La Sala de lo Constitucional ha tenido que invertir en varios casos para garantizar el derecho a la salud de ciudadanos afectados por los conocidos retrasos en la atención en hospitales del Seguro Social o de Salud Pública. La última decisión tiene que ver con una mujer diagnosticada con cáncer de mama y que presentó una demanda de amparo contra la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Violeta Menjívar, por haber omitido por más de cuatro meses la respuesta a su solicitud del medicamento que le ha sido prescrito por sus médicos. La Sala ordenó como medida cautelar, que la ministra asegure que se brinde a la peticionaria el tratamiento terapéutico y los medicamentos adecuados para su enfermedad, de conformidad con el respectivo análisis médico de la evolución de su padecimiento. No es la primera vez que la Sala tiene que invertir para garantizar este derecho y es sumamente penoso que las instituciones retrasen atenciones urgentes a personas con graves problemas de salud. Ya habían intervenido con los hemofílicos y a pacientes renales. Las autoridades sanitarias deberían garantizar estas atenciones sin necesidad de procesos legales, esto debe marcar precedentes para que esta práctica termine y se atienda a los pacientes.