La Fiscalía General de la República acusó ayer a 21 exfuncionarios del expresidente Salvador Sánchez Cerén de delitos de corrupción ante el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador ; nueve presentes y 12 ausentes, tras vincularlos en el desvío de $ 14 millones provenientes de las tiendas institucionales que funcionan al interior de los centros penales del país. Los acusados fueron identificados como el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, el exdirector de Centros Penales Marco Tulio Lima, el ex viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl Antonio López ; el exdirector jurídico, José Roberto Nóchez Melara ; y el exsubdirector jurídico del ministerio, Sergio Ernesto Chicas Mejía. También los exfuncionarios Luis Alonso Barrera Peñate, Flor de María Hernández Alfaro, Orlando Elías Molina Ríos, y Ramón Fernando Roque Mártir. A los 21, Fiscalía les acusa de los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica. La Fiscalía no precisó los delitos de forma individual en que serán procesados cada uno de los imputados, excepto del exministro Ramírez Landaverde, que será por peculado y actos arbitrario. Ellos tenían la administración de los fondos de las tiendas institucionales e hicieron un uso indebido de dichos fondos, al utilizarlos para situaciones diferentes a las establecidas en la Ley Penitenciaria, afirmó la fiscal del caso. La fiscal afirmó que los exfuncionarios se valieron de sus cargos y de la Asociación Yo Cambio para crear Asocambio y de esa manera hacer un uso arbitrario de los fondos. A pesar que en la presentación tras sus capturas ( el jueves 9 de septiembre ) las autoridades revelaron que el monto de lo supuestamente malversado ascendía a $ 14 millones, la fiscal del caso no quiso dar cifra en la presentación de la acusación y afirmó que será hasta en la pericia financiera contable que se establecerá el monto real de lo desviado. De los nueve acusados presentes, solo el exministro de Justicia, Ramírez Landaverde rompió el silencio