Militares representantes del Instituto de Derecho Militar, entrevistados esta mañana en Diálogo con Ernesto López, reiteraron su rechazo a la captura del general José Guillermo García y coronel Francisco Antonio Morán, ambos retirados y arrestados el 14 de octubre de 2022 por el asesinato de cuatro periodistas holandeses cometido hace 40 años. El coronel y abogado José Luis Alvarado, presidente del Instituto de Derecho Militar, aseguró que la derogatoria de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en 2016 fue un complot creado desde los gobiernos del FMLN en contra de la institución armada con fines mercantilistas y con fines de venganza. La XLII Promoción de la Escuela Militar publico hoy un comunicado público en el cual solicitan al alto mando de la Fuerza Armada y al fiscal general inicien investigaciones de un fraude procesal a la Constitución por derogar la ley de amnistía. Opinó que la Sala de lo Constitucional no tenía facultades ni para dictaminar una sentencia y que los miembros de Sala tenían una tendencia ideológica que era de todos conocida. Añadió que el informe de la Comisión de la Verdad es totalmente parcializado. En el caso del crimen contra los periodistas holandeses, aseguró que el caso está construido desde meras presunciones y acusó a los periodistas de haber cometido perfidia. Otro de los argumentos de los militares es que, cuando un grupo de militares comete un delito, van a una unidad militares. Los militares tienen un fuero especial, al cometer un delito, van a una unidad especial y ahí se presentaron. Se pusieron a la orden del Estado, afirmó. Fernán Camilo Álvarez, también representante del Instituto de Derecho Militar, sostuvo que el objetivo de las organizaciones que presentan demandas por estos casos es mercantilista. Añadió que estas personas tienen más de 91 o 92 años. " Tiene derecho a que, si se le juzga, se vea sus condiciones físicas ", afirmó. Cuestionó la admisión de pruebas de instancias internacionales en el caso y preguntó dónde está la soberanía. También, argumentaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) no tenía facultad para juzgar la masacre de El Mozot