Los casos de El Chaparral y del Ministerio de Defensa volvieron a sonar con fuerza en los últimos días con las acusaciones de la Fiscalía General de la República y las capturas de algunos de los acusados. El caso de El Chaparral está ampliamente documentado y los detalles divulgados el viernes por la Fiscalía muestran cómo el expresidente Funes y varios exfuncionarios se coludieron para perjudicar al Estado en la tristemente célebre represa hidroeléctrica. El otro caso es más complejo e involucra a dos exministros de Defensa, a un empresario, un coronel y un ejecutivo de una compañía de venta de armas. En todo caso, es de esperar que el Estado de Derecho prevalezca y se respete el debido proceso para todos los involucrados y que de demostrarse su responsabilidad en los hechos, la justicia haga lo que debe hacer. Ningún caso de corrupción y mal manejo de fondos públicos debe quedar impune, del gobierno que sea, del partido que sea, pasado, presente o futuro, civiles o militares, y en eso estamos todos los ciudadanos de acuerdo. La sociedad salvadoreña ha sufrido demasiado por este flagelo y las investigaciones deberían ser aleccionadoras no solo para los involucrados en esos casos sino para aquellos que quieran caer en la tentación de nuevos casos.