El Comité de Asignaciones de la Casa de Representantes de EEUU aprobó el 29 de junio el presupuesto del año fiscal 2023 que asigna fondos de ayuda a naciones extranjeras, incluyendo a El Salvador, Honduras y Guatemala. El proyecto de Ley de Estado, operaciones extranjeras y programas relacionados, aprobado con una votación de 32 a 24, asciende a $ 64, 570 millones, 15 % más que en 2022 e incluye asistencia humanitaria. Al menos $ 240 millones serán destinados a Centroamérica. Excluye a El Salvador, Guatemala y Honduras de los fondos del Programa de financiamiento militar extranjero. El presupuesto indica que se destinarán fondos al combate de las causas de la migración en Centroamérica, incluyendo al menos $ 65 millones para combatir el crimen, la corrupción, la impunidad, promover los derechos humanos ; no menos de $ 75 millones para prevención de violencia contra mujeres y niñas ; y no menos de $ 100 millones para desarrollo liderado por comunidades locales. La asignación mínima entre los tres países sumaría $ 240 millones para el año fiscal 2023. En el año fiscal 2022 el presupuesto contenía una asignación conjunta a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá de $ 860. 6 millones. El 60 % de los fondos a El Salvador, Guatemala y Honduras será desembolsado solo si el secretario de Estado certifica a los comités de asignaciones del Congreso que cumplen nueve condiciones, entre las que están el combate a la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho, proteger a los defensores de derechos, sociedad civil, partidos y periodistas ; seguridad efectiva y proceso legal, programas contra la violencia de mujeres y niñas, y otras. Al menos $ 240 millones están asignados a El Salvador, Guatemala y Honduras, pero el desembolso del 60 % está condicionado a estos requisitos. Combate a la corrupción. Combate a la corrupción y la impunidad, incluyendo la investigación y la persecución de oficiales de gobierno, personal militar y policías presuntamente corruptos. Estado de Derecho. Reformas, políticas y programas para fortalecer el Estado de Derecho, transparencia estatal y en financiamiento político, independencia de las instituciones judiciales y electorales. Sociedad Civil. Protección de los derechos de