El Juzgado Séptimo de Paz instaló ayer la audiencia inicial en contra de cuatro fiscales y dos empleados de la Fiscalía General de la República, quienes son procesados por privación de libertad, omisión de la investigación y falsedad material, mientras que los últimos dos, son acusados de peculado. Según la representación fiscal, los imputados ordenaron capturas ilegales, una de ellas, en contra de Mario Calderón y su esposa Claudia María Herrera, durante la investigación del caso conocido como Corruptela, donde el principal acusado es el exfiscal, Luis Martínez. La Fiscalía pedirá que se les decrete medidas alternas a la detención a los fiscales Carolina Manzanares Nóchez, Yesenia Carolina Ayala, Mauricio Aguilar y Marta Colindres, y también para los empleados administrativos de la fiscalía, Edwin Geovanni Hernández Gutiérrez y Damián Cabrera Bernal acusados por peculado de $ 400 mil. Los antes mencionados, fueron testigos criteriados del caso Corruptela desde 2018, pero a inicios de este año, con la nueva administración de la fiscalía, decidieron renunciar y acusar a los fiscales que investigaron el caso, por supuesta coacción, para obligarlos a aceptar el criterio de oportunidad en la investigación en contra del exfiscal general. El defensor, Alirio Ayala, explicó que han solicitado un oficio de la fiscalía, que consta en el expediente donde supuestamente se ordena a pagar con dinero del Ministerio Público los abogados para los fiscales, cuando eran criteriados y que eso constituye una ilegalidad. Sin embargo, el juzgado les negó la información porque no es la etapa procesal. El proceso es viciado, señaló. La Fiscalía acusó este caso en el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ; sin embargo, se declaró incompetente alegando que el Juzgado Séptimo de Paz ya conocía el fondo de esta investigación, cuando autorizó los criteriados. La audiencia se suspendió a las 4 : 00 p. m., y seguirá hoy a las 9 : 00 a. m.