El diario estadounidense The New York Times denunció esta semana que el gobierno mexicano espiaba periodistas, activistas de derechos humanos y abogados, a través de la intervención ilegal de sus telefónos móviles. Según la denuncia, el gobierno de Enrique Peña Nieto, estaría utilizando un método de espionaje que se usaría contra carteles de la droga, contra los periodistas y activistas críticos de su gestión. Aunque el gobierno lo niega, la carga de evidencia es impresionante. La reconocida periodista Carmen Aristegui incluso denunció que el espionaje alcanzó hasta su hijo adolescente. Cada vez es más frecuente esa práctica de espionaje a opositores, defensores de derechos humanos y periodistas en naciones gobernadas por la intolerancia y el autoritarismo. El Salvador mismo tiene pendiente una investigación sobre los micrófonos aparecidos en varias gremiales empresariales y seguramente terminarán siendo solo un recuerdo o símbolo de la impunidad que prevalece en el país, lo que alentará que continúe el espionaje o el acoso a opositores, activistas y periodistas. La valiente denuncia de los afectados es también un signo de que no hay que callar ante estas prácticas, por el contrario, hay que desnudarlas porque constituyen la bajeza más grande de un gobierno con fachada democrática.