, de expresiones de violencia contra la mujer, donde ella es la víctima. y que ser defensora de derechos humanos, " no constituye per se una causa excluyente de responsabilidad penal frente al cometimiento de posibles delitos ". Sobre las amenazas en redes sociales a Bertha, el Estado salvadoreño dijo que las mismas plataformas tienen su sistema de denuncia y de reglamentos " por lo que cuentan con sus propias políticas para prevenir comportamientos abusivos que impliquen riesgos para la seguridad de otros usuarios ". El Estado también dijo que al ser precandidata a diputada, Bertha debía ser receptora de críticas. Ante esto, la CIDH respondió al Estado en la resolución que pero añade que en este caso los mensajes contra Bertha van desde antes de ser candidata a diputada y que se relacionan con su rol como defensora de derechos humanos Sobre el robo de la computadora, el Estado dijo que es un hecho de " delincuencia común " y no una acción de intimidación, como lo denunció la abogada Deleón. Además dijo que Bertha no ha puesto ninguna denuncia por " amenazas " ni solicitud de medidas para ella o su familia. Deleón ha sido abogada de mujeres que fueron acusadas de homicidio agravado en situaciones de emergencia obstétricas, también fue defensora del mismo presidente Bukele, durante la campaña en un proceso de calumnia y difamación en perjuicio del exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas. La abogada fue conocida por su papel como querellante en el proceso penal en contra del expresidente de la República, Francisco Flores.