La Fiscalía General de la República ha iniciado un nuevo proceso penal en contra del excomunicador Jorge Hernández, a quien acusa por el delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias en perjuicio de la Hacienda Pública. Hernández, según el proceso, siendo representante legal del Periódico Digital La Página, supuestamente retuvo indebidamente el impuesto sobre la renta ; en esta causa penal también es procesado el periodista José Ciro Granados Reyes, quien fungió como representante legal de dicho medio de comunicación, según cita el Ministerio Público en el expediente. Ambos imputados, supuestamente, han defraudado al fisco por un monto de $ 51, 908. 17, dinero que deberán reembolsar al Estado. El delito que se les atribuye puede extinguirse en cualquier etapa procesal, una vez lleguen a un acuerdo de pago, de lo contrario pueden llegar hasta vista pública. Supuestamente los acusados retuvieron indebidamente el impuesto sobre la renta durante los periodos comprendidos de octubre a diciembre de 2014 y enero a diciembre de 2015, según lo estableció una auditoría realizada por el Ministerio de Hacienda. Esa acción es calificada como una defraudación al fisco, según los artículos 249 y 250 del Código Penal y debe de responder el representante legal de las instituciones. Previamente, el Ministerio de Hacienda ha seguido diligencias administrativas en las cuales se verificó que a personas que tienen calidad de empleados se les hicieron las retenciones de la renta, pero nunca fueron depositados en Impuestos Internos. Según el requerimiento, el 6 de septiembre de 2017 la Fiscalía recibió aviso de la Dirección de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda informando sobre el cometimiento del delito de parte del contribuyente, La Página S. A., basado en un procedimiento de fiscalización realizado en abril de 2016, en que presuntamente se comprobó que la contribuyente a través de sus representantes legales, defraudaron al fisco. El caso fue judicializado en el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador y a petición de la Fiscalía pasó a la siguiente etapa procesal para que dentro de seis meses se realice la audiencia preliminar. En el juzgado Noveno de Instrucción