ordenándolo en el Diario Oficial. Así mismo, sostiene que el decreto viola el derecho a las reparaciones de los sobrevivientes y sus familiares porque la finalidad solo es hacer un registro de los sobrevivientes y sus familiares. Las asociaciones advirtieron que en la propuesta original enviada por el Gobierno se pretendía que las víctimas accedieran a las reparaciones según la sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CorteIDH ). Creen que falta la regulación para resolver el reconocimiento oficial de calidad de madre o padre no biológico de hijos e hijas ejecutados. Las asociaciones también rechazaron que los archivos pasen al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, ya que no cuenta con la experticia técnica de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía.