El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, debe pagar una fianza de $ 5 mil y llegar a firmar una vez por mes al Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer de San Salvador, donde es procesado por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres en perjuicio de la síndica Xochitl Marchelli. En una resolución emitida por la Cámara Especializada de la Mujer, los magistrados de ese tribunal superior conocieron la apelación planteada por la defensa de Bukele y en su decisión confirmaron que el proceso contra el alcalde continúe, pero debe cumplir con las dos medidas mientras se realiza la audiencia preliminar. Al ratificar las medidas, la Cámara también previene a la jueza especializada de la mujer que justifique la razón por la que impuso esas dos medidas a Bukele, quien para la próxima semana será citado a firmar al juzgado. El alcalde está obligado a presentarse a firmar, de lo contrario el juzgado que conoce de la causa está facultado para girarle orden de captura por incumplimiento de las medidas judiciales. A Bukele lo había citado el juzgado a firmar el pasado jueves, pero a través de su defensa envió un escrito en el cual justificó su incomparecencia, por tener reunión de concejo y estar trabajando en las labores de traspaso en la comuna capitalina. La Cámara Especializada también confirmó las medidas de protección para la síndica Xochitl Marchelli. Bukele debe de abstenerse de cualquier comunicación con ella, a excepción de las actividades laborales. También tiene prohibido amenazarla o generar algún traslado de la alcaldía de San Salvador ; la instancia superior prohibió a Bukele exponer a Marchelli ante cualquier medio de comunicación, entre ellos las redes sociales. El pasado 18 de octubre, al finalizar la audiencia inicial en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, la jueza suplente, María Mercedes Argüello, tras analizar la acusación inicial presentada por la Fiscalía General de la República, dijo que no encontró delito y absolvió a Bukele. Pero la Fiscalía y la síndica apelaron y el pasado 23 de noviembre la Cámara Tercera de lo Penal anuló el sobreseimiento.