romper el principio constitucional de inocencia que los ampara resaltó la jueza. En cuanto al delito de actos arbitrarios el tribunal señaló que no cumple ninguno de los requisitos y que la actividad realizada por los exdirectores y señalada por la fiscalía como una conducta reprochable, no trascendió a la esfera penal y que todo queda en el ámbito administrativo. Para que un funcionario incurra en un acto arbitrario debe haber una conducta dolosa en el ejercicio de sus funciones, que sus decisiones fueran dictadas de forma caprichosa e infundada y que se manifieste un móvil contrario al orden público, dijo la jueza. La Fiscalía acusó a los dos exdirectores de Centros Penales, basándose en el artículo 152 del reglamento de la Ley Penitenciaria.