El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ( Uca ), Andreu Oliva, reveló ayer que en los próximos meses pedirán al Estado que reabra el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas. Nosotros vamos a presentar la solicitud para que el caso jesuitas sea uno de los casos que después de anularse la ley de Amnistía, pueda ser reabierto, juzgado e investigado en El Salvador, dijo ayer Oliva. Según el representante de la universidad, la petición será presentada antes que finalice el primer semestre del año. En el caso jesuitas la petición principal es conocer la verdad, a la implicación que tuvieron los altos mandos que estaban al frente de la Fuerza Armada salvadoreña y conocer lo que nosotros llamamos quienes fueron los autores intelectuales del caso, agregó. La noche del 16 de noviembre de 1989, seis sacerdotes de la compañía de Jesús y dos colaboradoras fueron asesinados por una unidad del Batallón Atlacatl, según el informe de la Comisión de la Verdad, De la locura a la esperanza. El mismo informe dice que nueve militares fueron llevados a los tribunales por dichos asesinatos, entre ellos el coronel Guillermo Benavides, los teniente Yusshy René Mendoza, José Ricardo Espinoza, Gonzalo Guevara y cinco soldados del batallón Atlacatl, acusados de ser los autores materiales. En 2011, el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco pidió la detención de los militares pero el Estado salvadoreño se negó a la captura y a la entrega ; en 2012, la Corte Suprema de Justicia negó la extradición de los militares y fue reiterada el año pasado, ante una nueva solicitud de captura. Actualmente hay una orden de captura internacional en contra de 13 militares, pendiente de ejecutarse, mientras que el coronel Guillermo Benavides guarda prisión a la espera que la Cámara Primero de lo Penal resuelva un recurso de apelación que la defensa de Benavides presentó en 1993, días antes que entrara en vigencia la ley de Amnistía. Dicho recurso cobró vida, luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, derogara la ley que perdonaba los crímenes de guerra. Hasta el momento, la Fiscalía General de la