Una vez más, Nicaragua podría sufrir las consecuencias del empecinamiento de sus gobernantes de acabar con la democracia y perpetuarse en el poder a toda costa. Esta vez se trata de sanciones económicas por parte del gobierno estadounidense para obligar al Gobierno de Nicaragua a que tome medidas para el restablecimiento de la democracia y la realización de elecciones libres, justas y transparentes. El régimen de Daniel Ortega ha ido desmontando la institucionalidad democrática desde que llegó al poder hace casi una década, con un nivel de descaro y atropellamiento tales que irá a elecciones presidenciales en noviembre prácticamente sin oposición y bajo el control partidario de todos los órganos e instituciones del Estado. De ahí una iniciativa bipartidista en el congreso estadounidense que incluye que todos los préstamos que realice Nicaragua ante organismos financieros internacionales sean votados por Estados Unidos, bajo condiciones de elecciones libres, justas, transparentes y supervisadas por observadores electorales, algo que Ortega ha prohibido. La legislación estadounidense también sancionará a altos funcionarios del régimen. Lo triste es que, como suele suceder en estos casos, los dirigentes de este tipo de dictaduras, no sufren las consecuencias de las sanciones, sino sus pueblos.