La defensa del empresario Miguel Menéndez Mecafé solicitó ayer al juez Octavo de Instrucción de San Salvador que elimine el delito de evasión fiscal, porque la Fiscalía no agotó la vía administrativa para proceder penalmente contra él. La Fiscalía acusó el 25 de junio, ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador a Menéndez Avelar por el delito de evasión fiscal por la suma de $ 227, 537. 48 sin contar con multas e intereses. En esa ocasión Fiscalía sostuvo que el imputado declaró la renta con información falsa durante el periodo 2014 - 2015. Ayer en el segundo día de la audiencia preliminar, en el caso donde el expresidente Mauricio Funes es uno de los principales imputados, la defensa planteó al juez, que en la acusación por evasión fiscal, no se agotó la vía administrativa para proceder penalmente por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos, según el abogado, Ricardo Martínez. Otra de las peticiones que hizo el defensor de Mecafé es que se le había procesado de casos especiales de lavado de dinero de forma preliminar por $ 3, 000, 000 pero que en la pericia, esa cifra disminuyó, en ese sentido el defensor ha solicitado que se esclarezca si se le va acusar con el monto preliminar o el que se estableció en la pericia, dijo Martínez. En otro de los incidentes, la defensa solicitó al juzgador se autorice un proceso abreviado a favor del imputado Jorge Alfredo de Jesús Rodríguez Mendoza, acusados de casos especiales de lavado de dinero, quien antes de este proceso era el representante legal de la empresa Agrosuministros. La acusación formal en caso Saqueo Público inició con 29 imputados ; 11 presentes y 18 ausentes, entre ellos el expresidente Mauricio Funes, a quien las autoridades califican como el líder de la estructura que supuestamente movió $ 351 millones de Casa Presidencial entre 2009 y 2014. Por esa razón, Fiscalía los procesa de los delitos lavados de dinero y activos ; casos especiales de lavado de dinero y activos y casos especiales de encubrimiento. El caso tiene reserva parcial, condición que impide que tanto defensores como fiscales brinden