El juez de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, Jorge Guzmán ordenó que se resguarden todos los archivos militares que empezarán a ser revisados el próximo mes por peritos especializados, investigadores de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en al menos 13 guarniciones militares del país. Antes de finalizar la audiencia, el juez Guzmán decretó una medida cautelar preventiva, de carácter " asegurativa ", dijo a las partes. " La cual consiste en la obligación de todos aquellos funcionarios que tienen en sus manos la administración y custodia de estos archivos militares de evitar, a partir de este día, que de esos archivos a inspeccionar se puedan desplazar documentos, ocultar documentos, se puedan sustraer documentos ", manifestó el juez que dirige la investigación sobre la masacre de El Mozote y sitios aledaños. Este 28 de agosto, el juzgado realizó una audiencia para establecer la agenda de inspecciones en los archivos militares ; en el desarrollo de la audiencia la defensa argumentó que el juez debía mantener el principio de reserva y no hacer la inspección. Sin embargo, el juez dijo que esa diligencia ha sido discutida antes y hay resoluciones en firme sobre ello ; " No es que se va a llegar a traer todo, sino se va a llegar a identificar para después analizar documentos que tienen relación con la masacre ", señaló. Y manifestó que no existe ningún tipo de reserva en los archivos militares, debido a que la Ley de Acceso a la Información Pública señala que la información confidencial no podrá apelarse cuando se trate de investigaciones graves. " ¿ Tendrá sentido en este tiempo que se conozcan planes militares que fueron ejecutados en 1981?, a mi criterio no le veo ningún sentido, ninguna afectación ", aseveró el juez en la audiencia. El juez Guzmán también les recordó a los defensores que este juicio no es de carácter " doméstico ", sino que trasciende a un carácter internacional, por tratarse de delitos de lesa humanidad. Los defensores, Lisandro Quintanilla alegó que la diligencia de inspección de archivos militares plantea un problema de legalidad, porque el juez no estaría aplicando la normativa de la época que indicaba que los planes militares son reservados.