El Juzgado Segundo de Instrucción, de San Salvador, envió su informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ), tras una solicitud que el organismo hizo a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en cuanto al estado de salud, los riesgos que corre y la condición legal del exalcalde capitalino, Ernesto Muyshondt. La gestión de la CIDH surgió luego que la directora ejecutiva de la organización Internacional Casla Institute, Tamara Suju Roa, solicitara medidas de protección para Muyshondt ; a la vez extendió una carta abierta al presidente de la República, Nayib Bukele, en la que le manifestó que el exedil presenta un grave deterioro físico, sufrimiento de ataques de pánico y está siendo sometido a tratos crueles e inhumanos en la prisión. En respuesta, la Corte Suprema de Justicia pidió al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, rinda un informe de todas las diligencias contra el exalcalde capitalino. La Comisión requiere un informe completo de cada una de las actuaciones y diligencias judiciales realizadas contra Muyshondt, así como copia certificada de las principales diligencias y actuaciones judiciales que lo fundamenten, detalla la petición de la Corte al Juzgado Segundo de Instrucción. También la CSJ precisa que la CIDH requiere de información sobre situación de salud del exalcalde, el cumplimiento del tratamiento prescrito para sus padecimientos y si éste está administrado de forma idónea y oportuna. La jueza Segunda de Instrucción respondió que desde el inicio del proceso consignó medidas sustitutivas a la detención provisional a favor de Muyshondt, así como entregar una fianza de $ 10, 000. El 8 de junio, resolvió en audiencia especial de revisión de medidas, declárese sin lugar a la detención provisional contra el exalcalde capitalino acusado de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. En adición a lo dispuesto por el Juzgado Segundo de Paz, la jueza Segundo de Instrucción decretó arresto domiciliar con imposición de dispositivo electrónico y se hicieron las coordinaciones con la Policía Nacional Civil y Dirección de Centros Penales para su