La Sala de lo Contencioso Administrativo rechazó la solicitud del Ministerio de Defensa, en relación a una solicitud en donde se piden documentos que podrían ayudar a esclarecer l Dicha información podría esclarecer la desaparición de Fernando Enrique Guzmán Quijano, Juan Antonio Guzmán Méndez y María Otilia Orellana López, todos ellos capturados y desaparecidos por elementos militares y de la ahora extinta Policía Nacional, en mayo de 1982. El 24 de agosto de 2017, Gloria Guzmán Orellana, hija de Juan Antonio Guzmán y María Otilia Orellana, desaparecidos el 17 de mayo de 1982 y hermana de Fernando Enrique Guzmán desaparecido dos días antes, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República ( FGR ) por la desaparición forzada de su familia, Además de la demanda ante la Fiscalía, interpuso un habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, al momento de la desaparición de la familia Guzmán Orellana. Un representante en nombre de Gloria Guzmán, presentó la solicitud ante la oficina de acceso a la información pública del Ministerio de Defensa, en agosto de 2019, pidiendo que se les proporcionara La respuesta del IAIP llegó a los solicitantes el 3 de octubre de 2019, en donde las unidades administrativas señalaron Ese mismo mes se inició un proceso de apelación ante el AIAP y en junio de este año, el Ministerio de Defensa se comprometió a entregar la información solicitada, pero no lo entregó. El 14 de octubre, el Ministerio de Defensa presentó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo una solicitud de recusación, pero fue rechazada. A raíz de eso, el pleno del Instituto programó una audiencia para este jueves 12 de noviembre. Durante la década de los setenta y hasta su desaparición a principios de los años ochenta, los tres miembros de la familia Guzmán Orellana vivían bajo constante amenaza, debido a sus actividades sindicales y su apoyo a organizaciones populares y comunidades eclesiales de base. Para finales de los setenta, el presidente de ese entonces, el coronel Carlos Humberto Romero, creó la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, vinculada con la doctrina de la seguridad nacional impulsada por Estados Unidos, cuyo objetivo era el de controlar el creciente descontento popular. Como resultado de su activismo, las constantes amenazas y la represión estatal