El exjuez especializado de sentencia de San Miguel, Enrique Alberto Beltrán Beltrán y su esposa Marina Eugenia Mendoza de Beltrán, fueron demandados ayer en la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, con sede en San Miguel, por presunto enriquecimiento ilícito de $ 298, 941. 82. El inicio del juicio civil fue presentado por fiscales de la Unidad Anticorrupción, quienes señalaron que ambos no pudieron justificar ese monto que representa un incremento patrimonial durante el periodo de abril 2007 a julio de 2014, años en los cuáles Beltrán Beltrán fungió como juez especializado. Según el Ministerio Público, el exjuez tiene un aumento desmedido y no justificado de $ 178, 031. 82 ; mientras que su esposa reporta la cantidad de $ 120, 909. 87. Un informe enviado por la Fiscalía General de la República señala que de acuerdo a las investigaciones, existen al menos 16 irregularidades que los demandados habrían cometido, las cuales están debidamente establecidas y fundamentadas. Los fiscales anticorrupción en la demanda solicitan a los magistrados, realizar una serie de diligencias que forman parte del proceso civil iniciado, entre esas acciones están las medidas cautelares que la instancia superior debe aplicar. Una de las primeras medidas es inmovilizar las cuentas que los demandados tienen a su nombre en las instituciones del sistema financiero salvadoreño, también requieren que se emitan anotaciones preventivas de inmuebles y restricciones de vehículos. Estas diligencias debe ejecutarlas la cámara para evitar que ese dinero de las cuentas sean transferidas a otras personas y que los inmuebles y vehículos sean vendidos. A partir de ayer, la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente dispone de un plazo de diez a 15 días hábiles para analizar la demanda presentada y si hay prevenciones deberá notificarlas a la Fiscalía para que las pueda subsanar. Una vez todo esté revisado y no haya ninguna prevención pendiente, el tribunal superior deberá notificar a los demandados del juicio civil en su contra para que en plazo de 20 días hábiles, puedan presentar sus alegatos de defensa y contrarrestar los señalamientos que la Fiscalía les hace. Cantidad de dinero con la que ambos se