Cada vez que un funcionario, exfuncionario o dirigente político es acusado o investigado por una institución del Estado, el argumento más común es que es víctima de persecución política. No importa a qué partido o gobierno pertenezca, el argumento es el mismo. ¿ Será que la clase política no confía en la institucionalidad? ¿ No confía en la Corte Suprema de Justicia ni en la Fiscalía o la Corte de Cuentas u otras instituciones como el Tribunal de Ética o el Instituto de Acceso a la Información Pública si ellos mismos han electo a los funcionarios? La explicación a esa desconfianza está precisamente ahí. La clase política se ha acostumbrado tanto a elegir peones políticos y al manoseo de las instituciones que teme que el adversario controle el caso. En otras palabras, esa desconfianza da la razón a la Sala de lo Constitucional para declarar ilegal toda elección de funcionarios ligados a partidos políticos. La ironía es que uno de los argumentos que se esgrimen para impedir el establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad, es que aquí la institucionalidad funciona. Entonces, déjenla funcionar cuando los investigados son políticos. Si la clase política no cree en la institucionalidad, mucho menos lo hará la población. Es hora de ponerse serios y dejar que los procesos continúen su curso.