Los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, enfrentaron ayer la audiencia preliminar en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta que la Fiscalía General de la República les atribuye. Rauda, quien estuvo como director entre 8 de febrero del año 2012 al 30 de mayo del 2013, y Hernández, quien fungió desde 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2017, supuestamente, administraron fraudulentamente $ 200, 193. 19, según lo afirmó el fiscal Arturo Cruz. Esos fondos eran patrimonio de las tiendas institucionales de la Dirección General de Centros Penales, pero los dos exfuncionarios los utilizaron para otras actividades, entre ellas el pago de inteligencia penitenciaria durante el período que duró la tregua entre pandillas. Cruz dijo que en el año 2012, se desviaron de las tiendas institucionales $ 46, 600 para pagar servicios de inteligencia ; para el 2013, los gastos se incrementaron a $ 114, 393. 19 y en el 2014, la inversión para esa actividad fue de $ 47, 400. La defensora de Rodil Hernández, Bertha Deleón, dijo que como director de Centros Penales, solo seguía lineamientos y que solo obedecía órdenes superiores que llegaban desde el despacho del Ministerio de Justicia y Seguridad. El Ministerio Público dice que los delitos fueron cometidos en perjuicio de la administración pública y dos víctimas bajo régimen de proyección clave Kiler y Ruso, así como la población reclusa de los diversos centros penitenciarios. Deleón dijo que la Fiscalía ha propuesto como testigos a los exministros de Justicia y Seguridad, Benito Lara, David Munguía Payés y al actual ministro, Mauricio Ramírez. La Fiscalía sostuvo que los dos exdirectores de Centros Penales hicieron un mal manejo de dinero de las tiendas institucionales y que además de usarlo en inteligencia, lo ocuparon supuestamente para el pago de salarios, bonificaciones y viáticos de personas que presuntamente colaboraron con la tregua entre pandillas.