La comisión Adhoc que analizaba una serie de reformas a la Constitución de la República ha propuesto que la ratificación de dichas reformas sea sometida a la votación popular a través de un referéndum y no a través de una segunda votación de la Asamblea Legislativa, aunque el vicepresidente Félix Ulloa ha aclarado que siempre y cuando se cumplan los procedimientos constitucionales de ser avaladas por dos legislaturas. Evidentemente la propuesta ha generado polémica y críticas. Pero lo más importante es que este proceso de reformas constitucionales se haga de lo más transparente y consultado posible. El cambio del marco fundamental de reglas de la República, la esencia de nuestro Estado de Derecho es demasiado importante como para hacerse un mero aval legislativo sin debate ni pensamiento profundo sobre sus consecuencias para el futuro del país. El referéndum puede resultar positivo entre una ciudadanía bien informada y educada, pero también puede ser un factor político - electoral que piense en el momento pero que no analice el futuro de lo que se está avalando popularmente. Solo veamos que la Constitución actual tuvo un debate de dos años y aún hoy se discuten las intenciones de los constituyentes a la hora de interpretar determinados artículos. Una reforma constitucional debe fortalecer el Estado de Derecho, las libertades fundamentales, los derechos humanos y el respeto a la propiedad privada, a las garantías esenciales para la vida humana, en un país que sufre tanta violencia y pérdida de vidas. Los promotores de estas reformas y los legisladores que las aprueben deben tener eso presente a la hora de tomar decisiones.