Medidas de reparación económica, psicosocial, levantamiento de registro de víctimas, mapeo de masacres y retiro de nombres de personas identificadas como responsables de violaciones a los derechos humanos, en monumentos son algunos de los puntos que incluye la propuesta de la Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado. Representantes de organizaciones del grupo gestor para la aprobación de esta normativa señalan que esta fue iniciativa que nació mucho antes de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General, en agosto del año 2016. Esa propuesta presentada en la Asamblea Legislativa el 30 de agosto de 2017 es producto de una consulta de año y medio a nivel nacional. Ya es un reclamo recurrente desde hace más de 25 años que las víctimas están pidiendo verdad, justicia y reparación ; esta ley nace, más bien, como respuesta a la insuficiencia del decreto ejecutivo 204 que es la única acción que no ha hecho cualquier gobierno que haya pasado por la república, después de la guerra, de reparación de las víctimas, explicó Eduardo García, representante de la Asociación Pro - Búsqueda y del grupo gestor. Según García, en la elaboración de la ley han participado al menos 16 organizaciones de Derechos Humanos y comités de organizaciones locales en donde se planteó que a las víctimas se les debe tomar en cuenta, en el tema de la memoria histórica, salud psicosocial y la reparación económica. El proyecto de ley consta de nueve capítulos con 69 artículos y parte de la creación de un fondo de reparación integral que funcionará como una entidad de derecho público, con personería y su propio patrimonio, con autonomía en las áreas financiera, administrativa y presupuestaria ; este fondo estará bajo la dirección de un consejo directivo. Dicho ente rector estará integrado por delegados del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Salud, Educación Hacienda y cinco representantes de organismos de Derechos Humanos con personería jurídica y al menos dos representantes deberán provenir de organizaciones de víctimas del conflicto armado. Lo que queremos es garantizar un fondo de protección a las víctimas y para lo cual se está pidiendo el 1 % del presupuesto general de la nación y se está garantizando la justicia y se está garantizando algo que han descuidado después de los Acuerdos de Paz como es la reparación psicosocial de