Durante mucho tiempo en El Salvador se tuvo la impresión que la impunidad reinaba y que los poderosos podían hacer y deshacer a su antojo, sin que nadie pudiera castigarlos. Desde que la Sala de lo Constitucional empezó a mostrar su independencia y una vigilancia celosa sobre la Constitución, los abusos de los órganos del Estado empezaron a detenerse. Ahora la Fiscalía General de la República está dando pasos importantes para detener otros tipos de impunidades y vemos procesos judiciales e investigaciones serias contra poderosos personajes que otrora fueron intocables. Pero tanto la Sala de lo Constitucional como la Fiscalía General de la República ahora son foco de una ofensiva mediática contra su labor e incluso contra los funcionarios en su vida personal, con acusaciones infundadas o campañas de desprestigio orquestadas por sectores interesados en que se vuelva al ciclo de impunidad al que estaban acostumbrados. La institucionalidad debe defenderse, apoyarse y fortalecerse. El país no va a mejorar mientras haya sectores que quieran seguir torciendo la ley y las instituciones a su antojo. Tanto la Sala de lo Constitucional como la Fiscalía no deben dejar de cumplir su labor por amenazas, acosos o exabruptos que buscan ponerles zancadillas a la valiosa misión que realizan.