Debido a la falta de respuesta de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) y de la Fiscalía General de la República ( FGR ) a sus denuncias, más de 200 salvadoreños decidieron llevar sus demandas por suplantación de identidad en la billetera Chivo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ). Los encargados de procesar el caso son los abogados de Cristosal, Abraham Ábrego y Ruth López, quienes pidieron a la CIDH emitir un informe y someterlo al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque a su criterio hay al menos tres derechos violentados con la suplantación de identidad y la no protección de las víctimas vía amparo, solicitud que no respondió la Sala de lo Constitucional, de la CSJ. Estos son vida privada y autodeterminación informativa, acceso a justicia y a recurso eficaz, y el derecho a tener un juez independiente e imparcial. La denuncia contextualiza que en El Salvador entró en vigencia el Bitcoin como moneda de uso legal y para estimular su uso, el Gobierno permitió el uso de la Chivo Wallet, además entregó un subsidio de $ 30 a los ciudadanos, con solo descargar la aplicación en su teléfono celular y registrase. Añade que para ese fin, la Asamblea Legislativa aprobó un fideicomiso especial ( Fidebitcoin ) administrado por el banco estatal Banco de Desarrollo de El Salvador ( Bandesal ). Al intentar reclamar o utilizar los $ 30, cientos de ciudadanos descubrieron que su identidad había sido suplantada y que el dinero del incentivo les había sido sustraído. Incluso muchas personas que no mostraron interés en utilizar la billetera digital tuvieron que revisar la billetera para constatar si su identidad había sido suplantada, lo cual en efecto, sucedió. También habrían sido denunciadas sustracciones de saldos de cuentas individuales en bitcoin, aduce la denuncia. Los abogados dicen a la Comisión que en la organización Cristosal recibieron 1, 200 denuncias individuales sobre la suplantación de identidad y la sustracción del subsidio en la Chivo Wallet, y que el 16 de noviembre de 2021, cinco víctimas interpusieron amparos en la