Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Terrón i Cusí
Señor Presidente, sólo quiero decir que no figuro en la lista de asistencia del Acta de ayer. Probablemente por culpa mía, porque no recuerdo si firmé, pero aquí estaba.

Murphy
Señor Presidente, yo sólo quiero comunicar a la Asamblea que ayer me encontraba aquí, aunque mi asistencia no se recoge en el Acta. Yo le ruego que, si es posible, se realice la correspondiente rectificación.

El Presidente
Muy bien. Se efectuarán las correspondientes rectificaciones.

Cot
Señor Presidente, ¿puedo hacer una observación en el sentido de que ayer uno de nuestros colegas del Frente Nacional nos instó a celebrar el 14 de julio y a bailar la carmañola, mientras el alcalde de Toulon prohibía la fiesta organizada por SOS Racismo con ocasión de este día de la libertad en Francia? Hay dos balanzas y dos varas de medir en Estrasburgo y en Toulon.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, ayer inscribimos en el orden del día del miércoles la votación sin debate de un acuerdo interinstitucional relativo a la financiación de la política exterior y de seguridad común. Teníamos así la intención de aplicar el artículo 143 del Reglamento, que supone que la Comisión de Presupuestos haya aprobado en primer lugar el informe que propone a la Asamblea. Ahora bien, la Comisión de Presupuestos se reunió ayer por la tarde y no pudo, por falta de tiempo, examinar el texto en cuestión. E incluso, aunque hubiera podido hacerlo, la aplicación del artículo 143 del Reglamento sólo puede llevar a una inscripción en el próximo período parcial de sesiones.
Debo añadir, finalmente, que se trata de un acuerdo interinstitucional, que va a aplicarse a todas las instituciones, que no ha sido objeto de debate alguno en ningún parlamento nacional, que no ha sido objeto de debate alguno en la Comisión de Asuntos Exteriores, y que se pretende aprobemos aquí sin debate alguno. Mientras que por otra parte se señala con toda justicia el déficit democrático de la Unión Europea, este procedimiento muestra un desprecio flagrante con relación al conjunto de los ciudadanos de la propia Unión Europea.
Por consiguiente, le pido que no se intente aprobar la parte del acta relativa a la aprobación e inscripción de este punto en el orden del día. A falta de lo cual necesitaremos aplicar las demás posibilidades que nos ofrece el artículo 143 para que no eludamos este debate. Por otra parte, es necesario normalmente esperar a su aprobación por los diferentes Estados miembros del Tratado de Amsterdam.

Samland
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la intervención del Sr. Fabre-Aubrespy no nos coge por sorpresa pues ya lo anunció ayer por la tarde en la Comisión de Presupuestos.
Se trata del Acuerdo Interinstitucional que, en relación con el Acuerdo de Maastricht, se acordó con el Consejo y la Comisión para la financiación de las medidas de política exterior en el segundo pilar.
El documento existe desde la conclusión de las negociaciones en Amsterdam. El hecho de que como fecha del informe figure el 4 de julio en la primera página se debe a que el documento se ha convertido en un informe. Sin embargo, este documento existe desde Amsterdam, es decir, desde el 30 de junio empieza a correr el plazo para la presentación de enmiendas.
En la Comisión de Presupuestos hemos acordado una reunión extraordinaria para esta tarde para debatir sobre los detalles de este informe, pues se presentó la solicitud de tratar este informe sin debate el miércoles en base al artículo 143. Señor Presidente, supongo que de este modo se cumplirán los formalismos -motivo por el que se ha colocado en el orden del día- y le ruego que rechace la solicitud del Sr. Fabre-Aubrespy.

El Presidente
Muchas gracias, señor Samland. De hecho, teniendo en cuenta lo que dice -y puesto que esta tarde o esta noche se reúne la Comisión de Presupuestos- creo que se puede mantener el debate para la sesión de mañana, tal y como estaba previsto.
¿Hay alguna observación más en cuanto al acta?

Ahern
Señor Presidente, mi presencia en la sesión de ayer no figura en el Acta. Le ruego que se rectifique esta omisión.

El Presidente
Muchas gracias, señora Ahern. Se toma buena nota de ello.
(El Parlamento aprueba el Acta)

Decisión sobre la urgencia
El Presidente
Pregunto al presidente de la Comisión de Agricultura, Sr. Colino Salamanca, si se quiere pronunciar en cuanto al fondo.

Colino Salamanca
Señor Presidente, ayer la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural decidió aprobar el carácter urgente de la propuesta de la Comisión y someter a la consideración del Pleno que se pueda debatir el viernes sin informe. Solicito, sin embargo, que el Sr. Funck, que ha sido encargado para ello por nuestra comisión, pueda presentar un informe oral al Pleno, de conformidad con el apartado 5 del artículo 97 del Reglamento.
(El Parlamento aprueba la solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia)

Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0222/97) del Sr. Rothley, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(95)0661 - C4-0063/96-95/0350(COD)) relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

Rothley
Señor Presidente, una periodista del Wall Street Journal me preguntó hace unos días si yo era agente de la propiedad industrial. Le respondí que no y que no estoy especialmente interesado en patentes. Pero sí estoy interesado en que se pueda curar a personas que tienen una enfermedad genética y en que las personas encuentren trabajo.
Y también estoy interesado en que Europa no siga quedándose atrasada en el campo de la biotecnología y de la ingeniería genética.
(Aplausos) Con esta directiva no abrimos ninguna puerta sino que cumplimos nuestras obligaciones derivadas de acuerdos con terceros. Todos los Estados miembros de la Unión Europea y la misma Unión Europea se han comprometido a proteger mediante patentes todos los productos y procedimientos en todos los sectores tecnológicos. Este derecho de patentes se ha creado en los EE.UU y en el Japón. Solamente se trata de que la Unión Europea eleve su derecho de patentes a este nivel internacional. Esto es todo. La Oficina Europea de Patentes otorga patentes en este ámbito. Sin embargo, estas patentes se pueden impugnar a nivel nacional, con lo que existe el peligro de una disparidad jurídica en Europa lo que, a su vez, sería altamente pernicioso para las inversiones en Europa. Por ello necesitamos esta directiva.
Por lo demás he dicho que en los EE.UU y en el Japón ya existe esta protección de patentes. No creo que los norteamericanos o los japoneses sean unos depravados morales. ¡Qué ridícula arrogancia suponer que somos moralmente superiores a los demás! En el curso de este debate se afirmará con toda seguridad que con esta directiva se impide la investigación. Naturalmente, esto es falso. La protección mediante patentes es una condición previa para la investigación. ¿Cómo puede ser posible la investigación sin que se publiquen los inventos? Sabemos por la experiencia que una protección eficaz mediante patentes y la investigación son elementos inseparables. ¿O quizás está la investigación en los EE.UU o en el Japón por los suelos? En absoluto.
Si no creamos esta protección mediante patentes, naturalmente, la investigación proseguirá. Pero lo hará tras puertas cerradas. No tendremos la posibilidad se seguir y de debatir sobre el desarrollo de la biotecnología y de la ingeniería genética. Por lo demás, destruiremos los pequeños institutos universitarios de investigación o las pequeñas y medianas empresas que viven de sus ventas de patentes a las empresas farmacéuticas. Quien así lo quiera deberá votar contra la directiva. Pero en el futuro no debería firmar ninguna resolución en contra del paro.
(Aplausos) Se afirma que se han patentado descubrimientos. Esto es falso. Esto no lo afirma ninguna persona del mundo que entienda algo de derecho de patentes, exceptuando los expertos de patentes de Greenpace. Se afirma que en el futuro se patentarían terapias. Esto es también falso. Los procedimientos de diagnóstico y de terapias no se van a patentar, como tampoco se ha hecho en el pasado. Esto se expone de modo extenso en los considerandos de esta directiva. Se afirma que se patentarían partes del cuerpo humano. Esto es también falso. Lo hemos diferenciado con total claridad en el texto de esta directiva. No se van a patentar partes del cuerpo humano. Lo que se van a patentar son productos creados por la mano del hombre y no otra cosa. Lo hemos expuesto con total claridad en el artículo 3. El apartado 1 describe lo que son descubrimientos y el apartado 2 lo que son inventos. No se me puede hacer responsable de determinadas formas de legastenia.
(Risas) El Parlamento Europeo se ha visto sometido durante estos días a una considerable presión, no sólo aquí. La Iglesia Evangélica de Alemania, mi Iglesia, ha permitido a Greenpace que organice en su Congreso Eucarístico una Cruzada de niños contra esta directiva.
(Exclamaciones) Supongo que los niños que han participado habrán escuchado en esta ocasión por primera vez en su vida la palabra «patente». Dejemos esta estupidez.
(Aplausos) Dejemos esta estupidez y volvamos a este derecho de patentes. Este derecho de patentes no podrá solucionar las cuestiones éticas que se plantean en relación con la biotecnología y la ingeniería genética. Esto no lo puede hacer el derecho de patentes sino que es una tarea permanente de la sociedad y del legislador. El derecho de patentes no lo puede hacer él solo. El derecho de patentes no quiere otra cosa que prohibir que alguien utilice el invento de otra persona. Esto es todo. Si así lo desean es parte del derecho de competencia. Por ello, para fortalecer la competencia dentro de la Unión Europea necesitamos esta directiva. La necesitamos urgentemente y, por ello, les pido su apoyo.
(Aplausos)
Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, Señorías, este asunto es muy serio. Por primera vez en la historia de la Humanidad se pretende conceder patentes sobre materia viva. Cuando el Sr. Rothley dice que de lo que se trata es de proteger productos creados por la mano del hombre tenemos que constatar que aquello sobre lo que hoy se quiere conceder patentes ha sido creado por la mano del hombre a lo largo de generaciones. Generaciones anteriores a nosotros han creado con un extraordinario esfuerzo cultural aquello de lo que hoy vivimos, lo que es nuestro fundamento de vida.
Ahora vienen círculos interesados y dicen que quieren una parte de esta tarta, de esa evidencia con que las agricultoras y agricultores han desarrollado y sembrado semillas o han alimentado animales poniéndolos a disposición para la alimentación.
Añadimos un toque genético a este desarrollo genético y a esta prestación cultural, pero queremos que debido a este toque genético que patentamos tener acceso a la totalidad de las semillas y de la cría.
Señor Rothley, de lo que se trata es de hacer negocios con lo que siempre ha sido algo evidente. La Comisión de Agricultura ha querido impedirlo a toda costa y establecido el llamado privilegio para el agricultor. No es otra cosa que el derecho de las agricultoras y agricultores a criar sus animales y a sembrar sus semillas. No hemos podido imponer esto totalmente pero hemos logrado que se reconozca en parte este derecho. Señor Rothley, la Comisión de Agricultura ha exigido que se anule la inversión de la prueba que se establece en esta directiva. Ruego a esta Asamblea que apoye también en este punto la propuesta de la Comisión de Agricultura para que aquellos que reclaman para si un derecho de patente tengan que demostrar que la poseen justamente.

Secchi
Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Asuntos Económicos se manifestó por amplia mayoría a favor de la propuesta de directiva que hoy estamos debatiendo y solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que afinara la misma. Por mí parte no puedo dejar de estar de acuerdo con las consideraciones del Sr. Rothley y deseo señalar únicamente algunos aspectos de la cuestión, ya que existe una consistente demanda de productos de la investigación biotecnológica, demanda que procede de todos los ciudadanos, sobre todo de aquellos que se encuentran en situaciones muy determinadas, y afecta prioritariamente al sector de los medicamentos; una demanda que procede de sectores como la agricultura, en que este tipo de productos podría suponer notables ventajas desde muchos puntos de vista. En consecuencia, se trata de determinar si Europa, la Unión Europea, desea ser un mero consumidor, y por lo tanto, importador de los resultados de la investigación biotecnológica, a través de los productos que forman parte de la misma, o también productor y, por ende, exportador potencial.
La protección de las invenciones que se derivan de la investigación biotecnológica, solicitada asimismo para lograr un mejor funcionamiento del mercado único, es indispensable para ofrecer un marco favorable al desarrollo de la industria europea del sector con ventajas del todo evidentes: para el empleo, tal como acaba de manifestar el Sr. Rothley y que no puedo dejar de reiterar con fuerza; para el desarrollo de la investigación en un sector en rápido crecimiento; para generar plusvalía, renta y bienestar; para mantener, permítanme remarcarlo, un mayor control en este sector, habida cuenta de las preocupaciones de carácter ético y de otra índole que muchos manifiestan, unas preocupaciones que no podremos manifestar en absoluto si seguimos siendo dependientes y, en consecuencia, marginales, respecto del trabajo de investigación y desarrollo industrial que se lleva a cabo, incluso por parte de las industrias europeas, en otras partes del mundo, especialmente -tal como se ha recordadoen los Estados Unidos y Japón.

Telkämper
Señor Presidente, la economía mundial actual se basa aproximadamente en un 40 % en recursos genéticos provenientes de los países en vías de desarrollo. Asimismo, en estos países se encuentra el 86 % de todas las plantas del mundo. Uno de cada cuatro medicamentos se elabora con recursos genéticos de plantas tropicales. El 83 % de la diversidad genética conocida y del conocimiento sobre el terreno se encuentran en Africa, Latinoamérica y Asia. El Ministerio alemán de Cooperación Económica indica que, según apreciaciones de la Sociedad Etnobotánica Internacional, los pueblos indígenas que viven allí poseen en total el 99 % de todos los conocimientos sobre la biodiversidad aprovechable.
En otras palabras: una gran parte de los recursos sobre los que hoy hablamos aquí, recursos para las invenciones biotecnológicas y las patentes concedidas o a conceder potencialmente provienen del Tercer Mundo. Con frecuencia, estos recursos biológicos se utilizan sin el consentimiento o incluso contra la voluntad de los pueblos indígenas o de las comunidades locales de cuyas tierras provienen. Se podría también decir que se roban.
La utilización de estos recursos para invenciones biotecnológicas presupone la aplicación de conocimientos tradicionales, como los conocimientos médicos o agrícolas. Es decir, los consorcios multinacionales obtienen enormes beneficios con la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de los países en vías de desarrollo sin que la población afectada pueda decidir ni asentir y sin una protección jurídica ni participación en la patente de material humano o biológico. Los ejemplos más conocidos son quizás los indios Guayami en Panamá, los Hagahai en Papúa-Nueva Guinea o en las Islas Salomón. Por ello, es de especial importancia el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual y cultural de los países del Tercer Mundo y, sobre todo, de los pueblos indígenas.
Cuando el Sr. Rothley afirma que están en juego puestos de trabajo, no intenta otra cosa que polemizar. Los consorcios multinacionales se hacen con los derechos de propiedad de la población mundial. Necesitamos por ello un acuerdo sobre los derechos tradicionales. Por estas causas, la comisión ha rechazado el informe. Nos hemos puesto de acuerdo con el Sr. Rothley en recoger el artículo 8 J del Convenio sobre diversidad biológica de 1993. Para la comisión la votación está abierta. Si se recoge el artículo cambiará la situación. Como político interesado en el Tercer Mundo puedo decir personalmente que no se crean aquí puestos de trabajo sino que se multiplica el capital de los consorcios multinacionales. Era mejor la regulación existente hasta ahora con el Acuerdo Europeo sobre Patentes. Esta armonización no va a lograr que las personas de este mundo lleguen a un acuerdo común.

Sandbæk
Señor Presidente, la opinión de la Comisión de Medio Ambiente intenta restringir el informe del Sr. Rothley. Cuando la gente de la calle oye que estamos debatiendo las patentes de genes, la reacción es la misma en todos partes: eso no es patentable, aunque lo sea una determinada sustancia cuando pueda caracterizarse a través de su estructura. Debemos tomarnos en serio esta repulsa instintiva y limitar la patentabilidad de los genes al máximo, de forma que la patente comprenda exclusivamente la explotación industrial específica que se busca con ella. Hemos de hacerlo por el bien de los pacientes. A los pacientes con enfermedades raras o con cáncer, que implican conocimientos sobre muchos y diferentes genes, les preocupa profundamente que, en caso contrario, la investigación no fuese rentable. En cuanto a los métodos de diagnóstico, no deben ser patentables.
Las autoridades danesas han puesto mucho empeño en garantizar que no puedan patentarse los métodos de ingeniería genética en relación con las células del cuerpo humano. Así se evitará que se puedan patentar, por ejemplo, las intervenciones cosméticas en el ser humano. Por eso ruego que voten a favor de mi enmienda al apartado 2a -no 2b como se ha indicado erróneamente- del artículo 9. La enmienda excluye tal posibilidad de patente.
Finalmente, con arreglo al Convenio sobre la diversidad biológica ha de quedar garantizada una distribución económica justa antes de que se conceda una patente, en los casos de materia biológica procedente de un país en desarrollo.
En mi enmienda nº 65 ruego, por motivos que no me da tiempo a exponer, ya que el tiempo de mi intervención es muy, muy breve, que la frase sobre publicación sea suprimida.

Cot
Señor Presidente, después de ocho años tenemos finalmente la esperanza de ver concluir este importante texto, del que el Sr. Rothley recordaba todos los desafíos, y ello gracias a los esfuerzos en común de nuestro ponente, a quien felicito por su trabajo, y de los sucesivos presidentes de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, el Sr. Casini hace poco y el Sr. De Clerq en la actualidad.
Tres observaciones ya que tengo tres minutos. Primera observación, el proyecto de directiva que se nos ha sometido responde a las principales objeciones que habían llevado al rechazo del primer proyecto, como recordarán, en marzo de 1995, la prohibición de la terapia germinal, la protección de los derechos de los animales, la constitución de un comité de ética y, sobre todo, la prohibición de patentar el cuerpo humano y, sobre este punto, creo que la redacción emanada de nuestra comisión, que elimina las ambigüedades de la redacción inicial de la Comisión, no podía ser más clara.
Segunda observación. Mi segunda consideración tiene relación con el eslógan «no a las patentes sobre la vida», que ha sido impuesto con un exceso de medios, sobre los que me planteo muchas interrogantes, en un torrente de cartas, tarjetas y comunicados, de los que todos hemos sido destinatarios. Como si los opositores a la directiva tuvieran el monopolio de la protección de la vida y sus partidarios fueran de alguna manera portadores de muerte.
Deseo decir con firmeza que, para mí, proteger la vida es permitir el progreso de la investigación médica. Proteger la vida es dar una esperanza a los niños afectados de mucoviscidosis. Proteger la vida es abrir nuevas perspectivas en la lucha contra la malaria. Proteger la vida es, finalmente, cortar el hambre en el mundo mediante el aumento de la alimentación disponible. Proteger la vida es encontrar nuevas formas de cultivo, más económicas para nuestros suelos, con menos fertilizantes y pesticidas. El llamado principio de precaución, que alegan algunos, es un lujo para los occidentales con buena salud.
Tercera observación, para terminar. Quisiera decir una palabra sobre la excepción de la patentabilidad, que tiene relación con los métodos de intervención sobre los embriones. Seamos claros sobre este punto, de ninguna manera se trata de patentar el embrión, que está excluido de la patentabilidad, al mismo nivel que el cuerpo humano y sus elementos. Sin duda. Sin embargo, esta disposición aporta una dificultad entre el PPE y nosotros. Se trata de una disposición que resulta de una iniciativa de nuestros colegas del PPE y que afecta, digámoslo, por encima de la patentabilidad, a la investigación, ya que se refiere al orden público y a las buenas costumbres.
Sabemos que la investigación sobre los embriones está prohibida en la República Federal de Alemania, y yo respeto esta decisión, respeto este régimen, pero esta misma investigación está autorizada y estrictamente delimitada por disposiciones legislativas o deontológicas, en el Reino Unido, en España, en Bélgica, en Francia. Es necesaria no solamente para hacer progresos (se han hecho en ámbitos como la fecundación «in vitro») sino también para abrir perspectivas en la lucha contra las enfermedades nerviosas, o contra la enfermedad de Alzheimer.
Señorías, comprenderán ustedes que mi grupo no puede aceptar la desconfianza que plantea este apartado. Respetamos las convicciones de ustedes, surgidas de su historia, de su cultura, de su religión. Respeten también las nuestras. Comprendan que votemos contra este apartado. Por supuesto, votaremos a favor del informe Rothley.

Casini C.
Señor Presidente, creo que el duro trabajo que acompañó esta Directiva está justificado y lo está porque a través de esta Directiva se trata de ofrecer una regla jurídica a la vista y a las manos del ser humano que, después de haber observado y manipulado los aspectos más íntimos de la materia, el átomo, hoy manipula los aspectos más íntimos de la materia viva. Los problemas existen y no son secundarios. El duro trabajo se convierte en más difícil por el hecho de que la materia no es fácilmente comprensible tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista biológico. La materia patentable es jurídicamente difícil, el ámbito es nuevo, la biología es difícilmente explicable para los que no son especialistas. Por último, existen las fuertes presiones de las industrias farmacéuticas europeas que exigen ser puestas en condiciones de soportar la competencia que ejercen los Estados Unidos y Japón, y formulan la posibilidad de generar mayor empleo, pero que necesitan realizar grandes inversiones, habida cuenta de que las invenciones hoy por hoy no son un golpe de suerte, sino el resultado del esfuerzo largamente programado de muchas personas.
Por otra parte, los sectores culturales y medioambientales ejercen otro tipo de presiones, puesto que temen la contaminación del medio ambiente y la apropiación de los grandes recursos por parte de una minoría y en perjuicio de la mayoría. ¿De qué manera intentaremos tomar una posición? Hoy, acabo de leer por casualidad las palabras pronunciadas por el Sr. Cuomo, antiguo alcalde de Nueva York, en una entrevista que me parece que pueden servir de orientación y que deseo repetir: »Creo que la cuestión fundamental en la que hay que centrarse -afirma el ex alcalde al hablar de biotecnología- es sólo una: la vida, que es lo más valioso que el ser humano debe proteger. Si logramos poner la vida, que es lo más sagrado que tenemos, en el centro de nuestras consideraciones políticas, filosóficas y científicas, el progreso será indoloro.»
En consecuencia, estoy a favor de la aplicación global de la directiva, porque pienso en la vida de los numerosos enfermos que están esperando y que nos han escrito. Alguien quizás mantuvo incluso contactos con ese lobby de la industria que quiere a toda costa la Directiva. Sin embargo, lo cierto es que los enfermos existen; lo cierto es que los medicamentos ya se han descubierto gracias a las nuevas técnicas de manipulación genética y que otros, aún más importantes, pueden descubrirse. Sin embargo, la misma razón que me hace apoyar el fondo de esta directiva, me induce a creer que deben establecerse unas vías y unos límites insuperables. Dichos limites insuperables son los que establece la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos en la enmienda al artículo 9. A pesar de que intento defender la Directiva, considero que la misma se vería perjudicada en su largo camino que no acaba hoy, si todos los límites previstos en el artículos 9 fueran modificados o eliminados.
Al respecto, deseo manifestar que tiene razón el Sr. Rothley cuando afirma que con la patente queremos proteger las invenciones y no los genes o las secuencias genéticas. En este caso, no obstante, hay que llevar hasta sus últimas consecuencias el principio según el cual lo que se protege es la invención y no el gen, hecho que implica que la invención queda supeditada a una indicación específica de la concesión industrial. Ya lo manifestamos en la Comisión Jurídica, lo repetimos ante este Pleno y esperamos que el texto final se oriente en esta dirección. En la misma dirección, les ruego que tengan a bien considerar, precisamente debido a la importancia de la Directiva, la necesidad de mantener sin cambios la enmienda de la comisión al artículo 9.
Señor Rothley, no está en juego una antigua ideología, no se está hablando de aborto y tampoco de experimentación, en general, sobre el embrión. Únicamente se dice que los embriones humanos no deben ser utilizados con fines de lucro y ello en un artículo que establece precisamente que hay que evitar sufrimientos a los animales. Se dice tan sólo esto. Me parece que el Parlamento Europeo, que considera el valor del ser humano como base para solicitar inversiones al servicio del ser humano, tendría que tener el valor de llevar a cabo una tarea de simple pacificación aceptando también este límite junto con los demás.

Florio
Señor Presidente, Señorías, el texto del informe del Sr. Rothley es el resultado de un arduo y difícil camino. En 1995, como todos recordamos, el Pleno rechazó el texto del Comité de Conciliación considerando que en el mismo no quedaban suficientemente especificadas las líneas y las limitaciones necesarias en una materia tan delicada como la que atañe a la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas.
Gracias al nuevo trabajo llevado a cabo por el Sr. Rothley -con el cual, en nombre de mi Grupo, yo también me congratulo- hoy nos encontramos ante un texto mucho más claro y capaz de responder a las exigencias tanto de quien, por un lado, quiere garantizar a las empresas europeas un marco jurídico favorable y que no perpetúe la desventaja existente con respecto a la competencia americana y japonesa, como de quien, por otro, justamente no desea renunciar a garantizar la protección del ser humano y de los demás seres vivos.
La nueva propuesta de directiva, basada en el artículo 100 A del Tratado de la Unión Europea, presenta algunos importantes aspectos fundamentales. En particular, distingue entre descubrimiento e invención, retoma los principios del Derecho existente en lo referente a los requisitos de patentabilidad, excluye la patentabilidad de las terapias genéticas germinales aplicadas al ser humano, establece que el cuerpo humano y sus elementos en su estado natural no pueden considerarse como invenciones patentables, y está orientada -exigencia que se ha planteado y debe ser tenida en cuenta- a proteger los intereses de los agricultores en lo referente al sector del ganado de explotación.
Las enmiendas aprobadas en la Comisión de Asuntos Jurídicos pretenden excluir la patentabilidad, entre otras, de las especies vegetales y animales, de los procedimientos biológicos para la producción de plantas y animales, de los elementos del cuerpo humano en las diferentes fases de su desarrollo, del simple descubrimiento de las secuencias genéticas, de los procedimientos de clonación humana o aptos para modificar la identidad germinal del ser humano, de los métodos en los que se utilicen embriones humanos, de las invenciones cuya explotación y publicación sea contraria al orden público y a las buenas costumbres.
Este último, sin duda, es un aspecto que dará seguramente mucho trabajo a la jurisprudencia y los abogados, habida cuenta de que sabemos perfectamente que el concepto de orden público y de buenas costumbres puede cambiar sensiblemente, según los tiempos y las latitudes. Ello no obstante, queda incluido en el marco del compromiso global alcanzado en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos, un compromiso que creemos que debe ser apoyado en todas sus partes, porque, de otro modo, se correría el riesgo de llevar de nuevo a este Parlamento a un punto muerto. Consideramos que en este momento en el que todos los ojos de Europa y no tan sólo de Europa, están puestos en el trabajo que está llevando a cabo este Parlamento, el hecho más grave sería demostrar una vez más nuestra incapacidad de decidir.

Monfils
Señor Presidente, esta directiva, ya se ha dicho, es especialmente importante ya que armoniza el Derecho de patente de los Estados miembros en el ámbito de las invenciones biotecnológicas, con el objetivo de disipar las incertidumbres jurídicas y evitar los riesgos de fragmentación.
En este sentido, es preciso recordar, como ha hecho el Sr. Rothley, excelente ponente al que felicito, los porqués de las patentes. Se trata de recompensar a los inventores por su actividad creadora, estimular la actividad inventiva y promover una innovación técnica como factor esencial del crecimiento económico. Es mediante la protección que se concede a las patentes como se aseguran las inversiones, la rentabilidad de las inversiones onerosas, incluso enormes, en el ámbito de la investigación y aplicación industrial de los resultados.
El mercado de los productos biotecnológicos está en considerable expansión. Se estima este mercado en 80 millardos de ecus en el año 2000, de los cuales la cuarta parte es para medicamentos. Actualmente, por desgracia, Europa no está en ninguna parte: en biotecnología, en inmunología, nos vemos superados en nuestro propio continente por las firmas americanas. La primera cuestión es, por consiguiente, ésta, ¿se va a permitir a la industria europea recuperar su retraso y hacernos menos dependientes de los Estados Unidos en el ámbito de los nuevos medicamentos como en el de los productos vinculados a la agricultura?¿Se van a poner a punto en cierto modo los instrumentos que nos permitan tomar a nuestro cargo nuestra propia salud? Ése es el objeto de la directiva. Pero, por supuesto, ya que se trata de investigación y patente de los seres vivos, el aspecto ético ha llamado naturalmente nuestra atención durante mucho tiempo. Por ello, se ha dicho, la directiva proclama claramente que el cuerpo humano no puede ser objeto de patentes, que está prohibida la clonación humana, y que no pueden modificarse las entidades genéticas del ser humano en lo que respecta a su descendencia. Se han tomado todas las precauciones orientadas a impedir eventuales derivas y, por consiguiente, las objeciones que se hacen a los riesgos de manipulaciones genéticas no son fundadas, sobre todo porque la directiva prevé la creación de un comité europeo de ética.
Como conclusión, digo que, para nosotros, tal como está, la directiva, con las enmiendas votadas en comisión, constituye un equilibrio entre la voluntad de proseguir con el progreso científico en biotecnología y la preocupación por proteger la dignidad y la integridad del ser humano. A aquellos que, una vez más, como intentaron ya hace algún tiempo con la propuesta de moratoria sobre la investigación, desearían detener cualquier avance en el conocimiento del ser humano, prohibir cualquier investigación e invención en cuestión de materiales biológicos, diré simplemente que asumirían una enorme responsabilidad, la de suprimir cualquier esperanza de curación para los enfermos para los que las intervenciones genéticas son la única posibilidad de no vivir con discapacidades, incluso de no morir.
En cualquier progreso humano se puede descubrir siempre una cara negra, una utilización desviada de las invenciones. A nosotros, países e instituciones democráticas nos corresponde evitar ese riesgo, no retrocediendo en la historia científica, sino asegurando, por medio de medidas de delimitación apropiadas, que el conocimiento cada vez más profundo del ser humano se pondrá exclusivamente al servicio de la lucha contra los dramas físicos y mentales. Eso es lo que pretende hacer la directiva, tal como ha sido modificada; ésa es la razón por la que el grupo ELDR votará, evidentemente, el informe del Sr. Rothley.

Sierra González
Señor Presidente, la presunta finalidad de esta directiva y, a su vez, del informe Rothley, consiste en el interés público que se pretende defender con la extensión de la patentabilidad al material biológico.
Sin embargo, hay que mirar con cautela esta pretensión, pues las patentes de genes y células otorgarán a manos privadas el control casi ilimitado sobre los elementos básicos de la vida y ése es un peligro sobre el cual no sólo no se reflexiona, sino que se elude tratar en el informe, insistiendo, en su lugar, en que los problemas éticos no interesan al derecho de patente.
De hecho, se excluyen del debate las cuestiones morales. Y ello es discutible, si se tiene en cuenta que todo derecho, incluso el de patente, concierne a la responsabilidad, al deber y a la obligación; y todo aquello que concierne a los elementos básicos de la vida genera consideraciones morales. Pero, con ser cuestionable esta exclusión de las cuestiones morales, parece más cuestionable todavía pretender que se defiende -desde el punto de vista de la coherencia- el interés público, cuando en realidad se crean instrumentos jurídicos que permiten a la industria reivindicar que ha inventado los procesos naturales y se favorece que ésta pueda llegar a un control monopolístico sobre todo ello.
¿Qué garantías tenemos de que ese control será ejercido en beneficio del interés público? Ninguna, salvo la buena voluntad de quién ejerce el control.
Consideraciones financieras -que no públicas- determinarán la decisión sobre cómo y cuándo ha de explotarse una invención y quiénes se han de beneficiar de ella, habida cuenta de que el control sobre si una invención patentada es explotada, se concede al propietario de la patente, quien decidirá sobre la misma según sus propios intereses, como es obvio.
Este es un panorama inquietante y, por otro lado, en el informe del Sr. Rothley se enfatiza la necesidad de eliminar las incertidumbres jurídicas y asegurar que la ley sobre patentes se interprete de manera uniforme en los Estados miembros de la Unión. Pero, en la práctica, esta incertidumbre se mantiene, habida cuenta de que esta directiva choca con los principios del Convenio sobre concesión de patentes europeas, ampliando el alcance de las patentes sobre los límites actualmente establecidos.
Yo creo que hay que reflexionar. La concesión de patentes no debería depender de consideraciones exclusivamente técnicas; las solicitudes deberían examinarse en profundidad en relación con sus repercusiones sociales más amplias.
En la nueva propuesta de la Comisión no se ha intentado examinar estas repercusiones sociales más amplias ni explorar formas alternativas de derechos de propiedad intelectual que recompensen a la innovación genuina sin garantizar los poderes de control monopolísticos que confieren las patentes.
Todas estas cuestiones inducen a una reflexión serena y a una decisión política que vaya más allá de la solicitud de satisfacer la demanda de productos biotecnológicos. También es necesario tomar una decisión política que atienda a la ética. Mi Grupo pretende que este Parlamento decida conforme a principios morales.

Roth
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Rothley, aquí se permite y se puede permitir todo lo que es posible. Hoy mantenemos un debate de fondo que desborda límites y que precisa sin embargo de unos límites totalmente nuevos. En este debate se trata nada menos que de responsabilidad. Se trata de moral y de ética. Se trata de la dignidad de los seres vivos, de la intangibilidad de la naturaleza y de los derechos humanos. Al realizar esta llamada de crecimiento y progreso y la engañosa promesa de más puestos de trabajo ¿no se cuestiona del mismo modo el Estado social de derecho y el respeto ante la Naturaleza? Pues patentar seres vivos y negar la inviolabilidad del individuo son el resultado de un híbrido que ya no conoce fronteras. ¿Quiénes somos nosotros para considerar la evolución como propiedad privada y reclamar derechos de posesión sobre una vida que se ha desarrollado en millones de años en millones de seres vivos y que es nuestra herencia común cuya diversidad de especies supone una riqueza indescriptible? ¿Quiénes somos para creer que tenemos el derecho de elevarnos sobre los animales y plantas para someter a la postre al hombre, hacerlo utilizable y reducirlo a un mero material biológico?
Sólo seremos responsables frente a nosotros y nuestros descendientes con un rechazo estricto y consecuente de las patentes de genes, plantas, animales, personas o sus componentes. Estamos a favor de la libertad de investigación y desarrollo pero rechazamos que éste último se obstaculice precisamente como consecuencia de una protección excesiva mediante patentes ya que no se podrá disponer libremente de los conocimientos científicos sino del stock de mercancías de los diversos consorcios y, en consecuencia, los intereses económicos y la cuestión del acceso y participación en los conocimientos se convertirá en una cuestión de dinero. Estamos a favor de la moral en la política. Moral significa, ante todo, independencia. No somos los administradores de una ideología competidora sin límites que someta y adapte su política a estos intereses.
Apelo a nuestra responsabilidad social que es algo diferente a la dependencia de la política de la BASF, Boehringer, etc. Habría deseado del ponente esta independencia, pues si la política y la moral se separan, el resultado es una política inmoral.

Scarbonchi
Señor Presidente, Señorías, hace dos años, el Parlamento Europeo rechazaba, en tercera lectura, la primera propuesta de directiva sobre la protección jurídica de las intervenciones biotecnológicas. Hecho único en los anales del procedimiento de codecisión, este voto negativo daba a entender que esta Asamblea no estaba dispuesta a adoptar un texto legislativo de contornos mal definidos, que afecta a lo que el hombre tiene de más sensible, su patrimonio genético, la apertura del libro de la vida.
Hace un año, durante una audiencia pública organizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos, asistimos a debates tan apasionantes como contrastados entre los expertos invitados a pronunciarse sobre el fundamento de la patente para la investigación y el desarrollo científico. Eso fue ayer, me dirán ustedes. Sí, pero entre ayer y hoy, el debate desafortunadamente ha evolucionado poco y persisten zonas de sombra. Los desafíos comerciales se hacen más presionantes, los mismos grupos de presión se han manifestado con los mismos argumentos y la Comisión, durante esos dos años, al confundir velocidad y precipitación, ha redactado un nuevo texto sensiblemente diferente, pero que no ha cambiado ni una letra su concepción inicial.
En efecto, la Comisión fija un postulado básico en función del cual el Derecho de patente es, en cualquier caso, un derecho técnico que, por este motivo, sólo tendría más o menos que conocer sobre cuestiones éticas, incluso cuando este derecho se aplicase al material vivo humano. Por tanto, ésta basa las fronteras de la patentabilidad sólo en la distinción entre invención y descubrimiento. Hermosa manera de rechazar con un revés de la mano cualquier debate filosófico y político sobre el devenir del ser humano.
Se plantean algunas preguntas. ¿Por qué la propia Comisión en ningún momento se ha interrogado sobre la pertinencia de la aplicación de los principios del Derecho de patente a la materia viva y, en particular, a la materia viva humana ni sobre la pertinencia de la adaptación de esos principios? Éste es, con todo, un punto fundamental. ¿Qué decir del informe votado en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos? Se trata del clon imperfecto de la propuesta de la Comisión. Clon en el sentido que la Comisión de Asuntos Jurídicos tiene manfiestamente la misma concepción jurídicamente rigurosa de la aplicación del Derecho de patente al material vivo humano. Imperfecto ya que es necesario señalar las sensibles mejoras aportadas por los diputados a los artículos 3 y 9 del texto, que fijan los principios éticos en la materia. Aunque la afirmación de los principios éticos es siempre tan poco satisfactoria. Ningún principio superior, como la no patrimonialidad del cuerpo humano, el respeto por la dignidad humana, sirve de fundamento a las disposiciones de carácter ético.
La enmienda 81, presentada por el Grupo ARE, pretende restablecer la primacía del hombre y la idea de que la ciencia debe estar ante todo al servicio del individuo. Es la biotecnología la que está al servicio del hombre y no a la inversa. Incluso cuando estos principios éticos están explícitamente escritos (me refiero a la enmienda 11 de la Comisión de Asuntos Jurídicos que determina el principio de la exclusión de la patentabilidad del cuerpo humano, de sus elementos y de sus productos) el principio de exclusión de los productos del cuerpo humano, como la sangre, las lágrimas, el sudor, el esperma, no se encuentra en el artículo 3, enmienda 49, que trata de la no patentabilidad del cuerpo humano. Para algunos juristas que reivindican la aplicación estricta del Derecho de patente, esa falta de rigor me sorprende.
Otra incoherencia, la afirmación en el artículo 4 del principio de exclusión de la patentabilidad de las especies vegetales y la raza animal, cuando la noción de raza animal ni siquiera está definida. Lamento igualmente que los principios éticos se encuentren diluidos en un conjunto heterogéneo. ¿Qué interés hay en fijar, en el artículo 9, una referencia a los principios jurídicos estándar como son las buenas costumbres y el orden público, en establecer una lista exhaustiva de los tipos de manipulaciones genéticas estrictamente prohibidas, y por tanto no patentables, y en hacer referencia a la cuantificación del dolor en los animales de laboratorio? Un cierto rigor jurídico ¿no justifica un estatuto específico del cuerpo humano? Es torpe y engañoso intentar presentar una ética de los seres vivos común a los animales, a los vegetales y al hombre. La Comisión Europea y la Comisión de Asuntos Jurídicos no lo han hecho. Ambas serán sancionadas por nuestro grupo si se siguen ignorando nuestras propuestas.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, el tema abordado por el informe Rothley es un tema difícil que, como ya se ha dicho en varias ocasiones, afecta directamente a cada diputado y a las convicciones profundas de cada cual. Recuerdo nuestros interrogantes en el momento de la votación, difícil, que tuvo lugar el 1 de marzo de 1995. Sobre este tema no me parece posible tener una votación de grupo, como he oído por ahí. A cada cual le corresponde determinar en conciencia y me pronunciaré a título personal.
En primer lugar, soy sensible al argumento según el cual, la intervención de una directiva es una necesidad a nivel de la Unión Europea. Sin duda, existe el Derecho de patente a nivel internacional; se menciona en el proyecto que se nos ha presentado. Existen también las posibilidades que ofrecen los textos a nivel nacional. En Francia, por ejemplo, la ley de 29 de julio de 1994. Pero probablemente se necesita más, para armonizar lo mínimo y ser más eficaces a nivel europeo. Lo que no se haga entre nosotros probablemente se hará en otra parte.
Debo confesar que soy igualmente sensible al argumento según el cual es necesario disponer de terapias, indispensables para muchas enfermedades. Las enfermedades graves, con frecuencia de origen genético, afectan a millones de personas. Pero me hago preguntas, como muchos de nuestros colegas, sobre nuestra preocupación por la ética. ¿Se ha tomado suficientemente en consideracion?
Sin duda es necesaria una directiva que permita patentar las invenciones biotecnológicas cuando (y solamente cuando) éstas tengan una utilidad real para la sociedad, una directiva que aporte una respuesta real al sufrimiento. El cuerpo humano no es patentable, únicamente los productos creados por el hombre lo serán. El trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos ha sido útil. ¿Hemos llegado muy lejos? Me lo planteo, en particular, en lo que respecta al tema de la patentabilidad de los animales.
Por consiguiente, será en función del resultado de las votaciones sobre las enmiendas como determinaremos ambas. Aun cuando, a priori, por el momento soy más bien favorable, esperaré a ver los resultados de las votaciones antes de tomar una determinación definitiva.

Gebhardt
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, no existe ningún motivo razonable para que el Parlamento Europeo se propine a si mismo una bofetada. Hoy existe este peligro. El 1 de marzo de 1995, tras difíciles y serias negociaciones, rechazamos una directiva para patentar invenciones biotecnológicas con una clara mayoría. Hoy nos tenemos que ocupar de nuevo del tema. Las formulaciones son nuevas pero los contenidos son los antiguos. Podría tomármelo a la ligera y decir que votemos como entonces con un «no». Pero sería falso. Las invenciones biotecnológicas son de utilidad para las personas no sólo en la medicina sino también en otros campos. Por lo tanto, deben protegerse, si bien no en favor del capital interesado sino de nuestras conciudadanas y nuestros conciudadanos.
Las partes descubiertas del cuerpo humano no pueden redefinirse como invenciones que se puedan patentar. No puede ser que algunos puedan decidir en exclusiva al respecto. Los genes y las secuencias de genes tienen que seguir siendo un bien general de la humanidad y estar a libre disposición de los investigadores, en beneficio de todas las personas. Esta es la decisión política ante la que nos encontramos. El derecho de patentes en vigor no desempeña ningún papel al respecto. Está orientado al capital y no a las personas. Nuestro mandato como diputados del Parlamento Europeo es servir a 370 millones de niños, mujeres y hombres. Esta obligación es la que se encuentra tras las enmiendas nº 71 hasta 76. Por ello las hemos presentado.
Repito: no estoy en contra de patentar las invenciones biotecnológicas. Estoy en contra de que partes del cuerpo humano, animales, plantas y descubrimientos se declaren como invenciones para que se puedan patentar.

Mosiek-Urbahn
Señor Presidente, este es el décimo año en que debatimos sobre la directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.
El hecho de que estos debates no terminen se debe también a que el alineamiento sistemático de esta directiva de mercado interior con el objetivo de armonizar el derecho de patentes en Europa, ha perdido continuamente su perspectiva. Se ha intentado continuamente limitar o incluso excluir la protección de la propiedad industrial al intentar sobrecargar la directiva con regulaciones que no pertenecen al derecho de patentes. Se debate esta directiva bajo tres aspectos: el jurídico, el económico y el ético. Se ha hecho necesaria la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en este ámbito para ofrecer un contrapeso a la diferente evolución en el campo de la legislación y jurisprudencia de los Estados miembros. Hay que atajar el peligro de una disgregación jurídica aún mayor. Necesitamos seguridad jurídica. Bajo aspectos económicos, de lo que se trata es de estimular invenciones e innovaciones y no imitaciones. Hay que impulsar la competitividad de la industria europea, hay que motivar a los investigadores europeos para que se queden e investiguen en Europa y para que no emigren al extranjero. Por ello, la presente directiva es de gran importancia para la política europea de empleo.
El motivo de disputa de esta directiva ha sido y es hasta qué punto deben integrarse en la directiva aspectos éticos. Diversas intervenciones lo han mostrado hoy de nuevo. La protección de la propiedad industrial regula la relación jurídica entre inventores y terceros. No regula el derecho de uso en si. En el derecho de patentes se excluyen de la patentabilidad las invenciones si su publicación y empleo atentan contra el orden público. Pero tanto la investigación como el uso de los resultados de la investigación se regulan mediante otras leyes, por ejemplo, mediante la Ley de Tecnología Genética o la Ley para la Protección de los Embriones. El orden público se define en base a las normas centrales de las diversas Constituciones nacionales y de las leyes derivadas de las mismas. En otras palabras: el control de la tecnología no es de la incumbencia de los Parlamentos.
La directiva merece nuestro pleno apoyo en la versión que ha aprobado la Comisión de Asuntos Jurídicos. Lo que hay que lograr ahora es que se impongan las fuerzas que son conscientes de la importancia y, en consecuencia, de los límites de la protección de la propiedad industrial y que la directiva se pueda aprobar pronto.

Malerba
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cuando en el mes de marzo de 1995 votamos la primera Directiva relativa a la patentabilidad de las biotecnologías, yo voté a favor. Hoy, al menos por dos razones estoy contento de que dicha directiva haya sido objeto de revisión. En primer lugar, porque estoy convencido de que esta directiva es mejor, ya que es más precisa en sus definiciones, como subrayaron los demás oradores que me precedieron y, en segundo lugar, porque ha habido el extraordinario acontecimiento de la oveja clónica y, más recientemente, el anuncio de que existe la posibilidad de fabricar plasma sanguíneo a través de procedimientos biotecnológicos. Estas novedades han permitido profundizar el debate público, de confrontar en concreto lo imaginable con lo posible, las percepciones y los conocimientos. Cabe preguntarnos si en este año y medio de retraso la investigación y la industria biotecnológica en Europa han sufrido un perjuicio competitivo respecto a los competidores americanos y japoneses, y si perdieron capitales y puestos de trabajo. Me temo que la respuesta de la industria va a ser afirmativa.
La importancia de esta directiva y el nuevo ámbito de la vida en el que se adentra, el recelo con el que la opinión pública sigue los avances de la ciencia y de la tecnología confundiéndolos a veces con algunas hazañas de dudosa utilidad en el ámbito de la procreación humana, nos obligan a una gran prudencia y un respeto hacia las sensibilidades. En consecuencia, me parece muy importante que más allá de la directiva que estamos aprobando, todos los interesados se comprometan a profundizar la información en este complejo sector tan rayano, a fin de facilitar la comprensión, así como a eliminar el miedo que nace de la ignorancia. Confío mucho en el Comité de ética que se ha creado y en el debate que en la Comisión de Investigación seguiremos llevando adelante en torno a la ciencia de los seres vivos en el ámbito del Quinto programa marco.

De Clerq
Señor Presidente, desde hace diez años, la protección mediante patentes de las invenciones biotecnológicas ha sido objeto de debate dentro de las instituciones europeas. Y desde que tengo el honor de ser presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se han dedicado no menos de 15 reuniones, entre enero y junio del presente año, a la nueva propuesta de la Comisión, con un resultado de 250 enmiendas y 47 enmiendas transaccionales. Todo ello para decir que nuestras instituciones en general, y el Parlamento en particular, no se han tomado a la ligera la tramitación de este delicado tema, donde es normal que se oigan todas las opiniones.
¿Nos hallamos ahora, en el ámbito de la investigación biotecnológica, en el límite de lo humanamente posible? Algunos afirman que sí; los científicos piensan que sólo nos encontramos en el principio. Nuestra tarea, la de los políticos, es crear un marco legal claro para este ámbito. Y con toda objetividad pienso que el presente texto aspira a lograr un equilibrio justo entre quienes desean ir más allá y quienes se oponen a cualquier tipo de investigación. El texto aspira a lograr un equilibrio entre la dimensión técnica y la dimensión ética. Quisiera hacer un llamamiento a todos para que como personas nos atrevamos a asumir un nuevo reto, a saber, controlar clara y adecuadamente nuestra inventiva y nuestras ansias de desplazar continuamente nuestros límites, en un régimen de protección legal adecuado.

Ainardi
Señor Presidente, todo el mundo lo observa aquí, la biotecnología se ha desarrollado con rapidez en numerosos ámbitos.
Los intereses económicos y comerciales son enormes y estimulan muchos apetitos financieros. Es forzoso reconocer que Europa ha experimentado en este ámbito un cierto retraso frente a la competencia internacional. Uno de los medios para sacar a flote este desafío científico, industrial y comercial es poner fin al retraso actual y armonizar las legislaciones nacionales. Ello permitiría descompartimentar las actividades de investigación y terminar con la segmentación del mercado.
Al término del procedimiento de codecisión, esta directiva fue rechazada en marzo de 1995 por el Parlamento Europeo porque la dimensión ética no se había tomado suficientemente en consideración. Desde entonces, la Comisión ha presentado su nueva propuesta de directiva sobre la protección de las invenciones biotecnológicas por medio de patentes, precisando las condiciones y excepciones de patentabilidad. Sin duda, se han recogido propuestas del Parlamento pero, una vez más, las exigencias éticas que impone la patentabilidad del material humano no se han tomado suficientemente en cuenta.
Recuerdo que la legislación de mi país prohíbe patentar el cuerpo humano, sus elementos y sus productos, pero también el conocimiento de la estructura total o parcial del gen humano. Creo que estos principios éticos deberían figurar en la propuesta de directiva. Es indispensable para evitar graves derivas y para salvaguardar la dignidad humana.
El argumento adelantado aquí es que tales exigencias obstaculizarían la investigación. Lo considero inadmisible, siendo que los investigadores son los primeros en dar la alerta. Considero por tanto que la directiva, en este caso, deja la puerta abierta a todo tipo de derivas y se queda en una concepción estrictamente comercial.

Ahern
Señor Presidente, los recursos genéticos, las patentes y su control económico son los temas clave para el próximo milenio. La patentabilidad ilimitada convertiría a la vida misma, a todas las plantas y animales vivos, en un producto industrial. Incluso la explotación de la vida humana quedaría incluida en la presente directiva. Los recursos genéticos de nuestro planeta no deben convertirse en un monopolio en manos privadas de unas pocas empresas.
Actualmente la Convención Europea sobre Patentes establece una línea divisoria clara entre los inventos y el material vivo. Ante todo, no se consideran patentables los descubrimientos, de genes por ejemplo; las variedades de plantas y animales y los procedimientos para la reproducción de plantas y animales quedan excluidos del ámbito de las patentes. Fotocopiar los genes y declarar luego que se trata de un invento es una farsa científica. La industria ha ejercido una intensa presión sobre los políticos para conseguir la inclusión del material vivo en el sistema de patentes. La manera en que se está forzando la aprobación de esta directiva va en contra de los procedimientos aceptables para la adopción de decisiones políticas. Éstas exigen un debate abierto y una decisión fundamentada de quienes han recibido un mandato de sus ciudadanos.
Si es cierto que la Comisión ha intentado prohibir a sus funcionarios la libre difusión de información a la opinión pública, esto supondría un ataque directo al corazón de nuestra democracia europea y yo pido una respuesta del señor Comisario sobre esta cuestión.
La Comisaria Cresson ofreció garantías a esta Asamblea de que se prohibiría la clonación humana, pero la directiva no prohíbe la patentación de los productos de la clonación humana. La posibilidad de que un protohumano sea canibalizado para obtener piezas de recambio es inadmisible.
Se ha dicho a los pacientes que sufren enfermedades genéticas que la patentación es necesaria para el desarrollo de los tratamientos. En realidad ocurre lo contrario: la patentación de genes humanos creará problemas para el desarrollo de los tratamientos. Un acceso libre e inmediato a la información, concretamente en el marco del proyecto sobre el genoma humano, es un requisito previo para un uso favorable de dicha información. Las patentes sobre los genes supondrían que una sola empresa biomédica podría llegar a controlar por completo todas las futuras investigaciones y desarrollo tecnológico médico a partir del aislamiento de un gen específico. Esto no fomentaría la investigación, sino que por el contrario la aniquilaría. También supondría que la posibilidad de realizar pruebas genéticas para la detección de problemas como el cáncer de mama resultaría tan prohibitivamente costosa que estaría fuera del alcance de los servicios públicos de salud. A pesar de que las nuevas técnicas pronto permitirán el análisis rápido y con un coste inapreciable de los genes, si tuviera que pagarse una patente cada vez que se analiza un gen, las pruebas para detectar una predisposición al cáncer de mama podrían llegar a ser prohibitivamente caras.
Una de las cuestiones clave es si los médicos y el personal médico tendrán la posibilidad de diagnosticar y tratar a las personas sin verse obligados a pagar un royalty al titular de la patente. La legislación actual prohíbe patentar los métodos para el tratamiento quirúrgico del cuerpo humano o los métodos de tratamiento y diagnóstico aplicados al cuerpo humano. El proyecto de directiva suprime esta prohibición. Yo solicito encarecidamente a los colegas diputados su voto afirmativo para la enmienda 91, presentada por el Grupo de los Verdes, que propone una excepción para los médicos en ese contexto. Un ejemplo de los problemas que se plantean es el caso ya citado del gen asociado al cáncer de mama. Los titulares americanos de la patente, Myriad, han solicitado una patente europea y su intención es cobrar más de 2.000 dólares por su utilización en pruebas de detección.
Si se aprueba la presente directiva, ésta tendrá graves implicaciones para nuestro acceso a los alimentos y medicamentos. Nuestros genes, nuestras células y otras partes del cuerpo y nuestra resistencia a las enfermedades hereditarias serían propiedad exclusiva de las empresas titulares de las patentes sobre los mismos. Lo cual legitimaría el comercio de artículos como el plasma sanguíneo y los órganos para trasplantes, cuya venta está prohibida actualmente en muchos Estados miembros y que son objeto de una compleja red de donantes, organizada por los Ministerios de Salud nacionales al servicio del bien público. Por ejemplo, la concesión de una patente sobre la sangre del cordón umbilical podría vedar el acceso a las células en ella contenida a cuantos no pudiesen pagar un precio por ellas.
Señorías, en Estados Unidos, el Gobierno de Clinton ha intentado aproximar la atención de salud americana al modelo europeo. Los ciudadanos de nuestros Estados miembros no nos lo perdonarán si ahora aproximamos nuestros servicios europeos de salud al modelo americano, olvidándonos del bien público.

Hory
Señor Presidente, Señorías, un debate que se presenta bajo apariencias puramente jurídicas puede disimular cuestiones más importantes, y percibimos hoy en primer lugar enormes desafíos económicos que ha recordado el Sr. Monfils hace unos instantes, y que se han revelado con crudeza a través la intensa presión de que hemos sido objeto. Observamos también lo que podemos definir como un choque ideológico entre humanismo y liberalismo, con, por encima de ese choque, es cierto, algunas transversales singulares que se han planteado sobre las quiebras políticas clásicas y que se han desvelado por ejemplo en la intervención de nuestro colega Casini o la escrupulosa intervención del Sr. Fabre-Aubrespy.
Así pues, ¿se trata de un problema jurídico? En ese caso, tenemos legislaciones nacionales, un convenio europeo, unas indicaciones facilitadas por el Observatorio Europeo, y tenemos un acuerdo universal celebrado en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Por tanto, creo que no se trata de un problema puramente jurídico, sino sobre todo (y debemos estar vigilantes) de la ampliación del campo de aplicación de la patentabilidad a los seres vivos.
Si se trata de un problema técnico, económico, el proyecto de directiva y el informe se basan en un planteamiento apriorístico: la patente permitiría el progreso técnico. ¿Es esto cierto? Yo creo, al contrario, que la patente, como ha dicho el Sr. Telkämper hace unos instantes, permite con frecuencia el pillaje del débil por parte del fuerte. Por razones económicas, podemos decidir, de forma cínica, situarnos de parte del más fuerte, pero en ese caso no es ésa mi decisión personal. Por otra parte, ¿la técnica de la patente asegura siempre el progreso? Conozco mil ejemplos que demuestran que la patente, por su posibilidad de retroventa, permite estrangular el progreso técnico y científico.
Creo sobre todo que hay claramente un problema de ética. Por tanto, cada uno tiene su estilo, la Comisión y el ponente nos dicen: »escuchen, no hablemos de moral, no hablemos de ética, no hablemos de humanismo, ésa no es la cuestión, se trata de derecho, se trata de comercio, de «business», de cocina, hablemos de cocina» No estoy en absoluto de acuerdo con este punto de vista y no creo que se pueda tachar de oscurantismo al Sr. Monfils y a otros intervinientes que pueden sentir ante el progreso técnico una especie de terror medieval. He oído las observaciones de la Sra. Roth, de la Sra. Ainardi y del Sr. Scarbonchi: somos muchos los que creemos que habría de haber dotado a este texto de un preámbulo moral y ético que diera luz a las decisiones técnicas que habríamos de tomar con posterioridad.
Debemos señalar que el hombre ha adquirido los medios para autodestruirse totalmente y los medios para recrearse infinitamente. Esta evolución no puede, por consiguiente, quedar limitada a sus aspectos técnicos comerciales. No soy yo el que ha dicho: »ciencia sin conciencia sólo es la ruina del alma».
Por tanto es cierto que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha mejorado este texto. Estamos atentos al debate de esta mañana: oiremos las respuestas de la Comisión y las aperturas posibles, juzgaremos la suerte que se reserve a las enmiendas para pronunciarnos al final de los finales, pero en el actual estado de la directiva, nuestro grupo no es favorable a su aprobación.

Van der Waal
Señor Presidente, a lo largo del último año, el debate sobre esta directiva se ha centrado más en los aspectos técnico-jurídicos que en la reflexión ética. En sí no hay nada que objetar. Gracias a ello se ha mejorado jurídicamente el texto. Sin embargo, sigo teniendo importantes objeciones. La Comisión y el ponente Rothley optan por una interpretación amplia del acuerdo TRIPS, que permite patentar el gen humano identificado y aislado. Según ellos, esta interpretación es la única solución técnica adecuada y cualquier otra solución propuesta no es técnica, sino que viene dictada por los sentimientos.
Esto me lleva a una doble reacción. La primera tiene carácter ético. No se deriva de sentimientos baratos, sino que está basada en el convencimiento de que la persona es una creación única de Dios, y por tanto no puede calificarse nunca, ni aun en sus partes, de invención humana. Aislar un gen constituye en sí un logro técnico. Pero llamar invención propia al material genético sacado del cuerpo es bastante insolente. Además, el alcance de una patente de este tipo es transcendental respecto de las nuevas aplicaciones basadas en el gen.
En segundo lugar considero que un enfoque técnico-jurídico de un problema no implica que sólo exista una posible respuesta, como afirma el Sr. Rothley. Sigue habiendo un margen de libertad de elección, del que pueden hacer uso de forma responsable los políticos. A mi entender, en el documento de la Comisión y en el informe Rothley se distorsionan con todo tipo de malabarismos conceptos como invención, novedad y aplicación técnica, para lograr que el gen humano se ciña al derecho de propiedad industrial. En este sentido, me parece que la interpretación según la enmienda Gebhardt es más natural. Por ello considero que la elección de las patentes para los métodos de producción o los productos resultantes, sobre la base del descubrimiento de un gen, es una elección defendible.

Belleré
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en mi opinión, el sentido del informe Rothley sobre la propuesta de directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, se ha recogido perfectamente por los diferentes oradores y también por el Sr. Casini. El iter del informe ha sido, sin duda, muy trabajoso, aunque me parece que se ha cumplido su objetivo cuando se ha afirmado: proteger la vida no explotar el embrión con fines de lucro, salvaguardar la industria de la competencia japonesa y americana.
No voy a entrar en el fondo de las enmiendas, que vamos a debatir mañana cuando tendrá lugar la votación. Los que pertenecemos al Grupo de Alianza Nacional vamos a votar a favor del informe en su conjunto y de esas enmiendas que están dirigidas a proteger la vida, el embrión y la moral -y esta vez la moral deberá conjugarse con la política- y en contra de las que, desde un punto de vista jurídico y biológico, están orientadas, por el contrario, a alterar lo fisiológico en el sentido estricto de la palabra.
Permítanme ahora hacer una reflexión sobre las patentes. Estoy de acuerdo con la Comisión de Desarrollo y Cooperación cuando dice que la patentabilidad de material vivo tiene consecuencias negativas desde el punto de vista ético y práctico para la humanidad, el reino animal y el medio ambiente. Hay que evitar, en definitiva, las patentes en los siguientes casos: cuerpo humano, partes del cuerpo humano, tejidos humanos y todo el material genético derivado de fuentes humanas; animales, partes de animales, tejidos animales y procesos de modificación genética, plantas, semillas, tejidos vegetales y otro material de propagación.
Señorías, es preciso salvaguardar la vida, proteger la ética y no alterar lo que Dios nos ha dado. Sólo así se podrá hacer frente al reto de los tiempos, aunque se siga avanzando en la investigación. Est modus in rebus.

Verde i Aldea
Señor Presidente, me parece que no es necesario poner nuevamente de relieve la importancia del debate. Basta con ver la cantidad de información -y de deformación a veces- que hemos recibido los diputados en este Parlamento en torno a esta directiva.
Quiero señalar en principio que debemos resistir a todos los intentos de manipulación de esta directiva. Y manipulación significa decir cosas que la directiva no dice, o afirmar cosas que se dicen necesarias y que ya están en la directiva.
He estado oyendo discursos sobre moral y derecho, moral y política, y yo los suscribo totalmente, pero esto no tiene nada que ver con la directiva. En la directiva se afirman principios morales, se afirma la sumisión a las buenas costumbres y al orden público y se hace una serie de afirmaciones sobre las cosas que no son tolerables.
Por otra parte, se piden a la directiva cosas que la directiva no puede dar. En España hay una canción que dice: »a la mar fui a por naranjas, cosa que la mar no tiene», y es evidente. Aquí, a veces, se piden también naranjas cuando el árbol es distinto.
Estamos ante un derecho de patentes. Hay otras normas éticas. La Comisión tiene un Grupo de trabajo sobre ética. Aquí mismo se ha aprobado, en esta sede del Consejo de Europa, un Convenio para la protección de los derechos humanos en las manipulaciones de carácter médico. Todo esto existe y forma parte de un contexto en el que se inscribe esta directiva.
Tampoco hemos de sucumbir a los eslóganes. Creo que la directiva anterior se hundió sobre todo porque había un eslogan que decía: »No a las patentes sobre la vida». Afortunadamente, en este debate, ha aparecido otro: »Patentes en favor de la vida». Hay quien también quiere las patentes para que la vida siga existiendo.
Y finalmente, no puedo dejar de recomendar a todos que antes de la votación lean la directiva.
Para terminar, quiero felicitar al Sr. Rothley porque no sólo ha recogido en gran medida el sentido de las enmiendas, sino que ha cambiado prácticamente toda la directiva, la ha sistematizado desde un principio, y yo creo que la mayor parte de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos nos hemos sentido bien representados por su trabajo.

Liese
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar yo también quiero felicitar al ponente. El presente proyecto de directiva es sin duda de enorme importancia económica para Europa. Nueve millones de puestos de trabajo dependen directa o indirectamente de qué condiciones marco creemos para la biotecnología.
Sin embargo, el derecho de patentes es solamente una de esas condiciones marco. Creo que muchas otras cosas son asimismo importantes, por ejemplo, tenemos que eliminar todos los obstáculos burocráticos.
Como médico advierto firmemente frente a la instrumentalización de los pacientes en este debate que, en primera línea, es un debate económico.
Esto es aplicable a ambas partes, por lo que el aplauso ha sido quizás algo precipitado. Si aquí se actúa como si la aprobación de la directiva condujese necesariamente a unos enormes progresos terapéuticos en el campo de las enfermedades de origen genético, en la ciencia existen al menos opiniones diferentes. También aquellos que dicen que una protección absoluta del material del ADN puede ocasionar problemas, tienen buenos argumentos de su lado. Me dirijo claramente a ambas partes para decirles que no lo sabemos. Los políticos quieren siempre respuestas claras, pero la ciencia no puede dar actualmente respuestas claras.
Indico de nuevo que precisamente el desarrollo del diagnóstico, un diagnóstico mejor, no es necesariamente una ventaja para el paciente cuando vamos a disponer de los métodos terapéuticos quizás en veinte o treinta años. Así pues, aquí hay que ser precavidos y prudentes.
Para nuestro grupo político es de importancia esencial que existan en esta directiva algunos límites de origen ético. Aquí se incluye la intervención en el genoma humano así como las patentes sobre los métodos que utilizan el embrión humano y también la protección de los animales. Pero ante todo hay que excluir el clonado de los embriones humanos. El clonado atenta contra la dignidad humana. Todas las fuerzas políticas de esta Asamblea han estado de acuerdo en este análisis cuando con motivo de la oveja Dolly ha entrado dentro de lo posible el clonado de personas.
No tenemos que hablar más sino actuar. Tenemos que excluir con toda claridad en esta directiva el clonado de embriones humanos. No es suficiente excluir el implante en el útero, es decir, el clonado reproductivo, lo que desearía el grupo de asesores de la Comisión. Pues, en primer lugar, ya es condenable la experimentación con embriones y supone una violación de las buenas costumbres y del orden público. Pero, en segundo lugar, y les ruego que me escuchen con atención, quiero decirles lo siguiente: ¿qué es una novedad?. La implantación en el útero es ya conocida. Afortunadamente, el parto es aún un proceso natural. Por ello, no se puede querer patentar estas cosas. El paso al hombre clonado, al que tenemos que poner límites en algún lugar, presupone el clonado de embriones. Y el camino a la oveja Dolly se ha visto precedido de muchos embriones de oveja. No queremos que el camino al hombre clonado se vea precedido de muchos embriones humanos. Por ello, les ruego que apoyen la enmienda nº 55, en especial los dos últimos párrafos.

Mezzaroma
Señor Presidente, en el año 1995 organizamos una gran cruzada con el Sr. Langer para que no fuera aprobada esta Directiva. Entonces el Sr. Langer defendía intensamente las plantas y los animales, mientras que yo estaba de parte del embrión y, por lo tanto, del ser humano. Unir estas dos realidades, el ser humano con las plantas y los animales, confundió muchas ideas e hizo perder mucho tiempo. Si hubieran estado separadas, habríamos dado desde hace tiempo el pistoletazo de salida a la competencia con los Estados Unidos y Japón que es necesaria para el desarrollo en Europa y para generar empleo.
Hoy se vuelve a presentar el informe Rothley. Me parece que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ha llevado a cabo un gran trabajo. Personalmente, estoy de acuerdo con el trabajo realizado. Por lo que se refiere al artículo 9, pido ante todo que se mantenga inalterado e invito a este Pleno a que vote el mismo tal como está, sin cambiar nada.

Cox
Señor Presidente, como era de esperar, este debate ha generado un enorme interés público y yo creo que este contexto sitúa al Parlamento, en tanto que órgano legislativo, ante un reto que nos obliga a afrontar nuestras responsabilidades con madurez.
El informe Rothley, en la medida en que es producto de un prolongado debate, constituye, a mi parecer, una propuesta eficaz, equilibrada y razonable y por la cual yo congratulo al ponente.
La Sra. Roth, en su anterior intervención en nombre de los Verdes, ha expresado su convicción de que es necesaria una ética en la política. Yo comparto firmemente esta convicción y por esto, en esta ocasión, siento que puedo apoyar con tranquilidad el presente informe y lo hago con buena conciencia. En él se establece una distinción clara entre descubrimientos e inventos. Las patentes sobre los cuerpos humanos, sobre la clonación humana, sobre los embriones y sobre las modificaciones del genoma humano quedan todas prohibidas en la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos. También se protege explícitamente el derecho de los agricultores a resembrar en las tierras de su propiedad y a criar animales en las mismas, tal como ocurre en la actualidad. El Parlamento insiste en la necesidad de que se respete el Convenio sobre la diversidad biológica de las Naciones Unidas y de que se establezcan salvaguardas frente a los temores a una biopiratería en relación con el mundo subdesarrollado y con el medio ambiente, dos obligaciones importantes que no podemos descuidar.
Hoy mi buzón estaba una vez más repleto de cartas, procedentes no en último lugar de grupos de mi país que representan a las personas afectadas por alteraciones genéticas y otros trastornos médicos para los que actualmente no existe cura y que piden que apoyemos esta medida, porque les ofrece alguna esperanza. En conciencia, yo no voy a votar contra la posibilidad de ofrecerles esta esperanza. También proponemos que se cree un comité de ética y, por todas estas razones, yo creo que se trata de una propuesta eficaz y también equilibrada y en esta ocasión, a diferencia de otras anteriores, yo la apoyo de buen grado.

Eriksson
Señor Presidente, empezaré agradeciendo a la Sra. Sierra González su intervención, que apoyo completamente porque yo también pienso que la legislación actual debe asumir las nuevas exigencias que le plantea la sociedad, precisamente en lo concerniente a las repercusiones éticas y sociales. Debería existir y existe una gran divergencia entre las invenciones de maquinaria e industriales y lo que estamos debatiendo aquí. En este caso concreto se daría más pie a que los investigadores que estuviesen en posesión de una patente tuvieran más poder y control a través de la posición de monopolio que alcanzarían, lo cual yo considero como un obstáculo al desarrollo, por ejemplo, de las medianas y pequeñas empresas.
Pienso que el descubrimiento de las funciones de un gen, por ejemplo, debería considerarse efectivamente como el descubrimiento fantástico que es, y con ello también ser puesto al servicio de la humanidad -y no al de unos intereses privados y económicos. Lamento verdaderamente que no hayamos llegado más lejos en nuestra labor política y que no estemos trabajando de una manera práctica y efectiva con unas propuestas que promuevan la colaboración global en lugar de la competencia entre empresas, especialmente cuando están en juego cuestiones tan importantes como en este caso la salud de las personas y la diversidad biológica, no solamente en la Unión Europea sino en todo el mundo.

Breyer
Señor Presidente, señor Comisario Monti, el Parlamento Europeo perdería su credibilidad si aprobase el informe Rothley, que es totalmente inaceptable desde un punto de vista ético y moral. Caería en el ridículo si aprueba un informe que rechazó el 1 de marzo de 1995, cediendo a la táctica de la Comisión que hace votar tantas veces hasta que el resultado le guste y el Parlamento se arrodille ante la industria de la ingeniería genética. La nueva propuesta prevé también la patente de seres vivos. Incluso se pueden patentar genes humanos, solamente se tienen que aislar del cuerpo humano.
Si el Parlamento aprueba el informe, dará su visto bueno a una de las mayores y más escandalosas redistribuciones de la propiedad. La vida se convertirá en mercancía, en producto. La persona se reducirá a un almacén de materias primas de desguace en un ambiente de buscadores de oro. Así se viola la dignidad humana. La persona se degradará a material biológico y el cuerpo humano se entregará a la comercialización.
Si el PE aprueba el informe, existe el peligro de que se rompan los diques éticos. La dignidad y la autodeterminación de las personas serán puestos a la venta. Por primera vez desde la abolición de la esclavitud se podrán plantear derechos de propiedad sobre las personas. ¿Somos nosotros vida inventada? La vida no es una invención de los tecnólogos de la genética. En el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos incluso no se excluye el clonado de células del cuerpo como en el caso de la oveja Dolly o la patente de armas biológicas. Por primera vez se podrían patentar terapias y diagnósticos en las personas. Esto supondría una limitación de las posibilidades de tratamiento con peligro para la vida.
La patente de seres vivos conducirá a un gigantesco impulso de la comercialización en la medicina. Los médicos ya no serán libres a la hora de elegir su terapia. Se cimentará la medicina de dos clases. Con la directiva no se adopta ninguna decisión de fondo sobre la ingeniería genética. La patente de un medicamento elaborado mediante ingeniería genética es algo que nadie cuestiona. Por contra, la patente sobre un gen que existe desde hace siglos no es nunca una invención. La patente de sustancia genética bloquearía la investigación aplicada e impediría la innovación. La patente de las células sanguíneas lo muestra claramente. La investigación aplicada de la leucemia está bloqueada. Mediante las patentes se monopolizan todas las posibilidades de utilización de los genes, incluso las futuras. Con la directiva se privatiza la Naturaleza.
Por ello, apelo a sus Señorías para que rechacen el informe en la forma actual y para que voten a favor de las enmiendas del Grupo de los Verdes. Sólo así podremos impedir que en el Parlamento Europeo se derriben los diques éticos.

Blot
Señor Presidente, Señorías, después de ocho años de vacilaciones, hoy parece necesario modificar la legislación europea relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.
El texto que propone en este caso la Comisión tiene en cuenta ampliamente las normas éticas de la ley natural que es indispensable respetar en la materia, principalmente la exclusión del cuerpo humano de lo patentable. Aunque en este ámbito sería necesario ser un poco más precisos y, en este sentido, seríamos favorables a que se añadiera al texto, tal como está presentada en la actualidad, la enmienda 84 de la Sra. Sandbaek que precisa claramente la prohibición de cualquier intervención, no solamente sobre el cuerpo humano, sino también sobre el embrión. Por otra parte, es necesario tener en cuenta, por supuesto, a los pacientes que esperan progresos que les faciliten la posibilidad de ser tratados de forma eficaz mediante esas nuevas tecnologías.
Es necesario finalmente recordar cuál es el objetivo de una patente, en definitiva: recompensar a los inventores por su actividad creadora mediante un derecho exclusivo para disponer de su invención durante unos veinte años. Es un estímulo para la innovación, para invertir y, por consiguiente, para crear empleo. Ahora bien, sabemos que nuestra legislación nos deja impedidos hoy frente a la competencia americana y japonesa.
Por otra parte, según el propio ponente, en su exposición de motivos, sólo el 24 % de las patentes aceptadas por la Oficina Europea de Patentes son de origen europeo. Creo además que por encima de los discursos de indignación moral que se han podido oír y que, para muchos son sinceros, con mucha frecuencia hay poderosos intereses económicos del otro lado del Atlántico detrás de estas tomas de posición. Lo cual por otra parte no sería la primera vez.
Por todas estas razones, pues, votaré este texto, que representa un buen compromiso entre las diferentes restricciones que se imponen al legislador pero, una vez más, insisto para que la enmienda 84 de la Sra. Sandbaek se añada al texto del ponente.

Adam
Señora Presidenta, los diputados de esta Cámara han sido objeto durante las pasadas semanas de un bombardeo de información errónea, organizado por el movimiento de los Verdes, en relación con este tema. Esta mañana a las 7, en el programa informativo de la BBC, la noticia sobre el presente debate era en gran parte inexacta por lo que respecta al contenido del proyecto de directiva. El lema central del aparato propagandista de los Verdes ha sido: »No a las patentes sobre la vida». Como acaba de señalar el Sr. Verde i Aldea, lo mismo ocurrió hace dos años.
Uno de los aspectos más lamentables del presente debate es que la campaña contra la directiva ha ignorado los hechos y también ha ignorado las modificaciones de mucho calado que se han negociado para disipar las preocupaciones y temores de que la investigación genética se haga extensiva al sistema reproductivo. Es una gran lástima que quienes se oponen a la directiva no reconozcan las modificaciones que se han realizado.
Debemos reconocer -y es una idea muy poco agradable- que la mayor parte de los medicamentos que tomamos no tienen en realidad un efecto curativo: sólo alivian los síntomas. Las vacunas y los antibióticos han permitido tratar muchas de las enfermedades mortíferas del pasado. A medida que nuestra vida se alarga, estamos expuestos a otro tipo distinto de enfermedades: el cáncer, las dolencias cardíacas, las enfermedades de Parkinson y de Alzheimer. Todas ellas son enfermedades con un componente genético y los progresos en el campo de la biotecnología y la ingeniería genética ofrecen alguna esperanza de una posible cura.
Yo respaldo la directiva no sólo por consideraciones médicas, sino también porque la biotecnología nos ofrece un mundo más limpio; nos ofrece un mundo con un uso más eficiente de la energía; y yo creo que nos ofrece la esperanza de una vida no sólo más larga, sino también más sana en el futuro. Quienes se oponen a la directiva deberían reflexionar sobre qué es lo que están intentando impedir.

Trakatellis
Señora Presidenta, si pudiéramos sacar el máximo beneficio de las tecnologías del ADN controlando al mismo tiempo sus peligros, habríamos encontrado el mejor modo de ayudar a las inversiones en este sector. En la actualidad, un importante instrumento para la intensificación de las inversiones en biotecnología es el sistema de patentes, que, al recompensar a los investigadores por su dedicación de tiempo, dinero y experiencia, estimula este tipo de inversiones.
En la práctica, sin embargo, la defensa legítima se complica con factores sociales, morales, científicos y legales. Después del fracaso de la resolución legislativa de este Parlamento hace dos años y medio, la legítima defensa de las aplicaciones biotecnológicas sigue siendo un tema sensible, público y abierto. En parte es consecuencia de que la biotecnología implica por definición la aplicación de la tecnología a organismos vivos, incluido el hombre. Los derechos de patente relacionados con temas de la vida suscitan, como es natural, fuertes sentimientos.
El debate de hoy pretende aclarar concretamente algunos de los elementos sometidos a discusión. En el caso de las tecnologías del ADN, el debate suscita oposición debido a la dificultad para establecer cuándo y cuál de los elementos de una adaptación tecnológica concreta constituye una invención y cuál es un descubrimiento - dado que la patente debe concederse, según mi opinión, sólo a las invenciones e innovaciones y no a los descubrimientos, que deben tener como conclusión la aplicación industrial. En el caso de las tecnologías del ADN, puesto que el gen o la célula o cuerpo humano y los elementos son preexistentes, no existe «invención» ni, por consiguiente, protección mediante patente. Ahora bien, cuando los investigadores consiguen perfeccionar un método para aislar un gen que podrá usarse ex vivo para la producción de una proteína humana, entonces el método admite la protección mediante patente. Aquí exactamente se sitúa nuestra demanda a la Comisión y también al ponente: que se esclarezca el apartado 2 del artículo 3. El artículo no aclara si se solicitarán derechos de patente para los genes, ya que en estos casos, según mi parecer, hay un descubrimiento y no una invención.
Es necesario insistir en que, independientemente de lo que pueda hacer cualquiera con un gen, su estructura y su información son preexistentes a su uso y, por consiguiente, no hay ninguna invención. Por el contrario, su uso, que puede conducir mediante nuevas técnicas a la producción de una nueva sustancia con aplicaciones industriales, constituye en realidad el objeto de una protección legítima. Es más, la eventual modificación del gen, que conduce a una nueva estructura, admite la protección mediante patente como adaptación concreta industrial.
Expresamos, pues, nuestras reservas más serias, puesto que, con la actual redacción del texto, podrían solicitarse derechos de patente incluso para los genes naturales, los cuales ya existen y su descripción, repito, constituye un descubrimiento. Si aceptamos la concesión de derechos de patente para los genes naturales, llegaremos a una explotación oligárquica, diría, tanto de los genes como de las proteínas.
En conjunto, y a reserva de las observaciones que he hecho y que espero sean tomadas en cuenta, puesto que se recogen en las correspondientes enmiendas, me pronuncio a favor de la propuesta, ya que con ella se facilitará el desarrollo biotecnológico, que implicará evidentemente una mejora en aspectos que influyen de manera importante en la salud y la enfermedad, la alimentación, la defensa del medio ambiente, la agricultura y otros ámbitos fundamentales de la vida y las actividades humanas.

Pompidou
Señora Presidenta, no deseo volver en el día de hoy sobre los aspectos técnicos de la patentabilidad, sino más bien insistir en los aspectos propios de la patentabilidad de los seres vivos. Gracias a los magníficos trabajos del ponente y del Parlamento Europeo, la nueva directiva ya toma en consideración los aspectos éticos y sociales basándose en un planteamiento coherente.
Hay diferencia entre descubrimiento e invención: un gen no es la vida, es importante distinguir entre el todo y las partes. La ingeniería genética no es la manipulación de embriones: es importante distinguir el mecanismo del núcleo y la transmisión de los caracteres hereditarios. Las enmiendas de compromiso aseguran el respeto por el ser humano desde su concepción hasta la muerte, la no comercialización del ser humano o de sus componentes, la prohibición de la manipulación del embrión o de las células germinales, la prohibición de la clonación con fines reproductivos del ser humano.
Por mi parte, considero ético asegurar el reconocimiento del valor añadido vinculado a la inteligencia y a la creatividad del ser humano, sin la que no habrá progreso duradero. La nueva directiva, no solamente se basa en una armonización del Derecho de patente, sino que también tiene en cuenta las características propias del ser humano y del mundo de los seres vivos, protege al inventor, asegura el privilegio del agricultor, permite el desarrollo de productos procedentes de las biotecnologías, con el fin de responder a lo que esperan los enfermos y sus familias para el tratamiento de las leucemias y de los diferentes tipos de cáncer mediante los factores de crecimiento celular, para el tratamiento de la hemofilia, de la diabetes, por medio de productos purificados, no contaminantes, (insisto en esto, no contaminantes) mucho más eficaces que los productos utilizados hasta el momento actual. Ésta misma directiva permite tratar los grandes azotes genéticos, como la mucoviscidosis y la miopatía, pero también las enfermedades poco frecuentes, llamadas enfermedades «huérfanas».
Finalmente, no olvidemos que una patente no es una licencia de explotación. No mezclemos la protección de la invención y la comercialización de productos procedentes de las biotecnologías, que dependen más específicamente de la subsidiariedad. En la preparación de una directiva así, este Parlamento ha ejercido su responsabilidad de control democrático con el objeto de asegurar el reconocimiento de la investigación y de los investigadores y la competitividad económica de la Unión Europea en el respeto por la vida, en el respeto por el ser humano y por los derechos de la persona.

Thors
Señora Presidenta, ésta es una cuestión sobre la que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir. Lamentablemente, también es un poco diálogo de sordos; hay además unas cuantas falsedades, lo cual ha señalado anteriormente el Sr. Adam.
Lo que resultó decisivo para mí cuando, junto con mi Grupo, adoptamos nuestra posición, lo cual ya ha dicho también el Sr. Pompidou, es que realmente se trata de una cuestión de legislación sobre patentes -todo lo que pueda ser patentado no se va a poder utilizar, por ejemplo, a nivel nacional.
Demasiadas veces durante este debate se nos ha olvidado que estamos en Europa. Tenemos una tradición europea en cuanto al patentado que implica que tradicionalmente hemos establecido unos requisitos más rigurosos al respecto y que las solicitudes han de estar convenientemente especificadas. Tenemos un convenio europeo para proteger la dignidad humana en las aplicaciones de la medicina y la biología; esto rige también para las patentes.
A través de la investigación biotecnológica espero que se realicen progresos en todos los retos de la medicina sobre los que han hablado los expertos de esta sala. La verdadera desigualdad afectará a las personas que podrían sobrevivir si pagasen 200.000 marcos por un producto médico, pero no disponen de medios.
Amigos míos, por otra parte hay que ser humildes y decir que ésta es una nueva modalidad de patentes y que, hoy por hoy, no sabemos en absoluto lo que la investigación nos puede acarrear. Es por ello que, en caso de que suceda algo inaceptable, hemos de estar dispuestos a someter a revisión la legislación vigente. Por ello es importante que la Comisión y el Comité ético presenten nuevos informes al Parlamento sobre la cuestión.

Lannoye
Señor Presidente, muchos colegas han puesto en evidencia de forma brillante lo que hay de inaceptable para nosotros en el informe del Sr. Rothley. Personalmente, desearía atenerme a un aspecto de ese informe.
En efecto, el Convenio Europeo de Patentes, que sirve de base a las legislaciones nacionales, excluye, en el párrafo 4 del artículo 52, los métodos para el tratamiento del cuerpo humano o animal mediante cirugía o terapia así como los métodos de diagnóstico. Esta disposición no se ve recogida en el proyecto de directiva de la Comisión, ni tampoco por el Sr. Rothley y la Comisión de Asuntos Jurídicos, cuando sí figuraba en el proyecto precedente.
Dos enmiendas del Grupo de los Verdes pretenden reintroducir esta disposición. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que es peligroso patentar tales métodos al mismo tiempo para el derecho de los pacientes, para el progreso de la medicina y para el progreso del conocimiento en general.
Un ejemplo para ilustrar esta posición: la empresa americana «Biocyte» ha conseguido una patente en relación con las células sanguíneas humanas del cordón umbilical. Esta patente incluye no solamente las células sanguíneas en cuestión, sino también el uso terapéutico que de ellas pueda hacerse. Numerosos clínicos e investigadores que trabajan en el ámbito de los trasplantes de médula ósea están en contra, al mismo tiempo por las razones éticas que acabo de mencionar, pero también porque dicen que no se trata realmente de una invención sino de una capacitación técnica, que consiste sencillamente en aislar las células y congelarlas, que no aporta nada nuevo en el ámbito del conocimiento.
Creo que el debate actual sobre esta patente, que se ve contestado por numerosos investigadores y médicos, corre el riesgo de hacer que la balanza se incline a favor de la empresa «Biocyte». El informe Rothley da incuestionablemente la primacía a los aspectos económicos y técnicos del debate. Confunde el interés de los enfermos víctimas principalmente de enfermedades de origen genético y el de la industria farmacéutica que los toma como rehenes. Por consiguiente lo consideramos totalmente inaceptable, en este sentido.

Raschhofer
Señorías, ante la importancia de la presente propuesta de directiva para el presente, pero aún mucho más para el futuro, no quiero referirme a las oportunidades que se crean con ella pues ya se ha debatido suficientemente al respecto. Quiero llamar la atención sobre los peligros que nos pueden esperar si se aprueba el proyecto y que deberíamos tener muy en cuenta en el momento de votar. Pienso que no nos debemos dejar arrastrar por ventajas a corto plazo hipotecando en gran medida el futuro. Deberíamos tomar en serio las objeciones planteadas por numerosos expertos y ocuparnos de ellas.
Quiero exponerles el alcance de las decisiones en base a un ejemplo: el presente proyecto prevé que el genoma humano y las secuencias de genes en él contenidas se puedan patentar. Hay que rechazarlo con toda decisión pues el genoma humano es sin duda un bien general al que todo el mundo debe poder tener acceso sin obstáculos. Excluir aspectos concretos de este derecho significaría la monopolización de los conocimientos y de su aplicabilidad. En contra de la patentabilidad de las secuencias del ADN humano está además el hecho que la utilización de variantes de secuencias específicas se vería impedida por otras y, en consecuencia, la investigación. Por el motivo expuesto, vamos a rechazar la directiva. Los austríacos sabemos que tenemos de nuestro lado a nuestros compatriotas, quienes con 1, 2 millones de firmas han convocado un referéndum.

Barzanti
Señora Presidenta, en mi breve intervención no quiero entrar en los detalles de muchos de los puntos de esta Directiva tan importante, ni tampoco en profundizaciones técnico-científicas que no es aquí el momento de hacer o aclarar.
Los que pertenecemos a la delegación italiana del Grupo Socialista consideramos el resultado al que llegó la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre todo gracias al ponente, Sr. Rothley, globalmente positivo y fruto de una confrontación atenta y entusiasta. A nuestro entender, el mismo debe ser apoyado, aunque pueden haber, como es obvio, enmiendas que pueden mejorarlo y aclararlo. Señorías, no debemos olvidar que aquí nos ocupamos sobre todo de un aspecto muy puntual, esto es, del Derecho de patentes y del hecho de que la presente Directiva plantea una clara distinción entre descubrimiento e invención. El descubrimiento no es ni puede ser objeto de patentabilidad. Sólo es objeto de patentabilidad la invención, o sea, el resultado de un proceso intelectual y de investigación que precisa esta garantía para llegar a ser un punto de referencia fundamental para el desarrollo industrial.
Estimamos que el comité de ética que se quiere crear desempeñará un papel importante, a pesar de que el mismo no tiene que ser de carácter legislativo directo. No nos encontramos ante un debate ideológico o teológico sobre la vida, sino ante un instrumento laico de garantía, de reglamentación y de organización de un espacio europeo para las biotecnologías, un espacio que hoy por hoy es sumamente necesario si se considera lo que sucede a escala internacional. Si Europa seguirá el ejemplo del sistema americano y trabajará al unísono, en el año 2005 -según las previsiones de los expertos- las biotecnologías se dispararán y se convertirán en competitivas y darán trabajo a un número de europeos de entre 1, 5 y 3 millones de personas y garantizarán, al mismo tiempo, el derecho a la salud y al desarrollo de la investigación y la industria.
Si esto no fuera así, es decir, si la industria, la política, la investigación y los medios de comunicación no se unirán, entonces la flor de la industria biotecnológica europea que acaba de brotar se marchitará y, tal como ya sucedió en el sector de la informática, Europa se convertirá en una colonia biotecnológica.

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, intervenir a estas alturas del debate permite ser bastante simple: decir «rechazo» y decir «suscribo». Pues bien, rechazo la retórica vacía que se ha escuchado hoy en esta Asamblea, rechazo los juicios de valor y de intenciones totalmente gratuitos, exclusivamente dirigidos a la descalificación -casi me atrevería a decir personal-, y suscribo las cosas importantes que también se han oído. Las primeras las ha dicho usted, señor Rothley; para usted mi reconocimiento y mi admiración. Suscribo también las cosas importantes que ha dicho mi también querido y admirado Sr. Casini, y las claras observaciones del Sr. Cot, las agudas observaciones del Sr. Fabre-Aubrespy y las fundadísimas observaciones del Sr. Pompidou. Sencillamente, podría terminar aquí mi intervención; y sin embargo, voy a ir un paso más allá. Yo votaré a favor del informe Rothley, y votaré a pesar de que tiene, en mi opinión, algunos importantes defectos técnicos, como pueden ser las enmiendas 42 y 43 a los considerandos 39 y 40, incorrectas desde mi punto de vista, o la enmienda 45 al apartado 2 del artículo 1. Votaré también a favor, cualquiera que sea el resultado, de la letra d) del apartado 2 del artículo 9, es decir, el problema de la utilización o de la patentabilidad de invenciones donde se han utilizado embriones.
¿Y por qué lo hago? Lo hago porque las más oscuras, las más profundas y las más atávicas convicciones se dan cita en este Aleph que constituye hoy la investigación biotecnológica, una industria que, en el año 2000, tendrá un volumen estimado de 83.000 millones de ecus. Y además de ello, esta situación nos afecta absolutamente a todos, y ante ella Europa sigue mirando al pasado y el Derecho, una vez más, va no ya tres pasos por detrás de la realidad social -como decía el clásico alemán- sino muy por detrás de la realidad social. Porque no olvidemos - para muestra un botón-: entre 1981 y 1995 se concedieron 1175 patentes sobre el ADN en todo el mundo; no estamos legislando para el futuro; tenemos que salir al paso de una realidad que nos invade, de una realidad que debemos encauzar hacia las normas del Derecho. Y también votaré a favor por las razones económicas expuestas, pero sobre todo, señora Presidenta, votaré a favor por una razón fundamental que constituye, en mi opinión, el fondo de este debate que estamos manteniendo.
Esta directiva, efectivamente, no es un proyecto de norma reguladora de la biotecnología; su objeto es mucho más delimitado y, como se ha dicho, se trata de proteger las invenciones biotecnológicas, nada más ni nada menos. Esta directiva no aspira, ni puede aspirar, a ser el Derecho de la biotecnología, sólo quiere ser -sólo debe serDerecho de patente y, por supuesto, eso nos obliga a recordar, señor Casini -yo estaré en esa lucha con ustedque carecemos de un marco jurídico sistemático y general del Derecho material en el que encuadrar la directiva y que los paliativos que en ella se ofrecen son pocos y malos; y que debemos hacer frente a ese reproche de que el edificio no se ha empezado precisamente por los cimientos.
Pese a todo -y con esto termino-, yo votaré a favor de esta directiva, en el convencimiento de que es un paso necesario y de que tenemos todavía mucho tiempo para mejorarla.

Plooij-Van Gorsel
Señor Presidente, Señorías, en los próximos años, dos sectores industriales producirán muchos puestos de trabajo a escala mundial, a saber, la tecnología de la información y la biotecnología, y en ambos sectores el Parlamento Europeo tiene el poder de decidir dónde se creará empleo. ¿En Europa o en otros lugares del mundo? Hasta ahora, el crecimiento de la industria biotecnológica no ha sido reconocido por el Parlamento con una legislación adecuada que apoye económicamente este sector. Después de nueve años sigue sin haber una armonización europea.
Señorías, este Parlamento padece un síndrome específico, a saber, el síndrome de la patente sobre la vida. Más del 95 % de las empresas europeas de biotecnología son PYME, pequeñas y medianas empresas. Precisamente en ellas se encuentra el potencial de innovación y de creación de empleo de Europa. Pero esta innovación se ve frenada por una protección fragmentada y, en relación con Estados Unidos y Japón, muy costosa de las invenciones biotecnológicas. Una solicitud de patente a través de la Oficina Europea de Patentes cuesta unos 19.000 ecus para ser válida en 8 países, y se trata de un volumen de mercado comparable al de Estados Unidos. En Estados Unidos cuesta 1.500 ecus. En el ámbito científico, Europa está en la cima, pero no explotamos estos conocimientos y eso, señor Presidente, cuesta puestos de trabajo.
La biotecnología conoce aplicaciones muy prometedoras, entre las que quiero mencionar la prevención y curación de enfermedades transmisibles genéticamente.
Señorías, no tenemos derecho a elegir por otros si han de vivir sanos o minusválidos. Por ello mi Grupo votará a favor del excelente informe del Sr. Rothley y la directiva de patentes.

Ullmann
Señora Presidenta, un principio de la fe cristiana dice que todos los seres vivos deben considerarse como nuestros semejantes. Si queremos que esto no sea solamente una fórmula vacía de contenido, la integridad física, genética y de creación de estos semejantes es un bien jurídico que debe protejerse, además en todos los campos del derecho, incluido el derecho de patentes, señor Rothley.
La presente directiva lo hace sólo de modo insuficiente y en determinados aspectos incluso elimina esta protección jurídica, por ejemplo, en la enmienda nº 74. Lo hace porque, tal como el mismo ponente dice en la página 32 de su informe, sigue a aquellos que exigen un uso industrial de la vida. Lo rechazamos. No rechazamos la libertad de investigación, el desarrollo de terapias, el progreso de la industria de la biotecnología, sino el hecho de que todo se haga depender de intereses económicos muy particulares como se acaba de decir con toda claridad.
Quien lo haga no debe sorprenderse si dentro de poco tiene que levantar las prohibiciones de clonación formuladas, exactamente por los mismos motivos que se han expuesto ahora para esta directiva. No es la vida la que tiene que estar al servicio de la industria sino, al contrario, todos los usos industriales deben servir a la vida. Para ello existe el derecho y no para otra cosa.

Martin, David
Señora Presidenta, a veces, en política, como en la vida en general, es preciso dar un paso al frente y reconocer: me equivoqué. Yo debo decir ahora que el Parlamento Europeo se equivocó en 1995, cuando rechazamos la directiva originaria sobre biotecnología y que yo me equivoqué al votar en el mismo sentido que la mayoría del Parlamento en aquella ocasión.
Sin embargo, lo que importa no es que de vez en cuando nos equivoquemos sino si sabemos aprender de nuestros errores. Me complace decir ahora que el Parlamento aprendió de su error y que el Sr. Rothley ha conducido con mano experta esta nueva propuesta en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. Yo me sumo a los numerosos diputados que han elogiado el trabajo que ha realizado a lo largo de casi un año.
Ahora contamos con una propuesta que, por un lado, consigue un equilibrio entre la necesidad real de proteger los inventos y a los científicos e investigadores que trabajan para conseguir esos inventos, y también, así es en efecto, a las empresas que dedican recursos a la financiación de dichas investigaciones. Éstas merecen obtener un rendimiento de sus inversiones.
La presente propuesta también hace justicia a los grupos de pacientes. Las cartas más convincentes de los centenares o quizás millares que he recibido procedían de grupos de pacientes. Y la propuesta les hace justicia. Les ofrece la esperanza de que esta rama relativamente nueva de la ciencia podrá contribuir al tratamiento de las alteraciones genéticas y a la cura de enfermedades como el cáncer y el SIDA.
Por otro lado, y tan importante como lo anterior, la nueva propuesta establece garantías para el medio ambiente; establece garantías para el bienestar de los animales; respeta los acuerdos internacionales existentes; garantiza la ilegalización de la clonación humana.
Hace dos años, nos dejamos cautivar y asustar por los cuentos de terror de quienes se oponen a la investigación biotecnológica. Tengo presente lo que señalaba antes el Sr. Liese, en el sentido de que no tenemos más que esperanzas, pero esta vez deberíamos tomar en consideración las aspiraciones de millares de europeos que sufren dolencias y enfermedades incurables y ofrecerles alguna esperanza con el impulso de esta directiva y la introducción de un cierto orden en el ámbito de la biotecnología.

Cassidy
Señora Presidenta, lo que acaba de decir el Sr. Martin refleja en muchos aspectos mis propias opiniones en relación con este tema, si bien, a diferencia de él, yo puedo reconocer con satisfacción que ya apoyé la propuesta cuando se sometió a votación dos años atrás y que no tengo intención de cambiar de parecer ahora.
Como ha señalado antes el Sr. Adam, la mayoría de los diputados del Parlamento Europeo se han visto sometidos a un bombardeo de información errónea sobre este tema. Yo tengo aquí una carpeta de informaciones erróneas. Como saben mis colegas, yo soy el primero en reconocer la importancia de la contribución de los lobbistas para el adecuado desarrollo de nuestra tarea; pero en última instancia somos nosotros, en nuestra calidad de parlamentarios, quienes debemos formarnos un juicio e inclinarnos por uno u otro bando en el debate. Yo tengo muy claro por qué bando del debate me inclinaría: por el de los intereses de los pacientes y los intereses del mercado único.
Muy pocos oradores han señalado hoy que se trata de una medida en el marco del mercado único. La Comisión la presentó por primera vez al Parlamento en 1988. Muy pronto estaremos en 1998. En el contexto de una industria que evoluciona rápidamente, la Comunidad Europea se ha quedado rezagada frente a los rapidísimos progresos realizados en Estados Unidos. Se ha señalado, en efecto, que los principales beneficiarios de las patentes biotecnológicas serán las grandes multinacionales. Esto es un perfecto disparate. En mi propio país tenemos 165 pequeñas y medianas empresas importantes que se dedican a la biotecnología. En Estados Unidos hay 1.300. En Europa deberíamos ser ciertamente capaces de igualar al menos, o de superar tal vez, los logros de los americanos.
Otro aspecto del mito es que actualmente no existe en Europa una legislación que proteja las patentes biotecnológicas. ¡Claro que existe! Tenemos 15 legislaciones distintas sobre patentes biotecnológicas, que son motivo de confusión y caos e incrementan enormemente los costes del registro de una patente. El objetivo de la presente propuesta es sustituir los 15 conjuntos de normas nacionales por un solo conjunto de normas europeas.
Por lo que se refiere a la ética -aunque yo soy del parecer que las consideraciones éticas no son apropiadas en realidad en el contexto de la presente directiva-, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y su ponente han incluido en la enmienda 56 un nuevo artículo 9 bis que prevé la creación de un comité de ética. Como ya se ha señalado, también hemos velado por los intereses de los animales y también, ciertamente, por los intereses de los humanos, aunque entre los diputados de esta Cámara parece haber algunos que consideran más importantes los derechos de los animales que los derechos humanos.
En conclusión, yo votaré afirmativamente la presente directiva y espero que la Comisión pueda aceptar la mayor parte, si no la totalidad, de las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Tamino
Señora Presidenta, me parece que el único razonamiento claro del ponente fue que Europa debe aprobar una resolución relativa a las patentes en el sector de las biotecnologías porque los Estados Unidos y Japón ya poseen una normativa similar. Esto, Sr. Rothley, es ridículo, porque implica subordinar nuestro papel a elecciones ya hechas en otros países. Por el contrario, no es ridículo preguntarse sobre las consecuencias de una elección de este tipo, aunque esto último el ponente evitó planteárselo.
¿Qué significa patentar un organismo vivo, aunque modificado genéticamente? Significa considerar el organismo fruto de una invención humana, pero esto, científica y lógicamente, es falso, mejor dicho, parece el delirio de omnipotencia de un aprendiz de brujo. En realidad, el único objetivo es la explotación económica de los descubrimientos en el sector biotecnológico: descubrimientos, porque los genes sólo pueden ser descubiertos o modificados, y no inventados. De nada sirven los sofismos propuestos por alguna enmienda. Es una verdadera hipocresía excluir de la patentabilidad al ser humano y sus partes, ya que desde un punto de vista biológico, el ser humano es una de las especies animales. Por consiguiente, deberíamos concluir que lo que no se puede aceptar para el ser humano tampoco debería aceptarse para los demás organismos animales. Por el contrario, en nombre de los intereses económicos de unas cuantas multinacionales, se quiere establecer un criterio que conlleva nuevas pruebas y nuevos sufrimientos para los animales.
Se dice que hay que patentar genes y tratamientos genéticos para responder a las exigencias de los enfermos. Deseo recordar que tales tratamientos existen también sin patente. Por no decir, que aceptar la patentabilidad significa fomentar investigaciones únicamente para tratamientos que generan beneficios para las multinacionales. Esto supone que dichos tratamientos estarán a disposición sólo de los ciudadanos y de las poblaciones ricas y no de los más pobres del mundo y, sobre todo, no de los que sufren enfermedades poco comunes, que no generan suficientes beneficios a las multinacionales. Todo puede ser menos la defensa de los enfermos. Hay que añadir asimismo que estos genes, como ya sucedió en los Estados Unidos, son extraídos a sus legítimos propietarios que, aunque los tienen en sus cuerpos, después de la patente dejarán de disponer de ellos libremente. Se trata de consecuencias graves para el futuro de la humanidad, que no pueden asumirse con ligereza, como querría nuestro ponente. Por este motivo estamos en contra.

Berger
Señora Presidenta, quiero emplear mi tiempo de intervención para llamar la atención sobre algunos malentendidos que han surgido repetidamente en este debate. En contra de las opiniones expuestas por algunos colegas, el informe Rothley sí prevé la patentabilidad de los genes humanos, plantas y animales. Ruego a todos los que creen lo contrario que lean atentamente el apartado 2 del artículo 3 y el artículo 1 b).
En el apartado 2 del artículo 3 se habla del gen humano aislado, pero hay que constatar que el gen humano aislado sigue siendo un gen. Las enmiendas nº 71 hasta 75 presentadas por mí junto con la colega Gebhardt no pretenden impedir las patentes en el campo de la biotecnología sino que solamente queremos excluir patentes que vayan demasiado lejos, precisamente porque para nosotros son también de gran importancia los pacientes y la cura de enfermedades graves así como los puestos de trabajo en Europa. En el sentido de una investigación responsable, nuestras enmiendas permiten patentes de procedimiento y de aplicación así como patentes de productos sobre proteínas, medicamentos, vacunas y otras muchas cosas más. Esto debería ser un estímulo y premio suficiente para la industria europea de la biotecnología; muchos de sus representantes lo ven también así.
Lo que queremos excluir es la protección sobre el material genético originario, tanto por motivos éticos como por motivos de investigación. Los conocimientos sobre el modo de funcionamiento del cuerpo humano deberían seguir siendo accesibles a la generalidad y no ser objeto de derechos exclusivos de protección o explotación. Una protección sobre el material genético originario garantiza a algunas pocas empresas europeas, pero sobre todo a las norteamericanas y a las japonesas -que estarán sencillamente presentes con mayor rapidez- el monopolio durante muchos años, también en Europa. Podrán excluir a otras empresas de la utilización del material genético patentado y exigir elevados derechos de licencia.
En tercer lugar, las normas propuestas serán muy caras también para los agricultores europeos, los criadores de animales y de plantas y, en consecuencia, también para los consumidores. Caras para Europa e inalcanzables para los países en vías de desarrollo. Si se patentan animales y plantas, no sólo en la primera generación sino que también la protección de la patente alcanza a todas las siguientes generaciones que surjan mediante multiplicación natural, sirve de poco el privilegio del agricultor previsto.
Para finalizar, ruego a todas y todos los colegas que están buscando un compromiso entre los diversos intereses legítimos que están en juego que apoyen nuestras enmiendas nº 71 hasta 75.

Gahrton
Señora Presidenta, durante el debate sobre la Directiva relativa a las patentes, me ha afectado especialmente el hecho de que ciertas organizaciones de pacientes, entre ellas la de los pacientes de fibrosis quística daneses, afirmen que existe un «lobby verde» que se mofa de las necesidades de los enfermos graves. ¡Naturalmente esto es mentira! Especialmente notoria es la afirmación de que sin la Directiva relativa a la protección de las invenciones las grandes empresas se verían obligadas a mantener secretos los resultados de su labor investigadora. Pero en una sociedad democrática, con una investigación libre, es obvio que los resultados de los trabajos de investigación deben ser accesibles a todos los investigadores sin tener que pagar tasas en concepto de licencia. La Directiva sobre patentes significa, como ha señalado la organización nórdica en contra del abuso de animales destinados a experimentos, que las empresas pueden tener un monopolio sobre genes importantes, lo cual puede hacer que resulte difícil sacar nuevos productos médicos al mercado.
El informe Rothley abre también la posibilidad de patentar métodos de tratamiento, puesto que no existe la llamada excepción médica. Esto significa según el Consejo cristiano sueco, que se van a bloquear los trabajos de investigación y que los grupos sociales con escasos recursos se verán privados del acceso al mejor tratamiento médico posible.
Anteriormente el Sr. Adam ha dicho que existe una «máquina de propaganda verde», que se ha dedicado a ejercer presiones de cara a este debate. Eso es absolutamente grotesco , teniendo en cuenta las enormes inversiones en propaganda que ha realizado la industria biotecnológica para intentar hacer que un pequeño número de diputados de este Parlamento cambiase de posición con respecto a la que adoptamos hace dos años. Por eso tengo que decir que si se adopta esta Directiva, esto no sólo representará una derrota para la democracia, sino también una vergüenza para el Parlamento Europeo.

White
Señora Presidenta, yo no tengo la menor duda de que la biotecnología representará el futuro mismo de la ciencia. Dicho esto, también creo que plantea algunos dilemas éticos fundamentales y el dilema ético con el que yo me enfrento podría resumirse como sigue: ¿Qué debo decirles a los padres y a la familia de un niño que sufre una fibrosis cística si no existe ninguna esperanza de que se desarrolle una investigación científica seria en ese ámbito? Por otro lado, ¿qué decir cuando se habla -y pueden ser comentarios serios- de personas que querrían diseñar su descendencia? ¿Que querrían poder decir: »mi hijo tendrá el pelo rubio y la nariz más pequeña»? ¿Cómo podemos resolver este dilema? Se trata de un dilema ético, Sr. Cassidy, y la ética interviene en este asunto. Cuando en marzo de 1995, yo formé parte de quienes nos enorgullecimos de votar en contra de la anterior directiva, lo hice porque consideré que aquélla no incluía suficientes garantías éticas. Ése fue el claro razonamiento que inspiró mi decisión. Y debo decir que cuando recibimos el proyecto de directiva en la Comisión de Medio Ambiente me sorprendió constatar que no incluía ninguna referencia a la dimensión ética; el Sr. Rothley, en su calidad de ponente, hizo suya en la Comisión de Asuntos Jurídicos una enmienda de la Comisión de Medio Ambiente, que el Sr. Cot y yo ampliamos luego.
Por lo que respecta al comité de ética, en esa segunda enmienda no decimos qué aspectos deberá abarcar, sino sólo que la Comisión se encargará de presentar una propuesta. Cuando lo haga podremos considerar cuál debería ser el mandato de dicho comité de ética y quiénes deben integrarlo. Establezcamos como condición previa para la entrada en vigor de la presente directiva la creación de un comité de ética, como una pieza central de nuestro proceso de toma de decisiones.

Hautala
Señora Presidenta, cuando se debate sobre la biotecnología, la industria repite una y otra vez el mismo estribillo sobre la competitividad, como si de un canto gregoriano se tratara. En mi opinión, nuestros responsables políticos deberían ser mucho más críticos ante las promesas que se lanzan acerca de millones de nuevos puestos de trabajo en este campo. De hecho, no existe ninguna prueba clara que indique que la mejora en las actividades de las empresas que se conseguirá precisamente gracias a esta directiva vaya a contribuir a crear puestos de trabajo. En el periódico de hoy, un economista austríaco afirma que las empresas pequeñas que actúan en el campo de las obtenciones vegetales podrían llegar a perder puestos de trabajo, ya que la competencia que les plantearán las empresas más grandes acabará con ellas. De hecho, la patente equivale a un cierto monopolio.
Por lo que respecta a la protección jurídica, la Comisión también podría haber optado por otros planteamientos. Así, podría haber contemplado por separado dos formas de vida completamente distintas como son los procedimientos microbiológicos y los animales transgénicos, incluidos ahora en la misma propuesta de directiva a pesar de que, en realidad, merecerían ser objeto de una evaluación mucho más matizada. Por ejemplo, el derecho de los obtentores de vegetales corresponde a la tradicional protección jurídica para las obtenciones vegetales, basándose en la cual se hubiera podido establecer una protección jurídica también en el ámbito de los animales.

Desama
Señora Presidenta, después de este largo debate, quisiera poner algunos puntos sobre las íes, y principalmente sobre dos íes.
El primero tiene relación con el concepto de patente. La patente, hay que señalarlo una vez más, es un elemento esencial, que aporta a la vez la seguridad jurídica y la seguridad económica, sin la cual no hay invención. Cada vez que hablamos de estos problemas, destacamos aquí la debilidad de Europa en materia de innovación. Ahora bien, el proceso de innovación está estrechamente vinculado al de invención y, por consiguiente, a su protección.
Hace seis meses votamos un informe del que yo era autor, en el que señalábamos esta paradoja europea como campeona del descubrimiento, pero débil en materia de invención. Este informe fue votado por unanimidad. Así pues, debo constatar que si, algunos aquí padecen, como decía el Sr. Rothley hace unos momentos, de «Legastenia», curiosamente, también padecen de amnesia y temo mucho por ellos que la ingeniería genética no pueda apenas mejorar la cuestión.
Segundo elemento que quisiera señalar: se ha hablado mucho de humanismo y de moral. El humanismo es claramente el elemento que hace que el hombre sea la medida de todas las cosas y, especialmente, aquellos que, entre los hombres y las mujeres, sufren en sus cuerpos y en sus mentes estas enfermedades que aún no se pueden vencer hoy y para las cuales la ingeniería genética aporta una esperanza considerable. Este humanismo no tiene nada que ver con el naturalismo del que se nos habla en el día de hoy, que hace de la naturaleza deificada la vara de medir de no sé qué juicio. Diré a la Sra. Roth que si, efectivamente, la moral vivifica la política, el moralismo la mata con más seguridad todavía.
Si tuviéramos que discutir hoy sobre Pasteur y sus invenciones, temo mucho que una parte de este hemiciclo lo condenaría como hace algunos siglos otros condenaron a Galileo.

Tannert
Señora Presidenta, señoras y señores, en largas y honestas conversaciones para llegar a un compromiso, el ponente y yo nos hemos puesto de acuerdo sobre las enmiendas nº 16 y 49. Se refieren a los considerandos 16a hasta 16e y al artículo 3. Entre otras cosas, pretenden impedir el uso abusivo. Este uso abusivo, que ya se ha intentado, podría consistir en patentar secuencias genéticas sin una aplicación concreta demostrable científicamente.
Con la fórmula «aplicabilidad comercial concreta» se delimita con toda claridad que no son patentables las secuencias de ADN solamente porque se hayan descubierto. Se pueden patentar en base a la aplicabilidad descrita concretamente, por ejemplo, para la producción de sustancias activas.
Quien se haya ocupado en alguna ocasión de los enormes gastos que supone desarrollar tales sustancias activas, tendrá que comprender y aprobar la justificación e incluso la necesidad de estimular la investigación y desarrollo con la perspectiva de lograr una patente. No se trata, como se dice demagógicamente, de patentes sobre la vida sino de patentes para la vida.
Las hormonas elaboradas mediante ingeniería genética van a suponer, por ejemplo, un avance trascendental para los diabéticos, anémicos y las personas que padecen enfermedades metabólicas de origen genético.
Cuando en 1995 este Parlamento rechazó la propuesta de la llamada directiva sobre las biopatentes, algunos colegas calificaron este hecho como de momento estelar del Parlamento Europeo. Pero los expertos en biotecnología de Europa quedaron consternados, pues este rechazo sin alternativa no ha podido aportar naturalmente lo que pretendía la propuesta, a saber, un estímulo motivador. Por ello, queridas y queridos colegas, contribuyamos hoy a un auténtico momento estelar del Parlamento. Aprobemos por fin un ley tras nueve años de debates.

Ettl
Señora Presidenta, estimado colega Rothley, usted ha argumentado hoy de un modo muy elocuente en favor de la cuestión del empleo, proporcionando realmente a este tema una visión de futuro. Pero entre su exposición oral y su informe escrito existen algunas pequeñas discrepancias. Permítame que le indique algunas. En esta cuestión sigue tratándose de la situación de monopolio de los fabricantes de medicamentos, ocasionada, por ejemplo, por los largos tiempos de vigencia de las patentes. Impedimos la investigación de los pequeños. Los titulares de licencias y de sustancias investigarán en primera línea allí donde se trate de grandes grupos de pacientes. Esta ha sido hasta ahora la realidad y no podemos ignorar este hecho.
Según su informe, los descubridores de genes deben equipararse a los titulares de sustancias. Se deja casi en exclusiva a los titulares de las sustancias el negocio y la posibilidad de comercializar los nuevos resultados de investigación y, ante las concentraciones casi oligopolistas existentes en este ámbito, existe el peligro de que las PYMES y las pequeñas unidades de investigación se vean arrolladas. La realidad es lo contrario de su línea de argumentación, por lo que para poder apoyar este informe se deberían introducir aún algunas correcciones que se encuentran en las enmiendas Gebhardt y Berger.

Collins, Kenneth
Señora Presidenta, yo creo que no cabe la menor duda de que todo el presente debate ha estado rodeado de informaciones erróneas y afirmaciones sensacionalistas totalmente deliberadas sobre la patentación de parte del cuerpo humano y cosas por el estilo. Tenemos que dejar de lado todo esto y considerar la realidad de los hechos.
La biotecnología es una industria importante en la Unión Europea; es un sector de una enorme importancia y debemos prestar mucha atención a cómo lo tratamos. Si rechazamos la presente propuesta, obviamente continuarán registrándose patentes. Pero no en la Unión Europea, sino en algún otro lugar y tendremos menos control sobre ello.
Las patentes son en efecto la recompensa por el riesgo de invertir en el desarrollo de nuevos medicamentos y debemos recompensar a nuestras empresas por haber corrido este riesgo. Pero esto no es todo. Si se patentan los inventos biotecnológicos, entonces es preciso tener en cuenta las consideraciones éticas. No basta con adscribirse sencillamente a lo que yo describiría como la escuela de la tecnología «maravillada». Es preciso reconocer la necesidad de que se consideren los aspectos éticos y se busquen soluciones. Por esto, la enmienda de Ian White que introduce la creación de un comité de ética nos permitirá contar con el tipo de directiva que deseamos y necesitamos. La necesitamos porque está en juego no sólo el derecho de las empresas, sino también el derecho de los pacientes a que un alivio de su sufrimiento causado por enfermedades genéticas. Esto es sumamente importante, pero debemos reconocer que existen los citados problemas éticos.
No es posible evaluar desde una perspectiva ética cada solicitud de patente, puesto que, según tengo entendido, en la Unión Europea se presentan unas 10.000 solicitudes anuales y no dispondríamos de suficientes filósofos. Sin embargo, necesitamos disponer de un marco que permita adoptar estas decisiones. El debate de hoy corresponde a la primera lectura y es importante que demostremos ante la Comisión, el Consejo y la opinión pública en general que nos tomamos muy en serio esta cuestión y que, si bien reconocemos la necesidad de adoptar una directiva, ésta debe incluir una dimensión ética. Se trata de una condición sine qua non del progreso.

Monti
Señora Presidenta, Señorías, el Parlamento Europeo está a punto de llevar a cabo esta primera lectura en torno a la nueva propuesta de directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Ha sido un reto difícil. Todos nosotros recordamos y algunos de ustedes han mencionado la votación que se llevó a cabo el 1 de marzo de 1995. En esa ocasión y en general a lo largo de todo el procedimiento a través del cual se examinó la propuesta anterior, el Parlamento expresó su preocupación con respecto a las consecuencias que podría producir la adopción de la propuesta y planteó cuestiones importantes. A través de esa votación de 1 de marzo de 1995 y a pesar de los esfuerzos realizados por todos durante el procedimiento de conciliación, el Parlamento Europeo manifestó con claridad una cosa, manifestó que no estaba convencido de las motivaciones y de las explicaciones facilitadas. Se trataba de interrogantes éticos y políticos sencillos que, evidentemente, no obtuvieron respuestas igual de sencillas y claras.
Con la nueva propuesta de directiva, la Comisión se ha fijado, en el fondo, un objetivo esencial, es decir, responder a las preocupaciones mostradas y marcar las limitaciones en torno a las que anteriormente no hubo suficiente claridad. Y esto, como es obvio, en el ámbito de lo que una directiva sectorial sobre patentes puede hacer. ¿Cuál es, por lo tanto, la cuestión fundamental? Asegurar con certeza que las razones de la investigación, la industria y la competitividad están enmarcadas dentro de una limitaciones claras que impiden cualesquiera apropiaciones del cuerpo humano, incluso de su más pequeño elemento. Recuerdo que también el Consejo Europeo de Amsterdam en sus conclusiones afirmó claramente el principio fundamental del respeto de la integridad del ser humano. Se trata de saber si el material biológico puede ser patentado. O sea, hace falta establecer con claridad la diferencia entre el descubrimiento de lo que existe en la naturaleza y la invención fruto de la intervención humana para fines bien definidos.
En consecuencia, la dimensión ética de las invenciones biotecnológicas, en particular de las que afectan a elementos aislados del cuerpo humano, para la Comisión fue el punto de partida de una reflexión profunda a fin de hallar la solución más adecuada a una temática tan sensible y delicada.
La Comisión consultó al Grupo de Consejeros para la ética de la biotecnología sobre los aspectos éticos de la patentabilidad de las invenciones que afectan a los elementos de origen humano. El dictamen fue emitido el 25 de septiembre de 1996. Dicho dictamen, favorable, animó a la Comisión en cuanto a su enfoque y facilitó ulteriores conclusiones. Compruebo, por otra parte, que la enmienda nº 1 se refiere a esto de forma explícita.
Durante los trabajos previos a esta sesión plenaria, seis comisiones del Parlamento Europeo trabajaron alrededor de la propuesta de directiva y celebraron numerosas y largas reuniones. El debate fue transparente, abierto y profundo y se caracterizó por un exhaustivo intercambio de argumentaciones. En consecuencia, es con un amplio conocimiento de causa que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos votó su informe el pasado 18 de junio y deseo agradecer aquí de forma especial al ponente, Sr. Rothley, el extraordinario trabajo llevado a cabo que es digno de gran admiración.
Deseo asimismo dar las gracias a todos, también a los que se han manifestado menos favorablemente, porque se ha tratado de un importante debate de civilización. La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos votó, en definitiva, 64 enmiendas. La Comisión puede aceptar todas estas enmiendas, porque las mismas aclaran...
... cuestiones delicadas que en la actualidad son objeto de debate. Se trata fundamentalmente de los siguientes puntos: una fórmula que define con claridad la distinción entre descubrimiento e invención con respecto a elementos aislados del cuerpo humano; la exclusión de la patentabilidad de las razas animales o de las variedades vegetales; la exclusión explícita de la patentabilidad de los procedimientos de clonación reproductiva humana y de los procedimientos de modificación de la identidad génica germinal del ser humano; la necesidad de no solapar en ningún momento la dimensión ética y la posibilidad de que ésta sea objeto de una adecuada evaluación previa; el logro de un equilibrio entre el sufrimiento que ciertas invenciones podrían provocar a los animales y la efectiva utilidad de dichas invenciones en el campo médico; una mejor formulación de los privilegios de los ganaderos con respecto al ganado de explotación.
Con relación a estos puntos y, evidentemente, a otros muchos más, la Comisión considera que la contribución de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos es esencial para alcanzar el objetivo principal que no es otro que el equilibrio entre los imperativos económicos y la absoluta necesidad de respetar la ética. La Comisión, por consiguiente, está dispuesta, repito, a aceptar todas las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y a integrarlas en su propuesta modificada. Serán necesarios algunos retoques en cuanto a su redacción, sin, no obstante, modificar en absoluto el contenido de las enmiendas, y sólo con objeto de mejorar su forma para respetar los imperativos jurídico-institucionales.
Por ejemplo, la enmienda nº 1, que ya he citado, debe, según la Comisión, incluirse más adecuadamente en el ámbito de un considerando. En relación con la enmienda nº 56 que pide que se cree un comité de ética, la Comisión se referirá al Grupo de Consejeros para la ética de la biotecnología, ya existente.
Por otra parte, el Parlamento votó hace pocas fechas una resolución relativa a la renovación del mandato de dicho Grupo de Consejeros. Desde el punto de vista de la búsqueda del equilibrio que he recordado, la Comisión está en disposición de aceptar algunas enmiendas presentadas posteriormente como, por ejemplo, las enmiendas núms. 67, 69, 77, 79 y 99. La propuesta modificada se presentará al Consejo para que éste pueda definir su posición común. La propuesta de directiva tiene una importancia prioritaria para el Consejo, porque se trata de una de las cuatro iniciativas del Plan de acción para el mercado único que los Estados miembros, a raíz de la invitación del Consejo Europeo, deben adoptar lo más rápidamente posible y en todo caso antes del 1 de enero de 1999.
Por lo tanto, confiamos en que la Presidencia luxemburguesa, extremadamente sensible al problema, logre alcanzar la posición común con ocasión del Consejo «Mercado interior» del próximo 27 de noviembre. En esa ocasión, el Parlamento Europeo podrá contar con el compromiso de la Comisión para que su aportación sea respetada y mantenida. Aportación por la que les doy las gracias en nombre de la Comisión y que, particularmente, aprecio sobremanera.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario. Me parece que esto es un ejemplo de lo bien que pueden trabajar conjuntamente la Comisión y el Parlamento. Funciona realmente. Quiero felicitarle encarecidamente por su intervención, señor Comisario.

Telkämper
Señora Presidenta, tengo que plantear una pregunta al Sr. Monti sobre la enmienda nº 49.

El Presidente
He sobrepasado en mucho el tiempo previsto para este debate. Quizás se pueda dirigir personalmente al Sr. Monti.

Telkämper
El señor Monti debería declarar si acepta esta enmienda o no porque en el fondo se trata de la patentabilidad de la vida.

El Presidente
No voy a permitir ya ninguna pregunta más pues el debate es muy amplio. Quizás pueda reunirse de nuevo con el Sr. Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Biotecnología y el Libro Blanco
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0239/97) del Sr. Bowe, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre el informe de la Comisión (COM(96)0630 - C4-0008/97) sobre la revisión de la Directiva 90/220/CEE en el contexto de la comunicación de la Comisión sobre biotecnología y el Libro Blanco.

Bowe
Señora Presidenta, esta mañana ya hemos desarrollado un considerable debate sobre un tema de considerable importancia relacionado con la biotecnología. Ahora debemos proceder al debate de un informe sobre otro tema biotecnológico de igual importancia. En este caso, hemos tenido la oportunidad de comentar las ideas de la Comisión antes de que ésta presente un texto legislativo al Parlamento, a través de un informe sobre la revisión de la Directiva 90/220, que regula la liberación intencional de organismos modificados genéticamente en el medio ambiente. El Parlamento acoge con satisfacción esta posibilidad y espera la pronta publicación de una propuesta revisada de la Comisión.
Como ya he señalado, la Directiva 90/220 tiene por objeto garantizar la seguridad humana y medioambiental de las liberaciones y de la comercialización de organismos modificados genéticamente (OMG) e introduce un único punto de entrada en el mercado comunitario para los productos consistentes en OMG. En Parlamento no puede sino estar de acuerdo con la Comisión en que, a la luz de los problemas que se han planteado recientemente con la aplicación de la Directiva, es necesaria una revisión de la misma, y nosotros quisiéramos ofrecer los siguientes comentarios a las propuestas de la Comisión, así como algunas propuestas adicionales para su modificación.
Parece evidente que debemos seguir manteniendo y aplicando el principio de prevención como base en la que se cimenta la Directiva. En definitiva siempre es preferible prevenir antes que lamentar. Aun así, en la Directiva también debe cumplir claramente un papel una evaluación de los riesgos de los productos propuestos, con una definición centralizada de los objetivos y la metodología de dicha evaluación, que garantice que se han tomado en consideración todos los riesgos potenciales para la salud humana y el medio ambiente en su conjunto.
Reconocemos y aceptamos que, a la luz de la experiencia adquirida, es posible establecer una clasificación acorde con los riesgos detectados en la liberación de cada OGM. No obstante, creemos que la Comisión no ha presentado aún ningún argumento convincente que sustente las propuestas de que se permitan las liberaciones multiestado y consideramos que debería adquirirse mayor experiencia en la aplicación del procedimiento simplificado previsto en la Directiva antes de poder contemplar una reducción de los requisitos exigidos.
Tenemos el firme convencimiento de que una información y recogida de datos más sistemáticas y exhaustivas en el curso de las liberaciones experimentales contribuiría a mejorar el funcionamiento de la Directiva. Esto permitiría una evaluación adecuada de los riesgos de las liberaciones a escala comercial plena y aportaría información adicional útil para la elaboración de una base de datos, que la Comisión debe crear con objeto de facilitar el intercambio de información entre los Estados miembros y una mejor cooperación sobre la base de dicha información.
También consideramos que el funcionamiento de la Directiva sería mucho más adecuada si se incrementa la rapidez, la transparencia y la responsabilidad democrática de los procedimientos de toma de decisiones de la Comisión. Por consiguiente, cremos que es importante garantizar que los procedimientos del Comité científico técnico y del Comité técnico se ajusten al llamado acuerdo del modus vivendi y que las reuniones de dichos comités sean públicas y se publiquen sus actas. Los ciudadanos deben tener un acceso adecuado a la información sobre las liberaciones propuestas y deben ser consultados.
Finalmente, existe un creciente reconocimiento de que algunas liberaciones plantearán problemas éticos. Pedimos a la Comisión que también lo reconozca y que busque un medio que permita tomar en consideración los aspectos sociales y éticos en el procedimiento de toma de decisiones.
Debemos reconocer el derecho de la opinión pública a estar informada y el derecho de los consumidores a conocer el origen de los productos que se les ofrecen. Por lo tanto, acogemos con satisfacción la reciente aplicación por parte de la Comisión de las disposiciones sobre etiquetado de la Directiva.
Consideramos que los productores de productos con OGM deben ser los responsables últimos de sus productos. Por consiguiente, pedimos a la Comisión que introduzca en la Directiva una disposición sobre responsabilidad civil, que garantice que dichos productores serán considerados responsables y serán objeto de penalizaciones en caso de que se produzcan accidentes o problemas.
En conclusión, aunque son muchas y muy graves las preocupaciones que se plantean en relación con la utilización de la biotecnología, sobre todo en los ámbitos de la producción de alimentos y de productos farmacéuticos, el Parlamento Europeo considera que los políticos deberían adoptar un enfoque extremadamente serio y atento en lo que se refiere a la utilización de la biotecnología en esos sectores, basando sus decisiones en un conocimiento científico seguro, sin limitarse a rechazar sencillamente esta tecnología, que ofrece muchos beneficios evidentes si se utiliza de una manera segura y sensata.

Görlach
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al colega Bowe por haber recogido en su informe prácticamente todas las enmiendas acordadas por la Comisión de Agricultura. No ocurre esto con demasiada frecuencia entre los agricultores y los protectores del medio ambiente. Por ello, este dato tiene para mí una especial importancia.
Creo que debemos tener claro que en las plantas y animales modificados genéticamente para su uso agrícola, los beneficios y peligros se encuentran muy próximos entre si. El colega Bowe ha mostrado claramente que el consumidor, que es el que consume a la postre los productos finales, tiene derecho a que existan unos procedimientos transparentes, sin lagunas y públicos. El ejemplo del maíz muestra lo cercanas que se encuentran las apreciaciones positivas y negativas tanto de los agricultores como de los consumidores. Si recapacitan a fondo, sólo pocos tienen realmente algo en contra de una selección de resistencia mediante modificaciones genéticas en el maíz si de este modo se mantiene alejado el insecto que se lo puede comer. Entonces ya no necesito emplear insecticidas, una ventaja ecológica. Pero, sí tengo algo que objetar si al mismo tiempo, introduzco en el maíz una resistencia contra un herbicida especialmente agresivo. Apelamos, por ello, a la industria para que se preocupe por la aceptación y que se pueda diferenciar entre lo que es útil y menos útil. Tal como ha ocurrido hasta ahora, se ha logrado exactamente lo contrario, es decir, una aceptación mínima o incluso rechazo entre los consumidores.
Hay que aclarar las mismas cuestiones a las que el Sr. Bowe se ha referido, como las relativas a la responsabilidad. No se puede escurrir el bulto diciendo que con una responsabilidad general está todo cubierto en este campo. Este campo es demasiado nuevo y hay que analizar exactamente este tema de las responsabilidades.
Resumiendo, creo que quizás se habría facilitado el trabajo si se hubiese preparado este documento mostrando con claridad las alternativas de las diferentes posibilidades. Debemos insistir para que las propuestas se formulen jurídicamente con nitidez y que puedan ser entendidas por los que tienen que trabajar con ellas.

Matikainen-Kallström
Señora Presidenta, desearía felicitar al ponente por haber intentado, al menos en parte, tener presentes en su arduo trabajo los puntos de vista de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. Se deben incluir en la directiva 220 las modificaciones que sean precisas para intentar simplificar unos procedimientos innecesariamente complejos. Además, hay que lograr un intercambio de información más eficaz y transparente entre las autoridades nacionales y la Comisión. No se podrá nunca hacer el suficiente hincapié en la importancia que reviste la transparencia en todas y cada una de las fases de la reglamentación relativa a los organismos modificados genéticamente. Los propios consumidores han de poder elegir los productos que deseen utilizar. Por este motivo, cuando la composición de los productos incluya organismos modificados genéticamente, o cuando este tipo de organismos se utilice para la fabricación de algún producto, no se debe dejar de indicar bajo ningún concepto tal circunstancia en dicho producto. Igualmente, se debe disponer de un etiquetado claro, inteligible y uniforme, así como desarrollar los distintos métodos de etiquetado. Por todo ello, pido a la Comisión que respete la posición del Parlamento a este respecto.
La Comisión deberá tener también en cuenta la evaluación de los riesgos en materia de medio ambiente y los resultados del estudio científico social y del comportamiento relacionado con la definición de tales riesgos. La ciencia avanza continuamente y cada vez disponemos de una mayor información. Es importante que los análisis tengan una base científica y que gracias a estos resultados se intenten esclarecer y ampliar los principios utilizados en la evaluación de los riesgos que entraña la propagación deliberada de organismos modificados genéticamente y de sus consecuencias para el medio ambiente.
La tecnología genética permite dotar a un alimento de nuevas características de manera más rápida y precisa que mediante el procesamiento tradicional de productos alimenticios. Por ejemplo, es posible mejorar la calidad y fertilidad de las plantas mediante el desarrollo de variedades inmunes a las enfermedades causadas por bacterias, virus u hongos. Se puede reducir simultáneamente el uso de pesticidas y de sus restos en los productos alimenticios y en el medio ambiente combatiendo las plagas con ayuda de la tecnología genética. Por el contrario, esta tecnología podría dar lugar también a un aumento del uso de los pesticidas. Las primeras aplicaciones comerciales de la tecnología genética se han realizado en variedades de soja y maíz, que son más resistentes a los pesticidas que la mayoría de los cultivos.
Además de hacer posible la introducción de alguna característica deseada, el transplante genético puede dar lugar además a la aparición de características perjudiciales. La concentración tóxica de origen natural puede llegar a ser más elevada en las plantas modificadas. Los productos con organismos modificados genéticamente han de respetar en todo momento unas estrictas pautas marcadas por la cautela. A medida que dispongamos de más experiencias y datos científicos, será indispensable que podamos también modificar las disposiciones de la directiva.

White
Señora Presidenta, mi intervención será casi una continuación del debate anterior, dado que el Sr. Bowe, en su exposición de motivos, manifiesta que «cuanto más se avanza en este sector, más parecen ser las cuestiones de tipo ético que se plantean en cuanto a su aceptación. Así pues, la Comisión debe examinar la manera de introducir la dimensión ética en el proceso de toma de decisiones relacionado con la Directiva.» Esto es totalmente acertado, pero el Comisario Monti, en su respuesta al debate que acabamos de desarrollar, pareció indicar que la Comisión trasladaría al grupo de asesores la petición del Parlamento de que se cree un comité de ética. Esto, francamente, no es y nunca será suficiente. Si leen la enmienda al informe Rothley presentada por la comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, verán que pedimos a la Comisión que presente propuestas. Remitir esta cuestión a un grupo de asesores, que es un órgano externo al Parlamento, no basta. Hablando claro, yo quisiera recibir una respuesta de la señora Comisaria que ahora está presente, puesto que sé que también se encontraba aquí cuando el Comisario Monti ofreció esa respuesta que yo considero inadecuada.
La liberación de OGM en el entorno global es ciertamente un tema que plantea problemas éticos más amplios. Éste es exactamente el tipo de cuestiones que deberían someterse a la consideración del citado comité de ética. Por otra parte, si consideramos este tema en el contexto del informe Bowe, en el mismo no se menciona explícitamente dicho comité de ética, puesto que todavía no se ha creado. Deberíamos plantearnos ya desde ahora, antes del examen en segunda lectura del informe Rothley y en anticipación de futuros progresos en el campo de la biotecnología, cómo nos proponemos abordar todo este asunto. No será suficiente con que lo traslademos a un comité de asesores ya existente. Esto es razonable como primer paso, pero no nos ayuda a avanzar en la definición de la estructura de un comité de ética propiamente dicho, que más pronto o más tarde deberá tratar esta cuestión en nombre de la Unión Europea en un foro mundial más amplio.

Trakatellis
Señora Presidenta, el debate del informe relativo a la revisión de la Directiva 90/220 en relación con la liberación intencional de organismos genéticamente modificados se encuadra en el contexto de la modernización de la legislación comunitaria en el sector de la biotecnología. Así, se pueden tener en cuenta las experiencias y conocimientos derivados tanto del desarrollo y el progreso de la ciencia como de la aplicación de esa Directiva en los últimos siete años. Uno de los elementos más importantes de esta revisión es el relativo a la evaluación del riesgo, con la consiguiente clasificación, de forma que pueda preverse en ciertos casos una simplificación de los procedimientos administrativos para la concesión del permiso de liberación deliberada de organismos modificados genéticamente en el medio ambiente. Por supuesto, esta simplificación de los procedimientos no puede poner en peligro la seguridad, por lo que ha de limitarse a los casos de demostrado bajo riesgo. En consecuencia, la Comisión, al presentar la revisión de la Directiva 90/220, debe ofrecer disposiciones claras en materia de evaluación del riesgo. Espero que la Comisión, en cumplimiento de los objetivos de obtención de la confianza del público, desarrollo de la competitividad de la industria europea y defensa de la salud pública y del medio ambiente, que ella misma ha declarado, tome en cuenta determinados datos: ante todo, la clase de modificación genética y, por supuesto, si ésta se refiere a una simple característica, como el color o la textura de un fruto, o por el contrario a la obtención, por ejemplo, de un herbicida. En este último caso es posible que se influya tanto en el equilibrio del ecosistema como en la competencia, dada la dependencia de los agricultores respecto de empresas concretas que son titulares de patentes sobre plantas manipuladas genéticamente o sobre herbicidas. En segundo lugar, si al modificar uno o más genes se modifica la sensibilidad a uno o más antibióticos. Aquí debe valorarse la eventual posibilidad de modificación de la resistencia a los microorganismos. En tercer lugar, cuando el organismo manipulado genéticamente sea una planta y se cultive experimental y comercialmente, si podrán protegerse a las plantas de la misma especie que no estén manipuladas. Y esto porque se supone que se producirá una polinización de la que resultarán nuevos ejemplares que acaso presenten características diferentes y no deseadas.
Querría aquí subrayar que los anexos 2, 3 y 4 de la directiva están bien planteados y, evidentemente, el problema consiste en que no se traduzcan en una identificación concreta del riesgo. Doy aquí todavía algunas ideas y querría obtener una respuesta de la Comisión. Primero: ¿en qué se apoya la evaluación de los riesgos y cómo se clasifican éstos? Segundo: ¿cómo se vinculan las categorías de riesgo con los procedimientos administrativos? En lo que concierne el tema de la seguridad, estoy de acuerdo con el ponente. En lo que respecta al etiquetado de los alimentos, soy de la opinión de que conviene la existencia de un etiquetado en todos ellos a fin de que el consumidor sepa lo que compra en cada caso. Por lo demás, casi todos los consumidores quieren tener información sobre los alimentos que compran. Sólo así se podrá recuperar su confianza. Conviene reforzar aún más la información a los consumidores para ayudarles en la elección de los productos. Quiero subrayar que todo este sector exige un seguimiento tanto desde los Estados miembros como desde la Comisión.

Dybkjær
Señora Presidenta, este tema supone, como también han mencionado otros oradores, una continuación directa del que hemos debatido anteriormente. Se puede decir que uno depende del otro. Para comenzar, quiero dar las gracias al ponente por su trabajo y decir que coincido con él en las líneas generales expuestas en el informe. Me gustaría comentar tan sólo algunos temas específicos y lo primero que me gustaría preguntar a la Comisión es si resulta lógico seguir manteniendo esta Directiva como una sola. Como se sabe, por un lado tenemos la liberación experimental y, por otro, la comercialización de algo que ha pasado ya por una serie de ensayos. Al fin y al cabo, no se trata de las mismas normas y me parece que, a la luz de la aplicación de otras directivas, nos preguntemos si es lógico seguir manteniendo una sola directiva o si resultaría más sencillo manejarla si se dividiese en dos diferentes.
Quiero añadir que, como otros, apoyo la idea de la Comisión de una simplificación y, por lo tanto, de una posible clasificación de los riesgos. No todos los OMG implican el mismo grado de riesgo y habiendo aprobado una simplificación en relación, por ejemplo, con el uso confinado de los OMG, parece lógico hacer lo mismo en este caso. La propuesta de la Comisión de intentar fijar unos procedimientos que permitan realizar comparaciones directas también me parece correcta, y creo que esto es lo adecuado para que cada país acepte los resultados de otros países, en vez de generalizar diciendo que, si el producto ha sido examinado en un país, ha de ser aceptado en los otros. En todo caso, a estas alturas hemos de procurar una armonización en este ámbito. Lo digo así porque, sea cual sea nuestra opinión sobre este tema, sigue siendo un tema muy delicado para el gran público, por lo que es importante tener en cuenta su preocupación al debatir los procesos de simplificación.

Blokland
Señora Presidenta, la Comisión ha cumplido la promesa que hizo en el Libro Blanco de evaluar en un informe la Directiva 90/220. Es una lástima que al tratar la directiva no se haya hecho nada en relación con el uso limitado. Habría sido útil. La cuestión es demasiado importante y compleja para tratarla de pasada.
Todo parece indicar que, en los próximos años, en Europa aparecerán muchas plantas en el mercado. En los últimos años, en Estados Unidos se han introducido más de 3.600 plantas. Así que Europa puede esperar más o menos lo mismo. Sin embargo, tal cifra no ha de implicar que nos tomemos a la ligera la introducción de nuevos productos. El principio de prevención ha de seguir prevaleciendo y esto implica prestar la máxima atención tanto en la fase de experimentación como en la fase de comercialización.
En lo que respecta a la evaluación, considero que la Comisión ha realizado un buen trabajo. Sólo ha olvidado una cosa: mirarse en el espejo. Mientras que los Estados miembros están sujetos a plazos estrictos, la Comisión no tiene ningún plazo para tomar su decisión final sobre la admisión. Debido a la amplitud de las consultas internas, el expediente circula a veces durante meses en los despachos de la Comisión. Estoy plenamente de acuerdo con la sugerencia de la Comisión de incluir en la nueva directiva que hay que mencionar las ventajas y los riesgos de la introducción. El público tiene derecho a la información. A fin de cuentas, es quien ha de comer los nuevos alimentos.
Considero que la propuesta de resolución no es siempre clara. Así, en los primeros apartados no queda claro que se trata tan sólo de una fase de experimentación. Asimismo en otros apartados se utilizan expresiones encubiertas. En el apartado 12 no se tiene en cuenta la modificación recién aprobada del Anexo III.
Tengo curiosidad por conocer la nueva propuesta de la Comisión. Sea como fuere, esta evaluación me ha inspirado confianza.

Kronberger
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, hay dos tecnologías de riesgo que se han desarrollado y ampliado en el siglo XX. La primera es la energía nuclear y la segunda es la manipulación genética. Hoy nadie puede decir cuál de las dos va a ser más peligrosa al final.
El informe del Sr. Bowe muestra con toda claridad que precisamente se van a repetir aquellos errores que cometió una generación de políticos antes de nosotros. En el caso de la energía nuclear no se realizó un estudio de los riesgos. La decisión de extender este tipo de energía se realizó en base a informaciones erróneas sobre las posibles repercusiones. De la manipulación genética, hoy conocemos una mínima parte de las consecuencias reales. A pesar de ello, se pretende imponer a una velocidad totalmente innecesaria.
Debemos preguntarnos quién necesita esta tecnología. ¿Quién la necesita enseguida y para qué se utiliza? Son algunos consorcios que quieren ampliar al máximo sus beneficios sin participar al mismo tiempo en los riesgos. El informe de la Comisión intenta dar cobertura a este modo de proceder. Creo que el Sr. Bowe ha intentado de un modo muy convincente delimitar los daños. Una cosa está totalmente clara: la velocidad con que se liberan organismos manipulados genéticamente tiene una causa: cuanto mayor es la información de la población sobre las posibles consecuencias y riesgos, tanto más difícil será imponer estas tecnologías.
Nuestra tarea como representantes del pueblo solamente puede consistir en mantener lo más reducido posible cualquier tipo de peligro para las personas.

Tannert
Señora Presidenta, señoras y señores, esta directiva tiene que garantizar la seguridad, tanto para las personas como para el medio ambiente, de la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. De lo contrario, no se deberían permitir estos productos en el mercado común. Pero si se quiere que la investigación de la Comunidad tenga un mayor éxito competitivo con los productos elaborados mediante la biotecnología, entonces se deben garantizar y practicar normas de aplicación unitaria así como acumular datos e informaciones a nivel comunitario sobre los resultados de los experimentos de la liberación de estos organismos, en especial sobre los controles de compatibilidad medioambiental. En lo que las intenciones de la Comisión tienen en cuenta este objetivo, se debe saludar expresamente su informe. Pero lo que no puede ser, señora Comisaria, es que la Comisión pretenda modificar el ámbito de aplicación de la directiva, es decir, su anexo, sin participación del Parlamento, tal como apunta en su informe. Sólo puedo advertir para que no se haga, pues no sólo sería perjudicial para la democracia.
En la investigación biotecnológica, las liberaciones intencionales en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente son irrenunciables como último control sobre la inocuidad para el hombre y la biosfera. Pero en la revisión de la directiva se debería lograr definir unas claras categorías de riesgos para las liberaciones y plantear con la misma claridad unos requisitos administrativos al respecto. De ello se deducirá si es necesario un llamado procedimiento simplificado. No me parece lógico. Pues a la categoría de riesgo más baja lógicamente debería corresponder el procedimiento más simple, de modo que no sea necesaria ninguna simplificación adicional.
Concluyo con una apelación a la Comisión: elimine el procedimiento simplificado, haga más clara la directiva y tome las medidas necesarias para una aplicación consecuente.

Bjerregaard
Señora Presidenta, para comenzar quiero dar las gracias a los ponentes, David Bowe, Matikainen-Kallström y Willi Görlach, por el informe sobre el informe de la Comisión relativo a la revisión de la Directiva 90/220 referente a la liberación en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. Se trata de una Directiva de procedimiento que tiene como objetivo garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, y por lo tanto un desarrollo en regla de la tecnología de los OMG.
La Directiva tiene gran importancia práctica, y en el informe que estamos debatiendo hoy, la Comisión ha realizado un análisis de cómo ha funcionado desde su entrada en vigor. Me gustaría señalar algunos de los aspectos problemáticos que han sido mencionado hoy aquí y que señalamos en el informe. Respecto a la valoración de los riesgos, las directrices son insuficientes, lo que el ponente, Sr. Bowe, ha subrayado en su intervención. Falta un sistema de clasificación de la liberación, falta un sistema que adapte los procedimientos administrativos a la clase de liberación y falta el acceso a un comité científico para consultarle sobre temas relativos a la salud humana y al medio ambiente. La gestión de los procedimientos y sistemas de aprobación para la comercialización de los productos resulta además engorrosa. Hace falta mayor transparencia y -como todos sabemos y lo hemos debatido con anterioridad- hace falta con urgencia un etiquetado.
Como el Parlamento sabe, la Comisión adoptó a propuesta mía una modificación técnica provisional del Anexo 3 de la Directiva 90/220/CEE, según la cual se exige etiquetado de todos los productos liberados. Esta modificación ha sido aprobada por fin ahora, por lo que a partir del 1 de agosto del presente año será obligatorio etiquetar todos los productos incluidos en la Directiva. La Comisión considera esta medida un paso importante en la dirección correcta y creemos que con ella facilitaremos a los ciudadanos la información que el Parlamento, sobre todo, ha solicitado en varias ocasiones.
Me alega mucho ver que el informe ha dado lugar a un amplio debate en el Parlamento Europeo. Con ello podré incluir la propuesta del Parlamento en la propuesta de revisión que está siendo elaborada en la Comisión. Tengo pocos comentarios que hacer a la propuesta de resolución del Parlamento. El primero se refiere al régimen especial sobre responsabilidad civil que el Parlamento desea introducir en la Directiva. Se trata de un tema importante y el Parlamento sabe que estoy de acuerdo en que necesitamos una disposición relativa a la responsabilidad civil en una serie de ámbitos, entre ellos el de la biotecnología. Para poderlo hacer, la Comisión está elaborando un Libro Blanco sobre este tema, el cual espero nos ofrezca la base necesaria para establecer normas comunes que nos permitan exigir la responsabilidad civil en la legislación medioambiental específica.
El otro punto que quiero destacar es el referente a la ética. Varios ponentes lo han abordado. Un vez más, estoy de acuerdo con los comentarios del Parlamento, pero como ya se dijo durante el debate anterior, la Comisión ha optado por examinar la dimensión ética en un contexto más amplio y no únicamente en relación con la liberación de los OMG en el medio ambiente. Por eso, hay que tener en cuenta el debate general antes de incluir el tema en la legislación específica.
En cuanto a las propuestas del informe que han sido debatidas hoy sobre un mayor intercambio de información entre los Estados miembros y la creación de un banco de datos, me satisface poder informarles que la DG XI ya ha tomado todas las medidas necesarias para ello. Esto quiere decir que, en los próximos años, la información sobre la liberación de OMG será accesible a través de Internet tanto a nivel científico como comercial. Apoyo, por lo tanto, plenamente el deseo del ponente de mayor información y transparencia en este ámbito.
Quiero agradecer una vez más al Parlamento su propuesta. Ha representado un apoyo importante para la DG XI en su elaboración de la propuesta de modificación de la Directiva 90/220/CEE y espero que sea aprobada por la Comisión inmediatamente después de las vacaciones de verano.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria Bjerregaard.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Green
Señora Presidenta, como la mayoría de los presentes ya saben, ésta será la última oportunidad en que usted presidirá el Pleno antes de dejar el Parlamento para dedicarse plenamente a continuar su carrera en la Asamblea Nacional francesa.
En nombre de mi Grupo político y tengo la seguridad de que también en nombre de todos los diputados de esta Cámara, yo quiero desearle un gran éxito en su carrera y manifestar, en particular, que su integridad y también la consideración del Parlamento por la manera en que usted ha presidido el Pleno a lo largo de muchos años son incuestionables. Le deseamos mucha suerte y queremos ofrecerle estas flores en nombre de mi Grupo político y, de hecho, de toda la Asamblea.
(Grandes aplausos)

El Presidente
Estoy enormemente conmovida, diría incluso que enormemente emocionada. Estos seis años que he pasado con ustedes son para mí una experiencia de tal riqueza que espero poder influir en algunos trabajos de la Asamblea Nacional francesa, particularmente en todo lo que afecta a la Unión Europea. Pueden contar ustedes con mi total fidelidad. Haré todo lo que pueda para valorizar el objetivo al que, durante seis años, hemos contribuido juntos. Muchísimas gracias.

Votaciones
Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, nos encontramos ante una votación poco usual. En la primavera de 1995 se votó en el Pleno sobre el informe, que fue devuelto a la comisión ya que la Comisión no quiso recoger las enmiendas del Parlamento. En el tiempo trascurrido, en estos dos años, hemos negociado con la Comisión y hemos llegado a un acuerdo, que se presenta ahora.
Nos hemos puesto de acuerdo con la administración en que se vote hoy de nuevo sobre las enmiendas que a la sazón se aceptaron. Además, se votará sobre las enmiendas que se han convenido de mutuo acuerdo con la Comisión, de modo que hoy podemos presentar el informe completo para su votación. Parto del hecho de que la Comisión aprobará las enmiendas, por lo que llevaremos a efecto también la votación final.
Esto es un ejemplo de que aunque, según el artículo 43, seamos solamente una instancia de consulta, podemos participar en la codecisión mediante un procedimiento legal, negociando con la Comisión. Si logramos ahora una posición común entre el Parlamento y la Comisión, solamente se podrá rechazar unánimemente en el Consejo, con lo que el Parlamento obtiene una gran fuerza para lograr sus objetivos.

Fischler
Señora Presidenta, señoras y señores, no quiero prolongar el debate, por lo que voy a retomar el tema donde acaba de dejarlo el diputado, Sr. Graefe zu Baringdorf. En lo esencial, me voy a referir sólo a las enmiendas relativas a los organismos modificados genéticamente, no solamente porque probablemente son las más importantes sino también por la necesidad de introducir una serie de cambios de redacción de poca importancia.
En primer lugar, el tenor literal de la enmienda nº 22 sobre el control de la compatibilidad medioambiental se debería modificar ligeramente por motivos de seguridad jurídica. La letra b) del apartado 4 debería ser como sigue: »Los procedimientos dirigidos a garantizar que el control de compatibilidad medioambiental sea equiparable al establecido en la Directiva 90/220, se introducirán a propuesta de la Comisión mediante reglamento del Consejo sobre el fundamento jurídico adecuado del Tratado de la CE».
En segundo lugar, quiero hablar sobre la enmienda nº 23 que se refiere al catálogo de clases y al etiquetado y que es reflejo del deseo de la Comisión y del Parlamento para que el usuario de semillas esté informado de si se trata de una clase modificada genéticamente o no. Pero las normas de etiquetado deben establecerse en las partes de las normas jurídicas que se refieren al producto en cuestión, en este caso, a la semilla. Por ello, la cláusula del etiquetado no debería figurar en la directiva sobre el catálogo de clases sino en la directiva sobre el comercio con semillas. Este cambio no afecta al fondo del acuerdo y podrá ser tenida en cuenta en el momento oportuno en la propuesta revisada por la Comisión.
Para finalizar, permítanme que hable brevemente sobre la enmienda nº 8, que se refiere a la propuesta para introducir controles recíprocamente reconocidos, es decir, controles europeos. Según la apreciación de la Comisión, esta enmienda no se ha seguido. Pero si no fuese así, la propuesta no sería aceptable porque ya existen normas satisfactorias en las directivas.
Por lo demás, me alegra comunicarles que la Comisión puede aceptar todas las enmiendas si se tienen en cuenta estas mejoras de redacción y quiero agradecer de nuevo al ponente, Sr. Graefe zu Baringdorf, la cooperación mostrada.
Enmienda 21
Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, en la enmienda nº 21 hay que tener en cuenta dos puntos: en la traducción francesa es por lo visto difícil reflejar claramente el contenido del segundo apartado. Aquí se dice lo que significa «no puesta en circulación» y existe luego una negación doble, a saber, »no puesta en circulación» significa que la semilla que llega al mercado no está dirigida al aprovechamiento comercial de la clase. En el texto francés ha sido algo difícil ya que los conceptos puesta en circulación, aprovechamiento comercial y mercado se asemejan mucho. Pero ruego a los colegas franceses que confíen en el texto original y equiparen la redacción del texto. Una segunda observación: se ha solicitado una votación por separado; en lo esencial se trata del tercer guión, en el que el intercambio local de semillas entre explotaciones agrícolas para su uso exclusivo en la propia explotación se denomina como «no puesta en circulación». Esto se negoció así de acuerdo con la Comisión. Sin embargo, entretanto existe una considerable presión de la industria semillera para que no se incluya en esta directiva esta práctica agrícola de intercambio entre vecinos que es usual en todos los países, pues teme que se le pueden escapar algunos negocios.
Ruego a todas y todos los colegas que den su apoyo a este tercer guión a pesar de la presión que se ejerce.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Macartney
Señora Presidenta, por una cuestión de orden, en relación con el apartado 5 del artículo 53 del Reglamento. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha incumplido el mandato del Parlamento puesto que no ha examinado debidamente las enmiendas relativas al fundamento jurídico que yo presenté. Por esta causa, el Parlamento corre el riesgo de adoptar un texto jurídicamente inadecuado. Esto no nos dejaría en demasiado buen lugar si esta cuestión se plantea posteriormente ante el Tribunal de Justicia.
Yo solicito que esta cuestión de orden conste en el Acta y quiero instar a sus señorías a que, como única salida posible, den su voto afirmativo a las enmiendas 3 y 4, que ofrecen una clara salvaguarda frente a cualquier intento de tergiversar el fundamento jurídico de la Política Pesquera Común.

Souchet
Señora Presidenta, creo que después de la intervención del Sr. Macartney, quizá fuera útil, para esclarecer el criterio de nuestros colegas, conocer la posición de la Comisión de Asuntos Jurídicos manifestada por su presidente.

De Clercq
Señora Presidenta, la comisión no ha de considerar necesariamente las enmiendas propuestas. La propia comisión ya se ha pronunciado, yo no tengo nada más que añadir.

McKenna
Señora Presidenta, por una cuestión de orden. Lo que acaba de exponer el Sr. Macartney es cierto y nos obliga a cuestionar, de hecho, la actuación de la Comisión de Asuntos Jurídicos en relación con estos temas.

Ewing
Señora Presidenta, la cuestión de fondo es que la Comisión de Asuntos Jurídicos no remitió los documentos a sus miembros. Los documentos necesarios para que la Comisión de Asuntos Jurídicos pudiera emitir una opinión jurídica se presentaron, pero no fueron sometidos a la consideración dicha comisión. Este es el fondo de la cuestión.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, quiero expresar de nuevo mi satisfacción porque hayamos podido aprobar así este informe y por haber logrado introducir posiciones de fondo del Parlamento en las negociaciones con la Comisión.
Entre estos aspectos de fondo se incluye, entre otras cosas, el etiquetado de las semillas modificadas genéticamente, un acuerdo de etiquetado que va mucho más allá de la directiva sobre los «novelfood». Espero que tenga unos efectos ejemplares, de modo que se produzca una revisión y que próximamente se prescriba también un etiquetado similar para las consumidoras y consumidores.
En este informe es también especialmente importante que se autoricen de nuevo variedades locales y que se pueda comerciar con ellas, con lo que contribuirán sin duda a la variedad genética. Lo que lamento algo -y en este aspecto no entiendo en especial al Grupo del PPE que, por lo demás, siempre coloca en un primer plano la defensa de los intereses de las agricultoras y agricultores- es que haya rechazado este tercer guión, en el que se trata de que en el ámbito local, en el de vecindad, se puedan intercambiar semillas para su uso en la propia explotación. En consecuencia, la enmienda ha fracasado por unos pocos votos. Espero que la Comisión recoja este texto -que hemos negociado con ella- en sus disposiciones ejecutivas para que podamos llegar a una legalización de las actuales prácticas de vecindad.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses no han votado hoy sobre el informe mencionado.
El paquete relativo a las semillas se basa en el artículo 43 del Tratado de la Unión, lo cual pueden aceptar los socialdemócratas daneses cuando se trata de la fusión de directivas relativas a la comercialización en materia agrícola. Lo que ocurre es que en este caso se trata asimismo de incluir parte de la Directiva sobre liberación de los OMG en la Directiva sobre semillas. La base jurídica de la Directiva sobre liberación suele ser el artículo 100A, lo que permite, entre otras cosas, a los Estados miembros aplicar la cláusula en materia de medio ambiente, y los socialdemócratas daneses no pueden aceptar la desaparición de tal posibilidad.
El resto del informe es satisfactorio.

Souchet
Nuestro grupo ha votado la totalidad de las enmiendas propuestas por la Comisión de Agricultura relativas a la modificación de las directivas relativas a la comercialización de las semillas, con excepción del tercer guión de la enmienda 21.
Nuestro grupo puede felicitarse por un compromiso tal como resulta de la votación celebrada en el Pleno. En efecto, las empresas que comercializan semillas han de respetar una serie de imposiciones legítimas como el etiquetado y la información al usuario. Una delimitación de este tipo permitirá al proceso en cuestión desarrollarse y eliminar algunos operadores menos escrupulosos.
Por lo que respecta a los agricultores, el principio del privilegio del agricultor no se pone en duda, mediante las enmiendas que se han presentado y que han sido aprobadas en el Pleno.
Con respecto al tercer guión de la enmienda 21, nuestro grupo se ha opuesto, y con satisfacción ha tomado nota de su supresión. En efecto, si el principio del comercio de semillas entre vecinos puede parecer legítimo, es necesario evitar la puesta en marcha de un mercado paralelo y sobre todo el riesgo de perder toda rastreabilidad de las semillas procedentes de organismos genéticamente modificados.
Informe Souchet (A4-0144/92)
Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe del Sr. Souchet.
Los socialdemócratas daneses apoyan la idea de que la política de pesca común esté basada en principios de racionalidad y sostenibilidad.
La acuicultura es una fuente de contaminación importante del sector pesquero. Por eso, los socialdemócratas daneses no desean que la acuicultura forme parte de la estrategia de empleo ni de la estrategia en materia de medio ambiente. Nuestra opinión es la misma en el caso de otras fuentes de contaminación parecidas en el sector pesquero.

Macartney
Yo he votado en contra del Informe Souchet, puesto que, a mi parecer, el Parlamento Europeo no ha considerado de manera satisfactoria el tema del fundamento jurídico que yo planteaba en mis enmiendas al fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión que modifica el Reglamento básico de la PPC.
A mi parecer, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha incumplido el mandato del Parlamento, puesto que ha examinado sólo parte de la propuesta de la Comisión y precisamente no la parte de la misma que yo pienso que plantea mayores problemas.
Por este motivo, yo creo que el Parlamento no puede apoyarse con confianza en la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos para excluir la posibilidad de que la adopción de la propuesta de la Comisión pueda comprometer el principio de estabilidad relativa sobre el que se cimenta la PPC y crear desafortunados precedentes para el desarrollo futuro de la política pesquera de la UE.
Está en juego el futuro del principio sobre el que se cimenta la PPC y es absurdo que el Parlamento Europeo realice una votación sobre un tema tan delicado y complejo como éste sin tomarse el debido tiempo para reflexionar sobre el daño potencial que puede causar esta propuesta sin plazo definido y poco meditada de la Comisión.

Souchet
Las enmiendas que presentó el Sr. Macartney a mi informe planteaban un problema jurídico que sobrepasaba el marco y cuyo examen está en el origen de un aplazamiento de la votación de dos meses. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo acaba de remitirnos sus conclusiones: ésta considera, por amplia mayoría, que la base jurídica aceptada por la Comisión es correcta. En el momento de la votación, el Sr. Macartney había precisado que no le parecía que la Comisión de Asuntos Jurídicos hubiera examinado muy minuciosamente la cuestión que él había planteado. En respuesta a mi intervención, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos ha indicado que sus conclusiones eran, al contrario, suficientemente precisas. Sobre esta base, nuestro grupo ha decidido, por tanto, no aceptar las enmiendas de Sr. Macartney y votar, naturalmente, a favor de la resolución final.
En cuanto al fondo del informe, sólo puedo lamentar que, durante el debate en el pleno, la Comisaria Sra. Bonino no haya admitido el fundamento de las dos enmiendas que yo presentaba en mi informe y que fueron aprobadas por la cuasi unanimidad de los miembros de esta Asamblea. En efecto, no es normal que la Comisión intente arrogarse derechos de los que no dispone, para evitar cualquier control sobre la manera como negocia. Si, en el marco de conferencias internacionales, acepta nuevas restricciones técnicas que hayan de aplicarse a los pescadores de la Unión Europea, nos parece indispensable que el Consejo y el Parlamento puedan pronunciarse sobre el fundamento de tales restricciones. Al tener que estar el Consejo, en todo momento, en condiciones de controlar los actos de la Comisión, no nos parece oportuno modificar el procedimiento de decisión existente que prevé el ejercicio de ese control. Observo con satisfacción que esta Asamblea ha decidido así por la cuasi unanimidad.
Informe Péry (A4-0220/97)
Ahlqvist, Andersson, Hulthén, Lööw, Theorin, Waidelich y Wibe
Le agradecemos a la ponente su trabajo bien realizado para la elaboración de este informe. No obstante, deseamos poner de relieve nuestra posición de principio en cuestiones sobre acuerdos pesqueros de este tipo. Pensamos que la Unión Europea debería abandonar esta modalidad costosa de acuerdos pesqueros y en su lugar pasar a apoyar sobre todo la propia actividad pesquera de los países en vías de desarrollo. Esta solución contribuiría mejor a desarrollar la importancia de la pesca para el aprovisionamiento global de alimentos, a fortalecer el desarrollo económico de estos países, y a eliminar los riesgos que pueden conllevar los acuerdos pesqueros de que la actividad de ciertos Estados miembros reciba unas ayudas indirectas para su continuación, en una situación en la que la totalidad de la pesca europea necesita de unas restricciones considerables.

Sandbæk
Estamos votando sobre la prórroga del Protocolo de un Acuerdo de pesca que no sólo está en vigor, sino que ya ha expirado. Es una situación grotesca. Omito dar mi voto, ya que no puedo apoyar plenamente el contenido de estos Acuerdos de pesca con el Senegal, sobre todo sabiendo que los pescadores locales no los quieren.
Informe Gallagher (A4-0229/97)
Ahlqvist, Andersson, Hulthén, Lööw, Theorin, Waidelich y Wibe
Queremos, con motivo del debate celebrado en el Parlamento Europeo sobre el informe en cuestión, destacar nuestra posición de principio con respecto a este tipo de acuerdos. Pensamos que la Unión Europea debería abandonar esta modalidad costosa de acuerdos pesqueros y en su lugar pasar a apoyar sobre todo la propia actividad pesquera de los países en vías de desarrollo. Esta solución contribuiría más a desarrollar la importancia de la pesca para el aprovisionamiento global de alimentos, a fortalecer el desarrollo económico de estos países, y a eliminar los riesgos que pueden conllevar los acuerdos pesqueros de que la actividad pesquera de ciertos Estados miembros reciba unas ayudas indirectas para la continuación de sus actividades en una situación en que la totalidad de la pesca europea necesita unas restricciones considerables. También pensamos que el Parlamento Europeo, en estos casos, debe considerar la posibilidad de contribuir a que cristalice esta modificación de los principios a seguir en la orientación general.
Informe Papakyriazis (A4-0211/97)
Striby
Señora Presidenta, Señorías, el Informe Anual del Defensor del Pueblo Europeo es una ocasión para recordar la amplitud de la tarea que incumbe a este órgano. Como miembro de la Comisión de Peticiones, sólo puedo así saludar el trabajo de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo como participante en el proceso que pretende acercar los ciudadanos nacionales a unas instituciones europeas demasiado distantes.
Sin embargo, tengo una preocupación. El informe del Sr. Papakyriazis, habla, y cito «de reforzar el equilibrio institucional que definen los tratados y, en especial, el correcto ejercicio de los poderes discrecionales de la Comisión y del Parlamento Europeo así como del Tribunal de Justicia». Sin embargo, como los poderes discrecionales necesitan, por definición, ser ejercidos con toda independencia, por consiguiente sin control a posteriori, está claro que las instituciones y órganos europeos no pueden en ningún caso escapar a las reglas de equidad y de derecho que los propios Estados miembros han establecido, pero no es menos evidente que la gestión comunitaria necesita, como cualquier otra, de flexibilidad. Sin ella, conservará e incluso desarrollará su pesadez y formalismo.
Con el ponente, señalamos así la necesidad de definir con claridad las misiones del Defensor del Pueblo Europeo y, sobre todo, la noción de mala administración, con el fin de evitarle cualquier tentación intervencionista. Insisto, a fin de cuentas, en la necesidad de reformar, cuando ello sea necesario, sin conformarse con la buena conciencia que proporcionarían los correctivos residuales aportados por la acción del Defensor del Pueblo Europeo. Y no olvidemos que somos, como representantes electos de nuestros diferentes pueblos, sus mejores defensores en el seno de la Unión.
Para concluir, desearía recordar que, según el artículo 13 de la decisión de esta Asamblea con fecha 9 de marzo de 1994 y por el que se instituye el estatuto del Defensor del Pueblo, la sede del Defensor del Pueblo Europeo es la del Parlamento Europeo. Ahora bien, las conclusiones de la CIG lo han recordado recientemente, éste está en Estrasburgo. No quiero ver, por tanto, en la instalación, y cito el informe del Defensor del Pueblo Europeo «de una pequeña sucursal en Bruselas», más que una modalidad práctica que no debería anunciar una deslocalización centralizadora suplementaria y que, al final, haría de Estrasburgo una pequeña sucursal de Bruselas.

Lindqvist (ELDR), Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL), Gahrton, Holm y Lindholm (V), Lis Jensen (I-EDN)
Por parte nórdica vemos como un paso adelante que se haya establecido la función del Defensor del Pueblo, el cual ha de velar por los intereses de los ciudadanos. Esto es especialmente importante teniendo en cuenta las insuficiencias democráticas de la UE, además del excesivo celo regulador que caracteriza a las autoridades de la Unión. Hemos votado a favor de las propuestas que tienen como objeto mejorar las posibilidades del ciudadano de presentar reclamaciones. En cambio, hemos votado contra el apartado 4 del informe, en el que se dice entre otras cosas que «el cometido del Defensor del Pueblo debe reforzar el equilibrio institucional establecido por los tratados...»
Esto va en contra del mismo objetivo del cargo de Defensor del Pueblo de servir a los intereses del ciudadano normal y de transmitir sus quejas. Además, a la redacción le falta fundamento en las partes relevantes del Tratado constitutivo, concretamente en los artículos 8d, 138d y el 138e.
Informe Larive (A4-0219/97)
Holm
La triste realidad nos demuestra que lamentablemente muchas empresas invierten sumas enormes de dinero en bombardearnos a los consumidores con alegres anuncios de productos que yo ni sabía que existieran. Ni tampoco los había echado a faltar en mi vida.
Que los anuncios, las llamadas comunicaciones comerciales, hayan de reglamentarse a nivel de la UE creo que es negativo para los consumidores. Es mejor que los Estados fijen unas normas por sí mismos para lo que se considere aceptable teniendo en cuenta los aspectos culturales.
En el Libro Verde de la Comisión echo de menos sobre todo el significado de la cuestión para el consumidor. La orientación está clara, y es la de qué normas han de regir para las empresas, pero yo pienso que es importante resaltar la situación de los consumidores.
Es vital que existan unas organizaciones sólidas de protección del consumidor o una autoridad pública con la función de admitir reclamaciones y de garantizar que se sigan las normas establecidas. Esto no es menos importante en relación con los anuncios «más alla de las fronteras» que nos llegan a los consumidores. Lo mejor habría sido que estos servicios fueran gratis para el consumidor.
Naturalmente, es importante que el mercado tenga una función autorreguladora. Que la lleven a cabo las propias empresas no va a funcionar, lo cual se demuestra con la situación actual (esta cuestión tampoco se debía haber abordado...).
Finalmente, cabe establecer unos requisitos rigurosos con respecto a los anuncios que van dirigidos a los niños y a los jóvenes, ya que se trata de grupos muy expuestos.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe de la Sra. Larive, pero en contra de dos puntos relativos a la aplicación del principio del país de origen o del país de destino.
En atención a los consumidores, los socialdemócratas daneses son partidarios de un compromiso entre los dos principios, de modo que un consumidor que compre un producto en un país basándose en publicidad procedente de otro país no necesite conocer el derecho y la práctica de otro país para poder presentar una queja por eventuales defectos del producto.
Apoyamos, por lo tanto, dos de las cuatro enmiendas presentadas sobre los dos puntos mencionados.

Wolf
Lamentablemente, el problema de la comunicación comercial en el mercado interior europeo es actualmente un ejemplo especialmente nítido de cómo y bajo qué condiciones la UE funciona como «comunidad dereguladora», es decir, como una fuerte palanca para eliminar las regulaciones existentes a nivel de los Estados miembros sin crear en contrapartida a nivel europeo las correspondientes normas.
El presente informe se entrega sin ninguna crítica a esta tendencia dereguladora, abriendo de este modo el núcleo central de la cultura humana y del desarrollo de la personalidad a una comercialización sin barreras. Como Verdes, no podemos ni queremos apostar por una renacionalización frente a esta tendencia pero sí aprovechar todas las posibilidades para lograr pequeños pasos dirigidos a limitar esta tendencia destructiva mediante la correspondiente utilización del derecho de iniciativa de la Comisión así como también mediante una aplicación razonable del principio de subsidiariedad. Esto no puede sustituir a las directivas-marco europeas pero sí ayudar a franquear el tiempo hasta que sea necesaria su imposición.
El mercado interior de la UE puede existir también con la diversidad cultural de los Estados miembros y de las regiones. No hay razón alguna para utilizarlo como apisonadora en un afán desmedido de hacer que todo sea igual. Por el contrario: un mercado articulado en cuyo centro estén las necesidades de las personas necesita precisamente esta diversidad y su protección. Una transformación del desarrollo de los mercados como un objetivo en si mismo para el que las necesidades de las personas se convierten en un mero medio de producción de valor, como se propone aquí, hacerlo mostrar de un modo racional...
Informe Bowe (A4-0239/97)
Souchet
En el marco de la comunicación de la Comisión sobre la biotecnología, la posición de nuestro grupo consiste en permitir un cierto desarrollo de esta industria de futuro, prestando mucha atención para prevenir las posibles derivas.
En esta perspectiva, nos parece absolutamente indispensable poner en marcha un etiquetado riguroso que permita un seguimiento real de los productos provenientes de la ingeniería genética.
En los diferentes debates que hemos dedicado a los organismos genéticamente modificados, los industriales nos han precisado en muchas ocasiones que estaban en condiciones de controlar su diseminación. Por esta razón nuestro grupo apoyó la petición instando a la Comisión a aplicar reglas precisas relativas a la responsabilidad de los diferentes operadores.
Los asuntos de la EEB han mostrado los peligros de una investigación centrada exclusivamente en la hiperproductividad en la agricultura y la necesidad de prever un sistema de control realmente independiente de los poderes económicos y políticos. Con este fin, hemos apoyado el proyecto de creación de un comité científico central. Pero será necesario velar porque se elaboren los procedimientos adecuados con el fin de que no vuelvan a producirse los fallos de funcionamiento constatados en el asunto de las vacas locas.
Como conclusión, nuestro grupo insiste en la necesidad de preservar el principio de precaución, con el fin de asegurar la protección de los consumidores y la protección del medio ambiente. La biotecnología sólo se verá realmente aceptada por los ciudadanos de nuestros Estados si se aportan garantías reales de seguridad.

El Presidente
El turno de votaciones queda cerrado .
(La sesión, interrumpida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Telecomunicaciones - Competencia en el sector de las telecomunicaciones
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los informes siguientes:
A4-0215/97 del Sr. W.G. van Velzen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el Libro Verde de la Comisión: »Política de numeración de los servicios de telecomunicación en Europa» (COM(96)-0590-C4-0658/96)); -A4-0213/97 del Sr. Argyros, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el proyecto de comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de acceso en el sector de las telecomunicaciones (COM(96)0649-C4-0010/97); -A4-0240/97 del Sr. Herman, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva 97/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las directivas 90/387/CEE y 92/44/CEE del Consejo a efectos de su adaptación a un entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones (C4-0306/97-95/0280 (COD)).
van Velzen, W.G.
Señora Presidenta, me referiré tanto al Libro Verde sobre la numeración como al informe del Sr. Argyros. Después de haber tratado primero la legislación en el ámbito del buen funcionamiento del mercado de las telecomunicaciones, por ejemplo en lo relativo a la interconexión y las licencias, ahora hemos llegado a directivas y libros verdes que se ocupan sobre todo de los intereses del consumidor, concretamente el contenido y el funcionamiento del servicio universal y este Libro Verde sobre la política de numeración en la Unión Europea. Está claro que es sobre todo el consumidor quien ha de beneficiarse de la liberalización del mercado de telecomunicaciones, gracias a una mejora de la relación precio/calidad y a un servicio mejor y más amplio. En este ámbito siguen quedando muchas cosas por hacer, como se desprende de la reducción de los precios y de la mejora de los servicios que ahora ofrecen los nuevos operadores.
¿Cuáles son los instrumentos que puede manejar el consumidor para forzar una mejora de la calidad o del precio? Estos residen sobre todo en el ámbito de la transportabilidad del número y en el ámbito de la preselección de operador, es decir, que el propio consumidor pueda elegir qué operador quiere para las conferencias a larga distancia. Es algo que le conviene, dado el elevado precio de estas conferencias.
La transportabilidad del número, es decir, la posibilidad de que uno conserve el número al cambiar de operador, es primordial. Se trata de un instrumento muy eficaz que obliga a los operadores a esforzarse por tratar bien a los clientes so pena de que perder a éstos de forma relativamente fácil. No olvidemos que el Parlamento Europeo, en el largo camino hacia la directiva de interconexión, siempre ha instado a una introducción rápida de la transportabilidad del número. Me complace que, en su última reunión, el Consejo haya cambiado de opinión y haya adoptado el viejo punto de vista del Parlamento Europeo, instando a una rápida introducción de la transportabilidad del número.
En mi informe propongo al Parlamento que considere a aquellos países en los que después del 1 de enero del año 2000 todavía no se haya puesto en marcha transportabilidad del número como países en los que todavía no existe una competencia plena en el mercado de las telecomunicaciones, a fin de que periódicamente se informe al público que su país no está listo y que por ello el consumidor paga demasiado. Esta portabilidad del número ha de introducirse a la larga también en el sector móvil, pero sé que todavía hay dificultades desde el punto de vista técnico.
Otra cuestión importante es la relativa a la selección y la preselección de operador. Sin una selección de operador a larga distancia, de poco le sirve la liberalización al consumidor europeo. Dado que queremos una competencia leal en toda la Unión, considero que cada país ha de cumplir la obligación de permitir la selección y preselección de operador. Quisiera hacer un llamamiento urgente a mi colega la Sra. Read para que retire su enmienda nº 1. No va en interés del consumidor y protege los elevados costes del tráfico interurbano de un gran operador, mientras que el mismo operador se beneficia de las posibilidades de competencia favorables en el continente. Esto no es reciprocidad.
Propongo dar una base jurídica tanto a la transportabilidad del número como a la selección y preselección de operador a través de la revisión de la directiva de interconexión. Espero que el Comisario Bangemann esté dispuesto a acceder a este deseo.
Otro aspecto de mi informe es el desarrollo de los llamados «números de servicios paneuropeos». Se espera que, en los próximos años, los servicios prestados mediante estos números crezcan enormemente. Subraya que el desarrollo de los números europeos no puede perder de vista el desarrollo de los números mundiales. He oído declaraciones contradictorias sobre los números europeos especiales. Quisiera que el Comisario me dijera cómo ve el desarrollo de estos números a escala mundial y cuál ha de ser en su opinión el papel de la Unión Europea. En todo caso, considero que Europa ha de asumir un papel de guía si los cambios globales tardan demasiado en producirse, como muchos temen.
Quien examine las páginas con ofertas de Eurosport -y sé que ambos Comisarios son grandes aficionados al deporte, por lo que le dedicarán muchas horas- sabrá que la gran diversidad de números no fomenta en modo alguno el desarrollo de los servicios paneuropeos. Asimismo considero que los consumidores han de saber claramente si utilizan un número gratuito o un número por el que han de pagar. En algunos Estados miembros, la diferencia no es siempre clara y los consumidores han de esperar varios minutos antes de que les toque el turno sin saber que ello les va a costar mucho dinero. No se les puede imponer cambios periódicos de sistemas de numeración. Ello crea recelo, al tiempo que provoca costes demasiado elevados para los ciudadanos y las empresas. Por ello es preferible una sola operación adecuada, por ejemplo, en cinco años, en lugar de introducir cambios cada año. Asimismo considero que la introducción de un código nacional europeo con el número 3 va demasiado lejos. Es preciso estudiarlo más detenidamente.
Mi Grupo apoya en grandes líneas las propuestas del Libro Verde y tenemos curiosidad por saber cuál será la reacción de los Comisarios a nuestras propuestas y enmiendas.
Por último, unas breves palabras sobre el informe del Sr. Argyros. Quisiera precisar que lo realmente importante es lograr claridad en la relación entre, por un lado, el acceso especial a la red, y por otro cómo ha de interpretarse este. Quisiera que el Comisario me dijera algo al respecto.

Argyros
Señor Presidente, Señorías, el objetivo de la Comisión es asegurar la igualdad de condiciones de competencia en los innumerables acuerdos de acceso que resultarán entre las redes y servicios existentes de telecomunicaciones y sus nuevos competidores en el sector de las telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 1998.
Como ponente del informe, aspiro con mis comentarios a indicar a la Comisión y al Consejo los supuestos indispensables para una competencia pura que pueden impulsar el desarrollo y la modernización tecnológica en el sector de las telecomunicaciones.
Las cuestiones a las que me refiero en mi informe son las siguientes:
Primero, el programa de liberalización y las características que debe tener la regulación en el sector de las telecomunicaciones, es decir, precisión, claridad, compatibilidad con el sector regulador internacional.
Segundo, el desarrollo tecnológico y la modernización del sector.
Tercero, los principios para una aplicación eficaz y equivalente de las normas sobre la competencia de tal modo que se facilite la transición del sector a la competencia, es decir, una armonización y una aproximación de las disposiciones en lugar de la actuación heterogénea de las actividades nacionales de reglamentación, y unos criterios objetivos para la demostración de los casos de falseamiento de la competencia.
Finalmente, intento examinar la dimensión mundial de las telecomunicaciones.
Más concretamente, en relación con el programa y el sector regulador: la liberalización está fijada para el 1 de enero de 1998. Se señala que no podrán conseguirla todos los Estados miembros de la UE. Surge así ya un problema para la aplicación de la normas sobre la competencia. La Comisión debe examinar el modo de actuar durante este período transitorio en relación con el falseamiento transfronterizo de la competencia entre los mercados de telecomunicaciones liberalizados y los no liberalizados. Considero que es ventajoso para todos los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para cumplir las condiciones que se exigen para la liberalización. La normativa en el sector de las telecomunicaciones está constituida por múltiples directivas, cada una referida a un tema. Esta regulación fragmentaría supone una dificultad para los interesados que no tengan una imagen clara de la legislación vigente, y crea un clima de rechazo para las inversiones en el sector.
Recordando, pues, la necesidad de un marco legislativo preciso y claro, pido que exista compatibilidad y coherencia entre la regulación de las interconexiones y de los acuerdos de acceso. Igualmente, estimo que la Comisión debe promulgar un texto único que establezca el marco legislativo de las telecomunicaciones de manera precisa y clara.
El segundo tema importante de la exposición concierne a la fuerte influencia que ejerce el rápido ritmo del cambio tecnológico. Para ser competitiva en este sector a escala internacional, Europa tendría que adoptar una normativa, compatible con los recientes desarrollos tecnológicos, que prevea la utilización de las nuevas tecnologías y ofrezca seguridad jurídica a las partes interesadas. Para superar la marginación del sector por razón de la tecnología anticuada y dada la convergencia que representan los sectores de las telecomunicaciones, las comunicaciones y la tecnología informática, estimo que también se impone la adaptación de las normas sobre la competencia en el campo de la transmisión digital.
Las telecomunicaciones conciernen a un sector de actividad económica que es tradicionalmente monopolista, dada la necesidad de prestar los servicios básicos a todos los ciudadanos. El paso de una estructura monopolista a una estructura competitiva tiene carácter sensible y exige un cuidado especial por lo que atañe a la aplicación de las normas comunitarias sobre la competencia. Únicamente podrá darse ese paso si se cuenta con normas sobre la competencia claramente establecidas y aplicadas de manera estricta, equivalente y armonizada. A esta armonía pueden contribuir unos principios reguladores nacionales que se apliquen al suministro de red abierta, es decir, la legislación específica del sector de las telecomunicaciones. Estos principios han de ser totalmente independientes de la subvención a los operadores públicos y deben perseguir una aproximación europea armonizada que respete totalmente las reglas de competencia.
La Comisión acepta que los operadores oficiales existentes disfruten de una ventaja hasta que surjan nuevas alternativas. Para el éxito de la igualdad de condiciones es preciso que todos los operadores garanticen un acceso equivalente y que la Comisión esclarezca los factores que tendrá en cuenta para determinar cuándo hay una posición dominante, adopte un enfoque más elástico y se apoye en y adoptar criterios objetivos.
Un último punto, aunque muy importante para la posición de la Comisión en el sistema mundial, dado el carácter internacional de las telecomunicaciones y los intentos de apertura de los mercados, es el constituido por la necesaria compatibilidad del marco comunitario con la reglamentación vigente en terceros países. La coherencia entre una y otra normativa y la explotación de la ventaja competitiva europea permitirá a nuestras empresas competir fuertemente con sus rivales no comunitarios, con los consiguientes beneficios para sus economías y para los ciudadanos europeos.
Quiero finalmente agradecer a sus Señorías su colaboración y su apoyo.

Herman
Señor Presidente, Señorías, la tarea que me incumbe es muy agradable, ya que debo rendir cuentas a esta Asamblea de la evolución, muy favorable, de un procedimiento que ha sido relativamente bien seguido por todos los socios. Quisiera felicitar a la Presidencia neerlandesa que ha dado prueba de un dinamismo considerable ya que ha conseguido imponer al Consejo soluciones que estaban más cerca de las que planteaban el Parlamento y la Comisión.
Quisiera también dar las gracias a la Comisión, que comprendió muy pronto que algunas enmiendas del Parlamento eran a la postre excelentes, incluso para su política general. Finalmente, agradezco a los colegas que han confiado en mí para llevar a buen término las negociaciones con la Presidencia del Consejo.
Rápidamente, ¿de qué se trata? Era necesario precisar la definición exacta de las líneas ajustadas. El punto se ha aceptado. Era necesario también asegurarse (y éste es el objeto del informe del que acaba de hablarnos el Sr. van Velzen) de la portabilidad de los números ya que, en el plano de la competencia, la portabilidad de los números es un elemento esencial. Por más que tengamos los mejores textos, si para cambiar de operador es necesario en cada ocasión cumplir una serie de formalidades o marcar números mucho más largos, se desanimará a la competencia. Este punto también ha sido aceptado.
Dos o tres problemas siguen preocupando al Parlamento y su solución no depende únicamente de la Comisión, sino también del Consejo. ¿Cuáles son esos problemas? En primer lugar, el de la independencia de las autoridades reglamentarias nacionales. Sabemos que, en algunos países, esas autoridades son bien reales, gozan de independencia, tienen competencias y poder. No ocurre lo mismo en todas partes. En otros países, esas autoridades están en estado embrionario y aparecen más como la hoja de parra que ha de ocultar lo que no se puede ver: su total impotencia frente al operador principal. Este punto aún no está resuelto. Sabemos que no es culpa de la Comisión y que el problema se plantea a nivel del Consejo que por otra parte no está.
Un segundo problema que nos interesa y del que cada vez somos más conscientes es el de la aplicación correcta de las directivas. Ahora disponemos de directivas que comienzan a formar un conjunto consistente y coherente, pero están lejos de aplicarse de la misma forma en todas partes. Por consiguiente, sería bueno disponer de alguien que pudiera zanjar los conflictos que van a plantearse, y que ya se están planteando.
Tenemos un compromiso escrito de la Comisión, que dice, y cito, »la Comisión se ha comprometido a verificar que las modalidades de puesta en marcha del servicio universal por los Estados miembros no provocan distorsión de competencia». Se trata de un problema importante.
El servicio universal, lo hemos visto en el seno del Parlamento, es un concepto interesante, pero que tiene connotaciones ideológicas evidentes: servicio universal, servicio público, se mezcla todo un poco. Por consiguiente, es necesario vigilar para que no haya distorsión de competencia bajo el pretexto, muy hábil y algo demagógico, de ampliar la noción de servicio universal, para, en realidad, proteger más el territorio nacional o el mercado nacional. Esto se ha producido en algunos países, y particularmente en el mío por no citar otro. Esperamos poner orden mediante este compromiso de la Comisión.
Desearía reclamar la atención sobre un punto con respecto al cual la Comisión es un poco tímida: la necesidad de disponer de una autoridad europea. Comprendo que la Comisión, por el momento, no tenga necesidad de reivindicar esta autoridad por sí misma, porque el momento no está muy bien elegido políticamente. Ello no impide que sea necesario que una autoridad europea intervenga algún día. Será necesario sobre todo (y es un fuerte reproche que yo hago a los Jefes de Estado que se reunieron en Amsterdam) conseguir que se refuercen los poderes de la Comisión en lo que respecta a las negociaciones con el exterior. Los servicios, por tanto las telecomunicaciones, no están previstos.
Sabemos que el Tratado de Roma había previsto que la Comisión fuera el órgano principal de las negociaciones con el exterior. Hubiéramos deseado que esto se verificase, no solamente para los bienes y capitales, sino también para los servicios. Ahora bien, en Amsterdam ha habido dos o tres países que, por razones totalmente ilógicas, totalmente incomprensibles y contrarias al interés de sus ciudadanos, se han negado. Han seguido a Francia y a otros que no están contentos con la forma como la Comisión defiende sus intereses en algunas negociaciones. Se trata de un problema que se repetirá con regularidad. Dicho esto, el resultado está ahí: aún no hemos obtenido satisfacción en absoluto sobre este punto.
Finalmente, se plantea el problema de la comitología. Esta cuestión ya no fue correctamente zanjada en Amsterdam, pero ya que se nos ha prometido una conferencia intergubernamental antes de la ampliación, tendremos ocasión de rectificar el error.

Plooij-Van Gorsel
Señora Presidenta, Señorías, señores Comisarios, para un buen funcionamiento del mercado de telecomunicaciones liberalizado es necesario introducir la transportabilidad del número. Ello deberá producirse simultáneamente en todos los Estados miembros para asegurar una competencia justa en el mercado interior a las empresas. La promulgación de la normativa ha de realizarse con cuidado y los mercados han de establecerse sobre la base de la reciprocidad. En el sector de las telecomunicaciones trabajan muchas personas; por ello, este sector tiene mucho que perder, y la Comisión tiene que vigilar que los Estados miembros no frenen la introducción simultánea de la transportabilidad del número por afán de proteccionismo.
Una de las premisas de la política de numeración es fomentar la innovación. La innovación en el sector de las telecomunicaciones puede facilitar la mejora de la prestación de servicios, potenciar el uso de los servicios de telecomunicaciones y, por tanto, el empleo. La investigación y el desarrollo tecnológico pueden generar una contribución importante en este contexto. Las inversiones en investigación por parte del mercado pueden fomentar el desarrollo de software y hardware que ponga a disposición del consumidor, de forma rápida y sencilla, un sistema de numeración. Al considerar la introducción de la transportabilidad del número hay que tener en cuenta los nuevos desarrollos tecnológicos que conducen a la convergencia de las telecomunicaciones y la informática. No hay que frenar la vinculación y la continua integración de diferentes tecnologías con una normativa excesiva o precisamente con la falta de normativa.
Mi última observación, señora Presidenta, tiene que ver con la normativa sobre la denominación en Internet. La Comisión de Investigación y Tecnología piensa que es preferiblemente la comunidad de Internet a escala global quien ha de solucionar la escasez de espacio para la denominación en Internet. Es conveniente mantener una actitud reservada con las reglas procedentes de arriba a fin de no obstaculizar esta importante piedra angular de la sociedad de la información. Por lo demás, la Comisión de Investigación y Tecnología desea mucha suerte al ponente, Sr. Van Velzen.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, tomo la palabra en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos para expresar nuestra opinión relativa al informe del Sr. van Velzen sobre el Libro Verde dedicado a la política de numeración en los servicios de telecomunicaciones en Europa.
Y, en primer lugar, quiero agradecer al Sr. van Velzen la acogida que él ha dado a las conclusiones de la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos -conclusiones que se aprobaron por 10 votos a favor y 1 en contra- porque, por razones de procedimiento, él las ha hecho suyas presentándolas como enmiendas al Pleno. Por lo tanto, yo, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, recomiendo vivamente votar a favor de las enmiendas presentadas por el Sr. van Velzen.
Respecto del Libro Verde y desde el punto de vista jurídico -que ha sido el punto de vista adoptado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos-, indudablemente se trata de una iniciativa necesaria y oportuna.
Necesaria y oportuna porque el mercado interior de las telecomunicaciones es una asignatura pendiente y es una empresa que se debe abordar sin demora. Y en el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos lo que se ha puesto de relieve es, desde el punto de vista general, la concurrencia de intereses legítimos a proteger -los intereses de las industrias- pero, sobre todo, los intereses de los consumidores y, también, aspectos que no son puramente económicos: por ejemplo, aspectos relativos a la rápida evolución de la tecnología, o aspectos sociológicos, como hasta qué punto cada uno de nosotros nos identificamos con nuestro número de teléfono, hasta qué punto, para cualquier usuario -persona física o jurídica- es un trastorno tener que cambiar de número de teléfono, pues es un coste enorme que tenemos que evitar y, de ahí, la necesidad de que una medida como la portabilidad o transportabilidad del número sea efectiva.
Aparte de estas cuestiones, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos se ha fijado en cuestiones más metodológicas. En primer lugar, no tiene ningún sentido, desde el punto de vista jurídico, la discriminación de la telefonía móvil respecto de la telefonía fija. En segundo lugar, tenemos que poner énfasis en la necesidad de una sistematización general.
Yo, como ponente de opinión, he tenido que recopilar -y siento tener que valorar la dispersión jurídica en términos de kilos- casi un kilo de fotocopias de normativa directamente necesaria para estudiar este Libro Verde.
De acuerdo con las conclusiones de Amsterdam tenemos que ir hacia la claridad, hacia la simplificación. Pues bien, en este terreno es absolutamente necesario contar con un texto coordinado y poner orden en la maraña de normativa que hay en este campo. Y, en segundo lugar, para una buena sistematización en esta materia no es necesario crear nuevos instrumentos normativos para tomar en cuenta estos tres aspectos -selección, preselección y portabilidad- sino aprovechar los instrumentos jurídicos ya existentes: la directiva sobre telefonía vocal y la directiva sobre la interconexión.

Read
Señor Presidente, en primer lugar yo quiero expresar mi habitual, pero también sincero, agradecimiento a los tres ponentes, Sres. Herman, Argyros y van Velzen. La observación de la Sra. Palacio con respecto al volumen de la legislación y documentación en este ámbito es totalmente cierta. En realidad, a veces pienso que la única capacidad que se requiere para actuar como ponente en este ámbito es la de una gran rapidez de lectura. No obstante, soy consciente del enorme esfuerzo invertido en estos textos legislativos y otros documentos. Es una gran satisfacción constatar la presencia de los dos Comisarios competentes en el hemiciclo y yo espero que ambos tendrán oportunidad de responder en el presente debate.
Yo voy a referirme sobre todo al informe del Sr. van Velzen y sus ideas sobre la preselección de los operadores. Yo he presentado una enmienda, con el apoyo de muchos colegas, y espero poder convencer, a mi vez, al Sr. van Velzen para que retire su petición de que yo retire mi enmienda, y que también la haga suya. Yo no pido a la Comisión que retire sus propuestas por lo que respecta a la preselección de los operadores. Ésa no es en absoluto mi intención, si bien quisiera preguntarles porque este aspecto ha de ir inevitablemente asociado a la numeración. Podrían ofrecerse buenos argumentos en favor de que se adopte una directiva separada sobre estas dos cuestiones, pero yo le pediría a la Comisión que realice un nuevo estudio sobre las posibles consecuencias de una preselección de los operadores.
Dichas consecuencias distan mucho de estar claras. Si esto significa que la inversión en redes competitivas de ámbito local resultará menos atractiva, si refuerza la posición de los titulares actuales, si va en detrimento de las oportunidades para los consumidores locales que realizan primordialmente llamadas locales y favorece a quienes realizan habitualmente un mayor número de llamadas de larga distancia o internacionales, lo cierto es que no se habrá cumplido adecuadamente nuestro objetivo. El único propósito de mi enmienda es pedirle a la Comisión -y el momento lógico para hacerlo es ahora que está considerando la adopción de una directiva- que vuelva a examinar cuáles serán los resultados. Si mis temores y los de quienes apoyan la enmienda son infundados no habrá ningún problema. Pero si existen argumentos en contra a los que es preciso dar respuesta, éste es el momento de examinarlos con mucho mayor atención y yo espero que los colegas apoyarán mi propuesta.
El informe del Sr. Argyros y los comentarios del Sr. Herman sobre el marco normativo plantean un interrogante que se repite continuamente, a saber, si las normas existentes resultarán adecuadas para el mercado de telecomunicaciones recientemente liberalizado. Esto resulta difícil debido a que la liberalización ha avanzado a un ritmo muy distinto en los diferentes Estados miembros. El Parlamento ha pedido, por consiguiente, a la Comisión -y yo sé que el Comisario ha trabajado en este sentido, lo cual le agradecemos- y al Consejo que presenten propuestas para la adopción de un marco normativo europeo. El Sr. Argyros y yo hemos presentado un texto común de compromiso, el cual espero vivamente que cuente con el respaldo de la Asamblea.
Debo hacer una crítica muy secundaria -aunque ni siquiera estoy seguro de que pueda considerarse tal- al informe del Sr. Argyros: algunos de los términos que emplea ensalzan quizás en exceso la liberalización, pero esto no es motivo suficiente para modificar la intención de voto. Yo sólo quisiera señalar que algunos de los antiguos monopolios públicos tenían sus ventajas y que sería desastroso que acabásemos teniendo unos nuevos monopolios privados con todos los defectos de los públicos y sin ninguna de sus ventajas.

Malerba
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, ante todo deseo felicitar a los tres ponentes por el excelente y amplio trabajo llevado a cabo y, en particular, al Sr. Herman, cuyo trabajo culmina este tema tras una conciliación realmente brillante.
Deseo abordar por un momento el tema de la portabilidad de los números de teléfono que, sin duda, es un elemento fundamental de la política de competencia en el sector de las telecomunicaciones. La tecnología puede hacer cosas extraordinarias, o sea, permitir asociar una dirección móvil en tiempo real al usuario en movimiento a través de la tecnología celular que se ampliará por medio de la tecnología por satélite, sin embargo, pueden crearse barreras no competitivas y burocráticas, especialmente resistentes al cambio de un operador a otro.
Comparto los principios anunciados en la Comunicación de la Comisión, así como las recomendaciones de nuestra Comisión de Asuntos Económicos y animo a la Comisión a que emprenda con rapidez el camino marcado, habida cuenta también del crecimiento del comercio electrónico y de los nuevos servicios como Internet.
Quisiera llamar la atención de sus Señorías y de los Comisarios sobre un aspecto de la transportabilidad y de la armonización que me parece que se ha olvidado, o sea, el de las tarjetas telefónicas y las tarjetas prepagadas. Considero, haciendo una comparación con la experiencia en los Estados Unidos, que también este sistema de llamada pertenece, en sentido amplio, al ámbito de la transportabilidad y del mercado único, en cuanto instrumento a través del cual el usuario logra efectuar llamadas desde cualquier lugar, público o privado, mediante mecanismos sencillos. En Europa, por el contrario, tenemos un exceso de tarjetas telefónicas, prepagadas y de crédito, magnéticas, con chip y tarifas poco transparentes que animan a utilizar el teléfono móvil, mucho más costoso tecnológicamente hablando, incluso cuando la llamada sería más barata desde un lugar público.
Me pregunto, y le pregunto a la Comisión, si no se debería hacer algo también en este ámbito pidiendo, además de la transportabilidad del código personal, la de la cuenta particular.

Boogerd-Quaak
Señora Presidenta, en nombre del Grupo de los Liberales quiero dar las gracias a la Comisión Europea y a los tres ponentes por el trabajo que han realizado y que hoy debatimos. La Unión Europea desempeña un papel importante en la competitividad al retirar la normativa contraproducente y desarrollar medidas de estímulo. Las propuestas e informes que hoy examinamos constituyen un paso en la buena dirección. Aplaudo que se intente lograr una armonización de diferentes condiciones fundamentales en el sector de las telecomunicaciones. Es necesario porque las diferencias entre los Estados miembros, por ejemplo en relación con la normativa en materia de telecomunicaciones, como la transportabilidad del número, la selección y preselección del operador, pero también en otros ámbitos, han dado pie a una política europea de IDT muy fragmentada. En este sentido, la transportabilidad del número es crucial para un funcionamiento ágil del mercado interior. Así se estimula realmente la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones. Todos conocemos ejemplos de liberalización que todavía no funciona, incluso en países donde ya hace diez años que se puso en marcha. Por ello es importante que todas las instituciones de la Unión se esfuercen por que el 1 de enero de 1998 se promulgue una legislación lo más completa posible.
Pido a la Comisión que controle que también los Estados miembros se esfuercen por armonizar a corto plazo sus disposiciones en el sector de las telecomunicaciones. Hay que evitar en la medida de lo posible los períodos transitorios largos para determinados Estados miembros. Doy las gracias al ponente Van Velzen, sobre todo por haber atendido finalmente con la enmienda nº 8 del PPE a la propuesta que presenté en la Comisión de Asuntos Económicos de introducir la transportabilidad del número de la forma más amplia posible en Europa. Técnicamente existen posibilidades; ahora lo que hace falta es voluntad política. Les recuerdo por un momento la conferencia de Bonn, donde se hicieron grandes promesas en torno a estas propuestas. Espero que estas promesas también se hagan realidad.

Theonas (GUE/NGL).
Señor Presidente, debatimos hoy algunos de los aspectos más serios de la completa liberalización de las telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 1998, así como algunos de los efectos secundarios más llamativos de esa liberalización, como lo referente al sistema de numeración. El desarrollo tecnológico en el sector de las telecomunicaciones y la abundancia de factores que influyen en él determinan que los nuevos problemas sean cada vez más complejos. Esta tendencia se refuerza en Europa por la presencia de factores políticos y económicos en la liberalización del sector de las telecomunicaciones, que han conducido a la subestima de los aspectos científicos y técnicos, con las obligadas repercusiones organizativas y comunitarias. Ha predominado así la impresión de que se trata de un sector necesitado de la inversión pública, caracterizado por la penetración del gran capital multinacional, encaminado a la explotación interesada de los extraordinarios beneficios ligados a su revolucionaria expansión y al papel determinante que representa en unos mercados globalizados. De este modo, decisiones fundamentales para el sector se han adoptado principalmente a nivel político, al tiempo que se insistía en el papel y la contribución de los organismos internacionales competentes, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones, en el desarrollo de las telecomunicaciones y en la necesaria colaboración internacional. Ante los problemas que plantea la numeración a la vista de la estructuración paneuropea y universal de la telefonía clásica, la telefonía móvil, las comunicaciones personales y el impuesto de valor añadido en coordinación con la liberalización total del mercado, la existencia de múltiples operadores de servicios implica un riesgo explosivo en un futuro inmediato. Existe igualmente el peligro de caos o de monopolización total del mercado por parte de los grandes grupos privados desarrollados a partir de fusiones y concentraciones de grandes multinacionales. Para evidenciar una vez la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, aparte de las medidas que ofrecen los ponentes o que pueda impulsar la Comisión en nombre de la libre competencia, habría que contar con la oferta a la mayoría de ciudadanos únicamente del servicio público, el monopolio del mercado por parte de grandes grupos privados, el aumento final de los precios y el despido de miles de trabajadores. Es deber de la Comisión coordinar su intervención con la de los organismos internacionales con miras a abordar, hasta donde sea posible, los graves problemas de coordinación y colaboración internacionales que aguardan tras la liberalización.

Torres Marques
Señor Presidente, hoy debatimos cuatro informes sobre las políticas de telecomunicaciones, y quisiera felicitar a los ponentes por el trabajo realizado.
Me gustaría destacar, no obstante, este informe del Sr. Herman sobre la nueva directiva de adaptación del sector a un nuevo entorno de competencia, cuya versión final votaremos esta semana en régimen de codecisión y en cuyo comité de conciliación yo mismo participé.
Quisiera felicitar al Sr. Herman no sólo por su informe sino también por la eficacia con que ha presidido el proceso de conciliación por parte del Parlamento Europeo, lo que ha permitido su aprobación en un espacio de tiempo extremadamente corto y ha probado, una vez más, que la codecisión es un buen método que, además de ser mucho más democrático, es eficaz si existe voluntad política en las partes que intervienen.
El hecho de que el nuevo Tratado de Amsterdam haya ampliado sustancialmente los ámbitos en los que el Parlamento Europeo tendrá un poder de codecisión es una buena garantía para los ciudadanos de la Unión Europea de que sus intereses serán defendidos con tenacidad, pero también con eficacia y sin pérdida de tiempo inútiles por parte de los diputados a los que han elegido.
Los informes que hoy analizamos forman parte de un conjunto de legislación que contempla la futura liberalización de los servicios de telecomunicaciones prevista para el 1 de enero de 1998, con derogaciones para Grecia, Irlanda, España, Portugal y Luxemburgo por períodos que serán reducidos.
Considero que la Comisión debe tener presentes los siguientes cinco aspectos esenciales: primero, la ventaja de la fijación en un único texto del marco jurídico de las telecomunicaciones, teniendo en el punto de mira facilitar la actividad comercial del sector, sobre todo de las PYME; en segundo lugar, el acceso en condiciones de igualdad a las redes y a los servicios como una de las obligaciones más importantes de las entidades explotadoras de las telecomunicaciones; en tercer lugar, la necesidad de asegurar el servicio universal de manera que la liberalización de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones no vaya en detrimento de los usuarios; en cuarto lugar, la garantía de transparencia del sistema de precios y el establecimiento de un método de facturación justo; en quinto lugar, la garantía a nivel de la Unión Europea de un ambiente competitivo y que permita que las empresas comunitarias de telecomunicaciones compitan a nivel mundial, como se prevé en el reciente acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre la apertura mutua de las telecomunicaciones.
En estas circunstancias, considero que los ciudadanos y las empresas europeas podrán beneficiarse en el futuro de un servicio de telecomunicaciones que tenga condiciones de acceso...
(EL Presidente interrumpe a la oradora)

Lindqvist
Señor Presidente, es importante que se tenga en cuenta al usuario a la hora de efectuar modificaciones en el sistema telefónico, y que el sistema sea sencillo, barato y continuado. Hay que reflexionar bien sobre los nuevos números y sistemas antes de ponerlos en funcionamiento, de otro modo esto les supondrá grandes dificultades de tipo práctico a los usuarios y costes adicionales para la sociedad.
Tengo una pregunta para la Comisión. Yo no deduzco del informe -me refiero sobre todo al del Sr. W.G. van Velzen- que un prefijo común para toda la UE nos lleve automáticamente a unos costes menores y a un mejor servicio. Me gustaría que la Comisión hiciera un comentario al respecto.
Existe el riesgo de que una cantidad excesiva de cifras en los números telefónicos, por ejemplo, 9 o 10, les cause problemas a los usuarios, al menos según la información que he recibido de las directivas de las compañías telefónicas suecas. Es importante conservar los números utilizados para no cambiar un sistema que ya funciona bien. También es relevante que se tenga muy en cuenta la opinión de las autoridades telefónicas nacionales y que se contemplen las modificaciones que se producen a nivel de la UE desde una perspectiva global e internacional.
Por lo demás, nos parece bien la enmienda del Grupo liberal. Queremos señalar que en el proceso de modificación del sistema hay que partir del punto de vista del usuario.

Ribeiro
Señor Presidente, la concordancia o, mejor dicho, la competitividad o incluso las enormes potencialidades del negocio de las telecomunicaciones son una parte básica de lo que se ha aprobado en este sector. De hecho, lo que nos preocupa es este paquete que engloba informes aparentemente técnicos y uno sobre normas de la competencia, como en el mismo sentido también nos preocupa y ya lo hemos anunciado.
Permítame dos observaciones, en relación con otras que ya hemos realizado, y que por ser más puntuales queremos que queden como expresión de una postura contraria al ritmo y a la forma de este proceso de liberalización privatizadora.
En primer lugar, el reequilibrio arancelario en función de los costes no debería realizarse, tal y como se está comprobando, a costa de una subida de precios para el tráfico local y a costa de una asignación de los servicios sociales locales, en claro detrimento de las pequeñas empresas y de los particulares con menores capacidades financieras.
Y en segundo lugar, las obligaciones del servicio universal, consideradas como un deber, no deberían traducirse en una forma de financiación universal a unos particulares que se benefician de la liberalización del sector.

Paasilinna
Señor Presidente, estimados colegas, la democracia constituye hoy en día la cuestión fundamental y más abierta en el seno de la sociedad de la información. Las empresas basadas en el flujo de información son importantes, productivas y operan a menudo con carácter global. ¿Dónde queda, pues, la otra cara de la moneda, la democracia, que es el objeto de nuestro trabajo en este Parlamento? No puede existir ninguna nueva sociedad sin democracia. El control de las redes de información es también el control de las personas. Necesitamos un programa global de la Comisión que haga de la democracia una realidad en la sociedad de la información. Se trata no sólo de una cuestión de orden económico, sino también de una cuestión de gran importancia.
La democracia equivale no sólo a control, sino también a participación voluntaria de todos los ciudadanos, por ejemplo, en el diálogo informático. Así pues, el señor Van Velzen sostiene en su informe que se debería apoyar la creación de un foro de debate europeo relativo a Internet. Señala, además, que se debería distribuir una dirección de correo electrónico a todos de manera abierta e indiscriminada, lo cual es un planteamiento correcto. Pero la generosa distribución de direcciones de correo electrónico no elimina el problema existente entre la democracia y las redes de información. Sin lugar a dudas, las posibilidades de que disponen el proveedor y el usuario para utilizar los servicios de la sociedad de la información dependen tanto de la existencia de equipos e infraestructuras generales modernos como de niveles culturales y económicos apropiados. Este tipo de inversión costosa y, casi siempre, de carácter privado se concentra con facilidad en las regiones densamente pobladas y, dentro de éstas, en círculos de economías desahogadas. Esta circunstancia aumenta el proceso de marginación de determinados grupos de población y regiones que, ya de por sí, no disponen de suficientes equipos de comunicación.
Ahora es el momento oportuno para desarrollar las telecomunicaciones desde el punto de vista democrático, para introducir mejoras en el conjunto de la sociedad y no solamente en las redes. Hay que comprender la gran trascendencia tecnológica de las redes de información también como un amplio proceso social de participación libre de impedimentos económicos o culturales.
En Finlandia se ha resuelto el problema que plantea la numeración. El cambio de operadores ha sido sencillo y se ha llevado a cabo sin problemas, existe total libertad en materia de competencia y, por lo que respecta a utilización de Internet, nos encontramos entre los primeros a nivel mundial. Finlandia es un país distante, que sigue aún sin beneficiarse de una democratización de la nuevas redes, lo cual es algo necesario. Deseo expresar mi agradecimiento al constatar que quienes ocupan la primera fila en este hemiciclo saben de qué se está hablando aquí. Gracias, es mucho lo que espero de ustedes.

Bangemann
Señor Presidente, me voy a referir al informe del Sr. van Velzen y al de mi amigo Herman. El informe del Sr. Argyros será tratado por mi colega Karel van Miert. Quiero felicitar al Sr. van Velzen por su informe que, como siempre, está muy bien fundamentado. Su tendencia así como las enmiendas señalan en la misma dirección que las respuestas que hemos recibido al Libro Blanco, dirección que coincide con la que quiere seguir también la Comisión.
Una cosa está totalmente clara: con los dos aspectos que aquí se tratan, es decir, con la transportabilidad de los números de teléfono pero, ante todo, con la selección del operador, intervenimos directamente en el área de la competencia en favor del usuario. Quiero subrayar de nuevo, también de cara a las declaraciones realizadas por el Sr. Theonas, quien ha descrito de nuevo este parque jurásico marxista en el que los monopolios privados aplastan todo sin que sobreviva ni la planta más pequeña para el usuario, que miren de nuevo las realidades. Siempre es bonito discutir, pero si se miran las realidades, se constatará que en los países miembros en los que se estableció la competencia han quedado también algunas antiguas grandes compañías. Pero si han sobrevivido es porque durante mucho tiempo han sido monopolios de carácter jurídico público y, sin embargo, la situación de los consumidores ha mejorado sensiblemente. Esto explica quizás también el entusiasmo que se apodera del Sr. Argyros cuando piensa en ello y la cierta falta de entusiasmo que muestra la Sra. Read, pues cuando se está inmerso en esta maraña de monopolios públicos, uno anhela precisamente que sea de otro modo. Aunque el Sr. Theonas no lo crea, las tarifas telefónicas -que junto con la calidad y el Universal Service son señales de una red de telecomunicaciones eficaz- en los países en los que se ha deregulado representan en parte solamente la mitad o la tercera parte de las que existen en los países en los que trabajan aún monopolios públicos.
Por ejemplo, Grecia: Grecia es el país con las tarifas telefónicas más elevadas. La Comisión no puede ver qué ventajas representa esto para el consumidor. Por ello, estamos a favor de la selección del operador. Con ello llego a lo que ha dicho la Sra. Read. Por lo general siempre estoy de acuerdo con ella en lo que se refiere a las telecomunicaciones pues con gran frecuencia defiende posiciones muy abiertas y correctas para el consumidor. Sólo en lo tocante a la selección del operador creo que se deja arrastrar demasiado por la posición de su país.
De acuerdo, cada persona está acostumbrada a lo que tiene en casa y a veces se considera mejor que otra cosa. Pero en el presente caso, 14 países miembros coinciden con nosotros en que la selección del operador es muy importante para la competencia, para el consumidor y, ante todo, para unas tarifas telefónicas reducidas. En Gran Bretaña no existe la selección de operador. Se puede elegir libremente el operador local, pero éste tiene sus contratos fijos con los operadores long distance , de modo que si se ha elegido el operador local, en la práctica se ha elegido su elección, sin poder elegir realmente con libertad. En primer lugar, nos parece que esto no es bueno para el consumidor y, en segundo lugar, si en un país se permitiese un sistema diferente al de los 14 restantes, surgirían distorsiones de la competencia que no podríamos autorizar. Todo el mundo que examine estos sistemas lo reconocerá. El Sr. van Velzen ha llamado la atención al respecto. Por ello, no podemos apoyar su enmienda. Naturalmente, podemos elaborar un estudio y estamos recapacitando permanentemente al respecto, pero me parece erróneo hacer depender de ello ahora el calendario. Queremos avanzar con rapidez y, por ello, en contra de nuestras consideraciones anteriores nos hemos decidido por el 1 de enero del año 2000. En este aspecto, coincide con lo que ha dicho el Sr. van Velzen.
El fundamento jurídico, al menos en lo que se refiere a call by call , lo tenemos ya en la directiva «Interconnection» y crearemos un fundamento jurídico para la selección del operador, probablemente complementando la directiva «Interconnection» para hacerlo correctamente. Respecto a la transportabilidad de los números puedo decir algo similar, pues está totalmente claro que el poder transportar el número es el instrumento que puede animar adicionalmente al consumidor a cambiar de compañía telefónica.
Queremos avanzar con más rapidez también en este campo y espero que el Parlamento Europeo apoye estas consideraciones. Esto se prevé en la enmienda nº 8, por lo que queremos apoyarla gustosamente. Voy a mencionar las enmiendas que no deseamos apoyar. Son las relativas al artículo 6. No nos parece necesario un fundamento jurídico para call by call . Respecto a la enmienda nº 1 ya he dicho algo y respecto a la nº 10, relativa a Gibraltar, no se ha dicho nada en el debate. Sin embargo quiero constatar lo siguiente: es mejor que figure aquí Gibraltar. Si no lo hubiésemos hecho, habrían podido surgir consideraciones políticas. Se trata de un asunto meramente técnico. Naturalmente, a la inclusión de Gibraltar no vinculamos consideraciones políticas de ningún tipo.
Respecto a las observaciones realizadas sobre la numeración europea o los números de teléfono europeos, hemos obtenido de la UIT un código común para Europa que se va a ensayar ahora. Espero que tengamos experiencias positivas con ello. Veremos luego.
Me voy a referir rápidamente al informe Herman. Me permito felicitarle oficialmente pero también de modo personal. El hecho de que el Presidente del Consejo haya aparecido en este momento aquí subraya la importancia de mi felicitación. La delegación del Parlamento, a la que pertenecían el Sr. Verde I Aldea, el vicepresidente, el Sr. von Wogau y, como he dicho, el Sr. Herman, como ponente, ha realizado un trabajo realmente excelente. Hemos logrado una normas muy claras para los países miembros, que van más allá de lo que el Consejo de Ministros quería. En ello radica la importancia de la delegación del Parlamento y de sus esfuerzos que garantizan que autoridades reguladoras independientes observen la base técnica que se desarrolla en el mercado y que se ocupen de que en todos los lugares exista una oferta mínima de líneas y, sobre todo, que pueda reinar una competencia leal. Naturalmente -quiero reconocérselo gustosamente al Sr. Herman- también habríamos deseado obtener más y les digo que vamos a lograrlo. Pero, para ello, primero es necesaria la disposición de los países miembros. Se encuentran ante un proceso de aprendizaje y, probablemente, sólo después saldrán de su posición inicial y llegarán a una mayor solidaridad y coordinación europeas. Este es el único motivo. De lo contrario, habríamos propuesto una autoridad independiente europea de regulación. Me dirijo al Presidente del Consejo que se encuentra presente: si lo promete así, entonces la Comisión presentará inmediatamente la correspondiente propuesta. No quedará sin resolverse por nosotros.
Me voy a referir ahora a la Comisión de Asuntos Jurídicos y les ruego me disculpen que no lo haya dicho aún. Señora, por supuesto que usted tiene razón. Es una maraña de diferentes normas. Pero solamente podremos cambiar esta situación si llegamos a unas normas europeas. Por el momento trabajamos con directivas pero estamos pensando qué podemos hacer para que esta maraña sea algo más clara. Tenemos que hacerlo en cualquier caso, pues debido a la convergencia estamos obligados a preparar unas normas totalmente diferentes. Me permito mencionar un problema relativo a las prestaciones telefónicas: si en el futuro se puede telefonear a través de INTERNET con la misma calidad pero a unos costes entre el 5 y el 10 % de los costes actuales, entonces podemos olvidar todo lo que aquí decimos. Entonces nadie empleará las líneas y la infraestructura de las compañías telefónicas actuales sino que todos utilizarán las nuevas infraestructuras y ofertas. Tenemos que controlarlo de un modo razonable. Este será el momento en que, esperemos, solamente existan normas europeas y se haya acabado con la maraña de la que se han quejado ustedes y la Sra. Read. Entretanto estamos andando por esta jungla. Como he dicho, hemos dejado tras de nosotros el parque jurásico aunque algunos se encuentren aún allí, pero, por así decirlo, estamos en la savana y vemos la luz en el horizonte. Espero que cuando lleguemos allí obtengamos una regulación razonable para los usuarios.

Van Miert
Señor Presidente, como algunos de ustedes han constatado, a lo largo de estos últimos años Martin Bangemann y yo mismo nos hemos presentado juntos ante este Parlamento y ante el Consejo de Ministros. Hemos intentado así hacer que avance una política coherente y bien determinada, en busca de los objetivos que acaba de recordar el propio Martin Bangemann, es decir, trabajar de forma que la Unión Europea recupere un cierto retraso en la materia, cree una política a favor de los usuarios ya se trate de empresas o de particulares y que se intente, de este modo, reforzar nuestra posición competitiva. Ahora estamos cerca del objetivo, desde el punto de vista de la legislación, quiero decir. Pero esto no es más que el principio o el final del principio, por así decir, y los principios de la aplicación de una política y un régimen de competencia en toda la Unión Europea aunque en algunos Estados miembros haya un pequeño retraso.
Por lo que me afecta, quisiera concentrar mi reflexión en el informe del Sr. Argyros (a quien felicito sinceramente por su trabajo) analizando una comunicación de la Comisión que explicita, que trata de indicar, cómo queremos aplicar las reglas en materia de competencia en este ámbito. Hay dos apartados: las directivas de conformidad con el artículo 90, por una parte y el apartado, gestionado por Martin Bangemann de conformidad con el artículo 100 A, por otra. Aquí, se trata de explicitar en primer lugar cómo tenemos la intención de aplicar en realidad, sobre el terreno, las reglas en materia de competencia.
La razón por la que hemos redactado esta comunicación es triple. En primer lugar, hemos querido dar más seguridad a los operadores en el mercado y decirles cómo teníamos la intención de aplicar las reglas de juego, por adelantado, y hacerlo asegurando la transparencia necesaria. Se trata por tanto de un ejercicio de transparencia por parte de la Comisión.
Después, algunos de ustedes con toda razón han mencionado este problema, intentamos determinar bien, de alguna manera, la línea divisoria entre el trabajo hecho por Martin Bangemann y sus servicios, de conformidad con el artículo 100 A, y lo que depende, principalmente la ONP, de las demás directivas de conformidad con el artículo 90. Es necesario ser tan precisos como sea posible ya que (estoy totalmente de acuerdo con algunas observaciones que se han hecho) hay toda una serie de textos que han sido concebidos, desarrollados, defendidos y decididos en el transcurso de estos últimos años, y creo que algunos comienzan a perder un poco la percepción de la perspectiva de conjunto. Por consiguiente, estamos haciendo un esfuerzo por nuestra parte para clarificar las cosas.
Finalmente, hay un desarrollo extraordinario, no solamente en el sector telecom sino también en el de los multimedios. Está la convergencia de las actividades y los sectores y, también ahí, hay lugar para que nosotros explicitemos cómo tenemos la intención de aplicar las reglas de competencia en la materia.
Unas palabras ahora sobre el tema del informe como tal. En primer lugar, me alegro mucho de que el tono general sea positivo con respecto a la iniciativa de la Comisión. Sin duda, hay una serie de cuestiones que, con toda razón, según creo yo, plantean el ponente y la comisión. Ello merece que nos detengamos en ellas unos minutos. Pero antes quisiera decir sobre el nuevo considerando A, insertado en el texto del Parlamento y que hace referencia a la «transmisión digital», que este documento, es decir, nuestra comunicación, no es el texto más apropiado para mencionar esta cuestión. Estoy de acuerdo en cuanto a lo sustancial, en cuanto a su preocupación y, por otra parte, lo saben ustedes bien, en la gestión de los casos concretos, se trata en efecto de un problema que nos preocupa. Por otra parte, ha habido algunas decisiones, el caso de MSG hace algunos años en Alemania, por ejemplo, en que justamente esto jugó un papel crucial. Por consiguiente, por el hecho de que yo abogue por que no se conserve este añadido en el texto no quiere decir que estemos de acuerdo en lo sustancial.
Por otra parte y con toda razón, han hecho referencia ustedes también al período un poco difícil que estamos viviendo. Actualmente, no existe todavía el régimen de libre competencia, eso ocurrirá a partir del año próximo y, entretanto, siempre hay monopolios en la mayoría de los Estados miembros en el ámbito de la telefonía vocal principalmente. Es cierto, en este caso han señalado con toda razón una dificultad, que nos pone a veces en la obligación de intervenir en algunos Estados miembros incluso considerando que sería mucho mejor que las dificultades se resolvieran a nivel nacional.
Tomaré el caso de las tarifas en Alemania. Normalmente, este tipo de problema debería poder resolverse a nivel del Estado miembro en cuestión, pero, por el momento, no es el caso. Así pues, sobre la base de toda una serie de denuncias, nos hemos visto obligados a intervenir (seguimos haciéndolo además) porque, principalmente en lo que respecta a las tarifas de interconexión en Alemania, las tarifas propuestas por «Deutsche Telekom», son demasiado elevadas a nuestro juicio. Será necesario reducirlas. Hay un conflicto y seguimos gestionando este problema pensando que mañana, como esperamos, este tipo de problemas se puedan resolver a nivel nacional.
Sin duda, podría ponerles otros muchos ejemplos, pero ése bastará para explicarles cómo, por el momento, nos ocupamos de esos problemas. Tomo nota de su preocupación pero creo que puedo decir que, en realidad, intentamos ocuparnos de ello de la manera más adecuada. Además, como saben ustedes, Martin Bangemann y yo mismo, hace algunas semanas todavía, hicimos público un análisis de la situación, por así decir, de la aplicación de toda una serie de directivas por los Estados miembros. Hemos constatado que, en la inmensa mayoría de ellos, se avanzaba tal como está previsto (algunos incluso van adelantados, como los Países Bajos, por ejemplo). Otros deberán recuperar el tiempo perdido. Es el caso de Italia, pero creo que está haciéndolo. Acabo de recibir también, hace algunos días, los Reales Decretos belgas que desarrollan la ley.
Ven ustedes que las cosas se mueven y es exactamente eso lo que tratamos de hacer. En este sentido, puedo asegurarles que hemos constituido, los servicios de Martin Bangemann y los míos, un grupo común para seguir de la mañana a la noche, diría yo, lo que sucede y, si hay cosas que descarrilan o derrapan, intervenimos inmediatamente o tan rápidamente como sea posible.
En su informe, Sr. Argyros, hay otras cuestiones que son competencia, más bien, creo yo, de mi colega Bangemann, especialmente en lo que respecta a la codificación de una serie de reglas. Él ya ha respondido. Las cosas evolucionan tan rápidamente que, en el futuro, será necesario reajustar algunos elementos de la política, lo que creo que no excluye que podamos hacer un esfuerzo en los meses venideros. Pero, por el momento, nuestra prioridad, evidentemente, es que se aplique sobre el terreno el trabajo legislativo que se ha acordado en conjunto con el Parlamento y con el Consejo de Ministros.
Termino. Sin duda hay otras cuestiones, pero (no se molestarán ustedes) podremos discutirlas directamente, y bilateralmente si lo desean. Para concluir, quisiera decir que, habiendo recibido sus observaciones, habiendo recibido decenas de observaciones sobre esta comunicación, por parte de los operadores, de las autoridades, etc., estaremos en condiciones, en otoño, de fijar el texto definitivo de esta comunicación. Ustedes ven que se trata de un asunto que deseamos, de todas las maneras, terminar antes de finales de año y crear así a la vez más seguridad y transparencia. Pero, una vez más, desde el fondo del corazón, gracias, muchas gracias por su aportación y por el aliento que están dando ustedes a la política de la Comisión.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, es sobre la enmienda 10. Señor Bangemann, no he utilizado mi turno de palabra para hablar de esta enmienda precisamente porque creo que conflictos bilaterales entre Estados miembros no deben hacer perder el tiempo a un ponente que habla en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Dicho esto, dice usted que ha incluido a Gibraltar en esta lista porque pensaba que era técnicamente mejor. Pues bien, creo que es una manera muy curiosa de entender la técnica, ya que se trata de una lista no exhaustiva de los códigos de los Estados miembros. La tecnicidad es incorrecta, al menos jurídicamente, cuando, entre cinco ejemplos, se toma el de Gibraltar y se le concede la calificación de país.
Señor Bangemann, no estoy en absoluto de acuerdo con su calificación de tecnicidad. La intención es política, y muy política.

Bangemann
Señor Presidente, ve usted que incluso utilizando diez minutos como yo he hecho, lo confieso, en lugar de los cinco que usted mismo y sus servicios me habían asignado, no se responde a todas las preguntas. La dificultad está ahí. Hemos examinado tres informes juntos y suscitan muchas preguntas. Creo que vale la pena responder a estas preguntas, pero ello necesita un cierto tiempo.
Señora, he dicho cuál había sido nuestra intención. Lo he repetido y las cosas son así. Si usted considera que no lo son, no comprendo por qué protesta contra nuestra intención. Mi declaración es clara. Ahora, con su protesta, ha creado usted una situación que no es clara, pero es su responsabilidad.

Argyros
Señor Presidente, agradezco al Comisario su aclaración. Querría seguir con el tema de la retransmisión digital. La única razón por la cual lo incluí en mi informe es que, a raíz de la presentación del informe a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, pregunté concretamente a los representantes del Sr. Van Miert si tenían intención de fragmentar su tratamiento de este tema. Y me respondieron claramente que no. Entonces consideré mi obligación incluirlo en mi informe de hoy. Manifiesto mi alegría de todos modos por que el Comisario haya confirmado que, efectivamente, recibirá una atención especial.

Theonas
Señor Presidente, agradezco al Comisario Bangemann que haya tenido el honor de referirse a mi intervención. Querría de todos modos subrayar lo siguiente. Cualquiera puede aducir argumentos ideológicos y políticos para fundamentar su posición. Sin embargo, esta posición debe corresponderse con la realidad. Querría señalarle al Sr. Comisario que Grecia no tiene las tasas de telecomunicaciones más elevadas en Europa. Si considera que es así, querría solicitarle que nos diera una lista con las facturas de los Estados miembros de la Unión Europea, en la que se comprobará que Grecia tiene las tasas más bajas de Europa.

Bangemann
Señor Presidente, voy a entregar esta lista al Sr. diputado y podrá ver que, lamentablemente, la realidad no coincide con lo que ha expuesto en su intervención.

El Presidente
Señor Comisario, le ruego que nos la envíe. Nos interesa mucho el tema.
El debate queda cerrado.
La votación de los tres informes tendrá lugar mañana a las 12: 00 horas.

Velocidad máxima de los tractores
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0218/97) de la Sra. Hautala, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, respecto a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo por la que se modifican las directivas del Consejo nº 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE y 89/173/CEE, sobre la velocidad máxima por construcción de los tractores agrícolas o forestales de ruedas. (C4-0150/97-96/0129 (COD)).

Hautala
 Señor Presidente, cuando estudiaba de joven la carrera de ingeniera agronónoma en la universidad se me presentó la oportunidad de sacarme el carné de conducir tractores, pero, desgraciadamente, no aproveché aquella ocasión. Si hubiera sabido que un día presentaría como ponente unas disposiciones relativas a la velocidad máxima de los tractores, no habría dejado pasar la oportunidad que se me brindó por aquel entonces.
En la Unión Europea existe en la actualidad una homologación en vigor para los tractores que alcanzan una velocidad máxima de 30 Km/h. Así pues, de lo que aquí se está tratando es de velocidades máximas por construcción, y no de limitar o permitir velocidades máximas propiamente dichas. Sin embargo, los avances tecnológicos han permitido a los fabricantes de tractores introducir en el mercado también vehículos, más potentes, que alcanzan los 40 Km/h. Ahora se presenta necesario elaborar una nueva homologación a nivel de la Unión Europea que incluya también los tractores que alcancen una velocidad máxima por construcción de 40 Km/h. Esta homologación reviste una enorme importancia para los fabricantes de tractores, ya que permitiría la libre circulación de sus productos en el mercado único. Esta cuestión no tiene nada que ver con las manifestaciones de tractores, que de este modo serían aún más largas que en la actualidad, sino más bien de una reforma que se presenta verdaderamente necesaria de cara a los fabricantes de estos vehículos.
Con motivo de la primera lectura, el Parlamento se mostró naturalmente muy favorable a este planteamiento, si bien exigió que se estudiaran al mismo tiempo determinadas cuestiones relacionadas con la seguridad en la conducción de estos vehículos. No cabe duda de que el sentido común de la población rural hará suponer que si por las carreteras circulan tractores más potentes, también habrá que tomar mayores precauciones por lo que respecta a la seguridad en su conducción. Hemos planteados cuestiones como la posible introducción de cinturones de seguridad. Igualmente, también se debe prestar atención a los faros de estos vehículos. El Parlamento solicitó que se tuviera también en consideración la emisión de gases de estos nuevos tractores más veloces. El Parlamento exigió también que se aclarara una tercera cuestión, relacionada con la posibilidad de someter estos vehículos a inspecciones regulares.
En mi opinión, la Comisión y el Consejo han mostrado una postura muy seria ante estas exigencias del Parlamento. En esta posición común se ha tenido en cuenta la atención que deseamos prestar a la emisión de gases de estos vehículos más potentes. Igualmente, se toma en consideración el hecho de que hay que prestar una mayor atención a la seguridad en la conducción de estos tractores. No ha sido posible aceptar la tercera modificación exigida por el Parlamento, la relativa a las inspecciones, ya que carece de fundamento jurídico. En mi condición de ponente, puedo aceptar sin ningún tipo de problemas que no se aborde la cuestión de las inspecciones en este momento, por lo que recomiendo vehementemente que el Parlamento apruebe en segunda lectura la presente posición común.
Cuando el Parlamento examinó por primera vez esta cuestión, se puso de manifiesto que se debería proceder también a la homologación de los tractores que superan la velocidad máxima por construcción de 40 Km/h., puesto que ya comienza a aparecer en el mercado este tipo de vehículos. El Consejo ha solucionado esta cuestión con gran habilidad, ya que ha declarado que abordará este tema en cuanto se llegue a un acuerdo en lo relativo a los 40 Km/h. Por lo tanto, creo que en este aspecto también se han tenido en cuenta los deseos y las exigencias del Parlamento. No me queda más que recomendar la aprobación de esta propuesta y la rápida aplicación de la normativa.
Resulta evidente el temor que se ha suscitado en algunos Estados miembros, ya que parece que Bruselas vuelve a imponer más disposiciones complejas de orden técnico a los agricultores, quienes ya de por sí se encuentran en una situación bastante difícil. Pero puedo consolar desde aquí a los agricultores, ya que lo que aquí se está abordando son las características de los nuevos tractores, de los tractores del futuro; así pues, en esta ocasión Bruselas no trata de hostigar a los agricultores con nuevas propuestas. Todos pueden suspirar de alivio y, de esta manera, esperemos que esta propuesta entre en vigor a la mayor brevedad posible.

Barton
Señor Presidente, ha merecido la pena llegar a tiempo al menos para manifestar que estoy de acuerdo con el Sr. Bangemann -algo que raras veces me ocurre en el Parlamento, pero que reconozco de muy buen grado en esta ocasión- y felicitar a la ponente.
El presente ejemplo demuestra que la Unión Europea debe estar atenta a los progresos en los equipos. Ya existen buenos argumentos para afirmar que parte de la maquinaria en cuestión podría tolerar perfectamente velocidades superiores a las que se proponen en la presente directiva. Sin embargo, antes de proponer estas velocidades más altas, es necesario que comprendamos todas sus implicaciones: no sería correcto que nos limitemos a dar por sentado que no habrá ningún problema.
A mi parecer, la ponente ha reconocido muy acertadamente este aspecto cuando ha dicho: »Adoptemos la decisión ahora que tenemos la seguridad de haberla examinado detenidamente por lo que se refiere a la seguridad, a una mayor eficiencia y a todos los demás aspecto, pero condicionémosla a la realización de estudios independientes y exhaustivos; reconozcamos que existen argumentos en favor de que se eleve la velocidad máxima, pero procedamos con cautela antes de adoptar efectivamente la decisión definitiva, puesto que ésta sería irreversible.» Yo sólo puedo añadir que me habría gustado que se hubiese adoptado este mismo enfoque meticuloso en todas las anteriores ocasiones.

Bangemann
Señor Presidente, en primer lugar me permito felicitar a la ponente. Ha dicho todo lo que hay que decir respecto al fondo del asunto. Hemos logrado una solución rápida que recoje en parte la situación actual, es decir, todos los tractores con una velocidad de hasta 40 km/h. Respecto a las demás cuestiones técnicas vamos a preparar y presentar una propuesta.
Me he quedado muy aliviado cuando he visto que mi amigo Barton no estaba presente. Pero cuando llegó me dí un gran susto pues pensé que iba exigir lo mismo que ha exigido para las motos, es decir, ninguna limitación de velocidad, ningún límite de potencia, ninguna norma sobre tubos de escape y sobre ruidos. Pero veo que ha aprendido algo de las experiencias. Cuando hayamos presentado las propuestas para los tractores, podremos ocuparnos de las motos. Quizás sea una evolución muy interesante pues veo que el Sr. Barton ha evolucionado también en sus consideraciones.

El Presidente
Reconozco que no ha aprendido a hacer este tipo de cálculos, que tienen que ver con los mercadillos de mi barrio vecino. No sabía que el amigo Bangemann, que tiene gran experiencia y los conocimientos necesarios, hubiera aprendido a hacer tales cálculos. Lo tendré en cuenta en el futuro, pues me parece original.
El debate queda cerrado.
La votación de la recomendación para la segunda lectura de la Sra. Hautala tendrá lugar mañana a las 12: 00 horas.

PRS nº 1 para 1997 - Gastos agrícolas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0232/97 de los Sres. Brinkhorst y Fabra Vallés, en nombre de la Comisión de Presupuestos, en relación con el proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario nº 1/97 (SEC(97)750-9210/97 - C4-0299/97) y-del Sr. Tillich, en nombre de la Comisión de Presupuestos, en relación con el procedimiento ad hoc para los gastos agrícolas.
Brinkhorst
Señor Presidente, hemos logrado considerables progresos en relación con el proyecto de presupuesto suplementario y rectificativo para 1997. La Comisión se mostraba al principio un poco reacia a aceptar que parte de los nuevos puestos se cubriesen mediante traslados durante 1998. Ahora hemos alcanzado, no obstante, un compromiso razonable. Existe el dato positivo de que la Comisión temporal de investigación sobre la EEB podrá iniciar muy pronto sus trabajos, dado que ésta es una prioridad de primer orden para la Comunidad. Una dotación inicial de 35 personas puede ser muy útil. Yo espero que podremos ver los primeros resultados a finales de año y en 1998 deberían realizarse algunos traslado.
Yo quisiera preguntarle a la Comisión es: ¿cuándo podrán empezar a trabajar realmente en esta cuestión? Cuando el personal se traslade a Dublín, en parte se tratará sólo de un destino temporal, a la espera de la creación definitiva de la Oficina Veterinaria. Yo confío que la Comisión retirará muy pronto la propuesta relativa a la sede de Grange y la adecuará a las demás agencias.
El tema principal del debate de hoy es el informe del Sr. Tillich sobre el procedimiento ad hoc. Ante todo, yo quiero felicitar al ponente para el ejercicio de 1998, Sr. Tillich, ya que se trata de una novedad muy importante. Empezamos a ocuparnos del tema de la agricultura hace algún tiempo y paulatinamente estamos logrando rentabilizar el dinero empleado. El año pasado, cuando revisamos por primera vez las previsiones de la Comisión, esto sólo ocurría en contados casos. Sin embargo, este año la cooperación entre la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión de Presupuestos ha resultado muy positiva. Además, este año la propia Comisión ha revisado las previsiones, lo cual nos permitirá consignar por primera vez 329 millones de ecus en una reserva especial. Es importante que el Parlamento los deje en reserva, pues esto significa que los Estados miembros no deberán empezar a desembolsar inmediatamente el dinero. Éste es un elemento importante de los criterios de Maastricht y con vistas a la introducción del euro en 1999.
Como resultado de la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de Agricultura a finales de junio, se rebasará en 1.400 millones de ecus el Presupuesto y en esta Cámara se debaten a menudo cantidades inferiores a ésa. El Presupuesto se rebasará en 1.400 millones de ecus porque el Consejo no aceptó la propuesta de la Comisión de un reajuste de los precios de los cereales.
En opinión de la Comisión de Presupuestos, debería recuperarse el anteproyecto de presupuesto. Acogemos con satisfacción la propuesta del Sr. Tillich de un reajuste del presupuesto mediante una redistribución proporcional de los últimos tres años, de manera que se recuperaría de hecho el anteproyecto de presupuesto inicial de la Comisión. Posiblemente esta solución sea más adecuada que un recorte lineal y en este aspecto seguiremos gustosamente a la Comisión de Agricultura, aunque no podemos aceptar de ningún modo su solución de «contabilidad creativa» consistente en trasladar a 1998 los pagos correspondientes a las oleaginosas. Lamentamos tener que manifestar nuestro desacuerdo con el ponente para el presupuesto agrícola, quien manifestó que ésta había sido la solución adoptada para el pasado ejercicio. De hecho, no se adoptó esta solución; quizás ésa era la intención, pero no se llevó a la práctica. La contabilidad creativa, como manifestó el Presidente en funciones del Consejo en el curso del diálogo tripartito, es lo último que necesitamos.
Por consiguiente, será necesario un reajuste del Presupuesto para 1998 en el ámbito de la agricultura y éste deberá efectuarse en última instancia en detrimento de los productos que se han mantenido en mayor medida por debajo del gasto previsto en el último período. Todo lo cual indica que el procedimiento ad hoc -aunque en sentido formal continúa incluido en la categoría de los gastos obligatorios- por fin está dando frutos. Está teniendo una influencia real en el momento presente y también tiene un influencia real sobre la actitud de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Agricultura. Ambas estamos colaborando mucho más estrechamente ahora. Yo quedo a la espera de la Carta rectificativa de la Comisión. Además del Comisario, yo veo también aquí al galardonado con la Legión de Honor y quiero felicitarle sinceramente, aunque estemos a 15 de julio. Esta situación quizás también favorecerá una mayor rapidez en el envío de la Carta rectificativa.

Fabra Vallés
Señor Presidente, yo creo que todavía recordamos todos perfectamente que el punto más importante de los presupuestos de 1997, en lo que se refiere a las otras instituciones, fue el tema del crecimiento cero en materia de personal.
Realmente, la única institución que cumplió plenamente este objetivo fue precisamente el Tribunal de Cuentas. Por tanto, es lógico que fuese el Tribunal de Cuentas el que tuviese mayores problemas a la hora de llevar a cabo todo el trabajo que se le ha encomendado. Así pues, si cierto es que la austeridad presupuestaria debe ser un punto importante, no es menos cierto que también debemos tener en cuenta la buena gestión financiera y sobre todo la relación coste-eficacia; de qué nos sirven unas instituciones que cuesten poco, que no dejamos crecer, si al final su eficacia no es la que esperamos de ellas.
Por tanto, se pidió al Tribunal de Cuentas que hiciese un estudio global de cuáles eran sus necesidades y según ese estudio -que nos presentó- se necesitaban 107 nuevos puestos para su institución.
Es cierto que esta cifra es difícil de asumir por parte de quienes tienen la responsabilidad del presupuesto; pero no es menos cierto también que el Tribunal de Cuentas tenía un déficit de auditores. A ello hay que sumar el incremento del radio de acción de los controles que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas y el incremento del volumen de trabajo. Tengamos en cuenta el mayor trabajo que tienen en cuanto a las agencias y el aumento de declaraciones de fiabilidad. Y aquí me gustaría también añadir algo para información de todos los presentes: solamente en lo que respecta al multilingüísmo, una institución como el Tribunal de Cuentas necesita un 25 % más de efectivos humanos.
Así pues, llegamos a la conclusión de que, entre lo que pedía el Tribunal de Cuentas y lo que creíamos que era posible concederle, se llegaba a un incremento de 48 personas. Puestos en contacto con el Sr. Tomlinson - responsable del presupuesto para 1998-, llegamos a la conclusión de que, a través del presupuesto rectificativo y suplementario que en estos momentos estamos presentando, podíamos dar, en 1997, 23 puestos; los otros 25 podrían incluirse en el anteproyecto del Sr. Tomlinson. Gracias a la actuación del Consejo, que ha concedido ya 5 puestos, los 23 de que hablaba yo para el año 1997 van a ser en realidad 18. La motivación para adelantar la concesión de puestos a 1997, mediante este PRS, se justifica, por un lado, por el plazo de formación que necesitan estos efectivos antes de prestar su colaboración al 100 % a la institución y, por otro lado, también por el margen de disponibilidad que teníamos gracias a la tasa de cambio favorable que se estaba registrando desde que se elaboró el presupuesto hasta este momento. Me refiero a la tasa de cambio entre el ecu y el franco belga.
Por otro lado, estos 18 nuevos puestos que se concederían en este momento (vuelvo a repetir: 18, más 5 que ha dado el Consejo, igual a 23) se desglosarían de la siguiente forma: en cuanto a la parte auditoría, serían un A-3, doce A-7 y tres C-5; en cuanto a la administración, serían dos personas: un A-7 y un C-5. Gracias a Dios, este incremento de personal no va a repercutir en un incremento de espacio, o sea que no hay que hablar de inmuebles, algo de lo que no nos gusta demasiado hablar en este Parlamento.
Y eso es todo. Yo estoy convencido de que con este incremento de personal el Tribunal de Cuentas no hará más que aumentar la rigurosidad a la que ya nos tiene acostumbrados dicha institución y mejorar, si cabe, la magnífica colaboración que siempre ha mantenido con el Parlamento.

Tillich
Señor Presidente, señoras y señores, en el procedimiento presupuestario de 1995 se ha aplicado por primera vez el procedimiento ad hoc. El informe presentado y la votación que va a tener lugar el jueves pretenden conceder un mandato a la delegación negociadora del Parlamento Europeo. Todos los años el procedimiento presupuestario comienza con el procedimiento ad hoc y las negociaciones entre el PE y el Consejo sobre los gastos obligatorios con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la modificación del anteproyecto de presupuesto de la Comisión. A los visitantes de la Tribuna y también a algunos diputados de esta Asamblea puede que les parezca más bien un intercambio técnico-intelectual pero se trata de un acto profundamente político, una negociación con el Consejo y la Comisión.
El procedimiento prevé que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión se pongan de acuerdo para iniciar el procedimiento a instancia del PE y el Consejo o del Consejo. Esto ha ocurrido formalmente el 26 de julio en el marco de un diálogo tripartito. Modificando el procedimiento pactado, el Consejo y el Parlamento Europeo llegaron al acuerdo de no concluir el procedimiento ad hoc antes de la primera lectura del presupuesto del Consejo para conceder a la Comisión la oportunidad de presentar en el otoño un proyecto de presupuesto más real para 1998 en base a un conocimiento mejor del mercado con ayuda de una carta rectificativa. El Consejo y el parlamento Europeo tienen que dar su asentimiento a esta propuesta. De este modo, por primera vez tenemos una oportunidad real de tener un presupuesto más próximo a la realidad, lo que corresponde a nuestras resoluciones anteriores sobre disciplina presupuestaria y una mejor ejecución presupuestaria.
En el informe presentado, el ponente se refiere al problema hasta ahora sin solucionar de la clasificación de los gastos. La Comisión ha dado el primer paso, si bien a medias. Aunque ha reagrupado los gastos que en opinión del Parlamento Europeo se incluyen entre los no obligatorios, sin embargo, falta el paso decisivo, consistente en clasificar estos gastos no obligatorios también como tales.
En el informe, el ponente les propone además la creación de una reserva especial para las incertidumbres del mercado que solamente gravará a los Estados miembros cuando sea necesario el dinero. El importe total del presupuesto agrícola no se ve afectado por ello. Actualmente practicamos algo similar con la ayuda humanitaria y la reserva monetaria. Además, el ponente propone negociar con el Consejo y la Comisión sobre los siguientes aspectos centrales: por un lado, el respeto del anteproyecto de presupuesto de la Comisión y, en consecuencia, del crecimiento del 0, 45 % del presupuesto agrícola y, por otro, no realizar un recorte lineal de las líneas presupuestarias agrícolas, sino un recorte específico en base a la no utilización de los últimos años 1994 y 1995. El Sr. Brinkhorst ya se ha referido a ello con el objetivo de volver al anteproyecto de presupuesto de la Comisión.
Lamentablemente, el Consejo de Ministros de Agricultura no ha logrado llegar a una decisión en su reunión de mediados de abril. En consecuencia, el Consejo debe encontrar aún una solución para los 1.400 millones de ecus que actualmente sobrepasan de facto el anteproyecto de presupuesto de la Comisión, lo que debe lograr hasta la primera lectura. Naturalmente estamos de acuerdo con la propuesta de la Presidencia del Consejo de hacerlo sin recurrir a la «contabilidad creativa». La presente propuesta del Parlamento garantiza la neutralidad presupuestaria y fortalece de este modo la posición negociadora del Parlamento.
Quiero expresar mi agradecimiento en especial a los colegas de la Comisión de Agricultura por la positiva cooperación mostrada en este procedimiento ad hoc y también por el pragmático enfoque de su ponente, Sr. Mulder. Quiero decir a la Comisión y, con ello, a altos representantes de la DG IXX, que próximamente tienen que decidirse sobre quién es su interlocutor, el Consejo o el Parlamento Europeo. También hemos negociado con ustedes sobre soluciones conjuntas, pero si de repente encuentran errores en el recorte específico, esto afecta también a sus cálculos para el anteproyecto de presupuesto. Lo que rinden en nuestra institución dos funcionarios de la categoría A, no lo hacen en la suya 600 de la misma categoría.
Voy a añadir algunas palabras sobre el Acuerdo Internacional de Pesca. En el diálogo tripartito fue el mismo Comisario quien confirmó el principio de que no se va a realizar ningún pago en base a este acuerdo antes de que el Parlamento haya emitido su dictamen. Esto es lo que se acordó en el diálogo tripartito, por lo que no se debería criticar como hacen algunos representantes de su servicio.
Ruego al Pleno que apruebe el presente informe y que otorgue a la delegación del Parlamento Europeo el mandato para las negociaciones y lograr así un presupuesto equilibrado para 1998.

Mulder
Señor Presidente, este año, tan pronto se publicaron las cifras del anteproyecto de presupuesto, la Comisión de Agricultura empezó a debatirlas. Nos ha complacido la buena colaboración con la Comisión de Presupuestos, en especial con los ponentes. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones de la Comisión de Agricultura en torno a este anteproyecto de presupuesto? En primer lugar, apoyamos la propuesta de la Comisión de aumentar el presupuesto tan solo un 0, 45 %. Apoyamos el punto de vista expresado muchas veces en este Parlamento: ninguna reducción de las primas agrícolas. Por tanto, no se trata únicamente de una decisión del Consejo de Ministros, sino también de una decisión de esta Asamblea. ¿Cómo deben cubrirse estos 1.400 millones? No por la vía de la contabilidad creativa. Apoyamos la propuesta del año pasado, que ciertamente no se aplicó, que implicaba un aplazamiento del pago de las primas para las semillas oleaginosas. La Comisión de Presupuestos ha aceptado los primeros dos puntos y no el último. Lo lamentamos. No comprendemos porqué algo que en principio era posible el año pasado, pero que no se aplicó, no puede serlo este año, ni siquiera en casos especiales. La Comisión de Agricultura se ha pronunciado en contra de las reservas. En todo caso, si he entendido bien al Sr. Brinkhorst, nos hallamos en buena compañía, a saber, la del Consejo. El Sr. Brinkhorst ha citado muchas veces al Consejo y creo haber entendido que el Consejo también está en contra. La Comisión de Agricultura igualmente.
La Comisión de Agricultura en pleno ha presentado una serie de enmiendas que son neutrales desde el punto de vista presupuestario. En total, un aumento de 1 millón sobre un presupuesto de 41.000 millones. Creo que no es exagerado. Consideramos que la Comisión de Presupuestos no tiene derecho a cambiar demasiado las prioridades técnicas de la Comisión de Agricultura. Por tanto, volveremos a hablar de ello en el pleno y esperamos también con impaciencia la lettre rectificative de la Comisión este mismo año, sobre la cual emitiremos nuestro parecer.

Souchet
Señor Presidente, recuerdo que, con posterioridad a la solicitud del Parlamento Europeo, la línea presupuestaria B7-800 se subdividió en dos: la nueva línea B7-8000 «Acuerdos Internacionales de pesca» y la nueva línea B7-8001 «Contribuciones a las organizaciones internacionales». Este nuevo planteamiento contable permite una lectura más clara de los gastos relativos al sector de la pesca.
En el marco del procedimiento ad hoc, se comunicó a la Comisión de Presupuestos un primer balance de la ejecución de la declaración común relativa a la mejora de la información de la autoridad presupuestaria sobre los acuerdos de pesca del 12 de diciembre de 1996. En este estadio del procedimiento sólo puede ser confirmado en los mismos términos. Por lo que respecta a la inscripción de los créditos en el anteproyecto de presupuesto para 1998, la Comisión había seguido literalmente la distribución prevista en el punto 1A de la declaración común. En efecto, ésta había propuesto inscribir los importes referidos a los acuerdos internacionales que estarán en vigor al principio del ejercicio de 1998 en la línea B7-8000 e inscribir en la reserva el importe necesario para los acuerdos que haya que renovar y para los posibles nuevos acuerdos.
La Comisión de Pesca es de la opinión de que los importes relativos a los acuerdos ya concluidos para los cuales el Parlamento aún no ha emitido su dictamen pueden ser inscritos igualmente en la reserva. Es necesario por consiguiente tener en cuenta los últimos acuerdos firmados con Senegal y con Guinea Bissau. En función del resultado de otras negociaciones y de los dictámenes emitidos por el Parlamento, los importes que se hayan de poner en reserva habrán de ser adaptados a lo largo del proyecto presupuestario.
Para concluir, se puede constatar que no hay divergencias entre la Comisión de Pesca y la Comisión de Presupuestos en el marco del procedimiento ad hoc. Quisiera simplemente recordar la importancia de los acuerdos internacionales, tanto para la flota pesquera europea como para los países terceros, entre los cuales la mayor parte están vinculados a la Unión Europea por los acuerdos ACP. Un buen acuerdo internacional de pesca es un compromiso que permite al mismo tiempo preservar el empleo, tanto a bordo de los buques como en las zonas marítimas, y favorecer una gestión duradera de los recursos de pesca en los países terceros. Por ejemplo, en el marco del acuerdo pesquero con Senegal, que hemos examinado esta mañana, hemos señalado el interés en dedicar, tal como ha decidido hacer el Gobierno senegalés, una parte de la contribución financiera de la Unión al sector local de la pesca costera artesanal, particularmente en el ámbito de la formación.

Samland
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, permítanme que comience diciendo algo sobre el presupuesto rectificativo y suplementario nº 1 para el ejercicio 1997 que han explicado los Sres. Brinkhorst y Fabre Vallés.
Quiero subrayar aquí con toda claridad que con la decisión que la Comisión de Presupuestos ha propuesto al Pleno, hemos iniciado una vía totalmente nueva en la política de personal. Esto tiene una gran importancia pues va a suponer un símbolo para el desarrollo de la política de personal en la Comunidad durante las próximas semanas y meses.
La Comisión solicitó al principio casi 160 nuevos puestos para hacer justicia al problema de la EEB, una nueva prioridad de la Comunidad. Ahora nos encontramos con 35 nuevos puestos que hemos vinculado además a una modificación interna de la estructura de la Comisión pues, de hecho, con el mismo número de puestos de la categoría C y A hay algo que está podrido en la casa de la Comunidad.
Si, tal como hemos propuesto ahora, se exige que los puestos de la categoría C se reduzcan por el volumen de costes que significa la ampliación de los puestos de la categoría A, esto muestra que la hucha está cerrada y que va a seguir estándolo también en el año 1999. Va a ser necesario que las nuevas tareas que se van a plantear con la presentación mañana aquí del gran informe sobre la Agenda 2000, se solventen mediante una redistribución y determinación de nuevas prioridades y también mediante una redistribución del personal y no creando sencillamente nuevos puestos en el gran autoservicio de Europa.
La segunda cuestión a la que me quiero referir es la relativa al procedimiento ad hoc. Permítanme que realice algunas observaciones al respecto. El procedimiento ad hoc se ideó en un Acuerdo Interinstitucional como resultado de un largo proceso de debates y de litigios sobre la delimitación de los créditos que son o no obligatorios. Para el Parlamento siempre estaba claro que una cifra, una cifra presupuestaria, no puede ser por principio obligatoria. Un reglamento de mercado puede ser obligatorio pero la consecuencia derivada de ello de cuál es el importe de la suma que se va a emplear no puede ser obligatoria, pues no podemos definir obligatoriamente de antemano cuál va a ser el tiempo y el precio del mercado mundial. Por ello, el litigio o discusión de los últimos años siempre se centraba en la siguiente cuestión: ¿cuáles son las cifras de los correspondientes gastos obligatorios? Nuestra experiencia de los últimos quince años nos muestra además que las cifras dedicadas siempre habían sido más elevadas que las prestaciones reales de la Comunidad.
Esta es la invitación a la «contabilidad creativa». Acaban de escuchar de nuevo al Sr. Mulder y también el Sr. Sonneveld ha dicho ayer por la tarde en la comisión que las semillas oleaginosas que nosotros definimos ahora como «contabilidad creativa», las quieren desplazar de un año a otro. Entonces todos estos colegas deben responder a la siguiente pregunta: ¿qué va a pasar en el año 1999? Ahí finalizan las previsiones financieras y no se podrá desplazar más. Nos encontraremos entonces ante el problema de que el año 1999 habrá que financiar dos veces las semillas oleaginosas: una, para el año en que se aplazó y otra para el ejercicio presupuestario en curso de 1999. Pero esto no lo va a dar el presupuesto jamás. Por ello, hemos saludado expresamente lo que ha dicho el Presidente del Consejo en el diálogo tripartito. Ninguna «contabilidad creativa» sino una solución. Lo que proponemos con el informe Tillich es una invitación al Consejo de Ministros de Hacienda para que cumpla las condiciones que él mismo ha marcado. No tiene porqué aceptar la invitación, se trata de una oferta de negociación al Consejo y en el diálogo tripartito hemos acordado conjuntamente que en el otoño de este año vamos a recibir cifras corregidas, de modo que con este debate no concluimos hoy el procedimiento ad hoc.

McCartin
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo político, yo quiero agradecer el trabajo de los Sres. Brinkhorst, Fabra Vallés y Tillich y manifestar que respaldo sus informes. También quiero agradecer personalmente a los Sres. Brinkhorst y Fabra Vallés sus esfuerzos para resolver el problema en relación con el Instituto veterinario de Grange y expesar mi satisfacción por el resultado alcanzado.
Yo suscribo el informe Tillich y, en particular, la estrategia de su autor para mejorar los procedimientos presupuestarios y contribuir a la elaboración de proyecciones correctas, de manera que el proyecto de presupuesto sea realmente el que se requiere para cumplir su objetivo.
Por otro lado, yo quisiera destacar un aspecto que señala el Sr. Mulder en el informe que ha elaborado en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, donde destaca que, dentro de la perspectiva de la Agenda 2000, no podemos esperar financiar la ampliación de la Unión Europea con los recortes del gasto agrícola. La agricultura es la única política rural de competencia totalmente comunitaria. No podemos debilitar esta política para establecer o financiar otro objetivo. Los posibles ahorros en el ámbito de la agricultura serán necesarios para evitar el deterioro medioambiental, y de hecho también económico, de la Europa rural en las presentes circunstancias. Es preciso recordar que, en estos momentos, dentro de los límites de los fondos disponibles en el marco de las perspectivas financieras, hemos podido contribuir con otros 1.000 millones de ecus al presupuesto para el año próximo. Esa cantidad sería suficiente para financiar las necesidades de una política agrícola común en el contexto de la primera ampliación. Pero debemos recordar que no podemos financiar una política regional adecuada para la nueva Europa con los presentes recursos presupuestarios. Yo diría que será necesario duplicar al menos los Fondos estructurales actuales para financiar una nueva política regional para la nueva Europa ampliada, si no queremos generar una enorme insatisfacción en los países que se adhieran y el rechazo de muchos de los ciudadanos que ya forman parte de la Comunidad.
Si bien estoy de acuerdo con los procedimientos generales que define el informe Tillich, no suscribo en cambio algunos de los conceptos que se introducen subrepticiamente. Podemos obtener los recursos necesarios para financiar la ampliación a 100 millones de personas mediante una redistribución del gasto y un recorte de las políticas actuales. Para que sea posible la integración de estas personas y para obtener los beneficios de la ampliación a través del comercio y del crecimiento económico, necesitaremos algo parecido a un pequeño Plan Marshall que les ayude a despegar, de manera que todos podamos cosechar los beneficios de la Unión ampliada.

Giansily
Señor Presidente, Señorías, nuestro colega Tillich se ha entregado a un ejercicio difícil, si no peligroso, al presentar sus propuestas en el marco del procedimiento ad hoc para los gastos agrícolas inscritos en el presupuesto de 1998.
Aunque el planteamiento del ponente, que se inscribe en la tradición de una voluntad tenaz del Parlamento Europeo de reducir el conjunto del FEOGA, tiene el mérito de ser racional, sin embargo, en mi opinión, reposa en una percepción errónea del gasto agrícola. En efecto, hay una especificidad del gasto agrícola que lo hace diferente de los demás gastos del presupuesto. El gasto agrícola es un instrumento económico de regulación de los mercados, cuya expresión, pero no su naturaleza, es presupuestaria.
Lo repito ahora y desde hace tiempo sin ser, por desgracia, verdaderamente oído. Y sin embargo, a pesar de todo el aprecio que tengo por él, debo decir a Stanislas Tillich que su planteamiento, que se basa en la constatación de la infrautilización de la dotación agrícola en los presupuestos anteriores y que deduce de ello una sobrevaloración deliberada por parte de la Comisión en sus previsiones y que, finalmente, opera reducciones en la mayoría de las líneas presupuestarias, procede de una visión exclusivamente aritmética de la política agrícola.
Las consecuencias de una actuación así podrían revelarse como molestas para algunos sectores económicos de producción, en el mundo agrícola. Pienso, en particular, en la financiación de las medidas de acompañamiento, que se ha visto reducida en proporciones importantes, por ejemplo para la carne de bovino. Ante la incierta situación en el ámbito de la lucha contra la EEB y a la luz de los recientes acontecimientos revelados por la Comisión, quién puede decir hoy que los créditos asignados a los productores comunitarios de carne de bovino están sobreestimados.
Finalmente, he constatado con sorpresa que el ponente ha hecho que figure, en el anexo de su resolución, una lista de clasificación de las líneas presupuestarias del FEOGA, que transforman en gastos no obligatorios lo que, en su prudencia, los tratados han inscrito como gastos obligatorios. Una actuación así se revela como inaceptable y, por estas razones, el Grupo UPE no puede votar el informe del Sr. Tillich, que provocaría riesgos importantes en la política agrícola.
Con respecto al presupuesto rectificativo y suplementario nº 1 para el ejercicio 1997, habrán de permitirme, saludando el excelente trabajo del ponente, Sr. Laurens Brinkhorst, que ha sabido hacer hincapié en las prioridades de creación de puestos nuevos en la Comisión, expresar la preocupación de mi grupo en cuanto a la subvención asignada a la Oficina de Marcas de Alicante, cuya dotación total, es decir, 12, 5 millones de ecus, se ha puesto en reserva.
Una decisión equitativa sería no inscribir en reserva más que la mitad de esta suma, tal como por cierto solicita la dirección de la Oficina, para permitir que este organismo dinámico desarrolle su programa de actividades. Efectivamente, creo que la drástica decisión de suprimir la dotación procede de un malentendido y de una confusión entre tesorería y compromisos contables y que este error debería corregirse en sesión plenaria. Ésta es la razón por la que nuestro grupo presentará una enmienda solicitando que los créditos en reserva no excedan de los 6 millones y medio de ecus.

Anttila
Señor Presidente, los gastos correspondientes a la agricultura constituyen la mayor partida de gastos del presupuesto de la Unión. El objetivo del procedimiento ad hoc para los gastos agrícolas es obtener una evaluación económica realista conforme a los últimas previsiones. Es difícil llevar a cabo una evaluación exacta por numerosos motivos. Así pues, tanto los niveles de cultivo como las fluctuaciones de los precios del mercado mundial dificultan, entre otras circunstancias, la evaluación en torno a la necesidad de la restitución presupuestaria a la exportación. Además, el presupuesto se ha visto perturbado por crisis difíciles de prevenir como las ocasionadas por la EEB o la crisis porcina. Estos recortes no son fáciles tampoco para los agricultores, a quienes los recortes anuales de las ayudas de la UE ocasionan una constante incertidumbre por lo que respecta a su nivel de ingresos.
La reforma de la política agrícola hace también un mayor hincapié en la capacidad de la Unión Europea para competir en los mercados mundiales, en los cuales los agricultores americanos, por ejemplo, compiten conforme a las condiciones recogidas en marcos agrícolas y presupuestarios aprobados por periodos de siete años. En la Unión Europea se debe presionar a fin de lograr la aprobación de marcos agrícolas y presupuestarios por periodos más amplios, por ejemplo de siete a diez años. Los actuales recortes no concuerdan con el desarrollo de la actividad agrícola y la mejora de la competitividad. Jan Mulder, ponente de opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, ha presentado un instrumento para cubrir necesidades futuras consistente en un sistema de reserva en el que se depositarían los fondos procedentes del ahorro presupuestario. Para finalizar, desearía solicitar al Comisario Liikanen que se pronunciara acerca de este sistema de reserva propuesto por el señor Mulder

Miranda
Señor Presidente, permítame unas pocas palabras en relación con el procedimiento ad hoc , puesto que los otros dos informes no nos plantean grandes dificultades.
De entrada diremos que de estos dos procedimientos ad hoc tenemos una visión positiva. Y esto es así porque para nosotros constituyen la única vía de una participación del Parlamento en la correcta definición de los gastos obligatorios, en particular de los agrícolas. Y éste debería ser, además, el sentido exacto de estos procedimientos, esto es, que a través de ellos el Parlamento aportase una contribución importante a una previsión adecuada y racional de los gastos en un sector en el que todavía no se le han reconocido competencias.
Sin embargo, no nos parece que éste sea el sentido predominante en las propuestas aprobadas ayer en la Comisión de Presupuestos. La preocupación de obtener ahorros en los gastos agrícolas predomina, de hecho, sobre cualquier otra obligación, en particular la de obtener una mayor racionalidad. Todos sabemos el porqué de tal cosa. Ahora bien, con tal orientación no podemos estar, obviamente, de acuerdo. Y no podemos estarlo porque sabemos que dichas reducciones en los gastos agrícolas, y esta vez también en los acuerdos de pesca, si el Consejo las adoptara parcial o totalmente, se verían inevitablemente acompañadas de otros recortes en otras categorías presupuestarias. La experiencia del pasado año confirma exactamente lo que digo.
Así pues, rechazamos con carácter previo, el hecho de que el Parlamento abandone la posibilidad de incidir en una correcta distribución de las partidas presupuestarias de los gastos obligatorios y, simultáneamente, se constituya en paladín de una política restrictiva. Sin embargo, hay otra razón de principio que nos lleva a discrepar del informe que ayer fue aprobado por la Comisión de Presupuestos. Al admitir, e incluso al propugnar que los Estados miembros liberen únicamente las partidas presupuestarias consignadas en las reservas en la medida en que ésta quede desbloqueada, se crea una situación sin precedentes y de una gravedad indudable. Es evidente que se pretende, por encima de todo, obtener algún tipo de ahorro, pero básicamente lo que se está poniendo en tela de juicio es la naturaleza del propio procedimiento presupuestario. Si se sigue por esta vía, más tarde o más temprano llegaremos a un presupuesto à la carte , y con esto no podemos estar de acuerdo.

Dell'Alba
Señor Presidente, ante todo deseo dar las gracias al señor Comisario Liikanen que ha querido asociar a su presencia en este Pleno de tan alto nivel también la Dirección General de la que es responsable. Su presencia aquí es, a nuestro entender, importante a fin de que pueda transmitirse el mensaje que hoy queremos lanzar a través de este presupuesto rectificativo y suplementario, un mensaje que en todo caso yo interpreto así y que afecta al consabido tema de los puestos adicionales para la Dirección General XXIV. Me parece evidente que los acontecimientos de las últimas semanas demuestran claramente el gran retraso que sufrimos. Sin culpar a nadie de nuestro retraso que, por el contrario, se debió a las circunstancias, es preciso, sin embargo, recalcar la sumamente urgente necesidad de reforzar dicha Dirección y dotarla de los instrumentos que permitan, dentro de lo posible, mejorar los controles, a fin de evitar nuevos sucesos dramáticos como el de las vacas locas.
Con la votación que tendrá lugar el jueves, nos proponemos desbloquear 35 puestos, pero ante todo pedir, con la obligación de conseguir resultados, que la Comisión haga todo lo que esté en su mano -me parece que la misma dispone ampliamente de este margen- para dotar efectivamente a la Dirección General XXIV, a partir del 1 de enero de 1998, de los puestos solicitados, a través de un despliegue interno de los demás recursos humanos necesarios.
Éste es el objetivo del Parlamento y es con este espíritu que mi Grupo, inicialmente reticente en cuanto al procedimiento seguido, considera ahora apropiado el procedimiento impuesto tan acertadamente por el ponente Sr. Brinkhorst de cara a garantizar un correcto diálogo interinstitucional; dicho procedimiento consiste en asignar de inmediato estos puestos y en pedir que en 1998 esta redistribución interna responda esencialmente a las solicitudes de la Dirección General XXIV.

des Places
Señor Presidente, a fuerza de querer complicarlo todo, mientras que las propuestas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural son generalmente razonables, realistas y, en todo caso, cercanas a los agricultores, el objetivo no es, a plazo, financiar otras políticas que la de la agricultura europea, demostrar que la única política común que funciona menos mal, desde el Tratado de Roma, no funciona, y deducir así las financiaciones.
No faltan los pretextos: diversidad de nuestros territorios, de nuestras producciones, grandes plazos mundiales y europeos, respeto por los criterios. Las coartadas falsas tampoco: el coste de la crisis de la EEB, las cantidades sobrevaloradas y no utilizadas, los regalos a la apicultura (3 millones de ecus), el control del fraude. Con claridad, 310 millones para poner en reserva.
Al conocer las dificultades del mundo rural y más especialmente de la agricultura, sólo puedo lamentar este incremento simbólico de un 0, 45 % previsto por el presupuesto de 1998, y ver este presupuesto amputado en unos 2, 4 millardos de ecus con relación a la línea directriz del compromiso de Edimburgo.
En su informe, nuestro colega Tillich confirma la modificación oculta de los gastos obligatorios en gastos no obligatorios mediante el artificio de la creación de una reserva. El año pasado, nuestro colega, Sr. Brinkhorst, nos había dicho que la solución de la reserva era eficaz, ya que permitía ajustar los gastos agrícolas en función de las necesidades financieras vinculadas a las fluctuaciones de los precios mundiales, de la producción y del consumo. Nuestro grupo se opuso. Pudimos comprobar que la reserva de un millardo de ecus, tal como estaba constatada en 1997, se había suprimido totalmente.
Hoy, que no conocemos aún la amplitud de la peste porcina, ni la calidad de los trigos planificables, ni el nivel de las cosechas en general, la Comisión de Presupuestos prevé por su parte, recortes en algunas partidas presupuestarios con el fin de crear esta reserva.
Como conclusión, nuestro grupo desea recordar que el Consejo es competente en última instancia sobre los llamados gastos obligatorios. Por consiguiente, no deseamos aceptar un subterfugio que, a través de un aumento ficticio de los poderes del Parlamento Europeo, sólo tenga por objetivo una reducción del presupuesto agrícola. En el marco de la Agenda 2000, desearíamos que se propusiera una política agrícola equitativa, realista y que permitiera detener la desertificación del mundo rural.

Lukas
Señor Presidente, el informe Brinkhorst/Fabra Vallés trata un campo muy sensible de la Unión Europea. El hecho es que la idea europea se está desacreditando por el fraude, el derroche y la mala administración. Hay que hacer todo lo posible para frenar este desarrollo. Ante todo, son los mismos Estados miembros los que deben impedir estas irregularidades. Pero, al mismo tiempo, es necesario dotar personal y materialmente a las instancias de control de la Comisión de modo que puedan cumplir su misión eficazmente. Naturalmente, esto es aplicable también al Tribunal de Cuentas, que tiene la tarea de constatar irregularidades en sus controles a posteriori y de realizar propuestas de mejora para descender el nivel de derroche.
Los puestos de servicio adicionales para la Comisión y el Tribunal de Cuentas son de saludar en este sentido. Si embargo, mediante una configuración más eficiente de los recursos administrativos dentro de la Comisión se puede encontrar al menos una parte de los puestos necesarios. Otro punto que quisiera destacar es la necesidad de aprovechar cualquier oportunidad que surja para poner a disposición créditos adicionales para medidas concretas en el campo de la investigación y desarrollo. Por ello, es muy de saludar la propuesta del ponente de distribuir los 100 millones de ecus de la reserva en diversas líneas presupuestarias y emplearlos de este modo de una manera eficaz.

Tappin
Señor Presidente, yo quisiera agradecer al Sr. Brinkhorst el trabajo que hemos realizado en relación con el presupuesto rectificativo y suplementario (PRS). Mis observaciones se referirán a dos dimensiones particulares del mismo: en primer lugar, la relativa a la Unidad de política de salud de los consumidores y, en segundo lugar, por lo que se refiere a la transferencia de fondos para la Agencia de registro de marcas comerciales de Alicante.
En primer lugar, por lo que respecta a la Unidad de política de salud de los consumidores tal como se contempla en el PRS, yo creo que a la vista de las conclusiones de la primera Comisión de investigación quedó suficientemente clara la necesidad de acciones reales en materia de seguridad de los alimentos a escala de la UE. No obstante, es igualmente evidente que la propuesta originaria y más bien limitada de la Comisión de establecer una Oficina veterinaria en Grange quedó superada por los acontecimientos. Esto es indiscutible. Además, y esto es más importante, la propuesta estaba mal planteada y ni siquiera ofrecía un fundamento jurídico adecuado para la creación de un órgano tan importante.
Yo quiero subrayar que la oposición contra el proyecto inicial de creación de una Unidad de política sanitaria no era una oposición por principio a que se establezca una Oficina en Irlanda o a que se mejore la protección de los consumidores. Era una oposición contra una política reactiva y contra la extensión de cheques en blanco para el futuro. Para mí, lo preocupante de la propuesta de la Comisión por la que se crea dicha Oficina en Irlanda fue constatar que la Comisión ya había alquilado un espacio de trabajo en Dublín, lejos de los centros habituales de trabajo de la Unión Europea, para unos trabajadores cuya contratación todavía no estaba aprobada, un hecho todavía más reprobable dada la existencia de un acuerdo para congelar el contingente de personal de la Comisión. Esta desconsideración de la Comisión hacia los deseos del Parlamento no constituye un buen augurio para el futuro de la segunda Comisión de investigación. Sin embargo, me complace poder anunciar que el Sr. Brinkhorst, los funcionarios de la Comisión y el Sr. Tillich han alcanzado un principio de acuerdo en las reuniones que hemos mantenido para tratar sobre el futuro de la Unidad de protección de la salud y que éste se refleja ahora en el PRS. La Comisión ha aceptado retirar la actual propuesta de crear una Oficina veterinaria y presentar una propuesta completa y detallada para la creación de una nueva Unidad alimentaria y veterinaria, que incluya el programa de trabajo, la dotación de personal prevista, las instalaciones, las políticas, la localización, etc. El Parlamento tendrá ocasión de debatir entonces la totalidad de la propuesta.
La Comisión de Presupuestos del Parlamento aprueba, asimismo, la decisión de conceder a la Comisión 35 puestos adicionales para la reorganización de la DG XXIV, para mejorar la coordinación con los Comités científicos y, en tercer lugar, para garantizar en el interín una gestión más saneada y más eficaz. No podemos aceptar que se creen temporalmente 70 nuevos puestos en Dublín y se mantengan 35 puestos en Bruselas hasta que la Oficina veterinaria y fitosanitaria esté debidamente establecida. Finalmente y como punto más importante, se ha llegado al acuerdo de que la Unidad de política de salud de los consumidores permanecerá en Bruselas.
En cuanto a la Agencia de Alicante, por lo que se refiere a la transferencia de fondos, yo considero sumamente importante el hecho de que dicha agencia pueda solicitar una provisión de fondos a la autoridad presupuestaria en caso necesario. Esta posibilidad figura en su Reglamento. La UE creó esta Agencia como parte de las tareas esenciales para completar la realización del mercado interior. Su asombroso éxito ha superado con creces todas las expectativas. No podemos permitir que se la penalice por su eficacia. Por esto yo propongo que rechacemos la propuesta de la Comisión de consignar la totalidad de los 12, 5 millones en una reserva negativa y que el montante total se mantenga en reserva a la espera de una solicitud detallada de la Agencia de registro de marcas que justifique la transferencia de la totalidad o una parte de dichos fondos para su utilización. Al Sr. Giansily, yo le respondería que si no lo hacemos así, el Parlamento, la Comisión de Presupuestos, dejará de controlar la financiación de dicha agencia. Esto es algo que no debemos olvidar. Permítanme que añada que el Sr. Brinkhorst, como dijo Margaret Thatcher de Mijaíl Gorbachov, es un hombre con quien resulta un placer trabajar. Ha sido un placer colaborar con usted en el examen del PRS.

Sonneveld
Señor Presidente, el procedimiento ad hoc para los gastos obligatorios en el trámite presupuestario adquiere en el Parlamento y el Consejo una importancia cada vez mayor. Con una preparación intensiva, el Sr. Tillich, ponente general, y el Sr. Mulder, ponente de la Comisión de Agricultura, han intentado realizar un trabajo equilibrado en relación con la política presupuestaria, combinando el deseo político general de un presupuesto austero para la UE con la salvaguardia de la política ya establecida.
Los gastos agrícolas no subirán más de un 0, 45 %, aunque según el acuerdo interinstitucional podrían haber llegado al 2, 1 %. Además se efectúan recortes importantes en determinadas partidas para que otras puedan aumentar, como las restituciones a la exportación de carne de vacuno.
Tres instrumentos, entre otros, son objeto de debate. Una rebaja lineal de todas las partidas. Es algo que rechazan con razón la Comisión de Agricultura y el ponente Tillich. En su lugar se defiende un recorte según el cálculo de las posibilidades de infrautilización a la luz de la experiencia de los tres últimos años presupuestarios.
A continuación, el Parlamento Europeo también introduce con el informe Tillich una nueva especie de reserva por un importe de más de 300 millones de ecus. De este modo, los excedentes en determinadas líneas del presupuesto agrícola siguen a disposición de otros gastos agrícolas también recortados. Convendría que este enfoque recibiera un reconocimiento general. En este sentido, el Consejo debería hacer gala de una mayor creatividad y flexibilidad.
Por último, la posibilidad de trasladar una determinada partida presupuestaria característica: los anticipos de las primas por hectárea en el sector de las semillas oleaginosas, por un importe de 1.400 millones de ecus. No hay nada insólito en cargar estos anticipos, que tienen lugar en torno al mes de octubre, al siguiente año presupuestario. Por lo visto, el Consejo y al parecer también la Comisión de Presupuestos rechazan esta posibilidad de elección, que ha demostrado rendirnos buenos servicios en diversas ocasiones, calificándola de «contabilidad creativa». Es incorrecto. Si se quisiera anular del todo esta posibilidad, este tipo de instrumento, podría hablarse de masoquismo presupuestario. El Parlamento no ha de atarse las manos a sí mismo, sino que ha de proponer suficientes opciones para poder encajar del mejor modo posible el difícil problema de los gastos obligatorios en un presupuesto ordenado y disciplinado.

Nicholson
Señor Presidente, ante todo, yo quiero felicitar a los ponentes por sus informes. No obstante, debo manifestar con toda firmeza que la Comisión, el Consejo y el Parlamento tienen la responsabilidad de garantizar el mantenimiento de los niveles de ingresos de los agricultores europeos, sobre todo en un momento en el que muchos sectores deben hacer frente a enormes problemas financieros por el lado de los ingresos. A mi modo de ver, es evidente que los agricultores pueden prever ahora que sus ingresos se verán marginados y ellos tendrán que afrontar varios años de estancamiento y de dificultades financieras.
Es de lamentar que la Comisión de Presupuestos no haya seguido las recomendaciones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre todo habida cuenta de que sus propuestas eran muy claras. Yo quiero rendir tributo desde aquí a Jan Mulder por la manera en que ha abordado estos problemas. Desde luego, soy contrario a cualquier medida que reduzca los ingresos de los agricultores y las propuestas de la Comisión de Agricultura eran muy constructivas y positivas. Yo me opongo rotundamente a que se favorezca a un sector de la agricultura a expensas de otro.
Debemos dedicar más recursos a la erradicación del fraude en la Unión Europea. Ésta es una cuestión en la que todos deberíamos coincidir. Nadie defiende el fraude, pero éste existe y es preciso erradicarlo en todos los Estados miembros.
La EEB ha supuesto una lección muy costosa para todos que no es posible cuantificar. Ahora tenemos, además, la peste porcina y no sabemos cuál será finalmente su coste. Ambas continuarán representado una considerable carga durante algún tiempo. También es preciso recordar que, a pesar del apoyo que han recibido en el Reino Unido, los criadores de bovino han sufrido una grave pérdida de ingresos y algunas se enfrentan ahora con problemas muy difíciles.
Finalmente, debemos apoyar las acción en favor de la promoción de la agricultura y sus productos. Éste es un reto al que debemos responder. Tenemos que recuperar la confianza de los consumidores. Para conseguirlo se requerirán recursos suplementarios. Este gasto se verá compensado, a largo plazo, por el incremento del consumo de productos europeos.

Katiforis
Señor Presidente, mi intervención, en nombre del Grupo Socialista y de la Comisión de Presupuestos, se referirá al informe del Sr. Tillich. El debate que hoy se celebra sobre dicho informe constituye la segunda fase del examen previo en el Parlamento del proyecto de presupuesto de gastos de la Comisión para 1998, una vez establecidas las orientaciones para la resolución en el mes de marzo. El examen en primera lectura del proyecto tendrá lugar en el Consejo el 24 de julio y el 23 de octubre, en el Parlamento.
En nombre del Grupo Socialista, yo quiero felicitar al Sr. Tillich por su informe y por todos los esfuerzos que dedica a orientarnos en medio de la maraña de normas, acuerdos institucionales, diálogos tripartitos y conciliaciones que constituyen el pan de cada día de las negociaciones presupuestarias anuales. También quiero congratularle y expresarle mi gratitud por su voluntad de flexibilidad con vistas a alcanzar el consenso más amplio posible.
Hoy se debate en el Pleno el procedimiento ad hoc sobre gastos obligatorios con objeto de otorgar un firme mandato a nuestra delegación en el diálogo tripartito con el Consejo y la Comisión, de mejorar la transparencia y de maximizar la participación de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Pesca en la definición de este mandato. El procedimiento ad hoc nos ha sido muy útil este año y ha adquirido una importancia adicional habida cuenta de que la las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam no incluían ningún tipo de reforma del procedimiento de decisión presupuestaria.
Por consiguiente, voy a reseñar brevemente los resultados conseguidos hasta ahora. El resultado clave ha sido la adopción de una declaración conjunta sobre el gasto agrícola, que abre a la Comisión la posibilidad de presentar una Carta rectificativa al anteproyecto de presupuesto, incluso más allá de los plazos normales indicados en el Reglamento financiero. Esto permitirá elaborar un presupuesto agrícola basado, así lo esperamos, en las previsiones e hipótesis más recientes y debería contribuir a evitar hasta cierto punto los problemas que plantea la previsión de las necesidades presupuestarias en el ámbito de la agricultura. Esta ampliación del procedimiento ad hoc responde a una petición de la Comisión de Agricultura y yo quiero destacar la estrecha y excelente cooperación que se establecido este año entre la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Agricultura en relación con la elaboración del presupuesto para 1998.
Aun así, no nos ha sido posible recoger todas las peticiones de la Comisión de Agricultura. Dado que la Comisión ha actualizado sus previsiones de gastos obligatorios para 1998 en 329 millones de ecus, consideramos que estos créditos deberían dejarse en reserva y, en segundo lugar, que no tendría que ser necesario recurrir a ninguna forma de contabilidad creativa para no rebasar el incremento del 0, 45 % con respecto a 1997 previsto para el presupuesto agrícola. Nos complace coincidir con la Comisión de Agricultura en cuanto a la conveniencia a largo plazo de una revisión de las ayudas a la renta en el sector de los cultivos herbáceos, pero nuestra posición con respecto a la propuesta de la Comisión de recortar las ayudas a la renta en alrededor de unos 1.400 millones de ecus sería más positiva. Desde luego, estamos dispuestos a discutir los aspectos concretos de la aplicación de dicho recorte.
Los principios de una buena gestión presupuestaria recomiendan utilizar las previsiones e hipótesis más actualizadas y los procedimientos y metodologías más fiables. Si observamos que los procedimientos actuales son poco fiables y determinan por lo tanto una asignación inadecuada de los recursos, no deberíamos vacilar en corregir estos problemas.
También debemos procurar que el equilibrio del gasto entre las diferentes líneas presupuestarias no corra el riesgo de verse demasiado alterado, puesto que muchas se encuentran muy cerca del nivel mínimo posible. Cuando sea razonable consignar un ahorro como resultado de una sobreestimación, debemos hacerlo, pero no deberíamos gravar en exceso a determinados sectores en busca de ahorros que permitan alcanzar la disciplina presupuestaria especialmente rigurosa que se intenta conseguir este año en el Presupuesto comunitario.

Goepel
Señor Presidente, señoras y señores, el acuerdo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo sobre los gastos agrícolas en el presupuesto lo denominamos procedimiento ad hoc. No se cuestiona el aumento del 0, 45 %, repito, el 0, 45 %. Lo que sí es totalmente cuestionable y a lo que no puedo dar mi asentimiento es a la propuesta de un recorte lineal -hoy he constatado que entretanto se suprime- pero ante todo a la de un recorte específico. No podemos aceptarlo como agricultores.
¿Cuál es la causa de la falta de los 1.400 millones de ecus? Sencillamente, el aseguramiento de la financiación derivada de la crisis de la EEB. En octubre de 1996, el Consejo previó un desplazamiento de las semillas oleaginosas de 1996 a 1997. No tuvimos necesidad de hacer uso de ello, por lo que quizás no sería honesto hablar en este caso de una «contabilidad creativa». Señor Samland, usted ha planteado la pregunta de qué va a pasar en el año 1999 o en el 2000 si se desplaza en el 98/99. Parto sencillamente del hecho de que nos encontraremos ante una situación como la de este año y no tendremos que realizar ningún desplazamiento. En este sentido apunta también de un modo puramente teórico la propuesta del Sr. Mulder de que en el caso de que no se emplee todo, incluyendo las situaciones que no caen dentro del sector obligatorio, se puede encontrar una compensación. En un año quizás nos contradigamos pero pienso que es sin duda posible.
Respecto al paquete de precios, el Consejo de Ministros de Agricultura se ha comprometido frente a la Comisión a mantener los gastos de FEOGA-Garantía dentro del los límites presupuestarios previstos para 1998. Lamentablemente, el Consejo no se ha expresado sobre las posibilidades de un nuevo desplazamiento de las ayudas para las semillas oleaginosas. Nos habría ahorrado muchas molestias.

Otila
Señor Presidente, desearía felicitar a los ponentes por la labor que han realizado. La cooperación entre la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha sido transparente y bastante constructiva.
La larga experiencia nos demuestra que las rápidas variaciones del mercado y el excesivo esfuerzo presupuestario han influido año tras año en los créditos consignados a los gastos agrícolas. Las previsiones económicas deben basarse en unos datos lo más actualizados posibles, ya que estos datos están disponibles con relativa facilidad, siempre y cuando exista una voluntad en este sentido. Como es sabido, los numerosos y constantes factores de incertidumbre tienen una repercusión particular en el sector de los cereales. A pesar de su gravedad, los problemas con que se han enfrentado el sector cárnico, como la crisis de la EEB y la peste porcina, son casos particulares que ojalá no se vuelvan a repetir.
En la adaptación al marco presupuestario de los gastos agrícolas hay que prestar una mayor atención a los países periféricos de la Unión Europea, como Finlandia y Suecia, que presentan una productividad y una rentabilidad claramente inferior que el resto de los países. Si bien cabe pensar que el recorte de las ayudas a la renta puede llegar a ser oportuno en el futuro, desearía subrayar que una transformación radical del sistema podría ser fatal, en particular de cara a la práctica de la agricultura en los Estados miembros nórdicos. El sistema actual coloca a la agricultura septentrional en una difícil posición. Los datos hechos públicos en torno a las próximos cambios harían aún más difícil la práctica de la agricultura en los Estados nórdicos.
El procedimiento ad hoc se ha saldado hasta el momento con resultados relativamente favorables. Si queremos que continúe mejorando la situación, cabe desear que la Comisión comprenda en el futuro la significación de una cooperación constructiva.

Funk
Señor Presidente, señoras y señores, me remito a mi informe sobre el que votamos hace pocas semanas, el 12 de junio de 1997. El Parlamento rechazó con gran mayoría el recorte de los pagos compensatorios para determinados cultivos herbáceos y para la retirada de las tierras de la producción. Al mismo tiempo, de acuerdo con la Comisión de Presupuestos, el Parlamento se pronunció en contra de un desplazamiento de los pagos adelantados para las semillas oleaginosas.
En otra enmienda de mi informe se acordó asimismo garantizar plenamente el pago de las ayudas por hectárea para los años 1998 y 1999, tal como se prevé en la reforma agraria. Me parece muy extraño que se desvíe de esta línea sin que se presente una propuesta alternativa razonable. Ayer leí en la prensa especializada que las primas por superficies y por animales van a constituir la base de la futura política agrícola de la UE. Señor Comisario Liikkanen, como miembro de la Comisión, usted ha apoyado esta resolución. Lamentablemente, nos enteramos por los periódicos antes de que se exponga aquí. Consultas posteriores confirman que las noticias de los periódicos son ciertas.
Tengo gran curiosidad por saber qué va decir después sobre cómo quiere ganarse la confianza de los agricultores para la futura política agrícola si ésta es una mera prosecución de la practicada hasta ahora. Creíamos que usted estaba a favor de una política agrícola sostenible. En lugar de ello, se sigue con las ayudas por hectárea y con primas por animales. ¿Cree usted que los agricultores nos van a creer que vamos a poder mantener estas cosas? Espero con gran atención su respuesta. Muchas gracias ante todo a nuestro colega Mulder quien ha argumentado muy razonablemente; nos adherimos plenamente a sus argumentos. No queremos lo imposible sino seguir trabajando de mutuo acuerdo con la Comisión de Presupuestos.

Liikanen
Mañana por la mañana, el Presidente de la Comisión, Sr. Jacques Santer, presentará la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda 2000. Esta primera presentación tendrá lugar aquí, en el Parlamento Europeo. Las enormes conjeturas de la prensa europea no son mayores de lo que ya es habitual, pero los documentos se presentarán por primera vez mañana en el Parlamento, a fin de que los honorables diputados del Parlamento Europeo puedan tener el privilegio de iniciar el debate antes que las restantes instituciones europeas.
El procedimiento ad hoc en relación con los gastos obligatorios se estableció en virtud del Acuerdo Interinstitucional de 1993. Las meticulosas deliberaciones en cada institución y entre las mismas indican que el procedimiento está respondiendo a las expectativas. Éste permite que el Consejo, el Parlamento y la Comisión realicen un examen detallado de los gastos obligatorios que se consignarán en el Presupuesto comunitario para 1998.
Por lo que respecta al presupuesto agrícola para 1998, el factor clave es que el Consejo no ha aceptado la reducción de las ayudas directas al sector de los cereales que proponía la Comisión. El Consejo también se ha negado a adoptar cualquier medida de ahorro real equivalente. El Consejo tampoco ha recibido demasiados estímulos del Parlamento Europeo en este sentido. Esto es decepcionante. El rigor en materia de equilibrio presupuestario también requiere ahorros presupuestarios reales en este sector, que absorbe el 48 % del Presupuesto comunitario.
En la presente situación, sin una modificación de las normas de base, la principal responsabilidad de la autoridad presupuestaria es predecir las previsiones de gasto con la máxima exactitud posible. Por esto, es un logro importante que en el diálogo tripartito del 26 de junio se alcanzara un acuerdo sobre la presentación en otoño de una Carta rectificativa que permitirá tomar en consideración la información más reciente. Asimismo, las conversaciones entre la Comisión y el Parlamento ya han permitido ajustar las previsiones en algunos sectores, lo cual se traduce en una reducción de unos 300 millones de ecus en las necesidades previstas. Uno de los temas de la conciliación de la semana próxima será la búsqueda de un acuerdo sobre cuándo y cómo debe incorporarse esto al Presupuesto.
Yo tomo nota de la propuesta del Parlamento de que se consignen 310 millones de ecus en una reserva destinada a hacer frente a las contingencias del mercado. En principio, parece interesante examinar la posibilidad de crear una reserva de este tipo en la Categoría 1, pero las disposiciones normativas son en apariencia demasiado estrictas para que esto sea posible a corto plazo.
Una alternativa para el Presupuesto de 1998 podría ser un ajuste directo de las líneas presupuestarias afectadas, lo cual podría contribuir bastante a cubrir los 400 millones de ecus necesarios para volver a las previsiones del anteproyecto de presupuesto.
Tanto el Consejo como el Parlamento parecen coincidir en que la ausencia de ahorros reales debería compensarse mediante un recorte general de las previsiones en todas las líneas presupuestarias. Los métodos aplicados para ello son, sin embargo, distintos. El Consejo se inclina por un recorte lineal; el Parlamento propugna un enfoque más complejo basado en las previsiones no ejecutadas en el pasado inmediato. Debería ser posible alcanzar un acuerdo en relación con el método, puesto que la ejecución del Presupuesto deberá recurrir en ambos casos a las transferencias con objeto de adecuar el Presupuesto a las necesidades reales.
Por lo que respecta a los tratados internacionales de pesca, la declaración común de 1996 por la que se adopta un código de conducta constituye un marco muy útil para el intercambio de información y para contemplar sus consecuencias presupuestarias. He tomado nota de las dudas del Parlamento en relación con los Acuerdos rubricados pero todavía no ratificados y me propongo examinar con la comisaria Bonino qué garantías podemos ofrecer al Parlamento con respecto a los tratados que entrarán a vigor a principios del año próximo y a los fondos que deberán incluirse, por lo tanto, en la línea presupuestaria.
Por lo que respecta al Presupuesto rectificativo y suplementario, sólo quiero hacer tres observaciones. En primer lugar, quiero agradecer al ponente, Sr. Brinkhorst, y al Parlamento Europeo el debate constructivo que hemos mantenido sobre la necesidad de reorganizar los servicios comunitarios de protección de la salud de los consumidores. La solución que propone ahora el Parlamento permitirá cubrir las necesidades más urgentes en 1997 y la Comisión así lo reconoce. Evidentemente, con esto no queda resuelto definitivamente este tema y más adelante se requerirán fondos adicionales.
En segundo lugar, los debates también han aclarado otros aspectos de la futura organización de los citados servicios. En particular -y quisiera volver a insistir en ello- la Comisión siempre ha tenido el propósito de trasladar a Irlanda únicamente la Oficina alimentaria y veterinaria, pero no el resto de servicios de la DG XXIV.
Yo quisiera hacer hincapié en la conveniencia de que se adopte rápidamente el Presupuesto rectificativo y suplementario. Espero que los productivos debates desarrollados entre el Consejo y el Parlamento en el contexto del diálogo tripartito del 26 de junio de 1997 permitan su adopción en la primera lectura.
Agradezco a todos los ponentes, Sres. Tillich, Brinkhorst y Fabra Vallés, y también al presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Samland, los esfuerzos que han dedicado a este procedimiento.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0349/97). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.

Gradin
Señor Presidente, el diputado Truscott ha formulado una pregunta sobre las restricciones a la circulación dentro de la Unión Europea para ciudadanos de terceros países. El Reglamento sobre visados aprobado por el Consejo de Ministros en 1995 sólo establece qué ciudadanos de estos países deben acreditar estar en posesión de un visado para poder entrar en cualquier país de la Unión. La propia expedición del visado se produce en el país miembro afectado. Esto significa que no se puede garantizar la expedición de visados a todos los ciudadanos procedentes de terceros países.
La Comisión se ha esforzado por facilitar el procedimiento de expedición de visados a estos ciudadanos. En la propuesta original del Reglamento sobre visados había por ejemplo un apartado que propugnaba el mutuo reconocimiento de visados entre los Estados miembros de la UE. No obstante, la propuesta fue eliminada en el transcurso de las negociaciones celebradas en el seno del Consejo de ministros. Esto se hizo además sin consultar previamente al Parlamento Europeo. En base a la falta de consultas con el Parlamento, el Tribunal de Justicia ha derogado la decisión del Consejo. El sistema actual tendrá vigencia hasta que se adopte un nuevo Reglamento. La idea del reconocimiento mutuo de visados también se incluía en el proyecto de Convenio sobre control de las frontenas externas presentado por la Comisión en 1994. Como usted sabe, lamentablemente no fue posible lograr la unanimidad con respecto al Convenio. El problema que describe el diputado Truscott no se habría suscitado si se hubiera llegado a un acuerdo sobre el Reglamento para los visados en su versión original, o sobre el Convenio para el control de las fronternas externas.
Con respecto al derecho a introducir el requisito de que los ciudadanos de terceros países que sean familiares de un ciudadano de la UE lleven visado, este aspecto lo regula el Derecho comunitario. Es obvio que los países miembros deben expedir visados a estas personas sin costes para ellas.

Truscott
Yo agradezco la detallada respuesta de la señora Comisaria, pero me pregunto si la Comisaria está al corriente de que los nacionales de terceros países que solicitan en Londres un visado para visitar Bélgica se ven obligados a esperar un mínimo de tres semanas para obtenerlo y que todas estas solicitudes son tramitadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Bruselas, lo cual ocasiona un considerable retraso. Por consiguiente, yo quisiera preguntarle a la señora Comisaria si no considera que este exceso de burocracia obstaculiza la libre circulación de personas en la Unión Europea.

Gradin
Como he señalado en mi respuesta, las disposiciones prácticas para la concesión de visados son de la competencia de cada país y es de su responsabilidad reorganizar su trabajo si se producen retrasos.

Ford
¿Tiene presente la señora Comisaria que en 1997 se celebra el Año Europeo contra el Racismo, un tema significativo dado que, de hecho, la mayoría de los entre 12 y 14 millones de nacionales de terceros países que residen en la Unión Europea son negros, y no cree usted que las autoridades belgas podrían estar tomando en consideración este hecho cuando se toman con tanta calma la resolución de este problema? El Tratado de Roma establece la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas. La libre circulación de los tres primeros es indudable, pero la libertad de circulación de las personas, y en particular de los residentes legales en la Unión Europea que son nacionales de terceros países y que constituyen una población que duplica la de Bélgica, se ve obstaculizada en la práctica por las autoridades belgas de un modo que yo considero totalmente inaceptable. ¿Está de acuerdo conmigo la señora Comisaria?

Gradin
Señoría, yo quisiera recordarle que la Comisión intentó aplicar un convenio sobre el control de las fronteras exteriores, pero un país concreto nos impidió autorizar la libertad de circulación, la cual yo hubiese deseado que se hiciera extensiva también a los nacionales de terceros países. Esto no fue posible y yo lo lamento muchísimo porque, si de mí dependiera, yo desearía que las personas que residen legalmente en la Unión disfrutasen también del derecho a la libre circulación.

El Presidente
Pregunta nº 39 formulada por Daniel Varela Suanzes-Carpegna (H-0525/97):
Asunto: Posición de la Comisión Europea en relación con las empresas pesqueras conjuntas hispano-británicas
Tras la reciente cumbre de Amsterdam, el Primer Ministro británico ha declarado a la prensa y en el Parlamento británico que contaba con el apoyo escrito del Presidente de la Comisión Europea para modificar el actual estatus jurídico de las empresas pesqueras conjuntas hispano-británicas que operan en aguas comunitarias del Reino Unido.
Como quiera que sobre las condiciones enunciadas se ha pronunciado el TJCE rechazándolas en diversas ocasiones por vulnerar el Derecho Comunitario, ¿cómo justifica la Comisión su interferencia a favor del Gobierno de un Estado miembro, en un asunto en el que las diversas propuestas británicas han sido ya reiteradamente rechazadas por el TJCE por su violación sistemática de la legislación comunitaria y en el que este tribunal ha fallado a favor de dichas empresas y de su derecho a ser indemnizadas por actuar plenamente amparadas por los principios y libertades fundamentales que consagra el Tratado de la Unión Europea?

Bonino
El reglamento básico que establece el régimen comunitario en materia de pesca y acuicultura prevé que cada año los Estados miembros deben informar a la Comisión con respecto a los criterios que han fijado para la distribución de las cuotas de pesca que les fueran asignadas. O sea, les corresponde a los Estados miembros repartir sus cuotas y le corresponde a la Comisión comprobar que en esta ocasión se respetan los principios del Tratado, las disposiciones que regulan la política común de pesca y la jurisprudencia. Y es en este espíritu que desde hace más de veinte años se ha establecido un diálogo entre los Estados miembros y la Comisión acerca de las condiciones nacionales de reparto de dichas cuotas. En este contexto, el Reino Unido, al igual que todos los demás Estados miembros, ha solicitado a la Comisión su opinión con respecto a un sistema de reparto de las cuotas de pesca, basado en la prueba de la existencia de un vínculo económico real entre el buque y su bandera, tal como resulta de la práctica constatada en los demás Estados miembros.
El pasado 17 de junio, el Presidente Santer, en nombre de la Comisión, contestó a las solicitudes de aclaración presentadas por el Sr. Blair. El Presidente Santer recordó que el Tribunal de Justicia reconoció que la finalidad del sistema de cuotas puede justificar la adopción de medidas aptas para garantizar la existencia de un vínculo económico real entre el buque de pesca y el Estado miembro interesado, si el objetivo de dichas medidas es que se beneficien de las cuotas las poblaciones que dependen de la pesca y las industrias del sector.
El Presidente de la Comisión subrayó asimismo en su carta que las medidas propuestas deben ser compatibles con el Derecho comunitario y cumplir la condición de ser no discriminatorias y proporcionadas al objetivo propuesto y alternativas en cuanto ofrecen a los pescadores la posibilidad de cumplir una o más medidas, u otros posibles requisitos dirigidos a comprobar la existencia de un vínculo económico con el pabellón de un Estado.
En conclusión, la Comisión deberá emitir su opinión con respecto a las disposiciones que adoptarán las autoridades británicas. Con ocasión de este análisis, la Comisión verificará que todas las medidas adoptadas resultan compatibles con el Derecho comunitario, a fin de comprobar, precisamente, que no son discriminatorias, que son proporcionadas a la finalidad y alternativas, así como plenamente concordantes con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia teniendo en cuenta, como es su obligación, los legítimos intereses de todos los Estados miembros.

Varela Suanzes-Carpegna
Señora Comisaria, muchas gracias por sus aclaraciones en esta cuestión, en la que, por ser muy sensible, hay que hilar muy fino.
Quería preguntar, en primer lugar, si las declaraciones del Presidente de la Comisión, Sr. Santer, -a las que usted ha hecho referencia- recogen oficialmente la postura de la Comisión, es decir, del Colegio de Comisarios; si ha habido un pronunciamiento sobre esas declaraciones y, por lo tanto, si usted me puede dar la fecha en la que han tenido lugar, incluso si se han hecho con los preceptivos informes jurídicos. Si existen dichos informes me gustaría saber si yo los puedo tener, porque tengo un enorme interés en conocer esa interpretación. Porque la interpretación contenida en esa carta se ajusta -como usted dice- a las sentencias del Tribunal, pero no totalmente, porque hay algunos apartados o algunos párrafos de esos considerandos que siempre van más allá, que aluden a conceptos jurídicos indeterminados como, por ejemplo, »que no afecten a los principios generales del Tratado o al Derecho comunitario», »que no deben dificultar el normal funcionamiento de las empresas» etc. Y por lo tanto, cuando se dice que las medidas no pueden ser discriminatorias y tienen que ser proporcionadas, hay que ver y saber cuándo son proporcionadas y cuándo no son discriminatorias. Todo esto, evidentemente, entraña enormes dificultades y a mí me gustaría conocer la opinión de la Comisaria en relación con estas preguntas concretas que le he formulado.

Bonino
Efectivamente, no ha sido necesario, en mi opinión, ningún debate en el Colegio de Comisarios porque no se trata de nuevas interpretaciones ni de nada nuevo.
La carta del Presidente Santer, como usted puede comprobar, sólo alude a dos cosas:
Primero, que la Comisión tendrá que comprobar que toda iniciativa del Gobierno británico respete el Tratado. No hay pues medidas que el Gobierno británico pueda aplicar sin consultar previamente a la Comisión sobre las mismas, como ya es el caso en otros Estados miembros.
Segundo, porque se trata explícitamente del vínculo económico previsto en el Asunto Jaderow del Tribunal de Justicia. No es pues un planteamiento nuevo de la Comisión. El presidente se limitó a confirmar que existen estos tipos de posibilidades, entre otros; pero que el Reino Unido, antes de decidir cualquier medida, tiene que dirigirse a la Comisión, que en ese momento emitirá su propia opinión sobre si las medidas pueden resultar o no discriminatorias, proporcionadas o alternativas.

Pérez Royo
Señora Comisaria, es una cuestión importante y muy delicada como ha dicho el Sr. Varela. El mercado único tiene ventajas para todos los países y cada uno lo usa de su manera. Hay países más débiles y países más fuertes y España podría quejarse de los desperfectos que en su economía ocasiona, en determinadas ocasiones, el mercado único.
En concreto, la pregunta que yo quería hacer a la Comisaria -ciñéndome a la cuestión- es la siguiente: ¿puede confirmar que es contrario a la libertad de establecimiento -al principio fundamental de libertad de establecimientoel exigir que los tripulantes de un determinado barco -con bandera británica en este caso- sean residentes en Gran Bretaña? ¿Puede confirmar si, según su opinión, es contrario o no a la libertad de establecimiento el exigir que la pesca capturada en ese barco sea desembarcada, total o parcialmente, en puertos británicos? Porque el parecer del Tribunal de Justicia ha sido exactamente el contrario: que esto -el exigir este tipo de medidas- es contrario al principio de libertad de establecimiento.

Bonino
Efectivamente, ningún Estado miembro puede exigir que se descargue el pescado en sus puertos ni que las tripulaciones sean nacionales ni que las empresas se establezcan en su territorio.
Teniendo en cuenta que, según el Tribunal de Justicia, una de las finalidades de las cuotas es que beneficien a las poblaciones costeras, lo que un Estado miembro -por ejemplo el Reino Unido- puede hacer es preguntar a todas las empresas sin discriminación (y no sólo a las de «quota hopping »), qué tipo de vínculo económico pretenden establecer con las zonas costeras. Se pueden establecer criterios para apreciar el vínculo económico que tienen determinados buques con un país, pero no se pueden imponer medidas discriminatorias.

Gallagher
Yo me congratulo de que la señora Comisaria Bonino haya aclarado la situación, ya que, como resultado de la declaración realizada después de la Cumbre de Amsterdam, se había creado la impresión de que el Gobierno y el Primer Ministro del Reino Unido habían recibido un trato de favor. Su respuesta de hoy indica que no fue así y yo agradezco la declaración de la señora Comisaria.
Yo quisiera recordarle a la señora Comisaria que, de conformidad con las disposiciones de la Política Pesquera Común, lo que es favorable para el Reino Unido, también lo es para Irlanda y, de hecho, para cualquier país. Estoy seguro de que la señora Comisaria, en su calidad de guardiana de los intereses de la industria y de los pescadores, estará de acuerdo. No obstante, ¿podría indicarnos qué se entiende por vínculo económico? ¿Quién adoptará la decisión? ¿Quién la arbitrará? ¿Quién juzgará y adoptará una decisión en relación con este tema?
Yo quisiera pedirle a la señora Comisaria que vele por que la vinculación económica no consista simplemente en el desembarco del pescado en un puerto de Irlanda, del Reino Unido o cualquier otro, para transportarlo luego de inmediato a España o a cualquier otro país. Éste no es un vínculo económico suficiente; el vínculo debería ser más amplio.

Bonino
En realidad, no ha habido un trato preferente. Esto sería contrario al Derecho comunitario ante el cual todos los Estados miembros son iguales. Yo no podría aprobar un proceder de ese tipo, sino todo lo contrario.
Durante el pasado año hemos presentado propuestas y sugerencias a las autoridades del Reino Unido sobre la aplicación del concepto de vínculo económico al que hacía referencia el Tribunal de Justicia. La Comisión verificará que la aplicación del concepto de vínculo económico sea equitativa y no discriminatoria en cuanto reciba una propuesta del Gobierno del Reino Unido sobre los criterios que se propone aplicar. Pero no podemos imponerle unos criterios. El Gobierno del Reino Unido puede indicar a cada buque: para acceder a una cuota usted debe demostrar que mantiene un vínculo económico. Este vínculo económico podría corresponder a alguno de los criterios que han sido aceptados por la Comisión. Pero la Comisión no puede imponer a nadie ninguno de estos criterios.
Señorías, permítanme que les recuerde, por ejemplo, que la legislación nacional de Dinamarca exige que un 50 % de los desembarcos se realicen en puertos daneses. Ésta es una de las posibilidades para que exista un vínculo económico con el país del pabellón.

El Presidente
El Sr. Varela me pide la palabra para una cuestión de orden. ¿Qué artículo del Reglamento invoca usted para una cuestión de orden, Sr. Varela?

Varela Suanzes-Carpegna
Señor Presidente, no tengo el Reglamento a mano y no puedo citar ningún artículo, pero no quería entrar para nada en el fondo de la cuestión.
La Comisaria habla de barcos de «quota hopping », y yo quería pedirle, por favor, que no emplee esa terminología británica; que la traduzca al italiano o, en su caso, al castellano, porque esa terminología entraña una connotación negativa. Estamos hablando de inversiones directas de un Estado miembro en otro Estado miembro. Por eso, yo hablo de empresas conjuntas.

El Presidente
Señor Varela, no sé hasta qué punto esto es una cuestión de orden y no una cuestión puramente semántica, pero en todo caso esta Presidencia, como es tan laxa, le ha dado la palabra y le agradece su información, como he visto que se la agradecía la Sra. Bonino con la amabilidad que es característica en ella.
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 40 caduca.
Pregunta nº 41 formulada por Sirkka-Liisa Anttila (H-0575/97):
Asunto: Posible exportación de carne de vacuno procedente del Reino Unido a pesar de su prohibición
Según las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, el Reino Unido ha exportado carne de vacuno, entre otros países, a los Países Bajos, a pesar del embargo que pesa sobre la exportación de esta carne. De ser cierta esta información, el Reino Unido ha actuado en contra de la prohibición de exportar carne de vacuno, decretada como consecuencia de la crisis de la EEB. Por este motivo, es de gran importancia aclarar si la información aparecida en los medios de información sobre este tema es cierta y, si se ha producido una exportación en contra de la prohibición, debe precisarse a qué países y en qué cantidad. La aclaración de este tema reviste una importancia fundamental también desde el punto de vista de la credibilidad de toda la Unión Europea. No debemos olvidar tampoco que la Unión Europea ha intentado de múltiples maneras recuperar la credibilidad y la confianza de los consumidores en la carne de vacuno, por ejemplo, mediante una campaña de fomento del consumo por un importe de 32 millones de ecus, y mediante el establecimiento de un sistema de etiquetado con indicación del origen de la carne. Estos esfuerzos se irán al garete si se violan las disposiciones anteriormente señaladas. Asimismo, la protección legal de los consumidores requiere que se les den a conocer los países en los que puede haber carne infectada por el agente causante de la EEB. Se trata de un asunto especialmente urgente y grave para garantizar la salud de los consumidores.
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para averiguar la veracidad de la información aparecida en los medios de comunicación, es decir, si el Reino Unido ha exportado carne de vacuno sometida al embargo? Y si se confirma, ¿a qué países y en qué cantidad?.

Bonino
Ayer presenté un informe completo y detallado ante la Comisión temporal encargada del seguimiento de las recomendaciones en relación con la EEB. No obstante, tal vez pueda recordar ahora tan sólo algunos elementos básicos aquí en el Pleno. El informe detallado está a la disposición de todos los diputados.
El 29 de abril, las autoridades neerlandesas tuvieron la sospecha de que 1.650 toneladas de carne vendidas por la empresa belga Tragex-Gel y almacenadas en Vlissingen correspondían a exportaciones ilegales de carne de vacuno del Reino Unido. Más de 100 toneladas se habían vendido a empresas exportadoras europeas, que posteriormente las exportaron a terceros países y obtuvieron una restitución. El remanente de 700 toneladas fue confiscado por la Fiscalía neerlandesa. Luego, a principios de mayo, los servicios veterinarios neerlandeses informaron de estos hechos a las autoridades belgas y al Ministro de Agricultura británico.
El Ministerio de Salud neerlandés informó a la UCLAF el 7 de mayo, pero solicitó una rigurosa confidencialidad por lo que respecta a la investigación iniciada simultáneamente por el Ministerio fiscal neerlandés. Los servicios de la Comisión fueron informados el 26 de junio y la Agencia alimentaria y veterinaria envió una misión de inspección los días 26 y 27 de junio. Las autoridades británicas confirmaron que la carne confiscada por las autoridades neerlandesas era de procedencia británica, con lo cual confirmaban también el incumplimiento del embargo.
El equipo encargado de la misión manifestó la opinión de que los controles de la carne son insuficientes y, en consecuencia, la Comisión remitió el 8 de julio una carta a este efecto a las autoridades del Reino Unido, previa a la aplicación del artículo 169. Las autoridades del Reino Unido han respondido hoy y la Comisión está examinando su carta. Por cierto que, como seguramente ya saben, el Ministro de Agricultura, Sr. Cunningham, está asistiendo en estos momentos a una reunión de la Comisión temporal de investigación sobre la EEB.
El 2 de julio, la Comisión informó a todos los Estados miembros, al Parlamento Europeo y a la opinión pública de estas exportaciones ilegales de carne y también se ha informado de los nombres de los terceros países identificados de momento como posibles puntos de destino. Éstos son Rusia, Egipto, Guinea Ecuatorial, Bosnia Herzegovina y Polonia. El 3 de julio se realizó una visita de inspección a dos plantas belgas. La situación se juzgó insatisfactoria en el aspecto del control y se obtuvieron algunas pruebas de una vinculación entre Tragex-Gel y la planta británica en cuestión.
Sobre la base de estos resultados, la Comisión solicitó el 4 de julio a las autoridades belgas la inmediata revocación de la autorización para ambas empresas y el Ministerio de Salud belga informó ese mismo día a las empresas Tragex-Gel y Lefebre de su propósito de revocar su autorización y prohibió la salida de carne de dichos establecimientos. La Comisión también está examinando si las autoridades belgas aplican debidamente la legislación comunitaria. Las autoridades alemanas comunicaron el 4 de julio a la Comisión el descubrimiento de un cargamento de 172 toneladas de carne procedentes de los dos establecimientos belgas, que se encontraban almacenadas en Hamburgo. En consecuencia, el 8 de julio se realizó una misión en Alemania y las autoridades alemanas confiscaron la carne sospechosa.
El 8 de julio se inició, con la cooperación de los servicios del Reino Unido, una misión encargada específicamente de investigar las empresas británicas y el magistrado británico competente autorizó el registro de varios establecimientos británicos sospechosos de tráfico ilegal, sobre la base de las pruebas aportadas por la Comisión. Se obtuvieron pruebas de que probablemente se ha atribuido a la carne británica un origen comunitario distinto. Sobre la base de las pruebas obtenidas en Safex Cold Store y Heine Foods, el 4 de julio solicitamos a las autoridades del Reino Unido la revocación de la autorización de dichas empresas. El Sr. Cunningham me confirmó telefónicamente ayer que revocará la autorización de las dos empresas en cuestión.
En resumen, el resultado final es que hemos localizado 1.650 toneladas de carne. En una semana hemos conseguido localizarla toda y sabemos dónde se encuentra. Lo que no puedo garantizarles es que el asunto se acabe aquí o, puesto que la investigación continúa, que no descubramos otras cantidades en otro lugar.

Anttila
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento a la Comisaria Bonino por su extraordinaria respuesta. Este tipo de actividades contrarias a la normativa de la UE y a la prohibición de exportación debilita aún más la confianza de los consumidores en la carne de vacuno, lo cual es ya de por sí enormemente deplorable para un sector de la UE en crisis como es éste. Por lo tanto, desearía preguntar cómo tiene previsto la Comisión mejorar el control y la supervisión en el futuro, para que podamos evitar la aparición de nuevos fraudes de este tipo, que llegan a poner en peligro la salud de los ciudadanos. Se debe aplicar un mayor rigor en la represión de los fraudes que, poniendo en peligro la salud humana, se cometen con fines lucrativos. Por tal motivo desearía preguntar aún si la Comisión ha considerado recomendar a los Estados miembros un endurecimiento de las sanciones.

Bonino
Ante todo, permítame que le recuerde que la inspección es competencia de los Estados miembros. La Comisión sólo está autorizada a coordinar el control. También quiero recordarle que la Comisión cuenta con 27 inspectores veterinarios para 15 Estados miembros, para controlar toda la legislación, las importaciones de países terceros, etc. Por esto la Comisión ha solicitado poder contar, como mínimo, con 200 inspectores en total y me alegra saber que el Parlamento al parecer nos permitirá contar con 35 inspectores más a finales de este año.
Sin embargo, la Comisión sólo puede hacer dos cosas. Si disponemos de mayores recursos humanos, podremos intensificar los controles al azar e incrementar también con ello los procedimientos de infracción en caso necesario. Yo debo reconocer, no obstante, ante la Asamblea que llevamos retraso en las inspecciones en otros ámbitos de enorme importancia. Pero con sólo 27 inspectores veterinarios -y no es posible su clonación, ya que está prohibidano podemos hacer mucho más. Es una satisfacción para mí que hayamos conseguido localizar el origen de toda esa carne de vacuno en una sola semana.

Redondo Jiménez
Señora Bonino, no me voy a referir ahora a la imprudencia o precipitación de la Comisión -tema del que ya debatimos ayer suficientemente en la comisión de seguimiento- y no me preocupa que haya infractores, porque a éstos se les persigue y se les aplica el peso de la ley.
Lo que sí me preocupa es que no funcionen los sistemas de control y supervisión, así como la infracción continuada por parte de algunos Estados miembros. Entonces, ¿no cree la Comisión que, con el sistema actual de control -independientemente del número de inspectores, que es algo que se puede solucionar-, no funciona dicho control? ¿No se debería volver a considerar el sistema anterior que se servía de guías que acompañaban a un producto, tanto si fuese animal vivo o muerto, desde su origen hasta su destino, ya que estas guías -que en nuestro país se llaman así- iban perfectamente sancionadas por el veterinario competente? Por lo tanto, desde su origen hasta su destino, la mercancía iba perfectamente identificada y controlada. ¿No se debería reconsiderar este sistema? Porque es barato y no supone gastos adicionales para la Comisión.

Bonino
Efectivamente, puede que el método anterior fuera mejor, pero esto no impidió que se llegara a una grave crisis y se acusara a la Comisión también de falta de control. De todas maneras, hay un reglamento que aplicar y me parece que siempre se pueden modificar cosas. Pero antes de cambiar el reglamento, tenemos que darnos los recursos humanos indispensables para cambiar la posición. Y es importante saber que vamos a elaborar, dentro de algunos meses, un informe sobre los sistemas de control. Esto podría dar al Parlamento y a la Comisión la posibilidad de debatir sobre ello, comparando los dos métodos y las dos experiencias y decidir cuál puede ser el método mejor. Podría ser una combinación de los dos, por ejemplo. Estoy reflexionando sobre ello, pero me parecería mejor que tuviéramos un poco más de experiencia en este método, para elaborar después un informe que pueda ser debatido por el Parlamento y la Comisión para ver de qué manera lo podemos mejorar.

Thors
Me alegra la respuesta positiva que la Comisaria Bonino nos ha dado. Lamentablemente, es un hecho comprobado que son las malas noticias las que aparecen con grandes titulares, mientras que las buenas sobre lo que se ha logrado descubrir no se publican. Por eso me pregunto en primer lugar: ¿Puede la Comisión, a través de sus oficinas de información de las capitales europeas, informar verdaderamente sobre el modo en que se ha procedido, concretamente si se tienen unos resultados positivos?
En segundo lugar: ¿No hay motivos para acelerar la entrada en vigor del Reglamento sobre el etiquetado de productos a base de carne de vacuno? Temo que puedan suscitarse muchas situaciones parecidas si el Reglamento no entra en vigor con mayor rapidez.
En tercer lugar, agradezco la humildad de que ha dado muestras la Sra. Bonino al preguntarse a sí misma si se han descubierto todos los casos de infracción. ¿Hay indicios de que exista más fraude, por ejemplo, en Gran Bretaña?

Bonino
Para aclarar cualquier posible malentendido, yo he dicho que hemos conseguido localizar el origen de la totalidad de las 1.650 toneladas, pero no puedo afirmar si éstas corresponden a la totalidad del fraude o si existen otras cantidades, puesto que la investigación continúa. Sólo estamos en sus inicios. Se están realizando nuevos controles e investigaciones en el Reino Unido, por ejemplo. Ambas empresas han quedado clausuradas por el momento y estamos revisando toda la documentación, expedientes, etc. Sabemos qué ocurrió con las 1.650 toneladas citadas, pero yo no puedo afirmar que el asunto acabé ahí. Podría ser que hubiese otras cantidades en circulación. Ojalá no sea así.
Por lo que respecta al segundo punto, usted ya conoce la posición de la Comisión sobre el tema del etiquetado. La decisión y la respuesta de todos los Estados miembros fue que el etiquetado obligatorio se establecerá a partir del año 2000 y que hasta entonces éste seguirá siendo voluntario, siempre que sea posible localizar el origen de la carne. Yo confío en que no sólo la presente crisis, sino también una mayor conciencia de los consumidores, inducirán a los Estados miembros a acelerar al menos en la medida de lo posible el etiquetado voluntario.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 42 caduca.

Pinheiro
La Comisión está de acuerdo con el honorable diputado en que establecer contratos por programas puede ayudar a superar la sobrecarga administrativa que supone la financiación de cada proyecto por separado. La Comisión tiene previsto introducir, por lo tanto, en sus condiciones revisadas para la cofinanciación de las ONG la posibilidad de establecer contratos por programas. En estos momentos estamos trabajando en la revisión de las citadas condiciones de cofinanciación. Estos acuerdos por programas comenzarán a celebrarse de manera experimental con las ONG que puedan demostrar un enfoque apropiado en materia de desarrollo, en colaboración con ONG locales, y con las que la Comisión haya venido manteniendo una relación prolongada y satisfactoria de cofinanciación, y luego se ampliarán progresivamente.
Los contratos por programas representarán sólo un determinado porcentaje de los fondos anuales destinados a la cofinanciación, puesto que la Comisión continuará financiando proyectos individuales de las ONG europeas que continúen operando sobre la base de un enfoque proyecto a proyecto o que tengan unas dimensiones demasiado reducidas para establecer contratos por programas. La Comisión ya ha utilizado este instrumento, particularmente en el ámbito de la ayuda humanitaria, a través de los contratos marco de cooperación. Dichos contratos marco se establecieron en 1993 y ofrecen un marco jurídico general para las relaciones con los agentes humanitarios, o sea con las ONG y los organismos internacionales, que contribuye a la racionalización y agilización de los procedimientos de gestión de las operaciones humanitarias.

Lööw
Doy las gracias por una respuesta muy positiva que me causa una gran alegría. El hecho es que los acuerdos marco podrían disminuir los gastos administrativos de la Comisión y de las organizaciones en cuestión. A través de ellos se conseguiría canalizar más fondos para el desarrollo que lo impulsarían eficazmente.
Los acuerdos marco no son sólo aplicables a los grandes proyectos. Muchas de las ONGs tienen además organizaciones locales que quizá desean llevar a cabo proyectos menores. Creo que las grandes organizaciones, si consiguen los acuerdos marco, también podrían asumir la responsabilidad de llevar a cabo proyectos menores que realizarían sus delegaciones locales.
Como muy bien señala el Comisario, se ha experimentado con este método dentro de ECHO, el Departamento para la Ayuda Humanitaria de la UE, y ha dado buenos resultados. Esto debería inspirarnos para continuar aplicándolo también en otros ámbitos.

Pinheiro
Sra. LÖöw, yo coincido plenamente con usted en que, si se tiene en cuenta que la ayuda a las ONG ha pasado en veinte años de 2, 5 millones a 175 millones de ecus, esto representa un enorme incremento y el número de proyectos que es preciso tramitar requiere, sin duda, la máxima simplificación posible de su gestión.
Hemos estado trabajando en colaboración con el Comité de enlace de las ONG con objeto de establecer el llamado Programa de apoyo a la cofinanciación. El objetivo es ayudar a las ONG a preparar debidamente las solicitudes de financiación, los informes, etc., etc. Confiamos que estos programas de apoyo a la cofinanciación permitirán mejorar la calidad y la exactitud de los informes y, por lo tanto, la intención es hacer extensivos progresivamente estos proyectos plurianuales al mayor número posible de ONG. Yo puedo asegurarle que el trabajo realizado hasta ahora con el Comité de enlace ha resultado sumamente alentador y tengo la confianza de que éste sólo será el inicio de un nuevo tipo de relación con las ONG.

Posselt
Señor Presidente, tengo que plantear una breve y precisa pregunta adicional. ¿Existe un índice o lista completa de todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por encargo nuestro y con nuestro dinero, no solamente en la cooperación para el desarrollo sino en general con terceros Estados y dónde se puede obtener esta lista?

Pinheiro
Por lo que se refiere a los países ACP, todos los proyectos corresponden posiblemente a la DG VIII, la Dirección general competente para el desarrollo. Seguro que en cada una de las Direcciones Generales geográficas disponen de una lista completa de ONG. Como usted sabe, en este contexto se trabaja sobre todo con criterios geográficos. Si le interesa esta lista y presenta una solicitud, yo estoy seguro de que la respuesta será muy rápida.

El Presidente
Pregunta nº 44 formulada por Graham Watson (H-0431/97):
Asunto: Elecciones en Kenia
A lo largo de este año se celebrarán en Kenia elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
¿Querría la Comisión Europea exponer sus observaciones sobre las persistentes restricciones a la libertad de reunión y asociación de los partidos políticos y presentar su ofrecimiento de enviar observadores a Kenia durante las elecciones y pedir, además, al Gobierno que otorgue a la Comisión Electoral de Kenia la independencia a la que tiene derecho bajo la Constitución de Kenia, de forma que los electores keniatas puedan disfrutar de elecciones libres y justas sin sospechas ni miedos?

Pinheiro
La Comisión ha participado, en el marco del llamado Grupo Democrático de Donantes para el Desarrollo de Kenia, en la redacción de una declaración conjunta sobre la celebración de elecciones libres e imparciales a finales de este año en Kenia.
Dicha declaración destaca la importancia de que se cumplan cuatro requisitos previos para que las segundas elecciones multipartidistas que se celebran en Kenia tengan lugar en un contexto más equitativo, a saber: acceso al censo electoral; acceso al electorado; acceso a la información; y libertad de reunión.
La Comisión considera que estos cuatro puntos constituyen el conjunto de condiciones mínimas para que puedan celebrarse unas elecciones libres e imparciales en Kenia. El 6 de mayo se hizxo entrega de esta declaración al Presidente Daniel arap Moi. En dicha reunión se acordó que el Grupo Democrático de Donantes para el Desarrollo se reuniría periódicamente con las máximas autoridades keniatas a fin de mantener un diálogo sobre algunos aspectos básicos en relación con las elecciones que se celebrarán próximamente en Kenia. Como resultado de este acuerdo, el 1 de julio se celebró otra reunión con el Presidente.
La Comisión Europea coincide en que la actuación y la independencia de la Comisión Electoral son cruciales para la dirección de las elecciones. La Comisión Europea, juntamente con los estados miembros de la Unión Europea, examinará minuciosamente las actividades de la Comisión Electoral con vistas a mejorar la transparencia del proceso de gestión de las elecciones en Kenia.
El Grupo Democrático de Donantes para el Desarrollo está elaborando en estos momentos una recomendación relativa al control de las elecciones, incluida la posibilidad de enviar observadores y de establecer una secretaría que se encargue de dicho control. Un experto financiado por la CE forma parte del equipo técnico de apoyo al Grupo Democrático de Donantes para el Desarrollo.
Los acontecimientos ocurridos la semana pasada en Kenia, en el curso de los cuales 14 personas murieron en los enfrentamientos violentos cuyo detonante fueron los intentos de la policía de disolver las concentraciones convocadas para presionar en favor de las reformas constitucionales, demostraron que la situación se está deteriorando y que el diálogo entre el Gobierno, la oposición y la comunidad de donantes es más necesario y urgente que nunca.

Watson
Agradezco la respuesta del señor Comisario. Como usted debe saber, la situación económica y en materia de seguridad se están agravando en Kenia. Mientras sus carreteras están en ruinas y sus hospitales y escuelas carecen de los suministros básicos, además prolifera el bandidaje; el partido gobernante emplea la fuerza contra las concentraciones en favor de un cambio constitucional. La reciente irrupción en la Catedral de Todos los Santos y el apaleamiento del reverendo Timothy Njoya son sólo un ejemplo de ello.
Yo me congratulo de que la Comisión se proponga considerar el envío de observadores a las elecciones, pero yo me pregunto si también prestará atención a las demás medidas necesarias: el nombramiento de una Comisión Electoral independiente encargada de dirigir las elecciones; la derogación de la legislación sobre reuniones públicas que somete al control del Gobierno los mitines electorales de la oposición; y el tema de la independencia de la radio y la televisión y el acceso a las mismas para todos los partidos. En particular, yo quisiera preguntarle al señor Comisario si la Comisión considerará la suspensión de la ayuda que concede a Kenia en aplicación del Convenio de Lomé, habida cuenta de que dicho país ha incumplido claramente el artículo 5 del IV Convenio de Lomé.

Pinheiro
La importancia de crear un contexto equitativo como condición necesaria para unas elecciones libres e imparciales queda reflejada, como es evidente, en mi anterior declaración y yo pienso que las cuatro condiciones que acabo de enumerar, esto es, acceso al censo electoral, acceso al electorado, acceso a la información y libertad de reunión, incorporan, si me permite decirlo así, algunos de los aspectos que usted ha citado, como el acceso a la radio, que actualmente no está garantizado Kenia. Todos sabemos que en Kenia existe libertad de prensa, pero también sabemos que la radio es el único medio de comunicación con muchas zonas distantes. De ahí la importancia que concede, no sólo la Unión Europea, sino todo el grupo al cual he hecho referencia, al seguimiento de las actividades de la Comisión Electoral.
Yo debo manifestar que también estamos sumamente preocupados por los casos de denominado mal gobierno que han observado algunas de nuestras embajadas y delegaciones Kenia. Durante la visita que realicé a Kenia, yo mismo le expresé claramente al presidente arap Moi que estamos dispuestos a cooperar e incluso a aumentar nuestra cooperación, pero que nuestras condiciones son claras y quedaron claramente reiteradas en la revisión del Convenio de Lomé, en particular en su artículo 5 sobre los derechos civiles y políticos, pero también en relación con el buen gobierno.
Usted ha mencionado la mala situación actual de la economía. Este hecho es cierto y ha inducido al FMI ha considerar que Kenia «no avanza al ritmo debido». Por consiguiente, se ha suspendido el segundo tramo del crédito de ajuste estructural que se disponía a concederle el FMI y, en consecuencia, nosotros también hemos decidido suspender nuestros créditos de apoyo al reajuste estructural de Kenia, a pesar de que reconocemos que el Ministro de Finanzas personalmente merece un apoyo y su actuación es sumamente positiva. También he constatado que hemos señalado que estamos dispuestos a aplicar el artículo 5 si llegamos al convencimiento de que no se cumplen las citadas condiciones relativas a la celebración de elecciones libres e imparciales.

El Presidente
Pregunta nº 45 formulada por Clive Needle (H-0511/97):
Asunto: Medidas de la Comisión para erradicar la polio en África
¿Podría exponer la Comisión las medidas que está tomando para contribuir a la erradicación de la poliomelitis mediante programas de vacunación en los países en desarrollo, en particular en el caso de África?

Pinheiro
Señor Presidente, especialmente en Africa, la Comisión ya está desplegando importantes esfuerzos para apoyar los programas de vacunación. Por un lado, estos esfuerzos tratan básicamente de garantizar de modo duradero el abastecimiento en vacunas prioritarias -me estoy refiriendo concretamente a las vacunas contra la difteria, el tétanos, el sarampión, la tos compulsiva, la BCG y la poliomielitisy, por otro lado, tratan de desarrollar y mejorar las llamadas actividades de vacunación rutinaria. Y ello fundamentalmente a través del apoyo a los servicios de salud de base.
Estas intervenciones tienen como objetivo, en el futuro próximo, la ampliación con vistas al reforzamiento de las capacidades nacionales en materia de vigilancia epidemiológica y mejora de respuesta en el caso de epidemias. Además de esto, a petición específica de las autoridades nacionales, la Comisión podrá contribuir a que se asegure la financiación de los gastos adicionales vinculados, sobre todo, a los programas de erradicación de la poliomielitis, y que incluyen, si se solicitaran por parte de las autoridades nacionales, el apoyo a la organización y realización de jornadas nacionales de inmunización contra la poliomielitis. Sin embargo, repito que nuestro objetivo principal es reforzar el abastecimiento de vacunas y reforzar la capacidad de vacunación sobre una base rutinaria para todo el conjunto de las enfermedades que acabo de mencionar.

Needle
Muchas gracias por su respuesta general, señor Comisario. En el curso de su intervención, usted ha manifestado que si las autoridades nacionales solicitaban una ampliación, usted estaría dispuesto a considerar dichas peticiones. Yo desearía conocer su respuesta a la carta que le dirigió en marzo el presidente Mandela de Sudáfrica en nombre de varias organizaciones que representan en un sentido amplio a una coalición cuyo objetivo es la erradicación de la poliomielitis en África. Sé que usted ha recibido cartas de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones en las que han dejado perfectamente claro que una de sus máximas prioridades es disponer de grandes programas para las jornadas de vacunación que usted ha citado. Sin embargo, según me comunican, la UE se está quedando significativamente atrás con respecto a la actuación de Estados unidos, el reino unido y las autoridades nacionales.
Yo desearía saber qué cantidad se dedica específicamente a este ámbito, cuál ha sido su respuesta concreta al presidente Mandela y a los países africanos que han solicitado la ayuda de la UE y si se propone conceder verdadera prioridad a esta cuestión, de manera que la UE contribuya debidamente a la erradicación de la poliomielitis en África para el año 2000, de conformidad con la meta de la OMS.

Pinheiro
El motivo por el que en mi respuesta he insistido en que debe mediar una petición de las autoridades es que hemos venido rechazando las peticiones de apoyo para las llamadas «jornadas de vacunación» que nos ha dirigido la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué motivo? Porque pensamos que el efecto multiplicador de los recursos es muy superior si se canalizan a través de los procedimientos rutinarios normales y de los servicios básicos de atención de salud que se han desarrollado en algunos países.
Aceptamos que estos servicios no pueden atender en algunos casos las vacunaciones periódicas, que están bien implantadas en muchos países africanos, para todas las enfermedades que he citado. Por consiguiente, en aquellos casos en que las autoridades nacionales de determinados países nos piden apoyo para una iniciativa ad hoc de este tipo, estamos dispuestos a ofrecerlo porque consideramos que las autoridades sanitarias nacionales están en mejores condiciones de juzgar cuál es la mejor manera de invertir los recursos.
Ésta ha sido nuestra política en la lucha contra algunas enfermedades, tal como le expuse al Director de la organización Mundial de la Salud y a algunas ONG del otro lado del Atlántico y de otros lugares que me visitaron con este objeto. Se trata de un enfoque flexible que hasta el momento ha resultado satisfactorio para los países, que han optado bien por el refuerzo de sus programas normales o bien, en otros casos, por organizar una campaña de sensibilización de la población.
Por lo tanto, supongo que la respuesta al presidente Mandela fue afirmativa. Resulta muy difícil negarle algo a Nelson Mandela.

El Presidente
Pregunta nº 46 formulada por Glenys Kinnock (H-0556/97):
Asunto: Prevención de conflictos y desarrollo
¿Apoya la Comisión el principio general de que la asistencia en materia de seguridad debería formar parte de los programas de desarrollo en las regiones propensas a padecer conflictos (la «seguridad en primer lugar»)? En caso afirmativo, ¿cómo piensa garantizar que los Programas Indicativos nacionales y regionales se organicen de tal forma que permita este tipo de asistencia a corto plazo?

Pinheiro
La Comisión sigue otorgando una gran importancia al tema de la prevención de los conflictos. La Comisión ha encabezado la iniciativa del diálogo con la Organización de Unidad Africana en la Unión Europea, sobre todo en relación con el apoyo al mecanismo de resolución de conflictos de la OUA.
La Comisión ha dado los pasos necesarios para configurar la llamada red de prevención de conflictos y ha desempeñado un papel muy destacado en la elaboración de las directrices del Comité para Suráfrica (South African Comittee: SAC) en relación con los conflictos, la paz y la cooperación al desarrollo.
La Comisión también fue la que impulsó la adopción de la posición común y las conclusiones del Consejo en relación con la prevención y la resolución de los conflictos en África, adoptadas por el Consejo de asuntos generales el 2 de junio 1997. Estos documentos reflejan los conceptos y recomendaciones centrales de la Comunicación de la Comisión sobre construcción de la paz y resolución de los conflictos en África del 6 de marzo de 1996. La Comisión también contribuyó a la adopción de la resolución sobre la coherencia adoptada por el Consejo de Desarrollo el pasado 5 de junio, que contempla como un tema específico la construcción de la paz y la prevención de los conflictos.
Estos dos últimos documentos son totalmente complementarios y permiten contar con un fundamento muy firme para una serie de actividades concretas en diversos ámbitos. Ambos documentos confirman que la ayuda al desarrollo deberá desempeñar un papel de primer orden en la construcción de la paz y la prevención de los conflictos. No obstante, si queremos que nuestra ayuda sea eficaz, con el objetivo de construir la paz, debe quedar claro que tendremos que reconsiderar los objetivos de nuestra ayuda. Yo tengo el firme convencimiento de que ha llegado el momento de dejar de centrarnos exclusivamente en el desarrollo económico y que debemos suscribir, y observar, el principio de que el crecimiento económico por sí solo no evita ni resuelve los conflictos. A veces incluso puede desencadenar o intensificar las tensiones en la sociedad.
Yo pienso que la política -unos sistemas políticos que funcionen- es la clave del bienestar de África. La quiebra del Estado, una acción de gobierno ineficaz e ilegítima, la corrupción, los desequilibrios de poder y en las oportunidades, el saqueo de la riqueza nacional por una élite reducida, y la represión de la democracia, de los derechos y libertades, éstos son los problemas clave que es necesario abordar. En ellos se encuentran las causas últimas de los conflictos violentos y nuestra ayuda debe tener como objetivo dichos problemas.
Nuestra Comunicación de principios de 1996 sobre los conflictos en África enuncia estos problemas en términos muy claros. La ayuda a los países en desarrollo, incluidos los Programas en el marco del Convenio de Lomé, debe diseñarse y aplicarse de manera que contribuya a atacar las causas últimas de los conflictos violentos. En este sentido, yo respaldo plenamente el principio general de que la asistencia en materia de seguridad debería formar parte de los programas de desarrollo en las regiones propensas a padecer conflictos. Con vistas a este fin, la Comisión adoptó un enfoque más estratégico en la programación del segundo protocolo financiero del IV Convenio de Lomé. Los documentos estratégico hacen un gran hincapié en el análisis de las limitaciones de los países y regiones concretos, a fin de tomar en consideración las crisis pasadas y presentes y las probables crisis futuras.
Yo sólo querría añadir que estos documentos estratégicos se elaboraron por primera vez después de consultas previas con los Estados miembros, el Banco Mundial, el PNUD y, en algunos casos, Estados Unidos. Yo creo sinceramente que el resultado es muy alentador, pero todavía no corresponde a lo que yo entiendo por un documento estratégico en favor del desarrollo completo e integral.

Kinnock, Glenys
Agradezco la respuesta del señor Comisario. Sin duda ya debe conocer mi preocupación y la de otras personas por el hecho de que en el Libro Verde se hace escasa, por no decir ninguna, referencia al tema de la prevención de los conflictos. Yo acojo naturalmente con satisfacción que en su respuesta haya mencionado la inclusión de la seguridad en el marco del Convenio de Lomé. Yo querría preguntarle al señor Comisario: ¿de qué manera práctica y tangible se propone garantizar que este aspecto se incorpore realmente al Convenio de Lomé?
También querría dirigirle otra pregunta en relación con la importancia del mantenimiento de la paz. La desmovilización constituye un aspecto importante del mismo. Yo dirigí una carta a la Comisión a propósito de la desmovilización de más de la mitad de las fuerzas de la UNITA en Angola. A mi parecer, no disponemos de un mecanismo para una rápida liberación de los fondos en estas situaciones de posconflicto. Ya sé que nuestros procedimientos son engorrosos, pero ésta no puede ser la única explicación. Es necesario que el señor Comisionado se ocupe de esta cuestión. ¿No cree usted que el principio de cooperación de Lomé puede constituir el núcleo central del problema? ¿Se propone considerar el Comisario la creación de un instrumento financiero que permita superar el problema que él considera claramente que es preciso encarar?

Pinheiro
Yo agradezco a la Sra. Kinnock su insistencia en la importancia de la prevención de los conflictos y en el hecho de que en el Libro Verde este aspecto no está tan presente como debería. Tampoco lo están otros aspectos de los que la Comisión se ha ocupado muy recientemente, como el desarrollo humano y social o los temas relativos al género. Consideramos que, al ser tan recientes, se contemplarían como temas muy importantes juntamente con el Libro Verde. No obstante, yo no tengo la menor duda de que debemos mantener un diálogo político más maduro con nuestros socios de los países ACP y debatir los problemas que antes he señalado desde una perspectiva de madurez. De lo contrario, nos moveremos en círculos sin afrontar el verdadero problema. Por consiguiente, yo pienso que esta cuestión ocupará un lugar destacado en el próximo Convenio de Lomé.
Por lo que se refiere al segundo aspecto del problema al que ha hecho referencia la Sra. Kinnock, yo he participado muy intensamente en la discusión del problema de Angola con las autoridades angoleñas. Es cierto que el Convenio impone restricciones que lo dificultan muchísimo. Voy a mencionar sólo algunas. En primer lugar, dado que no podemos financiar ni ofrecer asistencia en relación con ningún aspecto militar, ¿debemos considerar la desmovilización con la asistencia del ejército como un tema militar o no militar? Yo creo que no es militar, pero existen algunas dudas sobre lo acertado de este juicio.
En segundo lugar, está el tema de la liberación de fondos para este fin. Cada caso de desmovilización es singular. Por ejemplo, en Liberia se aplicó el principio de «armas por empleos» y está dando resultado. En Angola, el enfoque tendría que ser muy distinto pues las aldeas y ciudades han quedado arrasadas. Por lo tanto, es preciso reconstruirlas desde los cimientos. Lo cual constituye una experiencia totalmente nueva.
Se ha sugerido que podríamos canalizar la ayuda a través de las ONG, pero nuestra línea financiera para las ONG es insuficiente si se considera que sería necesaria la desmovilización inmediata de unas 60.000 personas y su reinstalación en algún lugar situado fuera de las ciudades. Ésta es, por lo tanto, una de las cuestiones que está examinando la DG VIII, sobre todo porque yo voy a viajar a Angola a principios de octubre y uno de los puntos prioritarios la lista de temas que me propongo tratar con las autoridades angoleñas y con la UNITA es precisamente cómo vamos a encarar a corto plazo el problema de la desmovilización de entre 60.000 y 90.000 hombres que llevan treinta años combatiendo. Será un placer para mí invitarla a acompañarme, pues pienso que el viaje y las conversaciones merecerán la pena.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 47 caduca.
La pregunta nº 48 formulada por el Sr. Barros Moura ha sido retirada.
Pregunta nº 49 formulada por Ian White (H-0494/97):
Asunto: Restricciones en el marco del Fondo de Desarrollo Regional
El 7 de abril se presentó una pregunta escrita (E-1395/97) en la que se preguntaba a la Comisión, en relación con el desarrollo de las instalaciones del aeropuerto de Benbecula, en las Islas Hébridas, si el uso de fondos de la Unión Europea está más restringido en el caso de las instalaciones civiles que en el de las militares.
En su respuesta, la Comisión indica que se ha pedido información al respecto al Estado miembro afectado. ¿Puede indicar la Comisión si ya ha recibido esa información?

Wulf-Mathies
En el período 1988-1991, se entregaron dos ayudas para el aeropuerto de Benbecula en el marco de Highlands and Islands National Programm of Community Interest del Fondo Europeo para Desarrollo Regional. La primera ayuda estaba destinada a la construcción de una nueva terminal y la segunda para un proyecto de ampliación de la pista y de la superficie útil. De los datos de las autoridades competentes de su ejecución se puede deducir lo siguiente: en primer lugar, la terminal del aeropuerto cofinanciada con el Fondo Regional no es utilizada por las fuerzas armadas a no ser como pasajeros de pago en vuelos comerciales; en segundo lugar, para la pista de aterrizaje no existen unas limitaciones especiales. El ejército puede utilizar el aeropuerto con finalidades de tránsito. Sin embargo, los aviones civiles tienen preferencia. Ocasionalmente, el aeropuerto se puede utilizar para ejercicios excepcionales, pero sigue estando abierto a la aviación civil durante ese tiempo. No existen instalaciones militares permanentes en el aeropuerto. A los vuelos militares se les aplican las tarifas usuales, lo que contribuye a la rentabilidad del aeropuerto. Sin embargo, los vuelos militares representan una parte muy pequeña de la totalidad del tráfico aéreo en el aeropuerto de Benbecula; determinante para la ayuda de la UE han sido las repercusiones sobre la economía regional.

White
Muchas gracias, señora Comisaria, por su utilísima respuesta. Yo tengo la sospecha de que la información aportada por la «autoridad competente», según sus palabras, no es del todo exacta. Lo digo porque yo he estado en el aeropuerto de Benbecula y mi pregunta se debe sencillamente a que estuve allí en calidad de pasajero civil y fui testigo del aterrizaje de varios aviones militares. También pude observar que una gran base militar de la RAF linda directamente con el aeropuerto y la Royal Artillery posee un poco más allá una enorme base pegada a la carretera. Yo me pregunto seriamente si la Unión Europea no ha subvencionado, inadvertidamente al parecer, parte de lo que de hecho viene a ser una importante base militar en las Hébridas Exteriores.
Yo querría señalarle de antemano a la señora Comisaria que su respuesta me ha interesado, pero creo que deberíamos ir más lejos.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, he comprendido que la respuesta no le es suficiente. La decisión se tomó en el año 1988. Entretanto se han liquidado los créditos y, según mis informaciones, éstos solamente se emplearon para los proyectos financiados.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 50 caduca.
Pregunta nº 51 formulada por Gary Titley (H-0507/97):
Asunto: Futuro del programa KONVER tras 1999
A la vista de la fase de reestructuración que atraviesa la industria europea de defensa, ¿prevé la Comisión conceder una mayor importancia al programa KONVER tras 1999?

Wulf-Mathies
Señor Titley, hoy es un momento poco favorable porque, como ustedes saben, mañana el Presidente de la Comisión va a presentar la Agenda 2000 así como modificaciones que se van a reflejar en el programa de los Fondos estructurales. Les ruego que comprendan que no quiera anticiparme al Presidente de la Comisión y que por el momento solamente realice algunas observaciones generales.
Ustedes saben que las actuales iniciativas comunitarias son criticadas fuertemente porque su número es demasiado elevado así como los diversos programas que se refieren a dichas iniciativas. De los 800 programas generales que tenemos, 400 se refieren a iniciativas comunitarias. Pero esto es aplicable solamente a aproximadamente un 9 % de los créditos de los Fondos estructurales. Esto refleja unos gastos administrativos desproporcionadamente elevados y un sobrelapamiento de contenidos con los programas objetivo.
Como no quiero anticiparme al Presidente, hoy sólo voy a indicar que las iniciativas comunitarias que no se van a proseguir se integrarán dentro de lo posible en los programas mainstream .

Titley
Puesto que la respuesta en el fondo ha sido que «espere a mañana», me resulta difícil formular una pregunta suplementaria. Sin embargo, lo que me preocupa es que si algunas de las murmuraciones sobre los instrumentos comunitarios son ciertas, el programa KONVER probablemente se perderá. Dicho programa cubre unas zonas que actualmente no están cubiertas por los Objetivos 1 ó 2 y que, en realidad, tampoco pueden incluirse fácilmente en ninguno de los restantes objetivos de la Comisión. Sin embargo, son zonas que han sido importantes para llevar a cabo la conversión de las industrias de defensa, lo cual es un factor clave que debemos poner en juego.
¿Podría indicarme la señora Comisaria si está de acuerdo en que el programa KONVER cumple un objetivo legítimo y si ella desea que estos objetivos se cumplan en el programa que se aplique a partir de 1999, cualquiera que éste sea?

Wulf-Mathies
Señor Titley, comprendo sus argumentos en favor de KONVER y también sé que existía un motivo muy específico porqué KONVER era importante para determinadas regiones. Sin embargo, tenemos que desarrollar un concepto global que tenga en cuenta todas las objeciones. Tendremos que comprobar en qué forma se puede apoyar en el futuro lo que es necesario en este campo. Pero les ruego que comprendan que va a ser muy difícil mantener todo lo que hacemos ahora, al menos con la misma calidad, y aún más difícil será hacerlo en otros campos. Por ello, tendremos que encontrar un compromiso justo que tenga en cuenta los intereses de todos los afectados, ante todo, de las regiones que necesitan más ayuda.

White
Como la señora Comisaria ya sabe, el oeste de Inglaterra es la región más dependiente de la industria relacionada con la defensa de todo la Unión Europea. Por esto el programa KONVER es tan importante para nosotros.
Yo querría preguntarle, en nombre de los sindicatos del oeste de Inglaterra, si la Comisión tiene previsto evaluar la eficacia del programa KONVER durante sus primeros años de funcionamiento como programa comunitario. ¿Ha realizado la Comisión una evaluación, y sería posible contemplar tal vez incluso la celebración de una conferencia o algún tipo de encuentro al que se invitase a los sindicatos para que expongan sus opiniones al respecto? Yo puedo asegurarle, señora Comisaria, que en los sindicatos existe una insatisfacción muy generalizada con el funcionamiento de este programa en el pasado, pues se considera que los trabajadores han tenido una participación insuficiente en el mismo.

Wulf-Mathies
Señor White, naturalmente que vamos a evaluar los resultados, al igual que hacemos con otros programas nuestros. Pero le ruego que comprenda que, como KONVER se ha puesto en marcha en parte extremadamente tarde, solamente será posible hacerlo cuando tengamos algunos resultados. No tengo aquí sus cifras, pero si recuerdo bien nos encontramos aproximadamente en un 6 % de la iniciativa total. Pero voy a consultar especialmente para usted lo que se refiere al Reino Unido. Es decir, apenas hemos gastado créditos de KONVER y lógicamente apenas hemos podido lograr éxitos.
En primer lugar, vamos a examinar cuáles son las repercusiones generales del programa KONVER y, en segundo lugar, vamos a proporcionar posibilidades para un intercambio de informaciones en los distintos campos, tal como ha se ha hecho hasta ahora. Ya se han celebrado algunas conferencias de regiones KONVER.

García Arias
Señora Comisaria, quisiera formular una pregunta en torno al futuro de la iniciativa RECHAR, que al parecer ya no se incluye más adelante.
Yo sé que mañana va a presentar la Agenda 2000, pero quería su opinión sobre si van a continuar esas reestructuraciones, además, por imperativos comunitarios, por las competencias que tiene la Unión Europea en el Tratado de la CECA, algo que va a seguir afectando a países como Alemania, España e incluso Francia.
También quería preguntarle si no es consciente de que, al caducar el Tratado de la CECA -y por lo tanto todas las ayudas que se recibían para la reindustralización- y en vista de la decisión del Consejo de Amsterdam de destinar estos fondos remanentes -las reservas de la CECA- a otras funciones, no habría realmente que pensar en un programa de transición para estas regiones.

El Presidente
Señora Wulf-Mathies, como usted ha podido comprobar, la pregunta complementaria de la Sra. García Arias está fuera del marco de la pregunta formulada inicialmente. No obstante, puede responder si lo desea.

Wulf-Mathies
Creo que debo ser justa. Si hoy no digo qué va a pasar con KONVER, tampoco puedo decir qué va pasar con RECHAR. Le ruego que lo comprenda. Pero usted sabe que conocemos muy bien los problemas que intentamos solucionar con RECHAR y que vamos a intentar estar a disposición también en el futuro para solucionar tales problemas, de la forma que sea. Pero, en segundo lugar, le ruego que comprenda también que tenemos que respetar las decisiones del Consejo en lo tocante a la CECA.

El Presidente
Pregunta nº 52 formulada por Miguel Arias Cañete (H-0515/97):
Asunto: Red de Regiones capitales
¿Es consciente la Comisión Europea de la especificidad de los problemas que afectan a las Regiones Europeas que albergan la capital del Estado?
¿Conoce la Comisión Europea las actividades de la Red de Capitales que integran las regiones de Madrid, Bruselas, Ile de France, Atenas, Lisboa, Roma, Estocolmo, Helsinki y en la que participan Berlín, Dublín y Viena como observadores?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, me alegra muy en especial poder responder al presidente de mi comisión y lo voy a hacer gustosamente diciéndole que la Comisión ha mantenido un intercambio de opiniones con representantes del Grupo de Regiones capitales en 1996. En esa ocasión se abordó también la problemática especial de las regiones europeas en las que se encuentra la capital de un Estado. En este contexto, la Comisión ha instado al Grupo de Regiones capitales para que presenten sus deseos de cara a la estrategia de ordenación del territorio que se está elaborando actualmente en el marco del concepto europeo de desarrollo del territorio y como usted sabe dicho concepto se ocupa del sistema de ciudades en la Unión Europea y también de las diversas funciones de las diferentes ciudades.
La Comisión ha tomado nota con interés de la Carta de las Regiones capitales de la Unión Europea en la que se muestran los elementos esenciales de la problemática mencionada. Con su comunicación de mayo de 1997 sobre el desarrollo europeo de las ciudades, la Comisión ha instado a las instituciones interesadas a que inicien un diálogo. En el marco de un encuentro informal celebrado en junio de 1997 en Noordwijk, los ministros competentes para cuestiones urbanas y de ordenación del territorio de los Estados miembros de la UE han subrayado el gran interés existente en un intercambio europeo de opiniones y experiencias.
Las opiniones de las instituciones europeas, del Parlamento Europeo, de la Comisión de las Regiones, de la Comisión de Agricultura, Asuntos Monetarios y de Política Industrial, de la Comisión de Asuntos Sociales y de Empleo así como las propuestas de las organizaciones de ciudades como, por ejemplo, la red, pueden proporcionar importantes estímulos para el Foro de las Ciudades que la Comisión ha previsto para 1998. Por ello, espero también una opinión de esta institución, que nos podrá ayudar a obtener una imagen correcta de la situación de diversas ciudades con diferentes problemas.

Arias Cañete
Señora Comisaria, le agradezco mucho su respuesta y quisiera decirle que las ciudades capitales, como centros de decisiones políticas, financieras y culturales, tienen el más alto grado de concentración de servicios del país de que se trate, pero que también esta concentración las convierte en polo de atracción de la inmigración local y de terceros países, con un aumento muy notable de la población marginal, de los desempleados, y el consiguiente despoblamiento y empobrecimiento de su entorno regional. Además, las relativamente altas cotas de ingresos de la población realmente ocupada desplaza hacia otras regiones la ayuda de los Fondos estructurales.
Por eso mi pregunta, señora Comisaria, es si en el nuevo Objetivo 2, que se contempla en la Agenda 2000, la Comisión piensa considerar, entre los criterios de elegibilidad, la situación de estas regiones con ciudad capital, que tienen un problema muy específico, que concentran muchas veces gran parte de los ciudadanos, incluso de un Estado miembro, y que, sin embargo, hasta la fecha no son destinatarias de ayudas estructurales.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, señor diputado, ruego no me obliguen a tocar el tema de la Agenda 2000 pues mañana se va a ocupar el Presidente del mismo en su totalidad. Pero permítame que le indique que ciertamente sería importante comprobar qué es lo que diferencia a las capitales de otras ciudades con problemas similares, que tienen que enfrentarse a la inmigración o la contaminación del medio ambiente, y que desempeñan unas determinadas funciones centrales para una región. Rogaría que nos expusiesen sus problemas -lo que hemos pedido también a la Región de capitales- pues me parece que se puede tener más éxito si nos ocupamos de los problemas en el marco de iniciativas urbanas, independientemente de si esos problemas se producen en capitales o en otras ciudades. Tienen la misma gravedad para las personas que viven allí y las personas en las capitales padecen exactamente con la misma intensidad que los demás estos problemas.

El Presidente
Al haberse agotado el tiempo asignado a las preguntas formuladas a la Sra. Wulf-Mathies, las preguntas nº 53 a la nº 58 se contestarán por escrito.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 59 caduca.
Pregunta nº 60 formulada por Anne McIntosh (H-0440/97):
Asunto: Reconocimiento de la cualificación de instructor de esquí en Francia
¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para garantizar la debida aplicación de la legislación por la que se reconoce la cualificación de instructor de esquí en Francia, evitando así la práctica de las pruebas de aptitud como recurso para discriminar a los instructores que no posean la nacionalidad francesa?
En lo que concierne al derecho de establecimiento, qué medidas piensa tomar la Comisión contra las autoridades francesas en caso de que no hayan modificado las normas de autorización para quienes estén en posesión de un título expedido por otro Estado miembro, de conformidad con la Directiva 92/51/CEE ?

Monti
Señor Presidente, la Comisión está perfectamente al corriente de los problemas que encuentran los instructores de esquí en posesión de un título británico para que se les reconozca su título en Francia. La Comisión, de hecho, se empleó a fondo a fin de resolver estas dificultades. Deseo recordar que, a raíz de la intervención de la Comisión, Francia aplicó correctamente el Derecho comunitario. Por lo que atañe a la libertad de establecimiento, se siguió un procedimiento de infracción. La cuestión debería solucionarse en breve, puesto que hace pocas fechas las autoridades francesas emanaron un decreto que transpone la Directiva 92/51/CEE relativa al reconocimiento de títulos en el ordenamiento francés. La correcta aplicación de las nuevas disposiciones del Derecho francés deberá comprobarse en la práctica y la Comisión desea continuar actuando en este sentido.
La Comisión asimismo se ha empleado a fondo para establecer un diálogo entre la asociación británica British Association of skii instructors (BASI) y las autoridades francesas. El objetivo de dicha iniciativa consiste en fomentar el debate bilateral sobre las condiciones que regulan el reconocimiento del título BASI de primer grado. Ya se han celebrado encuentros entre funcionarios franceses y miembros de la British Association of skii instructors. La Comisión además ha invitado a las autoridades francesas a facilitar una primera evaluación con respecto al Decreto sobre los prestadores de servicios que deberíamos recibir en las próximas semanas. Si se comprobara que las pruebas de aptitud se solicitan de forma automática, la Comisión invitará a las autoridades francesas a modificar esta práctica.

McIntosh
Señor Presidente, aun cuando yo acojo con satisfacciones las acciones que ha emprendido la Comisión hasta el momento, mucho me temo que sencillamente no son suficientes. El Gobierno francés, en su calidad de miembro fundador de la Unión Europea, debería tener más buen criterio y debería saber que, tal como ha indicado el señor Comisario, está incumpliendo flagrantemente las disposiciones del Tratado relativas al derecho de establecimiento y también, en particular, la Directiva de aplicación, la cual -permítame que se lo recuerde- se adoptó en 1992. En nombre de los esquiadores británicos, muchos de los cuales se han dirigido por carta a mí y a otros eurodiputados británicos, yo le pregunto: ¿podría decirnos cuándo podrá ocupar un ciudadano británico, con un diploma británico, un puesto en igualdad de condiciones con un ciudadano francés, de conformidad con el artículo 7 del Tratado? Las normas sencillamente no son equitativas y yo repito que Francia está incumpliendo el Tratado y la Directiva de aplicación.

Monti
Señor Presidente, quizás pueda ofrecerle los últimos detalles en relación con este asunto, en el que la Comisión tiene tanto interés como usted, Sra. McIntosh.
Primero, el año pasado se realizaron grandes esfuerzos, por medio de reuniones, contactos informales o cartas oficiales, para resolver los problemas que encuentran los instructores de esquí extranjeros que desean desarrollar su actividad en Francia y se consiguieron progresos reales. No podemos olvidar los dos Decretos franceses. Segundo, la Comisión ha pedido a Francia que examine todos los casos pendientes de los que tiene noticia la Comisión. Tercero, la Comisión acaba de recibir una nueva denuncia del Sr. Holmes, abogado de la Asociación Británica de Instructores de esquí, que ha quedado registrada oficialmente como tal. El tema que preocupa al Sr. Holmes es que pueda exigirse sistemáticamente la realización de pruebas de aptitud a los prestadores de servicios. Si así fuera, la Comisión podría decidir iniciar una acción. Cuarto, el 17 de junio de 1997 yo recibí a una delegación de instructores de esquí de base encabezada por la Sra. Billingham. Finalmente, con fecha 3 de abril de 1977, se envió a las autoridades francesas una carta firmada por el director general Mogg, en la que se les solicitaba que remitieran a la Comisión una primera evaluación del Decreto relativo a los proveedores de servicios. La Comisión acaba de recibir los elementos de dicha evaluación en junio de este año. Por lo tanto, yo creo, Sra. McIntosh, que estos hechos podrán convencerla de que la Comisión está dedicando una rigurosa atención a este caso tan importante.

Billingham
Muchas gracias, señor Comisario Monti. Yo estoy segura de que no le sorprenderá que intervenga en relación con este tema, si bien mi pregunta va un poco más allá. Yo le agradezco que ya haya recordado usted la importantísima reunión que celebramos con el presidente y el presidente ejecutivo de la Asociación Británica de Instructores de Esquí. Yo debo decir que, como ha podido apreciarse en la intervención de la Sra. McIntosh, la exasperación en relación con este tema concreto es muy grande. Me alegra saber que se están realizando progresos, pero existe un cierto escepticismo al respecto. Lo que esperamos son acciones, más que palabras.
No es necesario decirle que esta cuestión constituye un microcosmos de todo su Plan de acción para la realización del mercado único. Si no podemos resolver este problema, ¿qué posibilidades y probabilidades existen llegar a resolver todos los otros múltiples problemas más complejos? Por lo que se refiere a los instructores de esquí, su enfrentamiento con las autoridades franceses sólo constituye una parte del tema general. Yo estoy segura de que este caso tendrá resonancia en el resto de Europa.

Monti
Yo agradezco el interés de la Sra. Billingham por las actividades de la Comisión en este ámbito. Su intervención me ofrece la oportunidad de señalar que, en efecto, mis palabras sólo eran palabras, pero palabras sobre unos hechos. Es posible que estos hechos todavía no sean suficientes y adoptaremos todas las acciones que sean necesarias. Usamos palabras para referirnos a las acciones, pero el elemento clave en este ámbito es la acción. Yo comparto su punto de vista en el sentido de que la libre circulación de personas, en sentido amplio, es esencial para el mercado único. Por esto nos estamos ocupando con tanto ahínco de este tema.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 61 caduca.

El Presidente
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nos 62 y 63 se contestarán conjuntamente.
Pregunta nº 62 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0482/97):
Asunto: CIG y nuevas propuestas para garantizar la libre circulación de mercancías, especialmente por Francia
¿Qué medidas serían las más eficaces, a juicio del Comisario, para evitar que en adelante se vuelvan a producir impunemente reiteradas violaciones del derecho a la libre circulación de mercancías? ¿Qué propuestas formularía con vistas a la CIG y al nuevo tratado de la UE? ¿Qué políticas y medidas concretas? Pregunta nº 63 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0492/97):
Asunto: Medidas contra el vandalismo que impide la libre circulación de mercancías
En el contexto del plan de acción para la culminación del mercado único, uno de cuyos objetivos es la eliminación de los obstáculos sectoriales en beneficio de todos los ciudadanos, ¿qué disposiciones se han previsto contra el vandalismo practicado en ocasiones impidiendo la libre circulación de mercancías agrarias?
Monti
En lo referente a los asuntos mencionados por sus Señorías y que actualmente se están examinando, la Comisión ya ha expresado en reiteradas ocasiones su posición con respecto a los actos de vandalismo contra algunos productos agroalimenticios procedentes de España, repetidamente cometidos por algunos colectivos de productores franceses o por algunas de sus organizaciones.
Hace algunos días, yo mismo envié una carta al ministro francés de Asuntos Europeos a fin de significarle la preocupación de la Comisión con relación a este suceso. Por otra parte, hechos similares, registrados en años anteriores, obligaron a la Comisión a instar un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 169 del Tratado, procedimiento que hoy por hoy se está tramitando ante el Tribunal de Justicia. Recientemente, el abogado general, Sr. Lenz, presentó al Tribunal sus conclusiones apoyando la posición expresada por la Comisión. No cabe duda de que, si el Tribunal de Justicia estimara que Francia ha incumplido las obligaciones derivadas del Tratado y si las medidas tomadas por las autoridades francesas no permiten acabar con dicho incumplimiento, la Comisión podrá interponer recurso conforme al artículo 171 del Tratado de la Unión Europea y, si fuera necesario, instar al Tribunal de Justicia a que conmine a Francia al pago de una suma a tanto alzado o de una multa.
En cuanto a las iniciativas de carácter general que podrían emprenderse en un futuro próximo y que son objeto de la otra pregunta, la Comisión es consciente de que las condiciones de aplicación de los procedimientos, instados con arreglo a los artículos 169 y 171, no permiten afrontar y solucionar con rapidez los problemas que se plantean a raíz de los hechos referidos por sus Señorías. La Comisión, por otra parte, ha llamado la atención de los Estados miembros sobre este punto en el dictamen emitido en el mes de febrero de 1996 con ocasión de la Conferencia Intergubernamental. Posteriormente, en el Plan de acción para el mercado único, la Comisión precisó que, caso de existir violaciones del Derecho comunitario con serias repercusiones en el funcionamiento del mercado único, podrá adoptar medidas urgentes contra los Estados infractores e imponer, en su caso, sanciones.
El fortalecimiento de las competencias ejecutivas de la Comisión contribuirá a reducir los retrasos en cuanto a la solución de los asuntos. La Conferencia Intergubernamental, sin embargo, finalizó sin que se incluyera en el texto del nuevo Tratado ninguna enmienda al respecto. El propio Consejo Europeo de Amsterdam, no obstante, pidió a la Comisión que examinara las medidas para garantizar de forma eficaz la libre circulación de mercancías y admitiera la posibilidad de imponer sanciones a los Estados miembros y la invitó a presentar propuestas en este sentido antes de la próxima reunión del Consejo Europeo que se celebrará en el mes de diciembre de 1997. Señor Presidente, es demasiado pronto para manifestar que la Comisión tiene previsto actuar al respecto. Lo cierto es, sin embargo, que ha comenzado a examinar todas las posibilidades que ofrece el Tratado para responder plenamente a la invitación que le fue dirigida por los jefes de Estado y de Gobierno con ocasión de su última reunión.

Izquierdo Rojo
Señor Comisario, la Conferencia Intergubernamental ha sido decepcionante respecto de este problema, que sigue en pie. Agradezco muchísimo a la Comisión la disposición que ha mostrado antes de la Conferencia Intergubernamental, y veo -por sus palabras, señor Comisario- que también después de la misma.
Por tanto, en esta actitud de mutuo apoyo -porque el problema sigue en pie-, le agradecería mucho que diese copia al Parlamento, y a esta diputada concretamente -para información parlamentaria y del común de la opinión pública europea-, de la carta que ha dirigido al Ministro francés. Le agradezco su disposición y, en el futuro, también agradecería que todas estas acciones de la Comisión, que está intentando solucionar el problema, tuvieran máxima transparencia y difusión. Creo que la Comisión Europea está haciendo mucho más de lo que sabe la gente.

Monti
Deseo manifestar a la Sra. Izquierdo Rojo que el día 8 de julio, fecha en la que dirigí al ministro francés de Asuntos Europeos la carta que acabo de mencionar, la Comisión emitió un comunicado de prensa con el contenido de dicha carta.

Camisón Asensio
Señor Comisario, a usted le consta que, a pesar de sus cartas de reprimenda al Ministro francés de Asuntos Europeos -al del anterior Gobierno y al del actual-, se siguen cometiendo actos vandálicos contra camiones españoles ante la pasividad de la Gendarmería francesa. Ahí está, por ejemplo, el atropello cometido el pasado día 2 en Cintegabelle.
Supongo, señor Comisario, que sentirá usted una gran frustración al constatar que están resultando estériles sus buenas intenciones de arreglar el asunto durante la pasada Conferencia Intergubernamental de Amsterdam, cuando propuso que las sanciones fueran automáticas.
Comprendo su frustración, ya que a los europeos nos consta su entereza e incluso obstinación por defender, contra viento y marea, la libre circulación de mercancías en la Unión para conseguir ese objetivo irrenunciable de la culminación del mercado único. Comprendo su frustración, señor Comisario, pero usted tiene que comprender que la nuestra es mayor, porque todavía estamos -como ha dicho la anterior oradora- ante un problema irresoluto.

Monti
No cabe duda de que existe cierta frustración, sin embargo, somos conscientes de que está creciendo en las Instituciones y en la opinión pública, el deseo de solucionar estos problemas realmente. A la Comisión y a mí personalmente nos animó conocer las conclusiones presentadas al Tribunal por el abogado general, Sr. Lenz, con relación a los sucesos acontecidos en 1995. No cabe duda de que ha transcurrido mucho tiempo y que la dinámica de estos asuntos es lenta, sin embargo, si el Tribunal de Justicia estima las conclusiones presentadas por el abogado general, Sr. Lenz, se tratará de un asunto concreto en el que se habrá dado un paso importante para garantizar la libre circulación de mercancías.

El Presidente
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nos 64 a la 114 se contestarán por escrito.
(La sesión, interrumpida a las 19.20 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Transporte de viajeros por carretera
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de dos recomendaciones para la segunda lectura:
recomendación para segunda lectura (A4-0234/97), en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, relativa a la posición común aprobada por el Consejo (C4-0172/97-96/0002(SYN)) con vistas a la adopción del Reglamento del Consejo por el que se determinan las condiciones de admisión de los transportistas no residentes a los transportes nacionales de los transportes de viajeros por carretera en un Estado miembro (Ponente: Sr. Killilea).-recomendación para la segunda lectura (A4-0233/97), en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, relativa a la posición común aprobada por el Consejo (C4-0173/97-96/0125(SYN) con vistas a la modificación del Reglamento (CEE) nº 684/92/CEE del Consejo por el que se establecen normas comunes para los transportes internacionales de viajeros efectuados con autocares y autobuses (Ponente: Sr. Killilea).
Killilea
Señora Presidenta, el Parlamento no puede considerar totalmente satisfactoria la manera de proceder del Consejo en el ámbito del transporte internacional de viajeros efectuado con autocares y autobuses. La Comisión había recogido sólo 9 de las 26 enmiendas del Parlamento y el Consejo ha recogido menos aún. Sin embargo, hay que reconocer que la decisión de introducir una licencia comunitaria constituye, obviamente, un paso importante. La posición común del Consejo ha aportado nuevas modificaciones al texto de la Comisión. Entre otras cosas, prevé la creación de un comité consultivo para asistir a la Comisión en la aprobación de medidas de ejecución relativas a los documentos de transporte.
Aunque muchas de las enmiendas aprobadas en primera lectura por el Parlamento Europeo no han sido recogidas en la posición común, la Comisión de Transportes y Turismo ha optado por concentrar la acción sobre unos pocos objetivos que considera los más importantes. Éstos se contemplan principalmente en las enmiendas 15 y 16 de la primera lectura, presentadas ahora como enmiendas 1 y 2 de la presente recomendación, que se refieren al cumplimiento de las normas de seguridad social y vial vigentes en relación con el acceso al mercado para los vehículos y los conductores. Asimismo, yo he querido presentar de nuevo la enmienda 24 de la primera lectura, que ahora figura como enmienda 3 de la presente recomendación, donde se pide a la Comisión que presente, antes de diciembre de 1999, una nueva propuesta de reglamento para una nueva ampliación del alcance de la presente propuesta. Habida cuenta del largo tiempo que requerirá la ejecución y aplicación del presente reglamento, parece oportuno empezar a trabajar de inmediato en una nueva propuesta para evitar que se aplace indefinidamente la profundización del proceso de liberalización.
Como introducción a mi segundo informe relativo al transporte por carretera, creo que puede ser útil que exponga brevemente la historia de esta propuesta, que ha seguido una trayectoria curiosa y también, debo añadir, muy tortuosa. Históricamente, el Consejo adoptó, concretamente el 23 de julio de 1992, el Reglamento nº 2454/92 por el que se determinaban las condiciones de admisión de los transportistas no residentes a los servicios nacionales de transporte por carretera en un Estado miembro, las llamadas operaciones de cabotaje. Dicho Reglamento fue anulado posteriormente por una sentencia del Tribunal de Justicia, emitida el 1 de junio de 1994, como resultado de una acción iniciada por el propio Parlamento. El Tribunal dictaminó al mismo tiempo que la nueva parte operativa del Reglamento se mantendrá en vigor hasta que se adopte una nueva normativa. El Tribunal de Justicia decidió anular el Reglamento debido a que el Consejo había alterado substancialmente, en el texto final adoptado, la propuesta de la Comisión sobre la cual emitió su dictamen el Parlamento y todo el mundo sabe -y el Consejo mejor que nadie- que una modificación tan significativa exigía una nueva consulta al Parlamento. Algunos de los procedimientos y formalidades establecidos en el texto final podían dificultar el ejercicio de la libertad de ofrecer servicios de transporte de viajeros.
Un año y siete meses después de la sentencia de 1 de junio de 1994, la Comisión presentó la propuesta que ahora se debate, la cual recoge en gran parte el contenido del Reglamento anulado, si bien amplía, obviamente, la liberalización de las operaciones de cabotaje. Después de la primera lectura por el Parlamento, la Comisión aceptó 9 de las 16 enmiendas presentadas, pero el Consejo lamentablemente sólo aceptó 3 de ellas.
Sin embargo, existen varios aspectos positivos. La posición común del Consejo introduce un grado de liberalización más avanzado respecto del contemplado en el anterior Reglamento nº 2254/92, en la medida en que se liberalizan todos los servicios regulares especializados, como pueden ser los transportes de trabajadores y estudiantes, siempre que estén regulados por un contrato entre la organización en cuestión y los transportistas. Además, el acceso a un mercado nacional de los servicios de viajeros ofrecidos en el contexto del transporte internacional constituye un primer paso hacia el reconocimiento por parte del Consejo del principio de cabotaje en el territorio comunitario.
Por estos motivos, me he abstenido de volver a presentar muchas de las enmiendas adoptadas en primera lectura y que no fueron aceptadas por el Consejo, puesto que entiendo que la posición común representa un progreso con respecto a la legislación anterior. Sin embargo, el Parlamento no debe olvidar su responsabilidad de promover ulteriores progresos en este campo.
La enmienda 1 del proyecto de recomendación tiene por objeto, por lo tanto, alentar a la Comisión a proseguir sus esfuerzas por liberalizar el sector, teniendo en cuenta la posición ya expresada por el Parlamento. Dicha enmienda se remite a la declaración final que ha adjuntado la Comisión a la posición común del Consejo, en la que reafirma su compromiso de preparar nuevas iniciativas legislativas en este sector sobre la base de las reacciones al Libro Verde «Una red para los ciudadanos». La Comisión de Transporte ha querido alentar a la Comisión con la inclusión de un considerando en el que se prevén ulteriores pasos en materia de liberalización para el futuro, en vistas de lo cual se consideran temporalmente aceptables las modificaciones realizadas por el Consejo en la propuesta inicial. La aprobación de este considerando es, por consiguiente, más importante de lo que puede parecer a primera vista, puesto que expresa el fuerte interés del Parlamento en que siga progresando la normativa en materia de transporte de viajeros. La enmienda 2 subraya la indisputable función de control del Parlamento Europeo, ya que expresa el compromiso explícito de la Comisión de informar al Parlamento sobre la puesta en práctica tanto del Reglamento en cuestión como del Reglamento anulado por el Tribunal de Justicia. Más concretamente, la Comisión deberá presentar antes de junio de 1988 un informe sobre los resultados de la aplicación del antiguo Reglamento y antes de diciembre de 1999, un informe sobre la aplicación del presente Reglamento, sobre la base de los datos estadísticos que recogen periódicamente los Estados miembros. La enmienda también recoge el contenido del considerando anterior mediante una referencia a ulteriores desarrollos legislativos en este sector.
En resumen, sólo vuelven a presentarse dos enmiendas para la segunda lectura. No obstante, dichas enmiendas resumen la determinación del Parlamento de mantenerse vigilante en relación con el cabotaje y los servicios de transporte de viajeros en el interior de la Comunidad, en aras del principio de la libre circulación de personas y de la libertad de establecimiento en el ámbito del mercado interior, y en interés de los ciudadanos europeos en general. Estas enmiendas fueron presentadas por los Grupos políticos. Hay otra enmienda, que ha sido presentada únicamente por el Sr. Grosch del Grupo del PPE. Dicha enmienda tiene por objeto la inclusión del término «regional». De la consulta mantenida con el Sr. Grosch se desprende que, al parecer, en Bélgica, como también ocurre en Alemania, las organizaciones de transporte organizan transportes en autobús en las zonas urbanas, pero éstos tienen un carácter regional. A la vista de su aclaración explícita y teniendo en cuenta la diversidad de las organizaciones de transportes en autobús en la Unión Europea, yo propongo que se apruebe esta enmienda. Yo quiero expresar mi gratitud a la Comisión de Transporte por el apoyo que ha permitido presentar el informe en su presente forma y también quiero agradecer personalmente al señor Comisario y a su equipo su asistencia y su colaboración en el intento de conseguir un texto legislativo lo más satisfactorio posible.

Watts
Señora Presidenta, en nombre del Grupo Socialista Europeo, yo voy a referirme brevemente, en primer lugar, a la propuesta de la Comisión con vistas a la modificación del Reglamento del Consejo por el que se establecen las normas para los transportes internacionales de viajeros.
Tal como manifestamos en la primera lectura, nuestro grupo político acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión, que a nuestro parecer contribuirán a impulsar la liberalización del sector, en particular a través de la simplificación de las normas que regulan los servicios internacionales de viajeros efectuados con autocares y autobuses. Si bien también quisiera aprovechar la ocasión para congratular al ponente y agradecerle sus esfuerzos, yo comparto su decepción por la escasa acogida que han tenido nuestras enmiendas. Es importante que esta noche nos concentremos en los aspectos positivos de esta propuesta concreta.
En particular, deberíamos hacer notar a todo el mundo que, por ejemplo, las mejoras introducidas en la formulación de la definición de los servicios ocasionales simplificará muchísimo la aplicación del Reglamento y contribuirá a mejorar la eficacia del sector.
En segundo lugar, la supresión de la definición de unos servicios internacionales regulares, que nunca ha existido en la legislación nacional, también contribuirá a clarificar mucho la situación.
Finalmente, pero no por ello menos importante, como ya ha señalado el ponente, la creación de un documento de control unificado y simplificado, una licencia comunitaria para los transportes en autocar, evitará las confusiones de la presente situación, en la que se enmiendan a mano los documentos antiguos. Estas propuestas concretas, en su conjunto, merecen a mi parecer el apoyo del Parlamento en la segunda lectura.
Paso a referirme ahora brevemente a las propuestas relativas a los transportistas no residentes que operan servicios nacionales de transporte de viajeros por carretera. El objetivo de esta propuesta, tal como ha señalado el ponente, es armonizar las condiciones de admisión de los transportistas no residentes a los servicios nacionales de transporte efectuados con autocares y autobuses en un Estado miembro. Mi Grupo político comparte y aplaude el objetivo de instaurar la libre oferta de servicios de transporte y de eliminar cualquier discriminación contra los transportistas en razón de su nacionalidad. El objetivo es garantizar el cumplimiento del Tratado y, más concretamente, del mercado único. En conjunción con las otras medidas que he citado antes y con la supresión de los controles fronterizos, esto significa que los sistemas de cabotaje se harán extensivos ahora a todos los servicios de transporte efectuados por los operadores de autobuses o autocares, incluidos los servicios regulares. Yo acojo con satisfacción estas medidas.
Más concretamente, el conjunto de dichas medidas ofrecerá, a mi parecer, nuevas oportunidades para los operadores de servicios de autobús y de autocar, que a su vez crearán nuevos empleos, muy necesarios, en la industria del transporte. Se introducirán nuevas normas y una mayor flexibilidad abrirá nuevos mercados. La supresión de las actuales restricciones permitirá que las empresas de transporte optimicen la gestión de sus actividades y la rentabilidad de sus flotas de vehículos.
En conclusión, el Grupo Socialista apoya con satisfacción estas tres medidas porque éstas crearán un nuevo sistema más ágil, que permitirá que los servicios de autobús y autocar operen en beneficio de las propias empresas, de los pasajeros, de la economía y del medio ambiente.

McIntosh
Señora Presidenta, yo también quiero felicitar a la Comisión, por haber conseguido llegar hasta la aprobación de una posición común, y al ponente, por el esfuerzo que ha dedicado a estas dos propuestas.
Yo acepto la posición común como un primer paso hacia el reconocimiento del principio del cabotaje dentro del territorio de la Unión Europea.
No obstante, quiero expresar mi preocupación, y el pesar y decepción personales y del Grupo del Partido Popular Europeo por la enorme lentitud de los progresos en relación con la liberalización en este ámbito. Lamentablemente, la posibilidad de acceso de los transportistas no residentes a los servicios nacionales de transporte de viajeros por carretera en el interior de otro Estado miembro seguirá estando seriamente limitada. Yo sueño con el día en que un autocar podrá viajar a través de Francia, desde Gran Bretaña hasta Burdeos, con una parada en París para recoger y dejar viajeros. Con este paso se haría realidad el mercado único en el transporte por carretera efectuado con autobuses y autocares, se fomentaría la utilización de este tipo de transporte por un mayor número de personas y se aportaría un valor real a la Europa de las personas de la que todos hablamos.
Las ventajas para los operadores de autocares de las propuestas que se debaten esta noche son tangibles y también positivas. Los operadores de servicios de transporte podrán beneficiarse del derecho a ofrecer servicios en otro Estado miembro y, evidentemente, sólo lo harán si esta actividad favorece sus intereses comerciales. Los operadores de servicios internacionales de autocares podrán obtener un beneficio, sin ningún coste adicional, con la ocupación de los asientos libres en los servicios ya existentes.
La mayor liberalización que se proponen alcanzar la posición común y los informes del Sr. Killilea contribuirá a reducir los costes de los operadores y les permitirá ahorrar tiempo. Esta racionalización de los procedimientos sólo se verá ligeramente mermada por la necesidad de renovar cada cinco años la licencia comunitaria, la cual forma parte, obviamente, de la propuesta.
Yo quiero aprovechar la ocasión para expresar mi apoyo a la posición común y a los informes del Sr. Killilea y recomendar su aprobación a la Asamblea.

Donnay
Señora Presidenta, Señorías, con los dos informes de mi colega Mark Killilea llegamos hoy al término de un procedimiento legislativo muy importante para todo el sector del transporte de viajeros por carretera. Estoy convencido de que la aprobación de estos textos y la de los reglamentos de aplicación van a dar un impulso nuevo al transporte de personas ofreciendo mayor diversidad de servicios a unas tarifas más atractivas.
Hay, en este caso, una apertura considerable del mercado del transporte por autocar o autobús. Mediante la autorización del cabotaje, se ha instaurado la libre prestación de servicios eliminando cualquier discriminación con respecto al prestatario por su nacionalidad o porque esté establecido en un Estado miembro diferente de aquel en el que se provee la prestación. Es necesario también señalar la simplificación aportada a los transportes internacionales de viajeros con la introducción de una licencia comunitaria, que está llamada a convertirse finalmente en el único documento necesario para transportar pasajeros a través de la Unión Europea. Éstas son las razones por las cuales yo les invito a votar a favor de los dos proyectos de recomendación del Sr. Killilea, a quien doy las gracias muy sinceramente.
Estos magníficos avances no deben, sin embargo, hacer que perdamos de vista un imperativo máximo: el de la seguridad. A las reglas comunes para la libre prestación de servicios debe corresponder la armonización de las condiciones requeridas para el ejercicio de la profesión de transportista. Es ése el sentido de otro informe, el de la Sra. Berger, sobre el que habremos de pronunciarnos después de los informes del Sr. Killilea. En esta ocasión lamento mucho que la Comisión de Transportes no haya examinado en profundidad los puntos que me parecen esenciales, a saber, la formación de los conductores, la fiabilidad individual o también el contenido de los exámenes de aptitud. Estos elementos son, con toda evidencia, corolarios de una gran apertura del transporte por carretera de viajeros o de mercancías.

Grosch
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, al igual que el ponente, el Grupo del Partido Popular Europeo considera la posición del Consejo como un importante paso, si bien no el último, en la liberalización del transporte transfronterizo. El hecho de que se excluya provisionalmente el transporte de cercanías de personas es por deseo del Parlamento. Por ello, nos parece insólito que no se incluya el transporte regional de personas, si bien la votación de mañana eventualmente lo podrá enmendar. Expreso mi agradecimiento al ponente por apoyar también esta enmienda.
Creemos que lo que ha propuesto el ponente es razonable, es decir, presentar enmiendas sobre los aspectos centrales y no presentar de nuevo todas las enmiendas que se propusieron en la primera lectura. Las normas jurídicas en el ámbito social y la seguridad en el transporte por carretera se incluyen sin duda entre las condiciones esenciales que deben determinar el acceso al mercado. Todos somos conscientes de ello y esperamos que el Consejo también lo vea así para que la liberalización y las condiciones de competencia derivadas de ello no repercutan negativamente sobre las normas sociales y de seguridad.
Creemos que la última enmienda del ponente es también lógica, si bien, tal como he dicho al principio, no la consideramos como un último paso. Las fechas mencionadas allí son las últimas para introducir un nuevo procedimiento legislativo. Espero que hasta entonces el Parlamento pueda reflejar más intensamente su opinión en el ámbito del transporte. Tengo la esperanza de que el Consejo lo tenga hoy ya en cuenta; quizás se trate de un piadoso deseo, pero no quería dejar pasar la ocasión sin expresarlo.

Kinnock, Neil
Señora Presidenta, en primer lugar, yo quisiera corresponder a los generosas expresiones de gratitud que ha dirigido el Sr. Killilea a mis servicios -a las personas que trabajan conmigo- y a mí mismo, y excusarme a la vez por haber llegado con tres minutos de retraso, motivo por el cual me he perdido alguna de las margaritas que ha ofrecido al cerdo de la Comisión. Yo les ruego que excusen. La única explicación que puedo ofrecer es que me estaba manteniendo un intenso debate en mi oficina con mi diputada en el Parlamento Europeo sobre el enojoso asunto de la pintura de nuestra cocina y, por consiguiente, me he entretenido más de lo que ninguno de los dos habíamos previsto. Yo le ruego que me perdone y no dudo de que así lo hará.
Las dos posiciones comunes que hoy se presentan a la Asamblea merecen ciertamente un amplio respaldo, tal como ha demostrado el debate de esta noche. El mérito corresponde sin duda a la capacidad ampliamente reconocida del Sr. Killilea para promover el consenso, no sólo en su país natal, sino también en el Parlamento Europeo.
Por lo que se refiere a los transportes internacionales en autobús, la posición común hace suyas la mayor parte de las mejoras recomendadas por la Comisión y el Parlamento en la fase anterior y también incorpora la propuesta de crear una licencia comunitaria para los autocares.
Aun cuando el Parlamento, como recordarán Sus Señorías, suscribió el deseo de la Comisión de que se suprimiera la llamada «cláusula de protección del ferrocarril», esta modificación no obtuvo el respaldo suficiente en el Consejo, a pesar de que ningún Estado miembro ha aplicado jamás dicha cláusula. Como contrapartida, el Consejo alcanzó un compromiso en virtud del cual dicha cláusula se mantendrá hasta finales de 1999 y luego se sustituirá por una cláusula de excepción. La Comisión seguirá, naturalmente, con atención el uso que puedan hacer los Estados miembros de dichas cláusulas, con objeto de evitar una distorsión de la competencia entre las diferentes modalidades de transporte.
Como recordarán los colegas, las enmiendas 1 y 2 que hoy se debaten fueron rechazadas en la primera lectura tanto por la Comisión como por el Consejo. Tal como yo lo entiendo, la Comisión de Transportes y Turismo quiere asegurarse de que se respetará la legislación sobre los períodos de conducción y de descanso y, naturalmente, yo suscribo firmemente este objetivo. No obstante, yo puedo dar garantías a la Asamblea de que el texto existente ya contempla este aspecto y, por lo tanto, ruego a Sus Señorías que reconsideren esta cuestión, sobre todo habida cuenta de que ésta es una de las pocas ocasiones en que la formulación que propone la Comisión de Transportes no contribuye a una mayor claridad de la disposición.
Yo tengo que decirles a Sus Señorías que no podemos aceptar la enmienda 3, no por razones de principio, sino sobre todo de orden práctico.
Si bien la Comisión se propone elaborar, obviamente, un informe sobre la aplicación del presente Reglamento, sencillamente no es realista esperar que esto se haga antes de finales de 1998. El Reglamento se adoptará aproximadamente en octubre de este año y entrará en vigor unos 12 meses más tarde. Con lo cual, obviamente, el plazo que quedará será demasiado breve para poder extraer conclusiones prácticas con respecto a su aplicación y yo confío que Sus Señorías opinarán lo mismo una vez que la Asamblea haya tomado en consideración estas cuestiones de calendario.
La situación del cabotaje de autobuses es satisfactoria, a pesar de que la posición del Consejo es menos ambiciosa que la propuesta de la Comisión. No obstante, representa un primer paso aceptable en la liberalización del acceso a la prestación de servicios regulares de autobús. Además, permítanme añadir que la Comisión se propone revisar la situación de los servicios regulares de autobús que quedan excluidos del campo de aplicación del presente Reglamento cuando procedamos a la revisión de los Reglamentos relativos a los servicios públicos, tal como anunciamos el año pasado en el Libro Verde «Una red para los ciudadanos».
También tengo la satisfacción de anunciar a la Asamblea que la Comisión hará suya una versión modificada de la enmienda 1 y también parte de la enmienda 2, concretamente la que se refiere al informe sobre la aplicación del Reglamento nº 2454/92. Dicho informe se presentará al Parlamento en el transcurso del año próximo, tal como se pide en la enmienda presentada a la Asamblea.
Sin embargo, no me es posible aceptar la enmienda del Sr. Grosch por la que se propone la exclusión de los servicios regionales de autobús del campo de aplicación del presente reglamento, lo cual supondría un retroceso con respecto a los progresos ya alcanzados.
Yo agradezco muchísimo al Sr. Killilea y sus colegas el trabajo que han realizado y también su constante interés, el cual es, obviamente, de una gran ayuda para conseguir un progreso continuado en la aplicación de unas normas comunes para los transportes efectuados con autobuses y autocares en el interior de la Comunidad.

El Presidente
Doy las gracias al Sr. Comisario Kinnock y veo que el Sr. Kililea desea intervenir de nuevo.

Killilea
Señora Presidenta, yo sólo querría ofrecer una información al señor Comisario. Usted ha dicho que la enmienda 1 no contribuye a una mayor claridad. Por consiguiente, su inclusión tampoco puede ir en mayor detrimento de la claridad, por lo que yo no comprendo cuál es la lógica del razonamiento. Pero el tema al que querría referirme brevemente es el de la enmienda del Sr. Grosch, porque yo creo, señor Comisario, que usted debería convocar al Sr. Grosch mañana en su oficina y discutir el asunto con él, igual que tuve que hacer yo, para darle una oportunidad de explicar el sentido técnico de su enmienda. Éste difiere mucho de la interpretación que usted acaba de ofrecer y yo agradecería un pequeño arbitraje sobre esta cuestión, que permita aclararla de una vez para siempre. Confío que usted así lo hará, pues sé que es un hombre que respeta los pequeños deseos y yo creo que cuando el Sr. Grosch se haya explicado, usted podrá comprender los matices de su propuesta. después de haber escuchado su explicación, yo no creo que su intención sea realmente negativa.

Kinnock, Neil
Señora Presidenta, yo debería habérmelo pensado mejor antes de elogiar el don del Sr. Killilea para el consenso. Después de escuchar sus últimos palabras, me siento bañado en una especie de bálsamo caliente y me parece flotar hacia el paraíso después de oír sus dulces lisonjas para convencerme de que es absolutamente esencial que me entreviste con el Sr. Grosch. Si podemos alcanzar un acuerdo sobre los detalles técnicos que nos permita progresar de común acuerdo, sin duda lo haré; pero desde luego yo no puedo prometer el resultado que el Sr. Killilea a todas luces desea antes de examinar más detenidamente el asunto.
Por lo que respecta a la enmienda 1, yo creo que usted reconocerá que la Comisión busca continuamente un valor añadido, la clarificación, la simplificación y la transparencia. Y aunque una formulación no vaya en detrimento de ninguno de estos aspectos, siempre será inferior a otra que añada algo en este sentido. Por consiguiente, yo debo reafirmarme en lo que he señalado antes a la Asamblea. Desde luego, me propongo seguir ocupándome de la cuestión que ha planteado el Sr. Killilea, con la esperanza de alcanzar una solución satisfactoria, pero sin ofrecerle ninguna garantía.

El Presidente
Gracias, Sr. Kinnock, por esta apertura, que creo que el Sr. Grosch aprecia.
Creo que el Sr. Watts tiene también una petición que hacerle.

Watts
Señora Presidenta, muy brevemente, en relación con un tema mucho más triste. Como sin duda ya sabe el señor Comisario, mi colega, el Sr. Titley, planteó este mismo lunes el tema de la trágica pérdida de vidas como consecuencia del accidente de un autocar en los Alpes franceses, en el cual murieron tres jóvenes de su circunscripción que viajaban en un autocar alquilado localmente en Francia, que no tenía cinturones de seguridad. Yo sé que el Sr. Titley ya ha agradecido los esfuerzos del comisario Kinnock para garantizar que los autocares sean lo más seguros posible. Desde luego, yo no quisiera poner en un aprieto al señor Comisario esta noche, pero tango la seguridad de que todos agradeceremos, aunque el suceso sea muy triste, esta oportunidad de reconsiderar si podríamos hacer algo más para garantizar una mayor seguridad de los autocares en toda la Unión Europea y de aprender de esta tragedia para asegurarnos de que ésta no volverá a repetirse.

Kinnock, Neil
- (EN) Tal como ha manifestado el Sr. Watts, este tema es motivo de seria preocupación. Yo he permanecido en contacto con su colega, el Sr. Titley, quien me planteó con mucho acierto esta cuestión inmediatamente después de la terrible tragedia sufrida por los alumnos del Colegio Saint James, situado en la circunscripción del Sr. Titley. Entonces pude decirle al Sr. Titley que ya hemos conseguido la legislación necesaria para garantizar la instalación universal de cinturones de seguridad en los nuevos autocares y, de hecho, en todos los que se fabriquen en los últimos años de esta década, en toda la Unión Europea. También estamos elaborando una legislación que garantizará una seguridad mucho mayor en relación con las lesiones causadas por el vuelco de los autocares.
Resulta particularmente trágico en el caso que nos ocupa que un colegio que utilizaba escrupulosamente sólo autocares provistos de cinturones de seguridad, se viese obligado a recurir a otro vehículo debido a la avería de un autobús. Esos jóvenes ahora están muertos, posiblemente debido a ese cambio inevitable. Tenemos el propósito de revisar continuamente este tema con la esperanza de lograr una aplicación más rápida y más generalizada de las modificaciones encaminadas a mejorar la seguridad de los autocares y autobuses, como ha de ser el deseo de cualquier persona civilizada, en el Parlamento, en la Comisión y en todo lugar.

El Presidente
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana, a las 12.00 horas.

Gravámenes a los vehículos industriales
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0243/97) del Sr. Jarzembowski, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos industriales por el uso de determinadas infraestructuras (COM(96)0331 - C4-0027/97-96/182(SYN))

Jarzembowski
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Transportes y Turismo ha debatido muy a fondo sobre la propuesta de la Comisión para una nueva directiva sobre impuestos para camiones así como sobre peajes y derechos de uso de carreteras. Gracias a Dios, con este informe se han unificado las posiciones y se ha aprobado con gran mayoría una opinión común.
Creemos que el sistema para las tarifas de los impuestos sobre vehículos propuesto por la Comisión es demasiado complicado y debería simplificarse. Se debería renunciar a tarifas máximas e introducir solamente tarifas mínimas. Pero éstas deberían estar clasificadas claramente en función de la carga que los vehículos supongan para las carreteras y para el medio ambiente, proporcionando así un incentivo para la compra de vehículos menos contaminantes. Creemos que las tarifas para los vehículos Euro I y Euro II deberían representar un 80 % de las tarifas no Euro más contaminantes.
En cualquier caso, creemos que estas tarifas mínimas no deben poder ser reducidas por un Estado miembro aunque en ese Estado se perciban tasas por la utilización de las carreteras, pues ya hoy las considerables diferencias que existen entre los Estados miembros en las tarifas provocan distorsiones de competencia entre las empresas en la Comunidad, lo que daña la idea del mercado interior y de la limpieza en la competencia.
Independientemente de ello, la Comisión de Transportes y Turismo propone revisar regularmente el sistema de tarifas mínimas, por primera vez el 1 de enero del año 2002. Personalmente, me permito añadir que se debería renunciar totalmente a los impuestos sobre vehículos pues no son unos impuestos realmente relevantes para el medio ambiente.
Pero aún es más importante que la comisión se haya puesto de acuerdo sobre los peajes y derechos de uso de carreteras. Creemos que la Comisión debería presentar su Libro Blanco sobre la internalización de los costes externos y ante todo el estudio sobre la prueba de los costes externos de todos los medios de transporte, exigido como consecuencia del informe Schmidbauer. Pues seguimos siendo de la opinión de que no puede se puede admitir introducir ahora en los peajes un componente que refleje los costes externos, gravando unilateralmente a los camiones.
También creemos que no se deberían permitir en el momento actual unos peajes superiores por el uso de las llamadas «rutas sensibles». Primero habría que elaborar y acordar normas específicas en el derecho comunitario para definir los corredores especialmente sobrecargados desde el punto de vista ecológico. Para ello y para la prueba de los costes externos, la Comisión de Transportes y Turismo insta a la Comisión para que presente las correspondientes propuestas en un plazo de 12 meses. No obstante, ante la fuerte carga medioambiental de la región alpina derivada del tráfico de camiones, la Comisión de Transportes y Turismo está de acuerdo con una regulación especial para la autopista del Brénero. Pero esto tiene que ser preparado por la Comisión de un modo detallado y debatido a fondo por el Parlamento y el Consejo, teniendo además en cuenta las negociaciones sobre transporte que se están manteniendo con Suiza y que esperamos concluyan pronto.
Por lo demás, el sistema de tasas por el uso de carreteras propuesto por la Comisión debería simplificarse en interés de su aplicabilidad práctica. Debería estar más desglosado en base a criterios sobre emisiones de gases y de la carga que los vehículos representan para las carreteras. En este contexto, hay que tener en cuenta que los Estados miembros son libres de determinar entre el 50 y el 100 % de las tarifas máximas. Y también hay que considerar que entre la última determinación de la tarifa máxima actual hasta la introducción de las nuevas el 1 de enero de 1999, pasarán cinco años. Por ello, la comisión propone una clara elevación de los importes máximos anuales, a saber, entre 1.500 ecus para los vehículos menos contaminantes y los 2.500 ecus para los más contaminantes.
Esperamos con gran atención la respuesta del Sr. Comisario Kinnock a nuestras propuestas. En la comisión, nuestro proyecto de informe ha sido calificado como de muy realista por los representantes de la Comisión. Neil, espero que tú lo veas del mismo modo. En el sentido de una buena cooperación, espero también que la Comisión recoja todas las propuestas del Parlamento pues es muy raro que un Parlamento se ponga de acuerdo con una mayoría tan grande sobre un informe que toca un tema tan difícil. También creo que el Consejo debe aprobar con rapidez una posición común sobre la base de nuestro dictamen consultivo y del subsiguiente dictamen de la Comisión, pues hay que aplicar aún la directiva y los empresarios de camiones afectados tienen que saber a tiempo qué es lo que les espera el 1 de enero de 1999.
Para finalizar, señora Presidenta, quiero expresar mi agradecimiento a los colegas de la Comisión de Transportes y Turismo, a su secretaría y a los representantes de la Comisión. Creo que la Comisión y el Parlamento hemos debatido en la Comisión de Transportes y Turismo en en una atmósfera positiva. Muchas gracias a la Comisión y a mis colegas. Espero que mantengamos esta armonía en un asunto tan importante.

Tamino
Señor Presidente, tras la intervención del Sr. Jarzembowski, deseo ante todo hacer hincapié en que, a pesar de que algunas enmiendas presentadas en la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor fueron acogidas por la Comisión de Transportes y Turismo como, por ejemplo, la referencia al Convenio de los Alpes, sin embargo, el planteamiento expuesto en el informe del Sr. Jarzembowski es muy diferente del que se expone en la opinión de la que soy ponente y que fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Sanidad Pública y Protección del Consumidor.
En particular, deseo manifestar que, en lo referente a la evaluación de la propuesta que nos fue presentada por la Comisión, valoramos positivamente la introducción de la posibilidad de un componente externo en los peajes y en los derechos de uso, por no decir que consideramos necesario mejorar y aclarar aún más, si cabe, estos aspectos a través de propuestas y enmiendas.
Asimismo, consideramos oportuno y necesario extender la noción de rutas sensibles, que figura en la propuesta de la Comisión, a zonas sensibles con objeto de no transferir tráfico de rutas definidas como sensibles a carreteras de la zona en cuestión que pueden sufrir un daño mayor y son menos seguras, considerando, por ejemplo, toda la región alpina como zona sensible. A dicho propósito, deseo precisar que habiendo la Comisión de Transportes y Turismo incluido también como enmienda a los considerandos la referencia al Convenio de los Alpes, creo justo afirmar que toda la región alpina, y no tan sólo el Brennero, debe ser tomada en cuenta en la directiva. Por esta razón, aun apreciando el hecho de que se tuviera en cuenta el caso del Brennero, no podemos olvidar que toda la región de los Alpes sufre los problemas que estamos tratando. Basta pensar en que, desde 1970 hasta 1995, registramos un incremento de 28 millones a 112 millones de toneladas en el tráfico por la región alpina y que dicho incremento afecta sobre todo al transporte por carretera.
Por estas razones, he considerado oportuno presentar algunas enmiendas con el fin de que se acepte el punto de vista expresado en la opinión aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y confío en que el señor Comisario y el Parlamento lo tengan en cuenta.

Castricum
Señora Presidenta, recuerdo que un día, cuando era diputado al Parlamento holandés, el viento del éste nos trajo la noticia de que el Gobierno alemán introduciría la Benutzungsgebühr y que con el tiempo se prestaría la factura por el creciente flujo de camiones impulsado sobre todo por el viento del Oeste.
Mucho ruido, incluso detrás de la mesa, y el Tribunal Europeo dio la razón a los que se opusieron. Eso no podía ser. No obstante, el barco ya había zarpado: tras laboriosas consultas, nació la Euroviñeta. Dado que el Parlamento Europeo no se implicó suficientemente en este proceso, la directiva fue declarada nula por el Tribunal, por cierto sin que se prorrogara su vigencia, y la Comisión empezó a elaborar una nueva propuesta que ahora tiene un año de vida y sobre la cual el Sr. Jarzembowki ha elaborado un informe como ponente. Entre tanto hay que constatar que esta cuestión ha caído en desgracia. Diversos debates en el Consejo no han permitido una toma de decisión, y si estoy bien informado, no se puede excluir que el resultado final -los debates se reanudarán el 4 de octubre- será bien distinto del que había propuesto la Comisión. No podemos cerrar los ojos a la realidad.
También he de mencionar otra realidad. Aunque quiero decir expresamente que el trabajo del Sr. Jarzembowki cuenta con nuestro aprecio, no estamos muy satisfechos del resultado y él lo sabe. En un principio, las conversaciones que mantuvimos al respecto no dieron ningún resultado. En realidad, solo estábamos de acuerdo en que estábamos en desacuerdo.
Mi Grupo consideraba y considera que tanto los costes externos como la sensibilidad de determinados ámbitos han de ser componentes esenciales de una política de transporte equilibrada. Mi Grupo consideraba y considera que después de aceptar el informe Schmidbauer es preciso esforzarse por lograr un enfoque inteligente de los problemas que quedan por solucionar y que el Consejo tiene el deber ante sí mismo y el ciudadano europeo de colaborar activamente para lograr una política que ofrezca realmente una perspectiva.
Uno de los predecesores del Comisario Kinnock, su actual colega Van Miert, encargó hace unos años un informe a una comisión de sabios sobre las consecuencias del transporte que a la sazón ya crecía mucho. Desde entonces se han elaborado muchos estudios, se ha hablado y escrito mucho sobre todas las posibles soluciones. Sin embargo, se ha logrado poco, no digo que no se haya logrado nada, pero sí poco. Un transporte más limpio se compensa con un mayor volumen de transporte. Se proclaman solemnemente objetivos ambientales y a continuación se da largas al asunto. No se desarrollan suficientes alternativas adecuadas en la circulación de personas y mercancías. Habría sido una señal errónea que los dos principales Grupos de este Parlamento se hubieran enfrentado aquí y ahora. Quizás sea bueno para la claridad política, pero es malo para la perspectiva de seguir la línea que ha trazado en su informe la Sra. Schmidbauer. A decir verdad, este Parlamento no tiene capacidad decisoria en la formulación definitiva de estas directrices. De ahí que sea más importante que se diga claramente que las diferencias de opinión reflejan una cosa clara: la gran mayoría de este Parlamento defenderá, así lo espero, la filosofía que expone el Libro Verde sobre «costes externos». Quizás apenas sirva de consuelo para muchos diputados, y también para mí, como ya he dicho, no es realmente lo que se dice un ensueño, pero a la larga es más importante que lo que suponemos ahora. Sea como fuere, en lo que a nosotros respecta, apoyamos expresamente tanto a la Comisión como a las fuerzas que en el Consejo de Transportes no sólo dicen que hay que hacer algo, sino que también están dispuestas a defenderlo en su propio país y en la Unión.

Grosch
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar al ponente por su informe y por sus esfuerzos en la búsqueda de compromisos. Señor Jarzembowski, como belga, sé apreciar los compromisos pero también sé que los compromisos sólo tienen la ventaja de encontrar una solución allí donde la mayoría no se pone de acuerdo. En este sentido, todos creemos que partes del informe suponen un buen compromiso pero que, sin embargo, deben considerarse como compromiso.
En el marco de los esfuerzos por lograr una política de transportes compatible con el medio ambiente y segura, el transporte por carretera no es precisamente el mejor modelo pero sí es el que, con diferencia, mejor se ha adaptado a los modernos requerimientos del mercado. En mi opinión así como en la de muchos otros colegas, las tarifas en el transporte por carretera no van a contribuir a relanzar otros medios de transporte, como el ferrocarril o las vías fluviales o marítimas. En todo este asunto de las tarifas, no debemos olvidar que se puede hacer peligrar la existencia de muchas pequeñas empresas que trabajan en este sector.
Esto se puede ver de un modo muy claro, pues la demanda aumenta, la cifra total de empresas retrocede pero crece el número de grandes empresas. Si hay que introducir tasas por el uso de carreteras, éstas deben tener más en cuenta los daños que sufren las carreteras y las emisiones. Creo que las clasificaciones que se proponen en el informe están plenamente en esta línea. También estamos de acuerdo en que hay que tener en cuenta las regiones sensibles. Al igual que en la determinación de los costes externos, en ambos casos necesitamos un análisis más exacto por parte de la Comisión para poder plantear propuestas objetivas y lógicas.
El hecho de que ya ahora se mencione en especial a la autopista del Brénero, no precisa de un análisis especial ni de más argumentos. Creemos que conservar unas tasas mínimas implica que también en el sector fiscal son necesarios unos criterios mínimos si no se quiere distorsionar el mercado con los impuestos. Pero con la presente propuesta no tenemos ni mucho menos una garantía de que las tarifas propuestas representen la misma carga en todos los Estados miembros.
Para finalizar, quiero decir que me parece positivo que el ponente proponga una revisión de las tasas mínimas hasta el año 2001. El desarrollo tecnológico y en otros sectores del tráfico son argumentos suficientes para ello.

Wijsenbeek
Señora Presidenta, yo querría felicitar ante todo al ponente por su informe y también al señor Comisario, porque con el Nuevo Laborismo podrá cambiar el color de su cocina, que ahora sin duda estará pintada de un rosa muy pálido.
Señora Presidenta, el debate que celebramos hoy nos tiene ocupados desde hace años. El tratamiento en el pleno llega en el peor de los momentos. A fin de cuentas, actualmente estamos negociando con Suiza y ponemos cara de póquer cuando los suizos están ocupados en barrer la suciedad de sus aceras al lado de sus vecinos. Por tanto, habría sido preferible no hacerlo ahora.La segunda circunstancia desafortunada tiene que ver con el hecho de que se trata de una tasa y que los ministros de Hacienda han de decidir al respecto. Esto implica la unanimidad y, simplemente, no la hay. Sin duda el ponente también lo sabe y por ello lo que hace en su informe es, por así decirlo, llevar agua al mar.
El tercer problema, que por desgracia el ponente no ha tratado o que por lo menos no reconoce suficientemente, es el crecimiento del comercio mutuo dentro de la Unión, que es la causa que de haya más transporte. Con el actual modal split , en que el 75 % del transporte se realiza por carretera -y respecto del cual este Parlamento ha dicho: queremos más transporte por ferrocarril, por vía acuática-, es seguro que el transporte por carretera seguirá siendo la principal modalidad. Esto significa que hemos de hacer lo posible por limitar los daños que causa el transporte por carretera, y que yo no niego en absoluto. Esto significa que tendríamos que haber aprovechado la oportunidad en este informe de dar un impulso real a la solución menos perjudicial para el medio ambiente. Ahora bien, tanto en las propuestas de la Comisión como en las del ponente, la diferencia entre lo más perjudicial para el medio ambiente y digamos el vehículo Euro, el Euro clase 0, el Euro I y II y las clases superiores, es demasiado pequeña. Esto significa que esta propuesta no ofrece ningún incentivo para cambiar a una versión mejor. Esto significa también que perdemos la oportunidad, y citaré un ejemplo, señora Presidenta: las emanaciones de dióxido de nitrógeno (NOx) descendieron el año pasado un 3, 5 % en mi país gracias a los vehículos Euro II. Entre 1990 y 1996 el total de kilómetros aumentó un 13 % y las emanaciones descendieron un 11 %; las de SO2, un 16 %. Hemos de fomentar los vehículos Euro II y Euro III.

Linser
Señora Presidenta, el debate sobre la elevación de las tarifas para vehículos industriales pesados es de gran actualidad en toda Europa en lo tocante a la financiabilidad de las costosas infraestructuras de carreteras. Esto es aplicable de modo muy especial a Austria. Situada geopolíticamente en el centro de Europa, Austria es además una región alpina sensible y difícil de franquear. Debido a ello, su sensible medio ambiente se ve más intensamente afectado y los costes de construcción de carreteras y de mantenimiento son superiores. Hay que saludar que en el informe se subraye el concepto de «uso» a la hora de calcular las tarifas así como que se diferencien más intensamente los vehículos industriales según sus emisiones y categorías de daños que provocan en las carreteras. Saludamos asimismo las constructivas enmiendas de los Verdes, en especial, la nº 31, 34 y 41 que reflejan muy fielmente nuestro catálogo de exigencias. Sin embargo, a pesar del rechazo sufrido en la comisión, sigue siendo una exigencia irrenunciable la internalización de los costes externos aunque existan aún diferencias de interpretación a la hora de realizar una definición exacta. Supondría una importante señal precisamente de cara a la situación del medio ambiente.
Creo que la definición de las zonas sensibles dentro de la UE y la definición específica de la totalidad de la región alpina como región sensible es una decisión de largas miras y una señal para el futuro. Como habitante directamente afectado de la región más sensible de toda Europa en lo que se refiere al tráfico, el valle del Inntal en Tirol y el paso del Brénero, sé lo importante que sería elevar o poder elevar los peajes como un elemento de costes y crear de este modo la base para una movilidad compatible con el medio ambiente.

Schmidbauer
Señora Presidenta, la directiva sobre peajes era algo más que necesario desde que el primer intento fracasó ante el Tribunal Europeo de Justicia en 1995. La directiva sobre la que hoy debatimos va mucho más lejos que la primera propuesta, lo que solamente puedo saludar. Como ponente sobre el Libro Verde de la Comisión relativo a la internalización los costes externos en el transporte, veo en la propuesta de la Comisión un primer paso para la aplicación práctica de un sistema más justo de precios según el principio de «quien contamina paga».
Permitiría a los Estados miembros diferenciar las tarifas por el uso de carreteras en base a las retenciones de tráfico, la contaminación del medio ambiente y los accidentes y además se podrían determinar rutas sensibles. El ponente suprimió radicalmente en su primer borrador los conceptos «costes externos» y «rutas sensibles». Mi grupo político aceptó llegar a un compromiso con la reserva de dejar abierta la decisión en la segunda lectura, yo misma con gran pesar.
Con la enmienda nº 1 se encarga a la Comisión que exponga en el plazo de un año la prueba exacta de los costes externos y su imputación a los distintos modos de transporte y que presente la correspondiente propuesta. Hasta llegar a ese punto se debería realizar sólo una diferenciación en función de las carreteras y de las tasas por el uso de las mismas y en lugar de las «rutas sensibles» introducir de momento sólo la región alpina. Pero también deberían autorizarse como diferenciación tarifas extras por horarios punta o nocturnos.
Aunque el compromiso significa que no se tienen inmediatamente en cuenta los costes externos, sin embargo soy optimista. Por otro lado, abre la posibilidad de unas medidas legislativas de mucho mayor alcance cuando la Comisión presente las propuestas detalladas sobre los costes externos. Pero si el ponente quiere utilizar esta resolución de compromiso de la Comisión de Transportes para enterrar para siempre el debate sobre la internalización de los costes externos -lo que deduzco de la conferencia de prensa de esta semana-, mi grupo político no lo va a apoyar, pues aunque la propuesta de la Comisión sea algo complicada en algunos puntos, ante todo en el Anexo sobre la clasificación de tarifas, sin embargo, la intención global significa una mejora para la totalidad del tráfico y, sobre todo, se introduce un sistema más justo que actúa según el principio de «quien contamina paga».

Sisó Cruellas
Señora Presidenta, la tarifación y los costes externos del transporte constituyen la preocupación ya antigua de las instituciones comunitarias. Acerca de ella existen antecedentes desde principios de los años sesenta y ha sido objeto de propuestas formales.
La primera de ellas fue la imputación de los costes de infraestructuras a los vehículos de carretera, caballo de batalla de la armonización de costes y fiscal. En 1986, la Comisión presentó un documento sobre la eliminación de las distorsiones de competencia de carácter fiscal en el transporte de mercancías por carretera, que contemplaba los impuestos sobre vehículos, los impuestos sobre carburante y los peajes.
A primeros de 1988, la Comisión presentó su proyecto de directiva del Consejo relativa a la implantación de costes de la infraestructura viaria a los camiones de gran tonelaje. Con ella se pretendía que el Consejo diera fuerza normativa a las medidas necesarias para eliminar las distorsiones de la competencia constatadas y debidas a la diferente imputación de costes de infraestructura.
Pero la iniciativa de la Comisión no obtuvo respuesta. De hecho, la propuesta fue ya modificada por dos veces en 1990 y en 1992, siempre en busca de soluciones posibilistas. La causa no es otra que el cúmulo de intereses que habitan en torno al transporte por carretera y las diferencias prácticas de imputación y no imputación de costes existentes en los diferentes Estados miembros.
Y para colmo, cuando al fin el Consejo logra un acuerdo y saca adelante la Directiva 93/89/CE, de 29 de octubre de 1993, relativa a la aplicación por los Estados miembros de los impuestos sobre determinados tipos de vehículos utilizados para el transporte de mercancías por carretera, así como de los peajes y derechos de usos percibidos por la utilización de determinadas infraestructuras, fue anulada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a causa de la insuficiente participación del Parlamento Europeo.
Sumemos a todo esto el contenido del Libro Verde de la Comisión sobre la internalización de los costes externos de transportes en la Unión Europea, donde los procedimientos propuestos plantean serias dudas de que sean capaces de poder afrontar un problema tan complejo, puesto que la información que da es escasa y no fiable, y tengamos en cuenta que la propia Comisión admite sus dudas sobre el cálculo de los costes externos.
Podemos darnos cuenta pues, Señorías, que se trata de un asunto muy complejo y que requiere fórmulas globales que contemplen los distintos modos de transporte, si queremos resolver definitivamente el problema; porque, por las noticias que tengo, será difícil llegar a un acuerdo en el Consejo de Ministros, a pesar del excelente trabajo llevado a cabo por el ponente, Sr. Jarzembowski, al cual felicito, y quien, con sus enmiendas, mejora el contenido de la propuesta de directiva que estamos debatiendo.

Santini
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, deseo congratularme no tan sólo del contenido del informe, sino también de la habilidad con la que nuestro ponente, Sr. Jarzembowski, ha superado un auténtico eslalon institucional para someter aquí en el Pleno este informe a un debate que, según parece, es bastante sosegado, a pesar de que hay una inevitable diferenciación entre las posturas. El título, sin embargo, era atractivo y tranquilizador: tarifas correctas y ajustadas en el sector de los transportes, un título que marca las orientaciones a largo plazo para una política madura de imputación de los costes de infraestructura y de congestión del transporte por carretera.
Uno de los principios fundamentales que se ha recordado también esta tarde, consiste en recuperar totalmente los costes de infraestructura y explotación que deberían imputarse a los diferentes usuarios según criterios armonizados. Se ha citado el caso del Brennero que, sin duda, es el que más preocupación suscita entre los muchos casos de transporte por los Alpes. Preguntas, toma de posiciones y enmiendas llevaron a considerar este puerto de montaña como el caso piloto para estudiar cómo se debe y puede gestionar el tráfico en una zona definida como «sensible». En este caso, sin embargo, existe alguna pequeña incongruencia -lo han manifestado con claridad los diputados alemanes, además de los italianos- porque quizás se trata de un caso demasiado específico. En la actualidad, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo y, a partir de este año, también Suecia, utilizan el sistema común denominado «Euroviñeta»; Austria goza de un sistema autónomo y además, según parece, destinado a perdurar. El Gobierno austriaco, en efecto, ha puesto en marcha una enérgica acción a fin de conseguir que el tráfico por el Brennero, actualmente contingentado a través del sistema de los ecopuntos, se limite indirectamente, incluso después de la fecha de vencimiento del Protocolo de adhesión nº 9, es decir, después del año 2004.
A dicho fin, y basándose en las iniciativas suizas, Austria propuso que los peajes correspondientes al tráfico del Brennero fueran más elevados de lo necesario para recuperar los costes de infraestructura, a fin de desalentar el tráfico que gravita sobre dicho puerto tan sensible. Principio que, sin duda, se puede compartir, siempre y cuando se extienda también a otras zonas de los Alpes, en particular, al valle que limita con el puerto del Brennero. No se entiende, de hecho, por qué respecto a valles idénticos, divididos tan sólo por una frontera, entre el Tirol norte y el Tirol sur, se apliquen normas tan distintas y de forma tan exageradamente diferente.
Estamos de acuerdo, por consiguiente, con la distinción entre Euro 0, Euro I y Euro II, aunque hay que respetar las normas. Los ingresos no deben superar los costes de construcción, explotación y desarrollo y, sobre todo, deben ceñirse a ciertos criterios que, hasta ahora, nadie ha indicado de forma más transparente. ¿Quién estableció, por ejemplo, los parámetros para decidir si una zona es sensible desde el punto de vista medioambiental o no lo es? No me consta su existencia, y por consiguiente, se podrían cometer arbitrariedades. Cada uno de nosotros considerará sensible, mejor dicho más sensible que las demás, la zona limítrofe de su territorio. Pienso en el peaje de Puente Europa que voy a atravesar con mi coche dentro de dos días y por el cual voy a pagar, como todo el mundo, un peaje exorbitante.
Existe asimismo un problema en materia de empleo, ya que muchas empresas de transporte ya han cerrado sus puertas y no quisiéramos ser nosotros los responsables de otros casos similares.

Frischenschlager
Señora Presidenta, quiero seguir el hilo de lo expuesto por el orador anterior. Me ha gustado mucho cómo ha destacado que para solucionar este problema ecológico tiene que tenerse en cuenta la totalidad de la región alpina. Estoy realmente convencido de que ha sido un error que la Comisión de Transportes y Turismo no haya seguido a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor en pasar del principio de las rutas especialmente sensibles al principio de las regiones especialmente sensibles.
La totalidad de la problemática de los Alpes y de su sobrecarga de tráfico es un problema europeo. No se trata de intereses locales, a pesar de que, naturalmente, es también muy importante para las personas que viven allí, sino que tenemos que encontrar una solución europea pues los Alpes son un problema europeo y no sólo uno austríaco, suizo o italiano. Apelo por ello al Comisario de Transportes para que se esfuerce por encontrar una solución ecológica global europea para esta zona tan sensible de los Alpes. Sólo esta puede ser la solución. Debemos evitar que el problema de la sobrecarga de transporte se traslade de un tramo a otro. Esta no es una solución política.

Alavanos
Señora Presidenta, mi Grupo me ha encargado que intervenga sobre este tema, que no es de mi competencia. En principio, estamos de acuerdo con la exposición del Sr. Jarzembowski. De todos modos, quiero señalar los siguientes puntos:
Primer punto que consideramos esencial: que se impulse un sistema más simplificado que el complicado que se prevé en la propuesta de la Comisión. Segundo punto, que se procure una aproximación realista del gravamen máximo para favorecer el acuerdo con el Consejo. Tercer punto, muy importante, que los mínimos se configuren de modo que se tengan en cuenta los costes de las vías públicas y las emisiones contaminantes, para favorecer vehículos y sistemas que sean más respetuosos con el medio ambiente. Cuarto y último punto, que, previendo la revisión en el año 2001, se avance hacia sistemas más flexibles.

Cornelissen
Señora Presidenta, quiero felicitar al Sr. Jarzembowki por su informe, con el que ha sabido ganarse el apoyo de la práctica totalidad de la Comisión de Transportes y Turismo. Me parece importante que reciba también el apoyo de la Comisión y de los Estados miembros, y obtenga una amplia base de apoyo social. Quiero limitarme a hacer dos observaciones.
En primer lugar, para lograr el apoyo de las empresas es importante que no tengan la sensación de que se va «a por ellas», es decir, que haya un cálculo justo de los costes y además que se aplique a todas las modalidades el principio de igualdad de trato.
Mi segunda observación tiene que ver con el Anexo III. Agradezco al ponente que en su enmienda nº 26 responda en parte a mis deseos diferenciando más los derechos de uso entre «vehículos no Euro» y «vehículos Euro II y superiores». Quisiera ir más lejos, y ahora que mi colega Wijsenbeek ha sido tan amable de incluir en su enmienda nº 28 la propuesta que hice durante las deliberaciones en la Comisión de Transportes y Turismo sobre este punto, quiero pedir al Comisario que lo comente de forma expresa. Lo que quiero saber es si una mayor diferenciación entre las diferentes categorías no fomentará el desarrollo y el uso de vehículos más limpios, que es lo que todos pretendemos. Por ello apreciaría que el Comisario comentara expresamente esta cuestión.

Ferber
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, las tasas europeas por la utilización de carreteras para los vehículos industriales pesados ocupa de nuevo al Parlamento Europeo y de nuevo se desata un debate de fondo sobre los pros y contras del transporte de mercancías. Pero precisamente de eso no se trata hoy. Hoy solamente se trata de la aportación de los camiones al mantenimiento de las carreteras y los costes de infraestructura. Nos hemos puesto de acuerdo -y el ponente así lo ha expuesto- en que tenemos que realizar primero un estudio sobre los costes externos. Por ello, esto no tiene nada que hacer nada en esta directiva.
Lo mismo es aplicable a los corredores sensibles que se exponían en la propuesta primigenia de la Comisión. Tampoco este puede ser el tema de esta directiva. Voy a formularlo de otra manera: ¿debemos encarecer productos y suministros en determinadas regiones? Los ciudadanos de esas regiones nos maldecirían, pues la regulación no sólo es aplicable al transporte de tránsito sino también al de origen y destino en esa región y entonces la comprensión de repente es totalmente diferente en lo que al acuerdo sobre camiones se refiere. Lo mismo es aplicable en especial al tramo del Brénero.
El único punto en que no coincido con el ponente y la Comisión de Transportes y Turismo es que tengamos que permitir una regulación especial para el tramo del Brénero. Coincido con muchas y muchos colegas en que debemos llegar a una solución unitaria para la totalidad de la región alpina, región que está constituida por todos los países que han firmado el Convenio de los Alpes. Pero no puede hacerse al nivel suizo en lo que se refiere a las últimas propuestas. Ni tampoco puede ser la base para una política común. Aquí necesitamos normas unitarias para toda la región alpina. Las normas especiales para un único tramo las considero una aberración bastante grande. Lo debo decir con toda claridad.
Para finalizar, felicito al ponente por su excelente informe y por sus esfuerzos para llegar a un amplio consenso en el Parlamento. Señor Comisario, me alegraría si recogiese todas las enmiendas exceptuando las que se refieren al Brénero.

Schierhuber
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Jarzembowski por haberse esforzado en buscar un equilibrio entre los diversos intereses que existen en la Unión Europea, sobre todo en el sector del transporte, lo que creo ha logrado al primer intento.
En el presente informe sobre las tasas por el uso de carreteras para los vehículos industriales pesados quiero apoyar las enmiendas de compromiso del ponente. Aunque creo que hacer recaer los costes externos solamente sobre los camiones ocasiona una distorsión de la competencia, sin embargo debe ser un aspecto prioritario tener en cuenta el tramo del Brénero. Es de la mayor importancia que se tenga en cuenta la carga que el transporte significa para esta sensible región alpina. En su propuesta, la Comisión prevé solamente que los Estados miembros puedan cobrar una tasa para cubrir los costes externos que no puede superar los 0, 03 ecus por kilómetro. La propuesta de la Comisión de Transportes y Turismo se refiere en concreto a la autopista del Brénero. El Consejo debe tener la posibilidad de autorizar a los países miembros afectados a elevar el peaje considerándolo como un elemento de costes que debe contribuir a hacer realidad una distribución duradera del tráfico en la totalidad de la región alpina.
Saludo asimismo que la Comisión de Transportes y Turismo se haya pronunciado en favor de que la Comisión examine y defina en un procedimiento separado no solamente las rutas sensibles sino también las regiones sensibles. En este procedimiento considero importante que no solamente se incluya a representantes de los Estados miembros sino que también se escuche a representantes de las regiones afectadas. Para Austria es importante que se tenga en cuenta en un considerando el Convenio de los Alpes.
Tal como he mencionado al principio, estoy en contra de que se imputen los costes externos sólo a los camiones, pero en general puedo dar mi apoyo a esta propuesta de compromiso ya que tiene en cuenta por fin los intereses de Austria y de la sensible región de los Alpes.
Los ciudadanos de Europa aceptarán y amarán más a nuestra Europa común si tenemos más en cuenta sus intereses legítimos.

Kinnock, Neil
Señora Presidenta, el informe del Sr. Jarzembowski es meticuloso e inventivo, como suele ser habitual en él, y yo le felicito por ambas cualidades.
No obstante, las modificaciones graduales de las disposiciones actuales por las que se aplican elevados impuestos y tasas a los vehículos pesados en la Comunidad que se proponen en la directiva mantienen el equilibrio adecuado entre lo que sería necesario y lo que es factible. Puesto que la Comisión prefiere avanzar en vez de permanecer inmóvil, no me es posible aceptar gran parte de las enmiendas que propone el Sr. Jarzembowski.
Como sabe la Asamblea, la Comisión concede gran importancia al problema central de los costes externos, tal como expusimos claramente en nuestro equilibrado y eficaz Libro Verde sobre los precios, publicado en diciembre de 1995. Si bien yo acojo con satisfacción la importancia que otorga el Parlamento a los costes externos -y también comprendo el deseo de que se presente una propuesta exhaustiva para todos los modos de transporte en un futuro inmediato-, tenemos que ser pragmáticos y conseguir progresos, y debemos lograrlos cuando esto sea posible en la práctica. Por consiguiente, yo no puedo aceptar la propuesta del informe de que se anulen incluso las limitadas disposiciones relativas a los costes externos a la espera de una medida exhaustiva. De hecho, a pesar de las honestas motivaciones de las personas que han presentado enmiendas en este sentido, en este caso lo mejor acabaría siendo en realidad enemigo de lo bueno y lo ideal, enemigo de lo posible.
Lo que proponemos en la directiva es la posibilidad, no la obligación, de que los Estados miembros introduzcan un moderado componente del coste externo en los peajes. Esto representa una señal importante y, por lo tanto, no acepto las enmiendas 9 y 17.
El tema de los costes externos está vinculado, obviamente, con el concepto de rutas sensibles y las posibilidades que puede ofrecer para introducir un sistema diferenciado de tarifas. Las nuevas disposiciones del proyecto de directiva en relación con las rutas sensibles son importantes -y quiero subrayarlo- mientras se desarrollan otros medios técnicos más refinados para la fijación de tarifas. La Comisión no puede aceptar, por lo tanto, las enmiendas 14, 18, 19, 20, 21 y 22. Nunca existe el riesgo de que el Sr. Jarzembowski se duerma en su tarea, pero yo ya sabía que esta referencia lo pondría en activo estado de alerta.
La capacidad innovadora del Sr. Jarzembowski queda de manifiesto en la enmienda 7, que propone la definición de zonas sensibles, un tema al que se han referido varias de las intervenciones en el curso del presente debate. No obstante, el concepto de zonas sensibles trasciende significativamente, como es evidente, la propuesta de la Comisión. El hecho de que esta idea aparezca en un informe que por otra parte se propone suprimir totalmente las rutas sensibles constituye una prueba de la inventiva de Sus Señorías. Sin embargo, no me es posible aceptar la enmienda 7, ya que el concepto de zona sensible resulta poco práctico. El mundo entero es, en definitiva, una zona sensible. Puedo aceptar, no obstante, la enmienda 3, por la que se incorpora una referencia al Convenio de los Alpes.
Por lo que se refiere a los impuestos aplicables a los vehículos, yo quisiera recordar a la Asamblea que el objetivo que se persigue al establecer unos niveles mínimos, a la vez que se permite que los Estados miembros apliquen a los vehículos impuestos inferiores a los mínimos aplicables, siempre que apliquen un régimen de tasas, es garantizar que no se incrementen más aún las diferencias existentes entre los gravámenes asociados al transporte en el conjunto de la Comunidad. No obstante, reconozco que no son los elementos más fundamentales de la propuesta, de manera que puedo aceptar las enmiendas 3, 5, 11 y 12. También puedo aceptar la enmienda 13, que prevé una revisión periódica de los impuestos aplicables a los vehículos.
No me es posible aceptar, en cambio, la enmienda 6, que introduciría una excepción ilimitada con respecto a las impuestos mínimos aplicables a los vehículos, en lugar de una excepción temporal limitada.
Por lo que se refiere a la enmienda 1, a la que han hecho referencia varios oradores, yo comprendo los esfuerzos del Parlamento por mantener la coherencia. El informe de la Sra. Schmidbauer, como ella misma ha señalado, reconocía la importancia de los costes externos y pedía a la Comisión que presentase propuestas para todos los modos de transporte. La enmienda 1 refleja esta posición y esto, como también ha señalado la Sra. Schmidbauer, es perfectamente coherente y encomiable. Pero, lamentablemente, dicha enmienda limita la aplicación actual de esos principios al transporte por carretera. Por consiguiente, la enmienda no es aceptable.
Al margen de esta consideración, yo no puedo aceptar en ningún caso la parte de la enmienda 1 donde se sugiere que sólo podrá realizarse una diferenciación considerable de las tasas en función de las cargas que los vehículos suponen para las infraestructuras y de las emisiones de gases de escape en el caso de las tasas percibidas por el uso de las carreteras.
La enmienda que ha presentado el Sr. Jarzembowski está en contradicción con la enmienda 25, presentada también por él. Salta a la vista que el Sr. Jarzembowski es un fiel seguidor de Oscar Wilde, quien dijo, muy sabiamente, que «la coherencia de los argumentos es el corsé de las mentes estrechas». No obstante, lo fundamental es que la diferenciación de las tasas aplicables a los vehículos en función de las cargas que suponen para las infraestructuras, expresadas en relación con el peso total del vehículo y la propensión contaminante, tal como se expresan en la clasificación Euro, no sólo es posible, sino relativamente sencilla y también cuenta con una amplia aceptación entre los Estados miembros.
Como siguiente punto, yo pienso que no es necesario simplificar el cuadro de impuestos mínimos aplicables a los vehículos, tal como se propone en la enmienda 24, dado que éste es el mismo que establece la Directiva actual y los Estados miembros no han formulado ninguna queja al respecto.
Por lo que respecta ahora a las enmiendas relativas a las tasas percibidas por el uso de las carreteras, puedo aceptar la enmienda 9 por la que se establecen tasas diferenciadas en las horas punta y en horario nocturno, siempre que no superen, obviamente, los máximos autorizados. Esto concuerda con el deseo de establecer una diferenciación de las tasas aplicables en diferentes momentos. También puedo aceptar, con algunas modificaciones, la enmienda 15, por la que se propone una reducción del 50 % en las tasas para los vehículos matriculados en regiones periféricas. No obstante, también ésta debe ser una medida temporal limitada.
Por lo que se refiere a las tasas percibidas por el uso de las carreteras y la estructura de las mismas, yo quisiera destacar que las tasas anuales máximas que se proponen en la enmienda 26, y que oscilan entre los 1.000 y los 2.500 ecus, son sencillamente demasiado altas. Esto determinaría un aumento excesivo, de casi un 100 %, con respecto a los niveles actuales y no cumpliría el requisito de aplicación gradual de las tasas. Esta propuesta desde luego no es aceptable y yo creo que mi punto de vista no sorprenderá en absoluto a los autores de la enmienda.
La clasificación de los vehículos en tres categorías, en función de la carga que suponen para la infraestructura, permitiría una aproximación de las tasas al coste real más adecuada que la que permiten los actuales sistemas de tasas percibidas por el uso de las carreteras y también más adecuada que la que resultaría de la aplicación de tasas diferenciadas en función del número de ejes de los vehículos, como propone la enmienda presentada. Por lo tanto, las enmiendas 16-25 no son aceptables.
En relación con el resto de las enmiendas presentadas por la Comisión de Transportes y Turismo, que no corresponden a un tema concreto, yo tengo que decir que la enmienda 4 no guarda relación con ninguna disposición jurídica concreta de la directiva y, por lo tanto, debe ser rechazada; en cambio, es posible aceptar las enmiendas 8, 10 y 23.
Se han presentado una serie de nuevas enmiendas, además de las que propone la Comisión de Transportes y Turismo. Todas ellas -concretamente, las enmiendas 27-45- fueron examinadas y rechazadas por la Comisión de Transportes. Yo tengo que comunicar a la Asamblea que también rechazo la totalidad de dichas enmiendas.
Después de esta referencia pormenorizada a todas las enmiendas propuestas -salvo las enmiendas 27-42, que ya comenté en detalle en otra ocasión-, yo quiero reiterar que el objetivo de la propuesta de la Comisión es desarrollar gradualmente un sistema diferenciado de tarifas más adecuado en la Comunidad, que garantice una mayor aproximación de las tasas a los costes reales y que éstas sean equitativas tanto para los usuarios como para los no usuarios.
Yo confío que, si reflexionan al respecto, todos los diputados de esta Cámara compartirán esta visión pragmática y progresiva. Sólo siento haber tomado tanto tiempo, pero lo cierto es que las enmiendas, además de ser sumamente interesantes, también eran muchas.

El Presidente
Señor Kinnock, nuestro ponente debía tener una cierta idea de las respuestas que usted iba a darle porque me había vuelto a pedir la palabra antes incluso de que usted se pronunciara.
Así las cosas, como usted sabe, la hora es avanzada y aún tenemos dos informes para debatir esta tarde.
Sr. Jarzembowski, puede usted responder a las palabras del Comisario, pero no puedo volver a dar el uso de la palabra a todos los intervinientes, de lo contrario haremos un segundo debate y eso no es muy correcto para el informe de la Sra. McIntosch y para el de la Sra. Berger. Así pues, vamos a oír al Sr. Jarzembowski, lo más brevemente posible.

Jarzembowski
Señora Presidenta, he pedido la palabra porque primero quería referirme a lo expuesto por Florus Wijsenbeek, pues ha sido una excusa inteligentísima pero errónea. Entre hoy y mañana tenemos que hablar y decidir pues el Consejo escurre el bulto a la hora de adoptar una decisión sobre las tasas por el uso de las carreteras escudándose, entre otras cosas, en que el Parlamento no ha decidido aún nada. Por ello, tenemos que emitir nuestro dictamen para que el Consejo no pueda seguir manteniendo esa actitud.
También quiero hacer dos observaciones relativas al Comisario. Señor Comisario, normalmente mantenemos una actitud muy abierta entre nosotros, pero lo que hoy nos ha ofrecido ha sido un pseudodebate. Por un lado, nos dice que lamenta que no imputemos por el momento los costes externos. Por otro lado, si decimos que tenemos que introducir las emisiones y el nivel de daños para las carreteras en las categorías de las tasas por el uso de las carreteras, entonces también se queja y nos dice que no es así como quiere que se regule el tema. Esto es hablar con dos lenguas.
En segundo lugar, señor Comisario, usted está luchando aquí por su propuesta originaria pero desde que sabemos cómo marchan las negociaciones en el Consejo, debo decir que usted se queda muy por detrás de lo que queremos acordar hoy como Parlamento.

Castricum
Señora Presidenta, quisiera hacer una sugerencia para ahorrar mucho tiempo en este tipo de debates. Considero indigno de un Comisario que venga aquí para leer una lista de las enmiendas que va a aceptar y de las que no. Esto produce un debate ficticio, no tiene ningún sentido, daña el prestigio del Parlamento y quisiera pedir que a partir de ahora este tipo de debates se tramiten por escrito. Ello habría sido posible esta noche en lo que respecta a la intervención del Comisario, y lo lamento mucho.

Kinnock, Neil
Señora Presidenta, agradezco la intervención, sobre todo porque da la oportunidad de ofrecerles a Sus Señorías la posibilidad de que, si asisten al Pleno para exponer sus enmiendas y las presentan sin notificarlas previamente a la Comisión, podrán ahorrarse cualquier tipo de respuesta inteligible y coherente a sus preguntas. Esto permitirá ahorrar tiempo a la Asamblea y yo no tendré que acudir aquí. No será demasiado favorable para la responsabilización ante los ciudadanos de la Comunidad Europea, pero estoy seguro de que ofrecerá a los diputados la oportunidad de exponer sus argumentos con dramatismo. Por lo tanto, si no quieren notificarnos las enmiendas y no quieren que yo me presente con una lista de respuestas, no tienen más que decírmelo y yo acataré de inmediato los deseos del Parlamento.
Permítanme también que diga que si el Sr. Jarzembowski utiliza la expresión «remedo de debate», yo le preguntaría, en tanto que político maduro y experimentado, ¿qué esperaba en realidad? Si no es capaz de elegir entre lo deseable -y yo coincidiría con él en cuanto a lo que es deseable- y lo que es factible, en efecto tendremos un remedo de debate. Y si el Sr. Jarzembowski no es capaz de distinguir entre el progreso gradual y la pureza estancada, el debate será además bastante irreal. Y el resultado es que, ante el dilema con el que se enfrentan Sus Señorías (y yo comprendo a los Sres. Castricum y Jarzembowski y a todos los demás diputados y comparto su dilema), es preciso elegir si queremos avanzar un poco, aunque sea milímetro a milímetro, o si preferimos ensalzar nuestra buena conciencia, mientras permanecemos inmóviles y no avanzamos. Éstas son las alternativas. Yo les pido a Sus Señorías que opten por el progreso.

Bazin
Señora Presidenta, estoy muy sorprendido por el tono adoptado por el Comisario esta tarde, cuando en todos los trabajos preparatorios ha reinado un excelente ambiente entre él mismo y nuestra comisión, entre sus servicios y los nuestros.
Nuestros colegas Jarzembowski y Castricum han hecho respectivamente una observación de apreciación política y una observación técnica. Efectivamente, creo que todo el mundo aquí se ha visto sorprendido por esta enumeración de enmiendas, que han sido rechazadas, con frecuencia además sin una explicación muy argumentada. Personalmente, suscribo el análisis de nuestros colegas y considero que deberíamos volver a empezar sobre nuevas bases en el futuro. Considero también las últimas palabras del Comisario un poco fuera de lugar.

Kinnock, Neil
Señora Presidenta, si he respondido en un tono sincero y contundente ha sido porque respeto a la Asamblea y no la trato como un parlamento de mentirijillas. Por lo tanto, cuando unos diputados del Parlamento Europeo, directamente elegidos, me dicen: »no se presente con una lista de respuestas», yo me veo obligado a preguntarles qué tipo de rendición de cuentas esperan de la Comisión Europea. Ahora bien, no me molesta que me critiquen. No me molesta que se ataque el contenido de mis palabras, pero no estoy dispuesto a aceptar que se me critique por haber intentado responder a los argumentos detallados y las consideraciones que han presentado los diputados de esta Asamblea, sobre todo cuando mis servicios se pasan días enteros procurando cooperar con los diputados del Parlamento y dar respuesta a sus preocupaciones, igual que hace mi secretaría y como también hago, de hecho, yo mismo. Y cuando se plantea un argumento político, yo, como político que soy hasta la médula, respondo políticamente.

El Presidente
Tras este debate, un poco vivo, que muestra todo el interés que conceden los diputados y el Comisario a esta cuestión, declaro el debate cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Estrategia para mejorar la seguridad aérea
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0091/97) de la Sra. McIntosh, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión titulada «Definición de una estrategia comunitaria para mejorar la seguridad aérea» (SEC(96)1083-C4-0423/96).

McIntosh
Señora Presidenta, yo acojo con satisfacción la oportunidad de exponer nuestras opiniones sobre la comunicación de la Comisión dedicada a la definición de una estrategia europea para mejorar la seguridad aérea. Yo quisiera aprovechar la ocasión para congratular al señor Comisario y a sus servicios por los trabajos realizados hasta y que sé que continúan en este mismo momento.
El 10 de diciembre del año pasado, la Comisión recabó un mandato para negociar la creación de una organización europea responsable de la seguridad de la aviación civil. El Consejo de Ministros de Transporte ratificó la creación de dicho órgano el 20 de junio de este año. Según tengo entendido, el COREPER está diseñando y definiendo ahora su marco organizativo, los aspectos institucionales y la forma y el alcance de la participación de la Unión Europea. A finales de este año se habrán alcanzado las conclusiones sobre dicho marco organizativo. Nuestra intervención de esta noche es, por lo tanto, muy oportuna.
Es el firme deseo de esta Cámara que esta autoridad europea de aviación civil tenga verdadera capacidad de actuación y que no sea excesivamente burocrática. La conclusión unánime de la audiencia que organizamos fue que la presente estructura de las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas y el actual Reglamento nº 3922, de 1991, sencillamente no están funcionando de manera adecuada.
A nuestro parecer la autoridad que debe crearse debería ser democráticamente responsable. Por lo tanto, proponemos que el Parlamento Europeo esté representado en el comité consultivo que asista al órgano ejecutivo de la organización y que dicho órgano elabore un informe anual de sus actividades y lo presente al Parlamento.
Queremos expresar nuestra preocupación por el continuo incremento de la demanda de transporte aéreo, que se espera que se duplique para el año 2010, lo cual somete obviamente a una presión sin precedentes nuestra seguridad. Sólo las cifras correspondientes al Reino Unido indican que 86 millones de viajeros utilizaron los aeropuertos británicos en 1986. Diez años más tarde esta cifra era de 135 millones de viajeros. Asimismo, también nos preocupan las grandes diferencias en la interpretación y aplicación de las normas de seguridad de la OACI, tanto en el ámbito europeo como mundial. La ausencia de un mercado liberalizado de productos aeronáuticos genera mayores costes y presiones adicionales sobre la industria europea, que reducen su competitividad.
No podemos permitirnos caer en la complacencia. En Europa disfrutamos en estos momentos de un nivel sumamente alto de seguridad. No obstante, esta semana sufrimos una catástrofe aérea en Cuba y el año pasado, una en la república Dominicana y otra en la India. Tenemos que garantizar el mantenimiento del máximo nivel de seguridad, sin dejar de tener en cuenta el incremento de los viajes aéreos en Europa y en el mundo y la creciente competencia de terceros países, sobre todo de los países en desarrollo. Nuestro objetivo debe ser evitar que ocurran accidentes, en vez de limitarnos a reaccionar cuando ya han ocurrido.
En el contexto del proyecto separado de directiva por el que se establece un procedimiento de evaluación de la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilicen los aeropuertos de la Unión Europeo, nuestro objetivo ha de ser establecer un sistema de controles de seguridad análogo al de la supervisión por el Estado rector del puerto, vigente en el sector del transporte marítimo. En este sentido, un posible paso adelante en los aeropuertos más congestionados de Europa sería exigir a los operadores que demuestren que cumplen las normas de seguridad internacionales y también una prueba del cumplimiento de las normas en el país de origen.
Personalmente, yo tengo algunas reservas. La Comisión de Transportes y Turismo recomienda que la Unión Europea elabore una lista negra. En ésta figurarían las compañías de terceros países utilizadas por pasajeros europeos en cualquier parte del mundo y todas las compañías de terceros países que utilicen aeropuertos situados en la Unión Europea que no cuenten con sistemas adecuados de notificación y que no respeten las normas de la Unión Europea en materia de seguridad, con vistas a denegarles el permiso de aterrizar o despegar en la Unión Europea. La elaboración de cualquier tipo de lista negra de operadores entraña el riesgo inherente de medidas de represalia. A mi modo de ver, otro enfoque más conciliador sería prestar ayuda a las compañías de terceros países, sobre todo en relación con la utilización de sistemas de navegación por satélite y otras tecnologías modernas. También podría ser útil ofrecer asesoramiento al mundo en desarrollo en materia de normativa y de formación.
La organización europea competente en materia de seguridad de la aviación civil prevista debería establecer normas vinculantes en relación con los aspectos de seguridad de la aviación civil, particularmente por lo que se refiere al funcionamiento y mantenimiento de las aeronaves. También debe establecerse un sistema obligatorio de notificación de incidentes y un sistema confidencial europeo de notificación voluntaria de incidentes, y deben adoptarse igualmente medidas para reducir las lesiones en caso de accidente. Como un punto tal vez más controvertible, pedimos a los Estados miembros que coordinen todas las medidas que resulten necesarias para aumentar el grado de seguridad de los aeropuertos, incluida la inspección mediante rayos X de los equipajes y la prohibición de transportar equipajes que no vayan acompañados. Si bien esto se considera habitualmente competencia de los Gobiernos nacionales, el desastre de Lockerbie ha dejado inevitablemente una serie de interrogantes no resueltos en relación con la seguridad. Pedimos a la Comisión que observe el sistema estadounidense de publicación de información detallada sobre los aspectos relacionados con la seguridad y otros afines, y que introduzca disposiciones similares si lo considera pertinente. Debe exigirse a las agencias de viajes que indiquen el nombre de las compañías aéreas que operan los vuelos. Las medidas que proponemos, junto con un perfeccionamiento del sistema de control del tráfico aéreo, pueden contribuir a mejorar, a nuestro parecer, la seguridad aérea en toda la Unión Europea.
Yo tengo una reserva en relación con la enmienda presentada por el Grupo Socialista Europeo relativa a la admisión de equipajes personales en las cabinas de los aviones. Por mi experiencia, se trata de una norma internacional que las mujeres ya cumplimos. Quienes tienden a pasarla por alto son los hombres que realizan viajes de negocios. Quizás lo que deberíamos hacer es aplicar las normas que ya existen.
Yo invito a la Asamblea a que apruebe nuestras propuestas y quedo a la espera de la respuesta del señor Comisario.

Seal
Señora Presidenta, espero que no me considere descortés si no puedo felicitar a la ponente por su informe, ya que el que presentó en la Comisión de Transportes y Turismo aportaba realmente muy poco. No obstante, felicito a la Comisión de Transportes por las enmiendas que ha presentado y que ahora llenan de contenido el informe. Solamente no se adoptó una enmienda -la relativa a los equipajes de mano-, que ahora vuelve a presentarse a la Asamblea.
Todos estamos de acuerdo en que la seguridad aérea es un tema de creciente importancia: cada vez es mayor el número de personas que viajan en avión, no sólo por motivos de trabajo sino también en sus vacaciones. En el año 2010 se habrá duplicado el número de vuelos. Esta semana, la compañía Boeing ha estimado que, con este incremento, en esa fecha se producirá un accidente importante a la semana. O sea que es preciso que actuemos para mantener y mejorar las normas de seguridad.
La ponente, en su intervención, y la Comisión parecen estar obsesionadas con la liberalización. La liberalización no debe traducirse en una reducción de las normas de seguridad. La liberalización tiene que ser controlada. Se presentará otro informe sobre este tema y ahora no entraré en detalles. En mi propio país, British Airways constituye un ejemplo perfecto de lo que puede ocurrir con una liberalización incontrolada. Dicha compañía está reduciendo los costes de personal de cabina, en vez de aumentarlos. No tiene en cuenta los costes sociales. La compañía necesita más personal, que a su vez necesita mejorar su moral y una mejor formación y remuneración. Pero BA está decidida a reducir sus costes en un millardo de libras, al margen, a nuestro parecer, de las consecuencias que esto pueda tener para la seguridad. ¡Por fuerza ha de repercutir sobre la seguridad! British Airways redujo, por ejemplo, el número de puertas de emergencia de sus aviones para añadir más asientos y ahora está obligando a las filiales que ha absorbido en Francia a que reduzcan su personal. ¿Cómo puede hacerse esto sin que se vean afectados los niveles de seguridad?
Yo quisiera poner en conocimiento de British Airways, y en particular de su Presidente ejecutivo, y de las demás compañías el punto 16 del presente informe, donde se observa que: »para el mantenimiento de un alto nivel de seguridad, son esenciales los aspectos sociales, de salud profesional y de formación»; no las amenazas, la intimidación del personal y la prepotencia, que parecen caracterizar el nuevo enfoque en materia de gestión de British Airways. Tenemos que gastar más, y no menos, en seguridad.
También insto a las compañías aéreas a que adopten cuanto antes las recomendaciones del apartado c) del punto 13, sobre todo por lo que se refiere a la instalación de sistemas de protección de los pasajeros contra los humos, sistemas de aspersión de agua y cámaras externas. Esto podría hacerse en seguida.
Cuando la ponente intervino ante la Comisión de Transportes, afirmó que la instalación de sistemas de protección de los pasajeros contra los humos, con un coste de 40 libras esterlinas por asiento, resultaría demasiado costosa. Esto es absurdo cuando una aeronave nueva vale 100 millones de libras esterlinas. También debemos destacar que el punto 15 señala la obligación de inspeccionar por rayos X todos los equipajes y la necesidad de aumentar el grado de seguridad. La información más reciente sobre el accidente de Lockerbie sugiere que la bomba se introdujo, de hecho, en el avión en Heathrow, donde las medidas de seguridad son muy buenas. No debe haber más Lockerbies.
También me preocupa que la obsesión por la reducción de costes está obligando a los pilotos a trabajar ininterrumpidamente un número cada vez mayor de horas. Ahora es posible que un piloto trabaje 17 horas sin interrupción, por ejemplo en el caso de un vuelo de ida y vuelta de Manchester a Luxor. Esto es inaceptable. Necesitamos normas comunes que regulen los horarios de trabajo de las tripulaciones de los aviones y el personal de cabina, no sobre la base de consideraciones de coste, sino de seguridad.
Finalmente, yo estoy de acuerdo con la ponente en que debemos eliminar la posibilidad de que el transporte aéreo siga el ejemplo del transporte marítimo y utilice pabellones de conveniencia para las aeronaves y tripulaciones. No debe permitirse la entrada en la Unión Europea de ninguna aeronave que no cumpla todas las disposiciones en materia de seguridad y el mismo criterio debe aplicarse a las tripulaciones. Debemos apoyar la elaboración de una «lista negra» de las compañías poco seguras. A la vista del aumento del tráfico aéreo, ha llegado el momento de establecer unas normas en materia de seguridad. El Parlamento Europeo no está dispuesto a aceptar que se cumpla la predicción de Boeing de un accidente importante por semana.

Stenmarck
Señora Presidenta, permítame empezar agradeciéndole a la Sra. McIntosh el inmejorable trabajo que ha realizado para la elaboración de este informe.
Los diputados del Parlamento Europeo viajamos mucho. Cada vez son más las personas que también lo hacen. Una consecuencia de la sociedad moderna es que la actividad laboral se desarrolle en puntos diversos. Como consecuencia de ello, ha aumentado también de un modo espectacular el número de vuelos aéreos. Como se ha dicho anteriormente, los vuelos doblarán su cifra actual en el año 2010. Se trata en muchos aspectos de un desarrollo positivo que abre nuevas posibilidades para muchas personas. No obstante, hay que ser consciente de que también entraña nuevos riesgos, riesgos que debemos contribuir a hacer que sean mínimos.
A lo largo de muchos años ha ido disminuyendo el número de accidentes aéreos en no poca medida a causa del desarrollo tecnológico. En 1996 se rompió esta tendencia, sobre todo como consecuencia de unos accidentes muy graves. Lo importante es contribuir a que éstos no se conviertan en una tendencia anual sostenida. Si sucede como ha dicho ahora el Sr. Seal, que con la evolución que se está registrando nos arriesgamos a llegar a un estado de cosas que haga que se produzca un accidente aéreo grave por semana, ésta es una evolución que evidentemente impresionará a muchos ciudadanos. Evitarla representa un desafío gigante para las personas que construyen aeronaves. Es un desafío que los constructores toman muy en serio, pero también es algo en lo que podemos influir, sobre todo a través del fortalecimiento de los trabajos de prevención.
Quiero destacar dos cosas con respecto a estos trabajos. La primera hace referencia a la grave falta de capacidad. Ésta es la situación hoy por hoy, y con el doble de vuelos a 12-13 años vista empeorará aun más. En parte podrá mejorarse con un desarrollo tecnológico continuado, pero será necesaria la ampliación de la capacidad de los aeropuertos si queremos que aumente el acceso a las franjas horarias al mismo ritmo que la demanda.
El segundo punto que considero importante es la inclusión del factor de la seguridad como aspecto de la competencia entre las empresas aeronaúticas. Actualmente compiten en materia de precios, horas de despegue y servicio a bordo. En el futuro se trata de hacer que compitan en materia de seguridad. He recibido el apoyo de la Comisión de Transportes para una propuesta de intercambio de información entre diversas compañías con respecto a los trabajos que realizan con objeto de aumentar la seguridad. Se trata de información sobre formación y entrenamiento de pilotos, sobre la edad media de las naves, y sobre accidentes e incidentes de diversas clases. Esto ya se hace en Estados Unidos, pero no en Europa. No obstante, creo que no faltan motivos para ello.

Ainardi
Señor Presidente, suscribo los objetivos fijados por el informe de la Sra. McIntosh con vistas a mantener un grado de seguridad lo más elevado posible con el empleo de personal cualificado y la utilización de equipos seguros. Comparto también las preocupaciones relativas al aumento ininterrumpido de la demanda de transporte aéreo, que ejerce una presión nueva sobre la seguridad.
En efecto, no se puede aceptar el riesgo previsible de un accidente grave por semana de aquí a veinte años si permanecemos en el nivel de seguridad actual. Conviene identificar correctamente las causas profundas de las amenazas que pesan sobre la seguridad. No podemos atenernos sólo al respeto por las normas internacionales y hacer responsables a las compañías extraeuropeas, no podemos ignorar las decisiones que imperan desde hace varios años en materia de política de transportes.
¿Cómo se puede hablar de seguridad sin extraer todas las consecuencias de la política de liberalización? A golpe de reestructuraciones, de desregulaciones, las compañías aéreas están inmersas en una perspectiva de guerra económica con efectos desastrosos sobre el empleo. La exacerbación de la competencia lleva a multiplicar los vuelos y el número de compañías aéreas, lo que satura la capacidad de los aeropuertos y amenaza la seguridad de los pasajeros y los residentes, en proporciones que nada tienen que ver con el aumento del número de pasajeros. De ello resulta igualmente una degradación de las condiciones de trabajo, una precarización creciente y el descenso del nivel de formación.
Comparto las preocupaciones de los empleados y de los usuarios, comprendo las luchas que mantienen los empleados, sobre todo los de British Airways, que vive sus primeras grandes huelgas frente al proyecto de reducción de un 30 % de sus costes salariales. El transporte aéreo europeo necesita más que nunca verdaderas cooperaciones entre compañías regidas por criterios de servicio público que únicamente son compatibles con una fuerte exigencia de seguridad.
Finalmente, la seguridad aérea tiene necesidad de transparencia y de democracia. Los empleados y sus representantes, los usuarios, los representantes electos, deben disponer de nuevos derechos de intervención en las decisiones comerciales. En esta óptica, la puesta en marcha necesaria de una organización europea de seguridad debería tomar muy en consideración estas exigencias, sin por ello sustituir a las estructuras nacionales encargadas de asegurar el control del cielo.

Taubira-Delannon
Señora Presidenta, el transporte aéreo se ha democratizado considerablemente. Ha entrado en la era del consumo de masas y, al hacerlo, ha sufrido los riesgos de la ley de los grandes números, con defectos técnicos, servicios a veces insuficientes, un entorno a veces perjudicial, que se traducen en desviaciones. Salvo que, en este caso, las consecuencias son terribles porque se miden en pérdidas de vidas humanas.
Por consiguiente, tenemos la obligación moral de trabajar para que, lo más rápidamente posible, se reúnan las condiciones de máxima seguridad, y ejercer las presiones necesarias para provocar un alineamiento por arriba. Estas presiones deben afectar a las mejoras técnicas y a las transferencias de tecnología, ello es cierto hasta tal punto que los países con retraso en su desarrollo tienen una tasa de accidentes e incidentes preocupante. Ahora bien, la vida humana tiene el mismo valor en todos los puntos del planeta. Estas presiones deben igualmente afectar a la formación de las tripulaciones constantemente renovada y del resto del personal, y unas condiciones de trabajo compatibles con las mejores cualidades técnicas. Ahora bien, la deslocalización que se observa en algunos contratos, principalmente en puestos cualificados, participa del dumping social.
Esta estrategia comunitaria es bienvenida, porque una estrategia no es ni un puñetazo sobre la mesa ni un grito de angustia que se perdiera en las arenas de nuestras contingencias cotidianas. Es el compromiso de una acción reflexiva y continua que fija objetivos, precisa medios y procede a evaluaciones. El informe de la Sra. McIntosh trabaja en el sentido correcto, con argumentos pertinentes. La propuesta de directiva sobre la seguridad de las aeronaves extranjeras, de la que mi colega González Triviño es ponente, se le puede añadir con toda utilidad.

Lüttge
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, el 7 de febrero del año pasado 189 personas perdieron la vida ante la costa dominicana como consecuencia de la caída de un avión de la Birgen Air. No es la primera vez que debatimos en el Parlamento Europeo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad aérea. En el presente caso, el Sr. Brian Simpson y yo tomamos este accidente como motivo concreto para presentar el pasado año, exactamente una semana después, una propuesta de resolución en el Parlamento que se trató una semana más tarde en la Comisión de Transportes y Turismo.
En mi intervención voy a limitarme a exponer lo que resultó de aquellas sugerencias. Puedo decir que un año y medio después de aquella iniciativa parlamentaria hemos avanzado un buen trecho gracias a la positiva cooperación entre Comisión, Parlamento Europeo y Consejo. Este último ha recogido los elementos más importantes, lo que expuso claramente en su reunión del 17 y 18 de junio de este año en Luxemburgo.
En la mencionada propuesta de resolución exigimos también que se elaborase una lista negra. Pero creo que lo importante no es qué nombre se dé a este documento en el que se expongan los pecadores y sus pecados. El Consejo se ha puesto de acuerdo en solicitar el asentimiento del Parlamento. La posición común para aceptar una regulación de este tipo se podrá aprobar en el otoño de este año. Se expondrá una lista de fallos constatados en los controles de tierra de las máquinas sospechosas. Creo que esto representa un gran paso. La publicación de una lista negra tendría sin duda unos efectos intimidatorios.
Lo que nos falta expresamente en la formulación es la posibilidad de realizar también controles a aviones de los Estados miembros de la Unión Europea. No obstante, la Comisión ha emitido una declaración al respecto y esta es, señor Comisario, el Reglamento 3922/91 que aún se podría cambiar. Señor Comisario, le rogaría que emita una declaración sobre si estas cosas se han puesto entretanto en marcha, de modo que todos los aviones que despierten alguna sospecha en los controles sobre el suelo -incluyendo los de terceros Estados y ante todo los de la Unión Europea- se puedan realmente controlar.
Hemos expuesto aún un tercer punto, consistente en la obligación de las agencias de viajes de indicar en sus catálogos con qué compañías aéreas se realizan los vuelos. Señor Comisario, en nombre también de mis colegas, desearía que se impulsase todo esto. En muchas empresas, se realiza ya voluntariamente.
Señor Comisario, se debería comprobar si existen deficiencias de seguridad en terceros Estados y en los contratos bilaterales con terceros Estados. Sé que, entretanto, se ha encargado a la Comisión que se ocupe de un sector parcial, pero debería ampliarse a todos los tratados bilaterales.

Cornelissen
Señora Presidenta, el transporte aéreo tiene fama de ser una modalidad de transporte especialmente segura. Sobre todo las compañías aéreas europeas tienen una excelente hoja de servicios. Sin embargo, hay razón para preocuparse y por tanto para tomar medidas. El año 1996 fue el peor hasta ahora en la aviación civil, con 1.600 muertos. En general se prevé que en los próximos diez años la aviación casi se duplique, y la industria aeronáutica europea ha declarado que, manteniendo el actual nivel de seguridad, dentro de 20 años habrá un promedio de un desastre aéreo por semana. Es algo que no podemos ni debemos aceptar. Para dar una buena respuesta a este reto es esencial adoptar un enfoque conjunto entre todos los implicados y explotar plenamente avances tecnológicos como los sistemas de navegación por satélite. La comunicación de la Comisión supone un buen impulso, así como el informe del Sr. McIntosh. Quiero felicitar a ambos por ello.
Quisiera examinar tres cuestiones. En primer lugar, la creación de una organización europea para la seguridad de la aviación. Me agrada mucho la idea, a condición de que en la elaboración se garantice el dinamismo y la eficacia, y se excluya una burocracia excesiva. Quisiera preguntarle al Comisario si esta organización también se ocupará de la seguridad del tráfico aéreo militar. Le remito al trágico accidente que tuvo lugar el año pasado en el aeropuerto de Eindhoven con un aparato militar. La investigación ha demostrado que muchos de los ocupantes fallecidos seguramente habrían podido salvarse si los bomberos hubieran sabido cuántas personas había a bordo.
En segundo lugar, la seguridad en torno a los aeropuertos. Para poder hacer frente al crecimiento previsto de la aviación será necesario ampliar la capacidad de los aeropuertos. Para ello es preciso contar con una base de apoyo suficiente en la población. ¿Considera el Comisario que aquí hay una tarea para la Comisión? En conexión con esto, quisiera preguntarle si considera que la ampliación de los aeropuertos existentes y la selección de nuevas ubicaciones, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, ha de dejarse totalmente en manos de los Estados miembros. Lo pregunto porque tales decisiones pueden tener consecuencias importantes, en especial para los países vecinos. Estas cuestiones son actuales; le remito, por ejemplo, a los debates sobre el futuro del aeropuerto de Amsterdam (Schiphol). Agradecería que el Comisario diera su opinión al respecto, ahora o en otra ocasión.
Mi última cuestión, la seguridad en el espacio aéreo de la antigua Unión Soviética. Las noticias procedentes del mundo de la aviación hacen que me preocupe mucho por la seguridad del espacio aéreo de la antigua Unión Soviética. Quisiera pedir al Comisario que prestara una atención especial a esta cuestión y quiero preguntarle si puede comunicar si sus numerosas conversaciones en la conferencia paneuropea de Helsinki, concretamente con las autoridades rusas, ofrecen perspectivas de mejora a corto plazo. Pienso que es muy necesario, señora Presidenta.

Sindal
Señora Presidenta, se han dicho muchas cosas sensatas esta noche, así que iré directamente al grano. Para mis vacaciones de agosto, señor Comisario, cabe las posibilidad de que piense en irme a Guatemala, a Austria, a Rusia o a China. No obstante, al examinar la lista de las compañías aéreas con las peores calificaciones, veo que proceden de esos países. Un estudio puede, obviamente, ser subjetivo, pero hemos logrado que se elabore una lista de las peores compañías. Éste es un tema. El otro es lo que hemos oído al Sr. Cornelissen, es decir, que en el debate en la Comisión de Transporte se ha hecho hincapié en que existen problemas. Por eso, no podemos limitarnos a decir que no pasará nada y que lo único que falta es cierta liberalización, etc. Hablamos de near misses y problemas con el air traffic control en casi todas las reuniones, pero tenemos una liberalización que está presionando a las tripulaciones. Los pilotos tienen en realidad -y no se trata de un cuento- peores condiciones de trabajo que los camioneros de largo recorrido en las carreteras europeas. En algunos casos trabajan, como se ha dicho, 17 horas. Algo que no puede hacer un camionero de largo recorrido.
A la Sra. McIntosh quiero decirle que la liberalización es una buena cosa, y le doy la bienvenida, pero hemos de tener en cuenta que antes había un avión que volaba de A a B y que quizás estaba siempre lleno, mientras que tenemos ahora tres aviones en esa misma ruta que quizás sólo se llenan a medias. Esto tiene un costo tanto en cuanto a las tripulaciones como al medio ambiente, etc. Sabemos también que un número cada vez mayor de aviones desechados están volando.
El tercer tema que quiero mencionar quizá sea nuevo para algunos. Me refiero a la contaminación en los aeropuertos. Una compañía danesa gasta anualmente 25 millones de ecus en eliminar la suciedad que se mete en los motores de sus aviones. Esta suciedad provoca aterrizajes de emergencia, y entre los aeropuertos con este problema cabe mencionar los de Newark, Heathrow y Milán. Se encuentran por debajo de la media en cuanto a limpieza. A las compañías aéreas les cuesta entre 25.000 y 80.000 ecus al día tener un avión fuera de servicio, así que la liberalización presenta muchas caras.
Quizás el texto publicado recientemente sobre las compañías aéreas del mundo no deba ser considerado una blacklist o lista negra, o como se llame en las distintas lenguas. Acaso sirva únicamente de escarmiento. Pero cuando compañías del renombre como Air France o British Midlands no sacan nada más que una nota media, quizás haya motivos para dar también la alarma en Europa.
Se han expuesto muchas buenas ideas hoy. No las voy a repetir. Me limitaré a dar la bienvenida a la iniciativa de la Comisión y a subrayar que la apoyo en este proyecto, al igual que, obviamente, a la ponente.

Simpson
Señora Presidenta, yo agradezco la comunicación de la Comisión. Conviene recordar que éste es uno más de los muchísimos que se han presentado en relación con la seguridad aérea. Es preciso insistir en la necesidad de que al debatir el tema de la seguridad aérea en general consideremos todo el paquete de disposiciones relativas a la aviación y la totalidad de los informes elaborados por la Comisión.
En el breve tiempo que me ha sido asignado esta noche, yo quisiera destacar un problema cada vez más grave que afecta a la seguridad aérea, a saber, el volumen de equipaje que se transporta en las cabinas.
Yo congratulo a la ponente y a la Comisión de Transportes y Turismo por haber abordado determinados problemas que afectan a la seguridad aérea, pero pienso que no han abordado el problema de los equipajes de mano, un problema que tanto las compañías aéreas como la tripulación de cabina no sólo reconocen que existe, sino que actualmente también es motivo de preocupación. La ponente tiene razón: ya existen normas relativas al equipaje de mano. Éstas estipulan el peso y tamaño máximos autorizados y que sólo se autorizará una pieza de equipaje por pasajero, además de los bolsos de mano o un maletín de equipo fotográfico, por ejemplo. El motivo de estas normas es que el equipaje de mano no debe obstaculizar o restringir los movimientos de los pasajeros en el caso de una evacuación de emergencia.
Lo que ahora debemos preguntarnos es por qué las compañías aéreas y las autoridades nacionales de aviación civil no aplican sus propias normas con tanta frecuencia. Este incumplimiento compromete la seguridad y puede poner en peligro la vida de las personas. Mi enmienda no propone, por lo tanto, nuevas normas. Sencillamente pide que se apliquen las existentes. En estos momentos es posible embarcar legalmente en un avión llevando lo que sea, hasta el fregadero de la cocina, sin que nadie se oponga. Si uno viaja en business class es posible que consiga embarcar con dos fregaderos, un ordenador portátil, una funda para trajes, las compras de la tienda libre de impuestos, una cartera y una bolsa de deporte y ocupar todo un compartimiento de equipajes si ha sido el primero en subir al avión, abriéndose paso a codazos para obtener ese privilegio.
El exceso de equipaje de mano, particularmente de los hombres de negocios y las mujeres, está alcanzando proporciones epidémicas y compromete la seguridad, y no se puede tolerar. Las normas son claras y deben aplicarse. Las compañías aéreas tienen el deber de garantizar que así se haga y los diputados del Parlamento Europeo, en su calidad de legisladores, tienen la responsabilidad de procurar que ellos mismos no puedan ser acusados de embarcar literalmente de todo, incluido el fregadero de la cocina, en la cabina del avión, como lamentablemente hacen muchos de nuestros colegas.
Mi enmienda sólo recuerda sus responsabilidades a las compañías aéreas y las autoridades nacionales de aviación civil.

Kinnock, Neil
Señora Presidenta, permítanme ante todo que exprese mis condolencias al Sr. Simpson, como sin duda usted también desea hacer, por su grave herida en la sien. Yo sólo querría aclararle, señora Presidenta, en su calidad de francesa, que según tengo entendido el Sr. Simpson sufrió esta herida mientras practicaba el críquet que, como todo el mundo sabe, es un juego decoroso y de habilidad que suele ser practicado por caballeros y damas. Sin duda Su Señoría, el Sr. Simpson, también constituye una excepción a esa norma.
Permítanme que exprese mi agradecimiento al parlamento y, en particular, a la ponente, Sra. McIntosh, por el excelente trabajo realizado, y que congratule igualmente a la Comisión de Transportes, no sólo por su sólido informe, sino también por su iniciativa de organizar una audiencia sobre la seguridad aérea, donde todas las partes implicadas tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones en relación con este tema tan importante y, de hecho, vital. Obviamente acojo con satisfacción el gran respaldo del informe a la estrategia de la Comisión para mejorar la seguridad aérea y también las sugerencias para seguir avanzando en las iniciativas que proponemos, así como en varias otras iniciativas, también relacionadas con la seguridad aérea, que no figuraban en nuestra comunicación.
Como señala el informe, ya se han iniciado los trabajos en relación con varias de las iniciativas que se describen en la comunicación de la Comisión. El ejemplo más visible es el nuevo proyecto de directiva por el que se establece un procedimiento de evaluación de la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilizan los aeropuertos de la Comunidad. Dicho proyecto era una de las principales iniciativas de acción inmediata que anunciamos y ya se ha remitido Parlamento Europeo y al Consejo. También estamos tomando en consideración las prioridades expresadas por el Parlamento y a las que se ha referido, por ejemplo, el Sr. Lüttge en el curso del debate. Por lo tanto, estamos trabajando con ahínco en la creación de una futura autoridad europea de seguridad aérea, en el establecimiento de sistemas europeos de notificación de incidentes, en la preparación de una cláusula de seguridad que deberá incluirse en nuestros futuros acuerdos con terceros países en materia de aviación y, evidentemente, estamos desarrollando negociaciones con los países de la Europa central y oriental que han solicitado la adhesión a la Comunidad. Estamos dedicando grandes esfuerzos a examinar con todas las partes relevantes el controvertido tema de la duración de los turnos de servicio que ha planteado el Sr. Seal, entre otros oradores, y también a impulsar acciones que garanticen una formación sistemática y rigurosa de la tripulación de cabina en todos los aviones de pasajeros. Yo espero que podremos seguir contando con el bienvenido apoyo y aliento de la Asamblea en estos y otros ámbitos.
Yo quiero manifestar a la Asamblea que comparto la convicción de Sus Señorías en cuanto al derecho de los consumidores a disponer de información que les permita escoger los medios de transporte y los operadores más seguros. Y obviamente es necesario organizar debidamente la difusión de este tipo de información. Sin embargo, es esencial que el procedimiento escogido sea el más eficaz para ofrecer una información que sea de utilidad para el viajero europeo y yo no estoy seguro de que la mejor manera de cumplir este objetivo sea la difusión al azar de información no matizada sobre todos los incidentes menores o el establecimiento de una llamada «lista negra» de operadores. Como la Asamblea posiblemente ya sabe, en ningún lugar del mundo existe una «lista negra». Sólo en Estados Unidos se publica una lista y ésta clasifica a las autoridades de aviación de los países en función de la capacidad de cumplimiento de sus obligaciones de supervisión en materia de seguridad. Afortunadamente, los accidentes aéreos no son frecuentes en relación con el número de viajes o de los millones de millas recorridas por viajero, pero nadie puede atreverse a vaticinar quién tendrá el próximo accidente y quién tendrá un historial sin mancha en el futuro. Por lo tanto, yo espero que, si lo reflexionan, Sus Señorías estarán de acuerdo en que el enfoque de la «lista negra» no ofrecería la precisión, ni tampoco el detalle, necesarios para proporcionar a los usuarios una información fidedigna y significativa. Si bien reconozco la rectitud de las intenciones de quienes se han manifestado en favor de una «lista negra», yo confío que comprenderán que las consideraciones prácticas son de demasiado peso para que tengan posibilidades de llevar adelante este enfoque.
El informe también menciona varias otras cuestiones relacionadas con la seguridad, como algunas medidas para mejorar las posibilidades de supervivencia y reducir las lesiones en caso de accidente. Yo puedo confirmar a la Asamblea que la Comisión ha apoyado activamente las actividades de investigación en este ámbito y obviamente continuará haciéndolo. Varias otras nuevas sugerencias del informe, como el establecimiento de una base de datos europea de los obstáculos próximos a los aeropuertos, la prevención del tráfico ilegal de piezas de recambio no autorizadas, que es una práctica letal, o la elaboración de un reglamento técnico por el que se establezca el número máximo de pasajeros y la carga máxima que podrá transportar una aeronave, son todas cuestiones de las que actualmente se ocupan las autoridades nacionales, en la Unión Europea y en todo el mundo. No obstante, la Comisión continúa interesándose, obviamente, por estos temas y estaría preparada para actuar en caso de necesidad, siempre que se cumplan, naturalmente, los requisitos de la subsidiariedad.
El informe también se ocupa del tema muy importante de las medidas de seguridad en los aeropuertos, incluida la inspección por rayos x de los equipajes, pero como ya se señala acertadamente, este tipo de actuaciones forman parte del llamado tercer pilar del Tratado de Maastricht y deben contemplarse en el contexto más amplio de la cooperación policial.
La Comisión continuará impulsando las iniciativas ya iniciadas y se propone ocuparse en el futuro de varias otras cuestiones relacionadas con la seguridad. Participaremos en los esfuerzos colectivos de la industria aeronáutica para intentar garantizar la máxima seguridad posible en el transporte aéreo para nuestros ciudadanos y para todas las personas, y naturalmente también procuraremos contribuir a la protección del bienestar de las personas que residen en las proximidades de los aeropuertos. En estas actividades, como en el resto, continuaremos agradeciendo muchísimo el apoyo y las ideas innovadoras de los diputados de este cámara, tal como quedan patentes una vez más en el informe que acabamos de debatir esta noche.

Cornelissen
Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Comisario por su respuesta. Comprendo que no haya podido responder a todas las preguntas. ¿Puedo confiar en que contestará por escrito a las preguntas que aún no ha contestado? Le agradecería que me diera una respuesta.

Kinnock, Neil
Sí, señora Presidenta, así lo haré, tal como tengo por costumbre.

El Presidente
Muchas gracias, Sr. Comisario Kinnock.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Acceso a la profesión de transportista
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-238/97) de la Sra. Berger, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(97)0025 - C4-0087/97-97/0029(SYN)) por la que se modifica la directiva 96/26/CEE relativa al acceso a la profesión de transportista de mercancías y de transportista de viajeros por carretera, así como al reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos destinados a favorecer el ejercicio de la libertad de establecimiento de estos transportistas en el sector de los transportes nacionales e internacionales.

Berger
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas que aún tienen la paciencia de estar con nosotros. El ramo del transporte se ha convertido hoy como ningún otro en un auténtico ramo europeo. Con la liberalización del cabotaje en el transporte de mercancías, el 1 de julio de 1998 habremos completado en este sector las condiciones del mercado interior y existirá un acceso ilimitado al mercado en toda la Unión. Esta es la causa directa de esta propuesta de directiva y del mayor nivel de armonización que se persigue con ella.
En los últimos años han cambiado también de modo determinante otras condiciones marco para el ramo del transporte, cambios ante los que reacciona esta propuesta de directiva. Unos nuevos modos de gestión y de producción en la industria y en el comercio al por menor, junto con unas estrategias just in time han hecho que aumente la demanda de transportes rápidos, flexibles y de alta calidad unidos a sistemas logísticos ampliamente ramificados y sofisticados de modo que el volumen de los envíos es siempre menor pero, en contrapartida, la frecuencia de los suministros es mayor.
De este modo se ha llegado a un desplazamiento del transporte por cuenta propia a un transporte de mercancías por cuenta ajena y a oferentes cada vez mayores que ofrecen también servicios de transporte y de logística. En consecuencia, por motivos de flexibilidad y de ahorro de costes, se han multiplicado también subempresas pequeñas que se han hecho cargo del transporte con camiones pequeños también en el tráfico transfronterizo.
Entretanto, también el sector público plantea unas mayores exigencias al sector del transporte en lo tocante a la protección del medio ambiente, la seguridad técnica y la observancia de las normas sociales. Es también un hecho que las empresas de terceros Estados, en especial las de la Europa central y oriental, compiten cada vez más intensamente con empresas de la Unión en el territorio de la Unión Europea. Por ello, sugiero que se examine al margen de la directiva concreta hasta qué punto se pueden dar pasos concretos mediante los Acuerdos Europeos existentes con estos países antes de su ingreso para incluirlos paso a paso en las normas de la UE también en este campo.
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ha saludado expresamente todas las medidas de armonización propuestas por la Comisión -el aumento de las exigencias de capacidad financiera, la fiabilidad personal y la competencia profesional-, así como la ampliación del ámbito de aplicación de esta directiva. Como ponente, me he permitido introducir algunas enmiendas que han sido apoyadas también por la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se refieren fundamentalmente a la inclusión de las normas sobre el transporte de animales en la valoración de la fiabilidad personal del empresario de transportes.
Aunque el conocimiento de las disposiciones relativas al transporte de animales vivos figura en la directiva como objeto de examen, sin embargo no constituye uno de los supuestos que en caso de infracción puede conducir a un no reconocimiento o revocación de la licencia de transportista. Esto coloca a las normas sobre el transporte de animales detrás de otras normas, lo que no me parece justificado.
Nuestra comisión y la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo han tocado otro tema que es muy importante para mí. En su informe, ha indicado muy claramente que los transportistas y empresas de transporte, a sabiendas o no, son con frecuencia protagonistas de prácticas fraudulentas contra el régimen de tránsito comunitario. Por este motivo, con esta directiva se pretende garantizar que las empresas de transporte estén perfectamente informadas sobre las normas pertinentes y que en caso de infracciones repetidas se les pueda retirar la licencia.
También me he permitido presentar algunas propuestas para determinar mejor los conceptos de «capital» y «reservas» así como algunas otras modificaciones de carácter jurídico-técnico. Como ponente apoyo las enmiendas nº 1 hasta 14 de la Comisión de Asuntos Jurídicos pero no la nº 15 hasta 17.
Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento a los colaboradores de la Comisión y de la Secretaría. Este es el primer informe que presento al Parlamento Europeo, por lo que sería de gran importancia para mí obtener su apoyo.

El Presidente
Muchas gracias, Sra. Berger, y la felicito, ya que se trata de su primer informe.

Sindal
Señora Presidenta, la presente propuesta es una consecuencia de los avances logrados con la aplicación de un mercado común en materia de transporte por carretera. Es un tema que interesa mucho a la Comisión de Transporte. La posibilidad de un transportista profesional de actuar en igualdad de condiciones es de importancia vital para la realización del mercado único y para miles de transportistas. La competencia tan sólo es tal si se ejerce en igualdad de condiciones. Ya era hora de que tuviésemos normas iguales. La presente propuesta incluye buenas y malas noticias. Las malas son, entre otras cosas, que la propuesta está dirigida a las autoridades y a su control de las empresas de transporte. Esta es la parte de la propuesta que no me convence. La Comisión considera que el transporte se realiza a intervalos regulares y fijos. En mi opinión, debe haber un control flexible y continuo. Me parece que esta propuesta sobra y que limita el ejercicio de control de las autoridades. Me parece además una mala idea diferenciar el requisito de capital en función del peso del vehículo. Estoy en contra de ello.
La parte buena es que ahora habrá un esfuerzo a nivel comunitario que será decisivo para evitar la distorsión de la competencia. La propuesta que estamos debatiendo hoy abrirá el camino para un aumento de las exigencias financieras y profesionales. Favorecerá, por lo tanto, al medio ambiente y a la seguridad vial. La propuesta de la Comisión exige asimismo más a los transportistas; tienen, por ejemplo, que ser honestos. El requisito de honorabilidad no se ha cumplido cuando un transportista es condenado por una infracción grave de la legislación vigente o por una serie de infracciones leves reiteradas. Lo novedoso es que las infracciones de las normas sobre protección del medio ambiente y responsabilidad profesional sean consideradas infracciones en relación con el transporte. Esto merece un aplauso. Ya era hora de que ampliásemos la ley, de forma que no incluya únicamente los actos delictivos clásicos, sino también las infracciones de las normas relativas a la protección del medio ambiente y al tiempo de conducción y de descanso. La honorabilidad y el transporte de alta calidad están estrechamente relacionados. Parte del transporte por carretera lo ha notado este año. El régimen de tránsito común no funciona muy bien.
Otro exigencia a los transportistas es que sean profesionalmente competentes. Tienen que presentarse a una prueba escrita de competencia. La presente propuesta incluye una determinación y una internacionalización de los temas que los candidatos tienen que conocer. Este apartado merece alabanza.
Estoy, por lo tanto, de acuerdo en que hacen falta normas comunes para el transporte, el medio ambiente y el tiempo de trabajo en la Unión. Las buenas noticias de la presente propuesta sobrepasan con creces las malas. Por eso apoyo el informe, que me parece excelente, y quiero felicitar a la ponente por él.

Kinnock, Neil
Yo quiero expresar mi enorme gratitud al Parlamento por el trabajo que han realizado la Sra. Berger y sus colegas en relación con esta iniciativa destinada a establecer criterios más rigurosos para el acceso a la profesión de transportista por carretera, con vistas a armonizar la aplicación de los tres principales criterios y ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva. También quiero felicitar a la Sra. Berger por su competente primer informe, sobre todo habida cuenta de que es diputada del Parlamento desde hace sólo nueve meses. ¡Quién sabe de lo que será capaz dentro de 18 meses! Quedamos a la espera de sus futuros trabajos.
Es una satisfacción para mí poder aceptar, por lo tanto, varias de las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. En primer lugar, aceptaré gustoso las enmiendas que contribuyen a la claridad del texto y a la coherencia de la propuesta en todas sus versiones lingüísticas. Por consiguiente, aceptaremos las enmiendas 4, 8, 9, 10 y 11, con algunas pequeñas modificaciones en los casos oportunos.
En segundo lugar, mi posición en relación con algunos de los elementos incluidos en las enmiendas 1 y 3 es favorable, toda vez que la Comisión ha manifestado el propósito de establecer «listas negras» en otros ámbitos aparte del de la agricultura, aunque debo decir que no en el caso de la aviación civil. Estoy dispuesto a aceptar la referencia adicional a la lucha contra el fraude en la Comunidad y al régimen de tránsito común. Es importante volver a subrayar la determinación de la Comisión de combatir el fraude en este sector y su deseo de eliminar a los «piratas» en el curso de esta legislatura.
También estoy dispuesto a aceptar la parte final de la enmienda 1 y la parte correspondiente de la enmienda 3, que piden que para determinar si se han producido infracciones leves reiteradas, se tome en consideración el número de viajes efectuados por la empresa de que se trate. Sin embargo, no puedo aceptar la referencia al transporte de animales vivos que figura en las enmiendas 1 y 3. Ya existen normas comunitarias relativas a la protección de los animales vivos durante el transporte y los Estados miembros ya pueden adoptar medidas en el contexto de la aplicación de las disposiciones de la correspondiente Directiva.
La Comisión tampoco puede aceptar la incorporación de una referencia a los tribunales administrativos. Dadas las diferencias entre los sistemas judiciales de los Estados miembros, con sanciones penales ya muy distintas, la inclusión de las sanciones administrativas sólo contribuiría a acentuar las discrepancias entre los Estados miembros, en perjuicio de los operadores.
La Comisión puede hacer suya la enmienda 7, que permite una cierta flexibilidad en relación con las empresas que sufran dificultades financieras temporales en el momento de evaluar el cumplimiento del requisito de capacidad financiera, si bien tal vez será necesario modificar un poco el redactado con objeto de eliminar cualquier duda en relación con este tema.
A la Comisión no le es posible aceptar algunas enmiendas. Las enmiendas 2, 5 y 14 modifican el período de aplicación del Acuerdo transitorio en Austria, Finlandia y Suecia a fin de tener en cuenta su pertenencia al Espacio Económico Europeo. No obstante, yo considero que el período transitorio debe ser consistente con el aplicado con anterioridad a otros nuevos Estados miembros y, por lo tanto, debe calcularse teniendo en cuenta su fecha de adhesión a la Unión Europea.
La enmienda 6 -que presume que no podrá exigirse la repetición de la prueba de competencia a los candidatos que ya hayan satisfecho en una ocasión el requisito de competencia profesional- se basa en una interpretación errónea de la propuesta de la Comisión. Nuestra propuesta simplemente establece que los Estados miembros deberán comprobar que las empresas empleen en un puesto directivo a una persona que cumpla el requisito de competencia profesional. Por lo tanto, no hay lugar para la preocupación que ha motivado la enmienda y yo espero que, por consiguiente, se retire dicha enmienda.
Las enmiendas 12 y 13 tienen por objeto definir de manera detallada un aspecto de los conocimientos que deberán adquirirse en el curso de la formación para realizar la prueba de competencia profesional. Yo tengo que decir que estas enmiendas añaden excesivos detalles y exigirían a los candidatos unos conocimientos exageradamente detallados sobre un aspecto de la legislación aduanera especializada. Por consiguiente, por consideraciones prácticas y de equidad, no puedo aceptar estas enmiendas.
Las enmiendas 15, 16 y 17 proponen todas ellas la supresión de referencias a las infracciones leves, con vistas a que éstas no se tengan en cuenta al considerar la honorabilidad de un operador. Es evidente que esto se contradice con la línea del proyecto, cuyo objetivo es establecer normas de admisión más rigurosas y excluir a los operadores que sistemáticamente incumplan o hagan un uso abusivo de la ley. Yo comprendo los motivos de la permisividad de quienes han propuesto estas enmiendas, pero cualquier disposición que permita que se cometan infracciones leves reiteradas debilitaría obviamente el proyecto y generaría inconsistencias e injusticias entre las legislaciones de los Estados miembros. Por consiguiente, me veo obligado a rechazar dichas enmiendas.
El informe de la Sra. Berger examina detallada y meticulosamente los problemas que se plantean en relación con este tema. Contribuye de manera positiva y constructiva a la iniciativa de la Comisión y aporta, de hecho, percepciones innovadoras de una comisión parlamentaria que no se ocupa habitualmente de los temas relacionados con el transporte. Todos compartimos el deseo de mejorar las normas aplicables a los operadores de servicios de transporte por carretera en el interior de la Unión, reducir las disparidades existentes entre los Estados miembros y desarrollar un conjunto coherente de criterios que garanticen que sólo permanecerán en el mercado los operadores honorables que ofrezcan servicios de alta calidad, en interés de sus clientes y de la sociedad en general. Por lo tanto, yo acojo con satisfacción el apoyo del Parlamento en este esfuerzo y espero que éste tenga continuidad.
Doy las gracias a la Asamblea por su atención y a los intérpretes por sus servicios.

El Presidente
Somos nosotros los que le damos las gracias, señor Comisario Kinnock.
El debate queda cerrado.
La votación del informe de la Sra. Berger tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.35 horas)

