Por el delito de prevaricato ( fallar contrario a derecho ), fue acusado ayer en el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana, el juez de Primera Instancia de Atiquizaya, Ahuachapán, y magistrado suplente de la Cámara Tercera de lo Civil de la zona occidental, Joaquín Francisco Molina Linares. La Unidad Especializada Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República, tras encontrar fuertes indicios del delito cometido, supuestamente por el juzgador, promovió un antejuicio en la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) ya que por ser un delito oficial debía contar con el aval de los magistrados para poderlo procesar. Al estudiar la solicitud, la Corte Suprema de Justicia encontró pruebas de las supuestas anomalías de Molina Linares y se resolvió desaforarlo y autorizar al Ministerio Público para que le iniciara el juicio penal. Este tribunal considera que con los elementos presentados por la Fiscalía General de la República, se tienen indicios suficientes que permiten considerar la probable comisión del delito de prevaricato de parte del licenciado Joaquín Francisco Molina Linares y, por tanto, que existe mérito para autorizar el desafuero de la referida autoridad jurisdiccional para el ejercicio de la acción penal en tanto que se le ha podido encontrar la existencia de méritos para proceder penalmente en contra de él, señala parte de la resolución dictada por la CSJ. Al juez lo acusan, supuestamente, de asesorar al abogado José René Ramírez Peña en tres expedientes judiciales que se ventilaron en el Juzgado de Primera Instancia de Atiquizaya. La Fiscalía tiene en su poder un informe de análisis de llamadas telefónicas efectuadas del 18 de enero de 2017 al 10 de abril de este mismo año, período en el cual se registraron 116 llamadas entre los números del juez y el abogado. El año pasado fueron condenados tres exjueces de oriente por asesorar casos que conocían.