La población ha ganado el derecho a la información pública y a exigir rendición de cuentas sobre el uso de fondos y bienes públicos. Ese es un derecho que se ha ganado muy a pesar de la resistencia y el doble discurso de muchos. La población se indigna por los gastos que se hacen en las instituciones gubernamentales y últimamente, la revelación sobre los viajes de los expresidentes de la República, así como antes ocurrió con los viajes de diputados, magistrados y exfuncionarios, son motivo de profundas críticas. Pero hay que recordar que muchos de esos viajes han traído frutos importantes al país. El Salvador no puede vivir aislado del resto del mundo y el mandatario, como representante de la nación, se ve obligado a asistir a eventos internacionales, a buscar cooperación o a ir a buscar inversiones al exterior. De manera que no se puede satanizar el viaje por ser viaje. Lo que la Ley de Información y el elevado nivel de exigencia de la población hacia la rendición de cuentas de los funcionarios obliga ahora, es a un uso transparente y correcto de esos viajes, independientemente del funcionario o del partido. La discrecionalidad tiene que ir dando paso a la transparencia y la revelación de los viajes y hasta los gastos realizados en los mismos, como planea hacerlo el actual presidente, son un buen ejemplo de ello.