La dictadura de Nicolás Maduro dio un golpe de Estado a la Asamblea Nacional - dominada por la oposición - la semana pasada, un hecho que nos dimensiona lo que es capaz de hacer un régimen que controla al Órgano Judicial a su antojo. La Corte Suprema de ese país, apoyada y financiada por Maduro, ha cancelado las atribuciones de los diputados - violando la propia Constitución - y asumiendo las funciones del órgano legislativo, un absurdo jurídico total. La sentencia que anula al parlamento es claramente una reacción al intento de la Organización de Estados Americanos ( OEA ) de activar la Carta Democrática Interamericana, que ha apoyado la Asamblea Nacional. En el fondo, esta medida solo confirma la vocación dictatorial de Nicolás Maduro y su régimen, lo que debería avergonzar aún más a aquellos gobiernos que siguen defendiendo semejantes atropellos por oscuros intereses. Lo que sucede en Venezuela es un espejo muy claro de lo que puede suceder en nuestro país si un partido político controla todos los órganos de Estado y carece de la más mínima vocación democrática y respeto a la Constitución. Por eso hay que cuidar la independencia absoluta de los próximos magistrados de la Sala de lo Constitucional y evitar situaciones como las que vive Venezuela.