Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron este martes un nuevo intento de la Asamblea Legislativa de crear una ley para dejar impunes crímenes graves cometidos durante la guerra civil ( 1980 - 1992 ). " Estamos elevando una alerta porque la Asamblea Legislativa está tratando de avanzar en forma rápida en una ley de reconciliación con disposiciones que dejarían en impunidad los graves crímenes que se cometieron en el conflicto ", advirtió en una rueda de prensa el exprocurador de Derechos Humanos David Morales. Señaló que el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ha anunciado que se pretende someter el proyecto de ley de reconciliación en el plenario legislativo en la primera quincena de enero de 2020. Morales habló en representación de una decena de organismos defensores de derechos humanos que conforman la denominada Mesa Contra la Impunidad de El Salvador. " Técnicos de la Asamblea Legislativa están elaborando en forma rápida un documento de la ley y no están tomando en cuenta a las víctimas ni a los organismos que velamos por la defensa de los derechos humanos de esas víctimas ", sostuvo Morales. A principios de diciembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) otorgó una prórroga a la Asamblea Legislativa para que apruebe a más tardar el 28 de febrero próximo la ley de reconciliación. En 2016 esa sala de la CSJ declaró inconstitucional una ley de amnistía de 1993 que impedía investigar y juzgar a los responsables de crímenes cometidos en la guerra civil de 12 años, que dejó más de 75. 000 muertos y más de 7. 000 desaparecidos. La Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa aprobar una ley de reconciliación que tome en cuenta la opinión de las víctimas y las organizaciones humanitarias que las representen, lo que según Morales " no está sucediendo ". " Estamos exigiendo a los diputados que se cumpla con los parámetros ordenados por la Sala de lo Constitucional, caso contrario lo que se crearía sería otra aberrante ley de impunidad ", dijo a la AFP el presidente de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador ( CDHES ), Miguel Montenegro.