El movimiento de víctimas del conflicto armado Vidas exigió este lunes a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que no aprueben amnistías disfrazadas para los responsables de los delitos de lesa humanidad o violaciones de derechos humanos durante la guerra en El Salvador. Vidas fue recibida por la Comisión de Justicia, que consulta qué debe incluir la ley de justicia transicional para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional, en 2016, la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz aprobada en 1993. El representante, Benjamín Cuéllar, expresó que no se deben incluir disposiciones abiertas o veladas de amnistía o prescripción, ni excluyentes de responsabilidad, que impidan investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra ni delitos contra la humanidad. La legislatura anterior aprobó la ahora vetada Ley especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional, el 26 de febrero de 2020, que permitía la conmutación de y la reducción de las penas a la cuarta parte, y el cierre de los casos después de 12 meses si no se encuentran pruebas. Además, pidió : crear un grupo de trabajo por la verdad que impulse una consulta de víctimas de ambos bandos, sin la participación de victimarios, cómplices o encubridores ; elaborar una ley para dignificar a las víctimas ; elaborar y entregar al Ejecutivo propuestas de políticas públicas de reparación y no repetición ; crear una jurisdicción especial para conocer los delitos de guerra, un banco de ADN de víctimas, la garantía de una digna reparación integral a las víctimas y el presupuesto necesario. La organización recordó a los diputados que la sentencia de 2016 ordenó a la Asamblea Legislativa regular los medios para garantizar el acceso a información pública sobre los crímenes atribuidos a ambas partes. Así, recomendó que se dé insumos a la Fiscalía para investigar y se tomen en cuenta las propuestas de ley de la Mesa contra la Impunidad y de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Relató que, en la tercera