El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana envió a prisión a cinco presuntos de estafadores, mientras que otros tres imputados les impuso medidas bajo el pago de fianza que deberán cancelar para continuar el proceso en libertad. Según la Fiscalía General de la República, se trata de una estructura conformada por abogados y prestamistas quienes fueron denunciados por víctimas quienes resultaron estafadas al comprar vehículos y casas que estaban con nombres falsos. En la audiencia de imposición de medidas el juez ordenó que sigan en detención, los prestamistas, Daniel Alexander Gómez Beltrán, Israel Eduardo Orellana López y Víctor Alexander Villegas Gaitán ; el taxista, José Alfonso Recinos Cárcamo y el contador, Francisco Javier Vásquez Cortez. Los imputados que han recibido medidas son tres abogados, una de ellas es Reina Patricia Zelada Pérez, quien debe cancelar $ 10 mil de caución económicas, y dos empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ) de la oficina de San Salvador, identificados como el jurídico Joaquín Rivera Larios, a quien el juez le impuso fianza de $ 20 mil y el colaborador administrativo de activos fijos Juan Hernández Ibarra, quien debe pagar $ 10 mil. Estos empleados de la Procuraduría fueron detenidos en la institución donde laboran, por orden de la Fiscalía. De acuerdo a las indagaciones realizadas por investigadores de la Policía Nacional Civil ( PNC ), se determinó que el jurídico de la PDDH supuestamente prestaba su protocolo para que se elaboraran las escrituras falsificadas de los inmuebles y vehículos. Con respecto a Hernández Ibarra, dentro de la banda se encargaba aparentemente de falsificar las firmas de los dueños de las propiedades para luego pasarlas a nombre de otras personas. Las capturas fueron realizadas mediante una operación denominada Los Profesionales entre la noche del lunes y mañana del martes, por la acusación que la Fiscalía les hace por estafa agravada. y apropiación indebida, falsedad ideológica, falsedad material agravada, falsedad documental agravada, simulación de delitos, propiciación y conspiración, en el delito de homicidio,