Cuando el escándalo del financiamiento electoral estalló en la vecina Guatemala, el comisionado de la CICIG decía que ese era el pecado original de la política guatemalteca. Con las revelaciones del caso Saca, pareciera que la política salvadoreña presenta el mismo pecado. Por supuesto, las críticas se han enfilado hacia ARENA, por parte de sus opositores y debido a que el exmandatario Saca fue también presidente de ese partido y ha confesado haber desviado dinero hacia el instituto político que él mismo dirigía. Pero hay que ser claros, el surgimiento de otros partidos y su financiamiento es cuestionable, incluyendo el mismo FMLN - señalado por fondos de ALBA y del régimen venezolano en el pasado reciente - y GANA, que también habría recibido fondos, junto a los otros dos partidos que conformaban la alianza Unidad que llevó a Saca a su segunda candidatura en 2014. La ley no establecía sanciones para cancelar partidos por esta razón cuando los hechos sucedieron, pero esto refleja cómo todos los partidos han sido parte de las mismas prácticas. Para el presente y el futuro, de ahí la insistencia de transparentar seriamente el financiamiento electoral, sin excusas, como algunos partidos siguen haciendo. Es algo que se debe imponer estrictamente para evitar que vuelva a suceder lo que ya conocemos.