##s de Centros Penales, ofrecidas por las organizaciones, en 2016, hubo 104 muertes y en 2017 la cifra creció a 253. Sin embargo, ayer el ministro negó esta situación y dijo que el hacinamiento es histórico. El informe que las organizaciones civiles revelaron a la prensa fue entregado, ayer en la tarde, a la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ), Agnes Callamard, quien llegó ayer al país para evaluar los niveles de violencia. El año pasado, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra ad Al Hussein, instó al gobierno a derogar las medidas extraordinarias de seguridad. Ayer, el ministro Ramírez dijo que el funcionario le dieron datos falsos. Las medidas extraordinarias se aplican en siete reclusorios con internos miembros de pandillas y consisten en la prohibición de las visitas familiares, la regulación de la visita de sus abogados y el encierro permanente de los internos en sus celdas. La Constitución señala que los agentes de seguridad del Estado deben usar la fuerza letal como último recurso, pero en 2017 el índice de letalidad señaló que por cada lesionado seis murieron. Las organizaciones criticaron el aumento de muertes al interior de centros penales y bartolinas policiales por motivos de salud. El ministro de Seguridad dijo es histórico. Criticaron que los diputados hayan aprobado una reforma que permita sobreseer a los policías que, supuestamente, participan en enfretamientos, en legítima defensa. Señalan entre 2014 y 2017 han ocurrido 1, 607 enfrentamientos entre policías, militares y pandilleros. De esos, 1, 325 murieron en manos de los agentes de seguridad del Estado.