La Fiscalía General de la República presentó ayer en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, la, tras resistirse de llevar por apremio, el 2 de octubre, al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que rindiera un informe ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. Luego de la acusación fiscal, el Juzgado Quinto de Paz notificará al director de la PNC, sobre la acusación que pesa contra él para que se pronuncie en cuanto al nombramiento de sus defensores, diligencia que está prevista para el próximo jueves, donde además se programará la fecha de realización de la audiencia inicial. El delito de incumplimiento de deberes es sancionado con pena de prisión de cuatro a seis años, de ser hallado culpable, e inhabilitación de su cargo por el mismo periodo de la pena a purgar ; en tanto en el comienzo del proceso judicial, la Fiscalía ha pedido instrucción con medidas sustitutivas a la detención. ; este procedimiento iba a la Comisión Especial para que el titular de Hacienda explicara sobre la recepción de títulos valores y otros activos en relación con una investigación por los fondos asignados en la pandemia. La misión de la Fiscalía es cumplir con la Constitución y como el señor director de la Policía, no tiene fuero se ha presentado el requerimiento tal y como lo exige la Constitución y las leyes secundarias, destacó el fiscal. Los hechos que se le incriminan al director de la Policía se originan el 30 de septiembre cuando la Comisión Especial que investiga el endeudamiento del Ministerio de Haciendade la Asamblea Legislativa citó por cuarta ocasión al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso de dichos dineros. Al no hacerse presente, se le ordenó al director de la Policía que llevara al funcionario por apremio, mandato que incumplió. Arriaza Chicas mandó un oficio a la Comisión Especial aduciendo que el ministro Zelaya tenía otras actividades, por lo que era imposible que asistiera al quinto llamado de la Asamblea. El requerimiento fiscal está basado en el artículo 321 del Código Penal que establece el incumplimiento de deberes de funcionarios, autoridad o empleado público. La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa llamó cuatro veces al ministro de Hacienda, Alejandro Ze