Las reformas aprobadas este miércoles a la Ley contra el Crimen Organizado y a la Ley de Telecomunicaciones regulan beneficios a miembros del crimen organizado que den información sobre estas redes y obligan a las operadoras de telecomunicaciones a dar información a la Fiscalía General de la República. La reforma a la Ley de Telecomunicaciones fue aprobada con 64 votos de Nuevas Ideas, Gana, PCN, PDC y la diputada exarenera Yesenia Orellana. Ni Arena ni los diputados Donato Vaquerano y Carlo Reyes votaron. Los cuatro diputados del FMLN y Nuestro Tiempo votaron en contra de esta reforma. La reforma a la Ley contra el Crimen Organizado regula los procesos abreviados para los imputados de crimen organizado si confiesan los delitos señalando a los copartícipes y cómplices de los mismos. Estos procesos abreviados suponen una pena disminuida que se detalla en la reforma y no se encontraba en la ley. La pena otorgada en estos procesos abreviados para los confesos irán, según la reforma, desde la cuarta parte del mínimo de la pena si lo autoriza el fiscal general hasta la pena completa en un centro de seguridad media o mínima diferente del resto de partícipes de la organización y con condiciones adecuadas para su readaptación. La reforma a la Ley contra el Crimen Organizado también permite que el fiscal general pueda prescindir de la persecución penal de uno o varios delitos imputados, si los acusados dan información eficaz y útil para probar la participación de los miembros de la organización delictiva. La reforma indica que la pena solicitada no puede ser menor de la mitad del mínimo que le correspondería, pero con una excepción : a menos que exista autorización expresa del fiscal fiscal con las justificaciones. La reforma abre la posibilidad a que menores y adultos sean juzgados en el mismo tribunal de crimen organizado. Las operadoras estarán obligadas expreamente a entregar toda la información requerida por la Fiscalía sobre datos de registro de la línea o de las líneas telefónicas investigadas, registros de llamadas durante un periodo, datos del origen de cualquier otro tipo de comunicación electrónica y otros. También deberán tener soluciones técnicas para identificar a los originadores de la llamadas