En un estado de derecho, las resoluciones y sentencias de los tribunales se cumplen y se acatan. Mucho más cuando se trata de las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Pero el FMLN ha lanzado una nueva ofensiva, con un guión similar al del 2012, en el que en el fondo pretenden destituir a los magistrados. Medardo González decía hace unos días que la mayor aspiración de su partido era el control absoluto de los órganos del Estado y ahora está claro por qué. La naturaleza autoritaria del FMLN no concibe la separación de poderes y la independencia del Órgano Judicial y es incapaz de aceptar sentencias que le sean adversas. La bravuconería de la partidocracia no tiene límites y la sociedad salvadoreña debe estar consciente que el propósito del FMLN es derribar a la Sala de lo Constitucional y acabar con la única institucionalidad independiente que puede detener los abusos gubernamentales. Hay que recordar que en la precaria situación financiera del Estado, los principales donantes del país no verían con buenos ojos una locura como destituir a los magistrados y las consecuencias internacionales serían catastróficas para el país. Cualquier otro partido que se preste a una alianza en este sentido, se habrá aliado para acabar con la democracia y las libertades en El Salvador y eso sería inconcebible.