La Fiscalía General de la República acusó, ayer, en la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz y solicitó que en la audiencia inicial se le decrete detención y sea enviado a prisión mientras dura el proceso penal por el delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada. Escalante Díaz está suspendido como segundo magistrado propietario de la Cámara Tercero de lo Civil de la Primera Sección del Centro, luego que la Asamblea Legislativa lo despojara del fuero constitucional para que el Ministerio Público lo pudiera procesar. La Fiscalía tenía la opción de ordenar la captura del procesado y remitirlo junto al requerimiento ante los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal, pero decidió acusarlo como reo ausente y será el tribunal superior el que deberá notificar a Escalante Díaz, para que se presente a la audiencia inicial donde resolverán si acceden o no la pretensión fiscal. La directora de la Unidad de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y Grupos en Condición de Vulnerabilidad, Marina de Ortega, de la Fiscalía General de la República, dijo ayer que el proceso penal tiene reserva total, pero que a la carpeta judicial se han incorporado suficientes indicios para que los magistrados decreten la detención. Para la Fiscalía, el delito que le atribuyen al magistrado no aplica ninguna medida alterna a la detención, invocando el artículo 331 del Código Procesal Penal en donde se menciona que un acusado de delitos relativos a la libertad sexual no puede gozar de medidas. La agresión sexual en menor e incapaz agravada es un ilícito que tiene una pena de 14 a 20 años, según el artículo 161 del Código Penal, de ahí que el Ministerio Público ha pedido la detención, porque al ser una pena elevada, el imputado podría huir y no someterse al proceso. El delito supuestamente fue cometido por Escalante Díaz en perjuicio de una niña de diez años, el pasado 18 de febrero, en la residencial Altavista, en Ilopango, al oriente de San Salvador.