con 30 a 50 años de prisión. Pero no siempre fue así. Aunque el aborto siempre ha sido un delito castigado con cárcel en El Salvador, el código penal de 1973 establecía cinco excepciones, entre estas que se hubiera producido por un accidente o una conducta que no tenía intención de provocarlo, cuando estaba en riesgo la vida de la embarazada o en caso de violación. Pero una reforma aprobada en 1997 durante el gobierno de la derechista Alianza Republicana Nacionalista ( Arena ) lo prohibió absolutamente. La nueva ley entró en vigencia en 1998 y un año después una reforma constitucional ordenó al Estado proteger la vida humana desde el momento de la concepción. " Estar dentro de la cárcel no se le desea a ningún ser humano, sobre todo acá en El Salvador ", declaró a la AFP Teodora Vásquez, quien fue liberada el 15 de febrero de 2018 tras serle conmutada la pena, luego de pasar 10 años y siete meses presa cumpliendo una sentencia de 30 años de prisión porque su bebé nació muerto. Vásquez recordó que purgó su pena en la cárcel de mujeres de Ilopango, periferia este de San Salvador, que tiene una capacidad instalada para 1. 200 personas pero que hasta febrero albergaba 2. 229 internas. En el penal, además de sufrir el hacinamiento, las mujeres que llegan tras perder sus embarazos sufren " discriminación " porque el Estado les " hace culpables aún sin tener pruebas ". Tras insistir en que lo peor que le ha pasado es estar " entre las rejas ", Vásquez indicó que el compromiso de las liberadas es luchar por las que están dentro de la cárcel. " Aunque las 16 mujeres recuperen su libertad, vamos a seguir la lucha porque no queremos que las generaciones futuras lleguen a una cárcel por un problema obstétrico como por el que nosotras llegamos ", sostuvo Vásquez, convertida en férrea defensora de los derechos de las mujeres. Su lucha le valió en 2018 ser galardonada con el premio sueco de derechos humanos Per Anger.