El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, declaró este miércoles que el gobierno de EE. UU. ha proporcionado recientemente decenas de millones de dólares para hacerle frente al problema de las pandillas y que están cooperando también con solicitudes de extradición pendientes de cabecillas de pandillas de El Salvador. El alto funcionario estadounidense dio estas declaraciones en el marco de la Reunión Ministerial sobre Migración con socios y aliados regionales, que se desarrolló los días 19 y 20 de abril en Panamá y a la cual también asistió la canciller Alexandra Hill Tinoco. Unos 14 cabecillas de la pandilla MS - 13 enfrentan cargos de terrorismo u otros en tribunales estadounidenses. Algunos han sido requeridos por Estados Unidos pero la Corte Suprema de Justicia aún no aprueba su extradición. Denegó de manera definitiva la extradición de Edwin Rodríguez, Manicomio, y aún no avala la extradición de Eliú Melgar, alias Blue. En octubre de 2012, el gobierno de Estados Unidos declaró a la MS - 13 como organización criminal internacional a través del Departamento del Tesoro, lo cual permite perseguir tanto a sus integrantes como a sus financistas, congelarles sus activos o prohibir las transacciones de estos. Blinken instó a El Salvador a combatir la violencia de las pandillas respetando los derechos humanos y las libertades, advirtiendo que no son objetivos contradictorios. Instamos a El Salvador a implementar el estado de emergencia de manera consistente con los derechos humanos, podemos abordar la violencia y el crimen al mismo tiempo que protegemos los derechos civiles y las libertades fundamentales, estos no son conceptos contradictorios, explicó, sobre el régimen de excepción aplicado en El Salvador desde el pasado 27 de marzo en el que se han capturado a pandilleros pero también a algunas personas no vinculadas a pandillas. Ya el gobierno de los Estados Unidos se había manifestado contra las reformas penales calificadas como ley mordaza por el gremio periodístico debido a la ambigüedad de la misma, ya que castiga con cárcel la transmisión de mensajes de pandillas. Lay ley se presta a los intentos de censurar