El empresario de las rutas 42 y 152, Catalino Ezequiel Miranda Arteaga, fue enviado a prisión provisional por resolución de la jueza Décimo de Paz de San Salvador, mientras es procesado en la fase de instrucción por el delito de desórdenes públicos. La jueza fundamentó su resolución en las primeras pruebas que la Fiscalía recolectó y que, aparentemente, corroboran la participación directa de Miranda, así como la comisión de los delitos atribuidos. Entre las evidencias ofrecidas está una entrevistas de agentes captores, incautación de un vídeo de cámaras de videovigilancia del Sistema 911, en que supuestamente se observa los hechos que se suscitaron el 12 de marzo y que terminaron en la detención del empresario. Pero esa versión fue refutada por los abogados defensores de Miranda, quienes aseguran que la Fiscalía no presentó un vídeo, en el que se refleja el desorden con los microbuses del transportista, sino una captura de pantalla de las unidades estacionadas en la zona. Aparicio consideró que y en la forma cómo se ha planteado el caso por parte de la Fiscalía. Si dice que fue por resistencia que lo capturaron y le leen una acta de captura en la División de Tránsito Terrestre, entonces adónde se resistió, en el lugar o momento se resistió desde ahí encontramos una serie de anomalías en este proceso. También cuestionaron la acusación fiscal sobre desórdenes públicos Aparicio dijo que El abogado afirmó que la apelación por la detención por desórdenes públicos la presentará este lunes. Los otros tres empleados que laboraban como motoristas enfrentaron dos audiencias ; el primero fue Jermel Ernilto Castro Sorto para quien la juez ordenó instrucción con la medida de detención por el delito de posesión y tenencia ilícita de placas de circulación. En tanto, para Pero la condena le fue reemplazada por la suspensión condicional de la pena ; es decir durante año y medio, los conductores deben mantenerse en un lugar fijo de trabajo y no cambiarse de domicilio. La audiencia aunque no tenía reserva total que es la base legal para restringir la presencia de particulares en una diligencia