Nicaragua es el claro ejemplo de lo que le puede suceder a un país cuando destruye su institucionalidad y la independencia de poderes y el manejo del Estado se convierte en los caprichos de un dictador o de un partido de Gobierno. Daniel Ortega, desde que volvió al poder en 2006, fue desmantelando paulatinamente la independencia de poderes, partidizó absolutamente todas las instituciones, desde la Corte Suprema y el Consejo Electoral, hasta el último de los jueces, la Policía Nacional y el Ejército, al grado que las banderas partidarias adornan todas las instituciones de Gobierno. Ortega utilizó esa Corte Suprema de Justicia para reelegirse en 2011 y 2016, a pesar de que la Constitución nicaragüense claramente lo prohíbe y hace solo unos meses, utilizó a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Electoral para hacer algo que ni en los peores momentos de la dictadura de los Somoza se hizo : declaró ilegal todas las directivas de los partidos opositores, entregándolas a personajes bajo su control. A raíz de esto, los diputados opositores que no se plegaron a esos personajes, fueron destituidos. Este es un espejo, un mal ejemplo y la razón principal de lo que sucede cuando se destruye la institucionalidad. Por eso debemos cuidarla y defenderla en El Salvador.