El próximo 16 de junio, los guatemaltecos elegirán al sucesor de Jimmy Morales en un ambiente cargado de incertidumbre y de complejas decisiones. El debilitado sistema de partidos políticos hace pensar que los vecinos, una vez más, elegirán al menos peor, con el agravante que ahora hay una carrera legal para eliminar contrincantes. Gran parte de los presidenciables guatemaltecos tienen problemas legales, al extremo que uno de ellos fue detenido en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico ; un segundo aspirante tiene una orden de captura en el estado de Florida por una disputa económica. La candidata que marchaba segunda en las encuestas fue inhibida de participar por la Corte de Constitucionalidad y una más está refugiada en El Salvador por una causa penal pendiente. La candidata que marcha en primer lugar en las encuestas, exesposa de un expresidente procesado por corrupción, parece que será electa por default entre los más de 20 aspirantes y con una situación así, será difícil gobernar Guatemala. Los guatemaltecos tienen un desencanto profundo con su clase política, ahora tendrán que tomar su decisión ante un panorama que incluye la ausencia de líderes, el enjuiciamiento de varios expresidentes y una campaña electoral desgastada y carente de profundidad.