Los abogados Javier Castro, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social ( Fusades ) y Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, expresaron que continuar con la suspensión del transporte colectivo, sin un marco normativo que pase por la aprobación de la Asamblea Legislativa, es ilegal porque riñe con la sentencia que la Sala de lo Constitucional emitió el lunes pasado. Con base a un decreto ejecutivo y sin un marco normativo aprobado por la Asamblea, se iniciará mañana la reapertura gradual de las actividades económicas que están paralizadas total o parcialmente desde el 21 de marzo. Castro recordó que la Sala de lo Constitucional señaló en la sentencia, que las limitaciones a derechos fundamentales, como la libertad económica, solo pueden provenir de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa. Las fases de la reapertura económica necesariamente deben estar en un decreto legislativo y no en un decreto ejecutivo, por lo que aspectos como la restricción de la circulación del transporte colectivo, que además tiene consecuencias en la movilidad de las personas, debería estar consignado en una ley, expresó Castro. Al respecto, Escobar dijo que cualquier ciudadano puede someter a control constitucional ese plan de reapertura. Si no hay ley, entonces ¿ qué prohíbe a un ciudadano que tenga un negocio de los sectores que no está ahí ( en el plan ), comenzar a operar, dijo Escobar.