, Rodolfo Delgado, conoce que la instancia para activar el proceso de desafuero es el Parlamento Centroamericano. No puede alegar su ignorancia de los tratados y de los contenidos del reglamento al momento de presentar semejante solicitud, al seno de la Asamblea Legislativa, entonces de entrada dijeramos parte de una falla de origen el procedimiento porque el fiscal general no es ahí donde tiene que solicitar la suspensión o la pérdida de la inmunidad parlamentaria, sostiene el defensor de Quijano. El pasado martes, el fiscal Delgado presentó una solicitud de desafuero a la Asamblea, por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, contra Quijano ; la Fiscalía acusó al diputado de haber negociado con pandillas, durante la campaña electoral de 2014, a cambio de votos para beneficiarlo en las elecciones. Tras iniciado el proceso judicial y girado órdenes de captura, la Cámara Primera de lo Penal anuló el proceso y el 1 de noviembre, la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la nulidad del caso. El artículo 238 de la Constitución de la República dice que la Asamblea Legislativa deberá declarar formación de causa, para juzgar a diputados, pero no aclara cargos específicos. El reglamento interno del Parlacen dice que para retirar la inmunidad a un diputado de su entidad, se deberá presentar una petición ante la presidencia del Parlamento e iniciar un proceso. El abogado defensor de Quijano, Lisandro Quintanilla, sostiene que el proceso de antejuicio y desafuero en la Asamblea tiene fallas de origen, pero sobre todo es inconstitucional, estas son las razones : Quintanilla dice que la Asamblea Legislativa está irrespentado el tratado constitutivo del Parlacen, que también es ley de la república y establece que ellos quitan el fuero a sus diputados. El abogado explica que el derecho de inmunidad que da el artículo 238 de la Constitución es interno para El Salvador, pero el fuero de Quijano es además, en los países que conforman el Parlacen. El defensor añade que es inconstitucional, no le pueden despojar de un derecho sin antes haber sido oído y vencido en juicio.