En el proceso penal conocido como tregua entre pandillas el juez Cruz Vásquez, reprochó la deficiente investigación de la Fiscalía General de la República ( FGR ) y al igual que su colega, Godofredo Salazar, absolvió a los19 imputados por los delitos graves ( agrupaciones ilícitas y tráfico de objetos prohibidos ). El juzgador condenó únicamente por los delitos leves ( actos arbitrarios e incumplimiento de deberes ) a siete procesados, pero la pena fue reemplazada por trabajo de utilidad pública. Resulta notable el deficiente trabajo fiscal de acuerdo al fenómeno que estaban obligados a investigar, siendo carentes de inserción de aquellos aparentes documentos donde constataban los hechos de acción del gobierno del presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena en cuanto al manejo de la seguridad pública y la forma de aplicar medidas orientadas a reducir los índices de criminalidad, dijo ayer Cruz Vásquez al momento de comenzar a emitir el fallo. El juez dijo que con base en los testimonios rendidos por el obispo Fabio Colindres, el exministro de Seguridad David Munguía Payés, el exdirector de la Policía Nacional Civil, Francisco Salinas, se puede concluir con certeza suficiente que el denominado proceso de pacificación era un plan gubernamental desarrollado en el rubro de la seguridad pública bajo la responsabilidad del expresidente Mauricio Funes, del exministro Munguía Payés y que posteriormente fue retomado por Ricardo Perdomo. En su análisis del proceso, el juez calificó de cuestionable, tendencioso y hasta sesgado el actuar de los fiscales encargados de realizar la investigación, porque no vieron más allá de la Dirección General de Centros Penales ( DGCP ) y centraron sus indagaciones en los entonces funcionarios de esa institución. Vásquez mencionó que el Ministerio Público descargó toda la responsabilidad en la DGCP que no era más que un componente de la puesta en marcha de una línea gubernamental que, dado a la envergadura, fue gestada en el ámbito presidencial. El quedarse únicamente con Centros Penales, la investigación de la Fiscalía generó impunidad de un grupo de personas que eran las correctas a indagar, sostuvo el juez.