Las autoridades de Justicia y Seguridad Pública registraron hasta la media noche del lunes, la captura de 48, 494 personas en el marco de los cuatro meses de vigencia del régimen de excepción, a raíz del alza de 87 homicidios registrados entre el 25 y el 27 de marzo de 2021. A las detenciones se suma el desmantelamiento de más de 130 campamentos a nivel nacional donde se resguardaban los integrantes de las estructuras pandilleriles y escondían sus armas de fuego. Según las autoridades, en cuatro meses de régimen de excepción, ha sido decomisado 1, 427 vehículos que eran supuestamente utilizados por las pandillas para cometer delitos, más de $ 1 millón de dólares en efectivo obtenido al parecer de diferentes actividades ilícitas, 1, 198 armas de fuego con las que atemorizaban y le quitaban la vida a los salvadoreños y más de $ 230, 000 en droga decomisada, sobre todo, marihuana. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, recientemente afirmó que de los más de 48, 000 detenidos bajo el régimen de excepción, 45, 000 han sido llevados ante el juez para garantizar que su captura es legal y respetando el debido proceso. En tanto, organismos defensores de los derechos humanos con la Alianza Nacional El Salvador en Paz, han advertido que un 25 % de las detenciones son ilegales, arbitrarias e irrespetando los derechos humanos y constitucionales. Además, más de 50 personas detenidas bajo el régimen de excepción han muerto en el interior de los penales por ataques de pandilleros, falta de medicamentos para seguir sus tratamientos por enfermedades crónica y tras falta de tratamientos médicos, entre otras causa. Organismos como Cristosal y Fespad han cuestionado la labor de los jueces especializados que conocen estos casos, al considerar que es humanamente imposible tener la capacidad de analizar y resolver 300 y 500 capturas en un solo proceso y con base en la sana crítica y aplicación de las leyes, decretar detención provisional, puesto que el 99 % de las detenciones siguen en esas circunstancias para enfrentar el proceso de instrucción durante seis meses. El presidente Nayib Bukele por su parte tiene una opinión distinta, considera que la medida ha reducido al mínimo los homi