Expertos de Brasil, Chile y Estados Unidos están de acuerdo en el uso de los procesos abreviados en casos de corrupción, debido al ahorro de recursos para el Estado y la condena segura del acusado. El procurador brasileño, Alessandro Fernández, ejemplifica que si la herramienta hubiese sido usada en su país para el caso de corrupción Lava Jato, se pudieron haber ahorrado tiempo y dinero. Él asegura que 79 funcionarios confesaron delitos de corrupción en ese caso, pero la legislación brasileña no le da validez a las confesiones, y no permite el uso del proceso en casos de corrupción. Un representante del departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que para los fiscales es una herramienta y hay que aprovecharla. El fiscal chileno Héctor Barros dijo que si la legislación lo permite se debe hacer, pero se deben cuidar las expectativas que pueda generar. También, la representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC ), Mónica Mendoza, dijo que la herramienta aplicada a casos de corrupción y crimen organizado permite la desarticulación de la organización criminal y la recuperación de bienes, además que no se corre el riesgo de perder evidencias por el paso del tiempo. El proceso abreviado está contemplado a partir del artículo 417 del Código Procesal Penal y señala que las penas podrán ser acordadas entre fiscalía, imputados y defensores. En el país, entre 2014 y 2019, 17, 345 casos penales se han llevado a procesos abreviados y de esos, 17, 086 han sido absueltos, según datos de la Fiscalía General de la República, el caso más conocido el año pasado fue la confesión y condena del expresidente Antonio Saca.