La creación en el 2006 de la sociedad de economía mixta Alba Petróleos de El Salvador fue anunciada con bombos y platillos, y el cuento aquel de una empresa con finalidad social. La historia tuvo otro final. En teoría, no solo se garantizaría al país el acceso a combustible barato y de buena calidad, sino que además esta empresa llevaría riqueza a los municipios involucrados en su constitución. Las promesas no se hicieron realidad, y la iniciativa de importar combustible de Venezuela, financiado además con fondos públicos, es ahora objeto de investigación financiera por parte de la Fiscalía General de la República, ante el supuesto lavado de dinero y activos por $ 438, 112, 057. 99. Una empresa que se caracterizó por prácticas poco transparentes, que donaba más dinero del que producía y con un crecimiento atípico de sus finanzas, plantea muchas interrogantes que la investigación deberá esclarecer. No se debe obviar que el 40 % de las acciones de ALBA Petróleos pertenece a una asociación creada por 19 alcaldías municipales, entonces gobernadas por el FMLN. Al parecer, la empresa respondía más a la lógica de un clan cerrado, exclusivo y excluyente, en donde los vínculos ideológicos y la voluntad de un partido, eran más fuertes que el respeto a las leyes.