La organización pro derechos humanos Azul Originario presentó un estudio este lunes, en el que establece que el Estado salvadoreño no repara el daño o las afectaciones que causan las detenciones ilegales y arbitrarias de las personas luego de ser sometidas a la justicia y resultar inocente en un proceso. Rara vez se pone atención y se atienden las afectaciones que estas últimas generan en la persona, producto de un proceso judicial desgastante, que en ocasiones incluye la permanencia de la persona en bartolinas y en el peor de los casos en un centro penitenciario, reza el informe denominado Justicia una deuda permanente que como muestra cita seis casos de capturas arbitrarias e ilegales entre 2016 y 2021. La organización hace una serie de interrogantes en cuanto a las detenciones arbitrarias : ¿ Si alguien es detenido y acusado por un delito, existe realmente la presunción de inocencia al ser detenida? ¿ Qué pasa con aquellas personas que enfrentaron procesos de detención por las deficiencias del Ministerio de Seguridad y Justicia cuando se recupera la libertad?. Una investigación de tipo exploratoria de Azul Originario constató los procesos jurídicos, vivencias, afectaciones emocionales y psicológicas que viven las víctimas de la violencia institucional, malos procedimientos policiales, manipulación de pruebas, entre otras, con la intención de comprender y analizar las condiciones en las que suceden este tipo de vulneraciones a derechos humanos. Frente a estos abusos, la organización sostiene que el Estado se vuelve juez y parte de esta dinámica mediante la participación de agentes policiales y fiscales quienes se ven implicados en procesos de detenciones ilegales y arbitrarias que violan todo debido procesos, mientras en el otro nivel están los jueces y fiscales responsables de los procesos de judicialización de los mismos, en los que las garantías de un proceso justo son pocas, la capacidad de investigación de las instituciones del Estado son limitadas. Frente a este panorama, Azul Originario advierte al Estado salvadoreño que es su deber no es ser cómplice de hechos de tortura, tratos crueles o inhumanos, dado que existen compromisos, nacionales como internacionales en torno al deber del