El Instituto de Acceso a la Información Pública sigue poniendo en duda su credibilidad. Esta vez, ha sido por la decisión del pleno de mantener en secreto, hasta diciembre del 2020, el expediente completo del Sistema de Gestión de Solicitudes, desde el cual se habría filtrado información de los ciudadanos a la Presidencia, lo que provocó cuestionamientos y críticas y la renuncia del comisionado presidente. Debe recordarse que el uso que se le dio al referido sistema, se mantuvo en secreto hasta que una investigación periodística reveló detalles sobre el funcionamiento del mismo. Ahora se impone el secreto de estado sobre la auditoría que se va a licitar, y cuya realización permitiría conocer los entretelones de una trama que compromete la naturaleza del Instituto, así como los datos personales de sus usuarios. Esta suma de secretos y las muestras de falta de independencia en el ejercicio de sus funciones, están dando al traste con una institución que ahora es víctima de sus éxitos del pasado y de las malas decisiones tomadas por sus miembros. El anuncio de que el proceso de auditoría permitiría determinar responsabilidades individuales, y garantizar sus resultados con la participación de la ciudadanía, queda ahora ensombrecido bajo un manto de confidencialidad que no se justifica, y que riñe con el principio de máxima publicidad que el Instituto defiende.