El juez Sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Antonio Arévalo Ortuño, afirmó ayer que acusado de estafa, peculado y lavado de dinero y activos por $ 6 millones. La decisión del juez surge ante la solicitud de los abogados del exdiputado Reyes, que revoque su decisión de no programar una audiencia especial de revisión de medidas a favor de Reyes y que en ella se evalúe la posibilidad de cambiarle la detención por reglas de conducta. Pero, lejos de dar marcha atrás a su decisión, el juez confirma que ratificará la orden internacional de detención decretada por el Juzgado Décimo de Paz. Agregó que los abogados presentaron una caja con nuevas pruebas, y en todo caso, son pruebas que se tienen que valorar en la audiencia preliminar o previa al juicio. El abogado Pedro Cruz afirmó ayer que presentó un recurso de revocatoria por escrito a la negativa del juez Arévalo Ortuño de programar una audiencia especial para revisar la medida más gravosa impuesta a su cliente. De ahí que en este proceso y con la información nueva que ha ingresado al juzgado, la apariencia de buen derecho en el delito de peculado ha sido desmontada y se plantea la necesidad de hacer una audiencia especial de revisión de medidas para examinar, si esa apariencia de buen derecho, a estas alturas, se mantiene o no ; y en consecuencia se modifique las medidas cautelares, suprimiéndolas o brindando otras menos gravosas, afirmó el abogado Cruz. El profesional cuestionó la resolución del juez Arévalo Ortuño, de no convocar a una audiencia especial para discutir los aspectos que se están argumentando y se difiera para la audiencia preliminar, pero ya como una resolución de fondo. Oero nosotros estamos pidiendo una audiencia especial previa, no estamos pidiendo la exoneración del delito pero el juez ha interpretado que nuestro planteamiento es más de fondo y que él se va a pronunciar hasta ese momento, añadió Cruz. En las nuevas pruebas presentadas, dice el abogado ; con lo que no se cumplen los requisitos del delito de peculado, que ocurre cuando el funcionario público mantiene custodia de los recursos y