El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, aseguró ayer que según escuchas telefónicas de pandilleros detenidos en la Operación Jaque, funcionarios públicos intentaron negociar con las pandillas en febrero del año pasado. En la investigación de la Operación Jaque, según explicó el fiscal, se interceptaron llamadas telefónicas en las que se advirtió un intentó de acercamiento de las pandillas con altos funcionarios. Hubo un intento, en realidad, un tipo intento a principios del año pasado, un acercamiento entre las pandillas con personas, o por lo menos es lo que ellos decían, que estaban en conversaciones con algunos funcionarios, confirmó Meléndez. El fiscal dijo que dieron seguimiento a varias reuniones que los pandilleros tuvieron en iglesias de la colonia Miramonte, donde la Fiscalía identificó un vehículo diplomático. Asimismo, confirmó que Edwin Ernesto Rodríguez Cedillos, alias, Renuente de Abriles, capturado en la Operación Jaque se movilizó en vehículos de la alcaldía de San Pedro Masahuat. También le dimos seguimiento y se reunió con ciertas personas incluso se movió en un vehiculo de la alcaldía de San Pedro Masahuat, reveló. A pesar de eso, el Fiscal cree que solo fueron intentos de acercamientos, puesto que se quedaron en ese nivel nada más. Dijo que en las llamadas que escucharon, los pandilleros nunca dijeron nombres, solo indicativos y características de las personas con las que supuestamente se reunían. Hasta donde yo recuerdo, ellos mencionaban situaciones pero no mencionaban nombres específicos, hacían referencia a personas como El enano, pero no mencionaban a funcionarios en específico, hacían referencia como indicativos de personas, explicó Meléndez. Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez ha negado que el Gobierno haya tenido algún acercamiento o entregado dinero a las pandillas. ¿ De qué tipo de trato estamos hablando entonces? si lo único que la criminalidad ha tenido como respuesta de las instituciones de seguridad es combate, persecución y el uso de la fuerza que la Constitución y la ley le dan al Estado para cumplir con sus responsabilidades, sostiene. El jefe del Ministerio Público