El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que el Gobierno salvadoreños ha mantenido el respeto a la libertad sindical y de expresión, durante su discurso ante la 110 Conferencia Internacional del Trabajo. En el discurso, que tuvo una duración de cuatro minutos con 37 segundos y que fue transmitido por el sitio oficial de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ), Castro señaló que no se ha utilizado ni un tan solo bote de gas lacrimógeno contra las manifestaciones, como lo hicieron los Gobiernos anteriores. A pesar de estas declaraciones, en anteriores ocasiones la prensa nacional ha reportado retenes previo y durante los días donde se convocan a marchas contra acciones del Gobierno. Por ejemplo, el 16 enero pasado, la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ) constató, a través de sus delegados, que los manifestantes y conductores que se dirigían a las marchas eran retenidos y, según testimonios, eran liberados hasta que garantizaran que no participarían del evento o regresaran al punto de partida. Un día después, el asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, aseguró que no se busca callar a los manifestantes, sino que simplemente se busca seguridad. Para la marcha del 1 de mayo, cuando ya estaba vigente el régimen de excepción, el ministro de Trabajo aseguró que quienes participaran de esta sería porque apoyan a los grupos delincuenciales e invitó a los sindicalistas a unirse a un evento organizado por el Ejecutivo. Los verdaderos líderes sindicales estarán en un evento con el Gobierno de la República conmemorando el 1 de mayo, y los delincuentes y los que apoyan a las pandillas en El Salvador estarán en distintos puntos de San Salvador intentando hacer una marcha, dijo el 28 de abril pasado. Castro aseguró a los altos dirigentes de la OIT y de los países invitados que el movimiento sindicalista en El Salvador tiene acceso con las autoridades del Gobierno. El ministro también abordó el tema de la seguridad y de la liberación del país ante el flagelo de los grupos delincuenciales, en donde se ha protegido el derecho fundamental de la vida. El presidente Nayib Bukel