La decisión de un juez de enviar a juicio a seis acusados de perpetrar una serie de ciberataques contra dos matutinos del país es un precedente importante para terminar con una etapa de acoso, intimidación y ataques dirigidos a medios de comunicación por parte de sectores y personajes que buscan librarse de cuestionamientos en su vida pública. Nadie puede estar por encima de la ley y esos seis imputados son acusados por cuatro delitos que en nuestra legislación, ante la falta de actualización de las nuevas tecnologías, parecen leves, pero tienen una mayor trascendencia en materia del respeto a la libertad de prensa y al derecho de los periodistas a cuestionar a cualquier funcionario sin ser intimidado, amenazado o atacado físicamente o con la matonería propia de los troles del ciberespacio. Es muy llamativa la expresión del juez del caso cuando dice que hay una persona que no está siendo procesada, pero daba las órdenes. Es el papel de la Fiscalía y los querellantes demostrar quién era esa persona y proceder conforme a lo que dictan las leyes. Lo que la población debe entender es que éste es un asunto profundamente grave y delicado, están en juego la libertad de prensa y valores como la transparencia y la rendición de cuentas, difamar es un delito y mucho más grave cuando se trate de un hecho alevoso, financiado y planificado por oscuros intereses.