Concluyó el año con una Asamblea Legislativa a medio término, cuyo desempeño bien puede calificarse como errático o impredecible. La extrema lentitud en dar cumplimiento a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional en lo que a la tarea de legislar se refiere, en temas sensibles como el de la justicia transicional, contrasta con la premura demostrada en las últimas dos sesiones plenarias del año, cuando una mayoría se apresuró a dar sus votos para la aprobación de la Ley del Presupuesto y para el financiamiento de los planes de seguridad del Ejecutivo. La calidad del trabajo parlamentario que se refleja en leyes, la conformación de bloques y la construcción de consensos varía en función del interés de las fuerzas políticas, no en el interés común, tal como quedó probado con el mantenimiento del subsidio a los transportistas. Todo esto contradice lo que la Constitución establece. Decisiones impopulares como el uso y abuso del presupuesto legislativo para viajes y viáticos, o la negativa a brindar acceso a información sensible, erosionaron durante todo el 2019 una gestión a la mitad de su mandato y muy lejos de cumplir con su legitima misión. Queda mucho pendiente y los diputados deben mostrar otro nivel de compromiso con el país y cumplir la labor que juraron cumplir.