El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas analizará el 17 y 18 de noviembre la situación de derechos humanos en El Salvador y elaborará un informe de Conclusiones finales el 25 de noviembre. El gobierno salvadoreño participará de forma remota. La consejera de derechos humanos para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura ( OMCT ), Olga Guzmán Vergara, informó que el Comité analizará la situación de El Salvador en cuanto a derechos humanos este mes, por lo que escuchará a las organizaciones de la sociedad y al Estado, e incluirá recomendaciones para que el gobierno las pueda aplicar y posteriormente brinde un informe de avances. Guzmán Vergara explicó que es importante darle seguimiento a los informes que presenta el Estado sobre el cumplimiento de recomendaciones del Comité. El Salvador ratificó la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 1994, aunque no ha firmado el protocolo opcional, que da lineamientos para la investigación de la tortura. La consejera del OMCT aseguró que cada vez es más difícil para la sociedad vigilar el quehacer de sus gobernantes y más cuando se niegan a asistir presencialmente a las revisiones. Según Guzmán, todos los países contemplan las revisiones para enviar delegados y que El Salvador participarán al menos de forma remota. Exhortó a las organizaciones a exhortar al Estado a cumplir sus obligaciones. La Organización Mundial contra la Tortura ( OMCT ), Cristosal, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Asociación Azul Originario ( AZO ), el Centro de Derechos Reproductivos, Fair Trials International, la Fundación para el Debido Proceso ( DPLF ), el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ( Idhuca ) y Mujeres Libres y el Servicio Social Pasionista ( SSPAS ) desarrollaron un informe alternativo y lo entregaron al Comité, con el fin de que sea tomado en cuenta en la evaluación. En el informe, las organizaciones señalan que El Salvador no ha adoptado medidas para poner fin a los programas que autorizan al ejército a intervenir en actividades de mantenimiento del orden. Las organizaciones destacaron que durante el régimen de