, de San Salvador, tras ser encontrados culpables de al menos cuatro delitos. Cuatro de los acusados fueron dejados en libertad por falta de pruebas. De acuerdo con el fallo, seis agentes y oficiales de la Policía Nacional Civil fueron condenados por los delitos de incumplimiento de deberes ; dos de ellos por cometer feminicidio en comisión por omisión y tres particulares más por encubrimiento para cometer feminicidio en comisión por omisión, y encubrimiento de feminicidio. Los demás condenados fueron Juan Antonio Linares Flores, Josué Antonio Pérez Pineda y Alex Obdulio López Martínez ; los tres a la pena de cuatro años, Ovidio Antonio Pacheco Morales y Wilfredo Deras Hernández a siete años ; Edwin Isaac Esquivel Chávez y Edgardo Alfonso Chavarría Castillo a tres años. El jefe del Grupo Anticorrupción y contra la Impunidad de la Fiscalía General de la República, German Arriaza, afirmó que quedó demostrado que seis agentes policiales el día del feminicidio de la agente Ayala incumplieron sus deberes, entre ellos el subjefe del GRP y por eso fue condenado a la pena mayor. Agregó que en la sentencia quedó establecido que los agentes condenados tuvieron algún tipo de participación en el traslado del cuerpo de Carla Ayala, en un primer momento a la sede del GRP y posterior en el ocultamiento del mismo en una montaña del municipio Francisco Javier de Usulután. La jueza consideró, dijo el jefe fiscal, que esos hechos se adecuaban al delito de incumplimiento de deberes y al de encubrimiento. por los daños emocionales y materiales ocasionados por el feminicidio de la agente. Además, la PNC deberá dar computadoras y becas para la realización de estudios a los hijos de la agente. Al final la muerte de la agente Ayala, en la sentencia judicial queda establecido que la Policía Nacional Civil está obligada a revisar la currícula tanto de la Academia de Seguridad Pública como también de las capacitaciones que la Corporación imparten a los agentes. También la corporación policial está obligada a brindar asistencia psicológica a la familia de Carla Ayala. La Policía debe proveer computadoras y becas a los hijos de la agente Ayala para que sigan sus estudios. Los imputados deberán indemnizar a la