##zamiento forzado. El mismo diputado agrega que para la discusión de la ley podrían solicitar hacer un foro para nutrirse de testimoniales de las víctimas que han sufrido desplazamiento forzado ; el presidente de la comisión, Mario Tenorio, dijo que las víctimas no han pedido audiencia, pero que están abiertos a recibirlos. Cristosal, una fundación defensora regional de derechos humanos, ha señalado algunas deficiencias en las iniciativas de ley. En la presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, asegura que es una normativa general tan general que corre el riesgo de diluir y no proteger a ninguna víctima, dice Celia Medrano, directora de programas de la fundación. Mientras, el anteproyecto presentado por la UTE recarga el reconocimiento de la víctima desde la interposición de una denuncia penal, de lo contrario, quedarían fuera de la protección estatal nos debe bastar la condición de víctima de violencia generalizada, agrega Medrano. Cristosal ha recalcado que la normativa debe cumplir lineamientos internacionales sobre el desplazamiento forzado por violencia. Al ser una ley general sobre desplazamiento, no cumple con los parámetros establecidos en la sentencia. También, no establece con claridad que el desplazamiento puede ser ocasionado por agentes estatales. Falta mayor desarrollo del enfoque psicosocial. En los principios no se desarrolla el principio de acción sin daño y el de confidencialidad. Su enfoque es punitivo, ya que incorpora conductas delictivas y los mecanismos establecidos son más judiciales. Tiene más obstáculos para acceder ya que requiere que las victimas prueben su condición de desplazamiento. Su enfoque preventivo es policial. La Sala de lo Constitucional admitió la primer demanda de amparo de víctimas desplazadas por violencia. Hay cinco amparos que la Sala no ha resuelto aún. La Sala resuelve que el fenómeno del desplazamiento forzado por violencia existe y debe ser reconocido por el Estado y sus víctimas deben ser atendidas. Se vence el plazo de seis meses que la Sala dio a la Asamblea Legislativa para crear una ley especial de protección a víctimas de desplazamiento forzado.