La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ) y varias organizaciones sociales que integran el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia ( Conna ) emitieron un pronunciamiento en contra de las reformas a la Ley Penal Juvenil, al considerar que criminalizan a los menores de edad que residen en zonas caracterizadas por la exclusión social. En abril, la Asamblea Legislativa modificó el artículo 52 de la Ley Penal Juvenil, el cual establece que, el menor solo podrá ser privado de su libertad cuando fuere sorprendido en flagrancia, o por orden escrita del fiscal o en su caso del juez. Ante esta reforma y otras como bajar la edad penal y aumentar las condenas que se discuten en la Comisión de Seguridad, las organizaciones firmantes del pronunciamiento señalan que no han sido invitadas por los diputados para analizar de forma técnica el impacto de estas reformas. Lamento la ausencia de discusiones técnicas, he escuchado observaciones políticas que criminalizan a la niñez, no se basan en estadísticas, dijo el procurador David Morales. Agregó que menos del 10 % de los delitos que han sido procesados judicialmente son contra menores de edad y que El Salvador es el segundo país de la región con las condenas más altas para menores de edad, alcanzando la pena máxima de 15 años. Al mismo tiempo, las organizaciones criticaron el hacinamiento en los centros de internamiento para menores de edad, que el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia ( Isna ) no cuenta con el presupuesto suficiente y que se utilicen discursos de populismo punitivo entre los políticos. Es falso que las leyes sean blandas en cuanto a los me - nores de 18 años, no se trata solo de perseguirlos y capturarlos, se trata de una intervención penal, ¿ qué es lo que ocurre en la práctica? Que el Estado no ha financiado, el Isna no puede instalar los programas que la ley prevé para dar la intervención a estos niños y adolescentes porque no se le dota de presupuesto, no es prioridad, dijo Morales. Por último, las organizaciones instan a buscar soluciones para no seguir criminalizando y aumentando las penas contra la misma población que es víctima de la violencia,