Un escrito presentado ayer en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) busca que se proteja a las víctimas de desplazamientos forzados en El Salvador y el camino viable planteado es que se legisle en esta materia ya que este fenómeno producido por la violencia generalizada es un problema que el Estado no está abordando. La iniciativa nace de un acuerdo entre el Instituto de Derechos Humanos de la UCA ( Idhuca ) y la Fundación Asylum Access Ecuador, entidades que diariamente ven a muchas víctimas abandonar sus lugares de residencia por las amenazas de las pandillas. En el país hay una violencia generalizada y esa es la razón fundamental del desplazamiento forzado explicó José María Tojeira, director del Idhuca. Agregó que el primer paso es que el país reconozca este problema, pues de esa manera estaría obligado a crear instituciones de apoyo y defensa de los afectados. Según Tojeira, informes internacionales señalan que en El Salvador, hay un desplazamiento forzado de 200 mil personas, lo cual es una cifra muy elevada, independientemente de que sean o no números exactos, el fenómeno es muy grave, lo cual se evidencia cuando de forma directa e indirecta se conocen historias de personas que abandonaron sus colonias porque fueron amenazadas y obligadas a salir. Manuel Escalante, abogado e investigador del Idhuca, dijo que el amparo presentado no es de carácter obligatorio para la Sala de lo Constitucional, pero en este caso lleva elementos de soporte técnico, académico y soporte de atención de víctimas desde la realidad. Al no existir un reconocimiento estatal lo que se obliga es a un subregistro, hasta hoy son las organizaciones defensoras de derechos humanos las que se han encargado de las víctimas y acompañarles, buscarles soluciones, cuando debería de ser el Estado salvadoreño, manifestó Escalante. El escrito plantea varias recomendaciones para que la Sala de lo Constitucional exhorte al congreso a legislar sobre el tema : entre los puntos que se mencionan es que en un plazo determinado, dicte leyes adecuadas a fin de configurar un sistema nacional de protección contra el desplazamiento forzado. También se recomienda crear verdaderas instituciones públicas especializadas, encargadas de coordinar las políticas diseñadas en beneficio de las víctimas de este problema. Otro