Las elecciones legislativas y municipales están a menos de tres meses de realizarse y el Tribunal Supremo Electoral aún no tiene definidos aspectos tan fundamentales como la composición de las Juntas Receptoras de Votos o la tecnología para el conteo preliminar de votos el día de los comicios. El colmo es que una prueba hecha la semana pasada se hizo a puertas cerradas. Después de lo ocurrido en 2014 y 2015, los resultados electorales han quedado bastante ensombrecidos por dudas razonables sobre el conteo de votos y cómo los partidos manejan a su antojo las mesas electorales. El problema es que no parece haber una voluntad de corregir, ni siquiera de aceptar los terribles errores del 2015, cometidos por este mismo tribunal. Si este tribunal falla como lo ha hecho su similar de Honduras, los magistrados deberían ser procesados y responsabilizados de esos errores para que marquen un precedente en el país. Es hora que la sociedad civil, los partidos políticos, las iglesias y los tanques de pensamiento exijan con firmeza un proceso electoral preparado con eficiencia, planificado con transparencia y diseñado para el respeto absoluto a la voluntad popular. La exigencia tiene que ser ahora porque en marzo, si el Tribunal Supremo Electoral nos vuelve a fallar, será demasiado tarde.