Por existir suficientes pruebas que vinculan a exfuncionarios de la Dirección General de Centros Penales y oficiales de la Policía en cinco delitos cometidos durante la tregua, el Juzgado Especializado de Instrucción A resolvió que 18 acusados vayan a juicio, mientras que tres fueron exonerados por insuficiencia probatoria. En su resolución, la jueza dijo que al existir probabilidad de que los acusados han incurrido en agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios, falsedad ideológica, introducción de objetos prohibidos a centros penales e incumplimiento de deberes, deben enfrentar una vista pública para que en uno de los juzgados especializados de Sentencia de San Salvador, se debata cada una de las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa. La jueza Lucila Fuentes, admitió de forma parcial la prueba incorporada al expediente, ya que algunos documentos y pericias fueron descartados por impertinencia, pero la mayor cantidad fue avalada. El Ministerio Público ha ofrecido para que declaren en la vista pública 35 testigos, 20 de ellos tienen régimen de protección, mientras que dentro de los otros 15 figuran ex altos funcionarios del gobierno, entre ellos el exdirector de la Policía Francisco Ramón Salinas Rivera. Con su testimonio en la vista pública la Fiscalía pretende probar la participación activa que el Gobierno tuvo a través de sus dependencias, en la organización de la tregua entre pandillas y que afirme que la tregua fue una política de Gobierno. También llegará a declarar Miguel Ángel Hernández, exdirector del penal de Quezaltepeque. Este testigo dirá que Nelson Rauda y Anilber Eduviges Rodríguez Villeda, como administradores de Centros Penales, estaban plenamente conocedores de las ilegalidades en los reclusorios, así lo ha planteado el Ministerio Público. Otro testigo de peso será el obispo Fabio Reynaldo Colindres Abarca, quien en su calidad de mediador de la tregua llegó a conocer la forma en que se vulneraron los protocolos de seguridad y los reglamentos que rigen el ingreso de las visitas en los penales, y lo cual generó un incumplimiento de deberes por parte de los exdirectores de varios reclusorios procesados. El