Desde el pasado 27 de marzo, El Salvador vive un régimen de excepción que suspendió derechos constitucionales, en respuesta a una violenta jornada de homicidios de civiles. Desde entonces, el gobierno también ha endurecido las leyes en contra de las pandillas, a quienes atribuyen la escalada homicida del 26 de marzo, que acabó con la vida de 62 salvadoreños en menos de 24 horas. La Asamblea Legislativa aumentó las penas en contra de menores de edad que pertenecen o colaboren con estos grupos hasta por 12 y 15 años, mientras que en el caso de los mayores de 16, las penas pueden superar los 20 años. Para la UNICEF, estas medidas no se ajustan a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual El Salvador forma parte. De acuerdo con dicho convenio, la detención de los menores tan solo se debe emplear " como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible " pues UNICEF indicó que las medidas no privativas de la libertad son " mucho más rentables " que la detención y, por tanto, generan " mejores resultados ", tanto para los propios menores como para la sociedad civil en general. A pesar de la condena por el encarcelamiento de menores, la UNICEF destacó que los gobiernos salvadoreños han logrado " importantes avances " en la protección de los menores con políticas sociales centradas en programas de educación y desarrollo. Sin embargo, el organismo de Naciones Unidas considera que " se puede ir más allá " trabajando con las comunidades para La Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños, el Comité de los Derechos del Niño, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas están dispuestos a proporcionar apoyo técnico a las autoridades para hacer frente a la violencia de las pandillas y ajustar la ley penal juvenil de acuerdo con las normas internacionales.