El fiscal general de la República, Raúl Melara, señaló que la suspensión que el Grupo Egmont hizo al país, por la falta de cumplimiento a ciertos requisitos en la normativa de lavado de dinero, atrasó las investigaciones. Ha generado un retraso importante pero nosotros creemos que se puede restablecer, aseguró ayer el titular del Ministerio Público. Melara agregó que a medio año hay una nueva reunión del Grupo Egmont y que ahí pedirán ser reintegrados. Hay una reunión programada para junio, julio ; se va a pedir que se restablezcan todos los derechos que el país tiene como tal en Grupo Egmont, dijo Melara. El año pasado, el exfiscal Douglas Meléndez, expresó que el más beneficiado con la suspensión era el expresidente de la República, Mauricio Funes. También fueron afectadas investigaciones en contra del expresidente Antonio Saca, Jorge Hernández, Adán Salazar Chepe Diablo, y el caso contra la ex primera dama Ana Ligia de Saca. El referido grupo de carácter mundial permite que 159 Unidades de Investigación Financiera ( UIF ) compartan información financiera para investigar el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. El país fue suspendido de compartir esa información en octubre pasado, luego que la Asamblea Legislativa no reformara, a tiempo, el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para dar autonomía funcional y técnica a la Unidad de Investigación Financiera ( UIF ). Cuando fue aprobada la reforma, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, lo vetó argumentando que era inconstitucional, porque dicha autonomía violaba el mandato del monopolio de la investigación que tiene la Fiscalía. El pasado 7 de febrero la Sala de lo Constitucional, aclaró que la reforma es legal, porque la autonomía de la UIF es previo a iniciar una investigación de lavado, es decir, es para recopilar toda información que puede derivar en un delito financiero.