En el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, dos fiscales que han denunciado que fueron obligados por el exfiscal Douglas Meléndez a ser testigos criteriados en el caso Corruptela, han solicitado que se deje sin efecto ese criterio de oportunidad. Al renunciar en su calidad de testigos, el juzgado, siguiendo los procedimientos, deberá realizar una audiencia especial para desestimar el criterio de oportunidad. La decisión de los dos fiscales estaría en consonancia con la denuncia que interpusieron en la misma institución que laboran y que llevó al fiscal general Raúl Melara, a abrir un expediente de investigación. La renuncia al criterio de oportunidad tiene su base legal en el artículo 20 del Código Procesal Penal inciso tercero, donde se menciona que Si el imputado se retracta de colaborar con la investigación o de declarar, no podrá extinguirse la acción penal, los acuerdos del procedimiento no serán considerados y se continuará con el procedimiento común. En este caso no se concederá al imputado un nuevo criterio de oportunidad. La audiencia de desestimación se ha programado para la próxima semana y se desconoce cuál será la situación jurídica en la que quedarán los dos fiscales ; siguiendo el procedimiento, automáticamente adquieren la calidad de imputados y el Ministerio Público tendría que seguirlos acusando. Pero como ellos, junto a otros dos fiscales y dos empleados administrativos han interpuesto una denuncia en contra de 12 fiscales, entre ellos Douglas Meléndez, se desconoce la acción que va tomar el Ministerio Público. Los dos fiscales estarían convirtiéndose en imputados y al mismo tiempo aparecen como víctimas en el expediente de investigación abierto. En la denuncia han expresado que fueron obligados, encapuchados y torturados para declarar en el caso conocido como Corruptela. El pasado 16 de mayo, en el programa 8 en Punto de Canal 33, el fiscal general Raúl Melara, confirmó que hay un expediente de investigación abierto ya que tras una auditoría realizada se determinó que hay indicios del cometimiento de delitos sancionados por el Código Penal. Según Melara, cuando se auditó el caso se le dio derecho de audiencia a los