El régimen venezolano ha sacado su vocación dictatorial y cancelado la recolección de firmas del referendo revocatorio ante el claro temor de una derrota electoral, sin importarle la ruptura del orden constitucional ni la grave crisis humanitaria que sufre el país. La Asamblea Nacional venezolana, dominada por la oposición, no ha tenido más alternativa que considerar incluso la destitución de Nicolás Maduro, quien cuenta con el apoyo de las fuerzas militares y la Corte Suprema que domina a su antojo y dictado. Está claro que lo ocurrido en Venezuela es una ruptura constitucional, un claro golpe de Estado por parte del Ejecutivo a la institucionalidad. Pero por supuesto, para la izquierda latinoamericana - subvencionada en su mayoría por el chavismo - esa no es ninguna irregularidad. La comunidad internacional debe estar vigilante y activa para garantizar los derechos del pueblo venezolano y no confiar más en ofertas de diálogo que se han convertido en tácticas dilatorias para aferrarse al poder, sin importar las consecuencias en la profunda crisis humanitaria que sufren sus habitantes, una crisis alimentaria y de medicamentos sin precedentes, además de una crisis financiera que rompe todos los récords de inflación y alzas de precios. Es un régimen fracasado que quiere seguir en el poder por la fuerza.