Un perito desligó de toda responsabilidad a la exdirectora de Auditoría III de la Corte de Cuentas ( CCR ), Isabel Cristina Laínez de Pérez, enjuiciada en el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador por incumplimiento de deberes, tras desconocer supuestas irregularidades en la gestión del exfiscal Luis Martínez. Según la Fiscalía General de la República ( FGR ), en los años 2015 al 2017, Laínez de Pérez decidió supuestamente eliminar observaciones que por su gravedad debieron ser consideradas hallazgos de auditoría de la administración del exfiscal Luis Martínez, y las cuales fueron descubiertas por auditores, en el desarrollo de la auditoría de gestión realizada a la Fiscalía, en el año 2017. Para el Ministerio Público, la exdirectora debió ordenar, que se incluyeran las supuestas irregularidades en el borrador del informe final de auditoría, para realizar los respectivos juicios de cuentas, tal como lo ordenan las disposiciones legales de la CCR. Los hallazgos reprochados al exfiscal Martínez y que la exdirectora Laínez no reportó consistieron en pago de reembolsos de viáticos y viáticos complementarios, compra de boleto aéreo con destino a Montevideo, Uruguay, sin acuerdo que lo autorice por $ 1, 409. 38, además, gastos para elección del consejo fiscal y contratación de personal sin seguir el debido proceso. Para establecer de quién era la responsabilidad de no incorporar las presuntas irregularidades encontradas en el informe de auditoría del exfiscal Martínez, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ordenó realizar una pericia a cargo de tres peritos, dos nombrados por la Fiscalía y uno por la defensa. Tras las investigación, los tres peritos coincidieron que no encontraron incumplimiento de parte de la exdirectora Laínez Pérez, sino del equipo auditor y de su jefatura. La pericia le salió contrario al delito de incumplimiento de deberes, diciendo que la exdirectora, sí cumplió con el reglamento completo y las funciones que le competen, afirmó el abogado de la procesada, Hugo Alvarado. El principio de legalidad en los funcionarios públicos, manda que