El Juzgado 7o. de Instrucción de San Salvador ordenó la captura de la ex primera dama, Ana Ligia Mixco Sol de Saca procesada por el delito de lavado de dinero y de activos junto a otros 16 imputados, señalados de desviar $ 246 millones de una cuenta subsidiaria especial del tesoro público hacia 14 cuentas particulares. El juez Miguel Ángel García Argüello revocó las medidas alternas a la detención, impuestas en la audiencia inicial el pasado 22 de abril por el Juzgado 7o. de Paz de la capital ; él basa su decisión en el incumplimiento del pago de la fianza que se le impuso como requisito para gozar de libertad. La Unidad de Investigación Financiera ( UIF ), en la audiencia inicial en el Juzgado 7o. de Paz solicitó que se le obligara a pagar una fianza de $ 500 mil y la imposición de otras medidas consistentes en no salir del país, ni cambiar de domicilio, pero el tribunal optó por $ 250 mil. La misma caución económica y medidas fueron pedidas para el publicista Antonio Lemus Simún, representante legal de Anle y César Daniel Funes Cruz, representante legal de Funes y Asociados, empresas que, según el Ministerio Público sirvieron para triangular fondos que salieron de la cuenta subsidiaria de Capres. Los dos empresarios sí cumplieron con el pago y acudieron a cancelar en el Ministerio de Hacienda, el pasado martes 16 de mayo. Para la exfuncionaria, el Ministerio Público solicitó que fuera favorecida con las medidas porque ella junto a su hermano Óscar Edgardo Mixco Sol, aparecen como los representantes legales de las empresas del Grupo Samix y tienen firmas autorizadas para el funcionamiento de las sociedades, pero como Mixco Sol guarda detención en el penal La Esperanza, y han pedido que continúe con esa medida, al estar en prisión la ex primera dama, no habría nadie para que administrara las sociedades. En cuanto a Lemus Simún y Funes Cruz, la Fiscalía pidió medidas con la fianza, por su edad y problemas de salud. En la audiencia inicial el abogado de la ex primera dama dijo a la jueza que la caución económica de $ 500 mil era excesiva e impagable, la administrador