La tregua fue una política de Estado durante la administración del expresidente Mauricio Funes, según lo declaró ayer ante la jueza el ex subdirector general de Centros Penales, Nelson Rauda y el principal mediador, Raúl Mijango, quien junto a otros nueve imputados hicieron uso de su derecho de defensa para rechazar los delitos que la Fiscalía General de la República les atribuye. Para Rauda, este proceso era una política de Estado orientada a la reducción de la violencia en El Salvador, mientras que Mijango atacó al Ministerio Público, pero su versión estaba en sintonía con la del exdirector de Centros Penales. El principal mediador de la tregua aseguró que la Fiscalía ha pretendido criminalizar una política pública. Por su parte, el subinspector Juan Roberto Castillo Díaz, perfilado por la representación fiscal como el cercano colaborador de Mijango durante la tregua, dijo que éste es un proceso altamente politizado. Los tres principales acusados ofrecieron prueba testimonial y documental sobre lo cual la jueza deberá resolver si la admite, al final de la audiencia preliminar. Raúl Mijango pidió que se admita como sus testigos de descargo al vicepresidente de la República, Óscar Ortiz y al alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, que ambos sean citados a declarar, en el caso que el proceso sea enviado a juicio. El subinspector Castillo Díaz propuso como testigos al expresidente de la República, Mauricio Funes, y al ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Con la declaración de los cuatro testigos los imputados quieren fortalecer su afirmación que la tregua fue una política de Estado, y que el gobierno incluso llegó a solicitar la presencia de José Miguel Insulza, ex secretario general de la Organización de Estados Americanos ( OEA ) ; cuando llegó al país fue recibido con los protocolos diplomáticos y se firmó un acuerdo con la OEA en la que este organismo se comprometía a ser garante del proceso. Para probar ese acuerdo entre el gobierno y la OEA, Nelson Rauda pidió que se anexe como prueba que el expresidente Funes envió a Insulza para entablar un acercamiento, también solicitó que se agregue el protocolo de actuaciones de la OEA y El Salvador con respecto