La Asamblea Legislativa se fue de vacaciones sin elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo los cuatro de la Sala de lo Constitucional, una enorme irresponsabilidad porque los salvadoreños carecemos del máximo tribunal del país especializado en velar por los máximos derechos ciudadanos. No parece haber convergencia en los candidatos que favorecen las diferentes fracciones legislativas y solo uno de los 30 aspirantes cuenta con los votos necesarios para ser elegido. Siete nombres coinciden en algunos apoyos y el resto de respaldos es bastante difuso. Es preocupante cómo insisten algunos partidos en candidatos poco calificados como el Jefe de Probidad o la Procuradora General, y es alarmante cómo la lista del FMLN está cargada de los aspirantes claramente comprometidos con ese partido político, lo que nos muestra el propósito de mantener bajo control partidario la justicia. La evaluación de todos los partidos parece haber sido más un asunto de afinidades políticas y de control de daños que un examen a conciencia de las capacidades, de las trayectorias profesionales o académicas de los candidatos y de su grado de independencia de la partidocracia. Es enorme el riesgo que la justicia y la defensa de la institucionalidad tengan un retroceso después de esta elección.