Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez guardan prisión preventiva mientras la Corte Suprema de Justicia decide sobre su posible extradición. El religioso espera que el máximo tribunal " se apegue a las leyes y que no tome decisiones políticas, sino una resolución en base a derecho y que el dictamen sea una decisión a favor de la extradición, solicitada " oficialmente " el pasado 11 de marzo por el Consejo de Ministros del Gobierno español. Una ley de amnistía general emitida en 1993 por el Congreso no permite juzgar a los implicados en crímenes de guerra durante el conflicto civil que vivió ese país entre 1980 y 1992. A juicio de Oliva, dicha ley viola los Acuerdos de Paz, firmados el 16 de enero de 1992, y los derechos humanos de las " víctimas y sus familiares ". El padre español aclaró que su país no está interfiriendo en la justicia salvadoreña, como algunos sectores de la sociedad lo han expresado ; " lo que hace es aplicar un acuerdo internacional en materia de derechos humanos que se llama Sistema de Justicia Universal, medida que aplica España porque 5 de las víctimas eran españoles ". " Uno de los acuerdos del sistema permite que un Estado proteja y vele por los derechos humanos de sus ciudadanos y el derecho a la justicia, que es lo que se pide en este caso ", insistió Oliva. Asimismo recordó que en el país centroamericano han existido " muchos intentos para que el caso fuera tratado a nivel de la justicia salvadoreña y que todos fueron infructuosos, porque los jueces han dicho que el tema ha prescrito, no han reconocido que es un crimen de lesa humanidad y no han querido violar la ley de amnistía ". La noche del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlacatl del Ejército irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana ( UCA ) y asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín - Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López. En el hecho, ocurrido en el marco de la guerra civil salvadoreña, también fueron ultimadas la colaboradora de los religiosos Elba Julia Ramos y su hija Celina. El Consejo de Ministros español aprobó, el 11 de marzo, solicitar