La Comisión Política de la Asamblea Legislativa realizó ayer las entrevistas a los aspirantes a la presidencia del Tribunal de Ética Gubernamental ( TEG ) y los cuestionamientos giraron en torno a los cambios que proponen para la institución y si consideran que el TEG ha cumplido o no con sus obligaciones. El diputado Jorge Castro, de Nuevas Ideas, cuestionó la labor en la prevención y fiscalización de las prácticas de corrupción por parte del presidente del TEG y falta de pronunciamiento claro en temas como los sobresueldos. Considero que su institución ha sido cómplice por omisión en el tema de sobresueldos, afirmó Castro. Sobre este tema, Castaneda Soto respondió que los pronunciamientos se realizan en las resoluciones. La ley no nos franquea esa coercitividad para que el instructor obligue al funcionario a dar toda la información, dijo. Otro aspirante es Johan Alberto Tomasino Ramírez, quien actualmente es asistente jurídico del magistrado de la Sala de lo Constitucional Héctor Nahún Martínez, puesto por la actual legislatura el 1 de mayo de 2021. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, consultó cuál es su relación con el magistrado y con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral ( TSE ), Guillermo Wellman, con quien trabajó como asesor. Ambas relaciones son meramente técnicas en lo jurídico, afirmó Tomasino. También se entrevistó a Fidelina Rosario Anaya de Barillas, quien es parte del TEG representando al Ministerio Público, quien planteó que se necesita hacer más promoción de la ley, las prácticas antiéticas y cómo presentar denuncias. Otro candidato es Gilberto Antonio Hernández Chinchilla, quien se presentó como experto en derecho penal, quien consideró que se debe hacer cambios procedimentales para garantizar la objetividad en las resoluciones y que además de sancionar, se puedan reconocer a los funcionarios éticos. Juan José Zaldaña Linares es otro de los aspirantes entrevistados por la Comisión, quien actualmente es suplente del presidente del TEG. El aspirante sostuvo que las sanciones no son suficientes para combatir los casos de corrupción. Hay casos de atipicidad, son casos evidentes de corrupción pero que no están previstos en