La Cámara Especializada de lo Penal validó las escuchas telefónicas que el Juzgado Especializado de Instrucción B rechazó a Fiscalía General de la República ( FGR ) en el proceso penal contra 11 militares y abogados, acusados de agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica, proposición y conspiración en el delito de homicidio y denuncia o acusación calumniosa. El 23 de febrero del 2018, la jueza especializada de Instrucción B de San Salvador, Lorena América Rodríguez, señaló que la Fiscalía había presentado escuchas telefónicas que no tenían valor probatorio porque el plazo para presentarlas había expirado ; por ello, absolvió a ocho de los acusados y ordenó que los coroneles Héctor Solano Cáceres y David Iglesias Montalvo ( destacado en el Estado Mayor de la Fuerza Armada ) y el teniente coronel, Leonel Ascencio Sermeño, siguieran el proceso en libertad solo por el delito de agrupaciones ilícitas, es decir, los absolvió del resto de delitos. Sin embargo, la Cámara señala en su resolución que la jueza se equivocó en la suma de los plazos y que la Fiscalía presentó en tiempo la solicitud de imposición de medidas contra los acusados. Esta situación ha tenido grave incidencia en el proceso penal pues ha generado un evidente agravio a la Fiscalía (... ) el resultado de la audiencia puede ser distinto al que la señora jueza tomó, reza la resolución. La Cámara dice, con base al artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones, que la Fiscalía contaba con un plazo de seis meses, una vez finalizadas las escuchas, para presentar la solicitud ante el Juzgado, plazo que cumplió conforme a la ley. El 20 de febrero de 2017, la FGR solicitó tres meses para intervenir celulares, el cual comprendía del 21 de febrero al 21 de mayo del 2017. El 13 de mayo la Fiscalía pidió una prórroga de tres meses más, quedando como fecha de expiración el 20 de agosto. Esta fecha, según la Cámara era incorrecta, porque de acuerdo a la ley la prórroga vencía el 22 de agosto, es decir,