El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública planea habilitar el nuevo penal hospital en dos semanas, en la infraestructura que albergaba a la Penitenciaría Occidental, en el municipio de Santa Ana. Ayer, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez, hizo una inspección de los trabajos que se hacen al interior del recinto que buscará albergar a 800 reos con enfermedades crónicas, degenerativas y terminales. Los casos más críticos se van a conducir a este centro para que acá reciban una atención especializada en salud, considerando que es el que reúne mejores condiciones, dijo ayer Ramírez a la prensa. Explicó que aunque no es grande, reúne las condiciones necesarias para las atenciones y está cerca el hospital San Juan de Dios de Santa Ana, por cualquier emergencia. El director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, explicó que el recinto iniciará con cero hacinamiento y permitirá la visita, periódica, de la familia del reo enfermo. Va a permitir una movilidad constante hacia los centros asistenciales, porque nos lo permite el convenio con el Ministerio de Salud que se ha hecho y la planta médica que vamos a tener acá, explicó Lima. Hace dos semanas, Centros Penales habilitó el sector II del complejo penitenciario de Izalco para brindar tratamiento a reos con tuberculosis. Lima explicó que el sistema penitenciario tiene unos 262 reos con Virus de Inmunodeficiencia Humana ( VIH ), 400 con diabetes, 150 con insuficiencia renal y unos 20 con cáncer. Ramírez dijo, por su parte, que el tema de la desnutrición en los reos ha sido saneado en un 100 %. El pasado mes de febrero, la relatora especial de ejecuciones extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ), Agnes Callamard, calificó de inhumano el hacinamiento en las cárceles salvadoreñas y señaló que eso permitía el contagio de enfermedades como la tuberculosis. Ayer, las autoridades señalaron que han invertido $ 1 millón en medicamentos e insumos médicos para los reos de todo el sistema penitenciario y tienen 25 clínicas y más de 200 profesionales de la salud, atendiendo privados de libertad