Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron, ayer, en el Tribunal de Ética Gubernamental ( TEG ) a los diputados que fueron electos para estudiar la nueva Ley de Reconciliación Nacional, ordenada en el fallo de la Sala de lo Constitucional sobre la Ley de Amnistía General. Tenemos certeza que cuatro de los cinco miembros que están en esta comisión fueron partes beligerantes del conflicto armado, poner personas que, probablemente, terminen resultando responsables penal y civilmente por esas acciones cometidas en el conflicto armado e reflejan un claro ejemplo de un conflicto de interés, dijo Manuel Escalante, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ( Idhuca ). Los denunciados ante el TEG son la diputada del FMLN, Nidia Díaz ; el diputado del PDC, Rodolfo Parker ; el diputado del PCN, Antonio Almedáriz y el diputado de ARENA, Mauricio Vargas. Escalante explicó que la denuncia está orientada al desempeño de los legisladores en sus funciones dentro de la comisión ya que los cuatro diputados violan los principios y deberes de la ética pública, en el artículo cuatro literal d e i, también violentan los artículos 3, literal j, relativo al conflicto de interés. Además el artículo 5, en lietaral c, relativo a los deberes éticos. Óscar Pérez, de la fundación Comunicándonos, afirmó que lo único que demandan al Tribunal es que investigue y tome medidas adecuadas porque hay un claro conflicto de interés. Las organizaciones piden a la Asamblea Legislativa que otros diputados integren la comisión ; afirmaron que hay diputados jóvenes que pueden ser parte de la mesa que estudie la ley, porque no quieren legislaciones a favor de los victimarios. David Córdova y Rafael Segura dos s víctimas que sufrieron el conflicto armado, fueron parte de los denunciantes en el Tribunal, dicen que esperan justicia y quieren conocer la verdad sobre lo sucedido en la guerra civil. La Asamblea creó la comisión ad hoc el pasado 13 de junio de 2018, a casi dos años de haberse emitido la resolución de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General, por la Sala de