El artículo 9 del decreto de disposiciones especiales presentado por el Gobierno y el FMLN delega la ejecución de las medidas reeducativas y de readaptación a la Fuerza Armada. La ejecución de las medidas ( que sean impuestas a los deportados ) estará a cargo de la Fuerza Armada de El Salvador en colaboración con la Policía Nacional Civil, reza el proyecto de decreto presentado ayer por el partido FMLN. Mientras, la imposición de las medidas de reeducación estará a cargo de los jueces de paz o de menores, según sea el caso, de acuerdo al proyecto de decreto. Ese artículo explica que las medidas reeducativas y de readaptación a que se refiere esta ley se aplicarán exclusivamente a los miembros o colaboradores de maras, pandillas o grupos u organizaciones terroristas que, por el perfil que determine la Policía Nacional Civil, ofrezcan riesgo inminente para la sociedad o para los individuos, al contexto social, grupal o comunitario. Otra institución que la ley le delega responsabilidad es la Dirección General de Migración y Extranjería, que estará a cargo de la recepción de personas retornadas. El diputado del FMLN Misael Mejía explicó ayer que este decreto busca fortalecer las acciones de seguridad que el Gobierno ya está ejecutando a nivel nacional. Agregó que la normativa se convertirá en una herramienta para controlar y dar seguimiento a los salvadoreños deportados y que son miembros de maras, pandillas o grupos delincuenciales.