La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ) recomendó al Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, en el departamento de San Vicente, ocurrida el 22 de agosto de 1982 y a la Asamblea a retomar la propuesta de ley de Justicia Transicional. La PDDH se dirige al juez Joaquín Humberto Padilla Bonilla para que continúe con. A la Fiscalía General de la República, la PDDH también recomienda seguir con las investigaciones de la masacre para presentar ante los tribunales de justicia, a quienes resultaren involucrados. Este 22 de agosto se conmemoran 40 años cuando se perpetró el operativo militar denominado Teniente Coronel Mario Azenón Palma desde el 17 al 25 de agosto de 1982 en los municipios de San Esteban Caterina, San Lorenzo, Santa Clara y otros aledaños. De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad De la locura a la esperanza, existen pruebas suficientes de que el Batallón Atlacatl, el 22 de agosto de 1982, dio muerte deliberadamente. Dice que las autoridades salvadoreñas han negado el hecho y que a pesar que dijeron haber investigado, no existe rastro de dicha investigación. Actualmente, el caso está en etapa de instrucción y el pasado 14 de enero,. Estos son : el general y exministro de la Defensa, José Guillermo García, además del excoronel Sigifredo Ochoa Pérez, al entonces comandante de la Quinta Brigada, Napoleón Alvarado ( fallecido ) ; al jefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima ( fallecido ) y del exgeneral y jefe de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo. También pidió la detención del teniente coronal Domingo Monterrosa Barrios, sin embargo, murió en 1984. El 23 de enero del 2020, el Instituto de Medicina Legal entregó los restos de seis personas asesinadas en dicha matanza. Además, la PDDH pidió a los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, que retomen de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidos en el conflicto armado interno. En 2016, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia que declaró inconstitucional la Ley de