Con esta orden judicial, en perjuicio de los demandantes, quienes son dos jueces de la República. Ordena a la Asamblea y a la Corte que notifiquen a los plenos de cada órgano de gobierno y en un plazo de 10 días, notificar a la Cámara sobre este acto. También pide acreditar las investiduras de jueces de los demandantes ante la Cámara y advierte que las medidas cautelares solo pueden ser modificadas, sustituidas o cesadas conforme a la Ley Procesal de Familia. La resolución de medidas cautelares de la Cámara de Familia de Oriente señala que uno de los dos magistrados, Manuel de Jesús Méndez Rivas, dijo que " a su criterio carecía de competencia funcional para conocer y resolver en primera instancia el asunto planteado ", pero el magistrado presidente dictó medidas cautelares, El inciso segundo del referido artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercántil establece que es función del magistrado presidente " impulsar y ordenar el curso del proceso, dictando al efecto los decretos y demás resoluciones que legalmente procedan ". Además se basó en la Ley Procesal de Famlia, que en su artículo 78 señala que es " competencia en razón del territorio de los jueces de familia, se extiende por toda la República para conocer y decidir las medidas cautelares que les sean solicitadas ". El pasado 21 de septiembre, el abogado Ricardo Vladimir Montoya Cardoza, apoderado legal de los jueces de la República, Rosvinda Portillo Matute y de Godofredo Campos Rosa,, aprobadas por la Asamblea Legislativa el 31 de agosto pasado y publicadas en el Diario Oficial el 14 de septiembre. Blanco explicó que esta demanda es en contra de la Asamblea Legislativa, la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia.