Funes Cartagena. El artículo 1 de la ley contra el enriquecimiento ilícito señala que la norma se aplica a los funcionarios y empleados públicos que desempeñen cargos fuera o dentro del país. Incluye diputados de Asamblea y Parlacen. El inciso dos del artículo de la misma ley dice que estarán sujetos aquellos que administren o manejen fondos o bienes del Estado. Según el fiscal general, la resolución de la Sala de lo Civil sienta precedente para otros casos de funcionarios que no manejen fondos públicos.