El titular de Educación, Carlos Canjura, consideró que no se puede excluir del sistema educativo nacional a los jóvenes estudiantes miembros de pandillas y, lejos de eso, planteó el compromiso de la sociedad para que estos jóvenes se recuperen. Ayer, Diario El Mundo publicó los resultados de un informe elaborado para el Ministerio de Educación ( Mined ), entre 2009 y 2010, por una institución sin fines de lucro, donde se evidencia el control de estudiantes de pandillas sobre los directores y maestros de algunos centros educativos del país. Según el informe, los profesores no los expulsan porque el Mined los respalda con una política de derecho educativo. Aquí hay un conflicto porque está la visión de excluir y está la visión de ver cómo se recupera a estos jóvenes. Yo creo que en esa lucha, debiéramos como sociedad, comprometernos a hacer el mejor de los esfuerzos por asegurar que estos jóvenes se recuperen, y eso pasa, a lo mejor, por hacer programas especiales que permiten la atención de estos jóvenes que están metidos en el tema de pandillas, pero creo que sería imprudente no incorporarlos de alguna manera al sistema educativo nacional, dijo el titular del Mined. Según Canjura, mediante estos programas se separaría a los alumnos alejados de las maras con quienes sí están involucrados. Consideró que podría existir un instituto especial que atienda a estos jóvenes, aunque dijo que ya tienen un plan de modalidad flexible desde el cual se puede realizar el trabajo. Según los sindicatos de maestros, entre 2014 y 2016, han sido asesinados 29 profesores y 130 estudiantes. Las cifras han venido en aumento año con año. Al respecto, Canjura indicó que el Mined no lo puede evitar. El Ministerio de Educación poco puede hacer para evitarlo... Creo que no es la tarea, no es algo en donde el Ministerio de Educación tenga posibilidades de evitarlo, reiteró. La Red por el Derecho a la Educación ( Resalde ) indicó ayer durante la inauguración de la Semana de Acción Mundial por la Educación que el financiamiento limita el avance de la educación, y demandó una asignación del 6 % respecto al Producto Interno Bruto ( PIB ), que aumentaría hasta un 20 % el pre