La nueva advertencia de altos funcionarios estadounidenses que el Estatus de Protección Temporal ( TPS ) podría terminarse para salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y haitianos, debería ser un tema de profunda preocupación para el Gobierno y toda la sociedad salvadoreña. El impacto de una repatriación en la vida de estos salvadoreños protegidos por el TPS sería catastrófica. Están acostumbrados desde el 2001 a una vida segura, llena de certidumbre y posibilidades de desarrollo para ellos y sus hijos, sería catastrófica. Muchos han comprado propiedades, han graduado a sus hijos de buenas universidades, han hecho una vida allá, pero están pendientes de sus familiares aquí, a los que envían remesas. Volverían a un país con complejos problemas sociales y económicos, peores que cuando se fueron. Con una profunda crisis de inseguridad y una incertidumbre política, económica y social aún para los que viven aquí. Por otro lado, El Salvador no tiene la capacidad de asumir 200 mil ciudadanos repatriados en un momento en que se pierden empleos, es muy arriesgado invertir y la confrontación política ha decepcionado a muchos que lejos de querer quedarse, quieren migrar. El fin del TPS es preocupante para todos los salvadoreños, de allá y de aquí y solo complicaría más la precaria situación socioeconómica que ya se vive en El Salvador.