Dar respuesta inmediata al fenómeno de los desplazamientos forzados es lo que buscan autoridades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ministerios de Justicia y Seguridad, Educación y Salud ; el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como Acnur. Ayer, dichas autoridades acordaron buscar un mecanismo que facilite la atención a víctimas de futuros éxodos, y consolidar un solo registro del fenómeno, con datos que manejan las instituciones. La Procuradora Raquel Caballero señaló que desde 2014, la institución contabiliza al menos 200 desplazamientos, mientras que la PNC tiene 351 denuncias. Identificamos que cada institución está realizando diferentes acciones, pero que los esfuerzos son dispersos ; seguimos atendiendo víctimas pero tenemos que ver cómo articulamos un mecanismo de respuesta por parte de las instituciones, señaló Caballero a periodistas. Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, manifestó que la Policía Nacional Civil previene a las personas que no salgan, pero al no convencerlas deben acompañarlas a dejar los lugares de residencia. El titular de seguridad también afirmó que los fenómenos de El Castaño, en Caluco, Sonsonate y El Cedro, en Panchimalco, departamento de San Salvador, ya están resueltos. El Centro de Derechos Humanos Fray Martín de Córdova de México denunció que tres menores salvadoreños que huían de la violencia están detenidos en el Instituto Nacional de Migración de ese país. En un comunicado la ONG relata que la madre salió en busca de refugio, dos días antes que los menores, para buscar un lugar seguro en México ; los menores fueron detenidos e identificados el 8 de octubre de este año, y desde entonces están en el INM. Los tres hermanos están internados en un módulo del centro de detención sin compañía de su madre y cohabitando con personas adultas desconocidas desde hace 23 días, lo que resulta alarmante y violatorio de sus derechos, dice el comunicado. Los menores tienen 14, nueve y dos años de edad. La madre se trasladó hasta Tapachula para acreditar el vínculo