La decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar la reserva de la toda la información patrimonial de funcionarios o exfuncionarios investigados por su Sección de Probidad, cuando no haya resolución definitiva de la CSJ o cuando dicha resolución exonere al investigado de indicios de enriquecimiento ilícito, constituye un retroceso en la transparencia y el derecho de información que había hecho ese órgano de Estado y había sido clave en el combate a la corrupción. La reserva aplica a las auditorías patrimoniales, análisis, contrastes o informes que Probidad realice con la información patrimonial de cada investigado, pero no incluye declaraciones patrimoniales. La medida se parece mucho a la de otra institución bastante cuestionada en el combate a la corrupción : la Corte de Cuentas de la República. El derecho a la información, consignado en la Constitución, ha sido violentado para las mayorías, favoreciendo a funcionarios que estarían siendo cuestionados. Lo que preocupa con esa mayoría de ocho magistrados es si de ahora en adelante veremos un tribunal supremo que también detendrá los casos de Probidad para los procesos civiles y penales, en dependencia de afinidades ideológicas.