La Cámara Primera de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República decidió absolver al expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, al exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado ( OIE ), Edgar Lizama, y tres ejecutivos de su administración, de cinco reparos señalados por la Dirección de Auditoría Uno. La resolución también favorece a Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero institucional ; Manuel Ayala Orellana, director ejecutivo ; y Rigoberto Palacios Panameño, exjefe de contabilidad. Por ello, la Cámara aprobó la gestión de los cinco funcionarios en los cargos ocupados de junio a diciembre de 2014 y solo con relación a dicha auditoría ordenó la extensión del finiquito de ley. En el caso, la Fiscalía argumentó que hay incumplimientos de leyes y reglamentos, y perjuicio económico por la acción u omisión culposa de los servidores públicos o un tercero. El apoderado del expresidente Sánchez Cerén y el exdirector del OIE Edgar Lizama, consideró que el juicio de cuentas no procedía porque advirtió que los reparos de responsabilidad patrimonial suman $ 27 millones y señaló que dicha antidad excede el presupuesto asignado. La auditoría, realizada el 18 de diciembre de 2019, hizo cinco reparos. El primero fue que el exdirector del OIE no proporcionó la información solicitada por los auditores, como facturas y recibos de las adquisiciones, el nombre de los refrendarios de cheques de cuentas del Banco Hipotecario e informe de la ejecución de los gastos reservados. La Cámara concluyó que el exdirector del OIE ya no tenía acceso a la información porque había terminado su periodo en el cargo. El segundo reparo señalaba responsabilidad patrimonial por $ 13, 716, 293. 14 atribuida a Sánchez Cerén, Edgar Lizama y Rigoberto Palacios porque no encontraron documentación de soporte como recibos y factores. La Cámara dijo que es viable ese registro contable por la confidencialidad, reserva y clasificación de los documentos, ya que en materia de inteligencia el fin primordial es preservar la seguridad del Estado. Los auditores señalaron como tercer reparo la