La polémica elección del abogado José Apolonio Tobar Serrano como nuevo procurador de Derechos Humanos, debido a sus evidentes nexos con el FMLN, abre también la duda sobre cómo los empleados públicos, durante la década que gobernó ese partido, se veían obligados a retribuir con parte de su salario, la oportunidad de un empleo. Sin quererlo, Tobar Serrano describió así el clientelismo político que prevaleció en ese decenio y que convirtió al FMLN en un partido que recibía millones de dólares de empleados públicos que, voluntaria u obligatoriamente, contribuían como donantes. El intento del nuevo procurador de justificar esa donación es simplemente patético. Para empezar, no es cierto que la Asamblea asigna los abogados a las fracciones legislativas aleatoriamente como él quiso hacer creer en sus declaraciones. Los asesores legales son contratados por afinidad política de las bancadas legislativas. Que entre los parámetros de contratación se le dijera que debía colaborar como retribución a la oportunidad de laborar para la Asamblea Legislativa es preocupante. ¿ Podía el abogado decir que no o no sería contratado si se negaba? ¿ Extorsionan los partidos políticos a los empleados legislativos a costa de su empleo? En todo caso, cualquiera que sea la respuesta, solo confirma el gran error que se ha cometido en esta elección del titular de la PDDH. Otra vez.