El Juzgado de Paz de Las Vueltas, Chalatenango, lleva más de un mes de estar cerrado y no presta servicio porque miembros del Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños ( Sinejus ) junto a cuatro empleados, se tomaron las instalaciones y no han dejado ingresar a la jueza, Hilda Orantes. Ayer, jueces de cuatro gremiales brindaron una conferencia de prensa para solidarizarse con Orantes y denunciar la falta de colaboración de la Policía Nacional Civil ( PNC ) y la Fiscalía General de la República. Los jueces manifestaron que las dos instituciones han recibido denuncias verbales y por escrito respecto a la toma de la instalación del juzgado, pero no han querido actuar a pesar que desde el pasado 16 de agosto los sindicalistas y empleados están en un flagrante delito. La policía al recibir la denuncia debió desalojarlos, ya que por más de un mes se estaría cometiendo el delito de desórdenes públicos agravado como lo señala el artículo 348 - A numeral 1, donde se menciona que se obstaculiza la celebración de audiencias y acceso al juzgado. También, la Fiscalía General de la República como entidad encargada de investigar el delito ha puesto atención a las gremiales de jueces. Dijeron que la Corte Suprema de Justicia le pidió al fiscal Douglas Meléndez que interviniera en el caso, pero el funcionario tampoco ha mostrado interés alguno. Los denunciantes explicaron que los sindicalistas iniciaron las acciones luego que la jueza decidió contratar un secretario interino por 40 días. Dijeron que Orantes ha seguido todos los procesos de ley para realizar dicha contratación y que no hay ninguna ilegalidad. Manifestaron que como jueces reconocen la figura del sindicato pero por la defensa de los derechos del trabajador.