Con 67 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la tarde de este martes la Ley de régimen especial para la simplificación de trámites y actos administrativos relativos al Tren del Pacífico que pretende facilitar contrataciones, permisos y exenciones fiscales a las empresas relacionadas al proyecto. La normativa, contenida en 10 páginas y 37 artículos, generó una profunda discusión entre los diputados oficialistas y la oposición que se acusaron mutuamente de corrupción. Hubo 15 abstenciones de Arena, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo. La ley ordena a ministerios de Medio Ambiente, Cultura, oficinas de planificación municipales, Centro Nacional de Registros y otras entidades públicas a emitir lineamientos especiales que simplifiquen y aceleren la emisión de documentos y el otorgamiento de permisos relacionados con la construcción y operación del Tren del Pacífico ( artículo 5 ). No se aplicará la Ley de Adquisiciones y Contrataciones para la Administración Pública ( LACAP ) autorizando a la UNAC del Ministerio de Hacienda ( Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ) a elaborar las normativa para la adquisición y contrataciones en torno al Tren del Pacífico ( artículo 8 ). La ley permite que el Estado pueda crear empresas públicas para la operación total o parcial del sistema ferroviario Tren del Pacífico, así como para concesionar parcial o totalmente las operaciones de este. Las empresas relacionadas al diseño, construcción, administración, operación y mantenimiento del Tren del Pacífico tendrán las exoneraciones tributarias durante la ejecución y la operación de obras : Impuesto sobre la Renta a partir del inicio de las operaciones, exención de IVA por operaciones del Tren del Pacífico, exención arancelaria a importación de maquinarias, equipos, herramientas, materiales, repuestos, accesorios, utensilios, lubricantes y combustibles, para todas las fases desde el diseño hasta la operación y el mantenimiento del Tren del Pacífico. La exención para la operación del Tren del Pacífico durará 25 años. La ley dice que los propietarios que vendan sus inmuebles al Gobierno estarán exentos del pago de impuestos que pudiera generar la venta de los mismos en concepto de Impuesto sobre la Renta, IVA y derechos de registro. También establece un proceso para que el Ministerio de