La audiencia preparatoria de aportación de pruebas en el proceso civil en contra del exjuez especializado de sentencia de San Miguel, Enrique Alberto Beltrán Beltrán y su esposa Marina Eugenia Mendoza de Beltrán, se realizó ayer en la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, con sede en San Miguel, por presunto enriquecimiento ilícito de $ 298, 941. 82. Con esta diligencia se determina el tipo de prueba que el tribunal superior admitirá y rechazará a la Fiscalía y defensa y que será analizada en la audiencia probatoria, donde se determinará si son condenados o absueltos. Los fiscales de la Unidad Anticorrupción presentaron pruebas documentales y periciales, consistentes en informes de instituciones financieras contables respecto a las cuentas que se encontraron a nombre de los demandados. La defensa del exjuez y su esposa incorporó documentación para controvertir los señalamientos de la Unidad Anticorrupción de un incremento patrimonial que se evidencia en un supuesto enriquecimiento ilícito. Toda la prueba que sea autorizada en esta audiencia será fundamental en la etapa final del proceso civil. El pasado 12 de octubre cuando los fiscales de la Unidad Anticorrupción presentaron la demanda civil dijeron que el exjuez y su cónyuge, no pudieron justificar los más de $ 298 mil que tuvieron de incremento patrimonial entre abril 2007 y julio de 2014, años en los que Beltrán Beltrán fungió como juez especializado. Para la Fiscalía, el exfuncionario judicial experimenta un aumento desmedido y no justificado de $ 178 mil 031. 82 ; mientras que su esposa reporta la cantidad de $ 120 mil 909. 87, sumado a 16 irregularidades que los demandados habrían cometido. En contra de los demandados, la Cámara ejerció algunas acciones a petición de la Fiscalía, desde que se judicializó el caso civil se les inmovilizaron las cuentas a su nombre en las instituciones del sistema financiero y se libraron oficios para que el Centro Nacional de Registros ( CNR ) y el Registro Público de Vehículos, emitiera anotaciones preventivas de inmuebles y restricciones de vehículos. Esas medidas fueron ordenadas por la Cámara para evitar que el dinero de las cuentas fuera transferido a terceras personas