La organización Cristosal explicó que es necesario que se deje por escrito y expresamente la prohibición de criterio de oportunidad para cabecillas pues, de lo contrario, podría favorecer a los responsables directos de crímenes. Un diputado de Alianza Republicana Nacionalista ( Arena ) dijo que es importante que la ley especifique los delitos que serán considerados como crimen organizado. Navas calificó de grave que exista la posibilidad de que los cabecillas de estructuras criminales puedan ser beneficiados con el criterio de oportunidad. La propuesta inicial contenía un artículo 19 - B, que indicaba que en los delitos de crimen organizado podrá concederse criterio de oportunidad a quienes dirijan o sean parte de las organizaciones criminales previa verificación de la información proporcionada. Este fue eliminado en la reforma aprobada, aunque no se aprobó una prohibición. El artículo 18 del Código Procesal Penal establece que en el caso de crimen organizado no se podrá dar este criterio a quienes dirijan las organizaciones, excepto cuando la declaración del criteriado sea imprescindible para probar la participación de otros miembros del grupo en la organización delictiva. El diputado Rodrigo Ávila, de Arena, recordó que en la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad se explicó que los cabecillas de pandillas no saldrían librados sin sanción, sino que se podrían reducir las penas. Ávila señaló, además, que la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado no específica el tipo de delitos que se considerarían crimen organizado. El diputado Ávila mencionó que, con las reformas se atribuyen más capacidades al fiscal general y se aumenta la jurisdicción de crimen organizado para asignar más jueces. Para Ávila, el proceso abreviado contemplado en las reformas sería usado para los capturados bajo el régimen y asegurar que se queden dentro de la cárcel. Los legisladores aprobaron también en sesión de comisión reformas a la Ley de Intervención de Telecomunicaciones para que un solo juez pueda autorizar las intervenciones telefónicas. Las personas que podrán solicitar las intervenciones son el fiscal general y el director del Centro de Intervención. Ávila dijo que estas reformas facilitarían el trabajo de la Policía Nacional Civil ( PNC ) y la Fiscalía General de la