Un análisis integral sobre todas las pruebas ofrecidas en el proceso penal sobre la tregua entre pandillas, llevó al juez especializado de Sentencia A, Godofredo Salazar, a emitir una absolución contra los 18 acusados y concluir que lo ocurrido fue responsabilidad del expresidente de la República Mauricio Funes, el general David Munguía Payés y otros funcionarios que durante la tregua estuvieron al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Para tomar esa decisión, Salazar partió de documentos del funcionamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y los analizó porque estaban condicionados a una Política de Seguridad Funcional, elaborada en el período presidencial de Mauricio Funes y que la Fiscalía la incorporó como prueba. Esa Política de Seguridad Funcional fue parte del Plan Quinquenal de Desarrollo y contenía algunos ejes, entre ellos, el denominado Estrategia de Intervención para alcanzar Objetivos y Metas, así como Política de Seguridad y Convivencia Democrática y Proyección Internacional. En este eje, según el juez, incluye la gobernabilidad y modernización como política, fijando como punto el diálogo y concertación permanente, pero no explica dónde y cómo, sostuvo el funcionario. Ese documento, aparentemente, fue realizado con los aportes del gabinete de gobierno, directores y asesores de las dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y dio paso para que se adoptaran medidas y fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios y promover relaciones adecuadas entre los internos y otras medidas, sostuvo el juez. En ese documento se habla de que la política de seguridad es una política de Estado, de ahí que al tener un plan elaborado tendrían que verse las normas de carácter constitucional que hacen responsables a los funcionarios, señaló el juez. Citó que el artículo 171 de la Constitución de la República establece que la responsabilidad es solidaria del presidente de la república y los ministros, de aquellos actos que autorice, de suerte entonces que en este manual ( Política de Seguridad ), esa introducción de las políticas de concertación, diálogo y acuerdos que pueden entrar, era una corresponsabilidad del presidente de la república y el ministro, o los que hicieron las veces de ministro de Justicia y Seguridad Pública. Salazar agregó que no se puede obviar que la Ley Penitenciaria establece que el responsable de la Política