La empresa Desarrollos Montecristo, S. A. de C. V., conformada por el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y el empresario señalado como capo de la droga, José Adán Salazar Umaña, no ha presentado sus estados financieros ante el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros. Diario El Mundo consultó ayer la base de datos del Registro para conocer aspectos financieros de la empresa donde es socio el vicepresidente, pero fue imposible tener un dato. La sociedad también es integrada por Rogelio Cervantes, excandidato a alcalde del FMLN por Antiguo Cuscatlán. El portal dio la señal que en la base de datos no existe número de presentación de balances de la empresa. Una fuente del Registro explicó que eso significa que la empresa solamente fue creada, pero nunca ha reportado sus estados financieros. Según la fuente, si la empresa no ha reportado sus balances, tampoco cuenta con la matrícula de comercio que extiende esa oficina a las empresas para seguir funcionando. De acuerdo con el acta de fundación de la empresa, ésta fue constituida el 20 de junio de 2000, fecha en la cual Ortiz era alcalde de Santa Tecla por el FMLN, según publicó el periódico electrónico El Faro. Ayer, el vicepresidente de la República aseguró que la empresa nunca hizo operaciones y que desde el año 2001 rompió relación empresarial ( ver nota adjunta ). En una entrevista a La Prensa Gráfica expresó que se acordó ( entre los accionistas ) desmontar prácticamente la sociedad y el señor Cervantes como el encargado de desmontar todo el tema de la sociedad. El Faro sostiene que entre agosto y septiembre de 2010 la empresa compró tres terrenos en la isla Montecristo, Tecoluca y San Vicente. Un terreno fue comprado por $ 22, 857. 14 y en 2010 fue vendido a Ortiz por $ 5, 000 ; en junio de 2007 Ortiz era alcalde aún vendió a Montecristo un terreno por $ 40, 000. Según el Código de Comercio, las empresas deben inscribir anualmente en el Registro de Comercio el balance de sus estados financieros, certificados por un contador público autorizado en el país e informar del giro de la empresa. Eso obliga a las empresas a establecer, al cierre de cada ejercicio fiscal, la situación económica de éstas, a través