La Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP ) y la Asociación de Periodistas de El Salvador ( APES ) señalaron que la prohibición con cárcel que impuso la Asamblea Legislativa a la transmisión o reproducción de mensajes que puedan ser de pandillas viola la libertad de prensa en El Salvador. La SIP advirtió que la reforma criminaliza el trabajo de los medios de comunicación y los periodistas, e incumple la Constitución de la República y tratados internacionales ligados a la libertad de prensa y derecho de acceso a información de interés público de los ciudadanos. En un comunicado la SIP manifestó que, aunque la Asamblea Legislativa argumentó que las reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Maras estén fundamentadas en intentar frenar la violencia en el país, afectan la labor periodística. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, aseguró que la mordaza que se impone al periodismo salvadoreño atenta contra los principios constitucionales sobre libertad de prensa. Es evidente y lamentable que se aprovechen las circunstancias de la grave violencia social que padece el país para legalizar restricciones y profundizar la hostilidad que ha demostrado este Gobierno contra la prensa, aseveró Jornet. La reforma al Código Penal crea un nuevo delito castigado con prisión de 10 a 15 años a los ciudadanos, sean periodistas o no, que transmitan o reproduzcan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población. La reforma se refiere a la transmisión o reproducción de mensajes en medios de comunicación o tecnologías de información, como plataformas desde cualquier dispositivo electrónico, como plataformas de redes sociales. La Asociación de Periodistas de El Salvador ( APES ) coincidió con que se pretende una criminalización de los medios de comunicación. La APES calificó las reformas penales de mordaza legal, censura directa y previa. El presidente de la APES, César Fagoaga, señaló que la reforma al Código Penal aprobada con dispensa de trámite la noche del martes afectan a la población porque pretende limitar su derecho de acceso a la información pública. Las reformas aprobadas no solo