La relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) para Nicaragua, Antonia Urrejola, resumía esta semana la situación que encontraron en el país centroamericano como más grave de lo que se pensaba. El informe de la CIDH muestra que el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han instalado un verdadero terrorismo de Estado en Nicaragua. La CIDH lo describe como un ambiente generalizado de inseguridad y falta de confianza en las instituciones y asegura que constató un patrón de violencia y represión de las protestas y un ambiente de intimidación, de amenazas. La CIDH documentó 76 muertos en el contexto de las manifestaciones, incluidos dos agentes policiales. Además, constató 868 heridos, de los cuales cinco están hospitalizados graves, y 438 detenidos, entre estudiantes, población civil, defensores de derechos humanos y periodistas. La Iglesia Católica ha denunciado amenazas de muerte contra el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez y la empresa privada ha denunciado iguales ataques a uno de sus líderes más reconocidos. Los patriotas nicaragüenses siguen enfrentando un clima de represión e intimidación, pese a que su lucha es cívica, de resistencia pacífica, con el objetivo de recuperar la democracia y las libertades fundamentales.