Las medidas extraordinarias de seguridad impulsadas por el Gobierno, que han restringido el ingreso a los centros penales, han ordenado el traslado de reos y provocado la clausura de un centro penitenciario, han causado descontento entre los familiares de los privados de libertad. En una concentración generada ayer frente a la Dirección General de Centros Penales ( DGCP ), amenazaron con mostrar su poder si continúan en ejecución. Las familias de los privados de libertad exigieron al director Rodil Hernández que reanude las visitas y permita el ingreso de los paquetes para los reclusos, o de lo contrario se estaría echando un monstruo encima. Es una violación y le vamos a demostrar que nosotros también tenemos poder, no solo ellos que están en el poder. Tenemos el poder de exigirle a él que reanude las visitas y les permita el ingreso de paquetes, expresó una mujer que lideraba la manifestación. Sobre la reclasificación de reos pandilleros, sin importar si pertenecen a pandillas contrarias, la mujer sostuvo que eso es una violación a los derechos humanos. Ante esto, Hernández respondió muy enfático a Diario El Mundo que mezclar estructuras en un mismo centro de detención no tiene ningún tipo de violación de derechos humanos y explicó que la medida obedece a un sistema de planificación de acuerdo a la peligrosidad de los reos. Criminológicamente hablando, así debe de ser. No vamos a tomar medidas que vayan orientadas a generar conflicto, por eso no se habían tomado decisiones antes (... ) ahora que vamos a contar con infraestructura suficiente, vamos a iniciar este proceso, dijo Hernández. El director aclaró que lo único de lo que ha sido notificado, de momento, por parte de los familiares son algunas peticiones orientadas a temas de salud. En el tema de salud, en ningún momento se ha violentado o se ha visto afectado el derecho a la salud de los privados de libertad. De hecho se ha visto reforzado con algún personal de enfermería y médicos, aseguró Hernández.