La clase política salvadoreña se caracteriza por cerrar filas para defender a los suyos, cometa la irregularidad o el delito que sea. Eso trasciende la ideología o la bandera partidaria, el comportamiento es similar en todos y para ello cuentan con una arma legal llamada inmunidad que tristemente se ha convertido en una impunidad institucionalizada. El último ejemplo es la decisión de mandar al archivo la petición de antejuicio a un funcionario involucrado en tráfico de armas y otros delitos. El FMLN y GANA han bloqueado el proceso y el funcionario seguirá tranquilamente en su cargo, representándonos en una nación europea donde no se comprenden estas cosas, porque ahí se vive con base a los más altos valores éticos en la vida pública. En este caso, se valieron de tecnicismos jurídicos y evitaron analizar el fondo de las acusaciones, donde claramente hay víctimas de delitos bastante bien sustentados por la Fiscalía y que inexplicablemente se pasaron por alto. Hay que dejar claro que el funcionario no ha probado su inocencia. La inmunidad es sinónimo de impunidad en este país. Diputados que conducen borrachos y disparan a policías terminan escudados por ese recurso legal que lejos de proteger la labor para la que fueron electos, protege conductas reñidas con la ley y éticamente inaceptables en cualquier nación civilizada.