Los diversos problemas nacionales requieren generalmente de una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Asuntos como la crisis sanitaria en Apopa por la falta del servicio de aseo y recolección de su basura en plazas y calles, el aseguramiento de mejores condiciones laborales para los policías y la reacción oportuna ante los daños causados por eventos naturales - para mencionar algunos ejemplos - no pueden esperar a que se reformen las leyes o se impongan multas a quienes por acción u omisión agravan los efectos de todas estas situaciones. Se necesitan autoridades dispuestas a reaccionar con celeridad y sana iniciativa mediante la aplicación directa de la Constitución, que en su Art. 1 señala que el fin de la actividad del Estado son las personas y más adelante, en el Art. 246, declara que : El interés público tiene primacía sobre el interés privado. Lo que no se puede consentir, es la imagen de funcionarios agobiados por las supuestas limitantes legales que frenan su intervención, y que se conforman con el intercambio de notas y oficios mientras la población ve incrementadas sus carencias de vida, ante la falta de la esperada intervención estatal. Las personas y el bien común, ese es el horizonte a seguir. Esta es la misión encomendada y la senda constitucional ya establecida. ¿ Quién da el primer paso?