El proyecto establece obligaciones a particulares y a servidores públicos para que reporten operaciones sospechosas. El proyecto incorpora un sistema nacional antilavado, el cual trabajará en la prevención, control y sanciones. Que según la SSF podría dejar de imponer multas en casos de lavado de dinero debido a que la Sala de lo Constitucional tiene en estudio que se declare inconstitucional el artículo 44 de la ley de supervisión y regulación.