Daniel Ortega ha decidido reelegirse en noviembre por cuarta ocasión consecutiva, aunque es inconstitucional según la legislación nicaragüense, atropellando toda ley, toda racionalidad y toda decencia. Junto a Ortega, su pareja, Rosario Murillo es también su vicepresidenta, su cogobernante. Pero Ortega, que en cualquier encuesta medianamente decente no pasa del 30 % de apoyo, ha hecho todos los abusos impensables. Desde 2018 ha ordenado junto a Murillo, la represión absoluta de toda protesta, dejando más de 300 asesinados, y cientos de miles de exiliados, además de presos políticos y perseguidos de todo tipo. La última barbarie es que ha encarcelado a todos los precandidatos presidenciales que podían ganarle en las elecciones de noviembre y también ha cancelado la personería jurídica de todos los partidos opositores. En noviembre solo participarán partidos satélites del regimen. Además de los precandidatos, Ortega y Murillo han encarcelado a líderes políticos, empresariales, estudiantiles, campesinos, intelectuales y periodistas. Toda la institucionalidad funciona genuflexa al regimen que tiene como único objetivo la perpetuidad de la pareja gobernante en el poder. La situación de Nicaragua es grave, preocupante y está claro que las elecciones de noviembre no serán legítimas ni libres ni justas, por lo tanto, cualquier resultado no debe ser reconocido por la comunidad internacional. Ya Estados Unidos y la Unión Europea han sentado posición al respecto. Ortega convirtió a Nicaragua en un estado forajido, donde no hay ley ni derecho que proteja al ciudadano común de los desmanes de sus gobernantes.