El principio general del derecho romano, en el cual está basada nuestra tradición jurídica dice que la ley es dura, pero es la ley. Por eso nos ha sorprendido cómo el director de la Policía Nacional Civil ha incumplido dos órdenes expresas de instituciones estatales con claras atribuciones constitucionales en un desafío sin precedentes a la autoridad civil. El mensaje es muy negativo para la seguridad jurídica del país. Ningún funcionario tiene atribuciones deliberantes ante órdenes establecidas claramente en la Constitución, solo queda cumplirlas. Si un funcionario no quiere cumplir las órdenes de la Asamblea Legislativa o del Fiscal General de la República, entonces ¿ Qué pueden esperar los ciudadanos comunes y corrientes sobre sus derechos y garantías más esenciales? ¿ Los podrá proteger la Policía Nacional Civil o sus oficiales deliberarán políticamente cada vez que haya una decisión al respecto? Ese mensaje de inseguridad jurídica es grave para todos. La institucionalidad se debe respetar, no puede quedar en entredicho. Las decisiones judiciales y las sentencias también deben cumplirse. Lo contrario es la anarquía, la inseguridad jurídica o el capricho. Ninguna de esas tres variables puede ser positiva para la imagen del país ni a corto, ni a mediano y mucho menos a largo plazo. Sin duda hechos como estos preocupan mucho a gobiernos amigos pero también a inversionistas que cuestionan la seguridad jurídica para sus negocios actuales o potenciales.