La Unidad de Investigación Financiera ( UIF ) de la Fiscalía General de la República ( FGR ) acusó hoy al expresidente Elías Antonio Saca y seis de sus más cercanos colaboradores de lavar $ 300 millones. El 31 de octubre del año 2016, cuando el caso fue judicializado el Ministerio Público les atribuyó un blanqueo de $ 246 millones, pero esta tarde uno de los fiscales de la UIF dijeron que con el peritaje financiero contable se ha determinado que los imputados supuestamente lavaron $ 56 millones más. Ese peritaje es clave y se convierte en la columna vertebral del caso, cuya pretensión fiscal es que sean enviados a juicio y que en una vista pública se determine la situación jurídica de los procesados. La Fiscalía General de la República ha presentado al juez 4o. de Instrucción de San Salvador, 100 testigos, entre ellos hay varios criteriados a quienes en la fase de instrucción se les ofreció ese beneficio procesal a cambio de declarar en contra del expresidente Saca y demás imputados, a esos testigos se les ha otorgado una clave para garantizar que su identidad no sea revelada, con su testimonio según la UIF se está incriminado directamente al exmandatario procesado por el delito de peculado y lavado de dinero. El auxiliar fiscal que brindó la información dice que en la etapa de instrucción recopilaron estados financieros, documentación del Ministerio de Hacienda y otras instituciones con lo cual fortalecen la acusación. El Ministerio Público, menciona que Saca, para lograr desviar los $ 300 millones, encontró en seis de sus allegados los aliados perfectos para desviar esos fondos desde una cuenta subsidiaria de la Presidencia hacia 14 cuentas a nombre de Elmer Roberto Charlaix Urquilla, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, para luego ser transferidos a sus empresas. De la cuenta subsidiaria institucional del tesoro público de Casa Presidencial fueron sustraídos ilícitamente los $ 300 millones, de ese monto, la UIF descubrió que $ 116 millones fueron cobrados en efectivo configurándose de esa forma peculado ( apropiarse de bienes del Estado ) que es un delito generador del lavado de dinero. Además de Saca, la Fiscalía