La Fiscalía General de la República presentó un escrito a la Sala de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) pidiendo declarar conflicto de competencia entre el tribunal superior y la jueza especializada de extinción de dominio, Miriam Gerardine Aldana sobre el caso de enriquecimiento ilícito del diputado Reynaldo López Cardoza. Según la Fiscalía, la jueza pidió a la Sala remitirle el caso para que sea ella quien resuelva los recursos de apelación de la Fiscalía y de la defensa. El fiscal de la unidad anticorrupción, Héctor Martínez, explicó que uno de los argumentos de la jueza es que la ley de enriquecimiento ilícito no aplica para López Cardoza porque él no maneja fondos públicos y que, por lo tanto, le compete a ella aplicar la ley de extinción de dominio. Sin embargo, Martínez aclara que son dos procesos distintos y que la jueza está interpretando de forma errónea el artículo dos de la ley de enriquecimiento ilícito. La interpretación es errónea porque la ley se aplica a funcionarios y empleados públicos, independientemente que éstos manejen o no fondos públicos, matizó Martínez. Si la Sala declara el conflicto de competencia será la Corte Plena la que definirá quién es el competente para conocer el caso, si la Sala de lo Civil o la jueza. Martínez advirtió de un posible conflicto de intereses entre López Cardoza y la jueza. La jueza va postulada como magistrada de la Corte y recordemos quiénes eligen a los magistrados : son los diputados y el señor Reynaldo Cardoza ha sido reelegido ; entonces, queremos evitar cualquier conflicto de interés en virtud de las aspiraciones del diputado y la señora jueza, afirmó.