Hemos entrado a la recta final para la aplicación de la Ley Bitcoin que permite a esa moneda digital o criptomoneda a ser usado como medio de pago en el país. El Gobierno lo presenta positivamente ante la población, mientras que sectores financieros y de oposición han advertido de los riesgos de su utilización debido especialmente a su volatilidad y al conocimiento limitado al respecto. Lo cierto es que el 7 de septiembre entra en vigencia la ley y ya una entidad bastante seria como el Banco Centroamericano de Integración Económica ( BCIE ) ha advertido de siete retos importantes para su aplicación. El primero de ellos es que la población precisamente tiene conocimiento y comprensión limitados de los beneficios bitcoin, criptomoneda y blockchain. Preocupa además que ese ente financiero regional habla de la comprensión inadecuada de los funcionarios públicos, los formuladores de políticas, los empresarios y los ciudadanos de las habilidades necesarias para usar y adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Porque si hay incomprensión a altos niveles, ¿ qué se puede esperar del ciudadano común poco instruido? De ahí que el BCIE señale la necesidad de promoción continua en la implementación y monitoreo de políticas específicas que promuevan la adopción y el uso efectivo de Bitcoin para toda la población. También señala la necesidad de marcos regulatorios para abordar adecuadamente la reciente legalización de bitcoin. Además, el BCIE advierte de la brecha digital que impide que los ciudadanos y funcionarios públicos en las zonas rurales no tengan los elementos necesarios para usar bitcoin de manera efectiva y eficiente. Como vemos son muchos los desafíos y de ahí la comprensiva desconfianza de una parte de la población.