Las revelaciones hechas ayer por el fiscal general, Douglas Meléndez, reflejan una estategia gubernamental que favoreció con beneficios y privilegios a las pandillas a través de un pacto para reducir los homicidios. Fue una burla calculada a la población de la administración Funes y en particular, de todos los funcionarios que formaron parte como autores intelectuales y materiales. Lo sucedido emula la famosa cárcel que el mafioso narcotraficante colombiano, Pablo Escobar hizo en los años 90 : construirse una a la medida. En este caso, la administración de Mauricio Funes y David Munguía Payés les dieron cárceles a la medida a los pandilleros, con beneficios y privilegios impensables y totalmente ilegales : fiestas con orquestas, bailarinas y discomóvil, pedidos de comida rápida, televisores de última generación, calentadores de agua y juegos de vídeo, entre otros. Hasta ahora los capturados son funcionarios de mediano rango, con puestos claves en Centros Penales y en la Inteligencia Policial, que reporta al director de la PNC y al ministro de Seguridad. Si los funcionarios de mayor rango no lo sabían, entonces hay que procesarlos por negligentes, por no cumplir sus obligaciones y por su incapacidad de controlar a sus subalternos. Si esos funcionarios de mayor rango lo sabían, entonces hay que procesarlos por cómplices y porque públicamente justificaron la tregua. Hay muchas preguntas que merecen respuesta : ¿ Cómo es posible que Raúl Mijango tuviera vehículos y a oficiales de la PNC como asistentes? Increíble que tuviera vehículos de la PNC a sus órdenes cuando los propios policías no tenían para sus operativos y para atender a la población. ¿ Quién los autorizó? Evidentemente o el director de la Policía o el ministro de Seguridad, hoy devenido inexplicablemente en ministro de Defensa perpetuo. Es imposible que un director de un penal, un oficial de la Policía Nacional Civil o un oficial de la Fuerza Armada hayan incurrido en estos actos sin la autorización de sus superiores. El fiscal general ha dicho que el expresidente Funes, el ministro Munguía Payés, el padre Fabio Colindres y el periodista Paolo Lüers, son aún objeto de investigación por este caso