El Gobierno pretende multar a las personas que utilicen wifi en los contornos de los centros penales. Ayer, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, anunció que en el marco de la segunda fase de las medidas extraordinarias estarían tomando formas de control legales relacionados al wifi. Según dijo, ya consultaron con los diputados para poder contar con las reformas al Decreto 321 que les permitan tomar medidas de carácter legal, para evitar que los reos utilicen wifi que proviene de las casas vecinas a los penales. Explicó que el referido Decreto original, únicamente prohíbe el uso de la telefonía celular. Mediante la reforma, quedaría prohibido el internet inalámbrico y solo tendrían acceso al internet residencial o a través de cable. El ministro agregó que mediante la reforma aplicarían sanciones administrativas, aunque también podrían haber sanciones incluso penales para las personas que con mala intención le ponga un dispositivo inalámbrico. El funcionario aseguró que han podido constatar que, actualmente, en el penal de Quezaltepeque ha quedado anulada la señal de telefonía celular, pero han detectado ocho dispositivos de wifi. De éstos, siete fueron localizados, pero aún existe otro más que está siendo rastreado.