y analizar la prueba documental y pericial, se determinó que lo que ya habían esbozado era verídico explico el juez. Otra de las pruebas claves que los jueces valoraron fue el peritaje financiero contable en el cual se demostró que se abrieron 16 cuentas bancarias, 12 a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga, dos de Élmer Charlaix y dos de Pablo Gómez, violando las disposiciones legales ya que nunca fueron autorizadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Dentro de ese peritaje se resalta el punto15, en el cual, el experto detalla todas las cantidades de dinero depositadas a las 16 cuentas personales alimentadas con fondos de la Cuenta Institucional Subsidiaria de la Presidencia de la República para luego emitir cheques a personas naturales y entidades jurídicas, entre esas, las agencias de publicidad a quienes se les contrató con la condición de que pautaran en las empresas de Saca. Para los jueces todo lo expuesto en los peritajes y lo confesado por los imputados fue corroborado por una abundancia de pruebas, entre ellos, los testigos, quienes llegaron a decir en el juicio que del Banco Cuscatlán e Hipotecario se hicieron depósitos, cambiaron cheques e hicieron transferencias hacia personas e instituciones que no prestaron ningún servicio a la Presidencia. En el caso del exasistente técnico de Capres, Pablo Gómez, quien no se sometió al procedimiento abreviado y optó por el juicio ordinario, los jueces lo condenaron a 16 años de prisión por peculado y lavado de dinero. Con respecto a este imputado, el juez Guevara sostuvo que deliberaron hasta qué punto él tenía responsabilidad de los delitos porque en su declaración expresó que solo obedecía órdenes. Agregó que conforme a la sana crítica surgió la interrogante de cómo una persona con un amplio récord laboral en materia contable abrió cuentas bancarias, cambiaba cheques y hacía millonarios retiros, sin darse cuenta que eso era irregular. Para el tribunal no es justificable que Gómez haya dicho que solo obedecía órdenes y que desconocía en qué se utilizaría el dinero, los jueces dijeron que no