Las escuchas telefónicas son para la Fiscalía General de la República la columna vertebral de la acusación contra los 11 imputados a quienes les atribuyen los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal, omisión de investigación, cohecho activo ( soborno ), prevaricato ( resolver contrario a derecho ), falsedad documental y cohecho propio. Cuando se presentó la acusación formal el ministerio público solicitó que se requiriera al Juzgado 7o. de Instrucción de San Salvador, las diligencias donde constan las escuchas telefónicas, supuestamente, se oye a los procesados hablar de la fabricación de pruebas para incriminar a Claudia María Herrera en un caso de amenazas. Hay un peritaje psicológico que mediante esas escuchas telefónicas la Fiscalía logró oír que el empresario Enrique Rais y Wilfredo Gutiérrez, hablaron sobre $ 5 mil que le habían pagado al psicólogo forense, Néstor Recinos. Al perito forense le dieron esa cantidad de dinero para que hiciera constar que Hugo Blanco Rais y Enrique Rais, tenían un daño psicológico por la supuesta amenaza que les hizo Claudia María Herrera. Recinos, dictaminó tras recibir, supuestamente, el dinero, que Blanco Rais, tenía una afectación psicológica y emocional derivada de las amenazas y que Rais López, como presidente del Grupo Rais tenía los mismos síntomas pero con grado agudo. La defensa alega que las escuchas deben ser excluidas porque son ilegales y son extemporáneas ; al final, la jueza no accedió a la petición de la defensa.