La creación de una Comisión ad hoc para estudiar una Ley de Reconciliación Nacional, es un retroceso en la búsqueda de la consolidación de la paz, tras la derogación de la Ley de Amnistía, según el defensor de derechos humanos, Benjamín Cuéllar. El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) derogó la Ley de Amnistía General, aprobada en 1993, y ordenó a la Asamblea Legislativa cumplir con cuatro obligaciones legales : regular medios para obtener información sobre los hechos, buscar los recursos para reparar los perjuicios a las víctimas y los daños materiales, adoptar un proceso de justicia transicional restaurativa y la búsqueda de la reparación integral de las víctimas. Aunque la Sala no dio un plazo para que cumpla, hasta la fecha, lo único que ha hecho el órgano Legislativo es crear una Comisión para estudiar una Ley de Reconciliación Nacional, que sustituya a la derogada Ley de Amnistía. Sin embargo, para el Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad esta comisión no es catalogada como una acción para dar cumplimiento a la sentencia, sino como un retroceso porque los diputados que la conforman están señalados en el informe de la Comisión de la Verdad, de participar en crímenes de guerra. Es un obstáculo o un retroceso porque los que la conforman aparecen mencionados de participar en violaciones de derechos humanos, criticó Cuéllar. La Comisión está conformada por el diputado del PDC, Rodolfo Parker, quien en representación del gobierno fue parte del equipo negociador de los Acuerdos de Paz del 16 de enero 1992 ; por el FMLN, participará la diputada Nidia Díaz, quien representó a la exguerrilla como firmante de los Acuerdos de Paz ; por ARENA el diputado Mauricio Vargas, firmante de los Acuerdos de Paz en representación del gobierno ; por el PCN, estará el diputado y coronel Antonio Almendáriz, miembro del ejército durante el conflicto armado y por GANA, el diputado Juan Carlos Mendoza. Hoy, la Sala de lo Constitucional realizará una audiencia oral de seguimiento con el objetivo que el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, el Gobierno, y los Ministerios