La Unidad de Investigación Financiera ( UIF ) de la Fiscalía General de la República ( FGR ) solicitó ayer al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador la pena máxima de 15 años para la presunta lavadora de dinero, Sonia del Carmen Morales de Mendoza, acusada de blanquear $ 20 millones 902 mil 623. 83. La procesada, una ama de casa de 55 años, dijo ayer en el juicio que desde joven se ha dedicado al cambio de moneda. A pregunta del juez sobre las ganancias que mensualmente obtiene como persona dedicada al cambio de divisas, respondió nunca me puse a hacer cuentas de cuánto ganaba. El juez de la causa le explicó brevemente que la FGR la acusa de lavado de dinero y activos, delito que el artículo 4 de la Ley Especial de Lavado de Dinero castiga con pena de cinco a 15 años. Las pretensiones de la representación fiscal son que se le imponga la pena máxima, por considerar que las pruebas incorporadas al expediente son contundentes y que evidencian que la imputada utilizó la modalidad de compra de inmuebles para capitalizar la procedencia ilícita de los fondos. La fiscal del caso expuso ayer en la vista pública que Morales de Mendoza compró propiedades por un monto de $ 82 mil 990. 40 y que no ha podido justificar de dónde sacó esos fondos : No tienen procedencia lícita, dijo. La investigación del caso comenzó tras un Reporte de Operaciones Sospechosas ( ROS ) que ingresó a la UIF donde se alertaba que la imputada tenía un comportamiento irregular en entidades financieras. La Fiscalía concluyó que era procedente procesarla por lavado de dinero ya que utilizó la banca a través de transacciones para blanquear capitales. Un experto que hizo una pericia financiera determinó que la cambista de dinero depositó y retiró los más de $ 22. 9 millones en cuentas bancarias que tenía a su nombre en 12 bancos e instituciones financieras salvadoreñas. Esa pericia fue presentada ayer como prueba, además de informes de los bancos, un informe de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda en el cual se hace constar que la acusada nunca reportó ganancias durante