El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, expresa que existe una degradación en la judicatura debido a la captura que han realizado el Ejecutivo y el Legislativo del sistema judicial desde que se destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) y se forzó el retiro de jueces mayores de 60 años. Blanco hizo sus valoraciones en la presentación del informe Justicia Amordazada, de la Fundación para el Debido Proceso ( DPLF ), que señala que no se han seguido los procesos constitucionales para llenar las vacantes en la judicatura. Ha existido una degradación de la persona de jueces y juezas, una degradación porque se ha visto muchos jueces, tanto los que están dentro de la judicatura como los que salimos en virtud de la ley, nos hemos sometido a humillaciones, a menosprecio a la comunidad y a la calidad de funcionario judiciales, a través de distintas tentaciones, dijo Sidney Blanco. Señaló situaciones de bonos superiores a los establecidos en la ley para jueces, oferta de cargos y elección de funcionarios sin seguir los procedimientos establecidos por la Constitución. Favoreciendo a amigos y parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, llegando a cargos importantes de la judicatura a través de nombramientos sin procesos previos de selección. Todo esto constituye una serie de arbitrariedades de parte de la Corte Suprema de Justicia, afirmó el exmagistrado. Blanco, quien se desempeña como catedrático de derecho constitucional y penal, destacó que el poder político también incide en la pérdida de independencia judicial. Creo que el libreto seguido por el Presidente ha neutralizado todo intento de asociacionismo en defensa de la independencia. Y se ha producido dentro de la judicatura una especie de sálvese quien pueda, cada quien haga lo que quiera. Y obviamente hay de por medio una característica común, y es el miedo, expuso. Además de contar con la mayoría en la Asamblea Legislativa, indicó que el Ejecutivo también controla la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, el Instituto de Acceso a la