Los sucesivos decretos de suspensión parcial de garantías y de emergencia sanitaria establecen diversos condicionamientos para que las personas naturales y jurídicas puedan sobrevivir a la pandemia. Se trata de respuestas dadas desde la legalidad, para un hecho fortuito cuya magnitud no era predecible y sus efectos tampoco. Una de las situaciones más difíciles es la que enfrentan las empresas en esta coyuntura, pues buscan mantener su plantilla de trabajadores a pesar de que la actividad económica mundial se ha paralizado por completo y con ello, la falta de ingresos que sostengan sus operaciones. No solo es que falte la mano de obra que material o intelectualmente hace producir mercaderías o servicios, es que la demanda se está reduciendo a mínimos jamás esperados en otras situaciones extremas. Y esto afecta a toda la cadena : productores, proveedores, distribuidores, vendedores, compradores. Si toda esa cadena está rota, la liquidez de las empresas está en riesgo y por ende, el pago de salarios, bienes y servicios también se ha paralizado en toda la actividad económica. La legislación laboral brinda diversas opciones para suspender temporalmente los contratos de trabajo, medida que puede amortiguarse en sus efectos si desde el Estado se compensa a las familias con atención social y una renta individual a quienes mantiene en cuarentena. Solo así se puede mantener con vida a los trabajadores y sus fuentes de trabajo.