Lo ocurrido ayer ante la Corte Suprema de Justicia es uno de los peores atentados al Estado de Derecho, a la institucionalidad democrática y a la separación de poderes que hemos visto en tiempos recientes. El Gobierno del FMLN ha alentado esta situación cuando sus funcionarios anuncian que están cansados de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional o cuando llaman a desobedecerlas, violando el propio juramento que hicieron a la hora de tomar posesión de sus cargos, de obedecer fielmente hasta las sentencias que no les gusten. Es terrible que el mismo Gobierno atente contra la institucionalidad democrática al promover y quizás financiar, manifestaciones contra uno de los poderes del Estado e incluso, con la participación, en horas laborales, de empleados públicos. Luego que desde esas manifestaciones se deriven amenazas a la integridad física de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, los responsabiliza de cualquier atentado a sus vidas. Hay que entender que por poco que nos guste una resolución de la Sala de lo Constitucional, desconocer o desobedecer sus sentencias es una línea de anarquía que busca establecer una tiranía como la que hoy vemos en Venezuela, donde la democracia desapareció, víctima de los caprichos de un partido o de un caudillo.