también siguen desconociendo es que a pesar de las recomendaciones brindadas en el plan, el Estado todavía no reconoce la gravedad del desplazamiento forzado vinculado a hechos delictivos como homicidios y amenazas perpetrados por las maras, las pandillas y el crimen organizado. Y es que el Estado también sigue ignorando las exigencias que ha hecho David Morales, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos acerca de la necesidad de crear un registro que identifique los lugares y el número de víctimas que está dejando este fenómeno social. Sostiene que la cuantificación generará que este problema social deje de ser subestimado por el Estado. Primero debemos tener información fidedigna del problema para proyectar acciones o medidas a tomar. Si el Estado no reconoce el desplazamiento forzado no va a realizar acciones de auxilio a las víctimas, enfatiza Morales. A las críticas del procurador se suman las de Celia Morales, integrante de la Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado. Critica que las dos propuestas del plan aún no sean discutidas. El Plan El Salvador Seguro fue creado por organizaciones de la sociedad civil que hicieron una serie de recomendaciones al gobierno en materia de seguridad. El desplazamiento forzado no solo es una materia reprobada por el Estado por su falta de reconocimiento, sino también por estar desfinanciado. Según Nelson Flores, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho ( Fespad ), la carencia de recursos está regenerando que no exista una atención urgente de las víctimas. Pero, ¿ de dónde deberían provenir los fondos para crear las políticas o proyectos de apoyo y refugio para las víctimas de desplazamiento forzado? El pasado 28 de octubre los diputados acordaron gravar con un 5 % las facturas telefónicas, de cable y de internet. Sostuvieron que los recursos serían destinados para financiar el Plan El Salvador Seguro. Posteriormente, el Ejecutivo indicó que los recursos servirían para entregar un bono a policías, soldados y agentes penitenciaros por el trabajo de seguridad que brinda. Sin embargo, no ha informado cómo subsanará la crisis provocada por el desplazamiento forzado. Más