Los partidos de oposición consideran que son las víctimas del conflicto armado quienes deben decidir sobre el tipo de penas que purgarán las personas que sean condenadas por crímenes de guerra, en el marco del estudio de una ley de justicia transicional en la Asamblea Legislativa. Diputadas de Alianza Republicana Nacionalista ( Arena ), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ( FMLN ) y Vamos, consultadas por Diario El Mundo, señalaron que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos debe hacer una consulta amplia y cumplir las observaciones de las víctimas del conflicto armado. El pasado 24 de enero, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aseguró a los diputados que está abierto a permitir salidas alternas. La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que la ley de justicia transicional debe incluir los castigos que las víctimas consideren ; sin embargo, considera que se ha estado llenando de odio a los salvadoreños en detrimento de los Acuerdos de Paz. Debe buscarse lo que a las víctimas les dé paz, pero también hemos visto que en los últimos días se ha intentado llenar de odio a los salvadoreños por parte de personeros del Gobierno, dijo. Para las diputadas Dina Argueta y Anabel Belloso, del FMLN, señalaron estar a favor de lo que decidan las víctimas de crímenes de guerra. Belloso aseguró han insistido siempre en que debe escucharse e incorporarse las peticiones de las víctimas. No se puede avalar una ley que no refleje las demandas de las víctimas y sus familias, dijo. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que una sanción penal ejemplarizante debe ser la respuesta a las graves violaciones de derechos humanos, pero aseguró que dependerá de cada caso en particular y especialmente del consentimiento de las víctimas si se aplica una pena distinta por los crímenes de guerra. Las penas de prisión y sus posibles conmutaciones han sido el punto de discusión central de anteriores debates. La Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional aprobada por la Asamblea Legislativa anterior permitía conmutaciones de pena y archivar casos