La Asociación Nacional de la Empresa Privada ( ANEP ) rescata efectos positivos en la implementación del régimen de excepción pero pide evaluar qué acciones se deberán tomar cuando finalice la medida. El presidente de la gremial, Agustín Martínez, mantiene la postura de que aunque las encuestas ven la represión a la delincuencia como algo que genera un efecto positivo, se destaca que este plan tiene una línea muy débil entre las arbitrariedades que se puedan cometer. Recordemos que la delincuencia y este tipo de organizaciones trasciende fronteras, y eventualmente hay que estar viendo hacia adelante cuáles van a ser las acciones una vez se termine el estado de excepción, indicó el vocero de la ANEP. El vocero de la empresa privada también manifestó que por las experiencias pasadas se sabe que este tipo de programas de seguridad implican altos costos. Destacó que están realizando valoraciones sobre el efecto real que ha tenido la medida de seguridad sobre las empresas, y que eventualmente se debe visualizar cuáles serán las acciones que el Estado tomará cuando el régimen deba llegar a su fin. Martínez incluso indicó que antes de definir un nuevo régimen de excepción se debe tener estas valoraciones así como hasta cuándo esto podría seguir. Aseguró que existen zonas que eran controladas por las pandillas que ahora están bastante controladas, pero existen otras donde existen todavía situaciones complejas. Hay que hacer un esfuerzo tal vez más coordinado, porque a veces se trabaja de manera muy unilateral, sin tener mayor información, y a veces eso genera confusión. Quisiéramos tener un poquito más de información para valorar mejor las cosas, destacó Martínez a la prensa. El régimen de excepción fue aprobado el pasado 27 de marzo por la Asamblea Legislativa y sancionado durante ese mismo día por el presidente, Nayib Bukele, luego de que más de 80 personas fueran asesinadas entre el 25 y 27 de marzo. Desde su puesta en marcha más de 34, 500 personas ya fueron capturadas. Hace algunas semanas el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales ( ASI ) aseguró que había mejorado la libertad de tránsito con el régimen de excepción en muchas zonas del país, donde antes se pagaba renta a las estructuras criminales.