La salud de la sociedad es considerada constitucionalmente un bien público y es responsabilidad de las autoridades tomar las medidas necesarias para su conservación. Esta obligación se ha visto acentuada durante las últimas semanas, ante la necesidad de implementar medidas extraordinarias con las que el personal de salud y de seguridad, auxiliado por la fuerza armada, busca detener la expansión del coronavirus. Estas medidas sin embargo, no habilitan a funcionarios estatales para hace uso abusivo o desproporcionado de la fuerza, ya que la misma no es necesaria para combatir la pandemia y además contradice la intención del gobierno de garantizar la vida e integridad de todos. Casos como el de San Julián son una pésima muestra y sus responsables deben ser castigados ejemplarmente. Una cuarentena sin abusos solo es posible, si existen mecanismos de control y de rendición de cuentas, pero a la vez, si la colaboración ciudadana facilita las labores de las autoridades competentes, acatando las recomendaciones y brindando un tratamiento respetuoso que además debe ser mutuo. Autoridades más enfocadas en su misión institucional y personas dispuestas a sacrificarse en beneficio de la colectividad, son los factores que harán posible sortear los obstáculos y alcanzar las metas a futuro. Colaboremos, respetemos y salgamos adelante.