El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador encontró del desvío de $ 10 millones donados por Taiwán a El Salvador entre 2003 y 2004. A los tres, los condenó a pagar al Estado en concepto de responsabilidad civil $ 10 millones, divididos : $ 6 millones deberán ser devueltos por Antonio Saca, y los empresarios deberán pagar $ 2 millones cada uno. Los tres fueron encontrados culpables del delito de lavado de dinero y activos propiciado, por el peculado que supuestamente cometió el expresidente Francisco Flores, en cuatro cheques que recibió del gobierno de Taiwán, entre 2003 y 2004, para la reconstrucción del país luego de los terremotos ocurridos en el 2001. La jueza justificó su resolución en que que lo llevó a la presidencia de la República entre 2004 y 2009 ; mientras de donde se sustrajeron los fondos públicos y, tras dirigir el Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodriguez Porth. Según la resolución, la juzgadora afirmó que quedó establecido, con abundante prueba, que Taiwán aprobó nueve proyectos, que tenían como fin beneficiar a la población salvadoreña, que había quedado sin sus casas por los terremotos. Por el contrario, dijo Detalló que y cinco quedaron sin ejecutar, pese a tener el contenido económico para ello. La jueza concluyó que toda la documentación que probaba el delito cometido : la copia de los cuatro cheques, el acta con las firmas autorizadas de los acusados para manejar fondos en poder del banco Cuscatlán y que los defensores dijeron que no tenían valor legal, argumentó que sí, porque estaban respaldadas por el Código de Comercio, las leyes de bancos, de la Superintendencia del Sistema Financiero y además estaban firmados y sellados por notarios y autoridades competentes en Costa Rica. Había que tener en cuenta la naturaleza de los documentos y su procedencia, pero esos documentos reúnen los requisitos de forma y fondo de correspondencia de los Estados a través de sus sedes diplomáticas, detalló la jueza para dar credibilidad a los documentos que aportó la embajada de Taiwán en El Salvador en este proceso. El abogado del empresario Juan Wright, Baulenas Arnau, no estuvo de acuerdo con la resolución y afirmó que