La propuesta de Ley de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad que presentó el gobierno hace unos días en la Asamblea Legislativa establece que los concesionarios y permisionarios no estarán autorizados a prestar el servicio de transporte público de pasajeros si la unidad excede a los 15 años de fabricación. Uno de los sectores que más ha resistido a los cambios en el país es el transporte público de pasajeros. Las unidades son inseguras, en muchos casos con serios problemas mecánicos y con motoristas irresponsables que ni siquiera tienen la mínima documentación para trabajar como tales. En gran medida, la razón de esas unidades inseguras es precisamente la edad de las mismas. El deterioro de las unidades de transporte es más rápido que el de cualquier vehículo automotor por el uso que se le da y su escaso mantenimiento. La antigüedad de las unidades de transporte no debe verse solo como un asunto administrativo sino como un asunto de seguridad pública dada su alta incidencia en accidentes de tránsito. Es fundamental imponer el orden entre los motoristas y empresarios del sector para que haya un verdadero compromiso con la seguridad de los pasajeros y el elemental cumplimiento de las normas de tránsito. No puede seguirse tolerando que motoristas con miles de dólares en multas acumuladas y con sus documentos vencidos, sigan siendo contratados por los dueños de las unidades, lo que les hace cómplices de sus desmanes. La ciudadanía merece un transporte seguro, no se puede seguir metiendo a la gente como sardinas a las unidades, mientras se sigue subsidiando un pésimo servicio.