Empresarios del transporte público aseguraron ayer que cada año desembolsan hasta $ 21 millones en extorsiones, por lo que hicieron un llamado al Gobierno y a los candidatos presidenciales a tomar en serio el tema y erradicar el delito. Los primeros en pronunciarse fueron los empresarios de la Mesa Nacional de Transporte Público, quienes aseguraron que el pago continúa siendo alto para el sector, pese a que este año reportaron una disminución leve en las extorsiones. Para nosotros siempre los montos son altos del pago de las extorsiones, siempre ronda entre los $ 18 y $ 21 millones, afirmó René Velasco, presidente de la Asociación Salvadoreña de Empresarios de Transporte Público ( ASTP ). Velasco aseguró que las extorsiones frenan la productividad y el desarrollo general del país, por ello consideró que la erradicación del delito es clave para la economía. La Mesa Nacional de Transporte está conformada por 12 asociaciones, que engloban un aproximado de 200 rutas. Al igual que Velasco, William Cáceres, representante de la Federación de Empresarios de Transporte Salvadoreño ( Fecoatrans ), señaló que el tema no solo atañe al sector transporte, sino a diferentes sectores sociales. Por su parte, el presidente de Inversiones y Negocios de Fecoatrans, Catalino Miranda, agregó que las autoridades deben preocuparse más por el tema y los ataques que enfrenta el sector. Creo que suficiente hemos denunciado sobre este tema de la extorsión y el tema del asesinato, que muy bien se ha manejado en los últimos tiempos, cuando digo se ha ido manejando es que ha habido reducciones, explicó. Fecoatrans está integrada por 45 rutas de buses y microbuses que prestan servicio a nivel nacional. Según Miranda, anualmente cancelan entre $ 14 y $ 15 millones en extorsiones. Las cifras presentadas tanto por la Mesa Nacional de Transporte como por Fecoatrans son alarmantes para los empresarios. Un estudio del Banco Central de Reserva ( BCR ) publicado en abril de 2016 estimó que la violencia le costó $ 4, 026. 3 millones a El Salvador durante 2014. La mayor parte correspondió al pago de extorsiones y robos que sufren los ciudadanos y empresas