El Instituto de Acceso a la Información Pública ( IAIP ) fue renovado la semana pasada, con cinco nuevos comisionados, y ya recibe los primeros cuestionamientos de parte de algunos sectores por la procedencia y afinidad de algunos de sus nuevos titulares. Hay hasta la amenaza de una demanda ante la Sala de lo Constitucional por la elección. Pero más allá de la polémica sobre quiénes son los electos, lo que la sociedad salvadoreña no puede consentir es un retroceso en el acceso a la información pública, considerado un derecho fundamental por la Sala de lo Constitucional. La labor del IAIP saliente permitió notables avances en la transparencia gubernamental y el combate a la corrupción. Fue gracias a la revelación de las declaraciones de Probidad de los funcionarios que se logró procesar a dos expresidentes y otros exfuncionarios estatales, por ejemplo. El IAIP no puede ser tapadera ni protector de ningún funcionario o de ningún Gobierno, debe apoyar la exigencia ciudadana por mayor transparencia, sin apellidos ni banderas. Ni tampoco jugar el papel de la Secretaría de Transparencia de esta administración, que se convirtió en una arma política selectiva de propaganda. Ojalá que los nuevos comisionados estén realmente comprometidos con el acceso a la información.