Un total de 70 organizaciones internacionales se sumaron a un pronunciamiento público en el que señalan que el gobierno salvadoreño ha emprendido una campaña mediática en contra de las organizaciones de la sociedad civil y piden al presidente de la República, Nayib Bukele, que cese los ataques. Hacemos un llamado al gobierno de El Salvador para que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y cese los ataques contra la sociedad civil nacional e internacional que trabaja a favor de la protección de derechos fundamentales, dice el pronunciamiento publicado el 31 de marzo de 2022. Luego de la aprobación del Régimen de Excepción la madrugada del 27 de marzo, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos ( WOLA ) expresó que este no se apega a los estándares internacionales de derechos humanos. Lo que generó una reacción del presidente Bukele en contra de la presidenta de la WOLA, Carolina Jiménez Sandoval. Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre, escribió Bukele el 28 de marzo. Este tipo de acciones reducen los espacios de diálogo y obstaculizan el trabajo de las personas defensoras por el desarrollo y bienestar de la sociedad, afirman las organizaciones firmantes. Agregan que las organizaciones han acompañado a víctimas de violaciones de derechos humanos y apoyan con mejorar propuestas de políticas públicas. El pasado fin de semana, hubo al menos 87 homicidios que se atribuyen a pandillas. Manifestamos nuestro rechazo a esta situación y nos solidarizamos con las familias víctimas y comunidades y con toda la población que sufre esta criminalidad. Reafirmamos su derecho a vivir en paz y libres de violencia, señalan las organizaciones. Instaron a la comunidad internacional a continuar alertas y vigilantes ante la situación que se vive en El Salvador, especialmente por las medidas del Régimen de Excepción. Aseguran que dichas medidas, que fueron la suspensión de cuatro derechos y garantías constitucionales, confirman los peligros que hemos denunciado en diversas oportunidades. Eso en referencia a detenciones masivas a