Representantes de asociaciones de personas con discapacidad expresaron su rechazo a la prórroga solicitada por el gobierno para la vigencia del capítulo relacionado al Tribunal Sancionador, sanciones, infracciones y procedimientos de la Ley Especial de la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Por segunda ocasión, en febrero trajimos una solicitud de audiencia como personas con discapacidad y no hemos recibido respuesta y en esta oportunidad esperamos sí ser recibidos, dijo Carolina Vásquez, de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador. El gobierno pide que se prorrogue hasta 2023. Nuestra expectativa es que esa iniciativa la Asamblea no la apruebe, queremos hacer un llamado a la consciencia de los diputados, que recuerden que somos una población de alrededor de 500, 000 personas, agregó Vásquez. Consideran que dar otra prórroga sería un retraso para cumplir las garantías y derechos que la ley otorga al sector, ya que el Tribunal Sancionador recibirá denuncias de incumplimientos a la Ley. Expresó que una de las barreras que encuentran en las instituciones es que no hay un reglamento para operativizar la ley. Este no es un tema de hoy, es importante que la administración actual comprenda que la Ley Especial de Inclusión es un esfuerzo de las organizaciones de y para personas con discapacidad que tiene alrededor de 15 años, es una lucha constante, expuso. Esperan que el reglamento de la ley se haga en consulta con las personas con discapacidad.