El voto del FMLN y los partidos GANA y PCN que impide que un exministro de Defensa y actual embajador sea procesado por tráfico de armas, abre nuevamente al debate la conveniencia de la inmunidad de los funcionarios ante evidentes casos de violación de la ley. La Fiscalía había documentado ampliamente el caso de Atilio Benítez y un grupo de diputados de esos partidos ha decidido, en medio de una negociación por la Corte de Cuentas, evitar su desafuero. De esta forma, los diputados han cerrado la posibilidad que el caso sea investigado penalmente, en momentos en que precisamente hay tanto cuestionamiento a las filas militares sobre el tráfico de armas. Llama la atención la férrea defensa del oficialismo hacia Benítez, cuando deberían ser los primeros preocupados en depurar las filas militares dada la terrible coyuntura de Seguridad Pública que sufre el país. También es lamentable el cambio de opinión de GANA, por tercera ocasión en este proceso. La inmunidad de los funcionarios debe protegerlos durante sus actos como tales, no a la hora de cometer delitos. En lo demás, deben ser tratados como iguales ante la ley y no convertir la inmunidad en un factor de protección ante sus irregularidades y anomalías. Lo sucedido es un pésimo precedente y ojalá la plenaria de este jueves lo pueda corregir.