La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) ordenó hoy a la Policía Nacional Civil ( PNC ) y a la Fiscalía General de la República ( FGR ), adoptar medidas de protección para las víctimas de desplazamiento forzado interno debido a la presencia de pandillas. La Sala admitió dos demandas de amparo de familias amenazadas por pandillas porque consideró que cumplen los requisitos, ya que dichas autoridades así como la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia ( UTE ), no han procesado a los responsables de los delitos denunciados, ni han garantizado el retorno de los grupos familiares a sus hogares. En sus demandas, las familias señalan vulneración de sus derechos a la seguridad material, protección familiar, protección no jurisdiccional, libertad de circulación y propiedad. " En ambas demandas se expuso que ni la FGR, ni la PNC, ni la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la UTE activaron las medidas de protección ordinarias y extraordinarias establecidas en la Ley Especial Para la Protección de Víctimas y Testigos, pese a que varias delegaciones y unidades de la PNC como de la FGR tuvieron conocimiento de los hechos antes referidos ", indicó la Sala en su sentencia. Los magistrados ordenan a la PNC y a la FGR que garanticen la seguridad a estas familias para que puedan volver a sus hogares y que judicialicen a los responsables de las amenazas y éxodos de las familias. Son cinco familias acosada por pandillas las que han solicitado medidas de protección. La resolución de la Sala llega luego que este miércoles varias familias abandonarán sus hogares en la lotificación Brisas de Joya Grande, en Apopa, por amenazas de pandillas.