Los episodios de los últimos días ante el Tribunal Supremo Electoral y las Juntas Electorales Departamentales están creando una tensión innecesaria contra la institucionalidad electoral del país que en las últimas tres décadas ha probado su capacidad para hacer elecciones limpias, justas y transparentes, algo reconocido a nivel nacional e internacional. Los hechos se han desarrollado como una medida de presión del partido Nuevas Ideas que pretende que se inscriban de inmediato todos sus candidatos, algo que tiene que seguir un proceso legal de verificación no solo para ellos sino para todos los partidos. Son más de 100 planillas que han solicitado su inscripción, provenientes de nueve partidos políticos y Nuevas Ideas tiene más planillas aprobadas que la mayoría de partidos. De manera que no es un asunto dirigido a ese instituto político sino que claramente es un procedimiento que toma días. Lo más preocupante es que la noche del lunes se retuvo a magistrados y empleados del Tribunal Supremo Electoral, contra su voluntad, en la sede del organismo en San Salvador. Eso ha sido calificado por el fiscal general, Raúl Melara, como privaciones de la libertad. Melara tuvo que girar dirección funcional a la PNC para que interviniera de acuerdo a su mandato, tras la evidente pasividad del cuerpo policial, algo que debería causarnos alarma como ciudadanos. Tener un país en democracia nos llevó demasiado tiempo, sangre y sufrimiento a los salvadoreños. No se puede poner en riesgo ni por abusos de funcionarios ni por capricho de sectores políticos. La ley se debe cumplir sin importar a quién se aplique, los requisitos para inscribirse están claros y deben cumplirse. Sin cumplir esas reglas claras no puede haber un proceso electoral justo.