negociaciones con las pandillas y de eso existen documentos y testigos que ubican a los representantes gubernamentales en reuniones con jefes de pandillas en diversos penales. Además, para que los oficiales de la PNC se trasladaran hubo erogaciones de fondos para gastos de combustible para los vehículos estatales que los mediadores de la tregua utilizaban y hasta el pago de dos locales que Raúl Mijango tenía para reunirse con los pandilleros, así como la contratación de personas para que lo apoyaran en las actividades de logística, cuyos fondos salieron de las arcas del Estado. La Fiscalía abrió un expediente de investigación sobre las anomalías en la tregua entre pandillas, pero hasta el 10 del mismo mes, cuando declararó Nelson Rauda en calidad de testigo. La Fiscalía giró órdenes de captura por el caso tregua, pero ante recursos presentados los procesados recuperaron su libertad y quedaron con medidas. El Juzgado Especializado de Instrucción A, envió a juicio a 18 imputados por los delitos cometidos durante la tregua, pero sobreseyó a tres, entre ellos al inspector Aguilar Marín. Por orden de la Cámara Especializada, el Juzgado Especializado de Instrucción A, decretó un auto de apertura a juicio para el subinspector Luis Alonso Aguilar Marín por agrupaciones ilícitas.