Tras conocer la sanción exprés del presidente Salvador Sánchez Cerén a la nueva Ley de Probidad, la sociedad ha reaccionado con decepción. Es claro, se esperaba que escuchara las voces de la sociedad para que analizara las consecuencias de arrebatarle a la Corte Suprema la decisión sobre los juicios de enriquecimiento ilícito, algo claramente definido en la Constitución. Ya se presentó una demanda contra la nueva legislación y parece obvio, leyendo la Carta Fundamental de la Nación, que ésta podría ser declarada inconstitucional. Pero más allá de esa polémica legal, lo que la Corte Suprema de Justicia no puede hacer es amilanarse, disminuir el ímpetu de sus investigaciones y por el contrario, alentar a la Sección de Probidad para que continúe su labor con valentía, con seriedad y responsabilidad, sin importar quién es o a qué grupo político pertenece el investigado. Por primera vez hemos visto una sección de Probidad comprometida con su labor, decidida a cumplir con lo que la Constitución manda y ni el oficialismo ni las voces de los que temen ser investigados, debe impedir que lo siga haciendo. En un país donde la institucionalidad tiene tantos flancos abiertos, es lo menos que podemos esperar, por el bien de este país testigo de tanto abuso.