Aprobación del Acta de la sesión anterior
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Zimmerling
Señor Presidente, nos hemos tenido que enterar a través de las noticias de la primera cadena de televisión alemana, en la tarde de ayer, de que recientemente el Ministerio Público ha abierto una investigación contra el Delegado de la UE en los Balcanes, el Sr. Hombach. Habida cuenta de que ya ha habido notables problemas en esta dirección y teniendo en cuenta también los problemas de la anterior Comisión, se trata aquí de la acusación de que, al parecer, se han pagado 300.000 marcos a una agencia sin una contraprestación de ésta última. Yo le rogaría a usted que informase al Consejo sobre esto y le instase a que el Sr. Hombach sea suspendido de todas sus funciones hasta que se produzca una decisión judicial firme en este asunto. No podemos permitirnos que surja otra impresión negativa en relación con la Unión Europea.

El Presidente
Tomamos nota de su declaración, señoría.

McKenna
Ayer noche después de las votaciones se hizo un comentario del que me gustaría distanciarme y con el cual no quiero que se me asocie. No hubo ningún error de interpretación y diputados de esta Asamblea se refirieron al Grupo Técnico como el Grupo Técnico de los racistas. Este fue un comentario injusto. Nadie podría considerar racista a alguien como la Sra. Bonino, ni siquiera haciendo un extraordinario ejercicio de imaginación.
Se debe ser extremadamente cauteloso con la forma en la que se trata a las demás personas de esta Asamblea. Puede que a algunos no les guste que se haya creado el Grupo Técnico, pero así ha sido. Esos diputados han sido elegidos de la misma forma en la que lo he sido yo y cualquier otro diputado de esta Asamblea y debemos aceptar este hecho. A la gente le amparan ciertos derechos y no creo que el comentario que se hizo ayer sea aceptable.

El Presidente
Tomamos nota de su declaración, señora.

Seppänen
Señor Presidente, en la sesión del lunes, cuando di las gracias al Estado francés, a la ciudad de Estrasburgo y al Parlamento Europeo por la recepción del sonido en el canal finlandés de televisión, si bien no se ve la imagen, y por salir agua del grifo, aunque no salga caliente, no quise decir que las cosas tendrían que ser así, sino que habría que arreglarlas. Desearía que el Estado francés, la ciudad de Estrasburgo y el Parlamento Europeo empezasen a intervenir para reparar estas cosas tan insignificantes en un edificio tan caro.

El Presidente
Muy bien, señor Seppänen, tomamos también nota de su declaración.

Bourlanges
Señor Presidente, al ver el Acta me doy cuenta con horror de que una vez más he olvidado firmar en la lista de presencia, cuando he participado en una serie de votaciones nominales muy considerable. Quisiera que mi presencia se reflejase en el Acta de ayer.

El Presidente
No habrá problema.

Poettering
Señor Presidente, no tengo observación alguna sobre el Acta, pero sí sobre los servicios informativos del Parlamento Europeo. No sé si éste es el momento adecuado para decir esto. No se refiere al Acta, sino que es una puntualización de otra índole. ¿Puedo hacerla ahora? Acabo de recibir de manos de un colega la session news acerca del debate de ayer sobre el informe Ludford, y he de constatar con consternación que la declaración que yo emití en nombre de mi Grupo no figura allá. Ruego a los servicios del Parlamento que averigüen por qué ésta declaración no ha sido mencionada.

El Presidente
Los servicios lo verificarán con mucha atención, señor Poettering, me comprometo a ello.

Manders
Señor Presidente, quisiera señalar, a propósito de las actas de ayer, que me ha decepcionado sumamente que ayer hubiera incluso menos de 200 diputados presentes durante las votaciones. Eso deduzco de las actas.

El Presidente
Bien, señor Manders, todo eso está anotado.
(El Acta queda aprobada)

VOTACIONES
Bordes
Tanto si es nacional como si es europeo, un Banco central está siempre exclusivamente al servicio del gran capital y de sus detentadores. Nosotros nos negamos a elegir entre las diferentes maneras como los grupos capitalistas y los ricos poseedores gestionan sus asuntos bancarios, ya que de todas formas lo hacen contra los intereses de las clases trabajadoras y de la mayoría de la población. Nuestra abstención expresa nuestra oposición tanto a la organización nacional del sistema bancario como a su organización europea.

Butel
. (FR) La propuesta del Banco Central Europeo nos empuja a preguntarnos y a actuar con prudencia, y ello en dos sentidos:
En lo que respecta al método, se constata que la forma de proceder sigue siendo la misma: las instituciones comunitarias presentan informes truncados, que minimizan las consecuencias de una nueva pérdida de soberanía de los Estados, y proceden mediante pequeños retoques sucesivos.

Así, la Comisión ha sostenido, en el momento de la introducción del euro, que la soberanía de los Estados no se veía en absoluto amenazada por el BCE, ni por el SEBC, erigido en detentador y gestor de las reservas oficiales de cambio de los Estados miembros. Se olvida sin embargo de recordar, por una parte, que los bancos centrales nacionales gestionan esos fondos por cuenta del BCE, que es el único titular de la definición de la política monetaria, y por otra, mientras que el artículo 30-1 de los estatutos del BCE fijaba el montante máximo de activos de reserva en 50 millardos de euros, montante considerado como suficiente para garantizar la independencia del BCE, dos años después el dogma de la independencia recurre al artículo 30-4 para conceder activos suplementarios, con el pretexto de que es necesario incrementar aún más su independencia y credibilidad... Nos parece legítimo preguntarnos si esa sima no tiene fondo, o incluso si es de fondo perdido.
En realidad, el "vestido" de esta nueva demanda exorbitante no ha de engañarnos; no se trata en este caso solamente de dotar de más medios financieros a una institución independiente para aplicar una política monetaria eficaz en beneficio de los Estados miembros, sino también de hacer que surjan indirectamente recursos complementarios a favor de una estructura tecnocrática con el fin de permitirle financiar unas necesidades de funcionamiento cada vez mayores.
El traje artístico se mantiene así sabiamente; mientras que el euro debería ser "fuerte y estable" y los activos de reserva estaban, en principio, destinados a servir de defensa durante el período transitorio (en caso de necesidad), hoy parece que ni una ni otra de estas dos previsiones se ha respetado y el inmovilismo de Frankfurt es total.
Así pues, se plantea una nueva cuestión: la de la utilización efectiva de esos medios financieros ¿Por qué razón los Estados deberían abandonar sus recursos en beneficio de una institución comunitaria que, debido al hecho de su necesaria independencia, no ha de poder ser controlada?
Para concluir, recordemos que el Estado no se define solamente por la soberanía que detenta, por su autonomía para actuar. La experiencia demuestra que su autoridad y credibilidad en la escena internacional dependen ampliamente de los recursos de que disponga: es preciso por tanto estar alerta ya que privarlo progresivamente de ambas sería, a la larga, como negarlo.

Medidas de información en el ámbito de la PAC
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0046/2000) de la Sra. Izquierdo Rojo, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo (COM(1999) 536 - C5-0249/1999 - 1999/0209(CNS)) sobre las medidas de información en el ámbito de la Política Agrícola Común

Izquierdo Rojo
Señor Presidente, presento un informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la propuesta de reglamento del Consejo referida a medidas de información en el ámbito de la Política Agrícola Común.
Es un informe que sienta precedente, ya que es la primera vez que el Consejo consulta al Parlamento sobre estas medidas.
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha estudiado con gran interés y prontitud este proyecto de resolución legislativa y lo ha aprobado por unanimidad.
Entre las enmiendas que el Parlamento propone, quisiera destacar los siguientes aspectos: En primer lugar, en la enmienda 2, se incluye a los centros rurales de información y promoción como agentes posibles de estas medidas. En segundo lugar, se hace una consideración explícita del importante papel que pueden desempeñar los jóvenes agricultores en dichas medidas.
En tercer lugar, señalamos a la Comisión la conveniencia de la simplificación y de realizar una gestión rápida en la tramitación administrativa, tanto para el estudio de los programas como para el control posterior.
En cuarto lugar, destacamos como destinatarios ideales de estas medidas a los hombres y mujeres del campo, los agricultores y los demás agentes del mundo rural. Si se observan nuestras enmiendas, se verá que tienen un carácter humano y se acepta un debate abierto y mucho más dinámico. Se huye de un tratamiento informativo de la PAC meramente burocrático, tecnológico y de carácter pasivo. Por eso creemos que las enmiendas del Parlamento mejoran el texto.
En quinto lugar, en lo que se refiere al porcentaje de cofinanciación, el Parlamento quisiera que la Comisión pudiera ampliar ese porcentaje, ampliando la financiación cuando se trata de organizaciones o asociaciones sin capacidad financiera.
En sexto lugar, en cuanto a los créditos comprometidos, ya sabemos que según la propuesta se trata de un importe de 4,5 millones de euros anuales a través del FEOGA-Garantía, lo que para el período actual, 2000-2006, supone 27 millones de euros; pero en la propuesta del Parlamento se indica que la Comisión Europea debe adecuar la dotación presupuestaria al amplio número de organizaciones con derecho a participar en el ámbito de este reglamento.
Finalmente, señor Presidente, quisiera destacar la aportación que supone la enmienda 10, que propone un nuevo artículo 5 bis, en el que se definen como criterios a los que deben ajustarse los programas o acciones subvencionables los siguientes: que sean programas que potencien una agricultura sostenible y multifuncional; que sirvan para mantener y generar empleo; que fomenten la cohesión social y territorial; que den más protagonismo a las mujeres y a los jóvenes; que preserven el medio ambiente y garanticen los recursos hídricos, la calidad del aire y de los suelos; que traten los residuos agrícolas, controlen el gasto energético, el hábitat rural y los transportes.
Se trata, a nuestro juicio, de proyectos que deben promover el desarrollo rural, mejorar la seguridad alimentaria y la calidad de los productos.
El Parlamento Europeo quisiera que, en estas próximas medidas de información, la Comisión hiciera las cosas de manera que estas prioridades, que son prioridades de la agricultura del 2000, se visualizaran.
Nada más, señor Presidente. Quiero agradecer el apoyo y la colaboración que he tenido por parte de todos los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en todas las reuniones que hemos celebrado. También quisiera que la Comisión Europea, de una forma u otra, tuviera en cuenta estos criterios del Parlamento.

Fiori
Señor Presidente, se trata de un instrumento dirigido y sumamente importante para todos los ciudadanos, pero sus verdaderos protagonistas han de ser los agricultores. Nuestra posición sobre la propuesta de reglamento referida a las medidas de información en el ámbito de la Política Agrícola Común se podría resumir así. Tras el período de gestión de la Dirección General VI y el apoyo al FEOGA-Orientación, por fin se abre una ventana de mayor transparencia que no debe desperdiciarse en absoluto. La Política Agrícola Común es un instrumento para los agricultores, es el pilar destinado a llevar las empresas agrícolas hacia el reconocimiento global del papel de los agricultores tanto respecto al consumidor como respecto a los grandes temas medioambientales. También es el medio para difundir entre los agricultores una conciencia más ajustada a la actualidad y, por encima de todo, estrechamente cercana a las necesidades de toda la sociedad europea.
Con demasiada frecuencia hemos escuchado discursos que elogiaban el papel productivo, medioambiental y de protección del consumidor y de la agricultura. Muchas veces estas palabras han resultado ser tan sólo meras palabras, sin ofrecer ocasiones precisas para concretar las oportunidades que se ofrecían. Ahora tenemos la posibilidad de lanzar un mensaje concreto al mundo del campo. Por esto albergamos algunas dudas acerca de la ampliación a todas las organizaciones de consumidores y de protección medioambiental que ningún derecho o deber pueden reclamar o ejercer con respecto a este tipo de medida. De lo contrario, perderíamos una nueva ocasión para centrar los objetivos de crecimiento, de participación, de multifuncionalidad y de valorización de la calidad, en los cuales se basan las medidas europeas previstas para el sector agrícola. A esto se añade la preocupación por la escasa dotación financiera destinada a la ejecución del programa.
Con mayor motivo, por lo tanto, no se puede producir una ampliación política que implique al mayor número posible de potenciales adquirentes de los anuncios de licitación, sino que, en el ámbito de lo que se acaba de expresar acerca de las finalidades de las representatividades agrícolas, esta ampliación debe traducirse en una financiación razonable, convenientemente orientada y destinada a lo que el título mismo del programa prevé, la Política Agrícola Común, en que el término "agrícola" es, en nuestra opinión, muy significativo. Por el contrario, si se quiere actuar en otra dirección, lo único que ofreceremos es la ocasión y la posibilidad de poner de relieve una confusión de papeles que no beneficia ni a quien está arriba ni a quien está abajo del proceso productivo.
Por el contrario, es a través de la importancia de este programa que pueden definirse y reconocerse también las responsabilidades con el fin de ofrecer al mundo del campo una eficaz ocasión para convertirse en protagonista de los cambios en curso. Con todo esto, no se quieren olvidar ni pasar por alto los méritos de otras organizaciones que han llevado a cabo e interpretado lo mejor posible una confrontación con el mundo productivo de la agricultura. Sin contar que la ampliación a las organizaciones parece un acto de desarrollo de potencialidades reconocidas por la propia Unión. El paso del FEOGA-Orientación al FEOGA-Garantía constituye un elemento de apoyo adicional para alcanzar los objetivos marcados anteriormente y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de seguir el destino de los fondos y sobre todo los objetivos que se quieren alcanzar.
En consecuencia, y para reforzar las posiciones expresadas, no hay que olvidar el sentido más estricto del programa: la implicación de los mismos agricultores en una más decidida toma de posición sobre la validez de los instrumentos puestos en práctica con la reforma de la Política Agrícola Común. En la actualidad, parece que la mayor parte del mundo agrícola ha comprendido dicho instrumento. Queda por implicar todavía una parte. Probablemente es el componente más vinculado a los esquemas tradicionales que difícilmente se combinan con las rápidas y desconcertantes evoluciones que estamos presenciando. Sin embargo, es una parte que la misma Unión Europea quiere llevar hacia momentos más apropiados a las actuales condiciones de vida de nuestra sociedad europea: hacia el euro, la globalización y el mercado abierto, así como hacia esos nichos de mercado propios de zonas económicamente válidas que deben ser valorizadas más aún, si cabe.
En este sentido, es casi automático, por ejemplo, el paralelismo con el desarrollo del turismo rural -fuente de renta y, al mismo tiempo, instrumento de protección del territorio del ciudadano- que se propone como ejemplo pujante para dar una nueva aceleración hacia una agricultura europea que quiere tener en cuenta las distintas posibilidades de producción y de fuentes de renta. El ejemplo del turismo rural combina perfectamente con la producción biológica, pero llega hasta las cotas extremas de las producciones cualitativamente reconocidas por la Unión Europea. Estos son los factores que confirman la integración de la Política Agrícola Común en las demás formas de desarrollo económico y social de la Unión Europea.

Busk
Señor Presidente, la transparencia y la información a los ciudadanos comunitarios sobre el trabajo que se lleva a cabo en la UE deben recibir la máxima prioridad posible. Informar sobre la cooperación en Europa de forma objetiva y seria es muy importante en estos años en los que nos enfrentamos a enormes retos con la ampliación hacia Europa Central y Oriental. Especialmente importante resulta explicar de qué trata la Política Agrícola Común e informar sobre los objetivos, los medios y las posibilidades de desarrollo. Hay muchos grupos objetivo, ante todo los agricultores, pero también la opinión pública en su conjunto y todas las personas afectadas directa o indirectamente. Es importante establecer una colaboración con las organizaciones agrarias y también con los consumidores si se quiere que este trabajo tenga éxito. La Política Agrícola Común es la primera, pero también la mayor de las políticas integradas comunitarias y a ella va a parar gran parte del presupuesto comunitario. De ahí la importancia de precisar que los regímenes de subvención les garantizan a los consumidores alimentos a precios gracias a la subvención inferiores a los que tendrían éstos sin subvención. Esto significa que los regímenes agrarios comunitarios redundan en beneficio de todos los ciudadanos comunitarios. La Política Agrícola Común está siempre en desarrollo y sujeta a modificación. Aspectos éstos que presentan grandes exigencias en materia de información y especialmente de coordinación necesarias para que la cooperación tenga éxito, tanto en los países miembros como de un país a otro. Las circunstancias son muy diferentes y por ello deben ser las organizaciones agrarias los agentes principales, puesto que estas organizaciones se centran ante todo en los agricultores.

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, mi Grupo quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. Izquierdo, por este informe. Constituye el necesario intento de colocar sobre un fundamento jurídico la financiación de grupos y asociaciones de la Unión Europea en el ámbito agrícola. Esta línea ha existido siempre, sólo que no estaba jurídicamente asegurada y así lo ha objetado el Tribunal de Cuentas. Ahora con esta aportación jurídica la Comisión sale al paso de estas necesidades.
La dificultad en su puesta en práctica reside solamente en que del presupuesto que antes estaba por completo -en diferentes magnitudes- a disposición de las asociaciones la Comisión extrae ahora una gran parte -tal como se indica allí- para actividades de información propias. Tenemos que temer que estos recursos se van a sustraer a las asociaciones lo cual no significa un procedimiento afortunado.
Por otro lado, en el pasado este dinero se ponía a disposición de las asociaciones para su utilización y éstas debían desarrollar sus propios criterios acerca de cómo debía gastarse tal dinero. Esto no era y no es procedente y por esta razón es acertado que ahora se establezcan los criterios. Sin embargo, -la Sra. Izquierdo se ha referida ya a esto- se establecen determinados porcentajes de financiación y con ello se priva a las asociaciones financieramente más débiles de la posibilidad de acudir a esta fuente, pues no tienen recursos propios. Aquí resultan desfavorecidas las asociaciones pequeñas, débiles. Por esta razón, celebramos mucho que la Sra. Izquierdo haya formulado también la propuesta de que, a ser posible, se llegue a una financiación plena, cuando se demuestre que las medidas se ajustan a los criterios y cuando exista una deficiente capacidad financiera, posiblemente una deficiente capacidad financiera en toda la región, de suerte que estas zonas tampoco sean excluidas en su totalidad.
Nuestro Grupo celebra en general que hayamos conseguido un fundamento jurídico y apoya también las enmiendas que ha presentado la ponente.

Figueiredo
Señor Presidente, Señorías, la información sobre la Política Agrícola Común debe tener por objetivo el de establecer una estrategia de comunicación principalmente dirigida a los participantes en el mundo agrario y rural. Ahora bien, en nuestra opinión, la principal crítica relativa a esa propuesta de reglamento de la Comisión se refiere a la apertura de la línea presupuestaria a organizaciones no agrarias y también a la reducción de las dotaciones presupuestarias a cuatro millones y medio de euros. Esa situación se agrava aún más por la reserva de asignaciones que la Comisión hace para sí, lo que, por lo demás, junto con las acciones concretas, sólo deja para las organizaciones tres millones de euros, importe manifiestamente diminuto.
Así, es positiva la propuesta presentada por la ponente de que la Comisión adapte la dotación presupuestaria al considerable número de organizaciones con derecho a participar en el ámbito de aplicación de este reglamento. Pero otro aspecto negativo en la propuesta de la Comisión se refiere a la limitación de la cofinanciación al 75%, cuando las acciones directamente realizadas por la Comisión son financiadas en un 100%. Por otro lado, se sabe que la propuesta del vademécum reglamentario agrava aún más las dificultades de acceso de las organizaciones a dicha línea presupuestaria, sobre todo de las más débiles financieramente, es decir, exactamente las que necesitan mayor apoyo.
A eso se debe la importancia de la propuesta que presentamos para completar la idea que figura en el informe. Con nuestra propuesta pretendemos que la cofinanciación comunitaria pueda superar el 75% cuando se trate de organizaciones representativas de los pequeños agricultores y de la agricultura familiar con dificultades financieras. Y esperamos que sea aprobada.
En cuanto a la propuesta encaminada a reducir en un millón de euros la asignación destinada a la Comisión para aumentar, a cambio, las acciones concretas, consideramos que puede ser una posible solución para remediar la propuesta de reglamento de la Comisión. Por último, conviene subrayar la necesidad de que la Comisión simplifique los procesos administrativos para el estudio de los programas que las organizaciones presenten o para su futuro control.

McCartin
Señor Presidente, saludo esta medida. Desde el punto de vista administrativo la formalización es algo positivo. Pero cuando llegamos al punto de reflexionar sobre la misma resulta que la cantidad de dinero es muy escasa - 27 millones de euros para un periodo de seis años. Teniendo en cuenta el tamaño del presupuesto agrícola y el hecho de que se extiende hasta el último confín de la Unión, se trata de una cantidad de dinero relativamente pequeña. Esta es la razón por la que saludo el hecho de que la mayor parte se vaya a gastar en una proporción de hasta el 50% en lugar del 75%. Cuanto más se gaste con el ratio de hasta el 50%, el dinero tendrá mayor alcance y más impacto.
La Política Agrícola Común recibe multitud de críticas. Una de las cuestiones que no ha sido generalmente comprendida es la importancia de esta política desde un punto de vista social: el hecho de que en todas las regiones deprimidas de la Unión la Política Agrícola Común, en un sentido social, ha mantenido a la población y ha sustentado a comunidades que de otro modo no hubieran podido sobrevivir. Esto es particularmente cierto en países periféricos como, por ejemplo, Irlanda, Grecia, España y Portugal, donde comunidades que hubieran desaparecido han sido apoyadas y sustentadas, aunque si bien no por siempre, por lo menos hasta que se ha producido un cambio en el entorno económico, hasta que han hecho aparición las nuevas tecnologías. En este sentido, el efecto a largo plazo de la Política Agrícola Común será mayor de lo que a menudo se ha imaginado.
No puedo poner ningún reparo a la forma en que a lo largo de estos años la Comisión ha interactuado con la industria agrícola. Por mi experiencia la Comisión Europea se ha mostrado más abierta al intercambio de información y la recepción de representantes de la industria agrícola que la mayoría de los ministerios de agricultura de los Estados miembros. La Comisión ha enseñado a los Estados miembros a lo largo de estos años como se puede ser abierto disponiendo de recursos muy limitados. Pero ahora surgen nuevas presiones que se derivan de las preocupaciones de los consumidores acerca de nuevos procedimientos y sistemas de producir alimentos. Estos han de ser explicados no sólo a los agricultores sino también a los consumidores. Hay mucha mitología sobre lo que es seguro y lo que no. Tenemos ante nosotros la gran tarea de explicar el funcionamiento de todo el sistema productivo a los consumidores europeos y aquellos de fuera de la Unión que van a comprar nuestros productos. Es importante que con este fin empleemos todos los recursos posibles.
La última cuestión que quería plantear es que frente a estas presiones observaremos una reacción desde el sector agrícola. Mientras inevitablemente calmamos algunos de los apoyos existentes en el proceso de ampliación y, al mismo tiempo mantenemos la presión para proteger el medio ambiente y los consumidores, habrá fricciones entre los productores y la administración europea. Votar por que se disponga de los mayores recursos posibles para que se mantengan buenas relaciones constituye una sabia política.

Liikanen
. (FI) Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar por este informe a la Sra. ponente, María Izquierdo Rojo, y a los miembros de la comisión parlamentaria. El reglamento propuesto tiene por objetivo dotar a la Comisión de un instrumento, mediante el cual la Comisión pueda emprender acciones informativas sobre el funcionamiento del modelo agrario europeo y dar mayor publicidad a la Política Agrícola Común. De esta forma, se facilita la ejecución de la política agrícola.
En cuanto a las enmiendas propuestas por el Parlamento, por lo general, éstas no pretenden modificar el contenido, sino que más bien apuntan a una corrección de la propuesta.
Las enmiendas 2 y 6 están relacionadas con las asociaciones y organizaciones que entrarán en el ámbito del reglamento. La Comisión considera que no es necesario mencionar los nombres de esos grupos y organizaciones. El artículo 2 afecta a todas las asociaciones y a todos los agentes rurales. Por tanto, las enmiendas propuestas son innecesarias.
Las enmiendas 5, 8 y 10 se relacionan con las actividades subvencionables. La enmienda 5 contiene puntualizaciones sobre medidas informativas y foros dirigidos a las mujeres y a los hombres del campo. Estas medidas son innecesarias porque ya están incluidas en la propuesta de la Comisión. En cambio, una de las puntualizaciones presentadas en esta enmienda, "apoyarles en sus opciones" , no se adecua a la propuesta de la Comisión. El propósito de este reglamento no es el de ofrecer servicios especiales a los agricultores. Esto lo pueden llevar mejor a cabo los órganos locales. Los fondos disponibles tampoco podrían correr con esos gastos. En lo que concierne a algunas enmiendas propuestas para el artículo 3, quisiera observar que las visitas para difundir información no quedan excluidas de su ámbito. El listado de actividades subvencionables no está cerrado, como se desprende del inciso "en especial" . Sin embargo, la Comisión está dispuesta a aprobar esta enmienda. Por otro lado, la financiación de programas de intercambio de larga duración no puede ser aceptada, ya que estas actividades no entran dentro de la política informativa.
La enmienda 10 afecta al artículo 5. La Comisión apoya los objetivos que en ella se mencionan, y prueba de ello es que están incluidos implícitamente en el artículo 1, en el cual se trata el modelo de actividad agraria en Europa. Por consiguiente, no tiene sentido volver a repetir minuciosamente el contenido de este modelo.
Las enmiendas 7 y 13 se refieren al porcentaje de cofinanciación. La Comisión considera que no es conveniente subvencionar más del 75% de los costes de las actividades subvencionables. Los fondos disponibles son escasos. Cuanto más pequeño sea el porcentaje de la subvención, más proyectos podrán subvencionarse y más múltiples serán los efectos. Las enmiendas 9 y 12 se relacionan con la distribución y ratificación de los fondos. Como es sabido, el Parlamento y el Consejo ejercen conjuntamente las competencias presupuestarias. Por ello, la Comisión cree que la enmienda 9 no es necesaria. En cuanto a la enmienda 12, que propone la inclusión en el Reglamento de los criterios de distribución de los fondos, quisiera señalar que si cerramos las asignaciones de los fondos de antemano, se verá reducida la flexibilidad necesaria en la gestión presupuestaria, lo cual puede ser perjudicial para las solicitudes de subvención que se vayan presentando.
La enmienda 11 se relaciona con el seguimiento, con la evaluación. La Comisión está de acuerdo con el Parlamento en la utilidad de una evaluación continua. Esto se puede tomar mejor en cuenta en los estatutos de ejecución del reglamento. La enmienda 4 concierne a las tramitaciones administrativas. La Comisión considera innecesaria la inclusión de este párrafo adicional en el prólogo del reglamento. Los detalles administrativos, el seguimiento y la evaluación posterior serán especificados en los estatutos de ejecución del reglamento redactados por la Comisión. En este contexto, cabe indicar que los procedimientos que se establezcan, independientemente de la simpleza y transparencia con que se doten, deben garantizar el control eficaz de los fondos públicos.
Las enmiendas 1 y 3 son correcciones lingüísticas. La Comisión considera que estas rectificaciones carecen de sentido, puesto que los párrafos 4 y 7 del prólogo de la propuesta de la Comisión son menos restrictivos.

El Presidente
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
Se procede a la votación.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Leguminosas de grano
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5­045/2000), de la Sra. Izquierdo Rojo, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo (COM(1999)428 - C5­0187/1999 - 1999/0182(CNS)) que modifica el Reglamento (CE) no 1577/96 por el que se establece una medida específica a favor de determinadas leguminosas de grano.

Izquierdo Rojo
. Señor Presidente, presento un informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1577/96 por el que se establece una medida específica en favor de determinadas leguminosas de grano.
El Parlamento Europeo ha estado analizando esta propuesta desde octubre de 1999 y el 23 de febrero de 2000 aprobó este proyecto de resolución legislativa, por unanimidad. Quisiera destacar los aspectos siguientes de las enmiendas que propone el Parlamento Europeo.
En primer lugar, la enmienda 1 relativa a un considerando 2 bis. Esta enmienda complementa la visión del Consejo, que es una visión puramente mercantil, y opta por una propuesta con miras más amplias en el sentido económico, humano y de calidad alimentaria. Ahí donde el Consejo habla únicamente de mercado, el Parlamento Europeo llama la atención sobre el interés económico comunitario de estas producciones de leguminosas de grano. Dado el déficit de proteaginosas en la Unión Europea, el Parlamento considera que es necesario mejorar este régimen sin que se llegue a disminuir el nivel de ayudas.
En segundo lugar, la enmienda 2 del Parlamento propone que pueda ser objeto también de ayuda la producción de semillas de vezas. Esta ayuda a las semillas existe ya para el arroz, los garbanzos y las lentejas. La proponemos porque, como todos sabemos, la producción de semillas está sometida a requisitos técnicos adicionales y de control de calidad, de tal manera que si no se apoya con una ayuda su cultivo, el abandono podría tener consecuencias muy negativas para la calidad de la producción de estas semillas de vezas.
En tercer lugar, la enmienda 3 señala que la Comisión, a nuestro juicio, sin más dilación, debería hacer propuestas para la campaña de 2000-2003.
Antes de concluir, señor Presidente, quisiera recordar que en 1993 -que ya queda algo lejos- el Consejo señaló que era su intención reforzar progresivamente el régimen de ayuda actual a las leguminosas de grano. Sin embargo, esto todavía no se ha hecho. En segundo lugar, las campañas sucesivas nos indican que estamos ante un desajuste crónico de este régimen. Se rebasa sistemáticamente la superficie máxima garantizada y con ello se penaliza una y otra vez a los agricultores que sufren descensos de la ayuda hasta de un 20%.
Por todo ello, señor Presidente, lo que quisiera realmente la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo es mejorar el régimen. Ahora bien, somos conscientes de lo que nos indica la Comisión, de que estamos en un momento en el que hay serias restricciones presupuestarias, que no podríamos ponerlas en práctica sin disminuir la ayuda. Es por ello por lo que nosotros estamos presentando esta propuesta, que realmente es una propuesta de mantenimiento, y lo que decimos a la Comisión es que, sin más tardar, para la campaña, como mucho, del 2000-2003, debe elaborar propuestas que supongan una mejora de este régimen sin disminuir la ayuda.
Agradezco la colaboración y el apoyo de todos los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, así como la opinión de la Comisión de Presupuestos, y gracias también a la Comisión por su actitud dialogante y, espero, abierta a nuestras propuestas.

Avilés Perea
Señor Presidente, señor Comisario, este informe que hoy se nos propone aprobar en el Pleno del Parlamento se refiere a una mínima reforma del Reglamento 1577/96 de apoyo al sector de las leguminosas de grano. Tan mínima es la reforma que no modifica ni la cantidad máxima garantizada total, aunque la reparta en dos bloques, ni la ayuda por hectárea. Sólo nos ofrece una novedad en lo que se refiere al comité de gestión, al sustituirlo por el comité de gestión de cereales.
Como dice un refrán español -muy acorde con este reglamento-, "Esto son lentejas; si quieres las tomas y si no las dejas" . En consecuencia, mi Grupo va a apoyar el informe de la ponente y, sobre todo, apoyará muy especialmente la enmienda 2, que propone incluir en la ayuda a las superficies dedicadas a producción de vezas para semillas porque ello redundará en unos cultivos de calidad.
No obstante, quisiera poner de manifiesto que se ha perdido la ocasión de apoyar a una extensa zona bastante árida del sur de Europa que no dispone de otras alternativas de cultivo para sus tierras. Además, la demanda de vezas para la alimentación del ganado es cada vez mayor, como lo demuestra el que, al menos en España, la superficie sembrada en las últimas tres campañas ha sobrepasado la propuesta de superficie máxima garantizada en una media de 100.000 hectáreas por campaña.
Por otro lado, los problemas alimentarios que hemos tenido en la Unión Europea han sido ocasionados por la alimentación de una ganadería herbívora con piensos animales, y si no abaratamos y fomentamos la alimentación de las cabañas ganaderas con proteínas vegetales, como las leguminosas, los agricultores seguirán recurriendo a las harinas animales porque la presión concurrencial a que están sometidos es enorme.
Para terminar sólo me queda lamentar una vez más que la política agrícola de la Comisión se preocupe más de reducir el gasto -o, en el mejor de los casos, de no aumentarlo, como en esta ocasión- que de mantener un auténtico sector agrario europeo tan necesario para el equilibrio del territorio.

Martínez Martínez
Señor Presidente, intervengo en este debate para apoyar el informe de mi compañera, María Izquierdo, cuyas propuestas, como las de la Comisión, me parecen beneficiosas e interesantes.
Las leguminosas de grano constituyen un cultivo tradicional en algunas zonas del sur de Europa, entre ellas España y, más en concreto, en Castilla-La Mancha, la región de la que yo provengo y en la que se concentra un tercio de la superficie total que en España se dedica a estas producciones.
Nuestra preocupación es, por lo tanto, que no se perjudique el régimen de ayudas a este sector de la producción agraria, y, más concretamente, a la producción de garbanzos, lentejas y vezas.
Garbanzos y lentejas son dos productos esenciales para la cultura gastronómica española y para nuestra dieta, la dieta mediterránea, ahora tan alabada por la comunidad científica, que incluye las legumbres secas entre nuestras recetas tradicionales.
La compra de legumbres secas en España sigue una evolución ascendente, creciendo hasta un 5% anual. En mi país, ese consumo alcanza los 6,5 kg. por habitante y año y cualquiera que conozca cómo se cocinan estos productos puede acreditar que es una cantidad muy importante.
Costumbres de origen religioso, por ejemplo, hacen que no se coma carne en tiempo de Cuaresma y la picaresca y el sentido común de nuestros compatriotas han sustituido esa carne por otros platos -deliciosos, por cierto- como es nuestro potaje de garbanzos y espinacas.
Se trata de usos que se han consolidado a través de la historia prolongándose a lo largo del año, incluso para el común de los no practicantes y de los no creyentes, y que han dejado una serie casi infinita en su variedad de menús a base de legumbres secas como plato principal, que, sin duda, hacen aumentar las cifras de consumo.
Otro sector necesitado de este tipo de productos es el de la ganadería. En momentos como los actuales, en que estamos observando el fraude en el engorde de ganado y la utilización de productos no autorizados, resulta fundamental que en el mercado se ofrezcan piensos naturales de calidad y a un precio razonable, como algunos de los concernidos por este reglamento, concretamente las vezas.
En definitiva, hablamos de la protección comunitaria de una producción que el año pasado y en mi región ha permitido vivir con dignidad y de su trabajo a cerca de 17.000 familias. Se trata, además, de un sector en el que, afortunadamente, no han proliferado los caza-primas que aterrizan en la agricultura para cobrar subvenciones de la Unión.
Aquí estamos ante cultivos tradicionales de gentes que vienen dedicando a ellos su esfuerzo, de generación en generación, y que han contribuido a perfilar una buena parte del paisaje y de la gastronomía de regiones significativas de Europa, paisaje y gastronomía que a todos nos interesa y nos corresponde mantener.
Les pido, por ello, el apoyo del Parlamento a las propuestas de la Comisión y a las mejoras que, por vía de enmienda, se contienen en el informe de María Izquierdo.

Busk
Señor Presidente, apoyamos una prórroga de la propuesta, sin embargo, quiero recordar que la Agenga 2000 acordada el año pasado en Berlín está basada en la necesidad de encaminarnos hacia el libre comercio y de esforzarnos por reducir los actuales regímenes de ayuda y por cerrar acuerdos bajo los auspicios de la OMC que nos permitan, en virtud de los mecanismos de mercado, un mayor acceso a los muchos mercados existentes en el mundo. Quiero recordar también que la agricultura convencional ha estado sometida a una considerable presión durante estos años, ha habido una caída de precios en casi todos los productos. Lo que algunos llaman estabilidad, los agricultores lo ven como algo diferente, porque aumentan los costes y, en consecuencia, una congelación de los sistemas de precios funciona automáticamente como un descenso. También querría recordar que recientemente la Comisión ha endurecido las condiciones para la intervención en el caso de los cereales. Especialmente, los granos de trigo se verán afectados muy duramente, ya se han visto afectados por una caída en su precio del 15%, a lo que hay que añadir las mayores exigencias en cuanto a calidad como a contenido proteínico, lo que significa -especialmente en la parte septentrional de la UE- que está en marcha una caída adicional de precios. En nombre de mi grupo y como ya dije, quiero respaldar el aplazamiento del régimen aunque quiero exhortar a que la Comisión antes de los años 2002-2003 trabaje seriamente en analizar las posibilidades de llevar a cabo reformas en la forma de empleo de los recursos de modo que también pudiéramos seguir garantizando el grupo de los granos que hasta ahora han estado garantizados mediante estos regímenes de ayuda.

Figueiredo
Señor Presidente, Señorías, como se sabe, conviene apoyar la producción de cultivos de leguminosas para grano mejorando su régimen sin disminuir el nivel de la ayuda, dado el actual déficit de leguminosas en grano destinadas a la alimentación humana o a la alimentación animal. La verdad es que se ha modificado varias veces el régimen de ayuda instituido en 1989, pero no se ha presentado un informe sobre la aplicación del presente régimen. Ahora la Comisión, al defender una superficie máxima garantizada de 400.000 hectáreas, quiere reducir en cerca de 100.000 hectáreas la superficie media de producción de las tres últimas campañas, lo que entrañará importantes reducciones de la ayuda.
Por otro lado, aunque no disintamos de la separación en dos de la superficie máxima garantizada, consideramos necesario corregir el período histórico de referencia para efectos de cálculo de cada una de las superficies máximas garantizadas retirando las tres últimas campañas a fin de disminuir las repercusiones negativas para Portugal en el caso de los productos destinados a la alimentación humana.
Por último, conviene decir que para Portugal es importante que se consideren las alubias secas en ese régimen, aun sin la modificación de la superficie máxima garantizada. Insistimos, pues, en la necesidad de que la Comisión tenga en cuenta estas propuestas de modificación en el nuevo régimen que pretende instituir para las leguminosas en grano.

Liikanen
. (FI) Señor Presidente, quiero volver expresar mi agradecimiento a la Sra. ponente, María Izquierdo Rojo, por su constructivo informe, que es de una gran calidad. Los fundamentos de la cuestión sobre las leguminosas de grano que ahora nos ocupa se encuentran en dos documentos de la Comisión. El primero es un informe sobre el sistema de subvenciones de las leguminosas de grano y el segundo es una propuesta para mejorar la tramitación administrativa del sistema. ¿De qué tipo de plantas se trata en realidad? Sé que los diputados españoles conocen bien este asunto, pero hay que reseñar que las leguminosas de grano incluyen tres tipos de plantas de cosecha anual, cuyo contenido en proteínas es alto y cuyo fruto son granos secos. Como alimento humano se usan las lentejas y los garbanzos, mientras que los granos de veza, planta más desconocida para nosotros, se usan como piensos animales. Estas leguminosas se cultivan comercialmente, sobre todo, en campos de las regiones meridionales de la Unión, ya que dan buenos resultados en climas secos. En realidad, el porcentaje de España en cultivos de leguminosas de grano supone el 90% de la producción de la UE.
Las leguminosas secas no entran en el régimen de ayudas que fue renovado mediante el programa de la Agenda 2000, a pesar de que su cultivo se puede alternar con otros productos como, por ejemplo, los cereales. Las leguminosas de grano cuentan con un sistema específico que asigna 181 euros por hectárea cultivada y la superficie máxima garantizada es de 400.000 hectáreas. Este sistema se creó en 1989 al reducirse la superficie de cultivos de leguminosas y en detrimento de los cereales, de los cuales había ya superproducción. Este sistema especial tenía por objetivo conservar el cultivo tradicional de leguminosas secas mediante subvenciones por hectárea.
¿Cuáles son las conclusiones de la Comisión sobre este informe? Al examinar la aplicación de este sistema, se puede observar que se han rebasado sistemáticamente las 400.000 hectáreas de superficie máxima garantizada. De esto se pueden extraer dos conclusiones. En primer lugar, que el objetivo de este sistema ha sido alcanzado con éxito, y, en segundo lugar, que las superficies cultivadas deben estabilizarse con más rigor. Si examinamos las superaciones de las superficies máximas durante los últimos años, podemos observar que, sobre todo, se sobrepasan las superficies destinadas a las semillas de veza. Aunque este sistema se aplica de forma satisfactoria en su conjunto, el control de estas superaciones de las superficies máximas es problemático, ya que los productores que rebasan las superficies no pueden ser tratados de manera excepcional con respecto a otros productores.
¿Cómo se podría mejorar este sistema? Debemos aspirar a encontrar los medios para mejorarlo en el marco del sistema actual y de los fondos disponibles. Nos encontramos en una situación, en la que se ha aprobado la reforma de la Agenda 2000 y las negociaciones comerciales a nivel internacional están por llegar.
Quiero subrayar que la modificación propuesta por la Sra. ponente, según la cual las subvenciones actuales para los productores de veza podrían integrarse en otro régimen de mercado, es decir, en el régimen de ayudas de mercado a las semillas, no aportaría la mejora deseada. Hablo de la enmienda número 2. No puede ser aceptada por dos razones: primera, porque estos sistemas son contradictorios entre sí, pues en uno de ellos el grano debe ser destinado, en principio, a piensos animales, mientras que en el otro sistema se incluyen los granos destinados a la siembra; y la segunda razón es que esto podría producir más gastos.
La Comisión propone, de acuerdo con su propio informe, que la superficie máxima garantizada sea dividida, en función de la subdivisión de superficies, en dos bloques con una relación 40/60. Así pues, la división sería la siguiente: el cupo conjunto para las lentejas y los garbanzos es de 1.600.000 hectáreas y el cupo de las semillas de veza es de 240.000 hectáreas. Además, la propuesta plantea que el Comité de gestión de piensos animales sea sustituido por el Comité de gestión de cereales. El único propósito de esta modificación es registrar en las disposiciones del Reglamento una práctica que se ha generalizado en el seno de los comités.
Por último, quiero manifestar que la Comisión aprueba aquellas enmiendas propuestas por la Sra. ponente que corroboran la postura de la Comisión, según las cuales la Comisión presentará un nuevo informe, en lo que concierne a la enmienda 3, e intentará mejorar el sistema actual, en base a la enmienda 1.
Señoras y señores diputados al Parlamento, a la luz de los comentarios que acabo de hacer, no será difícil aprobar esta propuesta para que entre en vigor a partir de la campaña 2000-2001.

El Presidente
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
Se procede a la votación.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Adicionalidad
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de dos preguntas orales formuladas a la Comisión:
B5-0207/2000, de Jillian Evans, Nogueira Román, Ortuondo Larrea y MacCormick, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la adicionalidad
B5-0209/2000, de Davies y Attwooll, en nombre del Grupo ELDR, sobre el principio de adicionalidad en los créditos de los Fondos estructurales.

Evans, Jillian
Señor Presidente, el objetivo de los Fondos Estructurales es centrarse en las zonas más pobres y deprimidas de la Unión Europea, aquéllas con mayor necesidad de desarrollo, e invertir cantidades adicionales de dinero para contribuir al inicio de la reconstrucción económica, a la creación de empleos y la regeneración de las comunidades más pobres. La adicionalidad tiene por objeto garantizar que esto sea así y evitar que los gobiernos usen la financiación comunitaria para sustituir la propia, lo que constituiría un fracaso en ese objetivo. Pero en muchas regiones y naciones eso es lo que está ocurriendo actualmente y puedo ilustrar el problema poniendo como ejemplo a Gales. La concesión, el año pasado, de la categoría de Objetivo 1 a Gales Occidental y Los Valles constituyó un reconocimiento de la pobreza existente en dos tercios de l país. 1200 millones de euros de financiación comunitaria eficientemente empleada puede ciertamente suponer la ayuda adicional que se pretende. Pero si observamos el presupuesto del gobierno para Gales, en la práctica, el próximo año, en el que se cuenta con la categoría Objetivo 1, no habrá un mayor gasto gubernamental del que hay un año antes de la concesión del Objetivo 1.
El presupuesto de la Asamblea Nacional que proviene del Tesoro permanece inalterado de modo que, por lo menos, en los primeros quince meses del nuevo periodo de programación no habrá, en absoluto, recursos adicionales. El dinero se tomará de otros presupuestos de la Asamblea Nacional como, por ejemplo, sanidad y educación. Por tanto el gasto del gobierno central se reduce.
En los Fondos Estructurales las áreas con las mayores necesidades se identifican y eligen sobre la base de criterios regionales. Sin embargo, cuando la Comisión contempla la adicionalidad se negocia en el nivel de los Estados miembros. Esto es una clara contradicción. A los Estados miembros no se les exige que demuestren la adicionalidad en el nivel regional o programático. Coincido con la afirmación del Comisario Barnier, contenida en una respuesta escrita dirigida a mí, acerca de que el espíritu de la adicionalidad, más allá de la letra de la ley sobre este tema, constituye una consideración importante.
Necesitamos una revisión del sistema y un aspecto esencial de ello consiste en contemplar la adicionalidad desde la perspectiva interna de los Estados miembros, al nivel de los programas y también al nivel del Estado miembro. Hay que establecer mecanismos para asegurar que los Estados miembros respeten el principio y el espíritu de la adicionalidad de suerte que los fondos sean destinados y desembolsados efectivamente. De modo que, señor Comisario, lo que le estamos pidiendo en esta cuestión es la confirmación de que esto se va a llevar a cabo, y espero con impaciencia la votación de este debate que tendrá lugar en abril.

Liikanen
. (EN) Señor Presidente, el principio de adicionalidad existe para asegurar que las transferencias a los Estados miembros en el marco de los Fondos Estructurales se añadan, en lugar de reemplazar, al gasto nacional destinado a las medidas al desarrollo estructural. De este modo, las políticas estructurales de la Unión Europea tendrán un mayor efecto en la reducción de las disparidades regionales y sociales.
La verificación ex-ante de la adicionalidad se está llevando a cabo actualmente en aplicación del artículo 11 del Reglamento 1260/99. Este es un elemento integrante de la negociación de los programas de los Fondos Estructurales con los Estados miembros. Este hecho constituye una demostración de la intención de los Estados miembros de aplicar el principio de adicionalidad durante el periodo de programación que nos aguarda. Cuando sea necesario la Comisión pedirá a los Estados miembros las correspondientes aclaraciones sobre los detalles de sus previsiones de gastos elegibles para el periodo 2000-2006. Como medida ulterior, la Comisión ha preparado algunas disposiciones de ejecución para su inclusión en los documentos de programación que cubren tanto la verificación de la adicionalidad ex-ante, como la intermedia y la final.
El segundo asunto tratado por las preguntas es la posibilidad de verificar la adicionalidad en el nivel regional. Quisiera desarrollar algunos elementos de respuestas anteriores. En primer lugar, a pesar de que la adicionalidad se aplica en el nivel de los gastos generales elegibles de los Estados miembros en lugar del nivel regional, hay que tener en cuenta que la adicionalidad general que se debe demostrar es, por definición, la suma de los gastos elegibles realizados en el nivel inferior. En la práctica, la reducción de los gastos elegibles en una región debería ser compensada con un aumento en otras regiones para que la adicionalidad fuese respetada en el conjunto. A este respecto, la Comisión puede garantizar que, cuando existan pruebas de la reducción del gasto nacional en una determinada o determinadas regiones, permanecerá especialmente atenta en relación con la credibilidad de las cifras totales.
Una segunda aclaración atañe al alcance de la adicionalidad y a la sugerencia de que al ser ejecutada en el plano estatal pudiera ser incompatible con la vocación regional de los Fondos Estructurales. Hay que tener en cuenta que el gasto de un Estado miembro destinado al desarrollo, que se toma como referencia para la evaluación de la adicionalidad, es por regla general una mezcla de los recursos asignados y gestionados a nivel estatal y aquellos gestionados en el nivel regional.
Mientras que existen algunas categorías de gasto de las que se puede esperar permanezcan estables en el nivel regional en el tiempo que media entre los periodos de programación, difícilmente se puede sugerir que el nivel de gasto en, por ejemplo, en las infraestructuras principales deban permanecer en el mismo nivel en cada región independientemente de las necesidades actuales. Esta es la razón por la que la Comisión tiene la opinión de que la aplicación estricta de la adicionalidad en el nivel regional conduciría a una rigidez excesiva en la gestión del propio gasto de los Estados miembros destinado al desarrollo.
Finalmente, en relación con las provisiones presupuestarias practicadas en el seno de los Estados miembros entre el gobierno central y las regiones, la comisión no puede más que repetir que estas cuestiones son exclusivamente de orden nacional y que no tienen que ver con la adicionalidad tal y como ésta es definida en los reglamentos.

Evans, Jonathan
Señor Presidente, quisiera comenzar dándole las gracias a mi colega galesa -aunque es de otro partido- Jillian Evans, por plantear este asunto. No creo que en Gales haya ahora ninguna otra cuestión más importante que la aplicación de los fondos correspondientes al Objetivo 1 y es importante que contemplemos el trasfondo de los asuntos que estamos considerando actualmente.
Al día de hoy hay dos noticias principales en el Reino Unido. Una de ellas es la impactante noticia de la decisión de BMW de fragmentar el grupo Rover-Land Rover con el riesgo de que se produzcan despidos masivos por todo el Reino Unido y la otra gran noticia de esta mañana es la contundente victoria del Partido Conservador en las elecciones parciales de Ayr desplazando al Partido Laborista en el poder a un miserable tercer lugar con una oscilación de casi el 10%.
Estos sucesos no constituyen solo el trasfondo de actualidad de este debate. En mi opinión subyacen a los asuntos que estamos considerando en el contexto del gasto de los Fondos Estructurales en los Objetivos 1 y 2 en aquellos lugares de la Unión Europea que se enfrentan a graves problemas económicos. Como ya hemos oído en boca de Jillian Evans, a una parte significativa de Gales, que incluyen circunscripciones a las que represento, se le ha concedido el rango de Objetivo 1, aunque lamentablemente desde que la Comisión lo anunciara los problemas que teníamos en Gales no han hecho más que agudizarse. Como resultado directo de lo que yo denominaría política gubernamental del Reino Unido, nuestra economía agrícola ha hecho de todo menos colapsarse. Los ingresos de las explotaciones agrícolas se encuentran en el nivel más bajo de esta generación y el declive está incluso afectando al sector manufacturero.
No me voy a excusar por decir que la exagerada sobrevaloración de la Libra esterlina que otorga al Ministro de Trabajo del R.U. un caballo de batalla electoral de proporciones sin precedentes a coartado a todos los manufactureros galeses y británicos que intentan exportar al mercado europeo. No es ninguna sorpresa que BMW eche la culpa de su decisión acerca de Rover a la política económica del Gobierno británico, pero me temo que este es un pobre consuelo para los miles de trabajadores de Rover que se han esforzado en mejorar la eficiencia de la compañía únicamente para comprobar que sus esfuerzos han sido socavados en Downing Street.
Me ocupo ahora de la actuación del gobierno laborista en el poder en términos del paquete de los Fondos Estructurales europeos. El inaceptable comportamiento del Gobierno del Reino Unido ya ha causado el puntual fin de la carrera política del primer Secretario de la Asamblea de Galés. Lamentablemente, las cuestiones relacionadas con el desembolso de los Fondos Estructurales han estado marcadas por el retraso causado por las disputas sobre la financiación oportuna y también sobre el asunto de la adicionalidad. Para que no vuelva a plantearse más tarde en este debate permítanme dejarlo claro: este no es un asunto nuevo y comparto la opinión de que se trata de un asunto que requiere ser examinado muy cuidadosamente por la propia Comisión.
Tengo el honor de haber sido nombrado ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios para las directrices 2000-2006 de los Fondos Estructurales y la comisión acordó, sobre la base de nuestras recomendaciones a la Comisión de Política Regional, que la Comisión debería prestar atención a este asunto de la adicionalidad. Hemos repetido la importancia de garantizar que los Fondos Estructurales no solo sustituyan, como ha ocurrido, el gasto público asimismo destinado a aquellas áreas más retrasadas. Lamento que la Comisión de Política Regional no haya incorporado las mismas en ese informe, pero ahí está.
Hay una serie de cuestiones que quisiera plantear al Comisario Liikanen para que las trasladase al Comisario Barnier. Aprecio que él es hoy el comisario en funciones pero es posible que no esté en disposición de responder a estas cuestiones. No obstante, se trata de unas reflexiones que ciertamente quiero plantear en el contexto de la región que represento y quizá sean unas reflexiones que apoyaría Jillian Evans en nombre de su partido. ¿Qué progresos se están haciendo en el seno de la Comisión en relación con la aprobación de los documentos de programación? ¿Dará un paso adelante el Comisario en términos de transparencia a la hora de publicar oportunamente la correspondencia que se ha establecido entre la Comisión y la Asamblea Nacional? Se nos aseguró, debo decir que fue un más bien complaciente Secretario de Economía que a la sazón ha sido nombrado ahora Primer Secretario, que todos los asuntos estaban discurriendo de forma adecuada. Sin embargo, de cuando en cuando oímos comentarios de la Comisión en el sentido de que hay graves problemas y es difícil hacer nuestro trabajo en este Parlamento sin ese grado de transferencia.
De modo que, ¿va a comprometerse la Comisión a poner a disposición de todos los diputados del Parlamento Europeo esa información? ¿Se van a comprometer a mantenernos informados en relación con estas cuestiones? ¿Se va a comprometer a desafiar a los Estados miembros en relación con los mapas que se han diseñado respecto del Objetivo 2 donde también ha habido pruebas de que se han hecho divisiones ventajistas? La adicionalidad es un asunto importante, pero debo decir que no es el único que preocupa a muchos diputados de este Parlamento Europeo.

Miller
Señor Presidente, quisiera hacer referencia a un par de puntos que ha planteado el Sr. Evans.
En primer lugar, reconozco que existen dificultades los Midlands con el Grupo Rover. No quisiera obtener capital político de ello. Hay demasiados puestos de trabajo en peligro. En segundo lugar, también ha mencionado su elección parcial. Felicito a su partido por asegurarse una victoria en estas elecciones parciales. Pero al contrario que ella, he estado en Ayr durante las últimas tres semanas, al pie del cañón. Puedo decir que la adicionalidad no se ha nombrado ni una sola vez.
Me ocupo ahora de la cuestión que estamos tratando. Les doy las gracias a los nacionalistas por haberla planteado. Está muy bien que tengamos un verdadero debate sobre todo el asunto de los Fondos Estructurales. Pero sospecho que aquí hay algo más profundo. ¿Qué es lo que intentan conseguir? He escuchado a la Sra. Evans. Básicamente, lo que he extraído de su intervención es que quiere redefinir los reglamentos de los Fondos Estructurales. Quisiera recordar a los miembros de este Parlamento que no hace tanto tiempo este parlamento aprobó, por el procedimiento de consentimiento, las normas y reglamentos que rigen los Fondos Estructurales, incluyendo el artículo 11 que define la adicionalidad.
Por tanto, ¿corresponde ahora al Parlamento cambiar esto? No deberíamos hacer esto. El papel de este Parlamento es garantizar que se cumplen las normas. Esto es en lo que nos deberíamos concentrar.
Me consta que la Sra. Evans, junto con una de sus colegas, Dafydd Wigley, y uno de los miembros del Partido Nacionalista Escocés, el Sr. Wilson, acudió a ver al Comisario Barnier. Me gustaría leerles las declaraciones del Comisario después de esa reunión.
"Me consta que recientemente ha habido un intenso debate en Escocia y Gales sobre la financiación regional europea. Pero tengo la impresión de que en ocasiones se han confundido dos asuntos diferentes -adicionalidad y cofinanciación" . No me sorprende que haya cierta confusión acerca de esto entre los nacionalistas. "La adicionalidad, tanto si los fondos de la UE proveen un impacto adicional, comparada con lo que de otro modo hubiera ocurrido, puede ser usado por los planificadores locales de programas como uno de los criterios de selección antes de que decidan aprobar la ayuda a proyectos individuales. La Comisión, por otra parte, está obligada por las normas a evaluar globalmente la adicionalidad en el Reino Unido, al objeto específico de asegurar que la ayuda financiera europea se añada y no sustituya a la financiación nacional. En el pasado siempre hemos estado satisfechos con el cumplimiento de las exigencias nacionales."

Attwooll
Señor Presidente, ha quedado claro por lo dicho por el Comisario que la Comisión es muy concienzuda a la hora de medir la adicionalidad de la financiación estructural en el nivel de los Estados miembros, y también ha sido satisfactorio escuchar sus garantías acerca de los diferentes niveles de evaluación que existen.
No obstante, como bien sabe la Comisión, algunos Estados miembros de la Unión Europea tienen sistemas regionales de gobierno con transferencia de poderes. Tales sistemas regionales de gobierno se financian normalmente, en todo o en parte, con fondos del gobierno central. Me da la impresión de que, con las normas actuales, los gobiernos centrales pueden verter la contribución de la UE a la financiación estructural en sus cálculos para determinar los presupuestos de los gobiernos regionales.
No parece que hay ningún mecanismo, a pesar de lo que haya dicho el Comisario, para asegurar una de estas dos cosas, en primer lugar, que la regla de adicionalidad se aplica a este cálculo, y en segundo lugar, que la cantidad de recursos de la UE que finalmente llega a las regiones individuales corresponde directamente a la cantidad destinada a esas regiones durante la etapa de planificación. Cuanto menos esto engendra una falta de transparencia. También puede significar que el principio de adicionalidad no se está aplicando correctamente sobre una base de región por región.
Acepto, al igual que la Sra. Evans, que esto no contradice, hablando estrictamente, la letra de la legislación de la Unión Europea sobre la materia. Pero al igual que ella, me parece claramente contradictorio con el espíritu de las normas de adicionalidad y que socava los objetivos por los que se estableció inicialmente la financiación estructural. A pesar de que provengo de Escocia, me consta que estos asuntos no sólo preocupan a mis colegas democrataliberales de otras partes del Reino Unido sino también a otros miembros del ELDR que representan a otras regiones de toda la Unión Europea.

Knörr Borràs
Señor Presidente, quiero en primer lugar felicitar a la compañera de la nación galesa por su magnífica exposición y congratularme también de que, desde otras posiciones ideológicas, se comparta el fondo de la cuestión.
Algunos, que somos nuevos en este Parlamento, ya empezamos a estar cansados de buenas intenciones, de magníficos programas y de que se nos hable del espíritu de las normas comunitarias. Porque, al final, lo que vamos a tener, en vez de espíritu, son fantasmas y noches de insomnio, porque lo que ocurre es que no se cumplen los compromisos. Por lo tanto, en este tema de la adicionalidad, conviene que las propias instituciones europeas comiencen por cumplir sus compromisos. El Tribunal de Cuentas, en junio de 1999, ya hizo un balance de la aplicación del principio de adicionalidad y muestra que es un completo desastre y un desatino.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta -y esto es una declaración política- la Europa real, la Europa de los ciudadanos, la Europa de las naciones y pueblos internos a los Estados, porque mientras esto no se tenga en cuenta, estaremos volviendo sobre el mismo problema de siempre. Escocia, Gales, el País Vasco, Cataluña, Galicia, incluso una región tan grande como Andalucía, no pueden estar al albur de lo que decida un Estado central, por muy Estado que sea.

Ribeiro e Castro
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hago mías las palabras de nuestro colega el Sr. Miller, que ha hablado hace poco -y siento que no esté presente en la sala, en este momento-, cuando criticaba a los autores de esta pregunta diciendo que nuestra misión principal es la de velar por que se cumplan las normas. Y las primeras normas que se deben cumplir son las del Tratado, en este caso su artículo 158, que sitúa en el plano más alto el objetivo de la cohesión económica y social. Y nuestro trabajo consiste en velar después por que los reglamentos y el comportamiento de la Comisión alcancen -y sirvan para alcanzar- esos objetivos. Y aquí estamos vigilantes para criticar y plantear el problema, siempre que comprobemos que no es así. Convenimos en la oportunidad y en el sentido de las cuestiones planteadas por los autores de la pregunta oral y nos identificamos con las consideraciones ya expresadas aquí. Hacemos un llamamiento a la Comisión para que, en lugar de dejar, como nos parece, enfriar el objetivo de la cohesión económica y social, ejerza más presión para que esos instrumentos actúen efectivamente en beneficio de las regiones más necesitadas.
Es evidente que este asunto es delicado, con una evolución muy debatida a lo largo de estos años, con muchas normas que son sistemáticamente revisadas, pero lo que no se puede consentir es que la revisión de las normas y la evolución de la burocracia perjudiquen siempre a quienes están más necesitados. No podemos, por ejemplo, concordar con que se pongan dificultades a la conjugación de esos fondos para regiones elegibles según los diversos programas, porque, si esas regiones son elegibles para varios fondos, es porque son precisamente las más necesitadas y todo lo que castigue la operatividad de esos fondos retrasa su desarrollo y perjudica el objetivo de la cohesión económica y social. Como tampoco concordamos con que la Comisión se vuelva en cierto modo la aliada de cierta inercia de algunos Gobiernos nacionales, cuando éstos no están dispuestos a socorrer a las regiones más necesitadas. Por tanto, hacemos un llamamiento a la Comisión para que sea...
(El Presidente interrumpe al orador)

McCartin
Señor Presidente, he tratado durante muchos años con todo este asunto de los Fondos Estructurales y la adicionalidad y hay unas cuantas cosas que podemos aprender del pasado. La primera es que el dinero en términos absolutos es relativamente escaso en la mayoría de las regiones de la Comunidad, y que su impacto es más bien político que económico, aunque este también sea importante. He dicho a menudo que es importante que como Unión Europea no deberíamos solo hacer reglamentos en los que les digamos a la gente lo que debe o no debe hacer, sino que deberíamos ampliar lo que al público europeo y a las regiones de la Unión le parecen beneficios tangibles. Incluso en regiones ricas se apreciará el hecho de que la Unión Europea trate de ayudar a cerrar la brecha que separa a ricos y pobres.
La otra cuestión, en un sentido microeconómico, es que si se asigna una determinada cantidad de los Fondos Estructurales a Portugal o Grecia o Irlanda, como así ha sido en el pasado, entonces en cualquier caso el dinero va a parar a esos países, y ese es el primer efecto que despliegan. El dinero se transfiere e independientemente de si se respeta la letra de la ley o no, estos países salen beneficiados.
Otra reflexión que quisiera hacer es que podemos aprender del pasado. En primer lugar, hemos logrado ahora, hasta cierto punto, la conclusión de los reglamentos, pero originalmente fueron redactados con el ánimo de satisfacer a cada sector y cada interés político, de modo que ha sido imposible, con el personal del que ha dispuesto la Comisión, hacer un seguimiento del gasto, y hasta cierto punto ese es aun el caso.
Ahora estamos inmersos en el tercer o cuarto programa. Lo que debemos hacer es aprender de los errores del pasado e intentar aplicar esas lecciones en le futuro. Si se quiere ser absolutamente eficiente el modo en que se gasta ese dinero, lo que se necesita es ver lo que un país ha gastado con anterioridad y solicitar la comunicación de sus planes a la Comisión Europea. La Comisión Europea identifica las debilidades de ese plan y dice: este es el modo en el que nos gustaría que se gastase nuestro dinero añadiéndose a lo que ustedes han asignado para la tarea que quieren realizar.
En mi experiencia personal en Irlanda nunca he tenido noticia de que la Comisión Europea haya reprendido a Irlanda por fallar en la cuestión de la adicionalidad. Pero hay que recordar que entre 1982 y 1992 los fondos estructurales para Irlanda no hicieron más que aumentar, y ahora se están reduciendo, disponiéndose de una generosa cantidad de dinero. Pero entre 1982 y 1992 el programa de fondos públicos realmente se redujo, incluyendo los fondos estructurales. Es términos reales se redujo un 30%. De modo que ¿a dónde fueron a parar los fondos estructurales? Realmente los fondos estructurales fueron a parar a los pagos del sector público y al bienestar social, y resulta muy cuestionable decir si se hizo bien o no a la economía irlandesa, porque ello contribuyó al aumento de la inflación y las demandas salariales. Así que hay algunas lecciones que se deben aprender: para enfrentarse al personal que tenía a su disposición la Comisión para tratar el problema irlandés -tres o cuatro personas- Irlanda tenía 30.000 funcionarios, ¡así que la administración irlandesa siempre salió victoriosa!

Medina Ortega
Señor Presidente, me voy a referir a un tema que no ha tratado ninguno de los oradores anteriores. Me refiero al informe del Tribunal de Cuentas sobre el principio de adicionalidad. Es un informe que fue publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 9 de marzo pasado.
En dicho informe hay un apartado muy interesante -el apartado 62- que habla de las privatizaciones. En los últimos años, varios gobiernos de la Unión Europea se han lanzado entusiasmados a una política de privatizaciones que ha colocado en pocas manos el patrimonio que antes era de la comunidad. Por ejemplo, en España, en los últimos cuatro años se han privatizado empresas públicas por valor de 4 billones -con b de Barcelona, con b de Bruselas-; empresas públicas que han pasado a manos de particulares.
El Sr. Liikanen es un experto en términos contables, y sabe que privatización es una forma de desinversión pública y, concretamente, que puede ser una forma de desinversión regional. Si se privatiza, por ejemplo, una compañía aérea que presta servicios regionales, se puede producir una desinversión regional, con lo cual estaríamos infringiendo el principio de adicionalidad.
El Tribunal de Cuentas se ha referido a esto diciendo que cuando los gastos, como consecuencia de las privatizaciones, evolucionan a la baja, al Estado miembro, conociendo ya los resultados, le interesa su supresión. Teniendo en cuenta la importancia de las categorías de gastos afectados -telecomunicaciones, energía, etc.-, esta simple operación puede traducirse en una modificación sustancial del resultado final.
Y tenemos también la respuesta de la Comisión, que debe ser muy reciente y que el Comisario Liikanen, como miembro del Colegio, debe recordar perfectamente. Y la Comisión responde aquí con un sistema que, en la terminología española, llamamos el "método Olendorf"; método de aprendizaje de lenguas que consistía en que el maestro le preguntaba al alumno "¿Tiene usted los calzoncillos de mi tío?" , y el alumno le contestaba "No, pero tengo las gafas de mi abuela" . Y la contestación que nos da la Comisión a ese apartado 62 es muy escueta. Dice: "Aunque el sector privado realiza a veces inversiones en sectores tradicionalmente considerados a cargo del sector público, resultaría extraordinariamente difícil ampliar la comprobación de la adicionalidad a las inversiones privadas, ya que ello supondría la recogida y el examen de las cuentas de una serie de empresas privadas que no estarían obligadas a proporcionar la información correspondiente ni a las autoridades nacionales ni a la Comisión" . Es decir, la Comisión contesta con el "método Olendorf" . Tenemos aquí al Comisario Liikanen que conoce muy bien el tema, y quizás podamos escuchar de él una respuesta más precisa, porque creo que esto afecta sustancialmente al núcleo de la adicionalidad.
El segundo tema es que, en las previsiones financieras de Berlín, se ha previsto una reducción sustancial de los Fondos estructurales. Este año tenemos 29.430 millones de euros, en el año 2006 tendremos 26.600 millones de euros nominales, es decir, que hay una disminución del orden del 14% en siete años. Teniendo en cuenta que hay inflación, yo puedo calcular que hay una disminución del 20%. Es decir, de aquí al 2006, los Fondos estructurales van a tener una pérdida superior al 20% respecto de lo que hay hoy, con lo cual será muy difícil que se puedan atender las necesidades que hoy atendemos y, por lo que hemos oído, sigue habiendo muchos problemas en muchas regiones comunitarias.
Y hay un problema adicional, que tampoco se le oculta al Comisario ni a los miembros de esta Asamblea: estamos hablando de una ampliación inmediata de la Unión Europea con trece nuevos Estados miembros, la mayoría de los cuales tiene un nivel medio de renta muy inferior a las regiones más pobres de la Comunidad y no hay nada previsto para atender las políticas de cohesión con esos candidatos a Estados miembros. Sé que a esto el Comisario no podrá responderme, pero sí llamo la atención de la Asamblea y del Comisario sobre el problema que esto va a plantear con respecto a las políticas de cohesión comunitarias.

Knörr Borràs
Señor Presidente, al tiempo que suscribo todo lo que ha dicho el Sr. Medina Ortega, quiero decirle que, aunque somos un Grupo muy pequeñito y tenemos muy poco tiempo para exponer las cosas, sí he hecho referencia al informe del Tribunal de Cuentas que él ha mencionado, que es precisamente del 9 de marzo de este año.

Pohjamo
Señor Presidente, señor Comisario, como ya se ha indicado aquí, los fondos de la UE no deben servir para sustituir las subvenciones públicas o ayudas estructurales similares de los propios Estados miembros. Este principio de adicionalidad es importante para que se cumpla el objetivo, enmarcado en la política regional y estructural de la Unión, de reducir las diferencias entre regiones. La Comisión debe obligar a los Estados miembros a proceder de tal manera que el principio de adicionalidad sea aplicado tanto a nivel nacional, como a nivel regional.
Tengo la sospecha de que los Estados miembros infringen este principio descaradamente. La eficiencia de la política regional de la Unión se ve disminuida de forma decisiva, a causa de que los Gobiernos recortan las subvenciones nacionales, públicas y estructurales que asignaban a sus regiones, incluso mucho más de lo que las regiones perciben de los Fondos estructurales de la Unión. En algunos casos, la violaciones del principio de adicionalidad se han enmascarado cifrando como ayudas nacionales de desarrollo a las regiones ciertos tipos de subvenciones que, sin embargo, se han destinado a las regiones de mayor crecimiento económico. La omisión de la aplicación a nivel regional del principio de adicionalidad agrava las diferencias regionales internas de los Estados miembros, cosa que va en contra de los objetivos de la Unión en materia de política regional.

MacCormick
Señor Presidente, ciertamente es una pena que el Comisario Barnier no haya podido estar presente esta mañana, ya que esta es una cuestión que corresponde a su cartera y que está causando gran preocupación no sólo en Escocia y Gales sino también en otros lugares de la Unión Europea. Es un asunto preocupante porque está configurado para que parezca un esquema que supuestamente otorga una ayuda específica, y al final no es más que truco entre la Comisión y los gobiernos nacionales por el que se supone que se invierte más dinero, aunque al final nos cuentan que no hay ninguna diferencia si el dinero extraordinario va a parar a una región en concreto o no, mientras el dinero vaya a parar al país en general. Esto es simplemente inaceptable.
Además se nos dice que todo está bien, porque las normas de adicionalidad contenidas en el reglamento se están aplicando correctamente. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, respecto de este mismo informe, dice lo siguiente: las dificultades encontradas tienen su causa en el limitado desarrollo del principio en términos conceptuales y metodológicos y el fracaso conjunto en encontrar procedimientos adecuados y efectivos para su verificación. Y dos párrafos después dice que la identificación de las intervenciones de ayuda estructural en las regiones elegibles no es fiable, y esto conduce a la inclusión de numerosas estimaciones e hipótesis que son difíciles de verificar.
Ciertamente "difícil" , señor Presidente. No es ninguna sorpresa que esto genere inquietud en toda la Unión Europea y por tanto solicitemos a la Comisión que dedique a esto su máxima atención.

Bradbourn
Señor Presidente, hoy intervengo en este debate con especial interés. Gran Bretaña en su conjunto recibe unos 10.000 millones de libras como ayuda proveniente del programa de los Fondos Estructurales. A algunas de las regiones de mi propia circunscripción, West Midlands, les han sido otorgados 550 millones de libras bajo la categoría de Objetivo II.
Además del programa de los Fondos Estructurales, la Unión Europea, al tener este programa, también está dando una oportunidad -una oportunidad para que las regiones se desarrollen y las comunidades se fortalezcan, una oportunidad para que prosperen los negocios y mejore la vida de la gente. El programa de los Fondos Estructurales, en muchos casos, concede la más importante y positiva oportunidad para nuestras regiones más pobres y maltratadas para que consigan volver a ponerse en pie. Este es un objetivo loable y algo que, confío en que sí, apoyan todos los diputados de este Parlamento.
Pero los Fondos Estructurales también dan una oportunidad a los gobiernos nacionales. Si no existe una normativa ni un seguimiento suponen una oportunidad para los gobiernos nacionales de aligerar su carga presupuestaria y saldar sus dificultades contables -o más cínicamente, se podría decir, para conjurar un caballo de batalla o conseguir reducciones fiscales electoralistas. La concesión de Fondos estructurales es en ocasiones anunciada por los gobiernos a bombo y platillo como una señal de su éxito, cuando en realidad no es más que un reconocimiento de los severos problemas a los que se enfrenta una región. El fin de los Fondos Estructurales no es hacer ganar elecciones a los gobiernos sino mejorar las vidas de los ciudadanos europeos. Por lo tanto es vergonzoso que, sólo con mantener este debate, demos a entender nuestra conciencia de que el dinero del programa de los Fondos Estructurales no está siendo asignado en muchos Estados como se debiera.
Estamos aceptando el hecho, por ejemplo, de que a menudo los gobiernos nacionales no proporcionan los fondos exactos y que con una contabilidad ingeniosa las cifras se trastornan y amañan en demasiadas ocasiones. De modo que ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para garantizar que se alcanzan nuestras metas y objetivos? Para empezar, la adicionalidad tiene que significar precisamente eso -los fondos adicionales deben ser utilizados allí donde son más necesitados y en los proyectos más importantes. Debemos trabajar más intensamente para garantizar que las verdaderas cifras de gasto sean controladas rigurosamente y que el gasto pueda ser claramente identificado. Solo recientemente la Comisión ha publicado una crítica devastadora de la gestión por parte del Gobierno británico de los Fondos Estructurales, en parte debido al desequilibrio de la financiación del sector público. Esto no es aceptable.
Sólo en una región -Liverpool y Merseyside- la falta de apoyo del tesoro británico está poniendo en peligro la creación de 10.000 puestos de trabajo y hasta 5.000 pueden perderse, de acuerdo con un informe realizado por la Cámara de Comercio de Liverpool. El resultado final de todo esto es que los socios privados tendrán poca confianza en los proyectos, en muchos caso debido a la ausencia de diseños valiosos.
Para finalizar, como he dicho anteriormente ante esta Asamblea en otros debates sobre la cuestión, debemos procurar garantizar que estos fondos no como un reparto sino como una aportación.

Wyn
Señor Presidente, uno de los principales problemas de este asunto es que no existe ninguna sanción europea para garantizar que los Estados miembros se adhieran al excelente concepto de la adicionalidad. Creo que debemos analizar en detalle el problema y que también necesitamos una mejor coordinación entre las DGs que se ocupan de este asunto.
La adicionalidad es un concepto suyo y a ustedes corresponde garantizar que opera adecuadamente en los Estados miembros. También entendemos, por supuesto, los problemas a los que se enfrentan considerando el solapamiento de programas, que les crea problemas de continuidad.
La verificación es otra cuestión que debe ser abordada junto con los Estados miembros, porque ahí también son culpables. Comprendemos sus problemas respecto de que no les proporcionan suficiente información a su debido tiempo, especialmente en los Objetivos 2, 3 y 4, para que estén en disposición de garantizar que el sistema opera eficientemente. En este sentido uno de los más incumplidores es el Reino Unido. No se ha vertido ningún fondo adicional al presupuesto de nuestra Asamblea galesa. Esto es un claro incumplimiento.
El Parlamento Europeo y la Unión Europea admiten que nuestra nación de Gales es pobre y a pesar de ello el Gobierno británico, no sólo el Gobierno laborista, no ha cumplido con la adicionalidad. Está muy bien que mi colega Jonathan Evans de a entender que su partido no es culpable. Durante dieciocho largos años su gobierno tampoco cumplió con la adicionalidad.
Creo que se está perdiendo impulso, señor Presidente. Ayer estuve hablando con algunos ayuntamientos en Gales. Necesitan este plan para seguir avanzando. Está en línea con el excelente principio de cohesión y solicitamos a la Comisión que se adhiera a esto y apoye a las regiones más pobres de la Unión Europea.

Perry
Señor Presidente, no tenía previsto intervenir hoy porque represento al sudeste de Inglaterra que es una región de las más prósperas de Inglaterra y de Europa. Nosotros pagamos los impuestos que posibilitan las subvenciones que otros reciben. No tenemos financiación de Objetivo 1. La financiación del Objetivo 2 con la que contábamos ha sido reducida por el actual gobierno y el Fondo Conver que era muy útil está siendo ahora retirado. De modo que ¿por qué intervengo? Porque incluso en el sudeste de Inglaterra hay bolsas de pobreza.
En especial quisiera hablar de la Isla de Wight, una bella isla con 130.000 habitantes y con PIB del 68% de la media comunitaria -una región muy pobre. No recibe ningún apoyo de Europa. ¿Por qué no? No recibe las subvenciones europea porque en NUTS II es clasificada junto a Hampshire. Hampshire es un condado próspero -alrededor del 100% de la media europea, de modo que no hay dinero para la Isla de Wight. Sin embargo, tiene una población de 130.000 habitantes, una población mayor que la de las Islas Åland que están el NUTS II y reciben subvenciones de la Unión Europea. La Isla ha llevado el caso al Alto Tribunal de Londres contra el Gobierno británico ya que estima que están siendo tratados injustamente. Creo que pueden ganar el caso.
Por los que respecta a Europa, siguiendo mi consejo, llevaron el caso ante el Defensor del Pueblo, porque pensamos que EUROSTAT al negarse a definir a la Isla de Wight como una región separada NUTS II, trató a la isla de forma injusta. Esta semana, en lo que yo calificaría como un hito en la labor del Defensor del Pueblo, ha dicho que constituía una mala administración de EUROSTAT y de la Comisión Europea. Permítanme leer su sentencia: "en el presente caso la Comisión no ha proporcionado elementos al Defensor del Pueblo que demostrasen que EUROSTAT, al no clasificar a la Isla de Wight como una separada región NUTS II, hay tenido en cuenta todos los factores relevantes incluyendo el artículo 158 del Tratado y el informe Viola del Parlamento Europeo" . El defensor del Pueblo recomienda que la Comisión y EUROSTAT vuelvan a revisar este problema particular.
Le pediría a la Comisión que tenga en consideración esta recomendación que realiza el Defensor del Pueblo de suerte que pueda decirles a los ciudadanos de la Isla de Wight que su asunto va a ser revisado y que pueden esperar que la Comisión va a tratar con justicia los problemas y preocupaciones particulares de la Isla. Entonces podremos contar con este acto de adicionalidad y retomar nuestra lucha contra el Gobierno británico para asegurarnos de que recibimos el apoyo de Europa y del Gobierno británico para tratar con justicia una isla que hasta la fecha no lo ha sido ni por el Gobierno británico ni por la Unión Europea.

Purvis
Señor Presidente, ¡Tony Blair y Donald Dewar no han tenido que dormir muy bien esta noche pasada! Sus peores pesadillas se han hecho realidad. Los bastiones escoceses del Partido Laborista les han enviado un claro mensaje. El votante laborista escocés -tenido tradicionalmente por invariable- ha hablado. El candidato del Partido Conservador Escocés para Ayr, John Scott, a humillado a los laboristas dejándoles en tercer puesto -con más de 5.000 votos de diferencia.
Esto solo puede ir a peor para los laboristas cuando la verdad sobre su administración incompetente y cínica de los Fondos Estructurales de la Unión Europea sea mejor conocida y comprendida. A causa de la tardanza del Gobierno laborista al remitir sus mapas propuestos, con nueve meses de retraso, en diciembre en lugar de en marzo del año pasado, aun está luchando por conseguir unos aceptables proyectos específicos. Las autoridades locales escocesas desconocen si los proyectos que han de suscribir van a obtener el apoyo del Fondo Estructural.
Señor Comisario: tres preguntas.
¿Cuándo creen ustedes que van a estar en disposición de despejar las incertidumbres de las regiones escocesas y los tan necesitados proyectos que esperan el apoyo de la UE? ¿Están ustedes satisfechos con la predisposición del ejecutivo escocés a proporcionar la correspondiente financiación necesaria y a garantizar que realmente es adicional? ¿O es que se trata de la habitual palabrería de la coalición liberal laborista mientras hay que caminar por calles adoquinadas en Edimburgo y el dinero europeo es retenido por el Tesoro en Londres?

Liikanen
. (EN) He escuchado atentamente este interesante debate y transmitiré todas las cuestiones que aquí se han planteado a mi colega el Sr. Barnier, y él responderá consecuentemente. Estoy seguro de que les hará llegar sus contestaciones por lo menos respecto de todas las cuestiones que atañen a los Fondos estructurales y la adicionalidad.

MacCormick
Señor Presidente, inevitablemente el Comisario Liikanen no estaba en otra posición que en la de dar una respuesta formal al debate y decir que ha escuchado lo que se ha dicho y que lo transmitirá. Esto no es muy satisfactorio desde el punto de vista de los numerosos diputados de esta Asamblea que han planteado reflexiones interesantes. Solicito que el Sr. Barnier entregue un resumen escrito de su respuesta a estas cuestiones.

El Presidente
Estoy seguro de que el Sr. Barnier no dejará de dar curso a este interesante debate.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el próximo 11 de abril.

Interrupción del periodo de sesiones
El Presidente
Señoras y señores, deseándoles que pasen un buen fin de semana, declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.
(Se levanta la sesión a las 10.50 horas)

