Toda la clase política del país parece consciente de las enormes dificultades financieras por las que pasa el Estado y de la necesidad urgente de un acuerdo fiscal que alivie esta problemática, pero todos piden el sacrificio de los demás, no el propio. Ninguna reforma fiscal o pacto nacional en esa materia jamás será suficiente sin austeridad. No es posible que los órganos de Estado sigan derrochando los fondos públicos en viajes, bonos, vales de gasolina y guardaespaldas para todas las familias de funcionarios, seguros médicos y de vida, y docenas de asesores innecesarios, fruto del clientelismo de la partidocracia. El país no puede seguir viviendo con el nivel de endeudamiento y gastos que tiene y la quiebra del Estado está en el horizonte si no se hace algo y pronto al respecto. La responsabilidad fiscal ha tardado demasiado en ser aceptada por el oficialismo, después que fueron férreos opositores a ella. Han caído en cuenta de una realidad insostenible y los condicionamientos del FMI y otros organismos internacionales son cada vez más duros. Tristemente, el fracaso de las finanzas públicas, la quiebra del Estado, nos afecta a todos los salvadoreños y no puede verse como un hecho aislado del Gobierno o del partido oficial, de ahí la necesidad de alcanzar juntos una solución permamente y saludable para el país.