La elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República vuelve a ser noticia, luego de tres años de una gestión que apenas comenzaba a despertar del histórico letargo en el cumplimiento de su misión constitucional. Rápidamente se convocó a los interesados a presentar sus hojas de vida y ya se preparó una subcomisión legislativa que se encargará en los próximos días de entrevistar a los candidatos a magistrados. De muchos se desconoce su experiencia en el campo de la auditoría o en el de la contraloría ciudadana, ya sea por medio del ejercicio de derechos fundamentales como el de acceso a la información pública, o mediante el control constitucional que en nuestro sistema jurídico se encomienda a cada ciudadano. Esto vuelve cuestionable algunas de las intenciones de llegar a tan importantes cargos. El Salvador necesita un ente contralor del gasto público, pero que a la vez, haga las funciones de un verdadero interventor de los procesos administrativos que comprometen recursos del Estado, que lleve a la práctica aquellas atribuciones constitucionales que hasta ahora siguen como mera referencia en el papel. La Corte de Cuentas de la República no va a renovarse con el simple relevo de sus titulares, necesita con urgencia una renovación de sus procedimientos a la luz de los criterios de efectividad, coordinación interinstitucional y transparencia.