Representantes de dos asociaciones de veteranos, una de excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ( FMLN ) y la otra de la Fuerza Armada de El Salvador ( FAES ), reclamaron la exclusión de sus miembros luego de la reforma a la ley de veteranos. La reforma suprimió una disposición que permitía el ingreso al registro de veteranos de personas que no pudieran comprobar su calidad de excombatientes haciéndolo a través de verificación a través del registro de Secretaría Técnica de la Presidencia. El decreto valida el registro oficial de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas ( Onusal ), y los elaborados por la Secretaría Técnica de la Presidencia y Gobernación. Así mismo, la reforma prohíbe que los veteranos reciban doble pensión proveniente de fondos públicos. La Asamblea Legislativa aprobó el decreto a las 10 : 00 de la noche del 14 de junio con dispensa de trámites. Para el presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra del FMLN, José Santos Melara, la reforma implica un nuevo cierre del registro. De acuerdo a Melara, no todas las personas que participaron en la guerra fueron registradas por diversas razones. Relató que la ley aprobada el 20 de diciembre de 2018 autorizaba a quienes no pudieran comprobar su identidad podría hacerlo con una declaración jurada y dos testigos registrados, pero este mecanismo no fue extendido a excombatientes del FMLN. El FMLN tiene cerrado el ingreso. Ahora con esta reforma no se abre, lo que hace solo es ratificar los veteranos desmovilizados por Onusal y los que lograron entrar a un censo que se hizo en el 2012, 2013 y 2015, dijo. El líder veterano indica que Onusal únicamente reconoció al hombre armado y no a sus estructuras de apoyo o logísticas. Por su parte, Manuel Rodríguez, representante de la Asociación de Jefes Oficiales, Clases y Guardias de la Ex Guardia Nacional ( Aexgun ), reclama que la reforma no incorpora a los lisiados de guerra ni a los pensionados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada ( IPSFA ), en referencia a la prohibición de doble pensión con fondos estatales aprobada en la reforma. Está