de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) hizo pública ayer, luego que un capitán y dos jurídicas de la Fuerza Aérea negaran el acceso a los archivos militares, al, que investiga la causa de la Asimismo, por unanimidad, quien presentó un amparo para impedir las inspecciones, y le explican que la finalidad de la diligencia no es conocer los planes militares actuales, sino los de 1981. señalan los magistrados. En ese sentido,, por tanto, el Estado salvadoreño está obligado a realizar todas las tareas necesarias para contribuir a esclarecer lo sucedido a través de herrramientas legales, que permitan llegar a la verdad. La Sala también adviertió al ministro de la Defensa, René Merino, que impedir las inspecciones a los archivos militares puede constituir delito. El ministro Merino dijo a la Sala de lo Constitucional que las inspecciones no se podían permitir, porque al acceder a los archivos, el juez estaría cayendo en delitos como revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, revelación de secretos de estado, etc, dice en la demanda. Sin embargo, la Sala le responde que la inspección nace de una investigación judicial denominada En ese sentido, el acceso a dichos registros, más que ser una conducta delictiva como pretende hacerlo ver la parte actora, constituye el cumplimiento de una orden judicial concreta pronunciada dentro de un proceso penal específico y, por el contrario, obstaculizar la diligencia judicial podría ser constitutivo de delito, añade la resolución. Ayer, la Fuerza Aérea impidió que el juez de instrucción de San Francisco Gotera hiciera la inspección de archivos militares en esa guarnición. Según un capitán identificado como Ortíz no sabían de la llegada del juez, y señaló dos argumentos : Uno, porque el presidente de la República, Nayib Bukele, ya entregó la documentación y dos, porque el artículo 168 de la Constitución de la República, en su numeral 7, se lo impedía. el pasado 24 de septiembre, cuando anunció la desclasificación de los pocos archivos, que dijo, encontraron. Ante la negativa, el juez y las partes procesales se reunieron en el Centro Judicial Isidro Menéndez