Las estadísticas de la mesa tripartita, Fiscalía General de la República ( FGR ), Instituto de Medicina Legal ( IML ) y Policía Nacional Civil ( PNC ) indican que desde el 1 de enero de 2014 hasta el 29 de mayo de 2019, se han cometido 23, 025 homicidios en todo el país, bajo el mandato del presidente Salvador Sánchez Cerén. Los datos arrojan que el quinquenio es el más violento de la historia del país, cuando en 2015 alcanzó los 6, 656 homicidios y en agosto de ese año hubo 918 asesinatos. Ese mes fue el más violento de los cinco años de gobierno del excomandante del FMLN. La investigadora en temas de seguridad, Jeannette Aguilar, dice que las pandillas son protagonistas en la violencia homicida, pero reconoce que en 2015 también se reflejaron las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, cometidas por autoridades. A partir de este periodo es que aparecen este tipo de muertes y yo no dudo, es difícil contabilizarlas, pero no dudo que hayan tenido un peso importante en la estadística global, aunque aparentemente la estadística haya caído, la contribución de las muertes extralegales es cada vez mayor, explica Aguilar. El siguiente año fue clave en el segundo gobierno de la izquierda : el 3 de marzo 11 personas fueron masacradas con lujo de barbarie en el cantón Agua Escondida de San Juan Opico, La Libertad, a manos de ocho pandilleros del barrio 18, según determinó la Fiscalía en el juicio. La masacre generó tal indignación en la sociedad salvadoreña que el gobierno creó las medidas extraordinarias y propuso un decreto transitorio que año con año se prorrogó hasta incluirlas en una reforma a la Ley Penitenciaria. Las medidas fueron educación y trabajo obligatorio para los reos, centros temporales de reclusión, destitución de empleados penitenciarios a discreción del director por faltas cometidas ; también, restricciones de los reos en celdas especiales, la reubicación de antenas telefónicas, además de la polémica prohibición de antenas en un radio de 500 metros de los penales. Las medidas también incluyeron la suspensión de traslados de reos a audiencias