Las penas de 10 a 15 años de prisión por transmitir mensajes que presuntamente sean de pandillas en redes sociales o medios de comunicación están vigentes desde ayer en El Salvador. El Diario Oficial publicó la reforma al Código Penal en su edición del martes 5 de abril, después de que la Asamblea Legislativa aprobara, a las 7 : 48 p. m. del mismo día, el nuevo artículo 345 - C del Código Penal. El delito también impone penas de 10 a 15 años de cárcel a quienes elaboren grafitis o dibujos en inmuebles privados o públicos alusivas a maras o pandillas. La reforma fue declarada de orden público, lo cual para diputados de Nuevas Ideas implicaría que podría ser aplicada de manera retroactiva. La Constitución de la República permite la retroactividad, sin embargo, únicamente cuando beneficia al reo. Esta reforma ha sido objetada por la Asociación de Periodistas de El Salvador ( APES ) y la Mesa de Protección a Periodistas, que sostiene que el objetivo de la reforma es censurar a periodistas y medios de comunicación que reportan sobre la realidad de comunidades controladas por pandillas. La APES señala que gracias al periodismo se han conocido las negociaciones de los gobiernos salvadoreños, incluido el actual, con las pandillas, en referencia a reportajes de El Faro y La Prensa Gráfica. La segunda reforma, también vigente desde ayer, es una reforma a la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal que prohibió las pandillas desde 2010. Esta fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 1 de septiembre de 2010. La reforma consiste en declarar ilegales los textos o grafitis plasmados en propiedad pública o privada relacionados a pandillas y prohíbe a los medios de comunicación transmitir mensajes originados o presuntamente originados por las pandillas. El delito de agrupaciones ilícitas aplicado a las pandillas está vigente en El Salvador desde 2003 ; las pandillas en El Salvador están prohibidas desde el año 2010 por una ley de proscripción de pandillas y también es delito con cárcel por pertenencia a organizaciones terroristas desde 2015 debido a una sentencia de la Sala de lo Constitucional. En 2022