Desde junio pasado, ni el Órgano Ejecutivo ni la Asamblea Legislativa han cedido en un acuerdo que genere un marco legal para la reapertura y reactivación económica del país en el contexto de la pandemia. Ambas partes emiten opiniones que tienen aspectos correctos y aspectos equivocados pero ningún lado hace nada por un acuerdo sensato que priorice lo científico a lo político. La Sala de lo Constitucional se ha encargado de delinear claramente cómo debe ser ese acuerdo y recuerda qué facultades tiene cada Órgano del Estado y cómo deben cumplirse. Pero ya sabemos lo que ha sucedido. En medio de la terquedad de las partes, ha sucedido que los casos están bajando y en gran medida hay que atribuirlo a la responsabilidad de la población en general que tomó conciencia de que debe cuidarse más allá de los pleitos políticos que no le resuelven su vida diaria. Casi ha llegado la fecha de la reactivación económica, ya se habla de la reactivación del transporte, de la reapertura del aeropuerto, etcétera. Entonces los médicos advierten de la necesidad de una legislación que permita una apertura ordenada y responsable, algo que la clase política fue incapaz de lograr. ¿ Qué nos queda? Que la empresa privada asuma responsablemente la reapertura de sus negocios con los respectivos protocolos de bioseguridad y que la ciudadanía en general siga cumpliendo las medidas de prevención. Si el pleito político continúa, ya es asunto de ellos, cuidar la salud es nuestra responsabilidad.