Cerca de un millón de dólares había sido incautado por las autoridades a las pandillas en el primer mes del régimen de excepción. Según fuentes de seguridad, esos fondos prevenían en su inmensa mayoría de extorsiones y narcomenudeo. Lo cierto es que los negocios, pequeños y grandes, empiezan a percibir una disminución de extorsiones. Los delincuentes han dejado de pasar para cobrar la mal denominada renta en tiendas, talleres, restaurantes y otros negocios. Algunas gremiales empresariales hablan ya de reducciones cercanas al 40 - 50 % en rutas de distribución de alimentos y otros productos y por supuesto que eso es positivo. Las extorsiones han afectado a todos los salvadoreños de manera directa o indirecta. Las pandillas convirtieron ese delito en una práctica común en vecindarios, pequeños negocios e incluso grandes empresas al extremo que hace unos años una de las mayores distribuidoras del país tuvo que cerrar sus puertas ante el acoso de los delincuentes. La extorsión, después de los homicidios, es el crimen que más impacta en los salvadoreños y por eso es fundamental no solo apoyar a las autoridades en la aprehensión de sus perpetradores sino también en la denuncia durante los procesos legales que se derivan de esas denuncias. Así como en los años 90 el secuestro fue combatido en conjunto por toda la sociedad y se encarcelaron y condenaron a los criminales, así debe ser la actitud contra las pandillas y contra cualquier dleincuente que dirija y practique las extorsiones.