La dictadura de Daniel Ortega admitió esta semana públicamente la existencia de centenares de presos políticos y anunció la liberación de estos en un plazo de 90 días en medio de las amenazas de mayores sanciones internacionales de parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Al igual que Venezuela, lamentablemente estos regimenes solo ceden ante sanciones internacionales o ante la imparable voluntad de cambio de sus pueblos que, pese a la feroz represión que en el caso nicaragüense dejó más de 500 muertos y 800 presos políticos, sigue resistiendo y demandando democracia. Los clamores de democracia, justicia y libertades que hacen los nicaragüenses deben seguir siendo apoyados por la comunidad internacional que debe mantenerse vigilante del proceso de diálogo que acontece actualmente entre la dictadura y la alianza opositora. El gobierno de Sánchez Cerén ha tenido una actitud cómplice y complaciente con Ortega y sus abusos a los derechos humanos, eso es algo que el presidente electo, Nayib Bukele, se ha comprometido a cambiar. El Salvador no puede estar aliado con regimenes de ese tipo que no respetan los derechos fundamentales de sus pueblos y atropellan el Estado de Derecho y la dignidad de las personas.