sustitución a la prisión a favor de 190 de las personas arrestadas. Los delitos que Fiscalía atribuye a los detenidos son agrupaciones ilícitas, extorsiones, homicidios, limitación al libre tránsito de las personas, amenazas, robo, hurto, lesiones, posesión y tenencia de droga y tráfico ilícito, entre otros. Un 80 % de la población aprueba el régimen de excepción, tras manifestar que les ha significado tranquilidad en sus colonias, menos extorsión, homicidios, amenazas y más seguridad según encuestas ; sin embargo, el 40 % objeta las detenciones sin orden judicial. Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho ( Fespad ), el Instituto de Derechos Humanos de la Uca ( Idhuca ) y el Servicio Pasionista, entre otras, han manifestado no estar en contra de combatir a los autores de violencia y la delincuencia sino contra las capturas arbitrarias y de personas inocentes. Han encontrado capturas de personas inocentes, porque falsa acusación de un vecino, por tatuajes decorativos, por residir en zonas marginales, por forma de vestir o apariencias físicas. Según la organización Alianza Nacional El Salvador en Paz, un 25 % por ciento de los capturados en el régimen de excepción son personas inocentes que han sido detenidos en sus hogares, en sus trabajos o mientras se movilizaban en sus colonias. Amnistía Internacional ha registrado 23 muertes de personas que estaban en custodia de las autoridades y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) registra 10 personas que murieron a causa de golpes. Ambas instituciones internacionales han urgido al Estado de El Salvador dejar de violar los derechos humanos y han advertido posibles delitos internacionales.