Hoy por la tarde se admitieron, en la Sala de lo Constitucional, seis demandas de amparo contra el Concejo municipal y la Comisión de la Carrera Administrativa Municipal, ambos del municipio de San Miguel, debido a que presuntamente existió una modificación arbitraria de los vínculos laborales de los demandantes de Ley de Salarios en el que gozaban de plazo indefinido a uno de contratación con un plazo de vigencia de 2 meses, lo que constituye una desmejora en sus condiciones laborales ; además, se dio por extinta la relación laboral al negarse a suscribir dichos contratos. Con lo anterior, presumiblemente se habrían vulnerado el derecho a obtener una resolución de fondo motivada, audiencia, defensa estabilidad laboral y a recibir una retribución de los empleados. La Sala admitió las seis demandas de amparo al considerar que cumplen los requisitos necesarios, y ordenó como medida cautelar que el Concejo Municipal de San Miguel garantice la estabilidad laboral y se abstenga de separar a los demandantes de sus cargos. Los demandantes señalaron que el Concejo Municipal decidió celebrar un contrato laboral por el período de 2 meses en razón de no ser posible la refrenda por Ley de Salarios, por infracción a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, y tratarse de puestos de confianza. Así, consideran que la nueva modalidad de vínculo laboral ha sido impuesta de manera arbitraria por parte del Concejo Municipal de San Miguel, puesto que los trabajadores demandantes se encuentran incorporados a la carrera administrativa municipal y han cumplido con todos los requisitos para ser nombrados en el cargo que desempeñan ; de igual forma, afirman que no desempeña un cargo de confianza política o personal. También, señalan que el citado Concejo Municipal acordó dar por extinguida la relación laboral de los empleados por haber llegado a su término el nombramiento por Ley de Salario y ante la negativa de querer regular su situación jurídica firmando el respectivo contrato laboral. La Sala pide que se giren las instrucciones pertinentes a las autoridades administrativas, en especial el área de recursos humanos y de pagaduría, para que se proceda de in