La abogada querellante de Cristosal, Irene Gómez, afirmó que el Ministerio de la Defensa negó documentos sobre los planes militares que la Fuerza Armada tenía en la zona de San Vicente, para agosto de 1982, cuando ocurrió la masacre de El Calabozo en el cantón Amatitán, San Esteban Catarina. Según Gómez los documentos que los militares entregaron son genéricos, como los nombres y cargos de esas fechas, documentos que fueron de dominio público en la época, a través de periódicos. Mientras que sobre los planes militares, la institución castrense afirma que no existen. Información como los planes militares dicen que no existen, se desapareció, lo destruyeron cualquier excusa. Lo que contenía ese plan era toda la logística, todo lo que se llegó a hacer que conllevaba a la masacre de las personas, todo este operativo era tierra arrasada con la finalidad de quitarle el agua al pez como ellos lo llamaban, para que supuestamente la guerrilla no tuviera facilidades en las zonas, dijo ayer Gómez en la conmemoración del 40 aniversario de la matanza. La masacre El Calabozo se perpetró durante el operativo militar denominado Teniente Coronel Mario Azenón Palma, y la Comisión de la Verdad afirmó que hay pruebas suficientes de la responsabilidad de esas muertes sobre Batallón Atlacatl. En enero de este año se giraron capturas para el general y exministro de la Defensa, José Guillermo García, además del excoronel Sigifredo Ochoa Pérez, al entonces comandante de la Quinta Brigada, Napoleón Alvarado ; al jefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima y del exgeneral y jefe de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo. Además para Domingo Monterrosa Barrios, ya fallecido. Por otro lado, el caso está judicializado y se encuentra en etapa de instrucción. La querella de las víctimas pidió ampliar dos de los 16 testimonios que se rindieron en 1992 y agregar cuatro más. La razón de ampliar los testimonios y pedir otros es que en aquel momento no existían garantías sobre el testigo como las actuales. Unos son sobrevivientes y otros familiares, pero todos estuvieron dentro de la masacre, aseveró Gómez. El caso fue abierto nuevamente en 2016, luego de la derogación de la Ley de Amnistía,