La propuesta de Ley de Intervenciones a las Telecomunicaciones no obligará a que la información manejada por los operadores de telecomunicaciones esté almacenada en servidores locales, como lo indicaba la propuesta original de reforma. Esta fue aprobada con cambios ayer, luego de observaciones del fiscal general, Rodolfo Delgado. Según la reforma será un solo juez quien autorizará las intervenciones telefónicas, y los autorizados para solicitarlas será el fiscal general y el director del centro de intervenciones. También se estableció que el procurador de derechos humanos deberá delegar personal idóneo y que este verificará que las intervenciones tengan autorización judicial. En el pasado, dijo el fiscal general, se pretendía fiscalizar sobre el sistema de intervención que tenía el Centro.