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Los líderes del chavismo han declarado que jamás abandonarán el poder. Ni ahora ni mañana ni nunca. ¿Cómo pueden lograrlo si cada vez tienen menos popularidad? Dando un golpe de Estado desde el interior del Estado. Controlando la legalidad para usarla en contra de sus adversarios. Eso es lo que viene ocurriendo desde hace tiempo en Venezuela.

Las elecciones que debieron realizarse el año pasado están suspendidas, ni siquiera tienen fecha. Todos los poderes públicos han sido tomados por el partido de gobierno. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas se han declarado, también, militantes del oficialismo. La inhabilitación política a Henrique Capriles Radonski, dictada ayer, es una última muestra de la desesperación de un gobierno que se ha quedado sin pueblo. En Venezuela hay una élite política que, antes que perder sus privilegios, está dispuesta a prohibir la democracia.

Hay una historia que es importante recordar. Ocurrió el 23 de diciembre del año 2015. Unos días antes, el chavismo había sufrido su primera derrota histórica en unas elecciones y la oposición había obtenido un contundente triunfo en los comicios parlamentarios. La nueva Asamblea Nacional, que debía empezar a sesionar el 5 de enero del año siguiente, tendría mayoría opositora. Pero faltaban dos semanas para esa fecha y el chavismo todavía dominaba el parlamento.

Un día antes de Navidad, en una sesión fuera del calendario de sesiones parlamentarias, la mayoría del oficialismo designó 13 nuevos miembros y 21 nuevos suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia de la nación. De esto no habla la canciller Delcy Rodríguez cuando vocifera en la OEA denunciando satánicas conspiraciones.

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Fue entonces cuando, en un acto lleno de irregularidades, donde incluso uno de los candidatos a juez también era diputado y —por tanto— votó por sí mismo, los chavistas dieron un golpe y empezaron a construir la crisis institucional que hoy vive el país. Fue una maniobra que terminó de consolidar su control absoluto sobre la justicia en Venezuela.

La gran mayoría de los miembros designados ese día no cumplen con los requisitos que establece la ley para formar parte del máximo tribunal. Pero todos cumplen con una exigencia fundamental: son devotamente leales al partido de gobierno. Esa fue la verdadera reacción tras el resultado electoral. Ante la simple posibilidad de la alternancia, el chavismo respondió manipulando la legalidad para desconocer el voto popular. Decidieron enfrentar la democracia con violencia institucional.

Sin separación de poderes y sin elecciones, la democracia en Venezuela es un espejismo muy frágil. El gobierno pretende ampararse en la constitución para violar la constitución. Detrás de su discurso de izquierda, invocando una supuesta “revolución”, actúa cada vez más como las antiguas dictaduras de derecha del continente.

Desde el inicio, la nueva Asamblea Nacional, con mayoría opositora, estuvo herida. Antes aun de ejercer el poder había sido despojada de su verdadero poder. Las estadísticas no pueden ser más evidentes: desde enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido más de 50 sentencias en contra del parlamento, cancelando o rechazando cualquiera de sus acuerdos o promulgaciones.

En el pasado mes de septiembre, el tribunal sentenció que todas las decisiones y acciones que se tomen o se produzcan en el parlamento son nulas. Esta pugna ha llevado, incluso, a que en estos momentos los diputados de la Asamblea Nacional tengan meses sin cobrar sus sueldos. Esto tampoco lo menciona Delcy Rodríguez cuando habla en la OEA.

La canciller venezolana denuncia un “linchamiento mediático diplomático” y asegura que todo el conflicto se debe a los intentos del parlamento por “derrocar al gobierno”. Probablemente, al inicio, la oposición no haya actuado con inteligencia política. Su dirigencia creyó que con dominar el parlamento podría forzar la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la república mediante el referendo revocatorio.

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Pero un error político no es un delito. Los diputados opositores tan solo se propusieron activar un mecanismo que está en la constitución. Antes que eso, posiblemente, debieron desactivar el secuestro que mantiene el chavismo sobre las instituciones. En ese momento, debieron plantearse —desde diferentes espacios de lucha— comenzar a recuperar la independencia de los poderes públicos en el país.

A través del Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno de Nicolás Maduro ha conseguido que el efecto del éxito electoral de la oposición se evapore, que la mayoría no sea la mayoría, que la democracia sea tan solo una gimnasia retórica. Con el control institucional, el oficialismo mantiene la apariencia de legitimidad mientras actúa como una dictadura. Promueve el diálogo mientras suspende las elecciones. Acepta la mediación del Vaticano para aumentar la represión y el número de presos políticos.

Es, al mismo tiempo, el policía malo y el policía bueno. Invita a la oposición al diálogo, al camino de la democracia, y después asegura que la oposición jamás volverá al poder: “Ni por las buenas ni por las malas”. Así ha logrado conseguir que la bipolaridad política tenga una aparente coherencia discursiva.

Pero esto tampoco lo cuenta Delcy Rodríguez en la OEA. A la canciller le parece bien que el Tribunal Supremo de Justicia haya suspendido al parlamento. Piensa que se trata de un ejercicio correctivo ante una nueva conspiración. Aunque celebra las protestas contra Macri en Buenos Aires, cree que las protestas populares que se realizan en Caracas carecen de legitimidad, que solo buscan derrocar al gobierno y que deben ser reprimidas.

Delcy Rodríguez dice en la OEA que Venezuela tiene los mecanismos para resolver las “discrepancias” entre los poderes. Habla como si un golpe institucional fuera un impasse, un simple malentendido.

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Después de las elecciones parlamentarias de 2015, el gobierno de Maduro realizó un enorme fraude poselectoral. Lo que perdió en las urnas lo recuperó con oscuras maniobras, controlando los poderes públicos. El oficialismo ha convertido la democracia en una gran estafa. Ha transformado a las instituciones en bandas de sicarios judiciales, destinadas a liquidar a sus adversarios políticos.

Por eso los venezolanos están en las calles. Reclamando que se les devuelva el poder de sus votos. Exigiendo que se cumpla la constitución. Mientras no se logre desactivar el control oficial sobre las instituciones, mientras no exista un poder electoral distinto, capaz de cumplir con el calendario establecido aunque no le convenga al gobierno, mientras no haya un nuevo Tribunal Supremo de Justicia independiente, no habrá posibilidad de diálogo y de futuro.

Seguirá sin haber democracia en Venezuela.