Tres entidades defensoras de derechos humanos pidieron este miércoles a la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa que les permita participar a los colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos en la formación de la nueva ley de justicia, verdad y reparación que ordenó la Sala de lo Constitucional en 2016. Las organizaciones entregaron una carta a la Comisión de Justicia. En esta reiteran que las anteriores legislaturas no consultaron a las víctimas cuando presentaron proyectos entre 2018 y 2020, a pesar de haberlo solicitado en diferentes oportunidades a través de escritos. Las organizaciones que pidieron la participación son la Mesa contra la Impunidad en El Salvador ( Mecies ), el Grupo Gestor para la Aprobación de la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica. Juan Carlos Sánchez, miembro de la Fundación para el Debido Proceso ( DPLF ), informó que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sí les recibió la carta. En esta exigen cumplir con su obligación de aprobar una normativa que garantice el derecho a la verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición y memoria histórica. Además de garantizar su participación, piden retomar con seriedad los proyectos de ley que han presentado los colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos y en especial el ingresado el 7 de octubre de 2021. Sánchez aseveró que esperan que la Asamblea Legislativa inicie un proceso serio de consulta con las víctimas para cumplir con la obligación que le emitió la Sala de lo Constitucional hace seis años. En julio de 2016, la Sala anuló la amnistía absoluta e incondicional decretada en 1993 luego de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad. Para Gloria Anaya miembro del Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria, la Asamblea Legislativa debe aprobar una ley que cumpla los estándares que estableció la Sala de lo Constitucional. Anaya reclamó que a seis años de la sentencia la Asamblea no ha aprobado una normativa ni tampoco se ha dado acceso a la información a los archivos militares, aunque el presidente Nayib Bukele prometió hacerlo. Este Gobierno que dijo que iba a entregar los archivos desde la A a la Z, hasta