La Procuraduría General de la República ( PGR ) se sumó ayer a las denuncias de varios organismos internacionales y nacionales sobre el desplazamiento forzado interno en El Salvador. Según la PGR, 458 personas han sido víctimas de desplazamiento interno forzado por la violencia en nuestro país, entre abril 2016 y mayo 2017. Es la segunda institución del Estado, después de la Sala de lo Constitucional, que se refiere a estos casos. El Ejecutivo se ha negado a reconocer la problemática. Las autoridades policiales usualmente se limitan a custodiar la salida de las familias amenazadas por las pandillas y rara vez hacen capturas o investigaciones al respecto. Precisamente, por eso la Procuradoría pidió al Estado reconocer la problemática y crear programas de protección de asistencia humanitaria a favor de las víctimas. Además de investigar a fondo cada uno de los casos. Eso es lo que las instituciones han documentado, pero hay centenares más de casos donde la gente simplemente huye y no denuncia. Se van del país o se van de su ciudad o de los vecindarios donde han crecido e invertido sus ahorros. La cruda realidad del país es que las pandillas deciden sobre la vida y la muerte de las personas, de las familias. Se han adueñado del territorio y la ciudadanía carece del más mínimo apoyo y protección estatal para enfrentar esa situación.