La Prensa de Nicaragua publicó el pasado martes que una familia completa de salvadoreños huyó a Estelí, Nicaragua, por amenazas de pandillas ; la situación de la familia es delicada, porque su ingreso al hermano país fue de forma ilegal. Según la publicación, se trata de una pareja con ocho hijos, una nuera y una nieta ; entre ellos cuatro jóvenes que estuvieron detenidos en la Policía de Estelí, al no presentar ningún tipo de documentación y mientras se comprobaba que no pertenecían a pandillas. Los padres de los jóvenes tuvieron que pagar una multa en migración y mostrar identificación de los jóvenes retenidos. Algunos de estos jóvenes estaban por terminar su carrera universitaria ; sin embargo, los mareros ya les habían puesto los ojos y amenazaron su integridad, lo cual les puede costar la visa si regresan al país de origen, cita la publicación de La Prensa. Según el medio de comunicación nicaragüense, la familia pidió la intervención de la iglesia católica, y la Comisión de Justicia y Paz de la iglesia, está acompañando a la familia. Según Ericka Iglesias, coordinadora de la Comisión : El procedimiento que deben seguir es salir del país, aunque de inmediato entren, nuevamente, dijo a La Prensa. Iglesias afirmó que no es la primera vez que atienden estos casos de gente que huye de la violencia de pandillas salvadoreñas, pero sí la primera ocasión donde migra una familia completa. El martes 6 de diciembre, el director de Migración y Extranjería salvadoreño, Héctor Rodríguez, dijo que la violencia era la tercera causa por la que los salvadoreños migraban ; de hecho, señaló que la primera causa seguía siendo la situación económica de las familias, y la segunda, la reunificación familiar. Aministía Internacional señaló que los países del Triángulo Norte - entre ellos El Salvador - no respaldan a los compatriotas que retornan al país en situación de riesgo. Hasta finales de noviembre, Migración y Extranjería registró 47, 935 salvadoreños retornados ; de éstos, al menos 8, 160 eran niños. En 2015, los retornados de México y Estados Unidos sumaron 35, 503 ; de éstos, unos 4, 485 fueron menores de edad.