El Gobierno presume del éxito de haber impuesto un incremento del salario mínimo, con la exclusión de la empresa privada, en una escalada más de confrontación que lejos de ser una victoria, a la larga constituye una derrota, pues les resta credibilidad y profundiza las diferencias. El discurso del diálogo y la búsqueda de acuerdos en el marco del 25 aniversario queda como un globo inflado ante los hechos que vemos a diario que son más coherentes con la política de confrontación e intolerancia del oficialismo en todos sus frentes. Cuando no se ataca a los empresarios privados, se ataca a los Organismos No Gubernamentales, o a la Oposición, o a los Medios de Comunicación o a las instituciones que no se someten a los dictados del oficialismo. Se manipula y manosea sin ninguna pena a las instituciones bajo su control, y luego, cuando la Sala o la Fiscalía buscan enderezar lo retorcido, sufren ataques y amenazas. Esto ya sucedió en Venezuela y Nicaragua y hay que ver hasta dónde se llegó en esos países con esa política de confrontación e intolerancia. La imposición del incremento al salario mínimo no se tiene que ver como un asunto meramente económico, sino como una política de Estado que cuando no se hace lo que el oficialismo quiere, se impone, atropellando lo que sea.