La Fiscalía General de la República solicitó, el jueves al Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador que se inicie formalmente el trámite de extradición del expresidente de la República Mauricio Funes, su compañera de vida Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, los hijos del exmandatario, Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas. Según la acusación del Ministerio Público, Funes creó una red sofisticada para apropiarse de $ 351, 035, 400. 49 durante su administración entre los años 2009 - 2014 y contó con la ayuda de sus más cercanos colaboradores que en total suman 31, todos procesados en el denominado caso Saqueo Público, judicializado el pasado mes de junio en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador. En el escrito presentado al juez Edward Sidney Blanco, recusado por algunos defensores de los imputados, la representación fiscal expresa que El Salvador ha suscrito convenios multilaterales en materia de corrupción y extradición con otros países, así como con la República de Nicaragua, vigentes a la fecha. La Fiscalía menciona que El Salvador ha ratificado la Convención Interamericana contra la corrupción, en la cual se retoma el tema de la extradición ; así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que establece la obligación de cooperación internacional y extradición. Señalan en el escrito de 24 folios que no hay ninguna persecución política como el exmandatario lo asegura y que sirvió para que el 2 septiembre de 2016 se le otorgara el asilo político. A Funes, Nicaragua le otorgó casi de forma expresa su petición que fue presentada el 1 de ese mismo ; la solicitud fue justificada con la existencia de estar en peligro su vida e integridad física, por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos y su filiación política en El Salvador, según la resolución ministerial número 073 - 2016 publicada en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, el 6 de septiembre del mismo año. El Ministerio Público plantea que este proceso penal no tiene que ver nada con un delito político, por lo cual no sería aplicable el asilo concedido a los cuatro imputados y consecuentemente es viable admitir la