A un poco más de un año del hallazgo del cementerio clandestino en el callejón Estévez, colonia Las Flores de Chalchuapa en Santa Ana, donde suponen habían 30 cadáveres de personas desaparecidas en 11 tumbas diferentes, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho ( FESPAD ) presentó este miércoles, un estudio donde cuestiona a las autoridades sobre la investigación. Además, critican que de 12 cadáveres que el Instituto de Medicina Legal entregó a familiares, Osorio solo sea procesado por el supuesto feminicidio de madre e hija, sus dos sus últimas víctimas que las autoridades supieron la noche del 7 de mayo, porque una pariente gritaba en la colonia, auxilio tras lograr escapar de morir a manos de quien fue catalogado como psicópata y asesino en serie. Fespad cuestionó que solo se haya iniciado el proceso judicial por esas dos víctimas y que en diez casos, los familiares aún desconozcan el avance de la investigación porque un Juzgado de Chalchuapa le puso reserva total y obligó a un medio digital a bajar una información del hecho. Tampoco se conoce el avance del proceso judicial contra 10 detenidos vinculados a la estructura ni por los delitos que están siendo acusados. El informe de FESPAD fue elaborado a partir del seguimiento de notas periodísticas y declaraciones de funcionarios públicos, del más alto nivel, con el objetivo de visibilizar la problemática. La problemática de los desparecidos no es nueva, de 2014 a 2020, la Fiscalía ha recogido 25, 090 denuncias de desaparecidos ; en el 2021 hubo 1, 140 homicidios contabilizados por la Policía y 1, 828 personas desaparecidas, reveló Fino. Con este documento, Fespad dijo que pretende dotar a funcionarios de las distintas dependencias del Estado, una sistematización que les permita identificar los errores cometido en el abordaje del caso para corregirlo dentro del concepto de la seguridad humana, en el que pone al centro a las personas y no solo al Estado e instituciones ; las instituciones del Estado tienen sentido cuando se protege la persona humana, así lo dice el artículo 1 de la Constitución de la República, señala el informe. El director del área de Acce