La Fiscalía General de la República habría extraviado una denuncia que tres miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero ( UMOAR ) del período 2009 - 2012, interpusieron contra el ministro de Educación, Carlos Canjura y el director nacional de Educación Superior, Francisco Marroquín. Los denunciantes, Roberto Serrano, José Humberto Ayala Santos y Juan Carlos Manzano Urbina, expusieron en sede fiscal el incumplimiento de una sentencia dictada en la Sala de lo Contencioso Administrativo con referencia 336 - 2009, supuestos hechos arbitrarios de la Dirección Nacional de Educación Superior y la usurpación de puestos en el Consejo Superior Universitario y junta directiva de la UMOAR. En el escrito presentado pidieron a la Fiscalía no solo investigar y procesar a los dos funcionarios del Ministerio de Educación, sino que también se iniciara acción penal contra Román Honorio Mejía Figueroa y Carmen Navas Escobar, rector en funciones y secretaria general de la referida universidad. Diario El Mundo tiene una copia de la denuncia que los tres profesionales interpusieron el 6 de septiembre de 2017 a las 3 : 06 p. m., y fue recibida por Tatiana Guevara, pero no les entregó ninguna número de referencia y por ende no les asignó fiscal de caso, solamente les indicó en la copia de recibido los números a los que debían llamar para consultar el número de referencia de la denuncia y la unidad que tendría asignado el caso. Dos meses después, los denunciantes han llamado a la Fiscalía y han acudido a preguntar por el número de referencia, sobre el fiscal asignado, y no han recibido respuesta alguna, les han informado que no saben dónde se encuentra la denuncia. A más de dos meses la Fiscalía General de la República de forma oficial no ha notificado a los denunciantes que haya abierto un expediente al ministro de Educación, el director general de Educación Superior y los dos directivos de la UMOAR. Varios fiscales consultados y que han pasado incluso por la Secretaría Receptora de Denuncias dijeron que hay algo irregular en este caso, porque los procedimientos cuando una persona interpone denuncia ya están definidos. La persona que recibe la denuncia en sede fiscal introduce la información a la base de datos y dependiendo el delito el sistema