Esta tarde, en un vuelo proveniente de los Estados Unidos llegó el exministro de la Defensa El Salvador, José Guillermo García. La embajada de Estados Unidos en El Salvador emitió un comunicado en el que explica cuál fue el proceso de su deportación, cumpliendo la ley y tramitado por ICE. García llegó este viernes a su país, después de que un tribunal estadounidense de apelaciones ratificara la decisión de un juez de Miami de deportarlo. En el aeropuerto internacional de El Salvador, diversas organizaciones de Derechos Humanos pidieron a la justicia de este país enjuiciar al militar y exministro de Defensa, condenado en Estados Unidos por varios crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato del beato Óscar Arnulfo Romero. " Exigimos al Estado salvadoreño el cumplimiento de los tratados internacionales de justicia y que la justicia del país asuma su responsabilidad, porque nuestras víctimas no deben de continuar invisibles ", dijo en rueda de prensa un representante de la Red de Víctimas del Conflicto Armado. Mientras, el coordinador de Comisión Pro - Memoria Histórica de El Salvador, Ovidio Mauricio, dijo que las organizaciones buscarán una apertura de proceso contra el exministro y hará presión para que una ley de amnistía que impide su enjuiciamiento sea anulada. Ningún militar salvadoreño ha sido juzgado en este país centroamericano por la existencia de esta ley de amnistía general, creada en 1993. El exministro fue juzgado en Florida en el año 2012 por crímenes de guerra en el conflicto bélico salvadoreño ( 1980 - 1992 ), en un juicio civil en el que se le condenó a indemnizar a las víctimas con 54 millones de dólares. El caso arrancó en 1999 tras la demanda presentada por el Centro por la Justicia y la Responsabilidad norteamericano contra García, quien ejerció como ministro entre 1979 y 1983. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos, amparado en una ley de 2004 que permite expulsar del país a violadores de derechos humanos, llevó el caso a un tribunal de inmigración de Florida, donde se dictó la orden de deportación. En su escrito, el juez consideró " inconcebible " que la tortura a gran escala que se produjo en El Salvador entre 1979 y 1983 pudiera llevarse a cabo sin el conocimiento