La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) amparó a 31 exempleados del Organismo de Inteligencia del Estado y a una mujer - cuyo esposo fallecido trabajó en dicha entidad dirigida por el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén - y ordenó pagarles los salarios pendientes, asimismo, documentar las actuaciones de los empleados cumpliendo con los requisitos de contratación. Los magistrados de la Sala ordenaron a la presidencia de la república, incluir una partida en el presupuesto general de la nación para " transparentar los recursos económicos destinados a los gastos de operación del OIE ", dice el comunicado difundido esta mañana por la Corte. " Asimismo, se determinó que las funciones que realizan los trabajadores del OIE en el marco de los servicios de inteligencia del Estado, conllevan elementos técnicos de conocimiento, organización, actividad y conducción y por ello requiere de un personal altamente profesionalizado, capacitado y sometido a un permanente perfeccionamiento, lo cual solo es posible si se garantiza a los servidores públicos que laboran en el OIE la estabilidad en el desempeño de sus cargos ", añade el comunicado. Los 31 demandantes señalan que laboraban para el OIE y fueron despedidos a mediados del 2014, sin un documento que respaldara el despido, porque fue verbal, dijeron que sus contrataciones nunca fueron escritas y que sus salarios siempre fueron pagados en efectivo y no tenían descuentos de ley. Otra demandante alega que su esposo fallecido laboró para el OIE y no se le hacían los descuentos de ley ; le pagaban un seguro médico que fue cancelado cuando murió y ella quedó desprotegida y no tiene beneficios de seguridad social.