Ha pasado poco más de un mes del establecimiento de un régimen de excepción que ha llevado a prisión a más de 21 mil sospechosos de tener nexos con pandillas y se empiezan a notar resultados en comunidades de alta incidencia delincuencial. El Salvador ha tenido una compleja situación de violencia e inseguridad en las últimas décadas, las pandillas, nacidas en el sur de California en los años 80, encontraron aquí un sitio ideal para desarrollarse y controlaron barriadas y comunidades con la impunidad de bandas mafiosas y bajo la pasividad o indiferencia del Estado. Eso convirtió a las pandillas en crimen organizado, dirigiendo el narcomenudeo, las extorsiones, los asesinatos y otros crímenes detestables, incluyendo la violación sexual de menores de edad. Por eso hoy en muchas comunidades se respira tranquilidad tras la detención masiva de pandilleros y empresas que distribuyen sus productos y pequeñas tiendas y comercios que operan en esas zonas, empiezan a notar que la extorsión, la mal llamada renta, está desapareciendo. Por supuesto que hay abusos y detenciones arbitrarias y es necesario que las autoridades resuelvan esos casos para no contrarrestar los esfuerzos positivos en materia de seguridad. El país enfrenta una situación compleja en materia de seguridad, acostumbrados a la impunidad, a que no pasaba nada. Por eso se ven casos como el del estudiante universitario que extorsionaba a una compañera de estudios, una muestra de lo extendido que está este delito. Más allá del régimen de excepción ciertamente el país necesita seguridad y el fin de la violencia pandilleril, no hay duda, pero también el respeto a la ciudadanía honrada de parte de las autoridades.