La fundación Cristosal solicitó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ), mediante un recurso de amparo, ordenar medidas de protección para una familia víctima del desplazamiento forzado interno a causa de la violencia. Las víctimas han tenido que salir de su hogar y han perdido la posibilidad de acceso a su vivienda, la educación de sus hijos y se ha visto afectado el trabajo del matrimonio, detalló el coordinador de litigios estratégicos de Cristosal, Abraham Ábrego, antes de presentar la solicitud de amparo. De acuerdo a Ábrego, las pandillas atentaron contra la vida de una de las hijas menores de edad de la familia y los amenazaron de muerte si denunciaban el caso ante la Policía Nacional Civil ( PNC ) o la Fiscalía General de la República ( FGR ). Pese a que estaban entre la espada y la pared, la familia tomó la decisión de abandonar su casa y denunciar los hechos ante las autoridades creyendo que la Fiscalía otorgaría medidas de protección para todo el grupo de familiar. Eso no sucedió. El Ministerio Público solo benefició con régimen de protección a una de las hijas argumentando falta de albergues. El amparo plantea la omisión de las autoridades de la Policía, Fiscalía y de la Unidad Técnica Ejecutiva ( UTE ) en dar las medidas de protección adecuada ; en este caso no se garantizó las medidas de protección a todo el grupo familiar, se limitó a colocar nombre clave solo a una de las personas que estuvo colaborando en el proceso judicial, afirmó. Agregó que el amparo señala a la Asamblea Legislativa por no emitir leyes de protección para las víctimas de este fenómeno que en el 2017 afectó a al menos 394 personas, según Cristosal. Asimismo, señala al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública por no emitir políticas públicas ni protocolos a favor de las víctimas.