El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación de la Mujer, en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán,, ambos primos, el primero procesado por el feminicidio agravado de su esposa y el segundo, por encubrimiento en el hecho. En esta diligencia, l sobre los hechos que incidieron en el asesinato de la joven Flor María García el 15 de marzo de 2021. El cuerpo de la joven fueron encontrados en un botadero de basura en el kilómetro 32 y medio de la carretera Panamericana, el 29 de junio del mismo año. lo que impide que la Fiscalía y la defensa brinden declaraciones amplias sobre los resultados de la investigación de uno de los casos que conmocionó al país, aunque si pueden hablar generalidades. El Ministerio Público Fiscal sostiene que existen suficientes elementos de prueba documental, testimonial y pericial para que el proceso contra los dos imputados llegue a la etapa final del juicio. A la audiencia preliminar asisten ambos imputados. El esposo de Flor, Joel Valle, ha guardado arresto en el, mientras que el imputado Francisco Boanerges goza de medidas sustitutivas a la detención. Pero la organización Alerta Raquel no está del toda satisfecha con la investigación del caso Flor Gracía, " hay indignación ante los hechos recientes del caso, como la resolución judicial que deja sin efectos ". Además para que los imputados respondan civilmente ante la familia de Flor Gracía, en caso de ser condenados penal y civilmente por el caso. Las mujeres dicen que los imputados fueron favorecidos por la decisión judicial y reconocen que En la audiencia preliminar, las feministas exhortaron a las instituciones involucradas, " hacer su trabajo con la debida diligencia para que el sistema de justicia responda a favor de las víctimas y no trabaje para la impunidad y en favor de los feminicidas ". Asimismo demandaron de las autoridades investigar con la debida diligencia el feminicidio de Flor García y todos los casos similares registrados en el país, detener la impunidad sistemática en El Salvador en las actuaciones judiciales de feminicidios y desapariciones forzadas de mujeres. El Estado debe abordar con mayor ef