Tras el anuncio de construcción de una planta de minería de criptomonedas, habitantes del municipio de Nueva Concepción, en Chalatenango, rechazaron el proyecto y alertaron del impacto ambiental que esta puede causar. La planta de minería bitcoin es un proyecto de inversión privada al que se esperan destinar alrededor de $ 200 millones, según anunció a finales de junio la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga. El proyecto incluye una planta con energía fotovoltaica que surtirá de electricidad al complejo de minería bitcoin, una apuesta realizada por el salvadoreño residente en Suiza, Josué López, que según Mayorga posee varios consorcios. Tras una visita al municipio, Mayorga informó en ese momento, a través de su Twitter, que tendría una capacidad instalada de 6 megavatios ( MW, ) y que en la primera etapa destinarán $ 15 millones. Sin embargo, este martes la Asociación Intercomunal de Agua y Saneamiento de Nueva Concepción ( ADINASANUCO ), junto con el Foro del Agua y las Asociaciones de Desarrollo Comunal ( ADESCOS ) denunciaron que el proyecto no cuenta con los permisos ambientales y destruiría unas 43 manzanas de bosque en este municipio. Los habitantes de Nueva Concepción solicitaron una reunión con el concejo municipal para pedirles documentación oficial sobre los permisos ambientales y de construcción, así como la aprobación del proyecto, pero aseguraron que el concejo les externó la inexistencia de los mismos. ADINASANUCO aseguró que este es un proyecto que el Gobierno central está ejecutando en el municipio sin tomar en cuenta al concejo municipal. Según la Ordenanza reguladora del uso del suelo y ordenamiento territorial del municipio de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, es la Oficina de Planificación y Gestión Territorial ( OPLAGEST ), que forma parte de la Asociación de Municipios Cayaguanca y donde se incluye la alcaldía de Nueva Concepción, la que vigilará y autorizará las construcciones en el municipio. Sin embargo, la misma ordenanza faculta a la municipalidad, en su título IX, que ante proyectos que no cumplen con las normativas de construcción o parcelación pueden, por medio de la Asociación, em