Los últimos dos meses, más de 800 procesos relacionados a la Sala de lo Constitucionalidad se han estancado por la falta de elección de magistrados. Entre ellos hay amparos, recursos de inconstitucionalidad y hábeas corpus. Todos tienen en juego derechos fundamentales de ciudadanos o amenazas de instituciones del Estado contra esos derechos. Para colmo, el Ejecutivo ha empezado a enviar vetos por inconstitucionalidad a la Asamblea Legislativa con la evidente intención de detener la vigencia de leyes y paralizar la superación de vetos ya que tienen que ser dirimidos por la Sala de lo Constitucional. Este retraso es un signo de una enorme irresponsabilidad de parte de los diputados. Algunos conjeturan que hay interés de algunos partidos de bloquear esta elección hasta después de las elecciones presidenciales del próximo año para así evitarse cualquier desafío constitucional en caso de disputas electorales legales. Esto sería gravísimo para toda la ciudadanía, para los derechos fundamentales de los salvadoreños y para la institucionalidad democrática. Seguir atrasando la elección solamente causa daño al país, daños a la certidumbre de El Salvador, al Estado de Derecho y acrecienta los temores de que hay sectores interesados en establecer un régimen de impunidad y de autoritarismo muy peligroso para nuestra nación.