These public defenders receive around 30 percent less funding than district attorneys do, and they often have caseloads far outnumbering what the American Bar Association recommends.
Estos abogados de oficio reciben un 30% menos de fondos que los fiscales del distrito, y a menudo tienen cargas de trabajo que sobrepasan de lejos lo que recomienda el Colegio de Abogados de EE. UU.