Hace años que sabemos que la situación de las finanzas públicas es gravísima, se nos ha advertido de la necesidad de acuerdos políticos para corregir el rumbo económico y fiscal, pero nadie parece querer pasar de la retórica a los hechos. El desplome de la calificación de riesgo de país ha sido imparable en el último decenio. Después de ser la mejor del continente ahora estamos en una situación que en América Latina solo nos supera el desastre venezolano. El reporte de la calificadora de riesgo Moody s habla de riesgos de liquidez crecientes y su impacto en el perfil crediticio de El Salvador y de cómo futuras bajas en la calificación dependen del resultado de las negociaciones entre los principales partidos políticos en la Asamblea Legislativa para normalizar la situación de financiamiento y, en última instancia, evitar un evento de crédito ; en otras palabras, caer en el impago, en el default, que traería como consecuencia a su vez el hundimiento financiero para todos los salvadoreños. Un acuerdo fiscal, una ley de responsabilidad fiscal son urgentes para el país. No se puede seguir postergando por cálculos electoreros o mezquindades sectarias. El Salvador necesita soluciones en las manos de todos que no pueden seguir esperando.