La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, condenó las declaraciones del presidente Nayib Bukele, quien acusa a los activistas de derechos humanos de " defender asesinos ", por su rechazo a las duras medidas tomadas por el Gobierno ante el repunte de violencia en El Salvador. A través de su cuenta de Twitter, Taraciuk respondió a una publicación de Bukele en la que tilda de " vividores " a defensores que trabajan en organismos internacionales, y les fustiga por " defender asesinos " y " disfrutar ver los baños de sangre " que vive el país. Desde el 27 de marzo, han sido asesinadas más de 90 personas en El Salvador, en su mayoría civiles. El mensaje original de Bukele está dirigido a la presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, ( WOLA, por sus siglas en inglés ), Carolina Jiménez Sandoval, quien rechazó el estado de excepción por " no respetar los estándares de derechos humanos " internacionales. " La comunidad internacional está atenta y las organizaciones de Derechos Humanos seguiremos alertando y denunciando ", dijo la presidenta de WOLA. " Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre. Dígame cuántos miles de pandilleros va a llevarse, para que los traten como reyes allá ", le respondió Bukele a través de un tuit. WOLA emitió un pronunciamiento ayer en contra del régimen de excepción, en el cual señala que la suspensión de garantías constitucionales puede darse para preservar el orden, " no para que se menoscabe ni para que agentes y funcionarios del Estado actúen arbitraria y discrecionalmente como en El Salvador ". La organización indicó que, según fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CorteIDH ), hay derechos que no pueden ser suspendidos en un estado de excepción, tales como el derecho a un debido proceso y el derecho a la defensa. El decreto actual, sin embargo, no solo suspende estos derechos, si no también la libertad de reunión y asociación y permite la intervención de comunicaciones privadas sin necesidad