El ministro de la Defensa Nacional David Munguía Payés dijo que le gustaría declararse en rebeldía, luego de no compartir la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, que prohíbe las compras directas de insumos de guerra, del Ministerio de la Defensa Nacional. A mí particularmente me gustaría declararme en estado de rebeldía como Fuerza Armada, porque estas decisiones son atentatorias a la seguridad de todos los salvadoreños ; no obstante eso, somos profesionales, somos obedientes y vamos a cumplir esa sentencia, expresó, ayer el funcionario público. Munguía Payés advirtió que en una emergencia, la población recriminará a los tomadores de decisiones. En realidad nos sorprenden ese tipo de decisiones, pareciera que algunos de nuestros funcionarios no tienen la mínima idea de lo que significa el término de seguridad nacional, respondió en una conferencia de prensa, ante la decisión de la Sala. Recordó que cuando existe una emergencia de cualquier tipo, nosotros no podemos esperar y tenemos que tener procedimientos ágiles para la compra de material y equipo para la Fuerza Armada, agregó. Señaló que esas compras, normalmente, están relacionadas con la protección de la vida del ciudadano, y cuando nosotros venimos a hacer una compra directa, es porque alguna urgencia tiene la institución. Explicó que en algunas casos, necesitan mantener en reserva algunas de las actividades directamente relacionadas con la defensa nacional. Hay cosas que no pueden esperar, así que, a nosotros nos extraña y nos incomoda de sobremanera, este tipo de resoluciones, reprochó. El pasado 25 de octubre, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, eliminaron la disposición del artículo 72 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ( Lacap ), contratación directa solo podrá acordarse cuando ocurran determinadas situaciones, una de ellas es, si se tratase de equipo o material de guerra, calificado de esa manera por el ministro de la Defensa y aprobado por el presidente de la República, señala la resolución. Los magistrados dijeron que la disposición vulnera el carácter general de la licitación como mecanismo de contrat