El diputado Salvador Chacón, de Nuevas Ideas, propuso una ley que ampliaría la antigüedad permitida para la importación de vehículos eléctricos usados. El proyecto de Ley de fomento e incentivos para la importación y uso de medios de transporte eléctricos e híbridos también permitiría la importación de estaciones de recarga de los vehículos. Actualmente, la ley prohíbe la importación de vehículos eléctricos o híbridos usados que tengan más de tres años de antigüedad, contados a partir de su fabricación. Mientras que la propuesta amplía hasta siete años de antigüedad. La normativa actual también prohíbe la importación de vehículos eléctricos usados con batería usada ; mientras, la iniciativa elimina esa exigencia para que puedan ingresar. La propuesta mantiene que sean exentos del pago de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles Servicios ( IVA ) por la importación. Según el portal del observatorio del Fondo Nacional de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito ( Fonat ), hasta junio de 2022, había registrados en El Salvador 120 vehículos eléctricos y 46 híbridos. La iniciativa de reforma fue presentada por el diputado de Nuevas Ideas el 12 de julio de 2022, en la que argumenta que es necesario promover la implementación de la recarga de vehículos eléctricos. Es una actividad necesaria para el fomento del uso de ese tipo de transporte y así reducir el consumo de combustibles fósiles en el país, minimizando por consiguiente la contaminación ambiental y los daños en la salud de los ciudadanos, indica. Con la reforma, se modificaría el objeto de la ley sobre el fomento de incentivos fiscales y económicos para el uso de vehículos eléctricos e híbridos y añade que el objetivo también es el desarrollo e implementación de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. A los incentivos fiscales a la importación y adquisición de medios de transporte eléctrico e híbridos se agregaría y su correspondiente estructura de recarga. Los importadores de estaciones de recarga podrán ser personas naturales o jurídicas y dichas estaciones pueden ser destinadas al uso privado o a la comercialización. Se agregaría a las competencias del Ministerio de Obras Públicas y Transporte el