Por segundo día consecutivo el sindicato de empleados de Centros Penales siguió la reducción de labores, en las oficinas administrativas y en 11 cárceles, ayer. Sus empleados, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios, pidieron al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, la instalación de una mesa de negociación para desmontar el conflicto, dijo Guillermo Asencio, secretario general de la gremial. Señaló que está en las manos de las autoridades, resolver el conflicto que, según ellos, se ha generado por los viejos mandos que dejó la administración anterior. Demandó que se depuren al menos entre 17 y 25 empleados, entre directores penitenciarios y jefaturas, que supuestamente maltratan al personal. Ayer, los empleados se quedaron en sus casas a la espera de una solución al conflicto. Ascenció negó que se les impida el ingreso a sus puestos de trabajo y aseguró que el 100 % apoyan la protesta. De brazos caídos le vamos a demostrar y a pedir a esta administración que tenemos demasiados problemas que hay que resolver, manifestó el líder sindicalista. Aclaró que la problemática la quieren exponer, directamente al ministro Rivas y no a sus representantes. Las Penitenciarías de occidente, San Vicente, San Miguel, La Unión, Jucuapa, San Francisco Gotera, la oficina de entrega de solvencias, la escuela penitenciaria y las oficinas centrales, están en reducción de labores desde el miércoles 17 de julio. Destacó que el personal del penal La Esperanza, conocido como Mariona, está trabajando porque es gente, seguidora de Élmer Mauricio Mira Guerra uno de los señalados, dijo el sindicalista. Aclaró que la reducción de labores en las cárceles no afecta los derechos de los reclusos, como la alimentación, los servicios médicos, emergencias y las órdenes de libertad. Mientras que los servicios afectados son no permitir la salida de reos a las audiencias judiciales y no permitir el ingreso de nuevos reos a los reclusorios. Ayer, los sindicalistas continuaban frente a las oficinas centrales de Centros Penales, en el Centro de Gobierno ; también fue evidente la suspensión de la entrega de las solve