El presidente Sánchez Cerén hizo la noche del miércoles un peligroso desafío y una velada amenaza a la Sala de lo Constitucional tras emitir una resolución que anulaba la reforma que aumentaba el techo de deuda de los CIP. El desafío presidencial no es a la Sala de lo Constitucional, sino a toda la institucionalidad del país, una amenaza a la separación de poderes y a la misma Constitución de la República. Sánchez Cerén utilizó un histrionismo propio del peor chavismo venezolano y ni él ni sus funcionarios han dejado claro si cumplirán la resolución, algo que lo convertiría, automáticamente, en un violador de la Constitución. Las medidas anunciadas ya son de suponer y ponen igualmente en peligro la seguridad jurídica de los ahorros de pensiones. El problema es que el FMLN, el gobierno de Sánchez Cerén, no quiere diálogo, quiere imposición, quiere componendas políticas y combos con sus aliados legislativos, sin importar si son legales, constitucionales o moralmente aceptables. El desmoronamiento de la dictadura venezolana ha generado una desesperación por dinero para la campaña electoral oficialista y las precarias finanzas de este Gobierno no dan para más. ¿ Entonces qué queda? Aprobar lo que sea. La ciudadanía no puede ni debe aceptar un desafío y una amenaza como ésta, porque si no terminaremos en otra Venezuela y con otro Maduro.