La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la República comienza a funcionar desde hoy, con nueve fiscales bajo la dirección de Guadalupe de Echeverría, quien por más de seis años estuvo al frente de la Unidad de Investigación de Homicidios y Pandillas. El fiscal general, Raúl Melara, dijo que por el momento el trabajo de investigación se centrará en esta nueva unidad, pero se pretende tener un fiscal especializado en cada oficina departamental. El funcionario sostuvo que cualquier fiscal del interior del país está facultado para iniciar las investigaciones activando los protocolos definidos. El titular de la Fiscalía sostuvo que por razones presupuestarias no se pueden asignar más fiscales, pero que se ha iniciado con los recursos que se tienen para atacar a la brevedad posible este fenómeno. No tenemos presupuesto, lo que estamos haciendo es redistribuyendo el personal que tenemos a la fecha, por eso es importante que en el nuevo presupuesto que vamos a presentar, se puedan tomar en cuenta todas las necesidades que estamos teniendo como institución, no solo recurso humano, sino que también incluir recurso tecnológico, expresó Melara. El fiscal general confirmó que en los próximos días presentará un paquete de reformas en la Asamblea Legislativa para perseguir penalmente las desapariciones que, por el momento, no se encuentran tipificadas como un delito. La fiscal Guadalupe de Echeverría dijo que se aplicará el Protocolo de Acción Urgente ( PAU ) de búsqueda de personas desaparecidas. En la activación del PAU no solo se involucra la Fiscalía, sino varias instituciones, entre ellas la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal. Se le da facultad al afectado, en caso del familiar, que acudan en el menor tiempo posible, de esta manera nosotros estaríamos resolviendo dentro de 72 horas las diligencias urgentes a realizar siempre y cuando nos aporten y nos comuniquen datos fehacientes manifestó de Echeverría. Durante el año, la Fiscalía ha reportado 1, 811 personas desaparecidas y solo en julio acumula 120 denuncias por privación de libertad.