Los cibertaques que sufrieron El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica marcaron un precedente negativo sobre el uso de las nuevas tecnologías para acosar e intimidar a los medios de comunicación en el país. Esos delitos fueron condenados en la recién celebrada 72a. Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP ) que además terminó con la petición a las autoridades salvadoreñas, a fin de que determinen la participación del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en esos atentados. Aunque hay una investigación y un proceso judicial bastante encaminado, está claro que los acusados no son los únicos responsables de estos delitos que constituyeron atentados contra la libertad de expresión y de prensa en el país. La Sociedad Interamericana de Prensa pidió un castigo ejemplar y el precedente jurídico para delitos de funcionarios y de grupos delictivos digitales arropados en la actualidad en el ciberespacio. Los mismos políticos y funcionarios, que muchas veces se han declarado víctimas de este tipo de ataques, deberían ser los primeros interesados en que se aclare hasta el fondo este oscuro incidente que no puede ni debe quedar impune bajo ninguna circunstancia, independientemente de quién sea el cerebro de esta suciedad.