El Instituto Nacional Demócrata ( NDI, por sus siglas en inglés ), con el apoyo de Consultores para el Desarrollo Empresarial ( Copaes ), desarrollaron un diagnóstico que evidencia la necesidad de Guatemala, Honduras y El Salvador de una mayor fiscalización en presupuestos. Argumedo aseguró que este consejo en otros países ha permitido mantener su crecimiento y mejoras. En los tres países, la participación ciudadana en el proceso de presupuesto, según el diagnóstico, es limitada o cerrada a ciertas observaciones valiosas. Argumedo sugiere reformar las normativas para determinar y establecer la participación de la sociedad civil para apoyar la fiscalización de las siguientes cuatro fases : formulación, discusión y aprobación, implementación y auditoría de los procesos de presupuestos anuales de los tres países. Argumedo detalló que los países del Triángulo del Norte reportan una baja participación ciudadana en el proceso presupuestario 2021, donde el promedio debería ser 61, pero El Salvador posee 20 puntos ; Guatemala, 19 ; y Honduras, 17. El investigador aseguró que la participación de la sociedad civil en El Salvador mejoró pero, aunque en la Asamblea Legislativa se invitaron diferentes actores sociales para la discusión y aprobación del Presupuesto General 2022, no se tomaron en cuenta observaciones valiosas. En Guatemala y Honduras donde la participación fue limitada. Esto provoca, dijo, que la discusión de los presupuestos sea deficiente. Claudia Monge, miembro de Copaes, explicó que el marco legal y normativa vigente en El Salvador no contempla espacios para la participación de la sociedad civil en la fase de formulación de presupuestos que le corresponde al Órgano Ejecutivo.