La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) revisará el cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) el 13 de julio de 2016, en diciembre próximo. La vicepresidenta de la CIDH y relatora sobre Memoria Histórica, Antonia Urrejola, informó ayer que todos los miembros de la Comisión llegarán al país a finales de este año, para observar el tema de los archivos militares y la sentencia de la Sala para hacer recomendaciones al Estado después de su visita. En el 2016 se dio inicio a un proceso en El Salvador, con el objetivo de evitar la impunidad, juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas ; desde la Comisión esperamos contribuir hacia la mayor sensibilización, aseveró la vicepresidenta del CIDH, durante el Foro denominado Hacia la construcción de una política integral de justicia transicional en El Salvador. Urrejola también reiteró que es importante que los diputados de la Asamblea Legislativa mantengan el diálogo con las víctimas del conflicto, para lograr un consenso para la paz y la reconciliación de los salvadoreños sean tomadas en cuenta, su sentir tiene que ser escuchado, eso es fundamental, dijo. Asimismo, el representante regional adjunto de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ( ONU ), Andrés Sánchez, señaló que la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Amnistía salvadoreña, la judicialización de la masacre de El Mozote y la creación de comisiones de búsqueda de personas desaparecidas en la guerra, son un avance en la lucha contra la impunidad. No obstante, Sánchez afirmó que un tema de preocupación en el país es el proyecto de ley de reconciliación, porque podría convertirse en una amnistía de facto y beneficiaría a los actores intelectuales, materiales y los altos mandos que permitieron las ejecuciones de lesa humanidad. En 2016, la Sala declaró inconstitucional la referida ley por la violación al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección