El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa otra prórroga a la vigencia del Capítulo XVIII de la Ley Especial de la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para se aplique hasta enero de 2023. La razón para pedir más tiempo sería por el análisis a una reforma. habida cuenta que en la actualidad el Gobierno de la República se encuentra realizando una reforma integral a dicha ley, que permita superar diversos aspectos que impiden que sea aplicada en forma efectiva, dice la pieza de correspondencia firmada por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín. Diputados de oposición cuestionan los motivos del Ejecutivo para pedir más tiempo para la aplicación de las sanciones y conformación del Tribunal. Es lamentable que siendo un sector tan importante de esta sociedad se le quiera seguir dando largas a la entrada en vigencia de este Tribunal Sancionador, dijo Marleni Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ( FMLN ). El diputado de Nuestro Tiempo, John Wright Sol, mencionó que la Ley especial contempla la formulación de un reglamento de parte del Ejecutivo. Nosotros en el equipo hicimos un esfuerzo de obtener este reglamento para ver cómo está orientando desde el Ejecutivo el cumplimiento de la ley y me parece que en esa materia hay un importante pendiente, dijo. Valora que el gobierno no tiene la intención de aplicar la ley al pedir otra prórroga. Claudia Ortiz, de Vamos, también lamentó la segunda prórroga al capítulo de las sanciones. Es prorrogar un derecho. Creo que necesitamos seriedad en este tema, dedicar los recursos necesarios para esas cosas que son importantes, expuso Ortiz. Por su parte, Numan Salgado, diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional ( Gana ), respalda la solicitud del gobierno y lo relaciona con la disponibilidad económica para la adecuación de espacios físicos para personas con discapacidad. Todos sabemos que se hace en base a recursos económicos toda la implementación de esta ley, que me parece sumamente buena y viene, por así decir, a resarcir un poco el deterioro legislativo que ha tenido y que no se ha regulado en beneficio de las personas con disc