Los magistrados de la Sala de lo Constitucional señalaron a la Dirección General de Centros Penales ( DGCP ) que los estados de emergencia no pueden ser indefinidos y que además deben ser justificados jurídica y materialmente, también deben ser sometidos al conocimiento de los jueces de vigilancia penitenciaria, a quienes llama a estar atentos de los sucesos en todas las cárceles bajo su responsabilidad. Tras admitir un hábeas corpus presentado por el Instituto de Derechos Humanos ( IDHUCA ) a favor de presos de siete penitenciarías, la Sala de lo Constitucional ordenó a la DGCP suspender las medidas de máxima emergencia o régimen penitenciario aplicado desde el 24 de abril de 2020. Los hechos ocurrieron a finales de abril, por lo que las autoridades de Centros Penales deberán cumplir la resolución si todavía están vigentes dichas medidas. Representantes del IDHUCA promovieron el proceso de hábeas corpus a favor de los internos de los centros penales fase 1, 2 y 3 de Izalco, Máxima Seguridad de Zacatecoluca, San Francisco Gotera, Quezaltepeque y Ciudad Barrios, supuestamente afectados por las acciones impulsadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, el ministro de Justicia y Seguridad y el director general de Centros Penales. Todo inició por el aumento de homicidios que hubo desde el 24 de abril, día en el cual Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter ordenó a la DGCP decretar estado de emergencia máxima en todos los centros penales donde había pandilleros recluidos ya que según la información de inteligencia desde esos recintos estaban saliendo las órdenes de homicidio. Entre las medidas impuestas estaba el encierro absoluto y solitario las 24 horas para los cabecillas, las celdas fueron selladas para evitar el contacto con el exterior ; incluso el director de Centros Penales, Osiris Luna, publicó fotos donde se veía el aislamiento al que se estaban sometiendo. Tras esas medidas el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de San Vicente llamó a audiencia y la Subdirección Jurídica de la DGCP negó que hubiesen malos tratos y violaciones de derechos humanos, informaron que había una alerta y que por