, y señaló que conllevan graves implicaciones contra la libertad de prensa, incluyendo la legalización del " espionaje digital " contra periodistas. El pasado 1 de febrero, la mayoría oficialista en la Asamblea, aprobó cinco reformas legales para combatir los delitos informáticos. Para el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, esto trae " graves implicaciones para la libertad de prensa ", pues son " medidas de represalia oficial contra el periodismo ", indicó la SIP en un comunicado. y la Fiscalía podrá pedir medidas cautelares de restricción, bloqueo de cuentas, perfil o sitios de Internet. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, advierte que estas medidas legalizan, en la práctica, el uso de programas de espionaje como Pegasus, que ya se utilizó contra al menos 30 periodistas en el país. Diputados oficialistas y de partidos aliados sostuvieron que las operaciones encubiertas se usarán solo cuando haya investigaciones de delitos informáticos y que no serán para espionaje, como lo advierte la oposición. La SIP respondió que ninguna medidas de vigilancia digital debería violar principios sobre libertad de prensa ni derechos humanos, citando la Declaración de Salta : Pruebas forenses realizadas por laboratorios especializados en ciberseguridad detectaron que Otra medida considerada alarmante se trata de la aprobación el 27 de enero en la Sala de lo Constitucional de una resolución que autoriza a la Fiscalía General de la República ( FGR ) a actuar penalmente contra posibles evasores, sin esperar agotar la vía administrativa.