El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, se reunió la mañana de ayer con representantes de la Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones ( Casatel ), gremial que aglutina a las empresas Claro, Digicel, Telefónica y Tigo, para explicarles el procedimiento que marca la ley transitoria en cuanto a la eliminación de cualquier tipo de comunicación telefónica desde los centros penales para cometer ilícitos. Tras el encuentro, el vicemandatario aseguró que dichas empresas se han comprometido a no afectar a la población alrededor de los centros penales por el bloqueo de la señal en los recintos penitenciarios. La medida ha sido aplicada para siete penales : Quezaltepeque ( La Libertad ), Cojutepeque ( Cuscatlán ), Ciudad Barrios ( San Miguel ), San Francisco Gotera ( Morazán ), Izalco ( Sonsonate ), Zacatecoluca ( La Paz ) y Chalatenango. Las compañías de telefonía solucionarán gradualmente los problemas de señal que los usuarios de los contornos han experimentado, ya que dichas empresas tienen la tecnología para hacerlo, expresó Ortiz. Tenemos que asegurar que no se permitan comunicaciones desde los centros penales, dijo Ortiz como parte del desarrollo de las medidas especiales impulsadas por el Gobierno para combatir la violencia. Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, quien también participó en el encuentro, aseguró que no en todos los recintos penitenciarios decretados bajo estado de emergencia existen bloqueadores para disminuir la señal de telefonía, ya que el tipo de tecnología es distinta. Landaverde expuso el caso del Centro Penal de Chalatenango, donde ayer se interrumpió la señal en 15 antenas y 18 celdas. La medida de bloquear la señal de celulares se dio por efectiva desde finales de la semana, luego que la Asamblea Legislativa aprobara el de medidas especiales de seguridad. En un comunicado de Casatel se informó que el acuerdo con el Gobierno incluye la formación de una mesa de trabajo técnico y jurídico.