José Alejandro Bobadilla, de 24 años, enfrenta desde ayer un nuevo juicio por el delito de homicidio agravado en calidad de cómplice necesario, que la Fiscalía General de la República le atribuye en perjuicio de la estudiante universitaria Helene Stefany Arias Moreno. La vista pública la realiza el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, tras una resolución de la Cámara de la Segunda Sección del Centro de La Libertad que anuló la condena de 26 años y ocho meses impuesta a Bobadilla por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, el 21 de noviembre del año 2013. Cuando el joven fue encontrado responsable por la complicidad necesaria del homicidio de su novia, la defensa apeló argumentando que el juez en la sentencia escrita no fundamentó la condena y que no analizó debidamente las pruebas incorporadas al proceso. Cuando Bobadilla fue condenado, el juez Delfino Parrilla dijo que tras analizar los elementos se estableció que el imputado tenía conocimiento previo que su tía y madrastra se iban a reunir con Helene, pero guardó silencio, y que con esa acción permitió que las dos mujeres asesinaran a la estudiante universitaria. Esa misma tesis es la que ayer plantearon los dos fiscales de la Unidad contra el Crimen Organizado, quienes al momento de exponer el caso dijeron que Bobadilla Barrientos conoció desde el principio que sus parientes habían quedado de reunirse con Arias Moreno para entregar $ 1, 000 que le debían a la familia de la víctima. La representación fiscal sostuvo que el imputado, a pesar de saber de ese encuentro, nunca dijo nada al respecto pese a que la familia de la víctima le preguntó si sabía sobre la joven. Señala la Fiscalía que Bobadilla Barrientos incluso simuló llamadas a Helene, para consultarle dónde se encontraba, pero al hacer un análisis telefónico se ha determinado que nunca se comunicó con la joven, lejos de eso aparece que tuvo una fluida comunicación con su tía la tarde del 30 de octubre del año 2012, día en el cual las dos mujeres la habían privado de libertad para luego asesinarla y enterrarla en una casa que alquilaban en la residencial Quintas de Gratamira, en San Juan Opico, La Libertad. Son los de condena que cumplen las dos