La Corte de Cuentas de la República no sale de un escándalo antes de ver a sus funcionarios involucrados en otro. Así, hemos conocido los últimos años de finiquitos express para cuestionados expresidentes. También se han tenido nombramientos de titulares luego señalados como inconstitucionales y más recientemente, de auditorías sobre fondos presidenciales de la administración anterior que no se hicieron. El último escándalo involucra a una exdirectora de auditoría que, según la acusación, habría favorecido al ex fiscal general y a uno de sus funcionarios de confianza, al omitir en un informe supuesta malversación de $ 230, 000 que habrían desviado para su beneficio. El excesivo formalismo de los procedimientos de la Corte de Cuentas, hace tiempo superados por la moderna auditoría y el uso de la tecnología, vuelven casi imposible plantearse una reforma institucional sin una revisión responsable de sus mecanismos de trabajo interno. Desde que los auditores identifican un hallazgo o irregularidad, hasta que el funcionario se vea enfrentado a un juicio de cuentas, existe un trecho que más que garantizarle el debido proceso, facilita un margen de negociación y evasión de responsabilidades, lo que redunda en una vigilancia inoperante y una fuga de fondos públicos que cada contribuyente paga de sus bolsillos.