El Comité contra la Tortura ( CAT ) de las Naciones Unidas convocó hoy al Estado de El Salvador para escuchar sus explicaciones dentro una revisión de la aplicación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes suscrita por El Salvador. Los miembros del Comité de las Naciones Unidas preguntaron a los funcionarios del Estado salvadoreño por cifras actualizadas sobre los fallecimientos en las cárceles, cómo se investigan las muertes de los detenidos, si el gobierno tiene la capacidad para investigar y enjuiciar denuncias de torturas, cuáles son las medidas tomadas ante castigos corporales a menores, el papel de la institución de derechos humanos y datos estadísticos sobre el uso de la fuerza física y procedimientos especiales por parte del personal en las cárceles, entre otras preguntas. También preguntaron sobre la falta de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención y el estado actual del debate de una ley de justicia transicional que condene y sancione a los responsables. Por su parte, Manuel Merino, representante de la Procuraduría General de la República respondió que hay 251 defensores penales en todo el país y han contratado 40 nuevos defensores públicos penales. El funcionario dijo que no hay quejas de falta de comunicación de los defensores con los imputados y que estos tienen libertad de decidir si optar por un defensor particular. Añadió que han recibido el refuerzo de más $ 1 millón para su presupuesto. René González, secretario de la Sala de lo Constitucional, se limitó a recordar que la nueva Sala emitió una resolución el 5 de enero de 2022 para invalidar el sobreseimiento de la Sala de lo Penal, en septiembre de 2020, en el caso de la masacre de los jesuitas y sus trabajadoras el 16 de noviembre de 1989. Luego, tomó la palabra Élmer Castro, del Ministerio de Justicia y Seguridad, quien recordó que la Sala de lo Constitucional definió a las pandillas como grupos terroristas, destacó la violencia que ejercían las pandillas en el país y recordó que los gobiernos anteriores negociaron con las pandillas y les dio beneficios para influir en las elecciones y apoyos políticos. Eso no tiene cabida en esta administración,