La Policía Nacional Civil ( PNC ) detuvo este viernes a tres exmilitares acusados de haber secuestrado, torturado y a cinco personas en el cantón San Andrés, del municipio de San Miguel, al oriente del país, hace 40 años. La Fiscalía General de la República ( FGR ) realizó un operativo de captura contra los tres sujetos en los municipios de San Miguel, Usulután y Ciudad Barrios, todos al oriente del país. Los capturados fueron identificados como José Inés Benavides, José de la Cruz Orellana y Luis Alonso Benavides, quienes serán acusados por los delitos de homicidio, privación de libertad, robo y violación a leyes de la guerra. Según detalló la Fiscalía, el crimen fue cometido el 7 de abril de 1981, a inicios del conflicto armado salvadoreño. El Ministerio Público aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que un grupo de hombres armados y vestidos con uniformes militares llegaron hasta la vivienda de sus víctimas, la noche del 7 de abril de 1981 para sacarlos en contra de su voluntad. Luego, fueron subidos violentamente a un vehículo con rumbo desconocido. Las víctimas, Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón, fueron secuestradas y torturadas, antes de su asesinato. Sus cuerpos aparecieron días después, abandonados a la orilla de la carretera que conduce al municipio de San Alejo, en La Unión. El fiscal que ejecutó la captura manifestó que los detenidos pertenecían a una estructura paramilitar que respondía a las características de escuadrones de la muerte, que operaron en El Salvador antes del conflicto armado y durante la guerra civil ( 1980 - 1992 ). Los acusados serán puestos a disposición de un juzgado en San Miguel. Sus delitos, al ser crímenes de guerra y contra la humanidad, no prescriben según el Código Procesal Penal de El Salvador. Sobre estas capturas, el ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villatoro aseguró que " se están dando pasos importantes para terminar con la impunidad ", e hizo relación con la propuesta presentada a la Asamblea Legislativa, con la que se busca la imprescriptibilidad de los delitos