El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, calificó de ridículo un listado que circuló el viernes como versión de la Lista Engel, como se llama el informe de actores corruptos y antidemocráticos que por ley debe publicar el Departamento de Estado de Estados Unidos. Castro aseguró que no podía creer que dentro de la comunidad internacional haya personas que favorezcan a las pandillas y que será a través de las urnas en donde la población decidirá si el diputado Guevara hace buen trabajo o no. " Esa es la única opinión que a nosotros nos importa ", dijo en la entrevista AM del canal de televisión estatal 10. El presidente legislativo se refirió a la iniciativa del FMLN, cuya bancada sugirió la Ley Transitoria de Compensación Económica para Víctimas del Régimen de Excepción para otorgar compensaciones a personas detenidas que hayan sido exoneradas de responsabilidad penal. Castro aseguró que la iniciativa pretende dar compensaciones a los pandilleros y sus familias. El funcionario relató que, al ver el listado el pasado el viernes, su primera impresión fue que era un juego o " chiste " de la oposición pero que cuando advirtió que un medio digital " de oposición " lo dijo " de manera oficial ", expresó : " Es preocupante, porque, púchica, cómo estos periodistas tienen fuentes adentro del Departamento de Estado en algo que supuestamente es serio ". Ante la difusión de la lista en redes sociales, el diputado Guevara señaló de injerencia al gobierno de los Estados Unidos a El Salvador y dijo que la Embajada de EE. UU. en El Salvador filtró el listado. Recriminó que El Faro haya confirmado la validez de la lista y lo llamó burda operación. No me importan las presiones internacionales, dijo en Twitter. El viernes circuló una versión de la lista con el nombre, entre otros, de Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, quien de los Estados Unidos. La versión publicada de la Lista indica que Guevara socavó los procesos e instituciones democráticas cuando introdujo una ley de prohibición de pandillas que intentaba castigar con 15 años de prisión la difusión de mensaje