No hay quién se salve en la práctica de exprimir el Presupuesto General de la Nación para destinar fondos a fundaciones y organismos no gubernamentales claramente comprometidos con dirigentes políticos. La práctica es una gran incoherencia frente a las enormes necesidades reales que tienen hospitales, escuelas y delegaciones policiales, así como sus expresiones permanentes sobre el déficit fiscal. La ironía es que mientras se recortan gastos a hospitales nacionales, se reparta dinero a los ONG donde los partidos políticos y sus dirigentes tienen intereses personales. Es inconcebible esta práctica en momentos de tanta necesidad presupuestaria y de que claramente los fondos estatales no alcanzan para suplir lo mínimo en ministerios como Salud, Educación o Seguridad. También es una incoherencia que mientras se les da dinero a esos ONG, en los últimos años se han venido eliminando fondos para otras fundaciones - sin nexos políticos - que trabajan incansablemente en proyectos sociales y de prevención de la violencia, como sucedió con los proyectos del padre Pepe Moratalla. La Corte de Cuentas debe ser sumamente rigurosa en supervisar esos fondos públicos y rendir informes periódicos sobre las auditorías que hacen a los mismos.