Un informe del Instituto para la Economía y la Paz coloca a El Salvador en el puesto 111 y entre los 17 países en los cuales la carga económica de la violencia es mayor para sus ciudadanos. El informe del llamado Índice de Paz Global señala que entre 2014 y 2015 el costo promedio de la criminalidad por cada habitante salvadoreño ascendió de $ 1, 340 a $ 1, 629, en un año, es decir, el costo incrementó en $ 289 en comparación a 2014. Según el IEP, el país destinó $ 9, 950 millones a contener la espiral de violencia y, como hemos visto este año después de las medidas extraordinarias, la erogación de recursos estatales y seguramente los privados va en incremento. El reporte al que nos referimos incluye factores cuantitativos y cualitativos que nos toca pagar de una manera u otra : el costo del personal de seguridad pública y privada, el gasto militar, la pérdida de vidas, el costo de encarcelarmiento, las pérdidas de las empresas, etcétera. El costo de la violencia nos afecta a todos. Cada producto que adquirimos lleva intrínseco el costo extra de seguridad que las empresas se ven obligadas a pagar para poder funcionar o distribuir sus productos. Si a eso sumamos el invaluable costo de las vidas humanas afectadas, estamos ante un problema que urge resolver.