El expresidente de la república, Elías Antonio Saca, su exsecretario privado, Élmer Charlaix, el exsecretario de la jueventud de su gobierno, César Funes, y el exsecretario de comunicaciones, Julio Rank, admitieron al fiscal general de la república haber cometido los delitos de lavado de dinero y peculado de $ 300 millones, para someterse a un procedimiento abreviado que podría reducir sus penas hasta en una tercera parte. Según expuso la Fiscalía ante el Tribunal Segundo de Sentencia, hoy, al iniciar el jucio los cuatro exfuncionarios enviaron un escrito directo al fiscal general, Douglas Meléndez, admitiendo los delitos el pasado 17 de julio y el fiscal avaló el procedimiento el 23 del mismo mes, así el Ministerio Público ha pedido que Saca y Charlaix sean condenados a 10 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y peculado, mientras que para Funes y Rank han pedido la condena de cinco años de cárcel por lavado de dinero. El próximo 30 de octubre los procesados cumplirán dos años de cárcel y ese tiempo es descontado de las condenas. La Fiscalía también pidió a los tres jueces que separe el proceso de los tres exempleados de Capres, Pablo Gómez, Francisco Rodriguez y Jorge Herrera, para que conozca el proceso aparte ; más tarde, la fiscalía confirmó que los exempleado de Capres también solicitaron un proceso abreviado, pero no ha sido resuelto. Los fiscales del caso han adelantado que hay una confesión extrajudicial del expresdiente Antonio Saca, Élmer Charlaix, César Funes y Julio Rank que ratificarían ante el tribunal durante el juicio que sería acortado. Esta mañana, la fiscalía ha pedido cuatro horas de receso. El juicio contra el expresidente estaba programado para dos meses con la participación de más de 500 testigos, según ya había notificado el tribunal. El proceso abreviado está contemplado a partir del artículo 417 del Código Procesal Penal y señala que las penas podrán ser acordadas entre fiscalía, imputados y defensores de esta manera : a ) La aplicación desde la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión prevista para el delito im