El presidente de la República, Nayib Bukele, solicitó hoy a la Asamblea Legislativa la instalación de una sesión extraordinaria para pedir la aprobación de más herramientas legales con el objetivo de combatir más eficazmente a las pandillas. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, convocó inmediatamente a una sesión plenaria extraordinaria para emitir las nuevas medidas. Ninguno de los dos funcionarios salvadoreños informó de qué se tratarán las medidas. El sábado, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción que suspendió cuatro derechos constitucionales : derecho a la reunión, derecho a la defensa y arresto máximo de 72 horas y derecho a no ser intervenido a las telecomunicaciones y correspondencia. El gobernante no detalló si ampliará la suspensión de los derechos constitucionales que pueden restringirse en un régimen de excepción. El derecho a la circulación, normado en el artículo 5 de la Constitución, da derecho a todo salvadoreño de salir, entrar o permanecer en el territorio. En la práctica, las autoridades policiales y militares han cerrado 51 lugares específicos, restringiendo el derecho a la circulación de las personas, aunque el derecho no fue suspendido. El diputado William Soriano, del oficialista Nuevas Ideas, explicó el lunes que con los cierres focalizados pretenden evitar que los pandilleros se cambien de colonia. Otra de las medidas tomadas por el Gobierno ha sido quitar tiempos de comida a los internos de los centros penales. Esta tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) urgió a El Salvador que revierta medidas que arriesguen la integridad de las personas privadas de libertad, incluyendo el encierro permanente, la reducción de alimentos e implementos de higiene. La Ley Penitenciaria, en su artículo 9, da derecho a los internos a instalaciones sanitarias y médicas mínimas, a un régimen alimenticio suficiente para el mantenimiento de su salud, al respeto de su dignidad en cualquier situación o actividad, a mantener relaciones de familia, entre otros. La Constitución de la República le ordena al Estado a que organice los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo