La reciente convocatoria del Ministerio de Educación para dar inicio al proceso de elección del representante de las universidades ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, ha sido nuevamente cuestionada por sectores de la sociedad civil. Tal parece que el mecanismo de convocatoria y selección de candidatos a Comisionados no goza de la confianza de todos y que por lo tanto es un buen momento para dotar de mayor apertura a este proceso de manera que se garantice la confianza y participación más amplia posible. El Instituto de Acceso a la Información Pública se ha caracterizado durante los últimos ocho años por abrir nuevos cauces de contraloría ciudadana, de participación cívica en el manejo de los recursos estatales y por facilitar la libertad de expresión hasta sus últimas consecuencias. De allí la importancia de garantizar su autonomía e independencia de criterio de quienes ocupen sus más altos cargos, quienes no solo deberán probar su manejo de la materia, sino que además la ausencia de conflictos de intereses para optar al puesto. La ciudadanía se ha apropiado del Instituto de Acceso tras haber comprobado la efectividad del mismo. De ahí salieron a luz hechos de gran alcance que permitieron eventualmente juzgar a dos expresidentes de la República, así como a otros exfuncionarios involucrados en actos de corrupción. Nunca en la historia reciente un ente contralor de un derecho fundamental había merecido tanta atención ni había sido tan necesario.