La organización no gubernamental de derechos humanos Cristosal se pronunció este jueves contra todas las reformas aprobadas en el régimen de excepción desde marzo de 2022 y los tres proyectos pendientes : los consideran un régimen de excepción permanente que vulneraría derechos de cualquier persona. Tienen como justificación oficial la intención de erradicar a las pandillas, pero abarcan a todo tipo de imputados, señaló la oenegé. El Gobierno aseguró que, con las reformas, pretenden combatir la impunidad de delitos cometidos por personas declaradas en rebeldía, que superan las 80, 000. La jefa jurídica en seguridad de Cristosal, Zaira Navas, afirmó que la reforma al Código Procesal Penal y la reforma a Ley General de Telecomunicaciones aún no aprobada no están dirigida exclusivamente a las pandillas. Se trata del control de las comunicaciones y una grave vulnerabilidad a la población, el Estado tendrá más posibilidades de hacer persecución y seguimientos indebidos a las personas, dijo, ya que obliga a los operadores a obtener, guardar y compartir información con la Fiscalía sin autorización judicial, además del almacenamiento de documentos y fotografías de los usuarios. Navas señaló se perdería la autodeterminación informativa. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha criticado el modelo de justicia heredado de la reforma de 1998 que fue criticado por garantista. Nos están volviendo a un proceso de carácter inquisitivo, sin garantías, sin posibilidad de derecho de defensa, indicó. Según Ábrego, el sistema penal fue modificado después de los Acuerdos de Paz a un modelo acusatorio. Sin embargo, dijo, ese sistema fue criticado por garantista y modificado con leyes especiales. Ejemplificó que en el modelo acusatorio la detención provisional no es la regla general, sino excepcional, debido a la presunción de inocencia. En marzo, aumentaron las penas a las pandillas en Código Penal, leyes de terrorismo, penal juvenil, de extorsión ; y se reformó el proceso penal. Dentro de la reforma al Código Procesal de marzo, se extendió el máximo de la detención provisional y se protegió nombres e imagen