Esta semana se cumplen cuatro años de la rebelión cívica contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Un levantamiento popular que exigía democracia, elecciones libres, respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, fue aplastado por una ola de represión encabezada por una policía politizada y bandas de paramilitares financiadas por el propio régimen. Desde entonces, lo poco que quedaba de la democracia e institucionalidad nicaragüense desaparecieron. Al menos 325 personas fueron asesinadas por el régimen Ortega - Murillo, cientos de nicaragüenses fueron convertidos en presos políticos - aún hay 180 en prisión - y cientos de miles se tuvieron que exiliar. En Nicaragua, la pareja que gobierna de manera casi demencial, ha cerrado todos los medios de comunicación, ha encarcelado a todos los precandidatos presidenciales, ha expulsado hasta el Nuncio de Su Santidad, y ha perseguido a músicos, intelectuales, periodistas, y todo aquello que genere crítica contra sus actuaciones. No existe la más mínima libertad en Nicaragua. El régimen incluso confisca los pasaportes de los opositores y sus familiares para que no puedan abandonar el país. Han establecido leyes que criminalizan hasta la crítica en redes sociales y han cerrado decenas de universidades privadas y organizaciones no gubernamentales. Nicaragua tiene un régimen ilegítimo no reconocido por gran parte de la comunidad internacional ya que Ortega encarceló a sus competidores para reelegirse en unos comicios amañados y fraudulentos. Nicaragua es pues, el peor ejemplo de la región, donde se ha ahogado todo clamor de libertad y democracia.