La Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, con mayoría, un conjunto de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública ( LAIP ) de El Salvador, entre ellas, la facultad de las entidades del Estado para que clasifiquen como reservada información oficiosa. El decreto de reforma será aprobado en la sesión plenaria de este martes. La información oficiosa es aquella que se publica en los sitios web de las instituciones del Estado sin que los ciudadanos la soliciten : Toda esta información, actualmente, es pública por ley. La reforma permite que " en caso de que se estime, la entidad competente deberá motivar en su resolución que se cumplen los siguientes extremos ". Esta modificación al artículo 21 fue propuesta por el diputado Geovanni Zaldaña, de Nuevas Ideas, quien sugirió a su vez suprimir una reforma similar al artículo 16, que indicaba " podrá clasificarse como información reservada toda información oficiosa comprendida en el Título II Capítulo I de la Ley ". Incluye al menos 75 diferentes diferentes tipos de información que los entes del Estado están obligados a compartir públicamente cada cierto periodo. El " TÍTULO II, Capítulo I ", comprende varios artículos : artículo 10 sobre la " divulgación de información " tiene 25 diferentes tipos de información, el artículo 11 trata sobre la información oficiosa del Órgano Legislativo, el 12 incluye la información oficiosa de la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros ; el 13 contiene la información oficiosa del Órgano Judicial ; el 14, del Consejo Nacional de la Judicatura ; el 15, del Tribunal Supremo Electoral ; el 16, de la Corte de Cuentas ; y el 17 de los concejos municipales. El proyecto original fue propuesto por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín. La reforma también permitirá que se pueda " prescindir de la audiencia " en el Instituto de Acceso a la Información Pública ( IAIP ) que dirime las controversias por la publicidad o no de la información cuando " con la mera aplicación del derecho y con lo que obre en el expediente pueda decidirse sobre la naturaleza de la información ". Así mismo, el decreto pretende homologar los plazos de resolución con la Ley