El fiscal general, Douglas Meléndez, se refirió esta semana a la extendida práctica del nepotismo en las instituciones públicas del Estado y sugirió que sea tipificado como un delito, ya que a su criterio, éste lleva a cometer actos de corrupción. Ciertamente el nepotismo es una práctica generalizada que ha afectado a todos los gobiernos, independientemente del partido que lo administra, incluyendo el actual. Pareciera a veces que es más importante ser pariente del presidente, del ministro o del diputado que los títulos profesionales o la capacidad de los funcionarios. A eso se suma ahora la práctica de hacer nombramientos por lealtad ideológico - partidaria y no por la preparación para los cargos públicos. El Tribunal de Ética, que debería controlar ese tipo de contrataciones, usualmente se hace de la vista gorda, en dependencia del signo ideológico del funcionario a sancionar. La sugerencia del fiscal de erradicar esa práctica totalmente de la administración pública, debería tomarse en serio. Hay casos abundantes en todos los órganos e instituciones del Estado, y se abusa constantemente de esos nombramientos. Todos los partidos lo hacen con total descaro e impunidad, sabiendo que no hay ley alguna que los pueda castigar.