La airada reacción del partido FMLN ante los resultados de la investigación de la Corte Suprema de Justicia, en la que se concluye que existen suficientes indicios de enriquecimiento ilícito contra el exdiputado Sigfrido Reyes, es una de las tantas razones por las que perdieron el poder. La airada reacción de ese partido parece desconocer que la votación mayoritaria de los magistrados de la Corte se basó en datos objetivos que hacen necesario que el caso pase a la jurisdicción civil, para que sea allí donde se determine y cuantifiquen responsabilidades de Reyes y de su grupo familiar, o que se le absuelva de cualquier reparo o duda razonable, una vez tenga la oportunidad de defenderse y gozar de las garantías procesales que le corresponden. Pero considerar que esta investigación, que apenas inicia, es parte de un complot o de una estrategia para destruir a la izquierda - destruida por sus propios yerros - es ignorar que existe un mandato constitucional, que el mismo Reyes juró cumplir. Investigar el enriquecimiento ilícito no sólo es legal y constitucional, también es necesario y una forma de proteger los bienes del Estado de lo mismos a los que se les confían. La Constitución y las leyes no son una receta para la conspiración, en este caso se aplica públicamente y la decisión del pleno aún deberá ser revisada en una Cámara de lo Civil.