La defensa de Isaac García Lemus, detenido en la Operación sin Fronteras, presentó un escrito al Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, para que levante la reserva de identidad de dos agentes policiales encubiertos, que se infiltraron en las tres estructuras acusadas por la Fiscalía General de la República, de lavado de dinero, contrabando de mercadería, cohecho ( soborno ), tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas. Miguel Flores Durel, abogado defensor de García Lemus, en el escrito presentado le solicita al juez, Tomás Salinas, que verifique o ejerza un control sobre la credibilidad de las fuentes personales de prueba, con respecto a los encubiertos, ya que la columna vertebral del caso está basado en la declaración que han rendido en la Fiscalía General de la República. Como parte de sus pretensiones Flores Durel, le pide al juez que solicite el historial de los dos policías y determine si les da o no credibilidad. De esta información cuando se obtenga y caso de rechazarse la modificación de la reserva de identidad, pido que se entregue a la defensa una versión anonimizada, que permita controlar la verosimilitud del dicho de los supuestos agentes policiales dice parte del escrito presentado al juez. La defensa le hace ver al juzgador que según la Constitución una persona sometida al proceso penal tiene derecho a un proceso en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa ; además, cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana sobre derechos humanos, donde señala que el imputado tiene derecho a interrogar a los testigos de cargo. Pedimos que se verifique o ejerza un control sobre la credibilidad de las fuentes personales de prueba, es decir, que incrimina a nuestros representados ; en este caso son agentes policiales encubiertos, porque el caso se basa en la declaración de dos agentes encubiertos, reiteró Flores Durel. El abogado menciona que la garantía constitucional de contradicción de la prueba exige que el imputado tenga acceso a los datos de identificación de los testigos de cargo para poder controlar los motivos y demás circunstancias del declarante. Argumenta que la