manipulación de las aguas subterráneas. De igual forma, los miembros de la Mesa temen la reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, ya que el país forma parte del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, organización que busca la exploración minera. En mayo del 2021, el actual Gobierno solicitó un diagnóstico al foro acerca del potencial del territorio para la minería no metálica. La Mesa observó esto preocupante y como parte de las demandas incita al gobierno a renunciar al foro. Los ambientalistas anunciaron las demandas que poseen como Mesa al Gobierno. Luis González, miembro de la organización, advierte que existen aspectos que no se han abordado frente a la ley, como el cierre técnico de minas, el resarcimiento ambiental y la reconversión económica de la minería artesanal. Son aspectos que a pesar de estar en la ley, no ha habido capacidad gubernamental de operativizarlo, comentó. Indicó que el cierre de minas es primordial, ya que sigue existiendo el riesgo del drenaje ácido afectando a los ecosistemas y a la salud de la población. Una de las demandas es destinar recursos para el cierre de minas en abandono en los departamentos del oriente del país, San Miguel, Morazán y La Unión. Estamos trabajando en una propuesta de reglamento orientada a darle vida a esos elementos de la ley que son necesarios en nuestro territorio, declaró. De igual forma, demandan a la actual administración mantener una postura firme de rechazo frente a la industria de minería, negando a empresas extractivas la entrada al país, por su alta contaminación al agua. Exigen una postura política definitiva ante la mina fronteriza Cerro Blanco ubicada en Jutiapa, Guatemala. La empresa minera canadiense Goldcorp a cargo de " Cerro Blanco ", proyecta ser a corto plazo el proyecto de mayor extracción de oro y plata de Centroamérica. Las empresas extractivas son las que más explotan las aguas subterráneas, según comenta Edgardo Mira, miembro de la Mesa.