El Tribunal de Ética Gubernamental ( TEG ) publicó la semana pasada su informe anual de labores que permite conocer su trabajo y revela las dependencias donde laboran los funcionarios y empleados públicos señalados por infringir la prevalencia del interés público y la transparencia de su gestión. La mayoría de resoluciones pronunciadas por el TEG se ha declarados improcedentes los cargos imputados o archivado las diligencias iniciadas, de manera que aunque se ha incrementado el número de las decisiones tomadas por ese pleno, el porcentaje de condenas por faltas a la ética gubernamental es de apenas el 4. 57 %, un número muy bajo si se considera que la percepción sobre la corrupción en El Salvador, es lo suficientemente alta como para considerarnos un país corrupto. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional nos ubica en el lugar 105 entre 180 países evaluados, algo que difiere con el bajo porcentaje de sanciones impuestas por el TEG. Esto refleja la impunidad de aquellos malos funcionarios que abusan de lo que se les ha confiado, que usan los recursos estatales para beneficiarse y que hacen del conflicto de interés una forma de vida. No son buenos servidores los que hacen falta sino aplicar el castigo que la ley contempla a quienes se alejan de los cauces éticos y legales establecidos.