Las pesquisas determinaron que había una banda, en su mayoría pandilleros, que había trascendido fronteras, ya que no operaba sólo en El Salvador, sino que tenía conexiones desde Colombia, hasta Estados Unidos. La indagación comenzó mediante un reconocimiento en rueda de personas y fotografías donde se individualizó a los pandilleros. Cuando se hizo esa diligencia, Marlyn Liseth Carballo Flores, empleada del Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, presuntamente informó a miembros de esa pandilla que los iban a capturar. Las investigaciones descubrieron que con la estructura estaban colaborando cuatro policías, fiscales, abogados, incluso tres exjueces especializados de San Miguel, quienes recibían sobornos para favorecer a pandilleros y narcotraficantes del oriente del país.