abogados en coordinación con los tres coroneles, interpusieron contra las fiscales que llevaban el proceso contra los ocho militares. A fin de ayudar a los soldados procesados, los abogados denunciaron a las fiscales por fraude procesal y a unos investigadores por falso testimonio para presionarlos, indica el Ministerio Público. La Fiscalía tiene como prueba escuchas telefónica de al menos cinco acciones que los militares hicieron, entre ellas el soborno a las víctimas para que retiraran la denuncia. También, denunciaron a los fiscales, falsificaron documentos médicos como excusa para no asistir a las audiencias y dilatar el proceso judicial contra los ocho militares y tuvieron la cooperación de un fiscal, para pedir un proceso judicial sin la detención de los militares. Ayer, el juez especializado de instrucción B de San Salvador instaló la audiencia de imposición de medidas contra los tres coroneles acusados de agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica, proposición y conspiración para el homicidio, sobornos y acusación calumniosa. Señalarían a un funcionario de alto rango, en el Ministerio de la Defensa, haber avalado los planes de los coroneles. A las víctimas las intentaron sobornar con $ 500 para que retirara la denuncia interpuesta contra los militares que los habían privado de libertad y torturado, según la Fiscalía. Los coroneles, en conjunto con policías, planificaron asesinar a las víctimas que denunciaron para evitar que testificaran contra los ocho militares, pero desistieron. Los abogados defensores de los soldados y militares condenados presentaron constancias médicas para que las audiencias se reprogramaran y así ganar tiempo. Los abogados, en coordinación con los coroneles, denunciaron ante el Ministerio Público a los fiscales del caso y a investigadores por fraude procesal y falso testimonio, para presionarlos. El abogado Manuel Melgar alias pitinga ( acusado en este caso y en la operación Transes ) se puso de acuerdo con el fiscal Miguel Pérez Puentes ( acusado ) para que en la acusación pidiera que los militares no fueran enviados a prisión provisional.