sobreseimiento en más del 50 % de los casos por ejecuciones extrajudiciales donde los acusados son policías o militares, señala Callamard. Ninguna de estas denuncias ha dado lugar a la condena o sentencia, lamenta y hace referencia al caso conocido como San Blas, donde el mismo juez concluyó que hubo una ejecución ilegal pero que no podía condenar a los cinco policías acusados porque la Fiscalía no le probó quién de todos lo ejecutó. Romper con el ciclo de la impunidad es una necesidad absoluta, enfatiza. Sobre la exoneración de agentes de seguridad por excesos de poder, solo puede solventarse con voluntad política, dice Callamard. La relatora sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, indicó en su declaración final sobre El Salvador que en los primero seis meses del 2017, solo 19 personas fueron condenadas por pertenecer a una organización terrorista, delito que es atribuido a miembros de pandillas. Según ella, la Policía detiene y la Fiscalía acusa a las personas por el delito de organizaciones terroristas pero resulta que no logra comprobar el delito atribuido y los dejan libres, es decir hay disparidad entre los cargos imputados y las sentencias. ( Esto ) podría indicar que tales cargos ( delitos ) se utilizan principalmente con fines de detención arbitraria, señala la experta, quien relata que la gran mayoría de reclusos de dos centros penales que visitó, le dijeron que estaban siendo acusados de pertenecer a una organización terrorista, aunque no lo eran.