El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador inició ayer la vista pública en contra del exministro de Obras Públicas, Jorge Isidoro Nieto Meléndez, y el exviceministro, Sigifredo Ochoa Gómez, así como otros imputados en el caso conocido como Diego de Holguín II etapa. Fiscales de la dirección contra la corrupción y la Impunidad los acusan por los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada. Según el Ministerio Público los procesados han causado al Estado un perjuicio económico de $ 20, 570, 000. Una de las fiscales sostuvo que a Nieto Meléndez, le atribuyen un peculado de $ 9 millones, además enfrenta la vista pública por el delito de incumplimiento de deberes, ya que como funcionario debió cuidar los bienes del Estado. Lejos de eso, dice la Fiscalía, supuestamente favoreció para que el representante legal de Copreca Linares, Jesús Hernández Campollo estafara al Ministerio de Obras Públicas al término de la gestión del expresidente Antonio Saca. Según la acusación del Ministerio Público el perjuicio económico causado es producto de las irregularidades en el diseño y construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín, hoy conocido bulevar Monseñor Romero. A cada uno de los imputados les atribuyen diversas participaciones, pero el principal señalado por la Fiscalía es Jorge Nieto en su calidad de exministro de Obras Públicas y Jesús Hernández Campollo ( separado del proceso ), representante legal de la empresa Copreca Linares, la participación de los dos fue la clave para que se generara el desfalco millonario a las arcas del Estado. A Nieto, el Ministerio Público le reprocha que al momento de asumir el cargo tuvo conocimiento que la empresa constructora había recibido un anticipo por $ 7, 695, 887. 15 centavos a pesar que no estaba cumpliendo sus obligaciones contractuales. Mediante el período que duró la ejecución de la obra, Nieto no hizo ninguna acción para verificar el uso del anticipo, cuando de conformidad a las bases de licitación y el convenio de préstamo tenía la obligación de verificar el uso de dichos fondos.