El solo hecho de pertenecer a pandillas es ahora delito y puede ser castigado con condenas de más de ocho años de cárcel. La declaratoria era esencial en este contexto de la ofensiva estatal contra las bandas criminales que han causado decenas de miles de muertes en lo que va del siglo actual, dicho de otra manera, mucho se habían tardado los diputados en lograr este acuerdo unánime. Era increíble que desde 2010 había una ley de Proscripción de pandillas y se estipulaban penas de prisión en esa legislación por la pertenencia a esas bandas que ya habían sido catalogadas como terroristas por la Sala de lo Constitucional porque afectan indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población. Los diputados fueron más allá y también establecieron penas de cárcel para mediadores, negociadores y portavoces de las pandillas. Las reformas destinadas a recuperar territorios y garantizar la libre movilidad de las personas que son rehenes de estos delincuentes, son quizás las de mayor alcance para la población, pero las autoridades deben demostrar que es una ley aplicable y recuperar el imperio de la ley y la presencia permanente del Estado. Todas las reformas parecen positivas pero hay que aplicarlas, que no sean papel mojado y que la población sienta la diferencia.