El origen y el fin de la actividad del Estado es la persona humana inicia diciendo el texto de la Constitución. Este llamado a la práctica de una concepción humanista de la actividad del Estado, cobra mayor vigencia tras el debate estéril que dio paso a una Ley de Reconciliación que al parecer no satisface a nadie y se aprobó más para cumplir un requisito que por haberle dado pensamiento a una legislación de consenso que resuelva una problemática real e histórica. A los señalamientos de buena parte de la clase política, se han sumado las de organismos internacionales que dan seguimiento a lo que ocurre en El Salvador. Señalamientos sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad y la necesidad de una reparación justa a todos los afectados por el conflicto, deberían ser razón suficiente para que las fuerzas en pugna se pusieran de acuerdo. Superar o no el veto presidencial no debería ser la única opción a considerar. Existen miles de personas que aún esperan justicia, a las que el Estado se niega a proteger e indemnizar desde hace décadas y a quienes no sería justo hacer esperar más. Además está la necesidad imperativa de la verdad. La construcción de un consenso sobre justicia transicional no es un reto abstracto. Existe una sentencia constitucional cuyo incumplimiento impacta en la vida de personas concretas, quienes aún demandan conocer la historia de sus seres queridos antes de otorgar el perdón.