El ministro de la Defensa, René Merino, indicó ayer que dará acceso a los archivos militares al juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán, quien conoce el proceso judicial de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Un informe de la Presidencia de la República, sin embargo, dice que no hay registro de estos documentos. La secretaría jurídica de la Presidencia remitió un informe el pasado 18 de noviembre al Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, con 43 actas de búsquedas en archivos históricos en igual número de unidades militares. En ellas se hace constar que en ninguna unidad militar se localizó registro de los documentos militares solicitados por el juez. Somos respetuosos de la ley, respetamos al igual que el señor Presidente, y toda la información que nos requiera la autoridad competente la vamos a poner a disposición, siempre cumpliendo con la ley, dijo Merino. Ante esto, la organización defensora de derechos humanos Cristosal, a través de un comunicado, señaló que la respuesta de Presidencia y el Ministerio de la Defensa Nacional es similar a la remitida por la Presidencia y el Alto Mando de la Fuerza Armada de la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén, debido a que responde al mismo patrón de ocultamiento y negación de información documental relevante para la investigación de la masacre de aproximadamente mil personas civiles no combatientes en El Mozote y sitios aledaños. El 24 de octubre, el juez Guzmán ordenó a Bukele entregar una copia certificada del documento Plan de la Campaña Militar 1980 - 1992, documentos del plan de la Operación Rescate, realizada en el departamento de Morazán, en diciembre de 1981. La Presidencia también debía brindar al juzgado los archivos de las unidades militares de todo el país, donde podrían estar los datos relacionados a planes militares entre 1980 - 1982. El 29 de noviembre pasado, el representante de los familiares de las víctimas de la guerra civil de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, Wilfredo Medrano, calificó la decisión como un avance y que esta está rompiendo el silencio que administraciones anteriores mantenían sobre dicha masacre.