Tras casi un año y medio de negociaciones para encontrar una conciliación entre la administración del presidente Joe Biden y un grupo de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal ( TPS ), el proceso colapsó el martes sin acuerdos los que deja en riesgo de deportación a más de 260, 000 migrantes incluidos en la demanda colectiva, en la que figuran cientos de salvadoreños. Esta demanda fue presentada por primera vez en 2018 después de que el expresidente Donald Trump cancelara el programa de protecciones para migrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, para Nepal y Honduras. Aunque desde entonces la administración Biden ha redesignado el estatus de Haití y Sudán, no ha extendido las mismas protecciones para los otros cuatro países. Cientos de miles de personas han tenido protección humanitaria en los Estados Unidos durante más de dos décadas. Es cruel e injusto que corran el riesgo de ser arrancados de sus comunidades y familias, dijo Emi MacLean, abogada de la Union Estadounidense de Libertades Civiles ( ACLU ) del norte de California, tras conocerse el colapso de las negociaciones. El presidente Biden debe actuar de inmediato para deshacer las terminaciones racistas del TPS de Trump y garantizar la protección de los titulares de TPS. Los titulares de TPS y sus familias no deberían estar en el limbo ni un día más, reprochó MacLean. Actualmente el programa ya cancelado, mantiene su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, a decisión de un tribunal federal por otra demanda colectiva. Según reportes de Univision en junio de 2021 los equipos legales que representan a los demandantes y al gobierno de Biden en el caso denominado Ramos v. Mayorkas, solicitaron una moción conjunta para ingresar al Programa de Mediación de la corte de Apelaciones del 9o Circuito. A través de la demanda de Ramos v. Mayorkas, los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses obtuvieron un alivio temporal en octubre de 2018, cuando un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que las terminaciones del programa hechas por Trump eran ilegales y motivadas por intenciones racistas