El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, es el último de una lista de líderes y funcionarios públicos del continente americano señalados por abusar de su poder, debido a intromisiones no autorizadas en bases de datos de sus conciudadanos. La tentación de ejercer control sobre los gobernados y anticipar sus acciones y preferencias en el espacio público y privado, constituye una amenaza al ejercicio de las libertades públicas. El gobierno costarricense creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos ( UPAD ) y se dedicó a recopilar información sensible de los habitantes de su país, lo que provocó que fuera denunciado a inicios de esta semana por los delitos de prevaricación y violación de datos personales. Es muy pronto para anticipar los resultados de las pesquisas iniciales a cargo de las autoridades del hermano país, pero su existencia puede servir de advertencia a autoridades de todos los países y también a nosotros los ciudadanos que eventualmente nos vemos afectados. La filtración de datos personales como la que fue revelada al interior del Instituto de Acceso a la Información Pública, o la existencia de un Sistema de Gestión de Solicitudes ( SGS ) que desde la Presidencia anterior almacenaba datos personales de peticionarios de información, son ejemplo de que el problema no es extraño a nuestro país.