El delicado tema de las pensiones vuelve a estar en la agenda nacional después que el Gobierno confirmara su intención de presentar a finales de este mes una nueva propuesta de reforma del sistema, pero, como ya se ha vuelto costumbre, sin hacer consultas con los pensionados o con las administradoras de pensiones. La historia recurrente es que los gobiernos suelen hacer reformas de los sistemas de pensiones y generalmente el más perjudicado es precisamente el cotizante. El Gobierno prioriza el arreglo de sus finanzas y de los hoyos que viene cargando el Estado debido al mal manejo del sistema anterior y de medidas populistas e irresponsables del pasado reciente. De manera que el Gobierno debe tener claro que la reforma de pensiones no puede hacerse para perjudicar a los cotizantes del sistema actual, para tapar los hoyos del sistema antiguo. Eso sería heredar a los futuros pensionados la misma problemática que hoy enfrentan los jubilados. Tratar de imponer una reforma sin la participación y aportes de los actores del sistema podría ser un error garrafal en términos económicos y políticos, sería poner un parche que puede traer consigo incluso costos electorales. La aritmética legislativa la pueden tener para aprobar semejante reforma, pero si no se hace responsablemente, puede ser catastrófico.