Estados Unidos extendió la semana pasada el beneficio migratorio del Estatuto de Protección Temporal ( TPS ) para unos 200 mil salvadoreños, lo que les permitirá tener situación legal en aquel país hasta el 31 de diciembre del próximo año. La medida se ve con esperanza ya que en la administración Trump prevaleció la amenaza permanente de deportaciones masivas sin consideración, a pesar de que esos miles de connacionales han hecho de Estados Unidos su hogar, han construido familias, pagan impuestos y se han convertido en importantes actores en la sociedad norteamericana. Ciertamente esta decisión de la administración Biden es positiva y representa un alivio para esos compatriotas pero no es suficiente. La mayor aspiración de esos beneficiarios del TPS es que se logre un estatus legal permanente, una residencia legal en Estados Unidos es lo único que les dará certidumbre y un futuro estable. El presidente Biden hizo la promesa repetidamente, durante su campaña y durante los primeros días de su gobierno, de alcanzar una reforma migratoria para legalizar a los indocumentados, una esperanza que sigue latente, pero que aún no se concreta. Desde que el presidente Reagan en los años 80 decidió legalizar a millones de indocumentados, no ha habido la voluntad política para avanzar en esa temática tan delicada para la política interna estadounidense y tan necesaria para la estabilidad de millones de personas en Estados Unidos, incluyendo cientos de miles de salvadoreños. Ojalá que este paso siga la dirección correcta y se concrete la promesa de su legalización permanente.