El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó que el financiamiento para la compra anticipada de bonos de 2023 y 2025 se podría completar con el desembolso de más préstamos y con los ingresos tributarios. Además, el Gobierno podría usar un préstamo suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica ( BCIE ) por $ 200 millones, cuyo primer destino es cubrir el gasto por los subsidios a los combustibles. Pensar que son los únicos fondos que tiene el Gobierno de El Salvador es ser bastante incauto y conocer poco de cómo se mueve el presupuesto general de la nación, respondió Zelaya durante una entrevista con la cadena CNN. El funcionario señaló que el Gobierno tiene acceso al BCIE y al Banco de Desarrollo de América Latina ( CAF ), mientras que los ingresos tributarios a junio han crecido un 18. 9 % ( según datos en Transparencia Fiscal ) gracias al plan contra la evasión fiscal. A junio, el fisco salvadoreño recibió $ 3, 661. 6 millones en ingresos tributarios y contribuciones, equivalente a un aumento de $ 581. 9 millones frente al año pasado. Eso no da la seguridad de que vamos a contar con todas las fuentes para hacer el pago nominal en el 2023 o realizarlo de manera anticipada, pero no son los únicos fondos con los que contamos, todavía hay desembolsos pendientes por parte de los organismos multilaterales, señaló el funcionario. Sumó que también estamos esperando cuál será el excedente que vamos a tener en nuestra recaudación tributaria y con eso vamos hacer frente a todas las obligaciones de pago de deuda e inversión pública. En la entrevista de CNN, se cuestionó a Zelaya si la adopción del bitcoin generó desconfianza en el mercado y contribuyó al aumento del riesgo país. A esto, el funcionario defendió la medida bajo el argumento que no es una estrategia que da resultados de la noche a la mañana. Todos esperarían que El Salvador, después del primer mes de haber adoptado nuestra estrategia de bitcoin, tengamos resultados absolutos en nuestros indicadores económicos, eso es imposible, señaló. El Salvador se convirtió en septiembre del 2021 en el primer país en adoptar el