La primera audiencia contra la estructura financiera de la Mara Salvatrucha ha dejado en evidencia que hay una estrecha relación entre los negocios de esta banda criminal y los beneficios que recibieron de la tregua con el gobierno de Mauricio Funes. La jueza del caso incluso reveló que un testigo habría dicho que esa pandilla recibió hasta $ 25 millones durante la tregua y aunque la cifra parece exagerada y la Fiscalía no la corrobora, lo que sí está claro es que los cabecillas de las pandillas recibieron fondos públicos para su beneficio personal, con el propósito de que se redujeran los homicidios y ganar réditos políticos con ello. En otras palabras, la peor bajeza, engañar a la población a costa de una falsa baja de homicidios, por la que pagaron enormes sumas. Lo que se debe exigir a la Fiscalía General de la República, que ha dado un gran paso en el combate a las pandillas con este caso, es que continúe con fuerza esta investigación y deje claro los alcances que tuvo la tregua y especialmente, se procese y castigue a los responsables de semejante burla a la población, además de los delitos que evidentemente se cometieron al malversar fondos públicos para darles privilegios a los delincuentes. Es una vergüenza que algunos de esos responsables, aún sean funcionarios y deben ser castigados.