El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador había condenado al expresidente Elías Antonio Saca a pagar $ 260 millones en concepto de responsabilidad civil y a otros seis imputados a montos de $ 3 y $ 15 millones, pero la Cámara Segunda de lo Penal modificó esa resolución y la deja en abstracto para que la Fiscalía General de la República siga la recuperación del dinero apropiado en un juzgado de lo civil. Esta decisión de las magistradas surge tras estudiar recursos de apelación que las partes procesales presentaron en el caso conocido como Destape a la Corrupción, donde la Fiscalía acusó por los delitos de lavado de dinero y peculado. Según la Cámara, la defensa de los imputados en la apelación argumentó sobre la imposibilidad de determinar el monto por el que debían responder, por lo que en la resolución el tribunal superior detalla que al revisar la sentencia de responsabilidad civil por mayoría, los jueces la única prueba que valoraron fue la pericia financiera contable. Señalan que ese estudio no determinó de forma exacta el monto que debían regresar cada uno de los imputados, debido a que la pericia tuvo limitaciones entre las que se menciona la imposibilidad de valorar toda la documentación solicitada. Las magistradas dicen que la Fiscalía no acreditó un beneficio personal a favor de los exempleados de Casa Presidencial, pero que aun así, el Tribunal Segundo de Sentencia los condenó a pagar montos que van de $ 3 a $ 7 millones en concepto de responsabilidad civil. Para modificar la condena por responsabilidad civil, la Cámara valoró también el voto de discordia del juez presidente del Tribunal Segundo de Sentencia, José Luis Giammattei, quien estuvo de acuerdo con la mayoría del tribunal en determinar que todos los imputados eran responsables civilmente. Pero no estuvo de acuerdo en los montos que sus compañeros de tribunal impusieron a Elías Antonio Saca, Julio Rank, César Funes, Elmer Roberto Charlaix Urquilla, Francisco Rodríguez Arteaga, Jorge Herrera y Pablo Gómez, por no determinarse a exactitud con los elementos de prueba presentados en el juicio. En la misma resolución se resolvió respecto a las penas impuestas al excontador del secretario privado de la Presidencia de la República, Pablo Gómez y Francisco Rodríguez Arteaga, exjef