La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador confirmó la resolución del Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, emitida el 28 de julio del año pasado que ordenó la detención provisional de cinco exfuncionarios del FMLN acusados en el caso Sobresueldos y giró órdenes de captura contra otros cinco ausentes. Asimismo rechazó los recursos presentados por sus abogados que solicitaron revocar la detención provisional, y anular la acusación penal entre otras peticiones. Los imputados en este proceso fueron identificados como Carlos Cáceres, Calixto Mejía, Violeta Menjívar, Hugo Alexander Flores, Herlinda Handal. Los ausentes son José Guillermo Belarmino López, Manuel Orlando Quinteros o Gerson Martínez, Lina Dolores Polh, Salvador Sánchez Cerén y José Manuel Melgar. La Fiscalía General de la República los acusa a todos de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y activo. Los magistrados rechazaron que la detención provisional a los exfuncionarios, haya sido puesto de manera automática y no fundamentada como lo expresaron los defensores, pues surge de un análisis de estudio de indicios y de los reproches adjudicados a cada imputado, circunstancias que constan en la decisión, dice la resolución de la Cámara. Como conclusión advirtieron que se vislumbra una motivación correcta, contraria a la aplicación arbitraria alegada por los abogados. La Cámara sostuvo que la detención provisional contra los exfuncionarios se justifica ante la pena que podrían sumar los delitos que se les acusa. Señalaron que hay suficiente prueba, no solo en contra de los diez acusados en este proceso sino contra 58 imputados, al igual, el conocimiento que tienen del testigo con criterio de oportunidad y la posible influencia que puedan ejercer en él. A ello se suman las circunstancias del hecho investigado y la alarma social que el caso ha causado en la sociedad. Asimismo, afirmaron que se justifica la detención, por los valores morales demostrados por los imputados, sus ocupaciones, bienes que con probabilidad posean y que estos se vean amenazados ante posibles acciones de restitución o extinción