Con 67 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la madrugada de este domingo un régimen de excepción que restringe las reuniones ante un alza de homicidios que quitó la vida a 76 personas durante viernes y sábado en El Salvador. El régimen de excepción suspenderá por 30 días los derechos : libertad de asociación, derecho de defensa, el plazo de la detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones. Los derechos suspendidos están establecidos en los artículos 7, 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución de la República. El artículo 29 permite suspenderlos por un máximo de 30 días en situaciones de perturbación pública. El decreto permitirá que la detención administrativa dure hasta 15 días, en lugar de tres días o 72 horas, que es el plazo máximo que una persona puede estar detenida sin enfrentar una acusación en una audiencia inicial. De acuerdo al Gobierno, este régimen pretende facilitar herramientas a instituciones de seguridad pública para restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial, ante una situación de graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales. El régimen de excepción iniciará a partir de la vigencia del decreto y durará un plazo de 30 días. Mientras se aprobaba la dispensa de trámite, el proyecto decreto aún no había sido publicado. La dispensa de trámite fue aprobada con 64 votos. El diputado René Portillo Cuadra, jefe de fracción de la opositora Arena, pidió que se le entregara una copia del decreto en aprobación. La aprobación del régimen de excepción se hizo en medio de una discusión entre partidos oficialistas y de oposición. El primero que pidió la palabra fue Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, quien criticó a los partidos de oposición y dijo que se hubieran quedado dormidos. Advirtió a los jueces que el pueblo los estará observando para que hagan justicia. Los diputados de Nuevas Ideas señalaron intereses oscuros, interés político, complot y " financistas de la oposición " detrás del alza de los homicidios. La votación del decreto fue nominal y pública. Las diputadas Anabel Belloso, Dina Argueta, Mar