La Fiscalía General de la República lleva semanas ahogada por una crisis financiera sin precedentes. El trabajo de la institución es cada vez más importante en esta coyuntura del país y sorprende la forma cómo el Estado no ha apoyado sus gastos operativos y los compromisos con sus proveedores, al grado que hay zonas del país donde ya nadie les da crédito para combustible. El clamor del Fiscal General de solicitar una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad, siguiendo el modelo de la CICIG guatemalteca, tiene dos fundamentos esenciales, la enorme carga de trabajo y los requerimientos especializados al respecto que no puede financiar precisamente por la segunda razón : el ahogo económico que sufre la Fiscalía. Luego está el tema de las presiones, como ya les sucedió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y les sigue sucediendo, el fiscal general es ahora sujeto de todo tipo de ataques y demandas. Eso viene con el puesto de los funcionarios independientes y hay que afrontarlo valiente y decididamente. La sociedad salvadoreña sabe reconocer a esos funcionarios que mantienen un trabajo así. Por lo pronto, con comisión internacional o sin ella, la Fiscalía necesita fondos y que cese el ahogo financiero al que ha sido sometida, para poder cumplir su labor.