Al finalizar el juicio del caso conocido como San Blas, la Fiscalía General de la República señaló a los cinco policías del extinto Grupo de Reacción Policial ( GRP ) como coautores del homicidio agravado de Dennis Alexander Martínez Hernández, ocurrido el 26 de marzo de 2015. Los fiscales expusieron al juez que el testigo Jaguar mintió, según ellos, en su declaración, al decir que los policías nunca estuvieron en el casco de la finca, porque dos evidencias vinculan a dos de los policías, uno procesado y otro prófugo. Debido a que el Tribunal puso reserva a las identidades de los policías, éstas no pueden ser reveladas ; sin embargo, la Fiscalía dijo que tres de ellos son coautores por omisión, debido a que no advirtieron o detuvieron a quienes dispararon contra el joven, que estaban trasgrediendo sus facultades como autoridad policial. La Fiscalía se basa en que el objetivo de los oficiales del GRP era hacer detenciones y terminaron matando, supuestamente, a los pandilleros y al joven Martínez Hernández. Los otros dos policías, actualmente presentes en el juicio, fueron señalados como coautores directos del homicidio del joven. Para los cinco, Fiscalía no pidió una cantidad exacta de años de prisión sino una pena ejemplificativa para establecer que los agentes de autoridad no pueden quebrantar la ley. Por su parte, la defensa también en sus alegatos finales dijo que no hay prueba ocular directa que incrimine a sus defendidos y que los testimonios de Clave Zénit y de León carecen de credibilidad. El defensor dijo que la fiscalía nunca investigó el raro homicidio de León ( quien tenía parentesco con Dennis ) y que tampoco se estableció quién era el dueño de la finca. La defensa cuestionó que si los pandilleros tenían varios días de estar en la finca San Blas, por qué el joven Dennis no se había ido con su familia a una casa cercana al casco de la finca, sino que seguía durmiendo en un cuarto cercano a los pandilleros, que supuestamente se habían tomado la propiedad. La Fiscalía señaló al juez que la evidencia 17 y 63 del expediente incriminan