La acusación de la Fiscalía General de la República contra su extitular, Luis Martínez, sobre que presuntamente habría falsificado pruebas para beneficiar al empresario Enrique Rais, y que habría omitido investigaciones con el mismo propósito, es un precedente gravísimo para la ciudadanía. Los ciudadanos necesitamos confiar en nuestras instituciones y si un funcionario o una institución son capaces de un hecho como éste, entonces estamos desprotegidos ante los abusos del poder de parte de funcionarios que pueden desviarse de su misión y eventualmente cometer delitos. Desde los años 90, con el sonado caso del joven Adriano Vilanova, se han conocido casos de fraude procesal. Actualmente también hay otro caso contra oficiales de la PNC por inventar cargos contra personas, vendiendo información y mal manipulando informes de inteligencia. Igualmente sucedió con un joven inocente que fue acusado y apresado por varios meses por el caso de la masacre de San Juan Opico. Ningún caso de este tipo, por pequeño o grande que sea, puede tolerarse. Es triste que esto suceda en la Policía Nacional Civil o en la Fiscalía General de la República y por eso debe aplicarse una permanente depuración del personal que incurre en estos delitos. Eso es vital para que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones.