En los últimos días hemos visto una confrontación institucional creciente y preocupante. La actitud de varios funcionarios de desafiar y hasta desacatar órdenes judiciales o convocatorias legislativas es un pésimo precedente para nuestra institucionalidad democrática y el sistema de pesos y contrapesos en los que está basado nuestra democracia. ¿ Qué se logra con eso? Absolutamente nada positivo. Se le suma incertidumbre y falta de predictibilidad al país. ¿ Qué puede pensar un inversionista importante en el extranjero que esté considerando El Salvador como destino de su capital si en este país los propios funcionarios no acatan resoluciones judiciales? Evidentemente, una de las consideraciones que puede tener ese inversionista es pensar que cualquier disputa judicial que él gane, podría no ser acatada si no le gusta a un funcionario X. Ese es el tipo de cosas en las que impacta un desacato o un desafío legal. El problema es que se está viendo todo con ojos electoreros y a mediano y largo plazo, eso tiene impacto sobre la imagen del país en los medios de comunicación, las calificadoras de riesgo, los empresarios y eventualmente, en cómo nos ven los organismos financieros internacionales, las agencias de cooperación y los gobiernos extranjeros. Hay que cuidar cada detalle de la imagen del país para evitar que la ley del más fuerte sea una costumbre y que nuestro sistema judicial - por muchos defectos que tenga - no puede ser desobedecido ni desacatado.