El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador resolvió finalizar ayer el proceso penal en contra de cuatro fiscales que renunciaron al criterio de oportunidad, en el caso conocido como Corruptela, donde son acusados 30 imputados, entre ellos el exfiscal Luis Martínez, el expresidente Mauricio Funes, los empresarios Enrique Rais y Aldo Vinicio Parducci Meléndez. En su resolución, la jueza Alba Gladis Salamanca emitió un sobreseimiento definitivo para los fiscales, Carolina Manzanares Nóchez, Yesenia Carolina Ayala, Mauricio Aguilar y Marta Colindres, a quienes el Ministerio Público atribuye los delitos de privación ilegal de libertad por empleado o funcionario público, omisión de la investigación y falsedad documental agravada. Mientras que los empleados administrativos, Edwin Geovanni Hernández Gutiérrez y Damián Cabrera Bernal, deberán continuar el proceso penal en la fase de instrucción por delito de peculado por culpa, pero sin el pago de una fianza de $ 10 mil que la Fiscalía había solicitado. Uno de los fiscales acusadores expresó que la jueza, al analizar la omisión de la investigación, dijo que no había delito y en cuanto a la falsedad, la funcionaria judicial manifestó que un requerimiento fiscal no es un documento y por ende no hubo ninguna falsedad documental agravada. En cuanto a la privación de libertad, el representante del Ministerio Público dijo que la jueza también exoneró definitivamente por considerar que esa es parte de las funciones de un fiscal. Esta resolución es provisional y está sujeta a una probable valoración de un tribunal superior que es la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador y se valorará si es procedente detalló el fiscal. El abogado Alirio Ayala dijo que este proceso, incluso se llegó a decir que se habían planteado unos absurdos por parte de la Fiscalía, son situaciones que ponen en evidencia la inocencia de nuestros defendidos, la que siempre nosotros alegamos, dijo el defensor. Según Ayala, los cuatro fiscales no han incurrido en delito, lejos de eso, se han cometido ilegalidades y se han tratado de adecuar delitos a actividades que hicieron como parte de sus funciones.