El más reciente caso de agresión sexual contra una niña ha puesto en perspectiva las limitaciones de las instituciones encargadas de proteger a la infancia, así como la debilidad del marco jurídico que se supone garantiza sus derechos. Esta situación promueve la impunidad de los agresores, la distorsión de las relaciones en la sociedad y la exposición de los niños y niñas a situaciones en las cuales se ven desprotegidos y agredidos por los mismos que deberían encargarse de su resguardo : maestros, jueces, ministros religiosos y en algunos casos hasta los mismos padres de familia que se han visto involucrados en casos de agresiones y violación. Según datos de la ONU, solo el año pasado en El Salvador se reportaron 11 agresiones sexuales diarias contra niños o niñas. La situación ha llegado a tales proporciones que la indignación colectiva ya se hace sentir. Urgen planes de educación sexual consensuados entre padres y maestros, redes de apoyo a las víctimas y el cese de patrones culturales que hacen de la imagen de los niños y niñas fuente de diversión, exposición y sometimiento a una sexualidad precoz que interrumpe su desarrollo infantil normal. Los niños son los ciudadanos del futuro y la sociedad actual es la responsable de sus condiciones de vida. De la capacidad colectiva para resguardarlos de agresores y explotadores dependerá el porvenir de la nación.