Penitenciaria es el ministro de Justicia y Seguridad, pues es él que determina los lineamientos y directrices en materia penitenciaria. En su fallo, el juez sostuvo que no se le pudo probar que los 18 imputados incurrieron en los cinco delitos señalados y que la Fiscalía General de la República habría incurrido en una omisión de investigación, porque presentó como testigos a exfuncionarios penitenciarios que fueron quienes incurrieron en los delitos durante la tregua y no las personas procesadas. La Policía Nacional Civil capturó a la mayoría de imputados, a excepción de Nelson Rauda, Anilber Rodríguez, quienes semanas después se entregaron para someterse al proceso penal. El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador, decretó detención para 21 de los imputados, pero luego de apelaciones todos fueron puestos en libertad. El Juzgado Especializado de Instrucción A envió a juicio a 18 imputados y sobreseyó a tres por insuficiencia probatoria. El juez especializado de sentencia A absolvió a los 18 procesados por considerar que no había ninguna prueba que los incriminara en los delitos acusados.