El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, anunció hoy que realizarán una " justicia comunitaria " o " justicia colectiva " sin necesidad de que las víctimas declaren como testigos, para garantizar que miembros de estructuras delictivas capturados durante el régimen de excepción puedan ser condenados. " Nos vamos a garantizar que no necesitemos a ningún salvadoreño de bien para poder condenar a estos terroristas. Por dicha tenemos el récord de cada uno de ellos ", exclamó. El funcionario explicó que presentarán los casos contra las estructuras de las pandillas, evitando los juicios individuales. " Esto es parte de lo que hemos aprendido ", indicó. No son el único país que lo harán, explicó. De acuerdo a Villatoro, las organizaciones criminales " superan a sus fundadores " y por ello dijo que se irán " contra las organizaciones ", aunque sea " un poco diferente a las líneas internacionales que siguen pretendiendo, persona a persona ". " No se puede condenar a un delincuente organizado utilizando el dicho de un ciudadano de bien ", argumentó. El régimen de excepción, criticado por organizaciones de derechos humanos por denuncias de capturas arbitrarias, desapariciones y torturas, ha dejado más de 50, 000 personas arrestadas, de las cuales más de 600 han sido liberadas. El funcionario de Seguridad, quien participó en la Cumbre de los procuradores de derechos humanos, reveló que el 45 % de los homicidios de agosto de 2015 " fueron cometidos por la Policía y el Ejército ", como parte de una política del gobierno de Salvador Sánchez Cerén ( FMLN ) de " fuego contra fuego ". El funcionario se manifestó contra esa política, señalando que si los ciudadanos pueden creer en el " ojo por ojo, diente por diente ", es un " sentimiento de la población " pero que como funcionarios públicos no pueden prestarse a ello, ya que están en un " Estado de Derecho ". " No se puede combatir el crimen siendo criminal ", dijo. Una de las críticas del régimen de excepción es la muerte de al menos 66 personas detenidas bajo custodia estatal.