Una de las deudas pendientes que dejó la Asamblea Legislativa el año recién concluido fue una nueva Ley de Reconciliación Nacional, un mandato de la Sala de lo Constitucional que reemplaza la defenestrada Ley de Amnistía de 1993 que fundamentalmente había perdonado todos los crímenes de lesa humanidad del conflicto armado que sufrimos por 12 años. La Asamblea Legislativa tiene ante sí una labor completa. Primero, la nueva ley debe encontrar verdad y justicia. La Sala de lo Constitucional ha hablado de una Justicia Transicional y Restaurativa. En el parlamento hay dos proyectos en discusión que tienen al menos 17 grandes diferencias. La complejidad de una nueva Ley de Reconciliación estriba en hallar la justicia para las víctimas y sus familiares que quieren saber la verdad de lo ocurrido. Tanto la Fuerza Armada como la guerrilla del FMLN cometieron atrocidades en el conflicto y los salvadoreños de ayer y hoy merecemos conocer la verdad sobre la barbarie de la guerra. El debate también se centra en cómo no quedarse anclado en el pasado. El país requiere sanar heridas, mirar hacia adelante, dar lecciones profundas para que esas atrocidades no se vuelvan a cometer ni a quedar impunes, pero a la vez evitar caer en una vorágine interminable de señalamientos.