La discusión sobre la Ley del Presupuesto General de la Nación ocupa un lugar destacado en la agenda de los medios de comunicación y de la sociedad civil. Dicho proyecto materializa las prioridades del actual Gobierno durante el próximo año fiscal, lo que se traduce en el incremento de algunas partidas y la disminución de los fondos asignados a otras. Esto incide directamente en la vida de las personas, en el goce efectivo de su derechos a la salud, la educación y las expectativas de seguridad que permiten construir vida comunitaria y una convivencia sana. Pese a lo anterior, la ciudadanía sigue siendo la gran ausente del actual debate sobre el presupuesto. El Órgano Ejecutivo, ahora que inicia su gestión, tiene la responsabilidad de diferenciarse de las pasadas administraciones, implementando mecanismos de participación que permitan a los ciudadanos interesados, aportar sus consideraciones sobre la forma en la que se gastará el dinero público. A esto se suma la necesidad de una evaluación del presupuesto ya ejecutado, la necesidad de transparentar los errores y aciertos haciendo de este proceso de planificación y gestión un asunto colectivo, no sólo reservado a las élites políticas. Las cuentas públicas se nutren de los aportes de la colectividad, es lógico y justo permitir que los gobernados se pronuncien al respecto.