pagó al personal que trabajaba directamente con Raúl Mijango, principal mediador de ese proceso ; locales donde funcionaron oficinas donde se reunían pandilleros con los mediadores ; gastos de combustible de los vehículos utilizados ; alimentación y personal externo a la DGCP que trabajó durante la tregua. Como prueba documental hay un oficio del 13 de junio del año 2016, en el cual Rodil Hernández le responde a la Fiscalía que los gastos de inteligencia los autorizan los ministros de Justicia y Seguridad Pública de forma verbal y a requerimiento, que además se paga a fuentes e informantes que proveen información que permite identificar amenazas a los centros penitenciarios, que no existe un manual o instructivo, los montos son variados y que el dinero proviene de las tiendas institucionales. Pero cuando la FGR pidió explicaciones a los exministros de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, Ricardo Perdomo, Benito Lara y Mauricio Ramírez Landaverde, los cuatro expresaron que ellos nunca autorizaron erogaciones de fondos de las tiendas institucionales para ese fin. Parte de la acusación fiscal en la que se señalan los hechos.