A dos años y tres meses de haberse iniciado el juicio civil por un supuesto enriquecimiento ilícito del exdiputado Douglas Mejía Avilés y su esposa Brenda Cecilia Quezada, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección Centro con sede en Santa Tecla, realizó ayer la audiencia preparatoria. Este proceso no había avanzado a raíz de una serie de escritos que los abogados de los demandados han interpuesto desde que se inició el proceso y así como la incorporación de pruebas que la Fiscalía General de la República estuvo haciendo. En la demanda presentada el 16 de enero de 2017, por la Unida Anticorrupción de la Fiscalía, señalan a Mejía Avilés de haberse enriquecido ilícitamente, supuestamente, entre los años 2009 al 2014, cuando estuvo como diputado suplente y propietario. Mientras que a Quezada le analizaron su gestión como asesora de la Presidencia de la Corte de Cuentas de la República ( CCR ). Desde que el caso comenzó, los demandados han interpuesto escritos de improponibilidad para anular el proceso, además recusaron a los magistrados de Cámara de lo Penal de Santa Tecla. La primera vez que la audiencia se suspendió fue el 26 de octubre del año 2017, ya que los demandados lo solicitaron debido a que la Fiscalía incorporó nueva documentación financiera para fundamentar la demanda. La solicitud de suspensión fue avalada por la Cámara para que Avilés y su esposa tuvieran acceso a la nueva documentación y ejercer su defensa, la audiencia fue reprogramada para el próximo 8 de noviembre del mismo año, pero también se suspendió por nuevos recursos de la defensa. Según el señalamiento fiscal, el exdiputado no pudo justificar $ 260 mil, mientras que su esposa $ 47 mil. Al proceso se ha incorporado la documentación en la que se expone ese supuesto incremento patrimonial para que en la audiencia preparatoria se admitiera y que posteriormente en la audiencia probatoria se valore para que los magistrados emitan sentencia condenatoria ya que esa es pretensión del Ministerio Público. En enero de 2017, cuando la Fiscalía presentó la demanda pidió a la Cámara que se aplique Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos del