La Asamblea Legislativa reformó este martes la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, reduciendo de 24 a 4 horas el tiempo máximo de la autorización judicial de cada intervención solicitada por el fiscal general de la República. El Juzgado Primero de Garantías será el actual Juzgado Décimo Tercero de paz de San Salvador y el Juzgado Segundo de Garantías será el Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador ; ambos se turnarán. La reforma fue aprobada este martes con 64 votos de diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, además de Carlos Reyes, quien renunció de Arena. Votaron en contra los diputados de Arena, FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos. La reforma indica que el juez de garantía decidirá sobre la autorización de la intervención de las telecomunicaciones en el plazo más breve posible atendidas las circunstancias, el cual no excederá de cuatro horas. Actualmente, el artículo 10 indica que el juez decidirá en plazo que no excederá de 24 horas. Los recursos serán resueltos por la Cámara en un tiempo no mayor a 24 horas, ya no en 48 horas. Según el diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, el mecanismo hasta ahora ha sido obsoleto y la investigación de los delitos será mucho más rápida. Es totalmente una mentira que van a intervenir cualquier celular porque quien va a tener la posibilidad de hacerlo es la Fiscalía General, afirmó. Sin embargo, el diputado Francisco Villatoro aseguró que también les va a ayudar a actuar antes de que se cometa un delito. La reforma cambia el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ) en la fiscalización de las intervenciones a las telecomunicaciones. Con la reforma, un delegado de la PDDH verificará que las intervenciones tengan autorización judicial y podrá realizar auditorías solo por denuncia y los informes de auditoría serán remitidos al fiscal general. La reforma también crea un artículo de Colaboración que obligará a las operadoras de telecomunicaciones a tener a su cargo datos de geolocalización, registros o información vinculante para cooperar con la Fiscalía, así como plataformas para el acceso directo a las bases de datos que