El 7 de octubre del año 2013, la Fiscalía General de la República confirmó que la Unidad de Administración de Justicia había abierto un expediente de investigación sobre anomalías en la Dirección General de Centros Penales, respecto a hechos ocurridos en el marco de la tregua entre pandillas. Dos años y siete meses después, se ordena la captura de 21 personas, pero hasta ayer por la tarde la Policía había ejecutado solamente 18. La primera diligencia que el Ministerio Público hizo fue citar como testigo al exdirector de Centros Penales y exviceministro de Justicia y Seguridad Pública, Douglas Moreno, quien proporcionó detalles de una serie de irregularidades en diversos centros penales basados en privilegios que gozaron cabecillas de pandillas y demás integrantes de esas estructuras, a pesar que la Ley Penitenciaria prohíbe otorgar beneficios a reclusos. Entre las revelaciones de Moreno estaba una presunta red de prostitución que funcionaba en las penitenciarías, el ingreso de menores de edad a visita íntima y una serie de megafiestas. El caso lo inició de oficio la Fiscalía tras una serie de entrevistas que Douglas Moreno dio en tres medios de comunicación donde confirmó los beneficios otorgados a las pandillas dentro de las cárceles. Tres días después, el segundo en comparecer a la Fiscalía en ese entonces en calidad de testigo, fue el también exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda ; en esa oportunidad, los fiscales que entrevistaron a Rauda y le ofrecieron criterio de oportunidad a cambio de información que permitiría determinar si altos funcionarios del gobierno de Mauricio Funes, giraron órdenes de privilegiar a las pandillas que participaban en la tregua. En una grabación filtrada se escucha cuando un fiscal le consultó a Rauda, el 10 de octubre de 2013, estarías tú dispuesto a algún beneficio con respecto a una situación penal, pero el exdirector de penales respondió que lo evaluaría, pero al final no aceptó criteriarse y ahora es uno de los principales imputados en el proceso penal que en las próximas 72 horas será judicializado por la Fiscalía. Siguiendo las pesquisas, el 15 de octubre del mismo año, el Ministerio Público informó que había solicitado a Centros Penales