El exjuez noveno de Paz de San Salvador Romeo Aurora Giammattei fue condenado a un año de prisión tras ser hallado culpable por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador del delito de prevaricato emitir resoluciones ilegales contra la empresaria Claudia Herrera, en un hecho supuestamente confabulado entre el exfiscal Luis Martínez y el empresario Enrique Rais en 2014. Giammattei es el primer condenado de la supuesta estructura de corrupción judicial de 11 personas en un procedimiento abreviado, luego de que confesara que asesoró a abogados para que supuestamente fabricaran pruebas en el que las víctimas eran Enrique Rais y Hugo Blanco Rais. En el caso, procesaron a la empresaria Herrera a quien habría emitido una orden ilegal de captura. La pena la tercera parte de la mínima impuesta al exjuez la cumplirá en libertad con reglas de conducta, pues prevaricato es un delito sancionado con una pena de 3 años de prisión en un proceso ordinario. Las reglas que deberá cumplir el exjuez, según la fiscal del caso, son prohibición de acercarse a la víctima, no agredirla física ni emocionalmente por ningún medio de comunicación electrónico, asistir a los llamamientos judiciales, entre otras normas. Por el grave daño material y emocional ocasionado a la víctima, Giammattei fue condenado civilmente a pagar una cantidad de dinero en concepto de responsabilidad civil en abstracto, es decir, que será la querella o acusador particular que promoverá el proceso civil para cuantificar el monto que reclamará por los daños ocasionados a la víctima. Giammattei, en su confesión, afirmó que el plan de capturar a la señora Herrera fue orquestado una semana antes en represalia, porque su esposo Mario Calderón, quien trabajaba para Enrique Rais, se habría negado a hacerle daño a unas personas por orden suya. El caso no termina. Por razones de ausencia o fuga de algunos imputados, este proceso se dividió en cuatro casos : el primero es el del exjuez Giammattei, quien luego de casi cinco años de andar huyendo el 9 noviembre se entregó y decidió someterse a la justicia. El segundo grupo está a la orden del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en