El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador todavía no ha recibido repuesta de la Dirección General de Centros Penales en cuanto a la aplicación de la resolución de la Cámara Tercera de lo Penal, Los magistrados de la referida Cámara en su resolución, conocida el 30 de julio, establecieron que El mismo día que se conoció la resolución de la Cámara,, Ernesto Muyshondt, y al ex tesorero municipal Fernando Heriberto Portillo Linares, ambos procesados por presunta apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias por $ 275, 000. El caso, que está a la orden del Juzgado Octavo de Instrucción, el cual desde la semana anterior envió un oficio a Centros Penales solicitando que haga un análisis o estudio de disponibilidad y factibilidad de colocación de brazalete electrónico al imputado. Hasta ayer, La Cámara fundamentó su revocatoria en la falta de fundamentación y la errada interpretación del artículo 331 inciso primero, del Código Procesal Penal, que especifica el peligro de fuga de un imputado y establece delitos graves como homicidio y extorsión entre otros, sin embargo, no es este caso, además en el artículo siguiente 332, sugiere que los jueces pueden imponer otras medidas que no sea de detención cuando se trate de delitos menores. Considerando tanto las circunstancias fácticas y probatorias del caso, aunado a que no logra fundamentarse un riesgo extraordinario de fuga u obstaculización de la investigación, revocar la medida más gravosa a los sindicados y sustituirla por otras como arresto domiciliar, imponer una fianza de $ 50, 000 y uso de brazalete electrónico, se extrae de la resolución emitida por la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.