Un estudio diagnóstico realizado en 2014 por un equipo del Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda y Superintendencia del Sistema Financiero llegaron a las conclusiones de que una reforma de pensiones como la que está proponiendo el Gobierno, implicaría la expropiación por parte del Estado de las cuentas individuales de los afiliados, lo que generaría una larga batalla legal. Inexplicablemente, el Gobierno del FMLN sigue promoviéndola aunque el estudio de 2014, es explícito en sus consecuencias. Ese mismo informe advertía que el clima de inversión en el país - ya de por sí pobre y decepcionante - podría perjudicarse como consecuencia de la reversión de las reglas bajo las cuales invirtieron las AFP y además señalaba que la débil institucionalidad pública pone en riesgo la adecuada y eficiente administración de los recursos y que se corre el riesgo de que tales recursos sean utilizados para otros fines que son ajenos al sistema previsional. Pero lo que sí pretende el Gobierno actual es crear una ficción fiscal que anule la deuda previsional y mejore el flujo de caja, dos beneficios para el Ejecutivo, pero no para los cotizantes actuales ni futuros. En otras palabras, un parche temporal para un enorme hoyo que requiere soluciones más serias y profundas.