La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) declaró inconstitucional por omisión parcial el numeral 2 del artículo 8 de la Ley de Notariado, referente a la suspensión de su ejercicio a quienes observaren mala conducta profesional o privada notoriamente inmoral, debido a que no está claramente definido. El fallo emitido el 1 de junio de 2022 también señala que la Asamblea debe al menos fijar los parámetros para determinar cuándo un comportamiento encaja en alguno de esos conceptos, para lo que otorga un plazo de seis meses a partir de notificada la sentencia, la cual ingresó en la plenaria del 21 de junio. El fallo de los magistrados señala que se trata de una inconstitucionalidad por omisión parcial por regulación o protección deficiente porque la ley no desarrolla los términos, es decir, son conceptos jurídicos indeterminados. La Constitución de la República establece dentro de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia autorizar a los abogados y suspenderlos por determinadas causas, entre esas la mala conducta profesional y la conducta privada notoriamente inmoral. Pero el desarrollo de esos conceptos debió incluirse dentro de la Ley para que no exista una discrecionalidad excesiva por el ente aplicador. La Sala indica que ya se cuenta con jurisprudencia y pautas que los legisladores deben tener en cuenta a la hora de crear un delito, falta o infracción administrativa ; que implica usar términos o frases comprensibles, referencias a elementos subjetivos o definir el comportamiento prohibido, para evitar que quien aplique la sanción utilice su opinión personal o recurra a la discrecionalidad. Dentro de los alcances de su fallo, la Sala indica que mientras la Asamblea no emita no norma o reforme la Ley, la CSJ deberá argumentar suficientemente las razones por las cuales considera que un notario incurre en los comportamientos de mala conducta y establece algunos parámetros. La verificación de la mala conducta profesional deberá tener una verdadera vinculación con la función notarial y podrá penalizarse aquellos comportamientos que incidan en la finalidad de la función notarial,