En una primera audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) sobre la cibervigilancia en El Salvador, el Estado salvadoreño negó que haya una persecución, hostigamiento o estigmatización a sus críticos incluso si estos se atribuyen la calidad de periodistas. Sin embargo, el representante de la Fiscalía General de la República de El Salvador, que reiteró que han abierto una investigación sobre el uso de Pegasus, declaró que los periodistas no están excluidos de su responsabilidad de realizar un ejercicio correcto de la libertad de expresión y de prensa. La audiencia 11 del 183 periodo ordinario de sesiones de la CIDH fue presidida por Julissa Mantilla, presidenta de la CIDH y relatora para El Salvador. Estuvieron la vicepresidenta de la CIDH, Margarete May Macaulay, la comisionada Roberta Clarcke y el comisionado Carlos Bernal. Asimismo, estuvo presidente Pedro Vaca, relator especial de la libertad de expresión de la CIDH. Por el Estado salvadoreño, participaron : Tania Camila Rosa, directora de derechos humanos de la Cancillería salvadoreña ; Gloria Martínez, jefa del departamento de casos internacionales de la Cancillería ; Tatiana Uceda, asesora de la secretaría jurídica de la Presidencia de la República ; Néstor Guzmán, director de asesoría jurídica ; Francisco Guerrero, fiscal de derechos humanos, Jaime Rivera, jefe de la unidad de delitos contra la vida e integridad física de la Fiscalía General de la República ; además de Élmer Castro y Gerardo Arístides, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ; y la comisionada Arias. Liliana Caballero Gómez, de la CEJIL, hizo cinco peticiones al Estado salvadoreño : El representante de la Fiscalía salvadoreña expresó que este ha sido un problema de alcance mundial y que el Estado salvadoreño no hace persecución ni hostigamiento a críticos del Gobierno o periodistas. Sin embargo, afirmó que el origen de tales intervenciones es desconocido, por lo que la Fiscalía se encuentra desarrollando las investigaciones correspondientes a fin de determinar la responsabilidad y autoría de tales hechos, advirtiendo que es importante señalar que el software también ha vulnerado dispositivos de empleados y funcionarios estatales. El representante