Organizaciones que integran la Mesa contra la impunidad sugieren que se permita la participación de víctimas del conflicto armado en el Consejo Nacional de Reparación y Verdad, que se crearía con una ley de justicia transicional. De acuerdo con las organizaciones, el Consejo Nacional trabajaría en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Territorial y de Gobernación para atender las necesidades de los sobrevivientes de la guerra civil salvadoreña. Sonia Rubio, oficial del programa senior de la Fundación para el Debido Proceso ( DPLF ), argumentó que la participación de las víctimas evitará que las decisiones que tome el Consejo afecten sus derechos. Es central que tengan voz y voto para aplicar sus derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación, dijo. Eduardo Cabrera, director de la Comisión Nacional de Probúsqueda de Niños y Niñas Extraviadas durante el Conflicto Armado, reiteró que las víctimas tienen que participar para conocer qué medidas de reparación implementará el Estado para atender sus necesidades. Cabrera dijo que no es verdad que las víctimas del conflicto solo quieren dinero, sino que buscan medidas de reparaciones psicosociales. Irene Gómez, abogada del programa de Justicia Transicional de la fundación Cristosal, dijo que hay una reparación de justicia transicional que depende del Estado. En el caso del Estado sí le corresponde una reparación integral a las víctimas, y es porque internacionalmente y a través de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía se reconoce que tiene que reparar, porque cuando se cometieron los hechos, lo que se utilizó fue el aparato del Estado, Fuerza Armada en su mayoría, perpetraron graves masacres, torturas, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, afirmó Gomez.