La reciente decisión de la Sala de lo Constitucional, urgiendo al ejecutivo y al legislativo, para consensuar el instrumento normativo que regule de una buena vez la emergencia sanitaria, no sólo debe verse como un mandato imperativo, es también una invitación al consenso y a la cohesión para la búsqueda de soluciones inmediatas para un país que urge de más acuerdos y menos confrontación, con un espíritu muy similar al que prevaleció antes de firmarse los Acuerdos de Paz, cuando la cantidad de muertos y el daño a la economía fueron más que suficientes para hallar soluciones que pusieran fin a la guerra. Ahora, en medio de una pandemia que implica mayores riesgos y amenazas pasa la vida y la convivencia nacional, cuando el número de contagios aumenta y el impacto al consumo y distribución de bienes pone en perspectivas negativas la economía del futuro, el país se juego su sobre vivencia con nación y quienes toman decisiones deben estar a la altura del reto. Construir acuerdos, llegar a consensos mediante el diálogo y no mediante la imposición ni mediando declaraciones estridentes, son la esencia de la verdadera política entendida como un servicio público. La mirada de la sociedad está puesta en sus tomadores de decisiones y ha llegado el momento de honrar la legitimidad democrática que poseen. Que no quede en un intento lo que es una gran oportunidad.