La Asamblea Legislativa tiene menos de un mes para cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) que le ordena regular los principios de responsabilidad patronal sobre riesgos profesionales de los trabajadores a domicilio. La Sala dio un plazo de 6 meses para regular o adaptar las normas que sean necesarias sobre la materia. El plazo inició el día siguiente a la notificación, es decir el 14 de diciembre de 2021, por lo que terminaría en junio de 2022. La Comisión de Trabajo dio por recibida la resolución el 13 de enero de 2022. Los riesgos profesionales están regulados en el Código de Trabajo, donde se establecen responsabilidades patronales pero el artículo 320 literal a excluye a los trabajadores a domicilio, lo que a juicio de la CSJ va en contra de la Constitución de la República. Sin declarar inconstitucional el literal a, la Sala argumentó que es una norma preconstitucional y se limitó a decir que quedó derogado desde el 20 de diciembre de 1983 cuando entró en vigencia la Constitución. Los riesgos Se entienden por riesgos profesionales los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales a que están expuestos los trabajadores a causa, con ocasión, o por motivo del trabajo, los cuales acarrearán responsabilidad para el patrono, salvo aquellos producidos por fuerza mayor extraña y sin relación alguna con el trabajo y los provocados intencionalmente por la víctima. Pero el Código de Trabajo dice que no se aplicarán a los trabajadores a domicilio. La Sala declaró que esa exclusión contraviene el artículo 3 de la Constitución, sobre la igualdad de las personas ante la ley, y el artículo 41, que reconoce los derechos para el trabajador a domicilio. La exclusión de los trabajadores a domicilio de la protección frente a los riesgos profesionales regulada en tal cuerpo normativo es una medida discriminatoria desproporcionada, reza el fallo. La Sala indica que ello no significa equiparar totalmente a los trabajadores a domicilio con los que están en otro régimen, ya que el artículo 41 de la Constitución dicta que se reconocerá al trabajador a domicilio una situación jurídica análoga a la de los demás trabajadores, tomando en consideración la peculiaridad de su labor. Además