Solo 95 de las 262 alcaldías aplican la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas. Lo anterior, implica que apenas el 36 % de los gobiernos municipales facilita la mediación como forma de solucionar los conflictos entre vecinos o sancionan, mediante las ordenanzas correspondientes, aquellas faltas que atentan contra la convivencia, el medio ambiente y la seguridad en base en la ley aprobada en 2011. Semejante moratoria en el cumplimiento de una ley tan importante habla del orden de prioridades en los municipios, más preocupados algunos en la organización de ostentosas fiestas patronales o festivales de hermanamiento con ciudades extranjeras. La convivencia ciudadana no es un asunto de recursos disponibles como lo aseguran algunos, o de aumentar dos puntos porcentuales al Fodes como ya proponen otros. La Ley en cuestión, provee lineamientos para promover una cultura cívica de respeto, con base a principios de mínima intervención por parte del municipio. El sentido comunitario de la ley es lo más importante y ésta contempla acciones y obligaciones para las que no se necesita de un presupuesto adicional. Pero además, refleja la desidia de las alcaldías de no cobrar multas que establece la ley o no cobrar tasas municipales, para solo pedir más y más Fodes.