El abogado José Alberto Alas Gudiel, presidente del Consejo Nacional de Administración de Bienes ( Conab ), estuvo ayer en la resolución del caso Destape a la Corrupción II, como parte del equipo de defensores de los 13 imputados. Desde que inició el caso, en febrero de 2017, defendió al exempleado del Organismo de Inteligencia del Estado ( OIE ) Ángel José Montoya González, a quien la Fiscalía señaló de lavar $ 1. 1 millones, pero en la audiencia inicial realizada el 21 de febrero del mismo año, Alas Gudiel argumentó que ese dinero fue entregado en el ejercicio de sus funciones como empleado del OIE. Los bienes e inmuebles de este caso, están incluidos en una investigación de extinción de dominio que tiene la Fiscalía, y Alas Gudiel, como presidente del Conab, conocerá directamente del proceso. Diario El Mundo llamó por teléfono a Alas Gudiel y cuestionó el conflicto de interés, para él como defensor en el caso Destape a la Corrupción II, y al mismo tiempo fungir como presidente del Conab. El funcionario respondió : Mire si me pregunta personalmente yo creería que sí hay conflicto, pero todo tiene una explicación. Lo que su sucede con el caso es que yo tengo un poco más de 25 años de ejercer la abogacía y hasta finales del mes de junio ejercía la libre profesión de abogado como querellante o defensor particular. Agregó que este caso que ustedes llaman Destape a la Corrupción tiene alrededor de dos años y desde hace dos años yo soy el defensor de Ángel Montoya, pero la audiencia preliminar fue en mayo, antes de mi nombramiento como presidente del Conab, el 28 de junio, y entonces yo renuncié a todos mis casos penales, que son alrededor de siete, sin embargo en este caso yo platicaba con el juez y me decía que veía una posible nulidad si yo no me presentaba a la audiencia y le renunciaba, porque podía dejar en indefensión al imputado, y que solo llegara al fallo, entonces lo que hice fue llegar al fallo y después mandar mi renuncia. Alas Gudiel confirmó, ayer por la tarde, que presentó un escrito renunciando a la defensa del exempleado