Abogados de la unidad anticorrupción y justicia de Cristosal pidieron este jueves a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) suspender la aplicación de las reformas al Código Procesal Penal que permitirían la intervención de las telecomunicaciones a salvadoreños a través de la figura de agentes digitales encubiertos. El equipo jurídico de Cristosal presentó una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Procesal Penal aprobadas el 1 de febrero por diputados de la Asamblea Legislativa. La modificación al Código autoriza a la Policía Nacional Civil ( PNC ) a usar la figura de agentes encubiertos digitales sin mencionar una autorización judicial, sino únicamente cuando se debe recolectar evidencia. La jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López, indicó que la demanda contra las reformas se fundamenta en que el artículo 24 de la Constitución de la República, en su ordinal segundo, restringe la intervención o interferencia a las telecomunicaciones solo con una orden judicial. La abogada argumentó la inconstitucionalidad de las reformas en el inciso cuarto del mismo artículo 24 de la Carta Magna, que señala que será una ley especial la que establece en qué delitos podrá concederse la autorización a la intervención de las telecomunicaciones. Estos agentes digitales pueden utilizar diferentes mecanismos para la intervención, para participar de una operación, dijo. La representante de Cristosal manifestó que la demanda no implica que se estén oponiendo a las investigaciones que tenga que hacer la Policía y la Fiscalía, pero señaló que, en el respeto a los derechos humanos, sobre todo el derecho a la intimidad de la ciudadanía, tienen que establecerse límites para ese tipo de intervención, tiene que solicitarse una intervención judicial. Podría implicar tanta vulneración a los derechos humanos si no se establecen los límites, acotó. Como medida cautelar, la institución solicita a la Sala de lo Constitucional la suspensión provisional de la aplicación de estas reformas al Código Procesal Penal porque considera que hay un riesgo de que, si no se utiliza un mecanismo en un proceso, puede contaminarse la prueba, al no tener una autorización judicial como lo exige el artículo 24 de la Constitución. Cristo