La certeza y la predictibilidad son elementos vitales para un clima de negocios saludable y para la atracción de inversiones en un país. El Salvador sufre de la escasez de esos dos elementos y el Gobierno o la clase política se encargan frecuentemente de recordarlo. El nuevo cargo a la electricidad que anunció esta semana el Gobierno, a través de un decreto ejecutivo, ha sido calificado como un impuesto disfrazado por las gremiales y por prominentes empresarios del país. Es más, ya se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad porque el decreto tiene ilegalidades evidentes. Los empresarios advierten que esta medida inconsulta afecta el clima de confianza entre el sector privado y el Gobierno, que suele dar dos pasos hacia adelante y luego tres para atrás con hechos como éste. A los empresarios les resta competitividad y alimenta la incertidumbre y falta de reglas claras en el país. El nuevo cargo impactará en los costos del sector privado, pero además, es evidente que ese incremento lo pagará el mismo usuario al que se pretende beneficiar con el subsidio, es decir, le encarece la vida de los salvadoreños, lo cual es una contradicción en la misma intencionalidad que el decreto señala para intentar justificarse.