Un reporte de la Policía Nacional Civil ( PNC ) hasta este martes reveló que 18, 315 personas han sido detenidas desde que inició el régimen de excepción que incluye hombres, mujeres y menores de edad, como una medida para reducir los homicidios y el accionar de las pandillas en el país. Por segundo día consecutivo, las capturas se han duplicado al pasar de un promedio de 564 detenidos diarios a 1, 172 detenidos en solo 24 horas. Los procesos judiciales que continuarán en contra de los procesados son : agrupaciones ilícitas, privación de libertad, extorsiones, limitación a la libertad de circulación, homicidios, amenazas, desapariciones entre otros ilícitos. De acuerdo con los reportes de la Fiscalía, los Juzgados Especializados de Instrucción han resuelto enviar a detención provisional a 612 personas, incluyendo a 4 menores sobre todo en San Miguel, San Francisco Gotera, La Unión y la zona paracentral del país ( Cuscatlán, Cabañas, San Vicente y La Paz ). Ayer inició la prórroga del régimen de excepción, aprobado el domingo por la Asamblea Legislativa, y que permitirá, por 30 días más, que el Gobierno salvadoreño suspende libertades civiles y garantías para facilitar el despliegue de militares y policías, en lo que ha denominado guerra contra las pandillas. La medida permite las capturas sin orden judicial, restringe la libertad de asociación, el derecho a la defensa, amplía el plazo de las detenciones mientras se investiga por hasta 15 días y faculta a las autoridades a intervenir las comunicaciones. La Asamblea también aprobó el fin de semana una ley que contiene un régimen especial transitorio para simplificar y facilitar la adquisición de bienes y servicios libres de impuestos por parte del Estado para atender la emergencia ; y suprime la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ( LACAP ). Las autoridades se proponen construir nuevas cárceles para recluir a los miles de pandilleros que detienen. La organización Amnistía Internacional ( AI ) aseguró a través de un comunicado que, durante los últimos 30 días, el Gobierno de Bukele ha pisoteado los derechos de la