La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Asamblea Legislativa, hace casi un año, aprobar una ley de protección a los desplazados por la violencia en el país. Este enero, la Asamblea cumplirá un año en desacato y la discusión no debe seguir postergándose más. La Comisión de Legislación de la Asamblea aprobará el lune slos dos últimos capítulos de la Ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado, mientras que la normativa será sometida a votación del pleno legislativo hasta enero de 2020. La realidad de los desplazados es tan dramática que no puede seguir el Estado salvadoreño sin plantearse una protección a estas personas que tienen que irse forzosamente de sus hogares por la violencia e intimidación de las pandillas. La cruda realidad del país es que las pandillas deciden sobre la vida y la muerte de las personas, de las familias. Se han adueñado del territorio y la ciudadanía carece del más mínimo apoyo y protección estatal para enfrentar esa situación. Ojalá que los diputados encuentren la fuente de financiamiento de la ley bajo estudio y evalúe también otras propuestas que eventualmente pueden contribuir a la protección de estas personas que son víctimas de esta dramática situación.