La Fiscalía General de la República ( FGR ) intervino 3, 377 líneas telefónicas entre el 1 de enero 2018 y el 31 de julio de 2021, como parte de las investigaciones que lleva, según una resolución de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la institución. La mayoría de las intervenciones fueron realizadas entre el 2019 y 2020 con 1, 116 y 1, 093 casos, respectivamente. Unas de esas intervenciones autorizadas fue contra 26 miembros de una estructura de la Mara Salvatrucha denominada Peatonales del programa Centro y fue la base para que el juez Especializado de Sentencia C impusiera penas de hasta 149 años de prisión y también absolviera de cargos a 21, al no escucharlos en las llamadas. El informe de la Oficina de Acceso a la Información Pública revela que, a través de las escuchas telefónicas, los fiscales profundizaron en 158 procesos judiciales a escala nacional. Uno de esos casos, fue contra 42 miembros de la estructura de la pandilla Barrio 18 del centro de San Salvador que en el 2020 se les acusaba de haber recibido hasta tres bonos de $ 300 del Gobierno para paliar la crisis por la pandemia del covid - 19. Estos hechos fueron detectados por las intervenciones telefónicas, ahí las autoridades descubrieron cómo esa agrupación extorsionaba a los comerciantes. La Fiscalía individualizó y consiguió que el juez antimafia de Sentencia A los condenara, entre ellos, a Norma Ivania Aguirre, coordinadora de una organización de vendedores informales, a 27 años de prisión. Las estadísticas fiscales de los últimos cuatro años también refieren que con las escuchas telefónicas han sido investigados más de una treintena de delitos, entre los que destacan homicidios, feminicidios, extorsiones, privaciones de libertad, delitos de corrupción, planeación de homicidios y extorsiones. El abogado penalista Alexander Escolán afirmó que las intervenciones telefónicas están prohibidas por el artículo 24 de la Constitución de la República - que se refiere a la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones - y sólo en casos excepcionales es posible con autorización de un juez. Pero, además, se requiere de la aplicación de la Ley especial