Ha dejado una honda preocupación la renuncia de representantes del sector privado al comité que vigilaría los fondos de la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus. También preocupa que solo un 4 % de las alcaldías está rindiendo cuentas de sus gastos. Exigir cuentas claras pasó de ser una aspiración colectiva a convertirse en una obligación legal y un imperativo para la buena marcha de cualquier gobierno. En tiempos difíciles como los actuales, la disponibilidad limitada de recursos y las altas expectativas de la colectividad en la gestión gubernamental, convierten a los mecanismos de transparencia en una de los principales factores de éxito en las políticas públicas. Existencia de reglas claras, acceso a información pública y a bases de datos abiertos no son solo exigibles al órgano ejecutivo, también el resto de órganos del estado y a las alcaldías, que deben hacer realidad mediante su implementación, la existencia de un auténtico y legítimo sistema de pesas y contrapesos, consustancial a una verdadera democracia. La rendición de cuentas genera confianza ciudadana, alienta la participación de los administrados y hace factible la aplicación exitosa de las medidas gubernamentales. Llevarla a la práctica nos protege del virus de la opacidad y garantiza el buen uso de los recursos disponibles.