La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) admitió un amparo en contra de la Fiscalía General de la República ( FGR ) por la omisión en diligencias de investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos de la masacre indígena de 1932, ocurrida durante el mandado de Maximiliano Hernández Martínez en Izalco, Sonsonate, donde se estima unas 30 mil personas fueron asesinadas. Admitase la demanda contra el Fiscal General de la República, a quien se le atribuye la omisión de realizar las diligencias de investigación necesarias para determinar las circunstancias relacionadas con la desaparición de los señores Pedro Rodriguez Lüc, José Cruz Rodriguez y Juan Rodriguez. así como el genocidio y desaparición de miembros de pueblos indígenas durante los hechos acontecidos en lo que se denomina la masacre de 1932, dice la admisión de la Sala de lo Constitucional. El argumento es que nunca se inició una investigación de los mismos pese a la trascendencia histórica, que implicó la muerte de miles de personas originarias de los pueblos indígenas. La abogada demandante, Claudia Interiano, explicó que es un proceso que fue iniciado el 22 de enero del 2022 por ciudadanos y ciudadanas, entre ellas familiares de personas que fueron víctimas de las desapariciones y de la masacre, ya que aseguran está dentro de su derecho colectivo. Entre los demandantes están : Pedro Alberto Rodriguez Aguilar, Daniel Orlando Navas Peña, Karla Mariella Irigoyén Meza, Luis Antonio de Paz Vásquez y Gustavo Eduardo Pineda Nolasco. La masacre indígena - campesina de 1932 ocurrió en el Señorío de los Izalcos, ahora conocido como los municipios de Tacuba, Juayúa, Concepción de Ataco, Sonsonate, Santa Ana, Ahuachapán, Izalco, Cuisnahuat y Nahuizalco. Los otros 23 municipios registraron un caso en cada uno, entre ellos Ilopango, Apopa, San Salvador, San Alejo, Zaragoza, Sonsonate, Antiguo Cuscatlán, San Julián y Sonsonate.