El Juez suplente del Tribunal de Sentencia de La Unión, René Francisco Treminio Bonilla, fue acusado ayer en el Juzgado de Paz de esa localidad por el delito de prevaricato ( resolver contrario a derecho ). La Fiscalía General de la República también acusó al abogado Fredy Manrique Vargas Romero y al colaborador del Tribunal de Sentencia de La Unión, William Alcides Galeas, por cohecho activo ( soborno ). Ambos supuestamente han tenido participación en tres hechos en los que se favoreció a imputados por delitos de acoso sexual, agresión sexual y extorsión y donde el juez Treminio Bonilla, influyó entre otras actividades proporcionando asesoría técnica, según German Arriaza, director fiscal de la zona oriental. El Ministerio Público, al momento de judicializar el caso contra el juez, el abogado y el empleado judicial, presentó un escrito recusando a la jueza de paz de La Unión ya que es amiga de Treminio Bonilla, para fundamentar esa solicitud presentó una fotografía donde ambos aparecen celebrando en una fiesta. Según Arriaza, en un caso de extorsión uno de los interesados hizo llamadas telefónicas al juez, al número que la Corte Suprema de Justicia le había asignado, en la conversación que sostuvieron se escucha cuando le pide asesoría respecto a quien iba a conocer del caso de extorsión. El interesado le manifiesta al imputado que no le parecía el juez que estaba designado y qué podía hacer al respecto, ante esa inquietud el juez lo asesoró para que lo recusara ante la Cámara Tercera de la Sección de Oriente, que una vez estuviese la petición en esa instancia, él haría la gestión pertinente para que resolvieran a favor, lo cual así ocurrió. Arriaza, dijo que esa conducta también fue mostrada en otros dos casos. Se tienen evidencias de carácter documental, pericial y testimonial, pero particularmente son las conversaciones que este juez sostiene con este abogado particular y con la persona que tenía interés en el proceso de extorsión expresó el director fiscal de la región oriental. Según la representación fiscal, los hechos acusados ocurrieron entre marzo y mayo del año pasado, lo cual llevó a la institución a presentar la solicitud de ante