Organizaciones de la sociedad civil aseguran que El Salvador incumplió las recomendaciones de la relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales emitidas en 2018, debido a falta de compromiso gubernamental y judicial, para impulsar leyes, investigaciones y sanciones ejemplarizantes contra grupos de exterminio. En su informe de Seguimiento a las recomendaciones de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Agnes Callamard ; las organizaciones señalan que los Órganos de Estado han fallado en fortalecer a la Policía Nacional Civil ( PNC ) y sus controles internos para lograr investigaciones profesionales y sanciones ejemplarizantes en estos casos. De acuerdo con datos del Observatorio Universitario de Derechos Humanos ( OUDH ), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ( UCA ), entre 2018 y enero de 2020, la Fiscalía General de la República ha logrado desarticular ocho estructuras criminales donde participaban al menos 33 agentes de seguridad, nueve de la Fuerza Armada de El Salvador ( FAES ) y 81 particulares - entre ellos expolicías -. Todos están relacionados a la presunta participación en grupos de exterminio o sicariato. Estas agrupaciones fueron señaladas de practicar ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a derechos humanos en perjuicio de 68 víctimas ; y en solo dos de estos casos se han obtenido condenas para un total de 27 individuos, y el resto continúa en etapa judicial. El informe reconoce que hay un mayor número de estructuras desarticuladas, pero señalan que existen un claro patrón de articulación sistemática de grupos al margen de la ley, con personal activo de los cuerpos de seguridad, que operan bajo la lógica de exterminio y limpieza social, sin que a la fecha exista un programa estatal específico para detener este fenómeno.