Los niveles de opacidad en la gestión pública y la corrupción han sido posibles por las fallas en el control político que deben ejercer las instituciones, según concluye el estudio El ejercicio del control político institucional sobre el Órogano Ejecutivo en El Salvador, 1999 - 2019, presentado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ( UCA ). Del universo de instituciones que deben ejercer control político institucional, es decir, dentro del sistema de rendición de cuentas, se analizó a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ), específicamente a las Salas de lo Constitucional y Contencioso Administrativo ; a la Corte de Cuentas de la República ( CCR ) y al Instituto de Acceso a la Información Pública ( IAIP ). Entre las facultades de la Asamblea Legislativa está la de discutir y aprobar o no el proyecto de presupuesto general de la nación que presenta el Órgano Ejecutivo para cada año. Mientras que en control constitucional hay condiciones de ineficacia que no permiten llegar hasta el final del proceso o cuando se dilata en resolver. El estudio señala que existen vulnerabilidades en todas las fases de auditorías o juicios de cuentas de la CCR. Álvaro Artiga, coordinador de la investigación, señaló que depende de las circunstancias en cada institución y hay una dinámica causal que es cómo se corrompe el control político institucional en el país. Estudio destaca aprobaciones presuuestarias con vicios de forma y contenido por parte de la Asamblea Legislativa. La práctica del control politico se ve afectada por agentes corruptores y está enferma cuando hay ineficiacia. Estudios advierte de riesgos de cometer actos de corrupción en las cuatro fases que componen las auditorías de CCR.