El Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad en El Salvador ( LIASIES ) presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República ( FGR ) para que se investigue el secuestro y tortura de un médico y una laica católica durante el conflicto armado. De acuerdo con los abogados, el cirujano Juan Romagoza Arce fue capturado en 1980 por la extinta Guardia Nacional y trasladado hacia el cuartel de El Paraíso en Chalatenango. Romagoza relató que mientras realizaban una jornada médica dos camiones aparecieron y ametrallaron a la población. Ahí salí herido de la cabeza, del pie derecho y me llevaron en un helicóptero, ellos decían que yo era comandante de la guerrilla, recordó. Después de eso lo enviaron al cuartel central en San Salvador, donde fue víctima de todo tipo de torturas. ( Sufrí ) de choques eléctricos en la lengua, las orejas, los genitales, fui golpeado, me apagaban los cigarrillos en el cuerpo, fui colgado con alambres que cortaron mis dedos, me balearon mi brazo izquierdo para que no volviera ayudar a la gente, detalló previo a interponer la denuncia. La otra denuncia es por el caso de Nery González, una laica de la iglesia católica que enseñaba a leer y escribir a los más pobres. Ella fue capturada también por miembros de la Guardia Nacional el 26 de diciembre de 1979, fue detenida, sufrió lesiones y tortura y fue abandonada creyendo que estaba muerta, explicó su abogado Pedro Martínez tras indicar que Nery tenía ocho meses de embarazo cuando la torturaron por lo que su bebé nació con múltiples lesiones y a los dos meses murió. Los demandantes señalan como presuntos responsables de ambas situaciones a quienes en esa época dirigían la Fuerza Armada y la Guardia Nacional, se trata de los generales José Guillermo García ( también acusado por la masacre de El Mozote ) y Carlos Eugenio Vides Casanova, ambos deportados de Estados Unidos. Ya fuimos parte de unos juicios contra estas dos personas en corte internacional en Estados Unidos y fueron juzgados, condenados y deportados por la violación a derechos humanos