emergencia ; y suprime la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ( LACAP ). Las autoridades se proponen construir nuevas cárceles para recluir a los miles de pandilleros que detienen. A pedido del mandatario, el Congreso, controlado por el oficialismo, también aprobó a inicios de abril una reforma para castigar con hasta 45 años de prisión a los miembros de las pandillas.