El proyecto de Ley General de Presupuesto presentado hace dos meses ante la Asamblea Legislativa, sigue generando interrogantes sobre el origen de algunos fondos y la forma en la que El Ejecutivo lo administrará. Muchas de estas preguntas no son desinteresadas, y son formuladas por los mismos que hasta hace pocos meses controlaban el gasto público y rechazaban las constantes solicitudes de información de la prensa y de la sociedad civil. El gran dilema es entre la necesidad de transparencia y la intención del bloqueo político al Gobierno por parte de la oposición y esto último no debe ser aceptable. La clave para el éxito de este proceso de planificación es que la información sea compartida con los destinatarios de las mismas cuentas públicas y la ciudadanía tenga claro que el orden de prioridades del presupuesto tendrá un impacto directo en sus vidas y en las de sus familias. De igual forma para los entes contralores y los órganos de representación política que participan del proceso de aprobación del presupuesto, pues éstos necesitan datos específicos y veraces sobre el endeudamiento que éste incluye, y sobre las partidas que van a modificarse o desaparecer. Nada puede ser dejado al azar en el presupuesto del Estado, los recursos son limitados y las necesidades se multiplican. Presupuestar y transparentar pondría en su lugar las expectativas y los recelos de todos.