La negociación de la Corte Suprema de Justicia ha estado enfocada en las últimos días en la mera escogencia de nombres y la discrepancia que se ha mostrado en torno a la procuradora como candidata a magistrada y su posible inclusión en la Sala de lo Constitucional, el más alto tribunal del país. Sin duda, se trata de una elección clave para la institucionalidad democrática del país, pero no es lo único que debe estar en el radar. La elección en la Corte Suprema de Justicia es más que un nombre en discrepancia. Es el enorme riesgo que una vez más, algunas fracciones legislativas ven en la Corte Suprema, una prolongación de sus brazos para convertir a los magistrados en meros instrumentos políticos. Es claro que en la Corte plena, donde se dirimen los casos de enriquecimiento ilícito que investiga la Sección de Probidad, hay un cierto control aritmético del FMLN y GANA, por eso estos partidos insisten en una candidatura incondicional que les dé el control total de cualquier decisión en el seno de la Corte plena. Esto no solo trae consecuencias aritméticas sino un profundo daño a la institucionalidad democrática puesto que empieza a verse la Corte Suprema como una serie de fracciones que actúan con objetivos partidarios en componendas y negociaciones que no tienen nada que ver con el más excelso propósito de la justicia igualitaria para todos. Muy peligroso riesgo.