La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa ( CEL ), reclama $ 45, 244, 418 en concepto de responsabilidad civil por daños y perjuicios ocasionados en la construcción de la presa El Chaparral, confirmó ayer el abogado Óscar Lara, asesor jurídico de esa institución. En el proceso penal judicializado por la Fiscalía General de la República, el pasado 4 de enero, en el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, CEL se mostró como víctima y es representada por Óscar Lara, quien ayer también solicitó a la jueza que se tomen las medidas respectivas para hacer comparecer a los imputados. En su intervención, el abogado sostuvo que la junta directiva de la autónoma, desde hace varios años adoptó acuerdo sobre la documentación derivada de las irregularidades y concluyeron que esperarían los resultados de la investigación y reclamar una responsabilidad civil. Según Lara, una cosa son los actos administrativos en CEL y otra cosa son las conversaciones paralelas alejadas de la administración, refiriéndose a las supuestas negociones para llegar al arreglo directo y obtener la dádiva de $ 3. 5 millones de los que habla la Fiscalía General de la República en su acusación. Ayer en alegatos fiscales, se le pidió a la jueza que dé por iniciada la acción civil para que, de llegar a juicio los imputados sean condenados a resarcir los daños ocasionados a CEL por sus acciones delictivas. Por el momento, se estableció que el perjuicio económico ocasionado a la autónoma es de $ 45 millones, dinero por el cual los seis procesados deben responder subsidiariamente. Ayer en la audiencia inicial el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador procesó al expresidente de CEL, José Leopoldo Samour Gómez, por peculado, a Mario Federico Pieragostini Maiochi, representante de Astaldi por cohecho activo ( soborno ) y José Efraín Quinteros, por lavado de dinero ; los tres imputados también son señalados de agrupaciones ilícitas. Rodrigo Aguilar, abogado de Samour, dijo a la jueza que su defendido no era quien tomaba las decisiones, ya que todo era autorizado por el directorio de CEL. La Fiscalía judicializó la causa