##s deben tener acceso los medios de comunicación, creo que la población debe estar enterada e informada de lo que acontece en un juicio de esta naturaleza, sostuvo Quintanilla. Este caso fue judicializado por la Fiscalía General de la República, el 31 de octubre del año 2016, y en esa fecha acusó a los procesados de haber lavado $ 246 millones, pero ese monto se incrementó en $ 56 millones más con el peritaje realizado. La UIF señala en el dictamen de acusación que el expresidente Saca tuvo, supuestamente, la ayuda de seis de sus colaboradores para desviar $ 300 millones desde una cuenta subsidiaria de la Presidencia hacia 14 cuentas a nombre de Élmer Roberto Charlaix Urquilla, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, para después transferirlos a sus empresas. De los $ 300 millones que salieron de la cuenta subsidiaria de Casa Presidencial, $ 116 millones se cobraron en efectivo, configurándose así el peculado ( apropiarse de bienes del Estado ).