El empresario de medios de comunicación, Jorge Hernández y su contador Esteban Cañas Calderón deberán seguir en prisión por el delito de lavado de dinero y activos que la Fiscalía General de la República les atribuye. Mientras que para los abogados Carlos Agustín Gamero Quintana y Laabin Nimrod Tóchez Maravilla, quienes solo enviaron a sus abogados, la jueza Novena de Paz, Ingrid López, giró órdenes de captura. Con respecto al empresario Enrique Guatemala, también acusado en este caso, la funcionaria judicial deberá resolver bajo vista del requerimiento ya que no fue notificado por falta de ubicación. En su resolución, la jueza dijo que hay suficientes indicios que los imputados han incurrido en el blanqueo de dinero que fue depositado desde la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial hacia cuentas corrientes de sus empresas. La juzgadora le dio bastante valoración a las certificaciones de los balances de estados de cuenta presentados por la Fiscalía donde se reflejan los movimientos financieros de los imputados. Otra de las valoraciones que la jueza hizo y que el Ministerio Público le documentó fue que las sociedades de Hernández y Tóchez Maravilla, no tuvieron vínculo jurídico y legal con la Presidencia de la República en la administración de Elías Antonio Saca, entre los años 2004 al 2009, para que se les depositaran millonarias cantidades de dinero. Los fiscales señalan que Marketing Services S. A. de C. V., recibió de la cuenta institucional subsidiaria de Casa Presidencial un monto de $ 5, 800, 000 y la Sociedad RM El Salvador, cuyo representante legal es Laabin Nimrod Tóchez Maravilla, obtuvo depósitos de $ 2, 785, 000. Ingrid López destacó que si bien los imputados no eran funcionarios públicos, pero aparecen recibiendo fondos del Estado, un punto clave para que sigan guardando detención. Respecto al embargo solicitado por la Fiscalía General de la República para los bienes inmuebles de los acusados y sus sociedades, la jueza dijo que será el Juzgado Noveno de Instrucción el que deberá resolverlo. La funcionaria tampoco estableció un plazo de instrucción, sostuvo que debe ser la jueza Nora Montoya, la que señal