De los más de cinco mil centros educativos del país, la Corte de Cuentas de la República ( CCR ) solamente audita entre 100 a 150 instituciones, según reveló su presidente, Johel Humberto Valiente. Por obligación o por solicitud del Ministerio de Educación ( Mined ) u otro ciudadano, Valiente indicó que no alcanzan a fiscalizar a todos los centros educativos y lo hacen selectivamente. Aseguró que muchas de las instituciones educativas auditadas no pueden comprobar el egreso de fondos, pero realmente de que haya substracción de fondos, no deja de haber allá uno de vez en cuando, pero no es la mayoría, sostuvo. El ministro de Educación, Carlos Canjura, aseguró que tienen muy poca información sobre si hay uso inadecuado de los recursos en las escuelas. Calculó que podrían ser alrededor de ocho instituciones educativas en las que se ha señalado algún tipo de irregularidad. Pero, los sindicalistas tienen otra opinión. El secretario general del Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación Rural, Urbana y Urbano - marginal de El Salvador ( Simeduco ), Francisco Zelada, dice que tienen conocimiento de varias auditorías solicitadas a la CCR, además hay descuido del Mined en supervisar a los centros educativos. Zelada consideró que hay un manejo discrecional de los fondos públicos y en la contratación de personal. Por su parte, el secretario general de la gremial de maestros de Bases Magisteriales, Paz Zetino, cree que si bien no se puede hablar de corrupción, sí existe desconocimiento en los procesos administrativos de las escuelas, lo que provoca abundantes irregularidades. Cuando una persona no tiene conocimiento de contabilidad, no logra llevar bien los procesos y siempre hay problemas serios cuando llegan auditorías, pero no es que haya una práctica de corrupción, agregó. Ayer, la CCR y el Mined, lanzaron el Plan Piloto del Programa de Participación Ciudadana Estudiantil en Centros Educativos Oficiales en ocho centros educativos, cuatro en San Salvador y la misma cantidad en La Libertad, con lo cual se espera que los estudiantes se vuelvan contralores de los recursos públicos de esas instituciones.