El Gobierno ha presentado hace ya varias semanas un proyecto de Zonas Económicas Especiales que han abierto muchas interrogantes sobre su naturaleza, dudas sobre aspectos de soberanía y propiedad privada, así como sobre los proyectos que ahí se desarrollarán. La propuesta apareció en medio de una advertencia de la embajadora estadounidense en San Salvador sobre la presencia china en el país y eso despierta suspicacias entre la relación de una cosa con otra. Fusades, por ejemplo, ha exigido propuestas de inversiones concretas por parte de empresas interesadas, incluso antes de ser presentadas como una nueva ley de incentivos. Diversos analistas económicos han advertido que contar con una zona económica especial que otorgue más exenciones fiscales a las empresas no hará que El Salvador sea atractivo para la inversión, porque los empresarios prefieren mercados donde hay seguridad ciudadana, se combate la corrupción y existe una institucionalidad sólida. Los beneficios son demasiados para esas empresas como para no detenerse a pensar qué hay detrás. Los diputados no pueden aprobar automáticamente y sin un análisis legal y económico serio, una legislación que despierta tantos cuestionamientos y un interés inusitado de algunos funcionarios en los últimos meses de Gobierno.