sexuales, violación, discriminación laboral, agresión sexual en menor e incapaz y violación agravada, según los casos investigados por Asuntos Internos de la PNC. Desde 2016, la Policía Nacional Civil tiene vigente una normativa interna que busca proteger a todas las mujeres agentes de la corporación, a través del Protocolo para el abordaje de la violencia y discriminación por razones de género contra mujeres al interior de la PNC. En síntesis, este protocolo busca activar todas las medidas de protección, una vez, la víctima denuncie haber sido agredida por un elemento policial. Este es un protocolo que está diseñado para proteger a las mujeres policías, pero como excepción se establece que si la mujer agredida no es policía pero es agredida por un policía, la esposa - aunque no sea policía - la compañera de vida, la hermana, la mamá de ese policía, nosotros le aplicamos el protocolo a ese policía, pero está el espíritu fundamental del protocolo es respetar o valer por los derechos de la mujer policía, explicó Cotto sobre esta normativa. Dicha normativa interna tiene una línea de seguimiento definida : la mujer policía debe dirigirse a su jefatura inmediata a denunciar la agresión y pedir sea aplicado el protocolo vigente ; la jefatura tiene la obligación de trasladar a la víctima la oficina de la Unimujer - Oficina de Denuncia y Atención Ciudadana ( ODAC ), luego el caso es retomado por la División de Investigación Criminal, quien procede a la detención del agresor, si el delito lo aplica. Posteriormente, el caso pasa a la Unidad de Investigación Disciplinaria, quien entre una de sus funciones, podría avisar a la Fiscalía General de la República sobre el posible cometimiento de delito. Como última instancia, donde pasa el caso es a la Unidad de Asuntos Internos, quien inicia una investigación penal, dentro de la corporación. El protocolo dice que el área donde labora la agente, al ser informada que es víctima de violencia debe hacer acciones positivas a su favor, por ejemplo, reubicación, reasignación de horarios, permisos para la comparencencia de diligencias judiciales y administrativas. Si el agresor porta un arma de fuego, una de las