La semana pasada, el congreso estadounidense dio un paso adicional para aplicar sanciones al gobierno de Daniel Ortega de Nicaragua, por la destrucción del sistema democrático y la falta de garantías para elecciones libres en ese país. La llamada Nica Act establece que Ortega debe hacer cambios sustanciales y creíbles en el restablecimiento de la democracia, el combate a la corrupción, la protección a representantes de Organismos No Gubernamentales ( ONG ), la sociedad civil, derechos humanos, periodistas, sindicalistas y la libre organización de los partidos políticos de oposición. De lo contrario, Estados Unidos votaría e influiría para que cada organismo financiero internacional, donde tiene representación, se oponga a cualquier préstamo o uso de fondos para el beneficio del gobierno de Nicaragua. Será necesaria una certificación del Secretario de Estado sobre los avances en derechos humanos, elecciones justas y transparentes bajo observadores creíbles, así como promover un sistema judicial y electoral independientes. Toda esa institucionalidad la destruyó Ortega desde hace más de una década, incluyendo el hecho de haberse reelecto pese a que la Constitución expresamente lo prohibía. Hay que verse en ese espejo para que no se caiga en la tentación de seguir esos pasos, porque las consecuencias las paga el pueblo.