La Unidad Especializada de Delitos de Homicidio y Antipandillas de la Fiscalía pidió penas de tres a 15 años para los imputados procesados en el caso conocido como tregua entre pandillas. Los dos fiscales de la causa optaron por pedir penas más bajas en comparación a las que solicitaron en el primer juicio que terminó con una sentencia absolutoria bajo la fundamentación judicial de que no se acreditó la existencia de los cinco delitos. Por agrupaciones ilícitas el Ministerio Público solicitó una condena de seis años, similar al juicio anterior ; en el delito de tráfico de objetos modificó de ocho a seis años ; mientras que por actos arbitrarios pidió tres años de prisión, uno menos que en el primer juicio. Estos tres ilícitos son atribuidos por parte de la Fiscalía al exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda y al exinspector general de las penitenciarías, Anílber Eduviges Rodríguez Villeda ; si el juez suplente del Juzgado Especializado de Sentencia A accede a la pretensión del Ministerio Público, los condenaría a 15 años ; en el juicio que fueron absueltos se habían pedido 18 años para ambos. Respecto a Raúl Mijango, el subinspector Juan Roberto Castillo Díaz y el inspector Luis Alonso Aguilar Marín, principales mediadores y negociadores de la tregua, la Fiscalía ha pedido penas diversas. Para los primeros dos, una condena de 12 años por tráfico de objetos prohibidos y agrupaciones ilícitas ; este último ilícito es atribuido al inspector Aguilar Marín, y para él ha solicitado seis años. En la vista pública se conoció también por el delito de incumplimiento de deberes, que supuestamente cometieron Félix Ruiz Soto, Rigoberto Palacios Carrillo, Juan José Zepeda Mejía, José Adrián Abarca Molina y Miguel Ángel Abarca, exdirectores de penales de Ciudad Barrios, Cojutepeque, Izalco y Chalatenango. Por ese ilícito se ha pedido una condena de seis años, dos menos que en la primera vista pública, los cinco exdirectores también son procesados por tráfico de objetos ; por los dos delitos sumarían 12 años de prisión en el