El Salvador está viviendo un momento clave : se señala a la Presidencia de la República de no acatar resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y ahora la comunidad jurídica institucionalizada también señala que el Órgano Ejecutivo ha invadido una función constitucional del Legislativo : declarar emergencia nacional. La Presidencia de la República declaró el estado de emergencia e incluso le puso un plazo determinado de 30 días, con disposiciones presupuestarias que le competen a la Asamblea Legislativa. Para Javier Castro, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social ( Fusades ) la Presidencia de la República pretende gobernar vía decreto ejecutivo invadiendo facultades legislativas e incumpliendo las sentencias de la Sala de lo Constitucional. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial : los tres poderes son una familia que toma las decisiones en conjunto pero bajo una norma predefinida y rígida : la Constitución. ¿ Qué pasaría si uno rompe con este equilibrio y anula al resto de poderes? ¿ En qué le afecta al ciudadano? Si este mutuo control de los tres poderes se rompe, el poder se concentra en un solo órgano, un grupo de personas o una persona. Sin vigilancia, sin control. Este escenario genera una posibilidad de comisión e arbitrariedades que podrían llegar a devenir en delitos contra ciudadanos. Por ejemplo, la abogada Ruth López, advierte que incumplir un mandato judicial para cumplir el derecho de una salvadoreña retenida, puede ser delito de actos arbitrarios hasta incumplimiento de deberes, no solo del Presidente sino del funcionario a cargo del centro de contención. El deterioro institucional es tan fuerte, había costado tantos años de trabajo, dice la abogada Ruth López, quien sostiene que, si el Gobierno no acata una resolución, la Sala de lo Constitucional debe hacer valer sus resoluciones, estableciendo plazos y notificando a Fiscalía General de la República de la posible comisión de delitos. Los delitos cometidos podrían ser desde desobediencia hasta delitos específicos según las órdenes desacatadas dentro del ámbito de competencia de cada funcionario. Para el abogado Eduardo Escobar, la Sala de lo Constitucional no solo podría recurrir a