La Presidenta de la Corte de Cuentas ha propuesto una serie de reformas a su Ley Orgánica, la cual ya goza de una amplia aceptación en la Asamblea Legislativa. Lo anterior garantizaría la aprobación de un nuevo texto legal que permita, entre otros aspectos, el acceso irrestricto del órgano contralor a todas las instituciones y organizaciones que reciban dinero público. Esto de por sí constituye una novedad, dadas las limitantes que la misma Corte de Cuentas ha enfrentado, y que se nota en los pobres resultados de lo que el combate a la corrupción se refiere. Pero antes de ampliar facultades, dicha institución debe garantizar, tanto en el nuevo texto legal como en la práctica de sus funciones, que es capaz de ejercer control en forma independiente, apolítica y oportuna. A lo anterior se suma la necesidad de implementar nuevas vías de acceso a información pública, y verdaderas prácticas de transparencia institucional, que rindan cuentas a la ciudadanía sobre la marcha de su función contralora, el ejercicio de sus atribuciones y el resultado de sus pesquisas. Las novedades que se proponen no serán efectivas si antes de reformar no se asumen estos principios. La Corte de Cuentas no solo tiene que pedir, sino mucho que ofrecer y cambiar. De allí su importancia.