Los salvadoreños llevamos casi medio siglo sufriendo de una violencia e inseguridad imparables que en algún momento convirtió al país de la sonrisa en el país del miedo, del temor. Decenas de miles de personas murieron víctimas de la violencia política desde finales de los años 70 del siglo pasado y luego vino el conflicto armado y todos los fenómenos de postguerra entre los que sobresale inevitablemente la horrible pesadilla de las pandillas. Las vidas de muchos salvadoreños se han quebrado por esta violencia e inseguridad. Muchos han perdido a sus seres queridos, otros se han visto obligados a huir del país, muchos van han tenido que vivir oprimidos por esas bandas delincuenciales que se adueñan de sus comunidades y abusan de sus pobladores. A todo eso hay que sumarle el enorme costo económico de la inseguridad. El ministro de Hacienda estimaba la semana pasada que el costo de la violencia representa entre el 16 % y 20 % del Producto Interno Bruto ( PIB, producción de bienes y servicios ), es decir unos 6 mil millones de dólares anuales, una cifra escalofriante que podría haberse invertido en obras y servicios para una sociedad con tantas carencias. Esa inmensa suma incluye el pago de extorsiones y robo a personas y viviendas, el costo de oportunidad por la producción e inversiones no ejecutadas, gastos médicos por atender a los lesionados en actos de violencia, asignaciones presupuestarias para las carteras de seguridad, y contratación de agentes privados para evitar ser víctimas. Lo peor es que acabar con este flagelo requiere de enormes inversiones y costos para el país, pero no queda más remedio que combatir frontalmente esos males que tanto sufrimiento nos han traído como sociedad.