El Grupo Gestor de Jurisdicción Penal Juvenil de El Salvador exhortó ayer al Estado salvadoreño a crear una política integral de prevención que evite que los menores de edad ingresen a estructuras delincuenciales e incurran en hechos delictivos. Señaló que la política debe estar basada en los componentes de educación y de protección de sus derechos y debe ir encaminada a rehabilitar a los jóvenes que ya están en conflicto con la ley. Las declaraciones fueron brindadas mientras se investiga el caso de la masacre contra 11 personas en San Juan Opico, en la que participaron dos menores de edad que ya han sido capturados y están enfrentando a la justicia. Según Víctor Meléndez, juez de Menores del departamento de La Unión, no se puede juzgar a un menor de edad como un adulto. Explica que los niños, niñas y adolescentes solo son instrumentalizados para que cometan hechos delictivos. Argumenta que el rigor de la ley debe aplicarse contra quienes utilizan a los menores en fechorías. Agregó que la Constitución en su artículo 35 establece que deben ser procesados bajo un régimen jurídico especial que en la actualidad es la Ley Penal Juvenil. Necesitamos una política de prevención porque las políticas de mano dura no han funcionado, sostuvo el juez.