Mientras abundan las quejas sobre los enormes retrasos en las aduanas para exportadores e importadores, la semana pasada el presidente Sánchez Cerén vetaba las reformas a la Ley de Simplificación Aduanera que buscaban acortar tiempos para el paso de productos por las Aduanas. La medida buscaba facilitar el comercio, en momentos en que el Gobierno ha aumentado la tramitología, la discrecionalidad y la burocracia de una manera que crea obstáculos notables en el clima de negocios. La propia embajadora de EEUU decía el jueves que es necesario tener regulaciones aduaneras que garanticen la seguridad, pero que no impidan el comercio y advertía que todavía existen barreras para el crecimiento, como las tramitología en las fronteras. Pero el Gobierno no ve estas fallas por ningún lado. La única justificación del mandatario es que las reformas son inconvenientes porque pueden favorecer el contrabando y el ingreso de productos ilícitos, algo que no ocurrirá si Aduanas cumple su trabajo como la ley manda. Si a todo eso se suma ese discurso oficial contra los empresarios, a los que llama a derrotar y considera enemigos, realmente es cada vez más preocupante el clima de negocios en el país.