Los fondos de pensiones están nuevamente en la mira del Ejecutivo. Ya no se trata solamente de una reforma de pensiones absolutamente impopular y que busca apoderarse de las cuentas individuales de los trabajadores. Ahora el nuevo objetivo es obligar a un nuevo parche legal que habrá que esperar si tiene el apoyo de los diputados de los partidos pequeños, a veces tan volubles a los cantos de sirena del Ejecutivo. El Gobierno quiere que se incremente el monto máximo obligatorio de compra de los CIP, desde un 45 a un 50 %, un hecho que evidentemente afectaría la rentabilidad de las pensiones, algo que es claro que no parece interesarle al Gobierno, pese a la sentencia de la Sala de lo Constitucional en ese sentido. El objetivo del Gobierno del FMLN es apoderarse de los fondos de pensiones a toda costa, con reforma o sin ella. Con parches que, según los entendidos, solo durarán un año, es decir, lo suficiente para pasar las elecciones presidenciales y terminar el periodo de Gobierno, ahí después que el próximo Ejecutivo vea qué hace. Los diputados no oficialistas tienen que demostrar si están del lado del Gobierno y sus objetivos o del lado de los trabajadores que son los únicos dueños de los fondos de pensiones y necesitan proteger ese dinero.