Los abogados de seis acusados en el proceso penal conocido como tregua entre pandillas, han mostrado su inconformidad por la anulación de la sentencia definitiva absolutoria que dos magistrados suplentes de la Cámara Especializada emitieron el 20 de marzo de 2018 y han acudido a la Sala de lo Penal para que revierta esa decisión. Los imputados a través de dos recursos pretenden que la Sala de lo Penal case la sentencia impugnada y anule el fallo pronunciado por los magistrados Rigoberto Chicas y Delfino Parilla, confirmando la sentencia definitiva que contiene el fallo absolutorio dictado por el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, el 29 de agosto de 2017. Una de las casaciones fue presentada por los abogados de Nelson Rauda Portillo, exdirector general de Centros Penales ; Félix Antonio Ruiz Soto, exdirector de penal de Ciudad Barrios y Ronald José Zúniga, miembro del Consejo Criminológico. Mientras que el segundo recurso fue interpuesto por los defensores de Raúl Mijango y Juan Roberto Castillo Díaz, principales mediadores de la tregua, así como Rigoberto Palacios Carrillo, exdirector de penal de Cojutepeque, Cuscatlán. Los otros 12 acusados no presentaron casación y deberán enfrentar la nueva vista pública que los magistrados suplentes ordenaron, entre ellos está la mayor cantidad de miembros de los Consejos Criminólogicos, exdirectores de penitenciarías y el exinspector general de Centros Penales, Anilber Eduviges Rodríguez Villeda. En el escrito presentado por los abogados de Nelson Rauda, Ruiz Soto y Zúniga, se menciona que la resolución de la Cámara Especializada causa inestabilidad o alteración emocional a sus defendidos ya que en la sentencia absolutoria se les había garantizado un justo y debido proceso sin vulnerar el derecho fundamental de la libertad. El juez especializado de Sentencia A cuando absolvió a los 18 imputados dijo que la Fiscalía no acreditó la existencia de los cinco delitos que supuestamente cometieron entre los años 2012 y 2013, que hubo una deficiencia en la investigación y hasta omisión para investigar y procesar a los verdaderos responsables. El juzgador reso