Hace unos días, una alta funcionaria estadounidense advertía que la administración de Joe Biden no entregaría ni un centavo a los presidentes centroamericanos y que están afinando sus planes para limitar drásticamente la cantidad de dinero que irá directamente a los gobiernos del Triángulo Norte, sujeta a condiciones estrictas. La funcionaria explicaba que esas condiciones estaban basadas en el combate a la corrupción y a un buen gobierno. El mensaje es evidentemente duro hacia la región, tomando en cuenta los antecedentes que hemos tenido y la realidad que enfrenta Honduras, por ejemplo, que es bastante dramática. Por eso, el mayor desafío de los gobiernos de la región, en general, y del salvadoreño en particular, es un gobierno transparente, que rinda cuentas a sus ciudadanos y que evite toda forma de corrupción. Esos condicionamientos no son únicos de Estados Unidos. La Unión Europea, Japón y otros cooperantes hacen demandas similares, así como los organismos financieros internacionales. Todos se han cansado que el dinero que ha fluido a Centroamérica por décadas, se ha esfumado en manos de gobernantes corruptos y no quieren invertir más en un barril sin fondo. La corrupción - junto a la violencia - en la región son las principales causantes de la ola migratoria que enfrenta actualmente Estados Unidos y no pueden seguirse repitiendo esos ciclos interminables de crisis, cooperación internacional, corrupción. Desgraciadamente, son necesarios esos condicionamientos para que podamos avanzar y salir de nuestras crisis. Ese es un enorme desafío no solo para el gobierno salvadoreño sino también para toda la sociedad que no debe dejar de exigir transparencia.