, pese a que no estaba cumpliendo con los puntos contractuales. Pero el entonces titular del MOP, en el tiempo que duró la ejecución de la obra no tomó ninguna medida para verificar el uso del anticipo, cuando de conformidad a las bases de licitación y el convenio de préstamo tenía la obligación de constatar el uso de los fondos. Ese monto se convirtió en un perjuicio económico a las arcas del Estado, y el Ministerio Público pidió que se les condene a los cinco imputados a pagarlo en concepto de responsabilidad solidaria. Según la acusación del Ministerio Público, el perjuicio económico causado es producto de las irregularidades en el diseño y construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín, hoy conocido como bulevar Monseñor Romero.