El 2021, el segundo año de la pandemia, fue un año extremadamente complejo para El Salvador. El país vivió recurrentes crisis políticas provocadas por dramáticos cambios impulsados desde el Ejecutivo que se fortaleció tras las elecciones legislativas de febrero pasado y que le permitieron controlar la Asamblea Legislativa como ningún otro partido lo había hecho en décadas. La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República constituyeron hechos que estremecieron la institucionalidad democrática del país y han generado reacciones nacionales e internacionales de preocupación. La posterior destitución de una gran parte de los jueces de la República sumó aún mayores preocupaciones. Esto trajo como consecuencia una relación tensa y difícil con Estados Unidos que ha estado señalando repetidamente sus preocupaciones, ha incluido a funcionarios salvadoreños en la lista de personajes corruptos o antidemocráticos y ha habido un claro distanciamiento entre la administración Biden y el presidente Nayib Bukele. En medio de esto, el gobierno impulsó el bitcoin como moneda de curso legal, lo que generó una notable resistencia de la población, manifestaciones y críticas. La violencia delincuencial no cesó aunque sí hubo una sostenida baja de homicidios, las desapariciones, las extorsiones y los asaltos siguen afectando duramente a la población. Ha sido un año difícil e incierto, pero hay que reconocer el papel de la sociedad civil en defensa de la democracia, de los medios de comunicación, de una empresa privada vibrante que sigue impulsando el crecimiento económico y las exportaciones. Vendrán mayores problemas seguramente en 2022, pero nos queda luchar por un mejor país donde todos podamos vivir en armonía.