Tres criterios que imponen límites al acceso a la información pública por parte de la Sala de lo Constitucional, han generado honda preocupación entre organismos no gubernamentales, el Instituto de Acceso a la Información Pública, abogados y periodistas. Algunos de esos criterios han sido catalogados como un retroceso o una involución al derecho a la información, algo que sería sumamente grave para el país. La Sala de lo Constitucional no ha aclarado lo suficiente su resolución y los magistrados deben tomar en cuenta los daños que esto puede causar en el futuro si otros funcionarios, alineados con el autoritarismo, terminan usándola con fines discrecionales de bloqueo a la información. Ciertamente son comprensibles algunos de los criterios de la Sala, porque ha habido evidentes intentos de obstaculizar el trabajo de muchas instituciones con pedidos irrelevantes de información, pero es mejor preservar el derecho de manera absoluta que cerrarlo bajo criterios que pueden terminar siendo mal utilizados. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional deberían revisar esos criterios, escuchar las críticas y preocupaciones al respecto y encontrar un punto de equilibrio que no deje el menor resquicio de vulnerabilidad a un derecho fundamental para la democracia y la transparencia.