Los exministros de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo y Benito Lara se desvincularon ayer del mal manejo de los fondos de las tiendas institucionales de las penitenciarías, y aseguraron que la administración de ese dinero era responsabilidad de los directores de Centros Penales. Los dos exfuncionarios fueron citados para que declararan como testigos de cargo en la vista púbica que el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador realiza en contra de Rodil Hernández y Nelson Rauda, quienes fueron titulares de la Dirección de Centros Penales. Los fiscales de la Unidad Especializada Antipandillas, atribuyen a los dos imputados los delitos de administración fraudulenta y actos arbitrarios, porque supuestamente hicieron un mal manejo de $ 3. 2 millones de las tiendas institucionales. Uno de los fiscales explicó que la pericia financiera contable incorporada al proceso ha determinado que para el pago de labores de inteligencia se utilizaron $ 206 mil, mientras que para cancelar planillas, sueldos, sobresueldos y otros gastos como combustible y mantenimiento de vehículos lo detectado fue de $ 3 millones. Al ser interrogado por los fiscales los exministros dijeron que nunca avalaron utilizar fondos de las tiendas institucionales para esos rubros. Perdomo mencionó que a Nelson Rauda se le apartó de sus funciones y que luego puso la renuncia. Según el exministro, él solicitó a la Corte de Cuentas de la República ( CCR ) una auditoría en los fondos de las tiendas institucionales, pero que no conoció el informe final porque lo entregaron hasta cuando ya había dejado su cargo. Incluso estuvo recibió llamadas de unos de los proveedores de dichas tiendas porque le debían $ 2 millones en productos y que todo eso era parte del desorden administrativo que se tenía. Por su parte, Benito Lara expresó que acudía a declarar a cerca de las tiendas institucionales, pero que él no sabía mucho sobre los fondos de las referidas tiendas ya que él fue ministro y no director de Centros Penales. Sostuvo que cuando fungió como ministro Rodil Hernández era el director de Centros Penales y que se enteró del mal manejo de