La principal causa del desplazamiento forzado interno es la violencia, asegura la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ), en su informe preliminar sobre el fenómeno que el Estado salvadoreño se niega a reconocer y enfrentar. La problemática de la violencia, provocada principalmente por las pandillas, es la principal fuente del desplazamiento forzado interno que afecta a una importante parte de los salvadoreños, dice la primera conclusión del informe presentado ayer. Entre abril del año 2016 al mes de mayo del 2017, la PDDH registra 138 casos de familias que han cambiado de residencia a causa del acecho de las pandillas, principalmente. Dichos casos engloban a 458 personas que se han convertido en las víctimas del desplazamiento forzoso. El Estado, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, sostiene que el desplazamiento es multicausal colocando como primer motivo la situación económica, así lo dijo el 20 de noviembre el ministro Mauricio Ramírez. La principal causa continúa siendo la económica. Hay una segunda causa que está creciendo que es la búsqueda de reunificar a las familias, la tercera son todo lo relacionado a la violencia ; es decir, todavía en el país el porcentaje principal de casos, por los cuales las personas migran o se mueven de sus lugares de trabajo es la búsqueda de oportunidades de empleo, manifestó Ramírez. Sin embargo, los datos de la PDDH revelan que primero la violencia provocó el desplazamiento interno y luego la situación económica de las personas se agravó. El procurador adjunto, Gerardo Alegría, explicó que el 71 % de las víctimas tenía un empleo o una micro empresa de subsistencia ; de esas, el 42. 5 % tuvo que abandonar su empleo. La PDDH pide al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, reconocer el desplazamiento interno por violencia como problema nacional y asumir la responsabilidad de protección y asistencia para las víctimas. Fátima Ortíz, directora de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia, dijo que están trabajando en la construcción de la hoja de ruta interinstitucional para atender a las víctimas de este fenómeno con o sin denuncia previa.