Las organizaciones Acción Ciudadana ( AC ) y Fundación Nacional para el Desarrollo ( Funde ) se declararon preocupadas esta mañana por la persistencia de las fallas en la elección de funcionarios de segundo grado en El Salvador y advirtieron la reserva de la información pública de las instituciones que dirigen. Según la AC y Funde Capítulo Transparencia Internacional, persisten los vicios, la falta de información sobre los criterios para elegir a funcionarios de segundo grado con el agravante que ahora no hay participación ciudadana en los procesos de elección. No es algo nuevo pero ha sido muy fácil revertir pequeños avances que se tuvieron en el pasado reciente, según Jessica Estrada, coordinadora del área de transparencia de la Funde. Al tener mayoría en la Asamblea Legislativa, debería ser más fácil tomar ese tipo de decisiones, vamos a transparentar los procesos, pero eso no ha ocurrido, aseveró. La Asamblea Legislativa ha elegido en el último año a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ), a 1 procurador general de la República ( PGR ), a 1 procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ), a 7 miembros del Consejo Nacional de la Judicatura ( CNJ ) y a 1 presidente del Tribunal de Ética Gubernamental ( TEG ). Antes, el 1 de mayo de 2021, la Asamblea destituyó a toda la Sala de lo Constitucional y la sustituyó durante la noche y la madrugada del siguiente día. Jeovanny Fuentes, de la Funde, sostuvo que todas las instituciones dirigidas por los funcionarios electos están negando información pública. La regla por hoy es negar o acudir a la reserva de información para no facilitar al ciudadano información pública, toda la información está siendo declarada en reserva, dijo. La deficiencia en la elección de funcionarios afecta al ciudadano por ejemplo en la falta de respuesta de la Sala de lo Constitucional a los recursos de habeas corpus interpuestos por ciudadanos afectados por el régimen de excepción, agregó Fuentes. Eduardo Escobar, de la AC, advirtió que el próximo año se elegirán a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Ambas organizaciones señalan que en los procesos de selección la Asamblea Legislativa no permite la participación de la ciudadanía para realizar preguntas a los candidatos. Señalaron que algunos