) detalló que en 2016 atendieron a 4, 715 estudiantes que estaban exiliados del sistema, con tutorías los fines de semana para aprobar un " examen de suficiencia " y en la modalidad " acelerada ". La primera implica que en un solo examen los jóvenes deben demostrar que tienen los suficientes conocimientos para avanzar de grado y en la segunda reciben clases intensivas de lunes a viernes para que en seis meses cubran la formación que en el modelo tradicional toma un año. Explicó que al ser una iniciativa cuyo objetivo eran " los jóvenes que por la violencia abandonaron la escuela ", tuvieron que identificar los colegios de los que salieron y darles otras opciones que también les garantizaran no llegar a una zona bajo el dominio de una pandilla distinta a la que se encuentra en sus comunidades de origen. En El Salvador es común que una persona sea asesinada, por ejemplo, solo por circular por una comunidad dominada por el Barrio cuando proviene de una controlada por la Mara Salvatrucha ( MS13 ) o viceversa. " Dada esta situación organizamos " 44 sedes para prueba de suficiencia y 60 de educación acelerada " para no arriesgar a los jóvenes ni a los 200 maestros ", acotó Paniagua, que aseguró que la información dada por las comunidades fue la base para el " mapeo ". La misma admitió que este trabajo implicó " cambiar la " estrategia " ya que anteriormente los jóvenes interesados debían buscar la sede de la capital para las formas " flexibles " y ahora la dinámica es de " acercar la escuela " a estos. Añadió que pese a que la iniciativa estaba encaminada a los jóvenes afectados por la violencia " la oferta abrió más posibilidades a otros y permitió atender otros problemas " como las deserciones por problemas económicos y embarazos precoces, de los que el país registro 13. 146 solo en 2015. Aseguró que de los 5, 565 estudiantes que pretendían retomar sus estudios en estas modalidades en 2016, más del 21 % había abandonado la escuela por cuestiones económicas, el 5 % por embarazos y el 6. 36 % por la inseguridad. La implementación del proyecto le costó al Gobierno, en 2016, $ 1. 2 millones provenientes de un impuesto especial a las telecomunicaciones ; su