Un grupo de técnicas en atención a víctimas de violencia de género que laboran en el Programa Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujer, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ( Isdemu ), han denunciado irregularidades de las autoridades de esa entidad junto con la jueza especializada de instrucción de la mujer. Señalan que la jueza Amelia Carolina Velásquez Rivas, al notificarles una resolución que emitió sobre la denuncia que interpusieron, les notificó dos fallos diferentes, una completa y otra incompleta. Ante ello le pidieron audiencia para que les explicara esa anomalía, pero se las denegó. Esas irregularidades, sumado al debido proceso que supuestamente les violentó desde el principio y que la jueza les nombró defensora pública 15 días después, y no desde el inicio, son las acciones que las empleadas han denunciado. Ante la jueza denunciaron que la directora ejecutiva, gerente administrativa y jefa de recursos humanos han incurrido en malos tratos, violencia laboral, imposición de procedimientos internos sin establecer mecanismos de negociación y les han negado el derecho a audiencia, de opinión y escucha, al grado de amenazar su estabilidad laboral. El problema radica en los cambios de horario imponiendo trabajar seis días a la semana y domingos en turno, violando el descanso semanal de dos días como establece la ley. Según las técnicas, dichos cambios vulneran su seguridad jurídica y social, además dicen que esa decisión no tiene una fundamentación y que impactaría de forma negativa en la atención que se brinda a las mujeres víctimas de violencia de género que acuden a ese programa. Agregan que se están violentando sus derechos de estabilidad laboral, económica, psicológica, salud y seguridad ocupacional. Tras hacer un análisis de la situación en su contra, acudieron al Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer en San Salvador, para denunciar lo que califican como expresiones de discriminación y violencia laboral. En una resolución, que tiene sello y firma, la funcionaria judicial resolvió una medida cautelar consistente en solicitar a las autoridades del Isdemu que en un plazo de 30 días, se le permita al personal a quien se le ha modificado su horario realizar sus