El exfiscal general Luis Antonio Martínez González, fue demandado ayer por la Unidad Anticorrupción en la Cámara de lo Civil de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, departamento de la Libertad, por un presunto enriquecimiento ilícito de $ 486 213. 80. La demanda civil también es contra Karla García de Martínez y Luis Carlos Martínez García, esposa e hijo del extitular de la Fiscalía General de la República en período 2012 - 2015. La irregularidad mayor son los depósitos que él realizó en cuatro tarjetas de crédito, una a nombre de él, dos a nombre de su esposa y una a nombre de su hijo mayor, que en total suman en abonos $ 361, 265 solo en tarjetas, dijo ayer un fiscal del caso. Explicó que la Fiscalía cuesiona que los gastos hechos son mayores al salario que Martínez percibía en la institución que presidía. Uno de los argumentos que él ( Martínez ) virtió es que era entrega de Casa Presidencial, sin embargo se tiene un documento y se ha hecho una investigación en donde el secretario para Asuntos Legislativos ha dicho que no existe constancia de la entrega de esos dineros, agregó la representación fiscal, ayer. El pasado 7 de noviembre, el juzgado 14o de paz de San Salvador autorizó el embargo de bienes inmuebles y cuentas bancarias de Martínez, tras la investigación que se le sigue por lavado de dinero. Ayer, los fiscales confirmaron que se trata de cuatro inmuebles, cuentas bancarias y carros. Uno de los inmuebles está ubicado en Las Piletas, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. En el escrito presentado, los fiscales de la Unidad Anticorrupción al presentar de forma oficial la demanda solicitaron a la Cámara que aplique la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que data desde el año 1959, que contiene un proceso sancionatorio de multas y reembolso al Estado de lo adquirido indebidamente. Los fiscales también explicaron que parte del dinero habría salido de viáticos y gastos de representación de Martínez, quien exigía más de lo que normalmente le correspondía recibir. Este caso inició el 29 de noviembre del año pasado cuando la Corte Suprema de Justicia ( CS