La administración Trump y el Senado estadounidense impusieron severas sanciones esta semana al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y declararon a la dictadura nicaragüense un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. La nueva ola de sanciones incluyó a Murillo y al secretario privado de Ortega. A ambos se les señaló particularmente por actos de corrupción y su papel en las horribles violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Nicaragua desde abril. Las sanciones contra Murillo y Moncada bloquean todos sus bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, e impiden a personas y entidades estadounidenses hacer negocios con ellos. Las sanciones anunciadas por Estados Unidos buscan obligar a Ortega a buscar una salida negociada del conflicto que ha dejado medio millar de muertos y más de 600 presos políticos, además de miles de exiliados. Mientras tanto, las sanciones buscan impedir el acceso del Gobierno nicaragüense a préstamos internacionales, algo que podría asfixiar no solo al régimen, sino a toda la economía nicaragüense, golpeada por la crisis sociopolítica y el cierre de libertades públicas impuesto por la dictadura, un espejo que debemos ver en El Salvador ante cualquier aventura autoritaria.