En un informe que presentó ayer a la Asamblea Legislativa, el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, informó que durante el 2017, el Centro de Intervenciones Telefónicas intervino 551 llamadas en investigaciones donde lograron evitar 102 homicidios. Fuimos a investigar delitos de corrupción vinculados al sistema judicial, eso no se había hecho, dijo Meléndez a la prensa. Agregó que también investigaron delitos de hurto y robo de vehículos, extorsión, narcotráfico, y organizaciones terroristas. Uno de los elementos referentes de este informe, igual de importantes es que informamos que por medio del centro de escuchas telefónicas salvamos 102 vidas, 102 homicidios los identificamos a tiempo, señaló. Según Meléndez, entre estos ataques estaban aquellos hacia policías, fiscales, empleados judiciales, testigos criteriados y empleados del ramo de educación. Meléndez también reveló que el centro de escuchas telefónicas es blanco de ataques de parte de investigados, procesados y mafias. He informado y puede decirse también que he denunciado los ataques que está recibiendo la fiscalía en el centro de escuchas telefónicas y fiscales que están vinculados a estos casos, que estamos recibiendo en este momento, con gente vinculada a las mafías o a personas que están siendo procesadas, dijo el Fiscal General. A criterio del funcionario, el ataque al trabajo que realiza el centro de escuchas es para tratar de hacerlo ver mal. Sabemos que esto, hay atrás personas, grupos, gente que ha sido procesada, o que está siendo investigada que está tratando de dañar la herramienta de escuchas telefónicas, dijo Meléndez. El pasado 4 de septiembre, el Fiscal General denunció que una estructura criminal lo amenazó, a él junto a su familia y le dio como plazo hasta el 15 de agosto para abandonar el país y dejar el cargo dentro del Ministerio Público. El pasado 15 de diciembre, el pleno legislativo aprobó con 57 votos una interpretación auténtica del artículo 23 de la Ley Especial para Intervención de las Comunicaciones, donde reiterara que después de seis meses, las grabaciones deben ser destruídas. La interpretación se hizo a petición de la