Inteligencia Policial ( CIP ) se creaban perfiles de diferentes personajes nacionales con los cuales se investigaban sus pasos para comprobar o descartar su vinculación con procesos ilícitos. Según la investigación contra los implicados, los oficiales filtraron la información a diferentes medios de comunicación, incluido el caso conocido como Cartel de Texis, pero que aún no eran datos certeros de lo que sucedía. Diferentes empresarios y políticos fueron expuestos debido a la información que los oficiales de la CIP proporcionaron, a pesar de que estaba catalogada como confidencial y sin ninguna comprobación. Con la transición política en el gobierno, los señalados llegaron a dirigir el Centro de Inteligencia Policial ( CIP ), iniciando sus prácticas. Fiscalía presenta la demanda contra los cuatro oficiales y se abre el proceso judicial por revelar información confidencial, se pidió reserva total del caso. Se acepta la petición de la Fundación Mujer Legal para participar del proceso como querellantes, representando a los ofendidos por las publicaciones. El juez de Instrucción de Santa Tecla recibió una medida cautelar, por lo que se nombró una juez suplente. Abogados apelaron y fue nombrado otro juez suplente para el caso. Se decretó que el caso pasará a vista pública al Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, donde se deberán presentar a declarar alrededor de 35 testigos que tiene la querella.