La jueza Primero de Paz ordenó que, mientras sigue el proceso judicial en su contra en la fase de instrucción por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos, tras supuestamente a cuentas particulares del expresidente Mauricio Funes. Los imputados son el expresidente del Banco Hipotecario, Carlos Alberto Ortiz, el exvicepresidente, Carlos Enrique Cruz Arana y el exoficial de cumplimiento Jolman Alexander Ayala. Todos capturados la semana pasada. La jueza manifestó en su resolución que la mayoría de los argumentos que la Fiscalía sostuvo en la etapa inicial del proceso, están sustentados con prueba documental, testimonial y pericial. La pretensión inicial de la Fiscalía para esta etapa inicial está totalmente superada, afirmó la fiscal, al tiempo que agregó que solicitó a la jueza, seis meses de instrucción para completar la investigación que fortalezca la acusación. Por su parte, David Ramírez, defensor del exvicepresidente del banco Hipotecario, manifestó que porque no comparten el fundamento de la jueza sobre todo en el caso del señor Carlos Enrique Cruz Arana. La Fiscalía sostiene tener evidencias que demuestran que todas las autoridades del banco Hipotecario que estuvieron en 2009 y 2014, permitieron que salieran $ 350 millones de Casa Presidencial a cuentas particulares. Según la Fiscalía, Ortiz, en su condición de presidente del Banco Hipotecario durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, Como exvicepresidente, Cruz es acusado de blanquear una cantidad similar y. El presidente y vicepresidente del banco Hipotecario recibieron de Casa Presidencial $ 3, 000 y el oficial de cumplimiento $ 2, 000 mensuales, dinero que recibieron en efectivo, aclaró la fiscal. De ahí que el presidente y el oficial de cumplimiento son procesados de peculado en calidad de cómplice necesario, y lavado de dinero ; mientras que al exvicepresidente solo por lavado de dinero y activos. Los imputados estarían ligados al proceso Saqueo Público donde el expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena es el principal implicado en el lavado de dinero por más de $ 350 millones.