Legisladores de varios partidos presentaron la semana pasada una propuesta de reforma constitucional que busca eliminar el límite de la tenencia de la tierra, algo establecido tras los Acuerdos de Paz y que a la larga no ha contribuido en el desarrollo del agro salvadoreño. El límite de posesión es de 245 hectáreas de tierra rústica, pero eso ha sido un obstáculo constante para inversiones productivas o forestales en el país. Por otro lado, es evidente el abandono de enormes extensiones de tierra porque con la limitante, ni el propietario actual ni un inversionista que ya pasa ese límite, puede hacerlas producir. Como ejemplo, somos el único país de la región que no produce el aceite vegetal para su consumo y somos la nación más deforestada del istmo. Si la agricultura pudiera reactivarse de verdad, el país no solo podría producir lo que consume, sino exportar, generar empleos productivos que eviten la migración y lleven la antigua prosperidad que gozaba el campo salvadoreño. Se suele decir que sin los agricultores no hay comida y así es. Esta propuesta sería un incentivo para atraer inversiones nacionales y extranjeras al agro, generar empleos y recaudar más impuestos. Lo que ha habido hasta ahora no ha funcionado, hay que mejorarlo.