El expresidente Elías Antonio Saca y los otros seis imputados son responsables civilmente por los hechos cometidos y deben regresar al Estado millonarias cantidades de dinero, así fue la condena por mayoría que emitió el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, ya que el juez presidente, José Luis Giammattei, emitió un voto concurrente, es decir, que no coincide con la con la argumentación de sus dos compañeros jueces. Para los jueces Alejandro Guevara y María del Pilar Abrego de Archila, los siete imputados tenían que ser condenados y así fallaron, mientras que Giammattei, dijo que la responsabilidad civil tuvo que ser abstracto. Ábrego de Archila, quien fue la encargada de fundamentar la condena de responsabilidad civil por un monto de $ 300, 347, 117. 17, expresó que con el actuar de cada uno de los imputados se ocasionó un perjuicio económico al Estado. Para imponer la cantidad a cancelar mencionó que se valoró el principio de equidad y cada imputado debe responder en proporción a sus acciones cometidas. El tribunal considera que son coautores, es una estructura y que cada uno ha obtenido beneficios, los imputados son responsables civilmente por los hechos cometidos y considera procedente condenarlos sostuvo la jueza. Contrario a lo decidido por los dos jueces, Giammattei dijo que sobre la cuantía se tuvo que haber valorado que el peritaje presentado por el Ministerio Público no respondió todos los puntos requeridos. De ahí que la responsabilidad tenía que ser abstracta para que fuera un tribunal en materia civil el que cuantificara los montos para de esa forma ser proporcionales y justos. Con la condena de responsabilidad civil solidaria, los dos jueces accedieron a la pretensión del Ministerio Público que planteó la existencia de un claro menoscabo patrimonial al Estado. Los defensores cuestionaron fuertemente esa decisión y ya han adelantado que apelarán esos montos impuestos. Lisandro Quintanilla, defensor de Julio Rank, expresó que el punto 16 de la pericia determina que no es posible señalar el uso legal de los fondos lo cual generó una duda que debía llevarse a un juzgado de lo civil. Mientras que Mario Machado, defensor del ex