Legalmente la agente Carla Mayarí Ayala Palacios no está muerta, no hay un acta de defunción que lo confirme y ese puede ser un elemento que un juez de sentencia podría valorar para no condenar a la Policía Nacional Civil ( PNC ) a una indemnización para la familia de la agente que desapareció el 29 de diciembre de 2017, expresó ayer el juez Sexto de Instrucción, Roberto Arévalo Ortuño. La querella busca que la PNC responda civilmente bajo el argumento que Ayala Palacios fue herida y privada de libertad dentro de la corporación policial y como parte de esa pretensión, han pedido un estudio socioeconómico para calcular el daño económico que causa a la familia la ausencia de la agente y así tener claro el monto de la indemnización. Obviamente la intención es pedir esa indemnización ya que los indicios revelan que está muerta, pero sin cadáver venir a afirmarlo es difícil y lo planteo difícil porque el pago de los seguros, imagino, no le han pagado ni cinco centavos ; no está asentado en una partida de defunción, eso vuelve difícil expresó Arévalo Ortuño, ayer. En el caso que el proceso pase a vista pública, el juez dice que es bien difícil lograr una condena de responsabilidad civil, pero no imposible, ya que el derecho se va modificando. Respecto al estudio socioeconómico, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, dijo que es una diligencia judicial y que la respeta, que van a esperar el resultado y que no sabe si tendrá implicaciones para la PNC. Ayer también se conoció que el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer de San Salvador, ratificó el delito de feminicidio agravado en un caso en el cual se procesa a diez personas, entre ellos policías y civiles, quienes enfrentan dicho delito que se discutirá cuando se realice la audiencia preliminar.