Durante el 2015, alrededor de 1, 500 niñas, entre 10 y 14 años de edad, resultaron embarazadas. Sin embargo, el Ministerio de Salud ( Minsal ) contabilizó 41 niñas con 10 años de edad, inscritas a su sistema de control prenatal en los diferentes servicios de la institución, destaca el Quinto Informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas ( UNFPA, por sus siglas en inglés ). El informe fue presentado ayer por el representante del organismo en el país, Hugo González. La investigación refleja el estado mundial de la población 2016, que se centra en la protección de niñas de 10 años, la edad clave para su desarrollo, consideran. Dentro de este rango de edad, la información revelada por el UNFPA indica que, el 29 % de las niñas embarazadas en El Salvador, se casaron como resultado de un embarazo en 2015. Sumado a ello, tres de cada cuatro niñas embarazadas dejaron de estudiar. Además, según reportes del Instituto de Medicina Legal ( IML ), el año anterior se registraron 64 denuncias de niños y niñas de 10 años, por agresiones sexuales. A partir de estos números, 55 corresponden al género femenino. A nivel mundial, nueve de cada diez niñas viven en países en vías de desarrollo. En el caso de El Salvador, las niñas de 10 años representan el 2 % de la población total, equivalente a 118, 493 niñas. El 42 % de ellas habitan en el área rural, mientras que el 46 % vive en hogares con algún grado de pobreza. González expresó que estos indicadores demográficos revelan los riesgos sociales que enfrentan las infantes, tales como : violencia de género, deserción escolar forzada, embarazos prematuros, mortalidad materna, trabajo infantil, uniones maritales, entre otros. Es necesario aplicar las leyes que ya están funcionando para garantizar los derechos de las niñas en el país y sancionar a los criminales, aseguró, descartando que se deban crear nuevas normativas. Agregó : invertir en programas de prevención y dejar que funcione la institucionalidad, manifestó González. El Fondo de Población de las Naciones Unidas ( UNFPA, por sus siglas en inglés ) instó al Gobierno a mejorar la seguridad jurídica