La Cámara Ambiental de Santa Tecla, en La Libertad, admitió la prueba que la Fiscalía General de la República presentó contra el general José Atilio Benítez y su esposa, Emma Isaura Muñoz de Benítez, ambos acusados de enriquecimiento ilícito por $ 169, 957. 35. Según la acusación fiscal, ese monto no fue justificado en el periodo 2009 - 2011, cuando el militar fungió como viceministro de la Defensa Nacional y fue detectado en las declaraciones patrimoniales entregadas a la Corte Suprema de Justicia. La Corte remitió a la fiscalía 40 depósitos en efectivo, que supuestamente hizo Benítez en una cuenta bancaria por $ 113, 344, mientras que a su esposa le encontraron cuatro irregularidades en pagos a un crédito hipotecario y abonos en efectivo a tarjetas de crédito, por $ 56, 613. 35. El fiscal del caso dijo que tienen prueba documental y una pericia financiera contable. Los acusadores pidieron a la Cámara que de ser encontrados responsables de enriquecimiento ilícito, inhabilite a los señalados para que busquen cargos públicos por 10 años, como lo mandata la ley. Benítez también enfrenta dos procesos penales, uno en el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, por el delito de peculado por $ 2 millones, en el caso de permutas de armas con la empresa Centrum ; en este proceso también es procesado el exministro, David Munguía Payés y empresarios como Gustavo López Davidson. El segundo, y más antiguo, es donde es acusado por ocho casos de supuesto comercio ilegal y depósito de armas, actos arbitrarios, peculado y estafa, donde la fiscalía lo acusó de dirigir una red en la dirección de logística del Ministerio de la Defensa, dedicada a la comercialización de armas inscritas de forma fraudulenta, aprovechándose de un decreto que permitía legalizar armas por 45 días, pero el documento se usó cuando ya estaba vencido.