opositores no le parece lógica a la investigadora de seguridad pública Jeannette Aguilar. Si bien asegura que no hay certeza, cree que cada vez más hay elementos para sostener que hay una acuerdo con el actual Gobierno a juzgar por el comportamiento histórico de las pandillas. Pueden ser maneras de comunicarse, de enviar mensajes al Gobierno de turno para negociar concesiones o para mostrar también inconformidad respecto al incumplimiento de determinados acuerdos que posiblemente se han gestado en el marco de este nuevo diálogo, dijo a Diario El Mundo. La investigadora no descartó que haya un intento por lograr dichos beneficios, que podrían ser incluso penitenciarios. Las pandillas suelen ir aumentando demandas en la medida que se les va dando un espacio, es un comportamiento bastante prototípico de estas estructuras, explicó. La investigadora lo ve como una fractura, también posiblemente causada por la presión de Estados Unidos para extraditar a cabecillas de pandillas requeridos por cortes federales, o la intervención estatal del transporte. Han adquirido buses, están insertos en este negocio, posiblemente estén afectando la dinámica de rentabilidad de estos grupos, dijo la investigadora, que no ve posible el escenario de la causa opositora. Dos diputados de Nuevas Ideas fueron preguntados este lunes sobre si la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) debería extraditar a cabecillas de pandillas requeridos por los Estados Unidos. Nosotros hemos estado pidiendo extraditar precisamente a expresidentes que robaron millones y millones, respondió Jorge Castro, en radio Sonora. Luego, dijo que hay un procedimiento a seguir. No solo es porque se pide, no, hay un procedimiento, hay una acción de reclamo, pero los países pueden reclamar porque El Salvador está viviendo su verdadera época de independencia, aunque no lo crean. Castro sostuvo que el país está tomando sus propias decisiones libres. Por su parte Geovanni Zaldaña respondió que en El Salvador hay tres poderes del Estado y que ya el Órgano Judicial tiene una postura al respecto. Añadió que el Ejecutivo está encargado del control territorial y el manejo de las cárceles. Zaldaña añadió, sin embargo, que el llamado