que los imputados dicen que se hizo con base en el reglamento emitido por Saca el cual era de estricta secretividad. Además, dicho reglamento lesiona otras normas como el caso de la LACAP donde se establece que todo proceso de contratación y adquisición de bienes o servicios debe seguir al menos cuatro formas : Concurso público, licitación pública, libre gestión y contratación directa y que van a depender de los montos así como el tipo de servicio o bien que se va adquirir. La otra norma que se afectó es la Ley de la Corte de Cuentas de la República donde se establece que esta entidad debe fiscalizar la erogación de fondos públicos y que para eso debe proporcionarse todos los documentos justificativos y probatorios que la Ley AFI señala debe proporcionar la UIF de cada institución.