La semana pasada causó sorpresa e indignación la contratación como director ejecutivo del Instituto de Acceso a la Información Pública ( IAIP ) del mismo abogado que desde la Presidencia de la República se dedicaba hasta hace poco a restringir el acceso a datos e informes que solicitaban los ciudadanos. Aún más preocupante resulta que ese abogado esté suspendido por la Corte Suprema de Justicia como notario, hasta 2021, por el delito de falsedad, gravísimo antecedente. Las razones del Comisionado Presidente han sido escuetas : el Instituto necesitaba contratar a un abogado de confianza y las credenciales presentadas por el ahora director ejecutivo le parecieran al pleno las más aceptables. No se atendió evidentemente a las experiencias pasadas ni a la cultura de máxima publicidad que al IAIP le corresponde promover en todas las instituciones públicas. No se puede aplaudir la contratación en tan alto cargo de un profesional del secreto, más acostumbrado a restringir la transparencia gubernamental que a extenderla a la mayor parte de los actos de la administración. El IAIP, tal como lo ha demandado la opinión pública, debe corregir este entuerto. Esta decisión pone en riesgo el último instrumento de escrutinio ciudadano que le quedaba a la sociedad.