En los últimos días se ha retomado en la opinión pública una serie de denuncias sobre expresiones de violencia contra la mujer dirigidas a una diputada y una alcaldesa, una práctica asquerosa e inaceptable que cada vez es más generalizada en nuestra sociedad sin que se castigue apropiadamente. Llevamos ya varios años observando una conducta delincuencial, dirigida especialmente contra mujeres involucradas en política y contra mujeres periodistas. Se les ataca por pensar diferente, se les insulta, se les amenaza hasta con violarlas sexualmente, se les denigra. Es inadmisible esa conducta, venga de donde venga. Toda lengua asquerosa que haga eso merece el peso contundente de la ley y toda víctima de esas agresiones merece respeto y protección de parte de las autoridades estatales. Ningún personaje público o partido político que se respete a si mismo y se precie de aportar valores a la sociedad, puede tolerar en sus filas a personajes que maltratan de esa manera a una mujer por pensar diferente, y no deben ser defendidos ni justificados. La violencia verbal contra la mujer es el preludio de la violencia física y eso ya causa demasiadas víctimas en El Salvador para celebrarle a un simpatizante político tales conductas que en cualquier país civilizado son castigadas apropiadamente. La clase política salvadoreña debe tener un compromiso claro de no tolerar en sus filas a personajes que hacen expresiones de violencia contra las mujeres. Las autoridades deben dar lecciones ejemplares al respecto porque si se tolera hoy porque es del partido contrario, mañana que sea afín políticamente, no habrá moral para condenar. Esas agresiones no tienen color político, son delitos y deben castigarse como corresponde.