de las condenas por los delitos de lavado de dinero y peculado. La Cámara Segunda de lo Penal estudió apelaciones de los defensores, que argumentaban la imposibilidad de determinar el monto por el que debían responder, y les dio la razón, en el sentido que para condenarlos a pagar los jueces tuvieron como única prueba una pericia financiera contable incompleta. En la resolución que modifica la responsabilidad y la deja en abstracto, se explica que con la pericia no se determinó de manera exacta la cantidad por la que debían responder cada uno de los imputados, ya que el examen tuvo limitaciones, entre las que se menciona la imposibilidad de valorar toda la documentación solicitada. Y que fiscalía no probó a los jueces un beneficio personal a favor de los exempleados de Casa Presidencial y se les condenó a cancelar de $ 3 a $ 7 millones.