La revelación de que casi 400 funcionarios y exfuncionarios no han declarado sus bienes ante la Sección de Probidad habla de la desafortunada costumbre de los servidores públicos de incumplir la ley e intentar - como lo hizo el diputado del CD - justificar un comportamiento legal y moralmente reprochable, un pésimo ejemplo para la ciudadanía. Que la mayoría de esos funcionarios sean del periodo presidencial y de la legislatura anterior también habla de la falta de herramientas coercitivas de la disminuida Sección de Probidad para sancionar a esos funcionarios que - como el diputado del CD - hasta se atreven a desdeñar las multas. Los hechos recientes han demostrado que la ley - a pesar de ser de 1959 - ha sido efectiva contra los funcionarios corruptos y así lo demuestra el hecho que dos expresidentes de la República, un expresidente de la Asamblea y un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, han sido procesados por enriquecimiento ilícito. No hay nada obsoleto en la ley. Lo que es obsoleta es la corrupción en un país que sufre tanto por las consecuencias de esta práctica y esa debe ser perseguida y castigada, venga de donde venga. Como sociedad debemos seguir exigiendo transparencia y justicia y una Sección de Probidad que recupere los bríos con que empezó hace unos años y luego, inexplicablemente, adoptó una actitud timorata.