El director de la Comisión Nacional de Probúsqueda de Niños y Niñas Extraviadas durante el Conflicto Armado, Eduardo García, se mostró molesto por que se diga que las víctimas sobrevivientes y sus familiares solo quieren dinero del Estado. García aseguró que el Estado tiene responsabilidad de reparar a las víctimas de la guerra civil salvadoreña porque los perpetradores de crímenes de guerra trabajaban para instituciones del Estado como la Fuerza Armada de El Salvador ( FAES ) y la extinta Guardia Nacional. De acuerdo con Cabrera, otras medidas de reparación podrían ser la declaratoria del monumento del Parque Cuscatlán como monumento nacional para las víctimas del conflicto armado o la declaratoria del 30 de agosto como día para conmemorar a las víctimas de la guerra. Sonia Rubio, representante de la Fundación para el Debido Proceso ( DPLF ), señaló que no se está cargando al Estado con cumplir con responsabilidades económicas porque es su obligación por el principio de continuidad del poder. El diputado Romeo Auerbach ( Gana ) aseguró, el 7 de febrero, que no se debe cargar de la reparación económica solo al Estado sino principalmente a los victimarios de la guerra. Rubio explicó que, aunque los actuales funcionarios no hayan participado de hechos ocurridos en la guerra civil, es obligación del Estado salvadoreño responder a las víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. Irene Gómez, abogada del programa de Justicia Transicional de la fundación Cristosal, dijo que hay una reparación de justicia transicional que depende del Estado. Actualmente, diputados de la Asamblea Legislativa están divididos sobre si le corresponde al Estado o no reparar a las víctimas del conflicto armado.