Para la directora del Servicio Social Pasionista, Verónica Reyna, las ejecuciones responden a políticas de seguridad que no regularon el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, en comunidades vulnerables, además no respetan los derechos de la población. La evidencia de las ejecuciones son las denuncias de testigos que presenciaron el hecho, la manipulación de la escena al colocar armas o droga, así como la cantidad de disparos que hacen en contra de un supuesto pandillero. La cantidad de disparos en los cuerpos de las víctimas el promedio son 9 disparos, generalmente en el tórax y la cabeza, hay un uso de armamento de guerra, pareciera que hay una intención de matar, más que de lograr controlar la situación, dijo Reyna. De los casos documentados, la Fiscalía investigó 43, judicializó 14, hay cuatros en etapa de sentencia, dos en condena y hubo nueve sobreseimientos de policías.