Por primera vez el Instituto de Acceso a la Información Pública ( IAIP ) ha emitido una serie de lineamientos que buscan garantizar la integridad de los archivos institucionales, así como el acceso a futuro de los ciudadanos a la información que legítimamente les pertenece. Esta preocupación no es gratuita, si se consideran casos recientes de pérdida o destrucción de información en algunas de las principales carteras de Estado, o la amenaza que han hecho pública algunos oficiales de información, de ser removidos de sus cargos por los actuales titulares, como represalia por cumplir con su obligación de tramitar las solicitudes de aquellas personas que desean ejercer su derecho a saber. El Derecho a la Información Pública es un derecho fundamental que debe preservarse más allá de la administración que gobierne el país. El IAIP es el órgano garante del derecho de acceso a la información, y la información pública en manos de la ciudadanía permite una mejor toma de decisiones y el acceso a datos relevantes para poder ejercer una contraloría social. Las obligaciones estatales en uno y otro sentido se mantienen, la transición solo debería hacer cambiar a los custodios de todos estos datos o informes, no la existencia e integridad de los mismos.