La Asamblea Legislativa reformó esta noche la Ley de Telecomunicaciones para crear nuevas obligaciones a las operadoras de telefonía, en el almacenamiento de información y en la colaboración en la investigación de delitos por la Fiscalía General de la República. Así, las operadoras estarán obligadas a entregar " toda la información requerida por la Fiscalía " sobre los datos de registro de la línea o de las líneas telefónicas investigadas, los registros de llamadas durante un periodo, los datos del origen de cualquier otro tipo de comunicación electrónica y otros. Las operadoras estarán obligadas, según la reforma, a tener soluciones técnicas para identificar a los originadores de la llamadas en el marco de la investigación de un delito, en todos sus usuarios. Así mismo, " todas las instituciones o empresas, nacionales o multinacionales, que tengan operaciones con datos o registros de información en territorio nacional, deben almacenar esa información en servidores locales " y deben tener representación local que dé acceso a la información. No llevar un registro fidedigno de sus usuarios, no adoptar soluciones para almacenar documentos de identidad con el rostro del usuario y su localización geográfica del primer registro de actividad de la línea, no contar con mecanismos de bloqueo serán infracciones especiales que serán castigadas con multa de 500 a 1, 000 salarios mínimos vigentes del sector comercio y servicios por cada infracción : de $ 182, 500 a $ 365, 000. Actualmente, la multa por las infracciones especiales es de hasta 37 salarios mínimos : hasta $ 13, 505. La reforma le da un plazo de 180 días ( seis meses ) a las operadoras telefónicas para adecuar sus sistemas informáticos a las nuevas exigencias de la reforma.