El Juzgado Ambiental de San Salvador ha recibido dos demandas y un aviso de entidades no gubernamentales pidiendo que se condene y sancione al Ingenio La Magdalena, tras el derrame de miles de galones de melaza, el pasado 5 de mayo en Chalchuapa, departamento de Santa Ana. El juez de medio ambiente, Samuel Lizama, confirmó ayer que son organizaciones ambientalistas las que han acudido con las demandas de responsabilidad civil por daños ambientales y que por el momento las instituciones públicas no han interpuesto ninguna demanda ante el tribunal que preside. Las instituciones públicas por ley tienen la obligación de demandar cuando hay casos de daños ambientales y en este caso, la ley establece que la Fiscalía, la Procuraduría y las alcaldías, todas tienen la obligación de demandar, hasta el momento ninguna institución pública lo ha hecho, sostuvo el juez. Una de las demandas ingresó al juzgado ambiental el pasado 16 de mayo, según el informe oficial fue interpuesta por la Asociación Ecológica para la Protección y Acción del Medio Ambiente ( Aproterra ). Los demandantes han pedido que se condene al Ingenio La Magdalena en responsabilidad civil ambiental, que se le ordenen acciones de restauración, acciones de mitigación, de limpieza ; y respecto a los daños que no puedan ser restaurados, que se haga un valúo ecológico y se le condene también a un monto económico. Lizama afirmó que esta demanda ya se analizó y se ha hecho a Aproterra una observación para que aclare algunos aspectos, una vez lo hayan subsanado, el juzgado va determinar si admite o no la demanda. Ayer por la mañana, varias organizaciones, entre ellas la Unidad Ecológica Salvadoreña ( UNES ), pidieron que el juzgado tome medidas de acción referente al caso.