Las organizaciones Fundación para el Debido Proceso ( DPLF ), Latin American Working Group ( LAWG ), Fundación Internacional de Seattle ( SIF ) y la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos ( WOLA ) advierten del posible cometimiento de delitos de lesa humanidad por parte del Gobierno en el marco del régimen de excepción. Señalan que se podría configurar este tipo de delitos debido a las capturas masivas y arbitrarias sin orden judicial, las torturas, lesiones y graves abusos que habrían sufrido miles de personas por parte de agentes del Estado en su detención o dentro de los centros penales ; los abusos a los que podrían estar sometidas personas inocentes dentro de los centros penales, y las desapariciones forzadas de detenidos de los que no se tiene certeza de su paradero. Instaron al Estado a restablecer las garantías constitucionales suspendidas bajo el estado de excepción, a respetar la Constitución y los convenios internacionales que estipulan que esas garantías no pueden ser suspendidas incluso bajo circunstancias extraordinarias. Organizaciones dicen que la justificación para aprobar el régimen de excepción ya desapareció y que según cifras oficiales los homicidios no superan los dos casos diarios.