La audiencia contra los acusados de varios delitos en la denominada tregua entre pandillas ha traído consigo revelaciones penosas, indignantes, sobre cómo el Gobierno de Mauricio Funes hizo un pacto de complicidad y se confabuló con las peores bandas delincuenciales del país para disimular la ola de homicidios que sufría el país, una burla total a la ciudadanía. Lo increíble es cómo hay aún funcionarios que defienden esa confabulación, ese pacto, ese oscuro negocio que convirtió a los centros penales en los cuarteles generales de las pandillas, desde donde se ordenaban crímenes de todo tipo y se fortalecieron las estructuras delincuenciales con el mismo dinero que recibieron de funcionarios y partidos políticos. Como bien dijo ayer el fiscal general, el ministro de Defensa, en su papel como facilitador de la tregua y hoy convertido en testigo de defensa de los imputados, da pena ajena y debería ser destituido. ¿ Qué garantías tiene la ciudadanía que desde su cargo actual no ha hecho otros pactos como el que se cuestiona actualmente? ¿ Cómo puede la defensa nacional estar en manos de un funcionario así? La decisión judicial debe ser aleccionadora para aquellos personajes que prefirieron hacer un pacto con delincuentes que hacer cumplir la ley que juraron cumplir.