La defensa del empresario y exfuncionario, José Miguel Menéndez Avelar, conocido como Mecafé, sostuvo ayer que no hay pruebas que lo incriminen y alegan que el dinero recibido de Casa Presidencial corresponde a servicios de seguridad prestados por la empresa de este. Gerson Ramírez, uno de los abogados defensores del empresario, sostuvo que no es suficiente solo decir que el dinero se movió de una cuenta a otra para criminalizar ese movimiento de dinero, porque el peculado establece que el funcionario se apropie del dinero del Estado y eso no ha sucedido, ya que en Capres, el funcionario pagó servicios que recibió. La Fiscalía dice que no existe documentación de respaldo en Presidencia de la República que se brindaron servicios ; por ejemplo en el caso de mi patrocinado no es responsabilidad de él, que esa documentación no esté en la Presidencia de la República, sostuvo el abogado durante el inicio de la cuarta semana de audiencias del caso llamado Saqueo Público. Según Ramírez, su responsabilidad, era proporcionar el servicio solicitado y está debidamente documentado con facturas y en su contabilidad. El abogado dijo que se ha querido hacer ver, que Mecafé cobró por servicios que no prestó a Capres. Desvirtuada esa posibilidad por falta de prueba, el abogado estima que el caso de Mecafé, no debería transitar a la siguiente etapa. La Fiscalía pretende vincularlo por ser accionista de empresas de seguridad que le brindó servicio a la Presidencia, y que por sus servicios no existe un soporte documental en la Presidencia de la República, pero esa era responsabilidad de la Presidencia de guardar los recibos o facturas recibidas por el pago de sus servicios. La responsabilidad de mi cliente era entregar facturas por servicios prestados y mantener su contabilidad al día ; pero que Presidencia, no haya realizado adecuadamente, las licitaciones, la libre gestión o contrataciones directa como lo establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ( LACAP ).