La Ley de Acceso a la Información Pública se ha convertido en una herramienta fundamental para que los salvadoreños exijan su derecho a la información, a la transparencia y al buen uso de los recursos del Estado. Semanalmente vemos cómo se refleja eso en los medios de comunicación. Las entidades de los tres órganos del Estado, las autónomas y todas las instituciones se ven obligadas a entregar la información que los ciudadanos exigen. En el fondo, es el reflejo de un pueblo insatisfecho con su clase política y su comportamiento ético, testigo de abusos históricos en la utilización de fondos y bienes del Estado. Este derecho no es ninguna concesión de ningún gobierno. Es un derecho y así quedó de claro en una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que debe animar a la población a seguir exigiendo y demandando cada vez más información a los funcionarios para que rindan cuenta de sus actos y también debe llevar a demandar el cumplimiento de deberes esenciales en sus funciones. El Salvador solo puede mejorar su situación económica, política y social siendo un país más transparente, un derecho irrenunciable e irreversible que como sociedad debemos tener conciencia de su dimensión.