Las cifras de desaparecidos que maneja la Fiscalía General de la República supera a los homicidios que reporta la Policía Nacional Civil ( PNC ) hasta este fin de semana, según reveló una fuente fiscal ayer. Las estadísticas fiscales señalan que hasta el 7 de diciembre tenían el registro de 3, 382 personas desaparecidas y un día después, la PNC dijo que en todo el año habían ocurrido 3, 151 muertes violentas en todo el país. La fuente fiscal también señaló que la cifra de desaparecidos es incluso superior a la reportada el año anterior en 195 personas. Sobre este tema, ayer la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presentaron un protocolo de actuación urgente para la búsqueda de personas desaparecidas ; esto con el auspicio del gobierno de Canadá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC ). Según la explicación del fiscal general, Douglas Meléndez, este protocolo permitirá que las autoridades empiecen la búsqueda al momento de ser reportada la desaparición, incluso si solo han pasado pocas horas. A partir de este protocolo, ninguna institución del Estado debe esperar, 24, 48, 72 horas para que pueda acudir a reportar la desaparición y que pueda acceder a la búsqueda de la persona, dijo ayer Meléndez. Las denuncias de personas desaparecidas se pueden interponer en las oficinas fiscales, en las delegaciones policiales, incluso en los juzgados de paz. Tanto el titular del Ministerio de Seguridad, Mauricio Ramírez, y el titular de la PNC, Howard Cotto, señalaron que no existe un registro sobre personas desaparecidas que aporte una cifra oficial, debido a que las denuncias son interpuestas, pero cuando la persona aparece - viva o muerta - la denuncia no es retirada. De acuerdo a los registros que se han llevado en los años anteriores aproximadamente un 10 % de las personas que son reportadas como desaparecidas han sido víctimas de homicidio o de un delito grave, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, ayer.