La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador abrió de forma oficial el proceso civil contra Élmer Roberto Charlaix Urquilla, exsecretario privado del expresidente Elías Antonio Saca, entre los años 2004 - 2009, por supuesto enriquecimiento ilícito y notificó a la Fiscalía General de la República para que presente en el término de 20 días hábiles a partir de ayer, la demanda de proceso civil y declarativo común. Este tribunal superior, al comenzar la causa civil, ha emplazado al Ministerio Público para que se muestre parte y presente sus alegatos iniciales. Las magistradas, además de incorporar al proceso la resolución emitida por Corte Plena, han ordenado una serie de diligencias a varias entidades, entre ellas solicitan al director del Centro Nacional de Registros ( CNR ) Rogelio Canales Chávez, entregar un informe sobre los inmuebles ubicados en Hacienda La Isla, en Zacatecoluca, departamento de La Paz, así como la propiedad que está a nombre de María Arline Rivas de Charlaix, conocida por Condominio Puerta Dorada, en colonia Escalón, de San Salvador. Al representante legal del Banco Agrícola le han ordenado enviar un informe sobre la inmovilización de las cuentas bancarias del demandado, lo mismo deberán hacer los representantes de Promérica y de la Sociedad Central de Depósitos de Valores. La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia cuestiona al exsecretario privado de Saca no haber justificado la procedencia de $ 18 millones 767 mil 445 que transitaron en diversas cuentas bancarias. Este proceso que la cámara sigue es muy independiente a la causa penal por la que Charlaix Urquilla se encuentra en detención mientras se realiza la audiencia inicial ; este juicio civil tiene su base legal en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos vigente desde el año 1959, que establece un régimen sancionatorio de multas y restituir al Estado lo que se ha adquirido indebidamente. El artículo 20 de dicha ley especial establece que cuando la sentencia sea condenatoria, los responsables sin causa justa serán sancionados a restituir al Estado lo que hubieren adquirido indebidamente. que la Fiscalía General de la República dispone desde ayer para mostrarse parte en el