riesgo, que dependerá del titular de la institución. También, proyecta la certificación de procesos de ciberseguridad a través de " normas salvadoreñas establecidas " y la contribución a la ciberseguridad " en el ámbito internacional ". Así mismo, promete la promoción del respeto a la Carta de las Naciones Unidas, los tratados internacionales y el derecho internacional " en lo relacionado a la ciberseguridad y ciberdefensa ", participando en " todo esfuerzo internacional " y creando " canales de comunicación adecuados a nivel internacional ". También establece siete pasos priorizar el alcance, crear un perfil actual, realizar evaluación de riesgos, entre otros para que las organizaciones de El Salvador hagan un programa de seguridad cibernética. Una de las observaciones que hizo el Reporte de Ciberseguridad 2020 del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) a El Salvador era la falta de una estrategia nacional de seguridad cibernética. Este informe planteaba la elaboración de una Política Nacional de Ciberseguridad como uno de los objetivos de 2022 luego de un proceso " de consulta " en donde " participaron expertos internacionales, la academia, instituciones de gobierno, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil ". De acuerdo a este informe, El Salvador ha intercambiado conocimientos con Ecuador, España, Israel y la República de Corea y tuvo un avance significativo con la aprobación de la Ley especial contra los delitos informáticos y conexos aprobada en 2016, pero observaba que no existe una legislación integral de protección de datos personales. También, se señalaba en ese entonces la participación de El Salvador en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa y la Política Nacional de Datos Abiertos, a través del sitio, un portal que contenía más de 20 bases de datos de información pública. En la región, Costa Rica, un país que según el informe del BID sí contaba con una política de ciberseguridad, sufre un ataque cibernético contra sus instituciones públicas por parte de un grupo de delincuentes con base en Rusia que le piden una millonaria suma. La institución más afectada, en este caso, fue el Ministerio de Hacienda, al cual le usurparon sistemas de declaración de impuestos y de comercio exterior, paralizando sistemas de recaudación y pagos de salarios, según la BBC.