La Corte de Cuentas ha sido históricamente una de las instituciones más inoperantes y negligentes en cuanto a la fiscalización de los fondos y bienes públicos, porque lejos de ayudar en el combate a la corrupción, se ha vuelto un feudo partidario desde donde los magistrados favorecen a los afines y castigan a los adversarios políticos. Los magistrados han sido en su mayoría, personajes obedientes a sus patrocinadores, a los que por supuesto, protegen. Ahora que la Sala de lo Constitucional empezó a fallar para despartidizar las instituciones, ha quedado en evidencia todo esto. Pero si la diligencia que hizo ayer la Fiscalía General de la República llega a ser un proceso judicial y se condena a los cuatro jueces que presuntamente dejaron caducar 48 expedientes de juicios de cuentas, entonces estaremos ante la apertura de la gran Caja de Pandora que ha sido esa entidad, donde los nubarrones han prevalecido sobre cualquier indicio de transparencia. Estos casos nos demuestran que la sociedad debe exigir magistrados probos, capaces e independientes en la Corte de Cuentas, que limpien cualquier cochinada histórica que ahí prevalece y que realmente cumpla su papel de velar por el correcto uso de los fondos del Estado, sin tener que encubrir a ningún funcionario o partido político.