La Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP ) concluyó un incremento en el último semestre de agresiones, encarcelamiento y exilio forzado contra periodistas, ataques a medios de comunicación, acoso judicial, estigmatización y, en algunos países, periodistas asesinados. Los líderes de diferentes medios de comunicación concluyeron que el principal desafío de la prensa libre es la violencia creciente. La Reunión de Medio Año de la SIP, que analizó la situación durante el último semestre, se realizó del 19 al 21 de abril de 2022. En la reunión, se mencionó que en El Salvador el Gobierno usó el sofware Pegasus para vigilar periodistas y medios de comunicación ; así como en Cuba y Venezuela, en donde el régimen de Nicolás Maduro bloqueó portales de internet y censuró el acceso a la red. Cuba estableció penas por desacato a la autoridad y castiga con cárcel la clandestinidad de publicaciones. También, se señaló que en El Salvador la reforma contra las pandillas criminaliza también a medios y periodistas. En la reunión, se destacó que la multiplicación de estigmatizaciones por parte del presidente, autoridades y dirigentes se practica en Argentina, Aruba, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Por ejemplo, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro pidió un boicot publicitario a medios de comunicación. Se señaló que en Estados Unidos se incrementaron las demandas contra periodistas por difamación. Sin embargo, en la reunión también fueron señalados logros : la derogación de la Ley de Secretos de Paraguay y la ley para obligar a pagar a las grandes plataformas digitales a pagar a los medios por el uso de sus contenidos en Canadá. El informe sobre la situación de la prensa en El Salvador menciona amenazas, descalificaciones y discursos de odio contra periodistas y medios independientes del Gobierno, una ley mordaza, así como vigilancia digital a periodistas. También, menciona amenazas con procesos judiciales para obligar a periodistas a romper el secreto profesional. Así mismo, señala que el 5 de abril la Asamblea Legislativa aprobó una reforma que castiga con hasta 15 años de prisión la publicación e contenidos que puedan considerarse como mensajes de pandillas, lo que afirma