Es una ironía que se compare el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ( CICIG ) con un golpe de Estado, tal como lo hicieron el presidente Sánchez Cerén y el secretario General del FMLN el 1 de mayo. Es una ironía porque la CICIG ha demostrado un combate feroz contra la corrupción en Guatemala y que alcanzaba toda la base del poder, al grado que el presidente y su vicepresidenta, se lucraban de una red de corrupción y fraude en las aduanas. La labor de la CICIG además ha depurado a docenas de funcionarios y diputados corruptos y goza del reconocimiento internacional. Comparar la destitución constitucional de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti con un golpe de Estado es absurdo, infantil, es defender un esquema de corrupción que nadie ha apoyado y que para los guatemaltecos fue una afrenta tan grande que rebalsó su paciencia. Sin duda es incomparable la conducta del presidente Sánchez Cerén con la de Pérez Molina, y por eso es mayor el desconcierto para atacar a la CICIG y cualquier comisión similar en El Salvador. El Frente, desde la oposición, denunciaba activamente la corrupción pero parece que ahora desde el poder tiene una epidermis muy sensible para todo aquello que implique escrutinio público y exigencia de transparencia.