A partir del próximo 6 de abril, el diputado Reynaldo Antonio López Cardoza y su esposa Alma Janeth Gutiérrez de López, deberán probarle al Juzgado Especializado en Extinción de dominio que sus bienes y dinero lo han obtenido de forma lícita ya que la Fiscalía señala que son producto de actividades fuera de la ley. La Unidad Especializada de Extinción de Dominio del Ministerio Público en la solicitud que presentó en el juzgado ha dejado claro el interés de que diez inmuebles del legislador y dos inscritos a nombre de su esposa, pasen al Estado. Esos 12 inmuebles tienen un valor de aproximadamente $ 230 mil, según lo reflejan las escrituras, pero ese monto va incrementar cuando en el Consejo Nacional de Administración de Bienes ( Conab ) se realice un valúo. La Fiscalía General de la República también pretende que $ 134 mil 654. 72, encontrados en cinco cuentas bancarias, sean declaradas en extinción a favor del Estado ; en el caso de López Cardoza, en el sistema financiero le detectaron $ 36 mil 854. 74, mientras que a su esposa le hallaron $ 97 mil 800. 35. El juzgado había programado inicialmente la audiencia preparatoria para el 19 de marzo, pero luego se notificó a los afectados ( propietarios de los bienes ) que se ha trasladado para el 6 de abril. En esta diligencia que es la primera del proceso, se resolverá sobre cualquier cuestión incidental alegada, así como la admisión o rechazo de las pruebas, y al finalizar se señalará día y hora para la audiencia de sentencia, que deberá realizarse 15 días hábiles después. En este proceso de extinción de dominio la carga probatoria recaerá en López Cardoza y su esposa, quienes deberán demostrarle a la jueza especializada que los bienes y dinero pretendido por la representación fiscal son de origen lícito. La Fiscalía General de la República inició este caso después que la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, declaró a López Cardoza no responsable por enriquecimiento ilícito, luego que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía lo demandó por un incremento patrimonial injustificado de $ 1, 571, 375. 01. En esa resolución del 3 de marzo de 2017, el mismo