##zaron una nueva vida en Quezaltepeque, al norte de la capital. La familia Castro Serrano dice que empezaron a hacerse de sus cosas, nuevamente. Camas, ropa y enseres, pero no en una casa, sino una ermita, que un sacerdote les prestó para vivir. Sin embargo, el sacerdote les pidió desalojar, porque necesitaban ocuparlo. Desesperados y con miedo de encontrarse a las pandillas, acudieron a la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refuciados ( ACNUR ) y solicitaron refugio en Estados Unidos. Mientras el proceso de refugio se tramitaba, ACNUR los ubicó en un albergue de Cáritas El Salvador y ahí pasaron nueve meses. Aguantamos, no nos quejamos, no decíamos nada, siempre bajamos la cara, recuerda Amalia, pero gritó cuando sus hijas, Martita de ocho años, y Lucía, de 10, le confesaron que otros albergados las tocaron. ( Ver nota aparte ) Al renunciar al albergue de Cáritas, fueron reubicados en un albergue que gestionó el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana ; sin embargo, se les negó el refugio y los sacaron del albergue. El rostro de Amalia tiene la marca del cansancio, de la angustia y la impotencia. No es fácil para mí. Yo tengo cuarto año en la licenciatura de relaciones exteriores de la Universidad de El Salvador y yo ando lavando baños, cocinándole a gente, haciéndole trabajo del hogar ; yo sé que ningún trabajo es malo, porque es digno, pero a pesar de eso ¿ cómo cree que se siente que otra gente que no tiene ni estudio, y que no le ha costado conseguir las cosas, lo está mandando a uno? Es humillante, pero digno, sí porque me gano la comida, esas palabras se combinan con un río de dolor. La familia dice que han tenido que pasar noches en la calle y recurren a las delegaciones policiales, para sentirse resguardados. Sin mucha esperanza, recurrieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ), quienes gestionaron el pago de alojamiento mientras busca