Durante las últimas décadas, han sido evidentes los abusos en los gastos de la Asamblea Legislativa. El crecimiento exhorbitante de plazas y asesores como una manera de pagar el clientelismo partidario, ha sido una constante denuncia en medios de comunicación como Diario El Mundo. Por la Asamblea Legislativa pasaron presidentes y directivos que se creyeron emperadores y no solo duplicaron el número de plazas, sino también que repartieron privilegios excesivos a los diputados como combustible, vehículos, viajes al exterior, permitieron el nepotismo directo y cruzado y otros tantos pecados que hoy se están confirmando. Hoy se investigan las denuncias de plazas fantasmas y la Fiscalía General ha hecho un inédito allanamiento por dos gerencias legislativas en busca de evidencias. Lo que es más revelador es que varios grupos parlamentarios han admitido que tienen personal que simplemente no llega a trabajar. Eso tiene que cambiar en la Asamblea. Para empezar, el número de directivos es inmenso para un país y un parlamento tan grande. Ese número de directivos multiplica los privilegios. También es necesario reducir la cantidad de empleados partidarios. La Asamblea no puede seguir viéndose como un botín partidario donde se reparten plazas a activistas que no cumplen labores legislativas sino labores meramente proselitistas que deberían estar pagando los institutos políticos y no el Estado. El mayor cambio de la Asamblea debe ser hacia la transparencia y rendición de cuentas permanente. La futura Asamblea Legislativa no debe cerrarse al escrutinio de los medios de comunicación y demostrar que realmente están cambiando las cosas y no repiten este círculo vicioso que hemos visto por décadas.