una de las acciones realizadas por el legislativo fue otorgar $ 16, 170, 045 a instituciones y programas destinados a la atención y reparación de víctimas de crímenes de guerra. Por su parte, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez dijo que pidieron a la presidencia más recursos económicos para dar cumplimiento a la sentencia, pero hasta la fecha no ha habido respuesta alguna. Dijo a los magistrados que la Fiscalía creó un grupo de fiscales especiales que están conociendo e investigando los crímenes de guerra, pero solo está conformado por tres personas. Al final, dijo que podía asignar más fiscales en la materia, pero eso significaría desatender temas actuales como extorsiones y homicidios. Meléndez añadió que para cumplir la sentencia, la Fiscalía necesita por lo menos $ 7 millones, pero la cifra podría rondar hasta los $ 15 millones. El Fiscal también dijo que ha tenido inconvenientes con el acceso a los archivos de la Fuerza Armada para investigar crímenes de guerra. En la mayoría de casos nos dicen : no se encontró la información sobre operativos, dijo. A la Asamblea Legislativa, la Sala le designó hacer una regulación complementaria para una genuina transición democrática con respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales de las víctimas, en especial a los derechos a la justicia y a la tutela judicial. A la Fiscalía General de la República le dijo que tiene la obligación constitucional de promover la acción penal correspondiente con prontitud razo - nable, para que jueces cumplan con la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en la protección de los derechos de las víctimas. Mientras que al Órgano Ejecutivo le dijo que tienen el deber de diseñar, implementar y dar seguimiento a políticas de Estado en materia de protección, promoción y garantía de los derechos funamentales, además de asegurar la ejecución de recursos vinculados al respeto de los derechos.