La Fundación para el Debido Proceso ( DPLF ) presentó el informe Justicia Amordazada, que asevera que hay una captura del Órgano Judicial y su sometimiento bajo el Poder Ejecutivo desde 2019. El documento recopila la confrontación y la narrativa hostil desde el gobierno contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) en 2020, durante la cuarentena por la pandemia del covid - 19 y luego la destitución de los magistrados constitucionales el 1 de mayo de 2021 por la nueva Asamblea Legislativa. Esto también afectaría a los salvadoreños en su derecho a contar con recursos efectivos ante la violaciones de sus derechos humanos. El informe expone el nombramiento de jueces y magistrados sin seguir el proceso legal para llenar las vacantes de jueces obligados a retirarse, lo que pone en duda la tutela efectiva de los derechos por parte de los operadores de justicia. Podría decirse que se dan las condiciones para la aplicación de una justicia selectiva, pues los jueces y las juezas deben investigar antes de cualquier decisión si en el proceso de conocimiento están involucrados o no intereses del poder político o una de las partes es protegida por este, expone el informe. Indica que eso puede condicionar la decisión sobre quién gozará o no de libertad en los procesos penales ; el avance y resolución ; la tramitación de procesos históricos relacionados a las víctimas del conflicto armado, vinculados con el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. También afectaría el acceso a la justicia en casos de corrupción por apropiación o aprovechamiento malicioso de fondos públicos por parte de funcionarios de gobierno que limitan el goce de derechos sociales como la salud, educación, trabajo ; el acceso a la justicia medioambiental, relacionado principalmente con el derecho de acceso al agua. Entre los impactos de la crisis en el sistema judicial, se destaca la reducción de la independencia. Este contexto permite sostener que la separación de poderes en El Salvador se ha reducido a la mínima expresión y solo opera cuando los otros órganos debaten asuntos en los que el Ejecutivo no tiene interés. Más que tres poderes independientes y separados, existe una sola fuerza política en control de todos ellos, dice el informe. El estudio