La Fiscalía General de la República solicitó al Juzgado Especializado en Extinción de Dominio avalar los embargos y anotaciones preventivas decretadas a 42 inmuebles de ocho personas señalados de integrar tres estructuras dedicadas al lavado de dinero, contrabando de mercadería, cohecho ( soborno ), tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas. Estos bienes fueron intervenidos por la unidad especializado de extinción de dominio en la Operación sin Fronteras y están a nombre de Guillermo Isaac García, Adolfo Umaña Magaña, Bertha Jordán, Francisco Alexander García Jordán, Héctor Antonio Guevara, Rigoberto Alarcón Umaña, Orlando Aguirre Martínez y Rodolfo Quijada Sanabria. Las propiedades también fueron detectadas a nombre de familiares cercanos a las ocho personas anteriores, ya que esa es una de las estrategias de las estructuras para que las autoridades perdieran el rastro de esos inmuebles. La Fiscalía ha presentado documentación donde señala que los parientes de los integrantes de las estructuras no tienen la capacidad económica para adquirir los bienes, ya que no tienen fuentes de ingreso lícitas conocidas, no trabajan y en la administración tributaria tampoco tienen récord de ser contribuyentes activos. Estas personas tienen una estrecha vinculación con actividades ilícitas como contrabando de mercadería ( leche líquida, cigarrillos de manufacturación extranjera y harinas, personas que ostentan bienes en jurisdicción de límite entre El Salvador y Guatemala, lo que ha sido aprovechado para eludir y evadir los controles aduaneros y así dar un perjuicio hacia el fisco del Estado de El Salvador, explicó la fiscal que llegó a presentar el escrito de ratificación de medidas cautelares. El Ministerio Público señala además que esos bienes han sido adquiridos producto de actividades relacionadas a la narcoactividad y el cohecho ; en las pesquisas se utilizaron dos herramientas de investigación, la figura del agente encubierto y las escuchas telefónicas. Los fiscales grabaron conversaciones en las que se escucha cómo los integrantes de la estructura sobornaron a policías para que les limpiaran las rutas de tránsito donde pasaban con la mercadería y ganado contrabandead