6. Impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario, con fundamento en determinadas peticiones recibidas (
- Antes de la votación
Michael Cashman
Señor Presidente, quisiera poner en conocimiento de esta Cámara que, por cuestión de principios, quisiera eliminar mi nombre de la propuesta de resolución del Grupo Socialista para una resolución sobre el informe Auken. Asimismo, después de cinco años de trabajo en este asunto, quisiera informar a todos los miembros de este Parlamento de que votaré en contra de las dos propuestas de resolución y que votaré a favor del informe Auken.
(Aplausos)
Margrete Auken
ponente. - (DA) Señor Presidente, Señorías, ciudadanos de la UE, este informe es el resultado de un largo trabajo en la Comisión de Peticiones, en el que han participado miembros de todos los grupos políticos. Quisiera dar las gracias tanto al Presidente como a los ponentes alternativos por su excelente trabajo. Como ponente de opinión, yo personalmente he estado volcada de lleno en este asunto. Naturalmente, cabe decir que ha causado un gran impacto en la vida de ciento de miles de ciudadanos europeos que viven en España, y ha afectado tanto a las zonas rurales como a la economía española. La Comisión ha aprobado ahora el informe después de que haya sido adoptado por una mayoría de dos tercios. Se trata de un texto completo que marca las diferencias entre los diferentes aspectos de la urbanización española.
Se plantea el problema de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, entre los que se incluye el derecho a la propiedad adquirida lícitamente. El Parlamento Europeo ya se ha comprometido a respetar dichos derechos, y los Estados miembros están vinculados por ellos. Se trata también del problema causado por el desastroso impacto de una gran urbanización en el entorno, especialmente, en las zonas costeras y en las islas españolas, pero también en otras zonas, como en los alrededores de Madrid. Se trata del problema de la resurrección de la Ley de costas de España de 1988, que tiene la capacidad de denegar a muchas personas el derecho a vivir en sus propios hogares -y, en muchos casos, se han llegado incluso a demoler las viviendas-. Se trata del problema derivado de las consecuencias de que los ayuntamientos hayan aprobado la construcción de viviendas supuestamente ilegales pero que posteriormente se han sido declaradas ilegales, por lo que los compradores inocentes se convierten en las víctimas de las prácticas urbanísticas corruptas. Por último, se trata del problema derivado de la falta de seguridad jurídica y de contar con una compensación adecuada para las víctimas de los escándalos urbanísticos.
No me cabe duda de dónde recae la responsabilidad de todas estas infracciones, y es una pena que las infracciones cometidas por parte de las autoridades regionales y municipales hayan socavado las intenciones que tienen otros de crear un desarrollo sostenible, donde una economía saludable va de la mano del respeto por el medio ambiente y por el patrimonio cultural. El informe merece un debate adecuado en el que se puedan escuchar todos los puntos de vista, y es inaceptable que nuestras nuevas normas no permitan esto. Estas normas deben cambiarse lo más pronto posible, especialmente, cuando hablamos de informes que tratan las quejas de los ciudadanos europeos. Les pido que rechacen las dos resoluciones alternativas. Aunque estén basadas en mi informe, no son resoluciones imparciales. De hecho, no reflejan las evaluaciones factuales y detalladas que la Comisión ha sometido a votación.
