El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ( Icefi ) recomendó este miércoles la derogación de la Ley Bitcoin un año después de su entrada en vigencia. El Instituto destaca que haber utilizado recursos públicos para imponer el uso obligatorio del bitcoin, implica que independientemente la población lo use o no, se están usando ingresos tributarios para cubrir los costos de esta medida. Destaca que en un momento donde los altos precios golpean a la población en general dichos recursos pudieron para fortalecer la educación, la salud o la protección social, con énfasis en los grupos más vulnerables. No existe información oficial pública sobre cuántos bitcoins ha comprado el Estado salvadoreño y el monto gastado para ello. Con base en lo publicado por el presidente Nayib Bukele ha publicado en la red Twitter, y considerando el precio de mercado de los montos mencionados en esos mensajes, así como el precio de mercado actual de la pérdida en la reserva de valor puede estimarse en más de $ 60 millones, estima Icefi. Este costo es a todas luces excesivo y oneroso para la población y los contribuyentes salvadoreños, afirman en el comunicado. Haber adoptado el bitcoin, sumado al deterioro institucional, hecho difícil que el Gobierno acceda a fuentes para financiar el déficit fiscal, como el acuerdo que está en negociación con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ). Este Acuerdo de Servicio Ampliado, que incluye un apoyo financiero potencial de $ 1, 300 millones, el cual a la fecha no se ha concretado. Deterioro de imagen crediticia Además, el perfil de riesgo medido por el Emerging Markets Bonds Index se ha incrementado en más de un 200 % desde que se aprobó la Ley Bitcoin, lo cual implica que, si el Gobierno sale al mercado internacional de capitales a colocar sus bonos de deuda soberana, los prestamistas en el exterior exigirían una tasa de interés excesivamente alta por considerarlo un acreedor con alta probabilidad de no poder pagar su deuda en el futuro. Icefi señala que el país tampoco ha adoptado las medidas preventivas que en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo