El Salvador únicamente posee un 13. 6 % de territorio boscoso, lo que afecta principalmente la capacidad de infiltración en las zonas hídricas, aguas subterráneas y la reducción caudal de los ríos. Además solo el 15 % del agua es apta para el consumo humano, según fue destacado ayer en la presentación del Informe sobre el estado de los bienes hídricos en El Salvador, a cargo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ). Debido a los cambios permanentes del uso del suelo por el avance urbanístico en los últimos 15 años, el estado de los bienes hídricos ha disminuido y el desbordamiento de zonas en riesgo ha aumentado. Ha habido una reducción importante en la disponibilidad y cantidad del agua que no se deben únicamente al impacto de los cambios climáticos, sino también a la eliminación de las áreas boscosas, debido al avance urbanístico aseguró Julio Quiñónez Basagoitia, consultor e hidrólogo. El experto manifestó no estar en desacuerdo con el avance urbanístico que el gobierno, en conjunto con la empresa privada, impulsan para este quinquenio, en donde pretenden una inversión de más de $ 1, 500 millones. Sino que hizo un llamado a que se implementen medidas que se adecuen a la situación actual. Según el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, la crisis de agua potable, se debe a la falta de una ley de agua y un marco jurídico y normativo que proteja las zonas boscosas. Además, dijo esperar que el gobierno acate las recomendaciones que brinde Léo Heller, relator especial en derecho humano al agua potable y saneamiento de las Naciones Unidas. Heller visitará El Salvador del 11 al 18 de mayo para evaluar la situación del país.