En Corte Plena, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) deberán resolver si el proceso penal que la Fiscalía General de la República ( FGR ) le sigue al empresario Enrique Rais es crimen organizado. Los magistrados entrarán a conocer del caso tras dos resoluciones. Por un lado, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador se declaró incompetente para conocer de la causa, por considerar que el accionar de Rais y cinco imputados más es crimen organizado institucionalizado. Al emitir esa decisión, el caso fue enviado al Juzgado Especializado de Instrucción C para que siguiera el proceso en la segunda etapa y programara audiencia preliminar, pero luego de recibirse el expediente el pasado 7 de agosto, dicho tribunal emitió una resolución en la que asegura que Rais y los otros acusados no han actuado bajo la modalidad de crimen organizado. Al existir dos decisiones de las juezas en las que ninguna de ellas quiere procesar a Rais y sus colaboradores bajo sus respectivos criterios y análisis jurídicos, la Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver si el caso es crimen organizado y lo debe de seguir ventilando el Juzgado Especializado de Instrucción C o si lo regresa al Juzgado Segundo de Instrucción. A través de la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, se conoció que los abogados defensores de Rais presentaron en el Juzgado Especializado de Instrucción C un escrito de excepción dilatoria en razón de la materia, pidiendo al tribunal especializado que se declare incompetente porque no hay crimen organizado. Pero la jueza especializada no le dio trámite al escrito, es decir, no conoció de la pretensión de los defensores porque cuando se presentó en esa sede judicial, el expediente estaba en proceso de ser enviado a la CSJ. Este expediente se inició el 26 de agosto de 2016, cuando la Fiscalía General de la República presentó la acusación formal en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador en contra de Enrique Rais y otras diez personas, entre ellos el exfiscal general Luis Martínez, el exfiscal Julio Arriaza y abogados que supuestamente colaboraron con el