El cardenal salvadoreño, Gregorio Rosa Chávez, aseguró que el régimen de excepción debe suspenderse y que las personas inocentes que han sido capturados deben ser liberadas inmediatamente para regresar la tranquilidad a las familias salvadoreñas. A preguntas de la prensa, el purpurado afirmó que hay herramientas legales para enfrentar la inseguridad del país, sin necesidad del régimen de excepción. El prelado señaló que se el régimen de excepción se llame " guerra ". " Ya vivimos una guerra y se terminó por el diálogo, pero que esa parte está como una tarea pendiente ", que afirmó no se ve que las actuales autoridades piensen iniciar. El purpurado retomó las palabras del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, del pasado 5 de junio, donde abogó por la liberación de los detenidos durante la suspensión de garantías constitucionales y añadió que el trato debe ser humano y con dignidad. " No hay que normalizar, hay que tratar de cambiar porque está en juego la dignidad de la persona, repito, sea culpable o sea inocente ", agregó. Rosa Chávez señaló que las políticas que buscan un resolver un problema determinado deben ser cortos y efectivas y cuestionó los ataques en redes sociales de " desesperanza y que amenazan con pena de muerte ". Tildó de graves, los comentarios que piden construir cementerios, en un país donde se quiere un mejor futuro para la juventud, afirmó. El régimen de excepción fue aprobado la madrugada del 27 de marzo, luego de reportar 62 homicidios el sábado 26, la jornada más violenta del país en la historia reciente. Ese fin de semana cifró en 87 los crímenes violentos. Debido a eso, el Gobierno inició redadas masivas en las comunidades tradicionalmente más peligrosas del país, y se extendió a diferentes lugares. El Gobierno de Nayib Bukele afirmó que le declaraba la guerra a las pandillas, a quienes responsabilizó de la matanza de ese fin de semana. Hoy se cumplen 103 días del régimen de excepción, donde la Asamblea Legislativa ha aprobado tres prórrogas a petición del Ejecutivo y donde los diputados han afirmado que aprobarán la suspensión de derechos