A diez años de cárcel fue condenado el mayor retirado del ejército Miguel Ángel Pocasangre Escobar, por el delito de comercio ilegal y depósito de armas, en la modalidad continuada. La Fiscalía General de la República solicitó una condena bajo concurso real de delito, es decir, que por cada uno de los 16 casos se conociera de manera separada y se le impusieran cinco años por cada hecho, lo que hubiese significado una pena de 80 años de prisión. Pero los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia que conocieron de manera colegiada no accedieron a esa petición y lo condenaron por delito continuado. El militar retirado fue enjuiciado por 16 casos de compraventa de armas. Según el tribunal, en siete armas encontraron alteraciones en sus números de series originales y modificaciones, así lo revelaron los peritajes físico - químico. Esas acciones fueron realizadas a título personal por Pocasangre Escobar y no por su empresa de nombre El Lancero, una sociedad dedicada a la importación y venta de armas. El tribunal ha constatado que esas armas han sido alteradas, así mismo, esas alteraciones no estaban autorizadas conforme al expediente administrativo, dijo el juez presidente Antonio Durán. Los jueces le dieron total credibilidad al testigo con régimen de protección con clave William, quien en otro proceso fue criteriado. Durán dijo que el tribunal que preside no podía prescindir de la información aportada por el testigo, ya que en su anticipo de prueba manifestó que Pocasangre Escobar tenía en su oficina un carné que elaboraba a máquina y que desde los años 80 se les conocía como Tarjeta Blanca, lo cual servía para registrar ilegalmente las armas. El tribunal ha llegado a la conclusión que las matrículas y los registros de esas armas se han realizado de manera fraudulenta, sostuvo Durán al momento de emitir el fallo en contra del militar retirado. Los jueces ordenaron que las 16 armas sean destruidas y en cuanto a la responsabilidad civil fue absuelto, pero los afectados pueden seguir ese proceso en otra instancia.