Los exministros de Justicia y Seguridad Pública, general en el segundo juicio que se sigue contra los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández ; Afirmaron que esos servicios tuvieron como propósito detectar planes para provocar alzas de homicidios, amotinamientos carcelarios, fugas de reos y otras amenazas que las pandillas planeaban para desestabilizar al país. Munguía Payés, quien fungió como ministro de Justicia en los años 2011 y 2013 manifestó que El general afirmó que y que al ser fondos privados, no estaban obligados a rendir cuentas, a parte del uso final que se les daba, que no se podía revelar su destino. Benito Lara, quien se desempeñó como ministro de Justicia y Seguridad Pública entre los años 2014 y 2016 dijo que en su gestión, las tiendas institucionales funcionaban en números rojos o pérdidas, porque servían para pagar salarios de sus mismos empleados. Este viernes también declaró un perito que realizó un estudio financiero de las tiendas institucionales ordenado por la Fiscalía General de la República y entre otros hallazgos concluyó que Esa versión fue reiterada por otros dos testigos de Fiscalía, quienes fungieron como empleados de las tiendas institucionales, además detallaron que Como testigo de descargo declaró el exgerente de Operaciones de Centros Penales entre 2012 y 2018 quien afirmó que los ingresos de las tiendas institucionales fueron utilizados para cubrir necesidades propias del sistema penitenciario como reparación y cambio de techos, pisos, alcantarillas, sistemas de agua potable, otras obras de ingeniería y la construcción de dos granjas, una en Santa Ana y otra Izalco, Sonsonate. El exfuncionario manifestó que en las tiendas institucionales laboraban entre 60 y 65 empleados que no gozaban de prestaciones sociales como seguro social, AFP y que cuando enfermaban ellos tenían que cubrir su atención y medicamentos. Según el abogado defensor Manuel Chacón, las declaraciones de los testigos han desvanecido la teoría de acusación de la Fiscalía, que señala a los exdirectores de actos arbitrarios y administración fraudulenta. En tanto, Fiscalía asegura estar fortalec