El testigo criteriado Aarón no solo ha señalado la forma en la que la Mara Salvatrucha ha lavado dinero y extorsionado en el departamento de Santa Ana, sino que también ha descrito cada uno de los homicidios, los móviles y la participación que tuvieron 97 imputados de la clica Western Locos Salvatruchos. Ayer, en la audiencia de imposición de medidas realizada en el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador, la Fiscalía General de la República atribuyó a 27 personas, diez casos de homicidio agravado, organizaciones terroristas y un caso de privación de libertad. Este último delito es porque el testigo dice que asesinaron a Mario Ernesto Montes, pero el cuerpo nunca fue encontrado y para acreditar el crimen debe existir un levantamiento de cadáver y autopsia ; por ello, el delito acusado fue privación de libertad respaldada por denuncia de desaparición de los parientes de la víctima. El Ministerio Público, al judicializar el caso en este juzgado, acusó a 82 imputados, pero la audiencia de ayer fue desarrollada por las 27 personas detenidas el 8 de septiembre ; posteriormente, será resuelto sobre 16 acusados que ya estaban guardando prisión en diversos penales por otros hechos y 39 más que no fueron detenidos el día de la Operación Tecana. La representación fiscal individualizó también a 15 menores de edad que en las pesquisas aparecieron involucrados, pero su condición de minoridad los llevó a que el caso sea conocido por un juzgado de menores. Al iniciar la audiencia de imposición de medidas, una defensora particular y una pública presentaron vía incidental su inconformidad por la decisión fiscal de haber traído el caso a San Salvador. Argumentaron que los hechos atribuidos debieron ser judicializados en Santa Ana, ya que es la zona donde ocurrieron los casos imputados ; la jueza le pidió a los fiscales que se pronunciaran al respecto y le expresaron que resolviera conforme a derecho. Al momento de emitir su resolución, la jueza interina que conoció de la causa dijo que se declaraba incompetente para seguir diligenciando el caso por cuestiones de jurisdicción, ya que los delitos ocurrieron en Santa Ana, razón por la