le restó sin justificación alguna dos días de plazo. El 21 de agosto el juez dio por finalizadas las intervenciones. A partir de ahí, la Fiscalía contaba con seis meses para presentar la solicitud de imposición de medidas, dice la Cámara. El 21 de febrero, exactamente seis meses después, el Ministerio Público presentó la solicitud pero la jueza excluyó las escuchas como pruebas, porque, según ella, el plazo había vencido. La instancia superior establece que existe probabilidad que los imputados hayan creado una estructura de crimen organizado, ordena al juzgado especializado realizar una nueva audiencia donde valore la totalidad de elementos probatorios, entre los cuales se encuentran las escuchas telefónicas y determine, de manera fundada, la procedencia o no de la medida cautelar. En 2017, ocho militares de alto rango fueron condenados por privar de libertad y torturar a dos víctimas con régimen de protección que declararon en su contra. Durante ese proceso judicial, los coroneles procesados intentaron frustrar el caso y que los ocho colegas de ellos quedarán en libertad, según la Fiscalía.