La jueza Segunda de Paz de San Salvador resolvió admitirle a la Fiscalía General de la República los audios obtenidos mediante escuchas telefónicas, los vídeos donde el alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, los exdiputados, Arístides Valencia y Benito Lara, aparecen reunidos con los cabecillas de las pandillas negociando supuestamente votos para las elecciones presidenciales del año 2014 y los comicios legislativos y municipales del año 2015. El juzgado también admitió, ayer, al Ministerio Público la declaración de los testigos criteriados Noé y Salomón, quienes han afirmado que el FMLN les pagó $ 433 mil para que votaran por Salvador Sánchez Cerén en el 2014. Y que supuestamente Arena les entregó $ 100 mil, más otros $ 69 mil que Muyshondt, les dio a cada una de las pandillas para que lo eligieran como diputado. Los abogados defensores habían solicitado que no se admitiera ninguno de esos elementos de prueba, argumentando que la representación fiscal los obtuvo de forma ilegal. También expusieron que los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas ya habían prescrito, pero la jueza no se los admitió y les hizo el cómputo, expresándoles que las matemáticas no se equivocan. Les hizo ver que para el caso de los exdiputados Arístides Valencia, Benito Lara y Muyshondt, la prescripción es hasta en el año 2023 y para Paolo Lüers, Raúl Mijango y Wilson Alvarado, es en el 2021. Es atentatorio excluir prueba, pues sería quitarle competencia al juez de instrucción, el juzgado de paz no entra a valorar prueba, sino que entra a conocer indicios, es en la fase de instrucción donde se debe de discutir la exclusión sostuvo la jueza al momento de rechazar las pretensiones de los defensores. Al momento de emitir su resolución la jueza detalló que hay suficientes indicios de la participación de los imputados en los hechos que la Fiscalía les atribuye. Cuestionó que los políticos procesados se hayan reunido con los cabecillas de las