La Fiscalía de Perú anunció ayer la apertura de una cuarta investigación contra el presidente peruano, Pedro Castillo, después de dejar sin efecto la suspensión que estableció un juez para iniciar las diligencias contra el mandatario por presuntos delitos por la compra de biodiésel en Petroperú. " La Fiscalía de la Nación ha dispuesto dejar sin efecto la Disposición Número 1 del 4 de enero de 2022, que suspendía el inicio de actos de investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, hasta la culminación de su mandato presidencial ", ha detallado el Ministerio Público en un comunicado en Twitter. Según el Ministerio Público, Castillo habría intervenido en la compra de biodiésel para Petroperú en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S. A., por lo que se le acusa de delito contra la administración pública y tráfico de influencias, ha informado'El Comercio '. Esta es la cuarta investigación vigente contra el presidente Pedro Castillo en el despacho de la Fiscalía de Perú, según ha detallado el diario peruano'Diario Correo '. Las primeras dos investigaciones versan sobre una presunta mafia que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - - Caso Puente Tarata - - y por supuestas injerencias en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas. Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el extitular de esta cartera Juan Silva - - que actualmente se encuentra en busca y captura - -. En la organización criminal también habrían participado funcionaros de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial, así como de empresarios y terceros, todos con el fin de favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública. Asimismo, el Ministerio Público peruano ha acusado al presidente, peruano de liderar una presunta organización criminal dedicada al ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional afines al mandatario. Según la hipótesis del fiscal que lleva el caso, el exasesor de Castillo, Bruno Pacheco, y el exministro de Defensa Walter Ayala " habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo ", gracias al que, junto al presidente, se habrían