El Ombudsman salvadoreño, David Morales, advirtió hoy de que las " medidas excepcionales " adoptadas por el Gobierno en 7 cárceles del país no solucionan la " grave crisis " del sistema penitenciario del país centroamericano. El pasado 29 de marzo, el Gobierno declaró estado de emergencia en 7 de 21 penitenciarias durante 15 días, con lo que se suspendieron las visitas y se limitaron los movimientos dentro de los recintos. No obstante, el 1 de abril el Congreso otorgó al Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén la potestad de ampliar estas acciones y aplicar otras durante un año, para tratar de recuperar el control de las prisiones, donde están recluidos pandilleros que ordenan la comisión de extorsiones y asesinatos. Para el procurador Morales, " las medidas adoptadas están referidas al ámbito del control del delito, y no representan aún una respuesta suficiente a la grave crisis de nuestro sistema carcelario ", informó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ). Esta crisis " es producto de graves limitaciones presupuestarias, ausencia de políticas de seguridad integrales y disfunciones del sistema penal vigente ", añadió. Por otra parte, el ombudsman advirtió de que " la prolongación " del encierro permanente al que son sometidos los presidiarios " podría desencadenar en una crisis de salud y muertes de internos " por " las generalizadas condiciones degradantes e inhumanas que caracterizan dicho encierro a causa del hacinamiento ". Se " recomienda administrar de manera estrictamente proporcional y necesaria a los fines establecidos, y apegada a los estándares de la Ley Penitenciaria, la medida de encierro en celdas, permitiendo libertad ambulatoria de forma controlada y en los horarios que determine convenientes ", expuso Morales. Detalló que la sobrepoblación en estos recintos oscila entre el 320 % y 571 % de su capacidad ; estos albergaban hasta finales de 2015, según datos de la Dirección General de Centros Penales entregados a Acan - Efe, a unos 11. 300 reos. El titular de la PDDH también señaló que más de 300 cabecillas de pandillas, cuyo traslado al