La Asamblea Legislativa aprobó una Ley especial para la disposición y utilización de los bienes, dineros, valores y activos incautados a las estructuras del crimen organizado, terrorismo y narcotráfico pese a que ya existe una ley que permite extinguir todos los bienes obtenidos de forma ilícita. El argumento del Gobierno es que cuando los pandilleros son detenidos por las autoridades de seguridad pública les decomisan dinero y distintos bienes que quedan a la orden de la Fiscalía General de la República o de tribunales si tenían orden de detención bajo custodia fiscal o policial. Sin embargo, señalan que quedan sin ser utilizados mientras se define la situación jurídica de los mismos. La nueva ley para la disposición de bienes del crimen organizado permitirá que las armas, dineros, valores y activos incautados o inmovilizados a los miembros de estructuras de crimen organizado, terrorismo y narcotráfico puedan ser utilizados por las autoridades de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional. La ya existente Ley de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen o destinación ilícita permite la expropiación de un bien obtenido ilícitamente bajo un procedimiento específico : la Fiscalía General de la República debe presentar pruebas para la extinción de dominio y promover la acción ante juzgados especializados, los cuales pueden quitar los bienes como medidas cautelares y deben realizar una audiencia preparatoria y otra de sentencia. La sentencia permite recursos de revocatoria y apelación. Luego de ese procedimiento, los bienes extinguidos pasan a administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes ( Conab ). Además, la ley de extinción de dominio ley distribuye así los bienes : 15 % al Conab, 35 % al Ministerio de Justicia y Seguridad, 35 % a la Fiscalía, 10 % al Ministerio de Defensa Nacional y 5 % a Procuraduría General de la República. La nueva ley ordena al Conab a emitir acuerdos para la disposición y uso de dichos bienes a partir de las solicitudes realizadas por Seguridad Pública y Defensa. El procedimiento se diseñará en un reglamento por acuerdo ejecutivo del Ministerio de Justicia y Seguridad. Con estos bienes se creará un Fondo Especial para el dinero decomisado y