La decisión de ocho de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de mantener en secreto los informes de auditoría que elabora la Sección de Probidad, demuestra un claro retroceso en la efectividad del derecho a saber, que hasta hace cuatro años, había recibido, precisamente desde ese máximo tribunal, su principal empuje para que cada vez más personas ejercieran una verdadera contraloría ciudadana sobre sus funcionarios. Este retroceso pone a la Corte en una situación de desobediencia ante una resolución pronunciada y confirmada recientemente por el Instituto de Acceso a la Información Publica, que de acuerdo con la ley, es el máximo garante de este derecho y cuyos precedentes obligan también al órgano judicial. Sumado al evidente desacato por parte de tan alto tribunal, también surge la duda sobre la capacidad legal de estos magistrados, para decidir sobre la restricción de un derecho fundamental, reconocido como tal no sólo en la Constitución, sino que también por instrumentos internacionales ratificados por el país. Un Peligroso precedente. Estos magistrados obviaron consultar la misma jurisprudencia constitucional existente en ese tribunal y constituye una evidencia de ignorancia y negligencia grave, que son algunas de las causales existentes para destituir a los jueces de sus cargos.