El diario español El País reveló el fin de semana, en una amplia crónica, cómo la diplomacia salvadoreña se encargó de torpedear una declaración de la Organización de los Estados Americanos ( OEA ) para exigir que el régimen venezolano liberara a los presos políticos, cesara la violencia y no celebrase la Asamblea Constituyente que busca quebrar definitivamente la institucionalidad del país. La revelación da pena. El Gobierno de El Salvador claramente se volvió un cómplice consciente de las injusticias y abusos del régimen de Nicolás Maduro, como si la defensa de derechos y libertades tuviera ideología. El problema fundamental es que el gobierno salvadoreño actúa motivado por razones ideológicas y afinidades económicas. El régimen venezolano ha financiado sus campañas y es su socio y financista de las empresas del partido oficial. Por eso el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén apoyó un texto timorato que insistía en un diálogo que nació muerto y que en ningún caso exigía la liberación de los presos o hacía referencia alguna a la Constituyente. La actitud del gobierno salvadoreño ya tiene consecuencias. El influyente senador Marco Rubio ha advertido al respecto y seguramente veremos problemas en el futuro con la cooperación estadounidense al país.