Las operadoras de las telecomunicaciones podrían enfrentar multas entre 500 y 1, 000 salario mínimos, es decir, de $ 182, 500 a $ 365, 000 por infracciones especiales que cometan, a las que agregaron cinco en la reforma aprobada el miércoles. Actualmente, la multa asciende a 37 salarios mínimos, $ 13, 505. Entre las nuevas infracciones especiales aprobada el miércoles está no llevar un registro fidedigno de todo los usuarios o no ponerlo a disposición de la autoridad cuando lo requiera. También, una operadora podrá enfrentar el aumento de la multa por no adoptar procedimientos para almacenar las imágenes de los documentos de identidad con el rostro de cada usuario y la localización geográfica del primer registro de actividad. Así mismo, podrán enfrentar estas multas por no contar con mecanismos para registrar y bloquear teléfonos reportados como hurtados o robados, brindar servicios a este tipo de de aparatos, o no tener el registro electrónico de los IMEI de los teléfonos de sus usuarios. Antes de la reforma del miércoles, había 19 infracciones especiales, entre las cuales está negarse a efectuar la terminación del contrato sin ningún tipo de penalización para el usuario, no cumplir con la velocidad o cantidad de datos contratados o impedir que el usuario elija libremente al proveedor y el plan comercial. Las reformas estarán vigentes ocho días después de su publicación.