Abogados de Cristosal pidieron hoy a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) declarar inconstitucional el régimen de compras en régimen de excepción que realiza el gobierno y la Fiscalía General de la República ( FGR ). " Viene a impactar, viene a violentar los principios de las compras públicas establecidos en la Constitución de la República y en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ", dijo Ruth López, jefa jurídica de anticorrupción y justicia de Cristosal. Agregó que se vulnera la ética, la probidad, la transparencia y la competencia que se deben seguir en los procesos de contratación y que promueve la corrupción. Las acciones impugnadas incluyen los lineamientos de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ( UNAC ) del Ministerio de Hacienda, unidad que tiene la facultad " de plantear todo un sistema de contrataciones " y que según Cristosal " permite seleccionar directamente ( a la persona o empresa a quien se va a contratar ) en un proceso que se conoce como selección sin competencia ". Según la organización, el régimen viola la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción porque los contratos no son conocidos públicamente y normaliza la contratación directa. " Para nosotros ese es uno de los problemas que hay, es decir, extiende y naturaliza este régimen excepcional de las compras públicas, pero además de faculta a la misma FGR a romper con los procesos de contratación, es decir, incluso expone a que la Fiscalía pueda ser sujeto de corrupción ", afirmó López. Los demandantes exigieron que " esta suspensión fáctica de la transparencia y rendición de cuentas " se detenga. La Asamblea Legislativa aprobó el " Régimen Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Estado " el 24 de abril de 2022 para que el Órgano Ejecutivo pueda ajustar instrumentos normativos con el fin de facilitar compras de bienes y servicios, obras y todo tipo de inversión necesarios. Dicho régimen permite inaplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ( Lacap ). El régimen es de orden público y tiene carácter especial, es