La Sala de lo Constitucional ha marcado la defensa de la institucionalidad en El Salvador. Su tenaz independencia ante los excesos del poder sobre la Constitución, les han hecho librar batallas que nunca antes se dieron en el país. Fue la Sala de lo Constitucional la que propició el acceso a la información como derecho, la que reabrió la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia con todas sus facultades y eso ha permitido que la Corte Suprema de Justicia mande a juicio civil a prominentes personajes públicos por enriquecimiento ilícito. Ahora la Fiscalía General de la República se ve fortalecida en el combate al delito en todas sus formas y niveles, la población tiene esperanzas de que empieza a haber justicia y que la institucionalidad se va fortaleciendo poco a poco. Pero hay una tercera institución en esta ecuación y es la Corte de Cuentas, ya de por sí cuestionada por la Fiscalía en el caso del expresidente Saca. Actualmente el órgano contralor no tiene titulares, fruto de sentencias de la Sala de lo Constitucional que declaró ilegal la elección de sus magistrados debido a sus conexiones partidarias o a otras razones. La Asamblea Legislativa no debe seguir postergando la elección de magistrados y escoger a los profesionales idóneos, independientes y capaces que se comprometan a cumplir una labor que sus antecesores no han cumplido.