jóvenes en situación de vulnerabilidad que no están sujetas a control judicial, registros indiscriminados a población en situación de pobreza y aislamiento e incomunicación indefinida de personas privadas de libertad, así como restricciones a sus derechos a la alimentación y salud. En el pronunciamiento consideran que el Régimen de Excepción supone una amenaza desproporcionada para la protección y goce de las libertades fundamentales, ya que no encaja en las causales establecidas en la Constitución para emitirlo, que son en casos de guerra, catástrofe o graves perturbaciones del orden público. El gobierno no ha cumplido con su deber de proteger la vida y la integridad física de las personas, pese al sostenido incremento del presupuesto invertido en seguridad pública, añaden. Eso en el sentido que el estado debe hacer uso eficiente de las leyes y las instituciones para contener el aumento de homicidios y crear políticas públicas integrales de prevención de la violencia. La Constitución de El Salvador permite los estados de excepción en caso de guerra, catástrofe o graves perturbaciones del orden público. El decreto tiene vigencia por 30 días.