El director en funciones de la Policía Nacional Civil, César Baldemar Flores Murillo confirmó que los policías imputados en el caso conocido como tregua, se encuentran activos en la corporación. El comisionado Óscar Antonio Águilar y el inspector Luis Alonso Águilar son procesados por agrupaciones ilícitas, mientras que el subinspector Juan Roberto Castillo Díaz, por tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios y por agrupaciones ilícitas. Los tres policías enfrentan una acusación fiscal, en el Juzgado Especializado de Instrucción A, de San Salvador, junto con otros 18 implicados, pertenecientes a otras instituciones del Estado. Flores Murillo explicó ayer que se encuentran activos, es decir que se encuentran laborando en la corporación policial. Su estado es activo, es decir se encuentran laborando en la institución por mandato de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, explicó. El jefe policial aclaró que tras esa resolución judicial, la Policía Nacional Civil, no puede hacer ningún proceso disciplinario de suspensión o destitución de los imputados. Flores Murillo dijo tenemos que esperar el resultado que se de en los tribunales y dependiendo de los resultados del proceso, así va a ser la medida disciplinaria que se les aplique. Aseguró, que hasta el actual momento en que se desarrolla el proceso judicial, mantienen congelado el procedimiento disciplinario acatando el mandato de la Corte Suprema de Justicia. Flores Murillo recordó que el Órgano Judicial emitió hace varios años, que todo procedimiento judicial, donde se vea involucrado un policía, debe de suspenderse o paralizarse el procedimiento administrativo disciplinario hasta que haya una resolución en el Órgano Judicial. Esa resolución judicial ampara a los tres policías, dijo el jefe de la PNC. Los tres imputados tendrían derecho a goce de sueldo y otras prestaciones policiales, mientras el proceso judicial se desarrolle en el juzgado especializado. La corporación policial destituyó recientemente a cuaatro policías por su participación en actividades contrarias a la carrera policial. Los afectados apelaron en los tribunales internos, pero siempre fueron dados de baja. Enfrentan el proceso judicial por el caso llamado tregua.