El magistrado del Tribunal Supremo Electoral ( TSE ) Guillermo Wellman sugirió establecer un voto electrónico únicamente en los estados más poblados de salvadoreños en el exterior dejando el voto postal en el resto del mundo. Lo llamó un mecanismo híbrido de votación. Luego de haber aprobado una ley especial de sufragio en el extranjero sin un mecanismo de votación definido, Nuevas Ideas propuso. Sin embargo, están posponiendo su aprobación sin una explicación. En una entrevista que brindó hoy a la radio Sonora, el funcionario aseguró que lo más sensato sería hacer el voto postal anticipado, con una anticipación de 30 días ; reveló que ha presentado una moción sobre el tema al organismo colegiado, es decir, al pleno de los cinco magistrados del TSE. A ello agregó que se podría empezar con un plan piloto de voto presencial electrónico o voto remoto en lugares como Los Ángeles, Washington, Milán o Australia, pero no hacerlo en todas partes porque creo que ya estamos retrasados para eso, explicó. El magistrado, sin embargo, reiteró que harán lo que diga la Asamblea Legislativa, la cual mantiene en suspenso la decisión sobre cómo votarán los salvadoreños en el exterior. El TSE no puede presentar proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa y esperan que los diputados decidan lo más pronto posible cuál es el mecanismo de votación. El Salvador elegirá al presidente y vicepresidente de la República junto a diputados de la Asamblea Legislativa el 4 de febrero de 2024 ; y a diputados del Parlamento Centroamericano ( Parlacen ) junto a concejos municipales el 3 de marzo de 2024. La Comisión de Reformas Electorales aún realiza consultas con salvadoreños residentes en el exterior simpatizantes de Nuevas Ideas, algunos han propuesto votación electrónica y también piden tener la opción de votar de manera presencial en los consulados o incluso postal. El TSE ha observado que la nueva ley debe facultar al TSE para auditar los sistemas electrónicos propuestos por las empresas que concursarán en la licitación. Sin embargo, la ley propuesta por Nuevas Ideas plantea la posibilidad de inaplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (