La decisión del Fiscal General de la República de presentar una petición de antejuicio contra el diputado Norman Quijano, definirá el rumbo de la dinámica partidaria en este año preelectoral. Esta solicitud de desafuero, basada según lo anunciara el fiscal Raúl Melara en una investigación seria, rigurosa y objetiva, permitiría conocer los vínculos entre una parte de la clase política y las estructuras delincuenciales que lamentablemente rebasaron la capacidad del Estado los últimos años. Hay que tener claro que las pandillas han mutado en crimen organizado y fueron capaces hasta de bloquear los más elementales derechos a los ciudadanos, incluyendo votar en las elecciones. Hasta los militares o la academia policial han reportado la infiltración de pandilleros entre sus filas. A ese nivel de preocupación hemos llegado. El proceso iniciado contra Quijano no debería considerarse algo extraordinario, forma parte de la democracia constitucional, cuya esencia es precisamente el control del poder público. Ningún político está ni debe estar fuera de ese control propio de la institucionalidad. Si esto se hace respetando las reglas del debido proceso de los presuntos involucrados y mediando la trasparencia en el mismo, ganará la sociedad y la institucionalidad.