Un embargo de bienes e inmovilización de cuentas de los imputados no fue avalado por el Juzgado 7o. de Paz de San Salvador, ya que según la resolución, la Fiscalía General de la República no especificó montos, ni tampoco identificó los bienes e inmuebles a los que se les debe imponer anotaciones preventivas. Para el tribunal, no puede admitirse las pretensiones fiscales porque no existe un informe específico de los bienes y cantidades dinerarias, pero, para el jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez, la funcionaria no revisó detenidamente la documentación. Si se le presentó, lo que sucede, como ella misma lo ha justificado, las cantidades de la evidencia documental que le hemos presentado, donde consta todos los bienes que son propiedad de estas personas, tanto naturales como jurídicas son voluminosas y, por lo tanto, bajo nuestro criterio sí está fundamentado y es parte del análisis que nosotros vamos a desarrollar para poder invocar un recurso, manifestó Cortez. El jefe de la UIF, adelantó que acudirán ante la Cámara Primera de lo Penal para que se revoque la decisión de la jueza y se ordene los embargos solicitados, expresó que los montos planteados son justos, partiendo de las cantidades millonarias desviadas de las arcas del Estado hacia cuentas personales de los imputados. Para El Ministerio Público, es importante embargar bienes e inmovilizar cuentas porque ya se ha iniciado la responsabilidad civil subsidiaria por una cantidad de $ 51, 239, 752. 29, y al no tener fondos congelados se corre el riesgo que al finalizar el juicio no se puede tener reservado el dinero para hacer efectivo el resarcimiento de daños y perjuicios causados al Estado. La representación fiscal había pedido que se decretaran embargos a la Promotora de Comunicaciones S. A. de C. V., Radiodifusión Usuluteca, Radiodifusión El Salvador, Radio Estéreo 94. 1, Grupo Sámix S. A. de C. V., Tóchez Fernández y Limitada, América Publicidad, ANLE S. A. de C. V., Funes y Asociados y Radio ABC 100. 1 FM, así