el juicio no se demostró que Menéndez Avelar obligara o forzara al Ministerio de Obras Pública a adjudicar obras a empresarios por su recomendación. No existió ningún tipo de favorecimiento para la empresa guatemalteca que se dice que se le adjudicó el puente San Isidro. De ahí que desde el punto de vista jurídico los hechos no son constitutivos de casos especiales de lavado ni del punto probatorio, tampoco, afirmó Miranda.