lamentable porque son vidas que se pierden, muestra una reducción de los asesinatos en prisiones en comparación con lo que sucedió en el pasado grandes masacres, enfrentamientos masivos entre agrupaciones rivales o motines con resultados de decenas de reos fallecidos, ocurridos a fines de la década de los 90 y 2009. Sin embargo, el informe de Fespad, estima como un dato ensombrecedor, el registro de muertes sin causa determinada o con autopsia pendiente que en total son 61 casos, de los cuales 24 fueron en 2018, igual cantidad en 2019, y 13 entre enero de 2020 y el 15 de febrero de 2021. Ya que dentro de esas cantidades desconocidas podría existir algunos homicidios o muertes violentas con esos indicios, indica el informe. No establecer la causa de muerte de un reo constituye una violación al deber que tiene el Estado de realizar las invetigaciones necesarias para determinar el motivo del fallecimiento de un ciudadano bajo su custodia, máxime si se trata de una muerte violenta o con indicios de móviles criminales y poner a disposición de la justicia a los responsables, cuestiona Fespad. Esa omisión estatal también se convierte en una violación al derecho a la protección estatal y el acceso a la justicia de las familias o deudos de las personas que murieron. Mientras no se esclarezcan y se rinda cuentas especialmente a las familias o individuos relacionados con los fallecidos puede presumirse una violación del Estado, por acción o por omisión, del derecho a la vida de esas personales fenecidas, sostiene el informe. Los datos reflejados son los últimos que estuvieron disponibles en el sitio de la Dirección General de Centros Penales.