La depuración de los jueces ha sido un clamor que hemos escuchado por años o décadas. Los señalamientos nacionales e internacionales sobre la corrupción y deficiencias de la justicia salvadoreña son de sobra conocidos. Un reciente informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos describía así la realidad salvadoreña : El sistema judicial es ineficiente, corrupto y posee recursos insuficientes para la implementación y cumplimiento de las leyes. Producto de los altos niveles de corrupción se ha minimizado el rol de las leyes y el respeto por el sistema judicial. Análogamente, se cuenta con una estrategia pública de seguridad deficiente, dado que los niveles de preparación y entrenamiento de la policía nacional civil son precarios. En el último año se iniciaron alrededor de 106 investigaciones de jueces, sin embargo, solo 15 han podido ser resueltas y las demás continúan en investigación. Esto es una muestra de la necesidad de la depuración de jueces. Pero, la depuración judicial decidida por la Asamblea Legislativa, se ha centrado no en las investigaciones particulares de jueces y magistrados, ni en los méritos y deméritos de estos funcionarios, sino en la edad, lo cual es un error de enfoque. En cualquier país del mundo, la edad es valorada por experiencia. Hay jueces buenos y malos a cualquier edad. La preocupación de los diputados y de toda la sociedad debería ser la independencia de los jueces de toda influencia partidaria y económica, la pronta y cumplida justicia y el cumplimiento de la ley sobre todas las cosas. La depuración de los jueces es válida, pero el enfoque de la edad no es el más apropiado.