En el caso conocido como Destape a la Corrupción II, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador revocó el sobreseimiento definitivo que el Juzgado Séptimo de Instrucción emitió el 25 de septiembre del año 2019 a favor de diez imputados. Cuando el juez Miguel Ángel García Argüello resolvió que solo la exprimera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca, los publicistas, César Daniel Funes Cruz y Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, fueron enviados a juicio por el delito de lavado de dinero, el Grupo Especializado contra la Impunidad apeló y los magistrados dejaron sin efecto la decisión del juez ; ordenan que en una audiencia especial sean enviados a juicio. Los imputados que deberán enfrentar el juicio por lavado de dinero son : Óscar Edgardo Mixco Sol, hermano de la exprimera dama, quien era el representante legal de Grupo Samix ; los publicistas, José Antonio Lemus Zaldívar, mejor conocido como Antonio Lemus Simún, José Antonio Armando Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán, el auditor contable, Milton Romeo Avilés Cruz ; así como los exempleados del Organismo de Inteligencia del Estado ( OIE ), Julio Roberto Zamora Bolaños, Sonia Guadalupe Morales de Reyes, María Emma Suazo Canjura, Ángel José Montoya González y Octavio Orantes Marenco. Ordenase al juez 7o. de Instrucción de esta ciudad, realice audiencia especial, a efecto de que disponga la admisión de la acusación fiscal en contra de todos los encausados antes mencionados, por los delitos citados, decrete auto de apertura a juicio y admita la prueba ofrecida tanto por la Fiscalía como por la defensa de todos los procesados, dice parte de la resolución de los magistrados. Según la resolución del tribunal superior, existe suficiente prueba en contra de los 13 acusados, la cual debe ser discutida en un juicio. Los magistrados hacen un reproche al juez por no realizar un análisis que desacreditara todos los elementos probatorios incorporados por el Ministerio Público a la carpeta judicial. Al no hacer esa desacreditación toda la prueba anexada por la Fiscalía continúa teniendo fuerza y debe ser discutida en una vista pública, señala la resolución de