Una vez más los transportistas están en el centro de una polémica prórroga de plazos contractuales de concesiones en una acelerada dispensa de trámite que ha sorprendido a muchos sectores del país. La principal crítica a esta prórroga es que este decreto busque seguir beneficiando a los transportistas sin exigirles que den un servicio de calidad a los usuarios, algo que ha sucedido por décadas gracias al poderoso cabildeo de ese sector económico especialmente en tiempos electorales. En el artículo uno del decreto transitorio los diputados establecieron que las concesiones y los permisos para el transporte colectivo antes y después de la pandemia, no podrán ser canceladas, durante los seis meses siguientes a su publicación. De ahí las críticas que ese decreto ha blindado al sector transporte sin condición alguna. Preocupa que los mismos diputados tienen en sus manos tres propuestas de compensación al transporte público bajo la amenaza constante de aumento de tarifas de un servicio que no mejora y solo le cuesta al Estado y los contribuyentes salvadoreños cada día más. El transporte público de pasajeros necesita soluciones permanentes y permanentes, reglas claras que beneficen a los usuarios y no a los dueños de las unidades.