El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador finalizó ayer la audiencia preliminar en contra de Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario ; Carlos Enrique Cruz Arana, exvicepresidente de la entidad y Jolman Alexander Ayala, exoficial de cumplimiento, acusados de lavar más de $ 97, 000 durante la administración del expresidente Mauricio Funes y de cómplices necesarios en el delito de peculado. Ortiz y Ayala han sido acusados del delito de peculado en grado de cómplice necesario, y por el delito de lavado de dinero y activo, en calidad de actores directos. Cruz Arana también es procesado por el delito de lavado de dinero y activos. Fiscal del caso. Los tres imputados son partes del mismo proceso denominado Saqueo público a cargo del Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, en los que se vinculan a 31 imputados, entre ellos, el expresidente Mauricio Funes y su grupo familiar, quienes fueron separados del proceso junto a otros 18 ausentes, por estar prófugos. El juzgado Octavo de Instrucción aún no ha dado a conocer la resolución de la audiencia preliminar contra 11 imputados presentes, entre ellos la exprimera dama Vanda Pignato, el exsecretario de comunicaciones David Rivas, y el empresario José Miguel Menéndez Avelar, acusados de lavar $ 351 millones entre 2009 y 2014. En el caso de estos tres exfuncionarios, la Fiscalía sostiene que colaboraron durante la presidencia de Mauricio Funes para hacer efectivos varios cheques, fondos que provenían de la cuenta institucional del Tesoro de Casa Presidencial. De acuerdo con la investigación, el Banco Hipotecario fue instrumentalizado para lavar $ 97, 456, 424. 26, dinero que movido desde la cuenta institucional del Tesoro Público de Casa Presidencial, a través de 1, 651 cheques hasta por el monto que fueron retirados en efectivo. La investigación fiscal también estableció que esos fondos eran depositados a cuentas particulares de los imputados. Estos exfuncionarios además recibieron dádivas de miles de dólares por dicha colaboración, afirmó uno de los fiscales. Consta en el dictamen de acusación que