La aprobación de leyes y decretos por dispensas de trámite es un procedimiento que suele ser sinónimo de madrugón, es decir, una práctica legislativa en la que se aprueba lo que sea sin mayor consulta, de manera irreflexiva y usualmente irresponsable. Dos ejemplos claros de eso fueron el tristemente célebre decreto 743, que intentaba amarrar las sentencias de la Sala de lo Constitucional y provocó la crisis institucional del 2012, y ahora la aprobación de la reforma de la Ley FOP. En ambos casos, los arrepentimientos vinieron más rápido que lo que se esperaba y es lógico, una ley que se aprueba sin reflexión ni consulta alguna, termina siendo perjudicial para la ciudadanía y además, un bumerang para los partidos que la aprueban. Pero los diputados que aprobaron esa reforma no pueden alegar ignorancia, se les advirtió claramente en el escaso debate que hubo, de las consecuencias de esa aprobación e incluso hubo un diputado pecenista que mocionó dos veces por terminar rápidamente el debate porque ya estaba discutido suficientemente. De manera que no se puede hablar ahora de que fueron sorprendidos en su buena fe o de hay que reformarlo porque es un cheque en blanco. Lo sabían y lo hicieron de todas maneras. Son responsables de sus actos.