La Mesa Nacional Frente a la Minería hizo hoy un recuento del monto que destina el Estado para el cierre completo de minas y su remediación ambiental en los presupuestos generales del Estado de El Salvador. El economista José Luis Magaña aseveró que dentro del proyecto de presupuesto 2023 se contempla financiamiento únicamente para obras ubicadas en uno de los 15 pasivos mineros identificados : el ubicado en San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión. Miguel Edgardo Mira, miembro de la mesa antiminera, explicó que los pasivos mineros son las minas en estado de abandono producto de la aplicación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. La Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en 29 de marzo de 2017, exige que el Ministerio de Economía proceda al cierre de minas metálicas y que coordine con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( MARN ) la remediación ambiental de daños causados por las minas en las regiones afectadas para devolver a la población las condiciones de un ambiente sano. La organización pidió a la Asamblea Legislativa que incremente los fondos del MARN para que la institución desarrolle acciones que remedien el daño ambiental provocado a las comunidades, no solo en la mina de San Sebastián sino a todas. También, la organización pide que el Ministerio de Economía haga planes que brinden una alternativa económica a las familias que se dedican a la minería artesanal. La Mesa Frente a la Minería expresó que la mayoría de minas en abandono se encuentran en el oriente de El Salvador y al menos seis pasivos mineros ambientales podrían generar drenaje ácido y llegar a contaminar la cuenca del río Grande de San Miguel y el río Goascorán. De acuerdo a la Guía metodológica de cierre de minas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( Cepal ), una mina mal cerrada o abandonada genera un gran problema de legado para los gobiernos y la comunidades.