varios casos de contaminación ambiental y deforestación ; la Asociación de Periodistas de Nicaragua ( APN ), que aglutinaba a periodistas críticos del gobierno ; y hasta la humanitaria Operación Sonrisa. El diputado del partido indígena Yatama ( madre tierra, en lengua miskita ) Broklyn Rivera, se declaró " sorprendido " por la cancelación de la personería jurídica a estas entidades de la sociedad civil y estimó que " deja en indefensión " a sectores vulnerables de la población que era beneficiaria de sus servicios. Johana Aguilar, madre de una niña operada de paladar hendido y labio leporino a través del programa Operación Sonrisa, declaró su incertidumbre para continuar con el tratamiento de su hija. " Nosotros no tenemos dinero para comprar los aparatos que ellos nos dan gratuitamente, ni para pagar a un dentista ", dijo Aguilar a la AFP. Con el cierre de esta ONG " muchos padres vamos a tener que buscar otros medios para darle seguimiento a la terapia y atención a los niños " atendidos por Operación Sonrisa, dijo Angélica Lezama otra madre con un hijo operado. " En el fondo hay señales claras que están pasando la factura a esos organismos, porque en algún momento criticaron la dirección del gobierno y apoyaron el levantamiento popular del 2018 ", dijo el legislador Rivera. El legislador mencionó el caso del Centro Humboldt, que por años trabajó con comunidades indígenas del departamento de Jinotega ( norte ) en temas de medioambiente y defensa de sus recursos naturales, con posición crítica a la acción gubernamental en esos territorios. Cerca de 140 oenegés e instituciones han sido ilegalizadas hasta le fecha desde 2018, cuando estallaron protestas antigubernamentales, cuya represión dejó al menos 355 muertos, según grupos humanitarios. Entre las prohibiciones se destacan la de cerca de una veintena de universidades privadas, como la Universidad Politécnica de Nicaragua ( UPOLI ), que fue símbolo de las protestas estudiantiles antigubernamentales del 2018.