indemnización por la supuesta publicación de información falsa " y un millón de dólares por difamación a raíz de notas periodísticas en torno a la adjudicación millonaria a favor de una compañía extranjera de un proyecto de instalación de cámaras de vigilancia en San Salvador, con un contrato de 20 años. La SIP recuerda en su nota que el pasado 27 de junio, un juzgado rechazó otra demanda del alcalde contra La Prensa Gráfica por los reportajes sobre el proyecto de cámaras de vigilancia, debido a que el magistrado consideró sin sustento " la alegada falsedad de la información " que difundió el medio.