La represa El Chaparral ha sido un verdadero dolor de cabeza para el estado salvadoreño. Tres gobiernos pasaron y no pudieron completar la obra que tiene severos cuestionamientos por irregularidades de diversa índole y ahora afronta nuevos problemas. El presidente Nayib Bukele ha advertido la posibilidad de suspender las obras luego que comunidades aledañas al proyecto bloquearan las calles de acceso y se interrumpieran las obras de trabajo. Bukele acusó a alcaldes del FMLN de estar detrás de esa protesta. Sería lamentable si hubiera una manipulación política en este caso. El Chaparral se inició en 2008 y se prevé que termine en 2020, comenzó con un monto de $ 220 millones, pero en agosto de 2018 la CEL anunció que la inversión superaría los $ 400 millones, $ 180 millones adicionales, por cambios en el diseño original. El proyecto busca inyectar 67 megavatios a la red eléctrica y esperemos que se logre terminar para beneficio de la población, pero tristemente esta hidroeléctrica quedará como un pésimo ejemplo de cómo un proyecto estatal termina enredado en una maraña de corrupción e ineficiencia, con costos sobrevalorados y una sospechosa y prolongada construcción. Exactamente lo que una administración presidencial tiene que evitar en futuros proyectos gubernamentales.