El Gobierno actual lleva meses intentando aprobar una reforma de pensiones que fundamentalmente crea un sistema mixto de reparto en el que el Estado volvería a administrar a su antojo los ahorros de los cotizantes. Pero lo interesante es cómo un estudio actuarial, encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo, a solicitud de este Gobierno, le advierte que esa es una solución temporal y que su costo es demasiado alto. En otras palabras, se trata de un parche que aliviará las finanzas públicas temporalmente para que en el futuro, nos volvamos a meter en otro hoyo de mayores dimensiones. El estudio actuarial desarrollado por Farrell Consultores, por encargo del BID, revela que el sistema mixto de pensiones que propone el Gobierno le obligaría a pagar $ 10 mil 22 millones más - casi la mitad del PIB del país - en obligaciones previsionales que si se mantiene el esquema actual. Pero además, hay un costo enorme para los cotizantes, que son al final los dueños de las cuentas individuales de ahorros que las AFP administran. Es una condena a repetir el error del sistema estatal y a perder los ahorros que mes a mes se depositan. El costo de esta medida puede ser también muy elevada en materia electoral y eso es algo que el partido de Gobierno debería evaluar.