El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Ra ad Al Hussein, condenó la violencia que es cometida por las pandillas y el crimen organizado en El Salvador, que " marchita la vida de tantos salvadoreños ", así lo manifestó durante la culminación de su visita en el país y tras reunirse con el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, funcionarios y representantes de la sociedad civil. El funcionario dijo que el nivel de violencia en el país permanece escandalosamente alto y señaló que, de acuerdo con la información que le fue expuesta por grupos de la sociedad civil, entre enero 2015 y febrero de 2017, más de 1, 000 civiles y 45 agentes policiales han muerto en enfrentamientos entre la Policía y supuestos pandilleros. Además, dijo que es alarmante los informes de asesinatos extrajudiciales y el supuesto retorno de los " escuadrones de la muerte ". " No importa cuán serias sean las sean las violaciones a los derechos humanos cometidas por la violencia pandilleril, todas las personas que perpetran la violencia deben rendir cuentas por sus acciones a través de los mecanismos judiciales. Todas las víctimas merecen recibir justicia ", expresó. Asimismo, dijo que conoció información sobre la escalada de violencia y cómo está provocando el desplazamiento forzado dentro de El Salvador y también la migración. Durante las reuniones sostenidas, las autoridades salvadoreños explicaron al representante de la ONU la implementación del " Plan El Salvador Seguro ", que busca prevenir la violencia en el país. Al Hussein calificó el modelo como un proyecto positivo ; sin embargo, dijo que es necesario que sea implementado de manera integral, siguiendo las normas internacionales de los derechos humanos. " En la práctica, esto significa aumentar el énfasis en los importantes aspectos preventivos del plan y reconocer que el lidiar con la violencia a través del lente de la seguridad, a la larga es menos efectivo ", enfatizó. Asimismo, el funcionario de las Naciones Unidas se refirió a las medidas extraordinarias de Seguridad en el sistema penitenciario, que el país está ejecutando, desde abril de 2016, y manifestó que pidió al presidente Sánchez Cerén que derogue dichas medidas que colocan en condiciones " inhumanas ",