No han pasado ni dos semanas de que el Gobierno presentó el incremento al salario mínimo como una victoria política y un acto de justicia, para que sus propios funcionarios empiecen a revelar las consecuencias de una medida impuesta más por retórica política electorera que por un estudio consciente de la realidad. Son al menos cuatro empresas de la industria textil que están preparando el cierre de sus operaciones ante el incremento al salario mínimo, que entraría en vigor el próximo 1 de enero. El Ministerio de Economía confirmó ya que dos de ellas han pedido autorización a la cartera de Estado para tramitar su cierre, y la Cámara de lo Textil aseguró que tienen conocimiento de otros dos casos que también cerrarían por la misma razón. Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía reconoce que el agro será uno de los sectores más golpeados por el aumento salarial y aseguró que junto al BCR propusieron un aumento gradual del salario mínimo, evidentemente tampoco los escucharon porque la solución fue política no técnica. La cruda realidad es que este es un país con una terrible crisis económica, con la peor atracción de inversiones y el peor clima de negocios de la región, fomentado por la incertidumbre de medidas gubernamentales inconsultas como ésta y he ahí las consecuencias.