Paredes ya había sido citada a declarar ante el Ministerio Público y a comparecer ante una comisión de control del Congreso peruano, a mediados de julio. El operativo en Palacio de Gobierno no tuvo precedentes en la historia peruana, donde jamás la justicia había ingresado a la sede del Poder Ejecutivo para detener a una persona. Otra de las sorpresas de la jornada fue la inesperada renuncia del abogado de Castillo y su esposa a seguir defendiéndolos. " No voy a señalar las razones de mi renuncia ", dijo por la tarde a periodistas el abogado Benji Espinoza, que invocó el secreto profesional para evitar detalles. No obstante, el defensor dijo que existía " un linchamiento porque nunca un presidente ha sido investigado por la justicia ". De su lado, la presidenta del Congreso, Lady Camones, pidió a Castillo permitir a la fiscalía investigar a su entorno. " El país necesita respuestas claras sobre cada uno de los actos de corrupción que involucrarían al presidente Pedro Castillo, a su familia y a sus funcionarios más cercanos ", tuiteó la jefa del Congreso. " De los actos de investigación y diligencias realizadas se advierte la existencia de una organización criminal dedicada a la comisión de diferentes modalidades delictivas ", dice la resolución del juez de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, Raúl Justiano Romero, que autorizó el allanamiento y detención de la cuñada. Según el documento judicial, difundido por la prensa, Castillo es el presunto jefe de esa supuesta organización criminal, su esposa Lilia Paredes uno de los " coordinadores " y la cuñada uno de sus " testaferros ". La cuñada de Castillo es la cuarta persona del entorno presidencial investigada por corrupción. Castillo cumplió en julio un año en el poder, y además del cerco judicial ha enfrentado dos intentos de destitución del Congreso, y cuenta una desaprobación de 74 % en la opinión pública, según encuestas. Los otros colaboradores de Castillo procesados son un sobrino que fungía de asesor y el exministro de Transporte, ambos prófugos de la justicia, y un exsecretario presidencial. Este último se entregó la semana pasada y busca llegar a un acuerdo de colaboración con la fiscalía para reducir eventuales penas por