El exfiscal general Luis Martínez no presentó ningún testigo y su ofrecimiento de prueba es limitado, para contrarrestar la acusación fiscal por divulgación de material reservado que, supuestamente, cometió en detrimento de la imagen del sacerdote Antonio Rodríguez López Tercero, mejor conocido como Padre Toño. La causa penal con reserva total llegó, ayer, a su etapa final con la instalación de la vista pública en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador ; solo las partes procesales tienen acceso a la diligencia. Martín Santos, defensor de Luis Martínez, dijo que el Ministerio Público dispone de cinco testigos y una serie de audios sobre escuchas telefónicas, este último elemento probatorio podría prolongar el juicio en el caso que los fiscales pidan que se escuchen todos. Nuestro trabajo se va a basar en el devenir de esta vista pública con el desfile del elenco probatorio que se tenga y hacer la discusión ; ésta es la etapa crucial y crítica del proceso, dependerá de lo que digan los testigos, para nosotros hacer el contrainterrogatorio, dijo el defensor. El delito que la Fiscalía le atribuye a Martínez está previsto en el artículo 34 de la Ley para Intervención de las Telecomunicaciones, donde se señala que revelar o utilizar en forma indebida la información obtenida en el curso de una intervención de telecomunicaciones autorizada, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. La representación fiscal comenzó a indagar este caso cuando en una diligencia de intervención de telecomunicaciones se captó una conversación entre el Padre Toño y otras personas y luego se filtraron los audios. Las referidas grabaciones no tenían ninguna vinculación con el delito que se estaba investigando y por el cual un juzgado de instrucción de San Salvador, había autorizado intervenir los números telefónicos de personas vinculadas a hechos delictivos como extorsión y tráfico de influencia, e introducción de objetos prohibidos a centros penales. En las indagaciones se determinó que esa actividad ilícita, supuestamente, la cometió el exfiscal en agosto del 2014, días después de la captura del sacerdote español junto a una estructura de pandillas que fue procesada.