La Organización de Mujeres Salvadoreñas por La Paz ( Ormusa ) presentó ayer los resultados de un estudio denominado Cultura de la violación, factores estructurales y culturales, que arrojó que las redes sociales en El Salvador constituyen un vehículo para fomentar violencia hacia las mujeres. Según detalló Ormusa, de 3, 015 comentarios analizados en Twitter, que iban dirigidos hacia mujeres feministas, defensoras de derechos humanos, periodistas y mujeres que se desarrollan en el campo político, el 51. 2 %, es decir, 1, 546 eran mensajes misóginos. Al desglosar la misoginia en categorías, el estudio arrojó que el 29 % tenía como estereotipo la mecánica es para hombres, y las mujeres en la cocina, un 28 % desviaba la atención del tema abordado, un 27 % desacreditaba a mujeres, 17 % contenía violencia en mensajes. Según la coordinadora del programa Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres de Ormusa, Silvia Juárez, el objetivo del estudio es develar cuál es el juego, los mecanismos por el cual la violencia sexual que es bastante masiva y grande, lo hicimos a través de una estrategia que pone en evidencia que hace sostenible esta cultura de que se puede violar el cuerpo de las mujeres, a partir de eso, el estudio recaba tres instituciones que va a tomar como análisis, el sistema de justicia, los medios de comunicación, y la cultura popular ; canciones, refranes, y literatura. Algunas de las palabras que se encontraron en los comentarios analizados eran zorra, feminzi, estúpida, y otros de mayor ofensa. Juárez aseguró que existe un problema en la población salvadoreña que es la minimización de los estereotipos, que causa que la cultura de violación se siga realizando, debido a una normalización y naturalización. Explicó que esa conducta de normalización ha llevado a qué las denuncias por violencia contra las mujeres, en los centros de justicia, no se desarrollen, debido a que las víctimas son sometidas a un exhaustivo e injusto escrutinio. De acuerdo con datos de Ormusa, los casos de violaciones que son judicializados, a penas ronda el 26 %,