La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador rechazó anular el juicio civil que la Fiscalía General de la República inició el pasado 29 de marzo, en contra del expresidente Mauricio Funes, su hijo Diego Roberto Funes Cañas y la ex primera dama Vanda Pignato. Los tres son señalados de un presunto enriquecimiento ilícito de $ 728 mil 329. 74, cantidad preliminar que fue detectada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) luego de analizar las declaraciones juradas de patrimonio de inicio y cese de Funes, quien fungió como mandatario salvadoreño entre los años 2009 al 2014. La decisión de las magistradas de la referida cámara surgió de improponibilidades planteadas por los abogados de los demandados, quienes, básicamente, argumentaron que al expresidente la CSJ le violó principios constitucionales. Enrique Araujo, el nuevo abogado que Funes nombró ayer, dijo que se violó el principio de legalidad ya que la Sala de lo Constitucional, el 11 de enero de 2016, suspendió los efectos de la Ley de Probidad para revivir la Ley de Enriquecimiento Ilícito promulgada en 1959. También se cuestionó la vulneración al principio dispositivo y derecho de recurrir. Mientras que Jaime Ortega, abogado de Pignato, manifestó que a su apoderada no se le permitió ejercer su defensa técnica y material y se obvió ese derecho de defensa y audiencia, sumado a eso, no ejercía un cargo público ya que si bien era Secretaria de Inclusión Social, no devengaba ningún salario porque estaba Ad honorem y la investigación de la CSJ no fue contra ella, sino que contra su entonces esposo. Uno de los principios del Código Procesal Civil Mercantil ( CPCM ) es la improponibilidad ( petición de rechazo o inadmisibilidad ) de la que puede hacer uso la parte demandada en un juicio de enriquecimiento ilícito, cuyo fin es lograr que un tribunal superior anule un proceso por considerar que tiene ciertos vicios, pero ayer, la magistrada presidente de la referida cámara, Margarita Romagoza, dijo que las improponibilidades planteadas por los abogados de los demandados debían declararse sin lugar y que el tribunal que