La abogada defensora del expresidente Antonio Saca, Silvia de Bonilla pidió a la Asamblea Legislativa reformar el plazo de 30 días para aplicar la ley de extinción de dominio y que ésta sea aplicada en un plazo de seis meses, como en un proceso penal. Además, De Bonilla considera que es una ley abusiva y temeraria. Es una ley que, en los 20 días nada más se da para contestar la demanda y, luego 10 días más, para la audiencia preliminar y la aportación de pruebas. Es un periodo que deja indefensas a las personas afectadas, explicó. Agrega que una persona tiene que buscar en un lapso de 30 días todas las pruebas documentales de sus bienes adquiridos.