La última víctima de la crisis moral que padece la clase política latinoamericana fue el presidente peruano, Martín Vizcarra, destituido el lunes por el Congreso por incapacidad moral por supuestamente haber recibido sobornos cuando fue gobernador de una provincia peruana en 2014. Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana, Venezuela y Honduras son algunos de los países latinoamericanos que han enfrentado situaciones similares. Ya sea presidentes en ejercicio o gobernantes salientes han tenido que enfrentar la justicia debido a actos de corrupción o actos arbitrarios que violaron las leyes o la Constitución de sus países durante sus periodos en el poder. Pero también es cierto que en muchos de estos países prevalecen conspiraciones políticas permanentes que hacen que las destituciones de mandatarios terminen siendo encabezadas por personajes tanto o más cuestionados que los derrocados. Y lo que es peor, en algunas naciones la tentación autoritaria se ha instalado irremediablemente. La clase política latinoamericana padece, en general, de los mismos males, no es cuestión ideológica siquiera, parece que nuestras sociedades necesitan una revolución ética y moral impulsada por la sociedad civil. Lo de Perú es lamentable, ciertamente, pero también era previsible, como desgraciadamente lo es en casi cada país latinoamericano que sufre de una corrupción endémica y una institucionalidad débil o manipulada por las fuerzas políticas. De ahí de la necesidad de controles y contrapesos que eviten los abusos y den estabilidad.