Asociaciones ambientalistas de El Salvador sostienen que la consulta municipal de vecinos en contra de la mina Cerro Blanco ubicada en Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa, Guatemala, es válida. El pueblo miteco expresó por medio del voto, no está de acuerdo con la instalación y operación de proyectos de minería metálica en cualquiera de sus modalidades que impacten en los recursos y ambientes naturales en su municipio, indicó Vidalina Morales, representante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador. El artículo 64 del Código Municipal de Guatemala establece que los vecinos tienen el derecho de solicitar al Concejo Municipal la celebración de consultas cuando se refiera a asuntos de carácter general que afectan a todos los vecinos del municipio. Los resultados son vinculantes si participa al menos el 20 % de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado. La consulta del pasado domingo registró del 27. 91 % de participación, esto la convierte en válida a luz de los ambientalistas. Reconocemos la valentía del pueblo miteco para que fuera posible esta consulta y reconocemos la legítima voluntad del pueblo, porque aunque autoridades del gobierno guatemalteco diga que no es válido, si lo es, destacó Adriana Ramirez, del Movimiento Ecofeminista de El Salvador. La votación se llevó a cabo el pasado 18 de septiembre, con un resultado del 87. 98 % de rechazo de la población del municipio ante el proyecto minero Cerro Blanco, mientras que el 10. 63 % dijo aprobarlo. Votaron 8, 503 personas de 30, 465 empadronadas. El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas ( MEM ) rechazaron por medio de un comunicado la consulta ciudadana realizada por los habitantes de Asunción Mita, pues la calificaron como no válida por ser una atribución del Gobierno Central y no municipal. Omar Flores, integrante de la Mesa Nacional Contra la Minería, destacó que el Ministerio de Energía y Minas no es la autoridad competente en el gobierno de Guatemala para poder determinar si la consulta ciudadana es ilegítima o no. Ante dicha situación, ambientalistas indicaron que el Gobierno guatemalteco informó a los habitantes de la comunidad que se emitió un dictamen jur