El diputado Reynaldo Antonio López Cardoza y su esposa Alma Yaneth Gutiérrez de López, deberán continuar enfrentando el proceso de extinción de dominio con el que la Fiscalía pretende incautarle que 12 inmuebles y $ 134, 655. 07 pasen al Estado. La jueza especializada en extinción de dominio había anulado el proceso por considerar que una sentencia de la Sala de lo Constitucional establece que en los casos de incremento patrimonial injustificados de funcionarios con afectación del erario público, se debe aplicar la Ley Enriquecimiento Ilícito y que la autoridad competente para conocer son la Cámaras de lo Civil. Pero la Fiscalía General de la República presentó ante la Cámara Primera de lo Penal una apelación mostrando su inconformidad y alegando errónea interpretación de los artículos 5 y 6 Literales a ), c ) y d ), de la Ley Especial de Extinción de Dominio, donde se menciona que puede iniciarse una causa de esta naturaleza cuando una persona haya obtenido bienes que provengan de actividades relacionadas o conexas al lavado de dinero y activos y otros delitos de crimen organizado. En una de las consideraciones de la resolución, los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel, destacan que queda en evidencia que no es únicamente la calidad de funcionario público del diputado Antonio López Cardoza en la que se encuentra sustentada la solicitud de extinción de dominio, sino como consta en la misma la vinculación advertida dentro de la investigación con actividades ilícitas, concretamente los delitos de tráfico ilegal de personas lavado dinero y de activos. Se agrega que dentro de los presupuestos de procedencia de la acción de extinción de dominio que han sido invocados se encuentra uno que hace alusión al establecimiento de una relación entre la comisión de actividades delictivas y los bienes objeto de la acción extintiva relación que como ha quedado anotado puede ser producto de esas actividades criminales. La Fiscalía General de la República, inició de forma oficial el caso el 9 de agosto del año 2017, presentando la solicitud de extinción de dominio. En el proceso, los fiscales mencionan que la investigación contra el legislador tiene su origen en el año 2005, cuando fue procesado por tráfico ilegal de personas. Pero la actividad que supuestamente ha generado una fortuna para