Hace seis años, cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional firmaron una sentencia histórica para El Salvador, una que anuló la amnistía absoluta e incondicional que decretó la Asamblea Legislativa en 1993, cinco días después de la publicación de informe de la Comisión de la Verdad. Declárase inconstitucional, de un modo general y obligatorio, el art. 1 de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, en la parte que expresa : Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos, indicaba la sentencia que fue firmada por cuatro magistrados : Florentín Meléndez, Francisco Eliseo Ortiz ( fallecido ), Edward Sidney Blanco y Rodolfo González Bonilla. Los firmantes fueron miembros de una polémica Sala de lo Constitucional que fungió durante el periodo 2009 - 2018 emitiendo resoluciones históricas sobre partida secreta, listas abiertas, candidaturas independientes y tratamientos de salud a pacientes. El 13 de julio de 2016, la Sala concluyó que la amnistía absoluta era contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial y al derecho a la reparación integral de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra violaciones al derecho internacional humanitario. La amnistía de 1993, además, extinguía en todo caso la responsabilidad civil, impidiendo la reparación integral de las víctimas y su derecho a la indemnización por daños morales. Fue así como los crímenes de lesa humanidad cometidos y violaciones al derecho internacional humanitario por ambas partes quedaron excluidos de la amnistía desde esa fecha ; y desde entonces la Asamblea Legislativa quedó con la tarea de emitir una nueva ley. Nos tardamos 23 años en derrotar la amnistía. El que crea que esto es una carrera de 100 metros, pasados los 100 metros, cae fundido. Los grandes obstáculos los conocemos, lo fundamental es trabajar en el relevo, advierte hoy Benjamín Cuéllar, uno de los demandantes de la inconstitucionalidad declarada contra esa amnistía decretada en 1993. Los demandantes fueron los ciudadanos José Benjamín Cuél