La Fiscalía General de la República dejó de lado esta semana dos procesos abreviados ante la resistencia de los acusados de resarcir el dinero que habrían obtenido ilícitamente de fondos públicos. La decisión es correcta porque no se puede pretender obtener beneficios sin asumir responsabilidades sobre los delitos cometidos. Es el caso de la ex primera dama, Ana Ligia Sol de Saca, que pretendía beneficios de proceso abreviado que le evitaran la cárcel pero sin responder civilmente por los delitos y el caso de un publicista que ofreció $ 1. 3 millones y que la Fiscalía evalúa si es suficiente. Ambos forman parte del proceso denominado Destape a la Corrupción. El Ministerio Público está siguiendo el camino correcto. La responsabilidad civil es individual y no puede permitirse que ningún procesado por delitos de enriquecimiento ilícito y corrupción, pretenda evadirla y menos después de beneficiarse de una condena fruto de un proceso abreviado. Los casos Saca y Funes son especialmente emblemáticos en este sentido y la Fiscalía debe actuar de manera ejemplarizante para que en el presente y en el futuro los funcionarios públicos entiendan que quien se atreva a malversar caudales públicos en su beneficio, no quedará impune y, por el contrario, le caerá todo el peso de la ley.