Las primeras revelaciones sobre la asignación de fondos estatales para organizaciones no gubernamentales nos demuestran que la discrecionalidad de los diputados fue la principal fuente de decisión durante décadas, además de la falta de supervisión y vigilancia de los entes contralores estatales. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, denunció que los diputados aprobaban fondos para ONG y ahí contrataban a familiares y amigos de los mismos diputados y de otros políticos sin ninguna fiscalización. Ya se conocían denuncias como estas en el pasado, lamentablemente, en medio de muchas fundaciones legítimas que merecían recibir fondos, varios diputados de anteriores legislaturas incluyeron a organizaciones ligadas a sus partidos o incluso a sus familiares directos, provocando todas las irregularidades que hoy se investigan. Pero además, fue muy valiosa la revelación de cómo se designaban discrecionalmente los fondos públicos gracias a negociaciones entre los diputados en la Comisión de Hacienda o incluso en el pleno legislativo. Otra vez, sin ninguna fiscalización pública. Son lecciones que hay que tomar con seriedad no solo para castigar a los responsables de estas irregularidades sino también para que esas prácticas no sean repetidas en el presente ni en el futuro, que esos males no se sustituyan con nuevos protagonistas. El Estado no puede ser botín de nadie, ni de individuos ni de partidos políticos, de manera que no se debe pensar solo en castigar el pasado sino que es fundamental corregir para el futuro. Para ello, los órganos contralores deben ejercer su labor, supervisar el correcto uso de fondos de los Órganos de Estado, para que no volvamos a vivir lo que tanto hemos repudiado.