De forma oficial, la Fiscalía General de la República presentó la solicitud de extinción de dominio, el pasado jueves, para que pasen al Estado las propiedades vinculadas a 32 personas procesadas en el caso conocido como Saqueo Público, donde el principal imputado es el expresidente Mauricio Funes. El 11 de junio del 2018, la Unidad Especializada de Extinción de Dominio impuso medidas cautelares ( incautación provisional ) a 25 propiedades, y le pidió al juzgado especializado en esa materia que las ratificara, pero una fuente fiscal confirmó que en la solicitud definitiva presentada el pasado jueves la cantidad de inmuebles sobrepasa los 60. El Ministerio Público dice ha seguido un largo proceso de investigación para identificar los bienes, inmuebles y cantidades de dinero en cuentas bancarias de los procesados y el 17 de octubre de 2018 tenían que presentar la solicitud de extinción de dominio, pero pidieron una ampliación de seis meses al juzgado, que culminó el pasado jueves. El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, aún revisa la información, desde que recibió la solicitud y trabaja en el estudio de la admisión ; dentro de las diligencias debe clasificar cada uno de los bienes. Luego de recibir la solicitud, el juzgado tiene un plazo de cinco días para emitir una resolución que puede contener dos aspectos : admitirla o prevenir a la Fiscalía para que dentro de tres días subsane algunos puntos que no estén claros. Cuando ya esté admitido el proceso, la jueza especializada en extinción de dominio deberá informar a los afectados ( propietarios de los bienes ) para que se muestren parte en el tiempo máximo de 20 días. Al haber finalizado todos los plazos antes detallados, el juzgado tendrá que señalar la fecha de la audiencia preparatoria a realizar dentro de los diez días siguientes. El Ministerio Público al comenzar el proceso se basa en el artículo 5 de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los bienes de Origen o Destinación Ilícita que permite aplicarla la normativa cuando los bienes provengan de o se destinen a actividades relacionadas o conexas al lavado de dinero y activos. Cuando el caso Saqueo Público se judicializó el