La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ) solo podría realizar auditorías específicas en procedimientos del Centro de Intervención a las telecomunicaciones en casos judicializados por denuncias y dichos informes serían reservados y remitidos únicamente al fiscal general de la República. La propuesta de reforma al artículo 33 suprime la facultad actual que tiene la PDDH de practicar cada año una auditoría a las actividades del Centro y de remitir el informe completo a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. En su lugar, la propuesta es que los informes de auditoría sean de carácter reservado y remitidos al fiscal general de la República. En la ley actual, los nformes solo se pueden hacer públicos si se comprueba una infraccón. La ley actual indica que la Fiscalía debe brindar la colaboración necesaria para las auditorías de la PDDH. El Gobierno también propone que la información de instituciones o empresas, nacionales o multinacionales sea almacenada en servidores locales, es decir, en El Salvador, aunque lo más común según el técnico informático Carlos Palomo es que se guarde en servidores en los Estados Unidos. Palomo, presidente de Tracoda, quien advirtió los cambios en la propuesta, señaló elementos positivos de la reforma como usar las intervenciones para combatir delitos de violencia contra la mujer, corrupción, desaparición de personas, entre otros. La Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa estudia la propuesta de reforma dentro de un paquete presentado por el ministro Villatoro, en el que propone modificaciones al Código Procesal Penal, Ley contra el crimen organizado y Ley general de telecomunicaciones. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro presentó un paquete de reformas a cuatro cuerpos de ley. La Comisión de Seguridad iniciará hoy una consulta para estudiar la aprobación de las mismas. La reforma permitirá reactivar los procesos penales aunque tengan imputados declarados rebeldes o ausentes. La reforma plantea criterios de oportunidad y juicios abreviados para el crimen organizado según acuerdos con Fiscalía. Quitaría facultad de auditoría que tiene PDDH y bajaría el plazo de autorización para la intervención de tele