Jueces, magistrados y abogados insistieron ayer que el presidente de la República, Nayib Bukele, y los diputados de la bancada de Nuevas Ideas deben derogar el decreto que cesa a los jueces mayores de 60 años de edad y aquellos que tienen más de 30 años en la judicatura, no hacerlo lo impugnarán ante los tribunales internacionales. En una protesta multisectorial, los sindicalistas del Órgano Judicial advirtieron que de no derogar el decreto que reforma la ley de la Carrera Judicial recrudecerán las medidas de protestas en los siguientes días. Esli Carrillo, juez Especializado de Chalatenango, afirmó que están en constante monitoreo del cuestionable decreto, porque según sus cálculos el martes 14 de septiembre se venció el plazo de formación de ley para sancionarlo, vetarlo u observarlo, pero no sabemos qué ha pasado, dónde está, si está en la Asamblea o en la Presidencia, no se sabe absolutamente nada. El interés de su publicación en el Diario Oficial, es que luego de ello, podrán iniciar el proceso de impugnación ante un tribunal superior. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, José Belarmino Jaime, estimó que esas son las acciones que quedan para un pueblo, aunque aguarda pueda que exista la posibilidad que este tipo de manifestaciones sociales haga reflexionar al que dio la orden a la Asamblea, para reviertan el decreto. Por su parte, Stanley Quinteros, secretario general del Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador ( SEJES 30 de junio ) afirmó que no ha quedado otra que lanzarse a la calle, ya lo hicimos el 7 de septiembre, este 15 de septiembre y lo haremos el 30 de septiembre. Si ellos ( el gobierno y los diputados ) no desisten de las reformas a la Constitución o que la reforma por implementar no es consensuada con los sectores más desprotegidos y la clase organizada, vamos a recrudecer las luchas de calle, advirtió. Los jueces marcharon desde el Centro Judicial Isidro Menéndez, hasta la plaza Morazán, en el Centro Histórico. Pidieron al pueblo defender la Constitución y la independencia judicial.