La Fiscalía General de la República le retiró ayer el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena al empresario de transporte colectivo, Marco Otto Soto, tras no admitir ante el Juzgado Especializado de Instrucción C los cargos penales por colaborar con la pandilla barrio 18. Según Fiscalía, el transportista recogía la extorsión que la pandilla barrio 18 exigía a los empresarios de la ruta 33A y 33B que recorren la zona de San Salvador a Ayutuxtepeque, Santísima Trinidad y sectores aledaños. Para recibir el beneficio penal, Soto fue sometido a un procedimiento abreviado negociado entre la Fiscalía y la defensa ayer, donde el imputado confesaría los hechos y admitiría los cargos. A cambio recibiría la pena mínima del delito de 3 años de prisión, que le sería reemplazado por la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Sin embargo, en tres ocasiones, el imputado no confesó ni admitió los cargos. Tanto la Fiscalía como la jueza le hicieron ver al imputado cómo debía declarar e incluso pidieron a su abogado defensor que lo asesorara sobre los términos en el que debía admitir los cargos, pero siempre se mostró víctima de las extorsiones y no admitió que colaboró con el barrio 18. Al no ser posible el acuerdo, Soto fue sometido a la audiencia preliminar en la que Fiscalía presentó abundantes pruebas para demostrar la participación delictiva de él y otros 23 acusados de extorsión, homicidio, proposición y conspiración en el delito de homicidio y agrupaciones ilícitas. La jueza dará su resolución, en la que dirá si el caso pasa a juicio, el 16 de marzo.