El juez Especializado de Instrucción de San Miguel impuso reserva total al proceso judicial contra 11 agentes de la Policía Nacional Civil acusados de pertenecer a una banda de sicarios, que operaban en Usulután y San Miguel. Dentro de toda la diligencia de investigación también viene información relacionada a más elementos de la corporación policial que no han tenido participación en los hechos y si se encuentra a la disposición del público, cualquiera puede tener acceso a la identidad de todos esos miembros de la corporación, dijo ayer el fiscal Arturo Cruz, de la unidad antihomicidios. Al finalizar la audiencia, los 11 agentes fueron enviados a prisión, por los delitos de más de 47 homicidios agravados, fraude procesal, privación de libertad y asociaciones ilícitas. Uno de los abogados señaló que el juzgado especializado debió excusarse de conocer el delito de fraude procesal, porque no es su competencia. El fiscal del caso también reveló que el supuesto grupo de exterminio empezó a funcionar, porque a uno de los imputados le asesinaron un familiar. Fue ámbito de venganza, porque uno de ellos tuvo una pérdida familiar a consecuencia del accionar de los mismos miembros de las maras o pandillas, posteriormente al haberse creado una fama en el sector, pues decidieron tener un interés económico, dijo. Familiares de los acusados clamaron por su libertad, argumentaron que los asesinados no eran personas de bien. Son personas de bien lo que hacen es salvaguardar la seguridad de un pueblo, decían familiares entre lágrimas, oraciones y cantos. Los agentes procesados son Noé Benigno Castillo, Wilfredo de Jesús Serrano Hernández, Vidal Antonio Alfaro Flores, Prudencio Mejia Serrano, Jose Dolores Coreas, David Antonio Chevez Cruz, Pedro Antonio Pineda Bonilla, Carlos Roberto Sorto Cruz, Óscar Ovidio González Claros, Roberto Carlos Cortéz Rodas y Edgar Isaac Aparicio Chávez.