La vergonzosa tregua del Gobierno anterior con las pandillas está en el banquillo de los acusados. La Fiscalía ha señalado al aún ministro de Defensa de haber sido el cerebro de ese pacto con delincuentes, en el que se les dio prebendas a cambio de una reducción ficticia en el número de homicidios y que terminó fortaleciendo a las mismas bandas delincuenciales. Conociendo nuestro sistema judicial, probablemente nunca se sepa qué pasó realmente ahí y esos hechos terminen impunes, pero la responsabilidad moral de los funcionarios involucrados es mayúscula, porque actuaron para favorecer a los delincuentes con fines político - electorales, burlándose de la buena fe de la gente, burlándose de las víctimas de estos delincuentes. La acusación fiscal revela muchas luces al respecto, pero también tiene muchas falencias y limitaciones, incluso sorprende que solo se acuse a mandos medios y bajos. Aún así, el documento de la acusación es muy revelador y habla de una política de Estado que pactó con delincuentes encarcelados que controlaban a sus secuaces que actuaban libremente en las calles, mientras eran premiados con aparatos electrónicos y fiestas con bailarinas exóticas. Es una vergüenza y una burla a todos los salvadoreños que algunos de esos funcionarios sigan siéndolo.