La oficina de la Fiscalía General de la República en el departamento de La Unión ha llevado ante jueces de la República, 99 casos por el delito de violación a menor e incapaz. Entre estos casos hay tres que fueron cometidos por igual número de maestros, un alcalde y un pastor evangélico que, según la fiscalía, se aprovechó de una feligrés. En el complejo educativo Mario Gómez, de Conchagua, La Unión, los maestros Gerardo Alexis Barrios y Víctor Arnoldo García habrían violado a una de sus alumnas, quien los denunció y ya enfrentan un proceso judicial. De igual forma, en el Instituto Nacional de La Unión, el profesor Alfredo Benítez habría violado a dos de sus estudiantes, según el Ministerio Público Fiscal, quienes lo denunciaron. El exdocente tiene una orden de captura vigente y se mantiene prófugo. Para nosotros como Fiscalía General de la República es un logro que las víctimas no se queden calladas, pues los violadores son gente que generalmente tienen parentesco con las víctimas o tienen cierta autoridad sobre ellas, y esto les impide denunciar, por que tienen miedo a represalias aseguró el José Alexis Gaitán Flores, jefe de la Fiscalía en el departamento de La Unión. Otros casos sonados sucedieron a manos de funcionarios públicos, como el proceso que enfrenta el alcalde del municipio de San José de la Fuente, Mario Alfredo Cruz, quien fue acusado de violación contra un menor. El hasta entonces edil fue capturado el 25 de noviembre y es procesado por los delitos de violación agravada y otras agresiones sexuales en perjuicio de un menor de 17 años de edad, a quien había ofrecido trabajo. La Fiscalía señaló que tienen testimonios de personas que ubican al alcalde Mario Cruz en su casa, junto a la víctima el día que ocurrió el hecho ; además, tienen pericias y dictámenes forenses que demuestran las agresiones. Tenemos una situación muy grave, porque quienes cometen las violaciones son, en la mayoría de los casos, las personas responsables de velar por la seguridad y bienestar de los menores, incluso de quienes tienen la obligación y hasta facultades que la ley les otorga de protegerlos, sostiene el fiscal Gaitán.