La defensa del exasistente del departemento financiero de la Presidencia de la República, Pablo Gómez, presentó ayer a un perito contable financiero para que expusiera al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, que su cliente no había cometido el delito de peculado y lavado de dinero como ha sido acusado por la Fiscalía General de la República ( FGR ). Cuando inició el gobierno de Elías Antonio Saca, Pablo Gómez declaró bienes por un monto de $ 34, 831 detallados en depósitos a plazos por $ 23, 909, un vehículo Nissan Vanette año 1989 valorado en $ 3, 200 y bienes inmuebles por $ 7, 700. Cuando Saca terminó su período, Gómez tuvo un activo de $ 47, 00 lo cual indica que en cinco años reportó un incremento patrimonial $ 12, 169, una cantidad que según el peritaje es razonable y muy alejada de la acusación fiscal de los millones de dólares que le atribuyen ; el perito señaló que Gómez tenía el hábito del ahorro e incluso su familia se movilizaba en bus. El perito dijo a los fiscales - quienes se mostraban irritados - que Pablo Gómez no actuó con dolo ni premeditación, como lo ha señalado la acusación. Uno de los jueces le pidió al experto que explicara la razón por la cual, dos cuentas bancarias en el Banco Cuscatlán y Banco Hipotecario, eran alimentadas por fondos de gastos operativos de la Presidencia, a lo que el perito respondió que, con base en el reglamento emitido por Elías Antonio Saca, al asumir la Presidencia el 1 de junio de 2004, discrecionalmente podía tomar cualquier decisión respecto al manejo de esos fondos, partiendo que en El Salvador no hay ninguna ley que regule el uso. Bajo esa potestad, Saca nombró a Gómez como colaborador de la Presidencia, otorgándole la facultad para la apertura de las dos cuentas para el manejo de los gastos reservados. Con respecto a esas cuentas, el perito dijo a los jueces de que, según el reglamento creado por Antonio Saca y Élmer Charlaix, no era necesario pedir autorización a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda