Nos acercamos ya a los tres meses sin magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y esta demora está tomando giros de preocupación en todos los aspectos de la vida nacional. Parece haber una intención deliberada, una decisión malsana de atrasar y hasta sabotear la elección de magistrados para evitar que desde la Sala de lo Constitucional haya los mecanismos de control propios del sistema de contrapesos que rigen toda sociedad que se precie de democrática. No solo se trata de cómo la carencia de magistrados está afectando al ciudadano común, en las demandas de amparo o hábeas corpus que están siendo presentadas, sino también en cómo el sistema democrático entero está en riesgo. El presidente Sánchez Cerén, que en cuatro años no había dado ningún veto por inconstitucionalidad, en menos de tres meses ya lleva seis vetos de este tipo, apostando a que, en el caso que en la Asamblea hubiera votos para superar el veto, lo enviaría a la Sala de lo Constitucional y como no hay tribunal para que resuelva dicha controversia, se congela. Es decir, está siendo afectado el sistema de frenos y contrapesos que diseña la Constitución. En tiempos electorales y de transición, esto es especialmente grave.