un lavador de dinero y se convirtió en blanco de persecución de una institución que en dos ocasiones ha perdido el caso, porque jueces de paz, jueces de instrucción, jueces de sentencia y hasta magistrados de cámara han concluido que el rentista de capital ( persona dedicado al cambio de divisas ), nunca ha cometido delito. Los fiscales de la UIF por mucho que han agotado los recursos y las diferentes instancias siempre han perdido el caso judicialmente, ya que sus argumentos y sus pruebas lejos de incriminar al colombiano lo han beneficiado. Este caso nace cuando Silva Zambrano, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero transportando en un maletín de mano $ 279 mil, ese día hizo escala en un vuelo procedente desde Cancún, México, con destino a Bogotá, Colombia. Tras ser detenido la UIF lo acusó Juzgado de Paz de San Luis Talpa y en la audiencia inicial el juez de paz lo dejó en libertad, pero la Fiscalía apeló ante la Cámara de la Tercera Sección del Centro con sede en San Vicente y esa instancia revocó la resolución. El extranjero al conocer esa resolución se presentó voluntariamente al Juzgado de Instrucción de san Luis Talpa, pero luego en una audiencia fue sobreseído y la UIF volvió apelar ante la misma cámara. Ese tribunal superior ordenó que en una audiencia especial fuera enviado a juicio, la jueza de instrucción cumplió con lo ordenado por los magistrados y resolvió con un auto de apertura a juicio, pero le impuso medidas alternas a la detención a Silva Zambrano. Al momento de la vista pública el extranjero lejos de huir a su país llegó para someterse al juicio en el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, el juez de la causa lo absolvió de casos especiales de lavado de dinero y activos por no existir ningún delito y en su fallo hasta pidió disculpas en nombre del Estado de El Salvador por considerar que nunca infringió las leyes salvadoreñas. Esa absolución fue apelada por la Fiscalía y la Cámara de San