La reciente captura de 11 miembros activos de la corporación policial, acusados de pertenecer a una banda de sicarios, vuelve a poner bajo la lupa de la opinión pública el problema de la infiltración del crimen organizado en las estructuras estatales. Del operativo realizado surgen muchas preguntas, a la vez que llama la atención la gran ausencia del inspector general de Seguridad Pública, quien, según la Ley, es el responsable de supervisar las actuaciones de todos los miembros de la Policía. A lo largo de los últimos años, la existencia de verdaderas bandas uniformadas dedicadas a cometer delitos, o el involucramiento de algunos miembros de la corporación en la comisión de graves violaciones de derechos humanos, ponen en evidencia la falta de procesos de supervisión y depuración constantes, que constituyen la razón de ser de la Inspectoría. La separación de dicho ente contralor de la corporación policial y la aprobación de una ley especial hace cinco años, no han logrado que esta haga su trabajo de acuerdo a las expectativas con las que fuera creada. Si se quiere contar con un cuerpo policial profesional y efectivo, dichas cualidades deben estar reflejadas en el inspector a cargo de supervisarle. La falta de efectividad de este, influye negativamente en el funcionamiento del otro.