Reanudación del período de sesiones
El Presidente.
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 30 de enero de 2003.

El Presidente.
El pasado sábado, el Sr. Joseba Pagazaurtundua, jefe de la policía municipal de una localidad del País Vasco español, fue asesinado a tiros por un terrorista. He hecho llegar a su familia, tanto en mi nombre como en el de esta Cámara, nuestra expresión de profunda simpatía y sincero pésame.
El Sr. Pagazaurtundua era un miembro activo del Partido Socialista, así como de la iniciativa ciudadana vasca ¡Basta Ya! ¡Basta Ya! ganó el Premio Sajarov en 2000 y el Sr. Pagazaurtundua acudió a nuestro Parlamento para asistir a la ceremonia de entrega de dicho premio. Con su asesinato, los terroristas han demostrado una vez más su falta de respeto por el derecho a la vida y su desprecio del derecho a la libertad de expresión política.
Después de esta última afrenta a la decencia, nosotros, los parlamentarios europeos, deseamos decir hoy que estaremos junto a las víctimas, a sus familias y a los que luchan contra el terrorismo en España. Les ruego que guardemos un minuto de silencio.
(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio)

El Presidente.
Se ha distribuido el Acta de la sesión del jueves, 30 de enero de 2003.
¿Hay alguna observación?

Zrihen (PSE).
Señor Presidente, tomo la palabra para poner en su conocimiento un problema de observancia del Reglamento advertido en el acta literal de la sesión del 30 de enero de 2003, en el debate sobre el hambre en el mundo y la eliminación de las barreras comerciales con los países más pobres del mundo.
En la página 15 del acta literal de sesiones, figura una declaración escrita del Sr. Van Hecke, del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, presentada de conformidad con el apartado 7 del artículo 120 del Reglamento. Esta declaración consta de 357 palabras, mientras que el Reglamento establece lo siguiente: «Los diputados que no hubieren intervenido en un debate podrán presentar, una vez por período parcial de sesiones como máximo, una declaración por escrito que no supere las doscientas palabras, que se adjuntará al acta literal de la sesión».
Teniendo en cuenta mis esfuerzos por cumplir lo estipulado por el Reglamento en mi declaración escrita correspondiente al mismo debate y que mis anteriores declaraciones escritas se abreviaron precisamente para no contravenir dicho artículo, esto me sorprende, y me pregunto si esta Cámara emplea un doble rasero a la hora de aplicar el Reglamento. ¿Sería posible solicitar que en este caso se aplique el Reglamento?

El Presidente.
Que yo sepa se observa cierto grado de flexibilidad. Sin embargo, es importante que se aplique estrictamente el Reglamento. Si por esta causa es preciso presentar una enmienda, hagámoslo. Si por esta causa es preciso presentar una enmienda, hagámoslo. Sin perjuicio de ese comentario, se aprueba el Acta.

El Presidente.
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 6 de febrero de 2003, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento. Se ha propuesto la siguiente modificación:
MIÉRCOLES:
He recibido una solicitud del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica para que se incluyan en el orden del día del miércoles, sin propuestas de resolución, declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Iraq . 
Si se acepta esta solicitud, el debate sobre Iraq podría incluirse el miércoles de 15.00 a 17.00 horas. Los otros debates de esa tarde continuarían de 17.00 a 19.00 horas y a cambio se cancelaría el turno de preguntas al Consejo.

Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, mi Grupo ha formulado esta solicitud teniendo en cuenta no sólo el desarrollo de los acontecimientos sino, fundamentalmente, el hecho de que el Presidente del Consejo, el Sr. Simitis, ha convocado una Cumbre extraordinaria, que es previsible que se celebre el próximo lunes. Y creemos que es muy importante, en este momento -es la línea que ha seguido mi Grupo en todo este debate y entendemos que debe continuar-, tratar de conseguir que haya una postura europea unida y decidida para conseguir, fundamentalmente, que la guerra no sea inevitable y conseguir un proceso de desarme -en relación con las armas de destrucción masiva, en el caso del Iraq- que se haga con presión internacional bajo la égida de las Naciones Unidas.
Éste es nuestro propósito, y creemos que es importante que el Parlamento pueda debatir para que usted pueda llevar nuestra voz a la Cumbre del próximo lunes.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, no quiero oponerme a un debate sobre el Iraq, pero su propuesta implica cancelar el turno de preguntas para poder celebrarlo, y quisiera que constara en acta mi rechazo, pues opino que el derecho de todos los europarlamentarios a plantear preguntas -consagrado, en efecto, en los tratados- es uno de los derechos parlamentarios más importantes, superado sólo por el derecho a someter a votación textos legislativos. Nos estamos acostumbrando a que los asuntos importantes -siempre son los asuntos importantes- vean reducido o suprimido, cada vez con mayor frecuencia, el tiempo destinado a las preguntas. Le pido que ponga fin a esta práctica. Las preguntas dirigidas al Consejo solían plantearse a las 21.00 horas, o entre las 20.00 y las 22.00 horas, y durante quince años este horario funcionó a la perfección, hasta que el Consejo decidió que a esas horas estaba cansado y no podía asistir, de modo que el turno de preguntas se pasó a la tarde, y desde entonces, se ha venido cambiando de hora o se ha ido reduciendo su tiempo, siempre para hacer hueco a otros asuntos.
Le ruego que aborde el problema con un enfoque a largo plazo y halle una solución.

El Presidente.
Señor Posselt, su comentario es más bien una cuestión de observancia del Reglamento relativa al turno de preguntas. He pedido específicamente a la Cámara que tenga en cuenta que si añadimos el debate que se ha solicitado, tendrá el efecto dominó que usted menciona.
(El Parlamento da su conformidad)

El Presidente.
Procedemos ahora a las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política.

Wynn (PSE).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, le he escrito en relación con el informe Sandbaek y su posible devolución. Sin embargo, en la última hora ha habido novedades al respecto y no es preciso que plantee este asunto en el pleno.

El Presidente.
Estupendo. Éste ha sido un gran ejemplo para los discursos de un minuto que vienen ahora.

Ludford (ELDR).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, quiero pedirle que escriba al Presidente Bush y al Gobernador de Texas para protestar por la ejecución mediante una inyección letal del ciudadano británico Jackie Elliott, que tuvo lugar la pasada semana a pesar de que parece estar cada vez más claro que era inocente del delito por el que le habían condenado y por el que pasó 16 años en el corredor de la muerte. Ha habido numerosas protestas procedentes del Reino Unido y de personalidades destacadas, así como peticiones urgentes de importantes pruebas de ADN. Además, en los informes policiales se han hallado nuevas pruebas que señalan a otros sospechosos más probables del asesinato de 1986 por el que se le condenó.
Las autoridades de Texas siguieron adelante con la ejecución programada, a pesar de que todavía debían verse en el Tribunal de Apelación de lo Penal de Texas varios recursos judiciales esenciales. Su diputado local -un ex ministro del gobierno- ha encabezado las protestas. Esto muestra al mundo el curioso respeto que tiene el sistema judicial estadounidense por el Estado de derecho y los derechos humanos. Asegurémonos por lo menos de que esas injusticias no pasen inadvertidas.

Blak (GUE/NGL).
Señor Presidente, usted prometió que investigaría el asunto de la indumentaria que un diputado italiano pretendía implantar durante una audiencia en Bruselas. Al mismo tiempo, me recomendó que me buscara un buen sastre, y confío en que esté satisfecho del resultado, ya que le voy a hacer llegar la factura a usted.
El Presidente.
Señor Blak, a estas horas tan tempranas del lunes no puedo responder a ese desafío como se merece.

Leinen (PSE).
Señor Presidente, algo fuera de lo común sucedió al final del último período parcial de sesiones aquí, en Estrasburgo, cuando, por primera vez en muchos años, una declaración por escrito recibió el apoyo de la mayoría absoluta de esta Cámara. La declaración, firmada por 320 diputados, pedía que, en el futuro, el Presidente de la Comisión fuera elegido por el Parlamento y no por el Consejo. Este logro se alcanzó con las firmas número 313 y 314, del Sr. Barón Crespo y el Sr. Poettering, a quienes felicito por su valentía de última hora. A mi modo de ver, fortalecerá nuestra delegación en la Convención y contribuirá a que acepte esta petición.
Quisiera pedirle que remita esta posición -ahora una posición oficial adoptada por el Parlamento- al Sr. Giscard d'Estaing. Surge ahora la esperanza de que, después de todo, hasta el mismo Presidente de la Convención se dé cuenta de que el jefe del ejecutivo europeo no debe ser elegido tras las puertas cerradas del Consejo, sino en esta Cámara, que es el foro abierto del pueblo.
El Presidente.
Podemos hacer eso, señor Leinen.

Poettering (PPE-DE).
Señor Presidente, sé que el Sr. Leinen es un colega recto y respetable. Pudo ocurrir que, para variar, tuviera una segunda intención a la hora de elegir las palabras y quisiera complicarme la vida. Por eso, aprovecho esta oportunidad para reiterar lo que le dije al Sr. Leinen cuando me guiaba la mano hacia donde tenía que firmar. Le dije: «Si firmo, no es en calidad de presidente de mi Grupo, sino en mi propio nombre, como persona modesta que soy».
Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, quiero llamar la atención de la Cámara sobre una declaración conjunta de los partidos comunistas, obreros y de izquierda contra la guerra agresiva sobre Iraq. Esta declaración, que hasta ahora han firmado 60 partidos de los cinco continentes, afirma entre otras cosas que: «la agresión contra Iraq, que se basa en la nueva doctrina estadounidense de los ataques preventivos, amenaza con desestabilizar a toda la región y provocar graves consecuencias para la civilización humana en su conjunto. Representa una enorme amenaza para la paz internacional y el derecho internacional, y sienta un precedente para otros actos de agresión arbitrarios.»
La declaración concluye diciendo: «Debemos detener la guerra agresiva contra Iraq. Debemos advertir contra los intentos de las grandes potencias de chantajear a las Naciones Unidas. Debemos oponernos a cualquier apoyo europeo a la guerra o cualquier participación en la misma. Exigimos que nuestros países no faciliten a los Estados Unidos instalaciones militares o de otro tipo para llevar a cabo sus propósitos agresivos.»
La cuestión es: ¿qué va a hacer el Parlamento Europeo para evitar una guerra, como es el deseo de la abrumadora mayoría de los ciudadanos de Europa? ¿Qué va a hacer el Parlamento Europeo para garantizar que ningún Estado miembro preste ayuda a los Estados Unidos si siguen el camino de la guerra? Voy a entregar una copia del texto íntegro de la declaración conjunta a la Secretaría.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, me alegro de que hayamos decidido celebrar un debate esta semana sobre la evolución de la situación en Iraq. Es evidente que todavía es posible una solución pacífica a la actual crisis. El Dr. Hans Blix y el Sr. Kofi Annan han dejado claro que, si se les da suficiente tiempo y las autoridades iraquíes cooperan plena y activamente, la guerra puede evitarse. Por lo tanto, todos tenemos la importante responsabilidad de convencer a las autoridades iraquíes de que cooperen plena y activamente. También tenemos la importante responsabilidad de conseguir demostrar que el derecho internacional se aplica a todos nosotros, y no sólo a Iraq, y de garantizar que las Naciones Unidas adquiera toda su legitimidad en la actual situación.
Quisiera pedir al Presidente de este Parlamento y a los líderes de los grupos políticos del mismo que hagan pública esta semana una declaración conjunta dirigida a las autoridades iraquíes y a los Estados miembros, exigiendo a Iraq la plena cooperación y que actuemos enteramente a través de las Naciones Unidas, garantizando así que prevalezca el derecho internacional.

Dupuis (NI).
Señor Presidente, quisiera sacar a colación un asunto muy serio: la grave situación por la que atraviesa Camboya. A pesar de la gravedad de los disturbios antitailandeses que han tenido lugar en Camboya y de la responsabilidad del Sr. Hun Sen en lo que se refiere a estos hechos -o, al menos, en lo que respecta a su gestión-, nadie sabe si los grupos políticos han decidido abordar este asunto en nuestra próxima sesión.
No obstante, creo que el Parlamento debería intervenir, principalmente porque está en juego la democracia, la consolidación de la democracia en Camboya. Por consiguiente, quisiera pedirle, señor Presidente, que tenga la amabilidad de remitir una carta al Jefe de Gobierno camboyano para comunicarle la gran preocupación del Parlamento Europeo y de la Unión Europea, en general, ante esta situación. Asimismo, he solicitado al presidente de la delegación para las relaciones con los Estados miembros de la ASEAN, el Sr. Nassauer, que invite al embajador camboyano a Estrasburgo esta semana.
Confío en que pueda venir. Pienso que debemos apoyar a este país si deseamos evitar el riesgo de una contrarrevolución.

Sørensen (ELDR).
Señor Presidente, acabo de volver de Uganda, donde he tomado conciencia de la terrible tragedia que está teniendo lugar en la parte septentrional del país y a la que la prensa internacional no presta la menor atención. El conflicto enfrenta al ejercito ugandés y al movimiento revolucionario -el Ejército de Resistencia del Señor-, que diariamente secuestra a un gran número de niños. Unas 800 000 personas desplazadas internamente viven en condiciones lamentables en los campos de refugiados. La situación en los campos de refugiados es ahora tan desesperada que muchas personas tratan de volver a sus pueblos y se encuentran con que los revolucionarios han quemado y destruido sus hogares y sus campos. Cada día, hay noticias de un número cada vez mayor de atrocidades cometidas por el ejército contra la población civil. Quisiera pedirle que se ponga en contacto con la Presidencia, con el objeto de poner en marcha una iniciativa europea que ayude a solucionar este conflicto.

Frahm (GUE/NGL).
Señor Presidente, tomo la palabra porque quisiera avisarle de que su buen nombre está siendo mal utilizado en los medios de comunicación daneses. Éstos afirman que, en la Conferencia de Presidentes en la que mantuvimos una videoconferencia con Hans Blix, usted declaró que éste nos había aconsejado que no enviáramos una delegación a Iraq. Ambos sabemos, al haber estado presentes en dicha Conferencia de Presidentes y haber participado en la videoconferencia, que esto no es así. Pienso que debería tener la oportunidad de aclararlo, ya que cualquiera que lea los periódicos daneses podría pensar lo contrario. Su nombre se está utilizando de esta manera, y me parece que quizás debería hacer algo al respecto.

El Presidente.
Puedo hacer algo al respecto dejando claro que no he hecho ninguna declaración sobre las opiniones del Dr. Blix ni sobre el envío de una delegación con respecto a este Parlamento.

Maaten (ELDR).
El 5 de febrero, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya emitió su veredicto sobre una causa del Gobierno mexicano contra los Estados Unidos de América, un proceso relativo a tres mexicanos (en realidad, a cincuenta y cuatro, pero a tres ciudadanos mexicanos, en particular Cesar Fierro, Roberto Ramos y Osvaldo Torres) que fueron condenados a la pena capital y se encuentran en el corredor de la muerte, en Oklahoma y en Texas. Aunque, naturalmente, estamos en contra de la pena de muerte en cualquier país, el caso va más allá, puesto que a los tres ciudadanos mexicanos se les impidió recibir la ayuda a la que tenían derecho por ley, en forma de apoyo consular de su Gobierno. Las autoridades del Estado de Texas reaccionaron de una manera aún más diabólica, afirmando que el Tribunal de Justicia no podía impedir las ejecuciones. El Parlamento Europeo tiene, naturalmente, experiencia a la hora de lidiar con este tipo de cuestiones, y someto a su consideración, en la línea del intento previo de la baronesa Ludford, la posibilidad de escribir al gobernador de Texas al respecto.
Permítame, además, aprovechar esta oportunidad para expresar mi apoyo a las palabras del Sr. Dupuis sobre la situación en Camboya. El líder democrático de la oposición, Sam Rainsy, está escondido, en estos momentos, ya que ha sido acusado de conspirar para derrocar al Gobierno. Por supuesto, no hay el menor ápice de verdad en ello, y me parece que es necesario hacer también algo al respecto.

Gorostiaga Atxalandabaso (NI).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, quisiera hacer llegar mis condolencias a la familia de Joseba Pagazaurtundua, a quien yo conocía personalmente. Los daños humanos son irrepararables. Es imposible evaluar el sufrimiento humano. ¿Podría convertirse la última víctima del permanente conflicto en el País Vasco en la catarsis definitiva para su solución? La propia historia de la Unión Europea proporciona ejemplos recientes de naciones que superan conflictos muy enraizados. Tenemos que esforzarnos por generar un impulso de concienciación.
Apoyo a todos aquellos que están dispuestos a trabajar conjuntamente y de forma constructiva para conseguir una paz real para mi país. No obstante, este objetivo no puede alcanzarse sin el fuerte compromiso de la comunidad internacional. Nuestro fracaso en este terreno ha dado lugar a una recaída en nuevos choques. Estoy seguro de que un círculo virtuoso de diálogo político dará sus frutos. Es necesario y urgente un cambio de marcha en la estrategia de la Unión Europea.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, voy a apoyarme en las palabras del Sr. Leinen recordando que, en este momento, la mayoría de este Parlamento está a favor de que el Presidente de la Comisión sea elegido por el Parlamento, lo que es un avance sustancial, porque hace dos años este Parlamento votó mayoritariamente contra esta iniciativa, como prueba, por otra parte, del progreso que está haciendo la unión política europea.
Es bueno recordar esto en un momento en que puede producirse una catástrofe humanitaria en el Iraq y en que, por este motivo, hay un ataque de los Estados Unidos con aliados dentro de la Unión Europea, incluso con Estados aliados que pretenden entrar en la Unión Europea, contra la idea de la existencia de una unión política presente en el mundo entero.
Y yo llamo la atención en este Parlamento, porque es el lugar donde la idea política de Europa debe progresar, justamente contra los que nos están atacando con aliados interiores.

Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, acabamos de oír de labios del Sr. Gorostiaga una defensa del asesinato como método de resolución de conflictos políticos, ello me parece absolutamente inaceptable. 
Añado algo más: un correligionario del Sr. Gorostiaga, el alcalde de Andoain, se ha negado a condenar ante todos sus ciudadanos este asesinato. Por eso, no me vale este tipo de argumentos. Y digo que, ahora mismo, en el País Vasco español el problema no es el de un conflicto político, sino el de una banda que considera que asesinar es un método legítimo. Y, como estamos en la Unión Europea, llamo la atención sobre el hecho de que en el País Vasco español, que es la comunidad autónoma con más autonomía de la Unión Europea, se están planteando unas elecciones municipales en las que muchas ciudadanas y muchos ciudadanos no pueden comparecer, porque corren el peligro de ser asesinados como Joseba Pagazaurtundua.
Vidal-Quadras Roca (PPE-DE).
Señor Presidente, acabamos de escuchar con estupor como el miembro de una organización que alienta, encubre, alimenta, protege y financia el terrorismo que acaba de provocar la víctima por la que todos hemos guardado un minuto de silencio, invocaba el diálogo y la paz.
Señor Presidente, hay momentos en que el cinismo puede llegar a tal punto de degradación moral que provoca asombro. Yo, señor Presidente, quiero decir solemnemente en este hemiciclo, que la presencia del Sr. Gorostiaga Atxalandabaso en esta Cámara envilece a la Unión Europea, es una vergüenza para esta Casa, y no tengo palabras para expresar, todavía con el cuerpo caliente de un honrado servidor público, la nausea, el asco y la repugnancia que me produce la presencia de este individuo en una casa de la democracia y de las libertades.
McKenna (Verts/ALE).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, quisiera expresar, en mi nombre y en el de muchos diputados de mi Grupo que formamos parte de la delegación que fue a Irak la semana pasada, nuestra inquietud en relación con las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que afirman que usted dijo que el régimen iraquí nos estaba engañando y manipulando.
Nos acompañaban muchos representantes de los medios de comunicación, que, con toda seguridad, no estaban siendo engañados y manipulados también. Su cobertura muestra con bastante claridad que alzamos nuestra voz contra el régimen, que insistimos en la necesidad de una cooperación plena con los inspectores de armamento y que hicimos referencia a asuntos pasados como los ataques con gases contra los kurdos. En mi opinión, esto pone en duda la credibilidad del gran número de diputados de este Parlamento que consideraron necesario ir a Irak porque el propio Parlamento no quería enviar una delegación oficial.
Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Barón Crespo en que el asesinato no es ninguna solución para los conflictos políticos. Por eso fuimos a Irak muchos de nosotros. Creemos que el asesinato no es una solución para los conflictos políticos y que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano por conseguir un acuerdo político. Resulta chocante oírle a usted, como Presidente de este Parlamento, criticarnos en los medios de comunicación y poner en duda nuestra credibilidad.

El Presidente.
Usted no me oyó, señora McKenna, pero puede que haya leído algo en un periódico irlandés. Dado que no era una cita de lo que dije, si tiene algún problema le sugiero que trate el asunto con el redactor correspondiente y no conmigo.
Lage (PSE).
Señor Presidente, esta parte del período parcial de sesiones se suele dedicar a enumerar todos los horrores que se cometen en el mundo: masacres, violaciones de los derechos humanos, torturas y violaciones, en general, de los principios más elementales de la vida civilizada.
Hoy quisiera ir contracorriente y aplaudir un hecho que ha ocurrido, hace poco, en Mozambique. Un periodista llamado Carlos Cardoso fue asesinado en dicho país por denunciar a un grupo de individuos corruptos próximos al poder. Se pensaba que la justicia sería incapaz de condenar a los asesinos de Carlos Cardoso. No obstante, la justicia ha funcionado y sus asesinos han recibido duras penas. Esto significa que en Mozambique, donde hasta hace poco una guerra devastaba a un país y llevaba a la miseria a todo un pueblo, triunfa ahora la democracia y el Estado de derecho. Por eso, hay que apoyar y alentar a la justicia y a las autoridades mozambiqueñas. A continuación, señor Presidente, quisiera mencionar algo que ha sucedido aquí: se trata de la cuestión del terrorismo. Recuerdo las palabras de Fernando Savater -a quien nosotros concedimos aquí un premio- rememorando a Chateaubriand: «No conozco a nadie más cobarde, más servil y más despreciable que un terrorista» (o que aquellos que encubren a los terroristas, añadiría yo).

Seppänen (GUE/NGL).
Señor Presidente, quisiera llamar su atención sobre algo en lo que no existe igualdad entre los Estados miembros del Parlamento Europeo. El servicio de visitas del Parlamento es su tarjeta de presentación ante los ciudadanos. Cada Estado miembro debería contar con un funcionario, en este servicio, que hable la lengua del Estado miembro y pueda explicar a los visitantes el funcionamiento del Parlamento.
El Parlamento acaba ahora de tomar la decisión de no disponer de un funcionario que hable finés. El finés será la única lengua no empleada por funcionario alguno para ofrecer explicaciones a los grupos de visitantes sobre la labor del Parlamento. A mi modo de ver, esto constituye una discriminación contra un Estado miembro y una lengua. Va en contra de los intereses del Parlamento que todas las lenguas no reciban la misma consideración y que de una de ellas se encargue un ayudante temporal, en lugar de contar con funcionario que explique a los visitantes lo que ocurre en el Parlamento.
Confío en que pueda hacer algo al respecto y que el finés reciba el mismo trato que las demás lenguas.

El Presidente.
Déjeme comprobar los detalles y le haré llegar los resultados de mis averiguaciones.

Andrews (UEN).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, decenas de miles de personas de toda Europa y de todo el mundo libre, incluidos los Estados Unidos, tomarán las calles el próximo sábado en protesta contra la guerra que se propone en Irak. Es importante que no dejemos pasar este día sin reconocer la iniciativa tomada por Alemania, Francia y Bélgica de proponer que prosiga la intervención de las Naciones Unidas en Irak para consolidar la búsqueda de armas de destrucción masiva en ese país.
Los ciudadanos de Europa saben que no están protestando contra los Estados Unidos, sino contra el Presidente Bush y contra la guerra. Es muy importante que no dejemos pasar el día de hoy sin haber saludado esa iniciativa.

Korakas (GUE/NGL).
Señor Presidente, los líderes de los Estados Unidos de América y del Reino Unido (por desgracia, con la connivencia de muchos, si no todos, los Gobiernos de los países miembros de la OTAN y de la Unión Europea) están muy cerca de llevar a cabo un ataque total contra el pueblo iraquí, cuyas consecuencias serían incalculables tanto para ellos como para el resto del mundo. Para justificar su ataque, han remitido pruebas insustanciales y obsoletas a la ONU, proporcionadas por el departamento de la CIA que responde al nombre de «nosotros somos la prueba» o tomadas de tesis doctorales o de conversaciones telefónicas grabadas en la década de los noventa, como admitió ante la prensa, hace unos días, el embajador estadounidense en Grecia. Es su excusa para cometer un terrible crimen contra el pueblo iraquí, que tanto ha sufrido, y que, como tuve la oportunidad de comprobar con mis propios ojos la semana pasada, ha pagado un precio muy alto durante los últimos 12 años, a causa de los bombardeos de 1991, el embargo y la dictadura tiránica de Sadam Husein.
Hablamos en nombre de la gran mayoría de nuestros ciudadanos, que se manifiestan, día tras día, en las calles, al decir lo siguiente: ¡No a la guerra y al embargo contra Iraq! ¡Un respeto al derecho del pueblo iraquí a determinar su propio futuro! ¡Basta de utilizar a la ONU para hacer lícito el uso de la fuerza!
Este crimen se puede evitar. El problema es si el Parlamento Europeo abandonará su planteamiento indulgente a lo Poncio Pilatos y expresará claramente su rechazo a esta guerra criminal.

Mayol i Raynal (Verts/ALE).
Señor Presidente, como integrante de la delegación no oficial en Iraq, pude trasladarme, junto con tres colegas, a la parte norte del país, a Majmur, que se encuentra bajo soberanía iraquí, cerca de la zona autónoma kurda. Majmur es un campo de refugiados para kurdos de origen turco, cuyo número alcanza las 10 000 personas. Debido a su apoyo al PKK por aquella época, no pudieron hallar refugio en la zona autónoma y, en caso de guerra, serán probablemente las primeras víctimas. Por este motivo, desean volver a su hogar, a sus montañas de Turquía.
Quisiera pedir al Parlamento, y a usted personalmente, señor Presidente, que escriba a las autoridades turcas para solicitarles que readmitan a estas personas cuyo pueblo fue destruido hace más de diez años. Quieren volver a casa, y serán las primeras víctimas si no lo logran. Por ello, creo que esta petición está plenamente justificada.

El Presidente.
Le ruego que facilite todos los detalles sobre ese asunto a mi oficina.

Meijer (GUE/NGL).
Señor Presidente, no tenía la intención de pedir hoy la palabra. La libertad política implica permitir que se expresen opiniones que nos parecen desagradables. Hoy, observo que hay oradores que no están dispuestos a escuchar a un diputado decir lo que sus electores esperan de él. Creo que el Sr. Gorostiaga ha sido elegido para mostrar que hay una manera distinta de ver las cosas con respecto al País Vasco, y eso es lo que está haciendo, nos guste o no. Quisiera añadir que no le he oído incitar al asesinato, algo que marca una línea que nadie debe cruzar, pero sí que pido tolerancia para opiniones divergentes con las que no estemos de acuerdo. Sólo así podrá funcionar adecuadamente el Parlamento.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, dos diputados han suscitado la cuestión de los comentarios que le atribuyen periódicos tanto irlandeses como daneses. Usted ha afirmado que esos comentarios no reflejan la verdad. Nos ha recomendado que nos pongamos en contacto con el redactor del periódico irlandés en cuestión. Sé por experiencia propia que el Independent Newspaper Group, en el que aparecieron esos comentarios, no acepta aclaraciones ni rectificaciones de quienes no estamos de acuerdo con su línea política.
Por lo tanto, señor Presidente, ¿podría usted ponerse en contacto con los redactores correspondientes del Independent Newspaper Group y pedirles que publiquen una rectificación de los comentarios que hizo usted?
El Presidente.
No, no lo haré. Lo que publicaron como cita literal era correcto. El resto de lo que dicen, en calidad de opinión, no son mis palabras. Puedo asegurarle que lo que publicaron entre comillas es correcto, pero las palabras que se han utilizado aquí por uno de los diputados sobre que se les hubiera «engañado» no son palabras mías. No estoy dispuesto a tratar este asunto en estos términos
(Sr. De Rossa: «Es una petición de aclaración»)
No, no es una cuestión para tratar en el pleno. Puede usted tratarlo conmigo en privado. No soy responsable de las cosas que no son citas.
(Sr. De Rossa: «Es responsabilidad suya...»)
No voy a aceptar ninguna responsabilidad por algo que no es una cita mía. Aquí acaba la cuestión en lo que a mí respecta.
(Sr. De Rossa: «Seguiré adelante con este asunto»)
Hágalo si lo desea, pero no voy a perder el tiempo con eso.
Vuelvo a pedir disculpas a los colegas que estaban en la lista de intervenciones, pero hemos agotado el tiempo asignado. Este punto queda cerrado.

El Presidente.
En nombre del Parlamento, doy la bienvenida a nuestra tribuna oficial a la Comisión de Política Energética del Parlamento danés, el Folketing, y a su presidenta, la Sra. Madsen.
Nos complace verles aquí. Espero que sus reuniones y el tiempo que pasen con nosotros en Estrasburgo sean productivos. Gracias por su visita.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el Foro Mundial Económico (Davos) y el Foro Mundial Social (Porto Alegre).

Lamy
Señor Presidente, el debate que ha incluido usted en el orden del día de hoy sobre el Foro Económico Mundial y el Foro Social Mundial me ofrece la oportunidad de compartir con ustedes, en nombre de la Comisión, algunos pensamientos sobre esos dos acontecimientos que tuvieron lugar recientemente en Davos y en Porto Alegre, respectivamente. Y digo pensamientos en lugar de observaciones, porque no participé personalmente en ninguno de los dos acontecimientos, debido a que tenía programado un viaje a otro lugar de Brasil para reunirnos con el nuevo presidente brasileño y su gobierno.
Se han exagerado mucho las dos visiones opuestas de la globalización que supuestamente caracterizan a estos dos foros. Sin embargo, estos dos acontecimientos tienen mucho en común. En primer lugar, ambos se crearon como centros de pensamiento y centros de influencia. Ambos se crearon también progresivamente para influir en el desarrollo económico y político mundial. Por último, ambos son también productos de la globalización que alimentan, a pesar de que sus opiniones sobre lo que es y debería ser la globalización difieran. Además, esas diferencias no sólo existen entre ambos foros, sino también dentro de cada uno de ellos.
Por lo tanto, los miembros de la Comisión creemos que sería un error analizar estos dos acontecimientos desde el único punto de vista de sus diferencias, su oposición o su confrontación. También es interesante advertir que los principales temas de ambos acontecimientos tienen algo en común. En el Foro Social Mundial, por ejemplo, los debates se centraron en el orden democrático mundial, el antimilitarismo y la promoción de la paz. El primer tema que se debatió en Davos fue «la seguridad y la geopolítica». El debate de Porto Alegre sobre lo que allí se describieron como principios, valores, derechos humanos, diversidad e igualdad de derechos no es del todo ajeno a lo que en Davos se denominó un debate sobre la confianza y los valores. Por consiguiente, aunque los términos utilizados sean distintos, hay un cierto grado de convergencia entre estos dos acontecimientos en lo que se refiere a la naturaleza de un buen número de problemas que afectan a nuestro mundo. Yo añadiría que este año, incluso algunas personas han sido recibidas calurosamente en ambos foros. Me refiero concretamente al nuevo Presidente de Brasil, D. Lula da Silva.
El Foro Económico Mundial de Davos sigue atrayendo claramente a una elite internacional, principalmente del mundo de los negocios, pero también de la política, los medios de comunicación, las ONG a partir de ahora, las universidades y grupos religiosos. En términos cuantitativos, estamos hablando de 2 000 participantes, obviamente muchos menos que las 100 000 personas presentes en Porto Alegre, que atrajo a cinco veces más participantes que la última vez en que se celebró el Foro, en 2001. Como líderes políticos, no podemos dejar de tomar en serio una expresión de la opinión pública de esta magnitud. En mi opinión, esta expresión refleja un profundo sentimiento de desposeimiento que siente un número significativo de ciudadanos de todos los países del mundo ante el proceso de globalización. Detrás de este movimiento hay un claro mensaje: los ciudadanos nos están diciendo que no quieren sufrir la globalización. Quieren que se regule, que se controle, que se supervise, que se domine. Quieren que la globalización sea un proyecto que integre, en lugar de dividir, a todo el planeta.
¿Qué es esta globalización de la que hemos hablado tanto otra vez este año en Porto Alegre y en Davos? En primer lugar, la globalización no es un proyecto, es un movimiento, es el producto de la convergencia de procesos tecnológicos, económicos y políticos, cuyo camino se está trazando más y más claramente ante nuestros ojos. No creo que haya una conspiración detrás de la globalización. Hay una lógica que es la que domina nuestro mundo: el capitalismo de mercado. La inestabilidad y las injusticias que se condenaron tanto en Davos como en Porto Alegre son una de las consecuencias de la eficacia de ese capitalismo de mercado. A falta de una regulación mundial y políticas internas suficientes, estas injusticias, esta inestabilidad, esta imposibilidad de predecir el futuro están aumentando, incrementando las desigualdades y ampliando, en varios casos, la división norte-sur, mientras siguen amenazando al medio ambiente.
A este respecto, nuestro punto de vista en la Comisión es claro. A aquéllos, en cualquiera de los bandos, que querrían que escogiéramos entre el crecimiento y la justicia, les responderíamos que nos negamos a escoger entre el crecimiento y la justicia, o la justicia y el crecimiento. Necesitamos las dos cosas. Debemos aceptar la globalización del mercado, porque crea un enorme potencial de desarrollo. Sin embargo, también debemos dotarla de un marco normativo mundial para garantizar que este desarrollo sea más justo y más sostenible que en la actualidad. Desde ese punto de vista, la negociación multilateral iniciada en Doha en noviembre de 2001, en el seno de la OMC, está en consonancia con este objetivo doble de abrir los mercados, por una parte, e imponer normas e integrar a los países del sur, por la otra, garantizando al mismo tiempo un mayor acceso de esos países a los países del norte según el grado de tratamiento preferente.
De esta forma, esta regulación mundial es la síntesis de lo que intentamos conseguir en Porto Alegre y en Davos. Esta síntesis es complicada y dolorosa. Se está tardando bastante en conseguirla por dos razones, como mínimo. La primera es que está teniendo que enfrentarse a poderosos intereses, como ha demostrado la batalla que ha tenido lugar en Ginebra sobre el acceso de los países en vías de desarrollo a productos medicinales esenciales, que debatiremos más adelante. La segunda es que esa regulación implica, si hacemos las cosas bien, una convergencia de preferencias conjuntas sobre asuntos como el medio ambiente, la salud, los derechos de los trabajadores, el lugar de los servicios públicos y la diversidad cultural. Sabemos que, dentro del propio Parlamento, cuando se trata este tema los debates son encendidos en ocasiones. Por lo tanto, es fácil de entender que abordar estos asuntos para conseguir un acuerdo internacional va a ser, naturalmente, un proyecto a largo plazo. Es una tarea para organizaciones como la Organización Mundial del Trabajo, la FAO, la OMC y diversos organismos de normalización de los campos del medio ambiente, la salud y la diversidad cultural, que deberán reconciliar el libre comercio con el respeto por unas normas mínimas.
Por lo tanto, debemos asegurarnos de que el sistema multilateral se desarrolla, refuerza y construye más sólidamente, de modo que permita que los países se adapten al capitalismo de mercado cada uno de una forma. De esta forma, los países en vías de desarrollo podrían aplicar estrategias eficaces y heterodoxas para recuperar el terreno perdido con los demás países, mientras que nosotros, los países con economías más avanzadas, podríamos avanzar más rápidamente por el camino que lleva a la justicia social y la protección del medio ambiente. Creo que ése es el mensaje que nos ha llegado a los europeos este año, tanto de Porto Alegre como de Davos.

Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, el Foro Económico Mundial se reunió en Suiza y el Foro Social Mundial se celebró en Brasil. Me pregunto por qué se reunieron en paralelo y a miles de kilómetros de distancia, en lugar de hacerlo juntos. El debate de hoy en el Parlamento Europeo, con un debate conjunto sobre ambos foros, es un buen ejemplo, puesto que estos dos temas no tienen por qué estar en contradicción el uno con el otro. Si queremos aprovechar las oportunidades que la globalización pone a nuestra disposición y reducir al mínimo sus riesgos, hemos de estar preparados para pensar de una forma integrada, en lugar de intentar marcarnos tantos unos a otros.
Este enfoque combinado está en consonancia con la economía de mercado responsable desde el punto de vista ecológico, que es nuestro modelo de orden político. Estamos a favor del mercado, pero el mercado tiene sus límites en la responsabilidad social y la sostenibilidad medioambiental. Este debate conjunto es acorde con las estrategias que formulamos en Lisboa y Barcelona, y con nuestro principio de que las empresas crean trabajo y de que todo lo que crea trabajo es asunto de la sociedad.
En su discurso de cierre, Kofi Annan, el Secretario General de las Naciones Unidas, pidió una guerra contra la pobreza. Compartimos la creencia de que la globalización debe llevar aparejados grandes esfuerzos en la lucha contra la pobreza. Por lo tanto, nuestra resolución refuerza nuestro apoyo a los objetivos de la declaración del milenio de guerra contra la pobreza de las Naciones Unidas y solicita a la Comisión que nos presente un informe anual sobre los progresos que se han realizado en todo el mundo en la guerra contra la pobreza y qué aportación hemos hecho a los mismos.
Cada vez estamos más cerca unos de otros. Las fronteras estatales, los husos horarios, la distancia y el tamaño nos dividen cada vez menos según va pasando el tiempo Cada vez dependemos más unos de otros. Tenemos una responsabilidad aún más grande los unos con los otros en términos mundiales. Cuando los demás reciben un golpe, nos afecta. La globalización se está produciendo, y lo importante es que aprovechemos las oportunidades que nos ofrece y minimicemos sus riesgos en ambos hemisferios. Es ahí donde necesitamos que Europa tenga cada vez más influencia en la escena mundial. Necesitamos un orden económico y social mundial más justo. Las cuestiones relativas al orden social y económico mundial son cuestiones de política interna europea, de la misma forma que la política europea forma parte de la política interna de cada país. Necesitamos que Europa sea más fuerte y esté más decidida.
Nuestro continente tiene una respuesta a la globalización en todo el mundo y esa respuesta es Europa. Tenemos que hacer nuestros deberes nosotros mismos. La estrategia de Lisboa es el camino correcto hacia delante, pero tenemos que pasar de sus grandilocuentes objetivos a la definición de objetivos concretos, fijando calendarios y responsabilidades. Debemos encontrar, también en nuestro continente, un lugar para nuestros objetivos comunes en todos los programas de gobierno y de trabajo. Por eso recalcamos el hecho de que el potencial del mercado interior todavía no se ha agotado, que las tasas de desempleo son demasiado elevadas y que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para reducirlas en Europa como en cualquier otro sitio. Solicitamos al Consejo que exija a todos y cada uno de los Estados miembros que lleven a cabo reformas presupuestarias y económicas con arreglo a las directrices recomendadas por el Consejo ECOFIN. Lisboa y el mercado interior son las herramientas que necesitamos para responder a la globalización y para cumplir con nuestras obligaciones con el mundo en su conjunto.
Obiols i Germà (PSE).
Señor Presidente, a la afirmación que constituye ya el leit motiv o lema de Puerto Alegre, "Otro mundo es posible", cabría añadirle la cuestión de si el mundo, en sus tendencias actuales, sin cambios y reformas ante la globalización, podrá desarrollarse de forma pacífica. Los acontecimientos de estos últimos meses no incitan precisamente al optimismo en este sentido.
Del mismo modo que el mantra estratégico de la Guerra Fría fue la disuasión, es decir, la mutua amenaza de destrucción recíproca, ahora parece surgir en un marco plural y contradictorio la afirmación de que el concepto dominante debe ser, ante un mundo perturbado y peligroso, un mundo cada vez más inseguro, el concepto de la prevención.
Sin embargo, estamos asistiendo a una confrontación creciente, cada vez más visible, sobre qué pueden ser unas políticas eficaces de prevención. 
Por un lado, vemos la respuesta de una globalización desarrollada por el capitalismo de mercado desregulado, el liderazgo unilateral de los más fuertes y la nueva doctrina de la acción militar preventiva, disuasiva, con coaliciones ad hoc.
Por otro lado, vemos sectores cada más amplios, con posiciones ideológicas muy confrontadas, pero que pueden coincidir en que, ante el mundo de la globalización, la respuesta debe ser una política multilateral de reglas democráticas, de reformas globales y de paz, en particular ante la amenaza del terrorismo, afirmando que lo que hay que hacer fundamentalmente es secar los yacimientos de odio y de humillación en el mundo.
Creo, señor Presidente, queridos colegas, que, ante este surgimiento de una opinión pública mundial que reclama reformas en la globalización, necesitamos una visión realista, consensos reformadores amplios e iniciativas concretas y financiables.
Europa tiene un interés vital en este asunto. Debe ejercer una influencia mundial y tomar plena conciencia de sus responsabilidades globales. Su razón de ser original fue la paz, después de las guerras devastadoras del siglo XX. Ha sido durante estos últimos cincuenta años, tal vez, la primera respuesta supranacional eficaz ante los retos de la globalización. Para proseguir este desarrollo, es necesario que se afirme como global-player, con una política exterior más unida y más potente, a pesar de todas las dificultades actuales, porque en estos movimientos, en esta sociedad civil global, existe una demanda creciente de Europa, de Europa unida, que no debemos frustrar.

Sanders-ten Holte (ELDR).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, quisiera empezar diciendo cuán satisfecho estoy de que estos dos foros mundiales se hayan celebrado sin violencia; hemos tenido foros muy distintos en el pasado. Quisiera exponer algunos puntos en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas.
La primera es que sigue habiendo una persistente pobreza a gran escala en los países en vías de desarrollo, a pesar de todos los compromisos hechos por el mundo desarrollado para reducir a la mitad la pobreza para 2015, y nuestros progresos hacia ese fin han llegado a su fin. Tal y como yo lo veo, ésa es otra área en la que hay un papel importante para el sector privado. No se trata de que las principales empresas internacionales trasladen siempre su producción a los países en los que se pagan los salarios más bajos con el fin de reducir sus costes de producción. Se trata de que intenten conscientemente asociarse con empresas y organizaciones locales. Invirtiendo en el comercio y la industria locales, asegurándose de que prestan unos buenos servicios sociales a sus empleados y de que los hombres y las mujeres reciben sueldos justos, pueden hacer una gran aportación a la lucha contra la pobreza. La responsabilidad social de las empresas no es sólo un término magnífico, sino que también tiene una importancia fundamental. Como es lógico, debe ejercitarse de una forma completamente voluntaria y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, quiero pedir también a las empresas que sean tan socialmente responsables cuando hagan inversiones como les sea posible. Lo ideal es que las empresas apliquen esto en todos los ámbitos políticos a escala nacional.
Un segundo aspecto que quiero mencionar tiene que ver con la importancia de la educación en la lucha contra la pobreza. También en este campo el sector privado puede hacer su aportación. Utilizando deliberadamente sus conocimientos técnicos para apoyar la formación profesional local, este sector puede dar a las personas una mejor educación. A largo plazo, esto también será beneficioso para su propia política de personal. Al decir esto, no quiero, por supuesto, minusvalorar el papel de los gobiernos nacionales de los países en desarrollo y de la comunidad internacional. Siempre es preciso alimentar y promover los derechos humanos. Uno de esos derechos es el derecho a unas buenas condiciones de trabajo, así como a la democracia y una buena gestión, de lo que son responsables los propios gobiernos nacionales de los países en vías de desarrollo; deben tomar medidas por sí mismos, aunque los países desarrollados puedan ayudarles. Mediante políticas constructivas en sus propios países, en las que tienen un importante papel el medio ambiente y la libertad de acceso de todos a todos los servicios básicos, como el agua y la tierra, pueden contribuir también a extender la prosperidad de una forma justa.
Esperemos que el resultado de ambos foros sea que se tengan en cuenta estos aspectos, y es posible que entonces tengamos más posibilidades de reducir la pobreza, si no en un 50% para 2015, sí por lo menos en un porcentaje no muy distinto de ese objetivo.

Miranda (GUE/NGL).
Señor Presidente, tuve la oportunidad de estar en Porto Alegre y desde luego puedo confirmar el gran número de participantes, los diversos orígenes regionales de esos participantes y de las organizaciones a las que representaban y también la riqueza de los debates y de las propuestas y conclusiones elaboradas y aprobadas durante los trabajos allí realizados sobre los principales temas fijados por el Foro Social Mundial, en una expresión sin precedentes de los movimientos sociales y, en general, de la sociedad civil mundial.
Como dijo bastante acertadamente el Secretario General de las Naciones Unidas, estos factores confirmaron que este acontecimiento es, sobre todo, un hito crucial e innegable en la búsqueda de soluciones a los enormes retos a los que se enfrenta la humanidad en diversos ámbitos y también en la creación de una alternativa real al modelo neoliberal.
Celebrado una vez más en Brasil, pero en esta ocasión coincidiendo con la elección y toma de posesión del Presidente Lula da Silva como Presidente de ese país, y dado que él fue uno de los principales impulsores del Foro Social Mundial, este acontecimiento estuvo, como es lógico, influenciado por esos factores y por lo que hoy representan de nuevas y más prometedoras perspectivas de futuro, sobre todo demostrando una nueva actitud que constituye una clara ruptura con el status quo que ha prevalecido durante los últimos tiempos.
La necesidad de establecer un nuevo orden mundial de progreso y de paz, proclamada por el Presidente Lula da Silva en Porto Alegre y también en Davos, fue, como es lógico, el tema central de Porto Alegre y probablemente constituye el mayor reto al que nos enfrentamos en la actualidad. Como consecuencia, y como quedó claro en este foro, es preciso dar a las Naciones Unidas un nuevo impulso y un nuevo perfil. También es esencial realizar una profunda reforma y un reajuste de los métodos y directrices básicos, sobre todo de algunos de los instrumentos clave del actual orden mundial, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.
No obstante, en un momento en el que se está planificando una absurda intervención estadounidense en Iraq, el Foro Social Mundial fue capaz, claramente y en consonancia con el deseo de la amplia mayoría de la opinión pública, de afirmar inequívocamente su rechazo a esa guerra. Por lo tanto, Porto Alegre no fue, ni con mucha imaginación, un mero contrapunto crítico a Davos. En sus tres ediciones se ha constituido como un pilar fundamental de la construcción de una alternativa real al modelo neoliberal que Davos representa en términos generales. Este modelo está intrínsecamente ligado a las situaciones de injusticia social, iniquidad, división y crisis que presenciamos actualmente. Por esta razón, y mientras Porto Alegre crece y es aceptado, Davos, que es extremadamente elitista, es cada vez más redundante y se ve atrapado en las contradicciones inherentes al modelo que propugna y en los efectos perjudiciales del mismo.
En Davos se buscaron soluciones para estas crisis, pero sin éxito, porque las causas subyacentes de la crisis no se tuvieron en cuenta, y mucho menos se analizaron. La atención se centró en el crecimiento económico, pero se pasó por alto la importancia de una distribución equitativa de la riqueza que ese crecimiento debería generar. Lo que se omitió fundamentalmente fueron los perjudiciales efectos que la primacía del mercado causa, sobre todo en lo tocante a la ampliación de la división norte-sur, el incremento de la pobreza en el mundo y la degradación del medio ambiente. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que el discurso del Presidente Lula da Silva en Davos causara tantos murmullos. Espero que en el futuro tenga mucha más repercusión. De hecho, diría que la Unión Europea puede y debe contribuir a garantizar que la tenga.

Frassoni (Verts/ALE).
Señor Presidente, ésta ha sido la última vez en que el Foro Social Mundial de Porto Alegre y el Foro Económico Mundial se celebran el mismo día. El Foro de Porto Alegre se celebró con el telón de fondo de la activa oposición y las protestas contra la posible guerra con Iraq, y el Foro Económico Mundial de Davos debatió el futuro del mundo en un ambiente que un comentarista muy autorizado describió como más lamentable que nunca. Creo que, desde este punto de vista, es muy significativo que el diálogo, que hasta ahora no se había producido entre estos dos acontecimientos, estuviera representado por el Presidente brasileño, Lula da Silva, que defendió en ambos foros la necesidad de llevar a cabo una gran reforma estructural -el tipo de reforma que se ha comprometido a realizar en su propio país- del sistema económico mundial, condenando con entusiasmo el vacío principio del libre comercio a toda costa, que sólo se aplica realmente a los países pobres, dado que los países ricos pueden permitirse adoptar medidas proteccionistas cuando y como les conviene.
Especialmente para todos lo que creen firmemente que el papel de la Unión en la escena internacional no es ser un mero vasallo, sino intentar conseguir la globalización democrática, es evidente que la elección del Presidente Lula da Silva y su gobierno es motivo de esperanza y causa enormes expectativas, como seguramente pudo apreciar usted, Comisario Lamy, dado que estuvo en Brasil los días siguientes a Porto Alegre.
En Porto Alegre, los movimientos confirmaron que su misión es ser una especie de avanzadilla de una atenta y activa opinión pública mundial, y esto quedó bastante claro, sobre todo a los 700 diputados que estuvieron presentes y que acordaron una agenda que creo que merece la pena mencionar aquí. En primer lugar, una activa oposición a la guerra: cuatro diputados del Parlamento brasileño participaron en la muy criticada delegación a Iraq, y hubo un amplio apoyo a las iniciativas para abrir debates parlamentarios en todo el mundo, además de a las manifestaciones que tendrán lugar el 15 de febrero.
Sin embargo, el reto que consideramos especialmente importante para nuestra institución y para la Unión Europea es la conferencia de Cancún y la reforma de las instituciones financieras internacionales. A este respecto, y al contrario que en lo tocante a Iraq, Europa tiene cierta influencia y usted, Comisario Lamy, la representa con gran autoridad. Europa puede marcar la diferencia. Lo que le pedimos es sencillo pero importante: transparencia, sobre todo hacia el Parlamento, en lo relativo a las negociaciones que usted lleve a cabo, y la posibilidad de un debate abierto, como mínimo sobre las decisiones básicas sobre inversiones, agricultura y la liberalización de servicios. No hay ninguna necesidad de asustarse de esto. Hemos de tener el valor necesario para mantener posiciones que en ocasiones son incómodas, pero que pueden dejar claro que la Unión Europea no sigue a ciegas a los Estados Unidos, sino que se toma en serio su responsabilidad hacia el mundo. Por ejemplo, Comisario, le rogamos que no dé marcha atrás en los acuerdos a los que se comprometió en Doha sobre medicamentos y los ADPIC.

Della Vedova (NI).
Señor Presidente, Comisario, no voy a repetir lo que ya he dicho antes sobre la cuestión de la globalización y el llamado modelo neoliberal. Voy a intentar ir al grano. La cuestión es que lo que podemos hacer, lo que Europa puede hacer para responder a las muchas demandas, sin duda justas, es luchar en un frente concreto, el frente abierto más sensible, en defensa de las relaciones norte-sur y liberar, o crear unas condiciones que permitan liberar, a cientos de millones de personas del hambre y la pobreza. Debemos luchar en el frente del proteccionismo, empezando con los eslóganes, con las muchas cosas que se han dicho en este debate. Cuando decimos que los ricos pueden permitirse ser proteccionistas en cualquier caso, estamos diciendo algo que es innegablemente cierto, pero vimos en Doha que, para los países ricos, el proteccionismo significa incluir cláusulas sociales, cláusulas medioambientales, hablar sobre seguridad de los alimentos y utilizar esos instrumentos -como nos reprocharon en Doha Indonesia, Brasil e India- como medidas proteccionistas.
«No nos regalen leche. No nos regalen sus productos agrícolas, por favor, porque si ustedes nos regalan leche, nos regalan trigo, es una competencia desleal con los agricultores peruanos [...] Practiquen lo que nos piden que nosotros hagamos: abran sus mercados [...] Abran sus mercados [...] comercio es trabajo. Si nosotros no podemos colocar nuestros productos vamos a tener más mujeres y hombres desempleados.» Éstas fueron las palabras que el Presidente peruano, el Sr. Toledo, nos dirigió hace un mes y medio o dos meses en una sesión formal en esta Cámara. Debemos responder. A este respecto, quisiera aprovechar la presencia del Comisario Lamy para decir que las modalidades de la ronda comercial de agricultura post-Doha presentadas por la Unión Europea no van lo suficientemente lejos. Debemos ser más valientes. No podemos seguir dejando que los Estados Unidos se lleven todos los premios por la liberalización real de los mercados agrícolas. Los Estados Unidos aprobaron su ley agrícola (Farm Bill) la pasada primavera, dando un pésimo ejemplo de proteccionismo y subvenciones agrícolas -como habían hecho con respecto al comercio- con respecto a su mercado interior, pero en el área del comercio exterior han presentado una propuesta que va mucho más allá que la propuesta europea. Creo que, a este respecto -si todo lo que estamos diciendo es verdad, si toda la atención que decimos prestar a los países en vías de desarrollo cuando otros no lo hacen es cierta- Europa debe ser mucho más valiente.
Se trata de una decisión política práctica que hemos de tomar, sabiendo que ir contra el proteccionismo tiene su precio. No todos están de acuerdo en que éstos sean unos principios correctos: nos enfrentaremos a la oposición de los lobbies textiles y agrícolas. ¿Tenemos la valentía necesaria para hacerlo o no?

Wijkman (PPE-DE).
Señor Presidente, agradezco al Comisario Lamy su interesante introducción a este debate. En primer lugar, creo que, mientras continúe la crisis de Iraq, es difícil hablar de estos dos foros y del debate sobre la globalización como tal. Si no conseguimos encontrar una solución constructiva para esta crisis, preferiblemente una solución no violenta, creo que nuestro debate sobre la globalización y los intentos de encontrar soluciones constructivas para una serie de problemas constitutivos se verán perjudicados durante mucho tiempo.
Este debate se viene produciendo desde hace sólo unos diez años. Me entretuve el otro día buscando la palabra «globalización» en un diccionario de principios de los años 90 y ni siquiera aparecía, así que estamos ante un debate relativamente nuevo. No obstante, podemos ver cómo avanza en distintas fases. Lo que yo considero que es el mensaje tanto de Davos como de Porto Alegre es que lo que tenemos ante nosotros es algo increíblemente importante e interesante: intentar definir más claramente las normas y el marco en el que debemos vivir durante el futuro. No se trata de estar a favor o en contra de la economía de mercado. Se trata, más bien, de qué normas y qué marcos se deben aplicar a la economía de mercado que se ha extendido por todo el mundo.
Es obvio que en estos momentos hay varias deficiencias y varios problemas. Permítanme que me refiera a un par de cuestiones. En primer lugar, la pobreza y la situación de los países más pobres. Es difícil imaginar cómo van a poder sostenerse muchos de los países más pobres en la actualidad en la economía cada vez más orientada al conocimiento que se está desarrollando. El comercio es importante, por supuesto. Estoy de acuerdo en que podemos hacer mucho para facilitar las cosas a los países más pobres, sobre todo en los sectores agrícola y textil. Eso es algo que también debemos hacer, pero en el caso de países que prácticamente sólo pueden ofrecer materias primas al mercado, es difícil imaginar que puedan dotarse de unos cimientos estables a largo plazo si no les ayudamos, de una forma bastante distinta, a desarrollar y ampliar su capacidad. Factores tan básicos en el proceso como la investigación y las instituciones de investigación tienen un importante papel en la formación y el desarrollo del comercio y la industria. Tal y como funciona actualmente el sistema comercial, con varios países que dependen por completo de las materias primas, cuyo precio ha caído además, la situación está empezando a parecer un combate de boxeo entre un peso pesado y un peso ligero. Creo que debemos adoptar una estrategia bastante distinta y mucho más generosa en lo tocante a la capacidad.
Una segunda cuestión que quiero abordar es el conjunto de problemas relacionados con el medio ambiente. Ya en la Conferencia de Río se dijo que las actuales pautas de producción y consumo no son sostenibles en un mundo con seis, siete o incluso ocho mil millones de personas viviendo aproximadamente a nuestro nivel. Por supuesto, la solución no es frenar el desarrollo de los países pobres, sino desarrollar tecnologías completamente nuevas. Señor Comisario, me temo que estamos haciendo demasiado poco para intentar ayudar a promover el desarrollo tecnológico en los países pobres. Ésta es un área en la que podríamos hacer mucho más. No hay ninguna razón por la que, en la producción de energía, el transporte, los productos químicos, la agricultura y la gestión de residuos, todos esos países pobres deban pasar exactamente por las mismas fases por las que nosotros pasamos en nuestro propio desarrollo. Debe de ser posible impulsar el desarrollo tecnológico de una forma distinta, pero eso requeriría más ayuda especializada en este campo.
Éstas son sólo un par de propuestas para enfocar un poco este debate sobre la globalización y su marco, sus normas y sus condiciones básicas. Para concluir, quisiera decir que Europa y la UE que se está desarrollando ahora mediante la Convención deben liderar este campo si queremos conseguir un desarrollo constructivo.

Désir (PSE).
Señor Presidente, Comisario, algunos de nosotros sí fuimos a Porto Alegre. Lo que vimos fue a miles de ciudadanos, sindicalistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y movimientos de mujeres debatiendo y presentando análisis y propuestas para cambiar la globalización, sus normas y sus instituciones. Desde ese punto de vista, Porto Alegre III ha dejado de ser la mera manifestación anti-Davos que fue Porto Alegre I. Éstos son ciudadanos que ponen en duda y rechazan la inevitabilidad de una globalización dedicada a incrementar la riqueza de los más ricos, a dejar a los pobres de lado y a destrozar el medio ambiente. Rechazan una globalización con instituciones y normas que se muestran fuertes e inflexibles cuando se trata de defender los intereses económicos y comerciales de los poderosos y sus empresas, pero débiles cuando se trata de defender los derechos sociales, el protocolo de Kioto o de luchar contra los paraísos fiscales. Por lo tanto, se trata de una propuesta muy legítima incluso según el criterio de los principios y valores de la Unión Europea. Por encima de todo, es un intento de imponer la solidaridad globalizada, o la globalización responsable.
A este respecto, Comisario, no creo que podamos decir que hay que elegir entre crecimiento y justicia, en cuyo caso resulta lógicamente fácil para usted decir que la Comisión no los contrapone. Creo que la elección es, más bien, entre el crecimiento exclusivamente de los beneficios y la justicia, entre, por una parte, el crecimiento de las burbujas especulativas, la economía «estilo Enron» y, por otra, un crecimiento más redistributivo que tenga en cuenta la inclusión social: una economía al servicio de la humanidad. Es una elección entre la mercantilización de todas las actividades, todos los recursos naturales y los genes y el ideal del acceso de todas las personas a los bienes públicos del mundo, al agua, a la salud, a los productos medicinales, a la energía, a la educación y a los servicios públicos.
Estas preocupaciones expresadas en Porto Alegre, a las que deberíamos añadir la cancelación de la deuda, la reforma de las instituciones internacionales y la resolución pacífica de los conflictos son, en principio, preocupaciones que la Unión Europea tiene presentes para su promoción en la escena internacional. Por lo tanto, es preciso que consideremos que este movimiento nos apoya en nuestros esfuerzos, puesto que de la misma forma que no podemos cambiar una sociedad en el ámbito nacional sin el apoyo de los movimientos sociales, no podemos transformar la globalización sin el apoyo de la sociedad civil mundial. Constituye una gran esperanza porque no está basada en personas que sólo se tengan en cuenta a sí mismas, su país, su grupo étnico o religioso, sino, muy al contrario, por personas que se preocupan por la creación de nuevas normas en el ámbito mundial. Por lo tanto, representa esperanza. Seguimos teniendo que estar a la altura de las cuestiones suscitadas por este movimiento en relación con la Unión Europea.
Voy a citar tres ejemplos. En primer lugar, Europa se enorgullece con frecuencia de ser la entidad que da la mayor cantidad de ayuda al desarrollo (el 55% de todo el mundo). Eso es cierto pero, al mismo tiempo, nuestras subvenciones agrícolas arruinan la agricultura en los países del sur y, especialmente, a los pequeños agricultores. ¿Qué vamos a hacer para cambiar eso, para promover la seguridad alimentaria y la autosuficiencia? En segundo lugar, la llegada de Lula da Silva al poder en Brasil ha generado muchas esperanzas, pero el FMI le impone un superávit presupuestario anual del 3,75%. ¿Qué vamos a hacer para aliviar el exagerado control del FMI sobre el Sr. da Silva? Somos parte del FMI. Además, tenemos más votos en esa institución que los Estados Unidos. En tercer lugar, en lo tocante a los servicios públicos, hay muchas protestas contra la privatización que impone el FMI en los países en vías de desarrollo. En la actualidad, a través de la OMC y el AGCS, estos países están viendo, lamentablemente, cómo la Unión Europea les pide que liberalicen el agua, los servicios postales e incluso la energía. Comisario, ¿va a cambiar usted, con el fin de responder a la sociedad civil mundial y a las esperanzas de los países del sur, las demandas de la Unión Europea, de forma que, en Cancún, podamos decir que Europa está verdaderamente al lado de los que quieren una forma distinta de globalización?

De Clercq (ELDR).
El Foro Económico Mundial y el Foro Social Mundial se reunieron simultáneamente, lo que refleja la división entre las perspectivas que representan. Los lugares en los que se celebraron también son simbólicos: el Foro Económico se reunió en la estación de esquí de Davos y el Foro Social Mundial lo hizo en Porto Alegre, en medio de un continente en plena crisis económica. Sin embargo, a mi juicio, las opiniones no tienen por qué estar tan abiertamente divididas. Es injusto equiparar la globalización con un capitalismo internacional descontrolado que sólo beneficia a las multinacionales. Los que eran llamados anti-globalización lo han entendido y ahora se llaman a sí mismos «globalistas alternativos». Creo que la libertad de comercio en general sigue siendo la mejor garantía de crecimiento económico en todas las partes del mundo, incluidas las más pobres. La Unión Europea es el mejor ejemplo de esto. La plena integración económica de Europa mediante el mercado interior y la apertura de las fronteras interiores ya han hecho posible que vivamos en lo que actualmente es una de las partes más ricas del mundo. Es este modelo exclusivo de verdadera globalización lo que debemos exportar al mundo entero. Está claro que no podemos retroceder. Como Unión Europea, tenemos un importante papel en este debate. Debemos esforzarnos por reunir a los oradores de Davos y Porto Alegre para convencerles de que liberalizar el comercio mundial es una forma equitativa de mejorar las condiciones de vida y de proporcionar una mayor prosperidad a todo el mundo.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, en primer lugar quiero hablar sobre algo que nos preocupa a todos: la cuestión de la guerra y de la paz, que se abordó en Davos y en Porto Alegre. En Davos, se debatió por los efectos en la situación económica de la guerra contra Iraq que los Estados Unidos y sus aliados han decidido llevar a cabo. Sin negar los desastrosos efectos sobre la economía mundial de las decisiones militaristas de George Bush, la cuestión central de las propuestas de Porto Alegre contra la guerra y a favor de la paz fueron los graves problemas políticos y humanitarios provocados por la agresión estadounidense.
Nos encontramos en una situación en la que el capitalismo ultraliberal, que puede describirse como la dominación de la globalización por los Estados más poderosos y por enormes empresas multinacionales, está llevando al mundo hacia el desastre. Especialmente en estos momentos, estamos al borde de un desastre humanitario en Iraq, que causará la muerte de miles o de cientos de miles de personas de entre las más pobres y más necesitadas de la sociedad iraquí, sobre todo jóvenes, en el que Estados Unidos contará con la complicidad y la ayuda práctica de sus aliados europeos.
Señor Presidente, debemos recordar que los gobiernos de los Estados Unidos y de algunos de los Estados miembros de la Unión, contra las creencias y las ideas de la mayoría de los ciudadanos europeos, están llegando a un punto en el que están poniendo en cuestión el modelo de integración política europea, que conlleva la conciencia de otra forma de globalización, que es más humana e igualitaria y que demuestra una mayor solidaridad. Los Estados Unidos quieren destruir incluso la idea de una Europa política constitucional con un papel independiente en el mundo.
La otra cuestión que quiero comentar, señor Presidente, afecta al tráfico marítimo internacional y a la seguridad de nuestros mares y de nuestras comunidades costeras. El Foro Parlamentario Mundial presentó este problema como una de las principales preocupaciones de la escuela de pensamiento del «viejo mundo». La Unión Europea debe dar prioridad a resolver este problema, que actualmente afecta sobre todo a Galicia y a otros países europeos, desde el Estado español hasta Francia. El mar representa la propia vida. No podemos permitir que se apodere de él y lo contamine una forma avariciosa, irresponsable y corrupta de capitalismo que cuenta con la complicidad de algunos Estados miembros. Por lo tanto, espero que los Estados europeos y este Parlamento tomen las decisiones oportunas para evitar la destrucción del mar que nos da la vida y nos alimenta.

Moreira da Silva (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, ¿dónde reside la verdad? No en Davos, que abraza sin crítica alguna la globalización, que se centra exclusivamente en el crecimiento económico, que concentra su atención en la creación de riqueza, que apoya la política exterior estadounidense y que actúa como portavoz de las corporaciones y los Estados. La verdad tampoco está, sin embargo, en Porto Alegre, que demoniza la globalización, que sólo está interesado en mejorar las políticas sociales y medioambientales, que se centra en modelos de redistribución de la riqueza, que se declara abiertamente antiamericano y que actúa como portavoz de ONG y sindicatos.
Davos no tiene sentido sin Porto Alegre y lo mismo se puede decir de Porto Alegre sin Davos. Ambos se complementan y deben trabajar para reconciliar sus posturas. Esta reconciliación debe conseguirse ahora en Río de Janeiro, en Johanesburgo, en Lisboa y en Gotemburgo. Ante la globalización, que ha generado innegables ventajas económicas y tecnológicas, pero que también ha subrayado los visibles desequilibrios que existen en el mundo, no tiene mucho sentido proclamar su final, sobre todo porque es imparable. El reto es regular la globalización, adoptando como modelo a seguir el desarrollo sostenible.
Por lo tanto, creo que es importante, en primer lugar, tener políticas internacionales de desarrollo sostenible que evalúen los resultados sociales, medioambientales y económicos, como haremos en la próxima Cumbre de Primavera. En segundo lugar, debemos «poner más ecología» en la economía mundial. En la actualidad, producir de una forma «ecológica» no es lo suficientemente competitivo y consumir productos «ecológicos» sigue siendo un lujo. Debemos tomar medidas relativas a los precios incrementando los costes medioambientales de todos los productos. Esto supone suprimir políticas no sostenibles desde el punto de vista medioambiental, suprimir barreras comerciales, analizar los productos durante todo su ciclo vital y cambiar las normas de consumo y producción para garantizar que rompemos el vínculo existente entre el crecimiento económico y la degradación de recursos. En tercer lugar, es preciso dar un impulso al gobierno internacional reformando instituciones como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y las normas Bretton Woods, y creando nuevas instituciones como una Organización Mundial del Medio Ambiente. Un proyecto institucional es esencial si queremos poder poner las herramientas facilitadas por la globalización al servicio del crecimiento sostenible.

Soares (PSE).
Señor Presidente, Señorías, quisiera empezar felicitando al Parlamento Europeo por haber programado este debate sobre las posiciones divergentes, por no decir directamente contrarias, del Foro Económico de Davos y el Foro Social Mundial de Porto Alegre. He participado en ambos foros y sé de lo que hablo; en Davos, hace unos 20 años, cuando era Primer Ministro de Portugal y tuve que negociar duramente un préstamo del Fondo Monetario Internacional. En Porto Alegre he participado los dos últimos años como diputado del Parlamento Europeo.
El último Foro Social, que tuvo lugar el pasado enero, fue especialmente significativo, como ya se ha dicho, por el número de participantes, unos 100 000, que llegaron de todo el mundo, así como por las cerca de 1 500 ONG y otras asociaciones cívicas que estuvieron presentes y, sobre todo, por la calidad de los discursos. De hecho, en Porto Alegre no sólo se celebró el Foro Social Mundial: también hubo otros foros como el Foro Mundial de Jueces, el Foro de Autoridades Locales, el Foro Mundial de la Educación, el Foro Mundial de Medios de Comunicación Independientes y el Foro Parlamentario Mundial.
Este Foro Mundial de Porto Alegre dio lugar a un nuevo fenómeno sociológico: la ciudadanía mundial, que implica que las personas se unen en una red, libremente y sin importar sus partidos políticos o afiliaciones religiosas o seculares, para luchar, de una forma pacífica y ordenada, por los derechos y por lo que consideran justo. Es una forma de activismo cívico y participativo importante, que tendrá continuación en todos los continentes con la reunión de varios foros regionales, puesto que el próximo Foro Social Mundial se celebrará en la India.
Este año asistió al Foro Mundial de Porto Alegre una personalidad única, el recientemente elegido Presidente de la República de Brasil, Luís Inácio «Lula» da Silva. En su muy coherente discurso ante una multitud de cientos de miles de personas, explicó al Foro por qué había aceptado la invitación a asistir, tras el Foro de Porto Alegre, al Foro Económico de Davos, algo que algunos de sus partidarios encontraban difícil de entender. Sin embargo, no era tan difícil de comprender: Lula explicó al público, formado por políticos, empresarios y expertos, reunido en Davos, y cito «que su guerra era distinta; era la guerra contra el hambre y la pobreza, por el acceso a una mejor educación, contra enfermedades y epidemias como el sida, no la guerra contra Iraq o la solicitud de tasas de crecimiento más elevadas a costa del desempleo y de una mayor pobreza». Curiosa y paradójicamente, su discurso, que fue el mismo en ambos foros, estuvo caracterizado por la sinceridad, y es posible que ésa sea la razón por la que fue tan aplaudido en Davos, considerablemente más que el de Colin Powell cuando defendió que la guerra contra Iraq era inevitable. Aunque defiendan intereses, las personas también tienen una conciencia y eso es lo que hace avanzar el mundo, aun en estos momentos tan complicados.

Auroi (Verts/ALE).
Señor Presidente, Comisario, estoy encantada de ver que usted concede la misma importancia a Porto Alegre que a Davos. Los Verdes, como el Sr. Désir y algunos otros que estuvieron detrás del foro parlamentario de Porto Alegre, están encantados de oír que la globalización alternativa está empezando a tener eco entre ustedes.
Creo que el Presidente Lula da Silva dio un paso en la dirección correcta, puesto que vino a presentar primero en Porto Alegre lo que iba a defender en Davos, es decir, la reconstrucción de un orden económico mundial más justo. Creo que este paso político democrático y social es un paso en la dirección correcta: la sociedad civil debería poder hablar antes que los que toman las decisiones en la economía mundial. El capitalismo de mercado no puede seguir siendo la forma predominante de política. Quisiera recodarles -aunque quizás sea un sofisma- que la democracia y la política suelen primar sobre las consideraciones económicas. Demostrar esto es esencial, porque también permitiría evitar una guerra preventiva como la que propone el gobierno Bush, que fundamentalmente está subordinada a las multinacionales que tienen una necesidad mucho mayor de petróleo que de ideas.
Por último, esas mismas multinacionales quieren volver a apropiarse a toda costa del desarrollo sostenible y de los bienes comunes que pertenecen a toda la humanidad, como el agua, el aire y la energía. Sin embargo, me parece, Comisario, que en Cancún usted debería ayudarnos a defender nuestra idea de globalización. Es normal que nos preocupemos por las actuales negociaciones del AGCS, porque representan un riesgo bastante significativo, y es preciso que los Estados del sur sepan que les apoyamos con respecto al derecho de cada persona a disponer de alimentos, agua potable y aire respirable.

Korhola (PPE-DE).
Señor Presidente, Davos y Porto Alegre están en continentes distintos, pero en ambos foros los problemas mundiales se abordaron de una forma similar. Los recursos empresariales y la empresa, conjuntamente con los conocimientos técnicos, las habilidades y la legitimidad del resto de la sociedad civil pueden facilitar soluciones duraderas para los problemas generados por la globalización.
Una vaca recibe en promedio en un país de la OCDE dos euros al día de ayudas estatales, mientras que más de 2 000 millones de personas viven con menos de dos euros al día. Más de 1 000 millones de personas tienen que sobrevivir con menos de un euro al día. Es una cantidad tan baja que no cumple siquiera los requisitos básicos de los derechos humanos y fundamentales internacionales. El derecho a la vida no puede separarse del derecho a los alimentos, al agua, a servicios sanitarios o a un trabajo, y el derecho a tener una opinión no puede separarse de los derechos básicos de una sociedad civilizada. Estos derechos constituyen la base de la economía. Los derechos humanos no son un lujo que podamos permitirnos sólo cuando la economía crece: son una condición previa para la viabilidad y estabilidad de las empresas.
En Rusia, por ejemplo, las condiciones para las empresas no pueden mejorar significativamente sin ciertos ajustes fundamentales en la aplicación de los derechos humanos y de la ley. En la actualidad, en Rusia pueden solucionarse problemas informalmente utilizando leyes arbitrarias, no escritas y en permanente proceso de cambio, lo que sólo sirve para aumentar la corrupción.
Por lo tanto, participar en la aplicación de los derechos humanos y fundamentales redunda también en interés de las empresas. Una forma de participar es el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Con arreglo a este programa propuesto por primera vez en Davos por el Secretario General Kofi Annan, las empresas se comprometen a cumplir nueve principios básicos muy sencillos en materia de derechos humanos, normas laborales y medio ambiente.
También en la UE se ha promovido un marco para la responsabilidad social de las empresas, pero, junto a las acciones voluntarias, necesitamos legislación vinculante. Deberíamos exponer públicamente las empresas con actividades en la UE que, ya sea aquí o en otro lugar, han contribuido directa o indirectamente a violaciones de los derechos humanos y fundamentales, haciendo públicos sus nombres y avergonzándolas. Asimismo, deberíamos establecer sanciones apropiadas para las empresas que son culpables o han contribuido a violaciones de los derechos humanos y a la corrupción fuera de la UE.
Las empresas tienen en último término una enorme influencia, con independencia de la comunidad, región o Estado en el que se encuentren. El día en que las empresas decidan realmente luchar contra la corrupción y las violaciones de los derechos humanos será el día en que la globalización significará algo bastante distinto de lo que significa en estos momentos.

Zrihen (PSE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, durante mucho tiempo se ha afirmado que el movimiento que comenzó en Seattle, para luego continuar tanto en Porto Alegre como en Florencia, era la expresión de una anti-globalización que era ineficaz en vista del supuesto modernismo eficaz de la economía liberal mundial, representada por el Foro Económico de Davos. Davos, donde se encuentran los miembros de la elite, frente a Porto Alegre, donde se reúne la opinión popular.
Los hechos contradicen esa teoría. Mientras el Foro de Davos parece sentirse inseguro de sí mismo y estar a la defensiva, el movimiento social mundial, el de los ciudadanos, que se reúne en Porto Alegre, no duda en entrar en el mundo disfuncional de la elite de Davos, y la fuerza de sus propuestas procede de la fuerza pública civil.
Ante el deterioro del medio ambiente, las ONG que participan en el foro proponen la internacionalización de la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible universal. Ante la explotación que con frecuencia se deriva de una economía de mercado sin restricciones, los sindicatos proponen la globalización de los derechos sociales, sobre todo mediante el respeto universal a los siete principios normativos laborales fundamentales estipulados por la OIT. Ante la unilateralidad y el retorno a la política de la guerra preventiva, el Foro Social Mundial propone la movilización política y social mundial a favor de la paz.
Con respecto a las rondas de la OMC y el AGCS, el Foro Social perfila el territorio de los bienes públicos universales y los declara patrimonio mundial común: el agua, la salud, la energía y la cultura se incluyen así en la lista de derechos inalienables. Por último, ante la escandalosa desigualdad en lo relativo al hambre, en Porto Alegre se propuso aplicar una mejor redistribución de la riqueza, sobre todo mediante la cancelación de la deuda, pero también gravando las transferencias de capital en aras del desarrollo.
En Porto Alegre, ante la desacreditada imagen de Europa que los Estados Unidos quieren difundir en todas partes, también se debatió otra Europa, una Europa sobre cuyos defectos no nos hacemos ilusiones pero que muchos nos envidian, una Europa que es un modelo de integración.
Éstas son las propuestas concretas procedentes del Foro Social de Porto Alegre, donde sólo se reúne la opinión popular, Comisario. Lo siento. Sin embargo, sigue pendiente la pregunta principal: ¿cómo vamos a recibir en la Unión Europea y en la Comisión esas propuestas? ¿Es posible imaginar, en términos más generales, que esas esperanzas se incluyeran en nuestra agenda política europea para conseguir otro tipo de globalización, nuestra globalización?

Vattimo (PSE).
Señor Presidente, el hecho de que yo estuviera en Porto Alegre y no en Davos no es la única razón por la que creo que, de los dos foros celebrados a finales de enero, el Foro de Porto Alegre fue sin duda el más importante. Perfiló una serie de propuestas constructivas de políticas mundiales de medio ambiente, sobre la paz y la libertad de expresión y para luchar contra el hambre y las enfermedades. Es especialmente importante que el Parlamento Europeo tenga en cuenta lo que se dijo en el Foro respecto de la próxima reunión de la Organización Mundial del Comercio en Cancún. Sabemos que se prevé firmar un acuerdo sobre servicios, pero no sabemos todavía qué servicios estarán cubiertos por el acuerdo y quedarán sujetos a las leyes del libre comercio internacional. La preocupación del Foro, y creo que también del Parlamento, es la posibilidad de que los servicios que se van a liberalizar incluyan determinados servicios sociales esenciales como la educación o la sanidad y determinados productos básicos públicos como el agua. La sujeción de esos servicios a las leyes del mercado constituiría un incumplimiento de los derechos humanos incluidos en la Carta de Niza y otros tratados internacionales formales. La Comisión debe notificar previamente al Parlamento la lista que pretende presentar y defender en Cancún, para que éste pueda evaluarla y expresar las opiniones de los ciudadanos europeos sobre estos asuntos tan sensibles.
El Foro también reconoció y acogió con entusiasmo la posibilidad de que la Unión Europea se convirtiera en un modelo para otras estructuras de gobierno democrático supranacionales y regionales, sobre todo como medio para limitar el conflicto y establecer la paz. Desde este punto de vista, no es ninguna coincidencia que el Foro de Porto Alegre se celebrara en Brasil y que el Presidente Lula da Silva haya intervenido en el mismo. De hecho, la Unión Europea no sólo puede convertirse en un modelo para una iniciativa política similar en América Latina, sino que su propia existencia y su estructura internacional independiente se beneficiarán de un decisivo impulso en un mundo en el que, gracias, en buena medida, al Presidente Lula da Silva y a América Latina, se está desarrollando cierta multipolaridad, aunque esa multipolaridad está siendo amenazada actualmente por la intención de los Estados Unidos y de algunos de sus más fieles aliados de declarar unilateralmente la guerra a Iraq.

Sauquillo Pérez del Arco (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, he estado en Porto Alegre, la alternativa civil a Davos, de la que ya se ha hablado anteriormente. Sería preferible que no existieran dos foros contrapuestos -uno económico y otro social, uno gubernamental y otro civil- para anunciar o reivindicar, respectivamente, unas orientaciones políticas completamente distintas para el futuro. En Porto Alegre, autoridades locales, parlamentarios, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, jueces y enseñantes propusimos -quizás utópicamente- que es posible otro mundo, pero no solamente posible, sino necesario.
En Davos, directivos de empresas multinacionales y ministros concluyeron que las claves para la nueva agenda económica mundial son el valor real de las empresas frente a la volatilidad de su cotización bursátil, el comercio como instrumento fundamental para el desarrollo sostenible y los principios que deben guiar las actividades de las multinacionales. Es decir, la distancia entre la ciudadanía y quienes detentan el poder real no hace más que agrandarse. En estos dos minutos sólo he de poner un par de ejemplos: en Davos ha habido referencias al sida, pero ninguna a la necesidad de que los laboratorios farmacéuticos, cuyas inversiones en publicidad y marketing constituyen el doble que las inversiones en investigación, abran sus patentes a los países en desarrollo. Otro ejemplo: se considera que el comercio es un factor importante de desarrollo pero no hay referencias a la reciprocidad en la apertura de mercados. El proteccionismo de los países ricos, incluida la política agrícola de la Unión Europea, juega en contra del desarrollo.
Considero, señor Comisario, que Europa debe ser un modelo para acortar distancias entre ambas posiciones. El orden económico promovido en Davos debe ir acompañado de un orden social y político como el que se reclamó en Porto Alegre. La participación de parlamentarios europeos en Porto Alegre es un buen síntoma, pero la asociación de la Unión Europea con los movimientos ciudadanos debe ir a más. Instamos a las instituciones comunitarias a que se sumen a las campañas mundiales sobre el acceso al agua, la agricultura, la seguridad alimentaria y los servicios públicos. Igualmente, pedimos a la Comisión que apoye la creación de un fondo mundial contra el hambre y la pobreza.

Lamy
Señor Presidente, los que han participado en nuestro debate de esta noche no pueden dejar de ver, en mi opinión, las semejanzas de las opiniones de los diputados que han hablado tanto sobre Davos como sobre Porto Alegre. Los primeros son el Sr. Karas y el Sr. Obiols i Germà, quienes nos han hecho, en cierta forma, la misma pregunta: ¿es posible alcanzar, en el ámbito mundial, esta domesticación, este gobierno capitalista que Europa ha cultivado en su propia tierra durante más de 200 años? ¿Podría esta economía social de mercado, que todos ustedes, con muy pocas excepciones, atribuyen a Europa, ser un proyecto para todo el mundo?
Creo que la respuesta podría ser afirmativa. Ésa podría ser nuestra respuesta, con algunas condiciones. La primera es que se acepte que la sostenibilidad en el sentido económico, social y medioambiental puede ser un proyecto común real, y que esa sostenibilidad es la base real de la estabilidad y la seguridad. Si estamos de acuerdo sobre este primer punto, la segunda condición que debe cumplirse es, indudablemente, la constitución de alianzas sobre este tema con otros actores del mundo, y considero que el concepto de bienes públicos mundiales mencionado por la Sra. Zrihen y el Sr. Désir es muy interesante a este respecto. Luego, la tercera condición es obviamente conseguir dotar a nuestro planeta del sistema de gobierno que necesita. Sin duda, ese sistema deberá tener un mayor alcance que el que tenemos ahora mismo, que es parcial y desequilibrado. En este punto, estoy de acuerdo tanto con lo que dijo el Sr. Miranda como con lo expresado por el Sr. Moreira Da Silva.
De los términos de todas estas condiciones se deduce que es improbable que esto se produzca sin una Europa más sólida, más unida y más involucrada que la Europa actual. En cualquier caso, eso es lo que creo que he entendido de las declaraciones de la Sra. Frassoni y, en este punto, la Comisión está de acuerdo. Todavía hay mucho que hacer, como ha dicho el Sr. Désir con respecto a la propuesta del FMI, y estoy de acuerdo con él en ese punto, aunque su interpretación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios siga causándonos algunos problemas aquí o allá. Sin embargo, ése es un debate que también tengo que tener con la Sra. Auroi y otros diputados. Es obvio que queda mucho por hacer, y creo que el estudio de la actual situación geopolítica, ya sea en lo que respecta a Iraq o a Oriente Próximo, nos recuerda, si es que es necesario que nos lo recuerden, que el objetivo de una política exterior y de seguridad común -que está intrínsecamente ligada a los proyectos que ustedes querrían llevar a cabo en el ámbito de la globalización- sigue estando muy lejos.
Ahora voy a pasar a hablar de algunos asuntos más concretos. Estoy de acuerdo con la Sra. Sanders-ten Holte y la Sra. Korhola en lo que respecta a la importancia de la responsabilidad social de las empresas. Del mundo empresarial podrían surgir iniciativas para lograr una mejor gestión de la globalización, al igual que puede haber iniciativas ciudadanas sobre lo que el Presidente Suárez denominó movilización social y ciudadana. Esto queda demostrado, sobre todo, por los movimientos de comercio justo y de los consumidores destinados a conseguir un etiquetado que respete el medio ambiente o promueva mejores condiciones sociales de producción. Somos conscientes de que, en estas áreas, no se puede hacer nada sin movilizar a la propia sociedad.
En lo que respecta al papel y la intervención de los parlamentos y el control democrático, Sra. Frassoni, usted es consciente de la posición de la Comisión sobre el lugar que esta Cámara, este Parlamento, debería ocupar en este tipo de debate, sobre todo cuando se tratan asuntos de comercio multilateral. Les remitiríamos a la Convención, que también debe decidir sobre este punto. Esperemos que, tanto en este asunto como en otros, la Convención sea más productiva que la última conferencia intergubernamental.
No voy a profundizar en temas de agricultura, ya que volveremos a ellos en el siguiente debate.
En lo que respecta a la brecha tecnológica que debe superarse, Sr. Wijkman, tiene razón y creo que los que formamos parte de la Comisión estamos de acuerdo en que nuestra ayuda pública al desarrollo debería reorientarse o revisarse en algunos casos.
En lo referente a la industria de los servicios, las propuestas de la Comisión están sobre la mesa. Su Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía puede recogerlas con arreglo a las condiciones de nuestro acuerdo institucional. Esas mismas propuestas están también sobre la mesa del Consejo de Ministros. Por lo tanto, ha comenzado el momento del debate público, y yo personalmente estoy encantado.

El Presidente.
Para concluir este debate, he recibido seis propuestas de resolución presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la autorización para utilizar los medicamentos genéricos en el marco de la OMC.
Tiene nuevamente la palabra el Comisario Sr. Lamy.

Lamy
Señor Presidente, este debate es una oportunidad para hablar con ustedes sobre el trabajo que se está llevando a cabo en la Organización Mundial del Comercio sobre el acceso a los medicamentos a un precio razonable por parte de los países en vías de desarrollo.
Como saben, los miembros de la OMC no han conseguido encontrar una solución, dentro del plazo fijado, que concluyó el año 2002, a los problemas a los que se enfrentan los países en vías de desarrollo que no tienen la capacidad necesaria para producir medicinas, dado que el debate se refería a ese problema concreto tras los acuerdos firmados en Doha.
La Unión Europea ha dedicado un gran esfuerzo a buscar una solución. Propugnamos una estrategia, y ésa ha sido siempre la base de nuestra posición, que, por una parte, permite que medicinas con precios reducidos, incluidos medicamentos genéricos, lleguen a los que los necesitan y, por otra parte, permite a la industria farmacéutica seguir invirtiendo en investigación.
Nos gustaría conseguir un resultado equilibrado, en primer lugar porque necesitamos resolver lo que es un grave problema social, en ocasiones trágico, en muchos países en vías de desarrollo y, en segundo lugar, porque esta situación pesa mucho sobre el clima de confianza que debe reinar en la mesa de la OMC si queremos que se produzcan avances en las negociaciones de Doha.
Por lo tanto, hemos trabajado mucho para intentar encontrar una solución que sea tanto sólida desde el punto de vista jurídico como sostenible, rechazando una moratoria en la regulación de las diferencias de opinión como solución a esta cuestión y rechazando también, desde el principio, cualquier idea de derogación. No creemos que ninguno de esos dos métodos cumpla estas dos condiciones de solidez y sostenibilidad. Por lo tanto, no podemos aceptar la situación actual, que se debate entre el fracaso o la adopción de medidas insuficientes, como una moratoria, aunque esta medida insuficiente proporcione una solución temporal.
La posición de la Unión sigue siendo la misma. Tenemos que encontrar una solución multilateral tan pronto como sea posible, una solución sostenible y justa que proporcione un nivel suficiente de seguridad jurídica para que todos los actores puedan unir sus fuerzas.
Por eso aceptamos plenamente el borrador de acuerdo del 16 de diciembre que estaba sobre la mesa. Creímos que era razonable y equilibrado y que cumplía lo dispuesto en Doha, y es por eso por lo que, como a la aplastante mayoría de los miembros de la OMC, nos convenció.
Sigue pendiente de resolver el problema del alcance del acuerdo en cuanto a los distintos tipos de problemas de salud. Sabemos que los estadounidenses son los únicos que no se han unido al consenso sobre este punto. Esta situación, como he dicho públicamente y les repito ahora a ustedes, es muy lamentable, y es preciso superar este obstáculo.
Para la Unión está claro que el mandato de Doha es intencionadamente amplio y debemos respetar eso. En el caso de un problema de salud pública grave, y reitero los términos de la Declaración de Doha, puede y debe activarse el mecanismo de la OMC que permite la importación de medicamentos genéricos.
Por lo tanto, buscamos un acuerdo que pueda ir más allá, dado el alcance estipulado en Doha, incluyendo la hipótesis reconocida anteriormente por todos de que las enfermedades como el sida, la malaria, la tuberculosis y toda una lista de otras enfermedades estarían cubiertas como principio general, y es por eso por lo que hemos sugerido que se solicite la participación de la OMS, que tiene una indiscutible experiencia en el campo de la salud pública.
Lo hicimos sobre la base de una lista que quiero especificar que no es exclusiva ni restrictiva. Creemos que la utilización del sistema no debería estar limitada a las enfermedades de esa lista. No debe haber ningún malentendido a este respecto.
En el caso de que se produzca cualquier otro problema grave de salud pública y existan dudas sobre los fundamentos de la medida, un miembro de la OMC podría solicitar un dictamen médico a la Organización Mundial de la Salud. Esta posibilidad de solicitar un dictamen debería permitir que los Estados Unidos superen sus reticencias con respecto a la utilización del sistema por parte de los países en vías de desarrollo.
Sería simplemente un dictamen no restrictivo. También a este respecto quisiera especificar que esto no constituiría en ningún caso un ataque contra la soberanía de los Estados miembros en el campo de la salud pública. Todos sabemos que el papel de la OMS es, al menos de momento, meramente consultivo.
Nuestro objetivo, cuando pusimos esta propuesta sobre la mesa a principios de enero, se ha cumplido. Se han reanudado los debates. Nuestra propuesta sirve como base para estos debates y vamos a hacer todo lo que podamos, como hemos hecho durante los últimos meses, para convencer a los miembros de la OMC de la necesidad de un compromiso tan parecido como sea posible al del 16 de diciembre. Es preciso que avancemos. Demasiados países necesitan importar medicinas baratas. Sabemos que la medida temporal que les permite hacerlo ahora no es permanente y, desde ese punto de vista, no queremos ni podemos decepcionarles.

Wijkman (PPE-DE).
Señor Presidente, gracias, Comisario Lamy, por la introducción que ha hecho a este importante y complicado tema. Ha pasado sólo poco más de una semana desde que una gran mayoría del Parlamento votó, en la primera lectura, a favor de una nueva regulación para luchar contra el VIH, la malaria y la tuberculosis en los países pobres del mundo. Habíamos estado trabajando en este asunto durante casi un año. El debate se centró sobre todo en la desigual batalla librada en la gran mayoría de los países pobres entre, por una parte, la propagación de graves enfermedades infecciosas y, por otra parte, el acceso a los recursos disponibles tanto para prevenir esa propagación como para ayudar a las personas infectadas y enfermas.
Un gran problema en relación con esto es que un porcentaje tan pequeño de la investigación sanitaria mundial se dedique precisamente a estas enfermedades que afectan a una proporción tan grande de la población mundial. Esto se debe, por supuesto, a que son muchas las empresas farmacéuticas que creen que este tipo de investigación no es rentable. Es por eso por lo que debemos buscar soluciones innovadoras. El mercado no conseguirá solucionar por sí mismo este problema. Lo que hace falta es la cooperación entre las organizaciones públicas de ayuda y la industria.
Otro problema que se trató en el debate fue el actual desequilibrio entre los ADPIC y la OMC en lo referente a la posibilidad, en situaciones especiales, de recurrir a lo que se conoce como licencias obligatorias. Naturalmente, soy consciente de las negociaciones en las que ha participado el Comisario. Sólo puedo lamentar que no se hayan conseguido resultados, ya que se trata de una cuestión increíblemente importante. Los países que más dependen de estas normas de excepción del Acuerdo sobre los ADPIC están ahora en una posición en la que se les está discriminando.
Yo creo que la situación ideal sería que esos países del sur que carecen de capacidad de producción fueran tratados de la misma forma que los países europeos o norteamericanos. El compromiso que intenta conseguir el Comisario Lamy incluye una lista. Creo que esa lista parece correcta, pero lo ideal sería, por supuesto, que no hubiera necesidad de ninguna lista. No obstante, si ahora nos estamos acercando a un compromiso, creo que lo que usted ha conseguido hasta ahora es digno de mención. También considero que la relación con la OMS es una idea interesante. Creo que le puedo garantizar que tendrá el apoyo incondicional del Parlamento en sus esfuerzos para conseguir un resultado positivo para que puedan tomarse medidas sobre este asunto y, sobre todo, para que pueda continuar todo el proceso de Doha.
Dado que lo que esperamos que llegue a ser una solución va a ser un compromiso, considero también que sería muy razonable fijar una fecha límite, por ejemplo dentro de un par de años, para la que este compromiso debería haberse evaluado, con el fin de que podamos ver si realmente funciona bien y, en caso contrario, desarrollarlo y mejorarlo.
A modo de conclusión, querría decir que es una verdadera pena que hayamos acabado en esta posición. Encuentro incomprensible que haya oposición en este tema. Puedo entender la preocupación sobre la existencia de fraudes e importaciones paralelas, pero se trata de problemas generales que debería ser posible solucionar y que no deberían primar sobre la situación de la atención sanitaria en los países pobres del mundo.

McNally (PSE).
Señor Presidente, esta tarde vamos a identificar lo que probablemente son los dos aspectos cruciales de la próxima ronda de la OMC que tendrá lugar en Cancún: los ADPIC y la salud pública y la agricultura. La percepción que tengan los países en desarrollo de nuestra buena fe, buena voluntad y sinceridad hacia ellos dependerá de nuestra actitud en estos dos asuntos. Como todos sabemos, en la Declaración de Doha se plasmó un acuerdo vinculante cuyo apartado 6 subrayaba el grave problema de los miembros de la OMC con una capacidad de producción nula o insuficiente en el sector farmacéutico, que podían tener dificultades para hacer un uso efectivo del sistema de licencias obligatorias estipulado por el Acuerdo sobre los ADPIC. Se pidió al Consejo para los ADPIC que buscara una solución expeditiva a este problema.
Señor Comisario, celebramos los esfuerzos que ha realizado y el respaldo con que ha contado para conseguir que esto se aplique. Mediante una sugerencia innovadora y bien acogida, usted consiguió el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Si este propósito no se cumple, los nuevos imperativos supondrían la violación del espíritu de la Declaración de Doha y demostrarían mala fe. Estoy segura de que tiene usted razón -ya hemos discutido sobre esto- al rechazar una moratoria para los litigios o, de hecho, una derogación. Ninguna de las dos es una solución suficiente.
El comportamiento de los Estados Unidos, no sólo sobre este asunto, sino también -y de una forma mucho más grave en algunos aspectos- en relación con Irak, es cada vez más difícil de comprender. De hecho, la única explicación posible es que sus políticos prestan una atención indebida a los intereses económicos de las empresas farmacéuticas que pagaron su elección. Se han limitado a poner sobre la mesa una solución unilateral y una lista muy restringida. ¡Eso no basta!
Ya se han incumplido dos plazos y hay un riesgo real de parálisis si los esfuerzos que hemos canalizado a través de usted no llegan a buen puerto. Las inquietudes suscitadas, por ejemplo en relación con el comercio ilegal de medicamentos genéricos, están siendo abordadas. De ahí el reglamento del Consejo de Ministros.
Debemos congratularnos de su propuesta del 7 de enero. Es una solución multilateral que incluye el apoyo de un organismo acreditado y de toda confianza, la Organización Mundial de la Salud. Como usted ha dicho, la solución debe ser duradera, justa y viable desde el punto de vista jurídico. El conflicto debe analizarse basándose en la máxima de que la salud pública debe primar sobre las patentes. No se puede sobreestimar la importancia de encontrar una solución a este problema. Le deseo buena suerte, señor Comisario.

Clegg (ELDR).
Señor Presidente, es posible que en este debate merezca la pena volver a citar lo que dice realmente la Declaración de Doha. Cito: «Convenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública» y «puede y deberá ser interpretado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos». Merece la pena tener en cuenta esas palabras y repetirlas para que consten en acta, sobre todo para el consumo de los observadores estadounidenses. Dudo que nos estén escuchando ahora mismo, pero quizás podamos mandarles más tarde una copia del Acta de este estimulante debate.
La posición de los Estados Unidos no sólo es contraria al espíritu de la Declaración de Doha, sino que infringe directamente la letra de la misma. Por lo tanto, es una bofetada a todos los países en vías de desarrollo que pusieron tantas esperanzas en la Declaración de Doha y en los objetivos de la ronda de desarrollo de Doha. Constituye una espectacular afirmación de unos intereses comerciales estrechos y equivocados por encima de la mayor recompensa de una ronda de desarrollo en sí misma. Merece la pena dejar esto claro porque, si ustedes analizan los intereses comerciales que estaban en juego, resulta aún más incomprensible que los Estados Unidos estén bloqueando de forma unilateral el acuerdo en este tema.
Voy a citar una nota de prensa de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas. Afirma que: «más del 95% del total de los medicamentos incluidos en la lista de medicamentos esenciales de la OMS están fuera del sistema de patentes, y los estudios demuestran que hay relativamente pocas patentes de medicamentos contra el sida en África». En otras palabras, esa misma estadística indica que hay un escaso riesgo comercial para la industria farmacéutica, tanto para la europea como para la estadounidense. Es de lo más frustrante ver cómo se incumplen esos plazos fijados -incluso aplicando la lógica de su propio interés comercial- mientras un sector concreto estadounidense bloquea el progreso en este campo.
Mi Grupo respalda firmemente las iniciativas llevadas a cabo por el Comisario Lamy y la Comisión Europea. Simpatizamos con su posición y nos preguntamos por qué la industria farmacéutica estadounidense ha obtenido, aparentemente, el apoyo del Gobierno estadounidense a su irracional reacción ante la propuesta de la UE. El unilateralismo motivado todavía es comprensible. El unilateralismo sin lógica alguna es imperdonable.

Marset Campos (GUE/NGL).
Señor Presidente, yo también quisiera mostrar el apoyo de nuestro Grupo al trabajo bien hecho del Comisario para poder resolver de forma satisfactoria este conflicto surgido en Doha en relación con la postura de los Estados Unidos. Me gustaría señalar varias incongruencias: como médico y como profesor conozco el conjunto de informes que la Organización Mundial de la Salud presenta cada año, en los que siempre se cita el famoso círculo vicioso de Horowitz, por el cual la enfermedad da pobreza y la pobreza da enfermedad. Por lo tanto, hay que romper ese círculo vicioso, precisamente ayudando -entre otras cosas- a eliminar enfermedades, porque con la eliminación de la enfermedad aumenta la capacidad económica y con el aumento de la capacidad económica se ayuda a los países a estar en condiciones de producir, de tener su propia industria, y a la población necesitada a tener acceso a estos medicamentos. Por ello nos encontramos ante una tarea de alta responsabilidad.
Es también -y ya lo han dicho otros oradores- lamentable que la postura unilateral de los Estados Unidos en este sentido esté incidiendo en uno de los aspectos más negativos del proceso de globalización neoliberal que estamos sufriendo, y que consiste en aumentar las desigualdades, en dificultar y debilitar la situación de los países con menos recursos. Por lo tanto, hay que comprender que es la Unión Europea, basada en un ansia de paz y en un ansia de desarrollo y de solidaridad, la que puede introducir elementos de rectificación en este proceso neoliberal de la globalización que está en marcha para suministrarle estos componentes que -como ya se ha dicho en el anterior debate- han surgido del Foro Social Mundial de Porto Alegre.
Por ello, pensamos que son adecuados los esfuerzos que está realizando la Unión Europea para poder situar a la Organización Mundial de la Salud como organización con autoridad para poder indicar en cada momento los perfiles sanitarios necesarios, y por ello defendemos la postura del Sr. Lamy.

Rod (Verts/ALE).
Señor Presidente, me sorprende y entristece que este asunto vuelva a estar sobre la mesa. En noviembre de 2001, los países en vías de desarrollo se regocijaban por la Declaración de Doha, que les autorizaba a recurrir a licencias obligatorias por razones de salud pública. Sólo hay una nube en el horizonte: los países sin capacidad de producción necesitan que otro país fabrique las medicinas que les hacen falta, mientras que una empresa sólo puede fabricar una medicina si el 51% de su producción se destina al mercado nacional.
Este problema del apartado 6 debería haberse solucionado antes del final de 2002, pero todavía no se ha solucionado. Mientras tanto, los laboratorios farmacéuticos estadounidenses, que son el principal sustento financiero de la campaña de Bush, han vuelto al ataque. Las propuestas hechas por los Estados Unidos o la Unión Europea, que son a cada cual más restrictiva, han fracasado. En estos momentos, el Consejo sobre los ADPIC propone volver a la anterior redacción, que permitía recurrir a licencias obligatorias en casos urgentes, una solución que resultó inaplicable y dio lugar a la Declaración de Doha.
El objetivo del apartado 6 debe ser garantizar que países sin capacidad de producción puedan utilizar realmente licencias obligatorias. Sin embargo, algunas propuestas generan una discriminación entre países de primera clase con capacidad de producción y países de segunda clase sin capacidad de producción, que, de hecho, son los países más pobres. Los primeros podrán utilizar licencias obligatorias para fabricar cualquier medicina para afrontar un problema de salud pública que ellos mismos hayan identificado, mientras que los últimos tendrán que demostrar que tienen una situación nacional de emergencia.
A pesar de que, en teoría, todos los países pueden recurrir a licencias obligatorias, en la práctica los países más pobres tendrán que luchar para que se les reconozca que padecen situaciones urgentes, obtener su licencia y conseguir que otro país les fabrique las medicinas. Esta propuesta es inaceptable y le pediría, Sr. Lamy, que proponga una solución que beneficie realmente a los países en vías de desarrollo para que la salud prime sobre los beneficios, como usted mismo dijo con toda razón.

Collins (UEN).
Señor Presidente, el quid de esta cuestión es muy sencillo. Hay 42 millones de personas en el mundo que tienen el virus del sida, a pesar de que disponemos de la tecnología y de los tratamientos para luchar contra enfermedades como esta. Sin embargo, la población de los países en vías de desarrollo no puede permitirse pagar los precios desorbitados de los medicamentos necesarios para tratar a los enfermos de sida y otras enfermedades como la malaria y la tuberculosis. Si queremos facilitar esos medicamentos a los que los necesitan, tenemos que pasar por encima de los derechos de propiedad intelectual de empresas que han patentado la tecnología para luchar contra estas enfermedades.
Podemos hacerlo llegando a un acuerdo entre todas las partes contratantes en el seno de la Organización Mundial del Comercio. La clave de los debates es la relación entre los derechos de propiedad intelectual y las cuestiones de salud pública. Si conseguimos dar a los países en vías de desarrollo el derecho a distribuir esos medicamentos necesarios entre sus ciudadanos de acuerdo con sus propias condiciones de licencia, el coste de los medicamentos se reducirá sustancialmente.
Todos recordamos la demanda presentada a bombo y platillo por 40 compañías farmacéuticas contra el Gobierno de Sudáfrica a este respecto. Tenemos la obligación moral de apoyar los esfuerzos encaminados a encontrar la forma de facilitar los medicamentos que la población de los países en vías de desarrollo necesita con urgencia.
Se trata de un asunto que debe tratarse en la Organización Mundial del Comercio, pero me temo que los avances son demasiado lentos. El pasado mes de noviembre, la Unión Europea presentó una propuesta de compromiso en la reunión ministerial de la OMC en Australia, con el fin de hallar una solución para este importante problema. Sin embargo, parece que el Gobierno estadounidense no está satisfecho en absoluto con los términos de ese compromiso. El Gobierno estadounidense cree que la propuesta de la Unión Europea incluye demasiadas enfermedades. Dicen que incluye demasiadas enfermedades, pero mientras hay gente que muere de sida, malaria y tuberculosis. Más de tres millones de personas morirán de sida tan sólo este año. Tenemos la tecnología para dar un tratamiento adecuado a los que sufren esta enfermedad. Tendremos que dejar de lado los derechos de propiedad intelectual para poder aliviar el sufrimiento de millones de personas que van a morir innecesariamente, si no encontramos una solución urgente a este problema.
Hablando ahora de un asunto distinto pero relacionado, he solicitado muchas veces a los miembros de la comunidad internacional que incrementen sus presupuestos para la lucha contra la epidemia del sida. De hecho, es preciso establecer programas de alivio de la deuda para los países en desarrollo que tienen cifras elevadas de enfermos de sida.

Grossetête (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, este debate trae a nuestra memoria los conceptos de paz y solidaridad en los que se basó la creación de la Unión Europea. El principio de solidaridad no sólo es de aplicación dentro de la Unión, sino también con respecto a los habitantes de los países menos desarrollados.
La Unión Europea defendió este concepto cuando, ante la obstrucción de los Estados Unidos, tomó la iniciativa y autorizó la importación y la utilización de genéricos y medicinas baratas para comunidades desfavorecidas. Como ponente ante el Parlamento de directivas relacionadas con medicamentos, he trabajado en directivas relativas a la autorización de la comercialización de medicinas dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, soy plenamente consciente de los problemas que suscita. Entiendo que es importante alcanzar un equilibrio satisfactorio entre la investigación y los medicamentos genéricos, entre la protección de los datos y el precio de la medicina y entre la innovación y las copias autorizadas.
Sin embargo, no es mi intención volver a tratar esos temas hoy, ni tampoco deseo ahondar en la cuestión suscitada por varios países, es decir, si el derecho a la salud debería primar sobre el derecho a la patente. En determinadas circunstancias, esta cuestión puede solucionarse bastante fácilmente. ¿Tenemos derecho a permitir que personas se consuman? ¿Tenemos derecho a permitir que mueran personas cuando podrían recibir tratamiento? Eso equivaldría a no auxiliar a una persona en peligro. De acuerdo con el principio del acceso igualitario a las medicinas y, por lo tanto, a la salud, rogaría a la Unión Europea que utilice toda su influencia para apoyar esas autorizaciones. Al mismo tiempo, sin embargo, la Unión debería conseguir que se creara un marco concreto y que el proceso fuera completamente transparente. Creo que sería útil que la Organización Mundial de la Salud actuara como árbitro en esto, y quisiera dar tres razones que explican esta afirmación.
En primer lugar, deberían ponerse en práctica medidas eficaces para evitar la importación paralela a la Unión Europea de medicamentos genéricos destinados a los países en vías de desarrollo. Si no se introducen esos controles, las personas a las que deseamos ayudar no recibirán las medicinas que les están destinadas. Asimismo, esas importaciones paralelas perjudicarían al sistema sanitario de calidad que deseamos desarrollar en el seno de la Unión Europea. La autoridad competente debería elaborar un registro permanente de medicamentos genéricos destinados a los países en vías de desarrollo para garantizar la eficacia de esos controles. Espero que esta lista evolucione con el tiempo según vayan apareciendo nuevas enfermedades, con el fin de incrementar la eficacia de los marcos de distribución de productos y de control de calidad. En lo que respecta a la calidad de esas medicinas, sabemos que no son productos de tercera categoría. Muy al contrario, sabemos que se trata de productos tan eficaces como las demás medicinas. Sin embargo, facilitar esos medicamentos podría ser sólo un aspecto de la curación de la enfermedad y la lucha contra las epidemias que tratamos de frenar.
En último término, Comisario, el establecimiento de infraestructuras locales, laboratorios de control y la formación de los profesionales son tan importantes como facilitar el acceso a esos medicamentos. Por todas esas razones, creo que la OMS debería asumir el crucial papel de garante del proceso mediante el cual las medicinas se pondrán a disposición de todos.

Van den Berg (PSE).
Señor Presidente, en el espíritu multilateral de solidaridad mundial y la coalición mundial contra el terrorismo internacional posterior al 11 de septiembre, nosotros, los europeos, con el inspirador liderazgo del Comisario Pascal Lamy, nos hemos dedicado a construir puentes, a convencer a los Estados Unidos y a hacer de Doha una ronda de desarrollo llena de éxitos.
En último término el factor decisivo resultó ser el acceso de los países en vías de desarrollo a medicamentos baratos sin pagar los derechos de patente, ya sea produciéndolos en esos mismos países o importándolos. Al final se produjo un gran avance político. Todos los países en vías de desarrollo pueden determinar ya cuándo tienen una grave crisis sanitaria y nada les impide, ni siquiera el acuerdo sobre los ADPIC, comprar o fabricar medicinas baratas. Esto es aplicable a todos los países en vías de desarrollo y a todos los medicamentos. No hay restricciones, ni es necesaria ninguna autorización externa previa.
El encargo era perfeccionar esto en un texto legalmente vinculante. Ese texto debía elaborarse en diciembre de 2002, pero fue imposible porque los Estados Unidos, en mi opinión, habían dejado de mantener una posición multilateral. Creo que el Presidente Bush ha pisoteado el acuerdo de Doha en favor de su propia industria farmacéutica. Comisario Lamy, usted siempre nos ha dicho que está negociando en nombre de toda Europa y que acepta que el Parlamento Europeo posee poderes de control democrático y codecisión.
Bien, ésa es una cuestión importante para el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y, por lo que he podido oír a mis compañeros, también para otros muchos grupos. Nos gustaría decir que goza de nuestro pleno apoyo, pero no queremos seguir rindiéndonos a la presión de los Estados Unidos. Por lo tanto, hasta aquí hemos llegado. No queremos ninguna restricción a los países, ninguna restricción al tipo de medicinas, ni ninguna aprobación previa de una autoridad externa. Naturalmente, eso es un poco distinto del asesoramiento de la OMS. Sin embargo, sí apoyamos la instauración de medidas estrictas para proteger nuestro propio mercado europeo contra el dumping.
Teniendo en cuenta que más del 90% de los enfermos de sida viven en países en vías de desarrollo, queremos que Europa decida sin ambigüedades en qué lado está y que se limite estrictamente a una solución en consonancia con el acuerdo político de Doha.
Instamos a los demás grupos de este Parlamento a que voten en consecuencia. Los intereses de los enfermos de sida, tuberculosis y malaria de todo el mundo deben ser lo primordial. No el comercio. La necesidad carece de ley. Los acuerdos sobre los ADPIC no deben ser un factor restrictivo. Como Grupo del PSE, estamos convencidos de que si esto falla, Doha será derrotada y Cancún habrá fracasado antes de empezar. ¡En ese caso no habrá ninguna ronda de desarrollo! Y eso es lo último que el mundo puede permitir en la grave crisis actual.
Es por eso que adoptamos esta clara postura. Tras haber escuchado a mis colegas, el Sr. Wijkman, el Sr. Clegg y la Sra. McNally y a muchos otros, creo que este Parlamento está a punto de hacer un claro pronunciamiento y de dar al Comisario Lamy, que, como ha comprendido, goza de nuestro pleno apoyo, un mandato muy potente.

Plooij-van Gorsel (ELDR).
Los acuerdos adoptados en Doha son vitales para dar a las personas de los países en vías de desarrollo un mejor acceso a los medicamentos, sobre todo a los que tratan enfermedades relacionadas con la pobreza. Mi grupo considera que el Comisario Lamy ha llevado a cabo algunas excelentes iniciativas con el fin de hacer más fácilmente accesible la asistencia sanitaria, también en los países más pobres y concretamente en los países que no tienen capacidad de producción propia.
Sin embargo, quisiera hacer una crítica, aunque estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. El acceso a los medicamentos no es sólo cuestión de dinero. Hay otros dos aspectos que quisiera abordar.
En primer lugar, la infraestructura de los países en cuestión, y en este caso estoy hablando de la distribución y de qué personas de esos países acceden a esas medicinas. La distribución significa que debe haber una infraestructura, algo de lo que carecen completamente muchos países pobres. Aún peor: las infraestructuras no son prioritarias para los regímenes de esos países. Por ejemplo, una persona que toma medicamentos contra el sida tiene que tomarlos tres veces al día todos los días. Eso significa que tiene que seguir rígidamente el tratamiento y que los canales de distribución deben garantizar que los pacientes puedan obtener siempre sus medicinas. Si eso no ocurre, el remedio será peor que la enfermedad, porque las personas desarrollarán una resistencia a esas medicinas y eso acabará por extenderse también a los países occidentales. En ese caso, habría que crear nuevos medicamentos. Ése es el primer aspecto que quería tratar.
La segunda cosa que quería decir es que esos regímenes son, con frecuencia, corruptos. En esos casos, resulta que las únicas medicinas que se ponen a disposición de los enfermos son las que hemos exportado a esos países a precios bajos o las que pueden producirse allí sin patentes, e incluso así esos medicamentos están sólo disponibles para los más ricos y no para los grupos pobres de población para los que los enviamos. Y, lo que es más, en ocasiones incluso se reexportan o simplemente se exportan a países occidentales.

Maes (Verts/ALE).
Comisario, la Sra. Plooij-van Gorsel está dibujando una imagen muy negativa de los países en vías de desarrollo. Afortunadamente, las cosas están avanzando actualmente, aunque las enfermedades avanzan aún más rápidamente. Es precisamente esta carrera contra el sida, la tuberculosis y la malaria la que debemos intentar ganar. Realmente se está intentando establecer sistemas sanitarios básicos en muchos países en los que no existían y la Unión Europea debe estar a la altura en esto. Hubo un tiempo en el que tratar a las personas que enfermaban a pesar de la prevención -que, seamos sinceros, no es perfecta ni siquiera hoy en día- era un ideal inalcanzable. Por primera vez, sin embargo, hay esperanzas de que esas personas -incluso las que tienen el VIH- puedan mejorar sus vidas y la calidad de las mismas si tienen acceso a medicinas. Por lo tanto, es de vital importancia que usted tenga éxito en su misión, señor Comisario. Todos los miembros del Parlamento Europeo le apoyamos en sus esfuerzos para conseguir que la enfermedad pueda superarse, incluso en países que no tienen los recursos necesarios para hacerlo por sí mismos. El fracaso de Doha, sin embargo, invita al pesimismo. Espero que pueda decirnos que podemos volver a nuestras propias propuestas, pero también estoy dispuesto a dar una oportunidad a su compromiso porque creo que es razonable, aunque lo encuentro demasiado paternalista. No obstante, considero que es un mínimo y espero que usted tenga por lo menos éxito en eso.

Tannock (PPE-DE).
Señor Presidente, no voy a ensañarme con los Estados Unidos porque toda la normativa de comercio internacional sobre medicamentos es un desastre. Desgraciadamente, una vez que las empresas farmacéuticas -aunque con la sana intención de aliviar el sufrimiento- permitieron que sus productos y sus derechos de propiedad intelectual quedaran semiconfiscados con el pretexto de ponerlos a disposición de los países en vías de desarrollo a precios asequibles, era inevitable que surgieran complicaciones de todo tipo.
Entre ellas, la definición de lo que constituye una medida de protección de la salud pública y está, por lo tanto, sujeto a los requisitos de concesión obligatoria de licencias que permiten los ADPIC. Inicialmente se incluyeron enfermedades contagiosas como el VIH-sida, la malaria y la tuberculosis, pero ahora hay planes para ampliar esa lista si la OMS lo considera oportuno. Según vayan desarrollándose esos países, más enfermedades occidentales pasarán a ser endémicas y se pedirá que esas categorías se amplíen aún más.
Asimismo, dado que llegan a Europa más inmigrantes, enfermedades como las tres citadas pasarán a ser más comunes. Eso creará mercados para esos medicamentos y dará lugar a enormes presiones del mercado para la reimportación paralela de medicamentos por intermediarios sin escrúpulos desde los países en vías de desarrollo, que los producen a bajo coste en forma de genéricos. Eso reducirá los beneficios de las industrias farmacéuticas legítimas.
También parece que las exenciones discriminan a los países más pequeños que carecen de la infraestructura productiva necesaria para elaborar los medicamentos necesarios bajo licencias obligatorias. Todo habría sido mucho más sencillo si hubiéramos defendido con más fuerza los derechos de las compañías farmacéuticas a mantener sus derechos de patente en todo el mundo, para luego negociar algunas diferencias de precio, según lo que los mercados pudieran soportar realmente, insistiendo también en que la carga de la factura de los medicamentos se pagara en su mayor parte mediante paquetes de ayuda y no atacando al capital social de las principales compañías farmacéuticas. Si es preciso reducir los beneficios de las compañías farmacéuticas, mi país, el Reino Unido, sufrirá unos efectos desproporcionados, puesto que es un importante sector generador de empleo y de ingresos de exportación, y muchos de nuestros fondos de pensiones tienen gran parte de su capital invertido en este sector. Después de todo, muchos países en vías de desarrollo -incluso si los medicamentos fueran gratuitos- carecen de las infraestructuras para administrar los tratamientos. Además, los beneficios son esenciales para financiar la investigación y el desarrollo en el futuro, incluso en el terreno de los medicamentos huérfanos para enfermedades tropicales raras, que actualmente no interesan mucho en Occidente. Como mínimo, solicito una revisión cada tres años en el futuro para ver cómo funciona en la práctica este Acuerdo sobre los ADPIC.

Kinnock, Glenys (PSE).
Señor Presidente, la tragedia, como ha dicho el Comisario, es que todavía estemos en un punto muerto con respecto a unos cambios que podrían permitirnos cumplir los objetivos reales que identificamos en Doha, que podrían permitir a algunos países -como otros han dicho- contar con la capacidad de producción necesaria para exportar medicamentos genéricos más baratos a los países que los necesitan.
La realidad es que los países en vías de desarrollo no aceptarán la insistencia de Estados Unidos en restringir las exportaciones a aquellos medicamentos que tratan unas pocas enfermedades infecciosas. Me temo que, incluso si los Estados Unidos ceden, las reformas estarán llenas de burocracia y tendrán algunos rasgos que van más allá los ADPIC.
Deberíamos estudiar ahora la posibilidad de un nuevo comienzo que probablemente daría lugar a una solución factible, aunque debo aceptar que eso es improbable. El problema es que todo este tema podría continuar abierto hasta Cancún. Si eso ocurriera, los asuntos de los ADPIC podrían volver a utilizarse como moneda de cambio en las negociaciones sobre agricultura, servicios y las cuestiones nuevas. ¿Considera esto probable, señor Comisario? Con toda seguridad sería desastroso que esperáramos que los países en vías de desarrollo utilizaran como moneda de cambio en las negociaciones el único ámbito en la que consiguieron una importante victoria en Doha.
El espíritu y la realidad de la ronda de desarrollo se ponen claramente en entredicho si los países en vías de desarrollo tienen la impresión -y la tienen ahora, como ha dicho la Sra. McNally- de que se están anteponiendo los intereses comerciales a la salud pública. Ésa no era la intención de Doha.
Usted sabe, señor Comisario, como otros han dicho, que se trata de cuestiones de justicia y equidad y que el concepto de la ronda de desarrollo sería un fraude si se percibiera que el mundo industrializado está renegando de la posición que se acordó tan satisfactoriamente en Doha.

Désir (PSE).
Señor Presidente, cuando los Estados Unidos se enfrentaron recientemente a la amenaza de un ataque con carbunco, las autoridades necesitaban suministros suficientes y baratos del medicamento para tratar la enfermedad. Se encargaron de obligar al laboratorio farmacéutico correspondiente a suministrar las medicinas a un precio más bajo. Si el laboratorio se hubiera negado a hacerlo, las autoridades estadounidenses habrían recurrido a una licencia obligatoria. Quisiera recordarles que, en esa ocasión, nadie exigió a los Estados Unidos que consultaran con la Organización Mundial de la Salud antes para comprobar si el carbunco estaba en la lista de enfermedades consideradas admisibles. No se exigió a los Estados Unidos que negociaran las condiciones de la posible producción de ese medicamento genérico. ¿Por qué les exigimos ahora que lo hagan a determinados países en vías de desarrollo?
Ahora voy a pasar al segundo aspecto que quería mencionar. Creo que el Sr. Clegg tenía razón al citar la declaración de Doha. Considero que mis colegas diputados tenían razón al recordarnos que se llegó a un compromiso y que ese compromiso debería respetarse. De acuerdo con ese compromiso, la interpretación de los acuerdos sobre propiedad intelectual no debería impedir en ningún caso que los países en vías de desarrollo y los países miembros de la OMC aborden sus necesidades de salud pública, tengan o no la capacidad para producir medicinas. Por lo tanto, se debería permitir a esos países tomar sus propias decisiones al respecto. Los que tengan capacidad para producir medicamentos deberían poder decidir las circunstancias en las que necesitarían recurrir a licencias obligatorias. Los que no tengan esa capacidad deberían poder decidir las circunstancias en las que pueden tener que recurrir a importaciones paralelas. Esas importaciones serían legales, puesto que estarían aprobadas por el Estado. Por lo tanto, el Sr. Rod y el Sr. Wijkman tienen razón, al igual que otros como el Sr. Van den Berg, cuando dicen que estaríamos imponiendo a los países más pobres condiciones que no son de aplicación a los países industrializados ni a los países en vías de desarrollo con capacidad para producir medicamentos.
Creo que nos enfrentamos ahora a la complicada tarea de encontrar una solución sencilla y eficaz al problema. Cualquier solución deberá poder encontrarse sin necesidad de largas y costosas negociaciones y procedimientos, puesto que eso costaría la vida a millones de enfermos que morirían sin tener acceso al tratamiento.
Por lo que hemos oído, nuestro colega, el Sr. Tannock, está más preocupado por la posible caída de los beneficios de determinadas industrias que por el destino de los enfermos. Señor Lamy, usted está recibiendo claramente presiones procedentes de determinados sectores, incluidas las industrias europeas. ¡Le ruego que no ceda ante esas presiones! Por favor, hable en nombre del pueblo de Europa, que quiere que ayudemos a los enfermos de los países en vías de desarrollo.

Cushnahan (PPE-DE).
Señor Presidente, celebro la iniciativa que la Unión Europea presentó en enero para salir de la actual parálisis en que se encuentra el acceso a medicamentos a precios asequibles por parte de los países en vías de desarrollo, sobre todo los países que carecen de la capacidad de producción necesaria para fabricar medicamentos genéricos localmente.
Precisamente el mes pasado, el Comisario Lamy propuso una solución pragmática que, en su opinión, es factible, sostenible y segura desde el punto de vista jurídico, porque cumple tanto el mandato de Doha como el texto de compromiso del 16 de diciembre de 2002 que se debatió en el seno de la OMC. La iniciativa de la UE abarca la lista más amplia posible de las principales enfermedades infecciosas, pero no es restrictiva, lo que fue el principal problema en las negociaciones de 2002. 
La lista del Comisario Lamy incluye las siguientes enfermedades: la fiebre amarilla, la peste, el cólera, la meningitis, el dengue, la gripe, la hepatitis, la polio, las fiebres tifoideas, el tifus y la rubéola. Todas son enfermedades horribles que prácticamente se han erradicado en Occidente y, a pesar de ello, miles de personas mueren innecesariamente en el Tercer Mundo todos los años. La estrategia de Lamy podría salvar vidas, y las compañías farmacéuticas no perderían dinero porque las personas de esos países son demasiado pobres para comprar los medicamentos a los precios actuales. El efecto debilitador de esas enfermedades afecta a las familias, las comunidades y las economías de todo el mundo en desarrollo.
Esta iniciativa de la UE debería contribuir a mejorar la calidad de vida y la salud pública en una parte, si no en la totalidad, del mundo en desarrollo. Sin embargo, es esencial establecer un mecanismo para abordar los demás problemas de salud pública y posibles brotes de enfermedades, y no sólo las enfermedades incluidas en la lista del acuerdo de compromiso.
La lista propuesta por el Comisario Lamy no es restrictiva: los miembros de la OMC podrían solicitar a la Organización Mundial de la Salud directrices para otros problemas graves de salud pública que pueden surgir en el futuro o que no están contemplados en la lista actual. Eso confiere a la propuesta de la UE cierta flexibilidad para reaccionar ante brotes no previstos. La respuesta se basará en los conocimientos y la experiencia de la Organización Mundial de la Salud en este campo.
La propuesta de compromiso, que es más humana que el enfoque estadounidense, debería disipar los temores de los Estados Unidos de que se puedan incumplir y debilitar las leyes de patentes. Al mismo tiempo, proporciona flexibilidad suficiente para abordar crisis concretas relacionadas con enfermedades en el caso de que se produzcan.
Esperamos que este debate transmita nuestro apoyo a la propuesta de Lamy, mientras el Consejo General de la OMC debate simultáneamente este tema. Es importante ayudar a los países en vías de desarrollo a erradicar esas enfermedades sin privar a la industria farmacéutica de la financiación que necesita para seguir investigando en este campo.

Zrihen (PSE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, quisiera decir cuánto me complace que estemos celebrando este debate sobre la Organización Mundial del Comercio y determinadas negociaciones en curso. Este debate se produce en vísperas de otra reunión ministerial en la que pueden quedar selladas posiciones específicas sobre el asunto.
Sin embargo, me preocupa la declaración del Consejo sobre los ADPIC, ya que implica dar marcha atrás en los compromisos que firmamos en Doha. El acceso a los medicamentos genéricos por parte los países en vías de desarrollo no es sólo un asunto comercial. Es esencial para el desarrollo del mundo. Si no avanzamos en esa cuestión, todos nuestros demás esfuerzos para promover el desarrollo serán en vano, estaríamos perdiendo el tiempo.
Aprobada en complicadas circunstancias, la declaración de Doha sobre salud pública de noviembre de 2001 fue un importante paso para ayudar a la población de los países en vías de desarrollo y promover sus intereses. Esperábamos mandar por fin un mensaje de esperanza a esas personas. Sin embargo, en diciembre de 2002 la oposición al acuerdo, de la que eran exclusivamente responsables los Estados Unidos, demostró claramente que los intereses de la industria farmacéutica primaban sobre la salud de millones de personas.
Esta postura no es sólo desafortunada. Es inaceptable e inadmisible, dado que, como ha indicado mi colega, el Sr. Désir, los Estados Unidos estaban dispuestos a suspender la patente de Bayer en octubre de 2001 porque estaban sufriendo un ataque con carbunco, lo que obviamente constituía una cuestión muy urgente para ellos.
Deberíamos congratularnos por los esfuerzos de la Comisión para alcanzar un acuerdo sobre el acceso a los medicamentos. No obstante, la Comisión sigue sin tener en cuenta suficientemente las legítimas demandas de los países pobres. Esto ocurre cuando parece que estamos dispuestos a seguir dividiendo a los países en países de primera clase y de segunda, como si las muertes en algunas regiones fueran menos importantes que las muertes en otras.
Es preciso que en cuanto sea posible comiencen las negociaciones para alcanzar un acuerdo. Están en juego las vidas de millones de personas en los países en vías de desarrollo. Estoy seguro de que se podría conseguir un acuerdo basado exclusivamente en la declaración de Doha y en el artículo 30 del acuerdo sobre los ADPIC. Un acuerdo que se basara en cualquier otro principio que no tuviera en cuenta el artículo 30 acabaría con las esperanzas de los habitantes de los países en vías de desarrollo. Estas personas quieren salir de la pobreza y mejorar sus decadentes condiciones de vida, unas condiciones que son cada vez más inaceptables. Ese acuerdo también sería una clara señal para el pueblo europeo. Podría ser un buen ejemplo de los principios sobre los que trabaja la Unión Europea y de su preocupación por los demás.
Comisario, apelamos a usted para que hable en nombre de nuestra conciencia colectiva.

Rübig (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, creo que tenemos que empezar por aclarar si efectivamente hay leyes de patentes. El derecho de autor ha de ser válido en el país en el que se vende el producto, es decir, debe haber sido registrado y concedido en ese país. Por supuesto, siempre es posible fabricar cosas en un país donde no hay derechos de autor sobre ellas y es preciso poner en duda si, aunque obviamente resultan beneficiosos, los productos medicinales se han patentado realmente en todos los países del mundo; realmente no creo que sea así, pero si fuera el caso, el sistema de licencias obligatorias sería la estrategia ideal para dar ayuda de una forma rápida y coherente. Debemos preguntarnos, no obstante, qué ocurre si se concede una licencia obligatoria. ¿Solucionará todos los problemas? ¿Qué pasa con la prevención y la completa recuperación?
Creo que es obvio que los productos medicinales deben seguir desarrollándose y que tenemos que centrarnos fundamentalmente en crear iniciativas para la investigación, en lugar de permitirnos simplemente reducir la cuestión a los derechos de patente y las licencias. Además, cuando hayan vencido los derechos de autor y se hayan concedido licencias obligatorias, nosotros, los políticos, seremos responsables también de que las universidades y las industrias tengan incentivos para desarrollar la investigación.
Otro paso importante en la dirección correcta sería abrir licitaciones públicas varias veces al año, con el fin de salvaguardar el principio básico de que los enfermos reciban realmente la medicación más moderna y eficaz disponible, puesto que, si en el futuro la investigación en esta área de productos medicinales y la comercialización de los mismos deja de ser un negocio viable, nos encontraremos con el problema de poder ofrecer productos medicinales que posiblemente serán baratos, pero que no serán tan eficaces como podrían ser. ¿Qué haremos entonces?

Lamy
Señor Presidente, ésta es una complicada cuestión en la que los sentimientos pueden desbordarse. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los representantes de todos los grupos que han expresado su apoyo a la posición que he adoptado en nombre de la Comisión. He tomado nota especialmente de las intervenciones del Sr. Wijkman, la Sra. McNally, el Sr. Clegg, el Sr. Marset Campos y la Sra. Maes. El Parlamento Europeo está muy unido en este asunto. Eso es muy importante para la Comisión, es importante para mí y es importante para el campo de las relaciones exteriores.
Quisiera señalar que la cuestión de la utilización de licencias obligatorias por países con una industria farmacéutica para beneficiarse de precios distintos y más bajos se solucionó en Doha. Sin embargo, en esa ocasión no solucionamos la cuestión de los países que tienen que recurrir a las importaciones. Eso implica que el sistema de licencias obligatorias podría aplicarse más allá de fronteras nacionales, dando lugar a complicados problemas jurídicos.
En estos momentos, ese problema se ha resuelto mediante una solución provisional. En la actualidad, todos los países en vías de desarrollo pueden utilizar el sistema de licencias obligatorias para beneficiarse de precios diferenciados. Este sistema se aplica a las medicinas para el tratamiento de enfermedades como el sida, la malaria, la tuberculosis y algunas otras enfermedades y ha sido posible gracias al acuerdo provisional que los Estados Unidos y la Unión Europea pusieron en práctica en diciembre. Sin embargo, este acuerdo provisional no es suficiente. Creemos que es improbable que ponga en marcha a todas las partes implicadas, es decir, los gobiernos correspondientes, sus sistemas sanitarios y la industria farmacéutica. Por lo tanto, es preciso encontrar una solución a largo plazo. Hasta ahora, como consecuencia de la posición estadounidense, no se ha acordado ninguna en las negociaciones que tienen lugar en Ginebra. Esto ha quedado patente también en el Consejo de los ADPIC celebrado esta mañana.
Quisiera tranquilizar a la Sra. Kinnock a este respecto. La cuestión del acceso a los medicamentos no está en el programa de negociaciones de Doha que deben cerrarse a finales de 2004. No está entre los 15 temas que decidimos debatir. Esta cuestión está fuera del alcance de esas negociaciones y, por lo tanto, no será objeto de ningún tipo de concesiones mutuas. Es un asunto independiente por derecho propio que está sobre la mesa de la Organización Mundial del Comercio. Esta cuestión no está vinculada al resto de las negociaciones por medio del orden del día, sino porque da fe de la capacidad de la Organización Mundial del Comercio para inspirar confianza a sus miembros, de forma que, cuando se debata la cuestión de si debería usarse el sistema de licencias obligatorias para la Viagra o para medicinas para tratar el dolor de muelas, por ejemplo, tengan la confianza necesaria para evitar que los debates degeneren en una batalla jurídica. Sólo hago referencia a ese ejemplo concreto porque lo he leído en la prensa. Todo esto supone un problema grave para la Organización Mundial del Comercio.
Me pregunto por qué la industria farmacéutica ha adoptado la postura que ha adoptado y que ha provocado que los Estados Unidos rechazaran el compromiso puesto sobre la mesa en diciembre. Tengo que decir que estoy completamente perplejo. Tampoco entiendo la postura que la industria farmacéutica estadounidense adoptó en Sudáfrica, ni la posición que tomó cuando estuvo a punto de causar una división entre los Estados Unidos y Brasil, hasta que el Gobierno de los Estados Unidos vio la luz. Realmente no puedo entender su actitud. Su posición sólo servirá para fortalecer la oposición al principio de la propiedad intelectual en un gran número de sectores. Ciertamente, es fácil presentar este conflicto entre la salud y los beneficios de tal forma que, poco a poco, si la industria farmacéutica estadounidense sigue como hasta ahora, habrá razones políticas sólidas para empezar a trabajar en acuerdos sobre la propiedad intelectual. Esta vez la determinación estará allí.
Pediría a todos aquellos de ustedes que tienen alguna influencia en este campo que utilicen este argumento para intentar convencer a esas personas de que su actitud no les llevará a donde quieren llegar, sino en dirección contraria. Los Estados Unidos deberían tener en cuenta un ejemplo de cómo llegar a un consenso cuando las circunstancias lo exigen. Podrían estudiar la actitud que la Unión Europea mantuvo recientemente hacia el proceso Kimberly sobre los diamantes ensangrentados. Es posible que se trate de un caso de menor importancia, pero no deja de ser importante, sobre todo para determinados países en vías de desarrollo. Los europeos estábamos aislados en la Organización Mundial del Comercio. Éramos la única parte reacia a pedir a la OMC una exención para aplicar los acuerdos de Kimberly. Estábamos solos y finalmente decidimos unirnos al consenso porque no queríamos ser un obstáculo para esta solución. Lo haremos ofreciendo nuestra propia interpretación de los artículos de la OMC. Los Estados Unidos podrían adoptar perfectamente el mismo enfoque sobre el asunto que nos ocupa.
En lo que respecta a la cuestión de las importaciones paralelas que han mencionado varios diputados, estoy seguro de que sabrán que la Comisión ha presentado una propuesta a la Unión Europea. El Consejo está estudiando actualmente la propuesta. Aquellos de ustedes que estén interesados en este asunto podrían unirse a mí y pedir al Consejo que tarde menos de lo habitual en llegar a una conclusión sobre la propuesta.
Voy a pasar a mi último comentario. Estoy de acuerdo con los diputados que han explicado que, aunque el problema del precio y el problema de tener en cuenta el derecho de patentes en relación con los precios son importantes, no son los únicos problemas pendientes. Hay muchos otros problemas que abordar si queremos garantizar un mejor acceso a las medicinas para las personas de los países en vías de desarrollo. Es preciso mejorar la calidad de los sistemas sanitarios. Tiene que haber un sistema de investigación pública de enfermedades que ya no existen en los países desarrollados y que, por lo tanto, ya no interesan a la industria farmacéutica. Hay que resolver problemas de distribución y de cultura médica. Todavía habrá muchas cosas que resolver, incluso cuando se superen las dificultades relativas al derecho de patentes, que confío que sea pronto. Sin embargo, eso no es razón para rendirse en nuestros decididos esfuerzos para garantizar que se dé este primer paso, que es importante y muy simbólico, con la ayuda de la Unión Europea. La Comisión va a perseverar, desde luego, animada por las declaraciones hechas durante este debate
El Presidente.
De conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, he recibido seis propuestas de resolución para cerrar el debate

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre las negociaciones de la OMC en materia de comercio agrícola.

Lamy
Señor Presidente, como ha dicho la Sra. McNally durante el debate anterior, la agricultura fue uno de los asuntos cruciales de las negociaciones de Doha mencionadas recientemente en otro contexto. Tanto el Sr. Fischler como yo asistiremos a la mini-cumbre ministerial informal de la OMC que se celebrará en Tokio este fin de semana y uno de cuyos puntos del orden del día será la agricultura. Nos complace que el Consejo de Ministros aprobara recientemente la posición negociadora de la Unión. Sin embargo, es una pena que esa aprobación sólo fuera posible tras un acalorado debate y varios retrasos. No obstante, el hecho de que el Consejo haya aprobado esta posición fortalecerá considerablemente nuestra propia posición en las próximas conversaciones.
Permítanme decir ahora unas palabras sobre las principales características de las modalidades de las negociaciones agrícolas, como se conocen en la jerga de la negociación. Entre hoy y el final de marzo todos oiremos hablar mucho de estas modalidades. En primer lugar, debería explicar un poco el significado del término «modalidades». Podría parecer un término bastante poco controvertido, pero en realidad es un elemento clave de las negociaciones, porque lo que se denomina un acuerdo sobre modalidades es en realidad un acuerdo sobre normas y cifras. A modo de ejemplo, esas normas pueden referirse a las subvenciones. Pueden determinar qué subvenciones están permitidas y cuáles no lo están. También pueden ser normas relativas a los procedimientos de importación. En lo tocante a las cifras, su principal objetivo es conseguir una reducción de los aranceles y una reducción de las subvenciones. Eso es lo que está en juego en la actual fase que terminará el 31 de marzo. Por supuesto, hay más cosas importantes en las negociaciones sobre agricultura. Sin embargo, se trata de un elemento muy importante de esas negociaciones.
Por lo tanto, el Sr. Franz Fischler y yo siempre nos hemos ocupado de asegurarnos de que la Unión utilice su influencia en las negociaciones sobre agricultura. Las propuestas que hemos puesto sobre la mesa lo confirman. Demuestran que la Unión Europea está en una posición que le permite negociar sobre agricultura gracias a la reforma de su política agrícola común. Sin embargo, al mismo tiempo la Unión está decidida a negociar con el fin de garantizar que el desarrollo se convierta en el motor de las negociaciones bilaterales. Las propuestas que presentamos prueban nuestro compromiso, nuestro mandato y nuestra ambición. En Doha nos comprometimos a negociar sobre todo el capítulo agrícola, que incluye la apertura de mercados, la reducción de las subvenciones a las exportaciones y las ayudas internas, la integración de los intereses no comerciales y la certificación de un fuerte compromiso con el desarrollo. Nuestro mandato no nos permite hacer valer aspectos de la reforma de la política agrícola común sobre los que todavía no se ha tomado ninguna decisión. Estamos obligados a trabajar estrictamente en el marco de las anteriores reformas y sobre todo de la más reciente, la llevada a cabo bajo la Agenda 2000. Merece la pena subrayar, por último, que deseamos participar plenamente en esas negociaciones, sobre todo allí donde estén en juego los intereses de los países más vulnerables. Esperamos tener un papel destacado en las negociaciones. Al contrario que las declaraciones realizadas desde los dos extremos del espectro político, nuestra posición es intermedia y contrasta fuertemente con las posturas de extremistas de derecha o de izquierda. Confiamos en que nuestra posición nos permita facilitar un acuerdo sobre todos los aspectos de las negociaciones en materia de agricultura.
Me gustaría también compartir con ustedes algunos de los detalles de las propuestas. En primer lugar, en lo relativo al acceso a los mercados, proponemos una reducción global del 36% de los aranceles aduaneros, con una reducción mínima del 15% por línea. Esta reducción se basa en el método aplicado durante la ronda anterior, que se ha sometido a pruebas. A nuestro juicio, es el único método viable dados los limitados plazos a los que nos enfrentamos. Nuestra fórmula es radicalmente distinta de la llamada fórmula «suiza» presentada por otros países, puesto que permite márgenes más amplios para los países en vías de desarrollo. Sin lugar a dudas, eso es esencial para las negociaciones. Por cierto, el adjetivo «suiza» es un poco engañoso, porque los suizos han declinado cualquier responsabilidad por la fórmula que se les atribuye. Hemos propuesto disposiciones detalladas y ambiciosas para los países en vías de desarrollo, entre ellas la exención de impuestos para un mínimo del 50% de las exportaciones de productos agrícolas procedentes de países en vías de desarrollo y destinadas a países desarrollados. Otra propuesta es el acceso sin aranceles ni cuotas de todos los productos procedentes de los países menos desarrollados y destinados a países industrializados y emergentes. Esto supone incrementar el alcance de nuestra iniciativa «todo menos armas». Asimismo, se tratará por primera vez la cuestión de los aranceles escalonados para productos de especial interés para los países en vías de desarrollo.
Nuestro enfoque sobre las subvenciones a la exportación es similar. Como primera medida, proponemos una reducción media del 45% de los límites presupuestarios para las restituciones a la exportación. Asimismo, estamos dispuestos a eliminar progresivamente todas las restituciones a la exportación de determinados productos. Permítanme destacar de nuevo ese punto. Proponemos eliminar progresivamente las restituciones a la exportación para productos de especial interés para los países en vías de desarrollo.
Debe dejarse claro que, lógicamente, esta doble propuesta sólo puede llevarse a cabo si las demás partes afectadas restringen también las subvenciones similares a la exportación. Me refiero a determinados tipos de créditos a la exportación y a lo que en algunos casos podría calificarse de abuso de la ayuda alimentaria. También estoy pensando en las actividades de empresas estatales de países que disfrutan de una reputación más liberal, actividades que en ocasiones constituyen prácticas injustas. La postura de la Comisión a este respecto es inequívoca. No estamos dispuestos a ser el único miembro de la OMC que haga concesiones en materia agrícola. El esfuerzo que estamos dispuestos a hacer deberá ser igualado por los demás países que dan ayudas a las exportaciones. También confiamos en que todos los países industrializados aporten su granito de arena a la apertura de mercados.
Asimismo, proponemos mantener el actual sistema de ayudas nacionales, en lo que respecta al sistema de las cajas amarilla, azul y verde. No tiene sentido estropear un sistema que ha resultado sensato y que es capaz de responder a las necesidades según van surgiendo. Por otra parte, proponemos una reducción del 55% de la ayuda interna que causa la mayor distorsión en el mercado internacional, es decir, la incluida en las cajas naranja y amarilla. También queremos introducir algunas nuevas disposiciones. Hay varios agujeros en el actual sistema de límites para las cajas, que varios países están aprovechando hasta un nivel que raya en el abuso. Me refiero sobre todo a las ayudas variables del tipo de los pagos por déficits y a nuestra solicitud de suprimir la cláusula de minimis para los países desarrollados, puesto que, a nuestro juicio, su alcance ha sido demasiado amplio.
Otra de nuestras propuestas supone la integración de las expectativas de los países en vías de desarrollo, sobre todo de los más vulnerables, y nuestras propuestas en materia del acceso al mercado van en esa dirección. Otra propuesta significativa que debemos a varias organizaciones no gubernamentales es la noción de una «caja de seguridad alimentaria», que implicaría instaurar un mecanismo de seguridad especial para los productos más sensibles en países en vías de desarrollo concretos.
Por último, quisiera hacer algún comentario sobre los demás asuntos que van a negociarse, aparte de los estrictamente relacionados con el comercio. Tenemos la intención de solicitar aclaraciones o la actualización de normas en materia de protección medioambiental, desarrollo rural, bienestar de los animales, información al consumidor, el principio de cautela y la protección de las denominaciones de origen. Por lo tanto y como pueden ver, estos asuntos más generales ocupan también un lugar preferente en la agenda europea.
Para concluir quisiera decir, señor Presidente, que estas propuestas se presentan con la intención de disipar los temores de los tres principales interesados. En el caso de nuestros socios comerciales, sobre todo los países en vías de desarrollo, en esta ocasión proponemos un tratamiento distinto y especial para ellos. Esperamos también que el sector agrícola europeo no tenga ninguna duda de que seguiremos luchando por las ayudas que les permiten seguir prestando sus servicios a la sociedad. También vamos a luchar por proteger nuestros productos de calidad defendiendo nuestras denominaciones de origen. Nos tomamos muy en serio los intereses de los consumidores europeos y del resto del mundo, y confiamos en que la OMC no ponga demasiadas objeciones a la implantación de normas en materia de salud e información. Resumiendo, nuestras propuestas en materia de agricultura reflejan la mayor parte de las preocupaciones en las que se basa nuestra estrategia para toda esta ronda de negociaciones. Esas preocupaciones son el desarrollo y la apertura de los mercados, en beneficio, fundamentalmente, de los países en vías de desarrollo, regidos siempre por normas diseñadas en beneficio de nuestra sociedad y de la comunidad internacional en su conjunto.

Cunha (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, la Comunicación que la Comisión Europea acaba de presentar al Parlamento sobre las modalidades del acuerdo agrícola que se va a negociar en la próxima ronda de la OMC fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Asuntos Generales el 27 de enero.
Creo que esta propuesta es equilibrada y está en consonancia con el espíritu del artículo 20 del Acuerdo de Marrakech y de la Declaración de Doha y hace una sincera y generosa aportación a aquellos que hasta ahora han obtenido muy pocos beneficios de los casi 50 años de multilateralismo comercial, es decir, a los países más pobres del mundo. Prueba de ello es la propuesta para el libre acceso a los mercados de los países más ricos que se quiere conceder a los productos agrícolas de los países más pobres y la propuesta de compromiso que pretende garantizar que un mínimo del 50% de las importaciones agrícolas y alimentarias de los países ricos procedan de los países más pobres.
Esta propuesta es coherente con la actual práctica en la Unión Europea que, como dice la Comisión en uno de sus últimos documentos, importa más productos alimentarios que los Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá y Nueva Zelanda juntos.
Eso es lo que nos da la autoridad moral para decir que esta ronda de la OMC debe ser la ronda del desarrollo. También por eso hemos propuesto un fondo de seguridad alimentaria que permita a los países más pobres poner en práctica medidas para proteger sus mercados de las exportaciones subvencionadas de los países ricos, permitiéndoles así desarrollar la producción local y luchar contra el hambre y la pobreza.
Sin embargo, debemos ser conscientes de una cuestión importante: que una excesiva reducción de los aranceles aduaneros podría socavar el acceso preferente al mercado comunitario del que ya se están beneficiando algunos países con los que tenemos acuerdos comerciales, entre los que están los países ACP, en virtud de los acuerdos de Cotonú, y los países de la costa sur del Mediterráneo. Tenemos que tener cuidado porque si establecemos unas reducciones arancelarias excesivas y no nos aseguramos de que se consolide el acceso preferente a nuestros mercados que concedemos a esos países, esos mismos países pobres podrían perder cuota de mercado en favor de otros países más ricos y más competitivos.
Es también esta actitud de apertura y apoyo a los países más pobres la que da a la Unión Europea la autoridad moral necesaria para decir que también tenemos derecho a proteger a nuestros agricultores y a conservar nuestro modelo social. Por lo tanto, los negociadores europeos sólo podrán aceptar un acuerdo definitivo en la OMC que, en primer lugar, proteja el modelo agrícola europeo basado en la aportación de los agricultores a la planificación del uso de la tierra rural, al equilibrio territorial y a la vitalidad de las zonas rurales, que representan casi el 80% de nuestro territorio. Lo que eso significa, concretamente, es que la UE podrá seguir apoyando a sus agricultores y garantizando un nivel razonable -sólo razonable- de preferencia comunitaria para los productos agrícolas.
En segundo lugar, debemos garantizar un equilibrio correcto entre una mayor liberalización comercial y unos requisitos mayores en áreas que no son estrictamente comerciales, pero que están relacionadas sin duda con el comercio de alimentos, como, por ejemplo, la calidad y la seguridad de los alimentos, el cumplimiento de las normas medioambientales básicas y el respeto de las marcas y denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de nuestros productos que, como todos sabemos, se falsifican de forma generalizada en muchos países de todo el mundo, sin que las normas de la OMC sean capaces de evitarlo.
Salvo que se haga esto, estaremos haciendo algo que nuestra sociedad no comprende y estaremos atacando a nuestros propios intereses y, lo que es aún peor, no estaremos apoyando los intereses de los países más pobres. Creo que la Unión Europea ha dado un buen ejemplo de propuestas correctas y razonables para esos países, que, hasta ahora, han sido los actores más marginales, los beneficiarios más marginales de la OMC: los países pobres. Hemos presentado iniciativas positivas en virtud del «todo menos armas», y nuestra propuesta de negociación consolida esas propuestas. Por lo tanto, creo que debemos pedir a los demás países ricos del mundo, que están aún más desarrollados que nosotros, que sigan el ejemplo de la Unión Europea.

McNally (PSE).
Señor Presidente, me complace que los Comisarios Lamy y Fischler vayan a ir a Tokio a la minicumbre ministerial con una posición aprobada. Estoy de acuerdo con usted, Comisario Lamy, en que las negociaciones en materia de agricultura serán muy importantes para determinar si las reuniones de Cancún son o no un éxito. También me complace que nos haya definido «modalidades», que es un término muy extraño para el idioma inglés, pero, por supuesto, una vez que usted pasa a las normas y las cifras está empezando a dejarlo todo tan claro que determinados intereses creados están empezando a asustarse, así que esas negociaciones van a ser complicadas.
Desde luego, la Unión Europea tiene una responsabilidad mundial en lo relativo a las negociaciones sobre agricultura. Como el Sr. Cunha acaba de decir, aunque sólo fuera por el volumen comercial ya tendríamos un papel significativo. Sin embargo, no somos los únicos que tenemos esa responsabilidad, y deberíamos recordar a países como los Estados Unidos que ellos también tienen una responsabilidad. Estoy segura de que en sus conversaciones con Bob Zurlik se lo recordará. No obstante, usted ha dicho bastante claramente que la Unión Europea puede negociar y va a hacerlo, así que creo que debemos analizar lo que eso significa.
Naturalmente, tenemos que atender al interés de los productores y consumidores europeos por una mayor calidad de los alimentos, el desarrollo rural, la protección del medio ambiente y el bienestar de los animales. Algunos de estos temas precisan cierta clarificación y, al mismo tiempo, la razón de ser de la ronda de desarrollo son las necesidades de la agricultura en los países en vías de desarrollo donde, proporcionalmente, es mucho más importante que en la Unión Europea. Es la principal fuente de ingresos y empleo en los países en vías de desarrollo y una importante herramienta en la lucha contra la pobreza y, por supuesto, en la mejora de la seguridad alimentaria. Por lo tanto, nuestra meta es polifacética, necesitamos un acuerdo mejor para la agricultura en los países en vías de desarrollo, pero también necesitamos fortalecer el apoyo específico a determinados aspectos de la agricultura europea. Tenemos cierto margen de maniobra para hacerlo.
En el seno del Grupo Socialista cunde la sensación de que a la propuesta le falta algo de ambición. Esperamos ofrecer a los países en vías de desarrollo una reducción mayor y más temprana de todos los aranceles agrícolas y la supresión de restricciones sobre las importaciones procedentes de esos países. Queremos que se insista más en la importancia de la las medidas «green box» y se preste más atención al tratamiento especial y diferencial. Tendrá que analizar usted si la actual reforma de la PAC va suficientemente lejos. El Grupo Socialista pensaría probablemente que no. Dejaremos en sus manos hacer avanzar estos asuntos tan rápidamente como pueda.

Mulder (ELDR).
Mi grupo cree también que el mandato que se ha dado a la Comisión es un buen mandato y está bastante satisfecho de que se le asocie públicamente con el mismo. Las negociaciones no han hecho sino empezar y estamos seguros de que, si la Comisión -Europa- da un paso adelante con firmeza, los demás bloques comerciales tendrán que seguirle. Lo más importante para nosotros es que hemos descubierto que los europeos no apoyan plenamente la política agraria común. Es obvio que eso debe cambiar, así que tenemos que cambiar la política agraria europea. Estamos a favor de la mayor reducción posible de las subvenciones comerciales que distorsionan el comercio, sobre todo las subvenciones a la exportación y otras subvenciones similares impuestas por otros bloques comerciales. Por lo tanto, en general estamos a favor de una mayor liberalización del comercio de productos agrícolas. Sin embargo, en este asunto hay que tener en cuenta otros factores. En Europa tenemos todo tipo de normas que no tienen mucho que ver con la salud de los productos, sino más bien con principios éticos, como el bienestar de los animales, la directiva sobre las aves y la directiva sobre hábitat, etc.
En el resto del mundo, los agricultores y ganaderos tienen que cumplir muchas menos normas de este tipo. Siempre me cuesta mucho explicar a los agricultores y ganaderos europeos por qué tienen que cumplir estas normas y al mismo tiempo competir con agricultores de otras partes del mundo que no están obligados a cumplirlas. Esa desigualdad me parece un buen ejemplo de competencia desleal, y considero que la Comisión debería recalcar esto, sobre todo en sus negociaciones con la Organización Mundial del Comercio. Además, los agricultores y ganaderos de diversas zonas de Europa no siempre disfrutan de unos buenos ingresos.
No podemos cambiarlo todo de la noche a la mañana y, por lo tanto, considero que tenemos que prestar mucha atención al modelo agrícola europeo, que es algo que podemos defender sin lugar a dudas en un contexto internacional. Debemos recompensar a nuestros agricultores y ganaderos por su rendimiento de acuerdo con unos criterios distintos a su producción de productos agrícolas. Por lo tanto, no puedo dejar de recalcar la necesidad de que la Comisión defienda el reconocimiento en todo el mundo de los productos regionales cultivados en Europa y la prohibición de su cultivo con el mismo nombre en cualquier otro sitio. La Comisión también debe subrayar nuestro apoyo a un sistema de producción agrícola integrada, con control desde el establo hasta la mesa, por así decirlo. Asimismo, quisiera destacar que, además de la política para la mejora de los precios de los productos, necesitamos otra política que aborde la utilización de productos agrícolas con fines industriales. Por último me voy a referir a la iniciativa «todo menos armas»: una abrumadora mayoría de mi grupo apoya esta iniciativa, y debemos hacer algo por los países en vías de desarrollo más pobres. La gran duda para nuestro grupo es cómo va a conseguir la Comisión abordar el principio del origen y cómo podemos estar seguros, como pretendemos, de que los productos que importemos proceden realmente de los países más pobres.

Jové Peres (GUE/NGL).
Señor Presidente, hubiera sido mejor, me parece, mantener este debate con el Parlamento antes y no después de que el Consejo de Asuntos Generales hubiera otorgado su conformidad a la oferta comunitaria de negociación de los aspectos agrícolas de la OMC. Es evidente que esto condiciona el equilibrio institucional y todo el proceso de toma de decisiones.
No obstante, esta práctica no es nueva, ya que cuenta con precedentes en la reforma de la PAC de 1992 y en la Agenda 2000. Lo digo porque ciertos aspectos, como la reducción del apoyo interno, implican la necesidad de adoptar aspectos muy controvertidos en las propuestas de reglamento sobre la reforma intermedia.
Estamos hablando de aspectos como el desacoplamiento total que, además de ser rechazado por un buen número de diputados -entre los que me encuentro-, también se enfrenta a la oposición de los medios profesionales y de bastantes Estados miembros. En cuanto al contenido, sigo diciendo lo mismo: aceptamos una política que va a carecer de fondos sustanciales y suficientes y que puede, por tanto, tener efectos negativos sobre la agricultura comunitaria y, en particular, sobre las zonas más desfavorecidas.
En cuanto a las propuestas más concretas, creo que hay aspectos bastante positivos en relación con los países menos desarrollados. Ahora bien, se parte de la premisa de que una mayor liberalización del comercio dará lugar a mayor desarrollo económico. Y esto no siempre es así. A este respecto, me gustaría recordar que los dos mercados más liberalizados -el del café y el del cacao- son los mercados agrícolas con mayor nivel de miseria a su alrededor y en los que los países productores reclaman menos liberalización y más regulación.
Las negociaciones tampoco pueden basarse en los precios del mercado mundial que, si bien es cierto que están ligados a los volúmenes comercializados, tienen muy poca relación con los precios a la producción y al consumo. En todo caso, creo que es importante avanzar para suprimir las restituciones a la exportación de productos agrícolas con efectos perturbadores en las producciones agrícolas locales de los países menos desarrollados. Es necesario reconocer el derecho de los países menos desarrollados a protegerse de estas exportaciones subvencionadas para salvaguardar su derecho fundamental a la seguridad alimentaria, a la soberanía alimentaria y a la supervivencia de sus explotaciones campesinas y familiares.
Me parece interesante la propuesta de crear una caja de seguridad alimentaria que sería muy útil incluso para la Unión Europea por razones estratégicas y de seguridad alimentaria. Pero ahí la Comisión se olvida de nuestra dependencia en proteínas vegetales del exterior y, concretamente, de países, en este caso, no subdesarrollados o en desarrollo, sino algunos muy desarrollados. Y tenemos una dependencia del 75%. Me parece un olvido francamente incomprensible.
Por último, dada su utilización distorsionadora por parte de los Estados Unidos y otros países, me parecen muy buenas las propuestas de que se elimine la cláusula de «minimis», se sometan a una disciplina estricta los créditos a la exportación y la ayuda alimentaria y se protejan las indicaciones geográficas.

Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE).
Señor Presidente, Comisario, muchos países en vías de desarrollo, así como muchas ONG que trabajan en todo el mundo, han pedido que la responsabilidad de las negociaciones sobre agricultura no recaiga en la OMC, una petición que también se ha hecho en el Foro Social Mundial de Porto Alegre. Hay buenas razones para ello. No podemos olvidar que, en el pasado, a pesar de que el comercio agrícola afectaba sólo a un porcentaje mínimo de la producción agrícola mundial, sus mecanismos y la destrucción de precios resultante tuvieron un profundo efecto no sólo en los países europeos, sino también en los países en vías de desarrollo. No sólo en estos países, sino también en Europa, su práctica de dumping -mediante subvenciones a la exportación- destruyó o redujo a su mínima expresión la agricultura rural, causando aún más hambre, reduciendo a muchos países a la dependencia y provocando la acumulación de la deuda.
Está muy claro que el comercio no llena los platos de comida y si alguien se hace rico con él, rara vez, por no decir nunca, son las dos partes afectadas. Por lo tanto, es comprensible que de estos países surjan voces muy escépticas que preguntan qué se va a negociar exactamente en la OMC. Para que las negociaciones de la OMC tengan éxito, habrá que suprimir esos mecanismos. Es preciso conceder la prioridad absoluta al derecho a producir alimentos básicos, al derecho de los países a aliviar el hambre de su pueblo, al derecho a cultivar la tierra y a tratar correctamente el medio ambiente, junto con el derecho a transmitir las explotaciones agrarias a la próxima generación, manteniendo así la agricultura rural, así como a la supresión de mecanismos comerciales destructivos y de lo que llamamos el comercio mundial, que no es otra cosa que dumping mediante las exportaciones. Eso nos permitirá desarrollarnos siendo solidarios con las personas que habitan en el mundo en vías de desarrollo, así como con los agricultores rurales europeos.

Hyland (UEN).
Señor Presidente, las negociaciones de la OMC sobre agricultura, unidas a la propuesta de reforma de la PAC presentada por la Comisión, suponen un cambio fundamental para la agricultura europea y el bienestar de las familias campesinas. He dicho en numerosas ocasiones en esta Cámara que la incertidumbre sobre el futuro está teniendo devastadoras consecuencias para las familias campesinas.
Permítanme expresar mis dudas sobre el grado de compatibilidad del compromiso de la Comisión con el modelo agrícola comunitario, que se basa en la agricultura familiar, por una parte, y las propuestas realizadas en las negociaciones sobre el comercio mundial, por otra. La liberalización del comercio, unida a una progresiva reducción de las ayudas agrícolas comunitarias -sobre todo por el hecho de que esta reducción va a aplicarse a aquellos que ya están en las últimas- suscita profundas dudas sobre nuestras intenciones reales.
En lo que respecta a los detalles de la propuesta a la OMC, lo que vemos una vez más es un deseo de la Comisión de superar el mandato que le han dado los Estados miembros. Los recortes propuestos en las subvenciones a la exportación, los aranceles de importación y las ayudas agrícolas internas son excesivos e innecesarios. Desde luego van más allá de cualquier compromiso contraído en las Rondas Uruguay o Doha. Cuando vemos cómo se comportan nuestros competidores -sobre todo en la ley agrícola de los Estados Unidos-, tenemos que preguntarnos por qué en Europa tenemos que aceptarlo todo mansamente. Ahora que se ha presentado la petición de la UE ante la OMC, suplico a la Comisión que defiendan con fuerza los intereses esenciales de la agricultura europea y, por supuesto, de la agricultura irlandesa. Un mejor acceso al mercado intensificará la competencia en el mercado de la UE. Solicito a la Comisión que esté especialmente alerta durante las negociaciones en relación con los productos más sensibles a esa competencia agresiva, sobre todo la carne de vacuno y la mantequilla. Quiero que la Comisión garantice que sólo se aplicarán reducciones mínimas a los aranceles en esos sectores sensibles.
Es imposible debatir las próximas negociaciones agrícolas en la OMC sin analizar el asunto en el contexto de la revisión intermedia de la Comisión que tuvo lugar el pasado mes. Los seis estudios de impacto que llevó a cabo la Comisión se basaban en la hipótesis de que no se produciría ningún cambio en el marco comercial multilateral. Sin embargo, es obvio que no es éste el caso.
Aunque es difícil prever los resultados de la actual ronda, de lo que podemos estar seguros es de que cualquier acuerdo al que se llegue incluirá una reducción de la protección arancelaria. Dado el volumen de carne de vacuno y ovino que está entrando en la UE con los actuales niveles de protección, es igualmente seguro que la mayor parte, si no la totalidad, del hueco dejado en el mercado comunitario por la reducción de la oferta comunitaria se llenará con productos de terceros países. Mi pregunta es: ¿de dónde se supone que procederán los incrementos de precios que han previsto todos esos estudios? La desvinculación, conjuntamente con las propuestas a la OMC, generará una reducción de la producción comunitaria de carne de vacuno y ovino.
La Comisión ya conoce mi opinión: que esto tendrá unos efectos desproporcionados en Irlanda. A pesar de que el Comisario Fischler no lo tuvo en cuenta cuando presentó sus propuestas a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural el mes pasado, sigo pensando lo mismo. No tengo miedo de que se me descalifique llamándome pájaro de mal agüero porque mantengo una opinión basada en datos científicos sólidos, recopilados en un estudio independiente encargado por el Gobierno irlandés. Por ejemplo, el estudio de la Comisión indica un descenso del 3% de la producción comunitaria de carne de vacuno, pero una caída del 12% de la producción irlandesa. Tendremos que optar por el peor de ambos mundos: una fuerte reducción de la producción con las lógicas consecuencias para la economía, incluido un incremento del desempleo en nuestro esencial sector agroalimentario, y el vacío que se prevé en el mercado cubierto por importaciones de terceros países.
Para terminar, repito lo que dije a la Comisión el pasado mes de julio, cuando se formularon las propuestas de la revisión intermedia, así como cuando se hicieron las propuestas legislativas el mes pasado: los efectos combinados de las perspectivas de un comercio agrícola en gran medida liberalizado bajo los auspicios de la OMC y las propuestas de la Comisión para una importante reforma de la política agrícola común pueden ser devastadores para la agricultura comunitaria.

Van Dam (EDD).
Menos del 10% de la producción agrícola mundial termina en el comercio internacional. La aplastante mayoría se vende local o nacionalmente. Eso significa que las propuestas que pretenden regular el comercio del 10% de la producción, como ocurre con la Organización Mundial del Comercio, no deben perder de vista los efectos de esas medidas en el comercio del otro 90%. No tengo tiempo para tratar todos los aspectos de la propuesta europea a la OMC, así que me voy a limitar a explicar la posición de los países en vías de desarrollo y el modelo europeo de agricultura multifuncional.
Para una parte de la población mundial, la comida no es algo que se pueda dar por hecho. No podemos olvidar los intereses de esos grupos de población en las conversaciones en la OMC. Esos intereses van más allá de una simple supresión de los obstáculos arancelarios o del acceso preferente al mercado europeo; el acceso preferente no siempre produce un incremento de las rentas de los países en vías de desarrollo y su población. Un reciente estudio ha demostrado que la liberalización total del comercio sólo proporciona a los países pobres un incremento mínimo de sus rentas. Países como la India y Nigeria están pidiendo que los acuerdos de la OMC se apliquen de una forma flexible, y tienen razón al hacerlo. Quieren apoyar y proteger sus sectores agrícolas y el desarrollo de las áreas rurales para poder ofrecer a su población rural cierta seguridad. Esos países necesitan las subvenciones para poder garantizar la seguridad alimentaria y para apoyar la agricultura a pequeña escala.
Es por ello por lo que me ha sorprendido positivamente la propuesta de la Comisión de crear una Caja de Seguridad Alimentaria, así como el margen que Europa quiere ofrecer a esos países para que apoyen a su propia agricultura mediante subvenciones. Las subvenciones a la exportación están destruyendo el mercado mundial. La Comisión propone, con razón, que se reduzcan aún más. Si otros países están de acuerdo con esta propuesta, el resultado puede ser un incremento de los precios en el mercado mundial. Sin embargo, me gustaría indicar a la Comisión que eso no ayuda a todos. Tantos como 43 países africanos son importadores netos de alimentos. Lógicamente, estarán en una peor situación si suben los precios de los alimentos en el mercado mundial. Por eso es muy importante, además de las medidas para evitar el dumping, que se dé ayuda técnica a esos países. Las rentas de los agricultores comunitarios están bajo presión. La liberalización comercial es de gran importancia para el comercio y la industria transformadora.
Si Europa quiere conservar sus explotaciones agrícolas familiares, tendrá que tomar medidas que chocan con los principios del libre comercio y también tendrá que actuar con mayor eficacia que en la actualidad. Un estudio de la OCDE demuestra que sólo un cuarto de cada euro de ayudas agrícolas va a parar al agricultor. Una mayor liberalización sin una protección suficiente para el modelo agrícola comunitario dará lugar a una reducción del número de agricultores. Afortunadamente, la propuesta de la Comisión ante la OMC defiende el modelo agrícola multifuncional. Debería seguir siendo posible conceder subvenciones para aspectos que no perturban el comercio, como el medio ambiente, el bienestar de los animales y el desarrollo de las áreas rurales, pero espero que la Comisión también se dé cuenta de que un sector agrícola viable en Europa necesita suficiente margen para regular su mercado. Dado que la agricultura no funciona todavía como una fábrica de bicicletas, necesitamos una protección adecuada en nuestras fronteras, una protección que debe ser transparente. La ayuda alimentaria como una forma encubierta de dumping es censurable. La Comisión subraya esto, con toda razón, en su propuesta, junto con otras formas de ayudas a la agricultura como los créditos a la exportación, las garantías de exportación y las empresas estatales de comercialización.
Por último, la propuesta de la Comisión carece de un instrumento político significativo que tenga un efecto positivo sobre el mercado y los precios, me refiero al control de la producción. Este instrumento está funcionando bien para el azúcar y los productos lácteos. La única nota discordante de este sistema es el dumping de excedentes causados por cuotas excesivamente altas en los mercados mundiales. Por lo tanto, no deberíamos suprimir el sistema de cuotas, sino que deberíamos conseguir que las cuotas sean realistas. La cuota de productos lácteos asciende al 105% del consumo. Si la reducimos hasta el 100%, liberaríamos al mercado mundial de los excedentes de leche en polvo y azúcar y podríamos ofrecer al mismo tiempo un mejor precio a nuestros agricultores.

Souchet (NI).
Señor Presidente, Comisario, quisiera comentar tres aspectos sobre estas negociaciones agrícolas bajo los auspicios de la OMC. Debo dejar claro desde el principio que no quiero anticiparme al resultado de las conversaciones.
En primer lugar, estas negociaciones se están llevando a cabo en un contexto dominado por estrategias agrícolas muy distintas en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Conscientes de las negativas consecuencias de su anterior ley agraria (Fair Act) para su agricultura, los Estados Unidos la han sustituido con una ambiciosa ley, la Farm Bill, que incrementa en un 70% las ayudas financieras al sector. Por el contrario, la Unión Europea ha fijado límites para el gasto en agricultura y está aplicando una política de desvinculación, justo cuando los Estados Unidos han abandonado la suya. La Unión se muestra también reacia a aplicar las preferencias comunitarias, como ocurrió en el incidente sobre los cereales de Mar Negro. Claramente, estos contrastes reflejan distintos grados de voluntad política. Los Estados Unidos desean que su agricultura se mantenga fuerte. Para ellos, conservar el control de lo que llaman el «arma alimentaria» es una prioridad estratégica, así que están utilizando todos los medios a su alcance para conseguirlo. En cuanto a Europa, está dividida sobre este tema, como en muchos otros, incluso en lo tocante a la idoneidad de una política agrícola pública, así como en los recursos que debería tener a su disposición esa política. En la propuesta sobre agricultura presentada por los Estados Unidos en el contexto de Doha, se conserva un considerable apoyo público para la agricultura. Por lo tanto, sería tanto paradójico como inaceptable que la agricultura europea se quedara compuesta y sin novio al final del proceso.
En segundo lugar, con respecto al grupo Cairns, es esencial evitar que los países que no son países en vías de desarrollo y que han mantenido una implacable presión desde el comienzo de la Ronda Uruguay provoquen la defunción de cualquier tipo de política agrícola comunitaria por cualquier medio a su alcance. Debemos mantenernos firmes. Los países en vías de desarrollo no pueden convertirse en escudos para ocultar este objetivo. Después de todo, la Unión Europea es el mayor importador de productos agrícolas procedentes de países en vías de desarrollo del mundo. La Unión recibe dos tercios de las exportaciones agrícolas africanas y es la única parte que ha creado un sistema de preferencias no recíprocas en el marco del Convenio de Lomé y posteriormente del Acuerdo de Cotonú. No tengamos complejos.
El tercer y último tema que quiero tratar es la importancia de que cualquier acuerdo esté sujeto a disposiciones en materia de distintos asuntos que consideramos cruciales para la sociedad, aunque no sean estrictamente cuestiones comerciales. Me refiero a una regulación en toda regla, no a meras palabras vacías. Estoy pensando en el requisito de trazabilidad, el rechazo del dumping social, en la preocupación por el medio ambiente y en la protección autorizada de las denominaciones de origen. Señor Presidente, estos aspectos deben tener un papel principal en las negociaciones, no pueden dejarse de lado.
Espero, señor Comisario, que tenga todo esto en cuenta.

Doyle (PPE-DE).
Señor Presidente, las propuestas de la Comisión sobre la modalidad de negociación de la OMC, o las normas sobre agricultura, recibieron el apoyo unánime de los Estados miembros en el reciente Consejo de Asuntos Generales, tras las conversaciones celebradas previamente con diversos grupos de política comercial y los foros agrícolas. Ahora se han enviado a Ginebra para su estudio, junto con las propuestas de los demás miembros de las conversaciones de la Organización Mundial del Comercio, incluidos los Estados Unidos, el grupo Cairns y los países en vías de desarrollo.
Se prevé que antes del final de marzo de este año se acordarán las normas de conformidad con las cuales se celebrará el nuevo acuerdo, mientras que el acuerdo sobre la ronda en sí se celebrará antes de que concluya el año 2005. Pero vamos a explicar las cosas como son. Hay profundas diferencias en las posiciones de las principales partes negociadoras y todas, incluida la Unión Europea, serán objeto de presiones a favor de una solución de compromiso.
La Unión Europea negocia en las conversaciones de la Organización Mundial del Comercio sobre la base de un mandato aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de 1999 y posteriormente refrendado por el Consejo de Asuntos Generales. Ese mandato se basa en el acuerdo sobre la Agenda 2000, uno de los principales objetivos de la cual era preparar a la UE para las negociaciones de la OMC.
El pasado mes de diciembre la Comisión presentó un borrador de documento que, según ella, era coherente con el mandato de negociación de la UE en el ámbito de la OMC aprobado por el Consejo en 1999. Por lo tanto, es compatible con la Agenda 2000 y no requerirá que se modifique la política agrícola común; el nivel comunitario de subvenciones a las exportaciones y ayudas internas en la llamada «yellow box» está ya por debajo de los niveles de los compromisos de reducción propuestos; las propuestas de acceso al mercado también pueden aprobarse sin perturbar a los mercados comunitarios; y la UE ya se ha comprometido a reducir los aranceles y las cuotas sobre las importaciones procedentes de los países menos desarrollados y de todos los países en vías de desarrollo, como propone el documento.
La mayor parte de los Estados miembros ponen en duda la estrategia de la Comisión de ofrecerse en estos momentos a comprometerse a realizar reducciones sustanciales, dado que recibirá presiones para hacer más concesiones según avancen las negociaciones. Irlanda y Francia tuvieron problemas con varios asuntos concretos y en el Consejo se introdujeron algunas enmiendas para responder a esas preocupaciones.
El más importante de esos problemas para Irlanda estaba relacionado con la mejora del acceso al mercado, o la reducción de los aranceles de importación. A raíz de la presión de Irlanda y Francia, la Comisión incluyó una declaración en el Acta del Consejo de Asuntos Generales en la que se estipulaba que sometería al Consejo las propuestas sobre el acceso al mercado, se mantendría alerta en las negociaciones en relación con productos expuestos a la competencia internacional y tendría especialmente en cuenta los productos sensibles.
También hicimos constar en el Acta una declaración que establecía que nuestra aceptación de la propuesta de la Comisión depende, sobre todo, de que se apliquen las mínimas reducciones de aranceles a sectores sensibles, fundamentalmente la carne de vacuno y la mantequilla. Los irlandeses también estaban preocupados por las ayudas internas, el cumplimiento de la «blue box» y la exención de los compromisos de reducción de las ayudas directas, que son de vital importancia para nuestros agricultores.
En 2002, el 60% de la renta de las explotaciones agrícolas y ganaderas irlandesas procedía de ayudas directas a los productores que cumplen los requisitos para la exención de la «blue box». La retención de las subvenciones a las exportaciones también es un problema grave para nosotros, en nuestra condición de importante exportador de productos agrícolas y alimentarios a terceros países. Dependemos sobre todo de la continuidad de un sistema comunitario de subvenciones a las exportaciones para seguir siendo competitivos en los mercados de exportación.
El Comisario Fischler sostiene que estas propuestas de desvinculación reducirán la producción y, por lo tanto, incrementarán los precios, pero eso supone ignorar la realidad de las propuestas de la Comisión a la OMC, que contemplan un descenso de hasta el 36% de los aranceles de importación, entre otros asuntos multilaterales. Seguimos a la espera de las respuestas del Comisario Fischler sobre cómo va a conseguir la cuadratura de ese círculo. Las propuestas del 36%, el 45% y el 55% en las conversaciones de la OMC, junto con la revisión intermedia de la política agrícola común -que incluye propuestas de desvinculación y modulación- y las inciertas consecuencias de la ampliación han creado una situación marcada por una grave desconfianza en un Comisario que quiere acabar con una decisión vigente de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE después de sólo dos años y medio de vigencia de un acuerdo que iba a durar siete años.
Sí, tenemos la obligación de preocuparnos por los países en vías de desarrollo, pero esa preocupación debe ser paralela a la que mostremos por la atención a nuestros propios agricultores. A pesar de la generosidad de la política agrícola común, y debido a una combinación de caídas de precios, descensos de los niveles de producción y aumentos de costes, agravada por un clima excepcionalmente malo, nuestros agricultores se enfrentan a graves y permanentes descensos de sus rentas y a un futuro incierto.

Van den Berg (PSE).
Señor Presidente, es evidente que en este Parlamento sigue habiendo importantes diferencias de criterio. Desde luego, cuando oigo las opiniones del frente tradicionalista de agricultores, me parece evidente que este Parlamento sigue teniendo mucho trabajo que hacer. Desde un punto de vista socialista, el comercio mundial consiste en juego limpio para todos. Es esencial que consigamos progresar en las negociaciones sobre la cartera agrícola. Deberíamos conseguir dos cosas a este respecto.
En primer lugar, querríamos que terminara el dumping de productos europeos y estadounidenses en los mercados de los países en vías de desarrollo. También querríamos que nuestros mercados se abrieran más a los países en vías de desarrollo, en los que en ocasiones las rentas de su población dependen en más de un 80% de la actividad agrícola, así como que se abolieran las cuotas y restricciones arancelarias impuestas a los países en vías de desarrollo que nos exportan productos.
En segundo lugar, querríamos que las subvenciones a la producción de la política agrícola comunitaria se convirtieran en ayudas públicas para la conservación de la naturaleza y actividades de la nueva economía en zonas rurales (recreativas, de tecnologías de la información y las comunicaciones, de bienestar de los animales). En otras palabras, menos, pero más repartido; menos apoyo para los propietarios de explotaciones agrícolas y ganaderas de gran tamaño y más apoyo para la calidad y una existencia razonable para los agricultores y ganaderos.
Esto último es esencial, porque la liberalización es una cosa, pero no queremos que el mercado lo haga todo. Lo que necesitamos es supervisión y regulación públicas. Estamos hablando de un modelo social para Europa. Somos plenamente conscientes de que, al hacerlo, tendremos que evitar que este apoyo en forma de ayudas públicas se utilice indirectamente como subvenciones encubiertas, dando lugar una vez más a cierto proteccionismo y provocando que los productos se vendan en el mercado mundial a precios excesivamente baratos.
A nuestro juicio, es evidente que las propuestas que se están presentando ahora son un buen punto de partida. También nos gustaría pedir a los Comisarios Lamy y Fischler que eximan de impuestos a un porcentaje superior al 50% de los productos agrícolas procedentes de países en vías de desarrollo. Nos gustaría que ese cambio se introdujera paulatinamente antes de 2011. Lo que queremos es que los aranceles se reduzcan en más del 30% y en un plazo un 30% más corto.
Apoyamos plenamente el concepto de Caja de Alimentos. Sin embargo, también somos conscientes de que los países de la Asociación de Estados del Caribe deben esmerarse y formular propuestas más rápidamente. Luego están los Estados Unidos, por supuesto. Es evidente que los Estados Unidos, con su Farm Bill, están contraviniendo totalmente el espíritu y los hechos de Doha, lo que nos sitúa ante un enorme dilema. Creemos que Europa y los países en vías de desarrollo deben ejercer presión conjuntamente sobre los Estados Unidos para que abandonen esa posición, porque estamos convencidos de que la actual política es perjudicial para nosotros, para nuestro medio ambiente y para el bienestar de nuestros animales, además de para los países en vías de desarrollo. Como el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha hecho ya durante la última legislatura, demostremos la valentía necesaria para cambiar de rumbo a pesar de todas las incertidumbres y obstáculos.

Fiebiger (GUE/NGL).
Señor Presidente, el pasado 27 de enero la Comisión declaró que la propuesta comunitaria sobre las negociaciones de la OMC era compatible con nuestra actual defensa de una liberalización significativa y progresiva, pero también justa y equitativa. También se dijo sin ambigüedad que «las medidas actuales implican un reparto justo de las cargas agrícolas y deberemos dar más oportunidades también a los países en vías de desarrollo.» Ésa es la evolución lógica en vista de que, también en la UE desde la reforma de la PAC de 1992, la liberalización sigue avanzando en aplicación de las resoluciones del GATT.
El barco de la OMC avanza rápidamente, mientras que las empresas agrícolas y alimentarias tratan de seguir su estela como pueden, dado que, cada vez que un consumidor gasta un euro en productos agrícolas, los agricultores sólo reciben de media 25 céntimos. La liberalización del comercio agrícola tiene sus partidarios y sus detractores. Sin embargo, hay un acuerdo unánime sobre que los países en vías de desarrollo deberían poder acceder más fácilmente al Mercado Interior europeo; sin embargo, a pesar de la liberalización -o, de hecho, como consecuencia de la misma- no se ha producido ninguna mejora definitiva en la situación en lo tocante al hambre, que de hecho, como indican las propuestas de resolución, ha empeorado.
No está claro qué tipo de cuerpo legislativo paneuropeo permanente y de gran alcance sobre asuntos no comerciales podría mantener el equilibrio entre, por una parte, el mantenimiento y la mejora de la posición competitiva de la agricultura comunitaria en los mercados mundiales y, por otra parte, la protección de una agricultura que no es lo suficientemente competitiva en un momento en el que se está aumentando su multifuncionalidad en beneficio de la sociedad. No tengo ideas preconcebidas sobre si el modelo agrícola europeo, que combina la multifuncionalidad con una política de subvenciones, puede aplicarse con alguna legitimidad internacional. Existe ya el riesgo de que este modelo no ofrezca una protección duradera y que el abandono de la política europea de subvenciones comience realmente entonces, porque todavía no habrá mayorías políticas y, si las hay, habrá compromisos. Por otra parte, las categorías fundamentales de la OMC no incluyen cuestiones de desarrollo rural, protección medioambiental o bienestar de los animales. Lo que vale para la ampliación debe valer también para las negociaciones de la OMC, en las que deberá primar el principio de que nadie deba quedar en peor situación La situación anterior a las negociaciones y después de las mismas se analizará teniendo eso en cuenta, así que podemos esperar los resultados con cierta emoción.

Auroi (Verts/ALE).
Señor Presidente, Comisario, la agricultura va a ser, sin duda alguna, una de las cuestiones más sensibles en Cancún. A fin de cuentas, la agricultura representa un marco económico y social con el que los países del hemisferio sur no pueden ni soñar. Su mandato es representar la gran responsabilidad de la Unión Europea en este campo. Creo que los países del sur deberían tener en la Unión a su más fiel aliado. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que el derecho fundamental de cada persona a disponer de alimentos no se sacrifique en aras del todopoderoso comercio y las todopoderosas transacciones financieras.
De hecho, la agricultura es un indicador del bienestar público en todo el mundo, como se ha dicho hace un momento. Para los países del sur, conlleva seguridad alimentaria y también la calidad de los alimentos, el agua y la tierra. Significa el reconocimiento de productos regionales, la conservación del paisaje y el desarrollo sostenible de las zonas rurales. Todo esto es aplicable a los países del norte tanto como a los del sur. Por lo tanto, como usted ha dicho, su mandato debería demostrar que no somos egoístas y que estamos dispuestos a eliminar varias subvenciones a la exportación, que también están arruinando a pequeños agricultores dentro de la Unión Europea.
El derecho de las personas y los países a alimentarse con productos locales y saludables debería permitirles tomar medidas proteccionistas cuando sea necesario. Si su cláusula de salvaguarda refleja este derecho, estará en consonancia con el comercio justo, y será una ampliación, que acogeremos con agrado, de la iniciativa «todo menos armas».

Martinez (NI).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, se han producido dos acontecimientos muy preocupantes en relación con la última ronda de negociaciones de la OMC. Estos acontecimientos afectan al ambiente de las negociaciones, por una parte, y al tema de las mismas, por la otra. El ambiente ha cambiado como consecuencia de las fuertes presiones ejercidas por los representantes de los Estados Unidos sobre sus homólogos europeos. D. Robert Zoellick ha calificado a socios europeos como Francia e Irlanda de colonialistas que están 200 años por detrás de los tiempos. Usted es una excepción, señor Comisario, ya que a la administración Bush sólo le ha faltado concederle un doctorado honorífico. Todo esto se ha dado en un contexto de referencias a la «Vieja Europa», o incluso a «monos comedores de queso». Sabemos que su homólogo, el Sr. Zoellick, firmó una carta abierta del Sr. Wolfowitz en enero de 1998 pidiendo una guerra contra Iraq. ¡Parece que está usted negociando con un halcón, Comisario! Sin embargo, usted le conoce mejor que yo, así que es quien mejor puede juzgar si realmente es así.
El tema de las negociaciones también ha cambiado. Hasta ahora habíamos estado debatiendo temas sin alma. Ahora, al hablar sobre agricultura, estamos negociando sobre la calidad, el medio ambiente, el bienestar, los animales, es decir, sobre asuntos esencialmente culturales. La ronda actual no trata de bienes, sino de conocimiento. Afecta a la misma esencia de las personas, y a su propio ser. De ahí el temor a la nada, como le dejaron claro los estudiantes de Lovaina. La agricultura es una excepción a la regla, con su estructura exclusiva, sus AOC y las zonas rurales. De ahí el arraigado temor a que usted no esté a la altura de esta excepción agrícola que data de la antigua Mesopotamia. No es nada nuevo.
Hay muchos y graves recelos, fundamentalmente de carácter político. Tememos que Cancún sea el «Múnich bajo el sol». Además, hay precedentes, como el misterioso acuerdo de 2001 sobre los plátanos. Chiquita se hundió igual que Enron. También hay que recordar la incapacidad para abordar la cuestión de la dependencia de las oleaginosas, incluso después de la apertura de los países del antiguo bloque del Este y de las consecuencias de la enfermedad de las vacas locas. Y, sobre todo, no podemos olvidar el proyecto del Sr. Fischler, que comenzó en julio de 2002 y se confirmó en enero de 2003 y que implicaba fuertes recortes de las subvenciones. Al mismo tiempo, los Estados Unidos presentaron propuestas para gastar 190 000 millones a lo largo de diez años a partir de mayo de 2002. No obstante, la norma de minimis mantendría todo esto dentro de la caja verde.
Nuestros temores se basan también en una contradicción insondable. Con toda seguridad no puede estar bien destruir nuestra infraestructura agraria y nuestros conocimientos técnicos en esa área cuando para 2020 habrá 2 000 millones de bocas más que alimentar. Ahí radica mi principal temor. Comisario, parece que ya estamos condenados, según avanzamos a toda velocidad en el transbordador Tierra, que está tan lleno de grietas como el Columbia. Sin embargo, estamos hablando de comercio y de libre comercio mundial cuando sabemos que los suministros de agua están disminuyendo y que 2 000 millones de personas no tienen electricidad ni medicinas. Estoy empezando a preguntarme si la OMC, como la Unión Europea, es una pieza de museo.

Fiori (PPE-DE).
Comisario, el tema del debate de esta noche constituye, sin duda, la base para un tapiz de algunos de los principales temas de la política mundial y europea. Por ejemplo, el primer tema es, sin lugar a dudas, que el comercio agrícola mundial y las conversaciones que están perfilando y van a definir los aspectos y las modalidades del mismo representan el punto de conflicto entre la liberalización de los mercados y los deseos de los gobiernos de llevar a cabo políticas agrícolas proteccionistas que van más allá de la propia producción y afectan también a lo que se conoce como aspectos no comerciales, como la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria, la protección y la promoción de la calidad y la conservación de las zonas rurales.
Esta noche le hemos escuchado atentamente, Comisario, y de lo que usted ha dicho se deduce que la Unión Europea ha expresado un fuerte deseo de negociar un acuerdo para ampliar la liberalización del comercio de productos agrícolas. Sin embargo, a nuestro juicio, ese acuerdo debe ser equilibrado y debe beneficiar a todos. Parece que ésa es también la posición que el Comisario Fischler ha defendido en varias ocasiones con respecto a las políticas agrarias comunitarias. Hace tan sólo una semana, en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural afirmó que las normas que salgan de las nuevas rondas de conversaciones del próximo otoño deberán ser justas y aplicarse equitativamente a todos. Por lo tanto, la idea que se ha presentado de recortar las subvenciones a la exportación es una idea que es muy atractiva y que yo desde luego apoyo, pero con la condición de que se regulen también las demás subvenciones que distorsionan el mercado del comercio internacional.
Luego hay otro asunto político importante que está relacionado con el tema del debate de esta noche. Necesitamos una perspectiva general sobre el asunto. La actual situación económica, cuya evolución interactuará con el desarrollo futuro del sector agrícola y se verá afectada por el mismo, no puede analizarse meramente en términos de comercio internacional, puesto que el comercio internacional depende directamente de la propuesta de reforma de la política agraria común. Lo que debía ser una revisión de evaluación intermedia se ha convertido en una verdadera transformación de la agricultura europea. Las directrices políticas comunitarias en este sector, además de ver el mercado como un medio de desarrollo económico, se han diseñado en Europa para garantizar la protección de los consumidores, pensemos en la reciente creación de la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea. Este principio de la seguridad alimentaria ha sido expresado y aceptado también en el ámbito de la OMC, pero sólo se ha aceptado como ideal. Serán necesarios grandes progresos para que se garantice una calidad equivalente a la de nuestros propios productos. Los costes de producción en que incurre la economía agrícola europea son sustancialmente distintos de los de los países en vías de desarrollo, puesto que las normas de calidad, salud y seguridad e higiene son distintas. Es tan deseable que se establezcan unas normas internacionales claras para la protección de los alimentos de origen agrícola en las próximas rondas de negociaciones como que se valore y respete debidamente el Codex alimentarius en la protección de productos típicos europeos reconocidos.
Las explotaciones agrícolas y ganaderas europeas que operan en un contexto mundial deben invertir en la calidad de sus productos para adquirir cuotas de mercado concretas que son sensibles a las nuevas demandas de los consumidores. Las normas de producción tienen actualmente el objetivo de garantizar la trazabilidad de la producción desde la granja hasta la mesa. En este sentido, la posibilidad de comercializar productos agroalimentarios europeos en todo el mundo debe llevar aparejado el desarrollo económico de los países menos ricos, con respeto mutuo por la producción agroalimentaria local en un contexto global de crecimiento equilibrado regulado tanto por la economía como por normas bien definidas pero, sobre todo, por la evidente necesidad de un crecimiento que beneficie a todos y no perjudique a nadie.
Por lo tanto, la cuestión básica ahora es que la propuesta que usted ha perfilado esta noche, señor Comisario, incluya ese principio. Necesitamos una política agraria común que conserve las costumbres a las que estamos acostumbrados. Su discurso y los documentos a los que hemos accedido defienden un principio que consideramos muy difícil de aceptar, en el sentido de que la propuesta de revisión intermedia, que establece, entre otras cosas, la desvinculación y el incumplimiento de los compromisos de la caja azul, debería primar sobre las modalidades de negociación de la OMC, que estipulan un esfuerzo para conservar la ayuda de la caja azul iniciada con la reforma McSharry. Por lo tanto, es necesario redefinir las modalidades de negociación, suprimiendo completamente el capítulo caja azul y eliminando así definitivamente la posibilidad de conservar los pagos directos en un contexto multilateral. Si esto ocurriera, creemos que sería el principio de la liberalización del sector agrícola europeo, que es vital no sólo para el sector como tal sino también para la economía europea en su conjunto.

Rodríguez Ramos (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, apoyamos y nos parecen muy positivos los esfuerzos de la Comisión para integrar a los países en desarrollo y a los países menos desarrollados en estas negociaciones, el acceso sin derechos de aduana y sin cuotas para estos últimos, así como la creación de la caja de seguridad alimentaria, pero también pensamos que en algunas propuestas podíamos haber ido más allá, como en la que se refiere a la reducción de las restituciones a la exportación, en las que, confío, podremos avanzar en el curso de las negociaciones.
También quiero decir que el compromiso de mayor apertura tiene que ir acompañado de un reparto equitativo de cargas entre los países desarrollados. En este sentido, es preciso denunciar la deriva unilateral de la política agraria de los Estados Unidos.
Sin embargo, me preocupa, señor Comisario, que el modelo de multifuncionalidad agraria pueda ponerse en riesgo. Tengo que decirle que en la propuesta de negociación solamente se citan una vez las consideraciones multifuncionales cuando la Comisión se refiere al acceso al mercado por parte de los países más pobres.
Respecto a la agricultura comunitaria, es cierto que hacemos referencia ahora a objetivos sociales como la protección del medio ambiente, la salud pública, el etiquetado obligatorio o la necesidad de compensar los costes adicionales del bienestar animal. Pero la multifuncionalidad agraria europea ya no desempeña un papel importante en esta oferta de negociación y ha cedido todo su protagonismo a la desconexión de las ayudas, principio en el que la Comisión va a centrar la negociación, en el capítulo del apoyo interno.
Creo, señor Comisario, que, si hacemos descansar toda nuestra estrategia negociadora en el principio de desconexión, nos podemos quedar sin un margen de maniobra para garantizar elementos que son fundamentales para la agricultura europea, como la estabilidad de los mercados, con un mantenimiento de precios estables y económicamente remunerados para los productores y con rentas para éstos.

Patakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, está muy claro que la Unión Europea pretende sacrificar a los pequeños y medianos agricultores y el apoyo a la agricultura en el ámbito de la Unión Europea en aras de la Organización Mundial del Comercio. El principio inviolable por el que rigen todas las decisiones comunitarias es cómo servir mejor a los intereses de las grandes empresas y las multinacionales. La próxima reforma de la PAC -que es una catastrófica revisión general, no la revisión intermedia que afirma ser- se está llevando a cabo en los momentos previos a las negociaciones de la OMC y bajo su presión. El acuerdo de la OMC propuesto acelera la liberalización del comercio internacional de productos agrícolas con el pretexto de que aumentará el comercio internacional y beneficiará a los países en vías de desarrollo. Lo mismo se dijo del GATT, y miren lo que ocurrió. El GATT iba a incrementar el comercio internacional en productos agrícolas y a generar riqueza. Sin embargo, los países en vías de desarrollo y sus pueblos no sólo no se beneficiaron, sino que su situación empeoró, sin ningún margen para el desarrollo incluso en países con una elevada producción como Argentina. Lo único que ocurrió es que las multinacionales que producen y venden productos agrícolas consiguieron que sus beneficios se dispararan.
Lo mismo ocurrirá con el acuerdo de la OMC, por tres razones básicas. La primera tiene que ver con su enfoque, que favorece los monopolios, como hiciera el GATT. La segunda tiene que ver con el sistema internacional de precios y subvenciones a la producción agrícola y el sistema internacional de precios de los bienes industriales. Los países ricos compran productos agrícolas baratos y venden productos industriales caros, incluidos los medicamentos. La tercera razón tiene que ver con quién produce y posee los productos agrícolas en numerosos países en vías de desarrollo, en los que los productos agrícolas y ganaderos están en manos de enormes multinacionales que pagan unos sueldos míseros.
Por eso, el Partido Comunista de Grecia está en contra del acuerdo propuesto y está haciendo todo lo que está en su mano para coordinar la lucha popular en todos los países por un comercio internacional basado en un mutuo beneficio del mismo valor para todos.

Wyn (Verts/ALE).
Señor Presidente, la Unión Europea ha dejado claro su compromiso con la reforma del sistema de comercio agrícola, en primer lugar para garantizar un futuro a los agricultores europeos y, en segundo lugar, para reconocer la necesidad de un trato especial para los países en desarrollo. Conseguir eso no será tarea fácil. De hecho, es muy complicado, puesto que hay personas que creen que la Comisión está yendo demasiado lejos, pero también personas que creen que está actuando de una forma excesivamente prudente. Si la Unión Europea quiere tener una voz creíble en el proceso de Doha, esta falta de resolución debe acabarse. Con la ampliación a punto de producirse, tenemos que actuar de inmediato.
Las propuestas de la Comisión beneficiarán a los agricultores europeos a largo plazo y mejorarán las perspectivas de que las conversaciones de liberalización del comercio mundial sean significativas. Espero que enviemos una clara señal en el sentido de que son los propios agricultores quienes deberían recibir un porcentaje mayor del precio de mercado, y no el número creciente de poderosos monopolios que controlan, de una forma devastadora, nuestra industria agrícola en estos momentos.
Pretendemos conseguir un equilibrio entre el apoyo a los pequeños agricultores -el 90% de los agricultores de mi país, Gales, son pequeños agricultores que trabajan en áreas poco favorecidas- y el desarrollo rural y el segundo pilar, por una parte, y, por otra, la atención a los agricultores del Tercer Mundo. Se trata de un equilibrio muy difícil de lograr. No podemos permitir que siga siendo posible que la vaca lechera media europea tenga una renta anual mayor, gracias a las subvenciones comunitarias, que la mitad de la población mundial.

Mann, Erika (PSE).
Señor Presidente, Comisario, lo que quisiera hacer en realidad es hablar sólo sobre unos pocos puntos, ya que mis colegas han dicho ya muchas cosas. Creo que el problema que tenemos, y que los miembros de la Comisión tienen especialmente, es, en esencia, que tienen que conciliar dos estrategias distintas. Por una parte, tienen que llevar a cabo la reforma de la producción agrícola de la Unión Europea y, por otra, tienen que mejorar el acceso de los países en vías de desarrollo al mercado. Como es lógico, esto es extremadamente complicado, y se ha complicado aún más por el ambicioso calendario, puesto que se les exige que se empiecen a ver los frutos este mismo año, los frutos de las negociaciones de Cancún. Debe decirnos por lo menos hacia dónde nos lleva y, al hacerlo, tiene que tener en cuenta también su obligación de cerrar las negociaciones con éxito en 2005. Si añadimos a eso las complicaciones con sus socios comerciales, estamos ante una cuestión realmente delicada.
He estudiado muchos documentos y posiciones de Alemania, pero también de otros países, así que lo que tengo sobre la mesa es un popurrí. Por una parte, muchas de las cosas que se han dicho son complementarias; los ciudadanos aprueban que algo esté ocurriendo por fin y creen que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Por otra parte, hay también muchas reservas y preocupaciones, así como temores de que la Unión Europea acabe teniendo un modelo de lo que podría resumirse en términos generales como una especie de «agricultura de ocio» y que estemos perdiendo de vista en cierta forma la necesidad de ser lo suficientemente flexibles para ser realmente competitivos y poder competir internacionalmente. Es muy posible que podamos hacer mucho por el medio ambiente y la agricultura, pero existe el riesgo de que perdamos otros instrumentos por el camino.
Comisario, tanto usted como el Comisario Fischler han dicho siempre, según creo, que tenemos suficiente margen de maniobra. Somos flexibles. Tenemos que analizar los detalles, quizá los precios de la leche, por ejemplo, o de otras áreas, para ver qué más podríamos hacer.
Permítanme acabar con una breve pregunta. En un seminario del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos celebrado la semana pasada, representantes de los países en vías de desarrollo se refirieron en numerosas ocasiones a la caja de desarrollo y expresaron su deseo de que se hiciera algo más en ese sentido. Quizás usted nos pueda decir algo sobre esto.

Baltas (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, el lema que tenemos que adoptar para negociar nuestra política agrícola en la OMC es: «¿Más palabras vacías? No, gracias. ¿Propuestas concretas? Sí, por favor». Y las propuestas y los calendarios para su aplicación no sirven para nada si no se concretan. El paquete global que la Unión Europea presentará en las próximas negociaciones de la OMC deja el balón claramente en el tejado de la Unión Europea. En lugar de limitarse a presentar propuestas, ésta debe presentar una estudiada exigencia para recibir algo a cambio. Tenemos que saber, por ejemplo, qué van a hacer los demás países desarrollados y qué partes del sistema de protección para los agricultores y ganaderos comunitarios deben salvaguardarse.
Aunque estamos intentando proteger a nuestros agricultores y ganaderos, y me refiero a los agricultores y ganaderos de los 25 Estados miembros de la Unión Europea, no sólo de los 15, primero necesitamos que se reconozca y proteja el modelo de multifuncionalidad de la agricultura europea. En segundo lugar, la revisión de la política agrícola común -y los socialistas estamos de acuerdo con la filosofía general de la misma- no puede pagar el precio de cualquier compromiso equivocado alcanzado en las negociaciones. En tercer lugar, en lo que respecta a la dimensión medioambiental del desarrollo rural, la consecución de un equilibrio ecológico, normas alimentarias, etc., la Unión Europea debe presionar para que se apruebe una cláusula común para todos los países basada en sus normas. No tiene sentido y es inaceptable facilitar las importaciones de productos agrícolas de países en vías de desarrollo que no cumplan las normas europeas. Por último, no estamos haciendo ningún favor a los países pobres ni a sus agricultores si conseguimos incrementar las rentas de los agricultores de los países pobres, sólo para que los países desarrollados puedan venderles medicamentos para el sida a precios exorbitantes. En otras palabras, lo que necesitamos en las negociaciones no son sólo deslumbrantes propuestas llenas de buenas intenciones; necesitamos yuxtaponerlas a beneficios sociales, necesitamos un determinado tipo de negociación que sirva a unos intereses sociales más amplios.

Lamy
Señor Presidente, creo que una de las conclusiones que podemos extraer del debate de esta noche es que esta Cámara siempre tiene mucho más que decir sobre la agricultura que sobre el acceso a los medicamentos, sobre Davos o sobre Porto Alegre. No estoy seguro de que eso sea una noticia, pero es así.
Deberíamos preguntarnos qué está realmente en juego en todo este asunto de las negociaciones multinacionales en materia de agricultura comercial. La cuestión es si la Unión Europea puede y debe apoyar los controles, los límites y las normas. En el futuro, esos controles, límites y normas limitarán el apoyo y la protección que damos actualmente a nuestros agricultores y ganaderos y que nos gustaría seguir dándoles. Asimismo, querría recordarles algunos de los principios en los que se basan mi posición y la del Sr. Fischler. Quisiera abordar dos o tres cuestiones un poco más detenidamente.
En primer lugar, en Doha nos comprometimos a una serie de cosas sobre las negociaciones. Nuestros compromisos fueron bastante más lejos que los que hicimos en la anterior ocasión, en Marrakech en 1995. Acordamos incrementar el acceso al mercado reduciendo nuestras ayudas dentro de la Unión y recortando las subvenciones a la exportación. Estos asuntos forman parte de nuestro mandato de negociación, que vamos a cumplir, como se ha acordado.
Nuestro segundo principio se refiere a nuestro trabajo sobre esas materias. Al asignar concesiones, deberíamos dar prioridad a los países en vías de desarrollo y asegurarnos de que las concesiones y las consiguientes medidas de control se apliquen de una forma equitativa. No se puede consentir que la Unión Europea, como parte del mundo desarrollado, acepte medidas de control que otros países desarrollados rechazarían.
Ahora quisiera perfilar mi tercer y último principio general. Este debate no es el mismo que nuestro debate interno sobre la reforma de la política agraria común. El debate sobre nuestra posición en relación con la Organización Mundial del Comercio es independiente del debate interno sobre la reforma de la política agraria común. No se trata de debatir la reforma de la política agraria común en Ginebra, en Tokio, en Washington, en Sydney ni en Cancún. La debatiremos internamente, de acuerdo con nuestros propios principios. Es cierto que estamos debatiendo nuestra posición en relación con la Organización Mundial del Comercio en Bruselas y Estrasburgo, pero en el sentido que he descrito.
La Comisión ha hecho efectivamente una propuesta. Si se aprueba, marcará el comienzo de nuevas reformas de la gestión de la política agraria común. Todavía está por ver si se tomarán esas decisiones y cuándo ocurrirá. Hay que establecer también cuáles de esas decisiones se utilizarán como herramientas de negociación y cuándo será. Sin embargo, ése no es el caso en estos momentos. Debo aclarar a la Sra. Doyle que el 36%, el 45% y el 55% que el Sr. Fischler y yo hemos presentado con el acuerdo del Consejo se derivan de las reformas ya adoptadas. En ningún caso ponen en peligro el posible resultado de otras reformas.
Volviendo a si lo que hemos propuesto es demasiado ambicioso o no es suficiente, creo que ustedes ya han contestado esta pregunta. Algunos de ustedes creen que nuestras propuestas carecen de ambición y otros creen que van demasiado lejos. La Sra. McNally ha dejado claro que, en su opinión, podríamos haber ido más lejos Quisiera decir que no creo que pudiéramos haber ido más lejos, por lo menos no en este momento. Si de vez en cuando todas las partes contratantes de la OMC hicieran el tipo de compromiso que hemos puesto sobre la mesa, todos habríamos dado un gran paso hacia el establecimiento de mejores medidas de control para apoyar la agricultura en todo el mundo.
Ahora vamos a ver si hemos ido demasiado lejos. Creo que eso es lo que preocupa el Sr. Hyland. No creo que lo hayamos hecho, aunque sí creo que ya hemos ido demasiado lejos en la reforma de la política agraria común durante los últimos años. Es posible que ésa fuera la esencia de lo que decía el Sr. Hyland. Como pueden imaginar, ésa no es la opinión de la Comisión.
Ahora quisiera tratar las cuestiones suscitadas por el Sr. van Dam, el Sr. Graefe zu Baringdorf y la Sra. Erika Mann, que se han referido con toda razón a la cuestión de la seguridad alimentaria. Han basado sus argumentos en el hecho de que sólo el 10% de la producción agrícola se comercializa en el mercado internacional, lo que contrasta con la situación en otros sectores. Tienen razón en lo que dicen y por eso hemos introducido una nueva medida que ha sido ampliamente comentada. Estamos incorporando el concepto de seguridad alimentaria, una cláusula de salvaguarda, una sección independiente dedicada a la seguridad alimentaria. Como he dicho en mi intervención introductoria, nos hemos inspirado en varios sectores, sobre todo en las organizaciones no gubernamentales.
Antes de concluir, quiero responder al Sr. Mulder. Es cierto, Sr. Mulder, que las normas de la llamada iniciativa «todo menos armas» incluyen controles muy estrictos en materia del origen de los productos, que hacen que sólo los productos de los países menos desarrollados se beneficien de la medida «sin aranceles, sin cuotas» acordada en su beneficio. Estas normas son muy restrictivas, excesivamente restrictivas en opinión de algunos países. Por lo tanto, es correcto que esas normas sean tan rigurosas.
Diría que de este debate podemos extraer dos lecciones. La primera es que aparentemente el Sr. Martínez tiene algunas preocupaciones existenciales. Es sí mismo, eso son buenas noticias. La segunda es que, por una vez, hay razones para esas preocupaciones. En esta ocasión, comparto la opinión de que la agricultura no sólo trata de bienes, sino también de nuestro propio ser y estoy seguro de que mi colega el Sr. Fischler estará también de acuerdo en esto. El Sr. Martínez tiene razón en este punto. La agricultura afecta a los bienes que se producen, que se distribuyen y que terminan en nuestro plato o en el de otras personas, pero también está relacionada con un servicio, y de eso se habla mucho menos. El componente caracterizado por los bienes de la agricultura puede encontrarse en el mercado y en las relaciones comerciales. Los bienes se compran y se venden. El componente de servicios de la agricultura engloba la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el bienestar. Este aspecto no se debate y en general recibe un mal servicio de las fuerzas del mercado.
Por lo tanto, la agricultura está compuesta por dos elementos interdependientes. En el caso de uno de ellos, podemos ver cómo circula y se podría considerar que le sirven las mismas normas que se aplican a la producción de calcetines, neumáticos y zapatos. El otro elemento no puede equipararse al comercio de calcetines, neumáticos y zapatos de ninguna forma. Me refiero a ese componente de servicio, como consecuencia del cual tenemos una relación especial con lo que comemos y lo que producimos. Los problemas a los que nos enfrentamos radican precisamente en esa coexistencia de los componentes de bienes y de servicio de la agricultura. Ésa es la forma en que percibimos la agricultura en Europa y la razón por la que Europa ha adoptado una posición equilibrada sobre varios resultados. Sin embargo, no estamos dispuestos a sacrificar lo que consideramos el coste colectivo de la agricultura.
Nos ceñiremos a este concepto de los dos aspectos de la agricultura en nuestras conversaciones. Ya he dejado claro a aquellos de ustedes que están interesados por el tema, o incluso sienten pasión por el mismo, que volver a debatir este tema antes de la reunión de Cancún sólo puede beneficiarnos. Si fuera posible, deberíamos debatir el programa de negociación en su conjunto, y no parte por parte, de una forma inconexa, como esta noche. Desde luego, Franz Fischler y yo estamos dispuestos a hacerlo.

El Presidente.
De forma excepcional le daré la palabra al Sr. De Rossa.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, pido disculpas por llegar tarde. Quería intervenir porque mi posición en relación con la agricultura es distinta de la posición expresada en esta Cámara por otros diputados irlandeses. Digo esto porque es importante que conste en acta la variedad de opiniones que existe en relación con la agricultura. Celebro las propuestas formuladas por la Comisión en relación con la agricultura.
Una de las cuestiones que se pasa por alto constantemente en Irlanda y en otras partes es la contradicción que supone que gastemos una considerable cantidad de dinero en ayudas al desarrollo para los países en vías de desarrollo, mientras al mismo tiempo mantenemos un sistema agrícola común que perjudica a esas mismas personas a las que supuestamente intentamos ayudar con nuestra ayuda al desarrollo. Ésa es una cuestión con la que todavía no nos hemos enfrentado en Irlanda ni, en cierta medida, en el resto de Europa. No es una posición que escucharán ustedes muy a menudo de boca de un diputado irlandés en esta Cámara y por eso quería que constara en acta.

El Presidente.
Esta intervención no sienta precedente porque, como ustedes saben, si un diputado no puede intervenir por cualquier causa, podrá presentar una vez por período parcial de sesiones, una declaración por escrito que no supere las 200 palabras.
Para cerrar este debate, he recibido seis propuestas de resolución presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento

Boudjenah (GUE/NGL)
La mayor parte de los países más afectados por el sida, la malaria y la tuberculosis son incapaces de producir los tratamientos necesarios por sí mismos. 42 millones de personas tienen el virus del sida en el mundo. Sólo 36 000 reciben tratamiento en África. Cada día, 40 000 personas mueren de enfermedades infecciosas. Por consiguiente, la situación es grave y urgente. En respuesta a esta situación, el 20 de diciembre pasado, los países del norte se rindieron al diktat de los Estados Unidos, que, con el fin de proteger a su industria farmacéutica, vetó el acuerdo sobre medicamentos genéricos. La Unión Europea, sin embargo, en un intento por proteger su imagen, acordó traicionar el acervo de Doha, presentando definiciones muy restrictivas de las enfermedades en cuestión y los países afectados y permitiendo el establecimiento de un derecho de la OMC de evaluar la conducta de los países en cuestión.
Cientos de miles de vidas humanas están en peligro. La Comisión Europea ha optado por dar preferencia a los beneficios de las industrias farmacéuticas por encima de la vida. Junto con mi grupo, apoyo a las muchas ONG que están pidiendo que los asuntos relacionados con la salud pública queden fuera del alcance de la OMC.

