La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia tenía 517 expedientes en estudio por posibles indicios de presunto enriquecimiento ilícito, de acuerdo a un estudio publicado este jueves por la Acción Ciudadana. Sin embargo, se trata de 37 expedientes abiertos en 2016, 471 expedientes abiertos en 2017 y 9 expedientes abiertos en 2018. El estudio sostiene que la mayoría de expedientes activos por sospechas de enriquecimiento ilícito ya han superado el periodo de 10 años desde el cese de funciones del servidor público investigado. Según la investigación, basada en información obtenida por Ley de Acceso a la Información Pública ( LAIP ), el 62 % de los expedientes activos por sospecha de enriquecimiento ilícito, correspondiente a 318 casos, tienen 10 años o más. La AC cita que el artículo 240 de la Constitución determina la prescripción de la acción civil para el juicio por enriquecimiento ilícito. Por ello, sostienen que para el presidente año se podrían iniciar juicios contra servidores públicos que hayan cesado funciones a partir de julio de 2012 a la fecha. Solo 199 casos, un 38 %, tienen menos de 10 años, de acuerdo al estudio. La AC calcula que la Sección de Probidad tarda más de cinco años en abrir un expediente de investigación contra un funcionario que ha cesado funciones por presunto enriquecimieto ilícito.