Las acusaciones de los últimos días contra el magistrado Belarmino Jaime constituyen un paso más en el hostigamiento y acoso políticos contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional, cuya independencia es imperdonable para el oficialismo. El ministro de Hacienda ha dejado claro que el caso contra el magistrado Jaime no existe y que se investiga una filtración ilegal de documentos de Hacienda que habrían sido utilizados con los mismos fines partidarios de hostigamiento contra la Sala. Pero el FMLN no cesa y ha acusado al magistrado ante la Fiscalía, y ahora por una expresión subida de tono, y luego pretende acusarlo ante el inoperante Tribunal de ética gubernamental, bajo control de ese partido. Al oficialismo no le ha bastado el hostigamiento incluso físico, el espionaje ilegal que se ha denunciado y hasta los intentos de invadir la vida privada de los magistrados. Ven a la Sala como el obstáculo principal para su Socialismo del siglo XXI que pretende el poder total y el fin de toda democracia real, tal como ha sucedido en Venezuela, Nicaragua, Ecuador o Bolivia, donde el órgano judicial es solo el bufete jurídico del partido de gobierno. Eso es todo lo que está de fondo. Lo demás son acusaciones mediáticas que buscan desvirtuar el trabajo de los magistrados.