o afretador responder por um crédito marítimo relativo a esse navio, pode ser arrestado esse ou qualquer outro navio pertencente ao afretador, mas nenhum outro navio pertencente ao proprietário poderá ser arrestado por tal crédito marítimo. O mesmo se aplica a todos os casos em que uma pessoa que não o proprietário é devedora de um crédito marítimo. 5. Entende-se por «crédito marítimo» a alegação de um direito ou de um crédito provenientes de uma das causas seguintes: a) Danos causados por um navio, quer por abalroação quer por outro modo; b) Perda de vidas humanas ou danos corporais causados pelo navio ou resultantes da sua exploração; c) Assistência e salvação; d) Contratos relativos à utilização ou ao aluguer do navio por carta-partida ou por outro meio; e) Contratos relativos ao transporte de mercadorias por navio, em virtude de carta-partida, conhecimento ou outro meio; f) Perda ou dano de mercadorias e bagagens transportadas em navio; g) Avaria comum; h) Empréstimo a risco; i) Reboque; j) Pilotagem; k) Fornecimentos de produtos ou de material feitos a um navio para a sua exploração ou conservação, qualquer que seja o lugar onde esses fornecimentos se façam; l) Construção, reparações, equipamento de um navio ou despesas de estiva; m) Soldadas do capitão, oficiais ou tripulantes; n) Desembolsos do capitão e os efectuados pelos carregadores, afretadores ou agentes por conta do navio ou do seu proprietário; o) Propriedade contestada de um navio; p) Co-propriedade de um navio, ou sua posse, ou sua exploração, ou direito aos produtos da exploração de um navio em co-propriedade; q) Qualquer hipoteca marítima e qualquer mortgage. 6. Na Dinamarca, a expressão «arresto judicial» abrange, no que diz respeito aos créditos marítimos referidos nas alíneas o) e p) do ponto anterior, o termo forbud, quando esse processo for o único admitido no caso concreto pelos artigos 646º a 653º da Lei de processo civil («Lov om rettens pleje»). TÍTULO VI Disposições finais Artigo 37º O Secretariado-geral do Conselho das Comunidades Europeias remeterá aos Governos do Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da Gra-Bretanha e da Irlanda do Norte, em língua alema, francesa, italiana e neerlandesa, uma cópia autenticada da convenção de 1968 e do protocolo de 1971. Os textos da convenção de 1968 e do protocolo de 1971, redigidos nas línguas dinamarquesa, inglesa e irlandesa, serão anexados à presente convenção (1). Os textos redigidos nas línguas dinamarquesa, inglesa e irlandesa fazem fé nas mesmas condições que os textos originários da convenção de 1968 e do protocolo de 1971. Artigo 38º A presente convenção será ratificada pelos Estados signatários. Os instrumentos de ratificação serão
el artículo 2 y los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Ley de Enjuiciamento Civil; - en Luxemburgo: los artículos 14 y 15 del Código Civil; - en los Países Bajos: el párrafo tercero del artículo 126 y el artículo 127 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 4 Si el demandado no estuviere domiciliado en un Estado contratante la competencia judicial se regirá, en cada Estado contratante, por la ley de este Estado, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 16. Toda persona, sea cual fuere su nacionalidad, domiciliada en el territorio de un Estado contratante podrá invocar contra dicho demandado, del mismo modo que los nacionales de este Estado, las reglas de competencia judicial vigentes en el mismo y, en particular, las previstas en el párrafo segundo del artículo 3. Sección 2 Competencias especiales Artículo 5 Las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante: 1. en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación; 2. en materia de alimentos, ante el tribunal del lugar del domicilio o de la residencia habitual del acreedor de alimentos; 3. en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso; 4. si se tratare de acciones por daños y perjuicios o de acciones de restitución fundamentadas en un acto que diere lugar a un procedimiento penal, ante el tribunal que conociere de dicho proceso, en la medida en que, de conformidad con su ley, dicho tribunal pudiere conocer de la acción civil; 5. si se tratare de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el tribunal en que se hallaren sitos. Artículo 6 Las personas a las que se refiere el artículo anterior podrán también ser demandadas: 1. si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos; 2. si se tratare de una demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso, ante el tribunal que estuviere conociendo de la demanda principal, salvo que ésta se hubiere formulado con el único objeto de provocar la intervención de un tribunal distinto del correspondiente al demandado; 3. si se tratare de una reconvención derivada del contrato o hecho en que se fundamentare la demanda inicial, ante el tribunal que estuviere conociendo de esta última. Sección 3 Competencia en materia de seguros Artículo 7 En materia de seguros, se determinará la competencia con arreglo a las disposiciones de la presente Sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el apartado 5 del artículo 5. Artículo 8 El asegurador domiciliado en un Estado contratante podrá ser demandado ante los tribunales de dicho Estado, o, en otro Estado contratante, ante el tribunal del lugar donde tuviere su domicilio el tomador del seguro, o, si varios aseguradores fueren demandados, ante los tribunales del Estado contratante en el que uno de ellos tuviere su domicilio. Si la ley del tribunal que conozca del supuesto estableciere dicha competencia, el Court"; - en Italia, ante la "Corte d'appello"; - en Luxemburgo, ante la "Cour supérieure de justice" reunida para entender en materia de apelación civil; - en los Países Bajos, ante el "Gerechtshof"; - en el Reino Unido: 1. en Inglaterra y País de Gales, ante la "High Court of Justice" o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, ante la "Magistrates' Court"; 2. en Escocia, ante la "Court of Session", o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, ante la "Sheriff Court"; 3. en Irlanda del Norte, ante la "High Court of Justice" o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, ante la "Magistrates' Court".» Artículo 20 El artículo 41 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes: «Artículo 41 La resolución que decidiere del recurso previsto en el artículo 40 sólo podrá ser objeto: - en Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, de un recurso de casación; - en Dinamarca, de un recurso ante el "Hoejesteret", previa autorización del Ministro de Justicia; - en la República Federal de Alemania, de una "Rechtsbeschwerde"; - en Irlanda, de un recurso sobre una cuestión de derecho ante la "Supreme Court"; - en el Reino Unido, de un recurso sobre una cuestión de derecho.» Artículo 21 El artículo 44 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes: «Artículo 44 El solicitante que en el Estado de origen hubiere obtenido total o parcialmente el beneficio de justicia gratuita o una exención de costas y gastos gozará, en el procedimiento previsto en los artículos 32 a 35, del beneficio de justicia gratuita más favorable o de la exención más amplia prevista por el derecho del Estado requerido. El solicitante que instare la ejecución de una resolución dictada en Dinamarca por una autoridad administrativa en materia de alimentos podrá invocar en el Estado requerido el beneficio de las disposiciones del párrafo primero si presentare un documento expedido por el Ministerio de Justicia danés que acreditare que cumple los requisitos económicos para poder beneficiarse total o parcialmente de la justicia gratuita o de una exención de costas y gastos.» Artículo 22 El punto 2 del artículo 46 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes: «2. si se tratare de una resolución dictada en rebeldía, el original o una copia auténtica del documento que acreditare la entrega o notificación de la demanda o de documento equivalente a la parte declarada en rebeldía.» Artículo 23 El artículo 53 del Convenio de 1968 se completará con el párrafo siguiente: «Para determinar si un trust está domiciliado en el Estado contratante cuyos tribunales conocen del asunto, el tribunal aplicará las reglas de su Derecho internacional privado.» Artículo 24 El artículo 55 del Convenio de 1968 se completará añadiendo los convenios siguientes, que se insertarán en el lugar que les corresponda en la lista según orden cronológico: - el Convenio entre el Reino onder dit Verdrag hebben geplaatst. Em fé do que os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.Udfaerdiget i Luxembourg, den femogtyvende oktober nitten hundrede og toogfirs. Geschehen zu Luxemburg am fuenfundzwanzigsten Oktober neunzehnhundertzweiundachtzig. iEgine sto Lozjembozrgo, stiw eíkosi pénte Oktvbríoz xília enniakósia ogdónta dzo. Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of October in the year one thousand nine hundred and eighty-two. Fait à Luxembourg, le vingt-cinq octobre mil neuf quatre-vingt-deux. Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiúú lá is fiche de mhí Dheireadh Fómhair sa bhliain míle nãoi gcéad ochtó a dó. Fatto a Lussemburgo, addì venticinque ottobre millenovecentottantadue. Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste oktober negentienhonderd tweeëntachtig. Feito no Luxemburgo, aos vinte e cinco de Outubro de mil novecentos e oitenta e dois. Jean GOL Erik NINN-HANSEN Hans Arnold ENGELHARD Dr. Guenther KNACKSTEDT Georges-Alexandre MANGAKIS Robert BADINTER Seán DOHERTY Clelio DARIDA Colette FLESCH J. de RUITER Peter Lovat FRASER DECLARAÇÃO COMUM relativa à ratificação da convenção de adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa à convenção de Bruxelas de 1968 Aquando da assinatura da convenção de adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa à convenção de Bruxelas de 1968, feita em Donostia-San Sebastian em 26 de Maio de 1989, OS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS ESTADOS-MEMBROS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, REUNIDOS NO CONSELHO, DESEJOSOS que, nomeadamente na perspectiva da realização do mercado interno, a aplicação da convenção de Bruxelas e do protocolo de 1971 seja alargada rapidamente a toda a Comunidade, CONGRATULANDO-SE com a conclusão, em 16 de Setembro de 1988, da convenção de Lugano que alarga os princípios da convenção de Bruxelas aos Estados que serão parte na convenção de Lugano, destinada principalmente a regular as relações entre os Estados-membros da Comunidade Económica Europeia e os da Associação Europeia de Comércio Livre no que respeita à protecção jurídica das pessoas estabelecidas em todos esses Estados e à simplificação das formalidades para o reconhecimento e execução recíprocos de decisões judiciais, CONSIDERANDO que a convenção de Bruxelas tem como fundamento jurídico o artigo 220º do Tratado de Roma e é interpretada pelo Tribunal de Justiça, CONSCIENTES do facto de que a convenção de Lugano não prejudica a aplicação da convenção de Bruxelas no que respeita às relações entre os Estados-membros da Comunidade Económica Europeia, uma vez que essas relações devem ser reguladas pela convenção de Bruxelas, TOMANDO NOTA de que a convenção de Lugano Gedaan te Luxemburg, de negende oktober negentienhonderd achtenzeventig. Feito no Luxemburgo, aos nove de Outubro de mil novecentos e setenta e oito. Renaat VAN ELSLANDE Nathalie LIND Dr. Hans-Jochen VOGEL Alain PEYREFITTE Gerard COLLINS Paolo BONIFÁCIO Robert KRIEPS Prof. J. de RUITER Lord ELWYN-JONES, C. H. (1) JO nº L 304 de 30. 10. 1978, pp. 17, 36 e 55. DECLARAÇÃO COMUM OS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS ESTADOS-MEMBROS DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA, REUNIDOS NO CONSELHO, Desejosos de assegurar que, no espírito da convenção de 27 de Setembro de 1968, seja igualmente realizada, na medida do possível, a uniformização das competências judiciárias no domínio marítimo; Considerando que a convenção internacional para a unificação de certas regras sobre o arresto de navios de mar, assinada em Bruxelas em 10 de Maio de 1952, contém disposições sobre a competência judiciária; Considerando que nem todos os Estados-membros são parte da referida convenção, Formulam o desejo de que os Estados-membros que são Estados costeiros e que não se tornaram ainda parte da convenção de 10 de Maio de 1952 a ratifiquem ou a ela adiram no mais breve prazo. Udfaerdiget i Luxembourg, den niende oktober nitten hundrede og otteoghalvfjerds. Geschehen zu Luxemburg am neunten Oktober neunzehnhundertachtundsiebzig. Done at Luxembourg on the ninth day of October in the year one thousand nine hundred and seventy-eight. Fait à Luxembourg, le neuf octobre mil neuf cent soixante-dix-huit. Arna dhéanamh i Lucsamburg, an nãoú lá de Dheireadh Fómhair sa bhliain míle nãoi gcéad seachtó a hocht. Fatto a Lussemburgo, addì nove ottobre millenovecentosettantotto. Gedaan te Luxemburg, de negende oktober negentienhonderd achtenzeventig. Feito no Luxemburgo, aos nove de Outubro de mil novecentos e setenta e oito. Renaat VAN ELSLANDE Nathalie LIND Dr. Hans-Jochen VOGEL Alain PEYREFITTE Gerard COLLINS Pãolo BONIFÁCIO Robert KRIEPS Prof. J. de RUITER Lord ELWYN-JONES, C. H. ANEXO V CONVENÇÃO relativa à adesão da República Helénica à convenção relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, bem como ao protocolo relativo à sua interpretação pelo Tribunal de Justiça, com as adaptações que lhes foram introduzidas pela convenção relativa à adesão do Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da Gra-Bretanha e da Irlanda do Norte PREÂMBULO AS ALTAS PARTES CONTRATANTES NO TRATADO QUE INSTITUI A COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA, CONSIDERANDO que a República Helénica, ao tornar-se membro da Comunidade, se comprometeu a aderir à convenção relativa à competência