La Fundación Nacional para el Desarrollo ( Funde ), a través del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador ( Alac ), señaló que existe deficiencia en el órgano judicial en cuanto la brindar información en materia jurisdiccional, es decir, en las resoluciones que toman los distintos tribunales. Wilson Sandoval, coordinador de Alac, comentó que posterior a las reformas a la Ley de la Carrera Judicial por la actual Asamblea Legislativa identificaron una grave ausencia de transparencia y participación ciudadana alrededor de las decisiones que se van tomando desde la Corte Suprema de Justicia, tanto en el ámbito de información administrativa como en el ámbito de la información jurisdiccional, expresó. Alac presentó su proyecto de reformas de Ley para la Independencia Judicial : Justicia Abierta para que las instituciones vinculadas con la procuración y administración de justicia implementen mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Basta con verificar el centro de documentación judicial que está alojado en los servidores de la Corte Suprema de Justicia, el cual carece de información actualizada sobre los criterios a nivel de juzgados o cámaras en diversas materias, añadió Sandoval. Comentó como ejemplo que los juzgados especializados de sentencia de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres ( LEIV ) de Santa Ana no actualiza la información desde 2018 y la Cámara de la tercera Sección del Centro en San Vicente no actualiza desde 2020, entre otras. Es decir, hay un déficit en ese sentido en materia de justicia abierta, afirmó Sandoval. Y en el marco del régimen de excepción no hay información de cómo resuelven los juzgados de paz y tampoco hay información sobre casos de Habeas Corpus. La propuesta de reforma consiste en agregar un capítulo en la Ley Orgánica Judicial sobre la Naturaleza y Clasificación de la Información Jurisdiccional, donde se establezca que la documentación generada, obtenida y resguardada por el órgano Judicial en cuanto a los mecanismos de acceso y evaluación a la carrera jurisdiccional, el nombre de los servidores públicos que laboran en los diferentes tribunales, los criterios expresados en resoluciones y sentencias por los diferentes operadores de justicia, en todas sus instancias, son de naturaleza pública