La falta de un acuerdo para elegir magistrados de la Corte de Cuentas de la República provocó un inesperado problema la semana pasada : el impedimento al Ejecutivo para la emisión de títulos valores por $ 550 millones que le ayudarían a enfrentar el déficit financiero estatal hasta diciembre, así como un crédito puente. Por supuesto, la responsabilidad es toda de las fracciones de la Asamblea Legislativa que han sido incapaces de elegir magistrados bajo los criterios impuestos por la Sala de lo Constitucional, es decir, capaces, probos e independientes de la partidocracia. El artículo 195 de la Constitución faculta a la Corte de Cuentas a refrendar los actos y contratos relativos a la deuda pública y, ante la acefalía de la institución por la falta de elección de los magistrados, el FMLN impulsó un decreto transitorio para dar potestad a una Comisión Administradora a que hiciera ese acto legal, algo que hubiera sido claramente inconstitucional. Aquí el único camino es elegir a los magistrados tan pronto sea posible, buscando corregir el rumbo de una institución que se caracterizó por hacerse del ojo pacho en administraciones anteriores y que facilitó los finiquitos exprés a gobernantes cuestionados y procesados. Ese es el desafío urgente de la Asamblea Legislativa y es su responsabilidad superarlo.