Todos los partidos políticos, incluyendo el oficialista, deberían estar interesados en una investigación profunda, seria y profesional sobre el espionaje que han estado sufriendo varias gremiales empresariales y dos fundaciones críticas del Gobierno. El país ha vivido en la eterna desconfianza. El conflicto armado se terminó pero los métodos de guerra migraron hacia la política de una forma tan bélica que prácticamente han mantenido el país estancado desde el inicio del siglo. El fiscal general fue contundente al decir que no hay ninguna institución militar, policial, estatal o particular que tenga autorización para hacer prácticas de intervención de las telecomunicaciones, algo que es un delito y además una violación descarada a los derechos humanos y a las libertades más fundamentales. Si solo la Fiscalía está autorizada, bajo el marco de la ley, para una práctica como ésta y no es la Fiscalía la que lo ha hecho, entonces es obvio que estamos ante un acto ilegal, ilícito que requiere de una investigación profunda que lleve a los responsables para su posterior castigo. Todos los partidos deben poner de su parte en esta investigación que, cuando llegue su turno de volver a ser oposición, puede terminar siendo víctima de estas mismas prácticas si no se terminan de una vez por todas, por el bien de la democracia y los derechos humanos.