Cristosal interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) en contra del Régimen Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Estado, que permite las compras directas de parte del gobierno y la Fiscalía General de la República ( FGR ) mientras esté vigente el régimen de excepción. La demanda de inconstitucionalidad incluye los lineamientos emitidos por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ( UNAC ) del Ministerio de Hacienda en el marco de dicho régimen. Abogados de la organización señalaron que el régimen especial distorsiona el sistema de contratación pública y que violenta principios y valores de no discriminación, publicidad, libre competencia, igualdad, ética, transparencia, imparcialidad y probidad que deben regir las compras públicas. Dicho régimen especial habilitaría la selección directa en las compras. Prácticamente la UNAC tiene la facultad ahora de plantear todo un sistema de contrataciones y ¿ qué es lo que ha hecho con estos lineamientos? Permite no realizar una contratación, sino seleccionar directamente en un proceso que se conoce como selección sin competencia, expresó Jonathan Sisco, abogado de Cristosal. Este mecanismo dificultaría la transparencia e identificar a las empresas y proveedores que se contrate. Lamentablemente, ese es uno de los grandes problemas en este contexto, es decir, la reducción de la transparencia, la anulación de la transparencia en los procesos de compras públicas impide que la ciudadanía pueda seguir procesos de auditorías, dijo Ruth López, jefa jurídica de anticorrupción y justicia de Cristosal.