Organismos humanitarios libran una acuciante batalla legal en El Salvador por lograr la libertad de 16 mujeres que purgan largas condenas bajo la draconiana legislación antiaborto que rige en el país centroamericano. La ley salvadoreña criminaliza la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, al punto de que partos fuera del entorno hospitalario en los que el recién nacido fallece son calificados como homicidios y castigados con hasta 40 años. " La lucha es de largo aliento, pero es urgente porque algunas mujeres acumulan once años de estar presas ", declaró a la AFP Morena Herrera, coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico ( ACDATE ). Las mujeres que se encuentran pagando estas sentencias " están desesperadas ", dice la activista, que explica que muchas tienen hijos pequeños a los que apenas pueden ver. La organización no gubernamental ha presentado solicitudes de conmutación de pena para las 16 mujeres ante el Ministerio de Justicia y Seguridad, abriendo así un proceso que pasa por varias instancias antes de llegar a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ), donde deben ser aprobadas por al menos ocho de los 15 magistrados. La abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho ( Fespad ) Teresa Delgado explicó a la AFP que un proceso de conmutación de pena puede extenderse hasta por más de tres años. En los casos de tres de ellas, la defensa solicitó una revisión de sentencia, que abre la posibilidad de revertir la condena y borrar su expediente penal, lo cual no ocurre si se conmuta la pena. Estos recursos solo se admiten cuando un tribunal constata que se presentaron " irregularidades " en el proceso, explica Delgado. En el último año, cinco mujeres sentenciadas en este tipo de casos salieron de la cárcel, algunas de ellas con la pena conmutada. El actual código penal salvadoreño establece en su artículo 133 una pena de 2 a 8 años por aborto. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los involuntarios, como " homicidio agravado ", un delito penado