000 ; $ 1, 900, 000 y $ 1, 500, 000. Otro de los gastos que fue reprochado a los exdirectores fue que se tomó de las tiendas institucionales $ 78, 156 ( Rauda ) y $ 56, 740 ( Hernández ) para reparación y mantenimiento de vehículos para el cual no estaban autorizados. El artículo 152 de la Ley Penitenciaria establece que los fondos de las tiendas penitenciarias serán usadas para programas de asistencia social, en favor de la población reclusa. El fiscal Omar Aguilar afirmó que los actos arbitrarios, ellos derivaban de manera ilegal los fondos para fines distintos a los que la ley ya establecía. A juicio del abogado defensor Manuel Chacón, los jueces valoraron toda la prueba, fueron muy acuciosos y de los cuatro señalamientos hechos a los exdirectores, dos de carácter penal y dos de carácter civil, concluyeron que lo que hubo porque los gastos de inteligencia y algunos préstamos salariales no estaban regulados y por eso la acción era ilegal. Por su parte, el exdirecto Rodil Hernández aceptó el fallo y urgió a regular qué se puede hacer y qué no con el dinero de las tiendas penitenciarias.