La familia del expresidente Francisco Flores calificó la semana pasada de acoso político el proceso de extinción de dominio iniciado por la Fiscalía y que intenta confiscar sus bienes, pese a que fueron adquiridos, por herencia, antes de que el fallecido exmandatario ocupara la jefatura de Estado. No solo la familia Flores sino otras voces han expresado preocupación por algunas arbitrariedades que han empezado a aparecer en nuestro sistema de justicia y que abren grietas en nuestro Estado de Derecho. En este caso parece muy extraño que algunas propiedades que han sido posesión familiar por más de un siglo, sean objeto de confiscación. En la misma Asamblea Legislativa ha habido un debate si esa ley de extinción de dominio puede violar los derechos de los afectados, ya que se confisca sus bienes sin ser vencidos en juicio civil o penal, una verdadera rareza jurídica que puede prestarse a revanchismos políticos o abusos de otro tipo en cualquier momento. Como pedimos en todos los casos, es fundamental respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos fundamentales de cualquier procesado. Las venganzas políticas o las arbitrariedades no constituyen justicia, sino que por el contrario, pueden destruir precisamente una institucionalidad incipiente que debe inspirar respeto por su propia actuación.