persona detenida, sus familiares y representantes, sobre los motivos y razones de la detención. También debe de informar el lugar de privación de libertad. Argumenta que este es un deber para evitar detenciones arbitrarias y garantiza el derecho de defensa ". La CIDH manifestó preocupación por prácticas de detenciones masivas, ilegales, arbitrarias, basadas en perfiles discriminatorios de edad, condición socioeconómica y apariencia física, como tatuajes ; así como sobre la falta de información sobre los motivos de las detenciones, restricciones de acceso a la defensa técnica y a su ejercicio y la realización de audiencias judiciales colectivas en contra de hasta 500 personas de forma sumaria. La CIDH también expresa preocupación por las deplorables condiciones de detención, la deficiente infraestructura, condiciones de insalubridad, falta de higiene, atención médica insuficiente, escaso e inadecuado acceso al agua en los centros de detención, negligente atención médica, alimentación insuficiente, ausencia de contacto, golpizas y uso de gas pimienta. Los Estados son garantes de los derechos de las personas privadas de libertad y tienen el deber jurídico ineludible de realizar acciones concretas para garantizar la vida, salud e integridad de todas las personas que se encuentran bajo su custodia, le indicó a El Salvador.