##do más de 36, 000 personas. De acuerdo a Amnistía Internacional, El Salvador pasó de ser el segundo país con la mayor tasa per cápita de personas presas a ser el primero en el mundo, incluso superando a Estados Unidos. De una tasa de 609 personas presas por cada 100, 000 habitantes, hoy se tiene una tasa de 1, 164 personas por 100, 000 habitantes, superando la tasa de 639 de los Estados Unidos. Lo que significa que el 1. 7 % de la población mayor de 18 años está tras las rejas, indicó Guevara. Amnistía Internacional desplegó un equipo de respuesta que ha realizado una investigación en las ultimas semanas. Este tipo de equipos se despliega cuando la organización considera que se pueden estar llevando a cabo violaciones generalizadas o sistemáticas que pudieran configurar responsabilidad criminal internacional. Se documentaron 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas, tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y exoperadores de justicia, y líderes comunitarios. Amnistía Internacional encontró que miles de personas fueron detenidas sin que se cumplan requisitos legales, sino únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales, ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, por tener un familiar perteneciente a una pandilla, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla, que son precisamente zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico. Las personas son presentadas en audiencia judicial donde en su mayoría son acusadas del delito de agrupaciones ilícitas, cuya pena versa entre 20 a 30 años de prisión y muchas veces no suele tener contacto con su representante legal. Estas audiencias pueden llegar a realizarse contra hasta 500 acusados a la vez y son resueltas de forma sumaria. Mientras que organizaciones que trabajan en derechos humanos, como Cristosal, reportan 23 ejecuciones dentro de centros penitenciarios, 4 de esos los conocieron de manera directa. Zaira Navas, de Cristosal, también expuso que el Gobierno no ha dado respuesta a los 87 homicidios de finales de marzo que dieron origen al régimen de excepción