El Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla resolvió este miércoles que en la fase de instrucción por los delitos de fraude informático y estafa informática. El juez decidió que dos de los señalados, identificados como Marvin Alexander Escobar Amaya y Wilkin Manuel Medina Mateo, de nacionalidad dominicana, sean procesados en libertad solo cumpliendo medidas sustitutivas como presentarse cada 15 días a firmar al juzgado. Mientras que para dos de ellos, Óscar Fabricio Chávez Flores y Ronald Edgardo López Valencia, ordenó su detención provisional. Las investigaciones iniciales de la Fiscalía General de la República han establecido que los imputados contactaban a sus víctimas, a través de redes sociales, les enviaban enlaces electrónico a sus cuentas de correos, WhatsApp y otras plataformas digitales, que al abrirlos, copiaba la información bancaría de las personas y de esa forma extraían su dinero. El fiscal explicó que los imputados recurrían a las plataformas digitales, hablaban con las personas a través de mensajería y los invitaban a pasarse a WhatsApp estas personas decían que residen en el extranjero como Estados Unidos o Costa Rica. Daban prioridad a las víctimas que se dedican al comercio electrónico, le decían que les interesa el producto que venden y les ofrecían comprar ; les advertían que les harían una transferencia internacional : Te voy a enviar un link, lo tenés que abrir e ingresar la información solicitada. En estos casos, el mensaje a los jóvenes es que no se dejen engañar cuando les ofrezcan empleo de trabajar desde casa, recibiendo dinero en sus cuentas y posteriormente remesándolo en su mayoría a Colombia, Costa Rica y México. El problema es que en los registros bancarios, quedan ellos como las personas que reciben y transfieren a través de Western Union diferentes sumas de dinero, a cambio de una comisión, pero al final ellos cargan con esos ilícitos. La Fiscalía General de la República ha solicitado que se imponga la pena máxima de 30 años de prisión a los implicados. El ministerio público además ha pedido al juez que se establezca una responsabilidad civil a favor del jefe edilicio por daños contra su integridad y a