La jueza suplente del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, Estela Marina Sosa, notificó al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ( Idhuca ), que no conocerá del caso Jesuitas que ellos pidieron reabrir, en noviembre del año pasado. Según la resolución de la jueza suplente, el proceso penal es sumamente delicado, complejo y voluminoso, por lo cual la suscrita no ha contado con el tiempo necesario para poder conocer, estudiar y analizar todas las diligencias que conforman dicho proceso penal. Ante esto, el abogado del Idhuca, Arnau Baulenas, calificó la resolución como una violación a los derechos humanos. Hay un derecho humano que es básico, el derecho a la verdad, también el derecho a la justicia, con todas las garantías, a que no haya retardo judicial y las resoluciones, lo que están haciendo es impedir que el proceso avance y que las víctimas conozcan la verdad, dijo ayer a Diario. Baulenas dijo que en noviembre, la jueza les notificó que había corrido traslado a las partes ( había informado del proceso penal ) y en diciembre que pidió el proceso que se llevó en 1991, certificado al Juzgado Cuarto de Instrucción, antes Juzgado Cuarto de lo Penal. La jueza en su resolución señala que será el juez titular, José Alberto Campos Orellana, quien debe llevar el caso porque ha tenido tiempo de estudiarlo, sin embargo, Baulenas dijo que esperarán que el juez les notifique. Las autoridades de la UCA pidieron reabrir el caso, el pasado 27 de noviembre argumentando que se trata de un crimen de lesa humanidad, que no prescriben y no pueden ser amnistíados. La masacre ocurrió el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Jesuíta UCA y por ello fueron acusados miembros del Batallón Atlacatl. Señala que debe cumplir con lo encomendado por la Corte Suprema y no puede dejar inconclusos otros casos.