El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública pidió a la Asamblea Legislativa reformar cuatro leyes para permitir enjuiciar a imputados rebeldes o ausentes, juzgar a menores en tribunales especializados de crimen organizado y facilitar procedimientos abreviados para juzgar delitos de la Ley Especial contra el Crimen Organizado. Los proyectos pasaron a estudio de las comisiones de Seguridad Pública y Combate al Narcotráfico, y de Legislación y Puntos Constitucionales. El Gobierno sostiene que no hay una prohibición absoluta del juicio en ausencia del acusado siempre que hayan razones justificadas. Así, el Ministerio propuso reformar el Código Procesal Penal para que puedan llevarse a cabo juicios sin presencia de los imputados. El proyecto amplía el concepto de rebeldía a la conducta evasiva de comparecer personalmente después de haber sido notificado del proceso o de alguna diligencia y facilita la declaración de rebeldía, al considerar efectuadas las notificaciones cuando haya intervenciones posteriores del defensor del imputado. El Gobierno también propone que el abogado defensor no podrá renunciar a la defensa del imputado rebelde, salvo motivos de fuerza mayor. El Gobierno propuso regular el procedimiento abreviado en la Ley Especial contra el Crimen Organizado a los imputados que rindan una confesión judicial o extrajudicial, detallando tiempo, lugar y modo de comisión de delitos, señalando a copartícipes y cómplices, y sin necesidad del consentimiento de la víctima. Para el acuerdo de penas entre el fiscal, imputado y defensor, en estos casos, la propuesta plantea un distinto al regulado en el Código Procesal Penal : podría ser hasta una cuarta parte del mínimo en cualquier etapa del proceso únicamente si media autorización expresa del fiscal general. La propuesta indica que el fiscal podrá prescindir parcialmente de la persecución penal de uno o varios hechos imputados en delitos de crimen organizado. Señala que en los delitos de crimen organizado podrá concederse criterio de oportunidad a quienes dirijan o sean parte de las organizaciones criminales previa verificación de la información proporcionada y que dicha información sea útil para probar la participación de la cúpula y demás miembros. Para aplicar este criterio de oportunidad, la pena