En la misma población de Colombia donde cometieron sus crímenes en la década del 2000, diez militares retirados comenzaron a reconocer este martes, ante las familias de las víctimas, la ejecución a sangre fría de cien civiles que presentaron como guerrilleros caídos en combate. En la inédita audiencia de dos días, organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP ) en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, los uniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes, en su mayoría pobres. Unos 50 familiares de las víctimas ingresaron en fila a un teatro universitario de esta población exhibiendo fotografías de sus parientes. En el escenario se sentaron cara a cara frente a sus victimarios y cinco magistrados del tribunal surgido del histórico acuerdo de paz de 2016, que hasta el miércoles escuchará los relatos de un general, cuatro coroneles, cinco oficiales y un civil que colaboró en los crímenes. " Les pido limpiar el nombre de nuestros familiares (... ) eran campesinos trabajadores, no como los tildaron de subversivos, de guerrilleros, de matones ", reclamó Eduvina Becerra, pareja de José Ortega, un agricultor que vivía a unos 300 kilómetros de Ocaña antes de ser asesinado. Sus abogados, delegados de la ONU y la OEA, y decenas de personas guardaban silencio ante el macabro relato durante la audiencia. El coronel Rubén Castro reconoció la existencia de una " banda criminal al interior " de sus hombres " creada con el único fin de incrementar " las bajas a " como diera lugar ". El excomandante de la Brigada Móvil XV pidió perdón por haber exigido el asesinato de " gente buena ". Conocidos como " falsos positivos ", los asesinatos de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate son el mayor escándalo de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia. Los antiguos militares y otros victimarios del prolongado conflicto colombiano responden ante la JEP por sus crímenes como parte del acuerdo de paz que desarmó en 2017 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC ). Quienes confiesen sus delitos y reparen a