El exfiscal general, Luis Martínez, fue enviado a juicio por el delito de divulgación de material reservado previsto en el artículo 34 de la Ley para Intervención de las Telecomunicaciones. La Fiscalía General de la República le atribuye el delito tras una investigación en la que se determinó que el exfuncionario, supuestamente, divulgó una conversación que el centro de escuchas captó entre el sacerdote Antonio Rodríguez López Tercero, mejor conocido como Padre Toño y otras personas. En la resolución emitida por el Juzgado Octavo de Instrucción se le admitió al Ministerio Público toda la prueba ofrecida, entre ellos, 14 testigos que van desde fiscales hasta personas a quienes supuestamente Luis Martínez las reunió para reproducirles las grabaciones de aspectos privados que no tenían nada que ver con hechos delictivos. El delito que le atribuyen a Martínez, ocurrió en agosto del año 2014, días después de una orden de captura que la Fiscalía giró contra el Padre Toño por vínculos con una estructura de pandilleros. Supuestamente, las grabaciones fueron divulgadas para que el sacerdote terminara de admitir un delito que la Fiscalía le atribuyó en ese año y habrían llegado a esferas religiosas y hasta aparecieron publicadas en un periódico digital.