Una encuesta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador revelaba esta semana que dos de cada tres empresarios considera que el próximo Gobierno debe realizar una auditoría en las plazas públicas para corregir el uso ineficiente de los recursos estatales. Las respuestas van centradas en el Ejecutivo, pero esa auditoría debería extenderse en el Legislativo y Judicial, donde también hay una enorme cantidad de plazas innecesarias, a veces fruto de compadrazgos políticos. Cada gobierno tiende a inflar la planilla estatal, vaciando a los militantes partidarios en los entes gubernamentales. Ni qué decir de la Asamblea Legislativa, donde la planilla se ha multiplicado de manera alarmante o incluso del Órgano Judicial. Para que nos demos una idea de la dimensión de este problema, un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional ( FMI ), a petición del Ministerio de Hacienda, reveló que en 2014, el pago de remuneraciones en el sector educación y salud superó hasta 59 veces la inversión en esos mismos rubros. Esto solo ha empeorado en todos los órganos de Estado. En el fondo, la petición de los empresarios expresa la preocupación sobre la enorme grasa de la que se han llenado todos los Órganos de Estado y que absorbe buena parte de los recursos públicos, lo que limita la inversión.