La Sala de lo Constitucional amparó ayer a seis víctimas de desplazamiento forzado, provocado por las pandillas en los municipios de Berlín, Usulután y Ciudad Delgado, San Salvador, ordenó al Estado protegerlos y además, recuperar control territorial de las zonas dominadas por pandillas. Las víctimas no fueron identificadas por seguridad y solo se refieren a ellas por los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La Sala declaró la existencia del fenómeno de desplazamiento forzado de personas, algo que el Ejecutivo ha negado repetidamente. Según la resolución de la Sala, dicho fenómeno tiene origen en el contexto de violencia e inseguridad que afecta gravemente a colectivos vulnerables de distintas zonas geográficas del país controladas por las pandillas y en las afectaciones sistemáticas a derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad, entre otros, causadas por la criminalidad organizada, principalmente por los referidos grupos delictivos, lo cual constituye un estado de cosas inconstitucionales. La Sala da lugar al amparo solicitado por los demandantes en contra de la Asamblea Legislativa, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, la Comisión Coordinadora y la directora de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia por la vulneración de sus derechos a la protección en la conservación jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos, a la seguridad material, a la protección familiar, a las libertades de circulación y de residencia, y a la propiedad. También ordena al director de la PNC y al fiscal general, investigaciones exhaustivas e inmediatas, diligentes y concluyentes, para esclarecer los delitos de los cuales, supuestamente, fueron víctimas los peticionarios cuando residían en los municipios de Delgado y de Berlín. La Sala ordenó brindar medidas de protección a quienes ya tienen de facto la condición de desplazados y, además, garantizarles la posibilidad de retorno a sus residencias. La sentencia también ordena al Presidente de la República que la implementación de acciones orientadas a recobrar progresivamente y de forma permanente los territorios bajo control de las pandillas y atender a las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia, como una prioridad en la elaboración del presupuesto general del Estado. La