La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ) señaló, ayer, la participación del Estado salvadoreño en la desaparición de dos jóvenes en el departamento de La Paz. Este caso constituye una situación preocupante, una grave violación de derechos relacionados con la privación de libertad y desaparición de los mismos. Lamentablemente apunta a posible participación del Estado en este hecho, dijo el procurador en funciones, Ricardo Gómez. Según la denuncia recibida por la institución, el pasado 30 de julio, los jóvenes Kevin Alexander, de 17 años, y Andrés Guardado, de 19 años, fueron privados de libertad cuando estaban al frente de una gasolinera, en el desvío denominado La Flecha, en el departamento de La Paz. Fueron interceptados por un vehículo tipo pick up, con placa nacional, tipo Hilux, doble cabina, color azul negro, del cual supuestamente se bajaron dos hombres que portaban gorros pasamontaña, chaleco antibalas, los cuales vestían ropa que los identificaba como policías, ya que tenían impresa la palabra policía y llevaban armas largas, dice el comunicado de la Procuraduría. Según la denuncia recibida bajo confidencialidad, los jóvenes fueron sometidos, esposados y llevados con rumbo desconocido en el vehículo. La investigación está desarrollada bajo la referencia LP - 0043 - 2017 en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y cuya investigación determinó que ambos jóvenes no se encuentran detenidos, según dijo el procurador en funciones. Simultáneamente, personal de la PDDH realizó una labor de búsqueda de los jóvenes en centros de detención policial, militar y penitenciarios, casas de seguridad, centros judiciales y de reinserción de menores, sin que hasta ahora se tenga conocimiento de su paradero, señalaron ayer en conferencia de prensa. La PDDH ha girado oficios a los titulares de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República, Howard Cotto y Douglas Meléndez, para adoptar medidas urgentes y determinar la ubicación física de los jóvenes, asegura el comunicado difundido ayer. En enero de este año, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró responsable a la