El episodio de la contratación del director ejecutivo del Instituto de Acceso a la Información Pública ( IAIP ) nos demuestra la urgente necesidad de una Ley de la Función Pública que deje claros los mecanismos de selección y contratación de los funcionarios para no siempre dudar contra una institución como el caso arriba citado. El IAIP se ha visto obligado a hacer la corrección en este caso, debido a las denuncias de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil pero, desafortunadamente, este riesgo prevalece en todas las instituciones del Estado, por no tener controles apropiados, por amiguismos, por compadrazgos, por afinidades políticas e ideológicas y hasta por favores debidos y pagados. Solo una legislación que controle apropiadamente las contrataciones podrá acabar con este vicio de los partidos políticos de vaciar a sus militantes y / o a los parientes de sus líderes en puestos públicos que luego nunca quieren abandonar. Quien asume un puesto para el que no tiene preparación ni capacidad, ha actuado también como una forma de corrupción que no puede permitirse más. Los diputados de la Asamblea Legislativa - tan proclives a todos esos vicios en las contrataciones - deben iniciar pronto la discusión de esta ley para el bien de todos los salvadoreños.