En representación del Estado, un delegado de la Fiscalía General de la República ( FGR ) aseguró en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) que investigan el uso de Pegasus en El Salvador pero que el Estado no hace persecución a personas o entidades críticas al Gobierno. El Estado es firme en declarar que bajo ningún concepto ejerce una persecución, hostigamiento o estigmatización hacia personas o entidades críticas a la gestión del Gobierno, así sea que estas se atribuyen o no la calidad de periodistas, expresó el representante fiscal. Agregó que esa calidad de periodistas tampoco excluye a estas personas de su responsabilidad de realizar un ejercicio correcto de la libertad de expresión y de prensa. El comisionado de la CIDH Carlos Bernal le preguntó a qué se refería cuando dijo que los periodistas tienen el deber de ejercer la libertad de expresión de manera correcta. La audiencia fue realizada este miércoles a petición de medios de comunicación cuyos periodistas han sido víctimas de espionaje telefónico con el programa Pegasus según una investigación de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y de la organización Access Now. Carlos Dada, director de El Faro, manifestó que las intervenciones a los aparatos de los periodistas ocurrieron durante casi 10 meses de la vigencia de las medidas cautelares emitidas por la CIDH. Liliana Caballero Gómez, de la Centro por la Justicia y el Derecho Internaciona ( CEJIL ), pidió ante la CIDH, en nombre de los medios de comunicación y organizaciones que inste al Estado salvadoreño a cesar los señalamientos, hostigamientos, amenazas y ataques a través del discurso antimedios por parte de funcionarios y abstenerse de usar Pegasus u otra herramienta contra la privacidad, intimidad y libertad de expresión. Solicitó que se inste a El Salvador investigar con imparcialidad hechos de espionaje y extracción de información y que se sancione. A esas solicitudes, agregó que se exhorte a cumplir con las garantías de no repetición, derogando las regulaciones sobre la vigilancia cibernética y la ley especial contra delitos informáticos, y se establezcan garantías