la Unidad de Investigación Financiera ( UIF ) para recibir, procesar, analizar y diseminar la información para prevenir o detectar el lavado de dinero y delitos de corrupción. El jefe de la Unidad contra Lavado de Activos, manifestó que las razones expuestas por Sánchez Cerén para fundamentar el veto, no están apegadas a derecho y debe de enmendarse aprobando un nuevo decreto para luego pedir la admisión al Grupo Egmont. Los fiscales señalaron que tienen hasta julio del 2019 para superar este veto, de lo contrario, el país sería expulsado por completo del grupo mundial contra el lavado de dinero. En el año 2014, la UIF ya había sido sancionada por el Grupo Egmont y enfrentó un proceso internacional, cuando el expresidente Mauricio Funes, divulgó una información de inteligencia financiera, del caso del expresidente Francisco Flores, vulnerando la confidencialidad de la información que solo debe ser del conocimiento de las 159 UIF que integran el referido grupo. Tras esa sanción, se le impuso a El Salvador el cumplimiento de diez condiciones de las cuales se cumplieron nueve, pero estaba pendiente la última que consiste en la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía para que se le diera autonomía e independencia operativa a la Unidad de Investigación Financiera. Esta reforma fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de julio de 2018, pero el presidente de la República la vetó en agosto, de ahí que proviene la nueva sanción del Grupo Egmont, con grandes consecuencias para el país.