, las vidas tienen un precio y la institucionalidad no les alcanza, salvo excepciones, como en el caso mencionado. La existencia de sicarios o estructuras paralelas, capaces de vender al mejor postor sus capacidades de vigilancia y eliminación de personas, constituyen un preocupante retorno a los años 90, cuando todavía fresca la tinta de los Acuerdos de Chapultepec, la Organización de las Naciones Unidas expresaba su preocupación por la existencia de estas prácticas contra la paz y los derechos humanos.