Seis investigadores de la Policía Nacional Civil que valiéndose de la autoridad, al parecer, ingresaban a las viviendas sin autorización judicial para robar, hurtar y extorsionar a sus moradores en San Vicente, deberán seguir en detención mientras son procesados en la fase de instrucción, resolvió este lunes el Juzgado Especializado de Instrucción B. El fiscal del caso afirmó que los agentes policiales detenidos el jueves de la semana anterior son procesados por los delitos de extorsión agravada, fraude procesal, privación de libertad agravada, hurto agravado y robo agravado. La juzgadora ha valorado los indicios presentados por la representación fiscal y ha accedido a la petición sobre la imposición de la medida cautelar de la detención provisional, afirmó uno de los fiscales. Además, dijo que por la condición de policías podría fácilmente amedrentar a las víctimas dado los conocimientos básicos que tienen para identificar a las personas. Según Fiscalía, los imputados cometieron 12 casos delictivos contra pobladores de San Vicente entre los años 2016 y 2018. Las investigaciones detallan que siempre que los imputados salían de licencia o descanso, contactaban a una persona que actualmente tiene régimen de protección para que les colaborara a identificar ciertas personas a las que podrían perjudicar atribuyéndoles delitos que no habían cometido. Y de esa manera detenerlos y aprovecharse económicamente de ellos, sostuvo el fiscal. Una vez que el colaborador identificaba a las víctimas, los investigadores ingresaban ilegalmente a sus casas, obligaban a las víctimas que les colaboraban con dinero, droga u otros objetos de valor. Sí las personas se negaban, les ponían droga y ya con esa evidencia procedían a la detención de los moradores. Llevaban a los detenidos al departamento de investigaciones, donde otros dos investigadores rehacían las actas de detención y ellos figuraban como testigos de diferentes hechos que les atribuían. Robaban diferentes artículos entre celulares, bicicletas importadas de $ 500 y $ 1000, las exigencias de dinero oscilaban entre $ 500 y $ 600, afirmó el fiscal del caso. Los falsos proced