El Comité contra la Tortura ( CAT ) de las Naciones Unidas preguntó de manera insistente si hay investigaciones de tortura y uso de la fuerza excesiva contra personas detenidas en El Salvador. Centros Penales respondió que la tortura no existe como política penitenciaria, mientras el CAT continuó insistiendo en el tema. El CAT está por emitir un informe de revisión sobre el cumplimiento de El Salvador a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por el Estado salvadoreño el 17 de junio de 1996. El punto clave está en que el artículo 2 de esta Convención obliga a El Salvador a no justificar la tortura ni siquiera en un estado o amenaza de guerra ni cuando sea orden de cualquier funcionario o autoridad superior. Los miembros del Comité les dejaron claro a los funcionarios salvadoreños que la tortura no está permitida. Los funcionarios salvadoreños se hicieron presentes de manera remota, desde San Salvador, en la audiencia celebrada en Ginebra, Suiza. La comitiva salvadoreña fue encabezada por la vicecanciller de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, y el secretario jurídico de la presidencia de la República, Conan Castro, pero tuvo participación activa de Centros Penales, Ministerio de Justicia y Seguridad, Sala de lo Constitucional, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. En su intervención, Carlos Javier Hernández, subdirector de asuntos jurídicos de la Dirección General de Centros Penales, negó que hubiera algún hecho de tortura dentro de las cárceles. Expresamente dijo dentro de las políticas de Centros Penales no está violar los derechos humanos y que a la fecha no se reporta ningún hecho o acto de violencia o amotinamiento u otro acontecimiento dentro de los centros penitenciarios. El jurídico de Centros Penales enumeró diversos programas que realizan en los centros penitenciarios, de formación superior para internos, formación del personal penitenciario incluso en derechos humanos, un protocolo de actuación para el personal penitenciario, un call center para informar al familiar de la persona privada de libertad y recepción de medicamentos recetados para los privados de libertad. El funcionario salvadore