La Mesa contra la impunidad de El Salvador y el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones, junto a familiares de víctimas de la masacre de El Mozote, Mientras a la Corte Suprema de Justicia le pidieron por considerar que violentan la Constitución, los tratados internacionales ratificados y los derechos humanos de los jueces y magistrados que serían cesados por haber cumplido 60 años de edad o 30 años de servicio. Dijeron que la destitución de casi un tercio de los jueces pone en riesgo los procesos judiciales de todos los salvadoreños pero en especial de las víctimas del conflicto armado, al no tener garantía del derecho a una tutela judicial efectiva y que sus casos sean tratados por un juez natural e imparcial como lo demanda la Constitución. En su pronunciamiento, las organizaciones sociales cuestionan la forma inconstitucional con la que se impuso a los magistrados sustitutos de la Sala de lo Constitucional, sin reunir los requisitos mínimos, cualificaciones profesionales y credenciales de independencia judicial., reza un segmento del pronunciamiento. Sonia Rubio de la Fundación para el Debido Proceso afirmó, que las reformas aprobadas Rubio recordó que con estas reformas, la Asamblea Legislativa mandó un claro mensaje que durante este gobierno el ejercicio de la función judicial estará sujeta a presiones, represiones e interferencias de poderes externos y que las reglas del juego pueden cambiar de forma inconsulta, opaca y expedita, atentando contra cualquier estándar en la materia, provocado por el capricho de una pequeña élite que no quiere someterse a los controles establecidos. Estas reformas buscan amedrentar a los jueces y fiscales, sabiendo que atentando contra la estabilidad del cargo y todo lo que eso significa pueden defender si sus decisiones están alineadas a los poderes de turno, sentenció Rubios. Dorila Márquez en representación de las victimas de El Mozote, pidió a los diputados y al presidente de la República que ha llevado adelante la investigación de la masacre, porque con su salida el caso podría perderse. Los representantes de al menos 13 organizaciones de la sociedad civil consideraron que la expulsión masiva de jueces, incluyendo, al juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán durante el conflicto