Antes de cada evento electoral los partidos políticos reciben fondos públicos con el propósito de que puedan costear sus campañas en condiciones más o menos equitativas y con base al número de votos que obtuvieron en la contienda anterior. Esta ayuda estatal, alcanza en cada periodo preelectoral millones de dólares salidas de las arcas del Estado, se trata de dineros reunidos gracias al pago de impuestos de los contribuyentes y que se destinan a este único fin. Esa aportación estatal no puede considerarse un cheque en blanco o un fondo que pueda manejarse y gastarse en forma antojadiza por las cúpulas partidarias. Es necesario que se rinda cuenta de su uso y destino y que las instituciones contraloras como la Corte de Cuentas expurguen de una buena vez las finanzas privadas que están llamadas vigilar por haber recibido fondos estatales. La demanda ciudadana por el control de cualquier erogación estatal destinada a particulares, es una sana forma de contraloría ciudadana que redunda positivamente en la construcción de la democracia en un país donde los recursos son limitados. La deuda política sigue siendo tan necesaria como los mecanismos de control que debería traer aparejados en forma efectiva. Esta es otra forma de cerrar vías a la corrupción.