El Gobierno salvadoreño notificó a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) que durante siete días los medios de comunicación han continuado realizando publicaciones en diversidad de plataformas y en redes sociales sobre el tema de las pandillas en El Salvador y no ha existido persecución alguna y que ni en sede judicial ni en sede administrativa se han iniciado diligencias contra los medios de comunicación como institución ni individualmente contra sus miembros. Una reforma al Código Penal castiga con penas de 10 a 15 años de prisión la reproducción en medios de comunicación de mensajes presuntamente de pandillas o que hagan alusión a las mismas ; y otra reforma a la Ley de Proscripción de Pandillas prohíbe expresamente a los medios de comunicación la transmisión de estos mensajes. El Gobierno aseguró a la CIDH que la reforma dista mucho de la labor informativa de los medios de comunicación. La Relatoría informó que activará los canales con el Estado salvadoreño para exponerle su preocupación, escuchar al Estado y compartir los estándares interamericanos. Mientras, la Relatoría de la CIDH señala que la ambigüedad impide distinguir entre las expresiones sancionables y las que no serían sancionables. La Relatoría recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles. Los riesgos de criminalización advertidos por la Relatoría se extienden a actividades legítimas en una democracia, como el periodismo, la defensa de los derechos humanos, la investigación académica y la actividad parlamentaria. La Relatoría cita que el Estado salvadoreño defiende la claridad de ambas reformas, al decir que ninguna conduce a la vaguedad de interpretación y que el derecho a la libertad de expresión no es absoluta sino que encuentra límites tales como el orden público. Sin embargo, la Relatoría de la CIDH observa que el orden público no puede ser involucrado para suprimir un derecho garantizado por la Convención Americana, desnaturalizarlo o privarlo de contenido real. La