El Congreso brasileño dio el domingo el primer paso para una eventual destitución de la presidenta Dilma Rousseff, un camino que parece irreversible para la mandataria, cuyo principal líder, Lula da Silva y su partido - el PT - están sumidos desde hace meses en varios escándalos de corrupción. Pero en este caso, la acusación central contra Rousseff es por violar normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal. Es decir, utilizaba fondos de bancos públicos para tapar las cifras oficiales de déficit y exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos, una práctica prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal. En otras palabras, como lo han hecho muchos gobernantes en América Latina y en El Salvador, violaban la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien. El problema es también el desgaste de Rousseff, del PT y de Lula, ante la opinión pública, tras repetidos escándalos de corrupción como el Lava - Jato o Petrobras. La imagen de éxito que tenía Brasil hasta hace unos años, parece ahora lejana o artificial y sus pronósticos económicos no son nada alentadores. La movilización contra Rousseff es cada vez mayor y su eventual destitución refleja el empoderamiento de los pueblos para repudiar a los gobernantes que les fallan.