La visita familiar continuará suspendida por un año más en las siete penitenciarías donde se aplican las medidas extraordinarias que deberán ser ratificadas en la Asamblea Legislativa. Desde principios de abril del año pasado, la aprobación del decreto legislativo 301 dio vida a las medidas extraordinarias que prohibían las visitas familiares en los reclusorios habitados por pandilleros, bajo el argumento que, a través de sus parientes, enviaban órdenes a los pandilleros en el exterior para que cometieran delitos. La vigencia de esas herramientas, con resultados positivos en la reducción de los delitos, como el homicidio y las extorsiones, iniciaría a partir de abril, en los penales de Ciudad Barrios, Quezaltepeque, Zacatecoluca, Izalco, Chalatenango y Gotera, en Morazán. El ministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Ramírez dijo que en la medida que se vayan reduciendo los niveles de violencia, y una vez se vayan cumpliendo los objetivos de obtener un mayor control y seguridad en los penales, éstas también se irían reduciendo. Por el momento, seguirán prohibidas las visitas familiares, advirtió el ministro. El pasado martes, las autoridades de seguridad y los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron aprobar la extensión de las medidas extraordinarias, pero aún no ha sido aprobado por el pleno legislativo.