El desafío del ministro de Defensa contra la Sala de lo Constitucional que mandó a transparentar las compras del Ministerio de Defensa, es una declaración preocupante que trae a cuenta el pasado oscuro de cuando la bota militar pisoteaba la institucionalidad del país con total desprecio. El pasado 25 de octubre, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, por considerar que vulnera el artículo 234 de la Constitución, ante la compra directa de armamento, municiones, vehículos, equipo de transmisión, uniformes y equipo táctico, del Ministerio de la Defensa. Pero ayer el titular de esa cartera de Estado dijo sentirse inclinado a declararse en estado de rebeldía ante la resolución de la Sala de lo Constitucional, semejante desafío jamás hecho desde que las dictaduras militares terminaron su ciclo en El Salvador. Obedecer las sentencias de la Sala no es opción, es obligación. Nadie está ni debe estar por encima de la ley en este país, independientemente de su investidura o de las estrellas que se coloque en el uniforme. Los militares son los primeros llamados a defender la Constitución y el respeto a las leyes y sentencias. Una declaración como ésta es indignante y carente del más mínimo respeto a la sumisión militar al poder civil.