Las organizaciones que conforman la Mesa contra la Impunidad en El Salvador y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos pro Memoria Histórica señalaron que la Fiscalía General de la República ( FGR ) no avanza en las investigaciones de crímenes ocurridos durante el conflicto armado. El representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho ( Fespad ), Héctor Carrillo, indicó que de aproximadamente 100 denuncias presentadas ante el Ministerio Público por las víctimas de la guerra civil salvadoreña, no observan avances sustanciales en las indagaciones de los casos. La fiscalía no ha hecho avances sustanciales respecto a la investigación de los casos que las organizaciones y las víctimas han puesto en conocimiento de la fiscalía. Hay más de 100 casos presentados entorno a los cuales no se tiene ningún avance de investigaciones, de hecho, en lo que va del actual periodo no se ha presentado un requerimiento fiscal que sea producto de la investigación de estos casos que se han planteado en la fiscalía, acotó Carrillo en conferencia de prensa en línea. De acuerdo a Carrillo, una razón del porque no la Fiscalía no investiga los delitos de guerra es porque se han mantenido las barreras para acceder archivos militares que tendría información sobre violaciones de derechos humanos perpetrada por la Fuerza Armada de El Salvador ( FAES ) entre 1980 y 1992. Las organizaciones también reprocharon al Gobierno la falta de claridad sobre cuáles son los programas de reparación para las víctimas del conflicto y que la actual administración, a través del Ministerio de Defensa negara el ingreso a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública ( IAIP ) para inspeccionar archivos militares entre los años 1970 y 1995, solicitada por la Universidad de El Salvador ( UES ). Los miembros de las organizaciones también solicitaron a los diputados de la Asamblea Legislativa garantizar una ley de reconciliación que si cumpla con las garantías de verdad, justicia y reparación para los sobrevivientes del conflicto salvadoreño.