La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ), Agnes Callamard, señaló en su declaración final, un ciclo de impunidad en el país al sobreseer definitivamente ( liberar ) a agentes de seguridad acusados de ejecuciones extrajudiciales. Callamard asegura haber encontrado un patrón de comportamiento en los agentes policiales o de la fuerza armada que pueden considerarse como ejecuciones ilegales, las cuales se refuerzan con respuestas débiles a nivel de investigación y de la justicia. Pero eso no es todo. La diplomática también señala que las reformas hechas al Código Procesal Penal en el 2014 han contribuido a propiciar lo que ella llama un ciclo de impunidad que debe romperse en estos casos. La reforma modificó los artículos 300, 350 y 351 del Código. El 350 establece que el juez de paz puede ordenar el sobreseimiento definitivo cuando el policía haya actuado en el cumplimiento de su deber. Para comprobar esto, el jefe del policía debe enviar un informe al juez o la Fiscalía sobre los hechos ocurridos ; el juez, con base a este informe, tomará la decisión de liberarlo de los cargos acusados. Como resultado, de acuerdo a la información recibida, la mayoría de los cargos ( acusaciones ) contra policías y militares han sido sobreseídos con la simple presentación del informe que detalla, por ejemplo, que los hechos ocurrieron durante una operación policial, explica Callamard. En la declaración, la experta también apunta que el número de personas asesinadas por la policía o el ejército ha ido en aumento en los últimos años. A partir del 2014, la PNC ejecutó a 103 supuestos pandilleros, mientras que en el 2016 la cifra subió a 591 muertos y 119 heridos. La tasa de mortalidad entre agentes de seguridad y civiles desde el 2014 hasta junio de 2017 aumentó casi ocho veces, afirma. Los oficiales de policía que he conocido reconocieron que pueden haber algunos casos de ejecuciones extrajudiciales, pero insistieron en que se trataba de incidentes aislados, agregó Callamard. Tras las reformas, a partir del 2014, la misma Fiscalía ha solicitado el