La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, instó hoy a la Fiscalía General de la República a investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil del país ( 1980 - 1992 ), considerados como " graves violaciones a los derechos ". En el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, Caballero dijo que la justicia salvadoreña debe ponerse del lado de los afectados y " esclarecer hechos que son claros ejemplos de violaciones a los derechos ". La ombudsman también recordó al Estado salvadoreño el " compromiso que tiene con la sociedad, con las víctimas del conflicto armado y sus familias de dar a conocer la verdad sobre las masacres, homicidios y desapariciones forzadas perpetradas durante la guerra ". " Estos hechos atroces no deben de repetirse, por ello es necesario realizar acciones encaminadas a recordar la memoria de estas víctimas (... ) reconocer la importancia de la verdad como un derecho de carácter colectivo permite a la sociedad tener acceso a información esencial ", indicó la procuradora en un comunicado. La defensora de derechos humanos pidió al presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Ceren, y a las autoridades de la Fuerza Armada " colaborar con las investigaciones de los crímenes de guerra, facilitando la información que la se requiera para conocer la verdad sobre dichos casos ". La guerra que enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por el gobierno estadounidense, y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ( FMLN ) - ahora en el poder como partido político -, se saldó con 75. 000 muertos y 8. 000 desaparecidos. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de Amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes del conflicto, porque era " contraria " al derecho de " acceso a la justicia " y " reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra ". El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo, en reconocimiento al beato mártir salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, como Día Internacional del Derecho a la