En un país donde faltan medicinas en los hospitales y una cirugía tarda meses en realizarse, el gasto en seguro médico para empleados de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema e instituciones del Ejecutivo, es una verdadera bofetada a las necesidades de la población. Los hechos recientes lo muestran con particular indignación. En diciembre, la directiva de la Asamblea Legislativa aprobó la contratación del seguro de vida y hospitalario para beneficiar en 2016 a los 84 diputados y los empleados legislativos a un costo de $ 6. 5 millones, $ 1. 1 millón más de lo que según su ejecución presupuestaria gastaron en 2015 para el mismo seguro. Ayer se conocía que la Corte Suprema de Justicia ha elevado el costo de sus gastos de seguro médico a sus nueve mil 43 empleados, a un costo de $ 6. 1 millones. Varias instituciones del Ejecutivo también cuentan con seguros de este tipo. Se trata de un beneficio médico privilegiado para determinados empleados del Estado, que son atendidos en los mejores hospitales privados sin esperar citas y con medicamentos seguros, mientras el grueso de la población afronta necesidades básicas, en condiciones deplorables y muchas veces tiene que bolsearse para completar las medicinas para curarse. Simplemente no es justo ni es correcto.