El régimen democrático, republicano y representativo por medio del cual se rige nuestro país, ha sido desde hace décadas la mejor garantía para la libertad y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. La división de poderes va implícita en esta organización de la cosa pública, pero esto no significa que dicha división represente un obstáculo en la difícil tarea de gobernar. Separación de poderes implica más bien la colaboración entre los tres órganos de Estado para el cumplimiento de sus atribuciones y es lo que define precisamente al verdadero Estado de Derecho. En este orden de cosas es a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a quienes le corresponde ser el intérprete último de las disposiciones constitucionales, de contrastarlas con las disposiciones y acciones de otros actores públicos y llegar a conclusiones obligatorias para todos. Las sentencias de este Tribunal sirven para aclarar conceptos, ampliar el alcance de libertades o definir con mayor claridad sus límites y en definitiva, para mantener a salvo a la República de la anarquía y de la arbitrariedad. Por eso es importante que se obedezcan las resoluciones y sentencias. Da muy mal ejemplo que un funcionario diga que no acatará una resolución porque genera caos, inseguridad jurídica y pone en entredicho nuestra frágil democracia. Hay que tener cuidado con eso.