Los salvadoreños vimos este año hechos sin precedentes en el combate a la corrupción que ha afectado grandemente nuestro país a lo largo de nuestra historia. Por primera vez vimos una institucionalidad funcionando con la ley en la mano, con valentía y decisión. Merecen especial elogio la Fiscalía General de la República y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, pero también organizaciones no gubernamentales que han luchado por la transparencia, usando la Ley de Acceso a la Información Pública. Por primera vez hemos visto tres expresidentes de la República procesados por hechos de corrupción. Hemos visto la primera condena por enriquecimiento ilícito de nuestra historia y hay docenas de funcionarios, de todos los gobiernos y partidos, siendo investigados por casos sospechosos. La corrupción ha sido un mal endémico en el país y lamentablemente no ha mejorado ni con los cambios de Gobierno. Por eso los salvadoreños se han vuelto cada vez más escépticos de los partidos y de sus dirigentes políticos. Es el reto de las instituciones garantizar el debido proceso contra los acusados y es el desafío de la clase política encaminar al país a eliminar estas prácticas para poder enderezar el rumbo de un país que ya ha sufrido mucho por este mal.