artículo 2 de la LAIP, el cual dice que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. Sidney Blanco, uno de los cinco magistrados de la Sala, negó la semana pasada que haya un retroceso en el acceso a la información pública. El funcionario judicial dijo que en la CSJ han advertido un claro propósito de frenar el trabajo de la Sección de Probidad, en su labor anticorrupción, puesto que en una solicitud de información, han pedido la base de datos de todos los expedientes. El Grupo Promotor de la LAIP y el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública, han rechazado la decisión de la Sala y pidieron revertirla.