Los poderes Legislativo y Judicial tienen las peores calificaciones en acceso a información pública oficiosa de acuerdo al Observatorio Universitario de Derechos Humanos ( OUDH ) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El observatorio presentó este martes el informe Libertad de Prensa y Acceso a la Información Pública 2021, para el cual revisó los portales de transparencia de 19 instituciones de Estado. El estudio evaluó si las instituciones divulgan 25 tipos de información oficiosa establecidos en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública ( LAIP ). Ninguno de los tres órganos del Estado, ni el Ministerio Público, tienen una nota de aprobación. En una escala de 1 a 10, la nota más baja es de 0. 29 asignada al Órgano Legislativo, seguida por un 0. 33 del Órgano Judicial, 0. 86 de las instituciones del Ministerio Público y 4. 18 como nota prometio de las instituciones del Órgano Ejecutivo. Carla Quinteros, investigadora de la UODH, dijo que resulta interesante destacar que ninguno de los órganos o instituciones llegó al promedio de nota que era 5. En total, el Observatorio evaluó 19 instituciones estatales. Analizó por el Ejecutivo a 14 ministerios : Agricultura, Cultura, Defensa, Economía, Educación, Gobernación, Hacienda, Justicia y Seguridad, Medio Ambiente, Obras Públicas, Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo y Turismo. En el Órgano Legislativo se estudió la Asamblea Legislativa ; por el Judicial, la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) y, por el Ministerio Público, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ), Procuraduría General de la República ( PGR ) y la Fiscalía General de la República ( FGR ). Un 52. 63 % de las instituciones bajo monitoreo, es decir, un total de 12, incumplen la obligación de informar sobre los ofertantes, contratistas y contrataciones. Este tipo de información debe ser pública según el numeral 20 del artículo 10 de la LAIP, que se refiere a los registros de los artículos 14 y 15 de la Ley de Adquisiones y Contrataciones de la Administración Pública ( LACAP ) referido al registro de ofertantes, contratistas y contrataciones. El