El 28 de junio del año 2014, la Fiscalía comenzó aplicar La Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, y a casi dos años, 38 procesos han entrado en la era jurisdiccional en el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio. Un informe oficial detalla que se han emitido 24 sentencias estimatorias, de las cuales 21 ya están firmes y los bienes ya pasaron a titularidad del Consejo Nacional de Administración de Bienes ( CONAB ). De las otras tres sentencias, dos se encuentran en proceso de apelación ante la Cámara Primera de lo Penal, mientras que una fue desestimada por esta instancia superior, es decir que el caso fue resuelto a favor del afectado y es hasta la fecha el único que ha perdido la Unidad Fiscal Especializada en Extinción de Dominio. La normativa especial en su artículo 5, obliga a la Fiscalía General de la República a probar que los bienes sometidos a extinción de dominio son producto de actividades ilícitas relacionadas al crimen organizado, de ahí que los 38 procesos ingresados al juzgados están vinculados en primer lugar al lavado de dinero y activos, seguido de la narcoactividad, pandillas y contrabando de mercadería. Cuando las sentencias están firmes, el consejo debe liquidar los bienes dinerarios, monetizar los bienes muebles e inmuebles y distribuirlos entre las instituciones del Estado que la ley señala en diversos porcentajes. El artículo 94 de la ley especial establece que un 35 % de esos bienes extinguidos son para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y serán utilizados para la ejecución de programas de prevención e investigación, así como para reforzar la capacidad operativa e investigativa de la Policía Nacional Civil ( PNC ). El mismo porcentaje recibirá la Fiscalía General de la República, y deberá destinar esos fondos a las áreas especializadas encargadas de la investigación de delitos de narcotráfico, lavado de dinero, a la Unidad Fiscal de Extinción de Dominio y a las unidades fiscales responsables de la investigación de los delitos de crimen organizado. El CONAB recibirá 15 % para el mantenimiento y administración de los bienes, un 10 % al Ministerio