El tan citado Estado de Derecho no es más que un conjunto de reglas que limitan los actos de la autoridad y que a la vez permite a los gobernados organizar su libertad de acuerdo con leyes vigentes. Cuando se rompe este delicado equilibrio entre libertad y autoridad, surge como consecuencia la imposición de sanciones. Estas últimas, sin embargo, deben aplicarse con base a las mismas reglas que se han vulnerado. El Estado de Derecho no solo es una garantía de convivencia, también implica en sí mismo la existencia de aspiraciones colectivas como la justicia y la igualdad jurídica, de allí la existencia de garantías como la del debido proceso o el derecho de defensa. No está de más recordar que en nuestro país la existencia de reglas que garantizan la seguridad jurídica y la imposición de límites a la arbitrariedad de todo tipo, fue un logro del proceso de paz hace casi 30 años. La existencia de reglas claras no solo hace mejor a un país, también lo vuelve atractivo para la inversión extranjera, la repatriación de capitales y el arraigo de su población. El favorable clima de negocios que se ha recobrado, fácilmente puede perderse, si es que no se garantiza la vigencia del Estado de Derecho, en todo y para todos por igual.