En los años 70, dos elecciones presidenciales estuvieron plagadas de sospechas de irregularidades y severas acusaciones de fraudes electorales y el cierre de libertades y derechos fundamentales llevó al conflicto armado que destruyó el país en los años 80 y del que todavía vivimos evidentes secuelas políticas, sociales y económicas. Por eso la sociedad salvadoreña vive una especie de trauma permanente con el temor real de un fraude electoral. Por eso la clase política vive permanentemente desconfiada de que una práctica así se repita y termine de destruir nuestra democracia, ya de por sí cargada de tantos defectos y carencias. El Tribunal Supremo Electoral no es que ayude mucho tampoco. Su papel en 2015 abrió mayores sospechas sobre la incapacidad o la mala fe de sus funcionarios de todos los niveles. Ya de por si la elección presidencial de 2014 dejó sombras de duda en la oposición. Ahora nuevamente hay sombras de duda, el simulacro electoral dejó muchas interrogantes y los magistrados tienen ante sí el desafío de probar que no cometerán los mismos errores de hace tres años, que el trauma de un fraude ya ha sido superado y que la ciudadanía puede confiar en que la voluntad popular se respetará como el más sagrado de los derechos de un pueblo a elegir a sus gobernantes.