La organización Acción Ciudadana ( AC ) concluyó que los procesos de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) y de fiscal general de la República fueron iguales que en las legislaturas pasadas, ya que no hubo deliberación para elegir o descartar las propuestas. La AC presentó hoy el informe " Procesos de elecciones de segundo grado en El Salvador en el año 2021 realizados por la Asamblea Legislativa ". El informe retoma las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) y del fiscal general de la República. El Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa ( RIAL ) delega a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa la evaluación de los candidatos y la presentación de propuestas al pleno. En esa etapa, los representantes de los diferentes partidos políticos proponían a sus seleccionados. En esta legislatura, la Comisión Política remite el listado completo de candidatos al pleno legislativo en donde los representantes de cada partido político dan un listado de las personas propuestas y luego se cotejan los nombres que más coinciden. Por lo que nosotros podemos concluir, se sigue el mismo procedimiento de antes, dijo Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana. Escobar enfatizó que les interesa que se mejore el proceso de elección, en especial porque están en puertas elecciones de otros funcionarios, como el Procurador General de la República y el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Vienen dos o tres elecciones donde consideramos se debe corregir estas deficiencias, si hay real interés de hacer las cosas diferentes, expresó. El informe de la AC señala que la Comisión Política realizó entrevistas sin una guía y sin profundidad, no realizó deliberación y emitió dictamen delegando en el pleno, por medio de las fracciones, la elección de magistrados en inobservancia al RIAL y el pleno no deliberó la elección. También, indicaron que no se estableció un perfil de funcionario idóneo para el cargo y tampoco se tomó en cuenta el baremo presentado por organizaciones de la sociedad civil para las entrevistas. En su momento, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa solo verificó que cumplieran con los requisitos establecidos en la Constitución. Es que se equivocan, ellos confunden perfil con los requisitos.