lo Constitucional anterior admitió la demanda de Intratex, señalando que evaluarían la constitucionalidad de la omisión de la DGII al no haber completado el debido proceso de tasación de impuestos para el cobro de los mismos. En la resolución se consideraba la posibilidad de que se estuviera violando derechos a la seguridad jurídica, propiedad, acceso a medios medios impugnativos y al principio de legalidad penal. Dicha Sala aclaró que su admisión no implicaba que se impidiera al Estado realizar cobros de impuestos o interponer avisos a la Fiscalía, ya que solo evaluarían si la DGII debía o no emitir una resolución definitiva antes de enviar aviso a la FGR. Esa resolución suspendió el proceso penal habilitando a la empresa a controvertir la resolución con un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y Aduanas. Los demandantes señalaron a la Dirección General de Impuestos Internos de no resolver definitivamente los procesos administrativos antes de poner avisos procesos penales. La Fiscalía General de la República acusó a la empresa Intratex de evasión fiscal y ordenó el arresto de su representante legal, en agosto de 2020. El monto de impuesto supuestamente no pagado según la acusación fiscal de agosto del año 2020 ascendía a $ 5. 3 millones. La Fiscalía remitió los otros avisos agosto de 2020 ( Mol, S. A. ), noviembre de 2018 y en marzo de 2017 contra dos personas.