Entre 30 y 40 % del total de denuncias de personas desaparecidas en los últimos años, corresponden a niñas y mujeres desaparecidas, así lo explicó Jorge Rodríguez, miembro del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas ( UCA ). Según Rodríguez, desde junio de 2019 hasta junio de 2021 del total de mujeres registradas como desaparecidas el 50 % son niñas y adolescentes menores de edad. Las organizaciones señalaron que las cifras que maneja la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República en cuanto a la desaparición de personas en El Salvador son inconsistentes entre sí. Entre enero y junio de 2021 la PNC reportó 989 personas desaparecidas y la Fiscalía solo 610 esto a pesar de que el 30 de junio de 2019 se anunció la mesa bipartita entre la PNC y la FGR y que uno de los principales aspectos que iba a trabajar esta mesa eran las cifras de personas desaparecidas y a más de dos años aún no hay coincidencia, aclaró Rodríguez. De tal forma Zaira Navas de CRISTOSAL afirmó que el actual gobierno está ocultando los planes del combate al crímenes, también los protocolos creados hasta la fecha, ya que ellos aseguraron que se está en conversaciones internacionales pero no dicen nada concreto. También, agregó que los mecanismos de la Fiscalía como la Unidad de Personas Desaparecidas o el programa Ángel Desaparecido no tienen el impacto ni eficacia que se necesita para este tipo de casos. Sonia Rubio, de la Fundación para el Debido Proceso ( DPLF ) destacó que la Fiscalía no debe olvidar que tiene tres obligaciones que no está cumpliendo : La primera que es muy básica, dar con el paradero de o al menos entregar al menos los restos de estas personas, es decir tiene la obligación de investigar y poner toda la institucionalidad en razón de buscar a estas personas. Dos es investigar, perseguir el delito y así sancionar al responsable. Y la tercera y es la más grave, deben atender integralmente a las familias de los desaparecidos, agregó Rubio.