Estados Unidos agregó a cinco legisladores, tres funcionarios electorales y una jueza de Nicaragua a su lista de " actores corruptos y antidemocráticos ", señalándolos de socavar la democracia en asociación con el gobierno de Daniel Ortega, anunció el miércoles la administración de Joe Biden. La inclusión en ese listado hace que las personas no sean elegibles para visas e ingreso a Estados Unidos, señaló el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al informar la decisión. Los funcionarios del Consejo Supremo Electoral ( CSE ), su presidenta Brenda Isabel Rocha Chacón, su vicepresidente, Cairo Melvin Amador, y Lumberto Ignacio Campbell, fueron añadidos por conspirar con el gobierno de Ortega para descalificar a la oposición en las elecciones de noviembre pasado. También fueron agregados por esa razón el actual presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Eduardo Porras Cortés, así como los legisladores Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado, Carlos Wilfredo Navarro Moreira y María Haydee Osuna Ruiz. Edwin Ramón Castro Rivera, legislador desde 1997 y jefe de la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional ( FSLN ) desde 2007, fue incluido por asegurar la aprobación de una legislación que permitió excluir a candidatos y partidos de la oposición y hostigar y encarcelar a opositores, dijo Price. Además, se añadió a Karen Vanessa Chavarría Morales, actual jueza del distrito noveno de Managua, por " subvertir procesos legales para actuar en contra de opositores " de Ortega. " Continuaremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por corrupción y otros ataques a la seguridad, la estabilidad y las aspiraciones democráticas de los pueblos de Centroamérica ", prometió Price. La lista de " actores corruptos y antidemocráticos ", también conocida como Lista Engel, fue creada en cumplimiento de una ley de diciembre de 2020, patrocinada por el entonces legislador Eliot Engel, por la cual el Departamento de Estado debe identificar a quienes estén involucrados en casos de corrupción, obstruyan la justicia o socaven la democracia en Guatemala, Honduras y El Salvador. La lista amplió el alcance a Nicaragua con la aprobación de la Ley