A 50 días del régimen de excepción en El Salvador, la Policía Nacional Civil ( PNC ) y la Fuerza Armada han capturado a más de 29, 400 personas acusadas de pertenecer a pandillas, en medio de señalamientos por capturas arbitrarias y exceso de fuerza de las autoridades por parte de organismos de derechos humanos. A través de su cuenta de Twitter, la PNC informó que solo en las últimas 24 horas se capturó a 488 personas, correspondientes al sábado 14 de mayo, en todo el país. Esta cifra eleva a 29, 482 los detenidos desde el 26 de marzo, cuando el Gobierno le declaró una " guerra " a las pandillas. Con las capturas reportadas los últimos días, el promedio diario de capturas asciende a 589 personas, en su mayoría provenientes de comunidades de alto riesgo. A pesar que el Gobierno inició las capturas masivas el sábado 26 de marzo, el régimen de excepción fue aprobado formalmente por la Asamblea Legislativa el domingo 27 de marzo. Esto, después de un violento repunte de homicidios que dejó 62 muertes en un solo día, el más letal en la historia reciente del país. Human Rights Watch, Cristosal, y Amnistía Internacional han rechazado las detenciones sumarias, y aseguran que hay más de 300 capturas arbitrarias, en su mayoría, de personas que no tienen vínculos con pandillas. Además, señalan que en general,, los derechos humanos de la población están gravemente amenazados debido a procesos arbitrarios y malos tratos de agentes de seguridad. Con el régimen, el Gobierno suspendió algunos derechos constitucionales, como la libertad de asociación, el derecho a la defensa, y avaló las capturas sin orden judicial y una ampliación al plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, mientras la Fiscalía General de la República ( FGR ) investiga. Aunque estas medidas finalizaban el pasado 27 de abril, la Asamblea Legislativa las prolongó por un mes más en una plenaria extraordinaria el 25 de abril. Sin embargo, diputados de Nuevas Ideas afirman que, si el Gobierno lo pide, están dispuestos a ampliar nuevamente la suspensión de derechos constitucionales. El pasado 8 de mayo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, confirmó que al