la Fiscalía General de la República, sino al uso de las Fuerzas Armadas para hacer cumplir sus resoluciones. Así lo indica el artículo 212 de la Constitución, que indica que los órganos de Gobierno podrán disponer del uso de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado dentro de sus respectivas áreas constitucionales de competencia. Sin embargo, cree que este escenario es improbable, aunque sea un camino constitucional. Al darse un incumplimiento de un fallo judicial, dice, luego de una certificación, el fiscal tendría que investigar la conducta denunciada para establecer si hay delitos y proceder contra los infractores. Si los infractores son personas que no gozan de fuero, sostiene, la Fiscalía podría proceder directamente contra ellos o solicitar antejuicio ante la Asamblea Legislativa. Esta posibilidad, según Escobar, podría aplicar desde el propio Presidente de la República hasta la persona, por ejemplo, que no aplica a cabalidad la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas ( LACAP ) asumiendo como legal una declaratoria de emergencia nula. La LACAP es la ley que pretende exigir procedimientos específicos para evitar irregularidades en las compras que hace el Estado. El Gobierno anunció ayer que seguirá cumpliendo las normas de compra directa correspondiente a un estado de emergencia nacional.