La Sala de lo Constitucional hizo el miércoles una corrección necesaria en la cuestionada elección de los directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones ( Siget ) donde el Gobierno, a través de docenas de organizaciones de papel de reciente creación, excluyó a las gremiales empresariales e impuso a uno de los suyos. La Sala admite el amparo por la violación de los derechos constitucionales de protección jurisdiccional y libertad de asociación, debido a la creación de 60 asociaciones que habrían asegurado la elección de Gregorio Sánchez Trejo y su suplente. No es casualidad que se excluya a la Empresa Privada de las instituciones públicas y haya ese afán de control total del Estado. No es tampoco la primera elección de este tipo donde se amañan los procedimientos. Esta misma semana vimos algo similar con el Consejo del salario mínimo. El Gobierno y el FMLN han estado dando pasos acelerados para tomarse el control de las instituciones en los últimos meses, y con esta apariencia de legalidades busca imponerse. En el caso de la Siget, una institución clave para el control de las frecuencias de los medios de comunicación, el Internet y las compañías de electricidad y telecomunicaciones en general, la intención de control es más clara que nunca.