Las noticias de los últimos meses han conmocionado la conciencia nacional. Nunca antes vimos una Corte Suprema enviar a expresidentes de la República a procesos judiciales civiles y jamás habíamos visto una Fiscalía General de la República encarcelar a altos funcionarios. Son señales que el país está cambiando, que las instituciones de alguna manera están empezando a funcionar y hacer cumplir la ley, que se está dando un golpe de timón a la justicia y que se está dejando una forma de gobernar que ha caracterizado al país por décadas y que, en parte, es causante de la situación que vivimos. Es importante demostrar en juicio las acusaciones, con el debido proceso y las garantías que merecen los ciudadanos acusados, sin linchamientos mediáticos ni revanchismo político. Este cambio responde fundamentalmente a dos causas : el clamor de una población cansada de ver que durante décadas hubo irregularidades tras irregularidades sin castigo, proyectos gubernamentales inconclusos por la ineficiencia y la corrupción. Pero también debemos estar claros que hay una agenda internacional que, tal como sucedió en Guatemala, busca limpiar esas malas prácticas en los estados, para poder convertir a estos países en naciones viables y en receptores eficientes de cooperación, precisamente para evitar que su población siga migrando y siendo una carga para los países desarrollados.