Una de los dos magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal pidió ayer no entrar a conocer el fondo de la apelación sobre la detención provisional en torno al caso del exidrector de la Unidad de Defensa de Intereses del Sociedad, Julio Adalberto Arriaza González y dos procesados más en el juicio que el Tribunal Tercero de Sentencia desarrolla por los La jueza justifica la petición tras advertir la posibilidad de comprometer su independencia e imparcialidad judicial, reza la resolución de la Esto se dio ya que un pariente de la magistrada impuso medidas a Arriaza, cuando fue juez en el Tribunal 1° de Sentencia y a fin de evitar cualquier tipo de desconfianza, sugiere ser separada de ese recurso. La excusa de la magistrada se hará del conocimiento de La resolución del recurso de apelación de la Fiscalía General de la República ( FGR ) será clave para que continúe el juicio Rais - Martínez, que de momento ha quedado en pausa. La audiencia entró en receso el viernes 16 de octubre al final de la tarde. porque se vencieron los dos años de detención provisional en el caso conocido como Corruptela. Este caso mantenía en prisión a Arriaza mientras enfrentaba otro caso penal : el denominado Rais Martínez, por este último gozaba de medidas alternas a la detención que nunca se ejecutaron, porque estaba atado al caso Corruptela. El conflicto que debe resolver la Sala de lo Penal se debe al caso Rais Martínez y a las medidas que otorgó, en su momento, el Juzgado Octavo de Instrucción, pero que nunca entraron en vigencia. Arriaza González se desempeñó como Director de la Defensa de la Sociedad de la fiscalía General de la República ( FGR ) en la gestión del exfiscal Luis Martínez, en el periodo de 2012 al 2015. Supuestamente en este periodo se formó una red de corrupción al interior del ente fiscal para favorecer al empresario Enrique Raís. Actualmente es acusado de actos arbitrarios, omisión de la investigación, además de revelación de hechos. El 4 de diciembre de 2018, el exfiscal general, Luis Martínez, fue condenado a cinco años de cárcel por divulgar conversaciones privadas del sacerdote Antonio Rodríguez