En una resolución emitida por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, el accionar del empresario Enrique Rais y otros cinco acusados de delitos de corrupción, por la Fiscalía General de la República, fue calificado como crimen organizado institucionalizado. Tras esa decisión, la jueza Violeta Flores se declaró incompetente para conocer el proceso contra los seis imputados prófugos y la causa penal pasó al Juzgado Especializado de Instrucción C de San Salvador. Este nuevo juzgado que recibió este caso deberá realizar la audiencia preliminar hasta que los imputados sean capturados, ya que esa diligencia no se puede instalar sin su comparecencia. Mientras tanto el expediente estará en suspenso y puede pasar años, con la salvedad de que la prescripción se interrumpió desde el 25 de agosto de 2016, cuando la Fiscalía General judicializó el caso ante el Juzgado Séptimo de Paz de la capital. En el análisis que la jueza Segunda de Instrucción hace, tras revisar la acusación fiscal, se detalla que en el proceso aparecen como imputados, un empresario, dos abogados litigantes y tres miembros de instituciones estatales y que cada uno tiene roles diferentes definidos con los cuales se manipulaba la justicia en busca de beneficios personales, a cambio de dinero y dádivas materiales. En la resolución se agrega que esta red de corrupción era dirigida por un centro de decisiones - financistas -, quien daba órdenes para manipular la justicia a su favor a través de sus abogados, jueces, fiscales, peritos, entre otros, pasando por el interior de las estructuras del Estado, como el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y el mismo Órgano Judicial. Según la resolución, queda establecida la jerarquía y los roles que tenía cada persona dentro de dicha organización, de manera que la corrupción a la que se expuso la institucionalidad del Estado salpicó hasta el Instituto de Medicina Legal, donde clave Troya en su calidad de perito, se convirtió en colaborador de la estructura para manipular la prueba y viciar los procesos de interés de los cabecillas de la organización. Se detalla que en la relación de los hechos acusados por la Fiscalía General de