la persecución de oficiales de gobierno, personal militar y policías presuntamente corruptos., incluyendo el incremento de la transparencia de las instituciones públicas, el fortalecimiento de la independencia de las instituciones judiciales y electorales, y la mejora de la transparencia en el financiamiento de la campaña política y de los partidos políticos., sindicalistas, periodistas, grupos de la sociedad civil, partidos políticos y la independencia de los medios de comunicación. y responsable para sus ciudadanos, reducir el papel del ejército en la seguridad pública y defender el debido proceso legal. contra las mujeres y las niñas. y promover el crecimiento económico equitativo y las oportunidades, incluida la implementación de reformas para fortalecer los sistemas educativos, los programas de capacitación vocacional y los programas para jóvenes en riesgo. y la trata de personas y contrarrestar las actividades de bandas criminales, traficantes de drogas y organizaciones criminales transnacionales. a la frontera sur de los Estados Unidos., incluyendo la ejecución de la reforma fiscal de manera transparente, garantizando mecanismos legales efectivos para el reembolso de impuestos adeudados a empresas de los Estados Unidos y resolver disputas relacionadas con la confiscación de bienes inmuebles de entidades de los Estados Unidos. Además, si el secretario de Estado de los Estados Unidos no está habilitado para hacer la certificación para uno o más de los gobiernos centrales, dicha asistencia se reprogramará a la asistencia para organizaciones de la sociedad civil en cada país u otros de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no aplicarán estas condiciones a fondos asignados a entidades de Gobierno o actividades que el secretario de Estado o el administrador de la USAID determine que es un compromiso para el combate a la corrupción y la impunidad, para los programas de combate a la violencia de género, para los programas que promueven o protegen los derechos humanos, incluyendo las comunidades indígenas y afrodescendientes, para asistencia humanitaria y para programas de seguridad alimentaria. EN CONTEXTO : La ley excluye a El Salvador, Guatemala y Honduras de los fondos asignados para el Programa de Financiamiento militar extranjero. También, la ley aprobada indica que los fondos para el Control internacional de narcóticos y aplicación de la ley y Entrenamiento y educación militar internacional están condicionados. Dichos