Pese a la rabiosa inconformidad del oficialismo ante la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el presupuesto 2017, la resolución del máximo tribunal tiene grandes lineamientos positivos sobre el control constitucional del gasto estatal y busca frenar el despilfarro, la improvisación y esa costumbre gubernamental de sacarle beneficios al plan de gastos de la nación. La verdad es que el Estado salvadoreño no puede seguir gastando como lo ha venido haciendo por los últimos tres gobiernos, sus medidas son las principales causantes de la grave situación fiscal del país. La Sala ha ordenado al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativa suspender la creación de nuevas plazas o contrataciones, aumentos de salarios, bonificaciones o compensaciones adicionales, compra de equipos y bienes suntuarios en el Estado. Mandata un uso racional y limitado de fondos, viajes y viáticos, y un gasto de publicidad limitado a lo estrictamente necesario y pide suspender los seguros médicos en todos los órganos de Estado. Además, la Asamblea deberá revisar el gasto en escalafones para que no generen distorsiones. Son medidas sensatas, lógicas y legales para un país en crisis y es una pena que haya habido necesidad de una sentencia para que el Gobierno tenga que entender que debe ser austero.