El Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel encontró culpable al gobernador de San Miguel, Ricardo Osmín Canales, por haber usado palabras inapropiadas para referirse a una empleada de la institución el año anterior, caso que se llevó a cabo este miércoles en la sala de audiencias de Centro Judicial. La condena consiste en una multa de dos salarios Mínimos, la pérdida de sus garantías como ciudadano, lo que le impide participar en una elección. El funcionario seguirá en sus funciones ya que eso no está prohibido por la ley. El fiscal del caso se mostró complacido por la condena. La empleada, Carmen Elisa Ulloa, empleada de la gobernación, aseguró que la circunstancia fueron bien valoradas por el juez. Ella pedía 25 salarios mínimos. Aunque reconoce que el pago es mínimo el abogado defensor del gobernador, David Omar Medina aseguró que es un delito de bagatela. La víctima fue manipulada por un sindicato, manipulada por personas externas e internas a la dependencia, por eso se va apelar ante la cámara, dijo Medina. Sobre la situación de la pérdida de los derechos ciudadanos, aseguró que el Juez se confunde porque una persona pierde los derechos cuando hay privación de libertad, pero esto es una multa de trascendencia civil. Lamentamos el sistema que tenemos, un sistema que no es confiable, explico el defensor al referirse a la forma de cómo se sancionó al funcionario.