La vigencia del régimen de excepción con más de 20, 000 capturas fue una de las quejas que organizaciones salvadoreñas denunciaron contra el gobierno del presidente Nayib Bukele durante las marchas. A juicio de la Coordinadora Nacional de Movimientos Populares, el régimen de excepción descalifica el trabajo de los defensores de los derechos de la población, que se encuentran vulnerables y sin garantías constitucionales y libertades. Cuestionaron que bajo ese régimen se estén haciendo detenciones masivas basadas en arbitrariedades y estereotipos que profundizan la criminalización de la juventud y clase trabajadora por sus tatuajes, su forma de vestir, fisonomía, color de piel y residencia, vulnerando a la población más empobrecida del país. Afirmaron que, con el actual régimen, el Gobierno está incumpliendo la Convención Americana de Derechos Humanos, tras la suspensión de garantías al derecho a la vida, integridad personal, libertad de consciencia, inviolabilidad de las comunicaciones, protección a la familia, derecho de la niñez y garantías judiciales. El presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales ( Agepym ), Mario Montes, pidió al Gobierno que le llame la atención al ministro de Trabajo y que le pida disculpa a la clase trabajadora por haberla criminalizado de esta manera al relacionar las protestas con la defensa de las pandillas. Durante la protesta del 1 de mayo, el régimen de excepción y las capturas arbitrarias fueron motivo de protesta. El Gobierno lo interpreta como defensa a pandillas.