El fiscal general de República, Douglas Meléndez, pidió ayer revisar la penalización del aborto en el país. Creo que ese tema vale la pena ser revisado en la legislación, las penas y los mismos delitos. Creo que vale la pena revisar ese tema, enfatizó durante su visita a Washington ( EE. UU. ), que realiza junto al canciller, Hugo Martínez, y otros altos funcionarios del país. Para Meléndez, no se trata de incrementar las penas del aborto. No estoy diciendo que se incremente, ese tema o se penaliza o se despenaliza, eso es lo que hay que revisar y he dado instrucciones para que se revise. Ante la propuesta del partido ARENA de aumentar las penas para quien provoque o consienta un aborto, delitos que actualmente reciben de dos a ocho años de cárcel, se abstuvo de dar su opinión y evitó valorar al respecto. El pasado 12 de julio, ARENA introdujo al Legislativo una pieza de correspondencia en la que detalla se reforme el artículo 133 del Código Penal para aumentar de 30 a 50 años de prisión los castigos. El país reformó su legislación penal en 1998 para prohibir el aborto en todas las circunstancias y es, junto a Costa Rica, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra, Malta y el Vaticano, de los pocos en el mundo con este tipo de prohibición. Si la propuesta es aprobada, el Congreso estaría equiparando la pena por aborto con la de homicidio agravado en los casos en que éste es cometido por un familiar, por autoridad civil o militar, con ensañamiento, por remuneración o cuando fuere motivado por odio. La visita del fiscal general y el canciller a Washington se enmarca en el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. En la comisión también viajan el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde. El que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de dos a ocho años, reza el artículo del Código Penal de El