El bloqueo de calles y carreteras afectó nuevamente ayer a miles de ciudadanos que pretendían llegar a sus trabajos y diligencias personales. Esta vez la razón fue la protesta de un sindicato municipal contra el alcalde saliente, una medida que afectó por varias horas el transporte de personas y bienes, y obligó a miles a caminar largas distancias para poder cumplir con sus obligaciones. Los intereses de un grupo sindical, por muy justos que sean, no pueden estar por encima de los intereses y necesidades de miles de salvadoreños. El bloqueo de calles y carreteras no puede permitirse porque viola el derecho de movilidad de personas trabajadoras, de personas que necesitan hacer diligencias urgentes y hasta consultas médicas. No se puede defender a ningún funcionario que haya cometido delitos o fallas administrativas, de eso todos estamos de acuerdo. Mucho menos casos de apropiación indebida de cuotas de Seguro Social o de pensiones o pagos de salarios atrasados. Pero si hay necesidad de reclamos deben hacerlo a las entidades correspondientes y a los funcionarios que deben responder por esos reclamos pero no afectar a la población que se moviliza con mucho sacrificio desde horas de la madrugada para llevar el pan a sus familias. Tampoco es conveniente que a través de manifestaciones y bloqueo de calles se presione a la institucionalidad y sin que se siga el debido proceso. Si hay funcionarios o instituciones que fallan, que sea la institucionalidad en la que se encargue no a través de linchamientos mediáticos o a costa de las necesidades de la ciudadanía ajena a estos asuntos. Eso es algo que deben entender los organizadores de estas protestas que además de perjudicar, están lejos de ganar simpatías del público.