La colocación de $ 1 mil millones en bonos de deuda a 32 años de plazo ha sido la más cara emisión desde hace casi 20 años, un reflejo de cómo nos está golpeando duro la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Era una emisión urgente y necesaria para poder enfrentar esta situación tan inédita. Los economistas advierten de un futuro más difícil y complejo tanto para las finanzas públicas como para los bolsillos de todos los ciudadanos que tarde o temprano tendremos que pagar ese endeudamiento porque hay que tener claro que las deudas no son del Gobierno ni de sus funcionarios, sino de toda la ciudadanía. A esto hay que sumarle la incertidumbre que sufre el país provocada por la confrontación política que no parece ceder. Será necesario un acuerdo de ajuste fiscal con los organismos internacionales en el futuro cercano, según pronostican economistas y agencias de riesgo. En otras palabras, apretarnos aún más el cinturón y un posible incremento de impuestos, particularmente el IVA. La clase política debe actuar con mayor responsabilidad. Los inversionistas se toman muy en serio esta confrontación y cada expresión que atiza el fuego en la realidad nacional, tiene un impacto en la calificación de riesgo y en la visión que tienen los organismos financieros sobre nuestro futuro económico y político. Además, hay que propiciar un clima de negocios con predictibilidad y seguridad jurídica, que permita recuperar la productividad y el crecimiento económico tras la pandemia.