Con la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, la Asociación Acción Ciudadana considera la posibilidad que se usen criptoactivos para financiar campaña electoral y se genere el riesgo de que los partidos políticos tengan financiamiento del crimen organizado, fondos públicos o de actores extranjeros. En su informe " Financiamiento de la política salvadoreña a través de criptoactivos ", indica que el uso de criptoactivos para financiar campañas electorales genera " mayor estrés para la transparencia ", ya que estas transferencias son anónimas y poco rastreables ( poca trazabilidad ) por la ausencia de registros. Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, expresó que aún no se tiene completo el mapa de todos los financistas tradicionales de partidos políticos. Hay información que no tenemos. Entonces está ese problema, no tenemos todavía mapeados a todos los financistas de los partidos políticos, dijo. Además, expone que no existen las condiciones necesarias para que el Tribunal Supremo Electoral ( TSE ) fiscalice donaciones de partidos y candidaturas a través de criptoactivos. Ante eso, valoran que el sistema de financiamiento de partidos salvadoreño no tiene control y transparencia suficientes. Eso ya supone un riesgo de entrada, un sistema de financiamiento de partidos sin control y sin transparencia. Esto da paso a dinero ilegal financiando campañas, enfatizó el director de la organización. Ante esta situación, Acción Ciudadana considera que hay dos opciones : 1. Prohibir el financiamiento de campañas electorales con criptoactivos. 2. Permitir el financiamiento de campañas con criptoactivos con medidas de regulación y seguridad. En la segunda opción, sugiere obligar a los partidos usar billeteras custodiadas y con tecnología Blockchain para poder identificar el origen y registrar cada transacción ; que el TSE establezca directrices a los partidos y candidatos de financiamiento y reporte de gastos en criptoactivos. Esto requeriría dotar a la autoridad electoral de recursos humanos y tecnológicos. Otra propuesta de la organización es analizar la creación de nuevas sanciones o equiparar las actuales con infracciones por el uso no adecuado de criptoactivos.