En la Asamblea Legislativa fracasó una iniciativa de ley de la diputada Karla Hernández para que se paguen los daños y perjuicios a las pequeñas y medianas empresas proveedoras del Estado, a las que no se les han cancelado sus bienes y servicios en los plazos acordados. Lamentablemente, la iniciativa no contó con el respaldo mayoritario, pero es un buen punto en medio de tanto proveedor estatal que se ha visto duramente afectado por los grandes retrasos en sus pagos. Hay proveedores que han hasta perdido sus propias microempresas, debido al endeudamiento que les causaron esos atrasos. El Ministerio de Educación admitía hace unas semanas que esos retrasos incluían el pago de uniformes y zapatos del paquete escolar, entregado en la primera etapa del año. Pero no es la única entidad que tiene esas deudas pendientes. El año pasado, el Gobierno llegó a acumular hasta $ 140 millones en deudas a proveedores y este año no es que haya mejorado mucho. La crisis fiscal es gigantesca y el endeudamiento externo e interno del Gobierno es monumental, pero en particular, la afectación a pequeños, medianos y micro empresarios, es enorme. El gran problema es que el margen de endeudamiento del Gobierno es cada vez menor y las esperanzas de pago a las mypes se desvanecen con el paso del tiempo. Un panorama terrible. Por eso la necesidad de proteger a las mypes de esta problemática.