El Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel ordenó ayer que 30 presuntos integrantes de un grupo de exterminio, capturados la semana pasada, sigan en detención provisional, mientras que a un agente policial le impuso medidas por padecer una enfermedad terminal. La Fiscalía General de la República, en la audiencia de imposición de medidas los acusó de homicidio agravado, homicidio agravado tentado, proposición y conspiración en el delito de homicidio, privación de libertad, robo y agrupaciones ilícitas, ilícitos que se desprenden de una serie de acciones que comenzaron cuando se organizaron para asesinar pandilleros, pero posteriormente adoptaron otras modalidades de delinquir. Según las pesquisas son 54 las personas que integraban la estructura, pero solo 31 enfrentaron la audiencia, los demás, ausentes, el juzgado determinó que la audiencia será el 21 de julio. Entre los señalados hay 15 militares, cuatro de ellos ya habían causado baja, pero cuando se dieron los hechos entre marzo y junio de 2016, estaban de alta. También son señalados cinco miembros de la Policía Nacional Civil, entre ellos un subinspector ; tres fueron detenidos en el operativo del pasado 21 de junio y los otros dos ya estaban presos ; el resto son particulares que tenían diversas funciones dentro de la estructura. El grupo delictivo fue investigado por 36 homicidios, un homicidio tentado y tres privaciones de libertad, cometidos en el municipio de El Tránsito y Chirilagua en San Miguel. Mientras que los 13 casos de robo fueron perpetrados en San Miguel, Chinameca y Jucuapa. Ayer también inició la audiencia de imposición de medidas contra el alcalde de Usulután, Miguel Ángel Jaime Rivas y el administrador de mercados José Ricardo Cortez Campos, acusados de homicidio, feminicidio y organizaciones terroristas. La Fiscalía los vincula con una clica de la MS señalada de siete homicidios, dos feminicidios y un homicidio tentado. De la estructura que operaba en San Miguel, 31 enfrentaron audiencia.