estadounidense, como viceministro, Montano tenía a su cargo una radio estatal desde la que, días antes del crimen, se emitieron amenazas sobre el asesinato del padre Ellacuría y sus compañeros sacerdotes. En su escrito de hoy, la jueza no entra en estas acusaciones pero sí admite que la extradición debe proceder porque las evidencias muestran que Montano se encargaba de tomar decisiones y era miembro de un grupo de oficiales que ordenaron colectivamente los homicidios ilegítimos de sacerdotes jesuitas en El Salvador. Para la jueza, las evidencias recopiladas por la Justicia de España son suficientes para creer que el acusado cometió los delitos de los que se le acusa y asegura que, los tratados entre Madrid y Washington, permiten extraditar a Montano, acusado en España de asesinato terrorista y crímenes de lesa humanidad. Montano ha esperado durante meses la decisión sobre su extradición en una prisión de Carolina del Norte, cárcel en la que ya cumplió una pena de 21 meses de prisión por haber mentido sobre su situación migratoria en EE. UU., supuestamente para no regresar a El Salvador y responder por la matanza. Ahora, el acusado debe de pasar a manos del cuerpo de aguaciles de EE. UU., que se encargará de custodiarlo hasta la aprobación final del Departamento de Estado, según dictaminó la jueza. La defensa del salvadoreño, no obstante, tiene derecho a interponer un recurso contra la extradición y, de esta forma, el proceso podría frenarse o retrasarse, indicó a Efe el fiscal del caso, John A. Capin. Montano nació en El Salvador en 1942 e ingresó al Ejército de El Salvador en 1963. Pertenece a la promoción de la Escuela Militar de 1966, conocida como La Tandona, que desde 1988 controló los puestos claves del Ejército. Además, siguió en 1970 un curso en la Escuela Militar de las Américas, en la que el Ejército de EE. UU. instruía a militares latinoamericanos en la lucha contra la insurgencia. Durante el Gobierno de Alfredo Cristiani, entre junio de 1989 y marzo de 1992, desempeñó el puesto de viceministro Seguridad Pública. En marzo de 1993, la Comisión de la Verdad puso en evidencia su participación en crí