La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDHH ), solicitó a la Fiscalía General de la República ( FGR ), un informe sobre el estado de la investigación de las empresas Mecafé S. A. de C. V., Cosase S. A. de C. V. e Industrias Kawaki S. A. de C. V. ; la petición se realizó a través de una correspondencia certificada por la titular de la institución, Raquel Caballero de Guevara, emitida el 8 de diciembre pasado. Las tres compañías son propiedad del empresario José Miguel Antonio Menéndez Avelar, investigado por presuntos actos de corrupción durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Caballero pidió al Ministerio Público no inmovilizar las cuentas bancarias de las empresas, a fin de garantizar que el pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores sea desembolsado en diciembre, de acuerdo con el escrito. Además, la procuradora reveló que de no ser así, más de siete mil empleados podrían resultar afectados, debido a una posible insolvencia económica por parte de las empresas de Menéndez. Sin embargo, la Oficina de Comunicaciones de la Fiscalía General informó a Diario El Mundo, que la entidad no ha ordenado congelar las cuentas. La decisión fue tomada por el sistema financiero, y a ellos se les debe preguntar el motivo. La funcionaria pidió que el informe fuera entregado en un lapso de 72 horas, después de recibir la carta, para conocer la complejidad del caso. Añadió al Fiscal que le garantiza toda la confidencialidad en el caso. Podrían resultar afectados por congelamiento de las cuentas bancarias.