La Fiscalía General de la República presentó ayer un escrito en el cual solicita que la magistrada suplente de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, Victoria Domínguez Parada de Palacios, no conozca del proceso penal contra el exministro de Defensa y exembajador de El Salvador en Alemania, José Atilio Benítez Parada. La recusación planteada por el Ministerio Público es para que la Sala de lo Penal la separe, pues sospechan que es pariente del magistrado presidente de la referida cámara, Guillermo Arévalo Domínguez. La instancia superior está diligenciando esta causa penal ya que el artículo 236 de la Constitución de la República señala que cuando se trata de un funcionario de este rango, este tribunal es el que deberá conocer de la audiencia inicial y la etapa de instrucción ; si en la audiencia preliminar se envía a juicio, la vista pública la deberá realizar la Cámara Segunda de lo Penal de la capital. Con respecto a la magistrada suplente, su participación en una audiencia inicial y preliminar es clave, ya que al momento de resolver un incidente u otra resolución es quien debe desentrampar una discordia que pueda surgir entre los dos magistrados propietarios, de ahí que la Fiscalía ve necesario apartarla de este proceso, porque al tener un parentesco con Arévalo Domínguez, podría adherirse a sus decisiones. El general Benítez, a quien el Ministerio de Relaciones Exteriores ha suspendido de sus actividades diplomáticas desde el pasado 5 de diciembre, es procesado por los delitos de estafa, actos arbitrarios, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y comercio ilegal y depósito de armas de fuego. Ayer, al comparecer a la audiencia inicial, dijo que está preparado para enfrentar el proceso penal y que las imputaciones no están fundamentadas. Esperamos que la verdad y la justicia prevalezcan para poder demostrar la inocencia, sostuvo el militar, quien expresó que este caso tiene de todo, y hasta podría haber motivaciones políticas. En el requerimiento, la Fiscalía lo señala de esos cuatro delitos que surgen supuestamente luego de haber ordenado la inscripción ilegal de armas de fuego y armas de guerra a su nombre y de terceros.