El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador encontró culpable a la exprimera dama de la República, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, de los delitos de lavado de dinero y activos al igual que a su hermano, Óscar Edgardo Mixco y les impuso la pena de diez años de prisión. También fue hallado culpable el exauditor del Grupo Samix, Milton Romeo Avilés, por el delito de casos especiales de lavado de dinero y le impuso la pena de siete años de prisión. A los cinco empleados de la Organismo de Inteligencia del Estado ( OIE ), con la decisión de dos jueces contra uno, el Tribunal Cuarto de Sentencia los halló inocentes y los absolvió del delito de lavado de dinero, al no haber prueba que los ligara directamente en el trasiego millonario de Casa Presidencial entre 2004 y 2009. En el transcurso del juicio, la Fiscalía los acusó de haber lavado más de $ 9 millones durante la gestión del expresidente Saca, pero sus argumentos no convencieron al tribunal. En el caso de los tres condenados, los jueces que integran el tribunal coincidieron en su culpabilidad y condena. Los jueces argumentaron que el juicio Destape a la Corrupción fase II, fue resuelto solo con prueba testimonial ya que la prueba documental y pericial no reunió las condiciones legales para ser tomada en cuenta ; los jueces dijeron que los documentos de prueba fueron entregados en fotocopias simple. La Fiscalía consideró el fallo condenatorio como un triunfo obtenido en el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. La condena de los tres imputados entre ellos, la exprimera dama, parte del delito de peculado perpetrado por el expresidente Elías Antonio Saca que extrajo los fondos de las arcas del Estado y los trasladó a cuentas personales creadas para ello, a través de empleados de Casa Presidencial, quienes luego pasaron esos recursos a manos de agencias de publicidad que tuvieron como destino las empresas del expresidente Elías Antonio Saca, explicó el fiscal. La fiscalía señaló que hubo condena de responsabilidad civil, pero que será establecida en la lectura del fallo del 21 de junio. Sin embargo, la fiscalía ha pedido una responsabilidad civil de