El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados ( IBAHRI ) expresó preocupación este jueves por las denuncias que han recibido de violaciones a los derechos humanos en El Salvador tras las medidas implementadas por el gobierno por la pandemia del coronavirus. En una carta abierta al presidente Nayib Bukele, reconocen los esfuerzos del Ejecutivo para enfrentar la emergencia por el coronavirus, pero no avalan acciones como la detención de personas por incumplir la cuarentena domiciliar. " La situación en El Salvador es preocupante. Si bien ciertas medidas son necesarias para frenar la propagación de COVD - 19, ha habido un grave desprecio por el estado de derecho ", dijo el presidente de la asociación, Horacio Bernardes Neto. Consideran " innecesarias " y las detenciones de salvadoreños en centros de cuarentena, por lo que hacen un llamado a las autoridades salvadoreñas a liberar a los detenidos " arbitrariamente ". También se pronunciaron en contra de las restricciones de ingreso al territorio a ciudadanos salvadoreños, y rechazaron que algunos salvadoreños que ingresaron antes del cierre del aeropuerto, fueses llevados a lugares con malas condiciones. " Si bien se requieren ciertas medidas de emergencia para garantizar la salud pública de los ciudadanos, estas medidas deben ser proporcionadas, temporales y garantizar el respeto de los derechos humanos de un individuo. El imperio de la ley debe prevalecer en tiempos de crisis, por lo que es imperativo que el gobierno salvadoreño defienda las decisiones promulgadas por la Corte Suprema ", manifestaron. Por otra parte, pidieron al presidente Bukele garantizar que el subsidio a familias afectadas por la pandemia, se entregue de manera eficiente. Condenaron que se haya usado gas de pimienta contra personas que buscaban cobrar el subsidio. Finalmente, vieron con inquietud las denuncias sobre ataques a periodistas en redes sociales que han criticado al gobierno, además que no se permiten preguntas en conferencias de prensa y que las fuerzas de seguridad sean acusadas de destruir material periodístico.