La aprobación a finales de la semana pasada de la tan esperada Ley General del Presupuesto, constituye una tregua en el polarizado escenario político y una buena noticia para la sociedad. Luego de meses de discusión y espera, la certeza de contar con partidas presupuestarias necesarias para financiar el gasto social y la seguridad de los salvadoreños, permite identificar para el siguiente año fiscal, no solo las prioridades del Gobierno, sino que a la vez, las materias sensibles al escrutinio político y ciudadano. Varias lecciones quedan de tan azaroso proceso de aprobación : la necesidad de racionalizar el gasto público, pero también el debate sobre el mismo, la urgencia de crear mecanismos de debate abiertos a la participación ciudadana y, finalmente, la necesidad del país de contar con una mejor comunicación política entre todos los órganos de Estado. Finalmente, el diálogo puede abrir la puerta a entendimientos claves para lograr objetivos comunes. Nadie desea que en el 2020 se llegue casi al final del año, para aprobar un presupuesto estatal que brinde certeza y seguridad jurídica a todos. La planificación del gasto público comienza en enero y las condiciones para aprobarlo ya están en la Constitución y las leyes. No caben excusas donde abundan las lecciones y la experiencia.