Una pericia financiera contable determinará si el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez Miranda, defraudó al Estado salvadoreño con más de $ 13 millones en la construcción de la segunda fase del bulevar Diego de Holguín ( hoy Monseñor Romero ) en Santa Tecla, La Libertad. Ayer, la Fiscalía General de la República informó que el Juzgado Séptimo de Instrucción nombró a los peritos y determinó cuáles son los puntos que estos expertos deberán responder en el análisis financiero contable. Se busca principalmente es demostrar o establecerle al juzgador si en realidad hubo una afectación patrimonial al Estado por parte de la negligencia por falta del debido actual del exministro al momento de estarse realizando el proyecto de diseño de la construcción del bulevar Diego de Holguín, tramo II, Santa Tecla, en el periodo del año 2005 a febrero del año 2007, dijo ayer uno de los fiscales del caso. Preliminarmente, la Fiscalía señala que Gutiérrez es responsable de que el Estado perdiera $ 13, 723, 132. 60 supuestamente por permitir que el asocio temporal Concreto Preesforzado de Centroamérica ( Copreca ) - Linares cobrara el dinero sin entregar avances. Según el Tribunal, Gutiérrez tenía conocimiento de las irregularidades del proyecto y además modificó el proyecto sin contar con previa autorización. Los jueces dijeron que el exministro no debió convocar a la licitación pública del proyecto, porque el contrato de préstamo exigía que para la entrega del primer desembolso, el Ministerio de Obras Públicas debía tener los derechos de vía del tramo donde se construiría el bulevar Diego de Holguín y tenía que respetarse el estudio de factibilidad para la construcción, presentando un diseño original, pues no invadía la reserva forestal. Pero Gutiérrez, según los jueces, modificó el diseño por uno conceptual que sí invadía la reserva forestal. Además, el tribunal señaló que el asocio Copreca - Linares no era indicado para la ejecución de la obra, no tenía la capacidad técnica, ni financiera para realizar un proyecto de esa magnitud. En diciembre del 2019, el entonces fiscal de la República, Raúl Melara, dijo que in