La Fiscalía General de la República solicitó ayer a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que revoque las medidas otorgadas al exfiscal Luis Martínez, procesado por el delito de divulgación de material reservado, que el artículo 34 de la Ley de Intervención de Telecomunicaciones castiga con cárcel de cuatro a ocho años. El fiscal del caso dijo que han fundamentado el recurso de apelación en una errónea aplicación de la ley por parte de la jueza 2o. de Paz. El Código Procesal Penal regula y establece que cuando un imputado ya tiene medidas cautelares en otro proceso, no se le pueden dar nuevamente medidas en otro proceso, ese es el principal, sostuvo el representante del Ministerio Público. A la jueza también le cuestionan la errónea interpretación de algunos tratados internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que con algunos artículos de estos tratados, ha justificado que a un imputado se le pueden otorgar medidas a pesar que ya tenga en otra causa penal. El representante de la Fiscalía asegura que al revisar la resolución de la jueza, donde menciona los artículos de esos tratados invocados, en ninguno habla sobre las medidas a otorgar en un proceso. El pasado 17 de octubre, Luis Martínez enfrentó la audiencia inicial y la jueza resolvió que debía continuar el proceso, pero en libertad y no le impuso ninguna medida. El imputado, supuestamente, divulgó conversaciones telefónicas de un proceso de intervención de telecomunicaciones que el Juzgado 7o. de Instrucción de San Salvador, autorizó. Estas escuchas eran de un caso donde investigaban al sacerdote español, Antonio Rodríguez López Tercero, mejor conocido como Padre Toño y otros procesados, entre diciembre de 2013 a mayo del año 2014. El exfiscal Luis Martínez enfrentó, por segunda ocasión, la audiencia inicial por el delito de divulgación de material reservado, ante el juzgado segudo de paz. La Fiscalía General de la República apeló, ante la Cámara Segunda de lo Penal, las medidas sustitutivas que la jueza segunda de paz impuso a Martínez en la audiencia.