La Mesa de la Sociedad Civil contra Desplazamiento Forzado creada en 2014 consideró ayer, en un comunicado, que la ley para proteger a las personas desplazadas por la violencia, aprobada el jueves, es un primer paso para dar respuesta a las necesidades de esta población afectada. Por ello, pidió al presidente de la República, Nayib Bukele, sancionar la normativa pero exhortó a un efectivo compromiso que concrete la voluntad política a través de la disponibilidad de suficientes capacidades institucionales y recursos presupuestarios y administrativos. Por su parte, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho ( Fespad, que forma parte de esta red de organizaciones defensoras de derechos humanos, sostuvo que la Ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia aún tiene aspectos débiles porque no hubo una consulta amplia con todos los sectores de la sociedad. El proceso de consulta llevado a cabo por la Asamblea, para la elaboración de la misma, no fue lo suficientemente amplio, lo que ha permitido que algunos aspectos de la ley sean aún débiles, entre ellos, la composición de la institucionalidad para atender el fenómeno, a la cual le ha hecho falta incluir el componente municipal o, también, la adecuada regulación de las medidas para buscar soluciones duraderas al desplazamiento forzado. Sin embargo, cree que inicialmente la ley aprobada este jueves por la Asamblea Legislativa contribuirá en atender el desplazamiento forzado. La ley delega al Ministerio de Justicia y Seguridad Púbica, a través de la Dirección Nacional de Víctimas y Migración Forzada, a dar atención médica y educación a las personas desplazadas por la violencia, que se calcula fueron 235, 000 en 2018.