Los miembros de una estructura del barrio 18 que delinquía en varias colonias del municipio de Apopa, comenzaron ayer el proceso penal por una serie de delitos que van desde extorsión hasta organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República acusó a 90 imputados, pero ayer, en la audiencia de imposición de medidas, se conoció la causa solo para 36 ; mientras, para los demás imputados - entre los que hay prófugos y recluidos en otros centros penales - se resolverá posteriormente, informó el Juzgado Especializado de Instrucción A. El Ministerio Público acusa a la estructura de cinco homicidios agravados, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, diez casos de extorsión agravada, dos proposiciones y conspiraciones en el delito de extorsión agravada, tráfico ilícito, conspiración y proposición en el delito de tráfico ilícito y organizaciones terroristas. Los pandilleros acusados se habían instalado desde el año 1996 en el centro de Apopa, las cuatro etapas de Valle Verde, Popotlán I y II y Praderas. La Fiscalía señaló en el expediente que los imputados tenían sometidos a comerciantes y empresarios de transporte, quienes mensualmente tenían que pagar cuotas de $ 50 y $ 200 para poder realizar sus actividades. Entre los homicidios que les atribuyen está el caso de Vicente Antonio Moya Ticas, un recolector de desechos sólidos que trabajaba en la alcaldía municipal de Apopa. En esta causa penal la Fiscalía presentó como principal elemento la información de un testigo criteriado, quien ha dicho la forma en que la pandilla estuvo cometiendo los diversos ilícitos ; pero la jueza del caso ha pedido que se amplíe la declaración de este testigo.