El presidente Sánchez Cerén y varios connotados funcionarios de Gobierno han anunciado que se estudia aplicar un estado de excepción focalizado en las zonas de mayor incidencia delincuencial. En un principio, la medida parece ser apoyada por un amplio espectro de la clase política salvadoreña, pero es necesario que se haga una discusión y análisis profundo de las implicaciones legales que esto traería. Que El Salvador necesita medidas extraordinarias, no hay duda. Ayer mismo conocíamos de otra masacre más, en la que una de las víctimas era un militar. Las pandillas actúan impunemente, a veces con una autoridad que ni las propias autoridades constituidas son capaces de ejercer en algunos territorios y eso hay que admitirlo. Hay que darle herramientas a la PNC y a la Fuerza Armada para golpear contundentemente a las pandillas, pero también requieren de una dosis mayor de inteligencia e investigación. Todo el país sabe dónde están las pandillas y hay que concentrarse en esas zonas para desarticularlas y desactivarlas. Cualquier medida debe ser dirigida a las pandillas y a golpear al crimen organizado. Pero hay que cuidar de no perjudicar a la sociedad entera o a las libertades políticas e individuales básicas, como el derecho a protesta o a la expresión.