Cuatro millones de nicaragüenses están habilitados para votar mañana en unas elecciones bastante cuestionadas, llamadas una farsa por la oposición más representativa pero que fue excluida legalmente de participar en esos comicios por una Corte Suprema de Justicia que el gobernante, Daniel Ortega, maneja a su antojo. En los últimos meses, el régimen de Ortega y las instituciones que controla, declararon ilegales las directivas partidarias de la oposición, entregándolas a políticos afines al gobernante, destituyeron a todos los diputados opositores, prohibieron los observadores electorales independientes, nacionales e internacionales. La oposición ha hecho una campaña para no botar el voto y no acudir a las urnas para avalar una elección que claramente carece de legitimidad, ante la terrible indiferencia de la comunidad internacional, con la notable excepción de Estados Unidos que acusó al Gobierno de Nicaragua de imponer límites a la participación de opositores rumbo a las elecciones del domingo. Nicaragua ha perdido su democracia y su seperación de poderes bajo el regimen de Ortega, y seguirá cinco años más en un regimen que ahora ha impuesto a la esposa de Ortega como candidata a vicepresidenta, algo que es calificado como un regimen dinástico.