Más de dos años acumuló viajando Sigfrido Reyes mientras fue el presidente de la Asamblea Legislativa y luego promotor de las inversiones en el país. Una proeza si se tiene en cuenta que mientras recorría el mundo, debía cumplir las delicadas funciones públicas que constitucional y legalmente le correspondían, en el desempeño de los altos cargos que ostentó. Legislar en función del bien común, atender requerimiento del Órgano Judicial, supervisar la buena marcha administrativa del parlamento, otorgar reconocimientos y conducir el debate en las sesiones plenarias, son solo algunas de las tareas que habría postergado, a cambio de recorrer el mundo con gastos pagados. Los viajes del exdiputado Reyes parecían no tener fin, la paciencia del pueblo tiene límites. Pero lo peor que se sufrió en su administración fue el duro atentado contra la institucionalidad, cuando con tarimazo y todo quiso imponer una Corte Suprema de Justicia a la medida, que la opinión pública logró frenar. Esta falta de límites éticos en el desempeño de la función pública, demuestra la ausencia de controles efectivos, pero también la existencia de una percepción del cargo oficial, como si de un botín personal se tratara.