El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador ordenó ayer que Miguel Ernesto Daura Mijango, representante legal de la sociedad Intratex de El Salvador S. A. de C. V., siga el proceso penal en libertad por la supuesta evasión fiscal de $ 5, 336, 293. 33. Para quedar en libertad debe pagar una fianza de $ 500 mil como medida inmediata y luego deberá presentarse a firmar los lunes y jueves al Juzgado Sexto de Instrucción, también tiene prohibido salir del país. Además, para garantizar su comparecencia al tribunal se mandó solicitud a la Dirección General de Centros Penales para que se le instale un brazalete electrónico, a todas esas medidas estará sometido mientras dure la segunda etapa del proceso en la fase de instrucción. Al finalizar la audiencia inicial los fiscales del caso eludieron a la prensa y no quisieron emitir opinión sobre la resolución, ya que al momento de presentar la acusación pidieron que el imputado continuara en prisión. Edgar Acosta Oertel, uno de los tres abogados defensores, tras enunciar las medidas impuestas dijo. Estamos bastantes satisfechos, es una persona más que va regresar con su familia, es muy satisfactorio porque la instrucción va demostrar muchas cosas y hay que esperar una investigación más en serio, no a la carrera. Este caso comenzó a ser investigado tras una denuncia que interpuso la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda en la Fiscalía ya que al hacer un análisis la declaración presentada por Daura Mijango detectaron que había incurrido en un supuesta evasión y lo certificaron. Dice el Ministerio Público que el procesado supuestamente defraudó al fisco en el año 2017 pues no declaró en concepto de ventas no gravadas $ 293, 036, 117. 37 ya que presentó de forma indebida rentas no gravadas basándose un acuerdo que en el año 2014 emitió el Ministerio de Economía que establecía que las empresas dedicadas a la comercialización de prendas de vestir en general como depósito de perfeccionamiento activo, estaban exentas de impuestos sobre la renta. Pero la Fiscalía, señala que los ingresos reportados por el imputado eran de la prestación