agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohíbidos en Centros Penales y actos arbitrarios. Inició la audiencia preliminar en contra de los 21 imputados, acusados de favorecer a pandilleros, reos de por lo menos ocho centros penales. La Fiscalía acredita que la tregua se financió con fodos estatales, entre ellos el gasto de combustibles, vehículos y locales para reuniones. Testimonio evidencia que el ahora Superintendente ofreció pagar el alquiler de la oficina que Mijango tenía para reunirse con pandilleros.