La organización Acción Ciudadana ( AC ) dijo hoy que están de acuerdo con que el Estado investigue y sancione a quienes cometen delitos, exhortando al Gobierno a usar más eficientemente a los organismos de inteligencia del Estado para desarticular a los grupos criminales. Según Acción Ciudadana, el Gobierno debe desarticular a los grupos criminales sin afectar a los derechos de la ciudadanía honesta. Así lo indicó en reacción al régimen de excepción que decretará hoy la Asamblea Legislativa ante el alza de homicidios que dejó un total de 62 muertes este sábado. La institución reiteró que el Gobierno debe respetar las leyes, el debido proceso y los derechos humanos, así como agotar procedimientos ordinarios para combatir el delito antes de tomar medidas extremas que afecten los derechos de la ciudadanía como lo sería el régimen de excepción solicitado. El director ejecutivo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social ( Fusades ), Javier Castro, explicó que el régimen de excepción se toma en situaciones de emergencia, implica la suspensión de ciertos derechos y no significa anular el Estado de Derecho. La Asamblea Legislativa aprobará un régimen de excepción que les permitirá, según el diputado Caleb Navarro, hacer arrestos inmediatos, prohibir reuniones y aglomeraciones de personas. De acuerdo al diputado Walter Coto ( Nuevas Ideas ) no será inhibida la libertad de circulación ni la libertad de expresión. Otros ciudadanos también se expresaron en redes sociales cuestionando la efectividad del Plan Control Territorial y señalando temores a la aplicación del régimen de excepción contra los opositores. La abogada Marcela Galeas opinó que la política nacional de prevención delincuencial es un fracaso y el Plan Control Territorial es inexistente. La diputada Marcela Pineda, de Nuevas Ideas, criticó que se señalara de fracaso al plan y aseguró que esto es un pacto oscuro de negociar vida de los salvadoreños a cambio de entorpecer al Gobierno. No detalló qué actores o personas están negociando vidas a cambio de obstaculizar al Gobierno. Zaira Navas, quien fue inspectora de la Policía Nacional Civil (