En el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador fueron acusados ayer por el delito de daños los dos jóvenes detenidos el pasado miércoles, durante la marcha por la ley del agua. Al judicializar el caso, en menos de 24 horas de la captura, la Fiscalía General de la República no solicitó ninguna medida en contra del estudiante de periodismo de la Universidad de El Salvador ( UES ), José Luis Bernal y el otro joven identificado como Bryan Martínez. El juzgado, tras recibir el requerimiento y notificar a los dos procesados del delito que se les atribuye, los puso en libertad y los citó para este viernes a las 10 : 00 a. m., para enfrentar la audiencia inicial. El delito de daños que se les atribuyen es en perjuicio de la Corte Suprema de Justicia y diez vehículos que estaban estacionados a los alrededores de donde se suscitó la protesta el pasado miércoles. El abogado de los imputados, Mario Mejía, dijo que ese delito difícilmente podrá ser probado por la representación fiscal ya que no se ha individualizado a los jóvenes como los causantes de los daños. No sabemos quién se pueda presentar, pero basta con verificar el requerimiento y no hay una individualización que logre determinar a estas alturas de una posible participación, no se tienen los indicios sostuvo el abogado de los jóvenes. El rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias, llegó al juzgado para acompañar a los jóvenes, en especial al estudiante de periodismo, y verificar el procedimiento que se está siguiendo. Según las declaraciones del joven, él no participó en ningún acto delictivo, sino más bien lo que hizo fue filmar cuando capturaban al otro joven ; de manera brutal lo tiraron al suelo como si estaban capturando a un delincuente de alta peligrosidad y, por tanto, el estudiante de periodismo tenía que filmar esa escena, porque también los profesores les dejan algunas actividades que puedan ser evaluados, expresó Arias. El titular de la UES agregó que si el Ministerio Público no presenta pruebas de que el estudiante de periodismo haya incurrido en delito, van a solicitar a la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil que investigue el procedimiento realizado por