Guatemala enfrenta una nueva etapa de incertidumbre política tras la declaratoria presidencial de nongrato al comisionado de la Comisión Internacional para la Lucha contra la Impunidad en Guatemala ( CICIG ), que a su vez había pedido desaforar al presidente Jimmy Morales, por presuntos delitos relacionados al financiamiento ilícito electoral en la campaña que lo llevó a la presidencia. La nueva ola de protestas, las renuncias de ministros prominentes y la decisión de la Corte Constitucional de suspender la expulsión del comisionado de la CICIG, han ahondado la crisis y auguran un fin prematuro al mandato de Morales. Llama a la reflexión de que pese a los ejemplares procesos contra el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, la clase política guatemalteca siga metida en escándalos que terminan en los tribunales. Algo que suele verse aquí también, la clase política no aprende las lecciones. Nadie está por encima de la ley y ningún político o funcionario, por muy alto que sea su puesto, debe tener blindaje alguno si viola la ley, pero hay que preguntarse si la constante agitación que vive Guatemala debido a estos casos, traerá al final estabilidad y transparencia o complicará todavía más esa nación.