Dieciocho congresistas pidieron al gobierno de Joe Biden y la Agencia para el Desarrollo Internacional ( USAID ) dar prioridad a la protección de organizaciones de la sociedad civil en las relaciones bilaterales con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras. Pretenden que haya una mayor consulta con la sociedad civil y que se soliciten detalles de las leyes de agentes extranjeros promocionadas o aprobadas en dichos países. En El Salvador el dictamen de Ley de Agentes Extranjeros no está archivado, sin embargo, la Asamblea Legislativa frenó su aprobación el 24 de noviembre de 2021. El dictamen incluía multas y penas de prisión. Según la carta enviada al Estado y a la USAID, estos deben considerar todas las acciones legales posibles para financiar y proteger a organizaciones de la sociedad civil que operan en contextos cerrados o semicerrados, así como establecer mecanismos de financiamiento flexible para contrarrestar posibles ataques en su contra. El Departamento de Estado y la USAID, según los congresistas, también deben instar a cada Gobierno a revisar y trabajar con las legislaturas para revisar y derogar las leyes y disposiciones que limitan la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo sus actividades legítimas. La carta advierte que en Guatemala, las organizaciones ya han empezado a sentir los impactos de los cambios de la Ley de Agentes Extranjeros implementada en agosto de 2021 ; y en Honduras una serie de decretos aprobados en 2021 hacen más difíciles las investigaciones de lavado de dinero y obstaculizan cuentas bancarias a las organizaciones civiles, facilitando su enjuiciamiento por actos legítimos de expresión. Los congresistas advierten que, en El Salvador, las organizaciones siguen denunciando casos de hostigamiento y manifestando su preocupación de que la Ley de Agentes Extranjeros pueda ser introducida con algunas modificaciones, y que urgen a la administración Biden robustecer el vínculo con Bukele para comunicarle que el espacio cívico abierto es prioridad bilateral. En la carta, se recuerda que el 9 de noviembre de 2021 la administración de Nayib Bukele propuso la normativa de agentes extranjeros, una ley que prohibiría a las organizaciones registradas actividades que pudieran