La Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente encontró responsable de enriquecimiento ilícito al alcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, por $ 249, 045. 78 y de quedar firme la sentencia será inhabilitado para ejercer un cargo público por 10 años, según la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. La Fiscalía General de la República informó que el funcionario tiene inmovilizadas las cuentas bancarias y bienes, y deberá regresar al Estado la cantidad con la que se enriqueció, según los magistrados de la Cámara. El caso inició cuando la corte plena de la Corte Suprema de Justicia lo envió a juicio civil por encontrar indicios de enriquecimiento ilícito en sus declaraciones patrimoniales, analizadas por la sección de Probidad. Esto ocurrió el 15 de diciembre de 2016 con $ 207, 252. 44 cuyo origen se sospechaba era ilícito. Uno de los señalamientos estaba relacionado a transacciones bancarias consistentes en depósitos detectados en una cuenta personal de Rodríguez Álvarez y que, según la Fiscalía General de la República, provienen de fondos municipales ; ese monto cuestionado es de $ 71, 752. 44. Una segunda anomalía que a Rodríguez Álvarez le hallaron en Probidad fue la compra de siete inmuebles por una cantidad de $ 82, 500. Esas propiedades, según la Fiscalía, fueron adquiridas durante su gestión municipal de los años 2006 y 2015. El tercer cuestionamiento es la diferencia de $ 53 mil producto de la compra de El Portal, un inmueble que está frente al mercado municipal de Olocuilta. El expropietario, al ser entrevistado por Probidad, dijo que se lo había vendido en el año 2012 en $ 80 mil, pero en la escritura de compraventa se establece que fue obtenido por el funcionario a una cantidad de $ 27 mil ; esa diferencia de $ 53 mil es la que se le cuestiona ya que no la declaró como parte de su patrimonio. La audiencia se suspendió tres veces, debido a que los tres peritos judiciales financieros contables informaron a la Cámara que el dictamen no estaba listo. Rodríguez Álvarez fue el primer funcionario municipal a quien se le abrió un juicio civil y el primero en