y habría ordenado a los empleados de Casa Presidencial que transfirieran los $ 246 millones a cuentas particulares y luego depositarlas a cuentas de empresas de publicidad y demás exfuncionarios, hasta llegar a sus cuentas. La Cámara también le ha dado razón a la jueza, quien valoró que no se les podía favorecer con medidas alternas ya que el Código Procesal Penal señala que al estar frente a delitos graves ese beneficio no es aplicable. Que supuestamente fueron desviados desde cuenta subsidiaria del Tesoro Público de Capres. Fueron abiertas específicamente para transferir los fondos estatales, según la acusación fiscal.