Una vez más, los crímenes del conflicto armado volvieron a la palestra pública con la denuncia contra varios dirigentes de izquierda, incluyendo al presidente Sánchez Cerén, por dos casos de aquellos años. La derogatoria de la ley de amnistía ha permitido estas denuncias, como ya se hizo con los militares señalados por la matanza de los sacerdotes jesuitas. Pero el país debe reflexionar profundamente sobre la conveniencia o no de este ciclo de acusaciones que puede ser interminable y terminar, además, de enfrentar a un país de por si dividido por la política. La búsqueda de justicia puede convertirse en una cadena interminable de revanchismo y hay que acogerse a la sensatez. Millones de salvadoreños sufrieron lo peor de la guerra y sabemos que muchos de sus protagonistas siguen impunes, pero también tenemos la obligación moral de heredar a las nuevas generaciones un país donde el perdón y la reparación tengan cabida, sin necesidad de venganzas. Hay que buscar opciones como los tribunales de justicia restaurativa de Sudáfrica y encontrar el camino a un gran acuerdo nacional que cierre de una vez por todas las dolorosas heridas de una guerra que jamás debe repetirse.