En 1996, Servipronto El Salvador y McDonald s Corporation empezaron una batalla legal por el uso de las marcas y legalidad de contratos que aparentemente habían terminado en 2012, cuando después de numerosas apelaciones la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Civil ordenaron a la empresa internacional a pagar $ 23. 9 millones a la empresa salvadoreña. Sin embargo, esa orden de pago nunca llegó a Servipronto El Salvador, cuyo representante es Roberto Bukele Simán, y ahora, 23 años después, ha pedido a la Sala de lo Constitucional que nuevamente le dé la razón y dirima irregularidades que, a su criterio, han cometido los jueces nombrados en el Juzgado Primero de lo Mercantil que han conocido su caso y que, según sus abogados, han impedido que el pago se haga efectivo. El pasado 28 de febrero de este año, Bukele le pidió a los magistrados que lo amparen en su derecho de peticiones a las autoridades, contemplado en el artículo 18 de la Constitución de la República, esto porque en 2017 pidió en tres ocasiones a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) que investigara las irregularidades del juez Juan Esteban Beltrán López, nombrado por la Cámara Segunda de lo Civil para llevar su caso, y los magistrados del pleno omitieron responder y resolverle. Básicamente, lo que Bukele expone en su escrito es que la ejecución de sentencia de su caso ha navegado en un mar de irregularidades, que incluso llegaron a la suspensión de la jueza María Flor Silvestre López, por emitir resoluciones contradictorias en su caso. Los abogados de Bukele dicen que en 2012, después que la Sala de lo Constitucional condenara a McDonald s a pagar los $ 23 millones, presentaron la demanda de ejecución de sentencia, pero la jueza Primero de lo Mercantil, María Flor Silvestre López, emitió la orden de pago a Servipronto hasta en julio de 2015. La empresa McDonald s Corporation pagó parte de los $ 23 millones, pero se los entregó a Fondos Ajenos en Custodia del Ministerio de Hacienda y, según los apoderados de Bukele, aún restan pagar una cantidad y los intereses de la millonaria condena, que es un segundo