El juzgado cuarto de instrucción de San Salvador preguntó a la Fiscalía General de la República si el proceso judicial por el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, debe seguirse contra la persona ya imputada con carácter de procesado o contra otros, que estarían señalados en la investigación, pero no individualizados. El juez, Rigoberto Chicas dice que la Fiscalía General debe opinar porque el proceso, de averiguar el asesinato del ahora beato Romero fue iniciado de oficio y luego atribuido al capitán Álvaro Rafael Saravia y otros sujetos. También, el juez pide opinión al Ministerio Público para que diga si está de acuerdo que los abogados Ovidio Mauricio González y Alejandro Díaz Gómez puedan ser parte de la querella o acusadores particulares ante una posible rea - pertura del caso. El Centro Judicial Isidro Menéndez informó ayer en la mañana que el juzgado también revocó el sobreseimiento del que gozaba el capitán Saravia desde el 31 de marzo de 1993, en virtud de la derogatoria de la ley de Amnistía, emitida por la Sala de lo Constitucional en julio del año pasado. Asimismo se deja sin efecto el sobreseimiento de carácter definitivo, a favor del capitán Álvaro Rafael Saravia Merino, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de monseñor, decretado en auto de las nueve horas del día 31 de marzo de 1993, dice textualmente la resolución. El pasado 23 de marzo, los abogados de organizaciones que luchan por los derechos humanos, entre ellos Fespad, la Concertación Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, presentaron una solicitud de reapertura del asesinato del prelado, 37 años después de su muerte. Ante esto, el juez Chicas añade que es necesario analizar si la presentación de los demandantes sobre la reapertura del expediente, existe la posibilidad de la aplicación de acuerdo a la legislación penal de 1973 y el procesal penal de 1974, para seguir con la investigación a cargo de este juzgado, si es favorable o no a su desarrollo, o si debe ser retomada con el ordenamiento jurídico vigente. Ayer, Tutela Legal María Julia Hernández pidió al Fiscal General