Jueces cesados y trasladados en septiembre del año pasado señalaron que el sistema judicial salvadoreño está enfermo y sometido, en la presentación del diagnóstico del sistema judicial, elaborado por la Federación Centroamericana de Jueces y Juezas por la Democracia. En la presentación del diagnóstico participó el juez Jorge Guzmán, quien llevaba la causa de la masacre de El Mozote y sitios aledaños y que fue cesado en septiembre del año pasado, cuando entró en vigencia el decreto 144, que sacó de la Corte Suprema de Justicia a todos los jueces mayores de 60 años o que tenían más de 30 años en la judicatura. El jurista cesado afirmó que los jueces impuestos deberán enfrentar la justicia y los calificó de usurpadores. Sobre esto, vaticinó que los magistrados nombrados el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa, en su mayoría por el partido Nuevas Ideas y sus aliados, podrían enfrentar cargos penales. El juez se adelantó a un escenario futuro y señaló que la situación del órgano judicial debe terminar. Seguramente habrá un amplio debate de cómo volver a la legalidad y qué efectos jurídicos van a tener todos esos actos jurisdiccionales como administrativos que estas personas están, tomando desde que asumieron esos cargos, aseguró. La jueza cesada Rosbinda Portillo también expuso sobre la separación de poderes. Es importante destacar la injerencia del Órgano Ejecutivo en el Órgano Judicial, ya que dicha injerencia ha venido surtiendo efectos en el desarrollo de todas estas reformas que han realizado por parte del Órgano Legislativo, una de las pruebas más relevantes de la injerencia del Ejecutivo ha sido la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional impuesta, en la cual aprueba la reelección presiencial, facilitando de esta manera al señor presidente de la República, su reelección para el periodo que inicia el año 2024, señaló. La jueza Portillo dijo que esto implica que el máximo tribunal de justicia violentó el principio constitucional. Los jueces Antonio Durán y Cesia Romero coincidieron en que el juez era el defensor de los derechos de la ciudadanía ; Durán añadió que el concepto abstracto de la independencia judicial,