El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera hablaba ayer de que se está desarrollando un estudio de factibilidad para un sistema de transporte masivo de pasajeros en el Gran San Salvador, una aspiración que debería concretarse y desarrollarse para beneficio de cientos de miles de personas. El transporte público es una deuda pendiente del Estado salvadoreño. Durante décadas, los contribuyentes hemos pagado cientos de millones de dólares en subsidiar un sistema obsoleto, inseguro e ineficiente. Ha sido una inversión en saco roto gracias al poderoso cabildeo de los transportistas que históricamente logran influir políticamente para que nada mejore y el status quo se mantenga sin mayores problemas. Lo que ha tenido que hacer la gente es comprarse un vehículo y algunas veces hasta tres o cuatro vehículos hay en cada casa precisamente por la carencia de un sistema de transporte. La gente evitar subirse a un autobús donde tiene que ir colgado o soportando las locuras de motoristas drogados, irresponsables que muchas veces no cuentan ni con la licencia de conducir debido a la acumulación excesiva de multas por sus violaciones recurrentes a la ley de tránsito. La solución no es comprar más vehículos particulares porque simplemente ya no cabemos en las calles y avenidas del Área Metropolitana de San Salvador. Lo que se necesita es un sistema eficiente de transporte masivo, que se concesione de manera transparente - no con las irregularidades del Sitramss - y que se convierta en una alternativa segura, eficiente, realista para miles de personas que buscan movilizarse a sus trabajos, a sus diligencias personales o a sus estudios. El proyecto vale la pena, hay que concretizarlo.