más actualizaron su información hasta enero de 2022 son San Salvador, Nejapa, Soyapango y San Martín. Las sanciones establecidas en la ley pueden llegar hasta $ 14, 600 de multa, dirigida contra el concejo municipal y el encargado de la unidad de gestión documental, y debe ser cancelada con su propio dinero. Además, la ley establece la suspensión de funciones por 30 días ordenada por la autoridad superior correspondiente.