El Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) que ratificaría la Asamblea Legislativa obligaría al Estado a asumir la responsabilidad de gran parte del sistema de pensiones. Este es uno de los cinco convenios cuya ratificación solicitó este lunes el Ejecutivo al Legislativo. Para Maricarmen Molina, líder sindical de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores ( CSTS ), una de las organizaciones sindicales que se reunió el domingo con el Gobierno, la responsabilidad que delega este Convenio al Estado es clara. En la práctica, según Molina, significa la nacionalización del sistema de pensiones : De los 30 países que tenían implementado este sistema privado ya 18 lo han revertido, también debemos revertir este sistema dijo. El Convenio 102 obliga a los Estados a garantizar asistencia médica, prevención por desempleo y prestaciones de vejez, entre otras prestaciones, por la supervivencia más allá de una edad prescrita, a por lo menos la mitad de asalariados y al menos 50 % de todos los residentes o habitantes, así como a cónyuges e hijos. También, garantiza prestaciones a quienes han cumplido 30 años de cotización o 20 años de residencia, y sugiere una prestación reducida a quienes hayan cumplido 15 años de cotización. Según el Convenio 102, hay posibilidad de suspender la prestación si ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas en la ley o de reducir las prestaciones contributivas cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito por la ley. Los sindicatos promueven la creación de un sistema de pensiones público a través de un ente autónomo tripartito que tenga igual participación de empleadores, Estado y trabajadores. Actualmente, un cuarto de la Población Económicamente Activa cotiza en el Sistema de Ahorro para Pensiones ( SAP ) ; parte de sus ahorros se destinan a una Cuenta de Garantía Solidaria ( CGS ) para una pensión vitalicia. Quienes están por jubilarse enfrentan una disminución en el cálculo de sus pensiones, de acuerdo a su cuenta individual, por lo