El fiscal general Rodolfo Delgado aseguró que El Salvador debe ampliar el régimen de excepción, que finalizará en a penas cuatro días, para combatir a las pandillas. Durante la Entrevista AM, del oficialista Canal 10, el fiscal afirmó que el régimen permitió reducir al mínimo los homicidios y extorsiones cometidos por las pandillas, en menos de un mes. " Es una necesidad ", agregó. Según declaró Delgado, la Fiscalía neceista el régimen de excepción para procesar a todas las personas que han sido detenidas desde el 26 de marzo, cuando El Salvador enfrentó una inusual ola de homicidios que dejó un saldo de 87 muertes de civiles. Y es que en al menos 27 días desde que se aprobó la suspensión de derechos constitucionales, más de 15, 000 personas han sido capturadas, pero solo el 50 % han sido llevadas ante los tribunales, detalló el fiscal. Por ello, agregó, " las facultades que nos otorga el régimen todavía tienen que continuar, pues tenemos que procesar a una buena parte de las personas que han sido detenidas durante estos 30 días ". El fiscal incluso sugirió que el Órgano Judicial nombre más jueces especializados para realizar más audiencias, " con una programación más rápida " para que los detenidos puedan ser enviados a prisión provisional. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado la detención de personas inocentes en las redadas que las autoridades realizan a nivel nacional. Al respecto, el fiscal aseguró que " la población honrada no tiene nada que temer " porque " se pone énfasis en verificar si alguna persona está involucrada " con los grupos criminales. " Recordemos que las pandillas tienen una base social de apoyo en sus conocidos y colaboradores para ejecutar sus acciones delictivas ", explicó Delgado. A pedido del presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, decretó un régimen de excepción el 27 de marzo, que permite detenciones sin orden judicial. Una semana después, además, se aprobó una reforma para castigar con hasta 45 años de prisión a los miembros de las pandillas, y modificaciones al Código Penal para castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes