La fundación Cristosal creará y propondrá al Estado salvadoreño un modelo de monitoreo y registro de víctimas de desplazamiento interno que le sirva como base para reconocer y crear los mecanismos necesarios para contrarrestarlos. La iniciativa surge ante la supuesta negación del Estado en reconocer la existencia del desplazamiento interno, y ante la ausencia de registros oficiales de víctimas desplazadas en el país. Cristosal está convencido que no es posible formular mecanismos, programas, políticas de protección y de asistencia a la población desplazada si no se cuenta con registros válidos, con información validada en el terreno que permita precisamente ser coherentes con las necesidades humanitarias y de protección, indicó el coordinador de la Unidad de Monitoreo y Estudios, Juan José García. En el año 2016, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno ( IDMC, por sus siglas en Inglés ) registró 220 mil casos de desplazamiento forzado solo en El Salvador. Desde enero hasta septiembre de este año, Cristosal registra, en su base, 83 casos que involucran a más 365 personas desplazadas. Dentro de ellas está la familia que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia amparó el pasado 6 de octubre, ordenando a la Fiscalía General de la República y a la Policía garantizar su seguridad respecto de las amenazas que la obligó a abandonar su hogar. García explicó que la creación del modelo de monitoreo contempla tres fases : la formulación de instrumentos metodológicos y de registro, de recolección de información que permitan caracterizar a la población desplazada ; la creación de una plataforma informática que permita almacenar y procesar los datos recolectada e informes de análisis, a profundidad, de las necesidades de esta población. Estamos interesados en saber cómo se produce el desplazamiento, la lógica, los recursos que utilizan para moverse, las expectativas de la población, proyectos de vida, regresar bajo otras condiciones o salir del país, detalló. Celia Medrano, oficial de programas Cristosal, dijo que esperarán a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) ordene crear una ley para desplazados. El temor a las pandillas provocó la huida de 15 grupos familiares del caserío de Siguatena