El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador, ordenó que los 22 presuntos miembros de un grupo de exterminio continúen en detención provisional por los delitos de homicidio agravado, homicidio tentado, privación de libertad, robo agravado y agrupaciones ilícitas, tenencia y portación ilegal de armas de fuego y uso de uniformes de la Policía Nacional Civil ( PNC ). Al finalizar la audiencia de imposición de medidas, la jueza concluyó que los elementos de indicios incorporados en la acusación por la Unidad Especializada de Delitos de Crimen Organizado, eran suficientes para que los imputados sigan el proceso penal bajo detención provisional. El juzgado ha otorgado al Ministerio Público cinco meses para que amplíe las pesquisas contra esta estructura dedicada supuestamente al sicariato y exterminio de pandilleros. Los fiscales presentaron a la juzgadora elementos indiciarios consistentes en declaraciones de testigos que vinculan a los imputados con los hechos. Se valoró en audiencia la entrevista aportada por el testigo bajo régimen Sirio, así como los resultados de autopsias y pericias practicadas a las armas de fuego. Toda la prueba ofrecida ha sido determinante para establecer que existe participación en graves hechos por parte de cada imputado, dijo uno de los fiscales. La Fiscalía sostuvo en la audiencia que está frente a una compleja estructura que era dirigida por personas particulares, quienes pagaban diversas cantidades de dinero para que se ejecutaran a pandilleros y también personas que eran asesinadas por encargo tras algún tipo rencillas. En la investigación se logró establecer la presunta participación tres agentes, un cabo, un sargento y un motorista que estaba asignado a la delegación de Lourdes, Colón, departamento de La Libertad. Cantidad de hechos que habrían cometido en Santa Ana, Sonsonate y La Libertad.