El Juzgado Especializado de Instrucción C resolvió que 42 pandilleros de una estructura del barrio 18, que operaba en Cuscatlán, vaya a juicio, en los que las víctimas con régimen de protección, debían de para no ser asesinados, ellos o sus familiares. Además de las extorsiones, la estructura deberá responder por, cinco casos de tráfico ilícito de droga, tenencia ilegal de arma de fuego, robo agravado y arma de guerra, además un homicidio agravado en perjuicio del hijo de uno de los miembros de la pandilla por conflictos internos. Otros 14 imputados en su condición de colaboradores, a quienes no se ligan en ningún otro ilícito más que agrupaciones ilícitas y tras confesar su vinculación con la pandilla, fueron sometidos a un procedimiento abreviado, a quienes la jueza los condenó a tres años de prisión, pena que les fue reemplazada por trabajo de utilidad pública. El caso a cargo de la Unidad Especializada en Extorsiones y Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República parte de una investigación que inició el 17 de enero y terminó con sus capturas el 25 de noviembre de 2020 ; en ese lapso, las autoridades le siguieron los pasos a los integrantes de la pandilla 18 sureños que opera en diferentes municipios de Cuscatlán : entre estos Cojutepeque, Santa Cruz Michapa, Tenancingo, Ilobasco, San Martín, entre otros. La fiscal del caso afirmó que la investigación de los hechos, que se atribuye a los imputados,, la que permite su ubicación tanto en los hechos delictivos como en sus canchas o territorio. La fiscal afirmó que mediante las escuchas telefónicas, se determinó cómo el palabrero o cabecilla de la pandilla 18 sureños de Cuscatlán, realizaba las llamadas para extorsionar a las víctimas, las amenaza de muerte y coordinaba con el resto de pandilleros ; la recolección del pago que los ofendidos harían posteriormente. Los montos que estos sujetos exigían a sus víctimas eran diversos como $ 70, $ 300, $ 150 y más de $ 500, según fuera la categoría de su presa.