alterando la paz y la armonía en la comunidad con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales ". Ante esta situación, anunció que con el propósito de " garantizar la paz y la seguridad ciudadana " ha " iniciado un proceso de investigación con la finalidad de determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas en la comisión de estos actos delictivos ", en coordinación con el Ministerio Público ( fiscalía ). Informó que " las personas investigadas se mantendrán en sus casas ", sin precisar quienes son los investigados. El gobierno y la Iglesia católica mantienen tensas relaciones desde las protestas opositoras de 2018, cuando varios templos abrieron sus puertas para refugiar a los manifestantes. La jerarquía católica también intentó mediar en un diálogo entre gobierno y oposición, en el cual se hicieron eco de una propuesta opositora que demandaba la salida del gobierno de Ortega, en el poder desde 2007. El mandatario consideró las protestas como parte de un fallido golpe de estado promovido por la oposición con apoyo de Washington, del cual según él los obispos fueron cómplices.