Brasil enfrenta el mayor escándalo de corrupción de su historia y las investigaciones han llegado al oficialista Partido de los Trabajadores, de izquierda, al expresidente Lula da Silva y al entorno de la actual presidenta Dilma Rousseff, que podría perder su puesto en un juicio político promovido por la oposición. En esencia, lo que la Fiscalía brasileña ha descubierto es un esquema oculto de desvío y lavado de dinero proveniente de Petrobras. Las principales empresas constructoras de Brasil, incluidas gigantes como Odebrecht o Camargo Corrêa, habían formado un cártel para repartirse contratos multimillonarios de Petrobras. A cambio pagaban sobornos a directores de la petrolera y a medio centenar de políticos de diferentes agrupaciones, incluido el partido gobernante y sus aliados. Lula es investigado por recibir beneficios ocultos de firmas constructoras. Como toda la izquierda latinoamericana, se ha acostumbrado a acusar de golpismo todo aquel proceso judicial que lleve a investigaciones por la corrupción y los abusos que cometen desde el Gobierno. Así sucedió en Venezuela o Ecuador y así sucede actualmente en Brasil. Usan la defensa de la democracia, a pesar de que la atropellan a su antojo y buscan justificar su corrupción con falsas conspiraciones.