La Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República ( FGR ) pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) que retire el fuero a seis jueces de la República, para proceder a investigarlos por prevaricato ( resolver contra derecho ). Según revelaron los jefes fiscales que presentaron la solicitud, los jueces que investigan son Hugo Noé García, juez de Sentencia de Usulután ; Rosa Imelda Mesa de González, jueza de Sentencia de La Unión ; y Basilia Portillo, jueza Segunda de Instrucción de San Miguel. También, Joaquín Francisco Molina Linares, juez de Primera Instancia de Atiquizaya ; René Danilo Ramírez Montoya, juez Primero de Paz de Metapán y Miguel Ángel Barrientos, juez Primero de Paz de Santa Ana. De todos, la jueza Basilia Portillo es la única que la Fiscalía busca procesar por el delito de divulgación de la imagen de una persona protegida. Según explicó German Arriaza, la jueza divulgó la identidad del testigo clave Ades, en el caso Conexiones, porque vio que no era necesario el régimen de protección. Ella consideró no era necesario la continuación de ese régimen de protección y ordenó que se contasen en el expediente el nombre completo de este testigo. La única autoridad competente para adoptar una medida de protección competente ordinaria y extraordinaria es la Unidad Técnica Ejecutiva, no la juzgadora, como lo hizo en ese momento, expresó German Arriaza, jefe de dirección de intereses del Estado a la prensa. Por su parte, el jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, Will Walter Ruiz, explicó que el juez Primero de Paz de Metapán, Miguel Ángel Barrientos, es investigado, luego de que el jueves la PNC capturara a su hijo, vinculado en la operación Transes. El hijo del juez, junto a un abogado, ofrecía arreglar la situación jurídica del imputado, valiéndose del cargo que su papá ostentaba en el juzgado de la localidad.