Un reporte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ), Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ( Idhuca ) y Cristosal revelaba esta semana que unas 108 familias han sido obligadas a dejar sus hogares debido a la amenaza y el acoso de las pandillas. En promedio, cada familia afectada tiene de cuatro a cinco miembros : madre, padre e hijos y abuelos. Son más las víctimas mujeres que hombres, según la PDDH. Es decir, fácilmente se habla de medio centenar de personas afectadas. Y la principal causa de que estas familias tienen que huir es la exigencia de las extorsiones, de la renta, cuando las familias no pueden pagarlas, entonces provocan los desplazamientos forzados y no parece haber autoridad que los defienda. Los delincuentes no han respetado ni la pandemia ni que la gente queda sin empleos. Los casos de familias con desplazamiento forzado han sido reportados en Sonsonate, la zona Paracentral, La Libertad, La Paz y San Salvador. Hay una ley de atención y protección a las víctimas de desplazamiento forzado que entró en vigencia en febrero pasado, después qe la Sala de lo Constitucional amparó a un grupo de desplazados por la violencia y le dio a la Asamblea Legislativa un plazo para que legislara en esta materia. Lo importante es que esa ley se aplique, que la gente sienta que sus autoridades los protegen para que sus vidas y las de sus familias estén seguras y no bajo la voluntad de bandas delincuenciales capaces de cualquier cosa.