del 2006 se suspendieron definitivamente por parte del juez, al considerar que se habían recuperado todos los restos del lugar. Ni el juez ni la Fiscalía General de la República se dieron cuenta que estaban ante un crimen que debía ser investigado porque según resolución del 5 de febrero de la Sala de lo Constitucional el fin de la exhumación no era una investigación penal sino que estos familiares pudiesen recuperar los restos de sus seres queridos y darles cristiana sepultura. Tres años después, el 23 de noviembre del 2009, los familiares interpusieron la denuncia pero fue hasta el 2011 que la Fiscalía empezó a investigar. Hasta la fecha, falta encontrar 15 cadáveres y de los 30 encontrados, solo 19 se han logrado identificar. Según los sobrevivientes, los perpetradores de la masacre fueron miembros de los escuadrones de la muerte, la Fuerza Armada de El Salvador, la defensa civil y de la comandancia de la Guardia Nacional de Tecoluca, siendo el jefe de ésta una persona identificada como sargento Ramos. La Sala, ayer, le preguntó a la Fiscalía si el Ministerio de la Defensa Nacional había entregado los archivos militares. El Fiscal dijo que sí pero incompletos, puesto que no se detalla la nómina de los militares que estuvieron a cargo de los operativos en esa fecha. La Fiscalía dijo tener la facultad para buscar los archivos si era necesario, al interior de la Fuerza Armada.