El coordinador de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, Ovidio Mauricio González, expresó hoy que la Fuerza Armada de El Salvador debería ser investigada por los crímenes cometidos durante la guerra, mientras sugería procesar a los autores intelectuales. Fue el diputado Julio Marroquín, de Nuevas Ideas, que preguntó qué indica el derecho internacional para poder resarcir daños causados a la población por Estados internacionales durante la guerra, al referirse a la ayuda militar estadounidense de $ 1 millón diarios en esa época. El representante de la asociación Tutela Legal aclaró que no solo Estados Unidos participó sino también Rusia, China y Cuba, pero señaló que quienes justificaron esos millones de dólares fueron las Fuerzas Armadas de dichos momentos y que por eso se debe investigar a la institución y sus archivos. Con lo relativo a la participación de Estados Unidos, no solo EE. UU., participó Rusia, China, Cuba. El problema es que quienes planificaron y cometieron los hechos, y quienes justificaron esos millones fueron las Fuerzas Armadas con los gobiernos que existían en esos momentos. La diputada Rebeca Santos, de Nuevas Ideas, aseguró que en la ley que están construyendo no se trata de quién era la Fuerza Armada, quién era la guerrilla porque cometieron masacres de ambos bandos y, si bien es cierto, en aquel momento la guerrilla en su clandestinidad no dejó ningún registro, ningún archivo, de ninguna manera y nosotros sabemos que es complicado querer resolver, nosotros apenas llevamos nueve meses. El diputado Jorge Castro sugirió a los citados tomar en cuenta las acciones del actual Gobierno y la nueva Asamblea. El diputado insistió en que hay actores ayudaron a que esta ley no llegara a elaborarse y que taparon los hechos para que los hechos no se conocieran. No es posible que les caiga una pena de una sanción mínima, expresó, señalando a exfiscales y exjueces que detuvieron la aplicación de la justicia. Ellos son tan hechores como los que hicieron el crimen, expresó Castro. El representante de la asociación Tutela Legal explicó que debe haber una responsabilidad subsidiaria del Estado, aunque no excluyó la responsabilidad de la ex