Ha sido detenido el cuestionado proyecto legislativo de una nueva Ley de Reconciliación, luego de varias semanas de críticas por la falta de transparencia en la redacción del texto, y por la poca o nula participación de los representantes de las víctimas del conflicto y otros sectores interesados en el mismo. La principal demanda de los detractores es que el borrador no cumple con los requisitos ordenados por la Sala de lo Constitucional, que ordenó a la Asamblea Legislativa en una sentencia de hace tres años, dotar al país de un instrumento que no solo sea constitucional, sino que, a la vez, capaz de dar efectividad a las necesidades de justicia, verdad y paz de la sociedad salvadoreña. Las críticas se han enfocado en cuestionar la legitimidad de esta propuesta de ley, por considerar que repetía los errores de hace casi 30 años, cuando se concedió la gracia del perdón sin que mediara juicio alguno, o posibilidades de reparación. Los legisladores intentaron apresurar un proceso de creación y discusión que buscaba dar respuesta a una de las deudas históricas de la transición salvadoreña. Como en otros trances históricos, la solución solo puede encontrarse en el diálogo y en una postura que refleje la aspiración de justicia y perdón entre los involucrados.