El diputado Reynaldo Antonio López Cardoza, a través de un amparo presentado en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ), ha decidido agotar su última herramienta legal para evitar que, vía extinción de dominio, sus bienes pasen al Estado. La audiencia de sentencia que estaba programada para ayer no ocurrió porque ese amparo originó que el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio tomara la decisión de pedir opinión a la Sala de lo Constitucional. Pero ante esa decisión del juez, la Fiscalía General de la República se ha opuesto, a través de un recurso, donde argumenta que el proceso de extinción de dominio es autónomo e independiente. Ante la revocatoria, el juez ha pedido opinión al abogado de López Cardoza para que responda y se pronuncie sobre la pretensión fiscal. El juzgado deberá resolver si admite o no la revocatoria presentada por el Ministerio Público y seguir con el trámite de pedir opinión a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, mientras tanto el proceso de extinción de dominio en contra del legislador seguirá esperando. El Ministerio Público pretende que $ 1, 091, 147. 36, en 12 inmuebles y dos cuentas bancarias, que están bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de Administración de Bienes ( Conab ), pasen al Estado. Las investigaciones determinan que supuestamente están relacionados a lavado de dinero, tráfico ilegal de personas y enriquecimiento ilícito, estos delitos están en la gama de acciones de crimen organizado que señala el artículo 4 de la Ley Especializada de Extinción de Dominio. Según el proceso fiscal, seis de las 12 propiedades que López Cardoza compró, eran del exdiputado Wilver Rivera Monge y su grupo familiar. Los bienes y el dinero del diputado fueron incautados desde hace casi tres años, pero por los recursos de las partes, el caso no ha finalizado.