El abogado Miguel Flores Durel, defensor del empresario José Adán Salazar Umaña criticó la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los bienes de Origen o Destinación Ilícita ( LEDAB ), calificándola de ser un trasplante legal de la legislación de otro sistema jurídico donde no se prohíbe la confiscación, diferente a El Salvador donde el artículo 106 de la Constitución señala que la expropiación procederá por causa de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, y previa una justa indemnización. Según el abogado, en el país tuvo que haberse hecho un debate más amplio con universidades, jueces y expertos en derecho constitucional para evitar este tipo de violaciones, que está cometiendo la Fiscalía, según el defensor. Flores Durel señala que con respecto a la prueba es contradictoria con el principio de la presunción de inocencia. Al verificar los expedientes ya conocidos en el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, la carga dinámica de la prueba ha recaído en los afectados y en un 100 % han perdido los casos y la Fiscalía ha logrado que los bienes pasaran al Estado. La tesis de que no se persigue a personas, sino que a cosas o bienes no es aceptable o convincente, porque los bienes siempre están en una relación jurídica con una persona ya sea como propietario o poseedor. Siempre hay un sujeto afectado, que con frecuencia puede ser una persona jurídica, sostuvo el abogado de Salazar Umaña. Otro de los aspectos que cuestiona Flores Durel es el efecto retroactivo de la Ledab ya que lleva a afectar la seguridad jurídica de los titulares de bienes jurídicos, esto no implica que se defienda a delincuentes, porque la participación delincuencial no se puede presumir, sino que partimos de la inocencia mientras no haya condena firme, agregó. Con respecto a los procesos de extinción de dominio, el abogado señaló que antes que haya una sentencia firme las empresas tienen consecuencias económicas, así como los consumidores, porque se interrumpe el curso normal de la actividad económica y se pone en peligro la comunicación con proveedores, además del daño que se causa en la imagen y marca