sentencias que derivan de años anteriores, de esas resoluciones, 18 fueron sentencias estimativas donde se declaró la extinción a favor del Estado, mientras que dos fueron a favor de los propietarios de bienes. Se informó que las actividades ilícitas que subyacen a las acciones promovidas por la representación fiscal la generalidad es en primer lugar lavado de dinero y activos, maras o pandillas, en tercer lugar están defraudaciones a la hacienda pública mediante el contrabando de mercadería, tráfico ilegal de personas, narcotráfico y actividades propias de la corrupción en el Estado. En el caso de las sentencias estimativas, durante las audiencias se probó la teoría presentada por el Estado a través de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República y se reconoció la nueva titularidad de los bienes al Conab. Desde que el 28 de noviembre de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de Bienes de Origen o Destinación Ilícita, la Fiscalía General de la República preparó el camino para iniciar una ofensiva enfocada en despojar los bienes a personas y estructuras del crimen organizado que amasaron su fortuna a través de actividades delictivas a nivel local y transnacional. Todas esas ganancias obtenidas de manera ilícita y que hasta transfirieron a sus familiares o terceras personas han pasado al Estado. Entre las personas que el Ministerio Público ha sometido al proceso especializado en extinción de dominio hay pandilleros, narcotraficantes, lavadores de dinero y activos, contrabandistas y exfuncionarios corruptos que se aprovecharon de sus cargos para saquear al Estado y favorecerse personalmente y llevar una vida llena de lujos junto a sus parientes y cerrado círculo de amigos. El Ministerio Público ha investigado y ganado los 105 casos amparándose en el artículo 5 de la ley especial donde se le faculta ir tras los bienes de estructuras complejas, entre ellas pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, actos de terrorismo, tráfico de armas, tráfico y trata de personas, delitos relacionados con drogas, delitos informáticos, de la corrupción, delitos relativos a la hacienda pública y