La Fiscalía General de la República valora impugnar una sentencia que notificó el juzgado cuarto de sentencia de San Salvador el pasado 15 de junio, 18 meses después de haber resuelto sobre el caso de Daniel Quezada Fernández, su esposa y cuatro señalados más por lavado de dinero y activos. El juzgado realizó la vista pública, el pasado 22 de diciembre del 2015, y no respetó los diez días que la ley establece para la notificación de la sentencia ; el jefe de la unidad de Investigación Financiera señala que mientras la sentencia no sea notificada, las partes no pueden apelar y la sentencia no está en firme, es decir no puede notificarse para que la condena se cumpla. El otro punto llamativo para la Fiscalía es que la vista pública se llevó a cabo el 22 de diciembre del 2015 y es hasta el 15 de junio del 2017 que se notifica a la Fiscalía de la sentencia escrita habiendo transcurrido, aproximadamente 18 meses, después de emitido el fallo para poder emitir la sentencia de manera escrita y a partir de esta sentencia escrita es que nace el derecho de las partes para apelar, explica el jefe fiscal de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortéz. Otro punto que llama la atención de la Fiscalía es que el juzgado impuso las penas mínimas a los imputados : A Daniel Quezada Fernández y su esposa Gloria Argentina de Quezada fueron condenados a cinco años de prisión por el delito de lavado de dinero, mientras que a Luis Silverio Mata Marquez, a Misael Herrera López, por la complicidad les impuso tres años y cuatro meses de cárcel y a Héctor Leonel Caballero y a Gerson Esaú Martínez Reyes se les declaró responsables penalmente por ser coautores en el delito de encubrimiento para la comisión del delito de lavado de dinero y se les impone una pena de dos años con seis meses de prisión. Sin embargo, todos superaron los dos años de prisión provisional y quedaron en libertad, ahora el juzgado de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena deberá valorar la forma en que todos los condenados cumplan su pena. Cortez añade que en el caso de los condenados a dos años y seis meses de prisión, el mismo juzgado amparándose en