El periodo de cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional expira este domingo 15 de julio y no parece haber voluntad de los diputados de la Subcomisión Política encargada de este proceso para concluirlo a tiempo. Al parecer, existe un temor de que cualquier movimiento errático en este proceso pueda ser detenido por los magistrados salientes y prefieren dejar la acefalía para no correr el riesgo, lo que habla de sus intenciones nada claras. El daño institucional que puede causar la falta de magistrados de la Sala de lo Constitucional es muy grande. No tendríamos un tribunal para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, ni habeas corpus ni recursos de amparo. Tampoco tendríamos quién controle los abusos de los otros poderes del Estado sobre los ciudadanos. En otras palabras, estamos ante un desastre insatitucional. Es de esperar que los diputados asuman su responsabilidad, no solo los miembros de la subcomisión que tan erráticamente se han movido, con entrevistas bastante flojas y negándose a investigar trayectorias de los candidatos. Los 84 legisladores son responsables de este grave atraso y responsables también del desastre institucional que puede traer consigo. Es de reiterar el llamado a que se elijan magistrados probos, capaces e independientes, sin compromisos partidarios.