El magistrado del Tribunal Supremo Electoral ( TSE ) Noel Orellana aseveró este lunes que la " ley de transfuguismo " no aplica para la posible candidatura de reelección inmediata del presidente de la República, Nayib Bukele, pues es aplicable únicamente para diputados y alcaldes. El magistrado Orellana aseguró, durante una entrevista en Radio Sonora, que dar opiniones sobre el tema es basarse en hipótesis y que en el momento en que se dé la inscripción de la candidatura presidencial se deberán contemplar todos los escenarios al interior del Tribunal. Hay un debate que habrá que valorarlo, hay corrientes que dicen que no se aplica por determinada razón en el caso del Presidente de la República. Hay otra tesis que dice que por qué no se aplica, dijo el funcionario. Orellana explicó que el partido político por el que Bukele decida competir como candidato deberá seguir los procedimientos determinados por la legislación salvadoreña en el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos, debiendo convocar a elecciones internas para determinar quiénes serán sus candidatos para la elección de presidente y vicepresidente de la República. Según el calendario electoral para las elecciones nacionales, los partidos políticos tienen entre el 3 de febrero de 2023 y el 5 de julio de 2023 para convocar a elecciones internas. La Sala de lo Constitucional elegida el 1 de mayo de 2021 habilitó el 3 de septiembre de 2021 la posibilidad de la reelección presidencial inmediata aunque la Constitución considera irreformable la alternabilidad presidencial en el artículo 248. La Sala reinterpretó el concepto de alternabilidad y determinó que no puede ser candidato presidencial quien haya gobernado en " el periodo inmediato anterior ", interpretando este como el periodo de Salvador Sánchez Cerén y no el periodo del mandatario actual. El 1 de marzo de 2017, la Sala de lo Constitucional ( sentencia 39 - 2016 ) declaró inconstitucional por omisión de prohibición de toda conducta que constituya transfuguismo político o fraude a los electores en el ámbito de los concejos municipales y no haber establecido tampoco normativamente las consecuencias para los funcionarios que incurran en las mismas. El efecto de la sentencia fue que la Asamblea Legislativa debía emitir la legislación electoral pertinent