El retraso del gobierno central en desembolsar los fondos municipales, ha puesto a 147 de los 262 municipios del país en serios aprietos para pagar 466 créditos en el sistema financiero, un reflejo de la profunda crisis fiscal que sufre el país y que ya tiene a las alcaldías como el primer enfermo de gravedad. Por supuesto, los principales portavoces del Gobierno no han asumido responsabilidad por esta situación, al contrario, como suele suceder, buscan culpar a otros. Pero no se puede seguir con el discurso falaz de que todo es culpa de los fallos de la Sala de lo Constitucional. La inconstitucionalidad de los $ 900 millones solo es un pequeño síntoma de las consecuencias de la grave enfermedad que afrontan las finanzas públicas. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional no han sido culpables del enorme y desordenado endeudamiento público, del crecimiento desmedido de empleados estatales, de la falta de inversiones o de crecimiento económico, factores claves para la crisis fiscal que sufrimos. Los alcaldes necesitan soluciones, la banca no va a esperar más por sus créditos. Los servicios e inversiones municipales además, pueden verse duramente afectados por esta situación sin precedentes en el país y que puede ser el inicio de una cadena de situaciones similares con proveedores y otras instituciones estatales.