Tutela Legal Doctora María Julia Hernández afirmó que las víctimas de la masacre del río Sumpul son las que financian al equipo de peritos que exhuman los restos de las víctimas, en la zona del plan Las Aradas, en Chalatenango. Gozález aseguró que ninguna de las instituciones de justicia en El Salvador, han aportado económicamente al equipo de peritos, cuyo gastos pueden llegar a costar hasta $ 12 mil. Nunca, la Corte, la Fiscalía o Medicina Legal, nunca aportan, nunca dan apoyo económico para estas situaciones. Ni el juzgado, entonces, son las víctimas o la querella, en este caso, nosotros como representantes, hemos tenido que pagar peritos y altos precios en el caso de los peritos militares andan los peritajes como alrededor de $ 12 mil, afirmó González. Los gastos con los que corren las víctimas incluyen la alimentación, el hospedaje, en el caso que no puedan trasladarse a la capital el mismo día y el pago diario del equipo de desenterradores de siete integrantes, a los que por un día de trabajo se les paga $ 12 a cada uno. El pasado 1 de febrero, comenzaron las exhumaciones en el área de el plan de Las Aradas en el río Sumpul, Chalatenango, donde el equipo de peritos encontró evidencia suficiente que aporte al caso de la masacre. Los actuales peritos fueron entrenados por un equipo de forenses de Argentina, financiados por la embajada de Argentina en El Salvador, a través de un proyecto. La masacre del Sumpul ocurrió el 13 de mayo de 1980, cuando la Fuerza Armada lanzó una ofensiva que causó las desplazamientos en Las Vueltas, en Las Aradas, supuestamente porque ahí habitaba la guerrilla, conformada por el FMLN. Los militares hondureños evitaron que los salvadoreños huyeran hacia este territorio debido a su presencia en la frontera tras la guerra que ocurrió en 1969. La Comisión de la Verdad en su informe De la locura a la esperanza, catalogó la masacre como hechos de graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador.