El gobierno de México anunció este lunes que presentó una segunda demanda judicial contra el negocio de las armas en Estados Unidos, esta vez dirigida a cinco empresas vendedoras del fronterizo estado de Arizona. El canciller Marcelo Ebrard explicó que el reclamo mexicano, tramitado luego de que una primera acción judicial contra fabricantes fuera desestimada por un tribunal estadounidense, apunta a empresas que " en los últimos años " han vendido armas que acabaron vinculadas a " delitos muy graves " en México., dijo Ebrard en un video difundido en sus redes sociales. El diplomático detalló que se pide a la corte de Arizona que imponga sanciones a las comercializadoras que destinan armas a México, donde están prohibidas. La semana pasada, Ebrard anticipó ante el Senado que la demanda se fundará en legislación estadounidense que penaliza a testaferros que adquieran armas para un tercero, modalidad que según dijo se estaría utilizando para venderlas a compradores mexicanos. Expuso además que " Si Estados Unidos nos está pidiendo que les apoyemos (... ) que trabajemos juntos en contra del fentanilo, los precursores químicos, los carteles de la droga, nosotros también queremos que nos ayuden reduciendo este flujo de armas que nos hace mucho daño ", alegó este lunes Ebrard. El mes pasado, un juez de Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos, desestimó la primera demanda del gobierno mexicano contra los principales fabricantes de armas estadounidenses, a los que acusa de realizar un comercio " negligente e ilícito " que alienta el narcotráfico y la violencia en México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que presentó su caso el 4 de agosto de 2021, buscaba una compensación de unos 10. 000 millones de dólares. La cancillería ha dicho que apelará dicha sentencia, que entre sus argumentos señaló que la ley estadounidense impide fallar a favor de un gobierno extranjero. Anualmente se trafican a México desde Estados Unidos más de medio millón de armas, según datos del gobierno. México ha registrado más de 340. 000 asesinatos, la mayoría atribuidos a organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.