El Salvador obtuvo una calificación de 4. 20 en una escala del 0 al 10 en la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2021 - 2022 publicada hoy y obtenida de una encuesta entre profesionales del derecho dedicados a la práctica anticorrupción en diversos sectores. El estudio es firmado por el Cyrus R. Vance Center por International Justice, que se presenta como miembro de la Coalición Internacional sobre la Responsabilidad de Protección, el Consorcio de Asistencia Legal Internacional y la Coalición para una Corte Africana Efectiva. Según su sitio web, el Centro Vance cogestiona la Red Pro Bono de las Américas con la Fundación Pro Bono de China y Apoya la Alianza por el Matrimonio en las Américas. Entre las firmas de apoyo financiero al Centro Vance están The Tinker Foundation, The Ford Foundation, The Open Society Foundation, The Novo Foundation y The Chubb Rule of Law Fund. En el ranking, Uruguay está adelante con una calificación de 8. 36, seguido de Chile, con 7. 96, y Costa Rica, con 7. 04. Posteriormente se colocan Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, con notas superiores a los 6 puntos pero menores a 7 ; México, Bolivia, República Dominicana, con notas superiores al 5 pero menores a 6. Después está Panamá, con 4. 61 ; Paraguay, con 4. 53 ; El Salvador, con 4. 20, Honduras, con 4. 05 ; Guatemala, con 3. 54 ; y por último, Venezuela, con 2. 87. Según el informe, hay políticas regresivas en Guatemala, Honduras y El Salvador. La evaluación se realizó con un cuestionario a abogados integrantes de Lawyers Council y otras firmas aliadas en la región con 35 preguntas sobre marco anticorrupción, políticas anticorrupción, corrupción en el sector privado, denuncias de irregularidades, autoridades, cooperación, participación ciudadana y acceso a la información. Un segundo cuestionario se compuso de preguntas abiertas. El Salvador tuvo 8. 17 en legislación, 2. 23 en autoridades ( independencia y capacidad institucional respecto a efectividad ) y 6. 99 en implementación. Según el informe, la comunidad jurídica consideró que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador ( CICIES ) representaba una oportunidad de lucha contra la corrupción, consideran hoy que no