El diputado del Partido de Conciliación Nacional ( PCN ) por el departamento de Chalatenango, Reynaldo López Cardoza, enfrenta un nuevo proceso ; esta vez golpea directamente su bolsillo, ya que la Fiscalía busca despojarlo de sus bienes y dinero, de los cuales, no podrá disponer desde ayer cuando la Unidad Especializada de Extinción de Dominio materializó una medida cautelar ( incautación ). La Fiscalía confirmó que son 12 propiedades y cinco cuentas bancarias las que han quedado inmovilizadas y congeladas, para que el Consejo Nacional de Administración de Bienes ( Conab ) las administre mientras dure el proceso, el cual se puede prolongar por más de un año. Alexis Ayala, jefe fiscal de Extinción de Dominio, dijo que han invocado el artículo 6 de la ley especial, donde se establecen los presupuestos ( requisitos ) para proceder, en este caso el literal C de la ley, que señala que cuando se trate de bienes que constituyen un incremento patrimonial no justificado de toda persona natural o jurídica, por no existir elementos que razonablemente permitan considerar que provienen de actividades lícitas. Esta investigación comenzó tras la certificación que el 6 de octubre de 2015, hizo la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, por un incremento patrimonial no justificado. Esta normativa aplicada, de carácter retroactivo, permite ir tras las propiedades y no sobre las personas, lo que permite buscar incluso los bienes de funcionarios que gozan de fuero que les otorga la Constitución de la República. La extinción de dominio está enfocada en quitar los bienes a personas y estructuras del crimen organizado que han hecho toda una fortuna producto de sus actividades delictivas a nivel local y en el ámbito transnacional, esa es la razón de ser de esta ley especial. Al aplicar esta normativa la representación fiscal golpea las ganancias obtenidas de forma ilegal, o que incluso hayan transferido a sus familiares y terceras persona para que pasen al Estado. Básicamente, las medidas cautelares tiene por objeto garantizar que el juicio llegue a buen término, es decir, que estas propiedades no puedan ser transferidas a terceras personas, explicó Ayala. Según el jefe fiscal, por el momento no se tiene