El diputado Guillermo Gallegos, de Gran Alianza por la Unidad Nacional ( Gana ), aseguró este fin de semana que su iniciativa de reforma constitucional para aprobar la pena de muerte en El Salvador tendría el apoyo de cinco diputados, sin que Nuevas Ideas se haya pronunciado al respecto. Una propuesta de reforma constitucional necesita el apoyo de 10 diputados al menos, para que esta pueda ser valorada por la Asamblea Legislativa. Si es acordada por una legislatura, necesita ser ratificada por la siguiente legislatura. De acuerdo a Gallegos, ningún diputado de Nuevas Ideas se ha sumado por ahora a la solicitud. " De ellos nadie todavía, pero poco a poco vamos caminando ", respondió, ante la pregunta si han recibido respaldo del partido oficial. La pena de muerte es prohibida en El Salvador. El artículo 27 de la Constitución de la República indica que solo podrá imponerse la pena de muerte en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional. La Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte, las penas perpetuas, infamantes, proscriptivas y toda especie de tormento ( tortura ). Esto ocurre porque el Estado está obligado por Constitución organizar los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Desde el alza de homicidios ocurrido durante los días 25 y 26 de marzo, el Gobierno hizo redadas de pandilleros, redujo la alimentación en los centros penitenciarios y divulgó videos de castigos físicos a pandilleros, mientras la Asamblea Legislativa aumentó las penas de prisión. El presidente salvadoreño ha advertido que les quitará totalmente la alimentación. Amnistía Internacional ( AI ) solicitó una reunión urgente al presidente, ya que urge frenar las prácticas de tortura. Mientras tanto, Gallegos revive su propuesta electoral de pena de muerte en el Órgano Legislativo, que no ha tenido respaldo del resto de diputados. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ha rechazado la extradición de pandilleros requeridos por Estados Unidos, alegando la posible aplicación de penas perpetuas a salva