La Fiscalía General de la República llevará mañana las reformas a la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Dinero y será recibida por el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, según lo confirmó él mismo ayer. Quijano agregó que la petición será enviada directamente a la comisión de Seguridad y lucha contra la Narcoactividad para su estudio. Conversando con el diputado Antonio Almendáriz, me dice que muy probablemente se pueda sacar en un mes, él me ha pedido que convoque dos veces a la comisión de Seguridad, para dedicarse exclusivamente a ver esto, acotó el funcionario. El anteproyecto busca proteger la economía salvadoreña y fortalecer así los mecanismos de prevención, control y represión del lavado de activos, lo afirmó el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, en la inauguración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Dinero. El lavado de dinero es un fenómeno complejo que afecta a nuestro país y que financia los crímenes que más afectan a los salvadoreños, como son : la corrupción, la extorsión, la trata de personas, los homicidios, el tráfico de drogas, entre otros, aseguró Meléndez. El fiscal detalló que la propuesta contempla la creación del comité interinstitucional para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo integrado por 12 entidades públicas y privadas que deberán trabajar periódicamente en equipo y se articularán a través de tres comités operativos ( prevención, supervisión y control y sanción ) para involucrar a todos los entes del Estado a esta lucha. Meléndez explicó que el anteproyecto contempla que la Unidad de Investigación Financiera ( UIF ) de la Fiscalía será renombrada como Unidad de Análisis Financiero ( UAF ), porque La unidad hace análisis financieros, técnico incluso científico de números, no investiga, quien investiga es la fiscalía, aclaró el fiscal. La reforma también pretende mejorar los artículos 4, 5, 7 y 8 de la actual ley, en la que se aumentarán las penas para la comisión de este delito a ocho años, como límite menor, se incorpora el delito de lava