La elección de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia alcanzará esta semana los 40 días y el empecinamiento en la candidatura de la procuradora Sonia Cortez de Madriz es el principal impedimento para un acuerdo político en la Asamblea Legislativa. Todos los organismos que supervisaron las entrevistas y evaluaciones hechas por la Subcomisión Política de la Asamblea a los 30 aspirantes a magistrados, coinciden que la señora Cortez de Madriz es de las peor evaluadas, entre las últimas cinco, de manera que es inconcebible la necedad en que ella sea parte de la Corte Suprema de Justicia y mucho menos de la Sala de lo Constitucional, donde deben estar los mejores, los más capaces y los más independientes juristas del país. La insistencia en la procuradora de Madriz abre interrogantes sobre si hay intereses políticos, personales o si existe algún pacto político con los partidos que la apoyan, lo que inmediatamente la descalificaría como candidata. Tampoco sería aceptable si todo esto se tratara de un mero reparto de cuotas partidarias en la Corte Suprema. Ese reparto, en el pasado, solo ha servido para cooptar la justicia para intereses políticos que son los que nos metieron en los oscuros problemas que se juzgan hoy en los tribunales. Esto sería pues un retroceso terrible de la institucionalidad e independencia judicial.