La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) reiteró que a dos años de haber promulgado una inconsitucionalidad sobre la ley de Amnistía, aprobada en 1993, aún no se ha cumplido la sentencia, que manda la creación de la ley de reconciliación. Los responsables son los diputados de la Asamblea Legislativa. " Tiénese por no cumplida la sentencia de 13 - VII - 2016, pronunciada en este proceso, porque a dos años de haberse pronunciado la Asamblea Legislativa no ha promulgado una nueva ley de reconciliación nacional y de asistencia a víctimas que tenga en cuenta sus derechos y todas aquellas medidas que se relacionen con la conservación y fomento de la memoria histórica. Por ello, dicho órgano de Estado deberá emitir dicha normativa a más tardar el día 13 - VII - 2019 fecha impostergable, de acuerdo con lo expuesto en este auto de seguimiento. En su elaboración deberá tenerse en cuenta la consulta con las víctimas del conflicto armado, las asociaciones que las representan y otros sectores de la sociedad que se muestren interesados en contribuir a los fines de su elaboración ", dice la resolución. En su nueva resolución, los constitucionales piden al Ministro de Defensa Nacional y al presidente de la República en su calidad de comandante general de la Fuerza Armada y al Alto Mando de la Fuerza Armada que desarrollen instructivos o se elabore un instrumento normativo de naturaleza ejecutiva " en caso que pueda tardar la emisión de una nueva ley que aborde los tópicos relacionados en la presente resolución que permita proteger la documentación e información que se encuentre en poder del instituto castrense, elimine obstáculos de carácter burocrático que impidan su consulta y regule su acceso por parte de las víctimas del conflicto armado y de las asociaciones que las representan ". La Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz se aprobó el 20 de marzo de 1993 y perdonó crímenes de lesa humanidad cometidos tanto por el Ejército como por la guerrilla. En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional esa ley y en su resolución ordenó a la Asamblea Legislativa regular los medios para garantizar el acceso a la