La fiscalía de Panamá anunció ayer el inicio de investigaciones por denuncias sobre presuntas esterilizaciones de mujeres indígenas sin su consentimiento, mientras el gobierno dice que hasta la fecha no ha encontrado evidencias sobre estas acusaciones. El Ministerio Público hace de conocimiento a la ciudadanía que se ha conformado un equipo especial de fiscales para investigar las denuncias sobre posibles procedimientos de esterilización no consentidos, sostuvo la institución en un comunicado. La semana pasada la diputada suplente de la Asamblea Nacional, Walkiria Chandler, denunció que una docena de mujeres indígenas habrían sido esterilizadas en hospitales públicos sin su consentimiento. Esa denuncia fue expresada por varias mujeres a una comitiva legislativa que acudió en octubre de 2021 a la localidad de Charco La Pava, una zona montañosa de difícil acceso, en Bocas del Toro, donde habitan indígenas ngäbe - buglé. Por estos presuntos hechos, el pasado jueves, la diputada oficialista e integrante de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional, Kayra Harding, presentó una denuncia ante la fiscalía. Según el comunicado, Harding manifestó que en un conversatorio durante una gira médica una de las mujeres denunció que eran esterilizadas sin su consentimiento una vez daban a luz. El gobierno panameño también inició una investigación, aunque la ministra de Salud encargada, Ivette Berrio, aseguró el pasado jueves que no había datos veraces y fehacientes sobre esterilizaciones indígenas sin su permiso. La ministra también acusó a la oposición de promover denuncias sin pruebas con el fin de oscurecer la labor gubernamental, aunque en la comisión legislativa que investiga las denuncias hay diputados oficialistas. Incluso la diputada Chandler, que es independiente, aseguró a la AFP que el exministro de Salud Luis Francisco Sucre, quién dejó su cargo temporalmente por un problema médico, tenía conocimiento de las denuncias. El Ministerio Público hace de conocimiento a la ciudadanía que se ha conformado un equipo especial de fiscales para investigar las denuncias sobre posibles procedimientos de esterilización no consentidos, sostuvo la institución en un comunicado.