Cerca de un cuarto de millón de salvadoreños han sido beneficiados desde 2001 por el Estatus de Protección Temporal ( TPS ) por parte de los gobiernos estadounidenses, un medio para que ciudadanos provenientes de países afectados por guerras, catástrofes naturales o inestabilidad puedan vivir legalmente. Durante años, los sucesivos gobiernos estadounidenses extendieron este beneficio sin mayor problema, usualmente los gobiernos salvadoreños cabildeaban para que eso sucediera. Pero en 2018, el entonces presidente Donald Trump canceló el programa de protección para migrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, para Nepal y Honduras. Actualmente el programa ya cancelado, mantiene su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, a decisión de un tribunal federal por otra demanda colectiva. ¿ Qué pasará después del 31 de diciembre? Esa es la incertidumbre en la que viven miles de migrantes, la inmensa mayoría salvadoreños. La situación es aún más angustiante porque después de casi un año y medio de negociaciones para encontrar una conciliación entre la administración del presidente Joe Biden y un grupo de beneficiarios del TPS, el proceso colapsó el martes sin acuerdos los que deja en riesgo de deportación a más de 260, 000 migrantes incluidos en una demanda colectiva. La inmensa mayoría de los salvadoreños con TPS han pasado más de dos décadas en Estados Unidos, son buenos ciudadanos, pagan impuestos y han construido su vida en ese país. Muchos tienen hijos y nietos estadounidenses, han adquirido propiedades y sus nexos con Estados Unidos son incluso mayores que su país natal que lamentablemente, sigue presentando muchas dificultades similares que las que dejaron. Esperemos que haya un acuerdo y los tepesianos puedan encontrar una salida a su limbo migratorio tan angustiante.