De esta forma, la Asamblea ha dado'luz verde'a la medida con 75 votos a favor de diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional ( FSLN ), 16 abstenciones y ningún voto en contra, tal y como ha recogido el diario'La Prensa '. La propuesta fue presentada por el diputado Filiberto Rodríguez, quien registró el pasado 22 de junio un proyecto de decreto que finalmente ha sido aprobado y que cancela a diferentes organizaciones civiles, entre ellas la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta. Rodríguez explicó, en su momento, que estas ONG no presentaron sus estados financieros, tampoco informaron de quiénes integran sus juntas directivas, de las donaciones previas provenientes del exterior, documentos de identidad de sus proveedores de fondos, y no cumplieron con la inscripción como " agentes extranjeros ". " Hay una serie de asociaciones, fundaciones, que tienen hasta nueve o diez años sin poner al día sus obligaciones. La realidad es que todas las organizaciones ( cuya ) personalidad jurídica ( ha sido cancelada ) es por incumplimiento reiterado año tras año ", ha defendido este jueves el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. También están en la lista la Asociación Misioneras de la Caridad, Fundación para el Desarrollo Integral del Río San Juan, la Asociación Instituto de Mediación Laboral, la Asociación Nicaragüense de Apoyo a Pequeños Agricultores, la Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos o la Fundación Nicaragua Aid Fundation. A la lista, no obstante, hay que restar una organización - - la propuesta en un principio fue la cancelación de 101 organizaciones civiles - - que ha sido retirada finalmente, tal y como ha recogido el diario'La Prensa '. Las afectadas son asociaciones y organismos civiles de todo tipo : agropecuarias, medioambientales, de apoyo a la juventud, desarrollo comunitario, religiosas, médicas, labores de caridad, Derechos Humanos o atención a la infancia. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley en abril que endurece el control del Gobierno sobre las ONG, después de que en los últimos meses el Ejecutivo de Daniel Ortega haya ordenado cierres de organizaciones independientes apelando a supuestas irregularidades formal