el ministro de Gobierno ( Interior ), Eduardo del Castillo. Desde la oposición, la senadora Andrea Barrientos denunció en Twitter " un juicio ilegal con una descarada violación a los DDHH [ derechos humanos ] " y expresó su " solidaridad con la expresidenta y su familia ". Áñez se descompensó durante algunas audiencias, estuvo dos semanas en huelga de hambre al comienzo de su juicio y se hizo cortes en un brazo en agosto de 2021. Este viernes, un grupo de 23 expresidentes de países iberoamericanos pidió a la ONU y la Unión Europea " repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria ". Otra causa contra la expresidenta, por sedición, terrorismo y conspiración, se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no hay cargos formales. Según uno de sus abogados, Luis Guillén, " se están siguiendo dos procesos por un mismo hecho ", algo que viola un principio general del derecho. Además, Guillén destacó que " no puede ser un tribunal ordinario quien decida qué es constitucional ", pero un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional por ese motivo no tuvo éxito. El abogado enfatizó que no corresponde juzgar a un exgobernante por la vía ordinaria, sino que debería realizarse un juicio de responsabilidades en el Congreso. Los denunciantes - - el Gobierno izquierdista, la Fiscalía y el Congreso - - argumentan que se están juzgando acciones de Áñez previas a su gobierno, por lo que corresponde un juicio ordinario. La exmandataria fue asimismo señalada por " genocidio " - - que conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años - - a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019. Un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) en acuerdo con Bolivia contabilizó 22 fallecidos en esos incidentes, que calificó de " masacres ", y constató " graves violaciones de los derechos humanos ". Pero a diferencia de las otras acusaciones, este caso será tratado por el Congreso, que decidirá si se realiza o no un juicio de responsabilidades contra ella. El informe de la CIDH también cuestiona la independencia del sistema judicial boliviano.