Técnicos del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional confirmaron la autenticidad de las pruebas forenses realizadas a los dispositivos de periodistas salvadoreños, verificando que existe un uso abusivo del programa de espionaje Pegasus vendido por NSO Group a gobiernos. Erika Guevara Rosas, directora de para las Américas de Amnistía Internacional, condenó la posible utilización por el Gobierno del sofware espía ( spyware ) contra periodistas y defensores de derechos humanos. La entidad tildó de una nueva amenaza para los derechos humanos en el país e instó a las autoridades salvadoreñas a detener cualquier esfuerzo dirigido a restringir la libertad de expresión. El laboratorio CitizenLab y la organización Access Now revelaron, el miércoles, que 35 periodistas y miembros de la sociedad civil de El Salvador fueron objeto de espionaje con Pegasus. En julio de 2021, NSO Group fue señalada de espiar 50, 000 teléfonos. El Gobierno de El Salvador negó relación con Pegasus y NSO Group. El gobierno de El Salvador no está de ninguna manera relacionado con Pegasus y tampoco es cliente de NSO Group, dijo la secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina, a agencias de noticias internacionales. La postura del Gobierno se conoce más de un mes después de que el partido Nuestro Tiempo solicitara información sobre los contratos con NSO Group, mediante una solicitud de información pública. Hasta ayer, Andy Failer dijo no haber recibido respuesta a su solicitud del 1 de diciembre de 2021. El uso de Pegasus en iPhones de periodistas de El Faro coincidió con la publicación de un reportaje, el 3 de septiembre, de supuesto pacto del Gobierno y la MS - 13. El Gobierno citó otro reporte de CitizenLab que identificaba Pegasus desde 2017 durante el gobierno del FMLN. Citado por El Faro, NSO Group manifestó que el software es vendido solo a gobiernos y que proporciona su software solo a agencias de inteligencia legítimas y vetadas, así como a agencias de aplicación de la ley para luchar contra delincuentes, terroristas y corrupción. Abogados advirtieron que el Estado salvadoreño estaría cometiendo delitos al espiar a periodistas y activistas. El abogado y director de la Fundación Democracia,