El juicio por corrupción en contra del expresidente de la República, Elías Antonio Saca hizo del conocimiento público una herramienta avalada por el Código Procesal Penal en el artículo 417 : los procedimientos abreviados en un juicio penal. Según la legislación vigente, este proceso no es más que un acuerdo entre el fiscal, la defensa y la víctima del caso en donde el acusado acepte que ha cometido un delito ; este acuerdo lleva implícito la reducción de la pena que puede ser la tercera parte de la pena mínima, la solicitud de penas diferentes a la prisión y la mitad de la pena mínima. Sin embargo, la aplicación de este proceso en el juicio Destape a la Corrupción abrió el debate ¿ a qué casos debe ser aplicado?. Solo en el primer trimestre del 2018, la Fiscalía General de la República ha resuelto un aproximado de 5, 527 casos usando esta herramienta, es decir, el 30 % de los casos ganados ; el otro 30 % de los casos fueron condenados por procesos ordinarios y en un 0. 1 % usaron testigos criterios para condenar. El resto de casos fueron an soluciones y sobreseimientos. Para el abogado Humberto Sáenz, expresidente del Centro de Estudios Jurídicos, el uso de los procesos abreviados según esas estadísticas indica que la Fiscalía desconfía del Órgano Judicial para condenar y que una herramienta extraordinaria se está volviendo ordinaria. También, el abogado de la Iniciativa Social para la Democracia ( ISD ), Óscar Campos, señala que se debe revisar a qué casos la Fiscalía aprobó y acordó un proceso corto. Se ocupa para casos de tenencia de estupefacientes, de armas, casos que no tienen adhesión a un bien jurídico tan grande como en este caso son los delitos de corrupción, señala Campos. Sin embargo, para el Juez Sexto de Instrucción, Roberto Arévalo Ortuño, la Fiscalía no tiene criterios definidos para aplicar la herramienta y lo ejemplifica : Para no ir muy lejos, hace poco trajeron a una señora por tenencia de droga, de marihuana, hay un informe de Medicina Legal que la señora tiene