El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, presentó un amparo ante la Sala de lo Constitucional y pidió a los magistrados de esta, que revisen la decisión de la anterior Sala de lo Penal, que en 2020, cerró definitivamente el expediente judicial del caso de la masacre jesuita. En octubre del 2020, la Sala de lo Penal decidió cerrar el expediente judicial bajo el argumento que los delitos habían prescrito. El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ( UCA ) fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, quien era el rector de la universidad, Ignacio Martín Baró, vicerrector académico de la UCA ; Segundo Montes, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA ( Idhuca ) ; Juan Ramón Moreno, director de la biblioteca ; Amando López, profesor de filosofía ; Joaquín López y López, salvadoreño y fundador de la UCA. También fueron asesinadas, Elba Ramos, empleada de los sacerdotes y su hija, Celina Ramos, de 16 años. El 11 de septiembre del 2020, la Audiencia Nacional Española condenó a 133 años de cárcel al coronel Inocente Orlando Montano Morales, de 78 años de edad, por la muerte de cinco sacerdotes españoles, la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Sin embargo, aún no hay condena por el asesinato de los tres salvadoreños. En el testimonio, el 9 de julio del 2020, el exteniente Yushy Mendoza dijo a la Audiencia Nacional Española que el Alto Mando de la Fuerza Armada ordenó matar a los jesuitas y añadió que previo a la ejecución, La Tandona se reunió con el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, de quien no recibieron ninguna contra orden para detener la masacre. Ayer, el fiscal general, Rodolfo Delgado, señaló que se debe investigar el hecho, sin importar quienes son. En este momento, la decisión es de los magistrados de la Sala de lo Constitucional quienes tienen en este momento la última palabra para decidir si en realidad se realiza una investigación adecuada que abarque a todos los que estuvieron involucrados, sin importar el cargo que ostentaban cuando sucedieron los hechos, afirmó Delgado. Aunque la Sala de lo Penal cerró el caso argumentando prescripción y