las calles, para que el caso no quedara en la impunidad. La resolución generó protestas en organizaciones defensoras de derechos humanos bajo la consigna : " Tocar niñas sí es delito ". Eso hizo que el caso fuera a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados, ordenaron que fuera admitida toda la prueba de la Fiscalía General de la República y la defensa, y que el proceso fuera enviado a la Cámara Segunda de lo Penal para que programe el juicio. La Fiscalía planteó que el delito atribuido al magistrado desaforado no permitía ninguna medida alterna a la detención, ya que el artículo 331 del Código Procesal Penal señala que un acusado de delitos relativos a la libertad sexual no puede gozar de medidas. Por tratarse de una menor de edad, el juicio se realizó con total reserva solo con la participación de las partes, y no fue posible que los periodistas pudieran estar presente en la diligencia.