La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia está en la recta final para resolver si la remoción de la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública ( IAIP ) Liduvina Escobar, realizada por el presidente Nayib Bukele, fue ilegal. El pasado 26 de julio, la abogada de la comisionada destituida Liduvina Escobar interpuso un recurso de nulidad procesal luego de que, durante la audiencia celebrada el 18 de julio, la Sala de lo Contencioso le rechazara la prueba presentada. Escobar, quien fue suspendida desde el 23 de abril de 2021 y cuya remoción se confirmó definitivamente el 8 de febrero de 2022, intenta probar, con sus decisiones tomadas en el IAIP, que el mandatario tuvo falta de imparcialidad al removerla, ya que la sancionada había emitido resoluciones contra las reservas de información del Ejecutivo. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional rechazó la presentación de las pruebas de Escobar. Días después, la abogada Ruth López solicitó la nulidad de la decisión de la Sala porque sostiene que los magistrados no deliberaron al tomarla. El rechazo no fue antecedido por la deliberación de esa Sala de lo Contencioso por lo que este deviene en ilegal, dice. A eso agrega que se le violó el derecho de audiencia y defensa a la excomisionada, quien durante sus funciones en el IAIP emitió órdenes de entregar información al Organismo de Inteligencia del Estado ( OIE ), la Dirección de Centros Penales, la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional, entre otros. El Presidente dijo que filtrar información a un medio de comunicación va contra todos los patrones conductuales que se exigen de un funcionario público. El Presidente recriminó a la comisionada la filtración de una resolución aún sin notificar. Mientras, la comisionada indica que sus resoluciones en el IAIP influyeron en esta decisión. Comisionados del IAIP llegaron al Ministerio de Defensa para inspeccionar los archivos militares solicitados por la UES. Se da la remoción definitiva, señalada de no apoyar a entes obligados y de filtrar información a un medio sobre un acuerdo no publicado