El Salvador ha perdido la capacidad de asombro en muchos aspectos, desde hace rato. En los últimos años hemos visto revelaciones de casos de corrupción gubernamental que han terminado en procesos judiciales y el encarcelamiento de dos expresidentes y un proceso judicial civil a un tercero. Lamentablemente nuestra institucionalidad ha sido débil, organismos tan vitales como la Fiscalía, la Corte de Cuentas o el Tribunal de Ética han sido contaminados y controlados por la partidocracia y por eso vemos los resultados que tenemos hoy. En la última década, el papel de la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema en pleno y en particular la Sección de Probidad, han ayudado mucho a esclarecer irregularidades y enriquecimiento ilícito de funcionarios de todos los gobiernos. Son investigaciones que se han profundizado desde que la Fiscalía tiene un nuevo titular que ha mostrado compromiso e independencia. Esas investigaciones deben continuar pese a toda la contaminación electoral que ya trae consigo las campañas de 2018 y 2019, en las que el objetivo no es investigar irregularidades sino ensuciar al otro para beneficio propio en las urnas. De ahí el desafío de las instituciones que funcionen apegadas a la ley y no encaminadas a seguir el juego a esas campañas.