Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Smith
Señor Presidente, me refiero al punto 10 que aparece en la página 16 del Acta, donde el Sr. Novo plantea la cuestión de la utilización del puente sobre la calle Belliard para filmar una manifestación. El Presidente dijo que respondería por escrito. La pregunta formulada era legítima y todos tenemos derecho a escuchar la respuesta. Si los edificios del Parlamento van a ser utilizados por gente rara, todos tenemos el derecho de saberlo.

El Presidente
Señor Smith, creo que el Acta quizá no ha recogido adecuadamente las palabras del Sr. Presidente. El Sr. Presidente pidió que se le diesen por escrito las manifestaciones del Sr. Novo. Como es natural, él no podía responder en el momento y, puesto que no tenía un conocimiento directo de los hechos, pidió por escrito las alegaciones del Sr. Novo para poder hacer las averiguaciones oportunas y contestar al Sr. Novo en el plazo más breve posible.
(El Acta queda aprobada)

Calendario de los períodos parciales de sesiones
El Presidente
La Conferencia de Presidentes, en su reunión de 13 de junio, ha decidido proponer el calendario siguiente para los períodos parciales de sesiones de 1997:
del 13 al 17 de enero; -del 29 al 30 de enero; -del 17 al 21 de febrero; -del 10 al 14 de marzo; -del 7 al 11 de abril; -del 23 al 24 de abril; -del 12 al 16 de mayo; -del 28 al 29 de mayo; -del 9 al 13 de junio; -del 25 al 26 de junio; -del 14 al 18 de julio; -del 8 al 12 de septiembre; -del 24 al 25 de septiembre; -del 6 al 10 de octubre; -del 20 al 24 de octubre; -del 5 al 6 de noviembre; -del 17 al 21 de noviembre; -del 3 al 4 de diciembre; -del 15 al 19 de diciembre.El plazo de presentación de enmiendas a estas fechas se ha fijado en el miércoles 3 de julio a las 17.00 horas.
La votación se celebrará el miércoles 17 de julio a mediodía.

Tomlinson
Señor Presidente, ¿he entendido bien lo que usted ha dicho de que el plazo para la presentación de enmiendas se ha fijado en el miércoles 3 de julio? Eso sería absurdo. No tendríamos tiempo de debatir debidamente en las reuniones de los principales Grupos. Tiene que permitir que todo el Grupo se reúna la semana antes de la sesión plenaria con el fin de que los Grupos puedan tomar decisiones sobre el sentido de su voto. No es una prerrogativa de cuatro o cinco personas que se reúnen en una sala llena de humo o en cualquier otro sitio. Los Grupos tienen que reunirse. Le insto a que analice el plazo para la presentación de enmiendas con el fin de que puedan tener lugar las reuniones de los Grupos, que normalmente se celebran el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana, y para que los diputados de esta Asamblea tengan algo que decir en lo relativo a dónde y cómo se reúnen.

El Presidente
Muchas gracias, señor Tomlinson. Pero el Sr. Presidente ha fijado dicho plazo precisamente para que los Grupos políticos puedan debatir al respecto. De todos modos, comunicaré al Presidente sus observaciones. Este jueves hay de nuevo Conferencia de Presidentes y, por tanto, los presidentes de los Grupos podrán expresarse sobre dicho plazo y, en su caso, modificarlo.

Decisión sobre la urgencia
El Presidente
Tiene la palabra el Sr. Santini para expresar la opinión de la Comisión de Agricultura, competente para el fondo.

Santini
Señor Presidente, por estar ausente el presidente, Sr. Jacob, voy a expresar en su nombre la orientación de la Comisión de Agricultura, es decir, la decisión adoptada de no conceder la urgencia sobre este asunto.
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia)

Müller
Señor Presidente, insto formalmente al Parlamento a pronunciarse favorablemente sobre la urgencia. La ayuda inmediata a Bosnia-Herzegovina sufre un enorme retraso. Estuvimos allí hace dos semanas y pudimos ver, junto con otros diputados, que no se puede materializar la ayuda de 92 millones de ecus porque se carece de base jurídica. Por favor, no hagan recaer el conflicto acerca de la base jurídica sobre los hombros de las gentes de Bosnia-Herzegovina. Ellos necesitan urgentemente ese dinero. Si se rechaza la urgencia, el dinero tardará todavía más en llegar a los canales administrativos. Apelo expresamente a su corazón para que decidan a favor de la solicitud de urgencia en este caso.

Giansily
Señor Presidente, mañana por la tarde, vamos a abordar el problema de la financiación y espero que lo votaremos el jueves, puesto que la Comisión de Presupuestos aprobó dicho informe, ayer noche, por unanimidad. Por consiguiente, no sé cómo puede cambiar las cosas la urgencia por el informe sobre el reglamento.
Por lo tanto, deseamos que se respete la duración prevista, es decir, que el jueves tenga lugar la votación sobre el informe de la Comisión de Presupuestos, y que en su momento, llegue el informe sobre el reglamento.

Cars
Señor Presidente, con respecto a la alarmante situación en Bosnia se llegó a un acuerdo con ocasión de una reunión tripartita del Parlamento, el Consejo y la Comisión celebrada en enero de este año sobre las directrices para el presupuesto que se vería afectado. La mayor parte de los medios presupuestarios se destinaron a la adquisición de bienes para la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina. En otras palabras: gracias a la decisión del Parlamento de aprobar la concesión ya en enero, la ayuda de la UE es ya una realidad en la región y continua llegando. Por consiguiente, no se necesita en cuanto a esta ayuda la formalidad legal de tramitarla como asunto urgente.
En segundo lugar, señor Presidente, a la Comisión y al Consejo les llevó seis meses solicitar la opinión del Parlamento sobre el aspecto jurídico. Que ahora le lleve al Parlamento un mes su tramitación no puede calificarse como de injustamente excesivo.
En tercer lugar, señor Presidente, el Parlamento Europeo tiene unas objeciones con respecto al procedimiento propuesto por el Consejo. El Consejo ya adoptó una decisión sobre el reglamento con ocasión de su reunión de 10 de junio de este año en Luxemburgo. También en esta ocasión el Consejo modificó la propuesta de la Comisión. Ahora se solicita la opinión del Parlamento sobre una cuestión sobre la que el Consejo ya ha adoptado su posición. No descarto la posibilidad de que el Parlamento solicite iniciar unas negociaciones con el Consejo con posterioridad a su opinión de julio. En cualquier caso, señor Presidente, hoy deberíamos rechazar la propuesta del Consejo relativa a la tramitación urgente de este asunto.

El Presidente
Muchas gracias, señor Cars. Hemos escuchado una intervención a favor, otra en contra, y al Sr. Cars que se ha expresado en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Someto a votación la solicitud de urgencia.
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia)

Informe Anual del IME - Fluctuaciones monetarias
y mercado interior - Relaciones de tipos de cambio
- Grandes orientaciones económicas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre:
el informe (A4-0180/96) del Sr. Gasòliba i Böhm, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el Informe Anual de 1995 del Instituto Monetario Europeo (C4-0228/96); -el informe (A4-0181/96) del Sr. Pérez Royo, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión (COM(95)0503 - C4-0011/96) sobre la incidencia de las fluctuaciones monetarias en el mercado interior; -el informe (A4-0186/96) del Sr. von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, relativo a la Resolución (CSE(95)2108 - C4-0308/96) sobre el informe provisional de la Comisión al Consejo Europeo relativo a las relaciones de tipos de cambio entre los países participantes y no participantes en la tercera fase de la UEM; -la pregunta oral (B4-0561/96) del Sr. Cassidy, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, al Consejo, sobre la recomendación relativa a las grandes orientaciones de las políticas económicas; -la pregunta oral (B4-0567/96) del Sr. Hughes, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y de Empleo, a la Comisión, sobre las grandes orientaciones económicas.
Lamfalussy
Señor Presidente, Señorías, voy a ser muy breve. No voy a resumir el informe del Instituto Monetario Europeo, sino simplemente, voy a hacer observaciones sobre tres puntos de dicho informe, que son relativamente importantes.
Mi primera observación trata de los trabajos que ha realizado el Instituto Monetario Europeo desde finales del año pasado. Me congratulo de poder confirmarle que nuestros trabajos han continuado al ritmo previsto. En otras palabras, seguimos cumpliendo los plazos para el establecimiento de la estructura del futuro Banco Central Europeo. Hasta ahora, no hemos sufrido ningún retraso sustancial. Por consiguiente, tenemos todas las razones para creer que el Banco Central Europeo encarrilará en efecto la política monetaria única para principios de 1999. Esta es, pues, mi primera observación.
Mi segunda observación concierne al análisis de la situación económica que hemos efectuado en dicho informe. Desde que se hizo la redacción del mismo no se ha producido cambio sustancial alguno. Por supuesto, a todos nos afecta la evolución económica actual y la pregunta que nos hacemos, tanto individual como colectivamente, es la de saber cuál es la probabilidad de la recuperación a lo largo del año. Mi opinión personal es que dicha probabilidad es muy elevada; espero una recuperación a lo largo de la segunda mitad de este año. Sin embargo, debo seguir siendo reservado sobre la amplitud de dicha recuperación. Si, en el momento actual, resulta muy difícil prever su vigor y su amplitud, el hecho de la recuperación se hace cada vez más probable.
Mi tercera observación afecta al proceso de convergencia, al que nuestro informe concede una atención especial. Por lo que respecta a la convergencia en el aspecto de la inflación, de los tipos de interés y de la estabilización de los tipos de cambio, me congratulo de poder confirmarles que seguimos progresando y que, en efecto, vamos en la buena dirección. Por lo que respecta a las situaciones presupuestarias, por supuesto, las inquietudes siguen siendo las que expresamos en el momento de la redacción del informe. Además, es alentador comprobar en este ámbito que los análisis efectuados en los diferentes países y las intenciones de los gobiernos en materia presupuestaria convergen igualmente.
Creo que cada uno de nuestros países es plenamente consciente de la importancia de los problemas a los que debemos enfrentarnos, Maastricht sí o no. Ahora bien, esta convergencia de las mentes, del análisis y de la voluntad de coger las riendas de la solución de estos problemas es absolutamente crucial y condiciona, a mi entender, el triunfo de las políticas que están estableciendo los gobiernos. Lo veremos de forma más clara hacia el final del año, después de haber tenido conocimiento de las previsiones presupuestarias para el próximo año.
Señor Presidente, esto es lo que quería señalarle como complemento de nuestro informe anual.

Gasòliba i Böhm
Señor Presidente, Señorías, en el segundo informe del Instituto Monetario Europeo podemos encontrar un análisis adecuado de la evolución de las economías de la Unión en su proceso de convergencia económica y monetaria y una exposición detallada de los trabajos preparatorios para la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, entre los que destaca el informe sobre el proceso de cambio a la moneda única, base del acuerdo del Consejo Europeo de Madrid de diciembre del año pasado, el acuerdo de conexión del sistema de liquidación brutos en tiempo real -que es el sistema Target - o el trabajo preparatorio de los instrumentos de política monetaria.
Este proceso, en el que el Instituto Monetario Europeo desempeña un papel fundamental, se encuentra aún hoy con excesivos interrogantes sobre el resultado final del mismo. A pesar de la contundencia con que los Gobiernos de los Estados miembros confirmaron hace seis meses en el Consejo Europeo de Madrid su compromiso con la realización de la Unión Económica y Monetaria y el euro, diversas declaraciones en ámbitos políticos, económicos y financieros ponen en duda la plena viabilidad de estos objetivos.
Como ha indicado el Sr. Lamfalussy, el proceso de convergencia económica se está dando bien en tres magnitudes -inflación, tipos de interés y estabilidad de las divisas-, y además nos encontramos con unas economías saneadas y competitivas, como lo muestra la evolución de la balanza comercial de la Unión. Pero, sin embargo, nos hemos encontrado con que la recuperación económica, que la Comisión Europea, hace unos meses, había calificado de robusta, no se ha dado. Existe un momento de incertidumbre, de atonía económica -incluso de ligera recesión en el primer trimestre de este año-, que únicamente se explica por la incertidumbre existente en el ámbito del consumo, debido al alto nivel de paro, y en el de la inversión, debido precisamente a los necesarios recortes presupuestarios, lo que lleva a que la recuperación económica no se produzca.
Sin embargo, como también se dice en el informe del Instituto Monetario Europeo, resulta claramente necesaria la reducción importante de los déficit y de la deuda pública y, por lo tanto, el único camino que queda -entiendo yo- es el de dar señales muy claras y muy decididas por parte de las instituciones comunitarias -y especialmente del Consejo- sobre la irreversibilidad de la realización de la Unión Económica y Monetaria, tal como está previsto en el Tratado de la Unión. Y, por lo tanto, que los operadores económicos tengan las garantías suficientes y necesarias para poder relanzar la actividad económica en la que la inversión juega un papel clave, tanto para el proceso de recuperación económica como para asegurar en el futuro, a medio plazo, unos niveles de competitividad adecuados para la economía europea.
En este contexto, el informe de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo insiste en la necesidad de acentuar el papel y la capacidad del Instituto, especialmente si se tiene en cuenta que el año en curso es decisivo para la Unión Económica y Monetaria, ya que, de acuerdo con el artículo 109 F del Tratado, el Instituto ha de decidir el marco normativo, organizativo y logístico para que el Sistema Europeo de Bancos Centrales desarrolle su función prevista en la última fase de constitución de la Unión Económica y Monetaria. En la evolución observada en el Instituto se encuentra -desde nuestro punto de vista- una excesiva reserva y contención. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial del Parlamento Europeo apoya una actitud más firme y decidida para que el Instituto desempeñe un cometido más activo en la coordinación de la política monetaria de los Estados miembros y establezca relaciones fluidas y operativas con las instituciones y organismos financieros internacionales -especialmente el Fondo Monetario Internacional-, y refuerza la propuesta para que el Instituto actúe de forma decidida en la aplicación de los artículos 104 y 104 A del Tratado, que prohíben la financiación monetaria y el acceso privilegiado, que, aunque a pequeña escala, se ha producido -y ello debe evitarse completamente-.
También reclamamos la adecuación de los instrumentos internos de control con procedimientos nuevos y eficaces que eviten nuevas distorsiones -como las habidas con los derivados financieros-. Y, en definitiva, que se intensifique la actividad del Instituto en ámbitos más operativos, teniendo en cuenta el calendario y los objetivos encomendados al Instituto, pieza fundamental -y desearíamos que más activa- en el proceso de preparación de la Unión Económica y Monetaria y la moneda única europea.

Pérez Royo
Señor Presidente, Señorías, el informe que tengo el honor de presentar al Parlamento trata sobre las fluctuaciones monetarias producidas durante 1992 y 1993 e incluso 1995, que, como es sabido, tuvieron consecuencias importantes en el funcionamiento del sistema europeo de tipos de cambio y en el del propio mercado interior determinando, en primer lugar, una alteración de los términos de competitividad en favor de las monedas que sufrieron depreciación.
En segundo lugar, hay que resaltar que, como consecuencia de estas fluctuaciones o de estas turbulencias monetarias, dos monedas salieron del sistema monetario europeo en 1992. El propio SME fue modificado en 1993 ampliándose las bandas de fluctuación. Pero sobre todo hay que resaltar los efectos de distorsión del mercado interno en razón de la incertidumbre e inseguridad existentes en los mercados como consecuencia de las fluctuaciones.
Nuestro informe tiene como preocupación principal no tanto el trazar el balance de quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores como consecuencia de las fluctuaciones, sino principalmente extraer las lecciones del pasado que deben ser tenidas en cuenta para el futuro, y de modo especial para el diseño del sistema de relaciones entre el euro y las monedas que temporalmente queden fuera.
En cuanto a las causas de la fluctuación debemos centrarnos principalmente en la insuficiente coordinación de las políticas económicas de los países miembros, cuyas economías mostraban en los años anteriores al 92 comportamientos muy diferentes en materia de inflación, de déficit presupuestario y de tipos de interés. Este panorama contrastaba con la estabilidad de los tipos nominales que se fueron alejando progresivamente de los tipos de cambio reales determinando la acción correctora de los mercados, alentada, además, por la falta de flexibilidad del SME vigente en aquellos momentos.
En cuanto a los efectos, coincidimos con el informe de la Comisión en que no han sido especialmente apreciables a nivel macroeconómico, es decir, ni en el volumen de comercio exterior de los países afectados ni en el aumento de la cuota de mercado. Con todo, los efectos se han dejado sentir a nivel sectorial comprimiendo los márgenes de beneficios de las empresas de países cuya moneda se aprecia.
Insistimos en todo caso en que el principal efecto pernicioso ha sido el producido para el funcionamiento suave y adecuado del mercado interior, especialmente si se tiene en cuenta que las fluctuaciones de monedas europeas se han visto acompañadas por las fluctuaciones, a nivel mundial, del dólar y del yen, que han puesto de manifiesto la importancia de contar con una moneda única europea, el euro, capaz de funcionar autónomamente como moneda de reserva a nivel mundial y de contrapesar las oscilaciones de éstas u otras monedas.
Quiero a continuación llamar la atención sobre el hecho de que en los años recientes -los de la segunda fase de la Unión Monetaria, en que actualmente nos encontramos- ha mejorado la coordinación de las economías de los Quince, que han registrado progresos en la convergencia respaldada por el comportamiento de los mercados que parecen mostrar su confianza en que se cumplirá, efectivamente, el calendario de la Unión Económica y Monetaria.
El sistema monetario europeo ha funcionado de modo satisfactorio desde 1993. A pesar de la ampliación de las bandas, las monedas integradas en el SME han venido moviéndose dentro de márgenes reducidos, coincidentes con los de las bandas estrechas vigentes antes del verano de 1993. Esta misma semana, si examinamos la parrilla del SME se puede observar que la diferencia entre la moneda más fuerte y la moneda más débil, la diferencia en definitiva de las paridades, es inferior al 2 %, y así viene sucediendo desde hace varios meses de manera continua.
En relación con esto, en el informe se plantea una llamada explícita a la integración en el sistema europeo de las monedas que actualmente no participan de él, tanto de las que lo dejaron en 1993 como las de los nuevos países integrados en la Unión, pero -con excepción de Austria- no integrados en el SME. Y en este sentido debemos considerar como satisfactorios los rumores -por ahora nada más que rumores- sobre la inminente reintegración de la lira en el SME y la adhesión al mismo también del marco finlandés.
Con vistas al futuro conviene insistir en la importancia de reforzar los mecanismos de coordinación de las políticas económicas a nivel de la Unión, incluso llegando a la afirmación de que el Ecofin debería irse convirtiendo de modo progresivo en una especie de gobierno económico de la Unión.
Finalmente, unas breves consideraciones sobre el sistema de relaciones entre los in y los out: entre el euro y las monedas no integradas en él. Es un tema que pertenece a otro informe que se va a debatir próximamente y en consecuencia paso muy rápidamente sobre él. En relación a esta cuestión existe un amplio consenso en la necesidad de un sistema que tenga el euro como pivote, en relación al cual las monedas temporalmente fuera de la Unión Monetaria flotarían dentro de bandas de determinada anchura, completado este sistema con una práctica de inflation targeting aprobada conjuntamente por el Banco Central Europeo y por los bancos de los países out .

von Wogau
Señor Presidente, Señorías, el 1 de enero de 1999 tendrá lugar, con la constitución del Banco Central Europeo, la entrada en vigor de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Posiblemente, no participarán todos los Estados miembros, ya que algunos no querrán y otros no podrán. Esto significa de facto que la Unión Monetaria se materializará a diferentes velocidades, lo que lleva a plantearse la siguiente pregunta: ¿es esto compatible con el Tratado de Roma?
Los Protocolos correspondientes del tratado otorgan expresamente a Dinamarca y al Reino Unido el llamado «opting in» u «opting out». Cabe suponer que al menos uno de estos países o tal vez los dos harán uso de esta posibilidad. Aquí encontramos ya prevista en el Tratado la Europa de las dos velocidades. Otros Estados quedarán fuera porque no estarán en disposición de cumplir en ese momento los criterios de estabilidad.
Sobre este particular, quisiera recordar que los criterios fueron decididos conjuntamente por todos los Estados miembros. Los Parlamentos nacionales los han ratificado posteriormente sin excepción. Tenemos que mantener estos criterios tal y como quedaron fijados en el Tratado de Maastricht. No se pueden suavizar, como tampoco se pueden establecer nuevas condiciones antes de la entrada en vigor de la Unión Monetaria.
Por supuesto que sería preferible que todos los Estados miembros se incorporaran a la Unión Monetaria al mismo tiempo, pero esto sólo sería posible a costa de la estabilidad. El Tratado de Maastricht es, sin embargo, absolutamente claro en materia de prioridades: la estabilidad de la moneda común europea es más importante que su introducción simultánea en todos los Estados miembros de la Unión.
¿Representa la Unión Monetaria de diferentes velocidades un peligro para el funcionamiento del mercado interior, una de nuestras grandes conquistas? Sobre este asunto, quisiera aludir a las experiencias de las turbulencias cambiarias de años pasados. Desde 1993, las devaluaciones competitivas han hecho peligrar y perder numerosos puestos de trabajo en la Unión Europea. Si no se consigue mantener estable el tipo de cambio entre el Euro y las otras monedas, existe el peligro de que se produzca una descomposición del mercado interior europeo incluso después de la entrada en vigor de la Unión Monetaria, esto es, después del 1.1.1999.
¿Con qué instrumentos podemos afrontar esta contingencia? El requisito para la estabilidad de los tipos de cambio es que todos los Estados miembros de la Unión Europea practiquen una política fiscal, económica y monetaria creíble y sólida. Además, ha de proseguirse de manera modificada con el sistema de tipos de cambio empleado hasta ahora. Al configurar el nuevo sistema de tipos de cambio, que se basará en el Euro como moneda de anclaje, hay que tener en cuenta la experiencia acumulada del SME. El nuevo sistema tiene que mostrarse más fuerte que el anterior por su sencillez, transparencia y flexibilidad.
La flexibilidad es un concepto clave. El nuevo sistema debe ser más flexible que el anterior. Las adaptaciones de los tipos de cambio entre el Euro y las demás monedas que sean necesarias deben orientarse por los tipos de cambio reales y han de realizarse en el momento oportuno. Una de las debilidades fundamentales del «antiguo» SME consistía en que los Estados miembros afectados se reservaban el derecho de iniciar el procedimiento de adaptación de los tipos de cambio. Esto produjo una y otra vez retrasos por motivaciones políticas, lo que dio lugar a unas adaptaciones en circunstancias caóticas. En el nuevo sistema de tipos de cambio se han de evitar estos problemas. Por esta razón, apoyamos la propuesta de reconocer al Presidente del Banco Central Europeo el derecho de poner en marcha el mecanismo de adaptación. Además, se han de acordar unas bandas relativamente amplias para el sistema.
Los Estados miembros que lo deseen pueden optar por una vinculación más estrecha con el Euro, acorde con sus progresos en materia de estabilidad. Las intervenciones a favor de una moneda en dificultades para mantenerse en la banda tendrán carácter automático, dentro de la misma serán facultativas. El requisito decisivo es que los datos macroeconómicos las justifiquen. Además, la magnitud de la intervención no puede poner en peligro el objetivo de la estabilidad de los precios.
Estoy personalmente convencido de que este nuevo sistema monetario puede funcionar también en el caso de que el Reino Unido no participe. El Reino Unido no participó más que brevemente en el sistema de tipos de cambio vigente hasta ahora. Ni su larga ausencia acarreó grandes desventajas al sistema ni su breve pertenencia aumentó significativamente la eficiencia del mismo. Con todo, merece tenerse en cuenta que, según el Tratado, la política de tipos de cambio es una cuestión de interés común. Por este motivo, el Reino Unido está obligado a mantener estable la cotización de la libra con respecto al Euro. Resulta secundario que esto suceda fuera o dentro del sistema de tipos de cambio. En cualquier caso, si el Reino Unido decidiera acceder al sistema, la cotización de entrada debería establecerse de acuerdo con el resto de los Estados miembros, no como la última vez.
Para concluir, unas palabras sobre la política de estabilidad tras la entrada en vigor de la Unión Monetaria. La deuda pública conjunta europea sigue siendo demasiado alta, lo que redunda en perjuicio de la competitividad y de las generaciones más jóvenes. Por ello, esperamos de la Comisión que nos presente propuestas claras que garanticen cómo se va a mantener la disciplina presupuestaria incluso después de la entrada en vigor de la Unión Monetaria. Desde luego, también tiene que quedar claro el objetivo de que al final todos los miembros de la Unión Europea lo sean también de la Unión Monetaria.
1999 es también el plazo para los Bancos Centrales. Para los ciudadanos será el año 2002, momento en el que se introducirán los nuevos billetes y monedas. Estoy convencido de que, si todos los países de la Unión prosiguen de manera consecuente con su política de convergencia, habrá una amplia mayoría de países miembros para la segunda y más importante fecha, que es el verdadero «plazo de los ciudadanos».

Cassidy
Señor Presidente, no se incluye entre mis obligaciones de esta mañana responder a los comentarios que han hecho los oradores anteriores. No obstante, en un paréntesis, quiero hacer la observación que, a raíz de lo que mi colega Karl von Wogau acaba de decir, la cuestión de las relaciones del Reino Unido con el Sistema Monetario Europeo y los tipos de cambio es, naturalmente, un asunto que compete a los mercados y no a los gobiernos. Pero es un tema sobre el que sin duda discutiremos ampliamente durante los próximos meses.
Esta mañana intervengo en calidad de ponente sobre el Informe Económico Anual y una de las responsabilidades intrínsecas del ponente es la de elaborar un informe sobre las orientaciones generales de política económica.
Mi primera sugerencia, dirigida a la Comisión -a la que prometo que ésta será la última crítica que le haré-, es que sería de gran utilidad si la Comisión pudiera en el futuro ingeniárselas para elaborar su Informe Económico Anual y sus orientaciones generales de política económica con tiempo suficiente para que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo puedan estudiarlos, ya que ambos proyectos entran dentro de la responsabilidad conjunta de ambas comisiones. Sería muy útil en años venideros si pudiéramos recibir las orientaciones generales de política económica un poco antes, porque el problema esta vez ha sido que nos hemos visto obligados a llegar a conclusiones de manera precipitada por culpa del plazo fijado para la reunión de Florencia que se celebra esta semana, durante los días 21 y 22 de junio. Eso ha significado que en la Comisión de Asuntos Económicos no hemos tenido tiempo de elaborar un informe debatido en comisión, de adoptar enmiendas en comisión y, por último, de presentar a la Asamblea un informe que esté bien equilibrado como es el caso de los tres informes anteriores, que han sido bien sopesados y reflejan el consenso alcanzado en la comisión.
La resolución de compromiso sobre la que votaremos hoy es, por lo tanto, insatisfactoria en algunos aspectos, pero eso forma parte inevitablemente de un acuerdo de compromiso. Los acuerdos de compromiso, por definición, no pueden satisfacer a todos y en nuestra opinión la resolución conjunta está bien salvo en un punto, al que presentaremos enmiendas. Una de ellas será para apartar a la Comisión de la línea de fuego de la crítica, porque como habrán notado, nuestra resolución es algo crítica con la Comisión y el Consejo. Pero considero que a estas alturas es un poco tarde para criticar a la Comisión.
También presentaremos enmiendas a aspectos que para nosotros son muy importantes y que, de hecho, incluimos en nuestra pregunta al Consejo, porque por el momento no se hace ninguna referencia en la resolución final a la necesidad de que los Estados miembros analicen las mejores prácticas de los Estados miembros y, entre paréntesis, de los Estados Unidos, con el fin de determinar qué políticas pueden permitir reducir rápidamente los índices de desempleo. Es un aspecto que la comisión en su conjunto consideró muy importante en la resolución sobre el Informe Económico Anual y es una omisión significativa que no se haya incluido en la resolución para terminar con esta polémica. Espero que la Asamblea esté de acuerdo con que se incluya este punto y que la Asamblea también esté de acuerdo con que se incluya que los Estados miembros deben crear un entorno favorable para que la patronal contrate más personal. No es mi deber adivinar lo que dirán al respecto los oradores que intervendrán en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales, pero con el alto índice de paro que existe en la Unión Europea, está claro que es inaceptable que haya unos 18 millones de desempleados en nuestra sociedad y que 50 millones de personas vivan en la pobreza o en el umbral de la pobreza.
Entrando en materia de lo que aquí se debate esta mañana, ésta es la oportunidad que tiene el Parlamento Europeo para exponer sus opiniones al Consejo Europeo que se reúne en Florencia al final de esta semana. En nuestra resolución encontrarán algo que nuestro Presidente podrá llevar a Florencia.
El otro aspecto importante es el apartado 11 de nuestra resolución, en el que hacemos un llamamiento a la Presidencia irlandesa para que informe cuanto antes a esta Asamblea sobre las acciones que tomarán los Estados miembros sobre las orientaciones generales de política económica. No sé si se encuentra presente algún representante de la Presidencia irlandesa, pero, de no ser así, quizá el representante de la Presidencia italiana tenga la amabilidad de transmitirle ese mensaje y hacerle llegar una copia de nuestra resolución.

Wolf
Señor Presidente, Señorías, creo que estamos a punto de tomar una decisión importante. Previsiblemente, el Parlamento va a rechazar por amplia mayoría las líneas maestras de política económica presentadas por el Consejo por considerarlas poco realistas e inadecuadas. Se trata de algo muy importante, pero también es muy importante que lo hagamos por amplia mayoría. Realmente, en eso estoy de acuerdo con el Sr. Cassidy, no podemos seguir así, no podemos continuar con un desarrollo económico en el que cada vez son menos las personas ocupadas en el proceso productivo. Me gustaría debatir con él con más precisión sobre el significado del fomento de la creación de empleo. Creo que se necesita un tipo de fomento muy específico para las empresas, que en su mayoría ganan más con especulaciones en divisas de lo que pueden ganar con actividades realmente productivas. Tenemos que cambiar el rumbo.
El Parlamento ha llegado en muchos puntos a la conclusión, también aquí me dirijo al señor Cassidy, de que tenemos que acabar de una vez por todas con la estrategia superficial de «actuar como si todo estuviera en perfecto estado y no hubiera problemas estructurales» que requieren una solución urgente.
El Parlamento ha planteado una serie de cuestiones. La Comisión se ha ocupado de ellas con muchas vacilaciones. Y el Consejo las ha ignorado por completo. El Parlamento tiene la obligación de rechazar este estado de cosas. No se trata tan sólo de una cuestión de protocolo parlamentario, sino que, dada la desocupación y la pobreza masivas (que se han convertido en el verdadero escándalo de la Unión Europea), es una labor fundamental de nuestra actividad parlamentaria. Estoy convencido de que realizaremos esa labor conjuntamente y de que contaremos con una gran mayoría para ello.
La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo ha planteado una serie de cuestiones adicionales a la Comisión que no se pueden imputar a la existencia de conflicto básico alguno con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sino a la rapidez con que se ha llevado a cabo el procedimiento. No es que pensemos que la Comisión es la principal culpable. La culpa principal hay que buscarla más bien en el Consejo y en los Estados miembros, pero también la Comisión podría hacer más. Y por ello, insistimos en preguntarle con qué iniciativas pretende llevar a cabo el cambio que necesita la política económica. Pedimos un cambio de prioridades para combatir de manera efectiva el desempleo masivo. No podemos acallar a los ciudadanos con otra pátina indecente de retórica. Pedimos a la Comisión, ante todo, iniciativas adicionales que muestren con claridad que lo que se persigue es una revitalización de la economía. Pedimos que se presente de una vez la tan anunciada iniciativa de un pacto europeo por el empleo. Pedimos que la Comisión se esfuerce todo lo posible por conseguir un mejor equilibrio entre la política fiscal y la de empleo en los programas plurianuales de los Estados miembros. Demandamos que la Comisión desarrolle e imponga unos indicadores socioeconómicos comunes que permitan un debate global sobre la coordinación de la política económica sin limitarse exclusivamente a una perspectiva monetarista de la deuda pública. Y pedimos también una coordinación más estrecha entre la política económica y la política de empleo.
La decisión que tenemos que tomar hoy no es, en modo alguno, trivial. Se trata de un asunto en el que la Unión Europea es importante para cada uno de los individuos que la componen. Se trata de que por fin quede claro que somos una comunidad orientada al verdadero desarrollo del bienestar, y no una idea de la estabilidad limitada exclusivamente a cuestiones monetarias y a la imposición unilateral de un plazo y una estrategia tecnocráticamente autónomos para poner en vigor la Unión Monetaria a costa de millones de desocupados y empobrecidos.
Espero que decidamos por gran mayoría que así no se puede seguir. Además, tengo la esperanza de que éste sea el primer paso en la dirección de un verdadero cambio. Desgraciadamente, el Parlamento no tiene poder para imponerlo. Pero los gobiernos mostrarían cordura si por fin reaccionaran ante este estado de cosas. De lo contrario, los problemas buscarán nuevos gobiernos.

Macciotta
Señor Presidente, en sus observaciones sobre la estrategia actual en materia de política económica el Consejo, en la reunión que se celebró en Luxemburgo, subrayó que, pese a la existencia de fundamentos económicos favorables, los resultados de la Comunidad en conjunto aún no eran satisfactorios. Pero eso no pone en entredicho la estrategia misma: los avances han resultado -cierto es- más difíciles por la aminoración del ritmo de actividad en los doce últimos meses, pero se debería proseguir y fortalecer la estrategia actual. El Consejo espera que las repercusiones positivas de la acción de los Estados miembros, como respuesta a las orientaciones generales, resultará más apreciable con el tiempo y gracias a la mejora de las condiciones económicas. Así, pues, el Consejo reafirma la necesidad de perseguir el ajuste del presupuesto y el control de la inflación, de conformidad con las disposiciones del Tratado, y subraya la importancia de que se realice un marco político macroeconómico estable y adecuado como premisa para aumentar el crecimiento y reducir la tasa de desempleo.
El Consejo confirma por unanimidad la necesidad de aplicar la presente combinación de políticas, que comparten las demás instituciones de la Comunidad, la Comisión y el Instituto Monetario Europeo. La consolidación del proceso de ajuste, actualmente en curso, es el modo de establecer un marco macroeconómico que aumente el crecimiento y cree puestos de trabajo. Naturalmente, eso presupone, en particular, la consecución de nuevos avances con vistas a la reducción del déficit público, la aplicación de políticas monetarias orientadas hacia la estabilidad, evaluación salarial de todas las rentas coherente con el objetivo de estabilidad de los precios y aumento de la productividad.
La consecución plena de un objetivo tan ambicioso garantizará, a medio -si no a corto- plazo, el marco macroeconómico necesario para aliviar la negativa ejecutoria de la Comunidad en materia de desempleo, mediante una disminución de los tipos de interés.
Por lo que se refiere a las intervenciones estructurales, las orientaciones generales nos aportan un útil conjunto de recomendaciones políticas, cuya aplicación compete a cada uno de los Estados miembros, con el fin de eliminar las rigideces existentes en el mercado de trabajo, como, por ejemplo, la reforma del sistema de protección social, para garantizar la eficiencia y la equidad intergeneracional de los sistemas actuales, una mejora de la situación del sistema de enseñanza y de formación profesional en la que se dé prioridad al empleo de los menos capacitados, de los jóvenes, de las mujeres, la reducción de los costes salariales indirectos, el fomento de la movilidad regional e intersectorial, cuando sea apropiado, la revisión del horario y la organización del trabajo. Aumentar el empleo es la máxima prioridad y el Consejo está intentando determinar la experiencias que han tenido éxito en los diferentes Estados miembros para perfeccionar las estrategias en pro del empleo de los propios Estados. Ésa será una de las cuestiones fundamentales del informe anual sobre el empleo en el Consejo Europeo de Dublín y, naturalmente, la Presidencia italiana, como ha pedido el Sr. Cassidy, transmitirá a la Presidencia irlandesa sus solicitudes. Puedo asegurar que los programas de convergencia son fundamentales para el ejercicio de vigilancia multilateral por parte del Consejo. Esos programas van encaminados a garantizar la convergencia necesaria para participar en la zona monetaria única y son importantes por sí solos, porque van encaminados a propiciar un crecimiento sostenible y no inflacionista.
El Tratado establece ya un útil conjunto de procedimientos, orientaciones económicas generales, programas de convergencia, procedimientos para los déficit excesivos, para garantizar una coordinación efectiva. Posteriormente, se mejorará mediante el proceso que conducirá a la realización de la tercera fase de la Unión Monetaria Europea. Las orientaciones generales de política económica, así como los procedimientos para los déficit excesivos, pasarán a ser más rigurosos, naturalmente, en el marco de la Unión Monetaria.
Por lo que se refiere al objetivo de unas finanzas públicas saneadas, el año pasado ya se lograron algunos avances limitados. El procedimiento relativo a los déficit excesivos es un instrumento eficaz para estimular las medidas de consolidación de los Estados miembros; el concepto de política anticíclica, utilizado por el Sr. Cassidy, resulta difícil de aplicar en un marco de economía abierta, pero es cierto que la consecución de los objetivos fundamentales de política económica, enunciados en el artículo 2 del Tratado, en particular un crecimiento estable y no inflacionista que respete el medio ambiente y garantice un nivel elevado de empleo, depende de una coordinación efectiva y estrecha entre los Estados miembros. Para aumentar el crecimiento y, por tanto, el empleo, son esenciales medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento de los mercados, los servicios y los productos. En su esquema para las orientaciones generales de política económica de la Comunidad y de los Estados miembros, el Consejo pone de relieve que, por lo que se refiere a la mejora del funcionamiento de los mercados, los Estados miembros cuentan en gran medida con las claves para la solución. En cualquier caso, el Consejo es consciente de que las medidas nacionales pueden resultar fortalecidas con las directrices en el nivel comunitario.
La cuestión del desempleo en aumento representa la principal emergencia de Europa, apremiada por dos exigencias: la de una reforma de conjunto de su estructura económico-productiva y la de la protección de las fundamentales conquistas sociales, que representan el carácter distintivo de su tradición cultural, tal como se ha estratificado a lo largo de la Historia. Para ello es necesario reducir la laxitud para con el excesivo papel desempeñado por las rentas financieras y concentrar los recursos en los usos productivos. Como resulta imposible recorrer a la vía de una reducción de los derechos sociales de los trabajadores, se deberían adoptar rápidamente medidas encaminadas al fomento de la innovación para fortalecer la competitividad de la Comunidad. El Libro Verde de la Comisión sobre la innovación es una contribución muy útil al debate sobre la competitividad y merece una reflexión detenida con vistas a su aplicación tanto en el nivel nacional como en el comunitario. El Consejo participará con gran interés en las próximas reflexiones encaminadas a acciones concretas y hará contribuciones a ellas.
En la sesión del 3 de junio, el Consejo Ecofin logró algunos importantes avances en la esfera de la política económica y monetaria, que hoy estamos examinando. Permítaseme indicar brevemente los puntos principales: el Consejo Europeo de Florencia, sobre la preparación de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, reafirmará que se propone concluir antes del fin del año la labor de preparación técnica sobre el marco jurídico que se deberá utilizar para el euro; el Consejo concluyó que sería oportuno examinar paralelamente los problemas de los tipos de cambio y de la disciplina presupuestaria; además, subrayó que a todos los Estados miembros, independientemente de que adopten o no el euro, les interesa mucho el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria y de un mecanismo de tipos de cambio que sirva de punto de referencia para la aplicación de políticas económicas idóneas.
La pertenencia al nuevo sistema de tipos de cambio seguiría siendo, a juicio del Consejo, facultativa; no obstante, se puede prever que los Estados miembros beneficiarios de una exención se adhieran al mecanismo. El Consejo propuso que, como los sistemas anteriores, se cree el nuevo sistema también por una resolución del Consejo Europeo y entre en funcionamiento mediante un acuerdo entre el Banco Central Europeo y los bancos centrales de los Estados miembros que no formen parte de la zona del euro. El Consejo se pronunció a favor de un sistema asimétrico en el que el euro haga de ancla. El nuevo sistema estaría concebido de modo que permitiera diversos grados de convergencia de los Estados miembros.
Por último, por lo que se refiere a la disciplina presupuestaria en la tercera fase, el Consejo pidió a todos los Estados miembros que se encaminaran a medio plazo hacia una situación presupuestaria cercana al equilibrio o con balance positivo. Eso debería permitir a los estabilizadores automáticos funcionar en todo el ciclo económico. Por último, el Consejo propuso que se fortaleciera el procedimiento relativo al déficit público excesivo, según lo dispuesto en el artículo 104 C. Se considera que habrá que fijar plazos rígidos, a partir del supuesto de que, en caso de persistencia del déficit excesivo, el Consejo impondrá a los Estados miembros sanciones de magnitud proporcional y previamente establecida.

de Silguy
Señor Presidente, Señorías, la Comisión se felicita porque su Asamblea ha decidido hacer de la Unión Económica y Monetaria el gran tema de esta sesión.
En efecto, en vísperas del Consejo Europeo de Florencia, la Comisión estima importante reafirmar claramente la coherencia del enfoque seguido hasta ahora. Éste reposa, por una parte, en la prosecución de una política macroeconómica estable y sana que permita desarrollar una acción determinada y coordinada contra el desempleo, y, por potra parte, y de forma simultánea, en el respeto del calendario previsto para acabar los trabajos preparatorios para la entrada en la tercera fase.
En primer lugar, el saneamiento del marco macroeconómico. No existe alternativa a la política de reducción de los déficits públicos preconizada por la Comisión. Es una condición previa para la creación de empleos. Este año, la recomendación de la Comisión preconiza dos elementos innovadores: en primer lugar, una tranquilidad duradera del policy mix . La Comisión se ha dedicado a inscribir las grandes orientaciones de política económica en el marco del apartado 1 del artículo 105 del Tratado. La política macroeconómica preconizada debe contribuir a realizar los objetivos de la Unión Europea tal como se definen en el artículo 2 del Tratado, es decir, el crecimiento, el empleo y la estabilidad. En efecto, no habrá reducción sustancial del desempleo sin un crecimiento fuerte a medio plazo, que sea duradero y sostenido mediante inversiones de expansión. Asimismo, para la Comisión, el saneamiento presupuestario debe ser verosímil, pero, por encima del aspecto cuantitativo de reducción de los déficits públicos, la recomendación de la Comisión insiste en la necesidad «de reorientar el gasto público hacia actividades productivas como la inversión en las infraestructuras, los recursos humanos y la política activa del empleo».
La consolidación presupuestaria debe ser asimismo socialmente equilibrada y corresponder a una evolución salarial adecuada. En lugar de aumentar la presión fiscal global, la Comisión preconiza frenar el aumento del gasto. Dicho aumento debe ir parejo a una modificación de las estructuras de la fiscalidad de manera que se reduzca la presión fiscal sobre el trabajo. Dicha política permitirá al policy mix expansionarse más y de forma duradera, haciendo así posibles las condiciones monetarias favorables para el mantenimiento de los tipos de interés bajos.
En segundo lugar, una mejor articulación mediante medidas estructurales en favor del empleo. Con el pacto de confianza por el empleo, la Comisión se dota de los medios para poner en marcha el Libro blanco de 1993 sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo, así como las conclusiones del Consejo Europeo de Essen en la materia. El pacto consiste, en efecto, en lanzar una gestión colectiva que implique a las autoridades públicas y a los interlocutores sociales, definiendo sus respectivos compromisos en una estrategia global y coordinada.
Como pueden ver, de acuerdo con su recomendación, la Comisión se dedica a hacer del desempleo una cuestión de interés común. Pero las grandes orientaciones de política económica son asimismo un instrumento útil y necesario para el paso a la Unión Económica y Monetaria. Las grandes orientaciones deben aplicarse escrupulosamente. El Tratado, en su artículo 103, recuerda que los Estados miembros deben coordinar sus políticas económicas como una cuestión de interés común. Es la razón por la cual la Comisión recomienda este año la elaboración de programas nacionales de convergencia actualizados. Estos programas deberán mostrar claramente que las medidas adoptadas por razones de convergencia persiguen el objetivo general de un mayor crecimiento y de una mejora del empleo. Con el fin de reforzar la coordinación de la política económica a escala comunitaria, los programas nacionales deberían ser objeto de un compromiso político más firme. A tal fin, la Comisión pide que los valide el Consejo.
Si las grandes orientaciones de política económica son un instrumento eficaz y coherente para la realización de la Unión Económica y Monetaria, el paso a la tercera fase está asimismo condicionado por la estabilidad monetaria del conjunto de la Unión.
Los informes de los Sres. Pérez Royo y von Wogau son una contribución importante a los trabajos emprendidos por la Comisión sobre la estabilidad monetaria y sobre la necesidad de no dividir Europa en dos en el momento de pasar al euro.
Por lo que respecta al impacto de las fluctuaciones monetarias, la Comisión observa con satisfacción que el informe que han realizado ustedes confirma los análisis que habían presentado al Consejo Europeo de Madrid. Las fluctuaciones monetarias perjudican el buen funcionamiento del mercado interior, pero no hay que poner en tela de juicio el mercado interior por posibles medidas proteccionistas.
Por último, la Comisión sigue y seguirá vigilante y, de acuerdo con lo que han pedido ustedes, proseguirá sus análisis actualizando los efectos de las fluctuaciones monetarias mediante un seguimiento regular de los indicadores económicos. Como lo preconiza su ponente, la solución pasa por un refuerzo de la convergencia, en particular, en términos de déficit público, y por la introducción del euro.
Por lo que respecta a las relaciones entre los in y los prein, de acuerdo con el mandato del Consejo Europeo de Madrid, junto con el Instituto Monetario Europeo, la Comisión trabaja de forma activa en el establecimiento de un nuevo sistema monetario entre los Estados que participan en el euro y los que no participarán desde el inicio. El informe del presidente von Wogau contribuye de forma útil a los trabajos que prosiguen sobre este tema en el Consejo Ecofin desde Verona, y observo que dichos trabajos gozan de un amplio consenso.
La Comisión considera que este nuevo sistema debe ser a la vez una garantía de estabilidad monetaria para la Unión en la fase transitoria, así como una puerta de entrada al euro para los países prein . En primer lugar, el sistema ofrecerá una garantía de estabilidad monetaria. No puede haber una estabilidad monetaria duradera sin convergencia. Es la razón por la cual, el mecanismo de cambio irá acompañado de procedimientos de convergencia reforzados. Pero para ser perfectamente creíble, este nuevo sistema deberá ser asimismo lo suficientemente flexible para incorporar los diferentes niveles de convergencia entre los países. En torno al ancla que constituirá el euro, el nuevo mecanismo tendrá, pues, márgenes de fluctuación bastante amplios, con una obligación de intervención en los márgenes y facilidades de crédito. El buen funcionamiento del sistema requiere la participación más amplia posible de los Estados miembros. Además, esta participación será en su beneficio, y todos los Estados miembros están llamados a unirse a la Unión Económica y Monetaria en el momento que les sea posible.
A continuación, el nuevo sistema será una puerta de entrada hacia el euro. En el futuro, las condiciones de entrada seguirán siendo iguales para los países prein a las que son en la actualidad para los países in . Esta integración de los prein debe ser los más rápida posible. Su ponente comparte esta voluntad cuando pide a la Comisión que conciba instrumentos nuevos, que puedan reforzar más la convergencia para acortar el plazo de integración. Con este fin, Señor Presidente, Señorías, la Comisión reflexiona en los medios de mejorar la forma actual de los programas de convergencia que han mostrado su eficacia y deberían seguir siendo el eje del sistema.
Para concluir, desearía reafirmar claramente la coherencia del enfoque de la Comisión. Sólo la prosecución de una política macroeconómica sana y estable permitirá recrear la confianza y estimular el crecimiento. Las grandes orientaciones se adoptaron de forma unánime por parte del conjunto de los Estados miembros con motivo del último Consejo Ecofin. Es esencial mantener y preservar la dinámica de conjunto de esta política desarrollando simultáneamente las políticas estructurales necesarias para la promoción del empleo en Europa. El conjunto de los trabajos preparatorios para la entrada en la tercera fase debe estar preparado al menos un año antes de la decisión de pasar. El Consejo Europeo deberá así aprobar las modalidades del nuevo sistema monetario, así como del pacto de estabilidad y del estatuto jurídico del euro.
La realización de la Unión Económica y Monetaria es un proyecto global. Se llevará a cabo en las condiciones y en el calendario previstos en el Tratado.

Donnelly, Alan
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Consejo y a la Comisión por sus presentaciones de esta mañana. Me centraré en la orientaciones generales de política económica. El Grupo Socialista rechaza enérgicamente las orientaciones adoptadas recientemente por el Consejo Ecofin y nos sentimos profundamente descontentos con la postura que ha tomado la Comisión en lo relativo a las perspectivas económicas para la Unión Europea.
El primer punto consiste en analizar los fundamentos económicos que según la Comisión son favorables. Tenemos altos índices históricos de desempleo. En la Unión Europea hay aproximadamente 50 millones de personas afectadas por la exclusión social y la pobreza. La demanda interna en la UE ha descendido debido a los ataques a la protección social y a los puestos de trabajo. Los salarios reales están estancados. La confianza de los mercados financieros volvió a caer el mes pasado por séptimo mes consecutivo y se ha producido un colapso de la confianza de los consumidores. La inversión pública ha caído durante los últimos diez años, pasando del 3, 5 % del PIB, al 2, 5 %.
Si la Comisión y el Consejo sostienen que éstos son fundamentos económicos favorables, me gustaría ver las estadísticas sobre las que basan su afirmación. No cabe duda de que Europa atraviesa por una crisis, y necesitamos medidas coordinadas por la Comisión y Ecofin para intentar sacar a Europa de dicha crisis. La tasa de crecimiento para este año es del 1, 5 %, y supongo que resultará aún más baja al final del ejercicio. Es posible que el año próximo tengamos una tasa de crecimiento del 2 o el 2, 5 %, la cual es del todo insuficiente.
Por todos estos motivos hemos elaborado un informe muy crítico sobre dichas orientaciones. Deseo referirme, en particular, a las orientaciones aprobadas por el Consejo. El Sr. De Silguy no ha hecho referencia al modo en que el Consejo modificó dichas orientaciones, y deseo pedir al Consejo y al Sr. De Silguy que analicen específicamente las modificaciones que ha introducido el Consejo Ecofin a dichas orientaciones. Espero que el Consejo esté escuchando atentamente lo que digo. El Consejo ha suprimido diez puntos de las orientaciones de la Comisión con los que el Parlamento ya se mostró descontento.
¿Por qué eliminó el Consejo la referencia a una mejor combinación de políticas económicas que sea más favorable al crecimiento? El Consejo Ecofin la eliminó. Deseo saber por qué. La referencia al dictamen del Parlamento Europeo sobre el Informe Económico Anual fue suprimida por Ecofin. ¿Por qué la suprimió? Una distensión duradera en la política macroeconómica es fundamental para relanzar la actividad e impulsar el crecimiento de la creación de puestos de trabajo a medio plazo. Una vez más, el Consejo suprimió dicha referencia del texto de la Comisión. ¿Por qué lo hizo? En virtud del artículo 105 del Tratado, la política monetaria puede contribuir de manera significativa a alcanzar los objetivos comunitarios según establece el artículo 2 del Tratado. Esa referencia ha sido suprimida. ¿Por qué? El Consejo debe informar a esta Asamblea y explicar por qué hizo dichos cambios.
El documento de la Comisión hacía referencia a los interlocutores sociales y al diálogo que existe actualmente. El Consejo suprimió la referencia a una coordinación eficaz entre los diferentes agentes interesados y entre los países como condición indispensable para garantizar la coherencia de dichas políticas. Dicha referencia fue suprimida y queremos saber por qué. El Consejo eliminó la referencia al hecho de que las medidas encaminadas a mejorar la convergencia van de la mano de la promoción del crecimiento y del empleo a medio plazo. ¿Por qué eliminó el Consejo eso de las orientaciones generales de política económica? En lo relativo a las Redes Transeuropeas, la declaración que proponía el documento de la Comisión sobre la necesidad de adoptar medidas para superar los últimos obstáculos que impiden concluir los proyectos de las Redes Transeuropeas ha sido suprimida del texto del Consejo.
El Consejo Ecofin está actuando en estos momentos con excesiva arrogancia si piensa que puede olvidarse del crecimiento y el empleo en la Unión Europea. En esta Asamblea nos sentíamos muy descontentos con el documento de la Comisión, pero al menos, ésta se esforzaba en hacer referencia a la necesidad de reducir el desempleo y ocuparse de los preocupantes niveles de crecimiento. Esta Asamblea considera el documento del Consejo inaceptable por completo. Si el Consejo tiene a bien mirar el apartado 10 de la resolución, que hoy se someterá a votación, verá que insistimos en que en Florencia vuelva a incluirse todo lo que se ha suprimido del documento de la Comisión, y que ése es el documento que deberá ser aprobado por el Consejo.
A menos que eso suceda, advierto al Consejo que, bien cuando la Presidencia italiana presente un resumen de su Presidencia en julio, o cuando el Sr. Spring o el Sr. Bruton presenten el programa de la Presidencia irlandesa, este Parlamento rechazará de plano las conclusiones de Florencia, a menos que el Consejo se comprometa a reducir el empleo, a recuperar el crecimiento en Europa y a garantizar que el proyecto de la UEM puede continuar por un camino que signifique algo para los ciudadanos, en vez de ser simplemente un objetivo al que aspiran los gobernadores de los Bancos Centrales.
(Aplausos de la izquierda)

Christodoulou
Señor Presidente, quisiera dar las gracias tanto al Sr. Lamfalussy como al Sr. de Silguy por las exposiciones que han realizado.
Por lo que respecta al tema concreto del Instituto Monetario Europeo, tengo que decir que el presente informe, al igual que el anterior, es un intento correcto y elaborado de abordar los temas que plantea la preparación de la tercera fase, y celebramos el considerable progreso logrado al respecto.
No obstante, el capítulo 1, referente al desarrollo de la economía, contiene algunas observaciones que, en mi opinión, podríamos comentar más detalladamente. Por ejemplo, en el informe no se insiste tanto como creo que se debería en la duración de los resultados económicos, y me parece que esto es algo que hay que destacar constantemente. El que un país consiga unas cifras de convergencia satisfactorias y a continuación sufra una recaída repentina no contribuye a la correcta aplicación de la Unión Económica y Monetaria.
Naturalmente, el informe del Instituto está redactado en un tono optimista. Quisiera observar, al hilo de los comentarios precedentes, que es lógico que exista cierto optimismo en estos análisis. Los mensajes que transmiten los órganos de la Unión Europea no pueden estar inspirados en el pesimismo y en evaluaciones catastróficas. Por supuesto que de ahí a hacer evaluaciones y análisis insostenibles hay una gran diferencia. En todo caso, hay que decir que las perspectivas económicas, tal y como se analizan, no distan excesivamente de la realidad. Sí, existe ese elemento de optimismo, pero el contenido esencial sigue siendo correcto. Esta observación es válida para el Instituto Monetario Europeo y para la Comisión.
En cuanto al análisis del Consejo y a los cambios efectuados en las perspectivas económicas, debo decir que los considero totalmente incomprensibles. A menos que el Ecofin haya decidido tratar estos temas de manera estrictamente técnica, sin proceder a dar perspectivas y análisis políticos. Porque, si así fuera -lo cual me parecería un error-, estas omisiones serían justificadas, pero en tal caso el Ecofin se convertiría en un órgano técnico y no en el órgano político que debe ser.
Por lo que respecta al mercado interior, se menciona en el análisis del Instituto Monetario Europeo como motor del desarrollo, a diferencia de 1994, cuando eran las exportaciones las que iban a fomentar el desarrollo de la economía. El mercado interior plantea, obviamente, una cuestión de competitividad, y el gran problema que afecta a la competitividad en la Unión Europea es que hemos llegado a un nivel de vida y de comportamiento social que nos crea problemas frente a nuestros competidores, que no se atienen a los mismos criterios. Es un problema que tenemos que afrontar de manera lógica y productiva, sin llegar a conclusiones tales como las que se mencionan, de que hay que flexibilizar la política monetaria. En este momento, no hay ninguna solución alternativa a la política monetaria rígida. Es imposible adoptar cualquier otro tipo de política, afrontar fenómenos de carácter estructural con medidas indicadas para fenómenos cíclicos es equivocado y causa daño en vez de beneficio.
En lo que se refiere al desempleo, atribuirlo a una causa independiente y no derivada de otros fenómenos es un gran error. El desempleo no cae del cielo. Es consecuencia de otros fenómenos, y esos son estructurales. Son estos fenómenos estructurales los que tenemos que mejorar, y no se mejoran con las medidas anticíclicas que se mencionan aquí constantemente. Repito una vez más que, en estos casos, las medidas anticíclicas a largo plazo ejercen justo el efecto contrario.
Por lo que respecta al tema de la convergencia y de las relaciones entre los Estados miembros que estarán o no en la última fase de la Unión, quisiera comentar que aquí, afortunadamente, comienza a aplicarse correctamente el Tratado y a existir cierta flexibilidad en el análisis de las variables. ¿Por qué? Porque es mucho más importante mantener la fecha de comienzos de 1999, que dejar que unos porcentajes muy bajos nos lo impidan.
En este punto, señor Presidente, quisiera mencionar que hay que tener en cuenta también los análisis y criterios de los que desean incorporarse a la Unión Económica y Monetaria estando fuera en la primera fase, y temas relacionados con acontecimientos eventuales. Permítame citar el caso de mi país, que precisamente por el hecho de que la Unión Europea no ofrece ningún respaldo político en el caso verosímil de que tuviera que enfrentarse a una amenaza bélica, ahora se ve obligado a adoptar un programa de armamento por valor de 10 millones de ecus, lo cual anula todos los esfuerzos realizados en los últimos años para lograr la convergencia e ingresar en el Sistema Monetario Europeo y la Unión Monetaria Europea. Es un tema que debería tratarse en algún momento con mucha más seriedad de la que ha recibido hasta ahora.

Garosci
Señor Presidente, ante todo deseo felicitar a los tres ponentes, en particular al Sr. Gasòliba, por la redacción de los informes que hemos escuchado. Nuestro Grupo, como en la Comisión de Asuntos Económicos, considera con atención el informe anual 1995 del IME, como documento importante y exhaustivo sobre el estado de preparación de la Unión Económica y Monetaria. Pero en el próximo semestre se deberán definir los términos del marco de conjunto con vistas a la tercera fase y de los cometidos que incumben al sistema europeo de bancos centrales. Como ha indicado el Presidente Lamfalussy, el proceso de integración económica va por buen camino, pero la recuperación, por todos deseada, no ha arrancado y el desempleo sigue siendo el problema número uno en Europa.
El informe del IME indica claramente que la solución requiere, entre otras cosas, una reducción coherente del déficit y de la deuda públicos; a ese respecto, el Instituto debe intervenir en particular respecto de los Estados miembros en los que esos problemas son demasiado pronunciados y en su estado actual les impedirían su adhesión plena al sistema monetario único. Por tanto, es necesario considerar con mayor atención y disponibilidad los Estados que, aun no respetando de momento los parámetros de Maastricht plenamente, demuestren una inversión de tendencia y permitan prever que sus parámetros, hoy negativos, podrán ajustarse al sistema monetario único en plazos ligeramente mayores.
Como ha recordado el Comisario de Silguy, se debe utilizar el marco del IME definido en Maastricht con vistas a un papel más activo de coordinación de las políticas monetarias de los Estados miembros. Además, conviene evaluar preventivamente la situación que podría llegar a crearse para la coexistencia de Estados que se adhieran y Estados que no se adhieran a la moneda única y la consiguiente distorsión de la competencia y la fluctuación de los tipos de cambio.
Por último, hay un aspecto práctico que merece atención particular: se trata de la introducción en el mercado de la nueva moneda euro y de su difusión en los Estados miembros. El de explicar a los ciudadanos europeos cómo funciona la moneda única no va a ser un proceso fácil precisamente; será necesaria la máxima colaboración de las estructuras del mercado, donde el ciudadano encontrará físicamente el euro. Pienso en el sistema comercial al por menor, en todas sus formas, en el que será indispensable una campaña de información dirigida a los empresarios, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, y a sus colaboradores en los puntos de venta. De hecho, en ellos será donde el consumidor descubrirá la moneda única y con ella tal vez una mayor comprensión del sistema económico comunitario. La aceptación y la comprensión por parte del público de la moneda única serán también aceptación y comprensión de la Europa unida.

Cox
Señor Presidente, deseo hablar sobre las orientaciones generales de política económica. El Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas cree que existe una falta de credibilidad en el centro mismo de la política económica de la Unión que está socavando la confianza de la opinión pública en toda esta empresa. Existe un vacío entre las aspiraciones y su realización, entre la retórica y la esencia y entre las orientaciones económicas y su aplicación. El modo más estricto de medir dicho vacío son los 18 millones de personas que están sin trabajo y los 50 millones de personas afectadas por la exclusión social y la pobreza. Esas cifras causan consternación.
El informe que Ecofin presentará en Florencia sobre lo que yo denominaría la no aplicación de las orientaciones para 1995, siguiendo de cerca la no aplicación de las orientaciones para 1994, es un documento ceremonioso, insulso y pasivo ante estas cifras. No es de extrañar que, en sus vidas cotidianas, sean tantos los ciudadanos que cuestionan la capacidad de Europa para crear puestos de trabajo, porque saben que obras son amores y no buenas razones.
El Grupo ELDR se siente seriamente comprometido con la idea de alcanzar la UEM de acuerdo con los criterios y el calendario del Tratado, pero queda margen para un auténtico debate político.
Deseo formular varias preguntas al Consejo en el tiempo de que dispongo. Desde el punto de vista institucional, repito la pregunta: ¿por qué el Consejo no hace ninguna referencia, ni siquiera en el preámbulo de sus recomendaciones, a los dictámenes del Parlamento?
En cuanto a la política, deseo pedir al Consejo que responda hoy a la cuestión de la política de inflación, cuando sabemos que la inflación se encuentra en un bajo histórico y está controlada, según nuestros propios análisis. ¿Por qué recomienda que deben mejorarse los resultados? ¿No comparte el Consejo el temor que recientemente ha manifestado el Banco de Pagos Internacionales de que existen riesgos de deflación si impulsamos el objetivo de estabilizar los precios más de lo conveniente? ¿Qué opina el Consejo al respecto?
Por último, sobre la combinación macropolítica encaminada al crecimiento, el empleo y la convergencia, la Comisión ha hecho referencia, acertadamente, al apartado 1 del artículo 105, y permítame que lo cite brevemente: »La política monetaria apoyará las políticas económicas generales de la Unión Europea, incluidas aquéllas relativas a un alto nivel de empleo». El Consejo debe explicar hoy por qué, políticamente, ha pasado por alto de forma escandalosa esta posibilidad de introducir medidas de apoyo adecuadas, porque simbólicamente está diciendo a los 18 millones de desempleados: francamente, no nos preocupa la combinación de políticas adecuadas, somos monetaristas y lo haremos a nuestra manera. Si ésa es su manera, es un error político para el Consejo y para Europa.
(Aplausos del centro y de la izquierda)

Theonas
Señor Presidente, en el escenario de la introducción de la moneda única se perfila la formación de una Europa de varias velocidades. Nuestro Grupo expresa su profunda preocupación por las consecuencias con las que tendrán que luchar sobre todo los países más débiles, pero también los millones de trabajadores y desempleados de la Unión. Llamamos especialmente la atención sobre el hecho de que se suprime prácticamente cualquier independencia nacional respecto a la adopción de una política monetaria y de tipos de cambio, la cual se delega en órganos carentes de toda legitimidad política y democrática, como el Sistema Europeo de Bancos Centrales.
Los países excluidos al principio de la moneda única quedarán aún más rezagados con respecto a los países de la UEM y aumentarán las diferencias tanto nominales como reales. Esto llevará a la adopción de una política antipopular aún más dura, en nombre de la aproximación a los criterios de Maastricht, que seguirá siendo un sueño inalcanzable. Los países que queden inicialmente excluidos tendrán que hacer frente a graves problemas de recursos, dado que el capital se dirigirá, aunque en un principio sea de manera especulativa, hacia los países del núcleo duro, lo cual tendrá un efecto catalizador sobre la reserva de divisas, el nivel de desarrollo y el nivel de vida de los trabajadores de esos países.
La desaparición del ecu planteará nuevos problemas respecto al presupuesto comunitario y las relaciones financieras entre la Unión Europea y esos Estados miembros. Las primas de riesgo, así como el uso de la nueva moneda junto a las nacionales, como monedas de circulación obligatoria, durante el período transitorio crearán para los países no participantes en la moneda única problemas adicionales a los que tendrán que enfrentarse bajo condiciones distintas y con consecuencias negativas para sus economías.
La decisión de ampliar la Unión Europea plantea el riesgo de que el peso de este proceso, y por consiguiente también el coste de la ampliación, se cargue en los países que no participan. Nosotros, señor Presidente, esperamos que los pueblos de los países de la Unión Europea se opongan a esta perspectiva y reivindiquen la realización de una votación popular en los Estados miembros durante el procedimiento de aprobación de los nuevos Tratados, negándose a someterse a esta vía de dirección única de una democracia de bancarios.

Hautala
Señor Presidente, los informes de esta mañana presentan el común denominador de que en todos ellos se aspira a cumplir firmemente y a cualquier precio tanto los plazos establecidos para la UEM como sus criterios de convergencia. Sin embargo, resulta evidente que no asistiremos durante este siglo a la participación de todos los países de la Unión Europea en la moneda única, y, naturalmente, queda aún incluso por ver si este proceso se llevará a cabo.
En cualquier caso, la UEM va a dividir la Unión y, si tenemos en cuenta la ampliación hacia el Este, va a dar lugar a una Unión Europea de, por lo menos, tres velocidades. La UEM es una prolongación del mercado interior y resulta interesante y sintomático escuchar ahora al propio Comisario Monti plantear que el mercado interior no ha logrado satisfacer desde el punto de vista macroeconómico las expectativas que en él se habían depositado. Particularmente, el mercado interior no ha proporcionado resultados positivos en lo que respecta al desempleo. Además, el Comisario ha hecho pública esta aclaración durante la Cumbre de Florencia. Habría que preguntarse seriamente si debemos esperarnos una decepción similar en lo que atañe a la UEM, habida cuenta de que el mercado interior y la UEM son elementos estrechamente vinculados a las mismas ideas.
Los Verdes respaldamos unánimemente la aplicación de una política económica saludable, en el marco de una economía pública equilibrada, que no obligue a recurrir en exceso a los fondos presupuestarios para satisfacer el pago de intereses ocasionados por la deuda pública. El modelo de sociedad europeo o nórdico se ve amenazado en la actualidad al pretenderse cumplir los mencionados criterios de la UEM a un ritmo vertiginoso e, incluso, violento. Esta es la razón que obliga, sencillamente, a aplazar el calendario previsto.
Otro motivo por el que se deberían aplazar los plazos reside en el hecho de que, de este modo, se podría lograr una verdadera convergencia de las economías europeas. De acuerdo con estudios realizados, es posible, incluso, que en los últimos tiempos hayan aumentado las diferencias entre las economías de los países miembros.
¿Y si se llegara a un acuerdo para fijar la reducción a la mitad de los índices de desmpleo como condición real para la incorporación a la UEM? De todo es sabido que este hecho constituye un objetivo público tanto en numerosos países víctimas del desempleo, como en la propia Unión Europea. Cabría reflexionar la posibilidad de llevar a cabo un cierto relajamiento de la política económica y monetaria. De acuerdo con algunas estimaciones, una unidad porcentual más de inflación podría contribuir a la creación de dos millones de puestos de trabajo.
En cualquier caso, los Verdes proponemos ante todo acometer una reforma fiscal a fondo. De hecho, la Comisión ha publicado recientemente un interesante documento sobre la imposición fiscal en la Unión Europea. La idea central del documento es la necesidad ineludible de abordar la fiscalidad a nivel de la UE en su conjunto, en vez de hacerlo impuesto por impuesto, puesto que los Estados Miembros ya han perdido en favor del mercado una gran parte de su soberanía en materia de política fiscal, lo cual resulta verdaderamente vergonzoso para los políticos. A nivel comunitario no se ha conseguido aportar ninguna solución por lo que respecta al sistema de imposición fiscal, así que me gustaría preguntar al Consejo si es consciente de la enorme contradicción existente entre la aspiración a lograr una rápida puesta en marcha de la UEM y la ineptitud mostrada en todos los ámbitos por parte de la UE para abordar un asunto de tan amplia repercusión para la economía y el empleo como es el de la imposición fiscal.

Ewing
Señor Presidente, intervengo en nombre de mi Grupo para apoyar la resolución de compromiso y para decir que mi Grupo se identifica con las preguntas que ha formulado el Sr. Cox y con las críticas que ha manifestado el Sr. Donnelly sobre la cuestión de las orientaciones generales de política económica.
La resolución de compromiso se manifiesta claramente en contra de este terrible panorama de 18 millones de parados y de 50 millones de personas en el umbral de la pobreza. Existe en este caso una pérdida de dignidad tan colosal que no puede tolerarse. Tampoco deben tolerarse los muchos miedos de nuestros ciudadanos: el miedo de los que tienen un puesto de trabajo -a perderlo-; el miedo a la falta de protección social -hemos podido verlo en los disturbios que se han producido en Alemania y Francia-; la falta de confianza del consumidor; nuestro crecimiento es cada vez más lento y la inversión pública está cayendo. Todo esto exige acción y, sin embargo, el Consejo y la Comisión no parecen escuchar al Parlamento Europeo que es la base democrática de todas las instituciones. Tienen que escucharnos y tenemos que conseguir que se incremente la inversión, se incremente el consumo, bajen los tipos de interés, suba el crecimiento del trabajo asalariado y aumente la confianza de los consumidores.
Cuando hoy constatamos una mayor rentabilidad, no constatamos necesariamente una reducción del desempleo ni una subida de los salarios. Acabo de leer en la edición de hoy de The Guardian que British Steel obtuvo 1.000 millones de libras en beneficios. Hemos podido ver recientemente que British Telecom obtuvo unos beneficios increíbles. Esto no ha conducido a una subida de los salarios ni a un aumento significativo de puestos de trabajo. Todos debemos tener cuidado con el carácter fantástico de algunas previsiones económicas que hemos podido ver en otros organismos comunitarios. Las previsiones económicas han tenido que ser revisadas muchas veces a la baja. Esto crea aún más desconfianza en la mente de los ciudadanos; empeora la confianza y tiene efectos negativos sobre los consumidores.
Volviendo a la UEM, son pocos los Estados miembros que en estos momentos de previsión cumplen los criterios de convergencia. Los he anotado: Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca y el Reino Unido. Dinamarca y el Reino Unido tienen una cláusula que les permite la exclusión, por lo que, en realidad, quedan dos. Tuve el privilegio de formar parte de la delegación de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que viajó a Dublín recientemente, donde tuvimos ocasión de escuchar un discurso excelente del ministro de Finanzas irlandés, quien señaló que, a pesar del fuerte crecimiento de Irlanda, no se había reducido el desempleo. Es posible, por lo tanto, cumplir los criterios de convergencia y seguir teniendo el problema básico del desempleo. Y en el caso de Irlanda ese problema es muy grave. El problema debe ser contemplado de manera casi separada de todos los demás asuntos.
Está muy claro que Francia y Alemania tendrán dificultades para cumplir los criterios, Italia aún en mayor medida, aunque está dando muestras de confianza, y Bélgica tiene problemas con un aspecto determinado, aunque es seguro que los países del Benelux no se integrarán dejando a Bélgica fuera. Constantemente se está reiterando la fecha como si todo fuera a cumplirse y, sin embargo, hay un halo de sonambulismo, o así me lo parece, y de ilusión. Porque cuando examinamos los criterios, son muy pocos los países que parecen poder cumplirlos, y la flexibilidad que existe no parece suficiente -al menos a mí no me lo parece- para que el 1 de enero de 1999 sea el día.
Quiero apoyar el apartado 6 de la resolución de compromiso y la importancia que se da a la formación a lo largo de toda la vida y la creación de nuevos puestos de trabajo en nuevos sectores. He agotado mi tiempo de intervención, pero la polémica desatada recientemente en el Reino Unido sobre la posibilidad de abandonar la UE es tan vergonzosa y tan perjudicial para la confianza de los consumidores, que me he creído con la obligación de mencionarlo.

Blokland
Señor Presidente, el informe del Sr. von Wogau sirve a una buena causa. El Mercado Interior de la Unión Europea se beneficiará de un sistema monetario que tiene por objeto evitar las fluctuaciones entre los tipos de cambio de las monedas europeas. Al igual que el ponente, consideramos que un Sistema Monetario Europeo de «nuevo estilo» constituye un buen recurso. La propuesta de resolución indica con razón que la base de la estabilidad monetaria se establece a través de una política monetaria y presupuestaria creíble de los Estados miembros. La estabilidad no se consigue con la UEM o con un mecanismo de tipos de cambio.
Comparto la idea, expresada por el ponente en la exposición de motivos, de que relativamente pocos Estados miembros de la Unión Europea participarán en 1999 en la tercera fase de la UEM. Muchos Estados miembros no cumplen los criterios de adhesión. Entre ellos se encuentran Francia, Alemania y los Países Bajos. No parece que a corto plazo esta situación vaya a cambiar mucho. Algunos políticos preconizan, por miedo, una flexibilización de los criterios. Con ello minan la credibilidad del euro y ponen una bomba de relojería monetaria debajo del mecanismo de tipos de cambio.
Entre tanto, me pregunto qué sentido tiene formar una unión monetaria de tres o, como mucho, cuatro Estados miembros. Las ventajas apenas compensarán los costes que acarrea la formación de la UEM. Una importante objeción práctica a toda formación prematura de la Unión Monetaria es que esta pone un obstáculo a la rápida adhesión de los PECO. Es preferible realizar la adaptación de la política económica y monetaria de los Estados miembros actuales y futuros de la Unión de una forma no forzada. A partir de ahora, los Estados miembros tienen que trabajar por la estabilidad de la moneda y la estabilidad de los tipos de cambio. De este modo se mejorará el funcionamiento del Mercado interior y no se levantarán barreras innecesarias a la adhesión de los PECO.

Lukas
Señor Presidente, el presente informe de la Comisión refuerza la convicción de quienes opinan que la materialización por fases de la Unión Monetaria en la fecha prevista va a tener repercusiones negativas tanto para la Unión en su conjunto como para algunos Estados miembros. La desintegración en una Europa de dos velocidades está anunciada. Aun en el caso de que esta circunstancia fuera tan sólo transitoria, contradice de plano el objetivo del equilibrio económico y social. Las condiciones para una participación sin restricciones de todos los Estados miembros en el Euro sólo se harán posibles mediante apoyos masivos a los «países que se han quedado fuera», a costa de los presupuestos, ya de por sí debilitados por las medidas de ahorro de los países que cumplen los criterios (de convergencia).
No se puede evitar que un país con moneda débil de los «que están fuera» ocasione distorsiones de la competencia mediante devaluaciones unilaterales, como las que en la actualidad presionan al sector exterior de la economía de algunos Estados miembros. Por esta razón, resulta crucial el articular mecanismos de intervención que neutralicen la presión especulativa.
En todo caso, el presente informe contiene únicamente datos vagos y generales y ninguna indicación sobre el momento en que se presentarán las directrices para las futuras relaciones de tipo de cambio entre los países que participen en la Unión Monetaria y los que queden fuera. Una vez más, se confirma lo que temen los ciudadanos de muchos países, que, vista la mala situación económica, sólo unos pocos Estados podrán cumplir los criterios de convergencia y que, desgraciadamente, la importante cuestión de la estabilidad de los tipos de cambio entre los Estados de dentro y los de fuera sólo se considera, como mucho, de manera rudimentaria. En esta Europa dividida, el sector exportador y el turístico de los países con moneda fuerte tendrán que soportar grandes presiones debido a la negativa influencia de los programas de ahorro que exigen los criterios de convergencia.

van Velzen, W.G.
Señor Presidente, por lo menos 18 millones de desempleados en las estadísticas, y por lo menos 9 millones fuera de ellas: las orientaciones económicas tendrían que partir de esta realidad y dar una respuesta a estos problemas. Pero no lo hacen. Además se dan consejos financieros unilaterales y muy monetaristas, olvidándose de una política de empleo estructural y activa cuyas bases sentaron el Libro Blanco de Delors y el Consejo de Essen.
La estabilidad monetaria crea confianza, pero la tranquilidad monetaria, la estabilidad monetaria en medio de la agitación social, señor Presidente, no existe. El momento en que celebramos este debate es muy importante, y exige unas orientaciones más equilibradas que las que ahora tenemos ante nosotros.
En primer lugar, a finales del presente año, en Dublín, habrán de concretarse y tornarse más vinculantes los acuerdos de Essen, a través de instrumentos e indicadores.
En segundo lugar, dentro de poco los jefes de gobierno, en Florencia, tendrán que imprimir un rumbo a una política de empleo común europea y activa. La UEM demuestra que la coordinación a nivel europeo une a los Estados miembros, está dando frutos. En Florencia tendrá que aplicarse al empleo.
En tercer lugar: en estos momentos, la Comisión Europea se esfuerza por conseguir que los interlocutores sociales lleguen a acuerdos en un pacto de confianza sobre la política europea de empleo. Sin embargo, un pacto de confianza de este tipo sólo puede funcionar si en las grandes orientaciones económicas se abandona la fe unilateral en la UEM y se sientan las bases para acuerdos entre los interlocutores sociales, por ejemplo para crear puestos de aprendizaje y trabajo para millones de jóvenes parados menores de 25 años.
Por último, en estos momentos las negociaciones sobre la CIG tratan la cuestión de cómo puede alcanzarse un equilibrio en el Tratado entre la política de empleo monetaria y estructural. El traspaso de cargas fiscales del empleo a la energía y al medio ambiente sólo puede efectuarse a nivel europeo, y la competencia entre los Estados miembros exige una política común. Las amplias orientaciones económicas serían la base para una política de este tipo. No lo veo. En la política económica equilibrada por la que ha abogado regularmente el Parlamento Europeo encaja también el reconocimiento de la importancia económica del modelo social europeo. Este modelo no supone ante todo un gasto, sino sobre todo un fuerte estímulo para el empleo, pues mantiene el poder adquisitivo y la demanda, creando con ello estabilidad. Lo mismo puede decirse de unos sueldos decentes que además pueden ser un estímulo para una formación continuada.
Resumiendo, limitar la política económica a un único mercado y a una única moneda es pedir impotencia económica para la Unión Europea y un continuo desempleo masivo. Por estas razones, señor Presidente, es preciso que el Consejo y la Comisión Europea ajusten estas orientaciones económicas, y por lo que a mí respecta, que las rechacen.

Herman
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, deseo hacer una observación sobre las orientaciones políticas generales. Después de lo que ha dicho el Sr. Donnelly, me gustaría hacer la puntualización siguiente. Apoyamos firmemente la línea adoptada por la Comisión que, además, se inspira muy ampliamente en posiciones consensuales logradas en el seno de este Parlamento.
Al tiempo que somos conscientes de las dificultades financieras que limitan el margen de maniobra del gobierno, nuestro grupo lamenta las alteraciones que ha añadido el Consejo a las propuestas de la Comisión. Es la razón por la cual, contrariamente al Grupo Socialista, no metemos en el mismo saco a la Comisión y al Consejo, a la hora de expresar nuestra reprobación.
Por lo que respecta al informe von Wogau, las modificaciones de los tipos de cambio entre las monedas de los países pertenecientes a un mismo mercado común siempre han sido una cuestión de interés común. ¿Qué significa eso? Significa que los Estados ya no hacen lo que quieren en ese ámbito. Esta disposición es de aplicación en la actualidad y lo será siempre en el futuro; esta disposición figura textualmente en el Tratado de Roma y no la ha modificado el Tratado de Maastricht, y tampoco creo que se modificará en la futura CIG.
Es lógico. ¿Por qué? Porque una modificación de los tipos de cambio que no se limite a un simple restablecimiento de las paridades de poder adquisitivo introduciría una distorsión de competencia que perjudicaría gravemente al funcionamiento del mercado común.
Es la razón por la cual, aunque en términos de negociaciones penosas y en total contradicción con el espíritu de los tratados hemos acabado por conceder a dos Estados miembros un opting out a la unión monetaria, aunque no estén exentos de la obligación de actuar en común en todo lo concerniente a los realineamientos de los tipos de cambio. Por lo tanto, la pretensión de algunos de no plegarse a una futura disciplina común por lo que respecta a la política de cambio con respecto al euro, disciplina que se adoptará de acuerdo con las normas democráticas y de conformidad con los tratados, es inaceptable.
Si se concibe el nuevo Sistema Monetario Europeo con la suficiente flexibilidad, como lo pretende con elocuencia nuestro ponente, Gran Bretaña no debería tener objeciones serias que demostrar para no formar parte del mismo. Por consiguiente, es erróneo darle desde ahora la posibilidad de actuar a su albedrío, a lo que ya tiende demasiado en la actualidad. Es la razón por la cual, en este punto preciso, no compartimos la opinión de algunos de nuestros compañeros y por la que hemos introducido una enmienda, para reafirmar los grandes principios que siempre han constituido la base de la construcción europea.
Una última palabra, Señor Presidente, en relación con los «in» y los «out», los «prein» y los «in», para ajustarnos totalmente a la nueva jerga. Está claro que ello implica una solidaridad, lo manifestamos claramente en varias ocasiones. Pero esta solidaridad no debe ir, como algunas enmiendas tratarían de esgrimir, hasta limitar la independencia del Banco Central poniéndole, desde ahora, limitaciones o balizas por lo que respecta a su política de tipos de interés.

Giansily
Señor Presidente, Señorías, estos tres informes abren un debate importante porque se trata, a la vez, de la Unión Económica y Monetaria, del impacto de las fluctuaciones monetarias en el mercado interior y del informe anual del Instituto Monetario Europeo.
El proyecto de resolución constituye una contribución importante para la construcción monetaria europea. El mecanismo propuesto por el Parlamento Europeo se acerca al resultado de las reflexiones del Consejo, tal como se ha presentado al Consejo Ecofin informal de Verona y luego al Consejo de Florencia.
En efecto, el mecanismo de cambio es indispensable para prevenir las fluctuaciones de las monedas de los países no participantes y proteger el mercado único. La resolución recuerda con razón que debe apoyarse sobre todo en los esfuerzos de convergencia y de buena gestión económica de los Estados miembros, pero que debe asimismo implicar dispositivos de ayuda para las monedas que han sido atacadas.
Sin embargo, nuestro grupo manifiesta una reserva sobre el apartado 4. En efecto, consideramos que la estabilidad de los tipos de cambio reales es necesario, en efecto, para evitar las ventajas indebidas de competitividad. No obstante, la estabilidad nominal es un factor poderoso de desinflación, ayuda a la convergencia y subtiende el principio mismo del Sistema Monetario Europeo.
En el futuro, para prevenir las fluctuaciones del cambio, reafirmamos, como la resolución, la necesidad de una convergencia acrecentada y de un refuerzo de la vigilancia macroeconómica en el seno de la Unión. La relación se opone también a cualquier medida correctiva que vaya en contra de las medidas específicas de ayuda a las pequeñas y medianas empresas.
Por lo que respecta a la lucha contra las fluctuaciones monetarias, me gustaría recordar que el Ministro de Hacienda francés, hace poco, presentó a sus colegas de la Unión, tres propuestas capaces de prevenir los movimientos de cambio desordenados. Dichas medidas conciernen a la actualización de los pagos realizados en concepto de Fondos estructurales en función de la evolución de los tipos de cambio reales, la introducción de una condicionalidad macroeconómica a los pagos de los Fondos estructurales o similar a la que existe para los Fondos de cohesión y el refuerzo del procedimiento de las grandes orientaciones de política económica.
Para luchar contra las fluctuaciones monetarias el texto de la resolución propone la buena solución: reforzar la disciplina macroeconómica y presupuestaria de los Estados miembros de la Unión y prevenir los desequilibrios, fuente de inestabilidad financiera.
Después de la entrada en la fase 3 de la UEM, se planteará la cuestión en los mismos términos, frente a las monedas de los países que no participan todavía en la Unión Monetaria. Por su parte, el Consejo ha progresado en este sentido, aprobando, a excepción del Reino Unido y de Suecia, una propuesta de mecanismo de cambio inspirado en el SME. Las modalidades técnicas se establecerán en el Consejo de Dublín, lo que responde a la preocupación manifestada por el proyecto de resolución.
Por el contrario, queridos compañeros, nuestro grupo es extremadamente reservado sobre la propuesta de instaurar un impuesto sobre las transacciones especulativas. En efecto, ¿cómo distinguir una transacción especulativa de una operación de cobertura?¿Cuál sería su eficacia en un mundo en el que los capitales se desplazan libremente y en donde las operaciones sobre las divisas europeas pueden efectuarse en las plazas financieras de América o de Asia? En otras palabras, ¿por qué penalizar a Europa con relación al resto del mundo, en el mismo momento en que el desempleo sigue siendo el mayor desafío que la Unión tiene que afrontar? Hecha esta reserva, Señor Presidente, nuestro grupo dará su apoyo a cada uno de estos informes.

El Presidente
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento.

Boogerd-Quaak
Señor Presidente, Señorías, la introducción de la moneda única va unida a grandes retos y la experiencia nos enseña muchas cosas sobre los tipos de cambio como mecanismo de ajuste entre los países centrales de la UEM. Quiero recalcar de nuevo, aunque sea a mayor abundamiento, que cualquier acuerdo que consiga lograr una limitación de los tipos de cambio mutuos es mejor que ningún acuerdo. Hemos de hacer caso de las recomendaciones de los Sres. Gasòliba i Böhm y von Wogau, pero Señorías, señor Presidente del Consejo, aparte de la gran importancia de la UEM, que según mi Grupo creará empleo, no hemos de hacer la vista gorda ante el fuerte desempleo. Muchos compañeros lo han mencionado: 18 millones de personas sin trabajo y otras muchas formas de desempleo oculto. No podemos quedarnos de brazos cruzados, y desde que estoy en este Parlamento tenemos un debate sobre esta cuestión. Hace ya dos años que hablamos de un excelente informe sobre empleo, crecimiento y competitividad, que sigue sin aplicarse. Es el Consejo quien no hace suficientes progresos con las recomendaciones en el ámbito de la educación y formación, en el ámbito de la flexibilización del mercado laboral, los nuevos horarios laborales, la reducción de la jornada laboral y sobre todo en cuanto a las posibilidades que ofrece la fiscalidad: traspaso de las cargas que gravan el trabajo a otros objetivos.
Señor Presidente, también he entendido que en el pacto de confianza del Sr. Santer, con el que el Sr. Santer acudirá a la Cumbre de Florencia, se han borrado los ejemplos de los 17 ámbitos en que podría crearse empleo, sobre todo en las regiones y en las ciudades, y quisiera preguntar al Consejo por qué no se realizan estos ejemplos, para los que tanto han trabajado el Parlamento y la Comisión.

Svensson
Señor Presidente, a pesar de las grandes dudas y críticas, la dirección de la Unión insiste en seguir una teoría dogmática y su realización -una teoría que carece de fundamento real. ¿Cuáles son sus consecuencias, que están a la vista de cualquiera? Incapacidad para la política coyuntural constructiva, aniquilación de infraestructuras centrales de la sociedad, impotencia y cinismo ante el paro de masas y la crisis social, capitulación incondicional ante la influencia desestabilizadora del capital especulador, y finalmente también, riesgo de división de la Unión.
¿A qué conclusión llegamos? La conclusión de que es hora de que abandonemos unas ideas dogmáticas y obsoletas y de que elijamos una modalidad de política económica y de cooperación monetaria más moderna, flexible y realista.

Berthu
Señor Presidente, Señorías, qué trastornos de lenguaje y de ideas después de la aprobación del Tratado de Maastricht.
En 1992, nos prometían el vuelco de todos los miembros de la Unión hacia la moneda única, a más tardar el 1 de enero de 1999, a reserva de excepciones marginales. Entonces sosteníamos que se trataba de una visión irreal y pedíamos más bien una reforma del Sistema Monetario Europeo para que funcione correctamente. Hoy, los responsables del proyecto de moneda única se han visto reducidos a inventar, casi en el último momento, un sistema monetario renovado con el fin de evitar la ruptura de la Unión en dos o varios grupos. Además, se han visto obligados a apurar la copa hasta las heces. Tras haber proclamado que el Sistema Monetario Europeo estaba definitivamente muerto y enterrado, se han visto obligados a resucitarlo. Tras haber proclamado que el mercado único no podía funcionar sin moneda única, ahora se han visto obligados a admitir lo contrario.
No obstante, la evolución actual, aunque globalmente bien orientada, no nos satisface del todo por dos razones. En primer lugar, el SME renovado sólo sería temporal puesto que, en teoría, se mantendría el objetivo de moneda única para todos y, en lo inmediato, la política de convergencia. Ahora bien, esta política nos parece casi tan poco razonable como la del vuelco simultáneo de todos los miembros. En efecto, postula que en un plazo cercano será posible aplicar a todos una política económica única, lo que supone que los problemas se unificarán, y por consiguiente, las sociedades también.
¡Todo esto no nos parece serio!
Esta convergencia burocrática, si se aplica de forma demasiado rígida sociedades distintas, corre el riesgo de producir efectos negativos, incluso desestabilizadores para el sistema.
Segunda razón para exponer nuestras reservas: el nuevo sistema que tratamos de inventar jamás se ha pensado globalmente, ni se ha aceptado democráticamente por parte de los parlamentos nacionales, a pesar de la existencia de rudimentos que encontramos aquí o allá en el Tratado. Ahora bien, parece difícil imponer disciplinas sin que hayan sido aceptadas. Un viraje semejante no puede hacerse en la oscuridad. Por lo tanto, un día u otro, habrá que reanudar el debate manteniendo las formas.

Martinez
Señor Presidente, señor director, o presidente -no lo sé- del Instituto Monetario, señor Comisario, el informe del Profesor Pérez Royo -que, además, no está de acuerdo con nuestro colega Milton Friedman, el monetarista que considera que esta moneda única es un suicidio- el informe de Gasòliba y el informe de von Wogau, nos llevan a este problema «teológico» y «teleológico»de la moneda única.
El problema teológico en primer lugar. ¿Dios es bueno? ¿La moneda es buena? Los productores de fresas tienden a considerar que la moneda única es buena frente a la devaluación de la peseta española. Pero ocurre que la peseta española y la lira italiana que interesan a los criadores de bovinos franceses, no participarán probablemente en la moneda única, dicho de otro modo, las ventajas son un poco ilusorias. Aun cuando los Quince participen en la moneda única, el dólar no participará, las monedas del Sudeste Asiático, subevaluadas no participarán, como tampoco lo hará la moneda marroquí, etc. La moneda única se adaptaría tal vez al mercado único europeo, pero ocurre que el mercado único es cada vez menos europeo y cada vez más mundial, debido, además, a la política librecambista de la Comisión Europea.
Otro problema mucho más serio, la moneda no es más que un vehículo que transporta información sobre el estado de una economía. La moneda es el reflejo de una economía, no es la economía, es la sombra que proyecta la economía. Es la historia de Platón y de la cueva, es el significante y no el significado. Pero cuando se quiere obligar a quince economías diferentes a tener la misma sombra monetaria oficial, se obliga a estas quince economías a correr tras su sombra oficial. Ahora bien, si intentan ustedes correr tras su sombra, la experiencia demuestra que al cabo de un momento ustedes se agotan y también al cabo de un momento se mueren. Esto se llama, en materia económica, el desempleo, la austeridad, la recesión y los manifestantes, incluso en Alemania.
Lo que plantea los problemas de los fines, de la teleología. La moneda única sí, pero ¿para qué? ¿Para qué fin? De ahí el problema teleológico. ¿Es la finalidad de Europa la moneda única, el Banco Central único, el mercado único, o es la prosperidad, la democracia y el desarrollo? Señor Lamfalussy, perdóneme, pero a propósito de democracia, el director del Banco Central Europeo, artículos 107 a 109, »que no recibe órdenes de nadie», eso se parece más a la oligarquía que a la democracia. Así pues, aunque se ponga un control parlamentario en alguna parte, no irá muy lejos.
Y si el fin es la prosperidad, pues bien, mi querido compañero Pérez Royo, la situación de los agricultores de Andalucía, de Finlandia y de Francia se parece más bien a la frase de Jaurès: »la moneda es la sangre de los pobres». Tanto que hemos olvidado la experiencia de la historia. La moneda única existió ya en Europa y en el mundo; era el patrón oro y ello no impidió las deflaciones. La gran deflación americana se produjo además en período de cambio fijo con el patrón oro.
Ya sé, señor Silguy, que no le convenceré, puesto que es un problema religioso. Por lo menos, habremos tomado postura sobre las catástrofes que acarreará esto. El mercado y la ley del mercado conducen a un resultado viciado.

Randzio-Plath
Señor Presidente, quien pretenda alcanzar la Unión Monetaria habrá de combatir el desempleo en la Unión Europea. Tanto el Instituto Monetario Europeo como el informe económico anual de la Comisión han insistido en ello. No obstante, pienso que no podemos seguir como hasta ahora. Es preciso intensificar el impulso de las políticas estructurales y para ello hace falta reorientar en la práctica las directrices político-económicas, tal como pretende hacer hoy el Parlamento. Esta reorientación resulta más importante que nunca, ya que necesitamos una actitud optimista y confiada para materializar el proyecto de la Unión Monetaria. Afortunadamente, el Instituto Monetario afirma que el actual ritmo de trabajo cumple el calendario previsto. No se puede, por tanto, poner en cuestión este proyecto sólo por la falta de credibilidad de los otros factores políticos. Con todo, desearía que el Instituto Monetario Europeo siguiera cumpliendo el calendario y que el Sr. Lanfalussy nos garantice que este otoño el Instituto efectuará el examen de convergencia, de tal modo que se establezca si hay una mayoría de Estados miembros que cumplen los criterios de convergencia y, en consecuencia, reine la claridad tanto sobre el margen de interpretación como sobre la necesidad de participación en un mecanismo europeo de tipos de cambio.
En fecha muy temprana este Parlamento se pronunció a favor de que las monedas que no participen en la Unión Monetaria se vinculen a un mecanismo de tipos de cambio con el Euro como moneda ancla. Afortunadamente, las instituciones monetarias y la Comisión y el Consejo comparten hoy la opinión del Parlamento.
¿Cuál debe ser ese mecanismo? Creo que necesitamos un sistema europeo solidario y estable porque, por un lado, tenemos que prevenir los ataques especulativos contra las monedas que no formen parte de la Unión Monetaria y, por otro, hay que evitar una quiebra del mercado interior. Ante todo, hemos de comprometernos a apoyar a las otras monedas y ser solidarios con ellas, de tal manera que puedan integrarse cuanto antes en la Unión Monetaria. Como se ha demostrado en los últimos años, las turbulencias cambiarias no sólo perjudican al crecimiento económico, sino también al empleo. Por ello, parece crucial introducir un mecanismo de tipos de cambio que mantenga la credibilidad del proyecto.
Me parece también muy importante que el Instituto Monetario Europeo realice estudios adicionales sobre las oscilaciones de los tipos de cambio y, especialmente, análisis de las repercusiones en el plano microeconómico. Así podríamos tener una visión mucho más clara de lo ocurrido durante 1995 en los diferentes sectores y de cómo estos sucesos afectan negativamente a la confianza de los agentes económicos. Después de todo, hoy en día el factor decisivo no son los costes salariales, sino los movimientos y oscilaciones en los tipos de cambio y los negocios de seguro de cambio originados por las distorsiones de la competencia en el mercado interior que se producen a causa de alzas de los costes salariales en los países con moneda fuerte. Por todo ello, ha llegado el momento de encontrar un mecanismo que deje claro que las monedas que no participen en la Unión Monetaria desde el principio pueden incorporarse después y que no hay ninguna quiebra del mercado interior, sino que la Unión Monetaria es un paso más en su profundización y representa, por tanto, una supranacionalización del mercado.

Rusanen
Señor Presidente, el desempleo representa en estos momentos un problema común a toda Europa al que se intentan encontrar soluciones en todos los Estados Miembros de la Unión Europea. Sin embargo, el desempleo no constituye un obstáculo para el establecimiento de la UEM, puesto que esta unión mejora no solamente la competitividad sino también la demanda, todo lo cual repercute favorablemente en el empleo. La UEM reduce las bruscas fluctuaciones coyunturales, rebaja los tipos de interés -en especial, en los países pequeños- y activa el comercio en el mercado interior. No existen atajos que lleven a la creación de empleo y la situación no mejora a base de recurrir a medidas de alivio con carácter temporal.
La Unión Económica y Monetaria es una prolongación natural del mercado interior, ya que el único medio para aprovechar completamente las ventajas del mercado interior es la cooperación y la armonización en los ámbitos monetario y financiero. Es cierto que el calendario acordado en el Tratado de Maastricht para la aplicación de la tercera fase de la UEM implica cierto grado de incertidumbre propiciado por los problemas económicos. Pero el aplazamiento de la tercera fase, o simplemente una decisión en este sentido, retrasaría la reactivación de la economía europea, mantendría elevados los tipos de interés y daría lugar a una gran inestabilidad económica. Gracias a los criterios de la UEM y a su cumplimiento se obtiene precisamente estabilidad, se reduce el poder decisorio de la política económica con respecto a los tipos de cambio y disminuyen las ventajas de permanecer al margen de la tercera fase.
La política monetaria posterior a la tercera fase de la UEM constituye una preocupación común a los países de la UE. Tanto en los países que participen en la UEM como en los que permanezcan al margen de ella, el objetivo fundamental deberá ser la estabilidad de los precios. Asimismo, el sistema deberá ayudar a aquellos que queden al margen a lograr su posterior incorporación a la misma, a la vez que no podrá ocasionar problemas al funcionamiento del mercado interior o a las actividades financieras del Banco Central Europeo. a fin de lograr el apoyo a la Unión Económica y Monetaria, es importante que la Comisión defina ya durante este año las reglas del juego para aquellos países que queden excluidos de la UEM. Espero que el señor Comisario se incline por esta alternativa y encuentre una solución al problema a la mayor brevedad posible.
La visión de los responsables del informe sobre la situación actual de la UEM y sobre la fase preliminar a la transición a la moneda única es realista. No obstante, considero que es más importante alcanzar los criterios de convergencia que asegurar la presencia de las monedas fluctuantes en el Sistema Monetario Europeo, ya que, de este modo, aumenta la credibilidad de la política económica y se crean condiciones más propicias para lograr la estabilidad tanto de la economía financiera como de toda la economía nacional.

Gallagher
Señor Presidente, en abril de 1996, el Instituto Monetario Europeo publicó su Informe Anual de 1995. Este excelente documento contiene una sección en la que se da cuenta detallada de las condiciones económicas y financieras de la Unión Europea, incluida la actual situación de los diferentes Estados miembros con respecto a los criterios de convergencia de Maastricht, necesarios para culminar con éxito la Unión Económica y Monetaria.
Nuestro Grupo, por su parte, recuerda la necesidad de que al final todas las monedas de la Unión Europea participen en los mecanismos de cambio, si queremos garantizar la buena marcha del mercado único y asegurar la transición hacia la UEM. El informe del Sr. Böhm, que apoyamos en términos generales, acoge con satisfacción el informe del IME y resalta sus principios más importantes, que son la necesidad de seguir el Tratado en todas las etapas institucionales en la transición hacia la tercera fase de la UEM; de continuar la reflexión sobre el intercambio de relaciones entre las futuras zonas del euro y el resto de la Unión; y la necesidad de un intento continuado para corregir la deuda pública.
El informe del Instituto, al igual que la resolución del ponente, apunta a la dirección correcta desde el punto de vista de nuestro Grupo, con una pequeña excepción. En uno de los apartados, la propuesta de resolución observa una contradicción entre el IME y la Comisión Europea en lo relativo a sus explicaciones de las fluctuaciones económicas tan manifiestas durante 1995. El término es algo fuerte, y por nuestra parte pensamos que existe consenso y que los pronósticos de ambos sólo difieren en la importancia que respectivamente atribuyen al nivel de los tipos de interés en 1994 y a las fluctuaciones monetarias durante el primer trimestre de 1995, así como a su impacto sobre la confianza de los agentes económicos. En esta exposición general, nuestro Grupo acoge con satisfacción el informe del Sr. Pérez Royo, que hace hincapié en los esfuerzos necesarios en términos de convergencia y disciplina presupuestaria, que es lo único que puede evitar las fluctuaciones monetarias.
Para terminar, creemos que el sistema de cooperación monetaria no es solamente competencia de la Comisión y del IME, sino que es competencia del Consejo, del IME y de la Comisión respectivamente. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que la posibilidad de introducir bandas de fluctuaciones más estrechas no debe ser el único recurso de los Estados miembros afectados y que también debe existir un marco multilateral a disposición de los ministros de Finanzas, de los Bancos Centrales europeos y de los Bancos Centrales de aquellos países que aún no se han integrado en el sistema.

Kestelijn-Sierens
Señor Presidente, Señorías, en nombre de mi Grupo quiero decir algo concreto sobre el informe Pérez Royo. El Grupo de los Liberales aprueba en líneas generales este informe, pero nos escandaliza el apartado 4, en el que el ponente afirma que un impuesto sobre la especulación monetaria puede contribuir a que los tipos de cambio sean previsibles. Tenemos dos objeciones fundamentales.
En primer lugar, podríamos preguntarnos dónde estriba la eficacia de un impuesto de este tipo, y en segundo lugar, creemos que no es en absoluto deseable. ¿Por qué no habría que introducir un impuesto así? Porque no podemos limitarnos a las operaciones del mercado monetario, pues los especuladores pasarán simplemente a otras transacciones financieras, como los productos financieros derivados. En segundo lugar, porque con su introducción en Europa, los flujos de capital se trasladarán fácilmente a países como Singapur y Hogkong: es decir, para poder introducirlo es preciso ampliarlo a todas las transacciones financieras y a todos los países del mundo. Incluso si consiguiéramos introducir un impuesto sobre la especulación monetaria, este sigue sin ser conveniente. En primer lugar, un impuesto de este tipo crea unos mercados financieros menos líquidos, lo cual en sí puede provocar grandes fluctuaciones monetarias. En segundo lugar, encarece el capital. El impuesto no establece ninguna diferencia entre especulación e inversión. Afecta al crédito comercial y a las operaciones de cobertura que tienen que ver con las inversiones directas, y dudo mucho, Señorías, que nuestra intención sea frenar las inversiones. Lamento tener que constatar que la idea de gravar las operaciones monetarias vuelve a lanzarse una y otra vez sin argumentos. Por ello quiero votar, junto con mis compañeros del Grupo de los Liberales, en contra de este apartado.

Ribeiro
Señor Presidente, una voz más, un minuto más, para que quede claro, una vez más, que no es consensual el camino que como tal se pretende presentar. Lo que se decidió en Maastricht sobre la UEM y la moneda única no es algo intocable. Entre otras cosas, porque la realidad ha demostrado que el camino no podía ser el entonces proyectado.
Una voz y un minuto para recordar el desempleo y la degradación social y la parte de responsabilidad que corresponde a los criterios nominales, que han servido para imponer una política, al tiempo que resultaban inalcanzables.
Pero a la inflexibilidad total de que se han dado muestras en cuanto a las metas y los plazos arbitrarios seguirá tal vez la flexibilidad más laxista y arbitraria en la interpretación de los artículos del Tratado para que sea viable lo que el respeto de las condiciones previamente planteadas e inflexiblemente aplicadas volvería imposible.
Sobre todo, una voz y un minuto para afirmar que el problema radica en esa quiebra de la demanda, en la orientación de la inversión, en la necesidad de limitar las aplicaciones especulativas y de estimular las productivas y creadoras de empleo, de que sea otra la política económica, en la que la moneda tenga su función de instrumento y el objetivo sea el de la mejora de las condiciones sociales.

Belleré
Señor Presidente, Señorías, señores representantes de la Comisión y del Consejo, desde septiembre de 1992 ha habido diversas devaluaciones de monedas nacionales: una de las más importantes, desde el punto de vista de la pérdida de valor, fue la de la lira, que llegó a perder hasta una tercera parte respecto del marco alemán, lo que provocó la salida de la divisa italiana del SME. Y hoy, en Italia, no se oye hablar de otra cosa que de la entrada de nuevo y en breve de la lira en el sistema monetario europeo.
Parece ser una prioridad que, a mi juicio, puede hacer perder de vista que el primer objetivo que debe alcanzar por parte del Gobierno italiano es el de la reducción del déficit público y la aplicación, por tanto, de una política fiscal racional y estable, que contribuya a reducir la inflación que en Italia es aún de las más altas.
Así, pues, estoy preocupado precisamente porque comparto el espíritu del informe del Sr. Fernando Pérez Royo: la depreciación de la lira se debió a una coyuntura especulativa y política, mientras que hemos presenciado una rapidísima recuperación respecto del marco, cosa que yo, personalmente, no creo precisamente por esa rapidez que me deja perplejo. Conviene ser transparentes: una política de transparencia es útil, pero no creo que esa súbita revaluación de la lira se deba a la supuesta fe de los mercados en la estabilidad de un Gobierno que aún no cuenta dos meses de vida. Así, pues, pido que se profundice en las causas que ponen en movimiento oscilaciones financieras demasiado concentradas como para no ser sospechosas, recordando que en Italia, durante cierto tiempo, bastaba una «fuga» de noticias de autos de procesamiento con fianza para provocar descensos de la lira, que después pagaban los trabajadores italianos en pérdida de la capacidad adquisitiva.
En conclusión, señor Presidente: intentos comunes, política macroeconómica común, encaminada a resolver problemas económicos y monetarios que hoy afectan a algunos países miembros pero que mañana podrían afectar a otros.

Harrison
Señor Presidente, al tiempo que expreso mi satisfacción por el Informe Anual del IME de 1995, deseo felicitar no sólo al ponente del Parlamento, Sr. Gasòliba i Böhm, sino también al presidente del IME, Alexandre Lamfalussy, que ha anunciado recientemente su jubilación en 1997. Esto no significa, sin embargo, que el Grupo Socialista esté de acuerdo con todo lo que recoge el informe de 1995 ni tampoco con las observaciones que ha hecho el ponente sobre el mismo. En muchas partes, el informe deslustra ideas que encontraron una amplia aceptación en el Informe Económico Anual de la Comisión, sobre el que ya se ha pronunciado el Parlamento.
Entre ambas instantáneas aparecen, sin embargo, algunas diferencias. La UEM muestra una carencia idiosincrásica a la hora de mencionar la frágil situación de la confianza del consumidor y del sector financiero como uno de los principales factores que han contribuido a la desaceleración de la economía en estos últimos tiempos. En ese sentido, elude resaltar la necesidad de adoptar medidas eficaces, incluida la utilización sensata de la política monetaria como medio para impulsar la recuperación económica y la confianza de los consumidores. Por otro lado, el informe del IME habla con ligereza de las rigideces del mercado laboral, y parece seguir el enfoque simplista de que la flexibilidad del mercado laboral significa un empeoramiento de los salarios y de las condiciones de los trabajadores, y no una mejora de su capacidad de movimiento gracias a la educación, la formación y la inversión. De forma similar, la dudosa observación de que los índices porcentuales del gasto público fueron inaceptablemente altos, apenas fue suavizada fríamente por el Sr. Lamfalussy cuando éste se sintió atacado recientemente en la Subcomisión Monetaria del Parlamento.
Por último, el informe del IME eludió señalar con dedo acusador las rígidas políticas monetarias que siguen algunas autoridades monetarias nacionales y que han tenido unos efectos tan nocivos sobre la economía real. En el informe del Parlamento se han incluido enmiendas Socialistas que subrayan algunos de estos pecados de omisión y comisión. Me complace asimismo que los futuros informes del IME incluyan análisis y evaluaciones más detallados de los efectos que las fluctuaciones de los tipos de cambio tienen sobre la economía.
En segundo lugar, el Sr. Lamfalussy ha prometido que él y su sucesor están dispuestos a emitir informes semestrales sobre la labor preliminar del IME encaminada a la UEM. Esta medida dará mayor transparencia a la labor del IME, lo cual beneficiará a todos.
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. Todas las intervenciones que he escuchado esta mañana se han prolongado por un motivo u otro debido a su incompetencia en el ejercicio de la Presidencia. De nada sirve exhortar a los diputados a que hagan intervenciones más cortas. Usted ostenta la Presidencia en nombre del Parlamento para mandar a callar a los oradores cuando éstos sobrepasan su tiempo de intervención, porque están transgrediendo los derechos democráticos de otras personas de intervenir ante este Parlamento. ¿Podría despertar y hacer algo al respecto?

Peijs
Señor Presidente, si todo el mundo cumple lo acordado, no sólo en el Parlamento, sino también en toda la Unión Económica y Monetaria, entonces la tendremos en 1999. No sólo los políticos pro europeos creen en ella, sino también los mercados financieros la tienen en cuenta, como demuestra la convergencia de tipos de interés a largo plazo entre Francia y Alemania. Ahora sólo falta el ciudadano. Tendremos que ganarnos la confianza del ciudadano con hechos como el respeto de los criterios y una buena comunicación con el ciudadano, desde ahora hasta el 2002.
Mi Grupo cree en la moneda. Que quede claro. Sin embargo, en estos momentos sigue habiendo cuestiones que quisiera me aclarara el presidente del Instituto Monetario Europeo, el Sr. Lamfalussy. En el Tratado se establece que a más tardar antes de la tercera fase, es decir, a más tardar antes del 1 de enero de 1999, los bancos centrales tendrán que haberse desligado de la toma de decisiones en el gobierno y el parlamento. Al mismo tiempo, las instituciones del SEBC, el Banco Central Europeo y los bancos centrales, ya no podrán recibir instrucciones. La prensa suele hablar al respecto del sexto criterio de convergencia. La mayoría de los bancos centrales nacionales no cumplen las condiciones de autonomía. No se avanza suficientemente. Concretamente, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y Suecia tienen mala puntuación. Pero incluso cuando un banco es declarado formalmente autónomo puede tardar mucho hasta que se haya desarrollado una tradición de toma de decisiones independiente.
La independencia del futuro Banco Central Europeo es la base sobre la cual el presidente del Banco Central Europeo puede cimentar una reputación de credibilidad. Los franceses presentaron ayer una propuesta que podría convertirse en el complemento político del banco central, o precisamente apuntaría en dirección a un gobierno económico, como lo describía esta mañana el Sr. Pérez Royo.
Quisiera formular dos preguntas al Sr. Lamfalussy. ¿Qué piensa de los progresos de los bancos centrales hacia la independencia en general? ¿Y considera que la propuesta francesa supone una limitación de la independencia del Banco Central en particular? ¿Se deriva la limitación de la independencia del Banco Central del denominado pacto de estabilidad del ministro Waigel y de propuestas similares?
Además, quiero formular una pregunta sobre el anteproyecto que haría el IME de regulación del funcionamiento del futuro Banco Central Europeo. Según el tratado, este anteproyecto tiene que estar listo a finales del presente año, y cada vez se rumorea más que el Banco Central Europeo seguramente seguirá una política de control de la masa monetaria. Este era el sistema utilizado por el banco central alemán, el Bundesbank . Según se dice, este banco ha tenido éxito en sólo diez de los veinte años. ¿En base a qué argumento se pretende adoptar este sistema del banco alemán?
Una tercera y última pregunta: ¿Cómo calcula el Sr. Lamfalussy el valor del futuro euro frente a las monedas asiáticas? El trasfondo de mi pregunta es el convencimiento de que en algunas partes del mercado, las monedas europeas están sobrevaloradas con respecto a las monedas asiáticas, o al contrario. Y quizás una parte de nuestro desempleo proceda de ahí.

Watson
Señor Presidente, afortunadamente vivimos en una Comunidad en la que las armas de guerra que utilizamos últimamente son económicas en vez de militares. Es importante que aprovechemos la oportunidad para impulsar nuestras economías y evitar futuros conflictos. Es algo parecido a la diferencia que existe entre la fusión nuclear y la fisión nuclear. Todos sabemos que la fisión nuclear es un proceso intrínsecamente peligroso, como de hecho lo es la fisión de nuestras economías. Pero si pudiéramos alcanzar el equivalente económico de la fusión nuclear y fundir en una todas nuestras economías, todos sabemos que los beneficios serían cuantiosos y que produciríamos mucha energía económica a través del crecimiento del comercio en nuestro continente, y se crearían muchos más puestos de trabajo, lo cual es tan importante.
Pertenezco a la tradición de un partido de Gran Bretaña que siempre ha creído en la plena participación del Reino Unido en la Unión Económica y Monetaria. De hecho, uno de los miembros más eminentes de mi partido, el Sr. Roy Jenkins, antiguo Presidente de la Comisión, fue uno de los principales defensores de la unificación de las monedas. Me enorgullece pertenecer a dicha tradición y de estar en contra de la política y del sentimiento que predominan en el Gobierno de mi país.
El Sr. von Wogau ha dicho que quizá sería mejor si el Reino Unido no se uniera a la moneda única. Permítame que me oponga. En mi país estoy defendiendo insistentemente la idea de que debemos integrarnos en la moneda única. Es importante para nosotros, independientemente de la importancia que ello pueda tener para la Unión Europea en su conjunto. El Miércoles Negro en septiembre de 1992, nos dimos cuenta del enorme daño que pueden ocasionar las grandes devaluaciones de la moneda.
En su informe, el Sr. Pérez Royo habla del crecimiento de la competitividad italiana gracias a la devaluación a corto plazo. Podemos también estudiar el crecimiento de la competitividad del Reino Unido y el daño que causó a las economías francesa y belga. No estoy de acuerdo con él en que necesitemos un impuesto sobre la especulación monetaria, pero lo que sí necesitamos sin lugar a dudas es evitar este tipo de fluctuaciones.
Por último, en mi país estoy defendiendo la teoría de que la consecuencia lógica de una exclusión de la moneda única es la exclusión del mercado único. Los países no pueden coexistir en un mercado único con socios que se reservan el derecho de consentir devaluaciones competitivas para obtener ventajas a corto plazo sobre sus vecinos. Si vivimos en una Unión, tiene que ser una Unión en la que prevalezca la solidaridad en estos temas.

Speciale
Señor Presidente, el sentido de este debate es, a nuestro juicio, el de que las orientaciones económicas y sobre todo la acción política aplicada hasta ahora son insuficientes respecto de la realidad: en efecto, la realidad es que estamos en una fase de desaceleración económica y con una tasa de desempleo inaceptable. Ahora bien, si no se fortalece en esta situación el Mercado Interior, si no se reactivan las inversiones, si no se da eficacia a una política activa del trabajo, esta desactivación puede llegar a ser una fase recesiva y, si perdura esa situación, se compromete el crédito de los plazos que afrontamos. Se trata de un problema político, no técnico. Cuanto más nos acercamos a la tercera fase, a la moneda única, que es indispensable y debe mantenerse, más evidente resulta que la Unión Económica y Monetaria no es aplicada en su conjunto y, en particular, la Unión Económica no ha avanzado. Hoy no existe siquiera un embrión de gobierno de la economía, no hay, salvo en teoría, una coordinación de los Estados miembros, las grandes orientaciones no se plasman en la práctica, cuando precisamente ésos son los aspectos que se deben fortalecer, sin dejar de conceder prioridad al empleo, como se hizo en la Conferencia tripartita recientemente celebrada en Italia. ¡De eso se trata!
Por último, debemos tener claro que la política de rigor, aun siendo indispensable, no puede acabar con el desarrollo; ése es el aspecto fundamental sobre el que no me parece que exista plena conciencia en el debate y en los documentos de las instituciones comunitarias. Ése es el motivo por el que considero equivocado volver aún más rígidos los criterios de Maastricht, como algunos pretenden. Al contrario, es necesario volver a hacer una interpretación inteligente del artículo 104 C, que, entre otras cosas, dice que se deben depurar de déficit las inversiones públicas, se trata de un elemento fundamental. Sé que es difícil equilibrar los déficit con una tasa elevada de inversiones públicas, que resulta difícil reducir la presión fiscal sobre el trabajo, como ha dicho el Comisario de Silguy, pero es lo que se debe hacer y para ello es necesaria una coordinación de los Estados miembros.
Además, quisiera recordar que, como ha afirmado atinadamente el Presidente Santer en una declaración reciente, es necesario utilizar bien y plenamente los Fondos estructurales -170.000 millones de ecus- que sirven para las inversiones y el empleo. Convendría que la Comisión y el Consejo se comprometieran más a ese respecto.

Carlsson
Señor Presidente, distinguidos colegas, las directrices económicas presentadas se ven influidas por los preparativos para la UEM y por el dato trágico de que el modelo europeo ha creado una situación en la que tenemos 18 millones de personas en paro y 50 millones de personas en situación de exclusión social.
Es evidente que los nuevos puestos de trabajo y las ramas profesionales del futuro no se multiplican en la UE actual. Estoy convencida de que la cooperación en favor de la estabilidad económica y de la moneda común es la contribución más importante que la UE puede aportar para crear unas mejores condiciones para nuestra competitividad general, para el crecimiento, y, con ello, para la creación de nuevos puestos de trabajo.
Inclusive para los países que no se han cualificado para la UEM en primer término el proceso ha conllevado una revisión de sus economías excelente y en muchos aspectos necesaria. Porque afortunadamente se ha terminado la época en que se podían expandir los presupuestos, y los políticos compraban popularidad volcando la carga de la deuda sobre los hombros de las generaciones futuras.
Mucho queda por hacer en cuanto a la revisión estructural, cuya realización casi exclusivamente compete a cada país. Es responsabilidad de los diputados Ecofin y de los ministros de Florencia lograr unas modificaciones en los sistemas nacionales respectivos de formación, de mercado de trabajo, social y fiscal, y no limitarse a hablar sobre ellos. Con respecto a la Unión, también para nosotros en el Parlamento, lo que hay que hacer es dirigir los trabajos hacia la vía de las desregulaciones y no hacia la de unas nuevas y costosas reglamentaciones que frenarían el desarrollo.
Quiero hacer hincapié en lo que se expresa en las directrices, en la necesidad de la reducción de gastos y en que los incrementos de impuestos no constituyen un camino viable si queremos beneficiar nuestra capacidad competitiva. Por tanto, un no vigoroso a los impuestos elevados, a los impuestos europeos y especialmente al propuesto impuesto Tobin.
No existen soluciones rápidas y sencillas para acabar con el desempleo. Pero algo deberíamos aprender de las experiencias de otros países, y no quedarnos atascados en unas fórmulas políticas absurdas sobre ideas vagas de una Unión a favor del empleo, que más tarde resultarán totalmente ineficaces, en todo caso las que se han puesto en práctica en mi país.
No pueden negligirse los viejos problemas estructurales que tiene Europa. A corto plazo deben corregirse los errores seculares si queremos conservar nuestro bienestar. Y disponemos del Libro Blanco, de las conclusiones de Essen, también de estas directrices, o sea que existen unas conclusiones y unas orientaciones. Por eso ahora me interesan menos las palabras solemnes y más las pruebas concretas de que los dirigentes de la UE tienen realmente el firme propósito de reducir el desempleo a la mitad.

Berès
Las recomendaciones sobre las grandes orientaciones de las políticas económicas de la Comisión al Consejo constituyen para nosotros una fuente de inquietud. En efecto, parecen sobredeterminadas por un enfoque estrictamente monetario donde el empleo y el crecimiento no pueden considerarse más que como saldos.
Un enfoque así corre el riesgo de llevarnos derechos contra la pared. Miremos lo que ocurre en Alemania, y también en Bélgica o en Francia. No habrá moneda única sin la adhesión de las opiniones públicas: la moneda no tiene virtud en sí misma, es portadora de una dimensión política esencial, es un elemento de la ciudadanía europea.
Además, la experiencia nos enseña que, en la empresa, los desengrasados excesivos, con el tiempo, resultan contraproducentes, porque son destructores de una cohesión social que cada cual reconoce que es un elemento esencial de la competitividad. Esta realidad es válida en el ámbito macroeconómico. Ahora bien, no se le tiene en cuenta en su justo valor, y me pregunto, desde este punto de vista, sobre el sentido que el comisario de Silguy da a la evolución salarial «adecuada» que preconiza.
El Sr. Lamfalussy nos lo ha dicho, en sus palabras preliminares, que debíamos tener la voluntad de coger las riendas de los graves problemas a los que nos enfrentamos. Para ello, no podremos aceptar las orientaciones económicas propuestas por el Consejo y la Comisión. En particular, el Consejo debe aceptar que se inscriban y financien los catorce grandes proyectos de infraestructura propuestos por Jacques Delors y que este Parlamento ha pedido incansablemente. La política estructural en términos de empleos, debe empeñarse en la reducción del tiempo de trabajo. Por encima de la ortodoxia monetaria, la simple afirmación de una política de inversiones en materia de infraestructuras y de recursos humanos no basta. Es preciso decir cómo y con qué medios.
Una palabra en relación con el informe de nuestro colega Pérez Royo. La propuesta que contiene a propósito de un impuesto sobre la especulación monetaria es esencial para el sistema que deseamos establecer. Europa debe tomar la iniciativa en este sentido en el próximo G7.
Para concluir, somos partidarios de la estabilidad monetaria, pero es nuestra responsabilidad política denunciar las condiciones en las que la Comisión y el Consejo nos piden que prosigamos este objetivo. Las orientaciones económicas de la Comisión son inaceptables. Agravadas por el Consejo Ecofin, traducen una dimisión de nuestros ejecutivos frente a la autoridad monetaria y dan argumentos a los adversarios de la moneda única.

Mann, Thomas
Señor Presidente, ¿cuál es el mensaje de los europeos para los casi 18 millones de desempleados? ¿Estamos en disposición de resolver problemas concretos en lugar de hacer declaraciones solemnes? Nuevos puestos de trabajo en el sector medioambiental, en servicios sociales y en técnicas de comunicación e información no son, por sí solos, suficientes. Disputando sobre competencias no avanzamos ni un paso. Sólo obtendremos resultados efectivos con medidas a nivel europeo conectadas con las de los Estados miembros.
El Pacto de Confianza por el Empleo de Jacques Santer no va contra la subsidiariedad justificada y bien entendida. Ciertamente, añadiendo un capítulo sobre el empleo en el nuevo Tratado de la Unión Europea no vamos a crear puestos de trabajo, pero se sentarán las bases para una política de empleo activa. La Comisión tiene que ampliar y completar las medidas adoptadas por los Estados miembros, no sustituirlas.
No se trata, por tanto, de nuevos programas millonarios, sino de aunar los recursos ya aprobados, como los Fondos estructurales, para conseguir una mayor efectividad. El Consejo de Essen dio ya pasos concretos al establecer cinco campos de actuación. El Consejo de Madrid decidió reducir los desequilibrios regionales para combatir también de esta manera el paro de larga duración. Hay que fomentar vigorosamente la investigación y el desarrollo. Y lo mismo vale para las pequeñas y medianas empresas que representan la mayor parte de la ocupación y la formación en Europa. Necesitamos horarios laborales flexibles, más inversiones en formación profesional y formación continua, la implantación del aprendizaje permanente y, en general, una política de estabilidad. Hay que mantener los criterios de convergencia y la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. El Euro, como moneda fuerte, va a ser un impulso a la inversión y va a contribuir a crear nuevos puestos de trabajo en Europa.
Le economía social de mercado es y debe seguir siendo el baluarte espiritual europeo, el modelo a exportar, pero tiene que haber armonía entre los términos del concepto: aumento de la competitividad para la parte económica y mantenimiento a todo trance de la parte social. Disponemos de un modelo de consenso, no de confrontación. A este clima corresponden las deseables alianzas para el trabajo y la toma en consideración de los intereses de los interlocutores sociales.

Hendrick
Señor Presidente, comenzaré llamando la atención de la Asamblea hacia el Libro Blanco del Sr. Delors, que recibió la misión de elaborar un anteproyecto encaminado a crear 15 millones de puestos de trabajo para ciudadanos europeos antes del año 2000, un objetivo ambicioso que, sin embargo, deberíamos seguir persiguiendo. Al mismo tiempo, en el Tratado de Maastricht encontramos un calendario para la Unión Monetaria que deberemos cumplir. De hecho, hasta hace poco tiempo, las pronósticos tanto de la Comisión como de la OCDE en materia de crecimiento sugerían que aún era posible hacer realidad dicha tarea de crear millones de puestos de trabajo antes del año 2000.
Lo que me preocupa es la revisión que se ha hecho de esas cifras de crecimiento y su posible impacto sobre la creación de empleo. Los puestos de trabajo, creo, no podrán crearse con unas cifras revisadas tan bajas, y lo que realmente necesitamos para crear esos puestos de trabajo son las medidas que recoge la resolución que próximamente será presentada al Parlamento. Un crecimiento modesto por sí solo no creará esos puestos de trabajo. Lo que está claro es que una reducción del número de personas que pagan impuestos sobre la renta como consecuencia del aumento del desempleo y el creciente número de personas que pasan a depender de las prestaciones de la Seguridad Social afectará seriamente el que podamos alcanzar los objetivos de la deuda y del déficit de los Estados miembros de la Unión Europea, y llamo la atención de los diputados, en particular, hacia la actual situación en Alemania. Sólo si conseguimos que la gente vuelva a tener un puesto de trabajo, que vuelva a pagar impuestos, reduciendo con ello el gasto de la Seguridad Social en su conjunto, podremos cumplir los criterios de la deuda y del déficit y hacer realidad la creación de puestos de trabajo y la moneda única al mismo tiempo.
Sabemos que el crecimiento no garantiza la creación de empleo, pero sin crecimiento no se podrá crear empleo en absoluto. El Sr. Santer presentó al Parlamento con paquete de medidas encaminadas a crear confianza que, en estos momentos, en opinión de muchos parecen un truco de confianza. Lo que necesitamos son las medidas que recoge nuestra resolución para hacer posible un crecimiento real y la creación real de puestos de trabajo que Europa necesita tan desesperadamente.

García-Margallo y Marfil
Señor Presidente, he escuchado con atención las intervenciones de todos los oradores y me ha llamado la atención, especialmente, la del Comisario de Silguy. Coincido con el Comisario en que la moneda única no puede traducirse en una fractura entre países ricos y países pobres en la Unión Europea, pero constato con tristeza que esta declaración es poco coherente -poco coincidente- con la intención expresada por el Gobierno francés -y recogida, en parte, por el Comisario- de, al menos, estudiar la posibilidad de pagar las subvenciones comunitarias en moneda devaluada y -lo que es peor- condicionar los Fondos estructurales al saneamiento de las finanzas públicas.
Estas dos medidas -y, especialmente, la última-, además de carecer de legalidad -de amparo en la legalidad del Tratado-, suponen una contradicción evidente con la primera declaración, porque supondrían añadir nuevas sanciones a la sanción que en sí misma supone la exclusión del núcleo duro, porque supone aumentar las dificultades de los países pre-in para acceder al mercado común y, en definitiva, -y en síntesis- porque supone aumentar la diferencia y crear la fractura que el Comisario no quiere crear.
Nosotros, como delegación española, estamos de acuerdo en un mecanismo de cambio que favorezca la convergencia de los países que no entren y proteja de las presiones exteriores a las monedas no incluidas en el sistema. Pero ni apoyamos ni apoyaremos sanciones que supongan endurecer la convergencia y dificultar el acceso de los países que queden fuera, en una primera fase, del núcleo de la moneda única.

Metten
Señor Presidente, el crecimiento económico no es una panacea para resolver todos los problemas de la Unión Europea, pero un crecimiento suficiente es una necesidad absoluta para realizar los dos principales objetivos de este momento: el empleo y la Unión Económica y Monetaria.
Lo primero que habría que esperar de las grandes orientaciones en materia de política económica es que indiquen la ruta a seguir para realizar un crecimiento suficiente a corto plazo. Es desconcertante que ni la versión de la Comisión ni la de Ecofin lo hagan. Es más, si se siguieran de forma estricta y coordinada las recomendaciones en la versión actual, se frenaría todavía más el crecimiento, que ya está estancado. El principal problema parece ser que la Comisión y el Consejo viven en un mundo económico de oferta unidimensional, en el que el concepto de demanda ha sido declarado tabú. Así, no se consideran los efectos de las recomendaciones de las orientaciones globales sobre la demanda efectiva. Los programas de convergencia de los Estados miembros se revisan y hasta finales de año no sabremos cuál será el efecto acumulativo de los programas adaptados en el desarrollo económico negativo. Por lo visto, no todo el mundo acaba de darse cuenta de que el 90 % del producto nacional bruto de la Unión se gana dentro de la Unión y sólo el 10 % procede del comercio exterior. Si la Comisión y el Consejo recomiendan a los Estados miembros seguir una serie de medidas que deprimen la demanda, ¿de dónde ha de venir el impulso para el crecimiento que ha de ayudar a potenciar el empleo y llegar a la UEM? ¿Del 10 % del PNB de la Unión que ganamos con las exportaciones, en un contexto de política monetaria restrictiva, encaminada a reducir la inflación, cuando el PIB ya advierte del peligro de deflación? ¿Negando la flexibilidad de los criterios de la UEM y aplicando un programa de recortes innecesariamente drásticos a todos los Estados miembros a contracorriente de la coyuntura? ¿Y moderando los salarios en todos los Estados miembros, para que el poder adquisitivo interior, y con ello las posibilidades de exportación dentro de Europa, apenas crezcan?
Señor Presidente, si en nuestra resolución común afirmamos que el enfoque de la Comisión y del Consejo es irrealista e inadecuado, nos hemos expresado con sumo cuidado. Es peligroso para la Unión, y por ello ha de ser rechazado.

Rönnholm
Señor Presidente, estamos tratando aquí sobre cómo hacer avanzar este proyecto común a todos que representa la moneda única europea. La condición para lograr este avance es la confianza de los ciudadanos europeos en la legitimidad de la UEM. A este respecto, los países grandes desempeñan un papel fundamental, tal como se desprende, por ejemplo, de la situación de los tipos de interés. Es necesario rebajar los tipos de interés de la moneda pivote antes de que se reduzcan en un país como el mío -Finlandia-, a pesar de que éste goce de la tasa más baja de inflación.
En Finlandia ha tenido lugar un debate sobre la incorporación al mecanismo del Sistema Monetario Europeo. Antes de que se produzca la incorporación, los finlandeses quieren cerciorarse de que no se va a hacer uso de la moneda pivote, el marco alemán, para defender los intereses nacionales de Alemania, tal como ya ocurriera a principios de los años noventa, cuando el Banco Central alemán se vio obligado a mantener de manera irreal unos tipos de interés elevados con el fin de evitar las repercusiones inflacionistas de carácter político que hubiera podido tener la campaña electoral en el valor de la moneda alemana. Esta fue, a la postre, la causa del colapso de todo el SME, cuyas consecuencias aún sufren los países más debiles en forma de un alto índice de desempleo.
Con motivo del debate sobre la UEM, hablamos sobre el ineludible ahorro en el marco de las finanzas públicas. Para lograr el avance de la UEM, es importante comprender correctamente esta noción; ahorro en el sector público no debe equivaler a ahorro por parte de todos, sino que, al contrario, se deberá lograr la inversión y el consumo por parte de aquellos elementos privados que dispongan de capital. De este modo, se contribuirá a encontrar el equilibrio de la economía pública, crear más trabajo, lograr más ingresos por conceptos fiscales y reducir los gastos ocasionados por el desempleo.

Katiforis
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Instituto Monetario Europeo, Señorías, quisiera centrar mi atención en una cuestión concreta de las abordadas, una cuestión bastante importante de la cual quizás dependa el éxito de la moneda única. Se trata de las relaciones entre los incluidos y los excluidos del primer grupo de aplicación de la moneda única.
Estamos deliberando sobre un informe de primer orden y debemos felicitar al Sr. Von Wogau por el talante generoso con en el que lo ha elaborado. Sin embargo, quisiera enumerar algunos aspectos de este debate que requieren una mayor aclaración.
En primer lugar, los países no incluidos en el primer grupo sufrirán un empeoramiento respecto de las condiciones previstas en el Tratado, ya que se debate el acuerdo de estabilidad conocido como Acuerdo Waigel. El Acuerdo Waigel representa un empeoramiento, aunque se establezca entre los miembros del primer grupo. Lo importante es que representa un empeoramiento y dificulta mucho más las cosas para los Estados que se incorporen posteriormente.
No obstante, para resumir, creo que el tema que más debe preocuparnos en este asunto es la postura del Banco Central Europeo, que fomentará las monedas de los que están fuera cuando estén amenazadas pero, según ha comunicado, sólo mientras no esté amenazado el euro. Naturalmente, eso está muy bien. Nadie quiere que peligre la estabilidad del euro en sus primeros pasos, sacrificándola en favor de la estabilidad de monedas que, de momento, quedarán excluidas. Sin embargo, las cosas no tienen por qué llegar a ese extremo, porque las intervenciones de refuerzo del Banco Central pueden ser «esterilizadas». Es cuestión de distribuir con justicia el coste del tipo de interés y de la modificación de esos tipos que sea necesario introducir, evitando cargar excesivamente la economía de los Estados miembros inicialmente excluidos. Espero que la Comisión y el Instituto Monetario Europeo tomen en cuenta esta reflexión.

Caudron
Señor Presidente, Señorías, a tres días de la Cumbre de Florencia, era preciso que el Parlamento Europeo se expresara sobre la situación económica de la Unión y sobre sus perspectivas económicas y sociales. Para ello no teníamos otro medio que la pregunta oral y es, pues, en este marco en el que dispongo de dos minutos -sí, efectivamente, dos minutitos- para repetir mi insatisfacción frente a la ortodoxia demasiado liberal de la Comisión y del Consejo. Rigor presupuestario, lucha contra la inflación, flexibilidad del trabajo, y cada vez más competencia, no constituyen las verdaderas y buenas recetas para sacar a Europa de su profunda crisis actual que, quiero recordarlo, cuenta 18 millones de desempleados, 50 millones de pobres, una demanda interna demasiado débil, una falta de confianza, unas inversiones que bajan y unos intereses demasiado elevados. Estas recetas han fracasado.
Por el contrario, los socialistas franceses consideramos que es preciso favorecer el crecimiento económico actuando para hacer bajar los tipos de interés, dejar de luchar contra una inflación que se ha hecho casi inexistente, redistribuir por último los beneficios hacia las inversiones para crear empleo, establecer una política de relanzamiento apoyándose en el Libro blanco de Jacques Delors, reducir el tiempo de trabajo para repartirlo mejor entre los ciudadanos. Por último, con la Conferencia Intergubernamental, es preciso dar a Europa una dimensión social y sobre todo política.
La Europa económica, pronto dotada de una moneda única, necesitará verdaderamente ser gobernada políticamente por un gobierno. Sin duda, éste es otro debate, pero la falta de una Europa política no es ciertamente ajena a los malos resultados económicos y sociales actuales de la Unión, malos resultados que la condenan ante nuestras opiniones públicas.

Lamfalussy
Señor Presidente, Señorías, he escuchado sus intervenciones con mucha atención. He aprendido muchas cosas. Me siento verdaderamente incapacitado para responder a cada una de las preguntas que se me han hecho. Sin embargo, permítanme decir dos palabras sobre el SME II y el desempleo, dos temas que se han citado prácticamente en todas las intervenciones.
A propósito del SME II, me gustaría confirmar lo que ha dicho el Sr. de Silguy: el objetivo no es sencillo, es doble. Por una parte, es hacer de forma que el mercado único pueda funcionar convenientemente. Por otra parte, es balizar el camino para los que están provisionalmente fuera, para que puedan unirse al primer equipo. ¿Para qué esperar que el SME II pueda responder a este doble objetivo, cuando el primer SME pasó por una crisis muy grave en 1992-1993?
Mi respuesta es sencilla: sí, tenemos esperanzas, por una serie de razones. Primera razón: no confundáis las crisis de 1992-1993 con el desmoronamiento del SME. El SME no está hundido. Ha estado muy sacudido. Pero los que se han quedado en el SME han registrado una volatilidad de los cambios infinitamente menor que los que han quedado fuera. Segunda observación: somos capaces de extraer lecciones de la experiencia pasada y el proyecto que está actualmente en estudio y que va a llegar a sus madurez para finales de año, responde punto por punto a las deficiencias del SME en 1992-1993. Tercera observación: el proceso de convergencia está infinitamente mejor lanzado de lo que lo estuvo en el momento de las crisis de 1992-1993. Cuarta observación: hablamos siempre de peligros de choques asimétricos. En efecto, hemos tenido uno, que era la unificación alemana. No son fenómenos repetitivos, al menos, así lo espero.
Además, desearía señalar que el peligro, en el pasado, no ha sido tanto la naturaleza asimétrica de los choques sino más bien la naturaleza asimétrica de las reacciones, sobre todo, políticas. Recuerden las reacciones desordenadas a los choques petroleros de la década de 1970.
Por todas estas razones, confío en que el SME II podrá funcionar de forma conveniente. Sin embargo, insisto en un punto fundamental, a saber, que el SME II no puede ser más que una propuesta transitoria, o provisional, y que la solución definitiva a la inestabilidad de los cambios es la unión monetaria. Por consiguiente, el SME II no es un sustituto a la unión monetaria.
Por último, dos palabras por lo que al desempleo respecta. En todas mis intervenciones, siempre he reconocido la importancia capital del tratamiento del problema del desempleo. Jamás he ocultado mi inquietud a este respecto, y no la ocultaré. Pero desearía ponerles en guardia contra una tentación que he percibido aquí y allá, aunque no de forma sistemática, de establecer una ecuación entre los preparativos de la unión monetaria, incluso la propia unión monetaria, y el aumento del desempleo.
Si existe esta tentación, creo que les engaña, porque no corresponde a la realidad histórica. El aumento tendencial del desempleo, que es una tendencia penosa, se inició en Europa en la década de 1970, en el momento de los conflictos petroleros. Ganó en amplitud hacia finales de la década de 1970 y se aceleró a principios de la década de 1980, es decir, en un momento en que ni tan siquiera se trataba de la unión monetaria. Incluso estábamos muy lejos de las negociaciones de Maastricht. Por consiguiente, creo que debemos analizar este problema tal como se presenta, en toda su gravedad, y no establecer un nexo de causalidad demasiado fácil, y demasiado fácil de explotar.

El Presidente
Ha pedido la palabra el Sr. Cox, al que, como están a punto de comenzar las votaciones, quisiera rogar que sea muy breve e intervenga sólo si se trata de cuestiones reglamentarias, dado que aún debo conceder la palabra al Sr. Macciotta, en nombre del Consejo, y al Sr. de Silguy, en nombre de la Comisión.

Cox
Señor Presidente, se me ha adelantado a la cuestión de orden que deseaba exponer. Acojo con satisfacción el que el Sr. Lamfalussy haya presentado sus conclusiones, pero debo insistir en que la Asamblea oiga también a otras instituciones. Hemos formulado preguntas directas y debemos recibir respuestas directas antes de pasar a la votación.

Macciotta
Señor Presidente, resulta un poco arduo también para mí responder a las observaciones individuales; por tanto, voy a centrarme en algunas consideraciones generales. En primer lugar, consideraciones de tipo institucional: es indudable que en la relación entre las diversas instituciones europeas subsiste una dificultad objetiva, que determina tensiones y puede llegar a constituir un obstáculo para el desarrollo de la integración: es un déficit de comunicación que pasa a ser déficit de participación y de democracia. Habrá que encontrar la forma de incluir al Parlamento Europeo, pero también a los parlamentos nacionales, en los procesos de adopción de decisiones de la Comunidad Europea. No se trata de una concesión de estilo, sino de una exigencia real a la que conviene responder con las oportunas modificaciones institucionales, que, en cualquier caso, figuran entre los objetivos de la Conferencia Intergubernamental, porque redundará en beneficio de todos.
Además, alguna consideración al respecto: la realización de la Unión Económica y Monetaria contribuirá a fortalecer las condiciones necesarias para dar un nuevo impulso al desarrollo económico y social de Europa, al volverla más competitiva respecto de las otras grandes zonas económicas mundiales y, por tanto, permitirá acelerar el proceso de creación de nuevos puestos de trabajo. Así, pues, para seguir con decisión y credibilidad ese proceso, resulta necesario y coherente ese objetivo prioritario de eliminación del desempleo. A ese respecto, quisiera decir al Sr. Martinez que no participar en la estabilidad de los cambios no es útil, como lo demuestra la experiencia de Italia, que no aplicó una devaluación competitiva, sino que sufrió, en 1992 y entre 1994 y 1995, una brusca inestabilidad de la que hasta hora no ha empezado a salir con esfuerzo y determinación. En cualquier caso, un marco macroeconómico estable no es por sí solo suficiente para garantizar la creación de nuevos puestos de trabajo. Para reducir a un nivel moderado la tasa de desempleo, es necesario hacer intervenciones más amplias en el plano estructural, encaminadas a mejorar el funcionamiento de los mercados, en particular el del trabajo. Hay vínculos y objetivos que son irrenunciables: en primer lugar, hay que defender y preservar el modelo de protección social -que, como ya he dicho, constituye una característica esencial de Europa-, pero, en relación con la transformación de la composición por clases de edad y por aptitud profesional de la población europea, para hacerlo es necesaria una revisión que aumente su eficiencia y dé una nueva definición de su equidad.
En segundo lugar, es necesario aumentar las inversiones en el capital humano, que constituye la riqueza más importante de nuestro continente, fortaleciendo y mejorando los sistemas educativos y la formación profesional. En tercer lugar, son necesarias medidas específicas a favor de las categorías menos favorecidas: los jóvenes, las mujeres, los desempleados de larga duración, para facilitar su inserción o reinserción en el mercado de trabajo.
La cuestión del empleo constituye una prioridad para la Unión Europea. El Consejo Europeo de Florencia, al final de la semana, se centrará esencialmente en esta cuestión, con el objeto de volver aún más concreta y eficaz la estrategia de lucha contra el desempleo, cuyas grandes líneas ya fueron determinadas en los Consejos Europeos anteriores, a partir del de Essen. La Conferencia tripartita, convocada la semana pasada en Roma por la Presidencia italiana, demostró que las grandes líneas de esa estrategia cuentan con amplios consensos entre las fuerzas sociales. Es necesario fortalecer dicho consenso, porque constituye una condición indispensable para volver más eficaz e incisiva dicha estrategia. El fortalecimiento del consenso, mediante el diálogo y la concertación, es la base también del Pacto de confianza por el empleo, lanzado por el Presidente Santer.
Estamos convencidos de que el Consejo Europeo de Florencia estará en condiciones de dar un nuevo impulso a la estrategia de lucha contra el desempleo y que la aplicación con determinación de semejante estrategia dará rápidamente resultados concretos. Políticas macroeconómicas encaminadas a un aumento estable y no inflacionista no están en contradicción con el objetivo de aumento del empleo, sino que constituyen, al contrario, la premisa indispensable para alcanzar ese objetivo. En ese marco habrá que buscar también y aplicar en todos los Estados miembros políticas fiscales idóneas para reducir la presión sobre las rentas del trabajo, como se ha propugnado durante este debate. Dicho objetivo no está en contradicción con la exigencia indicada en la resolución del Consejo de no reducir, de momento, la presión fiscal global: se trata de una redistribución ponderada de la carga fiscal.
El objetivo que nos hemos fijado es difícil y requiere un esfuerzo colectivo en todos los niveles, pero es irrenunciable y de su consecución depende el futuro de la Unión Europea.

El Presidente
Doy las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo. Ahora interviene, en nombre de la Comisión, el Comisario de Silguy.

de Silguy
Señor Presidente, no pretendo responder en unos minutos a todas las preguntas que se han hecho, pero me gustaría hacer dos observaciones, una relativa a la moneda y la otra al desempleo.
Por lo que respecta a la moneda, diré: »Disipemos las dudas y los malentendidos». El euro verá la luz el 1 de enero de 1999, no hay ninguna duda en este punto. Además, el debate ha cambiado de naturaleza en la opinión europea desde hace algunas semanas, e incluso meses. En la actualidad, la cuestión ya no es el saber cómo debemos prepararnos para ello para que todos obtengan el máximo de beneficios.
Entonces, para prepararse para el euro, por supuesto, es preciso proseguir con los esfuerzos de convergencia, hemos hablado de ello durante mucho tiempo esta mañana. Asimismo, es preciso establecer un sistema monetario europeo bis. A este propósito, me referiré a lo que acaba de decirles el presidente del IME al respecto, y responderé al Sr. García que la Comisión jamás ha dicho que iba a condicionar los fondos estructurales al respeto de los criterios macroeconómicos. Sólo ha dicho que respondía a una demanda positiva de varios Estados miembros de hacer un estudio sobre esta cuestión, lo que es muy diferente.
Para prepararse -y este punto me parece esencial- es asimismo preciso establecer un pacto de estabilidad, porque de nada sirve estar listo el día «J» si, además, no somos capaces de darnos líneas de buena conducta, líneas «de gestión sana», para todo el período de la Unión Monetaria. Añado que a este fin hay que llevar políticas que sean creíbles, pero también socialmente aceptables. Estos dos puntos son muy importantes.
Para prepararnos para el euro, tenemos que establecer también un reglamento jurídico. La propuesta de la Comisión a este respecto les será comunicada muy en breve. Este punto es esencial para garantizar la seguridad jurídica que nos piden los operadores, las empresas y los mercados en general.
Y por último, y aquí respondo a muchas preguntas que se han hecho esta mañana, debemos asimismo convencer a la opinión pública de la necesidad del euro, mediante un esfuerzo de comunicación que llevamos a cabo en estrecha colaboración con su Asamblea, y prepararle psicológicamente para el cambio y tranquilizarle por lo que respecta a las condiciones de esta transición. Como ven ustedes, la tarea que tenemos que asumir para llegar al euro es ingente, pero es asimismo exaltante, en la medida en que hoy se trata de prepararse y no sólo de hacerse preguntas.
Mi segunda observación concierne al empleo. Éste debe movilizar toda nuestra energía. Puesto que es la prioridad de nuestra política, el empleo debe ser el centro de nuestras preocupaciones. Cuando la Comisión presentó sus grandes orientaciones de política económica, les he recordado que se basaban en un tríptico: crecimiento, estabilidad y empleo. Los tres elementos son indisociables y deben seguir siéndolo. Es la razón por la que me extrañan las críticas que se hacen respecto de las propuestas de la Comisión relativas a los GOP, ya que dichas críticas me llevan a pensar que la fórmula alternativa sería la inflación y los déficits, y, por lo que sé, ni lo uno ni lo otro han creado empleos jamás. Diría que si los déficits crearan empleos, en la actualidad, Europa estaría en situación de sobreempleo.
Por lo que al euro respecta, también aquí, es preciso disipar los malentendidos. El euro supone menos desempleo simplemente porque implica el saneamiento de las finanzas públicas. A este propósito les recordaré que hoy, del 40 al 50 % del ahorro familiar sirve para financiar nuestros déficits públicos. Este dinero estaría mejor utilizado para sostener la inversión y el consumo, y por lo tanto, para crear empleos. Pero el euro es también el fin de las fluctuaciones monetarias, y, al decir esto, hago mías muchas de las preocupaciones que se han expresado esta mañana. Les recuerdo que las fluctuaciones monetarias, en 1995, costaron a Europa medio punto de crecimiento y un millón y miedo de empleos. También aquí, el euro constituirá una aportación significativa a nuestros problemas de desempleo.
Soy consciente de que si el euro constituye una condición indispensable, no es menos cierto que es una condición insuficiente que conviene completar. Es ahí donde reside el interés de las políticas estructurales que deben llevarse a cabo, pero éstas dependen ante todo de la responsabilidad de los Estados miembros, aunque Europa deba desempeñar un papel de palanca. Las propuestas del presidente Santer van en este sentido y se debatirán en Florencia.
Insistiré muy rápidamente en tres puntos que me parecen importantes y que responden a preguntas que se han planteado esta mañana. Entre las propuestas del pacto Santer figura la explotación del potencial del mercado interior, que pasa sobre todo por el refuerzo de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Encontramos asimismo en ellas la idea de un refuerzo de los grandes proyectos de infraestructuras y, por su parte, la Comisión insistirá en la urgencia en establecer las redes transeuropeas ya que, cuatro años después de las decisiones de Essen, es inadmisible que los medios que existen, no se hayan empleado para este fin. Por último, está asimismo la necesaria reforma de los sistemas de empleo. Si, en este contexto, lo esencial de la tarea incumbe a los Estados miembros, también aquí Europa puede desempeñar un papel útil de palanca.
Así, nuestra acción es coherente, es global y fundada, y un apoyo decidido será la condición de una vuelta a la confianza, y por consiguiente, de una vuelta al crecimiento.

El Presidente
Le doy las gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Votaciones
Desama
Señora Presidenta, puesto que tal como cabía esperarlo, la Asamblea ha rechazado la enmienda 1, desearía dirigirme al conjunto de mis colegas de la sesión plenaria para pedirles que al menos apoyen, por el contrario, la enmienda 5 presentada por la Unión para Europa, porque así, demostraremos a pesar de todo, una determinada voluntad del Parlamento de ir en el sentido deseado por el Sr. Macartney.

Macartney
Señora Presidenta, en mi calidad de ponente deseo manifestar mi decepción por el resultado de la votación sobre la enmienda 1, y creo que esta Asamblea tendrá motivos para sentirse avergonzada de ello. Como reserva podríamos al menos aprobar la enmienda 5, que incluye la palabra «substancial», la cual carece de fuerza legal. Pero, al menos, deberíamos incluirla. Apoyo, por lo tanto, la enmienda 5, aunque es mucho más débil y esta Asamblea acaba de hacer el ridículo.
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada)

Cornelissen
Señora Presidenta, una observación sobre el orden de votación. Me parece lógico votar las dos enmiendas de la Comisión de Transportes y Turismo, las núms. 59 y 60, antes que las núms. 64 y 65, dado el contenido y el hecho de que según la Comisión de Transportes y Turismo van más lejos.
Señora Presidenta, quiero pedir a todos los compañeros que creen necesario encontrar una solución al problema de las retenciones, que vuelvan a considerar las enmiendas núms. 59 y 60.

Desama
Señora Presidenta, en efecto, las enmiendas de la Comisión de Trasportes y Turismo no van más lejos que las otras, puesto que se contentan con restablecer el texto inicial de la Comisión.
(Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las dos resoluciones legislativas)

Gasòliba i Böhm
Señora Presidenta, desearía agradecer a los miembros de la comisión por su apoyo en la elaboración de este informe y muy especialmente por el enriquecimiento que me han aportado los debates en comisión.
Creo que podemos votar el informe y la enmienda conjuntamente, puesto que no hay otras enmiendas, pero me gustaría aportar la precisión técnica siguiente. Hemos aceptado en comisión una enmienda de la Sra. Randzio-Plath sobre el punto 10, pero hemos dejado, por error, la segunda parte que hace referencia al papel del Instituto Monetario Europeo.
Por lo tanto, es preciso votar conjuntamente el informe y la enmienda, pero no la segunda parte de esta última.
En español es más o menos así:
«subraya la necesidad de una combinación equilibrada de políticas con las autoridades monetarias».
(FR) Así pues, no es necesario votar la segunda parte.

Thyssen
Señora Presidenta, normalmente considero que el servicio de traducción funciona estupendamente, pero quisiera pedir que volviera a controlarse la versión neerlandesa del informe del Sr. Gasòliba. Hay cuatro errores de traducción, y se trata cada vez de la misma raíz. Fiscal policy se traduce por política fiscal, en lugar de política presupuestaria. Fiscal consolidation se traduce tres veces erróneamente por consolidación fiscal. Se trata de un error que ha surgido otras veces, señora Presidenta, así que quisiera pedir que no sólo se controlara este informe, sino que se advirtiera al servicio de traducción en general para hacerles saber que la palabra inglesa fiscal tiene dos posibles traducciones en neerlandés.

El Presidente
Se lo agradezco, señora Thyssen. No sólo vamos a corregir, sino que lo haremos de manera que no se reproduzcan más esos errores.
(Al no oponerse ningún diputado a la presentación de la enmienda oral, el Presidente la somete a votación)
(El Parlamento aprueba la resolución)

Ahern
Se trata de un informe excelente que se ha propuesto conseguir una diferencia concreta con su propuesta del rendimiento energético, que a la vez que contribuye a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, también aborda el problema del cambio climático.
El Grupo de los Verdes apoya todas las enmiendas presentadas por el ponente y estoy de acuerdo con el Sr. Macartney en que hoy es un día vergonzoso, ya que este Parlamento no puede tomar medidas concretas y directas sobre un tema tan simple como el del ahorro energético.
Informe Linkohr
Holm
No puedo dar mi apoyo para que la UE invierta muchos considerables en una modalidad de investigación que no está en la línea de las propuestas de los Verdes. Se trata entre otras cosas de la investigación aeronáutica, donde del texto se deduce que va a duplicarse el tráfico aéreo dentro de los próximos 15 años. Este transporte no constituye en absoluto una modalidad beneficiosa para el medio ambiente. En su lugar deberían destinarse mayores recursos a la investigación en el sector de los trenes de alta velocidad. Es cierto que este aspecto también se ve contemplado en la propuesta, pero me gustaría que las subvenciones aumentasen significativamente.
Hay no obstante una serie de ámbitos y de objetivos que considero buenos, y apoyo estas enmiendas, entre otras la de la reducción de las subvenciones a la seguridad nuclear en 10 millones de ecus. Lamentablemente nuestra experiencia nos dice que este dinero se destina al mantenimiento de la energía nuclear y a dar una imagen falsa, también a los países del este de Europa, de que la energía nuclear es segura. No lo es, y en su lugar deberíamos invertir en las fuentes de energía renovable para eliminarla.
Voto contra las enmiendas 50-51, puesto que no eliminan el apoyo económico destinado a Euratom. Apoyo las enmiendas 55-57, porque los recursos de Euratom en este caso se destinan al apoyo de las fuentes de energía renovable.

Malerba
Con ocasión de la refinanciación del Cuarto Programa Marco la Comisaria Cresson transfirió el objetivo político de la investigación europea de la integración y cohesión a nuevos fines:
apoyo a la competitividad internacional de la industria europea; -comprensibilidad de los términos de la investigación por parte de los ciudadanos europeos; -mancomunación de esfuerzos nacionales y comunitarios.Los tres temas abordados por el ponente, Sr. Linkohr, son muy válidos, pero, más allá de los asuntos particulares y de las prioridades correspondientes a cada uno de ellos, a mí me parece que, con ocasión de este debate, demasiado breve, el Parlamento debería dar una señal por anticipado a la Comisión sobre el planteamiento del Quinto Programa Marco. Por mi parte, quisiera proponer que en esta ocasión se dé un paso más y se dedique un porcentaje del presupuesto total a proyectos caracterizados por el imperativo tecnológico, los llamados challenge led projects .
Un proyecto challenge led se caracteriza por
gran riesgo, hasta el punto de que no se puede ejecutar en el nivel nacional; -posibilidad de desencadenar una dinámica multidisciplinaria y de colaboración internacional (en la que a Europa le interesa hablar con una sola voz); -corresponde a un imperativo tecnológico real y el éxito, cuando llega, aporta un substancial beneficio económico o social (breakthrough) .Un proyecto challenge led no es un proyecto de integración de tecnologías existentes. Ejemplos -pero sólo ejemplos- de imperativos son:
el tren de levitación magnética o el cable eléctrico superconductor; -la batería supereficiente (todas las técnicas de las energías renovables resultan limitadas por el problema de las baterías); -las vacunas que previenen las enfermedades: provocan la ruina de las empresas farmacéuticas, pero requieren también grandes inversiones.Se debería comenzar sin demora a reflexionar, en el Parlamento y en la Comisión, sobre los imperativos tecnológicos más importantes y -seleccionando el (o los) asunto(s)- se debería establecer, en el ámbito del Quinto Programa Marco, un presupuesto europeo dedicado y adecuado para ellos a fin de garantizar al programa específico viabilidad y particular relieve europeo. La Comisión no debería dejarse arrastrar por la inercia, por la tendencia a hacer sólo aquello para lo que está bien dotada y que sabe hacer bien... Si queremos ir al paso de la innovación, debemos estar dispuestos a reinventar continuamente.
Mientras tanto, ¡bienvenidas sean las task forces!

Vaz da Silva
El fortalecimiento financiero del Cuarto Programa Marco en la esfera de la investigación y del desarrollo tecnológico, en curso desde 1994, desde que va acompañado por la evaluación de las acciones, es de importancia capital para garantizar la competitividad de Europa.
Pero conviene destacar que el sector de Investigación y Desarrollo Tecnológico es particularmente delicado para países como Portugal.
Al introducir el concepto de task forces , interesante, por lo demás, en el nivel de los principios, la Comisión subvierte en cierto modo el equilibrio alcanzado con la definición del Cuarto Programa Marco. Al apostar por los grandes proyectos de investigación aplicada, corre el riesgo de cometer un atentado contra la cohesión e impedir a los países menos desarrollados participar activamente, como desean y deben, en pro de la Unión.
Es preciso que todos los Estados miembros tengan voz en la definición de las futuras task forces , pero también lo es que se sigan teniendo en cuenta las prioridades ya fijadas en el Cuarto Programa Marco.
Convengo con la propuesta del ponente de concentrar prioridades y con el hincapié que hace en sectores tan fundamentales como el de los productos multimedios y el de los recursos hídricos.
Los productos educativos multimedios son el caballo de Troya perfecto para la afirmación de la identidad europea y la Unión Europea debe asumirlo como tal y sacar las consecuencias que de ello se desprenden.
La introducción del nuevo sector de la investigación sobre minas terrestres merece todo nuestro aplauso. Conozco bien ese problema, ya que en tierras hermanas de Portugal -Angola y Mozambique- constituyen un flagelo que sigue segando innumerables vidas de las generaciones más jóvenes de esos países de la comunidad lusófona que tanto pueden ofrecer al futuro de nuestra sociedad.
Apoyo las enmiendas relativas a la prioridad multimedios, pero subrayo que sólo el fortalecimiento presupuestario propuesto por la Comisión de Cultura las vuelve operacionales. Apoyo todas las enmiendas que se refieren a la concentración de prioridades, la enmienda sobre las minas y la enmienda que incita a una mejor y más permanente articulación entre los diferentes servicios.

Wolf
Los Verdes consideramos que el fomento efectivo de la investigación es un elemento fundamental de cualquier política económica con futuro. Tal fomento, sin embargo, no ha de distorsionarse por las cíclicas medidas de austeridad, sino que tiene que aplicarse más bien con un carácter anticíclico, sentando las bases de los futuros desarrollos y progresos cuando la coyuntura muestra el agotamiento de las innovaciones ya introducidas en el proceso económico.
Por eso lamentamos especialmente que la propuesta de aumentar los recursos para el Cuarto Programa Marco de investigación, que apoyaremos en cualquier oportunidad que se presente, se haya unido otra vez inseparablemente a unas decisiones cuya orientación nos parece inaceptable, porque gravan y bloquean el futuro en lugar de abrirlo. A esta categoría pertenecen la financiación del Euratom, de la investigación en fusión nuclear, del programa aeroespacial, que será fructífero, si lo es, dentro de 50 años; pero también se incluye en este apartado la orientación exclusiva y unilateral a la gran industria y el desmesurado énfasis en la investigación de la tecnología biológica carente de controles satisfactorios sobre los riesgos.
Lamentamos esta situación y pedimos al Parlamento que encuentre un procedimiento para que, en el futuro, podamos (nosotros y otros Grupos) presentar nuestras críticas razonadas al contenido, sin vernos obligados a rechazar globalmente toda la política de investigación.
Informe Sindal
Le Rachinel
Señora Presidenta, Señorías, el fin principal del presente informe es hacer el transporte marítimo más ágil y atractivo. En efecto, conviene conceder un lugar más importante a esta modalidad de transporte para desatascar los otros.
No obstante, en el transcurso del estudio de este informe se han puesto de manifiesto diversos problemas y carencias, en particular, en los ámbitos de la protección del medio ambiente y de las normas de seguridad. En efecto, por lo que respecta a los transportes marítimos de corta distancia, los barcos son especialmente pequeños y viejos, por lo que los riesgos de accidente son más serios.
Se trata ahora de tomar en consideración todas estas realidades para que el transporte marítimo de corta distancia se convierta en un transporte sin riesgos y respetuoso con el medio ambiente.

Howitt
Señora Presidenta, al comentar el informe Sindal, deseo manifestar mi gran satisfacción por los planes que contiene para que entre un 30 y un 40 % del volumen del comercio entre España y Gran Bretaña abandone la carretera para pasar al transporte marítimo de corta distancia. Será bueno para el medio ambiente retirar 0, 6 millones de toneladas de comercio de las carreteras y será seis veces más eficiente en términos de consumo energético y de reducción de emisiones de dióxido de carbono.
Quiero apoyar, en particular, la solicitud a la Comisión para que se encargue de que el puerto de Tilbury de mi circunscripción se convierte en el núcleo de esta nueva y creciente modalidad de comercio. Es un puerto próximo a Londres y a las principales vías de transporte del sudeste de Inglaterra que conectan con todo el Reino Unido. Cuenta con una insuperable gama de servicios flexibles. Últimamente ha anunciado un servicio rápido diario a Rotterdam para contenedores. Tiene capacidad para beneficiarse de este aumento del volumen comercial y pido a la Comisión que garantice que así será.

Langenhagen
Tras meses de intenso trabajo, se somete a la consideración del Parlamento el informe del Sr. Sindal. Quiero, salvando algunas críticas, felicitarle por ello en nombre de mi Grupo.
La intensificación de la navegación costera puede tener repercusiones positivas y efectos dinámicos en el empleo de las regiones costeras de la Unión Europea, sobre todo en las más desfavorecidas:
La necesaria modernización de la flota dará nuevo impulso al sector de la construcción naval europea y servirá para mantener el empleo en las regiones costeras e incluso, quizá, para crearlo.-Además, puede producirse un aumento del volumen global, lo que sería bueno para los puertos, tanto pequeños y medianos como grandes.-Finalmente, la intensificación del transporte marítimo de corta distancia beneficiará ante todo a los pequeños y medianos empresarios, ya que son fundamentalmente las pequeñas empresas navieras las que se dedican al tráfico de mercancías. Además, una gran parte de los trabajadores ocupados en barcos con bandera europea se concentran en este sector.El Informe Sindal reconoce que la intensificación de la navegación costera está necesariamente vinculada a una gran tarea de modernización de la flota, de los puertos y de sus conexiones con el interior. Paralelamente, el informe aboga por una liberalización de la competencia, lo que es de alabar, evitando recurrir a medidas de fomento directo o indirecto.
Lo anterior, por lo menos para algunos de los que intervinieron activamente en la opinión de la Comisión de Política Regional sobre el Informe Sindal, está en relativa contradicción con la realidad de muchas regiones costeras.
Por esta razón, habría sido deseable que la Comisión de Transportes se hubiera ocupado de manera más intensa de las propuestas hechas en aquella comisión, que fueron aceptadas por una amplia mayoría del Grupo del Partido Popular Europeo y contaron también con el apoyo de los miembros del Grupo socialista.
Estas son, por tanto, mis tres preguntas a los presentes: ¿existe una competencia que otorgue «igualdad de oportunidades» a las regiones ricas y a las más desfavorecidas, a los grandes puertos y a los pequeños?
¿Se puede, por ejemplo, comparar realmente el margen de maniobra presupuestario para la necesaria modernización de que disponen los Estados miembros o las corporaciones regionales y locales de las regiones del Objetivo 1 con los de las regiones más ricas?
¿Se ha tomado en consideración que desde una óptica regional y espacial el arco atlántico y el Mediterráneo ofrecen importantes perspectivas de desarrollo, como muestran algunos estudios parciales del documento de ordenación espacial «Europa 2000 +»?
En el futuro tienen que recibir más atención estos desequilibrios y estas desiguales condiciones espaciales de partida, sobre todo en el marco de la política de transportes. La solidaridad económica y social es uno de los objetivos básicos esenciales de la Unión Europea sobre cuyo fomento existe un amplio consenso entre los Grupos del Parlamento. Y las políticas particulares están obligadas a servirlo.
Dos consideraciones finales que hubiera debido contener una política de transportes coherente y apoyada por la mayoría de los Grupos:
Incluir en este ámbito medidas específicas de investigación y formación hubiera redundado en beneficio de una mayor «seguridad en el mar» y de la protección ecológica de la «costa» como espacio vital y económico. Y ello porque precisamente los nuevos y seguros tipos de embarcaciones, más fáciles de manejar y más dependientes de apoyo logístico y portuario en materia de navegación, requieren medidas adicionales.-Por último, teniendo en cuenta el procedimiento de mediación en curso sobre la red transeuropea de transportes, resulta curioso que en el proyecto de resolución no se renueve el apoyo a la inclusión, propuesta inicialmente por el Parlamento, del transporte marítimo de corta distancia en las directrices TEN.
Theonas
El transporte marítimo, y en concreto el costero, estuvo mucho tiempo privado de la atención que la Unión Europea y los Estados miembros deberían haberle prestado, en especial a causa de la presión ejercida por los intereses de los grandes monopolios más interesados en el desarrollo del transporte viario.
Sin embargo, el desarrollo del transporte costero mediante la mejora de las infraestructuras y de los puertos, su conexión con otros medios de transporte a fin de establecer un transporte marítimo y continental combinado, la renovación de la flota y la garantía de un alto nivel de seguridad, permitirá aprovechar las importantes ventajas comparativas del transporte marítimo, reducir el coste del transporte e incrementar el volumen de la carga transportada por vía marítima, así como el número de pasajeros y, sobre todo, restringir la contaminación que provoca el transporte viario.
La expansión constante de los transportes, acelerada a causa del mercado interior y de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, impone un planteamiento diferente de los transportes, que dé prioridad al transporte ferroviario y marítimo, mucho más eficientes, ya que gastan mucha menos energía por tonelada transportada y kilómetro.
El fomento del transporte marítimo, y en concreto del transporte costero, ejercerá un efecto especialmente favorable sobre las regiones periféricas costeras e insulares de la Unión, especialmente en países como Grecia, con millares de islas y de kilómetros de costa, que hoy padecen la insuficiencia de infraestructuras y de comunicaciones frecuentes, el escaso desarrollo de actividades productivas y del abastecimiento, debido al elevado coste del transporte de los productos.
Al mismo tiempo, el desarrollo de esta modalidad de transporte, la renovación de la flota y el cumplimiento estricto de las normas en materia de seguridad de los trabajadores, los pasajeros y la carga, mitigará las consecuencias de la crisis de la construcción y la industria naval, especialmente en los países periféricos menos desarrollados, como Grecia.
Cabe destacar la necesidad de definir con precisión y ampliar los derechos de los trabajadores marítimos en el marco comunitario, la mejora de las normas de salud y seguridad, la remuneración y las condiciones de trabajo, la protección de accidentes y la garantía de los derechos a seguridad social y pensión.
El desarrollo del transporte costero requiere una planificación nacional concreta en el marco de una organización global del transporte nacional, la creación de las infraestructuras necesarias, incentivos y contraincentivos económicos y la adopción de medidas administrativas e institucionales encaminadas a crear el clima necesario para orientar las inversiones hacia el transporte costero, corrigiendo su orientación actual.
Lamentablemente, tal política no puede llevarse a la práctica mientras la Unión no revise su comunicación sobre la liberalización del cabotaje, que no sólo no fomenta el desarrollo del transporte costero, sino que implica el peligro de un empeoramiento de los servicios actuales y la aparición de nuevos problemas, especialmente en las regiones insulares y más apartadas de la Unión.
El desarrollo de los programas nacionales dará paso a una programación europea más amplia en materia de desarrollo del transporte marítimo costero y su aprovechamiento en favor del desarrollo, la protección y el incremento del empleo en el sector, el desarrollo de las regiones insulares y costeras y la protección del medio ambiente.

Van Dijk
Los Verdes han votado a favor de la resolución del informe Sindal. La navegación costera es una forma de transporte que consume muy poca energía en comparación con el transporte por carretera y por aire, y gracias a ello resulta menos perjudicial para el medio ambiente. Dada la situación geográfica de Europa, con sus numerosas costas, esta forma de transporte podría y tendría que utilizarse más. Por ello es incomprensible que la navegación costera no forme parte de las redes transeuropeas; consideramos que esta situación ha de cambiar rápidamente.
En el considerando A y en el apartado 6, mi Grupo ha señalado la curiosa comparación del transporte ferroviario con el transporte por carretera. Estos no han sido desarrollados, ni apoyados en igual medida.
Existe el peligro de que se recurra a las malas condiciones laborales que imperan en la navegación costera para presionar aún más sobre las condiciones laborales del transporte terrestre. Por ello quiero recalcar una vez más la importancia del apartado 19.
Por último, mi Grupo no podía apoyar de ningún modo la enmienda del Sr. Wijsenbeek, pues ello no haría más que reabrir el debate sobre medidas y pesos.
Hemos dado nuestro apoyo a la enmienda nº 2. Se trata de un buen ejemplo de la combinación de navegación costera y navegación fluvial.
Informe Gasòliba i Böhm
Holm
Estoy de acuerdo en que el informe critique el retraso del informe anual y pienso, al igual que el Sr. Gasòliba i Böhm, que deberían elaborarse regularmente informes parciales del instituto monetario destinados, entre otros, al Parlamento Europeo. El motivo para ello es que esta cuestión es de las más importantes dentro de la UE, y que afecta a todos sus ciudadanos.
Echo a faltar en el informe anual un análisis detallado del modo en que la política que se persigue va a afectar a los ciudadanos, entre otras cosas, por lo que respecta a la coordinación de la política monetaria de los Estados miembros, a la consolidación presupuestaria y a la transición general a la UEM. El informe anual también debería apartarse de la terminología económica normal, y en su lugar hacer comprensible el texto para los ciudadanos, explicando de un modo sencillo qué es lo que se pretende y cómo va a afectar a las personas.
Me opongo a la introducción de la moneda única por todos los efectos negativos que tendrá. Mi propósito de una sociedad ecológicamente sostenible no es compatible con la UEM.
Voto en contra del informe en la ronda final haciendo referencia a lo anteriormente dicho.

Kirsten Jensen, Blak y Sindal
Con referencia al compromiso nacional y al acuerdo de Edimburgo, los socialdemócratas daneses no pueden, obviamente, aceptar los puntos de este informe que van en contra de las cuatro excepciones para Dinamarca.
Informe Pérez Royo
Holm
Voto decididamente en contra del informe del Sr. Pérez Royo, puesto que incluye muchas opiniones que no puedo apoyar. Sobre todo me refiero a las que celebran la llegada de la moneda única y subrayan la necesidad de que se progrese en el proceso de convergencia.
En su lugar apoyo la idea de un impuesto sobre las transacciones monetarias, puesto que esto reduciría significativamente la actividad especulativa. Este impuesto debería introducirse tanto en los países miembros como en otros de fuera de la UE. Pero no debe, no obstante, verse como un eslabón en la realización de la moneda única, sino introducirse exclusivamente para reducir la especulación.
Me resultan totalmente incomprensibles la aclamación completamente acrítica de la UEM, de los requisitos de convergencia y del calendario. No estoy en contra de que se sistematicen las economías estatales de los países miembros, pero los recortes que está generando la política de convergencia deberían llevarnos a reflexionar. En lugar de perseguir los objetivos económicos tradicionales, cabe tener en cuenta la nueva política económica, cuyo propósito es lograr una sociedad ecológicamente duradera. Este propósito no es compatible con el proyecto de la UEM, que por consiguiente debe interrumpirse!

Kirsten Jensen, Blak y Sindal
Con referencia al compromiso nacional y al acuerdo de Edimburgo, los socialdemócratas daneses no pueden, obviamente, aceptar los puntos de este informe que van en contra de las cuatro excepciones para Dinamarca.

Lindholm y Schörling
A pesar de algunas propuestas excelentes, por ejemplo, la del impuesto sobre las transacciones monetarias, votamos en contra del informe porque estamos en contra del proyecto de la UEM.

Wibe
El informe contiene muchas propuestas de calidad, por ejemplo, en el punto 4, donde se menciona que el impuesto sobre la especulación monetaria es un medio eficaz para estabilizar los tipos de cambio. No obstante, me abstengo de votar porque el informe recomienda en muchos de sus puntos que se complete el proceso de la unión monetaria, así como el establecimiento de un nuevo mecanismo para los tipos de cambio.
Pienso que una nueva cooperación respecto a los tipos de cambio invita a la especulación y nos arriesgamos a que genere la misma catástrofe económica de 1992. Pienso además que la realización de la unión monetaria en una situación en que la Unión tiene cerca de 20 millones de parados constituye un juego de azar económico que nos puede llevar a unas graves consecuencias sociales y económicas. Por este motivo he decidido abstenerme.
Informe von Wogau
Schörling
Señora Presidenta, es extraño que se hable en diversos contextos -también en el informe que debatimos hoy y por parte del Sr. von Wogau- de que existe un amplio consenso a favor de la UEM y de los principios generales, entre ellos el del mecanismo monetario, en relación con la introducción de la moneda única. Pero nadie desconoce que fuera de las instituciones de la UE existen grandes dudas sobre la excelencia de la UEM, del calendario a seguir y de los criterios de convergencia. Estas críticas provienen de políticos, economistas, banqueros y dirigentes sindicales. Las manifestaciones que se han producido en Bélgica, Francia y Alemania hablan por sí mismas de la inestabilidad social que han creado los criterios de convergencia entre los ciudadanos.
Naturalmente, todos los países deben esforzarse por tener una política económica saneada. Esto trae consigo un desarrollo robusto, y no un crecimiento continuo que bloquea el pago de la creciente deuda que tenemos para con el medio ambiente. Trae consigo además una distribución justa de los recursos comunes y una política que previene el paro y la exclusión social. Pero con la UEM, la UE ha establecido una política económica que da prioridad a la estabilidad de precios y al balance presupuestario, y que puede tener como consecuencia la desintegración social y ser además la causa de que desaparezcan muchos más puestos de trabajo.
Desde un punto de vista democrático, el Banco Central Europeo es inaceptable. En el informe del Sr. von Wogau se menciona la responsabilidad, pero lo cierto es que es imposible exigir responsabilidades a los que adoptan las decisiones. No se puede destituir a los seis miembros de la Dirección del Banco Central Europeo durante el período de ocho años para el que son elegidos. La UEM debe ser dirigida por unos expertos que sean inaccesibles a la manipulación política.
La Unión Económica y Monetaria se enfrenta por consiguiente a demasiados problemas sin solución, y se arriesga a convertirse en un objetivo político alejado de la realidad social y económica.

Ahlqvist, Theorin y Wibe
Dado que la idea de una Unión Económica y Monetaria es en el fondo federalista y contradice nuestra creencia en el establecimiento de la Europa de las democracias, nos abstenemos de participar en la votación sobre este informe. Dejar que sean los funcionarios del Banco Central Europeo los que administren la política monetaria contradice nuestro objetivo de que sean los ciudadanos, a través de sus representantes democráticos, los que decidan en materia de política económica.
Además, hacemos hincapié en que, en el transcurso de las negociaciones para la adhesión, Suecia hizo una declaración unilateral, estableciendo que es el propio país el que decidirá si se adhiere o no a la UEM. El valor jurídico de dicha declaración es dudoso. Pero la valoración política es que es el propio pueblo sueco el que decide sobre su pertenencia a la UEM. Esta cuestión no está en absoluto decidida todavía por lo que respecta a Suecia.

Holm
Por ser contrario a la totalidad del proyecto de la UEM, voto en contra de este informe del Sr. von Wogau. Existen, no obstante, algunas enmiendas de calidad y que apoyo, pero no contrarrestan las opiniones de menos valor que figuran en él.
No estoy a favor de que, en la práctica, se establezcan unos mecanismos para los tipos de cambio de la moneda única. Debe ser responsabilidad de cada país administrar su propia política económica, teniendo en cuenta la situación del país y la estructura de la vida empresarial. Esto no es posible si se forma parte de la UEM. Naturalmente, es de desear que los tipos de cambio sean lo más bajos posibles. Esto no se aplica solamente a las relaciones entre los países miembros de la UE, sino también a las que tienen con los de fuera, que son muchos más.
El informe requiere consecuentemente que se cumpla con los criterios de convergencia. Habida cuenta de los grandes recortes que muchos de los países miembros de la UE se ven, o se verán, obligados a efectuar, esto debería hacernos reflexionar. En lugar de promover el desarrollo del bienestar social, la política de la UEM nos va a conducir al desmantelamiento del sistema de bienestar, país por país. Ésta no es una política a la que pueda dar mi apoyo.

Lindholm
Puesto que estoy en contra de la totalidad del proyecto de la UEM, voto «no» al informe del Sr. von Wogau.

Poisson
En efecto, he seguido los debates de esta mañana. En ningún momento se ha mencionado el temor de nuestros ciudadanos de los Estados miembros con respecto a la moneda única.
Nuestros dirigentes políticos y la Comisión de Bruselas mantienen una sabia ambigüedad entre moneda única y moneda común. Es evidente que los pueblos europeos tienen dificultades en ver la diferencia. Por ejemplo, en Francia, si hablamos a los franceses de moneda europea, incluso de moneda única, piensan en la moneda común y parecen de acuerdo. Pero si les explicamos claramente lo que se juegan, la rechazan. Cuando toman conciencia de que el euro hará desaparecer la moneda nacional, se muestran en contra y tienen razón. ¿Por qué?
Es un vínculo afectivo, moral y práctico profundo que sienten los pueblos europeos respecto de su moneda. Privarles de un punto de referencia tan fundamental como la moneda nacional les desestabilizaría moralmente. La moneda, como lo decía el General de Gaulle, vincula al ciudadano con la nación.
He votado contra el informe von Wogau, porque estimo, en mi calidad de europea convencida, que Europa no debe construirse sobre una gran mentira.

Voggenhuber
Desde Maastricht crece la sospecha entre los ciudadanos europeos de que intereses económicos unilaterales se apoderan cada vez más del proceso de construcción de la unidad europea.
En esta crisis de credibilidad, quien apostó por la capacidad de control y rectificación del Parlamento Europeo siente desde hace meses una profunda decepción. Los criterios de convergencia de la Unión Monetaria ponen cada vez más de manifiesto su poder destructor de los niveles sociales alcanzados por los Estados miembros. La obligatoriedad de su aplicación simultánea en un corto espacio de tiempo ha producido efectos recesivos y un fuerte aumento del desempleo.
Y sin embargo, los ciudadanos de la Unión Europea siguen esperando inútilmente que las instituciones europeas reformen estos criterios, que hace ya tiempo que se han convertido en algo socialmente irresponsable. El Presidente de la Comisión, Jacques Santer, instaba hace poco una vez más a los Estados miembros a asumir su responsabilidad de promover políticas activas de empleo, pero silenciaba con cinismo que precisamente los criterios de convergencia han suprimido la capacidad política de maniobra necesaria para ello.
Esta contradicción se acentúa por la ausencia de cualquier tipo de iniciativa social a escala europea. A la vista de una política que hace tambalearse la paz social, el Parlamento Europeo tiene que actuar pública y decididamente en defensa del desarrollo de una Unión social y ecológica y en contra de una política de liberalismo económico brutal.

El Presidente
El turno de votaciones queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 13.12 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Pesca
Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0189/96 de la Sra. Pery, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(94)0335 - C4-0086/94) relativa a la crisis del sector de la pesca en la Comunidad; -A4-0133/96 del Sr. Arias Cañete, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la problemática del sector de la pesca en la zona NABO; -A4-0172/96 del Sr. Arias Cañete, en nombre de la Comisión de pesca, sobre la propuesta modificada de reglamento del Consejo (COM(96)0117 - C4-0299/96-95/0252(CNS)) por el que se establecen determinadas medidas de conservación y de control aplicables a las actividades de pesca en el Antártico; -A4-0169/96 del Sr. Niels Kofoed, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(95)0670 - C4-0033/96-95/0338/CNS)) que modifica por sexta vez el Reglamento (CEE) nº 1866/86 por el que se fijan determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos de la pesca en las aguas del mar Báltico, de los Belts y del Sund.
Péry
Señor Presidente, Señorías, vamos, pues, a debatir sobre la crisis del sector de la pesca en la Unión Europea. Esta crisis económica, social y ecológica afecta a todo el sector. Desde hace algunos años, nos hemos visto obligados a disminuir las licencias de capturas, a velar por un control más eficaz, a reducir nuestras flotillas, a intensificar nuestras medidas de acompañamiento estructural y social. Al mismo tiempo, y aunque las cantidades de pescado capturado vayan en disminución, por ejemplo en mi país, numerosas especies han sufrido las leyes del mercado mundial. En algunas regiones de Europa, los precios de la pesca fresca han bajado en un promedio del 25 %.
La Europa azul es una política común frágil, por inacabada. Todas las regiones litorales se preguntan con inquietud. Es la razón por la cual me ha parecido indispensable comenzar este informe con un llamamiento a la Comisión y al Consejo, para que definan unas perspectivas claras y que manifiesten la voluntad de garantizar un futuro marítimo a los países de la Unión. El azar de los calendarios, señora Comisaria, ha querido que llegáramos a tener conocimiento de la respuesta que usted dio algunos días después de la impresión de este informe y después de nuestro seminario de Quimper. Por lo tanto, nuestra comisión no ha podido debatir todavía el cuarto plan de orientación plurianual que presenta usted. En efecto, esperábamos un mensaje de lucidez, pero también, señora Comisaria, un mensaje de confianza. Ahora bien, el hecho de querer reducir, en cinco años, en una media del 40 % las posibilidades de pesca no implicará simplemente, lo sabe usted bien, el desguace de demasiados barcos, sino también la muerte segura de varios puertos de pesca ya muy endeudados por los esfuerzos de modernización. Es un golpe demasiado duro para la actividad económica y social de todo el sector.
Estoy segura de que hoy debemos dar prueba de vigilancia y de firmeza, pero también de imaginación y de voluntad política en torno a algunas nuevas propuestas capaces de devolver la confianza al sector. Me limitaré a citar los puntos clave que afectan a los recursos, al mercado y a las políticas estructurales.
Por lo que respecta a los recursos, todavía hacen falta sacrificios, lo sabemos. Pero entonces, tomemos medidas técnicas más obligatorias y que de verdad permitan una renovación de dichos recursos. Hemos hablado de mallas cuadradas, de una utilización más selectiva de las herramientas de pesca, de protección de las zonas «juveniles». Proponemos períodos de reposo biológico cuando una especie esté más amenazada. Pero, señora Comisaria, la Comisión de Pesca habla también de compensaciones financieras.
La Comisión me responde que la lógica de la política común de la pesca no prevé este tipo de financiación, salvo en casos totalmente excepcionales. «Nada de apoyo a los ingresos»dicen ustedes. No pienso practicar a menudo discursos demagógicos. No oculto las dificultades, pero me niego a que los sacrificios vayan en una dirección única. Si tenemos dinero para compensar la destrucción de un barco, hay que poder encontrar también dinero para salvar los recursos.
Para producir un efecto máximo, todas estas medidas técnicas deben apoyarse, por supuesto, en una investigación científica constante y cada vez más profunda, y apoyarse en un control mucho más riguroso. Esto impone también que no se responsabilice solamente a los profesionales directamente implicados, sino también que se dote de nuevos medios de control.
Señora Comisaria, sé que me equivoco al anticipar ideas que no son «neutras» financieramente. Pero así vamos a poder medir si existe una verdadera voluntad política de la Unión y de sus Estados miembros, para preservar un sector de la pesca competitiva en Europa.
Por lo que respecta a los mercados, en primer lugar, desearía recordar que el mercado interior europeo es muy deficitario, tanto en lo relativo al consumo como en el aprovisionamiento de la transformación. Un mercado libre, un mercado abierto al mercado mundial es la elección que se ha hecho desde el inicio de la política común de la pesca y la crisis ha alcanzado los mercados, las subastas y los sectores de comercialización. Todos este sector debe mejorar sus sistemas de información y de comunicación. Su modernización es vital en el mundo de hoy. Nos parece asimismo muy importante asociar mejor a los productores al sector de la comercialización, valorar la calidad y el origen de los productos.
Pero creo, señora Comisaria, que la futura Europa azul del 2002 no podrá contentarse con un sector «mercado» tan débil. Con toda franqueza, creo que será preciso crear un marco comunitario más vinculante -precios de salida obligatorios, precios de preferente mejor respetados- y que en caso de crisis grave y de caída de los precios del mercado, deberemos asimismo establecer un instrumento financiero para ayudar a las organizaciones de productores de pesca fresca. También a este respecto, sé que usted me va a decir: »¡pero es una forma de apoyo a los ingresos!» Le responderé que cuando el mercado ya no desempeña su papel, estoy en favor de algunas intervenciones, más aún cuando sólo el 2 % del presupuesto «Pesca» se consagra al mantenimiento de los precios.
Por último, el tiempo no me permitirá desarrollar el tercer aspecto, a saber, las políticas estructurales. Es seguramente el aspecto de la política común de la pesca para el que los Estados miembros y la Unión se han dotado de medios importantes -mejor así- a través del instrumento financiero del IFOP, a través del programa PESCA cuya aplicación desearíamos se llevara a cabo como el «LEADER del mar». Apoyamos así lo que han podido hacer ustedes en el ámbito de las jubilaciones anticipadas, deseando que los Estados miembros desempeñen su papel cuando sabemos que la Unión cofinancia dichas jubilaciones hasta en un 50 %. No se puede decir que este aspecto social pueda pasarse en silencio. Existe, y, en efecto hay que sostenerlo.
Señora Comisaria, he sobrepasado mi tiempo de intervención. Para terminar, diré simplemente que estaremos a la altura en lo que respecta a la firmeza y la vigilancia. Hará falta coraje, pero volveremos a hablar de este plan de reorientación. Éste me parece insoportable, tanto en lo que concierne a la producción como al conjunto del sector, y debemos establecer medidas más imaginativas y ciertamente con más apoyo financiero.

Arias Cañete
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores diputados, presento en primer lugar el informe de iniciativa del Parlamento Europeo sobre la situación de la flota comunitaria que faena en la zona NABO y, dentro de este contexto, sobre las relaciones que mantienen el Canadá y la Unión Europea en materia de pesca.
Es sabido que nuestras relaciones con el Canadá, en lo que a pesca se refiere, han atravesado, desde la creación de la NABO en 1978, momentos de gran tensión. Estas relaciones, sobre todo a partir de 1984, se han caracterizado por enfrentamientos regulares sobre los derechos de pesca en las aguas del Atlántico Norte, y uno de los ejemplos más patentes, como ha señalado el profesor Mallou, es el logro del Canadá de fijar el TAC del bacalao, en la división 3NO, en cero para los años 1995 y 1996, estableciendo este TAC sin datos científicos sólidos.
El más reciente conflicto protagonizado por la Unión Europea y el Canadá en materia de pesca -y quizás el que, lamentablemente, ha tenido más eco internacional- ha sido el popularmente conocido por la «guerra del fletán». Los hechos son conocidos de todos, pero quizás ahora, con la distancia, sea el momento de profundizar en los motivos que dieron lugar al conflicto. Por un lado, hay que hacer referencia a la reunión de la Comisión de Pesca de la NABO, celebrada en febrero de 1995, cuando se procedió al reparto de un TAC de 27.000 toneladas de fletán, del cual sólo 3.400 toneladas se atribuyeron a la flota comunitaria frente a 16.300 toneladas que se reservó el Canadá. Esta Asamblea lamentó en alguna resolución la actuación de la delegación comunitaria, ya que, por primera vez, se estableció un TAC por debajo de las recomendaciones del comité científico de la NABO, que había, indicativamente, aconsejado un límite de 40.000 toneladas.
Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que fue el Parlamento canadiense quien, unilateralmente, aprobó en 1994 una ley de protección de pesquerías costeras, confiriéndose potestades de control más allá de las 200 millas marinas, apoyándose en esta norma ulteriormente para apresamientos injustificados.
De los hechos expuestos podemos llegar a algunas deducciones. En primer lugar, que puede existir, señora Comisaria -y este Parlamento así lo denuncia-, una cierta falta de representatividad de la Unión Europea en el seno de esta organización, tanto en el Comité científico -cuya composición es muy desequilibrada al superar ampliamente el número de representantes del Canadá al de las demás partes-, como en la Comisión de pesca de la NABO, donde, al igual que en otras organizaciones internacionales pesqueras, se plantea el problema de la debilidad de la Unión Europea, que dispone únicamente de un voto pese a representar a muchos Estados. Se trata de una dificultad objetiva que hay que poner de manifiesto pues, cuanto más fuerte es la Unión Europea porque más amplia es su base numérica de Estados, más débil es en ciertas organizaciones internacionales al contar con un solo voto.
En segundo lugar, el Parlamento cree que falta una verdadera política de investigación científica comunitaria en la NABO y que ha habido casos en que se han aprobado TAC cero sin datos científicos y sin que la Unión Europea fuera capaz de reaccionar.
En tercer lugar, creemos que la legislación canadiense, que permite realizar controles y apresamientos fuera de sus aguas territoriales, sigue estando vigente, a pesar de que, tras los acontecimientos que se desencadenaron tras el apresamiento del Stai, se modificó sustancialmente y con grave coste presupuestario el programa internacional de inspección mutua de NABO, que establece las obligaciones de las partes contratantes en lo que a inspección y vigilancia se refiere.
No obstante elementos tan conflictivos, señora Comisaria, el Parlamento entiende que el objetivo primordial, tanto de la Unión como del Canadá, debe ser evitar futuros enfrentamientos y aprovechar la feliz consecución del acuerdo bilateral de abril de 1995 para iniciar una nueva etapa de entendimiento y cooperación. Sin embargo, nosotros creemos que hay obstáculos de muy difícil superación: en primer lugar, el mantenimiento de la legislación canadiense unilateral; en segundo lugar, el hecho de que el Convenio bilateral, que fue difícil de negociar en 1992, y que este Parlamento apoyó, con muchas reservas, comprendiendo que había que hacer un esfuerzo de aproximación de voluntades, sigue sin ser ratificado por el Canadá y supone, en estos momentos en que se contempla un plan de acción global, un obstáculo serio como se ha demostrado en el Consejo de ministros. Por lo tanto, el hecho de que el Canadá haya atenuado su actitud hostil con una medida limitada a la apertura de puertos, no nos parece suficiente para establecer un marco global de relaciones normales.
Creemos, señora Comisaria, que hay que hacer un esfuerzo por parte comunitaria para mejorar estas relaciones, pero sin olvidar nunca que la defensa de las posibilidades pesqueras comunitarias tiene que ser un referente obligado de la actuación comunitaria y que hay que establecer las relaciones internacionales sobre criterios de igualdad, cooperación y solidaridad.
Nosotros consideramos que un marco interesante para mejorar la situación lo ofrece el acuerdo adoptado el 4 de agosto de 1995 en Nueva York sobre la conservación y gestión de poblaciones transzonales, siempre que se desarrolle de modo inteligente y equilibrado. Confiamos en la capacidad de la Comisaria para lograr este desarrollo y para que sea ratificado este acuerdo en condiciones que permitan una estabilidad en las relaciones pesqueras con el Canadá que hagan que incidentes del pasado se olviden para siempre y podamos colaborar como países amigos que somos en un entorno comercial racional y normal.
Ahora, señora Comisaria, me cabe el honor de, en nombre de la Comisión de Pesca, presentar el informe sobre las medidas de conservación en el Antártico. Informe que fue aprobado por unanimidad en nuestra comisión al considerar que la propuesta de la Comisión tiene por objeto proceder a refundir los actos jurídicos en vigor clarificando la normativa vigente, que, como consecuencia de repetidas modificaciones, había perdido ciertamente claridad.
Asimismo, entendemos que se pretende la incorporación al ordenamiento jurídico comunitario de las disposiciones adoptadas por la Comisión, para la conservación de los recursos marinos vivos en el Antártico, en las pasadas reuniones de Hobart de 8 de noviembre de 1994 y 3 de noviembre de 1995.
En definitiva, la propuesta de la Comisión recoge, en un acto comunitario, compromisos ya asumidos por la Comunidad como consecuencia de la adhesión de la misma a la Convención acerca de la conservación de los recursos marinos vivos del Atlántico en virtud de la decisión del Consejo del año 1981.
Nuestra comisión aprueba unánimemente la propuesta de la Comisión, pero hace algunas observaciones al respecto. En primer lugar, una vez más, hay que lamentar que el Parlamento sea consultado por el Consejo mediante una carta de 4 de diciembre de 1995, es decir, siete meses más tarde de la fecha en que algunas de las normas contenidas en la propuesta deberían entrar en vigor para todas las partes contratantes, lo cual evidencia que estamos ante un trámite absolutamente estéril y testimonial, y que revela que hay seguir trabajando armónicamente para mejorar los procedimientos existentes para que el Parlamento pueda expresar su opinión en tiempo útil y antes de que las normas entren legalmente en vigor.
De cara al futuro, por lo tanto, la Comisión de Pesca formula una enmienda considerando que la Comisión deberá informar previamente al Parlamento de las modificaciones que pretenda efectuar en la normativa recogida en este reglamento, y de aquellas medidas que se adopten como consecuencia de las recomendaciones aprobadas en el seno de la Comisión para la conservación de los recursos marinos antárticos.
En segundo término, señora Comisaria, la Comisión de Pesca considera que se debe preservar al máximo el equilibrio ecológico de la región antártica, región virgen que, hasta el momento, se encuentra casi inexplotada. Para ello pedimos, si hay posibilidades presupuestarias, que se proceda a la elaboración de un informe sobre la influencia que las capturas tienen sobre las especies marinas y las aves de la zona, solicitando, además, un informe anual sobre la evaluación de las actividades pesqueras en el Antártico y sobre el refuerzo de las medidas de control.
Con estas observaciones, señora Comisaria, la Comisión de Pesca aprueba unánimemente, como he dicho antes, la propuesta de la Comisión.

Kofoed
Señor Presidente, Señorías, el objetivo de crear la Comisión Internacional de las Pesquerías del Mar Báltico en 1974 era establecer una institución que permitiese a todos los Estados ribereños del Báltico compartir la responsabilidad de la gestión de los recursos vivos de dicho mar. Las decisiones se basan en los consejos de los biólogos de los diferentes países que participan en la comisión. Esta cooperación ha funcionado muy bien, a pesar de que hayan surgido ciertos problemas en relación con los regímenes comunistas de los Estados bálticos y Polonia. La política de conservación ha estado fundada sobre los principios habituales: la valoración de las capturas, las condiciones de los alevines y las cuotas adjudicadas a los diferentes países. Obviamente, además de estas medidas hay otras de carácter técnico, como el tamaño de la malla, etc.
El informe que debatimos hoy supone una aprobación o un rechazo de la decisión adoptada el año pasado y que tiene validez hasta el final de 1996. La Comisión de Pesca ha criticado en el informe que la consulta tenga lugar tan tarde. Espero que la Comisaria intente garantizar que recibiremos las decisiones de este tipo con más tiempo. Sería asimismo conveniente que la Comisión invitase a dos miembros de la Comisión de Pesca a participar como observadores en las negociaciones preliminares que se iniciarán en Varsovia el próximo septiembre. Es obvio que no le corresponde al Parlamento Europeo estar presente como gestor, pero sería recomendable que estuviese allí en calidad de consejero, ya que de esta forma tendría una base más sólida para adoptar en su día las decisiones legislativas correctas.
Mi informe incluye dos enmiendas para las próximas negociaciones en la IBSFC. Son, por tanto, enmiendas de cara al futuro. Se refieren, entre otras cuestiones, a la introducción de medidas de conservación distintas a las anteriores. Por este motivo, propongo establecer un límite para la potencia del motor de los buques pesqueros de, por ejemplo, un máximo de 400 caballos para la pesca de bacalao y salmón. El motivo de presentar la propuesta ahora es advertir a la Comisión que Polonia, los Estados bálticos y Rusia están renovando su flotas pesqueras. Si modernizan sus flotas con buques grandes y excesivamente eficaces, los recursos vivos se agotarán. Otro motivo para presentar esta propuesta es que la política pesquera llevada a cabo en el mar Báltico no ha supuesto un aumento de los recursos de pesca. Los recursos de bacalao siguen, por ejemplo, siendo más bajos que en 1984.
Tengo otro comentario más sobre la política de cuotas. Implica una serie de medidas de control que limitan a los pescadores y pueden, en cierto modo, convertir la pesca en un delito. No disponemos de las cifras correctas, es decir, no recibimos información sobre lo que se pesca fuera de las cuotas, por lo que no sabemos de cuánto se trata y, por este motivo, los modelos de los biólogos para las futuras cuotas no podrán ser correctos. En consecuencia, propongo, señor Presidente, que se apoye la limitación de la potencia del motor de los buques pesqueros y, si hacen falta cuotas, las debemos asignar a los buques grandes durante cierto período y dejar que los buques de menos de 400 caballos pesquen sin cuotas. Me atrevo a prometer a la Sra. Comisaria que, de este modo, los recursos de pesca no bajarán, sino todo lo contrario, aumentarán. De esta forma, la climatología influirá en la pesca. Los grandes buques pesqueros pescan ahora en cualquier época y los peces de esta zona no tienen un momento de respiro.
Como propuesta a la Comisión, señora Comisaria, quizá fuera conveniente vedar la pesca en algunas zonas durante el desove. Los cazadores no cazan durante la época de reproducción, y el mismo principio debería aplicarse a la pesca.
Finalmente, señor Presidente, quiero decir que espero que tengamos un debate sobre la posibilidad de utilizar esta medida. No soy partidario de las cuotas, ya que criminalizan la pesca, pero la idea de conservar los recursos de pesca me parece excelente. Opino que nuestra política pesquera no debe seguir las ideas de Maquiavelo, según las cuales el fin justifica los medios. No debe ser un medio para convertir a la gente en delincuentes.
Doy las gracias a la Comisión y a los miembros de la Comisión de Pesca por su cooperación.

Baldarelli
Señor Presidente, es importante este debate que se celebra en el día de hoy: es importante, entre otras cosas, porque, a propósito de tres asuntos diferentes, se ha tenido la sensación -y también, creo yo, la demostración concreta- de que la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo tiene una propuesta propia, al haber elaborado documentos concretos y estar en condiciones de afrontar, desde hace ya algún tiempo, también con gran capacidad técnica, las propuestas relativas a la reforma de la Política Pesquera Común.
Pues bien necesitamos, señor Presidente, una reforma de la Política Pesquera Común y estamos profundamente convencidos de que los documentos que se han presentado marcan una etapa en esa dirección. Propugnamos una reforma que tenga en cuenta los nuevos equilibrios medioambientales, que se preocupe por mantener el empleo del sector, una reforma que tenga en cuenta también la capacidad para dar garantías a los consumidores. El Grupo Socialista presentará el jueves oficialmente en esta Asamblea un documento propio. Aprovechamos la ocasión para pedir a los representantes de la Comisión que participen en esa iniciativa nuestra el jueves aquí, en Estrasburgo.
El documento que ha propuesto la Sra. Péry es un documento muy importante, fruto de una rica experiencia adquirida por la vicepresidenta en ese sector. En efecto, en ese documento figuran algunos elementos extraordinariamente importantes e innovadores: en primer lugar, el sector de la pesca, como decía antes, debe tener en cuenta los equilibrios medioambientales, pero debe saber también situarse de forma adecuada en el mercado. Por tanto, es necesaria una profunda integración entre producción y mercado, integración que se puede alcanzar mediante la innovación tecnológica, la capacidad para tratar partidas cada vez más importantes que al mismo tiempo sean de origen y garanticen un precio adecuado a los pescadores, gracias al papel que las asociaciones de pescadores podrán desempeñar cada vez más cabalmente como referencia importante. Además, será necesaria la ordenación, si se quiere, consolidada de las propiedades de la pesca.
En ese marco, nosotros somos partidarios del principio de la participación de los pescadores en la propiedad, somos partidarios, por tanto, de experiencias locales de multipropiedad que lleguen a ser un punto de referencia y en ese sentido estamos de acuerdo con la gestión integrada entre la multipropiedad y las instituciones locales. Nos convence mucho también una participación junto con las instituciones locales y, naturalmente, estamos convencidos de que la política pesquera debe ser común, pero que en ese marco pueden asociarse también con ellas las regiones y las autoridades locales, por el papel fundamental que pueden desempeñar, entre otras cosas, para la gestión integrada de la pesca costera.
Eso representa también un medio para eliminar el esfuerzo de pesca excesivo que ha habido en estos últimos años. Desde este punto de vista, pensamos que el documento de programación es importante y, cuando tengamos la posibilidad de examinarlo en las sedes oficiales, entraremos más detenidamente en materia. De momento, lamentamos que nuestra participación como diputados no haya ocurrido aún.

Langenhagen
Señor Presidente, que celebremos hoy un gran debate sobre la pesca lo valoro como un signo de la importancia de la futura política pesquera europea. Los informes que estamos considerando abarcan desde el mar Báltico a la Antártida pasando por el océano Atlántico. Estamos, pues, ante un problema mundial y ello requiere que enfoquemos los problemas y las soluciones globalmente. El tratamiento que damos a los recursos pesqueros muestra si tenemos en cuenta el aprovechamiento duradero de las fuentes mundiales de alimentación. Este es el mensaje que recibimos de instituciones como la FAO. Este es el mensaje inequívoco que nos va llegando de organizaciones medioambientales como el Fondo Mundial para la Naturaleza, que en la actualidad cooperan con algunas de las mayores industrias mundiales de producción de alimentos.
Los Estados miembros y la industria pesquera tienen que prestar atención a estas poderosas fuerzas. Los mares están sobrexplotados. Ninguno de nuestros caladeros podrá soportar por más tiempo unas capturas tan intensivas. La única respuesta es menos barcos de pesca y menos actividad pesquera. La Sra. Perry se pronuncia con toda claridad por esta solución. El sector pesquero no superará su crisis actual mientras no se establezca, sobre la base de cálculos realistas, un equilibrio entre las flotas de la Unión Europea y la cantidad de recursos disponibles en los caladeros de la Unión Europea y en los demás.
La reconversión debe acompañarse de medidas socioeconómicas. El que no podamos ofrecer puestos de trabajo en el mar a todos los pescadores no quiere decir que nos podamos desentender de ellos. Tenemos que encontrar alternativas, bien en la industria pesquera o en otros sectores. Contamos con un equipo de expertos comunitarios dirigidos por el científico danés Hans Larsen que ya ha efectuado una valoración de los recursos pesqueros y que ha señalado que se encuentran en una situación crítica.
Señora Comisaria Bonino, usted ha tenido el valor de presentar una propuesta, basada en una recomendación científica, consistente en reducir las actividades pesqueras en un 40 %, como ya pidió el Parlamento en 1990. Los ministros de pesca, por su parte, han acordado, desde 1990, reducciones del 20, 25 o del 0 %, según qué tipos de pesca, y desde 1992 a 1996 tendrá lugar una reducción adicional por toneladas, pero no se alcanzará el 40 %.
Pedimos un debate creíble y que aborde los problemas y pedimos también que los ministros tomen como base el informe científico y la propuesta de la Sra. Bonino. El Parlamento ha tomado la iniciativa de concentrarse hoy en el tema de la pesca, lo que hemos aprovechado para presentar ideas orientadas a fortalecer la política común de pesca. Ahora le toca el turno a los Estados miembros de iniciar las acciones necesarias para salvar la pesca en Europa.

Girão Pereira
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, en buena hora se ocupa este Parlamento simultáneamente de la crisis general del sector de la pesca y de la crisis de la zona NABO, que es una ejemplificación de la primera. Son cuestiones cuyo planteamiento debe entrañar una voluntad política de la Unión Europea y la colaboración clara de los Estados miembros. Algunos países de la Unión Europea tienen tendencia a no atribuir al sector de la pesca su significado real en el marco de la economía europea. Ahora bien, conviene subrayar que en los países marítimos periféricos esa actividad tiene su importancia en la economía y en el empleo.
Véase el ejemplo de la NABO. Mi país pesca en esa zona, en particular el bacalao, desde el siglo XV, razón histórica por la cual Portugal es hoy el mayor mercado del mundo para esa especie. Hace cuatro años, la adhesión de Portugal a la Política Pesquera Común y la crisis de la NABO provocaron la reducción de la flota en el 70 % de los buques y cerca de 12.000 desempleados directos e indirectos.
Puedo afirmar que los armadores portugueses pretenden continuar su actividad de forma responsable con vistas a preservar los recursos. Por eso, están de acuerdo con las medidas de fiscalización y control aplicadas por la Unión Europea. Pero no se comprende por qué motivo no se aplica ese control con la misma intensidad a todos los barcos de los países no comunitarios signatarios del Convenio.
Otro de los aspectos que deben merecer atención particular por nuestra parte es el de la investigación científica que haga un análisis continuo de los recursos y de la evolución de las poblaciones de peces. No se comprende que la Unión Europea haya delegado en el Canadá la investigación científica de zonas tan importantes como las 2J, 3K, 3L y 3NO, sabiendo que los intereses de las dos partes son contradictorios. También en las aguas comunitarias se debe llevar a cabo esa investigación que tenga en cuenta las informaciones de los pescadores y productores. Véase el caso de la sardina. Cuando la Comisaria viene a anunciar que es necesario reducir las capturas en un 40 %, basándose, evidentemente, en datos que le han facilitado -tal vez mi país-, los pescadores afirman que esa decisión no tiene fundamento, dado que las poblaciones de peces siguen en buen estado, pero se han trasladado a otras zonas. Y así se crean conflictos que afectan al crédito de las instituciones y de la propia Unión.
Como se afirma explícitamente en los documentos que estamos examinando, los acuerdos con terceros países deberán seguir contando con el apoyo y el esfuerzo de la Unión Europea por su importancia para el abastecimiento y la defensa de la producción. Pero pensamos que todas las veces que se celebran acuerdos de asociación con terceros países -en los que, además de las contribuciones financieras de la Comunidad, se eximen de derechos aduaneros los productos de la pesca- se deberían negociar cuotas de pesca para los productores comunitarios correspondientes al monto de los derechos aduaneros no percibidos. Me congratulo de la calidad de los textos que estamos debatiendo y considero que son un buen punto de partida para abordar los problemas de la pesca.

Teverson
Señor Presidente, cuando se desató la crisis en el sector de la pesca en 1994, como tan bien nos ha recordado la Sra. Pery en su informe, se debió principalmente a los precios. Desde entonces, la crisis de la industria pesquera se ha agudizado por el aspecto biológico de esquilmar los mares y por la incapacidad de la Política Pesquera Común de gestionar los problemas y aportar soluciones eficaces para el sector.
¿Qué soluciones se nos presentan? En primer lugar, tenemos que desechar la Política Pesquera Común en su estado actual. No estoy a favor de que se nacionalice de nuevo. Eso sería una idea realmente mala, pero debemos desecharla tal y como existe actualmente. Debemos asegurarnos de que reducimos esta constante fricción que existe entre la evidencia científica, la industria pesquera, los Estados miembros y la Comisión. La única forma de conseguirlo es llevar el poder hacia niveles más bajos, gestionar los caladeros en las zonas próximas a las pesquerías en vez de hacerlo a nivel de los Estados que rodean dichos caladeros y en vez de hacerlo desde una ciudad del interior de Bélgica donde se concentra todo el poder de gestión del sistema. Eso no funcionará.
Mientras tanto, tenemos que solucionar el asunto relativo a los traspasos de cuotas y, aunque ya lo hemos debatido a fondo con la Sra. Comisaria y agradezco sus comentarios constructivos, tenemos que avanzar en este asunto. No conseguiremos una solución sensata con el marco legislativo actual. Debemos plantearnos derogaciones del Tratado para solucionar el problema.
En cuanto al 40 % de recortes que se discute actualmente, no existe ninguna posibilidad sensata de conseguirlo y censuro al Consejo de Ministros por la forma en que está tratando el asunto, sin que al mismo tiempo ofrezca alternativas positivas para la industria como parte de la solución.
En lo que respecta al Canadá, estoy encantado de que en la Comisión de Pesca hayamos hecho el presente informe menos anticanadiense de lo que era. Ahora tenemos acceso a puertos canadienses. Es necesario que firmemos el plan de acción UE-Canadá y es necesario que elaboremos mucho mejor el procedimiento de objeción. Asimismo acojo con satisfacción las enmiendas del Sr. Kindermann al respecto.

Jové Peres
Señor Presidente, en cuanto al informe sobre la crisis en el sector de la pesca, me gustaría realizar algunas consideraciones. Mientras trabajábamos en este informe -y yo en este sentido quiero decirle a la Sra. Péry que nosotros valoramos muy positivamente su esfuerzo-, la Comisión ha formulado su propuesta acerca de la reestructuración de la flota en el período 1997-2002. Es cierto que el sector pesquero sufre una crisis motivada por la escasez de recursos a la que no es ajena la liberalización de los intercambios, el deterioro de la protección arancelaria o las crecientes dificultades de acceso a otros caladeros. Sin embargo, nos parece que la Comisión ha formulado unas propuestas difícilmente aceptables.
Los problemas que afectan a la pesca no se pueden solucionar exclusivamente mediante el desmantelamiento de las flotas comunitarias. No se puede ignorar toda una serie de problemas que creo que están explicados bastante bien en el informe de la Sra. Péry. Por ejemplo, el enfoque social de la política pesquera común ha evolucionado favorablemente en los últimos tiempos, pero no está en proporción con la magnitud del ajuste propuesto por la Comisión en el IV POP.
También en relación con el informe de la Sra. Péry, y con muchas dudas por mi parte, quiero formular las siguientes reservas: me parece que quizá se ha buscado un acercamiento a los instrumentos y mecanismos en materia de precios y mercados de la política agrícola común, pero pienso que quizá los problemas no son aplicables de una manera mecánica. Una política de precios y mercados, habida cuenta de la capacidad de autoabastecimiento comunitaria y con los actuales niveles de protección arancelaria, presenta complicaciones y posiblemente presentaría efectos indeseables en cuanto a la conservación de recursos. Y en cuanto al tema de la iniciativa PESCA, ésta ha tenido resultados escasos; el problema es que si se quiere aplicar el esquema de los LEADER, el acceso quizá sería mucho más restrictivo en cuanto a las alternativas contempladas en ellos. Eso yo lo digo también con enormes dudas por mi parte.
En cuanto al informe del Sr. Arias Cañete, compartimos plenamente el informe; simplemente quiero insistir en la debilidad -muchas veces de la Unión Europea, muchas veces culpa de las posiciones adoptadas por los distintos Estados miembros- y decirle al Sr. Kofoed que comprendemos perfectamente y compartimos lo que ha dicho sobre las cuotas.

McKenna
Señor Presidente, los cuatro informes que hoy debatimos afectan a las pesquerías en zonas muy diferentes del globo: el Antártico, el Báltico, las aguas al Este del Canadá y aquí en Europa. Ello demuestra la gran extensión e influencia de la flota comunitaria. El tema común a todas estas zonas es el efecto que tiene el exceso de capacidad de captura sobre las pesquerías europeas.
El informe Pery sobre la crisis del sector pesquero señala muy acertadamente que son varios los problemas que afectan al sector, aunque, sin duda, el más importante es el hecho de que el número de buques sea excesivo para los recursos existentes. Es probable que éste sea el tema más importante al que se enfrenta este año la UE cuando se prepara para el Programa de Orientación Pesquera Plurianual -que será el cuartoencaminado a reducir el tamaño de las flotas. Es, sin duda, el tema político más contencioso. Todo el mundo reconoce que muchos de los caladeros de la UE han sido sobreexplotados. La acción más eficaz por sí sola que puede emprender la Unión Europea para resolver este problema es la de reducir el tamaño de su flota. Si no lo hace y no lo hace muy pronto, la crisis del sector no hará más que agravarse. Los que más sufrirían las consecuencias serían los pequeños armadores, los que tienen una base económica pequeña y muy poca influencia política, pero que, en realidad, son los que proporcionan mayor número de puestos de trabajo.
Las decisiones sobre cómo reducir la flota deben tener en cuenta no sólo la situación de los caladeros en los que faena la flota, sino también otros impactos de la misma. Por ejemplo, algunos aparejos ocasionan mayor captura de especies no deseadas que otros u ocasionan daños más graves al fondo marino. El impacto medioambiental de los aparejos es un factor muy importante. De forma similar, en términos del empleo generado, debe darse prioridad a aquellos buques que ofrecen más puestos de trabajo en relación con el volumen de las capturas.
En resumen, la reducción de la flota es una necesidad urgente y debe ser aplicada con todo rigor. El Grupo de los Verdes presentó enmiendas al respecto en la comisión, pero no fueron aceptadas por lo que hemos vuelto a presentarlas al Pleno. Espero que esta vez sean aprobadas. Porque, a menos que se aplique un programa riguroso inmediatamente, el siguiente informe sobre el sector puede muy bien ser su obituario. Me alegró oír decir a la Sra. Pery que apoyará firmemente los esfuerzos de la Comisión, por lo que espero que ahora apoye también nuestras enmiendas.
El tema relativo al mar Báltico gira en torno a la aprobación de la suspensión total de la pesca del salmón. A pesar de que las reservas de salmón en el Báltico se han visto diezmadas por la destrucción de su hábitat y por el exceso de capturas -en las que se han utilizado redes de deriva de gran longitud- el reciente informe Lassen sobre la capacidad de pesca en la UE recomienda la suspensión total de esta pesca, por lo que la restricción durante una temporada es del todo insuficiente.
Las aguas al Este del Canadá han presenciado la visita de buques de pesca procedentes de España, Francia e Inglaterra durante cientos de años. Aquellas aguas constituían en otros tiempos el mayor caladero del mundo, motivo por el que probablemente los pescadores llegaban hasta tan lejos para faenar, a pesar de las condiciones tan adversas. Pero en los años ochenta, el abultado volumen de las flotas europeas llevó a la UE a reclamar cuotas unilaterales en varios caladeros de la zona; proceder inadmisible en un convenio multilateral para regular las capturas. Dichas cuotas unilaterales contribuyeron a la destrucción de algunos caladeros situados al Este del Canadá; he dicho «contribuyeron a», ya que la culpa no fue sólo de la UE. El Canadá ha demostrado que es capaz de eliminar sus caladeros sin ayuda de nadie. Pero en este caso, la flota europea también contribuyó.
En lo relativo al Antártico, la Unión Europea no tiene realmente intereses pesqueros en la zona, al menos sobre el papel. No obstante, algunos de los buques que faenan en aquellos mares son europeos que pescan bajo un pabellón distinto y bajo la modalidad de «joint ventures». Por lo tanto, el largo brazo del exceso de capacidad de la Unión Europea llega incluso hasta allí.

Macartney
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Pery por el largo camino recorrido y por presentar la situación con tanto tacto, aunque nada de lo que ella dice con tanto tacto puede disimular el alcance de la crisis -no sólo la crisis de los caladeros y de gestión, sino también la crisis de confianza de nuestros pescadores de toda Europa. Esto presenta un desafío muy real y dificultades para la Comisaria. Creo que debemos buscar formas que nos permitan salvar esta situación. Felicito a la Sra. Pery. Asimismo me uno a las observaciones que han hecho el Sr. Baldarelli, la Sra. Langenhagen, el Sr. Girão Pereira y el Sr. Teverson. Todos juntos nos enfrentamos a un problema común. Pero debemos encontrar una solución que nos permita decir a nuestros pescadores: he aquí una solución; no les está siendo impuesta por Bruselas, sino que es en interés de ustedes. Creo que es fundamental no hablar de recortes del 40 % -de los que todo el mundo podrá culpar a Bruselas-, sino decir: ¿cómo resolverían ustedes el problema? Es aquí donde la gestión descentralizada, propuesta por varios oradores, es absolutamente fundamental. Actualmente, los pescadores, al menos en Escocia, se sienten aterrados de que lleguen los extranjeros y se lleven sus peces y que se marchen de nuevo dejándolos a ellos sin nada. Digamos lo que digamos, a ellos les preocupa no ser los dueños de los recursos pesqueros que existen en sus costas.
Por consiguiente, el camino a seguir -del que estoy convencido, al igual que muchos colegas de la Comisión de Pesca- consiste en establecer un sistema de gestión descentralizado que permita a los pescadores de un mar determinado, ya sea el Báltico, el del Norte, el Adriático o cualquier otro, cuyas vidas están en juego y cuyos descendientes se beneficiarán si conservan los recursos, que sean ellos los que asuman la responsabilidad.
Al mismo tiempo, hay cosas que deben hacerse en toda Europa sobre una base equitativa. Uno de los males actuales es el hecho de que los inspectores, por ejemplo, no apliquen las reglas por igual en toda Europa. Debemos solucionar esto para garantizar que las mismas normas, el mismo sufrimiento, allí donde hay que imponer sufrimiento, se aplican por igual para todos. Creo que entonces la gente comenzará a ver justicia en el sistema y podríamos solucionar todas los demás temas candentes -como el de los traspasos de cuotas, etcétera, tema que en el que no puedo entrar ahora por falta de tiempo-, garantizar que tenemos una Política Pesquera Común que es sostenible y que recibe el apoyo de todos.

Souchet
Señor Presidente, deseo felicitar a la Sra. Péry por el análisis detallado y pertinente que ha realizado de las causas de la crisis especialmente grave que atraviesa en la actualidad el sector de la pesca en la Comunidad. La comunicación de la Comisión, que constituye la base de este informe, desgraciadamente no hace ninguna propuesta que esté a la altura de la amplitud de esta crisis. Recomienda una política más paliativa que imaginativa, más resignada que voluntarista. Esta política parece inspirada por un presupuesto fatalista, el de la ineludible desaparición, con el tiempo, de la flota de pesca comunitaria que la PCP tendría vocación de acompañar.
Ahora bien, los pescadores europeos esperan otro lenguaje. Elegido de una región marítima del Oeste de Francia, puedo manifestarles que esperan de nosotros un mensaje de esperanza diciéndoles que la profesión que han escogido no está condenada, que atraviesa una crisis, pero que pueden creer en su perennidad y que sus hijos podrán ejercerla. Es éste el mensaje que les propongo dirijan al conjunto de las comunidades que, en toda Europa, dependen de la pesca, adoptando las enmiendas que he presentado en nombre de mi grupo.
En primer lugar, el conjunto de medidas encaminadas a la reducción de nuestras flotas son la consecuencia de una apertura cuasi total del mercado comunitario a las importaciones de terceros países, cuyos métodos, lo saben ustedes, a menudo van en contra de nuestra legítima preocupación de preservar los recursos haliéuticos. La cuestión no se aborda en el texto de la Comisión, mientras que es urgente restaurar la confianza de los pescadores en los esfuerzos que se les piden para preservar los recursos, restableciendo para ello, en primer lugar, un marco europeo protector, frente a las importaciones de terceros países.
¿No habrá que sustituir, a continuación, los mecanismos de apoyo del mercado por una política más voluntarista, que establezca por ejemplo, la deducción obligatoria de un impuesto compensatorio a la importación de especies comunitarias, entre el precio comprobado en la importación y su precio actual de orientación, que podría servir para desarrollar el sector de la pesca en los PVD?
Por último, señor Presidente, me parece igualmente esencial asociar más estrechamente la profesión a la gestión de los recursos, sobre todo, dándole la responsabilidad de la gestión de los recursos de pesquerías específicas, sobre una base histórica, en el marco de conferencias regionales desconcentradas.

Le Rachinel
Señor Presidente, Señorías, la Sra. Péry analiza con precisión las causas de la crisis del sector de la pesca e intenta aportar soluciones a ella, que, desgraciadamente son insuficientes para detener el declive de la pesca francesa y comunitaria.
El diagnóstico es justo, pero los remedios son muy débiles para un gran enfermo. El informe es justo, en particular, cuando se denuncia la desregulación del mercado mundial sin red de seguridad, las graves perturbaciones que derivan de la competencia desleal o de la presión mundial a la baja de los precios. Por el contrario, las soluciones no están a la altura del desafío al que hay que enfrentarse. La Sra. Bonino, Comisaria europea de pesca, quiere suprimir el 40 % de la flota pesquera comunitaria, enviar al desguace centenares de barcos y a la jubilación a miles de pescadores. En una palabra, desarmar nuestra flota para dejar el campo libre a los depredadores que utilizan los acuerdos del GATT para su único beneficio.
Con razón o sin ella, nos dicen que los efectivos de pesca son excesivos, que la escasez de peces es dramática, que la protección de los alevines es insuficiente, que la contaminación marina es inquietante y, por último, que la utilización de algunas máquinas o prácticas de pesca es abusiva. Pero, al mismo tiempo, la Sra. Péry estima indispensable la modernización de la flota pesquera con buques que utilizan herramientas de pesca más selectivas y quiere asimismo un desarme arancelario y aduanero. La contradicción es flagrante.
Tanto en lo que respecta a la PAC como a las industrias siniestradas, no se quieren ver las verdaderas causas del desastre, ni atacarlas. Quien tendrá el coraje de decir, si no somos nosotros, que el librecambismo destructor y la mundialización de los intercambios deseados por el GATT y por la Europa de Maastricht ponen a nuestra flota pesquera a merced de terceros países que no respetan ninguna norma y venden su pescado a precios de dumping, poniendo así en peligro a nuestras organizaciones de productores.
En diez años, nuestra dependencia con respecto a las importaciones ha aumentado en un 30 % y la industria de transformación depende casi exclusivamente del pescado importado.
Insisto -porque, al igual que mi colega Souchet, soy un elegido marítimo del Oeste de Francia- en el hecho de que en la actualidad necesitamos prioridades claras para el conjunto del sector. ¿Cuáles son estas prioridades? Favorecer la pesca costera de tipo artesanal, aplicar precios mínimos a la importación, compensar las pérdidas de ingresos de los pescadores en caso de caída de los precios, reforzar los controles, en particular, sobre los barcos de terceros países que pescan en aguas comunitarias. Además, deseamos extender los préstamos bonificados y aliviar la deuda de los pescadores, reducir las cargas portuarias, modificar el arancel aduanero común que no permite garantizar el principio de la preferencia comunitaria, reconquistar la calidad por una política de etiquetado, de valorización de la pesca fresca, y por último, mejorar las relaciones entre la investigación, la profesión y la formación.
Sí, la pesca en Francia tiene todavía un porvenir, pero no es un cuarto programa de orientación plurianual el que va a devolver la confianza a los 16.500 pescadores franceses. Necesitan ser escuchados, apoyados y defendidos. Es la opción que hemos hecho en nuestro grupo que está presidido, recordémoslo, por un hijo de pescador, muerto en la mar.

Kindermann
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me voy a referir al informe del Sr. Arias Cañete. El presente informe sobre la problemática del sector de la pesca en la zona NAFO es un informe abierto y elaborado con gran dedicación. No obstante, para mi Grupo presenta algunos problemas que no proceden de la frecuente y abierta crítica a la parte canadiense. A nuestro juicio, esta crítica esta justificada en su mayor parte. El informe, sin embargo, está excesivamente orientado a la maximización de las posibilidades de captura y no considera aspectos importantes que un informe de iniciativa como éste debería haber tratado. Me voy a referir en primer lugar a las medidas de control. En lugar de censurar las medidas de control convenidas en el acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Canadá de 16 de abril de 1995 por considerarlas discriminatorias y excesivamente costosas, el informe debería haber hecho más hincapié en los aspectos de futuro.
El nuevo sistema de inspección es ciertamente costoso, pero es evidente que funciona y, sobre todo, que ha apaciguado la situación. El número de infracciones ha disminuido considerablemente y con ello se han eliminado muchos motivos de conflicto entre ambas partes.
Además, el argumento del informe de que otros sistemas serían más efectivos es discutible; se puede cuestionar también si no conducirían en la práctica a un debilitamiento del control. En mi opinión, el sistema más efectivo es el control in situ de las capturas y de las características de los aparejos. La vigilancia por satélite no puede sustituir a dicho control; ésta sólo se puede aplicar de manera complementaria para determinar la posición del buque, y bajo esta perspectiva se la contempla en el sistema de control de la NAFO. El coste relativamente alto de la aplicación de estas medidas debe considerarse como el precio que hay que pagar por la disminución de los recursos pesqueros y por las negligencias del pasado. En cualquier caso, nosotros identificamos el sistema actual de control de la NAFO con una mejora de la conservación de los recursos y con una garantía para el futuro de la actividad pesquera.
Otro aspecto importante que no ha considerado el informe es el del procedimiento de decisión en la Comisión de Pesca de la NAFO. La opinión de los expertos en la materia es unánime: la razón fundamental del deplorable estado de los stocks pesqueros en la zona de la NAFO es el carácter no vinculante de las decisiones de esta organización en materia de gestión y conservación de recursos. La posibilidad de objetar permite eludir cualquier medida y concede a las partes que no están de acuerdo con los cupos asignados el medio de autoasignarse cupos más altos. La no aplicación de este procedimiento de objeción es para mi Grupo el punto decisivo para progresar en la gestión de los recursos pesqueros en la zona NAFO. Si esto no se logra, la consecución de las demás peticiones carece de valor. ¿De qué sirve, por ejemplo, conseguir, como pide el informe, una composición más equilibrada del Comité Científico de la NAFO o un sistema de votación más favorable a la Unión en esta organización si en caso de duda la parte que haya quedado en minoría plantea una objeción contra determinadas medidas de gestión de recursos y provoca así el consiguiente siguiente conflicto?
La petición de mi Grupo no se corresponde con los principios internacionales básicos vigentes, pero no desentonaría en un informe que en más de una ocasión choca frontalmente contra ellos. Basta contemplar las propuestas para el sistema de votación en las organizaciones internacionales. Por lo demás, no está completamente fuera de lugar si tenemos en cuenta que el acuerdo de la ONU sobre la conservación y la gestión de peces transzonales y de las poblaciones de peces altamente migratorios obliga expresamente a los Estados ribereños y a los que faenan en alta mar a cooperar en el establecimiento de medidas de gestión y conservación de los recursos pesqueros.
Mi Grupo ha presentado una serie de enmiendas que recogen nuestras peticiones. Tienen que ser aceptadas para que nosotros apoyemos el informe. Por ello, pido al señor Cañete que las considere con serenidad.

Fraga Estévez
Señor Presidente, señora Comisaria, aunque a algunos miembros de esta Asamblea el informe del Sr. Arias pueda haberles parecido excesivamente crítico con el Canadá, personalmente -tras haber seguido muy de cerca las relaciones de este país con la Unión Europea y los temas pesqueros- quiero, por el contrario, agradecer los niveles de ecuanimidad que ha conseguido el Sr. ponente en su informe sin dejarse llevar por los momentos de tensión que la actitud canadiense hizo pasar a la Comunidad. Ahora se trata de mirar al futuro.
Creo que es una muestra más de la buena disposición y de la capacidad de diálogo de la Unión Europea, pero también tengo que denunciar otra vez que no es una actitud que se vea correspondida por el Canadá, a juzgar por las últimas noticias. Es cierto que los canadienses han mostrado su disposición a abrir sus puertos a la flota comunitaria, pero sólo en determinados casos, dando a entender que es una generosa cesión por su parte y haciéndolo con carácter unilateral, por lo que tememos que tal decisión pueda ser revocada en cualquier momento.
Si realmente el Canadá quisiera permitir el acceso a sus puertos, habría firmado ya el acuerdo bilateral, uno de cuyos puntos principales es precisamente el acceso normalizado a los puertos canadienses por parte de la flota comunitaria. Pero el Canadá sigue oponiendo grandes reservas a la ratificación de dicho acuerdo.
Por otra parte, según tengo entendido, en la última ronda de negociaciones entre el Canadá y la Unión Europea, el Canadá ha seguido insistiendo en que tiene pleno derecho a gestionar de manera absoluta y exclusiva algunos stocks, por ejemplo, el de bacalao en aguas internacionales, lo que supone una nueva muestra de su intención de intervenir más allá de las 200 millas, contraviniendo el Derecho internacional del mar.
Quiero pedir, por tanto, una vez más a la Comisión, que defienda nuestros derechos pesqueros porque la Unión Europea es tan soberana como el Canadá, y que defienda los intereses comunitarios de acuerdo con el peso internacional de la Unión Europea que es mucho mayor de lo que, señora Comisaria, los resultados han demostrado en los últimos tiempos.
En cuanto al informe de la Sra. Péry sobre la crisis del sector pesquero, hay que agradecer a la Sra. Péry sus esfuerzos por aunar posturas, pero de todas maneras me gustaría hacer un ruego a la Comisión en cuanto al tema, concretamente, de mercados, y es que, en su nueva propuesta de reglamento, presente una auténtica reforma adaptada a los retos de la política pesquera común. Esta vez ya debería ser una reforma profunda con criterios no discriminatorios, sin burocracias excesivas que lastren a un sector que debe contar con mecanismos muy rápidos de respuesta y que garantice su permanencia en el mercado de los productos pesqueros.
Y haciendo alusión a lo que ha dicho la Sra. Péry sobre las medidas sociales de las que tanto carecemos en el sector pesquero, yo creo que una buena muestra de que aquí algo no funciona es que en el próximo presupuesto sólo están previstos 50.000 ecus para estas medidas sociales frente, por ejemplo, a los 3.000.000 de ecus para observadores en el tema NAFO. Creo que algo no funciona en este sector.

Gallagher
Señor Presidente, para comenzar deseo felicitar a todos aquellos que han presentado hoy aquí algún informe. Debido a las restricciones de tiempo, me centraré en el informe Pery. La actual crisis que asola a la industria pesquera de la Comunidad está minando la moral del sector más importante en la creación de empleo de las regiones costeras periféricas de esta Comunidad, entre las que se incluye mi país, Irlanda.
Sin duda se consideraría un gran escándalo para la Comunidad si, tras obtener el control sobre importantes zonas de los caladeros más productivos del mundo, demostráramos que somos incapaces de gestionar las pesquerías de una manera coherente y, lo que es más importante, de una manera práctica que beneficie a los consumidores y los productores de la Unión. Existen aspectos que nos afectan en los que habría que tomar decisiones en breve. ¿Qué ha sucedido con las importaciones de salmón de Noruega? Hemos introducido unos precios mínimos para las importaciones, pero no ha servido de nada. ¿Y qué hay de restringir el volumen? ¿Qué hay del bajo coste de las importaciones del bacalao? La Comisión no ha hecho nada en ese sentido.
Creo que el Parlamento puede desempeñar un papel importante para ayudar a restablecer la confianza a un sector que tiene la moral por los suelos. Tenemos que apuntar a un futuro más positivo. Han sido los impuestos y las cuotas y no las TRB ni la capacidad de carga lo que ha regulado los desembarcos de varias especies a lo largo de los años. Ni que decir tiene que estamos estudiando medidas técnicas para la conservación. Aún no nos han presentado medidas específicas. Al mismo tiempo, el informe Lassen está siendo presentado al Parlamento de forma indirecta y en él se sugiere que deberíamos reducir la flota en un 40 %. Quisiera decir a la Sra. Comisaria que ésa no es la solución. Impuestos y cuotas son la solución. Somos incapaces de hacer nuestros buques más seguros. Si incrementamos las TRB, no obtenemos permiso, a pesar de que no estamos aumentando la capacidad de arrastre ni de los desembarcos de pesca. A mi entender, tiene poco sentido.
Existe una crisis y la Comisión la está agravando debido a las tasas veterinarias que introducirá más adelante, tras un breve período de suspensión. ¿Qué está haciendo la Comisaria Sra. Bonino al respecto? ¿Y qué estamos haciendo respecto a la jubilación anticipada? Será demasiado horrible contemplar lo que sucederá con una reducción drástica.
Por último, tengo la sensación de que muchos de mis colegas y yo hablamos en nombre de la industria de Irlanda, aunque no así la Srta. McKenna. No estamos dispuestos a compartir el sufrimiento. Ya hemos compartido demasiado sufrimiento durante años. En Irlanda hemos pagado un precio demasiado alto. Queremos garantías de que los pescadores irlandeses recibirán un trato justo en los próximos años.

Cunha
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, con el aumento de la demanda, no es de extrañar que la gestión de los recursos haliéuticos sea un asunto cada vez más prioritario en la Política Pesquera Común.
Pero es preciso que tomemos conciencia de que el problema de la gestión equilibrada de los recursos no se debe plantear sólo en la Unión Europea, sino también a escala mundial. Por lo demás, es importante decir, a este respecto, que parte de nuestros problemas actuales se deben a cierta ingenuidad de la Comisión en las negociaciones con terceros países.
En verdad, de algunos años a esta parte hemos ido aceptando la reducción de nuestras cuotas de pesca, pero esos países han ido aumentando las suyas. Ahora bien, eso no es aceptable, porque las reglas deben ser iguales para todos. Tras haber cedido en las negociaciones internacionales, la Comisión se inclina ahora por una gestión draconiana de nuestras aguas, al proponer reducciones del esfuerzo de pesca que llegan hasta el 40 %, como en el caso de la sardina en la costa portuguesa.
Señora Comisaria, ¿ha evaluado ya la Comisión las repercusiones económicas y sociales de una reducción a casi la mitad en la pesca, sector que representa más de 15.000 puestos de trabajo en Portugal? Si la cuestión de los recursos era tan grave, ¿por qué no ha actuado hasta ahora la Comisión? ¿Quién facilitó esos datos a la Comisión? ¿Qué opciones substitutorias ofrece la Comisión a los pescadores, industriales y trabajadores y demás familias que viven de esa pesca en Portugal?
El informe de nuestra colega Nicole Péry, a la que felicito por su calidad, que aborda de forma equilibrada -me parece a mí- las principales cuestiones de la Política Pesquera Común. Por eso, contará con mi apoyo, entre otras cosas porque incluye algunas enmiendas por mí propuestas y que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó, como son las relativas a las negociaciones internacionales, el fomento de los acuerdos interprofesionales y la posibilidad de que, en ciertas condiciones, se pague a la industria la prima de almacenamiento.

Novo
Señor Presidente, queridos colegas, señora Comisaria, hace mucho que defendemos la necesidad de preservar los recursos de pesca, adoptando todas las medidas tecnológicas, sociales, de observación y fiscalización, esenciales para una adecuación real del esfuerzo de pesca.
Pero esta estrategia, posiblemente indispensable y necesaria, ha sido poco transparente y participativa y no ha sido aplicada por todos. Porque, desde luego, muchas veces se adoptan las decisiones a partir de estudios científicos, a veces insuficientes o distorsionados, y no atendiendo a las realidades locales. También porque semejantes decisiones olvidan la intervención adecuada e indispensable de las organizaciones de pescadores, al tiempo que no tienen en cuenta política comercial alguna de preferencia del sector pesquero comunitario. Todos esos y otros hechos propician climas justificados y generalizados de desconfianza y descrédito entre los pescadores y armadores de nuestros Estados miembros. Por otro lado -lo confirman las estadísticas y lo reafirman las recientes declaraciones de la Comisaria-, hay pocos países (como Portugal) que en los últimos años hayan cumplido e incluso sobrepasado, obediente y escrupulosamente, planes de reducción y otros países (por desgracia, la mayoría) no lo han hecho en la misma medida.
En este marco de crisis del sector de la pesca nada de esto puede olvidarse: ni por la Comisión, ni por los Estados miembros, ni por el Gobierno de mi país. Así, aparte del esfuerzo de preservación de los recursos, es indispensable más transparencia y una participación paritaria en los procesos de decisión -caso de la NABO-, hemos de reafirmar nuestra total incomprensión de propuestas de reducción de los TAC sin base científica -caso del bacalao, incluso en zonas de la NABO- y enunciar desde ahora mismo nuestra oposición a posibles propuestas de reducción porcentualmente igualitarias para todos los países y especies -caso de la sardina, entre otros- sin tener en cuenta las medidas de reducción hasta ahora adoptadas por los diferentes países y tampoco hechos recientes que ya comprometieron la pesca en Portugal, de lo que constituye un ejemplo el acuerdo con Marruecos y su incidencia en las conservas y en la pesca del cerco.

Van der Waal
Señor Presidente, aspirar a una flota moderna con una gran capacidad de captura puede estar reñido con la conservación de los recursos de pesca sostenibles. El informe Pery aboga con razón por reforzar el control del cumplimiento de las cuotas, la protección de las zonas de concentración de alevines y el restablecimiento de la confianza entre biólogos marinos y pescadores.
En cuanto a esto último, es un problema que cada vez se dedique menos dinero a la investigación de los recursos marinos. Esto se hace a costa de la calidad de la información y merma la confianza de los pescadores. Por ello es indispensable disponer de suficientes fondos para la investigación. También las enormes fluctuaciones de los TAC anuales son muy perjudiciales. La flexibilidad que encierra la cuota con la introducción de un sistema de cuenta corriente es un paso en la buena dirección. La Comisión ha de seguir con energía por el camino de la planificación a largo plazo.
Siento poco entusiasmo por el alegato a favor del aumento del apoyo comunitario a los precios. A corto plazo, esto puede limitar las pérdidas de ingresos, pero a largo plazo el sector que más se beneficiará será aquel en que sean las propias organizaciones de producto quienes tomen medidas para ordenar el mercado.
Por último, las importaciones de países terceros. Estas son de gran importancia para la industria procesadora. Al reducir la cuota, la flota europea puede no satisfacer la demanda de la industria. Pero para evitar la competencia desleal con los pescadores europeos es preciso controlar más que los productos de fuera de la Unión cumplan las directivas comunitarias de calidad e higiene. Para ello, el sector pesquero europeo ha tenido que hacer fuertes inversiones.

Crampton
Señor Presidente, deseo hablar principalmente sobre el informe de la Sra. Pery, por el que le doy mis felicitaciones y apoyo. Me temo que diré algunas cosas que ya se han dicho.
Tenemos aquí las opiniones de la Comisión de Pesca sobre la continua crisis en el sector pesquero. La crisis fundamental nos ha acompañado durante muchos años y seguirá con nosotros durante muchos más a menos que adoptemos medidas radicales para atajarla. De hecho, es probable que para los pescadores deje de tener sentido hacerse a la mar en muchas zonas de las aguas de la Unión Europea. Eso traerá consigo enormes consecuencias, naturalmente, no sólo para los pescadores, sino también para todos aquellos que participan en tierra y para el consumidor.
Debemos ocuparnos seriamente de este problema, un problema que se ha visto agravado por la falta de voluntad política y por el exceso de nacionalismo, y me atrevo a sugerir que deberíamos estudiar las políticas de los noruegos y los islandeses y cómo ellos resuelven sus problemas. La causa fundamental es simple: hay demasiados buques para demasiado poca pesca. Este problema puede solucionarse de dos maneras. La primera -demasiados buques- requiere, evidentemente, un plan serio de reestructuración. Algunos países han puesto en marcha planes de reestructuración; mi país no ha sido serio en este sentido y por ello se ve obligado a introducir recortes del 40 %. Ésa no es una solución aceptable para los pescadores ni para las personas que dependen de ellos.
La otra cara del problema es la escasez de pesca. Es mucho lo que podemos hacer al respecto y mucho también lo que la Comisión y los gobiernos de los distintos Estados miembros pueden hacer. En muchos casos, la investigación ya está en marcha. La Sra. Pery menciona muchas de las cosas que pueden hacerse: mejorar los aparejos utilizados para permitir escapar a muchos de los peces más pequeños; introducir mejoras como la utilización de nuevas mallas cuadradas. Existe toda una serie de mejoras técnicas que han sido probadas y que funcionan. Evidentemente es necesario cerrar grandes zonas a la actividad pesquera durante parte del año o, en algunos casos, de forma permanente o casi permanente, para permitir que los caladeros se recuperen y que crezcan los alevines. O sea, necesitamos zonas de conservación, por así decirlo. Debemos, de algún modo, introducir políticas que pongan fin a la práctica de desechos. No sé cuál será la situación en otras zonas, pero en el mar del Norte, aproximadamente el 50 % o más de las capturas se desecha por tratarse de peces demasiado pequeños que no son comercializable o por cualquier otro motivo. Tenemos, por consiguiente, toda una serie de medidas a ambos lados de la ecuación.
Por último, debo hacer hincapié en la necesidad de un sistema muy riguroso de evaluación e inspección, y muchos de los pescadores con los que he hablado y yo mismo consideramos preferible que dicho sistema sea gestionado por la Unión Europea.

McCartin
Señor Presidente, deseo dar las gracias a la Sra. Pery por su informe, y afirmar que estoy de acuerdo con ella cuando dice que la Política Pesquera Común es apenas una política a medio hacer. A diferencia de la Política Agrícola Común, no goza de la confianza ni del respeto por parte de los productores ni de los consumidores.
En cuestiones de pesca, la política siempre parece ir encaminada a reducir las capturas. La Unión Europea es autosuficiente sólo en un 50 % y los recursos están disminuyendo, y, sin embargo, los precios continúan cayendo. Nos preocupa más el suministro a bajo precio a las industrias de transformación, que los ingresos de los pescadores, cuyos intereses se supone que debemos proteger. Esta política no le está haciendo ningún bien a la imagen de la Unión Europea tanto entre sus propios productores como en el exterior. La Política Pesquera Común parece girar siempre en torno al control, pero los beneficios no parecen llegar nunca. Los Estados miembros son reacios a conceder a la Unión Europea plena responsabilidad para aplicar una política integral, pero siempre están dispuestos a culpar a la Unión Europea de los factores negativos.
Hay algo en las propuestas de la Comisión que me atrevería a cuestionar: ¿por qué se pone todo el énfasis en el tonelaje, si tenemos una política de cuotas que funciona? ¿Por qué, si se respetan las cuotas, necesitamos poner tanto énfasis en el tonelaje? Podrían supervisarse las cuotas: con ayuda de un sistema informatizado adecuado o por un sistema vía satélite, y controlando adecuadamente la importación, podríamos regular el volumen de las capturas y el volumen que se comercializa, si realmente nos lo propusiéramos. Si nos tomamos en serio la supervisión de los desembarcos y si los Estados miembros se muestran dispuestos a cooperar, la reducción del tonelaje podría hacerse sobre una base voluntaria que fuera acompañada de compensación. Si tuviéramos una política que permitiera el mantenimiento de unos precios adecuados, las regiones pesqueras aceptarían de mucho mejor grado la reducción de cuotas. Algunas de las restricciones comerciales son aceptables en vista de los problemas en el entorno social que resultan tan evidentes. Si existen recursos preciados y escasos, ¿por qué los explotamos y los vendemos a unos precios que están por debajo de su valor real?
Estoy de acuerdo con Allan Macartney cuando dice que la política necesita una revisión fundamental y que las zonas desfavorecidas deben obtener un mayor control tanto sobre la explotación, como sobre la comercialización de los recursos que existen en las inmediaciones.

Sjöstedt
Señor Presidente, voy a decir unas palabras sobre el informe del Sr. Kofoed sobre la pesca en el mar Báltico. El informe constituye una reacción ante el reglamento del Consejo sobre la pesca de salmón que reduce ulteriormente la actividad pesquera de verano para proteger sobre todo al salmón salvaje. Las medidas son correctas, aunque no suficientes, habida cuenta de la situación crítica en que se encuentra el salmón salvaje en el mar Báltico.
En conexión con este informe, el ponente ha presentado además dos enmiendas sobre la pesca del bacalao en dicho mar. Estas enmiendas contienen la propuesta de sustituir el actual sistema de cuotas por una normativa sobre la potencia de los motores de los buques pesqueros. No creo que la idea sea especialmente buena ni bien ponderada. El problema del sistema actual es que ciertos países respetan las cuotas mientras otros no lo hacen del mismo modo; por tanto es necesario un mayor control. Otro problema es el nivel de precios del bacalao pescado en el Báltico.
Creo que la sustitución por la normativa de la potencia de los motores nos llevaría a una situación en la que sería más difícil controlar la cantidad de pescado que se captura en dicho mar. Resultaría aún más problemático adaptar la pesca a la existencias reales de pescado. Por consiguiente, no votaré a favor de la propuesta de regular la potencia de los motores.

McMahon
Señor Presidente, doy la bienvenida a la Sra. Comisaria. Será un agradable cambio poder oír sus opiniones en vez de tener que leerlas en el Financial Times y otras publicaciones.
La pesca en las Comunidades se ha convertido actualmente en un asunto muy volátil y muy político. Tenemos demasiados pescadores y demasiado pocos peces. Todo el mundo lo reconoce. Creo que es sintomático de la libre competencia, que se ve aumentada por la creciente eficacia de nuestros buques pesqueros y, en particular, de los aparejos. Cuando iba al colegio, nos decían que el Reino Unido era un montón de carbón rodeado de un fecundo mar lleno de peces. Queda muy poco carbón en el Reino Unido y si continuamos utilizando los aparejos que utilizamos ahora, también nos quedaremos con muy pocos peces. La Unión tiene que poner fin a todo esto.
Actualmente atravesamos por una crisis en la industria pesquera de Europa y, en particular, del Reino Unido, país que cuenta con la tercera flota pesquera de la Unión Europea. El Gobierno ha vuelto una vez más a predicar las bondades de la desregularización. En las últimas semanas hemos podido presenciar los efectos que ha tenido la desregularización sobre el sector agrícola. No queremos transferir las malas prácticas de la EEB al sector pesquero desregularizando todo y pensando que es el camino del progreso. En un intento de reducir el número de buques mediante la doctrina de la economía del laisser faire del Reino Unido, el Gobierno ha dejado que la industria pesquera de Gran Bretaña sufra a manos de las fuerzas del mercado. Esta práctica no fomenta los intentos por conservar los caladeros ni la seguridad de los puestos de trabajo de los pescadores locales, ni tampoco garantiza los medios de vida y la prosperidad de las comunidades locales. Por ello no es sorprendente que las comunidades locales que dependen por completo de la pesca para su supervivencia vean al Gobierno del Reino Unido y a otros con recelo. El mismo Gobierno que comenzó a reducir la flota ya en 1984 y ofreció ayudas a cambio de entregar la licencia, clama ahora furioso sobre el traspaso de licencias de pesca. De hecho, el mismo Gobierno que se queja de los traspasos de las licencias es el que, actualmente y para ganar popularidad dentro de su propio partido, lanza mensajes de xenofobia y ha iniciado el bloqueo de las instituciones europeas.
Necesitamos que se tomen medidas para controlar el traspaso de licencias de pesca, pero debemos alejarnos de los sentimientos nacionalistas que acompañan a esta medida. Existe una solución al problema de los traspasos de licencias: debe existir algún tipo de reconocimiento y de adjudicación de licencias por parte de los Estados miembros con el fin de garantizar un cierto control sobre los que se dedican a estas prácticas.
El problema fundamental sigue siendo que los caladeros están siendo diezmados a un nivel peligroso; todos los días hay pescadores europeos que abandonan su actividad; es necesario promover y aplicar una conservación sostenible. Esto puede remediarse reduciendo la capacidad de la flota total de la UE. Los tres programas de orientación pesquera plurianuales han fracasado todos en su intento de conseguir que los Estados miembros reduzcan sus flotas pesqueras. Sólo en el Reino Unido no será posible cumplir los requisitos de reducción de la flota para 1996. Tenemos que ocuparnos de ese problema. Tenemos que presentar métodos idóneos de conservación y métodos idóneos de supervisión.

Varela Suanzes-Carpegna
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, permítanme, en primer lugar, expresar mi satisfacción por la importancia de este debate conjunto que está teniendo lugar aquí sobre cuatro informes de la Comisión de Pesca. De estos cuatro informes, dos se refieren a la conservación de los recursos pesqueros -pues estamos preocupados en la Unión Europea por esta cuestión- y ello en dos zonas: la zona báltica y el Antártico, zona esta última, por cierto, en la que no existe presencia de la flota comunitaria y en la que sería preciso, a mi juicio -dentro del rigor que requiere el equilibrio ecológico-, el mantenimiento de campañas específicas y experimentales.
En cuanto al informe Péry, recoge la diversa y compleja problemática que afecta al sector de la pesca en la actualidad, del que me permito enfatizar los aspectos referidos a la necesidad de medidas socioeconómicas de acompañamiento y estructurales, al encontrarse la pesca, como es sabido, en regiones que las hace muy dependientes de este sector. Felicitándome también por la destacada inclusión en el mismo del apoyo al reforzamiento de los acuerdos pesqueros con terceros Estados, tanto tradicionales como de nuevo cuño.
Finalmente, el importante y oportuno informe del Sr. Arias sobre NABO pone de manifiesto que todavía quedan importantes pasos por dar en esta zona para equilibrar las pesquerías y participar en ellas en pie de igualdad. Resaltamos la urgencia en encontrar un sistema de votación acorde con el peso específico de la Unión Europea; la necesidad de ajustar la composición del Comité científico y de aumentar las inversiones comunitarias de investigación en esta zona; una mayor defensa de nuestras posibilidades de pesca en el caladero; el abaratamiento de los sistemas de control; la demanda de gestos concretos a las autoridades canadienses -como la derogación de la legislación discriminatoria para la Unión Europea y la ratificación del Acuerdo bilateral de 1992- y la suspensión total y definitiva de la prohibición de acceso a puertos canadienses para los buques comunitarios. Son medidas imprescindibles, señor Comisario, para la mejora de las relaciones de la Unión Europea con el Canadá, en general, y de las relaciones pesqueras en particular.

Provan
Señor Presidente, no albergo ninguna duda como, estoy seguro, tampoco albergan ninguna duda los colegas ni la Sra. Comisaria, de que en el sector pesquero existe una crisis de confianza en estos momentos. En mi país, se elevan voces en el sector pesquero que piden la abolición de la Política Pesquera Común. Son las mismas voces que, por propia conveniencia, han olvidado cuál era la situación antes de que entrara en vigor la PPC en 1983 así como el gran número de acuerdos internacionales que existía en aquella época. Afortunadamente ahora tenemos una política, pero todos reconocemos que necesita ser adaptada, ya que no funciona debidamente.
La reducción propuesta actualmente del 40 % puede que no haya sido bien comprendida. La gente tampoco comprende que en el mar haya cada vez menos peces. Pero quisiera sugerir que debemos trabajar con el sector pesquero y asegurarnos de que éste comprende perfectamente los problemas existentes. Acojo con satisfacción el que la Sra. Comisaria haya visitado muchos de los puertos comunitarios y haya discutido sobre los problemas con los propios pescadores. Con ello ha mejorado su perfil y el de la Comisión entre las pesquerías, y eso es algo que debe ser bien acogido.
Espero que podamos examinar y abordar debidamente el tema de los traspasos de licencia de pesca. No creo que el sistema de cuotas y el mercado único sean compatibles. Es algo que tenemos que analizar. Si vamos a confiar en la industria, no podemos permitir que las cuotas asignadas a un país sean pescadas por otro. Es el tema principal que debemos abordar.
Son muchos los problemas que tenemos que resolver y espero que podamos colaborar con la Sra. Comisaria para lanzar los mensajes adecuados.

Iivari
Señor Presidente, señora Comisaria, el señor Kofoed aborda de manera meritoria en su informe la situación del salmón en el mar Báltico, la cual es ya alarmante por lo que respecta a las poblaciones de salmón salvaje. Existe el peligro de asistir a la extinción de poblaciones enteras de salmón; el porcentaje de salmones salvajes oscila ya únicamente entre el 5 y el 10 % del total de salmones del mar Báltico.
Por salmón salvaje se entiende aquel salmón, procedente de un determinado río, cuya población regresa a desovar a ese mismo río y consigue reproducirse en su entorno. En Finlandia, por ejemplo, ya sólo quedan dos ríos, el Tornionjoki y el Simonjoki, con este tipo de poblaciones salvajes.
Se precisan medidas especiales para lograr salvar las poblaciones de salmón salvaje. De estas medidas, la más importante sería la limitación de las capturas, tanto en el mar como en las zonas de desove. Además, se necesitan también repoblaciones para conservar la herencia genética de los salmones salvajes. Es muy positivo que, gracias al informe del señor Kofoed, salga ahora a la luz una circunstancia tan poco conocida en la Unión Europea como es la necesidad de efectuar repoblaciones.
Cabe igualmente subrayar el gran derroche que supone la pesca en el mar de salmones salvajes antes de que hayan alcanzado la edad adulta, a menudo de apenas varios kilos de peso. Cuando así ocurre, el precio del salmón cae en relación con los ingresos que un pescador de río deja en las comarcas donde están situados los puntos de pesca fluvial.
El buen estado de conservación de las poblaciones pesqueras reviste una gran importancia para la actividad turística de la Laponia finlandesa. La consolidación del Tornionjoki como río salmonero es muestra no solamente de buena política regional, sino también de acertada política medioambiental. Por este motivo, son necesarias las limitaciones de capturas, para proteger el salmón salvaje, y las repoblaciones, para garantizar las poblaciones de esta especie. Tengo la impresión de que vamos por el buen camino.

Izquierdo Rojo
Señor Presidente, el tiempo nos ha dado la razón. Y no sólo el tiempo sino también las intervenciones que estamos escuchando hoy en este debate, si se comparan con las de tiempo atrás. También los análisis científicos y jurídicos han dejado meridianamente claro que, en la «guerra del fletán», la razón estaba plenamente de la parte de la Unión Europea y de España. Como ha dicho en su momento y muy certeramente la Comisaria, se trataba de un secuestro y el Canadá estaba cometiendo una violación del Derecho internacional. Hoy induce a carcajada analizar las pretensiones de pseudodefensa del medio ambiente de un ministro tan depredador como ése.
Pero vayamos a los hechos, porque los hechos que motivaron aquello siguen vigentes: el Canadá desea echar a la flota comunitaria de caladeros internacionales, que no son suyos. Veamos los hechos: el Canadá no ha ratificado este acuerdo, mantiene leyes que no son admisibles por la Unión Europea y cuestiona el acceso a los puertos canadienses por parte de la flota comunitaria. Los hechos mantienen una tensión. El comportamiento del Canadá no es, ni mucho menos, de buena fe y, por tanto, se mantiene una actitud hostil.
Es preciso demostrar -aunque sea por una vez- que la Unión Europea actúa de una manera coordinada en la Comisión. Es preciso demostrar que hay una unidad institucional y una coherencia. Por tanto, si la Comisión, órgano colegiado, en su programa de trabajo habla de relaciones con el Canadá en materia de países industrializados y va a establecer con el Canadá un acuerdo en materia de competencia y de I+D, que interesa al Canadá, lo que debemos hacer, lógicamente, es negarnos a desvincular estos acuerdos del contencioso pesquero.
Señora Comisaria, diríjase usted a los otros Comisarios competentes en I+D, en política de la competencia y en relaciones con países industrializados y supedítese todo acuerdo a que el Canadá realmente mantenga también una política de buenas relaciones en materia de pesca. No cabe que aislemos la pesca. Aquí debemos tener coherencia y unidad.
Estamos hablando del conflicto del fletán, iniciado por una mala decisión en el reparto de la cuota del TAC correspondiente. Y de nada sirvió la tradición española, pues venía pescando en esos caladeros desde el siglo XVI. Por eso y en sentido semejante, yo tengo que decir que ha sido una notoria precipitación que la ministra española haya aceptado una cuota, respecto de la gallineta, tan pequeña que reduce hasta un 20 % las capturas que se habían hecho por España el año pasado. Por tanto, asombra esta facilidad y creo que esto es aceptar decisiones «infumables».
Señor Presidente, concluyo diciendo que la otra decisión en la que nuestra ministra puso la otra mejilla se refiere a las decisiones de un Gobierno británico de «homínidos locos sobre mamíferos ídem».

Chichester
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Pery por su informe. Ella tiene razón. Existe una crisis en la industria pesquera de Europa. Los pescadores de Devon, a los que represento, están muy descontentos con la situación. No les gusta el tema del traspaso de licencias de pesca recurriendo para ello a pabellones distintos. Acojo con satisfacción las iniciativas de la Sra. Comisaria de que se presenten ideas para intentar solucionar el problema.
Son muchos los que se han dado cuenta del fracaso del sistema de cuotas para conservar, gestionar y regenerar los recursos pesqueros, debido en buena parte a la alta proporción de desechos que deben ser devueltos al mar y no son de ninguna utilidad para la conservación, para los ingresos de los pescadores ni para los consumidores en casa. La respuesta debe consistir en presentar mejores medidas de conservación, tal vez una política de «días para faenar» que podrían cumplir todos los pescadores de la Comunidad, y abandonar ya las propuestas de reestructuración, en particular, cuando nuestros pescadores no creen que exista juego limpio en la aplicación de los planes de reestructuración.
Debido al volumen de desechos, nuestros pescadores creen que en el mar hay más peces de lo que afirman los científicos. En este ámbito se desconfía de los asesores científicos. Existe una preocupación generalizada por la pesca industrial para harina de pescado que arrastra a los peces inmaduros del mar poniendo en peligro las posibilidades de que se regeneren los recursos. Me pregunto qué tiene que decir la Sra. Comisaria sobre ese aspecto específico de la industria.
En cuanto al recorte del 40 % de la capacidad de la flota, confío en que se trate de una oferta inicial para captar nuestra atención. Lo que más nos importa es una aplicación justa y equitativa de cualquier medida que se apruebe.

Apolinário
Señor Presidente, señora Comisaria, comienzo congratulándome del informe de la Sra. Péry. Y, a propósito del informe de iniciativa de la Comisión de Pesca, presentado por el Sr. Arias Cañete, quisiera exponer dos o tres ideas.
En primer lugar, considero que éste será un informe de referencia que marcará -estoy seguro de ello- de orientación que debe seguir la Unión en el marco de la NABO. Queremos una relación bilateral de respeto y cordialidad con el Canadá dentro de la observancia de las normas del Derecho internacional, pero, por esa razón, condenamos oportunamente la conducta de las autoridades canadienses motivada por razones de interés político interno y sin base científica. Igual que el ponente, propugnamos que el número de votos en la NABO tenga en cuenta el número de países representados por la Unión, que la opinión del Comité Científico tenga prelación en la determinación de las capturas admisibles, que las autoridades canadienses ratifiquen el acuerdo bilateral y permitan el acceso de los buques comunitarios a los puertos canadienses.
Pero, en este debate, y a propósito de una discusión que también se entabló aquí sobre el programa POP IV y sobre el debate que hay en mi país, permítanme que aborde dos cuestiones. En primer lugar, la pesca industrial y de altura afronta hoy una mayor conciencia ecológica de preservación medioambiental y gestión responsable de los recursos pesqueros, coincidente con la adhesión de Portugal y España a la Unión Europea, pero que no se puede ni se debe escamotear, cuando se habla de pesca, barcos y capturas, y que no justifica una actitud antieuropea y opuesta a la construcción europea.
Y, en segundo lugar, en la Unión Europea y en Portugal, el peso social y político de la pesca es muy superior - por tradición, por historia y por cultura- a su peso económico. Nadie puede olvidarlo, en particular cuando examinamos el Programa de Orientaciones Plurianuales de 1997-2002, cuando debatimos la crisis en el sector o cuando hacemos previsiones sobre el futuro del sector a partir de 2002. A la Comisión compete ahora la tarea de superar desconfianzas y ganarse a las personas, porque, si bien no hay pesca sin peces, tampoco habrá pesca sin barcos ni pescadores.

Malone
Señor Presidente, como representante de Irlanda, deseo manifestar que me opongo rotundamente a las propuestas de la Comisión que, como sabemos, están encaminadas a reducir el volumen de la flota pesquera europea en un 40 % durante los próximos seis años.
Las comunidades pesqueras, por su propia naturaleza, se encuentran ubicadas en las zonas más periféricas de Europa, donde el único recurso autóctono que podemos explotar plenamente es la pesca en nuestras aguas. La política actual, sin embargo, limita el nivel de explotación permitido de dichos recursos. Todos reconocemos la necesidad de limitar la actividad pesquera en función de la disminución de los recursos, pero las propuestas de la Comisión son injustas y contradictorias. No tienen en cuenta el tamaño ni la edad de los buques que faenan en las aguas de la Unión Europea, y es simplemente ridículo sugerir que deban imponerse restricciones idénticas a un barco de diez metros que a otro de setenta.
Aquí hago un llamamiento a la Sra. Comisaria para que dirija sus esfuerzos en aquellas flotas que ejercen una presión insoportable sobre recursos claves. Debe dedicarse especial atención a las necesidades de las comunidades costeras pequeñas y aisladas que dependen exclusivamente de la pesca. Estoy de acuerdo con la Sra. Pery cuando dice que las comunidades pesqueras de toda Europa tienen muy poca confianza en la política actual. Para restablecer dicha confianza deben adoptarse medidas enérgicas contra la pesca ilegal. Me complace comunicar que la Presidencia irlandesa se propone dar prioridad a este asunto en su próximo mandato.
El mero hecho de fijar precios mínimos para las importaciones o establecer planes de compensación económica no basta: hacen falta más medidas. Por ello acojo con satisfacción los llamamientos de la ponente para que se mejore la gestión de los recursos, se estabilicen los ingresos, se introduzcan medidas para compensar las pérdidas de ingresos, así como para la creación de programas «LEADER DEL MAR».

d'Aboville
Señor Presidente, el informe de la Sra. Péry analiza los diversos factores de la crisis que sacude desde hace mucho tiempo al sector de la pesca. En su informe, la Sra. Péry subraya la necesidad de una prioridad -una prioridad política-la de devolver la confianza al sector ya que es preciso rendirse ante la evidencia, los pescadores ya no tienen confianza.
¿Qué mensaje les envía la Comisión? Siempre el mismo. Se pesca en exceso: desguacen los barcos. Por supuesto, se pesca en exceso en algunas especies. Por supuesto, se producen capturas de peces demasiado jóvenes. Por supuesto, es deber de la Comisión lanzar la señal de alarma.
Pero, señora Comisaria, los pescadores no están locos. Saben muy bien que la supervivencia de su oficio pasa por una gestión responsable de los recursos. Sólo que se ven obligados a trabajar más, a producir más, porque el hundimiento de los precios no les deja otra alternativa si quieren sobrevivir. Y son ritmos de trabajo locos, tripulaciones que salen a la mar hasta 320 o 340 días al año, con barcos que envejecen y que no tienen ni tiempo ni medios para mantenerlos, con una sola obsesión: pescar más para evitar la quiebra.
Contrariamente a las ideas simplistas, cuanto más baja el precio del pescado, los buques aumentan más su tonelaje de capturas para equilibrar sus cuentas de explotación. No es sólo que hay que desguazar buques, es sobre todo esta espiral infernal. La crisis que perturba al sector de la pesca es, evidentemente, una crisis de mercado. El papel de la organización común de los mercados es, en particular, regir las condiciones de competencia entre los productores comunitarios y prevenir la competencia desleal de terceros países. Ahora bien, los precios se torpedean tanto desde el exterior como del interior de la Comunidad. Torpedeados desde el exterior, de una forma general, con controles sanitarios simbólicos; torpedeados desde el interior, porque es una competencia desleal, falseada por las disparidades monetarias y sociales, fomentada por la Comisión que se niega a tomar las medidas indispensables de organización de los mercados.
¿Cuándo comprenderemos que los recursos actualmente disponibles son suficientes para rentabilizar las herramientas existentes, con tal que se tomen algunas medidas que hacen obligatorios los mecanismos de estabilización de los precios para no fomentar la carrera de la pesca en exceso? ¿Cuándo se decidirá imponer a las organizaciones de productores la aplicación de precios mínimos que no tienen sentido si no respetan todos las mismas normas? Ya sé que, al parecer, esto sería ir en contra de los dogmas del sacrosanto liberalismo. Pero, al fin y al cabo, señora Comisaria, es la realidad la que hay que tomar en consideración, la realidad que nos muestra que mientras que en cuatro años los precios a la producción caían en un 25 %, en ese mismo período, no han hecho más que aumentar para el consumidor. No hacemos un consumidor rey, sino, una vez más, un consumidor engañado.
Hoy, la Comisión presenta su cuarto plan de orientación de la pesca. Con el loable fin de garantizar la protección de los recursos, este plan prevé todavía reducciones drásticas de las flotas. Si paralelamente no se pone en marcha un dispositivo de regulación de los precios como lo propone la Sra. Péry por lo que respecta al papel de las organizaciones de productores, no será la confianza de los pescadores la que restableceremos, sino que nos aseguraremos su falta de adhesión y su cólera. Iremos de crisis en crisis hasta que -y es éste el fin de la Comisión- la desaparición total de los enfermos permita al doctor afirmar, de forma triunfal, que ha erradicado la enfermedad.

Bonino
Señorías, les doy las gracias a todos por este debate y, en primer lugar, a los ponentes de los cuatro informes que estamos examinando, si bien el debate se ha ampliado, naturalmente, a muchos otros aspectos que se refieren a la Política Pesquera Común, como, por lo demás, resultaba evidente que debía ser.
Si se me permite, quisiera dividir mi intervención en dos partes: una primera parte relativa a una respuesta de la Comisión concretamente a los cuatro informes de iniciativa que figuran en el orden del día, es decir, el informe Péry, los dos informes Arias Cañete y el informe Kofoed; una segunda parte relativa a algunos intentos de respuestas sobre los asuntos más generales que muchos colegas y muchos diputados han planteado aquí.
Ante todo, quisiera agradecer a la Sra. Péry su informe sobre la crisis en el sector de la pesca, sobre todo porque siempre resulta útil escuchar ideas diferentes, hipótesis de solución diferentes, acerca de un sector en el que nadie -al menos eso espero- puede aspirar a poseer la verdad absoluta, dispuesta en todo momento y para todo uso. En cualquier caso, me parece que la contribución de este debate es muy valiosa, sobre todo con vistas a la relación que habrá en el Consejo. Por ejemplo, usted, señora Péry, afronta una serie de problemas con los que yo estoy de acuerdo, pero, cuando llegamos al problema del mercado, problema que muchos de Sus Señorías han abordado, debo, evidentemente, recordar a este Parlamento que las organizaciones profesionales constituyen una excepción a una situación de mercado libre -como sabe perfectamente usted, señora Péry- y que, por tanto, al ser una exención de las reglas básicas, no puede pasar a ser obligatorio adherirse a las organizaciones profesionales; tanto menos -me parece a mí- puede pasar a ser obligatorio un precio para la retirada en el caso de quienes no formen parte de las organizaciones profesionales. Por tanto, temo que deberíamos ver la complejidad de la propuesta relativa a los mercados y, por eso, el seminario dedicado exclusivamente a la cuestión de los mercados, que el Parlamento y la Comisión están organizando, junto con la industria, para octubre -creo incluso que ya se ha fijado la fecha de ese seminario monográfico Comisión-Parlamento Europeo-Industria en el sector de la pesca, centrado en la cuestión del mercado- nos ayudará -creo yo- a obtener alguna idea: en efecto, es común la observación de que subsiste un problema al respecto, pero a veces las soluciones propuestas me parecen, francamente, inviables o bien entrañan efectos perversos. Pongo un ejemplo: si acordamos un precio demasiado elevado, o considerado elevado, para la retirada, ¿no corremos tal vez el riesgo de incentivar la adquisición por parte de los compradores de pescado de importación, que es objetivamente menos caro? Lo digo porque creo que también pueden producirse algunos efectos, acaso perversos y que no quisiéramos que se produjeran. Por eso, aun sin adoptar hoy una posición a favor de una idea respecto de otra, debo decir que el seminario monográfico con el sector tal vez nos ayude a tener en cuenta todos los vínculos que tenemos, incluida la particularidad de que me parece un poco difícil que vayamos a tener nunca la fuerza para modificar la organización común del comercio o el GATT; podemos también abrigar esa ilusión, pero, francamente, me parece poco realista, no porque yo sea una persona poco combativa, sino porque la relación de fuerzas, desde este punto de vista, es, francamente, aplastante.
En cuanto a las medidas de conservación de los recursos, la Comisión comparte muchos de los principios expresados por el ponente. Pero permítaseme decir que en el fondo, por lo que se refiere a las ayudas financieras, la que propone substancialmente el informe es casi una indemnización permanente, al fin y al cabo, a quienes deban abandonar la profesión. Debo decir que, desde este punto de vista, la Comisión afronta en verdad enormes resistencias, mientras que, en cambio, ha procurado -con cierto éxito, creo yo- introducir elementos de política social en la Política Pesquera Común, muy combatidos por algunos Estados miembros, como ha de saber perfectamente -me imagino- la Sra. Péry y, además, de tipo facultativo, que muchos Estados miembros, aun siendo partidarios de ellos, no están, ahora que tienen la posibilidad, demasiado dispuestos a utilizar.
En cualquier caso, creo que este debate y los posteriores nos ayudarán a todos a llegar al brete que, en cualquier caso, habremos de afrontar -que la Comisión, sencillamente, debe afrontar-, es decir, la reforma y la modificación o el vencimiento del plazo del año 2002 por lo que se refiere a la Política Pesquera Común. Y por eso, aparte de los otros motivos, le doy las gracias, señora ponente.
Por lo que se refiere a los otros dos informes -NABO y Antártico-, la Comisión acoge con el mayor beneplácito el informe relativo a la cuestión NABO. De todos modos, permítame el ponente dos reflexiones: como ya he dicho muchas veces en esta Asamblea, aquel conflicto que tenía como objetivo -político, me temo- la expulsión de la flota comunitaria de las aguas internacionales NABO está resuelto de momento, puesto que la flota comunitaria está faenando dentro del ámbito de la NABO. Desde ese punto de vista, ése es por lo menos un aspecto, a mi juicio, positivo. El conjunto global de medidas, que después fue multilateralizado por lo que se refiere a todas las medidas de control, etcétera, creo que ha sido un elemento igualmente positivo; también yo sé, como Sus Señorías, que la situación actual de las relaciones Unión Europea o, mejor dicho, Comisión Europea-Canadá parece mejorada, pero no es del todo satisfactoria: muy al contrario. Por tanto, creo que debemos insistir para llegar a una situación más equilibrada, poniendo de relieve precisamente que hay una mejora -cierto es-, pero, aun así, aún distamos, a mi juicio, de encontrarnos en una situación equilibrada y satisfactoria.
En cambio, un tercer elemento sobre el que no estoy demasiado de acuerdo es el del sistema de votación en el ámbito de la NABO. Me parece -y no sólo porque creo en la Unión Europea y en su importancia- que es mejor una voz única y autorizada que seis voces discordantes y la cacofonía de diferentes Estados miembros. Esto lo digo no sólo desde un punto de vista político, porque creo que tener una Política Pesquera Común significa también tener una sola voz; de lo contrario, no es una política común. En cualquier caso, temo -en particular, en un ámbito tan delicado como el de la pesca- las diferencias de posición de varios Estados miembros, porque no estoy segura de que vayamos a ir siempre en la misma dirección: más aún, me parece recordar que en algunas ocasiones, cuando ha sido posible, nos hemos encontrado en situaciones poco solidarias.
Por lo que se refiere al otro informe, sobre todo usted, señor Arias Cañete, sabe perfectamente que hoy no hay pesqueros de la Comunidad faenando en el Antártico. Desde ese punto de vista, no nos es posible, francamente, hacer un informe sobre las capturas accesorias, porque no tenemos pesqueros nuestros, en cualquier caso, de la Comunidad, que pesquen en aquella zona. Como sabe Su Señoría, la Comunidad es parte contratante en la Comisión de conservación de los recursos biológicos del Antártico desde 1982 y no dejará de serlo con las cuatro enmiendas que propone Su Señoría. Ya le he dicho que, por las motivaciones citadas, no puedo aceptar la enmienda 1 y la enmienda 3, como tampoco la que se refiere al programa de observación científica, que se inició ya a comienzos del decenio de 1990. En cambio, lo que la Comisión puede comprometerse a hacer es transmitir los datos lo más rápidamente posible; más aún, podríamos estudiar incluso la posibilidad de hacer como una agrupación homogénea de los datos, eso sí, pero utilizando, naturalmente, datos recogidos por otros.
El último informe es el del Sr. Kofoed. La Comisión mantendrá informado al Parlamento sobre las medidas adoptadas para proteger las poblaciones de salmones salvajes en el Báltico; informará al Parlamento sobre los avances logrados por los diversos grupos de trabajo que se ocupan de ese problema; pero no puede aceptar las enmiendas propuestas, porque la Comisión Internacional de Pesquerías del Mar Báltico está estudiando la posibilidad de establecer un esfuerzo de pesca limitado por lo que se refiere a la merluza blanca, además de la institución, como sabe Su Señoría, de un TAC que es, por otra parte, una de las piedras miliares de la Política Pesquera Común.
Por lo que se refiere al procedimiento de consulta del Parlamento, que el Sr. Kofoed apoyaba, la Comisión está absolutamente dispuesta a informar al Parlamento sobre las deliberaciones de las diversas sesiones de la Comisión Internacional de Pesquerías del Mar Báltico en tiempo real, es decir, en cuanto reciba los documentos oficiales. A eso se compromete la Comisión; no obstante, el Sr. Kofoed sabe que el Parlamento sólo puede pronunciarse sobre una propuesta oficial de reglamento del Consejo presentada, evidentemente, por el propio Consejo. Dicha propuesta no es presentada por la Comisión al Consejo hasta que haya transcurrido el plazo de los 90 días para las posibles objeciones, plazo establecido por la Convención del Báltico.
Así, pues, creo haber aclarado el aspecto de procedimiento y también su simplificación, además de haber asumido, en lo relativo a la información, compromisos concretos por parte de la Comisión.
Señor Presidente, Señorías, permítanme, al final de estas breves observaciones técnicas sobre los cuatro informes, unas observaciones sobre algunos asuntos de carácter más general que se han planteado en esta Asamblea, en particular por lo que se refiere a la propuesta de la Comisión sobre el POP IV. Ante todo quisiera recordar que el Presidente Arias Cañete me había pedido que acudiera a la comisión el día 29 de mayo, cosa imposible, porque precisamente aquel día examinó y aprobó la Comisión el POP IV: por tanto, subsistía un problema de ubicuidad, problema que, por desgracia, aún no estoy en condiciones de resolver. En segundo lugar, el 26 por la tarde la Comisión participará, por invitación del presidente, en la sesión de la Comisión de Pesca, en cuyo orden del día figurarán precisamente los elementos del POP IV.
Bien, en esta fase permítanme recordar tres cosas: en primer lugar, existe, evidentemente, toda una serie de malentendidos y tal vez una información inadecuada. Lamento, por ejemplo, que no esté presente la Sra. Malone, pero no sé dónde habrá leído que no se tiene en cuenta la estructura de la flota. Eso no es cierto y no está escrito en parte alguna: antes bien, es exactamente la contrario. Como saben Sus Señorías, hay una propuesta general de reducción de la mortalidad de algunas poblaciones de peces. No es una reducción generalizada del 40 por ciento de la flota europea, ¡en absoluto es eso! El plan establece una reducción de la mortalidad de algunas poblaciones de peces que se encuentran en las condiciones más desesperadas, reducción de la mortalidad que puede aplicarse ora mediante reducción de la flota ora mediante la gestión del esfuerzo de pesca o por los dos métodos a la vez.
Esa decisión más general irá acompañada de 13 planes nacionales que la Comisión deberá negociar con los trece Estados miembros. Así, pues, existe la obligación de alcanzar un objetivo, de conseguir un resultado, como se diría en términos jurídicos, pero el procedimiento para conseguirlo puede ser una combinación de reducción de la capacidad de pesca y reducción del esfuerzo de pesca o ambas cosas a la vez.
Ese objetivo del 40 por ciento de la reducción de la mortalidad se refiere a algunas de las poblaciones de peces que, según nos dicen los expertos, están en condiciones desesperadas. Esta vez hemos tenido dos comités de expertos: el tradicional, más el grupo Larsen. Informo a Sus Señorías, que ya lo saben, de que todo Estado miembro prácticamente está representado en dichos comités, de que sus deliberaciones se adoptan por unanimidad y de que, al final, después de haber consultado a dos comités de expertos, a alguien debo creer, de todos modos: ¡no me puedo inventar un tercero, un cuarto, un quinto comité de expertos! Es evidente que en el nivel mundial habrá siempre algún experto que no esté de acuerdo con los resultados de sus colegas expertos, pero tarde o temprano habrá que adoptar una decisión sobre la base de algún dato.
Tercer elemento: además, hay poblaciones de peces que tendrán reducciones de mortalidad menores, porque están en condiciones menos graves; hay poblaciones de peces que no necesitan aún reducciones, sobre las cuales la Comisión propone, en cambio, que al menos no haya el aumento debido a la mejora tecnológica: hay, pues, una reducción en seis años del 12 % -2 % al año- precisamente para evitar un aumento del esfuerzo de pesca debido a la mejora tecnológica. Estamos preparando un informe con los pescadores. Quisiera recordar que sobre este problema hemos celebrado, antes de presentar el POP IV, treinta y ocho conferencias regionales con el sector pesquero. Repito: treinta y ocho. Así, pues, esta propuesta no ha llovido del cielo. Esta propuesta y varios otros asuntos se han examinado en treinta y ocho conferencias regionales. Se me puede decir que no es suficiente: cierto es que cincuenta es más que treinta y ocho, pero en cierto punto treinta y ocho me parecen ya un gran esfuerzo. Ahora hemos iniciado reuniones entre los expertos y los pescadores a fin de que se hablen, dado que una de las objeciones es siempre la de que los pescadores no creen a los expertos. Ahora bien, ¡resulta difícil constituir diez comités de expertos!
La pequeña pesca artesanal, que es la que da más empleo, está excluida de este programa. Por tanto, la pequeña pesca artesanal no forma parte de este programa precisamente porque la Comisión no considera que sea un superlarsen, es decir, que tenga sólo problemas biológicos, sino que tiene también el deber de propiciar las mediaciones sociales, para tener en cuenta las repercusiones sociales. Así, pues, la pesca artesanal, que es la que da más empleo, no forma parte de este proyecto de reducción. Pero de todo esto volveremos a hablar, Señorías, si lo desean, evidentemente, el día 26.
Por lo que se refiere a la gallineta, puedo recordarle, Señoría, que la flota española nunca ha pescado esa especie, que correspondía a la pesca libre. Comenzó a pescar gallineta en noviembre y diciembre de 1995, antes no. Si debo hacer una propuesta de TAC y de cuota, debo tener en cuenta un período determinado y, como en el caso de la NABO, se ha elegido un período de cinco años. Convendrá conmigo, Señoría, en que, si una flota lleva dos meses pescando, no puede tener la misma cuota que la flota de otro país miembro que lleve años pescando esa especie. Así, pues, creo que un mínimo de sensatez ayudaría en verdad a todos a ser un poco más responsables.
Ultimo elemento, Señorías: no me gusta precisamente proponer reducciones de los esfuerzos de pesca, eso es evidente; preferiría gestionar un sector en expansión. Será trivial, pero así es. Ruego a Sus Señorías que crean que las medidas propuestas son las mínimas para garantizar un futuro a ese sector. A los Gobiernos competerá adoptar una decisión: por unanimidad pueden también rechazar la propuesta de la Comisión. Pero sabemos que, desde el punto de vista de la transparencia democrática, cada cual ha de asumir sus responsabilidades. Es cierto que debemos enviar al sector un mensaje de confianza, pero, ¡cuidado, Señorías, con la diferencia entre un mensaje de confianza y un mensaje de ilusión! Hay un futuro para este sector, pero con ciertas condiciones: que sepa modernizarse, que sepa cambiar, que sepa afrontar los imperativos, incluido el de la mundialización del mercado y el de la transformación tecnológica. Todos debemos tener la responsabilidad de decirlo, porque tanto Sus Señorías como yo como los pescadores podemos hacerlo todo, menos una cosa: multiplicar los peces. ¡Eso no se consigue precisamente! Y, si no hay peces, no hay sector para una industria que es motivo de preocupación para Sus Señorías, pero, créanme, también para mí.

Cunha
Agradezco a la Comisaria las informaciones que nos ha dado, pero no he recibido respuesta a mi pregunta. Mi pregunta ha sido: ¿quién dio a la Comisión las informaciones en las que se basa una propuesta de reducción del 40 % de la pesca de la sardina en Portugal?

Izquierdo Rojo
Señor Presidente, ruego a la Sra. Bonino que repase la transcripción de mi intervención, porque yo no me he referido a ella en ningún momento -que seguramente habrá cumplido con su deber de Comisaria. Yo me he referido a nuestra ministra: la española. Y he criticado que acepte de entrada, al empezar la negociación, una reducción de cuotas del 20 % respecto de la gallineta.
Yo he dicho que esto es claramente una equivocación de la ministra, pero no me refería en absoluto a la Comisaria.

Gallagher
Señor Presidente, quisiera preguntar a la Sra. Comisaria si puede responder sobre el factor de la seguridad que es tan importante. La seguridad debería ser el principal objetivo de la Comisión, del Parlamento y del Consejo. En Irlanda existe una situación muy grave. Si los pescadores quieren hacer sus barcos más seguros, se ven imposibilitados a hacerlo porque las autoridades irlandesas y la Comisión pueden pensar que están aumentando su capacidad, lo cual no es cierto en absoluto. Simplemente los están haciendo más seguros. No están aumentando la capacidad del barco. No están aumentando su capacidad de carga. Tal vez estén incrementando el tonelaje, pero no existe ninguna relación entre una cosa y otra, y la Comisaria Bonino debería ocuparse de este asunto e intentar garantizar que los barcos sean seguros. Tenemos una flota que envejece y eso hay que tenerlo en cuenta.

Fraga Estévez
Señor Presidente, no me gusta intervenir en el Parlamento Europeo sobre temas que son de política nacional, pero en este caso, cuando una diputada socialista española se ha metido con una ministra, creo que tengo el deber de explicarle cuál es el problema.
No se trata de un error de nuestra ministra. El asunto es que la flota española ha estado pidiendo, durante años, permisos al Ministerio de Agricultura y Pesca español, en época del Gobierno socialista, para pescar gallineta en NABO. El Ministerio anterior, socialista, se los negó reiteradamente. Ahora, cuando se ha establecido un TAC y unas cuotas, que se han basado en derechos históricos, el problema es que, por desgracia, no teníamos derechos históricos en esa flota. Ése ha sido el problema, señora Izquierdo Rojo. Y el problema no viene de nuestra ministra sino del Gobierno socialista.

Bonino
Señor Presidente, como de costumbre, el debate sobre la pesca suscita mucho interés.
Perdónenme, porque se han planteado numerosas preguntas a las que no he podido responder individualmente, pero nos volveremos a ver el 26. Por lo que respecta al informe relativo a las informaciones científicas sobre las sardinas, las mismas han repercutido ya dos veces en el Consejo Internacional de la exploración del mar, el organismo que reagrupa a los mejores científicos, portugueses incluidos. Ya he indicado aquí cuál ha sido la situación por lo que respecta a las sardinas el pasado año, en particular, en las aguas portuguesas. Por lo tanto, el problema no es nuevo.
En cuanto a la pregunta que planteaban ustedes en materia de seguridad, está justamente previsto en el POP IV, que se establezcan facilidades para aumentar la seguridad en el mar, siempre que sean compatibles con la necesidad de conservación de los recursos. De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento 36/99, la modernización de la flota pesquera, en particular, por razones de higiene y de seguridad en el trabajo o por el recurso a máquinas selectivas, sigue siendo una prioridad de los programas estructurales. No debe llevar a una deriva contraria a los objetivos de revisión de las capacidades de pesca. En este contexto, por lo tanto, es posible hacerlo incluso dentro del POP IV.
Espero haber respondido así a la pregunta. No volveré sobre los problemas nacionales, sino para confirmar que es la primera vez que se instituye un TAC de este tipo de pesquería. Añado que la Comisión, así como los Estados miembros, después de un largo debate, se han mostrado razonables y han comprendido bien quién tenía derechos históricos y quién no los tenía. No quiero relanzar el debate, sino simplemente precisar cuál ha sido la propuesta de la Comisión.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Ejercicio de la abogacía
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0146/96) de la Sra. Fontaine, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento y del Consejo (COM(95)0572 - C4-0125/95-94/0299(COD)) destinada a facilitar el ejercicio permanente de la abogacía en un Estado miembro distinto de aquel en que se expidió el título.

Fontaine
Señor Presidente, Señorías, el informe que tengo el honor de presentar a nuestra Asamblea, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, trata de la libertad de establecimiento de los abogados. Es un expediente que no debemos temer en calificarlo de espinoso, hasta tal punto ha dado lugar a debates intensos, por no decir polémicas intensas en el seno de los medios interesados, a lo largo de estos últimos meses.
Afortunadamente, hoy es el momento del apaciguamiento, y por lo tanto, es en este contexto más sereno, cuando voy a intentar, señor Presidente, señorías, responder a algunas de las preguntas esenciales, que algunos, en un momento u otro, se han planteado de forma legítima.
Y en primer lugar, ¿por qué una directiva comunitaria especial para los abogados, cuando el respeto a la subsidiariedad sigue siendo, por supuesto, una palabra clave? Pues bien, simplemente, porque el Tratado nos ha dado el mandato de garantizar la libertad de establecimiento en todas las profesiones reglamentadas en el seno de los países de la Unión. Pero también porque, desde hace cuatro años, el conjunto de la profesión de que se trata -con la única excepción de Luxemburgo que presenta, lo sabemos, una situación de muy grande exposición a la libre actividad de nuestros nacionales- desea con todas sus fuerzas esta directiva.
Les hemos preguntado por qué y todavía oigo a nuestro colega Jean-Pierre Cot interpelando al Presidente del Consejo de los Colegios europeos. Pues bien, porque de acuerdo con la experiencia, la directiva general que votamos en 1989, que se está aplicando desde 1991, por lo que respecta a la profesión de abogado, ha mostrado sus lagunas, sus límites y sus insuficiencias. Así, la prueba de aptitud para ingresar en el colegio de un país distinto al propio, con frecuencia, se ha utilizado como un eficaz cerrojo proteccionista.
Asimismo, se sigue discutiendo la posibilidad de ejercer su actividad a título permanente, con su título de origen, en condiciones que no respondan al marco limitado y temporal de una prestación de servicios. Y al mismo tiempo en que su libertad de establecimiento se encuentra por este hecho sutilmente dificultada, los abogados de la Unión asisten, impotentes, a la proliferación en su propio país de grandes bufetes multidisciplinares, de origen o de inspiración americana o japonesa que, sorteando los obstáculos, vienen a absorber el mercado europeo del derecho.
La Comisión Europea ha escuchado este llamamiento. Ha preparado una propuesta de directiva que se nos presentó en marzo de 1995. Dicha propuesta de directiva constituía, en las muy difíciles condiciones que sabemos, una primera base de trabajo, a partir de la cual, queridos colegas, hemos intentado resolver lo que llamaré la cuadratura del círculo. ¿Qué quiere decir? Pues bien, como he dicho, la voluntad de tener una directiva era casi tan unánime en el seno de la profesión como el vigoroso enfrentamiento de posiciones en cuanto a su contenido. Así, algunos querían que se mantenga la prueba de aptitud para integrarse en un colegio y que se autorice, a título definitivo, el ejercicio con el título de origen. Y otros, a la inversa, querían que se suprima la prueba de aptitud y que se prohíba el ejercicio con el título de origen por encima de una determinada duración.
Si hemos logrado -y, por supuesto, no quisiera prejuzgar lo que ocurrirá en la votación de nuestra Asamblea plenaria de mañana por la mañana- esta misión imposible, si hemos logrado conciliar lo inconciliable, sacar una amplia mayoría en torno a una grandes líneas de consenso, es, debo decirlo, gracias al enorme sentido de la responsabilidad de la que ha hecho gala cada uno de los miembros de nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos. Nos han guiado dos imperativos: la escucha atenta a la profesión y el respeto del espíritu y de la letra del Tratado, aclarado por la jurisprudencia reciente de la sentencia Gebhard. Y yo añadiré, por supuesto, una voluntad política común de llegar a un resultado.
Queridos colegas, me gustaría decirles que he apreciado infinitamente esta cooperación. Las cosas no eran fáciles para ninguno de nosotros, ni para los colegas alemanes, ni para los colegas británicos, ni para los colegas españoles, ni para su ponente, en la medida en que pertenecía a una de las nacionalidades, digamos, más retraídas en este asunto. Ni para ustedes puesto que las concesiones no podían ser sino recíprocas y cada cual sabía que al final ninguno de nosotros podría estar satisfecho en toda la línea.
Desearía rendir homenaje asimismo al gran sentido político del Comisario Monti, que ha comprendido y aceptado las necesarias evoluciones que le proponíamos.
Querido Comisario Monti, usted nos ha acompañado con mucha atención e inteligencia política a lo largo de un camino que, sin embargo, estaba sembrado de obstáculos. En mi calidad de ponente, le doy las gracias.
El compromiso que hemos asumido está muy equilibrado, lo creo muy sinceramente. La integración en el colegio de acogida se facilita con la supresión de la prueba de aptitud. Pero la autoridad de acogida podrá verificar que el profesional ha ejercido efectiva y seriamente durante el tiempo requerido. El ejercicio sin límite de tiempo con el título de origen es incontestable, pero el nacional comunitario que se negara a integrarse en el colegio de acogida y eligiera ejercer sólo con su título de origen se verá sometido a las mismas normas profesionales y deontológicas que su colega del colegio de acogida. Con este propósito, agradecería que el Comisario Monti nos explicite esta importante garantía. Por último, el ejercicio en grupo está organizado, pero hemos velado por proteger a los abogados contra cualquier riesgo de OPA salvaje que emane de otras profesiones.
Si mañana, señor Presidente, queridos compañeros, nuestra Asamblea plenaria, como deseo, vota en favor de este compromiso, espero, de todo corazón, contribuya a apaciguar definitivamente a la vez los temores y los resabios proteccionistas que puedan subsistir aquí o allá. Porque es urgente que la profesión europea de los abogados se organice para adaptarse al hecho irreprimible de la mundialización de los intercambios comerciales. Es urgente que los abogados de la Unión, aprovechándose de la nueva libertad que les ofrecerá la directiva, entablen relaciones orgánicas entre sus bufetes, que puedan constituir bufetes europeos, que puedan resistir a la competencia de los grandes bufetes extracomunitarios.
Por último, es urgente que se pueda construir una asociación europea que pueda elevar más aún el nivel de sus servicios y hacer frente a los desafíos que se le presenten en los años venideros, esta profesión particularmente noble, y eminentemente simbólica de nuestra democracia europea.

Rothley
Señor Presidente, estimada señora Fontaine, para empezar quisiera agradecer cordialmente la dedicación y el esmero con los que ha elaborado este documento y su disposición a cooperar. El resultado final ha sido un informe excelente. Quisiera dirigirme al Comisario Monti: verdaderamente, no nos hemos tomado el asunto a la ligera y creo que hemos obtenido un resultado muy bueno. La abogacía necesita esta Directiva. Espero que la Comisión emita pronto su opinión y que recoja las propuestas del Parlamento.
Por fin se ha puesto en marcha la abogacía europea. El mercado interior ha traído consigo un gran número de actividades económicas transfronterizas: constitución de empresas, fusiones, apertura de sucursales y cooperaciones. Viene a sumarse a esto que las personas realizan cada día más actividades transfronterizas de tipo económico. Los abogados se han sentido durante demasiado tiempo parte de la justicia estatal, y no asesores cuyos servicios se pueden utilizar por encima de las fronteras.
Quisiera dar las gracias expresamente al Consejo de colegios de abogados de la Comunidad Europea. Ha contribuido en gran medida a mejorar la comprensión de las actividades propias de la abogacía y lleva más de una década esforzándose en conseguir un establecimiento más fácil para los abogados en otros Estados miembros. Sin su perseverancia y sus fecundas sugerencias para la propuesta de Directiva que hoy debatimos, no habríamos llegado al punto en que nos encontramos.
A mediados del decenio de 1970, el TJCE decidió en una sentencia fundamental (el caso Reyners) que la abogacía estaba incluida en el ámbito de la libertad de prestación de servicios y de establecimiento. Veinte años después estamos a punto de implantar este mandamiento del derecho comunitario básico en lo que afecta al derecho de establecimiento.
Tras la Directiva sobre prestación de servicios de 1977 y la Directiva sobre homologación de títulos de 1988 (la aplicación práctica de ambas, como ha constatado la Comisión, no es satisfactoria), contamos por fin con una propuesta de directiva que facilita el establecimiento de los abogados. Se trata de una directiva necesaria. Primero, porque reconoce claramente que un abogado puede, con su título profesional de origen, establecerse sin límite de tiempo en otro Estado miembro y ejercer sus actividades de asesoría, incluso sobre el derecho del Estado de acogida. Esta clarificación es necesaria porque todavía se pone en duda este derecho, a pesar de la sentencia del TJCE de 30 de noviembre de 1995 en el caso Gebhard, cuya frase más importante cito a continuación: »La pertenencia a un colegio profesional no se puede considerar como elemento constitutivo del establecimiento».
Segundo, ha de facilitarse la integración del abogado que pretende acceder a la abogacía del Estado de acogida. No tiene por qué someterse a la prueba de aptitud mencionada en la directiva de homologación de títulos, sino que puede probar su capacidad mediante un ejercicio profesional de tres años. Quisiera subrayar que este sistema se basa en la jurisprudencia del TJCE. En la sentencia de 1981 sobre el caso Vlassopoulou, en un momento en que se acababa de promulgar la Directiva sobre homologación de estudios superiores, el Tribunal emitió un fallo importante. Según esta sentencia, los Estados miembros están obligados a reconocer los certificados de aptitud que el abogado obtuvo en su país de origen para poder ejercer la misma profesión. Si los conocimientos del abogado no se corresponden con los conocimientos específicos que se requieren en el país de acogida, puede éste exigir que se obtengan de otra forma, por ejemplo, mediante el ejercicio profesional. Tras esta resolución judicial, el abogado tiene el derecho a probar su aptitud a través de una práctica profesional solvente.
Por consiguiente, en materia de integración en la abogacía del Estado de acogida, el caso Vlassopoulou es la base del sistema que ahora propone la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. Este sistema, aprobado por gran mayoría en el seno de dicha comisión, es equilibrado y liberal. También es valiente. Y posee algo del espíritu europeo que hoy se echa en falta con frecuencia. Al mencionar que el sistema propuesto por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos es valiente, quisiera agradecer no sólo la dedicación y el esmero de la ponente, sino también su valor.

Lehne
Señor Presidente, Señorías, creo que la Directiva que consideramos hoy en primera lectura es muy importante. En la actualidad sigue existiendo en la Unión Europea un pequeño número de profesiones a las que no se les reconocen los derechos derivados del principio de libertad de establecimiento y de prestación de servicios, previstos en el Tratado. La abogacía es una de estas profesiones. Debido, naturalmente, a la diversidad de sistemas jurídicos, su actividad estaba sometida a limitaciones.
Por ello, me alegra sobremanera que se presente una Directiva que soluciona este problema concreto y que, básicamente, concede a los abogados los derechos de los que gozan otros ciudadanos europeos para ejercer su profesión dentro de la Unión. Se trata de un avance decisivo que regula una cuestión pendiente desde hace mucho tiempo. Los derechos que reconoce esta Directiva explican que la gran mayoría de los abogados se haya pronunciado decididamente a favor de que el derecho comunitario contenga una Directiva semejante. Con todo, es absolutamente lógico, como no podía ser menos tratándose de abogados, que no haya unidad de criterios con respecto al contenido de la Directiva y a la manera de abordar los problemas. Entre la abogacía ha habido disputas considerables sobre el modo en que debía regularse la cuestión, pero ninguna sobre la conveniencia de hacerlo. Por consiguiente, la tarea de la Comisión de Asuntos Jurídicos hasta ahora y la del Parlamento mañana consiste en resolver la cuestión del modo. Creo que, gracias, ante todo, a la ayuda y a la constante flexibilidad mostrada por todos los afectados, pero en particular por la ponente, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha conseguido una solución de compromiso aceptable.
Los puntos más controvertidos han sido fundamentalmente dos. El primero afecta a la cuestión del mantenimiento de la prueba de aptitud. Nos hemos pronunciado a favor de que desaparezca esta prueba siempre que el abogado en cuestión pueda probar en el país de acogida una práctica profesional solvente. Es una decisión valiente, pues va contra cierta opinión mayoritaria, tanto en la propia abogacía como en los gobiernos afectados, que se hará oír en las fases posteriores del procedimiento legislativo.
El segundo punto es el de la llamada integración forzosa. Originariamente, la Comisión había propuesto que, transcurrido un cierto plazo, el abogado debería tener la posibilidad de optar entre asimilarse a los abogados del Estado de acogida o regresar a su país de origen. La Comisión de Asuntos Jurídicos se ha inclinado por el abandono del principio de integración forzosa, simplemente porque, según la opinión unánime, ésta atenta contra el más mínimo sentido de la proporción. No parece razonable permitir que un abogado ejerza en un país durante cierto tiempo y luego, sólo porque ha transcurrido un plazo determinado, decirle que no puede seguir ejerciendo a menos que solicite formalmente su ingreso en el Colegio de Abogados. También en esta importante cuestión, la Comisión de Asuntos Jurídicos tiene una solución que proponer al Parlamento.
Comparto la opinión de mi Grupo de que con este informe presentamos una propuesta sobre la que se debe alcanzar un compromiso en el Consejo y que, en principio, a juzgar por las informaciones que nos llegan de la abogacía europea, contará con la aceptación general. Por ello, insto al Consejo a que no se escude en no tomar decisiones para bloquear una decisión de importancia para este colectivo profesional, a que haga avanzar esta iniciativa legislativa que espero que el Parlamento apruebe mañana por gran mayoría y a que apruebe la correspondiente posición común manteniendo el espíritu de esta propuesta.
Tras las conversaciones mantenidas con la Comisión, estoy convencido de que, aunque no se ha pronunciado de manera oficial, aceptará los principios de las modificaciones propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. El pronunciamiento oficial tendrá lugar seguramente en los próximos días o en la sesión de hoy o de mañana.
El Grupo del PPE apoya el informe en su conjunto, tal como ha quedado tras las modificaciones introducidas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. Las modificaciones propuestas reflejan un compromiso entre los intereses nacionales, los intereses de los abogados y las diferentes visiones de los Grupos.

Florio
Señor Presidente, señores de la Comisión, Señorías, el Grupo UPE, al que represento, comparte el espíritu de esta propuesta que recibió un voto favorable en nuestra comisión. Por tanto, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a la Sra. Fontaine la valiosa labor que ha llevado a cabo y asociarme también al agradecimiento expresado por la propia Sra. Fontaine al Comisario Monti por la atenta y provechosa colaboración ofrecida a la Comisión de Asuntos Jurídicos con vistas a la elaboración de esta importante propuesta.
Personalmente, creo que la transacción alcanzada, que también satisface esencialmente el punto de vista de la organización europea de los abogados -y es oportuno subrayarlo-, favorecerá el aumento de la profesión forense y también le permitirá afrontar la temible competencia extracomunitaria, como la propia Sra. Fontaine ha puesto de relieve.
Quien me ha precedido ha subrayado las características innovadoras respecto de la propuesta procedente de la Comisión y que esencialmente consisten en la supresión del examen de aptitud, que en cierto modo parecía pretender introducir de nuevo por la ventana el proteccionismo que se quería hacer salir por la puerta, y también la abolición del principio de adhesión obligatoria al registro del país de acogida.
Creo que esta directiva, si es aprobada en los términos en los que la ha formulado la Comisión, será de ayuda para la profesión forense, como decía al principio. Quisiera formular un deseo desde estos escaños: he comprobado que en el ámbito de los quince países comunitarios sólo dos, entre ellos aquel del que procedo, excluyen hoy la posibilidad de que se ejerza la profesión en forma societaria. Por tanto, espero que las legislaciones internas de esos dos países superen ese factor, que, a mi juicio, es un obstáculo para la modernización de la profesión.

Wijsenbeek
Señor Presidente, me complace mucho ver a nuestro ponente en este papel, porque acabamos de vivir algunas peripecias juntos en una conciliación, pero ahora, abiertamente, puedo contradecirle un poco.
Señor Presidente, la ponente ha hablado de la cuadratura del círculo y de un compromiso aceptable que tendría que contentar a todos, porque permite la libertad de establecimiento para todos. Para los liberales, esto no es suficiente, pues partimos de la idea de que no hay ninguna razón para aplicar a los abogados una norma distinta a la que rige en general en materia de libertad de establecimiento para cualquier otro grupo profesional en la Unión Europea. ¿Por qué los médicos, que además se ocupan de asuntos de vida o muerte, pueden tratar a pacientes de un Estado miembro a otro, y no podrían hacerlo los abogados? No lo entiendo. Pero, señor Presidente, es lo de siempre: los grupos profesionales quieren protegerse contra los extranjeros e intentan aplicar medidas proteccionistas. Por desgracia, hemos de constatar que quedan algunos restos de proteccionismo en esta directiva, concretamente la investigación de si existe un equivalente, me refiero a un Cassis de Dijon, si hablamos ahora de confianza mutua. Se ha demostrado que existe un establecimiento limitativo de personas a título propio y nosotros somos partidarios de la igualdad de trato para todo el mundo en toda la Unión.
Señor Presidente, para ello hemos presentado algunas enmiendas y las sometemos a la consideración de la ponente y del pleno.

El Presidente
Declaro interrumpido el debate, que se reanudará a las 21.00 horas.
Se procede al turno de preguntas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B40566/96), dirigidas a la Comisión.

El Presidente
Pregunta nº 40 formulada por Mark Killilea (H-0435/96):
Asunto: Expiración del programa comunitario Helios
¿Puede confirmar la Comisión que el programa comunitario Helios en favor de las personas minusválidas expira a final del año en curso?
¿Puede confirmar también que ya se ha advertido al personal empleado en la oficina de Helios en Bruselas de que su contrato expira con el programa?
¿Puede, asimismo, confirmar que no tiene la intención de renovar el contrato por otros 4 años y que no se ha propuesto ningún programa similar para sustituirlo?
Teniendo en cuenta que, en un futuro próximo, no habrá un sucesor del programa Helios, ¿piensa la Comisión consultar a los grupos que trabajan en favor de las personas minusválidas, con el fin de conocer las actividades que desean que se lleven a cabo en el marco de un programa de seguimiento? ¿Por qué no se ha consultado sobre estas propuestas?
El programa de acción en favor de las personas minusválidas es el primero que la Comisión abandona a causa de los problemas relacionados con el artículo 235. ¿Significa esto que la Comisión considera el problema de los minusválidos una cuestión secundaria?

Flynn
La Comisión se ha mantenido activa durante muchos años en la promoción de mejores condiciones de vida y de trabajo para personas minusválidas. Como se indicaba claramente en su Libro Blanco sobre el futuro de la política social y su actual programa de acción social, la Comisión se ha propuesto continuar fortaleciendo las contribuciones comunitarias en este ámbito. Ya se ha incrementado el potencial de los Fondos estructurales para ayudar a personas minusválidas.
Además de la iniciativa por el empleo Horizon, se han destinado importantes recursos a las personas minusválidas a través de la corriente principal de los programas de los Fondos estructurales. Es evidente, por consiguiente, que son los Fondos estructurales, y de manera especial el Fondo Social Europeo, los que constituyen los principales instrumentos financieros a nivel comunitario para mejorar la situación de las personas minusválidas, y la Comisión está deseosa de continuar por este camino.
En lo relativo al programa Helios, la decisión del Consejo de 25 de febrero de 1993 por la que se establecía el programa Helio II, preveía que el programa se desarrollaría durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1996. Por lo tanto, los contratos de los expertos exteriores que ayudan a la Comisión en la ejecución del programa, expirarán al mismo tiempo que el propio programa. El informe definitivo de evaluación sobre la aplicación y los resultados del programa Helios II no aparecerá hasta mediados de 1997. Pendiente de dicha evaluación, sería prematuro proponer cualquier otro programa del tipo Helios.
Mientras tanto, sin embargo, la experiencia acumulada y las lecciones aprendidas gracias al programa Helios II están siendo analizadas por la Comisión en el contexto de una revisión de su estrategia general para proporcionar continuidad y refuerzo a su acción. La Comisión reconoce que el Parlamento Europeo, las ONG y, sobre todo, las personas minusválidas han depositado grandes esperanzas en la continuidad de los esfuerzos en este sentido. Por consiguiente, la Comisión emitirá en breve una comunicación en la que expondrá las líneas principales de su estrategia.
Por último, en lo relativo a la consulta de los grupos que representan los intereses de las personas minusválidas, la Comisión reconoce plenamente el valor de las comunicaciones, de las prácticas y de la experiencia desarrollada en el marco del programa Helios, al igual que por las ONG y las redes europeas que se encargan del tema de las minusvalías. La Comisión se propone consolidar y seguir desarrollando sus lazos con estas últimas en un esfuerzo común para impulsar el desarrollo de políticas mejores y para aplicar las mejores prácticas en toda la Comunidad Europea. En este contexto, la Asamblea puede tener la seguridad de que la futura estrategia y cualquier nueva iniciativa será discutida con los grupos que representan a las personas minusválidas y, en particular, con el Foro Europeo de Personas Discapacitadas.

Killilea
Agradezco al Sr. Comisario su respuesta. Deseo felicitarle por la maravillosa labor que ha realizado para ayudar a las personas minusválidas desde que asumió su cargo y también por la reciente declaración de mayo relativa a los fondos que deben y pueden ser utilizados por los gobiernos nacionales para ayudar a las personas minusválidas.
Quiero hacer algunas observaciones. ¿No resulta bastante extraño que se haya esperado hasta el final del programa Helios para hacer una evaluación? ¿No podía haberse hecho antes para que coincidiera con el final del programa? En ese caso, quizá de una manera distinta, aunque haciendo hincapié en la misma estrategia, habría sido posible aplicar el programa Helios bajo un nombre nuevo en el marco del programa principal que será anunciado por la Comisión en breve, como ha indicado el Sr. Comisario. Quisiera sugerir lo siguiente. A la hora de asignar los Fondos estructurales u otros programas importantes, es fundamental que se identifiquen las sumas de dinero destinadas a las personas con discapacidades físicas.
(El Presidente interrumpe al orador) Lo siento, señor Presidente, pero estoy seguro de que usted, a diferencia del Consejo, puede dedicar unos momentos a las personas minusválidas y más necesitadas de nuestra sociedad.

Flynn
Agradezco a su Señoría su interés por este asunto. Puedo asegurarle que comparto su interés. Como sabrá, el programa expira a finales de diciembre. La evaluación total se realizará algunos meses más tarde. Naturalmente no se puede hacer una evaluación hasta que no concluya el programa. Debo decir al Sr. Killilea que disponemos de una evaluación provisional del programa Helios II que fue realizada por expertos independientes. Dichos expertos apuntaron a una serie de problemas. Por lo tanto, creo que es mucho mejor que en la próxima ocasión tengamos un programa con una dedicación real con el fin de aprovechar al máximo dicha evaluación y los detalles adicionales que aparezcan en la evaluación final.
En cuanto a las finanzas, el programa Helios II fue diseñado para contribuir a la financiación del intercambio simultáneo de ideas entre todos los países de la Unión, por lo que es un complemento adecuado del Fondo Social Europeo, que también participa en la financiación de la acción innovadora de los Estados miembros. Estoy intentando que se llegue a un mejor entendimiento entre la financiación conjunta de redes internacionales y la financiación a nivel de iniciativas de los Estados miembros. Como sabe, en el anteproyecto de presupuesto se han destinado unos 6 millones de ecus con cargo a la partida B 34102 para 1997. Es una propuesta para el proyecto de presupuesto. Ya ha sido aprobada por la Comisión en su conjunto, pero ello no obliga a la Autoridad Presupuestaria. La competencia presupuestaria para gastos no obligatorios recae sobre el Parlamento, el cual podrá dictaminar en este sentido.

Titley
Después de haber oído al Sr. Comisario, estoy más confuso que antes. Desearía que el Sr. Comisario respondiera a algunas preguntas. ¿Habrá un programa similar en el futuro? ¿Es la minusvalía una prioridad para la Comisión? ¿Habrá continuidad para el programa Helios II? A medida que el programa Helios II se acerca a su fin, tengo la impresión de que la Comisión se planteará qué puede hacer en el futuro con la esperanza de que el tema se olvide más tarde. ¿Habrá continuidad? ¿Es una prioridad de la Comisión? ¿Habrá programas similares en el futuro?

Flynn
Evitemos toda confusión sobre este asunto. La cuestión de las minusvalías y lo que puede hacerse para ayudar a las personas minusválidas es de la máxima prioridad para la Comisión. Quiero que todo el mundo lo entienda perfectamente.
Ciertamente tenemos la intención de crear otro programa. Habrá continuidad de entendimiento y de consulta con las personas minusválidas. No queremos entrar en el programa siguiente hasta que hayamos completado la evaluación del programa actual. A ello se debe que nos tomemos el tiempo necesario para estudiar cuál es la mejor forma de avanzar y lograr la mejor sinergia posible. Es un asunto de la máxima prioridad y, por ese motivo, no vamos a permitir una continuación de lo que se ha venido haciendo hasta ahora debido a las incertidumbres que se han detectado en el informe provisional.

Crowley
Yo también deseo expresar mi agradecimiento al Comisario por su labor en el ámbito de las minusvalías y, en particular, deseo expresar mi satisfacción por su compromiso de involucrar a las ONG que operan en este campo, especialmente, el Foro Europeo de Personas Discapacitadas.
El Comisario ha mencionado que es una prioridad de la Comisión. Creo que todo el mundo reconocerá que eso es cierto. ¿En sus negociaciones con la Presidencia italiana y con la Presidencia entrante irlandesa, ha obtenido algún compromiso de las mismas en el sentido de que también será una prioridad para el Consejo?
En segundo lugar, ¿existe alguna posibilidad de eliminar los bloqueos que se han producido a causa del artículo 235 por parte de los Estados miembros, en particular, en el caso de los programas destinados a aliviar las trampas de pobreza en las que han caído las personas minusválidas debido a la escasez de empleo a nivel nacional? De no ser así, ¿cuáles son las propuestas del Consejo -especialmente de la Presidencia entrante irlandesa, si es que existe alguna- en lo relativo a la aplicación de un nuevo artículo que garantice la realización de estos programas de acción social?

Flynn
En primer lugar, debo confirmar aquí que no he oído nada que haga pensar que la Presidencia italiana o la Presidencia entrante irlandesa vayan a dar menor prioridad a las personas minusválidas o a las medidas destinadas a ayudarlas. Por el contrario, sólo he oído observaciones muy favorables en todo momento sobre lo que se puede hacer.
Continúa la situación en lo que respecta al artículo 235, como ha mencionado su Señoría, y debo decir que dicho artículo 235 es el único fundamento jurídico posible para emprender las acciones que se llevan a cabo bajo el actual programa Helios. La Asamblea conoce perfectamente las dificultades que hemos tenido con algunos programas sociales en lo que se refiere a la aplicación del artículo 235. Debo declarar aquí que los servicios jurídicos del Consejo han confirmado el principio de aplicar el artículo 235 para alcanzar objetivos del Tratado en aquellos casos en que no exista un fundamento jurídico específico. Debe observar asimismo que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos del Parlamento Europeo hizo una recomendación similar cuando hablamos sobre el programa para las personas de edad avanzada, ya que no existía ninguna alternativa jurídica adecuada. Por ello, me di por satisfecho de que el artículo 235 es suficiente y adecuado en dichas circunstancias.
Puede tener la certeza de que no se escatimarán esfuerzos para promover este asunto con la mayor eficacia posible bajo la Presidencia irlandesa.

El Presidente
Pregunta nº 41 formulada por Ivar Virgin (H-0412/96):
Asunto: Cierre de centrales nucleares en el interior de la UE por motivos de seguridad
¿Están todos los reactores nucleares de la UE equipados con un sistema de filtros para reducir la presión, que hace posible que, incluso en el caso de un accidente grave, la población no corra ningún peligro?
¿Existen motivos para cerrar algún reactor en la UE por motivos de incumplimiento de las normas de seguridad?
¿Existen elementos de seguridad que induzcan a la Comisión a considerar la posibilidad de recomendar el cierre de un reactor en algún país?

Bjerregaard
Hay distintos tipos de medidas, sistemas y procedimientos de seguridad que son necesarios para limitar la influencia de un accidente grave sobre el revestimiento de un reactor, según el tipo de reactor y la legislación nacional vigente en este ámbito. Estas medidas han sido planificadas en todas las centrales nucleares de la Comunidad en las que puede haber riesgo de sobrepresión en el revestimiento. Las autoridades nacionales de seguridad nuclear son responsables del cumplimiento de las normas de seguridad vigentes en cada país. Todos los Estados miembros que tienen centrales nucleares disponen de autoridades de seguridad nuclear independientes y competentes que permiten la puesta en marcha de las centrales y, en caso de necesidad, dan orden de cerrar las plantas. Por este motivo, la Comisión no tiene planes en este momento para recomendar el cierre de ninguna central nuclear en la Comunidad.

Virgin
Agradezco la respuesta. La razón que la motiva es que, en relación con el intenso debate celebrado en Suecia a principios de los años 80 tras el accidente de Harrisburg, se decidió realizar unas inversiones en seguridad nuclear de las instalaciones del tipo que menciono en mi pregunta, de sistemas de filtros para reducir la presión.
Puesto que la cuestión sobrepasa innegablemente el carácter nacional, considero razonable que la Comisión se muestre activa en estos aspectos. Por tanto, pregunto si la Comisión apoya activamente los planes de realizar este tipo de inversiones relativas a la seguridad en otros países. Mi opinión es que el pueblo sueco tiene una actitud confiada con respecto a la energía nuclear, precisamente a causa de estas inversiones en la seguridad de las instalaciones, actitud que no tendría, o apenas, si no se hubiesen realizado.

Bjerregaard
Estoy de acuerdo con el autor de la pregunta, el Sr. Virgin, en que es importante que la población confíe en lo que se hace en relación con el desarrollo nuclear, y no cabe duda de que las medidas de seguridad desempeñan un papel importante. Por ese motivo, la Comisión apoya las medidas de seguridad de los Estados miembros, pero según el Tratado del Euratom, la Comisión no está autorizada a introducir medidas de seguridad comunes para los Estados miembros. No obstante, mediante distintas resoluciones aprobadas en diferentes fechas hemos logrado un reconocimiento mutuo de las normas nacionales en cooperación con los Estados miembros. Eso quiere decir que ha tenido lugar, en muchos aspectos, una especie de formalización de una posición común en cuanto a los temas de seguridad importantes.

El Presidente
Pregunta nº 42 formulada por Anita Pollack (H-0448/96):
Asunto: Posible guerra comercial entre Italia y los Estados Unidos de América
¿Qué medidas ha adoptado la Comisión en lo relativo a la amenaza estadounidense de dejar de importar todos los productos de la pesca procedentes de Italia a partir del 28 de julio si Italia no suprime totalmente en el uso ilegal de redes de enmalle de deriva?

Brittan, Sir Leon
El 28 de marzo de 1996, a raíz de un dictamen del Departamento estadounidense para el comercio internacional, los Estados Unidos identificaron a Italia como país que practica la pesca a gran escala utilizando redes de enmalle a la deriva en aguas internacionales. Como resultado, es posible que se apliquen sanciones contra Italia. Los procedimientos internos de los EE.UU. conceden un plazo de 30 días, a partir del 28 de marzo, para realizar consultas entre los Estados Unidos e Italia, con una prórroga de 90 días para llegar a un acuerdo. Ante la falta de acuerdo, los Estados Unidos disponen de 45 días para aplicar las sanciones, lo que llevaría el calendario del procedimiento hasta comienzos de septiembre.
La Comisión ha enviado una protesta diplomática al Departamento estadounidense sobre este tema, en la que se declara que la Comunidad comparte la preocupación de los EE.UU. por la muerte accidental o las lesiones graves ocasionadas a mamíferos marinos que quedaron atrapados durante la pesca con redes de enmalle a la deriva, ya sea a gran escala o no, pero reitera la oposición de la Comunidad a la aplicación extraterritorial de la jurisdicción estadounidense. La Comunidad subraya asimismo que este tipo de sanciones comerciales unilaterales son contrarias a los principios básicos de la OMC y a las obligaciones de los Estados Unidos en el marco de dicha organización. La Comunidad se reserva sus derechos en virtud de la OMC, en caso de que dichas sanciones comerciales sean llevadas a efecto por los Estados Unidos.

Pollack
Doy las gracias al Sr. Comisario por su respuesta bastante previsible. Me pregunto si habría acudido al Parlamento con este tema de no haberse formulado la pregunta. Estamos hablando aquí de productos por valor de mil millones de dólares USA, entre los que se incluyen joyas y perfumes, además de productos de la pesca. Necesitamos conocer realmente cuáles son las implicaciones de los acuerdos comerciales multilaterales.
¿Considera la Comisión que podría ser de utilidad intentar persuadir a Italia a que ponga fin al uso ilegal de redes de enmalle a la deriva? A pesar de que tenemos un reglamento de la UE que limita las redes de enmalle a la deriva a 2, 5 kilómetros de longitud, ¿tiene conocimiento la Comisión de que la flota italiana de pez de espada utiliza redes de hasta 20 kilómetros? Estudios científicos demuestran que se utiliza menos de 1/5 de las especies que quedan atrapadas en las redes, mientras que el resto de la captura suele devolverse al mar cuando ya ha muerto. ¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión para persuadir a Italia de que debe poner fin a este lamentable estado de cosas?

Brittan, Sir Leon
La Comisión ha iniciado procedimientos de violación del Tratado contra Italia en virtud de su artículo 169. Este asunto volverá a ser planteado ante las autoridades italianas en breve. Espero que pueda llegarse a una solución satisfactoria cuanto antes. De no ser así, la Comisión procederá a llevar el caso al Tribunal de Justicia de la forma habitual.

Imaz San Miguel
Como ya ha indicado la Sra. Pollack, existe en este asunto un riesgo cierto para el mercado comunitario del pescado, pues las cantidades en juego, a causa de la prohibición de importar en el mercado americano, superan los 100.000 millones de pesetas. Hay que tener también en cuenta que la misma organización que ha llevado el tema al Tribunal internacional de comercio americano, está también investigando las actividades de las flotas pesqueras comunitarias que utilizan redes de enmalle a la deriva usadas por otros Estados miembros en el Atlántico. Por tanto, ¿no debería la Comisión tomar ese asunto seriamente y pensar que la solución a estas posibles sanciones -que pueden afectar gravemente al mercado comunitario del pescado- es la no utilización de estas artes que, por su utilización ilegal, pueden ocasionar un perjuicio importante para todo el mercado comunitario del pescado?

Brittan, Sir Leon
La situación es la siguiente: según la legislación estadounidense, si no se resuelve el problema, los Estados Unidos aplicarían, y tienen facultad para ello, sanciones contra los productos marinos procedentes del Estado miembro en cuestión, es decir, de Italia. No lo consideramos justificable por los motivos que he expuesto, y nos reservamos el derecho de emprender acciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio para hacer frente a la problemática en caso de que ésta surja, aunque no ha sido el caso hasta ahora. Espero que no surja, porque también opinamos que la acción que ha tenido lugar es contraria al Derecho comunitario, y es precisamente por ese motivo por el que hemos iniciado procedimientos de violación contra Italia.
Comparto la preocupación manifestada por la violación del Derecho y, por consiguiente, espero sinceramente que Italia resuelva el tema y evite con ello la necesidad de seguir con el procedimiento emprendido y, naturalmente, para que las sanciones de los Estados Unidos tampoco procedan.

El Presidente
Pregunta nº 43 formulada por Wolfgang Nußbaumer (H-0446/96):
Asunto: Disposiciones relativas a la normalización y certificación
¿Cómo evalúa la Comisión los efectos en la libre competencia de la multitud de disposiciones relativas a la normalización y certificación en la Unión Europea y qué medidas piensa adoptar en este ámbito?
¿Cómo garantiza la Comisión la conformidad comunitaria de una norma que no corresponde a los «requisitos básicos» de las directivas, pero cuyo fundamento está publicado en el Diario Oficial?

Bangemann
Señor Presidente, las disposiciones normalizadoras son, en principio, normas privadas, es decir, las elaboran las organizaciones de normalización y no suelen tener carácter coercitivo. Naturalmente, la Comisión puede adoptarlas e integrarlas en normas de seguridad, y en tal caso adquieren un carácter coercitivo, pero esto sólo ocurre en contadas ocasiones.
Por supuesto que la coexistencia de normas privadas distintas es perjudicial. Por esta razón hemos creado las tres organizaciones de normalización: CEN, CENELEC y ETSI, cuyo trabajo se ha intensificado de manera considerable. Al principio, la elaboración de estas normas europeas, que debían sustituir a un gran número de normas nacionales, se desarrollaba con lentitud. Téngase en cuenta que cada norma debe prepararse técnicamente. Con el paso del tiempo, estas organizaciones han llegado a funcionar con gran eficacia. En la actualidad se elaboran más de 1000 normas europeas al año, lo que supone más de 4 normas por día laborable. La suma es considerable si se tiene en cuenta que a veces requieren difíciles preparaciones técnicas. Tampoco es que el número sea excesivo, ya que estas normas sustituyen a su vez a un gran número de normas nacionales. La colaboración con las organizaciones de normalización nacionales es también muy buena. La denominación CE, que no es una norma de calidad, sino que sólo da fe de que los productos se ajustan a las normas europeas, se acepta cada vez más y repercute también en los procedimientos de certificación, que se amoldarán a las exigencias del mercado interior.
En principio, las normas elaboradas por las organizaciones no tienen defectos técnicos. El examen que expertos independientes hacen de estas normas garantiza también este extremo. En el caso de que, excepcionalmente, una norma no sea conforme con determinados «requisitos básicos», la Comisión comprueba sus defectos y, respetando el procedimiento de consultas vigente, la retira.

Nußbaumer
Señor Comisario, le agradezco la respuesta a mi pregunta. Según reiteradas informaciones, a la hora de patentar sus inventos, muchas PYME se asustan ante los obstáculos que representan los trámites técnicos y, sobre todo, los costes financieros requeridos por las instituciones competentes. ¿De qué medios dispone la Comisión para conseguir que los Estados miembros reduzcan su burocracia, para que no perjudiquen la competitividad de las empresas europeas frente a las japonesas y norteamericanas y para animarlas a desarrollar nuevas técnicas e innovaciones productivas?

Bangemann
Para empezar, hay que distinguir, a mi juicio, entre normas y patentes. La sujeción a las normas conlleva, por supuesto, una gran ventaja para las pequeñas y medianas empresas, porque así pueden compensar en parte las desventajas que tienen, como empresas pequeñas, en las licitaciones. Para conseguir una mayor y más fácil aplicación de las normas por parte de las pequeñas y medianas empresas, trabajamos en estrecha colaboración con una asociación, fundada por las PYME, destinada a garantizar las difusión de las normas y el sometimiento de la producción a las mismas. Creo que de esta manera conseguiremos que cada vez sean más las PYME que apliquen las normas.
Las patentes son, por otra parte, algo completamente distinto. No sé si ha sido un lapsus linguae, pues las patentes no tienen nada que ver con las normas. Una patente tiene, naturalmente, que someterse a ciertos procedimientos para ser reconocida, tanto a nivel nacional como en el caso de la Oficina Europea de Patentes, que reemplaza cada vez más a las instituciones de patentes nacionales. Es verdad que las tasas son a veces relativamente altas. Donde nosotros tenemos influencia, en la Oficina Europea de Patentes, esto se debe a que tiene que financiarse exclusivamente mediante tasas. El Parlamento Europeo otorga gran importancia a que estas instituciones se financien con sus propios ingresos. Se trata, por tanto, de una carga financiera que no podemos reducir.

Meier
Señor Comisario, ¿en qué medida trata la normalización europea de cooperar con la normalización internacional? Nos consta que más del 40 % de las normas europeas se reconocen como normas internacionales. ¿No deberíamos entonces ir más allá de las tres organizaciones de normalización europeas y prestar más atención a la red mundial de normalización, por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones?

Bangemann
El señor diputado tiene toda la razón. Realmente, es lo lógico. Lo ideal sería tener normas válidas para todo el mundo. En muchos sectores contamos ya con un mercado global. Usted ha mencionado, con razón, las telecomunicaciones. Por ello, nos esforzamos, conjuntamente con las tres organizaciones europeas de normalización, en conseguir que estas normas lleguen a ser mundiales. Existen dos vías para alcanzar este objetivo. Una es la colaboración con las organizaciones internacionales de normalización. Somos los más activos en este sector. La Unión Europea aporta casi el 80 % de los trabajos de estas organizaciones y también los recursos financieros necesarios. Al principio me pareció imposible que la cifra pudiera ser tan elevada, pero en una reunión con nuestros colegas norteamericanos (que siempre se quejan de que empleamos nuestras normas como una especie de protección), examinamos la actividad de las organizaciones internacionales de normalización y el resultado fue que los europeos aportan la mayor parte del trabajo.
Existe también otra vía, que es muy eficaz. Es el caso de las normas que, en la práctica, han conseguido implantarse en el mercado. El mejor ejemplo de esta vía es el GSM, el sistema mundial para las comunicaciones móviles. Cuando una norma semejante se implanta en un mercado, a renglón seguido se traslada al mercado global. Nosotros esperamos que muchas de las normas que estamos elaborando para este nuevo sector de las telecomunicaciones se impongan también globalmente.

El Presidente
La pregunta nº 44 ha sido retirada.

El Presidente
Pregunta nº 45 formulada por Allan Macartney (H-0336/96):
Asunto: Política de la Comisión y criterios con respecto a la necesidad de que las ONG cuenten con presencia europea en los países en que trabajan
Numerosas ONG actúan en países en vías de desarrollo a través de organizaciones locales, en reconocimiento y apoyo a la experiencia y capacidad que existe en dichos países. La Comisión Europea ha apoyado en el pasado este enfoque y ha instado a las ONG europeas para el desarrollo a colaborar con sus homólogas locales. En los ámbitos de ayuda alimentaria, reconstrucción y desarrollo a largo plazo, la Comisión ha subrayado en numerosas ocasiones la importancia de la sociedad civil y las iniciativas privadas en los países en vías de desarrollo. No obstante, en otras ocasiones los servicios de la Comisión han rechazado solicitudes presentadas por las ONG europeas para el desarrollo, aduciendo que estas organizaciones no cuentan con suficiente presencia de europeos en el país afectado.
¿Qué criterios sigue la Comisión para determinar si es necesaria la presencia de europeos en una ONG europea que actúa en un país específico?
¿Qué ventajas se derivan para la Comisión y para los programas de las ONG de la utilización de personal europeo, en comparación con el personal de las organizaciones locales?
¿Está de acuerdo la Comisión en que, a la luz de los debates sobre la correlación entre la ayuda urgente, la reconstrucción y el desarrollo a largo plazo, el trabajo a través de las organizaciones locales las fortalece, lo que representa un valor añadido?

Pinheiro
Señor Presidente, la Comisión comparte enteramente la opinión del Sr. Macartney de que es importante fortalecer las organizaciones locales y valorizar su papel para garantizar, en particular, la articulación entre situaciones de emergencia, rehabilitación y desarrollo. La importancia de este aspecto se ha puesto de relieve en particular en la reciente comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre este mismo asunto. De forma general, la Comisión tiene en cuenta, lo más ampliamente posible la necesidad de fortalecer y hacer participar a los interlocutores sociales en la ejecución de los diferentes instrumentos financieros.
En ese marco, la organización no gubernamental debe aprovechar, en la medida de lo posible, los recursos humanos locales, cosa que, por lo demás, establecen las condiciones generales de cofinanciación para la ejecución de proyectos de desarrollo estructural. Es evidente que ese planteamiento debe modularse en función de los objetivos concretos de las diferentes rúbricas presupuestarias y de las condiciones in loco .
Al evaluar las necesidades en materia de cooperantes extranjeros para un proyecto determinado, la Comisión tiene en cuenta el objetivo del propio proyecto, la capacidad logística y técnica del país respecto de la acción prevista, la experiencia y la capacidad de gestión financiera de los beneficiarios. Así, en situaciones de emergencia o durante la fase de rehabilitación en países que acaben de salir de crisis graves y cuya estructura política, económica y social haya sufrido perturbaciones profundas puede ser necesario contar con una presencia más fuerte de cooperantes extranjeros que, por ejemplo, en una fase normal de desarrollo. El recurso a ese personal extranjero va normalmente acompañado de un componente de formación del personal local para garantizar la viabilidad del proyecto a medio o largo plazo después de la partida de los cooperantes extranjeros.

Macartney
No sé si puedo sentirme tranquilo o no por la respuesta del Sr. Comisario. Parece estar diciendo todas las cosas acertadas. Si me permite aclararlo un poco, ¿ha dicho realmente que, si todo lo demás es igual, él preferiría depender de personal local en las ONG, en vez de tener a europeos actuando como guardianes, que supongo es ésa la impresión que se tiene? Pregunto esto porque, después de muchos años de descolonización, continúa existiendo la impresión en algunos países de que la Unión Europea no ha cambiado su actitud fundamental. Espero estar equivocado y quizá el Sr. Comisario pueda confirmar que estoy equivocado al respecto.

Pinheiro
Permítame asegurarle que está en lo cierto en cuanto a sus temores, pero se equivoca en las conjeturas que saca. En 1995, de los 67 proyectos que se financiaron con cargo a las líneas presupuestarais que se ocupan principalmente de casos de rehabilitación y gestión de crisis, sólo siete entraban en la categoría a la que usted se ha referido en su pregunta, en los que hizo falta personal de refuerzo europeo. La causa fue que la administración era un desastre y resultaba imposible llevar a cabo algunos proyectos esenciales, si no aportábamos algo de experiencia por nuestra parte. Pero la norma es que a menos que exista un homólogo local -siempre intentamos que sea la principal fuerza del proyecto- simplemente no financiamos las ONG europeas. Es una norma muy firme. Verá que en el informe que presentaremos al Consejo y al Parlamento a comienzos del año próximo, esta condición se presenta como uno de nuestros principales objetivos. Gracias por la pregunta, porque es importante.

El Presidente
Pregunta nº 46 formulada por Marianne Eriksson (H-0461/96):
Asunto: Política de ayuda al desarrollo
Los países más pobres, en su mayoría países ACP situados al sur del Sáhara, se benefician de una proporción cada vez menor de la ayuda al desarrollo que brinda la UE. El hecho de que ésta conceda la prioridad a la ayuda al desarrollo de los países de la Europa Central y Oriental y a los de la cuenca mediterránea redunda en detrimento de los Estados más pobres.
¿Cuáles es la postura de la Comisión con respecto a este problema?
¿Tiene intención la Comisión de adoptar medidas encaminadas a modificar esta situación? En caso afirmativo, ¿de qué medidas se trata?

Pinheiro
Señor Presidente, la ayuda concedida por la Unión Europea a los países del África subsahariana está compuesta, como se sabe, de recursos establecidos en el presupuesto de la Unión y por el Fondo Europeo de Desarrollo, que actualmente, como también se sabe, y contra la voluntad de la Comisión, aún no va incluido en el presupuesto comunitario por la negativa al respecto del Consejo. Las autorizaciones concedidas en el ámbito del Fondo Europeo de Desarrollo no han cesado de aumentar. En el VI Fondo ascendieron a 7.500 millones de ecus, pasaron a ser 10.900 millones en el VII Fondo y 12.800 millones de ecus en el VIII Fondo Europeo de Desarrollo. Es decir, que del anterior Fondo Europeo de Desarrollo al actual ha habido un aumento de casi el 20 %. La parte representada por el Fondo Europeo de Desarrollo en el conjunto de la ayuda exterior de la Comunidad se ha mantenido estable desde 1991 en cerca del 45 % de toda la ayuda exterior comunitaria. Eso es importante y tanto más cuanto que, de los 48 países menos adelantados determinados por las Naciones Unidas, 40 forman parte del grupo ACP y, por tanto, son financiados, desde el punto de vista de la ayuda exterior, por el Fondo Europeo de Desarrollo.
Por lo que se refiere al presupuesto de la Unión, la importancia atribuida a los países ACP y, más en particular, a los países más pobres en el ámbito de las políticas de ayuda y cooperación tampoco ha disminuido en el transcurso de los últimos años. En efecto, el Consejo Europeo de Cannes estableció un reparto de los recursos entre los diferentes grupos geográficos: los países de la Europa central y oriental, el Mediterráneo, los países ACP, Asia, América Latina, la antigua Unión Soviética y la antigua Yugoslavia. Dicho reparto estará en vigor hasta 1999 y nada permite suponer que vaya a modificarse la situación en detrimento de los recursos asignados a los países ACP. La ayuda de la Unión Europea a los países de la Europa central y oriental es, en efecto, importante y ha aumentado de forma continua desde 1990. También en el ámbito del nuevo partenariado euromediterráneo los recursos para la región del Mediterráneo aumentarán en gran medida. Pero eso no ha redundado -quisiera subrayarlo- en detrimento de los países ACP. Como he citado cifras, quisiera subrayar que, expresado en dólares, que es la moneda normalmente usada en la cooperación para la ayuda al desarrollo, el salto del 7º al 8º FED es de casi un 50 %. Y si lo expresamos en monedas locales, es decir, según la capacidad adquisitiva local, es bastante superior al 50 %. En otras palabras, señoras y señores diputados, puedo decir, con cierta seguridad, que el número de proyectos que la Unión Europea podrá financiar en el ámbito del VIII Fondo Europeo de Desarrollo, experimentará probablemente un aumento del 50 % en comparación con el VII Fondo Europeo de Desarrollo.

Eriksson
Le agradezco su respuesta. Debo decir que la esperaba. El motivo de que haya planteado esta pregunta es, entre otras cosas, que el Gobierno sueco ha decidido hacer recortes en su política de ayuda al desarrollo en nuestro país, motivándolos con que ya existe un programa de ayudas dentro de la UE.
En base a esto he analizado las ayudas de la UE. Aunque estoy de acuerdo con el Comisario en que no se han dado grandes cambios en el dinero entregado en efectivo, observo que lo que ha dado la Unión Europea ha sido en concepto de ayudas en caso de catástrofes, lo cual se ha hecho a coste de los proyectos de desarrollo más a largo plazo. Por tanto, pienso que mi pregunta sigue sin responderse. ¿He interpretado bien a la Comisión, y está de acuerdo conmigo, y en tal caso, cómo piensa trabajar la Comisión para mejorar la situación de los veinte países más pobres en la actualidad?

Pinheiro
El total del gasto público que la comunidad internacional destina a ayudas ha descendido durante la última década, no porque la Unión Europea o sus Estados miembros hayan reducido su aportación - por el contrario, la hemos incrementado-, sino porque algunos de los donantes más importantes, como los Estados Unidos de América, han reducido considerablemente su contribución, y también porque los japoneses, que eran otro de los principales contribuyentes decidieron reducir sus compromisos de ayuda tras el terremoto de Kobe.
El segundo aspecto que me gustaría subrayar es que el enfoque multilateral no es un substituto de algunos de los enfoques bilaterales. En ese sentido, he venido instando a los Estados miembros a que coordinemos nuestros esfuerzos y encontremos las formas de trabajar unidos, y para que no decaiga el esfuerzo bilateral que ha sido crucial en muchos países y lugares por muchos motivos diferentes. Los países nórdicos, en especial, han dado ejemplo de una excelente cooperación, especialmente en los países ACP y a través de algunas de las mejores ONG que trabajan en dichos países. Espero, por consiguiente, que Suecia, como uno de los principales países que ha seguido esa política, continúe haciéndolo en el futuro.
Existe un segundo aspecto que afecta a los países más pobres. La Comisión ha decidido que los fondos destinados provisionalmente para los próximos cinco años deben permitir un mayor incremento para los países más pobres -los más pobres de entre los pobres. Con dicho fin hemos establecido un sistema que garantiza que ninguno de los países más pobres recibirá un incremento menor del 25 % de su financiación con cargo al FED. Lo más probable es que reciban un 50 % más durante los próximos cinco años en lo que se refiere al sobre financiero del FED. ¿Por qué lo hemos hecho? Entre otros motivos, porque tenemos dos tranches en el gasto del FED. En principio, los países más pobres tendrán menos capacidad para absorberla, y por ello saldrán mejor parados si asignados fondos adicionales en la distribución de la segunda tranche . Al crear este desequilibrio en favor de los países más pobres al comienzo, hemos intentado asegurarnos de que no destruimos el equilibrio general al final del próximo FED.
Actualmente no sólo la cantidad de recursos disponibles es crucial, sino también su coordinación. Por ello la Comisión ha emprendido un enorme esfuerzo de coordinación con los Estados miembros y otros donantes internacionales, a saber, el Banco Mundial que, como sabemos, es uno de los donantes más importantes y también con agencias de las Naciones Unidas, tales como UNCTAD, UNIDO, UNICEF, FAO y otras. Es una política deliberada que ya ha comenzado a dar frutos. Volveré en septiembre, cuando finalice el seminario que celebraremos con el Banco Mundial, para informar sobre la acción común que decidamos emprender con el fin de maximizar los recursos disponibles para ayudar a los países ACP.

El Presidente
Pregunta nº 47 formulada por Graham Watson (H-0317/96):
Asunto: Monopolio de Microsoft
¿Es la Comisión consciente de que Microsoft está aprovechando su posición de monopolio en el mercado informático de los soportes lógicos en detrimento de los proveedores y usuarios europeos? Tras haber obtenido una cuota de alrededor del 80 % del mercado en ese tipo de soporte lógico, Microsoft disfruta de un dominio incontestable en el sector. Según la revista «Personal Computer World», el gigante informático de los soportes lógicos vende copias de Microsoft Office a proveedores estadounidenses por un precio de sólo 80 dólares estadounidenses, mientras que por el mismo paquete cobra 140 libras esterlinas, casi el doble del precio estadounidense, a los competidores británicos y probablemente a otros europeos. La gran demanda de Microsoft Office, que incluye el procesador de texto WORD y la base de datos EXCEL, entre los consumidores limita la capacidad de competencia de los proveedores británicos, y por tanto europeos, y supone un desvío de actividades comerciales a los Estados Unidos. ¿Qué acciones tiene previsto adoptar la Comisión para poner fin a un ejemplo tan evidente de establecimiento de precios abusivos que incumple claramente el espíritu de las negociaciones del GATT?

Van Miert
La Comisión comparte la inquietud de su Señoría por el comportamiento de las empresas dominantes y sentimos especial preocupación en aquellos casos en que el comportamiento abusivo por parte de una empresa dominante puede mermar la capacidad competitiva de sus clientes europeos. Actualmente se está discutiendo con la dirección de Microsoft, que parece ser el proveedor principal, hasta qué punto es lícito establecer precios distintos para los diferentes cliente, y otros aspectos de sus contratos de licencia con los fabricantes de ordenadores.

Watson
Agradezco la información del Sr. Comisario de que se está discutiendo este asunto, porque me parece ser un caso flagrante de una política de precios abusivos que viola claramente el espíritu de las negociaciones del GATT. Si son ciertas las acusaciones que hace la revista Personal Computer World - la cual ha demostrado ser muy valiente, en vista de la posible pérdida de anunciantes-, nos lleva a pensar que esta práctica está más extendida de lo que debería. De hecho, es posible que no sea éste el único caso de política de precios abusivos por parte de esta compañía específica. No creo que exista ningún modo de evitar que este excelente producto sea la norma de los soportes lógicos para oficina en Europa. Todos los intentos de promover alternativas europeas a dicho producto serán probablemente una pérdida de dinero, porque es un producto muy bueno que goza de un gran éxito entre los consumidores. Pero es posible que tengamos más éxito si recurrimos a la presión, a la publicidad adversa y, quizá, a sanciones financieras para luchar contra esa política de precios abusivos. Cualquier garantía que la Comisión pueda dar a la Asamblea de que se tomarán dichas medidas, una vez demostrada su veracidad, sería acogida con gran satisfacción.

Van Miert
Como he dicho, estamos discutiendo este asunto con la dirección de Microsoft. Antes de sacar ninguna conclusión, tenemos que tener muy presente el hecho de que, en primer lugar, la información sobre los precios de que disponemos es de carácter confidencial. Pero, por otra parte, ya hemos analizado una serie de derechos, y existen grandes diferencias. No es oportuno ahora sacar conclusiones precipitadas. Necesito conocer una serie de situaciones muy diferentes que requieren un análisis más minucioso.
Por otro lado, no debemos olvidar, una vez más, antes de sacar conclusiones precipitadas, que existen tarifas diferentes para servicios diferentes. No basta con limitarse a comparar dos cifras. Quiero hacer hincapié en esto. Por ello, le ruego que acepte que hoy no puedo ser más explícito. Pero confirmo que la Comisión está discutiendo este asunto con la confidencialidad y la determinación necesarias para descubrir lo que está sucediendo realmente.

El Presidente
Pregunta nº 48 formulada por Pat Gallagher (H-0390/96):
Asunto: Procedimientos de licitación para las concesiones de teléfonos móviles
Respecto a la adjudicación de una segunda concesión de teléfonos móviles en Irlanda, ¿puede la Comisión confirmar la exactitud de la declaración del Ministro irlandés de Transporte, Energía y Comunicaciones formulada en Dall Eireann el 22 de noviembre de 1995 sobre la intervención de la Comisión Europea en la adjudicación de la segunda concesión de teléfonos móviles, que incluye el siguiente comentario del Ministro: »Se puso un límite de 15 millones de libras a los derechos, entendiéndose que Aircell pagaría también 10 millones. Esto llevó a la aprobación anticipada del proceso de selección por la Comisión»?
¿Cuál es el punto de vista de la Comisión sobre el contenido de las cartas enviadas por el Departamento irlandés de Transporte, Energía y Comunicaciones en junio y el 5 de julio de 1995 a los candidatos al segundo procedimiento de licitación de teléfonos móviles y sobre el hecho de que la Unión Europea y el citado Departamento de Transportes, Energía y Telecomunicaciones había fijado un «derecho de entrada» de 15 millones de libras para el nuevo operador?

Van Miert
Para comprender la participación de la Comisión en los procedimientos de licitación irlandeses, es necesario recordar que la Comisión abrió un procedimiento formal relativo al mantenimiento del monopolio del GMS en Irlanda en mayo de 1994. El 8 de marzo de 1995, el ministro Lowry confirmó que habían concluido todos los trabajos preliminares para abrir el mercado del GSM a la competencia. Mediante carta de 27 de abril de 1995, la Comisión puso en la atención del ministro ciertas condiciones de la convocatoria para la presentación de ofertas que parecían ser discriminatorias.
El problema principal era la suma que los solicitantes fueron invitados a abonar por los derechos según la cláusula 19. Se explicó que dicha opción resultante en una tarifa que sólo se impone sobre el segundo operador puede distorsionar de manera importante la competencia y favorecer la extensión de la actual posición dominante de la organización de telecomunicaciones titular. Al mismo tiempo, la Comisión hizo hincapié en que no estaba del todo claro de la documentación sobre competencia facilitada por las autoridades irlandesas si Telecom Eireann, que ya ofrecía sus propios servicios GSM, debía también abonar la misma suma como si de un nuevo competidor se tratara.
La carta de la Comisión mencionaba asimismo que un pago inicial semejante conduciría a una subida de las tarifas para recuperar el dinero abonado, haciendo con ello más inaccesible el servicio móvil y restringiendo el acceso de los consumidores al mercado, lo cual es contrario al objetivo de la Recomendación del Consejo 87/378. A raíz de dicha carta, los representantes del Gobierno irlandés propusieron, durante una reunión bilateral celebrada en Bruselas, fijar un límite para el pago inicial e imponer un pago similar a Telecom Eireann. La Comisión estimó que si se aplicaba dicho enfoque, junto con medidas adicionales como el derecho a crear su propia infraestructura, no existía ningún fundamento para emprender medidas adicionales, de conformidad con el apartado 1 del artículo 90 en conjunción con el artículo 86, cualquiera que fuera la tarifa impuesta sobre el segundo operador.
El papel de la Comisión no es elegir un enfoque determinado, sino garantizar que el enfoque elegido se ajusta a las normas del Tratado. Durante dichas conversaciones bilaterales se decidió suspender el procedimiento de presentación de ofertas hasta la confirmación oficial de la Comisión de 14 de julio de 1995. A partir de dicha fecha, la Comisión no ha tomado parte en ninguna de las etapas siguientes del proceso de selección.
La Comisión no ha sido consultada sobre las cartas de junio y de 5 de julio de 1995 que su Señoría menciona en su pregunta.

Gallagher
Agradezco al Sr. Comisario su minuciosa respuesta. Quisiera decirle que en Irlanda existe preocupación por la adjudicación de la segunda concesión de teléfonos móviles. Es un elemento clave de nuestra estrategia de telecomunicaciones. Existe confusión sobre el papel de la Comisión y me alegra que el Sr. Comisario lo haya aclarado esta tarde, en vista de la correspondencia de las autoridades irlandesas en la que indican que la Comisión ha sido la causante del retraso producido en el procedimiento.
Deseo preguntar al Sr. Comisario si es habitual que la Comisión participe en la fijación de un límite de las tarifas como dan a entender las autoridades irlandesas. La respuesta de esta noche es importante a la luz de la especulación que ha existido en medios políticos y de comunicación en Irlanda durante los últimos meses. ¿Podría confirmar el Sr. Comisario si la Comisión puede haberse visto envuelta de algún modo en el retraso del proceso?

Van Miert
En primer lugar, permítame recordar que es nuestro deber intentar convencer a los gobiernos de que no deben imponer una tarifa para los nuevos operadores. Pero si un gobierno lo hace -lo cual no sólo ha sucedido en Irlanda, sino también en Bélgica, Italia y España-, evidentemente la Comisión pide a las autoridades que sean equitativas e impongan las mismas tarifas al operador titular, que generalmente se encuentra ya en el mercado. Pero ésta es la segunda mejor elección porque, a fin de cuentas, es el consumidor el que paga la factura.
Una vez más, si un gobierno elige un enfoque distinto, éste debe ser equitativo. A la luz de nuestras observaciones, el Gobierno irlandés se mostró dispuesto a fijar un límite de las tarifas. Fue un intento de limitar -según lo expresó él mismo- la factura que debe pagar el consumidor, porque nuestra primera preocupación es que exista competencia, y que gracias a la competencia mejore el servicio al consumidor y tengamos las tarifas más atractivas.

El Presidente
Pregunta nº 49 formulada por Anne Van Lancker (H-0392/96):
Asunto: Aplicación de las directrices sobre ayuda al empleo
El 12 de diciembre de 1995, el Diario Oficial de las Comunidades Europeas publicó las directrices sobre ayuda al empleo . Éstas prevén una serie de excepciones a las normas de competencia y a las normas referentes a las ayudas estatales a empresas en favor de determinados grupos de desempleados que difícilmente encuentran empleo. ¿Puede comunicar la Comisión en qué medida los Estados miembros (y las regiones) han hecho uso de estas posibilidades y han anunciado o tomado medidas de ayuda al empleo de determinados grupos de parados? ¿De qué Estados miembros se trata? ¿También entran en consideración las empresas del sector de la economía social (entre ellas, las pertenecientes a los sectores descritos en la Comunicación de la Comisión sobre las iniciativas locales de desarrollo y de empleo y los talleres protegidos? ¿Piensa la Comisión en una iniciativa para incitar a las diferentes autoridades a que hagan uso de estas medidas?

Van Miert
La Comisión ha intentando revisar la transparencia de la política en cuestión y ha intentado describir lo mejor posible las reglas y la práctica de las diversas autoridades nacionales y otras autoridades facultades para otorgar ayuda estatal a la política de empleo. Naturalmente se utilizan diferentes prácticas, diferentes instrumentos. Las orientaciones a las que se ha referido la diputada tienen por objeto aclarar qué medidas generales no entran en las reglas sobre ayuda estatal o si entran en esta ayuda, si ello no plantea ningún problema desde el punto de vista de la Comisión, por ejemplo medidas de apoyo para determinadas categorías de desempleados que tienen dificultades para reinsertarse a la vida laboral: parados de larga duración, jóvenes parados, mujeres, etc., es decir, que esto no plantea ningún problema.
Por cierto, hoy la Comisión ha interpretado más a fondo las cosas y como saben ustedes, recientemente ha habido algunos casos en los que la Comisión lo ha hecho a través de la práctica, me refiero entre otras cosas a la política que se sigue en Francia para las ciudades con muchas bolsas de pobreza, a las que se puede ofrecer medidas de apoyo adicionales, y que nosotros no creemos que sean contrarias a las medidas de ayuda estatal o normas de ayuda estatal, porque el efecto es sobre todo local, y por consiguiente no pueden considerarse una distorsión de la competencia.
Por otra parte, con el telón de fondo de las directrices hay dos gobiernos que nos han presentado medidas, esa era también la pregunta formulada por la diputada, en Suecia, pero allí ya había medidas antes, allí debatimos con las autoridades sobre algunas adaptaciones a fin de ponerlas en línea con las reglas de juego, y en España, donde no hemos visto razón alguna para plantear objeciones.
Por lo demás puedo comunicar a la diputada que en caso de tratarse de iniciativas de carácter puramente local, naturalmente no hay problemas, pues no se puede considerar que alteren la competencia a través de las fronteras. Se trata de asuntos que pueden admitirse sin ningún problema. Lo que no se puede admitir son las medidas que tienen por objeto alterar las relaciones de competencia con países vecinos o favorecer a determinados sectores a través de medidas que supuestamente son para favorecer el empleo, pero que en realidad tienen por objeto favorecer a un determinado sector industrial. Por lo demás, saben ustedes hasta qué punto la Comisión se interesa por la problemática del empleo, conocen el Libro Blanco, conocen las iniciativas del Presidente Santer y de la Comisión. No creo que pueda pensarse que la Comisión no se muestra militante en este ámbito, si me permiten decirlo así, para mantener las cosas en equilibrio y evitar que se produzca competencia desleal a través de estas medidas.

Van Lancker
Quisiera dar las gracias al señor Comisario por su detallada respuesta. Me demuestra, señor Comisario, que incluso al aplicar de las normas de competencia pueden seguir manteniéndose principios sociales. Esto me complace. Pienso que son demasiado pocas las personas que lo saben. Quisiera preguntarle al Comisario si puedo sacar la conclusión de que las cláusulas sociales en el marco del gasto público, en caso que de no supongan una prerrogativa para una u otra empresa, pero sí intenten dar una oportunidad a un determinado grupo social que tenga dificultades en el mercado laboral, si he de comprender que esto también está permitido.

Van Miert
No quisiera pronunciarme directamente sobre esta cuestión, porque tengo la impresión de que corresponde al ámbito de otro compañero, pues tiene que ver más bien con el mercado interior. Está claro que las administraciones no ven problema alguno en ofrecer medidas de apoyo a determinadas categorías de las cuales se sabe que tienen dificultades en el mercado laboral. Por ejemplo, también a las instituciones que se ocupan de ello. Pero, naturalmente, cuando se trata de asuntos que entran en el ámbito de la competencia y que son transfronterizos, hay que averiguar dónde están exactamente los límites.
Intentamos ir hasta donde nos lo permite la interpretación de la ayuda estatal permitida en favor del empleo, siempre que no se trate de que los gobiernos o las autoridades intenten hacerse la competencia de este modo. Por lo demás, esperamos una cosa y es que a la luz del Libro Blanco podamos reducir poco a poco el coste del trabajo a fin de no reducir lo que reciben las personas, sino los costes adicionales vinculados a ellas para intentar de este modo, por decirlo así, penalizar menos el trabajo de lo que sucede hoy en día.

El Presidente
Pregunta nº 50 formulada por Jörn Svensson (H-0460/96):
Asunto: Disposiciones en materia de competencia
En los países nórdicos, el mercado del azúcar se rige por un régimen de monopolio a cargo de la empresa Danisco. Esta empresa ha decidido cerrar una azucarera rentable situada en la isla sueca de Gotland y obstaculiza el que otra empresa se haga cargo de la azucarera. Estas prácticas no son contrarias a la legislación vigente.
¿Tiene intención la Comisión de adoptar algún tipo de medidas para aplicar de forma más estricta las normas en materia de competencia con el fin de impedir que se produzcan situaciones de esta naturaleza?

Van Miert
Habida cuenta de que el asunto planteado por su Señoría no ha sido comunicado a la Comisión según lo previsto en las normas sobre la competencia de la CE, y por no disponer de toda la información relevante, la Comisión no está en condiciones de comentar los méritos del caso en cuestión.
En principio y en virtud de las normas en materia de competencia, la Comisión no se opondría a operaciones en las que una compañía, aun en una posición dominante en un mercado nacional, intentara racionalizar la producción o trasladarla de una instalación a otra dentro de dicho mercado por motivos de reestructuración. Es algo que sucede todos los días. Evidentemente, cuando una compañía que se encuentra en una posición dominante abusa de su posición, por ejemplo, comportándose de forma que le permita mantener a otros competidores fuera de dicho mercado a cualquier precio o comprando otras compañías para cerrarlas y limitar una posible competencia, puede existir un problema. Pero en este caso concreto no hemos recibido ninguna queja específica ni ninguna información. Por consiguiente, no puedo ser más concreto.

Svensson
Señor Presidente, señor Comisario, gracias por su respuesta, aunque ha sido de un carácter un poco difuso. Volveremos ciertamente a tratar esta cuestión, y me esforzaré por recoger información más concreta sobre el tema.
Lo que estamos viendo en este caso es un verdadero monopolio; en Suecia no se vende azúcar alguno que no provenga exclusivamente de la empresa mencionada. Creo que esto constituye por sí mismo una situación merecedora de una intervención. Por otra parte, la empresa impide un establecimiento alternativo en la isla de Gotland, importante desde el punto de vista de la política regional, donde la industria del azúcar tiene un papel clave.
Una breve pregunta suplementaria: ¿Cuál sería la reacción que cabría esperar por parte de la Comisión ante una medida legislativa rigurosa por parte de Suecia que hiciese imposible el comportamiento monopolizador en el sector del azúcar del tipo que aquí comentamos?

Van Miert
Debido a que la adhesión de Suecia a la Unión Europea es aún reciente, algunos de los problemas que puedan surgir y los casos de monopolio que puedan existir deben ser tolerados por el momento. En este sentido quisiera pedir a las autoridades nacionales responsables de la competencia que, en caso necesario, desempeñen su función. Pero si se trata de una compañía dominante o de un monopolio que abusa de su posición, hay que establecer el caso. Es necesario disponer de pruebas que lo demuestren. Si usted dice que la compañía en cuestión está intentando impedir a otro competidor comprar esa compañía y que desea cerrarla con el fin de evitar competencia, y si usted tiene pruebas de ello, puede remitir el caso a la Comisión o el competidor puede poner una denuncia. Para eso tenemos las normas de competencia y una autoridad que se ocupa de los asuntos en materia de competencia que, como usted sabe, es la Comisión. Mientras no tengamos ninguna queja y mientras no existan pruebas, su Señoría comprenderá que la Comisión no tiene ningún motivo para actuar.

El Presidente
Pregunta nº 51 formulada por Mikko Rönnholm (H-0493/96):
Asunto: Concentraciones entre empresas en Finlandia
En este momento existe en Finlandia una situación extraña por lo que respecta a la política de competencia; la actividad en el sector de la banca y de los seguros, así como el comercio minorista, se han concentrado a lo largo de la década de 1990 en muy pocas manos. En 1991 la cuota de mercado de los dos bancos más importantes era en total de un 55 % aproximadamente, en tanto que en 1995 se acercaba al 80 %. Por lo que respecta al comercio minorista, se ha pasado de una cifra de aproximadamente el 60 % en 1985 a casi el 90 % en 1995. La aparición de las concentraciones, especialmente tras la adhesión de Finlandia a la UE, suscita extrañeza entre los ciudadanos, ya que ello ha dado lugar a un aumento de los costes y a un deterioro de la calidad del servicio. ¿Considera la Comisión que la actual situación de Finlandia es contraria a la política de competencia de la Unión? En caso afirmativo, ¿qué medidas ha adoptado o piensa adoptar la Comisión para resolver este asunto y evitar que en Finlandia se cree una imagen equivocada sobre las repercusiones de la adhesión a la Unión?

Van Miert
No es sorprendente que cuando los países se unen a un gran mercado único como el que tenemos nosotros, surge una tendencia a la concentración, las fusiones y la adquisición. Es parte del juego y sucede todos los días en todas partes de Europa. Evidentemente, y afortunadamente, diría yo, dicho juego tiene unas reglas. Existe un reglamento de fusiones desde 1989. En los casos más importantes, la Comisión se reserva el derecho exclusivo de examinar las fusiones y adquisiciones. A propósito, desde 1988 hemos tenido que examinar más de 400 casos de grandes fusiones y adquisiciones. Todo el mundo reconocerá que ha sido una política bastante acertada y en varios casos hemos tenido que imponer condiciones a dichas fusiones y adquisiciones. En Finlandia se produjo la fusión entre Kymmene y Repola. Impusimos algunas condiciones en ese caso. En otros, la Comisión llegó incluso a encender la luz roja y no permitió que la fusión o adquisición se llevara a efecto.
Ésas son las reglas del juego. La norma básica es que no se permite la adquisición de una posición dominante mediante una fusión o adquisición. Es una auténtica garantía contra las fusiones demasiado grandes y, sin duda, contra la creación de posiciones dominantes a través de fusiones y adquisiciones.
Debo decirle también que contamos con otro instrumento, a saber, el artículo 86. Nadie debe señalar con el dedo a una compañía que adquiere una posición dominante por su propio esfuerzo y no mediante fusiones o adquisiciones. Pero si dicha compañía abusa de su posición, la Comisión puede intervenir y, posiblemente, imponer fuertes sanciones, algo que ya ha ocurrido en alguna ocasión. Tenemos un reglamento y si existen casos que la Comisión debe conocer o en los que los competidores piensan que existe un caso de violación, deben presentar una denuncia ante la Comisión. No es que esté pidiendo más trabajo. El año pasado se produjo un incremento de un tercio en el número de casos, más del 30 % de los mismos pertenecían al ámbito de la competencia, y sólo en parte eran debidos a la ampliación.

Rönnholm
Señor Presidente, tal como ya he expuesto en mi pregunta, se trata de un grave problema a nivel local puesto que la concentración que nos ocupa ha tenido lugar tras la adhesión a la unión. Por lo tanto, desearía aún solicitar a la Comisión que, por su parte, especificara la importancia que reviste la competencia y evaluara el hecho obvio de que, especialmente, las adquisiciones en el ámbito del comercio minorista se han llevado a cabo a precios considerablemente más elevados que los del mercado, lo cual creo que demuestra que estamos ante una medida que constituye un obstáculo a la competencia, y no ante una racionalización o cualquier otra acción de reestructuración.

Van Miert
Permítame que le diga sólo una cosa. En primer lugar, como usted ya sabrá, la Comisión desea reducir el límite mínimo para aplicar el Reglamento de fusiones, porque sólo somos competentes en el caso de grandes fusiones, es decir, cuando las compañías sobrepasan la cifra de 5.000 millones de ecus, que es realmente mucho dinero. Quisiéramos reducir dicho umbral a 2.000 millones de ecus, lo cual ampliaría el campo de acción de la Comisión para estudiar este tipo de fusiones.
Es posible que eso sea válido para el caso de Finlandia. Existe la denominada cláusula neerlandesa -el artículo 22 del Reglamento de fusiones- que permite a las autoridades nacionales llevar un caso a la Comisión aun cuando la suma no llega a dicho umbral. Por lo tanto, el gobierno puede remitirnos el caso y la Comisión lo analizará minuciosamente y tomará las medidas oportunas. O sea, que ya ahora un gobierno nacional puede dar ese paso. Aunque esa cláusula se aplica muy rara vez, podría perfectamente aplicarse pronto en Finlandia, si estoy bien informado. No puedo ser más concreto, pero según tengo entendido, las autoridades finlandeses parecen estar a favor de este tipo de cooperación.

El Presidente
Pregunta nº 56 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0422/96):
Asunto: Cultivo de tabaco en la UE
¿Qué perspectivas prevé el Comisario de agricultura en relación con el cultivo de tabaco en la UE en general, y en España en particular?

Fischler
Señor Presidente, Señorías, puedo contestar al señor diputado que la Comisión, tal como prevé el Reglamento de Bases del Consejo para el tabaco, presentará próximamente una propuesta para la regulación de este sector que se aplicará a partir de la cosecha de 1998. Al mismo tiempo se revisará la reforma del sector de 1992. Esta revisión todavía no ha concluido, por lo que lamento no poder dar más detalles en este momento.
Por lo que respecta a España, quiero señalar que, como sucede con otras regiones desfavorecidas de la Unión Europea, las plantaciones de tabaco son, prácticamente, la única fuente de ingresos de muchos pequeños agricultores.

Camisón Asensio
Efectivamente, señor Comisario, no ha sido muy concreta la respuesta. No obstante, le agradezco la información que nos brinda respecto al cultivo del tabaco en general -y, más concretamente, en España-. Yo hubiera deseado que este trámite parlamentario hubiera servido para concretar una guía de futuro, una orientación para tantas familias campesinas de la Europa soleada -Grecia, Italia, España, Portugaly, para ser más concreto, de la península Ibérica -de Extremadura- y, concretamente, del norte de la provincia de Cáceres, por citar lo que conozco día a día.
A usted le consta, señor Comisario, que estas familias están preocupadas por su futuro, porque estamos ante un cultivo tremendamente social que crea, soporta y multiplica muchos puestos de trabajo en aquellas regiones. Y a lo que nunca debería llegarse -y esto yo creo que lo tiene claro el señor Comisario- es a que se procediera a una supresión drástica del cultivo del tabaco sin antes haber previsto una alternativa con un cultivo sustitutivo, de características similares en cuanto a prestaciones socioeconómicas. Creo que este concepto debe tenerse en cuenta en esas previsiones para el año 1998 que nos acaba de hacer el Sr. Comisario.

Fischler
Señor diputado, usted conoce perfectamente las reglas de juego de este Parlamento. Por consiguiente, sabe que, cuando la Comisión haya elaborado su informe, dispondrá de oportunidades en esta Asamblea para debatir las cuestiones que ha mencionado. Estoy perfectamente al tanto de la gran importancia que el cultivo del tabaco tiene en la actualidad para muchos pequeños agricultores de la Unión Europea. Según nuestras estimaciones, 400.000 puestos de trabajo en la Unión dependen de él.

El Presidente
Pregunta nº 57 formulada por Ulf Holm (H-0428/96):
Asunto: Subvenciones a los productores de tabaco
Cada año se pagan aproximadamente 1.000 millones de ecus a los productores de tabaco de la Unión.
Al mismo tiempo, el consumo de tabaco es la fuente de enfermedades y sufrimientos de numerosas personas. El cuidado de los fumadores cuesta cada año miles de millones a los Estados miembros. En los programas de sanidad de la Unión y de las Naciones se trabaja para reducir el consumo de tabaco como una manera de luchar contra el cáncer y otras enfermedades.
¿Se propone la Comisión reducir en el futuro las ayudas a los productores de tabaco para estar en armonía con los objetivos sanitarios?
¿Se propone la Comisión tomar iniciativas para ayudar a los productores de tabaco a cambiar la producción hacia otros productos que satisfacen necesidades humanas más elementales?

Fischler
Señor Presidente, Señorías, ahora se me formula la misma pregunta, pero desde el otro lado. Se argumenta que el fomento del cultivo de tabaco tendrá como resultado un aumento del consumo, lo que, a su vez, producirá riesgos adicionales para la salud. Ahora bien, si analizamos las relaciones internacionales de mercado en el sector del tabaco, concluiremos que lo único que aumentaría, en caso de que la Unión Europea dejara de fomentar este cultivo, sería, por una parte, la importación y, por otra, el desempleo. Y no es probable que el consumo aumentara o disminuyera. Nosotros no subsidiamos el precio de los cigarrillos, de los puros ni de ningún otro producto derivado del tabaco, sino que intentamos exclusivamente dar una oportunidad a los cultivadores europeos para que puedan mantenerse, con sus métodos y estructuras, en el mercado mundial.

Holm
Gracias por su respuesta, señor Fischler. Habida cuenta de los daños que produce el tabaco y de los programas sanitarios que tienen la Unión y los Estados miembros, es de una importancia central que reduzcamos el hábito de fumar. Aquí existe naturalmente un conflicto, y es por ello que he planteado mi segunda pregunta sobre si la Comisión tiene algunas propuestas encaminadas a canalizar la producción del cultivo de tabaco a otro producto más humano y más sano.
Ésta es la respuesta que me gustaría recibir, ya que la pregunta a la que respondió anteriormente menciona que existen muchos pequeños productores agrícolas que se dedican al cultivo de tabaco. ¿De qué modo va a abordar la Comisión este problema con el fin de encontrar un nuevo producto que puedan cultivar estos agricultores?

Fischler
Señor diputado, me permito señalar una vez más que, aun en el caso de que se otorgue a estos pequeños agricultores la posibilidad de cambiar de cultivo, no se puede esperar que con ello se vaya a fumar menos en Europa. Son dos cosas completamente distintas que se deben tratar por separado.
Con todo, me parece prematuro entrar hoy a discutir esta cuestión en detalle. Le puedo asegurar que, en el informe que presentaremos próximamente, vamos a abordar la cuestión de qué sucedería si se suprimiese el fomento del cultivo de tabaco. Entonces podrá usted hacerse una idea sobre las consecuencias de semejante opción. Otras personas en este Parlamento, como el diputado que le ha precedido, han señalado la importancia de preservar este fomento y de mantener el empleo en el cultivo del tabaco. Podemos debatir conjuntamente el asunto.

Provan
Señor Comisario, debo decir que suelo compartir la actitud del Sr. Holm y me alegra que él haya formulado la pregunta, porque es la incongruencia del gasto comunitario lo que preocupa a muchos de los que pertenecemos a esta Asamblea. La última vez que estudié este asunto, descubrí que el 80 % del valor del producto se destina en realidad a subvenciones a los productores de tabaco -el 80 %-, lo cual no es demasiado útil. El pago anual que reciben algunos productores de tabaco sobrepasa el valor de las tierras en las que lo cultivan. O sea, que tenemos, una vez más, una gran incongruencia en lo que la Comisión se propone alcanzar.
Suelo estar a favor de la producción alternativa, pero algunos de estos productores son agricultores muy pequeños. Por ello, señor Comisario, quisiera sugerirle que lo que debemos hacer para intentar dar congruencia al gasto comunitario es separar el pago del producto.

Fischler
Señor diputado, sus consideraciones merecen mi simpatía, pero no puede dejar de reconocer que usted mismo acaba de facilitar la prueba de que no se puede cultivar tabaco de manera rentable en la Unión Europea sin ayudas. Hay que decidirse: o bien se rechaza el fomento, lo que conlleva la supresión del cultivo de tabaco, o bien se deja abierta la posibilidad a este cultivo, lo que sólo es posible mediante las ayudas.
Se puede discutir sobre si el actual fomento de los cultivadores de tabaco es el mejor. Esto también será objeto de mi informe. No quisiera, por tanto, agotar hoy todo el debate.

Hardstaff
Deseo señalar que las subvenciones a la producción de tabaco no sólo van destinadas a los Estados miembros más pobres de la Unión Europea, sino también a países como Francia, Alemania y Austria, que se encuentran entre los países con la renta per cápita más alta de la Unión Europea. Ciertamente no deberíamos subvencionar a países muy ricos para que produzcan lo que usted acaba de calificar como un cultivo muy poco rentable, cuando no existe el menor motivo económico para ello. Debemos poner fin por completo a esta práctica y ayudar, a través de los Fondos estructurales, a aquellos países en los que existe un problema económico real para que desarrollen cultivos alternativos.

Fischler
Señora Hardstaff, por mucho que lo intente, no puedo compartir su apreciación, según la cual solo hay países pobres con agricultores pobres y países ricos con agricultores ricos, y éstos últimos no merecen que se les apoye. Desgraciadamente, las estructuras son de tal naturaleza que incluso en el país mejor dotado en este aspecto en la Unión Europea, concretamente el Reino Unido, hay agricultores que tienen evidentes problemas en materia de ingresos. El que haya muchos agricultores ricos en el Reino Unido no me permite, desgraciadamente, concluir que los agricultores de ese país que sí tienen problemas no están necesitados de ayuda. Sobre esa base no se puede discutir.

El Presidente
Pregunta nº 58 formulada por Gerard Collins (H-0427/96):
Asunto: Ayuda de emergencia a los productores de ganado ovino de Nyre Valley
¿Se ha enterado la Comisión de las insólitas tormentas de nieve que provocaron la muerte de innumerables ovejas en Nyre Valley, en el Condado de Waterford (Irlanda) el pasado mes de marzo, y ha recibido alguna petición del Gobierno irlandés para que facilite ayuda de emergencia a los ganaderos de Nyre Valley?
¿Presentará la Comisión propuestas de ayuda a los numerosos ganaderos que han sufrido cuantiosas pérdidas debido a las condiciones meteorológicas anormales?

Fischler
Señor Presidente, señor diputado, la Comisión está informada de las dificultades existentes en la zona de Nyre Valley en Irlanda a causa de las tormentas de nieve y de las malas condiciones meteorológicas a las que se refiere su pregunta. Le puedo, no obstante, confirmar que las autoridades irlandesas no han solicitado la ayuda de la Comisión. La explicación es, sin embargo, muy simple. Como usted sabe, la Comunidad no tiene competencias en materia de protección y ayuda en caso de catástrofes; este asunto compete a las autoridades nacionales. Por tanto, las medidas de emergencia y apoyo ante los estragos causados por las condiciones meteorológicas anormales corresponden a las autoridades nacionales.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 59 no se formula.
Pregunta nº 60 formulada por Christine Crawley (H-0453/96):
Asunto: Pérdidas de puestos de trabajo en las industrias agrícolas
En opinión de la Comisión, ¿cuántos puestos de trabajo se han perdido y cuántos están amenazados en las industrias relacionadas con la agricultura de la Unión Europea a consecuencia de la crisis de la EEB y las posteriores prohibiciones de exportación?
Qué mecanismos ha establecido la Comisión para llevar un seguimiento de las repercusiones sobre los puestos de trabajo y qué apoyo pondrá la Comisión a disposición de las personas e industrias afectadas por la crisis de la EEB?

Fischler
Señora diputada, la Comisión no dispone de datos precisos sobre la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido o que están amenazados a consecuencia de la crisis de la EEB en las industrias relacionadas con la ganadería, en los mataderos o en el comercio de ganado. No disponemos de ese tipo de datos. Pero puedo asegurarle que la Comisión tiene presente las dificultades y está considerando cómo se podría, al menos, paliar el problema.
La intervención es, ciertamente, una de las medidas más importantes que hemos tomado a corto plazo en este contexto. Si gracias a ella conseguimos equilibrar la escasa actividad del mercado en la actualidad y alcanzamos la pronta normalización del mismo, éste sería el mejor servicio que podemos prestar a los trabajadores ocupados en el sector.
A mi juicio, además de lo anteriormente expuesto, se trata ante todo de tomar medidas que estimulen a largo plazo la confianza de los consumidores de carne de bovino. La Comisión intenta colaborar en la búsqueda de soluciones que acaben con este apremiante problema y que restauren la confianza.
Además, hay que mencionar también, por sus grandes implicaciones en el empleo, las medidas acordadas para los animales de más de treinta meses y que el Reino Unido aplica en la actualidad. Lo mismo sucede con las medidas que todavía han de decidirse y con las que pretendemos conseguir una rápida erradicación de la enfermedad de la EEB. Creo que el conjunto de estas medidas puede ser de alguna ayuda en esta situación.

Crawley
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. Habida cuenta de la magnitud de la crisis por la que atravesamos con la EEB, me parece decepcionante que la Comisión no haya solicitado aún cifras ni haya comenzado a estudiar la supervisión de la situación en lo que a puestos de trabajo se refiere, aparte de las medidas sobre las que ha hablado el Sr. Comisario como la intervención y el restablecimiento de la confianza. La Comisión tiene el deber de elaborar un informe anual sobre el empleo en la Unión Europea, y por ello, deseo sugerir que es muy importante que la Comisión ponga en marcha un plan para supervisar los puestos de trabajo y los sectores que se ven amenazados por esta crisis. Como diputada al Parlamento Europeo, sé que hay miles de puestos de trabajo que están amenazados en toda la Unión Europea debido a la crisis de la EEB, no sólo en mi circunscripción, sino en muchos de los países de la Unión Europea, aparte del Reino Unido. Creo, por consiguiente, que es importante que la Comisión se tome muy en serio este asunto. Deseo preguntar ¿qué medidas se propone adoptar la Comisión para que los Estados miembros le faciliten las cifras de los puestos de trabajo amenazados y de los puestos de trabajo ya destruidos como consecuencia de la crisis de la EEB?

Fischler
Señora diputada, quizá pueda añadir que hay programas que cambian continuamente. Así, por ejemplo, se pueden aplicar los recursos estructurales correspondientes a las zonas de los objetivos 5b y 5a, lo que permitiría, por ejemplo, ayudar a la remodelación de la industria de la transformación en el Reino Unido y fomentar las inversiones. También hay que mencionar las posibles medidas de los objetivos 3 y 4. En estos casos, se trata de medidas de ayuda muy concretas. Sólo con estadísticas, no ayudaremos a nadie. Pero si a usted le parece importante contar con datos exactos sobre el empleo en este sector, trasladaré su interés al Comisario Flynn, que es el responsable en esta materia. En cualquier caso, se podría efectuar una encuesta o recoger información de las autoridades británicas.

Smith
La pregunta de la Sra. Crawley era sobre las personas que trabajan en las industrias relacionadas, sobre las personas que han perdido su puesto de trabajo como consecuencia de la prohibición, que trabajaban en el sector del transporte, en los mataderos o en la industria de productos cárnicos. He preguntado en la Oficina escocesa si existe algún programa al que se pueda recurrir para recibir ayuda, por ejemplo el Objetivo 5(a) o el Objetivo 5(b). El Conde de Lindsay me dice que existen obstáculos insalvables para utilizar los Fondos estructurales de la CE. Existen obligaciones jurídicas detalladas que cubren estas medidas y que no es posible dejar de lado dichas disposiciones. Pero el Objetivo 5(a) es relativo a ayudas a la comercialización y elaboración de productos agrícolas. Si se impide a las personas que comercialicen o elaboren productos agrícolas, ¿no podríamos utilizar los fondos del Objetivo 5(b) para ayudar a esas personas en esta difícil situación en la que ahora nos encontramos?

Fischler
Creo que debemos tener en cuenta las dimensiones que estamos barajando aquí. Si usted cree que los costes de la intervención son menores, me permito precisarle que hemos llegado a una intervención, para toda la Unión, de 150.000 toneladas. La intervención de 100.000 toneladas asciende a 240 millones de ecus, lo que quiere decir que hemos gastado ya 360 millones en estas medidas para permitir que se sacrifique directamente a los animales, ya que esto, en última instancia, favorece el mantenimiento del empleo en los mataderos. El almacenamiento de estos animales en cámaras frigoríficas, también redunda en la creación de empleo, etc. Si usted tiene en cuenta que, de acuerdo con lo estipulado para los animales con más de treinta meses, cada semana se sacrifican 25.000 animales, puede hacerse una idea de los efectos en el empleo.
Por todo lo anterior, creo que estas medidas son la contribución más importante para avanzar en el tema del empleo. Por lo demás, me permito atraer su atención sobre el hecho de que el volumen de las cantidades del Reino Unido es claramente superior al de otros Estados miembros. Ciertamente, los precios para los ganaderos locales son malos, pero la actividad de los mataderos es en parte superior a la de otros Estados miembros. No se puede limitar la cuestión del empleo exclusivamente al Reino Unido.

McCarthy
Quisiera volver sobre el Objetivo 5(a) y, en particular, sobre la línea presupuestaria 886. Tengo entendido que para el período comprendido entre 1994 y 1999 se han puesto a disposición del Reino Unido 226, 487 millones de ecus para fines de comercialización y elaboración. De hecho, tengo entendido que el Gobierno del Reino Unido sólo desea 51 millones de ecus de esa suma, o sea, que está rechazando 175, 304 millones de ecus. En mi opinión se trata de una financiación de grandes proporciones que podría invertirse perfectamente en la economía del Reino Unido para ayudar a las personas y al sector mencionados.
Si la Comisión recibiera una solicitud del Gobierno del Reino Unido para que se repongan esos 175 millones para ayudar a resolver la crisis y ayudar a los trabajadores del sector, estaría dispuesta la Comisión a considerar favorablemente dicha solicitud y estaría dispuesta a conceder esos fondos al Reino Unido?

Fischler
Las cifras que usted ha expuesto concuerdan exactamente con las que yo he mencionado. La Comisión está, por descontado, dispuesta a tomar decisiones sobre medidas en el marco de las directivas que lo permitan, pero necesitamos que lo solicite el gobierno correspondiente.

El Presidente
Como podrán ver en el pie de página, la Comisión ha preguntado si podemos pasar a la pregunta nº 94 formulada por la Sra. Crepaz sobre alimentos básicos - protección de los consumidores.
Pregunta nº 94 formulada por Irene Crepaz (H-0465/96/rev. 1):
Asunto: Alimentos básicos - protección de los consumidores
¿Cuáles son los productos finales afectados directa e indirectamente por el levantamiento del embargo sobre la gelatina, el sebo y el esperma de bovinos?
¿Qué medidas se han tomado para informar y proteger a los consumidores (certificados, etiquetado, campañas de información?
¿Cuál es la posición de la Comisión ante las declaraciones en relación con la problemática de la encefalopatía espongiforme bovina, según las cuales los productores de alimentos básicos deben asumir la responsabilidad de los mismos?

Fischler
Señor Presidente, señora diputada, Señorías, entre los productos finales contenidos en la Decisión 96/362 se encuentran, además del esperma de buey, los productos que contienen gelatina y sebo fabricados en el Reino Unido según las estrictas normas establecidas en dicha Decisión. Esta disposición obliga a que la materia prima para la fabricación de los productos mencionados proceda de ganado bovino de menos de 30 meses, que no esté infectado de EEB ni presente sospechas de ello.
Además, no se pueden utilizar tejidos de materias primas en las que se haya probado en algún momento la presencia del agente. Las materias primas se deben procesar bajo control veterinario y de acuerdo con el procedimiento recogido en el anexo de la Decisión. Así se garantiza, tras el análisis de un laboratorio independiente, la desactivación de cualquier resto de infección en el producto elaborado. Los productos mencionados en ese anexo se han de etiquetar o marcar de algún modo y deben contener los datos del fabricante y del procedimiento de fabricación, además de contar con un certificado de aptitud para el consumo, expedido por la autoridad veterinaria.
El consumidor podrá comprobar la composición del producto final en la lista de ingredientes que ha de figurar en la etiqueta, de conformidad con la Directiva nº 79/112 sobre etiquetado de productos alimentarios. La Comisión estudiará la posibilidad de ampliar las condiciones de responsabilidad en la elaboración de productos primarios, en el contexto general de los trabajos preparatorios para la publicación de un libro verde sobre las cuestiones jurídicas relativas a los productos alimentarios.

Fischler
Señora diputada, por lo que respecta a su última pregunta sobre el semen de vacuno, puedo decir lo siguiente: nuestra decisión se ha basado en el dictamen de los expertos del Comité Científico Veterinario, según el cual no hay ningún riesgo. En cuanto a la gelatina y al sebo, quizá se me permita indicar una vez más que la situación actual es la siguiente. Primero, los científicos han elaborado un procedimiento que garantiza la desactivación, o sea, la eliminación de cualquier agente productor de EEB.
Segundo, nos hemos asegurado de que los fabricantes de gelatina y sebo en el Reino Unido necesiten una autorización de sus autoridades para elaborar esos productos. Tercero, hemos dispuesto que para fabricar gelatina y sebo sólo se pueden emplear determinadas sustancias, que son las que he descrito anteriormente. Sólo se pueden utilizar esos tejidos.
Cuarto, las autoridades británicas están obligadas a comunicar inmediatamente la concesión de autorizaciones a empresas. Quinto, la Comisión realiza entonces una inspección en el Reino Unido. Sólo cuando todos estos pasos se han cumplido de manera satisfactoria, la Comisión decide formalmente autorizar a la empresa británica en cuestión a producir y comercializar gelatina o sebo. Además, después de todo esto, cada entrega debe ir acompañada de un certificado de las autoridades veterinarias en el que conste que se han respetado las normas de fabricación y también la frecuencia de las inspecciones veterinarias efectuadas en la empresa. En la práctica, esto quiere decir que se ha desarrollado un sistema para el futuro. Ahora depende de las autoridades y de las empresas británicas la rápida adaptación de sus procedimientos a los requisitos de una producción segura para poder realizar los controles mencionados. Por el momento, nadie puede decir cuándo se reanudará en la práctica la exportación de gelatina.

El Presidente
Pregunta nº 61 formulada por Roy Perry (H-0474/96):
Asunto: Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB)
La diferencia considerable entre el elevado número de casos de EEB en el Reino Unido y los casos declarados de EEB en otros Estados miembros en parte se ha atribuido a la mayor vigilancia y los mejores conocimientos de esta enfermedad en el Reino Unido. Sólo recientemente la EEB ha llegado a ser una enfermedad diagnosticable y es evidente que en otros Estados miembros la enfermedad no ha sido seguido con tanta intensidad como en el Reino Unido
¿Considera la Comisión que los datos estadísticos sobre la EEB son fiables y equivalentes en todos los Estados miembros y ha creado la Comisión un mecanismo a través del cual los casos de EEB pueden ser diagnosticados con precisión y confirmados en toda la UE?

Fischler
Señor Presidente, señor diputado, según el estado actual de la investigación científica, la causa de la epidemia de EEB es, con toda probabilidad, la alimentación con piensos hechos a base de harina de carne y de huesos en cuya elaboración se utilizaron, en parte, cuerpos de ovejas enfermas de Scrapie sacrificadas en el matadero. La alta incidencia de esta enfermedad en el Reino Unido, en comparación con otros Estados miembros, puede atribuirse a varios factores. Una evaluación de estos factores de riesgo ha dado como resultado que las circunstancias que pueden provocar una incidencia de la epidemia tan elevada (alta prevalencia de Scrapie, cambios en la manera de procesar los cuerpos de animales y una gran proporción de harina de carne y de huesos en los piensos) sólo se dan en esta magnitud en el Reino Unido.
La Decisión 90/130/CEE, refundida en la Directiva 89/894 del Consejo, estableció la obligación de notificar los casos de EEB en la Comunidad. La Decisión 94/474/CE de la Comisión dispuso confiscar los animales que presentaran una sintomatología de EEB en los análisis efectuados en los mataderos y someter el cerebro de estos animales a un análisis de EEB.
La Comisión ha organizado cursos de perfeccionamiento sobre análisis y métodos de prueba de la EEB para peritos nacionales, con objeto de garantizar que todos los Estados miembros dispongan de la suficiente capacidad de diagnóstico. El Comite Científico Veterinario examinó la cuestión de la vigilancia de la epidemia a través de muestreos. Su conclusión fue que este procedimiento apenas podría simplificar la prueba de la presencia, posiblemente escasa, de agentes causantes de la EEB en los Estados miembros.

Perry
Gracias, señor Comisario, por su respuesta, pero debo decir que los agricultores de mi circunscripción me dicen que tienen serias dudas sobre la validez de las estadísticas de otros países de la Unión Europea, que reflejan cifras demasiado bajas en comparación con las del Reino Unido. Este mismo fin de semana han aparecido informes de científicos pertenecientes al Instituto Neerlandés de Ciencias y de la Salud y de la Universidad de Tubinga, que arrojan serias dudas sobre las cifras procedentes de otros países europeos. Entre 1985 y 1989 se exportaron 57.000 reses del Reino Unido a países de la Unión Europea. De haber permanecido en Gran Bretaña, en opinión de dichos científicos, se habrían declarado 1.600 casos de EEB, pero lo cierto es que sólo se declararon 30 casos, y repito la pregunta: ¿tiene la Comisión algún sistema para supervisar y validar las estadísticas que provienen de esos otros países? ¿Tiene el Sr. Comisario algún comentario que hacer sobre dichos informes que ahora nos llegan de las fundaciones científicas europeas?

Fischler
Señor Presidente, la Comisión presenta continuamente a los científicos las cifras y valoraciones que le llegan sobre la incidencia y evolución de los casos de la enfermedad. Las reuniones del subgrupo del Comite Científico Veterinario también se ocupan regularmente de ello. El hecho de que el 99 % de los casos se hayan presentado en el Reino Unido y sólo el 1 % aproximadamente en el resto del mundo no se debe a que los otros países sean menos cuidadosos con la obligatoriedad de notificación. Todos los países están obligados a notificar los casos de la enfermedad, y no podemos partir de la base de que los Estados miembros no se hacen cargo de sus responsabilidades.
Pero, por encima de esto, sería muy importante de cara al futuro, aunque todavía se necesita mucho esfuerzo científico para conseguirlo, que pudiéramos detectar la enfermedad por medio de análisis antes de que se manifestara. Precisamente por esta razón he solicitado al llamado Grupo Weissmann que presente proyectos de investigación que permitan alcanzar lo antes posible esa meta. Esto facilitaría en gran medida nuestra manera de abordar esta enfermedad.

El Presidente
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. Las preguntas que no se han formulado por falta de tiempo recibirán respuesta por escrito.
(La sesión, interrumpida a las 19.27 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Ejercicio de la abogacía (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A40146/96) de la Sra. Fontaine, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(94)0572 - C40125/95-94/0299(COD)) destinada a facilitar el ejercicio permanente de la abogacía en un Estado miembro distinto de aquel en que se expidió el título.

Sierra González
Señor Presidente, la directiva objeto del debate viene a cumplir dos objetivos. Por un lado, hacer efectiva la libertad de establecimiento de los abogados en el seno de la Unión mediante una directiva específica y, por otro, facilitar la intervención de expertos en Derecho en operaciones comerciales transfronterizas en las cuales, por la propia lógica del desarrollo del mercado interior, están imbricados de manera creciente el Derecho internacional, el Derecho comunitario y los propios Derechos nacionales.
Ambos objetivos no tienen por qué ser contradictorios pero tampoco resultan necesariamente coincidentes, como esta directiva ha puesto de manifiesto. De hecho, ciertas cautelas formuladas en ella, y que pueden entenderse como garantía de asesoramiento experto en operaciones transfronterizas, son también trabas a la libertad de establecimiento, como la limitación del periodo de ejercicio y el mantenimiento en la directiva de pruebas de aptitud.
Estas limitaciones, de aplicarse, engendrarían diferencias de condiciones para el ejercicio de los profesionales del Derecho provenientes de un país miembro con respecto al de acogida, y esto, obviamente, constituye una desvirtuación del derecho de establecimiento que se rige por el principio de igualdad de condiciones.
Ciertamente no todo es negativo. La directiva tiene aspectos positivos que no me duele reconocer, tales como: la solución satisfactoria de la cuestión de las normas profesionales y deontológicas; el posibilitar el ejercicio profesional en grupo; el completar, pese a las limitaciones señaladas, el marco jurídico comunitario sobre la libertad de establecimiento de los abogados. Pero, aun así, las enmiendas propuestas por la ponente -y que son fruto, como ella ha dicho, del compromiso- mejoran sensiblemente la directiva, particularmente las enmiendas con las que se pretende garantizar el derecho a mantener más de un centro de actividad en el territorio de la Comunidad, las dirigidas a reforzar la seguridad de los consumidores, aquéllas con las que se pretende garantizar la independencia de los profesionales del Derecho y el ejercicio del trabajo por cuenta ajena.
Por último, debo decir que se debería haber ido mucho más lejos en la liberalización y, en consecuencia, suprimir todas las limitaciones temporales, incluido el requisito de la actividad regular durante tres años, que lo contemplo como un mal menor. Creo que en esas limitaciones sobrevive alguno de los rasgos de corporativismo que no comparto, aunque se haya hecho un esfuerzo de compromiso responsable, esfuerzo que, desde luego, en nombre de mi propio Grupo, apoyo.

Saint-Pierre
Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero felicitar a la Sra. Fontaine por el trabajo tan lúcido y particularmente eficaz que ha realizado sobre la propuesta de directiva «abogados», segunda cosecha.
En efecto, si ésta es el complemento de su antecesora de 1977, que se limitaba a liberalizar la prestación de servicios, existía el gran riesgo de ver este proyecto hundirse en los terrenos pantanosos de la preferencia nacional. Los diferentes actores presentes, trátese de la Comisión Europea, del Consejo de colegios de abogados de la Comunidad Europea, o de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos comprendieron rápidamente que el éxito de esta propuesta de codificación dependía de su mutuo entendimiento. El doloroso parto de las directivas «farmacéuticos» y «dentistas» que duró respectivamente 16 y 17 años, mostró el ejemplo que no debía seguirse.
El Grupo de Coalición Radical Europea se felicita del voto de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos que mejora la propuesta de directiva del 21 de octubre de 1994. Estamos satisfechos con la sustitución de la prueba de aptitud por un procedimiento de apreciación justo y equitativo de la competencia profesional del abogado migrante. Nos felicitamos del consenso al que se ha llegado y que se encamina a preservar los intereses de los abogados en la hipótesis de sociedades de ejercicio multiprofesional. Nos satisface que el abogado migrante tenga la posibilidad de ejercer con el título del Estado miembro de acogida, después de haber ejercido su actividad de manera efectiva y regular durante por lo menos tres años.
En cambio, quizás, digo bien, quizás, podamos interrogarnos sobre el ejercicio ilimitado, con el título de origen, del abogado migrante. Quizás también podríamos interrogarnos sobre el reconocimiento, por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, de un estatuto híbrido de libre prestatario de servicios establecido.
El Grupo de Coalición Radical Europea, incluso si desea una asimilación más fácil del ámbito comunitario al nacional, no puede más que aprobar este informe, fruto de un consenso. Se trata del interés de la profesión de abogado y del interés, sobre todo, del ciudadano europeo ante la justicia.

Gollnisch
Señor Presidente, Señorías, las particularidades del derecho anglosajón, la repartición de las funciones de abogado entre las de «solicitor» y de «barrister», las particularidades de los derechos romanogermánicos a los que pertenece la mayor parte de los demás sistemas jurídicos de la Comunidad, han acabado demasiado a menudo por privar de toda reciprocidad el libre ejercicio de su profesión por parte de un abogado sobre el territorio de otro Estado miembro.
El informe de la Sra. Fontaine concierne los intereses de toda la profesión de los abogados. Se trata, sobre todo, de no limitar en el tiempo el derecho de todo abogado a ejercer con su título de origen en otro Estado miembro.
El Frente Nacional y el Grupo de Derechas Europeas desean apoyar la posición inicial del Colegio de abogados francés. Este se pronunció por una integración automática y por una adopción del título del colegio de abogados de acogida, después de un determinado tiempo de ejercicio, en el seno de ese país de acogida. Al igual que muchos abogados de Francia y muchos abogados de otros países, tenemos reservas en cuanto a la perpetuación del título de origen, sin límite de duración. Al igual que el Colegio de abogados francés, nos opusimos a la ausencia de controles y de limitaciones reales de la actividad del abogado migrante en el país de acogida.
Asimismo, desearíamos proteger los intereses del ciudadano ante la justicia y pedimos una verdadera reciprocidad, una reciprocidad entre los abogados inscritos en Francia, por ejemplo, y los abogados migrantes. Las obligaciones fiscales y, sobre todo de servicio público no deben pesar únicamente sobre los abogados del país de origen.
El Colegio de abogados francés se pronunció contra la primera versión de este informe que juzgó perjudicial para su profesión. La Sra. Fontaine y sus compañeros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos hicieron finalmente un texto de transacción. Rendimos homenaje al sumamente considerable trabajo de la ponente, pero no estamos totalmente satisfechos de la posición en la que logró, a pesar de todo y con mucha perseverancia, conjugar un determinado número de voluntades.
Esta es la razón por la cual, señor Presidente, Señorías, señora Ponente, reservamos nuestra posición tanto en lo que toca al informe como a la directiva.

Cot
Señor Presidente, la directiva sobre el ejercicio de la profesión de abogado es un buen ejemplo de cooperación fructífera entre la Comisión, el Parlamento y la profesión interesada para ultimar un texto equilibrado, que asegure efectivamente la libertad de establecimiento, a la vez que conserva determinadas garantías indispensables.
Inmediatamente después de la directiva general relativa a los diplomas, los colegios de abogados de Europa, con excepción del colegio de abogados luxemburgués que de entrada salió de juego, consideraron necesaria una directiva específica para dar pleno efecto a la directiva de 1988, y no para limitar su alcance, como parece pensar el Sr. Wijsenbeek, si bien entendí.
La profesión, reunida en el seno del Consejo de Colegios de Abogados de Europa, trabajó mucho durante largos años sobre este proyecto. El CCAE progresó suficientemente como para convencer a la Comisión de presentar una propuesta de directiva, pero no para reunir ese consenso tan amplio necesario a la aprobación del texto. No cabe duda que debemos a la autoridad, la paciencia y el empeño de la Sra. Fontaine el haber permitido a la profesión y al Parlamento superar los últimos obstáculos y ponerse de acuerdo sobre el texto que se nos somete.
Dos observaciones sobre este texto. Primeramente, la discusión se concentró naturalmente sobre los últimos obstáculos: pruebas de aptitud, ejercicio con el título de origen. Sin embargo, este debate no debe hacer olvidar las disposiciones esenciales del texto. Pienso sobre todo en la relativa al ejercicio de la profesión de abogado en un grupo, que debe por fin permitir a nuestros colegios de abogados enfrentar, con las mismas armas, a los grandes despachos anglosajones o japoneses que no necesitaron nunca de directivas para escoger la flor y nata del mercado del derecho en Europa, aprovechando nuestras propias disensiones.
La segunda observación se refiere a la cuestión particular del ejercicio con el título de origen, tema especialmente sensible para el Colegio de abogados francés -tal como se recordó hace un momento. Creo que el texto propuesto está encaminado a brindar la serenidad necesaria. Somete claramente al abogado que ejerce con su título de origen a la reglamentación, la deontología y la disciplina del colegio de abogados de acogida.
Por último, la enmienda 35, que precisa con toda utilidad el dispositivo de integración establecido, responde a la expectativa expresada por numerosos colegios de abogados, y en especial el colegio de abogados de París. Ahora toca al Consejo concluir la obra con la ayuda del Sr. Monti. ¿Es utópico desear cierta diligencia en la materia? Este texto anda rodando, con todo, no 17 o 18 años, pero si casi una década. Ahora bien en este caso, sería sin duda útil cristalizar a la mayor brevedad posible el consenso logrado alrededor del informe Fontaine.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, nos encontramos hoy, sin duda, ante una de esas actuaciones concretas que, parafraseando a Robert Schuman, consolidan la construcción europea. Y esta actuación lleva, como tantas otras, la especial impronta de los hombres y las mujeres que han sabido superar prejuicios y temores nacionales en aras de una visión europea de Europa, como dijera Carl J. Friedrich en su obra «Europa: Das Entstehen einer Nation».
Además de su nombre, señor Comisario -y me uno aquí al elogio de los oradores que me han precedido-, en este elenco sobresale hoy el de la ponente, Nicole Fontaine, abogada francesa y europea, cuyo buen hacer quedará unido a esta directiva. Y quisiera dejar también constancia, en las actas parlamentarias, de la labor desarrollada por otro abogado, europeo y alemán éste, Hans Weil, quien, desde la presidencia de la CCBE, el foro profesional de la Unión, iluminó el debate con su rectitud intelectual, con su hombría de bien.
La votación de mañana tiene, así, la transcendencia particular de marcar el futuro de la abogacía europea. Pero además, señor Presidente, tiene una transcendencia general porque la cuestión debatida desborda de lo estrictamente profesional para proyectarse sobre la sociedad europea en su conjunto, para proyectarse sobre los ciudadanos que esta Asamblea representa, pues, no en vano, somos los abogados «voceros del Derecho», según la afortunada expresión que acuñó Alfonso X, rey español y europeo en «Las Partidas».
En efecto, el debate en comisión de esta directiva ha hecho aflorar los más recónditos temores nacionales y las más oscuras desconfianzas entre quienes estamos llamados a ese proyecto común de integración social, cultural y política, trabado en Derecho.
Frente a estos planteamientos, a menudo cicateros y cortos de miras, la Comisión de Asuntos Jurídicos, con la ponente a su cabeza, ha plasmado en las enmiendas que se presentan al Pleno una solución integradora y tan llena de prudencia como de arrojo, como señalaba muy bien el Sr. Rothley, solución que -no dudorecibirá abrumador respaldo de la Asamblea. Porque -que a nadie le quepa duda- la construcción europea habrá de cimentarse sobre el Derecho. Europa será en Derecho o no será, es decir, retrocederá precipitándose en lo que en puridad nunca ha dejado de ser: un gran mercado, un gran bazar, un zoco, regido por las hegemonías de carácter económico.
Europa, señor Presidente, será en Derecho o no será. Y esta trabazón sólo cristalizará si los profesionales de la técnica jurídica, los abogados en particular, son conscientes de su función social, son capaces de elevarse por encima de las singularidades de los ordenamientos nacionales para construir Europa sobre el acervo común que constituyen los principios generales del Derecho, destilados por nuestra historia jurídica y consagrados en los textos constitutivos de la Unión.
Porque si los abogados no son capaces de primar lo general frente a lo particular, de destacar lo que une frente a lo que separa, ¿podemos, de forma realista, exigir esta actitud de quienes no son especialistas del Derecho, que es la técnica de integración por excelencia? Los abogados han de ser capaces de asumir que, en última instancia, el criterio que gobierna la aceptación de un asunto es la obligación deontológica de no intervenir en un pleito, de no dar un consejo, sin los conocimientos suficientes. Y esta regla vincula, por ejemplo, a un abogado español, con igual fuerza, tanto para no intervenir en un asunto regido por el Derecho de Sucesiones alemán, como para abstenerse sobre disposiciones Testamentarias Forales Catalanas, aunque su título de abogado formalmente le permita esto último. No hay que olvidar que lo que le impide intervenir en esos casos es la responsabilidad sancionada por la deontología, esa carencia de conocimientos técnicos.
Y termino, señor Presidente. He hablado de la función social de la abogacía. La abogacía se enfrenta al reto apasionante de conjugar la vertiente necesariamente empresarial del ejercicio de la profesión con su función social. Pues la razón de ser última, más allá de cualquier otra consideración, es la defensa del ciudadano, de los derechos fundamentales y las libertades públicas, patrimonio espiritual que constituye el cimiento de nuestra civilización europea.
La construcción de un espacio de libertad y seguridad, señor Comisario, señor Presidente, es, sin duda, tarea común de todos. Pero los abogados tienen un papel especialmente señalado en ello. Y como voceros del Derecho que son, habrán de alzar clara y firme esa voz para que la Unión Europea sea referencia y estímulo en un mundo convulsionado, en defensa de la Ley y de la Justicia, en defensa de Europa.

Pelttari
Señor Presidente, la propuesta de directiva que ahora abordamos ha sido presentada por la Comisión a petición casi unánime de los abogados.
La directiva actual en vigor desde 1988 sobre el reconocimiento de títulos ha demostrado ser precaria e insuficiente, puesto que la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea ha preferido escoger la alternativa que permite la directiva, es decir, la introducción de un examen de aptitud obligatorio para el ejercicio de la profesión, el cual se ha convertido, en la práctica, en una traba para el libre ejercicio de la abogacía.
Cabe lamentar que, a pesar de las disposiciones vigentes y las experiencias adquiridas a raíz de las actividades del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la Comisión no nos haya presentado una propuesta de revisión a esta directiva general ni, siquiera, una propuesta que permitiera, a efectos prácticos, la libre circulación de los abogados. Por libertad de circulación no sólo entiendo el libre ejercicio de la profesión sino también la libre, y real, prestación de servicios. Sin embargo, la comisión ha escogido adoptar una directiva particular de carácter sectorial y mantener el principio restrictivo que encarna el examen de aptitud.
La Comisión de Asuntos Jurídicos propone en el día de hoy veintisiete enmiendas que modifican de manera fundamental la propuesta de la Comisión y cuyo objetivo es aumentar las posibilidades de los abogados de los países miembros para instalarse en otro país miembro. La Comisión de Asuntos Jurídicos propone posibilitar el ejercicio profesional de la abogacía en todos los Estados miembros mediante la utilización permanente por parte de los abogados del título original obtenido en su propio país.
Nuestro Grupo no está seguro de la uniformidad y coherencia que presenta, en la teoría, la alternativa propuesta por la Comisión. Así pues, hemos presentado enmiendas con el fin de recordar que todo abogado tiene derecho a instalarse en un país miembro distinto a aquel donde ha obtenido su titulación profesional y a ejercer su actividad profesional de conformidad con la normativa aplicable en el país miembro de acogida. ¿Podría la Comisión pronunciarse más detalladamente sobre las propuestas de enmienda presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y nuestro Grupo? Para finalizar, desearía expresar mi agradecimiento a la señora Fontaine por su excelente informe.

Schreiner
Señor Presidente, ante todo quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Sra. Fontaine por su excelente informe, respecto al cual quisiera añadir también un par de observaciones. El informe aborda un ámbito en el que intervienen fuerzas contrapuestas. Por un lado, las profesiones relacionadas con el asesoramiento jurídico, entre las cuales se cuenta la abogacía, ejercen naturalmente su actividad, al igual que muchas otras -agentes fiduciarios, notarios, etc.-, sobre la base del sistema jurídico nacional. No obstante, en los últimos años, como resultado de las crecientes demandas en el ámbito de la Unión Europea, estas profesiones -yo también pertenezco a este estamento profesional- se han visto obligadas a dirigir la mirada más allá de sus fronteras. Esto situó lógicamente en un primer plano el ejercicio en el marco de otros sistemas jurídicos.
Yo abogo, como también se solicita en el informe, porque no se establezcan salvaguardias que obstaculicen mediante una barrera artificial el acceso a dichas profesiones. Por otro lado, también es preciso considerar la seguridad jurídica de los ciudadanos de nuestros Estados. Por lo tanto, es preciso encontrar un sistema que satisfaga, por decirlo así, a ambas partes. Por un lado, debe garantizarse el libre acceso a la profesión en cualquier país de la Unión Europea y, por otro lado, también debe asegurarse el conocimiento de los correspondientes sistemas jurídicos, a fin de garantizar un asesoramiento óptimo para los clientes y las empresas.
Por mi parte, considero muy adecuada la propuesta de la Comisión encaminada a definir con claridad el título para el ejercicio de la abogacía en todo el ámbito europeo, como también me parece muy adecuado el debate sobre la posibilidad del ejercicio en común de la profesión de abogado, a través de sociedades de capitales o de personas, puesto que a mi parecer se trata de una cuestión de una enorme importancia para este sector profesional en el futuro.
En mi opinión, es preciso considerar a los abogados no sólo en su función de letrados, sino también en la vertiente empresarial de su actividad. Ésta es, sin duda, otra exigencia que es necesario abordar con vistas al futuro. Si las directivas que nos ocupan y el debate sobre las mismas contribuyen a abrir estas perspectivas, el presente informe puede constituir un excelente punto de partida para iniciar un debate muy fructífero.

Oddy
Señor Presidente, quisiera agradecer a la Sra. Fontaine y a los compañeros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos su meditado e inteligente debate sobre el tema. Es un sostén importante de la libertad de establecimiento en el sector servicios y la plena realización del mercado único. Abre la puerta al reconocimiento de que los abogados puedan ejercer con su título de origen en otros países. Ello tiene especial relevancia para los abogados de Inglaterra y Gales, dado que el Derecho inglés es un derecho mercantil internacional. Relevancia, sobre todo, en el ámbito de los contratos de transporte, es decir, contratos de fletamiento, contratos comerciales, seguros, reaseguros, contratos bancarios y reprogramación de deudas, que con frecuencia especifican el Derecho inglés como referencia para los contratos aunque ninguna de las partes sea de origen inglés.
Quiero llamar la atención sobre un problema lingüístico. En las enmiendas núms. 25 y 35 tendría que decir «interés público» y no «orden público» como se ha traducido.
Como conclusión, ésta es la habitual competencia erudita y minusvalorada que esperamos y normalmente encontramos en la Sra. Fontaine.

Anastassopoulos
Señor Presidente, el informe que debatimos hoy representa un acuerdo. Un acuerdo que reúne distintos planteamientos con objeto de aportar soluciones al importante problema del ejercicio de la abogacía en un Estado miembro distinto de aquel en que se expidió el título.
Señor Presidente, no creo que lo más importante sea que después de un arduo trabajo de varios años se haya conseguido este acuerdo, que ha merecido la aprobación de una mayoría aplastante de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, y que también fue aprobado por la mayoría de las juntas directivas de los colegios de abogados de los Quince.
Considero mucho más importante la calidad de este acuerdo, por el cual la Sra. Nicole Fontaine merece realmente nuestra felicitación; el acuerdo expresado en su informe está bien orientado, colma plenamente de sentido la libertad de esta institución y promociona tanto la Unión como Europa.
Al suprimir disposiciones que, en el fondo, no hacían sino perpetuar el proteccionismo poniendo en entredicho nuestra propia seriedad -cómo sino podríamos explicar la imposición de oposiciones a profesionales con años de experiencia-, creo que debemos reconocer que el acuerdo de la Sra. Fontaine constituye un elemento muy positivo. Naturalmente, muchos tenían objeciones y reservas sobre el tema. También en Grecia hemos tenido bastantes problemas. Mencionaré sólo, a título de ejemplo, el caso de las empresas de abogados que se constituyen en Grecia conforme a un régimen especial y con elementos que no están vigentes en otros países europeos. Tuvimos que vencer entre todos estos problemas y no insistir en reservas que no facilitarían las soluciones que hoy nos propone la Sra. Fontaine.
Seguí muy de cerca la primera etapa de este largo e importante trabajo y creo que la ponente y la Comisión de Asuntos Jurídicos, y desde mañana todo el Parlamento Europeo, podrán felicitarse por este nuevo camino que se ha abierto.

Vallvé
Señor Presidente, antes que nada quiero felicitar a la ponente, Sra. Fontaine, por este informe sobre la propuesta de directiva acerca del ejercicio de la abogacía. Creo que esta libertad de ejercicio de la profesión de la abogacía en todo el territorio de la Unión Europea es un paso más hacia la integración política de la Unión y hacia la garantía de los derechos democráticos de todos sus ciudadanos.
La regulación que se ha establecido sobre el acceso al título en el Estado miembro de acogida, impidiendo una entrada automática y exigiendo unos ciertos períodos de ejercicio en el país de acogida, hemos de interpretarla como un paso positivo y un paso que, en este momento, permitirá su funcionamiento y, a la larga, posiblemente, podrá adaptarse a las nuevas circunstancias. Estas dificultades actuales pueden ser quizás unas dificultades únicamente transitorias propias de los períodos de adaptación, que facilitan el camino hacia un correcto funcionamiento del sistema en el futuro.
Por otra parte, muestro mi satisfacción por la enmienda relativa al artículo 1, ya que prevé que el nombre de «abogado» sea establecido en todas las lenguas oficiales del Estado español, y es bueno que este reconocimiento de todas las lenguas oficiales surja precisamente en un texto que habla de la abogacía, ya que los abogados han sido los más importantes defensores de los derechos de las personas y de los derechos colectivos de los pueblos.

Reding
Señor Presidente, quisiera ante todo felicitar a la Sra. Fontaine por su excelente informe y agradecerle la comprensión que demostró a todo lo largo de los trabajos hacia la especificidad luxemburguesa. Actualmente, el colegio de abogados luxemburgués cuenta con 620 abogados, de los cuales el 27 % no son luxemburgueses. Esta es la prueba patente de que la libre circulación de los abogados es una realidad en Luxemburgo. Por otra parte, la cohabitación entre abogados luxemburgueses y no luxemburgueses se hace sin tropiezos, en un espíritu totalmente colegial, y el consumidor del derecho, el ciudadano, tiene confianza en los abogados inscritos en el colegio de abogados de Luxemburgo, cualquiera que sea su nacionalidad, ya que tiene la garantía -visto que todos esos abogados han seguido una formación específica sobre el derecho luxemburgués, que es diferente del derecho francés, belga, alemán o cualquier otro- de estar bien defendido ante la justicia, por los abogados que conocen su profesión y el derecho luxemburgués, así como la jurisprudencia específica a este país.
Si se aplicara ahora la nueva directiva, ¿qué puede pasar? En primer lugar, el consumidor del derecho ya no sabrá a qué atenerse. ¿El abogado que elige estará o no al corriente del derecho luxemburgués? El riesgo de estar mal defendido ante el tribunal se vuelve latente, lo que va engendrar una selección del abogado según su nacionalidad, procedimiento que, hoy, no se practica en Luxemburgo. Por ende, en lugar de favorecer la libre circulación de los abogados, la nueva directiva corre el riesgo de obstaculizarla.
A continuación, habrá también una discriminación entre los abogados luxemburgueses y comunitarios que hayan seguido cursos complementarios en derecho luxemburgués y sus colegas admitidos sin procedimiento, ni sin conocimientos previos.
Para proteger los consumidores del derecho luxemburgués, para no poner en peligro la libre circulación y para defender los intereses de los abogados de todas las nacionalidades inscritos en el colegio de abogados de Luxemburgo, introduje dos enmiendas, una sobre el conocimiento obligatorio del derecho del país de acogida y, otra, sobre el conocimiento de las lenguas legalmente reconocidas como lenguas judiciales en el país de acogida. Gracias de antemano a todas aquellas y a todos aquellos que tendrán a bien apoyar estas enmiendas.

McIntosh
Señor Presidente, también yo hago llegar mis felicitaciones a la ponente, en especial por el texto de compromiso que ha presentado, con el que estoy rotundamente de acuerdo. Hay una cosa muy importante que dije en la fase de comisión que, lamento decir, no ha sido recogida por los servicios, y es que en el apartado 3 del artículo 10 la traducción correcta al inglés sería «public interest» y no «public order». Tal como advertirán los compañeros diputados, sobre todo los seguidores del fútbol y otros acontecimientos deportivos en los que los desórdenes públicos están muy al orden del día, es importante que el texto esté correctamente expresado en todas las lenguas. Desearía que me asegurara que esta noche los servicios se ocuparán de ello y que en el apartado 3 del artículo 10 dirá a partir de ahora «public interest» y no «public order».

El Presidente
Ese problema ya lo han resuelto los servicios competentes.

Linzer
Distinguido señor Presidente, distinguido señor Comisario, Señorías, también yo quiero sumarme a la lista de felicitaciones y agradecer a la ponente, la señora Vicepresidenta Fontaine, el extraordinario esfuerzo invertido en la elaboración de este excelente informe. Yo también acojo con satisfacción el objetivo del informe de mejorar la libre circulación de los abogados mediante esta directiva complementaria específica, a la vista de que la directiva general no resuelve la cuestión del derecho al ejercicio permanente de la profesión con el título de origen y de los llamados «home-titles» y la prueba de aptitud regulada en la Directiva 89/48 se ha revelado como el verdadero obstáculo para la libertad de establecimiento de los abogados.
No obstante, yo me pregunto si los planteamientos que propone el informe Fontaine para resolver estos problemas cuentan con la aprobación del grupo profesional afectado y si responden, en general, a las necesidades de la población que busca asesoramiento jurídico. Aun así, distinguida señora Vicepresidenta, usted ha presentado una propuesta de muy amplio alcance, guiándose por el principio de espíritu comunitario de la confianza mutua entre los Estados miembros. El magnífico esfuerzo realizado le ha permitido conciliar en numerosos aspectos las posiciones del Parlamento Europeo y de los abogados.
Las enmiendas a los artículos 2 y 5 de la propuesta de la Comisión, relativos al ejercicio de la profesión y a los llamados «home-titles», responden de manera sumamente detallada a una apremiante demanda de los abogados. Sin embargo, el aspecto realmente decisivo de la directiva es la regulación establecida en el artículo 10, que flexibiliza el requisito de la prueba de aptitud que podía exigirse hasta ahora. Esta flexibilidad parece, en cualquier caso, demasiado amplia. En este aspecto, yo soy del parecer que no basta con garantizar la plena integración automática, sin otros requisitos formales, después de tres años de actividad efectiva y regular en el marco del Estado de acogida. Por mi parte, de conformidad con la propuesta del Consejo de colegios de abogados de la Comunidad Europea, yo propongo que se incorpore un procedimiento de entrevista, en lugar de la prueba de aptitud. Pienso que sería una solución de compromiso muy aceptable, que sobre todo también tomaría en consideración los intereses de los Estados miembros más pequeños.

Monti
En nombre de la Comisión, felicito a la ponente, la Sra. Fontaine, por el modo encomiable en que ha llevado a cabo la difícil tarea de lograr un acuerdo equilibrado sobre un tema tan controvertido y complejo, mostrando una verdadera preocupación por el interés general de la Unión Europea. Celebro igualmente el trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que ha adoptado una posición de equilibrio en cuanto al núcleo del problema, logrando reducir a 27 las 94 enmiendas presentadas. Agradezco asimismo los cumplidos dirigidos a la Comisión.
La Comisión puede aceptar las principales enmiendas, así como la mayor parte del resto: puede aceptar tanto la enmienda nº 10, que suprime el límite de cinco años para ejercer con el título profesional de origen, como la enmienda nº 24, que prevé la dispensa de la prueba de aptitud después de haber ejercido una actividad durante tres años en el Estado miembro de acogida.
A juicio de la Comisión, las dificultades surgen únicamente en cuatro enmiendas que, a pesar de su importancia secundaria en el conjunto de la propuesta, suscitan cuestiones de principio: se trata de la enmienda nº 7, en lo que se refiere a la incorporación de los procuradores holandeses; de la enmienda nº 9, en cuanto a la exclusión de los abogados que desempeñan un cargo adscrito a la Administración de justicia; de la enmienda nº 12, sobre la solicitud de certificados de honorabilidad, y de la enmienda nº 21, relativa a la posibilidad de dispensar de la afiliación al régimen de seguridad social en el Estado miembro de acogida.
En cuanto a las ocho enmiendas presentadas tras la votación de la Comisión de Asuntos Jurídicos, las números 28, 34 y 35 son aceptables, pero las enmiendas 29 a 33 plantean problemas, dado que son contrarias al informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Con el fin de evitar malentendidos y a petición de la Sra. Fontaine, tendré mucho gusto en señalar algunas matizaciones sobre las reglas profesionales o deontológicas. El respeto de las reglas profesionales y deontológicas que rigen en el Estado miembro de acogida por parte del abogado que ejerce con su título profesional de origen es un elemento fundamental de la presente propuesta de directiva. Entre estas reglas figuran, en concreto, las referentes a interdisciplinariedad, incompatibilidades e incapacidades, cuyo objetivo es garantizar la independencia de la profesión de abogado. La aplicación de estas reglas debe respetar las disposiciones del Tratado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia y la presente Directiva. Algunos ejemplos de reglas profesionales y deontológicas son: la prohibición que existe en algunos Estados miembros de mantener dos despachos en el territorio de un mismo Estado; ciertas restricciones al ejercicio de la abogacía junto con otras profesiones; la prohibición del ejercicio de ciertas actividades que podrían menoscabar la independencia del abogado, y el secreto profesional.
Concluyo, señor Presidente, con dos brevísimas consideraciones: como Comisario responsable del mercado único acojo, no sólo favorablemente, sino con entusiasmo, los progresos de esta Directiva. La creación de un mercado único para los abogados -se podría expresar de este modo- es importante, no sólo para esta profesión, de tanto peso en sí misma, sino también, y mucho, para todo el mercado único, más allá de los límites de la abogacía. Los abogados, portadores del Derecho, son como la savia vital de las ciudades jurídicas europeas; su libre establecimiento reforzará los fundamentos institucionales y culturales del mercado único, convirtiéndolo en un verdadero espacio de civilización jurídica europea.
En suma, deseo reiterar mi felicitación por el trabajo realizado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y por el esfuerzo perseverante y creativo de la Sra. Fontaine.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Servicios de comunicaciones personales por satélite
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0179/96) del Sr. Hoppenstedt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(95)05209 - C4-0517/95-95/0274(COD)) relativa a una acción a nivel comunitario en el ámbito de los servicios de comunicaciones personales por satélite en la Unión Europea.

Hoppenstedt
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cuando el presidente Ronald Reagan puso en marcha a principios de los años ochenta su iniciativa de defensa estratégica, bajo el nombre de «guerra de las galaxias», todo el mundo pensó que se trataba de ciencia ficción. El objetivo era establecer una red de satélites que cubriera el conjunto del planeta en tiempo real para detectar el lanzamiento de cohetes enemigos y procurar desviarlos mediante rayos láser. Este proyecto sin duda debe haber quedado relegado al desván de la historia. Sin embargo, al menos sirvió para poner en marcha la investigación, inicialmente subvencionada, en el ámbito de la tecnología aplicada a los satélites que ha dado lugar a la actual ventaja norteamericana en este ámbito. La principal utilización práctica de estos satélites son las telecomunicaciones y la radiodifusión, dos medios que utilizamos intensivamente.
La mayoría de los satélites de telecomunicaciones y de radiodifusión actualmente en uso son de carácter geoestacionario, situados a una altitud de 36.000 km, y naturalmente deben tener asignado un segmento terrestre, lo cual plantea unas ciertas limitaciones y dificultades operativas. Esto ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías, con objeto de poder operar con satélites más próximos a la superficie terrestre, situados a una altitud de 10.355 km o incluso a altitudes de entre 700 y 1.400 km. Estos últimos son los llamados satélites «LEO», que son el objeto del debate de hoy.
Los europeos no hemos prestado, a mi parecer, suficiente atención en los últimos años al desarrollo y aplicación de estas nuevas tecnologías. Las empresas punteras en este campo son empresas norteamericanas, que disponen de licencias para operar en los Estados Unidos, pero también desean hacerlo a escala mundial. Los europeos no nos hemos preocupado de promover la participación de empresas europeas en los procesos de desarrollo tecnológico en este ámbito. Sólo somos compañeros de viaje en estos segmentos, que hemos acudido a la terminal de viajes y queremos montar en el vehículo, sin saber exactamente adónde queremos dirigirnos ni quién es el conductor.
Es muy importante, por lo tanto, que la industria europea despierte de su letargo y participe en el desarrollo de satélites y sobre todo en la estructura operativa, a fin de no quedar rezagados tampoco en el ámbito del empleo.
Las posibilidades de recuperar los posibles retrasos en este ámbito mediante la publicación de libros blancos sobre el empleo son limitadas. La Comisión ha respondido adecuadamente al declarar que su papel consiste en incitar a los Estados miembros a actuar. Debemos exhortarles repetidamente y recordarles que precisamente en el campo de la tecnología de los satélites se están abriendo mercados con perspectivas de futuro. La Comisión ha cumplido muy bien este cometido. Sin embargo, los Estados miembros de la Unión Europea volvieron a dejar pasar lamentablemente una oportunidad en la Conferencia de la UIT del año pasado en Ginebra, cuando permitieron que la nueva empresa de Bill Gates se reservara varias frecuencias mundiales en los diferentes países, que le permitirán transmitir datos a través de un sistema de 840 satélites en órbita. Es decir, que podría crearse una competencia a las frecuencias terrestres en la que los europeos ya no tendríamos posibilidad de participar.
Para poner en órbita 844 satélites se requerirán también bastantes cohetes de lanzamiento. Esto cuesta dinero y crea valor, y quizás quedemos excluidos de todo ello.
La Comisión solicita en su informe poder participar en la concesión de licencias y en las negociaciones transfronterizas con terceros Estados. Los Estados miembros, que no constituyen en el fondo el objeto central de este debate, pero a los que también he tenido en cuenta en mi labor como ponente con vistas a lograr un resultado factible, también están involucrados, obviamente, dada su competencia en materia de concesión de licencias. El Parlamento propuso por este motivo que se otorgue un mandato a la Comisión para el caso de que no se alcance un acuerdo en relación con la concesión de frecuencias y las negociaciones transfronterizas en este ámbito.
Yo espero que nuestra propuesta pragmática sea acogida también como tal por el Consejo y que no se interprete como una muestra de debilidad del Parlamento Europeo. Tengo la seguridad de que la Comisión sabrá hacer valer sus derechos en las negociaciones con el Consejo para alcanzar un resultado razonable para las empresas europeas.
Tengo igualmente la seguridad de que la Comisión seguirá presionando para obtener el mandato de las empresas europeas y de los Estados. En efecto, los norteamericanos intentaron excluir hace poco todo el sistema de satélites del acuerdo sobre telecomunicaciones en la Conferencia de la OMC y no sabemos exactamente qué se llevan entre manos. Debemos estar muy atentos a los acontecimientos en este ámbito y yo tengo la certeza de que la Comisión sabrá poner el dedo en la llaga también en este contexto.

Malerba
Señor Presidente, señor Comisario, desearía enumerar algunas de las consideraciones que he defendido en el seno de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, mencionadas en mi informe, y que constituyen la continuación natural de lo que acaba de exponer el ponente para el examen del fondo, el Sr. Hoppenstedt.
Existe una importante diferencia entre los servicios telefónicos por satélite y los servicios multimedia vía satélite. En el primer caso, se habla de terminales móviles cuya principal función es el roaming planetario, esto es, la posibilidad de desplazarse por todo el mundo con un único terminal telefónico. Se dispone de la tecnología necesaria, se han creado consorcios internacionales -en los que participan también industrias europeasy están a punto de iniciarse los programas de prueba. Por el contrario, el sector de los servicios multimedia por satélite, como el Teledasic -el de Bill Gates, para entendernos- se encuentra todavía en plena fase de desarrollo tecnológico, sobre todo en el ámbito de la conmutación a bordo de satélites, donde está todavía en juego una interesante competencia tecnológica entre los Estados Unidos y Europa. Por otra parte, no se han definido todavía con precisión ni el contenido de los servicios ni los propios operadores. Por ello, he sugerido que se diferencie con más claridad el planteamiento de unos y otros servicios en la propuesta de decisión de la Comisión.
En cuanto a los servicios telefónicos por satélite, dado el escaso número de operadores potenciales y el interés relativamente limitado que existe en Europa por este servicio en relación con el celular, el GSM, del que ya están bien dotados los países europeos, no parece justificado que la Comisión pretenda implantar un nuevo procedimiento de selección, que ralentizaría la entrada en funcionamiento de los nuevos servicios. Por otra parte, la presencia de más operadores ya garantiza la competencia.
En cambio, comparto con el ponente la necesidad de armonizar los procedimientos de concesión de licencias, pero considero que el papel de la Comisión no puede extenderse más allá de este ámbito.
Me he expresado en otras ocasiones en esta Asamblea -el Comisario Bangemann lo recordará- a favor de una Federal Communication Commission europea. Por tanto, estoy de acuerdo con que la Unión Europea tenga un papel regulador, pero no creo que ello justifique la atribución de funciones de selección a la Comisión.
Con la enmienda nº 11, por el contrario, sugiero que se incremente la atención, la promoción y el interés legislativo respecto a los servicios multimedia por satélite, es decir, la otra categoría. El futuro de la sociedad de la información se juega en este sector, y es importante que no sorprenda a Europa desprevenida.
En conclusión: ha habido una convergencia de opiniones sustancial con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y con el ponente, el Sr. Hoppenstedt, a quien felicito por su excelente trabajo.

Caudron
Señor Presidente, Señorías, el Sr. Hoppenstedt nos ha explicado con el talento que le caracteriza, y con mucha claridad, que esta tarde examinamos un propuesta de decisión relativa a una acción comunitaria en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones personales por satélite. Efectivamente, actualmente existe una red de satélites que abarca, en tiempo real, el planeta entero. Podría decirse que es el hijo ilegítimo del proyecto «Guerra de las galaxias» del presidente Reagan. Esta red permite contar con sistemas de comunicaciones personales por satélite que ofrecerán el equivalente de los teléfonos celulares con una cobertura mundial, pero, claro está, con un costo mucho más elevado y, por ende, se utilizarán en regiones poco pobladas y no comunicadas por las redes celulares.
Las inversiones necesarias para lograrlo son sumamente importantes y, por tanto, abren perspectivas interesantes para la industria especial europea. Por lo demás, no hay que olvidar que este proyecto abarca otros ámbitos además de la telefonía, especialmente las comunicaciones multimedia.
Dada la importancia de este expediente y proyecto, se precisará un enfoque coordinado a escala mundial y, sin duda alguna, indispensable a nivel europeo. Es precisamente en este marco que la Comisión prevé la adopción de un procedimiento comunitario único de selección de operadores y la concesión de licencias a dichos operadores. Si bien comprendo las motivaciones de la Comisión, esta tarde quiero decir que, globalmente, no apruebo la propuesta de decisión que formula, por lo demás, en perfecta coherencia con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. Además del problema de la soberanía de los Estados miembros, que en gran medida desaparece en la propuesta de la Comisión, existen otras consideraciones que nos molestan. La imposición de una selección nos parece, en efecto, una futilidad, visto el reducido número de competidores mundiales potenciales que deberán ponerse de acuerdo, naturalmente, sobre el reparto del espectro disponible.
Por lo demás, la propuesta parece no tener en cuenta las exigencias de la propuesta de directiva «Licencias» en materia de armonización y de la posibilidad de obtener de un solo organismo regulador una autorización válida para toda la Comunidad. Incluso si esta directiva no se refiere a las licencias individuales, podría servir de marco de reflexión que deberá completar la Comisión. Y, a la par del ponente, apruebo la preocupación de la Comisión de tener rápidamente un enfoque comunitario armonizado del problema.
Por último, deseamos que se promueva, antes de toda negociación internacional, una cooperación comunitaria para llegar a una posición única que la Comisión podría, entonces, defender en el seno de los foros internacionales.

Giansily
Señor Presidente, Señorías, el excelente informe de nuestro compañero, el Sr. Hoppenstedt, hace el balance sobre la puesta en marcha de una infraestructura de información de la que lo menos que puede decirse es que es realmente mundial. Las implicaciones estratégicas de los sistemas y los servicios correspondientes son considerables, muy importantes para el mercado europeo y la industria europea, sobre todo vistas las consecuencias, a nivel mundial, de las transferencias de tecnología del sector militar hacia el sector civil, sobre todo en Estados Unidos.
A escala internacional, la cuestión de los sistemas y servicios de comunicaciones personales por satélite tomó recientemente un nuevo giro cuando, en el contexto de las negociaciones multilaterales de la OMC sobre las telecomunicaciones, los Estados Unidos decidieron adoptar una actitud más intransigente, amenazando con excluir este sector del perímetro de un posible acuerdo y, por el momento, no se ha dado ninguna garantía en cuanto a la inclusión de los sistemas de satélite en el compromiso definitivo que concluirá Estados Unidos al terminar las negociaciones. Además, la existencia de un mecanismo de atribución de licencias de segmentos espaciales en los Estados Unidos va a engendrar discriminaciones contra los sistemas de origen extranjero.
El proyecto inicial de la Comisión suscitó una fuerte oposición por parte de numerosos Estados miembros, por razones esencialmente institucionales, ya que prevé modalidades de aplicación, tratándose sobre todo de competencias atribuidas a la Comisión, difícilmente aceptables y que plantean serias dudas en cuanto a su conformidad con el Tratado.
Vista la nueva situación creada por el estado de las negociaciones en la OMC, parece esencial buscar, en el seno del Consejo, una armonización de las posiciones para preparar una negociación en un breve plazo, referirse a los mecanismos previstos por el proyecto de directiva sobre las licencias relativas a los aspectos que tocan la armonización de las condiciones de concesión y el contenido de las licencias de los segmentos terrestres.
Las enmiendas adoptadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y por la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, a iniciativa especialmente de nuestro compañero, el Sr. Malerba, aportan a este respecto significativas mejoras entre las que se encuentra la supresión del controvertible dispositivo de selección, por la Comisión, de los operadores de segmento espacial. La integración del régimen reglamentario relativo al trayecto terrestre de las comunicaciones personales por satélite en el seno del dispositivo armonizado de las licencias y autorizaciones va también en el buen sentido.
Para el Grupo Unión por Europa, las propuestas de enmienda del ámbito internacional contribuyen igualmente a mejorar el proyecto, salvo la posibilidad de conferir a la Comisión un derecho de negociar las frecuencias en el seno de la UIT en lugar de los Estados miembros. Tal delegación de competencias no parece fundada y, por lo demás, parece incompatible con los estatutos actuales de esta organización internacional.

Wolf
Señor Presidente, estimados colegas, yo quiero felicitar al Sr. Hoppenstedt, pero a la vez también quisiera aprovechar la oportunidad para plantear mi ceterum censeo: ¿cuándo se decidirá la Comisión a presentarnos una directiva marco que nos permita debatir el marco de condiciones básicas y los requisitos políticosociales que debe cumplir la liberalización del sector de las telecomunicaciones? ¿Cuándo se someterá al procedimiento legislativo el marco común para la concesión de autorizaciones generales e individuales que ya ha presentado la Comisión?
También quisiera plantear, no obstante, algunas cuestiones, tal vez ingenuas, pero que creo que tocan aspectos fundamentales. En primer lugar, en lo relativo a las circunstancias de la armonización de la selección, tal como se ha planteado en los informes y en las intervenciones anteriores. Yo tengo la impresión de que la Comisión no establece con toda nitidez la distinción entre los sistemas de comunicaciones personales por satélite y los servicios multimedia de banda ancha, aparentemente de manera deliberada, con objeto de poder disponer de un instrumento que, llegado el caso, le permita intervenir también, de hecho, en el proceso de selección en este segundo ámbito. Lo cual tampoco es una mala idea, si se recuerda la historia de la televisión por satélite y el papel clave que ha desempeñado en la implantación de los canales privados de televisión.
En segundo lugar: se habla de un mercado y a la vez se nos comunica que tres operadores actúan en estos momentos en el mismo a escala mundial. A la vista de este hecho, no puedo evitar recordar las palabras del eminente John Locke, el fundador del pensamiento liberal moderno, sobre el problema de cuántos participantes se requieren para constituir un mercado: »siendo sólo dos, no podían ponerse de acuerdo». Si alguno de los presentes piensa que con tres sería posible establecer unas relaciones comunes de intercambio equivalente, ¡estoy dispuesto a pagar una ronda si me lo demuestran!

Bangemann
Ante todo, quiero dar las gracias al Parlamento y al Sr. Hoppenstedt en particular por su rápida respuesta a nuestra propuesta, puesto que, a pesar de todas las discrepancias con respecto a nuestra posición que han quedado de manifiesto durante el debate, un punto al menos es indiscutible: ¡si no actuamos con la máxima rapidez no podremos imponer ninguna solución, ni la que prevé el Parlamento, ni la que promueve la Comisión, ni cualquier posible fórmula de compromiso intermedia! En efecto, como ya ha señalado acertadamente el Sr. Hoppenstedt: ¡nuestros competidores, sobre todo en los Estados Unidos, no duermen! Ya han logrado un éxito parcial en la IUT. Invitarán a algunas empresas europeas a participar en sus proyectos, de hecho ya están trabajando en esta línea, pero como ha manifestado el Sr. Hoppenstedt, también con razón, las empresas europeas probablemente se incorporarán como compañeras de viaje. No tendrán una participación decisiva y ciertamente tampoco ninguna posibilidad de determinar el curso de los acontecimientos.
Podemos definir el mercado como mejor nos parezca, pero si sólo hay un participante, ya no se trata de un mercado, sino de un monopolio, El problema en el sector de las comunicaciones por satélite, a saber los fines para los que se utilizarán en último término, reside precisamente en el hecho de que desaparecerán los monopolios públicos, tal como ha ocurrido hasta ahora en los diferentes Estados miembros, pero habrá un monopolio privado. El Parlamento precisamente no se ha cansado de advertirnos reiteradamente que, si bien la desregulación supondría seguramente el desmantelamiento de los monopolios públicos, no obstante permitía la formación de monopolios de derecho privado.
Sinceramente, no acabo de comprender el tono en que se ha desarrollado este debate. En efecto, por una parte se nos dice que no debemos cerrar los ojos, pero al mismo tiempo se señala que la probabilidad de que nuestros competidores transformen su actual ventaja en auténticas posiciones de monopolio es relativamente escasa. Por otra parte, se rechaza nuestra propuesta como una tentativa, tal vez comprensible, pero en el fondo inaceptable, de obtener nuevas competencias para la Comisión.
Este no es en absoluto el objetivo y el procedimiento de selección, que se ha mencionado en diversas ocasiones, no debe constituir de ningún modo la norma. Incluso es posible que sea la excepción; de hecho, partimos de este supuesto. Por consiguiente, no nos parecen sólidos los argumentos que se han presentado en favor de la enmienda.
El Parlamento ha señalado naturalmente y con razón, también en el presente debate, que los servicios de comunicaciones personales por satélite están sujetos a la directiva general sobre las autorizaciones, que se aprobará en breve. No obstante, esta directiva no contempla los aspectos de la armonización -y las autorizaciones individuales tampoco cubren en absoluto este aspecto-, ni prevé una coordinación en un plazo oportuno de las decisiones de los Estados individuales, y este momento es precisamente lo que nos preocupa.
Aun cuando la labor que ha realizado el Sr. Hoppenstedt en este ámbito, ya desde antes de que yo asumiera la responsabilidad del mismo en nombre de la Comisión, me merece el mayor respeto, debo manifestar con toda franqueza, y el Sr. Hoppenstedt ya lo sabe también, que discrepamos sobre este particular. Es posible que lo que propone el Parlamento a través de sus enmiendas corresponda al compromiso final alcanzado en el Consejo. Es una posibilidad y ¡ojalá sea así! Pero iniciar las discusiones con el Consejo con semejante posición me parece una táctica, o una estrategia, poco prudente y por este motivo nos oponemos a que se admitan las autorizaciones nacionales, que por nuestra parte deberíamos limitarnos a coordinar. Esta coordinación no tendrá lugar en el momento oportuno y este procedimiento no funcionará, sin entrar a considerar ya, Sr. Caudron, que en algunos casos también resulta un poco fuera de lugar que todos los Estados miembros deben otorgar autorizaciones individuales para los satélites. Con los mayores respetos hacia Luxemburgo, pero ¿proponer una autorización individual de Luxemburgo para un satélite o quizás para varios satélites que habrán de utilizarse para las comunicaciones por satélite en la Unión Europea...? En fin, yo puedo llegar a aceptar muchas cosas, pero esto me plantea algunas dificultades, como sin duda comprenderán.
En resumen, coincidimos con el Parlamento en que es preciso hacer algo. Sin embargo, no estoy seguro de que el Consejo se decida a actuar en la medida necesaria a partir de las propuestas del Parlamento. Tampoco veo la necesidad de establecer distinciones entre los sistemas que utilizan frecuencias adjudicadas para los servicios de telefonía móvil y los sistemas multimedia de banda ancha, que por otra parte operan en frecuencias más altas. Los aspectos relativos a la política reguladora son absolutamente comparables para ambas categorías y su diferente uso no justifica, a mi entender, esta división. Permítanme que les diga que en este debate he tenido la impresión de estar debatiendo con el Consejo. Dejaré que el Parlamento juzgue por sí mismo si se trata de un cumplido.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana el miércoles a las 12.00 horas.

Vehículos de motor de dos o tres ruedas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0199/96) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la posición común adoptada por el Consejo (C4-0149/96-00/0470(COD)) con vistas a la aprobación de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados elementos y características de los vehículos de motor de dos o tres ruedas (Ponente: Sr. Barton).

Barton
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a todas las personas y organizaciones que han contribuido a crear el paquete de medidas de compromiso que se encuentra hoy ante el Parlamento sobre el futuro de los vehículos de motor de dos y tres ruedas. Alabo en particular a los motoristas que han hablado directamente con sus diputados nacionales en todos los Estados miembros y que, de forma muy responsable, han defendido medidas que mejorarán la seguridad, reducirán la contaminación y atajarán los realísimos problemas creados por una minoría irresponsable de motoristas que llevan motos con tubos de escape muy ruidosos.
La Unión Europea como conjunto ha de aprender las lecciones de las que ha sido pionero el Parlamento Europeo: que la buena legislación sólo es posible cuando se mantiene un diálogo constructivo con los ciudadanos directamente afectados. Un ejercicio que ha sido posible en este caso gracias al trabajo de las asociaciones nacionales e internacionales de derechos de los motoristas, coordinadas por la Federación de Motoristas Europeos. Quiero rendir especial homenaje a su secretario general, Simon Millward. El proceso seguido puede ponerse como ejemplo clásico de cómo conectar a los ciudadanos con los mecanismos de Europa.
Ahora el Consejo debe tomar en serio este respaldo, al contrario que cuando respondió en primera lectura. Sencillamente, no es admisible que deje de lado propuestas prácticas como la que ilegitimaría la venta de sistemas de escape ruidosos e ilegales. Éstos son los sistemas que más molestias producen y que dan mala fama al motociclismo en general. Tampoco podemos permitir que los fabricantes especifiquen marcas de piezas de repuesto como los neumáticos. Hay que dejar que el cliente elija entre una serie de piezas de repuesto apropiadas, siempre que respondan a las correspondientes especificaciones técnicas y de seguridad.
A título de ejemplo, un fabricante como BMW no puede exigir que, pongamos por caso, sólo se pudieran poner como repuesto neumáticos Pirelli cuando, por ejemplo, Dunlop u otros fabricantes tuvieran neumáticos alternativos perfectamente apropiados y, en algunos casos, quizá superiores.
El paquete de medidas del Parlamento exige que, antes de que decidamos sobre la siguiente fase de controles del ruido y las emisiones, se realice investigación conjunta con las organizaciones de motoristas a fin de garantizar la presentación de propuestas prácticas y realistas. Si no se modificara la posición del Consejo sobre las medidas contra la manipulación, los motoristas se resistirían a hacer las revisiones que son necesarias periódicamente para reducir al mínimo los niveles de contaminación. Después de todo, sería irónico que, por defecto, dichas propuestas fueran a poner en peligro el futuro de los vehículos de dos y tres ruedas. Las motocicletas pueden contribuir positivamente a ofrecer una forma personalizada de transporte económica a la vez que placentera, causando menos tráfico y contaminación que sus hermanos de cuatro ruedas.
Insto al Parlamento a que apruebe en bloc todos las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, a excepción de la enmienda nº 3, que esperamos sea sustituida por una nueva enmienda de compromiso, la nº 20. Por desgracia, parece inevitable que el Consejo no acepte inmediatamente nuestras enmiendas. Sin embargo, hay un mensaje que debe entender: para que la Unión Europea esté conectada con las preocupaciones cotidianas de sus ciudadanos acerca de las motos o, si a eso vamos, sobre cualquier otro tema, sólo puede hacerlo a través de un diálogo con las personas directamente afectadas. El Parlamento ha mantenido un diálogo significativo sobre el tema y no va a aceptar de buen grado que ese trabajo sea pasado por alto por unos cargos ministeriales reunidos en secreto. Está en juego un importantísimo principio democrático.

Metten
Señor Presidente, podríamos celebrar un debate interesante a raíz de lo que ha dicho el Sr. Barton sobre quiénes son en realidad las people concerned en esta directiva. Esto constituye para mí el núcleo de lo que quiero decir. Para quien quiera mirar desde otro lado el ruido provocado por los motores, es decir, del lado de los no usuarios que sobre todo se enfrentan a diversos aspectos negativos de las motos, este ha sido un debate muy difícil. Pues si el grupo de presión de los representantes de los conductores de máquinas de gran cilindrada se hace oír bien, al Parlamento le cuesta mucho no inclinarse hacia ese lado.
Visto el hecho de que los representantes de los no usuarios no han dicho nada, me parece que no lo hemos hecho del todo mal en el Parlamento. Las normas de emisión de gases serán más estrictas y las posibilidades de manipular el motor se limitan drásticamente. Sin embargo, por lo que respecta al ruido producido por los motores, se han hecho enormes concesiones, por ejemplo en relación con una directiva voluntaria que entró en vigor en 1978 en los Países Bajos y Alemania. Lo que propone ahora el Parlamento es flexibilizar, tanto el nivel sonoro como el método de medición. Personalmente considero que se trata de una señal equivocada, tanto para los usuarios como para la industria. Todas las motocicletas que se venden en los Países Bajos y en Alemania cumplen ya las normas más estrictas, que además se evalúan aplicando un riguroso método de medición. El principal argumento del grupo de presión de los motoristas, de que estas normas más estrictas suponen el fin de los motores refrigerados por aire, es incorrecto, y para demostrarlo basta con fijarse en los modelos vendidos en los Países Bajos y Alemania. Parece que el verdadero argumento es que la reducción del ruido puede mermar la potencia del motor. Esto reafirma mi sospecha de que el grupo de presión con el que hemos tratado estaba compuesto sobre todo por aficionados a las superbikes . Sin embargo, el propio Consejo tampoco está libre de culpa. El verdadero problema con los motores es la manipulación y el uso de sistemas ilegales. Hasta ahora se han rechazado las propuestas de compromiso por parte de quienes se toman en serio el problema del ruido de los motores, y entre ellos se encuentran afortunadamente el ponente y muchos motoristas, que sobre todo piden medidas en el ámbito del cumplimiento de los límites acústicos existentes, hoy totalmente insuficiente.
Señor Presidente, espero que las negociaciones, que sin duda tendremos que celebrar con el Consejo y la Comisión, tengan como resultado que se puedan encontrar soluciones satisfactorias, concretamente en el ámbito del ruido y del cumplimiento de los sistemas ilegales.

Larive
Señor Presidente, quisiera decir: ¡a la conciliación! Ahora que el Consejo se ha negado a aprobar nuestras enmiendas de primera lectura, la posición común, pienso que el Parlamento ha de demostrar que vamos en serio y mañana hemos de reunir los 314 votos necesarios, sobre la base de los hechos y no sobre la base de una táctica negociadora, como parece estar haciendo el Consejo, y me apuesto una motocicleta europea, Comisario Bangemann, a la cual podamos subirnos juntos.
El Consejo está jugando un extraño juego. Por un lado, 80 decibelios y un valor máximo de las cuatro mediciones, sacado del sombrero europeo, después de la primera lectura, en lugar del valor medio, y eso lleva en la práctica a 78 decibelios. Emotivamente ecológico, ¿o no? Pues no. Ya que por otro lado, y eso ya lo ha dicho el Sr. Metten, el Consejo se niega a tratar con mano dura el sistema ilegal de escape y sabe que de hecho se trata de guardar las apariencias. A fin de cuentas, ni siquiera se cumplen las normas actuales, y la policía, como la de Amsterdam, no sabe qué hacer. Así que limitarse a unas normas más estrictas tampoco sirve de nada. Quiero preguntarle al Comisario Bangemann si el sistema de medición propuesto no tiene que ver más bien con la presión alemana, que conseguiría, con el truco técnico, una importante ventaja competitiva para BMW. Necesitamos normas que sean realistas y que tengan una base de apoyo entre el público. Es decir, 82 decibelios con control y sanciones, con una prohibición absoluta de producir y vender tubos de escape ilegales, pues este es el núcleo del problema y no el número de decibelios.
La antimanipulación sólo sirve de algo para evitar el salto de categorías -esta palabra no existe, pero ahora sí-. Aumentar la potencia de un ciclomotor a la de una pequeña motocicleta, y luego la de una pequeña motocicleta a la de otra más grande. Eso lo entiende el Consejo. Pero el Consejo se pasa de rosca, pues la marca y los signos de identificación, también para los motores más pesados, no hará más que aumentar la burocracia. También las máquinas superveloces suponen un enorme aumento de los costes para el ciudadano europeo, que se entretiene manteniendo su máquina.
Por último, señor Presidente, un llamamiento al motorista. Ochenta y dos decibelios, el valor medio de la medición, sí, pero que sean estrictos consigo mismos y con los demás. Echen a los miembros que lo fastidian todo y no se ciñen a las reglas. Ayuden a la policía a emprender una acción eficaz contra los infractores. Cooperen estructuralmente con la policía. De este modo, en el año 2001 no hará falta adaptar las normas, como pide la enmienda nº 20; de lo contrario sí, y el balón está en su tejado, miro arriba a la tribuna.

Van Dijk
Señor Presidente, a mi entender, el Consejo ha hecho muchas concesiones al Parlamento. El Parlamento parece presa de la felicidad de los motoristas, así que si llega a ser por este Parlamento, los motoristas podrían seguir haciendo mucho ruido y contaminar lo suyo. A decir verdad, me parece muy lamentable.
Como ya ha dicho el Sr. Metten, frente a la felicidad del motorista, que por lo visto parece residir principalmente en el ruido, los malos olores y las manos sucias, está la impotencia de las personas que por lo visto, según este Parlamento, han de aceptar simplemente que los motoristas perturben su tranquilidad. Quisiera invitar al ponente, al Comisario y a todos los ministros de los Consejos para que vengan a escuchar en los diques de los ríos donde, desde la Ascensión hasta bien pasado el verano, esas personas que viven tranquilamente en el dique, tienen que aguantar cientos de máquinas que arman jaleo en los diques y que perturban su tranquilidad. No comprendo por qué no hemos de proteger esa felicidad y sí tengamos que proteger la de los motoristas. ¿Es que han de quedarse dentro y cerrar puertas y ventanas? Me parece realmente incomprensible. Incluso diría que es un escándalo.
Las posibilidades del progreso técnico que suelen desempeñar un papel tan central en este Parlamento, cuando se trata de política ambiental, ahora se dejan desaprovechadas. Es el ponente, quien es acosado por el grupo de presión de los motoristas, al cual naturalmente pertenece, que todavía no está satisfecho. El Sr. Barton intenta boicotear cualquier norma estricta. Y la gran mayoría de mi Grupo sigue oponiéndose, también en segunda lectura, a cualquier condescendencia en torno a las emisiones de sustancias perjudiciales y ruido. Me parece realmente incomprensible lo que sucede aquí y sólo me resta desearle mucha suerte al Consejo y esperar que no desfallezcan en la siguiente ronda.

Barton
Señor Presidente, para una cuestión de orden: se ha mencionado que yo formo parte del grupo de presión de los motoristas. Como diputado electo que representa a todos los ciudadanos de mi circunscripción, me siento muy ofendido por ello. Trabajaré con este grupo de presión y con todos los que haga falta, pero tomo muy a mal que digan que formo parte del grupo de presión de los motoristas. No es cierto.

Blokland
Señor Presidente, el Parlamento Europeo puede estar satisfecho. Casi todas las enmiendas de la primera lectura han sido adoptadas por el Consejo en su posición común. En cuanto al punto de los niveles sonoros permitidos, no se aceptó un deseo curioso del Parlamento. Con razón, a mi entender, pues las normas de ruido propuestas en un principio por la Comisión ya se habían incluido en la segunda fase de la directiva de 1987.
Este Parlamento pierde toda credibilidad al querer flexibilizar los límites de ruido. La enmienda nº 11 supone una bofetada a la cara del fabricante innovador de motocicletas que por voluntad propia ha decidido ajustarse a las normas más estrictas de 1995. Una gestión tan incorrecta es inaceptable.
El grupo de presión de los motoristas maneja el argumento de que no se necesitan normas más estrictas, sino un control más estricto. El problema está en el mantenimiento. Por ello, es preciso hacer hincapié en impedir que se aumente la potencia de las motocicletas y las motos, entre otras cosas prohibiendo la venta de kits de automanipulación. Todo ello según el grupo de presión de los motoristas.
Señor Presidente, tendremos que hacer lo uno, sin dejar de hacer lo otro. Los motoristas que hacen demasiado ruido, no sólo amargan la vida a las personas que disfrutan del aire libre, sino que también se la amargan a otros motoristas que observan una conducta social y ecológica. Las medidas antimanipulación son necesarias. Pero también lo son unos límites de ruido más estrictos. A fin de cuentas, no se trata de aplicar normas de ruido de 1987 hasta el año 2006, como propone la enmienda nº 3. Quien piense que esto tiene que ver con crear una posición de salida lo más propicia posible para el procedimiento de conciliación, se equivoca. En la negociación es muy importante que el contrincante te tome en serio. Y este no parece ser precisamente el caso.

Blak
Señor Presidente, ante todo quiero elogiar a todas las personas, también a las de Dinamarca, que han trabajado activamente en relación con esta propuesta. Los motoristas han sabido ejercer su influencia, tanto los miembros de los grupos famosos como los tranquilos administrativos que sólo utilizan sus motocicletas los domingos. Han contribuido a convencer al Parlamento Europeo de que hay que apoyar los aspectos positivos de la vida al aire libre. Es evidente que hay momentos en que los ruidos de las motos molestan, pero aquí no se trata de la sensibilidad o falta de la misma ante el ruido. Estoy totalmente en desacuerdo con los Verdes, pero me imagino que los ciclistas tienen demasiada influencia sobre ellos. El hecho es que los expertos de la Comisión han vuelto a presentar unas normas un poco absurdas sin pensar en la sensatez ni en la realidad. Las normas para el ruido han de adaptarse a las condiciones reales. No mucha gente distingue si el nivel de ruido está por encima de 82 decibelios o no. Sería mucho mejor que la Comisión se concentrara en evitar la competencia desleal respecto a las motocicletas que se producen en Europa. Como saben muy bien sus Señorías, el desempleo es uno de los mayores problemas de Europa, así que no debemos desaprovechar las posibilidades de mantener unos puestos de trabajo fijando requisitos absurdos para nuestros propios centros de trabajo en la Unión.
Felicito a Roger Barton por el gran trabajo que ha realizado en relación con este tema. Ha hecho muchos esfuerzos de creatividad por demostrar lo esencial del tema ante la Comisión. El propio Sr. Bangemann se ha dado una vuelta en motocicleta con Roger Barton para convencerse de la veracidad de lo que sostiene el Parlamento. Los motoristas son personas aficionadas a la vida al aire libre y a la calidad de vida, y no debemos cambiar esta situación con límites insensatos que no se pueden medir. Quiero decir una vez más a los Verdes: ha sido un intento valiente de luchar un poco por los ciclistas. Yo mismo soy un activo ciclista, por lo que me parece que no deben decir cosas como éstas; pueden inducir a los ciclistas a vender la bicicleta para comprarse una motocicleta.

Bangemann
Señor Presidente, esta sesión está resultando muy curiosa. En el debate anterior he escuchado argumentos que habitualmente sólo llegan a mis oídos en el Consejo y ahora oigo el eco de mis propias palabras. Casi todos los oradores, con la excepción del Sr. Blak, han expresado lo que yo ya manifesté unos dos años atrás. Por cierto, Sr. Blak, que no he paseado nunca en moto con el Sr. Barton, aunque sí lo he hecho con la Sra. Larive, y fue aún más agradable que hacerlo en compañía de aquél. De todos modos, también estoy dispuesto a dar un paseo en moto con el Sr. Barton; por eso que no quede.
Desde luego, comprendo -y ahora me dirijo al Sr. Barton- que cuando uno mantiene relaciones especiales con un grupo de la población o con su circunscripción electoral, se actúe de vez en cuando como portavoz de sus consideraciones. Es una actuación legítima y algo que un diputado debe hacer. Sin embargo, no puedo aceptar que este proceder se lleve a los extremos a los que lo ha llevado el Sr. Barton esta noche, cuando ha afirmado que él representa al pueblo y el Comisario Bangemann quién sabe a quién representa. Desde luego, en el caso que nos ocupa no represento a la industria del sector. En realidad, he representado más bien el papel que le corresponde a mi colega, la Sra. Ritt Bjerregaard. En todo momento, me he manifestado a favor de que se apliquen a los vehículos de motor de dos ruedas los mismos criterios que aplica el Parlamento para los vehículos de pasajeros, los vehículos de transporte ligero y los vehículos de transporte pesado. Y raras veces coincido con el Sr. Metten, pero su intervención de esta noche me ha gustado muchísimo. Podría haber pronunciado yo mismo sus palabras y, por lo tanto, no me queda más que agradecerle su aportación.
Por otra parte, no deja de tener su gracia. Esta noche, Inglaterra ha derrotado a Holanda por 4 a 1, pero después del Sr. Barton han intervenido en cambio cuatro holandeses. Es decir, que finalmente vuelven a estar empatados.
¿Y qué debemos hacer ahora, una vez alcanzado este punto? Tras la aceptación por parte del Consejo de una serie de enmiendas del Parlamento, ha llegado a mi parecer el momento de concluir el procedimiento. ¡El expediente ha llegado a ocupar 657 páginas! Por lo tanto, les ruego que comprendan que no me es posible aceptar las enmiendas encaminadas a mejorar todavía más los puntos que ya han sido aceptados por el Consejo. El Parlamento ya sólo puede concederse la satisfacción de decir estamos más o menos de acuerdo con lo que ya ha aceptado hasta ahora el Consejo, que es bastante más de lo que podían esperar los portavoces de los motociclistas al principio del proceso. No hay nada que objetar contra los grupos de presión y la gente debe defender sus intereses, pero existen otras personas aparte de los motociclistas. También hay personas que se ven afectadas por su actuación; la Sra. van Dijk ha vuelto a recordarlo. Por otra parte, no es a mí a quien deben invitar para que mida el nivel sonoro, ¡inviten al Sr. Barton y a otros diputados del Parlamento! Lo cual no quiere decir que me tome su invitación como una amenaza. Aceptaré gustoso una invitación, pero no para escuchar el ruido de las motos; esto no es necesario. Ya manifesté desde el principio que debemos actuar tal como ustedes ya actúan en los demás casos.
No obstante, estoy dispuesto a aceptar las propuestas que ha elaborado hasta ahora el Parlamento y por el momento también formo parte del procedimiento democrático, aunque a veces no pueda aceptar sus propuestas, si bien en este caso las acepto. Yo propongo, por lo tanto, que la Comisión acepte 9 de las 20 enmiendas todavía pendientes, concretamente las enmiendas 6 y 7 y 13-19. Estas últimas se refieren todas al procedimiento de medición del nivel sonoro y proponen recuperar el texto de la propuesta inicial de la Comisión. La posición común establece un procedimiento de medición más riguroso, lo cual se traduce en la práctica en la aplicación de unos valores límite más estrictos. La propuesta inicial de la Comisión ya endurecía considerablemente las nuevas medidas contra la contaminación acústica, puesto que definía como obligatorios estos valores límite opcionales.
Nuestra propuesta se sitúa, por lo tanto, en un punto intermedio entre lo que quisiera establecer el Consejo, que todavía es más riguroso, y las propuestas considerablemente menos estrictas del Parlamento. No podemos aceptar las 11 enmiendas restantes, por los siguientes motivos: las enmiendas 1, 4 y 5 no se ajustan a la prohibición de incorporar dispositivos que no cumplan las normas establecidas en la directiva. Esto ya quedó claramente establecido en el artículo 15 de la Directiva general. Tampoco podemos aceptar la enmienda 2, porque los remolques no entran por ningún concepto dentro de este ámbito de aplicación. La enmienda 3 contempla el aplazamiento de la entrada en vigor de los valores límite. Si lo que se pretende es aplazarlo todo hasta el año 2006, más valdría dejar las cosas tal como están. Tanto daría proponerle a la Sra. van Dijk que aplacemos la decisión hasta el año 2026. Entonces tal vez habrá cambiado la situación.
Tampoco podemos aceptar la enmienda presentada ayer en relación con el mismo tema, que se traduciría igualmente en un considerable retraso. Las enmiendas 8-11 proponen la supresión de algunas disposiciones relativas a las medidas destinadas a evitar manipulaciones no autorizadas. Es preciso que quede claro lo que se plantea: cuando hablamos de manipulaciones no autorizadas, no nos referimos a un aficionado al bricolaje, Sr. Barton, o a los jóvenes que se compran una moto y luego intentan modificarla para conseguir mayor potencia, cosa que todos podemos comprender. Pero con estas enmiendas se pretende autorizar todas las modificaciones que son ilegales a partir de un determinado cubicaje, es decir en las motos pesadas. ¿Veo que menea usted la cabeza? En fin, esto sí que no podemos admitirlo de ningún modo y, por lo tanto, no podemos aceptar estas medidas cuyo única finalidad es suprimir en la mayor medida posible los riesgos del «trucaje». Por otra parte, dicho sea de paso, estas enmiendas se refieren al texto original de la Comisión, que no fue objeto de ninguna objeción en la posición común del Consejo ni tampoco en el examen en primera lectura del Parlamento Europeo. Es decir que, desde una perspectiva exclusivamente formal, se trata de enmiendas sin ningún fundamento, puesto que no se refieren a una propuesta de la Comisión ni a un acuerdo adoptado en la posición común del Consejo.
Tampoco podemos aceptar la enmienda 12, relativa a los valores límite del nivel sonoro. Se pretende suavizar todavía más las medidas, que en cualquier caso ya se han restringido considerablemente, puesto que su aplicación es facultativa, y en este contexto lo que me sorprende no es la actitud del Consejo -y lo digo pensando también en la Sra. Larive, que ha manifestado sus dudas sobre la posición del Consejo-, sino la postura del Parlamento. En todos los otros ámbitos nos reprochan nuestra actuación. Hoy hemos aprobado el programa relativo a los lubricantes para automóviles y las sanciones para los automóviles que sobrepasen los valores límite de emisiones, una propuesta común elaborada por la Sra. Bjerregard, mi colega el Sr. Papoutsis y yo mismo. Estoy seguro de que el Sr. Barton nos hará trizas. ¿Cómo se les ocurre establecer unos valores límite tan bajos?, nos reprochará. Ya lo verán.
En el capítulo 7, apartado 4 se incluye la siguiente observación: »L'inclusion du point 4». Esta frase está en francés, Sr. Barton; le ruego que sea indulgente. Pero Francia también ha ganado esta noche...
La inclusión del punto 4, »Prescripciones relativas a la identificación de los componentes», en el punto 3 implica que las prescripciones relativas a la identificación sólo se aplicarán a los ciclomotores y a las motocicletas ligeras. Así, las motocicletas de cilindrada media y pesada estarían completamente excluidas del campo de aplicación de las medidas contra la manipulación.
(DE) ¡Fíjense bien! Motoristas por aquí, buenas personas por allá; el Parlamento debería guardar una cierta coherencia. Deben mantenerse fieles a su posición y en realidad es triste que deba decírselo un Comisario de Industria.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Cepos y pieles
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0151/96) del Sr. Pimenta, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM(95)0737 - C4-0105/96-95/0357(SYN)) que modifica el Reglamento (CEE) nº 3254/91 del Consejo por el que se prohíbe el uso de cepos en la Comunidad y la introducción en la Comunidad de pieles y productos manufacturados de determinadas especies de animales salvajes originarias de países que utilizan para su captura cepos o métodos no conformes a las normas internacionales de captura no cruel.

Pimenta
Señor Presidente, queridos colegas, lo que está ahora en debate es este objeto que tengo en la mano: se trata de un cepo. Pregúntese a alguien si quiere meter aquí la pierna o la mano y si quiere saber realmente lo que es un método de captura y de muerte cruel e inhumano. Esto es lo que estamos debatiendo hoy, señor Presidente. Pero lo que también estamos debatiendo hoy es una violación flagrante del Derecho comunitario por parte de la Comisión, es también el GATT, es también la cuestión de los pueblos nativos del Canadá y de los Estados Unidos de América.
Comencemos por la violación flagrante del Derecho comunitario. Teníamos un reglamento, que aún está en vigor y que data de 1991. Ese reglamento debería haber entrado en vigor en 1995, pero fue aplazado por un año, de acuerdo con los términos del propio reglamento, por una petición de la Comisión para aplicarlo mejor. Pero la verdad es que debería haber entrado en vigor el 1º de enero de 1996. Sucede que, por medio de un comunicado de prensa y una carta firmada por dos funcionarios de la Comisión, ésta decidió que el reglamento de 1991 no entrara en vigor.
Señor Presidente, yo no soy jurista, pero me enseñaron que para revocar una ley, para modificar una ley, es preciso un acto legislativo de igual rango jurídico. O sea, que, para anular el reglamento, para enmendar el reglamento, era preciso que durante el año de 1995 la Comisión, siguiendo los procedimientos legales, hubiera presentado una propuesta. No lo hizo. Dio muestras de negligencia e incompetencia, si quería modificar ese reglamento. A 1º de enero de 1996 era demasiado tarde. El Parlamento, mediante una votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos y una carta del Presidente Hänsch, inició el proceso que va a llevar a la Comisión a los tribunales por incumplimiento del Derecho comunitario, por no aplicar el reglamento de 1991. Es muy importante que se restablezca la dignidad de esta casa y la legitimidad democrática en el cumplimiento de las leyes.
En segundo lugar, estamos debatiendo sobre el GATT. Este Parlamento fue inducido a error, señor Presidente, y yo fui uno de los que cayeron en el garlito. El vicepresidente de la Comisión, Leon Brittan, ante esta Asamblea reunida en Pleno, en Bruselas, y para conseguir la ratificación del GATT afirmó que esta Asamblea tenía poderes soberanos para ratificar o no ratificar, el Vicepresidente Leon Brittan afirmó, como consta en acta, que la ratificación del GATT no ponía en entredicho legislación europea alguna relativa al medio ambiente o social. Y, a continuación, seis meses después, los servicios del mismo Comisario Brittan vinieron a decir que era preciso tirar a la papelera el reglamento de 1991 a causa del GATT. ¿Con cuántas lenguas habla el Vicepresidente Brittan? ¿Qué fe y qué confianza podemos tener en ese señor que es Vicepresidente de la Comisión? Obtuvo la votación que quiso en el Parlamento Europeo, faltó a la verdad y ni siquiera tuvo el valor de venir ante esta Asamblea -y una vez más es la Comisaria de Medio Ambiente la que viene a representarlo-, porque él no tiene el valor para venir ante esta Asamblea a afrontar a los diputados y decir que les mintió.
Número tres: la cuestión de los pueblos indígenas. Se ha hecho mucha demagogia sobre la cuestión, porque es un problema grave y debe abordarse de forma seria. Aquí están, señor Presidente, los números. Números oficiales del censo del Canadá. Hay sólo 1.045 nativos que son cazadores profesionales con dedicación exclusiva. Y, según las cifras de la Asociación de Cazadores, cada dólar que ganan en pieles cuesta 5 dólares. Quien gana dinero con el negocio de las pieles no son los indígenas, señor Presidente. Quienes ganan dinero son las empresas comercializadoras de pieles. Nosotros tenemos aquí las cifras. Los indígenas, que son esos mil cazadores en dedicación exclusiva, no tienen más que 7.000 dólares de renta anual, lo que es perfectamente compensable con medidas de ayuda al desarrollo regional y de ayuda a su situación. Más que eso hacemos nosotros en la Unión Europea por nuestros agricultores de zonas de montaña o zonas difíciles. Pero, señor Presidente, reconociendo la gravedad de algunas situaciones, incorporé a mi informe enmiendas de otros colegas, que acepto, y les propongo lo siguiente: en la práctica, hace más de un año, que es este año de 1996. A partir de ahí les damos el derecho a participar en las negociaciones, de ser oídos con estatuto consultivo. Por último, les damos el derecho más importante de todos, o sea, aun cuando el Canadá no quiera llegar a un acuerdo con la Unión Europea, nosotros les damos la posibilidad de pedirles directamente un acuerdo con nosotros, mediante las autoridades de Ottawa. O sea, nosotros brindamos la posibilidad de negociaciones directas con ellos.
Termino, señor Presidente, sobre el asunto que nos ha traído aquí: la crueldad. Es inhumano, es cruel, es imposible permitir que persista ese tipo de muerte de los animales, que provoca sufrimiento durante días y durante horas, pasando por alto otro tipo de consideraciones. Hay formas de matar, hay formas de cazar, menos crueles y más humanas. Nosotros no podemos, al final de este siglo, como pueblo civilizado, como nación civilizada, permitir que esta situación persista.

Pollack
Señor Presidente, la razón por la que tenemos hoy aquí este informe del Sr. Pimenta es que la Comisión ha dado marcha atrás en legislación debidamente tramitada por el Parlamento Europeo y aprobada por el Consejo de Ministros. Tenemos ante nosotros un grave problema de falta de democracia, al que debemos seguir la pista.
Cuando se aprobó el reglamento de 1991, se acordó que la importación a la Unión Europea de pieles procedentes de países que no hubieran prohibido este cepo cruel y bárbaro cesaría en 1995. Tuvimos el debate sobre el tema sustantivo ya en 1990, teniendo que soportar durante el proceso unas presiones feroces, y ganamos el debate. Es un poco injusto que sea la comisaria Bjerregaard quien esté aquí esta noche para aguantar el chaparrón en lugar de Sir Leon Brittan. Pero, claro está, desgraciadamente, es el precio de la llamada «culpabilidad colectiva». Así que lo siento por la comisaria Bjerregaard. Pero la Comisión colectiva decidió aplicar una cláusula de salida y esperar a que se hiciera realidad un cuento de hadas: la esperanza de que el comité internacional de Ginebra presentara un cepo no cruel, dejando así escapar a los principales países donde se capturan animales de peletería. Así que amplió el plazo un año más, hasta 1996. No existe ni existirá dicho cepo no cruel. De modo que el sueño imposible no se materializó y, hacia finales del año pasado, la Comisión empezó a ponerse nerviosa ante las amenazas de Canadá de llevar a la Unión Europea ante la OMC en aplicación del GATT.
Las naciones donde se capturan animales de peletería disponen de una solución, consistente en prohibir este cepo y usar alguno de los varios tipos de métodos disponibles. Pero seamos realistas: el Gobierno canadiense está consiguiendo grandes sumas de dinero gracias a una industria destinada a que los ricos lleven abrigos de piel. Camina por arenas movedizas en lo que a sus argumentos sobre este asunto se refiere.
Cualquiera con un mínimo de agallas habría podido hacer frente a esta amenaza. Es perfectamente evidente que contamos con numerosas cláusulas del GATT que permitirían discutir a la gente de leyes: el artículo 20 es uno de los que tengo en mente. Pero la Comisión, con su infinita y arrogante sabiduría, decidió que una posible y poco fiable amenaza de un gobierno extranjero que posee grandes intereses creados en sacar mucho dinero de sus explotados pueblos indígenas era más importante que la democracia, más importante que la propia ley de la Unión Europea debidamente promulgada, más importante que los intereses de 350 millones de ciudadanos y consumidores y más importante que el bienestar de los animales.
Podríamos pasarnos horas y horas hablando de esta epopeya. Hay datos y cifras que podrían discutirse hasta bien entrada la noche, pero lo fundamental es que el Grupo Socialista y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, así como este Parlamento, están indignados porque a la Comisión le parezca oportuno saltarse de esta manera el proceso democrático de la Unión Europea. No vamos a apoyarlo. La patética y timorata nueva propuesta de la Comisión, aunque llegue con retraso, no tiene defensa posible y la Comisión lo sabe. Apoyamos absolutamente el excelente informe del Sr. Pimenta, que sabemos se basa en hechos investigados con detenimiento. Hay un único camino hacia adelante para la democracia, para el bienestar de los animales y para una Europa de los ciudadanos, y es el de poner en práctica el reglamento inicial y prohibir la importación de pieles desde países que sigan utilizando el cepo.

Schnellhardt
Señor Presidente, Señorías, la historia interminable del llamado reglamento de los cepos, se encuentra en su quinto episodio, contándolos por años. ¿Cuál es el problema? ¿Tal vez fue un enfoque equivocado intentar influir indirectamente a través de medidas legislativas sobre unas formas de actuar que, sin duda justificadamente, no responden a nuestras concepciones? La experiencia práctica así parece confirmarlo. Desde 1991 quedó establecido que el reglamento entraría en vigor el 1º de enero de 1996. Este plazo debería haber sido suficiente para elaborar las correspondientes normas de aplicación. Aunque yo no era diputado de esta Cámara en 1991, quisiera recordar cuál era el objetivo: se pretendía conseguir la aplicación de normas de captura menos crueles. En particular, se pretendía lograr la prohibición del uso de cepos. ¡Con toda la razón! Pero el reglamento no ha cumplido su objetivo desde esta perspectiva. Las razones sin duda son diversas -yo acabo de señalar una- y deberían analizarse cuanto antes.
Finalmente, se planteó el dilema. A finales del pasado año aún no se habían presentado las normas de aplicación y, por lo tanto, tampoco era posible proceder a su transposición. La Comisión presentó entonces una nueva propuesta, la cual, a mi parecer, no podemos aprobar de ningún modo por dos motivos distintos. En primer lugar, los plazos son muy imprecisos y los objetivos también. Según los términos de este reglamento, o de esta propuesta de reglamento, las negociaciones podrían prolongarse indefinidamente, lo cual no creo que pueda favorecer nuestros intereses.
Las cosas no son tan sencillas como las presenta dicho reglamento. Yo también felicito, por consiguiente, al Sr. Pimenta por haber tenido el valor de optar, muy acertadamente, por otro enfoque. Podemos dar nuestro voto afirmativo a este planteamiento, aún cuando -no quiero ocultarlo- no somos del mismo parecer y nuestras concepciones sobre el tema difieren en algunos aspectos.
Consideremos la situación de los pueblos indígenas, sobre todo en Canadá. Cierto es que el Sr. Pimenta señala, entre otras cosas, que se trata de 1.045 personas, los menguados ingresos obtenidos, etcétera, etcétera, pero también debemos tener en cuenta otro aspecto: en las regiones donde trabajan y desarrollan su actividad esos pueblos no existen especies animales en peligro de extinción. Por lo tanto, la protección de la naturaleza y del medio ambiente no constituye allí un problema. La población indígena defiende con vehemencia la conservación de su territorio y su protección frente al llamado «progreso industrial».
Éste es el aspecto curioso de nuestro proceder: hemos conseguido que un grupo de población que se declara vehementemente partidario de la protección de los animales y del medio ambiente, que es lo que nosotros propugnamos, se vea afectado por nuestra actuación y posiblemente pierda sus medios de vida por esta causa. Por lo tanto, tenemos el deber de tomar en consideración a los pueblos indígenas y sus condiciones de subsistencia. La directiva considera en parte estos aspectos y nosotros hemos propuesto varias enmiendas encaminadas a mejorarla, que quizás también serán aprobadas por la Asamblea.
No obstante, no coincidimos con el ponente en cuanto a la conveniencia de incorporar a la directiva las normas de aplicación propiamente dichas. En efecto, su elaboración es tarea de la Comisión y a ésta le corresponde cumplirla. Estas iniciativas se valoran luego negativamente. Lo cual no significa -¡y quiero subrayarlo con toda claridad!- que estemos en contra del contenido de estas propuestas. De hecho, bastaría con que la Comisión las transcriba. Pero consideramos que si las incluimos, el Parlamento deberá debatir cada una de las enmiendas y no disponemos de tiempo. Es un aspecto que debemos tener en cuenta. Esa tarea corresponde al ejecutivo y, en definitiva, a la Comisión.
Si tomamos en consideración este punto quizás comenzaremos a avanzar por la vía más adecuada. El grupo de trabajo todavía está intentando definir esas normas, de momento imaginarias, de cuyo texto no se ha escrito aún ninguna letra. ¿Dónde se sitúa, en efecto, la frontera entre lo inhumano y lo humano? ¡El grupo de trabajo quizás debería empezar por fin a determinarlo!

Baldi
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, es importante establecer una normativa internacional para alcanzar un acuerdo marco sobre la captura de animales salvajes mediante cepos o métodos no cruentos. La accesibilidad de cualquier tipo de trampa, ya sirvan para el sacrificio o para la captura de animales, debe basarse en normas acordadas entre los Estados de la Unión, terceros países y poblaciones autóctonas, con la participación de tramperos expertos, expertos en fauna salvaje y veterinarios.
Las negociaciones que se mantienen en la actualidad para definir normas sobre las trampas se están desarrollando adecuadamente y constituyen un primer paso para la celebración de un acuerdo internacional que se base también en fundamentos científicos y en el interés por una mayor protección de los animales. Por tanto, aunque el 31 de diciembre de este año no se hubiese alcanzado un acuerdo definitivo, sería conveniente evaluar los progresos realizados hasta ese momento y no proceder a la prohibición drástica de las importaciones de pieles procedentes de animales salvajes capturados con cepos.
Por otra parte, es preciso recordar que un aspecto importante del modo de vida de algunas poblaciones indígenas, como los inuit, se basa, por razones ambientales, culturales e históricas en la caza y la pesca, que constituyen todavía hoy un recurso económico fundamental para ellas. Si bien es imprescindible alcanzar un acuerdo marco sobre normas de captura mediante trampas no cruentas, es también necesario que esas normas protejan, a su vez, los intereses de las poblaciones autóctonas.
Es preciso señalar asimismo que la entrada en vigor del Reglamento debe permitir que los países productores de pieles de animales salvajes se adapten a la normativa y garanticen, tal y como se exige, que los métodos de captura mediante trampas que se utilizan para las especies incluidas en la relación cumplan las normas establecidas. Una entrada en vigor inmediata o prematura frustraría los esfuerzos realizados hasta el momento en favor, precisamente, de los métodos o prácticas de captura no crueles pero, sobre todo, distorsionaría el comercio internacional y constituiría una amenaza para el medio de subsistencia de 200.000 personas activas en el sector peletero y con un empleo en la Unión Europea. Se trata de un riesgo que no podemos aceptar y que se puede evitar mediante la adopción de plazos razonables para la entrada en vigor del Reglamento. Recordemos que la lucha contra el desempleo no sólo es una prioridad de cada uno de los Estados miembros, sino también de la Unión Europea en su conjunto.
Finalmente, una última observación: sería conveniente que la Comisión consultase a su debido tiempo al Parlamento sobre temas de interés como el que nos ocupa, y no en el último momento, como ha sucedido en este caso.

Eisma
Señor Presidente, no hace falta que lo repita. En 1991, los ministros europeos de Medio Ambiente decidieron prohibir la importación de pieles procedentes de países en los que todavía se utilizan cepos para la caza de animales. Esta prohibición debía entrar en vigor el 1 de enero de 1996. Un año antes, el cepo se había prohibido en los países de la Unión Europea. Pero quién hubiera podido imaginar que a finales de 1995, el año pasado, la Comisión iba a proponer aplazar por tiempo indefinido la prohibición de importar. La Comisión ha cedido frente al comercio de pieles y las amenazas de Estados Unidos y Canadá, que iban a impugnar la prohibición sobre la base de las normas de la OMC. Los intereses comerciales son por lo visto más importantes para la Comisión que las decisiones adoptadas democráticamente para reducir el sufrimiento de los animales. El Parlamento Europeo no ha de cometer el mismo error.
La Comisaria Bjerregaard perdió en 1995 ante el Comisario Brittan. Creo que la Comisaria Bjerregaard tendría que avergonzarse de que la cosa haya llegado tan lejos. El Parlamento Europeo tendrá que corregir esta decisión de la Comisión. He de repetir lo que ha dicho el Sr. Pimenta, que una vez que se ha propuesto una legislación, el resultado no puede ser nunca la falta de legislación. A fin de cuentas, esto sienta precedentes, con lo cual se resiente la credibilidad de la Comisión y de la toma de decisiones comunitaria. Para nosotros es inaceptable. Todos sabemos que el cepo significa una muerte lenta y consciente para los animales. Gracias a ello, las pieles siguen siendo de buena calidad, y supone un precio máximo.
Los cepos son unos instrumentos extremadamente crueles y han de prohibirse. Tiene que haber métodos de captura más humanos, pero no hemos de dejarnos chantajear como Parlamento por métodos y técnicas de aplazamiento para aprobar este método de captura humano.
En todo el debate se exagera conscientemente la importancia de los cepos para los indígenas. Por lo que respecta a la prohibición de importar, la Comisión pretende hacer una excepción sin más para los pueblos indígenas. Una excepción así para los pueblos indígenas significa un debilitamiento de la directiva. Estoy plenamente de acuerdo con la norma que propone el Sr. Pimenta.
El informe del Sr. Pimenta merece nuestro pleno apoyo. Es un informe matizado, pero también queremos ver hechos. Una de las acciones que tendrá que emprender la Comisión es publicar la lista. Una lista de países que no utilizan los cepos. Esto podría realizarse en un mes, de lo contrario la Comisión será citada ante los tribunales por el Parlamento Europeo. Mi pregunta a la Comisión es: ¿publicará la Comisión dentro de poco esta lista?

González Álvarez
Señor Presidente, señora Comisaria, si estamos de acuerdo en que los cepos son métodos crueles e inhumanos de captura y sacrificio de animales y la UE prohibió utilizarlos en su territorio, es sorprendente que se acepte la importación de pieles, procedentes de países terceros, de animales capturados con esos cepos.
Los sucesivos aplazamientos para la entrada en vigor del Reglamento nº 3254 ponen en entredicho la voluntad política de cumplir el Derecho comunitario, cuando la Comisión debiera dar ejemplo en ese cumplimiento a los diferentes Estados miembros. La Comisión sabe que las conversaciones entre el Canadá, Estados Unidos, la UE y Rusia sobre el establecimiento de niveles aceptables de no crueldad puede eternizarse -es muy difícil llegar a esos niveles-. La propuesta del Sr. Pimenta incluye las necesarias disposiciones de aplicación, tiene en cuenta, en algunas enmiendas, las repercusiones sociales y económicas que la aplicación del Reglamento tendría para los indígenas, y recuerda la responsabilidad de los Estados en la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los indígenas. Prevé que se suspenda la prohibición de importaciones una vez que se acuerde una norma creíble que incluya un período de aplicación razonable.
Señora Comisaria, todos sabemos que sin normas claras y plazos concretos es muy difícil hacer cumplir el Derecho comunitario. Lo vemos en las substancias que agotan la capa de ozono, lo vemos en los niveles de CO2 y también con este Reglamento. Y es necesario aplicarlo, si se pretende respeto y credibilidad de las instituciones comunitarias.

Bloch von Blottnitz
Señor Presidente, esto parece francamente una historia de locos. Tenemos un Reglamento que se remonta a cinco años atrás, una norma legislativa aprobada por el Consejo, ¡y la Comisión permanece tranquilamente cruzada de brazos y no promulga las normas de aplicación! Quizás este proceder acabe creando escuela. Nos enfrentamos con un lobby -en este caso, la industria peletera de Canadá, Estados Unidos y Rusia- que ejerce una oposición particularmente enérgica y ¡no tenemos argumentos para responderle! Para llegar finalmente a esta situación podríamos habernos ahorrado mucho trabajo. ¡Me parece inaudito! Y lo que todavía me parece más inaudito, y lo diré sin rodeos, es que no estén dispuestos a tomar en consideración en absoluto el informe, las enmiendas y las sugerencias del Sr. Pimenta, que son realmente muy adecuadas y que contarán con nuestro pleno respaldo. ¿A dónde iremos a parar? ¡Más valdría que cerrásemos las puertas la mitad de los días de la semana, puesto que no están dispuestos a tomarse en serio la mitad de nuestro trabajo! ¿A qué conduce todo esto?
Y aún añadiré más: el año próximo se hablará de métodos humanos de captura. Se desarrollarán trampas humanas. ¡Todo esto es pura palabrería! Ninguna trampa es humana. Aunque la varilla esté un poquito acolchada, ¡el animal atrapado sigue muriendo entre enormes sufrimientos! Tampoco existen trampas selectivas. Un animal no puede leer las recomendaciones que llevan escritas: ¡Querido lince, no estás autorizado a entrar en esta trampa! No existen trampas selectivas. Las especies protegidas también caen en ellas y la práctica es pura y simplemente cruel. Si se considera imprescindible capturar animales, debe hacerse de manera razonable, disparándoles un tiro. Todos los demás métodos son crueles. Tampoco comprendo en absoluto por qué habríamos de apoyar al lobby de las pieles, qué necesidad tienen los hombres de cazar a las especies animales y cómo puede justificarse que prácticamente todas estén ya al borde de la extinción debido a cómo contaminamos el medio ambiente. ¡Qué necesidad hay de que unas pocas personas se adornen con pieles, qué caramba! ¡No es en absoluto necesario! Tenemos que aprender a tratar de otro modo los dones que nos ofrece la naturaleza y esta nueva actitud desde luego no incluye pasearnos luciendo las pocas pieles que quedan.
A quienes ahora se preocupan tanto por las personas -continuamente escucho lamentos por los pobres pueblos indígenas-, debo decirles sinceramente que su actitud es hipócrita. En efecto, seguimos importando con toda hipocresía y sin ninguna vergüenza su uranio y éste continúa extrayéndose de sus lugares sagrados. Se están talando todos sus bosques, las gentes pierden su tierra natal y nosotros importamos la madera. Éstos son los hechos y yo sólo quisiera preguntarles con toda seriedad: ¿cuándo se proponen empezar a tomarse en serio nuestros reglamentos? ¡O piensan continuar cruzándose de brazos en el futuro, igual que han hecho hasta ahora!

Barthet-Mayer
Mi Grupo quiere ante todo saludar el trabajo del Sr. Carlos Pimenta que abordó este tema particularmente complejo con la tenacidad que le caracteriza. En efecto, volvemos a encontrar en este expediente todos los elementos de un psicodrama que es preciso tener presente: la lucha contra el sufrimiento inútil de los animales, la garantía de la supervivencia de los pueblos indígenas boreales y su modo de vida tradicional, la presión de grupos de interés comerciales y de Gobiernos que utilizan sin escrúpulos estos argumentos, por último, un conflicto interinstitucional entre el Parlamento y la Comisión que ha preferido engañar al Parlamento en lugar de correr el riesgo de oponerse a algunos de sus socios en el seno de la Organización Mundial del Comercio. En la mayoría de estos puntos, podemos coincidir con las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor.
Ante todo, quisiera decir que efectivamente, es preciso tener peso a la hora de la negociación, con el fin de definir normas de captura satisfactorias. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Poniendo en vigor la prohibición lo más rápidamente posible, aumentamos las posibilidades de obtener un resultado rápidamente. Incluso si ello pueda parecer descabellado, incluso esquizofrénico, van a ver ustedes por qué ha de retenerse, efectivamente, la fecha del pasado mes de enero.
En efecto, sería impensable que le Parlamento acepte que se le ponga así ante el hecho consumado. Se trata de una cuestión de principio. Por último, los plazos de procedimiento en el seno del Parlamento con vistas a preparar la segunda lectura y concluir este procedimiento legislativo, darán un plazo adicional que debe ser aprovechado por los negociadores en el seno de la Organización Internacional de Normalización. Sin embargo, yo también haría hincapié en que es igualmente necesario tomar en cuenta los intereses de los pueblos indígenas cuya supervivencia puede depender de la caza. No puede amenazarse su modo de vida debido a la incapacidad de la Comisión y de sus Gobiernos a concluir las negociaciones.
Sobre este punto, incluso si la argumentación del Sr. Carlos Pimenta conlleva elementos convincentes, nos parece más bien deseable seguir a la Comisión Europea. Por ende, mi Grupo debería aprobar las enmiendas de la Comisión, salvo la enmienda 24.

Blokland
Señor Presidente, en el debate sobre la cuestión de los cepos inhumanos tenemos que ver con dos intereses difícilmente reconciliables: la supervivencia económica de un grupo de cazadores, que a corto plazo no tienen otra fuente de subsistencia, y el bienestar de los animales. Desde el principio, la Sra. Sandbæk y yo hemos adoptado la postura de que no se puede privar a los cazadores indígenas de su base de subsistencia. Me complace que en las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente se haya pedido atención expresa para este grupo de personas amenazado.
También sabemos que el grupo de verdaderos cazadores indígenas es muy pequeño y apenas se gana el propio sustento. Sin embargo, esto no puede ser motivo para decir que estos cazadores ya no pueden vender sus pieles debido al método de captura. En Europa aplicamos medidas de transición en todo tipo de situaciones. No veo por qué no podemos hacerlo también para los métodos de captura. También aquí se trata de un grupo de personas que tiene que ganarse el pan con ello.
Esperemos que todo el tira y afloja político en torno a este aspecto de la legislación europea tenga como resultado una más rápida introducción de métodos de captura más seguros. Está fuera de toda duda que es preciso eliminar estos cepos crueles.
El informe Pimenta es a mi entender un buen compromiso entre los diversos puntos de vista. Lo que quiero preguntarle a la Comisaria es qué pasa con el expediente que ha incoado la Comisión Europea contra los Países Bajos por ceñirse a la ley y declarar en vigor el reglamento el 1 de enero.

Lukas
Señor Presidente, debemos agradecer al ponente que haya asumido la tarea que le correspondía realizar a la Comisión. La protección de los animales contra la crueldad y la lucha contra el sufrimiento prolongado e injustificable de unos seres indefensos deben recibir en nuestra sociedad de este final de milenio una atención comparable a la que merece la protección de los consumidores. En cierto modo, casi podríamos decir que se trata de una forma de protección del consumidor en sentido inverso. Es preciso proteger a los consumidores de la exhibición sobre sus cuerpos del producto del sufrimiento de diversos mamíferos, transformado según las tendencias de la moda. Los antecedentes étnicos de algunas personas no pueden justificar en ningún caso el uso de métodos de captura inhumanos.
Es más que sorprendente que Estados Unidos y Canadá se hayan negado rotundamente hasta ahora a reconocer que los cepos son inhumanos. El desarrollo regional y el bienestar de la población afectada difícilmente pueden depender únicamente del uso de cepos, que ni siquiera constituyen un método de captura tradicional.
También es preciso aclarar que el descenso de las ventas de pieles en bruto y productos de piel que viene registrándose desde hace algunos años está asociado sobre todo a una modificación de los hábitos de consumo. Sería un signo positivo que el Parlamento Europeo haga suyas las propuestas del ponente.

Banotti
Señor Presidente, tal como expuse en el último debate que se hizo sobre el tema, yo fui la desventurada ponente del primer informe sobre el cepo. Eso fue en 1990. Durante la elaboración de mi informe hice mucha investigación; lo tomé muy, muy en serio. Tal como ha dicho la Sra. Pollack, fui blanco de una de las presiones más feroces que jamás se hayan visto en este Parlamento.
Me complace de veras que el Sr. Schnellhardt haya dicho, en nombre de mi grupo, que apoyará el informe del Sr. Pimenta. Pero me gustaría poder estar de acuerdo con mi compañero Schnellhardt en que se debería dejar a la Comisión proseguir con el trabajo. No creo que haya hecho, ni que hiciera en el pasado, lo que este Parlamento le pidió que hiciera en 1990.
El Sr. Pimenta se enfrenta al problema que a mí, personalmente, me resultó más penoso cuando trabajaba en el informe: la gran preocupación que tiene por los indígenas canadienses. Yo tuve encuentros con ellos. Estuve por una zona trampera. Vi exactamente qué es lo que pasa allí. A resultas de lo que vi, me propuse intencionadamente conseguir más tiempo para que se desarrollara un método alternativo de captura a fin de causar dificultades mínimas a los indígenas canadienses. Pero, lamentablemente, cualquier cosa que se hiciera acerca de ello requería muchísimo tiempo. Cuando estuve en Canadá en 1990 era evidente que hasta ese momento no se había hecho nada al respecto.
Lo que pienso que ocurrió fue que la Comisión se limitó a agachar la cabeza y esperaba que todo pasara; que fuera un logro excepcional y que nadie lo tomara muy en serio ni hubiera que hacer nada al respecto. Pero muchas actitudes han cambiado radicalmente en los últimos años, sobre todo en cuestiones relacionadas con el bienestar de los animales. Nadie llegó a pensar que se estuvieran tomando realmente en serio las pobres hembras de algunos animales. En los últimos años hemos comenzado a considerarlo como un problema moral. Creo que debemos seguir haciéndolo.
Me complace sobremanera apoyar el informe del Sr. Pimenta.
Para terminar, si yo viviera en el norte de Canadá, con el frío y el viento que hay allí -y viví en Canadá durante bastante más de un año en la década de los 60- llevaría un abrigo de piel. Probablemente me pondría una de esas cosas de piel que eran bastante baratas y muy prácticas en ese momento. Pero el mercado de los abrigos de piel se ha hundido en general. En realidad, son sólo los ricos que viven en países cálidos meridionales los que los compran. Así que me pregunto: ¿realmente tenemos necesidad de subirnos por las paredes por un problema político como éste? Pero la trampa que ha mostrado el Sr. Pimenta evidencia que éste es un trabajo muy sucio. A estas alturas tendríamos que haber encontrado alguna alternativa.

Ripa di Meana
Señor Presidente, intimidada por las amenazas de los Gobiernos de Canadá y Estados Unidos de recurrir ante la Organización Mundial del Comercio, la Comisión Europea aprobó, en julio de 1994, el aplazamiento de un año de la entrada en vigor del Reglamento. Como era totalmente previsible, este aplazamiento no ha tenido los resultados que se pretendían en cuanto al desarrollo de cepos no crueles. Al vencimiento del último plazo, la Comisión se arrogó el derecho de aplazar ilegítimamente la entrada en vigor obligatoria del propio Reglamento, prevista para el 1 de enero de 1996, con el único fin de conceder a Estados Unidos y a Canadá una nueva oportunidad de elaborar normas sobre los cepos denominados «humanitarios».
Tarea, por otra parte, encomendada por los propios estadounidenses a la ISO -Organización Internacional de Normalización- desde 1987 e infructuosa hasta la fecha por dos razones: la evidente imposibilidad de fabricar cepos no crueles y el fundamento de las investigaciones, orientadas no tanto a la búsqueda de improbables cepos sin dolor, sino a la legitimación de los que ya utilizan los tramperos canadienses y estadounidenses.
Por tanto, es imprescindible que el Parlamento Europeo respalde con firmeza y determinación la absoluta necesidad de que se respeten los principios generales del Reglamento 3254/1991, en cuya elaboración trabajé como Comisario al principio de este decenio junto con el Parlamento Europeo. Un nuevo aplazamiento escondería, de hecho, la voluntad de anularlo definitivamente.
Con estas profundas convicciones, los Verdes europeos se disponen, como ha señalado la Sra. Bloch von Blottnitz, a apoyar las enmiendas al texto de la Comisión propuestas por Carlos Pimenta; las números 19, 20, 21, 22, 23 y 28, concretamente, corrigen las inaceptables evasivas que avalaría la propuesta de modificación del Reglamento 3254 de la Comisión con el único fin de seguir permitiendo la introducción en la Unión Europea de pieles obtenidas mediante cepos.

Bjerregaard
Señor Presidente, no es la primera vez que tengo la oportunidad de debatir este tema con el Parlamento, y varios oradores han descrito ya el desarrollo habido, por lo que me atendré a la respuesta formal que puede darse en relación con el debate de hoy. Antes, quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Pimenta, por su informe sobre el tan controvertido asunto de los cepos.
Sé que, en los puntos esenciales, la Comisión y el Parlamento tienen los mismos objetivos a este respecto. Nuestros desacuerdos se refieren a la forma de alcanzar estos objetivos. Tal como se ve claramente en el informe del Sr. Pimenta, el Parlamento está a favor de introducir una prohibición al intercambio comercial y negociar posteriormente el levantamiento de la prohibición. Como ya saben, después de la última decisión, el punto de vista de la Comisión es contrario al del Parlamento. Por este motivo, hemos celebrado un debate en el grupo compuesto por los Estados Unidos, Canadá y Rusia para obtener resultados antes de considerar los pasos a seguir. Debido a la diferencia fundamental de posturas, creo que el Parlamento no se sorprenderá de que la Comisión no pueda aceptar las enmiendas propuestas.
En otro orden de cosas, he recibido una propuesta del Sr. Eisma en la que me solicita una reacción ante la carta enviada por el Parlamento a la Comisión el 13 de mayo. La Comisión todavía no ha adoptado una decisión con respecto a la solicitud del Presidente del Parlamento de presentar una lista de los países que prohíben el uso de cepos. La Comisión contestará, obviamente, a la citada solicitud dentro del plazo previsto para dar una respuesta.

El Presidente
Muchas gracias señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

OCM de la carne de bovino
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0203/96) del Sr. Jacob, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(96)0242 - C4-0291/96-96/048(CNS)) por el que se establecen pagos adicionales para 1996 a las primas contempladas en el apartado 6 del artículo 4b y en el apartado 7 del artículo 4d del Reglamento (CEE) nº 805/68 del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino y modifica el apartado 4 del artículo 41 de dicho Reglamento.

Jacob
Señor Presidente, en relación con este informe, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aceptó unánimemente, en efecto, la urgencia visto que el tema es a la vez urgente, complejo y sumamente delicado para el conjunto de los productores de carne como para todos los consumidores europeos.
En primer lugar, quisiera decir que presento este informe en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en mi calidad de Presidente de dicha comisión.
La propuesta que nos presentó la Comisión, me parece, en principio, equilibrada, en el sentido en que contiene una parte dedicada a los productores especializados, es decir a los productores de vacas nodriza y de jóvenes bovinos, y otra dedicada al aspecto nacional que va a permitir, de hecho, a cada Estado miembro, adaptarse y reaccionar en función de las particularidades y especificidades de su país.
Propuse varias enmiendas, que no obtuvieron el apoyo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, pero que esta vez represento a título personal en la plenaria. Esas enmiendas están destinadas a reforzar con un importe de 50 ecus la ayuda a los productores especializados. Lo que me parece esencial en este debate, es apoyar a los agricultores y a los productores especializados, es decir aquellos que, en Escocia, Irlanda, Italia, Portugal, Francia, viven de esta producción bovina y no tienen ninguna otra producción, aquellos cuya suerte depende de esta producción, contrariamente a otros productores que, ciertamente, han sido afectados por la crisis, pero que producen carne al margen de otros productos. Es por ello que me parece importante apoyar a esos productores especializados, aquellos cuyos animales nunca han visto en su vida un gramo de harina - jamás- porque están alimentados con forrajes, y productores de este tipo, existen en todo el conjunto del territorio europeo. Esos son los productores que es preciso apoyar de manera especial y es por ello que propuse aumentar la compensación a 50 ecus para las vacas nodriza y para los jóvenes bovinos.
Asimismo, lo hago para enviar una señal política, porque todo lo que encuentran para decirme sobre este tema es: »la dotación no será suficiente y, por tanto, es preciso autorrestringirse y distribuir lo más extensamente posible». Sin embargo, me sorprenden un poco todos aquellos que defienden este tipo de razonamiento. Son los mismos, no lo olvidemos, que, de vez en cuando, reaccionan muy enérgicamente para que no se toque la política agrícola común afirmando que están en contra de la renacionalización. Son los mismos que, hoy, suprimen todas las enmiendas destinadas a apoyar a los productores especializados por tener distribuciones nacionales. Creo que si existe una categoría de productores a la que hay que apoyar es la de los productores nacionales. Ciertamente, los demás se han visto afectados, es necesario tenerlo en cuenta. Sin embargo, no olvidemos aquellos que, hoy, pierden aproximadamente 2.000 francos franceses por animal y que se encuentran en una situación de lo más difícil, carecen de un sistema de endeudamiento, tienen pocas inversiones, pocas cargas sociales, tienen pequeños ingresos, 50.000 francos franceses como media para los productores de carne de bovino. Cuando se miden las consecuencias de la crisis, éstas son dramáticas para ellos.
Por ende, era necesario ir en ese sentido e ir más allá de la dotación prevista por la Comisión. Esta dotación no puede bastar y pienso, señor Comisario, que usted se da cuenta hoy. Teniendo en cuenta el alcance de la crisis, es preciso superar ampliamente la dotación prevista para ayudar a estos productores que tienen una misión que va más allá de productor de carne, una misión muy importante en términos de ordenación y gestión del espacio de nuestras regiones.
Es por ello que propuse esas enmiendas, junto con otra sobre la que quisiera volver al mismo tiempo que apoyo la enmienda propuesta por mi compañero José Happart sobre un mayor recurso a las proteínas de origen vegetal. Apoyo totalmente esta enmienda. Me parece esencial. Pero, eso quiere decir que es preciso también renegociar un determinado número de elementos. Los acuerdos concluidos en el momento del GATT sobre las proteínas vegetales deben volver a discutirse. ¡Ya no tienen sentido! Asimismo, debemos tener la seguridad de que no se utilizaron harinas para las carnes importadas, porque la situación actual va a favorecer un aumento -y ya ha comenzado- de los precios de las proteínas, en favor de los países terceros, puesto que somos sumamente deficitarios a nivel de la producción de proteínas.
Por tanto, para concluir, señor Comisario, lo que me parece importante, es apoyar a los productores especializados, y es por ello que sostendré, a título personal, mis enmiendas, incluso si no obtuvieron el apoyo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Por otra parte, me parece importante reforzar la capacidad de producción de proteínas en la Unión Europea, porque no se pueden aceptar los acuerdos del GATT tal y como fueron concluidos, visto el alcance de la crisis. Es preciso, pues, revalorizar totalmente este sector.

Fantuzzi
Señor Presidente, señor Comisario, mi opinión difiere ligeramente de la que sostiene el presidente Jacob, la cual, no obstante, respeto. Si bien es cierto que es justo encomiar la celeridad con que ha actuado la Comisión en esta medida de apoyo a los productores afectados por la crisis de la EEB, hay que decir también que, en su esencia, contiene una buena dosis de iniquidad.
A pesar de que el Consejo ha manifestado que es preciso apoyar a corto plazo a todos los productores de carne bovina con la idea de destinar 534 de los 650 millones de ecus a pagos adicionales a las primas por bovinos machos y vacas nodrizas, en mi opinión, la Comisión termina por favorecer sólo a una parte de los productores europeos. Precisamente a aquéllos que ya se benefician de la mayor parte de las ayudas de la OCM en el sector de la carne bovina. Es cierto que hay razones de celeridad y de compromiso del gasto que se deben respetar en tiempos de estrecheces, pero también es cierto que es necesario hacer una reflexión: le invito, señor Comisario, a que examine la tabla que figura en la página 49 del paquete de precios de este año, donde se observa que existe una pequeña minoría de países con muchas más primas que cabezas del patrimonio zootécnico bovino y una mayoría de países que presentan, por el contrario, un desequilibrio en el sentido opuesto.
Podemos discutir largo y tendido, señor Jacob, sobre los productores que están especializados y los que no; sobre si se debe dar prioridad a éstos o a aquéllos, pero no desearía que con las medidas de esta tarde se favoreciese a los productores especializados, sobre todo, en el cobro de primas.
En mi opinión, es necesario garantizar a todos las mismas posibilidades y considero que con las enmiendas del Parlamento, al menos las de la Comisión de Agricultura, que proponen aumentar de 116 a 424 millones de ecus el importe de los fondos disponibles para la parte flexible a disposición de los Estados, se podrá resolver, en buena medida, este problema.
Sin duda, quizás hubiera sido mejor contar con un importe mayor, pero debemos ser realistas. Es necesario, además, vigilar con especial atención que el recurso a las ayudas nacionales sea la excepción, y no la regla. Piense, señor Comisario, si esta reflexión no sugiere también que se debe acometer una cierta revisión de la OCM de la carne de bovino y si no ha llegado ya el momento, a la luz de las noticias recibidas, de pasar a otras medidas, ya que empieza a haber signos de avance en el plan de erradicación.
Señor Comisario, ha tenido el valor de tomar decisiones que le han comprometido, que le comprometerán y que, probablemente, provocarán también fuertes tensiones en el equilibrio institucional europeo dentro de dos días, en Florencia. Por tanto, señor Comisario, considero que es muy importante que exista una comprensión mutua y que la Comisión Ejecutiva y el Parlamento adopten una postura común en cuanto a los propósitos e instrumentos relativos a las medidas que nos ocupan esta tarde. A usted corresponde, esta tarde, dar muestras de consideración hacia el trabajo realizado por nuestra comisión. Nuestro Grupo, el Grupo Socialista, confía en que lo hará.

Funk
Señor Presidente, desde que el ministro de Salud británico advirtió, en la primavera de 1996, que en el Reino Unido se habían manifestado nuevos casos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob en seres humanos, se ha registrado de nuevo un brusco descenso en el consumo de carne de bovino. Los mercados de carne de bovino se han desplomado no sólo en Gran Bretaña, sino en casi todas las regiones de la Unión Europea, incluso en Estados miembros en los que no se manifestado ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina. La Comisión ha adoptado, por su parte, diversas medidas que son muy de agradecer, incluida la adquisición de carne de bovino y la promulgación de un embargo sobre las exportaciones, con vistas a asegurar la protección de los consumidores.
La Comisión presentó un programa de ayuda inmediata destinado a mitigar las enormes pérdidas sufridas por los productores de carne de bovino. Por razones presupuestarias de carácter técnico, es preciso que los pagos contemplados en este programa se realicen de inmediato, es decir, antes de finales de octubre de 1996. Agradecemos estas propuestas de la Comisión. La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha examinado la propuesta y ha desarrollado algunos considerandos de la misma. El Pleno debe proceder ahora a su votación.
La comisión solicita una prima única para las vacas nodrizas y los bovinos machos. Ésta incluiría una ayuda adicional de 10 ecus por animal subvencionado. Debo añadir, no obstante, que también los productores de leche están sufriendo pérdidas. Los precios de las vacas de abasto y los terneros de engorde han descendido en igual medida que los de los bovinos de engorde en general. La propia Comisión reconoce asimismo que será difícil que la ayuda cubra a todos los animales que en justicia merecerían una compensación. Citaré algunos ejemplos. Uno serían los casos en que se optó por las primas por superficie dedicada al cultivo de forraje en vez de las primas por cabeza de ganado o de aquellos ganaderos que no han respetado el límite de 2, 5 unidades de ganado adulto por hectárea. Prácticamente todas estas explotaciones quedarían excluidas de la ayuda, puesto que en estos momentos no tienen derecho a percibir ninguna prima.
Por estas consideraciones, señor Comisario, la comisión aprobó proponer que se ponga a disposición de los Estados miembros unos recursos superiores a los inicialmente previstos, que les permitan ofrecer pagos compensatorios por aquellas pérdidas que de lo contrario no podrían incluirse. Tampoco será tarea fácil para los Estados miembros proceder a un pronto reparto de estos recursos, de tal manera que permita compensar en cierta medida las pérdidas sufridas por los ganaderos. Precisamente por esto deberíamos concederles la máxima libertad de acción posible para que puedan poner sin demora los fondos a disposición de los agricultores afectados. Debemos tener bien claro que estas ayudas representan apenas una gota de agua sobre un terreno agostado. Aun así, debemos procurar arrimar el hombro. Yo les estaré agradecido si conseguimos encontrar un camino viable para hacerlas efectivas.

Santini
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en mi opinión, la propuesta de reglamento del Consejo resulta oportuna como disposición con carácter de urgencia en lo que se está convirtiendo en una auténtica crisis, no sólo en el aspecto económico, sino también por sus implicaciones políticas e institucionales. Sin embargo, considero que la prisa ha sido mala consejera, ya que en virtud de dicha disposición, en lugar de solucionarse las situaciones límite, existe el riesgo de que se acentúe el desequilibrio y la discriminación entre los países que ya utilizan de pleno derecho los recursos comunitarios y aquéllos que se ven perjudicados por una desventaja histórica en cuanto a las primas pagadas a los ganaderos.
La situación que muestra la tabla de precios mencionada por el Sr. Fantuzzi -adjunta al paquete de precios del que fui ponente y sometida a votación en el último período de sesiones-, es, cuando menos, preocupante. Ciertos países perciben importes muy superiores a sus volúmenes de producción. A la cabeza de todos figura Luxemburgo, con un 227 %, seguido de Irlanda, con un 147 % y Francia, con un 123 %. Al final de esta relación, por cierto, figura Italia, que ha percibido sólo el 29, 6 %, cuando sus 2.200.000 cabezas la convierten en el primer productor europeo. No es mi intención realizar reivindicaciones de carácter nacional en este foro ni en estas circunstancias, pero es obligado pedir a la Comisión y al Consejo que eviten que la infrautilización crónica de los recursos se convierta en regla en las intervenciones con carácter de urgencia.
La subdivisión de la intervención en tres modalidades -vacas nodrizas, bovinos machos para el engorde y fondo nacional- resulta del todo inadecuada y sólo permite que el 30 % de los ganaderos italianos accedan a las primas. Se propone, por tanto, desplazar al máximo los recursos hacia el fondo nacional y desligar la intervención del sistema de primas. Pero no es suficiente: parece asimismo conveniente permitir a los Estados miembros la posibilidad de conceder ayudas nacionales para compensar las pérdidas de renta procedentes también de las cabezas excluidas de las primas. Para concluir, señor Comisario, los recursos, 650 millones de ecus, son de todo punto insuficientes; sólo en Italia, se habla de necesidades estimadas en 250 millones de ecus, y me pregunto, con una pizca de amarga ironía, si los otros catorce países se conformarán con los 400 millones restantes.

Mulder
Señor Presidente, a nuestro entender, la propuesta de la Comisión de poner a disposición 650 millones de ecus para amortiguar las consecuencias de la crisis de la EEB está plenamente justificada. La crisis en la que ahora se encuentran no ha sido culpa de los ganaderos. Ha sido la consecuencia del fracaso de las administraciones públicas. Y si la administraciones han fracasado, son ellas las que tienen que solucionar los problemas.
Nos preguntamos si esos 650 millones de ecus serán suficientes. Pero supongo que en estos momentos no es posible facilitar más dinero. Sí tenemos mucho que objetar a la propuesta de la Comisión como tal. A nuestro entender, favorece de forma injusta a las ganaderías extensivas. En lo que respecta a la crisis de la EEB, todos los productores de carne de vacuno han sufrido las consecuencias, no sólo los ganaderos extensivos, sino también los intensivos. Por ello nos parece necesario emprender medidas que se repartan de forma equilibrada entre ambos sectores.
Consideramos que las enmiendas adoptadas por la Comisión de Agricultura van en la buena dirección. Siempre hay algo para la ganadería extensiva, pero a los gobiernos nacionales les es más fácil apoyar a los ganaderos intensivos. Esto ofrece la oportunidad a los Estados miembros de apoyar según crean conveniente a quienes más se hayan visto afectados. Creemos que también es importante que no se produzca una renacionalización de la política agrícola, como ha sugerido el Sr. Jacob. Esto no es necesario. La Comisión tendrá que ocuparse de controlar las relaciones competitivas, pero en primer lugar corresponde a los Estados miembros tomar la iniciativa.

Barthet-Mayer
Señor Presidente, hace unos momentos intervine para hablar sobre los cepos; debatimos ese problema. No obstante, quisiera que se relativizaran las cosas: los productores y, de rebote, todos los agentes del sector de la carne son hoy las víctimas humanas de las consecuencias económicas de la enfermedad de las vacas locas que hace estragos desde 1986.
Desde hace algunos años, el consumo de carne de bovino ha disminuido en Europa. Desde hace tres meses, el sector está totalmente siniestrado en el conjunto de la Unión. Un plan de salvamento del sector bovino, del productor al carnicero al pormenor se ha convertido, al hilo de los días, en una necesidad absoluta. Quien habla de plan, habla de enfoque coordinador, completo y solidario. Entre las medidas que pueden preverse, la mayor urgencia la constituye las compensaciones financieras inmediatas al productor con una jerarquía de prioridades. La primera es la de los productores especializados de carne de bovino, con rebaños de vacas nodrizas. La carne es el único ingreso de su granja. Se han visto afectado de lleno, al 100 %, con pérdidas de ingresos proporcionales a la caída de los precios. ¿Qué hacen? Esperan y millones de animales engordan en las praderas, lo que deja el problema para más tarde. La segunda es la de los productores lecheros para los que la carne representa, no obstante, aproximadamente la cuarta parte de sus ingresos, con los terneros así como las vacas de desecho.
Decenas de miles de productores, cuyos beneficios previstos y no obtenidos se calculan actualmente entre 1.500 y 2.000 francos por cabeza de bovino macho, esperan con impaciencia nuestra decisión. Difícilmente comprenderían una ayuda complementaria rebajada a 10 ecus por prima. Por lo demás, me pregunto si no hemos sido víctimas, a pesar nuestro, el otro día en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de una cierta ambigüedad durante las votaciones.
Por esta razón, les pido, sin rechazar el conjunto de las enmiendas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, claro está, que apoyen las enmiendas del Sr. Jacob que, de hecho, favorecen la producción extensiva. No olvidemos que para restaurar la imagen de la carne de bovino y la confianza de los consumidores, es preciso disuadir a las producciones industriales para reorientarlas hacia la producción natural lanzando de nuevo, sobre todo, la producción de proteínas de origen vegetal.

des Places
Señor Comisario, una crisis de una gravedad sin precedentes afecta la producción de bovinos en la Unión Europea. Es de temer que a esta gravedad excepcional se añada una duración excepcional. En efecto, bastaron unos días y unas decisiones o la ausencia de decisiones injustificable para perder la confianza del consumidor. Sin duda alguna, se necesitarán meses, incluso años, y garantías sólidas del seguimiento de la calidad para recuperarla.
No nos ocultemos que a esta crisis excepcional, se añade un problema estructural de ajuste de la oferta a la demanda al cual será preciso encontrar soluciones en un entorno económico del sector totalmente desestabilizado. Los productores son los rehenes de esta situación y ya no saben qué hacer. Confrontados a una venta inferior generalizada y a precios excesivamente bajos, los productores deben, no obstante, asumir sus cargas. Al mismo tiempo, se les pide que hagan inversiones importantes para responder a las exigencias medioambientales, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra la contaminación debida a los nitratos.
El coste del acondicionamiento para el establecimiento de sistemas de almacenamiento y tratamiento de efluentes que respeten el medio ambiente parece muy importante en el momento en que algunos productores se preguntan si van a continuar su actividad en el contexto económico actual o deben hacer extensivo su sistema de explotación.
En la medida en que la Unión Europea no ha indicado claramente cómo espera regular las crisis coyunturales y estructurales de la producción de bovinos, me parecería juicioso hacer una pausa para poner en práctica todas las medidas que implican las inversiones importantes en la producción de bovinos. No sería lógico pedir a los productores que inviertan ahora en equipos que serán inútiles mañana, pero cuyas anualidades seguirán pagando. Si no queremos desfavorecer la aplicación de una nueva política europea de la producción de bovinos, nos es preciso dar a los productores, desde ahora, en plena crisis, la prueba de que la Unión Europea comprende sus interrogantes sobre el porvenir y no los compromete en la adquisición de equipos que podrían revelarse inútiles o inadaptados.
Por último, señor Presidente, y esa será mi conclusión, me permito llamar su atención sobre un efecto inducido de la modificación de la composición de los alimentos. En efecto, si se substituyen las proteínas de origen animal con proteínas de origen vegetal, y ello por razones que considero legítimas, es necesario volver a examinar el acuerdo relativo a las proteínas de origen vegetal que concluimos en el marco de los acuerdos del GATT, ya que la tasa de abastecimiento de la Unión Europea es actualmente baja y se reducirá cada vez más. Estas son las razones por las que apoyaremos la posición adoptada por Christian Jacob.

Happart
Señor Comisario, lo menos que puede decirse es que esta crisis no nos tomó por sorpresa. No podíamos no saber. El laxismo de estos últimos años debía tener consecuencias graves. Asimismo, para restablecer la confianza de los ciudadanos y los consumidores, es preciso seguir el curso seguido por la harina de carne contaminada, identificar a las explotaciones en las que se sirvieron esas harinas para la alimentación de los bovinos, identificar a los bovinos susceptibles de estar contaminados, así como a los que ya están contaminados, abatirlos, analizar el cerebro, la médula, los líquidos linfáticos y, por último, destruir ya sea mediante incineración o enterrándolas profundamente, los cuerpos de los animales contaminados o sospechosos de contaminación.
El coste de los análisis de la destrucción de los cuerpos de los animales debería, claro está, ser financiado integralmente por los productores de este tipo de alimentos destinado a la cabaña de bovinos, así como los beneficios previstos y no obtenidos para el sector de la carne en su conjunto. Los que han engañado deben pagar -y estoy pesando mis palabras. Es inaceptable, es criminal considerar que una harina de carne impropia para el consumo interior en Gran Bretaña, pueda ser exportada para ser consumida en el exterior.
Si las directivas sobre el etiquetado de los productos alimenticios, que precisan la región de producción y matanza de origen, se impusieran en todos lados, el consumidor podría decidir con mejor conocimiento de causa si compra o no ese producto. Bastaría, por ejemplo, con etiquetar las carnes de origen británico «carne de bovino inglesa», para que los consumidores -individuales o un restaurante, por ejemplo- sepan exactamente lo que están comprando.
La enfermedad de las vacas locas ha demostrado, en todo caso, la fragilidad de la Unión Europea, el reflejo de renacionalización, el fracaso de la política europea, o más bien su inexistencia.
Asimismo, quisiera, señor Comisario, formularle la pregunta siguiente: ¿a qué presupuesto se imputarán los gastos administrativos que generará la atribución de esas decenas de ecus por animal indemnizado?

Gillis
Señor Presidente, antes que nada quisiera dar las gracias al Sr. Comisario por haber presentado la propuesta con tanta prontitud. Celebro la idea de reservar una parte del paquete financiero para que sea distribuida por los Estados miembros para atender a las necesidades de los ganaderos que afrontan problemas económicos acuciantes. Sin embargo, la crisis del sector de la carne de bovino carece de precedentes y es mucho más profunda que cualquier cosa presenciada en el pasado. Los ganaderos están teniendo pérdidas colosales. Tan sólo en Irlanda, se estima que las pérdidas hasta ahora -desde el 20 de marzose sitúan en torno a los 250 millones de libras irlandesas. La caída de los precios no ha llegado a estabilizarse.
Desde mi punto de vista, la estabilidad no volverá en tanto no se establezcan unas medidas de erradicación decisivas, radicales y con un nuevo enfoque, que los consumidores vean que están produciendo resultados. Las pérdidas se mantendrán en tanto no hayamos restablecido la confianza de los consumidores mediante una total y absoluta erradicación. Es obvio que la magnitud de este paquete financiero es del todo insuficiente para cubrir las pérdidas reales soportadas por los ganaderos. Sería necesario un paquete varias veces mayor tan sólo para compensarles por las pérdidas que soportado hasta ahora.
Por ello propongo que se aumente sustancialmente el fondo. Como primer paso, habría que aumentar el paquete financiero a 1.000 millones de ecus. Además, hay que mantener la situación bajo constante vigilancia. También es insuficiente la suma de 116 millones de ecus -9, 5 millones de ecus para mi país, Irlanda- que está previsto distribuir entre los Estados miembros para atender casos de grandes apuros económicos. Sea cual sea la cifra definitiva, hemos de asegurarnos de que el dinero se utilice además para ayudar a los productores de novillas para carne que, con el régimen actual, no reciben primas ni compensaciones de ningún tipo. Sus pérdidas han sido mayores que las de los productores de bovinos machos. Es algo que se ha de reconocer y que hay que incluir en el paquete financiero que tenemos ante nosotros.

Hyland
Señor Presidente, deseo expresar mi reconocimiento por la decisión de la Comisión de ofrecer un paquete de medidas de compensación de 650 millones de ecus a los ganaderos que han tenido y siguen teniendo grandes pérdidas económicas como resultado de la EEB. El hundimiento del mercado de la carne de vacuno es, sin duda, la más grave catástrofe que ha sufrido la agricultura europea e, indirectamente, el empleo en el sector agroalimentario.
Los científicos discrepan en la interpretación de los efectos de la EEB sobre la salud pública, si es que los tiene. Los consumidores, comprensiblemente, están preocupados y confundidos. En el proceso, los agricultores y ganaderos europeos -esas personas a las que confiamos la producción de los alimentos que necesitamosatraviesan grandes dificultades económicas, tanto es así que muchos de ellos, a pesar de las compensaciones, se verán obligados a dejar la actividad. En relación con el paquete de compensaciones propuesto, yo diría al Sr. Comisario que los pagos deberán hacerse con rapidez y eficacia. No hay necesidad de recordarle que el sector de la carne de vacuno ya tenía dificultades económicas aun antes de la llegada de la EEB. El problema con las restituciones a la importación y la dificultad conexa de desarrollar mercados en terceros países influyeron negativamente en la rentabilidad de todo el sector europeo de la carne de vacuno.
En nuestro deseo de compensar a todos los ganaderos afectados, y en particular a los más afectados, deberíamos tratar de evitar la introducción de un sistema excesivamente burocrático que sólo condujera a retardar el pago de las compensaciones. Yo creo que debiéramos aprovechar las actuales estructuras establecidas tanto de primas especiales a la carne de vacuno como de subvenciones a las vacas de cría, las cuales forman parte del marco aprobado de la PAC, como medio para determinar el reparto de los fondos suplementarios entre Estados miembros, aunque dejando que cada gobierno decida cómo aplicar mejor el paquete de compensaciones a cada sector. Creo también que, como medida a corto plazo, y con idea de acrecentar el número de animales en respuesta al hundimiento del mercado, habría que incluir dentro de los animales con derecho a compensación las terneras al igual que los terneros.
No creo que el paquete de medidas de compensación de 650 millones sea suficiente, pero es un comienzo. Debemos instaurar el sistema inmediatamente para que se ponga en práctica.
Mi comentario final es el siguiente: hagamos que el dinero se incorpore pronto al sistema, hagamos un mayor esfuerzo por restablecer la confianza de los consumidores en la carne de vacuno como producto alimentario de calidad, que es lo que es, y ayudemos de todas las formas posibles a desarrollar los mercados de terceros países como salida rentable de la carne de vacuno europea.

Billingham
Señor Presidente, yo me propongo presentar esta noche un cuadro más amplio. Hace una semana llevé a cuatro trabajadores a Bruselas para que defendieran su derecho a compensaciones. Eran trabajadores de Midland Meatpackers, uno de los muchos mataderos de mi circunscripción electoral que se han visto cruelmente afectados por la crisis de la EEB. Representaban a cientos de trabajadores que han perdido ya su puesto de trabajo o cuyo puesto de trabajo se encuentra amenazado. Fueron a Bruselas en busca de justicia. Su grupo es el más afectado de todo el sector de la carne de vacuno porque su especialización no es transferible. De modo que se ven sin futuro. Lo han perdido todo. En dos días se reunieron con muchas de las personas y grupos influyentes del Parlamento. Usted mismo les prestó generosamente parte de su tiempo. Los trabajadores regresaron a sus casas de Northamptonshire alentados con nuevos ánimos por el apoyo recibido de todo el mundo. Consta por escrito, señor Comisario, cómo dijo usted que los más gravemente afectados por la crisis debían tener financiación prioritaria. Pero las buenas palabras no cuestan nada y los ánimos infundidos pronto se desvanecerán. Esta noche deseo recordarle sus palabras. Deseo recordarle el compromiso que figura en el Tratado sobre la PAC, prometiendo los medios para que los trabajadores del sector agrario encuentren un empleo remunerado. Deseo recordarle que hay fondos disponibles tanto en los Objetivos 5(a) y 5(b) como en el Objetivo 4 para hallar compensaciones para estos trabajadores. Así pues, tengo cinco preguntas que hacerle, señor Comisario.
En primer lugar, ¿está usted de acuerdo en que estos trabajadores tienen derecho a una compensación y lo suscribe? En segundo lugar, ¿está de acuerdo en que los fondos que yo he mencionado deberían y podrían utilizarse con ese propósito? En tercer lugar, ¿está de acuerdo en que, aunque el Gobierno del Reino Unido ha descartado el objetivo 5(a), se le podría y debería animar a admitir de nuevo esta posibilidad y usar el dinero en consecuencia? En cuarto lugar, ¿va usted a prometer que todos los fondos serán asignados en función de las necesidades, no sólo a los ganaderos y dueños de mataderos, sino a toda persona que se haya visto cruelmente afectada por este tremendo desastre? Por último, ¿insistirá la Comisión en que el Gobierno del Reino Unido utilice los fondos para contingencias que tiene a su disposición a fin de compensar la pérdida de puestos de trabajo? Si se compromete a todo ello, señor Comisario, demostrará que la Unión Europea es verdaderamente una institución que piensa en el bienestar de todos sus ciudadanos, con independencia de la influencia, condición o favoritismo político, y la Comisión, como tal, será una institución aplaudida.

Hallam
Señor Presidente, deseo sumar mi voz a la de los que están expresando su interés por aquellos, aparte de las explotaciones ganaderas inmediatas, a quienes está perjudicando la crisis. Una junta de condado de mi circunscripción electoral, Shopshire, ha sacado este informe. Creo que es el primero de su género en estudiar la repercusión económica local de la crisis de la EEB. Describe una situación muy preocupante. Sabemos ya que se han perdido como mínimo 700 puestos de trabajo en la industria cárnica, el transporte por carretera y en los mercados. Sabemos también que, según las estimaciones, nuestra economía local ha perdido unos 100 millones de libras y que ello producirá otros efectos en cadena.
Sabemos además que donde más se están sintiendo las repercusiones es en nuestras pequeñas ciudades de mercado que ya presentan economías rurales frágiles, motivo que ya les permite optar a las ayudas del Objetivo 5(b). Éste es un golpe que no pueden encajar. Ahora debemos centrarnos en cómo ofrecer ayuda a estas personas. Hay que tomar en consideración los objetivos 5(a) y 5(b). Quizá haya que pensar en algo parecido a un programa RECHAR o RESIDER en el sector agrario, pero hay que actuar con muchísima rapidez.
Señor Comisario, tengo aquí una copia para usted. Se la daré antes de que se vaya esta noche. Esta misma noche la BBC ha informado de que en la reunión celebrada aquí por la Comisión se ha ideado una fórmula para poner fin a la prohibición sobre la carne de vacuno británica. Le estaría muy agradecido si esta noche nos pudiera decir exactamente en qué consiste la fórmula para que podamos informar de ello a los habitantes de nuestras circunscripciones electorales.

Martinez
Señor Presidente, hay daños. Y hay, señor Comisario, daños muy importantes, una catástrofe zoosanitaria. Hubiera podido tratársele mediante un principio simple, el principio de las responsabilidades, responsabilidad de los productores británicos de Doncaster, en Yorkshire; responsabilidad del gobierno británico; responsabilidad de los importadores franceses. Ustedes han optado por el principio de la solidaridad. Se colectivizan las responsabilidades, de acuerdo.
A partir de ahí, era necesario indemnizar la totalidad de los daños. No, ustedes deciden 650 millones de ecus para los 81 millones de bovinos. Eso hace, efectivamente, 8 ecus por bovino, Eso representa, en el texto 10 ecus. Se niegan los 50 ecus que preveía el Sr. Jacob, lo que ya era poca cosa; se niega una prima complementaria para las producciones extensivas.
Dicho de otro modo, ustedes nos negaron la responsabilidad en nombre de la solidaridad y apartan las solidaridades en nombre de la avidez o de la mediocridad, o de la contabilidad. Además, nada de prevención - el Sr. Happart habló de ello- nada de nuevas posibilidades de renegociación sobre las proteínas de origen vegetal o las oleaginosas.
Yo diría, señor Comisario, que esta historia comienza muy mal. No me dirijo a usted a título personal, sino a la Comisión y a aquellos que le han precedido y que han tenido una gran responsabilidad y que, en el momento de hacer frente a esa responsabilidad, los textos están ahí y, de hecho, se resumen a muy poca cosa. Entonces, póngase usted en el lugar de los productores. Comprendo que tengan dudas sobre la integración europea y sobre la protección que ésta puede aportarle.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Parlamento por la urgencia otorgada al importante asunto que hoy se somete a debate y también por la rapidez con que ha elaborado el presente informe la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y su presidente, el Sr. Jacob, en particular.
En primer lugar, yo quisiera destacar que los productores de carne de bovino están sufriendo una gravísima crisis en toda la Unión Europea desde el pasado 20 de marzo y deben hacer frente a grandes pérdidas. La Comisión ha puesto en marcha desde esa fecha una serie de medidas, empezando por la notificación de la intervención, en virtud de la cual ya se han adquirido 150.000 toneladas de carne y se ha aprobado la adquisición de otras 30.000 toneladas en el mes de junio. Hemos recurrido a todos los instrumentos de regulación de los mercados a nuestro alcance, desde el incremento de las restituciones por exportación hasta el almacenamiento por los particulares, con objeto de mitigar al menos el alcance del problema.
No obstante, al igual que ustedes, también yo soy consciente de que todas estas medidas son insuficientes. Tenemos que dar un paso más y otorgar ayudas económicas adicionales. Existe, en efecto, un consenso general -que también ha quedado de manifiesto en el debate de hoy- en cuanto a la necesidad de otorgar a los productores una ayuda rápida y con las mínimas trabas burocráticas. Pero para ello es preciso que estas ayudas se inscriban en el marco del Presupuesto de 1996. Puesto que el año presupuestario para el FEOGA finaliza el 15 de octubre, debemos diseñar nuestras medidas de manera que sea posible ejecutarlas antes de esa fecha. Por consiguiente, como primer paso, intentamos evaluar las pérdidas de ingresos que cabía esperar que sufriesen los productores de carne de bovino durante este año, a la vez que determinábamos el margen de actuación disponible en el marco del Presupuesto de 1996. A partir de estos datos, propusimos la suma de 650 millones de ecus que ahora se debate. Como ya comuniqué al Parlamento en este mes de junio, también se ha previsto un gasto adicional de 200 millones de ecus para medidas de apoyo en relación con la epizootia de la encefalopatía espongiforme bovina. Pero con esto hemos agotado todas las posibilidades de actuación a nuestro alcance dentro del margen previsto en su momento para este año. Por lo tanto, no nos es posible superar la suma de 650 millones de ecus.
El tema que a continuación se plantea es el del reparto de estos 650 millones de ecus. La primera propuesta que presentó la Comisión el pasado 20 de mayo contemplaba pagos adicionales sólo para los productores que en primavera se hubiesen beneficiado de las primas por vaca nodriza y por bovino macho. Esta alternativa es de muy fácil ejecución desde el punto de vista técnico-administrativo, pero naturalmente también presenta algunas desventajas. Los Estados miembros deseaban una mayor flexibilidad y solicitaron, asimismo, que se tuvieran en cuenta algunos problemas que la propuesta no contemplaba suficientemente.
Posteriormente definimos de manera más flexible alrededor del 20 % del total de 650 millones, es decir, 116 millones de ecus, que se repartirían entre los Estados miembros según otros criterios, y dejamos abierta la posibilidad de que esta suma se destinara también a subvencionar a los productores sin derecho a prima o con muy pocos animales subvencionables.
Las enmiendas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural proponen destinar una mayor proporción del total a este reparto nacional y una proporción más reducida al incremento de las primas por bovino macho.
Sin embargo, un margen tan amplio de discrecionalidad generaría serios problemas, también por lo que respecta a la coherencia de las medidas, y sobre todo podría hacer peligrar incluso el objetivo principal, que es pagar rápidamente -o sea antes del 15 de octubre- estas ayudas a los ganaderos.
Esta consideración se refiere en particular a las enmiendas 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 13. Por otra parte, sería bastante laborioso establecer a su debido tiempo los nuevos mecanismos administrativos, y también de control, que se requerirían, con las consiguientes dificultades y la imposibilidad de completar el reparto de los recursos en el plazo previsto. La Comisión toma nota, no obstante, del deseo del Parlamento de que se introduzca una mayor flexibilidad, petición que defenderá igualmente ante el Consejo, siempre y cuando no ponga en peligro los objetivos principales antes citados.
Por lo que respecta a la petición de que la Comisión haga todo lo posible para promover el uso incrementado de proteínas vegetales en la alimentación animal y que en adelante se alimente a los bovinos machos exclusivamente con productos vegetales y nunca más vuelvan a incluirse productos animales en su alimentación, debo señalar, por una parte, que el fomento del cultivo de proteínas vegetales ya es ciertamente significativo en la Unión Europea. No obstante, por otra parte, también quiero recordar que el uso de harinas animales o de huesos en la alimentación de los rumiantes hace ya tiempo que está prohibido; prohibición que, obviamente, nos proponemos mantener en el futuro.
Por otra parte, somos del parecer que debe considerarse con una cierta cautela una mayor intensificación de la cría de ganado, sobre todo a la vista de las expectativas en cuanto a la evolución del consumo en la Unión Europea. Finalmente, por lo que respecta a la posibilidad de asignar ayudas nacionales, yo quisiera recordarles que ya se adoptaron medidas de este tipo en la anterior crisis del sector de la carne de bovino del año 1990/91. Gracias a las ayudas estatales asignadas, cada Estado miembro pudo afrontar los problemas específicos que no quedaban suficientemente cubiertos con los recursos comunitarios.
En cuanto al tema de las ayudas para los empleados o trabajadores de la industria transformadora, quisiera recordarles que ya me he referido exhaustivamente a esta cuestión durante el turno de preguntas. Por lo que respecta a la decisión que debe adoptar esta noche la Comisión en relación con el llamado programa marco presentado por el Gobierno británico, el Presidente Santer expondrá detalladamente su posición en su intervención de mañana.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 24.00 horas)

