A casi 10 meses de las masivas protestas antigubernamentales en Cuba, el Parlamento de ese país aprobó este domingo por " unanimidad " un nuevo Código Penal que trata de evitar la repetición de esos hechos y preservar el actual régimen socialista. La nueva ley " tipifica como delitos los hechos mas graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses del Estado y del pueblo ", dijo el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, al presentarlo al plenario. Según Ferro, esa ley también protege los intereses " individuales de las personas como garantía de la estabilidad de la nación, la seguridad jurídica y la tranquilidad ciudadana ". El nuevo Código sustituye al de 1997 y complementa a la Constitución de 2019, junto a la Ley de Amparo de derechos constitucionales y el Código de Ejecución Penal, que serán sometidos a votación en esta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, iniciada el viernes y que se extenderá hasta el lunes. Entre sus aspectos novedosos están " su aplicación a infracciones y actos ilícitos que afectan el espectro radio eléctrico, el medio ambiente y el patrimonio natural ", según Ferro. " Se penalizan las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones ", añadió. La nueva ley mantiene la pena de muerte " con carácter excepcional ", en 23 delitos, y la suprime en cuatro respecto al código anterior. Se aplicará básicamente " en delitos contra la seguridad del Estado, terrorismo, tráfico internacional de drogas y asesinato ", dijo el fiscal. Se mantiene la exigencia de responsabilidad penal a partir de los 16 años de edad y contempla " múltiples previsiones para el tratamiento diferenciado a los comprendidos entre los 16 y 18 ", con lo cual " se cumple estrictamente la convención de los derechos del niño ", dijo el fiscal. En el texto se introducen como nuevas sanciones la reclusión domiciliaria y el servicio en beneficio de la comunidad y se suprimen las medidas de seguridad predelictiva, rechazadas por muchos sectores de la sociedad.