La Corte Interamericana de Derechos Humanos ( Corte IDH ) declaró responsable al Estado salvadoreño de las violaciones de derechos que recibió Manuela, entre 2008 y 2010, luego de sufrir una emergencia obstétrica y morir de linfoma. Con ello, la instancia ordenó a El Salvador regular los alcances del secreto profesional médico, la protección de la historia clínica y sus excepciones, como medida de no repetición. Manuela fue acusada por la doctora que la atendió de posiblemente haber cometido delito, después de haberla atendido en el hospital de San Francisco Gotera, en Morazán, por un parto extrahospitalario y una emergencia obstétrica. Posterior a la denuncia, la médica declaró ante la Fiscalía General de la República y su declaración se usó en el proceso penal, que la condenó a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido. Y en un tercer momento, la Corte IDH destaca que el director del hospital remitió un informe a la Fiscalía de la historia clínica de Manuela, con detalles de su vida sexual y reproductiva, que provocaron estigmas en el proceso penal. Manuela fue señalada de haber querido deshacerse de su hijo, porque supuestamente era producto de una infidelidad, producto de la revelación de detalles de su historia clínica y vida privada. La resolución por el caso Manuela dicta que el Estado salvadoreño, por iniciativa del Ejecutivo, debe establecer expresamente que el personal médico y sanitario no tiene una obligación de denunciar a mujeres que hayan recibido atención médica por posibles abortos. Además que, en estos casos, el personal de salud debe mantener el secreto profesional médico, frente a cuestionamientos de las autoridades ; que la falta de denuncia por parte del personal de salud en estos casos no conlleva represalias administrativas, penales o de otra índole y que cuando se pueda difundir la historia clínica, las salvaguardas claras sobre el resguardo de dicha información y la forma en que esta puede ser difundida, exigiendo que la misma se realice solo mediante orden fundamentada por una autoridad competente y, tras la cual, se divulgue solo lo necesario para el caso concreto, ordena la sentencia.