La investigación ha revelado que esta banda, en su mayoría pandilleros, operaba no solo en El Salvador, sino que tenía conexiones desde Colombia hasta los Estados Unidos. La indagación comenzó mediante un reconocimiento en rueda de personas y fotografías, donde se individualizó a los pandilleros. Cuando se hizo esa pesquisa, Marlyn Liseth Carballo Flores, empleada del Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, supuestamente informó a integrantes de esa pandilla que los estaban investigando y que los iban a capturar. Con esa fuga de información, investigadores ampliaron las indagaciones y detectaron que con la red también estaban colaborando cuatro policías, fiscales, abogados y que incluso los tres exjueces estaban siendo sobornados para favorecer no solo a pandilleros, sino que a narcotraficantes de la zona oriental.