Los magistrados de la Corte de Cuentas presentaron esta semana a la Asamblea Legislativa un conjunto de propuestas para reformar a la Ley Orgánica de la institución y al Código Penal para facilitar su labor y además, sancionar a quienes obstaculicen su labor. Las propuestas van por el camino correcto, son positivas y habría que esperar que gocen del respaldo de todas las fracciones legislativas. La Corte de Cuentas ha sido históricamente la Cenicienta de los órganos de control del Estado y en el pasado reciente, algunos de sus magistrados han sido sumamente complacientes con la corrupción y las irregularidades gubernamentales, al grado que algunos hasta han sido procesados. Son tristemente célebres aquellos finiquitos exprés que avalaban sin mayor escrutinio las administraciones de Antonio Saca y Mauricio Funes, por ejemplo. Por eso es vital dar mayores herramientas que fortalezcan la labor de la Corte de Cuentas para auditar el uso de fondos públicos que hacen instituciones públicas y privadas del Estado ; sociedades, grupos empresariales, asociaciones municipales o comunales o de cualquier naturaleza, fundaciones, asociaciones públicas y privadas y sociedades de economía mixta. Es clave esa propuesta de reforma a la ley de la Corte de Cuentas que establece la obligación de dar acceso a la información a la Corte en un plazo mínimo de tres días para su cumplimiento, o que no se exceda los 15 días hábiles de acuerdo a las complicaciones para ordenar los datos solicitados. Muchos funcionarios simplemente se hacen los locos con la información y no parece haber poder coercitivo que los obligue a hacerlo. Esperemos que no solo haya fortalecimiento legal sino también mayor voluntad de la Corte de Cuentas para cumplir su labor.