El mayor retirado Miguel Ángel Pocasangre Escobar, de 52 años, fue enviado a juicio por el Juzgado 4o. de Instrucción de San Salvador, tras la acusación fiscal por el delito de comercio ilegal y depósito de armas de fuego. El imputado, quien supuestamente es propietario de dos empresas dedicadas a la venta de armas, habría estado vendiendo armas de guerra de procedencia ilícita desde el año 2003, según la Fiscalía. Supuestamente, Pocasangre Escobar se reunía frecuentemente con el coronel que fungió como jefe de la División de Logística del Ministerio de Defensa ; un testigo refiere que el imputado le pedía al coronel armas tipo fusiles para negociarlos legalmente, aunque ellos sabían que éstas eran ilegales. Cuando el militar retirado recibía las armas, las trasladaba, aparentemente, hasta un taller ubicado cerca del hospital San Rafael, de Santa Tecla, La Libertad, en ese lugar se alteraban borrando las marcas y las series. Un experto determinó que esas armas eran ilegales, pero Pocasangre Escobar hizo creer a los compradores que eran legítimas y en la relación contractual de compraventa de las mismas aparecía vendiéndolas como dueño, cuando en realidad no tenía permiso para hacerlo. El Ministerio Público hizo pesquisas implementando técnicas de investigación, nombrando a investigadores para que se hicieran pasar como compradores de armas y así documentar los casos como compras controladas y presentar esas diligencias como elementos de prueba.