La Fiscalía General de la República aclaró ayer que la denuncia interpuesta contra el ministro de Educación, Carlos Canjura y el director nacional de Educación Superior, Francisco Marroquín, no se ha extraviado y que se ha abierto un expediente de investigación en contra de los dos funcionarios. El Ministerio Público envió un informe a Diario El Mundo, con fecha 20 de noviembre donde se confirma la existencia del expediente con referencia 422 - UDAJA - 2017. En el documento con el nombre de Informe de caso, se detalla que el 6 de noviembre se recibió procedente de la Dirección de la Defensa de los Intereses de la Sociedad, de Santa Ana, instrucciones del despacho del fiscal general para que se inicie expediente contra los dos funcionarios del Ministerio de Educación por los delitos de actos arbitrarios y desobediencia. Se menciona que como diligencia se encuentran agregadas la denuncia escrita interpuesta por Roberto Serrano, José Humberto Ayala Santos y Juan Carlos Manzano Urbina, donde relatan lo sucedido y que han anexado documentación en copia simple. Además, se informa que hasta el momento se ha practicado un estudio del caso y se ha solicitado documentación a la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) y a la Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero ( Umoar ). Según el informe fiscal, los investigadores esperan que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, remita certificación de la sentencia del 30 de agosto de 2013 con referencia 336 - 2009, así como la respectiva notificación realizada a las partes. También están esperando que la Umoar remita certificación de estatutos y otros en relación al caso investigado, dice el informe.. Otras de las diligencias pendientes a realizar son entrevistas a los denunciantes para ampliar los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía. Los tres profesionales denunciaron el pasado 6 de septiembre en la Fiscalía, el incumplimiento de una sentencia dictada en la Sala de lo Contencioso Administrativo con referencia 336 - 2009, por supuestos hechos arbitrarios de la Dirección Nacional de Educación Superior y la usurpación de puestos en el Consejo Superior Universitario y junta directiva de la mencionada universidad. La Fiscalía señaló que sí existe un expediente abierto en contra del ministro