Las juntas de agua, organizaciones sin fines de lucro que garantizan a comunidades el acceso al agua reconocidas en el artículo 41 de la Ley General de Recursos Hídricos, poseen inquietudes ante la próxima vigencia de la nueva Ley General de Recursos Hídricos en El Salvador, el 12 de julio. Amalia López, técnico ambiental de la Unidad Ecológica Salvadoreña ( UNES ), aseguró que una de las dudas más comunes en las juntas de agua es cómo será el pago y a quién se le dará, cómo va ser la forma de recolección. El agua más cara siempre la reciben las comunidades más pobres y el agua de mejor calidad y mayor pureza se la quedan los industriales, expresó. La nueva Autoridad Salvadoreña del Agua ( ASA ) cobrará un precio base entre $ 0. 03 y $ 0. 20 por metro cúbico en una fórmula en la que se aplican distintos coeficientes en la cual el agua para el consumo humano y doméstico serán prioridad número uno antes de la destinada al uso industrial, comercial o recreativo. La ley no establece cobros al uso doméstico individual pero sí las redes que presten el servicio. Ante tales dudas, la UNES, en coordinación con la Mesa por la Sustentabilidad de los territorios de Sonsonate ( Mesutso ), han establecido foros y mesas de trabajo sobre la Ley General de Recursos Hídricos ante la vigencia de la misma. Amalia enfatizó que la ley no contempla un mecanismo especial para capacitar a las juntas de agua sobre lo que conlleva la normativa. Esta ha sido la razón de trabajar estos espacios de diálogo, la gente desconoce de esta legislación y es el Estado el obligado a capacitar a la gente, de informarla a partir de la vigencia, indicó.