con el estado de excepción, ya no tienen esa decisión sino la mordaza del estado de excepción. El informe elaborado por Arpas, indica que a partir del decreto legislativo 144 que establece el cese de funciones de jueces de 60 años de edad o 30 años de servicio, la situación de cobertura judicial empeoró ; aunque el cambio había empezado el 1 de mayo, con la renovación de la Sala de lo Constitucional. El decreto cesó a jueces que hablaban públicamente con los periodistas y comunicaban sus sentencias, ese es el caso del exjuez Sexto de Instrucción, Roberto Antonio Arévalo Ortuño, que tuvo a su cargo, el caso de la agente Carla Ayala, asesinada por sus mismos compañeros en una fiesta navideña el 28 de diciembre de 2017. Ahora, los periodistas tienen menos acceso a los expedientes judiciales que casos relevantes que repercute en el derecho de todos los salvadoreños y que gracias al acceso se conocieron casos relevantes de narcotráfico y pandillas. El estudio también revela que la situación es más compleja al interior del país, porque a los periodistas se les limita el acceso a las oficinas y a los juzgados ; deben esperar en los portones para obtener información y su ingreso solo es posible por intermediación de un empleado judicial. Y más grave aún, que la dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, que ha cambiado de director en cuatro veces, después del 1 de mayo cuando asumió el magistrado Oscar López Jerez, ahora nadie sabe quién es el jefe, señaló Ávalos. Antes, la oficina de prensa judicial enviaba un comunicado con la agenda de procesos diarios ; ahora, ese servicio está suspendido y los medios deben destacar a periodistas en los centros judiciales para poder informar del quehacer judicial. Tampoco hay comunicados de prensa de los casos más relevantes como en el pasado ; luego de la renovación de la Corte Suprema de Justicia, se desconoce la lista de los nuevos jueces. Pero la cobertura judicial no solo se limita a la Corte, el estudio indica que el problema se extiende a la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. En el interior del país, los periodistas iban a las delegaciones policiales, pedían los libros de entrada o nove