El gobierno salvadoreño no asistió hoy a la sexta audiencia desarrollada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) sobre Detenciones arbitrarias y situación de las personas privadas de libertad en el estado de excepción en El Salvador, dentro del 185 periodo de sesiones de la CIDH. La Comisión de Derechos Humanos lamenta profundamente la ausencia del Estado de El Salvador pese a que fue oportunamente notificado, sin embargo, el Estado ha declinado su participación, dijo Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la CIDH y relatora de país para El Salvador. La audiencia fue solicitada por Amnistía Internacional, Cristosal, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho ( Fespad ), Fundación para el Debido Proceso ( DPLF ), Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas ( Idhuca ), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos ( WOLA ) y Servicio Social Pasionista. A la audiencia asistieron los comisionados Stuardo Ralon, primer vicepresidente de la CIDH y relator para las personas privadas de libertad ; y los comisionados Joel Hernández y Carlos Bernal. Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, aseguró que el Estado salvadoreño rehúye a dar explicación a las víctimas de los abusos estatales y reduce los espacios de escrutinio internacional en materia de derechos humano, lo cual nos preocupa ante la deriva autoritaria en El Salvador. Según Reyna, las organizaciones tienen documentación sobre 4, 071 casos de presuntas violaciones a derechos humanos, entre los cuales detalló tres casos : un joven que había denunciado abuso policial fue detenido y muerto bajo arresto ; otro hombre fue golpeado por militares y falleció ; otro joven de 22 años con discapacidad intelectual fue golpeado. La representante del SSPA aseveró que, aunque el gobierno insista en que estas personas pertenecen o colaboran con pandillas, las organizaciones siguen registrando denuncias de patrones ilegales y arbitrarios de detención, como malos tratos, torturas, amenazas y muertes de personas a mano del Estado salvadoreño. Ella reconoció que el régimen de excepción es una medida con aceptación popular pero aseguró que los salva