circulación, receptación, hurto de energía eléctrica y agua potable, entre otros, tras haber incidido en el alza de homicidios que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo. A pesar de que se dijo que los sospechosos no tendrían derecho a la defensa particular, varios abogados particulares ejercen la defensa de los procesados. Tras las capturas, las autoridades incautaron armas de fuego, accesorios, municiones, teléfonos celulares, drogas, vehículos y dinero en efectivo, como evidencia de la supuesta participación delictiva en las colonias donde se encontraban.