Para el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ( Idhuca ), el caso de la agente de la Policía Nacional Civil, Carla Mayari Ayala Palacios, es una desaparición forzada y encaja en un delito de lesa humanidad por el que el Estado debe de responder, según ellos, porque se orquestó desde el interior del aparato estatal. Esa valoración la hizo ayer el director de dicho instituto, José María Tojeira y el abogado Arnau Baulenas, quienes llegaron al Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador a mostrarse parte del proceso como querellantes, en representación de la familia de la agente desaparecida desde el 29 de diciembre del año pasado. Creemos que es muy importante acompañar a la familia en la querella ( acusación particular ) en el reclamo judicial porque la familia está sufriendo un caso de grandes poderes involucrados, sostuvo Tojeira. Para el director del Idhuca, en este momento los hechos tienen todas las características de una desaparición forzada y por ende puede catalogarse como un crimen de lesa humanidad. Al mostrarse como acusadores particulares se ha dado por iniciada la acción civil especial subsidiaria, para que al final del proceso la familia de la agente sea indemnizada y al incorporar el elemento subsidiario, la Policía Nacional Civil, a través de su director deben de responder. La indemnización se pide a la corporación porque ella fue herida y secuestrada dentro de la corporación policial, de manera que una institución que se encarga de velar por la seguridad de la gente es la que a ella, que es un miembro, la ha desaparecido ; de manera que hay una responsabilidad de la corporación, agregó Tojeira. Al pedir la responsabilidad especial civil subsidiaria, el juez deberá emplazar al director de la PNC, Howard Cotto, para que nombre sus abogados y sean parte del proceso, ya que deberán de responder civilmente. Se está pidiendo que el Estado sea condenado a una indemnización ya que la agente Carla Ayala, tiene hijos y no pueden quedar en el abandono, tras un hecho en el cual agentes estatales son los responsables. Según Baulenas, los mismos estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalan este camino a seguir