La vista pública en contra del exfiscal general Luis Martínez, durará 25 días y comenzará el próximo 10 de septiembre. Mientras tanto, el Tribunal Tercero de Sentencia recibirá toda la prueba de un complejo caso que pasó pos varios jueces, quienes rechazaron el proceso alegando incompetencia. El extitular del Ministerio Público es acusado de omisión de la investigación y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial. En esta causa penal también es procesado por actos arbitrarios, el exdirector de Intereses del Estado de la Fiscalía, Julio Arriaza ; mientras que el abogado, Héctor Francisco Grimaldi Membreño, enfrentará el juicio por fraude procesal. Este caso tiene más de cuatro años de haberse iniciado ya que el 28 de agosto de 2016 la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ( acusación ) en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. En su momento, dos tribunales emitieron resoluciones declarando el proceso como de crimen organizado, pero una revisión exhaustiva la Cámara Especializada resolvió que no se está frente a un caso de crimen organizado, sino frente a un proceso donde diferentes personas, intervienen en un hecho y lo calificaron como una acción de coautoría. En la acusación, la Fiscalía señala a los imputados de haber fabricado prueba falsa para judicializar casos en los tribunales y supuestamente favorecer a los empresarios prófugos, Enrique Rais y su sobrino Hugo Blanco Rais. El fiscal Arnoldo Parada dijo que hay tres víctimas contra quienes supuestamente inventaron pruebas para iniciarles casos en los tribunales, entre ellas está Claudia María Herrera, esposa del abogado Mario Calderón, un exabogado de Enrique Rais. En el expediente el Ministerio Público señala que se elaboró un peritaje por parte de un psicólogo del Instituto de Medicina Legal en el cual se deja constancia que Rais estaba afectado por las amenazas que dijo haber recibido de Claudia María Herrera, supuestamente al perito forense le pagaron $ 5 mil para que dictaminara a favor del empresario. La abogada Bertha Deleón, en su calidad de acusadora particular, representando los intereses de Claudia María Herrera, dijo que este proceso ya no se debe seguir dilatando