En total reserva, la Sala de lo Constitucional realizó una audiencia de seguimiento para revisar el cumplimiento de la sentencia, donde ordenó al Estado reconocer el desplazamiento forzado por violencia. Según la misma Sala, recibió informes de la Fiscalía General de la República, del ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Asamblea Legislativa, la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y la Presidencia de la República, pero no especificó el contenido de los informes por la misma reserva. Por su parte, el director del programa de Atención a Víctimas de Cristosal, una de las organizaciones demandantes, Abraham Ábrego, dijo que ellos observaron que aún faltan aspectos por cumplir. " Aún falta resolver los casos de impunidad, los demandantes no se ha resuelto totalmente, el tema de la protección de la ley que todavía está en discusión en la Asamblea Legislativas, de protocolos y política, donde sí hay avances pero que aun falta concretarlos en una política o protocolo e implementarlo. El 13 de julio de 2018, por unanimidad, la Sala de lo Constitucional ordenó recobrar el control territorial de zonas dominadas por las pandillas y al Estado a reconocer el fenómeno. Además, ordenó a la Fiscalía y a la Policía Nacional Civil hacer investigaciones exhaustivas, sobre las denuncias de las víctimas de desplazamiento forzado. El fallo de los magistrados amparó a seis víctimas de desplazamiento forzado, quienes se habían movido de Berlín, Usulután y Ciudad Delgado, San Salvador.