Vigilar, aprobar, inspeccionar, examinar, son solo algunos de los términos usados por la Constitución desde 1983, para describir las atribuciones encomendadas a la Corte de Cuentas de la República. La misión de dicho ente contralor se reduce básicamente a exigir cuentas sobre el buen uso de los fondos del Estado. Con la reciente acusación contra el expresidente de la Corte de Cuentas, señalado por la Fiscalía por presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada, se demuestra que esa Corte no ha cumplido su misión constitucional y lejos de ello, podría haber sido boicoteada por los mismos titulares encargados de vigilar su cumplimiento. No se explica de otra forma que tras varios procesos judiciales en contra de tres exmandatarios, el denominador común haya sido la falta de reparos y finiquitos exprés a sus gestiones cuestionadas. Tras décadas de ser considerada botín de campaña de los partidos políticos, de ignorar señalamientos públicos y por la elaboración parcializada de exámenes de auditoría, la Corte de Cuentas muestra un desgaste institucional que no la hace merecedora de la confianza de la sociedad y mucho menos efectiva en el cumplimiento de su cometido. Llegó la hora de rendir cuentas. La CCR no puede seguir así.