El Salvador lleva al menos una década de evidente crisis fiscal y el endeudamiento progresivo ha llegado al punto de ahogarnos con sus intereses. También el país lleva más de una década de escuchar que necesita un gran acuerdo político para resolver la crisis política, pero la clase dirigente sigue sin mover un dedo en esa dirección. De ahí que una misión del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) reiterara la necesidad de ese acuerdo político e insistió en los riesgos fiscales que siguen afectando al país. El Fondo señaló que los ingresos obtenidos con la amnistía fiscal y los ahorros generados por la reforma de pensiones se verán erosionados por el alto y creciente gasto en intereses de la deuda pública. La deuda pública ya ronda el 70 % del Producto Interno Bruto, un porcentaje inédito que pone en apuros al país. Para decirlo coloquialmente : tenemos la tarjeta topada y es urgente renegociar o refinanciar la deuda. El problema es que los recurrentes procesos electorales y el negocio de la polarización impiden un gran acuerdo fiscal que permita aliviar la crisis fiscal, mientras que los gobiernos de turno se inclinan al populismo asistencialista y no a fomentar un clima de negocios que atraiga inversiones y permita al país crecer.