año 1959, para que bajo el régimen sancionatorio de multas se condena al exdiputado y su esposa a restituir al Estado la cantidad de dinero que supuestamente adquirieron ilícitamente. Así mismo que se les aplique el artículo 21 de la normativa especial, el cual señala que el funcionario o empleado que sea encontrado culpable debe ser inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un plazo de diez años.