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- 9 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO1.5. Derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita , con independencia de la exis - tencia de recursos para litigar, que se les prestará de inmediato , en aquellos procesos judiciales y procedimientos adminis - trativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran par - tícipes en los hechos. A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie el procedimiento penal, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento. En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de víctima de género, deberá ser la misma persona profesional de la Abogacía la que asista a esta, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa. La persona profesional de la Abogacía designada para la víctima tendrá también habilitación legal para la representación procesal de aquella hasta la designación de la persona profesional de la Procura, en tanto la víctima no se haya personado como acusación. Hasta entonces cumplirá la persona profesional de la Abogacía el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos.

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Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del pro - cedimiento si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá suponer una merma del derecho de defensa del acusado. Los respectivos Colegios de Abogados contarán con un turno de guardia permanente especializado para la prestación de los servicios de asesoramiento previo y de asistencia letrada para las víctimas de violencia de género. El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende, entre otras, las siguientes prestaciones: Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso y, en particular, en el momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos. Inserción gratuita de anuncios o edictos , en el curso del proceso, en periódicos oficiales. Exención del pago de tasas judiciales , así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas. Obtención gratuita o reducción del 80% de los derechos arancelarios de los documentos notariales. Artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita

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- 10 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO1.6. Derechos laborales El reconocimiento de derechos laborales a las mujeres víctimas de violencia de género tiene como finalidad evitar que, a causa de la violencia que sufren, abandonen el mercado laboral. Para ello, se les reconocen derechos tendentes a procurar la conciliación del trabajo con la situación de violencia de género, se garantiza su protección si se ven obligadas a abandonar su puesto de trabajo, bien con carácter temporal, bien con carácter definitivo, y se procura su inserción laboral en caso de que no estuviesen empleadas. 1.6.1. Derechos de las trabajadoras por cuenta ajena1 Derecho a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa, para que la mujer haga efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. Derecho a la movilidad geográfica : las mujeres que se vean obligadas a abandonar su puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. La empresa le reservará el puesto de trabajo durante los primeros 6 meses. Derecho a la suspensión del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género, con reserva del puesto de trabajo.

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Derecho a la extinción del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar defi - nitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. Derecho a realizar su trabajo total o parcialmente a distancia o a dejar de hacerlo si este fuera el sistema estableci - do, siempre en ambos casos que esta modalidad de prestación de servicios sea compatible con el puesto y funciones desarrolladas. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda, se considerarán justificadas. Nulidad de la decisión extintiva del contrato en el supuesto de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores. Nulidad del despido disciplinario en el supuesto de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores. 1.6.2. Derechos de las trabajadoras autónomas económicamente dependientes Derecho a la adaptación del horario de la actividad . 1 Los Convenios Colectivos y los Acuerdos de empresa pueden contemplar mejoras de estos derechos.

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Artículos 37.8, 40.4, 45.1.n), 48.10, 49.1.m), 52.d), 53.4, 55.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia Ley 20/2007, de 20 de julio, reguladora del Estatuto del Trabajo AutónomoArtículo 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

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- 11 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERODerecho a la extinción de la relación contractual . Se considerará causa justificada de interrupción de la actividad por parte de la trabajadora la situación de violencia de género. Beneficios en la cotización a la Seguridad Social para víctimas de violencia de género que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos; y para víctimas de violencia de género que se establezcan como trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. 1.7. Derechos en materia de Seguridad Social 1.7.1. Derechos en materia de cotización a la Seguridad Social El período de suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto de trabajo previsto para las trabajadoras por cuenta ajena, tendrá la consideración de período de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad, desempleo y cuida - do de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Suspensión de la obligación de cotizar a la Seguridad Social durante un período de seis meses para las trabajadoras por cuenta propia o autónomas que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. Suscripción de convenio especial con la Seguridad Social por parte de las trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan reducido su jornada laboral con disminución proporcional del salario. 1.7.2.

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Derechos en materia de prestaciones de la Seguridad Social A los efectos de las prestaciones por maternidad y por paternidad, se considerarán situaciones asimiladas a la de alta los periodos considerados como de cotización efectiva respecto de las trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia que sean víctimas de violencia de género. Derecho a la pensión de jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador de las mujeres que extingan su contrato de trabajo como consecuencia de ser víctimas de violencia de género, y reúnan los requisitos exigidos.

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Derecho a la pensión de viudedad en los supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial de las mujeres víctimas de violencia de género que, aunque no sean acreedoras de la pensión compensatoria, acrediten los requisitos exigidos.Artículo 165.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre Disposición adicional única del Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones fami - liares de la Seguridad Social Artículo 21.5 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género Artículo 329 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural Artículo 207 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubreArtículo 220 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

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- 12 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNEROImpedimento para ser beneficiario de la pensión de viudedad a quien fuera condenado por sentencia firme por la co - misión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones cuando la víctima fuera su cónyuge o ex cónyuge, o pareja o ex pareja de hecho. Impedimento para ser beneficiario del derecho al complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género al padre que haya sido condenado por violencia contra la mujer, en los términos que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, ejercida sobre la madre ni al padre que haya sido condenado por ejercer violencia contra los hijos o hijas. Además, no se reconocerá el derecho al complemento económico al padre que haya sido privado de la patria potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial. Derechos en materia de orfandad : Pensión de orfandad : tienen derecho a ella los hijos e hijas de la mujer muerta, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, siempre que, en el momento de la muerte, sean menores de veintiún años o estén incapacitados para el trabajo, o sean menores de veinticinco años y no efectúen un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores, en cómputo anual, a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual, y que la mujer se encontrase en alta o situación asimilada a la de alta, o fuera.

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Las hijas e hijos tendrán derecho al incremento previsto para los casos de orfandad absoluta, que alcanzará el 70 por ciento de la base reguladora cuando los rendimientos de la unidad familiar no superen el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento. Prestación de orfandad : tienen derecho a ella las hijas e hijos de la mujer muerta como consecuencia de vio - lencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratifi - cados por España, siempre que se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta y no reúnan los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad. Podrá ser beneficiario de la prestación de orfandad, siempre que en la fecha de la muerte fuera menor de veinticinco años, no efectúe un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores, en cómputo anual, a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual. La cuantía de la prestación de orfandad será el 70 por ciento de su base reguladora, siempre que los rendi - mientos de la unidad familiar no superen en cómputo anual el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento. Para tener derecho a la prestación por desempleo, además de reunir los requisitos exigidos, se considera que la tra - bajadora por cuenta ajena se encuentra en situación legal de desempleo cuando extinga o suspenda su contrato de trabajo de manera voluntaria como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

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Para tener derecho a la protección por cese de actividad, además de reunir los requisitos exigidos, se considera que la Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico Artículo 233 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer Artículo 21.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género Artículo 267 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre)Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género Artículo 231 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre)

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- 13 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNEROtrabajadora autónoma se encuentra en situación legal de cese de actividad, cuando cese en el ejercicio de su actividad, de manera temporal o definitiva, por causa de la violencia de género. Para tener derecho a la protección por cese de actividad, además de reunir los requisitos exigidos, se considera que las socias trabajadoras de cooperativas de trabajo asociado se encuentran en situación legal de cese de actividad, cuando cesen, con carácter definitivo o temporal, en la prestación de trabajo, por causa de la violencia de género. 1.8. Derechos en materia de empleo y para la inserción laboral 1.8.1. Programa específico de empleo El programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, incluye las siguientes medidas: Itinerario de inserción sociolaboral , individualizado y realizado por personal especializado. Programa formativo específico para favorecer la inserción sociolaboral por cuenta ajena. Incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género. Incentivos para facilitar la movilidad geográfica . Incentivos para compensar diferencias salariales . Convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y su movilidad geográfica. 1.8.2. Contrato de interinidad para la sustitución de trabajadoras víc timas de violencia de género Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a las trabajadoras víctimas de violencia de género, que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tienen derecho a una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

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1.8.3. Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género Las empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a bonificaciones de la cuota empre - sarial a la Seguridad Social, diferentes en función del carácter indefinido o temporal del contrato celebrado. 1.9. Derechos de las funcionarias públicasArtículo 334 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre Artículo 22 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género Artículo 21.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo; Disposición final primera del Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre Artículos 24 a 26 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público Artículo 331 y 332 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

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- 14 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNEROLas funcionarias al servicio de las siguientes Administraciones Públicas: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, Administraciones de las Entidades locales, organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, y Universidades Públicas, tienen los siguientes derechos: Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria : las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las con - diciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda. Las funcionarias víctimas de violencia, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Adminis - tración Pública competente en casa caso. Movilidad por razón de violencia de género : las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura.

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El procedimiento de movilidad está regulado en la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género de la Administración General del Estado así como de los Organismos, Agencias y otras Entida - des Públicas adscritas o dependientes de la misma. Mediante la Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, se publica el Acuer - do de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, por la que se aprueba el Acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Excedencia por razón de violencia de género : las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Los derechos de otros tipos de personal están establecidos en su legislación específica propia, como es el caso, entre otros, del personal docente, del personal estatutario de los Servicios de Salud o del personal funcionario al servicio de la Adminis - tración de Justicia. 1.10. Derechos económicos 1.10.1. Ayuda económica específica para mujeres víctimas de violencia de género con especiales dificultades para obtener un empleo Es una ayuda económica dirigida a las mujeres víctimas de violencia de género que reúnan los siguientes requisitos: Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

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T ener especiales dificultades para obtener un empleo, dada su edad, falta de preparación general o especializada o sus circunstancias sociales, lo que se acredita mediante el informe emitido por el Servicio Público de Empleo correspondiente. Esta ayuda económica se abona en un único pago, y su importe, calculado en función de un número de mensualidades del Artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre. La normativa relativa al procedimiento de tramitación es la que al respecto haya aprobado la Comunidad o Ciudad Autónoma en la que se solicite la ayuda

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- 15 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNEROsubsidio por desempleo correspondiente, depende de si la mujer tiene o no familiares a su cargo, y de si la propia mujer y/o los familiares a su cargo tienen reconocido un grado de discapacidad. Esta ayuda es compatible con las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, así como con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género. En cambio, es incompatible con otras ayudas que cumplan la misma finalidad, así como con la participación en el pro - grama de Renta Activa de Inserción. Esta no tiene en ningún caso la consideración de renta o ingreso computable a efectos del percibo de las pensiones no contributivas. 1.10.2. Renta activa de inserción Es una ayuda económica que se reconoce a las personas desempleadas incluidas en el llamado “ programa de renta activa de inserción ”, a través del cual se llevan a cabo actuaciones encaminadas a incrementar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo . Para ser incluida en el programa de renta activa de inserción y ser beneficiaria de esta ayuda económica, la mujer víctima de violencia de género deberá cumplir los siguientes requisitos: Acreditar su condición de víctima de violencia de género. Estar inscrita como demandante de empleo, pero no se le exige llevar 12 meses inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo. No convivir con su agresor. Ser menor de 65 años, pero no se le exige tener 45 ó más años de edad. Carecer de rentas propias, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

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Puede ser beneficiaria de un nuevo programa de renta activa de inserción aunque hubiera sido beneficiaria de otro programa dentro de los 365 días anteriores a la fecha de la solicitud. La cuantía de la renta activa de inserción es del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento. Además, incluye una ayuda suplementaria de pago único si la mujer se ha visto obligada a cambiar de residencia por sus circunstancias de violencia de género en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión al programa o durante su permanencia en éste, de cuantía equivalente al importe de tres meses de la renta activa de inserción. 1.10.3. Anticipos por impago de pensiones alimenticias A través del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos se garantiza el pago de alimentos reconocidos e impagados esta - blecidos en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, filiación o alimentos, mediante el abono de una cantidad que tendrá la condición de anticipo. Las personas beneficiarias de los anticipos son, con carácter general, los hijos titulares de un derecho de alimentos judi - cialmente reconocido e impagado, que formen parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos económicos, compu -Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos

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- 16 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNEROtados anualmente y por todos sus conceptos, no superen la cantidad resultante de multiplicar la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente en el momento de la solicitud del anticipo, por el coeficiente que corresponda en función del número de hijos menores que integren la unidad familiar. Las personas beneficiarias tienen derecho al anticipo de la cantidad mensual determinada judicialmente en concepto de pago de alimentos, con el límite de 100 euros mensuales, que se podrá percibir durante un plazo máximo de dieciocho meses. En el supuesto en que la persona que ostente la guarda y custodia de los menores (que es quien solicita y percibe el anticipo) sea víctima violencia de género, se entiende que existe una situación de urgente necesidad para reconocer los anticipos del Fondo, por lo que se tramitará el procedimiento de urgencia, que implica que el plazo para resolver y notificar la solicitud será de dos meses. 1.10.4. Ingreso Mínimo Vital Las mujeres víctimas de violencia de género podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital cuya finalidad es prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas, cuando cumplan los requisitos exigidos, si bien: No se les exigirá el requisito de edad (con carácter general, el IMV es para personas de al menos 23 años), solo se exigirá que sean mayores de edad. No están obligadas a estar unidas por matrimonio o pareja de hecho. No se les exige el requisito de formar parte de otra unidad de convivencia.

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Además, se considerará una unidad de convivencia la constituida por una persona víctima de violencia de género que haya abandonado su domicilio habitual acompañada de sus hijos/as o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanen - te, y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad, afinidad o adopción. No se les exigirá tener residencia en España cuando acrediten la situación de violencia de género por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. 1.10.5. Prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores Las mujeres víctimas de violencia de género constituyen un colectivo con derecho a protección preferente en el acceso a la vivienda: Posibilidad de acogerse a la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales, acordados en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria. Posibilidad de acceder al Fondo Social de Vivienda s. Tienen la consideración de beneficiarias de las ayudas previstas en el Plan Estatal de Vivienda (BOE): Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género , personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables): Podrán ser beneficiarias las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explo - tación sexual, y víctimas de violencia sexual.

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No podrán ser beneficiarias aquellas personas que dispongan de una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo, que puedan ocupar tras la acreditación de la condición de víctima de violencia de género, víctima Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital Artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025

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- 17 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNEROde trata con fines de explotación sexual, o víctima de violencia sexual. Podrán ser beneficiarias las administraciones públicas, sociedades mercantiles participadas mayoritariamen - te por las distintas administraciones públicas, entidades de utilidad pública, empresas públicas y entidades benéficas, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explota - ción sexual, o víctimas de violencia sexual. Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico : prevé condiciones más be - neficiosas para las personas que sean hijos o hijas de víctimas de violencia de género Programa de puesta a disposición de viviendas de la SAREB y de entidades públicas para su alquiler como vivienda social . Las viviendas cedidas por la SAREB o entidad pública de que se trate habrán de destinarse con carácter prioritario para satisfacer soluciones habitacionales a las víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual 1.11. Derecho a la escolarización inmediata Los hijos y las hijas de las víctimas de violencia de género que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de los actos de violencia de género, tienen derecho a su escolarización inmediata en su nuevo lugar de residencia . 1.12.

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Becas y ayudas al estudio Se ofrece un tratamiento específico para las solicitantes de beca que acrediten la condición de víctimas de violencia de gé - nero, desde el 30 de junio de 2021 al 30 de junio de 2023, y/o sus hijos e hijas menores de veintitrés años y soliciten dichas becas y ayudas al estudio, siempre que cumplan todas las demás condiciones previstas en la normativa vigente, la beca básica, o beca de matrícula según corresponda, la cuantía fija ligada a la renta, la cuantía fija ligada a la residencia y la cuantía variable que resulte de la aplicación de la fórmula, sin que les sean de aplicación los requisitos establecidos en relación con la carga lectiva superada en el curso 2021-2022 ni el límite del número de años con condición de becario, ni la exigencia de superar un determinado porcentaje de créditos, asignaturas, módulos o su equivalente en horas en el curso 2022-2023 para el que haya resultado beneficiario de la beca. 1.13.

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Particularidades del empadronamiento por razones de seguridad Las víctimas de violencia de género que residan o se encuentren bajo el amparo de la red de recursos de asistencia social in - tegral, como pisos tutelados, casas de acogida u otros recursos de la citada red, y cuando no sea posible el empadronamiento Artículo 5 y disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género Real Decreto 154/2022, de 22 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de - las becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se modifica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local por la que se dictan instrucciones técni - cas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal

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- 18 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNEROen el domicilio real por razones de seguridad, este podrá llevarse a cabo en el lugar que determinen los Servicios Sociales del municipio en el que efectivamente residan (que podrá ser la sede de una institución social o de los Servicios Sociales de cualquier Administración Pública domiciliada en su término municipal, o cualquier otra dirección que estos indiquen, siempre dentro del citado municipio) tras la correspondiente valoración técnica, debiendo cumplirse las siguientes condiciones: Que los Servicios Sociales y la institución social de referencia estén integrados en la estructura orgánica de alguna Ad - ministración Pública o bajo su coordinación y supervisión. Que los responsables de estos Servicios Sociales informen sobre la habitualidad de la residencia en el municipio de las personas que se pretenden empadronar. Que los Servicios Sociales indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción padronal con referencia en el callejero municipal y se comprometan a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba en esa dirección una comunica - ción procedente de alguna Administración Pública. 1.14. Derecho al cambio de apellidos o de identidad Para las víctimas de violencia de género o de sus descendientes que estén o hayan estado integrados en el núcleo familiar de convivencia, el Encargado del Registro Civil podrá autorizar el cambio de apellidos sin necesidad de que estas cumplan con los requisitos previstos con carácter general (es decir, sin necesidad de que cumplan con los requisitos consistentes en que el apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho, siendo utilizado habitualmente por la persona intere - sada; que el apellido o apellidos que se tratan de unir o modificar pertenezcan legítimamente a la persona peticionaria; que los apellidos que resulten del cambio no provengan de la misma línea), de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.

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En estos casos, podrá autorizarse por razones de urgencia o seguridad el cambio total de identidad sin necesidad de cumplir con los requisitos generales previstos, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, modificada por la Ley 6/2021, de 28 de abril

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- 19 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERODerechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género 2

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- 20 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO2.1. Situación de residencia en España de las mujeres extran - jeras víctimas de violencia de género La situación de residencia en España de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género incluye las siguientes posibilidades: 2.1.1. Mujeres extranjeras que tengan la condición de familiares de ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo Para conservar el derecho de residencia en el caso de nulidad matrimonial, divorcio o cancelación de la inscripción como pareja registrada, la mujer que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberá acreditar que ha sido víctima de violencia de género durante el ma - trimonio o situación de pareja registrada, circunstancia que se considerará acreditada de manera provisional cuando exista una orden de protección a su favor o informe del Ministerio Fiscal en el que se indique la existencia de indicios de violencia de género, y con carácter definitivo cuando haya recaído resolución judicial de la que se deduzca que se han producido las circunstancias alegadas. 2.1.2. Mujeres extranjeras no comunitarias: pueden ser titulares de alguno de los dos tipos de autorizaciones de residencia y trabajo específicas por razón de violencia de género siguientes: Autorización de residencia y trabajo independiente de las mujeres extranjeras reagrupadas con su cónyuge o pareja : Obtención de la autorización una vez dictada a favor de la mujer una orden de protección o, en su defecto, cuando exista un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. Duración de la autorización: 5 años.

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Autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de las mujeres extranjeras en situación irregular : Solicitud de la autorización desde el momento en que se haya dictado a favor de la mujer una orden de protec - ción o emitido informe del Ministerio Fiscal en el que se aprecie la existencia de indicios de violencia de género. Concesión de la autorización cuando el procedimiento penal concluya con una sentencia condenatoria o con una re - solución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado. Duración de la autorización: 5 años.

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No obstante, en el curso de estos 5 años la mujer puede acceder a la situación de residencia de larga duración, previa solicitud, a cuyo efecto se computará el tiempo durante el que hubiera sido Artículo 17.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo Artículo 9.4 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo Artículo 19.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social Artículo 59.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril Artículo 31 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa ña y su integración social Artículos 131 a 134 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril

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- 21 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNEROtitular de una autorización provisional de residencia temporal y trabajo. Autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, o autorización de re - sidencia y trabajo en caso de que fueran mayores de 16 años y se encuentren en España en el momento de la denuncia: solicitud por parte de la mujer extranjera en el momento en que ella solicite a su favor la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales, o en cualquier otro posterior a lo largo del proceso penal. Su concesión y su duración se producen en los mismos términos que la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de las mujeres extranjeras en situación irregular. La autoridad administrativa competente para otorgar esta autorización por circunstancias excepcionales, conce - derá una autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso, autoriza - ciones de residencia o de residencia y trabajo provisionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades, que se encuentren en Espa ña en el momento de la denuncia. Estas autorizaciones provisionales concluirán en el momento en que se conceda o deniegue definitivamente la autorización por circunstancias excepcionales. Concedida la autorización provisional de residencia y trabajo, la mujer extranjera puede acceder a derechos como los siguientes: La renta activa de inserción , a la que tienen derecho las mujeres extranjeras que residan legalmente en España y reúnan el resto de requisitos exigidos.

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La ayuda económica del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 , a la que tienen derecho las mujeres ex - tranjeras víctimas de violencia de género titulares de una autorización de residencia y trabajo en España que reúnan el resto de requisitos exigidos. 2.1.3. La autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de la que sea titular una mujer ex - tranjera, se renovará a su expiración en los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género 2.2. Protección de las mujeres extranjeras en situación irre - gular víctimas de violencia de género Si al denunciarse una situación de violencia de género, se pusiera de manifiesto la situación irregular de la mujer extranjera: No se incoará el procedimiento administrativo sancionador por encontrarse irregularmente en territorio español (infracción grave). Se suspenderá el procedimiento administrativo sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a la denuncia o, en su caso, la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas. Concluido el procedimiento penal: Con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el Artículo 38.6 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social Artículo 31 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social Artículos 131 a 134 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril

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- 22 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNEROsobreseimiento provisional por expulsión del denunciado, se concederá a la mujer extranjera la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales y, en su caso, las autorizaciones solicitadas a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades. Con una sentencia no condenatoria o con una resolución de la que no pueda deducirse la situación de violencia de género, se denegará a la mujer extranjera la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales y, en su caso, las autorizaciones solicitadas a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades. Además, perderá eficacia la autorización provisional de residencia y trabajo concedida a la mujer extranjera y, en su caso, las autorizaciones provisionales concedidas a sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades. Y se incoará o continuará el procedimiento administrativo sancio - nador por estancia irregular en territorio español. 2.3. Derecho a la protección internacional El derecho de asilo . Se reconocerá el estatuto de refugiada a la mujer que, debido a un fundado temor de ser perse - guida por motivos de género, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, así como a la mujer apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallán - dose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él.

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En este sentido, pueden ser motivos de persecución basados en el género la violencia ejercida por la pareja o expareja y otras formas de violencia sobre la mujer, tales como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la violen - cia sexual o la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, siempre que, en cualquier caso, concurran los demás requisitos exigidos para el reconocimiento del derecho de asilo. Para que se reconozca el derecho de asilo es preciso que el fundado temor de las mujeres a ser objeto de perse - cución se base en actos de persecución que sean graves y revistan la forma de actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual. Para valorar los motivos de persecución se deberán valorar las circunstancias imperantes en el país de origen en relación con la situación del grupo social determinado, en este caso, las mujeres. La protección subsidiaria . Se otorgará protección subsidiaria a las mujeres extranjeras o apátridas que, sin reunir los requisitos exigidos para obtener asilo, padezcan un riesgo real de sufrir un daño grave en caso de retornar a su país de origen, o al de su anterior residencia en el caso de las apátridas. El daño grave que da lugar a protección subsidiaria consiste en alguno de los siguientes: Pena de muerte T ortura o tratos inhumanos o degradantes Amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles en situaciones de conflicto.Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria

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- 23 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERODerechos de las mujeres españolas víctimas de violencia de género fuera del territorio nacional 3 Las mujeres españolas que residen en el extranjero, cuan - do sufren violencia de género, pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad debido a las barre - ras lingüísticas y culturales , la falta de redes sociales o al desconocimiento de los recursos existentes en el país. Así, a la obligación de los poderes públicos en materia de informa - ción, asistencia y protección a las mujeres víctimas de violen - cia de género, se suma la obligación general de proteger a los ciudadanos y ciudadanas españoles en el exterior . El Protocolo firmado el 8 de octubre de 2015 por los entonces Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, persigue el establecimiento de un marco común de cola - boración para articular la realización de funciones en ma -teria de violencia de género , previniendo y abordando las situaciones de violencia de género mediante la información sobre recursos disponibles en el país de residencia , y facili- tando la protección y el retorno de las mujeres víctimas de violencia de género y, en su caso, de sus hijos e hijas cuando la situación lo requiera, dentro del marco normativo vigente. Las Embajadas y Consulados de España y las Con- sejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social faci- litarán a las mujeres españolas información para contactar con los recursos especializados para víctimas de violencia de género disponibles en el país en que residan, así como orientación sobre los recursos médicos, educativos y le - gales que las autoridades locales ponen a su alcance ante situaciones de violencia de género.

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Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violen - cia de Género, en caso de retorno de la mujer, llevará a cabo labores de coordinación con las Comunidades Autónomas a fin de garantizar a las mujeres los derechos que les reconoce la normativa española y de facilitar su integración social.

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- 24 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERODerechos de las víctimas del delito de los que también son titulares las víctimas de violencia de género 4 Además de los derechos específicos que la Ley Orgánica 1/2004 reconoce a las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, las mismas tienen los derechos que las leyes reconocen a las víctimas del delito, entre los que cabe destacar los siguientes:

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- 25 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO4.1. Derechos del Estatuto de la víctima del delito Las víctimas de violencia de género pueden acceder al catálogo general de derechos , procesales y extraprocesales, recogi - dos en el Estatuto de la víctima del delito . El cónyuge de la víctima directa del delito o la persona que hubiera estado unida a ella por una relación análoga de afectividad, no tendrá la consideración de víctima indirecta del delito cuando se trate del responsable de los hechos. Algunos de estos derechos son: Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades competentes, incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia. Derecho , en el momento de presentar la denuncia, a obtener una copia de la denuncia , debidamente certificada y, en su caso, a la traducción escrita de la copia de ésta. La notificación de determinadas resoluciones sin necesidad de que lo soliciten, de manera que estén informadas de la situación penitenciaria del investigado, encausado o condenado: las resoluciones que acuerden la prisión o la pos - terior puesta en libertad del infractor, así como la posible fuga del mismo; las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la víctima. Derecho a acceder , de forma gratuita y confidencial , a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las Admi - nistraciones públicas, así como a los que presten las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.

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Estas Oficinas realizarán las siguientes funciones, entre otras: El apoyo emocional a las víctimas y la asistencia terapéutica de las víctimas que lo precisen, garantizando la asis - tencia psicológica adecuada para la superación de las consecuencias traumáticas del delito. Evaluación y asesoramiento sobre las necesidades de la víctima y la forma de prevenir y evitar las consecuencias de la victimización primaria, reiterada y secundaria, la intimidación y las represalias . La elaboración de un plan de apoyo psicológico para las victimas vulnerables y en los casos en que se aplica la orden de protección. La información sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestar asistencia a la víctima, a la vista de sus circunstancias personales y la naturaleza del delito de que pueda haber sido objeto. El acompañamiento de la víctima a lo largo del proceso. Recibir la comunicación de las resoluciones a las que se refiere el artículo 7.1 del Estatuto de la víctima del delito (la sentencia, las resoluciones que adopten medidas cautelares, etc.), y realizar las actuaciones de información y asistencia que en su caso resulten precisas. Derecho a ejercer la acción penal y la acción civil conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pueden participar en la ejecución, a través de la interposición de recurso contra determinadas resoluciones judiciales, aunque no hayan sido parte en la causa: El auto por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria autoriza la posible clasificación del penado en tercer grado antes de que se extinga la mitad de la condena.

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El auto por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria acuerde que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran al límite de cumplimiento de condena, y no a la suma de las penas impuestas. El auto por el que se conceda al penado la libertad condicional.Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito

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- 26 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO4.2. Derecho a formular denuncia Las mujeres tienen derecho a denunciar las situaciones de violencia de género sufridas . A través de la denuncia se pone en conocimiento de las autoridades correspondientes la comisión de un hecho que puede ser constitutivo de un delito. Tras la presentación de la denuncia y su remisión a la autoridad judicial, si ésta entiende que existen indicios de haberse cometido un hecho delictivo, iniciará las correspondientes actuaciones penales. 4.3. Derecho a solicitar una orden de protección La orden de protección es una resolución judicial que dicta el órgano judicial competente en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito, aprecia la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiere la adopción de medidas de protección durante la tramitación del proceso penal. La orden de protección contempla en una única resolución medidas cautelares de naturaleza penal y civil a favor de la mujer víctima de violencia de género y, en su caso, de sus hijos e hijas; y activa al mismo tiempo los mecanismos de protección social establecidos a favor de la víctima por las distintas Administraciones Públicas. Con la orden de protección se acredita la situación de violencia de género que da lugar al reconocimiento de los derechos que establece la Ley Orgánica 1/2004. Las medidas cautelares de naturaleza penal pueden ser una o algunas de las siguientes: Desalojo del agresor del domicilio familiar . Prohibición de residir en determinada población . Prohibición de que el agresor se aproxime a la víctima y/o a sus familiares u otras personas a la distancia que se determine.

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Prohibición de que el agresor se comunique con la víctima y/o con sus familiares u otras personas por cualquier medio: carta, teléfono, etc. Prohibición al agresor de acercarse a determinados lugares : centro de trabajo de la víctima, centros escolares de los hijos, etc. Omisión de datos relativos al domicilio de la víctima . Protección judicial de la víctima en las oficinas judiciales. Incautación de armas y prohibición de tenencia. Las medidas de naturaleza civil pueden ser las siguientes: Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar . Determinación del régimen de guarda y custodia de los hijos menores. Determinación del régimen de visitas , comunicación y estancia con los menores . Fijación de una prestación de alimentos . Cualquier otra medida que sea necesaria para apartar a los menores de un peligro o evitarles perjuicios. La solicitud puede efectuarla la propia víctima, sus famili ares más cercanos, su abogado/a, o el Ministerio Fiscal. Sin perjuicio del deber de denuncia, los servicios sociales que conozcan su situación, deberán ponerlos en conocimiento del órgano judicial o del Ministerio Fiscal para que se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección. Cuando existan menores, el Juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de la adopción de las medidas civiles.Artículos 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Artículo 62 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género Artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

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- 27 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNEROEs aconsejable solicitar la orden de protección en el mismo momento en el que se presenta la denuncia, aunque tam - bién puede solicitarse con posterioridad. Cuando no se presenta denuncia, la propia solicitud de la orden de protección tiene esta consideración, en cuanto a los hechos y situaciones de violencia relatados en la misma. El Juzgado debe dictar la orden de protección en el plazo máximo de 72 horas desde su presentación, tras una com - parecencia de la víctima y el agresor. La Ley establece que esta comparecencia deberá realizarse por separado, evitando así la confrontación entre ambos. 4.4. Derecho a solicitar una orden europea de protección La víctima de violencia de género que vaya a trasladarse a otro Estado miembro de la Unión Europea para residir o per - manecer en él, y sea beneficiaria de una medida de protección adoptada, como medida cautelar o como pena privativa de derechos, en una orden de protección, auto de medidas cautelares o sentencia, puede solicitar la adopción de la orden europea de protección ante el órgano judicial competente . La orden europea de protección emitida por el órgano judicial se documentará en un certificado, que se transmitirá a la autoridad competente del otro Estado miembro para que proceda a su ejecución. 4.5. Derecho a ser parte en el procedimiento penal: el ofre - cimiento de acciones En el acto de recibirse declaración por el Juez a la víctima, el Secretario judicial le instruirá del derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible.

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El ejercicio de este derecho, que supone la intervención activa de la mujer víctima de violencia de género en el proceso judicial que se tramita tras su denuncia y el ejercicio de la acción penal y, en su caso, de la acción civil, se realiza a través de su personación en las actuaciones penales como acusación particular; para ello debe nombrar un/a abogado/a en defensa de sus intereses y un procurador para su representación. Además, las víctimas que no hubieran renunciado a su derecho podrán ejercer la acción penal en cualquier momento antes del trámite de calificación del delito. La designación de estos profesionales puede realizarse por libre elección de la víctima o a través del Turno de Oficio Especializado de Violencia de Género (beneficio de justicia gratuita). La personación y consiguiente condición de “parte” en el proceso penal conlleva que la víctima, a través de su abogado, puede proponer diligencias de prueba, intervenir en la práctica de las mismas, y conocer todas las resoluciones que se dicten durante la tramitación del proceso, pudiendo, si no está de acuerdo, presentar los recursos que procedan. Asimismo, como acusación particular, la víctima podrá solicitar la condena del agresor y una indemnización por las lesiones, daños y perjuicios sufridos. El Ministerio Fiscal tiene encomendada la defensa de los intereses de las víctimas y perjudicados en los procesos pena - les. Si llega a la convicción de que se ha cometido un delito, dirigirá la acusación contra quien considere responsable, inde -Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea Artículos 109 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

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- 28 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNEROpendientemente de que la víctima se haya personado o no en el proceso penal. Si no llega a dicha convicción, no formulará la acusación o podrá solicitar el archivo del procedimiento, por ejemplo, si considera que no existen suficientes pruebas de los hechos. 4.6. Derecho a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado La comisión de un delito obliga a reparar los daños y perjuicios causados. Esta responsabilidad civil comprende la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales. En caso de que la víctima haya ejercido la acción civil (para exigir esta responsabilidad civil) en el proceso penal, en la sentencia que se dicte, y siempre que la misma sea condenatoria, además de la pena que en su caso se imponga al culpable, se fijará cuál es la responsabilidad civil por los daños físicos, psicológicos o morales causados a la víctima por el delito. No obstante, la víctima puede reservarse su derecho a ejercer la acción civil en un proceso distinto ante los Juzgados del Orden Civil, de forma que en el proceso penal no se ejercitará la acción civil. También puede renunciar a cualquier re - clamación que, en este sentido, le pudiera corresponder. 4.7. Derecho a recibir información sobre las actuaciones judiciales La víctima, aunque no ejerza su derecho a intervenir en el proceso penal, debe ser informada de su papel en el mismo y del alcance, desarrollo y la marcha del proceso . La información a la víctima de sus derechos corresponde tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Juzgado y a las Oficinas de Asistencia a la Víctima.

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El contenido de dicha información comprenderá: Su derecho a mostrarse parte en el proceso penal y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho delictivo. La posibilidad y procedimiento para solicitar las ayudas que conforme a la legislación vigente pueden corresponderle. Información sobre el estado de las actuaciones judiciales, a examinar las mismas, así como a que se le expidan copias y testimonios (Art ículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Debe serle comunicada cualquier resolución que pueda afectar a su seguridad, así la orden de protección, la adopción o modificación de otras medidas cautelares, los autos que acuerdan la prisión o libertad provisional del imputado y la situación penitenciaria del agresor (Art ículos 109, 506.3, 544 bis y ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Tiene que ser informada del lugar y fecha de celebración del juicio oral (Art ículos 785.3, 962 y 966 de la Ley de Enjui - ciamiento Criminal). Debe notificársele la sentencia, tanto de instancia como, en su caso, la que resuelva el recurso de apelación. (Art ículos 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; artículos 789.4, 792.2, 973.2 y 976.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Debe notificársele el sobreseimiento del proceso.Artículos 100 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

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- 29 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO4.8. Derecho a la protección de la dignidad e intimidad de la víctima en el marco de los procesos relacionados con la violencia de género La Ley Orgánica 1/2004 prev é medidas específicas de protección de la dignidad e intimidad de la víctima. Por un lado, se establece que los datos personales de la misma, de sus descendientes y las personas que estén bajo su guarda o custodia, tengan carácter reservado . La reserva del nuevo domicilio, centro de trabajo o colegios de los hijos no sólo preservan la intimidad de la víctima sino que, además, es un instrumento importante para su seguridad, al evitar que estos datos puedan llegar a conocimiento del imputado. Con esta misma finalidad, el modelo de solicitud de la orden de protección dispone que la víctima puede indicar un domicilio o teléfono de una tercera persona a la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los órganos judiciales podrán hacer llegar las comunicaciones o notificaciones. Por otra parte, la Ley del Estatuto de la víctima del delito reconoce el derecho de las víctimas a la protección de su intimidad en el marco del proceso penal , y en este sentido, obliga a jueces, fiscales, funcionarios encargados de la investiga - ción y cualquier persona que de cualquier modo intervenga o participe en el proceso, a adoptar las medidas necesarias para proteger la intimidad de las víctimas y de sus familiares, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. En particular, respecto de las víctimas menores de edad o de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección, deberán adoptar las medidas para impedir la difusión de cualquier tipo de información que pueda facilitar su identificación.

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A este respecto, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez podrá acordar, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la víctima, la adopción de cualquiera de las medidas siguientes cuando resulte necesario para proteger la intimidad de la víctima o el respeto debido a la misma o a su familia: Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima , de datos que puedan faci - litar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección. Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares. Asimismo, el Juzgado puede acordar, de oficio o a instancia de la propia víctima o del Ministerio Fiscal, que las actuaciones judiciales no sean públicas y que las vistas se celebren a puerta cerrada. 4.9.

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Ayudas a las víctimas de delitos considerados violencia de género Se trata de ayudas públicas en beneficio de las víctimas directas e indirectas de los delitos dolosos y violentos , cometidos Artículo 63 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género Artículo 232.2 de la Ley Orgánica Poder Judicial Artículos 19 y siguientes de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito; art ículo 15.5 de la Ley 35/1995, de Ayudas y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual Artículos 2.a) y 3.1 de la Ley Orgánica 19/1994, de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo

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- 30 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNEROen España, con el resultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o de daños graves en la salud física o mental; así como en beneficio de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual aunque se perpetren sin violencia. Las mujeres víctimas de violencia de género pueden ser beneficiarias de estas ayudas en tanto que son víctimas de un delito con las siguientes particularidades: Con carácter general, pueden acceder a estas ayudas quienes, en el momento de cometerse el delito, sean españoles o nacionales de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o quienes, no siéndolo, residan habitualmente en España o sean nacionales de otro Estado que reconozca ayudas análogas a los españoles en su territorio. Cuando la víctima del delito tenga la consideración de víctima de violencia de género, y se trate de delitos a consecuen - cia de un acto de violencia sobre la mujer, podrán acceder a las ayudas las mujeres nacionales de cualquier otro Estado que se hallen en España, cualquiera que sea su situación administrativa. El plazo para solicitar estas ayudas es de tres años, contado desde la fecha en que se produjo el hecho delictivo. No obstante, dicho plazo se interrumpe con el inicio del proceso penal y se abre de nuevo desde que recaiga la resolución judicial firme. El importe de las ayudas no podrá superar en ningún caso la indemnización fijada en la sentencia y se calcula mediante la aplicación de unos criterios en función del tipo de ayuda. En el caso de las víctimas de violencia de género, el importe de las ayudas así calculado se incrementará en un veinticinco por ciento. En los casos de muerte, la ayuda será incre - mentada en un veinticinco por ciento para beneficiarios hijos menores de edad o mayores incapacitados.

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Pueden concederse ayudas provisionales con anterioridad a que recaiga resolución judicial firme que ponga fin al pro - ceso penal, siempre que quede acreditada la precaria situación económica en que hubiese quedado la víctima o sus beneficiarios. Cuando la víctima del delito tenga la consideración de víctima de violencia de género, podrán concederse las ayudas provisionales cualquiera que sea la situación económica de la víctima o de sus beneficiarios.

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- 31 - GUÍA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNEROTELÉFONOS DE INFORMACIÓN Ámbito estatal016 Personas con discapacidad auditiva: 900 116 016 Andalucía 900 200 999 Aragón 900 504 405 Canarias 112 Cantabria 942 214 141 Castilla-La Mancha 900 100 114 Castilla y León 012 Cataluña 900 900 120 Extremadura Galicia 900 400 273 Illes Balears 971 178 989 La Rioja 900 711 010 Madrid 012 Navarra País Vasco 900 840 111 Principado de Asturias 985 962 010 Región de Murcia 112 Comunidad Valenciana 900 580 888 Ceuta 900 700 099 Melilla Más información : en los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas, en los Centros de Atención a la Mujer autonómicos y locales, en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, en los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados y en las diferentes organizaciones de mujeres y de extranjeros. Página web de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/institucio - nes/home.htm

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DERECHO DERECHO INTERNACIONAL INTERNACIONAL SOBRE SOBRE MIGRACIÓNMIGRACIÓNN° 34N° 34 Glosario de la OIM sobre Migración

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Las opiniones expresadas en el presente Glosario no reflejan necesariamente las de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las denominaciones empleadas y la forma en que aparece presentado este material no implican juicio alguno por parte de la OIM sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La OIM está consagrada al principio de que la migración ordenada y en condiciones humanas beneficia tanto a los migrantes como a la sociedad. En su calidad de organización intergubernamental, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad internacional para ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la migración, fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias, alentar el desarrollo social y económico a través de la migración, y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. Publicado por: Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 17 route des Morillons Casilla postal 17 1211 Ginebra 19 Suiza Teléfono: + 41 22 717 91 11 Fax: + 41 22 798 61 50 Correo electrónico: [email protected] Sitio web: www.iom.int ____________________________________________________ ISSN 1816-1014 ISBN 978-92-9068-840-2 (pdf) © 2019 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) _____________________________________________________ Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación de datos o transmitida en forma alguna o por medio alguno, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento escrito de la OIM. PUB2020/028/L

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N° 34N° 34 DERECHO DERECHO INTERNACIONAL INTERNACIONAL SOBRE SOBRE MIGRACIÓNMIGRACIÓN Glosario de la OIM sobre Migración

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2 DERECHO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓNPrimer prefacio La cooperación eficaz entre diversos interlocutores reviste probablemente más importancia en el ámbito de la migración que en cualquier otra esfera normativa. Los Estados no son los únicos en emplear diferentes términos para referirse a determinados fenómenos migratorios; en efecto, incluso los distintos agentes dentro de un mismo Estado lo hacen, lo que suele dar lugar a incoherencias terminológicas. Más aún, son comunes las variaciones en el uso de determinados términos según el campo de trabajo de una persona. En este contexto, el derecho internacional contribuye a crear algunos denominadores comunes, gracias a las definiciones enunciadas en instrumentos internacionales vinculantes para los Estados que son partes en ellos. Un ejemplo digno de mención son las definiciones del término “refugiado”, que figuran en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de 1951) y en los dos protocolos que complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a saber, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y el Protocolo contra la Trata de Personas. Así pues, la cooperación transnacional nunca sería eficaz sin un entendimiento común de los delitos que los fiscales en todo el mundo deben combatir, y el reparto de responsabilidades nunca podría hacerse realidad sin la voluntad de muchos Estados de proteger a quienes huyen de la persecución.

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Por otra parte, los Estados vienen ejerciendo presión para que se adopte un enfoque más humano de la migración, pidiendo a la comunidad internacional que deje de utilizar términos deshumanizantes asociados con la migración en favor de expresiones más neutrales, como ocurre en el caso del término “migrante ilegal”, en lugar del cual resulta preferible utilizar la expresión “migrante en situación irregular”. Estos tipos de cambio en el uso de determinados vocablos no solo se introducen en aras de la corrección política, sino también para dar forma a nuestra percepción de las distintas realidades migratorias. El incremento en el uso de términos peyorativos o alarmistas en los recientes discursos públicos a lo largo y ancho del planeta ha tenido incidencias similares, aunque negativas en este caso, en la forma en que se percibe a los migrantes.

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3 Glosario de la OIM sobre MigraciónA la fecha de publicación del presente Glosario , la aprobación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular ha suscitado una renovada atención a las realidades migratorias. Por consiguiente, este momento crucial nos brinda la oportunidad de contribuir a consolidar un enfoque no solo uniforme, sino también correcto y equilibrado de la terminología relativa a la migración. António Vitorino Director General Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

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4 DERECHO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓNSegundo prefacio ¡Bienvenidos al Glosario de la OIM sobre Migración ! Dicho así, parecería que el presente Glosario ha de resolver todas las cuestiones relacionadas con el modo en que encaramos la migración y nos expresamos al respecto, así como con la forma en que formulamos soluciones a las preocupaciones que plantea. Pero no nos engañemos: esa no es su finalidad. Este instrumento solo pretende ofrecer definiciones para términos de uso común (y, en ocasiones, no tan común) pertenecientes al ámbito de la migración. Algunas son definiciones enunciadas en documentos jurídicos que, como tal, son prácticamente inamovibles, mientras que otras provienen de instrumentos de derecho dispositivo y son, por ende, igualmente inamovibles. También se ofrecen definiciones de trabajo, que pueden variar ligeramente según el uso que hagan de ellas los distintos interlocutores en su labor cotidiana. Con ello, esperamos alcanzar un cierto grado de armonización terminológica. El presente Glosario no tiene por vocación definir cuestiones complejas: se trata sencillamente de un glosario, no de una recopilación de disertaciones. Tampoco pretende resolver las disensiones sobre cuestiones espinosas, ni zanjar los debates en curso sobre conceptos y aspectos en evolución constante. No contiene verdades absolutas; se limita a contribuir al debate actual sobre conceptos complejos y aportar claridad sobre nociones y términos que ya tienen definiciones jurídicas o genéricas acuñadas desde hace mucho tiempo.

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Si bien el presente instrumento no ofrece respuestas a todas las interrogantes relacionadas con la migración, esperamos que los usuarios puedan encontrar en él muchos de los términos y conceptos que emplean al abordar la temática de la migración, algunos de los cuales son objeto de un amplio consenso, mientras que otros aún siguen suscitando debates. Consideramos que el Glosario es un documento vivo. Por ello, estará disponible únicamente en línea de tal modo que pueda actualizarse periódicamente para reflejar la evolución del uso del lenguaje. La creación de este Glosario ha llevado mucho tiempo, ya que en él invirtieron su energía y ardua labor múltiples partes interesadas. En efecto, celebramos consultas con otras organizaciones internacionales, círculos académicos, organizaciones de la sociedad civil y las oficinas de la OIM en el

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5 Glosario de la OIM sobre Migraciónmundo. Todas sus observaciones fueron sumamente valiosas y permitieron elaborar un documento más completo y de mejor calidad. Quisiera concluir agradeciendo especialmente a Alice Sironi y Céline Bauloz, así como al equipo de Derecho Internacional sobre Migración, que comprende a ex miembros del personal, como Milen Emmanuel, por toda la denodada y sacrificada labor que dedicaron a estas páginas. Kristina Touzenis Jefa de la Unidad de Derecho Internacional sobre Migración

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6 DERECHO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓNEquipo de edición, revisión y producción Editoras: Alice Sironi, Céline Bauloz y Milen Emmanuel Entidades revisoras de la OIM: Sede de la OIM: Departamento de Operaciones y Situaciones de Emergencia, incluidas la División de Preparación y Respuesta, la División de Reasentamiento y Gestión de Traslados, y la División de Transición y Recuperación; Departamento de Gestión de la Migración, incluidas la División de Gestión de Inmigración y Fronteras, la División de Migración Laboral y Desarrollo Humano, la División de Protección y Asistencia a los Migrantes, la División de Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático, y la División de Migración y Salud; Departamento de Cooperación Internacional y Partenariados, incluidas la División de Procesos Multilaterales, la División de Partenariados Internacionales, y la División de Investigación sobre la Migración; Oficina del Director General, incluidos el equipo del Pacto Mundial para la Migración, la Unidad de Coordinación de las Cuestiones de Género, y la Oficina de Asuntos Jurídicos.

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Oficinas Regionales: Oficina Regional en El Cairo, Oficina Regional en Bruselas, Oficina Regional en Nairobi y Oficina Regional en Viena Centro de Análisis de Datos Mundiales sobre Migración Revisores académicos: Jørgen Carling, Vincent Chetail, Kathleen Newland, Martin Ruhs y Laura Van Waas Organizaciones revisoras del sistema de las Naciones Unidas: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Coordinación de la producción y revisión: Valerie Hagger

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7 Glosario de la OIM sobre MigraciónTraducción: Carmen Andreu, Christian Buss, Gemma Ferrández y Mónica Figueroa Diseño y maquetación: Ramir Recinto y Unidad de Publicaciones Equipo de la OIM: Anne Althaus, Fanny Dufvenmark y Kristina Touzenis

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8 DERECHO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓNAgradecimientos Las editoras desean dar las gracias a los siguientes expertos externos, quienes aportaron valiosas contribuciones a esta nueva edición del Glosario de la OIM sobre Migración : Jørgen Carling, Vincent Chetail, Kathleen Newland, Martin Ruhs y Laura Van Waas. También desean expresar especial gratitud a los siguientes representantes de organizaciones o instituciones del sistema de las Naciones Unidas, que contribuyeron al proyecto de glosario: Sarah Rahman y Hansjorg Strohmeyer, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH); Ben Lewis y Pia Oberoi, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); y Mirela Shuteriqi, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Las editoras agradecen en particular el examen exhaustivo y el apoyo continuo que recibieron de Madeline Garlick, Claire Inder, Michele Cavinato, Cameron Shilton y Cornelis Wouters, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

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Esta nueva edición tampoco habría sido posible sin las numerosas y valiosas contribuciones recibidas durante el extenso proceso de elaboración del Glosario de la OIM sobre Migración por parte de los siguientes colegas y ex colegas de la OIM, tanto en la Sede como en el terreno: Mohammed Abdiker, Christine Adam, Eugenio Ambrosi, Jason Aplon, Gervais Appave, Eliana Barragan, Tristan Burnett, Maurizio Busatti, Alessia Castelfranco, Sacha Chan Kam, Patrick Corcoran, Phyllis Coven, Phoonam Dhavan, Noelle Darbellay, Jo De Backer, Julia De Bresser, Bethany Donithorn, Olivier Ferrari, Florian Forster, Elisa Galos, Kristina Galstyan, Nicoletta Giordano, Nicola Graviano, Sam Grundy, Lorenzo Guadagno, Salvador Gutiérrez, Renate Held, Jill Helke, Julia Hill-Mlatis, Dina Ionesco, Lee Kanthoul, Ginette Kidd, Alice Kimani, Michele Klein-Solomon, Sarah Knight, Heather Komenda, Geertrui Lanneau, June Lee, Sieun Lee, Kristiina Lilleorg, Laura Lungarotti, Marina Manke, David Martineau, Lea Matheson, Luciano Mathieu, Marie McAuliffe, Kerry-Lynn Maze, Susanne Melde, Daria Mokhnacheva, Craig Murphy, Alina Narusova, Anh Nguyen, Karoline Popp, Etienne Quillet, Marzia Rango, Johan Rautenbach, Jennifer Rumbach, Tauhid Pasha, Stephen Pindie, Fatma Said, Angela Staiger, Theodora Suter, Agnès Tillinac,

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9 Glosario de la OIM sobre MigraciónChristina Vasala Kokkinaki, Elizabeth Warn, Sanjula Weerasinghe, Jacqueline Weekers, Lara White y Vassiliy Yuzhanin. Las editoras agradecen especialmente a Valerie Hagger, por la excelente labor de supervisión de todo el proceso de producción y su meticulosa edición del Glosario , así como a Ramir Recinto, por su trabajo en la maquetación y su paciencia para incorporar numerosos cambios en el borrador final. Por último, las editoras desean expresar su profunda y sincera gratitud a los colegas del equipo de Derecho Internacional sobre Migración, Anne Althaus, Fanny Dufvenmark y Kristina Touzenis, quienes brindaron valiosos conocimientos y un apoyo inquebrantable a lo largo de todo el proceso.

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10 DERECHO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓNIntroducción A semejanza de las ediciones anteriores, la presente edición del Glosario de la OIM sobre Migración es una recopilación accesible de definiciones relacionadas con la migración. Está destinada a una amplia gama de personas que se ocupan de cuestiones relacionadas con la migración a nivel internacional. También da cuenta de las prácticas regionales y nacionales. La finalidad de la presente edición, al igual que las anteriores, es promover un entendimiento común y un uso coherente de los términos relacionados con la migración y asegurarse de que se fundamenten, en la medida de lo posible, en las normas internacionales. El fomento de un lenguaje común es un importante punto de partida a la hora de abordar la migración, para así asegurar una comprensión acertada y un intercambio coherente de información entre los distintos actores que trabajan en la esfera de la migración. Más importante aún, constituye un paso fundamental hacia la formulación de respuestas colectivas y más eficientes. En algunos casos, el uso de términos apropiados en el ámbito de la migración puede propiciar la adopción de un enfoque objetivo y equilibrado de la migración, ayudar a los Estados a reforzar la observancia de sus obligaciones en lo referente a los derechos humanos de los migrantes, e incidir positivamente en las percepciones de los Estados y el estamento público respecto de la migración. Sobre la base de las ediciones anteriores, el presente Glosario ofrece un amplio abanico de términos que remiten a cuestiones conceptuales, jurídicas, teóricas o prácticas de la migración.

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La presente versión ha sido objeto de un ejercicio de racionalización respecto de la versión anterior, por lo que se han omitido aquellas entradas que solo estaban remotamente vinculadas a la migración. Además, partiendo del reconocimiento de que todo glosario debe ser un proyecto en desarrollo constante ante la evolución de los usos del lenguaje, en la presente edición se han actualizado varias definiciones de tal modo que en ellas queden reflejados los acontecimientos recientes (tal es el caso, del término “migrante”). También se han añadido nuevos términos que forman parte del léxico actual sobre la migración. Entre ellos cabe señalar, por ejemplo, aquellos que guardan relación con la migración por motivos ambientales, como “migración por motivos climáticos” y “desplazamiento causado por desastres”;

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11 Glosario de la OIM sobre Migraciónlos diversos significados del término “reubicación” en el contexto de la Unión Europea o del cambio climático; así como el uso actual del término “movilidad humana” para describir las diversas formas en que las personas se desplazan de un lugar a otro. Uso de glosarios ya existentes El presente Glosario se ha elaborado teniendo en cuenta las definiciones que figuran en glosarios ya existentes sobre la migración y otros ámbitos conexos (así como en diccionarios y enciclopedias jurídicas) y, en algunos casos, aplicando dichas definiciones. Los términos y las definiciones correspondientes que se encuentran en estas fuentes se han reproducido en su forma original o se han adaptado para reflejar el modo en que la OIM los entiende. En ese quehacer, se ha utilizado una serie de glosarios básicos, como el Glosario de Términos de Referencia del ACNUR (2006), el Glosario sobre Migración y Asilo de la Red Europea de Migración 3.0 (2014 - disponible en inglés), el Glosario de las Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (1999), y el Glosario de Términos relacionados con la Migración de la UNESCO ( Glossary of Migration Related Terms , 2013), así como la Max Planck Encyclopedia of Public International Law (2014); el Black’s Law Dictionary (2014), y el Parry and Grant Encyclopedic Dictionary of International Law (2004).

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A diferencia de los glosarios ya existentes que hacen hincapié en un aspecto particular de la migración (como el Glosario de Términos de Referencia del ACNUR, que se focaliza en términos relativos al desplazamiento y la protección de los refugiados); están destinados a un público determinado (como el Glosario sobre Migración de la ONUCI [ Media-Friendly Glossary on Migration ], que se diseñó específicamente para los medios de comunicación); o se elaboran para una región geográfica específica (como el Glosario sobre Migración y Asilo de la Red Europea de Migración, que se centra en Europa), el presente Glosario aspira a ser de vocación más general, abarcando todas las esferas de la migración y reproduciendo términos que se emplean a lo largo y ancho del planeta.

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12 DERECHO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓNFormato de las entradas En la presente edición, cada entrada consta de los siguientes elementos: ▪Un término , que se acompaña de una definición concisa; ▪Una fuente , en la que se atribuye la autoría de la definición a una entidad, persona o grupo de personas. Como se señala más adelante, se han recogido varias definiciones de fuentes externas. En esta parte se suministra la información necesaria para acceder a la fuente, aunque pueden darse casos en que la autoría de la definición original no sea atribuible a esta última. La ausencia de fuente significa que la definición ha sido elaborada por la OIM; ▪Una nota, que se añade a algunas de las entradas en el caso de definiciones complejas, definiciones respecto de las cuales no existe un consenso, o definiciones menos evidentes. En esos casos, se proporciona información más detallada sobre el uso del término, o se ofrecen elementos contextuales y aclaraciones adicionales; ▪Una enumeración de términos conexos para el establecimiento de referencias cruzadas. Se enumeran los términos del Glosario que pueden considerarse (cuasi-) sinónimos o que están estrechamente vinculados al término de la entrada en cuestión. Por lo que respecta a la selección de términos, en los casos en los que existen varios términos para definir los mismos conceptos o conceptos similares, se ha aplicado la norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) relativa a los términos preferidos (norma ISO 25964). Así pues, se ha seleccionado el término considerado más favorable o apropiado, y los demás términos se han introducido como sinónimos.

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Jerarquización de fuentes para la selección de definiciones Uno de los mayores retos planteados durante la elaboración del Glosario fue la ausencia de definiciones jurídicamente vinculantes en el plano internacional para muchos de los términos, a lo que se suman las variaciones en su uso entre los agentes concernidos. Por ejemplo, a falta de una definición clara y jurídicamente vinculante en el plano internacional del término “trabajador migrante altamente calificado”, los criterios aplicados para

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13 Glosario de la OIM sobre Migracióndefinir quién puede o no considerarse como un trabajador migrante de esas características difieren de un Estado a otro. Además, en el contexto de la migración, se observan casos en los que, pese a la existencia de una definición clara y jurídicamente vinculante (como ocurre en el caso del término “privación de libertad” o “detención”), los Estados no emplean necesariamente el término de conformidad con la definición establecida en el plano internacional (por ejemplo, lo que en un Estado podría denominarse “centro de detención” puede denominarse “centro de retención” en otro). Estas variaciones en los usos y definiciones han planteado problemas adicionales en los intentos por recoger todos los elementos de términos existentes para elaborar una definición única que pueda aplicarse de manera general en el contexto mundial. En ese quehacer, se han aplicado criterios de jerarquización de fuentes con miras a elaborar definiciones que generen una amplia aceptación o un consenso en el plano internacional. Se ha conferido carácter prioritario a aquellas definiciones que se encuentran en las fuentes primarias del derecho internacional (tratados, convenciones, pactos, protocolos, etc.) respecto de todas las demás fuentes, partiendo del supuesto de que los términos definidos en el marco del derecho internacional no solo son fidedignos y definitivos, sino que ya son en sí el fruto de un consenso de la comunidad internacional, en la que su uso común ya se ha consolidado.

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Así pues, se ha establecido la siguiente jerarquía de fuentes: 1) principios de derecho consuetudinario, tratados, convenciones, pactos o protocolos adoptados a nivel universal y regional; 2) declaraciones, resoluciones, recomendaciones y otros instrumentos de derecho dispositivo adoptados o respaldados por los Estados (preferiblemente en el contexto de los órganos u organismos de las Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad, la Asamblea General o el Consejo de Derechos Humanos); 3) jurisprudencia internacional o regional (por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos); 4) principios rectores y manuales elaborados por las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los círculos académicos; y 5) diccionarios jurídicos, publicaciones y

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14 DERECHO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓNglosarios de la OIM, así como glosarios y publicaciones de otras organizaciones o instituciones. Hubo casos en que fue necesario apartarse de estos criterios de jerarquización, en particular cuando había definiciones distintas en fuentes de mismo rango jerárquico, cuando no se disponía de ninguna fuente fidedigna, o cuando existía tal fuente, pero la definición difería del modo en que la OIM entiende o utiliza el término. Ejemplo de ello son algunas definiciones utilizadas a nivel internacional a efectos estadísticos. Las definiciones que figuran en los glosarios estadísticos sirven para las labores de producción o recopilación de datos, y están determinadas por la necesidad de efectuar un recuento de las personas pertenecientes a diversas categorías. Las definiciones utilizadas en este Glosario reflejan en gran medida el concepto jurídico de un término, o su acepción más común en la comunidad internacional, y en algunos casos son mucho más amplias que las categorías estrechamente definidas por los estadísticos. Los glosarios estadísticos se utilizaron en algunos casos y fueron tratados de la misma forma que los glosarios no estadísticos, siempre y cuando fuesen el reflejo de la comprensión predominante de un término dado a escala mundial. En algunos casos, se ha utilizado una fuente jerárquicamente inferior. Se ha procedido de la misma manera con las fuentes consideradas fidedignas, dada su pericia en un ámbito específico. Por último, se ha concedido un cierto margen de flexibilidad en la jerarquización de las fuentes pertenecientes a los niveles 4 y 5, priorizando las definiciones que mejor reflejan el enfoque de la OIM.

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15 Glosario de la OIM sobre MigraciónA abuso sexual Intrusión física cometida o amenaza de intrusión física de carácter sexual, ya sea por la fuerza, en condiciones de desigualdad o con coacción. Fuente:  Secretaría  de las Naciones  Unidas, Boletín del Secretario  General, Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales (9 de octubre de 2003), documento ST/SGB/2003/13 de las Naciones Unidas, sección 1. acción humanitaria Labor de asistencia, protección y promoción realizada para atender las necesidades humanitarias que se plantean en caso de peligros naturales, conflictos armados u otras causas o de preparación y respuesta para situaciones de emergencia. Su objetivo es salvar vidas y reducir el sufrimiento a corto plazo, de tal manera que se preserve la dignidad de las personas y se abra el camino a la recuperación y a la búsqueda de soluciones duraderas para el desplazamiento. Fuente: Comité Permanente entre Organismos, Introduction to Humanitarian Action (octubre de 2015), pág. 8. Nota: Como explica el Comité Permanente entre Organismos, la acción humanitaria se basa en la premisa de que el sufrimiento humano debe prevenirse y aliviarse dondequiera que ocurra (el denominado “imperativo humanitario”). Si bien cada organización humanitaria puede regirse por un conjunto más amplio, hay cuatro principios humanitarios básicos y ampliamente aceptados que guían la acción humanitaria, a saber: humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia ( ibíd., págs. 8 y 9). La acción humanitaria también se denomina “ayuda humanitaria”, “asistencia”, “socorro”, “socorro de emergencia” o “acción de socorro”.

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En concreto, por lo que respecta a la asistencia humanitaria de emergencia, en la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se indica que dicha asistencia sienta las bases para la recuperación, la transición y el desarrollo: “Hay una clara relación entre emergencia, rehabilitación y desarrollo. A fin de lograr una transición sin tropiezos del socorro a la rehabilitación y el desarrollo, la asistencia de emergencia debería prestarse de manera tal que apoyara la recuperación y el desarrollo a largo plazo. De esta manera, las medidas de emergencia deberían considerarse un paso hacia el desarrollo a largo plazo” (Asamblea General de A

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16 DERECHO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓNlas Naciones Unidas, Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas [19 de diciembre de 1991], documento A/RES/46/182 de las Naciones Unidas, párr. 9). Véase asimismo: principios humanitarios ; humanidad (principio de) ; imparcialidad (principio de) ; independencia (principio de) ; neutralidad (principio de) aceptación y aprobación Acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Fuente: Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (aprobada el 23 de mayo de 1969 y en vigor desde el 27 de enero de 1980), arts. 2, párr. 1 b), y 15. Nota: Los instrumentos de “aceptación” o “aprobación” de un tratado revisten la misma importancia y producen los mismos efectos jurídicos que la ratificación. Por consiguiente, expresan el consentimiento de un Estado en obligarse por dicho tratado. Algunos Estados optan por la aceptación y la aprobación en lugar de la ratificación cuando, en el plano nacional, el derecho constitucional no exige la ratificación del tratado por el jefe de Estado (arts. 2, párr. 1 b), y 14, párr. 2, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados [1969]) (Colección de Tratados de las Naciones Unidas, Glossary of Terms Relating no Treaty Actions [2016]).

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Véase asimismo: adhesión ; ratificación acompañamiento médico Componente de los servicios de asistencia sanitaria en materia de viajes prestados por un profesional de la salud con el propósito de brindar asistencia a los migrantes con afecciones o enfermedades a fin de satisfacer sus necesidades en materia de salud durante el traslado y, al mismo tiempo, mitigar los riesgos para la salud que pudiera entrañar el viaje. Nota: Los acompañantes médicos tienen la responsabilidad de prestar la mejor atención posible a las personas que viajan, desde el punto de partida hasta el lugar de llegada en circunstancias determinadas. Los acompañantes médicos se encargan de la derivación de las personas con problemas importantes de salud al personal sanitario o a las familias en el país de acogida.A

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17 Glosario de la OIM sobre MigraciónAacuerdo de readmisión Acuerdo bilateral o multilateral entre Estados en el que se establecen, de manera recíproca, las bases y los procedimientos para que un Estado devuelva pronta y ordenadamente a los extranjeros que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada o estancia en su territorio hacia su país de origen o un tercer país, por lo general un país por el que han transitado o en el que tenían residencia permanente. Véase asimismo: retorno acuerdo internacional Unión de voluntades de dos o más sujetos internacionales con el fin de regular sus intereses mediante normas internacionales. Fuente: A. Cassese, International Law (2a edición, Oxford University Press, 2005), pág. 170. Nota: En su acepción más restrictiva, el término “acuerdo” remite a un convenio que ha de revestir un carácter vinculante, pero es generalmente menos oficial o de menor rango que un tratado o convención. El término designa un tratado que suele adoptar la forma de un instrumento único, que se diferencia generalmente de una “convención” en el sentido de que versa sobre una materia más específica o menos permanente (J. Grant y J. Barker [eds.], Parry and Grant Encyclopedic Dictionary of International Law [3a edición, Oxford University Press, 2009]). Véase asimismo: acuerdos bilaterales de migración laboral ; convención ; tratado acuerdos bilaterales de migración laboral Convenios celebrados entre dos Estados, que son jurídicamente vinculantes y se refieren esencialmente a la cooperación interestatal en materia de migración laboral.

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Fuente:  Organización  Internacional  del Trabajo (OIT), Acuerdo-tipo  sobre las migraciones temporales y permanentes de trabajadores, con inclusión de la migración de refugiados y personas desplazadas, anexo de la Recomendación sobre los Trabajadores Migrantes (Revisada) (1º de julio de 1949), aprobada en el contexto del Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (Nº 97) (aprobado el 1º de julio de 1949 y en vigor desde el 22 de enero de 1952). Nota: En algunos casos, los acuerdos comerciales y las plataformas de cooperación regional también establecerán disposiciones relativas a la movilidad de la mano de obra. Véase asimismo: migración laboral ; tratado

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18 DERECHO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓNAadhesión Acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Fuente: Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (aprobada el 23 de mayo de 1969 y en vigor desde el 27 de enero de 1980), arts. 2, párr. 1 b), y 15. Nota: La adhesión reviste la misma importancia y produce los mismos efectos jurídicos que la ratificación, pero este término se emplea habitualmente cuando un Estado pasa a ser parte en un tratado ya en vigor. En el artículo 15 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (aprobada el 23 de mayo de 1969 y en vigor desde el 27 de enero de 1980) se establece que “[el] consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la adhesión: a) cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión; b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión; o c) cuando todas las partes hayan consentido ulteriormente que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión”. Véase asimismo: aceptación y aprobación ; ratificación admisión (en un Estado) Autorización de las autoridades de inmigración para entrar en el territorio de un Estado. Nota: Se considera que un extranjero ha sido “admitido” si ha atravesado un paso fronterizo (por vía aérea, terrestre o marítima) y ha obtenido el permiso de las autoridades de inmigración para entrar en el país. Por el contrario, no se considerará que ha sido admitido si entra en el país de forma irregular.

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admisión humanitaria Proceso que ofrece una vía de admisión en un país con carácter temporal o permanente a personas o grupos de personas que requieren protección. La admisión humanitaria suele ser un proceso acelerado que se aplica en el caso de las personas que necesitan protección, incluidos, entre otros, los refugiados, las personas con necesidades apremiantes de protección, los migrantes en situación de vulnerabilidad, los miembros de la familia extendida o las personas que necesitan asistencia y cuidados médicos.

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19 Glosario de la OIM sobre MigraciónANota: La admisión humanitaria es un proceso acelerado que se puede aplicar a una determinada población cuando esta se encuentre en situación de extrema inseguridad o vulnerabilidad y tenga necesidades apremiantes de protección. En el momento de la admisión, se suele conceder a los beneficiarios una condición jurídica específica, normalmente de carácter temporal; además, se evalúa periódicamente si la persona concernida sigue necesitando protección. Véase asimismo: combatiente desmovilizado ; formas discrecionales de protección ; no devolución (principio de) ; protección complementaria internacional ; protección internacional ; protección temporal o acuerdos de estancia ; refugiado (Convención de 1951) ; vías complementarias para la admisión de refugiados ; vías para los migrantes en situación de vulnerabilidad admisión legal Remítase a: entrada legal adopción Proceso legal por el que se extinguen los derechos y obligaciones de un menor respecto de sus padres biológicos y se sustituyen por derechos y obligaciones similares respecto de los padres adoptivos. Fuente: B. A. Garner (ed.), Black’s Law Dictionary (10a edición, Westlaw, 2014). Nota: En la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con Particular Referencia a la Adopción y la Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos Nacional e Internacional (resolución 41/85 de la Asamblea General de las Naciones Unidas [3 de diciembre de 1986]) se establecen varios principios y directrices consensuados para garantizar la protección de los menores en el marco de las adopciones nacionales e internacionales.

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Véase asimismo: adopción internacional adopción internacional Adopción que tiene lugar cuando un niño con residencia habitual en un país (“el Estado de origen”) ha sido, es o va a ser desplazado a otro país (“el Estado de recepción”), o bien después de su adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en otro país, o bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen.

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20 DERECHO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓNAFuente (adaptación):  Convenio  relativo a la Protección  del Niño y a la  Cooperación en materia de Adopción Internacional (aprobado el 29 de mayo de 1993 y en vigor desde el 1º de mayo de 1995), art. 2. Véase asimismo: adopción adquisición de la nacionalidad Cualquier forma de obtención de la nacionalidad, al nacer o en cualquier momento después del nacimiento, que se realiza de manera automática o no automática, ya sea por atribución, declaración, elección o solicitud. Fuente: European  Union Democracy  Observatory  on Citizenship,  The EUDO Glossary on Citizenship and Nationality (2008–2016). Nota: La nacionalidad puede adquirirse, o bien al nacer, o bien después del nacimiento. Las formas más comunes de adquisición de la nacionalidad al nacer son la adquisición por ascendencia ( ius sanguinis ) o por nacimiento en el territorio del Estado en cuestión (ius soli ). La nacionalidad también puede adquirirse después del nacimiento, por ejemplo mediante la adopción, la legitimación de un niño nacido fuera del matrimonio, el matrimonio y la naturalización, o a raíz de la cesión de territorio de un Estado a otro. Véase asimismo: ius sanguinis ; ius soli ; nacionalidad ; naturalización aeropuerto internacional Todo aeropuerto designado por el Estado en cuyo territorio está situado como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, donde se llevan a cabo los trámites de aduanas, inmigración, sanidad pública, reglamentación veterinaria y fitosanitaria, y procedimientos similares.

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Fuente (adaptación): Convenio sobre Aviación Civil Internacional (aprobado el 7 de diciembre de 1944 y en vigor desde el 4 de abril de 1947), Anexo 9. aguas territoriales Remítase a: mar territorial alta mar Todas las partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores de un Estado, ni en las aguas archipelágicas de un Estado archipelágico.

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21 Glosario de la OIM sobre MigraciónAFuente: Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (aprobada el 10 de diciembre de 1982 y en vigor desde el 16 de noviembre de 1994), art. 86. Nota: En el artículo 87 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (aprobada el 10 de diciembre de 1982 y en vigor desde el 16 de noviembre de 1994) se establece lo siguiente: “La alta mar está abierta a todos los Estados, sean ribereños o sin litoral. La libertad de la alta mar se ejercerá en las condiciones fijadas por esta Convención y por las otras normas de derecho internacional”. En el artículo 98 de dicha Convención se prevé la obligación de prestar auxilio en alta mar, al disponer que: “1. Todo Estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros: a) Preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar; b) [s]e dirija a toda la velocidad posible a prestar auxilio a las personas que estén en peligro [.]; c) [e]n caso de abordaje, preste auxilio al otro buque, a su tripulación y a sus pasajeros [.]". Véase asimismo: aguas territoriales ; mar territorial ; zona contigua alternativa de huida interna Posibilidad de que los refugiados encuentren protección en otra zona específica de su país donde no haya riesgo de temores fundados de persecución y donde, dadas las circunstancias particulares del caso, es razonable esperar que la persona pueda asentarse y llevar una vida normal.

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Fuente (adaptación):  Oficina del Alto Comisionado  de las Naciones  Unidas para los Refugiados (ACNUR), Directrices sobre protección internacional: La “alternativa de huida interna o reubicación” en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados (23 de julio de 2003), documento HCR/GIP/03/04 del ACNUR, párr. 6. Nota: La “alternativa de huida interna” también se denomina “alternativa de protección interna” o “alternativa de reubicación”. Véase asimismo: alternativa de protección interna ; alternativa de reubicación ; huida interna alternativa de protección interna Remítase a: alternativa de huida interna Véase asimismo: alternativa de reubicación ; huida interna

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22 DERECHO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓNAalternativa de reubicación Remítase a: alternativa de huida interna Véase asimismo: alternativa de protección interna ; huida interna ; reubicación alternativas a la detención Toda legislación, política o práctica, formal o informal, que previene la detención innecesaria de personas por razones relacionadas con su situación migratoria. Fuente (adaptación): Coalición Internacional contra la Detención, Existen alternativas: Manual para la prevención de la detención innecesaria de migrantes (2015), pág. 2. Nota: El derecho internacional de los derechos humanos establece que la detención se debe utilizar únicamente como medida de último recurso, es decir, cuando no haya otra alternativa viable. Ello es aplicable asimismo al contexto de la migración. A título de ejemplo, cabe señalar medidas tales como las iniciativas normativas o legislativas que inciden en la labor de prevención de la detención innecesaria; los procedimientos efectivos de investigación e identificación; los modelos comunitarios o adaptados según el caso; las opciones de fianza, caución y garante; los centros en régimen abierto o semiabierto; la obligación de apersonarse; y las opciones para la resolución de casos. Véase asimismo: fianza ; garante ; medidas no privativas de libertad amenaza Proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales. Fuente: Asamblea General de las Naciones Unidas, informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres (1º de diciembre de 2016), documento A/71/644 de las Naciones Unidas, pág. 19.

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Nota: Cada año, millones de personas se ven desplazadas por los efectos adversos de los peligros naturales, como inundaciones, tormentas tropicales, terremotos, corrimientos de tierra, sequías, infiltración de aguas salinas, derretimiento de glaciares, desbordamiento repentino de lagos glaciares y derretimiento del permafrost. De esas personas, la gran mayoría se ven desplazadas a causa de peligros relacionados con las condiciones meteorológicas y el clima. El mayor aumento de los desplazamientos debido a los efectos de los peligros naturales guarda relación con los peligros

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23 Glosario de la OIM sobre MigraciónArelacionados con los fenómenos meteorológicos repentinos y con el clima, en particular las inundaciones. Además, son cada vez más las personas que se ven obligadas a abandonar el lugar donde se encuentran debido a los efectos de evolución lenta de la subida del nivel del mar, la desertificación o la degradación ambiental. Se prevé que el cambio climático, combinado con la creciente exposición y vulnerabilidad de las personas, magnifique estas tendencias, a medida que los fenómenos meteorológicos extremos se hagan más frecuentes e intensos en los próximos decenios (véase Observatorio de Desplazamiento Interno, Global Estimates 2015: People Displaced by Disasters [2015]; Agenda de la Iniciativa Nansen para la Protección de las Personas Desplazadas a través de Fronteras en el Contexto de Desastres y Cambio Climático [vol. 1, diciembre de 2015]). Véase asimismo: desastre ; desplazamiento causado por desastres ; migración por motivos ambientales ; sistema de alerta temprana amnistía Remítase a: regularización apátrida Persona no considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. Fuente: Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas  (aprobada  el 28 de septiembre  de 1954 y en vigor desde el 6  de junio de 1960), art. 1. Nota: Una persona se considera apátrida si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 1, párrafo 1, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas (aprobada el 28 de septiembre de 1954 y en vigor desde el 6 de junio de 1960).

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Por lo que respecta al primer elemento de esta definición, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “una investigación para determinar si una persona es apátrida se limita a los Estados con los cuales esa persona goza de un vínculo relevante, en particular por nacimiento en el territorio, descendencia, matrimonio, adopción o residencia habitual” (ACNUR, Manual sobre la Protección de las Personas Apátridas en Virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 [2014], párr. 18). El segundo elemento de la definición (“conforme a su legislación”) requiere un análisis del modo en que un Estado aplica su normativa en materia de nacionalidad en el caso de una persona en particular, así como de cualquier decisión adoptada en el marco de un recurso de revisión o apelación que pudiera haber tenido repercusiones para la condición jurídica de dicha persona. A este respecto, el ACNUR aclara que se trata de “un asunto mixto de hecho y de derecho […] Un Estado puede en la práctica no seguir la letra de la ley, incluso yendo tan lejos como para ignorar su

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24 DERECHO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓNesencia. La referencia a la ʻlegislaciónʼ en la definición de apatridia en el artículo 1[, párrafo1,] por lo tanto, abarca situaciones donde la ley escrita es sustancialmente modificada cuando se trata de su implementación en la práctica” ( ibíd., párrs. 23 y 24). El artículo 1, párrafo 1, de la Convención es aplicable en contextos tanto migratorios como de otra índole. Por ejemplo, un apátrida puede haber permanecido en un país durante toda su vida sin haber cruzado frontera internacional alguna. No obstante, la apatridia suele considerarse a la vez como causa y consecuencia de la migración. En algunos casos, un apátrida puede haberse convertido en refugiado al no poder o no querer regresar a su lugar de residencia habitual por el temor a ser perseguido por cualquiera de los motivos contemplados en la definición de refugiado (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados [aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 1954], art. 1, secc. A, párr. 2. Véase asimismo: apatridia ; ciudadanía ; migrante indocumentado ; nacionalidad ; pérdida de la nacionalidad ; renuncia a la nacionalidad apatridia Condición de toda persona no considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. Fuente: Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas  (aprobada  el 28 de septiembre  de 1954 y en vigor desde el 6  de junio de 1960), art. 1.

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Nota: La apatridia puede ser el resultado de diversos factores, como los conflictos de leyes de nacionalidad, las transferencias de territorio (sucesión de Estados), las prácticas administrativas, la discriminación, el no registro de nacimientos, la privación arbitraria de libertad, la renuncia a la nacionalidad y la residencia a largo plazo en el extranjero. Los menores también pueden heredar la apatridia de sus progenitores. Véase asimismo: ciudadanía ; nacionalidad ; pérdida de la nacionalidad ; renuncia a la nacionalidad apoyo psicosocial El término “psicosocial” denota la interconexión entre los procesos psicológicos y sociales, y el hecho de que cada uno interactúa constantemente con el otro, influyéndose recíprocamente. En este documento, el término compuesto “salud mental y apoyo psicosocial” es usado para describir cualquier tipo de apoyo local o externo con miras a proteger o promover el bienestar psicosocial o prevenir o tratar trastornos mentalesA

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25 Glosario de la OIM sobre MigraciónFuente: Comité Permanente entre Organismos, Grupo de Referencia del IASC para la Salud Mental y el Apoyo Psicosocial, Salud mental y apoyo psicosocial en las emergencias humanitarias: ¿Qué deben saber los actores humanitarios de salud? (2010), pág. 1. Nota: “La migración es un determinante social de la salud que puede incidir en la salud y el bienestar de las personas y las comunidades. La migración puede contribuir a mejorar el estado de salud de las personas migrantes y de sus familiares al permitirles escapar de la persecución y la violencia; al mejorar su situación socioeconómica; al ofrecerles mayores oportunidades en materia de educación; y al contribuir a aumentar el poder de adquisición de los familiares que ʻquedaron atrásʼ, gracias a las remesas. Aun así, el proceso migratorio puede generar riesgos para la salud de quienes migran, tales como peligrosas travesías; factores de estrés y actos de maltrato psicosocial; carencias nutricionales y cambios de estilo de vida; la exposición a enfermedades contagiosas; el acceso limitado a servicios de atención de la salud preventivos de calidad; o la interrupción de tratamientos” (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], División de Migración y Salud, Migración y salud en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (sin fecha), pág. 1; Véase asimismo: Organización Mundial de la Salud (OMS), Refugee and Migrant Health (sin fecha), disponible en www.who.int/migrants/en/ (última consulta: febrero de 2018).

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Véase asimismo: migración y salud aptitud para viajar Estado de salud física y mental que permite a una persona viajar de forma segura, sin ningún riesgo importante de que este se deteriore en circunstancias normales y sin peligro alguno para la seguridad de los demás pasajeros. Nota: En todo momento, antes y durante el viaje, podrán realizarse evaluaciones de la aptitud para viajar. Los riesgos para la salud relacionados con el viaje y el transporte de personas o grupos de personas son el resultado de la interacción de tres factores: a) el estado de salud del viajero (que depende de su edad y sus problemas de salud preexistentes, así como de los determinantes sociales de la salud y su vulnerabilidad); b) el viaje propiamente dicho (a saber, la duración y el medio de transporte utilizado); y c) el acceso a los servicios de atención de la salud antes y durante el viaje, así como en el lugar de destino. Estos tres factores pueden determinar la probabilidad de que surjan problemas de salud durante o después del viaje, así como su naturaleza. La gestión de la salud de las personas que viajan conlleva la necesidad de mitigar los riesgos e intentar prevenir o minimizar los efectos adversos. La mitigación de los riesgos comprenderá la remisión de una persona para someterla a exámenes complementarios, la administración de tratamientos de estabilización y la adopción de disposiciones especiales antes, durante y después del viaje.A

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26 DERECHO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓNVéase asimismo: exámenes médicos previos al embarque ; problema importante de salud arreglos laborales bilaterales Todas las formas de arreglos bilaterales entre Estados, regiones e instituciones públicas que prevén la contratación y el empleo de mano de obra extranjera a corto o largo plazo. Nota: El término “arreglos laborales bilaterales” es más amplio que el término “acuerdos laborales bilaterales”, pues también abarca los convenios que no tienen carácter jurídico, como los memorandos de entendimiento y los arreglos “no gubernamentales”, como los arreglos concluidos entre agencias de empleo nacionales de diferentes países. asentamiento en otro lugar del país Traslado e integración de desplazados internos en una zona geográfica dentro de un mismo país, distinta de su lugar de origen o del lugar al que llegaron al desplazarse por primera vez. Nota: Si bien en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos se utiliza el término “reasentamiento”, en la actualidad el término “asentamiento en otro lugar del país” se utiliza más a menudo para hacer referencia a una de las tres soluciones duraderas para los desplazamientos internos. También se suele utilizar el término “reubicación” como alternativa (Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, adición al informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos [11 de febrero de 1998], documento E/CN.4/1998/53/Add.2 de las Naciones Unidas, sección V).

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Véase asimismo: reubicación (desplazados internos) ; reubicación planificada ; solución duradera (desplazados internos) asilo Otorgamiento por parte de un Estado de protección en su territorio a personas que se encuentran fuera del país de su nacionalidad o residencia habitual, quienes huyen de la persecución, daños graves o por otras razones. La noción de asilo engloba una diversidad de elementos, entre los cuales figuran la no devolución, el permiso para permanecer en el territorio del país de asilo, las normas relativas al trato humano y, con el tiempo, una solución duradera.A