La Fiscalía General de la República solicitó ayer al Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad que dicte un sobreseimiento definitivo a favor de Arturo German Martínez Rodríguez y Efraín Antonio Ruballo, capturados la noche del 4 de julio, como sospechosos de la contaminación del agua en la quebrada El Piro. Además, los fiscales acusaron al propietario de Industrias St. Jack s, Rolando Simán Jacir, para quien pidieron que decrete la continuación del proceso, a la fase de instrucción por el delito de contaminación ambiental agravada, pero solo cumpliendo medidas sustitutivas a la prisión. El defensor de los ejecutivos de Industrias St. Jack s, Rolando Aparicio, confirmó que ambos fueron puestos en libertad luego que la Fiscalía General de la República presentó la acusación en su contra en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, y pidiera ser procesados en libertad. Desde un principio, no se le puede atribuir un hecho delictivo que no existe ni la participación, subrayó el abogado Aparicio. Sin embargo, la Fiscalía en uno de sus Twitter sostiene que se cuenta con las pruebas que demuestran que él ( Rolando Simán ) tenía conocimiento que los colorantes químicos eran vertidos directamente, en la quebrada El Piro. Martínez Rodríguez es el gerente de operaciones de la Asociación Plan de La Laguna, mientras que Ruballo es el gerente de operaciones de Industrias St. Jack s, empresa ubicada en el municipio referido, y que ha sido señalada como la causante de la contaminación. El abogado José Rolando Aparicio afirmó que el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán programó para este miércoles la audiencia inicial. El día del hallazgo el pasado 4 de julio y tras los primeros análisis realizados al manto acuífero, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, señaló que la coloración roja del agua se debía a una sustancia que se utiliza en manufacturas de tipo textil. La acusación se presentó 15 días después de la detención, pues la Fiscalía decidió procesarlos bajo el régimen de excepción que permite la suspensión de la detención administrativa de