Un incuplimiento tibio es lo que el Estado salvadoreño ha hecho respecto al reconocimiento y protección de las víctimas de desplazamiento forzado. Cree que es un tema clave que los candidatos y futuros gobernantes deben tomar en cuenta, no como un tema de segundo plano, sino como una estrategia para ganar confianza de la población en las institiciones, como la Policía Nacional Civil ( PNC ). Agrega que una muestra para entender que las medidas extraordinarias de seguridad, ahora medidas permanentes de la Ley Penitenciaria, no han funcionado es que las víctimas de desplazamiento forzado siguen huyendo porque se sienten desamparadas por el Estado. Es duro de hablar de un incumplimiento absoluto, yo creo que en los seis meses han sucedido cosas importantes, uno es que el debate sobre el término más o menos acabó, incluso el ministro de Justicia ya maneja el término desplazamiento y esto levanta los marcos institucionales de responsabilidad y acción, eso es algo positivo. Hay que verlo matizado, no es un incumplimiento absoluto, yo diría que es un incumplimiento tibio y hay dos riesgos importantes en eso, uno que sí se aprobó un reconocimiento más general, es también un reconocimiento que minimiza el tema : ¡ Ah sí!, pero no tan importante, se sigue con ese discurso y, por no ser un tema tan importante, todavía no figura en el presupuesto de la nación, que es obligación que dicta la Sala. Las rutas de atención que se han desarrollado se caracterizan por ser rutas de referencia, lo cual el Estado está viendo el tema de atención a víctimas como algo que tiene que articular y mandar hacia las organizaciones de la sociedad civil, entonces, esto no constituye una política porque depende de la cooperación ; es decir, si hay un programa, una capacidad en el país de responder a las víctimas, depende de que una organización gestione fondos y, si no gestiona fondos, en el país no hay una ruta de respuesta de atención a víctimas, entonces, no podemos decir que eso constituye una política estatal que depende de otros y de su capacidad de recaudación de fondos, lo cual, nos vuelve al tema del presupuesto. La sentencia reta el dogma de la seguridad pública, ese dogma que siempre ha priorizado el financiamiento de políticas, de