Por primera vez desde 1959, un exfuncionario fue procesado y condenado por enriquecimiento ilícito, un hecho inédito en la historia del país que habla también de que ha pasado tiempo de abusos e impunidad en nuestra historia. Al mismo tiempo, un exjefe militar y actual embajador es despojado de su fuero para que enfrente tres acusaciones por tenencia y comercio ilegal de armas, así como estafa. Solamente fueron 43 los diputados que votaron por el desafuero, el mínimo de ley para el procedimiento. De alguna manera, hay signos positivos de que nuestra institucionalidad está funcionando. Que el combate a la corrupción y a la impunidad, especialmente en los históricos círculos de poder, están dando signos positivos, aunque obviamente hay mucho que mejorar. El lunes mismo, un consorcio de organizaciones no gubernamentales llamaba a la Corte de Cuentas de la República y al Tribunal de Ética Gubernamental a cumplir su papel. Otras instituciones también necesitan mejorar y es tiempo que tomen ejemplo. Lo que hay que aspirar en El Salvador es que de todo esto quede algo mejor, que se supere esta forma de gobernar que la partidocracia históricamente ha tenido y que tal como nos demuestran los hechos, solo nos ha traído irregularidades de consecuencias graves para nuestro país.