Cuando en 2012 se reveló la existencia de un pacto entre las dos principales bandas criminales del país, con el gobierno de Mauricio Funes como facilitador, la población se sembró de dudas que fueron respondidas con medias verdades y lenguaje ambiguo que trajo como consecuencia el empoderamiento de las pandillas y hasta cierta beligerancia política, con el aval de funcionarios y mediadores. La tregua demostró ser una acción oportunista del gobierno para bajar los índices de homicidios. También fue una acción oportunista de las pandillas y sus cabecillas que se valieron de ella para rearmarse y fortalecerse económicamente. Los rumores sobre supuestos beneficios económicos y de otra índole a los cabecillas de las pandillas han sido una constante a lo largo de estos años, así como su intervención criminal en las elecciones para evitar que simpatizantes de la oposición no votaran. Las revelaciones en un tribunal capitalino sobre supuestos beneficios recibidos en el gobierno anterior deben ser tomados muy en cuenta en una investigación seria, como bien dice el fiscal general, caiga quien caiga. El Gobierno actual y el FMLN deberían ser primeros interesados en aclarar lo que sucedió para que sienten precedente y quede claro que no se puede beneficiar ni pactar con criminales.