de la Defensa Nacional ; y otro 5 % a la Procuraduría General de la República, todas estas instituciones son las que integran el referido consejo. El único caso revocado luego de haber declarado la extinción de dominio, tiene que ver con un vehículo el cual fue devuelto a su propietario por orden de la Cámara Primera de lo Penal. El automotor según la Fiscalía fue utilizado para transportar droga y estaba en una compraventa a plazos, que no es más que una reserva del derecho de dominio de la institución que facilita el vehículo, el cual es trasferido cuando se termina de pagar el valor del automotor. En este proceso el Ministerio Público argumentó que la entidad que financió el carro no investigó al cliente porque en la documentación únicamente había una solicitud de crédito donde estaba su nombre, dirección y la firma, que el resto de la información no aparecía. Pero cuando se extinguió el vehículo la cámara resolvió desestimando la decisión del juzgado y ordenó que el automotor se devolviera, siendo este el único caso perdido por la Fiscalía hasta la fecha. En el año 2014, la Fiscalía presentó al Juzgado Especializado en Extinción de Dominio que ratificara una medida cautelar a un vehículo desde el cual se había lanzado una osamenta en la carretera, pero ese hecho no estaba contemplado en el artículo 5 de la ley en el cual se señala que las medidas cautelares se imponen a bienes adquiridos de actividades ilícitas como lavado de dinero, narcotráfico y otros de crimen organizado. Si bien la conducta de lanzar una osamenta desde un vehículo es un hecho que vulnera un bien jurídico tutelado, la extinción de dominio no podía aplicarse en este caso. Para que existiese, a través de la vía penal la Fiscalía tuvo que pedir a un juzgado común el secuestro de ese automotor, porque fue utilizado para un hecho delictivo y era viable que recayera el comiso penal que es la consecuencia jurídica en este tipo de casos. Desde junio del año 2014 a la fecha el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio ha dictado esta cantidad de sentencias, de las cuales 21 ya están firmes. La Cámara Primera de lo Penal está · conociendo de dos apelaciones donde los procuradores