Como era predecible, un nuevo fraude electoral se concretó en Venezuela el fin de semana, un país donde todas las instituciones del Estado están bajo control absoluto del partido de Gobierno y no existen las más mínimas garantías de un Estado de Derecho. Como sucede en la Nicaragua de Daniel Ortega, los resultados en Venezuela ya estaban decididos antes de la votación. Hace solo unos meses, la empresa Smartmatic había denunciado la manipulación de las máquinas de votación y ahora, sin auditoría externa alguna, el régimen de Nicolás Maduro simplemente hizo lo que quiso con los resultados. El régimen de Maduro no tiene la menor pizca de legalidad, ha atropellado toda institucionalidad, ha desbaratado el marco constitucional y convertido a Venezuela en una prisión para opositores y disidentes, y una nación donde la población padece hambre y la peor ola de violencia de su historia. Con todas las encuestas mostrando un nivel de impopularidad extremo para Maduro y una inconformidad absoluta, ¿ qué persona medianamente razonable seguiría votando por mantener ese régimen? Eso explica la necesidad de un fraude generalizado como el del domingo. La comunidad internacional ya no puede seguir reconociendo esa monstruosidad y debe tomar acciones para recuperar la democracia.