La transparencia es el oxígeno de la democracia, dijo la Sala de lo Constitucional en una de sus decisiones más emblemáticas. No puede ser de otra manera, ya que la transparencia gubernamental otorga legitimidad a las acciones y decisiones que se toman, y que en tiempos de pandemia se vuelve más necesaria, dado el incremento de las demandas ciudadanas frente a los limitados recursos con los que se cuenta para satisfacerlas. Este derecho a participar mediante la contraloría ciudadana en los asuntos públicos se ha visto interrumpido desde hace dos meses. La suspensión de plazos judiciales y administrativos ha alcanzado a las oficinas de información y al Instituto de Acceso a Información Pública, que es el ente rector en la materia. La imposibilidad de tramitar las demandas de información de la ciudadanía y la creciente preocupación por el buen uso del presupuesto extraordinario que se ha puesto a disposición de las autoridades del Gobierno, hacen del acceso a información una necesidad tan imperiosa como las medidas sanitarias vigentes. Solo la transparencia mantendrá viva la democracia, pues sólo esta facilitará un mayor grado de confianza y colaboración ciudadana, bajo la certeza de que las autoridades cuidarán de la salud pública haciendo un uso racional de los recursos confiados. Lo contrario sería sucumbir a la peste de la opacidad y a los riesgos de la corrupción, como ya se está viendo en otros países.