La investigación que puso al descubierto las supuestas irregularidades en la embajada de El Salvador en Honduras donde es acusado el coronel Sigifredo Ochoa Pérez, arrancó casi seis años después por denuncia del exembajador Juan José Figueroa, quien permaneció al frente de la sede diplomática entre 2015 y 2018. Así lo reflejó ayer en su declaración como testigo de cargo de la Fiscalía General de la República en el juicio que el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador desarrolla contra el coronel Ochoa Pérez por el delito de peculado que asciende a $ 42, 000. Figueroa manifestó que al asumir la embajada en Honduras pidió que se levantara un acta para reflejar la condición en la que la recibía, y no encontró el contrato de arrendamiento del inmueble. Tampoco, Cancillería tenía a la mano el documento, hasta que Figueroa se puso en contacto con la propietaria del inmueble, María Soledad Funes Donaire de Ramírez, y le pidió una copia del contrato y la señora le entregó dos contratos de alquiler ; uno por $ 3, 000 y otro por $ 2, 200. Tiempo después Cancillería localizó solo el contrato por los $ 3, 000 firmado por el coronel Ocho Pérez, en su calidad de embajador, Walter Alfredo Anaya Escalante, consejero y la propietaria de la residencia. A partir de ahí, Figueroa notificó a sus superiores quienes le dieron luz verde para presentar el aviso ante la Fiscalía General de la República. Luego de la investigación, las autoridades descubrieron que la diferencia de los dos contratos que sumaban $ 800 mensuales, eran entregados mensualmente a Ochoa Pérez durante el gobierno de expresidente Elías Antonio Saca González. Se contactó a doña María Soledad, propietaria del inmueble por el hallazgo de los dos contratos y se mostró avergonzada ; tanto así que se comprometió a devolver la diferencia que mes a mes entregó al exembajador. Ella dijo que aceptó por la necesidad que tenía de alquilar su propiedad, afirmó el exembajador Figueroa a preguntas de Fiscalía. Por esa razón, el juez Primero de Instrucción resolvió enviar el caso a juicio solo penalmente y no civil