Hace un año, las imágenes de la toma de Kabul y la huída de cientos de miles de afganos de su país llenaban los medios de comunicación de todo el mundo. Los talibanes habían vuelto al poder y Afganistán retrasó sus relojes 20 años, así inició un retroceso político y social que la comunidad internacional no ha logrado frenar ya desde la distancia. A nivel social, las promesas de los talibán durante sus primeros días han caído en saco roto y no han dudado en lanzar mensajes contra cualquier conducta que contravenga su visión de la sharia o ley islámica, lo que afecta a cuestiones como el ocio, la vestimenta o la educación, especialmente en el caso de las mujeres. La segregación por sexos se ha convertido en la norma en un país donde ahora las niñas tienen vetada de nuevo la educación secundaria. Además, la recomendación general pasa por que las mujeres no salgan de casa si no es necesario y, de hacerlo, que sea en compañía de un varón y con prácticamente todo su cuerpo cubierto. Un informe publicado en julio por la misión de la ONU en Afganistán puso también en evidencia el patrón de violaciones de los Derechos Humanos y que incluye todo tipo de abusos, desde torturas a detenciones arbitrarias, pasando por ejecuciones extrajudiciales. La vuelta de los talibanes fue un fracaso monumental para los afganos, pero también para Estados Unidos que invirtió miles de millones de dólares en un gobierno colapsado, corrupto y unas fuerzas de seguridad y militar que se desmoronaron como un castillo de naipes. El pueblo afgano sigue sufriendo y la comunidad internacional no pasa de condenas líricas.