Katya Miranda fue violada y asesinada la madrugada del 4 de abril de 1999. La niña de apenas nueve años había disfrutado de un alegre día de playa, en un paseo familiar de vacaciones por la Semana Santa. Su madre la dejó al cuidado del padre y de los abuelos, mientras ella asistía a la vigilia tradicional del Sábado de Gloria, correspondiente al calendario católico de aquel año. Lo que ocurrió esa madrugada sigue siendo un misterio. Cuatro años después del hecho, me confiaron la responsabilidad de continuar indagando sobre lo ocurrido, sobre los responsables y las fallas en un sistema judicial en el que se hizo todo, menos buscar justicia para Katya, su madre Hilda María y su hermana Gina Marcela, entonces de seis años y que dormía junto a su hermana en una tienda de campaña antes de que se cometieran los actos de barbarie. Para cuando me fue asignado ese expediente, en enero del 2003, yo no conocía ni los detalles de la investigación, ni a los implicados y ni siquiera a Hilda María Jiménez. Sabía lo que se había publicado en los periódicos de la época y, luego de una lectura acelerada de cientos de papeles que formaban parte de informes, dictámenes y resoluciones, comencé a tener varias certezas : que existía un pacto de silencio entre los miembros de la familia Miranda que estuvieron esa noche en el rancho de playa en Los Blancos ; que la alteración de la escena del delito fue responsabilidad de los primeros policías que llegaron al lugar, luego de una fiscal que se tardó horas en presentarse y también de los familiares que retiraron pruebas imprescindibles para investigar lo ocurrido ; que la misma escena del delito podía considerarse problemática en su conservación, por tratarse de una playa sujeta al vaivén de las mareas y que el Organismo de Inteligencia del Estado, el OIE, había tenido injerencia en las diligencias iniciales de investigación, probablemente por la pertenencia del padre de la víctima, el entonces capitán del ejército Edwin Miranda, al Batallón Presidencial, responsable de la seguridad del entonces presidente Armando Calderón Sol. Con estas nociones intentamos desde el Instituto de Derechos Humanos de Universidad Centroamericana ( Idhuca ), un grupo de abogados y yo,