De enero a junio del 2018 se registraron 125 civiles fallecidos en enfrentamientos entre miembros de pandillas y de la Policía Nacional Civil ( PNC ), según el informe del Instituto de Derechos Humanos de la UCA ( Idhuca ). El informe detalla que solo en el primer semestre del año pasado la policía reportó 207 tiroteos, de los cuales se tuvo la baja de un policía, mientras que murieron 125 personas, supuestamente pertenecientes a pandillas. El director de Idhuca, José María Tojeira, señaló que estos enfrentamientos revelan que no solo hay agresiones ilegítimas, como lo dice la policía, sino también abuso de la fuerza por parte de las instituciones. Seguimos creyendo que existe el problema de ejecuciones extrajudiciales que se han venido manifestando en los años pasados por la relación entre sus enfrentamientos, la relación entre el número de muertos que tiene la PNC y el número de muertos que tienen los agresores, dijo Tojeira en la presentación del informe. El director afirmó que no menosprecia la muerte de los agentes policiales porque también poseen derechos y familiares, pero dijo que debe tomarse mayor interés en tipificar las ejecuciones extrajudiciales como delito en el código penal de El Salvador. La disculpa que la ejecución extrajudicial no está contemplada en el Código Penal, no es excusa para no reconocer el hecho como tal, señala el informe. Tojeria manifestó la preocupación ante la propuesta del nuevo gobierno de Nayib Buekele, en ampliar las funciones de seguridad de la Fuerza Armada para crear un Batallón Policial Militar Penal ( BPMP ) para brindar seguridad perimetral a privados de libertad, cuando hagan trabajos de reinserción, porque puede ir en contra de artículos constitucionales. El ideal sería eliminar los gastos militares por improductivos o poco productivos, como hicieron en su momento Costa Rica y Panamá, e invertir ese porcentaje en educación, indicó.