El Juzgado Ambiental de San Salvador intervino nuevamente este viernes en la controversia entre el edil capitalino y la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales ( Astram ), luego de que lo sindicalistas bloquearan nuevamente la salida de los camiones recolectores de basura del Centro de Operaciones 5 de noviembre, de la Dirección de Desechos Sólidos de la alcaldía. A través de un oficio dirigido al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, el juez interino Rafael Eduardo Menéndez Contreras, En el escrito se hace notar que cualquier bloqueo al Centro de Operaciones 5 de noviembre afectaría al proceso de recolección y disposición final de desechos sólidos, cuando los sindicalistas obstaculizaron la salida de camiones de recolectores. Dicho proceso continúa abierto. A petición del juez, la PNC deberá informar inmediatamente las acciones que han realizado ante dicho bloqueo, en caso de no haber realizado ninguna, la corporación deberá delegar agentes para que, esto con el fin de que el proceso de recolección de basura en San Salvador pueda realizarse con normalidad, lo cual deberá hacerse en total respeto de la dignidad e integridad tanto moral como física de las personas. En el documento, el juez recordó al director de la PNC que la ley orgánica de la institución los mandata a garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública. Por otra parte, el oficio hace constar que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, deberá ser notificado sobre el operativo a desplegar para levantar al bloqueo sindical. Astram, alegando que la alcaldía municipal de San Salvador ha hecho más de 500 despidos injustificados, que les adeudan más de $ 6 millones en retenciones ilegales a sus salarios y que la comuna planea privatizar el servicio de recolección de basura. El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshond, salió al paso y respondió que los despidos eran cerca de 200, pero que se trataban de plazas fantasmas. Por las retenciones ilegales, la Fiscalía General de la República ha abierto un proceso judicial en favor de los empleados, sin embargo, lo demandado son $ 678