Amaya justificó que el bajo monto se debe a que solamente tuvieron 20 días hábiles para demandar y como representación fiscal se les hizo imposible realizar el análisis pericial y por eso han trasladado esa responsabilidad a la Cámara. En cuanto a los bienes inmuebles, el Ministerio Público por el momento solo sabe que son 13 y que son parte de ese incremento de empresas y propiedades de los procesados, los cuales fueron inmovilizados para evitar que fueran vendidos o traspasados a otras personas. La Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos vigente desde el año 1959, no castiga con cárcel a quienes sean encontrados culpables de infringir la normativa, sino que establece un régimen sancionatorio de multas y restituir al Estado lo que se ha adquirido indebidamente. En el artículo 20 de la referida ley se señala que cuando haya sentencia condenatoria, los responsables sin causa justa serán sancionados a restituir al Estado lo que hubiesen adquirido indebidamente. Mientras que en el artículo 21 de la misma normativa se lee que el funcionario o empleado que sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante diez años. Es el incremento patrimonial detectado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Incremento patrimonial preliminar que ayer fue confirmado por la Unidad Anticorrupción de la FGR.