Las acusaciones de la Fiscalía General de la República contra el expresidente Mauricio Funes y su entorno son el reflejo de una discrecionalidad alarmante en el uso de fondos públicos. La ciudadanía está indignada ante estas revelaciones y es de esperar que el Ministerio Público tenga un caso sólido en los tribunales. Los salvadoreños debemos seguir exigiendo mayor transparencia y una mejor administración pública. Tanto en el caso Saca como en el caso Funes, fallaron todas las instituciones de control en su momento y eso es decepcionante y cuestionable en todo sentido. El papel de la Corte de Cuentas que se dedicaba a repartir finiquitos exprés, es uno de los más decepcionantes y necesita una profunda reforma de procedimientos y personas. Por supuesto, los acusados merecen el debido proceso, las garantías a sus derechos y una legítima defensa, como en todo proceso. La Fiscalía, que ha hecho una investigación impresionante, deberá probar sus acusaciones y los jueces valorar las pruebas apropiadamente. La corrupción es condenable, venga de dónde venga. Estos aleccionadores casos deben llamarnos a la reflexión y aspirar a que las presentes y futuras administraciones trabajen con mayor transparencia y rectitud. No se puede seguir abusando de los bienes y fondos públicos habiendo tantas necesidades.