Varias organizaciones no gubernamentales han estado criticando en los últimos días el caso de dos abogados que fueron acusados por presuntos delitos fiscales y expuestos ante los medios de comunicación, debido a que esto viola la presunción de inocencia, consagrada en el artículo 12 de nuestra Constitución. Pero hay que decirlo claramente. Las autoridades, perfectas conocedoras de la Constitución y las leyes, jamás han respetado la presunción de inocencia y presentan a todos los acusados, de manera muchas veces indigna, ante los medios de comunicación que tampoco hemos tenido recato para publicar esas imágenes. Con la llegada de las redes sociales, la población también lincha a los acusados de manera sistemática, aunque al final resulten inocentes en los tribunales. Solo un salvadoreño, José Agapito Ruano, acusado falsamente por secuestro, ha demandado al Estado por este tipo de hechos y lo ganó en un tribunal internacional, pero abundan casos como éste. Los pronunciamientos de los ONG están relacionados con el caso de dos abogados, pero hay que decir claramente que sucede con todos lo acusados del país. Las consecuencias de acusar a un inocente son enormes, los daños morales, sociales, económicos y profesionales son dramáticos y no hay absolución que pueda remediarlo.