La Fiscalía General de la República informaba ayer la detención de 13 pandillersos en municipios de Ahuachapán y Santa Ana, vinculados a 12 casos de extorsión agravada en los que exigían a sus víctimas el pago mensual de $ 300. Las detenciones nos muestran que pese a la pandemia, la delincuencia no para en continuar con este flagelo que afecta a salvadoreños de todos los niveles. Las estadísticas de la Fiscalía aseguran que a raíz de la pandemia de covid - 19, las denuncias por extorsión han disminuido en un 48 %. Entre enero y julio de 2020, la Fiscalía General de la República había recibido 799 casos, el año pasado durante el mismo período hubo 1, 560. La baja tiene que ver con el confinamiento y la cuarentena impuesta en marzo y la suspensión de transporte colectivo a partir de mayo. Lo interesante es que según la Fiscalía, es que desde quie se habilitó la primera fase de la reapertura económica, de una o dos denuncias a la semana, el Ministerio Público empezó a recibir siete denuncias, lo que nos ilustra la dimensión de este flagelo. La extorsión es un delito terrible, la criminalidad provoca una zozobra permanente en la víctima a cambio de dinero y genera el temor permanente de perder la vida. Por eso no se puede abandonar la lucha contra este flagelo y la población debe también enfrentarlas con valor y denunciar a los delincuentes para que las autoridades puedan acabar con esta práctica tan maligna.