Un movimiento ciudadano, la Comisionada de Tránsito de la PNC y dos diputadas presentaron esta semana un paquete de reformas de la ley de tránsito para endurecer las multas y sanciones contra quienes conducen bajo efectos del alcohol o estupefacientes, algo sumamente necesario como ha quedado demostrado en las recién terminadas vacaciones de Semana Santa. El Salvador aplica las multas de tránsito más bajas de Centroamérica y los castigos por manejar bajo influencia de drogas o alcohol son relativamente leves. De manera que aumentar estas sanciones es fundamental para la seguridad en las calles. Además, en general, los conductores manejan con mucha irresponsabilidad e impunidad en El Salvador. A eso hay que sumar una Policía bastante pasiva ante las violaciones evidentes de normas básicas de tránsito. Ninguna reforma de tránsito será efectiva si no hay una autoridad dispuesta a imponer la ley, y eso incluye a una Policía y un Viceministerio de Transporte más estrictos con los motoristas del transporte público, a menudo de los peores violadores de la reglamentación de tránsito. Esperemos que los transportistas, usuales donantes de algunos partidos políticos, no terminen persuadiendo a los diputados y de nuevo sea engavetada esta propuesta de sanciones más fuertes contra los infractores.