La Cámara Ambiental de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, juramentó un perito que tendrá la misión de auditar todos los ingresos que el exviceministro de Defensa, José Atilio Benítez Parada y su esposa Emma Isaura Muñoz de Benítez, obtuvieron entre el 1 de junio de 2009 y el 21 de noviembre de 2011, durante la administración del expresidente, Mauricio Funes. Benítez Parada es procesado por enriquecimiento tras no haber justificado, ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, un ingreso de $ 169, 957. 35. Según Fiscalía, el exfuncionario no pudo justificar $ 113, 344. 00 correspondientes a una irregularidad encontrada de 40 depósitos realizados en efectivo a una cuenta corriente Tampoco su esposa ha podido justificar cuatro irregularidades que ascienden a $ 56, 613, 35 en el rubro de depósitos bancarios, pagos a créditos hipotecarios y pagos en efectivo a tarjeta de crédito. También solicitamos una pericia judicial financiera contable a efecto de determinar la cantidad exacta de la cual tienen que en su momento restituir a El Salvador, expresó uno de los fiscales en la primer audiencia. Los magistrados dieron un plazo de 30 días hábiles para que el profesional desarrolle la pericia financiera, que consta de 15 puntos contenidos en el expediente judicial, de modo que fundamenten o no la pretensión de la Fiscalía sobre el origen ilegítimo de los fondos. Benítez también enfrenta dos procesos penales, uno en el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, por el delito de peculado por $ 2 millones, en el caso de permutas de armas con la empresa Centrum ; en este caso también es procesado el exministro, David Munguía Payés y empresarios como Gustavo López Davidson. El segundo, y más antiguo, es donde es acusado por ocho casos de supuesto comercio ilegal y depósito de armas, actos arbitrarios, peculado y estafa, donde la fiscalía lo acusó de dirigir una red en la dirección de logística del Ministerio de la Defensa, dedicada a la comercialización de armas inscritas de forma fraudulenta, aprovechándose de un decreto que permitía legalizar