Las autoridades del Principado de Andorra - una pequeña nación europea entre España y Francia - están investigando a un consorcio español que construyó varias carreteras en El Salvador y otras naciones latinoamericanas, por un esquema de sobornos que podría ser similar al caso de la brasileña Odebrecht, según revela el diario madrileño El País. Se trata de la multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas ( FCC ) y la investigación tiene que ver con la contratación de un abogado panameño que habría ocultado un esquema de pago de sobornos que permitió adjudicaciones públicas por unos $ 486 millones en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, según dos recientes informes confidenciales de los investigadores de este Principado, citados por El País. Tras suscribir el acuerdo con el abogado Mauricio Cort, un letrado español con nacionalidad panameña, FCC recibió siete de las diez adjudicaciones públicas recogidas en los anexos del contrato. Las obras sumaron 434 millones de euros ( unos $ 486 millones ) y se ejecutaron entre 2010 y 2014, dice el periódico de Madrid. Gracias a las gestiones del abogado, FCC consiguió proyectos en Panamá como el Hospital Luis Chicho Fábrega ( 127 millones de euros ), la sede del tribunal electoral ( 27, 6 ) el acceso del cauce del Pacífico del Canal ( 187 ) en consorcio con las firmas ICA y Meco o la rehabilitación del puente Centenario ( 27, 6 ). También captó en Nicaragua la ejecución del complejo judicial central de Managua ( 13, 8 ), el tramo cinco de la carretera Longitudinal Norte de El Salvador ( 31, 2 ) y la mejora de la ruta nacional tres de Costa Rica ( 19, 7 ). FCC inició estas obras durante los mandatos de los expresidentes Ricardo Martinelli ( Panamá ), Daniel Ortega ( Nicaragua ) y Mauricio Funes ( El Salvador ). Cort fue condenado en 2018 por un tribunal de Panamá a 48 meses de prisión por actuar como intermediario de Odebrecht, el gigante brasileño de construcción y que ha sido protagonista de la mayor trama de sobornos del continente. La Policía de Andorra rastrea sus movimientos porque las cuatro cuentas que este letrado de 49 años manejó en la Banca Privada d Andorra ( BPA ) cobraron fondos mill