realizada principalmente por el Ejército y el cuerpo policial, Los crímenes son atribuidos a los encargados de ambas instituciones en ese entonces, el primero de ellos es el general, quien fungió como ministro de la Defensa Nacional entre 1979 y 1983. En 2002 fue condenado por un juzgado de Estados Unidos a indemnizar a las víctimas del conflicto armado, la suma de $ 54 millones. En enero 2016, el coronel García llegó a El Salvador luego de que un juez de Miami, ordenara su deportación por crímenes de violaciones a Derechos Humanos, a su llegada al Aeropuerto Internacional de El Salvador, fue recibido por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, que le gritaron asesino, a su salida del aeropuerto. El segundo acusado es, quien ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor entre 1981 y 1983 ; en enero de este año, se presentó ante un juzgado de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, para dar testimonio sobre los hechos ocurridos en el caserío El Mozote y en donde aceptó la participación de la Fuerza Armada en dicha masacre, siendo así el primer militar en confirmar este hecho. Lima falleció el pasado mes de julio. El último acusado es, exdirector de la Policía Nacional, quien luego de retirarse del Ejército, se dedicó a otros rubros como la educación superior y quien siempre se ha negado a hablar sobre los hechos ocurridos durante el tiempo que estuvo en la Policía Nacional en la época del conflicto armado. El caso de la familia Guzmán Orellana se suma a los bloqueos de las inspecciones de los archivos militares por la masacre de El Mozote y sitios aledaños, atribuido al Alto Mando de la Fuerza Armada.