La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, confirmó ayer la condena de 30 años prisión impuesta al coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, por la masacre de los sacerdotes jesuitas, en noviembre del año 1989. El abogado Carlos Guzmán dijo que a eso de la 1 : 00 de la tarde de ayer, el tribunal superior les notificó de la decisión firmada por los magistrados, quienes ratificaron la pena que al militar se le había impuesto en 1992. El coronel Benavides Moreno, quien fue miembro de la denominada Tandona o promoción de 1966 de la Escuela Militar, fue el único de los nueve acusados que no estuvo presente al momento de los asesinatos, pero lo acusaron de haber emitido la orden a los tenientes que dirigieron el operativo. Benavides también fue al único de los militares a quien el jurado condenó por todos los asesinatos, esa condena de 30 años le fue impuesta el 23 de enero del año 1992, pero al ser favorecido por la amnistía emitida por la Asamblea Legislativa después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, fue puesto en libertad, y dejó el penal de Santa Ana, el 1 de abril de 1993. El militar fue capturado el 5 de febrero de 2016, junto con el sargento Tomás Zarpate Castillo, el subteniente José Antonio Ramiro Ávalos Vargas, ejecutándose una orden de difusión roja emitida por la Organización Internacional de la Policía Criminal ( Interpol ), con miras a una extradición promovida por el juez de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco. Pero los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron en agosto de 2016 que los militares no serían extraditados a España. Lo que la Cámara establece es que no hay Ley de Amnistía, y él fue amnistiado, entonces debe pagar prisión por no existir una Ley de Amnistía, que fue declarada inconstitucional en julio del año pasado por la Sala de lo Constitucional, expresó Guzmán, ayer. El abogado dijo que hay dos caminos a seguir por parte de la defensa y que deben evaluar cual van a tomar : uno tiene que ver con presentar casación en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, o pedir un indulto, el cual se interpone en la Asamblea Legislativa y luego la