El procurador de Derechos Humanos, David Morales, aseguró ayer que la Policía Nacional Civil ( PNC ) y la Fuerza Armada cometieron ejecuciones extrajudiciales e hicieron un uso desmedido de la fuerza en dos masacres ocurridas el año pasado en los municipios de San José Villanueva y Panchimalco. La primera masacre ocurrió el 26 de marzo del 2015 en la finca San Blas del cantón El Matazano del municipio de San José Villanueva del departamento de La Libertad. Murieron ocho personas, de las cuales seis eran adultos y dos eran menores de edad. Morales dijo que en el caso de las víctimas Dennis Alexander Hernández Martínez y Sonia Esmeralda Guerrero, hay indicios que fueron cometidas ejecuciones extrajudiciales. La resolución del procurador se basa en un informe forense que señala que los cuerpos fueron movidos de posición para alterar la escena del enfrentamiento armado. Además sufrieron edema cerebral, lo cual indica que les dispararon con armas de fuego a pesar que ya estaban heridos, señala el informe emitido ayer por la mañana. La otra supuesta ejecución a la cual el funcionario de segundo grado hace referencia fue cometida el 16 de agosto en el caserío La Loma del cantón Pajales de Panchimalco del departamento de San Salvador. En ese hecho fallecieron cinco personas, incluidos tres hombres y dos adolescentes. Sobre este caso se ha determinado que existen elementos suficientes de investigación para establecer la responsabilidad por privación arbitraria de la vida por ejecuciones extralegal de cinco personas que fallecieron durante el operativo, señala la sentencia del procurador. De igual forma, señalan que tres de los fallecidos también presentaban edema cerebral. Tras emitir este informe, el procurador reitera que no debe permitirse a los agentes policiales y efectivos militares el abuso en la utilización de armas de fuego en ocasiones que no sea necesario. Sostiene que este tipo de hechos deterioran los principios del Estado de Derecho y producen daños irreparables, como la pérdida de vidas. Ante estos señalamientos, el director de la PNC, Howard Cotto dijo que la institución que dirige está comprometida con el respeto de los derechos humanos. Señaló que sería la Fiscalía quien determinará si abre o no una investigación por estos dos casos. Aseguró que