El exjuez Primero de lo Civil de Santa Ana, Francisco Alberto Alegría Mendoza, fue absuelto la mañana de este martes por el delito de prevaricato, que la Fiscalía General de la República ( FGR ) le atribuye. El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió un veredicto absolutorio por considerar que las resoluciones que el acusado emitió no constituían delito, sino que fueron infracciones administrativas. Alegría Mendoza fue detenido el 12 de enero de 2016 por una orden administrativa que giró la oficina fiscal de Santa Ana, tras una investigación iniciada el 5 de marzo del año 2012. En su contra, José Antonio Rodríguez Andino promovió una denuncia y lo señaló de haber emitido una resolución contraria a derecho que afectaba sus intereses, la Fiscalía indagó el caso y halló elementos para procesarlo. En las pesquisas aparecieron otras tres víctimas de nombre Rigoberto Antonio Campos Maravilla, Salvador Augusto Moreno y Roxana Elizabeth Cuellar de Jiménez, por lo que el Ministerio Público acusó en la modalidad de concurso real de delitos. Cuando la Fiscalía hacía las indagaciones, el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) envió un oficio consistente en una certificación literal de una resolución emitida en Corte Plena, autorizando abrir un informativo contra Alegría Mendoza, quien para esa fecha todavía estaba al frente del referido juzgado. La Corte le informaba a la Fiscalía que había tres denuncias en Investigación Judicial en contra del exfuncionario y otra iniciada de oficio. Los cuatro expedientes se investigaron por separado pero en el acuerdo de Corte Plena se resolvió que debía acumularse en un solo expediente y certificar al Ministerio Público para que dedujera la responsabilidad penal. El exjuez llegó a esta vista pública por una orden que la Cámara de lo Penal de Occidente emitió el 3 de enero del año 2018, ya que la Fiscalía apeló la condena de dos años y ocho meses que el Tribunal de Sentencia de Santa Ana impuso por actos arbitrarios en agosto de 2016, pena que fue reemplazada por trabajo de utilidad pública. Al anular la sentencia, la Cámara también modificó la calificación jurídica del delito