La audiencia preliminar en contra de 33 imputados detenidos en la denominada Operación Cuscatlán, fue programada del 4 al 8 de marzo por el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador. Los acusados fueron detenidos en febrero del año 2018 y en el dictamen de acusación ( investigación final ) presentado por la Fiscalía General de la República pidieron a la jueza que los envíe a juicio y que defina la situación jurídica de todos. La representación fiscal atribuye a los procesados los delitos de delitos de organizaciones terroristas y lavado de dinero, extorsión agravada, homicidio agravado, robo y hurto. Las indagaciones que permitieron desbaratar esta estructura de la Mara Salvatrucha, detectaron que la pandilla les ofreció a comerciantes y empresarios de transporte la inversión de grandes sumas de dinero que oscilaban entre los $ 10 mil hasta los $ 23 mil, pero una de las condiciones era obtener para ellos el mayor porcentaje de las ganancias. Los investigadores antipandillas, coordinados por fiscales de diversas unidades, revelaron que la Mara Salvatrucha inyectó el dinero producto de la venta de droga, extorsión, robo y hurto en varios negocios para obtener ganancias a través de terceros. En las pesquisas fueron identificados varios propietarios de negocios señalados como colaboradores, quienes aceptaron que la pandilla se quedara con el 70 % de las ganancias, el 30 % restante era para los comerciantes. En el expediente, el Ministerio Público presentó al testigo criteriado clave El Padrino, quien ha informado que la MS junto a los comerciantes y empresarios de transporte, acordaron invertir el dinero obtenido de actividades delictivos para lavarlo y darle así una apariencia legal. Como prueba documental también hay actas de seguimiento y de investigación que policías realizaron para ubicar a los pandilleros y acusarlos de organizaciones terroristas.