La portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Liz Throssel, recordó hoy a El Salvador que los derechos a la vida y a no ser torturado rigen en todo momento incluso durante los estados de excepción. Aclaró que reconoce el deber del Estado de garantizar " la seguridad y la justicia ". El recordatorio lo hace esta Oficina en un comunicado en donde expresa una profunda preocupación por las medidas que tomó el Gobierno salvadoreño ante el alza de homicidios provocados por las pandillas el fin de semana del 25 de marzo pasado. La instancia señala que 5, 747 personas han sido detenidas sin orden judicial, algunos objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, objeta la imposición de penas sentencias elevadas incluso al sancionar penalmente a niños como adultos y la supresión de garantías del debido proceso como la celebración de audiencias en ausencia de los acusados, juicios con jueces sin rostros y la prolongación de la detención preventiva a los acusados de delitos. En medio de la histórica disminución de violencia a promedios de dos homicidios diarios, El Salvador sufrió un alza repentina de crímenes desde el 25 de marzo, día en el que fueron asesinadas 14 personas. El sábado 26 de marzo se convirtió en el día más sangriento desde que existe registro de homicidios del Instituto de Medicina Legal en El Salvador ( 2002 ). El Gobierno, señalado en diciembre de 2021 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de haber negociado la reducción de homicidios, reaccionó endureciendo las medidas carcelarias y capturando a pandilleros.