La semana pasada se cumplieron seis años de la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de derogar la ley de amnistía por considerarla inconstitucional y obliga al Estado a investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables por graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Sala ordenó a la Asamblea Legislativa una nueva ley que pusiera punto final a este tema, una Ley de Reconciliación que sea conforme con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y respete integralmente la dignidad de las víctimas, asegurando su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. Lamentablemente eso no ha sucedido aún aunque hay muchas víctimas y familiares de víctimas de la guerra que siguen clamando por justicia. Son víctimas y victimarios de ambos lados del conflicto, tanto de las fuerzas de seguridad del Estado como de la guerrilla insurgente del FMLN. Hay crímenes emblemáticos como el de Monseñor Romero, el de Roque Dalton, el de los sacerdotes jesuitas o el de José Antonio Rodríguez Porth, masacres como El Mozote o las de Mayo Sibrián - por mencionar algunos - que deberían ser investigadas con seriedad y transparencia, no con el fin de desatar una nueva batalla política sino con la decisión de imponer precedentes para que crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos como esos nunca más se repitan en las futuras generaciones. La guerra marcó mucho al país y aún vivimos las consecuencias de ese conflicto fratricida que tanto daño humano, económico y social causó en El Salvador. Una ley de reconciliación es fundamental para que jamás volvamos a vivir esa tragedia.