La decisión del Instituto de Acceso a la Información Pública, de iniciar un proceso sancionatorio contra ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que votaron por la reserva las declaraciones de patrimonio de funcionarios, pone a prueba la capacidad del Estado de Derecho para vigilarse a sí mismo. ¿ Quién vigila a los vigilantes? se preguntaban poetas y filósofos en la antigua Grecia. La respuesta sigue sin una solución universal. Lo cierto es que en el presente caso, son la mayoría de los mismos juzgadores del máximo tribunal de justicia quienes deberán rendir cuentas de su decisión al máximo ente contralor del derecho a saber. La transparencia en el manejo de la información pública se ha convertido en una fuente de legitimidad de la autoridad. La reserva de información dejó de ser un acto discrecional de las autoridades y el escrutinio de los ciudadanos sobre los funcionarios constituye una prueba cotidiana del estado de la democracia y apertura a la participación ciudadana. La negativa a brindar información que cuatro años atrás se entregó públicamente, constituye un retroceso en el avance de este derecho fundamental. La decisión del Instituto de ejercer a plenitud sus atribuciones merece el apoyo ciudadano, y da a los magistrados cuestionados la oportunidad de rectificar su decisión.