La condena impuesta por un Tribunal de Sonsonate contra seis militares responsabilizados de la desaparición de tres jóvenes en Armenia, en 2014, es un precedente jurídico que debe marcar el comportamiento de las fuerzas de seguridad y de los militares en torno al respeto absoluto de los Derechos Humanos. Hace unos años, en un primer juicio, esos militares fueron exonerados y defendidos por el alto mando de la Fuerza Armada, como si su comportamiento tuviera alguna justificación. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó un nuevo juicio y el resultado fue la condena de la semana pasada. En este caso, los militares, armados de fusiles, detuvieron a los jóvenes y los condujeron a una zona de de alta peligrosidad en Armenia, controlada por la Mara Salvatrucha. Los testigos en el caso relataron que los militares sometieron a los cinco hombres y en medio de insultos y agresiones físicas los introdujeron en la zona. Con el oscuro pasado que tiene la Fuerza Armada sobre el tema de desapariciones de personas durante el conflicto armado, su alto mando actual debe dejar claro que conductas como esta no pueden ser admisibles de ninguna forma. Bien por la Fiscalía y el tribunal que condenó a estos malos soldados que debieron de proteger a estos ciudadanos y no provocar esta tragedia.