El juez sexto de instrucción, Roberto Arévalo Ortuño, desestimó la petición de los apoderados de la Policía Nacional Civil ( PNC ), que buscaban que el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana ( Idhuca ) no fuera la querella en el caso de Carla Ayala. Es de tomar en cuenta que al hablar de la querella estamos ante un derecho fundamental de las víctimas y de quienes pudiesen tener un interés razonable, proporcional y legítimo, dijo el juez, a través de un comunicado del Centro Judicial Isidro Menéndez. El 19 de marzo, los abogados de la PNC le pidieron al juez no permitir la querella del Idhuca alegando una falta de legitimación, porque quien había avalado la querella es la mamá de Carla Ayala y a criterio de la PNC no puede conferir poder alguno para querellar. Sin embargo, Arévalo Ortuño resolvió el escrito basándose en el artículo 107 del Código Procesal Penal que establece que podrán querellar todo ciudadano o cualquier asociación de ciudadanos legalmente constituidos cuando se trate de delitos oficiales y delitos cometidos por funcionarios, empleados públicos, agentes de autoridad pública que impliquen una grave directa violación a los derechos humanos fundamentales. En el proceso penal están procesados agentes de la Policía Nacional Civil, entre ellos, el prófugo Juan Josué Castillo Arévalo, por privación de libertad, el resto por incumplimiento de deberes y dos familiares de Castillo por encubrimiento. Carla Ayala fue herida y luego desaparecida durante la madrugada del pasado 29 de diciembre del 2017, después de una fiesta de fin de año del extinto Grupo de Reacción Policial ( GRP ). Durante una entrevista televisiva, la noche del 9 de abril, el director de la PNC, Howard Cotto, dijo que el compromiso que tienen es saber qué pasó no importa si altos mandos están involucrados. Aseguró que han entrevistado a muchas personas, incluyendo al exjefe del GRP, pero que no podía revelar qué información arrojaba la investigación.