Tras la derrota electoral del 4 de marzo, el presidente Salvador Sánchez Cerén ha reconocido las deficiencias de su Gobierno y ha anunciado un comité para evaluar una serie de cambios de funcionarios y políticas del Ejecutivo. La ciudadanía ha hecho pública su inconformidad de la manera más clara que las democracias tienen para hacerlo : el voto. Y es bueno que el presidente Sánchez Cerén tenga la intención de corregir el rumbo que tanto se le ha señalado. Pero hay que tener cuidado en los pasos a tomar de ahora en adelante, porque hay medicinas que complican los males. Sería fatal si el Ejecutivo sustituye a funcionarios técnicos y vacía en sus puestos a dirigentes o militantes del partido que se han quedado sin empleo tras las elecciones y que no tienen la capacidad ni la experiencia para esos cargos que recibirían como un mero premio de consolación. El Gobierno necesita urgentemente mejorar el clima de negocios, la seguridad jurídica y atraer inversiones. Cualquier cambio en ese sentido debe ser para mejorar, no para incentivar choques, persecución o confrontaciones con el sector privado. Sería una catástrofe. Cambiar por cambiar nombres o políticas por razones electoreras, sin pensar en las consecuencias para el país, sería irresponsable y sumamente temerario para los salvadoreños.