Luego de más de cinco meses de que el país está con régimen de excepción ya son 51, 241 los detenidos quienes serán procesados de acuerdo a la ley, publicó esta mañana el Ministerio de Seguridad a través de su cuenta de Twitter. La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 16 de agosto la quinta prórroga al régimen de excepción que suspende por 30 días algunos derechos constitucionales como mecanismo para combatir a las pandillas. Este finalizaría el 18 de septiembre. Con la prórroga se mantienen suspendidas las garantías establecidas en los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución de la República que se refieren al derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia. En este último decreto de prórroga se levantó la suspensión del derecho a la reunión aplicada desde el 27 de marzo. De acuerdo al decreto, suspender la aplicación de las medidas extraordinarias derivadas de dicho régimen implicaría un grave retroceso en los avances alcanzados, propiciando la oportunidad para que los grupos terroristas lleguen a reorganizarse, generando nuevamente condiciones de inseguridad para la población. Familiares de detenidos bajo el régimen de excepción ha interpuesto más de 3, 400 demandas por detenciones arbitrarias antes la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ). Ante la situación, el procurador de la PDDH, Apolonio Tobar, ha reconocido que no se le ha dado pronta respuesta a los denunciantes. Solo han encontrado violaciones en 7 casos de 150 analizados de San Salvador y ninguna violación de los 66 analizados en el departamento de Cuscatlán. Personas que denuncian detenciones arbitrarias también han conformado el Movimiento de Víctimas del Régimen, que la semana pasada presentó una propuesta de decreto para que se dé reparación por detenciones ilegales y arbitrarias a personas que en el proceso judicial correspondiente resulten inocentes y que hayan sido encarcelados durante el régimen de excepción. Mientras el Gobierno destaca " la baja en homicidios ", entidades como el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA ( OUDH ) comparten haber encontrado más de 300 casos de tortura entre los detenidos en