Cuatro familiares de las víctimas de la masacre del río Sumpul, ocurrida durante el conflicto armado salvadoreño, testificarán en el Tribunal de Primera Instancia de Chalatenango, a petición de la Unidad del Conflicto Armado de la Fiscalía General de la República ( FGR ). El fiscal del caso señaló que el proceso judicial se encuentra en la ronda de la prueba testimonial de la masacre ocurrida el 14 de mayo de 1980 en la zona de Las Aradas, zona de Las Vueltas, El Coyolar, Ojos de Agua y todos los cantones aledaños y, precisamente en el cantón Las Aradas es donde se dio el mayor número de personas que fueron asesinadas. La Fiscalía aseguró que testigos de esta masacre declararán por primera vez en sede judicial. De todos los datos que narran los testigos se valorará cada testimonio y si hay lugares que practicar inspección, lugares donde se identifiquen que se encuentran personas que fueron asesinadas en el contexto del conflicto armado, se procederá en la búsqueda de prueba científica, a través de procesos de exhumación para determinar la identidad de estas personas y la búsqueda de nuevos testigos que nos permitan conocer qué sucedió, señaló el fiscal del caso. En mayo de 2022, ocurrida en la zona norte del país, pese a que la denuncia fue interpuesta en 1992. " A 42 de la masacre, los sobrevivientes y familiares seguimos demandando justicia y reparación, lamentamos la negativa de las instituciones encargadas de hacer justicia y del Gobierno que no ha agilizado los procesos para que se investigue la realidad de los hechos ", señaló el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Sumpul, Felipe Tovar. El pasado 14 de septiembre la Fundación para el Debido Proceso ( DPLF ) junto a diferentes organizaciones y víctimas del conflicto armado, señalaron que, entre ellos la masacre del Río Sumpul. La justicia salvadoreña ha sido incapaz de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y de guerra ocurridos durante los 12 años de conflicto armado en el país. Sonia Rubio, representante de DPL