El presidente Nayib Bukele sorprendió el fin de semana a actores económicos nacionales y extranjeros al anunciar una ley que permitirá el curso legal del bitcoin, la moneda virtual más reconocida. El anuncio ha generado todo tipo de reacciones. Desde aquellos que ven la medida como una gran oportunidad de generar inversiones y convertir a El Salvador en un importante centro financiero mundial, hasta aquellos que lo ven con un enorme riesgo por su volatilidad y por el uso de esa moneda virtual para transacciones ilegales. Lo cierto es que hay una creciente aceptación de estos instrumentos monetarios en el mundo y en El Salvador ya existe un experimento de su uso habitual entre gente común en la playa El Zonte, en La Libertad, donde desde hace unos meses se inició el uso comunitario de la criptomoneda y donde incluso hay cajero electrónico para convertir bitcoins en dólares. Ahí la población local ha adoptado la criptomoneda como medio de cuenta y pago. El objetivo de una criptomoneda como el bitcoin es efectuar pagos en línea directamente de un tercero a otro sin pasar por una institución financiera. Eso suena bien pero también hay que recordar que se trata de proveedores de servicios que ni siguieran tienen una sede física conocida. A eso hay que sumarle el riesgo enorme de su volatilidad, con jornadas de ganancias o pérdidas de hasta el 30 % de su valor, como hemos visto en los últimos meses. Por lo pronto está claro que no sustituirá al dólar y eso da tranquilidad. Es una medida audaz pero hay que estudiarla con mucha responsabilidad y serenidad para medir los efectos sobre nuestra economía.