La Asamblea Legislativa ha ratificado de forma unánime una reforma constitucional para extender el período de mandato para los alcaldes y diputados. La medida se justifica por los altos costos que implica para el país tener elecciones cada tres años, así como las implicaciones que eso tiene para la estabilidad y armonía social y política del país. Pero la medida encierra dudas sobre todo tomando en cuenta el comportamiento de los diputados a lo largo de las últimas décadas, con tanto abuso en viajes, gastos onerosos en comilonas, seguros médicos y beneficios que los han convertido en una suerte de casta política privilegiada, impune en sus abusos. Igualmente sucede con los alcaldes. Hay alcaldías donde la corrupción campea y ninguna institución tiene la voluntad o la capacidad para denunciar o perseguir esas irregularidades. De manera que la población se pregunta si esta extensión de mandato significará también una extensión de esos abusos repetidos, de ese comportamiento ético cuestionable e incluso de prácticas como los lujosos gastos que se hacen, el ausentismo prolongado de las sesiones, el transfuguismo y el turismo legislativo. Hay dos demandas ante la Sala de lo Constitucional contra esta reforma. Habrá que ver su legalidad, pero hay que pensarlo en medio de tanto cuestionamiento.