El Consorcio por la Transparencia y lucha contra la Corrupción propuso la semana pasada a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, firmar un Compromiso de Integridad, al que deberán someterse de resultar electos. Solo 11 de los 30 aspirantes accedieron a firmarlo, y en él se comprometen a adoptar un comportamiento con los más altos estándares éticos y una conducta de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, así como actuar de forma proba e independiente, en lo juridiccional y administrativo, de cualquier tipo de presión política, grupo de interés o sector. El compromiso debe haberle arrugado la cara a más de algún partido o dirigente político que sueña con volver a los tiempos en que las magistraturas se repartían en base a cuotas partidarias a obedientes abogados que se convertían en sus siervos y no les desafiaban sus decisiones. Eso cambió con la Sala de lo Constitucional saliente y como sociedad no podemos permitir que se revierta. La sociedad civil debe estar alerta y vigilante de todo el proceso de elección de magistrados. La sola firma de este compromiso no es ningún aval ni es suficiente, hay que revisar bien las trayectorias de todos los aspirantes, no solo académicas sino su conducta pública y privada. El Salvador no se puede equivocar en esto.