La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó hoy que el régimen de excepción de El Salvador decretado a finales de marzo haya acarreado un aumento del riesgo de detención arbitraria. Asimismo, las posteriores reformas de la legislación penal y procesal penal han aumentado también la posibilidad de que los detenidos sean torturados, advirtió Bachelet, en su discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. Las autoridades de El Salvador decretaron a finales de marzo el estado de excepción, debido a una repentina alza de violencia que dejó 83 muertes en solo tres días. Los homicidios volvieron a bajar drásticamente desde el 28 de marzo. El régimen de excepción ha sido prorrogado en varias ocasiones, la última de ellas a finales de mayo, cuando se prolongó por otros 30 días. Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías. De hecho, desde el inicio de la medida de excepción, las autoridades de seguridad han detenido a más de 38, 000 personas acusadas la mayoría de agrupaciones ilícitas y algunas personas puestas en puestas en libertad luego de estar arrestadas durante varios días. El Gobierno ha dicho que hay un error del 1 % en las capturas. Esta elevada cifra de detenciones genera, según Bachelet, " preocupación sobre el respeto a las garantías del debido proceso ". Una muestra de esto son los, al menos, 21 muertes de personas que estaban bajo custodia policial confirmados por las mismas fuentes oficiales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ), junto con otras organizaciones, ha mostrado su preocupación por la medida aprobada por el Gobierno salvadoreño, al que instó a que garantice políticas penitenciarias que respeten los derechos fundamentales. A principios de junio, en una conferencia de prensa brindada en San Salvador, Amnistía Internacional ( AI ) cifró en al menos 23 los presos muertos bajo la tutela del Estado desde la declaración del estado de emergencia, aunque el informe escrito aún daba cuenta de 18 casos. Cristosal, la organización local que da seguimiento a violaciones a derechos, registra ya 26 muertes. Amnistía Internacional ha den