El amparo 414 - 2021 de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, señala que el fallo de la Sala de lo Penal, del 8 de septiembre del 2020, omitió las normativas vigentes en El Salvador que obligaban al Estado a investigar los hechos de lesa humanidad y delitos de guerra, como la matanza de los jesuitas ocurrida en noviembre de 1989. La resolución de la Sala cita que uno de los convenios omitidos y que debe cumplirse es el Protocolo II adicional al Convenio de Ginebra de 1949, que fue ratificado en 1978 por El Salvador, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados., dice la resolución emitida el pasado 5 de enero y que reabrió el proceso penal por la masacre jesuita. El proceso fue cerrado en septiembre del 2020, luego que la Sala de lo Penal resolviera un recurso de casación de la defensa de dos militares, Juan Orlando Zepeda Herrera y Francisco Elena Fuentes, donde afirmaron que el caso estaba prescrito y que no era delito de lesa humanidad. Según la explicación de los magistrados, la masacre de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo, Amando López Quintana, Joaquín López y López, y de sus colaboradoras, Elba Ramos y su hija Celina Ramos, encaja en los delitos que contempla el artículo cuatro de protocolo mencionado, y que son considerados como hechos de extrema gravedad. La resolución también cita la sentencia de inconstitucionalidad 44 - 2013, que derogó la Ley de Amnistía General y la sentencia del caso El Mozote en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la falta de acceso a justicia, que las víctimas tuvieron en el conflicto. Además, la Sala de lo Constitucional señala que, en el momento de los hechos no había posibilidad de una efectiva investigación por el aparato organizado de poder que existía en el país. Por ello, afirman que no se pueden contar los plazos procesales y los delitos son imprescriptibles. Los magistrados de la Sala concluyen que La Sala de lo Penal vulneró los derechos a la protección jurisdiccional ( acceso a la jurisdicción ), conocer la verdad. La Sala de