Casi dos años después de haber sido arrestado, el expresidente Antonio Saca, tres de sus exsecretarios y tres exempleados de Casa Presidencial fueron condenados por actos de corrupción por un tribunal, en un histórico precedente que debe marcar un giro sobre la administración pública. Saca deberá pasar los próximos ochos años en la cárcel, porque los casi dos años que ya tiene de estar detenido en el penal de Mariona le cuentan como parte de la condena. El expresidente además es un convicto confeso, pues admitió públicamente haber ideado un plan para apropiarse de $ 300 millones, que invirtió en sus empresas y con los que adquirió 28 propiedades. Hay que reconocer el enorme mérito de la Fiscalía en haber investigado este caso y logrado la condena. El Fiscal General ha destacado esta condena como un gran logro, pese a las críticas de algunos por el proceso abreviado, y ha advertido que es un mensaje fuerte a los funcionarios y futuros funcionarios para que no se roben los dineros del pueblo y actúen buscando el bien común, no el personal. Y así debe ser. Hay mucho que corregir para que este tipo de delitos no se vuelvan a cometer desde la administración pública. Los mecanismos de control tienen que mejorar y fortalecer todos los mecanismos institucionales para prevenir la corrupción.