Finalmente, después de más de cuatro meses de parálisis, la Asamblea Legislativa terminó eligiendo a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo los que completan la Sala de lo Constitucional. El desafío y los retos para los nuevos magistrados son enormes, tomando en cuenta que la sociedad salvadoreña irremediablemente los comparará con los magistrados salientes que fueron verdaderos paladines de la institucionalidad democrática y la independencia del Órgano Judicial. Que los nuevos magistrados continúen por esa línea es lo menos que se espera y también que no sean instrumentos de los partidos políticos o de compromisos personales con algunos personajes de la partidocracia. Ya se menciona como crítica a la elección que es fruto de un reparto de cuotas partidarias y se cuestiona también la idoneidad de alguno de los electos. Sería un enorme retroceso para el país que los nuevos magistrados sean una especie de prolongación de las fracciones legislativas, es decir, que en lugar de responder a la Constitución y a las leyes, solo sean personajes obedientes a los dictados de los partidos políticos y de sus dirigentes. La sociedad salvadoreña debe estar vigilante en torno a esto y mantener su línea de defensa de la institucionalidad y la independencia de los órganos de Estado.