Un especialista de la Organización Internacional del Trabajo advertía la semana pasada que tres de cada cinco salvadoreños están empleados en el sector informal, es decir alrededor de un 56. 8 % y carecen de prestaciones laborales, de seguridad social o de fondos de pensiones. Muy probablemente tampoco pagan impuestos sobre sus ingresos. La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2016 indica que solo 35 de cada 100 personas ocupadas están afiliadas o cubiertos por algún sistema de seguridad social del orden público o privado. La cobertura social para el área rural es del 17. 1 % mientras que para la zona urbana es de 43. 6 %, además este tipo de servicio abarca el 35 % de las mujeres y un 34. 1 % de los hombres. Ningún sistema de seguridad social o de pensiones es sostenible con este tipo de realidades. Si a eso sumamos otra cifra preocupante que señala que un 70 % de las micro y pequeñas empresas ( mypes ) se encuentran en el sector informal, es decir unos 300 mil negocios no están legalmente constituídos, tampoco pagan impuestos y así ningún problema fiscal se va a arreglar. Regularizar la informalidad es un enorme desafío para proteger a los empleados en ese sector y para lograr que las mypes también tributen.