La Asamblea Legislativa se ve superada, nuevamente, por el mandato constitucional que le encomienda la delicada tarea de elegir a tiempo un Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Este cargo, conocido en otros países como Defensor del Pueblo, deposita en la persona que lo ejerce una verdadera magistratura moral, para la cual los conocimientos, la trayectoria y la moralidad, se combinan para garantizar un mandato independiente, capaz de frenar los excesos del poder. De allí la incapacidad de los diputados para alcanzar acuerdos con base al interés común, de contar con un Procurador independiente de cualquier instituto político, y comprometido con una cultura de los derechos humanos que tanta falta hace en el país. La realización de entrevistas públicas, la conformación de una comisión especial a cargo de examinar el historial de candidatos y la publicidad que se dio a estos procedimientos, quedaron en meros gestos propagandísticos. Si al momento de esta elección los legisladores se inclinan por un candidato cuestionado en su vida profesional, o que se vea vinculado a un partido político, estarían negando al país el derecho a contar con un defensor de sus derechos. Preocupante que la Procuraduría de Derechos Humanos siga devaluada a causa de los pactos de la política criolla.