Era evidente, desde su aprobación, que las reformas a la Ley de Extinción de Dominio difícilmente iban a soportar un examen de la Sala de lo Constitucional. De manera que el fallo del máximo tribunal del país de declarar inconstitucionales esas reformas, es un hecho positivo que corrige la plana en una decisión legislativa muy polémica. La Constitución no tutela, ampara, legitima, ni reconoce ningún derecho real sobre bienes que tengan un origen ilícito o que se destinen a fines ilícitos, ni permite que se creen vías de legitimación de la propiedad que no se adquiere mediante el trabajo honesto, advirtió la Sala de lo Constitucional al resumir su sentencia. La Sala mantuvo el carácter imprescriptible de la extinción de dominio y concluyó que para promover la extinción de dominio no es necesario que se agote un juicio por enriquecimiento ilícito ni viceversa. Las reformas fueron muy desafortunadas, controvertidas y se vieron como un apuro de algunos políticos de protegerse. Pero esas reformas pudieron generar un daño irreparable o de difícil reparación contra los intereses de la justicia en la persecución del crimen organizado y la corrupción. Bien por la decisión de los magistrados que una vez más pusieron los puntos sobre las íes.