El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, cuestionó, ayer, los planes de seguridad que ejecuta el gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Para el jefe de la iglesia católica el gobierno se ha limitado solamente a planes de represión de la delincuencia. Se han tomado medidas de represión del crimen, y esas medidas sin duda están justificadas, pero no basta y no son ni siquiera las principales medidas con las que se va obtener la paz, seguramente no, comentó Escobar Alas en la conferencia de prensa. Es más, el jerarca dijo que el gobierno no está poniendo en marcha el plan El Salvador Seguro tal como fue presentado en el Consejo Nacional de Seguridad, del cual forma parte Escobar Alas. No conozco el desarrollo del Plan El Salvador Seguro, pero no sé cómo se va implementado, pero me parece que no se está llevando a cabo como se había planificado, comentó Escobar Alas. El arzobispo de San Salvador recordó que en dicho Plan el 80 % de los recursos económicos están destinados a la prevención, pero que no se está implementando, dijo. Monseñor dice que es necesario que el gobierno tenga una mano extendida ofreciendo caminos de reinserción, de superación, de prevención a los jóvenes. El prelado católico dijo que estaba preocupado por las muertes de los polícias y miembros de la Fuerza Armada. Cuando son las autoridades, que tienen por misión garantizar la seguridad, las que son atacadas, que están muriendo pues es motivo para mayor preocupación, declaró el obispo. Luego, pidió al gobierno tomar las medidas que se deben tomar para salvar las vidas de los policías y soldados. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, informará de dos iniciativas para la prevención de las violaciones a derechos humanos de policías y soldados, así como de asistencia a sus familiares, hoy. Las autoridades de seguridad han informado sobre la muerte de 41 miembros de la Policía Nacional Civil ( PNC ). El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, lanzó las medidas extraordinarias de seguridad pública contra las pandillas, que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa.