La Fundación para el Debido Proceso ( DPLF ) recomienda que la comunidad internacional exhorte a los tres órganos del Estado salvadoreño ( Ejecutivo, Legislativo y Judicial ) que restituya en sus cargos a los magistrados de la Sala de lo Constitucional destituidos el 1 de mayo de 2021, a los jueces, juezas, magistrados y magistradas de las cámaras de Segunda Instancia cesados por las reformas a la Ley de la Carrera Judicial. El documento señala que los tres órganos del Estado han ejecutado una estrategia destinada a lograr la captura de la justicia y debilitamiento al principio de separación de poderes, la independencia judicial y una grave disminución en la tutela de los derechos fundamentales. Con la reforma a la Ley de la Carrera Judicial se obligó el retiro de jueces y magistrados de más de 60 años y las vacantes habrían sido cubiertas sin seguir el proceso establecido en la Constitución y estarían condicionados en sus resoluciones, lo que califican como una justicia selectiva. Pues los jueces y las juezas deben investigar antes de cualquier decisión si en el proceso de conocimiento están involucrados o no intereses del poder político o una de las partes es protegida por este, expone el informe. La crisis en la justicia ha creado una justicia condicionada, es decir, una situación en la que la protección de los derechos y libertades depende de la no afectación de otros intereses, intereses afines al gobierno o a los intereses políticos o a los círculos de influencia, dijo Úrsula Indacochea, directora del programa de Independencia Judicial de la fundación DPLF. Esta situación es de interés de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ). La comisión recordó que el principio de inamovilidad de jueces en sus cargos es fundamental para la garantizar la independencia judicial, dijo Joel Hernández, relator sobre Personas Defensoras y Operadoras de Justicia de la CIDH.