Salvadoreños en los Estados Unidos pidieron al gobierno que cese la persecución política contra personas y organizaciones sociales opositoras. La organización se refirió a los 29 exfuncionarios del FMLN, a los que se les ha abierto proceso judicial, algunos están presentes y otros ausentes. También se refirieron a la situación del del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, que pese a las resoluciones judiciales, Centros Penales se resiste a ponerlo en arresto domiciliar. Lamentaron las condiciones infrahumanas ( hacinamiento, humedad ) y falta de acceso de los parientes, abogados y médicos que tienen para visitarlos. En un comunicado, los salvadoreños en el exterior demandaron del gobierno actual que respete la independencia de poderes y que cumpla con la Constitución para propiciar una sociedad con justicia social. " Qué la Asamblea Legislativa cumpla con sus responsabilidades de legislar en favor del pueblo y no de los intereses del clan que gobierna haciendo leyes a la medida ", se extrae de su pronunciamiento. Gerardo Sánchez del Comité de Presas y Presos Políticos en El Salvador ( Coffappes ) afirmó que en el país se fabrican de delitos y que está es una lucha de " enfrentarse a una maquinaria de Estado que está corrompiendo todas las instituciones y persigue a sus críticos ". Añadió que no es lo mismo para " los que son señalados en la lista Engel ( funcionarios corruptos ) están ahí ejerciendo cargos y a nuestros familiares como una cortina de humo les han inventado muchos delitos ", puntualizó Sánchez. Afirmó que los exfuncionarios que han sido procesados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, ejercieron sus cargos apegados a la ley. Santiago Deras, uno de los salvadoreños en los Estados Unidos manifestó su preocupación por el retroceso que ha tenido El Salvador en el marco de los Acuerdos de Paz, tras comparar que en tiempo de la guerra, el Ejército tenía 63, 000 hombres armados y ahora sin guerra el actual gobernante está llevando a la institución a tener casi la misma cantidad. Consideró ilógico e ilegal que una persona pase seis meses para ver un juez que conozca por su detención