Después de tres semanas de intensas negociaciones, el Gobierno y la principal gremial empresarial, la ANEP, presentaron la semana pasada al país un plan de alivio económico ante la crisis desatada por la pandemia del coronavirus. En el contexto salvadoreño es un plan que está lejos de ser perfecto pero que es necesario para intentar salvar el mayor número de empleos posible, evitar el hambre y aliviar la economía en el amplio sentido de la palabra. El acuerdo inyecta liquidez para gran parte de las empresas y busca cómo salvar gran parte de los empleos, además de paquetes de ayuda alimenticia. Pero es sorprendente cómo los diputados desestimaron el viernes meter en agenda este plan. Las fracciones podrán tener razón en algunos puntos de su disputa política con el presidente Nayib Bukele, pero al retrasar la discusión sobre este paquete no están perjudicando al Ejecutivo sino a decenas de miles de salvadoreños que necesitan estas medidas para poder sobrevivir en los próximos meses, gente que depende de sus salarios o de sus negocios para poder alimentarse, pagar sus más elementales necesidades. Los diputados y el Ejecutivo tienen que priorizar las necesidades de la población a los caprichos y disputas políticas.