que la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, y vetada por el Presidente de la República, es constitucional, pues no implica invasión a la atribución del Fiscal General de la República de dirigir la investigación del delito, ni la desplaza a favor de la UIF, porque el sentido de la autonomía funcional y técnica de ésta última se circunscribe a la generación de inteligencia financiera, y en caso de encontrar indicios de ilícitos, lo recopilado deberá ser puesto a disposición del Fiscal General de la República para que dirija la investigación respectiva. La sentencia emitida en la Controversia 1 - 2018 ha sido notificada este día al Presidente de la República y a la Asamblea Legislativa.