ha hecho que muchos salvadoreños crean en él de forma casi dogmática o casi religiosa, me atrevería a decir. Y, en segundo lugar, hay una cuestión que tiene que ver con la distorsión que hace de los argumentos el presidente Bukele. Aquí, en El Salvador y en cualquier parte del mundo, todas las personas, hayan cometido o no delitos, tienen derechos y hay que proteger esos derechos. Pero también es cierto que las medidas que ha hecho Bukele ponen en riesgo a todos los salvadoreños, no solo los derechos de los pandilleros, entonces, el presidente Bukele lo que hace es distorsionar los argumentos, sobresimplificarlos y venderles a sus simpatizantes la idea de que quienes defienden derechos humanos defienden a las pandillas y eso no es así. Defendemos los derechos de todos los salvadoreños y aquellos que han sido miembros de las pandillas y han cometido grandes abusos deben ser sometidos ante la justicia, por supuesto, respetando las garantías básicas del debido proceso que garanticen que ellos sean tratados de forma adecuada, en un Estado de Derecho y que nadie más, ningún otro salvadoreño inocente, sufra persecución judicial de forma injusta. Las normas que acaba de aprobar la Asamblea Legislativa en El Salvador tiene por lo menos cinco grandes problemas en materia de derechos humanos. Violan los estándares en materia de libertad de prensa, son tan amplias y tan vagas que se pueden utilizar para perseguir injustamente a periodistas o medios de comunicación, segundo, violan los derechos de los niños porque la edad mínima de imputabilidad penal son los 14 años y en El Salvador se quiere encarcelar a los niños a partir de los 12. En tercer lugar, estas normas permiten penas desproporcionadas, por ejemplo, aquellos acusados de colaborar con las pandillas, lo cual está definido de forma sumamente amplia y podría utilizarse para perseguir abogados, periodistas, a miembros de la sociedad civil. Cuarto, se permiten los jueces sin rostro y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los jueces sin rostro, en casos vinculados con el Perú, violan garantías básicas del debido proceso. El último aspecto es que las normas que se ha