Los abogados y familiares de 13 militares acusados del asesinato de los sacerdotes jesuitas, el 16 de noviembre de 1989, pidieron cesar la persecución luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) dejara sin efecto las órdenes de captura en su contra. Queremos hacer un llamado a todas aquellas personas interesadas en seguir persiguiendo a nuestros clientes de una manera obstinada a que se abstengan de hacerlo, ya El Salvador ha definido la situación de cada uno, pidió el abogado Lisandro Quintanilla al manifestar que los militares necesitan paz, recuperar sus vidas y su moralidad. El juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco pidió la extradición de los 13 militares ; sin embargo, la Sala de lo Constitucional resolvió que las órdenes de captura han perdido su eficacia dentro del territorio nacional, ya que, en virtud de lo resuelto por la CSJ en los tres casos idénticos en los que sí se materializaron las detenciones respectivas, carece de sentido práctico y jurídico que las autoridades policiales correspondientes continúen realizando capturas relacionadas con el presente caso cuando ya conocen que la CSJ ha dictaminado que no resulta procedente la extradición, dice la resolución. En el caso del coronel Guillermo Benavides, los abogados señalaron que están a la espera que la CSJ en pleno resuelva las peticiones de indulto ( perdón ) y conmutación ( reducción ) de pena que presentaron a la Asamblea Legislativa. La Corte ya recibió ambas solicitudes y ahora está en manos de ella definir su situación, dijo el defensor Carlos Guzmán. Explicó que si la CSJ accede al indulto, el informe regresará al Congreso para que ésta lo otorgue a través de un decreto. Tras conocerse que la Corte de Distrito Este en Carolina del Norte de Estados Unidos ( EE. UU. ) negó el Hábeas Corpus, el abogado Carlos Guzmán explicó que los defensores de Montano apelarán la resolución ante la Corte. Si la decisión fuese desfavorable todavía cabe la posibilidad que la Corte Estatal de Apelaciones pueda revisar el caso antes que llegue al Departamento de Estado de los EE. UU., quienes tendrían la última palabra, explicó.