técnicas que sean necesarios para obtener y almacenar las imágenes de los documentos de identidad que contengan el rostro del usuario o adquiriente que contraten servicios de telecomunicaciones y que además localicen geográficamente el lugar donde se realiza la activación del servicio, entendido como el lugar del primer registro de actividad de la línea en la red del operador ", fue la modificación aprobada al artículo 30 - A. La Fiscalía también sugirió un plazo de 180 días para que los operadores puedan adquirir las plataformas tecnológicas para cumplir con las exigencias de la reforma. Como cambio de última hora a la propuesta de reforma de la Ley de Intervenciones Telefónicas, el fiscal sugirió agregar que también el director del Centro de Intervenciones, además del fiscal general, serán los únicos facultados para solicitar la intervención de las telecomunicaciones, ampliaciones o prórrogas. También se incluyó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ) podrá verificar que los requisitos se cumplan y que las autorías se realicen cuando exista una denuncia, no de oficio. El diputado Rodrigo Ávila preguntó si el único juez que autorizará las intervenciones telefónicas no tendrá funciones jurisdiccionales más allá de las autorizaciones. El fiscal respondió que consiste en " contar con un juez adscrito precisamente porque va a estar velando por que se cumplan con todas las garantías constitucionales en una intervención ". " Los jueces de instrucción tienen que conocer de muchos procesos ", indicó. El diputado John Wright Sol, de Nuestro Tiempo, consideró irregular la manera en que se aprobaron los tres dictámenes ya que el ministro de Seguridad hizo observaciones a artículos no propuestos en la iniciativa de reforma. " Eso ha sido una clara violación al proceso de formación de ley ", afirmó el diputado Wright Sol, quien advirtió que la forma de la aprobación " podría ser inconstitucional ".