Las audiencias contra los cinco acusados de haber ejecutado una serie de ciberataques a dos diarios del país culminó esta semana, con la petición de la Fiscalía de una pena máxima por los delitos cometidos. Hay que tener claro qué está en juego en este caso. El ataque a un medio de comunicación y la creación de noticias falsas usando los nombres de otras personas para desinformar y desprestigiar, buscaba golpear la credibilidad de los medios que cuestionan a funcionarios e instituciones en su vida pública. En el fondo, es un intento de acallar las denuncias y críticas que un medio hace. Como bien ha dicho la Sociedad Interamericana de Prensa en un comunicado difundido esta semana, la justicia de El Salvador tiene la oportunidad de establecer un referente jurídico que permita crear nuevas herramientas nacionales e internacionales para enfrentar y castigar el ciberterrorismo y a sus autores, ya sean materiales, intelectuales o financistas, que en el presente amenazan las reglas de toda democracia como la que hasta ahora hemos concebido. Habrá que esperar que el tribunal que vio el caso sepa entender la trascendencia de esto para la democracia, el Estado de Derecho y las libertades públicas.