El expresidente Antonio Saca se declaró culpable por peculado - apropiación de fondos públicos - y lavado de dinero en lo que constituye un precedente histórico en la lucha contra la corrupción en El Salvador y un golpe legal a una forma de gobernar que propició este flagelo. Saca y tres de sus colaboradores más cercanos han tenido que admitir judicialmente sus delitos y se verán obligados a devolver lo mal habido. También tendrán que enfrentar tiempo en prisión por sus delitos. Aunque se han escuchado voces criticando el proceso abreviado, debido a la escasa cantidad de dinero que se recuperaría, lo cierto es que con esto, la Fiscalía General de la República se está garantizando una condena sin el largo proceso judicial de apelaciones e impugnaciones que pudo haber durado años y sin la certeza de una condena final. El caso es aleccionador para que se entienda que la justicia alcanzará al más poderoso de los funcionarios públicos que ose cometer este tipo de delitos. El mensaje llega en el mejor momento, dado el contexto electoral : nadie está por encima de la ley y ningún presidente que llegue al poder en el futuro, podrá cometer este tipo de abusos con los fondos y bienes públicos, sin recibir el castigo judicial. El Salvador tiene que seguir en la senda de la lucha contra la corrupción, mirar hacia el futuro con mayor transparencia y corregir el rumbo que hemos llevado.