El ministro de Educación, Carlos Canjura y el director nacional de Educación Superior, Francisco Marroquín, fueron denunciados en la Fiscalía General de la República ( FGR ), por tres miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero ( UMOAR ), quienes también pidieron procesar al rector en funciones, Román Honorio Mejía Figueroa y la secretaria general de la universidad, Carmen Navas Escobar. El escrito presentado, por Roberto Serrano, José Humberto Ayala Santos y Juan Carlos Manzano Urbina señalan que la denuncia es por incumplimiento de una sentencia dictada en la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, con referencia 336 - 2009, y hechos arbitrarios de la Dirección Nacional de Educación Superior, además de la usurpación de puestos en el Consejo Superior Universitario y junta directiva de la UMOAR. Los denunciantes señalan que el 8 de junio del 2009 fueron electos por la junta directiva de esa universidad como miembros del Consejo Superior Universitario con las funciones de vicerrector, secretario general y decano de Ciencias Agropecuarias y Forestal, para el período 2009 - 2012, que fue la misma Dirección Nacional de Educación Superior ( DNES ) quien los reconoció el 9 de julio del mismo año y que conllevó a que les extendieran sus respectivas credenciales, el 10 de diciembre de 2009. Agregan que fueron electos, en legal forma, por la Junta Directiva de miembros fundadores de la institución para un periodo de tres años, según lo establecen sus estatutos. Ante la confirmación del Consejo Superior Universitario, Juan José Solórzano Arriola y Alfredo Antonio Lobo, iniciaron el 27 de noviembre de 2009, un juicio contra el entonces ministro de Educación y vicepresidente de la república, Salvador Sánchez Cerén y la Dirección Nacional de Educación Superior. Pero en octubre del año 2012, Lobo y Solórzano Arriola, aparentemente habrían negociado con el Ministerio de Educación ( Mined ) y retiraron la demanda contra Sánchez Cerén ( ver nota secundaria ), no obstante sus asesores jurídicos, entre ellos Arturo Méndez Azahar, siguieron la demanda a título personal contra el Mined y la DNES en la Sala de lo Contencioso Administrativo, este tribunal superior resolvió el 30 de agosto del año 2013 a