Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón, residían en el cantón San Andrés de San Miguel, en 1981, y en la noche fueron sacadas de su vivienda violentamente por sujetos con uniformes y vehículos militares. Una de las víctimas era el presidente de una cooperativa local, la esposa era una maestra y ambos eran catequistas del cantón San Andrés. Las otras dos víctimas eran estudiantes, jornaleros y otro miembro de la cooperativa pero ninguno tenía relación con las actividades subversivas de aquel entonces, ni mucho menos con el conflicto armado, indicó la Fiscalía en su momento. Supuestamente un oreja dio información sobre ellos al C2, una estructura paramilitar que ha sido relacionada con los escuadrones de la muerte. Las cinco personas fueron secuestradas y torturadas, antes de su asesinato, el 7 de abril de 1981. Fueron encontradas en el municipio El Carmen, a un costado de la carretera a San Alejo, La Unión y algunas estaban mutiladas. Sus cuerpos tenían lesiones de bala y de tortura, según la investigación. Luego que la Sala de lo Constitucional declarara inconstitucional la Ley de Amnistía, la Fiscalía y los juzgados de paz reabrieron o presentaron casos de crímenes cometidos en el conflicto armado. Hasta el momento solo uno ha terminado, y se trata del secuestro de Armando Durán, ocurrido en 1987, en Usulután y cuyo final ocurrió a través de un juicio transicional que implicó un proceso de perdón, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.