Los abogados de los cuatro militares detenidos el 5 de febrero por estar vinculados con el asesinato de los sacerdotes jesuitas, presentaron ayer un escrito ante el Juzgado Primero de Paz de San Salvador para argumentar la improcedencia de la solicitud de extradición que ha hecho el juez español Eloy Velasco. El abogado de los militares, Carlos Mauricio Guzmán Segovia, explica que en el escrito señalan que el crimen no puede considerarse de lesa humanidad. Los hechos, las muerte de los padres jesuitas, no encajan dentro de las características como un acto de lesa humanidad porque no había una política de exterminio contra un grupo de civiles. Los consideramos como homicidios simples, desde el punto de vista jurídico y no como de lesa humanidad, dijo el abogado. El asesinato contra los sacerdotes ocurrió el 16 de noviembre del 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ( Uca ) en el marco de la ofensiva final. Señala que partiendo del hecho que no es un crimen de lesa humanidad, el delito de homicidio ya prescribió, por lo tanto ya no puede ejercerse la acción penal contra los imputados que han sido capturados. Recalcó que el proceso ya causó estado, es decir, ya fue juzgado y la Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia emitió en mayo del 2012 una sentencia en la cual negó la extradición hacia España. Ya es la segunda petición que España ha realizado. Ya fue emitida una sentencia en mayo del 2012, el caso ya no puede volver a conocerse, sostiene el abogado. Explicó que el juzgado deberá remitir hoy el documento que presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, para que la próxima semana la Corte en Pleno conozca las argumentaciones. Contrario a las argumentaciones del abogado, el activista de derechos humanos y exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Uca ( Idhuca ), Benjamín Cuéllar, sostiene que las muertes son de lesa humanidad porque fue un ataque generalizado, sistemático y con conocimiento.