La Justicia salvadoreña está en el deber de investigar el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, 37 años después, sin importar que los autores del crimen posiblemente estén muertos, dijo el jesuita español José María Tojeira en una entrevista con Efe. El religioso, exrector de la Universidad Centroamericana ( UCA ), señaló que " lo ideal es reactivar el caso " porque una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) y otra de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña lo hacen " un caso permanente ", hasta que sea resuelto. La CIDH recomendó en abril de 2000 al Estado salvadoreño " realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales ". De igual forma, una sentencia de la Sala de lo Constitucional salvadoreña de julio de 2016 anuló la Ley General de Amnistía de 1993 y esto abrió el camino para que los crímenes de guerra, incluido el magnicidio de Romero, puedan ser retomados. " En este caso lo fundamental sería establecer la verdad, porque probablemente los principales responsables del caso hayan fallecido ", acotó Tojeira, que encabezó la batalla legal para esclarecer el asesinato a manos del ejército de 6 padres jesuitas, entre ellos su compañero Ignacio Ellacuría, en 1989. Señaló que " el Sistema Judicial debería investigar hasta el fondo las responsabilidades existentes y, si los responsables han fallecido, decretar el fin del caso dando la versión de la verdad de lo que pasó ". El Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 acusa al exmayor del Ejército salvadoreño y fundador de la Alianza Republicana Nacionalista ( Arena ), Roberto D'Aubuisson, como autor intelectual del crimen. Este falleció en 1992 a causa de un cáncer en la garganta. Dicho documento dice que el escuadrón de la muerte responsable del homicidio también estaba formado por los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros. La Justicia salvadoreña solo emitió orden de captura contra Álvaro Saravia en 1987, y en diciembre de 1988 la Corte Suprema de Justicia respaldó un hábeas corpus con