El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador impuso al empresario del transporte público, Catalino Miranda, en la tercera acusación que la Fiscalía General de la República tramitó en su contra por el delito de o por presuntamente, sin la autorización del Viceministerio de Transporte ( VMT ). Sin embargo,. También es investigado por el delito de resistencia, pero por este, no le ordenaron cárcel. El abogado de Miranda, Rolando Aparicio, sostuvo que la jueza valoró tres principios para dar su resolución : un acta que levantó un inspector de tránsito que establecía que cobraban más de la tarifa autorizada, llamadas de usuarios de las rutas 42 y 152 a un centro de llamadas del VMT por el supuesto aumento al pasaje, y que Miranda ejerce un papel de administrador en la empresa, y según la jueza, está comprobado que el empresario no es el representante legal de Acostes de R. L., afirmó Aparicio. La fiscal dijo que esperará la resolución por escrito de la jueza para determinar si es procedente o no presentar una apelación. En este caso también era procesado su hijo, Adalberto Antonio Miranda Zepeda, pero no se presentó a la audiencia, por ello, la jueza resolverá en su caso con vista en la acusación fiscal, ya que no está detenido. El abogado afirmó que la señora jueza valoró indicios en cuanto a la existencia del delito y la posible participación de su cliente y para eso es etapa procesal. Solo quedamos a la espera de lo que diga la Cámara, que se pronuncie por la detención de un delito que el legislador ha establecido que se comete entre dos o más personas, no habla de una persona, si no de dos o más personas que causen desórdenes y aquí el único detenido es Miranda y no hay otra persona, subrayó Aparicio. El empresario Catalino Miranda fue detenido el 12 de marzo junto a tres de sus empleados, dos fueron dejados en libertad con medidas y uno más permanece detenido por el delito de uso y tenencia de placas que no corresponde a la unidad que manejaba.