Una estructura de presuntos extorsionistas del departamento de La Paz, que según la Fiscalía General de la República mantenía amenazados a comerciantes y empresarios para que no los denunciaran, deberán continuar en prisión según ordenó ayer el Juzgado Especializado de Instrucción C de San Salvador. En la audiencia de imposición de medidas, fiscales de la Unidad Especializada Antiextorsiones ofrecieron como elementos de prueba, reconocimiento en rueda de fotografías en donde una víctima con Clave 3835 señala a los imputados como las personas que, durante tres años, la estuvieron extorsionando. Pero un elemento más fuerte incorporado al expediente son las actas sobre las entregas controladas donde los integrantes de la Mara Salvatrucha son captados en el momento de cobrar la extorsión. A través de esta herramienta de investigación que la Fiscalía autorizó, los investigadores de la Policía Nacional Civil ( PNC ) pudieron identificar a cada uno de los 22 imputados, entre ellos tres menores de edad. Según las indagaciones en el año 2015, la estructura comenzó a exigir a las víctimas $ 20 mensuales, pero luego les aumentó la tarifa en $ 50, nadie podía decir lo contrario, pues el negarse a pagar les traería problemas, tampoco decidieron denuncias por temor a represalias, producto del acoso y amenazas muchos negocios cerraron porque no les era rentable. Agobiada por el flagelo de las extorsiones a principios de 2018, una de las víctimas acudió a la Fiscalía para denunciar y desde que se inició la investigación colaboró en todas las diligencias, contando con el régimen de protección que le otorgaron para garantizar que su identidad no se conociera. La Fiscalía General de la República señala que ésta era una peligrosa estructura que mantenía en zozobra al sector comercial y empresarial del departamento de La Paz, pero bastó con una denuncia para llevarlos a prisión por el delito de extorsión agravada continuada.