En su primera sesión plenaria del periodo, la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República generando una honda preocupación nacional e internacional y el temor de las repercusiones que estas decisiones tendrán sobre el futuro del país. Este hecho inédito en la historia reciente de El Salvador ha puesto en cuestionamiento la separación de poderes y la institucionalidad democrática, dicen los expertos. Desde Estados Unidos, el país que más fuertemente ha reaccionado y nuestro aliado más importante, se escuchan voces que advierten que la relación bilateral y la cooperación se verán afectadas por estas decisiones. Con la influencia estadounidense en las decisiones de la banca multilateral, esto es algo que debería preocupar enormemente y no es conveniente despreciar las advertencias de funcionarios del Ejecutivo y Legislativo norteamericano. Lo cierto es que sin una Sala de lo Constitucional independiente, no queda ningún control sobre los demás poderes del Estado y eso no es bueno para la democracia. La Sala está supuesta a dar protección a los ciudadanos de los abusos de un funcionario o una institución estatal pero ¿ podrá ocurrir eso ahora? ¿ cómo afectará la seguridad jurídica y la visión de los inversionistas sobre El Salvador al verse rotos los pesos y contrapesos del Estado de Derecho? Son decisiones que evidentemente preocupan, que más allá de la decisión política de una Asamblea votada mayoritariamente, la institucionalidad democrática empieza a flaquear y a generar mayor incertidumbre sobre el presente y el futuro del país. El país necesita mucha sensatez y sabiduría, necesita soluciones a sus problemas más profundos pero sin pasar por traumas que nos compliquen aún más.