El Instituto de Acceso a la Información Pública ( IAIP ) reveló en su informe anual de rendición de cuentas cómo las instituciones autónomas del Estado, las municipalidades y el Gobierno central, siguen resistiéndose a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública. En el listado de apelaciones figuran, en primer lugar, las autónomas del Estado con 119 demandas ( 30. 55 % ), sigue el Gobierno con 97 ( 24. 9 % ) y las municipalidades con 95 ( 24. 4 % ). Las alcaldías también fueron las más demandadas por no dar respuesta a las solicitudes de información, recibiendo 55 demandas ( 67. 9 % ), seguidas del gobierno con 15 ( 18. 5 % ). En el fondo, se trata del doble discurso de transparencia de parte de las instituciones del Estado, cuyos funcionarios elogian públicamente el acceso a la información, pero se resisten a aplicarlo cuando les resultan incómodas las solicitudes de esa información. Menos mal que existen el IAIP y la Sala de lo Constitucional, en última instancia, para apelar ante las discrecionalidades y reservas excesivas de los funcionarios hacia la información estatal. El derecho a la información es eso, un derecho, no una concesión de ningún funcionario o Gobierno y, como tal, la ciudadanía debe seguirlo exigiendo y aplicando, sin temer a represalias o caprichos de nadie.