La organización Amnistía Internacional ( AI ) denunció este lunes que la guerra del presidente Nayib Bukele en contra las pandillas ha desatado una " tormenta perfecta " de violaciones de derechos humanos y pidió la intervención de la comunidad internacional. La directora para las Américas de AI, Erika Guevara - Rosas, acusó a la administración de Bukele de " pisotear " los derechos del pueblo salvadoreño con detenciones arbitrarias y maltratos a los privados de libertad. La Asamblea Legislativa, controlada por el partido de gobierno, extendió ayer hasta finales de mayo un régimen de excepción instaurado el 27 de marzo, que permite detenciones sin mandato judicial, como parte de la " guerra contra las pandillas " de Bukele., agregó Guevara - Rosas en un comunicado. La medida fue adoptada a pedido de Bukele, luego de que entre el 25 y 27 de marzo se produjeron 87 asesinados, atribuidos a las pandillas que operan en el país, principalmente la Mara Salvatrucha ( MS - 13 ) y Barrio 18. El nuevo decreto legislativo aprobado el domingo consigna que " persisten las condiciones de seguridad que demandan de manera urgente " que se prolongue ese régimen. Algunas organizaciones de derechos humanos han hablado de detenciones injustificadas por parte de la Policía Nacional Civil ( PNC ) y las fuerzas armadas ; sin embargo, el gobierno defiende el accionar de las fuerzas del orden y suele mostrar en redes sociales imágenes de los detenidos, quienes llevan tatuajes que los identificarían como miembros de las pandillas. Amnistía Internacional también pidió a la comunidad internacional que se pronuncie para evitar " una incipiente crisis de derechos humanos " en El Salvador. Guevara también urgió a las autoridades que garanticen investigaciones sobre violaciones contra los derechos humanos que hayan ocurrido. En el primer mes con régimen de excepción las autoridades han detenido sin orden judicial a más de 17, 000 pandilleros. Bukele, además, admite que puede haber un " margen de error del 1 % " en las capturas realizadas. La Asamblea, a pedido del gobierno, también reformó leyes para castigar con hasta 45 años de prisión a quienes pertenezcan a pandillas, y sancionar con hasta 15