La Fiscalía General de la República apeló las resoluciones que el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador emitió en el caso conocido como Corruptela, el 21 y 25 de octubre, en las cuales puso en libertad a 22 de 30 imputados procesados por una serie de delitos. Fiscales de investigación de lavado de dinero mostraron su inconformidad por las resoluciones que la jueza Nelly Pozas emitió y han pedido a la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador que revise el actuar de la juzgadora. En audiencia inicial la jueza resolvió que los imputados quedarán en libertad sin ninguna medida y que únicamente siguieran en detención provisional el exfiscal Luis Martínez, el exjefe de los Intereses del Estado, Julio Arriaza, así como los empresarios Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Aldo Vinicio Parducci Meléndez, por cohecho activo. Parducci Meléndez también es acusado de falsedad ideológica ya que según la Fiscalía simuló una dádiva hacia el exfiscal Luis Martínez, como un contrato mutuo con garantía hipotecaria por un monto de $ 220 mil, para asegurar el arrendamiento de un inmueble de su propiedad donde funcionaría el archivo de la Fiscalía. Mientras que Enrique Rais y su sobrino Hugo Blanco Rais, aparecen mencionados en una serie de dádivas hacia el exfiscal Luis Martínez, y que la Fiscalía destaca en el requerimiento, éstas consistieron en regalo de vehículos de lujo, dinero en efectivo y 96 vuelos valorados en más de $ 13 millones. Otro de los imputados a quien la jueza Nelly Pozas le ordenó detención es el exjefe de la Unidad de Patrimonio de la Fiscalía, Francisco José Paredes Valladares, procesado por los delitos de omisión de investigación, falsedad documental agravada, privación de libertad.