Organizaciones civiles que trabajan en el área de derechos humanos rechazaron tener alguna relación con pandillas o con financistas de estructuras criminales, en respuesta a las acusaciones del presidente de la República, Nayib Bukele, contra las organizaciones civiles. Mientras, organizaciones internacionales de derechos humanos advierten de un retroceso en las garantías democráticas en El Salvador. Las organizaciones no somos ni aliados ni financistas de la violencia de pandillas. Las organizaciones tratamos de buscar políticas para resolver el problema y atendemos las víctimas de violencia, dijo Abraham Ábrego, abogado de Cristosal. Agregó que la lucha contra la criminalidad debe hacerse con las herramientas legales y constitucionales. Explicaron que parte de su trabajo es dar acompañamiento a las víctimas de violencia. Hemos atendido solo el año 2021, 190 casos desde violencia de género, violencia infantil, desplazamiento forzado, detenciones ilegales, detenciones arbitrarias y que en ningún momento tenemos algún tipo de vínculo con estos grupos en conflicto con la ley, dijo Huber Romero, de Asociación Azul Originario ( AZO ). Organizaciones internacionales expresaron su solidaridad con las víctimas de violencia en el país. Durante muchos años, desde Human Rights Watch hemos documentado y condenado de abusos cometidos por pandillas en El Salvador y hemos documentados casos de homicidios, reclutamiento, hechos de violencia sexual que son graves y deben ser investigados, expresó Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. Sin embargo, advirtió que observan un retroceso alarmante de garantías democráticas promovido desde el Ejecutivo. Además, señalan con preocupación el discurso gubernamental de tratar de criminalizar a las organizaciones civiles. Que estigmatiza, ataca y pone en riesgo a personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales y medios de comunicación independiente que únicamente están expresando sus observaciones y preocupaciones por las medidas adoptadas, dijo Astrid Valencia, de Amnistía Internacional. Es una narrativa que puede desembocar en hechos de violencia y afectaciones de violencia hacia personas que ejercemos labores de defensa de derechos