El relevo en el órgano ejecutivo ha provocado que la mayoría de los titulares de sus dependencias estén desde ya preparando el desalojo de sus despachos oficiales. Esta mudanza implica la entrega de todos los bienes confiados bajo su gestión, pero también la correspondiente entrega y organización de los documentos, archivos y demás datos institucionales que pueden ser de utilidad para el sucesor y de la ciudadanía que, para conocerlos, seguirá haciendo uso de su derecho de acceso a información pública. Nada ha dicho al respecto el equipo de transición, más ocupado en advertir de la contratación masiva de empleados públicos y de sindicatos estatales, o del traspaso de mando, mientras designa a funcionarios de su gabinete a cuenta gotas. Mientras tanto en las dependencias oficiales que heredará en dos semanas se almacena información sensible y útil que permanece a la ciudadanía y que es urgente resguardar para poder evaluar en forma objetiva la gestión de las últimas administraciones. El Gobierno entrante debe cuidar con celo que no se pierda esa información heredada. El Instituto de Acceso a la Información Pública ya ha advertido una serie de lineamientos para asegurar la integridad de la información pública durante la transición, pero es necesario garantizar que ésta se mantenga íntegra y completa.