Primero fue mantener bajo reserva las auditorías e investigaciones de la Sección de Probidad. Ahora la Corte Suprema de Justicia ha aprobado un reglamento que establece criterios para ordenar las investigaciones patrimoniales de funcionarios y empleados públicos, en lo que parece ser otra forma de frenar el empuje que una vez se tuvo desde ese órgano de Estado para combatir la corrupción a través de investigaciones sobre enriquecimiento ilícito. Hace unos años, la Sección de Probidad solo era una bodega de declaraciones patrimoniales, luego se convirtió en una pieza clave en la lucha contra la corrupción. Hoy parece que volverá a ser esa bodega, a menos que los magistrados nos demuestren lo contrario. Porque da la impresión que el Reglamento para la Tramitación de las Diligencias de Investigación y Comprobación Patrimonial de Funcionarios y Empleados Públicos es una forma de burocratizar el combate contra el enriquecimiento ilícito. Hay docenas de investigaciones pendientes - de funcionarios de todos los partidos y niveles - y no se entiende este afán de crear más complicaciones, como esas de establecer siete criterios. Fue Probidad la que destapó los casos de enriquecimiento ilícito y con ello tuvo que mover a la Fiscalía. El empuje de Probidad no se debe detener, por el contrario, debería incentivarse y apoyarse su trabajo. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberían facilitar su trabajo y operatividad, no obstaculizarlas ni burocratizarlas más.