Familiares de 21 ex funcionarios del Gobierno del expresidente Sánchez Cerén, acusados por el desvío de fondos de la Dirección de Centros Penales a la Asociación Yo Cambio ( Asocambio ) sostuvieron este jueves que " Se les considera perseguidos políticos porque a ellos se les acusa de algo irrelevante cuando existen auditorias en la Corte de Cuentas de cómo se realizaron las cosas. Ese dinero ni siquiera es público, es privado porque era el dinero de cómo debía ser administrado el dinero de las tienditas, existió una recomendación en ese momento por parte de la Corte de Cuentas al Ministerio de Justicia que tenía que haber una forma para que este dinero de ente privada pudiera circular para que este fuera auditada por la Corte. Entonces, lo que hizo Mauricio Ramirez fue un mandato de la misma legalidad de los trámites administrativos que habían ", sostuvo Ivannia Cruz, quien forma parte del llamado Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador ( COFAPPES ). Según los familiares, l Sin embargo, la representante de COFAPPES, Ivannia Cruz, aseguró que no se les imputa ningún delito nuevo a los ex funcionarios acusados. " Hasta la fecha estamos a la espera que el juzgado emita una fecha para la audiencia preliminar. De los casos políticos es el único del que no tenemos fecha " añadió Cruz. En septiembre del 2021, los fiscales explicaron que este comportamiento trasgrede la Ley Penitenciaria. Entre los procesados En junio de este año, cuatro peritos empezaron a analizar una pericia financiera contable para determinar cuánto es el dinero exacto que supuestamente fue lavado. Ayer 26 de octubre fue presentado el dictamen de acusación por la FGR en el cual, según la entidad, existen las pruebas suficientes para comprobar los delitos.