Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos, que representa a las familias de los periodistas holandeses asesinados en 1982, promueve una ley de justicia transicional que no perdona la prisión por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra salvadoreña. Sin embargo, sostiene que la propuesta atenúa las penas si los victimarios dicen la verdad y piden perdón, pero advierte otros borradores que mantienen la línea roja de no permitir cárcel. Señala secretismo de la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa y defiende su propuesta presentada hace un año. Esta propuesta que presentamos hace un año a esta comisión fue trabajada por comités de víctimas que representan a víctimas de todo el país, de tortura, de masacre, de asesinato, de desapariciones, de presos políticos y organizaciones de derechos humanos que somos parte de los tres espacios, explica. ¿ Las víctimas que ustedes representan provienen de los bandos o son civiles? Fundamentalmente las víctimas provienen de de por los hechos cometidos por los hechos cometidos por los escuadrones de la muerte, grupos paramilitares y la Fuerza Armada. Las víctimas todas son civiles. No. Son víctimas directas o familiares de víctimas de masacres. Son miles. Es un grupo muy representantivo de las víctimas del conflicto armado. Están registradas en sus comunidades. Repetimos lo que la misma Sala de lo Constitucional mandató. Primero, que tiene que ser una ley de justicia transicional, que cumpla con los cinco elementos de la justicia transicional, memoria, verdad, justicia, reparación, memoria histórica y todo lo demás. El relator especial para la justicia transicional de Naciones Unidas que vino dijo esta ley, si es buena, tiene que respetar respetar esos parámetros internacionales. Las víctimas son el centro, las asambleas anteriores no tenían a las víctimas como el centro. El segundo elemento central es que la ley recoja que las víctimas son el centro y que por lo tanto debe responder a sus intereses, no a los intereses políticos o intereses personales. Los anteproyectos de ley que se habían presentado en la misma Asamblea Legislativa decían que habían dos líneas rojas, una línea roja es que las personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad y que tuvieran