Cuatro oficiales del Centro de Inteligencia Policial ( CIP ) de la Policía Nacional Civil ( PNC ) procesados por filtrar información confidencial pasaron a la vista pública, luego de que concluyera la investigación y el juez suplente de Instrucción de Santa Tecla avalara las pruebas provenientes de la querella. Los señalados son parte de la estructura policial que se fundó en 2001 con la intención de poder detectar los movimientos de delincuentes de forma anticipada o luego de cometer un delito, dicha información serviría para la toma de decisiones y para apoyar a las diferentes unidades de la PNC. Los cuatro oficiales son : subinspector Miguel Ángel Durán Artero, ex jefe de región central de inteligencia de PNC ; Subinspector Jorge Ovidio Cornejo Durán, ex jefe del departamento de crimen organizado ; Sargento Mercedes Antonio García Sánchez ; y el Inspector Jaime Orlando Díaz Rodríguez. Para 2009, año de la transición del gobierno, los imputados llegaron a formar parte de la inteligencia policial, a partir de ahí, la Fiscalía inició una investigación por revelar información confidencial a diferentes medios de comunicación, lo cual es penado por la investidura del trabajo de los oficiales. La FGR solicitó reserva total del caso. Después de ocho meses de peticiones denegadas, apelaciones y recursos, la fundación Mujer Legal fue aceptada como querellante en el caso, asegurando que representan a los ofendidos difusos o colectivos, que es un número indeterminado debido al accionar de los policías del CIP. Los cuatro agentes filtraron información de carácter confidencial donde ligaban a empresarios, jueces, policías y políticos en una red de narcotráfico y lavado de dinero ; en la mayoría de casos se trató de información sin comprobar y que, según la querella, tenía la intención de dañar, difamar y calumniar a los mencionados. Los sindicados están con medidas sustitutivas y así se presentarán a la vista pública, la cual está a la espera de programación por parte del Tribunal de Santa Tecla. La pena por el delito de revelación de hechos o actuaciones de documentos secretos por empleados oficiales es hasta de seis años, según el artículo 324 del Código Penal. En el Centro de