El juez Juan Antonio Durán no descarta que el traslado de la jueza de Tribunal Sexto de Sentencia al Juzgado de Panchimalco sea represalia porque no haber admitido la demanda de la diputada de Nuevas Ideas Marcela Pineda contra la investigadora Jeanette Aguilar. Aunque dijo que no tenía el dato exacto de la fecha en que la jueza resolvió inadmisible la demanda, considera que el traslado fue consecuencia de su resolución. Agrega que el traslado es una vulneración a la independencia y pretende amedrentar al resto de funcionarios. " Es un mensaje de intimidación en contra del resto de jueces independientes. Lo que se pretende es someter a la judicatura independiente, se pretende amedrentar y por lo tanto, elevamos nuestra enérgica protesta y censura, manifestó. Durán llamó a los organismos internacionales para que tomen medidas ante el detrimento de la judicatura en el país. Explicó que la jueza no es parte del grupo de jueces que no nombró la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) para llenar las vacantes que dejaron los jueces mayores de 60 años que se vieron obligados a retirarse por la reforma a la Ley de la Carrera Judicial que hizo la Asamblea Legislativa en 2021. Ella estaba desde el año 2015 en que el magistrado Sergio Luis Rivera asumió su cargo como magistrado de la CSJ. Ella fue llamada como jueza suplente para suplir esa vacante. Entonces su suplencia concluía en el 2024, dijo. El juez Durán tampoco descarta la posibilidad que demandas o judicialización de casos contra personas opositoras al gobierno se presenten en tribunales donde estén los nuevos jueces nombrados. Precisamente eso es lo que hemos denunciado desde el 1 de mayo, los riesgos de manipulación arbitraria de los procesos. Quieren jueces a la carta, quieren una justicia a la carta, expresó Durán. También considera que la actual Sala de lo Constitucional funciona como una operadora política de Casa Presidencial.