El 30 de mayo del año 2014, el empresario José Adán Salazar Umaña, conocido como Chepe Diablo se convirtió en el primer salvadoreño en ser incorporado en la lista de capos de la droga ; así lo designó el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, bajo la Ley de Designación de Capos del Narcotráfico, mejor conocida como Ley Kingpin, desde entonces ningún otro nacional ha pasado a formar parte de esa lista. El Departamento del Tesoro lo designó como un capo porque encontró suficiente evidencia civil que Chepe Diablo está involucrado directamente con el narcotráfico y sus empresas podrían ser ocupadas para lavar dinero donde se invierten las ganancias de las acciones del narcotráfico. Los capos nombrados por un presidente estadounidense son personas contra quienes hay abundante información de su involucramiento en la narcoactividad, pero no necesariamente significa que estos capos tengan cargos criminales en Estados Unidos. A excepción de grandes capos, que sí tenían cargos criminales en ese país, uno de ellos, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán, el guatemalteco Waldemar Lorenzana, alias El Patriarca, jefe de una organización señalada de trasegar cocaína entre El Salvador y México, y que tiene nexos en Centroamérica y con el Cártel de Sinaloa. El Departamento del Tesoro ha incluido a la lista a cientos de capos oriundos de naciones africanas, centroamericanas, suramericanas y asiáticas ; en contra de ellos hay abundante información de sus nexos con la narcoactividad, pero sin ningún cargo criminal en Estados Unidos. La Ley Kingpin se ha convertido en una herramienta legal para bloquear civilmente a personas o empresas que, según Estados Unidos, son narcotraficantes y en su máxima lucha antinarcóticos, las autoridades de ese país saben perfectamente que a los narcotraficantes les duele más el golpe a la billetera que un decomiso de droga. La Ley de Designación de Capos del Narcotráfico, mejor conocida como Ley Kingpin, es una normativa que data de diciembre de 1999, cuando los senadores Diane Feinstein y Paul Coverdell propusieron que se aprobara una ley que facultara a la Oficina de Control de Bienes Extranje