Una penosa costumbre de los dirigentes políticos de este país ha sido intentar defender, justificar, exculpar y descalificar los señalamientos e investigaciones hacia otros personajes públicos afines. El caso del expresidente Mauricio Funes es un claro ejemplo. La confesión de la dirigencia del FMLN de que recomendaron a Funes evitar ser arrestado por las investigaciones de corrupción en su contra, son penosas y vergonzosas. Un partido político no puede más que comprometerse en colaborar con las autoridades en una investigación y no proteger a un potencial inculpado. Que hayan utilizado su influencia política y diplomática para que el régimen de Daniel Ortega le diera asilo es aún más grave. En El Salvador no hay perseguidos políticos, nadie es encarcelado por sus ideas ni sus expresiones públicas. El señor Funes es investigado por graves delitos contra el Estado y aunque ciertamente es inocente, hasta demostrar lo contrario en los tribunales, su partido debió incentivarlo a enfrentar esas acusaciones y no huir de ellas. No se puede ni se debe defender lo indefendible. La factura política que esto puede traer al partido oficial es muy alta ante una población que exige cada vez mayor transparencia, rectitud y combate a la corrupción, no protección a personajes cuestionables.