preside no tiene competencia para anular este juicio civil. Les aclaró, a los abogados de los demandados, que ellos tuvieron en su momento la facultad para plantearlo cuando estaba en la fase administrativa, en la Sección de Probidad, y no en esta etapa procesal. Según Romagoza, a Pignato y Funes Cañas, no se les puede excluir del proceso bajo los argumentos de que no eran funcionarios públicos, lejos de eso, el hacerlos partícipes en este proceso potencia sus derechos porque van a tener la oportunidad de ejercer su defensa técnica y material. Respecto a las deudas que Funes le canceló a Pignato, la Cámara señaló que la ex primera dama no tenía ningún tipo de ingreso y con el pago de más de $ 57 mil en concepto de tarjetas de crédito y préstamos, pudo haberse beneficiado por el cargo que ejercía en ese entonces Mauricio Funes. En cuanto a la violación de derechos constitucionales de audiencia, defensa y tratamiento procesal igualitario, la Cámara resolvió que no era procedente declarar la nulidad solicitada por los abogados de los demandados. La Corte Suprema de Justicia ( CSJ ), suspendió los efectos de la Ley de Probidad y revivió la Ley de Enriquecimiento Ilícito que data del año 1959 ; esa decisión generó la pauta para iniciar juicio civil a Mauricio Funes. La CSJ emitió una resolución en la que determinó que existen indicios de enriquecimiento ilícito del expresidente Funes. Asignó a la Cámara Segunda de lo Civil iniciar proceso y decretar medidas cautelares a cuatro cuentas y cinco vehículos. La Fiscalía General de la República, demandó de forma oficial al expresidente Mauricio Funes, a su hijo Diego Roberto Funes Cañas y la exprimera dama Vanda Pignato, por presunto enriquecimiento ilícito.