[ caption id = " attachment _ 633281 " align = " aligncenter " width = " 627 " ] El coronel Pineda Guerra enfrentará juicio por tenencia, portación o conducción de armas de guerra. / Juzgados [ / caption ] El coronel retirado, Roberto Pineda Guerra, de 67 años, deberá enfrentar una vista pública por el delito de tenencia, portación o conducción de armas de guerra, según resolvió el Juzgado 4o. de Instrucción de San Salvador al finalizar la audiencia preliminar. La Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía también presentó cargos contra Rodrigo Raymundo y Claudia María Pineda Rodríguez, hijos del militar, pero el juez Aristarco Chavarría, les decretó un sobreseimiento. El caso fue judicializado el 3 de septiembre del año pasado cuando la Fiscalía dirigió un allanamiento donde encontró un lote de armas de fuego, municiones y uniformes militares que supuestamente iban a vender a estructuras de pandillas. El armamento fue hallado en dos viviendas ubicadas en la avenida Rocío y calle Sisimiles, de la residencial Miramonte, de San Salvador. Al momento de ser detenido en flagrancia, al imputado le encontraron una ametralladora Uzi, sin registro y de uso exclusivo de la Fuerza Armada, un fusil calibre 22, la funda de un cohete Law antitanque, una escopeta calibre 12 y munición para las mismas, así como varios uniformes militares. Los fiscales que estaban al frente del procedimiento le consultaron al procesado quién era el propietario de todo ese armamento y el militar retirado dijo que él era el dueño, pero no presentó ningún documento para comprobar la legal tenencia ya que de algunos no existía ningún permiso y otros ya estaban vencidos. En su resolución el juez dijo que tras analizar las diversas pruebas incorporadas en el dictamen de acusación por parte de la Fiscalía, hay suficientes pruebas de la probable participación de Pineda Guerra, en el hecho que el Ministerio Público le atribuye. Con esta decisión judicial el militar retirado deberá enfrentar la vista pública en uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, donde se determinará la situación jurídica que podría ser una sentencia condenatoria o absolutoria. Enfrentaron audiencia pre