Ayer se cumplieron siete años de la entrada en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública ( LAIP ), una legislación que ha empezado a abrir la puerta de la administración gubernamental y ha permitido que conozcamos cómo se gastan los fondos públicos, el número de asesores que tienen los órganos de Estado, contratos y contrataciones que antes aparecían resguardadas al escrutinio público. Esta ley también ha venido permitiendo en este momento la publicación de las declaraciones patrimoniales de funcionarios de diferentes niveles y, además, su consiguiente investigación por parte de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. La transparencia y el derecho a la información son un derecho ciudadano de conocer el uso de los bienes y fondos públicos, no concesión de ningún Gobierno, funcionario o partido. Por eso el acceso a la información pública debe ser entendido como un servicio a la población y no como un favor, que sirva de puente entre la sociedad y el Estado, a partir del cual se restablezcan los vínculos entre los ciudadanos y sus funcionarios, o se construya mayor confianza en las instituciones. La ley ha sido positiva pero falta mucho por mejorar en todos los órganos del Estado.