Después de una década de silencio o negación sobre el desplazamiento forzado, finalmente, funcionarios de gobierno se han presentado a la Asamblea Legislativa a demandar una ley que haga exactamente lo que no hicieron todo este tiempo : proteger a las víctimas de este mal. En julio del año pasado, la Sala de lo Constitucional amparó a seis víctimas de desplazamiento forzado, provocado por las pandillas en los municipios de Berlín, Usulután y Ciudad Delgado, San Salvador, ordenó al Estado protegerlos y, además, recuperar control territorial de las zonas dominadas por pandillas. La Sala declaró la existencia del fenómeno de desplazamiento forzado de personas, algo que el Ejecutivo había negado repetidamente. El propio ministro de Seguridad intentó desestimar repetidamente las causas de ese desplazamiento forzado. Por eso sorprende que ahora, a menos de dos meses de dejar el poder, aparezcan con tres anteproyectos de ley al respecto. Vaya nivel de deuda que tiene el gobierno saliente y en particular el gabinete de seguridad con los centenares de desplazados. La población no puede seguir de rehén de las pandillas y tampoco las autoridades pueden continuar negando una realidad que afecta a miles de personas desprotegidas ante una retórica vacía.