En el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, la Fiscalía General de la República presentó hasta ayer nueve testigos en un proceso penal en el cual pretende probarle al juez de la causa que dos exmédicos del Instituto de Medicina Legal ( IML ) y otra imputada negociaron ilícitamente las compras directas de productos que servían como insumo en dicha institución. Los procesados son los médicos Juan Carlos Monterrosa y Josefina Morales de Monterrosa, señalados por la representación fiscal de negociaciones ilícitas, así como la sobrina de Morales, Sindi Berenice García de Portillo, por falsedad ideológica. Como testigos estaban citados el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero no compareció y envió a un abogado para que represente civilmente a la Corte, pero no va declarar. Quien sí ha declarado es el jefe de Biología Forense, Boris Cornejo y el Director de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales ( DACI ), Héctor Tijiboy. Han llegado a la vista pública para establecer los procesos de compra y que hubo algunas ambigüedades en las evaluaciones técnicas para realizar las compras. En la acusación la Fiscalía ha señalado que los médicos que laboraban en el Laboratorio de Genética, como jefe y subjefe, compraron material a través de adjudicaciones en las modalidades de compras directas, compras por licitación y libre gestión a la empresa Diprolab S. A. de C. V., representada por García de Portillo, quien según documentación firmada por la misma, negó tener vínculo familiar en la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ), cuando en realidad era sobrina de la doctora Morales de Monterrosa, la segunda al mando del Laboratorio de Genética. Este caso comenzó a ser investigado en marzo de 2016 por aviso de un empleado del IML quien manifestó que la comisión encargada de evaluar las licitaciones del doctor Monterrosa encontró irregularidades en el valor de algunos productos adquiridos.