La Cámara Ambiental de Segunda Instancia con sede en Santa Tecla, La Libertad, tiene previsto definir el 19 y 20 de marzo la prueba que admitirá en el juicio civil que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía promueve al exministro de Justicia y Seguridad, René Figueroa y su esposa Cecilia Coronada Alvarenga Pinto de Figueroa. En esa diligencia, conocida como audiencia preparatoria, la representación fiscal y los demandados deben exponer a los magistrados las pruebas que consideran pertinentes y necesarias para ser discutidas en la audiencia probatoria ( última del juicio civil ) ordenado por la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ). La pretensión del Ministerio Público es que Figueroa y su esposa sean encontrados responsables de enriquecimiento ilícito e inhabilite para ejercer un cargo público por un período de diez años. Al exministro se le cuestiona un incremento patrimonial no justificado entre el 1 de enero de 2007 al 31 de mayo de 2009, cuando fungió como titular del ramo de seguridad en la administración presidencial de Elías Antonio Saca, quien purga una pena de diez años por lavado de dinero y peculado. Los fiscales anticorrupción señalan en la demanda que el exministro junto a su esposa no lograron desvanecer 18 irregularidades encontradas con un monto de $ 1, 028, 974. 54. El expediente del conocimiento de la Cámara Ambiental tiene el informe que la Sección de Probidad envió al Pleno de la Corte Suprema de Justicia tras analizar el patrimonio de Figueroa, el cual inició el 24 de octubre del año 2017 y que finalizó el 9 de abril, cuando se ordenó iniciarle el juicio civil por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía expone en la demanda que a René Figueroa, la Sección de Probidad le encontró 14 irregularidades, consistentes en no justificar el pago de tarjetas de crédito, depósitos en cuentas bancarias, pago de préstamos y la adquisición de vehículos e inmuebles. Con respecto a su esposa, las cuatro irregularidades son similares y corresponden al período en que Figueroa fue ministro de Seguridad y un año posterior al cese de funciones. Al individualizar los montos, la Fiscalía busca que la Cámara Ambiental ordene que el exministro devuelva al Estado $ 871, 640. 99, mientras que