El actual procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, presentó a la Asamblea legislativa su postulación a la reelección este lunes, el último día para presentar candidaturas al cargo. Tobar, quien finaliza su periodo el 15 de octubre de 2022, llegó acompañado de sus procuradores adjuntos y auxiliares, entre ellos Tito Zelada, exinspector de la Policía Nacional Civil ( PNC ) en el gobierno del FMLN. Las candidaturas a la PDDH serán analizadas en la Comisión Política. El procurador sostuvo que el trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ) ha sido relevante en un contexto inédito desde que surgió. De acuerdo al funcionario, el problema principal de la PDDH es la falta de respuesta oportuna a las víctimas de afectación a derechos humanos porque " se prestaba a aspectos políticos partidarios " hasta teniendo papel de " oposición a los gobiernos de turno ". Agregó que diseñaron un sistema distinto a partir del 16 de octubre de este año, fecha en la que inicia el nuevo periodo del titular de la PDDH. La gestión de Apolonio Tobar ha sido criticada por organizaciones de sociedad civil que señalan un cambio en la postura del procurador por las denuncias de violaciones a derechos humanos en el marco de la cuarentena por covid - 19 y por las denuncias de violaciones a derechos en el régimen de excepción. Expresó que en el informe por la tercera prórroga al régimen de excepción recibieron más de 3, 100 denuncias. Como siempre, el hecho que más se denuncia ha sido el de detenciones arbitrarias. ¿ qué estamos haciendo nosotros? Investigando. A nosotros como institución, a diferencia de cualquier persona, de cualquier organización, lo que nos corresponde es investigar, enfatizó. Según Tobar, tienen que agotar las instancias que establece el reglamento de protección de derechos humanos y que al terminar el proceso tendremos la capacidad para decir su hubo la afectación o no que se menciona, expuso. Incluso, calificó como lógico la gran cantidad de denuncias por los tipos de derechos suspendidos con el régimen de excepción.