El presidente de la República, Nayib Bukele, devolvió con observaciones la reforma a la Ley de Protección al Consumidor que permite a los consumidores reclamar la garantía de sus productos incluso sin el certificado de garantía correspondiente, obligando a los proveedores a archivar copias de los certificados. La reforma, aprobada el 15 de noviembre pasado, faculta a la Defensoría del Consumidor a que exija al proveedor cada copia de factura o contrato garantía, así como sancionarlo si se niega a entregar dicho documento. La observación del presidente fue que la negativa a entregar la copia de garantía no se incluyó en la lista de infracciones de la ley, por lo que la facultad de sanción no se podría aplicar. Añadió que la reforma solo incorporó dentro de la lista de infracciones no llevar un registro electrónico o físico de certificados de garantías, facturas o documentos que amparen la garantía, pero nada relacionado a la negativa de entregar dicho documento. Lo anterior presenta un problema respecto de la exigencia de la obligación contenida en el inciso final del artículo 33 - A ( reformado ), ya que este último establece de forma referencial una posible sanción ante tal negativa pero, cuando se buscan en el mismo cuerpo legal dicha infracción, esta no se encuentra regulada, afirma en el documento. Así, en la nota firmada por el presidente Nayib Bukele, el mandatario recomienda incluir dicha conducta en la clasificación de infracciones en la Ley de Protección al Consumidor. Las observaciones fueron recibidas esta mañana por la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, que quedó abierta para aprobar cambios. Propongo dejar la comisión abierta y que cada uno de ustedes se las lleve, podamos en otro momento poder venir a platicar sobre el tema, dar las posturas, las opiniones y también lo más importante aprobar para que esto tenga ya validez, dijo el diputado Rodrigo Ayala, presidente de la Comisión. Una de las novedades de la reforma aprobada es que permite que el consumidor pueda reclamar la garantía en cualquier momento siempre y cuando esté activa. La ley anterior daba 30 días