fiscal dijo que no puede generalizarse de que la causa de la intervención se deba a una línea editorial de medio de comunicación El Faro. Además, aseguró que las denuncias interpuestas en la Fiscalía no se formula señalamiento concreto de actos intimidantes o amenazantes. El representante informó que también se ha abierto un expediente para investigar el acceso indebido a sistemas informáticos y espionaje informático en perjuicio de la APES a partir de un aviso del 14 de enero de 2022, en relación a intervención de celulares de 31 periodistas. Sobre ello, aseguró que se giraron direcciones funcionales a la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía, solicitando entrevistar a las 31 personas pero que tener las declaraciones de los denunciantes no han querido proporcionar detalles de las víctimas. Sin embargo, el presidente de la APES, César Fagoaga, aseguró que sí entregó al fiscal Nahum Ramírez una copia del informe de CitizenLab y Access Now sobre el uso de Pegasus en El Salvador con la identificación de las víctimas. El representante fiscal aseguró que tienen denuncias de 33 empleados y funcionarios del sector público y de 11 periodistas. Durante el desarrollo de la audiencia, el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador ( APES ), César Fagoaga, afirmó que El Salvador sufre una cruzada contra el periodismo, ya que el presidente Nayib Bukele ha alimentado un discurso estigmatizante contra medios que han publicado investigaciones periodísticas. Mencionó el aumento de agresiones denunciadas en la APES con un marcado componente de violencia sexual y misoginia. Señaló que el Gobierno ha realizado casi 300 reservas de información pública y cinco censuras solicitadas por la Fiscalía General de la República. Fagoaga aseguró que la reforma a la Ley especial contra los delitos informáticos es la legalización del espionaje. Posteriormente, Ezequiel Barrera, de la revista GatoEncerrado, aseguró que los dispositivos de las personas intervenidas con Pegasus en El Salvador por el programa Pegasus no son terroristas ni miembros del crimen organizado, sino periodistas. Carlos Dada, director de El Faro, manifestó que las intervenciones a los aparatos de los periodistas ocurrieron durante casi