Al finalizar la audiencia probatoria contra el diputado Reynaldo Antonio López Cardoza y su esposa Alma Yanira Gutiérrez de López, la Fiscalía General de la República confirmó que el supuesto enriquecimiento ilícito incrementó a $ 1, 571, 375. 01. La Unidad Anticorrupción en su exposición final solicitó a las magistradas que se condene al legislador y que se le inhabilite para ejercer cualquier cargo público por un plazo de diez años, aplicando la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. La representación fiscal dijo que existe abundante prueba para que el diputado y su esposa sean encontrados responsables y se les aplique ese régimen sancionatorio de multa que la normativa señala, para que restituyan al Estado el monto con el que, supuestamente, se enriquecieron ilícitamente. Básicamente han solicitado que se aplique el artículo 20 que habla sobre la multa y el artículo 21 donde se menciona que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años. La Fiscalía llegó a la audiencia demandando a López Cardoza y su cónyuge por un incremento patrimonial no justificado de $ 1. 3 millones, pero el peritaje realizado determinó que el monto sobrepasaba los $ 1. 5 millones. El fiscal Héctor Martínez, manifestó que se ha establecido a través de la prueba presentada que López Cardoza, tuvo un incremento patrimonial injustificado entre los años 2009 al 2015. Hay bienes que el señor diputado López Cardoza, no tenía la manera de cómo adquirirlos solamente con el producto de los salarios que recibía como servidor público, dijo Martínez. El representante del Ministerio Público dijo que al legislador no se le está atribuyendo un delito penal, sino que se busca establecer un incremento patrimonial, el cual con la prueba recolectada ha quedado establecido y no ha podido ser desvirtuada. Con la sentencia que han pedido, la Fiscalía busca que se restituya al Estado ese monto que, según sus investigaciones López Cardoza obtuvo indebidamente. El caso comenzó en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y luego Corte Plena decidió enjuiciarlo civilmente en octubre del