##mente, atropella al sindicato constituido el 12 de marzo de 2012 porque no ha cumplido una de las cláusulas del laudo arbitral : el reconocimiento efectivo de la junta directiva y reunirse el último jueves de cada mes. La última vez que se reunieron fue en marzo y desde entonces ha cerrado completamente el diálogo. La junta directiva del sindicato ha hecho graves señalamientos en al menos seis instituciones y que según ellos, es atentatorio en el buen funcionamiento administrativo de la PDDH. El sindicato ha denunciadoun supuesto nepotismo en el que habría incurrido Caballero. Ella comenzó contratando personal que resultaron parientes del esposo, ha tomado medidas de ascender al personal sin el debido proceso, incluso llegó a aumentarle el salario a un grupo de jefaturas sin ningún proceso previo ; puso y nombró personas por Ley de Salario y mantuvo durante casi ocho meses la Comisión de Servicio Civil sin funcionar, y aunque en la actualidad funciona, no hace uso de ella para los procedimientos, porque acaba de despedir a tres compañeros el último día de agosto sin más que enviar un memorándum en el cual notifica que la persona ha perdido la confianza, aunque no sea personal de confianza ; y que además ha incumplido una serie de normativas institucionales y por lo tanto queda despedido y cesa la relación laboral de la institución con esas personas, sin ningún tipo de procesos, dijo uno de los directivos del sindicato. Según los denunciantes, la procuradora en ningún momento instaló la Comisión de Servicio Civil, a pesar que se otorgaron plazas por Ley de Salario. En un escrito presentado el pasado 20 de julio al Tribunal de Servicio Civil, y al cual se tuvo acceso, la junta directiva de Seprodehes solicitó la nulidad de 31 contrataciones, 21 ascensos e incrementos salariales autorizados por la titular de Derechos Humanos. En el escrito se argumenta que Raquel Caballero de Guevara, valiéndose de que la Comisión de Servicio Civil estaba desintegrada, ha autorizado dichos actos, violentando el principio del debido proceso y el procedimiento establecido en la Ley del Servicio Civil. El artículo 3 de la referida ley establece que toda plaza, cargo o empleo público solo podrá ser creado o suprimido por la ley y para tomar posesión