La Plataforma por la Seguridad Ciudadana, manifestando que aún se desconoce información en torno el mismo plan impulsado por el gobierno desde junio del 2019. Ortiz señaló que, donde se utiliza " la presión " y " la potencia bélica ", y se desatienden problemas como la desaparición de personas, la violencia contra las mujeres, la corrupción, los crímenes de odio contra la población de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y Queers ( LGTBIQ + ), y la falta de depuración dentro de la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil. La sociedad civil no ha visualizado acciones concretas en prevención de violencia, pues aún se reporta extorsión, amenazas y desplazamiento forzado. Sobre el tema, la vocera de la fundación Cristosal, Zaira Navas, aseguró que los cubos impulsados por el Ejecutivo podrán ser una gran iniciativa ( de reinserción ) pero atienden exclusivamente un sector muy pequeño de la población. Para la plataforma Además, solicitaron romper con el autoritarismo en el abordaje de la violencia y desarrollar políticas que respondan a las causas de la criminalidad, exclusión y discriminación. La representante del Servicio Social Pasionista en la plataforma, Verónica Reyna, dijo que la presencia militar no se relaciona o vincula con la reducción del delito, y que por el contrario lo que Sonia Rubio Padilla, quien pertenece a la Fundación para el Debido Proceso, coincidió con Reyna sobre la gesta de una alianza política, recordando que El Salvador Reyna enfatizó en que la militarización de la seguridad y la cuarta fase del plan, así como la cantidad de militares en la sociedad y entregar más poder a la FAES. La vocera del Servicio Social Pasionista aseveró que las colaboraciones efectuadas por la fuerza militar, como apagar incendios, o atender plagas agrícolas, le ha permitido al gobierno Rubio Padilla aclaró que es fundamental generar una transparencia en las acciones de seguridad.