En un país donde hay más de seis mil homicidios y más de 30 mil reos en centros penales parece increíble que la clase política ha sido incapaz de lograr un acuerdo mínimo para elegir dos pilares fundamentales en el combate a la criminalidad : el Fiscal General de la República y a los titulares del Consejo Nacional de la Judicatura. Los dos partidos mayoritarios han sido incapaces no solo de lograr acuerdos entre ellos para alcanzar la mayoría calificada que se requiere para estas elecciones, sino también ineficientes para alcanzar acuerdos hacia lo interno de sus propias fracciones legislativas, porque ahora no solo hay padrinazgos partidarios sino padrinazgos y madrinazgos caudillescos, de tal manera que grupos de poder y hasta personalismos buscan imponer a sus candidatos favoritos en esos puestos, sin importarles las consecuencias de semejantes atrasos. El Salvador necesita un fiscal general valiente, probo, independiente, capaz, apartidista, que no agache la cabeza a patrón alguno. Y también necesitamos un CNJ que no sea una extensión de las fracciones legislativas para que nombren jueces a su antojo. Claro, es difícil que ambos partidos renuncien a su afán de control de las instituciones y de ahí su incapacidad de alcanzar acuerdos también con la sociedad entera.