El secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas, dijo que los empleados de Casa Presidencial acusados por la Fiscalía General de participar en el lavado de $ 6 millones tienen el respaldo de la Presidencia y que son personas que sencillamente cumplen órdenes. Los tres empleados que han sido inculpados, desde el principio han cooperado plenamente con la FGR, son personas sencillas que han contado y cuentan con nuestro apoyo, y serán las investigaciones las que determinen el grado de responsabilidad que puedan tener, ya que son personas que sencillamente cumplen órdenes, afirmó el martes en declaraciones a la prensa, luego de participar en la entrega de becas de carreras técnicas a jóvenes. Así, se refirió a los empleados Pablo Gómez, quien fue contador del exsecretario privado Élmer Charlaix El vocero señaló que en el foco de la atención hay medios de comunicación, propietarios de medios, agencias de publicidad. En sus declaraciones del pasado lunes, el fiscal general, Douglas Meléndez, aseguró que la administración del presidente Mauricio Funes continuó transfiriendo fondos a funcionarios de la administración Saca acusados de desviar fondos públicos. El Mundo le preguntó al secretario de Comunicaciones si en la Presidencia existe actualmente una cuenta o una partida de la cual se puedan usar fondos a discreción, es decir, cuyo uso no requiera la rendición de cuentas. El vocero presidencial se refirió a la partida secreta que fue eliminada en mayo de 2010, luego de su uso en los gobiernos de ARENA. A partir de ahí ya no existe más esa partida secreta, a partir de la reforma que ordenó la Corte Suprema de Justicia, cualquier transferencia de fondos ya no se puede hacer como en el pasado, expresó. El funcionario se refiere a un fallo que la Sala de lo Constitucional dio ese año para eliminar la facultad que tenía el poder Ejecutivo de concentrar todos los ahorros en una partida de la Presidencia de la República, cuyo uso no estaba aprobado por la Asamblea Legislativa. El vocero de Casa Presidencial no supo decir si la administración Funes siguió transfiriendo fondos públicos a los acusados, como aseguró el lunes el fiscal general. Chicas afirmó que durante