Entregar recompensas a las personas que brinden información de grupos terroristas buscados por las autoridades y que con esa información se logren capturas, o incluso que ellas los aprehendan, es parte de la Ley de Recompensa y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo. Esa es una de las iniciativas de ley presentadas por el gobierno para aprobar en la sesión plenaria extraordinaria de este miércoles, para lo que se hará por dispensa de trámites. Crease el Fondo de Recompensas para la Eliminación de Impunidad de los Actos de Terrorismo, en adelante el Fondo, el cual tendrá como fin otorgar recompensa a todas aquellas personas que brinden información que culmine en la captura de los miembros de grupos terroristas o que los aprehendan materialmente, que hayan sido determinadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y que se encuentran relacionados en la lista que al efecto cree dicho ministerio y de los cuales haya una difusión u orden de captura por parte de las autoridades competentes, dice el artículo 2 del decreto. Los participantes, ya sea porque proporcionen información o que entreguen ellos mismos a las personas requeridas por las autoridades, no estarán obligados a entregar información personal o confidencial, salvo al momento de la entrega de la recompensa si fuese indispensable. La iniciativa no incluyó las cantidades exactas que se otorgarán en concepto de recompensas, sino que serán determinadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y serán publicadas para dar a conocer su existencia. No obstante, agrega que las cantidades de dinero que se otorguen como recompensa estarán exentas de impuestos, retención o descuentos. El decreto enfatiza en el artículo 4 que el Fondo deberá contar con toda la colaboración necesaria de las instituciones públicas a quienes se les solicite apoyo. Principalmente con los recursos necesarios para promover, desarrollar y ejecutar las recompensas. En la conferencia de presentación de las propuestas, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, adelantó que pondrán a disposición todos los recursos necesarios para el plan de combate a la criminalidad. El Ministerio de Justicia tendrá que encargarse de emitir la normativa para aplicar la