[ caption id = " attachment _ 623312 " align = " aligncenter " width = " 627 " ] Los peticionarios de la información lamentaron que la Fiscalía haya convocado a la audiencia especial de cumplimiento ; pero, no les haya entregado la información. / Wilson Urbina [ / caption ] La Fiscalía General de la República tiene hasta este lunes para informar a la Fundación Nacional para el Desarrollo ( Funde ), si existe o no una sanción contra el Estado salvadoreño por la divulgación de un Reporte de Operaciones Sospechosas ( ROS ), emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, según informó ayer el Instituto de Acceso a la Información Pública ( IAIP ). El ROS contiene información sobre los movimientos financieros de los $ 10 millones que fueron donados por Taiwán al expresidente Francisco Flores. Esta información es parte del proceso penal contra Flores. La existencia del reporte pasó a ser del dominio público luego de ser revelado por el expresidente de la República, Mauricio Funes. Posteriormente el exfiscal general, Luis Martínez, señaló que el Estado había sido sancionado por su divulgación ; pero, nunca reveló el tipo de sanción. Se esperaba que la Fiscalía diera ayer la información durante la audiencia especial de cumplimiento de la sentencia, la cual fue emitida por el IAIP el pasado 28 de enero en respuesta a la demanda de Funde. Sin embargo, la representación del Ministerio Público argumentó que no podía entregar la información porque el Instituto emitió una resolución el pasado 11 de mayo de 2015 en la que decretó que la copia de la sanción no podía ser entregada al peticionario Óscar Campos por las implicaciones legales que podría generar. En este sentido, la representación de Fiscalía sostiene que las resoluciones del Instituto serían contradictorias porque negó que se entregara la información a Óscar Campos ; pero, los está obligando a que entreguen la información a Funde. Los comisionados del IAIP le recordaron a la representación fiscal que ya han emitido una sentencia definitiva y el no cumplimiento es una violación muy grave a la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que acarrea una sanción de hasta 40 salarios mínimos contra el representante legal de la institución que se niega a entrega