Durante los últimos 25 años, los salvadoreños hemos visto crecer la delincuencia y el crimen organizado de una manera espeluznante. Más de 60 mil personas han sido asesinadas durante este periodo y las extorsiones, secuestros y abundantes delitos contra la vida y el patrimonio han venido en aumento. La administración Sánchez Cerén, por ejemplo, está dejando la pesada herencia de 23 mil homicidios, el peor quinquenio desde el fin de la guerra civil. Pero las autoridades salientes parecen querer disimular con una estrategia de comunicaciones que habla de disminución de homicidios. La agenda de retos pendientes en materia de seguridad pública se sigue alargando sin parar. Esta violencia imparable no solo tiene un costo humano incalculable, sino que también un impacto material en el sistema de salud pública, en la economía a pequeña y gran escala, y en la organización de los servicios públicos esenciales. Este será quizás el primer gran reto de la administración entrante, por el que deberá dar cuentas en sus primeros cien días, demasiado pocos para esperar resultados infalibles, pero suficientes para dar los primeros pasos en la dirección correcta. El nuevo gobierno necesita darnos una nueva visión, audaz e integral para revertir este desastre.