privada en el uso del agua potable, al otorgar concesiones sin permiso ambiental por 15 años renovables. Adela Bonilla, representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, señala que una de las exigencias del Gobierno sigue siendo el lavado de manos con agua abundante y jabón, pero no toman en cuenta las comunidades empobrecidas del país. Representantes de las juntas de agua han solicitado a la Asamblea que no se les cobre un canon o cargo por el permiso de extracción, uso y aprovechamiento del recurso hídrico, que será definido por la Autoridad Salvadoreña del Agua ( ASA ). Argumentan que trabajan para abastecer de agua a sus propias comunidades, sin tener fines de lucro, y a penas sobreviven con aportes vecinales y cooperación internacional. Mientras las comunidades de Santo Tomás continúan luchando por el acceso al agua potable, grupos ambientalistas han pedido al presidente de la República, Nayib Bukele, que si se aprueba esta ley sea vetada de inmediato. En la casa de Angélica, donde rara vez cae agua de las cañerías, seguirán esperando su turno para recibir el agua, así pasen dos, tres o cuatro semanas. La Asamblea Legislativa aún tiene en estudio la Ley del Agua, hasta el momento temida, por imponer una tarifa a las juntas de agua en las comunidades. * Los nombres de Carlos y Angélica Pérez han sido cambiados a solicitud de ellos mismos para proteger su identidad. Esta investigación ha sido elaborada en el marco del curso de entrenamiento Reporteando sobre inmunización de la Fundación Thomson Reuters.