Contrario a la condena de 12 a 15 años que la Fiscalía General de la República había pedido para Nelson Rauda y Anilber Eduviges Rodríguez Villeda, junto a cinco exdirectores de penitenciarías, el juez del caso tregua entre pandillas impuso penas leves que el Código Penal califica de excarcelables. Rauda como ex director general de Centros Penales y Rodríguez Villeda, en su calidad de ex inspector general de la DGCP, recibieron penas de tres años por actos arbitrarios, pero se les reemplazado por trabajo comunitario que un juzgado de vigilancia penitenciaria deberá determinar. Básicamente los imputados permitieron el ingreso de los mediadores de la tregua a los diversos reclusorios obviando los controles y protocolos de seguridad ; además avalaron que los cabecillas de las pandillas fueran trasladados de diversos penales hacia el reclusorio de Mariona, donde también ingresaron jefes de esas estructuras que estaban en libertad. Una tercera acción ilegal para ser encontrados responsables fue la autorización para que se realizaran 41 fiestas en las cárceles de Cojutepeque, San Francisco Gotera, Cojutepeque, Izalco y Ciudad Barrios ; en este último, el juez cuestionó el hecho de que una de las fiestas se prolongó por más de una semana, mientras que en Izalco, salió a relucir la pornofiesta. Si bien se dijo que se hizo para que la inteligencia detectara quiénes de los reos tenían teléfonos celulares, pero el juez manifestó que eso no se le logró probar por parte de la defensa. Con respecto a los exdirectores de cinco penitenciarías, se les impuso dos años por incumplimiento de deberes, pero también se les reemplazó por trabajo comunitario.