El anteproyecto de Ley Especial de Justicia de Transición propuesto por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH ) contempla la posibilidad de que un juez especial en El Salvador dosifique las penas a los condenados si cumplen ciertas condiciones. Tobar puso de ejemplo a Colombia en donde crearon tres niveles de imposición de sanción de cárcel : imputados que colaboran en esclarecer la verdad desde el inicio, quienes solo lo hacen al final y quienes no lo hacen. Se aplicaría, según la propuesta, el Código Penal del periodo de guerra salvadoreña y el Código Procesal Penal actual, porque contempla mayores garantías procesales para las personas imputadas. Sobre la dosificación de las penas, el diputado Walter Coto dijo al procurador que la ley ya establece cuándo se dará el principio de la proporcionalidad de la pena, dependiendo si es imputado es coautor o cómplice necesario, por ejemplo. Estamos conscientes que el Código Penal ( de aquel entonces ) tiene una pena establecida, pero la idea nuestra bajo el estándar internacional de la justicia transicional es que, para definir el número concreto ( de la pena de cárcel ), establecemos que deben tomarse en cuenta los seis aspectos, le respondió el titular de la PDDH. El anteproyecto presentado por el procurador, quien fue felicitado por los diputados de Nuevas Ideas, contempla la posible aplicación del criterio de oportunidad a quienes no se les atribuye grandes afectaciones de derechos humanos y excepto a dirigentes de grupos organizados de poder. La ley presupone la creación de juzgados y cámaras especializadas en justicia en transición. La PDDH propone un Fondo de Reparación que se conformaría con un capital inicial de $ 5 millones del Ministerio de la Defensa Nacional y se financiaría con 10 % del presupuesto de Defensa Nacional, 10 % de la deuda política, 5 % de los bienes ilícitos extinguidos por el Estado y multas impuestas por la ley. La PDDH considera que los delitos de guerra que deben ser enjuiciados deben partir de 1970. El 26 de febrero de 2020, la Asamblea 2018 - 2021 aprobó una ley de justicia transicional que permitía cerrar casos si en 12 meses no tenía