La Fiscalía General de la República solicitó al juez especializado de Sentencia A que condene a la pena máxima por cada uno de los delitos atribuidos a 18 imputados, vinculados a la tregua entre pandillas que se mantuvo entre marzo de 2012 y agosto de 2013. Para Nelson Rauda Portillo y Anilber Eduviges Rodríguez Villeda, exdirector y exinspector de Centros Penales, el Ministerio Público pidió que se les impongan 18 años de cárcel por tres delitos. Según la Fiscalía, los dos exfuncionarios deben ser condenados a ocho años por tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, las agrupaciones ilícitas deben ser castigadas con seis años de prisión, mientras que por el delito de actos arbitrarios se solicitó cuatro años. Respecto a los dos principales mediadores de la tregua, la representación fiscal pidió penas diversas : 14 años para Juan Roberto Castillo Díaz, un subinspector de la PNC nombrado por el Organismo de Inteligencia del Estado ( OIE ), quien, según la Fiscalía, debe ser condenado a ocho años por tráfico de objetos prohibidos y seis por agrupaciones ilícitas. En el caso de Raúl Mijango, quien propuso al gobierno el proceso, la Fiscalía solicitó seis años por tráfico de objetos e igual cantidad por agrupaciones ilícitas. Para los cinco exdirectores de los penales de Izalco, Juan José Zepeda Mejía y José Adrián Abarca Molina ; Félix Antonio Ruiz Sorto, de Ciudad Barrios ; Rigoberto Palacios Carrillo, de Cojutepeque y Miguel Ángel Abarca, de Chalatenango, el Ministerio Público solicitó 14 años de cárcel, ocho por incumplimiento de deberes y seis por tráfico de objetos prohibidos. En cuanto a los nueve miembros del Consejo Criminológico, los fiscales pidieron seis años por falsedad ideológica ; los acusados por ese ilícito son : Ronald José Zúniga Vásquez, José Antonio Meza Rodríguez, Carmen Arévalo Mata, Sara Encarnación Hernández Orellana, Nancy Eugenia Escobar de Soriano, Arija Vanessa Torres, Sandra Marilín Campos de Martínez, Clara Maribel Linares de Escobar y Maricruz del Carmen Hernández de