resoluciones se aplicarán dichas condiciones. En todo caso, podrán aplicarse las disposiciones del Convenio de 1968 modificado relativas al procedimiento de reconocimiento y ejecución de resoluciones. Artículo 26 El artículo 59 del Convenio de 1968 se completará con el párrafo siguiente: «Sin embargo, ningún Estado contratante podrá comprometerse con un Estado tercero a no reconocer una resolución dictada en otro Estado contratante por un tribunal cuya competencia se hubiere fundamentado en la existencia en dicho Estado de bienes pertenecientes al demandado o en el embargo por parte del demandante de bienes existentes en dicho Estado: 1. si la demanda se refiriere a la propiedad o a la posesión de dichos bienes, persiguiere obtener la autorización de disponer de los mismos o se relacionare con otro litigio relativo a dichos bienes, o 2. si los bienes constituyeren la garantía de un crédito que hubiere sido objeto de la demanda.» Artículo 27 El artículo 60 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes: «Artículo 60 El presente Convenio se aplicará en el territorio europeo de los Estados contratantes, incluida Groenlandia, en los departamentos y territorios franceses de Ultramar y en Mayotte. El Reino de los Países Bajos podrá declarar en el momento de la firma o de la ratificación del presente Convenio, o en cualquier momento posterior, mediante notificación al Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas, que el presente Convenio será aplicable en las Antillas neerlandesas. En ausencia de tal declaración, en lo relativo a las Antillas neerlandesas, los procedimientos que se desarrollaren en el territorio europeo del Reino como consecuencia de un recurso de casación contra las resoluciones de los tribunales de las Antillas neerlandesas se considerarán como procedimientos que se estuvieren desarrollando ante esos tribunales. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, el presente Convenio no se aplicará: 1. en las islas Feroe, salvo declaración contraria del Reino de Dinamarca; 2. en los territorios europeos situados fuera del Reino Unido y cuyas relaciones internacionales asuma éste, salvo declaración contraria del Reino Unido respecto a cualquiera de tales territorios. Estas declaraciones podrán hacerse en cualquier momento, por vía de notificación al Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas. Los recursos interpuestos en el Reino Unido contra resoluciones dictadas por tribunales situados en alguno de los territorios a los que se refiere el punto 2 del párrafo tercero se considerarán como procedimientos que se estuvieren desarrollando ante dichos tribunales. Los litigios a los que, en el Reino de Dinamarca, se aplique la ley de procedimiento civil para las islas Feroe (Lov for Faeroerne om rettens pleje) se considerarán como litigios que se estuvieren desarrollando ante los tribunales de las islas Feroe.» Artículo 28 La letra c) del artículo 64 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes: «c) Las declaraciones recibidas en aplicación del artículo 60;».
55 del Convenio de 1968 se completará añadiendo los convenios siguientes, que se insertarán en el lugar que les corresponda en la lista según orden cronológico: - el Convenio entre el Reino Unido y Francia sobre la ejecución recíproca de sentencias en materia civil y mercantil, acompañado de un Protocolo, firmado en París el 18 de enero de 1934; - el Convenio entre el Reino Unido y Bélgica sobre la ejecución recíproca de sentencias en materia civil y mercantil, acompañado de un Protocolo, firmado en Bruselas el 2 de mayo de 1934; - el Convenio entre el Reino Unido y la República Federal de Alemania sobre el reconocimiento y la ejecución recíproca de sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Bonn el 14 de julio de 1960; - el Convenio entre el Reino Unido y la República Italiana sobre el reconocimiento y la ejecución recíprocos de sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 7 de febrero de 1964, acompañado de un Protocolo firmado en Roma el 14 de julio de 1970; - el Convenio entre el Reino Unido y el Reino de los Países Bajos sobre el reconocimiento y la ejecución recíproca de sentencias en materia civil, firmado en La Haya el 17 de noviembre de 1967. Artículo 25 1. El artículo 57 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes: «Artículo 57 El presente Convenio no afectará a los convenios en que los Estados contratantes fueren o llegaren a ser parte y que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones. El presente Convenio no prejuzgará la aplicación de las disposiciones que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones y que estén o estuvieren contenidas en los actos de las instituciones de las Comunidades Europeas o en las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de dichos actos.» 2. Con el fin de asegurar su interpretación uniforme, el párrafo primero del artículo 57, se aplicará de la siguiente manera: a) El Convenio de 1968 modificado no impedirá que un tribunal de un Estado contratante que fuere parte en un convenio relativo a una materia particular pudiera fundamentar su competencia en dicho Convenio; aunque el demandado estuviere domiciliado en un Estado contratante no parte en tal Convenio. El tribunal que conociere del asunto aplicará, en todo caso, el artículo 20 del Convenio de 1968 modificado. b) Las resoluciones dictadas en un Estado contratante por un tribunal que hubiere fundado su competencia en un convenio relativo a una materia particular serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados contratantes con arreglo al Convenio de 1968 modificado. Cuando un convenio relativo a una materia particular en el que fueren parte el Estado de origen y el Estado requerido estableciere las condiciones para el reconocimiento o la ejecución de resoluciones se aplicarán dichas condiciones. En todo caso, podrán aplicarse las disposiciones del Convenio de 1968 modificado relativas al procedimiento de reconocimiento y ejecución de do facto em que se fundamenta a acção principal, perante o tribunal onde esta última foi instaurada. Secção 3 Competência em matéria de seguros Artigo 7º En matéria de seguros, a competência é determinada pela presente secção, sem prejuízo do disposto no artigo 4º e no ponto 5 do artigo 5º Artigo 8º O segurador domiciliado no território de um Estado contratante pode ser demandado, quer perante os tribunais desse Estado quer noutro Estado contratante, perante o tribunal do lugar em que o tomador de seguro tiver o seu domicílio ou, no caso de vários seguradores serem requeridos, perante os tribunais do Estado contratante onde um deles tiver o seu domicílio. Se a lei do país chamado a pronunciar-se previr tal competência, o segurador pode também ser demandado, num Estado contratante que não seja o do seu domicílio, perante o tribunal em cuja jurisdição o intermediário que interveio na celebração do contrato de seguro tiver o seu domicílio, desde que esse domicílio seja mencionado na apólice ou na proposta de seguro. O segurador que, não tendo domicílio no território de um Estado contratante, possua uma sucursal ou uma agência num Estado contratante, será considerado, quanto aos litígios relativos à exploração dessa sucursal ou dessa agência, como tendo domicílio no território desse Estado. Artigo 9º O segurador pode também ser demandado perante o tribunal do lugar onde o facto danoso ocorreu quando se trate de um seguro de responsabilidade civil ou de um seguro que tenha por objecto bens imóveis. Aplica-se a mesma regra quando se trata de um seguro que incida simultaneamente sobre bens imóveis e móveis cobertos pela mesma apólice e atingidos pelo mesmo sinistro. Artigo 10º Em matéria de seguros de responsabilidade civil, o segurador pode também ser chamado perante o tribunal onde for proposta a acção do lesado contra o segurado, desde que a lei desse tribunal assim o permita. O disposto nos artigos 7º, 8º e 9º aplica-se no caso de acção intentada pelo lesado directamente contra o segurador, sempre que tal acção directa seja possível. Se o direito aplicável a essa acção directa previr o incidente do chamamento do tomador do seguro ou do segurado, o mesmo tribunal será igualmente competente quanto a eles. Artigo 11º Sem prejuízo do disposto no terceiro parágrafo do artigo 10º, o segurador só pode intentar uma acção perante os tribunais do Estado contratante em cujo território estiver domiciliado o requerido, quer este seja tomador do seguro, segurado ou beneficiário. O disposto na presente secção não prejudica o direito de formular um pedido reconvencional perante o tribunal em que tiver sido instaurada a acção principal nos termos da presente secção. Artigo 12º As partes só podem convencionar derrogações ao disposto na presente secção, desde que tais convenções: 1. Sejam posteriores ao nascimento do litígio, ou 2. Permitam ao tomador de seguro, ao entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente. Artículo 23 Cuando en demandas sobre un mismo asunto los tribunales de varios Estados contratantes se declararen exclusivamente competentes, el desistimiento se llevará a cabo en favor del tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda. Sección 9 Medidas provisionales y cautelares Artículo 24 Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado contratante a las autoridades judiciales de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Convenio, un tribunal de otro Estado contratante fuere competente para conocer sobre el fondo. TÍTULO III RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN Artículo 25 Se entenderá por «resolución», a los efectos del presente Convenio, cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado contratante con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso. Sección 1 Reconocimiento Artículo 26 Las resoluciones dictadas en un Estado contratante serán reconocidas en los demás Estados contratantes, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno. En caso de oposición, cualquier parte interesada que invocare el reconocimiento a título principal podrá solicitar, por el procedimiento previsto en las Secciones 2 y 3 del presente Título, que se reconozca la resolución. Si el reconocimiento se invocare como cuestión incidental ante un tribunal de un Estado contratante, dicho tribunal será competente para entender del mismo. Artículo 27 Las resoluciones no se reconocerán: 1. si el reconocimiento fuere contrario al orden público del Estado requerido; 2. cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado o notificado al mismo la cédula de emplazamiento, de forma regular y con tiempo suficiente para defenderse; 3. si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado requerido; 4. si el tribunal del Estado de origen, para dictar su resolución, hubiere desconocido, al decidir de una cuestión relativa al estado o capacidad de las personas físicas, a los regímenes matrimoniales, a los testamentos o a las sucesiones, una regla de Derecho internacional privado del Estado requerido, a menos que se hubiere llegado al mismo resultado mediante la aplicación de las normas de Derecho internacional privado del Estado requerido. Artículo 28 Asimismo, no se reconocerán las resoluciones si se hubiere desconocido las disposiciones de las Secciones 3, 4 y 5 del Título II, así como el caso previsto en el artículo 59. En la apreciación de las competencias mencionadas en el párrafo anterior, el tribunal requerido quedará vinculado por las apreciaciones de hecho sobre las cuales el tribunal del Estado de origen hubiere fundamentado su competencia. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo dicha parte no estuviere domiciliada en uno de los Estados contratantes. Artículo 41 La resolución que decidiere del recurso previsto en el artículo 40 sólo podrá ser objeto de un recurso de casación y, en la República Federal de Alemania, de un «Rechtsbeschwerde». Artículo 42 Cuando la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre varias pretensiones de la demanda y la ejecución no pudiere otorgarse para la totalidad de ellas, el tribunal concederá la ejecución para una o varias de las mismas. El solicitante podrá instar una ejecución parcial. Artículo 43 Las resoluciones extranjeras que condenaren el pago de multas coercitivas solamente podrán ejecutarse en el Estado requerido cuando la cuantía hubiere sido fijada definitivamente por el tribunal del Estado de origen. Artículo 44 El solicitante que hubiere obtenido el beneficio de justicia gratuita en el Estado en el que se hubiere dictado la resolución gozará del mismo, sin nuevo examen, en el procedimiento previsto en los artículos 32 a 35. Artículo 45 A la parte que instare en un Estado contratante la ejecución de una resolución dictada en otro Estado contratante no podrá exigírsele caución o depósito alguno, sea cual fuere su denominación, por su condición de extranjero o por no estar domiciliado o no ser residente en el Estado requerido. Sección 3 Disposiciones comunes Artículo 46 La parte que invocare el reconocimiento o instare la ejecución de una resolución deberá presentar: 1. una copia auténtica de dicha resolución; 2. si se tratare de una resolución dictada en rebeldía, el original o una copia auténtica del documento que acreditare la entrega o notificación de la demanda o de documento equivalente a la parte declarada en rebeldía. Artículo 47 La parte que instare la ejecución deberá presentar además: 1. cualquier documento que acreditare que, según la ley del Estado de origen, la resolución es ejecutoria y ha sido notificada; 2. un documento justificativo de que el solicitante goza, en su caso, de beneficio de justicia gratuita en el Estado de origen. Artículo 48 De no presentarse los documentos mencionados en el apartado 2 del artículo 46 y en el apartado 2 del artículo 47, el tribunal podrá fijar un plazo para la presentación de los mismos, aceptar documentos equivalentes o dispensar de ellos si se considerare suficientemente ilustrado. Si el tribunal lo exigiere, se presentará una traducción de los documentos; la traducción estará certificada por una persona autorizada a tal fin en uno de los Estados contratantes. Artículo 49 No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna en lo que se refiriere a los documentos mencionados en los artículos 46, 47 y en el párrafo segundo del artículo 48, y en su caso, al poder para pleitos. TÍTULO IV DOCUMENTOS PÚBLICOS CON FUERZA EJECUTIVA Y TRANSACCIONES JUDICIALES Artículo 50 Los documentos públicos con fuerza ejecutiva, formalizados en un Estado contratante, serán, a instancia de parte,