El Instituto de Derechos Humanos de la UCA ( Idhuca ), presentará hoy ante la Fiscalía General de la República, documentos clave para resolver casos como la masacre del cantón El Mozote en 1981. La denuncia se sustenta en declaraciones dadas por el presidente de la República,, quien confirmó el jueves en una conferencia de prensa transmitida en cadena nacional de radio y televisión que los archivos no existen., argumentó Bukele, quien dijo que la responsabilidad estaría en algún punto de las siete administraciones que le antecedieron. El mandatario, sin embargo, presentó cinco cajas marcadas con los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 con la que se consignó sería la única documentación sobre el caso considerado como una de las peores matanzas a manos de fuerzas armadas en el continente. Manuel Escalante, subdirector del Idhuca, sostiene que el Ministerio Público debe entrar a investigar el caso que a casi 40 años sigue en la impunidad. A partir de declaraciones del presidente cuando describía lo que había hecho en cuanto a la búsqueda de los archivos de El Mozote, él mencionó que pudieron haber sido destruidos o se los pudieron haber llevado. Entonces, en función de esto que sería una acción que estaría facilitando a la impunidad en este caso de El Mozote, creemos que hay suficientes elementos para que la Fiscalía empiece a investigar si no se han cometido delitos, por que es una obstaculizaron a la justicia lo que estamos viendo, dijo. El jueves por la noche, Bukele insistió que los archivos de El Mozote no son secretos y deben ser entregados y puso a disposición las cinco cajas. En noviembre del año pasado, se conoció que el juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, a cargo del proceso judicial por la masacre, podría revisar los archivos militares. En específico, se solicitó una copia certificada del documento, realizada en el departamento de Morazán en diciembre de 1981, además de archivos de las unidades militares de todo el país, donde podrían estar los datos relacionados a los años 1980 y 1982. Sin embargo, durante el largo proceso penal por la masacre, uno de los testigos militares que declaró que los planes militares no se pueden destruir y, de hacerlo, debe quedar una