Por medio de un comunicado de prensa se dio a conocer que la Dirección de Atención a Víctimas, dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentó al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia ( CNSCC ) un informe sobre la propuesta de Ley y Política de Atención a Víctimas, destacando que en su construcción han participado organizaciones gubernamentales, sociedad civil, organismos internacionales, iglesias, entre otras. La presentación se llevó a cabo, de acuerdo con el escrito, este jueves en Casa Presidencial. Los principios rectores que tiene la propuesta de Ley de Atención a Víctimas son : la supremacía de la dignidad humana, igualdad y no discriminación, no revictimización y acción sin daño, entre otras. Uno de los principales objetivos de la Ley es articular el trabajo de entidades públicas y privadas para la atención, protección y reparación a personas vulnerables. La Política de Atención a Víctimas está integrada por 3 ejes : el primero se refiere al Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a Víctimas. El segundo componente es el incremento de las capacidades del Estado para la atención, asistencia y reparación a víctimas y por último se menciona el aumento de la cobertura y calidad de la oferta municipal. Según la resolución de la Sala, dicho fenómeno tiene origen en el contexto de violencia e inseguridad que afecta gravemente a colectivos vulnerables de distintas zonas geográficas del país controladas por las pandillas y en las afectaciones sistemáticas a derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad, entre otros, causadas por la criminalidad organizada, principalmente por los referidos grupos delictivos, lo cual constituye un estado de cosas inconstitucionales. La Sala da lugar al amparo solicitado por los demandantes en contra de la Asamblea Legislativa, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, la Comisión Coordinadora y la directora de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia por la vulneración de sus derechos a la protección en la conservación jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos, a la seguridad material, a la protección familiar, a las libertades de circulación y de residencia, y a la propiedad.