La interpelación de funcionarios es un mecanismo de control constitucional que debiera considerarse normal para el funcionamiento de la democracia. Este procedimiento no solo busca requerir explicaciones de los ministros, también los encargados de despacho y presidentes de instituciones autónomas están obligados a comparecer a esta clase de llamado, bajo pena de verse cesados en sus cargos por no hacerlo. La interpelación pues, constituye una oportunidad para ampliar la discusión sobre temas sensibles a la sociedad, más allá de la simple valoración de propuestas de leyes o del trabajo cotidiano de las comisiones legislativas. Esta era la intención de los redactores de la Constitución vigente, asegurar el control de la República por parte de los mismos encargados de gobernarla dentro de sus respectivas esferas de competencia y asegurar la rendición de cuentas de estos. Así, el acto de interpelación no fue concebido como un juicio y mucho menos como un linchamiento público. Se trata de una oportunidad para que los más altos funcionarios demuestren la idoneidad con la que se desempeñan y expongan los retos que enfrentan, así como el fundamento de sus decisiones. Nada más y nada menos que el arte de rendir cuentas al soberano que es el pueblo, y que pregunta e interroga por medio de sus representantes. El tema de la crisis del agua era un buen tema para una interpelación. Juzgue usted si se aprovechó esa oportunidad.