La Fiscalía General de la República ( FGR ) señaló que el empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, era quien tomaba las decisiones al interior de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa ( CEL ), debido a que tomó mucha preponderancia como si fuera un funcionario durante la administración del expresidente Mauricio Funes. El pasado 5 de enero se desarrolló la audiencia inicial del caso Chaparral en el Juzgado Noveno de Paz, del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador ; ahí el Ministerio Público oficializó su acusación en contra del exmandatario Mauricio Funes, el empresario Miguel Menéndez, y el expresidente de CEL, Leopoldo Samour, por una supuesta dádiva que recibieron de Astaldi cuando abandonó las obras de la represa en 2012. Aunque la FGR pidió reserva total del caso, la jueza ordenó la parcialidad bajo el fundamento que se incluyen nombres de menores de edad y testigos bajo el régimen de protección. A la audiencia inicial solo asistió la parte defensora de Menéndez y el asesor jurídico de CEL, Óscar Lara, para expresar que están en disposición de colaborar. En la audiencia, la representación fiscal señaló que desde antes que Samour llegara a la presidencia de CEL ( él ) sabía del acuerdo del pago de $ 108. 5 millones a la empresa italiana Astaldi y que, incluso, existía un entendimiento que Menéndez era quien tomaba las decisiones al interior de la autónoma. Samour fue nombrado como presidente de CEL en 2012. Sin embargo, cuando Funes llegó a Casa Presidencial, en junio de 2009, designó a Nicolás Antonio Salume Babún como el titular de la estatal y quien ya se había desempañado en este cargo durante la administración de Elías Antonio Saca. La acusación de la Fiscalía indica que cuando Samour llegó a la presidencia de CEL negoció con el representante de la empresa italiana Astaldi, Mario Pieragostini, el pago de los mencionados $ 108. 5 millones, pero esta suma era $ 45. 2 millones superior al monto que debía pagar el Estado salvadoreño por los trabajos que realizó la compañía. De esos $ 45. 2 millones, continuó la FGR, la empresa italiana entregó $ 3. 5 millones