Las reformas penales que está por aprobar la Asamblea Legislativa y que fueron una iniciativa de la Fiscalía General de la República, contemplan endurecimiento generalizado de penas a los pandilleros por el control de territorios y por el acoso a los estudiantes y maestros. Esta última parte de las reformas es fundamental no solo aprobarlas, sino aplicarlas. Son centenares de niños y jóvenes escolares los que han sido asesinados por pandillas en la última década, al intentar escapar del acoso de los delincuentes para ser reclutados o porque simplemente, tienen que cruzar territorios para poder estudiar. Igual ha sucedido con docenas de maestros asesinados u hostigados por los delincuentes dentro y fuera de los centros escolares. A diario vemos en los medios de comunicación las fotografías de niños y adolescentes desaparecidos, que han sido vistos por última vez al salir de la escuela o instituto. Es intolerable seguir contando niños y adolescentes muertos. La protección de las escuelas y su entorno debe ser un operativo constante de las autoridades. La infiltración de las pandillas en los institutos y escuelas no se puede permitir. La educación tiene que darse en una atmósfera de paz, seguridad y esparcimiento para los estudiantes. Apliquen esas reformas.