La emergencia nacional decretada por la covid - 19 obligó a más de 6 millones de salvadoreños a confinarse en sus casas, sin previo aviso, para cumplir una cuarentena que inicialmente duraría 30 días, pero se extendió por más de tres meses., Solo pasaron algunos días para que las banderas blancas, implorando por ayuda, se colgaran de las ventanas de las familias sin dinero ni comida., a través de una polémica declaratoria de emergencia nacional., por invadir las atribuciones de la Asamblea Legislativa, que aprobó a su vez dos leyes de restricción temporal de derechos, que también fueron expulsadas del ordenamiento jurídico. Un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ( UCA ), indicó en agosto que Los medios de comunicación y decenas de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, también constataron abusos durante el confinamiento obligatorio. Las excepciones, según el decreto ejecutivo, incluían a trabajadores del transporte público, restaurantes, empleados de medios de comunicación, policías, soldados, trabajadores de la salud, trabajadores de Obras Públicas, bomberos, farmacias, diputados, empresas de seguridad y gasolineras., como la venta de ropa, zapatos, enseres del hogar y hasta frutas de temporada. Esta medida fue duramente criticada por la oposición y médicos expertos, quienes alegaron un aumento de contagios en dichos centros, y la violación de los derechos constitucionales. Ese mismo día, Bukele pidió a la Asamblea Legislativa decretar estado de excepción, medida que fue aprobada por el Parlamento el 14 de marzo con vigencia de 15 días, pero se extendió por un total de 87 días. Este régimen El 21 de marzo por la mañana ; sin embargo,, Hasta el 21 de marzo,