El Fiscal General de la República ha hecho un llamado a los legisladores para que valoren su iniciativa de reformar el Código Penal, para que se castigue con mayor rigor a los responsables de miles de desapariciones que afectan principalmente a jóvenes. La iniciativa hace visible el drama de innumerables familias que a diario recorren las oficinas del Instituto de Medicina Legal, de la Dirección de Centros Penales, delegaciones policiales y hasta hospitales, en búsqueda de los hijos e hijas que ya no volvieron y que en su ausencia reviven el drama que ya enfrentaron otras familias, una generación atrás, durante la década del conflicto. La desaparición forzada de personas es un delito contra la humanidad, cometida por los Estados, somete a éstos a la condena de la justicia universal. No es posible que el mismo hecho cometido por particulares, con la complicidad en algunos casos de funcionarios públicos, o en perjuicio de niños y mujeres, se deje en el anonimato de las políticas criminales. Estamos ante una tragedia nacional que no es posible repetir. Esas miles de familias de desaparecidos necesitan respuestas y también claman por justicia. Y el Estado debe tomar todas las medidas para que este malvado crimen de las pandillas deje de continuar afectando a tantas personas.