Por tercera vez, la audiencia preliminar en contra del coronel Sigifredo Ochoa Pérez fue suspendida por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, ; de hecho, su nuevo abogado solicitó tiempo para conocer el caso. El militar retirado es procesado por el delito de peculado, cuando fungía como embajador en Honduras, en el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca. La Fiscalía lo acusa de apropiarse indebidamente de $ 41, 040 durante su gestión en la sede diplomática en Honduras. Por los mismos hechos, también es acusado Walter Alfredo Anaya Escalante, exministro consejero salvadoreño, y Soledad Funes de Ramírez, de nacionalidad hondureña, esta última en su condición de cómplice. En tanto, el coronel Ochoa Pérez afirmó que el juzgado le había notificado que la audiencia quedaba programada para El nuevo defensor fue nombrado un día antes de realizarse la diligencia, el martes 13 de julio, luego de agotar su lista de abogados conocidos, dicen que no conocen el nuevo Código explicó de forma sarcástica, el coronel. Ocho Pérez insiste que este proceso es parte de una persecución política del FMLN cuando estuvo en el poder, específicamente del excanciller Hugo Martínez, y este gobierno se ha prestado a la persecución política. Las investigaciones detallan que en 2005 se suscribieron dos contratos de arrendamiento para establecer la sede diplomática de El Salvador en Honduras ; por uno se pagaban $ 2, 200 mensuales, que era el precio original y otro $ 3, 000. En un segundo contrato había un excedente de $ 800, que aparentemente se apropió Ochoa Pérez y luego de su retiro, ese dinero se lo dejó el ministro consejero, Walter Anaya Escalante, también procesado, pero en su ausencia. Los otros dos imputados ausentes, en el caso de Anaya, la Fiscalía dice que la apropiación indebida fue de $ 59, 000 ; esta última cantidad la siguió obteniendo hasta mayo de 2015. El monto total que señala la Fiscalía es de $ 107, 920, que provenían de los fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores.