" hipócritas y destructores " y " terroristas de la comunicación ". La salida de La Prensa se suma a la de otros medios opositores que han optado por irse del país por temor a encarcelamientos. Esto ocurre desde 2018, cuando el país fue sacudido por masivas protestas antigubernamentales, que el gobierno atribuyó a un fallido golpe de Estado promovido por la oposición con ayuda de Estados Unidos. Afirma que en el complot también participaron la Iglesia católica y empresarios. Las manifestaciones dejaron 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) y miles de exiliados. El gobierno por su parte reconoce 200 muertos, entre los que afirma que hay varios policías y activistas del gobernante Frente Sandinista ( FSLN, izquierda ) que dice fueron " víctimas del golpismo ( opositores ) ". En diciembre de 2018, las autoridades cerraron las oficinas del opositor canal de televisión 100 % Noticias, así como el programa de televisión Esta Semana y la revista Confidencial, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro desde el exilio en Costa Rica. La oposición estima que desde entonces más de 120 periodistas han pedido refugio, principalmente en Costa Rica y Estados Unidos, y más de 20 medios locales han cerrado por presiones. La comunicación televisiva y radial está en su mayoría en manos de empresarios afines al oficialismo, según la oposición. En 2020, el parlamento, de mayoría oficialista, aprobó una Ley de Ciberdelitos que castiga con hasta 10 años de cárcel la publicación de noticias que las autoridades consideren " falsas ". Ese mismo año entró en vigor la Ley de Defensa de la Soberanía, que considera " traidores a la patria " y castiga con cárcel, a quienes promuevan la injerencia extranjera y sanciones internacionales.