El grado de indignación que prevalece en la sociedad salvadoreña después de conocerse la resolución sobre el caso del magistrado Eduardo Escalante Díaz, debe ser un llamado de atención hacia un tema que es demasiado frecuente y que suele terminar con una impunidad descarada. Más allá de los argumentos legales, la sociedad no acepta cómo el presunto tocamiento genital a una niña por parte de un magistrado termine siendo una falta y no un delito como se mira a los ojos de las mayorías. Los delitos sexuales son una plaga en El Salvador. Solo este año, la Policía Nacional Civil reporta 1, 902 denuncias por violación sexual en los primeros diez meses del año, algo así como más de seis denuncias diarias. Imaginemos las que no se denuncian. Ese mismo delito ha causado 729 detenciones este año, un aumento del 5 % con relación al mismo periodo del 2018. En este caso, que la víctima sea una niña de diez años es todavía más grave. Más allá del respeto a la independencia judicial, la percepción popular no es nada agradable hacia la decisión de los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal. Hay que esperar que la anunciada apelación de la Fiscalía logre encontrar el camino de la justicia y la verdad que debe iluminar este caso.