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  Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA)  en alianza con el  Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) 
  en alianza con el 
  
  REVISTA DE DERECHO   FUNCIONARIAL    Números 12-19  Mayo 2014  –  Diciembre 2016  Edición especial 
  
  Caracas, 2017  
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  Números 12-19. Mayo 2014  –  Diciembre 2016  Las opiniones expuestas en los trabajos publicados en esta revista son de la  exclusiva responsabilidad de sus autores y no se corresponden necesariamente con  las de la Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA) o el Centro  para la Integración y el Derecho Público (CIDEP). 
  
  ISSN: 2610-7880 (edición digital)  P.P.: MI2018000567  Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA).  Avenida Tamanaco,  Urbanización El Rosal, Edificio Impres, Caracas, Venezuela. Teléfono: +58 (212) 953  1995. Correo electrónico:  funeda@gmail.com . Página web:  http://www.funeda.net   Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) . Avenida Santos  Erminy, Urbanización Las Delicias, Edificio Park Side, Oficina 23, Caracas,  Venezuela. E-mail:  contacto@cidep.com.ve . Página web:  http://cidep.com.ve 
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  1.   La Revista de Derecho Funcionarial es una edición arbitrada de la  Fundación Estudios de Derecho Administrativo, de circulación  cuatrimestral, que tiene como finalidad la publicación de estudios,  compilaciones e información relevante en materia de Derecho  Funcionarial, entendiéndose como tal, aquella rama del derecho público  que estudia científicamente la relación entre la Administración Pública y  los servidores públicos que prestan servicios profesionales para ella.  Como tal, los trabajos que en la Revista de Derecho Funcionarial se  publiquen versarán sobre ese tema, o sobre aquellos que tengan relación. 
  2.  La Revista contará con un director y un subdirector. Asimismo contará  con un Comité de Redacción y un Comité Asesor. El director coordinará  la edición y publicación de la revista. El subdirector apoyará al director  en dicha coordinación. El Comité de Redacción fungirá como órgano  arbitral y decidirá qué trabajos serán publicados, luego de revisar los  mismos basándose para ello en criterios académicos. El director y el  subdirector formarán parte del Comité de Redacción y del proceso de  arbitraje de los trabajos a publicar. El comité asesor hará las  recomendaciones que el Comité de Redacción o el Director soliciten. 
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  ÍNDICE 
  Presentación |  7  
  Sobre la ausencia de carrera judicial en Venezuela: los jueces temporales y provisorios,  y la irregular jurisdicción disciplinaria judicial,  ALLAN R. BREWER-CARÍAS  |  8   Régimen jurídico de los funcionarios judiciales,  YULIMAR DEL CARMEN GÓMEZ  MUÑOZ  |  27   Compilación jurisprudencial en materia de función pública. Mayo 2014  –  diciembre   2016,  JOSÉ A. REYES F. e IVÁN D. PAREDES CALDERÓN  |  55  
  Normativa (mayo 2014  –  diciembre  2016) |  237  
       
   
   
  PRESENTACIÓN 
  La Revista de Derecho Funcionarial empieza con este número especial  una nueva etapa en la que el Centro para la Integración y el Derecho Público  (CIDEP), en su propósito de impulsar el conocimiento del Derecho Público en  nuestro país, y en convenio con la Fundación de Estudios de Derecho  Administrativo (FUNEDA), tiene el agrado de participar.  Desde su aparición, en el año 2010, la Revista de Derecho Funcionarial se  convirtió en referente para la divulgación y el estudio del régimen jurídico de  la función pública, recogiendo colaboraciones doctrinarias y amplias  recopilaciones de la jurisprudencia nacional en la materia.  Desafortunadamente, su periodicidad se vio afectada por motivos que  dificultaron e incluso imposibilitaron colocar su contenido a disposición del  lector y, si bien pensada para que su circulación fuese cuatrimestral, debió  emitir números dobles y hasta suspender por un tiempo su publicación.  Damos ahora la bienvenida a este número especial de tan necesaria  revista, que cubre varios cuatrimestres (mayo de 2014 a diciembre de 2016),  esperando que lo encuentren de provecho y promueva la discusión y la  difusión de los temas que en él se tratan, a la vez que invitamos a hacer parte  de los próximos números. 
  Jorge Luis Suárez Mejías  Director General del CIDEP  Antonio Silva Aranguren  Director Ejecutivo del CIDEP  Febrero, 2017
  <sub>7  </sub> 
  SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: LOS  JUECES TEMPORALES Y PROVISORIOS, Y LA IRREGULAR  JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL  Allan R. Brewer-Carías  Profesor de la Universidad Central de Venezuela 
  Resumen : Este comentario tiene por objeto analizar cómo la Ley del Código de  Ética del Juez Venezolano de agosto de 2010, después de doce años de  vigencia de la Constitución creó la esperada “Juri sdicción Disciplinaria  Judicial ” , sustituyendo a la Comisión de Funcionamiento y Reorganización  del Sistema Judicial que se había establecido “transitoriamente” en 1999; y  cómo, en fraude a la propia Constitución, se prorrogó el régimen transitorio  sobre el status de los jueces, al disponer en forma inconstitucional el  nombramiento de los “jueces” de dichos órganos disciplinarios, por la  Asamblea Nacional, quedando así sometidos a mayor control político que el  que afectaba a la sustituida Comisión y teniendo los jueces menos garantía a  su estabilidad.    Palabras clave : Jueces; Estabilidad; Autonomía; Independencia judicial 
  Summary : This comment tends to analyze how the Ethic Code of the  Venezuelan Judges from August 2010, after twelve years of the approval of  the Constitution, created the expected Judicial Judiciary Jurisdiction in  substitution of the Commission on the Functioning and Reorganization of the  Judicial System established in a “transitory” way in 1999; and how,  defrauding the Constitution, the Code has extended the transitional regime  concerning the status of judges by establishing in an unconstitutional way, the  appointment of the “judges” of such disciplinary organs by the National  Assembly, assuring more political control on them that the one affecting the  former Commission, having the judges less guaranty on their tenure.   Key words : Judges; Tenure; Authonomy; Judicial Independence 
  I 
  Aun cuando las Constituciones se dictan para cumplirse, y a pesar de que  sus normas son obligatorias no sólo para los ciudadanos sino más importante  aún, para todos los órganos del Estado que encuentran previstos en ellas, la  fuente de sus atribuciones y los límites de su poder (Art. 7), en Venezuela, en  particular respecto de las previsiones constitucionales establecidas para  garantizar la carrera judicial y específicamente, la independencia y autonomía  de los jueces, puede decirse que la Constitución de 1999 se sancionó para no  ser cumplida, para lo cual todos los órganos del Estado lo que han hecho es  desarrollar sus actividades y sus mejores esfuerzos, para evitar que las normas 
  <sub>8  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>   pertinentes hayan podido haber llegado a tener en algún momento alguna  vigencia.  Esto se materializó hasta 2010, en la deliberada abstención en dictarse la  É
  Ley del Código de Ética del Juez y la creación de la “Jurisdicción Disciplinaria  Judicial” prevista en la Constitución; en 2011, en la creación de la Corte y  Tribunal de dicha Jurisdicción, pero sometida al control político, y en 2013 con  la suspensión de la aplicación de las normas de la Ley del Código a los jueces  temporales y provisorios. Con todo ello entre la letra de la Constitución e,  incluso, la letra de muchas leyes, y la realidad que ha resultado de la forma  cómo se ha impedido su vigencia o se ha distorsionado su propósito, ha  habido un abismo. El resultado es que en materia de la carrera judicial y de la  garantía de la estabilidad de los jueces, la Constitución no se ha llegado a  aplicar y lo más grave de ello, es que ha sido como consecuencia de una  política gubernamental deliberada que se definió desde 1999 y que ha sido  invariablemente seguida y desarrollada por todos los órganos del Estado de  impedir que las normas constitucionales sean efectivas. 
  II 
  En efecto, para garantizar la independencia y autonomía del Poder 
  Judicial, aparte de atribuirle el gobierno y administración del Poder Judicial  al Tribunal Supremo de Justicia (Art. 267), la Constitución asegura que el  ingreso a la carrera judicial solo puede realizarse mediante un proceso de  selección pública, con participación ciudadana, estableciendo además el  principio de su estabilidad judicial, al consagrar la inamovilidad de los jueces  salvo cuando sea como consecuencia de sanciones disciplinarias que sólo  pueden ser impuestas por jueces disciplinarios integrados en una Jurisdicción  Disciplinaria Judicial (Arts. 255, 267). Sin embargo, aparte de que en los  últimos doce años nunca se han realizado los concursos públicos prescritos en  la Constitución, la “Jurisdicción Disciplinaria Judicial” solo vino a  conformarse en 2011, aun cuando inconstitucionalmente al hacérsela  dependiente de la Asamblea Nacional, para asumir la función disciplinaria  que durante doce largos años ejerció una Comisión  ad hoc , la Comisión de  Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, que al margen de la  Constitución funcionó desde 1999 con el aval del Tribunal Supremo,  removiendo a los jueces en forma discrecional sin garantía alguna del debido  proceso <sup>1</sup> . 
   
  <sub>1</sub> <sub> </sub> <sub>Véase Tribunal  Supremo de Justicia,  Decisión N° 1.939 del 18 de diciembre de  2008 (Caso: </sub> <sub>Gustavo Álvarez Arias et al</sub> <sub>.), en </sub> <sub>Revista de Derecho Público</sub> <sub>, N° 116, Editorial Jurídica </sub> <sub>Venezulana, </sub> <sub>Caracas, </sub> <sub>2008, </sub> <sub>pp. </sub> <sub>89-106. </sub> <sub>También </sub> <sub>en </sub> <sub>http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1939-181208-2008-08-1572.html </sub>
  <sub>9  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>   En 2011, en efecto, con la conformación de la “Jurisdicción Disciplinaria  É
  Judicial” que creó el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza  Venezolana <sup>2</sup> , integrada por una Corte Disciplinaria Judicial y un Tribunal  Disciplinario Judicial, puede decirse que nada cambió, pues conforme a la  Disposición Transitoria que se incorporó en la Ley del Código (Tercera), dicha  Jurisdicción no goza efectivamente de autonomía e independencia algunas,  siendo más bien un apéndice de la mayoría que controla políticamente la  Asamblea Nacional. En realidad, lo que ocurrió con esta nueva legislación y  en virtud de la interminable transitoriedad, no ha sido otra cosa que lograr,  primero, cambiarle el nombre a la antigua Comisión de Funcionamiento y  Reorganización del Poder Judicial, y segundo, hacerla depender, ya no del  Tribunal Supremo, sino de la Asamblea Nacional, es decir, someterla a mayor  control político. 
  III 
  Se trata, por tanto, de la continuidad de la permanente e interminable  transitoriedad de la “emergencia judicial” que se declaró en 1999 por la  Asamblea Nacional Constituyente <sup>3</sup> ,  creando una “Comisión de Emergencia  Judicial” , con la cual se inició en Venezuela el perenne proceso de  intervención política del Poder Judicial <sup>4</sup> . Dicha Comisión asumió atribuciones  incluso de evaluar hasta el desempeño de la propia antigua Corte Suprema  de Justicia (Arts. 3,3 y 4), decidir sobre la destitución y suspensión de jueces y  funcionarios judiciales, y sobre la designación de suplentes o conjueces para  sustituir temporalmente a los jueces destituidos o suspendidos (Art. 8). 
  Esa Emergencia Judicial declarada en agosto de 1999, supuestamente 
  debía tener vigencia hasta que se sancionara la nueva Constitución (Art. 32),  lo que efectivamente ocurrió en diciembre de 1999. Sin embargo, la situación  de emergencia no cesó, y en la práctica continuó  sine die , a partir del mismo  diciembre de 1999, a carg o de una irregular “Comisión de Funcionamiento y  Reestructuración del Poder Judicial” que sustituyó a la de “Emergencia”  establecida, no mediante la Constitución de 1999, sino por el  “Decreto de  Régimen Transitorio del Poder Público” <sup>5</sup>  del 22 de diciembre de 1999, cuya   
  <sub>2</sub> <sub> </sub> <sub>Gaceta Oficial</sub> <sub> N° 39.493 de 23-08-2010 </sub>
  <sub>3</sub> <sub> </sub> <sub>El 19 de agosto de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente resolvió declarar “al Poder </sub> <sub>Judicial en emergencia,” </sub> <sub>Gaceta Oficial</sub> <sub> N° 36.772 de 25-08-1999 reimpreso en </sub> <sub>Gaceta Oficial</sub> <sub> N° </sub> <sub>36.782 de 08-09-1999. Véase nuestro Voto salvado en Allan R. Brewer</sub> <sub>–</sub> <sub>Carías, </sub> <sub>Debate </sub> <sub>Constituyente, </sub> <sub>tomo I, </sub> <sub>op. cit., </sub> <sub>pp. 57 a 73; y en </sub> <sub>Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Agosto</sub> <sub>–</sub> <sub>Septiembre de 1999, cit,</sub> <sub> Sesión de 18-08-1999, N° 10, pp. 17 a 22. Véase el texto del Decreto en </sub> <sub>Gaceta Oficial </sub> <sub>N° 36.782 de 08</sub> <sub>–</sub> <sub>09</sub> <sub>–</sub> <sub>1999. </sub> <sub>4</sub> <sub> </sub> <sub>Gaceta Oficial</sub> <sub> N° 36.772 de 25-08-1999 reimpreso en </sub> <sub>Gaceta Oficial</sub> <sub> N° 36.782 de 08-09-1999. </sub> <sub>5</sub> <sub> </sub> <sub>Véase en </sub> <sub>Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Noviembre 1999</sub> <sub>–</sub> <sub>Enero 2000</sub> <sub>, </sub> <sub>cit., </sub> <sub>Sesión de </sub> <sub>22-12-1999, N° 51, pp. 2 y ss. Véase </sub> <sub>Gaceta Oficial </sub> <sub>N° 36.859 de 29-12-1999; y </sub> <sub>Gaceta Oficial </sub> <sub>N° </sub> <sub>36.860 de 30</sub> <sub>–</sub> <sub>12</sub> <sub>–</sub> <sub>1999. </sub>
  <sub>10  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>   “constitucionalidad” fue avalada por el Tribunal Supremo de Justicia  constituido y nombrado en el mismo, al considerar que no estaba sometido ni  a la nueva (1999) ni a la vieja (1961) Constitución <sup>6</sup> , aun cuando ese decreto no  había sido aprobado por el pueblo <sup>7</sup> .  En dicho Decreto, en efecto, se dispuso que mientras el Tribunal Supremo 
  organizaba la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el gobierno y la  administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los Tribunales,  y todas las competencias que la legislación para ese momento vigente  atribuían al antiguo Consejo de la Judicatura, estas serían ejercidas por dicha  Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial (Art.  21), que entonces sustituyó a la Comisión de Emergencia Judicial. El artículo  23 del Decreto, además, fue claro en disponer que esa inconstitucional  transitoriedad, estaría “vigente  hasta  que la Asamblea Nacional  apruebe la  legislación  que determine los  procesos y tribunales  disciplinarios ” , lo que sin  embargo, sólo ocurrió doce años después, en 2011, con lo cual durante más de  una década la Jurisdicción disciplinaria simplemente no existió; y si bien se  creó en 2011, de nuevo transitoriamente se la hizo depender de la Asamblea  Nacional de manera evidentemente inconstitucional. 
  En esta forma, la Asamblea Nacional Constituyente, de modo 
  obviamente contrario a la Constitución, desde el inicio le confiscó al Tribunal  Supremo, cuyos miembros había designado en el mismo Decreto donde cesó  a los antiguos magistrados de la anterior Corte Suprema, una de sus nuevas  funciones, incluso para que no la pudiera ejercer después de que la nueva  Constitución entrara en vigencia, atribuyéndosela a la “Comisión ad hoc”  creada y designada por la propia Asamblea Nacional Constituyente, y no por  el nuevo Tribunal Supremo; situación irregular que el propio Tribunal Supremo  de Justicia luego aceptó resignadamente por más de un lustro, renunciando a  ejercer sus competencias constitucionales. 
  Con posterioridad al Decreto sobre Régimen Transitorio de diciembre de  1999 que creó la mencionada Comisión, la Asamblea Nacional Constituyente,  como antes se indicó, incluso ya habiendo cesado sus funciones de redacción  de la Constitución, dictó otros dos Decretos el 18 de enero de 2000 en relación  con el Poder Judicial, también “en ejercicio del poder soberano constituyente  originario”, que fueron el relativo a la designación del “Inspector de  Tribunales ” , y el relativo a la designación de los miembros de la Comisión de  Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial <sup>8</sup> , todo esto marginando 
    <sub>6</sub> <sub> </sub> <sub>Véase sentencia N° 6 de fecha 27-01</sub> <sub>Jurídica Venezolana, Caracas, 2000, pp</sub> <sub>7</sub> <sub> </sub> <sub>Véase sentencia de 28 de marzo de 2</sub> <sub>Derecho Público</sub> <sub>, N° 81, Editorial Jurídi</sub> <sub>8</sub> <sub> </sub> <sub>Gaceta Oficial</sub> <sub> N° 36.878 de 26-01-2000 </sub>
  <sub>6</sub> <sub> </sub> <sub>Véase sentencia N° 6 de fecha 27-01-2000, en </sub> <sub>Revista de Derecho Público</sub> <sub>, N° 81, Editorial </sub> <sub>Jurídica Venezolana, Caracas, 2000, pp. 81 y ss. </sub> <sub>7</sub> <sub> </sub> <sub>Véase sentencia de 28 de marzo de 2000, </sub> <sub>caso: Allan R. Brewer-Carías y otros, </sub> <sub>en </sub> <sub>Revista de </sub> <sub>Derecho Público</sub> <sub>, N° 81, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2000, p. 86. </sub>
  <sub>11  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>  
  al Tribunal Supremo de Justicia, quien supuestamente era quien tenía a su  cargo el gobierno y administración del Poder Judicial. Como luego lo  constataría la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo en la  sentencia N° 1173 de 23 de mayo de 2000, correspondía al Tribunal Supremo  “conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela, la función de dirección, gobierno y administración del Poder  Judicial, que antes tenía atribuida el Consejo d e la Judicatura” , mientras que  “la Asamblea Nacional Constituyente creó la Comisión de Funcionamiento y  Reestructuración del Sistema Judicial, como órgano encargado de garantizar  el buen funcionamiento del Poder Judicial, a los fines de establecer un nuevo  Poder” <sup>9</sup> . 
  IV 
  El Tribunal Supremo de Justicia, el 2 de agosto de 2000 dictó la 
  “Normativa Sobre la Dirección, Gobierno y Ad ministración del Poder  Judicial ” , con la cual supuestamente se daría satisfacción al expreso mandato  constitucional del artículo 267,  al “poner fin a la vigencia del régimen  transitorio dictado por el Constituyente ” , lo cual sin embargo, no ocurrió. En  efecto, a pesar de que en el artículo 1° de la referida Normativa, el Tribunal  Supremo dispuso la creación de “la Dirección Ejecutiva de  la Magistratura  como órgano auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia, con la finalidad de  que ejerza por delegación las funciones de dirección, gobierno y  administración del Poder Judicial ” , el propio el Tribunal Supremo, sin  justificación ni competencia algunas, y en fraude a la Constitución, prorrogó  la existencia y funcionamiento de la Comisión de Funcionamiento y  Reestructuración, renunciando expresamente a ejercer una de sus funciones,  incluso en materia de dictar la normativa respecto del gobierno del Poder  judicial, y t an fue así, que fue la propia “ Comisión de Funcionamiento y  Reestructuración del Sistema Judicial ” , sin base constitucional o legal alguna,  en noviembre de 2000 dictó la nueva “normativa” para la sanción y  destitución de los jueces, contenida en el Reglamento de la Comisión de  Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial <sup>10</sup> ;  “normativa”, con  la  cual procedió definitivamente a “depurar” <sup>11</sup>  el Poder Judicial de jueces no 
    <sub>9</sub> <sub> </sub> <sub>Véase en </sub> <sub>Revista de Derecho Público</sub> <sub>, N° 82, Edito</sub> <sub>160. </sub> <sub>10</sub> <sub> </sub> <sub>Véase en </sub> <sub>Gaceta Oficial</sub> <sub> N° 37.080, de 17-11-2000. </sub>
  <sub>9</sub> <sub> </sub> <sub>Véase en </sub> <sub>Revista de Derecho Público</sub> <sub>, N° 82, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2000, p. </sub> <sub>160. </sub> <sub>10</sub> <sub> </sub> <sub>Véase en </sub> <sub>Gaceta Oficial</sub> <sub> N° 37.080, de 17-11-2000. </sub> <sub>11</sub> <sub> </sub> <sub>Véase la expresión en la Decisión N° 1.939 de 18-12-2008 (Caso: </sub> <sub>Abogados Gustavo Álvarez Arias </sub> <sub>y otros</sub> <sub>), en la cual la Sala Constitucional decidió que una decisión de 05-08-2008 de la Corte </sub> <sub>Interamericana de Derechos Humanos es inejecutables en Venezuela (Caso: </sub> <sub>Apitz Barbera y </sub> <sub>otros [“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”] vs. Venezuela [Corte IDH], </sub> <sub>Case: </sub> <sub>Apitz </sub> <sub>Barbera y otros </sub> <sub>[“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”] </sub> <sub>vs. Venezuela</sub> <sub>, Sentencia de 5 </sub> <sub>de agosto de 2008, Serie C, N° 182. Véase en en </sub> <sub>Revista de Derecho Público</sub> <sub>, No. 116, Editorial </sub>
  <sub>12  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>   afectos al régimen. Esto llevó a la misma Comisión Interamericana de  Derechos Humanos a decir, en el  Informe Anual   de 2009, que “en Venezuela  los jueces y fiscales no gozan de la garantía de permanencia en su cargo  necesaria para asegurar su independencia en relación con los cambios de  políticas gubernamentales ” <sup>12</sup> .  Esa Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema 
  Judicial, por tanto, durante más de 10 años destituyó materialmente a casi  todos los jueces del país, discrecionalmente y sin garantía alguna del debido  proceso <sup>13</sup> , los cuales fueron reemplazados por jueces provisorios o  temporales <sup>14</sup> , por supuesto dependientes del Poder y sin garantía alguna de  estabilidad. Ello, por lo demás, ha continuado hasta el presente, demoliéndose  sistemáticamente la autonomía judicial, sin que haya variado nada aun con la  creación en 2011, de unos tribunales de la llamada “Jurisdicción Disciplinaria  Judicial” que quedó sujeta a la Asambl ea Nacional, que como órgano político,  es la que desig na a los “jueces disciplinarios” <sup>15</sup> . 
  
   
  <sub>Jurídica </sub> <sub>Venezolana, </sub> <sub>Caracas, </sub> <sub>2008, </sub> <sub>pp. </sub> <sub>89-106. </sub> <sub>También </sub> <sub>en </sub> <sub>http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1939-181208-2008-08-1572.html </sub> <sub>12</sub> <sub> </sub> <sub>Véase </sub> <sub>Informe </sub> <sub>Anual </sub> <sub>de </sub> <sub>2009</sub> <sub>, </sub> <sub>parágrafo </sub> <sub> </sub> <sub>480, </sub> <sub>en </sub> <sub>http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009eng/Chap.IV.f.eng.htm </sub> <sub>13</sub> <sub> </sub> <sub>La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lo registró en el Capítulo IV del </sub> <sub>Informe</sub> <sub> </sub> <sub>que rindió ante la Asamblea General de la OEA en 2006, que los “casos de </sub> <sub>destituciones, sustituciones y otro tipo de medidas que, en razón de la provisionalidad y los </sub> <sub>procesos de reforma, han generado dificultades para una plena vigencia de la independencia </sub> <sub>judicial en Venezuela” (párrafo 291); destacando aquellas “destituciones y sustituciones que </sub> <sub>son señaladas como represalias por la toma de decisiones contrar</sub> <sub>ias al Gobierno” (párrafo </sub> <sub>295 ss.); concluyendo que para 2005, según cifras oficiales, “el 18,30% de las juezas y jueces </sub> <sub>son titulares y 81,70% están en condiciones de provisionalidad” ( párrafo 202).</sub> <sub> </sub>
  <sub>14</sub> <sub> </sub> <sub>En el </sub> <sub>Informe Especial</sub> <sub> de la Comisión sobre Venezuela correspondiente al año 2003, la misma </sub> <sub>también expresó, que “un aspecto vinculado a la autonomía e independencia del Poder </sub> <sub>Judicial es el relativo al carácter provisorio de los jueces en el sistema judicial de Venezuela. </sub> <sub>Actualmente, la información proporcionada por las distintas fuentes indica que más del 80% </sub> <sub>de los jueces venezolanos son “provisionales””. </sub> <sub>Informe sobre la Situación de los Derechos </sub> <sub>Humanos en Venezuela 2003</sub> <sub>, </sub> <sub>cit.</sub> <sub> párr. 161. </sub>
  <sub>15</sub> <sub> </sub> <sub>Véase Allan R. Brewer-Carías, </sub> <sub>“</sub> <sub>Sobre la ausencia de independencia y autonomía judicial en </sub> <sub>Venezuela, a los doce años de vigencia de la constitución de 1999 (O sobre la interminable </sub> <sub>transitoriedad que en fraude continuado a la voluntad popular y a las normas de la </sub> <sub>Constitución, ha impedido la vigencia de la garantía de la estabilidad de los jueces y el </sub> <sub>funcionamiento efectivo de una “jurisdicción disciplinaria judicial”)”, en </sub> <sub>Independencia </sub> <sub>Judicial</sub> <sub>, Colección Estado de Derecho, Tomo I, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, </sub> <sub>Acceso a la Justicia org., Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (Funeda), </sub> <sub>Universidad Metropolitana (Unimet), Caracas 2012, pp. 9-103. </sub>
  <sub>13  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>   V  En efecto, después que en 2002 quedó consolidada la referida Comisión 
  V 
  de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, posteriormente,  en mayo de 2004 se sancionó la entonces muy esperada Ley Orgánica del  Tribunal Supremo de Justicia <sup>16</sup> , la cual en la materia específica de la  estabilidad de los jueces y del régimen disciplinario, en lugar de haber puesto  fin a la transitoriedad constitucional que implicaba la ausencia de la  Jurisdicción Disciplinaria, y el ejercicio de la misma por una comisión  ad hoc ;  al contrario, prorrogó aún más la transitoriedad al disponer en su  Disposición  Transitoria Única , párrafo 2, e) que:  “ La Comisión de Funcionamiento y  Reestructuración del Sistema Judicial sólo tendrá a su cargo funciones  disciplinarias, mientras se dicte la legislación y se crea la jurisdicción  disciplinaria y los correspondientes tribunales disciplinarios ”.  
  La vigencia efectiv a de la norma constitucional que exigía que “la 
  jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios  que determine la ley” ( Art. 267), de nuevo fue pospuesta, quedando como  letra muerta; y quedando los jueces sin garantía alguna de estabilidad, a la  merc ed de una Comisión “no judicial” , que continuó suspendiéndolos a  mansalva, particularmente cuando han dictado decisiones que no han  complacido al Poder. Lamentablemente en esta materia, el “activismo  judicial” de la Sala Constitucional que la llevó, incluso, a juzgar de oficio la  inconstitucionalidad de la omisión del Legislador, por ejemplo, al no haber  sancionado en el tiempo requerido la Ley Orgánica del Poder Municipal <sup>17</sup> ,  nunca fue ejercida en su propia materia, la judicial, ni fue aplicada para tratar  de obligar al legislador a dictar las leyes básicas para garantizar,  precisamente, la autonomía e independencia del Poder Judicial, que el  Tribunal Supremo administra y gobierna, mediante la garantía de estabilidad  de los jueces. 
  Esta situación, más bien, fue avalada por la Sala Constitucional del  Tribunal Supremo en 2005, la cual al conocer de una acción contra la  inconstitucional omisión de la Asamblea Nacional al no haber enviado al  Presidente de la República para su promulgación una Ley del Código de Ética  del Juez que se había sancionado, en 2005, en lugar de censurar la omisión  legislativa y exigirle a la Asamblea Nacional que remitiera para su    <sub>16</sub> <sub> </sub> <sub>Véase en </sub> <sub>Gaceta Oficial</sub> <sub> N° 37942 de 20-05-2004. Véase sobre dicha Ley, Allan R. Brewer-</sub> <sub>Carías, </sub> <sub>Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Procesos y procedimientos constitucionales y </sub> <sub>contencioso-administrativos, </sub> <sub>Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2004. </sub> <sub>17</sub> <sub> </sub> <sub>Véase la sentencia N° 3118 de 06-10-2003 en </sub> <sub>Revista de Derecho Público</sub> <sub>, N° 93-96, Editorial </sub> <sub>Jurídica Venezolana, Caracas 2003. Véanse los comentarios en Allan R. Brewer-Carías, </sub> <sub>La </sub> <sub>Constitución de 1999. Derecho Constitucional Venezolano</sub> <sub>, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas </sub> <sub>2004, Tomo II, pp. 970 y ss. </sub>
   
  <sub>14  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>   promulgación tal Ley, lo que hizo fue, contradictoriamente, prorrogar la  existencia de la mencionada Comisión de Funcionamiento y Reestructuración  del Sistema Judicial, llegando incluso a  designar y remover  a sus integrantes,  sustituyéndose, la Sala Constitucional, en el propio Tribunal Supremo de  Justicia. En efecto, en la sentencia N° 1057 de 1 de junio de 2005, dictada con  el motivo indicado, la Sala resolvió:  
  Observa la Sala, tal y como se indicó anteriormente, que la presente demanda se  intentó con fundamento en la supuesta omisión en que incurrió la Asamblea  Nacional, “ por cuanto aún no han remitido la Ley sancionada el 16 de octubre de 2003  del Código de Ética del Juez o Jueza Venezolana al Presidente de la República Bolivariana  para que se proceda a su promulgación en la Gaceta Oficial ” .  Lo anterior ha traído entre sus consecuencias la continuidad en sus funciones de  un órgano como la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema  Judicial, el cual estaba destinado a regir durante un período de transición.  En efecto, la Asamblea Nacional Constituyente elaboró el Régimen de Transición  del Poder Público, publicado en Gaceta Oficial número 36.920 del 28 de marzo de  2000, en el cual se creó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del  Sistema Judicial en los siguientes términos:   Artículo 28. Se crea la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema  Judicial que será integrada por los ciudadanos que designe la asamblea nacional  constituyente.  Las Designaciones que realice la Asamblea Nacional Constituyente lo serán hasta el  funcionamiento efectivo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, de los Tribunales  Disciplinarios y del Sistema Autónomo de la Defensa Publica.   Por su parte, el artículo 24  eiusdem,  destaca igualmente la transitoriedad de la  referida Comisión, al disponer lo siguiente:  La competencia disciplinaria judicial que corresponda a los Tribunales disciplinarios de  conformidad con el artículo 267 de la Constitución aprobada, será ejercida por la Comisión  de Funcionamiento y Reestructuración Sistema Judicial de acuerdo con el presente  régimen de transición y hasta que la Asamblea Nacional apruebe la legislación determine  los procesos y tribunales disciplinarios.  En justa correspondencia con lo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia,  procedió a dictar la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del  Poder Judicial, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.014, de 15 de agosto de 2000,  en cuyo capítulo correspondiente a las disposiciones finales y transitorias  (artículo 30), dispuso que:   La Dirección Ejecutiva de la Magistratura iniciará su funcionamiento efectivo el  día primero de septiembre del año dos mil.  
  <sub>15  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>  
  (Omissis)  
  La Comisión de Funcionamiento y Reestructuración,  reorganizada en la forma  que lo determine el Tribunal Supremo de Justicia , sólo tendrá a su cargo  funciones disciplinarias, mientras se dicta la legislación y se crean los  correspondientes Tribunales Discipli narios” (Resaltado de la Sala).   Después de todo este razonamiento, de la manera más absurda, la Sala,  en lugar de velar por la corrección de la omisión legislativa, lo que hizo fue  constatar que:  
  Visto que conforme a la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y  Administración del Poder Judicial corresponde a este Tribunal Supremo de  Justicia, la reorganización de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración  y visto que conforme al Decreto del Régimen de Transición del Poder Público, las  designaciones que realizó la Asamblea Nacional Constituyente de los integrantes  de dicha Comisión fueron realizadas de manera temporal hasta el  funcionamiento efectivo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y la  Comisión Judicial, lo que constituye un hecho notorio en la actualidad, y visto  que hasta la presente fecha la Asamblea Nacional ha omitido culminar el proceso  de formación del Código de Ética del Juez o Jueza Venezolana… a los fines de  reorganizar el funcionamiento de la referida Comisión, según lo establecido en el  artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y  artículo 30 de la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del  Poder Judicial,” pura y simplemente procedió a ordenar la sustitución de los  ciudadanos que se desempeñan como miembros integrantes de la citada  Comisión por otros ciudadanos que procedió a designar.  
  Es decir, la Sala Constitucional procedió a formalizar, aún más, la  transitoriedad judicial y la inexistencia del régimen disciplinario judicial de  los jueces <sup>18</sup> .  VI  Unas semanas después, la misma Sala Constitucional, dictó la sentencia  N° 1793 de 19 de junio de 2005 <sup>19</sup> ,  en la cual resolvió “suspender” la aplicación  del Reglamento que contiene el procedimiento disciplinario aplicable a los  jueces y juezas en sede administrativa, por ser contrario a los postulados  constitucionales, y procedió a facultar a la Comisión de Funcionamiento y    <sub>18</sub> <sub> </sub> <sub>Véase las referencias a esta sentencia, en la sentencia No. 1793 de 19 de junio de 2005 de la </sub> <sub>misma Sala Constitucional, </sub> <sub>Caso</sub> <sub>: </sub> <sub>Henrique Iribarren Monteverde, (acción de inconstitucionalidad </sub> <sub>por omisión contra la Asamblea Nacional</sub> <sub>, en </sub> <sub>Revista de Derecho Público,</sub> <sub> No 103, Editorial Jurídica </sub> <sub>venezolana, Caracas 2005, pp. 165 ss. </sub> <sub>19</sub> <sub> </sub> <sub>Véase Caso: </sub> <sub>Henrique Iribarren Monteverde, (acción de inconstitucionalidad por omisión contra la </sub> <sub>Asamblea Nacional</sub> <sub>), en </sub> <sub>Revista de Derecho Público</sub> <sub>, No 103, Editorial Jurídica venezolana, </sub> <sub>Caracas 2005, pp. 165 ss. </sub>
  VI 
  <sub>16  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>  
  Reestructuración del Sistema Judicial para modificar su Reglamento y  adecuarlo a las disposiciones constitucionales, hasta tanto entre en vigencia la  legislación correspondiente. En efecto, luego de la anterior sentencia, y  teniendo en cuenta su contenido, la Sala Constitucional consideró a la referida  Comisión, según su propia jurisprudencia, como “un órgano de rango  constitucional, ( V.  sent. n° 731/2005 del 5 de marzo, recaída en el caso Marcos  Ronald Marcano Cedeño) […] sujeto a un régimen  de transitoriedad, habida  cuenta que el sistema jurídico que debe regir su funcionamiento aún no ha  entrado en vigencia” pues como “lo ha reconocido esta Sala en sentencia del  28 de marzo de 2000 Caso  Gonzalo Pérez Hernández y Luis Morales Parada ),  cuando  dispuso que las normas supraconstitucionales “ mantienen su vigencia,  más allá del mandato cumplido de la Asamblea Nacional Constituyente, hasta que los  poderes constituidos, entre ellos la Asamblea Nacional, sean electos y empiecen a  ejercer su competencia normadora conforme a la Constitución vigente ” . Y con base  en ello, así como en el “Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y  Reestructuración del Sistema Judicial” dictado por la propia Comisión <sup>20</sup>  y la  Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, literal e) de la Ley Orgánica del  Tribunal Supremo de Justicia de 2004, estimó en definitiva:  
  (…)  que la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial  está facultada para conocer y decidir los procedimientos disciplinarios -que han  de ser públicos, orales y breves- en contra de los jueces, hasta tanto se dicte la  legislación y se creen los correspondientes Tribunales Disciplinarios, conforme al  artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, el  Régimen Disciplinario de los Jueces que se regirá por el Código de Ética del Juez  Venezolano o Jueza Venezolana, el cual originó la presente acción de  inconstitucionalidad contra omisión legislativa <sup>21</sup> . 
  Sin embargo, la Sala Constitucional consideró que las normas del referido  Reglamento eran contrarias a los artículos 257 y 267 de la Constitución, por lo  cual “dado el vacío normativo existente sobre la materia, producto de la falta  de adecuación de la legislación existente a los postulados constitucionales  antes transcritos ”, procedió “de oficio” a suspender su aplicación.  Sin  embargo, “a fin de evitar la paralización de los procedimientos disciplinarios  pendientes y los que haya lugar” , la Sala Constitucional, con base en el  artículo 336.7 de la Constitución que la autoriza a establecer los lineamientos  para corregir la omisión, procedió a facultar:  
  (…)  a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial  para modificar su Reglamento y adecuarlo a las disposiciones constitucionales  referidas supra; hasta tanto entre en vigencia la legislación correspondiente, y    <sub>20</sub> <sub> </sub> <sub>Véase acto administrativo N° 155, del 28 de marzo de 2000, publicado en </sub> <sub>Gaceta Oficial N</sub> <sub>° </sub> <sub>36.925, del 4 de abril de 2000. </sub>
   
  <sub>21</sub> <sub> </sub> <sub>Id.</sub> <sub> </sub>
  <sub>17  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>   para cumplir con su cometido, podrá reorganizar su personal interno, designar  el personal auxiliar que requiera y dictar su propio reglamento de  funcionamiento, sin que ello colida con el Decreto del Régimen de Transición del  Poder Público <sup>22</sup> .  La Sala Constitucional, así, en definitiva avaló la transitoriedad del  régimen de ausencia de garantías a la estabilidad de los jueces, y en esta  materia, como antes se dijo, no demostró activismo judicial alguno, y lejos de  declarar la inconstitucionalidad de la omisión legislativa, lo que hizo fue  asumir la dirección de la inconstitucional emergencia judicial, al haber  primero removido a los miembros de la Comisión de Funcionamiento y  Reorganización del Sistema Judicial y haber designado a los nuevos  integrantes de dicho órgano interventor, y disponer la forma para que  continuase la emergencia. 
  En esta materia, por tanto, como dijimos al inicio, el contraste entre la 
  normativa constitucional y la realidad política ha sido patética: hay una serie  de garantías constitucionales respecto de la autonomía e independencia del  Poder Judicial que no han existido en la práctica, por la implantación de una  anormal situación de “emergencia judicial” construida y gerenci ada por la  Asamblea Nacional y por el propio Tribunal Supremo de Justicia, órganos que  han suspendido fácticamente la aplicación de la Constitución en lo que se  refiere al régimen disciplinario de los jueces y, por tanto, en cuanto a la  estabilidad de los mismos, sin lo cual no puede hablarse ni de autonomía ni  de independencia judicial. 
  VII 
  Esta era la situación en 2010, cuando en la reforma de la Ley Orgánica del 
  Tribunal Supremo de Justicia de 2010 se eliminó la Disposición Transitoria  que disponía la sobrevivencia de la Comisión de Funcionamiento y  Reestructuración del Sistema Judicial, para lo cual la propia Asamblea  Nacional procedió a sancionar la Ley del Código de Ética del Juez Venezolano  y la Jueza Venezolana <sup>23</sup> , derogando, al fin, la vieja Ley Orgánica del Consejo  de la Judicatura de 1998 <sup>24</sup> , órgano que había desaparecido con la sanción de la  Constitución de 1999, y en especial, derogando, “salvo lo dispuesto en la  Disposición Transitoria Tercera, el Reglamento de la Comisión de  Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, publicado en la  Gaceta Oficial  de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.317, de fecha 18  de noviembre de 2005”.  
    <sub>22</sub> <sub> </sub> <sub>Id.</sub> <sub> </sub> <sub>23</sub> <sub> </sub> <sub>Gaceta Oficial</sub> <sub> N° 39.493 de 23-08-2010. </sub> <sub>24</sub> <sub> </sub> <sub>Gaceta Oficial</sub> <sub> N° 36.534 de 08-09-1998. </sub>
  <sub>22</sub> <sub> </sub> <sub>Id.</sub> <sub> </sub>
  <sub>18  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>   Parecía, con ello, que al fin se estaba creando la esperada Jurisdicción 
  Disciplinaria Judicial integrada por tribunales judiciales en el sistema judicial  bajo la conducción del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se derogaba  el reglamento de la Comisión  ad hoc  que sin ser un órgano judicial, había  ejercido dicha “Jurisdicción” . Pero la verdad es que no fue así, precisamente  por lo dispuesto en la mencionada “Disposición Transitoria Tercera” de la Ley  del Código de Ética del juez, en la cual se dispuso que:  “ Hasta tanto se  conformen los Colegios Electorales Judiciales para la elección de los jueces y  juezas de la competencia disciplinaria judicial, la Asamblea Nacional  procederá a designar los jueces y juezas y los respectivos suplentes del  Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, previa  asesoría del Comité de Postulaciones Judiciales ” . 
  Con ello, en realidad, lo que hizo en la práctica fue cambiarle el nombre  a la “Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial” ,  y desdoblándola en dos, procediéndose a crear un “Tribunal Disciplinario  Judicial” y una “Corte Disciplinaria Judicial” pero no integrada por jueces que  conforme a la Constitución sólo pueden ser designados por el Tribunal  Supremo de Justicia, sino por unos llamados “jueces disciplinarios”  nombrados directamente en forma totalmente inconstitucional por la  Asamblea Nacional, sin concurso público alguno y sin participación  ciudadana  alguna,  violándose  por  tanto  todas  las  disposiciones 
  constitucionales relativas al Poder Judicial. Por tanto, de un órgano  inconstitucional como la mencionada Comisión  ad hoc  se pasó a otro órgano  inconstitucionalmente constituido, controlado directamente por el poder  político representado por la Asamblea Nacional.  Al analizarse las normas del Código de Ética del Juez Venezolano de  2010, por tanto, en lo que respecta a la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, tiene  que tenerse en cuenta el abismo que de nuevo hay entre la letra de las normas  y la práctica.  En cuanto a la letra de las normas, en efecto, se constata que la Ley crea 
  los  “Tribunales disciplinarios” como los “órgano s que en el ejercicio de la  jurisdicción tienen la competencia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la  República ” , y que son el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte  Disciplinaria Judicial, con competencia para conocer y aplicar en primera y  segunda instancia, respectivamente, los procedimientos disciplinarios por  infracción a los principios y deberes contenidos en el mencionado Código de  Ética (Art. 39). Tanto el Tribunal Disciplinario Judicial como la Corte  Disciplinaria Judicial deben estar integrados cada uno por tres jueces  principales y sus respectivos suplentes (Arts. 41 y 43), que deben cumplir con  las condiciones indicadas en la ley (Art. 44); y a ambos órganos la Ley le 
  <sub>19  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>   encomendó la tarea de dictar “su reglamento o rgánico, funcional e in terno”  (Art. 45) <sub>25</sub> .  La Ley del Código, por otra parte, estableció todo un complejo  procedimiento para la selección y nombramiento de los “jueces  disciplinarios” tanto de la Corte como del Tribunal Disciplinarios, en la mejor  de las tradiciones de lenguaje floridos de las previsiones constitucionales y  legales, consistente en lo siguiente:   1.   Los aspirantes a jueces deben ser elegidos por los Colegios  Electorales Judiciales con el asesoramiento del Comité de  Postulaciones Judiciales al cual se refiere el artículo 270 de la  Constitución de la República (Art. 46). 
  2.   A tal efecto, los Colegios Electorales Judiciales deben estar  constituidos en cada estado y por el Distrito Capital por un  representante del Poder Judicial, un representante del Ministerio  Público, un representante de la Defensa Pública, un representante  por los abogados autorizados para el ejercicio, así como por diez  delegados de los Consejos Comunales “legalmente organizados por  cada una de las entidades federales en ejercicio de la soberanía  popular y de la democracia participativa y protagónica ” . Los  Consejos Comunales en asamblea de ciudadanos deben proceder a  elegir de su seno a un vocero que los representará para elegir a los  delegados que integrarán al respectivo Colegio de cada estado,  conforme al procedimiento que establezca el reglamento de la ley  que lo rija (Art. 47). El Consejo Nacional Electoral es el órgano  responsable de la organización, administración, dirección y  vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los delegados  de los Consejos Comunales (Art. 48). 
  3.   El Comité de Postulaciones Judiciales es el órgano competente para  recibir, seleccionar y postular los candidatos a jueces disciplinarios  que deben ser elegidos por los Colegios Electorales Judiciales (Art.  48). A tal efecto, el Comité de Postulaciones Judiciales debe efectuar  una preselección de los candidatos que cumplan con los requisitos  exigidos para ser juez de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial y debe  proceder a elaborar la lista definitiva de los candidatos (Art. 49). Los  ciudadanos y las organizaciones comunitarias y sociales pueden  ejercer fundadamente objeciones ante el Comité de Postulaciones  Judiciales sobre cualquiera de los postulados a ejercer los cargos de 
   
  <sub>25</sub> <sub>   Dicho Reglamento se dictó en septiembre de 2011. Véase en </sub> <sub>Gaceta Oficial</sub> <sub> N° 39.750 del 05-</sub>
  <sub>09-2011. </sub>
  <sub>20  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>   jueces de la Corte Disciplinaria Judicial y el Tribunal Disciplinario  Judicial (Art. 49).  4.   Los candidatos a jueces seleccionados por el Comité de  Postulaciones Judiciales deben someterse a los Colegios Electorales  Judiciales, a los que corresponde realizar la elección, debiendo  dichos Colegios Electorales Judiciales notificar de la elección  definitiva a la Asamblea Nacional (Art. 49).  Todo este procedimiento complejo, sin embargo  –  y esta es la otra cara de  la moneda –  fue barrido de un plumazo, al incorporarse la Disposición  Tran sitoria Tercera de la Ley conforme a la cual, “hasta tanto se conformen  los Colegios Electorales Judiciales para la elección de los jueces de la  competencia disciplinaria judicial” , se atribuye a la Asamblea Nacional la  inconstitucional atribución de proce der “a designar los jueces y juezas y los  respectivos suplentes del Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte  Disciplinaria Judicial, previa asesoría del Comité de Postulaciones Judiciales” .   Es decir, todo el detallado y complicado procedimiento es letra muerta, y  tan muerta que publicado el Código de Ética del Juez venezolano en agosto  de 2010, ocho meses después, mediante Acto Legislativo de 9 junio de 2011 <sup>26</sup>   la Asamblea Nacional designó a los referidos jueces de la Corte Disciplinaria  Judicial y Tribunal Disciplinario Judicial, quienes habiéndose juramentado  ante la propia Asamblea el 14 de junio de 2011, se constituyeron mediante  Acta levantada el 28 de junio de 2011 <sup>27</sup> .  La Disposición Transitoria Tercera antes mencionada de la Ley del  Código de Ética del Juez venezolano, simplemente es inconstitucional, pues  dispone el nombramiento de jueces por un órgano que conforme a la  Constitución no puede tener esa competencia, violándose además el derecho  constitucional a la participación ciudadana <sup>28</sup> . El artículo 255 de la  Constitución, en efecto, dispone que: “El nombramiento y juramento de los  jueces o juezas corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley  garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de selección y  designación de los jueces o juezas ” . Ni siquiera en forma transitoria esta 
    <sub>26</sub> <sub> </sub> <sub>Gaceta Oficial </sub> <sub>N° 39.693 de 10-06-2011 </sub>
  <sub>27</sub> <sub> </sub> <sub>Véase el “Acta de Constitución del Tribunal Disciplinario Judicial,” de 28</sub> <sub>-06-2011, en </sub> <sub>Gaceta </sub> <sub>Oficial</sub> <sub> N° 39.704 de 29-06-2011 </sub> <sub>28</sub> <sub> </sub> <sub>Debe mencionarse incluso que el nombramiento de jueces y suplentes hecho por la Asamblea </sub> <sub>nacional es tan “permanente” para la Corte Disciplinaria Judicial y Tribunal Disciplinario </sub> <sub>judicial, que en el Reglamento orgánico, funcional e interno de la Jurisdicción que dictaron </sub> <sub>en septiembre de 2011, se regula que “las faltas absolutas, temporales o accidentales de los </sub> <sub>jueces o juezas principales, serán cubiertas por el juez o jueza suplente, convocado según el </sub> <sub>orden de designación de la Asamblea Nacional</sub> <sub>” (Art. 10). Véase en </sub> <sub>Gaceta Oficial</sub> <sub> N° 39.750 de 05-</sub> <sub>09-2011.  </sub>
  <sub>21  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>   disposición constitucional podría ser ignorada como ha ocurrido con la Ley  del Código, razón por la cual los nombramientos de los llamados “jueces” de  la Corte Disciplinaria Judicial y Tribunal Disciplinario Judicial por un órgano  distinto al Tribunal Supremo de Justicia, es decir por la Asamblea Nacional,  son inconstitucionales, como también, por tanto, la auto “constitución” de  dichos tribunales.   Por otra parte, siendo órganos dependientes de la Asamblea Nacional, 
  que es el órgano político por excelencia del Estado, es difícil imaginar que esos  “jueces disciplinarios” nombrados por ella, puedan ser realmente en sus  funciones “independientes y autónomos, por lo que su actuación sólo debe  estar sujeta a la Constitución de la República y al ordenamiento jurí dico” , y  que además, puedan dar cumplimiento cabal a los “principios de la  jurisdicción disciplinaria” a que se refiere el artículo 3 del Código, en el  sentido de que deben garantizar “el debido proceso, así como los principios  de legalidad, oralidad, publicidad, igualdad, imparcialidad, contradicción,  economía procesal, eficacia, celeridad, proporcionalidad, adecuación,  concentración, inmediación, idoneidad, excelencia e integridad ” . 
  La antigua Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema 
  Judicial, aun cuando no era un órgano o tribunal judicial, al menos tenía una  adscripción al Tribunal Supremo de Justicia, y sus miembros habían incluso  sido designados por la Sala Constitucional. Era sin duda un instrumento para  asegurar el control político sobre los jueces, pero organizado en forma  indirecta. En cambio, ahora, con la última reforma legal, al disponerse que los  jueces de las Corte Disciplinaria Judicial y del Tribunal Disciplinaria Judicial  sean designados por la Asamblea Nacional, lo que se ha asegurado es un  mayor control político directo sobre los jueces en el país. Por otra parte, el  Tribunal Supremo de Justicia, por lo demás, con la reforma, ha perdido en  contra de la Constitución, el gobierno y administración de una de las  Jurisdicciones de rango constitucional, como es la Jurisdicción Disciplinaria  Judicial (Art. 267). 
  Nada por tanto ha variado desde 1999 en esta materia, de manera que la  estabilidad de los jueces, como garantía de su independencia y autonomía,  sigue sin tener aplicación en el país.  VIII  Sin embargo, en cuanto al régimen jurídico aplicable a los jueces,  particularmente a los jueces transitorios o temporales, que son la gran  mayoría de los que componen el Poder Judicial, la Ley del Código de Ética de  2010 había dado un tímido paso de regulación y garantía, al buscar extender  a los mismos cierto grado de estabilidad, disponiendo en su artículo 2 lo  siguiente:   “ El presente Código se aplicará a todos los jueces y todas las juezas  dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Se entenderá 
  VIII 
  <sub>22  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>   por juez o jueza todo aquel ciudadano o ciudadana que haya sido investido o  investida conforme a la ley, para actuar en nombre de la República en ejercicio  de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o  provisoria ”.   Con ello, respecto de los jueces provisorios o temporales, lo que buscaba  la Ley del Código de Ética, al otorgarles la estabilidad propia de la carrera  judicial, era limitar el poder discrecional de la Comisión Judicial del Tribunal  Supremo de justicia para removerlos sin que medien razones o procedimiento  previo ” .   Esta ilusión en la que incurrió la propia Asamblea Nacional al sancionar 
  la Ley del Código, se desvaneció rápidamente por decisión adoptada de oficio  por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual en  sentencia N° 516 de 7 de mayo de 2013 <sup>29</sup> , dictada en el juicio de nulidad por  inconstitucionalidad intentado contra la Ley, acordó una medida cautelar,  suspendiendo los efectos de la mencionada normas que extendía la aplicación  del Código a jueces temporales y provisorios, “por no tratarse de jueces o  juezas que hayan ingresado a la carrera judicial, correspondiéndole a la  Comisión Judicial la competencia para sancionarlos y excluirlos de la función  jurisdiccional ” , quedando así completamente excluidos del ámbito de la  Jurisdicción Disciplinaria, y a la merced de la Comisión Judicial mencionada  del Tribunal Supremo. 
  Para fundamentar su decisión, la Sala Constitucional indicó, respecto de  dicha norma del artículo 2 de la Ley, que la misma, a pesar de que consideró  que la misma “guarda consonancia con el orden constitucional” :  
  ( …)  sin embargo, cuando se considera que el Código de Ética del Juez  Venezolano y la Jueza Venezolana, además de fijar los referentes éticos con base  en los cuales se ha de determinar la idoneidad y excelencia de un juez o una jueza  para la función jurisdiccional, estatuye un régimen de inamovilidad propio de la  carrera judicial; la extensión de este proceso disciplinario judicial a los jueces  temporales, ocasionales, accidentales o provisorios para poder excluirlos de la  función jurisdiccional, pese a que formalmente no han ingresado a la carrera  judicial, pareciera colidir con el texto Constitucional <sup>30</sup> . 
  Consideró por tanto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, 
  conforme a su propia doctrina, que los jueces temporales y provisorios son  esencialmente de libre nombramiento y remoción, por lo que constató que  conforme al artículo 255 de la Constitución, el ingreso a la carrera judicial y el  ascenso de los jueces “se debe hacer por concursos de oposición públicos que  aseguren la idoneidad y excelencia de los  participantes”; y que además, los    <sub>29 Véase en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/516-7513-2013-09-1038.html    </sub> <sub>30 </sub> <sub>Ibídem</sub> <sub>. </sub>
  <sub>23  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>   jueces sólo pueden “ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los  procedimientos expresamente previstos en la ley ” ; agregando que cuando  dicha norma constitucional se refiere a que “los jueces sólo podrán ser  remo vidos o suspendidos mediante los procedimientos previstos en la ley” ,  esto último, para la Sala Constitucional, sólo:  
  Alude a aquellos jueces que han ingresado a la carrera judicial por haber  realizado y ganado el concurso de oposición público, como lo exige el  encabezado del artículo; pues es dicho mecanismo el que hace presumir (de  forma  iuris tantum ) la idoneidad y excelencia del juez o jueza; una presunción que  es, efectivamente, desvirtuable mediante el proceso disciplinario judicial como  parte de la validación constante y permanente de la idoneidad y excelencia; pero  que se erige a su vez como una garantía de la inamovilidad propia de la carrera  judicial. <sup>31</sup>  
  De ello dedujo la Sala Constitucional, que aun cuando el Código de Ética  del Juez Venezolano “le  es efectivamente aplicable a todos los jueces - indistintamente de su condición- como parámetro ético de la función  jurisdiccio nal”; sin embargo, en cuanto al   “ procedimiento para la sanción que  dicho Código contempla pareciera, salvo mejor apreciación en la definitiva,  no ser extensible a los Jueces y juezas temporales, ocasionales, accidentales o  provisorios , ya que dicho proceso es una garantía de la inamovilidad ínsita a la  carrera judicial; y se obtiene la condición de juez o jueza de carrera si se gana  el concurso de oposición público ” <sup>32</sup> .  
  Y por ello, supuestamente para “no contradecir el contenido normativo  del artículo 255 de la Constitución ” , la Sala procedió a suspender  cautelarmente, de oficio, mientras durase el juicio de nulidad de dicho  Código: 
  La referencia que hace el artículo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y la  Jueza Venezolana a los  jueces y juezas temporales, ocasionales, accidentales o  provisorios  y que permite la extensión, a esta categoría de jueces y juezas, del  procedimiento disciplinario contemplado en los artículos 51 y siguientes del  mencionado Código, por no tratarse de jueces o juezas que hayan ingresado a la  carrera judicial, correspondiéndole a la Comisión Judicial la competencia para  sancionarlos y excluirlos de la función jurisdiccional, visto que se trata de un  órgano permanente, colegiado y delegado de la Sala Plena de este Tribunal  Supremo de Justicia, al que compete coordinar las políticas, actividades y  desempeño de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Escuela Nacional de  la Magistratura y la Inspectoría General de Tribunal ( ex : artículo 73 del  Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia), así como someter a la 
    <sub>31 </sub> <sub>Ibídem</sub> <sub>. </sub> <sub>32 </sub> <sub>Ibídem</sub> <sub>. </sub>
  <sub>24  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>   consideración de la Sala Plena las políticas de reorganización del Poder Judicial  y su normativa (artículo 79  eiusdem ). Así se declara <sup>33</sup> .  Se eliminó así, en cuanto a la remoción de los jueces, cualquier tipo de  intento de establecer alguna garantía para asegurar la estabilidad de los jueces  temporales y provisionales.  Pero en cuanto al ingreso a la judicatura, también respecto de jueces  temporales o provisionales, la misma Sala Constitucional observó en la  sentencia, que el único aparte del artículo 16 del Código de Ética del Juez  contemplaba, que “antes de proceder a la designación o ingreso de cualquier  funcionario o funcionaria se consultará en el Registro de Información  Disciplinaria Judicial” y además, “que cualquier ingreso o designación  realizada al margen de dicha norma será nula ” .  Sin embargo, ante ello, la Sala Constitucional consideró “que es 
  competencia de la Comisión Judicial, como órgano delegado de la Sala Plena  del Tribunal Supremo de Justicia, la designación de los jueces y las juezas  temporales, ocasionales, accidentales o provisorios ”; por lo que “al no  desarrollar los términos en que se ha de verificar la consulta del Registro de  Información Disciplinaria ni la naturaleza pública o privada de dicho  Registro,” de lo que la Sala Consti tucional en virtud de que la norma de dicho  artículo 16 “restringe la aludida comp etencia de la Comisión Judicial ” ,  concluyó suspendiendo también cautelarmente, hasta tanto se dicte sentencia  en el presente juicio, “el único aparte del artículo 16 del Códi go de Ética del  Juez Venezolano y la Jueza Venezolana ” . 
  Con ello, quedaron incólumes los poderes de la Comisión Judicial del  Tribunal Supremo para designar sin restricción de cualquier clase, a los jueces  temporales y provisorios, sin garantía alguna de idoneidad, y por supuesto,  sin concurso y consecuente estabilidad y garantía de autonomía e  independencia en ejercicio de la función jurisdiccional.  IX  La consecuencia de todo este proceso de quince años es que en Venezuela  no  existe la “carrera judicial” , los jueces carecen completamente de autonomía  e independencia, estando, el Poder Judicial, completamente al servicio del  gobierno del Estado y de su política autoritaria, como lo han incluso declarado  expresamente sus Magistrados <sup>34</sup> . 
  IX 
    <sub>33 </sub> <sub>Ibídem</sub> <sub>. </sub>
  <sub>34</sub> <sub> </sub> <sub>Véase por ejemplo lo expresado por el magistrado Francisco Carrasqueño, en la apertura del </sub> <sub>año judicial en enero de 2008, al explicar que</sub> <sub>: “no es cierto que el ejercicio del poder político </sub> <sub>se limite al Legislativo, sino que tiene su continuación en los tribunales, en la misma medida </sub> <sub>que el Ejecutivo", dejando claro que la "aplicación del Derecho no es neutra y menos aún la </sub>
  <sub>25  </sub> <sub>SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDICIAL EN VENEZUELA: </sub> <sub>LOS JUECES… –</sub> <sub> Allan R. Brewer-Carías</sub>   El resultado es que, como lo destacó el Secretario General de la Comisión 
  Internacional de Juristas, Wilder Tayler, en la Presentación del Informe sobre  Fortalecimiento del Estado de Derecho en Venezuela , publicado en Ginebra en  marzo de 2014, que resume todo lo que en el país se ha venido denunciando  en la materia, al dar “ cuenta de la falta de independencia de la justicia en  Venezuela ” , expresó que  “ el Poder Judicial ha sido integrado desde el  Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con criterios predominantemente políticos  en su designación. La mayoría de los jueces son “provisionales” y vulnerables  a presiones políticas externas, ya que son de libre nombramiento y de  remoción discrecional por una Comisión Judicial del propio Tribunal  Supremo, la  cual, a su vez, tiene una marcada tendencia partidista” ;  concluyendo sin ambages, afirmando que: 
  Un sistema de justicia que carece de independencia, como lo es el venezolano, es  comprobadamente ineficiente para cumplir con sus funciones propias. En este  sentido en Venezuela, un país con una de las más altas tasas de homicidio en  Latinoamérica y en el de familiares sin justicia, esta cifra es cercana al 98% en los  casos de violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, el poder judicial,  precisamente por estar sujeto a presiones externas, no cumple su función de  proteger a las personas frente a los abusos del poder sino que por el contrario, en  no pocos casos es utilizado como mecanismo de persecución contra opositores y  disidentes o simples críticos del proceso político, incluidos dirigentes de  partidos, defensores de derechos humanos, dirigentes campesinos y sindicales, y  estudiantes. <sup>35</sup>
   
  <sub>actividad de los magistrados, porque según se dice en la doctrina, deben ser reflejo de la </sub> <sub>política, sin vulnerar la independencia de la actividad judicial". </sub> <sub>V.</sub> <sub> en </sub> <sub>El Universal</sub> <sub>, Caracas, </sub> <sub>29</sub> <sub>–</sub> <sub>01</sub> <sub>–</sub> <sub>2008 </sub> <sub>35</sub> <sub> </sub> <sub>Véase en http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/06/VENEZUELA-</sub> <sub>Informe-A4-elec.pdf </sub>
  <sub>26  </sub> 
  RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES  Yulimar del Carmen Gómez Muñoz  Resumen : El trabajo comenta el estatuto del personal judicial, atendiendo a su  sistema administrativo y régimen disciplinario.    Palabras clave : Personal judicial; Régimen disciplinario  Summary : This paper discusses the status of judicial personnel, taking into  consideration their administrative system and disciplinary regime.   Key words : Judicial personnel; Disciplinary regime 
  Yulimar del Carmen Gómez Muñoz 
  Sumario : Introducción. 1. El sistema administrativo de los funcionarios  judiciales. 2. De los requisitos de ingreso. 3. Del sistema de selección de  personal. 4. Nombramiento, juramentación y posesión del cargo. 5.  Clasificación de cargos y remuneraciones. 6. Ascensos y reingreso. 7. Permisos  o licencias. 8. Responsabilidades de los funcionarios. 9. Sanciones  disciplinarias. 10. Régimen disciplinario de los funcionarios. Análisis de casos.  Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía  
  Introducción 
  A partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela de 1999, el ejercicio y Régimen Jurídico de la  función pública sufrió cambios, que trajeron como consecuencia que el  legislador adaptara a los preceptos constitucionales la llamada Ley del  Estatuto de la Función Pública que derogó la Ley de Carrera Administrativa.   A pesar de la adaptación progresiva de las normas legales a la nueva  Constitución, se observa que la normativa que regula a los funcionarios  judiciales no ha sido ajustada, encontrándose vigente aún el Estatuto del  Personal Judicial de fecha 27 de marzo de 1990, por lo que, este instrumento  jurídico, quince (15) años después de la entrada en vigencia de la Constitución  de 1999, no ha tenido modificación alguna, lo que pudiera generar situaciones  que afecten la seguridad jurídica de los funcionarios judiciales a quienes se les  aplica dicha normativa.   Este trabajo está dirigido al análisis del Estatuto del Personal Judicial  como parte fundamental del régimen jurídico que regula a los funcionarios  judiciales en Venezuela y su aplicación en sede administrativa y judicial,  entendiendo por “Régimen Estatutario de los funcionarios”: la relación de  empleo de sus trabajadores con la rama Judicial.  
  <sub>27  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   Debe destacarse que la esencia de la relación estatutaria se caracteriza  por las condiciones de empleo, que no se establecen en un contrato, sino que  vienen determinadas por normas jurídicas previas a la relación (Hildegard  Rondón de Sansó, 2003, pp. 5 y 6), de allí que este estudio comprenderá el  análisis de todo lo relativo a la estructura normativa, ingreso, permanencia,  ascenso y egreso de los funcionarios judiciales, analizado a la luz de la  Constitución de 1999. En este trabajo no se hace referencia a los jueces, sino al  resto del personal judicial.  También ha de considerarse en esta investigación el régimen  disciplinario de los funcionarios judiciales, el cual está constituido por todos  aquellos deberes que asumen con su cargo y que tienen el carácter de  obligaciones  que  imperativamente  deben  cumplir.  En  efecto,  la 
  responsabilidad administrativa que surge de la inobservancia del Estatuto del  Personal Judicial, se hace efectiva a través de la potestad disciplinaria que hay  en toda relación de empleo público. Ello, porque en toda relación de servicio  público con el Estado, la potestad disciplinaria se presenta como  complemento de la potestad imperativa o de mando, es decir, la procedencia  de la potestad disciplinaria en las relaciones Estado-servidores judiciales,  dada su ámbito e índole, resulta virtualmente admitida por el funcionario  judicial al aceptar su nombramiento o designación.  
  Al respecto se observa que la potestad sancionatoria que tiene la  Administración Pública debe ser ejercida en el marco de un procedimiento  sancionador, el cual debe garantizar el respeto a los derechos y garantías de  los ciudadanos involucrados en un proceso, de conformidad con lo  establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela.   Es de resaltar, que siendo la rama judicial la encargada de administrar  justicia en Venezuela, resulta un contrasentido que existan dudas al momento  de aplicar la normativa a aquellos integrantes de tan importante rama, lo que  hace que sea relevante el presente trabajo no sólo a nivel teórico, sino también  práctico, porque en la medida en que se tenga certeza y claridad del Régimen  Jurídico que se aplica a los funcionarios judiciales se disminuirán los errores  que se vienen cometiendo en sede administrativa e incluso judicial, con  sentencias a veces contradictorias.   Para conocer el régimen actual de los funcionarios judiciales, se hará  mención, en un primer capítulo, al sistema administrativo del funcionario  judicial y en un segundo, a su régimen disciplinario. Por último se  presentarán las conclusiones y algunas recomendaciones. 
  
  <sub>28  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   1.  El sistema administrativo de los funcionarios judiciales  Para comprender mejor cuál es el régimen de los funcionarios judiciales,  haremos una breve referencia ante todo a la situación jurídica de los  funcionarios públicos en Venezuela. Luego se explicará qué es la rama Judicial  y cómo está integrada y finalmente, se analizará el régimen de ingreso,  selección, nombramiento y toma de posesión del cargo, clasificación de  cargos, ascenso y reintegro y responsabilidad administrativa de los  funcionarios judiciales.  Antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela y la Ley del Estatuto de la Función Pública el  funcionario público tenía ciertas cualidades que lo identificaban: 1) El  nombramiento debía ser por la autoridad competente; 2) Que la persona  nombrada participara en el ejercicio de las funciones públicas; 3) El  funcionario público debía estar al servicio directo de la República, Estado,  Municipio o Instituto Autónomo; y 4) Prestar el juramento de ley.  En la Constitución de 1999 no se define al funcionario público, pero en  su Título IV (Poder Público), Capítulo I (Disposiciones fundamentales),  Sección Tercera, “De la Función Pública”, se establece que los funcionarios  públicos están al servicio del Estado y que el ingreso a los cargos de carrera  será por concurso público, según los principios de honestidad, idoneidad y  eficiencia.  Con la entrada en vigencia de la Ley del Estatuto de la Función Pública,  se define al funcionario público en el artículo 3 de la siguiente forma: “… será  toda persona natural que, en virtud de nombramiento expedido por la  autoridad competente, se desempeñe en el ejercicio de una función pública  remunerada, con carácter permanente…”.   La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha  definido al funcionario público en los siguientes términos: 
  (…)  quien cumple la función pública, la persona física que ejecuta las  generalidades y particularidades del servicio, es un ente del Estado (sentido lato)  provisto de autoridad para el ejercicio de determinadas funciones, participa  permanentemente o accidentalmente del ejercicio de la Función Pública, bien por  elección popular o por nombramiento de la autoridad pública competente en tal  sentido, con su acción opera en representación del órgano público al cual está  adscrito, expresa la voluntad de este. (Sentencia n° 943 del 15/5/01).    La doctrina venezolana ha definido al funcionario público como aquel  que desempeña una función pública al servicio de un ente público,  independiente del poder público al cual preste sus servicios (Rondón de  Sansón, 1986).  
  <sub>29  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   Por su parte, la rama Judicial es aquella encargada de la administración  de justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas en la  resolución de conflictos, que se imparte en nombre de la República y por  autoridad de la ley, y está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia y  los demás tribunales que determine la ley.   La rama Judicial cumple la función de controlar a los restantes poderes  públicos y a los particulares, en la medida en que éstos lo ponen en  funcionamiento.   La independencia y su autonomía funcional, administrativa y financiera  están consagradas en el artículo 254 de la Constitución, y tienen como  finalidad fortalecerlo en sus funciones jurisdiccionales.  La Dirección Ejecutiva de la Magistratura es un órgano auxiliar del  Tribunal Supremo de Justicia, que ejecuta las funciones de Dirección,  Gobierno y Administración, inspección y vigilancia de la rama Judicial.  En Venezuela, los funcionarios judiciales, incluyendo en esta categoría al  personal administrativo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura,  asistentes de tribunales, archivistas, secretarios, alguaciles y el personal  adscrito a los distintos Juzgados de la República con la excepción del personal  al servicio del Tribunal Supremo de Justicia, se rigen por el Estatuto del  Personal Judicial del año 1990.   Se considera personal de confianza, el Secretario del Tribunal, cuyo  régimen es el previsto en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  de 1987, en virtud del silencio que existe en el Estatuto del Personal Judicial,  es por ello, que el Juez del Tribunal cuando lo considera necesario puede  proceder a remover al Secretario, sin procedimiento alguno; es suficiente la  voluntad del Juez de dar por culminada la relación laboral entre el funcionario  y el Tribunal, para que proceda la remoción, por la naturaleza de confianza  que reviste el mencionado cargo. 
  2.  De los requisitos de ingreso  
  Para el ingreso del personal judicial se requiere ser venezolano, mayor  de  edad,  tener  acreditada  buena  conducta,  llenar  los  requisitos  correspondientes al cargo, conforme a la descripción de las atribuciones  inherentes al mismo, no estar sujeto a interdicción civil, y las demás que  establezcan la Constitución y las leyes, según el caso concreto.   El aspirante al cargo debe someterse a evaluaciones de la Dirección  Ejecutiva de la Magistratura.  Además, al entrar en vigencia la Constitución de la República Bolivariana  de Venezuela se establece en su artículo 146 la figura del concurso público  como requisito indispensable para adquirir la condición de funcionario de 
  Ejecutiva de la Magistratura. 
  <sub>30  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   carrera. Esto en la Constitución anterior no se establecía, ni lo hacía el Estatuto  de Personal Judicial, aun parcialmente vigente.  De hecho, el contenido del artículo 9 del Estatuto del Personal Judicial es  contrario al precepto constitucional referido a la forma de ingreso, prevista en  el artículo 146 de la Constitución, que consagra el mecanismo que debe ser  utilizado por los ciudadanos para adquirir la condición de funcionario  público de carrera y se infiere del mencionado artículo que tal condición viene  dada por un acto llamado nombramiento, que es producto del resultado de  un proceso de selección que se da a través del concurso público, conllevando  a una estabilidad en el ejercicio del cargo.   Sin embargo, es un hecho notorio que hoy en día los jueces o Jefes de  Despacho, según el caso, hacen las postulaciones de ingresos del personal  judicial, lo que resulta a todas luces contrario a la actual Carta Magna, aunque  acorde al Estatuto del Personal Judicial, que, no obstante, en este aspecto, es  inconstitucional.   3.  Del sistema de selección de personal  Como ya se dijo, conforme al Estatuto del Personal Judicial es 
  3.  Del sistema de selección de personal 
  competencia del Juez o Jefe de Despacho postular al personal judicial que se  encuentra a su cargo: asistentes de tribunales, archivistas, alguaciles y  secretario. Es además el Juez quien tiene la competencia de evaluar el  rendimiento del funcionario durante el período de prueba, pudiendo ratificar  o revocar el nombramiento en los supuestos de no resultar a su criterio  satisfactorio, según el artículo 9 de ese Estatuto, no consagrándose ningún  tipo de formalidad para llevar a cabo la evaluación que se le realiza al  aspirante. El acto administrativo que contiene el nombramiento del personal  para un determinado cargo y su revocatoria es suscrito por la máxima  autoridad, Director Ejecutivo de la Magistratura, en virtud de la competencia  atribuida en el artículo 3 del Estatuto del Personal Judicial. 
  El Estatuto del Personal Judicial prevé en su artículo 9 el período de  prueba de seis (6) meses para la persona que ingresa, otorgándosele un  nombramiento de carácter provisional que deberá ser ratificado o revocado  en el mencionado lapso por parte del Juez o Jefe de Despacho, cuando a su  juicio el rendimiento no sea satisfactorio.   Por otro lado, encontramos la Convención Colectiva 2005-2007 del Poder  Judicial, celebrada el 9 de junio de 2005, que en su cláusula 7 establece que el  período de prueba para el personal es de noventa (90) días.   Ante tales circunstancias se revisaron varias sentencias de la Jurisdicción  Contencioso Administrativa, donde se pudieron observar criterios diferentes  entre las que citamos: 
  <sub>31  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   La sentencia nº 2010-930, de fecha 13 de octubre de 2010, caso: Daniela  Dubraska López Lugo Vs Dirección Ejecutiva de la Magistratura, dictada por  la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, declaró: 
  Con base en la potestad reglamentaria atribuida por la Constitución de 1961, el  entonces Consejo de la Judicatura, hoy Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en  fecha 30 de diciembre de 1980, dictó el Estatuto del Personal Judicial, publicado  en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 34.439 de fecha 29 de marzo  de 1990, que conforme a su artículo 1 “…regula las condiciones para el ingreso,  permanencia y terminación de servicio en los distintos cargos”, cuya normativa  resulta de aplicación directa al personal que presta servicios a los órganos que  conforman el Poder Judicial.  
  …omisis…  
  En atención al análisis expuesto, esta Corte observa que en el presente caso  resulta válida la aplicación del artículo 9 del referido Estatuto del Personal  Judicial, en lugar Convención Colectiva de Empleados 2005-2007, motivo por el  cual, desecha lo expresado por la querellante en cuanto a falsa aplicación del  mismo. Así se decide.  La sentencia de fecha 29 de febrero de 2012, de Maholi Carolina Rosales  Justo Vs Dirección Ejecutiva de la Magistratura, dictada por la Corte Segunda  de lo Contencioso Administrativo en un caso similar al anteriormente citado,  invocó la aplicación del contenido de la Cláusula 7 de la Convención Colectiva  de los funcionarios judiciales, y determina que resulta válido aplicar el  Estatuto del Personal Judicial, en lugar de la Convención Colectiva de  Empleados 2005-2007.   No obstante las Cortes de lo Contencioso Administrativo declararan en  las sentencias antes citadas que se aplica el Estatuto y no la convención  colectiva, el Tribunal Superior Tercero en lo Civil y Contencioso  Administrativo de la Región Capital, hizo lo contrario al determinar que el  periodo de prueba del personal judicial es de noventa (90) días continuos  conforme a la Contratación Colectiva 2005-2007, y no de seis (6) meses como  indica el Estatuto, en los términos siguientes:  
  En este contexto, si bien es cierto que, como lo afirma el recurrente y se aprecia  del folio 157 del expediente, la vigencia de su nombramiento al cargo de abogado  asistente comenzó a partir del 11 de abril de 2007, por lo que su periodo de prueba  expiró el 11 de julio del mismo año; también es cierto que la revocatoria de su  postulación asentada en el numeral Tercero de la decisión administrativa  recurrida, en manera alguna altera el dispositivo del fallo, toda vez que la  destitución consiste en la separación definitiva del funcionario del cargo que  desempeñe en la administración pública o en cualquier órgano del poder público,  quedando en consecuencia, sin ningún efecto aquel acto de postulación y 
  <sub>32  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   posterior nombramiento, por lo que no ha lugar a la defensa en análisis. Así se  declara…”. (Sentencia de fecha 7/12/2009, expediente 6072, caso: Víctor Hugo  Ávila García Vs Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso  Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital).   Debe destacarse al respecto que las Convenciones Colectivas suscritas  entre Organismos Públicos y su personal, no pueden incluir aspectos referidos  al ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro y en general ninguna materia  de las contempladas en los artículos 144 al 147 de la Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela, por ser materia de reserva legal, en  consecuencia el contenido de la Cláusula 7 de la Convención Colectiva de  Empleados referida al período de prueba de noventa (90) días no es aplicable  a los funcionarios judiciales tal como lo establecieron las Cortes de lo  Contencioso Administrativo.  
  4.  Nombramiento, juramentación y posesión del cargo  El artículo 13 del Estatuto establece que una vez examinada la  postulación, si ésta cumpliere las formalidades y requisitos pertinentes, la  Dirección Ejecutiva de la Magistratura autorizará el ingreso, fijará la  oportunidad del mismo y extenderá el nombramiento, correspondiéndole al  Jefe tomar el juramento legal al designado, dejando constancia de ello y de la  posesión del cargo en el libro respectivo, de lo que se dará inmediata cuenta  a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (artículo 14).  Es de resaltar que en realidad los mencionados artículos se cumplen 
  parcialmente, pues el nombramiento sí es emitido por el Director Ejecutivo de  la Magistratura, sin embargo no todo el personal que ingresa a la rama Judicial  se le toma el juramento, de hecho, se puede constatar en la mayoría de los  libros de juramentos que reposan en los distintos tribunales de la República,  el juramento del Alguacil, Secretario y Juez, quedando excluidos los  Asistentes de Tribunales, Archivistas y Auxiliares de Secretaría, con lo cual  parece no dársele importancia al resto del personal, siendo sólo algunos los  jueces, que incluso dejan constancia en sus libros sobre la toma de posesión  del cargo del funcionario nombrado para ejercer la actividad dentro del  Tribunal. 
  5.  Clasificación de cargos y remuneraciones 
  Establece el artículo 15 del Estatuto del Personal Judicial que la  clasificación de los cargos del personal judicial la hará el Consejo de la  Judicatura (actualmente Dirección Ejecutiva de la Magistratura) mediante  Resolución y la misma agrupará dichos cargos en clases definidas. En ese  tenor, la Carta Magna en su artículo 146 señala que los cargos de los órganos  de la Administración Pública son de carrera y se exceptúan de tal regla a los  siguientes: los cargos de elección popular; los cargos de libre nombramiento 
  <sub>33  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   y remoción; los cargos de los contratados; los cargos de los obreros; y los  demás que determine la ley.  Se observa del referido artículo 15, que el Estatuto del Personal Judicial  no hace referencia a cuáles son los cargos de carrera y aquellos que son de  libre nombramiento y remoción; por el contrario hace una remisión expresa  para que se establezca en una Resolución, lo que puede contravenir en la  actualidad la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque  esta consagra a nivel constitucional que los cargos de la Administración  pública son de carrera, siendo entonces la excepción los de libre  nombramiento y remoción (artículo 146).  La Constitución indica que los funcionarios públicos son de carrera y que  estos deben ingresar por concurso público (artículo 146). Según la Ley del  Estatuto de la Función Pública, la designación para los cargos de libre  nombramiento y remoción es de manera discrecional y se verifica para  realizar determinadas actividades y funciones estrictamente de confianza, es  decir, son nombrados libremente por la máxima autoridad del Organismo  correspondiente cuando las situaciones fácticas así lo ameriten.  
  6.  Ascensos y reingreso 
  Se considera ascenso la designación de una persona para una clase de  cargo de grado superior. Conforme al artículo 21 del Estatuto del Personal  Judicial, se consagra el derecho al ascenso, que se obtiene por riguroso orden  de méritos, de acuerdo con la calificación obtenida en las evaluaciones que  para tales fines se practiquen; en igualdad de condiciones se tomará en cuenta  la antigüedad.   Es importante señalar que dentro de la Escala de cargos que tienen los  Tribunales de la República se encuentran los siguientes: Archivistas,  Alguaciles, Asistentes de Tribunales, Auxiliar de Secretaría, Abogados  relatores y Secretarios. Su posibilidad de ascenso es muy reducida, debido que  son pocos los puestos de trabajos en cada tribunal, por ello, hay abogados que  ocupan cargos de Asistentes de Tribunales hasta que haya una vacante, bien  sea de abogado relator o de Secretario del Tribunal.  Por otro lado, el reingreso del personal judicial se encuentra previsto en  el Artículo 24 del referido Estatuto, existiendo dos supuestos para que este se  verifique: por renuncia o por destitución.   El personal que haya renunciado podrá regresar luego de haber  transcurrido el lapso de seis (6) meses de la fecha de aceptación de la renuncia.  Cuando se trate del reingreso del personal destituido, el funcionario estará  sometido al examen previo de su expediente y de la causa de destitución que  produjo el egreso, y esta evaluación no podrá realizarse sino transcurrido un 
  <sub>34  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   (1) año a partir de la fecha de destitución; la decisión correspondía al Consejo  de la Judicatura, actualmente, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.  7.  Permisos o licencias  El artículo 26 del Estatuto del Personal Judicial consagra: “…Permiso o  Licencia es la autorización que se otorga al personal judicial por no concurrir  a sus labores por causa justificada y tiempo determinado…”.    En este tenor, el autor Sánchez Morón, define las licencias refiriéndose a  las interrupciones de la actividad profesional por las causas previstas en la  Ley, mientras que los permisos son interrupciones breves debido a otras  causas no previstas en la norma.  Sin embargo, cuando analizamos el Estatuto del Personal Judicial  observamos que no hace diferencia entre licencias y permisos, sino que prevé  que ambos autorizaciones que se otorgan al personal judicial por no acudir a  sus labores por causa justificada y tiempo determinado. Los tipos de permisos  que se establecen en el Estatuto son los siguientes (artículos 26 al 33):   Permisos con goce de sueldo : por causas graves debidamente justificadas,  distintas a la enfermedad, hasta por quince (15) días; por enfermedad o  accidentes que no causen inhabilitación, se otorgan permisos por el término  de seis (6) meses, prorrogables por el mismo tiempo; los permisos en los casos  de maternidad se conceden previa certificación médica conforme a la Ley  Orgánica del Trabajo vigente.  Permisos o licencias sin goce de sueldos : por un lapso no mayor a dos (2)  meses. Se considera obligatorio el permiso, según el Estatuto, en los siguientes  supuestos: fallecimiento de ascendientes, hijos y cónyuge del empleado;  matrimonio del empleado, en cuyo caso es por cinco (5) días laborales;  nacimiento de un hijo: dos (2) días laborales; comparecencia ante cualquier  autoridad legítima, se concede el permiso por el tiempo que sea necesario;  participación en actividades deportivas nacionales e internacionales, por el  tiempo que sea requerido; para cumplir actividades de dirigente sindical.  Con la entrada en vigencia de la Ley para Protección de las Familias, la  Maternidad y la Paternidad (artículo 9) y la nueva Ley Orgánica del Trabajo,  los Trabajadores y las Trabajadoras, publicada en Gaceta Oficial número 6076  de fecha 7 de mayo de 2012 (artículo 339) se establece en la legislación  venezolana que, por concepto de nacimiento de un hijo, el padre tendrá  derecho al permiso o licencia por catorce (14) días continuos. Estas leyes  benefician a los trabajadores con respecto a lo establecido en el Estatuto del  Personal Judicial, en consecuencia se aplica la norma que más favorezca al  trabajador.  
  7.  Permisos o licencias 
  <sub>35  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   Conforme a lo señalado por Sánchez Morón, las situaciones consagradas  en el Estatuto del Personal Judicial antes descritas son verdaderos permisos  con o sin goce de sueldos y no licencias propiamente dichas, ya que estas  vendrían a ser una facultad atribuida a una persona para ejercer una actividad  o tener ciertas libertades por situaciones particulares para ausentarse de sus  labores ordinarias de manera breve, pero no previstas en la norma jurídica,  como en cambio son las establecidas por el Estatuto como quedó en evidencia  anteriormente. 
  8.  Responsabilidades de los funcionarios 
  Los funcionarios judiciales responden penal, civil, administrativa y  disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades  administrativas llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones. Los Jefes de  Despacho (Jueces, Defensores Públicos, Rector Civil o Presidente del Circuito  Judicial Penal) tienen la obligación de denunciar ante el Ministerio Público los  delitos y faltas en las que incurran los funcionarios judiciales.  Las responsabilidades de los funcionarios judiciales se aplican de manera  individual. El funcionario responde penalmente cuando su conducta  encuadra en el supuesto de hecho de la norma que prevé el ilícito penal que  acarrea la aplicación de una pena, correspondiéndole su conocimiento a la  jurisdicción penal.    Cuando la norma se refiere a la responsabilidad civil, la misma se  constituye cuando el funcionario causa un daño producto del ejercicio de sus  funciones por un hecho, omisión o acto que conlleve a imponer la obligación  de reparar el daño ocasionado.  La responsabilidad administrativa se da cuando se incurre en acciones,  hechos u omisiones antijurídicas, declaradas mediante un procedimiento,  cuando existe violación de una norma legal o reglamentaria que configura un  ilícito administrativo, conllevando al funcionario que incurre en el mismo a  soportar determinadas consecuencias previstas en la Ley.  La responsabilidad disciplinaria es aquella que se declara luego de haber  quedado demostrado en el procedimiento que la conducta del funcionario  judicial acarreó el incumplimiento de los deberes establecidos en el Estatuto  del Personal Judicial.  La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en  sentencia Nº 469 de fecha 02 de marzo de 2000, estableció el criterio en virtud  del cual:   …un mismo hecho puede dar l ugar a sanciones de naturaleza distintas, cuando  el ámbito de actuación de los involucrados está regulado especialmente y cuando  determinado hecho, tipificado como delito para la jurisdicción ordinaria, 
  <sub>36  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   constituye en sí mismo una falta sujeta a sanción en sede administrativa, la cual  no depende para su imposición de la comprobación previa ante la jurisdicción  ordinaria  de que ha cometido delito…   Esta sentencia viene a afianzar el criterio reinante en el contencioso  administrativo sobre las responsabilidades de los funcionarios en el  desempeño de sus cargos, las cuales subsisten de forma individual e  independiente.  9.  Sanciones disciplinarias  El Estatuto del Personal Judicial en su Artículo 39 consagra las sanciones  que podrán imponerse a los empleados judiciales entre ellas:   Amonestaciones : Consiste en una advertencia por escrito al funcionario  judicial por parte del Jefe de Despacho Judicial sobre una conducta indebida.  Esta es aplicable en los siguientes supuestos: negligencia en el cumplimiento  de los deberes inherentes al cargo; falta de atención debida al público;  incumplimiento en el horario de trabajo o ausentarse de las labores durante la  jornada de trabajo, sin que medie causa justificada o el permiso del superior  correspondiente; conducta descuidada en el manejo de los expedientes y  documentos, material, equipo y útiles de oficina.  Multas no convertible en arresto que podrá alcanzar el equivalente de una 
  9.  Sanciones disciplinarias 
  quincena del sueldo : Es una sanción de carácter pecuniario, que afecta de forma  inmediata el sueldo que perciba el empleado. La cantidad de dinero  correspondiente a la multa deberá ser entregado al Fisco Nacional de la  manera prevista en la Ley. De la aplicación de la sanción de multa, se le  informará a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y se dejará constancia  en el expediente personal del funcionario judicial. Estas podrán alcanzar el  equivalente a una quincena de sueldo. La multa procede en el supuesto que  el funcionario judicial reincidiere en una falta que de origen a la  amonestación, deduciéndose del artículo 41 que el procedimiento aplicable es  el mismo utilizado para la imposición de la amonestación escrita 
  Suspensión del empleo hasta por un período de seis (6) meses : Consiste en una 
  separación del funcionario de sus actividades laborales por un tiempo  determinado, se realiza hasta por un periodo de seis (6) meses. Son causales  de suspensión las siguientes: haber sido objeto de amonestación y multa en el  transcurso de un (1) año; falta de consideración y respeto debido a los  superiores, subalternos o compañeros; perjuicio material causado por  negligencia manifiesta a los bienes de la República, siempre que la gravedad  del asunto no amerite su destitución; realizar campañas o propagandas de  tipo político o proselitista en los lugares de trabajo, solicitar o recibir dinero u  otros bienes para fines políticos en los mismos lugares de trabajo; cualquier  otra falta que no estuviere sancionada con amonestación, multa o destitución.  
  <sub>37  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   Destitución del cargo : Es la sanción más severa que se aplica a los 
  funcionarios judiciales, cuya consecuencia jurídica es el retiro definitivo de la  prestación del servicio; tal sanción procede cuando queda comprobado en un  expediente disciplinario la responsabilidad del funcionario en las siguientes  causales: cuando habiendo sido sancionado con suspensión reincidiere en  faltas previstas en el artículo 40 y 42 (amonestación o suspensión del empleo);  falta de probidad, vías de hecho, injuria, insubordinación, conducta inmoral  en el trabajo o acto lesivo al buen nombre de los intereses del Poder Judicial o  de la República; perjuicio material grave causado intencionalmente o por  negligencia manifiesta al patrimonio de la República; inasistencia  injustificada al trabajo durante tres (3) días hábiles en un mes o abandono del  trabajo; condena penal que implique privación de libertad o acto de  culpabilidad administrativa de la Contraloría General de la República;  solicitar y recibir dinero, o cualquier otro beneficio material valiéndose de su  condición de empleado judicial; revelación de asuntos reservados,  confidenciales o secretos, de los cuales el empleado tenga conocimiento por  su condición; cuando inobservare en cualquier forma las disposiciones de la  Ley de Arancel Judicial. Este supuesto ya no se aplica porque ya no hay  aranceles judiciales al ser la justicia gratuita según el artículo 26 de la  Constitución.  
  10. Régimen disciplinario de los funcionarios. Análisis de casos   Cada régimen de empleo público contiene normas de carácter  disciplinario que están en sus respectivos estatutos, indicando las conductas  debidas, las sanciones y los procedimientos para imponerlas. Estos  procedimientos tienden a garantizar la averiguación de la verdad de los  hechos, la correcta valoración de las conductas y las garantías del debido  proceso, todo lo cual debe conducir a decisiones que procuren la eficacia del  régimen disciplinario. Un régimen disciplinario eficaz es aquel que logra su  objetivo, no sólo la sanción de conductas desviadas, sino que el servicio  público sea prestado de la mejor manera. 
  La potestad sancionatoria que tiene la Administración Pública es ejercida  en el marco de un procedimiento sancionador, el cual es el mecanismo para  garantizar el respeto a los derechos y garantía de los ciudadanos involucrados  en un proceso. La Doctrina extranjera al referirse a la obligación que tiene la  Administración pública de observar un procedimiento formal al poner en  marcha su potestad sancionatoria señala:   La exigencia de un procedimiento es en materia sancionatoria especialmente  calificada. Suple, en primer término, al proceso penal, que es propio del Derecho  común sancionatorio y debe dar cabida, por consecuencia, a las mismas garantías  de la libertad que encuentra en el Derecho Procesal Penal su lugar propio. Se trata  en segundo lugar, de combatir en el caso concreto una presunción constitucional 
  <sub>38  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>  
  estrechamente ligada a la libertad, la presunción de inocencia, según vimos.  Todos los derechos de la defensa del afectado deben ser reconocidos por ello,  como veremos infra. Está también la circunstancia de que la Administración ha  de ser a la vez instructora y resolutora del expediente (aunque veremos que se  intenta mantener una distinción orgánica entre las dos funciones), asumiendo así  dos cualidades que el TC ha considerado un riesgo a la imparcialidad del acto a  juzgar (Sentencia del 12 de julio 1988), y aunque el mismo TC, en su sentencia 26  abril 1990, ya citada haya observado que &lt; la imparcialidad e independencia de  los órganos del poder judicial no es, por esencia, predicable con igual significado  y en la misma medida de los órganos administrativos&gt;, al menos ello obliga a una  especial objetividad (art.103.1 constitución) en la tramitación y resolución del  expediente. En particular la administración ha de justificar cuidadosamente los  hechos y en el derecho la eventual sanción final que concluya imponiendo y que  constituiría un gravamen para el sancionado. Finalmente siendo esencial a los  actos administrativos de sanción la posibilidad de ser fiscalizados por un  Tribunal (aunque contencioso administrativo y no penal, esto es, a posteriori, en  forma de impugnación del acto sancionatorio), que es por donde reaparece el  derecho a la tutela judicial efectiva del eventualmente sancionado, el  procedimiento administrativo ha de formalizarse lo necesario para que ese  derecho fundamental pueda ejercitarse y desarrollarse en condiciones  suficientes; no podrá darse ningún trámite esencial, las formas son todas aquí, en  la conocida expresión de IHERING, garantías de la libertad y, consecuentemente,  condicionan ad solemnitatem la validez de la sanción misma… (García  y  Fernández 2004 p185). 
  Ahora bien, los funcionarios judiciales se encuentran sometidos a la  potestad disciplinaria ejercida por los Jefes de Despachos (Jueces  Unipersonales, Jueces Rectores, Presidentes de Circuitos Judiciales Penales, y  Coordinadores de Circuitos Judiciales) según lo estipulado en los artículos 91,  98 y 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este sentido, son los Jefes  de Despachos Judiciales y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, los  facultados para aplicar las sanciones a las que haya lugar, en razón de una  falta disciplinaria que puedan cometer los miembros del poder judicial bajo  su administración. 
  El artículo 38 del Estatuto del Personal Judicial, faculta al Consejo de la  Judicatura (hoy Dirección Ejecutiva de la Magistratura) para que asuma el  poder disciplinario atribuido a los Jefes de Despachos Judiciales, cuando  exista paralización de las actividades de forma ilegal, en las situaciones en que  se cause daño material a la sede y al mobiliario de los Despachos Judiciales,  cuyo procedimiento disciplinario se regirá por lo previsto en el Parágrafo  Único del artículo 45° del Estatuto del Personal Judicial. 
  
  <sub>39  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   Procedimientos disciplinarios : El procedimiento Disciplinario es una  garantía fundamental en el Estado de Derecho. Un sector de la doctrina  extranjera define el poder sancionador otorgado a la Administración como  aquel en virtud del cual “…pueden imponerse sanc iones a quienes incurran  en la inobservancia de las acciones u omisiones que le son impuestas por el  ordenamiento normativo administrativo, o el que sea aplicable por la  Administración Pública en cada caso…” (Escola. 1984, p. 207).    Podemos señalar que la finalidad de la investigación disciplinaria es la  siguiente: verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva  de falta disciplinaria; perjuicio causado a la Administración Pública;  responsabilidad disciplinaria del investigado; esclarecer los motivos  determinantes, las circunstancia de tiempo, modo y lugar donde se cometió  la falta.  La Administración en el ejercicio de la potestad disciplinaria debe  respetar los principios que informan la potestad sancionatoria del Estado,  pues la aplicación de una sanción administrativa constituye una  manifestación de dicha potestad, por lo que, su validez, en el contexto de un  Estado de derecho respetuoso de los derechos fundamentales, está  condicionada al respeto de la Constitución y de los principios en ella  consagrados.  Ahora bien, en un procedimiento disciplinario se aplican una serie de  principios que sirven de garantía para el investigado en la tramitación del  expediente, entre ellos: legalidad, tipicidad, imparcialidad, proporcionalidad,  contradictorio, presunción de inocencia, derecho a la defensa y al debido  proceso. Vamos a constatar cada uno de estos principios en los  procedimientos previstos en el Estatuto del Personal Judicial, que fueron  concebidos de formas distintas. A tal efecto comenzamos a hacer mención a  cada uno de esos procedimientos de la siguiente manera:  Procedimiento para imponer amonestaciones escritas : El procedimiento del  artículo 44 del Estatuto de Personal Judicial se aplica a los funcionarios que  incurran en faltas que ameriten amonestación o sanción de multas. Consiste  en iniciar la averiguación por parte del Jefe de Despacho, oír al empleado y  decidir acerca de su responsabilidad con su respectiva sanción.   En atención a lo anterior, procedemos a verificar si los principios que  sirven de garantía en la tramitación del proceso se aplican en el procedimiento  para amonestaciones escritas, previsto en el Estatuto del Personal Judicial  para lo cual tenemos:  El principio de legalidad en materia disciplinaria en el presente  procedimiento se cumple, por cuanto las conductas ilícitas y las sanciones que  ameritan amonestación escrita de un funcionario judicial están determinadas 
  <sub>40  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   en el Estatuto del Personal Judicial, lo que conlleva a concluir que al personal  judicial sometido a un procedimiento de amonestación se le garantiza el  principio de legalidad previsto en el numeral 6 del artículo 49 de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  El principio de imparcialidad no se cumple en el procedimiento de  amonestación, debido a que es el propio Juez del Despacho el director del  proceso, es decir, inicia el procedimiento, oye al empleado y decide sobre la  imposición o no de la sanción. Aquí no se garantiza la búsqueda de la verdad  real, lo que conlleva a concluir que el Jefe de Despacho no actuará con  objetividad frente al funcionario investigado, contraviniendo lo dispuesto en  los numerales 3 y 4 del artículo 49 de la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela.   Cuando  analizamos  el  principio  de  proporcionalidad  en  el 
  procedimiento de amonestación, si hacemos un análisis de la conducta ilícita  del funcionario judicial y de la sanción que le corresponde, esta no puede ser  mayor a la falta cometida. El Estatuto del Personal judicial prevé los supuestos  para aplicar amonestaciones escritas que son los siguientes: negligencia en el  cumplimiento de los deberes inherentes al cargo; falta de atención debida al  público; incumplimiento en el horario de trabajo o ausentarse de las labores  durante la jornada de trabajo, sin que medie causa justificada o el permiso del  superior correspondiente; y conducta descuidada en el manejo de los  expedientes y documentos, el material, equipo y útiles de oficina. 
  El principio de proporcionalidad se cumple dentro del procedimiento de  amonestaciones que prevé el Estatuto del Personal Judicial, porque el  supuesto de hecho o conducta a sancionar se corresponde con la sanción, no  existiendo la posibilidad para los Jefes de Despacho de aplicar una sanción  mayor cuando se esté frente a los supuestos de amonestación antes referidos.   El principio de tipicidad en el procedimiento de amonestación prevé que  las sanciones deben estar previamente establecidas antes de que ocurra el  ilícito de la conducta a reprochar, esto es, los Jefes de Despacho para sancionar  a un funcionario judicial con amonestación deben investigar con anticipación  si la conducta es susceptible de amonestación según el Estatuto del Personal  Judicial, y de no encontrarse la conducta en el supuesto de la norma, no  pueden amonestar al funcionario, porque de lo contario vulnerarían el  principio de tipicidad.  Al analizar el procedimiento previsto en el artículo 44 del Estatuto de  Personal Judicial para amonestación escrita o sanción de multas, se observa  que no existen lapsos en el procedimiento y conforme a lo dispuesto en el  artículo 49 de nuestra Carta Magna, no basta que el funcionario tenga  conocimiento de los hechos que se le imputan, sino que debe tener un tiempo  para preparar su defensa o escrito de alegatos, pudiendo llevar al proceso 
  <sub>41  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   aquellas pruebas que lo favorezcan y ejercer su defensa en las pruebas  presentadas por el Jefe del Despacho. Al no existir ningún tipo de lapso, el  funcionario judicial no tiene seguridad jurídica e incluso una situación de  indefensión, porque se le da la posibilidad al Jefe del Despacho de fijar lapsos  de forma discrecional, vulnerándose el derecho a la defensa y al debido  proceso del investigado.   Ahora bien, durante la presente investigación se pudo constatar que en 
  la práctica efectivamente se presentan irregularidades en la aplicación del  procedimiento para amonestaciones escritas y se trae a colación en ese sentido  la suspensión del cargo de un funcionario en particular, el caso de RAUL  GUILLERMO BRITO CODALLO, quien en su condición de Asistente de  Tribunal adscrito al Circuito Judicial Laboral del Estado Zulia, con sede en  Maracaibo, fue objeto del procedimiento de “Amonestación” y “Suspensión  del Cargo” por considerar la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción  Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, que durante su desempeño  de Asistente del Circuito, estaba incurso en las causales de amonestación,  conforme a lo dispuesto en los literales “a” y “c” del artículo 40, así como de  suspensión del cargo, prevista en el literal “b” del artíc ulo 42, del Estatuto del  Personal Judicial. Siendo la decisión del acto administrativo la siguiente: 
  PRIMERO: ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD al ciudadano RAUL  GUILLERMO BRITO CODALLO, titular de la cédula de identidad N° 14.009.533,  en su condición de Asistente de Tribunal, adscrito al Circuito Judicial Laboral del  Estado Zulia, EN RELACION A LA SUSPENSION DEL EMPLEO, CONTENIDA  EN EL ARTICULO 42 DEL ESTATUTO DEL PERSONAL JUDICIAL, todo en el  procedimiento disciplinario iniciado relativo a “Amonestación” y “Sus pensión  del Empleo” en el presente procedimiento administrativo que se ha instruido.   
  SEGUNDO: SE AMONESTA AL CIUDADANO RAUL GUILLERMO BRITO  CODALLO, EN VIRTUD DE HABER INCURRIDO EN LA CAUSAL  CONTENIDA EN EL LITERAL “C” DEL ARTICULO 40 DEL ESTATUTO DEL  PER SONAL JUDICIAL, REFERIDA A “…INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO  DE TRABAJO O AUSENTARSE DE LAS LABORES DURANTE LA JORNADA  DE TRABAJO, SIN QUE MEDIE CAUSA JUSTIFICADA O EL PERMISO DEL  SUPERIOR CORRESPONDIENTE…”. QUE QUEDE ASI ENTENDIDO. (Acto  administrativo de fecha 26 de julio de 2010) 
  Cuando examinamos lo anterior a luz del Estatuto del Personal Judicial,  concluimos que la Coordinadora del Trabajo de la Circunscripción Judicial  del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, utilizó un solo procedimiento para  sancionar dos (2) supuestos diferentes a un asistente de tribunales, cuando el  mismo Estatuto prevé el procedimiento para amonestaciones escritas y el de  suspensión de cargo de un funcionario judicial (se tramita por el  procedimiento previsto para la destitución consagrado en el artículo 45), es 
  <sub>42  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   decir, son dos procedimientos distintos y en caso de existir acumulación de  causa debe hacerse la acotación en el procedimiento para así garantizarle y  dar a conocer al investigado los lapsos con que cuenta para su defensa,  otorgándose el que mejor le garantice el derecho a la defensa y al debido  proceso.  También se trae a colación una sentencia, la N° 2010-577 de fecha 4 de  mayo de 2010, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso  Administrativo, caso: Susan Noraima Gámez, que llama la atención por su  contenido. La funcionaria judicial mencionada fue objeto de amonestación  escrita conforme al Estatuto del Personal Judicial y la Ley del Estatuto de la  Función Pública, y al respecto la Corte declaró lo siguiente: 
  Asimismo, el que se haya sustanciado el procedimiento administrativo de  amonestación de conformidad con lo establecido en la Ley del Estatuto de la  Función Pública y no por lo preceptuado en el Estatuto del Personal del Poder  Judicial en nada modificó el sustrato material por el cual se originó la  averiguación administrativa. De igual forma, la aplicación de las normas  procedimentales formuladas en cualquiera de los dos (2) instrumentos legales  antes aludidos no disminuyeron las garantías de defensa del recurrente, puesto  que ésta -como se elucidó anteriormente- participó activamente a lo largo del  procedimiento administrativo. Además es oportuno apuntar como colofón de lo  anterior que, siendo la finalidad perseguida por las normas procedimentales el  garantizar al administrado la preservación de sus oportunidades de defensa  dentro del procedimiento administrativo instaurado en su contra, mal podría  hablarse de una violación del derecho a la defensa y al debido proceso.  
  La principal crítica a la sentencia es que la Corte Segunda de lo  Contencioso Administrativo no puede suplir las omisiones legales o legislar  en materias que el legislador no ha realizado ningún tipo de cambio, pues esto  lleva a arbitrariedades por parte de las autoridades encargadas de sancionar  al personal bajo su cargo.   Esto no significa que no se pueda aplicar supletoriamente la Ley del  Estatuto de la Función Pública al Estatuto del Personal Judicial, pero no puede  darse al funcionario que lleva adelante el procedimiento la potestad de  escoger entre cuerpos normativos aplicables cuando hay un Estatuto  específico sobre la materia, ni darle libertad según lo que considere de aplicar  cómo quiera estas normas, en unos casos los de una ley y en otros, los de la  otra.   Al sancionar a un funcionario disciplinariamente, se debe tomar muy en  cuenta el enunciado del artículo 49 de la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela, al momento de tramitar procedimientos  constitutivos de primer grado, pues existe la obligación de garantizar en sede  administrativa que se aplique el procedimiento legalmente establecido para 
  <sub>43  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>  
  imponer la sanción al funcionario, en el entendido que si es un funcionario  judicial debe aplicarse el Estatuto del Personal Judicial, por ser la normativa  que los regula, es por ello, que la prescindencia total del procedimiento  correspondiente, la simple omisión, retardo o distorsión de alguno de los  trámites o plazos que forman parte del procedimiento que se trate, acarrean,  la nulidad absoluta del acto conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del  artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En este  punto, tanto la doctrina administrativista como la jurisprudencia contencioso  administrativa han sido contestes en considerar que cuando se prescinde de  principios y reglas esenciales para la formación de la voluntad administrativa  o se obvian fases del procedimiento que constituyan garantías esenciales del  administrado (principio de esencialidad), el acto administrativo dictado  estará viciado de nulidad absoluta.  
  En atención a lo anterior, podemos concluir que la sentencia de la Corte 
  Segunda de lo Contencioso Administrativo se aparta de la doctrina y de la  jurisprudencia que se ha venido manteniendo dentro de la Jurisdicción  contencioso administrativa, en virtud de la vulneración del principio de  legalidad administrativa, que implica que el acto administrativo debe estar  supeditado a la existencia previa de una norma atributiva de competencia y  al cumplimiento por parte de la Administración del trámite regulado en una  norma preexistente. Es evidente que el procedimiento para imponer  amonestaciones escritas requiere de una modificación o reforma donde se  incluyan los lapsos de manera taxativa, que la tramitación y que la  culminación del procedimiento corresponda al departamento de recursos  humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, para garantizar el  principio de imparcialidad al momento de imponer o no la sanción, quedando  en manos de los Jefes de Despacho sólo realizar la solicitud para el inicio del  procedimiento, pero no por ello se puede afirmar como lo hace la Corte  Segunda que da igual qué procedimiento o ley se aplica .  
  Procedimiento para suspensiones y destituciones : El segundo procedimiento 
  previsto en el artículo 45 aplicable al personal judicial que incurra en faltas  que ameriten suspensión o destitución del cargo es el siguiente: el Jefe del  Despacho inicia la investigación, notifica al empleado quien tiene un lapso de  diez (10) días hábiles a partir de su notificación para contestar; en su  contestación puede exponer las razones en que fundamenta su defensa, se le  concede un lapso de ocho (8) días laborales para la promoción y evacuación  de pruebas, concluido el lapso probatorio el Jefe del Despacho dicta una  resolución motivada declarando la absolución o imposición de la sanción.  Todas las actuaciones deben estar en un expediente debidamente foliado. 
   En este procedimiento aun cuando se le garantiza el derecho a la defensa  y al debido proceso al funcionario investigado (los principios de legalidad,  acceso a las pruebas y disposición de los medios adecuados para la defensa: 
  <sub>44  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   contradictorio, tipicidad de las sanciones, proporcionalidad y presunción de  inocencia), es de advertir que al tener la competencia el Jefe de Despacho para  imponer la sanción al funcionario judicial su decisión no podrá ser imparcial,  porque es él quien inicia y culmina el procedimiento del personal a su cargo,  vulnerándose el llamado principio de imparcialidad.   Al compararse este procedimiento con el procedimiento disciplinario de  destitución previsto en el Artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función  Pública que prevé que el funcionario de mayor jerarquía solicite a la Dirección  de Recursos Humanos el inicio de la averiguación administrativa, es más  factible que se lleve a cabo el resguardo del principio de imparcialidad.   A los fines de constatar si se cumplen los referidos principios en el  procedimiento para suspensiones y destituciones, previsto en el Estatuto del  Personal Judicial procedemos a citar un caso en particular, en que, la Corte  Segunda de lo Contencioso Administrativo, (sentencia N° 2009-769 de fecha 7  de mayo de 2009, caso Tancredo Barradas Vs Dirección Ejecutiva de la  Magistratura), señaló lo siguiente: 
  …repara esta  Instancia Jurisdiccional que el ciudadano Tancredo Barradas  – parte  actora- se desempeñaba como Asistente de Tribunal en la Sala de Juicio Nº 1 del  Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropolitana de  Caracas, por lo que, tratándose en el caso de marras de un funcionario judicial,  el régimen aplicable es el previsto en el Estatuto del Personal Judicial publicado  en la Gaceta Oficial Nº 34.439 de fecha 29 de marzo de 1990  – como fue argüido  por el recurrente. 
  …omissis…  
  Ahora bien, apreciado lo anterior resulta oportuno en el presente caso indicar  que aun cuando la norma aplicable era la prevista en el Estatuto del Personal  Judicial como fue alegado por el recurrente y no la contenida en la Ley del  Estatuto de la Función Pública como fue fundamentado el acto administrativo  rechazado por la Administración recurrida, no impidió que el acto alcanzara su  fin por cuanto es lo reprensible del comportamiento del recurrente lo que originó  la sanción de destitución, resultando palmario de los autos que el mismo es  perfectamente subsumible en la falta disciplinaria imputada al ciudadano  Tancredo Barradas por la Administración recurrida, al haber cometido el  funcionario un hecho merecedor de su reproche, por cuanto efectivamente,  comprometió la dignidad de su cargo como Asistente de Tribunal, así como el de  la institución a la cual prestaba sus servicio. 
  …Omissis…  
  Así las cosas, esta Corte considera la posibilidad de que se aplique de manera  supletoria la Ley del Estatuto de la Función Pública al caso de marras, ya que lo  que originó que la Rectoría Civil de la Circunscripción Judicial del Área 
  <sub>45  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>  
  Metropolitana de Caracas, aplicara adjetivamente esta Ley, fue sancionar la  conducta reiterada del ciudadano Tancredo Barradas al faltar injustificadamente  a su puesto de trabajo, lo cual se encuentra comprendido de idéntica manera  tanto el supuesto de hecho como en la consecuencia jurídica de las causales de  destitución de los procedimientos preceptuados en la Ley del Estatuto de la  Función Pública y del Estatuto del Personal Judicial  – específicamente el numeral  9 del artículo 86 y el literal d del artículo 43, re spectivamente…   De la sentencia parcialmente transcrita la Corte Segunda de lo  Contencioso Administrativo debemos señalar lo siguiente:  Primero : Compartimos lo señalado por la Corte referente al régimen 
  jurídico de los funcionarios judiciales consagrado en el Estatuto del Personal  Judicial y diferimos de la aplicación supletoria de la Ley del Estatuto de la  Función Pública, por cuanto la misma Ley en su artículo 1 excluye de su  aplicación a los funcionarios públicos al servicio del poder judicial, en  consecuencia aplicar de manera supletoria las normas contenidas en el  Estatuto de la Función Pública vulnera el principio de legalidad debido que  las autoridades administrativas sólo pueden imponer sanciones aplicando  normas preexistentes, que consagren las conductas que constituyen faltas  disciplinarias y su respectiva sanción, por lo que, traer por analogía la referida  Ley está fuera de los límites del principio de legalidad siendo contradictorio  utilizar los dos cuerpos normativos para sancionar a los funcionarios  judiciales cuando su conducta se encuentre dentro de un ilícito disciplinario.  
  Segundo : Resulta contradictorio el argumento utilizado por la Corte 
  Segunda de lo Contencioso Administrativo, pues en la misma sentencia se  reconoció que el Régimen Jurídico aplicable a los funcionarios judiciales era  el previsto en el Estatuto del Personal Judicial, en tal sentido, al adoptarse un  procedimiento distinto al legalmente establecido se configura el supuesto de  nulidad absoluta del acto administrativo, previsto en el numeral 4 del artículo  19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al existir la  carencia total y absoluta de los trámites procedimentales legalmente  establecidos en el Estatuto del Personal Judicial para sancionar al personal  cuya conducta encuadre dentro de los supuestos contemplados en la norma. 
  Tercero : En materia disciplinaria no podemos afirmar que el acto alcanzó  su fin, pues ello resulta contradictorio al espíritu de las leyes emitidas por el  legislador en materia sancionatoria, quien a los fines de garantizar seguridad  jurídica a los administrados consagra procedimientos especiales que deben  ser respetados por los jueces, ya que en materia sancionatoria no existe  discrecionalidad para aplicar procedimientos diferentes a los previstos en un  cuerpo normativo existente y vigente, lo que sin duda alguna nos lleva a  concluir que la sentencia vulnera el principio de legalidad y seguridad  jurídica que es la manifestación básica del Estado de Derecho, siendo la 
  <sub>46  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   garantía de la aplicación objetiva de la ley, así lo ha señalado la jurisprudencia  de los tribunales contencioso administrativo (Sentencia n° 81 de fecha  20/03/2000, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo).  Es notorio que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se 
  extralimitó en el ejercicio de sus funciones al administrar justicia, debió  atenerse a lo alegado y probado en autos verificando la nulidad o no del acto  recurrido, esto es, si el acto se encontraba ajustado o no a derecho y si el  procedimiento aplicable era el que le correspondía según el régimen jurídico  de los funcionarios judiciales, actuando la Corte fuera de los límites que tiene  de administrador de justicia al señalar que el acto administrativo a pesar del  error en que incurrió la administración al subsumir los hechos en la causal de  destitución de las contempladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública  cumplió con el fin al cual estaba destinado que era la destitución del  funcionario por las inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo durante  (3) días en “…el transcurso de un mismo mes…”. Tal interpretación es  diferente a lo consagrado en la Ley del Estatuto de la Función Pública en su  artículo 86 numeral 9, que establece  el “… Abandono injustificado al trabajo  durante tres días hábiles dentro del lapso de treinta días continuos…”, se  observa que el lapso se refiere a días continuos que es diferente a lo previsto  en el Estatuto del Personal Judicial que son las inasistencias dentro de un mes,  que es interpretado mes calendario según el espíritu del legislador  “…Inasistencia injustificada al trabajo durante tres (3) días hábiles en un mes  o abandono del trabajo…”. En consecuencia la Corte mez cló el contenido de  ambas normativas para mantener la sanción del funcionario judicial. 
  Cuarto : Se aplicó el procedimiento disciplinario contenido en la Ley del  Estatuto de la Función Pública cuyo lapso para la promoción y evacuación de  pruebas es inferior al previsto en la normativa del Estatuto del Personal  Judicial, por lo que, existió violación del derecho a la defensa y al debido  proceso  del  funcionario  investigado,  quedando  demostradas  las 
  irregularidades en la aplicación del Estatuto del Personal Judicial en sede  administrativa y judicial en el procedimiento disciplinario para imponer la  máxima sanción que es la destitución del cargo de carrera. Asimismo  podemos afirmar que aun cuando se aplicó el procedimiento de la Ley del  Estatuto de la Función Pública, se vulneró el principio de imparcialidad, por  cuanto no fue la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de  la Magistratura la que tramitó, sustanció y decidió, sino que fue la Juez  Rectora Civil del Área Metropolitana de Caracas, quien ordenó abrir la  averiguación disciplinaria al querellante, en virtud de la solicitud formulada  por la Jueza Suplente Especial de la Sala N° 1 del Tribunal de Protección del  Niño y Adolescente, tomando la decisión de destituir al querellante con  fundamento en lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 86 de la Ley del  Estatuto de la Función Pública. 
  <sub>47  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   Procedimiento de abandono de trabajo, reincidencia y suspensión de cargos : El  tercer procedimiento se encuentra consagrado en el Parágrafo Único del  Artículo 45 del Estatuto de Personal Judicial, el cual debe ser aplicado por el  Jefe del Despacho Judicial cuando hay abandono del trabajo o se configura la  causal contenida en la letra a) del artículo 43 que dispone lo siguiente:  “…Cuando habiendo sido sancionado con  suspensión reincidiere en  cualquiera de las causales previstas en los artículos 40 y 42 de este Estatuto…”.    Igualmente se aplica este procedimiento cuando el Consejo de la  Judicatura (actualmente Dirección Ejecutiva de la Magistratura) decide  asumir el poder sancionatorio en los supuestos previstos en el Artículo 38 del  referido Estatuto que son: “…En aquellos casos en que los funcionarios  judiciales, individual o colectivamente, abandonen o dejen de asistir a sus  labores, paralicen total o parcialmente sus actividades, ocasionen perjuicio  material a la sede, al mobiliario, maquinas, herramientas y útiles de los  Despachos Judiciales, ya sea por propia iniciativa o impulsados por otras  personas, asociaciones, sindicatos o cualquier otra organización similar …”.  
  El procedimiento radica en que el órgano facultado para realizar la  sustanciación del expediente disciplinario debe notificar al funcionario  personalmente, y en su defecto, por medio de un periódico de circulación  nacional, quien debe presentar su defensa dentro del lapso de cinco (5) días  hábiles a partir de su notificación, vencido éste se abre una articulación  probatoria de cinco (5) días hábiles, posteriormente se dicta la decisión  correspondiente por parte de la Plenaria, la cual se le debe notificar al  funcionario por medio de la Dirección de Personal, indicándose que puede  ejercer el recurso de reconsideración.  
  Este último procedimiento se utiliza cuando existe abandono de trabajo,  reincidencia en las causales de suspensión de cargo o cuando la Dirección  Ejecutiva de la Magistratura realiza directamente el procedimiento al  funcionario judicial.   El Estatuto del Personal Judicial consagra un procedimiento que viene a 
  resguardar de manera explícita el principio de imparcialidad, debido que la  Dirección Ejecutiva de la Magistratura es quien lo inicia. Además, este  procedimiento establece lapsos suficientes para la defensa del funcionario  comparados con los utilizados en el Artículo 45 del referido Estatuto. Cuando  analizamos el presente procedimiento a la luz de la Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela, observamos que es similar al  procedimiento previsto en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función  Pública, que permite al funcionario investigado que se le garantice el derecho  a la defensa y al debido proceso, además de respetar el principio de legalidad  e imparcialidad.  
  <sub>48  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   Por último, debemos hacer referencia a la Sentencia de fecha 4 de 
  diciembre de 2013, dictada por la Corte Segunda (Accidental “B”) de lo  Contencioso Administrativo, quien conociendo en segunda instancia de la  querella funcionarial interpuesta por la ciudadana JANETTE DELMIRA  CÉSPES RAMIREZ, contra el acto de remoción y retiro n° 604 de fecha 7 de  diciembre de 2010, emanado de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura,  analizó la naturaleza del cargo de asistente de tribunales citando sentencias  relacionadas a los funcionarios de confianza de la Administración Pública, y  señaló que el cargo de Asistente de Tribunales es de confianza y por ende de  libre nombramiento y remoción y que no es necesario la realización de un  procedimiento administrativo para proceder a su retiro, haciendo hincapié en  que el ingreso al poder judicial fue a través de contrato y posteriormente se le  otorgó el cargo de Asistente de Tribunales fijo, sin haber realizado ni  aprobado el concurso público. 
  Antes esta situación es evidente que la Corte se aparta completamente de 
  la normativa establecida en el Estatuto del Personal Judicial, desconociendo  el Régimen Jurídico de los Funcionarios Judiciales, otorgándole una  calificación de confianza al cargo de Asistente de Tribunal, sustentándose en  los artículos 20 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, cuando es  un hecho notorio que la rama judicial no efectúa concurso público alguno para  los cargos de empleados judiciales, donde se ubican los asistentes de  tribunales, dado que su Estatuto no lo prevé como requisito, lo que hace  necesario urgentemente una reforma que se ajuste a los preceptos  constitucionales de función pública, para evitar este tipo de irregularidades  dentro del poder judicial.  
  De todo lo hasta ahora explicado queda claro que la normativa del  Estatuto del Personal Judicial no se ajusta en algunos aspectos a la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  En efecto, el Artículo 8 del Estatuto del Personal Judicial contraviene lo  dispuesto en el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela, en virtud que el ingreso al Poder Judicial para ocupar cargos de  Asistente de Tribunales, Alguaciles y personal administrativo se realiza  mediante postulación del Jefe de Despacho y no por concurso público.   El concurso público es un requisito de ingreso para ostentar la cualidad  de funcionario de carrera previsto en la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela. Se trata de un instrumento que viene a garantizar  la selección del funcionario, donde se evalúa la capacidad, experiencia,  conocimientos básicos para ocupar un determinado cargo. La importancia del  concurso público radica en que este impide que prevalezcan las  arbitrariedades y las designaciones a dedo ante el mérito. La selección del 
  <sub>49  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   personal sería más objetiva y se lograría tener sin duda un personal más  capacitado para el ejercicio de la función pública judicial.   El Artículo 15 del Estatuto del Personal Judicial contraviene el artículo  146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto  se establece en el Estatuto que la clasificación de cargos se hará mediante  Resolución que dicte el Consejo de la Judicatura, hoy Dirección Ejecutiva de  la Magistratura. Este artículo no se ajusta al precepto constitucional que  consagra que los cargos en la administración pública son de carrera y la  excepción es que sean de libre nombramiento y remoción.  Adicionalmente, el artículo 44 del Estatuto de Personal Judicial aplicable 
  a los funcionarios judiciales que incurran en faltas que ameriten amonestación  o sanción de multas, atenta contra el contenido del artículo 49 de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de no  consagrarse lapsos que garanticen el derecho a la defensa y el debido proceso  del investigado. El principio de imparcialidad no se cumple en el  procedimiento para amonestación escrita debido a que el Juez del Despacho  es el director del proceso y no actuará con objetividad frente al funcionario  investigado, contraviniendo lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo  49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  
  Conclusiones 
  1.  El Estatuto del Personal Judicial se encuentra vigente desde el 29 de  marzo de 1990, y hasta los momentos no ha sufrido ningún tipo de  modificación o cambio; aun así forma parte del régimen jurídico que  regula a la gran mayoría de los funcionarios que integran la rama  Judicial, entre ellos los Asistentes de Tribunales, Abogados Asistentes,  Archivistas, Alguaciles, Personal Administrativo, y trabajan en los  distintos tribunales de la República y en la Dirección Ejecutiva de la  Magistratura. 
  2.  Cuando se analizó la estructura normativa del Estatuto del Personal  Judicial se pudo constatar que los artículos 9, 15, 44 y 49, son contrarios  a los preceptos constitucionales en materia de función pública. Entre  ellos: 2.1.- El sistema de ingreso, el cual debería hacerse por concurso  público. 2.2.- El Estatuto no hace referencia a cuáles cargos son de carrera  y cuáles de libre nombramiento y remoción, aunque a nivel  constitucional se consagra que los cargos de la Administración pública  son de carrera y la excepción son los de libre nombramiento y remoción.  2.3.- Se vulnera el principio del debido proceso al no establecer el  Estatuto los lapsos del procedimiento para amonestación escrita. 
  3.  En la actualidad, no contar con un Estatuto de Personal actualizado a los  parámetros Constitucionales en materia de función pública judicial 
  <sub>50  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   acarrea inseguridad jurídica para los funcionarios. En este sentido, se  constata la existencia de sentencias contradictorias en la materia que  incluso contravienen el Estatuto. Se pudo observar además en las  sentencias dictadas en la Jurisdicción Contencioso Administrativa que se  imputaron sanciones disciplinarias a funcionarios judiciales de manera  incorrecta, notándose la deficiencia del Régimen Jurídico vigente.  
  4.  La importancia de tener una regulación propia para el personal  administrativo y judicial de los distintos tribunales de la República y de  la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, permitiría tener un mecanismo  objetivo y transparente de ingreso, selección, imputación de  responsabilidades  administrativas,  procedimientos  disciplinarios, 
  sanciones, derechos y deberes de los funcionarios judiciales, pues  durante la investigación se pudieron observar las deficiencias, en cuanto  a la aplicación del Estatuto del Personal Judicial, tanto en sede  administrativa como judicial, revelándose discrecionalidad al momento  de su aplicación, pues adicionalmente a lo hasta ahora indicado, ocurre  que en muchas situaciones, se mezcla tal normativa con la Ley del  Estatuto de la Función Pública sin un criterio claro de supletoriedad, lo  que conlleva a estar frente a un verdadero desconocimiento del régimen  que debe aplicarse a los funcionarios judiciales.  
  Recomendaciones 
  Se recomienda la elaboración y aprobación de un nuevo Estatuto del  Personal Judicial por parte de la Asamblea Nacional, donde se integren al  actual, los preceptos constitucionales en materia de función pública.   El nuevo Estatuto que se dicte debe regir las relaciones de empleo de los  trabajadores tribunalicios y personal administrativo adscrito a la Dirección  Ejecutiva de la Magistratura, determinándose y definiéndose las clases de  cargos, tanto de carrera como los de libre nombramiento y remoción.   Entre las principales materias que deben recogerse en la nueva 
  normativa están: objeto y ámbito de aplicación; requisitos generales de  ingreso y condiciones para ser funcionario judicial: concurso público, mérito  y capacidad; clasificación de los funcionarios judiciales y su definición;  ascensos y permanencia de los funcionarios judiciales en base a criterios de  mérito, capacidad, rendimiento, destrezas; derechos y deberes básicos de los  funcionarios judiciales; sanciones: amonestaciones escritas, suspensión de  cargo y destitución; incompatibilidades de los funcionarios judiciales;  remuneraciones, beneficios sociales y demás condiciones de trabajo; régimen  disciplinario y sus principios de legalidad, tipicidad, y proporcionalidad;  procedimientos disciplinarios para amonestaciones escritas, suspensiones del  cargo y destituciones; modos de extinción de la relación laboral. 
  <sub>51  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   Bibliografia  Doctrina   ARAGÓN R. Manuel. Estudios de Derecho Constitucional. 20  Aniversario de la Constitución Española. Madrid. Centro de Estudios  Políticos y Constitucionales, 1998.  ARAUJO J., José. Derecho Administrativo. Parte General. Caracas.  Ediciones Paredes, 2007.  CABALLERO O, Jesús. “Bases Constitucionales del derecho de la función  Pública”. Revista de Derecho Constitucional Nº 5, Caracas 2001.   GARBERI,  José:  La  aplicación  de  los  derechos  y  garantías  constitucionales a la potestad y al procedimiento administrativo sancionador.  Editorial Trivium. Madrid-España, 1989.   GARCÍA de E., Eduardo y FERNANDEZ, Tomás-R. Curso de Derecho  Administrativo. Volumen I y II. Novena Edición. Madrid. Editorial Civitas,  2004.  GARCIA LEAL, Laura. El debido proceso y la tutela judicial efectiva.  Frónesis, dic. vol.10, no.3, p.105-116. ISSN 1315-6268. 2003.  GALLARDO C., María J. Los Principios de la Potestad Sancionadora.  Teoría y Práctica. Editorial Iustel. 1era Edición enero 2008.   MARTÍNEZ L, José Antonio. La aplicación de los principios  constitucionales de fondo al sistema de infracciones y sanciones en el orden  social; en Actualidad Administrativa. Editorial. Edit. La Ley-Actualidad;  1998.  NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial  Tecnos, Segunda Edición Ampliada, Madrid, 1994.  PALOMAR Olmeda, De Miguel Pajuelo, y Dur Ventura. El Régimen  Jurídico del Personal al Servicio de la Administración de Justicia y Nueva  Oficina Judicial, Editorial Aranzadi, 2007.  RONDON, Hildelgard. Régimen Jurídico de la Carrera Administrativa.  Caracas. Venezuela. Edición Universitas, paginas 21-35, 1986.   RUIZ Ivars y MANZANA LAGUARDA. Responsabilidad Disciplinaria  de los Empleados Públicos. Comentarios, Doctrina y Jurisprudencia. Ley  7/2007 de fecha 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.  Editorial Tirant Lo Blanch.  SÁNCHEZ M, Miguel. Derecho de la Función Pública. Editorial Tecnos 
  Bibliografia  Doctrina  
  Ediciones Paredes, 2007. 
  Tecnos, Segunda Edición Ampliada, Madrid, 1994. 
  5ta edición. Madrid-Españ, 2008. 
  <sub>52  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   ____________________. Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del  Empleado Público. Editorial Lex nova. 2da edición. Madrid-España,2008.  Cuerpos normativos  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en  Gaceta Oficial Extraordinaria n° 5.453 de fecha 24 de marzo de 2000.  Estatuto de Personal Judicial vigente de fecha 02 de agosto de 1983,  publicado en la Gaceta Oficial Nº 34.432, del 29-03-1990.  Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial  n°37.522 de fecha 6 de Septiembre de 2002.  Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad,  publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº  38.773 en fecha 20 de septiembre de 2007  Contratación Colectiva 2005-2007, de los Empleados del Poder Judicial.  Celebrada el 9 de junio de 2005.  Sentencias   Sentencia N° 81 de fecha 20/03/2000, Corte Primera de lo Contencioso  Administrativo.  Sentencia Nº 469 de fecha 02 de marzo de 2000, Sala Político  Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.   Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha  21 de febrero de 2001.  Sentencia Nº 01202, dictada el 3 de octubre de 2002, Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.  Sentencia N°2009-769 de fecha 7 de mayo de 2009, Corte Segunda de lo  Contencioso Administrativo, caso Tancredo Barradas Vs Dirección Ejecutiva  de la Magistratura.  Sentencia N° 2010-577 de fecha 4 de mayo de 2010, Corte Segunda de lo  Contencioso Administrativo, caso: Susa Noraima Gámez Vs Dirección  Ejecutiva de la Magistratura.  Sentencia Nº 2010-930, de fecha 13 de octubre de 2010, Corte Primera de  lo Contencioso Administrativo, caso: Daniela Dubraska López Lugo Vs  Dirección Ejecutiva de la Magistratura.  Sentencia de fecha 29 de febrero de 2012, dictada por la Corte Segunda  de lo Contencioso Administrativo, caso: Maholi Carolina Rosales Justo Vs  Dirección Ejecutiva de la Magistratura. 
  Cuerpos normativos 
  Celebrada el 9 de junio de 2005.  Sentencias   Sentencia N° 81 de fecha 2 Administrativo.  Sentencia Nº 469 de fec Administrativa del Tribunal Sup Sentencia de la Corte Primer 21 de febrero de 2001. 
  Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.   Sentencia de la Corte Primera de lo Contencios 21 de febrero de 2001.  Sentencia Nº 01202, dictada el 3 de octubr Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 
  <sub>53  </sub> <sub>RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES </sub> <sub>–</sub> <sub> Yulimar del Carmen Gómez Muñoz</sub>   Sentencia de fecha 4 de diciembre de 2013, dictada por la Corte Segunda  (Accidental “B”) de lo C ontencioso Administrativo, caso JANETTE DELMIRA  CÉSPES RAMIREZ Vs Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
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  COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN   MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA  Mayo 2014  –  Diciembre  2016  José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón 
  SUMARIO  I. La ley del Estatuto de la Función Pública . 1. Reserva legal. A. Excepciones  al principio de la reserva legal. 2. Régimen de los funcionarios públicos bajo  la vigencia de la Ley de Carrera Administrativa. 3. Nulidades decretadas por  la Sala Constitucional. A. Nulidad de la Ley de Jubilaciones y Pensiones de  los Funcionarios o Empleados al Servicio del Poder Público del Estado  Miranda. B. Nulidad de la Reforma Parcial de la Ley de Protección Social del  Policía del Estado Aragua. 4. Dirección y gestión de la función pública. 5.  Desaplicación por control difuso. 6. Jornada de servicio de los funcionarios  adscritos al cuerpo de bomberos. 7. Vigencia de la Ley del Estatuto de la  Función Policial. 8. Suspensión cautelar de Código de Ética del Juez. 9.  Continuidad administrativa de los jueces del Tribunal Disciplinario Judicial.  10. Régimen funcionarial de la Superintendencia de las Instituciones del  Sector Bancario (SUDEBAN). 11. Inaplicabilidad del control difuso de la  constitucionalidad ejercido contra actos de rango sub legal en materia de  función pública. 12. Ámbito de aplicación. A. Competencia en materia de  conflictos surgidos entre entes de la Administración descentralizada  funcionalmente y sus funcionarios. 13. Exclusiones de la Ley del Estatuto de  la Función Pública. A. Poder Ciudadano (contralorías estadales). B. Poder  Legislativo (régimen de prestaciones sociales a diputados).  II. Funcionarios públicos . 1. Tipos: carrera y libre nombramiento y remoción.  A. Libre nombramiento y remoción. a. Funcionarios  de  confianza  B. 
  Funcionarios de carrera. C. Documentos probatorios pertinentes para la  clasificación de un cargo de confianza. 2. Diferencia entre remoción y retiro.  3. Ingreso de funcionarios a cargos de carrera sin el debido concurso. 4.  Desaplicación de normas violatorias de la carrera. 5. Empleados públicos en  condiciones irregulares o especiales (designados, contratados, temporales y  suplentes). 6. Régimen funcionarial de los jueces provisorios. 7. Régimen  funcionarial del Concejo Nacional Electoral. 8. Estabilidad de los funcionarios  ante la falta de convocatoria del concurso público. 9. Diferencia entre las  funciones de seguridad de estado y seguridad ciudadana. 10. Diferencia entre  remoción y reubicación.   III. Derechos de los funcionarios públicos . 1. Beneficio de alimentación. 2.  Derecho a la contratación colectiva en la función pública. 3. Remuneración. A.  De los concejales. B. Miembros de las juntas parroquiales. C. De los diputados.  4. Otros beneficios laborales. A. Indexación sobre prestaciones sociales. B. 
  <sub>55  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Indemnizaciones por accidentes acaecidos en la prestación del servicio. C.  Pago de intereses moratorios. D. Beneficio de alimentación. E. Bonificación de  fin de año. F. Compensación por servicio eficiente. G. Compensación por  antigüedad. 5. Pago de prestaciones sociales. A. Requisitos. 6. Derecho a  sindicarse. 7. Pago de bono vacacional y de fin de año a funcionarios de  elección popular. A. Criterio bajo la vigencia de la Ley de Emolumentos del  año 2002. 8. Vacaciones.  IV. Incompatibilidades . 1. Régimen general de las incompatibilidades.  V. Personal contratado de la Administración Pública . 1. Prohibición de  ingreso a la función pública. 2. Régimen del personal transitorio o provisional.  VI. El sistema de administración de personal . 1. Ingreso. A. Ingreso del  personal de carrera. 2. Período de prueba. 3. Restructuración. A. Deber de  motivación de los actos de destitución durante la restructuración. 4.  Reducción de personal. A. Gestiones reubicatorias. 5. Evaluación de  desempeño. 6. Remoción de funcionarios de libre nombramiento en situación  de reposo. 7. Remoción de funcionarios adscritos al Consejo Nacional  Electoral. 8. Concurso como carga de  la Administración. 9. El 
  “nombramiento” como acto creador de derechos.   VII. El retiro y el reingreso de los funcionarios públicos . 1. La renuncia  (requisitos de exteriorización). A. Necesidad probatoria cuando se alega  coacción en la renuncia. B.  Diferencia entre despido y prescindencia de  servicios. 2. Naturaleza de la remoción. 3. Delegación de competencias para  retirar funcionarios de la función pública.  VIII. Las situaciones activas de los funcionarios públicos . 1. Permisos y  licencias. A. Permisos en caso de enfermedad. 2. Suspensión sin goce de  sueldo.  3. Fuero sindical. 4. Improcedencia de la evaluación de desempeño de  personal docente jubilado.  IX. Las situaciones pasivas de los funcionarios públicos . 1. La jubilación. A.  Régimen de jubilación. a. Reserva legal. b. Jubilación de funcionarios del  CICPC. c. Jubilación del personal docente. B. Ajuste de la pensión de  jubilación. C. Potestad normativa sobre el estatuto de jubilaciones. D.  Jubilación de funcionarios adscritos a órganos con autonomía funcional. E.  Jubilación y derecho sancionatorio en materia de función pública. F.  Conceptos integrantes de la pensión. G. Competencia para la fijación de  regímenes de jubilación por vía reglamentaria. H. Exclusión de los docentes  del régimen de jubilación contenido en la normativa general. I. Contratación  colectiva en materia de jubilaciones. J. Pensión de sobreviviente a familiares  cuya filiación se determine  post mortem . K. Concepto prima de antigüedad en  materia de jubilación. L. Jubilaciones especiales. M. Base de cómputo de la  pensión. N. Desaplicación por control difuso de la Ley del Estatuto sobre el  Régimen de Jubilaciones y Pensiones. 2. Reducción de personal. A. Régimen  normativo del proceso de reducción de personal. B. Reducción de personal de  institutos autónomos. C. Contenido del acto de retiro en sede de reducción de 
  <sub>56  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  personal. 3. Pensión de invalidez. 4. Gestiones reubicatorias. 5. Otras  situaciones. A. Pensión de sobreviviente. 6. Comisión de servicio. 7. Supresión  de órganos. 8. Inaplicabilidad de la contratación colectiva a funcionarios de  alto nivel. 9. Reducción del sueldo por incapacidad.  X. Protección a la maternidad y paternidad en la función pública . 1.  Contenido y alcance. 2. Objeto protegido.   3. Eficacia de los actos dictados en  contravención al fuero. 4. Órgano competente para la determinación de la  existencia de fuero. 5. Nacimiento de un segundo hijo antes de cesar el fuero  correspondiente al primero..  XI. Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos . 1. Régimen  de responsabilidad. 2. Causales de destitución. A. Falta de probidad. a.  Régimen general. b. En la función policial. B. Abandono injustificado del  servicio.  C.  Insubordinación.  D.  Inasistencias  injustificadas.  E. 
  Incumplimiento de los deberes inherentes al cargo. F. Desobediencia de  órdenes e instrucciones del supervisor inmediato. G. Vías de hecho e injurias.  H. Incumplimiento del horario de trabajo. I. Actos lesivos al buen nombre del  órgano o ente de la Administración. 3. Prescripción de las faltas disciplinarias.  4. Diferencia entre validez y eficacia de los actos administrativos. 5. Potestad  disciplinaria de la administración pública. A. Sobre los funcionarios  judiciales. B. Sobre los funcionarios policiales. a. La intervención temprana  en el procedimiento administrativo disciplinario. b. Medidas de asistencia  voluntaria u obligatoria. c. Insubordinación y presunción de inocencia. C.  Destitución de funcionarios de libre nombramiento y remoción. D.  Competencia para la destitución de funcionarios adscritos a cuerpos de  bomberos. E.  Competencia para la remoción de funcionarios adscritos a 
  órganos en supresión. 6. Derecho sancionatorio y derecho penal. 7. Dirección  y gestión de la función pública. A. Nivel municipal. B. Nivel estadal. C.  Institutos autónomos. 8. Prescripción de las faltas administrativas. 9.  Autonomía de la responsabilidad disciplinaria frente a la responsabilidad  penal. 10. Regímenes especiales de responsabilidad disciplinarias. A. Sobre  los funcionarios policiales. B. Sobre los jueces. 11. Autonomía de los distintos  tipos de responsabilidades. 12. Responsabilidad administrativa de los  funcionarios públicos. 13. Acto de destitución contenido y alcance.   14.  Extensión procedimental de la presunción de inocencia.  XII. Procedimiento administrativo disciplinario . 1. La presunción de  inocencia en los procedimientos administrativos sancionatorios. 2. Opinión de  la consultoría jurídica en el procedimiento administrativo disciplinario. 3. El  expediente administrativo. 4. Procedimiento aplicable al caso de los  funcionarios policiales. 5. Presunción de inocencia en las etapas iniciales del  procedimiento. 6. Procedimiento administrativo como garantía del derecho a  la defensa. 7. Dilación indebida del procedimiento administrativo. 8. Carga de  la prueba en materia sancionatoria. 9. Debido proceso. 10. Principio de  proporcionalidad. 11. Principio de unidad del expediente. 12. Derecho a la 
  <sub>57  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  jubilación o invalidez durante el procedimiento administrativo de  destitución. 13. Diferencia entre el procedimiento administrativo disciplinario  y el procedimiento de desafuero. 14. Derecho a la jubilación o invalidez sobre  los demás actos de egreso. 15. La notificación defectuosa y su convalidación.  16. Naturaleza no sancionatoria de la remoción. 17. Diferencia entre  expediente administrativo y expediente disciplinario.   18. Derecho a la defensa  y acceso al expediente disciplinario.   XIII. El acto administrativo en materia de función pública . 1. Vicios. A.  Incompetencia. a. Incompetencia (tipos). b. Incompetencia subjetiva del  jerarca (deber de inhibición). B. Desproporcionalidad de la sanción. C.  Desviación de poder. D. Falso supuesto de hecho. E. Vicios en la notificación.  F. Indefensión. G. Abuso de poder. 2. Diferencia entre validez y eficacia de los  actos administrativos. 3. Consecuencias de la absolución penal cuando en ella  se fundamenta la causal de destitución. 4. Potestad de autotutela. 5. La  notificación. 6. Requisitos del acto administrativo. 7. Naturaleza del acto de  remoción de jueces provisionales.   8. Indemnización de daños ocasionados por  actos administrativos viciados de nulidad.  XIV. El contencioso administrativo funcionarial.  1. Competencia de los  tribunales funcionariales. A. Competencia para el conocimiento de las  querellas relativas a los funcionarios públicos adscritos a los cuerpos de  seguridad ciudadana. B. Competencia territorial para el conocimiento de  la  querellas. C. Competencia para el conocimiento de la pretensión de nulidad  de actos administrativos de efectos generales en la función pública. D.  Competencia en materia de fuerza armada nacional. E. Juez natural. F.  Docentes universitarios. 2. La querella. A. Lapso de interposición de la  querella. a. Pretensiones indemnizatorias derivadas de la LOPCYMAT. b.  Pretensiones relativas a ajuste jubilación. c. Pretensiones de tracto sucesivo  incoadas por funcionarios activos. B. Requisitos para su interposición. C.  Acumulación de pretensiones excluyentes o incompatibles. D. Pretensiones  relativas a vías de hecho en la función pública. E. Litisconsorcio. F. Pérdida  del interés. G. Desistimiento. H. Conceptos excluidos si no forman parte del  petitorio. I. Falta de consignación de documentos fundamentales. J. Control  de vías de hecho. K. Escrito de reformulación y principio  pro actione . L.  Consulta obligatoria. M. Consulta obligatoria de sentencias contra el Distrito  Metropolitano de Caracas. N. Causales de inadmisibilidad. a. Ausencia de  documentos fundamentales. O. Inaplicabilidad del agotamiento del antejuicio  administrativo en el contencioso administrativo funcionarial. P. Acumulación  de pretensiones excluyentes o incompatibles. 3. Improcedencia de la consulta  obligatoria en las querellas contra los municipios. 4. Efectos de la sentencia.  A. Pago de intereses moratorios. B. Computo temporal del efecto  indemnizatorio. 5. Agotamiento de la vía administrativa. 6. El recurso de  apelación en el contencioso administrativo funcionarial. 7. Pretensiones  deducidas por funcionarios en retiro. 8. Las medidas cautelares en la función 
  <sub>58  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   pública. 9. Efecto procesal de la notificación defectuosa. 10.  Ineficacia  del 
  recurso de apelación ejercido contra declinatoria de competencia. 11.  Pretensiones. A. Indexación. B. Naturaleza indemnizatoria de los sueldos  dejados de percibir.   XV. XV. El amparo constitucional en materia de función pública.  1.  Competencia. 2. Idoneidad de la querella funcionarial frente al amparo  constitucional autónomo. 3. Tutela cautelar en la función pública. 4. Tutela  cautelar en materia de fuero maternal. 5. Tutela cautelar en materia de fuero  paternal. 6. Inaplicabilidad del criterio residual en materia de amparo  constitucional contra órganos descentralizados. 7. Interposición del amparo  vía correo electrónico. 8. La caducidad en materia de amparo cautelar. 
  I.  LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
  1.   RESERVA LEGAL  
  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  16 de julio de 2014.  Expediente Nro.: 14-0434.  Sentencia Nro.: 843.  Caso: Leyda Josefina Medina.  Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón. 
  Ahora bien, en el presente caso, la solicitante fue removida por la  Administración Municipal de su cargo de funcionaria pública con  fundamento en una ordenanza municipal que establecía que el cargo que  desempeñaba era de libre remoción y dado que, de conformidad con el  criterio sentado por esta Sala, producto de una interpretación directa de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la legislación en  materia de función pública es objeto de reserva del legislador nacional, al estar  sustentado el acto administrativo considerado válido por la decisión judicial  objeto de revisión en una norma inconstitucional, por violar la reserva legal  establecida constitucionalmente a la República en materia funcionarial,  estando vedado al legislador municipal dictar ordenanzas en dicha materia,  debía por tanto la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo decidir  con apego a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, no  siendo admisible la fundamentación del acto en disposiciones de una  ordenanza municipal. 
  En virtud de lo anterior, es imperioso para esta Sala declarar ha lugar la  solicitud de revisión, en tanto que en el fallo revisado se hace una  interpretación contraria a lo previsto en la Constitución de la República en  cuanto a la reserva legal en materia de legislación funcionarial y a la  jurisprudencia de esta Sala, razón por la cual se anula la sentencia N° 2014- 0326 dictada, el 6 de marzo de 2014, por la Corte Primera de lo Contencioso 
  <sub>59  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Administrativo. En consecuencia, se ordena a la Corte Segunda de lo  Contencioso Administrativo que se pronuncie sobre el recurso de apelación  intentado por el síndico procurador del municipio El Hatillo del estado  Miranda, contra la sentencia dictada, el 27 de octubre de 2004, por el Juzgado  Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región  Capital, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el presente fallo.  Así se decide. 
  A.  EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE LA RESERVA LEGAL 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  13 de agosto de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2004-001660.  Sentencia Nro.: 2015-0787.  Caso: Hildegard Zerpa vs. Consejo Nacional Electoral.  Ponente: Alexis Crespo Daza. 
  En esta oportunidad, considera pertinente esta Corte distinguir que el artículo  294 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece  que el Poder Electoral se rige por los principios de independencia orgánica,  autonomía funcional y presupuestaria; siendo, entonces que en el ejercicio de  esa autonomía funcional y orgánica el Consejo Nacional Electoral puede  dictar su propio estatuto de personal sin violentar el principio de la reserva  legal.  2.  RÉGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS BAJO LA  VIGENCIA DE LA LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  11 de febrero de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2012-000657.  Sentencia Nro.: 2016-0082.  Caso: Ramón Thomás Lares Chirinos vs. Instituto Autónomo de Policía del  estado Anzoátegui.  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  En este sentido, tenemos que la Ley de Carrera Administrativa (normativa  aplicable ratione temporis) estableció dos categorías de funcionarios públicos,  los funcionarios de carrera y funcionarios de libre nombramiento y remoción.   Antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana  de Venezuela en 1999, que elevó a rango constitucional el aprobar el concurso  público de oposición como requisito indispensable para ingresar a la  Administración Pública en condición de funcionario de carrera, la  jurisprudencia pacífica y reiterada estableció que los funcionarios al servicio  de la Administración Pública, para adquirir la condición o el “status” de  carrera según la derogada Ley de Carrera Administrativa, debían reunir los 
  <sub>60  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   siguientes requisitos: i) nombramiento; ii) cumplimiento de previsiones  legales específicas, entre las cuales se encuentra el concurso; y, iii) prestar  servicios de carácter permanente.   Al respecto, es necesario precisar que: i) El nombramiento establecido en la  Ley de Carrera Administrativa en su artículo 36, requería que la relación del  funcionario con la Administración derivara de un acto unilateral de  naturaleza constitutiva, que confiriera al sujeto la condición de funcionario.  Dicho nombramiento no tenía carácter discrecional para la Administración  Pública, sino que, de conformidad con el artículo 35 eiusdem, era  necesariamente el resultado de un procedimiento llamado concurso.  
  Ello así, los nombramientos podían ser de diversas clases, a saber, ordinarios,  provisionales e interinos; siendo los nombramientos provisionales, los que se  producían en los supuestos de inexistencia de candidatos elegibles y estaban  sujetos a determinadas condiciones como que en el mismo nombramiento se  hiciera constar el carácter provisorio y que éste fuera ratificado o revocado en  un plazo no mayor de seis meses, previo examen correspondiente.  Igualmente, dicha Ley preveía que las personas que ingresaran a la carrera  administrativa quedaban sujetas a un período de prueba en las condiciones  previstas en el Reglamento General de dicha Ley.  
  ii) En lo que respecta al cumplimiento de previsiones legales específicas o  elementos que determinan la condición de funcionario de carrera, los mismos  se encontraban plasmados en los artículos 34 y 35 de la Ley de Carrera  Administrativa, contemplando este último la realización de concursos para la  provisión de los cargos, la publicidad de éstos y la concurrencia de los  requisitos previstos en el artículo 34 de dicha Ley, así como también los  establecidos en las especificaciones del cargo correspondiente.  
  iii) Prestar servicios de carácter permanente, es decir, que tal servicio fuera  prestado de forma continua, constante e ininterrumpidamente; siendo este el  tercero de los elementos integrantes de la condición o cualidad de funcionario  de carrera.   3.  NULIDADES  DECRETADAS  POR  LA  SALA  CONSTITUCIONAL  A.  NULIDAD DE LA LEY DE JUBILACIONES Y PENSIONES  DE LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS AL SERVICIO  DEL PODER PÚBLICO DEL ESTADO MIRANDA 
  CONSTITUCIONAL 
  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  11 de Marzo de 2015.  Expediente Nro.: 11-1089.  Sentencia Nro.: 195.  Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón. 
  <sub>61  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  En torno a estas disposiciones la Sala en sentencia N° 359 del 11 de mayo de  2000 (caso: Jesús María  Cordero Giust), indicó que: “(…) a la Asamblea  Nacional en representación del Poder Nacional, le corresponde la potestad de  legislar en materia de previsión y seguridad social, uno de cuyos aspectos es  la jubilación del funcionario público. Y sobre esta base, las jubilaciones y  pensiones de los funcionarios y empleados públicos, sean estos funcionarios  de carrera o de elección; pertenecientes bien al Poder Ejecutivo, Legislativo,  Judicial, Ciudadano o Electoral, forman parte de los sistemas de previsión y  seguridad social, materia esta sobre la cual la Asamblea Nacional tiene  potestad exclusiva de legislar por disposición expresa de las normas  constitucionales señaladas...”.  
  Asimismo, este órgano jurisdiccional en sentencia N° 1.415, del 10 de julio de  2007 (caso: Luis Beltrán Aguilera), precisó que en las normas constitucionales  recogidas en los artículos 86, 147, 156 cardinales 22 y 32, y 187 de la Carta  Magna, el Constituyente reafirmó “(…) su intención de unificar el régimen de  jubilaciones y pensiones, no sólo de funcionarios y empleados de la  Administración Nacional, sino de las demás personas públicas territoriales,  como los Estados y los Municipios”; por ello, reservó al Poder Público  Nacional la regulación del régimen y organización del sistema de seguridad  social (artículo 156 cardinales 22 y 32), correspondiéndole a la Asamblea  Nacional (artículo 187) normar dicha materia. 
  En virtud de las anteriores consideraciones de las cuales es evidencia la   incuestionable intención del Constituyente de excluir de la autonomía de los  entes descentralizados territorialmente, el régimen de seguridad social,  jubilaciones y pensiones de los empleados públicos (sin menoscabo del  principio de colaboración reglamentaria. Vid. Sentencia N° 433 del 25 de  marzo de 2008, caso: Bernardo Domingo Huisse Blanco), esta Sala, declara con  lugar el recurso de nulidad de la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los  Funcionarios o Empleados al Servicio del Poder Público del Estado Miranda,  y en consecuencia nulo ese texto normativo; y así se decide. 
  B.  NULIDAD DE LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE  PROTECCIÓN SOCIAL DEL POLICÍA DEL ESTADO  ARAGUA 
  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  19 de Marzo de 2015.  Expediente Nro.: 13-1171.  Sentencia Nro.: 302.  Caso: Pablo Alberto Verastegui.  Ponente: Juan José Mendoza Jover. 
  Asimismo, del análisis de las normas constitucionales antes transcritas, se  evidencia que la intención del Constituyente fue la de otorgar al Poder 
  <sub>62  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Legislativo Nacional, la potestad exclusiva de legislar sobre todos los aspectos  relacionados con la materia laboral, de previsión y seguridad social,  incluyendo dentro de éstos, los beneficios de la jubilación y la pensión de los  funcionarios públicos. 
  (…omissis…)  
  Asimismo, se desprende del artículo 1 de la Reforma Parcial de la Ley de  Protección Social del Policía del Estado Aragua, que el objeto de la misma es  la consagración de un sistema de seguridad social para los funcionarios  policiales adscritos al Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado  Aragua. Dicha norma  señala que: “Esta Ley establece el régimen de seguridad  social de los funcionarios policiales pertenecientes al Cuerpo de Seguridad y  Orden Público del Estado Aragua”.  
  Del análisis de la norma transcrita, se evidencia que el órgano legislativo  estadal dictó una Ley que tiene como objeto la regulación de aspectos  referentes a la materia de seguridad social, cuya potestad exclusiva de legislar  sobre dicha materia corresponde de manera expresa al Poder Legislativo  Nacional, resultando en consecuencia, que el Consejo Legislativo del Estado  Aragua invadió el ámbito de competencias del Poder Legislativo Nacional,  incurriendo así en una evidente usurpación de funciones, vicio que conlleva  la nulidad absoluta de tal actuación, tal como lo establece el artículo 138 de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala: “Artículo  138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.”  
  4.  DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  12 de Mayo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2009-000576.  Sentencia Nro.: 2015-0351.  Caso: Keyla Beatriz Colmenares Salgado vs. Ministerio Del Trabajo, Hoy  Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño. 
  Ahora bien, observa esta Corte que el artículos 5 de la Ley del Estatuto de la  Función Pública establecen de manera clara quienes son los encargados de la  gestión en materia de función pública y los competentes para decidir la  destitución de los funcionarios, señalando lo siguiente:  
  (…omissis…)  
  Del artículo anteriormente transcrito, se deduce la competencia de gestión de  la función pública corresponderá a todos los funcionarios del Estado, tales  como, los Ministros de cada despacho, a los fines de la practicidad o  materialización de dicha gestión. 
  <sub>63  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Asimismo, es necesario tomar en cuenta lo dispuesto en los artículos 62 y 63  de la Ley Orgánica de la Administración Pública:  
  (…omissis…)  
  De los artículos citados, se corrobora que la suprema dirección de los  ministerios corresponde a los ministros o ministras, además es de resaltar que  las resoluciones ministeriales deben contar con la revisión, evaluación y  aprobación de los denominados gabinetes ministeriales los cuales están  conformados por el ministro o ministra y sus respectivos viceministros o  viceministras.  
  No obstante lo anterior, debe aclarar esta Corte que lo anteriormente dicho no  implica que las resoluciones ministeriales deben ser suscritas conjuntamente  por el gabinete ministerial, como erróneamente alega la acciónate en su  querella, pues como se ha determinado a este corresponde solo su revisión,  evaluación y aprobación.  
  Igualmente, debe ratificarse que la suprema dirección del ministerio  corresponde al ministro o ministra como máximo jerarca y esto puede  observarse de las atribuciones otorgadas en el artículo 76 eiusdem, de las  cuales destacan entre otras: “…1. Dirigir la formulación, el seguimiento y la  evaluación de las políticas sectoriales que les correspondan, de conformidad  con el decreto presidencial que determine el número y la competencia de los  ministerios y con el reglamento orgánico respectivo. 2. Orientar, dirigir,  coordinar, supervisar y controlar las actividades del ministerio, sin perjuicio  de las atribuciones que, sobre control externo, la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela y las leyes confieren a los órganos de la función  contralora. 3. Representar política y administrativamente al ministerio. (…)  11. Ejercer la superior administración, dirección, inspección y resguardo de  los servicios, bienes y ramos de renta del ministerio. (…) 18. Suscribir los actos  y correspondencias del despacho a su cargo. 19. Resolver los recursos  administrativos que les corresponda conocer y decidir de conformidad con la  ley…”  
  De modo que, evidenciado lo anterior no puede esta Corte sino desechar el  alegato de incompetencia formulado por la recurrente. Así se decide.   5.  DESAPLICACIÓN POR CONTROL DIFUSO 
  Sala Constitucional Tribunal Supremo de Justicia.  27 de octubre de 2015.  Expediente Nro.: 15-0807.  Sentencia Nro.: 1289.  Caso: Desaplicación del artículo 60 del Reglamento de Personal y Régimen  Disciplinario de Personal del Instituto Autónomo de Policía del Estado  Miranda. 
  <sub>64  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Ponente: Francisco Antonio Carrasquero López. 
  Ello así, del análisis del artículo 60 del Reglamento de Personal y Régimen  Disciplinario de Personal del Instituto Autónomo de Policía del Estado  Miranda, se  observa claramente como esta norma excluye la participación del  funcionario investigado en el procedimiento de primer grado, por cuanto  dispone que solo tendrá acceso al legajo una vez que sea notificado del acto  de destitución.  
  Tal situación, imposibilita la participación del investigado en el  procedimiento constitutivo del acto y, en consecuencia, hace nugatorio el  derecho a la notificación, el derecho a ser oído y, por tanto, la posibilidad de  alegar lo que a bien tenga en favor de su situación jurídica, la posibilidad de  realizar actividad probatoria, la presunción de inocencia y, en general, todos  los elementos integrantes del derecho al debido proceso y, dentro de éste, del  derecho a la defensa en todo estado y grado de la investigación.  6.  JORNADA DE SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS ADSCRITOS  AL CUERPO DE BOMBEROS 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  20 de octubre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2008-001646.  Sentencia Nro.: 2015-0946.  Caso: Carlos Arrieche vs. Municipio Iribarren del Estado Lara.  Ponente: Alexis Crespo Daza. 
  Asimismo, aprecia esta Corte que dichos Cuerpos de Bomberos, prestan su  servicio personal en jornadas y horarios que varían constantemente,  retirándose de lo establecido en un régimen de trabajo ordinario, razón por la  cual en muchas oportunidades tiene que llevar a cabo su actividad como  bombero en jornadas los fines de semana, es decir los sábados y domingos,  así como también durante la noche, y siendo que dichos funcionarios  públicos, no prestan sus labores dentro de un régimen de trabajo ordinario en  virtud de la funciones que realizan no admiten interrupción, conforme el  ordenamiento administrativo y laboral, por lo que, se ajustan a un sistema de  guardias que garantiza su efectivo descanso semanal, sin que necesariamente  éste sea el día sábado o el domingo.  
  …quienes desempeñan la labor de Bombero, prestan su servicio personal en  jornadas y horarios que varían constantemente, retirándose de lo establecido  en un régimen de trabajo ordinario, razón por la cual en muchas  oportunidades tiene que llevar a cabo su actividad como bombero en jornadas  los fines de semana, es decir los sábados y domingos así como también  durante la noche, por lo que concluye la Corte que el querellante se encuentra  dentro de las excepciones previstas en los artículos 212 y 213 de la derogada 
  <sub>65  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Ley Orgánica del Trabajo, aplicable en razón del tiempo, y 114 de su  Reglamento, por tratarse de una actividad continua que no es susceptible de  interrupción.  7.  VIGENCIA DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN  POLICIAL   Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  21 de enero de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-000739.  Sentencia Nro.: 2016-0007.  Caso: Williams Pérez vs. Policial del Municipio Plaza del Estado Miranda.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito. 
  No obstante, con el transcurso del tiempo, dada la evolución y progreso de  los principios y necesidades sociales, y en virtud a la planificación y políticas  de Estado, se tiene que los cuerpos policiales han sufrido modificaciones en  cuanto a la organización administrativa se refiere, todo ello en pro de mejorar  y satisfacer las necesidades a nivel de seguridad del colectivo, palpando así  una verdadera realidad social, lo cual conllevó a la promulgación de la Ley  del Estatuto de la Función Policial y la Ley Orgánica del Servicio de Policía y  del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, las cuales regulan, tramitan y  resuelven todos y cada uno de los aspectos administrativos fundamentales  para el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios y  funcionarias adscritos en la actualidad tanto a la Policía Nacional Bolivariana  como a todos aquellos cuerpos policiales que en principio dependan de ella a  nivel estadal y municipal.  
  Aunado a ello, se advierte que en virtud que los funcionarios y funcionarias  policiales que deseen ser parte o que deseen mantenerse en el desempeño de  sus funciones en los diversos cuerpos policiales de seguridad nacional, estadal  y municipal, deberán cumplir con los requisitos que por mandato legal les  corresponden a todo los cuerpos policiales, siendo éstos los nuevos  lineamientos requeridos para el pleno funcionamiento y desenvolvimiento  policial, dado que con la promulgación de las aludidas normas, se establecen  los requisitos y/o lineamientos nuevos que coadyuvan a depurar el sistema de  seguridad en pro de garantizar la seguridad ciudadana, prevaleciendo en  todo momento el interés general y colectivo sobre el interés particular.  
  8.  SUSPENSIÓN CAUTELAR DE CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ 
  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  4 de febrero de 2016.  Expediente Nro.: 09-1038.  Sentencia Nro.: 06. 
  <sub>66  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Caso: Acción de Nulidad contra el Código de Ética del Juez Venezolano y  Jueza Venezolana.  Ponente: Carmen Zuleta de Merchán. 
  Ello así, siendo que ambas disposiciones mantienen la aplicabilidad del  régimen disciplinario contenido en el nuevo Código de Ética en comento a los  Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia; esta Sala  Constitucional, con fundamento en la sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013,  ratifica la necesidad de suspender de oficio y cautelarmente, hasta tanto se  dicte sentencia respecto del mérito de la presente demanda de nulidad, el  único aparte del artículo 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza  Venezolana publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de  diciembre de 2015). Así se decide. 
  (…Omissis…)  
  En tal sentido, el novísimo Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza  Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de  diciembre de 2015, omitió igualmente hacer referencia a la Inspectoría General  de Tribunales en tanto único órgano instructor disciplinario; de modo que a  fin de preservar la competencia que le fue asignada al Tribunal Supremo de  Justicia en el artículo 267 constitucional, la cual ejerce a través de la Inspectoría  General de Tribunales, ratifica la medida cautelar innominada dictada en la  sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013 y su aclaratoria 
  (…Omissis…)  
  Asimismo, se mantiene suspendido el segundo párrafo del artículo 35 y los  cardinales 2, 3, 5, 7 y 8 del artículo 37 (relativos a la competencia de la Oficina  de Sustanciación para realizar  la “investigación preliminar”), todos del  Reglamento Orgánico y Funcional de la Jurisdicción Disciplinaria y Judicial,  publicado en la Gaceta Oficial N° 39.750 del 5 de septiembre de 2011; y el  Manual de Normas y Procedimientos para la Oficina de Sustanciación,  publicado en la Gaceta Oficial N° 39.797 del 10 de noviembre de 2011. 
  Vista la declaratoria anterior, las denuncias que cursen ante la Inspectoría  General de Tribunales, continuarán su curso para el esclarecimiento de los  hechos según las competencias aquí asignadas, hasta que se dicte el acto  conclusivo correspondiente dentro del lapso previsto en su artículo 67 del  nuevo Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, lapso éste  que comenzará contarse desde que conste en el expediente respectivo la  notificación de la jueza o juez investigado, y el proceso disciplinario  continuará según lo previsto en dicho Código. 
  
  <sub>67  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   9.  CONTINUIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS JUECES DEL  TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL  Sala Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia.  21 de junio de 2016.  Expediente 09-1038.  Sentencia Nro.: 484.  Caso: Solicitud de medida cautelar en el juicio de nulidad contra el Código de  Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.  Ponente: Carmen Zuleta de Merchán.  
  Visto finalmente que mediante la sentencia de esta Sala Constitucional N°  1300/2005, caso: Lidia Teresa Pulgar y Guillermo Arana -aplicable al presente  caso en lo que respecta a la salvaguarda en la continuidad de la prestación del  servicio público-, se estableció que, ante la ausencia de un régimen de  transición para la extensión en el ejercicio de un cargo público, el funcionario  que se encuentre en ejercicio de sus funciones debe continuar en el cargo hasta  tanto sea incorporado un nuevo funcionario, de acuerdo al régimen jurídico  aplicable. 
  Esta Sala Constitucional, a fin de garantizar la continuidad del ejercicio de la  función disciplinaria judicial, dicta medida cautelar innominada y, en  consecuencia, hasta tanto se conformen los Colegios Electorales Judiciales,  conforme lo prevé el artículo 43 del Código de Ética del Juez Venezolano y  Jueza Venezolana o hasta que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia  efectúe la designación correspondiente en ejecución de la Disposición  Transitoria Primera del citado Código de Ética, esta Sala Constitucional  declara que los jueces y juezas disciplinarios y sus respectivos suplentes,  designados mediante los Actos Legislativos dictados por la Asamblea  Nacional, publicados el 10 de junio de 2011, en la Gaceta Oficial de la  República  Bolivariana  de  Venezuela  N°  39.693,  se  mantendrán 
  provisionalmente ocupando sus respectivos cargos en el Tribunal  Disciplinario Judicial y en la Corte Disciplinaria Judicial, respectivamente, los  cuales fueron designados en la forma siguiente (...)   10. RÉGIMEN FUNCIONARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE  LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN) 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  07 de diciembre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-001077.  Sentencia Nro.: 2016-0776.  Caso: Yoanh Rondón vs. Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones  Financieras (SUDEBAN).  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  <sub>68  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  De manera que, tal como se desprende de la sentencia ut supra citada, resulta  constitucionalmente válido, que el legislador faculte a las autoridades  administrativas para dictar estatutos funcionariales especiales, tal como lo  hace artículo 298 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones  Financieras, no siendo en consecuencia necesario que los estatutos especiales  estén contenidos en leyes, siempre que sea clara la voluntad del legislador de  delegar ese poder, como ocurre en el caso de marras, en el que encontramos  el Estatuto Funcionarial de la Superintendencia de Bancos y otras  instituciones financieras.  
  Siendo ello así, juzga acertado este Órgano Jurisdiccional, destacar que a  través de la reiterada y pacífica jurisprudencia dictada por las Cortes de lo  Contencioso Administrativo, se ha precisado, que en principio podría, según  el caso, ser suficiente que la norma que regula la materia funcionarial,  determine que cargos son de confianza y por ende de libre nombramiento y  remoción, siendo posible también determinarlos mediante la evaluación de  las funciones asignadas a un determinado cargo, resultando, en principio y  salvo un mejor elemento probatorio, como medio de prueba idóneo para  demostrar las funciones propias de un cargo en particular, y en consecuencia,  establecer la naturaleza del mismo, el Registro de Información del Cargo o  cualquier otro documento en que se reflejaran las funciones ejercidas por el  funcionario y de las cuales se pudieran desprender la confianza del cargo  desempeñado.  
  11.  INAPLICABILIDAD  DEL  CONTROL  DIFUSO  DE  LA  CONSTITUCIONALIDAD  EJERCIDO  CONTRA  ACTOS  DE  RANGO SUB LEGAL EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  06 de mayo 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2009-000387.  Sentencia Nro.: 2014-0001.  Caso: Erasmo Moreno Morazzani vs. Fondo de Garantía de Depósitos y  Protección Bancaria (FOGADE).  Ponente: Efrén Navarro.  
  De la lectura del escrito de fundamentación de la apelación se observa, que la  Apoderada Judicial de la parte querellada solicitó que sea revocada la  sentencia apelada, alegando que el Juez A quo en el fallo recurrido incurrió  en el vicio de falso supuesto de derecho, al aplicar erróneamente el contenido  del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.   (…omissis…)   No obstante, observa este Órgano Jurisdiccional que el A quo, en la sentencia  recurrida desaplicó por control difuso, de conformidad con lo establecido en 
  (…omissis…)  
  <sub>69  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el  artículo 3 del Estatuto Funcionarial del Fondo de Garantía de Depósitos y  Protección Bancaria (FOGADE), publicado en la Gaceta Oficial de la  República Bolivariana de Venezuela Nº 38.503, de fecha 18 de agosto de 2006,  reimpreso por error material y publicado en la Gaceta Oficial de la República  Bolivariana de Venezuela Nº 38.589, de fecha 21 de diciembre de 2006, por ser  dicho instrumento normativo  – a su entender- atentatorio al principio de  estabilidad recogido, tanto en el artículo 93, como en el artículo 146 de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  
  Ahora bien, respecto a lo anterior y aplicando el criterio ut supra transcrito al  presente caso, observa este Órgano Jurisdiccional que el A quo no actuó  ajustado a derecho, pues desaplicó por control difuso un cuerpo normativo  que no fue dictado en ejecución directa de la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela (Estatuto Funcionarial del Fondo de Garantía de  Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE)), que aún siendo el caso de que  lo consideró contrario a ésta, el mismo no era objeto del control de la  jurisdicción constitucional, por ser  – como lo dejó sentado la Sala  Constitucional de nuestro Máximo Tribunal –  de rango sub-legal.  
  En atención a lo antes expuesto, y por tratarse el referido estatuto funcionarial  de un instrumento normativo de rango sub-legal, resulta forzoso para esta  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, declarar CON LUGAR la  apelación interpuesta y en consecuencia, REVOCAR el fallo proferido por el  Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la región  Capital en fecha 17 de diciembre de 2008, mediante el cual se declaró  Parcialmente Con Lugar la querella interpuesta por el ciudadano Erasmo  Moreno Morazzani. Así se decide.   
  12.  ÁMBITO DE APLICACIÓN  A.  COMPETENCIA  EN  SURGIDOS ENTRE EN DESCENTRALIZADA  FUNCIONARIOS 
  A.  COMPETENCIA  EN  MATERIA  DE  CONFLICTOS  SURGIDOS ENTRE ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN  DESCENTRALIZADA  FUNCIONALMENTE  Y  SUS 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  12 de junio 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000028.   Sentencia Nro.: 2014-0944.  Caso: Lisbeth del Valle Gutierrez Farias vs. Instituto de Previsión Social del  Parlamento (Inprelemo).  Ponente: Efrén Navarro.   Del criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de  Justicia, antes transcrito, se desprende que los conflictos surgidos entre entes 
  <sub>70  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  de la Administración Descentralizada Funcionalmente y sus trabajadores  deben ser conocidos y decididos por los órganos Jurisdiccionales  especializados en materia laboral y no por la jurisdicción Contencioso  administrativa ya que las asociaciones civiles no despliegan en tales relaciones  actividad administrativa alguna, pues estas tienen un patrimonio propio que  no está directamente vinculado al patrimonio del sujeto público o sujetos  públicos que fungen como fundadores, pues al tratarse de un conflicto  dirigido contra los mencionados entes que integran la Administración  Descentralizada Funcionalmente, rige para sus trabajadores las normas  laborales, es por ello que corresponde por la materia a los Tribunales  Laborales, en virtud del principio del Juez Natural.  
  (…Omissis…)   
  Por las razones que anteceden, estima esta Corte que, las relaciones que se  suscitaron entre la Asociación Civil del Instituto de Previsión Social del  Parlamento y sus trabajadores, en definitiva corresponde a relaciones de  naturaleza estrictamente laboral, regidas por la Ley Orgánica del Trabajo cuyo  Juez natural, son los Juzgados con competencia en materia laboral, por lo cual,  evidentemente  esta  jurisdicción  contencioso  administrativa  resulta  incompetente para conocer de la pretensión deducida.   13. EXCLUSIONES DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN  PÚBLICA  A.  PODER CIUDADANO (CONTRALORÍAS ESTADALES) 
  incompetente para conocer de la pretensión deducida.  
  PÚBLICA 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  10 de julio de 2014.  Expediente: AP42-R-2009-000850.  Sentencia Nro.: 2014-1083.  Caso: Wilmer Arístides Acosta Pérez vs. Contraloría General del Estado  Bolivariano de Miranda.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.   Ello así, esta Corte considera necesario, previo al pronunciamiento, señalar lo  siguiente:   Los Estados constituyen unidades político-territoriales y se encuentran  definidos en el artículo 159 de la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela, de la siguiente manera:   “Artículo 159: Los Estados son entidades autónomas e iguales en lo po lítico,  con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la  independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir  esta Constitución y las leyes de la República”.   
  <sub>71  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Asimismo, es menester traer a colación lo previsto en el artículo 163 de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual es del tenor  siguiente: 
  “Artículo 163: Cada Estado tendrá una Contraloría que gozará de autonomía  orgánica y funcional. La Contraloría del Estado ejercerá, conforme a esta  Constitución y la ley, el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos,  gastos y bienes estadales, sin menoscabo del alcance de las funciones de la  Contraloría General de la República. Dicho órgano actuará bajo la dirección y  responsabilidad de un Contralor o Contralora, cuyas condiciones para el  ejercicio del cargo serán determinadas por la ley, la cual garantizará su  idoneidad e independencia; así como la neutralidad en su designación, que  será mediante concurso público”.   
  Ahora bien, de la norma constitucional ut supra citada se observa que las  Contralorías Estadales tienen autonomía funcional, lo que a criterio de esta  Corte, como se expresó en líneas anteriores, abarca la potestad de administrar  el personal a su servicio. En razón de ello, la Ley Orgánica de la Contraloría  General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada  en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 del  17 de diciembre de 2001, ha desarrollado este punto consagrado en los  artículos 24 y 26, los cuales disponen:  
  (...Omissis…)  
  De hecho, observa esta Corte que, tal como se explicó precedentemente, las  contralorías estadales pertenecen al llamado Sistema Nacional de Control  Fiscal, que alude el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General  de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la cual, en su artículo  44 establece la mencionada autonomía funcional y administrativa de éstas, de  allí que tienen autonomía para la administración de personal, en cuanto a  nombramiento, remoción, destitución, entre otros (Vid. sentencia de la Corte  Segunda de lo Contencioso Administrativo N° 2007-02015 del 14 de  noviembre de 2007, caso: Mercedes Gil Vs. Contraloría del Municipio Plaza  del Estado Miranda). 
  Tal autonomía debe entenderse como la facultad atribuida a un órgano o ente  de producir o dictar su propia normativa sin violar el principio de la reserva  legal en materia funcionarial, establecido en la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela, tal como lo ha venido señalando la Sala  Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1412 del 10  de julio de 2007 (caso: Eduardo Parilli Wilheim).    B.   PODER LEGISLATIVO (RÉGIMEN DE PRESTACIONES  SOCIALES A DIPUTADOS) 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. 
  <sub>72  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   22 de julio 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2007-000184.  Sentencia Nro.: 2014-1077.  Caso: Víctor Manuel Hernández vs. Gobernación del Estado Miranda.  Ponente: Gustavo Valero Rodríguez.  
  Por lo que, siguiendo la perspectiva antes adoptada, dado que los Diputados  tienen la condición de ejercer un cargo electivo regulado en la Ley Orgánica  del Poder Público, no cabe duda para esta Corte en razón al aludido principio  de legalidad, que al no prever ésta norma acerca del derecho al pago de los  beneficios antes mencionados, ni contener disposición alguna que permita  inferir tal posibilidad; no resulta posible, a falta de disposiciones expresas,  aplicar, como normas supletorias, las previsiones que sobre la materia  contiene la Ley del Trabajo, por cuanto del análisis anteriormente expuesto se  evidencia que no corresponden a los diputados los derechos allí consagrados.  Así se decide.  
  En virtud de todo lo expuesto, mal puede esta Corte Segunda de lo  Contencioso Administrativo otorgar al querellante, los beneficios relativos a  las prestaciones sociales, en tanto: i) éste no puede ser considerado  funcionario público de carrera; ii) el mismo no devenga sueldo sino sólo  dietas; y iii) tales conceptos van dirigidos a los “empleados” del respectivo  Órgano y, tal como se concluyó supra, el querellante no detentó la condición  de empleado ni percibió sueldo alguno durante el desempeño de sus  funciones.  
  En este sentido, del argumento del querellante relativo al derecho de cobro de  prestaciones sociales consagrado en el artículo 92 de la Carta Fundamental,  debe esta Corte desestimarlo, conforme a las consideraciones expuestas en  este fallo, ya que expresamente se declaró que los diputados detentan cargos  de elección popular, lo que los excluye del régimen jurídico aplicable a los  funcionarios de carrera, así como del régimen aplicable a los trabajadores que  en razón de un contrato prestan sus servicios a la Administración, y que  debido a su condición perciben una dieta, la cual -tal como ya se declaró- no  puede ser eq uiparada al concepto de “salario” y por ende no podría generar  en favor del querellante, en consecuencia, esta Alzada niega el pago de  prestaciones sociales aludidas (…)  
  II.  FUNCIONARIOS PÚBLICOS  1.  TIPOS: CARRERA Y LIBRE NOMBRA Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  12 de febrero de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2009-000842.  Sentencia Nro.: 2015-0126. 
  1.  TIPOS: CARRERA Y LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
  <sub>73  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Caso: Vladimir Carvajal Trías vs. Instituto Autónomo de Policía del Estado  Anzoátegui.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.   De las normas antes mencionadas, se desprende en principio, que los  funcionarios de la Administración Pública podrán ser de carrera o de libre  nombramiento y remoción. Ello así, el ingreso a la carrera administrativa,  podrá realizarse única y exclusivamente a través de concurso público que  garantice la selección de los mejores, tanto en el aspecto ético como en el de la  preparación técnica y profesional. Por ello dicho concurso se sujeta a los  principios de honestidad, idoneidad y eficiencia.  
  De allí que, no se podría acceder a la carrera administrativa por designaciones  o contrataciones que obvien este mecanismo de selección objetivo, ni se podrá  adquirir estabilidad por el transcurso del tiempo en el ejercicio de algún cargo  de carrera. Sólo el concurso público dará acceso a la carrera administrativa y  a la consecuente estabilidad del funcionario, principios éstos que el  constituyente previó que fueran desarrollados por vía legal de manera de  restringir la discrecionalidad en la toma de decisiones relacionadas con estos  aspectos, estableciendo las exigencias para poder optar a dichos concursos y  así poder ascender en la carrera administrativa. Correlativo a ello debería  avanzarse hacia la conformación de instancias estatales que contribuyan a la  formación y actualización permanente del funcionario público.  
  De ello puede perfectamente afinarse el criterio de que si la carrera  administrativa es la regla, entonces, por argumento a contrario, los cargos  cuyas funciones sean de libre nombramiento y remoción, constituyen la  excepción. De allí, que resulte obvia la consideración de que sería  inconstitucional cualquier norma o actuación administrativa que pretenda  desconocer tal previsión de rango constitucional.  
  A.  LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  03 de marzo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2011-001137.  Sentencia Nro.: 2015-0221.  Caso: Gustavo Adolfo Gómez vs. Dirección Ejecutiva de la Magistratura.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Conforme a las normas transcritas, se evidencia que en principio, cualquier  funcionario público será considerado de libre nombramiento y remoción  cuando: i) se desempeñe en uno de los cargos arriba identificados; ii) las  funciones que desempeñe requiera un alto grado de confidencialidad; o iii)  cuando las funciones que desempeñe comprendan principalmente  actividades de seguridad del estado, de fiscalización e inspección, rentas, 
  <sub>74  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   aduanas, control de extranjeros y fronteras. Sin embargo, la determinación de  un cargo de libre nombramiento y remoción no se deriva únicamente de la  disposición legal respectiva, sino que, de acuerdo al caso, debe probarse el  nivel que ocupe en la estructura administrativa o las funciones inherentes al  mismo, según se trate de un funcionario de libre nombramiento y remoción  por ser de alto nivel o de confianza, respectivamente.  
  En tal sentido, esta Corte observa que la calificación de un cargo de libre  nombramiento y remoción no obedece a una circunstancia arbitraria, sino que  implica, en el caso de los cargos de alto nivel, que de acuerdo a la jerarquía  que ostentan dichos cargos dentro de la estructura organizativa de la  Administración estén dotados de potestad decisoria, con suficiente  autonomía en el cumplimiento de sus funciones como para comprometer a la  Administración y, en el caso de los cargos de confianza, que se requiera un  alto grado de confidencialidad en el ejercicio de sus funciones.  
  a.  FUNCIONARIOS DE CONFIANZA 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  13 de noviembre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-000195.  Sentencia Nro.: 2014-1608.  Caso: Yonily Yaseny Semprun Quintero vs. Servicio Autónomo de  Administración Tributaria del Municipio Maracaibo del Estado Zulia (Samat).  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  En este sentido, el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública  señala que serán considerados cargos de confianza “…aquellos cuyas  funciones requieren un alto grado de confidencialidad en los despachos de las  máximas autoridades de la Administración Pública, de los viceministros o  viceministras, de los directores o directoras generales y de los directores o  directoras o sus equivalentes. También se considerarán cargos de confianza  aquellos cuyas funciones comprendan principalmente actividades de  seguridad del estado, de fiscalización e inspección, rentas, aduanas, control  de extranjeros y fronteras, sin perjuicio de lo establecido en la ley”.   
  De lo anterior, se observa que el citado artículo constituye una enunciación de  las funciones que debe desempeñar el funcionario para que el cargo que ocupe  sea considerado como de confianza, en cuyo caso, aparte del desarrollo  reglamentario, requiere igualmente que dichas funciones sean comprobadas  en cada caso particular, dado que, cuando se refiere a cargos de confianza por  tratarse de una limitación al derecho a la estabilidad, la Administración debe  determinar de forma específica, clara y precisa todas las funciones que realiza  quien detente dicho cargo.  
  <sub>75  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Así, en los términos del artículo 21 eiusdem, la Administración debe  demostrar o que las funciones ejercidas por el funcionario afectado por la  calificación de su cargo como de confianza, efectivamente requieren un alto  grado de confidencialidad, y que éstas son ejercidas en los despachos de las  máximas autoridades de la Administración Pública, de los viceministros o  viceministras, de los directores o sus equivalentes; o que se encuentran dentro  de las especificadas en la norma. No basta entonces señalar de manera  genérica que el funcionario ejercía funciones consideradas por la  Administración como de confianza, sin establecer en qué consiste tal  confidencialidad, o señalar que el cargo estaba adscrito a una Dirección  determinada del Órgano.  
  En conclusión, para determinar la naturaleza de un cargo que en principio  podría, según el caso, ser suficiente que la norma que regula la materia  funcionarial, determine cuáles cargos son de confianza y por ende de libre  nombramiento y remoción, siendo posible también determinarlos mediante  la evaluación de las funciones asignadas a un determinado cargo, resultando,  en principio y salvo un mejor elemento probatorio, como medio de prueba  idóneo para demostrar las funciones propias de un cargo en particular, y en  consecuencia, establecer la naturaleza del mismo, el Registro de Información  del Cargo o cualquier otro documento en que se reflejaran las funciones  ejercidas por el funcionario y de las cuales se pudieran desprender la  confianza del cargo desempeñado.  
  B.  FUNCIONARIOS DE CARRERA 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  03 de diciembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2006-001275.  Sentencia Nro.: 2015-1163.  Caso: María Arcia vs. Municipio Caripe del Estado Monagas.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Por otra parte, debemos recordar que con la aprobación de la Constitución de  la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en su artículo 146, se  constitucionalizó el principio de acceso a la carrera administrativa a través de  concurso, de tal manera que, el concurso a realizarse como requisito para la  selección de los funcionarios de carrera deja de tener carácter discrecional  para convertirse en un requisito obligatorio de ingreso a la carrera  administrativa, previo a la emisión del nombramiento, cuya omisión -en  virtud del carácter constitucional del que goza- acarrearía la nulidad absoluta  de cualquier designación que se hiciere; criterio éste que fue desarrollado y  corroborado posteriormente a través de la Ley del Estatuto de la Función  Pública. En efecto, el artículo 146 del Texto Constitucional dispone:  
  (…Omissis…)  
  <sub>76  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Así pues, sólo aquellas personas que hayan ingresado a la Administración a  través de nombramiento, cumpliendo con el requisito previo del concurso y  con el fin de desempeñar funciones de carácter permanente podrán ser  consideradas funcionarios de carrera, quedando así desvirtuada la  posibilidad de que puedan ser considerados como tales todos aquellos sujetos  que aun cuando no medie el concurso y nombramiento respectivos, ejerzan  funciones propias de un funcionario de carrera, devengando el salario propio  de estos funcionarios o laborando bajo el horario previsto para los mismos.  
  De lo antes expuesto, se desprende la imposibilidad de la presunción o  afirmación de la relación funcionarial, es decir, durante el curso de cualquier  proceso judicial, el Juez al momento de entrar a conocer del fondo de aquellos  asuntos en los que exista contención entre la Administración Pública y un  particular en razón de los servicios prestados por este último, no podrá  presumir la existencia de una relación funcionarial o la continuidad de la  misma, si la misma no ha sido probada.  
  C.  DOCUMENTOS PROBATORIOS PERTINENTES PARA LA  CLASIFICACIÓN DE UN CARGO DE CONFIANZA 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  10 de noviembre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000666.  Sentencia Nro.: 2016-0821.  Caso: Raiza del Valle López Maurera vs. Concejo Municipal del Municipio  Acosta del Estado Monagas.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  De acuerdo con lo anterior, es de indicar que la calificación realizada a un  cargo como de confianza no depende de su denominación, sino de las  funciones propias de éste, siendo el documento por excelencia para  corroborar tales funciones el Registro de Información de Cargo o el Manual  Descriptivo de Cargo, porque son dichos documentos los que determinan  cuáles son esas funciones, sin negar la posibilidad que las mismas puedan  verificarse en cualquier otro instrumento de la estructura organizativa del  órgano u ente respectivo: constancia del ejercicio de las funciones concretas,  planilla de evaluaciones, de los cuales pueda verificarse la naturaleza de las  funciones asignadas.  
  2.  DIFERENCIA ENTRE REMOCIÓN Y RETIRO  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  4 de febrero de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000398.  Sentencia Nro.: 2016-0046. 
  <sub>77  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Caso: Iván Rinconez vs. Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional  (SEBIN).  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  En cuanto a la remoción y el retiro de un funcionario, éstos resultan ser dos  actos diferentes y no un acto complejo. La remoción se encuentra dirigida a  privar al funcionario de la titularidad del cargo que venía desempeñando,  siendo una excepción al régimen de estabilidad del que gozan los funcionarios  públicos y, por tanto, aplicable sólo en los supuestos expresamente señalados  en la ley, como es el caso de los funcionarios de libre nombramiento y  remoción a los que se refiere el último aparte del artículo 19 de la Ley del  Estatuto de la Función Pública. Igualmente, se destaca que la remoción no  pone fin a la relación de empleo público, ya que, el funcionario puede ser  reincorporado a un cargo de similar jerarquía y remuneración al que  desempeñaba, siendo éste el objeto del período de disponibilidad al que es  sometido el funcionario de carrera que se encuentre en un cargo de libre  nombramiento y remoción. Frecuentemente el acto de remoción representa  intrínsecamente la ejecución de una orden, cuya función se circunscribe en  una actuación que tiene por objeto separar al funcionario de aquel cargo que  ejercía dentro de la Administración.  
  En cambio, el retiro sí implica la culminación de la relación de empleo público,  y puede producirse en los supuestos contenidos en el artículo 78, numerales  1 y 4 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; o cuando resulten  infructuosas las gestiones reubicatorias del funcionario que haya sido  removido del cargo de libre nombramiento y remoción, o que se vea afectado  por una medida de reducción de personal, tal como lo establece el último  aparte del artículo 78 ejusdem, y es que el acto de retiro cristaliza la inteligible  voluntad de la Administración de separar al Funcionario de aquel cargo que  viniera desempeñando.   
  3.  INGRESO DE FUNCIONARIOS A CARGOS DE CARRERA SIN  EL DEBIDO CONCURSO  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  12 de noviembre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000759.  Sentencia Nro.: 2014-1597.  Caso: Migdalia Josefina Moreno vs. Gobernación del Estado Monagas.  Ponente: Enrique Luis Fermín Villalta.   Asimismo, si bien es igualmente cierto que la parte final del artículo 40 de la  Ley del Estatuto de la Función Pública señala que:  
  <sub>78  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   “serán absolutamente nulos los actos de nombramientos de funcionarios o  funcionarios de carrera, cuando no se hubiesen realizado los respectivos  concursos de ingreso, de conformidad con est a Ley”.   
  Ello de ser entendido en el sentido estricto de la referencia normativa, que se  señala a la designación de funcionarios como de “carrera” y esto es así por  dos razones fundamentales: la primera: existe una prohibición constitucional  de dar categoría de funcionario de carrera a un funcionario público, sin la  realización previa del concurso y segundo: la Administración, en muchas  ocasiones necesita del recurso humano con acelerada prontitud para el  desempeño que son propias de funcionarios que ocupan cargos de carrera y  no le es posible en cada ocasión hacer el llamado a concurso, es entonces  cuando, sin darle la categoría de funcionarios de carrera, puede realizar  designaciones para que se cumpla la función administrativa necesaria para el  cumplimiento de sus fines, sin que ello implique que al funcionario designado  para ocupar el deferido cargo sin la realización previa del concurso pueda ser  considerado funcionario de carrera, por lo que el nombramiento debe  contener necesariamente la advertencia que el mismo, se realiza hasta la  celebración del concurso público para el mencionado cargo y de no  contenerla, debe considerarse implícita en el nombramiento realizado al  efecto. Este proceder, sería idóneo para no obstaculizar el que hacer  administrativo, pero queda supeditado el ingreso definitivo del funcionario a  la realización del concurso previsto en la Constitución.  
  Por otra parte, es necesario acotar que el régimen que tendrían estos  funcionarios, sería el de una estabilidad provisional hasta la realización del  concurso, pudiendo ser retirados de la Administración luego de superado el  período de prueba, sólo mediante las causas establecidas en el artículo 78 de  la Ley del Estatuto de la Función Pública, mediante la debida evaluación del  desempeño establecido en la Constitución y como causa adicional, si una vez  sea celebrado el concurso no lo ganare. Tal determinación se hace, porque el  funcionario público, para el mejor desarrollo de su actividad, debe tener  garantizada su estabilidad aún cuando esta sea provisional, porque no es su  responsabilidad la falta de realización del concurso, siendo en este caso el  débil jurídico sometido a la merced de la Administración, el cual en un Estado  Social de Derecho y de Justicia debe gozar de la protección con la finalidad de  nivelar las opciones de igualdad ante la ley y finalmente porque es la  primordial finalidad del Estado, el desarrollo de la persona y el respeto a su  dignidad y la inestabilidad en el ejercicio del cargo de manera indefinida, sin  normas que la regulen, estando sólo a la merced de la voluntad del jerarca  administrativo, es atentatorio contra los derechos de la persona, lo cual se ha  propuesto respetar y defender el estado Venezolano como su primera  finalidad, definida en el artículo 3 de la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela.  
  <sub>79  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   4.  DESAPLICACIÓN DE NORMAS VIOLATORIAS DE LA  CARRERA  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  18 de noviembre 2014.  Expediente Nro.: 14-0665.  Sentencia Nro.: 1572.  Caso: Jesús Ramón Maestre vs. Instituto Autónomo de Policía Municipal del  Municipio Girardot del Estado Aragua.  Ponente: Gladys María Gutiérrez Alvarado.  
  El control difuso de la constitucionalidad ejercido en el presente caso versa,  como se ha señalado, sobre la desaplicación de los referidos artículos 21 de la  Ordenanza de Reforma de la Ordenanza sobre el Instituto Autónomo de la  Policía Administrativa Municipal, publicada en la Gaceta Municipal del  Municipio Girardot del Estado Aragua n.° 2152 Extraordinario del 24 de  diciembre de 2002, y 48 del Reglamento de la Ordenanza sobre el Instituto  Autónomo de la Policía Municipal del Municipio Girardot, publicado en la  Gaceta Municipal del Municipio Girardot del Estado Aragua n.° 2196  Extraordinario del 14 de enero de 2003, los cuales establecen: 
  “Artículo 21. Los funcionarios del Instituto Autónomo de Policía Municipal  de Girardot son de carrera o de libre nombramiento y remoción. Son  funcionarios de carrera, quienes habiendo ganado el concurso público y en  virtud del nombramiento, presten servicios remunerados y de carácter  permanente.  Son funcionarios de libre nombramiento y remoción, aquellos que son  nombrados y removidos libremente de su cargo sin otra limitación que las  establecidas en el Decreto Ley sobre el Estatuto de la Función Pública.  Los funcionarios de libre nombramiento y remoción pueden ocupar cargo de  alto nivel o de confianza.  Los cargos de alto nivel son los siguientes:  El Presidente del Instituto Autónomo de Policía Municipal. 
  Los Directores.  Jefes de Divisiones.  Jefes de Departamentos y 
  Las Jerarquías Policiales que señale el Reglamento de la Presente Ordenanza.  Los cargos de confianza son aquellos, que sus funciones tenga alto grado de  confiabilidad, incluyéndose como cargo de confianza todos los que se presten  en el Instit uto”.  
  <sub>80  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   “Artículo 48. Cargos de Confianza: Son aquellos cuyas funciones requieren  un alto grado de confidencialidad y que por disposición de la Ley del Estatuto  de la Función Pública, se consideran en esta categoría, todos los funcionarios  que presten sus funciones en este órgano de seguridad del Estado, como lo es  el Instituto Autónomo de la Policía Municipal de Girardot, y se consideran  como funcionarios o funcionarias de libre nombramiento y remoción”.  
  Siendo ello así, toda desaplicación por control difuso amerita un análisis de  contraste entre el Texto Fundamental y las disposiciones cuya aplicación se  considera lesiva de la Carta Magna. Ahora bien, en el presente caso los  referidos artículos 21 de la Ordenanza de Reforma de la Ordenanza sobre el  Instituto Autónomo de la Policía Administrativa Municipal, y 48 del  Reglamento de la Ordenanza sobre el Instituto Autónomo de la Policía  Municipal del Municipio Girardot, establecen como cargos de confianza a  todos los funcionarios que presten sus funciones en el Instituto Autónomo de  la Policía Municipal de Girardot, constituyendo así una modificación  sustancial del régimen de estabilidad que en el desempeño de la función  policial deberían gozar los funcionarios del Instituto Autónomo de Policía  Municipal de Girardot, pues, dispone la consagración de un régimen de  empleo público bajo el cual todos los cargos del referido ente tendrán cualidad  de cargos de confianza, es decir, desempeños públicos cuyo desenvolvimiento  no tendrá ningún tipo de estabilidad, todo en razón de la consecuente  categorización como cargos de confianza y en consecuencia, de libre  nombramiento y remoción. 
  Visto lo anterior, advierte la Sala que el referido Juzgado Superior en lo Civil  (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la  Región Central, basó tal desaplicación fundamentalmente en que:  (…omissis…)   En tal sentido, se observa que el artículo 89 en sus cardinales 1, 2 y 5 de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:  (…omissis…)   De conformidad con la normativa citada, el Estado ha previsto a través de una  serie de principios, la protección del derecho a los trabajadores y trabajadoras,  evitando de tal forma que sea alterada la intangibilidad y progresividad de  los derechos y beneficios laborales establecidos para ello.  Asimismo, advierte la Sala que el artículo 146 del Texto Fundamental,  establece lo siguiente:  (…omissis…)   Ahora bien, de análisis de los desaplicados artículos 21 de la Ordenanza de  Reforma de la Ordenanza sobre el Instituto Autónomo de la Policía 
  (…omissis…)   En tal sentido Constitución d (…omissis…)  
  (…omissis…)  
  <sub>81  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Administrativa Municipal y 48 del Reglamento de la mencionada Ordenanza  de Reforma, es evidente, que carecen de una taxativa categorización de las  condiciones especiales que debían orientar al Presidente del Instituto  Autónomo de Policía Municipal de Girardot para precisar en dichas normas,  cuáles serían los cargos de libre nombramiento y remoción como excepción al  régimen de carrera aludido, dado que se calificó indiscriminadamente en ellas  como cargos de confianza y por tanto de libre nombramiento y remoción,  todos los que ocupan los funcionarios del Instituto Autónomo de Policía  Municipal de Girardot, incluyendo al del ciudadano Jesús Ramón Maestre, y  justificando en dicha condición su remoción del cargo de Auxiliar de Servicios  Generales que venía desempeñando, adscrito al mencionado Instituto,  mediante Resolución n.° 012/03 del 17 de marzo de 2003, suscrita por el  Presidente del mencionado Instituto Autónomo de Policía Municipal de  Girardot, y que le fuera notificada el 20 del mismo mes y año. 
  Respecto a la pretensión de calificar a todos los funcionarios de un  determinado organismo como de libre nombramiento y remoción,  desconociendo el carácter excepcional que le reconoce el Texto Fundamental  a esta categoría de funcionarios, cuyo desempeño no tendrá ningún tipo de  estabilidad, la Sala se ha pronunciado en sentencia n.° 1412 del 10 de julio de  2007, caso: “Eduardo ParilliWilhei”, señalando lo siguiente:  
  (…omissis…)  
  En virtud de lo expuesto, puede concluirse que lo que se viola en el presente  caso es la estabilidad específica reconocida a los funcionarios públicos,  garantía contenida en el artículo 146 de la Carta Magna. Asimismo, de la  lectura de ese artículo 146 se evidencia el reconocimiento de la existencia de  cargos de libre nombramiento y remoción, en los cuales se carece de la  estabilidad que proporciona la carrera administrativa, lo cual no implica  constitucionalizar una exclusión total de dicha carrera administrativa, que es  lo que pretenden las dos normas desaplicadas, por cuanto esos cargos son  excepciones dentro de la organización de la Administración y ni en las más  elevadas responsabilidades de determinados entes u órganos nacionales,  estatales y municipales pueden hacer perder de vista esa limitación. 
  Sobre este particular, esta Sala ha ratificado su criterio referente a los  parámetros generales de la función pública municipal que deben establecerse  mediante ley municipal, correspondiendo al reglamento complementar  técnicamente la normativa legal, pero, en ningún caso, regular integralmente  la condición de los empleados municipales, tal como se describe en sentencia  n.° 325 del 2 de mayo de 2014, caso: “Municipio Chacao del Estado Miranda”,  en la cual se establece lo que sigue: 
  (…omissis…)  
  <sub>82  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Ello así, y del análisis de los artículos 21 de la Ordenanza de Reforma de la  Ordenanza sobre el Instituto Autónomo de la Policía Administrativa  Municipal, y 48 del Reglamento de la Ordenanza sobre el Instituto Autónomo  de la Policía Municipal del Municipio Girardot, se observa claramente como  estas normas excluyen la estabilidad específica reconocida a los funcionarios  públicos, prevista en el artículo 146 de la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela, extendiendo el régimen de excepción previsto en  esa norma constitucional -funcionarios de libre nombramiento y remoción- a  todos los funcionarios que presten servicios en el Instituto Autónomo de la  Policía Municipal de Girardot, por el sólo hecho de ser un órgano de  seguridad del Estado, sin considerar las funciones o actividades que  efectivamente prestan cada una de las categorías de sus funcionarios,  contraviniendo así el principio general de carrera que reconoce en el citado  artículo 146 Constitucional, dado que a estas normas desaplicadas sólo  podrían desarrollar el régimen de función pública previsto en el Texto  Fundamental, más no modificarlo. 
  Por lo tanto, en consonancia con lo antes dicho, ya esta Sala Constitucional,  mediante sentencia n° 144 del 20 de marzo de 2014, caso: “Domingo Ramón  Duque  Alvarado”, declaró conforme a derecho la desaplicación de los  artículos 21 de la Ordenanza de Reforma de la Ordenanza sobre el Instituto  Autónomo de la Policía Administrativa Municipal, y 48 del Reglamento de la  Ordenanza sobre el Instituto Autónomo de la Policía Municipal del Municipio  Girardot. 
  En virtud de lo expuesto, resulta forzoso para esta Sala declarar conforme a  derecho la desaplicación de los artículos 21 de la Ordenanza de Reforma de la  Ordenanza sobre el Instituto Autónomo de la Policía Administrativa  Municipal, publicada en la Gaceta Municipal del Municipio Girardot del  Estado Aragua n.° 2152 Extraordinario del 24 de diciembre de 2002, y 48 del  Reglamento de la Ordenanza sobre el Instituto Autónomo de la Policía  Municipal del Municipio Girardot, publicado en la Gaceta Municipal del  Municipio Girardot del Estado Aragua n.° 2196 Extraordinario del 14 de enero  de 2003. Así se decide.  
  5.   EMPLEADOS PÚBLICOS EN CONDICIONES IRREGULARES  O  ESPECIALES  (DESIGNADOS,  CONTRATADOS, 
  TEMPORALES Y SUPLENTES) 
  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  11 de Marzo de 2015.  Expediente Nro.: 14-1147.  Sentencia Nro.: 189.  Caso: Carmen Gallardo vs Sentencia dictada por la Corte Segunda de lo  Contencioso Administrativo. 
  <sub>83  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Ponente: Francisco Antonio Carrasquero López.  
  En efecto, antes de la Carta Magna de 1999 se admitió que las personas que  habían sido designadas o prestaban sus servicios de manera irregular, bien  como funcionarios de hecho o contratados, adquirían estabilidad con el mero  transcurso del tiempo. La entrada en vigencia de la Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela modificó tal situación e impide que se  ingrese a la carrera funcionarial en circunstancias anómalas, sin que ello  suponga menoscabo del derecho que tienen los empleados designados o  contratados a percibir los beneficios económicos derivados de la efectiva  prestación de servicios, aun cuando no gocen de estabilidad. 
  Esta categoría de empleados públicos (designados, contratados, temporales y  suplentes) se encuentran (al igual que los funcionarios de libre nombramiento  y remoción), sometidos a una relación especial de sujeción que puede concluir  a consecuencia de múltiples causas que son o no dependientes de la voluntad  del Estado. Entre las circunstancias que dependen de la voluntad del Estado  denominadas por la doctrina como causas generales, figura la revocación  como una causa excepcional y correlativa a la facultad de nombrar a los  empleados públicos cuya designación no está reglada, es decir, que opera  sobre aquellos empleados públicos que no han ingresado por concurso.  
  6.   RÉGIMEN FUNCIONARIAL DE LOS JUECES PROVISORIOS  Sala Político Administrativa Tribunal Supremo de Justicia.  20 de mayo de 2015.  Expediente Nro.: 2009-1108.  Sentencia Nro.:00553.  Caso: Sol Gámez vs. Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.  Ponente: Emiro García Rosas.  
  En el presente caso, la accionante era un jueza provisoria, sujeta a la potestad  discrecional de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, órgano  que así como la designó sin que mediara concurso de oposición alguno, podía  dejar sin efecto su designación también sin necesidad de procedimiento  administrativo alguno, sin la obligación de motivar o dar razones específicas  y legales para su remoción, lo cual, a tenor del criterio parcialmente citado (en  el caso de los jueces provisorios o temporales),  no es considerado por la  jurisprudencia de esta Sala  como violación a los citados derechos a la defensa  y al debido proceso 
  (…omissis…)  
  No obstante lo expuesto, la Sala estima preciso aclarar que la Comisión  Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de sus funciones, y  precisamente para garantizar la continuidad de la administración de justicia,  ha realizado y realiza todos los actos necesarios a los fines de llenar las 
  <sub>84  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   vacantes de los cargos de jueces, mediante designaciones discrecionales,  mientras se realizan los concursos de oposición.  (…omissis…)   (…) la decisión que dejó sin efecto el nombramiento de la recurrente, es  discrecional y no se fundamenta ni en cuestiones de índole disciplinario ni en  evaluaciones del desempeño de esta respecto a sus pares, de manera que poca  importancia tiene en este caso el rendimiento del tribunal durante el lapso que  estuvo a su cargo.   
  (…omissis…)  
  En cuanto al alegato relativo a que en los procesos de otros jueces que han  sido destituidos sí se han revocado esas decisiones e incluso se les ha  nombrado como Magistrados, este Alto Tribunal observa que solo puede  advertirse un trato discriminatorio en aquellos casos en los cuales se  compruebe que frente a circunstancias similares y en igualdad de condiciones,  se ha manifestado un tratamiento desigual, y siendo que en el asunto referido  por la actora se trataba de una destitución y no de una remoción, no puede  hablarse de trato discriminatorio, dado que no estamos frente a casos iguales.  
  7. RÉGIMEN FUNCIONARIAL  DEL CONCEJO NACIONAL 
  ELECTORAL 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  07 de julio de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2007-000198.  Sentencia Nro.: 2016-0300.  Caso: Augusto Zambrano vs. Consejo Nacional Electoral (CNE).  Ponente: Eleazar Alberto Guevara Carrillo.  
  En este orden de ideas, es necesario destacar que el régimen de la función  pública en Venezuela no es único, ni homogéneo para toda la Administración  del Estado; ello así, existen distintos regímenes especiales y diferentes a la otra  Ley de Carrera Administrativa o al contemplado en la Ley del Estatuto de la  Función Pública, en la Administración Pública Nacional.   Ante tal planteamiento, la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela en su artículo 297, consagra la redistribución Orgánica del Poder  Público, la cual obedece a la necesidad de otorgar independencia y autonomía  funcional  a  los  órganos  encargados  de  desarrollar  determinadas  competencias, especialmente las de ejecución de procesos electorales, así  como el de la función contralora y la defensa de los derechos humanos (vid.  sentencia de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Nº 2007- 2015 de fecha 14 de noviembre de 2007, caso: Mercedes Gil).  Al respecto, señala el artículo 294 de la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela, lo siguiente: “Los órganos del Poder Electoral se 
  <sub>85  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  rigen por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y  presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad  y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral,  transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios”, de lo cual se  desprende la independencia orgánica, autonomía funcional, reglamentaria y  presupuestaria que posee el Consejo Nacional Electoral (CNE) como Órgano  rector del Poder Electoral, el cual posee la facultad de regular todo lo  concerniente a la concesión de los beneficios adicionales o de carácter  extraordinarios estableciendo los parámetros y condiciones más favorables  para el otorgamiento de los mismos. 
  Conforme a lo anterior, el Consejo Nacional Electoral (CNE), posee  independencia y autonomía funcional, por lo tanto goza de normas internas  que regulan la condición y naturaleza de los cargos adscrito a sus diversos  Departamentos y Dependencias   8.   ESTABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS ANTE LA FALTA DE  CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  09 de agosto de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2016-000235.  Sentencia Nro.: 2016-0547.  Caso: María Francia Labrador Brito vs. Contraloría Municipal del Municipio  Chacao del Estado Bolivariano de Miranda.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Al respecto, debe indicarse que el régimen de estabilidad provisional que  tienen algunos funcionarios, sería aquel que permite transitoriamente  mantener en el cargo a los empleados que lo ostenta, hasta la realización del  respectivo concurso público, limitando a la Administración a remover y  retirar a los mismos sólo mediante las causas establecidas en el artículo 78 de  la Ley del Estatuto de la Función Pública, mediante la debida evaluación del  desempeño establecido en la Constitución y como causa adicional, si una vez  sea celebrado el concurso no lo ganare.  
  Tal determinación se hizo, porque el funcionario público, para el mejor  desarrollo de su actividad, debe tener garantizada su estabilidad aún cuando  esta sea provisional, porque no es su responsabilidad la falta de realización  del concurso, siendo en este caso el débil jurídico sometido a la merced de la  Administración, el cual en un Estado Social de Derecho y de Justicia debe  gozar de la protección con la finalidad de nivelar las opciones de igualdad  ante la Ley y, finalmente porque es el primordial propósito del Estado, el  desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad y la inestabilidad en el  ejercicio del cargo de manera indefinida, sin normas que la regulen, estando  sólo a la merced de la voluntad del jerarca administrativo, es atentatorio 
  <sub>86  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   contra los derechos de la persona, lo cual se ha propuesto respetar y defender  el Estado Venezolano como su primera finalidad, definida en el artículo 3 de  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.   9.  DIFERENCIA ENTRE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD DE  ESTADO Y SEGURIDAD CIUDADANA  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  23 de mayo de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-001566.  Sentencia Nro.: 2016-0363.  Caso: Carlos Alberto Sandoval Hernández vs. Instituto Autónomo de Policía  del Estado Bolivariano de Miranda.  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  Siendo ello así, considera oportuno esta Corte traer a colación, la definición  de lo que se entiende por el ejercicio de funciones de seguridad de Estado,  denominado en otros países como seguridad nacional, y su diferencia con la  seguridad ciudadana.   
  En tal sentido, la seguridad nacional se refiere a la noción de relativa  estabilidad, calma o predictibilidad que se supone beneficiosa para el  desarrollo de un país; así como a los recursos y estrategias para conseguirla  (principalmente a través de la Defensa Nacional). Mientras que los objetivos  clásicos de la seguridad nacional consistían en prevenir o rechazar amenazas  militares de estados (la concepción de guerra clásica), en la actualidad las  amenazas a la seguridad nacional son más difusas, e incluyen el terrorismo,  los riesgos al medio ambiente, entre otros. En relación con el concepto  limitado al orden público interior suele definirse como seguridad ciudadana.   
  Por otra parte, la expresión seguridad ciudadana está conectada con un  enfoque preventivo y, que incluye los problemas de violencia y delincuencia.  Existen múltiples conceptos y nociones del término “seguridad ciudadana” y  su contenido concreto puede variar considerablemente dependiendo del actor  o autor que lo utilice. Por ejemplo, no hay un consenso si la seguridad  ciudadana se refiere también a riesgos o amenazas de tipo no intencional  (accidentes de tránsito, desastres naturales) o de tipo económico y social.  
  10. DIFERENCIA ENTRE REMOCIÓN Y REUBICACIÓN 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  7 de agosto 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000318.  Sentencia Nro.: 2014-1190.  Caso: Marco Antonio Arratia vs. Contraloría Municipal del Municipio Vargas  del Estado Vargas.  Ponente: Enrique Luis Fermín Villalta.  
  <sub>87  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Igualmente, considera menester esta Alzada mencionar que el acto de  remoción en ningún momento implica la decisión de retirar, ya que ésta  depende de un hecho futuro e incierto, como lo es la no reubicación, cuya  ocurrencia no debe ser decidida por el máximo jerarca del organismo, así, el  acto de remoción pretende apartar al funcionario del cargo pero no del  organismo y, como consecuencia de ello, el funcionario público pasa al estado  de disponibilidad, con goce de sueldo, para ser reubicado; en cambio el acto  de retiro tiene como objeto separar al funcionario de la Administración  Pública, con lo cual la relación de empleo público, en principio, termina  definitivamente,  y  como  consecuencia  de  ello  corresponde  la 
  desincorporación de la nómina del funcionario mediante los pagos a que haya  lugar.   III.  DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS  1.   BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  29 de marzo de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2011-000853.  Sentencia Nro.: 2016-0252.  Caso: Marianela Cristina Medina Áñez vs. Instituto Nacional de Cooperación  Educativa, hoy Instituto de Capacitación y Educación Socialista (INCES).  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  Con respecto a esto se debe indicar que ha sido criterio reiterado de esta Corte,  que el bono alimenticio es una figura concebida legalmente como un beneficio  social de carácter no remunerativo que no forma parte integral del salario  devengado, con ocasión a la prestación activa del servicio del funcionario o  trabajador, es decir, que el mismo es procedente cuando el funcionario esta en  el ejercicio efectivo de sus labores (Vid. Sentencia de esta Corte de fecha 17 de  diciembre de 2013, Expediente Nro.: AP42-R-2013-001253) por lo que no  estando en el ejercicio efectivo de sus funciones la mencionada ciudadana  debe esta Corte declarar improcedente lo peticionado con respecto a la  solicitud del pago de cesta tickets o beneficio de alimentación . Así se decide. 
  2.   DERECHO A LA CONTRATACIÓN COLECTIVA EN LA  FUNCIÓN PÚBLICA  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  18 de noviembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000155.  Sentencia Nro.: 2015-1100.  Caso: Sira Olivero vs. Municipio San Fernando de Apure del Estado Apure.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  <sub>88  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Ello así, tomando en cuenta que los Convenios Colectivos celebrados entre la  Administración Pública y su personal son ley entre las partes, pues  constituyen  la  progresividad  de  los  derechos  laborales  que  constitucionalmente se reputan como irrenunciables, destacando en tal  sentido que el numeral 2° del artículo 89 de la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela, establece:  
  (…omissis…)  
  Por ello, se considera que la convención colectiva de trabajo ha sido concebida  según regulaciones entre las partes intervinientes (sujeto pasivo y activo)  como cuerpo de contrato y alma de ley, dados los efectos expansivos que tiene  por cuanto se aplica indistintamente a los funcionarios que están prestando  servicio  a  la  Administración  cuando  se  suscriben;  y  se  aplica  independientemente a los trabajadores que ingresen con posterioridad, así  como a los sindicalizados o no, y también subsiste y se integra en las  condiciones y derechos adquiridos de cada uno de los trabajadores  independientemente que la convención colectiva no se renueve, pues la  misma surge como una forma de adecuar la legislación del trabajo a las  realidades socioeconómicas que el hecho social trabajo produce.  
  3.   REMUNERACIÓN 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  29 de octubre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-Y-2015-000116.  Sentencia Nro.: 2015-1070.  Caso: David Morales vs. Estado Apure (Comandancia General de Policía del  Estado Apure).  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Ello así, este Órgano Jurisdiccional a los fines de examinar los conceptos  acordados por el Juzgado A quo, considera necesario traer a colación lo  dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su  artículo 91, en cuanto al derecho que tiene todo trabajador o trabajadora a  percibir un salario digno que sea suficiente para cubrir sus necesidades y las  de su familia. En efecto, señala la norma constitucional lo siguiente:  (…omissis…)  
  Por su parte, y a los fines de referirnos a quienes prestan un servicio público,  se debe destacar que la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece en su  artículo 23 el derecho que tienen los funcionarios públicos a percibir las  remuneraciones que correspondan al cargo que desempeñen y en tal sentido  prevé:  
  (…omissis…)  
  <sub>89  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  De las normas que anteceden, se desprende claramente que los funcionarios  públicos tienen el derecho recibir las remuneraciones correspondientes al  cargo que desempeñen, que conforme a lo previsto en el artículo 91 de la Carta  Magna, constituye un derecho constitucional irrenunciable que tiene el  funcionario de percibir una contraprestación esencialmente monetaria, que  sea suficiente para asegurarle a él y a su familia la satisfacción de sus  necesidades básicas, y que le corresponde por la prestación de su servicio,  constituida por el sueldo, establecido presupuestariamente para el cargo  desempeñado.  
  A.  DE LOS CONCEJALES 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  02 de octubre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000647.  Sentencia Nro.:2014-1346.  Caso: Silvio José Hernández Montilva vs. Alcaldía del Municipio Uribante del  Estado Táchira.  Ponente: Enrique Luis Fermín Villalta.  
  De los fallos parcialmente trascritos, se desprende que los funcionarios de  elección popular tales como los Concejales no les corresponde el pago de  prestaciones sociales así como, el bono vacacional y bono de fin de año  alegados por el querellante, ello en virtud del principio de legalidad, pues no  existe norma que prevea dicho pago, adicionalmente no existe norma alguna  que permita de manera supletoria aplicar lo establecido en la Ley Orgánica  del Trabajo con el fin de establecer el pago de los conceptos alegados por el  querellante.  
  Así pues, se colige de la sentencia ut supra citada que, la dieta, supone el pago  que por mandato de la Ley perciben ciertos funcionarios de la Administración  Pública en el ejercicio de una función o cargo, la cual sólo se hace efectiva, en  tanto su asistencia personal a las sesiones de la Cámara o Junta a la que  pertenezcan, para la cual hayan sido electos; mientras que, el salario es la  remuneración, provecho o contraprestación que perciben los trabajadores con  motivo de la prestación de un servicio regular y permanente, en virtud de una  relación laboral, y previa celebración de un contrato de trabajo, de  conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo.  
  Ello así, verificada como ha sido por esta Corte la distinción entre salario y  dieta, y asumiendo que la remuneración que perciben los Concejales se  circunscribe a una dieta, es de significar que sus límites deberán fijarse en  atención de lo previsto en la Ley Orgánica que rige la materia, que en el  presente caso, es la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones  de Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público, publicado en 
  <sub>90  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   la Gaceta Oficial Nº 39592 de fecha 12 de enero de 2011, cuyo objeto  contemplado en sus artículos 1° y 3 prevé:  
  (…omissis…)  
  En conclusión, estima esta Corte conforme a las disposiciones contempladas  en el nuevo régimen municipal que no es posible que los Concejales perciban  remuneracio nes distintas a la percepción de las aludidas “dietas”, y por ende,  debe entenderse, que los límites establecidos en la Ley Orgánica de  Emolumentos, aluden a dicha categoría de remuneración, de la cual no puede  desprenderse ningún otro beneficio o percepción adicional, tales como el bono  vacacional y los intereses de mora generados por el retardo en el pago de las  prestaciones sociales, a los que alude la Ley mencionada, derechos que surgen  como consecuencia de una relación de carácter laboral.  
  Corresponde acotar además, que los Órganos y Entes de la Administración  Pública en cualquiera de sus niveles, debe sujetarse estrictamente a las normas  constitucionales y legales que definen sus atribuciones, siendo nulas aquellas  actuaciones que no acaten el “principio de legalidad” o “principio restrictivo  de la competencia”, previsto en el artículo 137 de la Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela, el cual a su vez deriva del principio del  Estado de Derecho, que supone la sujeción de los órganos del Poder Público  a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 
  Por lo que, siguiendo la perspectiva antes adoptada, dado que los Concejales  tienen la condición de ejercer un cargo electivo regulado en la Ley Orgánica  del Poder Público Municipal, no cabe duda para esta Corte en razón al  aludido principio de legalidad, que al no prever estas normas acerca del  derecho al pago de los beneficios antes mencionados, ni contener disposición  alguna que permita inferir tal posibilidad; no resulta posible, a falta de  disposiciones expresas, aplicar, como normas supletorias, las previsiones que  sobre la materia contiene la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto del análisis  anteriormente expuesto se evidencia que no corresponden a los ediles los  derechos allí consagrados, y así se decide.   
  B.  MIEMBROS DE LAS JUNTAS PARROQUIALES 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  13 de noviembre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2009-000920.  Sentencia Nro.: 2014-1653.  Caso: Adrian José Rodríguez Martínez vs. Alcaldía del Municipio Bolívar del  Estado Monagas.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.   Sobre el alcance y contenido del citado artículo 2 de la Ley Orgánica de  Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y 
  <sub>91  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Municipio, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en sentencia  Nº 2009-347, de fecha 11 de marzo de 2009 (caso: Antonio Rafael Ortíz vs.  Municipio Lagunillas del estado Zulia), expresó lo siguiente:   “Sobre la base de lo expuesto, es evidente entonces que los miembros de las  Juntas Parroquiales detentan cargos de elección popular, que por su  naturaleza y por mandato del artículo 146 de la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela, se encuentran excluidos tanto del régimen jurídico  aplicable a los funcionarios públicos de carrera, como a los trabajadores que  en virtud de un contrato prestan servicio a la Administración Pública y se  rigen por la Ley Orgánica del Trabajo.  
  (…omissis…)   Ahora bien, en Parroquiales, c Ley Orgánica  (…omissis…)  
  Ahora bien, en lo relativo a las remuneraciones de los miembros de las Juntas  Parroquiales, conveniente resulta destacar lo dispuesto en el artículo 79 de la  Ley Orgánica del Poder Público Municipal, cuyo tenor es el siguiente:   (…omissis…)   Asimismo, el último aparte del artículo 35 eiusdem, expresa que ‘La no  presentación de la memoria y cuenta en forma organizada y pública por parte  del miembro de la Junta Parroquial, tendrá como consecuencia inmediata la  suspensión de dieta (…)’.   
  De las disposiciones normativas parcialmente transcritas, se desprende pues,  que la remuneración de los miembros de las Juntas Parroquiales con ocasión  a su condición, consistirá en la percepción de una dieta, cuyos límites se fijan  en atención de lo previsto en la Ley Orgánica que rige la materia, que en el  presente caso alude a la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos  Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, cuyo objeto consiste  en fijar los límites máximos y mínimos de los emolumentos que devenguen,  entre otros, los altos funcionarios de las Entidades Distritales y Municipales.  
  Se infiere pues, de todo lo expuesto, la existencia de una remuneración o  retribución distinta del concepto sueldo, entendido éste como todo ingreso,  provecho o ventaja que el funcionario público perciba en forma fija, regular y  periódica, equiparable al concepto de salario previsto en la Ley Orgánica del  Trabajo. Tal conclusión se reafirma con la naturaleza electiva y el carácter no  permanente del cargo que ejercen los miembros de Juntas Parroquiales,  quienes no se encuentran sometidos a un determinado horario de trabajo, por  lo que no están vinculados al Municipio laboralmente.  
  Con fundamento de lo precedentemente expuesto, se reitera que los  miembros de las Juntas Parroquiales detentan cargos de elección popular, lo  que los excluye del régimen jurídico aplicable a los funcionarios de carrera,  así como del régimen aplicable a los trabajadores que en razón de un contrato 
  <sub>92  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   prestan sus servicios a la Administración, y que debido a su condición  detentan una dieta, la cual -tal como ya se declaró-, no puede ser equiparada  al concepto de ‘salario’ y por ende no puede pretenderse que gene re el pago  de prestaciones sociales. Así se decide. (Resaltado de la Corte).  
  (…omissis…)  
  En conclusión, estima esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativa  conforme a las disposiciones contempladas en el nuevo régimen municipal  que no es posible que los miembros de Juntas Parroquiales perciban  remuneraciones distintas a la percepción de las aludidas `dietas´, y por ende,  debe entenderse, que los límites establecidos en la mencionada Ley Orgánica  de Emolumentos, aluden a dicha categoría de remuneración, de la cual no  puede desprenderse ningún otro beneficio o percepción adicional, tales como  las bonificaciones de fin de año, aguinaldos y el bono vacacional, a los que  alude la Ley mencionada, derechos que surgen como consecuencia de una  relación de carácter laboral.  
  (…omissis…)  
  Por lo que, siguiendo la perspectiva antes adoptada, dado que los miembros  de Juntas Parroquiales tienen la condición de ejercer un cargo electivo  regulado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, no cabe duda para  esta Corte en razón al aludido principio de legalidad, que al no prever ésta,  normas acerca del derecho al pago de los beneficios antes mencionados, ni  contener disposición alguna que permita inferir tal posibilidad; no resulta  dable, a falta de disposiciones expresas, aplicar, como normas supletorias, las  previsiones que sobre la materia contiene la Ley del Trabajo, por cuanto del  análisis anteriormente expuesto se evidencia que no corresponden a los  miembros de Juntas Parroquiales los derechos allí consagrados, criterio  sostenido por esta Corte en sentencia N° 2007- 1386, de fecha 26 de julio de  2007, (caso: Pedro José Perdomo Vs. Municipio Iribarren Juan del Estado  Lara). Así se decide.  
  C.  DE LOS DIPUTADOS 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  22 de Julio de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2007-000184.  Sentencia Nro.: 2014-1077.  Caso Víctor Manuel Hernández vs. Gobernación del Estado Miranda.  Ponente: Gustavo Valero Rodríguez.  
  La remuneración de los Diputados, por el desempeño de la función  legislativa, consistirá en la percepción de una dieta, la cual está sujeta entre  otros, a la asistencia a las correspondientes sesiones de la Cámara Legislativa;  y cuyos límites se fijan en atención de lo previsto en la Ley Orgánica que rige 
  <sub>93  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   la materia, que en el presente caso alude a la Ley Orgánica de Emolumentos  para Altos Funcionarios y Funcionarias del Poder Público, cuyo objeto  consiste en fijar los límites máximos y mínimos de los emolumentos que  devenguen, entre otros, los altos funcionarios, entre los cuales, se encuentran  los Diputados de la Asamblea Nacional y demás altos funcionarios de la  Administración Pública.  
  De acuerdo con lo pautado en las normas antes mencionadas, la percepción  de la dieta, además de quedar sujeta a la eventualidad de la celebración de la  sesión y efectiva asistencia a la Cámara Legislativa, puede perderse si el  Diputado se ausenta, antes de finalizar ésta sin la aquiescencia del Presidente,  lo que indica que en ningún caso el legislador consideró pertinente establecer  tales pagos en forma fija y periódica.   
  Es decir, que la asistencia a las sesiones de Cámara es una actividad propia de  los Diputados que la conforman, la cual debe ser cumplida en el ejercicio de  sus funciones, como servidores públicos, debiendo percibir la remuneración  prevista en la Ley, y conforme a la modalidad y límite previsto en la Ley  Orgánica que rige la materia.   
  Se infiere pues, de todo lo expuesto, la existencia de una remuneración o  retribución distinta del concepto sueldo, entendido éste como todo ingreso,  provecho o ventaja que el funcionario público perciba en forma fija, regular y  periódica, equiparable al concepto de salario previsto en la Ley Orgánica del  Trabajo. Tal conclusión se reafirma con la naturaleza electiva y el carácter no  permanente del cargo que ejercen los diputados, quienes no se encuentran  sometidos a un determinado horario de trabajo, por lo que no están  vinculados a la Asamblea Nacional laboralmente.   
  4.   OTROS BENEFICIOS LABORALES 
  A.  INDEXACIÓN SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 
  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  27 de noviembre de 2014.  Expediente Nro.: 13-0979.  Sentencia Nro.: 1649.  Caso: Maritza Josefina Alvarado Mendoza.  Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón.  
  En este sentido, es menester observar que en la sentencia N° 391, dictada por  esta Sala el 14 de mayo de 2014 (caso: Mayerling del Carmen Castellanos  Zárraga), se asentó el criterio en cuanto a la indexación del pago de las  prestaciones sociales de los funcionarios públicos, en los siguientes términos: 
  (…omissis…)   
  <sub>94  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Siguiendo el anterior criterio, si bien es posterior a la sentencia objeto de esta  revisión, en aras de garantizar la uniformidad jurisprudencial y el derecho a  la igualdad, esta Sala considera necesario su aplicación al presente caso, por  lo que debe declararse ha lugar la presente solicitud de revisión y ordenar que  se aplique la indexación al monto que corresponde a la Administración  Pública cancelar a la solicitante por concepto de prestaciones sociales,  calculada desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de  ejecución de la sentencia, entendida como la fecha del efectivo pago,  excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido  por acuerdo de las partes o haya estado paralizado por motivos no imputables  a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual el tribunal de la  causa deberá en la oportunidad de la ejecución, solicitar al Banco Central de  Venezuela un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país entre  dicho lapso, a fin de que este índice se aplique sobre el monto que en definitiva  corresponda pagar y así se decide.  
  B.  INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES ACAECIDOS  Ó
  EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  26 de septiembre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-Y-2013-000052.  Sentencia Nro.: 2014-1379.  Caso: Sandra Milagro Acacio vs. Gobernación del Estado Aragua.  Ponente: María Elena Becerra Torres.  
  Al respecto, debe enfatizar esta Instancia Jurisdiccional que de conformidad  con el criterio reiterado desarrollado por este Órgano Jurisdiccional, aquellas  indemnizaciones de carácter laboral, estimables en dinero y nacidas a favor  del funcionario público, con ocasión a su prestación de servicios, forman parte  de sus prestaciones sociales y las mismas son exigibles al término de la  relación funcionarial y en el presente caso, la parte recurrente solicitó la  indemnización devenida de una lesión sufrida con ocasión a sus labores  diarias, es decir, una discapacidad de carácter ocupacional, y por lo tanto,  cualquier indemnización que esta genere forma parte de sus derechos de  naturaleza laboral siendo exigible al término de la vinculación funcionarial.  
  (…omissis…)  
  Visto lo anterior, de los argumentos expuestos en el informe médico se extrae  que el origen laboral de la enfermedad padecida por la ciudadana querellante,  el cual le atribuyó el calificativo de “Agravada por el Trabajo” o enfermedad  ocupacional, haciéndose meritorio indicar el contenido del artículo 130  numeral 3 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente  de Trabajo, el cual establece:  
  <sub>95  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  (…omissis…)  
  En función de lo expuesto, se observa que el dispositivo normativo transcrito  establece una responsabilidad subjetiva por parte de la Administración frente  a la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional como  consecuencia de la violación de la normativa legal, así pues, respecto a este  tema se ha pronunciado la Sala de Casación Social en sentencia Nº 2134, de  fecha 25 de octubre de 2007, (caso: Gloria del Carmen Aguilar Medina vs  Ferretería La Lucha, C.A. y Agropecuaria La Candelaria, C.A) en la cual  expresó que:  
  (…omissis…)  
  De lo anterior, se desprende que el empleador -la Administración- debe  indemnizar al trabajador -en este caso, una funcionaria- por las incapacidades  ocasionadas por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, o a sus  parientes en caso de muerte, cuando dichos infortunios se produzcan como  consecuencia del incumplimiento de las normas de prevención, sabiendo el  empleador que sus funcionarios corrían peligro en el desempeño de sus  labores y no corrigió las situaciones riesgosas.  
  Es decir, que el empleador responde por haber actuado en forma culposa, con  negligencia, imprudencia o impericia, y siempre será preciso que en caso de  reclamación de la indemnización correspondiente el trabajador demuestre  que el patrono conocía de las condiciones riesgosas, y en el caso que nos  ocupa, ya que se trata de una relación funcionarial, el funcionario deberá  probar que la Administración conocía tales situaciones de riesgo.  
  Ello así, se tiene que para la procedencia de estas indemnizaciones, el  funcionario tiene que demostrar que la Administración incumplió las  condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, así como que conocía las  condiciones riesgosas y que actuó en forma culposa, con negligencia,  impericia o imprudencia. (Vid. Sentencia Nº 1865 de la Sala de Casación  Social, de fecha 18 de septiembre de 2007, caso: Tomás Antonio Centella  Álvarez Vs Procter &amp; Gamble Industrial).  
  Ahora bien, con respecto a la existencia de la relación de causalidad entre la  enfermedad en cuestión y el trabajo prestado, es menester señalar que la  cuestión de la relación de causalidad adquiere fundamental importancia en el  ámbito que nos ocupa, en el cual, obviando disquisiciones filosóficas acerca  de los alcances que se deben atribuir a la conducta humana, es preciso  determinar cuándo y en qué condiciones el empleador debe responder ante la  lesión de que es víctima su funcionario.   La relación de causalidad, es pues una cuestión de orden físico material, más  que jurídico, se trata de saber si un daño es consecuencia de un hecho anterior  y para su estudio es necesario definir los conceptos de causa, concausa y 
  <sub>96  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  condición. En este orden de ideas, la causa, es el origen, antecedente o  fundamento de algo que ocurre, es el hecho que ocasiona algo, una cosa o  acontecimiento que puede producir uno o más efectos; la concausa, es aquello  que actuando conjuntamente con una determinada causa, contribuye a  calificar el efecto, es un estado o circunstancia independiente que actúa con la  causa, que puede ser preexistente, concomitante o sobreviniente, en medicina  la concausa preexistente se llama “estado anterior” que se ref iere a estados  patológicos de la víctima y la concausa concomitante o sobreviniente se llama  complicación; la condición es empleado en el sentido de condicionar, es decir,  hacer depender alguna cosa de una condición. (Pavese-Gianibeli.  Enfermedades Profesionales en la Medicina del Trabajo y en el Derecho  Laboral. Editorial Universidad. Buenos Aires. Argentina).  
  En sintonía con lo anterior, y para definir la relación de causalidad que debe  existir entre la enfermedad y el trabajo realizado a efecto de que pueda  ordenarse la indemnización correspondiente, es menester considerar como  causa sólo la que mayor incidencia ha tenido en la génesis del daño (ésta sería  la causa principal) y considerar o llamar concausa a otras causas o condiciones  que han influido en la producción y la evolución del daño. Es así, que serían  causa las condiciones y medio ambiente del trabajo (si es que fueron el  principal desencadenante de la lesión) y concausa la predisposición del  trabajador a contraer la enfermedad.  
  En este sentido, se hace necesario tener en cuenta si la causa incriminada (las  condiciones de prestación del servicio) es capaz de provocar el daño  denunciado y en caso de producirse una complicación evolutiva, poder  establecer si alguna otra causa (concausa), alteró esa evolución, de esta  manera el juez podrá decidir si hubo o no vinculación causal o concausal con  las tareas realizadas por un trabajador; determinar dicha vinculación resulta  indispensable, pues no resultará indemnizable el daño sufrido por el  trabajador ocasionado conjuntamente por la tarea realizada y por la acción de  una concausa preexistente, en la medida en que esta última (concausa) haya  incidido. (Vid. Sentencia Nº 0505 de la Sala de Casación Social, de fecha 22 de  abril de 2008, caso: Enyerberg Manuel Basanta Mediavilla vs C.V.G.  Bauxilum, C.A.).  
  C.  PAGO DE INTERESES MORATORIOS  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  30 de julio de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001301.  Sentencia Nro.: 2015-0740.  Caso: Gustavo Avendaño vs. Alcaldía del Municipio Chacao.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  <sub>97  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  (…) debe esta Alzada señalar que el artículo 40 d el Decreto con Rango, Valor  y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, exige la  presentación de la declaración jurada de patrimonio con el esencial propósito  de que el funcionario público pueda retirar el pago de sus prestaciones  sociales, lo que implica que el pago, así como las actuaciones administrativas  realizadas con el propósito de materializarlo, dependan de la presentación del  mencionado documento.  
  Es por ello, que una vez finalizada la relación funcionarial corresponde a la  Administración realizar los trámites necesario para cumplir con el pago de las  prestaciones sociales del funcionario, esto con independencia de que le sea  presentada o no la declaración jurada de patrimonio a que hace referencia el  artículo antes referido, pues, la presentación de dicha declaración sólo  condiciona el retiro definitivo de sus prestaciones sociales.   En virtud de lo anterior, debe esta Alzada dejar establecido que el cálculo de  los intereses de mora generados por el retardo en el pago de las prestaciones  sociales, debe realizarse contado a partir de la fecha en que el funcionario  consigne  la  declaración  jurada  de  patrimonio,  ante  el  Órgano 
  correspondiente.  
  D.  BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  18 de Junio de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2010-000332.  Sentencia Nro.: 2015-0563.  Caso: María Josefina Petit Garcés vs. Instituto de Vialidad del Estado Falcón  (Invialfa).  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Para la cancelación del beneficio de alimentación se requiere la prestación  efectiva del servicio por parte de la recurrente para que se le pueda cancelar  y el mismo no puede ser estimado en asignaciones dinerarias adeudadas,  criterio este que se sostiene en cuanto al beneficio del Bono Único y el Bono  de Fin de Año, en los cuales se requiere, asimismo, de la prestación efectiva  del servicio durante el año respectivo, que de no verificarse íntegramente  durante ese año, le corresponderá el pago de la fracción del tiempo laborado;  razón por la cual, esta Corte considera que tales conceptos no debieron  incluirse en la experticia complementaria. Así se decide.  
  E.  BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  27 de Mayo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2009-000150.  Sentencia Nro.: 2015-0439. 
  <sub>98  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Caso: Víctor Ramón Vásquez Marcano vs. Alcaldía del Municipio Vargas del  Estado Vargas.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.   Ello así, Es menester para esta Corte traer a colación lo establecido en el  artículo 25 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual dispone lo  siguiente:  
  (…omissis…)  
  De conformidad con la norma ut supra transcrita, la bonificación de fin de año  será el equivalente a un mínimo de noventa días de sueldo integral, sin  perjuicio que pueda aumentarse por negociación colectiva, y para que la  misma sea procedente es imprescindible que la prestación de servicio haya  sido efectuada durante el período anual respectivo, ya que en los casos en los  que se incumpla o no se cumpla íntegramente tal prestación, corresponderá  tal beneficio de manera fraccionada al tiempo laborado.  
  La Ley no establece una oportunidad específica para su cancelación, no  obstante, es un hecho notorio que tal bono es pagado a todos los funcionarios  públicos al finalizar el año, y es a partir de ese momento que el mismo se hace  exigible. Igualmente, es oportuno destacar que la bonificación de fin de año  forma parte de las prestaciones sociales, en el sentido que la misma se erige  como una indemnización de carácter laboral, estimable en dinero y nacidas a  favor del funcionario público.  
  F.   COMPENSACIÓN POR SERVICIO EFICIENTE 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  10 de marzo de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2009-001387.  Sentencia Nro.: 2016-0170.  Caso: Cléver Darcy Briceño de Crespo vs. Instituto Nacional de Capacitación  y Educación Socialista (Inces).  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  En lo que respecta a la “compensación por servicio eficiente” ésta se refiere a  la cantidad dineraria recibida por el funcionario en virtud del rendimiento  demostrado en el ejercicio de sus funciones. De esta manera, dicha prima  recompensa el compromiso demostrado por el servidor público en el  desempeño de sus labores, por lo cual una vez otorgada, igualmente forma  parte integrante del sueldo.   
  G.  COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  10 de marzo de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2009-001387. 
  <sub>99  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Sentencia Nro.: 2016-0170.  Caso: Cléver Darcy Briceño de Crespo vs. Instituto Nacional de Capacitación  y Educación Socialista (Inces).  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  De la jurisprudencia anteriormente transcrita, entiende esta Corte que la  expresión “compensación por antigüedad” empleada por el Legislador en el  artículo 7 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones  de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de  los Estados y de los Municipios, se refiere a la prima otorgada al funcionario  o empleado una vez haya cumplido con un tiempo determinado de servicio  en la Administración, lo cual constituye una retribución por los años de  trabajo en la función pública. Dicha compensación por su carácter regular y  permanente, se incluye en el cómputo total de la remuneración mensual del  funcionario o empleado.  
  5.   PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  04 de febrero de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2009-001119.  Sentencia Nro.: 2016-0076.  Caso: María Isabel Ramos Marrero vs. Alcaldía del Municipio Páez del Estado  Bolivariano de Miranda.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  Así, esta Corte considera oportuno señalar que conforme al artículo 92 de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los trabajadores y  trabajadoras tienen derecho a percibir las prestaciones sociales por  antigüedad en el servicio, con el fin de honrar el servicio prestado, de lo cual  se desprenden una serie de conceptos que deben ser cancelados al trabajador  al finalizar la misma. En consecuencia, mal podría considerarse que se  pretendió proteger en la Constitución sólo el concepto de antigüedad y no el  conjunto de conceptos que de ella derivan y que integran las prestaciones  sociales que obtiene el trabajador en el transcurso de la relación de trabajo, de  los cuales se derivan intereses moratorios a los cuales deberá dársele el mismo  valor, privilegio y garantía de la deuda principal.  
  A.  REQUISITOS 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  02 de Julio de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000096.  Sentencia Nro.: 2015-0687.  Caso: Carolina Juliana Ferele Urrieta vs. Alcaldía del Municipio Sucre del  Estado Bolivariano de Miranda. 
  <sub>100  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  En lo referente, al supuesto impedimento de cancelar de las mencionadas  prestaciones, debido a la demora en la entrega de la declaración jurada de  patrimonio, este Órgano Jurisdiccional observa que, en efecto los intereses  sobre prestaciones sociales devienen del uso patronal del capital perteneciente  al trabajador durante la relación de trabajo, sea de empleo público o privado,  y hasta tanto el monto de esas prestaciones no le sea entregado al trabajador,  se generarán intereses moratorios hasta su pago efectivo.   Sin embargo, esta Alzada observa que el numeral séptimo del artículo 33 de  la Ley Orgánica contra la Corrupción, es del tenor siguiente:   (…omissis…)   De igual forma, es necesario traer a los autos lo dispuesto en el artículo 40 de  la Ley Contra la Corrupción, el cual dispone:  
  (…omissis…)   De igual form la Ley Contra  (…omissis…)  
  De manera que, considera esta Alzada que la referida norma establece como  requisito para el pago de las prestaciones sociales la consignación de la  declaración jurada de patrimonio, ello así, el cálculo de los intereses de mora  por el retardo en el pago de las prestaciones sociales, debe realizarse contado  a partir de la fecha en que la funcionaria consigne la referida declaración, ante  el órgano correspondiente, en virtud de ello, considera esta Corte que el  Tribunal A quo erró al acordar los intereses moratorios desde el 13 de  noviembre de 2008, hasta la fecha en que efectivamente se hiciera efectivo el  pago de sus prestaciones sociales. Así se decide.  
  6.  DERECHO A SINDICARSE 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  12 de abril de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2010-000089.  Sentencia Nro.: 2016-0300.  Caso: Yadira Roger de Peña vs. Instituto Nacional de Nutrición.  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  En atención a lo expuesto, estima necesario esta Corte señalar que el “derecho  a la sindicación o a sindicarse”, consiste en la potestad que tiene todo  trabajador de constituir una organización sindical o de pertenecer o no a la  que prefiera, afín con la rama o área de trabajo en la cual éste presta sus  servicios.   En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su  artículo 95 prevé la protección del empleo de manera específica para aquellos  promotores y miembros directivos de sindicatos a los fines de garantizar la 
  <sub>101  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   libertad sindical, razón por la cual no podrán ser despedidos, trasladados o  desmejorados en sus condiciones de trabajo sin justa causa y sin calificación  previa, la referida norma constitucional tiene como finalidad garantizar la  defensa del interés colectivo y lograr la autonomía de las funciones sindicales.   Aunado a lo anterior, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo, publicada  en la Gaceta Oficial 5.552 Extraordinaria del 19 de junio de 1997, aplicable  rationaetemporis, establece que:  
  (…Omissis…)  
  De lo anterior, se observa que a los funcionarios públicos les serán aplicables  las normas laborales en todo lo no previsto en la misma, siempre y cuando  estén fuera de los enunciados expresamente en el sistema de carrera del  artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo y que no colidan en forma evidente  con tal sistema.   7.   PAGO DE BONO NACIONAL Y DE FIN DE AÑO A  FUNCIONARIOS DE ELECCIÓN POPULAR  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  12 de julio de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-001110.  Sentencia Nro.: 2016-0313.  Caso: Rafael Hidalgo vs. Municipio Valencia del Estado Carabobo.  Ponente: Víctor Martín Díaz.  
  De los artículos anteriormente transcritos, esta Corte colige que a los  funcionarios de elección popular (entre otros) se le reconoce el derecho a una  bonificación vacacional y de fin de año, ello así, y circunscrito al caso de  marras este Órgano Jurisdiccional considera que al ciudadano Rafael  Oswaldo Hidalgo Mejías le asiste el derecho a percibir el bono vacacional y  bono de fin de año, correspondiente al año 2011, el cual se calculará a partir  del 12 de enero de 2011 (fecha de entrada en vigencia de la Ley ut supra) hasta  el 28 de enero de 2011, fecha en la cual cesó sus funciones como Miembro de  la Junta Parroquial “San José” del Municipio Autónomo Valencia,   
  A.  CRITERIO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DE  EMOLUMENTOS DEL AÑO 2002 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  28 de julio de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2012-000399.  Sentencia Nro.: 2016-0393.  Caso: Richard Pinto vs. Municipio Girardot del Estado Aragua.  Ponente: Víctor Martín Díaz.  
  <sub>102  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  En este contexto cabe señalar que los Concejales perciben una remuneración  que deviene de la condición de ostentar un cargo de elección popular  regulado por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la cual no prevé  normas acerca del derecho al pago de las bonificaciones de fin de año, ni bono  vacacional, y como quiera que a falta de previsiones legales expresas, no  resulta pertinente aplicar lo contenido en la Ley Orgánica del Trabajo, de los  Trabajadores y las Trabajadoras, por cuanto el análisis anteriormente  expuesto se desprende que no corresponde a los Concejales los derechos allí  establecidos; y siendo que el pago de dicha remuneración depende de la  asistencia o no de los mismos a las sesiones del Concejo Municipal, esta Corte  estima que no es procedente el pago de los conceptos reclamados por el  ciudadano querellante. Así se decide.   
  8.   VACACIONES 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  13 de octubre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000176.  Sentencia Nro.: 2016-0531.  Caso: Miriam Arias vs. Municipio Sucre del Estado Miranda.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  De la normativa y la jurisprudencia anteriormente transcrita se evidencia, que  la finalidad de las vacaciones es la de permitir al trabajador un merecido  descanso por la jornada prestada durante un año ininterrumpido de labores,  a los fines de que se reponga del esfuerzo realizado, y que cuente con la  suficiente disponibilidad dineraria para disfrutar dicho descanso sin mayores  apremios, con lo que pretende el Legislador que el trabajador efectivamente  disfrute de tal descanso; puede colegirse que no es el nacimiento de tal  derecho, sino el efectivo disfrute del mismo, el que marca las consecuencias  que de él se derivan, entre ellas, el correspondiente pago por concepto de  vacaciones -las vacaciones mismas y el bono vacacional-, pues, siempre y  cuando las vacaciones sean disfrutadas y pagadas en su oportunidad, el pago  debe calcularse, como lo señala el artículo 145 de la Ley Orgánica del Trabajo,  tomando como base el salario normal devengado por el trabajador en el mes  inmediatamente anterior al día en que nació el derecho al disfrute de las  mismas, siempre y cuando dicho concepto laboral haya sido pagado en su  oportunidad, ya que en caso contrario, es decir, cuando las mismas no hayan  sido canceladas oportunamente, deben calcularse conforme al último salario  diario devengado por el trabajador al momento de la finalización de la  relación de trabajo, ello en virtud de razones de justicia a las que debe  atenderse conforme al artículo 2 de nuestra Carta Magna.   
  
  <sub>103  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   V. INCOMPATIBILIDADES  1.  RÉGIMEN GENERAL DE LAS INCOMPATIBILIDADES  
  IV. INCOMPATIBILIDADES 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  16 de noviembre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-Y-2013-000090.  Sentencia Nro.: 2016-0677.  Caso: Eddie Nieves vs Estado Aragua.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  De las normas y de los criterios jurisprudenciales que anteceden, se desprende  claramente, como regla general, la prohibición constitucional referida a que  ningún funcionario podrá desempeñar a la vez más de un destino público.  Ahora bien la Constitución, admite en ciertos casos ejercer simultáneamente  dos cargos públicos, siempre que el segundo destino se encuentre dentro de  las excepciones dispuestas por el Legislador como son: las referentes a cargos  académicos o asistenciales; asimismo, lo permite en casos que se refieren a  otras actividades realizadas con carácter accidental o en caso de suplencia  advirtiendo en el caso del suplente que no reemplace definitivamente al  principal.  
  Tal como ha sido establecido por el Máximo Tribunal del país, en sus Salas  Constitucional y Político Administrativa, la fundamentación de tal excepción  se halla en que el ejercicio de la función pública y el desempeño de un cargo  docente o asistencial, no se muestran per se incompatibles entre sí, con lo cual  en principio no se vería afectada la función pública, el cual es el bien tutelado  por la disposición constitucional y se vería resguardado el fin último del  Constituyente, que es garantizar el correcto ejercicio de la función pública.   2.  EXCEPCIÓN  A  LA  INCOMPATIBILIDAD  (DOBLE  Ó
  JUBILACIÓN) 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  4 de agosto de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000443.  Sentencia Nro.: 2014-1169.  Caso: María Teresa Díaz vs. Defensa Pública.  Ponente: Gustavo Valero Rodríguez.  
  Ahora bien, señala esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que  no constituye en el caso de autos vulneración al artículo 148 de la Carta  Magna, percibir dos (2) jubilaciones, siendo que la querellante prestó sus  servicios como docente en el Ministerio de Educación, Institución que le  otorgó la jubilación, y en la Defensa Pública ejerció funciones como Defensor  Público, actividades que no son incompatibles y que a su vez se trata de uno  de los supuestos permitidos por la Ley de conformidad con la Jurisprudencia 
  <sub>104  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   antes citada, razón por la cual, la ciudadana María Teresa Medina al haber  prestado sus servicios como docente, podía desempeñar funciones en otro  destino público y percibir una pensión de incapacidad, lo cual considera esta  Alzada no constituye una vulneración el artículo 148 de la Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela.     V.  PERSONAL CONTRATADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   1.  PROHIBICIÓN DE INGRESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA  Sala Constitucional Tribunal Supremo de Justicia.  17 de diciembre de 2015.  Expediente Nro.: 15-1197.  Sentencia Nro.: 1659.  Caso: Solicitud de Revisión Constitucional incoado por Jesús Oswaldo  Hernández  Ponente: Arcadio de Jesús Delgado Rosales.  
  Debe indicar esta Sala que, antes de la entrada en vigencia de la Constitución  de 1999, la jurisprudencia de la entonces Corte Suprema de Justicia había  establecido que las personas que habían sido designadas o prestaban sus  servicios de manera irregular, bien como funcionarios de hecho o contratados,  adquirían estabilidad con el mero transcurso del tiempo, a pesar de la  previsión legislativa (ingreso por concurso); sin embargo, con la entrada en  vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se  modificó tal situación, pues la misma previó que el ingreso a la carrera  funcionarial solo debe hacerse con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Estatuto  de la Función Pública (artículo 144 constitucional), que prevé que dicho  ingreso se hará mediante concurso público y superado el periodo de prueba  (primer aparte del artículo 19), sin que ello suponga menoscabo del derecho  que tienen los empleados designados o contratados a percibir los beneficios  económicos derivados de la efectiva prestación de servicios, aun cuando no  gocen de estabilidad.  
  Así las cosas, los empleados al servicio de la Administración Pública que  ingresen bajo la figura de designados, contratados, temporales y suplentes se  encuentran (al igual que los funcionarios de libre nombramiento y remoción)  sometidos a una relación especial de sujeción que puede concluir como  consecuencia de múltiples causas que son o no dependientes de la voluntad  del Estado. Entre las circunstancias que dependen de la voluntad del Estado  denominadas por la doctrina como causas generales, figura la revocación  como una causa excepcional y correlativa a la facultad de nombrar a los  empleados públicos cuya designación no está reglada, es decir, que no han  ingresado por concurso.  
  
  <sub>105  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   2.  RÉGIMEN DEL PERSONAL TRANSITORIO O PROVISIONAL  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  4 de febrero de 2016.  Expediente Nro.: AP42-Y-2014-000195.  Sentencia Nro.: 2016-0039.  Caso: Lisbet Colmenares vs. Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM).  Ponente: Alexis Crespo Daza.   En consonancia con lo anterior, el funcionario que, una vez entrada en  vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, haya  ingresado  a  la  Administración  Pública  -mediante  designación  o  nombramiento- a un cargo calificado como de carrera, sin la realización  previamente del debido concurso público, gozarán de estabilidad provisional  o transitoria en sus cargos, hasta tanto la Administración decida proveer  definitivamente dicho cargo mediante el correspondiente concurso público.  Este derecho a la estabilidad provisional nacerá una vez superado el período  de prueba. 
  Esta estabilidad provisional supone, en criterio de esta Corte, que aquel  funcionario que se encuentre en la aludida situación de transitoriedad no  podrá ser removido, ni retirado de su cargo por causa distinta a las  contempladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública (artículo 78), hasta  tanto el cargo que ocupa temporalmente sea provisto mediante el  correspondiente concurso público.  
  En síntesis, considera este Órgano Jurisdiccional que, en atención a los  principios derivados del Estado Social de Derecho y de Justicia establecido en  el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe  reconocerse el derecho a la estabilidad provisional o transitoria, en los  términos antes expuestos, al funcionario que haya ingresado por designación  o nombramiento a un cargo de carrera, sin haber superado previamente el  respectivo concurso.  
  VI. EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
  1.  INGRESO 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  11 de Mayo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-N-2011-000062.  Sentencia Nro.: 2015-0342.  Caso: Yrmem Díaz vs. Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de  Maiquetía.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  <sub>106  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Visto lo anteriormente expuesto, es importante destacar que la realización del  concurso es una carga que reposa enteramente en cabeza de la  Administración, de manera tal, que la falta de realización del mismo no debe  constituir una razón válida para que los distintos órganos públicos revoquen  el nombramiento de los funcionarios, so pretexto de que éstos, al no haber  adquirido la condición de funcionarios de carrera, dada la falta del referido  concurso cuya carga no es del particular, sino de la Administración, éstos  desempeñan, por ende, el cargo de manera ilegal.  
  Siendo ello así, resulta necesario para esta Corte traer a colación el criterio  establecido por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en  sentencia N° 2008-1596 de fecha 14 de agosto de 2008, (caso: Oscar Alfonso  Escalante Zambrano contra el Cabildo Metropolitano de Caracas), en el cual  se estableció que:  
  “...esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo establece como  criterio que el funcionario que, una vez entrada en vigencia la Constitución  de la República Bolivariana de Venezuela, haya ingresado a la Administración  Pública -mediante designación o nombramiento- a un cargo calificado como  de carrera, sin la realización previamente del debido concurso público,  gozarán de estabilidad provisional o transitoria en sus cargos, hasta tanto la  Administración decida proveer definitivamente dicho cargo mediante el  correspondiente concurso público. Este derecho a la estabilidad provisional  nacerá una vez superado el período de prueba.  
  Esta estabilidad provisional supone, en criterio de esta Corte, que aquel  funcionario que se encuentre en la aludida situación de transitoriedad no  podrá ser removido, ni retirado de su cargo por causa distinta a las  contempladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública (artículo 78), hasta  tanto el cargo que ocupa temporalmente sea provisto mediante el  correspondiente concurso público.  
  En síntesis, considera este Órgano Jurisdiccional que, en atención a los  principios derivados del Estado Social de Derecho y de Justicia establecido en  el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe  reconocerse el derecho a la estabilidad provisional o transitoria, en los  términos antes expuestos, al funcionario que haya ingresado por designación  o nombramiento a un cargo de carrera, sin haber superado previamente el  respectivo concurso...”   
  En consonancia con el criterio ut supra establecido, considera este Órgano  Jurisdiccional que, en atención a los principios derivados del Estado Social de  Derecho y de Justicia consagrados en el artículo 2 de la Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela, debe reconocerse el derecho a la  estabilidad provisional o transitoria, en los términos antes expuestos, al 
  <sub>107  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   funcionario que haya ingresado por designación o nombramiento a un cargo  de carrera, sin haber superado previamente el respectivo concurso.    A.  INGRESO DEL PERSONAL DE CARRERA  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  26 de noviembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000468.  Sentencia Nro.: 2015-1133.  Caso: Lysmar Nasr vs. Vicepresidencia de la República.   Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  Así pues, el artículo 40 ejusdem, establece la designación de funcionarios de  carrera por dos (2) razones fundamentales, primero: porque existe una  prohibición constitucional de otorgar la condición de funcionario de carrera a  un funcionario público sin la realización previa del concurso y, segundo: la  administración en muchas ocasiones necesita del recurso humano con  acelerada prontitud para el desempeño de funciones que son propias de  funcionarios que ocupan cargos de carrera y no le es posible en cada ocasión  hacer el llamado a concurso, es entonces cuando, sin darle la categoría de  funcionarios de carrera, puede realizar designaciones para que se cumpla la  función administrativa necesaria para el logro de sus fines, sin que ello  implique que al funcionario designado para ocupar el referido cargo sin la  realización previa del concurso pueda ser considerado funcionario de carrera,  por lo que el nombramiento se realiza hasta la celebración del concurso  público para el mencionado cargo. Este proceder, es idóneo para no  obstaculizar el que hacer administrativo, pero el ingreso definitivo del  funcionario queda supeditado a la realización del concurso previsto en la  Constitución.  
  En este sentido, resulta menester para esta Corte aclarar, que el régimen que  tienen estos funcionarios, es el de una estabilidad provisional hasta la  realización del concurso, pudiendo ser retirados de la Administración luego  de superado el periodo de prueba, sólo mediante las causales establecidas en  el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.  
  llo es así, porque el funcionario público, para el mejor desarrollo de su  actividad, debe tener garantizada su estabilidad aún cuando esta sea  provisional, ya que no es su responsabilidad la falta de realización del  concurso público, de esta manera al no ser imputable al funcionario la  apertura del concurso debe gozar de la protección, con la finalidad de nivelar  las opciones de igualdad ante la Ley, ya que una de las finalidades del Estado  es el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, por lo que la  inestabilidad en el ejercicio de las funciones del cargo de manera indefinida  sin una norma que lo regule, estando sólo supeditado al arbitrio del Jerarca  Administrativo, es atentatorio a los derechos de la persona, lo cual se ha 
  <sub>108  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   propuesto respetar y defender el Estado Venezolano como su primera  finalidad, definida en el artículo 3 de la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela.  
  2.  PERÍODO DE PRUEBA 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  09 de diciembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-000026.  Sentencia Nro.: 2015-1219.  Caso: Alejandro Aragort vs. Municipio Valencia del estado Carabobo.  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  El período de prueba al que se ve sometido un funcionario, se hace por un  tiempo estipulado en el ordenamiento jurídico (período máximo de tres (3)  meses), y con el único fin de determinar si el funcionario que ha ingresado a  la Administración Pública, cumple con las prioridades estratégicas del Ente  donde se desempeñe.  
  Así las cosas, la evaluación debe estar diseñada: i) para conocer el nivel,  calidad y eficiencia del funcionario en el ejercicio de sus funciones; ii) como  acto que eventualmente pueda afectar la esfera jurídica del funcionario, dicha  evaluación debe respetar el derecho a la defensa de los funcionarios  evaluados, razón por la cual cuando la Administración Pública emprende  períodos de evaluación debe garantizar al evaluado, que éste pueda ejercer  los recursos legales, a fin de garantizar la transparencia de tales  procedimientos, ya que de estas evaluaciones surgen actos administrativos  que sin duda deben ser objeto de tutela para garantizar así la defensa del  Funcionario evaluado en período de prueba. Asimismo, debe indicarse que la  administración antes de revocar el nombramiento como consecuencia de un  resultado negativo de la evaluación a un funcionario sometido a período de  prueba, debe notificarle los resultados obtenidos por éste, acompañando de  los documentos que fundamentan los resultados negativos, y permitirle  ejercer su derecho a la defensa. 
  Ello así, debe señalarse que toda decisión o acto administrativo (generado de  una evaluación en el período de prueba), debe estar sustentado en  documentos que soporten su contenido, es decir, de estar un funcionario bajo  período de evaluación y se determine que éste no cumplió con los objetivos y  niveles mínimos de desempeño (período de prueba), la notificación de dichos  resultados debe estar acompañado de los documentos que sustenta la  evaluación negativa; por ejemplo: -no cumplió el horario establecido de  trabajo, tal decisión debe ser acompañada de la lista de asistencia que permita  corroborar sus faltas al horario preestablecido- y de esta manera ejercer un  verdadero control de la legalidad del acto que concluye con el período de  evaluación  
  <sub>109  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  3.  RESTRUCTURACIÓN 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  16 de Julio de 2015.  Expediente Nro.: AP42-Y-2015-000089.  Sentencia Nro.: 2015-0762.  Caso: Ramón Antonio González Martínez vs. Servicio Bolivariano de  Inteligencia Nacional (SEBIN).  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Por su parte, es deber de esta Corte enfatizar que los efectos que derivan de  un procedimiento de reestructuración, defieren de las consecuencias propias  de una destitución; por un lado, la remoción de un funcionario significa que  dicho funcionario pasa a disponibilidad de la Administración, para que en el  lapso de un (1) mes sea reubicado, y en caso de no ser posible su reubicación,  sea retirado de la Administración. Por su parte, la destitución  – figura  asimilable al despido en materia laboral- pone fin a la relación funcionarial  entre el funcionario y la Administración por causales taxativas que obedecen  a conductas de parte del funcionario contrarias al espíritu y funcionamiento  de la Administración Pública, por lo cual se considera a esta última la mayor  de las sanciones disciplinarias, producto a su vez de un procedimiento  administrativo que determina dicha conducta.  
  A.  DEBER  DE  MOTIVACIÓN  DE  LOS  ACTOS  DE  DESTITUCIÓN DURANTE LA RESTRUCTURACIÓN 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  5 de marzo de 2015.  Expediente Nro.: AB42-R-1986-000003.  Sentencia Nro.: 2015-0042.  Caso: Lelys Westalia Salas vs. Prefectura del Distrito Caripe del Estado  Monagas.  Ponente: Osvaldo Enrique Rodríguez Rugeles.  
  Una vez determinados los cargos y los funcionarios afectados por la medida  de reducción de personal, la Administración a los fines de garantizar y  respetar el derecho a la estabilidad de los funcionarios, debe dictar un acto de  remoción, en el cual señale las razones de hecho y de derecho que  fundamentan el acto, otorgue el mes de disponibilidad a los fines de llevar a  cabo las gestiones reubicatorias, y señale al funcionario el tiempo y los  órganos ante los cuales recurrir en contra de la decisión, y verificada la  realización de tales gestiones, y resultando las mismas infructuosas, la  Administración debe dictar el acto de retiro, en el cual igualmente deberá  señalar los motivos del mismo, que en estos casos se circunscribirían a indicar  la infructuosidad de las gestiones reubicatorias, y a señalar los recursos  disponibles para recurrir contra el acto de retiro.  
  <sub>110  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  De tal manera que, la reducción de personal que afecta a un gran número de  funcionarios debe cumplir con el mínimo sentido de motivación y  justificación probatoria, siendo ello un límite a la discrecionalidad del ente  administrativo del que se trate, pues la distancia entre la “discrecionalidad” y  la “arbitrariedad” vien e dada por la motivación o justificación de cualquier  conducta, sobre todo si dicha conducta afecta los derechos subjetivos de los  administrados. En este sentido, para que la Administración lleve a cabo una  reducción de personal la misma deberá estar motivada y legalmente  justificada. 
  (…omissis…)  
  De la lectura del acto administrativo en cuestión, verifica esta Corte que el  mismo se encuentra inmotivado, por cuanto a pesar de que se señala que la  presunta destitución se realiza en virtud de la reestructuración y  reorganización del organismo querellado, en el mismo no se indica el  fundamento legal o normativo que sirve de sustento para tal declaratoria, y la  misma no viene precedida de un proceso real de restructuración tal y como se  indicó en líneas precedentes, por cual comparte esta Corte lo establecido por  el iudex a quo con relación a este aspecto. Así se decide.   
  4.  REDUCCIÓN DE PERSONAL 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  02 de Julio de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2011-001428.  Sentencia Nro.: 2015-0638.  Caso: José Luis Campos Cedeño vs. Instituto Autónomo de Policía del Estado  Anzoátegui.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.   Visto lo anterior, cabe destacar que en el numeral 5 del artículo 78 de la Ley  del Estatuto de la Función Pública, se establece que:   (…omissis…)   De la disposición in commento, se desprende la existencia de la reducción de  personal como causal de retiro, la cual a su vez se puede dar por cuatro (4)  situaciones, a saber: limitaciones financieras, cambios en la organización  administrativa, razones técnicas o la supresión de una dirección, división o  unidad administrativa del órgano o ente.   Aunado a lo anterior, el órgano o ente afectado por la reducción de personal  estaba en la obligación legal de cumplir con lo estipulado en los artículos 118  y 119 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa  
  (…omissis…)  
  Así, el artículo 118, antes referido, expresa lo siguiente:  
  <sub>111  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   (…omissis…)   Aunado a lo anterior, el Legislador estableció un requisito adicional y es aquel  referido en el artículo 119 del Reglamento General de la Ley de Carrera  Administrativa, que  concierne  al resumen  que debe efectuar la  Administración sobre el expediente del funcionario afectado por la medida.  Esta particular exigencia sólo aplica cuando la reducción de personal se hace  por razones de modificación de los servicios o cambios en la organización  administrativa. En efecto, la referida disposición señala expresamente lo  siguiente:  
  (…omissis…)  
  (…omissis…)  
  De los anteriores presupuestos legales, se puede deducir que las medidas de  reducción de personal efectuadas en virtud de una reorganización  administrativa del Órgano u Ente administrativo, deberán estar sujetas al  cumplimiento de un procedimiento previo tendente a preservar el derecho a  la estabilidad que abriga a todo funcionario público, principio éste  desarrollado en la Ley del Estatuto de la Función Pública, y cuyo fin es  garantizar al funcionario de la permanencia en el cargo al servicio de la  Administración.  
  En consonancia con lo anterior, se aprecia que cuando la reducción de  personal se debe a cambios en la organización administrativa  – como es el caso  de autos-, se requiere el cumplimiento de varias condiciones, las cuales  comprenden los siguientes aspectos: i) Informe Técnico, realizado por una  Comisión que diseñará el plan de reorganización, fase contemplada en el  Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, ii) La aprobación  de la solicitud de reducción de personal, realizada por el Consejo de Ministros  en caso de ser a nivel nacional, y por los Consejos Legislativos en el caso de  los Estados, y iii) La remisión del listado individualizado de los funcionarios  afectados por la medida de reducción.  
  Dentro de esta perspectiva, queda claro que la discrecionalidad  administrativa para nombrar y remover funcionarios, encuentra su límite en  casos donde la declaratoria de reducción de personal -por cambios en la  organización administrativa o modificación en los servicios- condiciona tal  dictamen a la realización de un procedimiento previo.  
  A.  GESTIONES REUBICATORIAS 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  29 de enero de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2004-001093.  Sentencia Nro.: 2015-0065.  Caso: Ángel Israel Azuaje Leal vs. Contraloría General del Estado Barinas.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  <sub>112  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   En este sentido, el ordinal 2º del artículo 65 de la Ley de Carrera  Administrativa del estado Barinas, establece que:  
  (…omissis…)  
  Asimismo, el artículo 66 eiusdem establece que “la reducción de personal  prevista en el Ordinal 2º, del Artículo anterior, dará lugar a la disponibilidad  hasta por el término de un mes, durante el cual el funcionario público estadal  tendrá derecho a percibir su sueldo personal y los complementos que le  correspondan. Mientras dure la situación de disponibilidad de la Oficina  Estadal Central de Personal tomará las medidas tendientes a la reubicación  del funcionario público estadal, es (sic) un cargo, es un cargo de Carrera para  el cual reúna los requisitos previstos en esta Ley y sus Reglamentos”.  
  De las normas antes transcritas, en primer lugar, se establece entre las formas  de retiro del organismo recurrido la reducción de personal por organización  administrativa, el cual a su vez, contempla que para el caso que proceda la  remoción de un funcionario por esa situación administrativa dará lugar a la  disponibilidad hasta por un (1) mes, en el cual el funcionario público de  carrera tendrá derecho a percibir su sueldo y sus conceptos salariales que les  corresponda.    
  5.  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  13de octubre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001081.  Sentencia Nro.: 2016-0530.  Caso: Grecia Ortiz vs. Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  De las normas ut supra transcritas, se desprende que en efecto existen unos  parámetros mínimos, que determinan el procedimiento para evaluar el  desempeño de los funcionarios de la Administración Pública y en el caso de  marras, normas que regula lo concerniente a la evaluación del desempeño de  los funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica- hoy parte querellada-, y esto se debe a que el sistema de evaluación,  constituye un mecanismo para medir el rendimiento, eficacia y cumplimiento  de los deberes del funcionario público.  
  Considerado lo anterior, es importante destacar que el espíritu o propósito  por los cuales la Administración tiene el deber de evaluar el desempeño del  personal que labora en sus dependencias, se debe a la posibilidad de  desarrollar una política de capacitación y desarrollo del personal, así como  incentivos y licencias para los funcionarios, además de preparar los soportes  necesarios que permitirán la planificación del plan de personal y de incentivos  que el organismo elaborará para el año fiscal.   
  <sub>113  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   6.   REMOCIÓN  DE  FUNCIONARIOS  DE  LIBRE  NOMBRAMIENTO EN SITUACIÓN DE REPOSO  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  11 de noviembre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000147.  Sentencia Nro.: 2016-0613.  Caso: Odaly Velásquez vs Contraloría del Estado Anzoátegui.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  Ello así, no puede sostenerse en derecho que los actos administrativos aquí  impugnados estén viciados de nulidad como alega la ciudadana recurrente en  el presente proceso, por el hecho de haber sido dictados y notificados estando  ella de reposo, ya que la validez del acto consiste en que el mismo haya sido  dictado conforme al ordenamiento jurídico, supeditándose su eficacia a la  debida notificación conforme a la ley, o al cese del reposo médico en caso que  tal circunstancia sea planteada. 
  Partiendo de lo anterior, tenemos que, aun cuando el acto administrativo haya  sido dictado estando de reposo la funcionaria, tal situación no vicia per se el  acto, pues, si se dictó conforme los requisitos establecidos, no podría  declararse que adolece de algún vicio, lo que si debe hacer la Administración,  es esperar que culmine el referido reposo a los fines de su notificación, lo  contrario, acarrearía la ineficacia del mismo, no su invalidez.   7.   REMOCIÓN DE FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL CONSEJO  NACIONAL ELECTORAL 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  06 de octubre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2005-001520.  Sentencia Nro.: 2016-0649.  Caso: Euclides Allen Castro vs. Consejo Nacional Electoral.  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  Ahora bien, como se señala en el artículo antes trascrito, el Consejo Nacional  Electoral es un órgano colegiado formado por cinco (5) rectores principales  con sus respectivos suplentes y de conformidad con el artículo 5 de la Ley del  Estatuto de la Función Pública, en principio la gestión de la función pública,  correspondería al Presidente del órgano, a menos que la Ley que regule el  funcionamiento de dicho órgano otorgue la competencia al cuerpo colegiado  por lo que esta Corte considera que la Ley Orgánica del Poder Electoral,  atribuye la competencia para designar y remover al personal de libre  nombramiento y remoción adscrito a los órganos subordinados del Consejo  Nacional Electoral, al órgano colegiado y, siendo ello así, para proceder a  remover algún funcionario perteneciente a un órgano subordinado del 
  <sub>114  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Consejo Nacional Electoral y/o a oficinas regionales electorales, no podía el  Presidente de dicho organismo remover al funcionario, por cuanto esta  competencia esta atribuida al cuerpo colegiado.   8.   CONCURSO COMO CARGA DE LA ADMINISTRACIÓN  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  06 de octubre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2010-000989.  Sentencia Nro.: 2016-0650.  Caso: Pedro Betancourt López vs. Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI).  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  Así las cosas, si bien es cierto que el ingreso de los funcionarios públicos a los  cargos de carrera será por concurso público, no es menos cierto que la  realización del concurso es una carga que reposa enteramente en cabeza de la  Administración Pública, de manera tal, que la falta de realización del mismo  no debe constituir una razón válida para que los distintos órganos o entes  públicos decidan el egreso de los funcionarios, so pretexto de que éstos, al no  haber adquirido la condición de funcionarios de carrera, desempeñan un  cargo de libre nombramiento y remoción.   
  En ese orden de ideas, resulta menester para esta Corte señalar que la  estabilidad relativa aplica para aquellos casos en los que el funcionario  público es designado en un cargo que es de carrera, a partir del cual, “el  funcionario que, una vez entrada en vigencia la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela, haya ingresado a la Administración Pública - mediante designación o nombramiento- a un cargo calificado como de  carrera, sin la realización previamente del debido concurso público, gozarán  de estabilidad provisional o transitoria en sus cargos, hasta tanto la  Administración decida proveer definitivamente dicho cargo mediante el  correspondiente concurso público. Este derecho a la estabilidad provisional  nacerá una vez superado el período de prueba” (vid. Sentencia de la Corte  Segunda de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 14  de agosto de 2008, caso: Oscar Escalante contra El Cabildo Metropolitano de  Caracas).  
  9.  EL  “NOMBRAMIENTO”  COMO  ACTO  CREADOR  DE  DERECHOS  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  29 de septiembre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2012-001285.  Sentencia Nro.: 2016-0610.  Caso: Walter Iván Ramos Meneses vs. Alcaldía del Municipio Girardot del  Estado Aragua. 
  DERECHOS 
  <sub>115  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  Ello así, el acto por medio del cual el querellante recibió la aprobación del  ingreso al cargo de Analista de Sistemas I, por haber superado el período de  prueba, generó derechos e intereses subjetivos. En virtud de lo cual, tal como  se ha venido esbozando la Administración no puede volver sobre sus pasos y  revocar sus propios actos cuando éstos hubieren establecido algún derecho a  favor de particulares, sin que para ello, medie un procedimiento  administrativo previo que permita al afectado tener conocimiento de la  situación y ejercer su defensa, esto en razón de que la revocación de los actos  administrativos creadores de derecho subjetivos pugnarían con la  intangibilidad de las situaciones jurídicas individuales.  
  VII.  EL RETIRO Y EL REINGRESO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS   1.  LA RENUNCIA (REQUISITOS DE EXTERIORIZACIÓN)  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  27 de abril de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000074.  Sentencia Nro.: 2015-0256.  Caso: Jenifer del Valle Suáres vs. Alcaldía del Municipio Francisco Linares  Alcántara del Estado Aragua.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Se observa entonces que la renuncia debe considerarse como un acto jurídico  unilateral y voluntario del funcionario de no seguir laborando en la  Administración Pública, es decir, tal acto radica en la manifestación de  voluntad del funcionario de separarse del cargo y de la ruptura de la relación  estatutaria entre éste y el ente u órgano al cual se encuentre adscrito, sometido  esta manifestación a una condición suspensiva, es decir, tal manifestación no  surte efecto alguno hasta tanto la misma haya sido formalmente aceptada por  parte de la Administración, lo cual tiene su justificación en la continuidad de  la prestación del servicio público, o ésta haya realizado actos de trámite  interno de indubitable consideración respecto a la aceptación de la renuncia.  
  De tal modo, esa manifestación de voluntad que caracteriza a la figura de la  renuncia reúne ciertos requisitos a saber: i) debe considerarse como una  decisión libre, es decir, debe hacerse sin coacción alguna y de manera  voluntaria; ii) es unilateral, carácter estrechamente relacionado con la  voluntariedad de la misma, y se encuentra referida a que debe intervenir  única y exclusivamente la voluntad de quien suscribe la renuncia. iii) debe ser  expresa, en el sentido de que ésta debe hacerse constar de forma escrita y, iv)  se destaca por la declaración voluntaria de no continuar prestando servicios  para el patrono ante el cual se presente.  
  <sub>116  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   A.  NECESIDAD  PROBATORIA  CUANDO  SE  ALEGA  Ó
  COACCIÓN EN LA RENUNCIA 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  27 de abril de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000008.  Sentencia Nro.: 2015-0253.  Caso: Thaís Eufemia Castro vs. Alcaldía del Municipio Francisco Linares  Alcántara del Estado Aragua.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Por otra parte, es importante aclarar, que la renuncia presentada por la  querellante no iba dirigida a ningún derecho dentro de su nexo funcionarial,  es decir, no estaba renunciando a un derecho inderogable, sino al contrario,  su renuncia estaba dirigida a la relación de empleo, la cual constituye un  derecho disponible que tiene todo trabajador o funcionario de extinguir su  vínculo con el patrono cuando lo desee, no existiendo prohibición de ello en  el ámbito legal (…)  
  En efecto, la renuncia constituye un acto unilateral del trabajador, y consiste  en la manifestación de voluntad de no continuar laborando, que se  fundamenta en el principio de la libertad de trabajo. Es un negocio jurídico  unilateral que determina el abandono irrevocable de un derecho, dentro de  los límites establecidos por el ordenamiento jurídico 
  (…omissis…)  
  No obstante, en el caso de marras, se examinó el silogismo efectuado por el A  quo en el que destacó con meridiana claridad que la relación de empleo  público, habría finalizado por voluntad de la querellante. Asimismo,  consideró que no existían elementos probatorios fehacientes que desvirtuaran  la validez de la renuncia formulada, toda vez que la recurrente no demostró  haber sido víctima de coacción por la Administración para lograr obtener el  consentimiento, por lo que siendo ello así, esta Corte considera que las  conclusiones abordadas por el Tribunal de Instancia devinieron de la  debilidad probatoria a la que se enfrentó la querellante para demostrar el  derecho reclamado 
  B.  DIFERENCIA ENTRE DESPIDO Y PRESCINDENCIA DE 
  SERVICIOS 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  15 de mayo de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2005-001582.  Sentencia Nro.: 2014-0792.  Caso: María Rojas vs. Consejo Municipal del Municipio Rómulo Gallegos del  Estado Cojedes. 
  <sub>117  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Ponente: Miriam E. Becerra T.  
  En tal sentido, esta Corte observa luego de revisados los actos administrativos  de fecha 15 de enero y 14 de febrero de 2001, que efectivamente la  Administración querellada, utilizó inapropiadamente términos tales como  “destitución”, “despido”, “prescindencia de los servicios” y “separación del  cargo”, cuando cada uno de dichos términos constituyen una causa diferente  de egreso, cuyo tratamiento es jurídicamente distinto.  
  Cabe destacar que cada uno de dichos términos son Instituciones Jurídicas  independientes por lo tanto tienen procedimientos y consecuencias jurídicas  distintas. En tal sentido, es importante señalar que la figura del despido y  prescindencia de servicio no están contemplados en la relación funcionarial y  de empleo público que pueda existir entre la Administración y el  administrado, razón por la que mal podía el Consejo Municipal del Municipio  Rómulo Gallegos del estado Cojedes “prescindir de los servicios” por medio  de una “carta de despido” emanada del órgano querellado, siendo que los  supuestos de retiro de la Administración Pública, se encuentran previstos en  los artículos 53 y 62 de la Ley de Carrera Administrativa, vigente para el  momento en que ocurrió el hecho que dio origen a la presente causa, los cuales  establecen lo siguiente: 
  “Art ículo 53.- El retiro de la Administración Pública procederá en los  siguientes casos:   1. Por renuncia escrita del funcionario debidamente aceptada;   2. Por reducción de personal, aprobada en Consejo de Ministros, debida a  limitaciones financieras, reajustes presupuestarios, modificación de los  servicios, o cambios en la organización administrativa;   3. Por invalidez y por jubilación de conformidad con la Ley;   4. Por estar incurso en causal de destitución.   Artículo 62.- Son causales de destitución:   Haber sido objeto de tres amonestaciones escritas en un año;   Falta de probidad, vías de hecho, injuria, insubordinación. conducta inmoral  en el trabajo o acto lesivo al buen nombre o a los intereses del organismo  respectivo o de la República;   Perjuicio material grave causado intencionalmente o por negligencia  manifiesta al patrimonio de la República;   Abandono injustificado al trabajo durante tres días hábiles en el curso de un  mes;  
  <sub>118  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Condena penal que implique privación de libertad, o auto de culpabilidad  administrativa de la Contraloría General de la República;   Solicitar y recibir dinero, o cualquier otro beneficio material valiéndose de su  condición de funcionario público;   Revelación de asuntos reservados, confidenciales o secretos de los cuales el  empleado tenga conocimiento por su condición de funcionario;   Tener participación por sí o por interpuestas personas, en firmas o sociedades  que tengan relaciones con la respectiva dependencia, cuando estas relaciones  estén vinculadas directa o indirectamente con el cargo que se desempeña,  salvo que el funcionario haya hecho conocer por escrito esta circunstancia  para que se le releve del conocimiento o tramitación del asunto en cuestión;   El desacato a las prohibiciones previstas en los ordinales 1°, 3° y 4° del artículo  29 de esta Ley”.    
  2.  NATURALEZA DE LA REMOCIÓN 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  04 de agosto de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2009-000582.  Sentencia Nro.: 2016-0521.  Caso: Carla Stefanelli Tacconi vs. Fiscalía General de la República.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  Al respecto, es oportuno indicar que la remoción y retiro de un funcionario  de un cargo de libre nombramiento y remoción no tiene naturaleza  sancionatoria dentro del régimen estatutario de los funcionarios públicos. En  efecto, las sanciones en el régimen funcionarial esta clasificadas en  amonestaciones y destituciones; lo cual no ocurrió en el presente caso, ya que  la remoción y retiro de un cargo de libre nombramiento y remoción es una  potestad del máximo jerarca del órgano o ente administrativo respectivo, y  ello no afecta la carrera administrativa que pueda tener o llegar a tener el  funcionario removido. De ahí que al no tener naturaleza sancionatoria no era  necesaria realizar alguna motivación sobre sanción alguna o llevar a cabo  procedimiento administrativo para dictar el acto. Por todo lo anterior, debe  esta Corte declarar improcedente el vicio de inmotivación denunciado.  
  3.   DELEGACIÓN  DE  COMPETENCIAS  PARA  RETIRAR  FUNCIONARIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  04 de agosto de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2010-000552.  Sentencia Nro.: 2016-0524. 
  <sub>119  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Caso: Marisol Ortega Ibáñez vs. Alcaldía del Municipio Sucre del Estado  Bolivariano de Miranda.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  De esta manera, el Alcalde como máxima autoridad del Municipio tiene la  competencia expresa para remover y egresar a los funcionarios de la Alcaldía  del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, la cual es  perfectamente delegable de conformidad con lo establecido en los artículo 34  y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública los cuales se refieren a  la potestad en materia de delegación de las máximas autoridades (en este caso  de la Alcaldía) y sus limitaciones las cuales a criterio de esta Corte no son  aplicables al presente caso.   
  VII.  LAS  SITUACIONES  ACTIVAS  DE  LOS  FUNCIONARIOS  Ú
  PÚBLICOS  1.   PERMISOS Y LICENCIAS 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  29 de octubre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000984.  Sentencia Nro.: 2015-1059.  Caso: Frank Bolívar vs. Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado  Aragua.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Asimismo, visto que en el presente Caso el referido ciudadano fue destituido  por la inasistencia a su lugar de trabajo, y en virtud que fue alegada en el  presente Caso la consignación de unos reposos e informe médico, con la  finalidad de justificar las inasistencias atribuidas al referido apelante, las  cuales constituyen la causal de destitución en el presente Caso, esta Corte  debe pasar a determinar el lapso con el que cuenta un funcionario para  realizar la presentación del reposo ante la autoridad del organismo para el  cual trabaja, por lo que resulta pertinente traer a colación el artículo 55 del  Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, el cual regula esta  particularidad y que es del tenor siguiente:  
  (…Omissis…)  
  De dicha norma se desprende en primer lugar el derecho de todo funcionario  a gozar de los permisos y licencias de acuerdo a lo que paute el reglamento  de dicha ley y que, si al funcionario se le imposibilita solicitar permiso por  circunstancias excepcionales, deberá i) informar a su superior de las razones  de su ausencia a la brevedad posible y ii) demostrar o justificar con los  instrumentos probatorios correspondientes (Vid. Sentencia Nº 915 del 9 de  junio de 2011 de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo).  
  <sub>120  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Ahora bien, en cuanto a la oportunidad de presentar el justificativo  correspondiente, esta Corte ha establecido que si bien no indica la norma el  tiempo perentorio para presentar el justificativo de ausencia, el funcionario  debe hacer del conocimiento de la Administración, a la brevedad posible el  mismo, entendiendo que lo determinante para que configure la causal de  destitución es que la ausencia no haya sido justificada y de considerar que no  fue así, la Administración debe sustanciar un procedimiento a los fines de  demostrar y verificar si un funcionario cometió la falta o no, por lo que no  podría pretender la Administración que luego de realizado dicho  procedimiento administrativo y que, del mismo se demuestre que existe una  justificación a las faltas cometidas, pretender que dicha justificación no tenga  validez por cuanto no fue consignada en la oportunidad que exige la  Administración para su presentación, siendo este acto lesivo y contrario a la  defensa del funcionario que justifica su falta y subsana la misma (Vid. Corte  Primera de lo Contencioso Administrativo, sentencia de fecha 9 de marzo de  2011, Nº 2011-209, Caso: Alcaldía del Municipio Baruta del estado Miranda).  
  De manera que, si bien la Ley del Estatuto de la Función Pública ni el  Reglamento General de Carrera Administrativa disponen un lapso para  informar de la causa justificada de inasistencia ni para presentar  comprobantes que le respalden, limitándose la norma a indicar que el aviso  ha de efectuarse a la brevedad posible, partiendo de la interpretación  sistemática de las normas referidas en este fallo, entiende esta Corte que  cuando la causa en base a la cual se pretenda justificar la ausencia sea la  existencia de una incapacidad temporal, esto es, un accidente o padecimiento  físico que impida acudir a las labores diarias, el lapso para informar y  consignar los respaldos correspondientes ha de ser de tres (3) días hábiles,  contados a partir del primer día de la falta.  
  No obstante, dicho lapso, debe contrastarse a su vez con el contenido de los  artículos 59 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Carrera  Administrativa, que establecen los lineamientos aplicables para el  otorgamiento de permisos por causa de enfermedad y la comprobación ante  la Administración de esta, estableciendo que en “Caso de e nfermedad o  accidente que no causen invalidez absoluta y permanente para el ejercicio de  su cargo, el funcionario tiene derecho a permiso por el tiempo que duren tales  circunstancias, sin que en ningún Caso dicho permiso podrá excederse el  lapso máximo pre visto en la Ley del Seguro Social…”.  
  A.  PERMISOS EN CASO DE ENFERMEDAD  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  17 de marzo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000179.  Sentencia Nro.: 2015-0075. 
  <sub>121  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Caso: Wolfang Antonio González vs. Cabildo Metropolitano de Caracas.  Ponente: Alexis Crespo Daza.   De la lectura del artículo trascrito, se evidencia que el legislador remite a los  reglamentos a fin de conocer los permisos y licencias in commento, y visto  que aún no ha sido promulgado el reglamento que al efecto se ordena en el  mencionado artículo, esta Alzada pasa a verificar lo establecido en el  Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, normativa aún  vigente, se reitera, en virtud de la ausencia reglamentaria mencionada.  
  Así, el mencionado Reglamento en sus artículos 59 y 60 señala: 
  (..omissis..) 
  Infiere esta Corte de la normativa transcrita, que en los casos en que un  funcionario requiera un permiso por enfermedad, el mismo puede ser  expedido por el tiempo en que dure la misma, pero para el otorgamiento de  tal permiso debe presentar certificado médico expedido por el Instituto  Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), si el funcionario está asegurado,  y sólo por vía excepcional, es decir, cuando el funcionario no esté inscrito en  el seguro social o en el organismo donde trabaje no haya servicio médico,  puede presentar reposo expedido por un galeno privado.  
  (…omissis…)   
  De lo anterior puede establecerse, que si bien es cierto que las normas no  establecen expresamente un lapso para presentar los reposos ante la  dependencia pública en la cual trabaja el funcionario, no deja de ser menos  cierto que -a la brevedad posible- el mismo debe dar aviso a su superior  jerárquico de la situación que le impide cumplir con su obligación de  apersonarse a realizar sus labores habituales, y una vez reincorporado,  convalidar tal reposo.  
  El propósito de ello, es que el superior jerárquico tome las previsiones del  caso, a los fines de que no se vea afectada la continuidad del servicio con la  ausencia del funcionario, máxime cuando el numeral 9 del artículo 86 de la  Ley del Estatuto de la Función Pública, establece como causal de destitución  el “Abandono injustificado al trabajo durante tres días hábiles dentro del  lapso de treinta (30) días continuos”.  
  2.  SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SUELDO 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  4 de mayo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-001185.  Sentencia Nro.: 2015-0282.  Caso: Andy José Martínez vs. Instituto Autónomo de Policía del Estado  Bolivariano de Miranda. 
  <sub>122  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Ponente: Osvaldo Enrique Rodríguez Rugeles.  
  Ahora bien, esta Corte interpreta literalmente del artículo 91 in commento,  que en ningún caso la suspensión sin goce de sueldo puede exceder los seis  (6) meses; pero, en caso de que por causa del procedimiento sancionatorio  instituido previamente se hubiere destituido al funcionario del cargo que  desempeñaba, éste tiene derecho a la reincorporación y a los seis (6) meses de  sueldo instituidos, producto de la absolución en la causa penal.  
  En este sentido, la tramitación del procedimiento administrativo disciplinario  aludido, resulta de carácter indispensable; pues, la medida cautelar  administrativa no podrá dictarse con fundamento en las garantías y derechos  que acuerda a los justiciables la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela, si no se le permite al interesado que conozca y actúe dentro de tal  procedimiento, de conformidad con la Ley.  
  3.  FUERO SINDICAL 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  18 de noviembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000411.  Sentencia Nro.: 2015-1061.  Caso: Cedric Rojas vs. Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del  Distrito Capital.   Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  En ese sentido, es oportuno destacar que el fuero sindical es un beneficio de  inamovilidad que se establece para garantizar la defensa del interés colectivo  y la autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales; razón por la cual, el  legislador Venezolano ha estipulado progresiva y sistemáticamente preceptos  jurídicos y normas tendientes a tutelar de manera efectiva y eficaz los  derechos de los trabajadores investidos de fuero sindical; siendo, esta  protección un complemento instrumental primordial del conjunto de los  derechos colectivos e individuales establecidos por el Derecho del Trabajo,  dado que el sindicato estaría en permanente inseguridad si sus directivos, o  los trabajadores en general, pudieran ser despedidos por sus acciones  sindicales y sin esta protección colectiva no sería posible vigilar y asegurar la  aplicación de las normas laborales establecidas mediante la negociación  colectiva y la ley. 
  4.   IMPROCEDENCIA DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE  PERSONAL DOCENTE JUBILADO  Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.  2 de marzo de 2016.  Expediente Nro.: 2013-0322.  Sentencia Nro.: 00249. 
  <sub>123  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Caso: Henry Verdúvs. Ministerio del Poder Popular para la Educación.  Ponente: Bárbara Gabriela César Siero.  
  Conforme se aprecia de las normas anteriormente transcritas, no hay lugar a  sostener que la limitación establecida respecto al reingreso de un o una  docente en condición de jubilado o jubilada, muy especialmente su exclusión  para la “Evaluación del Desempeño” comporta un impedimento o menoscabo  respecto al derecho al trabajo, al contrario de forma expresa se autoriza su  reingreso a la Administración Pública, específicamente en el área docente,  pero en el marco de unas condiciones distintas, que atienden a su condición  de jubilado. 
  Por las razones que anteceden, considera esta Sala Político-Administrativa,   que el hecho descrito por la parte actora en el presente caso, alusiva a que el  literal “d” del artículo 12 de la Resolución cuya impugnación solicita, vulnera  sus derechos como docente “afectándole de manera directa y negativa, sus  derechos constitucionales al trabajo tal como se contemplan en la Carta Magna  Fundamental venezolana”, no constituye una violación al derecho al trabajo,  como tampoco configura una trasgresión del artículo 104 de la Constitución  de la República Bolivariana de Venezuela. 
  Con fundamento en lo anterior, concluye la Sala que la exigencia establecida  en el precitado literal d del artículo 12 de la Resolución Ministerial DM/038,  objeto de impugnación, no excede de las previsiones del artículo 104 de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni viola,  consecuentemente, la disposición constitucional en referencia. Así se decide.   IX. LAS SITUACIONES PASIVAS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS  
  1. LA JUBILACIÓN 
  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  11 de Julio de 2016.  Expediente Nro.:16-0280.  Sentencia Nro.:555.  Caso: Dilia Bernal Angarita vs. Asamblea Nacional.  Ponente: Luis Fernando Damiani Bustillos.  
  La jubilación como derecho no puede concebirse como una facultad arbitraria  de los eventuales titulares de cargos en el sector público, su concepción como  derecho  fundamental  exige  profundizar  su  reconocimiento  con  independencia de los intereses circunstanciales de las instituciones o de las  políticas de personal en el marco de la potestad organizativa de los entes  públicos; lo cual no es posible, si se solapa su exigibilidad al  cumplimiento  de extremos formales que en algunos casos como el presente, niegan el  reconocimiento de las mínimas condiciones de dignidad a una persona que  cumplió con los extremos mínimos constitucionalmente relevantes como son 
  <sub>124  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   la condición física y estatus jurídico en su vinculación con el sector público a  los fines de la jubilación.  
  A.  RÉGIMEN DE JUBILACIÓN  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  21 de octubre de 2014.  Expediente Nro.: 14-0264.  Sentencia Nro.: 1392.  Caso: Ricardo Mauricio Lastra.  Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón.  
  Así pues, la jubilación es un derecho constitucional previsto dentro del marco  de la seguridad social que debe garantizar el Estado a todos sus ciudadanos,  siendo por tanto un derecho social, reconocido por el constituyente de 1999  para consolidar las demandas sociales, jurídicas y económicas de la sociedad,  considerando el sentido de progresividad de los derechos y definiendo una  nueva relación de derechos y obligaciones entre sujetos que participan  solidariamente en la construcción de una sociedad democrática, participativa  y protagónica, lo cual requiere una interpretación acorde con su finalidad, no  sujeta a formalismos jurídicos alejados de la realidad social. 
  La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza para  todos la seguridad social, la cual debe responder a los conceptos de  solidaridad, universalidad, integralidad, unicidad, participación y eficiencia. 
  De este modo, la jubilación es el reconocimiento de los años de trabajo  prestados por una persona a otra, en este caso a un órgano del Estado, para  garantizar que en los años en que declina su capacidad productiva, pueda  seguir manteniendo una vida digna, al garantizársele los ingresos que le  permitan sufragar sus gastos durante la vejez, luego de haber satisfecho el  deber constitucional de trabajar y cuando el beneficiario de esos servicios ha  sido el Estado, debe honrar con el derecho a la jubilación a los funcionarios  que hayan cumplido con los requisitos de edad y años de servicio público  prestados, establecidos en la Ley. 
  Ciertamente, el legislador, haciendo uso de sus potestades constitucionales ha  establecido los requisitos concurrentes que se deben dar para que un  funcionario público se haga acreedor del derecho a la jubilación, estableciendo  como límite de edad para ello, en el caso de los hombres 60 años y 55 años en  el de las mujeres, por lo cual, salvo las excepciones previstas en la propia  norma, no puede otorgarse este derecho a quien no haya cumplido dicho  requisito.  No obstante, una interpretación acorde con la finalidad de la institución de la  jubilación debe llevar a garantizar la protección de aquellas personas que han  entregado su vida productiva al Estado, por lo que si bien un funcionario al 
  <sub>125  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  momento de su retiro de la Administración Pública podría haber prestado sus  servicios por la cantidad de años establecidas en la norma, 25 años, puede no  tener la edad necesaria para ser titular de tal derecho, situación que  irremediablemente cambiará el transcurso del tiempo, ya que eventualmente  llegará a cumplir la edad mínima requerida, aunque, como en el presente caso,  puede ser que ya no esté al servicio de alguna institución pública, con lo cual  quedaría desprotegido al no ser amparado por el derecho de jubilación, no  obstante haber entregado su vida productiva a la organización estatal. 
  En este sentido, se estaría vulnerando el derecho constitucional a la jubilación  de aquellas personas que, habiendo cumplido con su deber de trabajar,  prestando sus servicios a los órganos del Estado durante la cantidad de años  requeridos por la Ley, no serían amparadas por tal beneficio al alcanzar su  vejez. 
  La interpretación constitucionalizante que debe hacerse del artículo 3,  numeral 1 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones  de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la  Administración Pública Nacional, de los Estados y de Los Municipios, es que  el derecho a la jubilación surge en el funcionario público en el momento en  que concurren los requisitos de edad y años de servicios allí previstos, pero la  Ley no exige que tal circunstancia deba ocurrir mientras el funcionario se  encuentre activo al servicio del órgano público, es decir, que un funcionario  que haya cumplido con el tiempo de servicio estipulado, al surgir el evento  de alcanzar la edad requerida mientras se tramita algún juicio relativo a su  condición de funcionario público, o para la obtención de algún beneficio  relacionado con su relación laboral con el Estado, tiene el derecho a que se le  otorgue la jubilación, como derecho social de protección a la vejez y en  resarcimiento a haber entregado su fuerza laboral durante sus años  productivos. 
  De no hacerse la anterior interpretación, además se estaría vulnerando el  principio de igualdad previsto en el artículo 21 de la Constitución, ya que  tendríamos adultos mayores que prestaron la misma cantidad de años de  servicios para el sector público, amparados unos por el derecho de jubilación  y otros no beneficiados por tal derecho, por la sola diferencia de que al  momento de alcanzar la edad requerida para ello se encontrasen o no  prestando servicio activo.  
  a.  RESERVA LEGAL  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  26 de septiembre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-Y-2014-000007.  Sentencia Nro.: 2014-1355. 
  <sub>126  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Caso: María Del Rosario Hernández Torrealba vs. Instituto de Salud Pública  del Estado Bolívar.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.   En tal sentido, estima oportuno esta Corte traer a colación el artículo 147 de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual preceptúa,  expresamente, el carácter de reserva legal de la materia de jubilaciones y  pensiones de todos los funcionarios públicos.  
  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  Así, el referido artículo constitucional ordena que:  
  (…omissis…)  
  De esta manera se reiteró el carácter de reserva legal nacional del régimen de  jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos, a nivel nacional, estadal  o municipal.  
  Ahora bien, atendiendo a que la jubilación es reconocida por la jurisprudencia  como un derecho social de rango constitucional, el cual constituye una  garantía para los trabajadores y empleados públicos de gozar de una vida  digna en retribución de los años de servicios prestados en una determinada  empresa o institución, la cual consiste en el pago de una prestación dineraria  que facilite el sustento de esta especial categoría de ciudadanos, luego de  cumplidos los requisitos de edad y años de servicio legales y reglamentarios,  siendo la base para su cálculo el salario percibido por el trabajador en su  período laboral activo, de conformidad con las especificaciones que establezca  la Ley especial sobre la materia. Reiterando de esta manera el carácter de  reserva legal del régimen de jubilaciones y pensiones de los funcionarios  públicos, a nivel nacional, estadal o municipal.  
  Debe concluirse que por tanto no resulta aplicable la Convención Colectiva  del Trabajo a la que hizo referencia el A quo en su sentencia en cuanto a los  requisitos que debe cumplir el funcionario para obtener el beneficio de la  jubilación.   b.  JUBILACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CICPC 
  Sala Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia.  19 de junio de 2015.  Expediente Nro.:15-0284.  Sentencia Nro.: 824.  Caso: Pedro Magallanes vs. Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y  Criminalísticas (CICPC).  Ponente: Arcadio Delgado Rosales.   La Sala considera que debe establecerse una ponderación entre la  disponibilidad del derecho por parte del funcionario y la potestad que tienen 
  <sub>127  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  los órganos y entes para ejercer la autonomía organizativa sobre su personal.  Para ello, en ejercicio de su potestad como máximo intérprete en materia  constitucional y en aplicación del in dubio pro operario, previsto en el  cardinal 3 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela: “Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de  varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará  la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará  en su integralidad”; concluye que los funcionarios jubilables del Cuerpo de  Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que todavía no lleguen  al tiempo máximo de servicio para el retiro obligatorio pueden ser objeto de  la jubilación, siempre y cuando se aplique en su totalidad la norma que prevé  el régimen más favorable, esto es, el pago del porcentaje máximo de la  pensión. Esta consideración se establece con el fin de garantizar el ejercicio  integral del derecho del funcionario y la potestad organizativa que tiene el  Estado en el manejo del personal, permitiendo una correcta optimización de  la gestión pública en el manejo de los recursos humanos.  
  c.  JUBILACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  22 de octubre de 2015  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000165.  Sentencia Nro.: 2015-0978.  Caso: Oswaldo Salazar vs. Ministerio del Poder Popular para la Defensa.  Ponente: Osvaldo Enrique Rodríguez Rugeles.  
  El artículo transcrito establece que para el otorgamiento del beneficio de  jubilación se requiere el cumplimiento de dos (02) condiciones concurrentes:  la primera: que el funcionario cuente con veinticinco (25) años de servicio; y  la segunda: que ese servicio haya sido prestado en condición de activo en el  área educacional. 
  Aplicando lo anteriormente expuesto al Caso de marras, esta Corte en  concordancia con lo establecido por el iudex a quo en la sentencia apelada y  contrario a lo afirmado por el apelante evidencia que el ciudadano Oswaldo  Méndez Salazar no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 42 de  la Ley Orgánica de Educación, pues no ha prestado servicios durante  veinticinco (25) años en condición de funcionario activo en el área  educacional, razón por la cual, mal podría sumársele, a los efectos del tiempo  de servicio, tanto los años laborados como docente universitario, así como los  trabajados como oficial de la Fuerza Armada Nacional, por cuanto son dos  (02) normativas totalmente distintas,   
  B.  AJUSTE DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. 
  <sub>128  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   04 de agosto de 2016.  Expediente Nro.: AP42-Y-2016-000066.  Sentencia Nro.: 2016-0561.  Caso: José Inés Rodríguez Puerta vs. Servicio Bolivariano de Inteligencia  Nacional (SEBIN).  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  Decidido lo anterior, resulta necesario acotar, tal como se ha señalado en las  precedentes consideraciones, el derecho a la revisión y ajuste de la pensión  jubilatoria encuentra su contraprestación en la obligación que tiene la  Administración Pública de proceder oportunamente a la revisión y  correspondiente ajuste de dicha pensión cada vez que se sucedan aumentos  en la escala de salarios que percibe su personal activo, lo cual la constituye en  una obligación de tracto sucesivo, de manera que, entendida ésta como un  deber, no puede imputarse su incumplimiento al querellante mediante el  reconocimiento de su solicitud de revisión y ajuste sólo a partir de la fecha de  la petición.  
  C.  POTESTAD NORMATIVA SOBRE EL ESTATUTO DE  JUBILACIONES 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  25 de febrero de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-001593.  Sentencia Nro.: 2015-0007.  Caso: Ana Teresa Santiago vs. Gobernación Del Estado Zulia.  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  Al respecto, de la colisión entre un precepto legal nacional relativo a la  seguridad social de los funcionarios públicos y las cláusulas que se  establezcan en las convenciones colectivas en esa materia, esta Corte ha  considerado que de acuerdo a lo establecido en el artículo 156 de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el precepto legal  nacional excluye terminantemente a la convención colectiva; por ser la  materia de seguridad social de estricta reserva legal; así, el aludido artículo  156 constitucional, establece que:  
  (… omissis…)  
  Conforme al contenido de las disposiciones Constitucionales parcialmente  trascritas ut supra, constituye materia de reserva legal la legislación  correspondiente al tema de la seguridad social de los trabajadores y es a la  Asamblea Nacional en representación del Poder Nacional, a quien le compete  la potestad de legislar en materia de previsión y seguridad social, incluyendo  dentro de tal potestad, el régimen de jubilaciones y pensiones de los  funcionarios públicos.  
  <sub>129  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Ahora bien, atendiendo a que la pensión de jubilación como derecho social de  rango constitucional constituye una garantía para los trabajadores y  empleados públicos de gozar de una vida digna en retribución de los años de  servicios prestados en una determinada empresa o institución, la cual consiste  en el pago de una prestación dineraria que facilite el sustento de este especial  sector de ciudadanos, luego de cumplidos los requisitos de edad y años de  servicio legales y reglamentarios; las mismas, deben ser otorgadas de  conformidad con las especificaciones que establezca la Ley Nacional especial  sobre la materia.  
  D.  JUBILACIÓN  DE  FUNCIONARIOS  ADSCRITOS  A  ÓRGANOS CON AUTONOMÍA FUNCIONAL 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  25 de septiembre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2004-001433.  Sentencia Nro.: 2014-1343.  Caso: José Antonio Adam Lacruz, Luís Acuña Arias, Josefina Acosta De  Luque y otros vs. Banco Central de Venezuela.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  Ahora bien, observa esta Corte que los artículos 4, 25 y 27 de la Ley del  Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o  Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los  Municipios, establecen que:  
  (…omissis…)  
  De las normas anteriormente transcritas, se desprende que la Ley del Estatuto  sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o  Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los  Municipios no es aplicable a los organismos que posean su propia regulación  en materia de jubilaciones y pensiones, y en caso que los beneficios  establecidos en dichas normativas sean menos favorables a los previstos en  dicha Ley, se equipararán a lo previsto en la misma.  
  En ese sentido, observa esta Corte que los funcionarios del Banco Central de  Venezuela se encuentran regidos por el Estatuto de Personal de los  Empleados del prenombrado Banco, y en el caso del personal jubilado, por el  Reglamento del Fondo de Previsión, Pensiones y Jubilaciones de Empleados  de dicho Banco, por lo cual, resulta ajustado a derecho el pronunciamiento  realizado por el Juzgado A quo de no aplicar los artículos 4, 25 y 27 de la Ley  del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios  o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los  Municipios en virtud de la existencia de una normativa especial para los 
  <sub>130  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   funcionarios del Banco Central de Venezuela, por lo cual, se desecha la  denuncia de inmotivación. Así se decide.    E.  JUBILACIÓN  Y  DERECHO  SANCIONATORIO  EN  Ó Ú
  MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  26 de septiembre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2012-000503.  Sentencia Nro.: 2014-1366.  Caso: Albertina Margarita Blanc1o de González vs. Instituto Nacional de  Geología y Minas (INGEOMIN).  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Ahora bien, no pasa inadvertido el hecho que la querellante solicitó en forma  subsidiaria se le reconociera el beneficio de jubilación, por cuanto a su decir,  para la fecha en que fue retirada de la Administración Pública reunía los  requisitos de Ley.   Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la  República Bolivariana de Venezuela, en sentencia Nº 1.518 de fecha 20 de julio  de 2007 (caso: Pedro Marcano), reiteró que este beneficio debe privar aún  sobre los actos administrativos de remoción, retiro o destitución, ya que debe  la Administración proceder a verificar si el funcionario ha invocado su  derecho a la jubilación o éste puede ser acreedor de aquel.  
  Asimismo, se ha insistido en que el Estado venezolano se erige como un  Estado Social de Derecho y de Justicia (ex artículo 2 de la Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela), el cual se encuentra dirigido a reforzar  la protección jurídico constitucional de personas o grupos que se encuentren  ante otras fuerzas sociales o económicas en una posición jurídico-económica  o social de debilidad. Por tanto, existe una obligación de proteger a los débiles  y a tutelar sus intereses amparados por la Constitución, sobre todo a través de  los Tribunales (vid., Sentencia del 24 de enero de 2002 de la Sala  Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso: ASODEVIPRILARA).  
  En atención a ello, esta Corte actuando conforme a los principios e intereses  constitucionales que debe resguardar el Estado venezolano y en razón que el  máximo Tribunal de la República, ha sido constante en advertir a los Órganos  de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, que el derecho a  la jubilación debe privar sobre la remoción, el retiro o la destitución de los  funcionarios, atribuyéndoles el deber de verificar -aún de oficio- si el mismo  puede ser acreedor del derecho a la jubilación, para que previo a su remoción,  retiro o destitución, procedan a su tramitación de manera preferente.   
  
  <sub>131  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   F.  CONCEPTOS INTEGRANTES DE LA PENSIÓN  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  03 de agosto de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000186.  Sentencia Nro.: 2016-0412.  Caso: Ana Rodríguez vs Ministerio del Poder Popular para la Cultura.  Ponente: Eleazar Alberto Guevara Carrillo.  
  Ello así, considera menester esta Corte reiterar que la remuneración  considerada para el cálculo de la jubilación está integrada por el sueldo básico  mensual, por las compensaciones por antigüedad y servicio eficiente y por las  primas que respondan estos conceptos, en razón de ello, la inclusión de la  bonificación de fin de año y del “Bono Subsidio al Adulto Mayor” para el  cálculo de la pensión de jubilación no prospera, al no ser tales conceptos  compensaciones fundadas en la antigüedad o servicio eficiente, conforme a la  noción de sueldo básico mensual, prevista en el artículo 7 de la Ley del  Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios,  Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública  Nacional, de los Estados y de los Municipios, anteriormente analizado, en  razón de ello, no estaba en la obligación el Ministerio recurrido de reconocer  tales conceptos, así como lo estableció la Juez a quo en la sentencia recurrida.  Así se establece.  
  G.  COMPETENCIA PARA LA FIJACIÓN DE REGÍMENES DE  JUBILACIÓN POR VÍA REGLAMENTARIA 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  13 de abril de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2012-001242.  Sentencia Nro.: 2015-0164.  Caso: Fernando Rosado vs. Gobernación del Estado Zulia.  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  El referido artículo faculta al Presidente de la República para que establezca,  en ejercicio de la potestad reglamentaria, requisitos de edad y tiempo de  servicio distintos a los previstos en la Ley del Estatuto sobre el Régimen de  Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la  Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, para los  funcionarios u organismos que por razones excepcionales así lo ameriten. De  tal modo que el legislador delegó en el Ejecutivo Nacional la facultad para el  establecimiento de regímenes distintos al establecido como estatuto general  en la referida Ley, sin que esto pueda considerarse como violatorio al  principio de la reserva legal (…)”. (Resaltado del fallo).   
  <sub>132  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Así pues, es incuestionable que la previsión anterior se refiere al ámbito  nacional y a una excepción que le fue otorgada al Presidente de la República  o a la persona que este delegue, norma que debe interpretarse de manera  restrictiva, pues es una excepción -se insiste- al régimen de jubilación  ordinaria, creado a los fines de unificar en una ley orgánica, el régimen de  jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados de la  Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, pues, interpretar tal  norma de manera extensiva ocasionaría que cada Estado tuviese la potestad  de otorgar jubilaciones “vía excepcional” atendiendo a la situación del  momento, ocasionando regímenes distintos a los establecidos en la Ley  Nacional y contraviniendo lo estipulado por el constituyente de 1999.  
  H.  EXCLUSIÓN DE LOS DOCENTES DEL RÉGIMEN DE  JUBILACIÓN  CONTENIDO  EN  LA  NORMATIVA 
  GENERAL 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  18 de marzo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2005-000849.  Sentencia Nro.: 2015-0091.  Caso: Dora Teresa Sánchez vs. Ministerio del Poder Popular para la  Educación.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  En este mismo orden de ideas, conforme al contenido de las disposiciones  constitucionales parcialmente transcritas ut supra, es materia de reserva legal  la legislación correspondiente al tema de la seguridad social de los  trabajadores y, es a la Asamblea Nacional en representación del Poder  Nacional, a quien le corresponde la potestad de legislar en materia de  previsión y seguridad social, incluyendo dentro de tal potestad, el régimen de  jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos.  
  Ello así, siendo que la legislación que viene a regular esta materia es la  prevista en la Ley Orgánica de Educación, vigente para el momento de los  hechos, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de  Venezuela Nº 2.635 Extraordinario de fecha 26 de julio de 1980, cuerpo  normativo que fue el aplicado al momento de otorgarse el beneficio de la  jubilación a la recurrente en concordancia con lo establecido Convención  Colectiva que rige las relaciones laborales entre los educadores y el Ministerio  de educación, hoy Ministerio del Poder Popular de Educación (Vid. Folios 6 y  7 del expediente Judicial).  
  En tal sentido, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, debe  indicar que para el caso en concreto, es decir, funcionarios al servicio del  Estado pero en actividades de docencia, resulta aplicable la Ley Orgánica de 
  <sub>133  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Educación para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones de conformidad  con lo anteriormente planteado.   I.  CONTRATACIÓN  COLECTIVA  EN  MATERIA  DE 
  JUBILACIONES 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  11 de junio de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-000616.  Sentencia Nro.: 2015-0499.  Caso: Ángel Rodríguez vs. Estado Bolivariano de Miranda.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  (…)para ser válidos y exigibles los Contratos o Convenios Colectivos suscritos  con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley del Estatuto sobre el  Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o  Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los  Municipios, dichos instrumentos deben contar con la aprobación del Ejecutivo  Nacional 
  De esta manera, se aprecia que la Contratación Colectiva bajo análisis, no  cuenta expresamente con la aprobación del Ejecutivo Nacional, por cuanto en  su discusión sólo intervinieron los representantes de los Organismos  involucrados, esto es, la Gobernación del Estado Miranda y las  Organizaciones Sindicales Regionales de los Trabajadores de la Educación del  Estado Miranda. Por tanto, esta Corte considera que en el presente caso no es  aplicable la cláusula 28 de la Contratación Colectiva invocada por la  recurrente.   
  J.  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE A FAMILIARES CUYA  FILIACIÓN SE DETERMINE POST MORTEM 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  27de octubre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-Y-2014-000088.  Sentencia Nro.: 2015-1018.  Caso: Carmen Barrios vs. Instituto de Previsión Social de las Fuerzas  Armadas.  Ponente: Alexis Crespo Daza   Del artículo parcialmente transcrito, se desprende que las sentencias  definitivamente firmes que declaren la unión concubinaria producirán  inmediatamente efectos absolutos.   De manera que, considera este Órgano Jurisdiccional, que la sentencia dictada  por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de  Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del 
  <sub>134  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, que  reconoció la unión concubinaria entre la ciudadana Carmen Violeta Barrios y  el ciudadano fallecido Williams Chirinos Guevara, desde el 27 de febrero de  1991 al 18 de octubre de 2009, surtió inmediatamente efectos absolutos, en  razón de ello, a la hoy recurrente le corresponde el beneficio de pensión de  sobreviviente desde el 18 de octubre de 2009, data en la cual nació su derecho  sucesoral como concubina del ciudadano fallecido Williams Chirinos  Guevara, por el sesenta por ciento (60%) de la pensión mensual de retiro que  gozaba éste último, conforme a lo establecido en el artículo 19 Ley de  Seguridad Social de la Fuerzas Armadas Nacionales, coincidiéndose así con  lo señalado por el Tribunal de la causa en el fallo objeto de consulta. Así se  decide.  
  K.  CONCEPTO PRIMA DE ANTIGÜEDAD EN MATERIA DE  Ó
  JUBILACIÓN 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  03 de diciembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-Y-2015-000033.  Sentencia Nro.: 2015-1147.  Caso: Noemí Rivas vs. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA).  Ponente: Osvaldo Enrique Rodríguez Rugeles.  
  Ahora bien, establecido lo anterior estima necesario este Órgano  Jurisdiccional precisar, que el concepto denominado “Prima de Antigüedad”  es aplicable como parte de la remuneración en el cálculo del monto del  beneficio de jubilación, pero no se incluye como un concepto adicional ni se  modifica por las variaciones que pudiera devenir a través del tiempo una vez  que el personal pasa a formar parte de la nómina del personal pasivo del  organismo ya que dichas modificaciones solo le corresponden al personal  activo de la institución, en consecuencia, visto que la modificación efectuada  en la prima de antigüedad se realizó a partir del mes de enero del año 2011,  es decir con posterioridad al otorgamiento del beneficio de jubilación  correspondiente a la ciudadana Noemi Margarita Rivas Batista, es decir, la  misma no formaba parte del personal activo del referido instituto, este Órgano  Jurisdiccional declara que no procede el ajuste de dicho beneficio. Así se  decide.   
  L.  JUBILACIONES ESPECIALES 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  18 de febrero de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2009-000356.  Sentencia Nro.: 2016-0126.  Caso: Gisela Elena Ardila Rodríguez vs. Contraloría del Municipio Autónomo  Tomás Lander del Estado Bolivariano de Miranda. 
  <sub>135  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  Ello así, debe esta Corte destacar que conforme al artículo 6 de la Ley del  Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o  Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los  Municipios, en concordancia con el artículo 14 de su Reglamento, el  Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, o el funcionario en el  que él lo delegue, tiene la potestad de aprobar o no las Jubilaciones Especiales  que desea otorgar un organismo de la Administración Pública, por lo que este  Órgano Jurisdiccional, considera oportuno realizar la transcripción de los  artículos supra referidos, los cuales prevén lo siguiente:  
  (…Omissis…)  
  Así, infiere esta Corte por un lado, que las Jubilaciones Especiales pueden ser  concedidas por razones excepcionales, y las mismas deben ser aprobadas por  el Presidente de la República, o el funcionario que él delegue, para lo cual el  organismo que desee otorgarlas deberá enviar el expediente contentivo de la  información necesaria que certifique que el funcionario a jubilar cumple con  un mínimo de quince (15) años de servicio y las razones excepcionales para  otorgarlas.  
  Por otro lado, dichas normativas facultan al Presidente de la República para  que establezca, en ejercicio de la potestad reglamentaria, requisitos de edad y  tiempo de servicio distintos a los previstos en la Ley del Estatuto Sobre el  Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la  Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, para los  funcionarios u organismos que por razones excepcionales así lo ameriten. De  tal modo que el legislador delegó en el Ejecutivo Nacional la facultad para el  establecimiento de regímenes distintos al establecido como estatuto general  en la referida Ley, sin que esto pueda considerarse como violatorio al  principio de la reserva legal (Véase sentencia Nº 1278 de la Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18 de mayo de  2006).  
  Así pues, es incuestionable que la previsión anterior se refiere al ámbito  nacional y a una excepción que le fue otorgada al Presidente de la República,  norma que debe interpretarse de manera restrictiva, pues es una excepción - se insiste- al régimen de jubilación ordinaria, creado a los fines de unificar en  una ley orgánica, el régimen de jubilaciones y pensiones de los funcionarios y  empleados de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, pues,  interpretar tal norma de manera extensiva ocasionaría que cada Municipio  tuviese la potestad de otorgar jubilaciones especiales atendiendo a la situación  del momento, ocasionando regímenes distintos a los establecidos en la Ley  Nacional y contraviniendo lo estipulado por el constituyente de 1999. 
  <sub>136  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  M. BASE DE CÓMPUTO DE LA PENSIÓN 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  07  de agosto de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000426.   Sentencia Nro.: 2014-1256.  Caso: Carlos Alberto Barrios vs. Concejo Municipal del Municipio El Hatillo  del Estado Bolivariano de Miranda.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.   Ahora bien, antes de analizar los argumentos esgrimidos por la querellada en  la fundamentación de la apelación, esta Corte considera necesario realizar los  siguientes razonamientos:   El artículo 7 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Pensiones y  Jubilaciones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de  la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios,  establece lo siguiente:   “…se entiende por sueldo mensual del funcionario o funcionaria, empleado o  empleada, el integrado por el sueldo básico y las compensaciones por  antigüedad y servicio eficiente…”.   Visto lo anterior, esta Corte considera necesario, traer a colación el artículo 15  del Reglamento la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y  Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública  Nacional, de los Estados y de los Municipios, en los términos siguientes:   “La remuneración a los fines del cálculo de la jubilación estará integrada por  el sueldo básico mensual, por las compensaciones por antigüedad y servicio  eficiente y por las primas que respondan a estos conceptos.   Quedan exceptuados los viáticos, las primas por transporte, las horas extras,  las primas por hijos, así como cualquier otra cuyo reconocimiento no se base  en los factores de antigüedad y servicio eficiente, aunque tengan carácter  permanente”. (Resaltado de esta Corte)   
  Conforme a la transcripción de los citados artículos, queda plenamente  determinado cuáles son los conceptos que deben ser tomados en cuenta a los  efectos del cálculo para el pago de la pensión de jubilación; entre ellos se  destaca, que la pensión estará integrada por el sueldo básico mensual, sumado  a las compensaciones que hayan sido otorgadas al funcionario público, por la  antigüedad y el servicio eficiente, cabe destacar que no forman parte de los  elementos a considerar para calcular el sueldo base de la pensión de  jubilación, las primas que correspondan a las “Prima de jerarquía, prima de  responsabilidad alto nivel y Prima de profesionalizac ión quincenal”, es decir,  que cualquier incremento en las remuneraciones de los funcionarios, que no 
  <sub>137  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  constituyan los conceptos de sueldo base y compensación por antigüedad y  servicio eficiente, no podrán ser computados, para el cálculo de la pensión de  jubilación, ni para su posterior homologación, ya que los mismos formarían  parte del sueldo integral. Es por ello, que la remuneración qué debe fungir  como base de cálculo para fijar el monto de la pensión de jubilación debe  adecuarse a la noción de salario normal, es decir del sueldo base, ello, en el  marco de las consideraciones precedentemente expuestas.  
  Se observa entonces que, la prima de jerarquía, la prima de responsabilidad  alto nivel y la prima de profesionalización quincenal, deben considerarse  como  parte del denominado “salario integral”, y no del sueldo base, siendo  este último el correspondiente para el cálculo de la pensión de jubilación.  N.  DESAPLICACIÓN POR CONTROL DIFUSO DE LA LEY  DEL ESTATUTO SOBRE EL RÉGIMEN DE JUBILACIONES  Y PENSIONES 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  22 de mayo de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2010-000366.  Sentencia Nro.: 2014-0830.  Caso: Heriberto Aguillón Sibulo vs. Contraloría General de la República.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Visto lo anterior, se aprecia que en el caso de autos existe una disyuntiva entre  el contenido del artículo 13 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de  Pensiones y Jubilaciones de los Funcionarios de la Administración Pública  Nacional Estadal y Municipal, el cual resulta aplicable en el presente caso por  virtud del artículo 44 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los  funcionarios de la Contraloría General de la República, dado que la jubilación  del actor ocurrió bajo el imperio de la primera y lo dispuesto en el artículo 38  de este último resultando entonces evidente la contradicción con el artículo 21  del Texto Constitucional.  
  En este orden de ideas, se advierte que el Juzgado Superior Tercero en lo Civil  y Contencioso Administrativo de la Región Capital debió desaplicar por  control difuso el artículo 13 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de  Pensiones y Jubilaciones de los Funcionarios de la Administración Pública  Nacional Estadal y Municipal, por contradecir el artículo 21 de la Constitución  de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer un régimen de reajuste  de la pensión de jubilación distinto para ciertos funcionarios de la Contraloría  General de la República distinto al resto de los funcionarios jubilados una vez  vigente el Régimen en dicha Contraloría, colidiendo esto con lo establecido en  el Texto Constitucional, mediante el establecimiento de dos regímenes para el  ajuste de las pensiones de los funcionarios de dicho organismo. Así se declara.   
  <sub>138  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  2.  REDUCCIÓN DE PERSONAL 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  26 de febrero de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2007-000905.  Sentencia Nro.: 2015-0153.  Caso: Ramona Del Valle Romero vs. Gobernación del Estado Monagas.  Ponente: María Eugenia Mata.  
  De las normas transcritas, se observa, de una parte, que la reducción de  personal deberá contener un informe que justifique la medida, y la opinión de  la oficina técnica competente, siempre que la causal aplicada así lo exija; y de  otra, que en los casos de ser decretada la reducción de personal debido a  modificaciones de los servicios o cambios en la organización administrativa,  deberá acompañarse además un resumen del expediente del funcionario o los  funcionarios afectados por la medida, el cual deberá ser enviado con un mes  de anticipación a la fecha prevista para la reducción, señalando las razones de  afectación de los cargos.   
  A.  RÉGIMEN NORMATIVO DEL PROCESO DE REDUCCIÓN 
  DE PERSONAL 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  18 de noviembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2007-000080.  Sentencia Nro.: 2015-1058.  Caso: Linda Albornoz vs. Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y  Circulación del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda  (IATTC).  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  Si bien la figura jurídica de la reducción de personal, no cuenta con un marco  jurídico específico y único donde puedan agruparse todas las normas que  regulen la materia, le son aplicables las normas previstas en la Ley del  Estatuto de la Función Pública (artículo 78) y en el Reglamento General de la  Ley de Carrera Administrativa (artículos 118 y 119) 
  (…Omissis…)  
  De la norma supra transcrita, se infiere que el proceso de reducción de  personal, puede darse debido a i) limitaciones financieras, ii) cambios en la  organización administrativa, iii) razones técnicas, u otro; sin embargo, no  existe disposición legal alguna que prohíba fundamentar la reducción de  personal en dos o más de las causales previstas legalmente; es decir, no existe  legalmente límite alguno, salvo la enumeración anterior, de la indicación de  las razones que puedan fundamentar la reducción de personal; en virtud, de  que las mismas no son excluyentes; por el contrario, pudieran existir 
  <sub>139  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   situaciones fácticas en las cuales, inclusive, una pudiera llegar a ser  consecuencia de otra de estas razones.   B.  REDUCCIÓN  DE  PERSONAL  DE  INSTITUTOS  Ó
  AUTÓNOMOS 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  18 de noviembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2007-000080.  Sentencia Nro.: 2015-1058.  Caso: Linda Albornoz vs. Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y  Circulación del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda  (IATTC).  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  Ahora bien, al tratarse de un ente descentralizado, como lo es el Instituto  Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación del Municipio Chacao del  estado Bolivariano de Miranda (IATTC), si bien es éste un organismo con  personalidad jurídica propia que ha sido creado por una Ordenanza, se  encuentra dentro de la organización municipal bajo un régimen de tutela a su  ente de adscripción; por lo tanto, la norma señalada le es aplicable; se advierte  además, que el aludido organismo forma parte de la estructura municipal bajo  la figura jurídica denominada Instituto Autónomo adscrito a la Alcaldía del  aludido Municipio.  
  Asimismo, resulta importante señalar que la autorización que se otorga para  la realización del proceso de reducción de personal, debe entenderse como  una garantía de transparencia y legalidad de un órgano distinto a aquel en el  cual se llevará a cabo dicho proceso; por lo que, en los Casos de los Institutos  Autónomos adscritos a los Municipios, dicha autorización debe emanar del  órgano llamado por ley a autorizar los mencionados procesos dentro de la  estructura de los Municipios; en este Caso, el artículo 78 de la Ley del Estatuto  de la Función Pública, confiere tal competencia a los Concejos Municipales;  por lo que, en consecuencia, debe desestimarse el vicio de incompetencia  alegado por el querellante. Así se declara.   
  C.  CONTENIDO DEL ACTO DE RETIRO EN SEDE DE  REDUCCIÓN DE PERSONAL 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  02 de diciembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2009-000255.  Sentencia Nro.: 2015-1153.  Caso: Karon Rojas vs. Instituto Municipal de Crédito Popular del Municipio  Libertador del Distrito Capital.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  <sub>140  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  De lo anterior se desprende, que el retiro de un funcionario público  fundamentado en la reducción de personal, es un procedimiento  administrativo constitutivo integrado por una serie de actos, entre ellos: 1. La  elaboración del informe técnico y financiero, que explique en forma suficiente,  en Casos como el presente, limitaciones financieras, la situación por la cual  atraviesa el ente, del cual se pueda evidenciar que el mismo está afectado por  tal causa; 2. Presentación de la solicitud de reducción de personal ante el  Consejo Municipal, por tratarse el Caso de autos de un municipio, tal y como  se señaló ut supra; 3. La respectiva aprobación por parte del Consejo  Municipal, de tal medida, pues no basta con la simple manifestación del ente  ya que se debe acompañar un informe que justifique la medida y la opinión  de la Oficina Técnica competente, cumpliendo así el trámite exigido en el  artículo 118 del aún vigente Reglamento General de la Ley de Carrera  Administrativa.  
  Por consiguiente, esta Corte estima que el procedimiento de reducción de  personal, siendo de carácter excepcional, en virtud de que altera la estabilidad  de los funcionarios de carrera, debe llevarse con todo el procedimiento legal,  necesario para tal fin, y como se expresó ut supra, no basta con apoyarse e  autoridades legislativas o decretos ejecutivos, sino que es menester dejar en  evidencia que se cumplió cabalmente con la ley.  
  3.  PENSIÓN DE INVALIDEZ 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  17 de noviembre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2012-001022.  Sentencia Nro.: 2016-0875.  Caso: Zulay Eugenia Pastrana Sarmiento vs. Instituto Autónomo Municipal  de la Policía de Valencia del Estado Carabobo.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Ahora bien, circunscribiéndonos al régimen de previsión social del Sistema  de Seguridad Social, más específicamente al régimen prestacional de  pensiones y otras asignaciones económicas, se advierte que dentro de tal  sistema se encuentran  – entre otras prestaciones –  las pensiones por invalidez,  siendo este un derecho concedido a un trabajador cuando por causa de un  accidente o enfermedad ve disminuida o perdida su capacidad de trabajar, de  modo que el fundamento de este beneficio es la disminución de la capacidad  física del funcionario luego de haber laborado durante el tiempo establecido  en la Ley, que le haga acreedor de la pensión. En este supuesto, la relación  laboral se verá interrumpida por causa ajena a la voluntad de las partes, en  cuyo caso el trabajador afectado tendrá derecho a percibir una pensión que le  permita una vida digna ante la limitante que le plantea la situación que le  impide, temporal o definitivamente, ejercer su oficio o profesión.   
  <sub>141  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  4.  GESTIONES REUBICATORIAS 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  4 de febrero de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000322.  Sentencia Nro.: 2016-0045.  Caso: Enrique Ramos vs. Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional  (SEBIN).  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  Al respecto, observa esta Corte que la gestión reubicatoria, tal como ha sido  sostenido reiteradamente por este Órgano Jurisdiccional, es una consecuencia  del derecho a la estabilidad que la Ley consagra en beneficio del funcionario  de carrera y en razón de ello, todo lo que pueda afectar su validez constituye  un vicio del acto de retiro.  
  Aunado a lo anterior, debe destacar este Órgano Jurisdiccional que tanto para  la doctrina como para la jurisprudencia nacional, las gestiones reubicatorias  no constituyen una simple formalidad que sólo comprenden el trámite de  oficiar a las Direcciones de Personal, sino que por el contrario, es menester  que se realicen las verdaderas gestiones y diligencias destinadas a lograr la  reubicación del funcionario, y que se demuestre la intención de reubicarlo en  un cargo vacante que no lo desmejore en su relación de empleo público.   
  5.  OTRAS SITUACIONES  A.  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  13 de agosto de 2015.  Expediente Nro.: AP42-Y-2015-000099.  Sentencia Nro.: 2015-0928.  Caso: José Francisco Figueredo Macabi vs. Instituto de Previsión y Asistencia  Social para el Ministerio de Educación (Ipasme).  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Delimitado lo anterior, se concluye que el recurrente para la fecha en que  falleció su esposa, no reunía la condición de edad ni era incapacitado total, sin  embargo, en meses posteriores a la muerte de la cónyuge se configuró uno de  los supuestos establecidos (edad) para que el recurrente pudiera exigir  nuevamente el reconocimiento de su pensión de sobreviviente, razón por la  que, a la fecha de emisión del acto administrativo -10 de abril de 2014- el  querellante ya contaba con la edad requerida para ser acreedor de la pensión  de sobreviviente. 
  En tal contexto, debe hacerse alusión al criterio sostenido recientemente por  la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien analizando la 
  <sub>142  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  naturaleza de la institución de la jubilación, señaló que el derecho a percibir  una pensión surgía en el momento en que se cumplían con los requisitos  establecidos para ello, y que llegado ese momento la persona tenía el derecho  a su reconocimiento y concesión, esto porque entiende que se está frente a un  derecho social de protección a la vejez. (Ver sentencia con carácter vinculante  de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 21 de julio de  2014, caso: Ricardo Mauricio Lastra).  
  Si bien el criterio fue sustentado en un caso de jubilación, donde se hizo una  interpretación de los requisitos para su otorgamiento, es lo cierto que en el  presente caso, se debe aplicar dicho criterio de manera extensiva por tratarse  del reconocimiento de un derecho a percibir una pensión de sobreviviente que  deviene de la pensión de jubilación que se le otorgó a la cónyuge hoy fallecida,  porque en definitiva, la naturaleza de ambas pensiones son afines a los  derechos a la seguridad social y a la protección a la vejez.  
  Por tanto, dado que la jurisprudencia en referencia dejó abierta la posibilidad  de acudir a la vía judicial en cualquier momento, una vez cumplidos los  requisitos de procedencia para ser acreedor del reconocimiento a percibir las  mencionadas pensiones, en el presente caso al configurarse uno de ellos bien  podía el recurrente pretender que se le otorgara dicho beneficio, motivo por  el que en efecto correspondía declarar la nulidad del acto administrativo  impugnado, tal y como consideró el Juzgado A quo, y por ende ordenar su  otorgamiento. Así se declara.  
  6.  COMISIÓN DE SERVICIO 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  18 de noviembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-001042.  Sentencia Nro.: 2015-1112.  Caso: Ricardo Vírgüez vs. Ministerio del Poder Popular para el Transporte  Terrestre (MTT).  Ponente: Osvaldo Enrique Rodríguez Rugeles.  
  Sobre la comisión de servicio es pertinente acotar que está considerada como  una situación administrativa en la cual el funcionario se encuentra prestando  servicio de forma activa. En este sentido, la Ley del Estatuto de la Función  Pública, estableció en torno a la misma lo siguiente: 
  (…Omissis…)  
  n este sentido, es de señalar que de una lectura integral de las normas que  atañen a la comisión de servicio se desprenden varios elementos, en primer  lugar que la misma es de obligatoria aceptación, y en segundo lugar una serie  de requisitos que revisten de legalidad a la misma, entre los que se destacan,  que sea ordenada por la máxima autoridad del organismo donde se preste 
  <sub>143  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   servicios, su temporalidad, como el cumplimiento de cada uno de los  requisitos previstos en el artículo 75 del Reglamento General de la Ley de  Carrera Administrativa.  
  7.  SUPRESIÓN DE ÓRGANOS 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  4 de febrero de 2016.  Expediente Nro.: AP42-Y-2014-000195.  Sentencia Nro. 2016-0039.  Caso: Lisbet Colmenares vs. Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM).  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  De las normas citadas, se evidencia que la Administración en caso de  supresión de personal por reestructuración de la dependencia administrativa  correspondiente, deberá pasar a los funcionarios de carrera a situación de  disponibilidad por un mes, a fin de realizar las gestiones reubicatorias  mediante diligencias y gestiones tendentes a lograr la reubicación del  funcionario, por lo que procederá el retiro, vista la imposibilidad de la  reincorporación a un cargo para el cual se encuentre calificado, una vez  vencido el mes de disponibilidad.  
  8.  INAPLICABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN COLECTIVA A  FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  22 de junio de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001294.  Sentencia Nro.: 2016-0263.  Caso: Cindy Escalante vs. Gobernación del Estado Zulia.  Ponente: Víctor Martín Díaz.  
  De las normas anteriormente transcritas, se evidencia que sólo los  funcionarios o empleados públicos con cargos de carrera tendrán derecho a la  negociación colectiva, más no así, los funcionarios o empleados públicos con  cargos calificados como de alto nivel o de confianza, ya que, los mismos por  su condición de funcionarios de libre nombramiento y remoción, no gozan de  estabilidad ni siquiera relativa, debido a las funciones a las que están sujetos  en su puesto de trabajo, por lo tanto, no pueden coexistir en una misma  organización sindical, dos agrupaciones que tienen intereses completamente  distintos o discordantes, por cuanto la actividad desplegada por estos dos  grupos son antagónicos e incompatibles y el pretender permitir la afluencia  de estas dos congregaciones, sería atentar en todo momento con el principio  de pureza que debe existir en los Sindicatos.  
  
  <sub>144  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   9.  REDUCCIÓN DEL SUELDO POR INCAPACIDAD 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  23 de noviembre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000739.  Sentencia Nro.: 2016-0718.  Caso: Carmen Espinoza vs. Contraloría del Municipio Rafael Guillermo  Urdaneta.  Ponente: Víctor Martín Díaz  
  De las normas citadas con anterioridad se colige, que para que proceda la  consecuencia jurídica de reducir el sueldo del funcionario en caso de  enfermedad, es menester cumplir con el supuesto de hecho previsto en el  artículo 62 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, el  cual es, que el organismo haya solicitado con antelación después del tercer  (3°) mes consecutivo de reposo una evaluación médica del funcionario  realizada por un facultativo, con el fin de determinar la incapacidad del  funcionario y declarada como haya sido ésta, a partir del cuarto (4°) día de  dicha declaratoria hasta por cincuenta y dos (52) semanas, es cuando nace  para el organismo o ente para el cual el funcionario preste servicio, la potestad  de realizar una deducción en el sueldo del funcionario equivalente a un tercio  (1/3) y no antes del cumplimiento de las cincuenta y dos (52) semanas  señaladas.   
  X.  PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN LA  FUNCIÓN PÚBLICA 
  1.   CONTENIDO Y ALCANCE 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  16 de diciembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2012-000430.  Sentencia Nro.: 2015-1210.  Caso: Gabriel Moreno vs. Instituto Autónomo de Policía del Estado  Anzoátegui. Ponente: María Elena Centeno Guzmán.   Al respecto, considera esta Corte necesario traer a colación el artículo 75 de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes  términos:  
  (…Omissis…)  
  De lo anterior se observa, que el fuero paternal ampara en términos muy  similares tanto a la madre como al padre en lo concerniente a la estabilidad e  inamovilidad de ambos. A tales fines, el estado garantiza la asistencia y  protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la  concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios 
  <sub>145  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   de planificación familiar integral. Es así como la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela en su artículo 76 otorga una protección especial a  los padres sin discriminación de ningún tipo en los siguientes términos:   (…Omissis…)   Aunado a lo anterior, es importante destacar que la Ley para la Protección de  las Familias, La Maternidad y La Paternidad, regula lo relativo al fuero  paternal en su artículo 8, en los siguientes términos:   (…Omissis…)   Aunado a lo anterior, de manera más equiparable y en consonancia con los  postulados constitucionales laborales, se debe destacar lo establecido en el  artículo 339 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los  Trabajadores, el cual prevé que:  
  (…Omissis…)   Aunado a lo an las Familias, L paternal en su  (…Omissis…)  
  (…Omissis…)  
  De acuerdo al artículo citado, se observa que de conformidad con la Ley  Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, se amplía mucho  más el derecho constitucional de la protección a la familia de conformidad a  lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela, esto por cuanto la familia constituye el núcleo  central para la formación de la sociedad en virtud del cumplimiento a seguir  del cometido del Estado venezolano como una sociedad de derecho social y  de justicia, respectivamente.  
  2.  OBJETO PROTEGIDO  
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  28 de septiembre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000563.  Sentencia Nro.: 2016-0472.  Caso: María Patiño vs. Ministerio del Poder Popular para la Educación.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  De las normas supra transcritas, se desprende que nuestra Constitución  contempla a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, ente  primario y elemental para el desarrollo integral de los ciudadanos, razón por  la cual constituyó un régimen de protección a los derechos de esta institución  social, el cual comprende la asistencia integral a cada uno de los miembros  que la componen, considerando a la maternidad y a la paternidad bajo una  posición preponderante, cuya defensa y protección fundamental se ha  convertido en un objetivo compartido por los Órganos que ejercen el Poder  Público, y uno de los cometidos del Estado Social de Derecho y de Justicia de  la República Bolivariana de Venezuela.  
  <sub>146  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  (…Omissis…)  
  En concordancia con lo anterior, resulta más que evidente que estas  previsiones, tanto legales como constitucionales, no tienen una naturaleza  protectora del trabajador en sí mismo, sino que su fin último es el resguardo  de la vida que se desarrolla dentro de su ser, en el caso de la madre, y en el  caso del padre, por constituirse éste en guardián natural de esa vida por nacer,  a quienes corresponde en primera y última instancia la protección que brinda  el Estado, en todas las formas posibles desde la perspectiva de una  interpretación progresiva de las normas legales que conforman el marco de  referencia ineludible.  
  3.   EFICACIA  DE  LOS  ACTOS  DICTADOS  EN  Ó
  CONTRAVENCIÓN AL FUERO  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  5 de junio de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000259.  Sentencia Nro.: 2014-0732.  Caso: Engel José Ordaz vs. Ministerio Público.  Ponente: Enrique Luis Fermín Villalta.  
  (…) tal como lo fue establecido por el Juzgador a quo en el presente caso es  procedente reconocer el lapso de inamovilidad de dos (2) años a favor del  ciudadano querellante, esto es, desde el momento en que fue notificado de su  remoción el 6 de agosto de 2013, hasta el 17 de agosto de 2015, fecha en la cual  expirará el fuero especialísimo. Así se establece.  
  ….omissis…  
  No obstante lo anterior, esta Corte estima pertinente aclarar que el acto  administrativo de remoción del ciudadano Engel José Ordaz Cairo, aun  cuando se comprobó que el mismo fue dictado en contra del querellante  mientras éste se encontraba investido de la protección especial por fuero  paternal, tal situación no vicia per se el acto, pues contrario a lo expresado por  el Iudex A quo, el mismo se dictó conforme los requisitos legalmente  establecidos, por lo que, no podría declararse que adolece de algún vicio, y  por tanto, dicho acto resultaba válido; sin embargo, en lo que se refiere a la  eficacia del mismo lo que debió hacer la Administración, era esperar a que  culminara el referido lapso de inamovilidad, a los fines de notificarle de ese  acto al querellante y proceder a su retiro, situación ésta que no ocurrió en el  caso de marras, por tanto, debe esta Corte forzosamente declarar la nulidad  del acto de notificación de la remoción y retiro hasta tanto cese la  inamovilidad por fuero paternal del querellante, esto es, hasta el 17 de agosto  de 2015. Así se establece. 
  <sub>147  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   4.  ÓRGANO COMPETENTE PARA LA DETERMINACIÓN DE LA  EXISTENCIA DE FUERO  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  2 de junio de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000211.  Sentencia Nro.: 2014-0681.  Caso: William Simón Briceño vs. Contraloría del Municipio Acevedo del  estado Bolivariano de Miranda.  Ponente: Enrique Luis Fermín Villalta.  
  Por lo tanto, en criterio de esta Corte mal podría pretender la representación  judicial del Órgano querellado, que el querellante al encontrase investido de  fuero paternal procediera a ampararse dentro de los treinta (30) días  siguientes a la notificación del acto administrativo  – hoy impugnado-ante la  Inspectoría del Trabajo de la Jurisdicción correspondiente, conforme al  “Procedimiento para el Reenganche y Restitución de Derechos”, establecido  en el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las  Trabajadoras, propio de la relaciones de trabajo, y no de las relaciones de  empleo público, tal es el caso del ciudadano querellante, por lo que, siendo  que éstas últimas se ventilan conforme a la Ley especial (Ley del Estatuto de  la Función Pública), resulta a todas luces improcedente el alegato de  inadmisibilidad por razones de caducidad invocada por la Contraloría del  Municipio Acevedo del Estado Bolivariano de Miranda, más cuando como fue  verificado en acápites anteriores el ciudadano William Simón Briceño  Echeverria interpuso la presente querella dentro del lapso de los tres meses a  los que hace alusión el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.  Así se establece 
  5.  NACIMIENTO DE UN SEGUNDO HIJO ANTES DE CESAR EL  FUERO CORRESPONDIENTE AL PRIMERO 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  11 de junio de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-001188.  Sentencia Nro.: 2014-0803.  Caso: Obal José Bolívar vs Ministerio Público.  Ponente: Alexis Crespo Daza  
  Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por la parte querellante, de si  resultaban extensible el lapso de inamovilidad por fuero paternal en virtud  de la concepción de su segundo hijo durante el período de inamovilidad que  lo investía en razón del nacimiento de su primogénita, debe advertirse que  efectivamente en el marco de vigencia del fuero de inamovilidad antes  descrito, y sin que, tal protección especialísima hubiere finalizado, fue  probado por el actor el nacimiento una situación sobrevenida como es el 
  <sub>148  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   alumbramiento de su segundo hijo, y visto que el fuero paternal originario no  había cesado, es a todas luces evidente que, en aplicación del principio  indubio pro operario, y el principio de progresividad a favor del trabajador,  debe hacerse extensible y en concordancia con el criterio establecido por la  Sala Constitucional de Nuestro Máximo Tribunal refiriéndose al fuero  paternal, en Sentencia Nº 964 de fecha 16 de julio de 2013  (…)   XI. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LOS FUNCIONARIOS  Ú
  PÚBLICOS 
  1.  RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  10 de noviembre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000666.  Sentencia Nro.: 2016-0821.  Caso: Raiza del Valle López Maurera vs. Concejo Municipal del Municipio  Acosta del Estado Monagas.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  El procedimiento de destitución constituye un régimen disciplinario que  reside en la necesidad que tiene la Administración, como organización  prestadora de servicios, de mantener la disciplina interna y de asegurar que  los funcionarios cumplan con las obligaciones inherentes a su cargo, el  incumplimiento de los deberes del funcionario o la incursión de éstos en  alguna causal contemplada en la Ley como falta, conlleva a la imposición de  una sanción por parte de la Administración, ello con el fin de evitar el  desequilibrio institucional que pudiera ser generado por desacato a las  normas reguladoras del organismo público.  
  2.  CAUSALES DE DESTITUCIÓN 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  22 de octubre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000112.  Sentencia Nro.: 2015-1007.  Caso: José Gregorio Sáez vs. Municipio Motatán del Estado Trujillo.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Ahora bien, habiendo sido que finalmente la Alcaldía recurrida culminó  resolviendo la destitución del querellante, es por lo que cabe destacar que no  es un punto controvertido en el Caso de marras la condición de libre  nombramiento y remoción del cargo de Fiscal II que ostentaba el funcionario,  sino la realización del procedimiento disciplinario de destitución de  conformidad con los extremos legales establecidos para tal fin, puesto que no  obstante que el mismo ejerciera un cargo de los denominados de libre  nombramiento y remoción, lo mismo no implica que la Administración no 
  <sub>149  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   debiera realizar el procedimiento sancionatorio correspondiente a los fines de  aplicar la sanción de destitución.   Es decir, la Administración está facultada para aplicar la mencionada sanción  de destitución, sin embargo para ello debe cumplir con los pasos estipulados  que conforman el procedimiento disciplinario, y así, luego de puntualizar las  causales a las que se somete el referido funcionario, verificar una conclusión  y si es procedente aplicar la sanción disciplinaria de destitución.  
  Así, es menester para esta Corte señalar que la sanción de destitución  disciplinaria puede considerarse la más severa de las establecidas en la ley,  dado que implica una ruptura de la relación de empleo público, que  presupone la comisión de una falta ocasionando el egreso del funcionario de  la Administración por la comprobación de hechos de extrema gravedad que  comprometen su responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.  
  En torno al tema, resulta pertinente mencionar que el procedimiento de  destitución constituye un régimen disciplinario que reside en la necesidad  que tiene la Administración, como organización prestadora de servicios, de  mantener la disciplina interna y de asegurar que los funcionarios cumplan con  las obligaciones inherentes a su cargo, el incumplimiento de los deberes del  funcionario o la incursión de éstos en alguna causal contemplada en la Ley  como falta, conlleva a la imposición de una sanción por parte de la  Administración, ello con el fin de evitar el desequilibrio institucional que  pudiera ser generado por desacato a las normas reguladoras del organismo  público.  
  No obstante, esa potestad sancionatoria que tiene la Administración, se  encuentra regulada, la cual tiene como objeto principal evitar una utilización  desviada o abusiva de dichas potestades por parte de la Administración, en  beneficio de la imparcialidad y en pro de las garantías de las cuales goza el  funcionario público, una de ellas, la necesidad de un procedimiento  disciplinario, que se materializa en la imposibilidad de que se impongan sobre  los funcionarios sanciones de plano. La necesidad de un procedimiento como  requisito necesario para la validez de las sanciones impuestas viene  enmarcado por todo el ordenamiento jurídico.  
  Debe advertirse que si bien el procedimiento administrativo disciplinario  constituye para la Administración un instrumento para ejecutar su potestad  sancionadora, no menos cierto es que se le debe garantizar al administrado el  respeto a sus derechos, así como debe respetarse las formalidades  consagradas en el ordenamiento jurídico, pues, de ello depende la validez del  acto sancionatorio, corolario del procedimiento disciplinario. (Vid. Sentencia  N° 2010-1547 dictada por esta Corte en fecha 28 de octubre de 2010, Caso:  María Rosa Cangemi Vs. Procuraduría General Del Estado Barinas).  
  <sub>150  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   En este sentido, el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública  establece lo siguiente:  
  (…Omissis…)  
  De la normativa supra transcrita, se desprende que en el procedimiento  sancionatorio de destitución, una vez que la oficina de Recursos Humanos del  respectivo organismo instruya el expediente disciplinario -previa solicitud del  funcionario o funcionaria público de mayor jerarquía dentro de la respectiva  unidad- y determine los cargos a ser formulados al funcionario investigado,  notificará al mismo para que tenga acceso al expediente y ejerza su derecho a  la defensa, y en Caso que resultare impracticable dicha notificación, se  publicará un cartel en uno de los periódicos de mayor circulación de la  localidad y, después de transcurridos cinco (5) días continuos, se dejará  constancia del cartel en el expediente y se tendrá por notificado al funcionario.  
  Ahora bien, una vez notificado el funcionario, la respectiva oficina de recursos  humanos, formulará los cargos, y dentro del lapso de cinco (5) días hábiles  siguientes, el mismo deberá consignar su escrito de descargo, lapso en el cual  tendrá a cceso al expediente y podrá solicitar “que le sean expedidas las copias  que fuesen necesarias a los fines de la preparación de su defensa”, concluido  el mismo, se iniciará el lapso para la promoción y evacuación de pruebas, y  una vez finalizado dicho lapso, se remitirá el Expediente Nro.: A la  Consultoría Jurídica o la unidad similar del órgano o ente, a fin de que opine  sobre la procedencia o no de la destitución.  
  A.  FALTA DE PROBIDAD  a.  RÉGIMEN GENERAL 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  06 de octubre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2010-000826.  Sentencia Nro.: 2016-0634.  Caso: José Francisco Moya Carrero vs. Servicio Nacional Integrado de  Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  Del citado criterio jurisprudencial se colige que la probidad se manifiesta  mediante el respeto de los principios morales y éticos que deben acompañar  la conducta del funcionario público, y que por tanto su inobservancia implica  una ausencia de integridad y honradez en su obrar. Se trata entonces de un  concepto jurídico indeterminado que se configura ante la omisión de rectitud  que comprende la relación funcionarial desde el punto de vista de su  contenido ético.  
  <sub>151  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   De igual forma, debe señalarse que entre los deberes generales establecidos  para todos los funcionarios públicos a fin de desempeñar sus funciones, se  encuentra el ser ciudadanos de reconocida solvencia moral, por ello previó el  legislador la falta de probidad como causal suficiente para proceder a su  destitución, siendo esta la sanción más grave que puede serle impuesta a un  funcionario.  
  A modo de conclusión, debe indicarse que la falta de probidad tiene un  amplio alcance, tanto en el estricto campo de la relación de subordinación con  la Administración Pública, así como respecto de las conductas asumidas por  los funcionarios que no guarden relación directa con las responsabilidades  inherentes a su cargo, razón por la cual éstos deben mantener en todo  momento una conducta íntegra y digna propia de su condición.   
  b.  EN LA FUNCIÓN POLICIAL 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  10 de junio de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001054.  Sentencia Nro.: 2015-0492.  Caso: Juan Morales vs Gobernación del Estado Zulia.  Ponente: Osvaldo Enrique Rodríguez Rugeles.  
  Ello así, es pertinente acotar en relación a la falta de probidad, que todo  funcionario que actúe en desapego a la normativa policial, se encontrará  incurso en faltas susceptibles de destitución, tales como faltar a sus deberes  inherentes al funcionario que sirve a una colectividad en detrimento del buen  nombre de la Institución a la cual prestan servicio, el cual debe servir de  ejemplo en su actuación tanto en su vida cotidiana como en el desempeño de  sus labores, dado el grado de responsabilidad y a los principios de bondad,  rectitud de ánimo, integridad y honradez en el desempeño de las funciones  inherentes al obrar del empleado público.  
  (… omissis…)   
  (…) el fundamento de la falta probidad como causal de destitución, estriba en  que la Administración se encuentra obligada a velar porque los funcionarios  a ella adscritos reúnan los requisitos mínimos de comportamiento debido, que  aseguren el ejercicio adecuado y confiable de la misión pública que la  Constitución y las leyes les ha encomendado y confiable de la misión pública  que la Constitución y las leyes les ha encomendado.   
  B.  ABANDONO INJUSTIFICADO DEL SERVICIO  Corte Segundo de lo Contencioso Administrativo.  26 de julio de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-000021. 
  <sub>152  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Sentencia Nro.: 2016-0364.  Caso: Edgar Fernández vs. Corporación de Salud del Estado Aragua.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  En este orden de ideas, debe entenderse que el abandono injustificado del  trabajo responde a una conducta volitivamente manifestada, por la cual un  funcionario “deja”   o se “separa” intempestiva e injustificadamente del sitio  físico de trabajo. La “salida” debe no sólo colocar en riesgo la actividad  administrativa del ente. Debe constituir acto de indisciplina y de falta de  respeto a sus superiores. De manera que no se trata de cualquier separación  física de las labores sino que la separación debe estar revestida de tal  gravedad, para que tenga sentido la aplicación de la mayor y más grave  sanción que puede ser objeto un funcionario público, como lo es la destitución. 
  Tomando en cuenta lo expuesto ut supra, se concluye que existen tres (3)  condiciones que deben materializarse de modo concurrente para que se  aplique la causal bajo análisis, a saber: a) inasistencia o abandono absoluto del  puesto de trabajo; b) que no exista justificación para tal ausencia y c) que  hubiere ocurrido durante tres (3) días en un lapso de treinta (30) días  continuos, es decir, en un mes, contado a partir del primer abandono  injustificado.   
  C.  INSUBORDINACIÓN 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  28 de Mayo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2006-001415.  Sentencia Nro.: 2015-0454.  Caso: Roger La Rosa vs. Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.   Ahora bien, considera necesario esta Corte destacar lo establecido por el  artículo 86, numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública:  
  Artículo 86. Serán causales de destitución:  
  (…omisiss…)   
  6. Falta de probidad, vías de hecho, injuria, insubordinación, conducta  inmoral en el trabajo o acto lesivo al buen nombre o a los intereses del órgano  o ente de la Administración Pública. (Resaltado de esta Corte).   Del artículo transcrito se desprende claramente que constituye causal de  destitución las vías de hecho y la insubordinación. Para comprender mejor los  supuestos establecidos en la norma es necesario conceptualizarlos.   Así, tenemos que las vías de hecho pueden entenderse como la aplicación de  medios violentos a cosas o personas, que en el ámbito de la función pública 
  <sub>153  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   debe ajustarse a las actuaciones efectuadas dentro de sus funciones, las cuales  no solo implican una agresión física, sino que también puede producirse por  una agresión verbal, psicológica e incluso de tipo moral, que pueden lesionar  los intereses particulares de una determinada persona o la Institución.   En lo referente a la insubordinación, se concibe como la indisciplina o la  resistencia sistemática y persistente a obedecer órdenes de los superiores  jerárquicos, sin hacer distinción en este concepto que sean órdenes impartidas  de los superiores directos, ello en virtud, del principio organizacional que rige  la Administración Pública, tal como fue señalado por el Juzgado A quo en la  sentencia recurrida.   
  D.  INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  14 de Julio de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001027.  Sentencia Nro.: 2015-0726.  Caso: Mario José García Guerrero vs.  Instituto Venezolano de los Seguros  Sociales (I.V.S.S).  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  Ello así, es importante destacar que el querellante no logró justificar  válidamente las faltas y/o inasistencias a su lugar de trabajo, durante tres (3)  días en el lapso de un mes, pues si bien, en fecha 22 de octubre de 2014, la  Apoderada Judicial del recurrente al consignar el escrito de fundamentación  anexó copias simples de una serie de solicitudes de permisos gremiales  remunerados dirigidas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y  emanados de la Federación Médica Venezolana (Folios 20 al 25 y del 45 al 68),  los cuales tiene el sello de recibido del referido Instituto. No obstante, no  cursan en autos las aceptaciones de esos permisos, por parte del el Instituto  Venezolano de los Seguros Sociales.  
  De manera tal, que al no existir un pronunciamiento expreso y por escrito de  conformidad por el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Carrera  Administrativa, por parte de la Administración que otorgue el permiso, no  puede el funcionario dejar de asistir a sus labores y ejercer sus funciones  habituales, dando por tácitamente entendido el otorgamiento del permiso,  razón por la cual debe concluirse que efectivamente el querellante no asistió  a su lugar de trabajo durante un lapso superior a tres días hábiles dentro del  lapso de treinta días continuos, sin justificación alguna ni autorización previa  de su lugar de trabajo, abandonando la función pública que le ha sido legal y  constitucionalmente encomendada, pasando por encima de cualquier  autoridad e irrespetando los principios que informan y rigen la actividad  administrativa.  
  <sub>154  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   E.  INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES INHERENTES AL  CARGO 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  09 de Julio de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001068.  Sentencia Nro.: 2015-0721.  Caso: Joan Carolina González Rivera vs. Jueza Coordinadora Judicial de  Protección de Niños Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas  y Nacional de Adopción Internacional.  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  En la presente causa, este Órgano Jurisdiccional evidenció de autos, tal y como  ut supra indicó, que la omisión de la ciudadana Joan Carolina González  Rivera, de revisar las actuaciones ingresadas y diarizadas en el Sistema  Integral de Gestión, Decisión y Documentación Juris 2000 en el Expediente  Nro.: AP51-R-2012-008107, el cual le había sido asignado para trabajarlo, lo  cual conllevo a que, se diarizaran dos actuaciones contrarias, observando esta  Alzada que hubo un incumpliendo por parte de la referida ciudadana de las  funciones inherentes al cargo que desempeñaba, pues no tuvo la diligencia  y/o responsabilidad debida en su trabajo, y siendo que tal omisión generó  para la colectividad y en especial para las partes interesadas en el expediente  ut supra señalado, una desconfianza legitima en el Poder Judicial, visto el  descuido y negligencia de la ciudadana Joan Carolina González Rivera, pues  la misma puede hacer pensar que los funcionarios actúan con poco cuidado y  sin la importancia y valor que tienen y merecen cada una de las causas que se  manejan en los Tribunales de la República.  
  De igual forma, es menester para esta Corte indicar que para encuadrar el  supuesto de hecho en la causal imputada, no debe necesariamente haberse  actuado (activa) u omitido (pasiva) con la intensión de vulnerar el buen  nombre del Poder Judicial o de la República, como así lo hizo ver el Juzgado  A quo, pues ya sea de forma consciente o inconsciente se puede lesionar la  imagen y el nombre de los Órganos del poder público, entre los cuales se  encuentra el Poder Judicial y con ello poner en duda la aplicabilidad del  principio de transparencia que debe regir sus actividades y afectar así la  credibilidad de los justiciables.  
  F.  DESOBEDIENCIA DE ÓRDENES E INSTRUCCIONES DEL  SUPERVISOR INMEDIATO 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  04 de febrero de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2012-000752.  Sentencia Nro.: 2016-0057. 
  <sub>155  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Caso: Luís Manuel Carrasquel Rivas vs. Instituto Venezolano de los Seguros  Sociales (I.V.S.S.).  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  Por su parte, el numeral 4 del artículo 86 de la mencionada Ley, relativo a la  desobediencia de las órdenes e instrucciones del supervisor o supervisora  inmediato, emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a  tareas del funcionario o funcionaria público, salvo que constituyan una  infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto constitucional o legal,  debe indicarse que el supuesto de hecho de la norma en la cual la  Administración querellada encuadró la conducta imputada al funcionario, es  un silogismo complejo que para atribuirle la consecuencia jurídica exige la  comprobación, a través de medios de pruebas válidos, en primer lugar, de la  existencia de una desobediencia a órdenes; en segundo lugar, que aquellas  órdenes hayan sido impartidas por su supervisor inmediato; tercero, que las  órdenes hayan sido impartidas en ejercicio de las competencias que el  supervisor tiene atribuidas; cuarto, que las órdenes estén referidas a tareas del  funcionario al cual se imputa la desobediencia; y quinto, que las tareas que se  ordenó efectuar al funcionario no constituyan infracción manifiesta, clara y  terminante de un precepto constitucional o legal.  
  Resulta evidente que se precisa de una compleja actividad probatoria, o más  aun, de una extensa operación intelectual de parte de la Administración  sustanciadora de la averiguación para encuadrar los elementos fácticos ya  comprobados, en el supuesto de hecho de la norma.  
  G.  VÍAS DE HECHO E INJURIAS 
  Corte Segundo de lo Contencioso Administrativo.  26 de julio de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-000021.  Sentencia Nro.: 2016-0364.  Caso: Edgar Fernández vs. Corporación de Salud del Estado Aragua.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  Así las cosas, debe aclararse que las “vías de hecho” como causal de  destitución de los funcionarios públicos, no debe confundirse con otra figura  denominada con el mismo nombre que se configura cuando se dicta un acto  administrativo sin procedimiento previo, y violentando el derecho al debido  proceso del administrado, siendo ésta última, la vía de hecho procedimental  que nada tiene que ver con la vía de hecho como causal de destitución, la cual  consiste en la utilización de la violencia por parte del funcionario, bien sea  contra la institución a la cual se encuentra adscrito, es decir, contra los bienes  de la nación o contra bienes de propiedad privada, así como también, contra  sus mismos compañeros de trabajo o contra un administrado, en otras  palabras, cuando el funcionario hace valer la justicia por propia mano. 
  <sub>156  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Sin embargo, no basta que exista violencia o agresión física en la conducta del  funcionario para que se configure dicha causal, si no que la misma debe  cometerse en razón de la función pública, por lo que, si un funcionario tiene  un altercado con otro, pero fuera de su sitio de trabajo y por motivos ajenos a  la prestación del servicio, mal podría decirse que dicha conducta encuadra  dentro de la causal de destitución analizada, ya que es necesario que existan  elementos que comprometan la función pública. 
  Finalmente, vale la pena indicar, que para considerar las conductas violentas  de un funcionario como vías de hecho, deben las mismas ser realizadas dentro  de las instalaciones del órgano al cual se encuentra adscrito, o bien fuera del  mismo, pero siempre que se esté ejerciendo funciones administrativas. 
  Por otro lado, en cuanto a la “injuria” como causal de destitución de los  funcionarios públicos, precisa este Tribunal Colegiado que la misma es  concebida como el agravio de palabra, de obra o por escrito con la intención  de desacreditar o deshonrar a una persona, a fin de ofender la reputación o  decoro de la misma, acción que debe efectuarse mediante comunicación al  menos entre dos personas juntas o separadas, conforme lo prevé el artículo  444 del Código Penal, debiendo existir el ánimo de afectar el honor de la  persona a quien va dirigida.  
  H.  INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  17 de julio de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2007-002070.  Sentencia Nro.: 2014-1140.  Caso: Henry Leonardo Sandoval Capote Vs. Ministerio del Poder Popular  para la Infraestructura.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  En relación a la primera de las causales impuestas por el Organismo recurrido,  referida al incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo  ejercido por el recurrente, debe señalarse que el artículo 33 eiusdem, establece  que:   “Artículo 33. Adem ás de los deberes que impongan las leyes y los  reglamentos, los funcionarios o funcionarias públicos están obligados a:  
  …omissis…  
  3. Cumplir con el horario de trabajo…”.   
  de la norma ut supra transcrita, resulta innegable que el cumplimiento del  horario de trabajo por parte de los funcionarios públicos, sometidos a las  normas contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, como es el  caso del recurrente, constituye no sólo una obligación sino un deber 
  <sub>157  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   lógicamente adherido a las funciones propias del cargo desempeñado.  Igualmente, dicha obligación es un deber de cumplir cabalmente con el  horario que les fue asignado, puesto que las labores desempeñadas requieren  de su efectiva presencia en un sitio y lugar preciso en un momento  determinado, justificando de forma pertinente las faltas que pudieran afectar  el cumplimiento de sus funciones y/o el cumplimiento de sus deberes.  
  En relación a ello, considera necesario esta Corte hacer especial énfasis en el  tratamiento dado por el legislador al horario de trabajo como parte de los  deberes de todo funcionario público, en este sentido, es posible entender con  claridad de los artículos transcritos, que la intención del legislador no fue  colocarlo en un pináculo particular y preferente, sino por el contrario,  establecer el buen orden con relación a los deberes que ostenta todo  funcionario público.  
  De lo anterior, es acertado entender que si bien los deberes de todo  funcionario público implican la asignación de una obligación, igualmente  debe entenderse que una vez una persona entra a la Administración Pública  en calidad de funcionario, ésta se encuentra obligada a acatar un horario de  trabajo establecido para el cumplimiento de sus funciones, todo en atención,  precisamente, a la naturaleza de las actividades propias de la administración  pública, que requieren del ejercicio y cumplimiento de ciertas y determinadas  actividades dentro de un horario establecido.  
  I.  ACTOS LESIVOS AL BUEN NOMBRE DEL ÓRGANO O  ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  17  de julio de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2009-000007.  Sentencia Nro.: 2014-1166.  Caso: Antonio Jiménez Guillén vs. Alcaldía del Distrito Metropolitano de  Caracas.  Ponente: María Eugenia Mata.  
  Por otra parte, y en cuanto a los actos lesivos al buen nombre o a los intereses  del órgano o ente de la Administración Pública imputados al recurrente, es de  indicar que éstos pueden considerarse como aquellas actuaciones perniciosas  que mediante una manifestación esencialmente pública vayan en detrimento  o atenten contra la reputación o integridad del organismo. En este sentido, es  importante destacar que dentro de los deberes de los empleados públicos se  encuentra mantener una relación de respeto y una conducta decorosa, siendo  su responsabilidad mantener el buen nombre del ente u organismo donde  labore y en caso de constatar alguna irregularidad expresar sus observaciones  ante los organismos competentes.  
  <sub>158  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   En este orden de ideas, es pertinente resaltar, que es necesario que exista una  manifestación de voluntad que menoscabe el buen nombre del organismo  ante un conglomerado de personas o un medio informativo. Esta causal no  puede entenderse como una negación al derecho a la libertad de expresión ni  a la manifestación y huelga, sino que busca que los funcionarios mantengan  el debido respeto a la institución.    3.  PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  09 de octubre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-000928.  Sentencia Nro.: 2014-1473.  Caso: José Alberto Montilla Portuguéz vs. Policía Nacional Bolivariana.  Ponente: María Eugenia Mata.   Ello así, esta Alzada considera necesario traer a los autos el contenido del  artículo 88 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, aplicable por mandato  expreso del artículo 101 de la Ley del estatuto de la Función Policial,  observándose que el mismo dispone:  
  (…omissis….)  
  Del artículo ut supra mencionado se desprende que la facultad de imponer  castigos disciplinarios por una falta cometida, prescribe a los ocho (8) meses  contados a partir del momento en que el funcionario de mayor jerarquía tuvo  conocimiento y no hubiera solicitado la apertura del procedimiento  disciplinario correspondiente.   4.  DIFERENCIA ENTRE VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS ACTOS  ADMINISTRATIVOS  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  02 de octubre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-001204.  Sentencia Nro.:2014-1427.  Caso: Kelita Malavé Guzmán vs. Servicio Nacional Integrado de  Administración Aduanera Y Tributaria (SENIAT).  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Ahora bien, de acuerdo a lo planteado, corresponde a esta Corte referirse a la  diferencia entre validez y eficacia del acto administrativo, la primera dada por  el cumplimiento de las normas que integran el ordenamiento jurídico dentro  de su etapa de formación (procedimiento disciplinario de ser el caso), y la  segunda (eficacia) relativa al cumplimiento de los requisitos establecidos para  que el acto surta efectos. 
  <sub>159  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Así las cosas, es de destacar que referente a la validez del acto, la  Administración debe respetar las garantías del administrado y atender al  cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley  Orgánica de Procedimientos Administrativos (los cuales han sido  desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia) y así no incurrir en los vicios  consagrados en los artículos 19 y 20 eiusdem.  
  Por ello, tenemos que el cumplimiento de lo enunciado anteriormente blinda  el acto administrativo para que en caso de que se ejerza control sobre él, bien  en sede administrativa o judicial, sea declarada su validez, sin embargo, es  pertinente en este punto destacar que, aún cuando los actos administrativos,  no cumplieran con los requisitos establecidos en la Ley, serán considerados  válidos mientras la nulidad no haya sido declarada administrativa o  judicialmente, ello se debe, a la presunción de validez del cual gozan. (Vid.  Sánchez Torres, Carlos Ariel, El Acto Administrativo, Teoría General, 2da ed.,  Editorial Legis, 1998. pags. 137 y 138, Bogotá).  
  La anterior afirmación, deviene a que un acto administrativo existe cuando  aparece en el mundo jurídico, sin embargo sus efectos  – por más válido que  sea el acto- no podrán desplegarse hasta que no haya sido notificado, ello  quiere decir que la falta de notificación demora el comienzo de los efectos,  más no incide en su existencia, motivo por el cual considera esta Corte que la  notificación del acto administrativo no añade nada al acto administrativo  como tal, simplemente, establece el momento en que habrá de comenzar a  desplegar sus efectos, y ello se debe a que la eficacia suele referirse al tiempo  o momento a partir del cual el acto administrativo produce sus efectos.   
  5.  POTESTAD DISCIPLINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  A.  SOBRE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES  Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.  18 de diciembre de 2014.  Expediente Nro.: 2009-0177.  Sentencia Nro.: 01742.  Caso: Ever Contreras.  Ponente: María Carolina Ameliach Villaroel.  
  Al respecto, debe esta Sala señalar que los jueces y juezas de la República, al  igual que el resto de los funcionarios públicos, están sometidos a un régimen  de sujeción especial, en razón de su cualidad de empleados o trabajadores del  Estado, y en virtud de ello la aplicación del régimen general establecido en la  Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en las relaciones de la  Administración con los particulares, sólo tiene cabida en los procedimientos  disciplinarios por vía supletoria, en razón de que el artículo 47 de dicho texto 
  <sub>160  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   legal establece que “[l]os proc edimientos administrativos contenidos en leyes  especiales se aplicarán con preferencia al procedimiento ordinario previsto en  este capítulo, en las materias que constituyan la especialidad.”   Antes de la entrada en vigencia del Código de Ética del Juez Venezolano y la  Jueza Venezolana, nuestro ordenamiento jurídico preveía un procedimiento  especial en materia disciplinaria de jueces y juezas. Este se encontraba  establecido en los artículos 40 y siguientes de la derogada Ley Orgánica del  Consejo de la Judicatura, frente al cual cede el régimen general previsto en la  citada Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.  
  B.  SOBRE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  13 de noviembre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-001517.  Sentencia Nro.: 2014-1611.  Caso: Oscar Alexander Guanipa González vs. Director General del Cuerpo de  Policía del  Estado Falcón.  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  Ahora bien, cabe destacar que en casos como el de autos, adquiere gran  importancia el hecho de que la Administración sea sumamente celosa en  aplicar los correctivos necesarios en situaciones de conductas alejadas de la  legalidad por parte de los funcionarios policiales; los cuales, tienen el deber  de actuar conforme a los valores éticos que deben regir la actuación de los  funcionarios públicos, valga decir, con rectitud de ánimo, integridad,  honradez, responsabilidad y suficiente diligencia, en otras palabras, con  probidad; pues, esa es la conducta que se espera despliegue en todo momento  el servidor público, dado que, en todo agente policial recae la más alta  responsabilidad de resguardo y mantenimiento del orden público, protección  a la vida, la propiedad, lo cual debe realizarse con la mayor probidad, rectitud,  honestidad, eficiencia, eficacia, y los más altos niveles de disciplina,  obediencia y responsabilidad. (Vid. Sentencias de esta Corte Número 2007-  710, de fecha 18 de abril de 2007, caso: Milagros del Valle Serrano Clavijo y Nº  2009-1093 del 17 de junio de 2009, caso: Dorián Enriques Reyes Rivers contra  la Policía del Municipio Chacao del estado Miranda).  
  Más aún, cuando el infractor desempeña cargos en los cuales su conducta  debe servir de ejemplo para sus compañeros y para la ciudadanía en general,  mayor es el grado de responsabilidad; pues, al incurrir en faltas que, a la luz  del ordenamiento jurídico aplicable, son sancionables, estaría influyendo  negativamente en la institución en la cual presta sus servicios, promoviendo  de esta manera la indisciplina dentro de ella, lo cual amerita que la  Administración imponga, previo el debido proceso, la sanción que indique el  ordenamiento jurídico correspondiente, para así fomentar el mantenimiento 
  <sub>161  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   de la actuación ética y jurídicamente correcta de sus servidores dentro de la  institución. (Véase sentencia de esta Corte N° 2009- 545, de fecha 2 de abril de  2009, caso: Juan Carlos Idier Rodríguez Vs. Instituto Autónomo Policía del  Estado Miranda (IAPEM).  a.  LA  INTERVENCIÓN  TEMPRANA  EN  EL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO 
  DISCIPLINARIO 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  15 de noviembre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000002.   Sentencia Nro.: 2016-0845.  Caso: Deisy Mayerlyn Alfaro Vielma vs. Consejo Disciplinario del Cuerpo de  Policía Nacional Bolivariana.  Ponente: María Elena Centeno Guzmán  
  En este hilo de ideas, debe expresar esta Corte que el presente procedimiento  llevado contra la querellante, tuvo origen con la intervención temprana  abierta en su contra, con ocasión a las inasistencias a su jornada laboral. La  cual se concibe como un protocolo inicial de los procedimientos  administrativos sancionatorios en materia policial, mediante el cual se  determina de manera previa la infracción de normativas, manuales,  protocolos, instructivos y órdenes impartidas a los funcionarios policiales, por  ende, al tener una naturaleza especial, la institución procedimental de la  intervención temprana forma parte integral ab initio del procedimiento  administrativo ordinario mediante la cual se recabará de forma clara, los  argumentos y pruebas que lleven a la responsabilidad o no del funcionario  investigado y su consecuente apertura del procedimiento sancionatorio de  conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley del Estatuto de la  Función Policial publicada en la Gaceta Oficial N° 5940 Extraordinaria de  fecha 7 diciembre de 2009, aplicable rationae temporis.  
  b.  MEDIDAS  DE  ASISTENCIA  VOLUNTARIA  U 
  OBLIGATORIA 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  13 de octubre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001193.  Sentencia Nro.: 2016-0538.  Caso: Gustavo Rondón vs Policía del Estado Apure.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  De las normas supra transcritas, constata este Órgano Jurisdiccional que  dentro del régimen disciplinario que rige a los funcionarios policiales,  resultan aplicables tanto medidas de asistencia voluntaria u obligatoria, que 
  <sub>162  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   consisten en programas de supervisión y reentrenamiento dirigidas a  subsanar faltas detectadas en el personal policial; como la medida de  destitución, siendo esta la más gravosa, que consiste en la separación  definitiva del cargo del funcionario policial como consecuencia de haber  incurrido en una falta grave que se encuentre prevista expresamente o sea  encuadrable en las causales contempladas en la Ley.  
  c.  INSUBORDINACIÓN  Y  PRESUNCIÓN  DE 
  INOCENCIA 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  13 de octubre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001193.  Sentencia Nro.: 2016-0538.  Caso: Gustavo Rondón vs Policía del Estado Apure.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  Ahora bien, en cuanto a la denuncia realizada por la parte recurrente sobre la  violación al principio de presunción de inocencia, resulta conveniente  destacar en lo que respecta a dicha garantía constitucional, que la misma es  entendida como el derecho que tiene toda persona de ser considerada  inocente mientras no se pruebe lo contrario, el cual forma parte de los  derechos, principios y garantías que son inmanentes al debido proceso, que la  vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en  su artículo 49 a favor de todos los ciudadanos, el cual exige en consecuencia,  que tanto los órganos judiciales como los de naturaleza administrativa deban  ajustar sus actuaciones a lo largo de todo el procedimiento de que se trate, de  tal modo que pongan de manifiesto el acatamiento o respeto del mismo.  
  (…Omissis…)  
  De los dispositivos legales anteriormente citados, se desprende como causal  de destitución el incumplimiento de las órdenes e instrucciones impartidas  por los funcionarios dentro del ámbito de su competencia, ya que existe una  estructura jerarquizada, basada en las relaciones entre subordinados y  superiores, así como también la falta de probidad, entendida ésta como toda  conducta contraria a los principios de bondad, rectitud de ánimo, integridad  y honradez en el desempeño de las funciones inherentes al obrar del  empleado público en detrimento del buen nombre e intereses de un órgano o  ente de la Administración Pública.   
  C.  DESTITUCIÓN  DE  FUNCIONARIOS  DE  LIBRE  Ó
  NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  7 de octubre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000944. 
  <sub>163  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Sentencia Nro.: 2015-0924.  Caso: Franklin Fernandes vs. Instituto Autónomo de Policía Municipal del  Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui.  Ponente: Alexis Crespo Daza  
  De allí, que resulta determinante para este Caso puntualizar la diferencia  entre la remoción y destitución del funcionario; la primera, implica el retiro  del funcionario del cargo, por razones que no le son imputables a la conducta  del mismo; siendo, que en el segundo Caso se trata de la aplicación de una  sanción disciplinaria por hechos tipificados en la norma y que acarrean la  mayor de las consecuencias contra los funcionarios públicos, como lo es la  destitución de la función pública (Vid. Sentencia de esta Corte 2009-677 de  fecha 28 de abril de 2009, Caso: Gisela del Carmen Trejo Vásquez contra el  Servicio Estadal de Atención al Menor (S.E.A.M) Adscrito a la Gobernación  del estado Trujillo). 
  No obstante lo anterior, debe mencionar esta Corte Segunda de lo  Contencioso Administrativo que los funcionarios públicos de libre  nombramiento y remoción pueden ser objeto de destitución si incurrieran en  alguna de las faltas instituidas en el artículo 86 de la Ley del Estatuto de la  Función Pública.   D.  COMPETENCIA  PARA  LA  DESTITUCIÓN  DE  FUNCIONARIOS  ADSCRITOS  A  CUERPOS  DE 
  BOMBEROS 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  18 de noviembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000689.  Sentencia Nro.: 2015-1101.  Caso: Gerardo Villasmil vs. Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del  Estado Bolivariano de Miranda.  Ponente: Osvaldo Enrique Rodríguez Rugeles.  
  En este contexto, esta Corte debe hacer mención al artículo 43 eiusdem, en el  cual se hace referencia a que “[...] Son atribuciones de las comandancias de  bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil: 7.  Cuidar que los funcionarios de su dependencia cumplan a cabalidad sus  deberes, pudiendo aplicar las sanciones disciplinarias y promover el  enjuiciamiento de los mismos cuando éste fuere procedente [...]”, de la cita se  desprende que la norma atribuye al Comandante General la facultad de  aplicar sanciones disciplinarias; pero, bajo ningún término establece que  tendrá autoridad para la destitución, si ésta no es emitida consultando la  opinión del Estado Mayor o el Consejo Disciplinario; en consecuencia, carece  en el presente Caso, de validez la decisión asumida por el Comandante  General del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del estado Bolivariano 
  <sub>164  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   de Miranda, al ejercer funciones para las cuales no estaba autorizado; en  virtud, de que debían ser resueltas en conjunto con el Estado Mayor o el  Consejo Disciplinario; por consiguiente, actuó fuera de sus atribuciones. 
  En ese sentido, constata este Órgano Jurisdiccional que la Resolución Nº 019- 2014 de fecha 9 de abril de 2014, dictada por la Comandancia General del  Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del estado Bolivariano de Miranda,  transgrede la disposición legal del artículo 72 del Decreto con Fuerza de Ley  de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias  de Carácter Civil, referente a la competencia para ejecutar la destitución; por  lo que, incurrió en un manifiesto vicio de incompetencia, fundamentalmente  por haberse extralimitado en sus funciones, al pretender adoptar medidas  para la cual no tiene competencia expresa, sin que tal vicio haya podido ser  subsanado, se reitera, por cuanto en la misma no aparece suscrita la opinión  del Estado Mayor o del Consejo Disciplinario. 
  E.  COMPETENCIA  PARA  LA  REMOCIÓN  DE  FUNCIONARIOS  ADSCRITOS  A  ÓRGANOS  EN  Ó
  SUPRESIÓN 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  19 de junio de 2014.  Expediente: AP42-R-2006-001010.  Sentencia Nro.: 2014-0824.  Caso: Ramón Alberto Aldana vs Instituto Municipal Terminar Extraurbano  de Pasajeros de Carora (IMTERCA).  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  En este orden de ideas, evidencia esta Corte que la competencia para remover  y retirar de manera directa al personal adscrito al Instituto Municipal  Terminal Extraurbano de Pasajeros de Carora (IMTERCA) que sería  suprimido, correspondía durante ese período a la Comisión Liquidadora del  mismo y, en consecuencia, la ciudadana Carmen Rodríguez, Presidenta del  referido Instituto, no tenía atribuida la competencia en materia de remoción y  retiro de los funcionarios, durante el proceso de liquidación del Organismo,  en virtud de que ésta era competencia de la aludida Comisión Liquidadora;  por lo tanto, ella no podía remover o retirar al querellante.  
  Adicionalmente, observa esta Corte que una vez publicada la aludida  Ordenanza sobre la eliminación del Instituto querellado, que derogó la  Ordenanza mediante la cual se creó el referido Instituto Autónomo, la  ciudadana en referencia no podía suscribir ningún tipo de acto administrativo  investida de tal carácter, en virtud que no existía norma jurídica alguna que  la facultara para ello.  
  
  <sub>165  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   6.  DERECHO SANCIONATORIO Y DERECHO PENAL 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  28 de octubre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-001404.  Sentencia Nro.: 2014-1485.  Caso: José Gustavo Domínguez Vargas vs. Gobernación del Estado  Portuguesa.  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  Cabe destacar, que de acuerdo a la jurisprudencia se ha señalado que existen  hechos que dan lugar a una sanción administrativa, además también lo es de  responsabilidad penal y civil, cada una de estas responsabilidades subsisten  de forma individual e independiente, sin que una deba excluir la existencia o  aplicación de la otra, lo que está prohibido es imponer dos sanciones  administrativas por un mismo hecho. (Vid. Sentencia Nº 2137 de fecha 21 de  abril de 2005, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal  Supremo de Justicia).  
  Así, resulta importante reafirmar que no existe confusión alguna en lo que se  refiere a la aplicación de una sanción y otra, pues si bien las sanciones  disciplinarias comparten la naturaleza sancionatoria que le es propia a las  decisiones penales, aquellas se encuentran disociadas de éstas por presentar  características muy particulares, como sería fundamentalmente, entre otras,  el hecho de excluir cualquier tipo de pena corporal.   Con ello se insiste en que la decisión penal es una y la administrativa otra, con  procedimientos y sanciones específicamente regulados dentro del campo  jurídico al cual pertenece cada una de ellas, y por tanto, independientes una  de la otra.   En consonancia con lo anterior, esta Corte observa que una sanción derivada  de una infracción administrativa puede ser aplicada con independencia del  hecho que también lleve implícito una sanción de carácter penal o civil,  dependiendo de la naturaleza y del ámbito de potestades de los organismos  reguladores.  
  En este sentido, esta Corte debe señalar que es perfectamente posible que unos  mismos hechos originen responsabilidades distintas, es decir, unos hechos  pueden encuadrar y ser tipificadas por normativas distintas, de diferentes  ramas del derecho, imponiéndosele sanciones distintas, tal y como ha  ocurrido en el caso de marras donde los mismos hechos originaron la apertura  de una averiguación administrativa, y además lograron activar órganos del  poder judicial, en materia penal, ya que los hechos cometidos están tipificados  como delito por el Código Penal de Venezuela.  
  <sub>166  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Dichos procedimientos aunque sean originados por los mismos hechos, son  independientes entre sí, ya que la tipicidad y el tratamiento que se le da a cada  uno de ellos se hace de forma diferente, razón por la cual la parte recurrente  no puede pretender que la Administración Pública decidiera exactamente  igual que el poder judicial, ya que las apreciaciones realizadas por el Tribunal  Penal, no necesariamente son las mismas apreciaciones realizadas por el  Órgano Disciplinario, por lo tanto la referida decisión no resulta ser  vinculante para la Administración en el procedimiento disciplinario de  destitución.  
  Aplicando las anteriores consideraciones al caso bajo estudio, es claro que la  decisión judicial comentada por la parte accionante, según la cual se habrían  revisado los mismos hechos que hoy son objeto del recurso contencioso- administrativo, representa una decisión de tipo penal acordada por el órgano  judicial correspondiente, mientras que la decisión que hoy se revisa forma  parte del elenco de actos administrativos que ha distinguido la doctrina como  de tipo disciplinario, razón por la cual, tal sentencia absolutoria en nada  incidiría al momento de dictar la presente decisión. Así se declara.   
  7.  DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
  A.  NIVEL MUNICIPAL 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  16 de octubre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2012-000960.  Sentencia Nro.: 2014-1499  Caso: Brunilde Josefina Villafranca Sánchez vs. Alcaldía del Municipio José  Ángel Lamas del Estado Aragua.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Ahora bien, en cuanto al sistema de administración de personal de las  Alcaldías Municipales, la Ley Orgánica de Régimen Municipal (vid. Gaceta  Oficial Nº 4.109 Extraordinaria del 15 de junio de 1989) establecía en el ordinal  5º del artículo 74, lo que a continuación se transcribe:   “Artículo 74. Corresponden al Alcalde, como jefe de la rama ejecutiva del  Municipio, las funciones siguientes:   (…Omissis…)    5. Ejercer la máxima autoridad en materia de administración de personal y,  en tal carácter, nombrarlo, removerlo o destituirlo, conforme a los  procedimientos establecidos, con excepción del personal asignado a la  Cámara, Secretaría y Sindicato Municipal, cuya administración corresponde  al Consejo o Cabildo…” (Negrillas de esta Corte).   
  (…Omissis…)   
  <sub>167  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   La norma anterior le atribuye al ciudadano Alcalde, como Jefe de la Rama  Ejecutiva del Municipio, el poder para actuar en materia de administración  del personal al servicio de la Alcaldía y en ejercicio del mismo, podrá  nombrarlo, removerlo o destituirlo, conforme a los procedimientos  establecidos.  
  El señalado artículo fue reproducido en términos similares en el ordinal 7 del  artículo 88 de Ley Orgánica del Poder Público Municipal del 8 de junio de  2005 (Gaceta Oficial Nº 38.204), del 2 de diciembre de 2005 (Gaceta Oficial Nº  38.327), del 10 de abril de 2006 (Gaceta Oficial Ext. Nº 5.80, reimpresa por error  material en Gaceta Oficial Nº 38.421 del 21 de abril de 2006); y por último en  la del 28 de diciembre de 2010 (Gaceta Oficial Ext. Nº 6.015), cuya normativa  reza así:   “Artículo 88. El alcalde o alcaldesa tendrá las siguientes atribuciones y  obligaciones:   (…Omissis…)    7. Ejercer la máxima autoridad en materia de administración de personal y,  en tal carácter, ingresar, nombrar, remover, destituir y egresar, conforme a los  procedimientos administrativos establecidos en la ordenanza que rige la  materia, con excepción del personal asignado al Consejo Municipal…”  (Negrillas de esta Corte).   En definitiva, debe indicarse que es competencia del Alcalde la ejecución de  la función pública del personal adscrito a la Alcaldía.  
  (…Omissis…)   
  B.  NIVEL ESTADAL 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  29 de octubre de 2014.  Expediente Nro.: AB41-R-2002-000010.  Sentencia Nro.:2014-1558.  Caso: Carlos Roberto Pacheco Briceño vs. Gobernación del Estado Trujillo.  Ponente: María Eugenia Mata.  
  Visto los anteriores alegatos, esta Corte pasa a analizar la competencia de la  funcionaria que dictó el acto impugnado, y a tales fines observa que el referido  Decreto N° 60, del 20 de diciembre de 2000, estableció que cada uno de los  Directores y Directoras nombradas, “…deberán organizar su despacho (…)”  y además debían proceder a “…elaborar un proyecto que determine el costo  económico para el pago de las prestaciones social (sic), jubilaciones y demás  derechos que correspondan a las personas que en virtud de esta nueva  estructura organizacional de la Administración pública del estado hayan  cesado en sus funciones”.   
  <sub>168  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  En este mismo orden de ideas, ha sido criterio de esta Corte que la delegación  de poder, competencia, funciones o atribuciones, está dirigida a modificar el  orden de las competencias, esto es, la manera como las mismas se encuentran  distribuidas entre los órganos administrativos, lo cual constituye una  verdadera y propia desviación de competencia por delegación, en el sentido  de que el órgano titular de una competencia por disposición de una norma,  puede transferir mediante un acto de carácter subjetivo su ejercicio a un  órgano subalterno, siempre y cuando una norma expresamente así lo permita,  de tal manera que éste puede lícitamente ejercitar dicha competencia, de la  misma forma como antes sólo podía hacerlo su superior jerárquico.  
  Así las cosas, se observa que el Gobernador del estado Trujillo es, de  conformidad con el artículo 5 de la Ley de Régimen Político del estado  Trujillo, el superior jerarca de los funcionarios de ese ente político territorial,  siendo que por otra parte, de acuerdo a los términos señalados en el Decreto  antes transcrito, no se desprende en modo alguno delegación de funciones a  los Directores adscritos a la Gobernación de la aludida entidad, que los faculte  para remover o retirar a los funcionarios que laboren en cada una de las  Direcciones, dependientes de la Gobernación en cuestión.  
  En efecto, se deriva del texto del Decreto N° 60 del 20 de diciembre de 2000,  que lo atribuido a los funcionarios Directivos de las Direcciones adscritas a la  Gobernación del estado Trujillo, fue la organización interna de las respectivas  Direcciones, como consecuencia de la entrada en vigencia de la nueva Ley del  Régimen Político del estado Trujillo, y la elaboración de un proyecto que  determinara el costo económico de los beneficios que correspondían a los  funcionarios afectados por la nueva organización y que hubieren sido  separados de sus cargos por el órgano competente.  
  Así, visto que el Gobernador del estado Trujillo es el competente para  nombrar, remover y retirar a los empleados al servicio de la Administración  Pública de dicho estado, y siendo que no consta en autos la manifestación de  voluntad decisoria previa del Gobernador de retirar a la accionante, así como  tampoco los documentos que demuestren la delegación de funciones o de  firma a la Secretaria Privada de la Gobernación del estado Trujillo, para cesar  en sus funciones al querellante, debe concluir esta Corte, que el acto  impugnado está viciado de nulidad por emanar de un funcionario  incompetente. Así se decide.   
  C.  INSTITUTOS AUTÓNOMOS  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  27 de noviembre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-Y-2014-000166.  Sentencia Nro.: 2014-1671. 
  <sub>169  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Caso: Edwing Rainiero Reyes Gonzalez vs. Instituto Venezolano de los  Seguros Sociales (IVSS).  Ponente: Enrique Luis Fermín Villalba.   Visto lo anterior, pasa este Órgano Jurisdiccional a analizar lo establecido en  el artículo 6 de la Ley del Estatuto de Función Pública el cual señala lo  siguiente:  
  (…omissis….)  
  Del artículo precedente se evidencia, que el órgano competente para la  ejecución de la gestión de la función pública ciertamente le corresponde a las  Oficinas de Recursos Humanos de cada Organismo o Ente de la  Administración Pública, las cuales tienen la función de hacer cumplir las  directrices, normas y decisiones del Órgano de Dirección.  
  Siendo ello de esa manera, se colige que el Director de Recursos Humanos de  un Órgano o Ente de la Administración Pública es quién se encarga de ejecutar  las decisiones del Órgano de Dirección. Por tanto, en el caso de autos, el  Director General de Recursos Humanos y Administración de Personal del  Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), solo podía notificar al  ciudadano actor, de su acto de remoción que fuera dictado por el Presidente  del Instituto, más no suscribir el mismo, como si tuviera la facultad para  dictarlo.  
  8.  PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  26 de febrero de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2009-000218.  Sentencia Nro.: 2015-0170.  Caso: Rosa Sofía Celis Fajardo vs. Universidad Central de Venezuela.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  Así, el supuesto de hecho enmarcado por el citado artículo 88, va referido a  las situaciones donde el funcionario de mayor jerarquía de la unidad  respectiva, a pesar de su conocimiento sobre la falta o faltas cometidas por el  funcionario público, no apertura las debidas averiguaciones para darle inicio  al procedimiento de destitución, es decir, la prescripción por la inactividad de  la Administración en el inicio de las averiguaciones administrativas.    9.  AUTONOMÍA DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA  FRENTE A LA RESPONSABILIDAD PENAL 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  18 de marzo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000773.  Sentencia Nro.: 2015-0078. 
  <sub>170  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Caso: Roger Argenis Camaniparo vs. Servicio Autónomo nacional Integrado  de Administración Tributaria y Aduanera (SENIAT).  Ponente: Osvaldo Enrique Rodríguez Rugeles.  
  Ahora bien circunscribiéndonos al caso de marras, es preciso indicar que un  mismo hecho puede generar responsabilidades de distinta naturaleza, toda  vez que el hecho que generó la causa en materia penal, es independiente del  proceso disciplinario llevado a cabo por la Administración, pues existe  responsabilidad penal, administrativa y disciplinaria de la que pueden ser  objeto los funcionarios públicos, de igual forma el organismo querellado  encuadró la actuación del hoy recurrente en el principio de legalidad, es decir,  luego de verificada la falta, la subsumió en la causal que correspondía  respetando en todo momento la legalidad.  
  Siendo que, un hecho en específico realizado por un funcionario público,  puede acarrear responsabilidad civil, penal o administrativa, sin que en  ningún caso, la declaratoria de responsabilidad en una de estas materias, haga  depender la procedencia de otra. Atendiendo a los dichos de la parte apelante,  relativa a que el juez contencioso administrativo no valoró la sentencia penal  emanada por un tribunal de control en materia penal donde establece según  sus dichos claramente que no está vinculado en el hecho punible y no lo  vincula en la acción penal que establece el ente donde laboraba, pues como ya  se dijo las sanciones aplicables a un funcionario público, que puedan devenir  de un hecho son totalmente autónomas e independientes, por lo cual, no obsta  la aplicación de una sanción administrativa, luego de llevado a cabo el  procedimiento administrativo correspondiente y luego de la verificación de  que el funcionario este incurso en algunas de las causales de destitución  consagradas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, como en el caso bajo  estudio, en consecuencia, no existe violación de la cosa juzgada al respecto.  Así se decide.  
  10. REGÍMENES  ESPECIALES  DE  RESPONSABILIDAD  DISCIPLINARIAS  A.  SOBRE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES 
  DISCIPLINARIAS 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  28 de julio de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-000542.  Sentencia Nro.: 2015-0685.  Caso: Jimmy Moreno vs. Instituto Autónomo de Policía del Municipio  Cristóbal Rojas.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.   Sobre el particular, este Órgano Jurisdiccional debe señalar que la causal de  destitución a que alude el numeral 2 del artículo 97 de la Ley del Estatuto de 
  <sub>171  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  la Función Policial requiere para su procedencia como bien lo indica la norma,  la comisión intencional o por imprudencia, negligencia o impericia graves, de  un hecho delictivo que afecte la prestación del servicio policial o la  credibilidad y respetabilidad de la Función Policial, de allí que esta Corte  concuerda con el criterio del Juzgador de Primera Instancia cuando señala que  para su configuración son requisitos necesarios: “(i) La comisión dolosa o  culposa de un hecho delictivo; (ii) Que como consecuencia de ese hecho se  produzca bien la afección de la prestación del servicio policial, bien de la  cr edibilidad y la respetabilidad de la función policial”  
  B.  SOBRE LOS JUECES 
  Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.  07de Mayo de 2015:   Expediente Nro.: 2007-0270.  Sentencia Nro.:507.  Caso: Dick Williams Colina Luzardo vs. Comisión de Funcionamiento y  Reestructuración del Sistema Judicial.  Ponente: Bárbara Gabriela César Siero.  
  Respecto a la prescripción de la acción disciplinaria, se debe resaltar que el  artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura (publicada en la  Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.534 del 8 de septiembre de  1998), aplicable en razón del tiempo, señala: 
  (…omissis…)  
  En el presente caso, se evidencia que el accionante fue destituido del cargo de  juez integrante de la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial  Penal del Estado Zulia y de cualquier otro que ostentara dentro del Poder  Judicial, por presuntamente haber incurrido en grave error judicial  inexcusable, falta disciplinaria prevista en el entonces vigente numeral 4 del  artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, publicada en la Gaceta Oficial de la  República de Venezuela N° 5.262 Extraordinaria de fecha 11 de septiembre de  1998. 
  En este contexto, resulta necesario traer a colación el contenido del referido  artículo, el cual establece:  “Artículo 40. Sin perjuicio de las responsabilidades penal y civil a que hubiere  lugar, los jueces serán destituidos de sus cargos, previo el debido proceso, por  las siguientes causas:  (…)   4.- Cuando hubieren incurrido en grave error inexcusable reconocido en  sentencia por la Corte de Apelaciones o el Juzgado Superior o la respectiva 
  (…)  
  <sub>172  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Sala de la Corte Suprema de Justicia, según el caso, y se haya solicitado la  destitución”. (Resaltado de la Sala).   Con relación a lo dispuesto en el citado numeral 4 del artículo 40 de la Ley de  Carrera Judicial, esta Sala ha establecido en reiteradas oportunidades que,  para proceder a la destitución de jueces por incurrir en la falta denominada  grave error judicial inexcusable es requisito indispensable que dicha falta  haya sido declarada por la Corte de Apelaciones, por el Juzgado Superior o  por la respectiva Sala del Tribunal Supremo de Justicia. 
  En tal sentido, este Órgano Jurisdiccional ha señalado que, del análisis de las  disposiciones legales antes trans critas, “se colige la necesidad del  pronunciamiento previo del órgano jurisdiccional correspondiente -en este  caso de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia- como  presupuesto exigido por la norma para que la Administración pueda iniciar  el respectivo procedimiento administrativo disciplinario. Esta condición no se  presenta con el resto de las causales contempladas en el artículo 40 de la Ley  de Carrera Judicial, donde el procedimiento puede iniciarse con ocasión de  alguna denuncia, a solicitud del Ministerio Público o bien de oficio, conforme  a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Consejo de la  Judicatura”. (Vid. sentencia de esta Sala número 01525 del 28 de octubre de  2009). 
  En aplicación del citado criterio, el cual se reitera en esta oportunidad, se  concluye que, para que la Administración pueda iniciar el procedimiento  disciplinario se requiere la declaratoria del error judicial inexcusable, por lo   que los tres (3) años a que alude el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo  de la Judicatura, deben computarse desde el momento en que el Órgano  Jurisdiccional correspondiente -Corte de Apelaciones, Juzgado Superior o  Sala del Tribunal Supremo de Justicia- declare el error judicial inexcusable.   11. AUTONOMÍA  DE  LOS  DISTINTOS  TIPOS  DE 
  RESPONSABILIDADES 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  07 de junio de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001163.  Sentencia Nro.: 2016-0187.  Caso: Glorimar Mota vs. Gobernación del Estado Guárico.  Ponente: Eleazar Alberto Guevara Carrillo.  
  Dentro de este marco de ideas, debe aclararse que la responsabilidad penal  que eventualmente pudiera tener un funcionario público por la comisión de  hechos punibles, es distinta a la responsabilidad disciplinaria por desplegar  una conducta previamente tipificada en los instrumentos normativos  respectivos como causal de destitución o cualquier otro tipo de sanción, por 
  <sub>173  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   lo que cada uno de los “tipos” o “dimensiones” de responsabilidad referidos,  se determinan en función de la naturaleza de la acción u omisión llevada a  cabo, para lo cual hace falta sustanciar procedimientos administrativos o  jurisdiccionales diversos ante órganos distintos. 
  Siendo ello así, esté Órgano Jurisdiccional concluye que la responsabilidad  penal de cualquier sujeto es independiente de la facultad que posee la  Administración en general, para el ejercicio de la potestad disciplinaria que se  le atribuye para mantener el orden y la disciplina dentro de su organización  interna, cuando un funcionario efectúe actos que puedan poner en peligro la  buena marcha de las labores para las cuales la administración es competente,  esta podrá sancionarlo independientemente de que esos mismos hechos  originen para el funcionario determinadas responsabilidades de tipo penal,  civil o incluso administrativa.  
  12. RESPONSABILIDAD  ADMINISTRATIVA  DE  LOS  Ú
  FUNCIONARIOS PÚBLICOS  
  Sala Constitucional Tribunal Supremo de Justicia.  25 de noviembre de 2015.  Expediente Nro.:15-0969.  Sentencia Nro.:1470.  Caso: Solicitud de Revisión Constitucional incoado por la Contraloría General  de la República.  Ponente: Gladys María Gutiérrez Alvarado.  
  Aunado a lo anterior, esta Sala advierte que la responsabilidad administrativa  de los funcionarios públicos reside ante todo en la esencia de la cardinal  prestación que desempeñan, al ostentar aquellos sujetos la tutela del interés  general y el respeto al ordenamiento jurídico en los servicios específicos que  realizan, y viene determinada en todos los supuestos donde se constate la  inobservancia o violación de las normas legales y reglamentarias que regulan  sus actuaciones.  
  Las normas que preceptúan la responsabilidad de los funcionarios públicos  tienen su origen en el poder de control que delegó la colectividad a los  órganos de control fiscal, que en el país está dirigido por la Contraloría  General de la República, en aras de custodiar el correcto uso de los recursos  que pertenecen al patrimonio público y procurar que los mismos sean  administrados con eficiencia y estricta sujeción a la legalidad. 
  Por ello, los funcionarios, empleados públicos o particulares que tengan a su  cargo o intervengan de cualquier forma en la administración, manejo o  custodia de bienes o fondos públicos de las entidades sometidas a control,  responden de sus actos, hechos u omisiones, en los términos que señale la ley  y de acuerdo a las proporciones del daño ocasionado conforme lo prevé el 
  <sub>174  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   artículo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y  conforme a los principios que rigen a la Administración Pública contenidos  en el artículo 141eiusdem.   13. ACTO DE DESTITUCIÓN CONTENIDO Y ALCANCE 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  4 de febrero de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000398.  Sentencia Nro.: 2016-0046.  Caso: Iván Rinconez vs. Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional  (SEBIN).  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  Es conveniente señalar, que la destitución es la sanción disciplinaria más  severa de las establecidas en la ley, dado que implica una ruptura de la  relación de empleo público, que presupone la comisión de una falta  ocasionando el egreso del funcionario del organismo al cual se encontraba  adscrito, por la comprobación de hechos de extrema gravedad que  comprometen su responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, en ese  sentido, a los fines de dicha comprobación la Administración Pública tiene la  obligación de abrir un procedimiento administrativo disciplinario conforme a  la ley, con el objeto de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso,  así como a presunción de inocencia del funcionario investigado, previsto en  los artículo 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela.   
  14. EXTENSIÓN PROCEDIMENTAL DE LA PRESUNCIÓN DE 
  INOCENCIA 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  15 de noviembre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001314.  Sentencia Nro.: 2016-0853.  Caso: José Ramón Salazar vs. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales  (I.V.S.S.).  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  En tal sentido, acota esta Corte, que la garantía de la presunción de inocencia  de la persona investigada abarca cualquier etapa del procedimiento de  naturaleza sancionatoria, tanto en el orden administrativo como judicial, dado  que si bien el contenido de la presunción de inocencia se refiere  primordialmente a la prueba y a la carga probatoria, también se extiende al  tratamiento general que debe darse al investigado a lo largo de todo proceso.    De allí, se destaca que la violación de la presunción de inocencia derive no  sólo de todo acto del cual se desprenda una conducta que juzgue o 
  <sub>175  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  precalifique al investigado de estar incurso en irregularidades, sin que para  llegar a esta conclusión, sea necesario que se le prueben los hechos que se le  imputen y que se le dé la oportunidad de desvirtuar, a través de la apertura  de un contradictorio, dichos hechos, y así permitírsele la oportunidad de  utilizar todos los medios probatorios que respalden las defensas que  considere pertinente esgrimir, sino además que se trate al investigado como  no culpable hasta que ella haya sido legalmente declarada.  
  XII. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO  1.  LA  PRESUNCIÓN  DE  INOCENCIA  EN  LOS  PROCEDIMIENTOS  ADMINISTRATIVOS 
  SANCIONATORIOS 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  01 de octubre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-001218.  Sentencia Nro.: 2014-1321.  Caso: Maiker Antonio Blanco vs. Instituto Autónomo de Policía del Municipio  Chacao del Estado Bolivariano de Miranda.  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  Es pues, en estos términos que se consagra el derecho a la presunción de  inocencia, cuyo contenido abarca tanto lo relativo a la prueba y a la carga  probatoria, como lo concerniente al tratamiento general dirigido al imputado  a lo largo del procedimiento; por tal razón, la carga de la prueba sobre los  hechos constitutivos de las pretensiones sancionadoras de la Administración,  recae exclusivamente sobre ésta y sólo puede entenderse como prueba la  practicada durante un procedimiento, bajo la intermediación del Órgano  decisor y la observancia del principio de contradicción; de manera, que la  violación al aludido derecho se produciría cuando del acto de que se trate se  desprenda una conducta que juzgue o precalifique como “culpable” al  investigado, sin que tal conclusión haya sido precedida del debido  procedimiento; en el cual, se le permita al particular la oportunidad de  desvirtuar los hechos imputados.  
  Ello así, es constante la doctrina vigente que exige, que para destruir la  presunción de inocencia debe darse cabida a una actividad probatoria  suficiente del investigado, que acreditada adecuadamente -y no en meras  conjeturas o sospechas- explicite motivadamente o pueda deducirse  motivadamente de ella, el hecho o los hechos que desvirtúen la presunción;  de ahí, que  se hable de una “mínima actividad probatoria” de la que  racionalmente resulte la conclusión.   Es así, como la iniciación del procedimiento debe hacerse de tal manera que  al investigado se le permita, en la siguiente fase del proceso, desvirtuar los 
  <sub>176  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   hechos de los que presuntamente es responsable; motivo por el cual, la  Administración, a través de medios de prueba concretos, pertinentes y  legales, atendiendo a las razones y defensas expuestas por el indiciado, deberá  determinar, definitivamente, sin ningún tipo de duda, la culpabilidad del  investigado, declarar su responsabilidad y aplicar las sanciones consagradas  expresamente en leyes, de manera proporcional.    2.  OPINIÓN  DE  LA  CONSULTORÍA  JURÍDICA  EN  EL  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO  
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  11 de agosto de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000692.  Sentencia Nro.: 2016-0588.  Caso: José Luis Medina vs. Instituto de Previsión y Asistencia Social para el  Personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación (IPASME).  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  Al respecto, esta Alzada debe señalar que las Consultorías Jurídicas son  órganos de consulta y por lo tanto las decisiones u opiniones que dicten no  son vinculantes ya que dichos pronunciamientos se circunscriben a emitir una  opinión con respecto a una solicitud formulada por un particular, que en el  presente caso está referida a la solicitud del Instituto de Previsión y Asistencia  Social del Ministerio de Educación (IPASME) a que la Consultoría Jurídica  emitiera pronunciamiento sobre la procedencia del pago de la Compensación  de Responsabilidad al hoy querellante.  
  3.  EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  08 de diciembre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-Y-2014-000117.   Sentencia Nro.: 2014-1765.  Caso: Víctor José Toyo López vs. Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  Dentro de ese marco, resulta imperioso señalar que el proceso de destitución,  requiere la existencia de un Expediente Nro.: Administrativo que instruya el  Organismo recurrido, el cual es necesario a los fines de verificar la supuesta  vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso alegado por la parte  recurrente, ello con el propósito de obtener los elementos necesarios para  poder apreciar en todas sus partes el procedimiento seguido en vía  administrativa, así como también conocer los hechos y razones jurídicas que  motivaron tal decisión.   
  
  <sub>177  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   4.  PROCEDIMIENTO  APLICABLE  AL  CASO  DE  LOS 
  FUNCIONARIOS POLICIALES 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  18 de diciembre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001228.  Sentencia Nro.: 2014-1811.  Caso: Braulia Elizabeth Corredor Hernández vs. Ministerio del Poder Popular  para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.   En cuanto a las violaciones al derecho a la defensa, debido proceso y la  ausencia del procedimiento para tramitar el egreso de los funcionarios  policiales, este Órgano Jurisdiccional debe traer a colación lo siguiente:  
  El artículo 144 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  el cual consagra que la Ley establecerá el Estatuto de la Función Pública  mediante normas de ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los  funcionarios de la Administración Pública, resaltando que la Ley determinará  las funciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios para ejercer sus  cargos; pudiendo definirse la función pública como toda la actividad  destinada a satisfacer los intereses del colectivo, motivo por lo que podemos  encontrar diversos estatutos que contienen las competencias y atribuciones  que los agentes públicos tienen, así como los fines que se persiguen con la  aplicación de los mismos, los cuales atienden a la realización del interés  público, y en tal sentido, como es obvio, excluyen absolutamente propósitos  quebrantadores de la Ley, o en general de los principios, derechos y garantías  que soportan a un Estado de Derecho.  
  Así pues, es sabido que en principio la función pública actual fue regulada  por la Ley del Estatuto de la Función Pública del año 2002; no obstante con el  transcurso de los años, y dado el carácter particular que reviste cada función  pública en especial por el servicio encomendado a impartir, han sido dictados  a través de delegación de Ley estatutos funcionariales distintos en virtud de  las necesidades existentes a nivel Nacional, Estadal y Municipal, tal como  ocurre en el caso de autos, el cual se encontró en su inicio regido por la Ley  del Estatuto de la Función Policial, la cual reguló todos y cada uno de los  aspectos concernientes a la carrera de la función policial, ello a tenor de lo  estatuido en el artículo 144 de la Constitución de la República de Venezuela,  referido tal y como se indicó con precedencia, al trámite para el ingreso,  ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios policiales. 
  Con el transcurso del tiempo, dada la evolución y progreso de los principios  y necesidades sociales, y en virtud a la planificación y políticas de Estado, se  tiene que los cuerpos policiales han sufrido modificaciones en cuanto a la  organización administrativa se refiere, todo ello en pro de mejorar y satisfacer 
  <sub>178  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  las necesidades a nivel de seguridad del colectivo, palpando así una  verdadera realidad social, razón por la cual fue creada la Policía Nacional  Bolivariana como cuerpo de seguridad de ciudadana, lo cual conllevó a la  promulgación de su propio ordenamiento jurídico, vale decir la Ley Orgánica  del Servicio de Policía y del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, la cual y  en virtud al carácter orgánico de la misma, regula, tramita y resuelve todos y  cada uno de los aspectos administrativos fundamentales para el ingreso,  ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios y funcionarias  adscritos en la actualidad a la Policía Nacional Bolivariana y todo lo que en  principio penda de ella, siempre que así lo disponga la Ley, tal y como lo  señala el artículo 1º de la misma al indicar:  
  (…omissis…)   Igualmente ob comento, a sab (…omissis…)  
  Igualmente observa lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley orgánica in  comento, a saber:  
  En tal sentido y en virtud a las normas supra indicadas, determina este  sentenciador que todo lo concerniente al nuevo cuerpo de la Policía Nacional  Bolivariana debe ser ventilado según lo dispuesto en la Ley Orgánica bajo  estudio con fundamento en la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela; en ese sentido y dada la necesidad impetuosa del Estado de  satisfacer las necesidades en materia de seguridad del colectivo, en el año  2009, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y  del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, estructuró un nuevo régimen  funcionarial exclusivo para los funcionarios policiales, aplicable a aquellos  funcionarios y funcionarias que prestan sus servicios en el Cuerpo de Policía  Nacional Bolivariana y demás funcionarios de los cuerpos de policía de los  distintos órganos y entes político-territoriales; dicho ordenamiento jurídico  regula: la planificación a través del departamento de recursos humanos, los  procesos de reclutamiento, selección, ingreso, inducción, educación y  desarrollo, planificación de la carrera, evaluación de méritos, ascensos,  traslados, transferencias, valoración y clasificación de cargos, jerarquías,  escala de remuneraciones y beneficios, permiso, licencias y régimen  disciplinario, abarcando de esta manera todo lo concerniente al ámbito  administrativo policial, velando siempre y en todo momento por el correcto  desenvolvimiento del nuevo proceso a aplicar para dicha reclasificación,  homologación e ingreso efectivo de los funcionarios y funcionarias aspirantes  a ingresar a el referido órgano policial, con fundamento en la norma suprema,  tal y como lo dispone el artículo 1º de la Ley in comento.  
  En este sentido, con el fin de facilitar la aplicación y eficaz cumplimiento de  dichos parámetros se dictó la Resolución N° 169 de fecha 25 de junio de 2010,  publicada en Gaceta Oficial N° 39.453 de fecha 25 de junio de 2010, mediante 
  <sub>179  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   la cual se dictan las normas relativas al proceso de homologación y  reclasificación de grados y jerarquías de los funcionarios y funcionarias  policiales, vale decir, el proceso administrativo que los aspirantes deben  cumplir para que formalmente ingresen a la Policía Nacional Bolivariana, una  vez aprobadas todas y cada una de las fases que dicha resolución prevé en su  artículo 15, el cual expresa:  
  (…omissis…)  
  De la norma supra trascrita colige quien decide que el legislador previó un  procedimiento administrativo constituido por cuatro (04) etapas que, deberán  cumplirse para lograr el ingreso formal al órgano de Seguridad Nacional- Policía Nacional Bolivariana, partiendo dicho proceso con la fase N° 1 o fase  de inicio, en la cual el Director (a) del Cuerpo Policial dictará un acto  administrativo ordenando la apertura de dicho procedimiento, el cual deberá  contener lo señalado en el artículo 16 de la Resolución bajo análisis y, una vez  iniciado el procedimiento y conformado el equipo multidisciplinario deberá  notificar de dicho acto administrativo al Ministerio del Poder Popular con  competencia en materia de seguridad ciudadana, para así continuar a la  segunda fase o fase preparatoria, en la que se capacitará, mediante curso  impartido por el Poder Popular en materia de seguridad ciudadana, a los  integrantes del equipo multidisciplinario que intervendrán en la selección y  evaluación de los funcionarios-aspirantes a ingresar a la Policía Nacional  Bolivariana, donde se les impartirán las directrices de metodología y  normativas para aplicar y desarrollar los procesos de homologación y  reclasificación de rangos y jerarquías, culminando dicha fase preparatoria con  la revisión, actualización de todos y cada uno de los expedientes de los  funcionarios y funcionarias a optar para el ingreso a la Policía Nacional, y la  debida notificación por parte del Director o Directora de dicho órgano policial  al Ministerio del Poder Popular respectivo de la culminación de la presente  fase N° 2, tal como lo prevé el artículo 20 de la Resolución in comento.  
  Así pues, una vez culminada la fase preparatoria, se dará inicio a la fase N° 3  o fase de evaluación, en la cual los integrantes del equipo multidisciplinario  evaluarán a los funcionarios y funcionarias candidatos (as) a ingresar a la  Policía Nacional Bolivariana según lo dispuesto en los artículos 22, 23, 24 y 25  de la Resolución en estudio, aplicando la normativa y metodología aprendida  para lograr la homologación y reclasificación de los funcionarios y  funcionarias policiales en la nueva estructura jerárquica única de la carrera  policial a los fines de asignar los rangos y jerarquías, presentando  posteriormente a la consideración del Director o Directora del Cuerpo Policial  un “informe individual de cada funcionario (a) a los fines de asignarse los  respectivos rangos a que hubiere lugar”, tal y como lo prevé el artículo 25, una  vez presentados dichos informes individuales se pasará a la fase N° 4, sobre 
  <sub>180  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   la Decisión y asignación de nuevos rangos, prevista en el artículo 26 de la  resolución inicialmente indicada, a saber:  
  (…omissis…)  
  En virtud a lo antes trascrito quien decide evidencia que indefectiblemente  luego del respectivo proceso y culminada la fase de evaluación al cual se  someten los funcionarios y funcionarias policiales, es necesario la existencia  de un acto administrativo de efectos particulares dictado por el Director o  Directora del Cuerpo de Policía, contentivo de la decisión y asignación del  nuevo rango de cada funcionario o funcionaria policial, asimismo éste deberá  notificar y consignar, en físico y digital, ante el representante del Ejecutivo del  Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana copia  certificada del dictamen de dicho acto administrativo, así como copia  certificada del historial policial de cada funcionario y funcionaria policial y la  nueva estructura de cargos ajustada a los nuevos niveles jerárquicos y rangos  policiales del respectivo Cuerpo de Policía, ello con el fin de garantizar la  efectiva culminación del proceso de reclasificación del funcionario, hecho que  se materializa con el acto administrativo dictado por el Director o Directora  del Cuerpo de Policía Nacional, sin cuya emisión el evaluado continúa bajo la  condición de aspirante al ingreso de la Policía Nacional Bolivariana,  circunstancia que se explica si consideramos que al tratarse de un proceso de  incorporación administrativa de un funcionario en una nueva estructura  jerárquica, dicha situación además del cambio de paradigma y unificación  nacional que plantea a la seguridad implica, desde el punto de vista orgánico  administrativo, la necesidad de ajustar la estructura del Ente a dicha  reclasificación evaluando aspectos tan versátiles como lo son aquellos  aspectos de contenido presupuestario que se relacionan con sueldos y  salarios, dotación de uniformes, armamento, plazas para capacitación y una  vez notificado el aspirante (funcionario policial) del acto administrativo  correspondiente, pertenecerá formalmente a la Policía Nacional Bolivariana,  previo requisitos de Ley.  
  En este sentido, se observa que mediante Resolución N° 95 de fecha 29 de  marzo de 2011, publicada en Gaceta Oficial N° 39.644 de fecha 29 de marzo de  2011, Policía Metropolitana fue suprimida, existiendo unas circunstancias  especialísimas que imponen variaciones al proceso de reclasificación y  homologación de los funcionarios.  Asimismo, dicha resolución en su artículo 7, numeral 7 señala:  (…omissis…)   Así pues de la norma supra trascrita se evidencia que para el caso de la Policía  Metropolitana, La Junta Liquidadora y de supresión de dicho Ente dentro de  sus facultades, deberá elaborar el informe correspondiente de cada uno de sus 
  (…omissis…)  
  <sub>181  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   funcionarios (as) para someterlo posteriormente a consideración del Director  (a) de la Policía Nacional y, una vez culminado esto se requerirá que el  postulado transite por la fase de evaluación y cumpliendo posteriormente con  las fases siguientes.    5.  PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LAS ETAPAS INICIALES  DEL PROCEDIMIENTO  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  30 de abril de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-000675.  Sentencia Nro.: 2015-0274.  Caso: Ildemar Antonio Palencia vs. Servicio Nacional Integrado de  Administración Aduanera y Tributaria.  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  Adicionalmente, en el ámbito administrativo sancionatorio, nadie podrá ser  considerado responsable, o resultar sancionado, por un hecho o  incumplimiento cometido por otra persona, en virtud de lo cual, resulta  indispensable comprobar no solo la ocurrencia de los hechos irregulares, sino  además, verificar si efectivamente existió o no participación de los presuntos  implicados, es decir, la existencia de elementos suficientes para considerar  que la persona posiblemente sea la causante de la conducta tipificada como  infracción, a objeto de instruir el procedimiento legalmente establecido,  dirigido a corroborar su participación en los mismos; ello justifica que la  Administración, al tener conocimiento de la ocurrencia de los hechos  presuntamente generadores de responsabilidad administrativa, inicie el  procedimiento investigativo previo e indispensable, para determinar si es  dable a dicho ente, remitir o no el caso a la Unidad competente a los fines del  procedimiento sancionatorio legalmente establecido contra algún o algunos  de sus funcionarios.  
  Esa etapa inicial de la investigación, no produce un acto administrativo  definitivo, capaz de cercenar, lesionar, prejuzgar, ni cambiar la situación  jurídica de quienes resulten presuntamente implicados en el desarrollo de tal  investigación, es por ello que, en principio, esta actuación goza de carácter  reservado es decir, el órgano administrativo la desarrolla con discreción, hasta  tanto no tenga conocimiento de la posibilidad de afectación de la esfera  jurídica del ciudadano que resulte relacionado con el asunto investigado y las  mismas se encuentran dirigidas a las actuaciones necesarias a los fines de  obtener los medios de convicción suficientes para la apertura o no de un  procedimiento administrativo sancionatorio, por ello, dicha etapa de  investigación, es propia y exclusiva de la Administración, toda vez que está  dirigida a corroborar la ocurrencia de los hechos, identificar a los presuntos  implicados y verificar si los indicios o presuntas pruebas constituyen o no 
  <sub>182  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   elementos suficientes para iniciar dicho procedimiento sancionatorio contra  los funcionarios involucrados en los mismos.   6.  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMO GARANTÍA  DEL DERECHO A LA DEFENSA  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  30 de abril de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-000675.  Sentencia Nro.: 2015-0274.  Caso: Ildemar Antonio Palencia vs. Servicio Nacional Integrado de  Administración Aduanera y Tributaria.  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  En efecto, la Ley le confiere a la Administración la potestad para imponer  sanciones y para ello, tal como ha sido señalado, la Constitución vigente  consagra el derecho al debido proceso tanto en las actuaciones judiciales como  en las administrativas, máxime si éstas son expresiones del ejercicio de la  potestad sancionatoria, siendo la aplicación y desarrollo del debido  procedimiento, una condición de suma importancia a los fines de imponer  cualquier sanción.  
  Es por ello, que el procedimiento sancionatorio legalmente establecido,  constituye una verdadera garantía para el pleno ejercicio del derecho a la  defensa consagrado en el artículo 49 de la Constitución vigente, pues implica  la participación efectiva de los interesados en la defensa de sus derechos, la  cual encuentra concreción en la estructura misma del procedimiento, es decir,  en sus fases de acceso al expediente, alegatos, pruebas e informes.   7.  DILACIÓN  INDEBIDA  DEL  PROCEDIMIENTO 
  ADMINISTRATIVO 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  30 de abril de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000152.  Sentencia Nro.: 2015-0305.  Caso: José Rafael Carbonell vs. Instituto Autónomo de Policía del Estado  Bolivariano de Mérida.  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  Ahora bien, de la lectura de la parte motiva del fallo apelado, se observa que  el A- quo expresó “…si bien es cierto que el procedimiento administrativo en  referencia tuvo una duración mayor a la estipulada en la Ley Orgánica de  Procedimientos Administrativos, no menos cierto es que la tardanza en nada  conculcó los derechos constitucionales del accionante, pues se realizó dicho  procedimiento garantizándole siempre el derecho a la defensa y el debido  proceso, tal y como se constata del expediente disciplinario Nº 014-2012, 
  <sub>183  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  observándose de actas que éste participó en la instancia administrativa a los  fines de exponer sus respectivas defensas y, asimismo, pudo ejercer el recurso  judicial respectivo…”, asimismo señaló “…luego de analizar los documentos  antes descritos, a los cuales se les otorga pleno valor probatorio a tenor de lo  previsto en el artículo 1363 del Código Civil, infiere que los mismos fueron  concluyentes y determinantes para que la Administración comprobara la  responsabilidad disciplinaria del querellante…”, por consiguiente, se  desprende que el Juzgado de instancia, desarrolló de manera clara y precisa,  los motivos de hecho y de derecho sobre los cuales basó su decisión, por lo  que cumplió con los dispuesto en el numeral 4º del artículo 243 del Código de  Procedimiento Civil, razón por la cual debe desecharse el vicio de  inmotivación denunciado. Así se decide.  
  8.   CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA SANCIONATORIA  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  30 de abril de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001313.  Sentencia Nro.: 2015-0315.  Caso: Francisco Antonio Rojas vs. Cuerpo de Policía del Estado Facón.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  En segundo lugar, la regla de la presunción de inocencia que exige que toda  sanción deba ir precedida de una actividad probatoria debiéndose impedir la  sanción sin pruebas, y siendo de otra parte, que debe considerarse que las  pruebas que sean tomadas en consideración en el procedimiento merezcan tal  concepto jurídico, es decir, que sean legítimas.  
  En ese sentido, la carga de probar los hechos constitutivos de cada infracción  o ilícito administrativo corresponde a la Administración Pública, sobre la base  de una doble certeza. Por una parte, la de los hechos imputados y, por la otra,  la de la culpabilidad, esto es, que la carga de la actividad probatoria pesa sobre  la Administración, no existiendo en principio la carga del investigado sobre  la prueba de su inocencia o no participación, por lo que ante cualquier  insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valoradas  por el organismo sancionador, deben traducirse en un pronunciamiento  absolutorio.  
  9.  DEBIDO PROCESO 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  29 de enero de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2004-001093.  Sentencia Nro.: 2015-0065.  Caso: Ángel Israel Azuaje Leal vs. Contraloría General del Estado Barinas.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  <sub>184  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Con relación a esta denuncia de violación, es menester señalar que el debido  proceso se encuentra garantizado en el artículo 49 del Texto Fundamental,  cuyo contenido reza lo siguiente:  
  (…omissis…)  
  La citada norma destaca un principio jurídico procesal o sustantivo, según el  cual toda persona tiene derecho a garantías mínimas, tendentes a asegurar un  resultado justo y equitativo dentro del proceso bien sea judicial o  administrativo, permitiendo la oportunidad de ser oído, de hacer valer las  pretensiones frente al Juez o autoridad administrativa.  
  Esta garantía de rango constitucional contempla en términos generales, el  desarrollo progresivo de los derechos fundamentales de carácter procesal o  instrumental, cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o  intereses de la persona; conforma una serie de derechos y principios frente al  silencio, el error o arbitrariedad y no sólo de los aplicadores del derecho sino  de la propia Administración Pública.   De modo que esta garantía, se manifiesta a través del derecho a ser oído o a la  audiencia, el derecho de acceso al expediente, el derecho a formular alegatos  y presentar pruebas, derecho a una decisión expresa, motivada y fundada en  derecho, el derecho a recurrir, el derecho de acceso a la justicia.   Este derecho que tiene carácter supremo, ha sido interpretado y aplicado por  nuestros Tribunales en sentido pro cives, es decir, que se debe garantizar en  todo estado y grado del proceso judicial o administrativo.   En síntesis de lo expuesto, se infiere que la finalidad de este derecho es  asegurar la efectiva realización de los principios procesales de contradicción  y de igualdad de armas, principios que imponen a los órganos (judiciales y  administrativos) el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de  ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de ellas puedan  desembocar en una situación de indefensión prohibida por la Constitución de  la República Bolivariana de Venezuela.  
  Ahora bien, la indefensión pudiera producirse cuando la infracción de una  norma procesal provoca una limitación real del derecho a la defensa,  originando un perjuicio irreversible para alguna de las partes; se produce una  vulneración de este derecho, cuando se priva a uno de los sujetos del proceso  de medios de defensa efectivos establecidos en la Ley.   En este contexto, se estima conveniente destacar lo sostenido por la Sala  Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 5 de  fecha 24 de enero de 2001 (caso: Supermercados Fátima S.R.L.), en la cual  estableció lo siguiente:  
  (…omissis…)  
  <sub>185  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Asimismo, la jurisprudencia ha establecido que el debido proceso debe  entenderse como la oportunidad que tiene el administrado, investigado o  demandado para que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y  pruebas. En consecuencia, existe violación cuando éste desconoce el  procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio  de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias.   
  10. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  07 de abril de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2010-000296.  Sentencia Nro.: 2016-0291.  Caso: Fanny Margarita Briceño Soto vs. Instituto Nacional de la Vivienda  (INAVI).  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  El principio de proporcionalidad de la sanción, inmerso en el numeral 6 del  artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  establece que la Administración debe guardar la debida correspondencia  entre la infracción cometida y la sanción impuesta, evitando que la sanción  aplicable resulte desproporcionada y fuera de los fines perseguidos por el  legislador, so pena de la anulación de la sanción como consecuencia de su  revisión judicial.  
  Así, la potestad discrecional que ostenta la Administración, estará limitada ya  que para fijar una sanción entre dos límites -mínimo y máximo- deberá  apreciar previamente la situación fáctica y atender al fin perseguido por la  norma, a objeto de alcanzar un verdadero equilibrio en el cumplimiento de  los fines de la Administración Pública.  
  11. PRINCIPIO DE UNIDAD DEL EXPEDIENTE  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  10 de junio de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000565.  Sentencia Nro.: 2015-0477.  Caso: Franklin Antuarez vs. Guardia Nacional Bolivariana.  Ponente: Osvaldo Enrique Rodríguez Rugeles.  
  Bajo las consideraciones anteriores se entiende entonces, que el principio de  la unidad del expediente, significa el mantenimiento de las actas e  instrumentos que integran toda la información recabada en el desarrollo de  un procedimiento administrativo o controversia sometida al conocimiento de  los órganos estatales. De tal manera que, dicha aglomeración de actas e  información en la cual puede sustentarse el conocimiento de determinado  asunto significa para el administrado el cumplimiento del principio de 
  <sub>186  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   seguridad jurídica, en el entendido de que éste puede consultar sin  miramientos de orden burocrático, toda la información relativa a un asunto  de su interés, siendo indistinto si dicha información fue obtenida por entes  distintos al órgano sustanciador.  
  Pues bien, partiendo de que este principio tiende a garantizar el acceso de los  justiciables a la información que está siendo reunida sobre un tema de su  interés, debe entenderse que la forma en que puede verse transgredido dicho  principio es mediante actos de orden administrativo y organizativo mediante  el cual los documentos que deben estar anexados a un expediente, se  encuentran separados del mismo, dificultado a tal efecto, su consulta por  parte del administrado.   12. DERECHO A LA JUBILACIÓN O INVALIDEZ DURANTE EL  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DESTITUCIÓN 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  20 de octubre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000777.  Sentencia Nro.: 2015-0957.  Caso: Orlando Villegas vs. Superintendencia de Administración Tributaria  del Estado Vargas (SATVAR).  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  De lo anteriormente citado, siendo tanto la jubilación como la invalidez  derechos análogos destinados a mantener la calidad de vida de los  ciudadanos aunque se generen por causas distintas-, se deduce que ambos  beneficios deben privar sobre los actos de remoción, retiro o destitución,  habida cuenta que estos forman parte del sistema de seguridad social  amparado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por  lo tanto, mal puede removerse, retirarse o destituirse a un funcionario cuya  capacidad de trabajo se encuentre mermada en virtud de su precaria  condición física, por cuanto ambos beneficios deben ser garantizados,  especialmente en el marco de un Estado Social de Derecho y de Justicia tal y  como lo propugna nuestra Carta Magna en su artículo 2.   
  13. DIFERENCIA  ENTRE  EL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y EL PROCEDIMIENTO  DE DESAFUERO  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  12 de abril de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2012-000903.  Sentencia Nro.: 2016-0302.  Caso: Francisco Padrón Díaz vs. Instituto Nacional de Higiene "Rafael  Rangel". 
  <sub>187  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  Asimismo, del alegato incoado por la parte accionante con respecto a que la  aplicación de un procedimiento disciplinario y un procedimiento de  desafuero resulta un doble enjuiciamiento para los administrados, estima esta  Corte que no resulta procedente, ya que el primero es de naturaleza  sancionatoria y funciona como un requisito de validez para la procedencia de  la desincorporación y terminación de la relación funcionarial, mientras que el  segundo es un requisito para la procedencia de la desincorporación del  funcionario como parte de una política social de protección a la Maternidad,  Paternidad y Familia como núcleo de la sociedad, por lo que siendo el  desafuero presupuesto para la materialización de la destitución, remoción ó  retiro no pueden este Órgano Jurisdiccional determinar la incompatibilidad  de los mismos, razón por la cual debe esta Corte desechar tal argumento.  
  14. DERECHO A LA JUBILACIÓN O INVALIDEZ SOBRE LOS  DEMÁS ACTOS DE EGRESO  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  29 de marzo de 2016.  Expediente Nro.: 13-1225.  Sentencia Nro.: 247.  Caso: Solicitud de Revisión incoada por Karin del Valle Ochoa Simancas.  Ponente: Carmen Zuleta de Merchán.  
  DEMÁS ACTOS DE EGRESO 
  Visto el contenido y la intención del legislador en dicha norma, es que esta  Sala ha entendido el derecho a la seguridad social debe privar aun sobre los  actos administrativos de remoción, retiro, destitución o separación del cargo  (vid. sentencia de esta Sala n.° 1518/2007), verificando preliminarmente al  dictamen de este último la procedencia del derecho a la jubilación o en su  defecto si existe una causal impeditiva de la continuidad de la relación laboral  por razones de enfermedad  – constatada por las autoridades competentes –  de  manera de establecer la pertinencia de otorgar una pensión de incapacidad al  afectado, tal como se consagra en los artículos 140 y 141 del Estatuto de  Personal del Ministerio Público. 
  (…Omissis…)  
  En resumen, debe esta Sala señalar que la imbricación del derecho a la  seguridad social no solo abarca a la jubilación sino en igual medida a la  incapacidad, por lo que su satisfacción se concibe en un sentido progresivo de  los derechos de los ciudadanos (Vid. Sentencia de esta Sala n.° 1392/2014), en  aras de garantizar su acceso y efectivo disfrute, más aun cuando el supuesto  generado es la incapacidad ya que ésta busca resarcir un perjuicio en las  condiciones humanas de una persona que le impiden el ejercicio habitual en  sus labores profesionales, sean de carácter temporal o de carácter permanente.  
  <sub>188  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   15. LA NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA Y SU CONVALIDACIÓN  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  22 de junio de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2012-000945.  Sentencia Nro.: 2016-0247.  Caso: José Aldama vs. Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y  Criminalísticas (CICPC).  Ponente: Eleazar Alberto Guevara Carrillo.  
  En tal sentido, es necesario destacar que la eficacia del acto administrativo se  encuentra supeditada en el caso de actos de efectos particulares a su  notificación, ello como una manifestación del derecho a la defensa del  administrado, mediante el cual se busca poner en conocimiento de éste las  decisiones que afecten sus intereses o menoscaben sus derechos; no obstante  lo anterior, puede ocurrir que un acto que no ha sido debidamente notificado,  llegue a ser eficaz, por haber cumplido con el objeto que se persigue con la  aludida exigencia.  
  Considerado lo anterior, una notificación defectuosa puede quedar  convalidada si el interesado, conociendo de la existencia del acto que lo afecta,  recurre del mismo por ante el órgano competente, en consecuencia más allá  de sancionar la existencia de un defecto en la notificación, lo que se persigue  es el cumplimiento del fin último de ésta, a saber, que el particular se entere  del contenido del acto administrativo. Constatado esto, carece de sentido  prescindir de la eficacia adquirida por la notificación, a pesar, incluso, de que  ésta fuese defectuosa tal como ha sucedido en el caso de marras, observándose  que la parte recurrente ejerció el recurso contencioso administrativo  funcionarial y ante los Tribunales competentes, por lo que, las irregularidades  que pudo haber presentado la notificación del acto, quedaron plenamente  subsanadas, en la medida en que el recurrente intervino efectivamente en el  procedimiento, demostrando de esa manera que conocía el contenido del acto,  así como las vías para impugnarlo, razón por la cual, esta Corte desestima  dicho argumento. Así se decide.   
  16. NATURALEZA NO SANCIONATORIA DE LA REMOCIÓN.  
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  15 de noviembre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2010-001164.  Sentencia Nro.: 2016-0842.  Caso: Solange Oliva Torres Manzano CONTRA Juzgado Ejecutor de Medidas  de los Municipios Cristóbal Rojas y Urdaneta de la Circunscripción Judicial  del Estado Bolivariano de Miranda (Dirección Ejecutiva de la Magistratura).  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  <sub>189  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Con relación a la violación al derecho a la defensa y al debido proceso  denunciadas por la recurrente, debe esta Alzada aclarar que, la remoción y  posterior retiro de un funcionario catalogado como de libre nombramiento y  remoción, obedece a una potestad discrecional del máximo jerarca del Ente  para el cual el funcionario preste servicios, pues no requiere de  procedimiento, ni sustanciación alguna para removerlo, como sucedió en el  caso de autos. De manera que, la remoción y posterior retiro no constituye  una potestad sancionatoria, como así lo ha querido hacer ver la parte  recurrente en su libelo de demanda, pues se reitera que, en los cargos  considerados de libre nombramiento y remoción, no es necesario la  tramitación de procedimiento alguno para que la Administración proceda a  remover de un determinado cargo a un funcionario público por ser la  naturaleza dimanada de dicho cargo. En virtud de lo anterior se desecha la  denuncia delatada por la parte actora. Así se decide.  
  17. DIFERENCIA ENTRE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y 
  EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  20 de octubre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2010-000843.  Sentencia Nro.: 2016-0695.  Caso: Odiver Gregorio Carmona Bastardo vs. Consejo Disciplinario del  Distrito Capital del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y  Criminalísticas.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  Al respecto, esta Alzada debe hacer la salvedad que el Expediente Nro.:  Administrativo consignado está formado por todo lo relativo a la relación  funcionarial del recurrente con la Administración recurrida, a diferencia del  expediente disciplinario, siendo este en el que debe reposar todo lo relativo al  procedimiento disciplinaria contra el funcionario, ya que, entiende esta Corte  que se siguió un procedimiento disciplinario, el cual inició con la apertura de  un expediente que se sustanció con el propósito de obtener elementos de  juicio necesarios para establecer la responsabilidad del recurrente y así  demostrar en vía administrativa la actividad realizada para determinar los  fundamentos de la decisión.  
  18. DERECHO A LA DEFENSA Y ACCESO AL EXPEDIENTE 
  DISCIPLINARIO 
  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  4 de julio de 2014.  Expediente Nro.: 14-0236.  Sentencia Nro.: 765.  Caso: Control Difuso. 
  <sub>190  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Ponente: Gladys María Gutiérrez Alvarado.  
  Ello así, se concluye que el artículo 49 de la Constitución determina las  garantías mínimas que deben informar a los procedimientos administrativos  y jurisdiccionales, a saber: que las partes gocen de la presunción de inocencia,  así como del derecho a ser notificadas de los hechos que dan lugar al proceso  de que se trate, acceder a las actas del expediente, la garantía de racionalidad  de los lapsos, la garantía de exclusión de las pruebas ilícitas, la posibilidad de  impugnar el acto que declare su culpabilidad, el derecho al juez natural, la  interdicción de la confesión coaccionada, el principio de legalidad  sancionatoria, el principio non bis in idem, el principio de responsabilidad del  Estado, así como el derecho a ser oído y, en consecuencia, a alegar y probar  todo cuanto considere necesario para la defensa de su situación jurídica. Tales  actuaciones deben ser cumplidas conforme a las disposiciones que regulan los  procedimientos (administrativos o judiciales) generales o especiales, de forma  que su desarrollo sea la garantía constitucional del derecho al debido proceso. 
  Ahora bien, del análisis del artículo 60 del Reglamento de Personal y Régimen  Disciplinario de Personal del Instituto Autónomo de Policía del Estado  Miranda, se observa claramente como esta norma excluye la participación del  funcionario investigado en el procedimiento de primer grado, por cuanto  dispone que sólo tendrá acceso al expediente una vez que sea notificado del  acto de destitución. 
  Dicha situación imposibilita la participación del eventual afectado en el  procedimiento constitutivo del acto y, en consecuencia, hace nugatorio el  derecho a la notificación, el derecho a ser oído y, por tanto, la posibilidad de  alegar lo que a bien tenga en favor de su situación jurídica, la posibilidad de  realizar actividad probatoria, la presunción de inocencia y, en general, todos  los elementos integrantes del derecho al debido proceso y, dentro de éste, del  derecho a la defensa en todo estado y grado de la investigación, tal como  ocurrió en el presente caso, en el que si bien es cierto el ciudadano Manuel  Ramón Vásquez Ramírez, fue llamado a rendir declaraciones sobre los  hechos, sin embargo, en la oportunidad de ser notificado mediante oficio n.º  1716 del 8 de diciembre 2000, del acto administrativo de destitución del cargo  de “Agente” que despeñaba, le fue imposible formular alegatos para su  defensa, así como tampoco promover prueba alguna que le permitiera  desvirtuar las imputaciones por las cuales resultaba sancionado.  
  XIII. EL ACTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE FUNCIÓN  Ú
  PÚBLICA   1.  VICIOS  A.  INCOMPETENCIA  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. 
  <sub>191  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   18 de febrero de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2007-001228.  Sentencia Nro.: 2016-0124.  Caso: Luis Gregorio Díaz Dimas vs. Gobernación del Estado Monagas.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  En virtud de lo señalado, entiende esta Corte que el vicio de incompetencia  acarrea la nulidad absoluta del acto administrativo, produciéndose el mismo  cuando el acto haya sido dictado por funcionarios u órganos que no estaban  debida y legalmente autorizados para dictarlo, sea en virtud de que actuaron  sin el respaldo de una norma atributiva o simplemente actuaron en  usurpación de autoridad o funciones.  
  Ahora bien, es preciso señalar que la competencia ha sido definida tanto por  la doctrina como por la jurisprudencia, como la esfera de atribuciones que  tienen los entes y órganos, determinada por el ordenamiento jurídico; es decir,  el conjunto de facultades que un órgano puede y debe ejercer legítimamente.  De allí que la competencia esté caracterizada por ser: i) expresa, ya que debe  estar taxativamente prevista en la Constitución, o las Leyes, es decir, la  competencia no se presume; ii) improrrogable o indelegable, porque el órgano  que la tiene atribuida no puede disponer de ella, sino que debe limitarse a su  ejercicio, en los términos establecidos en la norma, y debe ser llevada a cabo  de manera directa y exclusiva por el órgano que tiene atribuida la  competencia como propia, salvo los casos de delegación, sustitución o  avocación, previstos en la Ley.  
  a.   INCOMPETENCIA (TIPOS) 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  12 de marzo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-N-2003-000656.  Sentencia Nro.: 2015-0066.  Caso Omar Enrique Sosa vs. Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas.  Ponente: Alexis Crespo Daza.   En cuanto al vicio de incompetencia, tanto la doctrina como la jurisprudencia  de esta Sala, han distinguido básicamente tres tipos de irregularidades: la  llamada usurpación de autoridad, la usurpación de funciones y la  extralimitación de funciones.   La usurpación de autoridad ocurre cuando un acto es dictado por quien carece  en absoluto de investidura pública. Este vicio se encuentra sancionado con la  nulidad absoluta del acto. Por su parte, la usurpación de funciones se constata,  cuando una autoridad legítima dicta un acto invadiendo la esfera de  competencia de un órgano perteneciente a otra rama del Poder Público  violentando de ese modo las disposiciones contenidas en los artículos 136 y 
  <sub>192  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  137 de la Constitución de la República, en virtud de los cuales se consagra,  por una parte, el principio de separación de poderes según el cual cada rama  del Poder Público tiene sus funciones propias, y se establece, por otra, que  sólo la Constitución y la ley definen las atribuciones del Poder Público y a  estas normas debe sujetarse su ejercicio. Finalmente, la extralimitación de  funciones consiste fundamentalmente en la realización por parte de la  autoridad administrativa de un acto para el cual no tiene competencia  expresa.  
  b.  INCOMPETENCIA  SUBJETIVA  DEL  JERARCA  Ó
  (DEBER DE INHIBICIÓN) 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  09 de diciembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2012-000639.  Sentencia Nro.: 2015-1203.  Caso: Macarena Sánchez vs. Dirección Ejecutiva de la Magistratura.  Ponente: Osvaldo Enrique Rodríguez Rúgeles.  
  Analizadas las pruebas aportadas al expediente, y entre ellas, la existencia de  una causa penal por violencia de género, que se hallaba en trámite ante los  órganos de investigación penal y, luego, ante los órganos jurisdiccionales de  ese especial orden penal, evidencia una enemistad entre la funcionaria  investigada y el juez que decidió su destitución.   Ante la existencia de tal denuncia, esta Corte considera que el abogado Javier  Sánchez Aullón, en su condición de Juez, actuó bajo condiciones que no podía  permitirle tomar una decisión distinta a la destitución de la funcionaria, lo  cual, fue descartado en el texto del acto administrativo sancionatorio de forma  superflua.   Por tanto, considera esta Corte que la anterior circunstancia, demostrada y  apreciada, incurría en la imparcialidad subjetiva del Juez Superior  Contencioso Tributario, respecto de la parte investigada que definitivamente,  fue sancionada con la destitución y, por tanto, separada de la función judicial  a través de un procedimiento disciplinario.   De ello deviene que, la ciudadana querellante, hoy recurrente, quedó  indefensa y sometida a un procedimiento disciplinario de destitución que,  vistas las circunstancias, no podía tener otro resultado, que no fuera su retiro  de la función judicial.   Lo anterior permite concluir que había un interés existente y personal del juez  Javier Sánchez Aullón en las resultas de ese procedimiento y ese interés solo  podía dirigirse hacia una sola decisión, cual era la destitución de la ciudadana  Macarena Ana Verónica Sánchez Fernández.  
  <sub>193  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   B.  DESPROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  30 de abril de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001313.  Sentencia Nro.: 2015-0315.  Caso: Francisco Antonio Rojas vs. Cuerpo de Policía del Estado Facón.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  (…) referido al principio de  proporcionalidad, que supone que en todo  régimen sancionatorio se establezca una escala de sanciones atendiendo a la  mayor o menor gravedad del incumplimiento del deber o al mayor o menor  daño que produce la actuación u omisión del funcionario. El principio de  proporcionalidad, limita el ejercicio de la potestad sancionatoria, pues la  Administración antes de ejercer dicha potestad deberá evaluar la gravedad de  la infracción a objeto de evitar que la sanción aplicable resulte  desproporcionada y que además, ésta se aleje sustancialmente de los objetivos  de la propia actuación administrativa y de los fines perseguidos por el  legislador.  
  C.  DESVIACIÓN DE PODER 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  30 de abril de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001216.  Sentencia Nro.: 2015-0314.  Caso: Olga Xiomara López vs. Ministerio del Poder Popular para  Ecosocialismo y Aguas.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Siendo así, vemos que se ha establecido el vicio de desviación de poder, como  una ilegalidad teleológica, es decir, que se presenta cuando el funcionario,  actuando dentro de su competencia dicta un acto para un fin distinto al  previsto por el Legislador; de manera que es un vicio que debe ser alegado y  probado por la parte, sin que pueda su inactividad ser subsanada por el  juzgador. Por lo tanto, se entiende que la Administración incurre en el vicio  de desviación de poder, cuando actúa dentro de su competencia, pero dicta  un acto que no esté conforme con el fin establecido por la Ley,  correspondiendo al accionante probar que el acto recurrido, como ya ha sido  señalado, persigue una finalidad diferente a la prevista en la Ley.  
  Lo anterior implica, que deben darse dos supuestos para que se configure el  vicio de desviación de poder, a saber: que el funcionario que dicta el acto  administrativo tenga atribución legal de competencia y que el acto haya sido  dictado con un fin distinto al previsto por el Legislador; además, estos  supuestos deben ser concurrentes.  
  <sub>194  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  D.  FALSO SUPUESTO DE HECHO 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  30 de junio de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001232.  Sentencia Nro.: 2015-0557.  Caso: Beatriz Cordero vs. Dirección Ejecutiva de la Magistratura.  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  En tal sentido, es preciso destacar que esta irregularidad comporta dos  modalidades: i) de hecho, que ocurre cuando la Administración fundamenta  la emisión del acto con hechos inexistentes o mediante una apreciación errada  de las circunstancias acontecidas; ii) de derecho, que se manifiesta cuando en  la decisión administrativa se efectúa una errónea relación entre la Ley y el  hecho, delatada cuando se aplica la norma a un hecho no regulado por ella o  cuando su aplicación se realiza de tal forma al caso concreto, que se arriba a  consecuencias jurídicas distintas o contrarias a las perseguidas por el  legislador.  
  E.  VICIOS EN LA NOTIFICACIÓN 
  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  04 de Junio de 2015.  ExpedienteNro.:14-0974.  Sentencia Nro.: 696.  Caso: Jhonny Darwin Galindez Rojas vs. Cuerpo de Investigaciones,  Científicas, Penales Y Criminalísticas (C.I.C.P.C).  Ponente: Francisco Antonio Carrasquero López.  
  En el presente caso, el acto administrativo impugnado fue notificado en los  siguientes términos “notificación que se hace para su  conocimiento y fines  consiguientes”, lo cual evidencia, que efectivamente, en la notificación del  acto impugnado se obvió toda mención a la posibilidad que tiene la parte de  atacar el acto y, del mismo modo, al tiempo hábil para la interposición de los  recursos correspondientes, con lo cual, resulta patente lo defectuoso de la  notificación. 
  Siendo ello así, considera la Sala que la sentencia objeto de revisión se apartó  de lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos  Administrativos y cercenó el derecho constitucional a la tutela judicial  efectiva del solicitante, en particular cuando declaró inadmisible el recurso  contencioso administrativo incoado por considerar que había operado la  caducidad de la acción, a pesar de los vicios de la notificación.  
  F.   INDEFENSIÓN  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. 
  <sub>195  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   24 de mayo de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2008-000013.  Sentencia Nro.: 2016-0152.  Caso: Miguel Ángel Escobar vs. Cuerpo de Bomberos del Distrito  Metropolitano de Caracas.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  Ahora bien, se aprecia de las citas jurisprudenciales anteriormente expuestas  que ocurriría la indefensión cuando la Administración hubiese impedido u  obstaculizado efectivamente a los administrados la posibilidad de defenderse  ante su propia actuación  – la de la Administración Pública-; así, desde esta  perspectiva, lo substancial es si el particular ha tenido la posibilidad de  defenderse, con independencia del momento procedimental o procesal en que  haya podido ejercer su defensa, esto en razón de que el procedimiento debe  ser apreciado como un todo en el que las distintas partes que lo integran se  van sucediendo de forma consecutiva de forma tal que permitirán al  interesado la posibilidad de ejercer progresivamente su derecho a la defensa.  Lo que fija la invalidez del acto es por tanto que la Administración haya  cercenado al administrado la posibilidad de defenderse.  
  G.  ABUSO DE PODER 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  18de octubre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2011-001239.  Sentencia Nro.: 2016-0544.  Caso: Carmen Rondón vs. Instituto Autónomo de Aguas y Acueductos del  Municipio Sucre.  Ponente: Eleazar Alberto Guevara Carrillo.  
  De la norma supra transcrita, se evidencia entre otras cosas, el deber de todos  los funcionarios de inhibirse de conocer de aquellos casos cuya competencia  este atribuida conforme a la Ley correspondiente, en los cuales participen  como testigos o peritos en el respectivo expediente, con el fin de obtener  decisiones objetivas sin influencias de ningún tipo. De este modo, al  constatarse en el presente caso que el Presidente del Instituto Autónomo  Municipal de Aguas y Acueductos del Municipio Sucre del Estado  Bolivariano de Miranda (IMAS), al dictar el acto destitutorio de la ciudadana  Carmen Cristina Rondón Villegas, incurrió en el vicio de abuso de poder,  debido a que al ser el ciudadano José Norberto Bausson García (Presidente  del referido Instituto) testigo del procedimiento destitutorio, el mismo no  estaba en la facultad de dictar el tantas veces mencionado acto, en virtud del  ordinal 10º del artículo 33 de la Ley del Estatuto de la Función Pública  
  
  <sub>196  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   2.  DIFERENCIA ENTRE VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS ACTOS  ADMINISTRATIVOS  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  12 de febrero de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2012-001174.  Sentencia Nro.: 2015-0128.  Caso: Freddy del Rosario Hernández vs. Alcaldía del Municipio Bolivariano  Libertador del Distrito Capital.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Del criterio jurisprudencial ut supra transcrito, se desprende que la validez  del acto administrativo es dada por el cumplimiento de las normas que  integran el ordenamiento jurídico dentro de su etapa de formación  (procedimiento disciplinario de ser el caso) y la eficacia es relativa al  cumplimiento de los requisitos establecidos para que el acto surta sus efectos.  
  Dado lo anterior, es necesario destacar que en la validez del acto, la  Administración debe respetar las garantías del administrado y atender al  cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley  Orgánica de Procedimientos Administrativos (los cuales han sido  desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia reiteradamente) y así no  incurrir en los vicios consagrados en los artículos 19 y 20 eiusdem.  
  Ello así, debe advertir esta Corte que los efectos del acto administrativo no  podrán desplegarse hasta que no haya sido notificado el interesado, ello  quiere decir, que la falta de notificación demora el comienzo de los efectos,  mas no incide en su existencia, motivo por el cual considera este Órgano  Jurisdiccional que la notificación del acto administrativo no añade nada al  acto administrativo como tal, simplemente, establece el momento en que  habrá de comenzar a desplegar sus efectos, y ello se debe a que la eficacia  suele referirse al tiempo o momento a partir del cual el acto administrativo  produce sus efectos (Vid. sentencia N° 2009-882, dictada por la Corte Segunda  de lo Contencioso Administrativo, en fecha 21 de mayo de 2009, caso:  Ministerio del Poder Popular para la Educación).   
  3.  CONSECUENCIAS DE LA ABSOLUCIÓN PENAL CUANDO EN  ELLA SE FUNDAMENTA LA CAUSAL DE DESTITUCIÓN  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  09 de diciembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000052.  Sentencia Nro.: 2015-1193.  Caso: Giovanny Planchart vs. Policía Municipal del Municipio Plaza del  Estado Bolivariano de Miranda.  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  <sub>197  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Asimismo, se observa que el Tribunal en materia penal respectivo, en la  Audiencia de Juicio, celebrada el 14 de enero de 2013, decidió Absolver al  recurrente de los delitos imputados en su contra, toda vez que no con los  elementos de convicción cursantes en el expediente penal, no acreditaron que  el actor haya cometido los delitos antes mencionados, por lo que levantó la  medida preventiva de libertad que éste tenía. 
  En ese sentido, se aprecia que si bien es cierto que para la fecha en la cual fue  dictado el acto administrativo objeto de impugnación, esto es, 9 de febrero de  2012, no ha había sido dictada sentencia alguna por parte de los Tribunales  Penales, mediante la cual absolviera o condenara al ciudadano Giovanny José  Planchado Peraza, no es menos cierto que los hechos y argumentos por los  cuales se apertura la investigación disciplinaria contra el recurrente y  posteriormente se destituye al actor, fue en virtud de la privación de libertad  por presuntamente haber cometido un delito que aún no había sido  comprobado, sino por el contario fue absuelto de ello.  
  (…Omissis…)  
  En virtud de lo anterior y visto que la Policía Municipal del Municipio Plaza  del estado Bolivariano de Miranda, incurrió en el vicio del falso supuesto de  hecho  
  4.  POTESTAD DE AUTOTUTELA 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  24 de septiembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2007-000880.  Sentencia Nro.: 2015-0937.  Caso: Nelly González vs. Servicio Nacional Integrado de Administración  Aduanera y Tributaria (SENIAT).  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.   Delimitado lo que antecede, es menester invocar lo previsto en los artículos  82 y 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuyo tenor  expresa lo siguiente:   (…Omissis…)   De la disposición en cuestión, se infiere por interpretación en contrario, que  la Administración no podrá revocar de oficio ningún acto administrativo que  haya creado derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos a  favor de un administrado, sin la realización de un procedimiento previo.   Dentro de este orden de ideas, la Sala Político Administrativa del Tribunal  Supremo de Justicia, en sentencia Nº 5.663 de fecha 21 de septiembre de 2005  (Caso: José Julián Sifontes Boet), estableció lo siguiente:  
  (…Omissis…)  
  <sub>198  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   “Al respecto, aprecia la Sala que debe reconocerse como regla  aplicable  conforme a los principios contenidos en la Ley Orgánica de Procedimientos  Administrativos, que la Administración Pública está facultada para revisar  sus propios actos e incluso para revocarlos, lo cual puede hacer tanto la propia  autoridad emisora del acto como el respectivo superior jerárquico.  
  En este sentido, es conveniente precisar que la llamada potestad de autotutela  administrativa ha sido definida tanto por la doctrina como por jurisprudencia  de [ese] Alto Tribunal como la ‘…potestad o po der de la Administración de  revisar y controlar, sin intervención de los órganos jurisdiccionales, los actos  dictados por el propio órgano administrativo, o dictados por sus inferiores.  Tal potestad de autotutela se ve materializada en nuestro ordenamiento, a  través del ejercicio de diversas facultades, como lo son la posible  convalidación de los actos viciados de nulidad relativa a través de la  subsanación de éstos; la revocatoria del acto, por razones de oportunidad o  ilegalidad, siempre que no se originen derechos adquiridos, o bien a través  del reconocimiento de nulidad absoluta, y por último, mediante la corrección  de errores materiales’. (Vid. entre otras, Sentencia de la SPA Nº 718, de fecha  22 de diciembre de 1998, Caso: Vicenzo Sabatino Asfaldo)” (N egrillas y  corchetes de esta Corte).  
  Igualmente, la referida Sala Político-Administrativa de la Máxima Instancia,  mediante Sentencia N° 881 de fecha 6 de junio de 2007 (Caso: Cervecería Polar  del Lago C.A., Vs. Ministerio del Trabajo), en referencia a la potestad de  autotutela indicó que:   “…se observa que la potestad de autotutela como medio de protección del  interés público y del principio de legalidad que rige la actividad  administrativa, comprende tanto la posibilidad de revisar los fundamentos  fácticos y jurídicos de los actos administrativos a instancia de parte, a través  de los recursos administrativos, como de oficio, por iniciativa única de la  propia Administración.  
  (…Omissis…)   
  Ahora bien, estas dos facultades, revocatoria y anulatoria, se distinguen por  los supuestos de procedencia de las mismas. La revocatoria es utilizada en  algunos Casos por razones de mérito u oportunidad cuando el interés público  lo requiere, y también en Casos de actos afectados de nulidad relativa que no  hayan creado derechos subjetivos o intereses personales, legítimos y directos  para un particular…” (Negrillas de esta Corte).    Sobre la base de este contexto, se advierte que la llamada potestad de  “autotutela” de la Administración Pública, constituye una facultad otorgada  por Ley para rectificar su actuación, cuando la misma esté viciada, la cual, en  el Caso particular de la potestad anulatoria, implica que los Órganos 
  <sub>199  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  competentes que la integran deben, de oficio o a solicitud de parte y, en  cualquier momento, anular aquellos actos suyos contrarios a derecho y que se  encuentren afectados de nulidad absoluta; sin perjuicio de que también  puedan hacerlo con respecto a aquellos actos suyos viciados de nulidad  relativa que no hayan dado lugar a derechos adquiridos. De allí que tal  potestad sea un atributo inherente a la Administración y no un “sucedáneo”  de la potestad jurisdiccional.   Ahora bien, considera esta Corte que el “Certificado de Promoción”, de fecha  24 de abril de 2003, emanado del Servicio Nacional Integrado de  Administración  Aduanera  y  Tributaria  (SENIAT),  constituye  una  manifestación de voluntad por parte de la Administración de ascender a la  parte actora al cargo de Profesional Tributario Grado 14, la cual es creadora  de derechos subjetivos a su favor, por lo cual, con posterioridad a dicho acto,  no podía la Administración incorporarla al cargo de Profesional Tributario  Grado 12, al ser este de menor jerarquía, desestimándose el falso supuesto de  hecho alegado. Así se decide.  
  5.  LA NOTIFICACIÓN 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  24 de noviembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-N-2009-000100.  Sentencia Nro.: 2015-1121.  Caso: Daniel Rodríguez vs Ministerio del Poder Popular para la Educación.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.   Establecen en relación a lo anterior, los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica de  Procedimientos Administrativos lo siguiente:  
  (…Omissis…)  
  Ahora bien, observa esta Corte que el artículo 75 de la Ley Orgánica de  Procedimientos Administrativos señala que la notificación se entregará en el  domicilio o residencia del interesado o de su apoderado y se exigirá recibo  firmado en el cual se dejará constancia de la fecha en que se realiza el acto y  del contenido de la notificación, así como el nombre y cédula de identidad de  la persona que la reciba.  
  Asimismo, establecen los artículos anteriormente mencionados que una vez  realizadas las gestiones pertinentes para cumplir con la notificación personal  del interesado y estás resulten impracticables se procederá a la publicación  del acto en un diario de mayor circulación de la entidad territorial donde la  autoridad que conoce del asunto tenga su sede a los efectos de su debida  notificación.  
  
  <sub>200  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   6.   REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  21 de julio de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2010-001178.  Sentencia Nro.: 2016-0479.  Caso: Albert del Valle Deriz Valle vs. Dirección Ejecutiva de la Magistratura.  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  En ese orden de ideas, es menester señalar que la motivación del acto no  implica una exposición rigurosamente analítica o la expresión de cada uno de  los datos o de los argumentos en que se funda, de manera extensa y  discriminada, ni un minucioso y completo raciocinio de cada una de las  normas que le sirven de fundamento al proveimiento, pues basta que pueda  inferirse del texto los fundamentos legales y los supuestos de hecho que  constituyeron los motivos en que se apoyó la Administración para decidir,  siempre por supuesto, que el destinatario del acto haya tenido el necesario  acceso a tales elementos.   
  7.  NATURALEZA DEL ACTO DE REMOCIÓN DE JUECES  PROVISIONALES  Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.  03 de Agosto de 2016.  Expediente Nro.: 2012-0798.  Sentencia Nro.: 00874.  Caso: Rosángela Mercedes Sorondo Gil vs. Comisión Judicial del Tribunal  Supremo de Justicia.  Ponente: Bárbara Gabriela César Siero.  
  Ahora bien, debe precisarse que en el caso bajo análisis no estamos frente a la  impugnación de un acto administrativo sancionatorio, sino más bien ante un  acto mediante el cual se decidió dejar sin efecto la designación de la actora en  el cargo de Jueza Provisoria y en ese sentido esta Máxima Instancia ha  establecido en anteriores oportunidades que la Comisión Judicial está  facultada para actuar en todo aquello que, sin ser atribución específica de la  Dirección Ejecutiva de la Magistratura, considere el Máximo Tribunal como  una tarea directa que le compete y entre las cuales se encuentra, sin lugar a  dudas, el tema del ingreso y permanencia de los jueces provisorios o  temporales dentro del Poder Judicial. 
  En efecto, es de su competencia, por la delegación que así le hiciera la Sala  Plena, decidir la remoción directa de un funcionario de carácter provisorio o  temporal, siempre que no medie una causa disciplinaria que obligue a la  actuación de los órganos encargados especialmente de aplicar las sanciones. 
  <sub>201  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  De manera que, asumiendo que el acto cuya nulidad se pretende fue dictado  por la Comisión Judicial en ejercicio de las funciones administrativas que le  son inherentes, sin que se trate de un acto de naturaleza sancionatoria; estima  la Sala, en aplicación del criterio de la Sala Constitucional contenido en la  sentencia N° 2.414 de fecha 20 de diciembre de 2007, que como lo que se  persigue es la remoción de una Jueza cuyo nombramiento ha sido efectuado  de forma provisional o temporal, el acto administrativo que determine su  separación del cargo, no tiene que ser sometido a procedimiento  administrativo alguno, por cuanto la garantía de estabilidad del juez y, por  consiguiente, el derecho a ser sometida al procedimiento respectivo, se  obtienen con el concurso de oposición que instituyó el Texto Constitucional  en su artículo 255. 
  8.  INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR ACTOS  ADMINISTRATIVOS VICIADOS DE NULIDAD. 
  Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.  03 de Junio de 2014.   Expediente Nro.: 1995-11486.  Sentencia Nro.: 799.  Caso: Ismael Medina Pacheco vs. Consejo de la Judicatura.  Ponente: Emiro García Rosas.  
  Ante la imposibilidad de acordar la reincorporación a su cargo o a otro de  igual jerarquía y remuneración, en virtud de las circunstancias expresadas;  esta Sala, consciente de la eventual reparación que merece el accionante,  ordena eliminar de los antecedentes administrativos del actor, la sanción de  destitución que le fue impuesta. 
  Por lo tanto, debe quedar borrado de su expediente cualquier información que  mencione que fue sancionado en los términos antes expuestos, a los efectos de  evitar la formación de posibles prejuicios en futuros concursos de oposición  en los cuales pudiera eventualmente participar el recurrente, razón por la cual  se ordena a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura anexar copia certificada  de la presente decisión a su expediente administrativo. 
  (…omissis…)   Por lo demás,  pueda optar a 
  Por lo demás, nada obsta para que el abogado Ismael MEDINA PACHECO  pueda optar a un cargo en la judicatura.  
  <sub>202  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   XIV. EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL  1.  COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FUNCIONARIALES  A.  COMPETENCIA PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS  QUERELLAS  RELATIVAS  A  LOS  FUNCIONARIOS  PÚBLICOS  ADSCRITOS  A  LOS  CUERPOS  DE 
  SEGURIDAD CIUDADANA 
  Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.  10 de marzo de 2016.  Expediente Nro.: 2015-1158.  Sentencia Nro.:00263.  Caso: Gina Chirivella vs. Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y  Criminalísticas (C.I.C.P.C.).  Ponente: María Carolina Ameliach Villarroel.  
  Del análisis de las normas parcialmente transcritas, así como de lo consagrado  en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la  competencia para conocer de las causas interpuestas por los funcionarios  públicos, incluidos los pertenecientes a los órganos de seguridad del Estado,  en virtud de la relación de empleo público, se determina por la materia; razón  por la cual, en aplicación de los principios constitucionales relativos al juez  natural y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 26 y 49, numeral  4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el  conocimiento de tales causas corresponde a los Juzgados Superiores Estadales  de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  
  B.  COMPETENCIA  TERRITORIAL  PARA  EL  CONOCIMIENTO DE  LA QUERELLAS 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  26 de enero de 2015.  Expediente Nro.: AP42-G-2014-000421.  Sentencia Nro..: 2015-0029.  Caso: Carlos Miguel Gutiérrez vs. Servicio Bolivariano de Inteligencia  Nacional.  Ponente: María Eugenia Mata.  
  Expuesto lo anterior, resulta necesario señalar que tal como lo refiere la  jurisprudencia señalada por el Juzgado A quo de la región capital, concluye  esta Alzada que el querellante al establecer como su domicilio procesal la  ciudad de Nueva Esparta, le resultaría más accesible el conocimiento de la  presente causa en el estado donde se encuentra dicho domicilio, esto en  garantía del derecho de acceso a la justicia de los particulares.  
  <sub>203  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  En consecuencia debe considerarse que al tener un Tribunal con competencia  en el Contencioso Administrativo ubicado en la ciudad de Nueva Esparta, la  causa debió conocerse, sustanciarse y decidirse en dicho Juzgado Estadal,  evitando precisamente que el querellante debiera trasladarse grandes  distancias del sitio donde se halla su domicilio, ello en ejecución de los  principios de orden Constitucional relativos al Juez natural y a la tutela  judicial efectiva contenidos en el artículo 49 de la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela, resguardando el derecho al acceso a la Justicia y de  conformidad con el criterio dispuesto en fallo Nº 9 de fecha 5 de abril del año  2005, por la Sala Plena de nuestro Máximo Tribunal, y al cual esta Corte se  adhiere.  
  Finalmente, en razón del análisis efectuado en el presente fallo, esta Corte  Primera de lo Contencioso Administrativo resuelve que el tribunal  competente para conocer en primer grado de Jurisdicción por competencia  territorial en el presente caso resulta ser el Juzgado Superior Estadal de lo  Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva  Esparta. Así de declara.    C.  COMPETENCIA PARA EL CONOCIMIENTO DE LA  PRETENSIÓN  DE  NULIDAD  DE  ACTOS  ADMINISTRATIVOS DE EFECTOS GENERALES EN LA  FUNCIÓN PÚBLICA 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  03 de marzo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2007-001989.  Sentencia Nro.: 2015-0209.  Caso: Wilmer José Vargas vs. Gobernación del Estado Portuguesa.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  En atención de lo expuesto, esta Corte estima que el Decreto impugnado, no  se trata de un acto administrativo particular, sino por el contrario, se trata de  un acto administrativo de carácter general, dado que, si bien es cierto que sus  efectos recaen sobre los funcionarios de la Gobernación del estado  Portuguesa, los cuales pudiera decirse que serían determinables, también es  cierto, que el mismo resulta eventualmente aplicable a aquellos funcionarios  que ingresaron a la mencionada Gobernación después de su publicación; y lo  será también para futuros ingresos, no resultando entonces éstos últimos  determinables, estimándose, además, que el mismo contiene reglas que no se  agotan con una aplicación, sino por lo contrario tiene una aplicación  indefinida, tal como lo ha expresado la Corte Segunda de lo Contencioso  Administrativo en casos análogos al de autos(…)  
  (…omissis…)  
  <sub>204  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Siendo esto así y visto que el Juez de Instancia lo tramitó conforme a la Ley  del Estatuto de la Función Pública, siendo lo correcto la aplicación del  procedimiento para el trámite del recurso contencioso administrativo de  nulidad, en este caso, interpuesto conjuntamente con medida cautelar  innominada y subsidiariamente con amparo cautelar, por la Apoderada  Judicial del ciudadano Wilmer Vargas, debe esta Corte declarar Con Lugar la  apelación interpuesta por la parte recurrente, en consecuencia, REVOCA  Parcialmente la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y  Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 1º de  agosto de 2007, sólo en cuanto a la declaratoria de inadmisibilidad del recurso  contencioso administrativo de nulidad, por lo que se deja FIRME el  pronunciamiento efectuado respecto a la cautelar solicitada y se REPONE la  presente causa al estado de admisión, a fin de que el Juez A quo dicte la  decisión correspondiente. Así se decide.   
  D.  COMPETENCIA EN MATERIA DE FUERZA ARMADA  NACIONAL 
  Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.  21 de enero de 2015.  Expediente Nro.: 2014-1342.  Sentencia Nro.: 00017.  Caso: Héctor Francisco Hernández Marín.  Ponente: María Carolina Ameliach Villarroel.  
  Sobre el particular, cabe destacar que esta Sala mediante ponencia conjunta  Nº 01871 de fecha 26 de julio de 2006, estableció el régimen de competencias  de la jurisdicción contencioso administrativa en materia de recursos de  nulidad o acciones que interpongan los miembros de la Fuerza Armada  Nacional, con motivo de “retiro, permanencia, estabilidad o conceptos  derivados del empleo público”, determinándose en dicha decisión, que este  Máximo Tribunal de la República sólo deberá conocer y decidir las acciones o  recursos interp uestos por el personal militar con grado de “Oficiales y  Suboficiales Profesionales de Carrera de la Fuerza Armada Nacional”,  mientras que corresponderá a los Juzgados Contencioso Administrativos  regionales conocer y decidir en primera instancia, de las acciones o recursos  interpuestos por el personal con grado de “personal de Tropa Profesional,  personal activo de la Reserva Nacional y de la Guardia Territorial”.  
  Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la  Jurisdicción Contencioso Administrativa (Gaceta Oficial de la República  Bolivariana de Venezuela N° 39.451, de fecha 22 de junio de 2010), se delimitó  aun más la competencia que al respecto posee esta Sala, al establecer en su  artículo 23, numeral 23 que esta Máxima Instancia conocerá de dichas  acciones o recursos, siempre que sean interpuestos por personal que ostente 
  <sub>205  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   el “grado de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. (Resaltado  de la Sala).  
  E.  JUEZ NATURAL 
  Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.  27 de octubre de 2015.  Expediente Nro.: 2014-1428.  Sentencia Nro.:01227.  Caso: Regulación de Jurisdicción.  Ponente: Bárbara Gabriela César Siero.  
  Como puede apreciarse, de las normas citadas se desprende que la Ley del  Estatuto de la Función Pública dispuso que correspondería a los Tribunales  con competencia en materia contencioso administrativo funcionarial, conocer  y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación  del aludido instrumento normativo, destacando especialmente cuando se  trate de “actos o hechos de los órganos de los entes de la Administración  Pública”, siendo el Juez natural más idóneo para conocer de la presente  reclamación acerca de la estabilidad del solicitante. 
  En el mismo orden argumental, en la Disposición Transitoria Primera se  dispuso que mientras se dictara la Ley que regularía la jurisdicción  contencioso administrativa, serían competentes -en primera instancia- para  conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de la aludida Ley,  los Jueces o Juezas Superiores con competencia en lo contencioso  administrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se  hubiere dictado el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de  la Administración Pública que dio lugar a la controversia.  
  F.  DOCENTES UNIVERSITARIOS 
  Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.  10 de diciembre de 2015.  Expediente Nro.: 2015-1050.  Sentencia Nro.:01476.  Caso: Regulación de Competencia.  Ponente: Evelyn Margarita Marrero Ortiz.  
  De esta manera, la Sala Plena determinó la inaplicabilidad del criterio residual  de competencia en Casos de acciones o querellas intentadas por docentes  universitarios contra las Instituciones de Educación Superior de rango  nacional, y atribuyó la competencia para su conocimiento, en primera  instancia, a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo  Regionales -actualmente Juzgados Superiores Estadales de lo Contencioso  Administrativo- y, en alzada, a las Cortes de lo Contencioso Administrativo     -hoy Juzgados Nacionales de lo Contencioso Administrativo-.  
  <sub>206  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  2.  LA QUERELLA 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  26 de septiembre de 2014.  Expediente Nro.:  AP42-R-2009-000021.  Sentencia Nro.: 2014-1361.  Caso: Edgar Enrique Silva Rivero vs. Instituto Autónomo de Seguridad  Ciudadana y Transporte (INSETRA).  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.   A tales efectos, se hace indispensable citar el contenido del artículo 93 de la  Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual dispone:  
  (…omissis…)  
  De la norma señalada, se desprende que el objeto del recurso contencioso  administrativo funcionarial es amplísimo, pues da cabida a todas las  controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley; con la  inclusión de cualquier reclamación de los funcionarios o aspirantes a tales  “cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los  órganos de la Administración Pública”. De manera que, el ámbito material del  recurso contencioso administrativo funcionarial se determina según un  criterio objetivo: cualquier pretensión que se suscite en el marco de una  relación funcionarial, con independencia del contenido de esa pretensión y  del acto, hecho u omisión administrativa que la motivó (Vid. Sentencia de la  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 1085, de fecha 6 de  abril de 2004, caso: Ana Beatriz Madrid Agelvis).  
  Lo anterior también se encuentra fundamentado en el artículo 259 de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre el cual la Sala  Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1029 del 27  de mayo de 2004, caso: Elizabeth Morini Morandini vs. Ministro del Interior  y Justicia, ha señalado lo siguiente: 
  (…omissis….)  
  Del análisis precedente, se colige que la querella de naturaleza funcionarial  puede constituirse en un recurso contencioso administrativo especial de plena  jurisdicción, para que el actor logre la íntegra satisfacción de sus pretensiones  (declaratoria de una determinada relación jurídico-administrativa, la nulidad  del acto lesivo y la condena al pago de sumas de dinero), razón por la cual  esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo estima que en el  presente caso no se evidencia la inepta acumulación declarada por el Juzgado  A quo en la sentencia recurrida.   
  A.  LAPSO DE INTERPOSICIÓN DE LA QUERELLA  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. 
  <sub>207  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   04 de noviembre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000854.  Sentencia Nro.: 2014-1532.  Caso: Edith Dayana Rodríguez vs. Alcaldía del Municipio Santa Bárbara del  Estado Monagas.  Ponente: Gustavo Valero Rodríguez.  
  En efecto, la finalidad del lapso de caducidad es la materialización de la  seguridad jurídica y el aseguramiento de que tras el transcurso del lapso que  establece la Ley, se extinga el derecho de toda persona al ejercicio de la acción  que el ordenamiento jurídico le autorice; ello para evitar que acciones  judiciales puedan proponerse indefinidamente en el tiempo, lo cual,  obviamente incidiría negativamente en la seguridad jurídica. Es por ello que  el recurrente o justiciable, una vez habilitado para acudir al Órgano  Jurisdiccional, deberá proponer su recurso judicial en tiempo hábil, esto es,  antes de la consumación del lapso de caducidad que dispuso la ley.  
  Aunado a lo anterior, resulta oportuno traer a colación el contenido del  artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual es del siguiente  tenor:   “Artículo 94. Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido  válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que  se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue  notificado del acto”.   
  De lo anterior, se observa que el legislador previó el establecimiento del lapso  de caducidad de tres (3) meses, contado a partir del hecho que dé lugar a la  interposición del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, o bien, a  partir de la notificación del acto impugnado, el cual transcurre fatalmente, no  admitiendo por tanto paralización, detención, interrupción ni suspensión, y  cuyo vencimiento ocasiona la extinción de la acción por el reclamo del derecho  que se pretende hacer valer.   
  a.  PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS DERIVADAS  DE LA LOPCYMAT 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  02 de Junio de 2015.  Expediente Nro.: AP42-Y-2014-000034.  Sentencia Nro.: 2015-0468.  Caso: Ruth Nohemí González Bolívar vs. Instituto Venezolano de los Seguros  Sociales (I.V.S.S.).  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.   Vista la anterior declaratoria, tenemos que en la presente acción de  indemnización por enfermedad ocupacional, no opera la caducidad de la 
  <sub>208  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   acción establecida en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función  Pública, ya que si bien existe una relación de empleo público, lo que se  dilucida es la responsabilidad laboral derivada por un presunto hecho ilícito  con ocasión a su relación de empleo, resultando aplicable, como Ley especial,  por ser de orden público los derechos protegidos la Ley Orgánica de  Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).   El artículo 9 de la referida ley, establece la institución de la prescripción de las  Acciones para Reclamar las Indemnizaciones por Accidente de Trabajo o  Enfermedad Ocupacional  “Las acciones p ara reclamar las indemnizaciones a empleadores o  empleadoras por accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales  prescriben a los cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la terminación  de la relación laboral, o de la certificación del origen ocupacional del accidente  o de la enfermedad por parte de la unidad técnico administrativa del Instituto  Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales correspondiente, lo que  ocurra de último”. (Negrillas del original).   
  La ut supra norma es clara y precisa dicha norma, cuando prevé que el lapso  de prescripción de las acciones para reclamar las indemnizaciones por  accidentes de trabajo o enfermedad ocupacional es de cinco (5) años, contados  éstos a partir que el empleado deje de prestar sus servicios al patrono, o de la  certificación del origen de la enfermedad o del accidente de trabajo emitida  formalmente por el parte de la Unidad Técnico Administrativa del Instituto  Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales correspondiente, sea  cual fuere de los dos supuestos el que aplique al caso concreto, tomando en  consideración la ocurrencia del último, de manera independiente el uno del  otro.  
  De lo anteriormente expuesto, estima esta Alzada que en el presente caso no  le es aplicable el lapso de caducidad de los tres (3) meses, establecido en la  Ley del Estatuto de la Función, sino el lapso de prescripción contemplado en  la norma especial, es decir, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y  Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), que prevé la prescripción de la  acción en casos como el de autos, en los cuales si bien existe una relación de  empleo público, la pretensión deriva con ocasión a un hecho ilícito laboral  como es la indemnización por enfermedad ocupacional. Así se decide. 
  b.  PRETENSIONES  RELATIVAS  A  AJUSTE  Ó
  JUBILACIÓN 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  12 de junio de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2003-003617.  Sentencia Nro.: 2014-0943. 
  <sub>209  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Caso: Ana Lucila Castro de Chacón vs. Instituto Nacional de la Vivienda  (INAVI).  Ponente: Efrén Navarro.  
  Ello así, debe este Órgano Jurisdiccional indicar que, por cuanto la pretensión  principal en la presente causa está constituida por la solicitud del ajuste de la  pensión de jubilación de la recurrente, a este respecto ha sido criterio reiterado  establecer que el ajuste de la pensión de jubilación es una obligación de tracto  sucesivo causada mes a mes y que el derecho a exigirla se produce también  mes a mes, razón por la cual las diferencias solicitadas proceden de  conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la  Función Pública, a partir de los tres (3) meses anteriores a la fecha de  interposición del recurso contencioso administrativo funcionarial. Por lo  tanto, visto que el recurso fue interpuesto en fecha 14 de marzo de 2003, el  ajuste de la pensión de jubilación procede desde el día 14 de diciembre de  2002, estando caduco el derecho de reclamar judicialmente con respecto al  resto del tiempo transcurrido con anterioridad a esta última fecha, tal como lo  declaró el Juzgado A quo. Así se decide. 
  c.  PRETENSIONES  DE  TRACTO  SUCESIVO  INCOADAS POR FUNCIONARIOS ACTIVOS 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  3 de julio 2014.  Expediente: AP42-R-2013-001208.  Sentencia Nro.: 2014-0948.  Caso: Luis Ramón Bejarano vs. Municipio Ribero del Estado Sucre.   Ponente: Gustavo Valero Rodríguez.  
  (…) es criterio de esta Corte, que en aquellos casos en que no se verifica un  hecho concreto que dé lugar a la interposición de un Recurso Contencioso  Administrativo Funcionarial, debido a que no hay una negativa expresa de la  Administración en cumplir con el pago de los conceptos adeudados del cual  el querellante supuestamente es beneficiario, no existe una fecha cierta desde  la cual el Juez deba efectuar el cálculo para determinar desde qué momento  debe computarse el lapso de caducidad a los fines de la interposición de la  presente reclamación judicial, al encontrarse el querellante activo dentro del  organismo querellado, por lo tanto, la omisión de la Administración de pagar  dicho beneficio al funcionario no es un hecho perturbador que se agota en un  sólo momento, sino que se prolonga en el tiempo. 
  En este mismo orden, debe recalcarse que el referido criterio únicamente  resulta aplicable, siempre y cuando i) la naturaleza de los conceptos  reclamados sean de tracto sucesivo, y ii) el querellante permanezca activo en  el organismo o ente querellado, por lo tanto en caso de no cumplirse con tales 
  <sub>210  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   exigencias, se debe aplicar el lapso de caducidad de tres (3) meses previsto en  el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.   B.  REQUISITOS PARA SU INTERPOSICIÓN 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  20 de mayo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000248.  Sentencia Nro.: 2015-0352.  Caso: Carlos David Salima vs. Servicio Nacional Integrado de Administración  Aduanera y Tributaria (SENIAT).  Ponente: Freddy Vázquez Bucarito.  
  Tomando en consideración todo lo antes expuesto, evidencia este Órgano  Jurisdicción (Sic) que visto que la parte si bien no consignó junto con su escrito  recursivo la copia del acto que impugna en este caso, el mismo señaló de  forma clara en el referido escrito los datos del mismo, además de su contenido.   Por lo que, no puede confirmar esta Corte la decisión emanada por el  Juzgador de instancia, ya que el mismo consideró que por no haber  consignado el referido acto, posterior al hecho de habérsele concedido los tres  (3) días de despacho que indica la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso  Administrativa, el mismo debía declararse inadmisible.   Siendo lo correcto en el presente caso, tal como lo ha establecido la  jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, admitir la querella, ya pues que  tal recaudo será solicitado con los antecedentes administrativos, todo ello a la  luz del derecho a la tutela judicial efectiva.   C.  ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES EXCLUYENTES O  INCOMPATIBLES  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  27 de mayo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000287.  Sentencia Nro.: 2015-0398.  Caso José Domínguez Contreras y otros vs Consejo Nacional Electoral (CNE).  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  En tal sentido, en el caso de autos este Órgano Jurisdiccional advierte que de  las actas que rielan a los folios treinta y nueve (39) al cuarenta y tres (43) del  expediente de la causa, que los citados ciudadanos fueron beneficiados con el  otorgamiento de jubilación de acuerdo a la Resolución Nº 140904-0147 de  fecha 4 de septiembre de 2014 y publicada en la Gaceta Electoral Nº 727 de  fecha 3 de octubre de 2014, Providencia Nº 1 de fecha 24 de abril de 2013, de  los cuales se evidencia que los prenombrados querellantes desempeñaban  cargos, sueldos y ostentaban tiempo de servicios distintos, sin embargo, es 
  <sub>211  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   oportuno indicar que la relación funcionarial de los hoy recurrentes con el  Consejo Nacional Electoral resulta personalísima, pues la misma se encuentra  dirigida al análisis de la relación misma con cada una de sus particularidades.   Ello así, cada uno de los querellantes mantenía una relación de empleo  público individual, de tal manera que estima este Órgano Jurisdiccional que  las medidas administrativas o judiciales que se puedan tomar respecto de  alguno de ellos, no aprovecharían ni perjudicarían a los restantes litigantes,  en cuanto al ejercicio directo de los derechos derivados de la relación  funcionarial.   D.  PRETENSIONES RELATIVAS A VÍAS DE HECHO EN LA  FUNCIÓN PÚBLICA 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  08 de diciembre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001104.  Sentencia Nro.:2014-1763.  Caso: Darwin Alexander Silva Guanare vs. Alcaldía del Municipio Sucre del  Estado Aragua.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  Atendiendo a lo expuesto, es pertinente destacar que la Sala Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela ha  mantenido el criterio de utilizar los recursos contenciosos administrativos  contra las vías de hecho, toda vez que, partiendo del principio de la tutela  judicial efectiva contenido en los artículos 26 y 259 de la vigente Constitución,  puede cualquier administrado pretender del juez contencioso administrativo  la tutela de sus derechos ante la lesión a sus derechos por una actuación  material de la Administración.  
  Así lo ha sostenido la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, en diversas  oportunidades, entre las que destaca la sentencia N° 925 del 5 de mayo de  2006 (caso: Diageo Venezuela C.A.), donde se expuso que:  
  (…omissis…)  
  Ahora bien, la acción contencioso-administrativa estaría igualmente dirigida  contra un “acto administrativo inexistente”, esto es, esa actuación material sin  cobertura en un acto administrativo expreso y previo o con cobertura  insuficiente, puede ser recurrida ante las vías contencioso administrativas. El  tema de las “vías de hecho” se inserta en un capítulo mayor en el marco de la  teoría de la actividad administrativa, pues se refiere a los “hechos  administrativos” como “modalidad” del actuar de  los órganos en ejercicio de  potestades públicas. Con ello se quiere señalar que las actuaciones materiales  constitutivas de vías de hecho pueden provenir de cualquier órgano que  ejerza una potestad pública como de los particulares que actúen en ejercicio 
  <sub>212  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   de esas potestades de manera especial (Colegios profesionales, universidades,  etc.) y de los mismos particulares en sus relaciones individuales. 
  En este sentido, los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa  detentan la competencia para ejercer el control sobre toda la universalidad de  actuación de la Administración; esto es, no sólo en lo concerniente a los actos  expresos viciados de inconstitucionalidad o ilegalidad, sino que abarca  además cualquier situación contraria a derecho, en la que se denuncie que la  autoridad administrativa sea la causante de la lesión, infringiendo o  perturbando la esfera de los derechos subjetivos de los justiciables con motivo  de inactividades u omisiones ilegítimas (Vid. Sentencia N° 1849 de fecha 14  de abril de 2004, de la Sala Político Administrativa, caso: Nancy Díaz de  Martínez y otros).  
  Asimismo, es importante traer a colación, la sentencia N° 2007-990 dictada en  fecha 13 de junio de 2007, por esta Corte (caso: Arcadio José Linares Rosales  vs Dirección Regional de Salud y Desarrollo Social del Estado Amazonas del  Ministerio de Salud y Desarrollo Social -Hoy Ministerio del Poder Popular  para la Salud-), mediante la cual se analizó la disyuntiva del inicio del  cómputo del lapso de los recursos contencioso administrativos contra vías de  hecho y, se expuso que debería señalarse entre ellos que “tal lapso se computa  (a) desde el inicio de las actuaciones materiales, o (b) cuando hayan cesado  tales actuaciones materiales”.   
  En virtud de lo anterior, es inequívoco que el punto de partida para el inicio  del lapso válido para el ejercicio de cualquier acción proveniente de la relación  funcionarial, en el caso bajo estudio tiene su punto de partida el 20 de  diciembre de 2013.   Ello así, observa esta Corte al folio ocho (8) de la primera pieza del expediente  judicial, que en fecha 21 de marzo de 2014, los Abogados Ursula Haydee  Sánchez Ortega y Rafael Antonio Capote, actuando con el carácter de  Apoderados Judiciales del ciudadano Darwin Alexander Silva Guanare,  interpusieron el presente recurso contencioso administrativo funcionarial  contra la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Aragua.   De modo que, desde la señalada fecha hasta la interposición del presente  recurso, en fecha 21 de marzo de 2014, transcurrió íntegramente el lapso de  caducidad de tres (3) meses, operando la caducidad de la acción en el recurso  contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Así se decide.   
  E.  LITISCONSORCIO  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  06 de noviembre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-001055.  Sentencia Nro.: 2014-1569. 
  <sub>213  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Caso: Carlos Enrique Espinoza, Jesús Eduardo Alvarado Muñoz, Carlos  Vicente Izquiel Vargas y Ramón Alexis Mejía vs. Concejo Municipal del  Municipio Autónomo Zamora del Estado Bolivariano de Miranda.  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  Ahora bien, debe esta Corte señalar que de los términos en los cuales fue  incoado el presente recurso contencioso administrativo funcionarial, resulta  evidente que los accionantes solicitaron la protección de sus derechos e  intereses bajo la figura de lo que la doctrina ha catalogado como un  “litisconsorcio activo”, en virtud de lo cual resulta necesario determinar la  procedencia o no de la aplicación de dicha institución procesal en el caso bajo  estudio, toda vez que su configuración debe estar precedida de la  concurrencia de ciertos elementos previstos en la Ley que permiten la  acumulación de todas una de las pretensiones de los accionantes.  
  En este sentido, resulta preciso destacar lo previsto en el artículo 146 del  Código de Procedimiento Civil, el cual prevé los supuestos para la  procedencia de la figura del litisconsorcio, normativa aplicable al caso de  autos de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de  la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la República Bolivariana de  Venezuela, en los siguientes términos:  
  (…omissis….)   Por su parte, el (…omissis….)  
  Por su parte, el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil establece:  
  En virtud de lo anterior, y circunscritos al caso de autos este Órgano  Jurisdiccional observa que los ciudadanos Carlos Enrique Espinoza, Jesús  Eduardo Alvarado Muñoz, Carlos Vicente Izquiel Vargas y Ramón Alexis  Mejía, interpusieron recurso contencioso administrativo funcionarial, en  contra del Concejo Municipal del Municipio Autónomo Zamora del estado  Bolivariano de Miranda, solicitando el pago de la pensión de jubilación de  cada uno de los querellantes desde enero del presente año y de todos los  meses subsiguientes hasta que se emita la decisión definitiva, por haber sido  suspendido ilegalmente tal derecho constitucional, en consecuencia es  menester entrar a considerar los supuestos de procedencia del litisconsorcio  activo en la presente causa y, al respecto observa que:  
  En el presente caso la actuación de la Administración afecta en forma  individual a cada uno de los accionantes y, por constituir relaciones de  empleo público personal; por lo que no se encuentran en estado de  comunidad jurídica respecto del objeto del litigio.   En tal sentido, es necesario precisar que cada actuación de la Administración  tendente a comenzar o a poner término a una determinada relación 
  <sub>214  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  funcionarial extendiéndose aún en el otorgamiento o no del beneficio de la  jubilación, es por esencia, exclusivo y excluyente de otros, de allí que lo lógico  es que el control de su legalidad por parte de los órganos que conforman el  sistema contencioso administrativo sea llevado a cabo a través de la  interposición de un recurso debidamente individualizado por parte de cada  querellante, en consecuencia los actores, no poseen un derecho que emane de  una misma situación, pues proviene de relaciones individuales de trabajo  perfectamente diferenciables, pues la solicitud de cada uno de los querellantes  en cuanto al pago de la pensión de jubilación, deriva de una relación  funcionarial personalísima.  
  Asimismo, no hay identidad de las partes, pues si bien hay identidad de la  parte demandada, no así de los demandantes, por cuanto cada una de ellas  son diferentes, lo que hace improcedenteésta conexión.   Con base en lo expuesto, esta Corte constata que en el caso in commento, los  ciudadanos querellantes presentaron el recurso contencioso administrativo  funcionarial en contravención con lo establecido en el artículo 146 del Código  de Procedimiento Civil en concordancia con lo estipulado en el artículo 52  eiusdem, lo que evidencia la inexistencia de un litisconsorcio activo en la  presente causa y la violación de normas de orden público. Así se declara.  
  F.  PÉRDIDA DEL INTERÉS 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  12 de Mayo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2005-001309.  Sentencia Nro.: 2015-0350.  Caso: Alba Marina González vs. Instituto Agrario Nacional (IAN).  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  Ahora bien, advierte esta Corte que la Ley del Estatuto de la Función Pública  no establece la consecuencia jurídica aplicable al caso de que la parte  recurrente no reformule el recurso interpuesto en los términos solicitados por  el Tribunal, estableciéndose únicamente la obligación del Tribunal de  pronunciarse con relación a su admisión, si no estuviere incursa en alguna de  las causales de inadmisibilidad previstas en la Ley Orgánica del Tribunal  Supremo de Justicia.  
  Sin embargo, reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha  establecido la figura de la pérdida del interés para los casos en estado de  admisión, destacando el criterio de la Sala Político Administrativa del  Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 01566 de fecha 19 de diciembre  de 2012 (Caso: Francisco Freites vs. Instituto Nacional de Aeronáutica Civil),  en la cual estableció lo siguiente:  
  <sub>215  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   “…el Tribunal a quo no notificó a la parte recurrente antes de realizar tal  declaratoria, presumiendo la pérdida sobrevenida del interés, puesto que el  mismo ‘…constituye uno de los fundamentos del ejercicio de la acción, que  no sólo debe estar presente en el momento de su ejercicio, sino que debe  mantenerse a los largo del proceso para que el juez se pronuncie sobre el  mérito o fondo de la  controversia…’.   
  Si bien este Órgano Jurisdiccional coincide con el Tribunal a quo en que el  interés procesal no es esencial únicamente para la interposición del recurso  sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, por ser inútil y  gravoso continuar con un juicio en el que no hay interesado, considera que  dicha pérdida de interés debe ser verificada antes de que proceda la extinción  de la acción. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 00447 de fecha 8 de mayo de 2012).  
  En efecto, según la jurisprudencia reiterada y pacífica de esta Sala Político- Administrativa y de la Sala Constitucional, la pérdida de interés puede darse  en dos casos de inactividad: (i) antes de la admisión de la demanda, o (ii)  después de que la causa ha entrado en estado de sentencia , ya que ‘…en el  resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad que se dice  ‘Vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la  perención de la instancia…’. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 00558 de fecha 23  de mayo de 2012).  
  Sin embargo, si el Órgano Jurisdiccional no se ha pronunciado sobre la  admisibilidad del recurso habiendo transcurrido más de un (1) año desde su  interposición, debe proceder a notificar a la parte actora otorgándole un lapso  perentorio para que manifieste su interés o no en continuar la causa.  
  Sobre ello, esta Sala ha señalado lo siguiente:  
  ‘(…) Ahora bien, la imposibilidad de presunción de tal pérdida de interés ha  conducido a este Máximo Tribunal, tanto en Sala Constitucional como en esta  Sala Político-Administrativa, a ordenar la notificación de las partes  concediéndole un lapso prudencial para que manifiesten su interés o no en la  decisión de la causa, todo en aras de resguardar el derecho a la tutela judicial  efectiva (…)’. (Vid. Sen tencia N° 00641 de fecha 6 de junio de 2012).  
  Respecto a la forma como debe practicarse la notificación, la Sala  Constitucional en Sentencia N° 04294 de fecha 12 de diciembre de 2005,  ordenó que la misma debía efectuarse según ‘…cualquiera de las formas  previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere  posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación,  o por no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del  tribunal…’.    De esta manera, considera la Sala que erró la Corte Primera de lo Contencioso  Administrativo al declarar la extinción del proceso por pérdida sobrevenida 
  <sub>216  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   del interés sin haber notificado previamente a la parte recurrente, por lo que  se declara procedente la denuncia de violación del derecho a la tutela judicial  efectiva expuesta por el apelante. Así se decide” (Resaltado de esta Corte).  
  G.  DESISTIMIENTO 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  29 de octubre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000600.  Sentencia Nro.: 2015-1064.  Caso: Yennifer Bermúdez vs Policía del Estado Monagas.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  De acuerdo a lo anteriormente transcrito, estima esta Corte que no es posible  homologar el desistimiento de la acción efectuado por la parte recurrente en  la presente causa, por cuanto el mismo estuvo sujeto a término o condición,  como lo era, el pago de los salarios caídos y todos los beneficios dejados de  percibir, lo cual no se verificó en actas, aunado a la insistencia y advertencia  del Apoderado Judicial de la ciudadana Yennifer Alexandra Bermúdez  Hernández respecto a que no debe homologarse el desistimiento, toda vez,  que la recurrida presuntamente incumplió el acuerdo suscrito entre ellas,  según constatamos en diligencia de fecha 2 de julio de 2015, la cual riela  inserta al folio treinta y uno (31) del presente cuaderno separado.  
  Por consiguiente, siendo que la libre manifestación de voluntad de la parte  actora es que no se homologue el desistimiento de la acción efectuado ante el  Juez de Instancia, lo cual, este Órgano Judicial no puede desoír, por cuanto  ello, atentaría contra el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el  artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es  por lo que estimamos prudente NEGAR la homologación del desistimiento  de la acción presentado por la parte actora en la presente causa y así se decide.  
  H.  CONCEPTOS EXCLUIDOS SI NO FORMAN PARTE DEL  PETITORIO  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  08 de diciembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-001107.  Sentencia Nro.: 2015-1187.  Caso: Ronal Álvarez vs. Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao.  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  Colorario a esto, ha sido criterio de esta Corte que los sueldos dejados de  percibir tienen reflejada su naturaleza como una justa indemnización por el  daño material ocasionado por la Administración a raíz de la destitución,  remoción o retiro de un funcionario en el ejercicio de sus funciones, mientras  que la bonificación de fin de año es una institución que esta fuera de la esfera 
  <sub>217  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  de los sueldos dejados de percibir, en razón que para ello se necesita un  servicio activo dentro del organismo en cuestión para considerarse  procedente, por lo que para condenarse al pago de tal bono debe ser solicitado  dentro de la interposición de la acción que es la primera oportunidad  argumentativa que tiene el accionante  – solicitud que no se evidencia en este  Caso – , por esta razón no puede entenderse que la condenatoria del pago de  los sueldos dejados de percibir se refleje también en el pago de la bonificación  de fin de año de un funcionario, cuando sus naturalezas son distintas e  independientes, ya que solo debe ser condenado cuando es solicitado como  pretensión de la parte. (Vid. Sentencia Nº001549 del 4 de julio de 2000 de la  Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y Sentencias de  esta Corte de fecha 27 de abril de 2000 Caso: Belkis Maricela Labrador, Nº  2000-1459 de fecha 9 de noviembre de 2000 Caso: Ángel Alberto Osorio,  ratificada en fallo de fecha 21 de junio del mismo año).   
  I.  FALTA  DE  CONSIGNACIÓN  DE  DOCUMENTOS 
  FUNDAMENTALES 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  07 de abril de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2016-000201.  Sentencia Nro.: 2016-0295.  Caso: Yonatan Alexander Briceño Salazar vs. Gobernación del Estado  Guárico.  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  En relación al análisis del criterio parcialmente transcrito se evidencia que la  falta de consignación de los documentos indispensables o fundamentales no  acarrea per se la inadmisibilidad del recurso interpuesto, ya que a los fines de  garantizar el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, lo  correcto es solicitar el Expediente Nro.: Administrativo, donde debe reposar  el acto impugnado, puesto que la función primordial de los órganos  jurisdiccionales es la de preservar el acceso a la vía judicial, lo cual sería  materialmente imposible cuando se inadmiten los recursos interpuestos por  este motivo.  
  J.  CONTROL DE VÍAS DE HECHO 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  14 de Julio de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000718.  Sentencia Nro.: 2016-0342.  Caso: Gilberto García vs. Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito. 
  <sub>218  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Ello así, esta Corte estima preciso puntualizar que el control por parte de la  jurisdicción contencioso administrativa no se puede limitar a la verificación  de que los actos administrativos se encuentren ajustados al bloque de la  legalidad, sino que cualquier actuación o actividad de los órganos del Estado,  se encuentran sometidos a dicho control, con base en lo que establece el  artículo 259 de nuestro Texto Fundamental y en virtud del principio de  universalidad del control de la jurisdicción contencioso administrativa, lo cual  incluye evidentemente las denominadas “vías de hecho”, las cuales son  susceptibles de configurarse bajo tres (3) supuestos fundamentalmente: i)  cuando existe una falta de cobertura normativa o ausencia de título jurídico  que faculte la ejecución de una decisión administrativa, ii) cuando existe  exceso o irregularidad en el empleo del medio coactivo para la ejecución de la  decisión, ello es, que se lleve a cabo la ejecución de una decisión sin la  existencia de un acto administrativo y sin la tramitación previa de un  procedimiento y iii) cuando existan flagrantes irregularidades llevadas a cabo  durante la fase misma de ejecución de un acto válidamente dictado.   
  K.  ESCRITO DE REFORMULACIÓN Y PRINCIPIO PRO  ACTIONE 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  15 de junio de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000967.  Sentencia Nro.: 2016-0215.  Caso: Jonny Montoya vs. Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y  Transporte (INSETRA).  Ponente: Freddy Vázquez Bucarito.  
  De las sentencias parcialmente transcritas, se desprende que el principio pro  actione implica que los requisitos para el acceso a la justicia no deben impedir  injustificadamente el ejercicio de la acción (Vid. Sentencia dictada por esta  Corte, Nro. 2012-0152 de fecha 8 de febrero de 2012, caso: Pedro José Arellán  Zurita vs. Superintendencia de Seguros hoy Superintendencia de la Actividad  Aseguradora). 
  Aplicando lo anterior al caso de autos, debe reiterar esta Corte que si bien es  cierto que la parte recurrente no consignó el escrito de reformulación la  demanda lo cual era indispensable para verificar la admisibilidad del recurso,  en la oportunidad en la cual fue solicitado por el Juzgado Superior, se observa  claramente que conjuntamente con la diligencia de apelación, el querellante  presentó el escrito reformulado especificando de forma expresa, amplia, clara  y coherente los hechos.  Por lo tanto, con aras de garantizar la Tutela Judicial Efectiva y el Principio  Pro Actione, y en virtud de las Jurisprudencias antes expuestas, resulta  forzoso revocar la sentencia dictada por el Juzgado Superior Octavo de lo 
  <sub>219  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 30 de septiembre  de 2015, mediante la cual se declaró inadmisible el recurso contencioso  administrativo funcionarial interpuesto. En consecuencia, se declara con lugar  el recurso de apelación interpuesto en fecha 5 de octubre de 2015, por el  ciudadano Jonny Montoya, Asistido por el Abogado Seiler Jiménez. Así se  decide.   
  L.  CONSULTA OBLIGATORIA 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  05de octubre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-Y-2016-000063.  Sentencia Nro.: 2016-0498.  Caso: Edgar Rueda vs. Ministerio del Poder Popular para la Educación.  Ponente: Víctor Martín Díaz  
  De la sentencia parcialmente trascrita se colige, que constituye criterio de la  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, considerar que por  razones de seguridad jurídica y con el propósito de dar mayor celeridad a los  procesos, en aquellos casos en que contra del fallo no se hayan ejercido los  recursos contemplados y proceda el privilegio de la consulta el Juez de  Primera Instancia, como ordenador del proceso, debe remitir de manera  inmediata la causa respectiva al Tribunal Superior para consulta o en su  defecto ser solicitada por la Administración. 
  Por otra parte, en el supuesto de que el Juez no cumpla a tiempo con su deber,  la Administración -vencida en juicio- podrá pedir la remisión del fallo vía  consulta, para lo cual contará con el lapso de seis (6) meses equiparado al  lapso de caducidad de las demandas contencioso administrativas contra actos  de efectos particulares, a que hace referencia el artículo 21 de la Ley Orgánica  del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y  siendo que, en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de  la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial Nº  39.447, de la misma fecha, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial  Nº 39.451 del 22 de junio de 2010, la cual en el numeral 1º, del artículo 32,  estableció el término de ciento ochenta (180) días continuos para las  demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos particulares, esta  Corte considera prudente utilizar éste lapso de manera análoga en aquellos  casos en donde proceda el privilegio procesal de la consulta, atendiendo al  fallo supra citado.  
  M. CONSULTA OBLIGATORIA DE SENTENCIAS CONTRA  EL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  01 de noviembre de 2016. 
  <sub>220  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Expediente Nro.: AP42-R-2008-001353.  Sentencia Nro.: 2016-0619.  Caso: Florencio Ramos vs. Distrito Metropolitano de Caracas.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  Siendo ello así, y en virtud de los recursos para el pago de los pasivos  laborales serán cancelados con recursos del Ministerio del Poder Popular para  las Finanzas, el cual constituye uno de los Órganos Superiores del Nivel  Central de la Administración Pública Nacional, conlleva a concluir, que la  prerrogativa procesal contenida en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor  y Fuerza de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la  Procuraduría General de la República, resulta aplicable a los entes,  dependencias y servicios adscritos que fueron transferidos al Distrito Capital  luego de la entrada en vigencia de la Ley de Transferencia de los Recursos y  Bienes Administrados Transitoriamente por el Distrito Metropolitano de  Caracas al Distrito Capital, esto es, a partir del 4 de mayo de 2009. 
  En último lugar, esta Corte debe aclarar que aún con posterioridad entrada en  vigencia de la Ley de Transferencia de los Recursos y Bienes Administrados  Transitoriamente por el Distrito Metropolitano de Caracas al Distrito Capital  (4 de mayo de 2009), las demás entidades que no fueron transferidas al  Distrito Capital y cuyos pasivos laborales seguirán siendo cancelados por el  Distrito Metropolitano con sus propios recursos, no gozan de consulta, pues - como antes se explicó- el Distrito Metropolitano se encuentra regido por la  Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ley que no consagra la aplicación  extensiva a los Municipios de los privilegios y prerrogativas procesales  concedidos a favor de la República.  
  N.  CAUSALES DE INADMISIBILIDAD 
  a.  AUSENCIA DE DOCUMENTOS FUNDAMENTALES 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  01de noviembre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2016-000406.  Sentencia Nro.: 2016-0620.  Caso: Luis Medina vs. Gobernación del Estado Guárico.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  Del fallo parcialmente transcrito, se desprende que ha sido criterio sostenido  por la jurisprudencia nacional, que la inadmisibilidad por falta de  documentos fundamentales procede únicamente cuando no sea posible  verificar los requisitos de admisibilidad, por lo cual aún cuando no se hubiere  acompañado copia del acto recurrido no se verifica la causal de  inadmisibilidad, si se indican específicamente los datos y ubicación de este,  de manera tal que sea solicitado con los antecedentes administrativos.   
  <sub>221  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   O. INAPLICABILIDAD  DEL  AGOTAMIENTO  DEL  ANTEJUICIO ADMINISTRATIVO EN EL CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  05 de junio de 2014.  Expediente Nro.: AP42-R-2014-000525.   Sentencia Nro.: 2014-0925.  Caso: Elvia Yolanda Blanco Luque, Eleazar Tablera Aponte y otros vs.  Gobernación del Estado Apure.  Ponente: María Eugenia Mata.  
  Con fundamento en lo expuesto, visto que en el caso de autos la controversia  suscitada surge en el marco de una relación funcionarial, se entiende, que  éstas deben dirimirse a través del ejercicio del recurso contencioso  administrativo funcionarial previsto en el Título VIII de la Ley del Estatuto de  la Función Pública, por lo que la prerrogativa del agotamiento del antejuicio  administrativo, contenida en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de  Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría  General de la República Bolivariana de Venezuela, no resulta aplicable en  dichos procedimientos, aún cuando se reclamen cantidades de dinero, por  cuanto constituye un requisito previo para las demandas patrimoniales que  se intenten contra la República, u otras personas político territoriales o entes  públicos y no un requisito de admisibilidad de recursos o querellas de  naturaleza funcionarial.  
  Por lo tanto, en razón del criterio jurisprudencial que antecede, el cual ratifica  este Órgano Jurisdiccional en el presente recurso considera que el Juzgado A  quo erró al declarar igualmente inadmisible el presente recurso, en virtud de  que no es necesario el agotamiento previo del procedimiento administrativo  previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial  del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la  República Bolivariana de Venezuela, por resultar inaplicable en los trámites  procedimentales de la querella funcionarial, dada su especial naturaleza  razón por la cual, este Órgano Jurisdiccional CONFIRMA con la presente  reforma la sentencia dictada en fecha 3 de agosto de 2006, por el Juzgado  Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la  Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado  Barinas, mediante la cual declaró INADMISIBLE el recurso contencioso  administrativo funcionarial (cobro de prestaciones sociales). Así se decide.   
  P.  ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES EXCLUYENTES O  INCOMPATIBLES 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  12 de agosto de 2014. 
  <sub>222  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Expediente Nro.:AP42-R-2014-000764.  Sentencia Nro.: 202014-1286.  Caso: Luis Teneud Figuera vs. Municipio García del Estado Nueva Esparta  Ponente: Gustavo Valero Rodríguez.  
  Visto lo antes expuesto, estima esta Corte que independientemente de la  existencia o no de los derechos que reclama la parte actora, se evidencia que  en el presente caso no existe acumulación de acciones o pretensiones  incompatibles, pues en las querellas bien puede pedirse la reincorporación  inmediata al cargo; el pago de los sueldos mensuales dejados de percibir, así  como las bonificaciones, beneficios y aumentos salariales que le correspondan  y subsidiariamente el beneficio de la pensión de jubilación y el pago de las  prestaciones sociales, como lo hizo el recurrente, pretensiones todas que se  ventilan en el mismo procedimiento del Recurso Contencioso Administrativo  Funcionarial. En tal sentido, la inepta acumulación se verificaría si la parte  recurrente no hubiere hecho la salvedad que la pretensión sobre el beneficio  de la pensión de jubilación y el pago de las prestaciones sociales, se formulara  de manera subsidiaria, ya que la solicitud de tales pretensiones  simultáneamente con la reincorporación es incompatible, puesto que el  beneficio de la jubilación y el pago de los pasivos laborales son procedentes  cuando se extingue la relación funcionarial o laboral.   
  3.  IMPROCEDENCIA DE LA CONSULTA OBLIGATORIA EN LAS  QUERELLAS CONTRA LOS MUNICIPIOS  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  5 de marzo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-Y-2014-000181.  Sentencia Nro.: 2015-0043.   Caso Giomar Rivero vs. Alcaldía del Municipio Salmeron Acosta del Estado  Sucre.  Ponente: Osvaldo Enrique Rodríguez Rugeles.  
  La prerrogativa que recoge la regla que se citó no es extensible al Municipio  en materia funcionarial porque no lo disponen las leyes especiales aplicables:  i) la Ley del Estatuto de la Función Pública, que incluye en su ámbito subjetivo  de aplicación a los municipios (artículo 1°) y no establece la consulta  obligatoria; y ii) la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que tampoco  concedió a los municipios la prerrogativa de que los fallos judiciales en su  contra deban consultarse al tribunal de alzada. Por tanto, en razón de que los  privilegios y prerrogativas son de estricta reserva legal y su aplicación no  puede extenderse a situaciones que no hayan sido dispuestas por el legislador,  esta Sala concluye que las sentencias que decidan las querellas funcionariales  que resulten contrarias a los intereses de los municipios, no son objeto de 
  <sub>223  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   consulta obligatoria al tribunal de alzada, por cuanto ello no está ordenado  legalmente.   
  4.  EFECTOS DE LA SENTENCIA  A.  PAGO DE INTERESES MORATORIOS  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  17 de marzo de 2016.  Expediente Nro.: AP42-Y-2014-000189.  Sentencia Nro.: 2016-0229. 
  Caso: Joana Katherine Campos Jaimes vs. Cuerpo de Seguridad y Orden  Público del Estado Aragua, adscrito a la Gobernación del Estado Aragua.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.   Con respecto a los intereses moratorios, al artículo 92 de la Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 142 del Ley Orgánica  del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, establece el carácter de  créditos laborales de exigibilidad inmediata de las prestaciones sociales. 
  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  (…Omissis…)  
  De las normas parcialmente transcritas puede determinarse que los intereses  moratorios constituyen la consecuencia directa de la falta de pago oportuno  por parte del patrono, visto que el derecho de percibir las prestaciones sociales  nace al momento de consumarse la culminación de la relación laboral, dicho  esto, se puede concluir que para el cálculo de los intereses debe computarse  el lapso de tiempo que transcurra desde la culminación efectiva de la relación  laboral, hasta que se verifique el pago total de las prestaciones sociales.  
  B.  COMPUTO  TEMPORAL  DEL  EFECTO 
  INDEMNIZATORIO 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  28 de abril de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2013-001569.  Sentencia Nro.: 2015-0207.  Caso: César Plácido Gutiérrez vs. Gobernación del Estado Bolívar.  Ponente: Osvaldo Enrique Rodríguez Rugeles.  
  De lo anterior, se evidencia que ha sido criterio vinculante, establecido por la  Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que en los casos  donde exista una demanda judicial en la que la pretensión que se requiere sea  la nulidad de un acto administrativo que afecte la continuación de la  prestación de servicio público de un funcionario y, el tribunal competente  dictare la nulidad del acto que fue impugnado, el tiempo del juicio deberá  computarse no solo para la condena del pago indemnizatorio de los salarios 
  <sub>224  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   caídos, sino además para el cálculo de la antigüedad y de ser el caso, si cumple  con los requisitos para su jubilación, lo procedente será declarar la misma.   5.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  04 de junio de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2009-000126.  Sentencia Nro.: 2015-0485.  Caso: Mildred Cristina Pedroza Calles vs. La Dirección Ejecutiva de la  Magistratura (DEM).  Ponente: Efrén Enrique Navarro Cedeño.  
  Ahora bien, observa esta Corte que el numeral 10 del artículo 7 de la Ley  Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la  República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de  julio de 2008, prevé el carácter optativo del ejercicio de los recursos  administrativos por parte de los particulares, en los siguientes términos:  
  (…omissis…)  
  De la disposición legal anteriormente transcrita, se desprende que en la  actualidad, está permitido en el ordenamiento jurídico venezolano que los  administrados puedan agotar la vía administrativa de manera optativa,  pudiendo no agotar la misma e interponiendo directamente el recurso  contencioso administrativo ante el tribunal contencioso administrativo que  resulte competente de acuerdo al caso en concreto.    6.  EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  19 de mayo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000391.  Sentencia Nro.: 2015-0348.  Caso: Luis Beltrán Silba vs. Instituto Venezolano del Seguro Social.  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  Ahora bien, de lo anterior se observa que la referida “Acta” contiene una serie  de hechos que no fueron planteados en primera instancia, adicional al hecho  de que fue levantada el 6 de marzo de 2015, fecha posterior a la interposición  del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, el cual fue  presentado ante el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso  Administrativo de la región Capital en fecha 3 de marzo de 2015.  Con respecto a lo anterior, considera necesario esta Alzada aclarar que aún  cuando con la apelación se busca la revisión del fallo cuestionado, existen  limitaciones, entre las cuales vale mencionar que al apelante le está vedado el 
  <sub>225  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  pretender establecer nuevos hechos, nunca discutidos, o variar los ya  planteados, cambiando por tanto los extremos de la litis; sin embargo, si se  encuentra posibilitado de argüir fundamentos de derecho, incluso no  esgrimidos en primera instancia, pero relacionados con los mismos hechos.  En otros términos, pueden sumarse argumentaciones jurídicas, mas no  pueden cambiarse las circunstancias fácticas del asunto a ser revisado por el  tribunal de Alzada.    7.  PRETENSIONES DEDUCIDAS POR FUNCIONARIOS EN  RETIRO  Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.  02 de diciembre de 2015.  Expediente Nro.: 2015-1041  Sentencia Nro.:01413.  Caso: Amílcar Rivero vs. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).  Ponente: Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta.  
  Así, en primer lugar se observa de los autos que entre el accionante y el  Instituto Venezolano de Seguros Sociales, con anterioridad a la declaratoria  de “Incapacidad Residual” dictada por el referido Instituto, existió una  relación de empleo público, la cual se regía por la Ley del Estatuto de la  Función Pública, al no tratarse de un funcionario excluido del ámbito de  aplicación de el mencionado Texto Normativo, conforme a lo previsto en el  Parágrafo Único del artículo 1 de la disposición antes aludida. 
  En segundo lugar, se aprecia de los autos que el accionante actualmente es un  funcionario en situación de retiro por invalidez, tal como lo prevé el artículo  78, numeral 4, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, relativo a la  procedencia del retiro de la Adm inistración Pública “por jubilación y por  invalidez de conformidad con la ley”.  
  En tal virtud, al evidenciarse de las actuaciones cursantes en el expediente que  el demandante lo que pretende con la presente demanda, es la nulidad del  acto administrativo qu e le otorgó “Incapacidad residual”, que según alega en  su libelo, lo dejó “incapacitado como funcionario y como médico al servicio  de la medicina privada”, a juicio de la Sala, el Caso bajo estudio se trata de un  asunto vinculado con la materia funcionarial, derivado de la relación de  empleo público que existió entre el ciudadano Amílcar Rivero y el Instituto  Venezolano de los Seguros Sociales, tal como lo indicara el tribunal que  planteó el “conflicto negativo de competencia”.  
  Conforme a lo expuesto, debe atenderse a la disposición contenida en el  artículo 93, numeral 1, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual  reza: 
  (…Omissis…)  
  <sub>226  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   De la norma transcrita se concluye que corresponde a los tribunales  competentes  en  materia  contencioso  funcionarial,  conocer  de  las  reclamaciones formuladas por los funcionarios públicos, incluso en situación  de retiro, contra actos atribuibles a los órganos de la Administración Pública.   8.  LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA  
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  02 de diciembre de 2015.  Expediente Nro.: AP42-R-2015-000669.  Sentencia Nro.: 2015-1178.  Caso: Lrotfu Chiquito vs. Circuito Penal del Estado Falcón.  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  En este sentido, debe esta Corte constatar los presupuestos de procedencia de  las medidas cautelares innominada y de allí encuadrar que la situación  alegada por la parte llene los extremos de fumus bonis iuris (legitimación  cautelar) que se subsume a la existencia de que la parte acompañe un medio  de prueba que constituya una presunción grave de esta circunstancia y del  derecho que se reclama así como del periculum in mora (infructuosidad del  fallo) que representa el peligro de que por el transcurso del proceso dicha  vulneración se vuelva un gravamen irreparable y, cuando hubiere fundado  temor de que el agraviante cause lesiones graves o de imposible reparación,  es decir un daño inminente a la esfera jurídica del denunciante periculum in  damni (causa de la procedencia).  
  9.  EFECTO PROCESAL DE LA NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA  Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.  10 de febrero de 2016.  Expediente Nro.: 2010-0508.  Sentencia Nro.:00109.  Caso: Rachid Hassani vs. Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo  del Estado Bolívar.  Ponente: Marco Antonio Medina Salas.  
  Así, de lo anterior se colige que los actos administrativos de efectos  particulares deben ser notificados personalmente al interesado en su  domicilio o residencia o la de su apoderado, con indicación del texto íntegro  del acto y los recursos que procedan y los lapsos y órganos ante los cuales  deben ejercerse; mientras que los actos administrativos de efectos generales  deben ser publicados en la Gaceta Oficial respectiva.  Igualmente, de las disposiciones transcritas se desprende que en caso de ser  impracticable la notificación personal, la notificación del interesado se  realizará mediante la publicación del acto en un diario de mayor circulación  de la entidad territorial donde se encuentre la autoridad administrativa que 
  <sub>227  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   conozca el asunto, pero hay que insistir que en este último caso se permite la  publicación de manera subsidiaria y solo cuando la notificación personal haya  sido agotada sin resultados positivos. 
  En este orden de ideas, debe destacarse la importancia de que la notificación  sea realizada conforme a las exigencias de la Ley y, que no sea defectuosa,  pues ella ha sido elevada al marco de los derechos de acceso a la justicia y a la  defensa, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela, habida cuenta que la notificación  determina el inicio de un lapso de caducidad para el ejercicio de los recursos  y medios defensivos correspondientes, cuya consecuencia jurídica en caso de  omisión o notificación defectuosa es la posibilidad del transcurso de ese lapso  de caducidad a espaldas del administrado y la consecuente inadmisibilidad  de los recursos interpuestos.  
  10. INEFICACIA DEL RECURSO DE APELACIÓN EJERCIDO  CONTRA DECLINATORIA DE COMPETENCIA 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  24 de mayo de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2009-001481.  Sentencia Nro.: 2016-0146.  Caso: Rosenaldo Pabòn vs. Metro de Valencia C.A.  Ponente: Freddy Vásquez Bucarito.  
  No obstante, lo antes expuesto, el ciudadano Rosenaldo Pabón Chacón  debidamente asistido por el Abogado José Abache Asencio, apeló de la  decisión contentiva de la declinatoria de competencia efectuada por el  Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la  Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, siendo ésta oída en ambos  efectos por el referido Juzgado Superior, mediante auto de fecha 28 de octubre  de 2009.  
  En vista de la situación mencionada, estima este Órgano Jurisdiccional, que  en el caso de autos, lo conducente es declarar IMPROCEDENTE por ineficacia  del medio de impugnación ejercido por el recurrente, razón por la cual se  REVOCA el auto dictado en fecha 28 de octubre de 2009, por el Juzgado  Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción  Judicial de la Región Centro Norte, mediante el cual oyó en ambos efectos el  referido recurso de apelación y ORDENA remitir el presente Expediente Nro.:  Al Tribunal declarado competente a fin de que éste sustancie y conozca la  presente causa, dado que el recurrente no solicitó en el lapso previsto la  regulación de competencia, quedando firme la sentencia dictada en fecha 5 de  octubre de 2009, conforme lo previsto en el artículo 69 del Código de  Procedimiento Civil. Así se decide.   
  <sub>228  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  11. PRETENSIONES  A.  INDEXACIÓN 
  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  21de septiembre de 2016.  Expediente Nro.:16-0202  Sentencia Nro.: 809.  Caso: Milagros del Valle Ortiz vs. Ministerio del Poder Popular para las  Relaciones de Interior y Justicia.  
  De lo anterior, se colige que la Corte Segunda de lo Contencioso  Administrativo, estableció en la sentencia objeto de revisión que las  cantidades de dinero adeudadas en el marco de una relación de empleo  público eran consideradas “como de carácter estatutario”, exceptuándose de  ello los intereses moratorios por concepto de retardo en el pago de las  prestaciones sociales, los cuales a tenor de lo establecido en el artículo 92 de  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si deben ser  estimados como deudas de valor. 
  De la interpretación realizada, la Sala observa que la Corte Segunda de lo  Contencioso Administrativo estableció que las cantidades de dinero  adeudadas a un funcionario en el marco de una relación de empleo público,  revestían un “carácter estatutario”, sin fundamentar en qué consistía tal  categorización, aunado a que sólo reconoció a los intereses moratorios como  una deuda de valor, lo cual resulta contrario a lo establecido por la  jurisprudencia de esta Sala sobre el sentido y alcance del artículo 92 de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a que el  salario y las prestaciones sociales son deudas de valor de exigibilidad  inmediata, razón por la cual, en caso de existir mora en el pago de tales  créditos laborales dará lugar tanto al pago de intereses moratorios como a la  indexación monetaria respectiva, toda vez que la depreciación, por obra de  los índices inflacionarios, del valor de las cantidades adeudadas, no debe  soportarla el trabajador o funcionario afectado, por cuanto la aludida  situación deviene de un incumplimiento del patrono, y en consecuencia,  demanda una protección especial para dicho trabajador o funcionario que le  garantice un digno nivel de vida con aquello que ha obtenido producto de su  trabajo.  
  B.  NATURALEZA INDEMNIZATORIA DE LOS SUELDOS 
  DEJADOS DE PERCIBIR  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  03 de noviembre de 2016.  Expediente Nro.: AP42-R-2007-000945.  Sentencia Nro.: 2016-0778. 
  <sub>229  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Caso: Luis Alejandro Carvajal Flores vs. Cuerpo de Bomberos y Bomberas y  Administración de Emergencias de Carácter Civil del Estado Aragua.  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.   
  En ese sentido, resulta necesario señalar que ha sido criterio pacífico y  reiterado de la máximas instancias que conocen de la materia de función  pública, que la naturaleza de la condena al pago de los sueldos dejados de  percibir, corresponde a una justa indemnización al funcionario que ha sido  retirado ilegalmente de la Administración, y que la misma debe consistir en  los sueldos que el funcionario hubiere percibido de continuar prestando  servicios, exceptuando aquellos bonos o beneficios que impliquen una  prestación efectiva del servicio, razón por la cual, es necesario concluir que  para la fijación de la indemnización por los daños materiales causados por  una actuación desapegada a la Ley por parte de la Administración (en este  caso la desincorporación ilegal de la nómina), deben tomarse en cuenta las  variaciones ocurridas en el sueldo que el funcionario hubiese percibido de no  haber sido desincorporado ilegalmente, excluyendo los bonos o beneficios  que sólo procederían con la prestación efectiva del servicio.  
  XV. EL AMPARO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE FUNCIÓN  Ú
  PÚBLICA  1.  COMPETENCIA 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  14 de mayo de 2014.  Expediente Nro.: AP42-O-2014-000025.  Sentencia Nro.: 2014-0647.  Caso: Jusmari Andreina Hernández Colmenares vs. Servicio Autónomo de la  Propiedad Intelectual.  Ponente: Gustavo Valero Rodríguez.  
  En suma, considerar la aplicación del criterio de competencia residual puede  resultar atentatorio para el caso en que existan dependencias administrativas  de inferior jerarquía que se encuentren desconcentradas o que su ubicación  sea ajena a la ciudad de Caracas, como ocurre por ejemplo en el caso de  algunas Universidades Nacionales, Colegios Universitarios y Colegios  Profesionales. Inclusive, aplicar dicho criterio en Amparo, como ocurre en  áreas especiales como el caso de contencioso funcionarial, y hasta, por la  protección en amparo en áreas particulares como en el caso de los servicios  públicos, tal como así lo dispone el artículo 259 de la Constitución, haría  prácticamente nugatorio para los afectados ejercer el amparo en procura de  proteger sus derechos si obligatoriamente deben accionar ante las Cortes de  lo Contencioso al margen del lugar donde ocurrió la afectación del derecho, o  el lugar donde en realidad se encuentre el ente o dependencia administrativa 
  <sub>230  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Por ende, se determinó que el criterio residual no regirá en materia de  Amparo, por lo que en aquellos supuestos donde el Contencioso  Administrativo general le asigne la competencia a las Cortes para el control  de los actos, ese criterio no será aplicable para las acciones de Amparo  autónomo, así como en los casos de materias especiales como el régimen  funcionarial, aplicándose, en razón del acceso a la justicia, la competencia de  los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo con  competencia  territorial  donde  se  ubique  el  ente  descentralizado 
  funcionalmente o se encuentre la dependencia desconcentrada de la  Administración Central, que, por su jerarquía, no conozca la Sala  Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.   2.  IDONEIDAD DE LA QUERELLA FUNCIONARIAL FRENTE AL  AMPARO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  22 de enero de 2015.  Expediente Nro.: AP42-O-2015-000001.  Sentencia Nro.: 2015-0022.  Caso: Elvis de Jesús Chourio Solarte vs. Instituto de Previsión Social de la  Fuerza Armada.  Ponente: Miriam Elena Becerra Torres.  
  Con base en lo anteriormente señalado, observa esta Corte de las actas  procesales que rielan en la presente causa, que la parte accionante no alegó ni  aportó elementos probatorios que le permitieran a esta Alzada, en el caso  concreto, llegar a la convicción de que el medio idóneo para lograr la efectiva  tutela judicial solicitada era la acción de amparo constitucional y no como se  dejó establecido anteriormente, que la misma puede ser restablecida a través  de los mecanismos ordinarios previstos en la vía contencioso administrativa,  como sería el recurso contencioso administrativo funcionarial de conformidad  con lo dispuesto en la Ley del Estatuto de la Función Pública, y el recurso  contencioso administrativo funcionarial de conformidad con lo establecido en  la Ley del Estatuto de la Función Pública, tal como lo señaló el Juzgado de  Instancia, en el fallo apelado.  
  3.  TUTELA CAUTELAR EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  26 de noviembre de 2014.  Expediente Nro.: AP42-O-2014-000085.  Sentencia Nro.: 2014-1640.  Caso: Alma Yamileth España de Linarez vs. Alcaldía del Municipio  Autónomo Atures del Estado Amazonas.  Ponente: Gustavo Valero Rodríguez.  
  <sub>231  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Así, ante la interposición de un Recurso Contencioso Administrativo  Funcionarial, conjuntamente con solicitud de Amparo Cautelar, el Juez debe  entrar a conocer de la presunta lesión constitucional denunciada, pero no así  las denuncias referidas a la legalidad administrativa infringida, -que no  tengan relación directa con la lesión constitucional invocada-, pues éstas  deben resolverse en el proceso principal y no por vía del procedimiento de  amparo, con lo que queda de relieve, sin perjuicio del carácter accesorio e  instrumental que tiene el Amparo Cautelar respecto de la pretensión principal  debatida  en  el  proceso  contencioso  administrativo,  la  dimensión 
  constitucional del objeto del amparo de conformidad con lo preceptuado en  el artículo 27 de la LexFundamentalis la protección del goce y ejercicio de los  derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona,  no regulados expresamente en la Constitución o en los instrumentos  internacionales sobre derechos humanos. (Vid. Sentencia dictada por esta  Corte número 2011-1924 de fecha 8 de diciembre de 2011, caso: Inmobiliaria  COREPI C.A., contra el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso  a los Bienes y Servicios INDEPABIS).  
  En tal sentido, se considera posible asumir la solicitud de amparo en los  mismos términos de una medida cautelar, con la diferencia de que la primera  alude exclusivamente a la violación de derechos y garantías de rango  constitucional, circunstancia ésta que por su trascendencia, hace aún más  apremiante el pronunciamiento sobre la procedencia de la medida solicitada,  no siendo así en las medidas cautelares ordinarias que van dirigidas a  preservar las resultas del proceso y la ejecución o materialización del fallo. 
  Por lo que, ha sido reiterada la jurisprudencia al establecer en interpretación  de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales  que la procedencia del Amparo Cautelar está supeditada a la existencia de  una presunción grave de violación o de la amenaza de violación a un derecho  o garantía constitucional. 
  Ahora bien, con el propósito de evitar una lesión irreparable o de difícil  reparación en el orden constitucional al ejecutarse una eventual decisión, la  cual podría constituir un atentado al derecho fundamental a la tutela judicial  efectiva, esta Instancia Jurisdiccional pasa a revisar el fallo apelado a los fines  de determinar si el iudexaquo decidió ajustado a derecho la improcedencia  del amparo cautelar solicitado.   4.  TUTELA CAUTELAR EN MATERIA DE FUERO MATERNAL  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  10 de junio de 2015.  Expediente Nro.: AP42-O-2015-000030.  Sentencia Nro.: 2015-0478  Caso: Karla Ospino vs. Alcaldía del Municipio Colina del Estado Falcón. 
  <sub>232  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>  
  Ponente: Osvaldo Enrique Rodríguez Rugeles.  
  Ahora bien, siendo que, uno de los elementos normativos para la protección  de la maternidad es el fuero que ampara a aquellas trabajadoras que conciben  un hijo, generando la imposibilidad para el empleador, por un período  determinado (durante el embarazo y hasta dos año después del parto) de  despedir a dicha trabajadora 
  (…omissis…)  
  (…) en atención a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo  sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que indica que el propósito del  amparo es el de que “se restablezca inmediatamente a la situación jurídica  infringida o a  la situación que más se asemeje a ella”, por cuanto los efectos  del amparo cautelar son siempre restablecedores y nunca constitutivos;  entendiendo que el efecto restablecedor significa poner una cosa en el estado  original, de ser posible o en la más semejante a los fines de resguardar el  Derecho protegido.  
  Ahora bien, visto que la recurrente al momento de interponer el recurso  contencioso administrativo funcionarial con amparo cautelar se encontraba  protegida por el fuero maternal, la cual tiene una tempor alidad de “dos año  después del nacimiento de un hijo”, resulta forzoso para este Órgano  Jurisdiccional declarar PROCEDENTE la acción de amparo cautelar  interpuesta.    5.  TUTELA CAUTELAR EN MATERIA DE FUERO PATERNAL 
  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  11 de Junio de 2015.  Expediente Nro.: AP42-O-2013-000079.  Sentencia Nro.: 2015-0517.  Caso: Javier Enrique Soto Asprino vs. Ministerio Público.  Ponente: María Elena Centeno Guzmán.  
  En este sentido, considera esta Corte necesario traer a colación el artículo 75  de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los siguientes  términos:  
  (…Omissis…)  
  Es por ello, que de lo anterior se observa que el fuero paternal ampara en  términos muy similares tanto a la madre como al padre en lo concerniente a  la estabilidad e inamovilidad de ambos, contado a partir del momento en que  se concibe y hasta un año después de nacido el neonato, es así como la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 76  otorga una protección especial a los padres sin discriminación de ningún tipo  en los siguientes términos:  
  <sub>233  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   (…Omissis…)   Aunado a lo anterior, es importante destacar que la Ley Para la Protección de  las Familias, La Maternidad y La Paternidad, la cual regula lo relativo al fuero  paternal en su artículo 8 con base en los siguientes términos:   (…Omissis…)   En este mismo orden de ideas, pero de manera más equiparable y en  consonancia con los postulados constitucionales laborales, se debe destacar lo  establecido en el artículo 339 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores  y Trabajadoras, el cual prevé que:  
  (…Omissis…)   Aunado a lo an las Familias, La paternal en su  (…Omissis…)  
  (…Omissis…)  
  De acuerdo al artículo citado, se observa que de conformidad con la Ley  Orgánica del Trabajo, los Trabadores y Trabajadoras, se amplía mucho más el  derecho constitucional de la protección a la familia contemplado en los  artículos 75 y 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  esto por cuanto la familia constituye el núcleo central para la formación de la  sociedad en virtud del cumplimiento a seguir del cometido del Estado  venezolano como una sociedad de derecho social y de justicia,  respectivamente.   
  6.  INAPLICABILIDAD DEL CRITERIO RESIDUAL EN MATERIA DE  AMPARO  CONSTITUCIONAL  CONTRA  ÓRGANOS  
  DESCENTRALIZADOS 
  Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  5 de marzo de 2015.  Expediente Nro.: AP42-O-2015-000022.  Sentencia Nro.: 2015-0018.  Caso Luis enrique Milla vs. Dirección del Cuerpo de Policía Nacional.  Ponente: Alexis Crespo Daza.  
  Así pues, en un caso similar al de marras, donde se debatió una acción de  amparo constitucional contra actos administrativos emanados de entes u  órganos que se encuentren descentralizados territorial o funcionalmente, o  comprendan dependencias desconcentradas de la Administración Central, la  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció que el criterio  residual no regirá en materia de amparo, y por tanto, en aquellos supuestos  en los cuales el contencioso administrativo general le asigne la competencia  para conocer de la demanda de nulidad contra los actos administrativos a las  Cortes de lo Contencioso Administrativo, dicho criterio no será aplicable  cuando se interponga una acción de amparo constitucional autónomo,  estableciendo como competente a los Juzgados Superiores en lo Civil y 
  <sub>234  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   Contencioso Administrativo con competencia territorial, en razón al principio  de acceso a la justicia.   7.  INTERPOSICIÓN  DEL  AMPARO  VÍA  CORREO  Ó
  ELECTRÓNICO 
  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  04 de junio de 2015.  Expediente Nro.:15-0370.  Sentencia Nro.: 704.  Caso: Patricia Fabiana Gioffre Ramos.  Ponente: Arcadio de Jesús Delgado Rosales.  
  Acerca de la interposición de la acción de amparo constitucional a través del  correo electrónico, esta Sala, en su sentencia número 523 del 9 de abril de 2001  (Caso: Oswaldo Álvarez), estableció lo siguiente: 
  “Esta Sala por interpretación progresiva del artículo 16 de la Ley Orgánica de  Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales admite que, dentro del  medio telegráfico a que hace alusión dicho articulado, está incluido el Internet  como medio posible de interposición de la petición de amparo constitucional,  limitándola a casos de urgencia y a su ratificación, personal o mediante  apoderado, dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción. Ello es así con  el fin de no limitar el derecho al acceso a la justicia del accionante, por  constituir no sólo un hecho notorio la existencia del Internet como medio  novedoso y efectivo de transmisión electrónica de comunicación, sino que,  además, dicho medio se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico  venezolano por el reciente Decreto Ley Nº 1204 sobre Mensajes de Datos y  Firmas Electrónicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República de  Venezuela Nº 37.148 del 28 de febrero de 2001, en donde se le da inclusive  valor probatorio a dichas transmisiones. 
  Ahora bien, visto que no consta en autos que la acción de amparo a que se ha  hecho referencia y que fuere interpuesta por vía de internet haya sido  ratificada en la forma prevista en la norma supra transcrita, ni  tempestivamente ni fuera del lapso prescrito al efecto, la precitada solicitud  debe declararse inadmisible.” (Subrayado del fallo)  
  Así pues, congruente con el criterio supra transcrito y visto que la presente  acción de amparo constitucional ejercida vía correo electrónico el 6 de abril de  2015 no ha sido ratificada hasta la fecha, conforme lo prevé la normativa  citada, lo cual impide verificar con certeza el cumplimiento de los requisitos  de la demanda e incluso determinar la competencia de esta Sala para conocer  de la misma y, habiendo transcurrido sobradamente el lapso de tres (3) días  previsto para ello, es motivo suficiente para declarar inadmisible la acción de  amparo; y así se decide.  
  <sub>235  </sub> <sub>COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE</sub> <sub>… </sub> <sub>- José A. Reyes F. e Iván D. Paredes Calderón</sub>   8.  LA CADUCIDAD EN MATERIA DE AMPARO CAUTELAR  Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.  2 de marzo de 2016.  Expediente Nro.: 2014-1253.  Sentencia Nro.:00312.  Caso Diego Antonio Araujo Aguilar vs. Comisión Judicial del Tribunal  Supremo de Justicia.  Ponente: María Carolina Ameliach Villarroel.  
  Por otra parte, cuando el amparo cautelar es decretado procedente, existe una  declaratoria preliminar por parte de la Sala en la que se admite  provisionalmente la acción, posterior a lo cual pasa este órgano jurisdiccional  a realizar las consideraciones correspondientes que lo llevarían a decidir la  procedencia del amparo; luego  – en esa misma sentencia –  admite  definitivamente  la  demanda,  no  existiendo  la  necesidad  de  un 
  pronunciamiento ulterior por parte del Juzgado de Sustanciación, ya que al  otorgarse la protección cautelar, resulta innecesaria la evaluación del  elemento relativo la caducidad de la acción, en atención al parágrafo único del  artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías  Constitucionales, pues se constató la presunción de una violación de un  derecho constitucional que exime al juzgador de examinar esa causal de  inadmisibilidad.
  <sub>236  </sub> 
  NORMATIVA (MAYO 2014  –  DICIEMBRE  2016) 
  SUMARIO  I. Código de Ética del Juez Venezolano.  II. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de  fecha 4 de febrero de 2016, recaída en el expediente N° 09-1038, en la cual  suspende de oficio y cautelarmente, hasta tanto se dicte sentencia respecto al  mérito de la demanda de nulidad: la parte in fine del  artículo 1, del Código  de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la gaceta  oficial n° 6.207 extraordinario, del 28 de diciembre de 2015.  III. Decreto del Presidente de la República  N° 1.289, mediante el cual se dicta  el Instructivo que establece las normas que regulan los requisitos y trámites  para la jubilación especial de los funcionarios, funcionarias, empleados y  empleadas de la Administración Pública nacional, de los estados y de los  municipios y para los obreros y obreras al servicio de la Administración  Pública nacional.  IV. Resolución N° 01-00-000159 del Contralor General de la República,  mediante el cual se adecúa el "Sistema de Registro de Órganos y Entes del  Sector Público", disponible en el portal web de la Contrataría General de la  República: http://www.cgr.gob.ve, con el objeto de mantener un registro  actualizado de la Información de los funcionarios, empleados públicos y  obreros que laboran en tas órganos y entes señalados en los numerales 1 al 11  del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contrataría General de la República y  del Sistema Nacional de Control Fiscal, respecto a los movimientos de ingreso,  cese y actualización que comprenden la declaración Jurada de patrimonio.  V. Otras normas dictadas en el período. 
  <sub>237  </sub> I.  CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y LA JUEZA  VENEZOLANA  Gaceta Oficial Nº 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015  LA ASAMBLEA NACIONAL  DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  Decreta  la siguiente,  CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y LA JUEZA  VENEZOLANA  Capítulo I  Disposiciones generales   
   <sub>NORMATIVA</sub>  
  Objeto 
  Artículo 1.  El presente Código tiene por objeto establecer el régimen  disciplinario y los principios éticos que guían la conducta de los jueces y  juezas de la República Bolivariana de Venezuela, confirmando que los jueces  o juezas solo podrán ser removidos, removidas, suspendidos o suspendidas  de sus cargos, mediante los procedimientos expresamente previstos en el  presente Código, con el fin de garantizar la independencia e idoneidad de  éstos y éstas, preservando la confianza de las personas en la integridad del  Poder Judicial como parte del Sistema de Justicia.  El presente Código igualmente rige la conducta de los magistrados y  magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y su control compete a los  órganos señalados en el artículo 265 de la Constitución de la República. 
  Ámbito de aplicación 
  Artículo 2.  El presente Código se aplicará a todos los jueces y juezas dentro  del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Se entenderá por juez  o jueza todo ciudadano o ciudadana que haya sido investido o investida  conforme a la ley.  Las demás personas intervinientes en el Sistema de Justicia distintas a los  jueces y juezas, que con ocasión de las actuaciones judiciales, infrinjan  disposiciones legales o reglamentarias, omitan o retarden la ejecución de un  acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, o que por  cualquier otro motivo o circunstancia, comprometan la observancia de  principios y deberes éticos, deberán ser sancionados o sancionadas según la  ley que los rija. Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial podrán  aplicar cualquiera de las sanciones de los instrumentos que rigen a éstos o  éstas intervinientes, cuando con ocasión de dichas actuaciones judiciales, los  órganos responsables no cumplan con su potestad disciplinaria, utilizando  para tal fin el procedimiento y las garantías establecidas en este Código.  Quedan exentos de la aplicación de este Código, las autoridades legítimas de  los pueblos indígenas, responsables de las instancias de justicia dentro de su  hábitat. 
  Principios de la jurisdicción disciplinaria 
  Artículo 3.  Los órganos Jurisdiccionales con competencia disciplinaria forman  parte del Poder Judicial, garantizarán el debido proceso, así como los  principios de legalidad, oralidad, publicidad, igualdad, imparcialidad,  contradicción, economía procesal, eficacia, celeridad, proporcionalidad,  adecuación, concentración, inmediación, idoneidad, excelencia e integridad.  La jurisdicción disciplinaria judicial en el ejercicio de sus competencias goza  de autonomía funcional, organizativa, administrativa, presupuestaria y  financiera. Deberá elaborar cada año su proyecto de presupuesto, el cual será  remitido al Tribunal Supremo de Justicia para su aprobación e incorporación  al presupuesto anual del Poder Judicial. 
  <sub>238  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  Independencia judicial 
  Artículo 4.  Los jueces y juezas en ejercicio de sus funciones son  independientes y autónomos, por lo que su actuación sólo debe estar sujeta a  la Constitución de la República y al ordenamiento jurídico. Sus decisiones  sustentadas en la interpretación y aplicación de la ley y el derecho, sólo  podrán ser revisadas por los órganos jurisdiccionales competentes por vía de  los recursos procesales, dentro de los límites del asunto sometido a su  conocimiento y decisión.  Los órganos con competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas podrán  examinar su idoneidad y excelencia, sin que ello constituya una intervención  indebida en la actividad jurisdiccional. 
  Idoneidad 
  Artículo 5.  Los jueces y juezas serán imparciales en el ejercicio de sus  funciones jurisdiccionales, por esta razón no podrán estar incursos o incursas  en ninguna de las causales de inhibición o recusación previstas en este Código  ni en las leyes que regulan la materia correspondiente, sin perder la idoneidad  para el cargo del cual están investidos o investidas. 
  Protección de los derechos 
  Artículo 6.  Los jueces y juezas garantizarán a toda persona, conforme al  principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio  irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, así  como su respeto y garantías consagrados en la Constitución de la República y  en el ordenamiento jurídico. 
  Valores republicanos y Estado de derecho 
  Artículo 7.  Los jueces y juezas como integrantes del Sistema de Justicia, tienen  un compromiso permanente e irrenunciable con la sociedad democrática,  participativa y protagónica, justa, multiétnica y pluricultural de la República  Bolivariana de Venezuela; así como con el goce, ejercicio y promoción de los  derechos humanos y los principios fundamentales consagrados en la  Constitución de la República, que aseguren el disfrute de las garantías sociales  y la suprema felicidad del pueblo; en consecuencia, son agentes de la y para  la transformación social y deben actuar conforme a esos valores y principios,  para hacer valer el Estado democrático y social de derecho y de justicia. 
  Legitimidad de las decisiones judiciales 
  Artículo 8.  Las sentencias y demás decisiones de los jueces y juezas se  justifican por su sujeción a la Constitución de la República y al ordenamiento  jurídico, su razonabilidad debe ser fiel reflejo de la verdad y la justicia, por lo  que no podrán ser afectadas por injerencias político partidistas, económicas,  sociales u otras, ni por influencias o presiones de los medios de comunicación  social, de la opinión pública o de cualquier otra índole. El fiel cumplimiento 
  <sub>239  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  de estos deberes será motivo de evaluación sobre la idoneidad y excelencia de  los jueces o juezas en cada caso.  El proceso como medio para la realización de la justicia 
  Artículo 9.  Los jueces o Juezas deben en todo momento garantizar el proceso  como medio para la realización de la justicia, asegurando a las partes el  ejercicio efectivo de sus derechos. La sentencia será una consecuencia  necesaria del debido proceso, de la valoración de las pruebas, confrontando  los alegatos y defensas de las partes; ella reflejará el contenido del proceso y  las razones del acto de juzgar, permitiendo con ello, tanto a las partes como a  la comunidad, comprender el sentido de la justicia en cada caso, como un acto  producto de la razón y contrario a la arbitrariedad. 
  Argumentación e interpretación judicial 
  Artículo 10.  Las argumentaciones e interpretaciones judiciales deberán  corresponderse con los valores, principios, derechos y garantías consagrados  por la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico.  Los jueces o juezas no deben invocar en su favor la objeción de conciencia.  Actos procesales, dilaciones indebidas y formalismos inútiles 
  Artículo 11.  Los jueces o juezas deben garantizar que los actos procesales se  realicen conforme al debido proceso, igualdad ante la ley y en respeto de los  derechos, garantías constitucionales y legales.  La justicia deberá impartirse de manera oportuna y expedita, sin dilaciones  indebidas, conforme a los procedimientos establecidos en la ley;  prevaleciendo siempre en las decisiones judiciales, la justicia sobre las  formalidades inútiles y las formalidades no esenciales. En consecuencia, los  jueces o juezas no podrán abstenerse de decidir ni retardar injustificadamente  sus decisiones, alegando pretextos de silencio, contradicción o deficiencia de  la ley, bajo pena de incurrir en falta disciplinaria y sin perjuicio de su  responsabilidad civil y penal por denegación de justicia. 
  Administración de justicia y tutela judicial 
  Artículo 12.  Los jueces o juezas deben asegurar el acceso a la justicia a toda  persona, con la finalidad de hacer valer sus derechos e intereses garantizados  en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico, inclusive los  derechos colectivos o difusos, para la tutela judicial efectiva de los mismos y  a obtener con prontitud la decisión correspondiente, sin dilaciones y  formalismos innecesarios. 
  Capítulo II  De los deberes de los jueces y juezas  Formación profesional y actualización de conocimientos  Artículo 13.  La formación profesional y la actualización de los conocimientos,  constituyen un derecho y un deber de los jueces y juezas. La Escuela Nacional 
  <sub>240  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  de la Magistratura y demás instituciones académicas creadas a tal fin,  dispondrá las medidas necesarias para asegurar la capacitación permanente  de los jueces y juezas conforme lo prevé la Constitución de la República y la  normativa legal correspondiente.  Rendimiento  Artículo 14.  Los jueces y juezas deben mantener un rendimiento satisfactorio,  garantizando su Idoneidad, excelencia, eficacia y eficiencia, de acuerdo con  los parámetros establecidos, publicados y exigidos por el Tribunal Supremo  de Justicia. 
  Rendimiento 
  Expediente administrativo 
  Artículo 15.  A los fines de disponer y mantener registros actualizados  relacionados con el desempeño de los jueces y juezas, su formación y  trayectoria profesional, el Tribunal Supremo de Justicia mantendrá de manera  permanente un expediente administrativo de cada juez y jueza con la  respectiva información actualizada. 
  Decisión profesional 
  Artículo 16.  En protección de los derechos constitucionales de las partes a la  intimidad, vida privada, confidencialidad, honor y reputación, los jueces y  juezas deben guardar la debida confidencialidad en los procesos y casos que  sean objeto de su conocimiento, así como sobre los hechos de que se percaten  en los límites de su competencia, lo cual no podrán comunicarlo a personas  distintas a las partes. En ningún caso, obtendrán provecho alguno de la  Información proveniente de las causas que conocen.   Los jueces o juezas se abstendrán de expresar opiniones que comprometan su  sujeción a la Constitución y demás leyes de la República, ni deben emitir  juicios de valor que critiquen o censuren las decisiones del Poder Judicial,  salvo que se trate del ejercicio de recursos consagrados en la ley,  fundamentación de votos salvados o concurrentes, o de corrección de las  decisiones. 
  Actuación decorosa 
  Artículo 17.  Los jueces o juezas deben actuar con decoro, ser respetuosos o  respetuosas y cortés con las partes, con los abogados y abogadas, auxiliares  de justicia, personas bajo su supervisión, así como con todas las demás  personas con quienes deban tratar en el desempeño de sus funciones.  Asimismo deben exigir de manera adecuada, el debido comportamiento y  buen trato a todas las personas que concurran al tribunal por cualquier  motivo, debiendo hacer que se respeten sus derechos e impedir cualquier  exceso o abuso en su contra. 
  Ejercicio debido del poder disciplinario 
  Artículo 18.  Los jueces y juezas deben ordenar de oficio o a petición de parte,  todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a 
  <sub>241  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  sancionar las faltas a la lealtad y probidad de todos los y las intervinientes en  el proceso; así como las contrarias a la ética profesional, la colusión, el fraude  procesal y la temeridad procesal, o cualquier acto contrario a la justicia y al  respeto a dichos intervinientes. 
  Uso del idioma 
  Artículo 19.  Los jueces o juezas deben emplear el idioma oficial en forma clara,  procurando que sus decisiones contengan expresiones precisas, inequívocas e  inteligibles, redactadas de manera sencilla y comprensible para las personas  que garanticen una perfecta comprensión de las mismas. Cuando se trate de  decisiones que recaigan sobre pueblos y comunidades indígenas o sus  integrantes, los jueces y juezas ordenarán lo conducente para la traducción de  forma oral o escrita de dichas sentencias en el idioma originario del pueblo  indígena de pertenencia, de conformidad con lo establecido en las leyes que  rigen la materia. 
  Dedicación exclusiva e incompatibilidades 
  Artículo 20.  Los jueces o juezas ejercerán sus funciones a dedicación exclusiva,  la función judicial es incompatible con el libre ejercicio de la abogacía o de  cualquier otra función pública o privada, remunerada o no remunerada. Se  excluyen de esta incompatibilidad los cargos académicos, accidentales,  asistenciales o docentes, siempre que estos cargos no interfieran con sus  funciones judiciales. 
  Gestión administrativa 
  Artículo 21.  Los jueces y juezas deben realizar sus funciones con eficiencia,  teniendo en cuenta para ello lo establecido en la Constitución de la República,  leyes, reglamentos, providencias, circulares e instrucciones. Los jueces y  juezas cumplirán con el horario establecido; deberán vigilar, conservar y  proteger los documentos y bienes confiados a su guarda, uso o  administración; despacharán en las sedes del recinto judicial, salvo las  excepciones establecidas en la ley; informarán cuando no hubiere despacho,  audiencia o secretaria; nombrarán como depositario de dinero o títulos  valores a un instituto bancario público o a personas autorizadas por la ley,  cuando se trate de otros bienes. 
  Capítulo III  De la conducta de los jueces y juezas  Conducta y estilo de vida de los jueces y juezas 
  Artículo 22.  La conducta de los jueces y juezas deben fortalecer la confianza  de los ciudadanos y ciudadanas por su idoneidad y excelencia, integridad e  imparcialidad para el ejercicio de la función jurisdiccional; evitarán realizar  actos que les hagan desmerecer la estimación pública o que puedan  comprometer el respeto y el decoro que exige el ejercicio de su función. 
  <sub>242  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  Los jueces y juezas deben llevar un estilo de vida acorde con la probidad y  dignidad que son propias de su investidura e igualmente acorde con sus  posibilidades económicas. Deberán en todo tiempo, estar en disposición de  demostrar a plenitud la procedencia de sus ingresos y patrimonio.  Vida comunitaria y la participación de los jueces y juezas 
  Artículo 23.  Los jueces o juezas en ejercicio de su ciudadanía y en  cumplimiento de su responsabilidad social, deberán participar en actividades  culturales, educativas, deportivas, sociales y recreativas organizadas por su  comunidad, así como en todas aquellas que estén dirigidas al mejoramiento  de las mismas, siempre que con dichas actuaciones no se ponga en riesgo,  menoscabe o afecte el cabal cumplimiento de la función judicial.  Los jueces o juezas no podrán participar en organizaciones que promuevan o  practiquen cualquier forma de discriminación, amenacen o menoscaben los  principios y valores consagrados en la Constitución de la República y en el  ordenamiento jurídico.  Los jueces o juezas no podrán, salvo el ejercicio del derecho al voto, realizar  directa o indirectamente ningún tipo de activismo político partidista, sindical,  gremial o de índole semejante, capaz de poner en duda la independencia e  imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 
  Ecuanimidad y abstención de la promoción personal 
  Artículo 24.  En el ejercicio de sus funciones, los jueces y juezas deben observar  la ecuanimidad necesaria y se abstendrán de promocionarse personalmente a  través de los medios de comunicación social u otras vías análogas, con ocasión  de su investidura. Quedan excluidas de esta limitación, las declaraciones  necesarias sobre las actuaciones relevantes del tribunal y las explicaciones,  comentarios o análisis con fines pedagógicos o informativos. 
  Capítulo IV 
  De las sanciones disciplinarias aplicable a los jueces y juezas 
  Sanciones 
  Artículo 25.  Los jueces y juezas podrán ser sancionados o sancionadas por  infracciones disciplinarias cometidas en el ejercicio de sus funciones, según la  gravedad con:  1. Amonestación.  2. Suspensión de uno a seis meses en el ejercicio del cargo, privando al  infractor o infractora del goce de salario durante ese período.  3. Destitución del cargo e inhabilitación para el desempeño de funciones  públicas dentro del Sistema de Justicia, desde dos años hasta por un máximo  de quince años, en atención a la gravedad de la falta cometida.  
  Amonestación, suspensión o destitución 
  Artículo 26.  Las sanciones de amonestación, suspensión o destitución del  cargo y la consecuente inhabilitación, serán impuestas por los órganos con 
  <sub>243  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas conforme al procedimiento  establecido en el presente Código.  El período en que el juez o jueza haya estado suspendido cautelarmente del  cargo, será computable en su favor para el cálculo de la ejecución del tiempo  de la sanción. 
  Causales de amonestación 
  Artículo 27.  Son causales de amonestación al juez o jueza:  1. Ofender a sus superiores, a sus iguales, a sus subalternos o subalternas en  el ejercicio de sus funciones, de palabra, por escrito o vías de hecho.  2. Falta de consideración y respeto a auxiliares, empleados o empleadas, bajo  su supervisión o a quienes comparezcan al tribunal.  3. Incumplir con el deber de dar audiencia o despacho, salvo causa justificada,  caso fortuito o de fuerza mayor.  4. Ausentarse del lugar donde ejerza sus funciones sin la respectiva  autorización.  5. No advertir las irregularidades del personal a su cargo o no solicitar la  aplicación de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar.  6. Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los  procesos o de cualquier diligencia propia de éstos.  7. Proferir o permitir en el ejercicio de sus funciones, maltratos al público,  retardo injustificado, atención displicente por parte de los funcionarios y  funcionarias del tribunal en la sede del mismo o en el lugar donde este se  encuentre constituido.  8. Omitir injustificadamente, los jueces rectores o juezas rectoras y presidentes  o presidentas de circuitos judiciales, la práctica de las delegaciones que ordene  el Tribunal Disciplinario Judicial o la Corte Disciplinaria Judicial.  9. La embriaguez o exhibición de conductas indecorosas en el ejercicio de sus  funciones. 
  Causales de suspensión 
  Artículo 28.  Son causales de suspensión del juez o jueza:  1. Inobservar sin causa justificada los plazos o términos legales para decidir o  dictar alguna providencia o diferir las sentencias sin causa justificada expresa  en el expediente respectivo.  2. Practicar medidas preventivas en día anterior a feriado, de vacaciones o en  días prohibidos por la ley, sin que para ello conste urgencia previamente  comprobada, salvo los procedimientos penales y amparos constitucionales.  3. Realizar actos o incurrir en omisiones dirigidas a evadir los sistemas de  control de horarios o impedir que sean detectados los incumplimientos  injustificados durante la jornada de servicio.  4. Divulgar por cualquier conducto o medio, los asuntos que conozca por  razón de su cargo, de manera que causen perjuicio a las partes, o pongan en 
  <sub>244  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  tela de juicio la majestad del Sistema de Justicia, o que de algún modo deriven  en provecho propio o conlleven a causal de recusación.  5. La omisión o el nombramiento irregular de los o las auxiliares de justicia.  6. Abstenerse de decidir, bajo pretexto de silencio, contradicción, ambigüedad  o deficiencia de la ley o de oscuridad en sus términos o retardar ilegalmente  una medida cautelar, providencia o sentencia, aunque no se hubiere  interpuesto por dichos motivos el procedimiento de queja en su contra para  hacer efectiva la responsabilidad civil, ni la acción penal correspondiente a la  denegación de justicia.  7. La arbitrariedad en el uso de la autoridad o del poder disciplinario que  cause perjuicio funcionarial o al servicio público.  8. No inhibirse inmediatamente después de conocida la existencia de causal  de inhibición.  9. La negligencia comprobada en la debida preservación de los medios de  prueba o de cualquier otro instrumento fundamental para el ejercicio de las  funciones judiciales y del debido proceso.  10. Incumplir reiteradamente el horario de trabajo, así como el deber de dar  audiencia o despacho.  11. La injustificada negativa de atender a las partes o a sus apoderados  durante las horas de despacho siempre que estén todos presentes; o reunirse  solo con una de las partes.  12. Reunirse con una o ambas partes fuera de las horas de despacho o fuera  de la sede del tribunal.  13. Participar en actividades sociales y recreativas que provoquen una duda  grave y razonable sobre su capacidad para decidir imparcialmente sobre  cualquier asunto que pueda someterse a su conocimiento.  14. Mostrar rendimiento insatisfactorio, conforme a los parámetros  establecidos, publicados y exigidos por el Tribunal Supremo de Justicia.  15. Haber sido objeto de tres amonestaciones en el transcurso de dos años,  contados a partir de la fecha de la primera amonestación.  16. La omisión de los jueces y juezas al no ordenar las medidas necesarias para  prevenir o sancionar las faltas de probidad, ética, colusión o fraude de las  partes o demás intervinientes en el proceso.  17. La omisión o designación irregular de depositarios o depositarias  judiciales.  18. Perjuicio material causado por negligencia manifiesta a los bienes de la  República, siempre que la gravedad del perjuicio no amerite su destitución.  19. Llevar en forma irregular los libros del tribunal o darles un uso distinto al  fin para el que han sido destinados. 
  Causales de destitución 
  Artículo 29.  Son causales de destitución: 
  <sub>245  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  1. El rendimiento insatisfactorio reiterado, de acuerdo con los parámetros  previamente establecidos, publicados y exigidos por el Tribunal Supremo de  Justicia.  2. Recibir, solicitar o hacerse prometer dádivas de personas, bien para sí o para  terceras personas.  3. Constreñir a cualquier persona para que le proporcione un beneficio para  sí o para terceras personas.  4. Realizar por sí o por interposición de cualquier persona, actos propios del  ejercicio de la profesión de abogado o actividades privadas lucrativas  incompatibles con su función.  5. Realizar actuaciones que supongan discriminación por razón de raza, sexo,  religión, idioma, opinión política, nacionalidad o cualquier otra condición o  circunstancia personal o social; o pertenecer a organizaciones que practiquen  o defiendan conductas discriminatorias.  6. Haber sido objeto de tres suspensiones dentro del lapso de dos años,  contados desde la fecha de la primera suspensión y hasta la fecha que da lugar  a la tercera suspensión.  7. Encontrarse incurso en una de las causales de inhabilidad o  incompatibilidad que no haya sido posible advertirla en virtud de la conducta  maliciosa para ocultarla, por parte del juez o jueza al momento del  nombramiento.  8. Abandonar o ausentarse del cargo injustificadamente, comprometiendo el  normal funcionamiento del órgano judicial.  9. Propiciar u organizar huelga, suspensión total o parcial de actividades  judiciales.  10. Haber sido condenado o condenada mediante sentencia definitivamente  firme, por la comisión de algún delito conforme a la ley o haber sido  sancionado o sancionada por responsabilidad administrativa de acuerdo con  la ley, mediante acto administrativo definitivamente firme.  11. Declarar, elaborar, remitir o refrendar datos estadísticos falsos o que  resultaren desvirtuados mediante inspección al tribunal, sobre la actuación o  rendimiento del despacho a cargo del juez o jueza.  12. Falta de probidad.  13. Conducta impropia o inadecuada, grave o reiterada en el ejercicio de sus  funciones.  14. La falta de iniciación por parte del juez o jueza, de los procedimientos  disciplinarios a que hubiere lugar contra los funcionarios judiciales adscritos  al tribunal respectivo; cuando éstos dieren motivo para ello. Así como  también, la omisión de los jueces y juezas al no ordenar las medidas necesarias  para prevenir o sancionar las faltas a la lealtad, probidad, ética profesional,  colusión o fraude que intenten las partes o demás intervinientes en el proceso.  15. Incurrir en abuso de autoridad, extralimitación o usurpación de funciones.  16. Actuar estando legalmente impedido. 
  <sub>246  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  17. Omitir, alterar o celebrar irregularmente la distribución de expedientes, o  de cualquier forma influir intencionalmente para modificar sus resultados.  18. Causar daños intencionalmente por sí o por interpuestas personas, en los  locales, bienes materiales o documentos del tribunal.  19. Llevar a cabo salvo el derecho al voto, activismo político-partidista,  gremial, sindical o de índole semejante.  20. Recomendar o influir ante otro juez o jueza, de igual o diferente instancia,  o cualquier otro funcionario o funcionaria público, sobre aquellos asuntos que  éstos deban decidir.  21. Incurrir en error inexcusable por ignorancia de la Constitución de la  República, del derecho o del ordenamiento jurídico, declarado así por alguna  de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia que conozca de la causa.  22. Causar daño considerable a la salud de las personas, a sus bienes o a su  honor, por imprudencia, negligencia o ignorancia. La gravedad de la  imprudencia, negligencia o ignorancia, cometido por el juez o jueza será  determinada por el órgano competente en materia disciplinaria, sin perjuicio  de las indemnizaciones correspondientes a que tengan derecho las partes  afectadas.  23. Causar intencionalmente o por negligencia manifiesta perjuicio material  grave al patrimonio de la República.  24. Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los  procesos o de cualquier diligencia propia de éstos, siempre que con ello se  menoscaben derechos o garantías fundamentales en el marco de la tutela  judicial efectiva.  25. La negligencia comprobada en la debida preservación de los medios de  prueba o de cualquier otro instrumento fundamental para el ejercicio de las  acciones judiciales. 
  Renuncia maliciosa 
  Artículo 30.  La renuncia del juez investigado o jueza investigada  disciplinariamente ante el Tribunal Disciplinario Judicial, manifestada antes  de la decisión respectiva, no paralizará la causa. Si la decisión sobre la  investigación da origen al juicio y la decisión definitiva del proceso dispone  de la aplicación de alguna sanción disciplinaria, la renuncia será considerada  maliciosa de pleno derecho y dará lugar a la inhabilitación para el desempeño  de funciones dentro del Sistema de Justicia desde dos años hasta por un  máximo de quince años, en atención a la gravedad de la falta cometida. La  renuncia no se considerará maliciosa si se produce luego de cumplido el plazo  establecido en este Código para la finalización de la investigación, sin que el  órgano investigador disciplinario haya presentado el acto conclusivo  correspondiente o si la renuncia se produce posteriormente a la oportunidad  en que el Tribunal Disciplinario debió dictar la sentencia definitiva sin que  este se haya pronunciado al respecto. 
  <sub>247  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  Prescripción 
  Artículo 31.  La acción disciplinaria prescribe a los cinco años contados a partir  del día en que ocurrió el presunto acto constitutivo de la falta disciplinaria. La  prescripción no aplicará a aquellas causas en las cuales los jueces y juezas  pudieran estar incursos y que estén previstas en las leyes contra la corrupción,  delitos de lesa humanidad, traición a la patria, crímenes de guerra o  violaciones graves a los derechos humanos, así como afectación a la cosa  pública, el narcotráfico y delitos conexos. El inicio de la investigación  disciplinaria interrumpe la prescripción. 
  Capítulo V  De la competencia disciplinaria 
  Tribunales Disciplinarios Judiciales 
  Artículo 32.  Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la  competencia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la República, son el  Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales  conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los  procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes  contenidos en este Código. Los tribunales disciplinarios judiciales contarán  con un Juzgado de Sustanciación, la Secretaría correspondiente y los servicios  de alguacilazgo. 
  Tribunal Disciplinario Judicial. Competencia 
  Artículo 33.  Corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial, como órgano de  primera instancia, la aplicación de los principios orientadores y deberes en  materia de ética contenidos en el presente Código. En este orden el Tribunal  ejercerá las funciones de control durante la fase de investigación; decretará las  medidas cautelares procedentes; celebrará el juicio; resolverá las incidencias  que puedan presentarse; dictará la decisión del caso; impondrá las sanciones  correspondientes y velará por la ejecución y cumplimiento de las mismas.   El Tribunal Disciplinario Judicial conocerá de las apelaciones y recursos que  se intenten contra las decisiones del Juzgado de Sustanciación. 
  Competencia por omisión y conexión 
  Artículo 34.  En materia de infracciones, en la ejecución de un acto propio de  las funciones del resto de los y las intervinientes del Sistema de Justicia, con  ocasión de sus actuaciones judiciales o que comprometan la observancia de  los principios y deberes éticos, que guarden conexión con el procedimiento  disciplinario contra un juez o jueza, conocerán igualmente los órganos de la  competencia disciplinaria judicial.  Integración y permanencia en el Tribunal Disciplinario Judicial  Artículo 35.  El Tribunal Disciplinario Judicial estará integrado por tres jueces  o juezas principales, electos o electas para un período de cinco años con  posibilidad de reelección. Dicho Tribunal estará presidido por uno de los 
  <sub>248  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  jueces o juezas principales designado o designada por éstos, de su propio  seno, para un período de dos años, con posibilidad de reelección.  Los jueces y juezas principales contarán con sus respectivos suplentes,  quienes serán electos en la misma oportunidad por un período de cinco años,  con posibilidad de reelección. 
  Juzgado de Sustanciación. Competencia 
  Artículo 36.  El Juzgado de Sustanciación estará constituido por un juez  sustanciador o jueza sustanciadora, por el secretario o secretaria, así como por  el o la alguacil.  El juez o jueza sustanciador será distinto a los jueces y juezas de la Corte  Disciplinaria Judicial y del Tribunal Disciplinario Judicial y su permanencia  en el cargo será por un período de cinco años con posibilidad de reelección.  Corresponde al Juzgado de Sustanciación la realización de todos los actos  procesales necesarios para la tramitación de las causas y prepararlas para la  realización de la audiencia oral y pública. 
  Corte Disciplinaria Judicial. Competencia 
  Artículo 37.  Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de  alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra las decisiones del  Tribunal Disciplinario Judicial, ya sean interlocutorias o definitivas, y  garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el  resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el  desempeño del juez venezolano y jueza venezolana. 
  Integración y permanencia de la Corte Disciplinaria Judicial 
  Artículo 38.  La Corte Disciplinaria Judicial estará integrada por tres jueces o  juezas principales, electos o electas para un período de cinco años con  posibilidad de reelección. Dicha Corte estará presidida por uno de los jueces  o juezas principales designados o designadas por éstos, de su propio seno,  para un período de dos años, con posibilidad de reelección.  Los jueces y juezas principales contarán con sus respectivos suplentes,  quienes serán electos o electas en la misma oportunidad por un período de  cinco años, con posibilidad de reelección. 
  Requisitos ser para juez o jueza del Tribunal Disciplinario Judicial 
  Artículo 39.  Para ser juez o jueza del Tribunal Disciplinario Judicial se  requiere:  1. Ser venezolano o venezolana mayor de 28 años de edad.  2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida probidad y honestidad.  3. Ser abogado o abogada de reconocida competencia y honorabilidad.  4. Tener un mínimo de siete años de graduado de abogado o abogada; o haber  desempeñado funciones en el área jurídica o de gestión en la Administración  Pública durante un mínimo de cinco años; o ser o haber sido profesor  universitario o profesora universitaria en el área de derecho público durante 
  <sub>249  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  un mínimo de cinco años; o haber obtenido un título de postgrado en materia  jurídica.  5. Estar en plena capacidad mental.  6. No haber sido condenado o condenada penalmente mediante sentencia  definitivamente firme ni haber sido sancionado o sancionada por  responsabilidad administrativa de conformidad con la ley, mediante acto  administrativo definitivamente firme.   Requisitos para ser juez o jueza de la Corte Disciplinaria Judicial, o  director o directora del Órgano de Investigación Disciplinaria 
  Artículo 40.  Para ser juez o jueza de la Corte Disciplinaria Judicial, o director  o directora del Órgano de Investigación Disciplinaria se requiere:  1. Ser venezolano o venezolana mayor de 30 años de edad.  2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida probidad y honestidad.  3. Ser abogado o abogada de reconocida competencia y honorabilidad.  4. Tener un mínimo de diez años de graduado de abogado o abogada; o haber  desempeñado funciones en el área jurídica o de gestión en la Administración  Pública durante un mínimo de siete años; o ser o haber sido profesor  universitario o profesora universitaria en el área de derecho público durante  un mínimo de siete años; o haber obtenido un título de postgrado en materia  jurídica.  5. Estar en plena capacidad mental.  6. No haber sido condenado o condenada penalmente mediante sentencia  definitivamente firme ni haber sido sancionado o sancionada por  responsabilidad administrativa de conformidad con la ley, mediante acto  administrativo definitivamente firme.  Los jueces y juezas de la competencia disciplinaria judicial no gozarán de los  beneficios propios de la carrera judicial, salvo en lo relativo a la seguridad  social. 
  Reglamento orgánico 
  Artículo 41.  Todos los jueces titulares de la jurisdicción disciplinaria judicial,  mediante sesión extraordinaria y por mayoría absoluta, deberán aprobar el  Reglamento orgánico estructural y funcional que regula el funcionamiento de  la Corte Disciplinaria Judicial, el Tribunal Disciplinario Judicial y las demás  unidades de apoyo a la actividad jurisdiccional que consideren conveniente  regular.  Elección de los jueces o juezas del Tribunal Disciplinario Judicial y de la  Corte Disciplinaria Judicial  Artículo 42.  Los aspirantes a jueces o juezas del Tribunal Disciplinario  Judicial, así como los jueces y juezas de la Corte Disciplinaria Judicial y sus  respectivos suplentes, serán electos por los Colegios Electorales Judiciales con  el asesoramiento del Comité de Postulaciones Judiciales al cual se refiere el 
  Corte Disciplinaria Judicial 
  <sub>250  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  Artículo 270 del Título V, Capítulo III, Sección Tercera de la Constitución de  la República. 
  Colegios Electorales Judiciales. Conformación 
  Artículo 43.  Los Colegios Electorales Judiciales estarán constituidos en cada  estado y por el Distrito Capital, por un representante del Poder Judicial, un  representante del Ministerio Público, un representante de la Defensa Pública,  un representante por los abogados autorizados o abogadas autorizadas para  el ejercicio profesional, así como por diez delegados o delegadas de los  Consejos Comunales legalmente organizados por cada una de las entidades  federales en ejercicio de la soberanía popular y de la democracia participativa  y protagónica.  Los consejos comunales convocarán las asambleas de ciudadanos y  ciudadanas, los presentes procederán a elegir a los delegados o delegadas que  integrarán el respectivo Colegio de cada estado, conforme al procedimiento  que establezca el reglamento electoral respectivo. 
  Poder Electoral. Comité de Postulaciones Judiciales. Funciones  Artículo 44.  El Consejo Nacional Electoral será responsable de la  organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos  relativos a la elección de los delegados o delegadas de los Consejos  Comunales. Corresponderá al Comité de Postulaciones Judiciales la  recepción, selección y postulación de los candidatos o candidatas a jueces o  juezas que serán elegidos o elegidas por los Colegios Electorales Judiciales. 
  Procedimiento y elección 
  Artículo 45.  El Comité de Postulaciones Judiciales efectuará la preselección de  los candidatos o candidatas que cumplan con los requisitos exigidos para ser  juez o jueza de la jurisdicción disciplinaria judicial y procederá a elaborar la  lista definitiva de los candidatos o candidatas que serán electos o electas por  los Colegios Electorales Judiciales. Los Colegios Electorales Judiciales  notificarán de la elección definitiva a la Asamblea Nacional.   Los ciudadanos y ciudadanas, las organizaciones comunitarias y sociales,  podrán ejercer fundadamente objeciones ante el Comité de Postulaciones  Judiciales sobre cualquiera de los postulados o postuladas a ejercer los cargos  de jueces o juezas de la Corte Disciplinaria Judicial y el Tribunal Disciplinario  Judicial. 
  Remociones 
  Artículo 46.  Los jueces y juezas con competencia disciplinaria podrán ser  removidos de sus cargos, siendo causas graves para ello las calificadas así por  el Poder Ciudadano según el procedimiento establecido en la Ley Orgánica  del Poder Ciudadano, las faltas que acarrean suspensión y destitución  previstas en este Código y las establecidas en el Artículo 11 de la referida Ley. 
  <sub>251  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  Una vez calificada la falta y recibidas las actuaciones del Consejo Moral  Republicano, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional deberá  convocar, dentro de los diez días hábiles siguientes, a una sesión plenaria para  dar audiencia y escuchar al juez o jueza interesado, debiendo resolver sobre  la remoción inmediatamente después de dicha exposición. 
  Capítulo VI  Del proceso disciplinario 
  Sección Primera: de las disposiciones comunes al proceso disciplinario  Régimen aplicable y normativa complementaria  Artículo 47.  El procedimiento disciplinario de los jueces y juezas será breve,  oral y público, en los términos dispuestos en el presente Código y siempre  que no se opongan a ellos se aplicarán supletoriamente las normas que  establece el Código Orgánico Procesal Penal y cualquier otra disposición  normativa que no contradiga los principios, derechos y garantías establecidas  en el presente Código. 
  Régimen aplicable y normativa complementaria 
  Principios procesales 
  Artículo 48.  A quien se le señale como responsable de una infracción  disciplinaria judicial, tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le  trate como tal, mientras no se establezca su responsabilidad mediante  sentencia firme.  El proceso tendrá carácter contradictorio, la audiencia será oral y pública,  salvo las excepciones de ley. Sólo se apreciarán las pruebas consignadas en la  denuncia, las aportadas por las partes y las ordenadas por el tribunal  conforme con las disposiciones de este Código.   Los jueces disciplinarios o juezas disciplinarias judiciales que han de  pronunciar la sentencia deben presenciar, ininterrumpidamente el debate y la  incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. Una  vez iniciado el debate este debe concluir sin interrupciones en el menor  número de días consecutivos posibles. Las actuaciones sólo podrán ser  examinadas por las partes y las demás autoridades intervinientes en la  investigación.  El órgano investigador disciplinario al cual le competa la investigación podrá  solicitar a la Inspectoría General de Tribunales la práctica de diligencias para  el esclarecimiento de los hechos, lo cual podrá ser igualmente solicitado a  instancia de las partes. 
  Cómputo de los lapsos procesales 
  Artículo 49.  Salvo lo expresamente establecido en este Código, los términos y  los lapsos procesales se computarán por días continuos, exceptuándose los  días declarados no laborables por las leyes nacionales y aquellos que se  declaren no laborables por las autoridades competentes, ni aquellos en los  cuales el Tribunal y la Corte Disciplinaria Judicial dispongan no despachar. 
  <sub>252  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  Cuando el vencimiento de algún lapso ocurra en un día no laborable, el acto  correspondiente se efectuará el día de despacho siguiente.  
  Citación y notificación 
  Artículo 50.  Los jueces y juezas denunciados o denunciadas, serán, según sea  el caso, citados o citadas, notificados o notificadas, por el Tribunal  Disciplinario Judicial o por conducto del juez coordinador o jueza  coordinadora, juez rector o jueza rectora o del juez presidente o jueza  presidenta del circuito judicial penal, quien garantizará que la citación o  notificación se efectúe con prontitud y enviará constancia de las resultas al  Tribunal Disciplinario. En situaciones de urgencia, podrán ser citados o  citadas, notificados o notificadas, verbalmente, mediante vía telefónica, correo  electrónico, fax, telegrama o por cualquier otro medio de comunicación  interpersonal que según los datos suministrados por el juez o jueza, consten  en su expediente administrativo.   Las partes intervinientes y sus apoderados o apoderadas, deberán indicar una  sede o dirección en su domicilio o en el lugar del asiento del tribunal,  declarando formalmente en el primer escrito o diligencia que se interponga,  la dirección exacta, teléfono, fax y correo electrónico. Dicho domicilio  sustituirá para todos los efectos legales ulteriores mientras no se constituya  otro en el juicio y en él, se practicarán las notificaciones, citaciones o  intimaciones a que haya lugar. A falta de indicación de sede o dirección  exigida en la primera parte de este párrafo, se tendrá como tal la sede del  tribunal de la causa. 
  Apelación de sentencias interlocutorias y resolución de incidencias 
  Artículo 51.  Salvo señalamiento expreso en este Código, las decisiones  interlocutorias del Tribunal Disciplinario Judicial que causen gravamen serán  apelables en un sólo efecto dentro de los tres días de despacho siguientes. La  apelación será decidida por la alzada con lo cursante en autos, en el lapso de  cinco días de despacho contados a partir del momento en que se dé cuenta del  recibo del expediente.  Si por necesidad del proceso las partes solicitaren alguna providencia, los  órganos jurisdiccionales la resolverán dentro de los tres días siguientes.  Las incidencias que no hayan sido resueltas en su oportunidad deberán ser  decididas en la sentencia definitiva. 
  Intervención de organizaciones comunitarias y otros entes colectivos  Artículo 52.  Las personas, entes, consejos comunales, colectivos o cualquier  otra manifestación popular, cuyo ámbito de actuación se encuentre vinculado  con el objeto de la controversia y se hayan constituido con anterioridad a los  hechos generadores de la denuncia, podrán opinar en la audiencia sobre los  hechos debatidos. Una vez conste la efectiva notificación de esto, su  inasistencia no paralizará el proceso. 
  <sub>253  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  Reproducción audiovisual 
  Artículo 53.  Las audiencias serán reproducidas en forma audiovisual y la  cinta o medio electrónico de reproducción se considerará parte integrante del  expediente.   En casos excepcionales y ante la imposibilidad manifiesta de la reproducción  audiovisual de la audiencia, ésta podrá realizarse sin estos medios, dejándose  constancia de tal circunstancia en la sentencia. 
  Ausencia de las partes 
  Artículo 54.  Si la parte denunciante o denunciada no comparece sin causa  justificada a la audiencia, el tribunal le designará defensor público y  suspenderá el debate por un tiempo no menor a cinco días ni mayor a diez  días; fenecido el plazo otorgado se reanudará la audiencia.  La ausencia de la parte denunciante no impedirá la continuación de la  audiencia. 
  Acumulación de causas 
  Artículo 55.  Cuando un asunto, sometido a la consideración del Tribunal  Disciplinario Judicial, tenga relación determinante o conexión concluyente  con cualquier otro que se tramite en la misma, el juez presidente o jueza  presidenta ordenará de inmediato, de oficio o a solicitud de parte, la  acumulación de las causas.  Apreciación de las pruebas  Artículo 56.  Las pruebas se apreciarán por el órgano disciplinario judicial  según la sana critica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos  científicos y las máximas de experiencia. 
  Apreciación de las pruebas 
  Sesiones 
  Artículo 57.  El presidente o presidenta del órgano disciplinario judicial  correspondiente, convocará a todos los jueces o juezas a sesionar por lo menos  una vez a la semana o cuantas veces sea necesario, para la discusión y decisión  de los asuntos y proyectos de sentencias que sean sometidos a su  conocimiento o para el suministro de información sobre el estado de los  asuntos en que sean ponente o para adoptar las medidas que requieran la  celeridad de los procesos, así como el normal y eficaz funcionamiento del  órgano disciplinario judicial. 
  Quórum. Designación de juez o jueza ponente 
  Artículo 58.  El quórum requerido para la deliberación y toma de decisiones  en los órganos disciplinarios judiciales, es la mayoría absoluta de sus  integrantes.  En los asuntos que sean sometidos al conocimiento de los órganos  disciplinarios judiciales las ponencias serán asignadas, desde su entrada a la  jurisdicción disciplinaria judicial, en estricto orden cronológico y de forma 
  <sub>254  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  aleatoria de conformidad con el sistema informático utilizado para tales  efectos.   Proyecto de sentencia, deliberación, firma y publicación 
  Artículo 59.  El juez o jueza ponente deberá presentar a los demás jueces o  juezas un proyecto de sentencia para su consideración; en caso que el proyecto  no cuente con la aprobación de la mayoría absoluta de quienes integran el  órgano disciplinario judicial, la ponencia deberá reasignarse a otro juez o  jueza. El presidente o presidenta de cada órgano disciplinario judicial actuará  como juez o jueza ponente en aquellas causas que le correspondan.  El juez o jueza que disienta de la decisión o de su motiva, anunciará su voto  salvado o concurrente según corresponda, y deberá consignarlo por escrito de  manera fundamentada, dentro de los tres días siguientes a la aprobación de  la sentencia. 
  Sección segunda: de la recusación y la inhibición 
  Recusación e inhibición 
  Artículo 60.  Las partes y el órgano investigador disciplinario podrán recusar  a:  1. Los jueces o juezas de la Corte Disciplinaria Judicial.  2. Los jueces o juezas del Tribunal Disciplinario Judicial.  3. El juez sustanciador o jueza sustanciadora.  4. El secretario o secretaria.  5. El investigador disciplinario o investigadora disciplinaria judicial.  Las causales de recusación e inhibición son las previstas en el Código  Orgánico Procesal Penal.  Los funcionarios o funcionarias, que se encuentren sujetos o sujetas a  recusación deberán inhibirse cuando tengan conocimiento de la existencia de  una causal de inhibición, sin esperar que se les recuse. Contra la decisión que  resuelve las inhibiciones y recusaciones no se oirá ni admitirá recurso alguno.  Sólo se admitirá una recusación contra cada uno de los o las sujetos de  recusación previstos en este Código. En el caso de que se trate de una causal  sobrevenida o que, aun existiendo para el momento de realizarse la  notificación era desconocida, la misma podrá interponerse hasta el día  anterior al acordado para la celebración de la audiencia oral y pública.  Si el secretario o la secretaria del Tribunal Disciplinario Judicial o de la Corte  Disciplinaria Judicial, fuere el inhibido o inhibida, recusado o recusada, el  órgano respectivo designará un sustituto accidental el mismo día que sea  declarada con lugar la inhibición o recusación. 
  Jueces o juezas recusados o recusadas, inhibidos o inhibidas  Artículo 61.  Si todos los jueces o juezas fueran recusados o recusadas o se  inhibieren, conocerá de dichas inhibiciones o recusaciones, en primer lugar,  quien deba suplir al presidente o presidenta del respectivo órgano 
  <sub>255  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  disciplinario judicial, y a falta de éste o ésta, los o las demás suplentes en orden  de precedencia.  La incidencia será resuelta por el presidente o presidenta del Tribunal  Disciplinario Judicial o de la Corte Disciplinaria Judicial, en un lapso no  mayor a tres días a partir del anuncio de inhibición o recusación.  En caso de recusación del presidente o presidenta del Tribunal o de la Corte,  la incidencia será tramitada y resuelta por el juez o jueza del Tribunal  Disciplinario Judicial, o el juez o jueza de la Corte Disciplinaria Judicial,  siguiendo el orden de designación.  Las actuaciones del presidente o presidenta y del secretario o secretaria del  respectivo órgano disciplinario judicial, en la incidencia correspondiente, no  configurará una causal de recusación o inhibición de estos funcionarios o  funcionarias.  La recusación o la inhibición no detendrán el curso del proceso, cuyo  conocimiento pasará inmediatamente, mientras se decide la incidencia, a  quien deba sustituir conforme a la Ley. Si la recusación o la inhibición fuere  declarada con lugar, el sustituto continuará conociendo del proceso, y en caso  contrario pasará los autos al inhibido o inhibida, o recusado o recusada. 
  Sección Tercera: de la investigación 
  Investigación y acusación disciplinaria 
  Artículo 62.  La investigación de los hechos y la acusación disciplinaria que  pueda acarrear responsabilidad disciplinaria judicial del juez o jueza  corresponde al órgano investigador disciplinario. 
  Competencias del Órgano Investigador Disciplinario 
  Artículo 63.  El órgano investigador disciplinario deberá iniciar la  investigación de oficio o por denuncia de persona agraviada, interesada o de  sus representantes legales o por cualquier órgano que ejerza el Poder Público  y tendrá las siguientes atribuciones:  1. Promover y realizar durante la fase de investigación todas las actividades  tendentes al esclarecimiento de los hechos, pudiendo constituirse en  cualquiera de las sedes de los órganos jurisdiccionales y en las diferentes  circunscripciones que integran el Poder Judicial y cualquier otro ente público  o privado que guarde relación con los hechos investigados.  2. Solicitar el archivo judicial ante el Tribunal Disciplinario Judicial.  3. Solicitar el archivo de la investigación ante el Tribunal Disciplinario  Judicial.  4. Solicitar al Tribunal Disciplinario Judicial, mediante acto motivo, el acuerdo  de la prórroga de la fase de investigación.  5. Formular la acusación ante el Tribunal Disciplinario Judicial así como su  posible ampliación. 
  <sub>256  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  6. Solicitar al Tribunal Disciplinario Judicial, el derecho de medidas cautelares  de suspensión del ejercicio del cargo o cualquier otra medida preventiva de  acuerdo a la Ley.  7. Evacuar pruebas y hacer oposición a las ofrecidas por la contraparte ante el  Tribunal Disciplinario Judicial.  8. Intervenir como único titular de la acción disciplinaria judicial en las  audiencias orales que correspondan.  9. Interponer los recursos de impugnación y aclaratoria que correspondan en  el proceso Disciplinario Judicial.  10. Solicitar, en el cumplimiento de sus funciones, la colaboración de cualquier  autoridad o ente de los órganos del Poder Público, entes privados y demás  organizaciones del Poder Popular, sociales o civiles, quienes estarán  obligados a prestar la ayuda solicitada sin demora y a suministrar los  documentos e información que le sean requeridos bajo pena de incurrir en  responsabilidad disciplinaria civil, penal o administrativa según sea el caso.  11. Cualquier otra conferida en el presente Código. Corresponde a los  presidentes o presidentas de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, jueces  rectores y juezas rectoras, jueces presidentes y juezas presidentas de circuitos  judiciales o cualquier otra autoridad jurisdiccional o administrativa, brindar  el apoyo y la colaboración que requiera el órgano investigador disciplinario. 
  Alcance 
  Artículo 64.  El órgano investigador disciplinario, en el curso de la  investigación, hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para  fundamentar la responsabilidad disciplinaria del juez denunciado o jueza  denunciada, igualmente deberá señalar aquellos que sirvan para eximirlos o  eximirlas de responsabilidad disciplinaria judicial.  En este último caso está obligado u obligada a facilitarle al juez denunciado o  jueza denunciada la información que le favorezca. 
  Denuncia de la persona interesada 
  Artículo 65.  La denuncia de parte agraviada o por cualquier órgano del Poder  Público se interpondrá verbalmente o por escrito, ante cualquier instancia de  la jurisdicción disciplinaria judicial, los presidentes o presidentas de las salas  del Tribunal Supremo de Justicia, jueces rectores y juezas rectoras, jueces  presidentes y juezas presidentas de los circuitos judiciales o cualquier otra  autoridad jurisdiccional o administrativa, quienes tendrán la obligación de  remitir la denuncia formulada al órgano investigador disciplinario en un  lapso de cinco días hábiles a partir de la recepción de la denuncia. El escrito  de denuncia debe contener:  1. La identificación del o de la denunciante y en su caso, de la persona que  actúe como su representante legal, con expresión de su nombre y apellido,  domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula de  identidad o pasaporte, número telefónico y correo electrónico si lo tuviere. 
  <sub>257  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  2. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes.  3. Los hechos, actos, omisiones, razones y pedimentos correspondientes,  expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud y la  identificación del denunciado o denunciada.  4. Referencia a las pruebas y a los anexos que lo acompañan, si tal fuere el  caso.  5. La firma del o de la denunciante o de su representante legal si fuere el caso.  Si existiere falsedad o mala fe en la denuncia, el o la denunciante será  responsable conforme a la ley. 
  Orden de inicio. Desestimación de la denuncia 
  Artículo 66.  Una vez recibida la denuncia por el órgano investigador  disciplinario, dictará orden de inicio de la investigación y deberá notificarlo  al Tribunal Disciplinario Judicial. En caso de que los hechos denunciados no  revistan carácter disciplinario o se haya extinguido la acción disciplinaria  judicial por muerte del denunciado o denunciada o por prescripción,  solicitará al Tribunal, dentro de los diez días siguientes, desestime la  denuncia. 
  Duración de la investigación 
  Artículo 67.  La fase de investigación durará un lapso de cuarenta días hábiles  contados a partir de que conste en autos la notificación de inicio de la  investigación al Tribunal Disciplinario Judicial. Antes del vencimiento de este  lapso, el órgano investigador disciplinario podrá solicitar al Tribunal  Disciplinario Judicial una prórroga de quince días hábiles para concluir la  investigación. 
  Archivo judicial 
  Artículo 68.  Si vencido el plazo fijado en el artículo anterior el órgano  investigador disciplinario no presentare el acto conclusivo, el Tribunal  Disciplinario Judicial decretará el archivo judicial de las actuaciones, lo cual  comporta el cese inmediato de todas las medidas cautelares impuestas y la  condición de denunciado o denunciada del juez o jueza; todo ello sin perjuicio  del ejercicio de las acciones penales a que hubiere lugar.  La investigación disciplinaria sólo podrá reiniciarse cuando surjan nuevos  elementos que lo justifiquen, previa autorización del Tribunal Disciplinario  Judicial. 
  Actos conclusivos 
  Artículo 69.  La investigación concluirá mediante:  1. El archivo de las actuaciones.  2. La solicitud de sobreseimiento.  3. La acusación disciplinaria judicial.  
  
  <sub>258  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  Archivo de la investigación 
  Artículo 70.  Cuando la investigación resulte insuficiente para formular la  acusación disciplinaria, el órgano investigador disciplinario presentará  solicitud motivada ante el Tribunal Disciplinario Judicial, quien tendrá la  facultad de decretar el archivo de la investigación hasta por un período  máximo de dos años, sin perjuicio de la reapertura cuando aparezcan nuevos  elementos de convicción.  De esta medida se notificará al o a la denunciante si lo hubiere, quien podrá  solicitar en cualquier momento la revisión del archivo de la investigación o la  reapertura de la investigación indicando las diligencias conducentes.  El archivo de la investigación decretado tendrá consulta obligatoria ante la  Corte Disciplinaria Judicial la cual, si no encontrare fundamentado el archivo,  ordenará la conclusión de la investigación a través de la acusación  disciplinaria judicial o de la solicitud de sobreseimiento.  Consumado el lapso de dos años sin que hayan aparecido nuevos elementos  de  convicción,  el  órgano  investigador  disciplinario  solicitará  el 
  sobreseimiento. 
  Sobreseimiento 
  Artículo 71.  El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la  autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva  persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las  medidas que contra él hubieren sido dictadas.  Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el  sobreseimiento cuando:  1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado;  2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter  disciplinario;  3. La acción disciplinaria haya prescrito;  4. Resulte acreditada la cosa juzgada;  5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la  investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la  sanción disciplinaria judicial.  6. La muerte del juez denunciado o jueza denunciada.  Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Tribunal Disciplinario Judicial la  decidirá dentro del lapso de cinco días siguientes.  El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el  sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria  Judicial, dentro de los cinco días siguientes.  
  Acusación disciplinaria judicial 
  Artículo 72.  Cuando el órgano investigador disciplinario estime que la  investigación proporciona fundamentos para la sanción disciplinaria del juez  investigado o jueza investigada presentará la acusación disciplinaria judicial 
  <sub>259  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  ante el Tribunal Disciplinario Judicial. La acusación disciplinaria debe  contener:  1. La identificación del juez acusado o jueza acusada.  2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho disciplinario que se  le atribuye al juez o jueza.  3. Los fundamentos de la acusación con expresión de los elementos de  convicción que la motivan.  4. Los preceptos jurídicos aplicables.  5. El ofrecimiento de los medios de prueba con la indicación de su pertinencia  o necesidad.  6. La solicitud de sanción disciplinaria del juez o jueza.  En el caso de la denuncia interpuesta por particulares, las comunidades  organizadas o por instituciones públicas, el sólo señalamiento del lugar donde  podrán ser recabados los elementos probatorios, tendrá los mismos efectos  del ofrecimiento de pruebas y el Tribunal Disciplinario Judicial ordenará al  órgano investigador disciplinario recabar los mismos e incorporarlos al  proceso. 
  Medidas cautelares 
  Artículo 73.  Durante la fase de investigación, si lo considera conveniente  cualquier interviniente o el órgano investigador disciplinario podrá solicitar  al Tribunal Disciplinario Judicial, el decreto cautelar de suspensión  provisional del ejercicio del cargo del juez o jueza con goce de sueldo, por un  lapso no mayor de cuarenta y cinco días hábiles, el cual podrá ser prorrogado  por única vez y por el mismo período. El Tribunal Disciplinario Judicial  deberá proveer sobre la medida cautelar al tercer día siguiente de despacho.   El Tribunal Disciplinario Judicial, una vez recibido el acto conclusivo, podrá  acordar o mantener la suspensión provisional del ejercicio del cargo de juez o  jueza, con goce de sueldo, por un lapso no mayor de cuarenta y cinco días  hábiles, el cual podrá ser prorrogado una sola vez y por el mismo período, si  se demostrase que existe una presunción grave de afectación al servicio de  administración de justicia o cuando su conducta pueda afectar la majestad del  Poder Judicial o que en el ejercicio de sus funciones pueda obstruir el  procedimiento disciplinario o reiterar las acciones objetivas o subjetivas por  las cuales se le investiga.  En tales casos, el órgano correspondiente deberá designar o convocar al  suplente, haciéndole saber que permanecerá en sus funciones hasta tanto le  sea notificado el levantamiento de la medida cautelar por parte del órgano  disciplinario judicial respectivo.  Los órganos disciplinarios judiciales podrán dictar cualesquier otras medidas  cautelares innominadas, a instancia de parte o de oficio.  La oposición de la medida podrá ser interpuesta en un lapso de tres días en el  cual se abrirá cuaderno separado y el Tribunal Disciplinario Judicial  procederá a convocar a las partes intervinientes para la celebración de una 
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  audiencia oral y pública, la cual se fijará al día siguiente de que conste en autos  la última notificación de las partes.  En dicho acto, el juez investigado o jueza investigada promoverá las pruebas  que tenga a bien presentar que sustenten sus argumentos y el Tribunal  Disciplinario Judicial evacuará las que considere legales, útiles y pertinentes.  El Tribunal Disciplinario Judicial oirá las intervenciones de las partes,  permitiendo el debate entre ellas bajo la dirección del juez presidente o jueza  presidenta y podrá interrogarlas sobre cualquier punto controvertido.  Concluida la audiencia, los jueces o juezas del Tribunal Disciplinario Judicial  deliberarán, con el fin de adoptar la decisión correspondiente, la cual deberá  ser tomada con el voto de la mayoría absoluta de los jueces o juezas,  manteniendo la medida, modificándola o revocándola.   Si a un juez o jueza le ha sido dictada medida preventiva de privación de  libertad, se le suspenderá del ejercicio del cargo sin goce de sueldo. En caso  de sentencia absolutoria el juez o jueza será reincorporado o reincorporada  con el pago de los sueldos y demás beneficios dejados de percibir durante el  lapso en que estuvo suspendido o suspendida, sin perjuicio del procedimiento  disciplinario y de las medidas que de este se deriven. 
  Sección cuarta: del procedimiento ordinario 
  Admisión de la acusación 
  Artículo 74.  Presentada la acusación disciplinaria judicial por el órgano  investigador disciplinario, el Tribunal Disciplinario Judicial se pronunciará  sobre su admisión dentro de los cinco días de despacho siguientes; una vez  admitida se ordenará la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación  para su tramitación.  Si la acusación fuera ambigua, imprecisa o ininteligible, el Tribunal  Disciplinario Judicial podrá dictar un despacho saneador a fin de que se  aclaren o precisen los defectos, los cuales deberán ser corregidos por el órgano  investigador disciplinario en un lapso perentorio de tres días de despacho. En  caso de no presentar la acusación con las respectivas correcciones indicadas  en el tiempo establecido, se tendrá como no interpuesta y se ordenará al  referido Órgano Investigador que designe a un nuevo funcionario a quien  corresponderá presentar la acusación.  Subsanados los errores, el Tribunal Disciplinario Judicial decidirá sobre la  admisión dentro de los cinco días de despacho siguientes. 
  Participación popular en juicio 
  Artículo 75.  Admitida la acusación el Tribunal Disciplinario Judicial podrá  convocar, de oficio o a petición de parte, a la audiencia oral y pública a las  personas, entes, consejos comunales, colectivos o cualquier otra manifestación  popular, cuyo ámbito de actuación se encuentre vinculado con el objeto de la  controversia, para que opinen sobre los hechos debatidos. 
  <sub>261  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  Una vez conste la efectiva notificación de estos, tendrán cinco días para  consignar su respectiva opinión, en caso de no ser consignada dicha opinión  no se paralizará el proceso.   Las personas y entes señalados no requerirán representación ni asistencia de  abogado o abogada. 
  Citación. Escrito de descargo 
  Artículo 76.  Una vez admitida la acusación disciplinaria, el Juzgado de  Sustanciación citará al juez acusado o jueza acusada, señalándole el motivo  de la citación, para que consigne su escrito de descargos en el lapso de quince  días de despacho siguientes a que conste en autos haberse realizado la  citación.  Promoción y control de pruebas. Fijación de la audiencia oral y pública 
  Artículo 77.  Finalizado el lapso para consignar el escrito de descargos  comenzará a computarse un lapso de cinco días de despacho, para que las  partes promuevan libremente los medios de prueba que consideren  convenientes. Las pruebas sobre las cuales las partes hayan tenido  conocimiento con posterioridad al vencimiento del mencionado lapso, podrán  ser promovidas al inicio de la audiencia oral y pública; todo lo referente a su  oposición y admisión será resuelto en esa oportunidad.  Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapso  ordinario de promoción, las partes podrán oponerse a la admisión de las  pruebas de su contraparte que considere manifiestamente ilegales o  impertinentes.  Culminado el plazo anterior, el Tribunal de Sustanciación tendrá tres días de  despacho para admitir las pruebas que no sean manifiestamente ilegales o  impertinentes. Del auto que niegue la admisión de las pruebas se oirá  apelación en un solo efecto.  En la misma oportunidad de admisión de las pruebas, el Juzgado de  Sustanciación ordenará la remisión del expediente al Tribunal Disciplinario  Judicial, quien fijará y celebrará la audiencia oral y pública dentro de un plazo  máximo de diez días y no menor a cinco días.  
  De la celebración de la audiencia oral y pública 
  Artículo 78.  Al inicio del acto el presidente o presidenta del Tribunal  Disciplinario Judicial expondrá los términos en que quedó trabada la  controversia y ordenará la evacuación de las pruebas en la misma audiencia.  Asimismo, señalará a las partes el tiempo de que disponen para exponer sus  alegatos; de igual modo procederá si manifestaren su deseo de ejercer el  derecho a réplica o contrarréplica.  En la audiencia el órgano investigador disciplinario expondrá primero, luego  la parte denunciante si se adhirió a la acusación y fue admitido, y de último  el juez acusado o la jueza acusada. 
  <sub>262  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  El Tribunal Disciplinario le advertirá al juez acusado o jueza acusada, que  puede abstenerse de declarar sin que su silencio le perjudique y que el debate  continuará aunque no declare.  Finalizada la declaración del juez acusado o jueza acusada, se permitirá el  debate entre las partes bajo la dirección del juez presidente o jueza presidenta. 
  Advertencia de nueva calificación 
  Artículo 79.  Si en el curso de la audiencia el Tribunal Disciplinario Judicial  observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada  por ninguna de las partes, podrá advertir al juez acusado o a la jueza acusada  sobre esa posibilidad para que prepare su defensa, suspenderá la audiencia y  fijará la reanudación de la misma dentro de un lapso que no excederá de cinco  días, para que ambas partes expongan sus alegatos, ante la nueva calificación  surgida. 
  Inmediación y concentración 
  Artículo 80.  El Tribunal Disciplinario Judicial resolverá en la misma  audiencia, cualquier incidencia en relación con el control y contradicción de  la prueba.  En todo caso, si no fuere suficiente la audiencia para agotar el debate, aquella  continuará en la oportunidad que fije el Tribunal cuantas veces fuere  necesario hasta agotarlo.  Finalizada la audiencia se levantará un acta la cual deberá ser firmada por  todos los intervinientes y si se negaren hacerlo, el Secretario o Secretaria del  Tribunal dejará constancia de ello. 
  Ampliación de la acusación disciplinaria judicial 
  Artículo 81.  Durante el debate y hasta la primera intervención del órgano  investigador disciplinario, se podrá ampliar la acusación disciplinaria judicial  mediante la inclusión de un nuevo hecho o circunstancia que no haya sido  mencionado y que modifica la calificación jurídica o la sanción del hecho  objeto del debate, dándole similar oportunidad y condiciones a la parte  acusada para ejercer su defensa.  La suspensión no podrá exceder de diez días. 
  Dirección del debate 
  Artículo 82.  El Presidente o Presidenta del Tribunal Disciplinario Judicial  dirigirá el debate, exigirá el cumplimiento de la solemnidad que corresponda  y moderará la discusión.  El Presidente o Presidenta del Tribunal Disciplinario Judicial impedirá que  los alegatos se desvíen hacia aspectos inadmisibles o impertinentes o que el  vocabulario, comportamiento o expresiones de los participantes sean soeces o  vulgares, pero sin coartar el derecho de las partes a la defensa de sus  planteamientos. 
  <sub>263  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  Para garantizar el desarrollo adecuado de la audiencia, el Presidente o  Presidenta del Tribunal Disciplinario Judicial ejercerá las facultades  disciplinarias que otorgan las leyes de la República para preservar el orden y  decoro durante el debate y en general, las necesarias para garantizar la eficaz  realización de la audiencia. 
  Publicidad 
  Artículo 83.  La audiencia será pública; pero el Tribunal Disciplinario Judicial  podrá resolver que se efectúe, total o parcialmente a puertas cerradas, cuando:  1. Afecte el pudor o la vida privada de alguna de las personas convocadas  para participar en ella.  2. Perturbe gravemente la seguridad del Estado o las buenas costumbres;  3. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación  indebida sea punible.  4. La controversia involucre a un niño, niña o adolescente.  La resolución será fundada y se hará constar en el acta de la audiencia.  Desaparecida la causa de la clausura se hará ingresar nuevamente al público.  El Tribunal podrá imponer a las partes el deber de guardar secreto sobre los  hechos que presenciaron o conocieron, decisión que constará en el acta de la  audiencia. 
  Conclusión del debate 
  Artículo 84.  Concluido el debate, el Tribunal Disciplinario Judicial deliberará  y podrá:  1. Decidir inmediatamente el fondo del asunto y exponer en forma oral los  términos del dispositivo del fallo;  2. Diferir por una sola vez y hasta por un lapso de diez días el  pronunciamiento del dispositivo del fallo, cuando la complejidad del asunto  así lo requiera.  El texto íntegro del fallo deberá ser publicado dentro de los diez días  siguientes a la celebración de la audiencia o al vencimiento del diferimiento.  La decisión definitivamente firme que imponga la sanción de suspensión y  destitución se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de  Venezuela.  
  Requisitos de la sentencia 
  Artículo 85.  El texto íntegro de la sentencia contendrá:  1. La mención del tribunal y la fecha en que se dicta, el nombre y apellido del  juez acusado o jueza acusada y demás datos que sirvan para determinar su  identidad personal, así como el cargo y la condición en la cual lo ocupa en el  Poder Judicial;  2. La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del  juicio;  3. La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal  estime acreditados; 
  <sub>264  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  4. La exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho;  5. La decisión expresa sobre el sobreseimiento, absolución o responsabilidad  del juez acusado o jueza acusada, especificándose en este último caso con  claridad las sanciones que se impongan;  6. La firma de los jueces y juezas del Tribunal Disciplinario Judicial.  La sentencia deberá ordenar la notificación de las partes si fue dictada fuera  del plazo. 
  Sección quinta: de la apelación 
  De la apelación 
  Artículo 86.  La sentencia definitiva tendrá apelación dentro de los cinco días  de despacho siguientes a la publicación del extenso del fallo.  La apelación se interpondrá en forma escrita ante el Tribunal Disciplinario  Judicial, quien proveerá acerca de la admisión al día siguiente del vencimiento  del lapso. Admitida la apelación el Tribunal Disciplinario Judicial remitirá al  tercer día siguiente el expediente a la Corte Disciplinaria Judicial, quien luego  de recibirla fijará la oportunidad en que se celebrará la audiencia de apelación.  En todo caso, la audiencia debe pautarse en un lapso de entre cinco y diez días  siguientes a su recepción.  A partir del vencimiento del auto que fije la oportunidad en que se celebrará  la audiencia de apelación, la parte recurrente tendrá cinco días para  fundamentar por escrito las razones de su impugnación. 
  Contestación a la apelación 
  Artículo 87.  La parte gananciosa puede formular contestación a la  fundamentación presentada por la parte apelante dentro de los cinco días  siguientes al vencimiento del lapso establecido para tal fin; sin embargo, si no  formula contestación no podrá participar en la audiencia de apelación. 
  Pruebas 
  Artículo 88.  En segunda instancia no se admitirán otros medios de pruebas  distintos a las de instrumentos públicos y posiciones juradas. Los primeros se  producirán con la presentación de los escritos de fundamentación y  contestación, si no fueren de los que deban acompañarse antes; y las  posiciones juradas se promoverán en aquellos, a efectos de que sean  evacuadas en la audiencia de apelación una vez oídos los alegatos y defensas  de las partes. 
  La audiencia de apelación 
  Artículo 89.  En el día y la hora señalados por la Corte Disciplinaria Judicial  para la realización de la audiencia, se producirá la vista de la causa bajo su  dirección, en donde las partes deberán formular sus alegatos y defensas  oralmente.  El debate en la audiencia de apelación se regirá por las mismas reglas  establecidas para la audiencia ante el Tribunal Disciplinario Judicial. 
  <sub>265  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  En el supuesto de que la parte apelante no compareciere a la audiencia sin  causa justificada, se declarará desistida la apelación. 
  Conclusión del debate 
  Artículo 90.  Concluido el debate, la Corte Disciplinaria Judicial deliberará y  podrá:  1. Decidir inmediatamente el fondo del asunto y exponer en forma oral los  términos del dispositivo del fallo;  2. Diferir por una sola vez y hasta por un lapso de diez días el  pronunciamiento del dispositivo del fallo, cuando la complejidad del asunto  así lo requiera.  El texto íntegro del fallo deberá ser publicado dentro de los diez días  siguientes a la celebración de la audiencia de apelación o al vencimiento del  diferimiento. 
  Sección sexta: de la ejecución de la decisión 
  Incorporación de la decisión al expediente administrativo del juez o jueza  Artículo 91.  De la decisión definitivamente firme dictada se remitirá copia  certificada al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la  Comisión Nacional del Sistema de Justicia, a la Dirección Ejecutiva de la  Magistratura y al Sistema de Registro de Información Disciplinaria.  En caso de evidenciarse la comisión de algún hecho punible, deberá ser  remitida al Ministerio Público para la apertura de la correspondiente  investigación. 
  Forma de ejecución 
  Artículo 92.  Las decisiones serán ejecutadas, según sea el caso, de la siguiente  forma:  1. La decisión definitivamente firme de amonestación al incorporarla al  expediente administrativo del juez sancionado o jueza sancionada.  2. La decisión definitivamente firme que ordena la suspensión o destitución  del juez sancionado o jueza sancionada, mediante la inmediata  desincorporación del cargo.  3. La decisión definitivamente firme que ordene la realización de un nuevo  juicio, remitiendo el expediente respectivo al Tribunal Disciplinario Judicial. 
  DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
  Primera . Hasta tanto se conformen los Colegios Electorales Judiciales para la  elección de los jueces y juezas de la competencia disciplinaria judicial, el  Tribunal Supremo de Justicia procederá a designar los jueces y juezas y los  respectivos suplentes del: Juzgado de Sustanciación, Tribunal Disciplinario  Judicial, la Corte Disciplinaria Judicial; así como al Director o Directora del  órgano investigador disciplinario; en ambos casos, previa asesoría del Comité  de Postulaciones Judiciales. 
  <sub>266  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  Los jueces y juezas del Tribunal Disciplinario Judicial y de la Corte  Disciplinaria Judicial, así como sus respectivos suplentes, que actualmente se  encuentren en el ejercicio de sus funciones, continuarán en sus cargos hasta  tanto venza el período de cinco años para el cual fueron designados, con  posibilidad de reelección. 
  Segunda . Una vez entre en vigencia el presente Código:  1. La Inspectoría General de Tribunales debe remitir las causas que ya están  investigadas dentro de los treinta días siguientes al Juzgado de Sustanciación  de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial.  2. Las denuncias que estén por instruirse se remitirán al archivo de la  jurisdicción disciplinaria judicial hasta tanto sea creado el órgano  investigador disciplinario.  3. Las causas que se encuentren en trámites en la Oficina de Sustanciación de  la jurisdicción disciplinaria judicial seguirán su curso ante el Juzgado de  Sustanciación una vez se constituya el mismo.  4. Las causas cuyo trámite se encontraba suspendido, o paralizado, en razón  de cualquier medida cautelar que pesaba contra el derogado Código de Ética  del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en Gaceta Oficial de la  República Bolivariana de Venezuela N° 39.493, de fecha 23 de agosto de 2010,  serán reanudadas en la fase en la cual se encuentren. 
  Tercera . Una vez designado por el Tribunal Supremo de Justicia el director o  directora del Órgano de Investigación Disciplinario, la jurisdicción  disciplinaria judicial tendrá un lapso no mayor a treinta días para conformar  el órgano investigador disciplinario y a su vez queda facultado para la  elaboración de su reglamento orgánico y de funcionamiento. 
  Cuarta . Se establece un máximo de sesenta días, contados a partir de la fecha  de publicación del presente Código en la Gaceta Oficial de la República  Bolivariana de Venezuela, para efectuar las adecuaciones organizativas,  financieras y de funcionamiento, para lo cual el ordenador de pago  garantizará la totalidad de los recursos necesarios para realizar los ajustes de  forma perentoria.  Quinta . Con la entrada en vigencia del presente Código, el Tribunal Supremo  de Justicia designará al juez sustanciador o jueza sustanciadora y al director o  directora del órgano investigador disciplinario dentro de los treinta días  siguientes.  DISPOSICIÓN DEROGATORIA  Única . Se deroga el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana,  publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N°  39.493, de fecha 23 de agosto de 2010. 
  DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
  
  <sub>267  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>   DISPOSICIÓN FINAL 
  Única . El presente Código entrará en vigencia a partir de su publicación en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.  Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea  Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los  veintitrés días del mes de diciembre de dos mil quince. Años 205° de la  Independencia, 156° de la Federación, y 16° de la Revolución Bolivariana. 
  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  Presidente de la Asamblea Nacional  Siguen firmas  
  Promulgación del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana,  de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela.  Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintiocho días del mes de diciembre  de dos mil quince. Años 205° de la Independencia, 156° de la Federación y 16°  de la Revolución Bolivariana. Cúmplase, 
  (Siguen firmas)  
  II.  SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL  SUPREMO DE JUSTICIA, DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2016,  RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE N° 09-1038, EN LA CUAL SUSPENDE  DE OFICIO Y CAUTELARMENTE, HASTA TANTO SE DICTE  SENTENCIA RESPECTO AL MÉRITO DE LA DEMANDA DE  NULIDAD: LA PARTE IN FINE DEL  ARTÍCULO 1, DEL CÓDIGO  DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA,  PUBLICADO  EN  LA  GACETA  OFICIAL  N°  6.207 
  EXTRAORDINARIO, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EL  ENCABEZADO DEL ARTÍCULO 2 DEL MISMO CÓDIGO, Y  RATIFICA OTRAS MEDIDAS.  MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN 
  El 16 de septiembre de 2009, la abogada NANCY CASTRO DE VÁRVARO,  venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 6.891.798 e  inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 20.288,  interpuso, en nombre propio, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional,  demanda de nulidad por inconstitucionalidad, conjuntamente con solicitud  de medida cautelar innominada contra el Código de Ética del Juez  Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la  República Bolivariana de Venezuela N° 39.236 del 6 de agosto de 2009, cuya  reforma parcial fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.493 del 23 de agosto 
  <sub>268  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  de 2010 (actualmente derogado por el Código de Ética del Juez Venezolano y  Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del  28 de diciembre de 2015) y subsidiariamente, sólo para el caso en que la  nulidad total no fuese acordada, solicitó la nulidad de los artículos 29, 34, 40,  51, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 73, 75, 78, 81 y 85 del señalado Código, así como  de las disposiciones transitorias y derogatorias contenidas en dicho  instrumento normativo. 
  Con ocasión de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad,  conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada interpuesta, esta  Sala Constitucional dictó sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013, mediante la  cual resolvió lo siguiente:  “PRIMERO: COMPETENTE para conocer de la demanda de nulidad por  inconstitucionalidad  ejercida  conjuntamente  con  medida  cautelar  innominada por  la abogada Nancy Castro De (sic) Várvaro…   SEGUNDO: ADMITE la demanda de nulidad por inconstitucionalidad  interpuesta.  TERCERO: CÍTESE al Presidente de la Asamblea Nacional.  CUARTO: NOTIFÍQUESE a la Fiscala General de la República, a la Defensora  del Pueblo y a los Presidentes de la Corte Disciplinaria Judicial y del Tribunal  Disciplinario Judicial.  QUINTO: EMPLÁCESE a los interesados mediante cartel, el cual será  publicado por cuenta de la Secretaría de esta Sala en uno de los diarios de  circulación nacional.  SEXTO: NIEGA la medida cautelar solicitada por la ciudadana Nancy Castro  de Várvaro, en el sentido de suspender la aplicación in totum del Código de  Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.  SÉPTIMO. SUSPENDE de oficio, como medida cautelar innominada y hasta  tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa, el único aparte del  artículo 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.  OCTAVO: DECRETA de oficio, como medida cautelar innominada y hasta  tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa, que el Inspector  General de Tribunales será el competente, en los términos señalados en este  fallo, para iniciar de oficio o por denuncia las investigaciones contra los jueces  o juezas, admitir la denuncia y practicar las diligencias conducentes al  esclarecimiento de los hechos.  NOVENO: SUSPENDE de oficio, el segundo párrafo del artículo 35 y los  cardinales 2, 3, 5, 7 y 8 del artículo 37 (relativos a la competencia de la Oficina  de Sustanciación para realizar la “investigación preliminar”), todos del 
  <sub>269  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  Reglamento Orgánico y Funcional de la Jurisdicción Disciplinaria y Judicial,  publicado en la Gaceta Oficial N° 39.750 del 5 de septiembre de 2011; así como  el Manual de Normas y Procedimientos para la Oficina de Sustanciación,  publicado en la Gaceta Oficial N° 39.797 del 10 de noviembre de 2011. 
  DÉCIMO: SUSPENDE de oficio, como medida cautelar innominada y hasta  tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa, la referencia que hace  el artículo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana a  los jueces y juezas temporales, ocasionales, accidentales o provisorios y que  permite la extensión a esta categoría de jueces y juezas del procedimiento  disciplinario contemplado en los artículos 51 y siguientes del mencionado  Código, por no tratarse de jueces o juezas que hayan ingresado a la carrera  judicial, correspondiéndole a la Comisión Judicial la competencia para  sancionarlos y excluirlos de la función jurisdiccional. 
  UNDÉCIMO: SUSPENDE de oficio, como medida cautelar innominada y  hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa, el único aparte  del artículo 16 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.  DUODÉCIMO: ORDENA que en la citación y las notificaciones que se  ordenaron librar se les informe a los destinatarios que si lo estiman pertinente  pueden formular oposición a la medida cautelar decretada, con base en el  artículo 131 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”.   
  El 16 de julio de 2013, esta Sala Constitucional mediante decisión N° 983,  declaró: “[…] PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de corrección de error  material de la sentencia N° 516 dictada por esta Sala el 7 de mayo de 2013,  solicitada por la abogada Nancy Castro de Várvaro. En consecuencia, se  identifica a la abogada Nancy Castro de Várvaro como titular de la cédula de  identidad N° 4.733.867. SEGUNDO: IMPROCEDENTE la solicitud de  ampliación del fallo N° 516 dictado por esta Sala el 7 de mayo de 2013,  realizada por la abogada Nancy Castro de Várvaro ”.  
  Asimismo, el 17 de octubre de 2013, en sentencia N° 1388, la Sala  Constitucional en la oportunidad de pronunciarse sobre la aclaratoria  solicitada por los Presidentes del Tribunal Disciplinario Judicial y de la Corte  Disciplinaria Judicial, del fallo N° 516/2013, resolvió lo siguiente: 
  “[…] 1. - Al margen de las consideraciones necesarias acerca de la  constitucionalidad de que el órgano jurisdiccional decisor sea el mismo  órgano instructor de la investigación, pues ello corresponde al fondo de lo  controvertido, en cuanto a la solicitud de que esta Sala precise a qué se refiere  cuando afirma que la Oficina de Sustanciación será el órgano sustanciador  pero del proceso judicial, se debe señalar que con dicha frase se alude a las  competencias que de común corresponde a cualquier Juzgado de  Sustanciación en un cuerpo colegiado.  
  <sub>270  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  En efecto, como lo ha afirmado esta Sala en otra oportunidad, el Juzgado de  Sustanciación es un órgano constituido en algunos tribunales colegiados,  como es el caso de las Salas Plena, Constitucional o Sala Político  Administrativa de este Alto Tribunal o de las Cortes de lo Contencioso  Administrativo. Su misión, como lo revela su propia denominación, consiste  en llevar a cabo la tramitación procedimental -la sustanciación- de las causas  (Vid. Sent. N° 1891/2006). Ciertamente, las facultades de los Juzgados de  Sustanciación no están reguladas de manera sistemática, por lo que las  mismas nacen como resultado del análisis de cada uno de los procedimientos  contemplados en los distintos cuerpos normativos; aun cuando existen  facultades que le son recurrentes. Así fue expresamente señalado en el fallo  N° 1275/2000, donde se lee:  
  Así las cosas, esta Sala encuentra que la más recurrente facultad de los  Juzgados de Sustanciación es la de pronunciarse sobre la admisión de los  recursos o demandas interpuestas, tal como lo disponen los artículos 105, 115  y 123 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia que regula las  demandas contra la República y los juicios contra actos administrativos  generales e individuales. 
  Pero otra facultad importante del Juzgado de Sustanciación está referida - especialmente en los procesos contencioso administrativos- a la sustanciación  o tramitación de la fase probatoria, al llamamiento de los terceros interesados  y a la expedición del cartel de emplazamiento para que éstos intervengan,  facultades que tienen por finalidad la desconcentración de las actividades  dentro de un mismo tribunal, respetando obviamente la jerarquía del Órgano  Judicial que de acuerdo a la ley le corresponde asumir las competencias. 
  El hecho es que como sustanciador del proceso le correspondería a la Oficina  de Sustanciación únicamente la realización de todos los actos necesarios para  la tramitación de la causa a los fines de acondicionarla para la emisión de la  decisión de mérito sobre el fondo una vez celebrada la audiencia. En otras  palabras, de velar por la consecución de los típicos actos de sustanciación del  proceso, tales como: la admisión de la demanda, la admisión de pruebas,  citaciones y notificaciones, etcétera. Es decir, que con el fin de descongestionar  al órgano jurisdiccional colegiado de actuaciones procedimentales que  pudieran distraerle de su labor de emitir sentencias de fondo, su competencia  está condicionada, teleológicamente, a la preparación, adecuación,  depuración y tramitación del juicio hasta dejarlo en condiciones de celebrar la  audiencia y dictar sentencia. Así se decide. 
  2.- Respecto de las competencias del Inspector General de Tribunales para  solicitar el sobreseimiento de la causa y para impulsar la sanción contra un  juez o una jueza, los solicitantes acusan dudas sobre los aspectos siguientes:  i) si es un poder discrecional; ii) si es el único facultado para recibir la 
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  denuncia; iii) quién controla la investigación realizada por el Inspector  cuando se presuma con fundamento la existencia de un ilícito disciplinario;  iv) cuánto tiempo durara la investigación; y v) ante quién se recurrirá el auto  que acuerde el archivo ordenado por el Inspector.  
  En ese sentido se debe comenzar por afirmar dos cosas. La primera, que en  materia sancionatoria no hay lugar para poderes discrecionales; y la segunda,  que como corolario de ello existe una clara distribución de competencias en la  que se le asigna a cada órgano un rol específico: el del Inspector General de  Tribunales de investigar e impulsar la sanción; y el de los órganos  jurisdiccionales disciplinarios de juzgar la actuación del juez en atención a lo  presentado por el Inspector. Ni a uno ni a los otros le corresponde cuestionar,  más allá del diseño procesal, la institucionalidad en el actuar de cada uno. 
  De tal suerte que:  
  i) La competencia del Inspector General de Tribunales de solicitar el  sobreseimiento y de impulsar la sanción contra un juez o una jueza no es una  potestad discrecional. Su margen de actuación emerge del propio Código de  Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Los supuestos del  sobreseimiento están delimitados en el artículo 60 eiusdem y los de la sanción  por cada uno de los tipos antijurídicos susceptibles de amonestación,  suspensión o destitución contenidos en el mismo Código; 
  ii) A tenor de lo señalado en la sentencia cuya aclaratoria se solicita, en el  sentido de: a) que “Las competencias que los artículos 52 y 55 del Código de  Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana le atribuyen a la Oficina de  Sustanciación se reputarán propias de la Inspectoría General de Tribunales”;  y b) que “Las competencias que los artículos 55, 57 y 58 le atribuyen al  Tribunal Disciplinario Judicial se entenderán propias del Inspector General  de Tri bunales”, se concluye que el Inspector General de Tribunales es el único  competente para admitir las denuncias contra los jueces y juezas. Si la  denuncia es recibida por cualquier otro órgano la misma debe ser remitida  inmediatamente al Inspector General de Tribunales para que éste proceda en  consecuencia; 
  iii) El control de la investigación emerge del propio diseño procesal. En ese  sentido, a tenor del único aparte del artículo 55 del Código de Ética, la no  admisión de la denuncia tiene apelación por parte del denunciante dentro de  los cinco días hábiles siguientes a su notificación; sólo que, por orden de esta  Sala, dicha apelación corresponde ser conocida por el Tribunal Disciplinario  Judicial. El archivo de las actuaciones y el sobreseimiento es otro mecanismo  procesal de control, en virtud de que en función de lo establecido en el artículo  59, el archivo de las actuaciones compete, a solicitud del Inspector General de  Tribunales, al Tribunal Disciplinario Judicial, decisión que incluso tiene  apelación de parte interesada por ante la Corte Disciplinaria Judicial; y el 
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  sobreseimiento, que también debe ser decretado por el Tribunal Disciplinario  Judicial a solicitud del Inspector General de Tribunales, tiene consulta  obligatoria dentro de los cinco días de despacho siguientes o apelación de  parte interesada a tenor del artículo 63.4 del aludido Código. El lapso de diez  días hábiles contados a partir del auto de apertura de la investigación para  que ésta concluya también es un mecanismo de control, pues finalizado dicho  acto obliga a impulsar la sanción, a solicitar el archivo de las actuaciones o a  solicitar el sobreseimiento en los términos descritos. 
  iv) La investigación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 58 del Código durará  diez (10) días hábiles contados a partir de la apertura de la misma (lo cual, en  el caso de la denuncia, ocurre con su admisión), con la precisión de que la  investigación sólo puede ser realizada por el Inspector General de Tribunales,  de tal suerte que la “investigación” que puede realizar “cualquier órgano del  Poder Público” en los términos del artículo 53.3 se refiere en realidad a una  “denuncia” que puede ser interpuesta por cualquier órgano del Poder Público  en los términos establecidos por el artículo 54. 
  v) Siendo que el archivo de las actuaciones es competencia del Tribunal  Disciplinario Judicial, a solicitud del Inspector General de Tribunales, la  apelación de dicha decisión compete a la Corte Disciplinaria Judicial. Así se  decide.  3.- En lo que concierne al tratamiento que debe dársele a las causas relativas a  jueces temporales, ocasionales, provisorios o accidentales que actualmente se  encuentran en curso, y a los términos en que quedarían las medidas cautelares  otorgadas en cada uno de esos procesos se debe señalar, lo siguiente: 
  Siendo que esta Sala suspendió cautelarmente la referencia que hace el  artículo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana a los  jueces y juezas temporales, ocasionales, accidentales o provisorios y que  permite la extensión, a esta categoría de jueces y juezas, del procedimiento  disciplinario contemplado en los artículos 51 y siguientes del mencionado  Código, los procesos que ya se habían iniciados a tales jueces para el momento  en que se dictó la decisión cuya aclaratoria se solicita (7 de mayo de 2013)  penden de lo decidido en esta demanda de nulidad. De tal suerte que existe  una cuestión prejudicial en cada una de esas causas en los términos previstos  en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, razón por  la cual, con base en el artículo 355 eiusdem, continuarán su curso hasta llegar  al estado de sentencia, bien sea de primera instancia o de apelación, en cuyo  estado se suspenderá hasta que se resuelva la presente demanda de nulidad,  sin menoscabo de la competencia de la Comisión Judicial de excluirlos de la  función jurisdiccional, en ejercicio de su competencia de coordinar las  políticas, actividades y desempeño de la Dirección Ejecutiva de la  Magistratura, la Escuela Nacional de la Magistratura y la Inspectoría General 
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  de Tribunales y de someter a la consideración de la Sala Plena las políticas de  reorganización del Poder Judicial y su normativa. Corolario de lo anterior, las  medidas cautelares otorgadas en tales causas mantienen plenos efectos  jurídicos. Así se decide. 
  Respecto de las investigaciones que ya se encontraban iniciadas, la sentencia  cuya aclaratoria se solicita, en el dispositivo noveno, señaló que: “las  denuncias -admitidas o no- que cursen actualmente ante la Oficina de  Sustanciación; así como las que cursen ante el Tribunal Disciplinario Judicial  en las cuales no haya habido citación del juez o jueza denunciado deberán ser  remitidas a la Inspectoría General de Tribunales, para que dicho órgano lleve  a cabo las diligencias correspondientes p ara el esclarecimiento de los hechos”,  mandato que no varía por el hecho de que se trate de denuncias interpuestas  a esta categoría de jueces antes del 7 de mayo de 2013, pues en ese caso debe  procederse como se señaló en el párrafo anterior, esto es, que llegado a estado  de sentencia la causa se suspenderá hasta que se dicte decisión definitiva en  esta demanda de nulidad. Así se decide”.  
  Por último, esta Sala Constitucional, mediante sentencia N° 1082 del 11 de  agosto de 2015, declaró sin lugar la oposición formulada por los abogados  Tulio Amado Jiménez Rodríguez y Hernán Pacheco Alviárez, actuando con  el carácter de Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial y Presidente del  Tribunal Disciplinario Judicial respectivamente, contra la sentencia núm. 516  del 7 de mayo de 2013. 
  El 23 de diciembre de 2015, se constituyó esta Sala Constitucional en virtud  de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional  en sesión extraordinaria celebrada el 23 del mismo mes y año, publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.816, del 23 de  diciembre de 2015; en consecuencia, quedó integrada de la siguiente manera:  Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado  Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas  Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Antonio Ortega  Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson;  ratificándose en su condición de ponente a la Magistrada Doctora Carmen  Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. 
  I 
  Visto que el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana,  publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°  39.236 del 6 de agosto de 2009, cuya reforma parcial fue publicada en la Gaceta  Oficial N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, fue derogado por el Código de  Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial  N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015; esta Sala Constitucional  debe precisar lo siguiente: 
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  En la oportunidad en que fue admitida la presente demanda de nulidad por  inconstitucionalidad, esta Sala se declaró competente en los siguientes  términos:  “[…] El cardinal 1 del artículo 336 de la Constitución  de la República  Bolivariana de Venezuela establece que es atribución de esta Sala  Constitucional ‘Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y  demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta  Constitución.  Por su parte, el cardinal 6 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal  Supremo de Justicia vigente para el momento en que fue interpuesta la  demanda de nulidad fija como competencia exclusiva y excluyente de esta  Sala Constitucional:  6. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con  rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela, mediante el ejercicio del control  concentrado de la constitucionalidad. La sentencia que declare la nulidad total  o parcial deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de  Venezuela, determinando expresamente sus efectos en el tiempo. 
  Tal competencia fue ratificada en el cardinal 1 del artículo 25 de la reformada  Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial  N° 5.991 Extraordinario, del 29 del julio de 2010 (cuya última reimpresión fue  publicada en la Gaceta Oficial N° 39.552, del 1 de octubre de 2010), al  establecer dicha disposición lo siguiente:  1.      Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos  con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de  la República.  Sobre la base de las disposiciones señaladas supra, esta Sala Constitucional se  declara competente para conocer y decidir la pretensión anulatoria  interpuesta por la abogada Nancy Castro De Várvaro contra el Código de  Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta  Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236 del 6 de agosto de  2009, cuya reforma parcial fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.493 del 23  de agosto de 2010. Así se declara”.  
  Al respecto, la Sala reitera que si bien la acción de nulidad debe incoarse  respecto de textos vigentes, es posible mantener el interés en la sentencia, si  fuese derogada o reformada la ley que contiene la disposición impugnada. En  tal sentido, esta Sala Constitucional mediante sentencia N° 796 del 2 de mayo  de 2007, estableció lo siguiente: 
  <sub>275  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  “Como se observa,  el Decreto impugnado fue derogado un año después de  su entrada en vigencia. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de la Sala, la  acción de nulidad debe incoarse respecto de textos vigentes. Sin embargo, la  Sala ha sostenido que es posible mantener el interés en la sentencia, si fuese  derogada o reformada la ley que contiene la disposición impugnada, en dos  supuestos:  1)            Cuando la norma ha sido reproducida en un nuevo texto, con lo que  en realidad sigue vigente y lo que se produce es el traslado de la  argumentación de la demanda a esa otra norma; y  2)            Cuando la norma, pese a su desaparición, mantiene efectos que es  necesario considerar, como ocurre en los casos de la llamada ultraactividad”.   Visto entonces que en el caso sub lite, el contenido de las disposiciones  impugnadas, así como la regulación del procedimiento disciplinario judicial  fueron recogidas igualmente en el Código de Ética del Juez Venezolano y  Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del  28 de diciembre de 2015; esta Sala Constitucional, con base en el precedente  judicial parcialmente citado, declara su competencia para continuar  conociendo  de  la  demanda  de  nulidad  por  inconstitucionalidad 
  conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada interpuesta por  la abogada Nancy Castro de Várvaro, anteriormente identificada, actuando  en nombre propio contra el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza  Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de  Venezuela N° 39.236 del 6 de agosto de 2009, cuya reforma parcial fue  publicada en la Gaceta Oficial N° 39.493 del 23 de agosto de 2010 (hoy  derogado por el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana,  publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de  2015). Así se decide.  
  II 
  Visto que en la sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013, como medida cautelar  innominada se suspendieron de oficio -hasta tanto se dicte sentencia  definitiva en la presente causa- los artículos 1, único aparte; 2 y 16, único  aparte; del derogado Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza  Venezolana, así como el segundo párrafo del artículo 35 y los cardinales 2, 3,  5, 7 y 8 del artículo 37 (relativos a la competencia de la Oficina de  Sustanciación para reali zar la “investigación preliminar”), todos del  Reglamento Orgánico y Funcional de la Jurisdicción Disciplinaria y Judicial,  publicado en la Gaceta Oficial N° 39.750 del 5 de septiembre de 2011; así como  el Manual de Normas y Procedimientos para la Oficina de Sustanciación,  publicado en la Gaceta Oficial N° 39.797 del 10 de noviembre de 2011, y de la  misma manera se declaró de oficio y cautelarmente, que la Inspectoría  General de Tribunales es el único órgano competente, para iniciar de oficio o 
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  por denuncia las investigaciones contra los jueces o juezas, admitir la  denuncia y practicar las diligencias conducentes al esclarecimiento de los  hechos, esta Sala como custodio de los principios, derechos y normas  previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en su  deber de adecuar, constitucionalmente, aquellas disposiciones legales cuya  aplicación menoscabe tales derechos, debe precisar lo siguiente:   DE LA APLICACIÓN A LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DEL  TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ  VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA, PUBLICADO EN LA GACETA  OFICIAL N° 6.207 EXTRAORDINARIO, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015.  El único aparte del artículo 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza  Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.493 del 23 de agosto de 2010,  disponía textualmente lo siguiente:  “Las normas contempladas en el presente Código serán aplicables a los  magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto no  contradigan lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela.”    Por su parte, el nuevo Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza  Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de  diciembre de 2015, dispone en el único aparte del artículo 1, lo que sigue:  “El presente Código igualmente rige la conducta de los Magistrados y  Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y su control compete a los  órganos señalados en el artículo 265 de la Constitución de la República”.   
  Como puede observarse, ambas disposiciones normativas prevén que el  Código de Ética en comento es aplicable a los Magistrados y Magistradas del  Tribunal Supremo de Justicia; no obstante que el régimen disciplinario de los  Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia está previsto en  el artículo 265 constitucional, que estipula que los mencionados altos  funcionarios “…podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional  mediante una mayoría calificada de los dos terceras partes de sus integrantes,  previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves  ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca”  (resaltado añadido). 
  En la sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013, mediante la cual se  suspendieron cautelarmente las normas en referencia, se dispuso lo siguiente:  “Ciertamente, las causales de remoción de los Magistrados y Magistradas del  Tribunal Supremo de Justicia aparecen recogidas en los artículos 11 de la Ley  Orgánica del Poder Ciudadano y 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo  de Justicia; y, sin lugar, a dudas en ambos preceptos figura entre las causales 
  <sub>277  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  de remoción, precisamente, las que estipule el Código de Ética del Juez  Venezolano y Jueza Venezolana; no obstante, ello pareciera dar lugar apenas  a una aplicación muy puntual de la estructura normativa de dicho Código a  los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, ya que el  artículo 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  reserva el régimen disciplinario de los Magistrados y Magistrados del  Tribunal Supremo de Justicia a un proceso complejo en el que participan dos  poderes públicos: el Poder Ciudadano y el Poder Legislativo, de tal suerte que  la residualidad contenida en el único aparte del artículo 1 del Código de Ética  del Juez Venezolano y Jueza Venezolana es de tal forma general que infunde  sospecha de contradicción a la norma de competencia contenida en el artículo  265 constitucional, lo cual requiere la suspensión de su contenido para evitar  que su ejercicio simultáneo cause perjuicios irreparables por una potencial  invasión de competencias”.  
  Ello así, siendo que ambas disposiciones mantienen la aplicabilidad del  régimen disciplinario contenido en el nuevo Código de Ética en comento a los  Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia; esta Sala  Constitucional, con fundamento en la sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013,  ratifica la necesidad de suspender de oficio y cautelarmente, hasta tanto se  dicte sentencia respecto del mérito de la presente demanda de nulidad, el  único aparte del artículo 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza  Venezolana publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de  diciembre de 2015). Así se decide. 
  DE LA EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE EN EL  CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA  PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 6.207 EXTRAORDINARIO, DEL  28 DE DICIEMBRE DE 2015,  A LOS JUECES TEMPORALES,  OCASIONALES, ACCIDENTALES Y PROVISORIOS.  El encabezado del artículo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza  Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.493 del 23 de agosto de 2010,  disponía textualmente lo siguiente:  “El presente Código se aplicará a todos los jueces y todas las juezas dentro del  territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Se entenderá por juez o  jueza todo aquel ciudadano o ciudadana que haya sido investido o investida  conforme a la ley, para actuar en nombre de la República en ejercicio de la  jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o  provisoria” (Subrayado de este fallo).    Por su parte, el nuevo Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza  Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de  diciembre de 2015, dispone en el encabezado del artículo 2, lo que sigue: 
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  “El presente Código se aplicará a todos los jueces y juezas dentro del territorio  de la República Bolivariana de Venezuela. Se entenderá por juez o jueza todo  ciudadano o ciudadana que haya sido investido o investida conforme a la  ley”.   Como puede observarse, el encabezado del artículo 2 del vigente Código de  Ética no hace mención a los jueces permanentes, temporales, ocasionales,  accidentales o provisorios; empero, el encabezamiento del artículo 255 de la  Constitución establece lo siguiente: 
  “El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por  concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de  los o las participantes y serán seleccionados o seleccionadas por los jurados  de los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley. El  nombramiento y juramento de los jueces o juezas corresponde al Tribunal  Supremo de Justicia. La ley garantizará la participación ciudadana en el  procedimiento de selección y designación de los jueces o juezas. Los jueces o  juezas sólo podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los  procedimientos expresamente previstos en la ley”.  
  De este modo, la Constitución contempla una garantía esencial en el Estado  de Derecho, cual es la estabilidad de los jueces, a fin de mantener su  independencia, asegurándoles su permanencia en los cargos, salvo que se  compruebe la comisión de faltas previstas en el ordenamiento jurídico  aplicable, que ameriten su respectiva sanción.  Asimismo, el encabezado del artículo 267 de la Constitución dispone:  “Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la  administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales  de la República y de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde la  elaboración y ejecución de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder  Judicial”.  
  Por su parte, la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del  Poder Judicial, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.014, del 15 de agosto de  2000, creó, la Comisión Judicial (artículo 2), como órgano del Tribunal  Supremo de Justicia, para ejercer por delegación las funciones de control y  supervisión de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, así como todas  aquellas atribuciones enumeradas en ese texto normativo, entre las cuales se  encuentra, la de nombrar a los jueces y juezas de la República Bolivariana de  Venezuela, en el marco del ordenamiento jurídico vigente, a fin de garantizar  la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela, lo que justifica la designación de jueces  y juezas no titulares para darle continuidad a la Administración de Justicia y  el acceso a la justicia de los ciudadanos y ciudadanas. 
  <sub>279  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  Por tanto, los jueces y juezas, provisorios o que ingresen a la judicatura  mediante un acto de naturaleza discrecional, evidentemente ocupan cargos  judiciales; pero, dado que son designados discrecionalmente, no ostentan la  condición de jueces de carrera, al no haber ingresado por concurso público en  el que, tras diversas pruebas (escrita, práctica y oral), se les haya evaluado. Su  designación la realiza la Comisión Judicial, por la delegación que hace la Sala  Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en razón de la necesidad de ocupar  los cargos judiciales mientras culmina el mencionado proceso, distinto a los  jueces y juezas de carrera que sí gozan de estabilidad (Vid sentencia N° 2414  del 20 de diciembre de 2007, caso. Yolanda del Carmen Vivas Guerrero). 
  Ahora bien, en la sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013, mediante la cual se  suspendió cautelarmente el encabezado del artículo 2 en referencia, se  dispuso al respecto lo siguiente:  El precepto legal transcrito contempla el denominado ámbito subjetivo de la  Ley, esto es, quiénes son los sujetos sometidos al régimen jurídico  contemplado en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza  Venezolana; a saber: los jueces y juezas permanentes, temporales, ocasionales,  accidentales o provisorios.  
  El enunciado legal así descrito y sin ninguna consideración adicional guarda  consonancia con el orden constitucional; sin embargo, cuando se considera  que el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, además de  fijar los referentes éticos con base en los cuales se ha de determinar la  idoneidad y excelencia de un juez o una jueza para la función jurisdiccional,  estatuye un régimen de inamovilidad propio de la carrera judicial; la  extensión de este proceso disciplinario judicial a los jueces temporales,  ocasionales, accidentales o provisorios para poder excluirlos de la función  jurisdiccional, pese a que formalmente no han ingresado a la carrera judicial,  pareciera colidir con el texto Constitucional.  
  En efecto, señala el artículo 255 constitucional que el ingreso a la carrera  judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por concursos de oposición  públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los y las participantes.  Asimismo, continúa señalando este mismo artículo, los jueces o juezas sólo  podrán ser removidos o removidas, suspendidos o suspendidas de sus cargos  mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley.  
  De ese modo, cuando el artículo 255 constitucional refiere que “los” jueces o  juezas sólo podrán ser removidos o suspendidos mediante los procedimientos  previstos en la ley, alude a aquellos jueces que han ingresado a la carrera  judicial por haber realizado y ganado el concurso de oposición público, como  lo exige el encabezado del artículo; pues es dicho mecanismo el que hace  presumir (de forma iuris tantum) la idoneidad y excelencia del juez o jueza;  una presunción que es, efectivamente, desvirtuable mediante el proceso 
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  disciplinario judicial como parte de la validación constante y permanente de  la idoneidad y excelencia; pero que se erige a su vez como una garantía de la  inamovilidad propia de la carrera judicial.  
  Siendo ello así, aun cuando efectivamente el Código de Ética del Juez  Venezolano y la Jueza Venezolana le es efectivamente aplicable a todos los  jueces -indistintamente de su condición- como parámetro ético de la función  jurisdiccional; no obstante, el procedimiento para la sanción que dicho Código  contempla pareciera, salvo mejor apreciación en la definitiva, no ser extensible  a los Jueces y juezas temporales, ocasionales, accidentales o provisorios, ya  que dicho proceso es una garantía de la inamovilidad ínsita a la carrera  judicial; y se obtiene la condición de juez o jueza de carrera si se gana el  concurso de oposición público.  
  Por tanto, a fin de no contradecir el contenido normativo del artículo 255 de  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se SUSPENDE  cautelarmente, mientras dure el presente juicio, la referencia que hace el  artículo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana a los  jueces y juezas temporales, ocasionales, accidentales o provisorios y que  permite la extensión, a esta categoría de jueces y juezas, del procedimiento  disciplinario contemplado en los artículos 51 y siguientes del mencionado  Código, por no tratarse de jueces o juezas que hayan ingresado a la carrera  judicial, correspondiéndole a la Comisión Judicial la competencia para  sancionarlos y excluirlos de la función jurisdiccional, visto que se trata de un  órgano permanente, colegiado y delegado de la Sala Plena de este Tribunal  Supremo de Justicia, al que compete coordinar las políticas, actividades y  desempeño de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Escuela Nacional  de la Magistratura y la Inspectoría General de Tribunal (ex: artículo 73 del  Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia), así como someter a la  consideración de la Sala Plena las políticas de reorganización del Poder  Judicial y su normativa (artículo 79 eiusdem). Así se declara.  
  Por todo ello, a fin de evitar contradicciones entre las disposiciones contenidas  en la Carta Magna y la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, respecto del  régimen disciplinario aplicable a los jueces y juezas titulares (de carrera) y no  titulares (provisorios, temporales y accidentales), y también para mantener la  aplicabilidad del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana,  sin alterar las competencias de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de  Justicia, órgano encargado del control, disciplina y gobierno judicial, esta Sala  Constitucional con fundamento en la sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013,  ratifica la necesidad de suspender de oficio y cautelarmente, hasta tanto se  dicte sentencia respecto del mérito de la presente demanda de nulidad, el  encabezado del artículo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza  Venezolana publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de  diciembre de 2015. Así se decide.  
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  DE LA OMISIÓN DE LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES EN  LA ESTRUCTURA DISCIPLINARIA Y EL ROL QUE HA DE DESEMPEÑAR  EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.  El Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana publicado en la  Gaceta Oficial N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, no hacía referencia alguna  a la Inspectoría General de Tribunales. Al respecto, esta Sala en la sentencia  N° 516 del 7 de mayo de 2013, dispuso lo siguiente: 
  “En el diseño procesal escogido por el legislador para estructurar la  jurisdicción disciplinaria judicial, de cara a la investigación de los hechos y su  sustanciación, este se decantó por el funcionamiento de una Oficina de  Sustanciación “…como órgano instructor del procedimiento disciplinario, la  cual estará constituida por uno o más sustanciadores o sustanciadoras y un  secretario o una secretaria, quienes iniciarán de oficio o por denuncia las  investigaciones contra los jueces o juezas, y de considerarlo procedente lo  remitirán al Tribunal Disciplinario Judicial” (ex: artículo 52); y por la  asignación al Tribunal Disciplinario Judicial de la competencia para admitir  la denuncia (ex: artículo 55) y para practicar las diligencias conducentes al  esclarecimiento de los hechos (ex: artículo 57); competencias que durante la  concepción administrativa de la disciplina judicial correspondía al Inspector  General de Tribunales.  
  Dicho diseño procesal contaría con una presunción de validez constitucional  (desvirtuable prima facie a través del proceso de nulidad), al amparo del  principio de libertad de configuración del legislador, si no fuese por el hecho  de que el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela dispone que ‘Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la  dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y  vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas”  (resaltado añadido); precepto constitucional con base en el cual se señaló, en  el artículo 81 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia -y hace  énfasis esta Sala en el carácter orgánico de dicha Ley- , que “La Inspectoría  General de Tribunales tendrá como función esencial la inspección y vigilancia,  por órgano de la Sala Plena, de los tribunales de la República de conformidad  con la ley’.   
  En efecto, se debe resaltar que el artículo 267 constitucional, como toda norma  de competencia, posee una doble dimensión: la primera, que podría calificarse  de positiva, indica a quién se le asigna la competencia de inspeccionar y  vigilar; y la segunda, que bien puede denominarse negativa o restrictiva,  excluye de ese ámbito de competencia a los no señalados en la norma. En ese  orden de ideas, este rol de inspección y vigilancia fue entendido por la  Asamblea Nacional Constituyente, en el Régimen de Transición del Poder  Público (Gaceta Oficial N° 36.859 del 29 de diciembre de 1999), como la 
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  potestad de iniciar el procedimiento disciplinario con la apertura del  expediente y la citación del juez (artículo 29); esto es, la instrucción del  expediente y posterior acusación. Dicha concepción fue compartida y  desarrollada por la Sala Plena de este Alto Tribunal, quien, el 12 de noviembre  de 2008, mediante Resolución N° 2008-0058, dictó las normas concernientes a  la organización y funcionamiento de la Inspectoría General de Tribunales,  entre cuyas funciones destaca: recibir las denuncias que presenten los  usuarios contra los jueces y juezas de la República (artículo 9.1), sustanciar los  expedientes en fase disciplinaria hasta la presentación de la acusación  (artículo 12.2) y sostener la acusación disciplinaria ante el órgano competente  (artículo 12.5).  
  De ese modo, visto que tanto la inspección como la vigilancia transversalizan  la validación constante de la idoneidad y excelencia para la función  jurisdiccional de los jueces integrantes del Poder Judicial (ex: artículo 255  constitucional), por principio de coherencia del ordenamiento jurídico, el  llamado a inspeccionar y vigilar a los Tribunales de la República debe contar  con la posibilidad real de cuestionar e impulsar, ante la jurisdicción  disciplinaria judicial, la sanción de los jueces considerados no idóneos para la  función jurisdiccional.  
  Por tanto, considerando que el legislador orgánico estipuló que la función de  inspección y vigilancia de los Tribunales de la República (la cual compete al  Tribunal Supremo de Justicia) se canalizaría a través del Inspector General de  Tribunales; el legislador ordinario, es decir, el Código de Ética del Juez  Venezolano y la Jueza Venezolana, ha debido tener en cuenta esta estructura  orgánica y darle cabida en su diseño procesal. Y más aún, en atención a la  dimensión negativa de la asignación de competencia realizada por el artículo  267 constitucional al Tribunal Supremo de Justicia, el cuestionamiento de la  idoneidad y excelencia de los jueces y el impulso de la sanción serían  competencias exclusivas de la Inspectoría General de Tribunales.  
  Siendo ello así, de cara a lo dispuesto en los artículos 25, 137 y 138  constitucionales, resulta necesario garantizar la participación activa y  exclusiva, sin perjuicio de los derechos procesales de los interesados -entre  ellos los denunciantes-, del Inspector General de Tribunales en el proceso  disciplinario judicial, a fin de procurar el correcto desempeño de las  competencias que la propia Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela le asigna a este Alto Tribunal.  
  Por lo cual, como medida cautelar innominada hasta tanto se dicte sentencia  definitiva en la presente causa, esta Sala Constitucional DECRETA, de oficio,  que las competencias que el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza  Venezolana le asigna a la Oficina de Sustanciación y al Tribunal Disciplinario  Judicial para iniciar de oficio o por denuncia las investigaciones contra los 
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  jueces o juezas, admitir la denuncia y practicar las diligencias conducentes al  esclarecimiento de los hechos, serán propias del Inspector General de  Tribunales, en los siguientes términos:   1.      Las competencias que los artículos 52 y 55 del Código de Ética del Juez  Venezolano y la Jueza Venezolana le atribuyen a la Oficina de Sustanciación  se reputarán propias de la Inspectoría General de Tribunales; sin menoscabo  de las competencias de dicha Oficina como órgano sustanciador pero del  proceso judicial; 
  2.      Las competencias que los artículos 55, 57 y 58 le atribuyen al Tribunal  Disciplinario Judicial se entenderán propias del Inspector General de  Tribunales, con excepción, en el caso del artículo 58, de la facultad para  decretar el sobreseimiento, pues éste continúa reputándose como  competencia propia del Tribunal Disciplinario Judicial sólo que operará a  solicitud del Inspector General de Tribunales;  3.      Si finalizada la investigación el Inspector General de Tribunales considera  que debe impulsar la sanción del Juez presentará la solicitud ante el Tribunal  Disciplinario Judicial, quien procederá con base en el artículo 62 y siguientes  del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; 
  4.      Si durante la investigación el Inspector General de Tribunales considera  conveniente la suspensión provisional del denunciado o denunciado del  ejercicio del cargo de juez o jueza, así lo solicitará al Tribunal Disciplinario  Judicial, quien procederá de acuerdo con el artículo 61 del Código de Ética del  Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; ello sin menoscabo de la potestad que  le asiste a este Tribunal de decretar durante el juicio, aun de oficio, dicha  cautela;  5.      En el caso de la apelación a que se refiere el único aparte del artículo 55  en contra del auto de no admisión de la denuncia, esta se presentará ante el  Tribunal Disciplinario Judicial;  6.      A tenor de lo dispuesto en el artículo 83 y siguientes del Código de Ética  del Juez y la Jueza Venezolana, el Inspector General de Tribunales podrá  interponer recurso de apelación de la sentencia definitiva que dicte el Tribunal  Disciplinario Judicial;  7.      El Inspector General de Tribunal y la Comisión Judicial del Tribunal  Supremo de Justicia se reputan incluidos dentro de los órganos destinatarios  de las remisiones de las copias certificadas de las decisiones definitivamente  firmes emanadas de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a tenor de lo  señalado en el artículo 89 eiusdem.  8.      Los derechos del denunciante, en su carácter de interesado, se mantienen  incólumes (ex: artículo 63); sin embargo, los derechos referidos a la 
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  participación en la audiencia y a la evacuación y promoción de pruebas  penden de que el Inspector General de Tribunales haya estimado necesario  impulsar la sanción del juez o jueza denunciado o denunciada.  9.      Las competencias que los artículos 52 y 55 del Código de Ética del Juez  Venezolano y la Jueza Venezolana le atribuyen a la Oficina de Sustanciación  se reputarán propias de la Inspectoría General de Tribunales; sin menoscabo  de las competencias de dicha Oficina como órgano sustanciador pero del  proceso judicial; 
  10.  Las competencias que los artículos 55, 57 y 58 le atribuyen al Tribunal  Disciplinario Judicial se entenderán propias del Inspector General de  Tribunales, con excepción, en el caso del artículo 58, de la facultad para  decretar el sobreseimiento, pues éste continúa reputándose como  competencia propia del Tribunal Disciplinario Judicial sólo que operará a  solicitud del Inspector General de Tribunales;  11.  Si finalizada la investigación el Inspector General de Tribunales considera  que debe impulsar la sanción del Juez presentará la solicitud ante el Tribunal  Disciplinario Judicial, quien procederá con base en el artículo 62 y siguientes  del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; 
  12.  Si durante la investigación el Inspector General de Tribunales considera  conveniente la suspensión provisional del denunciado o denunciado del  ejercicio del cargo de juez o jueza, así lo solicitará al Tribunal Disciplinario  Judicial, quien procederá de acuerdo con el artículo 61 del Código de Ética del  Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; ello sin menoscabo de la potestad que  le asiste a este Tribunal de decretar durante el juicio, aun de oficio, dicha  cautela;  13.  En el caso de la apelación a que se refiere el único aparte del artículo 55  en contra del auto de no admisión de la denuncia, esta se presentará ante el  Tribunal Disciplinario Judicial;  14.  A tenor de lo dispuesto en el artículo 83 y siguientes del Código de Ética  del Juez y la Jueza Venezolana, el Inspector General de Tribunales podrá  interponer recurso de apelación de la sentencia definitiva que dicte el Tribunal  Disciplinario Judicial;  15.  El Inspector General de Tribunal y la Comisión Judicial del Tribunal  Supremo de Justicia se reputan incluidos dentro de los órganos destinatarios  de las remisiones de las copias certificadas de las decisiones definitivamente  firmes emanadas de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a tenor de lo  señalado en el artículo 89 eiusdem.  16.  Los derechos del denunciante, en su carácter de interesado, se mantienen  incólumes (ex: artículo 63); sin embargo, los derechos referidos a la 
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  participación en la audiencia y a la evacuación y promoción de pruebas  penden de que el Inspector General de Tribunales haya estimado necesario  impulsar la sanción del juez o jueza denunciado o denunciada.  
  En tal sentido, el novísimo Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza  Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de  diciembre de 2015, omitió igualmente hacer referencia a la Inspectoría General  de Tribunales en tanto único órgano instructor disciplinario; de modo que a  fin de preservar la competencia que le fue asignada al Tribunal Supremo de  Justicia en el artículo 267 constitucional, la cual ejerce a través de la Inspectoría  General de Tribunales, ratifica la medida cautelar innominada dictada en la  sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013 y su aclaratoria (Vid. sentencia N°  1388/2013); y en tal sentido, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la  presente causa, esta Sala Constitucional decreta, de oficio y cautelarmente,  que las competencias instructoras y de investigación que el nuevo Código de  Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, le asigna al Órgano  Investigador Disciplinario  – el cual no está operativo aún- para iniciar de oficio  o por denuncia las investigaciones contra los jueces o juezas, admitir la  denuncia y practicar las diligencias conducentes al esclarecimiento de los  hechos, las continuará ejerciendo la Inspectoría General de Tribunales, en los  siguientes términos: 
  1.                  Las competencias que los artículos 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70 y 72 del  nuevo Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana le atribuyen  al Órgano Investigador Disciplinario se reputarán propias de la Inspectoría  General de Tribunales; con excepción, en el caso del artículo 71, de la facultad  para decretar el sobreseimiento, pues éste continúa reputándose como  competencia propia del Tribunal Disciplinario Judicial, sólo que operará a  solicitud de la Inspectoría General de Tribunales; 
  2.                  Si finalizada la investigación la Inspectoría General de Tribunales  considera que debe impulsar la sanción del Juez presentará la solicitud ante  el Tribunal Disciplinario Judicial, quien procederá con base en el artículo 74 y  siguientes del nuevo Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza  Venezolana; 
  3.                  Si durante la investigación la Inspectoría General de Tribunales  considera conveniente la suspensión provisional del denunciado o  denunciada del ejercicio del cargo de juez o jueza, así lo solicitará al Tribunal  Disciplinario Judicial, quien procederá de acuerdo con el artículo 73 del  Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana; ello sin menoscabo  de la potestad que le asiste a este Tribunal de decretar durante el juicio, aun  de oficio, dicha cautela;  4.                  La Inspectoría General de Tribunales y la Comisión Judicial del  Tribunal Supremo de Justicia se reputan incluidos dentro de los órganos 
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  destinatarios de las remisiones de las copias certificadas de las decisiones  definitivamente firmes emanadas de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a  tenor de lo señalado en el artículo 89 eiusdem.  5.                  Los derechos del denunciante se entienden representados por la  Inspectoría General de Tribunales, y su participación en la audiencia y a la  evacuación y promoción de pruebas dependen de que la Inspectoría General  de Tribunales haya estimado necesario impulsar la sanción del juez o jueza  denunciado o denunciada.  6.                  Si finalizada la investigación, la Inspectoría General de Tribunales  considera que debe impulsar la sanción del Juez presentará la solicitud para  su juzgamiento ante el Tribunal Disciplinario Judicial, quien procederá con  base en el artículo 62 y siguientes del Código de Ética del Juez Venezolano y  Jueza Venezolana; 
  7.                  Si durante la investigación la Inspectoría General de Tribunales  considera conveniente la suspensión provisional del denunciado o  denunciado del ejercicio del cargo de juez o jueza, así lo solicitará al Tribunal  Disciplinario Judicial, quien procederá de acuerdo con el artículo 61 del  Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana; ello sin menoscabo  de la potestad que le asiste a este Tribunal de decretar durante el juicio, aun  de oficio, dicha cautela; 
  8.                  A tenor de lo dispuesto en el artículo 86 y siguientes del nuevo  Código de Ética del Juez y Jueza Venezolana, la Inspectoría General de  Tribunales podrá interponer recurso de apelación de la sentencia definitiva  que dicte el Tribunal Disciplinario Judicial;  9.                  La Inspectoría General de Tribunales y la Comisión Judicial del  Tribunal Supremo de Justicia se reputan incluidos dentro de los órganos  destinatarios de las remisiones de las copias certificadas de las decisiones  definitivamente firmes emanadas de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a  tenor de lo señalado en el artículo 91 eiusdem. Así se decide. 
  Asimismo, se mantiene suspendido el segundo párrafo del artículo 35 y los  cardinales 2, 3, 5, 7 y 8 del artículo 37 (relativos a la competencia de la Oficina  de Sustanciación para realizar la “investigación preliminar”), todos del  Reglamento Orgánico y Funcional de la Jurisdicción Disciplinaria y Judicial,  publicado en la Gaceta Oficial N° 39.750 del 5 de septiembre de 2011; y el  Manual de Normas y Procedimientos para la Oficina de Sustanciación,  publicado en la Gaceta Oficial N° 39.797 del 10 de noviembre de 2011. 
  Vista la declaratoria anterior, las denuncias que cursen ante la Inspectoría  General de Tribunales, continuarán su curso para el esclarecimiento de los  hechos según las competencias aquí asignadas, hasta que se dicte el acto  conclusivo correspondiente dentro del lapso previsto en su artículo 67 del 
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  nuevo Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, lapso éste  que comenzará contarse desde que conste en el expediente respectivo la  notificación de la jueza o juez investigado, y el proceso disciplinario  continuará según lo previsto en dicho Código. 
  Por último, a los fines de la ejecución de la presente decisión para facilitar la  tramitación de las causas que se encuentran en la Inspectoría General de  Tribunales, se suspenden de oficio y cautelarmente, hasta tanto se dicte  sentencia definitiva en el presente caso, las Disposiciones Transitorias  Segunda en su cardinales 1, 2, 3 y 4; Tercera, Cuarta y Quinta, en lo que  respecta a la designación del director o directora del órgano investigador  disciplinario, previstas en el nuevo Código de Ética del Juez Venezolano y  Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del  28 de diciembre de 2015. Así también se decide. 
  En virtud de la declaratoria anterior, queda modificada en los términos  expuestos en el presente fallo la medida cautelar innominada dictada de oficio  por esta Sala Constitucional y su aclaratoria, contenidas en las sentencias  Números 516 del 7 de mayo de 2013 y 1388 del 17 de octubre de 2013,  respectivamente. 
  III  DECISIÓN 
  Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de  Justicia, administrando justicia, en nombre de la República por autoridad de  la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: 
  PRIMERO: COMPETENTE para continuar conociendo de la demanda de  nulidad por inconstitucionalidad conjuntamente con solicitud de medida  cautelar innominada interpuesta por la abogada Nancy Castro de Várvaro,  actuando en nombre propio contra el Código de Ética del Juez Venezolano y  la Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República  Bolivariana de Venezuela N° 39.236 del 6 de agosto de 2009, cuya reforma  parcial fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.493 del 23 de agosto de 2010,  hoy derogado por el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana,  publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de  2015. 
  SEGUNDO: Se SUSPENDE de oficio y cautelarmente, hasta tanto se dicte  sentencia respecto del mérito de la presente demanda de nulidad, el primer  aparte del artículo 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza  Venezolana publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de  diciembre de 2015. 
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  TERCERO: Se SUSPENDE de oficio y cautelarmente, hasta tanto se dicte  sentencia respecto del mérito de la presente demanda de nulidad, el  encabezado del artículo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza  Venezolana, publicado en Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario del 28 de  diciembre de 2015. 
  CUARTO: Se RATIFICA, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la  presente causa, la medida cautelar innominada dictada de oficio por esta Sala  Constitucional en la sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013, según la cual la  Inspectoría General de Tribunales será el único órgano competente para  iniciar de oficio o por denuncia las investigaciones contra los jueces o juezas  de la República Bolivariana de Venezuela, admitir la denuncia y practicar las  diligencias conducentes, tendientes al esclarecimiento de los hechos. 
  QUINTO: Se RATIFICA, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la  presente causa, la medida cautelar innominada contenida en el dispositivo  Noveno de la sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013, mediante la cual se  suspendió de oficio “[…] el segundo párrafo del artículo 35 y los cardinales 2,  3, 5, 7 y 8 del artículo 37 (relativos a la competencia de la Oficina de  Sustanciación para realizar la ‘investigación preliminar’), todos del  Reglamento Orgánico y Funcional de la Jurisdicción Disciplinaria y Judicial,  publicado en la Gaceta Oficial N° 39.750 del 5 de septiembre de 2011; así como  el Manual de Normas y Procedimientos para la Oficina de Sustanciación,  publicado en la Gaceta Oficial  N° 39.797 del 10 de noviembre de 2011”, el cual  fue dictado con base en el artículo 45 del derogado Código de Ética del Juez  Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.236 del  6 de agosto de 2009, cuya reforma parcial fue publicada en la Gaceta Oficial  N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, hoy previsto en el artículo 41 del vigente  Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la  Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015. Por tanto,  las denuncias que actualmente son tramitadas ante la Inspectoría General de  Tribunales continuarán su curso para el esclarecimiento de los hechos según  sus competencias, hasta que se dicte el acto conclusivo correspondiente, en  cuyo caso el proceso continuará según lo previsto en el nuevo Código de Ética  del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. 
  SEXTO: Se SUSPENDEN de oficio y cautelarmente, hasta tanto se dicte  sentencia definitiva en el presente caso, las Disposiciones Transitorias  Segunda en su cardinales 1, 2, 3 y 4; Tercera, Cuarta y Quinta, en lo que  respecta a la designación del director o directora del órgano investigador  disciplinario, las cuales se encuentran previstas en el nuevo Código de Ética  del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N°  6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015. 
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  SÉPTIMO: Se MODIFICA, en los términos expuestos en el presente fallo, la  medida cautelar innominada dictada de oficio por esta Sala Constitucional y  su aclaratoria, contenidas en las sentencias Números 516 del 7 de mayo de  2013 y 1388 del 17 de octubre de 2013, respectivamente.  OCTAVO: NOTIFÍQUESE al Presidente de la Asamblea Nacional, a la Fiscal  General de la República, al Defensor del Pueblo, a la Inspectoría General de  Tribunales y a los Presidentes de la Corte Disciplinaria Judicial y del Tribunal  Disciplinario Judicial, respectivamente.  NOVENO: Se ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta  Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en  cuyo sumario se indicará textualmente lo siguiente: 
  SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL QUE 1) SUSPENDE DE  OFICIO Y CAUTELARMENTE, HASTA TANTO SE DICTE SENTENCIA  RESPECTO AL MÉRITO DE LA PRESENTE DEMANDA DE NULIDAD: LA  PARTE IN FINE DEL  ARTÍCULO 1, DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ  VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA, PUBLICADO EN LA GACETA  OFICIAL N° 6.207 EXTRAORDINARIO, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Y  EL ENCABEZADO DEL ARTÍCULO 2 DEL MISMO CÓDIGO; 2) RATIFICA,  HASTA TANTO SE DICTE SENTENCIA DEFINITIVA EN LA PRESENTE  CAUSA: LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DICTADA DE OFICIO  EN LA SENTENCIA N° 516 DEL 7 DE MAYO DE 2013, SEGÚN LA CUAL  LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES SERÁ EL COMPETENTE  PARA INICIAR DE OFICIO O POR DENUNCIA LAS INVESTIGACIONES  CONTRA LOS JUECES O JUEZAS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE  VENEZUELA,  ADMITIR  LA  DENUNCIA  Y  PRACTICAR  LAS 
  DILIGENCIAS CONDUCENTES, TENDIENTES AL ESCLARECIMIENTO  DE LOS HECHOS; 3) RATIFICA, HASTA TANTO SE DICTE SENTENCIA  DEFINITIVA EN LA PRESENTE CAUSA, LA MEDIDA CAUTELAR  INNOMINADA CONTENIDA EN EL DISPOSITIVO NOVENO DE LA  SENTENCIA N° 516 DEL 7 DE MAYO DE 2013, MEDIANTE LA CUAL  SUSPENDIÓ DE OFICIO “[…] EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO  35 Y LOS CARDINALES 2, 3, 5, 7 Y 8 DEL ARTÍCULO 37 (RELATIVOS A LA  COMPETENCIA DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN PARA REALIZAR  LA ‘INVESTIGACIÓN PRELIMINAR’), TODOS DEL REGLAMENTO  ORGÁNICO Y FUNCIONAL DE LA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA Y  JUDICIAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 39.750 DEL 5 DE  SEPTIEMBRE DE 2011; ASÍ COMO EL MANUAL DE NORMAS Y  PROCEDIMIENTOS  PARA  LA  OFICINA  DE  SUSTANCIACIÓN, 
  PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 39.797 DEL 10 DE NOVIEMBRE  DE 2011’. Y 4) SE SUSPENDEN DE OFICIO Y CAUTELARMENTE, HASTA  TANTO SE DICTE SENTENCIA DEFINITIVA EN EL PRESENTE CASO, LAS  DISPOSICIONES TRANSITORIAS SEGUNDA EN SUS CARDINALES 1, 2, 3 
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  Y 4; TERCERA, CUARTA Y QUINTA, EN LO QUE RESPECTA A LA  DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR O DIRECTORA DEL ÓRGANO  INVESTIGADOR DISCIPLINARIO DEL NUEVO CÓDIGO DE ÉTICA DEL  JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA, PUBLICADO EN LA  GACETA OFICIAL N° 6.207 EXTRAORDINARIO, DEL 28 DE DICIEMBRE  DE 2015.   DÉCIMO: ORDENA que en las notificaciones que se ordenaron librar se les  informe a los destinatarios que pueden formular oposición a la medida  cautelar decretada de oficio, con base en el artículo 131 de la Ley Orgánica del  Tribunal Supremo de Justicia.  Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado de  Sustanciación para la continuación del procedimiento respectivo. Cúmplase  lo ordenado.  Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del  Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 04 días del mes de febrero de  dos mil dieciséis (2016). Años 205º de la Independencia y 155º de la  Federación. 
  La Presidenta,  (siguen firmas)    Exp.- N° 09-1038 CZdM/  II.  DECRETO N° 1.289  
  Gaceta Oficial 40.510 2 de octubre de 2014  02 de octubre de 2014  NICOLÁS MADURO MOROS  Presidente de la República 
  Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y  calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la  patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en  condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del  colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el  artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en  ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 10 del artículo 236  ejusdem, concatenado con los artículos 46 y 88 del Decreto con Rango, Valor  y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo a lo  preceptuado en los artículos 9° y 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de  Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en  concordancia con lo dispuesto en el artículo 6o de la Ley de Reforma Parcial 
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  de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los  Funcionarios o Funcionarías, Empleados o Empleadas de la Administración  Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, y los artículos 5o y 15  del Plan de Jubilaciones anexo al acta suscrita en fecha 1o de septiembre de  1992, contentivo del Acuerdo CTV- Gobierno, por el cual se rigen los obreros  y obreras de la Administración Pública Nacional, en Consejo de Ministros,  
  DICTO  El siguiente, 
  INSTRUCTIVO QUE ESTABLECE LAS NORMAS QUE REGULAN LOS  REQUISITOS Y TRÁMITES PARA LA JUBILACIÓN ESPECIAL DE LOS  FUNCIONARIOS, FUNCIONARIAS, EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE LOS ESTADOS Y DE LOS  MUNICIPIOS Y PARA LOS OBREROS Y OBRERAS AL SERVICIO DE LA  Ó Ú
  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 
  Artículo 1.  El presente Instructivo tiene por objeto establecer las normas que  regularán los requisitos, directrices y lineamientos para los trámites,  planificación, formalización, verificación y aprobación de la modalidad de  Jubilaciones Especiales para los Funcionarios, Funcionarías, Empleados y  Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los  Municipios y para los Obreros y Obreras al servicio de la Administración  Pública Nacional, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicio  para el otorgamiento de la jubilación ordinaria, exigidos por la normativa  jurídica que los regula; así como establecer los trámites administrativos, que  deben cumplir coordinadamente los distintos órganos y entes de la  Administración Pública, para garantizar de manera eficaz y oportuna el  otorgamiento, el ejercicio y el disfrute de dicho beneficio. 
  Artículo 2.  Se rigen por el presente Instructivo los funcionarios, funcionarías,  empleados y empleadas que presten servicio en los órganos y entes a que se  refiere la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de  Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarías, Empleados o  Empleadas de la Administración Pública Nacional, así como los Obreros y  Obreras al servicio de la Administración Pública Nacional, regidos por el Plan  de Jubilaciones anexo al Acta suscrita en fecha 1o de septiembre de 1992,  contentiva del acuerdo CTV-Gobierno.  El personal al que hace referencia el presente artículo, debe encontrarse  prestando servicio activo en la Administración Pública. Las jubilaciones  especiales procederán de oficio o a petición de parte interesada. 
  Artículo 3.  La jubilación especial la otorga el Presidente o Presidenta de la  República, de conformidad con la Ley, o el funcionario en quien éste o ésta 
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  hayan delegado dicha atribución, previo cumplimiento de las formalidades  establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.  Los trámites administrativos para su otorgamiento los gestionarán:  1)  Las Oficinas de Recursos Humanos de los órganos y entes donde presten  servicio los funcionarios, funcionarías, empleados, empleadas, obreros y  obreras regidos por el presente Instructivo.  2)  El Ministerio con competencia en planificación, función pública y planes  de personal al servicio de la Administración Pública.  Artículo 4.  Para que proceda el otorgamiento de la jubilación especial, deben  concurrir los siguientes requisitos:  1.  Que se trate del personal a que se refiere el artículo 2o del presente  Instructivo.  2.  Que se haya prestado más de 15 años de servicio en la Administración  Pública.  3.  Que existan razones o circunstancias excepcionales que justifiquen su  otorgamiento.  Artículo 5.  A los efectos de este Instructivo, se consideran razones o  circunstancias excepcionales:  1.  Las enfermedades graves, dictaminadas en el respectivo informe médico,  que impidan el normal desempeño de las funciones o actividades de  índole laboral, certificado por el órgano con competencia en la materia.  2.  Situaciones sociales graves derivadas de cargas familiares, debidamente  avaladas y certificadas por el respectivo informe social, emitido por el  órgano o ente tramitante, en el cual se especifique que la circunstancia  que genera tal situación, requiere exclusivamente de la atención del  trabajador a quien se pretende otorgar el beneficio.  3.  El funcionario, funcionaría, empleado, empleada, obrero y obrera con  edad igual o mayor a cincuenta y cinco (55) años para la mujer, y con  edad igual o mayor a sesenta (60) años para el hombre.  Las razones o circunstancias excepcionales antes señaladas no son  concurrentes. 
  Artículo 6.  Las oficinas de recursos humanos de los órganos y entes que  conforman la Administración Pública, deberán remitir mediante oficio al  Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia, el expediente  contentivo de la solicitud de la jubilación especial, el cual deberá contener la  documentación siguiente:  1.  Formulario FP-026 denominado Trámite de Jubilación Especial de  Funcionarios, Funcionarías, Empleados y Empleadas, o FP-026-O  Trámite de Jubilación Especial de Obreros y Obreras; según el caso.  2.  Solicitud debidamente suscrita por el interesado, o por el órgano o ente  de la Administración Pública. 
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  3.  Constancias de trabajo que acrediten la duración de la relación de trabajo,  el último sueldo o salario devengado y el oficio desempeñado, y  cualquier otro documento que indique la antigüedad de la prestación del  servicio en la Administración Pública.  4.  Copia legible y ampliada de la cédula de identidad.  5.  Relación de los sueldos correspondientes a los dos últimos años de  servicio en el caso de los funcionarios, funcionarías, empleados y  empleadas, y en el caso de los obreros y obreras, la relación del salario  percibido en los doce últimos meses de servicio.  6.  Hoja de cálculo en la cual se refleje el monto de la jubilación especial,  emanada de la respectiva oficina o dependencia de recursos humanos.  7.  Constancia en la que se indique el número de cotizaciones efectuadas al  organismo con competencia en la materia de recaudación de cotizaciones  de Seguridad Social, o en la que se especifique que éstas fueron  satisfechas a través del pago único para completar el número mínimo de  cotizaciones requeridas para hacerse acreedor de la jubilación.  8.  En caso de procesos de supresión, liquidación, reorganización o  reestructuración, las solicitudes de jubilación especial de los trabajadores  afectados por éstos y que cumplan los requisitos exigidos en este  Instructivo, deben ser acompañadas con un informe técnico emanado del  órgano o ente de que se trate, en el que se proyecte la incidencia y  disponibilidad presupuestaria para asumir el compromiso.  9.  Informe médico convalidado por el órgano con competencia en materia  de salud pública, en el cual se justifique las razones o circunstancias  excepcionales, cuando el trámite se genere por razones de salud.  10. Informe social que justifique el trámite o solicitud de la jubilación  especial, debidamente convalidado por la máxima autoridad del órgano  o ente solicitante, cuando el trámite se genere por razones sociales.  En los casos de avanzada edad del funcionario, funcionaría, empleado y  empleada, obrero y obrera, será requerido el expediente respectivo sólo con  los documentos señalados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de esta norma,  según sea el caso. 
  4.  Copia legible y ampliada de la cédula de identidad. 
  Artículo 7.  El expediente contentivo del trámite de jubilación especial tanto  para los funcionarios, funcionarías, empleados y empleadas de la  Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, y el  personal obrero al servicio de la Administración Pública Nacional, deberá  estructurarse de la siguiente manera:  1.  Una (01) carpeta tipo oficio con gancho, debidamente identificada con el  nombre, apellido, número de cédula de identidad del solicitante de la  jubilación, y de los datos del órgano o ente tramitador.  2.  Incorporar en la referida carpeta tres (03) originales del Formulario  Trámite de Jubilación Especial FP-026 para Funcionarios, Funcionarías, 
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  Empleados y Empleadas, o del Formulario FP-026-O Trámite de  Jubilación Especial de Obreros y Obreras.  3.  Incorporar seguidamente, y en el mismo orden establecido en el Artículo  6 de este Instructivo, la documentación requerida debidamente foliada,  según el caso.  El documento que sea copia de su original, deberá ser presentado en forma  legible, y estar debidamente certificado al dorso. 
  Artículo 8.  Los órganos y entes de la Administración Pública en proceso de  supresión, liquidación, reorganización o reestructuración, podrán tramitar  solicitudes de jubilación especial para los funcionarios, funcionarías,  empleados, empleadas, obreros y obreras que sean afectados por tales  procesos y que cumplan con los requisitos y circunstancias excepcionales para  optar a dicha jubilación, de conformidad con el presente Instructivo.  A tales efectos, los órganos y entes de la Administración Pública en proceso  de supresión, liquidación, reorganización o reestructuración deben presentar  ante el órgano competente para tramitar las solicitudes de jubilaciones  especiales, un informe técnico donde se refleje la proyección de la Incidencia  y la disponibilidad presupuestaria para asumir el compromiso, con el fin de  que se efectúen los estudios correspondientes para acordarlas, en caso de  determinarse su procedencia. 
  Artículo 9.  El Ministerio del Poder Popular competente en la materia, una vez  recibido el oficio de tramitación de jubilación especial, con sus respectivos  recaudos, procederá a la revisión y análisis técnico de los mismos, con el fin  de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para su procedencia,  de conformidad con las normas que rigen la materia, y si existe la capacidad  económica para su otorgamiento.  Las solicitudes de jubilaciones especiales técnicamente aprobadas conforme a  lo dispuesto en el encabezamiento del presente artículo, se remitirán mediante  oficio motivado al Presidente o Presidenta de la República.  Las solicitudes de jubilaciones especiales objetadas, serán devueltas mediante  oficio motivado a la oficina de recursos humanos de los respectivos órganos  y entes solicitantes, para su debida corrección o archivo según la razón que  justifique la devolución. Las correcciones a que haya lugar se deben realizar  dentro del lapso de quince (15) días hábiles, contados a partir del recibo del  oficio correspondiente, por parte del órgano o ente solicitante. 
  Artículo 10.  El Presidente o Presidenta de la República conocerá de las  jubilaciones especiales que le fueren remitidas conforme a lo dispuesto en el  artículo anterior, y procederá a otorgarlas, objetarlas o negarlas, según el caso.  Las solicitudes de jubilaciones especiales otorgadas, objetadas o negadas,  serán devueltas mediante oficio al Ministerio del Poder Popular con  competencia en la materia, con el fin de que ese Despacho Ministerial continúe 
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  los trámites administrativos correspondientes, de conformidad con las  normas que rigen la materia.  Las solicitudes objetadas o negadas deberán estar acompañadas de su  correspondiente motivación.  Artículo 11.  En aquellos casos, de tramitación de jubilaciones especiales que  por su complejidad ameriten la realización de estudios, evaluaciones médicas  y sociales complementarias, que permitan confirmar o no las situaciones de  excepcionalidad alegadas por los solicitantes, se establecerán los mecanismos  de coordinación entre los órganos y entes que corresponda. 
  Artículo 12.  Concluidos los correspondientes trámites administrativos y  aprobado el otorgamiento de la jubilación especial, el Ministerio del Poder  Popular con competencia en la materia, devolverá a los órganos y entes  solicitantes la respectiva documentación, con el fin de que procedan a notificar  al beneficiario o beneficiaría la decisión adoptada mediante Resolución  motivada, la cual deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de la República  Bolivariana de Venezuela.  En los casos en que el otorgamiento de la jubilación especial, corresponda a  los entes que conforman la Administración Pública Nacional, el acto  correspondiente lo dictará su órgano de adscripción, el cual deberá ordenar  en forma Inmediata su publicación en la Gaceta Oficial de la República  Bolivariana de Venezuela. 
  Artículo 13.  Las oficinas de recursos humanos de los órganos y entes que  conforman la Administración Pública Nacional en el ejercicio de sus funciones  de gestión, serán las responsables de sustanciar los expedientes de  jubilaciones especiales, según el caso, debiendo orientar todo su esfuerzo al  logro de la transparencia, celeridad, simplificación y eficacia de los trámites  administrativos, que permitan el disfrute oportuno y legítimo del beneficio a  que se refiere este Instructivo.  A tales efectos, dichos trámites no podrán exceder de noventa (90) días  continuos, contados a partir de la fecha en que se realice la solicitud por parte  del interesado, y en el caso de que se gestione de oficio, desde que el órgano  o ente de la Administración Pública correspondiente, inicie los trámites para  determinar su procedencia y su otorgamiento.  Los funcionarios que en el ejercicio de sus atribuciones no cumplan con las  obligaciones previstas en este Instructivo, incurrirán en las responsabilidades  establecidas en las respectivas leyes. 
  Artículo 14.  Los órganos y entes encargados de tramitar la jubilación especial,  deben remitir mensualmente al Presidente o Presidenta de la República o en  quien éste o ésta delegue acordar jubilaciones especiales, la relación  informativa en la cual se indiquen los números de las Gacetas Oficiales en las 
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  que se publiquen las Resoluciones mediante las cuales se otorguen las  jubilaciones especiales, con el fin de que se proceda a su registro.  Artículo 15.  El presente Instructivo podrá aplicarse a los obreros y obreras a  nivel estadal y municipal, cuando no exista previsión alguna que los regule  en la materia o no sean beneficiarios o beneficiarías de un régimen o sistema  de jubilación especial, y las normas contenidas en este Instructivo resulten  más favorables, caso en los cuales se deben cumplir los requisitos y trámites  exigidos en el presente instrumento jurídico. 
  Artículo 16.  Los órganos y entes encargados de la ejecución del presente  Instructivo, podrán establecer los mecanismos de coordinación que se estimen  necesarios para simplificar los trámites administrativos, así como las  tecnologías de información, conforme a lo establecido en las leyes que rigen  la materia. 
  Artículo 17.  Se deroga el Decreto N° 4.107 de fecha 28 de noviembre de 2005,  publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°  38.323 de la misma fecha, mediante el cual se dicta el Instructivo que establece  las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los  Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública  Nacional, Estadal, Municipal y, para los Obreros dependientes del Poder  Público Nacional.  Artículo 18.  El presente Decreto entra en vigencia a partir de la fecha de su  publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.  Dado en Caracas, a los dos días del mes de octubre de dos mil catorce. Años  204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución  Bolivariana. 
  Ejecútese (L.S.) siguen firmas. 
  IV. RESOLUCIÓN N° 01-00-000159 DEL CONTRALOR GENERAL DE LA  REPÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL SE ADECÚA EL "SISTEMA DE  REGISTRO DE ÓRGANOS Y ENTES DEL SECTOR PÚBLICO",  DISPONIBLE EN EL PORTAL WEB DE LA CONTRATARÍA GENERAL  DE LA REPÚBLICA: HTTP://WWW.CGR.GOB.VE, CON EL OBJETO DE  MANTENER UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LA INFORMACIÓN  DE LOS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS PÚBLICOS Y OBREROS QUE  LABORAN EN TAS ÓRGANOS Y ENTES SEÑALADOS EN LOS  NUMERALES 1 AL 11 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA  CONTRATARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA  NACIONAL DE CONTROL FISCAL, RESPECTO A LOS MOVIMIENTOS  DE INGRESO, CESE Y ACTUALIZACIÓN QUE COMPRENDEN LA  DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 
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  REPÚBLICA. BOLIVARIANA DE VENEZUELA  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  Caracas, 23 de febrero de 2016  RESOLUCIÓN N° 01-00-000159  MANUEL E. GALINDO B.  Contralor General de la República 
  En ejercicio de la atribución prevista en el numeral 3 del artículo 289 de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con  los artículos 3 y 78 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la  República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 26 del Decreto con  Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, en consonancia con lo  dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la  Ley Orgánica de la Administración Pública. 
  CONSIDERANDO 
  Que de acuerdo con lo establecido en la Convención Interamericana Contra la  Corrupción y en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción,  ratificada por Venezuela, cada Estado Parte, en atención a los principios  fundamentales de su derecho Interno, deberá adoptar, mantener y fortalecer  sistemas eficaces para la declaración de los Ingresos, activos y pasivos,  destinados a promover la transparencia y simplificar los procedimientos  administrativos. 
  CONSIDERANDO 
  Que de acuerdo al Objetivo General 2.4.I.2. de las Líneas Generales del Plan  de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de  Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, sancionado por la  Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República  Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de  2013, es fundamental desarrollar una batalla frontal contra las diversas formas  de corrupción, fortaleciendo las Instituciones del Estado, fomentando la  participación protagónica del Poder Popular, promoviendo la transparencia  y la automatización de la gestión pública, así como los mecanismos legales de  sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria contra las lesiones o el  manejo inadecuado de los fondos públicos. 
  CONSIDERANDO 
  Que el numeral 2 del artículo 41 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley  Contra la Corrupción, establece los deberes y atribuciones que le  corresponden a este Órgano de Control Fiscal en materia de corrupción, el 
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  cual contempla el exigir la formulación y presentación de la declaración  jurada de patrimonio a las personas que deban hacerlo en la oportunidad y  condiciones que juzguen necesario, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto  Ley antes citado. 
  CONSIDERANDO 
  La necesidad de una normativa que se adecúe a tas constantes cambios  suscitados dentro de la Administración Pública, que permitan a la Contrataría  General de la República, garantizar el efectivo control contra la corrupción, en  materia de declaraciones juradas de patrimonio, brindando para ello un  sistema eficaz dirigido a las máximas autoridades Jerárquicas, así como a los  niveles directivos y gerenciales de los órganos y entes señalados en los  numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General  de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como los órganos  de control fiscal competentes. 
  RESUELVE 
  Artículo 1°.-  Adecuar el "Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector  Público", disponible en el portal web de la Contrataría General de la  República: http://www.cgr.gob.ve,  con el objeto de mantener un registro  actualizado de la Información de los funcionarios, empleados públicos y  obreros que laboran en tas órganos y entes señalados en los numerales 1 al 11  del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contrataría General de la República y  del Sistema Nacional de Control Fiscal, respecto a los movimientos de ingreso,  cese y actualización que comprenden la declaración Jurada de patrimonio. 
  Artículo 2°.-  Los responsables del área de recursos humanos de los órganos y  entes señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de  la Contrataría General de la República y del Sistema Nacional de Control  Fiscal, deberán efectuar el registro y actualización de la Información a que se  refiere el artículo 1 de la presente Resolución, de conformidad con los  términos y condiciones previstos en ésta Resolución y en el "Instructivo para  Acceder al Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público", acerca  de los requisitos y procedimientos para suministrar la Información  Institucional requerida, disponible en el portal web de la Contrataría General  de la República: htto://www,car.aob.ve.' 
  Artículo 3°.-  Las Máximas Autoridades o tos responsables del área de  recursos humanos deberán participar mediante oficio a la Contrataría General  de la República, la creación del órgano o ente de la Administración Pública,  con la remisión de la Gaceta Oficial correspondiente y acta constitutiva  debidamente registrada, según sea el caso, dentro del lapso de cinco (5) días  hábiles a su creación; de acuerdo a los requisitos disponibles en la página web  de la Contrataría General de la República http://www.cgr.gob.ve. 
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  Artículo 4°.-  Los responsables de las áreas de recursos humanos de tas  órganos y entes señalados en tas numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley  Orgánica de le Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de  Control Fiscal, están en la obligación eje suministrar a la Contrataría General  de la República, y | de mantener actualizados en el "Sistema de Registro de  Órganos y Entes del Sector Público", tas siguientes datos:  1.  Identificación de los órganos y entes respectivos, que incluya la Gaceta  Oficial de su creación, naturaleza Jurídica, dirección, Registro de  Información Fiscal (R1F), página web, información de contactos y  números telefónicos directos. 
  2.  Nacionalidad y número de cédula de Identidad de los funcionarios,  empleados u obreros activos para el momento en que  se produzca el  respectivo registro.  3.   Condición y cargo de tos funcionarlos, empleados u obreros activos  dentro del respectivo órgano o ente de la Administración Pública.  4.   Datos básicos, número telefónico y correo electrónico de la Máxima  Autoridad Jerárquica del órgano o ente de la Administración Pública.  5.   Datos básicos, número telefónico y correo electrónico del responsable del  área de recursos humanos, auditoria Interna y oficina de atención al  ciudadano del órgano o ente de la Administración Pública.  6.   Unidades administrativas desconcentradas, que conforman la estructura  para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del respectivo  órgano u ente, de ser el caso. 
  Artículo 5.-  Los responsables del área de recursos humanos de los órganos y  entes señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de  la Contrataría General de la República y del Sistema Nacional de Control  Fiscal, están en la obligación de Incorporar en el "Sistema de Registro de  Órganos y Entes del Sector Público", la Información relativa a los  movimientos de ingreso y cese de personal, dentro del lapso de cinco (5) días  hábiles a que éstos se produzcan, aun cuando se encuentren en comisión de  servicio.  La misma obligación tendrán de Incorporar en el "Sistema de Registro de  Órganos y Entes del Sector Público", la Información relativa a la Máxima  Autoridad, personal de alto nivel y de confianza, obligados a presentar la  actualización de la declaración jurada de patrimonio. 
  Artículo 6.-  Los funcionarlos o empleados públicos Indicados en el artículo 3  del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, los  obreros al servido del Estado, los Integrantes de la unidad de gestión  financiera de los consejos comunales, las directivas de las organizaciones  sindicales y el Consejo de Administración de las cajas de ahorro deberán  presentar su declaración jurada de patrimonio, a través del "Sistema para la  Presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio en Formato Electrónico", 
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  en las oportunidades que corresponda, de conformidad con lo establecido en  esta Resolución y siguiendo el procedimiento previsto en el instructivo  dictado a tal efecto, disponible en la página web de la Contratarla General de  la República http://www.cgr.gob.ve. 
  Artículo 7.-  Los funcionarlos o empleadas públicos, Indicados en el artículo 3  del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, los  obreros al servicio del Estado, deberán presentar su declaración jurada de  patrimonio en formato electrónico, dentro de los treinta (30) días siguientes a  la toma de posesión de sus cargos y dentro de los treinta (30) días posteriores  a la fecha en la cual cesen en el ejercicio de empleos o fundones públicas, de  conformidad con lo previsto en el artículo 23 del mencionado Decreto-Ley.  De igual manera, los Integrantes de la unidad de gestión financiera de los  consejos comunales, de las directivas de las organizaciones sindicales y el  Consejo de Administración de las cajas de ahorro, deberán presentar su  declaración jurada de patrimonio en formato electrónico, dentro de los treinta  (30) días siguientes a la toma de,- posesión de sus cargos y dentro de los  treinta (30) días posteriores a la fecha en la cual cesen en el ejercido de  fundones de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del mencionado  Decreto-Ley.  Asimismo, los funcionarios o empleados públicos y demás señalados en el  artículo 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción,  que ejerzan fundones como Máxima Autoridad, de alto nivel y de confianza  deberán presentar la declaración jurada de patrimonio en el lapso de  actualización correspondiente al mes de julio de cada año. 
  Artículo 8.-  Los funcionarlos o empleados públicos Indicados en el artículo 3  del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, así como  los obreros, que se les haya realizado algún movimiento de personal tales  como: ascensos, traslados y transferencias, quedan exceptuados de presentar  declaración jurada de patrimonio, siempre y cuando hubieren cumplido con  dicha obligación al momento de Ingresar al cargo o función pública en el  órgano o ente de la Administración Pública al cual estén adscritos.  Sin perjuicio de lo anterior, los responsables de recursos humanos deberán  incorporar en el "Sistema de Registro de Órganos y Entes d el Sector Publico’  a los funcionarlos o empleados públicos que reciban nombramientos para  desempeñar cargos de alto nivel y de confianza, en los términos establecidos  por la normativa dictada por la Contrataría General de la República en la  materia, para que realicen la declaración jurada de patrimonio en el período  de actualización correspondiente. 
  Artículo 9.-  La Máxima Autoridad o el responsable del área de recursos  humanos deberá participar mediante oficio a la Contrataría General de la  República, la liquidación, supresión o fusión del órgano o ente de la  Administración Pública respectivo, con la remisión de la Gaceta Oficial 
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  correspondiente, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles siguientes a la  publicación de la Gaceta Oficial del Decreto que ordene lo conducente. .  Artículo 10°.-  En los casos de liquidación o supresión de algún órgano o ente  que conforma la Administración Pública, el responsable del área de recursos  humanos está obligado a registrar el movimiento de cese a los funcionarios o  empleados públicos y obreros al servicio del Estado, dentro del lapso de cinco  (05) días hábiles a que se resuelva la liquidación o supresión respectiva. 
  Artículo 11.-  En los casos de fusión, el responsable del área de recursos  humanos está en la obligación de registrar el movimiento de cese a los  funcionarios, empleados y obreros que laboren en los órganos fusionados, en  el Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público, dentro de los  cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación en Gaceta Oficial del Decreto  que ordene la respectiva fusión.  La Contraloría General de la República, previa solicitud del órgano o ente que  surja de la fusión, procederá a registrarlo en el "Sistema Administrativo de  Registro de Órganos y Entes", una vez sea procesado los movimientos de cese  de conformidad al parágrafo anterior.  Igualmente, el responsable del área de recursos humanos deberá registrar el  movimiento de ingreso del personal activo en el nuevo órgano o ente, dentro  de tos cinco (05) días hábiles siguientes a su registro en el "Sistema de  Administración Registro de Órganos y Entes. 
  Artículo 12°-  Las máximas autoridades Jerárquicas, los responsables del área  de recursos humanos, las unidades de auditoría interna, así como los niveles  directivos y gerenciales de los órganos y entes señalados en tos numerales 1  al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contrataría General de la  República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, sin perjuicio del control y  seguimiento que corresponda ejercer a la Contraloría General de la República,  están en la obligación de facilitar tas medios y prestar el apoyo necesario para  que los sujetos obligados a ello presenten su declaración jurada de patrimonio  en formato electrónico dentro del tiempo previsto para ello. 
  Artículo 13°.-  Las máximas autoridades jerárquicas, los responsables  del  área de recursos humanos y las unidades de auditoría Interna de los órganos  y entes señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de  la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control  Fiscal, sin perjuicio del control y seguimiento que corresponde ejercer a la  Contrataría General de la República, cooperarán con la vigilancia y eficaz  cumplimiento de las normas legales y sublegales que regulan la presentación  de la declaración jurada de patrimonio en formato electrónico y la difusión de  la presente Resolución en sus respectivos órganos y entes. 
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  Igual obligación tendrán los órganos de control fiscal externos y la Contrataría  General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana respecto a los órganos y  entes sujetos a su control. 
  Artículo 14°.-  Los responsables del área de recursos humanos de los órganos  y entes señalados en los numerales 1 al 11 del artículo  9 de la Ley Orgánica  de la Contrataría General de la República y  del Sistema Nacional de Control  Fiscal, estarán en la obligación de requerir a los funcionarios o empleados  públicos Indicados en el 1 artículo 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de  Ley Contra la Corrupción, los obreros al servicio del Estado, copla del  “Certificado  Electrónico de Recepción de la Declaración Jurada de  Patrimonio” en el que conste el cumplimiento de la obligación señalada en la  presente Resolución. Dicha copla deberá incorporarse al expediente del  declarante en la unidad de recursos humanos o en la dependencia con  competencia en esa materia.  
  Artículo 15°-  Los funcionarlos o empleados públicos, así como los obreros,  que Incumplan con las obligaciones establecidas en esta Resolución, se les  Iniciará procedimiento administrativo sancionatorio de multa establecido en  el artículo 33 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la  Corrupción.  El Contralor General de la República, en los casos previstos en el Decreto con  Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, podrá acordar la  suspensión del ejercido del cargo sin goce de sueldo hasta por doce (12) meses  o la Inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por el mismo lapso. 
  Artículo 16-  Los responsables del área de recursos humanos que  contravengan las disposiciones previstas en esta Resolución, serán  sancionados de conformidad con lo establecido en los artículos 94 en la Ley  Orgánica de la Contrataría General de la República y del Sistema Nacional de  Control Fiscal, y 33 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la  Corrupción.  Artículo 17°-  Las situaciones no previstas en la presente Resolución y las  dudas que se originen en su aplicación, serán resueltas por la Dirección de  Declaraciones Juradas de Patrimonio adscrita a la Dirección General de  Procedimientos Especiales de la Contrataría General de la República.  Artículo 18°.-  A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución la  Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Contrataría General  de la República, la Contrataría General de la Fuerza Armada Nacional  Bolivariana, los contralores estadales, distritales y municipales, se abstendrán  de recibir declaraciones juradas de patrimonio manuales o complementarias  de ésta.  
  <sub>303  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  Artículo 19°-  Se derogan las Resoluciones Números 01-00- 000049 y 01-00- 000122 de fechas 9 de marzo y 19 de junio de 2009, publicadas en las Gacetas  Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela Números 39.138 y 39.205  de fechas 13 de marzo y 22 de junio de 2009, respectivamente.  Artículo 20-  La presente Resolución entraré en vigencia a partir de la  publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.  Dada en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de  dos mil  dieciséis (2016). Años 205° de la Independencia, 157° de la Federación y 17°  de la Revolución Bolivariana. 
  Comuníquese y publíquese,  MANUEL E. GALINDO   Contralor General de la República  V. OTRAS NORMAS DICTADAS EN EL PERÍODO  
  Número 40.468, 5 de agosto de 2014  Presidencia de la República. Decreto N° 1.152, mediante el cual se reforma  parcialmente  el Decreto 7.041 de fecha 10 de noviembre de 2009, publicado  en la Gaceta Oficial  de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.303de la  misma fecha  en el cual se dicta el reglamento orgánico del Cuerpo de Policía  Nacional. 
  Número 40.482, 25 de agosto de 2014  FOGADE - Providencia Nº 426, mediante la cual se dicta el Código de Ética  para los Funcionarios, Funcionarias, Obreros, Obreras, Contratados y  Contratadas de este Fondo, en Materia de Prevención y Control de  Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Tráfico y  Consumo de Drogas. 
  Número 40.522, 20 de octubre de 2014  Defensa Pública- Resolución N° DDPG-2014-523, mediante la cual se reforma  parcialmente el Reglamento Interno sobre el Régimen de Pensiones por  Invalidez de las funcionarias y funcionarios de la Defensa Pública. (Reforma  Res. N° DDPG-2013-421, G.O. 40.165 del 13/05/2013).  Defensa Pública- Resolución N° DDPG-2013-421, mediante la cual se reforma  parcialmente el Reglamento Interno sobre el Régimen de Jubilaciones de las  funcionarías y funcionarios de la Defensa Pública. (Reforma Res. N° DDPG- 2013-613-1, G.O. 40.252 del 17/09/2013). 
  Número 40.564, 17 de diciembre de 2014  Bolsa Pública de Valores Bicentenaria - Providencia Nº DP/CJ 043-2014,  mediante la cual se dicta el Código de Ética de los Trabajadores y las  Trabajadoras de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. 
  <sub>304  </sub> <sub>NORMATIVA</sub>  
  Número 40.810, 15 de diciembre de 2015  Contraloría General de la República - Resolución mediante la cual se Reforma  Parcialmente el Reglamento Sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los  Funcionarios de la Contraloría General de la República.  Número 6.210 Extraordinaria  Presidencia de la República. Decreto  2.173, mediante el cual se dicta  el  decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría  General de la República.   Presidencia de la República. Decreto  2.175, mediante el cual se dicta  el  decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función Policial.  Número 40.852, 19 de febrero de 2016  Defensoría del Pueblo- Resolución Nº DdP-2016-011, mediante la cual se  Reforma Parcialmente el Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y  Pensiones de los Funcionarios de la Defensoría del Pueblo. 
  Número 40.905, 17 de mayo de 2016  Contraloría General de la República - Resolución Nº 01-00-000160, mediante  la cual se exige la presentación anual de la Declaración Jurada de Patrimonio  por concepto de actualización a las máximas autoridades, funcionarios que  ejercen cargos de alto nivel y de confianza de los órganos y entes señalados  en los numerales 1 al 11, del Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría  General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en los  términos establecidos en la referida Resolución. 
  Número 40.959, 4 de agosto de 2016  Defensoría del Pueblo - Resolución N° DdP-2016-048, mediante la cual se  dicta el Estatuto de Personal de este Organismo.  Número 40.974, 25 de agosto de 2016  Consejo Moral Republicano - Resolución Nº CMR-010-2016, mediante la cual  se dicta el Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los  Funcionarios y Funcionarias del Consejo Moral Republicano.  Consejo Moral Republicano - Resolución mediante la cual se ordena publicar  el Estatuto de Personal del Consejo Moral Republicano. 
  N° 41.040 28 de noviembre de 2016  Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz.  Resolución mediante la cual se constituyen los Consejos Disciplinarios de  Policía, a nivel nacional, integrados por las ciudadanas y ciudadanos que en  ella se especifican. 
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