trata de un caso de discriminación porque al momento de desaparecer los adolescentes, ni siquiera se giró la alerta Ángel Desaparecido, que en el país se utiliza para ayudar en la ubicación de menores de edad desaparecidos. Asimismo señala que no pueden haber sido pandillas quienes los privaron de libertad, pues esos grupos amenazan a sus víctimas antes de actuar, y en el caso de los estudiantes esto no había sido registrado. En diciembre de 2015, Ortiz presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) un recurso de hábeas corpus para que se intime al ministro de la Defensa, al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada y al Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, para que respondan por este caso. Por el momento no ha habido avances al respecto.