El Centro para la Promoción de los derechos humanos Madelein Lagadec, Cristosal y las víctimas sobrevivientes de la masacre de El Calabozo pidieron ayer al Gobierno del presidente, Nayib Bukele, continuar el registro nacional de víctimas del conflicto armado, que era manejado por la extinta Secretaría de Inclusión Social. La Secretaría dejó de funcionar luego que Bukele suprimiera la entidad el pasado 2 de junio en una reunión de Consejo de Ministros. El representante legal de Cristosal, David Morales, indicó que el registro nacional de víctimas funcionaba como un espacio de diálogo y era el único programa del Gobierno anterior que estaba intentando cumplir con los procesos de reparación a quienes sufrieron secuelas durante el conflicto armado a pesar que los recursos eran limitados e insuficientes. Morales aseguró que desde que la Secretaría fue disuelta, las medidas que se estaban implementando están paralizadas y ya no están ejecutando el decreto 204 ( aprobado en 2013 por el expresidente Mauricio Funes ), que garantizaba el acceso a la educación, indemnizaciones, salud física y psicológica, entre otras. Asimismo, Rolando Ayala, familiar de víctimas aseveró que solo están pidiendo reparaciones integrales y conocer quiénes son los responsables intelectuales de la masacre de El Calabozo. Algunas de las medidas que se estaban cumpliendo eran el pago de $ 15 mensuales a víctimas de la guerra civil menores de 55 años de edad y de $ 50 mensual a mayores de la referida edad.