La Fiscalía General de la República ( FGR ) ha impugnado con cuatro motivos la absolución de 18 imputados vinculados al proceso penal de la tregua entre pandillas. En el primer cuestionamiento señala que la sentencia está basada en pruebas no incorporadas legalmente al juicio. Señala en la apelación de 86 folios que el juez Godofredo Salazar sustenta la absolución de los imputados en investigación personal y en búsqueda que, por su propia cuenta, hizo en internet. Los tres fiscales del caso se refieren a un documento denominado Política de Justicia y Seguridad Pública que contempla el Plan Quinquenal en la administración del expresidente de la república, Mauricio Funes ; destacan que ese documento no está agregado al expediente como prueba, pero que el juez lo valoró e hizo una interpretación antojadiza y extensiva, aun cuando es la Fiscalía General de la República la que constitucionalmente tiene el monopolio de la investigación, por lo que el juzgador tiene vedada la posibilidad de incorporar, de oficio, elementos probatorios. El Ministerio Público hace ver que ese documento para ser valorado como prueba tuvo que ser incorporado al juicio bajo las reglas de la legislación procesal, es decir, mediante la acusación fiscal de prueba. El segundo motivo de apelación expuesto por la Fiscalía es la insuficiente fundamentación, ya que, en la sentencia absolutoria el juzgador inobservó disposiciones legales que de manera ilegítima dejó de lado elementos de prueba documental, testimonial y pericial, sin realizar su respectivo examen, análisis y valoración de forma integrada y conjunta, además de dejado de lado retomar, mencionar y mucho menos analizar y ponderar o valorar algunos elementos de prueba decisivos, sin mencionar en ninguna parte de la sentencia por qué razón no los valoró y los elementos de prueba que fueron retomados por el juez, fueron analizados de una manera superficial e independiente, dice textualmente la representación fiscal en su apelación. El tercer argumento de los fiscales es la inobservancia a las reglas de la sana crítica con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo, es decir, que un juez está obligado a resolver y funda