La Fiscalía General de la República cuestionó a los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal que ordenaron liberar al empresario José Adán Salazar Umaña Chepe Diablo y tres parientes. Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera ( UIF ), dijo que la resolución no está ajustada a las evidencias que la Fiscalía presentó cuando promovieron la acusación. Sorprendidos entonces nos encontramos porque ha sido un caso bastante complejo, emblemático ; es un caso en donde la Fiscalía ha presentado muchas evidencias que desde nuestra óptica y nuestro criterio, en este momento se dejaron de observar, sostuvo Cortez. El jefe fiscal agregó que hubo una limitación desde el punto de vista jurídico para otorgarles medidas a Salazar Umaña, Sara Paz Martínez Bojórquez, Susana Nohemy Salazar Cruz y Romelia Guerra Argueta, a quienes se les ha impuesto cauciones económicas de $ 200 mil y $ 100 mil. Cuestionó que los magistrados no hayan valorado un análisis financiero contable del período comprendido entre los años 2003 - 2015 y solo valoraron pruebas de tipo tributaria de los años 2010 y 2011. A Cortez, le llama la atención que los magistrados no hayan tomado en cuenta informes donde constan las transacciones que el exconcejal de Metapán, Jesús Sanabria Zamora, condenado por narcotráfico a 12 años, hizo hacia las cuentas de Salazar Umaña. Un acta policial revela que $ 53, 398. 52 fueron robados de Agroindustrias Gumarsal S. A. de C. V., propiedad de Juan Umaña, exalcalde de Metapán, prófugo por el caso de Chepe Diablo, además de siete celulares, dos computadoras, dos discos duros externos y llaves de programación valorados en $ 12, 400.