El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos ( Cofappes ) pidió este viernes junto a unas 71 organizaciones de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República FGR ) y la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) ser imparciales en sus investigaciones y aplicación de justicia, en los procesos penales. De igual modo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ) mantenerse vigilante en los casos donde afirman hay arrestos arbitrarios. Las organizaciones señalan que la democracia y la independencia de poderes del Estado está en detrimento, así mismo, que se ha proliferado el ataque y hostigamiento a oponentes políticos, violentando los derechos humanos. A través de tres cartas firmadas por las organizaciones internacionales, expresan a estas instituciones su preocupación por el resurgimiento de persecuciones políticas en el país. En las misivas, piden que se investigue con imparcialidad y actúen con independencia del Ejecutivo y dejen de perseguir a políticos y liberen a los que están presos. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, demandaron que " actúe con imparcialidad " al emitir resoluciones apegadas a derecho y tal como lo mandata la Constitución de la República, así mismo, que no se deje de manipular en sus funciones, y que en cambio, fortalezca el sistema judicial donde prevalezca la justicia, la ética, integridad e independencia de poderes. Las organizaciones tras considerar como " inaceptables la violación a derechos humanos " en el país, pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos vigilar y mantener un rol activo ante los graves hechos. " Cumplir con el mandato que usted le confiera la Constitución de la República, tener un rol activo ante los hechos graves y defender la integridad de los ciudadanos, no dejarse manipular en sus funciones por parte del actual presidente de la República ", fue lo que pidieron las organizaciones al procurador de derechos humanos, Apolonio Tobar. Así mismo, solicitaron elaborar un informe internacional en el que se conozca la verdadera realidad, en materia de derechos humanos, específicamente, de los presos políticos y de las personas detenidas bajo el régimen de excepción. Entre las organizaciones firmantes