Miles de brasileños se han volcado a las calles para protestar contra la sonada trama de corrupción de la petrolera estatal y el denominado caso Lava - Jato que cada día deja más en evidencia al expresidente Lula da Silva y a los principales líderes de su Partido de los Trabajadores. Pero lo que más ha indignado a los brasileños fue el intento de la presidenta Dilma Rousseff de proteger a su padrino político al nombrarlo ministro de la Presidencia, un cargo que duró menos de una hora, tras una resolución judicial que lo suspendió. Los niveles de corrupción de Brasil, investigados por la Fiscalía y el juez Sergio Moro, han alcanzado a políticos de todos los niveles, a empresarios que se beneficiaron con contratos tras el pago de sobornos y hasta al mercadólogo João Santana por ser parte del esquema de lavado de dinero y sobornos, tanto en Brasil como en el exterior. Sin duda, la justicia brasileña está actuando firme y ejemplarmente y la población del gigante sudamericano está indignada y exigiendo que se encarcele a los responsables de todo este esquema criminal. Los fantasmas que persiguen a Lula y a Dilma son precisamente la corrupción, el soborno, la compra de voluntades, algo condenable en cualquier lugar del mundo.