Según Fiscalía, los beneficiados gestionaron esa salida alterna al proceso, pero no se acogieron a ella porque dijeron no contar con esa suma de dinero. Ese acuerdo se venía gestionando desde la fase de instrucción, pero no se llegaba a acuerdo, porque ellos aseguraron que no alcanzaban a cubrir ese monto, afirmó el fiscal. La petición reñía con la legalidad porque el Código Procesal Penal fija un plazo para acogerse a él, el cual empieza desde la audiencia inicial y finaliza en la etapa de presentación de incidentes en el juicio, y este terminó el martes al inicio de la vista pública y así lo hizo ver los fiscales del caso. Ayer en el segundo día de juicio, el abogado de los procesados solicitó el proceso abreviado para sus clientes y después de las discusiones, dos de los tres jueces autorizaron la petición. Ayer, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que deberán analizar la petición y sobre todo Este es un tema que debemos hacerlo enmarcado dentro de lo que la ley nos permite hacer. El acuerdo implicó que los dos imputados fueran separados del juicio ordinario para enfrentar el juicio abreviado en otro tribunal. Para validez del proceso abreviado, además de aceptar la responsabilidad civil, los imputados deben confesar su participación en los hechos y los delitos que Fiscalía les atribuye. El mismo beneficio fue solicitado por el abogado Lisandro Quintanilla para Oswaldo Octavio, otro de los procesados, pero el tribunal lo rechazó por falta de exactitud y claridad por parte del defensor.