Las últimas generaciones de salvadoreños han crecido escuchando sobre la crisis económica y fiscal, no ha habido ninguna etapa de bonanza las últimas dos décadas y toda la receta gubernamental a la ciudadanía es apretarse el cinturón y hablar de una austeridad que existe solo en el papel. Pero la clase política no ha actuado en coherencia con esta realidad. Este lunes publicábamos que la Asamblea Legislativa ha cuadruplicado el gasto en remuneraciones en 16 años, de $ 11. 4 millones en 2012 a $ 45 millones en 2018. Las planillas de partidos y directivos en la Asamblea suman $ 19 millones. En promedio, cada diputado tiene más de una docena de empleados. El Ejecutivo no es muy diferente. Desde que el FMLN llegó al poder en 2009, hay un incremento de casi 40 mil empleados públicos, con el evidente impacto que esto trae sobre el presupuesto nacional. En la Corte Suprema la realidad es bastante parecida y ni qué decir de la mayoría de las alcaldías. Las plazas del Estado crecen desproporcionadamente y también los gastos en bienes y servicios, sin ninguna coherencia con el mínimo crecimiento del Producto Interno Bruto que tenemos. De esta manera ningún presupuesto del Estado ni reforma fiscal será nunca suficiente y el país estará siempre sufriendo la irresponsabilidad de la clase política.