El Ejecutivo y la Asamblea Legislativa fueron incapaces esta semana de lograr los acuerdos requeridos por la Sala de lo Constitucional para establecer un marco jurídico que regule la emergencia, en lo que parece ser más una batalla política que una verdadera disputa legal. Cuando se leen las propuestas de ambas partes, las diferencias son mínimas en el papel. Pero cuando se escucha las voces representativas de las partes, los gritos disonantes de discordia son demasiado fuertes. Está claro que hay un propósito político en ambas partes por encima de lograr un acuerdo real de país y eso es sumamente preocupante. Muchas voces sensatas del país han pedido bajar los egos y pensar en la gente que necesita soluciones, pero parece que no hay voluntad alguna para acuerdos. El propio embajador estadounidense llamaba a las partes a buscar seguridad jurídica sobre cómo proteger su salud y volver a trabajar para mantener a su familia y a ver más allá de un solo punto de vista con el objetivo de tomar las decisiones correctas para todos los salvadoreños. Pero ni el Ejecutivo ni la Asamblea Legislativa parecen encaminadas a eso, ni a escuchar consejos ni clamores. Esta confrontación cansa, agota y sobre todo ahuyenta inversiones y daña nuestra calificación como país. Tengan eso en mente.