El ministro de Hacienda ha hecho durante los días recientes una gira por comisiones legislativas y medios de comunicación, explicando la necesidad urgente de dotar de recursos a las fuerzas de seguridad involucradas en los nuevos planes de gobierno destinados a la recuperación de territorios y control de las finanzas ilícitas. La respuesta de las principales fuerzas políticas ha sido en su mayoría receptiva a atender los requerimientos del ejecutivo, que apuesta por tener resultados a corto plazo y retomar la iniciativa gubernamental perdida en el combate al crimen organizado. Este consenso en favor de la seguridad pública y el consiguiente gasto para atender necesidades inmediatas de las fuerzas policiales y militares, trae aparejado varias interrogantes sobre las últimas decisiones tomadas por la anterior gestión en materia de seguridad y gasto público, sobre las prioridades sostenidas y las acciones emprendidas en el período de transición. A la vez, es necesario que los nuevos compromisos asumidos por autoridades penitenciarias y de seguridad, cuenten con mecanismos de control interno y rendición de cuentas que garanticen a la ciudadanía que se está actuando contra la delincuencia, pero que a la vez, se están invirtiendor correctamente los fondos públicos que se están gestionando.