De nuevo la Asamblea Legislativa deberá encarar el reto y la misión constitucional de elegir funcionarios de segundo grado. Estos son aquellos que deben ser elegidos para ejercer cargos responsables en su mayoría de desempeñar funciones de responsabilidad política o de contraloría estatal. En ciernes está la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la elección de un nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Ambas instituciones se consideran claves para el mantenimiento de la democracia, y son garantía de los derechos políticos y constitucionales de todas las personas, independientemente de su nacionalidad o preferencias políticas. La jurisprudencia constitucional heredada de los últimos años impone a los diputados una serie de principios que deben observarse al momento de elegir a estos funcionarios : la transparencia de los historiales de cada candidato, la realización de un proceso de entrevistas público, la prohibición de nombrar a militantes partidarios y la necesidad de fundamentar las decisiones que serán tomadas, son solo algunas de éstas. Una sociedad vigilante y un pleno legislativo responsable pueden ser garantía de contar con jueces electorales y un defensor del pueblo acorde con la alta misión constitucional que viene con el cargo.