Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos visitaron esta mañana, el caserío El Mozote, en Arambala, Morazán con la finalidad de verificar las medidas que dictaron en la sentencia de 2012, cuando condenaron al Estado salvadoreño de ser responsable de la masacre de 1981 en ese lugar. A los jueces de la Corte los acompañó el Ministerio de Cultura, Obras Públicas, Salud y Educación quienes expusieron algunas obras en el programa de desarrollo que la Corte IDH ordenó en 2012, sin embargo las víctimas y sobrevivientes dijeron a los jueces que las medidas no están siendo cumplidas en su totalidad, seis años después de la condena. " La sentencia de la Corte nos ha reconocido y reivindicado. Aún falta mucho y todavía hay quienes quieren tapar lo que pasó, pero las víctimas no estamos solas ", dijo a los jueces Dorila Márquez esta mañana. Sofía Romero denunció que la atención psicolosocial no se está cumpliendo porque en el centro de salud solo hay una psicológa que no alcanza a cubrir la demanda. En 2012, la Corte Interamericana determinó que el Estado salvadoreño debía investigar los hechos que generaron violaciones e identificar, juzgar y sancionar a los responsables así como localizar, identificar y entregar a sus familiares los restos de las víctimas de las masacres. Entre las medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción que la Corte IDH determinó están : Además, los jueces ordenaron garantías de no repetición de hechos similares " El Estado ha reconocido que en el marco del operativo militar en el que participó principalmente el BIRI Atlacatl, con apoyo de otras depedencias militares, incluida la Fuerza Aérea salvadoreña, se habían perpetrado masacres sucesivas en siete localidades del norte del departamento de Morazán. La Corte estima pertinente recordar que la eficacia e impacto de la implementación de los programas de educación en derechos humanos en el seño de las fuerzas de seguridad es crucial para generar garantías de no repetición de hechos como los del presente caso ", dice la sentencia. La Corte también ordenó la entrega de $ 35, 000, $ 20, 000 y $ 15, 000 a las víctimas y