La Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibió ya formalmente la lista de los 30 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) para el período 2018 - 2027, viene ahora un periodo de análisis que debe ser serio, profundo y sumamente responsable para la institucionalidad democrática del país. El sello de independencia que ha impuesto la Sala de lo Constitucional saliente no tiene precedentes en la historia de El Salvador. Nunca antes tuvimos magistrados independientes del poder formal, de los partidos políticos, de los poderes fácticos, de caudillos y gremiales. La Sala de lo Constitucional ha sido garante de las libertades públicas y de los derechos fundamentales de los ciudadanos en El Salvador. Lo menos que pueden hacer los diputados es elegir a profesionales con capacidad, con independencia, con probidad demostradas, alejados de cualquier dependencia partidaria, política e incluso personal de algún dirigente. La institucionalidad independiente es la más grande garantía de la democracia y la justicia ; de lo contrario, estaríamos retrocediendo a magistrados obedientes a los dictados del Ejecutivo o a los partidos políticos, a errores terribles como los que vemos en Venezuela, Honduras o Nicaragua, y esos espejos son suficientemente opacos como para no permitirnos que el país vaya en esa dirección.