El contrato de permuta tipo subasta fue el plan criminal para que una red se enquistara en el Ministerio de Defensa y sustrajera armas en buen estado a cambio de armas obsoletas, señala la Fiscalía General de la República en la acusación presentada ayer contra de dos exministros de Defensa, un general, un coronel y dos empresarios que a través de Centrum S. A. de C. V., supuestamente causaron un perjuicio económico de $ 2, 706, 472 al Estado. El Ministerio Público individualizó a cada uno de los acusados de acuerdo a la actividad realizada en el denominado como evento criminal. David Munguía Payés, fue remitido por los delitos de peculado, actos arbitrarios y falsedad documental agravada y es mencionado desde que se comenzaron a generar los hechos en el año 2011. Munguía Payés solicita un informe de reevaluación de unas armas obsoletas y en mal estado en propiedad del Ministerio de la Defensa, el cual es realizado y determina cuáles armas iban a ser permutadas y de las cuales lo importante es que ese informe que establece que hay ciertas armas que son armas nuevas y armas usadas que esas no deberán entrar en la permuta, dijo un fiscal, previamente ya se habían consumado otras dos permutas, sostuvo el representante del Ministerio Público. Cuando Atilio Benítez, asumió el despacho de Defensa en el año 2013, siguió con el plan de las permutas de armas, señala la Fiscalía que invitó a seis empresas para que participaran en una subasta, cinco de las sociedades eran representadas legalmente por Héctor Abel Herrera Mejía. Desde ahí empezamos a ver el acto criminal que una sola persona es representante de cinco empresas ; posterior a ello y teniendo esto el general Atilio Benítez genera la comisión de permuta que es la que iba a operar el proceso de permuta sostuvo el fiscal. La referida comisión fue comandada por el general Rafael Melara Rivera, el militar junto a Benítez tuvieron conocimiento de que Herrera Mejía ya no iba a representar a las cinco empresas, que se quedaría solo con Centrum y proporcionó un listado de las personas que iban a representar las otras empresas. El Ministerio Público dice que esos representantes de las empresas son empleados de