El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez dijo que el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de seguir deportando pandilleros, especialmente de la MS - 13, no significa que el país recibirá miles de deportaciones. Según el funcionario, esto es porque no todos los integrantes de la Mara Salvatrucha son salvadoreños. Si bien se identifica mucho a jóvenes salvadoreños cuando se habla de esa organización criminal, pero hay muchos centroamericanos de otros países, mexicanos y de otras nacionalidades e incluso norteamericanos. De forma que tampoco es que esa política significa que habrá miles de deportaciones a El Salvador, dijo ayer el funcionario a Diario El Mundo. El titular de seguridad recordó que existen disposiciones recien aprobadas por la Asamblea Legislativa, para tratar a los pandilleros retornados. En cuanto a los nacionales que sean deportados por esta razón, pues El Salvador se ha venido preparando y tenemos un plan, una herramienta legal para aplicar en caso que eso ocurra, dijo. Añadió que también tienen un plan para combatir la organización criminal MS - 13 y que lo han estado desarrollando por mucho tiempo. Estructuras completas que pertenecen a la organización son castigadas, perseguidas y capturadas. Los planes siguen adelante y ante esa situación, pues ya nos hemos preparado, aseguró anoche. Hasta el 30 de junio, la Dirección General de Migración y Extranjería ( DGME ) registraba la deportación de 556 pandilleros, de los cuales 46 habían sido detenidos por la Policía Nacional Civil. Al cierre del año pasado, el país recibió 514 pandilleros y de éstos solo 71 fueron capturados al llegar a suelo salvadoreño. Hasta el 25 de julio de este año, Migración registraba el retorno de 16, 403 salvadoreños de Estados Unidos y México. En su momento, el director de Migración dijo que el retorno de pandilleros es una preocupación para las autoridades de seguridad pública, porque esto pudiera venir a incrementar el clima de violencia que vivimos en el país ; además recordó que las disposiciones aprobadas por la Asamblea obligan a los pandilleros a trabajar y estudiar.