La última careta de legalidad que le quedaba a la dictadura de Nicolás Maduro, se cayó el viernes tras el anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente de arrogarse las competencias para legislar y declarar disuelta la Asamblea Nacional, el congreso que había sido electo y era dominado por la oposición por mayoría calificada. La constituyente es producto de un descarado fraude electoral y busca atropellar a un parlamento fruto de una elección legítima. Ya no queda ninguna duda de la naturaleza dictatorial del regimen de Nicolás Maduro. Todos los actos alrededor de ese regimen son ilegítimos, indecentes, fraudulentos. Defender o justificar a ese regimen es indecente, inmoral y solo puede explicarse en el fanatismo ideológico o la dependencia económica para financiar las campañas electorales. Por eso los gobiernos de los países latinoamericanos de mayor tradición democrática han condenado a la dictadura de Maduro y por eso la semana pasada hasta el gobierno izquierdista ecuatoriano se sumó a las preocupaciones sobre las matanzas de opositores y los presos políticos. La dictadura de Maduro, ejemplo vivo del autorismo y totalitarismo de izquierda, icono del fracaso económico del socialismo del Siglo XXI, no puede seguir siendo defendida.