La semana pasada empezaron a aparecer algunos grupos de abogados ligados al oficialismo anunciando su intención de apoderarse de la próxima Sala de lo Constitucional que será electa en el 2018 y así desmontar toda la institucionalidad lograda por los magistrados en estos nueve años que servirán. Los magistrados de la actual Sala de lo Constitucional han dado ejemplos de jurisprudencia, han fortalecido la institucionalidad y han sido profundamente independientes del poder político y económico, como nunca habían sido sus antecesores. Lo que El Salvador necesita es que esta independencia del Órgano Judicial y del máximo tribunal del país, prevalezca, no que se revierta ni se descomponga en forma de magistrados cómplices del poder u obedientes a los intereses personales de determinados dirigentes políticos o a la partidocracia. Toda la sociedad salvadoreña debe estar atenta a estos atentados a la institucionalidad y exigir a la clase política que elija a magistrados que sean dignos sucesores de los actuales en cuanto a capacidad, independencia y rectitud. Si no veremos nuevamente un Órgano Judicial convertido en un apéndice de las fracciones legislativas u obedientes a los dictados del gobernante de turno o la chequera más influyente del mercado. Peligroso.