Ríos de manifestantes aumentan la presión en las calles militarizadas de Quito. Los indígenas y el gobierno ecuatoriano miden fuerzas sin que aún se vislumbre una salida a diez días de crisis con protestas que dejan dos muertos y decenas de heridos. Este miércoles el gobierno de Ecuador rechazó el pedido indígena de derogar el estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias y en la capital ecuatoriana. Ante la negativa oficial, el movimiento de protesta volvió a la carga para exigir una reducción de los precios de los combustibles, entre otras acciones que amortigüen el costo de la canasta básica. Llegados de varios puntos, cerca de 10. 000 indígenas están en Quito desde el lunes. A su paso van quemando neumáticos y armando barricadas con troncos de árboles. Alambres de púas, vallas y militares protegen la sede presidencial. La ciudad está semiparalizada. El gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene las " manos manchadas de sangre ", lanzó el indígena Leonidas Iza, líder de la movilización, frente a la represión que denuncian los manifestantes. Entre lunes y martes han muerto dos personas en medio de las protestas, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que además registra 90 heridos y 87 detenidos desde el 13 de junio. De acuerdo a la policía, hay 101 efectivos y soldados heridos. No obstante Iza, presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas ( Conaie ), dijo que está dispuesto al " diálogo " sin intermediarios y bajo " veeduría " que garantice " resultados ". Como punto de partida, la Conaie quiere que se levante el estado de emergencia bajo el cual militares salieron de los cuartes y se decretó un toque de queda nocturno en Quito. Pero el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fue rotundo : " No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir ", advirtió en entrevista con el canal Teleamazonas. Con los acercamientos en puntos muertos, las protestas avanzan en el resto del país. El martes, un ataque a instalaciones policiales