Una vez más hemos visto un funcionario involucrado en un cuestionable comportamiento público, víctimas incluidas, y el tema del fuero o inmunidad de los funcionarios vuelve a resurgir en el debate político salvadoreño. El fuero de diputados y funcionarios ha sido visto históricamente como una patente de corso para que estos abusen de sus cargos y se sientan impunes hasta en su conducta privada. Hemos visto así casos extremos como el de aquel diputado que en una borrachera terminó hasta baleando a una agente de la Policía Nacional Civil. Un pacto político dejó en la impunidad el hecho. Pero lamentablemente no es el único caso. La inmunidad parlamentaria o la de los funcionarios de los otros órganos de Estado debe estar regulada y limitada a su trabajo. Un funcionario involucrado en un delito sexual contra una menor o un funcionario que maneja en estado de ebriedad y provoca un grave accidente no deberían estar protegidos por el fuero porque se trata de delitos de índole privada que no están incluidas en sus funciones. Pero seamos claros, ni a los diputados ni a los magistrados y funcionarios del Ejecutivo les conviene esa interpretación, así que seguiremos viendo casos como los de este fin de semana mientras no haya una presión social al respecto.